Índice

Portada

Prólogo

1. El shock del 11M

2. El PP en la Primera Legislatura de Zapatero (2004-2008)

3. El éxito electoral de mayo de 2007 y los seis primeros meses de 2008 hasta el Congreso de Valencia

4. Candidata en 2011 y el cáncer

5. Las Elecciones Generales de 2011

6. Mi dimisión

7. La crisis económica

8. «Yo destapé el caso Gürtel»

9. Púnica

10. Bankia

11. La corrupción: causas, manifestaciones y propuestas de solución

12. El abandono de los votos prestados

13. El agotamiento del modelo de 1990

14. La política de comunicación del Partido Popular

15. La irrupción de Ciudadanos y Podemos

16. ¿Qué hacer?

17. Un impulso nuevo a la lucha contra la crisis

18. El necesario «relato» de la libertad en España

19. Algunas propuestas para el futuro

Epílogo

PRÓLOGO

El pasado 20 de diciembre se han celebrado en España las duodécimas Elecciones Generales desde que se recuperó la democracia. Los resultados de estas últimas Elecciones han introducido unos cambios muy considerables en el mapa político de España, con la clara caída de los dos grandes partidos, PP y PSOE, y la irrupción de dos nuevas fuerzas, Podemos y Ciudadanos.

Todos los comentaristas están de acuerdo en que nada va a ser igual en la política española a partir de estos momentos. Vivimos con la sensación de que va a empezar una época nueva en nuestro régimen democrático. Una época que aún no sabemos cómo va a ser, pero que no será como la que hemos vivido en los últimos cuarenta años.

Ese saber que el futuro no va a ser como el pasado y ese saber que el pasado ya no sirve podría ser una definición genérica de lo que es una crisis. Y lo es porque, después de las Elecciones del 20 de diciembre de 2015, ya es evidente que el sistema político dentro del que nos hemos movido los españoles las últimas décadas está en crisis y que sólo los políticos que acepten esa realidad tendrán algo que decir y algo que representar en la nueva era que se está abriendo. Como también me parece evidente que los políticos que se nieguen a afrontar los cambios a los que la nueva situación nos enfrenta estarán cada vez más lejos de los ciudadanos.

En lo que al PP se refiere, a pesar de haber sido el partido más votado en estas últimas Elecciones, también se hace evidente la necesidad de llevar a cabo esa reflexión y esa renovación total de ideas, proyectos, personas y hasta imagen, si no se quiere que los ciudadanos acaben abandonándolo. Haber sido la primera fuerza en las Elecciones no puede esconder el hecho de que también ha sido la fuerza política que más votos ha perdido en relación a las Elecciones de cuatro años antes.

En noviembre de 2011, el PP obtuvo 10,8 millones de votos, y en diciembre de 2015 han sido 7,2 millones, es decir, en 2015 el PP ha perdido uno de cada tres votantes de los que tuvo en 2011. Perder 3,6 millones de votantes en cuatro años es un aviso inequívoco de que ya nada va a ser igual. Sobre todo, cuando sabemos que el PP no logra el apoyo de los jóvenes para presentarse como un partido de futuro. Y cuando, además, sabemos que muchos de los votos de ese 20D son votos del miedo, votos de ciudadanos que han votado «tapándose la nariz», como se dice coloquialmente, por miedo a las propuestas de un partido como Podemos, que, a pesar del maquillaje, no puede esconder su ideología, mezcla de comunismo bolivariano y de populismo demagógico. Pero es que, además, esta caída de votos en las últimas Elecciones viene precedida por una serie de resultados del PP altamente decepcionantes, que se suceden casi desde el día siguiente al gran éxito electoral de noviembre de 2011.

Ante estos hechos incontrovertibles, a muchos, creo que a todos, los que seguimos la vida política española se nos plantea, desde hace cierto tiempo y ahora con más virulencia, una pregunta muy sencilla que, sin embargo, tiene difíciles y variadas respuestas. Esa pregunta simple es: ¿qué ha pasado para que, en todas las Elecciones que tuvieron lugar en 2011, Municipales, Autonómicas y Generales, la inmensa mayoría de los electores españoles otorgaran su voto y su confianza al PP, de forma inédita en la democracia, y en 2015 esa confianza y esos votos (también en todos los niveles) hayan desaparecido en una proporción impresionante?

No cabe la menor duda de que, si se quiere contestar con seriedad a esa pregunta clave, hay que sumergirse en el análisis de lo que han sido la vida política española y la vida del PP en los últimos tiempos, y no sólo en estos cuatro años. Sin remontarse a la Prehistoria, sí que parece claro que analizar la política española de este periodo exige también analizarla, por lo menos, desde 2004, el momento en que el PP pierde aquellas Elecciones Generales, de forma más o menos inesperada, y las gana el PSOE, con Zapatero al frente.

Si esta pregunta del qué ha pasado se la plantean todos los que siguen y contemplan la vida política española desde fuera, con mucha más intensidad me la planteo yo, que no es que haya seguido la vida política española de los últimos doce años desde fuera, sino que la he vivido desde dentro, desde muy dentro.

He dedicado mucho tiempo a pensar y a analizar qué es lo que ha pasado en España y en el centro-derecha español en este periodo, y porque también he dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre mi propia actuación política, mis errores y mis aciertos, es por lo que he decidido hacer públicos esos pensamientos y esas reflexiones.

A mí, como ya he dicho en muchas ocasiones, se me podrán criticar muchas cosas, pero no que no hable claro, pues hasta mis más conspicuos adversarios reconocen que a mí se me entiende todo. Por eso, para que se me entienda todo, he escrito este libro.

Creo, además, que, sin contestar en profundidad a la pregunta de qué le ha pasado al PP y sus causas, no se puede pasar a la siguiente, que es: ¿qué hay que hacer para que los españoles vuelvan a tener a su alcance una opción de centro-derecha, liberal-conservadora, homologable a las que gobiernan en la mayoría de los países de Europa, ilusionante y atractiva?

También a contestar esta pregunta he dedicado mis reflexiones y mis análisis. Creo —lo he creído siempre—, que de los errores y de las crisis se pueden y se deben extraer las conclusiones más positivas, siempre que se reconozcan esos errores y se acierte en el análisis de las causas reales de esas crisis y se tenga la firme voluntad de corregirlos. Esos errores, también los míos, he intentado analizarlos aquí. Siempre con el ánimo, eso sí, de que sirvan para revitalizar el partido liberal-conservador que los españoles necesitan como opción política a la que confiar el gobierno de nuestra gran Nación.

Porque estoy firmemente convencida de que los valores centrales que ha defendido el PP siempre, la vida, la libertad, la propiedad, el Imperio de la Ley, la igualdad de los españoles ante la Ley y la idea de España como gran Nación, con una Historia admirable y que hoy quiere ser una Nación de ciudadanos libres e iguales en derechos, estos valores son compartidos por una inmensa mayoría de españoles. De manera que si los ciudadanos no identifican al PP con esos valores será, sin duda, por errores del Partido y de los que lo componemos, porque esos valores están ahí y son muchos los españoles que los tienen por suyos. Hacer que el PP conecte con esa mayoría de españoles es la tarea indispensable de todos los que creemos que esos valores tienen que ser los ejes del gran partido del centro-derecha español, del gran partido de los españoles que se consideran a sí mismos liberales o conservadores. Este libro es, en ese sentido, mi pequeña contribución a esa tarea de poner al día las ideas, las propuestas y lo que el PP debe ofrecer a los españoles.

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EL SHOCK DEL 11M

He creído que analizar lo que ha ocurrido para que el PP haya pasado de una mayoría absolutísima en 2011 a los decepcionantes resultados de las últimas elecciones exigía indagar en su trayectoria de los últimos años, especialmente en todo lo que ha ocurrido desde el 11M.

Además, como ese día yo era Presidenta de la Comunidad de Madrid, tuve el triste privilegio de vivir en primera persona muchos de los acontecimientos de aquella jornada y de los días posteriores. Creo que puede ser interesante mi testimonio personal sobre lo que viví esos días y, también, en los años posteriores.

La mañana del 11 de marzo de 2004 estaba en mi casa terminando de arreglarme para ir a mi despacho en la Puerta del Sol y, como de costumbre, estaba oyendo la radio. Así pude escuchar en directo cómo, a las ocho menos cuarto, interrumpían la emisión para anunciar que en la estación de Atocha acababa de estallar una bomba, en lo que tenía toda la pinta de ser un atentado terrorista. Nada más oír la noticia tomé la decisión de dirigirme inmediatamente a la estación para ver sobre el terreno qué había pasado y, como el coche venía a buscarme a las ocho, a esa misma hora, es decir, apenas un cuarto de hora después del estallido de la primera bomba, salí hacia Atocha. Aún puedo recordar cómo, al llegar a Colón, nos adelantaron el coche y la escolta del Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que iba en la misma dirección. En el coche seguí oyendo la radio, que daba noticias de otras bombas y del caos que reinaba en las estaciones de Atocha, del Pozo del Tío Raimundo y de Santa Eugenia, y de la sensación de tragedia que ya se estaba extendiendo por toda la ciudad.

Recuerdo cómo me bajé corriendo al llegar a Atocha, que ya estaba acordonada, y cómo entré a la carrera en la estación. Allí, en el hall, empecé a ver a las primeras víctimas, cuerpos por el suelo, algunas personas que, también desde el suelo, gemían con heridas claramente graves y a otras que, con caras de pavor, se dirigían hacia la salida, por donde precisamente acababa de entrar yo. Yo intentaba acercarme a los vagones del tren que había explotado, pero, en un determinado momento, unos policías vinieron desde donde estaba el tren destrozado para conminarnos a Alberto y a mí, que éramos los que íbamos hacia el lugar de la explosión, a que nos diéramos la vuelta y saliéramos de ese inmenso hall en el que nos encontrábamos. Parece que había sospechas de que podría haber otro artefacto explosivo en aquel tren ya deshecho del que salían las pobres víctimas que nos estábamos encontrando. Con los policías que nos daban las órdenes de salir venía Francisco Álvarez-Cascos, que, como Ministro de Fomento del que dependen las estaciones y las infraestructuras ferroviarias, había sido la primera autoridad en llegar a Atocha.

Salimos de la estación con la misma celeridad con que habíamos entrado y, ya en el exterior, empezamos a tomar conciencia de la inmensidad de la tragedia que estábamos viviendo. Se confirmaba que habían sido cuatro los trenes afectados y que el número de víctimas era incalculable pero, en cualquier caso, muy elevado. Confirmamos que allí, en Atocha, habían explotado dos trenes, el que ya estaba dentro de la estación y el que se encontraba en frente de la calle Téllez, pero que había otros dos trenes destrozados en el Pozo y en Santa Eugenia. Recuerdo que estábamos Cascos, Alberto y yo, y que muy pronto se nos unió Rodrigo Rato, que entonces era Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía, que llegó a la estación. Las ambulancias no paraban de llegar y de salir con heridos, y la Policía daba la impresión de que tenía perfectamente acordonada la zona.

Serían alrededor de las nueve o nueve y cuarto cuando decidimos ir a la estación del Pozo para ver cómo estaban las cosas allí. Al llegar a Entrevías nos encontramos con que ya estaba cortada la calle para acceder a la estación del Pozo y unos policías prohibían absolutamente el acceso. Yo intenté hacer valer con ellos mi condición de Presidenta de la Comunidad, pero sus órdenes eran taxativas: por allí no pasaba nadie, así que nos fuimos a una plaza situada enfrente de la estación del Pozo.

Parecía que los heridos ya habían sido evacuados. Nunca se ponderará bastante el extraordinario comportamiento de todos los servicios de bomberos, ambulancias, policías, médicos y enfermeros aquel día. Y reinaba una extraña desolación y el silencio. Algunos policías que allí estaban nos dijeron que había una bomba sin estallar y que iban a llevar a cabo una voladura controlada. Y recuerdo cómo, en aquella tensa espera a que estallara la bomba, y con el mal cuerpo que tenía por la acumulación de trágicas noticias que nos iban llegando, me entró un frío tremendo, porque, además, había salido de casa sin coger ninguna prenda de abrigo. Fue Rodrigo Rato, al verme casi tiritar, el que fue a su coche y sacó de la maleta un chaquetón muy abrigado que amablemente me puso por los hombros. Aquel chaquetón tendría un cierto protagonismo, porque al día siguiente Rodrigo Rato estaba en Barcelona en la cabecera de la manifestación de repudio del atentado cuando empezó a llover, y no tuvo con qué taparse. Esto me lo contó después, cuando se lo devolví. Claro que lo peor de la manifestación de Barcelona no fue la lluvia, sino los infinitos insultos que tuvo que aguantar de los manifestantes que, como también ocurrió en Madrid, quisieron, y consiguieron, unir el crimen con la política —buena, mala o regular, pero legítima— de Aznar.

Estando en esas, de repente, fuimos sorprendidos por el impresionante estallido de la bomba que los artificieros hicieron explotar. Casi nos levantó los pies del suelo, y eso que nos encontrábamos a más de doscientos metros del lugar de la deflagración. Si eso sentimos nosotros, que estábamos preparados para la explosión y lejos de la bomba, pude hacerme una idea de lo terrible que tuvo que ser para los que iban en aquellos trenes.

Estallada la bomba, y como parecía que la terrible situación se encontraba en lo que respectaba a las víctimas más o menos controlada, decidí continuar mi marcha por los lugares de la tragedia y dirigirme hacia Santa Eugenia. Allí volvió a repetirse el tremendo espectáculo. Vi los vagones destripados en las vías de la estación, pero las víctimas también habían sido ya evacuadas.

La sensación de desolación nos invadía a todos. A todos los cargos públicos que, con nuestra presencia en el lugar de los crímenes, queríamos unirnos a las víctimas y mandar un mensaje de firmeza y serenidad a los ciudadanos. Y a los vecinos anónimos que no podían comprender la sinrazón de aquella masacre.

Recuerdo que los teléfonos móviles empezaron a tener problemas porque todos los madrileños los estaban utilizando en masa para informarse y, sobre todo, para confirmar que sus seres queridos estaban bien. Algo que, desgraciadamente, no todos lo consiguieron.

Después de Santa Eugenia, y como no había más lugares que visitar, me dirigí al Ministerio del Interior, donde se había convocado una reunión. Más o menos a las once entraba yo en el palacete de Castellana.

Uno de los primeros problemas que se plantearon fue el de encontrar una morgue lo suficientemente grande para albergar los cadáveres que, en esos momentos, ya se decía que podían llegar a la centena. No recuerdo de quién fue la idea, pero sí que enseguida se pensó en IFEMA. Llamé a José María Álvarez del Manzano, que era su presidente, y no hay que decir que, inmediatamente, se puso a la tarea de habilitar uno de los pabellones con la idea, de depositar allí los cadáveres y de, en el mismo pabellón, proceder a las autopsias. Un pabellón que habría que mantener con una temperatura suficientemente baja, por razones obvias.

Creo que, aunque improvisada y sobre la marcha, aquella fue una decisión acertada y que todos los que participaron en aquel terrible proceso de llevar allí los restos mortales de las pobres víctimas, hacerles las autopsias, atender a los familiares y buscar pruebas de los criminales, también tuvieron un comportamiento ejemplar en lo profesional y en lo humano.

Otro de los problemas que se me planteó en el Ministerio del Interior fue el de los forenses. Con aquel elevado número de víctimas que crecía sin cesar era evidente que sólo con los forenses de Madrid la labor de las autopsias se podría eternizar. Nos pusimos a la tarea de convocar urgentemente en Madrid a forenses de toda España. Y también hay que reconocer que respondieron como un solo hombre y que aquella misma tarde IFEMA se llenó de forenses de diferentes provincias de España, que, con diligencia y eficacia, hacían las autopsias y que, a veces, eran imprescindibles para reconocer los destrozados restos humanos que llegaban a aquel pabellón.

Otro de mis recuerdos de aquel paso por la sede del Ministerio del Interior es el de cómo el Jefe de Gabinete del Ministro, Miguel Temboury, hablaba sin cesar con París, recabando información de las autoridades francesas.

Hacia las doce, terminadas las gestiones en el Ministerio, me fui a la Puerta del Sol. Allí, lo primero que me llamó la atención fue la presencia ya de un autobús de donación de sangre ante el que se había formado una larguísima cola. Los madrileños respondían con generosidad a la llamada de los centros hospitalarios para donar sangre con la que salvar vidas de los muchos heridos.

A la puerta de la sede de la Comunidad se arremolinaban algunos grupos de ciudadanos que, al bajar yo de mi coche, me aplaudieron. Tuve la impresión de que, anonadados por las tremendas noticias que les iban llegando, los ciudadanos buscaban en los poderes públicos la protección que, efectivamente, les debemos los que somos elegidos por ellos para regir las Instituciones. En el umbral del edificio de Sol estaban, con caras muy serias y me atrevería a decir que casi desencajadas, los líderes de los otros dos partidos con representación parlamentaria entonces en la Asamblea de Madrid, el socialista Rafael Simancas y Fausto Fernández, de Izquierda Unida. También ellos habían venido a unirse a las Instituciones y a refugiarse en ellas en aquellos momentos trágicos. Algunos de los que estaban en la acera de Sol y que me habían aplaudido, al ver a los dos líderes de la oposición, empezaron a increparles con gritos que duraron muy poco porque yo me fui inmediatamente con ellos hacia adentro.

Aquella reacción destemplada de la gente contra socialistas y comunistas fue la primera muestra que yo tuve de que los atentados iban a provocar unas reacciones muy poco racionales, muy poco responsables y muy expresivas de un enfrentamiento civil que, aunque larvado, nos podía llevar a épocas y episodios de la peor historia reciente de España.

Y es que aquellos atentados se produjeron en medio de una situación de grave crisis política de nuestra Nación que merece la pena analizar.

Se estaba acabando la Segunda Legislatura consecutiva de Gobiernos del PP, una Legislatura marcada por unas estimulantes cifras de crecimiento económico y de creación de empleo. Y marcada así mismo por una creciente y positiva —por mucho que algunos la criticaran— presencia de España en la política internacional.

El PSOE, con un líder nuevo y casi inédito, José Luis Rodríguez Zapatero, estaba intentando recuperarse de sus dos fracasos electorales seguidos y de la desaparición del hiperliderazgo de Felipe González.

Aquí tengo que contar cómo conocí a Zapatero y cómo seguí su trayectoria en los cuatro años escasos que le llevaron de ser un desconocido culiparlante en el Congreso de los Diputados a ser el Presidente del Gobierno de España.

