Sergi Castillo Prats

(Cocentaina, Alicante, 1978)

Es periodista. Se licenció en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia y ha ampliado su formación en la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña.

Analiza la actualidad en Más Vale Tarde y colabora puntualmente como experto en corrupción valenciana en documentales y programas de televisión (La Sexta Noche, El Intermedio, La Sexta Columna, El programa de Ana Rosa...). Ha trabajado para El País, la agencia EFE, TVE, Canal 9, El Mundo TV, Información, Diari de Girona y COPE.

En comunicación política ha asesorado a las Cortes Valencianas y a varios ayuntamientos, ha trabajado para el PSPVPSOE y ha colaborado con Compromís, Podemos y Esquerra Unida.

En septiembre de 2013 publicó su primer libro, Tierra de saqueo. La trama valenciana de Gürtel (Lectio Ediciones), centrado en Francisco Camps y las investigaciones en marcha sobre el PPCV.

YONQUIS DEL DINERO

Las diez grandes historias de la corrupción valenciana

Durante más de 25 años, políticos y empresarios valencianos han amasado auténticas fortunas mediante una corrupción generalizada, aparentemente impune. Pero las grabaciones de sus delatores y las escuchas policiales han puesto al descubierto su mezquindad. Del «estoy en política para forrarme» de los años noventa al «dos millones de pelas» de 2015, Sergi Castillo narra con un estilo periodístico, ágil y riguroso las diez grandes historias de la corrupción valenciana, relatos independientes (pero conectados entre sí) que superan cualquier ficción del mejor guionista.

El lector descubrirá aquí la catadura moral de personajes clave de la política valenciana como Rita Barberá, Francisco Camps, Eduardo Zaplana o Juan Cotino, o de empresarios como Álvaro Pérez (El Bigotes) o Enrique Ortiz, y encontrará también las claves de por qué Valencia —donde se organizó la Copa América, la Fórmula 1 o la visita del papa— fue un oasis para los yonquis del dinero.

«La corrupción sistémica ha dejado una cifra: el saqueo supera los 15.000 millones de euros. (...) Prepárense para indignarse mientras atan todos los cabos sueltos de un cuarto de siglo de caciquismo. Por fortuna algunos yonquis ya están en prisión desenganchándose de su pasión por el dinero, otros van camino de la cárcel.»

Mamen Mendizábal, en el Prólogo

YONQUIS
DEL DINERO

Sergi Castillo Prats

YONQUIS
DEL DINERO

Las diez grandes historias
de la corrupción valenciana

Prólogo de Mamen Mendizábal

Título: Yonquis del dinero

© 2016 Sergi Castillo Prats

© Mamen Mendizábal, por el Prólogo

© 9 Grup Editorial

Lectio Ediciones

c./ Muntaner, 200, ático 8.ª

08036 Barcelona

T. 93 363 08 23

www.lectio.es

lectio@lectio.es

Primera edición: noviembre de 2016

ISBN: 978-84-16012-89-3

Producción del ebook: booqlab.com

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión de ninguna manera ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

A Josep Torrent, por su apoyo, sus consejos y su mejor legado: la crónica de la historia reciente del pueblo valenciano.

Este libro está en sus manos gracias a la ayuda de Adolf Beltrán, Víctor Maceda, Sergi Pitarch, Juan Nieto, Ferran Belda, Artur Balaguer, Salvador Enguix, Salut Alcover, Jesús Badenes, Manolo Peris, Marta Hortelano, Bernardo Guzmán, Gonzalo Cortizo, María Fabra, Marisol Hernández, Santiago Navarro, Pere Rostoll, José Manuel Romero, Ana Valls, Josep Moreno, Rosa Pérez, Carmen Martínez, Mónica Oltra, Ángel Luna, Eva Martínez, Blanca Blanquer, Clara Tirado, Ramón Marí, Mireia Mollà, Manolo Mata, Joan Lerma, José Camarasa, Ignacio Blanco y Vicente Inglada.

Índice

Prólogo

Introducción

1. «Estoy en política para forrarme»

Vicente Sanz, el sátrapa de Canal

Ascenso fulgurante, · Operación Zaplana, · La voladura controlada, · Dos años antes del escándalo: la deuda, · Ambición y desprecio a su mujer, · Seis meses antes del escándalo: el plan, · Psicosis generalizada, · Pocos días antes del escándalo: la ejecución, · Sin consecuencias, · Nueva etapa, más dinero, · Todo el poder y un «Gran Hermano», · El abusador sexual, · «No olvides quién soy yo», · Corrupción y ruina, · La denuncia, · Del acoso al abuso sexual, · La condena, · La jubilación deseada

2. «Me hace falta mucho dinero para vivir»

Zaplana: suerte, ambición e instinto del superviviente

I. SUERTE, · II. AMBICIÓN, · Ascenso imparable, · El escalón más alto, · La dulce caída, · Persona influyente, · III. INSTINTO, · Un historial limpio de imputaciones, · Caso Terra Mítica y caso Ivex, · Taula, Pujol, Púnica…

3. «Yo no sé a la gente que habré colocado»

Fabra, el cacique de Castellón que no pagaba a Hacienda

La prisión, · Su régimen político, · Los favores tenían un precio, · El aeropuerto para las personas, · De la familia tradicional y el «¡que se jodan!»..., · … al playboy provinciano, · Los hombres del presidente, · La operación y su relevo, · El cuñado de Karina, · La investigación, · Los Intocables

4. «Lo nuestro antes que lo de los negratas»

Las siete vidas de Rafael Blasco

PRIMERA VIDA, · SEGUNDA VIDA, · Contra la Transición y la Constitución, · TERCERA VIDA, · El caso Blasco I, · CUARTA VIDA, · QUINTA VIDA, · De nuevo, conseller, · SEXTA VIDA, · En la cumbre, Invictus, · El caso Blasco II, · El Conill, · Una trayectoria marcada por los escándalos, · Su equipo, · La consellera de Cultura en la sombra, · Saqueo al templo del arte contemporáneo, · Patrimonio, · SÉPTIMA VIDA

5. «Mi hermana nos repartía el dinero a cambio de una comisión»

Esteban Cuesta, el enfermero de Albacete que vivió el sueño de ser Richard Gere

Todo empieza en Benimàmet, · Casas Ibáñez, · La propuesta, · El sucio negocio, · La multiplicación del robo, · Comprar favores, · Como Richard Gere en Pretty Woman, · La pesadilla, · La confesión, · Su próximo destino, Picassent

6. «Aquí hay pelas para todos. Una pastuqui importante»

El gran escenario de la corrupción que bendijo el Santo Padre

El Santo Padre, · El montaje, · Empieza el show, · Todas las bandas a la caza del contrato, · Juan Cotino, elemento nuclear, · Una ciudad, 1.300 millones de euros, · Dando el cante en la Ópera, · Las regatas y la nueva dársena, · Saqueo a la velocidad de la Fórmula 1, · La filosofía de Iñaki Urdangarín, · Castellón y Alicante, en la línea, · Eventos vs proyectos, · El escenario

7. «Soy la polla insaciable»

El yate de las orgías, la ambición… y la basura

La operación, · Las contraprestaciones, · El congreso de Orihuela y la alcaldía, · El pago del favor, · Invitar a gambas o a bocadillo, · El momento dulce del presidente, · El «amigo mafioso» que acabará «en la cárcel», · Contratos amañados, · El yate de las orgías, · El «señor de las basuras», · Actuación policial, · En alerta

8. «Necesito 100 gramos de caviar»

El Bigotes, un conseguidor en la corte de Camps

Bazofia, · El mundo de la farándula, · En el Tribunal Superior de Justicia, · De Chicho Ibáñez Serrador a Valerio Lazarov, · Mestalla y El Escorial, · La sesión, · Rodeado de políticos «vampiro», · La confesión de Francisco Correa

9. «¡Qué hostia!, ¡qué hostia!»

Ascenso y caída de Rita Barberá, la alcaldesa de España

Musa del humor y candidata a la presidencia, · El carné número 3 del partido, · Tocar el cielo, · Los escándalos que toreó, · Un bolso de Loewe es un «regalo habitual», · El caloret, · Alfonso Grau y el caso Nóos, · Matrimonio y divorcio, dos en uno, · El «pitufeo», · La cajera, · «Corrupción política total», · La campaña más dura, · Para colmo, Ritaleaks, · Su patrimonio, un misterio

10. «Deu mil, onze mil, dotze mil... dos millons de peles»

Alfonso Rus, el último rockero de la banda

Un político diferente, · El negocio de la «pantanà», · Un fichaje de Vicente Sanz, · «¡Yo te quiero, Alfonso, coño, te quiero!», · Su frustración, el Valencia C.F., · Su mujer, La Rusa, · Un faltón en El club de la comedia, · El «verso suelto» del PP que hablaba en valenciano, · Promotor de espectáculos, · Empresario de éxito, · El dream team de Rus, · La trama, · Ante todo, un «artista»

Nota del autor

La información conocida de los temas abordados, las responsabilidades que ostentan sus protagonistas y su situación procesal pueden haber variado desde septiembre de 2016, cuando este libro fue enviado a imprenta.

Prólogo

Las historias que aquí van a encontrar bien podrían llevarse al cine porque dejan a Los Soprano o a House of Cards en un juego de niños. Veinticinco años de juego sucio han dado para que en la política valenciana se multiplicaran los yonquis del dinero. La corrupción sistémica ha dejado una cifra: el saqueo supera los 15.000 millones de euros. Para llenar tanto bolsillo o bolso de marca, había que llevarse una comisión por absolutamente todo lo que estuviera relacionado con dinero público: el alumbrado, los colegios, la cooperación al desarrollo, las carreteras, los conciertos, la Fórmula 1, y hasta de la visita del papa. Todo con un absoluto descaro que ahora, al fin, ha sido evidenciado gracias a unas grabaciones que están en manos de un juez y que muestran una codicia también sistémica. Gürtel, Emarsa, Imelsa, Taula... al encender la televisión a veces es inevitable oír alguno de estos nombres, símbolos ya de la vergüenza y la corrupción en nuestro país.

El periodismo de investigación murió, dice Sergi Castillo, en la época del caciquismo valenciano. La apuesta de los informativos de Canal 9 era mostrar una Comunidad Valenciana donde la corrupción no existía y la oposición solo aparecía para ser humillada. Un órgano de manipulación descarada donde Vicente Sanz no solo hacía política y tapaba la corrupción, sino que desde su despacho también satisfacía sus deseos sexuales a costa de acosar a algunas trabajadoras.

A veces, como Marcos Benavent, hay que disfrazarse de hippie para tirar de la manta y contar la verdad, pero hay políticos valencianos que tienen una suerte de escudo protector, unas veces en forma de collar de perlas, y otras gracias a la estrategia de la abogacía de la Generalitat, pues cada vez que aparecía un escándalo con dinero público se ponía una querella y se cuestionaba al periodista y al medio. Así, durante años Cotino, Fabra, Rus, Blasco, Rita Barberá nos pudieron dar lecciones de ética y moralidad.

Debido al rigor y la precisión con la que Sergi Castillo aborda estas diez historias de corrupción prepárense para indignarse mientras atan todos los cabos sueltos de un cuarto de siglo de caciquismo. Por fortuna algunos yonquis ya están en prisión desenganchándose de su pasión por el dinero, otros van camino de la cárcel.

MAMEN MENDIZÁBAL

Introducción

«Yo era un yonqui del dinero. Me he llevado de todo, dinero, caja y comisiones.» El hombre que todo el mundo buscaba desde hacía meses por el escándalo en Imelsa, Marcos Benavent, comparecía en las puertas del Palacio de Justicia el 26 de mayo de 2015, un día después de las elecciones autonómicas y municipales en las que su partido había puesto punto y final a un ciclo de poder.

Disfrazado de hippie, con look desaliñado, tatuaje, piercing y una poblada barba blanca protagonizaba una impactante puesta en escena en la que además de pedir perdón y asumir que iría a prisión, anunciaba que iba a colaborar con la justicia, contar todo lo que sabía y «provocar mucho daño». «Va a salir mierda a punta pala», advirtió. «Pido perdón. Asumiré lo que sea e intentaré reponer todo lo que me he llevado. Voy a contar la verdad, mi verdad.»

La realidad supera a la ficción. Los valencianos hemos vivido historias dignas de las mentes más retorcidas del cine hollywoodiense: un atraco millonario tras la visita del Santo Padre; un alto cargo de la televisión pública que forzaba a las periodistas a tener encuentros sexuales no consentidos con él; el yate de un empresario como escenario de orgías y de viajes gratis para políticos corruptos; robar el dinero destinado a ayudar a niñas africanas violadas e infectadas de sida; presidentes de equipos de fútbol que tanto amañaban partidos como contratos públicos para lograr sus fines; aeropuertos peatonales y edificios millonarios sin uso… Lo del yonqui del dinero arrepentido y reconvertido en un justiciero superaba todas mis previsiones.

Hay dos teorías muy diferentes sobre el motivo por el que Benavent pasó de ser el pijo fiestero bautizado como «yonqui del dinero» a un maestro de yoga y meditación que quería cantar La Traviata y expiar sus pecados. Una, mística: se le apareció una luz que le dijo «haz el bien». Otra, la de una venganza familiar: su exsuegro, Mariano López, trataba de vengarse de la separación de Marcos y su hija Nina López, y se hizo con las diez horas de grabaciones que guardaba Benavent con los chanchullos de todos sus compañeros del PP valenciano en la empresa pública Imelsa (Impulso Económico Local S.A.) y la Diputación de Valencia. Su antiguo suegro las puso en manos de la diputada Rosa Pérez, de Esquerra Unida, y se desencadenó el caso. No tenía escapatoria y por eso cantó.

Esta segunda versión parece bastante más creíble. De hecho, el atuendo para la performance se lo prestó minutos antes un amigo que regentaba una tienda de ropa alternativa. «Ni el tatuaje que lleva [una flor de loto pintada en el antebrazo izquierdo] es de verdad; ¡si veía una aguja se cagaba! Todo un showman a lo cutre», dijo en las redes sociales su expareja, Nina, cuando lo vio con aquellas pintas.

El material grabado era una bomba que iba a dinamitar el Partido Popular de la Comunidad Valenciana e iba a demostrar que en el sótano de los escándalos bochornosos de la clase dirigente todavía había una planta más. En una grabación se escucha a un político contando dinero: «10.000, 11.000 i 12.000. Dos millons de peles». Algunos se lo atribuyeron al presidente de la Diputación, Alfonso Rus. En otra grabación se oye como defeca uno de los altos dirigentes del PP mientras recibe en el baño un sobre con dinero negro procedente de comisiones. Lo dicho, «mierda a punta pala».

El yonqui había grabado 600 minutos de sus propias conversaciones con toda la clase dirigente con la que se codeaba. Comisiones del 3%, contratos amañados, red internacional de blanqueo de dinero… Ocho meses más tarde, en enero de 2016, su confesión desencadenó la Operación Taula, en la que se detuvo a 24 personas, entre ellos a Alfonso Rus y al suegro de Benavent, el cazador cazado, y quien además de actuar movido por el honor de su hija, parece que quería cobrar algún dinero pendiente y prolongar algún contrato.

Mientras se desarrollaba el operativo, Benavent, protegido por soplón, permanecía ajeno al escándalo enfundado en su personaje, recluido en un lugar secreto, entregado como un monje a la meditación y la agricultura ecológica. Decenas de horas de confesión y colaboración con la Fiscalía, el juez y la Guardia Civil han acrecentado su leyenda y dejan sin respuesta muchas incógnitas. ¿Por qué grabó a sus compañeros durante siete años? ¿Qué uso pretendía hacer de esas conversaciones? ¿Por qué no lo denunció?

Cada declaración en el Palacio de Justicia se convertía en un show televisado en directo, con una nube de periodistas, humoristas, yayoflautas y espontáneos que le saludaban, le jaleaban o se hacían un selfie con él. En una de las entradas, Benavent se vino arriba e implicó al mismísimo presidente del Gobierno en el caso Taula: «Mariano Rajoy estaba al corriente de lo que ocurría... Estamos viéndolo todos los días. El PP está imputado por corrupción, por destrucción de discos duros. Negar que el presidente sepa que en su partido pasan estas cosas... yo no lo hago tan tonto. Cada uno que crea lo que quiera».

Este caso es el colofón a una etapa en la que, según la investigación, el PPCV ha actuado como una organización criminal, con ramificaciones internacionales y cinco cajas de dinero B conectadas entre sí, financiación ilegal y blanqueo de capitales. La Guardia Civil sitúa en sus informes al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, como una especie de «director» de esta siniestra orquesta con solistas destacados pero con secciones y cuerdas que funcionaron a la perfección en su cometido.

Como en el resto de tramas, los actores del caso Taula han sabido conjugar el cuidado a la formación política que les mantenía y que debía perpetuarse en el poder, el PP, al que presuntamente entregaban una parte de lo recaudado para financiar las campañas electorales, con el desvío de mordidas y sobornos a sus propios bolsillos para el lucro personal. Y es que parece que todos los dirigentes del PP que protagonizan este libro han asistido a clases a la misma academia de formación. Todos actuaban de forma autónoma en su territorio, ya fuera una diputación, una conselleria o una empresa pública, pero coordinados, buscando siempre el mismo fin, perpetuar el régimen político corrupto que tanto les beneficiaba.

En pocas democracias avanzadas hay quince exmiembros del Ejecutivo condenados o imputados («investigados» según la nueva terminología de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por corrupción, incluyendo a dos expresidentes, Francisco Camps y José Luis Olivas; los tres expresidentes provinciales del partido han sido detenidos en operaciones policiales: uno entró en prisión con condena en firme —Carlos Fabra— y los otros dos —Alfonso Rus y José Joaquín Ripoll— aguardan el juicio; los exalcaldes de las capitales provinciales están envueltos en causas judiciales, solo en Valencia hay 26 exconcejales del mismo partido, pertenecientes a varias legislaturas, imputados.

La corrupción sistémica lo ha alcanzado absolutamente todo. Bañarse en la piscina municipal, jugar a fútbol, subirse al transporte público, beber agua del grifo, la luz que ilumina las calles, encender el televisor, el colegio al que van nuestros hijos, la residencia en la que está el abuelo… pagamos siempre más por la mordida que se lleva el responsable de turno. Se investigan comisiones por programas de televisión, construcción de colegios, carreteras y líneas de tren, reformas de edificios públicos, conciertos, eventos deportivos, ¡hasta por ir a misa! Cleptocracia.

La pregunta que se harán muchos lectores es por qué la Comunidad Valenciana llegó a alcanzar estos niveles de corrupción. Desde mi punto de vista, los pilares sobre los que se levantó (con gran profesionalidad) la compleja estructura que permitió el saqueo de las arcas públicas son tres: la opacidad, un relato y el control económico. El liderazgo en corrupción que ha alcanzado la Comunidad Valenciana solo se explica por la excelencia que lograron los arquitectos del régimen en su empeño.

Vayamos por partes. El control de la información era crucial para lograr la impunidad. Se hizo a distintos niveles y con cortafuegos, para tener garantizada la opacidad. Desde 1995 (cuando Eduardo Zaplana ganó las elecciones por mayoría simple) se creó una administración paralela con fundaciones y empresas públicas para burlar los controles en la contratación. Además, cuando la oposición pedía documentación se le negaba. Y si en algún momento algo salía a la luz tampoco había problema: todo estaba atado con el control de los medios de comunicación, el principal, Canal 9, con comisarios políticos en la dirección en lugar de periodistas. Y a los políticos de la oposición o periodistas que osaban criticarles se les perseguía con querellas o montajes. De esta forma, lo que no interesaba al poder, como el accidente de metro del 3 de julio de 2006, no existía.

El profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Ignacio Sánchez-Cuenca, explica en La impotencia democrática (Catarata) la relación directa entre la corrupción y la circulación de periódicos en las sociedades democráticas. «Ante una ciudadanía bien informada los políticos tienen menos margen para cometer abusos de poder», afirma.

El segundo factor es el del relato político. El PPCV armó un discurso imbatible. Era el partido que se identificaba con lo valenciano, subió la autoestima de la sociedad valenciana con los grandes eventos y aquella cantinela de «hemos puesto a Valencia en el mapa». Quien se oponía a sus eslóganes sobre el progreso, el agua y la riqueza era directamente «enemigo del pueblo valenciano». Con este relato casi logran no tener rival electoral y convertirse en partido único, como en México.

El tercer pilar es el del dinero. Todo el control económico y financiero de la región estaba en las mismas manos, las suyas. Los proyectos faraónicos ideados por el Consell y las grandes inversiones privadas de los empresarios amigos estaban garantizados con el capital inyectado por Caja Mediterráneo, Bancaja y el Banco de Valencia, entidades financieras que utilizaban como sus herramientas. Las asociaciones empresariales, los sindicatos, los clubs de fútbol, los medios de comunicación, las asociaciones de amas de casa, y todos aquellos que se mostraban leales al proyecto y repetían su relato recibían su recompensa en forma de subvenciones, trabajo, proyectos o ayudas públicas. Quienes no lo hacían pasaban al ostracismo, se les asfixiaba económicamente o quedaban fuera del sistema. La red clientelar funcionó a la perfección.

Con este sistema infalible había retorno: los empresarios beneficiados con adjudicaciones millonarias pagaban presuntamente las campañas electorales del PP, un partido que en la Comunidad Valenciana carecía de rivales, al menos con posibilidades de vencer. Es lo que algunos expertos como Antonio Laguna o José Antonio Piqueras, entre otros, llaman la «democracia secuestrada» (El secuestro de la democracia, Akal).

Resulta complejo responder en esta introducción por qué se ha concentrado tanta corrupción en la Comunidad Valenciana. En el análisis realizado en Tierra de saqueo. La trama valenciana de Gürtel se aludía al concepto de «tormenta perfecta». En las siguientes páginas entenderán cómo el cierre en falso del caso Naseiro, el caso Blasco o el caso Sanz en los años noventa y la ausencia de consecuencias penales o cambios en el reglamento de la administración pública también ha sido un factor determinante. Alguien debió pensar que con aquellas resoluciones la impunidad estaba garantizada.

Pensaban que cometían un crimen perfecto, pero no lo hicieron. Dejaron huellas, socios enfadados que se chivaron, políticos insobornables que denunciaron, periodistas tenaces, jueces y policías que hicieron su labor. Habrá tiempo para la autocrítica en todos los ámbitos de la sociedad valenciana, para saber por qué no se actuó antes, y se deberá analizar quiénes fueron cómplices de lo ocurrido por acción u omisión. Pero lo cierto es que este régimen se desmoronó el 24 de mayo de 2015, cuando la sociedad valenciana salió de su letargo, mandó al Partido Popular a la oposición y le pidió regenerarse.

La irrupción en escena de Marcos Benavent, el «yonqui del dinero», la evolución de las investigaciones en curso, la resolución de algunos casos y la dimensión alcanzada por el latrocinio en la Comunidad Valenciana hacían necesario actualizar el trabajo de Tierra de saqueo, publicado en octubre de 2013. En aquel momento y tras un pormenorizado estudio, cifré la factura del despilfarro y la corrupción en 12.500 millones de euros, pero los nuevos datos conocidos permiten elevar el dato (con el mismo criterio que entonces) a los 15.000 millones. La cifra equivale prácticamente al presupuesto anual de la Generalitat Valenciana y a más de un tercio de su deuda.

Las escuchas telefónicas, las cintas magnetofónicas, o las grabaciones con micrófono oculto como las que nos ha regalado Benavent son el hilo conductor de este relato. Considero que estos hallazgos tienen un valor incalculable. Puede que en algunos momentos de la historia las grabaciones hayan sido cuestionadas o incluso anuladas como prueba judicial, pero su valor periodístico es enorme, porque retratan a quienes las protagonizan en un momento en el que creen que están en la más estricta intimidad, con los suyos, y se muestran tal y como son.

La justicia debe discernir si sus conductas se ajustan o no a la ley, pero el periodismo debe seguir siempre su propio camino: informar con rigor y sacar a la luz lo que los poderosos nos ocultan. Y eso es lo que pretendo hacer en las siguientes páginas.

Les invito a que conozcan las diez historias más espectaculares de la corrupción valenciana en el último cuarto de siglo, de Naseiro a Taula. Son relatos reales y autónomos, pero conectados entre sí como las propias tramas de corrupción. Esas conversaciones «pilladas» in fraganti durante casi tres décadas a políticos valencianos demuestran que la adicción al dinero no era única y exclusiva de Marcos Benavent, porque la Comunidad Valenciana ha sido un paraíso para los yonquis del dinero.

1

«Estoy en política para forrarme»

Vicente Sanz, el sátrapa de Canal 9

El jueves 23 de junio de 1994 el periódico Las Provincias, diario de referencia para la derecha valenciana, publicó una noticia inquietante e inesperada: «Vicente Sanz pone su cargo a disposición del PP». La exclusiva sobre uno de los políticos del momento, el número dos del partido de Eduardo Zaplana, aparece sin firmar, en página par, y en un texto lleno de intriga donde no se explican los motivos. Se alude a una historia «rocambolesca» de «presiones», «extorsiones» y «chantajes» debido a una grabación de la que no se ofrecen detalles.

El editorial, que lleva la firma de la directora, María Consuelo Reyna, se titula «Cassettes y política» y es en realidad una loa al «saber dimitir» de Vicente Sanz: «pocas veces se da» en los políticos. «Ha dimitido cortando de cuajo una campaña perfectamente organizada […] Ha terminado con su brillante carrera política», dice Reyna. «El hombre de la cassette y los que le impulsaron a ello han debido quedar escarmentados de por vida», finaliza.

¿Cuál era la campaña organizada? ¿Qué se decía en la grabación? ¿Quiénes participaron? El artículo y el editorial deberían ser estudiados en las facultades de periodismo. El lector solo puede sacar dos conclusiones: alguien se la ha jugado al pobre Vicente Sanz, un gran político que se aparta por el bien del partido. Información, ninguna.

La dimisión era un bombazo, pero la alusión a una enigmática grabación podía provocar unas consecuencias incalculables. La Comunidad Valenciana estaba a menos de un año de las elecciones autonómicas de mayo de 1995, que el PP afrontaba convencido del vuelco electoral y del cambio de ciclo en una autonomía hasta entonces de tradición progresista. El centro-derecha liberal se había reinventado con el joven Eduardo Zaplana, que había salido indemne del caso Naseiro y se presentaba como adalid de la regeneración política frente a un PSOE sumido en los escándalos de corrupción del fin del felipismo. Había mucho en juego.

En los días posteriores, y a remolque de aquella exclusiva de Las Provincias, el resto de medios de comunicación intentan informar de la misteriosa cinta y especulan con su contenido, la importancia de los interlocutores, o sobre quién está detrás del supuesto chantaje. Según trasciende en ella, Vicente Sanz le dice a un empresario que está en política «para forrarse» y que aspiraba a ser vicepresidente de la Generalitat para «mangonear», «decidir sobre la adjudicación de obras», «dar el golpe» y retirarse «a los sesenta años, con noventa o cien millones de pesetas», que sería el equivalente hoy en día a 540.000 o 600.000 euros.

Algunos medios se hicieron eco del perfil más ambicioso de Sanz, que ya era conocido, y de sus palabras eufóricas durante la fiesta de celebración de las elecciones europeas del 12 de junio de 1994, en el Alameda Palace, cuando afirmó: «Y ahora, vamos a forrarnos».

Vicente Sanz era entonces un peso pesado del partido: diputado autonómico y presidente del PP en la provincia de Valencia. Era el brazo derecho de Zaplana (un cartagenero procedente de la provincia de Alicante) en el cap i casal, Valencia. Pero por culpa de aquella grabación tuvo que dimitir de sus responsabilidades en el partido. Todo apuntaba a que se truncaba su deseo de «forrarse» mediante la política, y que pasaría a ocupar un espacio preferente en la historia de las barbaridades valencianas por aquel improperio. Sin embargo, con el tiempo se demostraría que estas dos suposiciones se quedarían muy cortas.

Sanz no fue defenestrado. Cuando ganó las elecciones, Zaplana le nombró alto cargo de Radiotelevisió Valenciana, la joya de la corona de las empresas públicas, y su mujer irrumpió en la política y ocupó su escaño en las Cortes durante cinco legislaturas seguidas. Así pues, en lo económico, el matrimonio se ha embolsado en sueldos públicos (solo en nóminas) cerca de dos millones de euros en veinte años. La cifra multiplica varias veces aquel sueño de retirarse «a los sesenta años con noventa o cien millones de pesetas».

Sobre la segunda de las cuestiones, el lugar que ocuparía en la historia de la ignominia por su improperio, casi dos décadas después Sanz lograría protagonizar un escándalo superior al de su verdadera vocación, «forrarse» con la política. Y es que un juez le condenó por abusos sexuales reiterados a trabajadoras de RTVV, donde ejerció su liderazgo como un auténtico sátrapa. Las vejaciones y abusos a varias empleadas de la televisión estaban confirmadas por un vídeo, en el que le decía, entre otras lindezas, otra frase para el recuerdo: «dame una chupaeta».

Solo cuatro o cinco personas oyeron la grabación a la que aludía Las Provincias y por la que dimitió Vicente Sanz en junio de 1994. Alguien pagó su precio y la destruyó. Jamás ningún medio publicó su contenido, que a día de hoy todavía es una incógnita. Si hubiera salido a la luz, la historia política de la Comunidad Valenciana probablemente hubiera sido muy diferente.

Ascenso fulgurante

Vicente Sanz Monlleó nació en 1946 en la localidad de Almenara, en Castellón, un municipio rojo de tradición, con 5.000 habitantes, donde era conocido con el apodo de «Tomaco». Fue compañero de estudios de Juan José Lucas y Vicente Conesa en Madrid. El primero fue ministro de José María Aznar y presidente del Senado, y el segundo, tras unos coqueteos con Alianza Popular que le sirvieron para entablar influyentes amistades, se centró en el sector privado. Los tres entablaron una gran amistad y trabajaron juntos en los años setenta en el Instituto Nacional de Empleo (INEM), donde Conesa llegó a ser director provincial en tiempos de UCD, entre 1979 y 1983. Cuando los socialistas llegaron al Gobierno de la nación destituyeron a Conesa, ya que detectaron irregularidades en su gestión y la realización de unos cursos fantasma.

Vicente Sanz se casó con María Dolores Rodríguez, Loli. El padrino de su hija fue su amigo y exjefe Vicente Conesa, quien se convirtió en un pequeño empresario y montó una pequeña firma de jardinería que hizo algunos trabajos para la Expo 92 y en el cauce del río Turia de Valencia. Conesa destacaba por su carácter abierto y don de gentes, y se codeaba con jóvenes cachorros del Partido Popular que empezaban a despuntar, como Serafín Castellano, cuya mujer trabajaba para él.

Por aquel entonces, el Consell de Joan Lerma llevaba años tramitando la puesta en marcha de la radiotelevisión pública valenciana. Que Sanz diera un paso adelante para presentarse a las oposiciones para técnico en RTVV en 1989, y encontrara la estabilidad que anhelaba, se debió, al parecer, al dirigente del PP Manuel Tarancón, miembro del primer consejo de administración de aquella empresa pública. Se estaban configurando los equipos, y el de Almenara logró la plaza con 43 años, con lo que se convirtió en uno de los integrantes de su primera plantilla. En realidad ejerció muy poco tiempo, porque sus ambiciones eran de otra índole.

Por aquel entonces, su amigo Juan José Lucas era el brazo derecho de José María Aznar en Castilla y León. Lucas se convirtió en su principal aval para situarse en primera línea del partido que Fraga acababa de fundar, el Partido Popular. Gracias a él, Sanz fue designado secretario general del PPCV, lo que le permitió estar en puestos de salida en la lista autonómica de 1991 que lideraba Pedro Agramunt por la provincia de Valencia. El PSOE tenía 45 diputados y el PP solo 31.

El de secretario general del partido era un cargo con mucho poder, que tras él ocuparían hombres como José Luis Olivas, Francisco Camps o Ricardo Costa. Tenía mando en plaza. Además era el secretario del Grupo Popular en las Cortes, formaba parte de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la de Asuntos Exteriores y presidía una de las pocas comisiones que había cedido a la oposición el poderoso PSPV-PSOE de Joan Lerma: la de control a Radiotelevisió Valenciana, su empresa.

En su etapa de parlamentario presentó 123 iniciativas. Una de ellas tuvo lugar en mayo de 1993, cuando obligó a que compareciera en la cámara el entonces director general de RTVV, Amadeu Fabregat, al que los diputados populares pidieron explicaciones por el contenido del programa de debate Carta Blanca, presentado por Josep Ramon Lluch, que había abordado los malos tratos. «La sociedad valenciana está muy sensibilizada con el tema de la violencia y los abusos sexuales», afirmaba el portavoz del PP pidiendo responsabilidades políticas a los socialistas por Canal 9.

Aquella sociedad valenciana que ahogaba los fines de semana en la «Ruta del Bakalao» estaba en estado de shock por el hallazgo de Míriam, Toñi y Desirée, las niñas de Alcàsser que con 14 y 15 años fueron brutalmente torturadas, violadas y asesinadas pocos meses antes.

Una de las gestiones más importantes que hizo como secretario general fue el fichaje de Alfonso Rus, entonces líder de la Agrupació Independent de Xàtiva. El PP crecía fagocitando pequeños partidos locales o con mociones de censura con tránsfugas socialistas a quienes incorporaba a sus filas en Benidorm, Orihuela, Torrevieja… La absorción de Unión Valenciana sería un proyecto a más largo plazo.

En cinco años y gracias a sus contactos, Sanz pasó de ser un militante de base a convertirse en el barón provincial, la persona que realizó las listas municipales y autonómicas de 1991, coordinó la campaña de las europeas del 12 de junio de 1993 y organizó el primer gran mitin de José María Aznar en un lugar que se convertiría en talismán: la plaza de toros de Valencia.

En los cines triunfaba Luis García Berlanga y su última película: Todos a la cárcel, rodada en la prisión Modelo de Valencia, abandonada tras la construcción del moderno centro penitenciario de Picassent.

Operación Zaplana

Los medios de comunicación bautizaron como Operación Zaplana el intento del político cartagenero de hacerse, desde Benidorm y Alicante, con el control de toda la organización a nivel regional. El golpe se produce en 1993, cuando el presidente alicantino del PP y alcalde de Benidorm logra alcanzar su objetivo y además se erige en portavoz parlamentario. Era una época de intrigas e incertidumbre en plena fusión del centro-derecha valenciano.

Entre sus aliados figuraban políticos ambiciosos como el concejal del Ayuntamiento de Valencia José Luis Olivas o el propio Vicente Sanz, quien utilizó su cargo de secretario general de Pedro Agramunt para ayudarle. De hecho, en su despedida, Agramunt llamó a Sanz «traidor».

El de Almenara pronto obtiene su recompensa: en noviembre asciende a presidente provincial en Valencia y conforma un equipo con antiguos colaboradores en su etapa en el INEM, como Esther Franco o Eduardo Ovejero. Además, Sanz logra entrar en la junta directiva nacional del PP junto a Rita Barberá.

La Operación Zaplana se vio favorecida por varias circunstancias que fueron determinantes, la más importante, el fichaje de Jesús Sánchez Carrascosa como su jefe de gabinete. Eduardo y Jesús, los dos de Cartagena, eran amigos desde la infancia y habían compartido muchos momentos en la adversidad. Sánchez Carrascosa era hasta ese momento periodista de Las Provincias, donde había intimado con la directora, María Consuelo Reyna, hasta el punto de convertirse en su marido. Reyna, propietaria del medio de comunicación más influyente a principios de los noventa en la ciudad, era la auténtica líder de la derecha valenciana, la que movía los hilos de la formación conservadora entre bambalinas. Pudo ser candidata a la alcaldía de Valencia en 1991 y lo rechazó. Fue ella quien ofreció al abogado Manuel Broseta liderar la lista del PP. Broseta fue asesinado por la banda terrorista ETA en 1992.

Ella fue la que limó asperezas entre Unión Valenciana y el PP para que Rita Barberá fuera la alcaldesa y pusiera fin a la hegemonía de la izquierda tras los comicios de 1991. Y eso a pesar de que la editora y la alcaldesa no se llevaban bien. Precisamente por esta falta de sintonía, Reyna se esforzó en buscar y apoyar a un líder para la derecha valenciana, y su marido lo encontró. Los analistas coinciden en que sin el apoyo de Las Provincias, Zaplana nunca habría podido entrar en Valencia y liderar el PPCV. El matrimonio Reyna-Sánchez Carrascosa se encargó de su imagen y abrió las puertas de la sociedad valenciana a Zaplana. También las puertas de su casa. De hecho residió en un piso suyo, donde conspiraron juntos para cargarse a Pedro Agramunt y perpetrar el asalto a la Generalitat.

La voladura controlada

El conocido como «caso Sanz» se desarrolló, siguiendo los manuales clásicos de la política, como una «voladura controlada». El periódico de referencia de la derecha valenciana publicó la noticia de la grabación el 23 de junio de 1993, de forma edulcorada y confusa, pero marcando un gol a todos sus competidores, especialmente a Levante-EMV. No cabe duda de que si el rotativo que dirigía Ferran Belda hubiera poseído esa información, o la grabación, no hubiera tenido piedad con sus protagonistas.

Entre los pocos detalles informativos que se ofrecían en Las Provincias, figuraba que la duración de la grabación era de entre cinco y diez minutos, y se decía que esta estaba «manipulada, llena de cortes e interrupciones que descontextualizaban sus palabras».

El mismo día en el que Las Provincias desvela el caso, Zaplana, en calidad de alcalde de Benidorm, se había ido a una feria de turismo a Rusia para aparentar normalidad y que aquello no iba con él. Lo tenían todo estudiado. A su vuelta, concedía una entrevista al mismo medio: «No es un caso de corrupción manifiesta sino de una conversación sesgada, decir lo contrario es mentir». El mensaje era claro y se insistía en el texto: «no estamos ante un asunto como el de Roldán o Rubio […] es una conversación absolutamente intrascendente […] se va a proceder de forma rápida y fulminante».

Levante-EMV trató de recuperarse del varapalo y al tercer día destapó la operación. «La cinta completa dura 45 minutos y delata a otros dirigentes del PP», titulaba. Según esta versión, un votante del PP entregó de forma anónima a la directora de Las Provincias «y esposa del jefe de gabinete de Zaplana —Jesús Sánchez Carrascosa—, con el fin de que esta, en calidad de mujer de uno y protectora de otros, tratase de conjurar el peligro antes de que el PSOE utilizara la documentación».

El rotativo del grupo Moll afirma que el ciudadano anónimo temía que el PSOE dispusiera ya de una copia y la hiciera estallar cuando Zaplana fuera candidato a la Generalitat, lo que obligaría a su cese y a «descabezar la candidatura, al tiempo que ponían en un serio apuro al mismísimo José María Aznar». En medio de una lucha encarnizada entre las dos principales cabeceras informativas, Levante afirma que Reyna «tenía montado un dispositivo nocturno para actuar en función de lo que supiéramos o publicáramos nosotros al día siguiente», y que la gravedad de lo desvelado ha «desbaratado un plan que solo perseguía tres objetivos: desanimar al autor de la grabación, provocar el estallido controlado del caso, y ocultar su verdadero calado a la dirección nacional del PP».

Grabaciones, espionaje entre medios, connivencia con el poder político… La hostilidad entre las dos cabeceras no tenía nada que envidiar al Post y el Times en pleno Watergate.

Dos años antes del escándalo: la deuda

El empresario Vicente Conesa tiraba de contactos para conseguir contratas en la administración para sus empresas. Fue así como Vicente Sanz logró en febrero de 1992 que el alcalde de Benidorm, Eduardo Zaplana, le adjudicara a su amigo dos contratos, unos estudios sobre las zonas verdes y los ruidos de la ciudad, conocidos como mapa verde y mapa sonoro. En total ingresaría por ellos más de 30 millones de pesetas (180.000 euros). Sin embargo, el procedimiento de contratación fue irregular y el coste de los encargos era el doble del real, según denunció el PSOE, que aludió entonces al posible pago de una comisión.

A principios de 1993, Conesa estaba asfixiado económicamente. El alcalde de Benidorm, asustado por el revuelo causado por las críticas socialistas a la adjudicación, no daba luz verde a pagar unos proyectos que Conesa había subcontratado y que ya había abonado. Además, al parecer, el empresario y varios de sus socios habían accedido a colaborar con la causa política de Zaplana con una aportación de siete millones de pesetas, 42.000 euros, una cifra muy elevada para el volumen de sus pequeños negocios que no terminaban de funcionar.

Después de las navidades, Conesa y sus dos socios decidieron pasar a la acción y urdieron un plan. Zaplana jamás caería en la trampa, pero Vicente Sanz sí. Había que grabarle hablando de la deuda contraída para que luego pagara. Fue en marzo de 1993, en los días previos a las fallas, y hubo dos intentos. El primero tuvo lugar en un bar situado en la avenida Blasco Ibáñez de Valencia, cerca del domicilio de Conesa. Pero no salió bien. Sea por los nervios del empresario que no le dio al rec, o por problemas técnicos del rudimentario magnetofón, la conversación, en la que el presidente provincial cantaba de lo lindo, no se registró.

El segundo intento tuvo lugar a continuación dentro de un vehículo Mercedes 300 diesel. Conesa se llevó a su amigo en coche a dar una vuelta y repitió el mismo interrogatorio. En esta ocasión Vicente Sanz respondía con monosílabos y aportando poca información, porque en realidad ya lo habían hablado todo minutos antes. En ese diálogo se hace referencia a la entrega de dinero en un maletín en el aeropuerto, y poca cosa más.

Con aquel documento sonoro en la mano empieza el chantaje. Conesa le dice a Sanz que le han grabado y que debe actuar, que ellos quieren su dinero, y si no ven una respuesta pronto, saldrá a la luz la conversación. Ante el malestar de los empresarios que conspiraban con Conesa, Vicente Sanz les organiza una reunión en las Cortes con Eduardo Zaplana en la primavera de 1993. El alcalde de Benidorm les encandila y se compromete a agilizar los pagos de los proyectos desarrollados por Conesa en Benidorm. Se tranquilizan. Las aguas vuelven a su cauce y guardan la cinta durante un tiempo.

Ambición y desprecio a su mujer

El día que Las Provincias destapó el escándalo, Vicente Sanz compareció en rueda de prensa en las Corts y, siguiendo la estrategia Reyna-Carrascosa, achacó la divulgación de la grabación a «presiones y extorsiones», y añadió un componente nuevo: los «problemas personales» derivados de su separación matrimonial de María Dolores Rodríguez, Loli. «Estoy pasando unos problemas personales que no quiero que afecten ni a mis hijos ni al partido. Me he separado hace seis meses y el tema va por ahí».

Sanz había colocado a su esposa Loli como asesora municipal del entonces concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia, una joven promesa del PP que se llamaba Francisco Camps. En realidad, esta tenía plaza de funcionaria y accedió al consistorio mediante una comisión de servicios. Al parecer, cuando empezaron los problemas conyugales Sanz se personó en el despacho y la amenazó públicamente con quitarle el puesto de trabajo. La mujer estudió denunciarle por malos tratos, pero finalmente Sanz se disculpó y no lo hizo (Levante, 24/06/1993).

El mismo periódico se hacía eco ese fin de semana de que personas próximas a la exmujer recordaron «las amenazas que ejerció Vicente Sanz durante el proceso de divorcio para evitar que salieran a la luz pública los comportamientos privados de este, y que pudieran dañar su entonces fulgurante carrera». La periodista que firma la noticia no abunda en los «comportamientos privados», pero abría muchas incógnitas sobre su carácter que tardarían casi dos décadas en confirmarse.

La prensa valenciana recordaba en aquel contexto la controvertida personalidad del ya expresidente provincial. La periodista Empar Aigües narraba en Levante que, tras la victoria del PP en las elecciones al parlamento europeo del 12 de junio de 1994, Sanz no pudo reprimir sus instintos y, ante testigos, manifestó frases como: «Vamos a ganar y ahora, vamos a forrarnos» o «Estás saludando a un futuro conseller».

La oposición aprovechaba el ruido y apuntaba más alto, recordando el caso Naseiro y las declaraciones de Eduardo Zaplana en las que también decía que quería hacerse rico. El presidente de la Generalitat, Joan Lerma, declaraba que «Zaplana debería dimitir porque tiene los mismos motivos que Vicente Sanz». «Los dos tienen la misma concepción de la política», añadía el vicesecretario general del PSPV, Joan Romero.

En una rueda de prensa, Aigües le sacaba de nuevo el tema maldito al líder del PPCV:

«Pregunta: Sus confesiones en las cintas del caso Naseiro son muy similares, ¿por qué él ha tenido que dimitir y usted no?

Respuesta: Eso no es cierto bajo ningún concepto. […] Yo estaba hablando de broma.»

En las elecciones nacionales de 1993 el PP había superado al PSOE en la Comunidad Valenciana, pero fue en los comicios europeos del 12J de 1994 cuando se confirmaron las ansias de cambio y la derecha acarició el cielo. Habían sacado el 44,6% de los votos, frente al 30,8% del PSOE. Extrapolando los datos, con la ayuda de Unión Valenciana tenían el gobierno de la Generalitat. Por otro lado, el PSOE estaba acorralado por todos los casos de corrupción que le acechaban. Para colmo, Luis Roldán acababa de protagonizar aquel sainete de fuga y retorno. Los ministros valencianos Antonio Asunción y Vicente Albero dimitían y el Consell de Lerma se veía desbordado por los incendios forestales. El asalto del PP a todas las instituciones valencianas era inminente, y se presentaba casi como un desfile con la alfombra roja.

Urgía cerrar aquella crisis.

Seis meses antes del escándalo: el plan

A pesar de las promesas, Conesa y sus compinches continuaban sin ver su dinero ya entrados en 1994 y las relaciones personales con su amigo, el presidente provincial del PP, Vicente Sanz, se habían deteriorado notablemente. De hecho, después de un viaje a Madrid para una cena de su promoción a la que también asiste Juan José Lucas rompen las relaciones. Conesa estaba fuertemente presionado por sus socios. Querían su dinero.

A esas alturas era obvio que la reunión con Zaplana un año antes no había dado sus frutos, porque no les pagaba. Empezó a cundir el desasosiego. Entonces decidieron dar un paso más allá y en esta ocasión involucraron a un periodista de su estricta confianza, amigo de uno de los empresarios asociados a Conesa y que, además, tenía responsabilidades en el periódico Las Provincias. Podían utilizar su nombre para que Vicente Sanz viera que iban en serio y que eran capaces de poner la cinta en manos de la siempre temida prensa.

Además, tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Decidieron utilizar a la mujer de Vicente Sanz, Loli Rodríguez, a quien le trasladaron el problema de los impagos y la mediación de su marido para pedir fondos para la causa de Zaplana. Querían que Loli le hiciera ver a su esposo lo que estaba en juego, pero la esposa de Sanz vio el cielo abierto al saber de la existencia de aquella grabación y pensó que a ella también le iba a solucionar todos los problemas conyugales. Fue así como la asesora de Camps trazó su propio plan, compatible con el de los empresarios que le habían confiado su secreto: alguien en el PP debía actuar y pedir la cabeza de Vicente Sanz, porque con su marido fuera de la política sus vidas volverían a la normalidad.

Así pues, Rodríguez, que trabajaba en el despacho del portavoz del gobierno local, contactó con los asesores más cercanos de la alcaldesa, Rita Barberá, que se hicieron cargo de la situación. ¿Quién mejor que ella para obligar a Zaplana a cesar a su número dos? Cuando una de las personas más cercanas a Rita Barberá conoció la historia en la primavera de 1994 se reunió con Vicente Conesa y escuchó la cinta, cuya única copia guardaban bajo llave.

La conversación grabada no perjudicaba solo a Vicente Sanz, ya que si se hacía pública dinamitaría también las opciones electorales de Eduardo Zaplana. Y eso era ¡magnífico! Esta era la ocasión que Rita Barberá y su gente habían estado esperando desde que el de Cartagena se lanzó a conquistar su territorio, porque no lo querían.

El entorno de Rita Barberá se hizo cargo de la operación sin siquiera consultárselo a la regidora. El odio a Zaplana por parte de la derecha valenciana se convertía en el nuevo motor de esta historia en la que los intereses de los empresarios, los de la esposa de Vicente Sanz y los de los «ritistas» estaban alineados. Si todo salía bien los primeros recuperarían su dinero, Loli a su esposo y el PP de Valencia, el control del partido.

Solo hacía falta trazar un plan genial.

Psicosis generalizada

Los periodistas y redactores de Valencia buscaban desesperadamente aquel documento sonoro desvelado por Las Provincias en junio de 1994. El material era de un valor periodístico enorme y podía aclarar la situación. Se había generado un gran escándalo sin conocer el motivo, y surgen todo tipo de rumores. Algunos medios aseguraban que Sanz disponía en aquellas fechas de «material muy comprometedor para el partido» y que había más cintas en circulación que afectaban a altos cargos del PP. En los mentideros políticos cunde el nerviosismo. Se especula sobre los políticos nombrados en la cinta, el objetivo del montaje, cuándo saldrá el contenido completo, etc.

Al poco tiempo ya se habla abiertamente de guerra sucia en el partido y personas de confianza de Vicente Sanz como Eduardo Ovejero (gerente regional) y David González (gerente provincial) acusan a Rita Barberá de ser la instigadora del montaje. Al mismo tiempo presumen de tener informes contra la propia alcaldesa y su equipo y referencias a que «salían maletines del ayuntamiento».

Los testimonios de la época hablan de psicosis generalizada por el espionaje entre facciones enfrentadas en los partidos. Hacía pocos días que había dimitido el número 2 del PSOE en la Diputación de Valencia, el vicepresidente Vicent Vercher, acusado de encubrir unas grabaciones. No solo ocurría en Valencia. Fueron víctimas Miguel Ángel Revilla en Cantabria, Javier de Godó —editor de La Vanguardia— en Cataluña, y también hubo casos en Aragón, Canarias, etc.

Durante semanas, Levante-EMV ofrece un auténtico serial de intriga sobre qué es lo que se habla en los 45 minutos de conversación. El periodista Josep Torrent se pregunta en una columna de opinión: «¿qué más hay en la cinta original de la que se han extraído esas frases?, ¿nada interesante y, en consecuencia, se ha quitado toda la paja para dejar la sustancia? O, por el contrario ¿se han ocultado premeditadamente afirmaciones de mayor calado en las que se atribuían a otras personas actuaciones similares como las que presumiblemente se pretendían cometer en cuanto se consumase la toma del palacio de la Generalitat? Los interrogantes van a seguir abiertos durante mucho tiempo y no va a ser fácil que se despejen; pero una cosa está clara, la preocupación en el PP empieza a crecer de forma alarmante».

Días después, Josep Torrent incrementa el tono: «Debe ser duro jugarse la supervivencia política a la aparición o no de un cacho de cinta magnetofónica de cinco minutos. Vivir con la sensación permanente de que una fulgurante carrera en la vida pública pueda acabar segada de un tajo en cualquier momento porque un mal día un anónimo ciudadano decida echar mano de la espada de Damocles de que dispone y poner en circulación otros cinco minutos de la famosa conversación de Vicente Sanz». Todos hablaban de la grabación, pero nadie la tenía.

Los datos van saliendo en cuentagotas, pero ningún medio de comunicación reproduce literalmente la conversación. Levante-EMV confirma que el interlocutor es un empresario llamado Vicente Conesa, y el diario madrileño El Mundo desvela el 28 de junio que Sanz nombra en ella a Eduardo Zaplana. El líder del PP «está tocado», publica.

El escándalo salta al plano nacional, y toda la cúpula del PP se vuelca en zanjar la crisis. El portavoz del PP en el Congreso, Rodrigo Rato, decía: «Sanz es un ejemplo de que en este partido se depuran las responsabilidades políticas, aunque las declaraciones no eran oficiales y parecen absolutamente sacadas de contexto»; el vicesecretario de Organización, Mariano Rajoy, afirmaba: «es absolutamente rocambolesca la existencia de una cinta que nadie sabe quién la tiene»; también el secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, cerró filas con Zaplana y alabó la gestión de la crisis.

Ante las nuevas revelaciones Vicente Sanz tuvo que salir y dar la cara, y ofreció una nueva versión tan poco clara como la anterior. Esta vez afirmó que su amigo Vicente Conesa tuvo «un ataque de cuernos o de celos profesionales», al rechazar él su ingreso en el PP, y por eso urdió el montaje y le grabó. Su antiguo jefe, amigo y padrino de su hija se convertía ahora en traidor.

Pocos días antes del escándalo: la ejecución

Al involucrar en el chantaje a Loli Rodríguez, uno de los hombres de Rita Barberá a los que había acudido en busca de ayuda se había convertido en clave para los empresarios. Movido por el rechazo a Zaplana, este asesor de la alcaldesa convenció a Conesa y sus dos socios de que la persona clave para que pudieran cobrar era María Consuelo Reyna. En una reunión trazaron el plan.

El periodista de Las Provincias que trabajaba para ellos debía presentarse ante la directora, María Consuelo Reyna, y explicarle la existencia de la grabación y su contenido, para que ella lo gestionara sin que nadie saliera perjudicado. Y así fue. Lo que no entraba en los planes de los empresarios es que desde el entorno de Rita Barberá se mandaría al mismo tiempo una carta anónima a la directora del periódico alertándola de que ese mismo periodista le contaría esa historia esa misma tarde, y de la gravedad que entrañaba el caso. Eso significaba que había más gente al corriente de la situación y no lo podría controlar. Estaban cazados. Reyna citó a su marido y a su vez jefe de gabinete de Eduardo Zaplana, Jesús Sánchez Carrascosa, y al periodista que le fue con la filtración. La única salida era el cese de Vicente Sanz del PPCV e intentar controlar la cinta.

En un principio Vicente Sanz se negaba a dimitir. No quería pagar los platos que otros habían roto. Sánchez Carrascosa y Reyna las tuvieron con él mientras Zaplana estaba de promoción en Rusia. Le obligaron, porque no había otra alternativa.

El caso es que en aquel momento Rita Barberá ya no quería liderar el PPCV y prefería optar a la reelección en el consistorio de la capital, pero en su equipo había más papistas que el papa. No soportaban a Zaplana y querían forzar a la alcaldesa a dar un paso al frente. Por eso pusieron en marcha la operación. Ante el cariz que toman los acontecimientos y el escándalo mediático, la alcaldesa organiza una reunión en su despacho a la que asiste la plana mayor del partido: Sanz, Zaplana, Sánchez Carrascosa, Olivas, etc. Rita rechaza haber urdido el complot, y un asesor, que sería cesado tiempo después, asume toda la responsabilidad.

El asunto continuaría varias semanas en la prensa, pero la famosa cinta que grabó Conesa en su Mercedes nunca saldría a la luz. Tenía un precio mucho más elevado del que se pensaba y alguien la compró.

El gran proyecto de Eduardo Zaplana en su primera legislatura fue el parque temático Terra Mítica, en Benidorm, que costó 400 millones de euros. Vicente Conesa ejerció de gerente de jardinería de Terra Mítica y era el que autorizaba los contratos a sus propias empresas, cerca de 10 millones de euros. Con aquel proyecto, Conesa y sus socios en el caso Sanz se hicieron millonarios saltándose varios preceptos legales. En abril de 2016 la Audiencia de Valencia condenó a Conesa a 23 años de cárcel por los delitos de estafa, falsedad documental y fraude. Según la sentencia, Conesa estaba en el epicentro de la trama de facturas falsas por la que defraudó 6,3 millones de euros a Hacienda y causaron un perjuicio de 1,3 millones de euros a Terra Mítica durante su construcción.

Sin consecuencias

El cierre en falso del conocido como caso Sanz tuvo lugar pocas semanas después, pasado el verano de 1994. La comisión regional de conflictos y disciplina del PPCV abrió una investigación en la que paradójicamente no se analizó la cinta. Tampoco se citó a Vicente Sanz, ni se convocó un congreso en el partido para buscarle sustituto. El secretario general, Manuel Tarancón, asumió las riendas de la organización a nivel provincial y poco tiempo después se convertiría en presidente de la Diputación de Valencia. Sanz no fue expulsado del PP ni se le pidió el acta de diputado. Tan solo dejó —voluntariamente— los cargos orgánicos e institucionales y continuó —cobrando— de parlamentario hasta los comicios de 1995.

Tras conocerse el dictamen del comité de conflictos, el 12 de septiembre de 1994, Sanz se mostró satisfecho. «El tiempo a cada uno le deja su sitio. Me voy a dedicar a mi trabajo. El tiempo siempre es el mejor juez», afirmó. No denunció el chantaje o las presiones de las que habló en un primer momento. No puso en duda el contenido de la cinta, de la que solo dijo que se había sacado de contexto. El comunicado del presidente del comité de conflictos, el alicantino Juan Rodríguez Marín, muy próximo a Zaplana, subrayaba el «proceder absolutamente responsable y coherente del PP», ya que «no se aprecia la necesidad de recomendación alguna». Para llegar a esta conclusión habían mantenido «dos conversaciones» con Sanz y habían analizado «los datos objetivos extraídos de toda la documentación estudiada». De la cinta, ninguna referencia.

Todos miraron el dedo levantado que señalaba. Nadie la luna. La súplica de mediación de Conesa a Sanz, las sospechas de corrupción en la adjudicación de Benidorm, el contenido real de la cinta… Todo quedó sin resolver, porque nadie puso el más mínimo interés. Lo cierto es que el PSOE de Benidorm denunció por prevaricación, estafa y maquinaciones para alterar el precio de sus servicios a Vicente Conesa por el mapa verde y sonoro de 1992. La investigación recayó sobre el juez sustituto del juzgado número 2 de Benidorm, Carlos Morenilla Jiménez, quien tras tomar declaración a Conesa archivó velozmente la causa.

Con el tiempo, todos los principales protagonistas de esta historia salieron ganando. Eduardo Zaplana logró ser presidente de la Generalitat Valenciana y posteriormente ministro del Gobierno de España, y Rita Barberá se consolidó como alcaldesa de Valencia encadenando varias mayorías absolutas. Vicente Conesa, lejos de quedar proscrito para la administración del PP, se hizo millonario con los suculentos negocios del parque temático de Benidorm, Terra Mítica. El juez Carlos Morenilla fue nombrado adjunto al Síndic de Greuges, y su mujer, Angélica Such, consellera de Turismo. Y Vicente Sanz tendría su recompensa al sufrimiento. Como dijo ante la prensa, «el tiempo siempre es el mejor juez».

Todos a la cárcel ganó tres premios Goya: mejor película, mejor director y mejor banda sonora. Se trataba de una fiesta en la cárcel a la que asisten personajes con todo tipo de intereses, como el empresario que quiere cobrar una deuda, el mafioso que logra escapar y el director de la cárcel que se fuga con la amante transexual. También estaba nominada a mejor guión original, pero no lo logró a pesar de reunir todos los ingredientes.

En multitud de ocasiones, la frase «estoy en política para forrarme» se le ha atribuido a Eduardo Zaplana y se ha enmarcado en el caso Naseiro, algo totalmente falso. Esta expresión, que no aparecía en la famosa grabación, era de Vicente Sanz.

Nueva etapa, más dinero

La nueva pareja de Vicente Sanz se llamaba Esther Franco Aliaga, una aragonesa cuatro años más joven que él, diplomada en enfermería y profesora de la Escuela Universitaria La Fe. Esther había sido la primera novia de Vicente, y nunca había roto el contacto con él.

Nadie hubiera entendido que con su currículum, Vicente Sanz volviera a formar parte en 1995 de la lista electoral del partido que iba a regenerar la administración, pero su nueva pareja era marca blanca. Esther Franco ocupó un lugar relevante en la dirección del partido y se convirtió en responsable del área de Sanidad del PP y en diputada autonómica desde 1995 a 2015, veinte años en los que ha presentado miles de iniciativas, la mayoría de ellas relacionadas con sanidad, bienestar social, igualdad y derechos humanos.

En mayo de 1995, tal y como era previsible, el PP liderado por Eduardo Zaplana ganó las elecciones y formó un gobierno de coalición con Unión Valenciana en el conocido como «pacto del pollo», al firmarse en el despacho de un empresario que se dedicaba a la cría de aves. El reparto de poder dejó en manos del PP una pieza clave, Radiotelevisió Valenciana. Y es que la obsesión de Zaplana por los medios de comunicación sería enfermiza.

Un Lannister siempre paga sus deudas. Eduardo Zaplana premió la lealtad y el trabajo de Sanz entregándole el mando. Creó ex profeso un departamento de Recursos Humanos y lo nombró jefe. En el año 2000 pasó a ser director de Gestión y Planificación de Recursos Humanos. Y en 2007 firma un contrato de alta dirección y se convierte en Secretario General de RTVV. «Paso de buey, ojo de lince, diente de lobo y cara de bobo» era una de las máximas favoritas de Sanz.

Él siempre estaba ahí, en un silencioso segundo plano, mientras los directores generales eran la diana de todas las críticas políticas, caían y eran nombrados uno tras otro: Juan José Bayona, José Vicente Villaescusa, Pedro García, José López Jaraba, etc.

En todos sus contratos figura la misma cláusula: ostentará la responsabilidad «mientras el Director General que ha hecho el nombramiento permanezca en su cargo, incluso si lo hace en funciones». Cuando caía un director general él reforzaba su posición con un mejor contrato y una mejor remuneración. Empezó bien, con un sueldo de 55.485 euros al año, algo más que cuando era diputado autonómico. Luego pasó a cobrar 64.768,90 euros, 68.733,42 y 70.108,08. Siempre con chófer, secretaria, dietas y gastos pagados.

Sanz sobrevivía a polémicas y guerras intestinas, contratos irregulares, oposiciones a medida denunciadas por sindicatos, luchas entre zaplanistas y campistas, la caída de las audiencias, la manipulación y la censura, y múltiples denuncias de la Sindicatura de Comptes y de las asociaciones profesionales de la prensa. Era el auténtico enlace entre el PP y RTVV. Y lo más importante, su nómina llegaría a ser superior a la del vicepresidente de la Generalitat, un cargo que anhelaba conseguir aquella mañana de fallas de 1993. A partir de octubre de 2009 su sueldo era de 7.099,68 euros al mes. Más que el presidente de la Generalitat. Más que un ministro. Más que el presidente del Gobierno.

Su control de la televisión autonómica ante sus propios compañeros de partido le otorgaba un estatus privilegiado. Frank Underwood, el presidente en la ficción de la serie House of Cards, lo expresa a la perfección: «Los políticos se diferencian del resto de las especies en que serían capaces de matar a una manada de gatitos por diez minutos en prime time».

Todo el poder y un «Gran Hermano»

Cuando el PP llegó a la sede de RTVV en Burjassot inició una caza de brujas para apartar a los elementos más marcados con el anterior gobierno socialista. Listas negras de trabajadores no afectos, puro macarthismo. En la primera legislatura intentaron sin éxito privatizarla y modificaron la ley para que pudiera endeudarse sin límite. A su llegada a RTVV la plantilla costaba 25 millones de euros al año y tenía 653 trabajadores. Con el tiempo alcanzaría los 81 millones de euros de presupuesto anual y más de 1.800 empleados y el gasto en productoras externas pasó de 18 millones de euros a rozar los 60.

Vicente Sanz tardó solo cuatro años en urdir su estructura de poder y enriquecimiento personal con el control absoluto de cada rincón de la empresa. A partir de ahí se dedicó a mandar, en el sentido más caciquil del término. Del mismo modo que en las fábricas del siglo XIX, él se sentía el dueño (y lo fue) de la empresa y de sus trabajadores a los cuales intimidaba sistemáticamente y de quienes lo sabía todo: situación familiar, militancias, aficiones, etc.

Los ascensos o las degradaciones estaban al albur de las relaciones personales que los trabajadores mantenían con el jefe. Según denunciaron las víctimas, desde su ordenador controlaba las cámaras de seguridad y sabía en cada momento quién hacía qué y con quién. El reality show en esta cadena no era para los telespectadores, era para su capo. Las instalaciones de RTVV eran su «Gran Hermano» particular en el que concursar era una obligación.

Salut Alcover fue delegada de Intersindical y presidenta del último Comité de Empresa de RTVV, y afirma que Sanz creó una «telaraña perfecta» donde todo lo que ocurría siempre llegaba al jefe de la cuarta planta. «Se paseaba por la cafetería y saludaba a todo el mundo. Preguntaba por su familia, por sus cosas… como si lo supiera todo de todos».

Para impedir cualquier atisbo de crítica desde el Comité de Empresa, Sanz puso en marcha la sección sindical de Unión Sindical Obrera (USO), una organización amarilla al servicio de la empresa, donde tenía a su gente de total confianza que le trasladaba información. USO se convirtió en el sindicato mayoritario el año 2007 y sus miembros coparon todos los órganos de dirección de la empresa, con los puestos estratégicos en el organigrama: registro de entrada, nóminas, seguridad, etc. Sanz contaba con sus aliados de siempre. Eduardo Ovejero colocó a su mujer y a su hijo en la tele. Ambos estaban en la cúpula de USO. También David González fue nombrado jefe de los servicios jurídicos y de Recursos Humanos.

Josep Torrent y Lydia Garrido explicaban su poder en El País (21/03/2010) de esta forma:

«Vicente Sanz se comportó como un auténtico sátrapa, un señor feudal que se creía con derecho de pernada, al que solo le faltó pasearse a caballo por las instalaciones de Burjassot para que quedara claro, por si acaso no lo estaba, quién mandaba en realidad en Canal 9. Sanz fue una suerte de sheriff de Nottingham ante unos directores generales que, como el Juan sin Tierra de la leyenda de Robin Hood, se mostraron tolerantes, pusilánimes y acobardados ante el poder, real o ficticio, que emanaba de la figura de su teórico subalterno, reforzado por la leyenda de que era el custodio de inconfesables secretos del PP que podrían acabar con la carrera de más de uno y más de una política relevante del PP.»

El abusador sexual

En ese contexto de control absoluto de poder tuvo lugar el episodio de vejaciones sexuales, obscenidades, amenazas y terror de varias trabajadoras. Los hechos están confirmados en tres trabajadoras de 2007 a 2010, aunque según el testimonio de estas hubo muchos más.

El relato de M., A. y N. es muy similar a la hora de explicar las pautas de comportamiento de Vicente Sanz. Las primeras reuniones a las que las citaba siempre eran para hablar de trabajo. Su comportamiento era educado, amable y elogioso para la labor profesional que realizaban, bien en televisión, bien en la radio. En al menos dos casos, les ofreció mejoras laborales. Uno de los ascensos se materializó, pero otro no. Esa afabilidad, sin embargo, desaparecía a medida que las relaciones se estrechaban. Aparecía entonces un Sanz obsceno, con una pulsión sexual incontrolable y que las sometía a todo tipo de vejaciones, sevicias y humillaciones. Las reuniones de trabajo en su despacho se convertían en sesiones de sexo oral en las que abundaban las masturbaciones. Algunos de esos encuentros tenía como escenario el apartamento de su propiedad en Canet d’en Berenguer.

El relato narrado por las víctimas a la juez y reproducido por El País es repugnante. «Le dije que me dejara, por favor, lo rechazaba con gestos, tapaba con las manos, me daban arcadas y me ponía a llorar; pero a él le daba igual. Me pedía que me fuera al baño y que regresara con otra actitud, que cuando regresara tenía que estar amable y que si no, ya sabía... No recuerdo si me penetró con el dedo o con el pene porque hay muchas cosas que no recuerdo. En su despacho hay un sofá negro. Me apoyaba sobre él dándole la espalda para no verle mientras se restregaba contra mi cuerpo. Intentaba mirar hacia fuera por la ventana, no pensar que estaba allí, no pensar en lo que estaba pasando. En alguna ocasión subía con una compañera y él cerraba la puerta y nos pedía a una de las dos que nos sentáramos encima de él, luego se tocaba y nos pedía que nos tocáramos. Nosotras nos abrazábamos y fingíamos que hacíamos lo que él nos pedía; pero lo único que pensábamos era que se acabara ya y nos dejara en paz. Una vez vi como le cogía la cabeza a mi compañera para que le hiciera una felación...».

Otro encuentro se produce de la siguiente manera: dos periodistas acuden al despacho del secretario general. Él les pide que se acaricien: «Toca-li la teteta, intenta que li agrade». Y sí, se abrazaban y lloraban al mismo tiempo. Pero a él le gustaba, «se ponía cachondo», cuentan, mientras ellas estaban medio desnudas. Sanz les pedía que se acariciasen los genitales y, cuando él tenía su orgasmo les pedía que limpiaran el semen con un pañuelo.

Sanz tenía un cajón lleno de ropa interior femenina en su despacho, prendas usadas que, según contaba, le habían regalado otras trabajadoras de la casa con las que supuestamente tendría la misma relación. Ante ellas, exhibía su poder como un pavo real y presumía: «no sabes las mujeres que están enamoradas de mí». En una ocasión, les mostró a estas periodistas el cajón de braguitas y les pidió una prenda. Se fueron a un todo a cien y compraron dos tangas que mojaron en el baño con orina para que él los oliese.

Una prueba de la obsesión por el sexo y el poder de este sexagenario alto cargo del PP son las dos películas que les regalaba a sus víctimas: Emmanuelle y El Padrino. Se refería a su pene como «la escopeta».

«No olvides quién soy yo»

¿Cómo es posible que unas mujeres adultas, con formación universitaria y, en algún caso, con experiencia política se prestaran durante tanto tiempo a las indecencias de su superior sin denunciarle? ¿Cómo aguantaron tanto? ¿Por qué no presentaron una queja formal ante los superiores de Sanz? La respuesta es el miedo derivado del omnímodo poder que de forma impúdica e insultante exhibía el propio Sanz.

Conseguía sus objetivos mediante expresiones como «ya te dije quién manda aquí», «no olvides quién soy yo, como amigo soy muy amigo, como enemigo, mato», «te destrozaré la vida a ti y a tu familia», porque sus «tentáculos» llegaban a todas partes y él «era Dios» en RTVV.

La leyenda sobre su pasado, su peso en el PP y la información que podía tener de toda la estructura del partido las intimidaba.

A. era militante del PP, se integró en la candidatura del sindicato USO y logró el ascenso a una jefatura que Sanz se inventó. Pasó a formar parte de los tribunales que decidían los becarios que iban a entrar a trabajar en RTVV, aunque en las reuniones previas que tenían lugar en el despacho de Vicente Sanz había poco que preparar. Según su testimonio este le daba directamente los nombres de las personas que tenían que entrar.

A esta profesional concretamente, le decía que si no se sometía a su voluntad hablaría con el alcalde popular de Tavernes Blanques, donde era funcionario su marido, para dejarle sin trabajo. A otra le mandó un mensaje en el que le decía que sabía que se estaba tomando un helado con su hermano. El miedo era tan hondo que tenían que mostrarse amables con él por temor a que sus familias sufrieran represalias.

Otra de las damnificadas confesó que durante un tiempo mantuvo una relación personal con otro trabajador del ente. Cuando Sanz se enteró le reprochó que cómo había podido estar con esa persona y «dijo que se lo iba a cargar». Como castigo le bajó de categoría y se jactó de ello invitando a la periodista a un restaurante para celebrar «habérselo cargado».

En una ocasión, estando en Roma de vacaciones, él no dejaba de llamarlas por teléfono y no le cogieron el móvil. Cuando Sanz se lo reprochó le dijeron que era por falta de cobertura, pero este les contestó que había llamado a la compañía y comprobado que sí había cobertura.

Seguía sus pasos, les pedía fotos para comprobar si le decían la verdad sobre su tiempo libre, les impedía tener pareja, relacionarse con los compañeros, les atosigaba con mensajes obscenos. Estando una de ellas enferma en el hospital, se vio obligada a mandarle la foto del gotero porque él pensaba que mentía.

Como consecuencia del calvario que vivieron, las tres mujeres padecieron cuadros depresivos y trastornos de ansiedad, razón por la cual tuvieron que pedir la baja laboral. Las tres se convirtieron en compañeras de piso y pensaron en pasar a la acción.

Salut Alcover recuerda la dureza del momento. «Yo me encontré con tres cadáveres. Tenían terror. Cuando me lo empezaron a contar no podían ni hablar, no se les entendía».

Corrupción y ruina

Eran tiempos de vino y rosas. De derroche y de gasto sin fin. Sueldos millonarios a presentadores y comentaristas, muchos de ellos de Madrid, que luego glosaban en los medios nacionales lo bien que se administraba en la Comunidad Valenciana, aunque en realidad querían decir en sus bolsillos. El diputado socialista Josep Moreno reveló en 2012 los contratos leoninos de Jesús Mariñas (6.000 euros por programa), María Abradelo (270.000 euros por presentar el programa de karaoke Canta Canta durante una temporada) o José Luis Moreno (más de dos millones por un programa con audiencia ridícula que se emitía de madrugada).

A raíz de una denuncia de Compromís, un juzgado de Paterna puso en marcha una investigación a toda la cúpula de RTVV entre 2010 y 2014 por contratar programas por encima de su valor a empresarios afines, patrocinio de clubs de fútbol y gastos de representación. El juez imputó al ex director general José López Jaraba, la exconsellera y exdirectora de Canal 9 Lola Johnson, la exdirectora de Radio 9 Nuria Romeral, o el exdirector de informativos Lluís Motes, entre otros.

José López Jaraba no es el único director general de RTVV que ha tenido problemas con la justicia. Su antecesor, Pedro García Gimeno, ocupó el puesto entre 2004 y 2009, al mismo tiempo que poseía el 20% de la firma Orange Market, la empresa de la trama Gürtel que contrataba la Generalitat. Los dos, el número uno y el número dos de RTVV, Pedro García y Vicente Sanz, fueron procesados en el caso Gürtel, concretamente en la pieza sobre la adjudicación irregular a una empresa de la red corrupta las pantallas gigantes para retransmitir la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. La fiscalía anticorrupción sostiene que la trama robó al menos 3,3 millones de euros contratando, a través de Canal 9, la cobertura de audio y vídeo con una empresa sin experiencia en el sector. El botín se lo repartió presuntamente toda la banda.

El ministerio público solicitó 40 años de cárcel para Pedro García, y 10 para Vicente Sanz. Este último participaba en los procesos internos de contratación en RTVV y formó parte de la mesa en la que se validó el pelotazo. Varios testigos le atribuyen a él la contratación irregular de la seguridad privada para vigilar las 47 pantallas que se colocaron en el río. Lo hizo mediante varios contratos por valor de 336.553 euros. Al parecer se realizó de forma precipitada y saltándose los principios de publicidad y concurrencia. Además, Sanz impuso la presencia de 200 agentes para vigilar las pantallas cuando los técnicos solo aconsejaron 80.

Entre las irregularidades que se le achacan en esta investigación figura que se contrató a limpiadores y personal civil sin experiencia perteneciente a empresas no homologadas para la seguridad. Los jueces acusan a Sanz de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y cohecho. «Mi postura en la mesa de contratación, al no ser unidad proponente, es escuchar y verificar lo que propone el técnico como bueno. Validarlo porque él es el que sabe […] No tengo capacidad profesional ni académica para poderlo juzgar», afirmó en su defensa cuando fue citado a testificar.

La implicación de Vicente Sanz en este caso de corrupción, unido al enorme poder que tenía en RTVV y los antecedentes en la grabación de Vicente Conesa en 1994, donde hablaba de «enriquecerse» en las adjudicaciones, abren muchas incógnitas sobre hasta dónde ha podido obtener Sanz un beneficio personal más allá de sus nóminas.

La denuncia

A finales de 2009, una de las mujeres acosadas por Vicente Sanz estaba leyendo Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson. En una de las escenas del libro la protagonista, Lisbeth Salander, graba los abusos a los que la somete su tutor para poder demostrar el grado de violencia que ejercía sobre ella. Aquello le llamó poderosamente la atención, y a partir de ese momento dos de las periodistas decidieron registrar en vídeo los abusos que ocurrían en el despacho de Vicente Sanz para mostrarlos a la dirección de RTVV. Viajaron a Madrid con el novio de una de ellas y compraron una cámara oculta que grababa en el reloj.

En diciembre de 2009, cuando Sanz las llama de nuevo a su despacho empieza «el juego». Él se sienta en su sillón como si fuera el profesor de unas becarias. Al poco tiempo les dice que tiene mucho calor y se acerca a ellas, sacándose el pene. Una de ellas se aparta, la que graba tiene que apagar la cámara para evitar salir en las imágenes desnudas haciéndole felaciones. La historia, relatan, acabó como tantas veces: un ménage à trois.

Durante aquella época RTVV carecía de protocolo y de plan de igualdad, y ante una situación de acoso sexual el competente para atender a las trabajadoras era el secretario general: Vicente Sanz. Las víctimas pidieron amparo al director general de RTVV, José López Jaraba y a la directora de Canal 9, Lola Johnson, pero estos no hicieron absolutamente nada para evitarlo o ayudar, y eludieron su apoyo y, por supuesto, su responsabilidad. Las víctimas trataron de hablar con López Jaraba desde octubre: se escondieron en un baño para acercarse, le esperaron durante cuatro horas en el garaje de su casa... López Jaraba dijo en su declaración que pensaba que eran espías del propio Sanz. La propia Lola Johnson reconoció que presenció un ataque de ansiedad de una de las trabajadoras, e incluso llegó a organizar una reunión en el despacho de su marido, abogado, para tratar de gestionar el tema.

El viernes 19 de febrero de 2010 presentaron una denuncia de once folios en los juzgados de Paterna en la que relataban todos los detalles. Adjuntaron fotos, correos electrónicos, mensajes de texto, facturas de teléfono y la grabación. El País desveló el caso el día del aniversario del golpe, 23F, lo que provocó un terremoto en la vida política y mediática de la Comunidad Valenciana. Empezaba otro calvario, un lento y costoso proceso judicial que duraría más de cinco años.

El rotativo madrileño se hacía eco un día después de las reacciones masivas de condena a lo ocurrido. Llama la atención el comunicado del sindicato que promocionó y amparó Vicente Sanz, USO. Su nota recogía una petición expresa «de respeto a la intimidad de las presuntas afectadas y a la presunción de inocencia del acusado por ellas en prensa». Y añadía: «La delicadeza del tema nos obliga a ser cautelosos porque en esta polémica ponemos en juego la dignidad y el honor de muchas personas».

La última presidenta del Comité de Empresa de RTVV, Salut Alcover, miembro de Intersindical Valenciana, considera que cuando se hizo público tuvieron la sensación de que aparecía una pieza que encajaba en el puzle y daba sentido a todo lo que estaba pasando a su alrededor. «El 23 de febrero empieza la larga agonía. Algunos ya lo sabíamos, pero aquella noticia causó estupor e ira entre los trabajadores», argumenta.

En un primer momento el PP pactó con el propio Sanz la «suspensión cautelar» de sus funciones de forma «temporal y voluntaria». Ni se le abría expediente ni se le aplicaba el despido disciplinario. PSPV, Compromís y EU exigían mano dura en las Cortes, pero el PP pedía respeto a la presunción de inocencia y les acusaba de hacer «carroñerismo político».

El día 16 de marzo Vicente Sanz fue a declarar al juzgado, donde le esperaba una concentración de trabajadores que le increparon. Entró con chulería y altanería. A un lado iba la diputada Esther Franco, que no solamente era su fiel esposa sino que era la portavoz de la Mujer y de Igualdad del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Al otro, una íntima amiga de la líder del sindicato USO en RTVV, Manuela López.

En su declaración ante el juez, Vicente Sanz negó cualquier tipo de acoso sexual. Reconoció que, en efecto, las relaciones con dos periodistas existieron, pero que fueron consentidas. Más aún, de sus palabras se deduce que el acosado era él, que eran ellas quienes le buscaban enviándole fotos o hacían alarde de su cuerpo ante él en su despacho. En un momento dado, narró incluso que los juegos sexuales se atenían a guiones que escribía una de las periodistas. El primero de ellos, según Sanz, estaba basado en la película Instinto básico.

La primera medida fue una orden de alejamiento a las denunciantes.

Un día antes, con detalle y emoción, las tres periodistas explicaron cómo Sanz consiguió aislarlas, cómo les hizo creer que su vida profesional y personal pasaba por sus manos, cómo él era indiscutiblemente quien mandaba, cómo cada paso que daban, fuera y dentro de su lugar de trabajo lo conocía y lo juzgaba.

Los informativos de Canal 9 silenciaron el escándalo y no cubrieron la noticia y la declaración. Este hecho, denunciado por a Unió de Periodistes, no sorprendía a nadie. En el mundo que retrataban los informativos de Canal 9, la Comunidad Valenciana era un paraíso donde todo funcionaba bien, no existía corrupción y la oposición solo aparecía para ser humillada.

El abogado del ex secretario general de RTVV esgrimió durante la declaración de su defendido un acta notarial de 35 folios en la que aparecían fotografías y las transcripciones de esos mensajes con un alto contenido erótico: «me pongo caliente cuando te veo», «me duelen los huevos, qué hago», «la tengo dura, chorretosa». Ellas reconocieron haberle enviado mensajes de texto por correo electrónico o a su móvil desde Brasil, donde se encontraban de vacaciones. En uno de ellos se dice: «Tus ramitas te adoran», en referencia a su alusión constante a que él era el tronco de un olivo y las personas de su confianza sus ramas. Hay un mensaje del 4 de febrero en el que una le llama a Sanz «novio perfecto, eterno y clandestino».

Las periodistas aclararon que lo hicieron por el pánico que le tenían y para que las dejara en paz. Con idénticos argumentos justificaron el envío de imágenes de sus partes íntimas o de posar en ropa interior. Imágenes de bragas, de genitales y de los pechos de las tres mujeres fueron a parar al móvil de Sanz en cantidades realmente asombrosas. Una de ellas reconoce haberle enviado entre 40 y 50 «porque no paraba». Incluso llegó a hacerle fotos a una prostituta para enviárselas. Otra asume que le mandó 15 o 20 fotos seguidas: «Porque no me dejaba en paz».

Del acoso al abuso sexual

La destitución oficial no se produjo hasta mayo de 2010, tres meses después, cuando un auto judicial recogió que había indicios de acoso, un salto cualitativo trascendental. López Jaraba tardó por lo tanto 100 días en defenestrarlo. No es que no las ayudara ante su demanda de auxilio, es que no tuvo ni una palabra de apoyo o consuelo y las tres denunciantes fueron despedidas en el primer ERE (Expediente de Regulación de Empleo) ejecutado en el ente público en febrero de 2013.

En julio de 2011 el titular del juzgado de instrucción número 1 de Paterna, Javier García-Miguel, dictó un durísimo auto de procesamiento en el que explicaba que Sanz se prevalió de su puesto para solicitar entre los años 2007 y 2010 favores de naturaleza sexual a estas tres periodistas y elevó la catalogación de delitos que inicialmente se valoraron como acoso sexual a abuso sexual continuado, lo que afectaba a los artículos 181.3 y 181.4 del Código Penal. El juez estimaba que Sanz creó en estas personas una situación «gravemente intimidatoria y humillante».

El relato de los hechos basado en las diligencias previas recogía al detalle las barbaridades cometidas. «Incluso en una de las ocasiones en que mostró su sexo erecto a esta mujer, le llegó a coger de la cabeza atrayéndola hacia él, al tiempo que le decía “dame una chupaeta”», refleja el escrito.

El ex alto cargo de RTVV cubrió la fianza de 30.000 euros que se le impuso para asegurar la responsabilidad civil que se pudiera derivar del proceso con el aval de unos campos de naranjos de su propiedad en Nules que tienen un valor catastral de 38.000 euros.

Tras el auto de procesamiento, el secretario general del PSPV-PSOE y entonces líder de la oposición, Jorge Alarte, propuso a las Cortes Valencianas realizar una declaración institucional para condenar estas conductas. El presidente de la cámara e insigne miembro del Opus Dei, Juan Cotino, se negó. El portavoz del Grupo Popular, Rafael Blasco, apoyó aquella actitud defendiendo la presunción de inocencia para su compañero de partido.

Curiosamente no tuvieron el mismo rasero de medir cuando el 13 de mayo de 2010 la mayoría del PP en la Comisión de Igualdad de Les Corts decidió «reprobar» formalmente al portavoz socialista, Ángel Luna, por un comentario que calificaron de «machista y sexista». Y es que en el fragor de un debate de la sesión de control al presidente, Luna puso a Camps contra las cuerdas por sus débiles argumentos para defenderse del caso Gürtel, y apuntó que aquello le recordaba «al marido al que la mujer le encuentra en la cama con otra y él le dice: “cariño, esto no es lo que parece”». Las veinte diputadas mujeres del PP se escandalizaron por aquella frase y firmaron un escrito de reprobación mientras callaban por lo ocurrido con su alto cargo en el seno de RTVV.

La reprobación al portavoz socialista tuvo lugar el 13 de mayo de 2010 en una dura sesión en la que la diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, leyó a la esposa de Sanz, presente en la sala, los pasajes del sumario en los que se detallaban los abusos. Una compañera de Esther Franco, Elena Bonet, dijo que aquello era de una «crueldad infinita que me avergüenza» (señaló con el dedo y dijo que era la mujer del aludido). «No voy a callarme por que esté aquí la mujer de Sanz», le respondió Albiol.

Tras su cese «por una falta muy grave» como directivo, pidió ser reincorporado como técnico del área laboral. Eso fue posible porque López Jaraba no le abrió un expediente disciplinario. Sanz volvió a su antigua plaza ganada en 1989 con una nómina de 3.400 euros al mes (48.000 euros brutos anuales). El motivo de estos generosos honorarios es que Sanz pertenece a la segunda categoría mejor pagada de las reguladas por convenio, sin contar los puestos de alta dirección. Ello, sumado a los siete trienios que acumulaba, justificaba la cuantía. A la semana de estar en el nuevo puesto, se cogió una baja por depresión, hasta que a los 65 años se jubiló.

El juicio —y la consecuente agonía de las denunciantes— se retrasó por varias causas. Cambios en el juzgado de instrucción de Paterna, numerosos recursos de la defensa, la petición de las acusaciones de que se analizaran 25.000 registros telefónicos entre llamadas, mensajes de texto y documentos adjuntos, etc., lo que implicaba la participación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La instrucción sumaba ocho tomos.

La condena

El juicio estaba previsto para el día 27 de octubre de 2015 en la Audiencia Provincial de Valencia. La Fiscalía solicitaba 20 años de cárcel, y las acusaciones 24. Los representantes de los trabajadores de la extinta RTVV, los colectivos feministas y la izquierda política estaban convencidos de que aquel político que quería «forrarse» recibiría una condena ejemplarizante y entraría en prisión para purgar por todos sus pecados.

Sorprendentemente el juicio no se celebró. Vicente Sanz llegó a la Ciudad de la Justicia acompañado de su mujer, Esther Franco, y su abogado, ante una gran expectación de cámaras y la habitual protesta de algunos extrabajadores de RTVV que gritaron «a la cárcel». Sanz pactó con sus víctimas no ir a prisión. Cambió radicalmente la versión que había mantenido y admitió los hechos a cambio de no pisar Picassent.

El abogado de las víctimas, José Luis Gavidia, explicó que estas querían que el asunto «quedara zanjado». «Para ellas lo más importante era que se reconociesen los hechos.» Y es que, según justificó, los cinco años de demora, multiplicaron los perjuicios derivados de los hechos, ya de por sí deleznables. Al no haber vista oral, no se exponían a airear en la prensa los detalles de los abusos.

En un comunicado posterior y ante la decepción de gran parte de la sociedad que las apoyó, las víctimas destacaban que son «las únicas legitimadas para llegar a esta conformidad y esta solución», ya que son «las únicas que han denunciado». También lanzaban una crítica, ya que «nadie más se ha atrevido a denunciar», y destacando la «actitud pasiva de la mayoría, mirando hacia otro lado o escudándose en que todo el mundo lo sabía».

Personas que estuvieron a su lado, como Salut Alcover, continúan admirando «el valor» que tuvieron para perderlo todo y presentar una denuncia. «Lo hicieron por el pequeño lujo de tener dignidad.»

Finalmente Sanz fue condenado a pagar una multa de 87 meses (15.660 euros) y la indemnización de 210.000 (a una de las víctimas con 60.000 euros, y a otras dos con 75.000 euros). Se le impuso orden de alejamiento de las extrabajadoras, a quienes no se puede acercar durante cinco años a menos de 500 metros. RTVV quedó como responsable civil subsidiaria, porque los hechos sucedieron en el ámbito de la empresa.

Al «Tomaco» de Almenara casi le sale gratis la condena. El cese del cargo de secretario general a pocos meses de su jubilación oficial le posibilitaba reclamar una cantidad muy elevada para hacer frente a la condena. Y es que Sanz se cubrió las espaldas por lo que pudiera pasar y el año 2000 incluyó una cláusula en sus contratos de dirección por la que se aseguraba una indemnización especial de 45 días por año trabajado si dejaba el cargo. Además, lo haría con efectos retroactivos desde 1995. Una norma de la Generalitat del 29 de diciembre de 2008 prohibía estos blindajes de contratos y restringía la indemnización a directivos a tres meses de sueldo, sea cual sea su antigüedad, pero el entonces director general, José López Jaraba, mantuvo la condición de privilegio en el contrato.

En este caso la sentencia no le debió de gustar tanto a Sanz. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) consideró que la indemnización debía ser de 18.256,32 euros por «falta de preaviso» de tres meses, y no los 140.303 euros que pedía.

La jubilación deseada

La situación de quiebra a la que el PP llevó a RTVV obligó en 2012 a formular un ERE de 1.000 trabajadores, un expediente que se tramitó de forma arbitraria y de espaldas a la plantilla, por lo que fue anulado por el TSJCV. El Consell de Alberto Fabra anunció que no había dinero para asumir el coste de personal al que se veían obligados con la reincorporación de los despedidos y optó por el fundido a negro. «No voy a cerrar un colegio o un hospital para mantener RTVV», justificó con el anuncio. No hizo ninguna referencia a cómo se había gestionado la empresa en los últimos veinte años. Ni pizca de autocrítica.

Durante aquellos días la plantilla tomó el control de la programación.

El 29 de noviembre de 2013 tuvo lugar un espectáculo en directo de doce horas en el que por primera vez referentes sociales vetados durante dos décadas y la oposición política salieron en pantalla. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro del 3 de julio de 2006, Beatriz Garrote, se coló por una ventana en las instalaciones sitiadas por la policía para ser entrevistada por primera vez en un canal que la había vetado. Era el fin. La anécdota la protagonizó un técnico externo apodado Paco Telefunken, que tras ser contratado para cortar la señal se negó a hacerlo. La última imagen emitida fue la de la Policía Nacional dentro de las instalaciones. No estaban allí para proteger a las trabajadoras o por la corrupción. Lo hacían para cumplir órdenes políticas y poner fin a 24 años de historia audiovisual valenciana y a algo más. Eran las 12:19 h.

En los poco más de quince años en los que fue «defenestrado» de RTVV por Eduardo Zaplana, Vicente Sanz ha cobrado 933.000 euros en nóminas e indemnización. Los ingresos de su mujer, diputada del PP durante veinte años, son más difíciles de calcular, aunque podrían estar en torno al millón de euros.

Esther Franco llegó a presidir la Asociación Mujeres Demócratas y Consumidoras en la Comunidad Valenciana, una organización satélite del PP, liderada en España por Mercedes de la Merced. Esta asociación basada en el clientelismo recibió a dedo ayudas millonarias del Consell del PP para ayudar, supuestamente, a mujeres víctimas de malos tratos, unos pagos irregulares por no reunir los requisitos, según la oposición (Levante 11/12/2010).

La mujer de Sanz presentó la declaración de bienes de las Cortes, obligatoria en 2011, incompleta. Dejó reflejado que tenía la mitad de un inmueble y un local, pero no anotó su valor. Reconoció que tenía 80.000 euros entre un vehículo sin especificar, un seguro de vida en Banco Sabadell, un seguro ahorro en BBVA, el 5% de Microsuperficie S.L., y cuentas corrientes en Banco Sabadell y BBVA.

Esther Franco era una de las beneficiadas por los sobresueldos de dinero en metálico en sobres que el PP repartía en las Cortes a todos sus diputados y que se eliminó tras el escándalo del caso Bárcenas. Fue una de las bajas de la lista del PP en mayo de 2015, pero en diciembre de ese mismo año, alejada ya de la primera línea de la política, fue de las primeras que mandó un escrito en las Cortes para pedir la paga extra de 2012 a la que, en plena crisis, habían renunciado voluntariamente todos los diputados en muestra de solidaridad con los funcionarios.

Ningún dirigente del PP ha pedido disculpas a las víctimas ni ha iniciado los trámites para suspender de militancia a Vicente Sanz.