A Zapatero lo eligen —luego sabremos que gracias, muy especialmente, al después denostado por los socialistas José Luis Balbás— Secretario General del PSOE en julio de 2000. Casi nadie sabe casi nada de ese joven diputado, salvo que es alto, guapo, que tiene unos ojos verdes muy bonitos y que parece muy amable. Casi nadie, salvo algunos, entre los que estaba Alfredo Prada, que es leonés como él y que entonces era Vicepresidente Primero del Senado, donde yo era la Presidenta. Al ser elegido Zapatero, Prada se apresuró a contarme que lo conocía muy bien porque los dos eran leoneses, casi de la misma edad —Prada es un año mayor—, que los dos habían estudiado Derecho en la Facultad de León, que la mujer de Prada había sido del mismo curso que Zapatero y que hasta habían ido a los mismos guateques juntos. Prada, después de darme todas esas informaciones, me preguntó si yo quería conocerle. Y claro que yo quería conocer al nuevo líder de los socialistas españoles. Así que se quedó encargado de organizarme un encuentro con él.

Ese encuentro tuvo lugar nada más volver de las vacaciones de agosto. Un día de septiembre de 2000 vino Zapatero a comer conmigo en el Senado. Fue una larguísima comida, con una sobremesa que duró hasta casi las seis de la tarde. Allí me mostró una de sus características más positivas, la de saber escuchar a su interlocutor y estar mucho tiempo con él, como si no tuviera otra cosa que hacer en todo el día.

A la salida de aquella comida me estaban esperando mis colaboradores, curiosos, como es lógico, por conocer la impresión que me había causado el nuevo líder socialista. Muchas veces se han sonreído después al recordar lo que les dije, porque, como diría un castizo, «no di ni una», o casi. «Es alto, es guapo, es educado, es amable, mira a los ojos, no tiene nada que ver con la vieja guardia socialista, no tiene rencor y, sobre todo, cree en España», les dije. Lo primero era y es verdad, pero en lo último se demostró que yo estaba radicalmente equivocada.

Muchas de las iniciativas que, después, Zapatero va a llevar a la práctica demostraron que no le importaba escarbar en el rencor entre los españoles, y ahí está la nefasta Ley de la Memoria Histórica que él promovió para demostrar lo que digo. Y sobre España y el concepto de Nación, olvidado de las enseñanzas de su profesor en León, el prestigioso y competente Francisco Sosa Wagner, Zapatero lo consideró públicamente algo discutido y discutible. Eso sí, en que es alto y guapo no me equivoqué, algo es algo.

Cuando conocí a Zapatero, en septiembre de 2000, ETA estaba en medio de otra de sus ofensivas de crímenes, y en el País Vasco se estaba fraguando una alianza esperanzadora entre los socialistas de Nicolás Redondo Terreros y los populares de Jaime Mayor Oreja de cara a las elecciones autonómicas que tenían que celebrarse en mayo de 2001. Por fin, los dos partidos constitucionalistas de España se unían sin reservas para derrotar a los proetarras y a los nacionalistas, para derrotar a los que sacudían el árbol y a los que recogían las nueces, según la cínica expresión de Arzalluz.

Aquel esperanzador proyecto se frustró por un escaso puñado de votos en aquellas elecciones, y lo que podía haber sido una fructífera alianza de los dos grandes partidos españoles para rectificar los errores que el sistema político del 78 había ido creando en su seno, se perdió de forma muy triste. Hay que recordar que, a los pocos días de la decepción que fueron para los constitucionalistas aquellas Elecciones Vascas, Juan Luis Cebrián publicó en El País un artículo que se ha hecho tristemente célebre, «El discurso del método», en el que se arrogaba la portavocía del conglomerado de socialistas y nacionalistas para preconizar que aquel intento de unión entre socialistas y populares era poco menos que contra natura, y que, mal que bien, había que volver a la alianza de los socialistas con los nacionalistas. En aquel artículo se respiraba una idea que ha sido clave, y funesta, en todos los años que llevamos de democracia, la de que la democracia es un asunto en el que pueden gobernar todos los partidos menos, precisamente, los de la derecha española. Una idea en la que el conglomerado de los «progres», unidos a los nacionalistas, no ha dejado de creer.

Cebrián, con su artículo, venía a advertir al bisoño Zapatero de lo que le esperaba si seguía apoyando iniciativas a medias con el PP. El artículo lo desarrolló por extenso, en colaboración con Felipe González, en un libro de conversaciones que se publicó a la vuelta de aquel verano, El futuro no es lo que era, que, en realidad, era un libro en busca de un solo lector, el novel líder Zapatero, al que se le marcaban las líneas maestras de lo que tenía que ser su política. Y la línea maestra central de esa política tenía que ser la de estar siempre en contra del PP, tenía que ser la de aislar al PP y considerar, como dicta el canon de los «progres», que la derecha española era y seguiría siendo para siempre una intrusa en nuestra democracia.

Y, efectivamente, el artículo y el libro encontraron al lector que buscaban, y Zapatero aprendió rápido la lección. No seré yo quien indague en lo que pasó en las alturas del PSOE en aquel otoño de 2001, pero sí puedo contar cómo el veterano militante socialista y alavés, Javier Rojo, Vicepresidente Segundo del Senado, que hasta entonces se había distinguido por su defensa a ultranza de la unión de socialistas y populares para plantar cara a ETA y a los nacionalistas, vino a verme a mi despacho de la Presidencia del Senado en enero de 2002 para, en un cambio de chaqueta como he visto pocos en mi vida política, explicarme que no habían tenido más remedio que defenestrar a Nicolás Redondo Terreros y que los socialistas iban a tomar otro camino.

Zapatero apenas llevaba año y medio al frente del PSOE y ya había cambiado de orientación en un asunto capital —yo diría que en el asunto capital— de la política española de entonces y de ahora también: la lucha contra el terrorismo de ETA y la posición con respecto a los nacionalismos.

No es por defenderme de las burlas de mis colaboradores cuando se ríen de mi ojo clínico, el que me llevó a asegurar que Zapatero creía en España, después de mi primera entrevista con él, pero el Zapatero que yo conocí en aquel septiembre de 2000 no tiene nada que ver con el que después conocimos todos, a partir de la defenestración de Redondo Terreros. Hay que recordar que en los primeros meses como Secretario General, además de apoyar inequívocamente la alianza Redondo Terreros-Mayor Oreja en el País Vasco, Zapatero fue el principal impulsor del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que firmó junto a Aznar y que tanto ayudó después a arrinconar a los terroristas y a sus cómplices. Así que yo me equivoqué en mi primera opinión sobre Zapatero, pero fue porque él cambió radicalmente de opiniones y de actitudes.

Esa política de complacencia con los nacionalistas, ese aceptar que, como señaló Cebrián, «con ellos, mal que bien, vamos tirando», iba a ser una de las características de la política de Zapatero durante los dos años siguientes. Y son varios los hitos más llamativos de esa política que va a dejarnos.

Uno sería su discurso de Barcelona, en noviembre de 2003, en el acto central de los socialistas catalanes de la campaña para las Elecciones Autonómicas, cuando se comprometió a aceptar y a apoyar cualquier proyecto de Estatuto para Cataluña que elaborara el Parlamento Autonómico. Un compromiso que, después, le ligará a la elaboración del controvertido Estatuto posterior. Allí mostró esa característica constante de los socialistas españoles en los últimos decenios: su pretensión de ser tan nacionalistas como los nacionalistas. Algo que les ha llevado, entre otras consecuencias, a convertirse en un partido de escasa influencia en esa Cataluña donde habían llegado a ser la primera fuerza.

Otro hito de la política de Zapatero con respecto a los nacionalistas lo marcó el llamado Pacto del Tinell, en diciembre de 2003, en el que los socialistas, para formar el Tripartito, se comprometían solemnemente a no llegar nunca a ningún acuerdo con el PP ni en Cataluña ni en el resto del «Estado» (como dijeron entonces, para referirse a España). Un pacto que me pareció entonces, y me sigue pareciendo ahora, el colmo del sectarismo, y una manifestación descarnada de buscar la confrontación con la media España de derechas que vota al PP.

Por último, el tercer hito que marca la política de Zapatero con respecto a los nacionalismos y a ETA en aquellos meses anteriores a las Elecciones Generales de marzo de 2004 lo constituye el encuentro secreto de Carod-Rovira, entonces el segundo del Gobierno de Cataluña tras Pasqual Maragall, en enero de 2004 con Josu Ternera y Mikel Antza, los jefes supremos de ETA, en Perpiñán para pactar algo tan siniestro como que ETA dejara de matar en Cataluña. Cuando semanas después los españoles conocimos esa ignominiosa reunión y ese pacto, esperamos una condena por parte de Zapatero que no se produjo.

¿Por qué me he desviado para contar todas estas cosas cuando estaba narrando mi llegada a la sede de la Comunidad de Madrid a mediodía del 11M? Para explicar cómo estaba el ambiente en la calle a las pocas horas del atentado, para comprender los gritos espontáneos contra los representantes de los socialistas y de los comunistas, y para describir el sustrato de la opinión pública sobre el que iban cayendo las informaciones acerca de la terrible masacre que acabábamos de sufrir.

En la cara desencajada de los que han acabado siendo amigos míos, Rafa Simancas y Fausto Fernández, se estaba expresando la preocupación que los partidos de izquierda españoles tenían por si los ciudadanos pudieran considerar que habían sido demasiado condescendientes con los terroristas de ETA.

Hay que tener en cuenta que, en aquellas primeras horas, nadie tuvo la menor duda de que habían sido ellos, los etarras, los autores del atentado. Porque, entre otras razones, once días antes, el domingo 29 de febrero (aquel año era bisiesto) la Guardia Civil había detenido un convoy etarra que transportaba quinientos kilos de explosivos hacia Madrid con la idea de cometer un macroatentado. Aparte de que en España hablar de atentados era sinónimo de hablar de ETA, el hecho de que sólo once días antes hubiéramos sabido que entre los planes de ETA no se descartaba, sino todo lo contrario, un atentado de inmensas dimensiones, venía a avalar la hipótesis de la autoría etarra, que los primeros indicios también parecían confirmar.

Es verdad que los socialistas y los comunistas estaban absolutamente desolados y apesadumbrados en aquellas primeras horas. Pero nadie podría decir que nosotros, las mujeres y los hombres del PP, estuviéramos contentos al pensar que la reacción de los ciudadanos contra los partidos de izquierda, si se confirmaba la hipótesis etarra, iba a favorecernos.

Pero sigamos con la narración de mi experiencia de aquellos días. Tranquilizados Simancas y Fausto, a los que les aseguré que, si la Comunidad hacía algo en relación con el atentado, lo haría contando con ellos, me encerré en mi despacho para intentar ordenar todas las informaciones que íbamos teniendo y para controlar cómo estaba siendo el funcionamiento de todos los servicios que dependían de la Comunidad de Madrid. Una vez más, tuve la sensación de que tanto los profesionales directamente afectados como el resto de los ciudadanos estaban respondiendo de forma inmejorable. Recuerdo, por ejemplo, cómo los enfermos que ese día iban a las urgencias de los hospitales renunciaron de forma casi unánime a que les atendieran para que todos los servicios se concentraran en los heridos, o cómo los médicos y las enfermeras que terminaban sus guardias nocturnas a las ocho de aquel día se quedaron en sus puestos de trabajo para echar una mano ante la avalancha de heridos que les llegaban.

Convencida de que los servicios de la Comunidad estaban funcionando correctamente, decidí acercarme a los hospitales a visitar a los heridos y a mostrar a todos los ciudadanos madrileños que su Presidenta estaba junto a ellos. Y hacia la una entraba yo en el Clínico, donde habían llegado ya varias decenas de heridos. Allí también tuve la impresión de que los médicos tenían la situación bajo control, que no había especiales problemas ni de sangre ni de material ni de personal para atender a los afectados. Pude hablar con alguno de los heridos, evidentemente de los menos graves, que estaban tranquilos, aunque aturdidos y, en todo caso, agradecidos a su buena suerte, pues ya entonces se sabía que el número de muertos sobrepasaba con mucho el centenar. Del Clínico me fui al Gómez Ulla, donde también había heridos y donde tuve la misma impresión de que la respuesta al atentado por parte de todos los servicios asistenciales estaba siendo más que correcta.

Volví, casi a las cuatro, a Sol para tomarme un bocadillo y seguir informándome de todo lo que los medios de comunicación decían, que, sobre todo, eran noticias terroríficas de cómo el número de víctimas mortales crecía casi por minutos. Y a las cinco me fui al Gregorio Marañón, donde, según me decían, había más heridos y donde se había instalado una especie de oficina de información a la que podían dirigirse todos los ciudadanos que pudieran tener alguna sospecha de que algún familiar o amigo estaba entre las víctimas. En el Gregorio Marañón estuve con los médicos, con enfermeras y con algunos heridos leves, y todo estaba, como en los otros hospitales, completamente en orden.

Mucho más duro fue acercarme a la especie de aula magna en la que se estaban concentrando familiares que buscaban, con la angustia lógica, noticias de sus seres queridos. A algunos se les daba la «buena» noticia de que su pariente o amigo estaba grave pero vivo y que le estaban operando o que estaba en una UVI, a otros no se les podía decir nada porque la persona que buscaban ni aparecía entre los heridos ni entre los fallecidos, y a otros, fatalmente, se les comunicaba el fallecimiento. Era una situación terrible, a pesar de la delicadeza con la que todos los que allí estaban cumpliendo con esa dura labor procuraban tratar a aquellas personas absolutamente angustiadas, como no he vuelto a ver en mi vida.

Del Gregorio Marañón salí, con una angustia tremenda en el cuerpo, casi a las ocho de la tarde, en dirección a Telemadrid, donde iban a entrevistarme para poder transmitir el cariño y la solidaridad de todos los madrileños a los familiares de las víctimas, para repudiar el terrorismo, para hacer un acto de afirmación del Estado de Derecho, para llamar a la calma y para dar cuenta de la magnífica respuesta de todos los servicios del Estado y de la Comunidad, y también del conjunto de los ciudadanos de Madrid. Fue en ese trayecto desde el Gregorio Marañón a Telemadrid, en Pozuelo, cuando oí por la radio la primera noticia de la aparición de una furgoneta con una cinta islámica y se empezó a hablar de la pista islamista. Al llegar a Telemadrid no se hablaba de otra cosa, pero allí nadie se atrevía a defender con rotundidad ni la hipótesis etarra ni la islamista. Antes de entrar en el informativo de la noche, llamé al Ministro del Interior para preguntarle si tenía fundamento la pista islámica y me dijo que no, y así lo expresé en mi intervención.

Ya cerca de las once de la noche salí de la Ciudad de la Imagen para ir a IFEMA. Antes de acabar aquella interminable jornada, quería estar junto a las víctimas y comprobar de primera mano cómo estaban funcionando el proceso de identificación, las autopsias y, también, los atestados judiciales que allí se llevaban a cabo.

Nunca podré olvidar las dos horas que allí pasé aquella noche. El coche me dejó en una puerta de la fachada norte y la morgue improvisada estaba instalada en uno de los pabellones de la zona sur, así que tuve que caminar unos buenos doscientos metros por un largo pasillo al que daban los despachos y las habitaciones de la primera planta, donde el personal de IFEMA iba instalando a los familiares de las víctimas que llegaban allí absolutamente desolados y, además, desesperados porque, por pura lógica judicial y forense, no les dejaban acercarse al pabellón donde se encontraban los restos de sus familiares muertos.

Pero es que, además, la hipótesis de la autoría islamista ya había empezado a tomar cuerpo y, de la misma forma que una autoría etarra dirigía la ira de los ciudadanos contra los partidos de la izquierda, la autoría islámica la dirigía contra el PP por su apoyo a la coalición que había participado en la guerra de Irak y en el derrocamiento de Sadam Hussein del año anterior. Y esa ira irracional y desencajada la sufrí en mis carnes de manera tremenda en aquel trayecto.

Alguien, alguna persona de las que allí estaban desesperadas de dolor, me vio desde los despachos donde se encontraban y empezó a gritar: «¡Asesina, tú los has asesinado, tú y tu guerra de Irak, maldito PP y su guerra!», y al oír esos gritos, algunos más se sumaron a ellos. Quizás no fueran muchos, pero a mí, en el silencio roto por ellos, en aquella noche muy fría, me impresionaron de una forma que no podré olvidar nunca.

Comprendí, como comprendo ahora, que, ante la tremenda noticia de la muerte de un padre, un hijo, una mujer, un marido o un amigo, ante lo incomprensible que resulta que otra persona, una persona como tú y como yo, llegue al asesinato por motivaciones más o menos políticas, los familiares de las víctimas busquen desesperadamente alguna explicación de esa barbarie.

Y comprendí, como comprendo ahora, la inmensa responsabilidad de los que, como hicieron muchos desde los partidos de izquierda —los mismos que horas antes estaban aterrados de que les responsabilizaran a ellos de haber sido condescendientes con los terroristas—, atizaron esos sentimientos, que, desatados, llevan a los grupos sociales a situaciones incontrolables.

Con los gritos en mi cabeza entré en el pabellón, que, sin pecar de exceso de dramatismo, podría denominar «de la muerte». Allí, en el suelo, perfectamente alineados y cubiertos por unas lonas, se encontraban decenas y decenas de cadáveres. El espectáculo era dantesco. Algunas lonas no llegaban a cubrir bien aquellos restos mortales y, aquí y allí, se veían algunos miembros que sobresalían, como para recordar que los que allí estaban eran personas asesinadas unas pocas horas antes. Lo que más me impresionó es que, de vez en cuando, se oían algunos teléfonos móviles de las personas muertas, con las llamadas desesperadas de sus familiares que aún no conocían lo que tristemente había sucedido.

En una de las alas del pabellón se habían instalado las mesas en las que los forenses, sin tregua, no dejaban de efectuar las autopsias. Con ellos estaban unos equipos de la Policía que fotografiaban exhaustivamente a las víctimas y que les tomaban las huellas y apuntaban toda clase de datos.

Con todos ellos estaban algunos jueces de la Audiencia Nacional con su Presidente, Carlos Dívar, al frente. Y también estaba allí María Dolores de Cospedal, que era la Subsecretaria del Ministerio del Interior y por ello la máxima responsable de la Policía que estaba trabajando en aquellos pabellones.

También volví a comprobar cómo, a pesar de la improvisación con que hubo que responder a aquella situación extraordinaria, todos los servicios y todos los servidores del Estado y de la Comunidad de Madrid estaban funcionando francamente bien. Y pasada la una de la madrugada salí de IFEMA, con el corazón encogido, camino de mi casa, segura de haber vivido uno de los peores momentos de mi vida.

A la mañana siguiente, había convocado a las ocho un Consejo de Gobierno de la Comunidad con carácter extraordinario, y a esa hora nos reuníamos en Sol. Tomamos una serie de decisiones para ofrecer ayudas a todas las víctimas y pasamos revista a cómo estaban respondiendo los servicios que dependían de nosotros: hospitales, forenses, asistencia social, etc. Mientras, los medios de comunicación estaban echando humo porque las dos hipótesis sobre la autoría del atentado se habían convertido en dos banderas detrás de las que se podrían colocar los unos o los otros.

Yo, por mi parte, en cuanto acabó el Consejo de Gobierno, me dirigí al 12 de Octubre, que era el otro gran hospital madrileño en el que había bastantes heridos del atentado. Estuve con los médicos y las enfermeras, que me causaron la misma magnífica impresión que sus colegas de los otros hospitales que visité en esos días. Pero, al entrar en las habitaciones donde había heridos, para darles mi apoyo y mi cariño, ya hubo uno que se dirigió a mí en términos parecidos a los gritos de la noche de IFEMA. Puedo comprender a las víctimas que, puestos a encontrar razones para su tragedia, ligaban los atentados a la actuación española en política internacional, pero nadie me podrá demostrar que las decisiones tomadas por el presidente Aznar no fueran adoptadas dentro de la más estricta legalidad y que, además, estuvieron siempre movidas por su absoluta convicción de que eran las mejores para España y los españoles. No obstante, salí, casi a mediodía, del 12 de Octubre con un sentimiento de tristeza y de angustia.

De ahí me fui a los estudios de Localia, una emisora de televisión del Grupo PRISA, que estaban en la Gran Vía, para que me entrevistara su director, Carmelo Encinas. En la entrevista me limité a informar acerca de lo que había visto en los hospitales y a llamar a los ciudadanos a manifestarse en defensa del Estado de Derecho, pero no entré en el asunto de la autoría de los atentados por la sencilla razón de que no tenía más información que lo que estaban diciendo los medios de comunicación. Pero, fuera de antena, Carmelo me aseguró con rotundidad, citando fuentes policiales, que el atentado había sido obra de los yihadistas.

Yo llamé a los ciudadanos a manifestarse porque el Gobierno de la Nación había convocado a la ciudadanía a una manifestación, que se esperaba gigantesca, para mostrar su repudio al terrorismo y para reafirmar el apoyo popular a las Instituciones del Estado y al Estado de Derecho, a la que, por supuesto, yo iba a asistir.

Así que, después de mi intervención en Localia, pasé un momento por Sol para tomar un sándwich y de allí me fui al lugar de la convocatoria, bajo una lluvia intensa y persistente que no pararía hasta la noche y que ayudó a dar un tono aún más trágico y triste a todo lo que ocurrió esa tarde en esa manifestación que tenía que haber servido para mostrar la unión de los ciudadanos libres frente al terror y que, por el contrario, se convirtió en la muestra de sectarismo más siniestro que yo he vivido.

Porque, desde que me coloqué junto al resto de las autoridades allí presentes, presididas por el entonces Príncipe Felipe, acompañado por sus hermanas las Infantas Elena y Cristina —hasta la Casa Real quiso unirse a los ciudadanos en esa manifestación de unidad frente al terrorismo—, no pararon los gritos insultantes de unos manifestantes que, colocados en los márgenes del recorrido, no pararon de gritar «¿Quién ha sido?», increpándonos a los representantes del Partido Popular con una violencia y un odio en las miradas como yo no he visto jamás.

Hasta el punto de que la noticia de la manifestación no fue que en Madrid se habían reunido varios cientos de miles de ciudadanos para apoyarse mutuamente y para demostrar su voluntad decidida de plantar cara a los terroristas; la noticia no fue que a Madrid habían venido el Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, los Primeros Ministros de Francia, Italia y Portugal a solidarizarse con el pueblo español, sino que algunos miles habían aprovechado el silencio lógico en una manifestación de duelo para increpar a los políticos del PP por haber apoyado la guerra de Irak, apoyo al que achacaban los atentados.

Y todo esto en medio de una lluvia incansable, con la tristeza y la angustia de saber que en IFEMA había casi doscientos cadáveres de conciudadanos asesinados por la barbarie terrorista, y con la tristeza de ver cómo el odio se estaba apoderando de unos ciudadanos que, sus caras lo decían con claridad, nunca iban a reconocer que era profundamente injusto e irracional unir la decisión de apoyar a la coalición occidental en aquella guerra con la brutalidad del terrible atentado que acabábamos de sufrir. Como muy bien dijo David Cameron en el debate parlamentario para decidir el envío de aviones británicos a luchar contra el Estado Islámico en Siria: «Nos matan por lo que somos, no por lo que hacemos».

La manifestación transcurrió entre Cibeles y la glorieta de Atocha, y ese kilómetro largo se me hizo eterno. Pero faltaba lo peor, porque al llegar a Atocha y disolverse la cabecera de la manifestación, la multitud invadió la calzada donde estábamos las autoridades y me encontré perdida, sin escoltas que me protegieran, en medio de los vociferantes, que no se cansaban de gritar sus eslóganes, en los que unían los atentados a las políticas del PP.

Como pude, logré entrar en el hotel Mediodía, desde el que conseguí, después de más de una hora, contactar con mis escoltas para que vinieran a buscarme y me llevaran a mi casa, donde llegué con la angustia metida en el cuerpo, no tanto por lo que pudiera ocurrir en las Elecciones Generales que iban a tener lugar en cuarenta y ocho horas, sino por el odio que había sentido en mis carnes. De aquella experiencia vivida tan en primera persona saqué la conclusión de que no hay peor pecado en un político que incitar al odio, como hicieron, a mi modo de ver de manera irresponsable, los políticos de la izquierda española durante aquellas tremendas horas. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha vanagloriado de haber impulsado aquella agitación social y lleno de hipocresía, pide ahora que no se utilice políticamente a las víctimas del terrorismo.

De lo que pasó el día siguiente, la jornada de reflexión, con el cerco a las sedes del PP y con las intervenciones insultantes de algunos políticos socialistas y comunistas, ya se ha escrito mucho, aunque no sé si todo. En cualquier caso, para mí sí que fue una jornada de reflexión, de retiro familiar y de angustia por todo lo que estaba pasando.

Un año después, el azar hizo que yo estuviera en Heathrow, el aeropuerto de Londres (yo estaba haciendo escala, desde Singapur, donde había participado en la reunión del Comité Olímpico Internacional, en la que Madrid perdió por muy poco la designación como sede olímpica en favor de Londres para los Juegos de 2012), a la misma hora en que se produjeron los atentados en el Metro en la capital del Reino Unido, estos sí que inequívocamente obra de Al Qaeda —que los reivindicó—. Y cuando vi la reacción de toda la sociedad y de todos los políticos británicos cerrando filas con su Primer Ministro, Tony Blair, que sí que de verdad había mandado soldados a luchar y a morir en Irak, y la comparé con la exhibición de sectarismo de los partidos de izquierda españoles el 11M, no pude por menos de sentir otra vez envidia de los ingleses, mucha envidia.

Envidia que se me ha multiplicado exponencialmente al contemplar la reacción de los políticos y de la sociedad francesa tras los terribles atentados llevados a cabo por terroristas del Estado Islámico el 13 de noviembre de 2015 en París —unos atentados tan parecidos a los del 11M—. Una reacción ejemplar, en las antípodas de la que tuvieron los partidos de izquierda en la España de 2004. Y eso que, además, Francia sí que está involucrada militarmente en las acciones contra el Estado Islámico sobre el terreno.

Al volver sobre los acontecimientos del 11 de marzo y los días posteriores, me llama la atención que, a pesar de los doce años transcurridos, no se haya alzado ni una sola voz de la izquierda ni de los medios de comunicación que la apoyaron pidiendo excusas por aquel comportamiento que, con el tiempo y la comparación con el de otros países, aún me parece más indigno.

A la jornada de reflexión le siguió el domingo de la votación. Una votación celebrada en medio de una tensión inimaginable, en medio de un sinfín de rumores y de noticias confusas acerca del avance de las investigaciones sobre el atentado, y en medio de una atmósfera completamente hostil contra el PP. Una votación que dio la victoria electoral al PSOE de Zapatero y que dejó noqueado al PP. Aún recuerdo cómo salimos a la sala de prensa de Génova, de luto riguroso, los dirigentes del PP, encabezados por Aznar, y diciendo: «Nos vamos del Gobierno con la cabeza alta, las manos limpias y dejando las arcas llenas».

Después de conocer los resultados hubo algunos analistas de las encuestas que aseguraban que, aunque no hubieran tenido lugar los atentados, la tendencia señalaba que Zapatero podía ganar. Yo no lo creo, pero sí tengo que contar cómo, en un acto celebrado a principios de 2004, en el que coincidí con el propio Zapatero, este me sorprendió por la seguridad con que me anunció su triunfo electoral. Y sí parece que, en aquella campaña en la que le ayudó el inteligente y experto Miguel Barroso, él era el único que creía en la victoria.

Mi marido, que es ganadero y está siempre en el campo en contacto con esos hombres y mujeres de la España más profunda, que son los que atesoran la mejor sabiduría, siempre dice, como ellos, eso de que «A cojón visto, macho seguro». Esto, aplicado al análisis de lo que estoy contando, quiere decir que ahora es muy fácil predecir el pasado, pero no fue tan fácil comprender en caliente todo lo que estaba pasando y todo lo que nos estaba pasando a nosotros, los que formábamos el PP, en aquellos momentos de tremenda tensión, acentuada por una derrota electoral que nadie preveía en esos términos.

Si me he extendido en la narración de «mi» 11M es porque creo que mucho de lo que va a ocurrir en España desde entonces tiene mucha relación con lo que entonces pasó. Como luego veremos.

2
EL PP EN LA PRIMERA LEGISLATURA DE ZAPATERO (2004-2008)

Acabé el anterior capítulo declarando que, antes de las Elecciones Generales de marzo de 2004, el único que creía en la victoria del PSOE era José Luis Rodríguez Zapatero. Es verdad que todas las encuestas daban un descenso de la intención de voto al PP y un ascenso de los socialistas, pero ninguna llegaba a predecir lo que luego ocurrió, que el PSOE fuera la fuerza más votada. Y creo honestamente que, si no se hubieran producido los atentados del 11M y las reacciones posteriores, el resultado habría sido otro. Pero nunca he sido amiga de jugar a los futuribles y mucho menos de, pasados ya doce años de aquello, empezar a pensar qué habría ocurrido sin los atentados. Lo que ocurrió, ocurrió, y el PSOE ganó las Elecciones Generales.

La tradición británica, la que a mí me gusta de verdad y la que a mí me gustaría que imperara en España, exige que el líder del partido que pierde unas elecciones dimita o ponga su cargo a disposición de los órganos o de los militantes del partido inmediatamente después de hacerse públicos los resultados. A partir de ese momento se entra en un periodo de análisis de lo que ha pasado, se va a un congreso y allí se elige —o, a veces, se reelige— a la nueva dirección.

Eso es lo que a mí me habría gustado que se hubiese hecho en el PP después de la inesperada y dramática derrota de marzo de 2004.

Si se hubiera hecho un análisis en profundidad de lo que había pasado y de lo que nos había pasado, es muy probable que hubiéramos tenido que empezar por reflexionar sobre algunas actuaciones nuestras durante la Legislatura 2000-2004, la de nuestra primera mayoría absoluta, que, o habían sido errores, o no habían sido bien entendidas por los ciudadanos.

Tampoco es ahora el momento de entrar en un estudio pormenorizado de lo que fue la Segunda Legislatura de Aznar, en la que, por otro lado, se lograron unos éxitos en materia económica y de creación de empleo que fueron el asombro de Europa y que no han sido igualados por nadie, pero sí quiero llamar la atención sobre dos aspectos de las políticas del PP que sí podrían haber sido puestos en cuestión tras la derrota del 11M.

Uno es el deslizamiento de nuestro partido hasta convertirse en un nasty party, que dicen los ingleses, en un partido antipático. Ser un partido simpático o antipático es un asunto de talante, de actitud, de presentación ante los ciudadanos. Pues bien, al final de aquella Legislatura, las simpatías que nuestro partido había suscitado entre los españoles, esas simpatías que nos habían llevado a una extraordinaria mayoría absoluta en 2000, se habían esfumado y nuestro partido era percibido, al empezar 2004, como un partido antipático.

En aquellos cuatro años de mayoría absoluta se perdió parte del crédito que habíamos logrado en los cuatro años anteriores, que habían sido de mayoría relativa. Porque la realidad es que, cuando el PP gobernó sin mayoría, aparecimos ante los ciudadanos como un partido humilde, capaz de pactar y, muy importante, capaz de explicar que teníamos razón, incluso cuando éramos derrotados por la coalición no expresa de todos los demás.

Y aquí puedo dar en primera persona el testimonio de mi experiencia en la derrota parlamentaria de mi propuesta de mejorar la enseñanza de las Humanidades en la Secundaria y que creo que merece la pena recordar. Al llegar yo en mayo de 1996 al Ministerio de Educación y Cultura, y después de estudiar cuáles eran los problemas más acuciantes que tenía la educación española, me di cuenta de que uno de los asuntos más importantes que debíamos afrontar era el de la decadencia, en nuestras enseñanzas Primaria y Secundaria, de los estudios de las materias humanísticas, gracias, todo hay que decirlo, a un seminario de FAES al que asistí, invitada por don Antonio Fontán, sobre la enseñanza de la Historia de España en las diferentes Comunidades Autónomas. Consideramos materias humanísticas la Filosofía, la Lengua y la Literatura Españolas, las Lenguas Clásicas y la Historia. Para intentar encontrar una solución que atajara esa decadencia impulsé, desde el Ministerio, la creación de una serie de comisiones formadas por expertos en cada una de esas materias que fueran absolutamente independientes de los partidos políticos —y, por supuesto, del PP—. Estas comisiones trabajaron con absoluta libertad a lo largo del curso 1996-1997 y entregaron sus dictámenes y sugerencias antes del verano de 1997.

Aunque ya digo que fueron cuatro las comisiones que habían trabajado, la materia que atrajo el cien por cien de la atención mediática y política fue la Historia. Especialmente porque los autores de aquel estudio, dirigidos por expertos historiadores de la Fundación Ortega y Gasset —entre los que se encontraba el catedrático de universidad Julio Valdeón, que no era precisamente sospechoso de apoyar al PP—, criticaron el excesivo localismo que, desde la creación del Estado Autonómico, se había enseñoreado de la enseñanza de la Historia en las diferentes Comunidades Autónomas. ¡Y eso que entonces sólo estaba transferida la competencia de Educación al País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Valencia, Baleares y Canarias!

Aquellos expertos, de muy diversas ideologías —incluso había un nacionalista catalán—, denunciaban en su dictamen que los alumnos podían llegar a conocer todo del río Alberche, pero acabar sus estudios sin haber oído hablar del Amazonas, del Nilo o ni siquiera del Ebro. Al mismo tiempo que expresaban su preocupación por que en España se estaban enseñando diecisiete historias diferentes, una para cada una de las diecisiete comunidades autónomas.

La llamada a la racionalización de los planes de estudio de la Historia fue un toque de rebato para los nacionalistas —entonces, socios de Gobierno del PP— contra esa pretensión del Ministerio de procurar que la enseñanza de la Historia fuera más universalista y tuviera menos de transmisión de todos esos argumentos en los que los nacionalistas se apoyan para construir después sus quimeras.

Como casi siempre, los socialistas y los comunistas de IU corrieron en ayuda de los nacionalistas para formar un frente común que consiguió, en diciembre de 1997, la derrota parlamentaria de aquel plan de recuperación de las Humanidades, que, si entonces me parecía importante, ahora me lo parece aún más.

Sin embargo, aquella derrota supuso para el PP una muy importante baza electoral, porque sirvió para que, ante la opinión pública, quedara en evidencia la alianza de socialistas y nacionalistas en dos asuntos trascendentales. Quedó claro que a los socialistas no les importaba nada la mejora de la calidad de la enseñanza, y que, además, los socialistas no querían criticar el uso que los nacionalistas estaban haciendo de la Historia como instrumento fundamental para fabricar más nacionalistas.

Estoy convencida de que aquella derrota parlamentaria de diciembre de 1997 en esta materia fue muy positiva para que muchos ciudadanos miraran con interés y simpatía el discurso que manteníamos desde el Ministerio, y ayudó, sin duda, a que en 2000 tuviéramos la mayoría absoluta. Por primera vez desde la Transición, el PP había tomado la iniciativa en una materia, la educación, que la izquierda consideraba —y sigue considerando— un coto privado suyo.

El caso es que los éxitos en materia económica —conseguimos cumplir todos los requisitos que nos imponían para entrar en la moneda única— o en la lucha contra el terrorismo —Aznar fue el adelantado en defender que sólo había un camino: la Ley, sólo la Ley, pero toda la Ley—, se unieron a ese talante de humildad y simpatía que habíamos cultivado, y en las Elecciones de marzo de 2000 obtuvimos la primera mayoría absoluta del centro-derecha en la historia de nuestra democracia.

Sin embargo, y como ya he dicho, en 2004 aquella simpatía que habíamos suscitado cuatro años antes había desaparecido y la imagen de nasty party nos perseguía cuando llegó la hecatombe de los atentados y perdimos las Elecciones.

Pero, además, nuestro partido tenía un problema que el cataclismo de la derrota traumática no nos dejó ver con claridad. Y es que llevábamos ya catorce años sin revisar, renovar y recomponer las propuestas políticas con las que habíamos salido del Congreso de refundación de Sevilla de 1990. No digo que los partidos tengan que estar todo el tiempo revisando las grandes líneas maestras de sus políticas, pero sí que es evidente que para todos los planteamientos políticos también existen los ciclos, y que los cambios que aparecen en la sociedad y en la vida política obligan a la revisión de las líneas maestras de los partidos.