2

«Me hace falta mucho dinero para vivir»

Zaplana: suerte, ambición e instinto del superviviente

Eduardo: Y entonces le dices, bueno, yo una comisioncita. Le pides dos millones de pelas o tres de lo que quieras…

Salvador: Bueno, le pido más…

Eduardo: ¿Eh? Lo que te dé y me das la mitad bajo mano. Me tengo que hacer rico porque estoy arruinado, Voro.

Salvador: ¿Si, como ha sido eso? Estás trabajando como un cabrón.

Eduardo: Estoy trabajando mucho pero estoy arruinado.

Salvador: ¿Y eso?

Eduardo: Me lo gasto todo en política. No ves que yo no tengo sueldo como tú, que cobras de lo que trabajamos todos los españoles…

Salvador: Claro.

Eduardo: Pues eso es lo que pasa. ¡Ay…!, tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir. Ahora me tengo que comprar un coche. ¿Te gusta el Vectra 16 válvulas?

Era el domingo 11 de febrero de 1990 a las 13:22 h. El concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Salvador Palop, llamaba por teléfono a su amigo íntimo Eduardo Zaplana, un joven y ambicioso abogado de Benidorm que estaba en su despacho. Ellos no sabían que la policía les estaba grabando por orden de un juez y que sus palabras formarían parte del sumario del caso Naseiro, el primer gran caso de presunta financiación ilegal del PP, las páginas 286 a 293. En total, unos doce minutos de charla.

En aquel momento Eduardo Zaplana tenía 33 años y aspiraba a hacerse con la presidencia provincial del PP en Alicante. El caso Naseiro quedó en nada al considerar el tribunal que aquellas grabaciones no eran válidas ya que se habían realizado en un principio para investigar un delito de narcotráfico y las anuló como prueba. No hubo ninguna consecuencia para Zaplana. Su carrera despegaba dos meses después. El 22 de abril de 1990 era proclamado presidente provincial del PP de Alicante y a partir de ahí fue ascendiendo hasta llegar a serlo prácticamente todo en política: concejal, alcalde, diputado autonómico, presidente de comunidad autónoma, portavoz en las Cortes Generales, senador, ministro y portavoz del gobierno de la nación.

Durante trece años tuvo el sueldo que anhelaba cuando hablaba con su amigo Voro. El que cobra «de lo que trabajamos todos los españoles», como él decía. Pero su deseo en realidad era «hacerse rico», y eso también lo logró. A los 48 años, cuando dejó la política, fue fichado por Telefónica con un sueldo anual de entre 500.000 y 1 millón de euros. Si ha cobrado alguna «comisioncita» y si lo ha hecho «bajo mano», tal y como también pretendía en aquella charla, lo desconocemos, al menos de momento.

La suerte, la ambición e instinto político y empresarial son las tres cualidades que han marcado su carrera, desde el caso Naseiro hasta nuestros días.

I. SUERTE

Eduardo: ¿Y la novia cómo la llevas?

Salvador: No llevo…

E: ¿Pero no has vuelto? Como en la boda hiciste un amago…

S: No… pero sí dormí en su casa.

E: ¿Eh? Te la sigues haciendo pero… sin las formalidades de antes.

S: Claro.

E: ¡Ah, eso es más inteligente! …

S: Cuando voy a Madrid duermo en su casa… Y que desahoga, y el desahoguico y hala…

E: Ese es buen chollo, macho.

S: No va con nadie más… Es que yo ahorro un huevo cada vez que voy a Madrid… No me voy ni de putas, ni me pago el hotel, ¿eh? Y entonces mira, hago la misma faena y me sale…

Salvador y Eduardo charlaban de sus cosas en tono jocoso. Zaplana no lo llama por su nombre, le dice «maricón», «hijo de puta» o «cabrón». Comentan sus negocios, pero también planean quedar a comer e ir al cine o al fútbol. Como dos colegas, hablan de sus ligues, y Palop confiesa que ahorra «un huevo» porque tiene una amiga que le «desahoga» y le pone cama en Madrid.

Eduardo Zaplana Hernández-Soro nació en Cartagena en 1956 y se instaló en Benidorm a los nueve años. Estudió derecho en Valencia y, con 23 años, se casó con Rosa Barceló, hija de Miguel Barceló y Dolores Martorell, una de las familias más poderosas de la ciudad turística, pioneros del turismo en los sesenta y con múltiples negocios en la hostelería y en el sector inmobiliario de la Costa Blanca. Eduardo Zaplana ha tenido tres hijos, pero uno de ellos tenía una grave minusvalía y falleció en 2011 a los 22 años.

Su primera etapa política finalizó sin ningún éxito en 1982 en UCD. Se centró en la abogacía e incluso rechazó la oferta de los socialistas de Benidorm, que le tantearon para formar parte de la candidatura local. En 1988 ingresó en Alianza Popular, donde logró muy buena relación con el conocido como «clan de Valladolid», jóvenes seguidores de un político cuya cotización crecía: el presidente de la Junta de Castilla-León, José María Aznar.

¿Quién era Voro Palop, el interlocutor de Eduardo Zaplana? Salvador (Voro) Palop Martínez tenía la misma edad que Zaplana y también era abogado. Se estrenó como concejal del Ayuntamiento de Valencia en 1983 con Alianza Popular, y revalidó su acta de concejal en 1987, siempre en la oposición. Además, era miembro de la Ejecutiva Regional del PP.

AP no levantaba cabeza en Valencia bajo el liderazgo de Martín Quirós. En 1987 bajó de 13 a 7 concejales y era la tercera fuerza política por detrás del PSOE y Unión Valenciana. El funcionamiento del grupo era caótico, con continuos enfrentamientos con la dirección regional. De hecho, en julio de 1990 se ordenó la expulsión de dos de sus representantes, Juan Carlos Gimeno —también diputado provincial— y Francisco Bueno, acusados de lanzar un comunicado anónimo criticando las listas electorales. El grupo hizo piña e ignoró esta orden. (Por cierto, un juez imputó dos décadas después a Gimeno en el caso Emarsa por cobrar como empresario trabajos no realizados a la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, en Valencia.)

El grupo municipal era reducido, pero sus componentes acabarían siendo protagonistas de las páginas negras del PPCV años después. Allí estaban de concejales Rafael Sanchis Perales, hermano del entonces diputado y extesorero nacional del partido, Ángel Sanchis, y José Luis Olivas, posteriormente presidente de la Generalitat y presidente de Bancaja, imputado en el caso Bankia. Olivas también aparece en el caso Naseiro y tuvo incluso que declarar como testigo. Completaba el grupo Mª Carmen García Fuster, detenida años más tarde en la operación Taula y acusada de blanqueo de capitales y delito electoral. Entre los asesores con los que contaban para su labor de fiscalización figuraba un jovencísimo Francisco Camps, que hasta 1991 no saldría elegido concejal.

Las grabaciones se realizaron entre noviembre de 1988 y abril de 1990 en el marco de una investigación por narcotráfico a Rafael Palop Martínez, hermano de Voro. Los agentes de la Brigada de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia pincharon el teléfono del domicilio de su padre, Rafael Palop Argente, donde vivía también el entonces concejal y amigo íntimo de Zaplana.

El resultado de las escuchas (5.240 llamadas) fue muy diferente al esperado. Los agentes descubrieron numerosos negocios presuntamente fraudulentos de Palop con importantes miembros del Partido Popular nacional, entre los que figuraba el tesorero Rosendo Naseiro, gallego afincado en Alicante, y su antecesor en el cargo, el empresario de Albal —población cercana a Valencia— Ángel Sanchis. Los beneficios de aquellos negocios irían destinados en parte a financiar el partido de José María Aznar, y también en parte a los bolsillos de quienes intervenían en las operaciones.

Las conversaciones demostraban cómo se negociaban las mordidas en obras de ayuntamientos. Se aludía a comisiones del 2% y de mediación de empresas, cuyos nombres volverían a salir en los papeles de Bárcenas años más tarde (como Mercadona).

La investigación recayó sobre el juez Luis Manglano (titular del juzgado de instrucción número 2 de Valencia), quien se inhibió a favor del Tribunal Supremo por estar uno de los implicados, el extesorero y entonces diputado nacional Ángel Sanchis, aforado, pero acabó archivándolo. El alto tribunal anuló los pinchazos telefónicos, la prueba de cargo, ya que las escuchas habían sido obtenidas en el transcurso de una investigación por un asunto diferente, el tráfico de drogas, y ordenó su destrucción.

En julio de 1992 fueron absueltos.

Alberto Ruiz Gallardón, presidente entonces del Comité de Disciplina del PP, firmó en mayo de 1990 el informe sobre una investigación interna del caso encargada por la dirección del partido para salvar su imagen ante la opinión pública. En ella señalaba que «resulta acreditada la participación de varios miembros del Partido Popular en una serie de conversaciones en las que, utilizando el nombre del partido, se pretende conseguir aportaciones no finalistas de determinadas empresas que, por su actividad, participan de forma habitual en los concursos públicos cuya adjudicación corresponde a corporaciones locales de las que forman parte cargos electos del PP».

En el documento se libraba de toda culpa al presidente del PP, José María Aznar, y al presidente de honor, Manuel Fraga, pero se aludía a la existencia de un «grupo» de presión dentro del partido que giraba entorno a la firma Grupo Futuro Financiero, y a los dirigentes Arturo Moreno (número tres del PP) y Carlos Aragonés (muy próximo a Aznar), pilar del clan de Valladolid.

El primer informe que se filtró a los medios de comunicación constataba la intención de Ruiz Gallardón de proponer la expulsión de Eduardo Zaplana del PP. En el borrador destacaba «su ambición de lucro económico personal». Sin embargo, en la redacción final, un texto de 75 páginas, ni aparece ni se le nombra junto al resto de integrantes del grupo. No se contempló la expulsión ni la destitución de ningún cargo implicado. Ángel Sanchis dejó la militancia voluntariamente y pasó como diputado al grupo mixto, y Salvador Palop dejó la Ejecutiva pero continúo de concejal popular en el Ayuntamiento de Valencia hasta el fin de la legislatura.

En mayo de 1992, el archivo del caso provocó que el propio Ruiz Gallardón devolviera la militancia a los tres principales encausados: Sanchis, Naseiro y Palop.

Después de su fallida etapa de concejal en la oposición con aspiraciones en la tesorería del PP Nacional, Salvador Palop pasó a prestar sus servicios de abogado en la empresa Aguas de Valencia, la gran firma ejemplo del «poder valenciano» que multiplicó su tamaño gracias a los numerosos contratos públicos millonarios que firmó con la llegada de Zaplana al gobierno autonómico. En esta empresa acabarían trabajando también el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, tras ser condenado por el caso de los trajes de Gürtel; o la exsecretaria autonómica y exdirigente de RTVV Nuria Romeral, investigada por las irregularidades en la televisión autonómica.

A parte de tener su nómina, Palop continuó haciendo negocios, algunos de ellos con los colaboradores del propio Eduardo Zaplana en su etapa en Benidorm. Entre 2002 y 2005 varias sociedades con las que estaba vinculado organizaron conciertos de estrellas internacionales de la canción. El Ayuntamiento de Benidorm adjudicó a dedo tres millones de euros y ofreció gratis toda la infraestructura. La firma organizadora se quedaba con toda la recaudación, el dinero de las barras, y el de los patrocinadores. Un negocio redondo.

Al resto de protagonistas del caso Naseiro tampoco les fue tan mal.

El entonces vicesecretario general del PP, Arturo Moreno Garcerán, fue nombrado alto cargo en Telefónica hasta 2008. Ese año fichó como asesor externo de Ribera Salud, la empresa a la que Zaplana adjudicó la gestión del hospital de la Ribera (Alzira) en 1997 y que resultó beneficiada por el proceso privatizador de la sanidad madrileña. Una de sus empresas, Beta Mediterránea S.L., facturó en época de Zaplana un millón de euros al Instituto Valenciano de la Exportación. Por último, Moreno recaló en 2013 en la presidencia del Consejo de Administración de Telemadrid.

El diputado Miguel Ángel Cortés, otro hombre clave del clan de Valladolid, continuó en la Cámara hasta enero de 2016, y con los gobiernos de Aznar fue secretario de estado de Cultura en la primera legislatura y de Cooperación en la segunda. El entonces secretario de Estudios y Programas, Carlos Aragonés, fue diputado nacional de 1993 a 2016, y director del gabinete de la presidencia del Gobierno con José María Aznar.

Los extesoreros Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis dejaron la política y se dedicaron a sus negocios privados. El primero amasó una fortuna valorada en más de 26 millones de euros como marchante de arte. El segundo montó un imperio hortofrutícola en Argentina, con una finca de 270 kilómetros cuadrados. Lo hizo ayudado con 18 millones de euros de fondos del Instituto de Crédito Oficial durante el Gobierno de Aznar.

Más de dos décadas después del escándalo, Naseiro y Sanchis se han visto implicados en la nueva investigación que afecta al PP. El extesorero Luis Bárcenas habría utilizado a sus antecesores en el cargo para blanquear dinero, bien mediante el negocio de la compraventa de arte o en la ocultación de fondos depositados en Suiza. Tanto Sanchis como el antecesor de Bárcenas en el cargo, Álvaro Lapuerta, están imputados en esta causa. Y es que, al parecer, la presunta financiación a la que se aludía en las grabaciones a los Palop continuó casi 25 años más. Entre los primeros apuntes de los papeles de Bárcenas, en 1990, aparece reflejado el pago del PP a los abogados de Rosendo Naseiro y la indemnización a Ángel Sanchis. El partido también se hizo cargo de pagar las defensas de Salvador Palop.

El abogado que logró anular las cintas del caso era el valenciano Javier Boix, el penalista que contratarían después Carlos Fabra, Luis Fernando Cartagena, Francisco Camps, Rafael Blasco o, más recientemente, el socialista Agustín Navarro, acusado de prevaricación en su etapa de alcalde de Benidorm.

Tras el caso Naseiro, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia se renovó casi en su totalidad, con Rita Barberá de candidata y dos flamantes fichajes: Francisco Camps y Juan Cotino. Solo repitió en la lista José Luis Olivas. En las elecciones autonómicas y municipales de 1991 habría más novedades. El abogado que hablaba por teléfono con Salvador Palop y decía que quería hacerse rico, Eduardo Zaplana, sería elegido concejal en el Ayuntamiento de Benidorm y diputado en las Cortes Valencianas.

Por cierto, Rafael Palop, el hermano de Voro que desencadenó con sus trapicheos todo el escándalo, entró en prisión en 1995 por orden de Baltasar Garzón, el juez que entonces se había hecho famoso por la Operación Nécora y por la detención de Laureano Obiña. Aunque en un principio Rafael Palop, también abogado, justificó su relación con el narcotráfico por tener como clientes a discotecas de Benidorm en las que se vendía cocaína, Garzón le relacionó con algo más grande, las grandes mafias de Chile y Colombia (El País 19/04/1990).

Baltasar Garzón fue quien puso en marcha en febrero de 2009 la Operación Gürtel después de escuchar unas grabaciones del exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda, José Luis Peñas. En una de ellas se intuía la financiación ilegal del PP y se escuchaba al empresario Francisco Correa decir:

«Le he llevado a Bárcenas, he hecho con él un día 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, se lo he llevado a Génova y a su casa. Todo obras, adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1.000 kilos. Yo sé dónde los tiene y como los saca de España y el paraíso fiscal.»

II. AMBICIÓN

Eduardo: Yo tengo aquí un cacao increíble.

Salvador: ¿Por qué?

E: Porque me apoya el presidente. Todo dios, menos Luis Fernando [Cartagena, alcalde de Orihuela], macho... que dice que yo tengo que quedarme con él solo. Aunque sea para perder…

S: Pero, pero él cuenta contigo para secretario provincial, y los demás cuentan contigo para presidente ¿no?

E: Claro, claro.

S: Ese es el tema ¿no?… Pero tú lo recoges luego para vicepresidente [regional], gilipollas, a Luis Fernando.

E: Claro. Pero si es que el tío no quiere. Si es que el tío está como…

S: ¿…que quiere ser presidente?

E: O yo o el diluvio, claro.

S: ¡Ah, cojones! Se lo ha creído tanto que ya…

E: Ahora quiere ser presidente regional y presidente provincial…, diputado nacional, alcalde de Orihuela y de todo. Ese es el único problema que tiene.

El abogado treintañero que desvelaba sus intenciones de hacerse rico a través de la política en febrero de 1990 tenía como principal rival para iniciar su despegue al alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena. Este médico urólogo era igual de joven que Zaplana, pero estaba consolidado como un peso pesado en el partido. En aquel momento ya era diputado nacional además de ostentar, en pleno felipismo, una mayoría absoluta en una ciudad de 50.000 habitantes.

Cartagena y Zaplana se disputaban la presidencia del Partido Popular en la provincia de Alicante, aunque el abogado medía los tiempos y se dejaba querer por las diferentes facciones. En la conversación que grababa la policía, Zaplana afirma que Cartagena está «endiosado», y que «las dos partes creen que yo estoy con ellos». El aspirante jugaba a varias bandas: «tarde o temprano tendré que decir con quién estoy», llega a afirmar.

Su amigo Palop le aconseja en la charla que se lleve bien con todos y luego, a lo mejor, «[puede] que llegue Lucas —Juan José Lucas era entonces el secretario de Organización del PP y brazo derecho de Aznar— y que te ordene hacer una lista, y ya está». Zaplana reconoce que eso le vendría «perfectamente», porque Lucas es su «mejor amigo» y «máximo valedor» en Madrid. Durante la cordial conversación de domingo, hace un repaso de apoyos y habla de personajes clave de la derecha valenciana como José Cholbi o Juan Antonio Montesinos. Cuenta que ha comido en Madrid con Francisco Álvarez Cascos, secretario general del PP, y que tiene el apoyo del presidente Aznar.

La detención de Salvador Palop y Rosendo Naseiro tuvo lugar el 9 de abril de 1990. El escándalo y las sospechas de presunta financiación ilegal del PP fue una bomba. Aznar emergía como nuevo líder ante un centro-derecha fragmentado y un socialismo que sufría un severo desgaste por los casos de corrupción. A partir de ese momento se produce un goteo diario de noticias que ofrecen muy pocos datos y están condicionadas por el secreto de sumario.

De hecho, cuando el 17 de abril el juez Manglano envía el caso al Tribunal Supremo por la presencia de uno o varios aforados, los medios especulan con los nombres de Ángel Sanchis y el de Juan Antonio Montesinos, que era entonces presidente del PP en la provincia de Alicante. El contenido de las conversaciones no se conoció hasta la primera semana de mayo de 1990.

El 28 de abril, en el contexto de mayor crisis y dudas en el PP, es cuando se celebra el Congreso Provincial del PP de Alicante. Nadie sabe entonces que el elegido, Eduardo Zaplana, es uno de los que aparece en las cintas, y que en ella habla de «hacerse rico», de «una comisioncita» o de entregas «bajo mano».

Ese mismo sábado en el que el alcalde de Benidorm sustituye a Montesinos como líder provincial, los periódicos aluden a las grabaciones y ofrecen los primeros detalles: siete cintas, seis de ellas de hora y media de duración. La bomba de relojería está a punto de estallar, pero Zaplana ya ha dado el primer salto y empieza su escalada.

En mayo se da a conocer el informe Gallardón, pero muy pronto, el 18 de junio, contra todo pronóstico, se produce el archivo por parte del Tribunal Supremo. Todo queda en agua de borrajas.

El mundo estaba cambiando: había caído el Muro de Berlín y Alemania se había reunificado; la guerra fría llegaba a su fin con el desmoronamiento de la URSS mientras crecía la tensión en el golfo Pérsico (que acabaría en una guerra); Nelson Mandela era liberado y Margaret Thatcher dimitía de su cargo.

En la conversación con Palop, Eduardo Zaplana aludía al «cacao» que tenía, y lo cierto es que ha sabido moverse como nadie en aguas turbulentas. Y casi siempre lo ha sabido gestionar con brillantez.

Como si nada hubiera pasado, en diciembre de ese mismo año se celebraba en la ciudad de Benidorm, su feudo personal, el VI Congreso Regional del PP, donde Pedro Agramunt sale elegido como líder por unanimidad. Zaplana logra una enorme proyección dentro del partido, sobre todo porque representa todo lo que no tenía la derecha valenciana en aquel momento: juventud, ambición y un discurso nuevo.

1991 sería su año. Por fin, a los 35 años, logra ese sueldo público que anhelaba. Lidera la lista del PP de la provincia de Alicante a las Cortes Valencianas, lo que le permite estar en el epicentro del poder político. Además, encabeza la candidatura del PP de Benidorm a la alcaldía, donde por primera vez toda la derecha local se presenta unida bajo unas siglas.

El PSOE de Benidorm obtuvo un concejal más, pero nadie podía resistirse a sus encantos. Eduardo Zaplana «cautivó» a Maruja Sánchez, profesora de una escuela de baile que había sido elegida como concejal socialista, y en noviembre de 1991, después de las Fiestas Mayores Patronales en honor a la Virgen del Sufragio, sacó adelante una moción de censura que, gracias al voto de la tránsfuga, le aupó al poder. Hasta la caída del zaplanismo, Maruja y su marido disfrutaron de prebendas con puestos y sueldos públicos. Nueva etapa superada.

Zaplana supo ganarse a la ciudad entera potenciando el turismo mano a mano con el sector hotelero, recuperó el Festival de Benidorm fichando para la causa a estrellas como Julio Iglesias, organizó eventos para las televisiones que se desplazaban a la ciudad y le grababan entrevistas, renovó el paseo de Levante y les advirtió de que aquello era solo el principio, porque la ciudad recuperaría su esplendor si el PP tomaba el gobierno regional. Tenía un control férreo del Ayuntamiento de Benidorm y planificaba su asalto a la Generalitat.

Su fuerza era imparable. El 26 de septiembre de 1993 tiene lugar el Congreso Regional en Castellón, donde obtiene el 95% de los apoyos. Sustituye a Pedro Agramunt y se convierte en el portavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes Valencianas. Agramunt instó a los compañeros de partido a arrimar el hombro y ser modélicos. «No tenéis que tolerar la falta de ética y honradez», dijo marcando distancias con la corrupción que salpicaba al PSOE. La tarea de Zaplana es ardua y difícil: agrupar a todo el centro-derecha como había hecho en Benidorm, a los provenientes de CDS, a los independientes, a escisiones regionalistas de Unión Valenciana, a partidos locales, a desencantados con el PSOE de Joan Lerma, etc. Fue tejiendo complicidades y alianzas que luego utilizaría en su propio beneficio.

Solo estuvo tres años al frente de la alcaldía de la principal ciudad turística del país, tiempo suficiente para poner en marcha su peculiar estilo de gestión pública e incrementar su proyección política. El 5 de noviembre de 1994 dejó la alcaldía a su número dos. Se trata de una época difícil en la que Zaplana supera numerosas dificultades, como el caso Sanz: la aparición de unas supuestas grabaciones en las que el presidente del PP en la provincia de Valencia y persona de su confianza, Vicente Sanz, dice que está en política para enriquecerse.

Los principales aliados en aquella época son María Consuelo Reyna y Jesús Sánchez Carrascosa. La primera era la directora del periódico de referencia de la derecha valenciana, Las Provincias, y el segundo, su marido, que se convierte en su jefe de gabinete primero y más tarde en el director general de Radiotelevisió Valenciana, el órgano de propaganda de la nueva era. Planificaron su aterrizaje en el cap i casal y se ocuparon de que aquel cartagenero fuera recibido con los brazos abiertos.

Ascenso imparable

El 28 de mayo de 1995 tienen lugar las elecciones autonómicas y el PP consigue 42 diputados, los mismos que la suma de PSOE y Esquerra Unida. La llave la tienen los 5 parlamentarios de Unión Valenciana, con quienes se ve obligado a establecer un acuerdo en lo que se denominaría el «pacto del pollo». Se fraguó en el despacho de Federico Félix —entonces presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios—, dedicado al negocio de los pollos. Los dirigentes empresariales a los que previamente había cortejado el líder del PP presionaron al candidato de UV, Vicente González Lizondo, para que accediera al acuerdo. En una noche hicieron el reparto. Zaplana fue elegido presidente de la Generalitat y González Lizondo presidente de las Cortes. Otro escalón.

Eduardo y su esposa, Rosa Barceló, se compran en 1997 un piso de lujo en la mejor zona de Valencia, en el edificio La Pagoda, junto a Jardines de Viveros y el viejo cauce del Turia. Pagaron 420.000 euros (70 millones de pesetas) a través de un pagaré firmado por sus suegros. La adquisición estuvo rodeada de polémica, ya que fue un amigo de Zaplana, el constructor Enrique Roig, quien se lo vendió por el mismo precio por el que lo compró, pero totalmente reformado.

En ese momento, gracias a una moción de censura con una tránsfuga y un acuerdo político en el despacho de un empresario avícola, Eduardo Zaplana se ha convertido en el político más poderoso de la Comunidad Valenciana. Hasta 1999 no ganaría las elecciones con una amplia mayoría absoluta. Pero esa legislatura, la segunda, no la terminó. Quería subir un peldaño más.

La llegada de Zaplana a la Generalitat supone una inyección de autoestima en la sociedad valenciana. Además de poner en marcha numerosos proyectos estratégicos, sella una alianza con el sector empresarial para lanzar lo que denomina el «poder valenciano». Quería que la Comunidad Valenciana tuviera peso y capacidad de influencia en Madrid. Impulsó las infraestructuras. Inauguró la autovía Valencia-Madrid, paralizada durante años por falta de acuerdo entre los gobiernos central y los autonómicos de Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.

En el eje de sus políticas siempre ha estado la proyección de la Comunidad Valenciana y el turismo. Como era de esperar, aplicó un modelo liberal, externalizando servicios sanitarios y favoreciendo la educación privada.

Lo que es realmente meritorio es el equilibrio que consiguió atrayendo por un lado a los votantes de Unión Valenciana —un partido basado en el anticatalanismo—, mientras por el otro creaba un nuevo organismo, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que integraba a filólogos de prestigio y ponía fin al conflicto lingüístico reconociendo la unidad de valenciano y catalán. Esta operación la llevó a cabo además cuando se fraguaba la alianza entre Convergència i Unió y el PP para que José María Aznar pudiera gobernar en su primer legislatura (1996-2000), en la que no tenía mayoría absoluta, como si de un logro para la causa se tratara.

Lo explica Jordi Pujol en sus memorias: «No utilicé nunca el término Països Catalans, que había usado alguna vez de joven. En cambio, sí que me mantuve siempre muy firme en la unidad lingüística del catalán y en todo aquello que pudiera representar una acción cultural conjunta […] Aznar me dijo que estaba de acuerdo y me indicó que hablara directamente con Eduardo Zaplana […] Aunque con dificultades, el acuerdo lingüístico se cumplió, sobre todo a través de la Academia Valenciana de la Lengua».

El fichaje de algunos líderes de UV como la entonces consellera de Agricultura, Mª Ángeles Ramón-Llin, el fallecimiento de Vicente González Lizondo y la atomización de este partido fortaleció a Eduardo Zaplana, sin ningún rival en el centro-derecha autonómico. Él lo era todo.

Entre las múltiples decisiones que tomó durante su etapa de presidente de la Generalitat cabe destacar las referentes a las cajas de ahorro valencianas. Zaplana impulsó una nueva ley en 1997 que suponía su politización total, al otorgar el 28% de presencia de la Generalitat en los órganos de Gobierno, y un 35% a los ayuntamientos. Las cajas se convirtieron en un instrumento político para inversiones ruinosas como Terra Mítica y los grandes eventos. Quien presentó la ley fue el entonces conseller José Luis Olivas, quien un año después sería presidente de Bancaja.

Siempre ha premiado la lealtad. Por eso siempre se ha rodeado de un núcleo de personas de su total confianza, gran parte de ellos procedentes de su peña de amigos en las fiestas de Benidorm, El Picarol (Fernando Modrego, Joaquín Barceló, Ramón Campos, Juan Manuel Cabot), y técnicos que fichó en el Ayuntamiento de Benidorm (Roc Gregori, José Ramón García Antón, Genoveva Reig…).

A aquel alcalde que estaba «endiosado» y quería hacerle sombra, Luis Fernando Cartagena, no lo dejó en la cuneta y supo recompensarle. Lo nombró consejero de Obras Públicas en 1995 —un área a la que llegó a postularse Carlos Fabra— y se convirtió en uno de los pilares de su gobierno. No acabó la legislatura. Luis Fernando Cartagena tuvo que dimitir en 1998 tras ser imputado en el caso de las primas únicas del Banco de Santander, un producto financiero opaco al fisco, del que se habría beneficiado. Zaplana no dudó en hacerlo caer cuando vio la oportunidad. El juicio por este caso se celebró en junio de 2016. La fiscalía pedía una pena de prisión de tres años y una multa de dos millones de euros por fraude fiscal. Cartagena pactó finalmente con el Ministerio Fiscal y aceptó una pena de un mes y medio de prisión, una multa de 125.700 euros y la devolución de 502.817,78 euros a Hacienda.

Pero Luis Fernando Cartagena ya había estado en prisión unos años antes, en 2008. De hecho inauguró la lista de honorables consellers valencianos a los que la justicia ha castigado con la cárcel. Su condena (cuatro años de prisión en Villena) fue por malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Lo que sucedió fue que la hermana Bernardina, del Hospital Municipal de San Juan de Dios de Orihuela, entregó en 1993 un sobre con ocho millones de pesetas (48.000 euros) al consistorio para que fueran destinados a las familias más pobres. El entonces alcalde lo cogió, lo escondió en un piano del edificio consistorial y gastó el dinero para sus necesidades personales y las de su partido.

En 2002 parecía que Zaplana lo tenía todo controlado en Valencia, con todos sus peones colocados estratégicamente para perpetuar su régimen.

«El todopoderoso líder del PP valenciano se convirtió en Dios y la afirmación no resulta exagerada a los ojos de cualquiera de los que entonces convivieron y tuvieron una relación más o menos cercana con el dirigente popular. Nada se hacía o decidía en la Comunidad sin pasar o saberse en el despacho del Palau de la Generalitat. Zaplana ejerció un poder absoluto», relataba el periodista Juan Carlos Ferriol en Las Provincias (19/06/2011).

El escalón más alto

El siguiente paso en el ascenso imparable de Zaplana le situó en otro nivel.

El 9 de julio de 2002 es nombrado ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España en sustitución de Juan Carlos Aparicio, quemado por la huelga general del 20J. Zaplana aparece en Madrid libre de cargas y con el mejor talante. Tenía un perfil centrista y presumía entre otras cosas de que la primera ley de Uniones de Hecho que se hizo en España llevaba su firma.

En septiembre de 2003 da un paso más. En la remodelación gubernamental realizada por José María Aznar, es confirmado en su cargo de ministro de Trabajo y asume el puesto de portavoz del gobierno en sustitución de Mariano Rajoy, que abandona el Ejecutivo tras ser elegido secretario general del PP y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones de marzo de 2004. Su proyección es enorme.

Zaplana combina este cargo con el de senador territorial y deja aparentemente atada su sucesión en Valencia. Su vicepresidente, José Luis Olivas, ostentaría de forma interina la presidencia de la Generalitat y Francisco Camps sería el candidato autonómico en las elecciones de 2003. Desde Madrid pretendía controlar lo que ocurría en la Comunidad Valenciana, tal como hacía desde Valencia sobre Benidorm, pero Francisco Camps no estaba dispuesto a ello. La gestión de esta situación le superó y es, probablemente, su principal fracaso. En el mitin central de la campaña electoral, celebrado de nuevo en Mestalla, Zaplana introdujo a Camps con unas palabras de las que se arrepentiría poco tiempo después: «Nunca hará nada que pueda perjudicar a esta comunidad, y precisamente por eso lucho sin desfallecer para que Camps sea presidente de la Generalitat. Es una buena persona y el mejor presidente que puede tener esta tierra».

El ministro fue quien le hizo en 2003 las listas a Camps, que a su llegada se encontró con un grupo parlamentario que solo tenía fidelidad a su antecesor. Además, logró incluir en su primer ejecutivo a personas identificadas con él como Gema Amor, Miguel Peralta o Alicia de Miguel.

En un escenario de total enfrentamiento entre zaplanistas y campistas, el 27 de julio de 2004 tuvo lugar un plante de una veintena de diputados que se ausentaron durante una intervención del conseller Gerardo Camps sobre el plan de inversiones ante el pleno de las Cortes, con lo que consiguieron demostrarle al presidente su debilidad.

Zaplana continuó mandando hasta noviembre de este año, cuando Camps se hizo con la presidencia del PPCV. Semanas antes, incluso uno de los suyos, José Joaquín Ripoll, amenazó con presentar una candidatura alternativa a la presidencia si no se producía una integración efectiva en la nueva dirección. Entre 2003 y 2008 Camps fue consolidando su liderazgo, poco a poco se fueron pasando de bando y los acólitos de Zaplana plegaron velas y se atrincheraron en la Diputación de Alicante.

Zaplana tuvo que resignarse a no poder utilizar el mando a distancia con el que pretendía mantener el control sobre la Comunidad, pero en Madrid logró gran poder e influencia, y buenas relaciones con las personas más importantes del país. Dirigentes del PSOE como José Bono y Alfredo Pérez Rubalcaba, empresarios como Florentino Pérez o Francisco Hernando (El Pocero) —«Zaplana y yo somos hermanos», confesó a Tiempo—, o periodistas influyentes como Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos o Luis Herrero. El periodista José María García desveló en una ocasión que Eduardo Zaplana medió entre él y el presidente de ACS y del Real Madrid porque «dos amigos suyos no podían estar enfrentados entre sí».

La relación con el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, se remonta a su juventud. Sus respectivas mujeres, Rosa Barceló y Maite Areal, eran amigas de pequeñas. Una era de Benidorm y la otra se había cridado en La Vila Joiosa. La tercera pareja con la que tenían muy buena relación era la formada por Mari Carmen del Nero y José Miguel Llorca Senabre (Chemi), alcalde de La Vila entre 1999 y 2007, que dimitió cuando se descubrió que había ejercido de médico sin serlo.

El ministro veía con optimismo su proyección en Madrid, por lo que decide adquirir un inmueble en el Paseo de la Castellana, una de las zonas más cotizadas y caras de la capital, lo que le supone una inversión de 1,6 millones de euros. La compra de esta propiedad inmobiliaria, registrada a su nombre y al de su esposa en régimen de gananciales, se efectúa el 19 de noviembre de 2002, según la escritura notarial de compraventa. El pago se realiza mediante un préstamo hipotecario concedido al matrimonio por la CAM el mismo día.

Se trata de un piso de 532 metros cuadrados útiles con terraza, trastero, dos plazas de garaje y dependencias para el servicio. La cuota mensual era de 8.044,47 euros, y su sueldo de ministro 6.004,08, según la información del periodista Alfredo Grimaldos en Zaplana. El brazo incorrupto del PP (Akal).

Como ministro cobraba 72.048,96 euros anuales. Grimaldos relaciona las ventajosas condiciones de la hipoteca obtenida por Zaplana en la CAM con el control que su gente de confianza tenía en el Consejo de Administración, después de la modificación de la Ley de Cajas aprobada en 1997 bajo su mandato. El periodista también establece una conexión con el aval de la CAM a la urbanización de Seseña de El Pocero.

El dirigente del PP siempre ha tenido fama de seductor y de galán, aunque ha sido reservado a la hora de hablar de su vida personal. En una encuesta de la revista 20 minutos salió elegido como uno de los políticos más atractivos de España. Las revistas del corazón y blogs digitales le han atribuido múltiples romances con mayor o menor credibilidad, como la Fallera Mayor de Valencia en 1997, Sandra Climent, que se convirtió en diputada autonómica de 2003 a 2007. Algunas de las protagonistas de los supuestos flirteos participaron en programas de Canal 9, como Mar Flores, Paloma Lago o María Abradelo.

En 2006 la revista ¡Qué me dices! hizo público su affaire con Elvira Suanzes, una joven 22 años más joven, que también se convirtió en diputada autonómica del PPCV. Además se publicaron unas fotografías de Eduardo y Elvira en actitud muy cariñosa en las calles de la ciudad italiana de Palermo.

Su situación en el ámbito privado tuvo consecuencias políticas. Coincidiendo con la aparición de esta información y la separación temporal de su mujer, Rosa Barceló, el PP de Benidorm vivía una de las últimas luchas entre campistas y zaplanistas en la asamblea a la presidencia de la agrupación local. La consellera Gema Amor representaba al núcleo más cercano al exalcalde, mientras que toda la familia política de Zaplana, los Barceló, se volcaron en la candidatura campista, que para más inri lideró su propia cuñada, Ángela Barceló. Ganó Gema Amor, pero no pudo hacer la lista para las elecciones de 2007. El padre de Ángela y Rosa Barceló, el veterano senador Miguel Barceló, designado por Francisco Camps como miembro del Comité Electoral Regional, cambió la candidatura para que la zaplanista Gema Amor no fuera la candidata a la alcaldía, y puso a Manuel Pérez Fenoll.

La inesperada victoria de José Luis Rodríguez Zapatero el 14 de marzo de 2004 tras los atentados del 11-M truncó muchos planes, como la posibilidad de Zaplana de continuar con la cartera de ministro. El candidato del PP, Mariano Rajoy, fracasa, pero ¿hasta qué punto podría ser esta circunstancia una nueva oportunidad para él?

En la oposición, a Zaplana se le reserva un lugar destacado, el de mayor proyección y mejor nómina para el partido: portavoz en el Congreso de los Diputados. Su sueldo es de 74.316 euros anuales. En esa etapa, el expresidente de la Generalitat se convierte en el azote del PSOE, pero incomprensiblemente adopta el discurso de la teoría de la conspiración sobre el ataque terrorista del 11-M, lo que mina su credibilidad. Zaplana defiende la tesis de que la masacre fue obra de ETA, en lugar de una venganza del islamismo radical por la participación de España en la guerra de Irak (una versión, esta segunda, que se acabaría imponiendo incluso con sentencia judicial). El de portavoz es un cargo muy expuesto que lo desgasta enormemente.

Parece que su estrella se apaga. El Siglo publica en noviembre de 2006:

«La popularidad del portavoz popular en la Cámara Baja atraviesa uno de sus peores momentos y apenas le quedan compañeros de viaje en la arriesgada travesía en la que se ha embarcado. Y entre los que le quedan, no resulta muy recomendable que los dos medios que con más saña fustigan al PP de los maricomplejines sean los más íntimos […]. Con cierta ironía no exenta de maledicencia, algunos diputados del Congreso, al ser preguntados por la cuota de poder de Eduardo Zaplana, remiten a las redacciones de El Mundo y la COPE, sitas en estas dos calles de Madrid. “Las únicas agrupaciones que controla [Zaplana] son Pradillo, 42 y Alfonso XI, 4”.»

El momento más duro de su vida política fue cuando el PP de Valencia le impidió encabezar la lista al Congreso por Valencia en 2008. Él mismo lo reconoció en una entrevista a ABC en 2014: «Ese fue el momento más doloroso de mi vida política, aunque no fue ninguna sorpresa. Contribuí a la primera victoria del Partido Popular en esa comunidad, a su primera mayoría absoluta, y de pronto, siendo el portavoz, no pude encabezar la lista de Valencia».

La dulce caída

La derrota de las elecciones del 9 de marzo de 2008 le lleva a tomar una importante decisión. Pocas semanas antes del Congreso Nacional, celebrado el 20 de junio en Valencia, Zaplana anuncia su retirada de la primera línea de la política. Llegó a reconocer que no estaba quemado, sino «achicharrado». Había dilapidado aquel perfil liberal y centrista, y se había entregado sin éxito al ala dura del partido. No sería el portavoz parlamentario «para fomentar la renovación», dijo en un claro aviso al líder, Mariano Rajoy, con quien se había distanciado. Pasaba a ser «diputado raso». Otros dirigentes que se asociaban a la etapa de Aznar, como Ángel Acebes o María San Gil, también abandonaron el barco, mientras los medios aliados de Zaplana jaleaban una posible candidatura alternativa de alguien del ala liberal, como Esperanza Aguirre o el exministro Juan Costa.

El apoyo de Francisco Camps, Rita Barberá y el PP valenciano, enfrentado a Zaplana, fue fundamental para impedir una aventura y garantizar que el entonces líder nacional del partido continuara llevando el timón. Con sus enemigos controlando la situación, Zaplana debió ver claro que era necesario dar marcha atrás.

Aquella situación como «diputado raso» duró muy poco. Un mes después, Zaplana anunciaba su retirada de la política y el pase al sector privado. Se convertía en delegado para Europa de Telefónica, además de consejero de Telefónica O2 Europa y Telefónica O2 República Checa, bajo las órdenes del presidente de la compañía, César Alierta.

En su despedida ante los medios de comunicación recordó que en 1990 José María Aznar le encargó «algún cometido político», y «todos» los que le encargaron después los ha resuelto «satisfactoriamente», aunque «algunos no eran fáciles, como darle la vuelta políticamente hablando a la Comunidad Valenciana».

Sus ingresos como «diputado raso» apenas superaban los 3.000 euros mensuales, dietas aparte, mientras que su nuevo cargo en la multinacional le proporcionaría un sueldo estratosférico: entre 500.000 y 1 millón de euros al año. Sobre la cifra se ha especulado mucho y Zaplana nunca la ha revelado.

César Alierta y Juan Villalonga fueron designados presidentes de Tabacalera (posteriormente Altadis) y Telefónica, respectivamente, por José María Aznar en 1996, cuando todavía eran empresas estatales, y su único mérito, según se criticó entonces, era ser amigos de quien les nombró. Así se publicó en medios tan prestigiosos como The Economist o el Financial Times. Villalonga, compañero de pupitre de Aznar, abandonó en 2000 la empresa de telecomunicaciones por el escándalo de las retribuciones variables a los directivos conocido como stock options, y Alierta, que había sido nombrado consejero independiente en 1997, emergió como candidato in pectore a sustituirle.

En El club de las puertas giratorias, de La Esfera de los Libros, Luis Miguel Montero explica:

«Zaplana no sabía nada de Telecomunicaciones. Antes había sido ministro de Trabajo y presidente de la Generalitat Valenciana, nada relacionado con el mercado tecnológico. Pero a Alierta eso pareció importarle poco, ya que buscaba a un político con buenas relaciones en el gobierno italiano. Y el diputado popular era su hombre. Las reuniones de ministros de la UE le habrían permitido cosechar buenos contactos entre sus homólogos europeos.»

Telefónica ha acogido a políticos como Yolanda Barcina, expresidenta de Navarra; Narcís Serra, ex vicepresidente del Gobierno; Gela Rato, hija de Rodrigo Rato; Andrea Fabra, exdiputada e hija de Carlos Fabra; Carlos Escó, exconsejero socialista del Gobierno de Aragón; Alfredo Timmermans, exsecretario de Estado de Comunicación con Aznar; Iván Rosa, marido de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; Paloma Villa, esposa del exdiputado socialista Eduardo Madina; Amalia Montes, mujer del exministro socialista Javier Gómez Navarro; Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina; Fernando Almansa, exjefe de la Casa Real; Gonzalo Martín Villa, hijo del exministro Rodolfo Martín Villa; Vanesa Arriola Villalobos, hija de Pedro Arriola y Celia Villalobos; Eduardo Serra García, hijo del exministro de Defensa de Aznar; José Manuel García-Margallo Valterra, hijo del ministro García Margallo, etc.

El extenso listado lo publicó Carlos Ribagorda en Bez.es en febrero de 2016 con motivo del anuncio del fichaje por parte de la multinacional de la exministra socialista Trinidad Jiménez. En él aparecen incluso Elvira Fernández, la mujer de Rajoy, o Rodrigo Rato, que dejaron sus puestos hace unos años.

Además de su actividad como asalariado en Telefónica, en mayo de 2008 Zaplana decidió crear una sociedad limitada para tener ingresos extraordinarios cuando, por ejemplo, realizara conferencias. Su denominación es Decuria Consulting y está domiciliada en el mismo número del Paseo de la Castellana de Madrid donde tiene fijada su residencia. El objeto social es el asesoramiento en el diseño, implementación, gestión y control de medidas estratégicas para sociedades y fundaciones. Según eldiario.es (20/09/2016), Decuria Consulting ingresó hasta 2015, en ocho años de actividad, casi 2,2 millones de euros. La firma posee el 40% de la sociedad Atalaya Padel, dedicada a la promoción inmobiliaria, las «explotaciones deportivas y de ocio de todo tipo» y la organización de eventos.

En 2009, el exministro se incorpora (junto a figuras como Josep Piqué) en el consejo asesor de la Fundación LAFER, un thinktank del PP similar a FAES pero centrado en reformar la sanidad. Lo preside el exconsejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela.

Como se afirma en El club de las puertas giratorias, el 1 de octubre de 2013 ingresó en el consejo de la Compañía de Distribución Integral Logista Holdings S.A., heredera de la antigua Altadis, distribuidora de tabaco. Zaplana ingresó 98.000 euros en 2015 por su pertenencia al consejo de Logista.

Persona influyente

Mucho han especulado los medios de comunicación sobre si su retirada era «temporal» y si iba a volver a la primera línea. Lo cierto es que con independencia de su situación laboral, Zaplana nunca estuvo alejado de los círculos políticos del poder. De hecho, en dos momentos puntuales, julio de 2011 y febrero de 2012, se rumoreó que sería nombrado presidente de RTVE.

A mitad de camino entre los negocios y la necesidad de ocupar un lugar visible en la política actual, en octubre de 2012 Eduardo Zaplana logró ser elegido presidente del prestigioso Club Siglo XXI, una asociación cultural madrileña sin ánimo de lucro constituida en 1969 y dedicada a organizar conferencias. Era la plataforma que necesitaba para relacionarse con el poder. Desde esa privilegiada atalaya ha visto pasar a premios Nobel, personalidades internacionales, o los principales líderes políticos españoles, con los que ha tenido tiempo de tener numerosas confidencias.

Zaplana renace y vive un momento dulce. En ese momento decide operarse de la nariz. Lo revela el digital Vanitatis el 15 de mayo de 2013, aunque lo atribuye a problemas respiratorios. «Fuentes del PP aseguran que siempre ha sido una persona muy preocupada por su aspecto físico. Si verdaderamente se hubiera sometido a una rinoplastia se podría haber gastado entre 4.000 y 5.000 euros, según fuentes del sector», señalaban.

La caída en desgracia de su enemigo Francisco Camps por el caso Gürtel había que aprovecharla. En febrero de 2014 Zaplana organizó en Madrid la puesta de largo del sustituto de Camps en el Consell, Alberto Fabra, a través del Club Siglo XXI. Las Provincias destacaba que el expresidente «volvió a influir en la agenda del jefe del Consell y no dudó en organizarle una cena con lo más granado de la prensa nacional para vender en petit comité las bondades del líder valenciano en la capital. En el encuentro, Fabra dibujó una complicada situación de la Comunidad y sacó pecho de su cuestionada lucha contra la corrupción, además de buscar adeptos a su causa entre los plumillas».

Según elconfidencialautonomico.com el exministro de Trabajo con Aznar «se mueve como pez en el agua» en Madrid, algo que para Fabra es «una asignatura pendiente».

El diario digital Valencia Plaza ahonda en la cuestión: «Una sintonía que causa cierto malestar en sectores del PPCV, pero que Fabra ha decidido potenciar como indica la participación en actos de la mano del exministro, además de los encuentros no oficiales entre ambos y la confianza entregada a dirigentes que fueron desplazados en la etapa de Francisco Camps como presidente». El periodista Ximo Aguar relaciona esta influencia con la decisión de Alberto Fabra de nombrar en mayo de 2012 a Serafín Castellano como secretario general del PPCV, y a Miguel Ortiz como vicesecretario de Política Territorial, «ambos destacados zaplanistas en el pasado» (13/03/2015).

Varios medios vieron también la mano de Eduardo Zaplana detrás del partido de Albert Rivera, Ciudadanos. Valencia Plaza se refería en estos términos al resurgimiento del «fantasma» de Zaplana tras la conferencia de Rivera en el Club Siglo XXI, cuando el político catalán decidió lanzar su marca a todo el país: «La aproximación e incluso integración de distintos dirigentes que en el pasado fueron de la cuerda del exministro en el partido que lidera Albert Rivera ha vuelto a poner en guardia a ciertos sectores de la formación “popular” en la Comunitat Valenciana». El diario Las Provincias recordaba algunos ejemplos, como el de Fernando Mut, destacado zaplanista en el pasado que ocupó cargo en C’s, o el posible acercamiento en su día de la exconsellera Gema Amor a la formación de Albert Rivera, que anteriormente había declinado integrarse en la misma y formó Liberales de Benidorm. Hubo municipios en la provincia de Alicante, como Elx o Alcoi, donde los cuadros zaplanistas mutaron de forma automática en agrupaciones de Ciudadanos.

En junio de 2014 tuvo lugar en Valencia la presentación de la Fundación España Constitucional, un lugar de reflexión y debate público sobre asuntos de relevancia política, económica y social dentro de los límites de la Constitución. Eduardo Zaplana y José Bono fueron los impulsores, pero sumaron a miembros del PSOE como Elena Salgado, Cristina Garmendia o Carlos Solchaga, y de UCD como Marcelino Oreja y Rodolfo Martín Villa. Aunque en un principio se hablaba de 40 nombres, el manifiesto que presentaron en septiembre de 2015 contra la independencia de Cataluña llevaba 25 firmas.

¿Alguien dudaba de que Eduardo Zaplana no iba a estar en el debate del futuro de España? En el «cacao» se mueve mejor que nadie.

III. INSTINTO

Eduardo: Me voy a hacer financiero. Me voy el martes a Sevilla.

Salvador: ¿A qué?

E: Voy a ver si hago unas cosas con la Expo.

S: ¿De qué? […] ¿Qué vas a comprar?

E: Voy a ver ahora que han echado a Juan Guerra, a ver si… […] A ver si lo sustituyo.

El verdadero motivo de la llamada de Salvador Palop es pedirle a Zaplana una «s.l.», una sociedad limitada para realizar alguna operación, y este le explica que lo único que tiene que hacer es el cambio de actividad, que es «un momento». Voro le comenta que tiene acciones de Togmeo, Invalesa y Futuros Financieros, que son «pequeñitas, de tres o cuatro. Pero eso se van a hacer muy grandes…». A lo que Zaplana, que parece que ejerce de asesor, le recuerda que tiene una en Valencia «de hace mil años» que se llama Publimar, que «no la hemos liquidado ni nada», y que «cualquier día vendrá Hacienda y nos pegará un paquete por no declarar, aunque sea negativo».

El notario de Benidorm, Antonio Magraner Duart, amigo íntimo de Eduardo Zaplana, controló a través de la familia de su mujer 2.250 de las 15.000 participaciones de Futuros Financieros, la gestora situada en el epicentro del caso Naseiro. Magraner ha tenido un papel central en la política valenciana como consejero de la CAM a propuesta del PP y en proyectos urbanísticos y turísticos de Benidorm y la Costa Blanca.

También hablan por teléfono de los negocios urbanísticos, algún negocio que tienen en común en las ciudades de Ondara y Silla. Y aquí es cuando Zaplana habla del negocio de Javier Sánchez Lázaro, «el tío este que está aquí en Benidorm».

Zaplana: A lo mejor se queda con el solar y hacemos ahí una cosilla, ¿eh? Tú haces de intermediario de la venta que yo no puedo, y tú pides la comisión a Javier Sánchez Lázaro. ¿Eh? Y luego nos la repartimos bajo mano.

S: Pero ¿para venderlo a…?

E: Para vendérselo o permutárselo. Da igual.

En esta conversación es en la que le reclama «la mitad bajo mano». «Si tenemos que repartir, macho… Tenemos que pedirle un poco más». Zaplana acepta. «Claro, un poquito más.»

¿Quién es Javier Sánchez Lázaro? El empresario al que Eduardo Zaplana alude en la conversación de 1990 para pedir una comisión era un político vinculado al PP y con intereses empresariales en el sector inmobiliario de Benidorm. Fue senador de AP por Cáceres, lo que combinó con múltiples negocios junto a sus hermanos a través de firmas que abarcaban desde la hostelería a los espectáculos taurinos, pasando por las artes gráficas, la informática y los muebles de oficina.

Trece años después, la Cadena Ser afirmó literalmente que los hermanos Sánchez Lázaro eran «los testaferros, los hombres de paja que utilizaba el secretario general del PP de Madrid para hacer sus negocios sin que su nombre figure en ningún documento público» (6/08/2003). El entonces secretario general del PP de Madrid y alcalde de Majadahonda (ciudad madrileña vinculada a Gürtel), Ricardo Romero de Tejada, estuvo durante varios años cobrando nómina de una de las empresas de los Sánchez Lázaro. A este dirigente se le relaciona con el famoso «tamayazo», que permitió a Esperanza Aguirre arrebatar la presidencia de la Comunidad de Madrid al PSOE en 2003. La sede del nuevo partido que, tras la acusación de transfuguismo, fundó Eduardo Tamayo era una de las empresas de los Sánchez Lázaro.

Lo más relevante para el asunto que nos ocupa es la gran relación de amistad que se fraguó entre el «contacto» al que alude Zaplana en la grabación con el extesorero del PP Luis Bárcenas. Según el periódico digital El Plural (7/04/2013) es uno de sus mejores amigos. De hecho, entre 2002 y 2004 Bárcenas poseía 6.000 acciones de la empresa de Jesús Sánchez Lázaro, Netchek. También tuvo participaciones Jesús Sepúlveda, marido de Ana Mato y uno de los imputados en el caso Gürtel. La periodista Marisa Gallero afirma en Bárcenas. La caja fuerte (La Esfera de los Libros) que el extesorero del PP acusado de manejar una contabilidad paralela «sigue manteniendo buenas relaciones» con Sánchez Lázaro.

La empresa de Fernando Sánchez Lázaro, Mundotoro, fue la adjudicataria de la Plaza de Toros de Valencia en 2002 por parte de la Diputación. La oposición habló de «pucherazo» y de injerencias de Madrid en el proceso.

Eduardo Zaplana viajaba en febrero de 1990 a Sevilla para hacer negocios «ahora que han echado a Juan Guerra, a ver si lo sustituyo». En aquel momento las portadas de los periódicos españoles hablaban del escándalo que afectaba al hermano de Alfonso Guerra, entonces vicepresidente del Gobierno de Felipe González. La revista Época destapó el escándalo. Juan Guerra fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación de Gobierno de Andalucía en calidad de asistente de su hermano Alfonso, vicepresidente del Gobierno de Felipe González, pero utilizó las dependencias para actividades muy diferentes a las asignadas. Fue acusado y juzgado por cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.

Juan Guerra fue condenado y su hermano Alfonso presentó su dimisión.

Un historial limpio de imputaciones

Zaplana se ha jactado en repetidas ocasiones de no haber sido nunca imputado. «No presumo, pero lo cierto es que jamás tuve un problema judicial.» Así titulaba el periódico ABC el 29 de septiembre de 2014 la primera entrevista que concedió Eduardo Zaplana en años, justo en un momento en el que su partido en Valencia estaba acorralado por la corrupción.

En calidad de presidente del Club Siglo XXI se permitía opinar de todo: la independencia de Cataluña, la regeneración política, de la Justicia, de Santiago Calatrava, de su legado en Valencia, etc. «No he dejado ningún problema, ni de imputados ni de deuda», afirmaba. El exportavoz del PP echaba un capote a su amigo Jaume Matas: «Cualquier ilegalidad hay que pagarla, pero, sinceramente, no es lo mismo robar, defraudar o cometer un error administrativo. Jaume Matas está en la cárcel porque ha contratado a un periodista para que le haga discursos.»

Lo cierto es que Matas entró en prisión y con causas pendientes de todo tipo, no solo administrativas.

¿Tenía razón Zaplana al afirmar que jamás tuvo un problema judicial? Si a problema judicial se refiere a estar imputado, él no lo ha tenido, ni siquiera en el caso Naseiro. Pero sí han tenido problemas, y graves, su familia o su entorno más cercano. Y aunque no haya estado imputado, sí ha habido escándalos que le han afectado políticamente. Algunos han sido muy sonados.

El primer asunto fue la adjudicación por encima de su valor del mapa verde y el mapa sonoro de Benidorm al empresario Vicente Conesa. Era febrero de 1992, pocos meses después de acceder a la alcaldía de la ciudad. El PSOE denunció que estaba amañado, pero se archivó. Este asunto volvió a estar de actualidad en junio de 1994 a raíz de una conversación grabada por el propio Conesa con el entonces presidente del PP provincial, Vicente Sanz, cuando fue a pedirle que mediara para que Zaplana pagara por los trabajos. En ellas, Sanz decía que estaba en política para enriquecerse. El asunto se zanjó con la dimisión del presidente provincial.

El siguiente escándalo fue el de la construcción de su proyecto estrella, el parque temático Terra Mítica, también en Benidorm, inaugurado el 27 de julio de 2000, cuando Zaplana ya era presidente de la Generalitat. De nuevo unas grabaciones, al igual que ocurrió en el caso Naseiro y el caso Sanz, le pusieron contra las cuerdas.

El 12 de mayo de 2006 la Cadena Ser difundió una grabación de una conversación entre los diputados socialistas José Camarasa y Toni Such con los empresarios Vicente Moreno Carpio y José Herrero García, imputados entonces en el caso Terra Mítica y posteriormente condenados. En esas cintas los empresarios apuntaban a Zaplana como receptor de parte del dinero de los sobrecostes generados en las obras del parque a través del contratista Vicente Conesa.

«Si a mí me hacían un contrato de ochenta millones de pesetas, igual me daban dieciséis o veinte —relata uno de ellos—. El resto del dinero, hasta la cantidad facturada, de acuerdo con las conversaciones, se lo quedaba la red de Conesa […]. El tema fue en la nave que tiene dentro de Terra Mítica, que se le hizo por la patilla. Una vez, la que más dinero he visto en efectivo, ciento veinte —millones de pesetas— y, otra, noventa. Se le entregaron al señor Conesa y se lo metió, yo lo he visto con mis propios ojos, en la bolsa […]. El señor Conesa guardaba la bolsa en el coche y dijo delante de mí que los dineros se los repartía con Zaplana.»

Parecía que los empresarios iban a «cantar», pero nunca lo hicieron. Zaplana quedaba al margen del agujero y de la sospecha del desvío de dinero a paraísos fiscales mediante «la red de Conesa». Cuando la Ser reprodujo el audio, el expresidente de la Generalitat Valenciana presentó una denuncia por calumnias contra Moreno y Herrero, aunque en febrero de 2009, coincidiendo con el estallido del caso Gürtel que centraba toda la atención mediática en Camps, la retiró. El expresidente también se querelló contra Camarasa y Such y los sentó en el banquillo. Resultaron absueltos.

El escritor valenciano Ferran Torrent basó en esta época una de sus novelas más exitosas, Societat limitada (Bromera). El libro publicado en 2002 causó gran impacto en los ámbitos políticos por la semejanza de los protagonistas y las tramas de la ficción con el gobierno de Zaplana y la actualidad valenciana. «Si haces una obra pública tienes que saber que, irremediablemente, una parte de los beneficios son comisiones para el partido en el poder. Es una costumbre que se ha convertido en ley», le explica un asesor al ambicioso empresario que protagoniza la historia. Este le pregunta, inocente, si el dinero es para el partido o para quien lo pide. «Eso es secundario, un problema de ellos», le contesta.

Caso Terra Mítica y caso Ivex

La causa sobre Terra Mítica se abrió a instancias de una denuncia de la Agencia Tributaria en 2005 por un fraude millonario. El juicio se desarrolló entre marzo y octubre de 2015 en la sección quinta de la Audiencia de Valencia, trece años después de la inauguración del complejo, y después de un largo y tortuoso procedimiento judicial con dos archivos y el viaje por varios juzgados.

El jefe de Contratación, Justo Valverde, y el exdirector técnico Antonio Rincón, junto a veinte empresarios más, fueron condenados por estafa, falsedad documental y fraude, por participar en una trama de facturas falsas destinadas a defraudar a Hacienda 6,3 millones de euros, y al parque otros 1,3 millones más.

La sala impuso un total de 305 años de prisión y una multa de 71,3 millones para 22 de los 35 acusados. El presidente, Luis Esteban, y el director general, Miguel Navarro, para quienes el fiscal pedía ocho años de cárcel, resultaron absueltos. El empresario Vicente Conesa y su mujer fueron condenados a 23 años de cárcel.

La sentencia califica a este empresario de «factótum» y explica que empezó a trabajar en el parque en 1999 como gerente de Jardinería a pesar de no tener contrato. Tanto él como otro de los acusados, Jesús Vicente Pascual Moreno, autorizaban y firmaban las facturas que presentaban al cobro diferentes empresas del sector, algunas sin tener ni siquiera trabajadores.

La sala considera probado que los condenados idearon un sistema de facturación con tres niveles para defraudar a Hacienda, con precios superiores al coste y cobrando por servicios no realizados. Valverde no ponía objeciones pese a saber que eran «improcedentes», validó contratos «verbales y dio el visto bueno al pago de “facturas ficticias”». Conesa tenía un papel principal y estaba situado en el epicentro.

Alfonso Gómez era un indigente alcohólico que aceptó figurar como administrador de una empresa que facturó 1,36 millones de euros por obras en el parque porque le ofrecieron «un sitio donde dormir».

El complejo tenía un presupuesto inicial de 240 millones de euros y terminó costando más de 400 millones de dinero público. Se vendió en 2012 por 65 millones a la empresa local Aqualandia en una de las operaciones más ruinosas del Consell.

Para construir Terra Mítica se expropiaron diez millones de metros cuadrados en terreno no urbanizable de especial protección forestal de Benidorm y Finestrat en 1996. Son múltiples los pelotazos que se han denunciado en este espacio y su entorno, siempre rodeado de polémica, con acusaciones de haberse beneficiado gente muy cercana a su impulsor, Eduardo Zaplana. De hecho, este siempre situó en los puestos de responsabilidad a personas de su más absoluta confianza, como su cuñado Justo Valverde, quien primero fue jefe de Contratación y después ascendió a jefe de Recursos Humanos. Solo con su acción se explican algunas cuestiones poco anecdóticas, como la contratación en calidad de jardinero del torero Justo Benítez, amigo personal de Zaplana, que se había arruinado con la gestión de la plaza de toros de Benidorm que él le había adjudicado cuando era alcalde y de la que salió acusado de apropiación indebida y falsedad documental.

El otro gran escándalo de su gestión al frente de la Generalitat fue el caso Ivex. En 1997, cuando Zaplana ya era presidente de la Generalitat Valenciana, el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) contrató al cantante Julio Iglesias en calidad de embajador para promocionar la imagen de la Comunidad Valenciana y celebrar ocho conciertos por todo el mundo por cerca de seis millones de euros (novecientos noventa millones de pesetas, entonces).

Sin embargo, la Generalitat Valenciana nunca dio cuenta de una parte de esa cantidad, que fue a parar a cuentas de las Bahamas, Islas Vírgenes y Suiza, algo realmente insólito: una administración pública pagando a sociedades no identificadas situadas en paraísos fiscales.

El mismo día se firmaron dos contratos, uno para la «cesión de imagen para la promoción internacional de la Comunidad Valenciana» por 2,26 millones de euros y otro anexo denominado «carta de intenciones» por 3,7 millones de euros libres de impuestos. Eduardo Zaplana siempre negó la existencia de este último contrato. «El contrato con el señor Iglesias asciende a 375 o 372 millones de pesetas —2,26 millones de euros— y no hay nada más, nada más que pagos extraordinarios, como ha hecho el Ivex toda la vida», afirmó Zaplana el 15 de junio de 2001 en las Cortes ante la pregunta del diputado socialista Ximo Puig.

El PP lo ocultó a la Cámara autonómica y al Síndic de Comptes, pero varios testigos dijeron lo contrario y en mayo de 2012 el propio cantante de Gwendolyne o Hey! acabó reconociéndolo ante un juez de la República Dominicana que atendía a una comisión rogatoria del Gobierno español: «Yo entiendo que a la gente seis millones de dólares, que fue lo que cobré y de los que pagué impuestos, le parezca mucho dinero, pero que valoren también que la labor de promoción fue muy importante. Viajé con empresarios de la Comunidad Valenciana a Estados Unidos, Japón, China y México… Lo hice todo con cariño y lo pasé muy bien», afirmó. Como decía en su canción, es «un truhan» pero también «un señor algo bohemio y soñador».

La cantidad oculta se ingresó en cuentas bancarias radicadas en paraísos fiscales de empresas vinculadas a Julio Iglesias, bajo el concepto de unos supuestos gastos de organización. Sin embargo, se ha demostrado que esas firmas no fueron las que en realidad organizaron los recitales y que en algún caso se habían constituido solo para recibir dinero del Ivex. Para justificar esos pagos se hicieron facturas falsas.

El PSPV-PSOE denunció el pago en B al cantante y un juzgado abrió diligencias en 2001 por un presunto delito de falsedad en documento mercantil y otro de malversación de caudales públicos por el que está imputado el entonces director del Ivex José María Tabares, que se dio a la fuga tras ser condenado a cinco años por otro fraude que afectó al mismo instituto, y otras cuatro personas.

En la entrevista que concede Eduardo Zaplana al ABC en septiembre de 2014 el expresidente reconoce, con total normalidad, lo que siempre había negado.

Pregunta: Todavía no se ha cerrado la causa de pagos del Ivex a Julio Iglesias por seis millones de euros…

Respuesta: La contratación de Julio Iglesias fue todo un éxito. Si divide seis millones de euros entre 14 conciertos en todo el mundo —México, Moscú, Shanghái…— acompañando a los empresarios valencianos a las ferias, a visitar a los proveedores, donde Julio Iglesias daba una rueda de prensa, por la noche en la cena saludaba mesa por mesa, y después daba el concierto..., está amortizado.

En esta entrevista, Zaplana cambia radicalmente su versión. No solo admite el pago de los seis millones, sino que habla de repente de catorce conciertos, seis más de los que realizó el cantante melódico y que él mismo admitió ante el juez. Puestos a dar por «amortizada» la inversión, podría haber puesto 40.

El exdiputado del PSPV José Camarasa recuerda en Tierra de saqueo que «cuando le preguntábamos a Zaplana sobre el Ivex siempre decía una frase interesante: «Nunca podrán ustedes probar que yo tuve que ver con esto». Es curioso que no lo negara sino que insistiera en la fórmula de «nunca podrán probarlo».

En abril de 2015 el titular del juzgado de instrucción 19 de Valencia, vía Consejo General de Poder Judicial, solicitó a varios paraísos fiscales que informaran sobre los movimientos de las empresas a las que el Ivex ingresó parte del dinero. La falta de colaboración de estos refugios fiscales y el hecho de que el principal implicado esté fugado dificultan la resolución del caso.

Eduardo Zaplana fraguó una gran amistad con Julio Iglesias cuando en 1992, siendo alcalde de Benidorm, lo fichó para relanzar el Festival de la Canción donde había triunfado gracias a la mítica canción en la que decía que «la vida sigue igual». En 1996, Julio Iglesias actuó de telonero de José María Aznar en el mítico mitin de Mestalla. Alfredo Grimaldos atribuye a una comida en 1999 el inicio del negocio del cantante en el mundo del ladrillo, en sociedad con el constructor Andrés Ballester, amigo íntimo de Zaplana. En pleno boom del ladrillo, el cantante se convirtió en constructor y puso en marcha varias urbanizaciones en la Costa Blanca. Son años de intensa actividad en su vida económica, ya que cobra en B en paraísos fiscales y se lanza al negocio inmobiliario en la costa con acciones bendecidas por la administración de Zaplana.

Taula, Pujol, Púnica…

De la etapa de Eduardo Zaplana como ministro no hay ningún gran escándalo más allá de la anécdota. De 2002 a 2004, entre los gastos de Zaplana aparecen 150.000 euros de viajes en aviones privados, precisamente en un período en que los cargos ministeriales podrían viajar gratis a través de Iberia o con vuelos militares. Entre las facturas, un viaje a Edimburgo habría salido por 15.000 euros. No menos dudoso es el gasto en comprar turrón para regalar en Navidades: en total, cuatro toneladas, por importe de casi 55.000 euros. O partidas ingentes para «gastos protocolarios» (183.000 euros en dos años) y compras cotidianas como galletas, chicles o natillas, que se elevan a 55.000 euros.

Fue en esta época, entre 2002 y 2004, cuando las empresas de Daniel Mercado, el responsable de Over Marketing, y las empresas acusadas de financiar ilegalmente al PP balear de Jaume Matas se llevaron 7,2 millones de euros del ministerio de Zaplana.

Aunque de forma tangencial, Zaplana también se ve salpicado por el caso Taula. Una de las personas contratadas por la empresa pública Imelsa fue su sobrino Hugo Valverde Zaplana, «coordinador» de la Institución Alfons el Magnànim, dependiente de la Diputación de Valencia. Entró el 4 de julio de 2003. La nómina del hijo de Rosa Zaplana y Justo Valverde —condenado por estafa en Terra Mítica— superaba los 3.000 euros al mes, unos 44.000 anuales. En aquella época era más de lo que cobraba un director general de la Generalitat. Este caso de enchufismo (junto a otros 53) lo denunció Intersindical en 2005 a la fiscalía. Se trataba de trabajadores en nómina de Imelsa que no trabajaban allí. El caso se archivó.

El antiguo dirigente del PP ha tenido que sortear varias polémicas sobre enchufes de familiares directos en la administración. Al de Hugo Valverde Zaplana en Imelsa y su padre Justo Valverde en Terra Mítica hay que sumar el de su propia hija, María Zaplana. Trabajó de becaria en El Mundo (bajo las órdenes de Pedro J. Ramírez, amigo de su padre) y Caja Madrid (cuando estaba dirigida por Miguel Blesa), en el departamento jurídico de Telefónica Company en Reino Unido, y a finales de 2011 fue nombrada asesora de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, esposa de Vicente Martínez Pujalte, amigo de su padre.

Este exdiputado fue investigado por cobrar presuntamente gestiones de mediación a través de su empresa cuando era parlamentario, algo no permitido por la ley. A Martínez Pujalte, también murciano y cunero en las listas del PP de Alicante, algunos le atribuyen ser «el negro» que le escribió a Zaplana la ponencia «La España de las oportunidades» presentada en el XIII Congreso Nacional del PP.

Su sobrino Eduardo Gordo Zaplana también obtuvo una beca para trabajar en el Ivex en Miami en 1999. Posteriormente ganó plaza de técnico de cultura mediante oposición en la Diputación de Valencia.

La firma Los Almendros, que estuvo vinculada a su mujer y su suegro, también habría obtenido beneficios en la compra de terrenos de Terra Mítica y en adjudicaciones de la empresa pública Ciegsa. Esta empresa pretendía construir miles de viviendas y un campo de golf de 18 hoyos reclasificando suelo rústico en un plan parcial ubicado en l’Almisserà, una partida entre La Vila y Finestrat. Tan solo se ejecutó la parte correspondiente a esta última población, ya que en 2011 el TSJ retiró la condición de agente urbanizador a la firma en los terrenos de La Vila. Este era el único de los 37 Proyectos de Actuación Integrada (PAI) de La Vila que se iba a ejecutar al margen del Plan General de Ordenación Urbana. Curiosamente, en el año 2000 José Miguel Llorca vendió (en calidad de alcalde de La Vila y por lo tanto presidente de la Fundación Aragonés) una parcela de 665.000 metros cuadrados a Los Almendros por un precio treinta veces menor al real.

En el sumario del caso Gürtel no aparece Eduardo Zaplana, pero en el de Brugal que afecta a las basuras de la Vega Baja y al urbanismo de Alicante sí que hay alguna referencia, aunque no se hayan derivado de ello consecuencias de ningún tipo. El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, llamó en julio de 2009 a su antiguo «jefe» de filas para explicarle los planes para sanear la televisión zaplanista Canal 37, y le pide que medie con uno de los accionistas para que acceda a la operación antes de que Ángel Fenoll, empresario de Orihuela, se integre en el accionariado.

Donde la corrupción le dio de lleno fue en la trama catalana de los Pujol. El yerno de Zaplana es Luis Iglesias Rodríguez-Viña, investigado por la Audiencia Nacional por su relación profesional con Oleguer Pujol, hijo menor de Jordi Pujol. En el año 2000 Iglesias fundó la gestora Drago Capital, donde Oleguer Pujol estuvo como socio hasta 2012. La Policía Nacional detuvo a Iglesias en octubre de 2014 y registró su casa y quince empresas.

Luis Iglesias es sobrino político del director de cine Pedro Almodóvar, uno de los españoles que apareció en el escándalo de los papeles de Panamá. María Zaplana llegó a estar imputada en la misma causa. La Fiscalía le atribuía delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública, pero tras las diligencias practicadas cambió de criterio y el juez decidió sobreseer la causa que le afectaba a ella y a la mujer de Oleguer Pujol.

El caso está relacionado con la compra de 1.152 oficinas del Banco de Santander con un valor de 2.117 millones, de edificios de Bankia por parte de las sociedades de Bankia, y de un hotel en Canarias entre otras operaciones.

También le ha rozado a Zaplana el caso Púnica, ya que aparece citado en varias conversaciones en las que participa Francisco Granados y el empresario David Marjaliza. Un informe de la Guardia Civil apunta a que esta red, centrada en la Comunidad de Madrid, trató de financiar de manera irregular al PP valenciano de Alberto Fabra a cambio de varios contratos en los que Eduardo Zaplana actuaría de mediador.

Los políticos que participaron en las conversaciones del caso Naseiro no han desaparecido del mapa, pero Eduardo Zaplana es el único que ha ocupado la primera línea. Logró escabullirse de ese fregado, y lo hizo con tal maestría que ni siquiera tuvo que sacudirse el polvo de los mocasines.

Manuel Vicent afirmó en una ocasión que es un tipo tan escurridizo que «ganaría con mucha facilidad varias medallas de oro en una olimpiada de anguilas»:

«Probablemente Eduardo Zaplana no cree que exista un problema en este mundo que no pueda arreglarse con dinero. Tiene un instinto básico para detectar ese botón que cada persona esconde en un lugar secreto del cuerpo y que, si lo aprietas bien, se le colocan en la frente parejos los tres limones, como en una máquina tragaperras, y te suelta por la bragueta todas las monedas que lleva en la barriga.»

Los médicos diagnosticaron a Zaplana un cáncer de médula en 2015. A pesar de tener ya ese «dinero para vivir» que anhelaba a finales de los ochenta, recursos con los que poder pagarse los hospitales y clínicas más caras y prestigiosas del mundo, optó por la sanidad pública valenciana, aquella a la que no trató demasiado bien durante su mandato, con externalizaciones y concesiones privadas. Puso su vida en mano de sus profesionales y logró que le realizaran un trasplante de médula con el que afortunadamente se recupera. Voro Palop no tuvo la misma suerte, ni en la política ni en la vida. Murió en 2008 de un cáncer.

Tras años de silencio, Eduardo Zaplana reapareció el 4 de agosto de 2016 y concedió una amable entrevista a la Cadena Ser en la que anunció que estaba escribiendo su libro de memorias. No habló del caso Naseiro pero sí reflexionó sobre la corrupción e incluso propuso medidas, como limitar la duración de los mandatos para evitar que se produzcan abusos. Se puso de ejemplo en este aspecto, y también destacó que «no es lo mismo el juicio a un político por alquilar un coche que por tener una cuenta en Suiza». «Hay que distinguir lo grave de lo anecdótico», señaló. Lo ocurrido en su etapa política debe ser, sin duda, lo anecdótico.

3

«Yo no sé a la gente que habré colocado»

Fabra, el cacique de Castellón que no pagaba a Hacienda

«Yo no sé a la gente que habré colocado en doce años, pero entre Peñeta [complejo socioeducativo de la Diputación], el hospital, la Diputación, el puerto…». En vísperas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 Carlos Fabra se dirigía a los afiliados de una agrupación local sin saber que un periodista de la Ser lo estaba grabando: «El que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente, y toda esa gente es un voto cautivo […]; supone mucho poder, en un Ayuntamiento, en una Diputación, en todas partes».

Carlos Fabra Carreras (Castellón de la Plana, 1946) responde al clásico patrón de cacique que utilizó el poder político para acumular una gran fortuna y extender sus redes hasta controlarlo todo en la provincia. Absolutamente todo. Pertenece a la quinta generación de presidentes de la Diputación de Castellón. El primero de ellos fue su tío-tatarabuelo Victorino Fabra Gil, conocido como el «abuelo Pantorrilles», que presidió la Corporación provincial tras la irrupción del general Pavía en las Cortes republicanas, en 1874 y hasta 1892.

Los caciques provinciales impulsados en aquel momento por Antonio Cánovas del Castillo eran el instrumento necesario para sostener la llamada Restauración Borbónica, que supuso la vuelta de Alfonso XII y la implantación del «turnismo» entre el partido conservador y liberal. Fue una de las etapas más corruptas de la historia de España, que hizo que la población viera como un alivio la dictadura de Primo de Rivera.

Su padre, Carlos Fabra Andrés, luchó en la guerra en el bando franquista y también tuvo su recompensa durante la dictadura: la alcaldía y la administración provincial. Él estudió en el colegio de La Salle, y más tarde en Valencia. Siempre integrado en el poder empresarial de Castellón, con treinta años ya era secretario general de la Cámara de Comercio. Decidió afiliarse al partido de moda, la UCD de Adolfo Suárez, y trató sin éxito de trepar en el escalafón. Para ello, en una ocasión llevó al líder regional de UCD y presidente del Gobierno preautonómico valenciano, Enrique Monsonís, cerca del campo de golf de Borriol, y le ofreció una de las trece parcelas de su propiedad para que eligiera. «Me dio a entender que esperaba que yo le ayudara a ocupar un puesto más preeminente en el partido», reveló a El Temps en 2010.

En su siguiente intento, el PP, tuvo más éxito y logró todo el control de la Diputación Provincial de 1995 a 2011, cuando se le abrió juicio oral por corrupción y tuvo que dimitir.

Durante su mandato, el matrimonio Fabra ingresó en sus cuentas, al menos, 3,3 millones de euros de dinero de origen desconocido. Esas cantidades las ocultaron al Ministerio de Hacienda en sus declaraciones de la renta, que les salían a devolver, por lo que solo entre 1999 y 2003 defraudaron 700.000 euros al fisco. En 2008, cuando todo esto ya se conocía, el líder nacional del partido, Mariano Rajoy, no dudó en calificarle de «un ciudadano y un político ejemplar».

Fabra entró en la prisión de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014 para cumplir una condena de cuatro años por cuatro delitos de fraude fiscal. Había logrado que el tribunal redujera a la mitad la pena que le correspondía, ocho años, aduciendo que se había retrasado la celebración del juicio, algo en lo que él tuvo mucho que ver. Diecisiete meses después, una juez le dio el tercer grado, alegando, entre otras cosas, su avanzada edad. Pero es que Carlos Fabra siempre ha sido un tipo con suerte. Le tocó diez veces la lotería.

La Audiencia de Castellón le impuso una multa e indemnización de 1,4 millones de euros, y otros 540.000 euros a su exesposa. Sin embargo, la fiscalía no pudo probar el grueso de los delitos de los que le acusaba: que el presidente mediaba con los altos cargos del PP en el Gobierno de España para conseguir licencias y favores a cambio de dinero con el que habrían incrementado su patrimonio.

Y es que, desde los tiempos de Al Capone, en todos los manuales sobre la historia de las organizaciones criminales se explica que el eslabón más débil para pillar a un delincuente siempre es su libreta de cuentas. Este gánster sanguinario del Chicago de los años treinta acumulaba en sus espaldas un amplio historial de asesinatos, pero solo entró en la cárcel por evasión fiscal.

La prisión

El último fin de semana de noviembre de 2014 fue muy triste para Carlos Fabra. Llovía de forma torrencial en Castellón y él aprovechaba para hacer las maletas y despedirse de los amigos y la familia. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había anunciado hacía pocos días que no iban a concederle el indulto, la última esperanza a la que se aferraba. Tras la condena, y en un último alarde de la chulería que tanto le caracterizaba, afirmó que «ni contemplaba» pedir esta gracia, y que no le daba miedo la cárcel: «hace años que me afeito», afirmó. Luego se achantó e imploró piedad. En el escrito remitido al ministro de Justicia, apelaba incluso a su enfermedad, a las posibilidades de contraer infecciones en la cárcel por su trasplante de hígado. De este modo pretendía enternecer a quienes durante tanto tiempo habían sido su clan. Fracasó.

Apuró todos los plazos posibles, pero el 1 de diciembre de 2014 ingresó en el Centro Penitenciario de Aranjuez (Madrid). El entonces presidente de la Generalitat y antiguo delfín de Carlos Fabra, Alberto Fabra, declaró tener «sentimientos contrapuestos». «Le conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos lo que ha trabajado y lo que ha hecho por Castellón. A nadie nos hubiera gustado verlo en esta situación, pero al final se demuestra que la justicia llega a todas las personas.» Carlos Fabra fue militante del PP hasta el día en que se conoció la sentencia condenatoria. No hubo líneas rojas. Nadie le pidió nunca explicaciones y nunca se le abrió expediente. Dimitió él porque quiso y cuando quiso.

La Alcatraz en la que recaló el capo durante año y medio es una de las cárceles más conflictivas de la Comunidad de Madrid, aunque dispone de algunos lujos, como una piscina. Está a 60 kilómetros de la capital de España y tiene once módulos. A la pena de privación de libertad hay que sumar el temor a posibles incidentes con alguno de los 1.200 reclusos internos. En los últimos años ha habido apuñalamientos y agresiones entre clanes rivales, con fallecidos.

Interviú publicó en febrero de 2016 un reportaje fotográfico en el que mostraba como el antiguo todopoderoso barón del PP llevaba una vida apacible entre rejas, jugando al dominó o viendo un partido de fútbol de los reclusos con una coca-cola zero en la mano. Según esta revista, compartía espacio con 60 presos en el módulo tres de la cárcel, la mayoría extoxicómanos, a los que invitaba a tabaco o patatas fritas. Allí también hay clases. Los funcionarios le llamaban de usted, y el mote entre los reclusos es el de «Don Carlos» o «Señor F.». Antes de retirarse a su celda, donde tenía colgadas fotografías de sus nietos, debía barrer y fregar algunas zonas comunes.

En el reportaje se aludía a un trato privilegiado, hablaba todos los días por teléfono con su familia y comía un menú especial: ensaladilla rusa, embutidos y alguna lata de mejillones.

Al parecer, la dieta que requería su delicada salud no la seguía a rajatabla. Pocos días después de aquella exclusiva, en marzo de 2016, fue trasladado a un hospital debido a los elevados niveles de glucosa en sangre que ponían en riesgo su bienestar. Permaneció ingresado durante cinco días.

Antes de que se cumplieran los diecisiete meses en prisión, el 18 de abril de 2016, la jueza de vigilancia penitenciaria del juzgado número 3 de Madrid, María del Prado Torrecilla, le otorgó el tercer grado, lo que le permitió abandonar la cárcel e ir a un Centro de Inserción Social solo a dormir de domingo a jueves. Esta juez tomó la decisión en contra de la Junta de Tratamiento de la prisión de Aranjuez, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Fiscalía. En 2003 Del Prado fue suspendida durante siete meses por el Consejo General del Poder Judicial por presionar a otro juez para que diera los mismos beneficios penitenciarios que ella otorgó a Carlos Fabra al exbanquero Mario Conde. La Fiscalía incluso pidió que fuera apartada de la carrera, pero no lo consiguió.

A finales de septiembre de 2016, Fabra concedió una entrevista a Radio Internacional en la que repasó su estancia en prisión tratando de dar lástima. «He llorado mucho en la cárcel por haber tirado por la borda una carrera por un delito fiscal… Vivo un linchamiento brutal… Soy un “corrupto mediático” y estoy en la cárcel sin ninguna condena por delitos de corrupción». El exdirigente del PP afirmaba que la cárcel «te enseña» que «no debes ir a ella, es muy mal sitio».

Carlos Fabra anunció que escribía un libro de memorias y, entre otras valoraciones, tuvo la osadía de criticar al Partido Popular, el mismo que se lo había dado todo y le había defendido en su aventura judicial durante más de diez años: «El PP abandona a su gente muy rápido».

Su régimen político

La llegada en 1995 de Carlos Fabra al palacio provincial de Castellón no supuso solamente el relevo en la administración sino que su régimen intentó copar todo el espacio ciudadano: el social, cultural, empresarial, educativo, el de los medios de comunicación, etc. Las subvenciones, ayudas, gestiones, contratos u ofertas de empleo estarían condicionadas a la lealtad que en cada momento se le mostrara. La red clientelar que organizó era perfecta. «Si ser cacique es ejercer la autoridad en mi partido y ejercer de presidente, pues sí, soy cacique.» No le importaba reconocerlo públicamente.

En el trato personal es un hombre afable, socarrón, simpático y divertido al que le gusta contar chistes e incluso presumía de ser cliente de puticlubs. Una de sus colaboradoras contaba en una entrevista que si uno de sus alcaldes se ponía enfermo, lo acompañaba personalmente a las visitas médicas. Ante una desgracia de algún conocido o amigo se volcaba como si fuese el padre, el patriarca, el padrino.

La figura de Carlos Fabra era inquietante y con un elemento claramente distintivo. Un hombre carismático que despertaba al mismo tiempo lástima y terror. Fabra perdió un ojo jugando de pequeño con su hermano con unas tijeras, por lo que siempre lleva gafas de sol. Los miembros de la trama Gürtel le apodaban «El Tuerto». «Veo yo más con un ojo que la oposición con dos», dijo en una ocasión. A Al Capone le llamaban «Scarface Capone» por la cicatriz que tenía en la cara, y que se asociaba a su fría personalidad.

Si no estabas con él te hacía la vida imposible. «Si me toca la lotería, me sacaré la pirula y mearé en la sede de Izquierda Unida», dijo harto de tanta mofa sobre su suerte y las acusaciones de que blanqueaba dinero con los premios.

El portavoz socialista en la Diputación de Castellón durante aquella etapa, Francesc Colomer, reiteraba en todos los plenos de forma mecánica la misma cuestión en el apartado de ruegos y preguntas: «Señor Fabra, ¿quién le inyecta ese dinero injustificado y a cambio de qué?». Nunca obtuvo respuesta. El 28 de agosto de 2008, al finalizar un pleno, al presidente se le escapó ante un micrófono abierto la expresión: «¡Qué hijo de puta!».

Ese mismo día, la televisión del grupo Intereconomía, al que el PPCV había concedido varias adjudicaciones de canales de televisión digital terrestre —anuladas más tarde por el Supremo—, mandó al salón de plenos un equipo de cuatro personas ataviadas con gafas de sol para impedir a la reportera Estíbaliz Gabilondo, de Caiga Quien Caiga (La Sexta), que se acercara a Fabra a fin de boicotear su trabajo.

En el libro Dando caña, el periodista Enrique de Diego destaca la estrecha amistad entre la familia Fabra y la del presidente del grupo Intereconomía, Julio Ariza. El hijo del empresario, Julen Ariza, era entonces jefe de gabinete del yerno de Fabra, Juan José Güemes, en la Consejería de Sanidad de Madrid.

De Diego retrata al personaje en la descripción de otra conversación que tuvo lugar en el transcurso de una cena:

«En una ocasión, asistí a una cena en la marisquería Ponte Areas, situada en la calle Claudio Coello, con Carlos Fabra, Juan José Güemes y Julio Ariza. Este mostró su rechazo a calificar de matrimonio la unión entre homosexuales, con insistencia y cierta vehemencia. La intervención de Fabra resultó desconcertante: “Los homosexuales en Castellón nos votan a nosotros”. Se produjo un silencio expectante ante el comentario: “Porque son los dueños de los puticlubs y nosotros, los mejores clientes”.»

El escándalo de cómo se organizaban las corridas de toros de la Beneficencia muestra su talante de cacique. Las entradas se enviaban directamente a todos los ayuntamientos de la provincia y se les descontaba el importe de las mismas del cobro de los tributos. Sin preguntar. La fiscalía lo investigó a instancias del Ayuntamiento de Vila-real, gobernado por la izquierda, y en junio de 2013 el TSJCV condenó a la Diputación a abonar al ayuntamiento los 19.850 euros cobrados mediante compensación por unas entradas que no llegaron a comprar. La sentencia observaba además «indicios» de un «ilícito penal» en la actuación de la corporación provincial «por malversación de caudales públicos y/o prevaricación». Fabra y su brazo derecho, el vicepresidente Francisco Martínez, llegaron a estar imputados, pero la causa se archivó.

Los favores tenían un precio

Fabra supo cultivar sus relaciones cuando el matrimonio Aznar-Botella convirtió Oropesa (Castellón) en su primer destino vacacional cuando en los noventa llegaron al poder. Su llegada a Platgetes de Bellver cada mes de agosto entre 1996 y 2000 era un acontecimiento, con comité de bienvenida presidido por Carlos Fabra, Eduardo Zaplana y el empresario del sector azulejero José Soriano (dueño de Porcelanosa), que les cedía gratuitamente su mansión. Las partidas de pádel entre Aznar, Zaplana, el periodista Luis Herrero y otros ilustres visitantes se alternaban con reuniones y encuentros con lo más granado de la alta sociedad.

Carlos Fabra era de los que hacía favores y se los cobraba. Don Carlos aprovechó el control que ejercía en la provincia a la hora de alcanzar acuerdos con los líderes regionales del partido, Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Todos le debían rendir pleitesía para garantizarse estabilidad, porque en sus dominios no había familias, sectores o corrientes. Imperaba el «fabrismo». Las candidaturas las hacía él, y los altos cargos de Castellón le debían fidelidad a él. No a la provincia. Eran su red.

Sobre Carlos Fabra siempre ha recaído la sospecha de haber cobrado comisiones por realizar durante años todo tipo de gestiones de intermediación. Incluso creó una empresa en 1999, Camarcas S.L., supuestamente para los ingresos por estas gestiones. Un antiguo socio le acusó de cobrar comisiones en bolsas de plástico y maletines. Como tantos otros dirigentes valencianos se sentía impune. Su poder no tenía límites y pensaba que nadie lo iba a cazar. Entre quienes ingresaron dinero en Camarcas figura la empresa de pavimentos cerámicos Cottocer, propiedad en esas fechas de Fernando Roig, dueño del Club de Fútbol Villareal, del Pamesa y, pocos años después, de Valmor Sport, la empresa encargada de las carreras de Fórmula 1.

Fabra no era el único en utilizar presuntamente este sistema. Otros dirigentes nacionales del PP, como los diputados Gustavo de Arístegui, Pedro Gómez de la Serna o Vicente Martínez Pujalte fueron acusados de cobrar comisiones a través de sus empresas por mediar con empresarios para facilitar trámites y gestiones, una práctica irregular para la que utilizaban su privilegiada posición en la cámara baja y sus contactos con el Gobierno.

Un método que algunos calificarían de made in Spain. Ya en 1978 el director de cine Luis García Berlanga retrató en La escopeta nacional a la clase empresarial y política del tardofranquismo, y cómo el fabricante catalán de porteros automáticos, Jaume Canivell (representado por José Sazatornil), entablaba amistad con el ministro de Industria (Antonio Ferrandis) para conseguir prosperar en su negocio.

En poco tiempo, el patrimonio de Carlos Fabra, quien también aparece en la contabilidad del PP nacional como donante, se multiplicó por siete y sus acciones en bolsa por once. A partir de 1999 adquirió nuevas viviendas, varias de ellas de lujo, por las que soportó hipotecas por más de medio millón de euros, coches de alta gama como un Jaguar o un Mercedes, diversas parcelas y obras de arte de gran valor, incluido un grabado de Picasso. Muy difícil pagarlo todo con los seis mil euros de sueldo mensual que recibía el dirigente de la corporación provincial.

Hay algunas historias validadas por la justicia que nos ofrecen las claves. Carlos Fabra otorgó al piloto de motociclismo Álex Debón un negocio de 3,5 millones de euros, y a cambio, el piloto le prestaba al político 360.000 euros, una cantidad cercana al 10%, que se correspondería con la comisión por el pelotazo. El acuerdo era el siguiente: Fabra eligió dos terrenos en la Vall d’Uixó propiedad del deportista para construir un hospital de día y acordó pagarle 11.800 euros mensuales durante 25 años, cifra que suma 3,5 millones de euros (Levante-EMV, 24/04/2016). Al mismo tiempo, el piloto firmó un acuerdo de relación comercial para prestarle al presidente de la diputación esa cantidad.

Todo ocurrió después de las elecciones municipales de 2011, cuando Fabra ya iba a abandonar el puesto. Con el relevo en la presidencia de la Diputación el proyecto del hospital se frustró, pero el piloto sí que realizó las entregas comprometidas a Fabra, que no le devolvió el dinero. El deportista reclamó al sustituto de Fabra que cumpliera el pacto y pagara el alquiler, pero no tuvo éxito. Al mismo tiempo, decidió reclamar mediante una denuncia el dinero que le había dado a Fabra mediante un préstamo. En este caso la justicia le ha dado la razón.

Se da la circunstancia de que Debón es uno de los deportistas que se benefició durante años de los patrocinios del Aeropuerto de Castellón. La Fiscalía investigó otros patrocinios, pero será difícil saber cuántos casos más como el de Álex Debón se han producido.

En junio de 2016 saltó otro escándalo, este por valor de 25 millones de euros. La nueva dirección del hospital provincial (del que era vicepresidente Fabra y en el que este no sabía «a cuánta gente» había «colocado», según una conversación interceptada por la Ser) denunció en Fiscalía Anticorrupción 4.713 facturas emitidas por las empresas PIAF —investigada en el caso Gürtel— y Telesco —relacionada con la primera— por si eran constitutivas de delito. Correspondían al período entre 2006 y 2015, por sobrecostes o trabajos sin contrato, que en algunos casos no se habrían realizado. Se da la circunstancia de que el gerente de PIAF, Alejandro Pons, es uno de los que ha confesado haber financiado ilegalmente al PPCV a través de la red Gürtel. El auditor halló numerosas irregularidades en la gestión de este centro sanitario público.

El aeropuerto para las personas

Las victorias de Fabra, como las del PP valenciano, se cimentaron sobre el anuncio de grandes obras faraónicas con las que embelesaba a los castellonenses: el parque temático Mundo Ilusión, la universidad virtual de Frank Gehry, un centro de convenciones diseñado por Santiago Calatrava, la Ciudad de las Lenguas diseñada por Carlos Ferrater, o la gran urbanización Marina d’Or y Marina d’Or Golf, una ensoñación megalómana de 20.000 viviendas de lujo en 18 millones de metros cuadrados. Sus parques de ocio o sus numerosos campos de golf convirtieron a Castellón en uno de los principales destinos turísticos del mundo.

El promotor de Marina d’Or, «Ciudad de Vacaciones», es Jesús Ger, amigo personal de Fabra y socio de su mujer, María Amparo Fernández, en una de sus firmas empresariales. Ni siquiera se disimulaba lo más mínimo.

Para celebrar el Masters de Golf, en el que se gastaron 12 millones de euros de las arcas públicas, se eligió el Club de Golf de Borriol, que presidía el propio Fabra. Todo avalado por el prestigioso golfista Sergio García, con negocio en el mismo club y cuya hermana estaba en la nómina de asesores de la Diputación. El negocio, siempre bajo su control.

La organización del evento la pusieron en manos de la trama Púnica, a la que entregaron 12 millones de euros. La Diputación y la Generalitat firmaron un convenio con la empresa del caso Púnica, Match Golf Consulting, dirigida por una testaferro de Francisco Granados (número dos de Esperanza Aguirre). El convenio permitía eludir el concurso público y adjudicar a dedo las cantidades millonarias. Además lo hicieron con el informe contrario de Abogacía e Intervención de la Generalitat. Match Golf también está implicada en las tramas Gürtel e Ibatur y conecta la corrupción del PP de las regiones de Madrid, Valencia y Baleares.

Se gastaron millones de euros vendiendo humo en anuncios, anteproyectos y diseños. Por el máster plan del Palacio de Convenciones de Castellón la Generalitat pagó 2,7 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava. Se hizo incluso ante informes en contra donde se afirmaba que el arquitecto «no ha cumplido sus obligaciones contractuales». Uno de los pocos proyectos que vio la luz de todos sus sueños fue el aeropuerto de Castellón, donde se invirtieron 200 millones de euros. The New York Times lo calificó como el «símbolo del derroche» en España.

El «aeropuerto del abuelo» construido para que «se paseen las personas», según proclamó el propio Fabra en la inauguración, es una anécdota más de la cultura del despilfarro en la que se instaló el PP valenciano, y de cómo llegó a confundirse lo público y lo privado. Fabra no se escondía, de hecho les hacía creer a sus nietos que aquella infraestructura era suya, como un juguete. El 25 de marzo de 2011, apurando el plazo legal para realizar inauguraciones antes de unas elecciones, 1.500 acólitos del presidente se pasearon por las pistas en una puesta en escena puramente electoral sin solicitar la autorización para la navegación aérea, por lo que se tuvieron que pagar 18 millones de euros. Su alocución será difícil de olvidar:

«Hay quien dice que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada. Durante mes y medio cualquier ciudadano que lo desee podrá visitar o caminar por las pistas de aterrizaje, algo que no podrían hacer si fueran a despegar o a aterrizar aviones. Es un aeropuerto para las personas.»

Cuatro años después, ¡cuatro!, aterrizaba el primer avión.

Como todo líder megalómano que promovía el culto a su persona, dejó su impronta en el exterior del aeródromo en forma de una gran estatua, un monumento de 24 metros y 33 toneladas que costó 300.000 euros del erario público y que el propio Fabra encargó a su amigo Juan Ripollés.

Pasaron décadas de luchas internas en el PP, entre los de Rita Barberá y los de Eduardo Zaplana, entre los ucedistas y los que procedían de Alianza Popular, los zaplanistas y campistas, liberales y católicos, marianistas y seguidores de la lideresa Esperanza Aguirre…, pero él siempre estuvo ahí, con una inmensa cuota de poder. En más de una ocasión dijo: «En Castellón no hay ni zaplanistas ni campistas. Aquí solo hay fabristas».

En julio de 2011, cuando se abrió juicio oral por la causa de los trajes regalados por la trama Gürtel, Génova presionó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para que dimitiera y nombrara un sucesor. El aún presidente del Consell telefoneó a Mariano Rajoy para proponerle dos nombres. De esa llamada hay un testigo directo: el líder provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, por aquel entonces imputado y que ese día comparte mesa y mantel con Rajoy en el comedor privado de la Moncloa.

Según una de sus personas más cercanas, Carlos Fabra le respondió con contundencia al presidente: «¡no hay duda, Mariano, Alberto [Fabra] es tu hombre». Y así fue.

De la familia tradicional y el «¡que se jodan!»...

Carlos Fabra era un jovencito de 26 años cuando se casó con Mampa, María de los Desamparados Fernández. Era 1972 y España vivía en otro régimen. Se conocieron en Benicàssim, el lugar donde veraneaban desde pequeños. Ella pertenecía a una de las familias industriales más importantes de Alcoi. Mientras su marido gobernaba Castellón, Mampa montó algunos negocios, principalmente de zapaterías y restauración. Carlos y ella tuvo cuatro hijos: Andrea, Carlos, Claudia y Borja, en lo que representaba el patrón católico de familia numerosa. Con el tiempo, todos ellos se vieron implicados en la investigación que acabaría con la carrera política de su padre.

La sucesora del clan era Andrea. Fue reina infantil en las fiestas de Castellón con 10 años, estudió en La Magdalena, uno de esos colegios privados con canchas de tenis donde las colegialas visten falda de tablas y jersey de pico granate. Andrea creció jugando al golf en el Club de Golf que presidía su padre, con el padre de su amigo Sergio García de maestro. Y llegó a ser campeona de Valencia.

Se afilió al PP cuando tuvo la mayoría de edad y acompañaba a su padre en los actos públicos importantes. Estudió derecho en Madrid y tuvo un acceso al mercado laboral bastante cómodo: trabajó de asesora con el castellonense Juan Costa —hermano del ex secretario general del PP, Ricardo Costa—, cuando era secretario de estado de Hacienda del Gobierno de Aznar. Juan Costa encabezó la lista del PP de Castellón por decisión de su padre.

Con Costa estuvo solo tres años, y en el 2000 pasó al sector privado, a la multinacional Telefónica. Su jefe allí sería el ex vicesecretario general del PP, Arturo Moreno, apartado años atrás del partido por su implicación en el caso Naseiro, pero siempre bien colocado y remunerado.

Andrea Fabra se casó en 2001 con Juan José Güemes en una boda a la que asistió la plana mayor del PP, como Rodrigo Rato o Jaume Matas, entre otros. El novio era entonces asesor de Rodrigo Rato, ministro y vicepresidente del Gobierno, que hizo de celestino. Juanjo Güemes empezó como el chico que le llevaba el maletín a Rodrigo Rato, ascendió a director adjunto de su Gabinete y con 31 años fue secretario general de Turismo. Tenía don de gentes y se llevaba muy bien con las mujeres. Como Juan Costa era el brazo derecho de Rato, muy pronto, entre reuniones y actos, surgió el amor entre los asesores de ambos: Andrea y Juanjo.

Para formalizar el matrimonio, Güemes se divorció de su primera mujer, Berta Rodríguez, hija de José Rodríguez Quesada, constructor del conocido hotel ilegal El Algarrobico, en el Cabo de Gata.

Eran la pareja perfecta y los dos tenían un futuro prometedor. Primero ella logró ser senadora territorial (2007-2008) y después diputada nacional en dos legislaturas (2008-2015). Su frase más célebre en aquella etapa fue el «¡Que se jodan!» que lanzó desde su escaño a los más de cinco millones de desempleados cuando el Gobierno de Mariano Rajoy recortaba ayudas a los parados en julio de 2012. Güemes ha sido uno de los delfines de Esperanza Aguirre, con quien ha compartido en primera persona guerras por el poder dentro y fuera de la Comunidad de Madrid y a quien le encargó la privatización de la sanidad pública madrileña.

El matrimonio Güemes-Fabra vivía en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid), con Cristiano Ronaldo o Alejandro Sanz de vecinos, entre otros. A pesar de tener su residencia en Madrid, la hija de Carlos Fabra cobraba un plus de casi 2.000 euros al mes de dinero público por desplazarse supuestamente desde Castellón.

… al playboy provinciano

Con quien nunca se llevaría bien Andrea sería con la que podría haber sido su amiga de pandilla y se convirtió en su madrastra, Esther Pallardó. El presidente de la Diputación casi la doblaba en edad cuando se conocieron. Como Rupert Murdoch, Flavio Briatore, Donald Trump o Hugh Hefner: magnates millonarios que doblan en edad a las espectaculares bellezas que tienen por pareja. Con aquella conquista, Fabra se ganaba un espacio en las revistas del corazón.

Pallardó hacía pocos años que había salido de la facultad de periodismo y apenas tenía algo de experiencia profesional en Canal 9 y el periódico Levante de Castellón, pero Carlos Fabra la fichó como jefa de prensa de la institución en 2003. Procedía de una familia humilde de Borriana, y se definía como «chica de pueblo, sencilla, afable, amante de la tortilla de patatas y el jamón salado».

En 2015 publicó el libro A solas, en el que daba algunos detalles de cómo se conocieron con 28 y 55 años respectivamente, y donde describe al Carlos Fabra más íntimo. Esther Pallardó traza un retrato panegírico de su pareja —«conocía ese personaje divertido que sin pensarlo dos veces, micrófono en mano, cantaba canciones como Roberta, Volare o Il Mondo»— y detalla los primeros flirteos con el expresidente de la diputación, en una cena con los empresarios hosteleros celebrada en 2001:

«Una mano firme y segura se posó sobre mi hombro. Cuando me di la vuelta, allí estaba él con sus gafas oscuras, su pelo engominado sin peros, tez morena, corbata de corte italiano y un aspecto impecable. Mis ojos interrogantes le llevaron a decir un “no te asustes, es que te falta esto y quiero regalártelo” mientras me tendía un bombín rojo.»

Sabemos que la llamaba Gaish (como abreviatura de la palabra Geisha), porque decía que «siempre intentaba ser muy complaciente y hacer la vida agradable a todo el mundo». Según señala, Fabra tenía «un talante seductor imparable» y él mismo se definía como «un playboy provinciano».

No sabemos si al igual que Marilyn Monroe le cantaba «Happy Birhday Mr. President» a su Kennedy particular, pero sí nos desvela otros detalles. Carlos la llamaba para cantarle el clásico de Stevie Wonder con su inglés amateur «I just called to say I love you» y ella le contestaba con canciones de Fito y Fitipaldis.

Con la entrada de Pallardó en la diputación surgió la complicidad entre la periodista y el político.

«Al son de la incomparable música de Julio Iglesias recorríamos cientos y cientos de kilómetros [...]. Cuando cerrábamos las puertas del coche, nos aislábamos del mundo […]. Así, sin darnos cuenta, fuimos tejiendo una red de dependencia afectiva y de dependencia física que nos conectaba de manera irremediable. Los dos estábamos mejor cuando el otro estaba cerca. Nos sentíamos más seguros, más protegidos, más enérgicos, más unidos y, sobre todo, más felices […]. Cuando estábamos juntos el tiempo pasaba deprisa, nunca era suficiente. Siempre robándole al reloj esos minutos de más, secuestrando la última coca-cola en algún espacio reservado de un restaurante amigo.»

Lo cierto es que ni Pallardó escribe como Vladimir Nabokov, ni Fabra es Marlon Brando, ni su historia es Lolita, pero al mismo tiempo que se desarrollaba el romance, Esther protagonizaba un cambio físico propio de un reality de televisión: se tiñó el pelo, se arregló la sonrisa y se operó el pecho (Vanity Fair).

La relación de Don Carlos y Esther creció en paralelo al proceso judicial que terminó con Fabra entre rejas. Durante esa década, la figura del político se iba desmoronando mientras la joven periodista se iba transformado física y profesionalmente: dio el salto a la política y en 2007 fue elegida concejal del PP en el Ayuntamiento de Borriana y diputada provincial, a las órdenes directas de su pareja. En 2011, para sorpresa de todo su entorno, aquella plumilla especialista en relaciones públicas se convirtió en todopoderosa vicepresidenta de la Diputación de Castellón. La pareja de moda fue objeto de todo tipo de chascarrillos. Algunos incluso afirmaron que en aquel viaje al poder, Esther había pasado de modo Monica Lewinsky a ser una Hillary Clinton en potencia.

Al igual que Fabra, Pallardó estaba casada con su novio de toda la vida. Las dos parejas se rompieron. La propia periodista reconoce en el libro los rumores de las frecuentes infidelidades de Carlos Fabra. «Pese la fama que le precedía de embaucador de mujeres nunca dudé de su palabra ni de sus hechos.»

Después de las elecciones municipales de 2011 Javier Moliner le sustituyó en la presidencia de la Diputación, pero Fabra todavía retuvo la presidencia provincial del partido durante unos meses. Esta bicefalia fue motivo de continuas tensiones entre ambos y dividió a la organización entre partidarios de uno y otro. La situación se mantuvo hasta que, en 2012, Moliner acaparó todo el poder y excluyó a Pallardó.

Pocas semanas antes de las elecciones municipales de mayo de 2015, Esther Pallardó se enteró de que el PP no contaba con ella para repetir en la lista electoral de Borriana. Su novio estaba en prisión y ya no tenía quien la avalara. Sin Fabra no había fabrismo.

El 17 de junio de 2015 pidió su baja de militante antes de que la echaran, y es que había muchas personas con ganas de ajustar cuentas. Poco después el PP le abrió un expediente disciplinario por conspirar contra la nueva cúpula provincial del partido. Al parecer, la pillaron promoviendo en un grupo de whatsapp un plan para desprestigiar a Moliner creando perfiles falsos a través de las redes sociales.

Un mes después, Esther ya presumía de nuevo trabajo: se había reinventado como diseñadora con una firma propia, Keep Happy. Su vida había dado un vuelco en poco tiempo, y se lanzó al mundo de la moda con una línea de camisetas infantiles ilustradas por Ripollés, el artista y amigo íntimo de su novio, autor de la colosal y célebre escultura del aeropuerto, inspirada en el propio Fabra.

Los hombres del presidente

La guardia pretoriana de Carlos Fabra estaba formada, además de por Pallardó, por un reducido número de personas de su total confianza entre las que destacaban Vicente Aparici y Francisco Martínez, sus dos vicepresidentes.

Vicente Aparici fue condenado en 1994 por el TSJ por un delito continuado de apropiación indebida en grado de frustración y se le impuso una multa de 3.000 euros. El tribunal consideró que él y un socio sacaron cientos de zapatos de una empresa a la que estaban vinculados para venderlos en beneficio propio. Aquella condena no fue óbice para que desarrollara una intensa carrera política en el PP: diputado autonómico de 1991 a 1995, alcalde de Vall d’Uixó de 1995 a 2003, diputado provincial, vicepresidente y portavoz provincial del PP hasta 2011 y senador de 2011 a 2015.

Su gestión siempre estuvo rodeada de escándalos. En 2010 combinó sus labores de vicepresidente segundo de la diputación y responsable provincial de Medio Ambiente con un juicio en el que se le acusaba de delitos contra el medio ambiente y prevaricación medioambiental por autorizar el vertido de sustancias tóxicas en el vertedero del Garrut cuando era alcalde de la Vall d’Uixó. La fiscalía pedía siete años de cárcel y ocho de inhabilitación para un cargo público, y una multa de 45.000 euros al considerar que autorizó el vertedero y los depósitos tóxicos y conocer que carecía de licencia, pero la Audiencia Provincial de Castellón le absolvió.

Su otro puntal, Francisco Martínez, se convirtió en uno de los alcaldes más veteranos de la provincia. El municipio de Vall d’Alba, de 3.000 habitantes, era su cortijo desde 1991, y cuatro años más tarde ya tenía cargo en la Diputación como sombra de Carlos Fabra. Martínez se convirtió en su mano derecha y en su número dos en el PP provincial. Le apodaban «Hussein» por su parecido con el dictador iraquí, aunque era más popular por ser el hermano de Juan Miguel Martínez, el peluquero que estuvo casado con la cantante de «El baúl de los recuerdos» o «Las flechas del amor», Karina.

Según un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía, el delfín de Fabra ejerció como «contacto» para que la mercantil de la trama Gürtel, Orange Market, cobrase una deuda en negro del PP de Vila-real por un acto realizado en la campaña de las elecciones locales de 2007.

La operación y su relevo

El 12 de marzo de 2010, Fabra dejó sus funciones sine die por baja laboral y se trasladó a Madrid para realizarse pruebas médicas para un trasplante de hígado, delegando sus funciones en Francisco Martínez. Y es que en aquel momento, Aparici se preparaba para el procesamiento por el presunto delito medioambiental, por lo que la delegación en Martínez parecía menos ruidosa de cara a la opinión pública. Fabra tenía en aquel momento 64 años y bromeaba públicamente sobre su estado de salud: «No tengo tiempo de morirme». Lo cierto es que atravesaba su momento personal más delicado.

El 22 de abril fue operado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid por el cirujano Enrique Moreno, premio Príncipe de Asturias y considerado uno de los principales especialistas en trasplantes de España. Perdió 30 kilos por la enfermedad, pero salvó la vida en aquel hospital público madrileño. Según publicaron varios medios, a Carlos Fabra le correspondía ser atendido en La Fe de Valencia, pero le relegaron de la lista siguiendo criterios objetivos y optó por utilizar los servicios de uno de los centros que controlaba su yerno, Juan José Güemes, entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Aquella intervención coincidió con la extraña dimisión de Güemes de la consejería de Sanidad de Esperanza Aguirre, en plena fiebre privatizadora de la sanidad madrileña, donde por cierto encontraría acomodo pronto y con un buen contrato. Nadie entendió entonces por qué se apartaba de la política el prometedor delfín de la lideresa del PP, pero varios analistas lo relacionaron con la operación.

Tras la intervención quirúrgica, Carlos Fabra se retiró unos meses a su villa de Platgetes y en septiembre de 2010 volvió a su despacho de la Diputación para culminar su mandato. En las elecciones municipales de 2011, puso punto final a aquella etapa política. Su sustituto sería Javier Moliner, perteneciente a otra generación y que marcaba el inicio de una nueva etapa. Aunque había sido discípulo de Fabra, la nueva situación le obligó a distanciarse del fabrismo.

No fue fácil para Don Carlos colgar las botas, dejar todos los privilegios y pasar a ser un ciudadano más, máxime cuando la justicia lo tenía ya completamente acorralado. Probablemente por eso continuó hasta que se abrió juicio oral, en marzo de 2013, al frente de su proyecto más querido, el aeropuerto de Castellón, como presidente de la empresa pública que lo gestionaba, Aerocás. A pesar del desahucio, cuando dejó la Diputación todavía quiso cobrarse algún favor y volvió a su antiguo puesto de secretario general de la Cámara de Comercio donde había solicitado la excedencia dieciséis años antes. Su sueldo era de 90.000 euros al año. Además tenía coche oficial, chófer y guardaespaldas.

Ningún miembro de la Cámara mostró malestar ante el regreso del delincuente a su sede. El presidente de la entidad, Salvador Martí Huguet, se mantuvo en el cargo durante veintidós años siempre en perfecta sintonía con el cacique provincial, sin elecciones para el cargo, sin democracia (El País, 22/12/2016).

La condena por fraude fiscal obligó a las dos partes a alcanzar un acuerdo y pactó su jubilación anticipada por 100.000 euros de indemnización, según Levante-EMV. Tenía 67 años y una sentencia que le obligaba a entrar en prisión.

El cuñado de Karina

La cesión del trono era temporal, pero ante una operación de riesgo como el trasplante de hígado del casi septuagenario presidente podía volverse en irreversible. Por eso era muy importante confiar en quién se hacía cargo del tesoro. Francisco Martínez, el excuñado de la cantante Karina, reunía todas las cualidades para el puesto: era un cacique como él, aunque local, y le rendía total fidelidad.

Francisco Martínez era responsable de obras y servicios de la diputación, y había presidido «desde siempre» la comisión de Cooperación de la Diputación, una posición que le permitía tener contacto directo con los empresarios más destacados y controlar las principales inversiones públicas en todo el territorio.

Como dice el refrán «la generosidad bien entendida empieza por uno mismo», y quizás por eso las inversiones en Castellón pasaban casi siempre por su pueblo, Vall d’Alba. Ningún municipio de 3.000 habitantes en España cuenta con piscina cubierta, un centro de salud abierto 24 horas, una comisaría de policía autonómica, un instituto, un complejo deportivo con jacuzzis, e incluso un paseo marítimo, ¡aunque la población se encuentre a 20 kilómetros del mar!

Los mayores adoraban a su alcalde. Construyó un centro de jubilados de 500 metros cuadrados y dotó de recursos ilimitados a la Asociación de Pensionistas, instauró los homenajes a las parejas que cumplían las bodas de oro y creó la figura de la Reina de los jubilados. Con este balance de gestión y alguna que otra más —se le investigó por inflar el censo con centenares de rumanos para sacar ventajas electorales— tenía la victoria asegurada cada cuatro años.

Lo que causaba perplejidad a la oposición era observar que alguien que empezó trabajando en el supermercado familiar multiplicaba exponencialmente su patrimonio personal. Según denunció el PSOE, en 2007 tenía medio millón de metros cuadrados de terrenos y 10 inmuebles. Siete años después, un millón de metros cuadrados —superficie equivalente a diez campos de fútbol— y 18 inmuebles solo en el municipio. Todo con un único sueldo. Solo dos proceden de la compraventa, y el resto son donaciones y herencias de particulares.

Interviú publicó que una millonaria del pueblo, Teresa Martínez Miravet, la «tía Teresita», le había legado 18 fincas que sumaban medio millón de metros cuadrados —en su día, algunos de ellos fueron recalificados, como una parcela en Valencia, frente al nuevo Hospital de la Fe, y otro en el centro de Castellón—, y una masía histórica. El Temps reveló que llegó a vigilarse la estancia de la tía Teresita en el hospital en el que estaba ingresada para impedir a sus hijos que cambiaran su testamento.

Este caso se ha repetido. Según la oposición Martínez siempre seguía el mismo modus operandi. Al parecer, hacía uso de información privilegiada gracias a su cargo en la Diputación para saber qué terrenos tenía que comprar para poder adjudicar una obra más tarde. Una vez establecido el proyecto en los despachos, Martínez pediría a los propietarios de los terrenos afectados que se los vendieran a un precio negociado a través de un contrato de donación y no de compraventa, siempre a nombre de su madre. Él les entregaría el dinero en negro en un sobre y les pediría que lo ingresaran en el banco poco a poco para no levantar sospechas. Después, solo habría que recalificar los terrenos como a urbanizables y empezar la construcción. Este sería el caso de las parcelas del campo de golf y de la Casa Rural Mas de Roures.

Como es lógico Martínez niega estas prácticas, aunque en el pueblo es conocido su «acierto» a la hora de comprar terrenos, que le han significado «grandes negocios». En 2016 el juzgado número 4 de Castellón puso en marcha una investigación por fraude y cobro de comisiones en la compraventa, en nombre propio o de sus empresas, de unos terrenos a bajo precio donde iban a ubicarse proyectos urbanísticos para después recalificarlos. También estaban imputados sus dos hijos.

En abril de 2016, Martínez fue condenado a ocho años de prisión, una multa de 12.600 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante dos años por un delito de negociaciones prohibidas en el pelotazo fallido en la depuradora de la localidad vecina de Borriol. La fiscalía le pedía cuatro años de prisión y le acusaba además de prevaricación, tráfico de influencias y fraude. Según el ministerio público, Martínez urdió un plan para construir la depuradora propuesta por el alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, en una parcela propiedad de sus hijos. La expropiación se realizó a un precio seis veces superior al normal.

Martínez vive en una lujosa mansión construida por Lubasa, empresa investigada en el caso Gürtel por financiar presuntamente al PP, y una de las empresas constructoras del aeropuerto de Castellón. Los terrenos escogidos por la Diputación para esta infraestructura fueron, casualmente, donde el padre de Francisco Martínez tenía una parcela. Lógicamente cobró la expropiación.

El alcalde de Vall d’Alba era uno de los pocos afines a Fabra que renovó en la diputación en 2011, pero debido a las nuevas líneas rojas que trataba de trazar el nuevo presidente, Javier Moliner, en enero de 2014 fue cesado de la vicepresidencia y en septiembre de 2014 se vio obligado a dimitir. En la alcaldía de Vall d’Alba resistió hasta los comicios de 2015.

La investigación

El origen de la investigación que llevó a la cárcel a Carlos Fabra se sitúa en la rotura del matrimonio formado por Vicente Vilar y Montserrat Vives, amigos del expresidente provincial y su expareja, María Amparo Fernández. En la batalla entre la pareja que incluyó un episodio de malos tratos, los Fabra se pusieron del lado de la mujer, Vilar se vengó denunciando los pagos al presidente provincial para obtener licencias. Vilar y Fabra se conocieron a través de sus esposas, que coincidían en el puesto de fruta del Mercado Central de Castellón.

Según la primera versión de Vilar, Fabra logró que las firmas Naranjax, Arcavi y Artemis pudieran obtener licencias para fabricar y comercializar productos contra las plagas agrícolas ante los responsables políticos y administrativos de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio de Sanidad, entre 1999 y 2004, durante los gobiernos de José María Aznar. Las dos primeras sociedades pertenecían a Vicente Vilar y Montserrat Vives, y la tercera la pusieron Fabra y Vilar a nombre de sus respectivas esposas.

La investigación le incomodó muchísimo. Carlos Fabra pretendió incluso que se dejara de informar del caso. Así, en febrero de 2004, el dirigente popular pidió al fiscal algo insólito: el secuestro (impedir por orden judicial la distribución y venta de El País, Diario de Valencia, Levante-EMV, Heraldo de Castellón y El Mundo) de todos los ejemplares en los que se «agrediera a su honor». Además, pidió la retirada de librerías y comercios de todo el material que sostuviera, según su escrito, una «campaña mediática de descrédito contra su persona». La justicia, obviamente, lo rechazó. Los periodistas María Fabra en El País o Miguel Ángel Campos de la Ser figuraban entre sus principales enemigos.

Los medios de comunicación que lo mimaban y le hacían la pelota recibían suculentas ayudas, y los que contaban la verdad, eran vetados. Pero no solo para las ayudas públicas, sino para las inserciones de las grandes empresas cercanas al poder. Así reflotaba o hundía empresas, creaba o destruía empleo; en definitiva, mantenía su red de fidelidades.

El 15 de julio de 2005 hizo una muestra de fuerza. Su entorno le organizó un homenaje con más de mil personas en un restaurante de la playa de Castellón, un local que por cierto no tenía licencia. El acto de desagravio tenía como lema «A tu lado somos muchos» y la entrada valía 30 euros. Se proyectó un vídeo con imágenes de la vida política de Fabra, en las que salía acompañado de José María Aznar, Eduardo Zaplana, Rodrigo Rato o José Luis Olivas, los dos últimos imputados años después en el caso Bankia. Entre los asistentes estaban el vicepresidente del Consell Víctor Campos y el conseller de Sanidad Vicente Rambla, ambos imputados tiempo después en Gürtel, el primero con condena firme.

Carlos Fabra tomó la palabra para decir que no había «ninguna razón para dimitir» y atribuyó la imputación al «acoso político y mediático». Su hermano José Alberto fue tajante, y atribuyó las acusaciones a «bastardos intereses» y afirmó que «a todo cerdo le llega su San Martín». Se movilizó a toda la sociedad castellonense: alcaldes, diputados, dirigentes de colectivos, empresarios, etc.

Después de ganar las elecciones de 2007 convocó una rueda de prensa en la que proclamó solemnemente que «el juicio popular se ha celebrado y nos han absuelto con sobresaliente “cum laude”». Creía que con los votos tenía la inmunidad.

Fabra tenía la convicción de que nunca se sentaría en el banquillo. Presentó 141 escritos y recursos para dilatar el procedimiento. Llegar a juicio no fue un camino fácil. La Audiencia Provincial de Castellón favoreció en dos ocasiones los intereses de Fabra al decir que habían prescrito los delitos —en la primera ocasión, en diciembre de 2010— y afirmar que no había cohecho —en mayo de 2008—. Además, en octubre de 2012 la Audiencia de Castellón estimó el recurso que presentó Fabra ante la decisión del juez de imponerle una fianza de 4,2 millones de euros, que quedó rebajada hasta 3,2 millones.

Con anterioridad Carlos Fabra ya se había librado de dos asuntos gordos que se tramitaron en la misma instancia jurisdiccional. En el caso Naranjax, sobre la presunta manipulación de documentos para legalizar productos fitosanitarios ante el Ministerio de Agricultura en los años 2000 y 2001, la Fiscalía Anticorrupción le pedía dos años de cárcel. La Audiencia de Castellón condenó a Vicente Vilar y su esposa pero archivó la causa respecto al matrimonio Fabra. Y en 1999 fue objeto de una investigación de la Agencia Tributaria cuando la declaración le había salido a devolver. El delegado de Hacienda era entonces Juan Costa Galindo, padre del exministro de Ciencia y Tecnología del PP Juan Costa.

Nueve jueces y cuatro fiscales abandonaron el caso Fabra. Cuando el último de ellos, Jacobo Pin, tomó las riendas cundió el desánimo en la acusación. Su padre, Emilio Pin, era un conocido abogado de Castellón vinculado al PP, que incluso lo representaba en las juntas electorales y que había encabezado la lista de Alianza Popular en las primeras elecciones democráticas. El magistrado, con poco más de treinta años y un premio Aranzadi por su espléndido expediente académico, hizo bien su trabajo. Tanto es así que tuvo que pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial por las injerencias de la Audiencia Provincial de Castellón, que siempre trataba de beneficiar los intereses de Fabra. De hecho, si no llega a ser por el Tribunal Supremo, el juicio no se hubiera realizado. ¿Por qué? Las amistades. Las buenas amistades.

Lo que era un secreto a voces se confirmó el 14 de mayo de 2013, cuando el presidente de este organismo judicial, Carlos Domínguez, solicitó formalmente quedar al margen del proceso en base al artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se refiere, curiosamente, a la «amistad íntima con cualquiera de las partes».

Fabra confiaba en su absolución. Y si algo no le ha fallado en esta vida ha sido la suerte. De hecho, la misma sala de la Audiencia Nacional que negó en 2008 que hubiera cometido cohecho fue la encargada de juzgarlo. Después de las elecciones de 2007 proclamó solemnemente que las urnas le habían absuelto. Esas las tenía más controladas.

El esperado juicio se celebró en octubre de 2013, con cinco personas en el banquillo de los acusados, con mucha expectación y con alguna que otra sorpresa. El principal acusador, el antiguo amigo y exsocio del protagonista de esta historia, Vicente Vilar, de repente cambió su versión.

Después de diez años manteniéndose firme en sus acusaciones, Vilar lo redujo todo a un ataque de celos de su mujer porque un día apareció en casa «con una brasileña». Ese repentino cambio tenía una razón de ser, y es que la denuncia de Vilar suponía una autoinculpación, y él ya estaba en la cárcel desde hacía seis años por agresión sexual, secuestro y robo a su exmujer. El tercer grado estaba cerca y una nueva condena le dejaría privado de libertad unos años más. Hubo un vuelco inesperado.

Fabra, su exmujer y el exsenador del PP Miguel Prim fueron absueltos de cohecho y tráfico de influencias. La Audiencia consideró que no se había podido probar la comisión de estos delitos, más identificados con la corrupción. El fiscal Anticorrupción reclamaba trece años de cárcel por los seis delitos, y finalmente solo fue condenado por los cuatro fraudes a Hacienda.

Sobre la otra de las acusaciones, el tráfico de influencias, la Audiencia consideró que no hubo ningún funcionario o alto cargo «influenciado», pero estima que se pudo interesar por sus productos. En cuanto a la percepción de dádivas, la Sala considera que no hay pruebas suficientes que acrediten que recibió dinero del empresario, ya que los testigos se basaron «únicamente» en rumores y el principal acusador se desdijo en el juicio. El tribunal, no obstante, admite que Camarcas S.L. recibió 180.000 euros de empresas de Vilar y que su origen no está acreditado, lo que hace «sospechosa la conducta de los acusados de cohecho». Sospecha agrandada por el hecho de ser un pago que, según Fabra, era por «honorarios profesionales», lo que, según el fallo, era una cuantía demasiado elevada para que así fuera.

Además, la condena a Carlos Fabra se rebajó a la mitad de lo que pedía el ministerio público (dos años por cada fraude en lugar de cuatro), al estimar la atenuante de dilaciones en el tiempo (a pesar de que la propia sentencia considera que la causa era lo suficientemente compleja para demorarse). De hecho, el fallo destaca que esta dilación fue causada también por la actitud de la defensa de Fabra, que llegó a presentar recursos que eternizaron el proceso y que para el tribunal son «actuaciones de parte nada favorecedoras de la celeridad y la progresión procedimental».

Su letrado fue el penalista Javier Boix, bautizado por el periodista y escritor Raúl del Pozo como el «abogado de las alcantarillas» por defender a importantes políticos acusados de corrupción, y responsable de la absolución de Francisco Camps en el caso de los trajes, o de que se archivase el caso Naseiro o el primer caso Blasco.

Toda la estrategia del juicio le resultó de gran ayuda diecisiete meses después de entrar en prisión, cuando le concedieron el tercer grado. Entre los motivos de la jueza para otorgarle el régimen de semilibertad figuraba que su condena es corta (cuatro años de cárcel en lugar de ocho), que tiene 70 años (por culpa de los continuos retrasos de diez años en el proceso), que hay poco riesgo de reincidencia (es un jubilado que no ejerce de político) y que ha abonado su responsabilidad civil. A los pocos días, con 71 años, reanudó su actividad laboral como agente de seguros.

Los Intocables

Al Capone siempre hacía sus negocios utilizando otros nombres como tapadera de modo que no había registros que lo relacionaran con sus ganancias. Sin embargo, las nuevas leyes promulgadas en 1927 permitieron al gobierno federal perseguirlo por evasión de impuestos, su mejor opción para encarcelarlo. El agente Eliot Ness y sus agentes incorruptibles, «Los Intocables», fueron capaces de encontrar recibos que relacionaban a Capone con ingresos por juego ilegal y evasión de impuestos por estos ingresos.

El equipo de Eliot Ness demostró que no todo está en venta. Hay gente con principios.

El tribunal del caso Fabra destacó la «abundante prueba documental» y el «completo, minucioso y detallado» informe pericial. Es el informe que la defensa de Fabra intentó tumbar desde el principio al acusar a los peritos de no ser independientes. La Audiencia Provincial no solo dio toda la credibilidad a sus informes, sino que criticó con dureza los argumentos que Fabra utilizó para justificar sus ingresos.

En la declaración de la renta de 1999, Fabra decía que había cobrado 60.000 euros cuando sus ingresos en efectivo eran de 774.000 euros. Realizó hasta 18 ingresos por idéntico importe de 3.005 euros en tres días de diferencia. Los peritos examinaron 17.000 operaciones en unas 80 cuentas.

Conrado M. Caviró, jefe de la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción (y uno de los peritos judiciales que investigaron las cuentas del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y de su exmujer), manifestó en el juico que la forma de operar del matrimonio es «la primera que se incluye en los manuales de estudio de afloración de dinero negro» y más «cuando no se acredita el origen del efectivo». «Es una operación conocidísima, es decir, una forma de aflorar dinero negro es pedir un préstamo y amortizarlo en efectivo», recalcó.

Dice la sentencia que Fabra «era cabal y perfecto conocedor» de sus cuentas, así como de su obligación de declarar sus ingresos. «Que tal omisión no se debió a una simple ignorancia o descuido es algo evidente por incompatible con la actividad profesional desplegada por el acusado, que es una hipótesis plenamente descartable.»

Una de las cuestiones que no se aclararon en el juicio fue saber qué pasó con los 2,2 millones de euros que supuestamente ganó en premios de la lotería entre los años 2000 y 2011.

Cuando conoció su condena, Carlos Fabra se mostró satisfecho y no pidió disculpas. «Se demuestra que mi actuación ha sido correcta, no ha habido corrupción», pero sí «una cacería hacia mí». Afirmó que él ya sabía «lo que era el infierno», el «calvario» al que le habían sometido durante una década.

4

«Lo nuestro antes que lo de los negratas»

Las siete vidas de Rafael Blasco

Bertolt Brecht decía: «Desgraciado el país que necesita héroes». La sociedad ha buscado siempre héroes como guías, modelos de conducta, de superación y de sacrificio personal. Robin Hood, príncipe de los ladrones lo fue en la Inglaterra medieval, robaba a los poderosos para ayudar a los más necesitados y oprimidos. Su leyenda es hoy conocida en todo el planeta.

Hubo en Valencia quien puso todo su empeño en aplicar sus mismas técnicas, pero justo al revés. Hurtarle sus pocas esperanzas de vida a quien no tiene nada para hacerse más rico y poderoso todavía. Para poner en marcha una estructura organizativa destinada a apropiarse de las ayudas públicas al tercer mundo era necesario tanto esfuerzo como maldad. Pero lo hicieron.

Bajo la presidencia de Francisco Camps en la Generalitat Valenciana, la conselleria de Cooperación destinó 6,7 millones de euros para salvar vidas en Nicaragua, Camerún, Haití, República Dominicana, Malabo o Perú, a través de varios programas de solidaridad, pero casi el 70% de ese dinero (4,4 millones de euros) se desvió a los bolsillos de una red criminal, para la compra de pisos u otros destinos. Un ejemplo. En 2008, el fenómeno de lluvias torrenciales que se conoce como «La Niña» arrasó Nicaragua y provocó decenas de muertos. La administración valenciana destinó 1,8 millones de euros en un programa para construir pozos de agua y darles unas pocas esperanzas, pero solo llegaron 43.000 euros, el 2,4%. La banda se quedó con el resto.

En el transcurso de la investigación sobre este caso, la policía pinchó varios teléfonos y grabó una conversación entre dos de los principales implicados, los hermanos Augusto César y Arturo Tauroni, que resume su proyecto. «Hay que dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de los negratas.» Se referían a los proyectos de Cooperación en África, América Latina y Asia como «Negrolandia»: «¿Se han cerrado los proyectos de Negrolandia?», se preguntaban en tono xenófobo y despectivo.

El director de esta trama deleznable era el propio conseller, Rafael Blasco Castany (Alzira, 1945), un hombre clave en la política valenciana de las últimas cuatro décadas. Un auténtico monstruo camaleónico de la política cuya filiación ha ido cambiando desde la militancia en una organización de extrema izquierda hasta abrazar al partido más conservador.

Blasco entró en la cárcel de Picassent el lunes 16 de junio de 2015. Cumple una condena de seis años y medio de prisión por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos por el primero de los programas, el de Nicaragua. Tiene numerosas causas pendientes.

La vida de Rafael Blasco supera cualquier relato de ficción. Ha sido siete veces conseller de la Generalitat Valenciana con tres presidentes y dos partidos políticos diferentes; ha ejercido durante dieciséis años de diputado autonómico; ha sido portavoz parlamentario con dos presidentes; ha estado tres veces en prisión, dos de ellas en la dictadura; ha tenido dos matrimonios; y le han juzgado por dos «casos Blasco». Políticamente ha sido dado por desaparecido varias veces. Y también por muerto. Pero siempre resucita. El periodista Francesc Arabí explica que a Blasco «le das un palillo y una servilleta de bar y construye un velero que flota en el océano […] su alma de superviviente está en los genes de quien nació junto al Júcar y de pequeño veía correr a la gente para salvar sus enseres de las riadas».

Como los gatos, tiene siete vidas. Pero a diferencia del origen de esta antigua leyenda el de Rafael Blasco es un relato real.

PRIMERA VIDA

La Alzira en la que se crio Rafa Blasco era la mitad de grande que la de ahora. Tenía 24.000 habitantes y su población vivía básicamente de los naranjos y los cultivos. Su principal patrimonio era, como ahora, el río Júcar. El desarrollo de la población no se entiende sin la figura de Luis Suñer, el empresario que creó la marca de helados Avidesa y popularizó el apolo de vainilla y el sándwich de nata. Suñer revolucionó la comarca y convirtió Alzira en un centro de creación de empleo, lo que le ayudó a convertirse en uno de los hombres más ricos de España. La banda terrorista ETA le secuestró en 1981 y pidió un rescate de 350 millones de pesetas.

Hijo de un republicano liberal represaliado por Franco, el compromiso político de Rafael Blasco arrancó mientras estudiaba derecho, cuando formó parte del Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios, enfrentado al falangista Sindicato Español Universitario (SEU). Eran años de intensa lucha estudiantil contra el régimen, principalmente en Barcelona y Madrid, donde el Sindicato Democrático consiguió el apoyo de algunos catedráticos como José Luis López Aranguren, Enrique Tierno Galván o Agustín García Calvo. El líder del Sindicato de Estudiantes en Valencia era Ciprià Císcar, hermano de la que tiempo después se convertiría en la esposa de Blasco, Consuelo.

Las reuniones clandestinas del grupo se celebraban en casa de los Císcar, en Picanya. En Alzira, su punto de encuentro era la librería Xúquer, de su amigo Josep Garés. Allí fundaron un grupo de activistas llamado Tribuna Obrera. Su nombre en clave en su primera época era el de «camarada Carlos». Tenía una mente privilegiada. Cuando se presentó a las oposiciones para interventor del Estado obtuvo el número 1, lo que le llevaría a trabajar durante un tiempo a Madrid, Alicante y Barcelona.

Los sucesos estudiantiles en 1969 provocaron la proclamación del estado de excepción en toda España durante dos meses. A aquel Blasco veinteañero lo detuvieron por primera vez ese mismo año en Barcelona. Pasó ocho días y ocho noches en la comisaría de la Vía Laietana. Esta delegación era la sede de la Brigada de Investigación Social (BIS), la célebre policía política de Franco (también conocida como la brigada política-social), al frente de la cual estaban los hermanos Antonio y Vicente Creix, dos gerifaltes de la represión y la tortura, muy duchos en cualquier técnica salvaje para los interrogatorios, como el corro, las bolsas de plástico en la cabeza o los electrodos.

Blasco ya estaba fichado por las fuerzas del régimen.

SEGUNDA VIDA

Tras su primera entrada en prisión, lejos de amilanarse, Rafa se creció. De la asociación estudiantil pasó al Movimiento Comunista de España, y a principios de los setenta participó en la escisión que dio lugar al Partido Comunista de España marxista-leninista (PCE m-l), enfrentado al de Santiago Carrillo, y que se escoraba más hacia el maoísmo. En el PCE m-l formaba parte de la cúpula dirigente. El «camarada Carlos» dio sobradas muestras de habilidad política para infiltrarse con sus fieles en otros grupúsculos de la izquierda revolucionaria y provocar escisiones para adscribirlos a su organización.

El PCE m-l alumbró en 1973 el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Eran contrarios al imperialismo estadounidense y defendían la creación de una república popular en la que los bienes de la oligarquía fueran confiscados. Para ello recurrían a la lucha armada y a la movilización de masas.

El periplo de Blasco en la clandestinidad y el exilio duró una década, una etapa de su vida con episodios oscuros de los que nunca ha hablado y de los que no existen datos. Vivió en Madrid, Barcelona y Francia. La frontera la cruzaba por la Junquera, escondido en el interior de un camión.

En su segunda vida, Carlos fue rebautizado como el camarada Víctor y participó en las reuniones al más alto nivel de la resistencia antifranquista en Francia. En uno de esos encuentros, celebrado en un piso de Henry Miller en París, conoció a Álvarez del Vayo, ministro de la República durante la Guerra Civil y líder del FRAP, y al escritor José Bergamín. Según él mismo reconoció, en este tiempo fue detenido, torturado y encarcelado tres veces.

El régimen dictatorial eliminó cualquier elemento ideológico y de lucha por las libertades de los movimientos de resistencia. Para la propaganda franquista, el FRAP y ETA político-militar eran las bandas más sanguinarias del momento, con numerosos asesinatos entre los cuerpos de la policía política y la Guardia Civil. Sin duda fue una época de terror y de gran convulsión política. En sus documentos, la policía franquista consideraba a Blasco como el «máximo responsable del PCE y del FRAP en Cataluña». Las fuerzas de seguridad de la dictadura consideraban el comando que dirigía un gran «peligro», ya que utilizaban una «extremada violencia» en todas las «actividades subversivas» que desarrollaban. De hecho, le atribuyeron los atentados más sanguinarios del momento (La Vanguardia, 02/06/1976).

Así aparece en un comunicado oficial de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, que relaciona al comando de Blasco directamente con varios asesinatos y numerosos atentados terroristas. Entre los actos llevados a cabo en Cataluña, esta nota destaca el asalto de la Comisaría de Policía del distrito de Collblanc el 18 de julio de 1975, y el asesinato del policía armado Juan Ruiz, el 14 de septiembre del mismo año.

Juan Ruiz Muñoz tenía 49 años, estaba casado y tenía una hija de seis años. Aquel domingo por la tarde, dos miembros del FRAP se le acercaron por la espalda cuando se dirigía, desarmado y vestido de paisano, a su domicilio, en la vía Favencia de Barcelona. Le dispararon un tiro en la cabeza y luego lo remataron con un navajazo, lo que le ocasionó su muerte a los pocos minutos. Según relataba la prensa del movimiento, el policía llevaba a casa unas bolsas de patatas fritas y churros para su hija.

El ataque a la comisaría del barrio de Collblanc, en Barcelona, tuvo lugar el 19 de julio de 1975 a las 12:15 h, y participaron cinco «individuos jóvenes». Lanzaron cócteles molotov contra la puerta y, tras el estruendo, se inició una persecución. En el transcurso de la huida hubo «intercambio de disparos entre los funcionarios policiales y los atacantes». Como consecuencia del tiroteo un agente resultó herido de gravedad.

La actividad terrorista tuvo un repunte significativo en 1975, lo que recrudeció la represión del régimen franquista e hizo que las autoridades tomaran medidas más graves. En agosto de 1975 el gobierno de Arias Navarro aprobó un decreto-ley de «prevención y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y subversión contra la paz social y la seguridad personal», que revalidaba la jurisdicción militar como en el primer franquismo. Como consecuencia de la aplicación de esta legislación tres miembros del FRAP, compañeros de Blasco, fueron sometidos a distintos consejos de guerra y sentenciados a muerte: José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena. Murieron fusilados al alba el 27 de septiembre de 1975 junto a los etarras Txiqui y Otaegui. Fueron los últimos ajusticiados por el franquismo. Aquel era el gobierno de Rodolfo Martín Villa y Manuel Fraga Iribarne.

Luis Eduardo Aute dedicó su poema más emotivo a los asesinados, que escribió como una canción de amor para burlar la censura:

«Si te dijera, amor mío,

que temo a la madrugada,

no sé qué estrellas son estas

que hieren como amenazas,

ni sé qué sangra la luna

al filo de su guadaña.

Presiento que tras la noche

vendrá la noche más larga,

quiero que no me abandones,

amor mío, al alba,

al alba, al alba…»

Otro de los condenados a muerte, Manuel Blanco Chivite, se salvó en el último momento porque se le conmutó la pena. Cuando Blanco Chivite salió de prisión, Rafael Blasco fue quien lo recibió como un héroe en la puerta de la cárcel de Carabanchel, una fotografía que figura en los libros de historia sobre este grupo.

En 1975, la policía detiene en la Vall d’Uixó a la entonces esposa de Rafa, la alzireña María Isabel Corts, una noticia que Blasco recibe estando en París. El camarada Víctor escribió entonces una carta al abogado Josep Lluís Almiñana, donde le pedía que visitara a su mujer y la defendiera en el juicio. En la prisión, Almiñana quedó impresionado al comprobar que María Isabel tenía los pezones quemados con cigarrillos. Se abrazaron llorando mientras los guardia civiles vigilaban la escena de cerca (El Temps, 10/11/2009).

Durante meses Rafael Blasco y sus ocho lugartenientes fueron sometidos a una intensa «observación y vigilancia», ya que eran considerados los «elementos más destacados de la organización». A finales de mayo de 1976, cuando regresaban de Lyon tras asistir a un congreso clandestino del FRAP fueron detenidos. Blasco era el trofeo más importante, el primero de la lista de detenidos en el comunicado oficial que hizo pública la policía franquista. Su identificación completa, «Rafael Blasco Castany», aparece en la información del régimen junto a su alias, «Víctor». Durante aquella operación a Rafael Blasco se le incautó abundante documentación falsa, entre esta dos DNI a nombre de José Palacín Almuzara y Manuel Fernández Fernández y un pasaporte a nombre de Domingo Manuel Feijomil Touriño. En su domicilio también hallaron un DNI a nombre de Ana Escudero García con la fotografía de su mujer, María Isabel Corts Mas.

Además de «Víctor», también cayeron «Óscar» (José Antonio Vidal Castaño), «Carlos» (Manuel López Nuevo), «Alberto» (Juan Manuel Parragues Martín) y «Maragall» (Juan de Dios Cañete Rodríguez). Los cuatro eran cabecillas del comando, y junto a ellos se puso a disposición judicial a los cuatro militantes de base que les acompañaban. La investigación realizada por funcionarios especializados desarticuló además el aparato regional de propaganda en Cerdanyola y Manresa, en el que había un arsenal del denominado «material subversivo»: multicopistas eléctricas, una copiadora rudimentaria para folletos (de las denominadas vulgarmente vietnamitas), dos grabadores de clichés eléctricos, tres máquinas de escribir y material de impresión.

Debido al hacinamiento de los presos, que además dormían sobre colchones de piedra y sin lavabo, las prisiones de la época carecían de las más mínimas condiciones higiénicas y de salubridad. Los motines eran frecuentes, había constantes violaciones y la dieta alimenticia dejaba mucho que desear. La Ley de Amnistía de los gobiernos de Adolfo Suárez en 1976 y 1977 permitió a Blasco salir de la Modelo de Barcelona y recuperar su condición de funcionario municipal.

Entre sus compañeros durante diferentes momentos de este tránsito estaban los valencianos José Antonio Vidal, Josep Garés Crespo, Arturo Gallego Sapiña o Vicente Pérez Plaza. Primero fueron seguidores del Partido Comunista Chino, y más tarde, del dictador comunista de Albania, Enver Hoxha.

Con el tiempo, algunos de sus amigos pusieron en duda la leyenda de Carlos, y atribuyeron su notoriedad al interés del propio protagonista. «Blasco daba órdenes de golpear, pero nunca se le vio con una pistola en la mano. Te mentiría si te dijera que le vi en una sola manifestación», relataba un excompañero del FRAP en Público (09/06/2013). «Era un pequeñoburgués y aquí en Valencia no gozó de mucho prestigio. Sin embargo, ahí estuvo, no sé si por generosidad, o por simpatía con los ideales que nos movían a los demás», recordaba su excompañero.

Isaac Blasco, periodista de ABC, dejaba entrever en una crónica que fue el propio Blasco quien en 1975 alertó a los grises de una reunión del FRAP en la estación del Norte que acabó con redada. Curiosamente, aunque su presencia en dicho encuentro estaba prevista para ese día, él no apareció. «La habilidad del exconsejero para moverse entre bambalinas, una nota distintiva de todos y cada uno de sus posteriores destinos políticos, comenzaba ya a manifestarse», explica el redactor (ABC, 15/06/2015). Otro de sus compañeros durante aquella época considera que Blasco tuvo «muy poca actividad» en el grupo terrorista y que en realidad se aprovechó de la organización para lograr después mayor notoriedad política. Sobre si era un chivato, apunta que «si dijo algo, sería poco».

«Nunca he llevado pistola, eso es una leyenda. No descartábamos ninguna vía para acabar con la dictadura, pero lo importante para mí de aquella organización era la lucha por la instauración de la República, algo que enlazaba con la tradición política de mi familia», declaró Rafael Blasco a El País (04/12/1995).

En 1977, la editorial Tres i Quatre publicó un poemario de Josep Garés, Fals sense mà (poemes de presó) con prólogo de Joan Fuster, que recogía los versos escritos en la Modelo por el entonces dirigente del PCE m-l. El último poema está dedicado «a Rafa».

«Estaves on calia estar.

Vivies com calia viure.

Has caigut com calia caure.

Ens salvarà qui cal que ens salve.

Acabarà tot com cal que acabe.

Has estat, i ets bandera, llum, camí.

Et portaré com cal portar-te:

prop del cor, lligat al cap.

Aguanta. Viu. Amic meu.»

Contra la Transición y la Constitución

La ortodoxia de Rafael Blasco era tal que en 1977 expulsó a algunos correligionarios bajo la acusación de «fraccionalistas» por reclamar la puesta al día de la organización tras la muerte del dictador Francisco Franco. Se oponía al paso continuista de la dictadura a la democracia y abogaba por el rupturismo. Pero España se estaba transformando y en abril de ese mismo año se había legalizado el Partido Comunista de Santiago Carrillo. Todos los partidos y sindicatos moderaron su discurso y firmaron los Pactos de la Moncloa, uno de los hitos de la Transición.

En la II Conferencia Nacional, el PCE m-l decidió renunciar a la lucha armada y crear una nueva organización, la Convención Republicana de los Pueblos de España (CRPE). El objetivo era que la sociedad española rechazara la Constitución Española. CRPE estaba a la izquierda de la CNT, que pedía la abstención de la Carta Magna, y arremetía contra «quienes desde el PSOE y aún más el PCE, propician pacto tras pacto». Rafael Blasco fue uno de los asistentes al congreso general de esta formación, celebrado en Barcelona en octubre de 1977 para iniciar los trámites de la legalización de este partido, y fue él quien presentó la documentación ante el Ministerio de Gobernación.

En noviembre de 1978, Blasco fue detenido de nuevo junto a 23 miembros de su nuevo partido en el Hotel Convención de Madrid, acusado de «reunión ilegal». Trataban de promover la creación de un Tribunal Cívico Internacional de Crímenes Franquistas, una copia del Tribunal Russell que juzgó los crímenes nazis y la actuación de los americanos en Vietnam.

Blasco se convirtió en portavoz nacional de CRPE y en uno de los principales oponentes a la Constitución del 78. «La Constitución no es mínimamente democrática, ya que las Cortes actuales no son representativas de todas las fuerzas políticas […]. El contenido constitucional no responde a los intereses del pueblo, margina a la mujer y al joven y establece un sistema de enseñanza clasista y un sistema económico capitalista», declaró (La Vanguardia, 23/12/1978).

La Constitución fue aprobada con el 87% de los votos, y permitió a España iniciar una nueva etapa política a la que Víctor no sería ajeno. Después de una década de aventuras volvió a su tierra y se trazó otros objetivos.

En 2003, ya en el lado opuesto de su antiguo espectro ideológico (ahora militaba en el Partido Popular, del que también formaba parte el exministro franquista Manuel Fraga, contra el que luchó), Blasco concedió una entrevista a El Mundo. En ella justificaba su viraje ideológico: «En los últimos 30 años hemos vivido una experiencia acelerada que en otros países ha tardado 70 años en producirse: el que se haya quedado inamovible hoy en día es un fósil. Yo sé dónde tengo mi ideología y mi corazón, pero el ejercicio diario debe adaptarse a las circunstancias».

TERCERA VIDA

Rafael Blasco llegó al moderado PSPV-PSOE de la mano de su hermano Francisco, que fue alcalde de Alzira de 1979 a 1992 y que se convirtió en uno de los barones comarcales más importantes del partido al ostentar la presidencia de la Diputación de Valencia entre 1988 y 1991. Su poder e influencia fue tal que las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa llegaron a ser conocidas como las «blascongadas». Tres de los cuatro hermanos se dedicaron a la política y alcanzaron cargos relevantes: Paco era alcalde y presidente de la diputación; Jordi, diputado nacional; y Rafa, conseller.

Hubo varios intentos anteriores de ficharle, pero por aquel entonces Rafa quiso centrarse en la fundación en la comarca de la Ribera Alta del sindicato Comisiones Obreras y en la organización de una de las primeras huelgas de la democracia. No fue hasta el año 1980 que se cerró la operación y Rafael Blasco pasó a afiliarse formalmente al PSPV-PSOE. Fueron los años de la irresistible ascensión de Joan Lerma, que sustituyó a Joan Pastor en la secretaria general del partido.

Pero Blasco no llega solo. Junto a él se afilia un grupo de seis o siete antiguos miembros del FRAP de La Ribera y de l’Horta. Blasco apuesta por el nuevo secretario general y se introduce en el Comité Electoral que en octubre de 1982 lleva a Felipe González a la Moncloa y, ocho meses más tarde, a Joan Lerma al Palau de la Generalitat. El líder de los socialistas valencianos primero lo nombra subsecretario de Presidencia, con un despacho casi pared con pared. Lerma confía en él, de modo que Blasco va acumulando poder, asciende y hace carrera rápidamente. Logra ser conseller de Presidencia, portavoz del Consell, y miembro de la ejecutiva del PSPV-PSOE y del Comité Federal, el máximo órgano entre congresos del partido que lo controlaba todo.

En esta tercera vida no cambió de nombre, pero sí de mujer. Se divorció e inició una relación con Consuelo Císcar, amiga de juventud, secretaria personal de Lerma y hermana del conseller de Educación y uno de los máximos dirigentes de entonces y de siempre del PSPV, Ciprià Císcar, que llegó a ser secretario de Organización del PSOE con Joaquín Almunia. Tras seis años de relación y ya con un hijo en común, Rafael y Consuelo se casaron por lo civil.

Aquellos fueron sus mejores años. Blasco es coautor de la mayor parte de la legislación del gobierno valenciano como consejero del primer Consell autonómico. Sin embargo, surgieron algunos desencuentros entre ellos y Blasco cuestionó el liderazgo de Lerma, quien lo apartó a la conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (COPUT) en 1985. Cuentan que al hacer el traslado de conselleria, Blasco se olvidó encima de un mueble de su despacho las copias de la correspondencia personal de Joan Lerma que Consuelo Císcar le entregaba a diario. Y es que la mujer de Blasco estaba al corriente de todos los secretos de Presidencia.

Entre sus asesores de aquella época figura su camarada «Óscar» en el FRAP, José Antonio Vidal Castaño. También José Garés, que en 1987 fue diputado autonómico. El paso de la clandestinidad a un partido de izquierdas era de sentido común. El salto de la segunda a la tercera vida no era pues el más atrevido de los que le quedaban por hacer.

Eran tiempos convulsos en el urbanismo valenciano. El Plan General de Ordenación Urbana de Valencia le costó el puesto al alcalde de la tercera capital de España, Ricard Pérez Casado, que dimitió el mismo día en el que el Plan era aprobado por la conselleria de Blasco, aunque con numerosos condicionantes. En el centro de la polémica estaba la construcción de un hotel en el jardín de Jesuitas, junto al Jardín Botánico, o la recalificación de unos terrenos en Rafalell y Vistabella para permitir una urbanización similar a la de Port Saplaya.

La Dirección General de Urbanismo estaba en manos de Blanca Blanquer, una de las principales expertas en el asunto, que había sido transferida en 1981 desde la administración estatal, donde tenía la plaza, al incipiente aparato autonómico que acababa de nacer. Su marido, Antonio Birlanga, se convirtió en uno de los hombres fuertes del socialismo valenciano como conseller de Economía y Hacienda de los gobiernos de Joan Lerma.

Con el paso del tiempo y la incorporación de varios técnicos, el clima de trabajo en la dirección general se enrareció. Las relaciones personales, filias y fobias del equipo marcaría la evolución del primer gran caso de corrupción de la Comunidad Valenciana.

El caso Blasco I

27 DE NOVIEMBRE DE 1989: LA DENUNCIA

—Es importante que nos diga si usted ha hablado con alguien sobre la denuncia que ha interpuesto —le preguntó el agente de policía.

—He seguido las instrucciones que me dio el fiscal. No he hablado con nadie —respondió el alto cargo.

—Piénselo bien, ¿está segura? —insistió—. ¿Con quién habló entre el jueves por la noche y el viernes?

—Le reitero que he sido escrupulosa… Tan solo se lo he comentado a mi jefe, que es el conseller de Obras Públicas, y que es al que tenía la obligación de decírselo porque es mi superior.

—¿Cómo se llama el conseller?

—Rafael Blasco Castany.

—¿Sus amigos le llaman Rafa?

Era lunes por la noche, hora de cenar, y Blanca Blanquer no entendía el motivo de esa repentina visita a su propio domicilio, cercano a la plaza de España de Valencia, de varios agentes de la policía judicial. Estaban siendo unos días de vértigo y estaba agotada. El miércoles anterior, 22 de noviembre, había presentado ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia una denuncia sobre un presunto caso de pago de sobornos que afectaba a su propio departamento, el trago más desagradable de su carrera.

Entonces le pusieron dos fragmentos de grabaciones telefónicas, para que intentara identificar las voces: Arquitecto (José Antonio de Juan): Ha pasado algo muy gordo, que nos reunamos esta tarde a las cinco… Técnico conselleria (Inmaculada Sancho): Esta tarde no puedo, tengo un curso… Arquitecto: Es muy importante, que me dice Rafa que es muy importante… [Dice que] todos quietos y tranquilos, que nos retiremos del tema porque ha sucedido algo grave…

Tres días antes, el viernes 24 de noviembre, a las 15:20 h la directora general de Urbanismo había hablado con Rafael Blasco y le había relatado todo el asunto de la denuncia, las acusaciones de los empresarios a varios técnicos del departamento y su acción judicial. Había presentado la denuncia por su cuenta cuando Blasco estaba de visita oficial en Alemania, y desde entonces estaba esperando para rendir cuentas con su superior.

Blasco la escuchó atentamente y la tranquilizó. «Has hecho lo correcto. Todo se solucionará.» Pero según esta versión, cuando Blanca Blanquer salió del despacho, el conseller cogió el teléfono, llamó a su enlace y dio las órdenes oportunas para detener la operación.

Mientras el lunes por la tarde se celebraba aquella precipitada reunión a la que se convocaron por teléfono y por la que Inmaculada Sancho había dejado de ir al curso en el que estaba inscrita, su marido y la mujer del arquitecto estaban nerviosos y desquiciados. Ante la falta de noticias, se llaman por teléfono.

—¿Qué ha pasado? ¿Se han reunido al final?

—¿[La reunión] será por lo de hoy, o por lo de mañana?

El juez Luis Manglano había ordenado que se pincharan los teléfonos particulares de las personas que aparecían en la denuncia de Blanca Blanquer, no el del conseller. Se estaban grabando las conversaciones y de ellas se desprendía que, al menos, se habían abortado dos operaciones diferentes, «la de hoy» y «la de mañana».

Cuando Blanca Blanquer escuchó aquellas voces en el comedor de su casa ante los agentes no salía de su asombro. «Rafa» era su jefe, el conseller Rafael Blasco Castany, y estaba implicado en el escándalo de corrupción que ella misma había denunciado. Le cayó el mundo encima.

La dimensión del caso multiplicaba sus expectativas. Solo hacía diez días que le habían llegado los rumores de sobornos por recalificación de terrenos, y sin esperar a que su jefe volviera del viaje oficial a Alemania había ido a la fiscalía y lo había denunciado. El fiscal Enrique Beltrán había actuado con diligencia, y había pedido la orden al juez.

Se grabaron 16 horas de conversaciones telefónicas. A los policías les sorprendió el alto contenido erótico homosexual de los diálogos de uno de los implicados, que utilizaba la línea telefónica para contactos subidos de tono. «Tengo a un hombre atado a la cama», decía en una de ellas uno de los protagonistas. Los agentes, ruborizados, eliminaron estas partes. Pero lo que realmente les impactó era el volumen de corruptelas. Los agentes comentaron a la directora general que la denuncia realizada era solo «la punta del iceberg», porque en realidad en la conselleria subyacía una «organización mafiosa», con ramificaciones a varios ayuntamientos (como el de Valencia) y que implicaba a varios empresarios internacionales.

Los teléfonos se pincharon de forma manual, como se hacía en la época. El sistema tecnológico que utilizaba la administración pública impidió que se pincharan los teléfonos oficiales de la conselleria, pero Blasco aparecía nombrado en conversaciones, y también se le pudo escuchar cuando era él mismo quien llamaba a los terminales sometidos a espionaje. Los registros demostraban que el conseller era informado de todos los pasos que seguía la banda.

En una de las grabaciones, uno de los acusados, Juan Manuel Chuliá, le explica a un empresario (que opta a un concurso público) la solución que ha arbitrado «Rafael» «para salir del impasse», y destaca que «el hándicap está en la valoración». El enlace le traslada al empresario la posibilidad de amañar el contrato. «Por mis años de experiencia profesional lo puedes entender, hay la posibilidad del vapor de agua. ¿Sabes lo que quiere decir eso?, pues, oye, que se puede leer entre líneas o que se pueda colocar, ¡hombre claro!»

Minutos después, desde la misma línea llama al despacho oficial de Rafael Blasco y le cuenta «el soponcio» que ha pasado, porque el empresario «se ha puesto muy burro».

Blasco: ¿Qué pasa, que no se esperaba eso?

Chuliá: Al final le he tenido que decir, pues que mira, que el vapor de agua pues llega un momento que se puede leer entre papeles. ¿Qué le voy a decir?

Blasco: Sí… hay que trabajar bien el pliego de condiciones.

En otra conversación, dos de los altos cargos de Blasco hablan de montar negocios urbanísticos en la isla de Hawai por dar una ventaja descarada a un empresario. «Vamos a tener que ir a Honolulu a montar una empresita de construcción.»

27 DE DICIEMBRE DE 1989: EL CESE

Joan Lerma no logró su objetivo. Se lo había pedido de todas las formas posibles, pero Rafael Blasco se aferraba al cargo y se negaba a dimitir. Y eso a pesar de que en la prensa había estallado ya el caso y se hablaba de varias investigaciones sobre corrupción en la conselleria que él dirigía, con mordidas que podrían superar los 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros).

Por la mañana Blasco retó a su jefe en rueda de prensa y le acusó de las filtraciones que aparecían en los periódicos. Horas después tenía la respuesta: era cesado. En la siguiente jornada, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, Joan Lerma comparecía en las Cortes a petición propia para dar cuenta de la decisión desde la tribuna. «El Consell no puede estar actuando interinamente mientras hay en marcha una investigación demandada por el propio Consell a través de la directora general de Urbanismo en unas presuntas irregularidades en el funcionamiento de la conselleria […]. No se trata de prejuzgar ninguna culpabilidad, pero en una investigación que puede prolongarse meses es indispensable que la moralización de la vida pública y la credibilidad del Consell puedan estar salvaguardados de cualquier duda para los ciudadanos.»

No ofreció datos de la investigación, ni contó la gravedad del caso, información que el fiscal ya le había trasladado en una reunión previa.

El 20 de febrero, cuando ya se conocían más detalles, tuvo que comparecer de nuevo en la cámara a petición de los grupos de la oposición. Lerma se mantuvo muy prudente.

La destitución fue un terremoto político y la oposición parlamentaria se le echó al cuello. Filiberto Crespo, de Unión Valenciana, le acusó de protagonizar un «proceso a la rumana»: «Blasco ha sido juzgado por la noche y ajusticiado al amanecer». Unitat del Poble Valencià (embrión del actual Compromís) le acusó de «lavar los trapos sucios de su partido utilizando las instituciones». Desde el PP, Francisco Magro le preguntaba por qué no cesó a Blasco desde el primer momento en que tuvo indicios, en lugar de hacerlo obligado por la presión social existente tras las filtraciones en los periódicos.

Había una sensación generalizada de que Joan Lerma estaba perpetrando una venganza política al apartar a su principal rival interno dentro del partido. J. J. Pérez Benlloch, periodista de Levante-EMV, J. J. Pérez Benlloch fue uno de los más fervientes defensores del conseller. En aquella época, el periódico de referencia para la izquierda había sido rescatado de la quiebra por la Diputación de Valencia, presidida por Francisco Blasco. Dirigentes próximos a Joan Lerma recuerdan que en aquella época Rafael Blasco tenía a periodistas de varios medios «a sueldo» para loar su gestión, lo que se convertiría en una constante en su futuro para gozar de buena imagen pública.

A pesar de su cese, Rafael Blasco continuó sentado en el hemiciclo de las Cortes Valencianas como diputado del Grupo Socialista durante un año y medio más, hasta el fin de la legislatura. Este era precisamente uno de los argumentos que utilizaba el concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Salvador Palop, imputado en el caso Naseiro, para no dejar el acta de concejal. «Cuando Blasco deje la suya», decía al PSOE. Ni la Generalitat como institución ni el PSPV como partido se personaron como acusación en el caso Blasco I.

El exconseller también permaneció en la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE y en la dirección del partido en la Ribera Alta. No se le abrió ningún expediente de expulsión, y con el tiempo sería él quien abandonara la formación. Cuando quiso.

Joan Lerma nombró conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes al entonces delegado de Gobierno, Eugenio Burriel. Una de sus primeras decisiones fue cesar a la directora general de Urbanismo, Blanca Blanquer (los pinchazos policiales que provocó su denuncia derivaron en dos asuntos diferentes, el conocido como caso Calpe, y el caso Blasco I). El departamento se desmanteló y empezó una nueva etapa.

Los pinchazos policiales que provocó su denuncia derivaron en dos asuntos diferentes, el conocido como caso Calpe, y el caso Blasco I.

28 DE ENERO DE 1991: EL CASO CALPE

El juicio por el caso Calpe empezó el 28 de enero de 1991 y Rafael Blasco ni estaba acusado ni era uno de los más de treinta testigos, entre los que sí se encontraba Joan Lerma. Sorprendentemente, el exconseller quedó al margen.

La Dirección General de Urbanismo tramitaba en aquella época el planeamiento general de la localidad costera de Calpe, que llevaba catorce años bloqueado. Con el espectacular peñón de Ifach como principal atractivo, esta localidad de la Marina Alta era uno de los principales destinos turísticos de la Costa Blanca, y en pocos años multiplicó por diez su población. Había importantes intereses en unas parcelas de 22 hectáreas calificadas como urbanizables situadas en las Salinas o el Saladar, una laguna de elevado valor ecológico situada frente al peñón de Ifach. El proyecto consistía en desecar una parte del paraje junto a la carretera a Moraira para construir un club náutico interno, un puerto deportivo, bungalós y torres de apartamentos.

Ni el Ayuntamiento de Calpe ni la COPUT iban a consentir aquella aberración medioambiental, ya que pretendían proteger el espacio, pero la calificación que el Plan General de Ordenación Urbana diera a las parcelas iba a ser crucial para que los propietarios recibieran una compensación mayor o menor por un terreno que consideraban urbano.

Cuando en medio de aquella tramitación el propietario, Javier García, habló con la técnico del departamento, Inmaculada Sancho, esta le remitió a un agente de la propiedad inmobiliaria, Juan José Ortega, que hizo de intermediario y les pidió el pago de un soborno de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) para realizar los trámites. En un primer momento la comisión iba a ser de 500 millones (3 millones de euros), pero después se aminoró.

Había dos opciones: si pagaban, la comisión territorial de Urbanismo concedería a la parcela una calificación urbanística rentable, basada en el sistema de compensación con las fincas colindantes tras la reparcelación de terrenos. Si no lo hacían, se fijaría el sistema de expropiación de la finca con cargo a las colindantes.

Tenían la operación perfectamente diseñada. Debían ingresar los 300 millones en metálico en una caja de seguridad bancaria para cuya apertura debían concurrir dos firmas, la de García y la de Ortega. El dinero debía estar antes de la aprobación definitiva del PGOU y, una vez aprobado, retirar el dinero con el concurso de las dos firmas.

Como no pagaron, la propuesta aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo fue la que perjudicaba a los propietarios: se declaró la finca como «espacio libre de uso público de Sistema General a cargo del Plan Parcial que desarrolle el sector en que se encuentra, obteniéndose por expropiación a sufragar por dicho sector». Fue entonces cuando el propietario reveló a Blanca Blanquer el chantaje.

La Audiencia de Valencia consideró probado el delito de intento de cohecho, e impuso una pena que en su conjunto sumaba 2,3 millones de pesetas (13.800 euros). Fueron condenados el agente de la propiedad Juan José Ortega, la técnico Inmaculada Sancho, el arquitecto del mismo departamento Rubén Muñoz y el padre de este, con quien colaboraba Ortega.

La Sección Primera de la Audiencia de Valencia dedicó 14 de los 26 folios de la sentencia a validar las grabaciones autorizadas por el juez Manglano. La defensa pedía su anulación basándose en argumentos como que no figuraba la motivación de la resolución que las había acordado, que se atentaba contra los derechos fundamentales o que se habían desechado una parte de las cintas (en las que había conversaciones con alto contenido sexual ajeno a la investigación). Los magistrados Augusto Monzón, Domingo Boscá y Carlos Climent las validaron en un detallado análisis, aunque dejaron constancia de ciertas dudas. «Estos modernos medios técnicos, debido a su muy reciente utilización en el mundo jurídico, no aparecen revestidos de todo el cúmulo de garantías de autenticidad de que la tradición jurídica secular ha venido rodeando a los documentos escritos.»

Había expectación sobre las cintas en la judicatura. La prensa del momento subrayaba que por primera vez en la historia de los tribunales españoles las pruebas determinantes de un proceso judicial iban a ser las grabaciones. En el trasfondo figuraba el caso Blasco (derivado del caso Calpe y pendiente todavía de juzgar) y el caso Naseiro, de cuyo devenir dependía la entrada en prisión de políticos de primer nivel del entorno de José María Aznar. El fiscal y el juez que ordenaron los pinchazos del caso Naseiro tres meses después de iniciarse el caso Calpe fueron los mismos: Enrique Beltrán y Luis Manglano.

Otra de las sorpresas de la sentencia es que los dos técnicos de la conselleria no fueron inhabilitados. Continuaron trabajando para la administración autonómica.

18 DE JULIO DE 1991: JUICIO A BLASCO

En los años noventa todavía quedaban nostálgicos del franquismo que celebraban como antaño el 18 de julio, día del Alzamiento Militar del régimen franquista. Aunque por motivos muy diferentes, Rafael Blasco también festejó el 18 de julio de 1991, ya que ese día el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hizo público el fallo del caso Blasco I.

No iría a prisión. Se enfrentaba a tres años de prisión, ocho de inhabilitación y una multa de 6 millones de pesetas (30.000 euros), pero el alto tribunal le absolvía a él y a los otros cinco acusados de los tres delitos de los que se les acusaba: cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas e intervención en empresas con ánimo de lucro. El fiscal Enrique Beltrán había sido incapaz de demostrar los hechos después de que se anularan las cintas como prueba. Sí. Las mismas cintas que la Audiencia de Valencia había validado.

El exconseller estaba eufórico. A las puertas del Tribunal Superior de Justicia (era el órgano competente debido a que Blasco, en su calidad de diputado, había sido aforado hasta la disolución de las Cortes Valencianas por las elecciones de mayo de 1991), denunció el «trato discriminatorio e inhumano» y afirmó que todo había sido «una gran mentira».

Blasco apeló a su pasado en la lucha contra la dictadura: «Ha sido un año y medio muy duro, en donde yo en algunos momentos he visto actuaciones claramente conspiradoras y es muy importante que hoy se vea que en este país la justicia tiene que ser igual para todos. Para los que han luchado por la democracia en España es muy reconfortante saber que nadie, por muy alto que sea su nivel institucional, puede saltarse las reglas del juego democrático que nos hemos formulado todos los españoles».

El gran éxito de su defensa fue la anulación de las grabaciones, una labor de la que se encargó el abogado penalista Javier Boix, quien años más tarde se convertiría en defensor de otros políticos de peso como Luis Fernando Cartagena, Carlos Fabra o Francisco Camps.

Estas conversaciones incriminatorias no pudieron escucharse y, excepto algunos pasajes publicados por Manuel Peris en el periódico El Independiente, jamás salieron a la luz. La cintas fueron destruidas, lo que dio confianza al exconseller: «Las cintas no habrían cambiado la sentencia, estoy convencido de ello, porque no aportaban nada. Ninguna prueba. En ningún momento se pinchó mi teléfono», sentenció. «Aceptar su validez hubiera sido como volver a otros tiempos, cuando la policía te detenía sin pruebas, te llevaba a la comisaría y te hacía cantar, fuera o no verdad.» Blasco sabía de lo que hablaba. Lo había sufrido en carne propia en su vida anterior.

Desde el PSPV-PSOE y el entorno de Joan Lerma lamentaban que no se publicaran los audios que a punto estuvieron de llevarle a prisión. Este hecho alimentó sin duda la versión del complot interno. Algunas voces pedían al socialismo que readmitiera al exconseller, pero desde este partido (con sede entonces en la calle Albacete) se guardó silencio. El portavoz de la Ejecutiva Nacional, Ernest Nabàs, afirmó que no había habido inhabilitación política y por lo tanto «no tenemos que rehabilitarlo». Punto.

La relación se había tensado demasiado. En los comicios de mayo de 1991 Francisco Blasco había vuelto a arrasar en Alzira, pero su partido ya no confiaba en él para presidir la Diputación de Valencia, por lo que la familia se atrincheró en La Ribera e inició el proceso de alejamiento del socialismo oficial. La disputada responsabilidad de la presidencia fue finalmente para Clementina Ródenas, a quien Rita Barberá había arrebatado la vara de mando en el consistorio de la capital, a pesar de encabezar la segunda lista más votada en las elecciones.

En aquella primera quincena del mes de junio, mientras se celebraba el juicio del caso Blasco, se fraguaba la alianza entre los dos partidos conservadores, Partido Popular y Unión Valenciana, para hacerse con el poder en la capital. A pesar de su excelente resultado, el regionalista Vicente González Lizondo (UV) renunció a ser el alcalde y cambió la historia de la ciudad aupando a Rita Barberá al trono.

¿En qué consistía el caso Blasco I? El caso que pudo armar Enrique Beltrán se centraba en la venta de una parcela de 173.000 metros cuadrados propiedad del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVV), dependiente de la conselleria de Obras Públicas y presidido por Rafael Blasco. El enclave de este terreno, clasificado como de uso terciario y un volumen edificable de 105.000 metros cuadrados, era estratégico, al estar en el sector sur del polígono de Ademuz de Paterna, junto a los terrenos de Radiotelevisió Valenciana de Burjassot y la autovía de Llíria.

El proceso de enajenación estuvo plagado de irregularidades. En la investigación se detectó que los técnicos pusieron un precio muy inferior al de su valor real, y además se esforzaron en que no se presentaran para pujar firmas ajenas a sus intereses. Así pues, el IVV sacó primero los terrenos a concurso por 337 millones de pesetas (2 millones de euros). El organismo lo declaró desierto por no ser adecuadas las ofertas y cambió el procedimiento a subasta pero valorándolos en más del doble, 715 millones de pesetas (4,3 millones de euros). Esa cifra tampoco era justa. Algunos estudios valoraron el terreno en más de 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros), ya que generarían un negocio de 10.000 millones de pesetas (60 millones de euros) y aportarían un beneficio de 5.500 millones de pesetas (33 millones de euros).

Había dos grandes empresas interesadas por los terrenos. Por un lado una unión temporal de empresas formada por la empresa pública Mercasa y la Promotora Social de Viviendas (PSV) de la UGT. Por otro, el grupo empresarial Gilbert Weil, una importante multinacional francesa de la construcción y los supermercados como Carrefour o Simago. El representante de esta firma era un personaje peculiar, un intelectual francés llamado Jacques Lacroix.

El Ministerio Fiscal acusó a Rafael Blasco, Jacques Lacroix, Inmaculada Sancho, José Antonio de Juan (técnico de la conselleria), Juan José Esturi (gerente del IVV) y José Manuel Chuliá (arquitecto que actuó de enlace) de «urdir un plan» para que Gilbert Weil se quedara con los terrenos, y desveló numerosas «argucias», unas para «apartar de la subasta a cuantos más adversarios fueran posible», y otras para, «con los pocos que acudieran, lograr la adjudicación». El fiscal acusó a Blasco y a los técnicos de haber recibido ya dinero a cuenta, 5 millones de pesetas (30.000 euros), por las gestiones realizadas a favor de Lacroix.

Este extremo, el del soborno por favorecer sus intereses, sí que se contempló en la sentencia del 18 de julio. El TSJ confirmó que los funcionarios habían recibido dinero, pero estos lo relacionaron con trabajos de índole privada que realizaron para Lacroix con motivo de otros proyectos, en concreto el de Rafalell y Vistabella. El cohecho, por lo tanto, no se podía probar.

En su estrategia de defensa, Rafael Blasco encontró en Jacques Lacroix a un gran aliado ya que no solamente estuvo a su lado al negar los hechos, sino que también participó en los ataques contra Joan Lerma, a quien ambos acusaron de querer defender a la competidora, la UTE Mercasa-UGT. Tiempo después, Blasco sacaba pecho y recordaba «la gran estafa» que supuso el caso PSV (Protección Social de Viviendas) y la condena a cárcel de Carlos Soto, director de la cooperativa de viviendas de la UGT, «a quien Lerma pretendía que se le adjudicaran los terrenos en Paterna».

Con una enorme habilidad, Rafael Blasco le había dado la vuelta al caso. Él era la víctima y quien acusaba se convertía en el presunto autor del delito.

Durante el juicio se produjeron algunos hechos extraños. El fiscal Beltrán reveló que había sufrido espionaje. Unos detectives privados habían investigado su vida privada y sus cuentas bancarias para averiguar si había contactos entre el fiscal y el presidente de la Generalitat.

Cuando empezó el juicio del caso Blasco (y tras la sentencia reciente del caso Calpe), había optimismo entre quienes pensaban en una resolución condenatoria. Todo se torció el segundo día, cuando el fiscal Enrique Beltrán pidió que se suspendiera la sesión para pedir tiempo y contestar a las defensas sobre la petición de anulación de las grabaciones, la prueba de cargo principal.

El lunes 10 de junio, la sala de lo civil y penal presidida por el presidente del TSJCV, Juan José Marí, anuló las escuchas, lo que significaba dejar sin pruebas a Enrique Beltrán y desautorizar toda la investigación. Los razonamientos jurídicos ocupan 19 folios, un razonamiento extenso y detallado en el que se deja constancia de que las escuchas se realizaron sin respetar los preceptos procesales y sin cumplir las correspondientes formalidades jurídicas. El auto considera la autorización judicial como falta de motivación al no estar abierto el procedimiento penal y no expresar delito alguno, por el que se investigaba, y considera ilegal el hecho de que el juez delegara en la policía la manipulación de las cintas.

Los agentes de policía grababan las conversaciones en dos grandes bobinas y, posteriormente, realizaban una selección de los pasajes que a su juicio resultaban más interesantes, excluyendo cuestiones ajenas a la investigación como las charlas subidas de tono. Según el TSJ, los policías deben actuar como meros «instrumentos técnicos» y no «retener parte alguna del resultado de la limitación de un derecho fundamental», ya que la facultad de seleccionar las conversaciones corresponde al juez. Las siguientes sesiones del juicio carecían de interés, porque apenas había más pruebas. El resultado estaba cantado.

El periódico ABC, citando al abogado de Blasco, Javier Boix, hablaba el día siguiente de un precedente para el caso Naseiro, donde las cintas también se habían grabado sin señalar el delito. Y así fue.

CUARTA VIDA

Entre 1991 y 1993, Rafael Blasco se vio obligado a apartarse de la primera línea política y regresó a su plaza de interventor en Algemesí, mientras ampliaba su formación. En su currículum oficial figura que es doctor en derecho, interventor y depositario de fondos de la administración local, máster en Administración, Contabilidad y Auditoría del sector público y Magis Artis en Curso superior de Administración Pública. Sin embargo, en su declaración en el juicio de los fondos de Nicaragua en 2014 afirmó que no sabía ni mandar un e-mail, y que eso lo hacía su secretaria.

Mantuvo la militancia en el PSPV hasta mediados de 1993, cuando pidió la baja. Se estaba reinventando. Promovió la creación del Partido Socialista Independiente (PSI) para vengarse de su anterior formación, y también de Convergència Democràtica Valenciana, un esfuerzo fracasado de aglutinar al regionalismo bien entendido de Unión Valenciana con el nacionalismo catalanista de los seguidores de Joan Fuster. La presentación de Convergència tuvo lugar de forma solemne en el histórico edificio del Ateneo Mercantil, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. «El nacionalismo valenciano está atomizado, a pesar de ser un espacio político en el que quedan muchas cosas para hacer desde un punto de vista progresista», proclamó el exdirigente socialista.

Convergència llegó a inscribirse en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior la víspera de San José de 1994, pero aquel proyecto se frustró (fue uno de sus pocos fracasos). ¡Quién sabe qué hubiera ocurrido de llevarlo adelante! ¿Hubiera sido Blasco el Jordi Pujol de los valencianos?, ¿o se hubiera conformado con ser un González Lizondo? Su cuarta vida estuvo exenta de juicios y cárceles. El odio que sentía era tal que en 1995 Blasco hizo una sólida declaración de principios: «Estoy dispuesto a trabajar con cualquier partido para echar al PSOE». Eduardo Zaplana no lo dudó y lo fichó. El exalcalde de Benidorm hizo un triple acierto: incorporó a un profundo conocedor tanto del enemigo como del rival (socialistas y UV), se dio un barniz centrista para maquillar la imagen de derecha del PP y logró un aliado en un territorio, Valencia, en el que Zaplana no tenía simpatía en los poderes tácticos de la derecha.

En realidad, el primer paso en el acercamiento lo hizo el exalcalde de Benidorm con Consuelo Císcar, la mujer de Blasco, a quien la directora de Las Provincias y consejera personal del líder del PP, María Consuelo Reyna, recomendó por su relación con el mundo de la cultura. Císcar redactó la parte del programa electoral referida a los museos, que se presentó con gran pompa en los jardines de Monfort. Fue entonces cuando Consuelo Císcar le recomendó a Zaplana que hablara con su marido porque podría ayudarle.

La imagen pública de Blasco era buena. Había luchado por la democracia y había quedado como víctima de un montaje de su propio partido para defenestrarle, porque corrupción quedó claro que no había habido. Con el fin de justificar su paso a la formación en la que militaban algunos de sus antiguos represores, Blasco concedió una explosiva entrevista al periodista Manuel Peris (apareció publicada en El País el 4 de diciembre de 1995) donde ofreció una nueva versión de su vida anterior. Su relato no tiene desperdicio: en 1989 él en realidad quería salirse del Consell, presidir el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia y centrarse totalmente en el trabajo de la ejecutiva del partido para desde ahí preparar el «jaque a Lerma» y liderar el socialismo valenciano.

Hasta entonces se creía que era su cuñado, Ciprià Císcar, quien pensó en dar este salto antes de irse de diputado a Madrid, pero Blasco desveló a Peris una operación que le catapultaba a él, y además alardeaba de haber conspirado para llevarla a cabo con el propio Císcar y, para más inri, con el conseller Antonio Birlanga, marido de Blanca Blanquer. El exconseller sabía qué teclas tocar para que sonara la melodía que más desafinaba en los oídos de sus antiguos compañeros.

El año 1995 no fue solo el del vuelco electoral en la Comunidad Valenciana. El 31 de mayo fallecía, debido a una sobredosis de barbitúricos y alcohol, el cantante Antonio Flores, hijo de Lola Flores «La Faraona» y Antonio González «El Pescaílla». Uno de sus temas más populares llevaba por título «Siete vidas».

«Tranquila mi vida

He roto con el pasado

Mil caricias pa decirte

Que siete vidas tiene un gato

Seis vidas ya he quemado

Y esta última la quiero vivir a tu lado.»

QUINTA VIDA

El primer cargo que ostentó en la primera administración del PP fue discreto: director del Gabinete de Planificación, Estudios y Evaluación de la conselleria de Presidencia, un puesto al que a los pocos meses le dio el rango de «subsecretario». En realidad, Zaplana le encargó la difícil misión de fagocitar a Unión Valenciana (UV), partido bisagra que tenía las llaves del gobierno autonómico. Blasco, que lo conocía bien por la frustrada experiencia de Convergència Valenciana, diseñó una estrategia de patrimonialización de las señas de identidad e incluso de apropiación de la herencia política de Vicente González Lizondo, fundador de UV. La hegemonía social del PPCV se ha identificado sobre esa asociación entre el partido y el territorio, como hizo Pujol en Cataluña.

Años más tarde, consumadas sus operaciones para aglutinar a todo el centro-derecha, se atrevió a impulsar una formación para arañar votos al PSOE. El Partido Socialista Independiente (PSI) pasó a ser el Partido Socialdemócrata (PSD), donde él movía los hilos. Este partido se creó para restar votos al PSPV-PSOE allí donde el PP no podía llegar. De hecho, en 2003 pactaron una moción de censura con el PP en Alzira que desalojó a los socialistas del poder. La líder del PSD en este municipio en 2007 fue Gisela Blasco, sobrina de Rafael Blasco e hija de Francisco Blasco, el hermano que había sido alcalde de esa ciudad. Los concejales del PSD en Calp y Dénia acabaron pactando mociones de censura con el PP con las que consiguieron apartar al PSOE del poder. El diputado tránsfuga del PSOE en la Comunidad de Madrid, Eduardo Tamayo, también recaló en 2008 en el PSD e integró a su formación, Nuevo Socialismo, fundada para favorecer a Esperanza Aguirre e impedir que el socialista Rafael Simancas presidiera la Comunidad de Madrid cinco años antes. Curiosamente la sede de Nuevo Socialismo se instaló en 2003 en unas oficinas relacionadas con los Sánchez Lázaro, empresarios considerados testaferros del PP. En la conversación interceptada por la policía a Eduardo Zaplana en el marco del caso Naseiro, el político valenciano aludía a los negocios y comisiones con Jesús Sánchez Lázaro.

Su siguiente tarea fue crucial. Blasco aprovechó toda su experiencia como activista en organizaciones clandestinas y antisistema para poner en marcha tramas cívico-políticas, con lo que demostró un profundo sentido de la organización y de la utilización de los resortes de la sociedad civil.

La filosofía fue la siguiente: si hay un colectivo hostil a los intereses del Gobierno y no se le puede hacer «entrar en razón», se crea otra entidad con gente propia y controlada que sea afín. Se le inyecta dinero público para que crezca y se le otorga la categoría de interlocutor. Es el caso, por ejemplo, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana (Favcova) o la Federación de Asociaciones para el Codesarrollo (Fedacod).

Los mismos nombres y las mismas personas se repiten durante todos los chiringuitos que monta Blasco y su entorno en beneficio propio y que le acompañan en su trayectoria en el PP. Hay multitud de ejemplos. Carlos Ruiz y Fernando Piera eran dirigentes del PSD, de Favcova y de la Fundación Central Ciudadana. Estas dos asociaciones recibieron 4,2 millones de euros en subvenciones de la Generalitat Valenciana y organismos vinculados. La vicepresidenta de Fedacod, Christine Bernadette, fue miembro de la candidatura del PSD, y varios presidentes de las entidades que formaban parte de la federación también integraron las candidaturas de este partido.

Durante esta etapa Blasco se forjó fama de fontanero de la política y de controlar todo el engranaje de las cloacas del sistema. Había logrado minar a la oposición socialista y encumbrar a su líder, Eduardo Zaplana, en un plan perfectamente organizado. Pronto se ganaría un lugar más vistoso y agradable, el reconocimiento social que tanto soñaba.