Pondré un ejemplo: cuando en 1990 se refundó el PP en el Congreso de Sevilla, el mundo libre estaba eufórico porque el Muro de Berlín acababa de caer, el comunismo estaba aparentemente derrotado, y hasta el politólogo estadounidense Francis Yokohama se hizo mundialmente famoso con su teoría del «fin de la Historia», como queriendo decir que ya era indiscutible el triunfo ideológico de los que defendíamos la economía de mercado, la democracia liberal y la sociedad abierta. Es evidente que, con ese escenario, la política de defensa o la política internacional que diseñó el PP en su Congreso Nacional de Sevilla no tuviera nada que ver con la que necesitábamos en 2004, cuando Occidente, desde los atentados del 11S de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, había empezado a ser atacado de forma inmisericorde por el fundamentalismo islámico y cuando el totalitarismo comunista había empezado a renacer disfrazado de toda clase de populismos.

A todo esto es a lo que me refiero cuando afirmo que, tras la derrota de marzo de 2004, quizás hubiera sido el momento adecuado de revisar en profundidad todo lo que desde el PP ofrecíamos a los españoles en todas las materias: política internacional, defensa, educación, justicia, impuestos, sanidad, energía, pensiones, etc., para lo que habría que haber abierto un debate en profundidad. Lo mismo que hubiera sido muy útil hacer un examen de conciencia a fondo para rectificar todo aquello que había hecho de nosotros un nasty party. Entre lo que se encontraba el episodio del Prestige, hábilmente manipulado por nuestros adversarios, y la campaña del «No a la guerra» durante los años 2002 y 2003.

Porque no hay que olvidar que el Prestige era un petrolero de bandera griega que se rompió frente a las costas gallegas sin que el Gobierno tuviera nada que ver en aquel accidente. Y el «No a la guerra» era un grito dirigido contra el PP, a pesar de que en esa guerra de Irak no hubo ni un soldado español. La verdad es la verdad, no así en la primera guerra de Irak, en la que España por decisión del Gobierno socialista de Felipe González, sí estuvo y con soldados de reemplazo (en 1991 el servicio militar era todavía obligatorio, lo hizo voluntario, precisamente, el primer Gobierno del PP). Cierto es que la actuación de Aznar en aquellos días pudo conducir —y, de hecho, condujo— a muchos españoles a creer que sí participábamos en aquella guerra.

Aznar personalmente, por lo que representaban sus políticas más liberalizadoras y proatlantistas, y España como país estratégico en el sur de la Unión Europea se convirtieron en blanco de los ataques desestabilizadores de los movimientos antiglobalización que aglutinaban a la izquierda, sindicatos, feministas, ecologistas y pacifistas que recorrieron con sus protestas el planeta (Seattle, Génova, Porto Alegre…), para recalar en Barcelona en 2001 con unas manifestaciones que empezaron a socavar el Gobierno del PP, que tantos éxitos económicos estaba logrando.

Pero no se abordó nada de eso, porque el hecho de que la derrota electoral se hubiera producido en medio de unas circunstancias tan dramáticas como lo fueron los atentados del 11M hizo que en nuestro partido se instalara, de manera inconsciente, la idea de que esa derrota había sido injusta y que, sin cambiar nada, podríamos ganar las siguientes Elecciones. No cambiar nada de nuestros planteamientos políticos, no revisarlos, haría que no tuviéramos respuestas claras, contundentes y entendibles por los ciudadanos para algunas de las iniciativas que el Gobierno de Zapatero va a impulsar desde el primer momento.

Porque a Zapatero, que por sus siete años largos de Gobierno ha logrado concitar la casi unanimidad de los comentaristas políticos para declararle el peor y más destructivo Presidente del Gobierno que ha tenido la democracia española, se le podrá acusar de muchas cosas pero no de no haber tomado multitud de iniciativas. Muchas de ellas fueron, desde mi punto de vista, profundamente perniciosas para la convivencia de los españoles y para España, pero Zapatero no paró de tomar iniciativas de profunda carga ideológica.

Hay que recordar que, nada más prometer el cargo ante el Rey y antes siquiera de haber formado su primer Gobierno, se fue a La Moncloa y pidió un atril, desde el que anunció la retirada de las tropas de Irak, que estaban en la reconstrucción, no en la guerra; la paralización de la LOCE (la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, que había elaborado el PP para intentar poner un poco de racionalidad y mejorar la calidad en nuestro sistema educativo) con el anuncio de un Decreto que retrasaba su puesta en vigor, y la suspensión del trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional. Sin complejos, sin tener mayoría en el Parlamento y sin haber consultado con ninguna otra fuerza política, tomó tres decisiones de enorme trascendencia. Tres decisiones que, a mi juicio, fueron equivocadas en el fondo y en la forma. Pero no es este el lugar para analizar la era Zapatero, o, al menos, para analizarla con mucho detalle.

Aquella manera de iniciar su gobierno, en tromba, fue un preludio para lo que después puso en marcha, siempre sin buscar el menor acuerdo con el PP y siempre procurando, precisamente, lo contrario, es decir, buscando la confrontación con esa mitad de España que está cercana a posiciones liberal-conservadoras. Pues bien, en lo que atañe al PP, creo que muchas de esas iniciativas nos pillaron sin tener un discurso alternativo bien argumentado y potente.

Además, FAES, donde se había retirado José María Aznar en una especie del Colombey-les-Deux–Églises de De Gaulle, que era el think tank del PP desde el que se deberían elaborar las respuestas a las iniciativas de Zapatero y poner al día el cuerpo doctrinal del PP, para no interferir en la labor de Mariano Rajoy como jefe de la oposición, rebajó considerablemente la mordiente de sus seminarios.

Pienso, y es un ejemplo muy significativo, en la Ley de Memoria Histórica. Creo que en el PP no se había elaborado nunca una posición sólida, seria, equilibrada y convincente acerca de episodios históricos tan trascendentales como la II República, la Guerra Civil, la posguerra, el franquismo o la represión posterior. Por eso, cuando nuestros adversarios quieren descolocarnos, nos sacan algunos de estos asuntos y nuestras respuestas son siempre timoratas, balbucientes, acomplejadas y, con mucha frecuencia, insatisfactorias para los ciudadanos que nos escuchan, que, no hay que olvidar, saben muy poco de Historia de España, pero que, además, lo poco que saben está tomado del canon «progre», que es el único que se explica en nuestros colegios e institutos.

Creo que habrá habido pocas iniciativas más siniestras y nefastas que esta Ley, que sólo buscaba abrir heridas, atizar rencores y, muy importante, remachar en la conciencia de los ciudadanos la idea de que la Guerra Civil fue una confrontación de buenos y malos, en la que los buenos fueron muy buenos y los malos, muy malos, y todos sabemos quiénes eran unos y otros. ¡Ah! Y también acuñar la idea de que el PP, y todo lo que no sea nacionalista, socialista o comunista, es franquista y partidario de Hitler y Mussolini. Y lo peor es que no supimos qué contestar.

Aquí tengo que decir que yo sí contesté en la Asamblea de Madrid a una pregunta sobre este asunto y allí tuve la oportunidad de exponer cómo la explicación que hoy se da en las escuelas, los institutos y muchos medios de comunicación sobre la II República y la Guerra Civil es una explicación maniquea que, además, busca abrir heridas y resucitar rencores.

Fue una intervención que me salió del alma y que estaba inspirada por la lectura, poco tiempo antes, del libro de Juan Simeón Vidarte (que era el Secretario de Organización del PSOE en 1936) Todos fuimos culpables, en el que narra la intervención de miembros del PSOE y de la escolta de Indalecio Prieto en el asesinato, el 13 de julio de 1936, del jefe de la oposición parlamentaria, José Calvo Sotelo. Y por el descubrimiento que había hecho algunos años antes de que Marañón, Ortega y Gasset y Pérez de Ayala, los tres intelectuales fundadores de la Asociación en Defensa de la República, no sólo apoyaron a Franco desde el extranjero, a donde huyeron de la España republicana, sino que enviaron a sus hijos a luchar como voluntarios en el ejército «nacional». Entre otros, al que luego será fundador y presidente de PRISA y de El País, José Ortega Spottorno, que, por otro lado, fue una personalidad admirable por muchas razones. Allí, en la Asamblea de Madrid, expresé mi opinión de que es falsa la idea de que la II República fuera un régimen democráticamente idílico.

Por eso creo que, ahora, en 2016, que ya le toca al PP afrontar en serio una renovación a fondo de todos sus ejes ideológicos y de todas sus propuestas políticas, una de las tareas ineludibles que tiene por delante es la de elaborar una «narración» (como se dice ahora) de la Historia más reciente de España y dejar clara cuál es nuestra explicación de todos sus dramáticos episodios desde la perspectiva de un partido liberal-conservador en la Europa del siglo XXI.

Otro ejemplo de iniciativa de Zapatero que nos pilló con el pie cambiado fue la Ley del Matrimonio Homosexual. A pesar de que en todo el mundo se venía hablando desde hacía decenios de regular las uniones de homosexuales por medio de algún tipo de contrato civil o, incluso, de una equiparación con el matrimonio convencional, cuando Zapatero lanzó su iniciativa de matrimonio homosexual, el PP se encontró sin tener preparado un discurso alternativo.

Es verdad que, en la propuesta de Zapatero, era evidente su afán de —aparte de satisfacer una reivindicación de los homosexuales— molestar a la Iglesia y a muchos millones de españoles, a los que les iba a rechinar que se llamara «matrimonio» a ese tipo de uniones. Pero la realidad fue que el PP no tenía preparada una alternativa a esa iniciativa, que, además, se ha convertido ya en absolutamente normal en casi todos los países de nuestro entorno.

Yo, en los días en que se debatía el proyecto, dije claramente que la postura del PP, al presentar un recurso de inconstitucionalidad, sería percibida por el conjunto de la sociedad como una demostración de homofobia. Por cierto que decir esto públicamente me costó la admonición pública de algunos de los entonces portavoces del Partido. Y conste que yo, que soy absolutamente partidaria de reconocer con plenitud de derechos las uniones de los homosexuales, quizás no lo hubiera llamado «matrimonio».

Se podrían encontrar muchos más ejemplos de iniciativas de Zapatero que fueron profundamente ideológicas y ante las que nosotros tuvimos que responder de manera improvisada porque no poseíamos un corpus doctrinal puesto al día para responder con propuestas alternativas y mejores. Pienso, y son sólo otros ejemplos, en la Ley de Educación que los socialistas sacaron adelante para cambiar la LOCE, o en el debate sobre la Educación para la Ciudadanía, o en la Ley de Cambio de Sexo. O en la modificación de la Ley del Aborto, aunque esta fuera una iniciativa de la Segunda Legislatura de Zapatero. Nos llevaron siempre a su terreno y, como dice el politólogo George Lakoff en su libro No pienses en un elefante, el que crea el marco del debate y te obliga a moverte dentro de ese marco tiene ya más de medio debate ganado. Y en esos debates ideológicos de aquella Legislatura de Zapatero hubo mucho de eso.

Además, Zapatero encontró las arcas públicas llenas, el déficit embridado y el empleo en el mejor momento desde la Transición (en Madrid, por ejemplo, teníamos menos paro que en Alemania, el 8 %). Esto le permitió todo tipo de alegrías demagógicas para tener contentos a los electores, mientras que a nosotros, los del PP, nos dejaba sin el clásico argumento que utilizamos los políticos de la derecha de que nosotros gestionamos mejor la economía que los socialistas, porque la economía en aquellos primeros años de Zapatero seguía la marcha ascendente del ciclo que había comenzado con Aznar y era difícil que los ciudadanos escucharan nuestras críticas.

A Zapatero le quedaba un flanco sin cubrir, de cara al conjunto de los ciudadanos, que era su política con respecto a los nacionalistas y frente al terrorismo. Ya se sabe que a todos los Presidentes del Gobierno hay un momento de sus mandatos en los que les empieza a preocupar enormemente el juicio posterior de la Historia, les empieza a preocupar cómo van a pasar a la Historia. Pues bien, en este campo de la política ante los nacionalismos y el terrorismo, tengo la impresión de que el juicio posterior de la Historia con Zapatero va a ser especialmente duro.

Ya he mencionado su irresponsable compromiso con el nacionalismo catalán cuando hizo público su anuncio de estar dispuesto a aceptar cualquier reforma del Estatuto que emanara del Parlamento de Cataluña. Es verdad que ese compromiso lo anunció en noviembre de 2003, cuando ningún indicio ni ninguna encuesta le colocaban en La Moncloa, y que fue interpretado como una especie de brindis al sol para apoyar a Maragall en su campaña para Presidente de la Generalidad. Pero resultó que la coalición del PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa por Cataluña llevó a la Presidencia de la Generalidad a Pasqual Maragall, que llevaba en el programa la elaboración de un nuevo Estatuto.

Sin embargo, los enfrentamientos entre el Tripartito y los nacionalistas de CiU llevaron ese proyecto de Estatuto a una vía muerta. Pero Zapatero decidió recomponerlo a través del jefe de la oposición en el Parlamento de Cataluña, a la sazón, Artur Mas, y sacar adelante uno nuevo mucho más extremista que el que acababa de naufragar y que tanto ha contribuido a dividir a los catalanes. En la famosa noche en La Moncloa con Artur Mas, ¡que entonces era el jefe de la oposición al PSC, que era el partido de Zapatero! Sí, Artur Mas, el del 3%, según el socialista Maragall. En definitiva, creo que se puede afirmar que su política en una materia tan sensible y delicada como la relación con los nacionalismos periféricos fue completamente irresponsable.

Se le podría conceder el beneficio de pensar que quiso ceder ante los insaciables nacionalistas con el objetivo de apaciguarles definitivamente y que por eso se unió a ellos a la hora de impulsar un proyecto de Estatuto que era claramente inconstitucional, pero la realidad de lo que ha ocurrido después le descalifica por completo.

Aquel Estatuto que salió de sus conversaciones nocturnas con Mas sólo ha servido para ser piedra de discordia en Cataluña y en el resto de España y, por supuesto, no ha servido para nada a la hora de acabar con las pretensiones de los que quieren romper España y con España.

Todas estas cesiones ante los nacionalistas durante aquella Primera Legislatura de Zapatero provocaron en amplios sectores de la ciudadanía, los sectores más sensibles a los desafíos nacionalistas contra la unidad de España, un rechazo radical, que se vio aún más fortalecido al contemplar la política con los terroristas de ETA y las víctimas.

Aquí hay que recordar otro de esos cambios radicales que experimentó Zapatero respecto a sus inicios como Secretario General del PSOE. En los primeros meses en los que ejercía esa responsabilidad dentro de su partido, el otoño de 2000, tuvo el acierto de proponer a Aznar, entonces Presidente del Gobierno con una amplia mayoría absoluta, un Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que después fue una herramienta muy útil tanto para luchar contra ETA como para acorralar a sus brazos políticos y a sus fuentes de financiación. Bien es verdad que después hemos sabido también que, casi desde el mismo momento en que firmaba el Pacto, Zapatero estaba permitiendo que algunos miembros del PSE, con Jesús Eguiguren a la cabeza, entablaran conversaciones con la cúpula de la mismísima ETA para ver cómo llegaban a algún tipo de acuerdo.

Pero la realidad es que el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo fue un paso positivo para luchar contra la banda. Sin embargo, cuando llegó a La Moncloa, Zapatero se obsesionó con la idea de alcanzar un acuerdo con ETA. Podemos aceptar que ese acuerdo que perseguía era para conseguir la desaparición de la banda, pero lo cierto es que esa actitud del Presidente del Gobierno hizo que viviéramos episodios que aún hoy resultan escandalosos y ofensivos para la memoria de las 858 personas que los terroristas vascos han asesinado en su siniestra historia.

El más llamativo de estos episodios fue, sin duda, la puesta en libertad de uno de los más sanguinarios etarras, José Ignacio De Juana Chaos, un criminal condenado por veinticinco asesinatos, entre ellos el de los doce jóvenes guardias civiles del atentado de la Plaza de la República Dominicana en Madrid. De Juana protagonizó una farsa de huelga de hambre que le llevó a ser ingresado en un hospital, en el que, para escarnio de la justicia y de todas las personas de bien, supimos que recibía a su novia y se duchaba con ella.

La política de Zapatero en este campo indignó a muchísimos ciudadanos, y esa indignación popular estuvo en el origen de las muchas y multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid durante aquella Primera Legislatura suya. Los madrileños mostraban así su desacuerdo radical con aquella política, que, además, no conseguía acabar con ETA.

No es este el lugar para entrar en análisis pormenorizado de los episodios que, en aquellos años, tuvieron lugar en relación con ETA, pero, para justificar la indignación de esos millones de ciudadanos que expresaban su oposición a Zapatero, baste recordar cómo, a las pocas semanas de anunciar una declaración de «alto el fuego permanente», en marzo de 2006, se producía el chivatazo del bar Faisán. Y poco después, ETA robaba trescientas cincuenta pistolas en Francia, como muestra inequívoca de su decisión de no dejar de matar. Decisión que se hace cruda realidad el 30 de diciembre de ese año 2006 con el brutal atentado de la T4 en Barajas en el que mueren dos personas y al que Zapatero califica de «accidente».

Ahí, en el campo de la defensa de las víctimas del terrorismo y en la defensa de una política hacia ETA basada en el principio más limpio y que, además, era el que mejores resultados había logrado, el de «la Ley, sólo la Ley, pero toda la Ley», el PP sí tuvo discurso durante aquellos primeros años de Zapatero.

3
EL ÉXITO ELECTORAL DE MAYO DE 2007 Y LOS SEIS PRIMEROS MESES DE 2008 HASTA EL CONGRESO DE VALENCIA

En mayo de 2007 la candidatura del PP encabezada por mí obtuvo un resultado extraordinario en las Elecciones Autonómicas de Madrid: 1.600.000 votos, con un 53,29 % sobre el total de los votantes, nos proporcionaron sesenta y siete diputados de una Cámara Autonómica de ciento veinte. Fue una mayoría absoluta de una rotundidad nunca vista en la historia de nuestra Comunidad Autónoma.

Entre las causas de ese magnífico resultado, además, claro está, de que, probablemente, hicimos una buena campaña y de que nos presentamos con un programa atractivo, hay que señalar dos muy importantes: nuestros logros de la Legislatura 2003-2007, y la desafección de los electores madrileños hacia las políticas de Zapatero, o, mejor será decir, hacia las políticas de Zapatero respecto a los nacionalismos y a ETA.