Su contribución a la ponencia «La España de las Oportunidades», que el expresidente de la Comunidad presenta en el Congreso Nacional del PP de 1999 con la intención de acentuar su imagen de centro, catapulta a Blasco, quien se ganó la fama de ser el ideólogo de Zaplana.

De nuevo, conseller

En 1999, cuatro años después, Blasco había cumplido las expectativas y Zaplana lo premió aupándole de nuevo a la primera línea política. Regresaba al Consell como responsable de Empleo (1999-2000) y después de Bienestar Social (2000-2003). Cuando Zaplana se marchó a Madrid se especulaba con que se llevara a Blasco al ministerio como alto cargo, pero el expresidente confiaba en su hombre para controlar a distancia el Palau de la Generalitat. Pero el ministro de Trabajo de Aznar se equivocó.

El de Alzira demostró de nuevo su visión política, y en pleno debate entre campistas y zaplanistas fue uno de los primeros en rendir fidelidad al nuevo líder regional, Francisco Camps, esperando, claro está, su recompensa. Lo hizo en una entrevista en El País: «El presidente de la Generalitat debe presidir el PP». Este gesto, que muchos analistas relacionaron con las traiciones y «vendetas» de su etapa en el FRAP, le garantiza el futuro. En 2003 vuelve a las listas electorales y a ser diputado autonómico, y Camps lo nombra conseller de Territorio y Vivienda justo en el momento de mayor expansión urbanística (2003-2006), cuando aprueba la polémica Ley Urbanística Valenciana. Se reciben 15.000 quejas de residentes extranjeros que motivan procedimientos de infracción de la Comisión Europea. Después inicia otra etapa con la cartera de Sanidad (2006-2007), y finalmente recala en Solidaridad y Ciudadanía (2007-2011). Su sexta vida.

SEXTA VIDA

En 2004 Blasco dejó de ser el fichaje «independiente» de 1995 y decidió afiliarse al mismo partido en el que militaban Manuel Fraga Iribarne y Rodolfo Martín Villa, los represores del camarada Víctor. Blasco argumentaba entonces que «los que procedemos de la izquierda mantuvimos posiciones erróneas en su día, por ejemplo las del socialismo real». Desde su punto de vista, «hoy lo social se mide por las oportunidades que un gobierno da a sus ciudadanos, y en eso la Comunidad Valenciana va en cabeza, y las sociedades democráticas de Europa han superado con mucho a las de corte socialrealista».

Se convirtió en una persona clave del partido, cuyo principal aliado era el alcalde de Xàtiva y presidente provincial del PP, Alfonso Rus, a punto de culminar su ascenso.

El periodista Salvador Enguix, delegado de La Vanguardia en la Comunidad Valenciana, explicaba en un artículo que «no ha habido operación de cierto nivel, tanto institucional como incluso empresarial, en la que él no haya intervenido». Entre esas operaciones figura por ejemplo su participación en la compraventa de acciones de Paco Roig para que Juan Soler se adueñara del Valencia C.F. en 2004; su mediación en el esperpéntico intento de la uruguaya Dalport de quedarse con el club de Mestalla en 2009; su intervención en 2006 en el megaproyecto de Iñaki Urdangarín para convertir la Albufera en un puerto deportivo con urbanizaciones navegables; o su utilización de asociaciones de inmigrantes para llenar autobuses para los mítines de campaña con la promesa de un puesto de trabajo.

Era todopoderoso. Temido y admirado. Había acrecentado su leyenda y parecía indestructible. Pero Rafael Blasco no había llegado a la cima de su carrera, aún había más. El estallido del caso Gürtel en febrero de 2009 fue su catapulta.

Aquella fue una etapa convulsa en la cámara valenciana, de gran tensión. El PP se sentía atacado por el caso de los «tres trajes» que supuestamente la trama Gürtel había regalado al presidente. Cuando Francisco Camps accedía al hemiciclo toda la bancada popular se ponía en pie y le regalaba una ovación cerrada. Fue cuando la diputada Mónica Oltra se puso la camiseta de Wanted Camps y fue expulsada, o cuando el portavoz socialista Ángel Luna lanzó una piedra por aquello de «quien esté libre de pecado…» y se le acusó casi de terrorista.

El 19 de mayo de 2009, Camps debía comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia por primera vez para dar respuesta a las acusaciones. Pero un día antes, la conselleria de Blasco le organizó una jornada completa de desagravio, con una puesta en escena retransmitida por la televisión autonómica y cuidada hasta el más mínimo detalle.

Por la mañana fue aclamado por el pueblo gitano en la inauguración de las Jornadas de Formación y Convivencia «Pueblo Gitano y Educación: un binomio para el siglo XXI», que tuvo lugar en el Centro Cultural de la Petxina. Centenares de personas le gritaban cariñosamente «tío Paco», un reconocimiento de respeto para este colectivo. Posteriormente se celebró en el Salón de Corts del Palau de la Generalitat, la firma del Pacto Local por la Integración, un acto multitudinario con los colectivos de inmigrantes, el Consell, los alcaldes de las tres capitales de provincia, los presidentes de las tres diputaciones, la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la presidenta de las Cortes, 78 alcaldes, 28 diputados del PP, e incluso el cónsul de Grecia. Camps fue recibido con cinco minutos de aplausos. Cinco.

Aquel Pacto Local por la Integración era humo. No tenía contenido y jamás se ejecutó. Pura factoría Blasco.

El conseller había ganado méritos. En noviembre de 2009, tras la dimisión forzada de Ricardo Costa como portavoz por el caso Gürtel y por aquello de «en el PP la fiesta no se acaba nunca», Blasco pasó a ostentar el máximo poder, ya que Camps le entregó el control del Grupo Popular de las Cortes.

Durante esos dos años se dio el hecho inédito de que el portavoz de un grupo en la Cámara autonómica era un miembro del Consell, es decir, controlador y controlado eran una misma persona. Blasco cogió el sillón azul de la primera fila del hemiciclo, la bancada reservada al Ejecutivo, y lo puso en el lugar donde estaba la butaca roja que ocupaba en el Legislativo el diputado Ricardo Costa. En otros parlamentos de democracias avanzadas, eso sería impensable, pero en la Comunidad Valenciana ya no se molestaban ni en guardar las formas.

Para entonces, el PP de Camps, asediado por Gürtel, estaba desesperado. Una situación excepcional requería de una persona excepcional para hacerle frente y nadie como Blasco, curtido en mil batallas, para poner orden en un puesto clave. Era conseller del Gobierno regional, y portavoz del principal grupo parlamentario de las Cortes. Además, su presidente (imputado y tocado por la justicia) confiaba ciegamente en él. Su poder era infinito.

En la cumbre, Invictus

En aquel entorno de crispación, Rafael Blasco convocó a todos los diputados a la sala de reuniones del Grupo Popular y les puso la película Invictus, de Clint Eastwood. El film está basado en la vida del presidente sudafricano Nelson Mandela y en él se abordan valores como la unidad y el trabajo en equipo, en el contexto de la Copa del Mundo de Rugby que se disputó en 1995. Aunque lo parecía, en realidad no era una iniciativa original ya que el entonces entrenador del F.C. Barcelona, Pep Guardiola, ya la había utilizado antes de la eliminatoria de la Liga de Campeones con el Inter de Milán. A pesar de la película, ni los jugadores del Barça lograron la victoria ni Blasco correría mejor suerte.

En un momento de la película, dos protagonistas hacen el siguiente comentario sobre el líder surafricano:

—¿Cuándo tomará un descanso?

—Dice que ya descansó lo suficiente en prisión.

Cuenta la leyenda que Blasco curtió su carácter de comercial y de encantador de serpientes en su primera vida, vendiendo enciclopedias a domicilio cuando era un chaval. Siempre ha sido una persona de trato cordial y agradable que se ha preocupado mucho por su imagen. En su última declaración de bienes en las Cortes reconoció tener participaciones en una empresa editora de la Comunidad Valenciana.

En 2007, Blasco gastó 3,3 millones de euros colocando enormes paneles publicitarios por toda la Comunidad Valenciana, anunciando hospitales y centros sanitarios. El que colocaron a la entrada de Valencia costó 600.000 euros.

También gastó ingentes cantidades de dinero público para autopromocionarse en la televisión autonómica y presentarse como un político ejemplar, el más ejemplar de todos. Así, siendo conseller de Territorio y Vivienda, mientras se depredaba urbanísticamente la costa en pleno boom inmobiliario él aparecía como adalid del político que cuida el entorno, salvando tortugas y delfines, o visitando parques naturales, en una sección de los informativos de Canal 9, el Espai Medi Ambient. Cuando cambió a la cartera de Cooperación y Solidaridad siguió cultivando esta práctica: justo cuando se estaban saqueando los fondos del tercer mundo, Blasco puso en marcha el microespacio La noticia solidaria. Era probablemente el único programa de una televisión pública del mundo, pagado por tanto con dinero público, donde aparecía la imagen del mandatario en la cabecera, junto al título de la sección. Muy hábilmente, estas secciones propagandistas se insertaban justo antes del espacio televisivo de mayor audiencia, los deportes.

El estallido del escándalo de los fondos de Cooperación en octubre de 2010 cambiaría las cosas. En un primer momento Rafael Blasco intentó restar importancia al escándalo, presentándolo como una denuncia más de la oposición, de esas que duran lo que tarda en consumirse el periódico del día siguiente. Pero en esta ocasión erró en sus cálculos.

Forzado por la presión mediática, tras las elecciones autonómicas de 2011, Camps suprimió la conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, pero mantuvo a Blasco como portavoz del Grupo Popular y, además, le dio la potestad de poder asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Gobierno valenciano a pesar de no formar parte de él. Camps se había hecho «blascodependiente». En el PP sabían que no era «uno de los nuestros», pero no renunciaban a aprovechar sus conocimientos.

Francisco Camps dimitió por el caso Gürtel en julio de ese mismo año, y su sustituto, el castellonense Alberto Fabra, le mantuvo con los mismos galones más de un año, hasta el 1 de octubre de 2012, cuando el TSJCV le imputó formalmente por fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Durante el juicio al presidente Camps, el exconseller fue un asiduo. El día que se conoció el veredicto, él ya lo sabía. El Mundo reveló que vieron cómo recibió un mensaje de móvil antes de que el jurado hiciera público el veredicto en la sala, el 12 de enero de 2012.

Rafael Blasco retrocedía en el tiempo y volvía a ser un diputado raso, como el 27 de diciembre de 1989. En la bancada del PP permanecería hasta junio de 2013. Lo que no imaginaba era que todavía retrocedería más en el tiempo, y entraría de nuevo en un centro privativo de libertad. Esta vez sí con una condena en firme de un sistema judicial democrático, ese por el que él algún día luchó.

El caso Blasco II

El caso Cooperación (o caso Blasco II) se centra en el desvío entre 2008 y 2010 de 4,4 millones de euros destinados a ayudar a países subdesarrollados hacia una trama de empresas del entorno del conseller Rafael Blasco y el empresario alzireño Augusto César Tauroni. Según la investigación, crearon una red de fundaciones y ONGs a las que beneficiaban en las convocatorias de ayudas para después desviar el dinero a fines muy diferentes a aquellos por los que se les habían concedido.

Lo denunciaron las diputadas Clara Tirado (PSOE) y Mireia Mollà (Compromís) en octubre de 2010. El proceso estaba plagado de irregularidades, ya que a pesar de que las entidades receptoras del dinero público no tenían experiencia ni cumplían los requisitos, el departamento de Blasco accedía a entregárselo.

Según la investigación, en la trama participaban empresas y ONGs, una estructura con los colaboradores habituales de Rafael Blasco, como Adolfo Soler Sempere, procedente del PSD, o el empresario Augusto César Tauroni. En el epicentro estaba la Fundación Hemisferio. Las entidades que recibían la subvención debían contratar a las empresas del grupo, a las que pagarían un elevado coste por sus servicios (unos trabajos, además, totalmente innecesarios para el fin de la subvención).

Según la investigación, se desvió el 72% de los 600.000 euros aprobados en 2009 para los programas de lucha contra la violencia sexual y para reducir el contagio de sida en Malabo (Guinea Ecuatorial). De los 650.000 euros destinados al desarrollo agrícola y del empleo para la mujer en Monteplata (República Dominicana), 245.000 fueron a parar a empresas de la trama. La mitad de los 247.000 euros del programa para ayudar a los ganaderos y agricultores de Andahuaylillas (Perú) fue a empresas con sede en Estados Unidos.

En Haití, en enero de 2010, un devastador terremoto causó la muerte de miles de personas y el colapso del país más pobre de América. El conseller Rafael Blasco viajó al país para luego conceder una subvención a la Fundación Hemisferio con la finalidad de desarrollar una «consultoría técnica al proyecto de construcción de un hospital en Belle Anse», al sur de Haití, y abrir allí una oficina de seguimiento.

El departamento de Blasco gestionó una colecta popular de 177.779 euros que los valencianos aportaron directamente para las víctimas del terremoto, pero 40.000 euros se quedaron por el camino. La empresa Matuscas S.L., una de las que formaba parte de la trama, se apropió de dicha cantidad. En 2011, desde la conselleria de Solidaridad y Ciudadanía se maniobró para que los cuatro millones de euros destinados a construir un hospital fueran manejados por empresas de la trama. Las primeras revelaciones de escándalos en la gestión de las ayudas frenaron su objetivo. La empresa que realizó el video promocional fue Engloba, una de las implicadas en el caso Taula.

Había otras ONGs serias, con tradición y prestigio, que presentaron proyectos similares. Y no fueron elegidas. Las ONGs de la trama lo hicieron tan mal que incluso copiaron proyectos de la conocida página web «El Rincón del Vago» (http://www.rincondelvago.com).

El Conill

Las 66 conversaciones telefónicas grabadas en el transcurso de la investigación han permitido conocer cómo se relacionaban los integrantes de la trama y el desprecio con el que el propio Tauroni se refiere, en el sumario policial, a los beneficiarios de las ayudas, los «negratas». Estos pinchazos también desvelaron el grado de relación del conseller con el empresario investigado.

De nuevo, la defensa de Blasco en el juicio se esforzó en negar la validez de las grabaciones, con el argumento de que no se habían traducido correctamente del valenciano al castellano. En el caso Blasco I, defendido por el mismo abogado, aquella estrategia le resultó muy útil, ya que salió indemne, pero ahora no tendría la misma suerte.

Cuando fue destituido como conseller, después de los comicios de 2011, llamó a Tauroni para tranquilizarlo. El político le dice que «esté tranquilo, que todo va a ir bien». Inmediatamente después, apostilla, según la transcripción de la Policía, que esté «con más tranquilidad, pero que las cosas van a ir mejor que lo que temían» y añade que «lo importante es resistir y mantener el tipo». Según consta en el sumario, Blasco cierra la conexión diciéndole que «quiere acabar con él de alcalde de Nueva York».

En otra grabación Blasco avisa a Tauroni de una convocatoria en la Diputación de Valencia y le da instrucciones. «Si está cerrado el plazo y no os habéis presentado va a ser muy difícil. […] Bueno, tú míralo, solo falta que desaprovechen las oportunidades.»

Para referirse a Blasco, tanto Tauroni como sus colaboradores más estrechos utilizaban los apodos «Conejo», «Conill» o «Roger Rabbit». De hecho, la Policía bautizó la investigación como «caso Oswald», en referencia a un conejo creado por Walt Disney.

Mireia Mollà, diputada de Compromís, aparecía citada en una de las escuchas policiales del caso Cooperación, concretamente en una conversación mantenida entre el empresario Tauroni (imputado) y su abogado.

Tauroni: Y luego habrá que meditar qué hacemos con la Mireia, si la denunciamos o qué hacemos con ella.

José Vicente Gómez-Tejedor (abogado): La violamos o cualquier barbaridad, ¿no? […] Más quisiera la pobre, en fin…

Y se despiden entre risas.

Gracias a la investigación del caso Taula, supimos tiempo después que este abogado, José Vicente Gómez-Tejedor, almacenaba en el sótano de la vivienda de su madre en Cofrentes abundante material que le relaciona con las irregularidades cometidas por el PP en Imelsa y la Diputación de Valencia.

La sentencia sobre el caso de las ayudas a Nicaragua considera probado que Blasco forzó el procedimiento de concesión de las subvenciones y presionó a los funcionarios de la conselleria. A la vista de su resistencia, los relevó por personas de su confianza que sí accedieron a violar los criterios legales y conceder las ayudas.

En esta historia de villanos hay también algunos héroes discretos: en primer lugar, los funcionarios que se negaron a conceder las ayudas y contaron lo ocurrido en el juicio. Ante el bloqueo en la concesión de las ayudas, el conseller convocó a los empleados públicos a una reunión presidida por él mismo, «algo que era completamente extraordinario», según la sentencia. Una vez allí se mostró «abiertamente disconforme con su decisión» de oponerse a librar las ayudas, «presionándolos para que modificaran sus conclusiones, sosteniendo que él era el máximo intérprete de las bases». Como no consiguió su objetivo, les preguntó, visiblemente enfadado, que «si siempre habían sido tan rigurosos» y les dijo que «lo iba a comprobar personalmente» pidiendo que le entregaran todos los expedientes que los funcionarios habían elaborado anteriormente.

Además de las condenas de cárcel, Tauroni y otros dos altos cargos han sido condenados a indemnizar a la Generalitat con 1,7 millones de euros. En total son nueve los culpables de la rapiña de las ayudas a Nicaragua.

Una trayectoria marcada por los escándalos

El caso Cooperación no fue un caso aislado. Al parecer, la trama se extendió a través de las cinco consellerias por las que pasó Blasco desde el año 1999: Empleo, Bienestar Social, Territorio y Vivienda, Sanidad y Solidaridad, y Ciudadanía. Blasco fue saltando de cartera en el Gobierno valenciano hasta 2011 y el empresario Tauroni fue cambiando de sector o, más bien, de ámbito de especialización siguiendo su estela y recibiendo sus adjudicaciones, directamente o a través de empresas tapadera.

Blasco no llegó solo a la conselleria de Empleo en 1999. Ese mismo año su amigo Augusto César Tauroni inicia sus negocios en la administración autonómica y firma su primer contrato, un sistema informático para Empleo que bautizó como Tauro. Más tarde llegó la teleasistencia en situaciones de riesgo, gestión de Centros Mujer 24 horas, la atención telefónica al mayor, teléfono de atención al menor, servicios informáticos, Infodona, mantenimiento de software, etc. Más de cuarenta millones de euros según las estimaciones de la oposición.

Su etapa en la conselleria de Sanidad fue investigada por el juzgado de instrucción número 6, a instancias de una denuncia de Esquerra Unida. Blasco adjudicó un contrato de dos millones de euros a empresas como Lonerson y Dinamiz-e, sociedades de la órbita de Augusto César Tauroni. El contrato que se cuestionaba era la aplicación informática que gestionaba las citas y la base de datos de los expedientes médicos de los pacientes, conocido como sistema Abucasis.

A instancias de Esquerra Unida el mismo juzgado investigó las irregularidades de Sergio Blasco, sobrino del exconseller y gerente del Hospital General hasta noviembre de 2014. Entonces se supo que Sergio Blasco mediaba en la construcción de dos hospitales en Perú. Sin embargo, la falta de colaboración de las autoridades del país andino ha provocado el archivo de esta pieza (El Mundo, 11/03/2016). Según estas informaciones, Sergio Blasco (hijo del exalcalde de Alzira, Francisco Blasco) actuaba como representante de la firma BM3, una constructora en la que participaban varias empresas de Alzira y que estaba detrás de los hospitales en América Latina. BM3 no solo obtuvo apoyo del Hospital General para construir los hospitales en Perú, sino que también consiguió adjudicaciones millonarias del propio centro hospitalario valenciano, como la rehabilitación del laboratorio de alta seguridad de la Fundación Hospital General.

BM3 fue investigada en el caso Taula por pagar presuntamente mordidas del 3%. Solo de Ciegsa, BM3 obtuvo 85 millones de euros en obras en colegios, con sobrecostes que en algunos casos llegaron al 60% del presupuesto de licitación. El director técnico de Ciegsa, Carlos Roqués, pasó en 2008 a ser director técnico de BM3, en un caso de puerta giratoria puro y duro.

También la Sindicatura de Cuentas, órgano fiscalizador del sector público valenciano, detectó numerosas irregularidades en la gestión del Hospital General y en la adjudicación de contratos para obras y servicios para los que Blasco no estaba cualificado.

En mayo de 2014, Esquerra Unida denunció una trama de corrupción vinculada a Rafael Blasco y su sobrino y que multiplicaría la información conocida en el caso Cooperación. La documentación aportada revela la existencia de una red empresarial que captó 31,2 millones de euros en adjudicaciones de la conselleria de Sanidad, el Hospital General y la Diputación de Valencia. El nexo común del entramado empresarial era Francisco Escandell Vila, un electricista de Alzira.

Diferentes investigaciones en marcha permiten reconstruir las partes más oscuras de su trayectoria en la etapa del PP.

Cuando llegó a la conselleria de Territorio, Rafael Blasco retomó los negocios oscuros que habría desarrollado doce años antes en la antigua COPUT con el PSOE. Hay constancia del pago de mordidas. Gracias a las pesquisas del caso Avialsa —el «cártel del fuego» en el que está implicado el exconseller Serafín Castellano— se descubrió el pago de una comisión de 300.000 euros a Rafael Blasco por la tramitación de un Plan de Actuación Integrada (PAI) en la localidad de Algimia de Alfara. El empresario Vicente Huerta, agente urbanizador de este PAI, abonó la mordida a la empresa Consult and Develop Gamar S.L., de Jesús Garrido, asesor y mano derecha de Rafael Blasco, a quien la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) considera su testaferro. Los investigadores se incautaron de documentos privados en los que se abonaba el dinero en concepto de «mediación en la cesión de la condición de agente urbanizador». Se da la circunstancia de que la tramitación se realizó cuando Blasco ya no era conseller de esta área, pero la propia UDEF deja constancia en su informe de que «todavía de forma indirecta ejercía su influencia para que determinados proyectos salieran adelante».

Se da la curiosidad de que debido a que esta promoción se bloqueó por la falta de un informe, Huerta no abonó la totalidad de la comisión pactada, lo que motivó incluso una demanda judicial del testaferro de Blasco en la que reclamaba el dinero que le faltaba (Levante, 11/02/2016). Una de las empresas que finalmente debía ejecutar este PAI es Proademi, investigada en el caso Emarsa (el saqueo a la principal depuradora de la Comunidad Valenciana) por el pago de mordidas.

Francisco Camps y ocho miembros de su ejecutivo han estado o están imputados o condenados en Gürtel. En este caso, Blasco se libró, y eso que (al igual que el resto de departamentos) sus áreas no quedaron al margen de la contratación de las empresas de Francisco Correa. En noviembre de 2004 se amañó un contrato de casi 140.000 euros por parte de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético y Residuos (Vaersa), que dependía de su departamento, para realizar un vídeo sobre el uso de los contenedores amarillos. Este trabajo ni siquiera se realizó.

De Bienestar Social queda registrado el pelotazo del concurso de 9.000 plazas de residencias. Varios geriátricos se adjudicaron a una UTE (Unión Temporal de Empresas) vinculada al secretario del Ayuntamiento de Carlet, Joan Ramón Ferris, al que también se vincula con Rafael Blasco. Otro juzgado investiga adjudicaciones irregulares por un millón de euros entre 2008 y 2011 en otra trama de informática vinculada al mismo protagonista.

En su quinta y sexta vida fue el epicentro de varias tramas corruptas.

Su equipo

El empresario alzireño Augusto César Tauroni es de los que no les gusta salir en la foto, y más desde que abandonó la política en los años noventa y se centró en los negocios. Su primera aventura empresarial la tuvo con Bernardo Blasco, hermano del exsíndic del PP en Les Corts. En 1997 montaron una empresa de frutas y verduras al por mayor, Grupo Apelcine SL. Ambos eran militantes de Unión Valenciana en Alzira. El PSI, una facción del PSOE liderada por Francisco Blasco (expresidente de la Diputación de Valencia), se sirvió de UV para ostentar el poder en Alzira. Tauroni estuvo cerca de un año al frente de la agrupación local de Unión Valenciana en calidad de presidente del Consell Local de Alzira, y durante este tiempo colocó de número dos a Bernardo Blasco, que era vicepresidente.

Fue Vicente González Lizondo quien puso en contacto a Tauroni con UV, según reconoció él mismo. Su salida fue convulsa, ya que Tauroni creó otra formación, Iniciativa de Progreso de la Comunidad Valenciana, lo que le valió la expulsión. Con estas nuevas siglas pretendía acercarse al PSI.

Tras la experiencia con la empresa de frutas y verduras, Bernardo se centró en el negocio inmobiliario y Augusto César en la informática.

Augusto César es el creador de la trama de empresas alrededor de la Fundación Hemisferio, y accionista de las compañías a las que fue a parar el dinero de la cooperación valenciana (GCS SL, Dinamiz-e, Arcmed, Lonerson...). Fue el primero en ser encarcelado, el 23 de febrero de 2012, y ha sido condenado por el caso de Nicaragua a una pena de 6 años de prisión, al igual que Blasco.

Según un informe de la UDEF, con datos de la Agencia Tributaria, Augusto César Tauroni se habría apropiado de 1,5 millones de euros a través de sus cuentas personales y de al menos ocho sociedades en Estados Unidos, y habría comprado dos inmuebles en Miami y un barco de recreo.

Una empresa del entorno de Tauroni también ha sido contratista de la Diputación de Valencia bajo el mandato de Alfonso Rus. Augusto César Tauroni también aparece en la trama de Serafín Castellano. De hecho, le compró tres aviones a Avialsa, la empresa de Vicente Huerta, el empresario acusado de pagar cacerías y regalar un rifle al exdirigente del PP.

En esta historia, como en todas, hay actores secundarios.

En 2010, Josep Maria Felip i Sardá se convierte en director general de Cooperación. La trayectoria de Felip es tan transversal como la de Blasco, ya que ha trabajado para el PP, PSPV, Bloc, PCE, Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) y en la Lliga Comunista Revolucionària. Fue jefe de Gabinete de Joan Lerma, donde se hizo amigo de Consuelo Císcar.

Adolfo Soler Sempere también formó parte de la Unión Valenciana de Tauroni. En aquella época tocaba el teclado en el grupo Los Ches. También trabajaba como representante de artistas (Juan Bau, Emilio Solo, Lucrecia, Sherezade), como empleado en discográficas (Emi Music o Hispavox) y como político, primero en UV y después en el PSD.

Para desviar fondos, Tauroni creó un entramado de empresas en España y Estados Unidos. En los registros se descubrió que Josep Maria Felip, exdirector general de Cooperación y número dos de la conselleria en tiempos de Blasco, guardaba documentación que vinculaba a Blasco con sociedades estadounidenses.

La consellera de Cultura en la sombra

Consuelo Císcar (Picanya, 1945), la mujer de Blasco, tuvo un papel protagonista en la etapa popular, ya que dejó de ser una simple secretaria que servía al presidente socialista.

En los años setenta, Consuelo Císcar tenía una galería de arte llamada Salom (apellido de su primer marido). También regentó una tienda de antigüedades, dirigió una fábrica de madera y arte, y con el PSOE en la Generalitat se sacó una plaza de funcionaria en el Museo de Bellas Artes. Siempre ha alardeado de contactos. En agosto de 2011 confesaba a Telva que de joven conoció al pintor Salvador Dalí, y que incluso la invitó a una cena en Cadaqués. «Me quedé impresionada», señalaba. También estuvo con Robert Rauschenberg, el escultor pop art, en su isla de Florida, al que regaló vino y queso. Y desde los 16 años, tuvo relación con García Berlanga.

A Rafael Blasco lo conoció en las reuniones clandestinas que a finales de los sesenta se organizaban en su domicilio familiar de Picanya, con su hermano Ciprià y otros universitarios antifranquistas. A partir de 1983 trabajó como secretaria del presidente socialista Joan Lerma, donde volvió a coincidir con su amigo de juventud. Rafa estaba separado de su primer matrimonio, y Consuelo enviudó, con dos hijas de su primera relación. Tuvieron un hijo en común que sería artista: Rablaci (acrónimo de Rafael Blasco Císcar).

En Telva hablaba así de su pareja: «Él me enseñó la templanza. Me ha transmitido la austeridad. Con él he aprendido que en la vida no hay culpables, ni excusas [...]. Uno hace lo que puede siempre que lo haga de corazón». En aquella entrevista decía que lo mejor que tiene Rafael Blasco son las piernas. «Cuando se queda en pantalón corto le digo: “Ay, por favor, qué cosa más bonita”». Es una lástima que para la política no las utilizara.

Su primer destino en la administración del PP fue la dirección del Museo de Bellas Artes de Valencia. En 2001 asumió el cargo de directora general de Museos, después ascendió a secretaria autonómica y responsable del departamento de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico, y en 2005 tocó techo con la dirección del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). Para ninguna de estas responsabilidades Císcar atesoraba una formación profesional específica.

El primer conseller del PP, Ferran Villalonga, se resistió a nombrarla directora del IVAM como ella quería y se declinó por Juan Manuel Bonet, persona de prestigio, pero con Camps en la presidencia, Esteban González Pons no puso reparos. Además del ingente presupuesto que manejaba este contenedor cultural, había un componente sentimental. El IVAM fue inaugurado en 1986, cuando su hermano Ciprià era conseller de Cultura, y el complejo constituía la máxima apuesta cultural de la Generalitat Valenciana. Consuelo sobrevivió en ese puesto a cinco consellers de Cultura diferentes.

La mujer de Blasco presume de ser licenciada en Administración de Empresas, aunque hay quien cuestiona el título, expedido por la Universidad de la República Dominicana. En su currículo oficial también figuran dos másters, uno en museología y otro en comunicación. En el IVAM sustituyó a Kosme de Barañano, pero antes habían ocupado su puesto nombres ilustres como Carmen Alborch, José Francisco Yvars, Tomás Llorens o Juan Manuel Bonet. Aquello era un sueño, un espacio a su medida. Durante sus primeros años en el IVAM logró atraer hacia el régimen popular a multitud de artistas que se identificaban con la izquierda y a quienes les prometía exposiciones. Allí conformó un férreo círculo de confianza que no solo incluía a los subdirectores, sino a comisarios, artistas y empresarios a los que presuntamente adjudicaba a dedo servicios para el museo.

Desarrolló una agresiva política de promoción institucional de la Cultura, apoyándose sobre todo en los artistas plásticos y en la celebración de grandes eventos: Bienal de las Artes de Valencia, Encuentros Mundiales de las Artes, Ciudad de las Artes Escénicas de Sagunt, etc. Visitaba en persona a los empresarios para captar patrocinios. Císcar anhelaba ser admirada como mecenas y consagró su vida a perseguir ese objetivo.

De su mano llegaron a Valencia Irene Papas; la producción Las comedias de Bigas Luna; expuso el cineasta Mike Figgis; actuó Mstislav Rostropóvich; el fotógrafo Sabastiao Salgado retrató Valencia; Sydney Pollack y Peter Bogdanovich coincidieron en la ciudad un fin de semana; David Byrne bailó al lado de las Torres de Serranos; Yoko Ono expuso en Alicante…

Era una diva. «Su llamativo peinado siempre teñido de rojo, sus ropas de Moschino y su perfume de Thierry Mugler, evidenciaban que no le gustaba pasar desapercibida», relataba Carlos Aimeur en Valencia Plaza (05/04/2014). «Contaba con una cohorte de aduladores que la aplaudían allá por donde iba y ella decía, a quien quería escucharle, que sabía tanto de arte como muchos críticos con los que trabajaba, a los que menospreciaba porque solo la querían por los contratos que podía ofrecerles», añade.

El compositor Ferrer Ferrán le dedicó en 2004 un pasodoble festivo con su nombre. Císcar se esforzó por recibir reconocimientos para compensar las lagunas de su formación específica en las artes plásticas. Solo así se explican pintorescas distinciones como la de Dama de la Orden en el Château Béla de Eslovaquia o ministra de Cultura de la Orden de San Juan de Jerusalén (para lo que contó como valedor con Julio Quaresma, uno de los artistas beneficiados con el sobrecoste de compra de obras). También se acordaron de ella en los III Premios de «Descubrir el Arte», la revista que cada año recibía el pago de cerca de 500.000 euros por la edición y distribución de los Cuadernos del IVAM. Pero el más llamativo fue el Premio Woman Together 2006 «por su promoción de la paz y la lucha contra la pobreza», reconocimiento que recibió en la sede de la ONU de Nueva York junto con la reina Rania de Jordania, Hillary Clinton, Shakira, Karolina Kurkova y Angelina Jolie.

Aimeur explica que durante un tiempo se pensaba que Consuelo Císcar era la consellera de Cultura «en la sombra». «Llegó a tener tanto poder que se la incluyó en los listados de personas más influyentes de la Comunidad Valenciana. Muy pocos se atrevían a llevarle la contraria. Quienes lo hacían, sabían que se enfrentaban a posibles represalias. Llamadas intempestivas, insultos, Císcar no tenía reparos en manifestar su odio, en demostrar su amor. Era un volcán. Era el poder.»

Algunos técnicos del IVAM han revelado el «ambiente de miedo» en el que trabajaban, y definen a Císcar como «agresiva e intimidatoria». Eran comunes, relatan, «los gritos y arrebatos de violencia en su lenguaje y gestos, llegando a tirar al suelo un ordenador en una ocasión». La actitud recuerda a la intendente del Palau de les Arts, Helga Schmidt.

Saqueo al templo del arte contemporáneo

La forma en la que Consuelo Císcar gestionó el IVAM se trasladó al ámbito político, con numerosas polémicas que excedían lo artístico. El 27 de julio de 2011 las principales asociaciones del sector del arte en el Estado español lanzaron un comunicado solicitando a Alberto Fabra, president de la Generalitat, la destitución de Consuelo Císcar como directora del IVAM por su mala gestión. La respuesta de Císcar fue poner a algunos trabajadores del IVAM a recabar el apoyo de personas a las que la directora había presuntamente favorecido a lo largo de sus años al frente de cargos políticos en el ámbito de la cultura.

El resultado fue una lista de unos 100 nombres que intentaron refrendar públicamente la gestión del IVAM que, además de «manifestar su repulsa» contra el comunicado del sector profesional de las artes visuales, expresaban textualmente «el respaldo absoluto a la Directora del IVAM por su transparente y brillante gestión».

Cuando se apagaba la estrella de su marido por el estallido del caso Blasco II, el PP optó por recompensar a la familia. En mayo de 2012, la dirección del partido propuso a Consuelo Císcar como miembro del Consell Valencià de Cultura (CVC), el órgano consultivo que preside el prestigioso científico Santiago Grisolía. Su nombramiento fue cuestionado por la oposición, ya que una de las tareas del CVC es la fiscalización de la política cultural de la Generalitat, y «velar por la defensa y promoción de los valores lingüísticos y culturales valencianos». La ley vetaba la entrada de diputados o miembros del Gobierno, pero Consuelo Císcar accedió a este puesto (remunerado con dietas por asistencia a reuniones) a pesar de ser uno de los altos cargos del PP en la administración.

Las polémicas en el museo eran constantes y algunos creadores y medios de comunicación acusaron a Císcar de utilizar los medios públicos como plataforma para promocionar a su propio hijo, Rablaci, ya que contrataba a los galeristas que luego llevaban obras de este a otros museos del mundo.

Finalmente, en abril de 2014 fue destituida del cargo. El distanciamiento entre Císcar y la consellera de Cultura, María José Català, fue determinante, en una etapa en la que el sustituto de Camps en la presidencia de la Generalitat, Alberto Fabra, quería alejarse de los referentes políticos del período anterior. En mayo de ese mismo año, Català encargó un completo informe a Intervención de la Generalitat para fiscalizar la gestión de Consuelo Císcar en el IVAM, que se dio a conocer después de las elecciones autonómicas, el 11 de junio de 2015, justo el día después de la condena a seis años de cárcel para su marido. Aquel demoledor documento representaba un terremoto en el mundo cultural e iniciaba el periplo judicial de Consuelo Císcar.

Tras hallar «indicios» de «hechos delictivos» en la administración del IVAM, el juzgado de instrucción número 21 de Valencia investigó a Consuelo Císcar, a cuatro subdirectores y al empresario que facturaba por los traslados de las obras. Les acusó de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. Según la investigación, el museo pagó sobrecostes por las obras que se adquiriron y que en algunos casos se dispararon hasta el 1.500% por encima de su precio de mercado.

También se constataron anomalías en los gastos por los comisarios de exposiciones, más de 800.000 euros, cuyos honorarios variaban sin justificación desde los 3.000 hasta 75.000 euros, y en la adjudicación de servicios entre 2008 y 2013. La contratación del suministro y distribución de la revista Cuadernos del IVAM se realizó a dedo por 2,3 millones de euros. La beneficiaria fue una empresa vinculada a un colaborador habitual de Císcar. En los cinco números de La Colección fotográfica del IVAM se contabilizó un desfase de 1.725.000 páginas entre las contratadas y las finalmente realizadas.

Aparecían irregularidades en los gastos de viajes (137.717 euros, incluyendo estancias en Suiza) y en comidas y cócteles (229.789 euros).

El juzgado investigó la adquisición de más de 60 obras al galerista Gao Ping, el presunto cabecilla de una mafia china de blanqueo de dinero establecida en España, que fue arrestado a raíz del caso Emperador. En algunas de las obras no consta el informe preceptivo de la Comisión de Adquisición de Obras de Arte; en otras no está el precio o los criterios técnicos para adquirirlas, y en otro lote de 17 piezas el título de los trabajos no corresponde con el de las adquisiciones.

También se investigó la donación de 77 piezas del pintor y escultor Gerardo Rueda recibidas gratis a cambio de la compra de otras siete por 3,2 millones de euros, ya que casi la mitad no figuraban en el patrimonio del museo. Lo más curioso del caso es que las obras se adquirieron años después de fallecer el autor y cuando todavía no se habían realizado. Lo que pasó fue que se contrató a una fundición para realizar las obras utilizando los moldes, lo que beneficiaba al heredero en una cantidad superior a los dos millones y medio de euros. Rueda era el artista favorito de José María Aznar, y su nombre aparece en los correos electrónicos de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, cuando el expresidente del Gobierno le pidió a la entidad bancaria que comprase sus obras y le dedicara un museo.

Císcar contrató a varias organizaciones con problemas con la justicia, no solo a la de Gao Ping. Una de las adquisiciones, una pieza de Anthony Caro, la hizo a una sociedad del caso Afinsa, la inversión filatélica intervenida en 2006 y acusada de una estafa piramidal.

Patrimonio

El matrimonio Blasco-Císcar ingresó en sus mejores años un sueldo bruto mensual de 10.000 euros al mes, a los que hay que sumar todos los gastos en dietas por el ejercicio de su cargo, restaurantes, viajes, teléfono, etc. Esa es la cantidad pública. Curiosamente, ella llegó a ganar más que él. El sueldo de Consuelo en el IVAM osciló entre los 62.000 euros en 2010 y los 58.500 en 2013, a lo que hay que sumar los 14.000 euros brutos anuales desde su incorporación al Consell Valencià de Cultura. En su última etapa, el sueldo de conseller de Blasco rondaba los 58.000 euros anuales, a los que habría que sumar el plus por ser portavoz del Grupo Popular, y los trienios y quinquenios de su etapa de interventor.

En una entrevista publicada en 2003 en El Mundo, Blasco se vendía ante la sociedad como un gran gestor y le quitaba importancia al dinero: «no sé ni lo que cobro exactamente en mi nómina mensual», y explicaba por qué estaba en política: «No tengo freno en mi apuesta por contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los valencianos».

¿Cuál es el patrimonio que ha atesorado el matrimonio en su contribución a «mejorar la calidad de vida y el bienestar de los valencianos»? En la declaración de bienes oficial presentada por Rafael Blasco en las Cortes en 2011, al inicio de su última legislatura, su patrimonio era de 222.956 euros. Blasco declaró cuatro bienes de dominio pleno al 100%: un piso, un chalet y dos locales comerciales. No especificó el valor catastral de cada uno, pero sí la suma: 178.576 euros. A esa cantidad había que sumar 158.849 euros que tenía en sus cuentas en Caixa Sabadell Fondiposit, CAM dinero Plus Fiamm, Ruralcaja, Caixa Sabadell, Caja Ahorros del Mediterráneo y Caja de Ahorros Castellón, Valencia y Alicante, así como el valor de un Audi A4 1,9 TDI y la participación en Promociones y Ediciones Culturales S.A. (empresa editora del periódico Mediterráneo de Castellón). Las deudas eran de 114.469 euros por tres préstamos en Caja Rural y la CAM.

El patrimonio de Consuelo Císcar, según la UDEF, era el 100% de 21 posesiones, además del 20% de una compartida con su marido, que posiblemente por error, no aparece en la declaración de este. Entre sus bienes figura un edificio y viviendas residenciales en Valencia, Picanya y Benicàssim, así como locales comerciales, almacenes, plazas de aparcamiento y dos parcelas en un polígono industrial. Su valor catastral, siempre inferior al real del mercado, es de 2.153.567 euros, según los datos del sumario. Todos sus bienes conforman una superficie construida de 3.736 metros cuadrados. El saldo de sus cuentas al cierre de 2014 era de 300.000 euros, a lo que hay que sumar el valor de un Audi A2 de 2003.

En su defensa hay que reconocer que Consuelo procede de una familia acomodada y con recursos, por lo que cuando llegó a la política no partía de cero.

El principal tesoro del matrimonio es su casa en la pedanía alzireña de la Barraca d’Aigües Vives, Villa Consuelito. Entre los años 2004 y 2006, cuando Blasco era conseller de Territorio y Vivienda, reformaron una masía del siglo XIX y construyeron una mansión de 450 metros cuadrados. En realidad se trata de una hacienda con tres inmuebles y miles de hectáreas de naranjos. El lujoso complejo tiene una vivienda propia para el hijo del matrimonio, Rablaci, y está dotado de piscina al aire libre y cubierta, jacuzzi, pista de tenis, sala de juegos con billares, sala de cine privado y un entorno con una frondosa vegetación que impide apreciar desde el exterior la magnitud de los bienes.

El edificio principal fue diseñado por el arquitecto Vicente Guallart y construido por la empresa Franjuán Obras Públicas. Se da la curiosa coincidencia de que tanto el arquitecto como la empresa constructora estaban recibiendo adjudicaciones millonarias y apoyo institucional por parte de las administraciones que el matrimonio gestionaba (conselleria de Territorio y el IVAM) en el momento de los trabajos en su domicilio privado.

Casa Consuelito es un auténtico museo privado de arte contemporáneo que alberga trabajos de Juan Ripollés, José Sanleón, Julio Quaresma, Miquel Navarro, Antonio de Felipe o Eladio de Mora «dEmo». Todos los artistas han expuesto en el IVAM en la época en la que Císcar era directora o han recibido encargos suyos, y algunos de ellos tenían a familiares directos trabajando en la sala de arte. Cuando el periódico Levante-EMV publicó esta información, algunos de los artistas negaron haberle regalado sus obras. El Temps desveló que además de los cuadros expuestos, hay un gran almacén con un centenar de obras más.

Hay un dato más para la reflexión. El casero de la finca sufrió en enero de 2008 el mayor susto de su vida. Dos personas encapuchadas entraron en la vivienda, le amordazaron y le encerraron en la caseta de la piscina. Le quitaron las llaves de la casa principal y revolvieron varias estancias durante una hora. El entonces conseller hizo declaraciones: «No ha habido ninguna alteración importante de lo que tenía». Ni siquiera lo denunció.

SÉPTIMA VIDA

La llegada de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat en 2011 aportó algunas novedades, en un contexto de alarma social por los escándalos generalizados en la administración. La Generalitat Valenciana se personó en el caso Blasco II (o caso Cooperación) —también en el caso Emarsa— con el fin de aparentar dureza contra la corrupción, y los abogados de la Generalitat pidieron una pena de once años de cárcel para el exconseller por la cuestión de las ayudas a Nicaragua, lo que no sentó nada bien al exportavoz. El mismo régimen que le amparaba le empujaba hacia la cárcel.

El 1 de junio de 2012, el todavía síndic del PPCV atravesó uno de los momentos más complicados, cuando el periódico Levante-EMV publicó una fotografía suya hablando desde una cabina de teléfono público cerca de la plaza Sanchis Guarner de Valencia. ¿Quién utiliza cabinas en la era de los smartphones y las tablets? ¿Quién lo hace siendo portavoz parlamentario con teléfono última generación y con llamadas ilimitadas que pagan las Cortes? Una semana después volvió a ser captado por una cámara de Levante TV llamando a las 11:30 horas, a plena luz del día, desde una cabina. Se puso las gafas, sacó un papel del bolsillo y marcó el número anotado. Sabía que sus teléfonos estaban pinchados y no quería que nadie lo oyera. Marina Albiol, diputada de Esquerra Unida, comparó al protagonista de aquellas portadas con Clay Davis, el senador corrupto de Baltimore que aparece en la serie The Wire.

Los medios de comunicación valencianos aludían constantemente a la posibilidad de que Blasco «tirara de la manta», y atribuían a ese hecho la falta de determinación que demostraba la dirección del partido contra él. «Varias teorías circulan para explicar por qué Fabra asume un desgaste de tal calibre no fulminando al supuesto líder de una trama […]. La más extendida alude a la ingente y relevante cantidad de información acumulada por Blasco, un verdadero animal político», afirmaba Voro Maroto en eldiario.es (05/06/2013).

En ese contexto irrumpió en escena la enigmática Asociación contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana, que presumía de tener abundante documentación (incluida la de un supuesto topo en el Palau de la Generalitat) y anunciaba una batería de querellas contra dirigentes del PPCV como Alberto Fabra y Serafín Castellano. Pocos medios dudaban de que era Blasco quien movía sus hilos. Era marca de la casa. Solo trascendió el nombre del presidente, el empresario Enrique Soriano. ¿Era aquella iniciativa el embrión de su séptima vida? ¿Se reinventaba de nuevo el camaleónico personaje?

La asociación firmó un convenio con el sindicato Manos Limpias para unir fuerzas en una supuesta cruzada contra la corrupción en España, y Soriano llegó a comparecer junto a su secretario general, Miguel Bernard. Posteriormente fue Manos Limpias quien ejerció directamente algunas de las acciones anunciadas, que tuvieron escaso recorrido. En abril de 2016 Bernard fue detenido en una operación de la Audiencia Nacional y acusado de extorsión y organización criminal, entre otros delitos. El juez Santiago Pedraz le acusó de exigir dinero por retirar querellas interpuestas previamente por el sindicato a cambio de dinero.

Rafael Blasco, que llevaba medio año de diputado raso en la bancada del PP, fue expulsado del partido el 22 de junio de 2013 y pasó a ser un diputado no adscrito.

Lo realmente sorprendentemente es que el dictamen elaborado por el Comité de Derechos y Garantías del PP para tomar esa decisión y retirarle la militancia no se basó en las irregularidades en su gestión, ni en todos los delitos que se le imputaban, ni siquiera en la petición de once años de prisión realizada por la Abogacía de la Generalitat Valenciana: el único motivo que la dirección del PP esgrimió para su salida fue la «falta de lealtad y de respeto» hacia el presidente Alberto Fabra por unas declaraciones realizadas en televisión. Y es que cuando se conocieron las peticiones de las acusaciones en el caso, el exconseller concedió una entrevista a Antonio Jiménez en El Cascabel al Gato (en 13 TV) y acusó a la Abogacía de la Generalitat Valenciana de «recibir consignas» para pedir los once años de prisión. Además, recordó que Fabra «estuvo imputado por la Justicia y no dimitió como alcalde de Castellón». Lo único reprobable fue la ofensa al líder.

Blasco combinó el sillón del grupo de no adscritos con el banquillo judicial, y tras su condena, en mayo de 2014, dimitió.

El lunes 16 de junio de 2015 entraba en el Centro Penitenciario de Picassent a primera hora de la mañana, con lo que inauguraba su séptima vida. Lo haría además como un preso modélico centrado en los estudios y la lectura desde la biblioteca de la cárcel. Sus problemas no se detendrían, con varias investigaciones en marcha por su gestión en diferentes consellerias y la de su mujer en el IVAM. A lo largo de 2016 y de forma periódica, desde la cárcel Blasco ha filtrado a varios medios su ofrecimiento al ministerio público de reconocer sus delitos pendientes a cambio de reducir las penas y la multa.

La que fue compañera en los buenos tiempos de Francisco Camps, Isabel Bonig, anunció en enero de 2016 (tras la conmoción social provocada tras el estallido del caso Taula) que presentaría una demanda por la vía civil a los condenados por corrupción en el PPCV para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados a la imagen del partido y a sus militantes y simpatizantes. «Se han aprovechado del PP y de la confianza de los votantes», afirmó la presidenta regional de la formación. La primera persona contra la que se actuaría era Rafael Blasco. Ocho meses después todavía no lo había hecho y aunque mantenían la intención, ya descartaban públicamente pedirle dinero porque «es imposible valorar jurídicamente el honor del partido».

Uno de los objetivos del nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana, presidido por Ximo Puig, ha sido el de recuperar el dinero sustraído para destinarlo al objeto inicial, ayudar a los que más lo necesitan en el tercer mundo. En junio de 2016 se habían reintegrado 550.000 euros de los 4,4 millones desviados. La Generalitat también trata de recuperar los tres pisos adquiridos en Valencia con dinero de las ayudas a la cooperación. Por el contrario, siete fallos judiciales han condenado a la administración autonómica a abonar 1.092.134 euros a tres ONGs perjudicadas en época del PP.

Carlos, el camarada Víctor, Rafa, Invictus, Don Rafael, Conill, señor Blasco… El siete es un número mágico. Las siete maravillas, los siete pecados capitales, los días de la semana, las consellerias que ha dirigido o las vidas de una persona única e irrepetible, Rafael Blasco Castany, capaz de reinventarse y empezar de nuevo dando un nuevo salto acrobático en la historia de la política y de la corrupción de la Comunidad Valenciana.

5

«Mi hermana nos repartía el dinero a cambio de una comisión»

Esteban Cuesta, el enfermero de Albacete que vivió el sueño de ser Richard Gere

¿Qué lleva a una persona con trabajo estable y con cierta reputación a convertirse en un corrupto? ¿Qué siente cuando roba? ¿Cómo cambia su vida? Los periodistas estamos acostumbrados a hablar de los protagonistas de los casos de corrupción de forma fría y distante, sin conocer la historia que hay detrás, sin ir más allá de las frases que entrecomillamos de sus declaraciones en el juzgado o de los documentos del sumario.

Intenté acercarme sin éxito a algunos protagonistas de los principales escándalos que hemos vivido para conocer su versión. El periodista Sergi Pitarch me había contado que cuando te sientas con ellos «empatizas» y llegas a comprender su sufrimiento por los casos que los acechan e incluso por las noticias que tú mismo has publicado. «Suelen engañarte. Te venden la moto para causarte pena y obtener un trato más favorable. Hay que tener cuidado», me dijo.

Debido al seguimiento que yo había hecho del caso Emarsa, era probablemente una de las personas que más sabía de uno de sus cabecillas, Esteban Cuesta, delincuente confeso y delator de la trama, pero no lo conocía personalmente. Muchos nos habíamos quedado con el episodio de las traductoras rumanas, la pillada que le hizo el juez sobre las noches de hotel con prostitutas, pero ¿cuál era la verdadera historia que se escondía detrás de la mentira? ¿Lograría arrancársela?

En una de las entrevistas publicadas por Levante-EMV, cuando el sumario estaba prácticamente cerrado, Cuesta no tuvo problemas en involucrar a su propia hermana. «Mi hermana nos repartía el dinero a cambio de una comisión», tituló el periódico. ¿Por qué lo haría?

Conseguí la cita. Quedamos para tomar café en un bar cercano a su casa cuando faltaban pocos días para el juicio, previsto para noviembre de 2015. Mi primera impresión era que aquel hombre moreno y con las facciones marcadas parecía más un hombre sencillo del campo que un alto cargo de la administración o un ejecutivo de una importante empresa pública. Vi a un ser consciente del terrible dolor que había causado a quienes más le querían y que estaba arrepentido de lo que había hecho.

No le importó que encendiera la grabadora en una charla que se alargó hasta que me quedé sin batería. Su testimonio choca con la versión de los otros investigados en el caso y entra en contradicción en ocasiones con sus propias declaraciones anteriores. Los jueces serán quienes den a unos u otros la razón. Pero el relato de su historia es un ejemplo de cómo la ambición y la desmesura pueden hacernos perder el control de nuestras propias vidas.

Esteban Cuesta ha pasado de ser un corrupto a trabajar en el mundo de la sanidad pública, salvando vidas a gente que sufre. Y lo hace codo con codo con gente que «vale la pena», según sus propias palabras. El tiempo dirá si «cantó» y se pasó al lado de los buenos porque no tenía otra opción, o llevado por su buena fe.

Todo empieza en Benimàmet

A Esteban Cuesta las cosas le iban bien en 1995. El aterrizaje del PP en el Consell había supuesto un salto en su carrera profesional, y después de ejercer una década de practicante en el ambulatorio se había convertido en todo un coordinador de enfermería en el nuevo Centro de Salud de Benimàmet, un flamante edificio que él mismo había estrenado. El Gobierno socialista de Joan Lerma abandonó el poder con los deberes hechos y dejó en herencia al barrio una infraestructura sanitaria adaptada a los nuevos tiempos.

Esteban era un tipo cercano y afable y se sentía querido. El personal que trabaja en los hospitales tiene una gran ventaja sobre el resto a la hora de lanzarse a la vida pública: conoce a la gente en el estado más crítico de su vida, lo que les otorga una cierta superioridad a la hora de saludarles en otros momentos.

Este privilegio era común a dos personas, antiguos compañeros del Hospital General de Valencia, cuando se vieron las caras.

—Esteban, tú que conoces a todo el mundo por la espalda, ¿quieres ser alcalde pedáneo del barrio?

Cuesta era un treintañero que admiraba a Alfonso Grau, un médico cirujano que dirigía el sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) y que acababa de irrumpir en el panorama político local (con el tiempo se convertiría en todopoderoso vicealcalde de Valencia y ariete de la oposición, el gran defensor de los grandes eventos como la Copa América y del plan urbanístico para el Cabanyal).

Le dio el sí quiero a Grau, y Rita Barberá estampó su firma en el decreto de nombramiento. Alcalde pedáneo. En cuestión de pocos meses aquel enfermero que había tenido ante sí, con los pantalones bajados, a medio barrio se paseaba por él como su principal autoridad. El Partido Popular se armaba e iniciaba su gran despegue. La propuesta de Grau obligaba a Cuesta a relanzar al PP en Benimàmet-Beniferri, para lo que le entregaba la presidencia de la agrupación de este barrio. Eso le situaba directamente en los órganos provinciales del partido, en los núcleos de un poder valenciano que cogía fuerza.

Benimàmet era entonces un barrio estratégico para el PP. Situado en el límite de Valencia con Burjassot y Paterna, históricos feudos socialistas, tiene una población similar a la de ciudades como Utiel o L’Eliana. Fue municipio independiente hasta 1882 y conforma junto a Beniferri el distrito de Poblados del Oeste.

Cuesta abandonó su piso de alquiler en Patraix para mudarse allí. Se compró una vivienda de protección oficial y se dedicó a esa labor de enlace que le habían encomendado: fallas, jubilados, amas de casa, etc. Conocía a la gente del barrio como la palma de su mano. En realidad, un alcalde pedáneo tiene las competencias muy limitadas, pero si algún vecino necesitaba algo sabía que Esteban «el practicante» era su hombre.

Uno de sus hitos más destacados fue la inauguración de una avenida jardín dedicada a su vecino más ilustre, el arquitecto Santiago Calatrava. El diseñador de la Ciutat de les Arts i les Ciències, nacido en Benimàmet, se convertiría en uno de los personajes más mimados de la nueva etapa. Pero hay que reconocer que durante aquellos años Rita Barberá supo ganarse los barrios a golpe de inversiones e infraestructuras: alcantarillado, aceras, asfalto… todo nuevo. Una sede para la Universidad Popular, una protectora de animales, nuevo Hogar del Jubilado, mercado municipal, toda la inversión en Feria Valencia y el Velódromo Luis Puig. Sin duda, los habitantes de Benimàmet se sentían escuchados y atendidos.

Esteban Cuesta ostentaba un cargo menor dentro del organigrama del PP, pero se codeaba con la flor y nata, los que pintaban algo en el cap i casal. La relación era menos fluida con Rita Barberá que con Francisco Camps, uno de los concejales más prometedores de su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, que llevaba entre otras el área de movilidad. «A Rita la veía en las inauguraciones, muy pocas veces», recuerda. «Yo la alcaldía la tenía abierta por las tardes. Camps se presentaba y me preguntaba cómo iban las cosas», cuenta.

Este especial interés no era fortuito. La familia Camps-Ortiz y la de Cristina Segarra, esposa de Esteban Cuesta, fueron durante un tiempo casi vecinas de la Gran Vía de Fernando el Católico, la zona bien de Valencia. Estrella, hermana de Camps, fue compañera de Cristina en el colegio Jesús y María, un centro concertado católico frecuentado por las clases pudientes del ensanche. Los lazos familiares de infancia, cuando los Camps-Ortiz vivían en el conocido como Edificio 2000, permanecieron en el tiempo, hasta el punto de que en alguna ocasión, según reconoce Cuesta, Paco Camps y su esposa Isabel Bas les dejaban a alguno de sus tres hijos al cuidado: «se iban no sé dónde… y lo típico… déjamelo aquí». Eran buena gente, de fiar. Con Estrella Camps las relaciones continuarían durante años. La hermanísima empresaria intentó años después que Cuesta le ayudara incluso en sus negocios privados aprovechando los contactos que tenía en el mundo empresarial.

Al igual que a su padrino Alfonso Grau, a su esposa, Cristina Segarra, la conoció en el ámbito sanitario. Trabajaba también para la administración como responsable del Centro de Transfusiones desde finales de los 80, y en una de aquellas idas y venidas, organizando campañas con los responsables del centro de Benimàmet, saltó la chispa del amor. Fue un noviazgo rápido. Se casaron en 1989 y entre 1990 y 1991 tuvieron a sus dos hijos, su tesoro más valioso. Mucho tiempo después, Segarra se convertiría para Cuesta en lo mismo que la sangre para quienes necesitan sus transfusiones. Cuando Cuesta se hundió, su mujer le devolvió a la vida.

La alcaldía pedánea y la presidencia del PP solo le restaban a Cuesta las tardes, y suponía un complemento a su nómina de más de 1.000 euros al trimestre. Su carrera profesional continuaba creciendo a la sombra de los consellers de sanidad de la época: Farnós, Cervera, Castellano y Rambla. Primero fue nombrado Coordinador de Enfermería en Burjassot (con dos centros de salud) y más tarde alcanzaría el cénit con el cargo de coordinador de toda el Área de Atención Primaria de Sagunto.

Aquel trabajador de la sanidad se convirtió durante cuatro años, de 2000 a 2004, en el encargado de gestionar todo el personal de los centros de salud desde el Puerto de Sagunto hasta Teruel, el área 3 del organigrama de la Agencia Valenciana de Salud. Más de 400 trabajadores (auxiliares, enfermeras, matronas y fisioterapeutas) dependían de sus decisiones para organizar horarios, turnos o vacaciones. «Me sentía como pez en el agua con aquel trabajo.»

Cuesta, casado y con dos hijos, era feliz y se sentía realizado profesional y personalmente. Su siguiente decisión lo cambiaría todo.

Casas Ibáñez

Esteban Cuesta nació en Casas Ibáñez, Albacete, el 2 de febrero de 1964, al mismo tiempo que la dictadura franquista ponía en marcha el I Plan Nacional de Desarrollo Rural. Luis Aguilé, Rita Pavone y el Dúo Dinámico arrasaban en la radio, y el programa Reina por un día era el gran éxito de la temporada en Televisión Española.

Su padre, José Cuesta, era un agricultor de pueblo que, gracias a los terrenos que heredó del abuelo, levantó una granja en la que criaba conejos, cerdos y champiñones. Esteban era el segundo de cuatro hermanos, el que más prosperaría y más lejos llegaría. Su destino podría haber sido diferente. Y es que en aquella época las órdenes religiosas realizaban campañas en los pueblos para captar a niños y llevárselos a estudiar. A los 14 años ingresó como interno en el seminario de los Hermanos Maristas en Santa Pola, aunque jamás tuvo vocación sacerdotal. «Soy practicante, pero por mi trabajo, no por ir a misa», afirma con ironía. En el internado alicantino cursó sexto, séptimo y octavo de EGB. «Nos dedicábamos a estudiar, practicar deporte, comer y dormir. Ese era mi día a día», recuerda. Tan solo visitaba el pueblo un mes, en agosto. El pequeño Esteban tampoco lo extrañaba. De hecho, cuando terminó la educación obligatoria le dijo a su padre que en Casas Ibáñez le «faltaba vida» y el pueblo no estaba hecho para él. «Nunca he tenido arraigo en el pueblo ni ambiente familiar. Yo no he vivido esas reuniones familiares por los cumpleaños o las celebraciones», lamenta.

José entendió al chaval y le ayudó en la aventura que emprendía como tantos miles de castellano-manchegos en aquella época. Valencia era la tierra soñada, la salida natural del mundo rural. Le buscó un piso de alquiler y un trabajo en Valencia para que pudiera cursar BUP, y así fue como con 17 años empezó a ganar sus primeros billetes. Esteban viajaba con un agente comercial que se dedicaba a vender joyas por los cuarteles de la Guardia Civil, algo que «ahora puede sonar raro pero que en aquella época era habitual», se justifica.

Al poco tiempo, Ana y Luisa, sus dos hermanas, también se desplazaron a la capital levantina. Incluso el pequeño, José Ramón, vivió un tiempo en Valencia con sus padres, cuando se trasladaron para la operación de corazón de José. Con Ana fue la única con la que rompió la relación. Al resto de la familia los siguió ayudando hasta límites que jamás imaginarían. Por algo él era el más próspero, con estudios y un título de la Escuela de Enfermería de La Fe.

La propuesta

En marzo de 2004 el PSOE de Zapatero le daba la vuelta a las encuestas e iniciaba una nueva etapa política en Madrid. Los socialistas valencianos, en cambio, continuaban la agonía que iniciaron tras la pérdida del poder, y la distancia obtenida en el Ayuntamiento por su candidato Rafael Rubio (12 ediles) frente a Barberá (19) parecía insalvable. El músculo de la derecha estaba tensionado.

Fue en ese contexto en el que se produjeron unas conversaciones que cambiaron el rumbo de su vida.

Esteban Cuesta conocía al alcalde de la vecina localidad de Manises de los encuentros en el PP. «Tuvimos una serie de reuniones hablando, en alguna cafetería… hasta que le digo que sí, que acepto el cargo.» Enrique Crespo (Manises, 1968) se había consolidado como el todopoderoso barón del PP en el cinturón rojo metropolitano. Sus mayorías absolutas en su localidad eran insólitas en una comarca, l’Horta, que hasta 2011 no se pasaría definitivamente al azul.

Para saber lo que es Emarsa y la sopa de siglas que hay detrás de empresas públicas implicadas es necesario remontarse tiempo atrás.

Tras el vuelco de 1995 en la Generalitat, el PP de Zaplana disolvió el Consell Metropolità de l’Horta, el órgano encargado de gestionar cuestiones como agua y basuras, donde los ayuntamientos socialistas de la comarca tenían mayoría, y creó dos entidades metropolitanas que, a partir del criterio poblacional, controlaba el Ayuntamiento de Valencia y Rita Barberá. Fue así como nacieron la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre).

Había una infraestructura a medio camino entre las dos áreas. La depuradora de aguas residuales más grande de la Comunidad Valenciana está ubicada en la pedanía valenciana de Pinedo, y abastece al área más poblada, 17 municipios. Se construyó en 1981 bajo el mandato del alcalde socialista Ricard Pérez Casado. En aquel reparto entre el Emshi y la Emtre se decidió que la depuradora dependiera del primero y, a diferencia de otras infraestructuras similares de otras comarcas (cuya gestión se cede directamente a la Generalitat Valenciana a través de la Entidad de Saneamiento —Epsar—), aquí se optó por crear una nueva empresa pública. Su nombre era el de Empresa Metropolitana de Aguas Residuales S.A., aunque todos la conocerían por su acrónimo: Emarsa.

El Ayuntamiento de Valencia acaparó en un primer momento el control absoluto de los dos organismos, Emshi y Emtre. Emarsa fue moneda de cambio en el «pacto del pollo» entre Unión Valenciana y el PP. El partido regionalista consiguió colocar a uno de los suyos, Juan Vicente Jurado, en el cargo de presidente de la empresa que gestionaba la depuradora. Con la fagocitación del «blaverismo» por la formación de Zaplana, el concejal del PP Silvestre Senent tomó las riendas. Tras las elecciones de 2004 y ante las suspicacias levantadas en el resto de municipios de l’Horta, se concedió la presidencia de la Emshi (y consecuentemente de Emarsa) a un aliado natural de Rita Barberá en la comarca, Enrique Crespo.

El alcalde de Manises sustituía al frente de la Emshi y Emarsa a Silvestre Senent, un pez gordo del PP, presidente local durante la friolera de 21 años. Senent, siempre a la sombra de Rita Barberá, consiguió sortear con éxito todas las crisis del partido: el caso Naseiro y la implicación de su compañero Salvador Palop, la dimisión de Salvador Cardona, el paso del zaplanismo al campismo, la polémica de García Fuster y todos los escándalos de corrupción que han salpicado a Rita Barberá. Sin embargo, en enero de 2016 cayó en el marco del caso Taula y la investigación por el blanqueo de capitales en el consistorio, y fue uno de los imputados.

Su gestión en Emarsa dejó mucho que desear, con un gerente con problemas con las drogas que se ausentaba durante largos períodos de la depuradora sin dar ninguna justificación. Un ex alto cargo de Emarsa y del PP, Juan Carlos Gimeno, acusó a Senent de hacer desaparecer material por valor de más de medio millón de euros.

Aunque Enrique Crespo mantiene que fue Cuesta el que se le acercó pidiéndole el puesto, y que le respondió que buscara apoyos en el partido, el segundo afirma que fue el entonces alcalde de Manises el autor de su fichaje. Creyó que le contrataban por su experiencia en conflictos laborales y en convenios con los trabajadores, más de cien, porque ese era el principal problema que había en Emarsa en ese momento. En eso sí que coinciden los dos dirigentes. De hecho, Crespo entregó al juez del caso, Vicente Ríos, un amplio dosier con todas las polémicas de la época en el centro.

Cuesta le hizo ver a su nuevo jefe su absoluto desconocimiento de la contabilidad, las cuestiones financieras o empresariales. No sabía nada del proceso de depuración de aguas residuales ni de informática.

—No te preocupes, yo me encargaré de todo. Hay un equipo de personas que te van a ayudar.

Esa fue la respuesta.

El 21 de julio de 2004 firmó el contrato de alta dirección con dedicación exclusiva, y en pocos días Crespo le entregó poderes ilimitados, y eliminó la necesidad de firmas mancomunadas. Pasó a tener un sueldo que jamás había soñado: 80.000 euros al año, más que el presidente del Gobierno, más que el presidente de la Generalitat, más que los consellers. Y se convirtió en director de una empresa pública con un presupuesto que alcanzaría los 20 millones de euros al año, tanto como ciudades como Cullera, Ontinyent o Xàtiva.

En muy poco tiempo la familia Cuesta-Segarra abandonó el barrio obrero de Benimàmet y se trasladó a vivir a la calle Conde Altea, probablemente la zona más cara de Valencia. En realidad el piso lo compró su mujer, Cristina Segarra, en diciembre de 2005 por 300.000 euros. A Cristina no le llegaba con la venta de un solar que tenía y firmó una hipoteca de 150.000 euros. Un año después invirtieron 90.000 euros más en una reforma, lo que le obligó a un préstamo bancario por la misma cantidad y a ampliar la hipoteca a 40 años.

Durante los primeros meses de la nueva etapa, aquel enfermero afirma que todavía tenía su mirada limpia y los objetivos nobles. Por eso cuando llegó a Emarsa lo primero que hizo fue solucionar los graves problemas de personal, suscribir los convenios colectivos y solucionar cuestiones desatendidas debido al vacío de gestión heredado: se abrió un nuevo registro mercantil, se llevó a cabo la retroacción de seis años de formulación de cuentas (no se habían realizado), se formularon los presupuestos, se aprobaron las cuentas generales y se prepararon las cuentas anuales.

Esteban Cuesta también se centró en obtener fondos para mejorar la economía de Emarsa. Con los ingresos por el tratamiento de lixiviados la sociedad ingresó cerca de 3 millones de euros.

Entre las primeras iniciativas que realizó figura la de revisar los contratos de obras pendientes que se estaban ejecutando. Al advertir irregularidades, escribió una carta manuscrita de dos hojas dirigida al secretario del Consejo de Administración de Emarsa, Blas Pérez Blesa, pidiéndole un dictamen jurídico con el fin de «anular todos los contratos por deficiencia en la forma de todas las obras que estaban pendientes» por parte de la empresa Mediarco.

Este documento demuestra la bisoñez del recién llegado a la cueva de Alí Babá y prueba el absoluto desconocimiento de los procesos de contratación, lo que Blas Pérez le aclaró al detalle en su informe. En este dictamen, Pérez desglosaba las irregularidades del gerente anterior, que había adjudicado 3,3 millones de euros saltándose una docena de preceptos legales. Cuesta afirma que rechazó la «mordida» que le ofrecieron en aquel momento y siguió trabajando. «Pude parar la primera, pero a la segunda sucumbí», confiesa.

¿Quiénes eran los que iban a ayudar a aquel enfermero inexperto en aquella empresa? Cuesta conocía de los saraos del PP a tres personas clave en su nueva vida: Sebastián García, Ignacio Martínez y Santos Peral. Por las mañanas eran jefe de Informática, jefe de Compras y contable de la depuradora, respectivamente; por la tarde dirigían las agrupaciones del PP en los barrios de Trànsits y Patraix. La estructura orgánica del PP no solía visitar las oficinas del Servef (Servicio Valenciano de Ocupación y Formación) y todos los dirigentes estaban colocados convenientemente en las empresas públicas, fundaciones o entidades que controlaban.

Al informático Sebastián García Martínez, conocido como Chanín, Cuesta lo conocía de Benimàmet. La amistad empezó a fraguarse en el gimnasio. Chanín era, al igual que sus compañeros, una persona de la absoluta confianza del presidente local del PP, Silvestre Senent. «El ir y venir de material informático a los despachos de Senent y su asesora en el Ayuntamiento, Dolores Cubells, era constante», apunta. «Siempre me decía que se iba a arreglarle un ordenador al Ayuntamiento, que iba a cambiarle un teléfono…»

Según la descripción de su antiguo «jefe», Chanín es un personaje calculador y maquiavélico. Su mujer, Asunción Pestíñez, también estaba vinculada al staff de la empresa como secretaria del director financiero, y tenía acceso a la parte contable. Cuando inauguraron la sede del PP de Benimàmet, quien acompañaba a Silvestre Senent en el coche oficial era la mujer de Chanín. Cuesta estuvo en la boda de Sebastián y Asunción junto a la plana mayor del PP local.

Según reveló El Mundo, este personaje clave en la historia montó una estructura financiera para desviar dinero a Hong Kong y a las Islas Vírgenes mediante empresas tapadera a nombre de su mujer y un testaferro. Con el tiempo y al amparo de sus buenas relaciones, atesoraría un inmenso patrimonio personal.

El sucio negocio

A los pocos días de estar trabajando en Emarsa, a Esteban Cuesta le empezaron a pasar para que firmase algunas cosas de su entorno más cercano que él no veía claras. «Empiezan a mandarte cosas que tienes que dar por buenas con tu firma […] te dicen a quién tienes que contratar […] que el beneficio nos lo vamos a repartir».

Todo le queda meridianamente claro en una reunión que tiene lugar en un despacho oficial de la Diputación de Valencia, pasado el verano de 2004. Siempre según su versión, en la mesa hay sentadas cinco personas: Enrique Crespo (por Emshi), Esteban Cuesta (por Emarsa), José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer (por la Generalitat), y José Luis Sena (un empresario dedicado al tratamiento de lodos).

Morenilla era el gerente de la Entidad de Saneamiento de la Generalitat (Epsar) y por lo tanto el máximo responsable de todas las depuradoras valencianas por debajo del conseller de Aguas, que desde 1997 era José Ramón García Antón. En aquella importante cita todos estaban eufóricos porque días atrás habían logrado con García Antón incrementar los fondos para el saneamiento. Había mucha pasta y todo estaba listo para repartírsela.

Cuesta dice que se lo plantearon así de crudo, sin disfrazarlo, como si fuera algo lógico y derivado de prácticas que ya desarrollaban anteriormente. El método era muy sencillo e iban a sacar una muy buena tajada.

El grueso de aquel negocio era el dinero que la Generalitat transfería a través de Epsar a Emarsa en función de las cantidades de fango generado en las instalaciones de Pinedo. Lo que hacían era pagar a 42 euros la tonelada al primer grupo de empresas (Zonday, Erwinin, Printergreen, Notec…) cuando estas lo subcontrataban a otra (Adobs Orgànics) por 15 euros la tonelada. Los empresarios estaban conchabados. Jorge Ignacio Roca Samper, apodado «El Gordo», era el que cobraba las cantidades desorbitadas y luego retornaba el dinero al clan.

Por este método se repartían entre 8.000 y 10.000 euros al mes cada uno. Eso suponía prácticamente duplicar su ya de por sí generoso sueldo. El acuerdo incluía otra suma procedente del 10% de algunas obras de infraestructuras realizadas por Epsar. Sí, aquí no era el famoso 3% de la supuesta financiación ilegal de Convergència i Unió en Cataluña destapada por Pasqual Maragall, era tres veces más.

«Cuando te plantean algo así se te encienden los ojos y dices, ¡qué bien! Cometí el error más grande de mi vida, porque debería haberme levantado de la silla y haberme marchado. Decir: Señores, rescindo mi contrato y vuelvo al mundo de la sanidad. No quiero saber nada de un dinero que no me he ganado.»

Pero de golpe y porrazo Cuesta se ve con sobresueldos de dinero contante y sonante que llegaba en efectivo de Andorra y que le daba en mano, según su versión, José Luis Sena. El gerente tuvo que añadir a sus tareas mensuales una nueva, dividir en cuatro partes aquel botín y repartirlo entre quienes habían pasado a ser sus socios. Lo hacía en su despacho en Emarsa, en los baños de Epsar, o en el cuarto trastero de su casa.

El gerente hacía de recadero, ya que los altos cargos de la Generalitat o el vicepresidente de la Diputación no se molestaban ni siquiera en ir a recoger su parte cuando llegaba el envío. En esto también había clases. «Eran unos señoritos. Enrique Crespo tenía tal avaricia que si un viernes a las diez de la noche te llegaba el dinero tenía que irme a su casa y llevárselo.»

Aquel sistema de reparto duró menos de un año porque un chivatazo hizo que cundiera el pánico en la banda. Alguien avisó a Sena de que los Mossos d’Esquadra realizaban controles periódicos en las carreteras y una inspección fortuita podía poner al descubierto aquel montón de billetes que cruzaba la frontera rumbo a Valencia. La escena con el maletero abierto ante uniformados con metralleta hizo que se las ingeniaran para buscar una alternativa. Y la encontraron.

¿Qué necesidad había de llevar de despacho en despacho los abultados fardos con billetes si cada uno podía servirse de forma cómoda en el cajero más cercano? Sena entregó dos tarjetas Servired de una cuenta de Caixa Penedès de Igualada a cada uno. Estaban a nombre de Jorge Ignacio Roca, El Gordo. En total había ocho. Les dieron instrucciones precisas para que las extracciones no superaran jamás los 1.000 euros al día. Aun así, hubo problemas. En una ocasión, Enrique Crespo sacó dinero de la oficina central del BBVA en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, justo debajo de donde tiene la sede la entidad metropolitana que presidía, con la mala suerte de que el cajero se tragó la tarjeta. El entonces todopoderoso dirigente del PP se vio en un apuro y decidió ir a reclamar al director de la entidad lo que no era suyo. En ese momento, tuvo la precaución de telefonear a Cuesta para consultarle el suceso:

—Ni se te ocurra. El titular de la tarjeta no eres tú, es Roca. Lo mejor será que yo llame a Sena y nos entreguen una nueva tarjeta.

A las pocas semanas de iniciarse este sistema los cuatro se reúnen en una cafetería para valorar la situación, y muestran su malestar. No están satisfechos. Eso de ir diariamente a sacar el dinero a los cajeros es un incordio aquello, por lo que había que buscar a alguien de confianza que hiciera el trabajo por ellos, aunque perdieran pasta. En el transcurso de aquella conversación Cuesta encontró la solución:

«Mi hermana es de total confianza. Ella nos repartirá el dinero a cambio de una comisión.» Fue así como se designó a Luisa Cuesta, hermana del gerente, como la mensajera oficial. Ella trabajaba en la Gestoría Pastor de administrativa, se movía bien en este ámbito y no levantaba sospechas cuando entraba y salía de oficinas bancarias y edificios oficiales. A cambio, se la recompensaba con un modesto pago de 500 euros mensuales. Este dinero, claro está, no salía de la nómina oficial de los dirigentes del PP, sino que lo restaban de su parte del botín.

Aunque durante la mayor parte del tiempo Crespo gestionó sus propias tarjetas, las otras seis y sus respectivos números PIN estaban en manos de Luisa. Solo después del incidente con el cajero el alcalde de Manises cedió las identificaciones a la recadera. Un día a la semana Luisa se pasaba por las dependencias centrales de Epsar para dejar el sobre. Normalmente la recibía Bernácer y luego la trasladaba a su superior Morenilla. La consigna era decir que llegaba «Luisa la de la gestoría».

En la primavera de 2007 parece que los temores han pasado, cogen confianza y vuelven a cambiar la forma de reparto. Regresan al dinero en cash. El efectivo, puesto en cajas, lo llevaba Cuesta en su coche y lo entregaba por separado en Epsar y en la Diputación como cuando todo empezó.

La multiplicación del robo

Una vez se había ensuciado las manos, ya todo daba igual. No había medida. La avaricia no tenía límites. De esta forma Cuesta acordó con el director financiero, Enrique Arnal, un sistema para lucrarse con los fondos de la depuradora a través de las empresas de Chanín y su familia. Aunque en un principio Sebastián García solo prestaba servicios relacionados con la informática, se incluyó entre los contratistas a las empresas de servicios y construcción de su hermana para multiplicar las cantidades a facturar.

Como es lógico, hay varias versiones sobre las cantidades que se repartieron por este sistema Cuesta y Arnal entre 2007 y 2009, pero el gerente dice que se repartían 30.000 euros al semestre y que por este sistema se apropió de 120.000 euros ajenos. Chanín, sin embargo, eleva la cifra y le atribuye hasta 1,8 millones de euros.

Multiplicaron sus esfuerzos y pusieron en marcha toda la maquinaria para facturar por facturar. Con total descaro y sin ningún miramiento. Se sentían inmunes, convencidos de que jamás les iban a pillar. Solo así se explica que una empresa con 30 puestos informáticos «adquiriera» en pocos años 174 teclados, 141 licencias antivirus, 79 monitores, 140 placas base, 149 ratones, 105 altavoces, 71 discos duros internos, 41 discos duros externos, 79 monitores, 88 tarjetas gráficas. Era una farsa.

A la hora de inventarse conceptos con los que expoliar a la depuradora se les agotaron las ideas. Las empresas de obras y servicios de la hermana de Chanín (sin tener trabajadores) cobraron cantidades desorbitadas por pintar edificios que eran de obra vista, o hacer trabajos en edificios de la depuradora que ni siquiera existían.

Chanín siempre picaba a sus compañeros. Que si vaya mierda de teléfono Nokia que llevas, que si ese coche no vale nada, que si aprovecha y hazte una buena reforma en la casa... El informático vivía a cuerpo de rey y presumía de ello, queriendo demostrar siempre que era más que el resto. Según esta versión, viajaba por todo el mundo de forma constante —Nueva York, Islas Seychelles, Santo Domingo, Disney World, Puerto Rico. Y cuando volvía les mostraba las fotos de los lugares paradisíacos que estaban a su alcance. Les hablaba de las propiedades que tenía, un chalé en la urbanización Mas Camarena, otro en Xàbia, en Torre en Conill, etc. Cada dos por tres les llevaba en un coche de lujo: un BMW descapotable 320, un Mini descapotable, un Cooper Mini S, un Mercedes ML320, un Mercedes ML240, un Jaguar, tres Volkswagen Tuareg V10, un Audi A5, dos Porsche Cayenne S y SM, un BMW X3, un Mercedes SL500, un Mercedes SL 55AMG, e incluso en Mónaco les llevó en un barco valorado en 200.000 euros.

Les ponía los dientes largos.

En una ocasión Chanín le dijo a Cuesta que iba a facturar todavía más de las empresas de su hermana.

—Pues entonces también le pagarás a mi hermano.

Fue instantáneo. Como si de una rabieta de niños de preescolar se tratara. Si tú quieres más, yo también. ¿Por qué no hacerlo? Aquello estaba totalmente desmadrado. ¡Era tan fácil!

Fue así como Chanín aceptó el envite y le ingresó a José Ramón, el hermano de Esteban, 1.000 euros durante 29 meses que iban a su empresa Exae. Esta era la misma firma a la que el gerente también desviaba las mordidas que le llegaban por el 10% de obras de la Generalitat. Están acreditados los pagos de contratistas de la Generalitat como Proemisa, Ivem y Proademi que suman 150.000 euros. Las empresas constructoras pagaban directamente la mordida a la sociedad de su hermano como si fuera por prestación de un servicio.

Otro de los capos era Enrique Arnal, director financiero de Emarsa, empresa a la que llegó en la etapa de Juan Vicente Jurado. Los dos procedían de la extinta Unión Valenciana. Además de contar con uno de los sueldos más elevados, también tuvo a bien beneficiar a las empresas de su mujer y su hermano. Grupo Mas suministraba azafatas, y Arrima realizaba cursos de formación. Aquello era una gran familia donde la ambición por el dinero no tenía ningún límite.

Esteban Cuesta dice que entregó a su familia todo el dinero robado. Porque no siempre eran billetes, en ocasiones, como se ha comentado más arriba, eran las empresas las que pagaban en especie y luego se descontaba.

El 16 de mayo de 2005, Luisa y José Ramón Cuesta constituyeron la empresa Explotaciones Agrícolas Ecológicas (Exae S.L.), de la que José Ramón era administrador único y Luisa la apoderada. Ese mismo día la mercantil registró a su nombre la vivienda familiar donde Esteban enterraría gran parte de su fortuna ilegal. Además, les compró varias parcelas de viñas y cultivo de cereales en la zona. En marzo de 2006 les compró dos viñedos en el paraje Madriguerilla del Monte, una finca rústica en el paraje Casilla de Poncho y un edificio agrícola y una finca de cereales en el paraje Castilla de Blas María. De hecho, con dinero de Emarsa le compró a su tío Adolfo la parte de terrenos de la herencia que no habían ido a su familia.

Además, Esteban le dio dinero a José Ramón para comprar maquinaria agrícola: tractores, remolques, etc., y pagó la mano de obra, el mantenimiento y la reforma de la granja que está en el campo.

Compraron caballos y reformaron la vivienda, donde sepultó más de 200.000 euros procedentes de las comisiones y pagos en B en Emarsa. Estuvieron trabajando tres años en ella hasta convertirla en un auténtico palacio. Tiene tres plantas con verjas de tres metros, carpintería nueva, grandes ventanales, un garaje y una inmensa bodega.

Con su hermana Luisa compró a medias una vivienda en la calle San Vicente de Valencia, pero al saltar el escándalo le regaló su parte ante el temor a que fuera embargada.

Una de las cosas que más encendía al staff corrupto de Emarsa era ver lo que ocurría en las oficinas cuando llegaba el final de mes, ya que de golpe y porrazo aparecían varios profesionales contratados por indicación del presidente, Enrique Crespo, pero que en realidad no hacían nada. Se les pagaba para quedar bien. Se supone que eran compromisos personales sobre los que había múltiples especulaciones. En el argot periodístico se denominan «zombis», y la lista se extendía a través de varias empresas públicas controladas por el PP, como Imelsa.

En Emarsa, por ejemplo, había una periodista, una abogada y otro abogado (con cargo en el PP) a quienes con sorna llamaban «las de la regla» porque aparecían de forma natural cuando se pasaba la hoja del calendario, como la menstruación. Iban allí a quitarles parte de un dinero que consideraban suyo, y eso les irritaba.

Comprar favores

Una de las tareas más entretenidas de su trabajo era la de elaborar la lista de las personas que recibirían regalos. Emarsa era una Navidad continua donde los portátiles, tabletas o juegos de ordenador eran obsequios habituales en cumpleaños, jubilaciones, reuniones del consejo de administración, etc. Cuando llegaba fin de año estas muestras de afecto se multiplicaban con regalos como cajas de vino, jamones, relojes o productos exclusivos de tiendas como Loewe o El Corte Inglés.

Cuesta elaboró la lista con los nombres de los beneficiarios de los obsequios, políticos o empresarios de primer nivel y con mando en plaza a los que había que tener contentos por si hacía falta que le devolvieran el favor. Al fin y al cabo, la decisión de renovarle o no en el cargo dependía de ellos. Los ilustres se clasificaban como No vip, Vip o Súper, una clasificación ascendente para diferenciar a los que iban a recibir solo el vino o también los jamones, iPods, bolígrafos Montblanc, etc. En aquella lista aparecían más de 100 políticos de primer nivel, encabezados por el presidente Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá. También algún familiar de estos, como Estrella Camps, y otras personas influyentes, como el actor Pepe Sancho. También había médicos, policías o altos cargos de la administración.

En 2007 Barberá tuvo a bien enviarle una carta de agradecimiento a Cuesta por regalarle un bolso de Loewe, que no dudó en aceptar porque era ¡«tan bonito»! Era la secretaria Marisol Gálvez la que se los compraba todos los años en el establecimiento e iba personalmente para dejárselos en la arqueta de policía del consistorio.

Entre regalos, comidas y viajes, la empresa pública dilapidó cerca de un millón de euros desde 2004 a 2010. Gran parte de ellos eran para el goce y disfrute de la propia dirección, que facturó hasta las propinas. Los restaurantes de Pinedo se regaron con este dinero. También otros muchos como el Asador 7 de Julio, Asador de Aranda, Casa Ripoll, La Calderona, El Náutico, etc. Una ruta gastronómica que pocos podían permitirse.

Con el dinero de Emarsa se pagaron comidas a varias comisiones de Fallas. Se inventaron subvenciones para asociaciones, colectivos y bandas de música de Benimàmet o de Pinedo. Todos estarían encantados con la fantástica gestión del PP en esta empresa pública. Todos votarían al partido que les ayudaba.

En algunos casos hay excusa razonable. En Pinedo había malestar por los malos olores y las molestias provocadas por la depuradora. Cuando llegaban las fiestas de barrio parece lógico que se les compensara.

En relación a los viajes de ocio que realizaron con dinero público, Esteban Cuesta mantiene que él pidió permiso a su presidente, Enrique Crespo. Nunca disfrutaba de las vacaciones completas y cumplía religiosamente su horario. ¡Qué menos que la empresa tuviera un detallito! El gerente no era el único. Aquello era una práctica habitual. Los directivos se iban con sus señoras, con sus hijos, con sus amantes. Constan viajes a Andorra, Varsovia, Munich, París, Lisboa, Marrakech, Ibiza, Nueva York, Casablanca o Bucarest. La misma agencia de Benimàmet con la que realizaban las visitas oficiales a las ferias y exposiciones relacionadas con el medio ambiente les tramitaba el viaje y los hoteles, y luego lo facturaba a la depuradora omitiendo, claro está, los conceptos concretos para evitar que se conocieran los desplazamientos.

Después de las elecciones autonómicas de 2007 y el triunfo de sus jefes, todo apuntaba a que se consolidaba su tinglado. Por eso Esteban Cuesta, Enrique Arnal y Sebastián García se fueron a celebrarlo a París con sus familias. Se llevaron a las mujeres y a los hijos y visitaron Eurodisney. Aquello era un sueño hecho realidad. Aunque fueron cada uno por su cuenta, coincidieron en una cena como buenos amigos y colegas de trabajo y de pillerías.

En otra ocasión, Cuesta se fue con la mujer, los hijos y su hermana Luisa a Marbella, a un lujoso hotel de cuatro estrellas.

Era la época dorada de la Fórmula 1, el Open de Tenis, la Copa América y los grandes eventos organizados por el PP, cuando a los altos cargos les llovían invitaciones gratuitas y aun así, en Emarsa se gastaban una fortuna en adquirir abonos.

A Rumanía se pagaron cerca de 70 desplazamientos a directivos, empresarios, familiares y otro personal ajeno a la empresa. La versión oficial es la de que querían abrir vías de financiación para Emarsa, conseguir fondos exportando el modelo de depuración o gestionando algunas infraestructuras similares. El caso es que jamás se habló de estas cuestiones en el Consejo de Administración de la empresa pública, con un objeto limitado por ley a la depuradora de Pinedo y sin competencia alguna para realizar allí gestiones. ¿Qué hacían allí?

A Andorra también viajaron en diez ocasiones con dinero robado. Figura en la documentación del sumario un viaje en agosto de 2009 para cuatro personas, justo las fechas en las que Crespo, Cuesta y sus hijos fueron juntos. Posteriormente la investigación señaló a Enrique Crespo por tener intereses económicos allí.

¿Cómo se garantizaba la omertà en una empresa con 120 trabajadores? Obviamente no todos tenían acceso a los datos del saqueo, pero sí varios de ellos, para los que era difícil guardar el secreto. Así que no hubo más remedio que dar un sobresueldo de 400 a 1.000 euros al mes a los más espabilados para que no cantaran. Marisol Gálvez, Santos Peral o Ignacio Martínez, señala Cuesta.

Con el PP, todos ganaban. El gerente reveló que las cenas anuales del partido en la ciudad de Valencia salían de la planta de Pinedo y que Ignacio Martínez y Santos Peral se encargaban de ello cuando recibían la llamada de Silvestre Senent, el presidente local. Estos extremos no se han podido confirmar en la investigación.

Pero llegó un momento en el que Esteban decidió abandonar el hogar familiar. No fue algo oficial, pero las cosas no iban bien, por lo que optó por dejar a su mujer y sus hijos e irse de casa. «No he ido a un psicólogo para que analice por qué lo hice, pero creo que fue en parte por todo lo mal que lo estaba haciendo en mi vida. Me fui para que no salpicara a la familia.»

Esteban Cuesta llevaba una doble vida y su mujer estaba al margen de las actividades delictivas que estaba llevando a cabo en su vida profesional. El juez la señaló como responsable civil partícipe «a título lucrativo» por los ingresos que le hizo su marido, le impuso una fianza de 400.000 y embargó su casa, pero no la imputó.

Cuando dejó a su familia puso en alquiler el piso de Benimàmet a buen precio, 720 euros al mes, y con ese dinero se trasladó a vivir a un piso que le gustó en la avenida de Francia de Valencia. Al final, acabaría vendiendo también su antigua VPO (Vivienda de Protección Oficial) por 150.000 euros y comprando otra casa en la calle Trafalgar que le costó la friolera de 360.000 euros. Parte del mobiliario se lo pagó Chanín con dinero robado a Emarsa. Firmó una hipoteca de 250.000 euros e incluso le pidió 20.000 euros prestados a su hermana Luisa.

Hace horas que yo ya he terminado mi café, y Esteban Cuesta continúa removiendo la cucharilla y hablando con calma, de forma ordenada y paciente. Todavía le tengo que preguntar por las cuestiones más espinosas.

¿Qué necesidad tenía de robar tanto dinero y tomar aquella deriva si tenía un buen sueldo y una nómina que, según sus propias palabras, «no nos la acabábamos»? Cuesta no sabe qué decir y a mí me viene a la mente un diálogo del multimillonario malo de Los Simpson, Montgomery Burns:

—¿Un dólar a cambio de la felicidad eterna? Mmm… mejor me quedo con el dólar.

Como Richard Gere en Pretty Woman

Quién le hubiera dicho a Esteban Cuesta que en aquella etapa de casi tres años en la que buscó la libertad alejado de su familia se convertiría en el Richard Gere de Casas Ibáñez, y que un episodio de su vida sería una réplica en plan cutre del exitoso film Pretty Woman.