La Legislatura Autonómica 2003-2007 había transcurrido en momentos de euforia económica generalizada. La experiencia posterior ha demostrado que aquella euforia tenía una base demasiado endeble y, de ahí, la pavorosa crisis que siguió a partir, precisamente, de finales de aquel 2007. Pero aquellos primeros cuatro años míos en la Puerta del Sol fueron años en los que la recaudación crecía día a día y era una invitación constante al gasto.

A pesar de que siempre que he gestionado dinero público he tendido a gastar lo mínimo posible, las magníficas cifras de ingresos que me transmitía la entonces Consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, nos indicaban que podíamos afrontar inversiones por muy extraordinarias que nos parecieran.

Recuerdo que más de una vez le preguntaba a la buena de Engracia: «¿Pero podemos gastar esto que nos pide el consejero tal o el consejero cual para hacer tal o cual cosa, un hospital o un kilómetro más de Metro?». Y la Consejera me decía: «Que sí, Presidenta, que la recaudación está creciendo al 10 % y los gastos sólo al 9 %».

Aquella bonanza económica, unida a la ilusión que todos los miembros de aquel primer Gobierno teníamos por dar un impulso a Madrid en todos los sentidos, nos llevó a ser lo que podríamos llamar un eficaz Gobierno en obras e inversiones públicas. Ahí han quedado los primeros ocho hospitales nuevos, ¡que se dice pronto!, y los primeros cincuenta y siete kilómetros nuevos de Metro puestos en servicio en aquellos cuatro años, que al final de mi mandato en la Comunidad llegaron a ser doce hospitales nuevos y cien kilómetros de Metro. Si a esto le añadimos el crecimiento espectacular de plazas para personas mayores en residencias y centros de día, o para niños en escuelas infantiles, o la reducción a treinta días de espera quirúrgica, o la apertura de centros de enseñanza (uno nuevo cada semana) o la implantación de la enseñanza EN inglés en los colegios públicos, se puede comprender que la opinión pública madrileña tuviera de nosotros como gestores una bastante buena consideración. Y todo ello sin subir nunca un impuesto, y suprimiendo los de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio, y haciendo una rebaja en el tipo de IRPF en el tramo autonómico.

Esa fue otra buena razón para el extraordinario resultado que alcanzamos en aquellas Elecciones de mayo de 2007.

Es verdad que a algunos de los liberales que había en mi equipo, y a mí misma, a veces nos entraba cierto remordimiento al pensar que todas esas actuaciones las estábamos llevando a cabo como si fuéramos un Gobierno socialdemócrata más, de esos que tanto gustan a los periodistas por su afición al gasto y a invadir campos que la iniciativa privada puede cubrir mucho mejor que la Administración Pública. Y pienso, y es sólo un ejemplo, en las escuelas infantiles, porque estoy convencida de que la iniciativa privada puede acometer la creación y el mantenimiento de este tipo de escuelas mejor que la pública. Algún colaborador mío en esos años llegó a decir, con cierta agudeza irónica, que «el socialismo sólo es posible si lo pone en práctica Esperanza Aguirre».

Pero el caso es que se hicieron muchas cosas y se hicieron bien. Y los madrileños lo notaron. Y por eso nos votaron con tanta confianza en aquel mayo de 2007.

La otra razón que ayudó a aquel formidable éxito electoral fueron las políticas de Zapatero, que gobernaba desde abril de 2004 con un programa profundamente ideologizado. Sustentado, además, por la misma boyante situación de la economía de la que nos aprovechábamos nosotros, lo que le permitía defender sus propuestas ideológicas sin tener que soportar tensiones sociales.

En el fondo, y ahora se ve más claro por la perspectiva que dan los años, Zapatero, con aquellas iniciativas marcadamente ideológicas, pretendió imponer una enmienda a la totalidad a la Transición, al consenso y a la concordia, y pretendió buscar la legitimidad de su Gobierno y del régimen democrático español en la II República, olvidándose de lo más importante de la obra de la Transición, que fue la reconciliación, la amnistía para todos y la concordia. Las posiciones políticas que ahora defienden los de Podemos serían, en ese sentido, consecuencia de los impulsos ideológicos que entonces lanzó Zapatero.

Todas esas iniciativas de Zapatero fueron aceptadas por la sociedad española de manera bastante acrítica a causa de la bonanza económica; de ahí su triunfo electoral de marzo de 2008, cuando, por otro lado, la crisis ya estaba dando sus primeros zarpazos. Fueron aceptadas por la sociedad española, pero no por toda, y, desde luego, no por la madrileña.

Ese descontento con las políticas de Zapatero en materia de cesiones a los nacionalistas, de laxitud frente a ETA y de abandono a las víctimas también estuvo presente en los votos de todos esos madrileños que nos dieron aquella mayoría más que absoluta.

Así, con la holgura que nos daba esa mayoría absoluta, empezamos a gobernar en junio de 2007. Hay que recordar que en la anterior Legislatura, de 2003 a 2007, habíamos tenido también una mayoría absoluta, pero ajustadísima.

Por su parte, en el Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón también tuvo un resultado espectacular en aquellas Elecciones del 27 de mayo de 2007. Con su sempiterno afán competitivo conmigo, al día siguiente, el lunes 28, declaró que había tenido en Madrid más votos que yo, lo que no era del todo cierto, porque el censo de votantes en las Municipales no es el mismo que el de las Autonómicas, ya que en las Municipales pueden votar los extranjeros y en las Autonómicas, no. Y al día siguiente, el martes 29, en una conferencia que pronunció en el Foro ABC, dijo que, después de haber sido reelegido Alcalde de Madrid, se ofrecía a Rajoy para ir en la lista al Congreso del Partido Popular de las Elecciones Generales, que tendrían que ser, como muy tarde, en marzo del año siguiente.

Aquel ofrecimiento de Alberto tenía, evidentemente, dos caras. Por un lado, se podía interpretar como un afán de apoyar a Rajoy en las Generales, poniendo a su disposición el capital político y electoral que acababa de demostrar que tenía en Madrid. Pero, por otro lado, era una maniobra para ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados. Ser diputado se ha considerado siempre una condición imprescindible para ser jefe de la oposición. Alberto, con ese ofrecimiento, se estaba postulando directamente para ese puesto de jefe de la oposición, para el caso de una eventual derrota del PP en marzo de 2008, que llevaría consigo, según todas las opiniones, la dimisión de Rajoy.

Esto estaba así de claro y así lo entendió todo el mundo.

Desde mayo a diciembre de aquel 2007, Mariano Rajoy no dijo en público ni una palabra acerca del ofrecimiento de Gallardón, pero la prensa iba dando por seguro que, al final, Mariano aceptaría su oferta y Gallardón sería el número dos en la lista del PP de Madrid.

A mí, como a todos los simpatizantes, a los militantes, a los dirigentes y creo que a los votantes del PP de entonces, nos parecía imprescindible que Zapatero no ganara esas Elecciones Generales para frenar precisamente esa deriva ideológica que he descrito antes. En ese sentido, yo creía que en las Elecciones de marzo de 2008 había que poner toda la carne en el asador y me parecía bien que un valor indiscutible como Gallardón estuviera en la lista con todo su contrastado poder electoral. Lo que no tenía tan claro era que, si había que poner en práctica el plan B —es decir, la sustitución del líder del Partido tras una hipotética derrota electoral—, el único posible sucesor de Mariano Rajoy fuera Alberto Ruiz-Gallardón por haber alcanzado la condición de diputado.

Pensaba entonces, y lo pienso ahora, que la elección del líder del Partido debía ser la consecuencia de un proceso democrático en el que pudieran contrastarse las diferentes maneras que los candidatos al liderazgo tienen de poner en práctica políticas acordes con los principios del Partido, los diferentes estilos de hacer política de esos posibles aspirantes y las diferentes propuestas concretas que pueden ofrecer.

Entonces no me parecía bien, y no me lo parece ahora, que la sucesión en el liderazgo se hiciera por cooptación o por dedazo. Y mucho menos que Alberto, con su ofrecimiento, se estuviera propugnando como el sucesor in pectore, cuando antes había que afrontar unas elecciones muy importantes. Alberto representaba, sin duda, una de las, llamémoslas, sensibilidades del PP, pero no todas, y, desde luego, no representaba a todas las corrientes que, dentro del PP, pueden considerarse liberales.

Por eso, en el mes de diciembre de aquel año le comuniqué, de forma discreta, a Ángel Acebes, que era el Secretario General del Partido, que, si se trataba de poner a disposición de Mariano Rajoy el apoyo de todos los activos del PP, como decía Gallardón, yo también estaba dispuesta a hacerlo, dado que también yo había demostrado que tenía tirón electoral, y ahí estaba el 53,3 % conseguido aquel mismo año en la Comunidad, que es más hostil que la capital para el PP. Y estaba dispuesta a hacerlo aunque tuviera que renunciar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ya que, al contrario de lo que pasa con el cargo de Alcalde, el de Presidente de Comunidad sí que es incompatible con el de diputado nacional.

Algunos pueden pensar que mi ofrecimiento era consecuencia de unas irrefrenables ansias de poder, de un poder que quedaría vacante en el caso de una derrota electoral. Pueden pensar lo que quieran, pero lo que de verdad me movía entonces para ofrecerme a Acebes como posible candidata al Congreso era el temor de que el PP tomara una determinada línea, la de Alberto (incremento del gasto público, subida de impuestos y más intervención del Estado), sin que, por lo menos, se tuvieran en cuenta los puntos de vista liberales, que, sinceramente, creía que yo era la que mejor los representaba dentro del Partido.

Con el ofrecimiento abierto y reiterado de Alberto y con el mío, mucho más discreto, llegamos a la jornada del 15 de enero de 2008. Ese día empezó para mí asistiendo a la conferencia que Mariano Rajoy pronunció en el Hotel Ritz dentro del ciclo de Foro Nueva Economía. De ahí me fui al AVE para ir a Málaga a un almuerzo con militantes del PP de Málaga, dentro de lo que se podía considerar ya la precampaña de las Generales de marzo. A la vuelta, esa misma tarde, en el AVE, recibí la llamada de la secretaria de Rajoy para ver si, de regreso a Madrid, podía ir a ver al Presidente del Partido a Génova.

Eso hice, de manera que de Atocha me fui a Génova. Y allí tuvo lugar la famosa reunión con Rajoy y Gallardón. Y la subsiguiente escena del ascensor que tanto dio que hablar entonces.

La reunión tuvo lugar en una especie de sala que habían habilitado para Rajoy, junto a su despacho, sin ventanas, que a mí siempre me agobiaba, pero como era tarde y era de noche, la falta de ventanas me molestaba menos. Estábamos Mariano, Ángel Acebes, Alberto y yo, y desde el primer momento quedó claro que Rajoy había llegado a la conclusión de que la solución ideal para él era que no fuéramos ni Alberto ni yo en la lista. Posiblemente tenía ya in mente el fichaje de Manuel Pizarro como número dos de su candidatura.

Pizarro entonces era una de las personalidades de más prestigio en España, puesto que había defendido a capa y espada que la OPA que había hecho Gas Natural a Endesa no se llevara a cabo, porque era a sólo veinticuatro euros la acción y además no pagaban cash. Consiguió que EON, una empresa alemana, ofreciera cuarenta euros por acción. Aquel éxito empresarial, unido a una magnífica intervención que tuvo ante el Parlamento de Cataluña para defender su gestión en ENDESA, había hecho de Pizarro una personalidad de enorme prestigio empresarial, político y mediático.

Rajoy nos dijo que no le gustaban los ofrecimientos que le habíamos hecho y que no iba a llevarnos en la lista. A Alberto, muy decepcionado, se le saltaban las lágrimas, y dijo que iba a dejar la política, que no lo haría antes de las Elecciones para no fastidiar al Partido, porque nunca se iría del PP, pero que, desde luego, dejaba la política al día siguiente de las Elecciones.

Carlos Cué contó después en El País una escena en el ascensor entre Gallardón y yo, en la que, según Cué, yo consolaba a Alberto. Yo, desde luego, no la recuerdo, pero es muy posible que la narración que hace proviniera del propio Alberto, que seguro que se la contó a los periodistas. Yo, la verdad, no le di mucha importancia a aquella bajada en el ascensor.

Siempre he sentido por Alberto un gran afecto, no sólo de amistad, sino que, además, como soy algo mayor, mis sentimientos hacia él han sido, aunque casi no me atrevo a confesarlo, como un poco maternales. Aunque esto quizás le moleste. Algunos creen que nos odiamos, pero no es verdad, nos queremos, lo que ocurre es que estamos en las antípodas ideológicas: él es defensor del gasto público, él es «progre», él es socialdemócrata, y yo soy todo lo contrario. Pero en lo fundamental estamos en todo de acuerdo. Siempre he sido liberal y me gustaría haberlo sido aún más en muchas ocasiones, pero, bueno, he hecho lo que he podido dentro de las posibilidades que da un cargo público como los que he tenido. Y es muy posible que en el ascensor le dijera, para quitar dramatismo a la escena: «Bueno, mira, Alberto, pues ya estamos los dos igual», o algo así, como contó El País del día siguiente.

A partir de ese momento, la campaña electoral del 2008, con De Juana Chaos en huelga de hambre pero pudiendo ducharse con su novia, con todos los desmanes y las cesiones que había cometido Zapatero, sobre todo con su actitud ante los terroristas, que en Madrid había provocado un rechazo frontal, fue una de las campañas en las que fui más requerida por todas las entidades provinciales y locales del Partido en toda España.

En esa campaña recorrí 14.500 kilómetros y participé en mítines electorales en Badajoz, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Fuerteventura, Bailén, Lugo, Pontevedra, Menorca, Murcia y el Puerto de Santa María, además de hacer en Madrid una campaña intensísima.

Hay que señalar que en Madrid, en las Generales del 2008, el PP alcanzó un resultado magnífico, y magnífico significa magnífico. El PP arrasó y tuvo más de 1.700.00 votos, más, incluso, de los que ya habíamos sacado en las Autonómicas de mayo del año anterior, y sigue siendo el récord absoluto de número de votos obtenidos en Madrid, no superado ni siquiera en el gran éxito del 2011. Sin embargo, las Elecciones se perdieron. Zapatero las ganó.

Aquella noche electoral, en la séptima planta de Génova, cuando estábamos todos viendo en la pantalla los resultados de algunas provincias, se respiraba una atmósfera de desánimo y desolación, y una de las personas más próximas a Mariano me dijo: «Por favor, dile que se vaya, dile que se retire». Luego, cuando bajó al balcón de la primera planta para saludar a los seguidores que se habían concentrado ante la fachada, la sensación que tuvimos todos era de despedida y de que Mariano Rajoy lo dejaba, después de su segunda derrota consecutiva.

Más tarde se me reprochó mucho que no le hubiera llamado al día siguiente, lunes, para darle ánimos, pero es que yo era la única dirigente regional que estaba en Madrid la noche anterior. Los otros estaban en las sedes de sus respectivas regiones. Estuve con él toda la noche, con él, con sus hermanos y con Viri.

Al día siguiente, lunes, en la COPE, Federico Jiménez Losantos, al que se considera, y con razón, amigo mío, estuvo defendiendo a Mariano Rajoy toda la mañana, y diciendo que Mariano tenía que seguir, que la campaña había sido muy buena y que no había que dejarse alterar, etc.

Ese mismo lunes por la noche, en su programa de Telemadrid, Fernando Sánchez Dragó vino a decir lo contrario, que no, que Mariano tenía que dimitir. Y el martes por la mañana, que era el día que Pedro J. iba a la COPE, Pedro J. sí que cargó contra Mariano diciendo también que tenía que dimitir, que no se podía quedar.

Aquel martes estaba convocado el Comité Ejecutivo Nacional del PP para las cinco de la tarde y, a mediodía, cuando estaba comiendo yo en mi casa, me llamó al teléfono Mercedes Rajoy, la hermana de Mariano, prácticamente llorando, para decirme que «cómo yo había podido hacer eso», que «cómo era posible que yo hubiera hecho semejante cosa». Y semejante cosa era que Fernando Sánchez Dragó hubiera dicho en su programa, que era en Telemadrid a las doce de la noche, que Mariano se tenía que ir. La verdad es que yo no había hablado con Sánchez Dragó desde hacía meses.

Al colgar a Mercedes Rajoy, llamé inmediatamente a Fernando, le conté lo que me había dicho la hermana de Mariano y le transmití ese desconsuelo de Mercedes Rajoy, a la que, por cierto, yo le había ofrecido ser candidata por Getafe porque ella era registradora de la propiedad en esa ciudad, ofrecimiento que no aceptó, aunque sí había apoyado al PP en la campaña.

Sánchez Dragó me dijo que el jueves anterior a las Elecciones, por la noche, un día antes de que se acabara la campaña, había quedado en firme con tener en el programa suyo a Mariano Rajoy, y no le había parecido bien que le llamaran esa misma tarde, después de que él ya lo hubiera anunciado, para decirle que no, que era muy tarde, que el candidato estaba muy cansado y que no iba a ir a su programa, y además —siguió Dragó— ni siquiera le llamó Mariano, sino que le había llamado Carmen Martínez Castro, y, en cambio, había ido a otra tele que nos trataba mal, al programa de Buenafuente. Esto le había parecido fatal, y ya sabemos cómo muchas veces las cuestiones personales tienen más importancia que las cuestiones políticas a la hora de las reacciones de algunas personas. Sin embargo, aquellas opiniones adversas de Fernando Sánchez Dragó, como las de Pedro J., desde el entorno de Mariano Rajoy me las atribuyeron a mí.

Por lo que luego se vio en aquel Comité Ejecutivo Nacional de las cinco de la tarde, en el que estaban todos los líderes regionales, todos se habían confabulado, durante el lunes y el martes por la mañana, contra mí. Porque de lo único que se habló allí fue de que Telemadrid había dado muchas alas a Rosa Díez durante los meses anteriores y durante la campaña. Rosa Díez había sacado un resultado bastante modesto, sobre todo si lo comparamos con el que UPyD sacaría después en las Autonómicas del 2011, y, a pesar del resultado de Rosa, nosotros habíamos conseguido muchísimos escaños en Madrid.

Yo noté una hostilidad tremenda en el ambiente de aquel Comité. Todos, con Camps y Arenas en primer lugar, se dedicaron a hacer la «pelota» hasta la extenuación a Mariano, que debía de haber dedicado todo el lunes y el martes a aunar sus fuerzas. Allí Camps hizo el ofrecimiento de que el inminente Congreso del PP fuera en Valencia, ofrecimiento que fue aceptado inmediatamente. Noté innumerables miradas hacia mí, como si yo fuera la bruja piruja, cuando yo lo único que había hecho era apoyar a muerte a Mariano durante toda la campaña.

Fue en ese Comité cuando Mariano dijo que ahora, por fin, él iba a hacer su equipo, como si algo le hubiera impedido hacerlo en los cuatro años anteriores, desde que fue elegido Presidente en el Congreso del PP de octubre de 2004. Podría entenderse su queja si se hubiera referido al periodo en el que «sólo» era Secretario General, con funciones de Presidente, antes de ese Congreso de 2004, pero es que en octubre de 2004 el Congreso Nacional del PP le eligió por el noventa y tantos por ciento de los votos. Eso quiere decir que había tenido las manos libres para haber hecho el equipo que hubiera querido, y sin embargo, fue él quien puso a Zaplana de Portavoz y a Acebes de Secretario General. Por lo que dijo en aquel Comité Ejecutivo dio la impresión de que esos no eran su equipo.

En los meses preliminares al convocado Congreso de Valencia tuvieron lugar algunos incidentes que a mí me parecieron lamentables. Como, por ejemplo, el discurso de Elche en abril de 2008, en el que Rajoy dijo, con un tono especialmente duro para lo que suele ser habitual en él, que liberales y conservadores lo que teníamos que hacer era irnos del Partido.

O como lo que ocurrió durante la elaboración de una de las ponencias del Congreso, en la que estaba María San Gil. Allí hubo algunos que querían hacer una aproximación a los nacionalistas y como María no se prestó, la colocaron en una situación dificilísima. Hasta el punto de que decidió dejar la ponencia, dejar la Presidencia del PP vasco, y la respuesta desde el partido fue transmitir a la prensa que María había tenido un cáncer, como si haber tenido un cáncer le nublara el entendimiento, entre comillas.

En el mes de abril, porque yo lo había planificado así para dar tiempo a que hubieran pasado las Elecciones y se supiera qué estaba ocurriendo, pronuncié en el Foro de ABC una conferencia que me habían encargado desde mucho tiempo antes. Aquella conferencia, con su coloquio posterior, tuvo mucha repercusión.

Creo que fue una pieza bastante bien estructurada y concebida. Algunos le pusieron el título de «No me resigno», porque allí decía que no me resignaba a que a los del PP nos trataran de homófobos, a que no se pudiera hablar de la República ni de la Guerra Civil sin acatar el canon «progre» y, en fin, que no me resignaba a que el PP fuera el malo de la película, que no me resignaba a que el PP fuera un nasty party. Pero lo cierto es que aquella conferencia se interpretó como un reto por mi parte a Mariano y como una forma de plantear mi candidatura al Congreso.

Sin embargo, tengo que explicar que, por más que Zaplana y Nacho González me animaran, yo nunca estuve decidida a presentarme. Cuando aquel martes, posterior a las Elecciones de marzo, Mariano dijo que, no solamente se iba a presentar a la Presidencia del Partido en el próximo Congreso, sino que iba a ser el próximo candidato a las Elecciones Generales, yo vi claro que mi papel no estaba en presentarme en ese momento. Yo no creía que mi papel fuera derribar del caballo al líder del Partido, sino, en todo caso, esperar a ver si el líder del Partido, como todo parecía asegurar la noche electoral, lo dejaba. Entonces habría habido una competición electoral entre los diversos candidatos. Porque seguro que se iba a presentar Alberto, y también Camps parecía dar muestras de querer presentarse. Entonces habría sido posible que yo me hubiera presentado, pero en las condiciones en las que se planteó el reto de Mariano: «Me quedo, me presento al Congreso del Partido y, además, me presento como candidato a las próximas Elecciones Generales», pues no, nunca se me pasó por la imaginación. Yo estaba muy contenta donde estaba, en la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Además, mi hijo mayor se casaba en julio, cosa que me hacía mucha ilusión, y yo, la verdad, no tenía ningún interés especial en desafiar a Mariano Rajoy.

Recuerdo mi participación en un programa que entonces hacía Ana Pastor en Televisión Española, un programa con varios tertulianos, entre los que estaba Pedro J., que sólo me querían preguntar si me iba a presentar o no en el Congreso de Valencia. Porque, en el coloquio que siguió a aquel discurso del «No me resigno», yo había dicho que nunca me había gustado decir «de esta agua no beberé». Quizás, precisamente, porque nunca lo digo, soporto tan bien las hemerotecas, y luego no me tengo que desdecir.

Bueno, pues yo nunca digo de esta agua no beberé. Y en aquella conferencia del «No me resigno» me acuerdo muy bien que dije: «Bueno, miren, yo no tengo ninguna intención de presentarme, pero si cambio de opinión el primero en saberlo será el Presidente de mi partido». Esto fue lo que dije.

Y en el programa aquel de Ana Pastor me vuelven a hacer la misma pregunta —«¡Pero diga usted sí o no!», me acuerdo que me decía Pedro J.— y yo creo que bromeé, diciendo lo mismo, o una cosa de ese tipo, pero, vamos, en plan relativamente divertido, sin darle mucha importancia. Esto Pedro J. se lo tomó muy mal y empezó a sacar unos artículos en los que, más o menos, venía a decir que yo era una frívola impresentable o algo así, lo cual me vino bastante bien para que me dejaran una temporadita en paz.

Después vino el discurso famoso de Mariano Rajoy en el que a los liberales y a los conservadores se nos invitaba a irnos del Partido. Al mismo tiempo se sucedían las llamadas a la unidad alrededor de la figura de Mariano Rajoy. Incluso recibí una llamada de Paco Álvarez-Cascos diciéndome: «Yo creo que es muy importante que no haya varias candidaturas y que todos apoyemos a Mariano», cosa que me dejó entre fría y congelada. También vi a Aznar, que me dijo que «Bueno, como todo el mundo apoya a Mariano, lo mejor es que todos sigamos detrás de Mariano». Y también hablé con Javier Arenas, al que yo llamé a propósito de unas declaraciones de Antonio Sanz, que es este señor que, en nombre de Arenas, sigue mandando muchísimo en el PP de Andalucía. Este Antonio Sanz dijo un día de aquel abril que los del PP de Madrid lo que teníamos que hacer era decidir de una vez si nos íbamos a presentar o no, y Güemes le contestó públicamente que lo que tenían que hacer ellos era trabajar para ganar elecciones alguna vez, que llevaban veinte años perdiéndolas, o algo parecido. Entonces yo llamé a Javier Arenas y le dije: «Pero, Javier, ¿cuál sería el problema de que hubiera varias candidaturas en el Congreso?». «Eso es letal para el Partido, yo recuerdo perfectamente los congresos de la UCD, eso es la desunión, eso es desastroso, eso es nefasto», fue lo que me contestó.

Esa era la situación entonces: Aznar, Cascos —en quien yo confiaba mucho—, Arenas y todos los líderes regionales, que creían que no tenía que haber más que una candidatura, frente a la opinión de Nacho González y de Zaplana, que eran los que sí creían que tenía que haber otra candidatura: la mía. Pero, la verdad es que nunca estuve en ello. Y quien diga que yo busqué un solo aval o que me moví lo más mínimo para ser candidata miente, miente y lo sabe perfectamente.

Sin embargo, cuando llegamos los de Madrid al Congreso de Valencia, nos encontramos con que nos habían puesto en una esquina, nos habían dado menos sitios que a nadie, no nos dejaron ni siquiera intervenir. Íñigo Henríquez de Luna, que llevaba una enmienda a favor de las primarias, fue literalmente aplastado por el aparato y su enmienda fue rechazada. Bueno, aquello fue un desastre para los del PP de Madrid.

En aquel Congreso, además, se aprobó una modificación de los estatutos a las tres y media de la madrugada, que cambió por completo el funcionamiento interno del Partido. La enmienda consiste en que, mientras que, para ser candidato a una Alcaldía o a Presidente de una Comunidad Autónoma, o a cualquier Cabildo Insular o institución, por pequeña que sea, te tiene que nominar el Comité Electoral, para ser candidato a la Presidencia del Gobierno no te tiene que nominar nadie; te nominas tú, que para eso eres el Presidente del Partido. Esta fue la enmienda que metió Federico Trillo y que ha seguido hasta hoy, y por la que nadie ha cuestionado que el candidato a la Presidencia del Gobierno en las Elecciones de 2015 haya sido el Presidente del Partido, Mariano Rajoy, porque así lo dicen los estatutos. Y nadie podrá cuestionar que vuelva a ser el candidato si se repiten las Elecciones.

En aquel Congreso de Valencia es importante reseñar el comportamiento de Alfredo Prada, Vicepresidente de mi Gobierno en la Comunidad de Madrid, y que era, sin duda alguna, el aguirrista más entusiasta y que, además de Nacho González, era de los que creían que me tenía que presentar a las elecciones de ese Congreso. Bueno, esto fue así hasta que llegamos a Valencia el 20 de junio. Entonces, María Dolores de Cospedal, a la que Mariano le había ofrecido ser la Secretaria General, le hizo a Alfredo Prada la oferta de estar en el Comité Ejecutivo Nacional y, además, de estar en el Partido con sueldo, en el caso de que yo le sacara del Gobierno de Madrid. María Dolores conocía a Alfredo porque los dos habían estado en mi Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta propuesta de María Dolores me la anunció Alfredo Prada nada más llegar a Valencia, el viernes del Congreso. Yo le dije: «Me parece muy bien, Alfredo, vivimos en un país libre, puedes hacer lo que quieras, pero todo esto se va a interpretar como una traición a mi persona». «¡Qué tontería, será fenomenal, así estamos representados en la Nacional, y así te puedo informar de todo lo que allí se diga y se haga!», me contestó. Pero, efectivamente, se interpretó como una traición a mí.

Unos meses después, en enero del 2009, saltó la historia de aquellos espías que habían seguido a Prada y a Manolo Cobo en abril de 2008. Hoy todavía sigo sin saber qué fue aquello, no sé lo que sucedió, pero si sucedió algo, desde luego no pudo ser para espiar a Alfredo Prada por razones políticas, porque Alfredo Prada, en aquella primavera de 2008, era el aguirrista más conspicuo de todos los aguirristas. Ahí están las hemerotecas para demostrarlo.

Habría que recordar que, en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del 2 de junio de aquel año 2008 (la única reunión de ese órgano que se celebró desde la famosa del martes posterior a las Elecciones de marzo), Ignacio González, cuando yo ya había abandonado la reunión, leyó un discurso muy duro que llevaba preparado en la línea de defender que los del PP teníamos que dejar de estar acomplejados ante los socialistas. Por eso, probablemente, Rajoy lo sacó del Comité Ejecutivo Nacional en el Congreso de Valencia, para meter en él a Alfredo Prada. Por esto es por lo que le dije a Alfredo que su actitud sería considerada como una traición.

Justo antes de irnos a Valencia, Mariano Rajoy me llamó, me invitó a comer y me dijo que le propusiera nombres para el Comité Ejecutivo, pero que no podían ser ninguno de los que se habían mostrado en público críticos con él. Se refería claramente a Nacho, que, en aquel Comité Ejecutivo Nacional de junio con una intervención muy beligerante, contraria a la política que había impulsado Rajoy en aquellos meses, tras la pérdida de las Elecciones Generales, con la descalificación y salida del Partido de María San Gil y de Ortega Lara, con el discurso de Elche, cuando dijo que liberales y conservadores lo que teníamos que hacer era irnos del Partido. En aquella comida le dije que yo no podía darle otros nombres. Todo en unos términos muy cordiales, la verdad. Y, al final, llevó al Comité Ejecutivo a Ana Botella, a Alberto Ruiz-Gallardón, a Manolo Cobo y a Prada. Y a Lucía Figar la nombró para la Junta Directiva.

A la vuelta del Congreso de Valencia era evidente que los miembros del nuevo equipo rector del PP tenían una actitud hacia mí que, como poco, habría que calificar de recelosa, cuando no de clara oposición hacia lo que yo representaba. Y lo que yo representaba entonces era la defensa de políticas liberales en materia económica, y una actitud decidida a dar todas las batallas ideológicas que la izquierda pudiera plantear, sin resignarme a darlas por perdidas o a aceptar el canon izquierdista.

Yo no había querido encabezar una candidatura opuesta a la de Rajoy por todo lo que aquí he contado, pero sí estaba decidida a seguir gobernando la Comunidad de Madrid de acuerdo con los principios en los que yo creía, y que, además, estaban dando unos resultados claramente positivos. Y para eso quería contar con un equipo de Gobierno homogéneo. Además, la crisis económica ya había empezado a mostrar sus efectos y se hacía imprescindible reducir el gasto para que las cuentas cuadraran. Esas dos razones confluyeron a la vuelta de Valencia y me llevaron a hacer una remodelación del Gobierno de la Comunidad, en la que reducía el número de Consejerías y salía del Gobierno Alfredo Prada.

Muchos me han criticado, y algunos siguen haciéndolo, que no me presentara frente a Mariano. Es verdad que representamos dos maneras diferentes de entender cuál debe ser la política del PP. Por nuestra formación, por nuestros orígenes ideológicos y por nuestras trayectorias, defendemos distintas concepciones de la forma que el PP debe tener. Él es un conservador, al que no le gustan los debates ideológicos, y yo soy una liberal, a la que sí me gustan esos debates. Por esto, a algunos les parece que deberíamos haber confrontado nuestras concepciones en aquel Congreso de Valencia. Yo no quise en ningún momento presentar mi candidatura porque, fundamentalmente, no me lo pidió el cuerpo. Además, porque muchos a los que yo apreciaba me lo desaconsejaron para no dividir al Partido. Y porque mi intuición —y siempre me he fiado de ella, aunque a veces me ha llevado a equivocarme— me dijo que no tenía nada que hacer, porque, con el sistema de avales vigente, no llegaría siquiera a candidata, pues yo sabía que a casi todos los compromisarios los «invitaban amablemente» a avalar la candidatura oficial.

Esa es toda la historia, mi historia, de lo que pasó en Valencia.

4
CANDIDATA EN 2011 Y EL CÁNCER

Terminado el episodio de Valencia, me concentré aún más en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el que había que cambiar radicalmente el chip, porque ya no se trataba de administrar la abundancia, como había ocurrido en la anterior Legislatura, sino todo lo contrario, porque la crisis, esa crisis que Zapatero negaba con una terquedad un tanto infantil, ya era un hecho que empezaban a percibir los ciudadanos y que se notaba de manera palpable en la disminución de la recaudación de la Comunidad, lo que nos obligaba a aumentar las cautelas a la hora de gastar. De hecho, creo que la Comunidad de Madrid fue la primera en tomar medidas de austeridad cuando Zapatero todavía seguía embarcado en políticas de gasto público que se iban a demostrar insensatas y se empeñaba en hablar de «brotes verdes» en una economía que iba hacia el desastre.

Gobernar en aquellos años de escasez me resultó especialmente estimulante porque consistía en cuadrar el círculo de mantener y mejorar los servicios públicos esenciales con menos gasto, para lo que había que suprimir todo lo que fuera superfluo. En el fondo, un gobernante liberal debería encontrarse más a gusto cuando tiene menos dinero para gastar, porque muchas veces tener demasiado dinero lleva a aumentar el intervencionismo del Estado, y esto, a cometer errores.

En este sentido, no me resisto a mencionar aquí el asunto del Campus de la Justicia, que es una iniciativa de mi Gobierno que después ha dado mucho que hablar y ha recibido muchas críticas.

En el programa electoral con el que ganamos las Elecciones Autonómicas de 2003 no llevábamos nada que hiciera referencia a ese Campus, y es en los primeros meses de Gobierno cuando Alfredo Prada, Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia e Interior, me transmite el sentir de todos, absolutamente todos los estamentos que intervienen en la administración de la Justicia, que consideran imprescindible que la Justicia que se imparte en Madrid cuente con unos edificios adecuados.

Los argumentos que me expuso Prada, en nombre de jueces, fiscales, secretarios de juzgados, abogados, procuradores y forenses son inapelables. Todas las grandes capitales del mundo cuentan con edificios de un empaque especial en los que se imparte la Justicia; son los Palacios de Justicia de todo el mundo. Incluso en todas las capitales de provincia españolas existen Palacios de Justicia que suelen ser algunos de los edificios más representativos de esas ciudades. Impartir Justicia es ejercer uno de los poderes del Estado y, además, ese ejercicio tiene, con frecuencia, una importante influencia directa en la vida, la hacienda y la libertad de los ciudadanos, lo que hace que se deba llevar a cabo con una señalada solemnidad y dignidad.

Por el contrario, Madrid tenía —y sigue teniendo— decenas de locales, muchos de ellos en pisos de casas de vecindad, desperdigados por toda la ciudad, desde los que se imparte la Justicia en condiciones no sólo poco solemnes, sino, incluso, precarias. Además, la dispersión de esas decenas de sedes por toda nuestra ciudad, que obliga a incesantes desplazamientos, hace aún más complicado el desarrollo de los procedimientos judiciales. Esto fue lo que, a grandes rasgos, me expuso el consejero Prada.

La conclusión a la que habían llegado todos los sectores implicados era que sería ideal la creación de una Ciudad de la Justicia en la que se concentraran las sedes judiciales y que, ya que habría que construir unos nuevos edificios, se les dotara de un empaque y de una representatividad especiales, para lo que, me decía el consejero, se podrían encargar los proyectos a figuras mundiales de la arquitectura. Yo, como dicen que hizo Josep Pla, cuando llegó por primera vez a Nueva York y contempló el espectacular skyline de esa ciudad magníficamente iluminado, pregunté a Prada: «Sí, muy bien, pero esto ¿quién lo paga?». Y Prada me explicó que todo eso podría hacerse sin que al contribuyente le costara un duro, porque se podía sufragar con el dinero que la Comunidad obtuviera de la venta de los múltiples edificios desperdigados por todo Madrid, en los que entonces se estaba impartiendo la Justicia.