A Lilica M. N. la conoce en uno de los viajes a Bucarest. Según la versión del gerente, era hija de uno de los constructores con los que pretendían hacer negocios en Rumanía y se la presentaron. Posteriormente la volvió a ver en Alicante, en una de las ferias de la Institución Ferial Alicantina, a la que acudió en representación de Emarsa. Ella trabajaba supuestamente de azafata. Empezaron a hablar, y al poco ya era su pareja oficial.

Hay que recordar que entre las facturas pagadas con dinero público y que aparecen en el sumario figura ropa interior y dos obras de la trilogía de Mario Luna sobre cómo ser «un maestro de la seducción»: Sex Code y Sex Crack, manuales para mejorar la conquista de mujeres. Costaron 34 euros. Estas adquisiciones fueron acompañadas con la compra de varios detalles de lencería, tanto femenina como masculina.

Él tenía 45 años, ella 21. Era extremadamente delgada, con un pelo castaño hasta la cintura y rasgos centroeuropeos con una pronunciada dentadura. Conquistó a Cuesta, que pasó su primera noche con ella en el hotel Meliá Alicante el 22 de marzo de 2009. Lo pagó, claro está, la empresa pública Emarsa. Lili estuvo esa noche y la siguiente, pero sorprendentemente no fue la única acompañante del protagonista de esta historia. Un día antes se llevó a otra ciudadana rumana al mismo hotel, Larissa Saffer. Con Larissa viajó a Bucarest en abril, pero su rastro desaparece.

«Yo no conocí a Lili ejerciendo la prostitución ni en un puticlub», insiste. «Yo no sé si antes había trabajado o no. Cuando conoces a una chica, ¿se lo preguntas? Y si es verdad, ¿te lo va a decir? Yo no conozco a nadie que le pregunte a una mujer que le guste si ha trabajado de prostituta.»

Lili lo cautiva. Lo hace hasta tal punto que (la depuradora) le paga un billete a su hermana y la hija de esta para que vengan a España y se las lleva de vacaciones. La pareja y la familia se hospedan en pleno mes de agosto en uno de los mejores hoteles de la Costa del Azahar, Termas Marinas El Palasiet de Benicàssim.

Aquella etapa fue de tórrido romance y pasión, pero Cuesta no llegó a enamorarse de la rumana. «Me encontraba bien con ella», destaca. Vivían juntos en el piso de la calle Francia. Allí la empadronó e incluso le entregó su coche, un Peugeot 206 de segunda mano.

La azafata hacía las cosas propias de la casa y también ayudaba al gerente en cuestiones relacionadas con la depuradora, especialmente con las acciones que querían desarrollar en Rumanía. Cuesta afirma que en más de una ocasión le encargó que tradujera algún proyecto y que jamás le pagó por los trabajos. Hacía recados, por ejemplo a la imprenta Diazotec de la calle Taquígrafo Martí. Algunos de aquellos proyectos eran un puerto deportivo, depuradoras de distinto tamaño, una canalización de agua potable de 50 kilómetros… Siempre según su versión.

Emarsa pagó más noches de hotel y más viajes a la pareja, el último en mayo de 2010, cuando este caso de corrupción está a punto de estallar. Más de 5.000 euros en total en noches de placer.

¿Por qué terminó? «Por la diferencia de edad, supongo.» En septiembre de ese mismo año 2010 ya había vuelto con Cristina Segarra, su esposa y la madre de sus hijos. Y en esos meses su vida daría un vuelco total con el estallido del conocido como caso Emarsa.

El tema afectivo es el que más incomoda a Cuesta, más incluso que el de la corrupción. Es obvio que miente, o que no cuenta toda la verdad. Es demasiada coincidencia que antes de pasar su primera noche con Lili en el Meliá de Alicante compartiera habitación con otra joven rumana. Cuando reitero mis preguntas me corta en seco. «A nadie le gusta que le pongan de putero», apunta. «¡A ver si ahora resulta que el único que va al infierno por estas cosas voy a ser yo!», lamenta molesto por el interrogatorio.

Este alto cargo del PP considera que desde la oposición se utilizó su affaire con la rumana de forma torticera y ofensiva. «El PSOE dijo que nos hemos pagado las prostitutas con dinero robado. ¿Eso cómo se puede decir? ¿Me han visto pagando?», critica mientras apura los últimos sorbos de un café ya frío.

Poco tiempo después de vivir la aventura con Lili, cuando saltó el escándalo y el juez pidió explicaciones por los gastos en hoteles, se supo que su querida trabajaba de meretriz con ropa ajustada y tacones de aguja en el club Las Mimosas de Benidorm, donde la apodaban La Flaca. «Cuando viene a Valencia y se pone a vivir conmigo yo no la conozco de ese tema. Si luego lo ha hecho, pues hasta ahí me sonríe la suerte.»

2009 fue un año convulso, ya que además de su romance con la prostituta también tuvo lugar el fallecimiento de José Cuesta, su padre, al que tenía un gran aprecio.

La pesadilla

«Todo lo jodió Ramón Marí», exclama resignado. Ramón Marí era entonces alcalde de Albal y portavoz socialista en Emshi, y ocupaba la silla del vicepresidente primero de Emarsa. La dirección del PSPV-PSOE, con Jorge Alarte de secretario general, y Carmen Martínez de secretaria provincial, centró su actuación en la denuncia de la corrupción y dio instrucciones para investigar lo que ocurría, con lo que pusieron punto y final al pasotismo de los anteriores responsables en el Consejo de Administración de la firma. Lanzaron una ofensiva política en este caso y en el resto de escándalos: Ángel Luna con Gürtel, Clara Tirado en Cooperación, Josep Moreno en RTVV, Eva Martínez en la Fórmula 1, etc.

En mayo de 2010 Ramón Marí empezó a pedir documentos y a hacer declaraciones sobre la gestión que se había realizado en la empresa pública. El PP de Rita Barberá, con mayoría en la asamblea de Emshi, se asomó al abismo y optó por una opción radical: liquidar la empresa, lo que afloró innumerables irregularidades en la gestión. El caso Emarsa les servía a los socialistas para explicar, en plena crisis económica, el impacto de la corrupción en el bolsillo de la ciudadanía. El canon de saneamiento, explicaban con razón, había subido un 23% para pagar todos los desmanes de Emarsa.

Me sorprendió el «todo lo jodió Ramón Marí», una crítica que me hace dudar de su verdadero arrepentimiento. ¿Qué hubiera pasado si no lo «jode» Marí? ¿Continuaría con Lili?, ¿con el reparto de sobres? Prefiero ver ironía en la exclamación y dejarle continuar su exposición.

El PSOE presentó una denuncia en la fiscalía y forzó a Emshi a la interposición de una querella a finales de 2010, lo que desencadenó una amplia investigación por parte del juzgado de instrucción número 15, a cargo de Vicente Ríos. Las pesquisas acabaron volviéndose en contra del todopoderoso presidente de la entidad, Enrique Crespo, que en febrero de 2012 y ante la confesión de varios implicados en el caso dimitió de la alcaldía de Manises y la vicepresidencia de la Diputación Provincial de Valencia.

Enrique Crespo protagonizó otro caso bochornoso. El número con el que el PP de Manises jugaba a la lotería de Navidad fue agraciado con el premio Gordo en diciembre de 2011. Para evitar que los más de 12 millones de euros que le tocaron le fueran embargados por el juez de Emarsa, distribuyó los 100 décimos que tenía entre su familia, según la investigación. La fiscalía le acusó de alzamiento de bienes y pidió tres años de cárcel en el juicio, celebrado en junio de 2016. Sin embargo, la jueza le absolvió por falta de pruebas y gracias al testimonio de varios vecinos del municipio que avalaron su versión. Por cierto que a Sergio Blasco —exgerente del Hospital General, sobrino del exconseller Rafael Blasco— y al presidente provincial Alfonso Rus también les tocó un buen pellizco con la lotería de Crespo.

En ocasiones uno tiene la sensación de que los cabecillas de las diferentes tramas conforman una UTE, como las empresas, para sacar tajada. Otro corrupto arrepentido, Marcos Benavent, explicó a los investigadores del caso Taula que Crespo y Rus iban a lograr una mordida de tres millones de euros en 2008 por la compra de la nueva sede para la Emshi. El edificio valía seis millones de euros, pero estaban dispuestos a pagar doce. El pelotazo se frustró por la oposición del PSOE y una noticia de Levante-EMV.

La investigación de Emarsa duró seis años, en los que, a diferencia de otros casos investigados, toda la instrucción se retransmitió prácticamente en directo por los medios de comunicación. Sergi Pitarch en el Levante-EMV, Amparo García en El Mundo, Juan Magraner en Radio Valencia Ser, Alberto Rayo o María José Carchano en Las Provincias, Ignacio Zafra en El País… cada día salía un nuevo titular sobre el despilfarro, los viajes por todo el mundo, las juergas con prostitutas que les hundía y les hundía todavía más.

Esteban Cuesta fue el primero en ser citado a declarar a la Ciudad de la Justicia, el 7 de octubre de 2011, y lo hizo después en nueve ocasiones más. Los interrogatorios duraron más de 80 horas y las transcripciones ocupan 250 folios, gran parte de ellas repletas de mentiras, contradicciones y falsedades.

En aquellas primeras sesiones lo negaba todo. Su abogado, Eduardo Bolás, trazó una estrategia muy concreta y le ordenó que echara balones fuera y que esperara a conocer lo que contaban y cantaban el resto de implicados. Esteban Cuesta había vuelto con su mujer y en aquellas comparecencias ante el juez trataba de defenderse de las graves acusaciones de la mala gestión, intentando esquivarlas hacia sus compañeros.

De forma paralela al proceso, a los cuatro meses de dejar Emarsa volvió a su trabajo de enfermero en el Hospital Clínico, y no fue fácil. No por volver a realizar unas tareas de asistencia que había dejado diez años atrás, sino por el contexto. Las guardias que hacía eran de 12 horas, con sus respectivos espacios de tiempo para comer o cenar. Allí se encontraba cada día con recortes de prensa en las que se hablaba de sus fechorías. Y Esteban no tenía más que agachar la cabeza y aguantar.

Lo que más le dolía eran los comentarios que les hacían a sus hijos, ya adolescentes, en el colegio. «Los compañeros de clase se burlaban de ellos e incluso las madres les decían, “tenéis que ver lo que dicen los periódicos de tu padre”», lamenta. Su esposa le pedía salir de compras o a dar una vuelta, pero no tenía ganas de nada. Se encerraba en sí mismo por miedo a ser reconocido y que alguien le echara en cara su conducta.

Diariamente encontraba en su taquilla y en los vestuarios carteles alusivos al caso Emarsa, como el manido «Zona libre de corruptos». Aquella era una de las consignas del movimiento 15M que estaba en plena ebullición. El personal del Clínico sabía quién era y lo que había hecho y no le aceptaba.

La confesión

El 24 de noviembre de 2011 tuvo lugar uno de los momentos más surrealistas de la historia de la corrupción valenciana. El juez Vicente Ríos llevaba a cabo el octavo interrogatorio a Esteban Cuesta, con un exhaustivo y aburrido repaso a todas las facturas que se habían abonado con su firma, cuando de repente, al cabo de dos horas, sacó varios nombres de ciudadanas con nacionalidad rumana y preguntó por su función en Emarsa.

Esteban Cuesta afirma entonces que Lilica M. N. es «traductora», y del resto de nombres duda. El juez, que había sorprendido con aquellas preguntas a todos los asistentes de la sala de testificales, empieza a detallar los viajes y noches de hotel abonados a estas chicas. «Venía gente de Rumanía, de los contactos de operaciones de trabajos que tenía allí.» Ante las reiteradas preguntas del magistrado, Cuesta insiste en su versión:

Cuesta: Era la traductora de todos los documentos.

Ríos: ¿Qué documentos?

Cuesta: Documentos en rumano propios de las empresas y de proyectos. Si venía alguien de Rumanía, hacía de traductora.

Ríos: ¿Consta contrato?

Cuesta: No.

Ríos: ¿Era necesario alojar a la traductora en hoteles de cinco estrellas en primera línea en Benicàssim o Alicante pudiendo hacerlo en los despachos de la depuradora? ¿Qué documentos tenía que traducir en plena Nochevieja?

Vicente Ríos demostró una gran pericia y dejó descolocado al gerente en aquellas interminables veinte preguntas. Lo desarmó con una exhibición de documentos irrefutables que demostraban sus mentiras. La filtración de la testifical a los medios pocas horas después supuso un punto de inflexión en la investigación y en la reputación del propio Esteban Cuesta.

El PP estaba en plena explosión de casos de corrupción que afectaban a todos los niveles de la administración, aunque todavía faltaban muchos por salir. Ante la presión mediática existente, el presidente local del PP, Silvestre Senent, anunció en diciembre de 2010 «medidas» contra Cuesta. En realidad no se tomó ninguna hasta un año después, en noviembre de 2011, cuando el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, decidió suspenderle de militancia como decisión ejemplarizante.

El morbo que suscitaba el componente sexual del caso hizo incontrolable el incendio. Fue el momento en que salió Ramón Marí en los medios de comunicación para aclarar, por si hubiera algún despistado, que en caso de ser traductoras lo eran «de griego y de francés», no de rumano.

La investigación avanza en 2012 y se confirman los indicios. Al mismo tiempo, algunos de los principales acusados, principalmente Arnal y Chanín, le señalan directamente. Esteban Cuesta tenía claro que quería confesar, pero su propio abogado le pedía tiempo. «Llega un día en el que me dice que o le doy más dinero o deja de ser mi abogado. Yo ya le había dado todo el dinero que tenía, porque si algo tenía muy claro él era que quería cobrar antes de que el juez decidiera embargarme nada. Le dije que si no quería que le diera un riñón ya no tenía nada más para darle», argumenta.

Cuesta le había pagado 207.000 euros, procedentes de la venta de la casa de la calle Trafalgar. Al desprenderse de este inmueble obtuvo 350.000 euros, un dinero con el que liquidó la hipoteca y pagó su defensa. No le quedaba nada más. Después de dos años de instrucción se derrumbó.

La relación entre abogado y cliente se había ido tensando, y el 26 de febrero de 2013, Eduardo Bolás le anuncia que deja la defensa. «Yo le pedí que, para dejarlo, lo que íbamos hacer es que yo tenía que presentar mi inculpación. No soportaba ya saber que había hecho cosas mal y que por mi boca estuviera saliendo todo lo contrario.»

El exalcalde de Benimàmet está dolido con su antiguo letrado, que dice que redactó un escrito de autoinculpación «en folio y medio», que hasta él hubiera redactado «mejor». Se lo mandó por correo electrónico para que lo supervisara y llevarlo el día siguiente al juzgado. Aquella noche recibió fuertes presiones para que no diera ese paso definitivo. Otro de los imputados, el empresario José Luis Sena, le mandó mensajes al móvil y le llamó. «Me pedía que le echara la culpa al “Gordo” —Jorge Ignacio Roca Samper—, que le llamaban el “Gordo” y yo no sé si es gordo o flaco, porque lo he visto tres veces en mi vida.» Cuesta denunció ante el mismo juzgado a Sena, aunque se archivó.

En realidad el escrito que entregó el jueves 28 de febrero de 2013 en el juzgado no era solo de folio y medio, sino de cuatro, en los que se desglosaba lo básico del latrocinio perpetrado en Pinedo. Era una autodenuncia que empezaba de la siguiente manera:

«Es un paso que me ha costado mucho realizar, pero necesito estar en paz con mi conciencia y estoy totalmente arrepentido de haber participado en los hechos delictivos, asumiendo mi responsabilidad y voy a colaborar para que se sepa la verdad de lo ocurrido.»

En la última página afirmaba que «no tengo posibilidad alguna de pagar a mi dirección letrada, ni siquiera lo ya realizado», por lo que «muy a mi pesar y por desgracia» prescindía de la misma y solicitaba la designación de un «abogado de oficio».

La colaboración de Esteban Cuesta en el resto de la investigación fue crucial para que avanzara la instrucción.

«Dejé de tener en el trabajo fotocopias de prensa y carteles […] y a partir de ahí pude mirar un poco mejor a los ojos de la gente», me explica cuando ya damos por terminada la conversación. «He cometido un error del que pido perdón, jamás me vais a ver en una situación como esta, para levantar la cabeza y no ir con la cabeza gacha.»

El relevo de Francisco Camps por Alberto Fabra en el liderazgo del PPCV en julio de 2011 supuso un punto de inflexión respecto a este tema. El nuevo presidente aceptó la creación de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas en diciembre de ese mismo año, aunque la mayoría del PP impidió que se avanzara en la determinación de responsabilidades políticas. Fue un mero paripé y una puesta en escena de cara a la galería.

La diputada socialista Carmen Martínez presentó varias denuncias en Fiscalía que apuntaban a un caso aún mayor al de Emarsa, con serios indicios de que lo que ocurría en Pinedo era una práctica habitual en todo el sistema de depuración y saneamiento de la región, y que contaba con la complicidad de dirigentes políticos, algunos técnicos y empresas consultoras encargadas del control y fiscalización. Se desestimó, aunque los máximos responsables de Epsar durante esta época, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, fueron investigados a instancias del mismo juzgado por contrataciones irregulares y por el presunto cobro de mordidas millonarias por adjudicaciones relacionadas con otras depuradoras, en la línea de lo que denunció Esteban Cuesta en su confesión.

En el caso Emarsa se procesó a 24 personas por un saqueo que el juez Ríos cifró en 31 millones de euros. La fiscalía solicitó penas de 14 años de cárcel para Esteban Cuesta, Enrique Crespo, Ignacio Bernácer y Juan José Morenilla. Les acusó de delitos de malversación, falsedad documental, cohecho y prevaricación.

Estaba previsto que el juicio se celebrara a partir de noviembre de 2015, y que se desarrollara durante siete meses, pero se suspendió a la espera de que se extraditara a Jorge Ignacio Roca Samper, el empresario que facturaba por el tratamiento de los lodos por encima de su precio, que huyó de España cuando estalló el escándalo y fue declarado en busca y captura. En junio de 2015 Roca fue localizado y detenido en Moldavia, donde fue condenado por una causa pendiente con la justicia. Es una pieza clave para la recuperación del dinero, ya que a él se le atribuye una compleja estructura para desviar los fondos con firmas radicadas en paraísos fiscales como Andorra, Malta, Panamá y China. En abril de 2016 fue extraditado a España e ingresó en el Centro Penitenciario de Picassent.

Esta compleja causa está dividida en 12 piezas. La presunta financiación ilegal del PP y el enchufismo quedó finalmente fuera de la investigación. Media docena de imputados, entre los que se encuentran relevantes exdirigentes del PP en la ciudad de Valencia y su entorno, admitieron los hechos e intentaron pactar con la Fiscalía sentencias de conformidad.

El Tribunal de Cuentas también instruyó otra investigación del mismo caso, a instancias del PSOE y de Emshi.

Su próximo destino, Picassent

Esteban Cuesta está dolido principalmente con su madre y sus hermanos. Dice que le han fallado en todo este proceso, «¡con lo que yo he hecho por ellos!», exclama. Su madre le llamó por teléfono un día y le dijo: «Si me muero no vengas a mi entierro». Esteban le recordó que hasta el nicho en el que yacería en el pueblo lo había pagado él, si bien lo hizo con un dinero que no era suyo, habría que recordar.

Ya no vota en las elecciones, y menos al PP.

—¿Y si algún día te ofrecen de nuevo trabajo en política?

—Se van a la mierda.

Su mujer y sus hijos son lo más sagrado. «Les recomiendo que no cojan lo que no es suyo y no se han ganado con el sudor de su frente.»

Sobre la justicia tiene dudas. «Hay cosas que no me han gustado y no veo lógicas. ¿Por qué investigan unas cosas y otras no?», se pregunta.

Explica que cuando se autoinculpó, su vida cambió de nuevo. Ahora, gracias a su trabajo, ha aterrizado en el mundo real y reflexiona sobre lo vivido. Aguarda a la celebración del juicio mientras consume decenas de libros. Confía en poder ser destinado al área de enfermería del Centro Penitenciario de Picassent, y salir como un hombre nuevo.

«Ahora me doy cuenta de que todo lo que he vivido durante estos años ha sido falso, corrupto, impensable […]. He aprendido, y me sorprende la cantidad de compañeros y compañeras trabajando a las cuatro de la mañana con los enfermos que vienen a urgencias para ser atendidos. Algunos por asuntos justificados, otros que han bebido mucho […]. En urgencias te encuentras de todo. Es lo que estoy aprendiendo de lo que es la vida. Tienes un médico con un par de cataplines solucionando la vida. A esta gente vale la pena tenerla como compañera, y no a los que tenía en Emarsa.

La vida que vale la pena es esta y no la otra. Ojalá no lo hubiera hecho, pero ¿qué voy a hacer?, ¿tirarme por la ventana? No lo voy a hacer porque duele mucho.

Quiero pagar lo que he hecho […] personalmente tengo un sufrimiento y un dolor por el daño que le he hecho a la sociedad.»

6

«Aquí hay pelas para todos.Una pastuqui importante»

El gran escenario de la corrupción que bendijo el Santo Padre

En Ben-Hur se construyó ex profeso un escenario para la mítica escena de las cuadrigas. En los años cincuenta, cuando se rodó la película, no existían los efectos especiales por ordenador o las facilidades actuales para recrear y ambientar las escenas, por lo que se levantó en las afueras de Roma el mayor plató que se había construido nunca. Ocupaba 73.000 metros cuadrados y costó un millón de dólares. Se trajeron 36.000 toneladas de arena de la playa, para simular el desierto y se utilizaron 7.000 extras.

El film protagonizado por Charlton Heston es sin duda uno de los mejores de la historia del cine y la escena de la carrera de cuadrigas es la más espectacular de sus tiempos. Contó con un presupuesto de 15 millones de dólares (el mayor para una película hasta entonces), y ganó 11 Oscars en 1959, incluidos el de mejor director, mejor película y mejor actor. Una obra de arte que encandiló al mundo entero.

El Partido Popular construyó con dinero público un escenario único para acoger la gran obra que se representó en la Comunidad Valenciana. La Ciutat de les Arts i les Ciències era el gran plató donde se hacía realidad todo aquello susceptible de ser imaginado: la visita del papa Benedicto XVI en el V Encuentro Mundial de las Familias, el Open de Tenis, el MTV Winter Festival, la Campus Party, el mundial de Hípica, el Gran Circuito de Fórmula 1, la Copa América, las mejores óperas… Eventos retransmitidos para las televisiones de todo el mundo desde una ciudad futurista construida por el arquitecto Santiago Calatrava y el mar Mediterráneo. Valencia convertida en la nueva Mónaco, el lugar elegido por jeques, magnates y multimillonarios para disfrutar del ocio subidos en Ferraris y Maseratis.

¿Quién puede resistirse a una propuesta tan atractiva? Aquel proyecto de ciudad había puesto por fin a Valencia en el mapa mundial. Los valencianos salían del ostracismo y soñaban que eran importantes.

Este era el relato oficial de quienes ostentaban el poder, mientras las tramas corruptas se frotaban las manos. Esta tierra era su paraíso.

A Iñaki Urdangarín se le atribuye la frase aquella de «la Comunidad va como un tiro, tienen pasta para aburrir» cuando preparaba en 2004 sus Valencia Summit. Francisco Correa, el cabecilla de Gürtel, hizo una declaración memorable. La pronunció el 12 de diciembre de 2007 refiriéndose a Valencia, en una conversación telefónica con Pablo Crespo: «Aquí hay pelas y, si sale bien, hay pelas para todos. Una pastuqui importante».

El Santo Padre

El 25 de marzo de 2006, día de la Anunciación del Señor, el empresario Álvaro Pérez (alias El Bigotes) y el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, asistían juntos en el Vaticano a la imposición del anillo cardenalicio a Monseñor Cañizares, arzobispo de Toledo. Era uno de los quince nuevos cardenales, el único valenciano. El séquito español estaba formado por 400 altos cargos entre los que, además de Camps, figuraba la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, o el ministro de Defensa, José Bono, ambos del PSOE.

La delegación valenciana se esforzó en sus agradecimientos al Vaticano dado el contexto. El V Encuentro Mundial de las Familias (VEMF) era una oportunidad única y estaba a poco más de tres meses de celebrarse. El papa Juan Pablo II fundó en 1992 estos encuentros trianuales cuyo tema fundamental es hablar de la institución de la familia en los términos exclusivos de la Iglesia católica. Con anterioridad se habían celebrado en Roma, Río de Janeiro y Manila. En la capital de Filipinas el papa polaco congregó a cuatro millones de personas en 2003 y anunció el siguiente destino del cónclave, Valencia.

Pocos días antes de la cita en la Santa Sede, Álvaro Pérez llamó a José Tomás, el sastre de cabecera de la trama Gürtel, y le encargó dos chalecos: uno para él y otro para el presidente Camps, valorado en 300 euros. Nadie podía imaginar que por esa y otras prendas tendría que dimitir Camps tres años más tarde.

Pocas semanas después de estar en Roma, en junio de ese mismo año, Álvaro Pérez se lo confesaba al jefe del clan, Francisco Correa, sin saber que un concejal de Majadahonda, José Luis Peñas, le estaba grabando con un artilugio escondido en el bolsillo de la chaqueta americana:

«Escúchame un segundo. Ahora mismo el presidente [Camps] está en el consejo de Gobierno, ¿vale? A lo mejor ahora me dicen que me nombran coordinador general de sus muertos para lo del papa.»

El Bigotes muestra su preocupación por si aparecen en una fotografía juntos «y la liamos», y acuerda hablar con Pablo Crespo, número dos de la trama, para consultar si era o no prudente esa designación. Al fin y al cabo él era un empresario contratista público, y el cargo era una responsabilidad pública. En otro momento explica que Juan Cotino, que era entonces conseller de Agricultura, «lo coordina todo», pero «no puede estar todo el día en el río», por lo que sugiere una fórmula de contratación a sus compinches: «si a mí me coge la Fundación de lo del papa y me nombra coordinador, la fundación ¿eh?, no televisión, ni Canal 9, la fundación que está montando lo del papa…».

Esa opción, la de ser contratado por la Fundación, parecía más razonable. Ser coordinador y nombrado desde el Gobierno de la Comunidad le confería un estatus casi divino y solo el poseedor de las llaves de san Pedro podría decirle algo en aquellos calurosos y excitantes días de julio. Álvaro se veía ya acompañando a Su Santidad bajo palio.

Al final tuvo una responsabilidad más discreta, relacionada con la cobertura audiovisual, lo que no debió gustarle. Años después, en una entrevista publicada en El Mundo, acusó a la organización del evento de «amiguismos y guarreos».

La dirección del encuentro católico, celebrado el 8 y 9 de julio, no corrió a cargo del arzobispado de Valencia. Se creó una fundación integrada por este órgano eclesiástico, el Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat, que realizaron una aportación de 10.000 euros cada una, a partes iguales. El objetivo era que se autofinanciara todo el montaje con la venta de material publicitario a los peregrinos que participaran.

Como veremos, lo que tenía un coste inicial de 40.000 euros acabó valiendo mil veces más, casi 40 millones de euros. El promedio es de casi 2 millones de euros por cada una de las 26 horas en las que estuvo el Sumo Pontífice en la ciudad. Pero claro, en la Valencia de Rita Barberá y Francisco Camps no se escatimaba en nada y aquello se hizo «a lo grande», poniendo «lo que hiciera falta».

La organización fijó sus expectativas de afluencia en un millón y medio de peregrinos, pero según el estudio de la policía nacional los asistentes fueron bastantes menos, 250.000. Semanas antes del espectáculo se presentó un estudio de la conselleria de Turismo donde el evento se planteaba como una gran oportunidad de negocio que iba a generar 70 millones de ingresos a la ciudad. RTVV y los medios oficiales repetían la consigna que caló en gran parte de la población.

Para congregar a tantas personas lo lógico hubiera sido habilitar un espacio llano, una gran plaza, un descampado, el estadio de Mestalla o el circuito de motos Ricardo Tormo. Los estrategas del Consell no siempre optaron por soluciones lógicas y sencillas. Consideraron que aquello era un escaparate de Valencia al mundo y que el decorado tenía que ser su lugar más preciado, la Ciutat de les Arts i les Ciències.

El montaje

El escenario del Santo Padre se ubicó justo delante del Palau de les Arts Reina Sofía y l’Hemisfèric, pero dando la espalda a estos edificios de Santiago Calatrava, para que el tiro de cámara retratara en todo momento la belleza arquitectónica del lugar. Se construyó un entablado de 6.000 metros cuadrados justo en medio del puente de Monteolivete con una torre blanca de 35 metros de altura donde se colocó la cruz. Solo este escenario que bautizaron como «efímero» costó más de un millón y medio de euros. Se cuidó hasta el más mínimo detalle. Se dotó al espacio de un microclima propio con aire acondicionado y microdifusores de agua para mantener una temperatura constante de 18 grados centígrados y que Benedicto XVI, los jerarcas de la Iglesia y las autoridades estuvieran a gusto.

Y para sortear la orografía y las diferentes alturas entre el puente y el cauce del río se levantaron enormes gradas en forma semicircular para permitir que a ambos lados de este vial las autoridades e invitados VIP tuvieran acomodo y presenciaran el espectáculo. El resto de asistentes se repartían entre los jardines del río y la rotonda que enlaza la Alameda con la calle Padre Tomás de Montañana. Estas infraestructuras costaron 4,1 millones de euros, la liturgia 1,3 millones de euros y los medios técnicos 1,2 millones de euros.

Como había graves problemas de visibilidad del escenario principal donde se realizaba la homilía, se tuvo que colocar 47 pantallas gigantes distribuidas por el entorno. Este contrato y algunos otros no los firmó la Fundación, sino Radiotelevisió Valenciana directamente. Canal 9 había sido designada como la emisora oficial y anunció que iba a llevar a cabo un «despliegue técnico y humano sin precedentes». Lo habitual cuando un Jefe de Estado como era el caso de Benedicto XVI se traslada a otro país es que sea la televisión pública nacional quien ostente la señal oficial y la sirva al resto. Sorprendentemente esta fue la primera ocasión en la historia del Vaticano en la que se eligió una televisión autonómica como host broadcaster o anfitriona.

Y todo tenía su razón. El de las pantallas sería el mayor pelotazo de este gran evento y el mayor negocio de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana: 7,5 millones de euros en el alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía a la empresa Teconsa, que ya había participado en varias operaciones con Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Porque los trabajos en realidad costaron casi la mitad, y no los hizo Teconsa, una firma dedicada a la construcción de viviendas y sin ninguna experiencia en este campo, sino que los subcontrató a Apogee Telecomunicaciones y Sirius Showequipment. Pero eso era lo de menos.

Como anécdota, este contrato no incluía la seguridad privada para vigilar durante toda la semana el buen estado de los elementos, con lo que finalmente se contrató a limpiadores o personal civil sin ninguna experiencia y que no iba ni uniformado. Se pagó por este concepto 336.553 euros más en varios contratos irregulares adjudicados a dedo.

Y los servicios. En Fallas, con un millón y medio de asistentes, el Ayuntamiento de Rita Barberá colocaba 200 urinarios de plástico en las calles. En el VEMF, con una previsión similar de visitantes, se contrataron a Acciona 7.000, treinta y cinco veces más. Costaron 2,6 millones de euros. 5.000 quedaron sin desprecintar.

En la compra de medio millón de «mochilas del peregrino» a Cronosport S.L. se gastaron todavía más dinero: 3,5 millones de euros. Estas contenían un lote completo formado por gorra, abanico, camiseta, plano, acreditación, banderita y chapa. Los peregrinos inundaron la ciudad con este atuendo peculiar y con cánticos religiosos que no gustaron a una parte de los habitantes, que veían que Valencia quedaba casi en estado de sitio. De hecho, la izquierda, en aquellos momentos en la oposición, promovió una protesta bajo el lema «Jo no t’espere» e inició una campaña con la consigna «Rita, ¿el papa sabe lo tuyo?», en plena polémica por la aprobación de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Empieza el show

La visita del papa Ratzinger a Valencia se preparó como una superproducción de Hollywood o un gran show televisado. Durante esos días, en sus desplazamientos por la ciudad, el vehículo de Ratzinger estuvo escoltado por seis flamantes Harley Davidson, que precedían el papamóvil y daban vistosidad a la comitiva. La Policía Local de Valencia las adquirió para la ocasión por 82.000 euros con cargo a las arcas municipales. Posteriormente las motocicletas se utilizaron en contadas ocasiones y durmieron casi diez años en el garaje municipal hasta que el nuevo gobierno municipal optó por venderlas.

La Fundación VEMF también contrató a Álvaro Pérez, El Bigotes, para que gestionara la actuación de Il Divo, un cuarteto de voces masculinas que versionan temas conocidos intentando emular a los Tres tenores, pero con más éxito todavía. Era uno de los grupos de mayor éxito mundial en ese momento.

En la multitudinaria misa, Benedicto XVI estuvo arropado por 50 cardenales, 450 obispos y 3.000 sacerdotes. Toda la puesta en escena habría estado nominada cuanto menos al óscar al mejor vestuario. Se adquirieron para los clérigos 500 conjuntos de casulla y mitra al precio de 113 euros más IVA y otras 400 casullas a 70 euros más IVA que costaron 84.500 euros, a pesar de que la tela la proporcionó la propia Fundación. Al papa se decidió regalarle una réplica del Santo Cáliz en plata dorada valorado en 6.055 euros.

La banda sonora también sería original. Se fichó a una soprano, pero no a una cualquiera, sino a la diva más reputada, Montserrat Caballé. Interpretó el Padre Nuestro compuesto a propósito por José María Cano, ex de Mecano, que dirigió una orquesta sinfónica en directo. La Fundación encargó la parte musical a la intendente principal del Palau de les Arts, Helga Schmidt, investigada por el cobro de comisiones en el patrocinio del coliseo. Para terminar la puesta en escena se dispararon fuegos artificiales que iluminaron todo el cielo de Valencia, como en Fallas.

En la primera fila estaban las autoridades. Sorprendentemente, Iñaki Urdangarín se situó hombro con hombro con Francisco Camps, más cerca del presidente que el propio príncipe Felipe, y es que en este momento el duque de Palma ya tenía todos sus negocios y corruptelas a pleno funcionamiento en la Comunidad.

En la homilía, Benedicto XVI proclamó que los padres tenían el derecho y el deber de educar a los hijos «en la búsqueda de la propia identidad», sin olvidar que se encontraban dentro de un mecanismo trascendente: «En el origen de todo hombre y, por tanto, en toda paternidad y maternidad humana está presente Dios Creador; por eso los esposos deben acoger al hijo que les nace no solo como hijo suyo, sino también de Dios, que lo ama por sí mismo y lo llama a la filiación divina. Más aún: toda generación, toda paternidad y maternidad, toda familia tiene su principio en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo».

El PP valenciano utilizó políticamente la congregación contra el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien desde su llegada al poder, en marzo de 2004, se había puesto en el centro de la diana por negar el agua y la financiación a los valencianos. En esta ocasión el ejecutivo de Camps aprovechó la aprobación por parte del PSOE del matrimonio entre personas del mismo sexo o la ley de reproducción asistida para agitar a los sectores más conservadores. Se esperaba un discurso más político de Benedicto XVI durante la visita, pero el Santo Padre esquivó la polémica y dejó en manos de la cúpula de la Conferencia Episcopal Española esta lucha.

El operativo de RTVV para la cita estaba conformado por 300 profesionales y seis unidades móviles, 100 cámaras enlazadas, dos helicópteros, una pick-up dotada con una cámara situada delante del papamóvil, tres cámaras robotizadas poll-cam dispuestas en el altar, una cámara cenital suspendida a 40 metros de altura de un cable de 700 metros de longitud, etc.

Pero la mayor partida se gastó en publicidad en los medios de comunicación. Aquí la Fundación VEMF tiró la casa por la ventana. Obviamente, era necesario crear a través de los medios de comunicación un clima social favorable al encuentro, y las empresas editoras se frotaban las manos. Se dilapidaron 7,7 millones de euros en publicidad. A la liturgia se destinaron 1,3 millones de euros, 1,5 a alojamientos, 1 millón a la web y la producción audiovisual, 1,2 a medios técnicos y 4,1 a infraestructuras. La señal se difundió a través de seis satélites para realizar una cobertura global a los cinco continentes.

En resumen, el evento duró un día y medio y costó alrededor de 37 millones de euros, 22 de los cuales corresponden al balance final de la Fundación VEMF, y 14,7 millones, al ente público RTVV. Habría que sumar otros muchos conceptos. Por ejemplo, Metrovalencia emitió 500.000 bonos gratuitos de transporte para todos los peregrinos. También se pagaron con dinero público los dispendios de la Ciutat de les Arts i les Ciències (216.721 euros solo para establecer la sala de prensa), y el coste de los servicios extraordinarios desarrollados por el Ayuntamiento de Valencia. La retransmisión del evento a través de Canal 9 alcanzó «cifras históricas» para la cadena, con picos del 59,4% de cuota de pantalla. La señal llegó a 59 países a través de 122 televisiones.

Según el último balance oficial y oficialista ofrecido por el PP en 2014, todavía en el Gobierno, la audiencia fue de 6 millones de personas, con 4.500 periodistas acreditados y 12.000 voluntarios. «Si hubiéramos hecho una campaña de publicidad y promoción equivalente, hubiera tenido un coste de 55 millones de euros», aseguró el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues.

Todo el esfuerzo tuvo su recompensa. Los Oscars de Los Ángeles quedaban lejos, pero en España la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión celebró su décimo aniversario con una gala para reconocer a los mejores del año dentro del sector. El 9 de junio de 2007 se colocó la alfombra roja en el teatro Lope de Vega de Sevilla para una celebración con glamour y mucho famoseo televisivo. Fue entonces cuando todo el mundo se rindió ante el logro: Radiotelevisió Valenciana obtuvo el premio a la mejor cobertura de un acontecimiento por el VEMF.

Poco tiempo después, Benedicto XVI visitó Barcelona y Santiago de Compostela, una estancia que costó ocho veces menos que en Valencia, cinco millones de euros. ¿A qué se debió tanta diferencia?

Todas las bandas a la caza del contrato

La imagen del Santo Padre con acetre e hisopo consagrando desde el púlpito todo el espectáculo es todo un icono de una época, y algunos dirigentes del PPCV pensaron que el agua bendita con la que les roció Benedicto XVI redimía el sistemático incumplimiento del séptimo mandamiento.

Mientras se distraía a la plebe con cánticos y misas, se perpetraba el atraco. Como si se tratara de aves rapaces atentas que vigilan y saltan a por su presa, la visita del papa Ratzinger provocó que algunos rezaran, pero no precisamente por la familia sino por ellos mismos y por hacer realidad las enormes perspectivas económicas que se generaban a su alrededor.

Los empresarios que trabajaban para el PP organizando sus campañas electorales y congresos tenían barra libre en aquella fiesta. Las sociedades de Gürtel, Engloba y Trasgos, implicadas en las irregularidades de aquella época en las estructuras políticas que lideraban Francisco Camps, Alfonso Rus y Rita Barberá respectivamente, sacaron tajada del evento católico. Lo más difícil sería poner orden ante tanto sátrapa de ambición ilimitada.

Según la Policía, en un principio la organización de Francisco Correa aspiraba a prestar todo el suministro de vallas, pantallas, sonido, iluminación, escenario, WC, decoración, animación, mobiliario y publicidad, e incluso solicitaron presupuestos a proveedores. Iban a presentarse en el marco de una unión temporal de empresas (UTE) con la mercantil Trasgos, contratista habitual del Ayuntamiento. Llegaron a elaborar los pliegos de condiciones económico-administrativas para el concurso. Además, su delegado en Valencia, Álvaro Pérez, iba a ser «coordinador general de sus muertos para lo del papa», pero quedó en responsable de la cobertura audiovisual. Al final la UTE no se creó, y los de Gürtel se tuvieron que conformar con el negocio de las pantallas: 7,5 millones de euros.

El contrato lo adjudicó de forma irregular Radiotelevisió Valenciana a la empresa Teconsa, vinculada a Gürtel. El director general de RTVV era Pedro García, quien compatibilizaba esta responsabilidad pública con su participación del 20% en Orange Market, la firma de Francisco Correa y Álvaro Pérez en Valencia.

Según la investigación, el botín de la operación ascendió a 3,3 millones de euros y se lo repartieron de la siguiente forma: el director general de RTVV, Pedro García, 500.000 euros; 3.550 euros en ropa y un vehículo Mini Cooper Cabrio valorado en 30.000 euros; el delegado de Gürtel, Álvaro Pérez, 500.000 euros; la empresa tapadera Teconsa, 200.000 euros; el cabecilla del clan, Francisco Correa, se llevó la mayor parte, 1,49 millones; su número dos, Pablo Crespo, 166.000 euros; su socio, Ramón Blanco Balín, 249.000 euros; y otras sociedades del grupo Correa, 228.454 euros. Parte del dinero lo invirtieron para llevar a cabo un pelotazo de un PAI (Proyecto de Actuación Integrada) en La Nucia (Alicante) y Francisco Correa en las obras de un chalé en Ibiza.

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, instructor de Gürtel, señaló en un auto que la Fundación creada por el arzobispado de Valencia y las tres administraciones pudo «enriquecerse indebidamente» al atribuir a RTVV las competencias del contrato de las pantallas, y ahorrase ese dinero.

La red de Correa se llevó otro pellizco con un contrato directo de la Fundación VEMF. Teconsa organizó el acto del leonés Kiko Argüello, fundador del Camino Neocatecumenal, que se celebró después del protagonizado por el papa. Era el fin de fiesta para los 30.000 peregrinos más entusiastas (kikos), simpatizantes de este movimiento católico ultraconservador. Costó 208.000 euros. El juez De la Mata considera esta cantidad «muy superior al coste efectivo de la prestación del servicio, que hubo de ser contratado dado que Teconsa no se dedicaba a organizar este tipo de eventos».

Canal 9 era una herramienta muy útil para repartir el juego y saltarse los controles más férreos de la administración. Para las imágenes aéreas de la retransmisión se contrataron dos helicópteros por 118.000 euros. El negocio lo hizo Helicópteros del Sureste, una de las empresas vinculadas al «cártel del fuego», la trama de corrupción en la industria de los servicios de extinción de incendios que acabó con la detención del exconseller valenciano Serafín Castellano en mayo de 2015. Se hizo sin expediente de contratación ni pliego de condiciones.

La firma de cabecera del Ayuntamiento de Valencia para las cuestiones de comunicación, Trasgos, facturó 1,4 millones de euros, gran parte de ellos en el montaje de los estands, materiales y publicidad de la Feria de las Familias celebrada del 1 al 10 de julio. El administrador de Trasgos, Antonio Puig, era asesor para cuestiones de «publicidad» del Arzobispado de Valencia y la Conferencia Episcopal Española, según reveló uno de los acusados.

El tercer grupo que hizo caja fue Engloba, cuyo propietario, José Adolfo Vedri, fue detenido en la operación Taula. Cobró 800.000 euros de la Generalitat, parte de ellos de la Ciutat de les Arts i les Ciències por los servicios de la sala de prensa, la edición de la Guía del pelegrino, el catálogo de la exposición Valencia y los papas, o incluso por la promoción en Fitur 2006 de este gran evento. Pero es que Vedri era un contratista habitual del PP y del Consell: entre 1999 y 2014 facturó a través de varias empresas 30 millones de euros a la Generalitat.

El periodista Víctor Romero explica en El Confidencial que «era un clásico escuchar a Álvaro Pérez quejarse de los muchos contratos que se llevaba Engloba». Incluso en conversaciones registradas por la Policía queda patente que Vedri y Pérez competían por la relación con los populares.

En el documento publicado por eldiario.es como la supuesta «confesión» de Francisco Correa a la fiscalía anticorrupción en octubre de 2015, este afirmaba que Engloba obtenía el 80% de las adjudicaciones de la Generalitat, mientras que Orange Market se quedaba con «muy pocos concursos».

Tras el auto de procesamiento a 24 personas en relación a la pieza de Gürtel sobre la visita del papa y el contrato de las pantallas, en abril de 2016, la Audiencia Nacional anunció que se investigarían todas las adjudicaciones de la Fundación ante las irregularidades detectadas, y mandó a la Audiencia Provincial de Valencia la nueva causa.

La investigación del caso Vaersa por parte del juzgado de instrucción número 15 de Valencia halló de forma casual indicios de malversación de caudales públicos y prevaricación en la relación de esta empresa pública con la Fundación VEMF. Estos datos obligaron a abrir una nueva causa.

Son múltiples las irregularidades que rodearon al evento.

El Mundo reveló que la Iglesia exigió que las firmas que obtuvieran contratos para la organización de la visita del jefe de la jerarquía católica por parte de la Fundación organizadora le realizaran donaciones, con las que obtuvo dos millones de euros. Casualmente, la mayoría de constructoras que accedieron a este sistema son las implicadas en el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas.

Por otro lado, un informe de Intervención de la Generalitat publicado en junio de 2016 advierte del «incumplimiento de la legalidad» en la operativa y contrataciones de la Fundación VEMF entre 2010 y 2014 (los años anteriores no se analizaron). En la práctica, la fundación había recibido el 98% de fondos de la Generalitat, pero los contratos se realizaron al margen del control público.

Las peleas entre tramas corruptas en Valencia en aquella época no eran las propias de bandas rivales en el Chicago de los años veinte y la ley seca, pero tenían parecidos. Daniel Mercado, el responsable de la empresa Over Marketing, está considerado el cabecilla de una trama de presunta financiación ilegal del PP balear, y recibió suculentos contratos del Ministerio de Trabajo en época de Eduardo Zaplana (7,2 millones) y de la conselleria de Sanidad valenciana cuando su responsable era Serafín Castellano (4,5 millones).

En su declaración ante un juez balear, Mercado explicó las dificultades que tuvo para negociar contratos con gobiernos del PP valenciano cuando el clan Gürtel se le cruzó en el camino. Según el publicista, cuando iba por la plaza de la Reina de Valencia se encontró con Álvaro Pérez, delegado de Gürtel en la Comunidad, a quien le comentó «de manera ingenua» que estaba satisfecho porque le habían adjudicado un contrato. «Él me dijo: “estás totalmente equivocado si te crees que vas a trabajar en la Comunidad Valenciana”». A los pocos días Mercado recibió una llamada anulando ese encargo. Pero el mensaje más directo de que no se inmiscuyera en territorio vedado lo recibió de Francisco Correa, el presunto cabecilla de Gürtel, en 2007 o 2008. «Mantuvimos una breve charla sobre temas laborales; después, el señor Correa me amenazó con sufrir daños en mi integridad física si seguía intentando trabajar con organismos públicos de comunidades autónomas gobernadas por el PP.» Mercado añadió que sintió «miedo».

La lucha de clanes por controlar territorios también se produjo en Brugal, el caso de corrupción en el que está imputado el expresidente provincial del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll. En una de las conversaciones de la trama, los campistas Ricardo Costa, David Serra y Álvaro Pérez comentan que les gustaría ver encerrado en una furgoneta policial al presidente alicantino, zaplanista.

No todas las transiciones entre clanes fueron tan violentas. Cuando se trata de hacer negocios puede haber buen rollo. El hombre puente entre el zaplanismo y el campismo para la organización de los actos y eventos en el partido fue Ignacio Blanch, apoderado de Orange Market en el primer año de su existencia, de 2003 a 2004. Blanch era miembro entonces del consejo de administración de RTVV en representación del PP. En 2002 lo propuso Zaplana, pero en 2005, con el control ya de Francisco Camps, es designado asesor de presidencia de la Generalitat Valenciana.

Ignacio Blanch dio el relevo a los especialistas de la nueva etapa. Arturo Blanch, su hermano, era socio del adalid del zaplanismo en toda su estrategia mediática, Jesús Sánchez Carrascosa, exjefe de prensa de Zaplana, exdirector de Radiotelevisió Valenciana y marido en aquel momento de la directora de Las Provincias, María Consuelo Reyna. Con él fundó la televisión alegal Valencia Te Ve, a la que Canal 9 cedía la señal de actos públicos en directo, y trabajó en varios proyectos que fueron regados con abundantes subvenciones y contratos públicos de las administraciones del PP.

Tirando del hilo y dando varios pasos entre familiares y firmas en la gran red de la corrupción, encontramos vinculaciones incluso con el caso Naseiro. Y es que uno de los socios de Arturo Blanch en varias de sus empresas de eventos, Lorenzo Manuel Pérez Díaz, organizó los grandes conciertos en Benidorm entre los años 2002 y 2005 con la mercantil Mundosenti2 Eventos S.L. Esta firma estaba presidida por Salvador Palop, exconcejal de Valencia del PP que aparece en las conversaciones del caso Naseiro en 1990 hablando con Eduardo Zaplana, exalcalde del municipio.

Juan Cotino, elemento nuclear

La UDEF y los testigos del saqueo de la visita del papa apuntan a una sola persona como el «elemento nuclear», «el factótum» o «el que cortaba el bacalao» en aquel gran evento: Juan Cotino. Y eso a pesar de que en ese momento era conseller de Agricultura y no ocupaba ningún cargo en la Fundación V Encuentro. El propio exconseller reconoció ante el juez que sí participó, aunque «como un voluntario más», y que en la visita de Juan Pablo II realizada en 1982 ya colaboró con el arzobispo. Hay anotaciones de que habría recibido como regalo un «chaquetón» de 375 euros de parte de Francisco Correa, algo que él ha negado.

José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, le procesó junto a otras 23 personas y le acusó de malversación, prevaricación, asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude fiscal. La fiscalía anticorrupción pidió once años de cárcel y diez de inhabilitación por «impulsar activamente» la contratación de la empresa pantalla de la trama Gürtel y le impuso una fianza de 4,3 millones de euros por responsabilidad en caso de que sea condenado. El PSPV-PSOE, personado en la causa, elevó a 16 años de prisión su petición de condena.

Juan Gabriel Cotino Ferrer (Xirivella, 1959) empezó como concejal de UCD en su pueblo natal, y ha sido una persona clave en la política valenciana desde que Rita Barberá lo fichó en 1991 como concejal de Servicios Sociales y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, una etapa en la que fraguó una intensa relación con la alcaldesa y con el entonces portavoz del Gobierno local y concejal de Tráfico, Francisco Camps. De ahí dio el salto a la dirección de la Policía Nacional en 1996 con José María Aznar de presidente del Gobierno y Jaime Mayor Oreja de ministro del Interior. Los lazos con Barberá y Camps continuaron activos, incluso cuando este último, antes de dirigir el Consell, estuvo de diputado en Madrid y se alojaba en su vivienda.

Cuando Camps fue nombrado presidente de la Generalitat, Cotino le apoyó y se convirtió en el enlace con el gobierno central desde la delegación de Gobierno. Pero la llegada de Zapatero al poder y su relevo obligatorio facilitó su entrada en el Consell como conseller de Agricultura (2004-2007). En 2007 Francisco Camps le otorga la vicepresidencia tercera, un cargo de nueva creación, y las áreas de Bienestar Social (2007-2009) y Agua, Medio Ambiente y Vivienda (2009-2011). Tras las elecciones de 2011, en las que a pesar de todos los casos de corrupción el PPCV vuelve a obtener la mayoría absoluta, Juan Cotino ve premiada su fidelidad y se convierte en la segunda autoridad de la Comunidad como presidente de las Cortes Valencianas. Aquel puesto era provisional, porque Camps se cobraría su apoyo a Rajoy en los momentos delicados cuando Cotino fuera ministro del Interior.

Su trayectoria política no se explica separada de la de Francisco Camps y Rita Barberá. De hecho fue uno de los participantes en la reunión (celebrada en el domicilio personal del presidente) previa a la dimisión de Camps el 20 de julio de 2011 tras ser procesado por la causa de los trajes del caso Gürtel. También fue Cotino quien le llevó en su coche al Tribunal Superior de Justicia el primer día del juicio.

Juan Cotino dimitió en octubre de 2014, acechado por numerosos escándalos de corrupción que lo habían colocado en el centro de la diana de la oposición, y pocos días antes de ser acusado por un juez de graves delitos en relación con la visita del Santo Padre.

Y es que su nombre aparece en documentos del caso Emarsa, el caso Brugal o el caso Vaersa. En los papeles del tesorero del PP Luis Bárcenas, que contienen la supuesta contabilidad B del partido, también figura una entrega suya de 200.000 euros. Su sobrino, Vicente Cotino, y las empresas familiares del Grupo Sedesa están siendo investigados por la presunta financiación irregular de varias campañas del PP, y por recibir ingentes cantidades de dinero público de la Generalitat a cambio de pagar actos electorales de este partido.

Con las empresas de la familia Cotino había un trato especial. La diputada socialista Eva Martínez denunció que la Generalitat perdonó al parque Terra Natura de Benidorm —participado por los Cotino— el alquiler del suelo público, que ascendía a 1,7 millones de euros. Lo cambió por entradas que nunca llegaron a utilizarse.

Por último, también se investiga en las Cortes su gestión en la época en la que estuvo al frente de la conselleria de Bienestar Social, donde benefició a las empresas de su familia y a la sociedad que compartían con el empresario Enrique Ortiz, imputado también en Gürtel y Brugal.

Fue memorable su lapsus linguae cuando salió de declarar del Tribunal Superior de Justicia el 3 de diciembre de 2014: «Puedo haber metido la mano, lo he dicho mil veces, pero nunca la pata. Perdón. Lo he dicho al revés, ¡ah!». Extrabajadores de RTVV lucían pancartas en las que podía leerse «Cotino, no era fe, era negocio».

Juan Cotino es una persona de misa diaria y miembro honorario del Opus Dei, y no tuvo reparos en jurar el cargo de presidente de las Cortes Valencianas ante un gran Cristo de madera en julio de 2011. Pertenece al sector católico del PP y al área más conservadora, como Mayor Oreja o Federico Trillo. Son conocidos sus alegatos contra el aborto —«debería ser obligatorio que las mujeres que quieran abortar vieran una ecografía de su hijo antes de decidir»— o sobre el terrorismo —durante la tregua de 2006 el Gobierno de Zapatero financió a la banda terrorista «para que comprara las pistolas y los explosivos con los que volaron la T-4».

Fue el responsable de una de las expulsiones de Mónica Oltra del hemiciclo de las Cortes Valencianas en febrero de 2012, cuando lucía una camiseta con el lema «No nos falta dinero, nos sobran chorizos». «Le abandono que deje la sala», le dijo Cotino en otros de sus famosos lapsus. «Me daría vergüenza tener una hija como usted», llegó a proclamar el presidente a la portavoz de Compromís en otra ocasión desde la tribuna. Con aquellos gestos se disparó la popularidad de Oltra y sus camisetas reivindicativas. De hecho, a raíz de aquellos capítulos Cotino cambió la normativa de la cámara y prohibió el uso de determinadas prendas de vestir para garantizar el «decoro». Hijo de una familia rica con un gran patrimonio y numerosas fincas, nunca se desvinculó totalmente de las empresas que gestionaba su sobrino, y que crecieron gracias al boom urbanístico y a multitud de decisiones en su favor que tomó el ejecutivo de Francisco Camps. Siempre ha presumido de ser un hombre de campo e incluso renunció a la exclusividad de las Cortes para poder dedicarse al «cultivo del caqui».

Su gestión más polémica fue la del accidente de metro de Valencia el 3 de julio de 2006, muy pocos días antes de la visita del papa. Murieron 43 personas y 47 resultaron heridas. Durante aquellos días a Juan Cotino se le acumuló el trabajo, ya que además tuvo que encargarse de coordinar la atención a las víctimas del accidente de metro por indicación expresa del presidente Camps. ¿Qué tenía que ver con el accidente la conselleria de Agricultura, que estaba a su cargo? Lo mismo probablemente que con la visita del papa. Pero Francisco Camps necesitaba para estos cometidos a alguien de su más absoluta confianza.

En abril de 2013, y a raíz del programa Salvados (La Sexta) presentado por Jordi Évole, salió a la luz pública que Cotino había ofrecido a las familias trabajo o «cualquier tipo de ayuda que necesitaran» a cambio de que no acudieran a la justicia para exigir responsabilidades a Ferrocarrils de la Generalitat. El Consell del PP puso todo su empeño en silenciar a las víctimas y aquel trágico episodio, que quiso la fortuna que tuviera lugar en el peor momento para la agenda mediática del presidente.

Tiempo después, los trabajadores de RTVV han reconocido que los días posteriores al accidente se prohibió abrir los informativos con información sobre el accidente de metro, y se les obligó a centrarse en el show del papa. Se censuró la presencia de la presidenta de la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j), Beatriz Garrote, que tardó siete años en ser entrevistada en Canal 9, lo que solo pudo ser posible horas antes del fundido a negro y en un programa organizado por los trabajadores en repulsa por el cierre de la cadena.

En julio de 2016 las Cortes Valencianas determinaron que Camps y Cotino fueron los «responsables políticos» del accidente. Fue un pleno solemne en el que se aprobaron las conclusiones de la comisión de investigación puesta en marcha por la nueva mayoría de la cámara, y que en realidad se convirtió en un homenaje a la asociación de víctimas y a su lucha por esclarecer la verdad.

Hubo más episodios de censura desde la administración popular, como la exposición «Fragments d’un any» organizada por la Unió de Periodistes en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (Muvim) en marzo de 2010. Entre las 91 fotografías seleccionadas referentes a noticias de 2009 aparecían algunas alusivas al caso Gürtel, ese caso que desde todas las instancias del poder popular se trataba de ocultar. El museo pertenecía a la Diputación, y obligaron a retirarlas. No era la China de Mao Zedong o el Chile de Pinochet. Era la Valencia de Camps y Barberá.

Una ciudad, 1.300 millones de euros

El plató para todos aquellos excesos fue la Ciutat de les Arts i les Ciències, obra en su mayor parte del arquitecto Santiago Calatrava, premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1999 y académico de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su origen se remonta a 1986, cuando lo ideó un gobierno socialista. El PP lo cambió. Zaplana eliminó la torre de las telecomunicaciones y decidió levantar un recinto para la ópera. Después vino Camps y quiso añadir otro elemento denominado Àgora. El presupuesto fue creciendo en base a modificados y sobrecostes y poco a poco, sumando y sumando, pasó de 307 millones de euros a más de 1.300 millones.

Lo de menos era si había dinero o si algún estudio justificaba tal inversión. Como los faraones de Egipto con las pirámides o los emperadores romanos cuando construían un monumento, se trataba de en un desmedido afán megalómano para dejar su impronta para las generaciones venideras.

Solo de esta forma se explica que se construyera el Àgora, una plaza cubierta con capacidad para 5.000 personas, sin ninguna función concreta. Se quería inaugurar para la entrega de premios de la Copa América, pero tardó un par de años más. Su presupuesto inicial era de 45 millones de euros, aunque terminó costado más de 90. El Palacio de Congresos de Valencia, diseñado por Norman Foster e inaugurado en 1998, estaba infrautilizado, pero el PP se empeñó igualmente en construir aquel «broche de oro» para la Ciutat de les Arts i les Ciències.

El edificio no está acabado, ya que el diseño cuenta con un remate en la cima de una especie de alas de mariposa. Las 1.300 toneladas de material están en un descampado donde continuamente es sustraído por ladrones y chatarreros. Las alas no se han podido colocar porque no hay dinero. El coste de esta operación es de 3 millones de euros.

La innovación de Camps respecto al proyecto heredado contemplaba tres espectaculares torres giratorias de hasta 80 plantas en la desembocadura del viejo Turia, más altas que las construidas en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid en la capital de España (la más alta mide casi 250 metros).

El Àgora se ha utilizado en contadas ocasiones, como en los Open de Tenis o la pasarela de moda Valencia Fashion Week. La ausencia total de contenidos del edificio llevó al último ejecutivo del PP a aprovechar que uno de los elementos del complejo que mejor funcionaba, el Oceanogràfic, salía a concurso para endosárselo a su mismo gestor. Este lastre frenó a algunos aspirantes. El concurso se realizó en víspera de las elecciones de 2015 y la adjudicataria, Avanqua, es una unión de empresas controlada por Aguas de Valencia, empresa próxima al PP (el exconseller condenado por el caso Gürtel, Víctor Campos, es uno de sus directivos). A los pocos meses, la UTE anunció que renunciaba a gestionar el Àgora por su mal estado, y aportó un informe técnico en el que se afirma que está impracticable, con problemas en los falsos techos, roturas en el revestimiento y mal estado en las puertas de acceso. En septiembre de 2016 la Generalitat gestionó como solución un proyecto para instalar en el edificio un Caixa Forum.

En el Àgora se celebró el mitin del Partido Popular en las elecciones europeas de mayo de 2014, una puesta en escena que al parecer le salió muy barata al partido de Mariano Rajoy gracias a la corrupción. Los 125 autobuses con los que se llenó el recinto de seguidores los puso una de las empresas del caso Taula como pago por una mordida (El País, 04/02/2016). Además, según el PSOE, el coste del alquiler era de 40.000 euros, pero el PP se aplicó un descuento generoso y abonó solo 5.000 euros.

El 1 de marzo de 2011 se celebró otro mitin en el Palau de les Arts. Cinco años después, aún no se han abonado los 23.600 euros que costó. El PP no siempre pagaba por los espacios que utilizaba para sus actos electorales. El alquiler de la plaza de toros de Xàtiva por aquel mitin de 2007 en el que Mariano Rajoy le dijo a Alfonso Rus aquello de «Yo te quiero Alfonso, coño, te quiero», también le salió gratis. O el XVI Congreso Nacional celebrado en Feria Valencia en junio de 2008 en el que se reeligió a Mariano Rajoy como presidente. En este caso, por el que el PP está denunciado, se ahorraron 580.000 euros.

Mientras las campañas electorales del PP salían muy bien de precio, a la oposición se la estrangulaba económicamente y se la perseguía para impedir la alternancia democrática. Pero esa es otra historia (ver Tierra de saqueo).

El Àgora acogió seis ediciones del Open 500 de tenis, de 2009 a 2014, una competición que precede en relevancia a los torneos Masters 1.000 y a los Grand Slam y que hasta 2008 se celebraba en el elitista Club de Tenis de Valencia —del que era socio Francisco Camps—. La trama Gürtel participó al menos en las competiciones de 2006 y 2007, ediciones en las que recibió varias adjudicaciones irregulares investigadas por la justicia.

La empresa organizadora del Open 500 era Octagon Esedos, perteneciente a Joan Cuscó, socio de Iñaki Urdangarín en varias empresas. La Generalitat gastó en las cinco ediciones de esta competición 18,4 millones de euros.

En 2009 se incorporó al calendario de acontecimientos la Global Champions Tour, considerada la Fórmula 1 de las carreras de caballos. El estanque de aguas cristalinas del Museo Príncipe Felipe de la Ciutat de les Arts i les Ciències se convertía en un improvisado hipódromo por el que desfilaban Athina Onassis (nieta del magnate griego Aristóteles Onassis), Carlota Casiraghi (hija de la princesa Carolina de Mónaco), la infanta doña Elena, Cayetano Martínez de Irujo (hijo de la duquesa de Alba) o Marta Ortega (hija del propietario del imperio de Inditex, Amancio Ortega). El organizador del evento era Carles Vilarrubí, socio de Iñaki Urdangarín y de Javier de la Rosa, a quien muchos investigadores vinculan con la fortuna ilícita de la familia de Jordi Pujol. Las tres ediciones del evento costaron 2,26 millones de euros.

El MTV Winter Festival se celebró de 2007 a 2010 y atrajo a este escenario a 30.000 personas para escuchar gratis a The Cure, Franz Ferdinand, Artic Monkeys o My Chemical Romance, entre otros grupos del momento. Las actuaciones eran televisadas para 200 millones de personas, que contemplaban desde todo el mundo la nueva Valencia. La Ciutat de les Arts i les Ciències patrocinó el festival con 4 millones de euros.

El Museu de les Ciències Príncipe Felipe también acogió cuatro ediciones de la Campus Party, un evento que atrajo a miles de apasionados por la informática y a figuras de reconocimiento internacional como Al Gore o Nicholas Negroponte.

Este edificio ofrece una imagen espectacular, con una simulación de una columna vertebral de hormigón blanco que demuestra la pasión de Calatrava por el cuerpo humano y su admiración por Gaudí. El edificio partió de un presupuesto de 62 millones de euros y ascendió a 154, un 216% más. Entre otros problemas, hubo que realizar la insonorización y el control de la luz. Una vez concluido el edificio se tuvieron que añadir en la fachada sur dos grandes escaleras para cumplir con la normativa de protección contra incendios, imprescindible para lograr la licencia de apertura.

Dando el cante en la Ópera

Antes que el Àgora y el Museu de les Ciències se inauguró el Palau de les Arts, el edificio más grande del recinto y el más caro, 478 millones de euros, cinco veces más que su presupuesto inicial, 84 millones. Con ese dinero se podrían haber construido cinco museos como el Guggenheim de Bilbao, diseñado por Frank Gehry, o dos estadios como el Allianz Arena de Munich, con capacidad para 75.000 personas.

Para apelar a la sensibilidad y valencianía del proyecto se eligió como fecha de apertura el 9 de octubre de 2005, Día de la Comunidad Valenciana. Ese mismo día, Francisco Camps imponía al gurú Santiago Calatrava la Alta Distinción de la Generalitat en el acto solemne celebrado en el Palau de la Generalitat y lo elevaba a la categoría de celebridad. El inmueble, ya inaugurado, soportó numerosos problemas como dos inundaciones, el hundimiento del escenario o la existencia de 200 butacas ciegas y sin visibilidad que tuvieron que eliminarse. El trencadís blanco empezó a desconcharse y tuvo que volverse a reponer diez años después.

Lorin Maazel fue el encargado de sostener la batuta en una nueva orquesta compuesta por más de 100 profesores. La primera ópera que se interpretó fue Fidelio, de Ludwig van Beethoven, un libreto en alemán que cuenta una historia de amor entre un hombre encarcelado por razones políticas al que su amada trata de rescatar disfrazada como un guardia llamado Fidelio. En mayo de 2007, coincidiendo con la Copa América, se pondría en escena el Festival del Mediterráneo, un certamen que quería ser la respuesta española al de Salzburgo y para el que se contrató a Zubin Mehta, director musical de la Orquesta Filarmónica de Israel.

Todos se deshacían en elogios hacia las autoridades. Maazel dijo que aquel edificio era «la décima maravilla» y lo comparó con los coliseos operísticos de París, Milán, Sídney, Madrid o Barcelona. Mehta calificó a Rita Barberá de «valquiria», divinidad mitológica.

Los expertos consideran que en aquel momento Valencia estaba pagando unos cachés que ninguna otra ópera del mundo se podía permitir. Mehta cobró más de cinco millones de euros y Plácido Domingo casi un millón, en unos contratos con informes que señalan que no se ajustaron a la legalidad. La persona que puso en marcha el proyecto fue Helga Schmidt, una austríaca muy bien relacionada con el PP que trataba de forma despótica a los trabajadores. Vivía en una suite del hotel Las Arenas y tenía el sueldo más elevado de toda la administración valenciana. En 2003, cuando el teatro todavía no estaba ni funcionando, cobró 283.240 euros entre sueldo y dietas, cuatro veces más que el presidente de la Generalitat.

Schmidt fue detenida en enero de 2015. El juzgado de instrucción número 15 de Valencia la investigaba por eliminar el departamento de patrocinio del Palau y adjudicar el servicio a una empresa privada de la que era consejera. Según la investigación la dirigente del complejo recibía comisiones de hasta el 30% (más de medio millón de euros) entre 2008 y 2013. El Palau acumuló un déficit de 27 millones de euros en esta etapa. Otro de los consejeros de la firma, José Antonio Noguera Pujol, fue abogado personal de la intendente y consejero de la empresa Cleop, constructora investigada en el caso Taula por nutrir de fondos ilegales al PP. También figura en el accionariado Vicente Garrido, presidente del Consell Jurídic Consultiu y amigo personal del expresidente Camps.

El procedimiento judicial sobre la gestión de Schmidt es fruto de un informe de Intervención de la Generalitat que alertaba de una trama corrupta en el propio teatro. El abogado de Schmidt es en la actualidad Pau Agulló, socio del despacho del exdiputado del PP David Serra (Estudi General Advocats i Assessors), investigado también en el caso Gürtel e implicado en Taula y Brugal. Helga Schmidt también contrató a la trama Gürtel para un estand promocional del Palau de les Arts en Fitur 2009, e intervino en la organización de los actos de la visita del papa a Valencia en 2006. Para sus traslados declinó la posibilidad de viajar en taxi y contrató a la empresa de comunicación Engloba, implicada en el caso Taula, a la que pagó 2.373 euros al mes por el servicio de chófer.

Las regatas y la nueva dársena

El escenario principal del drama en el que se sumía la sociedad valenciana, la Ciutat de les Arts i les Ciències, también vio explotado su entorno, al que le sacarían mucho provecho. La Copa América fue la excusa perfecta para una gran operación urbanística y de transformación del puerto en la Marina Real, el soñado «balcón al mar» de Valencia.

Con su velero Alinghi, el multimillonario Ernesto Bertarelli había ganado la última edición de este campeonato, el más importante del mundo de vela, muy arraigado en el mundo anglosajón pero minoritario para el gran público español. Al carecer su país, Suiza, de una salida al mar, debía buscar un puerto al que convertir en base de operaciones y sede de la siguiente competición.

En ocasiones anteriores, las ciudades anfitrionas habían cobrado por ceder el uso de las instalaciones portuarias y por las molestias ocasionadas a causa de la ocupación de los campos de regatas en el mar. En Valencia fue al revés. Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, la factura de la Copa América fue de 1.847 millones de euros por parte de las administraciones públicas.

Se presentaron 50 ciudades candidatas y Valencia fue la elegida. ¿Por qué? Los periodistas Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda explican en su libro Urdangarín, un conseguidor en la corte del Rey Juan Carlos que fue gracias a la intervención del monarca. «Valencia había puesto encima de la mesa todo el dinero que había pedido, existía agilidad en el movimiento de la maquinaria legal y, por si fuera poco, el Jefe del Estado estaba personalmente implicado en la aventura, lo cual significaba que saldría adelante sí o sí.»

La iniciativa llevaba aparejada la rehabilitación de la Marina Real y la construcción de un edificio simbólico obra del arquitecto David Chipperfield, que costó 35 millones. Lo bautizaron como «Veles e vents» en honor al poeta Ausiàs March.

El impacto previsto de la Copa América tenía una cifras infinitas: según un estudio de la consultora KPMG para la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), aportaría 3.150 millones de euros y 110.000 puestos de trabajo. El evento multiplicaría por siete el impacto económico de las dos últimas ediciones, se dijo.

A algunos sí que les fue bien. La trama Gürtel, por ejemplo, hizo negocio en este evento (en la contabilidad B de Correa figura una anotación de 18.000 euros bajo el epígrafe «Puerto Copa América»), y también Iñaki Urdangarín (en uno de los correos aportados por Diego Torres al caso Nóos se alude a gestiones de Francisco Camps con el armador Pedro Perelló para facilitar los intereses de Urdangarín en las regatas).

Sin embargo, los valencianos vieron frustradas todas sus expectativas. Solo se celebraron dos ediciones (en 2007 y 2010), y la última además descafeinada y reducida a dos participantes por el conflicto judicial entre los equipos del Alinghi, suizo, y el BMW Oracle, californiano. La derrota del equipo suizo supuso también el cambio de sede del evento y el fin de la aventura. La dársena quedó totalmente renovada, pero durante años careció de uso. El edificio Veles e Vents (donde se celebraron bodas de personajes tan peculiares como la de Álvaro Pérez, El Bigotes, con la mama chicho Noemí Ramal) se cerró a cal y canto y se convirtió en un edificio fantasma. Pocos estaban dispuestos a pagar los más de 10.000 euros al día de alquiler.

Cuando el Alinghi recogió su trofeo, la Jarra de las Cien Guineas, y los barcos plegaron velas aquel espacio quedó abandonado, lejos de convertirse en la gran zona de comercio, ocio y restauración soñada. Empezó entonces un largo enfrentamiento entre las distintas administraciones que integraban el Consorcio, con una deuda de 440 millones de euros, y el bloqueo burocrático impidió poner en marcha un plan de negocio que hiciera su funcionamiento autosuficiente.

Hay algunas cuestiones que demuestran el despilfarro y el uso partidista de estos eventos. El Puerto de Valencia puso a disposición de sus directivos y amigos un «yate institucional» para ver desde un punto privilegiado el espectáculo. Pago más de 4 millones por él, aunque su precio en el mercado es de 3. Su mantenimiento era de casi 300.000 euros anuales, por lo que en 2015 se puso en venta.

Para que hubiera facilidades en todos los trámites del puerto, en 2004 Rita Barberá impuso que al frente del mismo estuviera una persona de su total confianza, el empresario Rafael Aznar. En 2014 un juez le imputó los presuntos delitos de malversación y prevaricación por su gestión durante aquellos años. Entre las irregularidades que se le atribuyeron destaca la adquisición de este barco, el patrocinio del Palau de les Arts o la contratación de varias obras millonarias. Una de las irregularidades que le achacó el ministerio público fue el pago de tres millones de euros para la construcción de un puente para la Fórmula 1 que debía haber pagado la empresa encargada de llevar a cabo la competición, Valmor.

Saqueo a la velocidad de la Fórmula 1

Faltaban 12 horas para el inicio de la campaña electoral. Tras los primeros años de acomodo y de superación del zaplanismo, el 27 de mayo de 2007 Francisco Camps aspiraba a sobrepasar la amplia mayoría absoluta obtenida cuatro años antes por el PP. Para ello se había esforzado especialmente en algunos asuntos de gran impacto. Todavía duraba la resaca de la visita del papa Benedicto XVI y en pocas semanas se inauguraría la 32.ª Copa América de Vela, cuyos efectos ya se palpaban en el ambiente.

Parecía una victoria fácil, pero nadie rechaza un empujón hacia arriba. La guinda la puso el magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone. Valencia organizaría el Gran Premio de Fórmula 1 en un circuito abierto. La negociación se llevó con sigilo durante meses con visitas de Camps a Londres y de Ecclestone a Valencia. También intervino el yerno de José María Aznar, Alejandro Agag, quien gestionaba los derechos de la competición automovilística en España.

El anuncio tuvo lugar en el momento oportuno para dinamitar la campaña electoral en una cuidadísima puesta en escena en una sala del Palau de les Arts. Lo que nadie esperaba es que el magnate condicionara la celebración del evento a que el Partido Popular ganara las elecciones. Dijo que se había enamorado de las personalidades de Francisco Camps y Rita Barberá, presidente y alcaldesa, y que no se fiaba de los nombres de las ciudades, sino de las personas. «El contrato, aunque está todo preparado, no lo firmaré hasta después de las elecciones», recalcó. Camps le devolvió los elogios: «Gracias a Bernie Ecclestone por decir estas cosas tan preciosas y vincular el gran premio de Fórmula 1 a que yo continúe siendo presidente de la Generalitat. Yo le puedo asegurar que en los próximos días voy a intentar con mi esfuerzo ganar estas elecciones». Chantaje puro y duro.

Ya entonces se anunció que se crearía para su gestión una sociedad denominada Valmor Sport, participada al 33% por Bancaja (presidida por el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas), el piloto Jorge Martínez Aspar y el empresario Fernando Roig (Pamesa).

Alemania había renunciado en ese momento a ser la sede de dos Grandes Premios (el de Alemania y el de Europa) por su elevado coste y propuso la alternancia de los dos circuitos, Nürburgring y Hockenheimring, en la organización de su GP. Fue entonces cuando Ecclestone buscó en el sur de Europa un circuito abierto para hacer más atractivo su negocio. Varias ciudades se interesaron, pero rechazaron la oportunidad al ver la inversión que se requería. Las arcas públicas de la Valencia de Camps y Rita, al igual que hizo tiempo atrás con Bertarelli, se abrieron de par en par.

Además, la Fórmula 1 era un deporte que arrastraba masas y estaba en aquel momento en la cresta de la ola, con Fernando Alonso de victoria en victoria. Francisco Camps y Rita Barberá arrasaron en las elecciones y Ecclestone firmó. Fue su mejor resultado electoral, aunque también pudo ayudar la presunta financiación ilegal de 3,5 millones de euros que obtuvieron presuntamente de la trama Gürtel, según la investigación de la Audiencia Nacional.

«Aquí hay pelas y, si sale bien, hay pelas para todos. Una pastuqui importante» fue una de las frases de Francisco Correa en diciembre de 2007. Se refería al circuito de Fórmula 1 que se estaba construyendo en Valencia y a la instalación de 112.000 localidades para las 30 tribunas del circuito de Fórmula 1. El líder de Gürtel advertía a uno de sus subordinados que debían darse prisa para captar una parte del nuevo negocio que estaba emergiendo en la ciudad. Buscaba en concreto una comisión por el montaje de las gradas para los más de 100.000 espectadores de la carrera. En un momento de la conversación pide a sus socios que contraten «echando hostias al que monta lo de Indianápolis y la NBA».

Años después, en una entrevista al digital Valencia Plaza, Álvaro Pérez explicó que se frustraron sus expectativas y al final, en la Fórmula 1, no tuvo acceso «ni a preguntar». En aquella entrevista, en tono enigmático, El Bigotes se refería a la posibilidad de que algún día se demuestre que hubo un escándalo en esta competición, y a que Correa no era una banda organizada, pero «otros sí», aunque descartaba que el escándalo saliera a la luz porque «hay cosas que no se pueden tocar». La trama vinculada al caso Taula y Alfonso Rus hizo caja en este evento. La firma Thematica Events, vinculada a Marcos Benavent y José Adolfo Vedri, facturó en un solo año 540.350 euros.

La organización fue un despropósito. Martínez Aspar se autocontrataba (su empresa Box 55 recibió servicios por 100.000 euros) y en paralelo recibía otras subvenciones gracias a sus buenas relaciones con el PP. La Generalitat le pagó 9,6 millones de euros entre 1999 y 2011 a través de la Agencia Valenciana de Turismo, la Sociedad Proyectos Temáticos y el Circuit del Motor. De la Diputación de Valencia recibió 4 millones entre 2008 y 2015 por colocar una pegatina en sus motos de la marca turística «Terra i Mar» cuando competían en Malasia, Japón o Jerez en las categorías de 250 cc y 125 cc.

Se organizó una campaña mediática entorno al evento. En Fitur 2008 se expuso una maqueta del circuito de Fórmula 1 que costó 46.000 euros. Se gastaron otros 61.000 euros en dos Scalextric para crear ilusión. Con el tiempo desaparecieron.

La Generalitat vendía la Fórmula 1 como algo mágico, ya que repetían una y otra vez que el coste sería cero. Valmor lo organizaría y el agente urbanizador del Plan Parcial El Grau, diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel, pagaría el coste del circuito urbano, con lo que implícitamente estaban reconociendo el pelotazo urbanístico que iban a efectuar. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria dio al traste con aquella operación de la noche a la mañana y la administración tuvo que hacerse cargo de los 100 millones de los viales. Otro de los montantes relevantes es el canon por celebrar las cinco competiciones: 117 millones de euros.

Para que Ecclestone y los miembros del Consell hicieran sus necesidades se dotó a la infraestructura del circuito de «urinarios de lujo» y «urinarios súper lujo» con parqué, aire acondicionado y pantallas de plasma que costaron 12.900 euros. El primer año se instaló en la Malvarrosa un área temática sobre la Fórmula 1, una especie de feria que costó 60.000 euros a las arcas públicas.

El Consell quería controlar la información que se generara del Gran Premio a través de su instrumento más potente, Radiotelevisió Valenciana. Se pagaron 22 millones de euros por los derechos de retransmisión, a pesar de que la competición ya se emitía por La Sexta, que además la superó en audiencia.

La afluencia al espectáculo no alcanzó los 30.000 espectadores en ninguna edición, excepto en la primera, en la que hubo truco. Los diputados socialistas Eva Martínez y Josep Moreno denunciaron que se realizó una compra masiva de bonos por parte de la administración del PPCV y las empresas públicas y privadas con intereses: Feria Valencia (gastó 334.000 euros en entradas), Diputación de Castellón (113.000 euros), la CAM (152.000 euros), Mercadona (822.000 euros), Lubasa (22.800 euros), Sedesa o Facsa (30.000 euros)… En el primer Gran Premio se alcanzaron los 70.000 asistentes y se recaudaron 27 millones de euros con este sistema calificado de fraudulento por la oposición.

Pero ahí no acaba todo. En 2014, siendo presidente de la Generalitat Alberto Fabra, se aprobó la compra de la empresa Valmor por un euro, con lo que en realidad se asumía una deuda de 33 millones de euros, a los que habría que sumar otros 14 millones de euros que el Circuito del Motor nunca reclamó. Fabra también renunció por escrito a exigir responsabilidades a los responsables de Valmor por su gestión. Además, en 2009 dos entidades públicas, el Circuito del Motor y la Sociedad Proyectos Temáticos, se convirtieron en copromotores del evento, lo que les ha causado un grave perjuicio económico.

La magistrada del juzgado de instrucción número 2 de Valencia consideró que Francisco Camps pudo haber cometido malversación de caudales públicos y prevaricación en la contratación del Gran Premio a la empresa Valmor. Esta empresa habría sido utilizada como pantalla para eludir las leyes de contratación del sector público.

Años después, toda la inversión que todavía se está pagando (7,5 millones al año hasta 2023 para devolver un préstamo) está en desuso, es pasto del comercio ilegal de chatarra, las instalaciones eléctricas han sido desvalijadas y la suciedad se acumula tirada por el recorrido. Los cálculos más optimistas cifran el coste del evento en 200 millones de euros, aunque hay otros que se acercan a los 300.

La filosofía de Iñaki Urdangarín

El embrión de la filosofía de Francisco Camps para los eventos fue la Valencia Summit, un encuentro anual organizado en tres ediciones, de 2004 a 2006, por el Instituto Nóos (que presidía Iñaki Urdangarín) y patrocinado por la Ciutat de les Arts i les Ciències y la Fundación Turismo Valencia Convención Bureau.

El objetivo del foro era, teóricamente, contribuir a aprovechar el potencial de los grandes eventos deportivos. Se exponían ejemplos del impacto que había tenido en Barcelona las Olimpiadas de 1992, en San Diego la Copa América en 1995, el Mundial de Fútbol, etc.

Camps y Barberá debieron quedar impactados por aquellas exposiciones y quisieron demostrar que eran alumnos aplicados para determinadas materias. En esta, ellos optarían a la Matrícula de Honor. Años después, el Duque de Palma atribuía a sus gestiones la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de 2008 a 2012, el Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta en 2008, el Másters de Golf de Castellón de 2008 a 2011, el Global Champions Tour de Hípica de 2006 a 2012, o los Open 500 de tenis.

Camps estaba tan convencido de las posibilidades de este negocio que el Consell encargó a Urdangarín preparar los Juegos Europeos de 2005, unos juegos que serían la primera edición de una competición olímpica continental. La Generalitat pagó 382.000 euros por varias facturas, y eso a pesar de que no contaba con el apoyo del Gobierno de España y tenía la oposición del Comité Olímpico Internacional.

La Generalitat y el Ayuntamiento pagaron 3,1 millones de euros por las conferencias del Valencia Summit, cuando en realidad costaron 1,1 millones. El juicio tuvo lugar en la Audiencia de Palma entre enero y junio de 2016, con cinco altos cargos valencianos entre los acusados a los que se pedían penas que oscilaban entre los 6 y los 11 años de cárcel por prevaricación, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias. Iñaki Urdangarín estaba acusado de prevaricación, malversación, fraude a la administración, delito fiscal, blanqueo, estafa, falsedad en documento mercantil y en documento público, y la petición de pena iba de los 16 años y medio a los 19 años y medio. La infanta Cristina se expuso a 8 años de cárcel por delitos fiscales por compartir al 50% con su marido la firma Aizoon S.L.

En esta etapa, tres exdirectores generales de la Ciutat de les Arts i les Ciències fueron procesados por corrupción: Jorge Vela y José Manuel Aguilar por el caso Nóos y Miguel Navarro por Terra Mítica (este último fue absuelto). A ellos se suma la exdirectora de gestión de CACSA, Elisa Maldonado, y el exsecretario autonómico Luis Lobón, también por Nóos.

Castellón y Alicante, en la línea

Valencia aspiraba a ser la nueva Montecarlo, con megayates, carreras de Fórmula 1, deportes de élite. El delirio no fue exclusivo de la capital ya que se extendió por todo el territorio. Todo alcalde que se preciara, por pequeña que fuera su población, debía prometer un «Palau de la Música» en su pueblo y contar en su ayuntamiento con la «concejalía de grandes eventos». Buscaban réplicas al escenario de sueños construido por Calatrava en Valencia.

Las capitales de provincia concentraron la mayoría de iniciativas, siempre con la sombra de la corrupción.

El Masters Golf de Castellón costó 12 millones de euros en las cuatro ediciones del encuentro —2008 a 2011—, que se celebraba en el Club de Golf Campo del Mediterráneo de Borriol, presidido por el propio presidente de la Diputación Carlos Fabra. La empresa que lo organizó era Match Golf Consulting, relacionada con el caso Púnica. En junio de 2016, Anticorrupción decidió investigar los pagos realizados por Camps y Fabra a esta firma a instancias de una denuncia de Compromís. Entre los clientes de Match Golf figuraban firmas como Easy Concept (del grupo de Francisco Correa), Over Marketing o Aerocas (la sociedad pública que gestionaba el Aeropuerto de Castellón).

Entorno a estas grandes citas se generaba todo un movimiento comercial que redundaba en beneficio de las grandes urbanizaciones que los promotores amigos del poder y financiadores de sus campañas estaban poniendo en marcha.

En este reparto, a Alicante le tocó la Volvo Ocean Race, la competición que cada tres años da la vuelta al mundo. En 2007 se remodeló el puerto y se urbanizaron los muelles 10, 12 y 14, con una inversión de 60 millones de euros. Las tres primeras ediciones (2008, 2011 y 2014) costaron 31,6 millones de euros a la Generalitat, según datos oficiales, y el contrato contemplaba otras dos citas (2017 y 2020). Una parte de este dinero fue a parar a las arcas de la trama Gürtel. La Generalitat pagó a Orange Market 516.000 euros por el espectáculo inaugural de la salida del evento en 2008. Según la investigación, la adjudicación se amañó para beneficiar a esta empresa acusada de financiar irregularmente al PPCV.

En 2014 la firma adjudicataria de la Race Village —los eventos lúdicos que se organizan entorno a la salida de la vuelta al mundo de vela durante dos semanas— fue Ruck Consultancy, de la que era administrador Nicolás Figueras, antiguo director general de la Sociedad Proyectos Temáticos. Los costes se dispararon en esta edición de los 60.000 a los 400.000 euros.

Uno de los principales defensores del modelo de grandes eventos era, obviamente, Álvaro Pérez, El Bigotes, quien en una entrevista la calificaba de «muy solvente» y «necesaria», porque si no, «¿cómo se van a enterar en Australia de que existe Valencia? ¿Por la horchata? ¡Venga ya!». «Yo he entrado en un hotel de Las Vegas y la única postal que había de España en el mostrador donde había postales de medio mundo era de la Comunidad Valenciana, de Valencia con la Copa América y con la Fórmula 1, y eso vale dinero. Lo que tienes que hacer es poner a gestionar gente solvente para que eso se haga como es debido. Pero eso vale pasta.»

Rita Barberá y Francisco Camps lo decían una y otra vez y su consigna era repetida por todos sus afines: «Esta era una comunidad triste, en blanco y negro», o «Hemos puesto a Valencia en el mapa […]. Valencia es hoy una ciudad transformada completamente. Es protagonista en Europa y motor de España. El mundo quiere venir a Valencia». La alcaldesa contaba siempre la anécdota del cartel que había en la entrada a la ciudad: «Visite la ciudad en dos horas y váyase». «Aquí no pasaba nada. Si volvieran a gobernar los socialistas la ciudad se pararía.»

En su libro Barbaritats valencianes, el actor Xavi Castillo recurre al humor para parodiar la situación de enajenación de parte de la sociedad valenciana. Este es el diálogo de «cualquier familia valenciana un domingo por la mañana» desayunando en casa:

Padre: Eh, niños, hoy qué preferís que cojamos, ¿el velero o los caballos?

Madre: El velero no, cariño, ¡que lo están repintando!

Hijo: Padre, yo quiero coger el Ferrari y darme una vuelta...

Padre: De acuerdo, pero no quiero que vayáis a más de 300 por hora por Blasco Ibáñez.

Madre: Y si queréis, esta noche vamos a la ópera al Palau.

Todos: !!!Síiii!!!

Eventos vs proyectos

Dentro del PP había quien criticaba la política de «grandes eventos» de Francisco Camps porque con el tiempo se esfumaban y no quedaba nada. Eran los defensores de los «grandes proyectos» de Eduardo Zaplana, porque al parecer aquellos sí eran una inversión que se quedaba y que podría beneficiar siempre a la sociedad.

Lo cierto es que Zaplana impulsó grandes proyectos que también iban a generar un negocio espectacular a su alrededor y Camps los continuó desarrollando. Mundo Ilusión, la Ciudad de la Música, la Universidad Virtual en el edificio de Frank Gehry, el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, la Ciudad de las Lenguas diseñada por Carlos Ferrater, la Torre de la Música del Berklee College of Music de Boston, el aeropuerto de Castellón, etc.

Tras estas infraestructuras se refugiaron como auténticos cazadores de tesoros los grandes nombres de la corrupción del país. La Comunidad Valenciana era un imán para ellos. La confidencialidad y el secretismo les garantizaba impunidad.

Los dos ejemplos más claros del fiasco que ha supuesto esta política son los estudios de la Ciudad de la Luz en Alicante y el parque temático Terra Mítica de Benidorm.

El complejo de estudios cinematográficos construido en Alicante ha costado 265 millones de euros de dinero público. La Unión Europea declaró ilegales los fondos públicos para su construcción por realizar competencia desleal y obligó a subastarla. El Consell estuvo a punto de venderla por menos de 19 millones de euros en 2016, aunque nadie se interesó por ella. El parque Terra Mítica de Benidorm costó más de 400 millones y se vendió por 65 a la empresa Aqualandia. En este caso, la trama de fraude y facturas falsas en la construcción del parque entorno a Vicente Conesa ya ha sido juzgada, con veinte condenados.

El escenario

Las empresas que se han lucrado con el dinero público para levantar los grandes edificios de la Copa América, el circuito de Fórmula 1 o la Ciutat de les Arts i les Ciències son las mismas que se investigan por financiar presuntamente al partido que consiguió grandes victorias electorales en la etapa de Francisco Camps. Las catorce sociedades investigadas en el caso Gürtel y que aparecen en los papeles de Bárcenas recibieron cerca de 5.000 millones de euros en adjudicaciones públicas de la Generalitat Valenciana durante la etapa del PP (ver Tierra de saqueo).

El arquitecto de referencia, el hombre que diseñó el escenario principal, Santiago Calatrava, también tuvo un trato especial de la administración pública. Por unas maquetas de los tres rascacielos que quería Camps al final del cauce del río se pagaron 15,2 millones de euros. Por el anteproyecto y proyecto básico del Centro de Convenciones de Castellón se abonaron otros 2,7 millones. El portavoz de Esquerra Unida hasta mayo de 2015, Ignacio Blanco, lideró una campaña para dar a conocer los abusos del arquitecto. El portal web donde se recogía toda la información que le concernía, calatravatelaclava.com, le sentó tan mal al protagonista que denunció a la formación por «una intromisión ilegítima en el ámbito de la protección del derecho al honor» y les pidió 600.000 euros. Un juez condenó a EU a retirar la web y pagarle 30.000 euros a pesar de que el Ministerio Fiscal solicitó que se desestimara al entender que primaba el derecho a la libertad de expresión.

Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el coste de los grandes proyectos y eventos celebrados en la Comunidad Valenciana es de 5.225 millones de euros. Con este dinero se han sufragado eventos o proyectos como la Ciutat de les Arts i les Ciències, la Ciudad de la Luz, la Copa América, el Gran Premio de Fórmula 1, Terra Mítica o el Aeropuerto de Castellón entre otros.

El «elemento nuclear» o el «factótum» del Encuentro Mundial de las Familias, Juan Cotino, llegó al mundo en 1959, al mismo tiempo que se estrenaba en todas las pantallas Ben-Hur. El autor de la novela en la que se basó el film, Lewis Wallace, dijo que escribió la historia como una manera de interpretar sus propias creencias acerca de Dios y de Cristo. Wallace no era creyente y fue al documentarse para escribir Ben-Hur cuando llegó a la conclusión de que Jesús de Nazaret sí había existido.

Cabe preguntarse si hubo personas que dejaron de creer en la Iglesia católica tras conocer el gran atraco y las luchas entre bandas rivales que se escondían debajo del «escenario efímero» levantado en la Ciutat de les Arts i les Ciències, el gran plató erigido por los hombres de Juan Cotino para hacer soñar a los valencianos. Como en las películas. Como en Ben-Hur.

«No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.» (Mateo 6:19-21)

7

«Soy la polla insaciable»

El yate de las orgías, la ambición… y la basura

La frontera entre Alicante y Murcia, a la altura de La Abanilla, es un polvorín. A simple vista, los huertos de naranjos y limoneros parecen normales, están regados por goteo y parecen cuidados con esmero, pero debajo esconden más de un millón de toneladas de basura. Los gases que surgen de la tierra no huelen a abono orgánico, sino al metano que produce la basura en descomposición. Es veneno.

Extrabajadores del «señor de las basuras», Ángel Fenoll, han reconocido haber vertido de todo en las partidas de La Murada y La Abanilla: basura urbana, neumáticos, residuos hospitalarios, desechos de la fabricación de cremas, cubas con ácido procedente de la industria del galvanizado e incluso animales muertos.

La práctica era sencilla. La empresa encargada del servicio de recogida de residuos desviaba los camiones a campos de agricultores en lugar de llevarlos al vertedero, con lo que se ahorraba el coste del tratamiento y evitaba seguir colmatando los ya saturados vasos. Se abrían zanjas en la huerta, se introducía el veneno, y posteriormente se tapaba con tierra y se plantaban árboles frutales. Miles de camiones. Nadie controlaba nada.

Se calcula que bajo tierra hay el equivalente a los residuos generados por toda la provincia de Alicante en un año: pilas, medicamentos, envases, materia orgánica, móviles, zapatos, botellas, botes de insecticida… E ingentes cantidades de desechos hospitalarios como vendas, gasas, jeringuillas, bolsas de transfusiones con restos de sangre seca. Hay quien asegura que hay basura radiactiva que llegó en camiones desde el sur de Italia y restos de las vacas locas.

La naturaleza tiende a expulsar de su seno lo que está envenenado, de tal forma que cuando llueve se crean charcos de lixiviados y se forman escorrentías: la fina capa de tierra que oculta el pecado es arrastrada en algunos puntos y la basura aflora con descaro. Nadie es capaz de prever las consecuencias para la salud de toda la toxicidad que incuban aquellos parajes, pero peligran los acuíferos de los que se abastecen los habitantes del lugar, y con ello, sus vidas.

Exactamente igual que en las regiones de Nápoles y de Caserta que describe Roberto Saviano en Gomorra. Este autor explica que el mercado de residuos ha experimentado en los últimos tiempos un incremento global del 28,9%, equiparable únicamente a la expansión del mercado de la cocaína. Desde finales de la década de 1990, los clanes camorristas se han convertido en los líderes continentales del vertido de residuos. Gracias a este negocio, la facturación que ha caído en los bolsillos del clan y de sus intermediarios ha alcanzado en cuatro años la cifra de 44.000 millones de euros.

Ángel Fenoll, el responsable de esta catástrofe en Orihuela, pensaba en 2007 que tendría más negocio todavía con el Plan Zonal de Residuos de la Comunidad Valenciana, pero le salió un competidor muy ambicioso. Al constructor alicantino Enrique Ortiz le iban bien las cosas el 14 de mayo de 2008, cuando tras quedarse con otro contrato multimillonario un amigo le reprochaba: «no te quejes tanto, coño». Y él confesaba sobrepasado por la codicia: «tengo que llorar más, porque yo soy la polla insaciable».

La operación

Cuatro son los protagonistas principales de esta historia desarrollada entre 2007 y 2010 en Alicante: dos políticos, el presidente de la Diputación y en consecuencia responsable del Consorcio de Basuras de la Vega, José Joaquín Ripoll, y la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente; y dos empresarios, el principal constructor de la provincia, Enrique Ortiz, y el capo de las basuras de la Vega Baja, Ángel Fenoll. Este relato está basado en las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción y en las grabaciones que constan en el sumario. Será un juez quien dicte sentencia, ya que los acusados defienden su inocencia.

La operación en la que habían centrado sus miradas era el traslado y tratamiento de los residuos de los 27 municipios de la Vega Baja, un lugar con muchos intereses económicos y estratégicos. De hecho, esta comarca es la que ha experimentado un mayor crecimiento demográfico en la Comunidad Valenciana, multiplicando por tres la población en cuarenta años, con una media de un residente extranjero por cada dos habitantes nacionales.

Aquel megacontrato salió a licitación en diciembre de 2006 y suponía un negocio seguro de más de 300 millones de euros durante veinte años. En función de quién lo controlara, esta cantidad podría multiplicarse y abrir nuevas vías de ingresos no siempre lícitos.

Alicante y la Costa Blanca vivían en la cresta de la ola del boom del ladrillo, había dinero y las entidades financieras locales estaban boyantes, el PP alicantino y valenciano no tenía rival. Todo el poder se concentraba en muy pocas personas, todas del mismo círculo. Ante aquel reto todos los actores se frotaban las manos.

Sin embargo, el procedimiento era una carrera de obstáculos, ya que en medio había varias citas políticas trascendentales: el relevo en la alcaldía de Alicante y el congreso provincial del Partido Popular en Alicante, donde el último reducto del zaplanismo, José Joaquín Ripoll, se jugaría su futuro al todo o nada. En este trance, la lucha política iba a ser fratricida y los fieles a Francisco Camps, rivales de Ripoll, iban a poner toda la artillería para conquistar la única administración que escapaba a su control en la región.

El nudo gordiano de la trama que nos ocupa se encontraba en la dificultad de los políticos para contentar al mismo tiempo a dos empresarios que estaban enfrentados por aquel asunto y que se habían presentado por separado al concurso público con propuestas incompatibles. Uno proponía llevar los residuos a la localidad de Albatera y el otro a la capital comarcal, Orihuela. Los técnicos que tenían que valorar las propuestas se inclinaban, a partir de criterios objetivos, por la primera opción, representada por el empresario Enrique Ortiz, pero los políticos preferían a Ángel Fenoll, un viejo aliado que les despertaba más confianza por su papel determinante en la historia política de Orihuela, y eso a pesar de que su propuesta para el vertedero estaba a escasos 1.500 metros de un núcleo poblacional, la partida de Torremendo.

Los políticos tenían por lo tanto un reto. Había que conseguir un pacto entre los dos empresarios, que se pusieran de acuerdo y repartieran beneficios. El largo historial de delincuencia de alguno de los actores principales y la facilidad del resto para sucumbir a la tentación iban a ser sus aliados. No fue fácil e incluso se contrató a los empresarios Rafael Gregory y Pedro Gomis para que pulieran asperezas, acercaran posturas e hicieran la labor de mediación, Su papel como árbitros fue crucial para lograr la conciliación.

Todo empezó el 7 de junio de 2007, cuando los técnicos de la Diputación dieron la mejor puntuación a la propuesta de la Unión Temporal de Empresas Ortiz-Cespa vinculada a Enrique Ortiz, en detrimento de la UTE Sufi-Proambiente, liderada por Ángel Fenoll. A partir de ese momento entró en juego la acción política.

La adjudicación formal todavía no se había producido, y el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, mantuvo en suspenso el procedimiento administrativo a expensas de que se produjera el gran pacto. Y el parto se alumbró. Ángel Fenoll, que había quedado en segundo lugar, cedió a su pretensión de quedarse con todo el pastel. Por su parte, Enrique Ortiz firmó una opción de compra de los terrenos propuestos por Fenoll en la finca La Pistola de la partida Torremendo de Orihuela. Jugada redonda.

Un mes después y con aquello solucionado, Ripoll dio luz verde y el Consorcio de Residuos aprobó formalmente y por unanimidad la propuesta mejor valorada por los técnicos, la de la Unión Temporal de Empresas Cespa-Ortiz liderada por el empresario alicantino. Lo que se aprobó fue su propuesta original, es decir, que la basura fuera a sus parcelas de Albatera, pero había truco, ya que la Junta de Gobierno preparó el terreno y dejó abierta la posibilidad de la modificación de la ubicación de la planta, un apunte discreto en el contrato pero sustancial.

A las pocas horas, Enrique Ortiz llama a Rafael Gregory eufórico: «Ya está, ya está, chaval, ya está». «Sí, entonces ¿qué me debes?, una buena invitación, ¿eh?... una buena comida», dice el enlace. El constructor asiente, «te debo una comida, pero de rabo… esta es para felicitarnos, se ha hecho un trabajo bien hecho».

Ángel Fenoll también estaba agradecido. «Dile que tiene un amigo para siempre, hasta que la muerte nos separe», le dijo a Gregory. Estaban eufóricos.

La intervención de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, era necesaria, ya que del ayuntamiento que ella presidía dependerían las autorizaciones para aquel pacto empresarial secreto, dando luz verde a las parcelas de Fenoll.

Así pues, siguiendo la hoja de ruta establecida, el 4 de junio de 2008 la Comisión Técnica del Consorcio propuso como ubicación idónea la de Orihuela y aceptó un incremento del 10% en los cánones. Y es que si algo había claro era que el incremento de costes en la operación por el pacto de Ortiz con Fenoll se iba a repercutir en las facturas de los vecinos.

El acuerdo era tan importante que incluso se compró a la oposición. En abril de 2007 Ángel Fenoll se reúne con el portavoz socialista en la Diputación, Antonio Amorós, y después se lo cuenta a Gregory:

Gregory: ¿Cómo has visto a Amorós?

Fenoll: Bien… Al principio estaba muy duro, muy durico.

Gregory: Sí, sí, que quería tocar más billetes… Yo lo que pienso es que este se ve con posibilidades de que le toque la lotería.

El senador socialista Ángel Franco también actuaba en ocasiones como intermediario ante estos asuntos. Todo estaba atado y bien atado, pero surgió un imprevisto y fue entonces cuando los dos empresarios dudaron de las garantías políticas que tenían para realizar una importante inversión. El proyecto entró en stand by durante meses. Lo que pasó fue que en octubre José Joaquín Ripoll anunció que optaría a la reelección como presidente provincial del partido, y convocó el cónclave en Orihuela, el bastión de Lorente. Ripoll pensaba que sería un paseo en carroza y sin rival, porque así lo había pactado con la dirección en Valencia, pero el entorno del presidente regional, Francisco Camps, le traicionó y respondió apoyando una candidatura alternativa con el alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, quien, para más inri, eligió de número dos en su candidatura a la principal enemiga de Ripoll en la formación política: Sonia Castedo.

¿Por qué se las prometía tan felices Ripoll y creía que no tendría rival? Porque había sido buen chico y no había planteado problemas en el relevo del Ayuntamiento de Alicante, el 11 de septiembre de 2008. Él era el número dos de la lista electoral de Luis Díaz Alperi en los comicios de 2007, en la que Sonia Castedo ocupaba el tercer lugar. Podría haber aspirado al trono municipal o plantear batalla, como ocurrió en 2007 cuando postularon a la zaplanista Macarena Montesinos como candidata. Pero no lo hizo. Los zaplanistas tampoco lo intentaron en el congreso regional de Valencia y Camps ganó sin rival. Fumaron la pipa de la paz y creían que en la tregua los campistas continuarían en el consistorio con Castedo y ellos, herederos de Eduardo Zaplana, tenían carta blanca en la administración provincial. Pero no fue así.

La Diputación y los ayuntamientos se paralizaron ante el congreso y todos se pusieron en «modo campaña» a captar apoyos entre la militancia. José Joaquín Ripoll se encontraba en el momento más convulso de la guerra interna en el PP contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien estaba en la cresta de la ola tras arrasar en las elecciones autonómicas y convertirse en uno de los barones nacionales más poderosos. Para Camps, aplastar a Ripoll sería la guinda a su proyecto.

En aquel contexto, ¿qué aval tenían los empresarios Ortiz y Fenoll para que saliera bien el trato de las basuras? Su negocio peligraba. El 21 de noviembre de 2008, Enrique Ortiz llama a su amiga Sonia Castedo y le cuenta que esa mañana había estado con Manuel Pérez Fenoll y por la noche iba a cenar con Ripoll. «Parezco una puta», afirma el empresario con sorna.

Las contraprestaciones

El intermediario, Rafael Gregory, había hecho su trabajo y había gestionado las contraprestaciones para que todos los intervinientes en el concurso de las basuras de la Vega Baja salieran ganando con la operación, sobre todo el presidente provincial José Joaquín Ripoll, la persona de quien dependían todas las decisiones políticas hasta ese momento.

El acuerdo empresarial era el siguiente. Enrique Ortiz pagaría 9,7 millones a Fenoll por su terreno en la partida oriolana de Torremendo, unas parcelas que a este le habían costado solo 420.000 euros. Este pelotazo de Fenoll (ganar los casi 10 millones de euros que le daba Ortiz) contemplaba el regalo al presidente de la Diputación de dos viviendas en el centro de Alicante o su equivalente en metálico, que se estipuló en un millón de euros. El industrial oriolano también debía adquirir la televisión Canal 37 y sanearla.

Esta televisión había recibido 3,1 millones de euros en publicidad de la Diputación, a través del Marq (Museo Arqueológico) y el Patronato Costa Blanca. El reparto de licencias de televisión digital terrestre realizado por la Generalitat el 30 de diciembre de 2005 fue una ignominia (el Tribunal Supremo lo anuló), y estuvo protagonizado por las tramas corruptas. De hecho, la empresa que hizo la selección estaba vinculada a Iñaki Urdangarín, y un empresario de la trama Gürtel fue el gran vencedor del sorteo, José Luis Ulibarri, que se quedó con 13 licencias comarcales. El Consell del PP premió a Canal 37 con canales en Orihuela, Alicante y Alcoi, ciudades controladas por los zaplanistas. La directora del conglomerado audiovisual denominado Tabarca era Genoveva Reig, exjefa de prensa de Eduardo Zaplana en el Ayuntamiento de Benidorm y exdirectora de Canal 9. La entrada del capo de Brugal en el negocio audiovisual culminaría el escándalo.

El control de los medios de comunicación por parte del PPCV era crucial en aquella etapa para evitar que se conocieran sus chanchullos. De hecho, el empresario Enrique Ortiz llegó a proponerle al número tres del PP valenciano, David Serra, la compra del semanario gratuito Metro: «Hasta ahora los gratuitos no estaban entrando en política», le dice. «Sería aprovechar el momento en que la gente mira hasta el euro que vale un periódico y se van más al gratuito, para hacer alguna promoción», añade.

Continuemos con los regalos del plan zonal.

Ortiz también debía obsequiar a Ripoll con viajes y estancias en lugares con encanto por permitir el negocio. El primer detalle lo tuvo en la Feria de Sevilla, adonde llevó a Ripoll y a Gregory en abril de 2008. Pero el grueso de la dádiva tenía como destino las calas más recónditas de las Islas Baleares en el pico del verano. «Ponle a este en el camarote doble, en el VIP», le encomendó a su esposa. La mujer de Ripoll, Margarita de la Vega, se deshacía en elogios: «Con amigos como tú da lujo, qué suerte tengo, qué afortunada soy».

Del 6 al 9 de agosto de 2008 viajaron a Palma los tres matrimonios: Ortiz, Ripoll y Gregory. Disfrutaron de lo lindo a bordo del yate Elena, un Benetti de 36,6 metros de eslora con jacuzzi y piscina de mármol. Y no satisfechos con eso, del 27 al 30 de agosto de 2009 volvieron a alta mar y se subieron en la lancha Sofía, una Pershing con tres camarotes dobles, para recorrer Ibiza y Formentera. Ortiz y su mujer tenían compromisos en el Elena con otros invitados VIP y no pudieron acompañarles en esta segunda expedición, conformada por Ripoll, Gregory y Botella con sus esposas. Este último era otro amigo del presidente provincial del PP que se sumó a la fiesta.

Durante las vacaciones en estas lujosas embarcaciones no se escatimaron caprichos, fueron por todo lo alto y costaron 70.142,58 y 34.215 euros respectivamente. Pagó Ortiz.

Ortiz: ¿Estáis disfrutando?

Margarita de la Vega: Disfrutando a tope, tope, tope. Muchas gracias, ¿eh?...

Ortiz: De nada, a ti… Para mí es un honor hacerte disfrutar.

De la Vega: ¡Oh, qué gustito!... Estamos aquí bailando flamenquito, con Michael Jackson, con los mojitos, champán… bueno, bueno.

Estaban en la cala Jondal, un paraíso de glamour al sur de Ibiza, y se habían tomado tres mojitos en el Blue Marlin. La esposa de Ripoll le cuenta al amigo que han dormido «maravillosamente», porque se habían bebido «cinco botellas de champán, y caímos, ¡bumba! a plomo». El Blue Marlin es uno de los restaurantes más caros de la isla. El mojito lo sirven a 15 euros. La botella de champán puede llegar a costar 800 euros.

Rafael Gregory, el «mediador» de las basuras, no iba a trabajar gratis y también obtendría su tajada con el pelotazo del plan zonal de residuos. Se redactó un contrato en el que se fijaba que percibiría a través de su empresa Repuestos Atalaya un euro por cada tonelada tratada en el vertedero, con un mínimo anual de 270.000 euros y, además, Ortiz se comprometía a cederle el mantenimiento de la flota de camiones de la UTE.

La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, tenía un gran interés en la operación porque quería devolver el favor a Ángel Fenoll por el apoyo que le habría prestado en la campaña de las elecciones municipales de 2007, en las que fue elegida alcaldesa de Orihuela con mayoría absoluta. Lorente no lo tuvo fácil para ser la candidata y tuvo que enfrentarse en asamblea a su antecesor en el cargo, José Manuel Medina, quien por otra parte también tiene a sus espaldas varias acusaciones de corrupción. El enfrentamiento entre las dos facciones del PP local fue a cara de perro. No había diferencias ideológicas o de proyecto entre Lorente y Medina, sino intereses económicos: la contrata de basuras de Orihuela.

Ángel Fenoll no solo apoyó económicamente a Lorente en aquella contienda, sino que organizó autobuses para que centenares de trabajadores de sus empresas votaran por ella en la asamblea local del PP. Como en la Edad Media, sus trabajadores eran más bien sus vasallos, y la libertad ideológica, una quimera. ¿Por qué Fenoll quería cargarse a Medina y encumbrar a Lorente? Porque el primero había tomado desde la alcaldía una decisión totalmente lesiva para sus intereses económicos: había sacado a concurso el servicio de recogida de basuras en la población, una actividad que desarrollaba él con una adjudicación irregular y provisional que databa de 1992. Medina —que vivía en la casa de un empresario al que había beneficiado y conducía un Rolls Royce a su nombre— denunció incluso que, como no cedía ante las amenazas de Fenoll para abortar el concurso, este le había mandado a un sicario búlgaro para asesinarle.

Había que relevar del cargo a Medina y el cómo importaba poco.

En este afán de complacer al empresario local, en una junta de gobierno celebrada en enero de 2008 la alcaldesa Mónica Lorente aborda el tema de la planta que debía construirse para el plan zonal y ofrece los terrenos de Torremendo en sustitución de los que el proyecto aprobado por la Diputación preveía en Albatera. Lorente metió la pata con este anuncio, porque todas las partes estaban siguiendo la hoja de ruta y ni siquiera Enrique Ortiz había hecho público este cambio.

El congreso de Orihuela y la alcaldía

El 14 de diciembre de 2008 era el día D, el de la elección del presidente provincial. Todos los cuadros del PP acudieron al Teatro Circo de Orihuela con las espadas en alto. Ripoll ganó, pero lo hizo a duras penas y por tan solo 5 votos de diferencia respecto a su oponente, el alcalde de Benidorm Manuel Pérez Fenoll. El apoyo a Ripoll de la delegación del PP de Orihuela, liderada por Mónica Lorente y que disponía de 61 compromisarios, fue determinante.

El PP se había quedado en un estado de shock sin precedentes, y las presiones por lograr apoyos para el congreso llegaron hasta los pueblos más recónditos de la montaña. En Elx se vivió una auténtica batalla campal y las urnas volaron por los aires. Tuvo que intervenir la policía. El entonces subdelegado del Consell en Elx, Manuel Ortuño, llamó «retrasada mental, marquesita de mierda y puta, perdón, diputada» a la diputada nacional Enriqueta Seller. Hubo juego sucio, amenazas e incluso un supuesto cambio de papeletas en el último momento según denunciaron los tres representantes de Benigembla, lo que podría haber cambiado el resultado.

Las dos partes enfrentadas denunciaron coacciones a los compromisarios, chantaje a alcaldes desde Valencia (campistas o perezfenollistas) y Alicante (zaplanistas o ripollistas). «Si me votas podrás hacer tal obra en el pueblo.» Pero lo que resultó extraño en un partido donde se celebraban congresos a la búlgara fue el abucheo a Francisco Camps cuando llegó al Teatro Circo para cerrar el acto. Camps era presidente del PPCV y presidente de la Generalitat. Jamás se había vivido algo así.

No se elegía entre diferentes modelos ideológicos, sobre la forma de organizarse en el partido ni se sometía a valoración la gestión realizada, lo que estaba en juego era cuál de las tramas se hacía con el timón del transatlántico de contratos y obra pública que representaba en aquellos momentos la Diputación Provincial, con sus prebendas y sus vicios.

La victoria fue pírrica, pero servía. Ripoll podría continuar controlando el partido provincial y hacer las próximas listas electorales, lo que era realmente importante. Mónica Lorente se convirtió en su mano derecha, su delfín. Los herederos de Eduardo Zaplana resistían.

De inmediato volvió la normalidad a la gestión del plan zonal. Solo ocho días después del cónclave, el 22 de diciembre, el consorcio de residuos aprobó la ubicación definitiva de la planta de tratamiento en Orihuela. La tramitación cogió carrerilla. Ya no había obstáculos. En enero de 2009 Ortiz adquirió las fincas colindantes a las de Fenoll como habían acordado y empezaron a pagarse las contrapartidas.

Ripoll se sentía todopoderoso. Un día después del congreso de Orihuela le llama el empresario Enrique Ortiz, aquel que jugaba a varias bandas y decía sentirse como «una puta», y el reelegido presidente provincial responde endiosado.

Ortiz: Oye, enhorabuena, ¿eh? Cómo te han hecho sufrir, me cago en la puta.

Ripoll: No, a mí sufrir, ninguna, ninguna… Yo tengo un par de huevos y los pongo encima de la mesa.

Ortiz: Eres un monstruo… ¡Qué grandes!

Ripoll: Yo soy como tú, monstruo… Nos importa una mierda lo que digan los demás. ¿O no? Desde que se fue Zaplana a mí me quieren matar… y una puta mierda, no por Zaplana, sino por mí.

La obsesión de Ripoll con Francisco Camps era enfermiza. Una noche en la que al parecer habían estado juntos de juerga, Ortiz llamó desde el coche a Ripoll para advertirle de que había un control de alcoholemia, y el político le respondió con prepotencia: «¿Tú te crees que yo no mando, gilipollas? Yo mando más que Camps. Me han parado me han visto la cara y me han dicho, señor Ripoll, siga. Yo mando un huevo».

Enrique Ortiz estaba en todo y con todos, por mal que se llevaran estos entre sí. El relevo en la alcaldía de Alicante que se produjo unos meses antes es una muestra evidente. La sucesión de Luis Díaz Alperi por Sonia Castedo se llevó con suma delicadeza y muy pocos privilegiados conocían los detalles: Ripoll, Camps, Rajoy… y Enrique Ortiz.

Ese 11 de septiembre, Díaz Alperi llamó a Ortiz y le dijo: «dentro de un cuarto de hora doy una rueda de prensa». «He estado toda la mañana con Camps y estamos de acuerdo, está aquí conmigo y Ripoll y Sonia, se queda Sonia, claro», le dijo el exalcalde a Ortiz, porque «evidentemente si no se queda Sonia yo no me voy». El enfrentamiento dentro del PP alicantino era evidente.

Cuando saltó la noticia, Ortiz recibió felicitaciones. El empresario Vicente Llácer le atribuyó el mérito: «Eso lo habrás arreglado tú». El secretario general del PPCV y portavoz del partido en las Cortes, Ricardo Costa, también le llamó: «ya has colocado a tu pupila de alcaldesa».

«Dentro de un rato ya no serás mi amigo el alcalde, solo serás mi amigo», le dijo Ortiz a Alperi antes de colgar el teléfono. Con él dirigiendo el Ayuntamiento el empresario había logrado crear un imperio, pero había otros proyectos que se estaban fraguando y en los que había participado tanto Alperi como su «pupila», la concejal de Urbanismo Sonia Castedo. El más importante era el nuevo planeamiento urbanístico, un negocio multimillonario en el que Ortiz tenía muchos intereses en juego.

Gracias a su estrecha relación, Ortiz tenía información privilegiada de los pasos que se seguían en la tramitación de un documento vital para el futuro de la ciudad y para sus intereses económicos, ya que es poseedor del 70% del suelo que se puede construir en el municipio. Incluso se atrevía a dar instrucciones sobre los terrenos que debían ser urbanizables. «Tres parcelas que habían, a ver si las pintamos de azul», dice él. «Ya lo tengo», responde ella. «Cómo te quiero, que guapa estás. Necesito que me des cariño», le comenta en algunos momentos en tono sonrojantemente cariñoso.

El Plan Parcial Rabassa y el proyecto de Ikea eran trascendentales. La implantación de la multinacional sueca representaba 100 millones de euros de beneficios para sus empresas, por lo que necesitaba tener todas las licencias aprobadas. «Míramelo [el convenio] y cámbiale lo que tengas que cambiar […] porque si no me van a matar. Ellos y los bancos.»

El pago del favor

Las contraprestaciones por el amaño del contrato para la recogida y tratamiento de basuras en la comarca de Orihuela culminaron casi en su totalidad una vez pasada la convulsión política. Así pues, en diciembre de 2009 Ángel Fenoll adquirió la televisión Canal 37 y asumió las ingentes deudas de la que se había convertido en la principal plataforma de propaganda política de Ripoll y Lorente.

El siguiente paso eran las dos viviendas de lujo en la céntrica calle de Benito Pérez Galdós. Gregory estaba encima del asunto, y por eso llama al presidente provincial, quien elige sobre plano casi como si fuera el menú de la carta en un restaurante:

Gregory: Oye, vamos a ver. Me hace falta que me digas las letras de los pisos que queréis.

Ripoll: Espérate que te lo mire y te digo…

Gregory: Porque había varios quintos... Eran dos que eran de distinto ascensor, creo, ¿no?

Ripoll: Sí, eran dos que eran de distinto acceso, que eran el D y el E… D, de dedo y E, de España.

Gregory: Muy bien, venga, pues te los dejo guardados.

La mujer de Ripoll, Margarita de la Vega, es la que negocia este asunto, y visita los inmuebles para dar su visto bueno. «Hasta que no cobre, no pago», le dijo Fenoll a su contacto. Finalmente esta entrega no se produjo. El empresario de Orihuela aprovechaba cualquier momento para pedir a Ripoll que presionara a los alcaldes de la comarca para que le pagaran sus deudas sobre servicios que les prestaba de recogida de residuos en sus pueblos.

Con el paso del tiempo, José Joaquín Ripoll se va distanciando de Fenoll y se acerca a Ortiz, que sí que ha cumplido sus promesas de forma ágil y entusiasta. Se produce un vuelco de la situación y Ripoll no solo respalda los intereses de la UTE participada por Ortiz, sino que le libera de los compromisos adquiridos con Fenoll y le autoriza a buscar otro emplazamiento para la planta de residuos prevista en el contrato.

Mientras se producían todos estos retrasos, el tratamiento de residuos en los municipios afectados era un auténtico caos y cada uno lo gestionaba por su cuenta y riesgo. El vertedero de Fenoll, ubicado en la frontera entre Murcia y Orihuela, era donde en todo caso iban a parar los residuos. Era el único autorizado y, además, el más barato. Se podía permitir rebajar el precio ya que eludía el tratamiento y enterraba las basuras en fincas agrícolas.

Invitar a gambas o a bocadillo

El constructor Enrique Ortiz tenía clara su filosofía, y en víspera de las navidades de 2008 se lo explicaba a su mujer:

«Un detalle, por una tontería, luego los tienes a tu disposición. A los del Ayuntamiento hay que tenerlos contentos porque hay un huevo de intereses, hay que hacerlo. Oye, un bolso de 200 euros, no pasa nada». La esposa de Ortiz, María Manuela Carratalá, «Maleles», adquirió 13 bolsos de la marca Purificación García de entre 90 y 170 euros para concejales.

Ortiz era tan amable con sus amistades que no entendía la racanería de otros empresarios. El alcalde Luis Díaz Alperi le cuenta por teléfono el viaje a Portugal para hablar con un alto cargo de Ikea, y Ortiz critica a los de la firma de muebles por lo poco generosos que son. «Cenamos seis personas y les costó la cena 67 euros. Te lo juro por mis padres que están muertos», lamenta Alperi. «Madre mía, ¿qué te dije? ¡Qué gentuza!», responde Ortiz. El constructor dice que son «ratas en representación», son «la hostia de gitanos», «de los que te invitan a un bocadillo». Él, reconoce, es todo lo contrario. «Yo los trato de puta madre, los llevo a comer gambas y cuando voy a Madrid me invitan a comer en un esto que te sirves tú de pie», afirma despectivamente en relación a un buffet libre.

A Luis Díaz Alperi le hizo varios obsequios cuando el consistorio tramitaba el plan urbanístico. Entre ellos se sospecha de la entrega de varios pisos a sus hijos, pero el regalo más llamativo es el viaje a Creta (valorado en 36.000 euros) en un jet privado para el alcalde y una amiga, la concejal Sonia Alegría. Lo disfrutaron del 29 de julio al 13 de agosto de 2008, pocos días antes de poner fin a su etapa en la alcaldía.

También agasajó a dirigentes de la oposición, como el portavoz socialista Blas Bernal, quien logró que el PSOE votara en 2005 a favor de adjudicarle el plan parcial Rabassa, y al que según la Guardia Civil regaló un velero. Hay constancia de regalos a consellers a los que le interesaba tener contentos, como Mario Flores (Infraestructuras) o Belén Juste (Industria), y alcaldes y concejales del PP de ciudades donde tenía intereses: Benidorm, Elx, Manises, Villena, etc. Algunos devolvieron los obsequios.

Las Nocheviejas de los años 2008 y 2009 Enrique Ortiz, Sonia Castedo y sus allegados las pasaron juntos en un hotel de Andorra. Tuvieron tiempo para risas, confesiones, fiesta del pijama e incluso para disfrazarse. Enrique Ortiz cautivó al grupito ataviado con un triquini, un gorro y unas gafas de buceo en el pasillo del hotel. Todos le rieron las gracias e inmortalizaron el momento fotográficamente.

En las escuchas queda clara la estrecha relación que tenían las familias del constructor y Castedo. De hecho, varios familiares de la alcaldesa, como su marido Arturo Soto (Turi), trabajaron para Ortiz durante los años de Brugal. Las grabaciones policiales incluyen conversaciones en las que el empresario organiza viajes exprés con Turi para ir a ver partidos de fútbol.

Además de regalos también había petición de favores. En pleno proceso de adjudicación del plan zonal, en octubre de 2008, Ripoll le pidió en una ocasión que «coloque» en sus empresas a una señora de 50 años de limpiadora. El constructor lo hace. «La coloco en un sitio que esté contenta y arreglado.» La práctica era habitual con otros dirigentes. Cuando Sonia Castedo le pedía que diera trabajo a sus amistades, le dijo: «Dame todos los curriculum que quieras meter allí de gente, y yo te los meto […]. Conozco a todos allí y te meto a quien quieras vamos. No tengo problemas». Si venían con recomendación entraban, aunque para ello Ortiz tuviera que deshacerse de operarios de su plantilla que carecían de padrino. «Tengo que tirar a uno para meterla a ella», dice el responsable de una contrata municipal a su jefe.

Tanta amabilidad tenía un precio en el patrimonio de los alicantinos. En otra conversación Ortiz explica su «modus operandi» de forma nítida. Se enfada con su empleado Javier Llorens porque no ha apretado a uno de los técnicos del ayuntamiento: «Vamos a ver, lo que yo no puedo es estar todo el día, bastante hago que voy detrás de los políticos, pero si tengo que ir detrás de los técnicos, ya apaga y vámonos». Llorens le da la razón. Ortiz prosigue: «Lo que no puede ser es que lo dejéis así en el aire, tenéis que rematarlo, rematar la faena, para que yo cuando hable con el político, no me diga el político que me ha dicho el técnico, que está, es que no me llamó, ni a Sonia porque me dirá, he hablado con la técnico y se va de vacaciones porque lo habéis hecho todo mal, ¿sí?». Y añade: «Es que no tenéis que dejar ni un cabo suelto».

En otra ocasión, le reprocha a otra persona que no se hayan presentado a una contrata de diez u once millones de euros para construir la Ciudad de la Justicia de Paterna. Se lo dijo Alberto de Rosa, director general de Ribera Salud (empresa privada que gestiona cinco hospitales públicos valencianos) y hermano del entonces conseller de Justicia, Fernando de Rosa, con quien había quedado para comer. «Me dice, el [juzgado] de Villarreal es para Lubasa, pero el de Paterna puede ser, y ahora me llama y me dice, si no te has presentado. Lo voy pidiendo y no me presento. Tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!»

El momento dulce del presidente

José Joaquín Ripoll (Alicante, 1957), conocido como Pitu por sus amigos, está casado y tiene cuatro hijos. Procede de una familia alicantina de panaderos que regentaban un pequeño comercio en el centro histórico de Alicante. Estudió arquitectura y entró pronto en política, flirteando primero con la UCD e ingresando en el PP de la mano de Zaplana. Fue su mano derecha en su etapa en la Generalitat, como su vicepresidente segundo y hombre de confianza en las áreas más sensibles y cercanas al Palau. La marcha de Zaplana y el ascenso de José Luis Olivas le disparó automáticamente a la vicepresidencia primera durante un breve período de tiempo. La llegada de Francisco Camps coincidió con su marcha a Alicante para hacerse cargo de la Diputación y de la dirección provincial. Allí se atrincheraron todos sus fieles, montaron su base de operaciones y convirtieron a esta administración en un auténtico feudo inexpugnable del postzaplanismo.

Ripoll salió reforzado del congreso provincial, pero todavía pensaba que sería más poderoso en 2009 cuando Camps vivía sus peores momentos acosado por el caso Gürtel y el escándalo de los trajes supuestamente regalados por Orange Market. En la víspera de la festividad de la Comunidad Valenciana, el 9 de Octubre de 2009, Ripoll se creció y manifestó ante la prensa que «si hay manzanas podridas» en el partido, habrá que «quitarlas». «No creo que podamos esperar mucho tiempo para tomar medidas, entre otras cosas porque nuestros votantes lo están solicitando ya», afirmó en público erigiéndose como portavoz de la decencia.

A los pocos días, se produjo la dimisión del secretario general y portavoz parlamentario, Ricardo Costa, obligado por la dirección de Madrid por decir en plena crisis aquello de «en el PP la fiesta no termina nunca», mientras Camps y el PPCV le apoyaban. El líder provincial de Alicante gozaba con el surrealista cruce de comunicados y el hundimiento del campismo por la trama de Correa y entraba al trapo cuando le preguntaba la prensa.

El PP nacional estaba desesperado por la situación, y la secretaria general, Mª Dolores de Cospedal, no tuvo otra ocurrencia que organizar a los pocos días una reunión secreta y a espaldas de Francisco Camps con los tres barones provinciales para iniciar una transición. Dicho de otra forma, Génova pedía auxilio a Carlos Fabra, Alfonso Rus y José Joaquín Ripoll ante los escándalos de corrupción que acechaban al presidente. Acertó, porque de corrupción los tres sabían mucho, como el tiempo acabaría demostrando.

Al descubrirse la reunión, Camps entró en cólera y se frustraron aquellos planes «de salvación».

El líder provincial de Alicante vivía muy bien y gastaba ingentes cantidades de dinero sin ir al banco. En 30 meses solo sacó 20 euros de una oficina, mientras que el matrimonio llevaba un tren de vida de 9.000 euros mensuales y siempre pagaban en metálico. En su casa tenían contratadas a tres personas, dos empleadas de hogar y un jardinero.

Cuando su mujer se fue con unas amigas a París, esta llamó a su marido para pedir permiso para comprar un abrigo de visón de 2.100 euros. Él accedió pero solo le pidió que lo pagara en metálico. En aquel viaje utilizó a la secretaria de su marido para reservar mesa en la ostrería de Gerard Depardieu y también se interesó por las galerías comerciales donde suelen acudir el expresidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, y su mujer, Carla Bruni.

En agosto de 2009 no solo fueron a Ibiza, como ya se ha comentado anteriormente, también viajaron a la isla de Creta y gastaron 14.000 euros. Y en enero de 2010 el matrimonio se fue con sus cuatro hijos a Nueva York en clase business, y gastó otros 23.000 euros. No había límites, porque acababan de adquirir un coche BMW de 50.000 euros, del que pagó la mitad en metálico. Y eso que el sueldo oficial de Ripoll era de tan solo 100.000 euros anuales.

¿Hubiera podido imaginar un arquitecto con apenas experiencia en la empresa privada como José Joaquín Ripoll un tren de vida como el que llevaba al margen de la política… de ese tipo de política?

El «amigo mafioso» que acabará «en la cárcel»

Enrique Ortiz Selva (1959, Grañén, Huesca) heredó una modesta empresa familiar y la transformó en pocos años en un holding que abarcaba desde la obra pública a la gestión de suelo, la actividad inmobiliaria y todo tipo de servicios públicos, desde aparcamientos a hospitales. Primero cautivó al entorno de Antonio Fernández Valenzuela, presidente socialista de la Diputación de Alicante, pero amplió su ámbito de relaciones a todos los partidos e instituciones, con independencia de quien las gobernara.

Se alió con las grandes empresas del país para optar a los concursos de la ciudad de Alicante, que terminó ganando: limpieza de colegios y edificios municipales, reparación de calles y aceras… Y recogida de basuras, el más importante y elevado, 315 millones de euros en 10 años. Lo adjudicó en 2001 Luis Díaz Alperi a una unión temporal de empresas formada por FCC y Cespa (filial de Ferrovial). Sus empresas llegaron a ingresar uno de cada cinco euros que salían del ayuntamiento.

Su actividad creció como la espuma gracias a las buenas relaciones políticas, y se convirtió en el empresario más poderoso de la provincia. En 1999, el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, y el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, le convencieron para comprar al Hércules y salvar al equipo alicantino de su desesperada situación. A Ortiz ni le gustaba ni le interesaba el fútbol, pero se convirtió en su máximo accionista con el 95% de las acciones y ostentó durante un tiempo el cargo de presidente. En realidad, aquella posición era un trampolín para lograr más y más influencia.

Tuvo tanto poder que daba miedo hasta a los suyos. El 18 de noviembre de 2008 Enrique Ortiz le confesó a un empleado que el entonces conseller de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, el fallecido José Ramón García Antón, le había dicho que no le gustaba que el empresario tuviera «tanto poder, que lo acapare todo» y le invitó a hacer negocios fuera de la Comunidad, pero Ortiz le contestó: «Prefiero quedarme en casa y quedarme con todo».

En Valencia se alió con las empresas de la familia del político Juan Cotino. Con él se montaría en el negocio de las residencias y geriátricos y se convirtió en uno de los grandes del denominado «poder valenciano». Su imperio se extendió a Murcia y a localidades de Madrid vinculadas con la trama Gürtel, como Pozuelo de Alarcón.

Su aval más potente ha sido el gran patrimonio de suelo que ha acumulado en la costa en pleno boom del ladrillo. El 70% del suelo urbanizable de la ciudad de Alicante es suyo, pero controla grandes parcelas urbanizables en todo el litoral. Su proyecto más importante estaba en el barrio de Rabassa, 13.500 viviendas y un megaproyecto comercial con un acuerdo cerrado que incluye a la multinacional sueca de muebles Ikea.

Toda su trayectoria está larvada de escándalos, irregularidades y corruptelas, de las que dan buena cuenta las numerosas horas de grabaciones telefónicas realizadas por la policía en el marco del caso Brugal. En ellas explica cómo sobornó a jugadores de fútbol de otros clubs para que el Hércules subiera a primera división, pero entonces ni siquiera era delito y el asunto se archivó. El capitán del equipo, Jorge López Marco, Tote, mandó un mensaje de texto al teléfono móvil de Ortiz en el que incluso concretaba la recompensa del equipo rival, el Córdoba, por dejarse perder: «Crack, soy Tote. Prepara el dinero para estos; tenemos que dárselo el domingo: 25.000 más 150.000. Un abrazo». La respuesta que recibió fue la siguiente: «Vale, crack, soy Sonia, ja, ja. Ten cuidado, que los mensajes quedan registrados, y más los de tu jefe». En la antepenúltima jornada de la liga el Hércules le metió cuatro goles al equipo andaluz. Eufórica, Sonia Castedo celebró el ascenso en la fuente de los Luceros, bañándose como una aficionada más.

Su relación con Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, era excelente. Tras la remodelación del Consell realizada por Camps el 28 de agosto de 2009 (debido al fallecimiento repentino de García Antón), el tío del socio deja Bienestar Social y asume las áreas de Agua, Urbanismo y Medio Ambiente. Ortiz le llama: «Vicentico, no te llamé anoche a las doce de la noche… para felicitarte… lo de tu tío, de puta madre, ¿no?». Vicente Cotino se queja: «De puta pena, macho no me jodas. Era una consejería que me estaba adjudicando obras que ahora tengo que dejar de licitar».

El 11 de septiembre de 2008, Enrique Ortiz llama por teléfono al director de Expansión de Ikea Ibérica, Sylvain Laval, que le contesta: «Sí, sí, puedo hablar, liado como siempre, pero puedo hablar […] contigo siempre es un placer: ¡mafia española!». El constructor, lejos de ofenderse, le da la razón entre risas. «¡La mafia española! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Te gustó, eso te gustó, tener un amigo mafioso, ¿eh?»

Pocos días después, Ortiz habla con el empresario Juan Ferri para expandir sus tentáculos a México, y le comenta que se ha especializado en la construcción de centros de tercera edad, hospitales e incluso «cárceles en explotación». Ferri le contesta en tono jocoso y entre risas: «Ese último que me has dicho es el que más me interesa, porque si tú y yo acabamos en algún sitio será en el hospital o en la cárcel». Su profecía se cumplió y cinco años después este empresario hotelero entró en la cárcel por irregularidades inmobiliarias.

Ortiz está investigado por lo sobrecostes del Teatro Calderón en Alcoi. Construyó parte de los edificios de la fallida Ciudad de la Luz de Alicante o el tranvía de Alicante. Fue el empresario que salvó a Terra Mítica de la suspensión de pagos en 2006 al pagar 85 millones de euros por 216.000 metros que salieron a subasta. En Benidorm tiene varios frentes abiertos, como la construcción de un gran centro comercial y un hotel que no figuraban en el proyecto de la estación de autobuses municipal o el cobro por duplicado de la construcción de una rotonda.

También estuvo acusado de fraude fiscal y eludir pagos a Hacienda por valor de seis millones. En 2016 tuvo que ingresar 8,8 millones de euros a la Agencia Tributaria por un plan con Hansa Urbana para simular contratos de alquiler de nueve fincas en la playa de San Juan y pagar menos impuestos. Por este asunto la Fiscalía pedía 4 años y medio de cárcel.

Contratos amañados

Enrique Ortiz apostaba fuerte. Como empresa adjudicataria de obra pública de la Generalitat no podía hacer donativos al PP por imperativo legal. Lo que hacía era pagar la organización de los actos de Orange Market (empresa de la trama Gürtel) como si hubieran prestado el servicio a sus empresas cuando en realidad los habían prestado al PP. Para las elecciones municipales y autonómicas de 2007 (en las que se presentaron Luis Díaz Alperi y Francisco Camps) y para las nacionales de 2008 pagó seis facturas a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, por valor de 348.000 euros.

Toda la flor y nata de la cúpula empresarial valenciana hizo lo mismo. Con el PP en la Generalitat, las 14 firmas implicadas en Gürtel y en los papeles de Bárcenas recibieron 5.000 millones de euros en adjudicaciones de la administración autonómica.

El enlace del constructor con la dirección del partido en Valencia era el número 2 del PPCV, David Serra.

Primero Ortiz le pide «obritas»:

Ortiz: A mí me gustaría que nos veamos tú y yo para que estas «obritas» que van a salir, coño, a ver si nos echas una mano.

Serra: Vale, pues, ¿cuándo quieres que nos veamos?...

Ortiz: Cuando tú digas… Todos los alcaldes que, esto, que tienen algún amigo.

Serra: Claro, claro. Vamos a ver qué podemos hacer. Venga, un abrazo.

Y luego, el dirigente del PP se cobra el favor:

Serra: Oye, que estoy aquí currando y cuadrando y tengo un lío de cojones. Vamos a ver. Vamos a hacer lo de la factura.

Ortiz: Vale.

Serra: Lo que necesito es una cosa, aumentar la cantidad. Nada, todo está bien y lo que estábamos esperando me dicen que ya ha llegado [se refiere al pago].

En otra conversación, Ortiz le pregunta a Vicente Cotino, sobrino del entonces vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, por la adjudicación de parques eólicos. Este le contesta: «olvídate». Ortiz le replica: «¿Eso no se puede amañar o qué?». Y su socio, responsable de Sedesa, le revela que «van a traer a Iberdrola Renovables y se ha comprometido el presidente».

En otra charla se refiere al entonces conseller de Infraestructuras, Mario Flores. «Oye, y tu amigo Mario se porta de puta madre. ¡Joder, qué tío! Es un tío legal, pero que te cagas. Y el tío se está, se lo está currando que te cagas. Lo está haciendo para nosotros, te lo digo de verdad, nos está apoyando a muerte. Me ha dado los mantenimientos de las carreteras, que no tenía ninguno, que entrar ahí es súper complicado. Y me ha dado una zona acojonante. Me ha dado el tramo más grande de tranvía, el túnel. Me ha dado, nada más entrar, la carretera de acceso allí en Valencia, una carretera que te cagas. O sea que, pero vamos, te lo digo, no comentes nada porque encima la gente piensa que…»

Hay un momento crucial en la historia de la lucha contra la corrupción: en noviembre de 2009 los socialistas valencianos presentan una querella contra los empresarios más poderosos de la región a raíz del estallido del caso Gürtel, a los que acusan de financiar ilegalmente al PPCV. Entre esos empresarios está Enrique Ortiz. La interposición de este pleito dio un impulso trascendental al caso Gürtel, que podía haber quedado reducido a los tres trajes de Camps (ver Tierra de saqueo).

Uno de los firmantes de aquella querella era el entonces síndic socialista en Les Corts, Ángel Luna, quien cada semana durante aquellos meses martirizaba a Camps desde la tribuna parlamentaria en la sesión de control al president, exigiéndole explicaciones por los contratos con la trama de Francisco Correa. Luna posee una dilatada carrera política, ya que antes fue conseller de Sanidad, diputado nacional y alcalde de Alicante. Pero hubo un período en el que estuvo alejado de la política y trabajó como abogado para el propio Ortiz.

El PP puso en marcha una potente maquinaria para desarticular la investigación sobre Gürtel y minimizar su impacto electoral, y fue ahí donde se le pidió colaboración al empresario para fabricar un montaje contra el socialista por el que le acusaron de haber recibido como regalo de Enrique Ortiz una pequeña reforma de su vivienda (quitar un tabique), una compensación, según aseguraron, por los múltiples contratos que le otorgó siendo Luna alcalde de Alicante.

Sonia Castedo fue la que lo organizó: «El jueves sentaré al presidente de la Generalitat en las Cortes y le quiere arrear a Ángel. Mira a ver si me puedes conseguir algo, ¿vale? Cualquier cosita», le dice. Ortiz responde que Luna siempre ha sido «un acojonado» para estas cosas, pero que le diría algo.

Elaboraron un guion y consiguieron un gran revuelo mediático para que el dirigente socialista dimitiera. El TSJCV le imputó, pero tras prestar declaración Ángel Luna, se archivó sin ninguna consecuencia más allá del desgaste de su imagen. El montaje era tan burdo que en el momento en el que se hicieron las obras, Luna ni siquiera estaba casado con la dueña de la vivienda, que años después se convirtió en su esposa.

También se archivó la denuncia de Ortiz a la diputada de Compromís Mireia Mollà por definirle como «el empresario más corrupto de España». Presentó una demanda civil y le pedía 150.000 euros por daños en su honor.

El yate de las orgías

Los yates de Ortiz eran el escenario de la bacanal de lujuria y desenfreno en la que estaban inmersos. El empresario compró el Elena por 7,6 millones de euros, pero esta pudo ser su inversión más rentable. La agenda de visitantes al barco en temporada alta estaba repleta de los nombres más importantes de la política y el sector financiero. Enrique Ortiz carecía de estudios y títulos universitarios pero debería ostentar el doctorado en relaciones públicas.

La última semana de agosto de 2009 estuvieron en el yate Elena los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia, Aurelio Izquierdo y Domingo Parra, que desde Dénia iniciaron un tour por la Costa Blanca acompañados de sus parejas. Unos días antes la inquilina del barco fue la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su marido. Y a finales de agosto le tocó el turno a Ripoll y Gregory con sus parejas. Todos los cabos, políticos y económicos, atados.

Los viajes a Ibiza y la estancia durante 11 días en el yate de Enrique Ortiz que disfrutó Sonia Castedo y su marido en agosto de 2009 tienen un coste en el mercado de casi 242.000 euros. Hubo un primer viaje de seis días de duración, del 7 al 12 de agosto de 2009, valorado en 131.862 euros, cifra en la que se incluye el alquiler de la embarcación junto al amarre y su hospedaje, el combustible y las dietas completas para las dos personas. La segunda travesía marítima, también entre Dénia e Ibiza, del 18 al 22 del mismo mes, supuso un coste aproximado de 110.025 euros, de acuerdo con la citada tasación. La defensa de la exalcaldesa afirma que el coste de los dos viajes fue de tan solo 4.005 euros, cincuenta veces menos.

Sonia Castedo tuvo una carrera meteórica en el consistorio. Estudió sociología, pero a los 25 años entró al Ayuntamiento de Alicante como asesora de prensa de Alperi. En 1999 fue nombrada concejal de Turismo, en 2003 de Urbanismo y en 2008, alcaldesa. Su experiencia profesional fuera del consistorio era escasa, pero menos lo eran todavía sus experiencias vitales: jamás había estado en las Islas Baleares:

Ortiz: Una cosa, ¿dónde prefieres? ¿Ibiza, Palma o a otro sitio?

Castedo: A mí me da igual.

Ortiz: Hombre, las mejores playas están en Ibiza, y no lo conocéis a fondo.

Castedo: Pues a donde quieras. Pero vamos, sin ningún problema, toda esa zona. No ves que no conocemos nada.

El regalo de Ortiz a los dirigentes de Bancaja (Izquierdo) y Banco de Valencia (Parra) por alta mar lo llevó a cabo en colaboración con el promotor ilicitano Ramón Salvador, quien también llevó su faraónico yate, el Samurai One (Astondoa), de 43,5 metros de eslora. Meses antes, estas entidades financieras habían rescatado a Salvador de la ruina, adquiriendo activos inmobiliarios por 150 millones de euros, más de lo que valían según un informe interno. El empresario ya se había llevado a Izquierdo y Parra a Tenerife. Había que ser agradecido.

Antes y después del viajecito en barco, Bancaja compró una enorme bolsa de activos inmobiliarios y participaciones societarias a precios hinchados a Enrique Ortiz, que le supusieron beneficios de varios centenares de millones. También obtenía créditos de forma exprés. Durante los años de la crisis, las cajas de ahorros valencianas, dirigidas por políticos del PP como José Luis Olivas, ayudaron a los promotores urbanísticos que financiaban al partido y que atravesaban momentos de dificultad. Ellos nunca debían perder.

Los financieros vivían a cuerpo de rey. El dueño del Hércules CF ya se los había llevado ese año, junto a otros empresarios influyentes, a la Feria de Abril de Sevilla. Se alojaron en el hotel Meliá Colón, un cinco estrellas a todo lujo. «Lo mejor que había. ¡Lo que nos merecemos, coño!», les dice Ortiz. La Feria de Abril era lugar de confluencia. Los políticos implicados en la Púnica también recibían allí en especie sus dádivas, «putitas de confianza» para el presunto cabecilla de esta trama, Francisco Granados.

Las noches con prostitutas son una constante entre los protagonistas tanto de Brugal como de los casos Gürtel, Púnica, Emarsa o Bankia. La secretaria de Francisco Correa, Maica Jiménez, declaró ante el juez que Don Vito le pedía que buscara chicas que fueran «altas, rubias y muy putas» para «gente importante».

En los audios captados por la policía entre Ortiz e Izquierdo ambos hablan sin tapujos de juergas sexuales con prostitutas en uno de los yates del constructor. En una de ellas, el promotor se pone en contacto con Izquierdo para preparar un viaje en barco por el Mediterráneo junto a dos «paquetes», en alusión a las dos meretrices. «Oye, ¿y tu paquete es español o qué?», le pregunta el banquero. Y Ortiz le responde: «Es portugués». «Qué bueno, oye, qué rico», apostilla el directivo de Bancaja que se interesa por la edad: «¿Es jovencita o qué?». «Sí, sí, sí… Te daré una vuelta en la bicicleta», responde el empresario.

Las llamadas entre uno y otro demuestran su complicidad y que ambos compartían una doble vida. «A tu mujer, tú no le vas a decir que estás conmigo ni de coña, ¿no?» «Yo no he dicho nada hasta que me digas la estrategia. El estratega eres tú», replica Ortiz. «Yo estoy trabajando en Baleares», añade Izquierdo. Frases del estilo «venga niño, no te pajees mucho» o «yo lo que quiero es follármela y que no se maree» demuestran la afinidad entre ambos. «A ver si se va a marear y tú vas a estar ahí trincando y yo mirando, tío», le dice el consejero delegado de Bancaja al empresario, quien le responde entre sonrisas: «Te dejaré una vuelta en la moto».

Ortiz no solo disfrutó de fiestas sexuales con el exdirectivo. También lo hizo solo. En una de las conversaciones recogidas en el sumario, el constructor mantiene una charla con un amigo que se encuentra en su barco con dos chicas —a las que se refiere como «dos titis»—, y le comenta que dispone de una pastilla «de esas que tú me recomendaste», aludiendo a un fármaco para favorecer la erección. El empresario le expresa sus recelos acerca de posibles efectos secundarios de la pastilla, y le pregunta aspectos como si puede tomar después alcohol, la duración de la acción del fármaco o si caduca.

El amigo le insta a no preocuparse, explicándole que no le pasará nada y que el efecto de la pastilla no durará más de 36 horas. Tras los consejos, Ortiz muestra sentirse mucho más tranquilo ante el rato de asueto que le espera.

Desde luego, la vida privada de algunos representantes del partido conservador no guardaba ningún tipo de relación con lo que promulga la Iglesia, que en ocasiones ha pedido el voto para ellos. En otra ocasión, Ortiz y Sonia Castedo bromean sobre la escapada de Alperi a Creta con su amiga, la concejal Sonia Alegría. El empresario le pregunta si el entonces alcalde se ha ido ya con «la otra chica». «Hay señor, ¡qué bien viven!, ¡qué bien viven! Se lo pasará bien el chiquito… Vendrá un poquito más delgado, un poco succionado», comenta. Castedo le responde que el año pasado «ya lo hizo», y que el otro viaje a Mallorca lo hará «con la mujer, irá con Elisa». Ortiz apunta: «Ya, sí, ahí es la segunda tanda… el Imserso».

De la íntima relación que consiguió Ortiz con el principal mandatario de la ciudad, Luis Díaz Alperi, da buena cuenta esta conversación en la que hablan hasta del tamaño de sus órganos genitales:

Alperi: Tenemos que hablar del Puerto y de Panorámix y de todas esas cosas, antes de que te reúnas con Miguel, que creo que te reúnes la semana que viene.

Ortiz: Creo que he quedado a comer el martes o el miércoles, un día de esos.

Alperi: Has quedado a comer el martes.

Ortiz: El martes, ves, te lo sabes tú mejor que yo.

Alperi: ¡Yo me sé casi todo de ti! ¡Menos el tamaño de tu polla, me lo sé casi todo!

Ortiz: Venga, ¡luego te la enseño!, ¡venga!

En ocasiones sufrían auténticos ataques de celos:

Alperi: ¿Me quieres más que a los demás?

Ortiz: Mucho más.

En los yates también se celebraron fiestas exentas de componente sexual, más en plan grupito de amigos. En la noche del 26 de junio de 2008, el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, junto a otros ediles populares, se enrolaron en el yate para festejar varios éxitos: por un lado que el Tribunal Supremo hubiese archivado el llamado caso de los Aparcamientos, que precisamente investigaba un supuesto trato de favor del Ayuntamiento a Enrique Ortiz por la modificación de tres aparcamientos municipales, y en cuya causa estaban imputados, además del empresario, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo; por otro, la aprobación provisional del plan urbanístico y el Plan Rabassa. El objetivo en esta ocasión era cenar en el barco, ver el partido de las semifinales de la Eurocopa (España-Rusia) y luego contemplar, desde el mar, los fuegos artificiales lanzados desde la playa del Postiguet con motivo de las fiestas de San Juan.

La policía intervino una conversación del 25 de junio de 2008 entre el alcalde y el empresario, en la que quedó registrado cómo el alcalde confiesa: «Mañana va a salir ese tema, no sé si será buena idea, pero me la suda, podemos hacer una fiestecilla, invitar a los concejales que yo estime conveniente». La policía identificó en el barco a Ortiz, Alperi, Castedo y a los ediles Marta García Romeu, Sonia Alegría y Virgilio Ortiz, hermano del empresario. «Preparemos un pequeño lunch», dice el empresario, a lo que el alcalde contesta: «Nos tomamos unas cervezas y marisquito, yo te digo cuántos vamos, y lo hacemos en la cubierta de arriba».

En 2013 el constructor ya no desarrollaba una actividad de relaciones tan frenética en el yate Elena, por lo que decidió alquilarlo a gente VIP a razón de 138.000 euros a la semana en temporada alta.

El «señor de las basuras»

El otro gran empresario protagonista de esta historia tiene un perfil mucho más alejado del glamour y del lujo que gustaba a Enrique Ortiz. Ángel Fenoll (Santomera, Murcia, 1953) es casi analfabeto. Empezó de niño recogiendo chatarra y basuras con su padre y sus cinco hermanos en un carro y una mula. Eran gitanos, emigrantes y sin recursos. Lo que recogían lo llevaban a cualquier vertedero incontrolado después de revisar que no había nada de valor que se les escapara. Con 35 años llegó a Orihuela, donde con los años se convirtió en el «señor de las basuras», un millonario responsable de los contratos de recogida de residuos de más de veinte municipios del sur de la Comunidad Valenciana.

Fenoll extendió su imperio a lo bruto, sobornando a alcaldes y concejales para que le encomendaran sus servicios. Tenía contratados detectives y un sofisticado sistema de cámaras para grabar los pagos de dinero negro que realizaba en su propio despacho. Llegó a facturar 17 millones de euros al año y abrió su propio vertedero en un lugar estratégico, la frontera entre Murcia y Alicante, lo que le permitía burlar las inspecciones que pudieran llegarle. Estas parcelas llegaron a recibir cuatro veces más basura de la permitida, con lo que multiplicó sus beneficios. Sin embargo, una parte de los camiones nunca llegaron a su destino, ya que antes se desviaban hacia otros campos, a pesar de que el empresario cobraba por su tratamiento.

Fenoll fue acusado de delito medioambiental. El 4 de febrero de 2015, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela dio por concluida la fase de investigación y dictó el auto de procesamiento.

Durante un tiempo, el empresario pretendía dar una imagen amable y fomentar las visitas de escolares y otros colectivos a aquel basurero, intentando asociarlo a algo tan alejado de lo que realizaba como la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Solo eso explica la creación allí mismo de un zoológico con tigres, leones, hipopótamos, osos, vacas escocesas, monos de Gibraltar, burros de Afganistán y gorilas. Vivían enjaulados sobre el fango y en unas condiciones indignas de salubridad. Pero el momento trascendental en la vida de Ángel Fenoll y en esta historia de las basuras llegó en marzo de 2006. Se convirtió en el cazador cazado o, dicho de otra forma, se cavó su propia tumba judicial. En esa fecha José Manuel Medina pone en marcha el concurso por el servicio de recogidas de Orihuela, lo que supone el fin de aquella adjudicación irregular realizada a Fenoll de forma provisional y a dedo en 1992 y que tantos beneficios le había reportado. Cuando Fenoll descubrió que se preparaba a sus espaldas un amaño para entregar su negocio a una empresa de la competencia, Urbaser, entró en cólera y trazó un plan infalible utilizando sus propios métodos. Citó a un concejal y logró que confesara el soborno al alcalde. La escena la grabó en vídeo, y ni corto ni perezoso se fue a la Fiscalía Anticorrupción para denunciarlo.

Ángel Fenoll no era un caritativo ángel de la guarda, sino un empresario que había expandido su imperio con chantajes y amenazas. En aquel momento ya pesaban varias condenas sobre este delincuente, que quería ahora utilizar los recursos judiciales del estado en su propio beneficio. Un breve repaso: había sido condenado por delito electoral por pagar 5.000 pesetas (30 euros) a cada persona que votaba al PP en las municipales de 1991; por tenencia ilícita de armas; por estafar a un seguro; y por ayudar al primer alcalde de Orihuela del PP, Luis Fernando Cartagena, a fabricar facturas falsas con las que tapar la apropiación de ocho millones de pesetas (48.000 euros) que las monjitas le entregaron para obras sociales y que este se gastó en sus caprichos personales. En 2014 fue condenado a 35 años de cárcel por fraude fiscal y falsedad documental, aunque recurrió y la Audiencia Provincial le absolvió por defectos de forma en el procedimiento.

Así pues, la policía investigó la denuncia realizada por Fenoll y, después de las elecciones de 2007, desarrolló la primera operación Brugal. No se centraron solo en el presunto soborno de Urbaser a José Manuel Medina, sino que fueron más allá y detuvieron a Ángel Fenoll y a su clan. Lo que en realidad dejó perplejos a los agentes fue encontrar en sus despachos todo un arsenal de cintas y de material sobre sus negocios sucios con alcaldes y concejales. Un auténtico laboratorio que permitió a los agentes abrir nuevas vías de investigación desde la más absoluta discreción. El fiscal Felipe Briones fue el artífice de los trabajos.

Fenoll salió de la cárcel y continuó gestionando sus negocios e intentando abrir nuevos mercados, como el plan zonal de la Vega Baja que centra esta historia y que el consorcio presidido por José Joaquín Ripoll ponía en marcha en 2007. El juez, muy hábil, decretó el secreto de sumario, lo que permitió trabajar con sigilo e intervenir los teléfonos de Ripoll y de Enrique Ortiz. La segunda operación Brugal iba a ser una auténtica bomba.

Actuación policial

La historia de esta banda mafiosa terminó el 6 de julio de 2010, cuando Ripoll, Ortiz y Fenoll fueron detenidos e interrogados por la policía. La casa del presidente de la Diputación fue registrada y también las empresas implicadas. La adjudicación por parte del Consorcio del plan zonal de la Vega Baja quedó paralizada y todo el montaje en el que habían trabajado durante tanto tiempo de forma minuciosa se fue al traste.

Como en las películas de gánsteres, la policía encontró un revólver Smith and Wesson del calibre 38 guardado en una caja fuerte del empresario «insaciable». Ortiz fue juzgado por tenencia ilícita de armas pero el magistrado le absolvió en julio de 2014 por falta de pruebas, después de que un directivo confesara repentinamente que era suyo y que lo había dejado allí olvidado.

Tras su detención, Ripoll continuó de presidente de la Diputación y volvió a repetir de número 2 en la candidatura local del PP de Alicante en mayo de 2011, encabezada esta vez por Sonia Castedo, y obtuvo de nuevo mayoría absoluta. El PP obtuvo el mejor resultado de su historia en el Ayuntamiento de Alicante con 18 de los 29 concejales del consistorio. A pesar de todos los cargos que pesaban sobre él, Ripoll quería ser presidente de la Diputación cuatro años más, pero esta vez ni siquiera logró los apoyos internos en la formación para ser diputado por su comarca, por lo que se esfumaron todas sus posibilidades. Su estrella se había apagado mientras la de Sonia Castedo y los campistas brillaba todavía con fuerza. Dimitió, pero puso sus condiciones.

A pesar de las imputaciones de graves delitos en el caso Brugal, su partido, que gobernaba todas las administraciones implicadas, no le dejó tirado y le buscó acomodo como presidente del Puerto de Alicante, con un sueldo de más de 4.000 euros brutos al mes a los que tenía que sumar dietas y complementos. Desde su privilegiado nuevo cargo podía contemplar más de cerca el yate Elena anclado en la marina, aquel en el que disfrutó de jornadas de gloria y placer.

Pero al puerto no se fue solo, ya que se llevó con él a su camarilla, con buenos puestos y buenos sueldos: Genoveva Reig, Gloria Navarro, Guillermina Jover, Judith Roda, etc. Hasta el auto de procesamiento, en marzo de 2016, el PP le mantuvo como uno más y no le suspendió de militancia.

La Fiscalía Anticorrupción situó a Ripoll en el epicentro de la trama del plan zonal de la Vega Baja y le consideró el «urdidor» e «impulsor» del pacto entre los dos empresarios para que ambos salieran beneficiados. Por ello pidió hasta 16 años de prisión, 44 de inhabilitación y una multa de un millón de euros por los delitos de cohecho, prevaricación, información privilegiada, tráfico de influencias y fraude. Era la pena más alta solicitada para un ex alto cargo del Consell. Para los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll reclamaba otros 17 años de cárcel, 20 de inhabilitación y 300.000 euros de multa.

Al parecer, no está previsto que el juicio se celebre antes de mitad de 2018 en la sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elx.

Las otras tres grandes causas del caso Brugal son la del Plan General de Alicante, el Plan Parcial de Rabassa y el concurso de basuras de la ciudad de Orihuela.

La investigación sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante afectó a Castedo y Alperi, imputados por prevaricación y tráfico de influencias. Según los informes, la exalcaldesa sirvió en bandeja el urbanismo de Alicante al empresario Enrique Ortiz. Esta causa experimentó una dilación importante debido a la condición de aforada de Castedo, lo que obligó a que la causa se instruyera en el TSJCV (2011-2014). La investigación del Plan Rabassa se archivó en dos ocasiones, la última, en mayo de 2016.

Sobre el concurso de basuras de Orihuela, el juzgado de primera instancia número 3 de esta ciudad dictó en octubre de 2014 el auto de procesamiento para 35 personas en las que apreció indicios de los delitos de cohecho, prevaricación, negociación prohibida, fraude, coacciones y tráfico de influencias. Entre ellos están los exalcaldes del PP Mónica Lorente y José Manuel Medina, el empresario Ángel Fenoll y varios concejales, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 8, 12 y 37 años de cárcel, respectivamente.

El resto de causas derivadas de Brugal —en total hay unas veinte— se tramitaron muy lentamente porque la justicia y la policía no daban abasto. El sistema se demostró insuficiente ante una causa tan compleja. Algunos jueces no han podido sobrellevarlas por su densidad y complejidad.

Quien sí que entró en prisión en julio de 2014, por un tema relacionado con las basuras ajeno a Brugal pero en la misma comarca, fue Pedro Ángel Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja entre 1988 y 2012 y diputado autonómico de 1991 a 2012. El TSJCV le condenó por amañar en 2004 el contrato de la recogida de residuos en la quinta ciudad más poblada de la Comunidad Valenciana, que adjudicó por más de 100 millones de euros a la UTE Necso Entrecanales-Grupo Generala de Servicios (más tarde Acciona). Para referirse a la Vega Baja, Víctor Maceda alude en El despertar valencià (Pòrtic) a la carta que Pablo Neruda escribió a Miguel Hernández en la que le decía que Orihuela se caracterizaba por un «tufo sotánico y satánico». Un tufo que respiraron, inmunizados, los 400.000 habitantes de la comarca fronteriza con Murcia, el epicentro de la corrupción valenciana.

En alerta

La agricultura de los lugares donde se ha enterrado el veneno para hacer negocio crece enferma, la tierra se vuelve infértil. Pero la rabia de los agricultores se convierte en el enésimo elemento ventajoso para las mafias, puesto que los propietarios de tierras, desesperados, venden sus propios campos de cultivo, y de este modo los clanes adquieren nuevas tierras, nuevos vertederos, a un precio más que bajo, bajísimo.

El escritor italiano Roberto Saviano habla de una «matanza silenciosa, lenta, difícil de controlar» de personas. El Instituto Superior de Sanidad italiano ha informado de que la mortalidad por cáncer en la Camania, en las ciudades más próximas a los grandes vertidos de residuos tóxicos, ha aumentado en un 21% en los últimos años.

Hay informes técnicos oficiales del Instituto de Medicina Legal de Valencia, realizados todavía en época del PP, que ya hablan de que los residuos enterrados en la Vega Baja suponen un «riesgo de gravedad para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas»

Además del de la Vega Baja, en la Comunidad Valenciana hay otros 17 planes zonales de residuos, un negocio que mueve miles de millones de euros. En pleno boom inmobiliario, las grandes empresas constructoras valencianas y españolas se lanzaron a por este mercado: Ortiz e Hijos, Sedesa, Lubasa, Sufi, Hormigones Martínez, FCC, Urbaser, Cespa, Cyes… controlan el plan de residuos. Son prácticamente las mismas firmas que han sustentado durante décadas la «organización criminal» implantada por el PP en la región y que ha saqueado las arcas públicas valencianas.

Solo se ha investigado y abortado lo ocurrido en la Vega Baja. En el resto del mapa hay sospechas de irregularidades similares porque los protagonistas son los mismos. El caso Brugal frenará la ambición de estas tramas e incrementará el control de la administración. La sociedad civil debe estar en alerta. Sirven las reflexiones de Saviano sobre Italia.

«Ahogar en residuos tóxicos un territorio, rodear los propios pueblos de montañas de veneno puede resultar un problema solo para quien posee una dimensión de poder a largo plazo y dotada de una responsabilidad social. En la inmediatez del negocio, en cambio, no hay más que un elevado margen de beneficios y la ausencia de cualquier contraindicación.»

8

«Necesito 100 gramos de caviar»

El Bigotes, un conseguidor en la corte de Camps

Álvaro Pérez, El Bigotes, era un conseguidor, una perita en dulce para un pijo caprichoso como Ricardo Costa, a quien llamaban Ric. El 22 de diciembre de 2008, a las 23:34 h, Costa levanta el teléfono:

Costa: Necesito 100 gramos de caviar.

Pérez: Vale, pues a ver si te los puedo pedir y a ver si te los pueden traer.

Costa: Mira a ver si tus contactos conocen a alguien y puedo tenerlo para la cena de Nochebuena. Como tú consigues de todo…

Pérez: Se lo voy a pedir al único que se lo puedo pedir. A Vicente Cotino, que lo suele traer de Rusia.

Costa: Con 100 gramitos para la cena de Nochebuena para llevarle a mi madre y a mi padre… ya…

Álvaro Pérez, El Bigotes, era el mejor comercial que podía tener el capo de Gürtel, Francisco Correa, para sus negocios en Valencia. Estaba atento a las necesidades de todo tipo que tenían políticos como Ricardo Costa, secretario general del PPCV y portavoz del grupo parlamentario. Las huevas de esturión beluga son el alimento más caro del mundo, y su precio puede superar los 20.000 euros el kilo. Rusia e Irán son los principales productores, aunque el abuso de las capturas de esta especie y el comercio ilegal la han llevado casi a la extinción y han convertido el caviar en un producto exclusivo.

Costa se lo pidió a Álvaro, quien a su vez lo lograría a través del empresario Vicente Cotino —sobrino del político Juan Cotino—, que lo traía directamente de Rusia. Álvaro Pérez le atendió gustosamente. Sabía qué halago lanzar en cada momento, con qué detalles complacer a cada uno de ellos y a sus seres queridos. Era un pelota profesional.

A Ricardo Costa le gestionó un suculento descuento de 15.000 euros en la compra del Infiniti FX50, un modelo para personas con afán de diferenciación. Este político de Castellón, proveniente de una familia acomodada, llevaba desde los 23 años metido en las Cortes con sueldo de diputado, y llegó a creer incluso que el empresario era su amigo. Cuando Álvaro se casó, Ricardo le regaló un bonito traje azul marino. El Bigotes logró integrarse tanto en la administración valenciana que se convirtió en uno más de la pandilla.

«Es para descojonarse, macho. ¡Cómo quiere Camps a Alvarito!», le dice el jefe del clan, Francisco Correa, a su lugarteniente, Pablo Crespo. «Alvarito tiene la facultad que donde va cae bien, cae de puta madre», le contesta entre risas el número dos de la banda. No sabían todavía cuánto era el amor que le profesaba el presidente de la Generalitat Francisco Camps a este proveedor tan especial, porque lo de «amiguito del alma, te quiero un huevo» se lo soltó a las 21:43 h en una llamada el día de Nochebuena de 2008, dos días después de la petición de caviar de su número dos.

En otra ocasión, Alvarito le dice a su esposa, la actriz Noemí Ramal, que «llevarte bien con la mujer [de los altos cargos] es importante», y alude a la capacidad de influencia de las cónyuges sobre los políticos. Así lo demostró con los regalos navideños enviados a las esposas de Francisco Camps, Vicente Rambla y Víctor Campos. «Con el mío [regalo] te has pasado veinte pueblos», afirma la mujer del presidente Camps. «Si es un detallito, le contesta El Bigotes. «Te has pasado una pasada del cinco mil», le dice la mujer de Campos en referencia a su presente.

Los clientes principales y casi únicos de su empresa, Orange Market, eran la administración valenciana y el PPCV. Había sembrado y tocaba recoger. Por eso, probablemente, en 2006 adquirió una máquina de contar dinero que le costó 540 euros. Según un refrán popular, «quien langosta y caviar quiera, que afloje la billetera».

Bazofia

«Tu libro es una bazofia», espetó por teléfono cuando me presenté. «Todo lo que cuentas es falso y está basado en mentiras. No hay trama valenciana de Gürtel.» Ya imaginaba que Álvaro Pérez no iba a dedicar elogios a mi trabajo, Tierra de saqueo. La trama valenciana de Gürtel. En aquella llamada de teléfono, el 1 de octubre de 2015 a la hora de la cena, fue sincero y directo, pero también elegante y se mostró dispuesto a tomar un café conmigo, como paso previo a concederme la entrevista que yo le pedía.

Álvaro Pérez es uno de los protagonistas más interesantes de esta etapa de la corrupción valenciana. Me quedé fascinado con su biografía cuando escribí Tierra de saqueo, y me recreé contando sus miserias y las vergonzosas conversaciones del caso Gürtel con Francisco Camps, Ricardo Costa y su entorno. Quería conocerle para entenderle mejor y él parecía dispuesto a ello.

Yo había visto varias veces la película Los bingueros, hasta que le identifiqué en el personaje de Don Ernesto, el técnico del INEM al que acuden Amadeo y Fermín (Esteso y Pajares) en búsqueda de empleo. Pero su papel más importante lo representaría años después. En abril y mayo de 2015 concedió tres entrevistas a El Mundo, Telecinco y Valencia Plaza. En una de ellas decía: «Aprendí a montar escenarios con mi tío Andrés Pajares, con quien me recorrí el mundo viendo espectáculos y buscando ideas rompedoras».

«No soy partidario de conceder entrevistas. La que hice en Telecinco me la habían pedido cinco años antes», me explica. Me quedo con ganas de comentar la extraordinaria puesta en escena que hizo el 25 de abril de 2015 en Un tiempo nuevo del canal de Mediaset, cuando se levantó de la silla para dramatizar su historia, e inició el espeluznante relato de su detención, levantando la voz, entrecortada y emocionada. ¡A cuánta gente debió de hacer llorar aquella noche!

Me sorprende el magnetismo de su voz, cómo es capaz de lanzar a la basura mi libro envuelto de un colchón de buenas palabras para amortiguar el golpe. Magistral. En una de las conversaciones del sumario, cuando Francisco Correa decía de Álvaro: «Como dice las cosas no suena mal. Yo digo lo mismo que él y no… ¡aunque diga una barbaridad!». Tal cual.

Me dice que todo el caso Gürtel en Valencia no existe, que ha sido un gran montaje, y que no hay nada detrás, solo el interés del Gobierno socialista en dañar al PP, en la línea de la teoría conspiranoica de Francisco Camps, repetida hasta la saciedad desde que saltó el escándalo.

En las primeras frases irradia odio hacia los periodistas y los medios de comunicación y se muestra herido por el trato recibido.

«En el periodismo hay más corrupción que en la política.»

«Hay mucha precariedad y mucho intrusismo.»

«Muchos compañeros tuyos escriben para hacer la pelota al político de turno sin importarles la verdad.»

Cita a los directores de dos grandes periódicos valencianos y los pone a caldo. Que si uno pasó de llamarle cada dos por tres para consultarle chorradas a ni saludarle tras su detención; que si otro era un pelota que le preguntaba a Paco Camps hasta a quién le tenían que dar un premio cada año…

Álvaro vive en ese momento a caballo entre Madrid y Valencia, donde asiste al juicio de Fitur, el presunto amaño en la contratación del estand para la feria de turismo de Madrid de 2005 a 2009 por cinco millones de euros. Esta es la única pieza del caso que se juzga en Valencia, ya que las otras cinco en las que se dividió esta macro causa se dirimen en la Audiencia Nacional de Madrid. Su situación es muy complicada. El Ministerio Fiscal le pide 90 años de cárcel en las distintas causas en las que está inmerso. «Parece que me he cepillado las Torres Gemelas. Cómo es posible que me pidan esta pena, cuando a seis tíos que se juntan, matan a un tío a patadas, se lo cepillan y les cae un añito y medio. ¡Es de locos!», declaró a la prensa al conocer la petición del fiscal en una de las causas de Gürtel.

El inicio del juicio de la pieza de Fitur se retrasó un año debido al conflicto de competencias que generó la dimisión de las dos personas que tenían condición de aforadas, las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such. Dejaron el acta de diputadas autonómicas en marzo de 2014, lo que provocó dudas sobre cuál era la instancia judicial que debía asumir el caso.

Álvaro dice que dispone de poco tiempo libre para sentarse a hablar conmigo, y quedamos en vernos en una de las sesiones del juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia, y así nos conocemos personalmente. «Estaré encantado de conocerte», «será todo un placer», «muchas gracias por todo», «me ha encantado charlar contigo» me dice por teléfono. Se despide de forma más que gentil, regalando abrazos y buenos deseos.

El mundo de la farándula

Después de Francisco Correa y Pablo Crespo, el tercer gran hombre de Gürtel era Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes por el mostacho que exhibía.

Aunque fue durante unos años técnico de sonido de Antena 3 Radio, con José María García, se inclinó más por el lado de la farándula, acompañando a su tío. Álvaro Pérez es sobrino de Chonchi Alonso, exmujer del actor Andrés Pajares, lo que le acercó a los platós e hizo posible que fuera su mánager durante varios años (en los que rodó títulos célebres del cine español como Yo hice a Roque III o Los bingueros). Con su tío recorrió el mundo viendo espectáculos y aprendiendo cómo se deben comunicar las cosas, las que hacen reír y las que hacen llorar.

Álvaro se casó en los años noventa con uno de los rostros más prometedores del momento, Esther del Prado, quien había sido elegida por Narciso Ibáñez Serrador para ser azafata del programa estrella de la televisión española Un, dos, tres. Del Prado compartió los escenarios del mítico programa con Silvia Marsó, Nina o Kim Manning en la sexta etapa del popular concurso presentado por Mayra Gómez Kemp. Esther del Prado tenía dieciséis años cuando apareció ante las cámaras como modelo publicitaria y bailaora de flamenco. Su sueño era trabajar como actriz de cine. Y, si no lo logró, al menos lo intentó con papeles discretos en Don Juan, mi querido fantasma con Antonio Mercero (1990), El robobo de la jojoya con Martes y 13 (1991) y Pelotazo nacional, de Mariano Ozores (1993). Los títulos de los films son premonitorios de lo que le iba a pasar a su marido.

El resto de papeles fueron como actriz secundaria en series como Compuesta y sin novio de Lina Morgan (1994), Academia de baile Gloria (2001), ¿Se puede? (2004) o Los Serrano. También participó en los programas de Telecinco Vip Noche y Esta noche cruzamos el Mississipi, con Pepe Navarro (de hecho, la exazafata del Un, dos, tres llegó a recorrer los platós de televisión explicando que había mantenido una relación con el presentador e incluso declaró a favor de Ivonne Reyes en el juicio sobre la paternidad de su hijo).

Años más tarde, y aprovechando la popularidad de su exmarido, apareció desnuda en la portada de Interviú (7 de diciembre de 2009) y en el programa La Noria de Telecinco. Según explicó a la revista del grupo Zeta, conoció a El Bigotes a finales de los ochenta, cuando ella era bailarina en el Café Berlín. Este le ofreció trabajar en un espectáculo de su tío, Andrés Pajares, y así, con ella, Álvaro «empezó su aventura como representante de artistas».

Del Prado desveló al periodista Jordi González (en La Noria) que Álvaro era «de derechas» e incluso «nostálgico de otros tiempos» y que se había dejado crecer el mostacho que lo ha hecho famoso dos meses antes de su boda. A ella no le gustaba, pero Pérez le contestó: «Un día todo el mundo me conocerá por este bigote». Todo un visionario.

Según su versión, al poco de estar casados, en 1992, después de realizar un posado sexy para la portada de la revista Man, le dijo que un político del PP quería pasar un mes con ella y hacer un viaje en barco. «Se me cayó el alma al suelo: mi marido me proponía ejercer la prostitución.» Su respuesta fue negativa, pero su desilusión con el esposo fue a más cuando cada vez que tenía que entrevistarse con un productor o un directivo la animaba a que se pusiera su minifalda más sexy o su escote más profundo. Al final rompieron su relación.

La obsesión y apetito de Álvaro por las mujeres era un tema común en las chanzas con Correa y Crespo sobre él, según revela José Luis Peñas en su libro Uno de los suyos. «Depilado por completo, decía con condescendencia: “A ellas solo les toca el pelo de mi bigote”.» Era un ligón, un «prestidigitador que embobaba con su verborrea», afirma. Según esta versión, frecuentaba los prostíbulos —el club Pigmalión era uno de sus preferidos— y conseguía siempre las mejores mujeres para sus fiestas y para sus negocios. En la localidad de La Nucia, junto a Benidorm, celebraron alguna de las fiestas sexuales más famosas.

Sirva como anécdota que el 15 de diciembre de 2005 el Teatro Apolo de Barcelona estrenó Las corsarias, un musical producido por la sociedad Apasionadda, vinculada al grupo Correa y con la participación de Álvaro Pérez. La trama invirtió 481.000 euros en el espectáculo, en el que participaban las vedettes Malena Gracia, Marlene Mourreau y Rosanna Walls. La mala calidad del espectáculo obligó a bajar el telón al tercer día.

Correa, que solía fardar con sus compinches de sus juergas nocturnas con chicas (llegó a presumir de haber estado con mil mujeres), logró acostarse con una de las protagonistas, según Peñas. El 23 de octubre de 2008, en una conversación Correa le dice a Álvaro que debe estar «fundido», y le pregunta «qué tal era la jaca». Este responde: «Bien, tío, bien, divertidísima, muy divertida, mucho, mucho, mucho… la Cleopatra esa, divertidísima, divertidísima, macho, y además, no ha mirado el reloj una sola vez, macho».

Peñas, el exconcejal del PP que delató a sus antiguos amigos, explica que, en una ocasión, Álvaro cerró un restaurante en Valencia para celebrar un trato con una orgía. Tres días después, pero esta vez en plan familiar, llevó a su mujer a comer a la misma mesa que había utilizado para otros menesteres. Luego se lo contó a sus amigos como una más de sus hazañas, que estos incluían en el repertorio de batallitas.

Del Prado define a El Bigotes como prepotente. «Cuando firmaba un contrato con televisión, pedía cosas absurdas para mi camerino.» Y añade: «Carece de estudios, pero su carisma le hace llegar adonde se proponga, tiene don de gentes y es muy listo».

9 de febrero de 2009. La crónica personal de El Bigotes

No sabía qué hacer porque habían detenido a Crespo y Correa. No sabía nada de nada de nada de lo que había pasado. Ese lunes me reuní con dos abogados y una abogada, que gracias a dios es hoy mi abogada… Me acompañó mi mujer… y a todo lo que me preguntaban yo contestaba «no sé, no sé, no tengo ni idea, no sé, no sé»… nos fuimos a comer. Mi mujer ya no me acompañó porque no entendía nada y era un día muy duro… y estuve toda la tarde con él.

Cuando me iba por la tarde a casa le pregunté a mi abogado si había algún motivo por el que Garzón me podía detener. Fue muy contundente y me dijo que no: «No hay ningún motivo, pero como nadie sabe lo que hace Garzón, porque hace lo que le sale del alma… puede hacer lo que quiera hacer»; y entonces yo dije, «pues me va a detener». Y efectivamente. Me fui caminando a casa y noté algo raro, una señora que iba detrás de mí y yo juraría que me estaba siguiendo.

Entré en casa y recuerdo que mi mujer le estaba dando el pecho a mi hija Martina, y mi hermana, que estaba allí también. Y les dije: «creo que me van a detener». Esto se lo conté a mi mujer mientras me desnudaba, me quitaba el traje, y entonces me quedé con camisa, con corbata, sin pantalones pero con los calcetines subidos hasta las rodillas. Y en ese momento en el que mi mujer me estaba diciendo que no la alarmara sonó el timbre de casa y mi hermana fue a abrir la puerta, entró en el salón y dijo: es la policía. Y casi me muero, porque yo me lo esperaba pero no sabía por qué.

Y entonces, me dijeron dos agentes, que eran dos caballeros, me dijeron que no querían entrar en mi casa, que me cambiara de ropa, que me vistiera porque no podía ir así, que me iban a llevar a Madrid, que me abrigara, que si estaba tomando algún tipo de medicina que la cogiera y que me despidiera de mi familia, pero sobre todo que, por favor, que se fiaban de mí pero que no hiciera ninguna llamada de teléfono.

Les invité varias veces a entrar en casa y me dijeron que no, que no, que me despidiera de mi familia pero que no entraban. Me cambié, me despedí, fui a dar un beso a mi hijo pequeño a la habitación y le dije que tenía que irme a Madrid. Mi mujer me dijo que saliera fuerte, derecho y con la barbilla alta, porque no había hecho nada. Con dos cojones. Y es lo que intenté hacer.

Me dijeron en el ascensor que si me esposaban y les dije que si me tenía que esposar que lo hicieran, pero que no te creas que iba a correr más de dos metros porque me bailaban las piernas, o sea que... Y no me esposaron. Y para no leerme los derechos delante de mi familia lo hicieron en el portal. Y entramos en un coche y cuando conectaron la llave de contacto Alsina, en Onda Cero, estaba diciendo que me habían detenido ¡hacía una hora! Sería otro Álvaro Pérez, porque entonces me llamaban así y el cabrón que sacó lo de El Bigotes todavía no lo había dicho. Estaban diciendo que era un empleado de Correa, ni el número tres ni nada… y decían que hacía una hora, y me estaban deteniendo en ese mismo momento.

Me llevaron a la Comisaría Central de Valencia y allí me tuvieron en un sótano un rato esperando hasta que me hicieron las típicas fotos que hacen de perfil y de frente. Llegó un inspector que estuvo medio discutiendo si iba a Madrid con nosotros o no, y al final se apuntó. Y vino a joderme el viaje solo y exclusivamente. Me hacía preguntas que no entendía, no comprendía y no sabía por qué me las hacía. Preguntas de mi mujer, del trabajo de mi mujer, de mis amigos, que qué hacía yo, para quién trabajaba Correa, los amigos de Correa… cosas que jamás entendí.

Paramos en una gasolinera. Eran las dos. Quería ponerme las esposas, ponerme una sirena en la cabeza y montar un circo brutal… pero los otros dos inspectores no lo permitieron. Me llevaron al baño, hice pis… y para Madrid.

En el Tribunal Superior de Justicia

No tenía demasiadas esperanzas en la disposición de Álvaro Pérez a contarme la verdad más allá de la teoría de la conspiración y el relato llorica y victimista de su detención representado apasionadamente en prime time en Telecinco.

El 5 de octubre de 2015 a las 9:00 h me presento en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde media hora después empezaba la sesión con el testigo de una extrabajadora de Special Events, una de las empresas de la trama.

El palacio neoclásico que alberga el TSJCV, en pleno centro de Valencia, fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1982. Las salas son grandes y los asientos viejos e incómodos, propios de otra época. El caso Gürtel ha proporcionado a este edificio alguna de las escenas más mediáticas de sus varios siglos de historia, como el juicio a Francisco Camps en diciembre de 2011 por cohecho pasivo impropio, al ser acusado de recibir como regalo varias prendas de vestir de las empresas de esta trama corrupta.

Durante la tramitación de aquel caso, el principal logro del expresidente y de su letrado —con algún que otro colaborador necesario— fue separar el asunto de los trajes del resto de Gürtel, por el que cinco años después decenas de altos cargos de su administración, incluidos ocho exconsellers, estarían condenados, procesados o imputados.

Un jurado popular decidió por cinco votos a cuatro declarar «no culpable» a Camps, en una decisión controvertida y rodeada de hechos extraños. Y es que doce de los catorce jueces de las diferentes instancias que habían revisado el caso durante su larga y minuciosa tramitación habían observado indicios delictivos, e incluso dos de los acusados —el vicepresidente Víctor Campos y el jefe de gabinete de la conselleria de Turismo, Rafael Betoret— se habían autoinculpado. El Supremo ratificó la sentencia popular sin entrar en el fondo del asunto.

El expresidente nunca asumió lo ocurrido: el estallido de Gürtel, su «sacrificio» de dimitir por Rajoy tras ganar por mayoría absoluta en 2011, el proceso judicial con jurado popular, la caída de su régimen… De estar levitando bajó a los infiernos, y su golpe fue tan terrible que le dejó secuelas. Sus excéntricas comparecencias cuando alguien le relaciona con corrupción o sus amenazas con denunciar a todo el que le relacione con los casos de corrupción son prueba de ello.

Los de la trama Gürtel llamaban a Camps «El Curita» por su semblante físico y la práctica de la fe católica. El defraudador fiscal Carlos Fabra fue más allá, y en una entrevista radiofónica le canonizó. Dijo que habría que llamarle «San Francisco Camps» por su honradez. Todo a pesar de haber presidido uno de los gobiernos más corruptos de Europa.

En la cuarta planta del imponente edificio del TSJCV se encuentra una vivienda de 300 metros cuadrados con capilla y todo, para uso del presidente del tribunal, una reminiscencia de otras épocas. En la última reforma realizada en 2005 se gastaron 22.000 euros en climatizar la casa. A esta cantidad hay que sumar otros 30.000 euros en 2008 en aire acondicionado y parqué para el despacho del presidente y 2.700 euros en la compra de un congelador, una lavadora, un microondas y una caldera. Juan Luis de la Rúa, un habitual en los toros, la ópera y el fútbol, a quien Camps definió como «más que amigo», fue el último en utilizar la vivienda. Su sustituta, Pilar de la Oliva, era quien presidía la sala que estaba juzgando a la banda por las contrataciones de Fitur. El lujo en algunas dependencias contrasta con el estado de casi ruina de otras, en las que se aconseja incluso no salir al balcón por si hay desprendimientos.

El amplio pasillo de los salones principales de la primera planta tiene un balcón, con vistas a la plaza Alfons el Magnànim, que los acusados utilizan en los recesos para respirar un poco del aire puro que sube de los árboles monumentales del parque. El edificio está viejo: escaleras con suelos agrietados, aseos (que han sufrido cortes de agua) con trampas para las cucarachas y donde se han producido supuestas picaduras de pulgas, y una advertencia de no salir a fumar a los balcones por la inseguridad de las barandillas.

El más puntual en llegar es Cándido Herrero, consejero delegado de Orange Market, y a los pocos minutos llega Álvaro Pérez. Viste informal, polo negro y pantalones tejanos. Gafas de pasta. La barba recortada. No hay ni rastro del bigote que lucía en su época de triunfador. Me acerco, me presento y empezamos a hablar.

Se queja de su situación, de que no tiene dinero, de que no haría falta que todos los imputados estuvieran en todas las sesiones, de que el resultado está cantado. Lamenta que nadie critique el coste del proceso judicial para la administración pública, «una millonada». Dice que el juicio está siendo utilizado por la Fiscalía como la preparación para el que se celebrará en Madrid contra Correa, el grueso de Gürtel, que es «el que les importa», y que allí solo van a seguir las sesiones un grupito de jubilados que se ve que se aburren y, como no hay obras que vigilar por la crisis, se distraen asistiendo a este juicio.