Hay que tener en cuenta que estábamos en 2004, en plena burbuja inmobiliaria, cuando los precios de los inmuebles crecían de día en día. Vendiendo las viejas sedes, muchas de ellas situadas en magníficos emplazamientos dentro de la capital, se podrían obtener importantes plusvalías con las que afrontar los gastos de esa nueva Ciudad de la Justicia. De hecho, las primeras tasaciones se habían demostrado infravaloradas, pues en la subasta se había obtenido casi el triple de lo proyectado. Esa fue la razón de que se pusiera en marcha ese proyecto, que, inmediatamente, recibió, no sólo el visto bueno, sino el apoyo entusiasta de todas las Instituciones del Poder Judicial de España, desde el Fiscal General del Estado, entonces Cándido Conde Pumpido, a los Presi- dentes del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o de la Audiencia Provincial de Madrid. Todos querían que Madrid construyera una nueva Ciudad de la Justicia y a todos les gustaba la idea de que los nuevos edificios estuvieran firmados por algunos de los mejores arquitectos mundiales. Eso fue así. Lo que ocurrió es que en Madrid fuimos los primeros en darnos cuenta de que la crisis era muy profunda y que iba a ser imposible hacer frente a determinadas inversiones, como la de ese proyecto, porque iba a ser imposible vender a buen precio los edificios de las viejas sedes porque el mercado inmobiliario había pegado un bajón impresionante y, por tanto, iba a ser imposible tener el dinero necesario.

Por eso, a la altura de 2008, decidimos paralizar el proyecto y dejar en suspenso su ejecución hasta que la crisis pasase, a pesar de que sabíamos que esa decisión nos iba a traer críticas y reclamaciones. La primera crítica la recibimos en forma de una pregunta parlamentaria que me hizo Tomás Gómez, entonces Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, exigiendo que siguiéramos adelante con el proyecto. No le hicimos caso y creo que la decisión de suspender la ejecución del proyecto fue acertada.

Hoy es fácil decir, y yo lo reconozco, que se trataba —se trata, porque los proyectos de los edificios están ahí y, probablemente, cuando mejore la situación económica, se acabarán llevando a cabo— de un proyecto megalómano, pero que le gustó a todo el mundo. Y yo añadiría que es consecuencia del peligro que tiene para los Gobiernos gestionar la abundancia. Por eso es por lo que lo he traído a este capítulo en el que relato lo que pasaba en la Comunidad de Madrid en esa Legislatura en la que nosotros empezamos a apretarnos el cinturón mientras que los socialistas en el Gobierno de la Nación continuaban con unas políticas de aumentar el gasto público que iban a resultar muy negativas y absurdas.

En esa mi Segunda Legislatura en la Comunidad siempre tuve muy en cuenta los ocho años de Gobierno de Aznar, es decir, la autoimpuesta limitación de los dos mandatos. Porque a mí siempre me pareció muy admirable que Aznar dijera, desde el principio, que no estaría más de ocho años en el Gobierno, y que, después, lo cumpliera. Me parecía que era lo que había que hacer. Por esa razón, a partir de principios del año 2010, yo acariciaba en mi fuero interno la idea de no volver a presentarme a las Elecciones de 2011, y lo cierto es que no paraba de darle vueltas.

Las dudas se me hicieron aún más intensas a finales del año 2010, cuando había que decidir definitivamente si iba a ser candidata o no. En todo caso, lo que yo sí tenía muy claro es que la decisión de no serlo no había que anunciarla con antelación, porque el problema de Aznar, y de todos aquellos de los que se sabe que no se van a volver a presentar, es que en su última Legislatura son el famoso «pato cojo» de la política norteamericana. Por eso yo pensé que la decisión definitiva sobre si me presentaba o no tenía que hacerla pública, por sorpresa, a principios del año 2011.

En aquel deshojar la margarita de si me presentaba o no, sopesé con mucho cuidado las ventajas y los inconvenientes que esa decisión llevaba consigo.

Entre las ventajas que yo encontraba a renunciar a volverme a presentar estaba que era un momento ideal para el Partido Popular de Madrid y de España. Todas las encuestas auguraban una caída libre del PSOE. Hay que recordar que estábamos a finales de 2010 y que, desde mayo de ese año, Zapatero estaba absolutamente groggy, después de que las llamadas de los líderes mundiales le hubieran obligado a dar un giro de ciento ochenta grados en sus políticas y a pasar del incremento del gasto a los recortes. Las encuestas eran tan buenas para nosotros que se podía asegurar que cualquier candidato del PP podría ganar en Madrid. Por ese lado nadie podría acusarme de hacer daño al Partido con mi retirada.

También era un momento muy bueno para mí. Las mismas encuestas me daban una intención de voto inimaginable (el 54,6 %, según El Mundo del 6 de enero de 2011). Gracias a la rapidez con que había reaccionado, había desaparecido el fantasma de Gürtel. Mis relaciones con Alberto Ruiz-Gallardón estaban en el momento más tranquilo de los últimos siete años. Era difícil soñar una situación más positiva para irme de la primera fila de la política en beauté.

Podía presentar un balance bastante positivo de mis veintiocho años de vida política, de Concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición a Delegada de Medio Ambiente, de Cultura y Primer teniente de Alcalde a Presidenta de la Comunidad, pasando por Ministra de Educación y Cultura y por Presidenta del Senado. Y, muy importante para mí, pensaba que, dado que alguna vez hay que terminar la vida política, aquella era la mejor oportunidad, sobre todo si la comparaba con otras posibles formas de salir de la política. Porque de la política se puede salir de muchas formas: tras una derrota electoral, como le había pasado a Almunia, o a causa de que el Comité Electoral del Partido te elimine, como había ocurrido con Álvarez del Manzano después de tres mayorías absolutas, o por el anuncio de que sería la última vez, como hizo Aznar.

Retirarse después de una derrota electoral siempre lleva consigo una pátina de fracaso. Que te retire el Comité Electoral de tu partido puede producir un ataque de ira. Y anunciar que va a ser el último mandato ya sabemos que abre un proceso de tensiones incontrolables entre los delfines, reales o imaginarios, que no es lo mejor para el partido.

Otra ventaja de dejarlo entonces era que iba a ser un gesto insólito en la demasiado previsible política española; parecería el gesto de una política British. Sin previo aviso, para evitar una larga guerra sucesoria entre delfines y delfinas. Aunque, eso sí, yo pensaba que después tendría que permanecer absolutamente neutral en el proceso sucesorio que se desencadenaría. Que, por cierto, había que recomendar que fuera lo más democrático posible y, en mi opinión, que sería ideal si se hiciera a través de unas primarias.

Además, con mi retirada en ese momento me adelantaba a cualquier maniobra de la cúpula del PP, desde la que, no hay que engañarse, no les dolería mucho mandarme a casa, como ya habían hecho entonces con muchos otros (María San Gil, Zaplana, Acebes, Astarloa, Cascos, Ortega Lara, Pizarro, Luis Herrero, Piqué…), para sustituirme por alguien más dócil.

También pensé entonces que algunos publicistas podrían inclinarse por colocarme en la derecha extrema, como habían hecho con personas tan admirables como María San Gil o José Antonio Ortega Lara. Pero pensé que eso podría solucionarse con una conferencia o intervención bien preparada en la línea del «No me resigno», en la que quedaran claras mis posiciones en asuntos esenciales como las relaciones del Estado con los individuos, la libertad, las lenguas, la homosexualidad, el aborto, las drogas, el suelo, la educación, la sanidad y tantos otros, en los que mis posiciones son simplemente liberales.

En definitiva, la mejor consecuencia de dejar entonces la primera línea de la política, con un PP en auge, era que me iba a permitir ser yo misma y decir lo que quisiera de lo que quisiera donde quisiera y cuando quisiera.

Entre los inconvenientes que consideré entonces estaba un cierto temor a que me acusaran de orgullosa, ambiciosa, vanidosa y muchas cosas más de ese estilo, como si me molestara el éxito que todos los indicios auguraban a Mariano Rajoy. Pero nadie podría decir que yo hacía daño al Partido ni al mismo Mariano (vuelvo a recordar los treinta y dos mítines por toda España que protagonicé en la campaña de 2008, lo que me convirtió en la dirigente nacional que más mítines dio a favor de Mariano Rajoy).

También pensé que, si no aceptaba ser la candidata, eso me llevaría a dejar la primera fila de la política, lo que me obligaría a cambiar de ritmo de vida. No se dejan veintiocho años de vida política absolutamente intensa, sin pausa, así como así. Podría echar de menos la agenda cargadísima, el contacto con los medios de comunicación, la toma de decisiones importantes, las reuniones políticas y, hablando claro, el poder, con todo lo que eso lleva consigo.

Otro inconveniente asociado al hecho de que el abandono de la política fuera total es el vértigo de pensar que nunca se podrá volver. Sobre esto llegué a la conclusión de que, libre de las ataduras y de las responsabilidades de gobierno, podía dedicarme a llevar a cabo un trabajo de difusión de mis ideas liberales en un país como el nuestro, España, que tanto necesita de esas ideas, a través de tertulias, artículos, conferencias, libros, en los que dijera muchas cosas que me había quedado con ganas de decir y de hacer en esos veintiocho años.

Como puede comprobarse, eran más las ventajas que los inconvenientes que yo encontraba a la hipotética decisión de no presentarme a las cada vez más próximas Elecciones.

Y entonces se produjo un episodio que, de manera tangencial, tuvo una influencia definitiva en mi decisión final. Fue el anuncio, el 30 de diciembre de ese año 2010, de que el Comité Electoral Nacional del PP había decidido que Paco Álvarez-Cascos no iba a ser el candidato del PP en las Elecciones Autonómicas de Asturias del mayo siguiente. Me acuerdo perfectamente, como si fuera hoy, de cómo conocí esa noticia, a la salida de una consulta del dermatólogo.

Sé que Ángel Acebes, en el año 2007, le había ofrecido a Paco Álvarez-Cascos ser candidato del PP en Asturias y este lo había rechazado. Y creo que también le ofreció encabezar la candidatura al Congreso por Asturias en 2008, cosa que tampoco Paco aceptó entonces, porque, decía, estaba en la vida privada. Pero en el año 2010, Paco acariciaba la idea de volver a la primera fila de la política y encabezar la lista del PP a las Elecciones Autonómicas y todo el mundo daba por hecho que sería el candidato. Sin embargo, en la Dirección Nacional no quisieron aceptar su ofrecimiento, quizás porque era conocido que no gozaba de la simpatía de María Dolores de Cospedal.

Hay que recordar que Paco, cuando nombraron a Soraya y a María Dolores, de Soraya dijo, siempre poco diplomático, que a la política había que venir con el noviciado ya hecho, y de María Dolores, que él creía que no se podían tener dos cargos importantes a la vez, y ella era Presidenta del Partido de Castilla-La Mancha —porque todavía no había ganado las Elecciones Autonómicas—, y Secretaria General del Partido, además de Portavoz del PP en el Parlamento castellano-manchego.

Ese 30 de diciembre saltó la noticia de que se había reunido el Comité Electoral Nacional y había descartado la candidatura de Francisco Álvarez-Cascos para Asturias, al mismo tiempo que nominaba a una chica, cuyo nombre no solamente yo no recuerdo ahora (era Isabel Pérez-Espinosa) —eso no tendría importancia—, sino que tampoco lo recordó Mariano Rajoy el día que la presentó en la Convención que celebramos en Sevilla a finales de enero, porque se equivocó. Bueno, pues ese descarte de Paco Álvarez-Cascos hizo que en la mañana del primero de año Cascos declarara que abandonaba el PP con un comunicado muy beligerante y crítico con el equipo directivo del Partido.

Esos acontecimientos cambiaron la decisión que yo tenía bastante avanzada, aunque no totalmente tomada, de no presentarme como candidata a las Autonómicas. Pensé que, si yo abandonaba, se iba a organizar un follón en el PP si, además de Paco Álvarez-Cascos, yo me descartaba como candidata. Un follón que no solamente iba a afectar al PP de Madrid, sino que iba a ser un problema a nivel nacional en un momento en el que todo el mundo tenía claro que, de cara a las próximas Elecciones Generales de 2012, Zapatero estaba ya medio moribundo y que el PP tenía que ganar esas Generales.

Por esa razón decidí seguir adelante. En enero de aquel año, con una nevada monumental, yo estaba en Ávila, pasando mi cumpleaños —el día 3— y apareció Nacho González. Hay fotos de ese día. Vino Nacho González, celebramos mi cumpleaños y él me insistió en que, por encima de todo, yo tenía que seguir, y así fue.

Al aceptar finalmente mi candidatura, participé en esa Convención ya citada de finales de enero en Sevilla en la que quedamos proclamados solemnemente los candidatos del PP a las Comunidades Autónomas.

Muy pocos días después, el 5 de febrero me parece que fue, fui al ginecólogo porque había tenido un pequeño dolor en un pecho, que yo atribuí a que había estado jugando al golf el domingo con un sujetador distinto al que usaba normalmente. Isabel Alonso, mi ginecóloga, me hizo ir al doctor Tejerina a que me hiciera la consiguiente mamografía y, además, me hizo otra prueba diferente, y me dijo que no le gustaba una cosa que había visto. Tuve la típica reacción del que quiere matar al mensajero, porque me parecía imposible que yo pudiera tener cáncer, ¡cómo iba a tener cáncer, si estaba sanísima! Llegué a pensar que, como era la Presidenta de la Comunidad de Madrid, los médicos quizás estaban extremando las cautelas, y que al final todo quedaría en nada. Y me fui al campo, preocupada, pero no del todo. Y, estando allí, en Ávila, me llamó Isabel para comunicarme que Tejerina decía que había algo que no le gustaba nada.

Efectivamente, se confirmó que lo que tenía era un cáncer de pecho y que había que actuar cuanto antes. Como es lógico, quise recurrir a los mejores entre los sensacionales médicos que tenemos en España, porque tengo que señalar que mi experiencia con el cáncer me ha permitido comprobar el extraordinario nivel de nuestros médicos. Descubrimos que, para el diagnóstico de la biopsia, el doctor Pérez Aznar, que estaba en el hospital del Rosario, era una autoridad indiscutible. Fui a él, y cuando me dio el resultado de la biopsia, fue la única vez que lloré, bueno, lloré dos veces, esa y cuando ya en el Hospital Clínico vino una psicóloga a explicarme que tendría que vivir mutilada. Aquello me pareció tan horrible que también lloré.

Con el doctor Pérez Aznar lloré porque era febrero, no se olvide, de 2011 y yo tenía la campaña electoral, y le pregunté al doctor Pérez Aznar: «¿Y me tendrán que dar quimioterapia?», y me contestó: «Siento decirte que no hay un oncólogo que te vaya a liberar de la quimioterapia porque todos se quieren curar en salud». Bueno, pues, por suerte, no acertó el doctor Pérez Aznar.

Había también que encontrar cirujano, puesto que ya, en Madrid, la Ley permitía elegir médico y hospital. Y para eso tiene gracia el método que me propuso mi jefe de Gabinete para descubrir quiénes son los mejores cirujanos. El método, según él, es ir a la cafetería de los grandes hospitales y preguntar a los camareros en manos de quién ponen los otros médicos la operación de un cáncer de pecho de sus madres. Y siguiendo ese método, no en la cafetería, pero sí preguntando a unos cuantos médicos, encontramos que era muy difícil encontrar a un cirujano de más prestigio que José María Román, en el Hospital Clínico.

Cuando le dije que se trataba de operarme a mí, recuerdo que él se quedó un poco sorprendido porque creía que mi llamada iba a ser sobre cualquier otro asunto, pero inmediatamente empezó a darme explicaciones de lo que iba a hacer y a tranquilizarme.

Más tarde, cuando conoció todos los datos, me dijo que mi cáncer tenía buen pronóstico, que no necesariamente habría que extirpar y que el oncólogo diría si habría que dar quimio o no. Todo esto me lo decía siempre con un tono de tranquilidad y con una sensación de saber de lo que estaba hablando que me llenaron de calma y de confianza en él, confianza que no iba a defraudar, porque tanto la operación como el postoperatorio fueron un éxito. Mi primo y «consultor», el Dr. Hornedo, me recomendó a Miguel Martín como oncólogo y a Felipe Calvo para la radioterapia, ambos primeras figuras en su especialidad.

Para la cirugía había un problema y es que el profesor Paul Preston me había invitado a dar una conferencia en la London School of Economics el martes de la siguiente semana y yo quería ir. Los médicos me dijeron que no había ningún problema en que fuera, y que, a la vuelta, me llevaban al quirófano.

Pues bien, el domingo anterior a la conferencia estaba yo en casa ensayando la lectura en inglés del texto con mi amiga Tania Linares, que es perfectamente bilingüe, cuando me llamó mi jefa de prensa para decirme que los periodistas querían confirmar si era verdad que yo tenía cáncer. Nos dimos cuenta de que era imposible mantener en secreto lo de mi cáncer por más tiempo, y decidimos anular la conferencia londinense y aprovechar que al día siguiente, lunes, tenía que inaugurar un tramo de carretera cerca de Alcalá de Henares para anunciar lo que me pasaba.

Al anunciar en aquella carretera que me habían diagnosticado un cáncer, que la solución era quirúrgica y que me iban a operar, aproveché para hacer propaganda de la prevención del cáncer. Yo siempre he tenido muy clara la importancia de esa prevención desde que, muy joven, fui a una reunión de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Fue hace más de cuarenta años y aún recuerdo que, cuando el médico dijo que el cáncer era una enfermedad exactamente igual de curable que las demás, se organizó un revuelo importantísimo en la sala. Entonces aquel médico explicó que la tuberculosis, si no se detectaba a tiempo y estuviera diez años sin ser descubierta, también sería incurable, pero que, afortunadamente daba síntomas como la tos, como escupir sangre, como la fiebre, etc., y por eso se la descubría. Por eso es importante la prevención del cáncer, para adelantarse a los síntomas.

Eso es lo que yo aproveché para contar el día que anuncié mi cáncer. Y me alegró enormemente saber que en los meses posteriores a mi anuncio creció exponencialmente el número de mamografías que se llevaron a cabo en la medicina madrileña.

La historia de mi cáncer está teniendo un desarrollo feliz y, aunque aún no estoy completamente dada de alta, todo marcha sin problemas, los médicos están contentos y yo me encuentro muy bien.

La he contado aquí porque, como soy providencialista, muchas veces he pensado en cómo se hubiera desarrollado esta historia si me hubieran descubierto el cáncer después de haber renunciado a ser la candidata de mi partido a las Elecciones Autonómicas que iban a celebrarse tres meses después. Una renuncia que estuvo a punto de ocurrir. Tener que afrontar la campaña electoral nada más terminar las sesiones de radioterapia (afortunadamente, no tuve que recibir quimioterapia ni pasé por el mal trago de perder el pelo) fue un estupendo acicate para no pensar demasiado en mi enfermedad y para tener la cabeza en otro sitio.