Mientras hablamos van apareciendo todos los actores y se juntan en grupitos, cuchichean, se preguntan con poco disimulo quién soy y por qué hablo con Álvaro. Francisco Correa viste como un dandi, impoluto, con el pelo largo engominado y con mirada desafiante y altiva. Lleva americana azul marino, camisa blanca con el cuello rojo, pantalones de pinzas y zapatos relucientes. Radiante. Parece anclado todavía en los años de gloria en los que le llamaban Don Vito (en honor al protagonista de El Padrino, Don Vito Corleone) y en los que desde su suite del hotel Fénix de Madrid daba órdenes a alcaldes y altos cargos del gobierno, como si no tuviera dinero para adquirir un vestuario modesto, más acorde a su nueva situación.

Es legendaria la fama de Don Vito a la hora de vestir. Trajes de dos mil euros, zapatos de mil, relojes de veinticinco mil, kilos de gomina… Cuando convirtió el hotel Fénix de Madrid en su residencia tenía una habitación ocupada con decenas de percheros para su ropa.

Estuvo más de tres años en prisión y salió en junio de 2012, cuando pagó 200.000 euros de fianza de una cuenta de su madre. El líder de la trama tiene cuentas en varios países y multitud de posesiones. Todas embargadas y bloqueadas.

La imagen de las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such es impactante. Están abatidas ya a primera hora de la mañana. Llevan cara de cementerio y repiten modelitos descoloridos que un día lucieron con glamour cuando solo pisaban moqueta. Dos semanas antes, Martínez, a quien los miembros de la trama llamaban «La Perla», había protagonizado una declaración memorable. Había reconocido allí mismo que ella «no sabía nada de turismo» y que seguía «las instrucciones del presidente de la Generalitat». Aseguró que Camps la había nombrado consellera sin consultárselo, y que cuando se lo comunicó le dijo al presidente: «¿Tú sabes lo que has hecho?, porque he sido muchos años alcaldesa [de Novelda] y conozco el funcionamiento de un Ayuntamiento, pero de la Generalitat…».

Martínez estaba acusada de prevaricación, malversación y fraude, cohecho y tráfico de influencias, y se enfrentaba a 11 años de cárcel y 34 de inhabilitación. Such solo de prevaricación, y el ministerio público pedía 9 años de inhabilitación.

Mientras contemplo aquel desfile continúo atento a las palabras de mi objetivo. Álvaro me cuenta que el caso Gürtel «se montó para lo que se montó», y que cuando Alfredo Pérez Rubalcaba —ministro de Interior— y Baltasar Garzón —juez que ordenó su detención— vieron que no había nada de lo que ellos preveían y la relación de Correa con José María Aznar y Alejandro Agag no cuajaba… «dijeron, ¡madre mía!», pero ya «no tuvieron más remedio que tirar para adelante».

Me vende la teoría de la conspiración, habla de la corrupción policial, de los agentes que se inventaron informes para inculparles… De la corrupción periodística… «Yo, como Álvaro Pérez, he protagonizado más portadas de El País que el caso de terrorismo de Estado más importante del planeta que ha sido los Gal», me dice.

Son casi las 10 de la mañana y la sesión todavía no ha empezado. Definitivamente, la justicia es lenta. Tiene razón. Se abren las puertas de la sala y Álvaro Pérez se despide para sentare en el banquillo junto a los otros doce procesados, sus antiguos camaradas. Sé que soy pesado, pero le insisto de nuevo en quedar para tomar un café o lo que sea y organizar la entrevista y hablar más detenidamente. Quien la sigue la consigue, pienso. Él acepta. Álvaro me estrecha la mano con fuerza y decisión, de forma asertiva, palma con palma. Baja la cabeza y se sumerge en la oscura y fría sala.

De Chicho Ibáñez Serrador a Valerio Lazarov

Como el que se pasa del televisor en blanco y negro a uno en color, Álvaro Pérez fue escalando posiciones y se convirtió en 1992 en mánager del grupo que marcaría una nueva época en la televisión, las Mama Chicho, seis chicas en biquinis de colores que cantaban una canción pegadiza de forma repetitiva en el programa Tutti Fruti de Telecinco: «Mama Chicho me toca, me toca cada vez más…». No tenían ninguna función específica, simplemente daban color al programa estrella de Telecinco.

Una de sus integrantes, Noemí Ramal, llegó a posar desnuda para Interviú en 1994 y participó en los programas Llévatelo calentito, Los Morancos, El Grand Prix, Humor 5 Estrellas, El Gran Juego de la Oca, o Vip Noche. Su currículo y el de la primera mujer de El Bigotes curiosamente se cruzan en algunos títulos.

La relación de Álvaro Pérez y Noemí Ramal, nacida en 1973, cuajó y tuvieron dos hijos. El Bigotes utilizó sus contactos para que Ramal fichara por Canal 9 y, poco a poco, se convirtió en una de sus principales estrellas.

Presentó los programas Tot per riure, Hora d’impacte y un especial de Fallas e intervino como actriz de reparto en las series Les moreres, Negocis de família y Singles. Ella fue la que dio las campanadas para dar la bienvenida al 2007 desde la plaza del Ayuntamiento de La Nucia con uno de los principales rostros de la televisión autonómica, Paco Nadal, y repitió en 2008 y 2009 en Castellón y Paterna respectivamente.

La boda de El Bigotes con Noemí Ramal tuvo lugar el 14 de marzo de 2008 y se celebró por todo lo alto, con la presencia de la cúpula del PP, incluido el presidente Francisco Camps y su esposa, Isabel Bas. Eso sí, la primera autoridad de la Comunidad Valenciana se retrasó porque ese día debía asistir a una acto institucional en Alzira. El convite se celebró en un reservado del restaurante Mar de Bambú, en la planta baja del edificio Veles e Vents de la Marina Real Juan Carlos I del puerto de Valencia, el gran emblema de la Copa América. Según reveló el diario digital El Español, los camareros del convite eran actores contratados que «servían atropelladamente a los políticos, se ensuciaban al recoger los platos, amenazaban con salpicar a sus señorías y masticaban mondadientes».

En un momento dado, Álvaro cogió el micrófono y se subió al estrado, emocionado. «Estoy feliz. Estáis todos los que quiero y los que tenéis que estar.» Se definió como un «albañil de la puta política», y habló de los tres motores que mueven su vida: familia, amigos y trabajo.

En su discurso se dirigió directamente al presidente Camps para desnudar públicamente su amor: «Un día me vio sufrir, me vio cansado de trabajar en Madrid y me dijo: “Chico, vente a Valencia”. Y aquí estoy, presidente. Siempre me ha dado cosas buenas, siempre se preocupa de mí. Y no es fácil. Todo el mundo habla de él y todo el mundo dice que va a dirigir nuestro país, pero yo no quiero que se vaya muy lejos porque es cojonudo como persona y como amigo. Y no falla jamás, y eso es la hostia. Gracias».

El Bigotes rompió a llorar cuando se refirió al otro Paco importante de su vida, Francisco Correa. «No puedo hablar de Paco Camps sin hablar de Paco Correa. Os podéis imaginar lo importante que es en mi vida. Probablemente si no hubiera sido por Paco Correa yo seguiría trabajando en alguna televisión o en algún sitio y no hubiese conocido a toda la gente que he conocido y que hoy está aquí.» Se le quebró la voz, rompió a llorar y se fundió en un abrazo con su jefe.

El Español colgó en mayo de 2016 el vídeo del enlace Pérez-Ramal en el que se veía a Camps en una mesa asintiendo. También estaban sus vicepresidentes Víctor Campos y Vicente Rambla, la cúpula del PPCV (Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García), así como los máximos dirigentes de RTVV, Pedro García, y Feria Valencia, Alberto Catalá.

El presidente Camps no acudió al bautizo del hijo de Álvaro Pérez previsto en Barcelona el 7 de febrero de 2009. Para entonces ya había saltado el escándalo. El entonces director de RTVV, Pedro García, sí que supo estar a la altura y demostrar que, en los momentos difíciles, es cuando más apoyo deben mostrar los amigos. García aceptó sustituir a Correa (detenido) como padrino. Muy pocos sabían entonces que Pedro García y Álvaro Pérez, además de amigos, eran socios y poseían la misma participación de Orange Market, aunque era El Bigotes quien daba la cara por la empresa.

La detención de Correa y Crespo se había producido el viernes 6 de febrero. El fin de semana Álvaro Pérez intentó aparentar normalidad. Mantuvo la celebración del bautizo en la capital catalana. Pero había tanta preocupación en el PPCV por el alcance de la operación puesta en marcha por Baltasar Garzón que cuando volvía a Valencia el domingo mantuvo un encuentro discreto en un área de servicio de la autopista próxima a Castellón. Dos altos dirigentes del PP y Álvaro estudiaban la situación mientras su mujer paseaba con el carrito a la niña.

En pocas horas sería detenido por las fuerzas de seguridad.

72 horas en Moratalaz, Madrid. La crónica personal de El Bigotes

Me llevaron a los peores calabozos de España. No a los calabozos de la Audiencia Nacional ni a uno de una comisaría cojonuda. A los calabozos de Moratalaz, que es donde va lo peor de lo peor de lo peor. Me metieron en una celda con cuarenta o cincuenta tipos que, tal y como me metieron en la celda y cerraron la puerta, me hice pis hasta los tobillos. No sé si os ha ocurrido alguna vez, pero nada más verlo me hice pis hasta los tobillos. ¡De miedo! Porque no sabía por qué coño estaba allí dentro.

Allí me tuvieron… no sé, cuatro o cinco horas… no lo sé, pero te puedo garantizar que las pasé canutas. Me tapé con un chaquetón y no quería que supieran que me había hecho pis, no quería… en fin, quería aparentar que no pasaba nada. Quería aparentar que tenía un par de cojones y te puedo garantizar si te digo donde los tenía… los tenía justo pegados al cuello… y allí hasta que se cansaron. Me sacaron de allí y me dijeron, venga… un cachondeíto allí entre varios policías diciendo «¡menuda la que habéis liado!, ¡los del PP!, ¡los de la Gaviota!… joder tío, ¡menudo cachondeo!».

Y me dijeron: «vente conmigo, sígueme». Me llevaron a un sótano y me dijeron que cogiera un par de mantas de una celda que había abierta. Las mantas, para los que han hecho la mili, eran de esas marrones que había en el ejército antiguamente, que son como de tela de esparto. Y para separar las mantas, porque estaban cagadas, meadas, vomitadas y algún que otro líquido… que también tenían…, tuve que despegarlas tirando. Exactamente igual dijo que cogiera un colchón o dos colchones. Eran de gomaespuma, marrones, sin forro y sin nada, y estaban exactamente igual que las mantas.

Me metieron en una celda que me dijeron que era una celda que estaba en un sótano, pero que «no te preocupes que no es porque has hecho nada», sino porque tenía baño y así, «si tienes ganas de algo, no tienes que tocarnos los cojones esta noche».

Y me metieron en una celdita muy pequeña con un baño que, cuando cerró la puerta, lo primero que hice fue hacer pis para no volver a hacerme pis de nuevo encima. Y cuando tiré de la cadena me di cuenta que los presos para que los saquen de la celda embozan el baño para que se inunde la celda y los saquen de allí.

A mí no me sacaron. Se inundó y estuve 72 horas con la celda llena de papel cagao, de compresas y de mierda. Y así estuve las ¡72 horas!

Fui a beber agua al lavabo de acero inoxidable, y tampoco pude, porque lo habían utilizado para defecar.

Puse mis dos colchones encima de lo que había allí para dormir, me tapaba y procuraba no pensar, porque tampoco lo que pensaba era muy agradable y estaba bastante noqueado.

Mestalla y El Escorial

Francisco Correa era el cabecilla del grupo. A los trece años empezó trabajando de botones en el mismo hotel donde su padre era el encargado de lavandería. De ahí pasó a trabajar en varias agencias de viaje y, cuando supo cómo iba el negocio, montó la suya propia, FCS, sus iniciales. Al principio organizaba los traslados de los dirigentes del PP, y en 1993 sumó otras actividades como el montaje de los mítines, siempre mano a mano con el gerente de la formación, Luis Bárcenas. Poco a poco se fue ganando la confianza de la cúpula del PP nacional. Y llegó un momento que decidió ampliar su equipo con el fichaje de Álvaro Pérez, entre otros, para extender su negocio a la Comunidad de Madrid y a varias alcaldías madrileñas, utilizando métodos poco convencionales.

Fue el yerno de Aznar, Alejandro Agag, quien presentó a Francisco Correa y Álvaro Pérez en el restaurante chino del hotel Villa Magna de Madrid. «Montar un mitin es igual que montar un escenario para una folclórica o para un cómico, pero sin lentejuelas», le dijo. Y probó.

Álvaro Pérez tiene una alta autoestima. De hecho, se considera la persona que revolucionó la puesta en escena de la política en España. «Me tiré meses viendo los mítines del PP y del PSOE. Vi que eran rancios, antiguos y conectaban poco. Los políticos estaban en un escenario rockanrollero pero muy alejados del público. La gente siempre decía que José María Aznar estaba de muy mala leche porque salía con unas ojeras tremendas por las sombras de la luz. Hicimos un acto totalmente diferente y El País publicó que Aznar se había hecho un lifting. A partir de ahí empecé a trabajar para Correa y a hacer los mítines para el PP», explicó El Bigotes en una entrevista en El Mundo.

El punto de partida de Álvaro Pérez en el caso que nos ocupa se sitúa en el gran mitin electoral del estadio de fútbol de Mestalla celebrado el 29 de febrero de 1996, que puso en bandeja de plata la presidencia del Gobierno a José María Aznar. Lo organizaron Special Events por la trama Gürtel en Madrid, y Jesús Sánchez Carrascosa por Valencia. Pérez era un trabajador más en aquel entonces, pero participó en el mayor acto electoral celebrado hasta la fecha por un partido, pues abarrotó las gradas y el terreno de juego con 60.000 seguidores.

Llegaron 700 autobuses, se colocaron seis pantallas gigantes y se acreditaron más de 400 periodistas. En el último momento falló Raphael, pero no Francisco, Manolo Escobar ni Julio Iglesias. Aquel fue el mitin más multitudinario de la democracia española. La megalomanía de Zaplana lo hizo posible.

Aquel fue el regalo de Zaplana al presidente de su partido y Aznar pronunció su mejor discurso y el más intimista: «Solo soy un hombre honrado con un proyecto para España. No tengo ninguna varita mágica. Lo digo con humildad». Zaplana, que había conquistado el gobierno en una región tradicionalmente de izquierdas, estaba pletórico y arremetió duramente contra Felipe González: «no es, como algunos quisieran, una batalla personal, sino la oportunidad de corregir con una nueva mayoría el rumbo equivocado de España».

Camps era primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y portavoz del Gobierno local que lideraba Rita Barberá, y encabezaba la lista del PP al Congreso de los Diputados. Los siguientes encuentros se produjeron en los congresos nacionales del PP de 1999 y 2002. En 1999, Special Events organizó parte de la campaña electoral de Zaplana a la Generalitat Valenciana y percibió por ello 60.000 euros. Sin embargo, su participación en esta etapa era prácticamente residual y otras dos empresas, Media Estrategia y Grupo Cencal, eran las que llevaban el peso.

Álvaro Pérez, después de años recorriendo los platós televisivos y convertido en un auténtico experto en el mundo del espectáculo, hacía de regidor en los mítines, daba paso a los aplausos, vigilaba la realización, llenaba las sillas vacías, completaba montajes de otros e imprimía camisetas. Su don de gentes lo acercaba a los dirigentes políticos, que se sentían cómodos con él. Se le veía con frecuencia en primera fila con los líderes.

La relación de Álvaro Pérez con José María Aznar era cordial, aunque fue mayor con Ana Botella —«una señora como la copa de un pino», a su juicio— a raíz de la organización del enlace entre Alejandro Agag y Ana Aznar en El Escorial el 5 de septiembre de 2002. Álvaro Pérez fue el director de aquella superproducción con 1.100 invitados, entre los que se encontraban los Reyes de España y varios jefes de estado. El evento costó 120.000 euros, una parte de los cuales fue regalo de Francisco Correa, amigo de Agag, quien además actuó de testigo en la ceremonia.

Correa vivía sus momentos de máximo esplendor profesional, y asistió al enlace vestido de chaqué y acompañado de su despampanante mujer de belleza eslava. Junto a ellos, un engominado Álvaro Pérez con el puro en la mano, símbolo de poder. Álvaro fue el apoyo del presidente de honor del PP, Manuel Fraga, al subir los escalones hasta el templo.

Uno de sus primeros trabajos en la ciudad del Turia fue la convención regional del PPCV, que organizó en el Palau de la Música el sábado 8 de junio de 2002, en los últimos días de Zaplana al frente del Consell. Según la contabilidad secreta de la trama encontrada por la policía en un almacén de Alcorcón, aquel montaje costó 20.067 euros, pero por «orden dada por Álvaro», tan solo se facturaron al partido 6.010 euros. La diferencia de 14.057 fue un regalo. El clan se abría mercado en la región.

Al mismo tiempo, las empresas de Correa organizaron en La Nucia la gala de entrega de los premios Luis del Olmo. Fue el 16 de junio de 2002 en la Plaza Mayor de este municipio vecino de Benidorm. Según figura en la documentación incautada a la trama, el Ayuntamiento pagó 305.662 euros, pero el coste real fue de 184.708 euros, lo que supuso un beneficio de 121.000 euros.

La sesión

La fiscal Ana Cuenca interroga a Rocío Perea, que fue trabajadora de Special Events, una de las empresas del grupo Correa. Cuenca le realiza un cuestionario incisivo sobre detalles de las diferentes empresas de Don Vito para las que trabajó, intentando demostrar que era un conglomerado donde compartían plantilla y decisiones.

Son preguntas muy concretas sobre gestiones en 2004 y 2005 de hace más de diez años, y que la testigo no sabe contestar, porque no se acuerda. Las pruebas mostradas (e-mails) o la declaración que realizó tres años atrás como imputada le ayudan a refrescar la memoria. Tiene razón Álvaro en parte de sus quejas: «Si ya es difícil acordarse de lo que hiciste la semana pasada, imagina cuando te preguntan con tal grado de precisión dónde estabas tal día a tal hora y con quién».

En el banquillo de los acusados se sientan los trece procesados. Están apretujados. Alguna de las 64 sesiones del juicio ha durado más de doce horas, por lo que en ocasiones se llevan algún cojín de casa. Los abogados de las defensas están situados en tres filas de escritorios. Cuando allí mismo se juzgó a Francisco Camps por los trajes se tuvo que transformar la sala para que el jurado popular tuviera espacio.

Sorprendentemente soy el único que asiste como espectador a la sesión, con la de amigos que han debido de tener los acusados en su larga trayectoria política o profesional. Es una sesión abierta al público, pero no hay nadie, ni siquiera los estudiantes de derecho o los periodistas de sucesos. Tampoco han aparecido los jubilados de los que me había hablado El Bigotes.

Siempre se ha dicho que lo que distingue una buena película de una mala son los actores secundarios. Morgan Freeman en Million Dollar Baby, Whoopi Goldberg en Ghost, o Uma Thurman en Pulp Fiction eclipsan a los protagonistas. Esta trama de corrupción contaba con un elenco sin igual, con un atrezo repleto de prostitutas, chóferes, contables o camareros de antros de reputación dudosa. Pero de entre todos los protagonistas secundarios, Álvaro Pérez ocupa un lugar estelar. Las frases que constan en el sumario le retratan y quedan fijadas para la eternidad.

Me pregunto cuánto habrá de verdad y de mentira en lo que me ha contado minutos antes en el pasillo del TSJ. Las numerosas ofertas laborales que dice que tiene sobre la mesa, los partidos políticos que le reclaman como asesor, las propuestas que le han hecho los principales programas de las cadenas nacionales para que se incorpore como tertuliano…

La verdad es que sería un buen polemista. Controla la puesta en escena más que Pajares, Esteso, su actual esposa o la anterior. En Telecinco sirvió en bandeja el titular de impacto que tanto buscaba el programa: «Francisco Camps como amigo es un mierda y como hombre, un cobarde». Además lo repitió como cebo —para que la audiencia no cambiara de canal— antes de la entrevista y a lo largo del programa. El presidente le decepcionó profundamente: «Ni supo defender su honradez ni su honorabilidad, ni la mía», dijo. Y añadió: «Es uno de los políticos más honrados que conozco. Pero como amigo es un mierda y como hombre un cobarde».

En otra entrevista que concedió al digital Valencia Plaza abundaba en esta cuestión. «[Camps] no supo defender nuestra amistad, y tenía que haberlo sabido hacer, porque yo por un amigo de verdad lo doy todo. Sobre todo, si tengo razón y si soy honrado. Y él no supo afrontar una crisis que tenía.» En este sentido, el empresario le reprochó al presidente que traicionara a Campos y Betoret y los dejara «con el culo al aire» por mandarlos al TSJCV a autoinculparse por el caso de los trajes. Aquel 20 de julio de 2011 estaba previsto que los cuatro imputados se declararan culpables y así se anunció a los periodistas en una jornada muy intensa, pero en el último momento Camps optó por continuar su calvario e ir a juicio, cosa que le salió bien.

La revelación del periódico El País de aquella conversación del «amiguito del alma» y «te quiero un huevo» el 23 de abril de 2009 marcó un punto de inflexión respecto a la credibilidad de Camps, que hasta ese día había mantenido públicamente que Pérez era «uno más» de los muchos valencianos a los que él saludaba en los actos. Con aquel diálogo tan cariñoso el día de Nochebuena resultaba imposible justificar el grado de complicidad entre el presidente y uno de los principales acusados de un clan corrupto.

En aquella entrevista en televisión en abril de 2015, Álvaro Pérez trataba de justificar lo injustificable: «Esto es una hijoputez. Nadie soporta veinte horas de pinchazos. A quien le pinchen los teléfonos alguna cagada comete. Es la conversación de dos tíos y una señora como la copa de un pino hablando en Nochebuena. Es una hijoputez, porque eso es una familia… Más claro no puede ser: te quiero… Estamos hablando en Nochebuena, un día que se dicen cosas que se sienten. Es un día especial en el que no llamas a todo el mundo. Yo hablo con un amigo, pero con un amigo de verdad… Al mes y medio demuestra que ni amiguito del alma ni mierdas. Desapareció como Agag cagando hostias».

El yerno de Aznar es otro de los antiguos amigos a los que Álvaro Pérez guarda rencor porque no le devolvió el cariño que esperaba. «¿Sigue vivo?», se preguntaba con sorna.

Sorprende el grado de influencia que logró Pérez con Camps. Ricardo Costa, todopoderoso número dos de la principal formación política de la Comunidad Valenciana, para lograr convertirse en conseller consideraba más útil a Álvaro Pérez que a su grupo parlamentario o a la dirección de su partido. Por eso le pidió que intercediera por él:

Costa: [Quiero ser] consejero de la Presidencia… Tú déjaselo caer y que lo vaya teniendo en la cabeza.

Pérez: No te preocupes. Pensaba darle de lo lindo [a Camps] por varios sitios y ese era uno de ellos. No sabes cuánto me alegra poder servirte de algo, Ric.

Costa: No coño, me sirves de mucho.

Cuando de nuevo le pusieron en directo en televisión las grabaciones, Álvaro sacó a relucir su vis cómica huyendo del fondo del contenido: «Parece que hable como si tuviera un chicle en la boca».

La sesión en el TSJ no aporta gran novedad y a media mañana decido marcharme. Por el camino pienso en si podré sentarme finalmente con Álvaro Pérez grabadora en mano y, en caso de hacerlo, si va a aportar algo diferente. Hay rumores de un pacto con la fiscalía para confesar parte de los delitos y reducir las penas.

Garzón, «cariñoso». La crónica personal de El Bigotes

Me sacaron de la celda uno de los días para ir a un banco a ver una caja de seguridad, que por cierto, que mi abogada exigió que pusieran que tenía «nueve o diez años». Era de cuando yo no conocía a Correa y era de cuando trabajaba en el mundo del espectáculo, de otro tipo de espectáculo, y tenía un dinerillo guardado en pesetas, con el dinero que yo iba gastando. Y ponía: «regalo a papá, cena con papá y mamá», no sé qué, gilipolleces de hace muchísimos años y la caja tenía telarañas. No entendemos jamás por qué aquella caja se mantenía allí, algún día me lo contará el director, porque yo no tenía nada en ese banco. Pero me llevaron allí, y me llevaron esposado por la calle de Alcalá, con mi pedazo de bigote que parecía Ronaldo yendo a firmar autógrafos al Bernabéu.

Y cuando se cansaron de tenerme allí me llevaron a la Audiencia Nacional a ver cómo abrían las cajas [de cartón] que se llevaron de mi despacho [de Orange Market en Valencia], que, para estar en la celda tan cojonuda que me tuvieron los tres días, pues mejor estar en la Audiencia Nacional. Y allí me tuvo Garzón, ese que defienden muchos, me tuvo tres días.

Todo el mundo critica que a Paco [Correa] y a Pablo [Crespo] los metió en la celda y se fue de cacería, cacería que tiene mandanga la cosa, porque una montería vale cinco o seis mil euros, y este juez que ahora es abogado se iba cada diez minutos de cacería, no sé de dónde sacaría la pasta. ¿Sabes dónde estuvo mientras estaba yo en esa celda esos tres días? ¡En su despacho! ¿Por qué no me tomó declaración el martes por la mañana que podía haberlo hecho? Porque tenía mucho curro. Por eso hace un libro que se llama Fango, el fango que tiene pegado en la espalda.

Esto es para que no se lo hagan a nadie, porque habrá madres que digan «a mi hijo también se lo han hecho», porque es una hijoputez, una canallada. ¡Vale!

Y luego, me descojono de los que dicen que la justicia es igual para todo el mundo. En fin.

Manda huevos, como dice el que ha cobrado 300.000 euros de una empresa o no sé qué. Hace pocos días escuchaba aquí a Francisco Nicolás decir que se estaba meando en la celda y que estuvo cuatro horas. Y un tertuliano dijo que me extraña que la policía te tenga cuatro horas sin mear. ¿Cuatro? ¡Y dieciocho! Porque yo tenía un empalme con un tornillo en el paladar que estaba viendo las estrellas y supliqué a gritos que bajara alguien para darme una puñetera aspirina y no bajó ni dios. Cuando llevaba un montón de horas bajó un policía que dijo que iba a ver si alguien llevaba un optalidón. ¿Un optalidón? ¡Será antiguo!, ¡si no existe!

En ese momento paseaba por la celda cuando no podía estar más tumbao para estirar las piernas, que podías pasear poco porque eran 2 metros cuadrados…

Para mí fue una tortura. Yo he dicho que no lo denuncié porque no piensas en denunciar. En la Audiencia Nacional, Garzón me trató con un cariño acojonante… fue un tipo «cariñoso». Me dijo que me asomara a su despacho que me iba a tomar declaración de pie, que me había quedado sin amigos, que me iba a hacer una serie de preguntas y poco más.

Estaba obsesionado con los trajes de Camps. Me preguntó diez millones de veces que quién era Luis el Cabrón, y le dije que no lo sabía.

El señor Garzón allí ya me dice las cinco acusaciones que tiene contra mí: tráfico de influencias, cohecho, falsedad de documento, blanqueo de capitales… En tres días, sin nada.

Rodeado de políticos «vampiro»

En la calle Génova, sede del PP, el Bigotes lo controlaba todo y diseñaba hasta los atriles de los mítines. No guarda un buen recuerdo de esta época, ya que se llevaba muy mal con Belén Bajo, la entonces jefa de prensa de Mariano Rajoy. Sus contactos en el partido eran Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo y marido de Ana Mato, y Juan Carlos Vera, responsable de las campañas electorales, a quienes regaló, entre otros objetos de lujo, vehículos de alta gama.

En las entrevistas concedidas a varios medios en abril y mayo de 2015, Álvaro Pérez confesó que hay políticos «golfos, trincones, desahogados, jetas y palanganeros, como en todas las profesiones». Algunos les «chupaban la sangre como vampiros». No sacaban nunca la cartera para pagar un café ni hacer el gesto. Los define como «chupones» que llegaban a decir: «Venga, me gusta este relojito y así cobras las facturas que tienes pendientes con el PP».

La exigencia del regalo partía de ellos, afirmó. «Cuando no pedían un viajecito te sacaban las tripas cuando viajabas con ellos y nunca te decían: “Vamos en mi coche”. La gasolina y las comidas siempre las pagaba Correa. Y dices, bueno, es una tontería. Pero es que no es una comida, son 150 al año, y en los mejores restaurantes.»

Pérez reconoce haber ofrecido dádivas a políticos. «Yo no sabía que por hacer un regalo que yo hacía con cariño y desde la amistad podía cometer un delito», se justifica.

José Luis Peñas explica en Uno de los suyos cómo era Alvarito: «Su historia académica es breve; por ello y como muchos personajes hechos a sí mismos, tenía que usar otras cualidades para desenvolverse en el mundo. Su gran baza era el cuerpo a cuerpo, las distancias cortas, ahí se manejaba a la perfección: dicharachero atento, sabía cómo bordear las limitaciones de su fondo de armario cultural. Además, sabía dónde atacar. Iba directo al verdadero centro de poder: las mujeres de los líderes».

En 2004 la capital Gürtel se instauró en Valencia. En la carpeta rotulada «Temas Valencia» que incautó la policía en el piso de seguridad de Correa había una orden clara: «Álvaro que se vaya para allá». La versión oficial que se difundió cuando estalló el escándalo era que Rajoy había tomado la decisión de prescindir de los servicios de Francisco Correa y su gente cuando algunos dirigentes gallegos le alertaron de sus irregularidades. En realidad, poco podían obtener unos u ofrecer los otros estando el PP en la oposición y el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno de la nación. Valencia era su destino.

El camino ya se había preparado. En junio de 2003 Álvaro Pérez había registrado en la ciudad de Algemesí la sociedad Orange Market, y las relaciones con el gobierno regional eran excelentes. Empezaba una nueva aventura.

Cuando Álvaro criticaba a los «políticos vampiro» se refería de forma exclusiva a los de Madrid, de los que soltaba pestes. La versión que en la misma entrevista dio de los políticos valencianos del mismo partido era radicalmente diferente, como si hubiera una mutación genética al pasar el embalse de Contreras que les hacía ser totalmente distintos. Aunque lo pueda parecer, no había ironía en sus palabras. Desde su punto de vista, Francisco Camps, Víctor Campos, Vicente Rambla y Ricardo Costa son políticos «con una pulcritud, una honradez y una profesionalidad que nunca conocí en Madrid».

«Recuerdo una cena que tuve en Madrid con Correa y Crespo en la que les dije que estaba asombrado porque llevaba un año trabajando para el PP de Valencia y no había conocido a ningún vampiro. Correa no me creía.»

«—¿Francisco Camps fue su padrino?

—Esa palabra no me gusta, pero es una persona que me animó a ir, me dijo que iba a ser feliz. ¡Maldita la hora en la que me fui a Valencia!»

Las diferentes firmas de la red obtuvieron cerca de 90 contratos de prácticamente todas las consellerias y entidades públicas controladas por el PP de la Comunidad Valenciana, la principal la de Turismo. Unos 16 millones de euros. Al mismo tiempo, organizaban los actos electorales del PP, que pagaba el partido con fondos propios o una red de empresas constructoras beneficiadas por adjudicación de obra pública.

Los contratos se otorgaban desde la administración saltándose todas las normas posibles, según la investigación: fragmentando los trabajos en varios conceptos, con concursos amañados, duplicando facturas, etc. Mientras el imperio de Correa crecía, miles de empresas y de emprendedores valencianos no podían trabajar en la administración. Quedaban fuera de las adjudicaciones por falta de cobertura, o porque sus teléfonos móviles no incluían la misma agenda de El Bigotes.

A pesar de su condición de dirigente de Orange Market, en su defensa Pérez siempre se ha autodefinido como un simple «trabajador» de Correa. «Yo no llevaba contratos. A mí me paga una nómina una empresa, y tenía la pensión de un alto ejecutivo de una compañía. En una empresa uno es contable, otro diseñador, otro portero, otro conductor… El conductor conduce. Si hablamos de pagos y de líos de facturas y de cobros habrá que hablar con quien llevaba eso», justificaba en la entrevista en televisión.

Pérez recibía por su trabajo un sueldo mensual de 6.000 euros —algunas veces sacados de la caja B de la trama corrupta— y regularmente distintos pluses que iban desde los 3.000 a los 30.000 euros. En la contabilidad de Orange Market aparecen las anotaciones de los pagos al delegado de Francisco Correa en Valencia.

En todas sus intervenciones públicas desde el estallido del caso, Pérez y Correa han denunciado que la firma que se llevaba la mayoría de contratos de la administración de Francisco Camps era el grupo Engloba, dirigido por José Adolfo Vedri. Este empresario fue detenido tiempo después, en enero de 2016, en el marco de la operación Taula junto a Alfonso Rus, Máximo Caturla y otros dirigentes del PP, acusado de delitos tan graves como los que los jueces le atribuyen a los empresarios de Gürtel. Don Vito afirmó públicamente que Engloba se llevaba el 80% de los contratos de la Generalitat, y Pérez llegó a decir en una entrevista que Orange Market era la octava empresa por la cola de las 212 adjudicatarias de contratos similares por parte de la administración valenciana.

Álvaro Pérez afirmó a El Mundo que por ser amigo de Camps no tuvo beneficios, sino «algún punto de sutura en el cuerpo», pero en realidad tuvo sus momentos cumbre. En 2006 dio un sorprendente paso hacia adelante. Sin tener estudios se convirtió en profesor universitario. Fruto de los contactos adquiridos con motivo de la visita del papa a Valencia en el mes de julio, Álvaro Pérez trabajó en la Universidad Pontificia de Salamanca como profesor de un seminario sobre asesoramiento de imagen y consultoría política. En la documentación del seminario figuraba la fotografía de Pérez, quien se presentó como asesor de relaciones públicas en el gobierno de José María Aznar y presidente de Orange Market. Era capaz de vender hielo en Siberia.

La confesión de Francisco Correa

Insisto a Álvaro Pérez para quedar con él. Le llamo y le envío mensajes durante semanas, pero siempre contesta diciendo que está «muy liado» y que él me llamará. Finalmente desisto. Ante los periodistas a los que había respondido continuaba aferrándose a la teoría de la conspiración y descalificando los informes policiales que le apuntaban. «¿Quién acusa? ¿Quién? ¿Un informe? ¿Firmado por quién? Le dais una importancia a esos informes… ¿Qué pasa, que la policía es Dios?», se preguntaba.

A los pocos días de hablar con Álvaro en los pasillos del TSJCV, el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, desvelaba en su periódico la confesión que Francisco Correa quiso entregar a la Fiscalía Anticorrupción para intentar pactar una reducción de pena. El pacto finalmente no se produjo, pero el periodista publicó el documento por su indudable valor informativo.

En la confesión, Correa situaba a Francisco Camps en el centro de la mayoría de las seis piezas en las que se dividió la instrucción judicial, y reconocía la estrategia perfectamente trazada para que su grupo empresarial se implantara en Valencia y hacer negocio de la mano de Álvaro Pérez y el presidente del Consell. «Álvaro Pérez conoce en un mitin a Francisco Camps, con quien establece una buena relación, lo que nos hace ver la posibilidad de trabajar con el PP de Valencia. Para ello se abrió una pequeña estructura y se creó Orange Market, y Álvaro Pérez fue a vivir a Valencia», decía Correa en el texto.

Después de aquello, y aunque Correa se desdijo y negó que el documento estuviera firmado por él, en abril de 2016 varios empresarios acusados de financiar ilegalmente al PPCV a través del pago de actos organizados por Orange Market confesaban su culpabilidad.

En sus conclusiones del juicio de Fitur, la fiscal calificó al grupo como una «organización ilícita, permanente y jerarquizada», liderada por Francisco Correa y Pablo Crespo. Considera que sus empleados delinquieron para llegar a cargos públicos con «papel decisorio» en la conselleria de Turismo, desde donde se amañó el concurso para «entregarlo a quienes desde el principio querían». El ministerio público pidió 13 años de cárcel para Correa y Pérez y les acusó de tráfico de influencias, delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental y asociación ilícita.

En una de aquellas entrevistas que sí que concedió, Álvaro Pérez se defendía diciendo que el papel de los medios de comunicación en el caso Gürtel había sido «dramático». «Han publicado lo que les ha salido del alma. A mí en seis años y medio me han llamado muy pocos medios, algún amigo, pero no me ha llamado nunca nadie para preguntarme por la cara B del disco. Nadie me ha llamado para preguntarme si era verdad o mentira lo que se ha publicado. Se han publicado auténticas barbaridades.» Y yo esperando su respuesta…

El Bigotes, ya sin mostacho, continúa interpretando su papel y aunque no pueda utilizar la máquina de contar dinero que adquirió, siempre habrá alguien interesado al que ofrecerle su caviar. Para Nochebuena, 100 gramos.

9

«¡Qué hostia!, ¡qué hostia!»

Ascenso y caída de Rita Barberá, la alcaldesa de España

Era una septuagenaria que deambulaba sin rumbo entre los cadáveres que abarrotaban la antigua sala de fiestas. Por collar llevaba una pesada cadena, y su andar era una réplica del balanceo de los últimos años de su amigo Fraga. Cegada por los flashes de los focos, se dirigió hacia el único de sus compañeros que seguía con cargo en aquella sangría, el delegado de Gobierno Serafín Castellano. Se echó en sus brazos, como si fuese ese familiar sereno que mantiene la compostura en el funeral, y ambos se dieron el pésame con la mirada.

En la retina, Rita guardaba las fiestas electorales de antaño en la sala Alameda Palace, junto a la Piscina de Valencia, con sonrisa superlativa y dedos con la V de victoria. Noches con barra libre de abrazos y whiskies en las que era la reina del baile. Ahora pisaba un velatorio sin baile ni música.

«¡Qué hostia!, ¡qué hostia!», balbuceó la anciana desprovista de la vitalidad y energía con la que había burlado durante décadas a sus verdugos. Serafín asentía con la cabeza, comprensivo, sin saber que en pocas horas se llevaría su propio golpe.

Valencia, la misma ciudad que le había dado tantas satisfacciones, ahora la humillaba hurtándole su vara de mando y regalándosela al mismísimo demonio de Compromís, Joan Ribó, «comunista» y «catalán». ¿Cabía mayor humillación? Subió como pudo al atril y sacó fuerzas para improvisar un agradecimiento ante los suyos. «Es un resultado malo, no me voy a ocultar nada.» Aquella noche del 24 de mayo de 2015 lo pasó mal. Un preludio de momentos peores.

Pocos días antes, el 15 de abril, un juez había ordenado pinchar el teléfono de una de sus personas más cercanas, la exconcejal de Cultura María José Alcón, esposa de su mano derecha Alfonso Grau. Alcón llamó a las 21:30 h a su hijo Vicente y le explicó lo que ocurría en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia.

Alcón: Han hecho una trampa en el partido, que me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500, dinero negro… Y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta, o sea, para blanquear dinero vamos, corrupción política total, pero bueno…

Hijo: Pero, ¿cómo que para blanquear? No lo entiendo.

Alcón: ¿No lo entiendes, cariño? Pues ellos tienen mucho dinero negro… de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones…

Hijo: Pero quién te ha dado a ti eso, ¿Rita?

Alcón: Mari Carmen [García Fuster]. Rita, sí… Como tú me dijiste una vez y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción.

No era la primera vez en la que se presentarían a una campaña electoral dopados con «mucho dinero negro», pero esta sería la última en la que lo harían desde el poder.

Después de la «hostia» correctiva de la sociedad valenciana que tanto le dolió en las urnas, vendrían más con múltiples formatos para la alcaldesa. Y Rita se quedó sin nadie al que abrazarse. Cinco días después, en una operación policial las fuerzas del orden también le arrebataban aquel clavo ardiendo al que se aferraba, Serafín Castellano. Otra más.

Musa del humor y candidata a la presidencia

El último día de febrero de 1991, la entonces diputada Rita Barberá comparecía ante los medios de comunicación junto al presidente regional y candidato autonómico, Pedro Agramunt. «Soy la próxima alcaldesa de Valencia», anunció. El abogado Manuel Broseta y el dirigente Leopoldo Ortiz habían rechazado el reto por imposible. La derecha estaba huérfana de liderazgo en la capital y trataba de recomponerse del caso Naseiro, que había afectado de lleno a su grupo municipal, con uno de los principales imputados, Salvador Palop, ocupando el acta de concejal. El PSOE tampoco atravesaba su mejor momento por la crisis desencadenada con el cese del exconseller Rafael Blasco y la dimisión de Ricard Pérez Casado de la alcaldía un año antes, aunque las encuestas daban por segura su victoria. Se decía que Valencia era feudo socialista.

Rita Barberá llevaba dos legislaturas de diputada autonómica en las Cortes Valencianas, desde el restablecimiento de la institución autonómica en 1983. Entró en el parlamento con 35 años y en aquellos primeros años ya destacó. Por eso en 1987 fue la candidata a la presidencia de la Generalitat de Alianza Popular, aunque solo obtuvo el 24% de los votos, 25 escaños. Hizo perder a su partido siete diputados respecto a las anteriores elecciones, pero eran los años en los que el socialismo arrasaba y el arco parlamentario estaba fragmentado con el PSOE de Lerma, el CDS, Unión Valenciana y la coalición IU-UPV liderada por Albert Taberner y Pere Mayor.

El asalto de Barberá a la tercera capital de España no suponía abandonar las Cortes Valencianas. Su estancia en la cámara autonómica se prolongaría durante 33 años, hasta mayo de 2015, batiendo junto a su compañero Rafael Maluenda el récord de permanencia en el hemiciclo, ocho legislaturas.

En aquellas elecciones municipales de 1991 ganó Clementina Ródenas, del PSOE, que obtuvo 13 concejales, seguida de Rita Barberá (PP) con 9, casi empatada con el regionalista Vicente González Lizondo (UV) con 8. La mediación de la directora del periódico Las Provincias, María Consuelo Reyna, hizo posible que la derecha llegara a un acuerdo y Barberá entrara al consistorio directamente como alcaldesa.

Pero hubo otra Rita Barberá antes de que naciera la alcaldesa.

En los años setenta, siendo una veinteañera que estudiaba Económicas, acudía todos los días al consistorio, con la libreta en la mano, para después contar lo sucedido en Radio Valencia Cadena Ser. Sus artículos se leían en La Jornada, el diario fundado por el Movimiento Nacional que dirigía su padre, José Barberá Armelles. Su progenitor, que estuvo de corresponsal en Roma de El Siglo Futuro, trabajó como periodista en El Tradicionalista, Levante y El Correo Gallego, fue la persona que más le marcó. José Barberá alcanzó puestos relevantes en el escalafón de la prensa falangista: durante treinta años presidió la Asociación de la Prensa en Valencia. Falleció en 1993.

A sus 25 años Rita era tan conocida que en la Olimpiada del Humor de 1973 —un concurso literario que instauró el Ayuntamiento de Valencia— la nombraron «Musa del humor». Un año antes lo había ganado Natalia Figueroa, esposa del cantante Raphael. Aquel año, el entonces jefe de la Policía Municipal le encargó a los responsables de la Banda de Música de la Policía que compusieran un pasodoble con su nombre.

Además de en política municipal, la periodista Barberá se especializó en tribunales y urbanismo, y empezó a firmar artículos en el diario Levante, que también era propiedad del Movimiento. Se sacó una plaza de economista en la Administración Pública, lo que en 1978 le permitió, con 30 años, saltar a jefa de prensa del Gobierno Civil (actualmente Delegación del Gobierno).

Su madre, Carmen Nolla Forcada, venía de buena cuna y tenía raíces catalanas. Su bisabuelo había fundado en 1862 la fábrica Mosaicos Nolla y surtió de azulejos a los zares Romanov o al rey Amadeo de Saboya. Rita vivió toda su vida con su madre en un piso de alquiler, primero en la calle Pintor Benedito y más recientemente, hasta que falleció en 2013, en la céntrica calle General Palanca, junto a la Porta de la Mar, justo enfrente del TSJCV, con unas vistas privilegiadas del alto tribunal valenciano.

Rita Barberá Nolla (Valencia, 1948) es la segunda de cuatro hermanas, siembre bien situadas en la burguesía de la sociedad valenciana de abolengo. Cursó enseñanza primaria, bachillerato y preuniversitario en el Colegio Domus de Valencia y estudió dos carreras: Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales en la Universidad de Valencia, y Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid.

Su hermana mayor, Carmen Luisa, vive en Murcia donde su marido es un prestigioso cirujano. Después de Rita llegaron María José, casada con un conocido abogado y madre de Enrique Sospedra (el «sobrinísimo» de Rita); y la pequeña, Asunción, a la que todos llaman Totón.

La discreción ha sido su bandera y ha tenido una vida poco social, más allá de las visitas de veraneo a Vila Carpi en Benicàssim o la masía Calatrava en Burriana. Apenas se han publicado fotos de las hermanas juntas.

Levante-EMV ofrecía una entrevista el 10 de enero de 1988 a la diputada Barberá en la desenfadada sección «Solteros de oro», que firmaba Lidia Arenós. En ella reconocía que tenía «un problemilla con los kilos» y que «el matrimonio es el estado perfecto».

Pregunta: ¿Qué opina de la expresión: se ha quedado para vestir santos?

Respuesta: (Carcajadas). Me parece muy aburrida. Me recuerda a la corfa de naranja seca. Horrible.

P: ¿Le asusta la soledad?

R: La no deseada sí.

P: ¿Se ha planteado ser madre soltera?

R: Pues aunque me gustan los nanos no me divierte mucho la idea de tener un hijo sola.

P: ¿Ha deseado alguna vez que le enjabonen la espalda?

R: (Carcajadas) De momento puedo hacerlo sola, pero debe ser divertido.

Barberá ha sido extremadamente celosa de su vida privada. Aunque en Valencia es conocida su pareja estable, nunca la ha presentado en público ni ha hablado de ella.

En 1995 se convirtió en la primera alcaldesa en oficiar un matrimonio civil. Y solo por media hora le ganó el entonces alcalde de Bilbao, Josu Ortuondo, entre los hombres. Años después se manifestó en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.

El carné número 3 del partido

En los albores de la democracia, Rita Barberá se sintió atraída por el discurso de Manuel Fraga, exministro de Franco, quien al principio mostró reticencias. Sin embargo, Rita era el mejor fichaje imaginable para un partido que rezumaba naftalina: era joven, profesional y mujer. Salvador Barber, autor de su biografía no autorizada La dama de rojo de la España azul (2009), destaca que en uno de sus primeros encuentros Fraga la hizo llorar, harto de las luchas internas del partido. En 1976 fue una de las fundadoras de Alianza Popular, formación de la que tenía el carné de afiliada número 3. Pedro J. Ramírez llegó a afirmar cuatro décadas después que Rita Barberá era al PP lo que «la roca a Gibraltar, el mono a su botella de anís o don Santiago al estadio Bernabéu». Razón no le faltaba.

En 1983 estrenó el autogobierno valenciano y se convirtió en una de las siete primeras mujeres en tener asiento en el Palau dels Borja, sede de las Cortes Valencianas. Participó desde la primera fila en todo el proceso de conformación de Alianza Popular y Partido Popular.

En 1991, cuando la derecha apenas soñaba con tocar el poder en España, Rita Barberá ya estaba cómodamente instalada en el consistorio de la tercera capital. En la primera legislatura en el Ayuntamiento se fajó. No le gustaba nada el municipalismo pero le cogió gusto. Era ambiciosa.

Formó un núcleo duro muy potente a su alrededor, con grandes fidelidades y tejiendo una enorme red clientelar. Sus adversarios la acusan de haber jugado con la presión, el autoritarismo, el populismo y de saber manejar muy bien las emociones. Rita no tenía responsabilidades directas en la agrupación local del PP, pero su gente estaba estratégicamente colocada en cada puesto.

Convirtió el edificio consistorial en su casa, solo le faltó colocar su nombre en el telefonillo. Allí dejó aparcado su Lancia Delta casi nuevo, comprado en 1988, para subirse al vehículo oficial, hasta que 23 años después se lo llevaron para la chatarra. El balcón del Ayuntamiento era su terraza particular, con acceso restringido para su gente VIP y las mejores vistas en unas fiestas de las que también se apropió, las Fallas.

Y su equipo más cercano no eran los mejores técnicos o profesionales del consistorio. Era su familia, pero no famiglia en términos sicilianos, sino la familia con relación de consanguinidad. A su hermana Totón la rescató del Ayuntamiento de Burjassot, donde ya tenía plaza, y la sentó en la mesa de la alcaldía que custodiaba la puerta de su despacho. Más que jefa de gabinete se convirtió en su guardián. Nadie traspasaba esa puerta sin su permiso ni llegaba a Rita sin pasar por ella. Repasaba discursos, programaba actos, daba órdenes, visaba las facturas, etc.

El marido de Totón es José María Corbín, que ha ejercido como su propio abogado y el de su gente más cercana. De hecho, para Alfonso Grau diseñó una estrategia jurídica en el caso Nóos que exoneró a Rita pero no a él.

La otra persona que actuaba como una prolongación suya era Mari Carmen García Fuster, que había sido edil de Alianza Popular desde 1989 y se cayó de la lista en 1991 para dejar un hueco a su hermano José Rafael, procedente como Rita del elenco de diputados del PP en las Cortes Valencianas. Años más tarde, José Rafael García Fuster se convertiría en la persona de la alcaldesa en Bancaja. El juez que investigaba la gestión de la caja le imputó por su condición de consejero. Rita profesa un gran cariño a estos dos hermanos, a quienes considera de la familia. De hecho, Mari Carmen (elegida en 1991 secretaria del Grupo Popular, y que ha trabajado codo con codo con Totón para controlar toda la actividad de sus ediles) es madrina de una de sus sobrinas. Con el tiempo sus propios sobrinos también acabarán trabajando para la causa desde algunas subcontratas.

Su discurso de investidura adelantó las líneas estratégicas de sus mandatos. Quería una Valencia «más segura, más limpia, más europea y más cerca de la Corona». En su primer equipo de Gobierno conformó una alianza indisoluble con dos personas clave en la política valenciana: Juan Cotino y Francisco Camps. Cotino era un empresario que había ejercido de concejal de la UCD en el Ayuntamiento de Xirivella, su pueblo natal, y Camps llevaba ya ocho años de asesor del Grupo Popular liderado por Martín Quirós en el consistorio, y había que darle una oportunidad. Ambos serían llamados a ocupar otros destinos desde los que Barberá mantendría su influencia.

Pulió su imagen. Contó para ello con su modisto de cabecera, Álex Vidal, quien hizo un diseño original para que disimulara sus defectos, con chaqueta, blusa y falda con combinación de colores, principalmente el rojo pasión, que algunos rebautizarían como «rojo alcaldesa». A ese sencillo atuendo le añadiría un collar de perlas como complemento imprescindible. «Sus vestidos rojos y sus cuentas de perlas y sus carcajadas estentóreas se convirtieron en un icono pop de Valencia», retrataba Mariano Gasparet (El Español, 15/09/2016).

Su esfuerzo tuvo resultado. Favorecida por el auge del PP en toda España y por la fagocitación de Unión Valenciana, en cuatro años pasó de 9 a 17 concejales, que equivalían a la mayoría absoluta, y perdió sus miedos. Tenía un dominio absoluto de Valencia. Se miró en el espejo de los grandes alcaldes, como Paco Vázquez en La Coruña o Pasqual Maragall en Barcelona. En 1995 fue elegida presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, lo que le otorgó relevancia nacional. Barberá cuidaba sus amistades en Madrid, con Fraga y con José María Aznar, presidente del Gobierno a partir de 1996. De hecho, Barberá siempre le acompañaba en los momentos clave.

Vendía una ciudad donde todo era bonito, glamour y progreso. Se aprovechó de los grandes proyectos que estaban en marcha. El cauce del río Turia y el paseo marítimo, principalmente. E inició una pelea por bajar impuestos y por comprar todo lo que vendían los brokers de ideas por todo el mundo a precios disparatados: la Copa América, la Fórmula 1… proyectos que han tenido a la sociedad embelesada. El modelo funcionó perfectamente.

Durante 24 años ha triturado a todos sus rivales políticos. El PSOE ha inmolado a Aurelio Martínez, Ana Noguera, Rafael Rubio, Carmen Alborch y Joan Calabuig. Uno cada cuatro años. Era invencible. En un reportaje en Vanity Fair del 25 de febrero de 2015, su jefe de prensa presumía: «Haga lo que haga gana. No necesita conceder entrevistas. The New York Times y el Washington Post lo intentaron durante meses. Es inútil». Durante su hegemonía se alejó de los medios de comunicación y hurtó a sus rivales la posibilidad de confrontar ideas públicamente en debates electorales. Creó una concejalía de Relaciones con los Medios (CREM), un gabinete de prensa paralelo al institucional que velaba por su imagen pública. Este departamento fiel contaba con 14 redactores nombrados a dedo que consumían 735.000 euros al año.

Era de los pocos dirigentes políticos que se permitía entrar a trabajar a las 11 de la mañana. Y lo hacía tranquila, porque controlaba toda la maquinaria. Era espontánea, con lo que igual se marcaba un baile en la recepción del equipo campeón (el Ros Casares) de la liga femenina de baloncesto, que en plenas fallas perseguía ante las cámaras a la exministra socialista Carmen Alborch lanzando petardos enfundada en unos pantalones tejanos y una botas.

Rita no era abstemia y el mueble bar de sus dependencias en el ayuntamiento siempre estaba listo. El humorista alcoyano Xavi Castillo creó un personaje para parodiar a la alcaldesa y en sus espectáculos explotó hasta la saciedad la imagen de una dirigente totalitaria, con voz cazallera, adicta al Beefeater y descontrolada entre la corte de honor de las falleras mayores. En realidad la regidora siempre ha sido más de whisky escocés. JB, solo y con hielo.

Tocar el cielo

Rita había mantenido una relación distante con el presidente Eduardo Zaplana. Sin embargo, cuando en 2002 este se va para Madrid y Francisco Camps (su antiguo portavoz municipal) es proclamado presidente es como si gobernara ella. Siempre estaba a su lado.

En 2004, Rajoy releva a Aznar en Génova dedo mediante, y Zapatero gobierna en la Moncloa, lo que cierra el círculo para la alcaldesa. A partir de ese momento todos los males de Valencia son culpa de ZP y todo lo bueno, una medalla para el PP. La Copa América, la visita del papa, la Fórmula 1… Eran momentos de euforia en los que se acuñó un mantra que no se podía rebatir: «Qué bonita está Valencia». Quien osara en criticarla se convertía en un enemigo de Valencia, porque Valencia era ella.

El 15 de abril de 2007 se produce el momento cumbre, la fiesta de Prada en el Mercado Central con motivo de la celebración de la Copa América. El edificio modernista situado entre la Lonja de la Seda y la iglesia de los Santos Juanes había sido redecorado por la firma que viste las tiendas de Prada en Estados Unidos, y los habituales puestos de lechugas, naranjas o pepinos lucieron durante un tiempo perfumes, corbatas y bolsos de la exclusiva marca italiana. A los invitados VIP les ofrecían gambas e hidrógenos de El Bulli, tortilla líquida y caviar de melón. Las cámaras de televisión y los fotógrafos no podían entrar, porque dentro del mercado desfilaban Demi Moore y Ashton Kutcher, la actriz Chloë Sevigny, media lista de Forbes y lo más pijo de la sociedad española.

El periodista Rodrigo Terrasa contaba en El Mundo que Rita Barberá llegó a aquella fiesta abrazada al millonario Patricio Bertelli, «vestida de negro, escote y estola de piel a juego», mientras fuera «detrás de una fila eterna de vallas de seguridad esperan cientos de valencianos que chillan cada vez que entra un famoso e intentan adivinar por algún agujero algo de lo que pasa dentro del mercado».

Desde el primer día pudo aspirar a cualquier cargo, consellera, ministra o presidenta de la Generalitat. Pero no los quiso. Decidió entregarse en cuerpo y alma a su ciudad. Ella decía que su pasión era Valencia. Era como la madre, o mejor, la Patrona de la ciudad, la Virgen de los Desamparados. Nadie se enfrentaba a ella. Nadie le llevaba la contraria. Todos la veneraban.

«Cuando yo llegué a esta ciudad, por el año del caldo, aquí no había nada. Era una ciudad apática. Gris. Barcelona tenía las Olimpiadas. Sevilla, la Expo. Madrid, la capitalidad cultural. ¿Y Valencia? Con el PP estamos en el mapa. Ahora casi todo pasa aquí y el mundo se vuelve hacia nosotros y viene a conocernos.» Rita siempre decía lo mismo y enumeraba sus logros: el AVE, la Copa América, la Fórmula 1… Capitalizaba los proyectos. No eran suyos, pero se anotaba el tanto. Era una excelente relaciones públicas.

Con motivo de la celebración de la Copa de América declaró a El País: «Ser el centro de atención mundial no tiene precio. Hay una identidad absoluta entre los valencianos y estos acontecimientos» (09/02/2010).

Por su Valencia desfilaban Patricio Bertelli, Miuccia Prada, Bernie Ecclestone, Flavio Briatore, Ron Dennis, Alejandro Agag, Fernando Alonso, Ernesto Bertarelli, la Reina, los Príncipes, Plácido Domingo, Lorin Maazel, Zubin Mehta… Un universo de megayates y aviones privados. De ricos y monarcas. Aquí se relacionaban y hacían negocios. Y Rita, en medio, se los llevaba a comer paella y los lucía desde el balcón del Ayuntamiento, su terraza particular.

La imagen de aquella época es la del 15 de noviembre de 2009 en el acto de presentación oficial de la escudería Ferrari, que se celebraba en el Circuito de Cheste. A las 14:00 h salieron dos Ferraris descapotables a la pista, uno rojo y uno azul, dispuestos a dar la vuelta al circuito. En el primero de ellos, Alonso y Massa ocupaban el asiento trasero, con el jefe de la escudería, Luca di Montezemolo al volante. Tras ellos, en el Ferrari azul, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al volante, con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como copiloto. Montezemolo entró en la gravilla de la curva para acercarse a los aficionados. Alonso y Massa bajaron para saludar al público, pero cuando volvieron a subir el vehículo no podía salir de la gravilla. Como solución de urgencia, Camps propuso a los embajadores de Ferrari subir al deportivo que él mismo conducía. Los tres se sentaron en la parte de atrás. Juntos, en el Ferrari de color azul del PP, cruzaron la línea de meta mientras el público les aplaudía y los gráficos disparaban sin cesar a una Rita que no cabía en sí de gozo.

Se sentía querida y apreciada por sus vecinos, su pueblo, por aquellos a los que estaba entregando su dedicación y su vida. Ella les correspondía con sonrisas, gestos de cariño y golpes en el pecho.

Siempre ha cuidado sus relaciones con los dirigentes del partido en la calle Génova y ha tenido poder de influencia aunque no haya formado parte de la dirección. Génova se deshacía en elogios cada vez que podía: «No podría haber una alcaldesa mejor», decía José María Aznar; «Sin Rita, este partido en Valencia y en España no sería lo mismo», apuntaba Jaime Mayor Oreja.

Una de las personas con la que entabló una mejor relación durante su vida fue con Mariano Rajoy, quien siempre hablaba bien de ella: «Rita no es solo la mejor alcaldesa de la historia de Valencia, sino una de las mejores alcaldesas que tiene y ha tenido España… Rita está identificada con Valencia. Quién puede alardear de tantos y tantos años de excelente gestión, en los años fáciles pero sobre todo en los difíciles…» Y lo coronaba: «Rita, eres la mejor».

La secretaria general, María Dolores de Cospedal, elevó su categoría a la de un símbolo cuasi religioso: «Rita Barberá es un icono para el PP. Así de claro, y eso se llama tener raza y ser una política de bandera, que es lo que es Rita Barberá». La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, competía con Cospedal a la hora de utilizar el diccionario de piropos: «Rita es una referencia nacional, una voz que siempre se escucha por su sentido común, su serenidad y sus principios tan asentados desde hace tanto tiempo […]. Puede enorgullecerse de ser una alcaldesa referente y un referente para todos los que estamos en política […]. Tengo la suerte de tener en Rita una amiga y una consejera, una persona que siempre que he necesitado ha estado ahí». La vicepresidenta fue más allá cuando presentó a Barberá en una conferencia: «Yo, cuando empecé en esto, mi madre me decía, “si tienes que parecerte a alguien, a esa, a la política de Valencia, a Rita. Esa es la mujer que a mí me gusta”».

Ella no se perdía en cuestiones internas del partido, y menos en las locales. Para eso tenía a sus peones. El presidente local, Silvestre Senent, fue sus ojos, sus oídos y sus brazos en la agrupación local durante dos décadas. Jamás criticó al Gobierno local. No se atrevió ni a hacer una sugerencia. Rita era la lideresa con independencia de que él la representara en el colectivo. Lo jubiló para salvarse ella, cuando en 2015 necesitaba oxigenar la candidatura.

Con Aznar siempre se llevó de maravilla, pero a Mariano Rajoy lo tenía comiendo de su mano. En 2008, cuando este atravesaba su peor momento y el ala dura del PP liderada por Esperanza Aguirre cuestionaba su liderazgo tras dos derrotas consecutivas frente a Zapatero, Rajoy se encomendó a ella como quien reza a la virgen y se echó en sus brazos. Barberá le acogió en uno de sus feudos, Feria Valencia, cuyo patronato presidía, y le organizó un congreso a su medida.

En esta cita trascendental para el futuro de la derecha española no solo le prestó su cariño, el de Camps y el de toda su gente, sino que también le regaló la infraestructura, porque no se pagaron los 580.000 euros de alquiler de las instalaciones. Rajoy salió reforzado en el cónclave, fue reelegido presidente del partido y pudo optar de nuevo a la presidencia del Gobierno en 2011, esta vez con más éxito. Aquel congreso de 2008 se cerró con la fiesta organizada por los hombres de Francisco Correa y Álvaro Pérez en Feria Valencia, y pagada con el dinero en B de la corrupción valenciana, según el sumario de Gürtel.

El otro segundo momento más difícil de Rajoy fue en agosto de 2013, cuando El Mundo publicó los mensajes de móvil que había mandado al tesorero del PP, Luis Bárcenas, en los que le decía «sé fuerte» ante la investigación por Gürtel. Barberá cogió el AVE y se fue a Madrid a mostrarle su apoyo. El gasto figura en el expediente de Ritaleaks porque lo cargó al Ayuntamiento de Valencia.

Ha sido la representante de un partido político valenciano más poderosa, la que tenía hilo directo con La Moncloa o la calle Génova. Sobrevivió a Zaplana, convivió con José Luis Olivas e influyó en Francisco Camps, a cuyo lado estuvo en el dramático momento de su dimisión. Con Alberto Fabra fue con el único que no tuvo ninguna sintonía. Detestaba las líneas rojas contra la corrupción que impuso y que afectaban al entorno de Francisco Camps y a su gente. En septiembre de 2014, amplios sectores del partido especulaban sobre la candidatura de Alberto Fabra para las autonómicas de 2015, y Mariano Rajoy citó a la alcaldesa a La Moncloa a espaldas de la dirección regional para trazar la hoja de ruta. La reunión, que se prolongó más de tres horas, desconcertó a todo el partido, pero dejó muy claro que solo había una líder y un PP en Valencia: Rita Barberá.

Los escándalos que toreó

No todo ha sido un paseo de rosas. Barberá ha tenido que lidiar con varios escándalos relacionados con la corrupción. Algunos los sorteó con mayor suerte que otros. El primero, el caso Naseiro, quedó atrás al no incluirse a Salvador Palop en la lista municipal que lideraba Rita Barberá en 1991.

En los primeros años, los de minoría en el Salón de Plenos, hubo dimisiones. Uno de los ediles de su gobierno, Arturo Gascó, se vio implicado en el caso Star con su empresa de seguridad. No declaró acciones de su mujer y dimitió en 1994. La audiencia de Valencia le condenó, aunque el Tribunal Supremo revocó la sentencia. Otro concejal, Salvador Cardona, dimitió en 1995 por comprar material por 2.500 euros para una de sus concejalías a empresas en las que participaba como socio.

En los siguientes años y fortalecida por la mayoría absoluta, se atrincheró defendiendo a los suyos, y hasta 2015 no habría más dimisiones. Jorge Bellver fue imputado en mayo de 2010 en el caso Monforte, y acusado por el fiscal de prevaricación en la adjudicación de un aparcamiento subterráneo en 2004 junto a los jardines de Monforte, declarados Bien de Interés Cultural (BIC) sin permiso previo de la conselleria de Cultura. Rita y Camps lo protegieron colocándolo en la lista autonómica de 2011, lo que permitió que al ser elegido diputado estuviera aforado y su caso fuera juzgado en el Tribunal Superior de Justicia. Fue absuelto.

El caso Emarsa fue el primero en el que la oposición la señaló directamente. La alcaldesa de Quart de Poblet y dirigente del PSPV-PSOE, Carmen Martínez, la acusó en noviembre de 2010 de ser la responsable política del saqueo de la empresa que gestionaba la depuradora de Valencia, ya que el Ayuntamiento de Valencia posee la mayoría de votos en la asamblea de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, propietaria de Emarsa. Además, los principales directivos de la empresa pública eran personas de su más absoluta confianza, como el gerente, Esteban Cuesta, a quien había nombrado alcalde pedáneo de Benimàmet. Barberá interpuso una querella contra Martínez que se archivó inmediatamente.

En 2012 el PP permitió que se desarrollara una comisión de investigación del caso Emarsa en las Cortes que no aportó ninguna novedad. Probablemente, la imagen que quedó de la iniciativa fue la del socialista Ramón Marí exhibiendo un bolso Louis Vuitton valorado en 900 euros como el que Esteban Cuesta, el cabecilla de Emarsa, había regalado a Barberá.

Las principales polémicas se han centrado en la gestión del patrimonio urbanístico, que acabaron beneficiando al Valencia CF, a empresarios próximos al PP (como en la permuta de la antigua Tabacalera), o a la Iglesia católica. Barberá ha favorecido los intereses del Arzobispado en múltiples operaciones, las más relevantes fueron la recalificación de terrenos públicos para cedérselos a la Universidad Católica San Vicente Mártir o el convenio de permuta de la plaza de la Almoina.

Barberá sabía recompensar a sus amigos. El empresario y constructor Bautista Soler, uno de los empresarios más próximos al PP, solicitó que dejara de ser peatonal uno de los accesos a los céntricos cines Lys, de su propiedad. Y es que después del sospechoso incendio que arrasó en 1989 con el histórico edificio, nunca aclarado, Soler decidió construir en el mismo lugar un complejo con 14 salas y un negocio de parking que requería el empujón municipal para convertirse en una mina de oro. En 2004, el PP de Barberá también patrocinó la operación para que Soler adquiriera al empresario Paco Roig las acciones del Valencia C.F. y pusiera en marcha el Nou Mestalla, un recinto donde quería que se celebrara la final de la Liga de Campeones en 2011. Las obras del mastodóntico estadio se paralizaron en 2009 y se convirtieron en otro símbolo de la crisis y la ruina. El proyecto contemplaba para su financiación con sospechosas operaciones urbanísticas que beneficiaban a los constructores del régimen y exaltaban la grandeza del valencianismo —ahora deportivo— en el mismo sentido que utilizaron otros símbolos como las fallas.

Donde ha mostrado menor sensibilidad durante su mandato ha sido con las víctimas de la Guerra Civil del bando republicano, ya que se ha negado a retirar los símbolos franquistas en la ciudad y rehabilitar los refugios que se utilizaron en los ataques del bando nacional a Valencia, tal y como reclamaban los colectivos en defensa de la memoria histórica. El PSOE la denunció, y en abril de 2016 el titular del juzgado de instrucción número 16 de Valencia pidió al Tribunal Supremo que la imputara por supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Tres meses después el alto tribunal lo archivó alegando que no constaba la orden directa de la regidora para que se desobedeciera la normativa.

Contrasta esta actitud con el apoyo que Barberá siempre ha prestado a otras víctimas, como las del terrorismo de ETA, que se intensificaron en la época en la que Zapatero buscó la paz y pactó una tregua con la banda armada. En febrero de 2007 encabezó en Madrid (junto a otros dirigentes del PP, como Mariano Rajoy) la marcha con el lema «España por la libertad, no más cesiones a ETA», en la que se exhibieron pancartas en las que decía «¡No en mi nombre!» y llamando a Zapatero «traidor».

Una de las principales batallas de Rita Barberá durante casi dos décadas fue la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. La idea nació en 1997, en su primera mayoría absoluta, y suponía destrozar el barrio de El Cabanyal, calificado como Bien de Interés Cultural por «su estructura urbana en retícula, derivada de las alineaciones de las antiguas barracas, en la que se desarrolla una arquitectura popular con clara raigambre eclecticista».

El primer proyecto preveía eliminar 1.651 viviendas (entre ellas la Casa dels Bous y la Lonja de Pescadores) y partir en dos el pueblo marinero. En este contexto, los vecinos del barrio iniciaron una lucha para defender sus casas y crearon la plataforma Salvem El Cabanyal, mientras el gobierno local dejaba de invertir y permitía que se deteriorara para acelerar las expropiaciones.

El enfrentamiento se recrudeció cuando, gracias a las gestiones de la portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, y la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, el Gobierno de Zapatero apostó por la protección del barrio y Rita Barberá (junto a Francisco Camps) intentó maniobrar para acelerar su proyecto. La justicia se puso del lado de la plataforma ciudadana, pero durante la crisis, se vivieron momentos de una enorme tensión. En abril de 2010 la policía detuvo a la líder de Compromís, Mónica Oltra, y a varios activistas que abrazaban las casas para evitar su derribo.

Un bolso de Loewe es un «regalo habitual»

El estallido del caso Gürtel en febrero de 2009 le da de lleno. Lo vive como un calvario personal y una persecución a su amigo Francisco Camps. Rita le acompañó en su viacrucis particular por el caso de los trajes, nunca lo dejó solo, y estuvo a su lado en los momentos trascendentales, cuando fue a declarar al TSJ o en el momento de su dimisión.

Ella también aparecía como benefactora de regalos en las conversaciones de Álvaro Pérez, El Bigotes, aunque a diferencia de Camps, que desde el Consell había beneficiado a las empresas de la trama Gürtel, Barberá no había firmado directamente contratos con este grupo. En una de las grabaciones de la policía, el delegado de Correa habla con uno de sus hombres, Cándido Herrero:

«Estoy en Louis Vuitton porque hay una cosa que no hemos pensado, porque llevamos cuatro años aquí regalándole una cosa a la alcaldesa y este año no voy a dejar de regalarle algo, ¿sabes? No nos da nada, no sirve de nada, pero tampoco me jode, ¿sabes? Le voy a comprar un bolso de la colección nueva y a tomar por culo. Me voy a gastar menos que el año pasado, pero se lo compro.»

Siendo Rita Barberá presidenta de la Federación de Municipios y Provincias las empresas de Correa sí que recibieron suculentos contratos para organizar sus asambleas. La Televisión Municipal de Valencia, que funcionó entre 2007 y 2012, estaba gestionada por una empresa de José Luis Ulibarri, uno de los constructores vinculados a la trama Gürtel. Las empresas de Francisco Correa y Álvaro Pérez hicieron negocio en la visita del papa a Valencia o en otros eventos en los que Barberá tenía un papel relevante.

Al fin y al cabo, la alcaldesa era esa señora de rojo que siempre estaba al lado de su «amiguito del alma», el presidente del Consell, Francisco Camps, que le quería «un huevo», según queda reflejado en las conversaciones del sumario de Gürtel. El Bigotes deja claro en su conversación que la alcaldesa «no nos da nada», pero «tampoco me jode», porque podría haber utilizado su influencia para que no les contrataran, pero no lo hizo y había que tenerla contenta.

La empresa de comunicación que Rita Barberá contrataba para facturar por conceptos propios de imagen corporativa durante veinte años era Trasgos, muy bien relacionada con el sector cristiano del PP local. Según El Mundo facturaron 2,6 millones de euros con contratos fraccionados a través de diferentes empresas del grupo, algunas dedicadas a la construcción. Realizaron trabajos para la visita del papa Benedicto XVI en 2006, Expojove, la Japan Week y para varias concejalías. En ocasiones lo hicieron en colaboración con las empresas de Correa. Sobre las adjudicaciones a este grupo también se abrió una investigación a raíz de una denuncia de Compromís.

La relación de Feria Valencia, cuyo patronato estaba presidido por Rita Barberá, con la trama Gürtel también era intensa. De hecho, este organismo pagó dos facturas por valor de 1,2 millones de euros a Orange Market.

En 2002, Feria Valencia diseñó uno de los proyectos megalómanos habituales en la época, la ampliación de su recinto de exposiciones. Estaba presupuestado en 300 millones de euros, pero el coste final se disparó hasta los 641. En la ejecución de la obra se pagó por algunos elementos hasta diez veces más del coste real, según el informe de Intervención de la Generalitat elaborado en 2014 a instancias de la conselleria de Hacienda. Debido a que Feria Valencia es una entidad deficitaria, la Generalitat podría verse obligada a pagar 1.027 millones de euros por el coste del proyecto hasta 2029, incluyendo los intereses de los créditos bancarios contraídos.

Tan solo en 2009, Feria Valencia gastó 10,7 millones de euros en publicidad y relaciones públicas. Las dietas por gastos e indemnizaciones del comité ejecutivo entre 2004 y 2012 fueron de 1,8 millones de euros, mientras los resultados negativos superaban los 21 millones de euros. También se hincharon facturas, según el mismo informe. Hay muchos ejemplos: se gastaron 9 millones en fuentes, estanques y plazas cuando el coste real era de 4,9 millones; se pagaron 113.049 euros por la instalación de enchufes y tomas de teléfonos que no superaban los 11.000 euros; se compraron 50 sillones para la sala VIP a 1.135 euros pese a que había recibido otras ofertas por 600 euros la unidad.

En 2004 se modificó el proyecto de ampliación y se incluyó un gasto de 27,6 millones de euros para poner en marcha una estación de metro que nunca se llegó a construir. En ningún caso se respetaron los procedimientos de contratación pública.

Y es que los antiguos responsables de Feria Valencia sostienen que se trata de una asociación privada sin ánimo de lucro, por lo que no está sujeta a ningún tipo de fiscalización de las Administraciones públicas. Para defender su posición se apoyan en un dictamen del Consell Jurídic Consultiu, del que forma parte Francisco Camps. Por el contrario, numerosos juristas y la propia Intervención de la Generalitat señalan que el consorcio tiene naturaleza pública vinculada al Ayuntamiento de Valencia (propietario de los terrenos sobre los que se alza) y a la propia Generalitat. De hecho, los principales puestos del patronato están ocupados por representantes de ambas administraciones y la diputación provincial.

Cuando se produjeron los hechos, Barberá presidía el Patronato de Feria Valencia, mientras al frente del comité ejecutivo estaba el empresario Alberto Catalá, hermano de uno de los trabajadores más cercanos a Rita Barberá en el Ayuntamiento, Rafael Catalá. La empresa de seda de los hermanos Catalá fue, durante ocho años, la suministradora oficial de los trajes que el consistorio regalaba a la Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de la ciudad. Facturó por ello 158.630 euros.

A raíz del informe de Intervención, la Fiscalía Anticorrupción puso en marcha una investigación por presunta malversación. También en las Cortes Valencianas se creó en abril de 2016 una comisión de investigación sobre la gestión del PP en Feria Valencia.

En las tarjetas de crédito pagadas por la entidad aparecen gastos de viajes a Costa Rica, Shangai, Zurich o el Moulin Rouge de París. Los directivos de Feria Valencia gastaron 7.740 euros en regalos de lujo para la alcaldesa, entre los que se encuentran bolsos de Carolina Herrera, Loewe y Bulgari; guantes, pañuelos, billetera Bulgari, broches de Hermès o varios cheques regalo de El Corte Inglés de hasta 700 euros.

Bolsos de Emarsa, bolsos de Gürtel, bolsos de Feria Valencia… Llega un momento que la alcaldesa no puede soportar la presión y se ve obligada a dar explicaciones:

«Un bolso de Louis Vuitton es un regalo absolutamente habitual», afirmó airada y visiblemente molesta, en rueda de prensa. «Y ¿sabe qué? A mí no me han regalado equipamientos deportivos, ni ningún ático, ni ningún ERE». La alcaldesa explotó y criticó la «hipocresía» de quienes le acusan de un presunto delito asegurando que «en este país es una costumbre habitual recibir regalos en Navidad». Dijo a los periodistas que sus jefes en los medios de comunicación también le hacían regalos, y aludió al presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla y a su costumbre de regalar anchoas a Zapatero.

La crispación de los últimos años le afectó profundamente. Se encerró, no daba ruedas de prensa, y cuando los periodistas no eran tan dóciles como ella quería y le preguntaban en actos o inauguraciones se molestaba, se ponía tensa y lo veía como un ataque. Pero pese a los escándalos, su popularidad se mantenía intacta y revalidaba cada cuatro años su mayoría, incluso en los barrios más descuidados.

El caloret

El ritual se repite, año tras año, el último domingo del mes de febrero. Por la mañana, la despertà. Después, la entrada de bandas de música y la interpretación del pasodoble «El Fallero». Y al medio día, la mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Los falleros y falleras comen en los casales en ambiente de euforia, a media tarde salen en comitiva hacia las Torres de Serranos, y allí, al son de la música y con actividades en directo, esperan a que anochezca para presenciar el discurso de la Crida, el momento en el que la alcaldesa entrega las llaves de la ciudad a la Fallera Mayor y esta anuncia el «valencians i valencianes, ja estem en falles!».

Lo que ocurrió el 22 de febrero de 2015 nadie se lo esperaba. Rita Barberá tomó la palabra ante unas 60.000 personas y ofreció su peor discurso. Se equivocó varias veces, pasó del valenciano al castellano, se bloqueó, inventó palabras, se vio superada tras encadenar varios errores e hizo una pausa intentando reaccionar. El público pitó y las redes se incendiaron.

«Falleres i fallers, vos anime a que deisem… dejeim pasar el fred del verano, el fred de l’hivern i bojquem, bosquem el caloret, el caloret faller, el caloret, sin duda, el caloret de foc i la flama, el caloret faller… tenim que buscar la llegá de… l’arribada de la festa fallera.»

Habló del «fred del verano» (frío del verano), dijo «verano» en lugar de «estiu», dijo «deseim» y hasta «dejeim» en lugar de «deixem», se inventó lo de la «llegá» o el «bosquem», y abusó del «caloret» (particular traducción de «calorcito»).

La catarata de montajes, memes y parodias fue incontrolable. Los humoristas la imitaban, las televisiones le dedicaban especiales… Se registró hasta una canción. Hubo quien compró el dominio www.elcaloret.es y lo convirtió en un sex-shop on-line. La oposición, universidades públicas, incluso la Acadèmia Valenciana de la Llengua, salieron en tromba. En otros momentos la cosa no habría pasado de una burla desde la oposición, pero los propios votantes empezaron a estar ya cansados. Barberá perdía su imagen de invulnerable.

El día siguiente, la alcaldesa pidió disculpas por sus errores, algo que, orgullosa como era, jamás había hecho con anterioridad. Dijo que se sentía «profundamente disgustada», que ella era, «probablemente», «la persona que estaba más disgustada», pero lo justificó en el hecho de haberse quedado «en blanco». «Todo el mundo no tiene todos los días buenos, y alguno sale mal. Desgraciadamente [todo sucedió] en un acto tremendamente importante para el mundo fallero y el mundo valenciano.»

Pablo Motos afirmó en El Hormiguero que, «más que en blanco se ha quedado con todo el tinto». El Gran Wyoming también se refirió a ella en El Intermedio: «Viendo cómo se le da el cargo y el dominio de los idiomas, ya está preparada para ser alcaldesa de Madrid», dijo aludiendo al famoso «relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor» de Ana Botella. «Ya sabemos por qué llevan las ensaimadas en las orejas las falleras mayores, para no escuchar a la alcaldesa», añadió.

Para Andreu Buenafuente, la alcaldesa «era Ferran Adrià con peluca. Si sabes cómo se pone ¿pa qué la invitas?». El humorista Xavi Castillo salió en defensa de la alcaldesa de forma irónica: «Qué pasa, que mai s’heu bufat de casalla? Es insuperable. Lo único que podemos hacer es aprender de la maestra».

El PP de Valencia trató de darle la vuelta, y durante las fiestas los concejales lucieron una chapa con el lema «I love caloret faller», tratando de convertir en anécdota el bochorno. Pero lo cierto es que si la imagen de Rita Barberá había sufrido un duro desgaste durante los últimos años, el patinazo ante su colectivo más fiel, el de las fallas, la dejó tocada y hundida.

Su última campaña electoral sería dura.

Alfonso Grau y el caso Nóos

Rita Barberá ficha a Alfonso Grau para las elecciones de 1995. Este médico, especialista en cirugía general y digestiva, era el jefe clínico de Cirugía del Hospital General y se había convertido en uno de los principales dirigentes del sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios). Era presidente autonómico y vicepresidente nacional de la organización, en la que pudo sortear varias polémicas, como un caso de presunta estafa en la construcción de viviendas en Madrid, similar al del PSV de la UGT, y a otras acusaciones internas.

El doctor Grau tenía plaza fija en el Hospital General pero prefería más otro tipo de operaciones. Le atraía más la moqueta del poder que el frío del quirófano. Para dar el salto a la política le pidió ayuda al presidente provincial del PP, Manuel Tarancón, que primero lo ofreció a Eduardo Zaplana, que lo rechazó, y más tarde a Barberá, a quien supo ganarse muy pronto. Su ascenso sería tan rápido como su caída, veinte años después.

Con su figura, la alcaldesa suple el vacío que deja en su equipo de gobierno la marcha de Francisco Camps y Juan Cotino, el primero como diputado nacional y el segundo como director general de la Policía Nacional con Aznar.

Grau ostenta en sus comienzos la concejalía más vistosa y más agradecida, la de Fiestas, la que en la anterior legislatura detentaba (por reparto) Vicente González Lizondo (UV), lo que le otorga gran proyección. Se trata de una masa de 100.000 personas, el principal tejido asociativo de la ciudad. A los pocos meses se convierte ya en primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda. Con los años gana peso y se estrecha la amistad entre Barberá y Grau, que va asumiendo las áreas con más peso (Economía, Grandes Proyectos y Turismo), desde donde se diseñaba aquella Valencia radiante del futuro: el plan de El Cabanyal, la Marina Real, el Parque Central, etc.

Grau era el portavoz del Grupo Popular municipal y el ariete de la oposición, con una actitud siempre dura y desafiante, ejerciendo de escudero de la alcaldesa. Solo Alfonso Grau se atrevía a decirle a Rita Barberá que no estaba de acuerdo con ella. El resto, callaba y le daba la razón. Todos los convenios urbanísticos pasaban por su mesa y era él quien se reunía con los grandes constructores. Era el verdadero capo del Ayuntamiento, mientras la alcaldesa se centraba en la faceta política. En 2004, ante la hipotética marcha de Rita a Madrid como ministra del gobierno de Rajoy, todo estaba listo para que Grau la sustituyera. La victoria de Zapatero frustró aquellos planes.

Años después, hay un momento en el que empieza a buscarse el relevo generacional a Barberá y aparecen dos nombres como sus delfines: los concejales Jorge Bellver y Marta Torrado. Formados, jóvenes y con proyección, en 2011 ambos eran las personas más cercanas a la alcaldesa, pero Rita facilita su salida del grupo, al primero como Síndic del Grupo Popular en las Cortes Valencianas (en sustitución de Rafael Blasco, procesado en el caso cooperación) y a la segunda como diputada nacional. En aquel momento cortó las especulaciones y le entregó un cargo de nueva creación, pensado para él y con muchísimo poder, el de vicealcalde. Para entonces ya no era su relevo, solo su apoyo.

El idilio Grau-Barberá se rompió por la investigación sobre Iñaki Urdangarín y el caso Nóos. La Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, que presidía Alfonso Grau por delegación de la alcaldesa, destinó 1,5 millones de euros a la celebración de los Valencia Summit, jornadas organizadas por el Instituto Nóos que presidía el duque de Palma durante los años 2004, 2005 y 2006.

Los Valencia Summit no eran solo unas conferencias. Gracias a aquella iniciativa se desarrollaron en la ciudad aquellos eventos deportivos que le aportaron a la alcaldesa tanto glamour. Pero la aportación económica de las arcas municipales a la entidad presidida por el Duque de Palma se realizó mediante una fórmula que se cuestionaba, un convenio, y lo que era peor, solo una pequeña parte se destinó a su cometido, porque la red creada por Urdangarín lo desvió a paraísos fiscales.

En mayo de 2013, el juez que instruía el caso Nóos en Palma de Mallorca, José Castro, pidió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la imputación de Rita Barberá y Francisco Camps —ambos diputados autonómicos, por lo que solo podían ser juzgados en este tribunal— por los pagos realizados a Urdangarín, al considerar que «existen indicios» de que «han podido tener decisiva e imputable intervención» en los contratos. La Fiscalía Anticorrupción se pronunció favorablemente. Sin embargo, el TSJCV no aceptó investigarles a pesar de que en el auto afirmó que «indudablemente» existen conductas que «claramente pueden revestir los caracteres de delito», pero eso «no nos puede bastar, sino que ha de quedar justificado un principio de prueba para afirmar que los aforados han tenido una participación personal y directa en ellos».

Las investigaciones por la contratación del cuñado del rey Felipe VI no consiguieron sentar en el banquillo a Barberá pero salpicaron de lleno a su escudero, Alfonso Grau, que no estaba aforado y a quien el juez Castro sí llevó a juicio. El abogado de Grau y artífice de la estrategia judicial que exoneró a Rita era el cuñado de la alcaldesa, José María Corbín.

Ante la proliferación de escándalos y la necesidad de frenar la previsible debacle electoral que se avecinaba, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, había marcado unas líneas rojas contra la corrupción, que pasaban por la dimisión o cese de todos los cargos que fueran imputados. Rita no tenía ninguna sintonía con Fabra y, al igual que Alfonso Rus y otros dirigentes, criticaban esta medida por, supuestamente, atentar contra el principio de presunción de inocencia. Se resistió a aplicársela, pero finalmente la presión del partido acabó por forzar su dimisión el 16 de marzo de 2015, en plenas fallas. La alcaldesa entendió su sacrificio como un mal necesario y su vicealcalde tragó saliva por última vez.

Grau llevó con amargura aquel período, con enfrentamientos directos con los periodistas que le preguntaban por su situación procesal. «¿Si no está imputado, señor Grau, por qué ha convocado esta rueda de prensa?», le dijo un periodista de una televisión nacional. «Porque me da la gana. ¿Es suficiente respuesta o se la tengo que clarificar?», respondió profundamente enojado, levantando la voz. En aquella comparecencia semanas antes de su dimisión se mostró como un animal herido: «Ese sería su deseo, pero no es la realidad», «no voy a debatir asuntos jurídicos aquí con usted», «el que contesta aquí soy yo», «nadie me va a marcar cuáles son las decisiones que tenga que decidir».

El pacto con Barberá para tirar la toalla contemplaba que él daba un paso atrás, dimitía y renunciaba a un nuevo mandato, pero a cambio, su mujer, la asesora y exconcejal María José Alcón, iría en los primeros puestos de la lista para los comicios del 24 de mayo de 2015. Así, al menos, mantendría su cuota de poder y capacidad de influencia sobre la futura corporación.

Matrimonio y divorcio, dos en uno

María José Alcón y Alfonso Grau se habían casado en segundas nupcias el 29 de febrero de 2015. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia de San Nicolás, la conocida popularmente como Capilla Sixtina valenciana, con Rita Barberá como testigo y oficiada por el párroco Antonio Corbín. Él vestía un traje oscuro y corbata plateada; ella, azul celeste, tocado turquesa en el pelo y un ramillete de flores blancas. La única foto que se publicó la hizo el fotógrafo del Ayuntamiento. Vicente (hijo de ella) y Sofía (hija de él) fueron los padrinos.

La ceremonia estaba prevista en enero pero se aplazó por la bronconeumonía de la novia, siempre débil y enfermiza. El convite tuvo lugar en el Hotel Las Arenas e incluyó jamón, ensalada de bogavante, solomillo, postre y tarta nupcial.

Los dos entraron de concejales en 1995, con la primera mayoría absoluta de Barberá. Alcón tuvo primero la delegación de Parques y Jardines y Disciplina Urbanística, y posteriormente Cultura, hasta 2009. María José llegó al equipo de Barberá recomendada por su entonces marido, Vicente Burgos, amigo íntimo del exconcejal Francisco Camps. De hecho, Burgos formaba parte del clan del Agujero, los amigos de la Universidad de Francisco Camps, junto a Esteban González Pons, Gerardo Camps, etc., y fue presidente de Nuevas Generaciones del PP. En 2003, cuando Francisco Camps llega a la presidencia de la Generalitat, es uno de los primeros a los que sitúa en un cargo de responsabilidad y le entrega la dirección de la Fundación Jaume II El Just, encargada de impulsar culturalmente el Monasterio de la Valldigna.

En esa etapa es en la que Alcón, a la que Rita Barberá asciende en su organigrama y entrega el área municipal de Cultura, entabla una gran amistad con una de las personas que trabajaban con su marido, el exconcejal de Xàtiva Marcos Benavent, un personaje encantador y con un futuro prometedor dentro del partido. En aquella época, el modo de vida de Vicente Burgos deriva hacia el alcohol, las drogas y los excesos. El propio Benavent admite en una de sus declaraciones que su objetivo en la Fundación era «controlar» la vida de «adicciones y descontrolada» de su superior.

En aquellos años, Burgos acumuló multitud de multas e imputaciones por delitos contra la seguridad vial o por el uso de violencia. En un control de alcoholemia en Godella le dijo al agente de modo despectivo y elevando el tono de voz: «vaya mierda de control de mierda que habéis montado, sois unos inútiles que os dedicáis a dejar pasar a los que os sale de los huevos». El agente le pidió la documentación y él le contestó: «yo a ti no te doy nada, payaso».

Fue cesado en 2008 tras arruinar a la Fundación Jaume II El Just, a la que dejó con una deuda de 9 millones de euros, tras una gestión basada en los grandes fastos, y actividades elitistas. Llegó a tener hasta una orquesta propia. A pesar de este balance, su partido no le dejó en la cuneta, lo que demuestra su ascendencia. Fue uno de los consejeros nombrados para cerrar RTVV por Alberto Fabra y después fue nombrado jefe de Gabinete del Consell Jurídic Consultiu, donde trabaja su amigo Camps. De este cargo tuvo que dimitir para ingresar en la cárcel de Picassent por el impago de una multa.

La separación de Burgos y Alcón en 2009 es un episodio muy doloroso, un tema tabú. La exconcejal declaró en el juzgado que su separación fue por un «motivo muy traumático», y era que su marido consumía cocaína, según reveló el periodista Juan Nieto en El Mundo (en el interrogatorio, el fiscal le preguntó si era Benavent el que suministraba esta sustancia). María José Alcón sufrió un grave accidente que la tuvo en baja por incapacidad. Tuvo una caída de un segundo piso, en circunstancias extrañas, y según ella misma declaró al juez, padece secuelas ya que sufrió lesiones por un golpe en la base del cráneo, en la zona occipital derecha, que le habría afectado a la memoria.

El vicealcalde Alfonso Grau se hizo cargo de la situación y asumió una parte de sus competencias en esa etapa, por lo que tuvieron mucho contacto personal. Su matrimonio con Vicente Burgos fue declarado nulo. En mayo de 2012, María José recibió el alta y fue repescada como asesora del Grupo Popular en el Ayuntamiento, siempre con la ilusión de volver a ostentar sus concejalías tras las elecciones de mayo de 2015.

Alfonso, con dos hijas, y María José, con uno, se enamoraron y todo indicaba que iniciaban una nueva etapa de felicidad, cuando juraron quererse y estar juntos en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte les separase, en la iglesia de San Nicolás.

El procesamiento de Grau por el caso Nóos tuvo lugar en plena luna de miel. De hecho, el 2 de marzo, solo dos días después de la boda, la Audiencia de Palma ordenó abrir juicio oral contra el vicealcalde, acusado de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial. Se enfrentaba a una petición de 11 años de cárcel. Nada más volver de su viaje, el 16 de marzo, dimitió.

La cronología en la cuenta atrás de las elecciones es fundamental para establecer la relación de todos los protagonistas y la sonada ruptura entre el matrimonio Grau-Alcón y Rita Barberá. La crisis tuvo lugar en abril, con la confección de las listas electorales. Alcón fue relegada a un puesto que hasta las encuestas más optimistas valoraban como de imposible elección, el número 16, lo que suponía un incumplimiento del pacto y desató la furia de Grau, que hizo llegar su enfado a Barberá.

Días después estalló el entonces llamado caso Imelsa y salieron a la luz por primera vez unas conversaciones grabadas por Marcos Benavent nueve años antes (2006), en las que María José y Marcos, al parecer, estaban aceptando sobornos para adjudicar obras de su concejalía. «Ahí te dejo 10.000 euros, 5.000 para el partido y 5.000 para mí», dice Benavent en relación a la adjudicación de Cleop sobre la restauración de las Torres de Quart. En un momento dado, Alcón pregunta si «estos Reyes Magos no tienen nada de billetes» y Benavent le explica que sí, que 9.000 euros, «dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas».

Al trascender la conversación en los medios de comunicación, el 7 de mayo de 2015, Alcón fue suspendida de militancia y un día después dejó la lista electoral, lo que según la alcaldesa era «una decisión personal».

En realidad no fue una decisión personal suya. Cuando el juez Víctor Gómez tuvo en sus manos las grabaciones de 2006 realizadas por Marcos Benavent, con las supuestas mordidas de Alcón, y la denuncia de la fiscalía, ordenó pinchar sus teléfonos. El nuevo material permite reconstruir lo ocurrido en aquellos días de vértigo tras una emotiva boda y a las puertas de las elecciones municipales en las que la hegemonía del PP se tambaleaba.

La bronca que tuvo Alfonso Grau con Rita Barberá el 7 de mayo, cuando le dijo que no iría en la lista electoral, fue monumental.

Rita: Todo ha sido un problema de responsabilidad.

Alfonso: ¿Me hablas de responsabilidad? Mira, en esta familia el cupo de sacrificar inocentes para salvar a responsables ya lo hemos cubierto. ¿Vale? Por lo tanto no me hables a mí de responsabilidad. Hasta aquí hemos llegado.

Rita: Ya te veo a ti venir por dónde vas… Quiero hablar con María José.

Alfonso: No.

El ya ex vicealcalde se lo cuenta por teléfono a su esposa. Y María José le dice: «Es que parece mentira… Ella… Con lo en pecado que está contigo, que te levante la voz… Ella sabe que te ha metido a su sobrino hasta en las narices». Y Alfonso responde: «Ella sabe por qué estoy yo en el lío en el que estoy, lo sabe, y algún día tenía que suceder. Se ve que se le quema el culo, pues que se le queme, que ya está bien».

Horas después quedan para ir juntos al abogado y darse de baja del PP, un partido «que se dedica a castigar inocentes para tapar el culo a los verdaderos culpables», dijo en referencia a su procesamiento por el caso Nóos. «Que se entere todo el mundo de la puta mierda que es esto, a mí estos no me hacen pasar ni un minuto más de mal rato», añade el ex vicealcalde. Y asegura que «hay grabaciones que afectan hasta al presidente».

María José Alcón llama después a su hijo y se lo cuenta: «Alfonso la ha tenido muy gorda con Rita y le ha dicho que tenga cuidado con lo que hace y con lo que ha incumplido, porque hay un tema que ha pagado él y sabe que es cosa suya. Está la alcaldesa cagada».

En aquellas fechas, el juzgado de instrucción número 1 de Mislata procesaba a María José Alcón por fraude fiscal y contra la Seguridad Social en relación con la herencia de su padre. En este caso la acusaba a ella, a sus dos hermanos y a su madre de no presentar la declaración de renta del fallecido, cuya herencia recibieron, y quedarse con 192.131 euros que debían aportar al fisco. Además, la viuda también defraudó 190.000 euros en la liquidación del IRPF de 2009.

El «pitufeo»

Las nuevas escuchas, ordenadas en abril de 2015 por el magistrado a raíz de aquellas grabaciones de Marcos Benavent realizadas nueve años antes, no solo permitieron conocer los detalles de la ruptura del matrimonio Alcón-Grau con Rita Barberá, el juez también halló la prueba clave para investigar si el PP local se financiaba ilegalmente con dinero negro procedente de mordidas y si tenía una amplia red de colaboradores para blanquearlo.

La conversación se produjo el 15 de abril de 2015 a las 21:30 h, cuando la exedil estaba ingresada en un centro por un problema de salud. En ella le describía a su hijo la «corrupción política total» que había en el ayuntamiento, que había «mucho dinero negro» y que les daban dos billetes de 500 a los concejales y asesores para hacer una transferencia legal a un número de cuenta. Lavado de dinero con pequeñas cantidades y con la participación de muchos actores, lo que en el argot de la corrupción se conoce como «pitufeo».

Para conocer el alcance de lo ocurrido es importante resaltar que Alfonso Grau no era solamente el vicealcalde de Valencia. El Partido Popular de Valencia lo había designado coordinador de la campaña electoral para las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, antes de su dimisión por el caso Nóos, lo que implicaba que él estaba a cargo de las cuentas para financiarla.

Una de las tesis más extendidas es que cuando Grau dimitió, dejó todos sus cargos y vació la caja B del PP en el Ayuntamiento de Valencia, lo que habría obligado a la cajera del Grupo Popular, Mari Carmen García Fuster, a pedir aportaciones extraordinarias de 1.000 euros a todos los concejales y asesores para poder pagar los actos de la campaña electoral, unas donaciones perfectamente legales (El Mundo, 05/02/2016).

En aquel divorcio entre vicealcalde y alcaldesa hubo puñaladas por la espalda. La Agencia Tributaria recibió una denuncia anónima sobre un supuesto delito continuado de cohecho de Grau y un empresario valenciano, Urbano Catalán, en el conocido como caso Transvía. Al parecer el empresario habría entregado varios relojes de lujo a Alfonso Grau a cambio de obtener contratos ventajosos, como el Bus Turístic de Valencia, por el que en catorce años no ha pagado ningún canon. Grau devolvía o cambiaba los relojes por otros de menor valor y se quedaba con el dinero.

En medio del caos, ante la acumulación de operaciones policiales y escándalos en la ciudad del Turia, este nuevo caso provocó la detención del ex vicealcalde el 22 de febrero de 2016 por parte de la Guardia Civil. De hecho, pocos días antes había tenido lugar la operación Taula en la que se detuvo a su mujer, y él mismo estaba asistiendo en esas fechas al juicio del caso Nóos en la Audiencia de Palma.

La cajera

Las nuevas grabaciones ordenadas por el juez en abril de 2015 a raíz del análisis del primer material registrado por Marcos Benavent desencadenaron la macro redada contra la corrupción el 24 de enero de 2016 en la que se desmanteló la supuesta «organización criminal» del PP valenciano. Entre los detenidos figuraban María José Alcón, Mari Carmen García Fuster, y otros dirigentes del partido a nivel provincial como Alfonso Rus.

La Guardia Civil encontró varias libretas en las que aparecía la relación de donaciones, cobros y pagos de los últimos veinte años. Son anotaciones manuscritas que recogen, incluso, el coste de los regalos del grupo municipal a su líder. Y es que la exalcaldesa también recibía por Santa Rita o su cumpleaños obsequios valorados en más de 1.000 euros de sus compañeros, unos presentes que hay que sumar a todos los de las empresas públicas y tramas de corrupción descritos anteriormente.

Los registros policiales de finales de enero de 2016 descubrieron que el grupo municipal disponía de al menos tres libros de contabilidad que recogían movimientos escritos a mano de cuentas abiertas en La Caixa, el Banco de Sabadell y Deutsche Bank desde el año 1995. La sorpresa de los investigadores es que solo una de esas cuentas corrientes, la de La Caixa, es la que figuraba en la contabilidad oficial del Ayuntamiento, que es la cuenta donde se ingresaba la subvención del grupo municipal. Las otras dos se utilizaban, una para la lotería (a nombre de un asesor), y otra, la del Sabadell, para las donaciones para la campaña electoral. Esta cuenta permanecía opaca para los órganos fiscalizadores, sería su caja B. Con ella se costeaban las campañas electorales sin supervisión del Tribunal de Cuentas.

En las semanas previas a los comicios del 24M, entre el 23 de marzo y el 1 de abril de 2015, figuraban los ingresos de 1.000 euros de 49 personas, concejales, exconcejales y asesores. A cambio de esa aportación personal, algo totalmente legal, García Fuster entregaría dos billetes de 500 euros que procederían de «comisiones», «de empresas», «dinero negro», según el relato de Alcón a su hijo, lo que serviría para la operación de lavado.

El hecho de que lo hiciera precisamente Mari Carmen García Fuster, la persona de mayor confianza de Rita Barberá, hizo suponer al juez que detrás del operativo estaba —o cuanto menos lo conocería— la mismísima alcaldesa, quien también había realizado el donativo. Tal era la identificación entre las dos, que cuando Alcón le explica a su hijo por teléfono lo que está ocurriendo, confunde a Rita con Mari Carmen. En las donaciones en la cuenta B aparecen los epígrafes Cya y CGP. García Fuster lo atribuyó en su declaración ante el juez a un misterioso recaudador, cuyo nombre decidió mantener en secreto.

Cuatro exasesores confirmaron ante el juez este sistema, que se habría confirmado al comprobar los ingresos en las propias cuentas de quienes hacían el donativo. La mayoría de implicados confirmaron haber realizado la aportación, pero negaron el retorno de los billetes. No obstante, la Guardia Civil se hizo con la conversación del grupo de whatsapp de los asesores que negaban dicha práctica y en la que se aludía a ella. En un chat mantenido el 29 de marzo de 2015, aludían constantemente a billetes de 500 euros que habrían recibido: «no los coloco, estoy por enmarcarlos», «sí, y poner en un cristal “rómpase en caso de emergencia”» o «si voy al banco dirán “otro tonto del PP”».

La investigación se amplió al PP por delito electoral continuado, y a los ediles por blanqueo de capitales. Barberá habría ganado las últimas elecciones con trampas financieras y la cuenta B se habría utilizado desde 2006.

«Corrupción política total»

María José Alcón sabía de lo que hablaba cuando le dijo a su hijo en aquella conversación telefónica lo que ocurría en el Ayuntamiento de Rita Barberá: «corrupción política total».

Según la investigación, en su etapa en la conselleria de Cultura, María José Alcón puso en marcha varios proyectos por valor de 8 millones de euros de los que ella y sus socios obtendrían beneficio personal ilícito y el PP de Rita Barberá contaría con ingresos extra para financiar sus campañas. Se trata de obras que afectaban a la limpieza de la Lonja y las Torres de Quart, la conservación de los puentes de Serranos y Trinidad, la construcción y explotación del Centro Cultural la Rambleta y otros relacionados con la Mostra de Cine. La jugada pasaba no solo por las adjudicaciones, sino por las posteriores modificaciones de contrato.

Las adjudicaciones se sabían con meses de antelación, y en ocasiones se planificaba la comisión con los modificados de obra. Había hasta carreras para quedarse con la mordida. «Ponte las pilas, que no se te adelanten», le dijo la edil a su socio en una ocasión. Una de las firmas le regaló a Benavent un jeep.

Todo formaba parte de un plan trazado a la perfección en el que según la investigación participaban Marcos Benavent y Vicente Burgos. Alcón elegía personalmente a los integrantes de las mesas de contratación que seleccionaban a las empresas adjudicatarias. En una conversación dice: «Me las he visto y me las he deseado para dar más puntuación al otro. Que no querían los funcionarios, Marcos. Es que, a ver si luego vamos a quedar como gilipollas encima».

Según la versión de Marcos Benavent, la práctica la llevaban a cabo en la Fundación Jaume II El Just y la trasladaron al consistorio. El marido de Alcón se encargaba de los contratos, expedientes y parte administrativa, y él (Benavent) de buscar las empresas y cobrar las comisiones.

Entre quienes se beneficiaron de esta organización y de los contratos amañados figura, según los informes de la UCO (Unidad Central Operativa), el sobrino de la alcaldesa, Enrique Sospedra Barberá, al que se vinculó con empresas de comunicación que trabajaron para la Mostra de Cine. También en las conversaciones grabadas por Benavent se alude a este familiar directo de la exalcaldesa: «Puedes venderle a “la jefa”: Mira, le he dado todo a tu sobrino». En otra grabación Alcón dice: «Oye, de aquí sacamos alguna cosilla, ¿no?, de todos estos, algo para el verano». Y Benavent contesta: «De aquí, de Quique y del otro».

Las tramas de corrupción que operaron en la Comunidad Valenciana no solo afectaron a Rita Barberá y a su gente más cercana, sino que todas pasaron por las puertas de su propia casa, el Ayuntamiento. La exalcaldesa no realizó en ningún momento críticas o reproches a las prácticas ilícitas que tenían lugar en su entorno más cercano por su gente de confianza. Y es que Alcón no era una edil aislada, ya que cerca de un centenar de sus colaboradores fueron procesados en los casos Taula, Emarsa, Bankia o Gürtel.

Cuando algunos de sus compañeros de bancada durante años en las Cortes Valencianas, como Rafael Blasco, Carlos Fabra o Hernández Mateo, ya pisaban la cárcel con condenas firmes, Barberá no tuvo empacho en publicar un tweet en su cuenta oficial en el que decía que «en 24 años en el ayuntamiento no he visto más que personas decentes y políticos honrados».

La campaña más dura

El partido conservador se presentaba en circunstancias muy difíciles a las elecciones del 24M de 2015. Alcón había sido apartada de la lista, y en el último momento Rita Barberá había incorporado como «independiente» a Eusebio Monzó, exsecretario autonómico con Alberto Fabra. Tiempo atrás, cuando resultó imputado en la investigación del caso del Palacio de Congresos de Castellón de Santiago Calatrava, Monzó también tuvo que dimitir debido a la doctrina de la línea roja marcada por Fabra. Pero el caso se había archivado y con este fichaje Rita quería cuestionar las medidas internas de su presidente regional.

Con todo lo acontecido era imposible renovar la mayoría absoluta, pero sí que veían a su alcance gobernar con un pacto con el moderado partido Ciudadanos, tal y como ocurrió en 1991 con Unión Valenciana. Iban a intentarlo.

El PP gastó 116.900 euros en propaganda, 124.798 euros menos que en 2011, pero los actos no brillaban como antes. Por primera vez, Rita, la Musa del Humor, la que puso a Valencia en el mapa, la que se subía en Ferrari y abrazaba a su ciudad, fue insultada en la calle. Los besos y vítores habían sido sustituidos por críticas y abucheos. De repente dejó de ser «la reina de los mercados». En sus visitas a los establecimientos tradicionales de Russafa y el Cabanyal le llamaron «ladrona» y «corrupta», a pesar de que todavía no había estallado el caso Taula. Ella se apresuró a responsabilizar a Compromís de tener un «grupo organizado» para «reventar actos» electorales y, sin pretenderlo, convirtió a la coalición y a su líder local en su auténtico rival político por encima del PSOE.

El sorpasso de los de Ribó a los socialistas se explica en el protagonismo que les dio la propia alcaldesa. Con motivo de la iniciativa conocida como Intifalla en marzo de 2015, —una protesta diaria contra las políticas del PP ante el balcón consistorial antes de la mascletà— llegó a perder los nervios y proferir gestos insultantes ante los manifestantes.

Para colmo, Ritaleaks

Además, saltó el escándalo del Ritaleaks. Fue a tres días de las elecciones, la misma jornada en la que Mariano Rajoy daba su mitin central en la plaza de toros. Compromís convocó a la prensa y exhibió su trofeo: la Fiscalía provincial de Valencia abría diligencias de investigación penal sobre el Ayuntamiento de Valencia a raíz de la denuncia presentada por la coalición en relación a las facturas de gastos de representación del consistorio y de su alcaldesa. Casi 300.000 euros.

Ahora no era como antes, cuando la sociedad valenciana se sentía partícipe de los grandes eventos y los valoraba. Airear los abusos y caprichos en restaurantes y hoteles de su alcaldesa, en los peores momentos de la crisis económica, eran su puntilla.

Compromís demostró un dominio magistral de las redes sociales con una intensa campaña a la que muy oportunamente llamó Ritaleaks, y que contaba con el soporte de una página web. Esta iniciativa seguía la estela de wikileaks, una organización mediática internacional dirigida por Julian Assange y encargada de filtrar a través de su sitio web informes anónimos y documentos con contenido sensible para los gobiernos. Entre Ritaleaks y wikileaks había un abismo, pero lograron la penetración mediática que buscaban.

Se trataba de 466 facturas aprobadas por Asunción Barberá, Totón, la hermana de la alcaldesa, que llegó a estar imputada en la causa. Entre ellos, una noche de hotel por 700 euros, billetes de avión, coches privados y restaurantes. 388 euros de media en cada restaurante donde abundaba el jamón, el buen vino y los langostinos.

En verano de 2013, la alcaldesa realizó una serie de viajes en tren para mostrar su apoyo público al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la crisis por la publicación en El Mundo de los mensajes de móvil —«sé fuerte»— a Luis Bárcenas. También figuraban los viajes de Barberá y sus escoltas para asistir al funeral de Manuel Fraga junto al resto de la cúpula del PP: solo los billetes de avión a Santiago costaron una media de 900 euros por persona; además la alcaldesa se alojó en el Parador Hotel Reyes Católicos y viajó en primera.

El 29 de diciembre de 2010 pasó dos noches de hotel en Florencia. El ayuntamiento pagó 771 euros por una suite en el Gallery Art y el vuelo costó 1.747 euros. Su agenda no recoge ningún acto oficial. Por cada billete a Bruselas a recoger la bandera de la «Capital Europea del Deporte», 1.018 euros.

Rita Barberá no escogía hoteles modestos. Hay facturas del hotel Adler de Madrid a 561 euros la noche o en el Westin Palace por 685.

Algunas de las facturas ponen de manifiesto la diferencia entre los dispendios si el gasto era para alojar a su personal de seguridad. En los veranos entre 2010 y 2014, las estancias de Rita Barberá en Xàbia le costaron más de 30.000 euros al Ayuntamiento de Valencia en hospedajes. Rita pasaba las vacaciones en el chalé de su hermana en el Tossalet, pero sus escoltas se tuvieron que conformar en habitaciones a 40 euros por noche en el hotel Saladar, un alojamiento moderno pero económico. Eso en 2012. En 2010 y 2011 se hospedaron en El Rodat, un cuatro estrellas de mayor tronío por el que el consistorio valenciano pagaba bastante más, 218 euros por habitación.

A finales de 2011 se incluyen viajes a Londres que Barberá aprovechó para reunirse con Bernie Ecclestone y negociar el contrato de la Fórmula 1. Los informes acreditan que gastó 4.912 euros en alquilar un coche con conductor y 1.155 euros en volar desde Londres a Valencia. Se pagaron vuelos a Ámsterdam y Copenhague.

En naranjas para los altos cargos del PP cargó 32.494 euros al Ayuntamiento. Tres días después de su cumpleaños pasó un gasto de 1.444 euros por una comida con 38 comensales en la Malvarrosa. Entre los tiques de restaurantes figura un almuerzo en El Canyar para 26 personas el 18 de marzo de 2014, en plenas Fallas, por más de 2.000 euros.

La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó el caso en junio de 2016. En la resolución se aludía a que la mayoría de gastos «tienen una explicación, aunque sea somera». La Fiscalía de Valencia sí que había observado indicios de delito en la exalcaldesa y su hermana, pero la condición de aforada de Barberá obligó a elevar la causa al órgano competente en Madrid, que la exoneró.

Su patrimonio, un misterio

Al finalizar su mandato se hizo pública su declaración de bienes y actividades realizada en el Ayuntamiento. No posee ningún bien inmueble. Ni chalé, ni piso, ni vivienda. En septiembre de 2015 tenía 413.000 euros y créditos, préstamos o deudas por valor de 33.000. El expresidente Francisco Camps hizo broma al respecto en una comparecencia ante la prensa con motivo de su posible implicación en el caso Taula: «Rita vive de alquiler, tiene un coche de hace 200 años y no se ha llevado ni un paquete de rosquilletas».

Compromís denunció en 2014 que era el cargo político que más cobraba en toda España, 156.000 euros en 2013 sumando sus diferentes responsabilidades. Le seguía Artur Mas con 144.000 euros. El paradero de todo el dinero procedente de sus nóminas durante la friolera de 24 años (varios millones de euros) es una de las grandes incógnitas por resolver. Barberá no pagaba restaurantes, ni hoteles, ni taxis, porque sus gastos salían del erario público. Tampoco ha hecho pública ninguna donación benéfica.

El 24 de mayo de 2015, a pesar de las supuestas trampas del partido de Barberá para continuar en el poder, solo obtuvo 10 de los 33 concejales del Ayuntamiento. En 2007 llegó a tener 21. Había perdido en nueve de los diecinueve distritos de la ciudad, algo impensable poco tiempo atrás.

El periodista Salvador Enguix escribía en La Vanguardia (15/03/2016) que «uno de los mayores errores cometidos por la exalcaldesa ha sido el de dejar huérfanos de liderazgo, y de afecto, a todos aquellos —concejales, exconcejales, asesores, más de medio centenar— que se han partido la cara por ella durante un cuarto de siglo […]. Prueba de este grave error fue el no preparar un sustituto o delfín antes de su escapada, pues ella nunca entendió que podía haber liderazgo alternativo a su persona».

Días después de la derrota —«¡Qué hostia!, ¡qué hostia»—, Barberá ofreció una rueda de prensa rodeada de su equipo de Gobierno, algunos de los cuales lloraban a lágrima viva. «El mayor premio que me llevo es haber sido alcalde 24 años. Han sido los años más felices, los más productivos y los que dan sentido a toda una vida». Barberá renunció al acta de concejal para ahorrarse el mal trago de entregarle la vara de mando a Joan Ribó. No estaba dispuesta a ver en el gobierno a «los radicales», eufemismo que utilizaba para referirse a Compromís y Podemos. Y salió del Ayuntamiento, su casa, por la puerta de atrás.

Pactó con su partido retirarse al Senado. Fue nombrada para este cargo por las Cortes Valencianas y formó parte de la Diputación Permanente, lo que suponía el doble aforamiento, una atalaya inexpugnable por si algún juez se atrevía a incordiarla.

La íntima relación que fraguaron durante décadas Rajoy y Barberá, el conocimiento de sus secretos más inconfesables, y los favores pendientes de cobro son probablemente los motivos por los que a diferencia de lo ocurrido con Francisco Camps, obligado a dimitir por el caso de los trajes tras ganar las elecciones de mayo de 2011, la exalcaldesa resistiera altiva y desafiante toda la presión recibida desde que estalló el caso Taula. Y es que Barberá no tiene solo una manta para tirar de ella en caso de emergencia, sino una carpa de circo entera.

Desde la Cámara Alta, Barberá contempló el desmoronamiento de todo el imperio que había construido durante 24 años: cómo detenían a sus principales colaboradores, cómo implicaban a su familia, cómo su partido se quedaba sin concejales en el Ayuntamiento, cómo los dirigentes del PP que antaño la piropeaban ahora la llamaban «indigna» y pedían su dimisión… Se escondió tras el visillo de la ventana de su casa ante el acoso de la prensa.

En septiembre de 2016 el Tribunal Supremo, tras estudiar el caso, pidió abrir una causa penal contra ella. La habían echado de Valencia y ahora la obligaban a dejar su partido. El gabinete de prensa del PP distribuyó el comunicado de Rita Barberá con membrete oficial el 14 de septiembre de 2016 a las 17:00 horas después de 24 horas de presiones y especulaciones. Estaba redactado en primera persona y, en él, una desafiante Barberá utilizaba las mayúsculas de forma exclusiva en uno de los cinco puntos del texto para dejar claras sus intenciones. «Expreso mi voluntad de NO DIMITIR del Senado». Especificó que se daba de baja «porque así me lo han pedido en el Partido» y lo hacía para «dar una muestra más de mi entrega a él». La exalcaldesa, profundamente herida, calificaba de «muy dolorosa» la decisión, y anunciaba que seguiría «trabajando con más fuerza si cabe por mi tierra, que es más que Valencia, porque es España. Esa España democrática, libre y constitucional que la mayoría deseamos».

Barberá, humillada, decidió permanecer en el Grupo Mixto del senado defendiendo sola su razón. Se convirtió en una tránsfuga y ocupó el asiento número 301, el último del hemiciclo. Los «radicales» de EH-Bildu, Compromís o Convergència, sus enemigos durante toda su carrera política, se convirtieron en sus nuevos compañeros.

Ni el escritor más atrevido hubiera escrito pocas semanas atrás semejante guion.

La cúpula del PP nacional y valenciano, donde lo fue todo, le dio la espalda. Cuando la prensa le preguntó al presidente en funciones Mariano Rajoy por la actitud de Barberá, aferrándose a su escaño, no hubo ni palabras de cariño ni reproches: «Ha abandonado el PP. El presidente ya no tiene ninguna autoridad sobre ella».

Tan solo su amigo, el expresidente Francisco Camps, salió en su defensa en una entrevista telefónica en 13TV. «Sin Rita Barberá no habría habido Eduardo Zaplana, y no habría habido José María Aznar, y no habría habido Mariano Rajoy, y por lo tanto no habría habido (Javier) Maroto (vicesecretario del PP). Estamos hablando de 24 años de la historia de la ciudad de Valencia que ha permitido que Valencia y nuestra Comunidad Valenciana haya sido una potencia que además dio posibilidad de que el PP gobernase en toda España.»

Una de las últimas hazañas de Rita Barberá fue cohesionar a todo su partido, a los medios de comunicación y a la sociedad valenciana en el momento de mayor fragmentación de la democracia española en la ardua tarea de fabricar su esquela política: «Rita Barberá, el animal político que se devoró a sí mismo».

10

«Deu mil, onze mil, dotze mil... dos millons de peles»

Alfonso Rus, el último rockero de la banda

La «Taula de canvi» era una especie de banco público valenciano en los siglos XV a XVII. Este sistema de cambio de divisas fue la primera institución financiera que apareció en las distintas ciudades de la Corona de Aragón en el Siglo de Oro valenciano y servía como respuesta a las necesidades que provocaron el aumento del comercio y los viajes de larga distancia.

Durante su existencia, la «Taula de canvi» estuvo plagada de conflictos, desfalcos y casos de estafa con la complicidad de la clase dirigente de la época, que la llevaron a la quiebra en tres ocasiones y que trajeron de cabeza a varios reyes, incapaces de solucionar las tensiones financieras que periódicamente sufría Valencia.

El organismo desapareció con el decreto de Nueva Planta de 1707 firmado por Felipe V de Borbón cuando ganó la Guerra de Sucesión. Este monarca es recordado entre otras cosas por incendiar y destruir la ciudad de Xàtiva como represalia por apoyar en la contienda al pretendiente de los Austria, el archiduque Carlos. Expulsó a sus habitantes y cambió su nombre por el de Nueva Colonia de San Felipe, motivo por el que el Museo de l’Almodí de la ciudad exhibe un retrato con su imagen colocada boca abajo.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil recurrió a sus conocimientos de Historia para bautizar con este nombre (Taula) la operación que desarrolló el 26 de enero de 2016 —ocho meses después de las elecciones autonómicas—, en colaboración con el juzgado, la fiscalía y la policía nacional. Se detuvo a 24 personas, entre dirigentes del PP, empresarios y técnicos.

Se realizaron 33 registros que duraron trece horas. 14 de ellos fueron en domicilios particulares, y 19 en sedes de empresas e instituciones públicas (Ciegsa, Ayuntamiento de Valencia, Fundación Jaume II El Just) o privadas (como Engloba). Visitaron empresas en Alicante, Dénia, Muro d’Alcoi y Castellón, bloquearon 252 cuentas corrientes y embargaron 150 coches de alta gama.

Entre los detenidos figuraban personas del entorno más cercano a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y un personaje omnipresente en el poder político de la última década: Alfonso Rus Terol, expresidente de la Diputación de Valencia, expresidente provincial del PP de Valencia, exdiputado autonómico y exalcalde de Xàtiva.

Los detalles de la operación Taula y la macrocausa emprendida contra la corrupción tardarían todavía meses en conocerse —el juez no levantó el secreto de sumario hasta el 14 de septiembre de 2016—, pero el origen de la misma tenía nombre y apellidos. La portavoz de Esquerra Unida en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, había presentado en julio de 2014 una denuncia de 66 páginas ante la Fiscalía Anticorrupción, relatando las irregularidades y corruptelas de la institución provincial. El documento incorporaba anexos con la transcripción de diez horas de grabaciones realizadas de forma oculta por el gerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, a sus propios compañeros de partido. Aquellos audios eran auténtica dinamita que iba a poner punto y final a aquel PPCV.

Durante casi un año, Rosa Pérez y la Fiscalía Anticorrupción manejaron con total secretismo aquel valiosísimo material. En Imelsa y en la Diputación había inquietud y algunos sospechaban que se avecinaba temporal. De hecho, Marcos Benavent dimitió de su cargo en diciembre de 2014 y desapareció, y Alfonso Rus ordenó a su sustituto en Imelsa que le denunciara con el fin de cargarle el muerto ante lo que pudiera venir.

La investigación avanzó, y cuarenta días antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015, Rosa Pérez encendió la mecha. Desveló en una comparecencia ante la prensa que un juez investigaba a Benavent. A partir de ese momento los periodistas hicieron su trabajo. La operación Taula tardaría en llegar, pero la carrera de Alfonso Rus, el único dirigente que parecía ajeno a todos los casos de corrupción que acechaban al PP valenciano, llegaba a su fin.

Radio Valencia Ser emitía el 1 de mayo de 2015 el audio de una de las conversaciones grabadas por el exgerente de Imelsa. En ella, una voz que identificaron como la del presidente de la Diputación, contaba billetes procedentes presuntamente de una comisión: «Tres mil, quatre mil, cinc mil, sis mil, set mil, huit mil, nou mil, deu mil, onze mil i dotze mil. Dos millons de peles».

Un político diferente

Alfonso Rus Terol (Xàtiva, 1950) ha sido un político diferente en una época en la que todos los suyos parecían cortados por el mismo patrón. «Digo lo que pienso. Por Xàtiva me pegaría con el presidente», afirmó al poco de ser elegido alcalde de esta ciudad de 25.000 habitantes con un gran patrimonio histórico y artístico, y situada a cuarenta minutos en coche de Valencia. Uno de sus hijos más ilustres, el cantante Raimon, decía en «Jo vinc d’un silenci» que Xàtiva se encontraba «on comença l’horta i acaba el secà».

De joven llevaba el pelo largo y pantalones de campana y tocaba la batería en grupos como Los Puños, Los Simbas, Los Roquin’s y Grupo Luis XV. Antes de dedicarse a la política ya organizaba grandes conciertos en su pueblo. Fue el responsable de que Mecano o Miguel Bosé actuaran en Xàtiva en el momento cumbre de sus carreras, y también montó el concierto de Carlos Mata, el galán de culebrones como Cristal o La Dama de Rosa, que se metió a cantante. Entre sus éxitos de esta etapa, el concierto de Raffaella Carrà en la Plaza de Toros de Valencia, en pleno auge de la diva italiana en TVE con su ¡Hola Raffaella!

Llegó tarde para organizar los conciertos de sus estrellas preferidas: Nino Bravo y los Beatles. El cantante de «Un beso y una flor», «Te quiero, te quiero» y «Libre» sería su baladista preferido. Del grupo británico le encantaba el show que montaban en cada actuación.

Rus nunca abandonó la pasión por este mundo, y en la cima de su carrera política no dudaba en subirse al escenario incluso en actos oficiales. La «fiesta de las paellas» previa a las Fallas era una cena con espectáculo y barra libre que organizaba la Diputación para 1.300 alcaldes, concejales y VIPs de la provincia, y siempre acababa con el presidente provincial tocando la batería de la orquesta Montecarlo, con toda la plaza de Manises bailando y aplaudiéndole. Era el alma de la fiesta. Este show exclusivo costaba cerca de 40.000 euros y se suspendió en 2012 por la crisis.

En una de sus primeras entrevistas de alcalde en 1995, parecía que iba a «colgar» las baquetas. «Ahora tengo que regir una población y mantener un orden. La gente, conforme se hace mayor, es más consecuente.» Pero no lo hizo.

Bruno Lomas era un héroe en Xàtiva, donde lo reinvindicaban como «el mejor rockero del mundo junto a Elvis Presley», y su leyenda se acrecentó tras su muerte en accidente de tráfico el 17 de agosto de 1990. Rus se apropió de su figura e institucionalizó una gala anual en la fecha de su muerte. Este homenaje se celebró desde el año 2000 al 2015 y siempre terminaba con el alcalde subido a la tarima entregado a los tambores al son de «Ven sin temor» o «Amor amargo». Rus era populismo en estado puro. Bill Clinton también arrasaba cuando cogía su saxofón en los actos informales y se metía en el bolsillo a la población. ¿Por qué él no?

La que menos recorrido tuvo fue su carrera como apoderado de toreros. Alfonso Rus lo fue de José Pacheco, vecino de Canals, y a quien sugirió como nombre de guerra El Califa, aprovechando la procedencia cordobesa de su padre. Apadrinó su debut con picadores el 21 de abril de 1991 en la plaza de toros de Xátiva. En 1992 consiguió 31 actuaciones.

El negocio de la «pantanà»

Alfonso procede de una familia de comerciantes. Hay un momento que supone el despegue de su carrera, la pantanada de Tous del 20 de octubre de 1982. La rotura de esta presa destruyó miles de viviendas de la Ribera del Xúquer que tuvieron que ser reconstruidas. Ante aquella desgracia que provocó decenas de muertos, Alfonso Rus vio una oportunidad de negocio y vendió a los damnificados cantidades ingentes de electrodomésticos a bajo precio. Hizo dinero y montó su imperio, una cadena de nueve establecimientos por toda la provincia. La llamó Rus 2, para diferenciarse de la tienda original de sus padres, Rus.

Alfonso Rus abandonó los estudios a los trece años, pero siempre ha destacado por tener una gran visión empresarial, y llegó a presidir la Asociación de Comerciantes de Xàtiva. «No entiendo de derechas o izquierdas, solo de gestión», decía. Tenía su propia revista semanal en Xàtiva con un formato de diario independiente. Se llamaba Noticias 7 y en ella aprovechaba para hablar bien de todos los intereses que le movían, tanto empresariales como políticos y culturales, pero sin que se notara demasiado que era él quien estaba detrás. Alternaba las críticas al gobierno local con una entrevista a El Califa, el anuncio de un concierto que promocionaba, las noticias a favor del club deportivo que presidía o la publicidad de su tienda.

Había militado en Alianza Popular y fue el número dos de la candidatura a la alcaldía en 1983, pasando sin pena ni gloria. Después lo intentó con el CDS de Adolfo Suárez y casi lo consigue. Le separaron solo 66 votos de los socialistas. En 1988 presentó una de las primeras mociones de censura de España, pero necesitaba el apoyo de Unitat del Poble Valencià (UPV) y fracasó. Pensaba que a la tercera sería la vencida. Para este nuevo intento creó la Agrupación Independiente Xàtiva (AIX) y fichó a uno de los concejales de UPV, con la creencia de que la suma de votos esta vez sí que le haría ganador.

Pero tampoco pudo ser. Se quedó a tan solo 20 votos de superar al Partido Socialista de Miquel Calabuig, que parecía invencible. Su anterior partido, el CDS, le jugó una mala pasada: se presentó con una lista que él llamó «fantasma» y logró 56 votos que le hubieran venido muy bien. Por otro lado, en aquellos comicios, el PP de Xàtiva se hundió y tan solo obtuvo un concejal y 800 votos. La formación conservadora ya gobernaba ciudades como Valencia y buscaba desesperadamente un mirlo blanco en la capital de La Costera que les permitiera alcanzar la alcaldía.

Hay varias versiones sobre el acercamiento de Rus al PP. El periodista Héctor Sanjuán lo atribuye a la aparición de una señora de la limpieza. Esta mujer, que limpiaba en la escalera donde vivía el hermano de Rajoy y también en el portal de Rus, fue quien recomendó al hermano del futuro presidente que ficharan al político setabense o, de lo contrario, no ganarían nunca en Xàtiva (El Mundo, 04/02/2016). La descripción fue tan entusiasta que no pasó inadvertida por el familiar de Rajoy, que le convenció para iniciar los contactos y ficharle.

Lo cierto es que Xàtiva y La Costera eran trascendentales para al futuro del PP valenciano por un motivo muy concreto: el control de la Diputación. Este partido judicial tiene asignados dos representantes en la corporación provincial, unos puestos clave para lograr la mayoría en la administración.

Solo el peso de los representantes de La Costera-La Canal en el cómputo global de la Diputación explica la sobrerrepresentación que siempre han tenido los dirigentes de la comarca. Los dos antecesores de Alfonso Rus en la presidencia de la Diputación fueron el alcalde de Vallada, Fernando Giner (1999-2007), y el primer teniente de alcalde en Xàtiva, José Rafael Díez Cuquerella (1999), que además había sido vicepresidente con Manuel Tarancón (1995-1999). Anteriormente, en la época del PSOE, el vicepresidente era el alcalde de la Alcúdia de Crespins (municipio de la misma comarca), Vicent Vercher.

Un fichaje de Vicente Sanz

El pacto oficial para la absorción de la AIX por el PP tuvo lugar en una comida celebrada el 29 de marzo de 1993 en el restaurante valenciano Comodoro. El presidente regional, Pedro Agramunt, no pudo asistir, y el secretario general, Vicente Sanz —que dimitió un año después tras decir que estaba en política para forrarse y que fue condenado décadas más tarde por abuso sexual desde su cargo en Radiotelevisió Valenciana—, lideró las negociaciones. Rus había puesto cuatro condiciones muy sencillas, ninguna de ellas relacionada con las necesidades de su municipio: ser el candidato a la alcaldía de Xàtiva, tener un diputado nacional de Xàtiva, que José María Aznar visitara la localidad en la campaña electoral, y que un alto dirigente estuviera en la localidad el día de la firma del ingreso de la AIX en el PP. El entonces vicesecretario general del PP, Mariano Rajoy, visitó la capital de La Costera un mes después y estampó su firma en la ficha de Rus, dando personalmente su aval.

El discurso que pronunció Rajoy en el acto fue el de un visionario. «Lo grave no es que se hayan producido casos de corrupción, lo grave es que por parte del Gobierno [socialista de Felipe González] no se han adoptado las medidas necesarias para que estos casos no se vuelvan a producir. Las adjudicaciones de obras, suministros o servicios tienen que estar mucho más regladas que en este momento. Hay que ir a procedimientos objetivos y más transparentes», y añadía: «cualquier persona que se vea inmersa en actos de estas características será inmediatamente fulminada por el partido [PP]». Rus, a su lado, aplaudía.

Así pues, en 1995 Alfonso se olvidó de la AIX y lideró la lista del PP de Xàtiva con la que logró, esta vez sí, la ansiada mayoría absoluta. Su carrera empezó a despegar.

Muy pronto exhibió sus modos autoritarios en el salón de Plenos. «Después de 16 años ahora os toca callar, cara a la pared y rodilla en tierra.» Sus planteamientos eran poco ortodoxos, pero gustaban. «Es un orgullo ser el que más manda en el pueblo», decía. Presumía de que le votaran «siendo una persona pudiente, sin estudios y con un Ferrari. Si estarían hartos de los otros…». Y añadía, «se es alcalde por protagonismo, para salir en la foto y convertirse en un ídolo. A mí me gusta ser importante. Desde que soy alcalde la policía se me cuadra. Es un orgullo ser el que más manda del pueblo» (03/12/1995 Levante-EMV).

Uno de los anuncios más controvertidos tras su llegada fue el de voltear el cuadro de Felipe V que se exhibe boca abajo en el Museo de l’Almodí, si la Casa Real pedía disculpas. El retrato es un símbolo del municipio y recuerda el incendio del municipio en 1707. Precisamente por aquella quema de la población sus habitantes son conocidos como «socarrats». La ocurrencia no encontró apoyos ni en Xàtiva ni interés por parte del heredero de los borbones, Juan Carlos I, a quien el alcalde se había dirigido de forma oficial.

En aquella etapa, Rus departía con todo el pueblo en la esquina de su casa, aprovechando su carácter comercial, dicharachero y rockero. Había dicho en campaña electoral que no cobraría del Ayuntamiento, pero se puso un sueldo de cuatro millones de pesetas al año (24.000 euros) y lo justificó diciendo que tenía que hacer muchas horas, de 8:00 a 16:00, por la enorme deuda que habían dejado los socialistas. «Debemos más que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial», argumentaba a todo el mundo.

Con el tiempo fue ganando poder en la estructura orgánica del partido. El pueblo en el que nació ya quedaba pequeño para sus aspiraciones. El principal aliado en su proyección fue el alcireño Rafael Blasco Castany, otro de los fichajes del PP en 1995, con quien entablaría una relación de amistad que creció con los años. Primero se hizo con el control del PP en la provincia, en 2004, y después, en 2007, con la Presidencia de la Diputación de Valencia.

El joven socialista Roger Cerdá, quien le sustituyó en la alcaldía en 2016, denunció los abusos. «Rus practicaba el frentismo: o conmigo o contra mí, hasta el nivel personal.» A Roger lo llamaba «Rogelio» en tono burlón. Cuando el alcalde socialista entre 1979 y 1983 se presentó contra él en 1995 con 66 años, Rus exclamó: «¡Han sacado a la momia del sarcófago!».

En medio de este ascenso, presidió la Mancomunidad de la Costera-La Canal y se subió al carro del proyecto de las Comarcas Centrales Valencianas, una «cuarta provincia» a mitad de camino entre Alicante y Valencia e integrada por comarcas vecinas (La Costera, La Canal, la Vall d’Albaida, el Comtat, l’Alcoià, la Foia de Castalla, la Safor y la Marina Alta) dominadas por el eje Xàtiva-Alcoi, y en las que la ciudad de Rus había ejercido influencia a lo largo de la historia. Él fue el presidente del consorcio desde 1999 a 2004. Lo único que le interesaba era la notoriedad de los cargos para acercarse a su verdadera meta.

La Fiscalía Anticorrupción fijó el origen de su actividad delictiva en «el inicio de su actividad como político», si bien «se mantiene durante todos los cargos que ha ostentado» en su trayectoria. A Rus le atribuye la «creación» de una «auténtica organización criminal justificada para el desvío de fondos públicos en beneficio propio y de terceros». Él es el «máximo responsable», que no solamente «ha dirigido» esta organización, sino que «ha constatado el último destino de los fondos». La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil fue más allá y explicó, en un contundente informe, que Rus quería presidir la Diputación para tener una «mayor capacidad de gestión de presupuesto y un cambio en la forma de recaudar dinero procedente de comisiones».

«¡Yo te quiero, Alfonso, coño, te quiero!»

Después de los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2007, cuando Francisco Camps le entregó la Diputación, Rus organizó una fiesta de celebración por todo lo alto en la recién remodelada plaza de toros de Xàtiva. Regaló miles de camisetas a los asistentes con la palabra GRACIAS (así, en mayúsculas), montó una discomóvil y repartió entre los vecinos 10.000 vales de bocadillo y baile.

En aquel mitin, el 8 de junio de 2007, el invitado estrella fue el presidente nacional del PP y líder de la oposición, Mariano Rajoy, que volvió a la ciudad y en un arrebato de euforia dio rienda a sus sentimientos: «¡Yo te quiero, Alfonso, coño, te quiero, coño! Y quiero que sepas que tus éxitos los considero mis éxitos. Aparte de los del Partido Popular, los de Mariano Rajoy, que es uno de Pontevedra, también mis éxitos». Todos aplaudían.

Era el momento de gloria de Alfonso Rus. El PP de Camps había barrido todos los récords con el 52% de los votos, con agentes electorales como el mismísimo Bernie Ecclestone y centraba sus esfuerzos en lograr que Mariano Rajoy fuera el presidente del gobierno en marzo de 2008. El líder nacional afirmó que el PP «da la talla allí donde gobierna» y puso al Ayuntamiento de Xàtiva, al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat de Camps como modelos de gestión que querría llevar a su ejecutivo. El público respondió coreando al unísono: «A por ellos, oe, oe, oe».

El acto salió redondo. Por eso se había encargado su organización a un experto como Álvaro Pérez, El Bigotes, alma máter de la trama Gürtel. Además, resultó barato, ya que el PPCV no pagó el alquiler del coso taurino. Las arcas públicas setabenses dejaron de ingresar los 3.630 euros que debía pagar la formación política que precisamente ponía al Ayuntamiento de Xàtiva como ejemplo de buena gestión.

La cuenta de twitter de Maldita Hemeroteca se ha ocupado de recuperar durante los últimos años las alabanzas de Rajoy a los miembros de su partido que, como Alfonso Rus, pasan momentos delicados. «Nadie podrá probar que no es inocente», dijo de Luis Bárcenas. «Vamos a intentar hacer en España lo que Jaume y todos vosotros hicisteis en Baleares», afirmó de Matas. De Carlos Fabra, que «es un ciudadano y un político ejemplar». De Francisco Camps enfatizó: «Creo en ti y en lo que haces; te he visto actuar. La inmensa mayoría de los valencianos y los españoles creen en ti». Y todavía fue más lejos Rajoy: «Siempre estaré detrás de ti, o delante, o a un lado. Gracias Paco». Dos años después dimitió por el escándalo de los trajes de Gürtel.

Uno de los principales éxitos en la estrategia de Alfonso Rus para lograr mayor poder fue la organización de desayunos con alcaldes, concejales, militantes y simpatizantes todos los sábados por la mañana. Mientras sus rivales internos descansaban del ajetreo semanal, él se metía en el bolsillo a las bases del partido ávidas de la cercanía y la mediación con las instituciones que él les prestaba. En estos encuentros derrochaba simpatía y campechanía. Y también generosidad. Al finalizar el ágape, uno de sus hombres pagaba en metálico en la barra.

A Rus le encantaba contar batallitas. Narraba sin pelos en la lengua que eran mucho más amenos los viajes que hacía con Eduardo Zaplana que con Francisco Camps, al que le gustaba demasiado entrar en iglesias y visitar monumentos.

Su rival interno en la provincia de Valencia fue Serafín Castellano, un dirigente con una trayectoria tan prolífica como la suya. Castellano ha ostentado las siguientes responsabilidades: alcalde de Benissanó (1991-1999), diputado en las Cortes Valencianas (1991 a 2014), presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, tres veces conseller con Zaplana, Olivas y Camps (Justicia y Administraciones Públicas, 1999-2000; Sanidad, 2000-2003; Gobernación, 2007-2014), portavoz del Grupo Popular en las Cortes (2003-2007), secretario general del PPCV (2012-2014) y delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana (2014-2015).

A diferencia de Alfonso Rus, que ya había sido apartado de la gestión pública, a Serafín Castellano lo detuvo la Policía Nacional el 29 de mayo de 2015 en pleno ejercicio, siendo Delegado de Gobierno, es decir, su propio jefe. Está acusado de participar en el presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.

Rus logró tal proyección pública que Francisco Camps decidió incluirle en la candidatura autonómica de 2011. La entrada en el parlamento le abría numerosas posibilidades. Algunos de sus seguidores tenían claro que en caso de que Camps tuviera que renunciar, él sería el elegido por Génova para sustituirle. Otro de los que entraba en las quinielas era el entonces alcalde de Castellón, Alberto Fabra, que al final fue el elegido.

Durante esos cuatro años se dio el hecho insólito en democracia de que una misma persona ostentaba las tres responsabilidades públicas del más alto nivel: alcalde, presidente de la Diputación y diputado autonómico. Pero aún tenía más responsabilidades: Rus llegó a acumular 13 cargos al mismo tiempo y presumía de ello. Decía que era un «superman», que los vecinos de su pueblo le tenían que dar las gracias, porque si no «todavía irían en burro».

Se las daba de gestionar como en la empresa privada y en su currículum oficial presumía de su experiencia en este ámbito: «Empresario desde 1972. Sector de electrodomésticos. Sector inmobiliario (hasta 1992). Sector del mueble (desde 1985). Sector textil.» Su máxima, repetida hasta la saciedad, era: «Gastamos lo que tenemos y lo que no tenemos no lo gastamos».

Su frustración, el Valencia C.F.

Desde su punto de vista, ser presidente del Valencia C.F. era un cargo «tan importante como el de presidente de la Generalitat». Este era su sueño desde que hizo «la primera comunión», representar al equipo de mitos del balón como Machado, Guillot, Mestre, Paquito… Sin embargo, se tuvo que conformar con presidir durante catorce años el Olímpic de Xàtiva, el equipo de su pueblo. Lo hizo en dos etapas. La primera, durante cinco temporadas, cuando estaba en la oposición política. Quiso fichar a Di Stéfano como entrenador, pero se le adelantó el Valencia C.F. Era su trampolín político y le servía en sus negocios como promotor de conciertos y espectáculos.

En 2006 fue reelegido para el cargo. Sabía muy bien que los palcos de los estadios de fútbol, con un puro en la mano, eran el mejor lugar para los negocios. En su caso, la línea que separaba negocios, política, fútbol y amistades no existía. El Olímpic se convertiría en una herramienta de su organización para saquear las arcas públicas.

Tiempo después, se conocería que la nómina de algunos jugadores salía directamente de la Diputación de Valencia. Es el caso de Miguel Ángel Mullor, que fue el capitán del equipo de Rus y su persona de confianza entre los concejales del PP en la localidad vecina de Ontinyent. Según la Guardia Civil, Rus usó el Olímpic para lavar 1,7 millones de euros procedentes de trece empresas que eran contratistas de la Diputación y del Ayuntamiento de Xàtiva. La facturación del club se multiplicó y en cuatro años pasó de ser un equipo modesto de Regional Preferente a llegar a la 2ª División B, coincidiendo siempre con las campañas electorales municipales.

La trayectoria del equipo de fútbol fue en cierto modo paralela a su propia evolución política. Rus llegó al club un año antes de hacerse con la Diputación y consiguió el ascenso a la 3ª División en plena campaña electoral (llegó a organizar un acto de celebración en la plaza de toros de la localidad en la jornada de reflexión). En 2011, año de elecciones, ascendió a 2ª División B.

En 2014 jugó la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Real Madrid y se situó en la zona alta de la clasificación de la liga. Alfonso lo tenía todo listo para afrontar 2015 en las mejores condiciones de popularidad, aunque las grabaciones de Marcos Benavent truncaron sus expectativas.

Por cierto, que con motivo del partido contra el Real Madrid cayó en la trampa del Grupo Risa de la Cope. Un imitador del director de Relaciones Institucionales del equipo merengue, Emilio Butragueño, le llamó para preguntarle por la situación del campo de La Murta y le pidió que, por deseo de Cristiano Ronaldo, no sacara el Ferrari rojo que posee. «No, tranquilo. Si lo saco no me votan. Yo voy en el Mercedes», le confesó. En su afán de quedar bien, Rus soltó al falso imitador: «Me gustaría que me dijerais cuántos jugadores y cuerpo técnico seréis para poneros unas cajitas de naranjas terminadas de coger del campo, y que se las lleve el autobús, y si no os gustan las tiráis», dijo.

En abril de 2014 tuvo más cerca que nunca la presidencia del equipo Che, probablemente tras la caza de los mismos intereses espurios con los que dirigía el Olímpic. Después de contactar con varios multimillonarios, entre ellos un jeque árabe, llevó a cabo una apuesta decidida con un magnate ruso para comprar el Valencia C.F. y ser su máximo representante. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, harto de tanto afán de protagonismo y sabedor, probablemente, de sus verdaderos fines le pidió públicamente que no lo intentara y se centrara en sus responsabilidades políticas, pero Rus le respondió airado que él tenía «capacidad» para llevarlo todo y recordó que era «superman».

Bankia vendió finalmente el club al empresario de Singapur Peter Lim y se truncó para siempre su sueño.

Su mujer, La Rusa

Begoña Ricart era su novia de siempre y se convirtió en su mujer. La apodan «La Rusa». Era una primera dama peculiar, siempre bien peinada y muy maquillada, lo que aportaba un toque pintoresco a la zona VIP del PP. Aficionada a la moda y a las grandes marcas, la mujer de Rus moldeó su imagen en un estilo que años después popularizaría el grupo musical Las Supremas de Móstoles.

Rubia de bote, con cardado y flequillo aislado, luce todo el año bronceada. Hija de un agricultor valenciano con bastantes tierras, no cursó estudios superiores y ejerció de ama de casa. Su marido le «regaló» un negocio donde plasmar sus conocimientos de moda y diseño.

En 2003 comenzó a regentar la tienda de ropa con sede en el número 9 de la calle Gregorio Molina de Xàtiva, donde vendía trajes de inspiración italiana confeccionados en China. El lema para vender era «comodidad y relación calidad-precio, tipo Emidio Tucci». El nombre del establecimiento, Stefano Russini (debieron pensar en el impacto comercial del nombre: Russini era la italianización del apellido de su marido, pero con su nombre, Alfonso, lo tuvieron más difícil; por eso pusieron Stefano, con «s» líquida).

La llegada de Rus a la Diputación en 2007 implicó que la pareja abandonara Xátiva y se mudara a Valencia. A pesar de eso, la primera dama viajaba con frecuencia a Xàtiva para controlar el negocio, al frente del cual se quedó su hija Bárbara. El marido de esta se ocupaba de los negocios de electrodomésticos, y así todo quedaba en familia.

Russini Quality S.L., la sociedad comercializadora del negocio, se creó en 2003. Desde 2009 no depositan sus cuentas anuales en el registro mercantil. En la tienda de Begoña gastaban los hombres de Rus el dinero procedente presuntamente de mordidas. «Vamos a Stefano, que está allí mi mujer y hay unos trajes de puta madre», dice Rus en una de las grabaciones de Benavent. «Mira qué bonito es», añade después. «Es como si fuera de Hugo Boss», apunta el gerente de Imelsa. (El Mundo, 10/09/2016)

Un faltón en El club de la comedia

Alfonso Rus era el bufón del PP. Un cómico que nunca defraudaba en sus intervenciones, porque hacía reír. Para ello utilizaba todos los recursos posibles, aunque no fuera políticamente correcto (como Arévalo con los chistes de mariquitas o Don Pío con el personaje gangoso de Ramonet). Alfonso empezaba haciendo broma de su propia estatura, lo que le daba una especie de bula para poder meterse con cualquiera. «El del sonido, dale más voz», afirmó en la plaza de toros de Valencia. «Que entre que soy bajito y no me dan voz, no me ven.» Era capaz de arrodillarse ante su público diciendo «viva la madre que os parió» o hacer declaraciones de amor: «Rita I love you».

En 2011, en un mitin celebrado en Cullera se mostró efusivo y pronosticó el triunfo de Mariano Rajoy en las elecciones generales con un relato machista propio de otra época: «Os espero el 20N por la noche en Valencia, champán y mujeres». Poco después, y ante el revuelo que se levantó, matizó sobre las «mujeres»: «Las nuestras, claro».

En una reunión de alcaldes y portavoces del PP no dudó en coger el micrófono para versionar una canción de Coti. La letra decía: «Tengo una mala noticia / No fue de casualidad / No quería que le votaras / ¡Y tú, y tú! / Le quisiste votar / Yo quiero que reflexiones / No repitas por favor / Y comprende mis razones / ¡Zapa, Zapatero! / ¡Zapatero fue un error! / ¡Oh, oh, oh!».

El expresidente del Gobierno era uno de los blancos preferidos de las burlas de Rus. En una de ellas también salió salpicado Alfredo Pérez Rubalcaba. En un acto público se reía de una frase que Zapatero dijo en un encuentro con Obama: «La tierra no pertenece a nadie salvo al viento». Rus se mofó con un pareado: «Lo que no dijo es qué es el viento, las orejas de Rubalcaba en movimiento», añadió provocando la carcajada general.

«Dije que traería la playa y me votaron. ¡Serán burros!» Lo dijo en un acto en Benigànim, donde incitó a los candidatos a exagerar las promesas para ganar las elecciones. «Donde no gobernamos hay que crear la ilusión de gobernar», añadió. Le gustaba tanto exagerar las promesas electorales que incluso prometió coches de lujo a sus votantes en un mitin en Riba-roja: «Yo tenía un Ferrari y no querían que lo tuviera. Me lo compré antes de entrar en política y, después, me lo cambié. Y por eso me tienen malicia, pero yo digo: si me votáis, tendréis uno».

En otra actuación, amenazó entre bromas a los asistentes al mitin del PP en Valencia para las europeas, en las que se presentaba como cabeza de lista Miguel Arias Cañete: «O votáis a Arias Cañete u os pego una paliza». Se le toleraba todo, porque eran «cosas de Alfonso». Nadie le acusó de incitar a la violencia o a la xenofobia cuando, en referencia a los comedores escolares, destacaba que «ahora el 80 por cien son del pueblo», mientras antes «iban búlgaros, rumanos, de Senegal…».

En un debate en el pleno de Les Corts, Rus respondió así a una queja de Mónica Oltra, de Compromís, sobre la falta de aviones en el aeropuerto de Castellón: «Pues ya habrá, no os preocupéis, y si no lo haremos de globos». Al portavoz socialista en la Diputación, Rafael Rubio, lo describió como «un bon xic i treballador, lo que dicen las suegras para decirle a uno inútil». A la coordinadora general de Esquerra Unida, Glòria Marcos, la llamaba «la de la mochila» ridiculizando su fisonomía.

Con motivo de la inauguración de un jardín en Ontinyent se dieron cuenta de que no disponía de accesos adaptados. La Asociación de Minusválidos del municipio se lo reprochó y el entonces presidente de la Diputación respondió con sorna: «A ver cómo arreglamos esto, no hemos puesto un ascensor para los pobres minusválidos». Tras la insistencia de la asociación, Rus instó a las personas que protestaran a que se tiraran y que colocaría «poleas para bajarlos con cuerdas».

Caía en gracia a una parte de la población. En junio de 2009 el pleno del Ayuntamiento de Xàtiva se negó (con los votos del PP) a retirar la declaración de «alcalde perpetuo» que otorgaron al dictador Francisco Franco en 1946. Rus no solo se opuso a la propuesta que defendieron PSOE e Izquierda Unida, sino que se atrevió incluso a cerrar el debate gritando en voz alta la consigna de los seguidores del viejo régimen: «¡Arriba España!».

El «verso suelto» del PP que hablaba en valenciano

Desde que fagocitó a Unión Valenciana, el uso del valenciano en actos públicos y de partido ha sido algo residual en el PP. Siendo consellera de Educación, María José Catalá pidió perdón en un mitin por hablarlo en público, cuando varios militantes la increparon. Alfonso Rus era de los pocos en el PP que utilizaba la lengua autóctona en los mítines, pero lo hacía en sus registros menos cultos.

No hablaba en valenciano para dignificar la lengua sino porque se sentía más seguro en sus gracietas, y su público se lo agradecía. Rus recogía el voto del sector regionalista y de los estratos más populares de las comarcas valencianas. Era un complemento ideal para un PP excesivamente monocolor. Una muestra de cómo utilizaba la lengua como elemento de confrontación fue su alegato contra los maestros que hablaban valenciano normativo, a los que directamente les insultó. «Los que dicen «aleshores», «gairebé»… no sé qué quiere decir, pero son unos gilipollas», sentenció en un acto público. «Aquí no hablamos catalán, aquí hablamos valenciano», insistía contraviniendo a todas las universidades del mundo.

En 2004 llamó «chupópteros» y «membrillos» a los profesores de la Universidad de Valencia, a quienes acusó de perder el tiempo y tener siempre «la mano en el culo».

En 1998, la Generalitat de Cataluña solicitó al Ayuntamiento de Xàtiva una valiosa pieza del patrimonio setabense, una pila islámica tallada en mármol y con una antigüedad que supera los nueve siglos, valorada entonces en 420.000 euros. «A Cataluña, ni agua. Mientras yo sea alcalde esta pila no sale de aquí hacia ningún sitio, pero a Cataluña aún menos», anunció. Anteriormente, esa pieza única se había expuesto en museos de Granada y Nueva York. El alcalde de Xàtiva se convertía por momentos en historiador o crítico de arte a pesar de carecer de estudios. «Ellos no cuentan apenas con cultura árabe y nosotros sí. No sé qué pinta nuestra pila allí.»

El caso es que Rus tenía sobre la mesa un informe técnico que desaconsejaba un nuevo traslado de la obra, pero prefirió utilizar como argumento la catalanofobia que tanto gustaba a un sector de sus votantes más fieles.

También estaba enfrentado a las sociedades musicales por la aparición de una grabación en los días previos a las elecciones municipales de 2007 en las que decía que los músicos «són més rojos que un titot» (son más rojos que un pavo), además de «fills d’una puta». En la conversación, el alcalde de Xàtiva se quejaba de haber tenido que acompañar a la banda Primitiva Setabense al Certamen Internacional de Valencia, donde quedó en tercer lugar. «Yo voy a enviar a tocar la figa de su madre a los de las bandas porque se portaron mal conmigo. Me hicieron ir a Valencia a la plaza de toros, perdieron y no vinieron ni a darme la mano para decirme, ¡ei, mala suerte! ¡Claro, hombre, claro! Estuve allí a ver si ganábamos el premio casi desde las siete de la tarde hasta las tres de la mañana. Todavía me duele hasta el culo… Y después resulta que vienen a mamármela igual.» Los músicos salieron a las calles de Xàtiva a protestar, pero él se burló de «la banda del trilitrón» que había merodeado su domicilio.

Mientras el ayuntamiento cedía espacios municipales como el Gran Teatre o la plaza de toros gratis para los conciertos de estrellas extranjeras y se les pagaba caché, las sociedades musicales de Xàtiva, integradas por músicos locales, debían pagar un canon por el uso de luz y sonido. También debía pagar Pep Gimeno «Botifarra», a pesar del enorme trabajo realizado para recuperar la cultura popular de Xàtiva y de la comarca de La Costera, o el cantante Raimon, autor de «Al vent», la canción convertida en himno de la lucha antifranquista. Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña (1997), Premio Ondas (1997), Premio de Honor de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música (2007), Medalla de Honor de Círculo de Bellas Artes de Madrid (2014)… Raimon estaba vetado en su municipio a pesar de ser considerado una celebridad nacional.

A algunos artistas como Xavi Castillo los censuró. En 2004, el actor alcoyano realizó en la Fira de Xàtiva una parodia del papa Juan Pablo II, y Rus inició una campaña de acoso y derribo. Numerosos alcaldes del PP obedecían al barón territorial y no le contrataban, pero el humorista se hizo fuerte gracias a los colectivos festeros, asociaciones y ayuntamientos de otros partidos que programaban sus espectáculos.

En el año 2010, Rus, a través del diputado Máximo Caturla, fue el máximo responsable del episodio de censura en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (Muvim), propiedad de la Diputación de Valencia, por la exposición de fotografías «Fragments d’un any» organizada por la Unió de Periodistes. A la cúpula del PP no le gustaba que se exhibieran algunas instantáneas que aludían al caso Gürtel en pleno calvario judicial del presidente Francisco Camps, y obligó a la Unió a quitarlas. La asociación se negó y optó por retirar la muestra entera. El director del Muvim, el profesor Román de la Calle, dimitió como consecuencia de la protesta.

Cuando le interesaba, Rus se erigía como verso suelto y marcaba distancias con su propio partido. Ocurrió en 2011, cuando Francisco Camps designó a Alberto Fabra como su sustituto, cuando este trazó las famosas líneas rojas para que los diputados imputados dimitieran, o cuando Mariano Rajoy tomaba decisiones impopulares. «Rajoy no ha cumplido con Valencia», reconoció. «Mientras haya una persona en el paro, no podemos salir a decir públicamente que esto funciona fenomenal», afirmó en otra ocasión.

Con Alberto Fabra empezó mal y no tuvo jamás la sintonía que logró con Rita Barberá y Francisco Camps. El interés del exalcalde de Castelló de marcar distancias con la corrupción y obligar a los diputados autonómicos que resultaran imputados a dejar el cargo afectó de lleno a su amigo Rafael Blasco. «Una imputación solo significa poder ir a defenderse, decir lo que uno opina», afirmó el 19 de julio de 2012. El presidente de la Diputación era partidario de esperar a los juicios para pedir responsabilidades políticas: «La limpieza la harán los jueces». Cuando la hicieron, no siempre estuvo de acuerdo. De hecho, lamentó la condena a su amigo Rafael Blasco por el caso Cooperación. «Es muy dura», criticó.

Lo cierto es que dentro de la cúpula del PP solía rodearse de las amistades más peligrosas. El vicepresidente segundo de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises, Enrique Crespo, fue uno de los primeros de su entorno en caer, en febrero de 2012, al ser considerado uno de los cabecillas del caso Emarsa. Rus también tenía muy buena relación con Carlos Fabra en Castellón, al que siempre le brindaba elogios: «Yo de mayor quiero ser Carlos Fabra» decía, rindiendo pleitesía a uno de sus referentes dentro del partido.

Rus alardeaba de su amistad con el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, y cuando este último fue condenado a tres años de prisión por corrupción Rus firmó la iniciativa promovida por unos diputados del Grupo Popular en las Cortes —no autorizada por Alberto Fabra— donde se pedía su indulto. «No es ningún delincuente», dijo. Desde su punto de vista, Pedro Hernández Mateo no debía entrar en la cárcel a pesar de estar condenado en firme a tres años de cárcel por prevaricación por un motivo: «porque es amigo mío».

En una conversación le pillaron aludiendo a Hernández Mateo. «Ahí [Torrevieja] hay un problema social. La mafia rusa es la que controla el tema. Eso lo sabe el president. Y él lo sabe. No hay problema.»

Cuando estalló el caso Gürtel, en febrero de 2009, Alfonso Rus sorprendió en los medios por la dureza de sus palabras contra la corrupción: «Quien meta la mano que se la corten, como hacía Jomeini». El presidente provincial se refería al Ayatolá Ruhollah Musavía Jomeini, el líder mesiánico integrista islámico que implantó un régimen exento de libertades en Irán.

Los medios de comunicación destacaron la contundencia del presidente provincial en este caso en concreto. Rus no se dirigía con aquellas palabras a los miembros del Consell, sino a los cabecillas de la trama de Francisco Correa, con los que el dirigente de Xàtiva no solía hacer tratos. Por eso, cuando salió su implicación en el caso Taula, Álvaro Pérez, El Bigotes, no pudo reprimirse: «A quien dios se la dé, san Pedro se la bendiga […]. Muchos valencianos que aun presumiendo de ser valencianos han desfalcado la provincia de Valencia y la Comunidad, me han salpicado mierda a mí para quitarse mierda ellos».

Promotor de espectáculos

Una de sus primeras realizaciones como alcalde setabense fue la construcción de un teatro, el Gran Teatre, un coliseo cuyo aforo no pudo estar a la altura de sus planes. Por ello se vio obligado a convertir el campo de fútbol La Murta en una enorme platea, hasta que, por fin, pudo emprender el cerramiento de la plaza de toros, un edificio creado en 1919 por Demetrio Ribes (el mismo arquitecto de la Estación del Norte de Valencia), al que los vecinos rebautizaron popularmente como «el ovni» por su nueva imagen.

Los controvertidos trabajos empezaron bajo un presupuesto de seis millones y acabaron costando casi catorce (un juez de Xàtiva abrió en septiembre de 2016 una investigación al respecto), pero lo bueno era que le permitirían contratar a artistas y conjuntos musicales durante todo el año. «Si somos capaces de traer la Fórmula 1, lo somos de traer a The Rolling Stones», proclamó en la rueda de prensa en la que anunció el concierto de The Police el 2 de julio de 2008 en Valencia.

Como cargo público desarrolló intensamente la faceta de promotor de espectáculos que ensayó siendo un chaval. Llevó a Xàtiva a artistas como Montserrat Caballé, Julio Iglesias, Sara Baras, Joaquín Cortés, Mstislav Rostropóvich o Alejandro Sanz. Y desde la Diputación organizó los conciertos de The Police y Madonna, y creó un proyecto insólito como «Sona la Dipu».

En 1998 instituyó el festival de verano Nits al Castell, de cuyas contrataciones se ocuparía su brazo derecho para la música culta, Juan Antonio Ramírez Pérez, por medio de dos empresas creadas al efecto, Obvio Producciones Musicales e Ingenio Producciones 2000. De los grandes conciertos patrocinados u organizados por el Ayuntamiento de Xàtiva se ocupaba Bat Media, primero, y Music Community después.

Más que ofrecer cultura, lo que pretendía era generar un negocio. Ramírez, conocido como «Saxofonín», era amigo de Rus y compañero de sus viajes a Ibiza, además de contratista de la Diputación de Valencia. La institución provincial le contrató espectáculos de copla, zarzuela y tango con los que tenía contenta a la tercera edad. Saxofonín es hermano de Miguel Ramírez, exalcalde de Anna y padre de la secretaria de Marcos Benavent. El marido de la secretaria, José Estarlich, es uno de los presuntos testaferros de la trama.

Eran los años de los famosos «besamanos» para los jóvenes becados por la Diputación para hacer prácticas en ayuntamientos, para las comisiones falleras que recibían ayudas, o para los grupos de jubilados que se desplazaban desde todos los municipios a disfrutar de una actuación con comida y discurso incluidos. Todos pasaban por el Palacio de la Batlia, sede de la institución, para agradecer al excelentísimo presidente su gestión.

En 2009, la Asociación de Productores y DJ’s, de la que forma parte el mítico Chimo Bayo («Exta sí, exta no, esta me gusta me la como yo»), nombró a Rus presidente de honor.

Empresario de éxito

El Boletín Oficial de la Provincia de Valencia publicó que, a su salida de la presidencia de la Diputación de Valencia en 2015, Alfonso Rus tenía un patrimonio de 624.681,24 euros, y que sus ingresos declarados el último año ascendieron a 113.287,60 euros por todos sus cargos públicos y empresariales. Según estos datos, su patrimonio era un 32% menor a cuando hizo la declaración al principio de la legislatura, en 2011 (916.018,68).

Lo más curioso es que en diciembre de 2011 le tocaron 625.000 euros de las cinco participaciones del segundo premio del sorteo del Gordo de Navidad que le había vendido el vicepresidente segundo de la Diputación, Enrique Crespo. Sin la aportación extraordinaria de la Lotería, Alfonso Rus, adalid de la buena gestión, estaría en números rojos. Ahora bien, ¿dijo la verdad el dirigente del PP en su declaración oficial?

La Fiscalía Anticorrupción destacó en el marco del caso Taula su «abundante patrimonio», parte del cual estaría «en el extranjero». En el BOP, Rus no reconoció tener inmuebles de su propiedad y solo reflejaba la participación en algunas de las sociedades mercantiles —FDM, Art Invest 2007, Alquivent MR, Edificio Requena y Promociones MR— del total de las que aparece en el Registro Mercantil.

El imperio empresarial, inmobiliario y automovilístico de la familia Rus supera los 13 millones de euros, según El Confidencial (30/01/2016). Su familia tiene 43 propiedades, concentradas la mayoría en Xàtiva. Destaca el ático en una de las avenidas más céntricas del municipio, los 12.000 metros cuadrados de cultivos de regadío en las afueras, un chalet en el campo, numerosos garajes, locales comerciales y naves en el polígono industrial, inmuebles en Gandia, una casa en Manacor (Mallorca) y un comercio en San Sebastián. El bajo del Casino Setabense, lugar tradicional de encuentro de la burguesía local, es de su propiedad. La mayoría de las propiedades están inscritas a nombre de sociedades de los Rus, como Albeba S.L. (nombre ideado a partir de las iniciales de los miembros de la familia: Alfonso, Begoña y Bárbara), donde figura como titular su mujer desde 1997.

A ello se suman varios vehículos de lujo. Una de sus pasiones han sido los coches. Su primer Ferrari era de segunda mano, el siguiente ya era nuevo. Su mujer tiene un Mercedes SLK más discreto y su hija Bárbara un Porsche deportivo azul.

Rus 2 SL comercializaba aparatos electrodomésticos y Albeba SL se dedica al alquiler de bienes inmobiliarios. Ninguna de ellas presenta cuentas desde 1995. Cuando entró en política fue cerrando progresivamente sus tiendas. Solo persistió durante un breve período de tiempo la de Xàtiva.

La empresa de cocinas de Rus, Fabricación y Distribución del Mueble (FDM), ha estado vendiendo maderas y muebles durante años a través de constructoras con las que contactó a medida que ascendió posiciones en el PP. Unas operaciones que por sí solas no tendrían por qué levantar sospechas si no fuera por la presunta trama de comisiones que habría obtenido dinero de forma ilícita amañando o revistiendo de legalidad numerosos contratos de la Diputación.

FDM inició sus operaciones en 1990 y no ha presentado las cuentas desde 2007 a pesar de tener un intenso rendimiento y haber recibido cientos de miles de euros de créditos de las extintas cajas valencianas —controladas por el PP— para financiarse. Las maderas y muebles adquiridos por las empresas tendrían como destino Argelia y otros países.

Rus ha mezclado sus reuniones para asuntos privados con su agenda pública. En septiembre de 2012 invitó a su ciudad al jeque Hamad, de Abu Dabi, quien lució su fortuna por la provincia durante unos días. En 2015 viajó a Argelia.

El Mundo desveló que Alfonso Rus tenía sociedades radicadas en Reino Unido y Portugal. FDM posee el 95% de Finlar Productos de Consumo LTD, con sede en Reino Unido, y el 94,9% de Finlar Productos LDA, con sede en Portugal. También aparecen vinculaciones con empresas que los investigadores relacionan con el exconseller Rafael Blasco (condenado a seis años de prisión por malversar las ayudas de la cooperación), como BM3.

La Unidad Central Operativa vinculó a Rus con firmas que sacaron de España nueve millones de euros. Las operaciones se realizaron con Geneva Fondo Inmobiliario S.L., con gran actividad en Brasil, Chile, Portugal y Reino Unido.

El dream team de Rus

Lo cierto es que Alfonso Rus tenía buena prensa, y si por algo destacaba la institución provincial era por ser generosa con las campañas institucionales y saber cuidar a los medios con suculentos contratos de publicidad e inserciones en la prensa comarcal. Eso sí, siempre que se portaran bien.

Después de las elecciones de 2011, fichó como director de Comunicación de la Diputación a uno de los periodistas valencianos más influyentes, Pedro Muelas, que había dirigido el periódico preferido por la izquierda, Levante-EMV, entre 1998 y 2009. El jefe de deportes de la cadena Ser en Valencia, Pedro Morata Calvo, recibió 745.126 euros de Imelsa a través de la empresa Anuario del Deporte Valenciano S.L. de la que es socio único. Rus inyectó este dinero durante siete años a la firma de este influyente periodista en concepto de patrocinio del anuario deportivo que editaba. Una auditoría incorporada al sumario de Taula apunta a «conducta irregular» en la firma de los contratos publicitarios.

El periodista setabense Josep Lluís Fitó contó en un artículo de opinión los intentos de Rus para que perdiera su plaza en Radiotelevisió Valenciana. «Quiero que te cargues a ese hijo de puta», le dijo Rus al director general Pedro García. Fitó presidió el Comité de Empresa de RTVV y es autor de la obra teatral Corruptia, una regió de l’est. El delegado del periódico Levante-EMV en La Costera, Ricard Gallego, fue otro de sus blancos. «El alcalde no soportaba la línea editorial de la delegación y pidió que la cerraran y que despidieran al delegado, que fue trasladado a la redacción central.» (Levante, 25/07/2016). En 2016, Gallego se convirtió en jefe de gabinete del socialista que sustituyó a Rus en la presidencia de la Diputación, el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez.

Y es que la crisis golpeó las estructuras de muchos medios de comunicación que ya no ingresaban tanto dinero público y cedían ante quien «repartía el chocolate», en palabras de Fitó.

El 14 de junio de 2009 el presidente de la Diputación estaba en la cresta de la ola. Levante-EMV publicó un amplio reportaje titulado «El “dream team” de Alfonso Rus», con una fotografía de él y sus colaboradores más cercanos en pantalón deportivo y camiseta de manga corta, corriendo en el viejo cauce del río Turia de Valencia a pleno sol.

«Tres días a la semana, Rus sale a correr con sus principales colaboradores por el viejo cauce del río Turia a pleno sol en un circuito de unos siete kilómetros.» Sus acompañantes eran su jefe de gabinete, Emilio Llopis; su secretario personal, José Luis López; el delegado del Consell en Valencia, Rafael Soler; el alcalde de Manises, Enrique Crespo; y otros diputados provinciales como Carlota Navarro, Amparo Mora o Salvador Álvarez. El periódico desvelaba que en ocasiones acompañan a la comitiva algunos «ilustres» como el torero Vicente Barrera o el pelotari Enrique Sarasola. El grupo, decía el periódico, «se ha conjurado para eliminar de sus agendas las comidas de trabajo y tratar de mejorar la forma física». Lo adornaba con declaraciones del tipo: «yo ya he perdido cuatro kilos», que decía uno de los figurantes.

En el texto, Víctor Romero explicaba que antes de compaginar tantos cargos, Rus hacía «footing» en Xàtiva casi a diario, pero la acumulación de responsabilidades le obligó a perder costumbres. «Ahora ha recuperado la rutina deportiva y cuenta incluso con el asesoramiento de un fisioterapeuta de su ciudad simpatizante del partido», explicaba.

Es cierto que Alfonso practicaba deporte. La inauguración del primer campo de fútbol de césped artificial de Xàtiva corrió a cargo de un combinado peculiar del que formaban parte Alfonso Rus y Eduardo Zaplana.

El dream team fue el sobrenombre de la selección de baloncesto de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y que reunió a las estrellas de la NBA. Regalaron al mundo dos semanas de básquet inolvidables. El nombre se extrapoló al Barça genial de Johan Cruyff, que en la misma época ganó cuatro ligas consecutivas y una Copa de Europa. Elevar al grupo de Alfonso Rus a la categoría de dream team muestra hasta qué punto la sociedad valenciana de aquella etapa estaba enferma.

En el posado running del diario Levante también aparecía la sombra de Rus, el que fuera alcalde de Genovés y jefe de Gabinete, Emilio Llopis, pero no estaban el resto de los principales protagonistas del caso Taula: Marcos Benavent, Máximo Caturla y Juan José Medina, su auténtico núcleo duro. Emulando el caso Watergate, en sus escritos la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil prefería llamar a la banda como «los hombres de Rus», en lugar del dream team.

Marcos Benavent nació en Benigànim (población vecina de Xàtiva), en el seno de una familia de abogados del Opus Dei. Estudió derecho en la Universidad de Valencia, donde conoció a ilustres del PPCV como Esteban González Pons o David Serra, con quienes coincidiría años más tarde en el partido. El periodista setabense Xavier Aliaga recuerda que Benavent «frecuentaba los contados locales nocturnos disponibles en Xàtiva a finales de la década de los ochenta e inicios de los noventa», era «extrovertido y de buena planta», un tipo que «caía bien entre el público femenino y el masculino». Su perfil era «inmejorable» para figurar en la candidatura de Rus en 1995 y ejercer de concejal de Feria, Fiestas y Juventud del Ayuntamiento de Xàtiva en la primera legislatura del PP, de 1995 a 1999.

Un tiempo después casó con Nina López, reina de las fiestas e hija del presidente de la asociación empresarial de la Costera, Mariano López. Posteriormente se trasladó a Valencia, trabajó en la empresa privada y montó una peluquería que se llamaba «Qué hay de lo mío». Fue asesor de la conselleria de Cultura y recaló en la Fundación Jaume II El Just, que dirigía un amigo de Francisco Camps, Vicente Burgos.

Benavent nunca rompió sus relaciones con Rus, y de hecho estuvo trabajando desde la conselleria de Cultura y la Fundación Jaume II El Just recabando apoyos para que este lograra en 2007 ser presidente de la Diputación. En una conversación que mantuvo con David Serra en aquella época se retrata: «Nosotros ganamos la Diputación y que les den por culo a todos… No te putea nadie… Quiero decir, de presidente de la Diputación, ¿sabes cuánto puedes colocar?... No tienes que dar explicación a ninguno. Si eres conseller, tienes que dar explicaciones a todos. Todos los viernes Consell… Tienes una jefa de gabinete que te da por culo».

En 2006 se especuló con su vuelta a la primera línea de la política local como número dos de la candidatura municipal. Su nombre sonaba incluso para sustituirle en el Ayuntamiento de Xàtiva. Benavent cumplió su cometido y Alfonso Rus le premió en 2007 con otro destino mucho mejor: la gerencia de Imelsa.

La empresa pública provincial era el epicentro de esta organización criminal. Se buscaban empresas, se amañaban los contratos y se repartían la comisión (una parte siempre para sufragar los gastos del partido y poder reeditar victorias electorales que garantizaran la permanencia del negocio). En Imelsa, Benavent montó su particular centro de inteligencia.

Juan José Medina era vicepresidente primero de la Diputación de Valencia, alcalde de Moncada y portavoz del Grupo Popular. En el reparto de papeles con Rus en el salón de Plenos él siempre hacía el de «poli malo». Le encantaba fustigar a la oposición. Además estaba en la cúpula del PP provincial como vicesecretario de organización. Cuando en mayo de 2015 se hizo pública la grabación de los «dos millons de peles», asumió él la presidencia de forma temporal. Gente de su entorno más cercano está implicada en el caso Emarsa, el saqueo a la depuradora de Valencia y el área metropolitana.

Máximo Caturla, licenciado en Económicas, era vicepresidente segundo de la Diputación de Valencia, diputado de Economía y Hacienda y portavoz adjunto del Grupo Popular. Compaginaba esta responsabilidad con la de concejal de Fontanars dels Alforins. Entró en política de la mano de José Luis Olivas como director general de Presupuestos, y con los consellers Castellano y Rambla fue subsecretario de recursos económicos de Sanidad. De ahí dio el salto a Educación. Entre 2004 y 2007, fue delegado de la empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anómina (Ciegsa). A Caturla los investigadores lo calificaron de «agente doble». Por un lado dirigía el tráfico de mordidas en Ciegsa entre 2004 y 2007 y decidía si cada comisión se abonaba al PP regional o al provincial. Por otro, era el hombre de las cuentas del partido y en la Diputación. Cuando se filtraron en prensa las primeras conversaciones grabadas por Benavent se apresuró a vender parte de su patrimonio, un hecho con el que se delató. Según la Guardia Civil, este dirigente del PP cobró una comisión de 96.640 euros por parte de una constructora a la que benefició de una forma un tanto curiosa. Disfrazaron el pago con la supuesta adquisición de kilos de tomate frito que comercializaba su empresa familiar.

En las grabaciones de Benavent también aparece el ex vicepresidente del Consell, Gerardo Camps, y numerosos dirigentes del PP valenciano en esta etapa: Vicente Betoret (número dos de Alfonso Rus en el partido y su sustituto tras su expulsión del partido), Alejandro Font de Mora (exconseller de Cultura y expresidente de las Cortes), Víctor Campos (exvicepresidente de la Generalitat), etc.

Las conversaciones revelan una doble guerra interna en el PP. Una, la habitual de todos los partidos por alcanzar los cargos de mayor relevancia pública y presupuestaria, y otra, más novedosa, para controlar las mordidas. Las grabaciones de Marcos Benavent evidencian, según el informe de la UCO, «el conflicto de intereses surgido por el control de las adjudicaciones». En una conversación, Máximo Caturla señala que el presidente (en referencia a Francisco Camps) debe marcar el criterio para funcionar «o aquí va a haber una guerra de laterales».

Uno de los detenidos en la operación Taula fue el ex vicesecretario del PPCV David Serra, imputado ya en el caso Gürtel, por presunta financiación ilegal del PP en tres campañas electorales (municipales y autonómicas de 2007 y nacionales de 2008). En una de las grabaciones recopiladas por Benavent, Serra no puede ser más claro: «Yo si quiero que le den un colegio a una empresa que se ha presentado a un concurso, le tengo que llamar a Caturla pidiéndole un favor». Serra también está implicado en el caso Brugal. Rus pagó numerosos informes con dinero de la Diputación a Estudi General Advocats i Assessors, el despacho de David Serra y Joan Pau Agulló (letrado que defiende a la presunta cabecilla del caso Palau de les Arts, Helga Schmidt).

Los empresarios detenidos no eran unos desconocidos: José Adolfo Vedri, cabeza visible de Engloba, la agencia de publicidad mimada por el PP que recibió contratos públicos por cerca de 30 millones de euros de la administración pública mientras trabajaba en campañas electorales del partido; Carlos Turró, presidente de la constructora Cleop; Alejandro Serra, ex director general de Cleop; Francisco Javier Luján, presidente de Construcciones Luján; Salvador Sansano Pitarch, empresario de Auriba o Valencia Interactiva; Enrique Aleixandre, empresario de Universo Selección; Vicente Francés, de Construcciones Francés; Carlos Vicente Gil, de Cyrespa; el empresario Javier Marchesí o Jaime Cabot Ivars, administrador de un fondo utilizado supuestamente por Rus para blanquear dinero.

También figuraban personas del entorno más cercano a Marcos Benavent, como su supuesto testaferro, Jaime Úbeda, o su exsuegro Mariano López; así como los técnicos que avalaban con su firma los presuntos amaños: Joan Vergara, exarquitecto de Imelsa; Salvador Deusa, exjefe de evaluación y planificación de la Diputación de Valencia; y Elena Bosque, exdirectora técnica de Imelsa.

La trama

La investigación del caso Taula fue puesta en marcha por el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, que dirige Víctor Gómez Saval. La trama de corrupción, organizada y jerarquizada, tendría ramificaciones internacionales y habría amañado multitud de contratos públicos revistiendo de legalidad adjudicaciones de la Generalitat, la Diputación y varios ayuntamientos. Las comisiones oscilarían entre el 2 y 3% por cada contrato público amañado (la cantidad variaría en función del cargo del PP que pedía la comisión y su función dentro de la organización). Los cabecillas de la trama habrían desviado a sus bolsillos entre 10 y 20 millones de euros, según la primera estimación del juez. Otra cantidad de dinero habría servido para financiar al partido, sobre todo los fondos procedentes de las constructoras. El PP valenciano contaría con cinco cajas con dinero B conectadas entre sí.

A medida que avanzó la investigación, la causa se fue desgajando en diferentes piezas con el fin de facilitar el proceso. La primera pieza de la que se levantó el secreto de sumario fue el delito electoral y blanqueo de capitales (o «pitufeo») en el Grupo Municipal del PP en Valencia. Afecta a Rita Barberá y a las exconcejales María José Alcón y Mari Carmen García Fuster, entre otros. También afecta al Ayuntamiento de Valencia la segunda pieza, la referente a varios contratos donde presuntamente se cobraron mordidas: construcción y gestión del centro cultural La Rambleta (Bulevar del Arte y la Cultura-Engloba), rehabilitación de las Torres de Quart y los puentes de Serrano y Trinitat (Cleop), varias ediciones de la Mostra de cine (Universo Selección), etc.

Otra causa aborda los contratos de la corporación provincial, varios planes que se desarrollaban conjuntamente con los ayuntamientos, principalmente el de instalaciones deportivas y bombillas de bajo consumo.

El plan inicial preveía 214 proyectos, aunque finalmente se ejecutaron 120 por 34,7 millones de euros: 64 campos de fútbol, 47 pistas de pádel y 9 piscinas. La diputación pagaba el 50% de la obra y el municipio la otra mitad, salvo las localidades de menos de 5.000 habitantes, que corrían con el 40% del gasto. Las empresas beneficiarias fueron Construcciones Luján, Construcciones Francés o Clásica Urbana. Del programa para el cambio a luces leds en los municipios se benefició, entre otros, Vicente Quilis, empresario de Xàtiva. Otro de los empresarios beneficiados por estos planes fue Vicente Cuquerella, propietario de una parte del edificio que albergaba la sede del PPCV, en el 102 de la calle Quart de Valencia. La investigación trata de dilucidar si Cuquerella pudo beneficiarse de adjudicaciones a cambio de cederle las instalaciones al partido.

En otra pieza se investigan los «enchufes» en Imelsa, el de aquellos trabajadores (conocidos como «zombis») vinculados a partidos y sindicatos, y que estando a sueldo de la empresa pública solo aparecían para cobrar. Imelsa llegó a contar con 770 empleados, de los que alrededor de 550 estaban adscritos a las brigadas forestales. Desde que se creó la empresa pública, en 1999, solo hubo un proceso selectivo por el que se contrató a 27 personas. El resto fue nombrado a dedo y, tras un largo proceso, fueron consolidando su plaza como indefinidos.

El grueso de la investigación se centra en los negocios particulares de Alfonso Rus y sus diferentes ramificaciones a países como Brasil, como el equipo de fútbol que presidía, el Olímpic de Xàtiva. El juez también indagó sobre la Fundación Jaume II el Just y Ciegsa.

La obra pública fue un filón para los integrantes de la trama. Cuanto más elevado era el presupuesto, más dinero podían repartirse sus integrantes. La inversión en centros sanitarios y colegios difícilmente sería criticada por los partidos de la oposición. Uno de los gerentes de Ciegsa, Javier García-Lliberós, llegó a decir: «si la oposición cree que invertimos demasiado en educación, que lo diga claramente, porque estamos orgullosos». La Generalitat creó Ciegsa en 2001 para la construcción de colegios e institutos, una empresa pública que lograba burlar los controles de la administración. Los 610 centros escolares construidos entre 2001 y 2014 han costado 2.039,8 millones de euros, un 36,07% más caro de los 1.304 millones que se habría pagado si las obras las hubiera adjudicado directamente la conselleria de Infraestructuras, según un informe oficial de Intervención de la Generalitat. O dicho de otra forma, con el mismo dinero se podrían haber construido 200 colegios más. En enero de 2016 el nuevo ejecutivo denunció que Ciegsa era una administración paralela, una «conselleria en B».

Las adjudicaciones se realizaban sin posibilidad de mejorar económicamente la propuesta y en lotes, lo que según este documento «restringe la competencia entre empresas». Intervención de la Generalitat cifró en 1.734 millones de euros la deuda de Ciegsa en 2015. Alberto Fabra disolvió esta empresa en 2013.

La provocación es aún mayor. Entre 2008 y 2012 cinco empresas manipularon las licitaciones para repartirse las adjudicaciones de los barracones en los colegios e institutos por un montante de 29 millones de euros. Mantuvieron reuniones de altos directivos e intercambiaron correos y comunicaciones para coordinar su participación en los concursos. Al no competir, no había rebajas y aumentaban su rentabilidad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia les pilló en 2015 y multó a las empresas.

Mientras estas firmas hacían el negocio, casi 20.000 niños valencianos permanecían en barracones. Más de 400 aulas prefabricadas que costaron 92 millones de euros.

Los diputados socialistas Ana Noguera y Andrés Perelló denunciaron en 2006 las irregularidades en Ciegsa, pero solo encontraron burla y soberbia e incluso fueron vetados cuando intentaron visitar las instalaciones. En Ciegsa ha habido extraños robos de documentación e incluso un misterioso incendio el 29 de abril de 2005 en una sede de la conselleria en Alaquàs que la oposición no sabía ni que existía. Ciegsa no reclamó al seguro por los daños.

Denunciaron esta y otras irregularidades, pero en la época de bonanza económica y mayorías abrumadoras del PP aquellas noticias incómodas nacían y morían el mismo día escondidas en la prensa provincial. Con el paso de los años y la crisis económica la situación cambió. La decisión de judicializar las denuncias y filtrar partes de los sumarios a medios de comunicación nacionales ayudó a que la sociedad conociera lo que se escondía en realidad detrás del régimen.

Ante todo, un «artista»

Alfonso Rus acudió en calidad de presidente de la Diputación al homenaje al cantante de canción melódica Juan Camacho, que organizó la Casa del Artista en el Palau de la Música de Valencia en 2008. Camacho fue vocalista de Los Diapason’s y Los Relámpagos en los años sesenta, pero fue como solista de baladas cuando triunfó realmente en los setenta. De hecho ganó el Festival de la Canción de Benidorm en 1973 con la canción «A ti, mujer», que le lanzó al mercado internacional. Los críticos le compararon con Nino Bravo o Bruno Lomas. Aunque no alcanzó tanta notoriedad, sus vidas guardan similitudes: los tres eran valencianos y fallecieron muy jóvenes en accidentes de tráfico. Bruce Springsteen cantaba en «Born to run» que «las autopistas están atascadas de héroes rotos».

Como en otras ocasiones, Alfonso dejó su butaca de espectador y se subió al escenario a tocar la batería acompañando al cantante Yaco Lara en aquel reconocimiento público. En mangas de camisa y con las baquetas en la mano, afirmó: «A mí todo esto de la política y tal, me da igual. Yo lo que soy es un artista». Su amigo y conseller Rafael Blasco, y la mujer de este, Consuelo Císcar, aplaudían entusiasmados desde la primera fila mientras sonaba la bella melodía:

«Y me fui sin saber de tu vida,

poco a poco la distancia fue más grande entre los dos…»