La campaña terminó con otro éxito espectacular de nuestra candidatura. Aunque perdimos un punto porcentual con respecto a las Elecciones de 2007, subimos de 67 a 72 diputados y doblamos a los socialistas en votos y en escaños, a pesar de la aparición de UPyD, que obtuvo 8 diputados. Tengo que decir que a mí me molestó un poco lo de perder un punto, pero fui la única de la candidatura a la que le molestó tener «sólo» el 51,7 % de los votos de los madrileños.

Como voy a señalar más de una vez, ni los «indignados» del 15M, que ocupaban la Puerta del Sol cuando se celebraron las Elecciones, ni el caso Gürtel, que estaba en los medios de comunicación desde febrero de 2009, influyeron lo más mínimo para que los madrileños dejaran de mostrarnos su confianza. Sobre esto trataré en los capítulos siguientes. Porque la influencia de esos dos factores, la corrupción y la irrupción del Partido salido de aquella acampada, sí que van a ser después determinantes en la caída de la confianza de los ciudadanos en el PP.

5
LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011

En los capítulos precedentes he intentado exponer mi visión de algunos acontecimientos de la política española que he vivido en primera persona, en esos años de travesía del desierto del Partido Popular, los años que van desde la inesperada derrota en las Elecciones Generales de marzo de 2004 hasta los triunfos apabullantes en todas las Elecciones (Municipales, Autonómicas y Generales) de 2011.

A partir de ahora, el objetivo de este libro, como creo que he dejado claro desde el Prólogo, es intentar dar una explicación lo más convincente posible de todo lo que ha podido ocurrir para que el Partido Popular haya pasado de unos éxitos tan rotundos como los de 2011 a unos resultados tan pobres como los de 2015.

Para ello empezaré por analizar las Elecciones Generales de noviembre de 2011 y el arranque del Gobierno de Mariano Rajoy en los primeros meses de 2012.

Lo primero que hay que recordar es que, después de las Elecciones Generales de 2008, hubo un periodo muy largo sin elecciones. Hasta las Municipales y Autonómicas de mayo de 2011 prácticamente no hubo ninguna en España, sólo las Autonómicas del País Vasco y de Galicia en marzo de 2009 y las Catalanas de 2010. Este largo periodo sin elecciones coincidió con que el deterioro del Gobierno de Zapatero fue in crescendo, fundamentalmente por su nefasta gestión en política económica y por su incapacidad para siquiera afrontar la crisis galopante en la que todos los españoles vivíamos y que él negaba.

Esa obcecación en no reconocer los efectos de la crisis económica se vino abajo en mayo de 2010, cuando tuvo que recular, cuatro días después de haber declarado solemnemente (como hacía casi siempre) que no haría ningún cambio en su política económica. Ante las llamadas de Obama, de Merkel y hasta de Hu Jintao, forzado por la realidad que hasta ese momento se había negado a aceptar, tuvo que hacer los mayores recortes que se recuerdan en la historia de nuestra democracia hasta el día de hoy. Entre las medidas que adoptó se encuentran la bajada del 5 % del sueldo a los funcionarios, la supresión de la paga extra y una significativa subida del IVA.

Aquello fue una enmienda a la totalidad de toda su política económica de los seis años anteriores, que no supo explicar ni a los suyos ni a los ciudadanos en general. Probablemente porque ni él mismo la entendía. A partir de ese momento, mayo de 2010, se convirtió en un Presidente a la deriva, y se comportó como un boxeador que, sonado, espera el «gong» que anuncia el fin del combate, en este caso, de su mandato.

Las Elecciones de mayo de 2011, en trece Comunidades Autónomas y en todos los Ayuntamientos de España, le dieron al PP un poder hasta entonces desconocido. Ganó prácticamente en todos los Ayuntamientos importantes. Y de las trece Comunidades Autónomas, todas, menos Asturias, se tiñeron de azul y tuvieron Gobiernos del PP, casi todos con mayoría absoluta. Recuerdo que una Alta Autoridad del Estado comentó, ante asturianos insignes, que al PP no le importaba Asturias.

De aquellas Elecciones de mayo de 2011 vuelvo a recordar que tuvieron lugar con la Puerta del Sol totalmente ocupada por los que empezaron a llamarse el 15M. Aunque se puede decir que ese 15M en aquellas elecciones no tuvo ninguna influencia significativa. La prueba la tenemos en los magníficos resultados que obtuvo el Partido Popular, que era uno de los blancos de los ataques del así llamado 15M y de sus gritos de «No nos representan».

También es interesante señalar que en esas Elecciones irrumpió con fuerza en el panorama político un partido nuevo que podríamos considerar centrista, UPyD. UPyD tenía como reclamos más atractivos para los electores sus propuestas de regeneración del sistema político español y, sobre todo, una defensa a ultranza de la igualdad de todos los españoles frente a las pretensiones de los nacionalistas.

A pesar del 15M y de la irrupción de UPyD, el PP no sólo mantuvo, sino que, en la mayoría de los casos, reforzó, la mayoría absoluta que tenía en las Comunidades Autónomas de Valencia, Murcia, Rioja, Castilla-León y Madrid. Ganó en todas las demás, excepto en Asturias, donde ganó el FAC del rebelde Francisco Álvarez-Cascos, y pudo gobernar en Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y hasta en Extremadura.

Los análisis postelectorales acerca del origen de los votos de UPyD señalaron que, aproximadamente, dos tercios de sus votos provenían de antiguos votantes del PSOE y un tercio eran antiguos votantes del PP. En cualquier caso, eran votantes desilusionados por los dos grandes partidos. En recoger a esos desilusionados UPyD fue pionera, aunque sus errores posteriores han hecho que sean otros partidos, como Ciudadanos y Podemos, los que se han hecho con los votos de muchos de aquellos que estaban cansados de los que han sido los dos grandes partidos desde la Transición.

En Madrid, como ya he dicho, el resultado de aquellas Elecciones Autonómicas fue muy bueno para el PP, con 1.548.000 votos, aunque, como también he dicho, la pérdida de 44.000 votantes con respecto a 2007 a mí no me hiciera gracia. Tuvimos el doble de votos que el segundo partido, que fue el Socialista, a pesar de que en estas Elecciones irrumpió UPyD con 190.000 votos.

A partir de las Elecciones Municipales y Autonómicas de mayo, toda España estuvo ya pendiente de la fecha en que Zapatero convocaría las Elecciones Generales, porque era un clamor reconocido por todo el mundo que en el momento en que se celebraran las Elecciones Generales, el PSOE saldría del poder y Mariano Rajoy sería Presidente del Gobierno.

Además, en esos meses, se extendió también una especie de ilusión, posiblemente basada en la ya muy grave situación económica, de que en el momento en que llegara el PP al poder, la crisis se iba a arreglar, se volvería a crear empleo y volverían el crecimiento económico, la prosperidad y el bienestar. Esa ilusión estaba basada en el recuerdo que había en la sociedad española de los indiscutibles éxitos que el Gobierno del PP había obtenido en los años con Aznar de Presidente, cuando España llegó a crear cinco millones de puestos de trabajo.

Así las cosas, el 20 de noviembre se celebraron las Elecciones Generales, y el PP obtuvo 186 escaños. Más escaños que había obtenido nunca. Y el PSOE, con Rubalcaba como candidato, 110, el peor resultado de su historia, hasta entonces. En las Elecciones de 2015 Pedro Sánchez lo empeoró aún más: obtuvo solo 90 escaños.

Al día siguiente de ese 20N, curiosa fecha elegida por Zapatero, posiblemente para recordar la fecha de la muerte de Franco, treinta y seis años antes, surgieron algunas voces que reclamaban a Mariano Rajoy que constituyera su Gobierno lo antes posible para empezar a tomar cuanto antes las medidas necesarias para que comenzara esa ansiada recuperación económica.

Muchos pensamos que ese nuevo Gobierno se constituía con demasiada parsimonia, frente a lo que sucede en Inglaterra, donde, al día siguiente de las elecciones, ya el líder del partido más votado va a ver a la Reina e inmediatamente se instala en el 10 de Downing Street. Aquí, por el contrario, tuvieron que pasar un mes y tres días, hasta el 23 de diciembre, en que se celebró el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, el Gobierno de las grandes esperanzas, presidido por Mariano Rajoy. Y eso que había obtenido una mayoría absolutísima.

Además, cuando todos pensábamos que las medidas que adoptaría en los primeros Consejos de Ministros irían todas en la línea de los compromisos del programa electoral del Partido Popular y en defensa de los principios y valores que están en el ADN del Partido, la realidad fue que de aquellos Consejos de diciembre de 2011 salieron unas medidas que dejaron, como mínimo, muy desconcertados a los votantes y a los militantes del Partido.

Entre estas medidas desconcertantes destacó la subida del IRPF. Además de no anunciar ninguna medida para afrontar la solución al inmenso problema que suponía el veintitantos por ciento de paro. Porque, desde el inicio de la crisis, hacía cuatro años, los sindicatos y la patronal estaban dando vueltas para saber cómo afrontar ese gap inmenso entre las cifras de paro de España y las de la media de los países de la Unión Europea, que muchos pensábamos que era consecuencia directísima del absurdo mercado laboral que teníamos en España.

Con el desconcierto que me habían producido aquellas primeras medidas, en el Comité Ejecutivo Nacional de enero de 2012, me crucé con el nuevo Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que me dijo: «Estoy muy contento porque he podido hacer tres cosas que me llenan de satisfacción. La primera, que no he tenido que subir el IVA, ha bastado con subir el IRPF. La segunda, que no he tenido que recortar los sueldos de los funcionarios. Y la tercera, que hemos podido subir las pensiones».

Y yo le dije: «Pues mira, yo creo que son tres medidas equivocadas porque la subida del impuesto sobre la renta, mucho más de lo que pedía Izquierda Unida en su programa, tiene desconcertados a nuestros votantes, y las otras dos acabarás teniendo que tomarlas y este momento es, sin duda, el mejor para hacerlo».

En marzo de aquel año 2012 tenían que celebrarse Elecciones en Andalucía. Elecciones que, de acuerdo con todas las encuestas, iba a ganar el Partido Popular, puesto que el desprestigio de las políticas socialistas de Zapatero y algún escándalo que ya se estaba empezando a conocer, como el de los ERE, o lo de los sindicatos y sus mariscadas, o el dinero dedicado a la formación que no se sabía a dónde había ido a parar, parecían presagiar una clamorosa victoria del Partido Popular, que ya había ganado claramente en las Elecciones Generales en Andalucía. La extrapolación de los resultados de las Generales de noviembre de 2011 a las Autonómicas de marzo de 2012 nos daba una sobrada mayoría absoluta.

Tan sobrada que sus asesores áulicos recomendaron a Javier Arenas que no participara, bajo ningún concepto, en ningún debate electoral, y no sólo en los debates de Canal Sur, en los que se dejó vacía la silla del PP, cuando era un debate entre líderes, sino que a los portavoces de cada una de las áreas (Educación, Sanidad, etc.) tampoco se les permitió acudir a esos debates electorales de sus áreas.

Para no entorpecer la campaña del PP en Andalucía, el Gobierno retrasó la elaboración de los Presupuestos de 2012, que tenían que haber sido aprobados antes, y eso fue interpretado por todo el mundo como una maniobra del Gobierno, que no quería enseñar la patita de unos hipotéticos recortes. La gente pensó: «¡Cómo serán los recortes que van a hacer estos, que los pretenden ocultar hasta después de las Elecciones Andaluzas!».

Resultado de las Elecciones en Andalucía: que el PP pierde 400.000 votos de los casi dos millones que había obtenido cuatro meses antes. En las capitales de provincia, que eran el feudo del PP, por ejemplo, en Sevilla, se pierden 60.000 votos respecto de las Municipales del año anterior y de las Generales de cuatro meses antes.

Javier Arenas gana las Elecciones, pero Griñán, con el apoyo de IU, consigue mantener el Gobierno de la Junta de Andalucía para el PSOE.

Así que la maniobra de retrasar la presentación de los Presupuestos para obtener la victoria en Andalucía resultó fallida y, además, dio la sensación de que el Gobierno tenía miedo a acometer las imprescindibles reformas que la lucha contra la crisis exigía.

6
MI DIMISIÓN

En este recorrido que estoy haciendo por lo que ha sido la vida política española de los últimos años, había llegado al análisis de las Elecciones Generales de 2011 y los primeros meses del Gobierno de Rajoy con mayoría absoluta en el Congreso y el Senado.

Pues bien, he creído que puede ser oportuno explicar en este libro un episodio que, evidentemente, no fue un acontecimiento de especial significación para la política española, pero sí lo fue para mí. Me refiero a mi dimisión como Presidenta de la Comunidad de Madrid el 17 de septiembre de 2012. Han sido muchas las personas que me han recriminado esa dimisión y también han sido muchas las que me hicieron saber que no la comprendían.

Antes de entrar en esta especie de confesión, quizás debiera pedir excusas a los lectores por entretenerles con un asunto muy personal, que seguramente no ayude a explicar nada de lo que ha pasado en España, pero que, tal vez, sí puede servir para ser mejor comprendida yo misma y para que se comprendan mejor los análisis que aquí estoy desarrollando.

Como ya he contado con bastante detalle, tuve muchas dudas antes de aceptar mi candidatura a la Comunidad de Madrid en 2011. Pero el destino —siempre he dicho que soy providencialista y que dejo mis decisiones en manos de la Providencia, y no me arrepiento de haberlo hecho así— quiso que, al final, me presentara, incluso en pleno tratamiento de mi cáncer, y que obtuviera un resultado magnífico.

Pero sabía desde el primer día de aquella mi Tercera Legislatura consecutiva que mi labor en la Comunidad de Madrid estaba tocando a su fin. Y, por supuesto, al llegar el verano de 2012, era plenamente consciente de eso. A esa conclusión me llevaban dos tipos de razonamientos o de sentimientos, que, con mucha frecuencia, vienen a ser lo mismo.

Por un lado, estaba que eran ya nueve, y además intensísimos, los años que llevaba al frente de la Comunidad de Madrid. Es evidente que si un político se entrega plenamente a sacar adelante un proyecto y lo consigue, al cabo de un cierto tiempo, y una vez que se ha alcanzado buena parte de los objetivos propuestos, la tensión ya no es la misma.

Esto empezó a pasarme en la Tercera Legislatura. Y esto me pasaba porque en 2003 me había entregado con una ilusión y un entusiasmo enormes a la gobernación de la Comunidad. Creo sinceramente que pocas veces se habrá afrontado el Gobierno de la Comunidad de Madrid con un programa más ambicioso y más ilusionante que el que presentamos a los madrileños en noviembre de 2003. En parte gracias, todo hay que decirlo, a los trece meses que duró aquella interminable campaña electoral, tiempo más que suficiente para idear y planificar aquel programa lleno de propuestas.

Porque será bueno recordar que, en el mismo momento en que el PP me nominó como candidata a la Comunidad de Madrid, yo dimití como Presidenta del Senado. Así, el día de Santa Teresa, el 15 de octubre, de 2002 —siete meses antes de las Elecciones— dejé la Presidencia del Senado para que nadie pudiera decir que me aprovechaba de la visibilidad y de los medios que me proporcionaba ese puesto en el Senado para mi promoción personal.

Dimitir tan pronto fue algo que algunos me dijeron que no debía haber hecho, pero de lo que me siento especialmente orgullosa, como también de la unánime ovación con que los senadores de todos los grupos y partidos, todos, sin excepción, me despidieron.

Consecuencia de aquella temprana dimisión de la Presidencia del Senado fue que, desde el día siguiente, 16 de octubre, empecé a preparar en firme, ya desde Génova, en el despacho que me dejó Pío García-Escudero, que era el Presidente Regional del PP, el programa electoral y a estudiar las propuestas que me parecían mejor para los madrileños.

Aquí creo que es el momento de contar todo lo que sé de un episodio que me atañe de manera muy especial y es el de todo lo que rodeó el proceso de mi designación, en julio de 2002, como candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, sobre el que se han dicho muchas cosas que no corresponden a la realidad.

En la primavera de 2002, los responsables del Partido Popular empezaron a hacer sus análisis para preparar las Elecciones Municipales y Autonómicas que tenían que celebrarse en mayo del año siguiente, 2003. Como es lógico, Madrid, su Ayuntamiento y su Comunidad, ocuparon un lugar muy importante en esos análisis.

En aquellos momentos, primeros meses de 2002, era Alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano (que había obtenido la mayoría absoluta en tres Elecciones seguidas: 1991, 1995 —con el récord de votos, 945.000, no igualado ni superado por nadie después— y 1999). A pesar de haber obtenido esos resultados tan espectaculares, existía en el ambiente la sensación, alimentada, lógicamente, por sus adversarios, de que los madrileños ya estaban cansados de ese Alcalde, y que doce años en un cargo tan importante eran más que suficientes. Además, los socialistas de la entonces FSM habían designado en marzo de aquel año a Trinidad Jiménez, una chica joven y guapa, como candidata al Ayuntamiento, con la idea de, si por el Partido Popular se volvía a presentar Manzano, enfrentar a una joven con un veterano, a una mujer con un hombre.

Como buenos especialistas que son en la propaganda, los socialistas lanzaron a su nueva candidata con una fuerte campaña de publicidad.

Este lanzamiento y la campaña de desprestigio del Alcalde que llevaban a cabo los medios afines a los socialistas influyeron en los dirigentes del Partido Popular, que llegaron a la conclusión de que había que cambiar de candidato a la Alcaldía de Madrid. Para elegir al nuevo candidato encargaron a la entonces empresa de José Ignacio Wert una macroencuesta, de la que entonces se habló mucho, de la que se ha seguido hablando, pero de la que nadie ha querido nunca saber cuáles fueron realmente los resultados. La encuesta, de tres mil entrevistas, se realizó entre el 20 de mayo y el 10 de junio de 2002, y las conclusiones, en un documento de setenta y seis páginas, fueron entregadas por Wert a los responsables del Partido antes de terminar junio.

Aunque nunca se hicieron públicos los resultados de la encuesta, lo que sí se sabe es que, en los primeros días de julio, el entonces Presidente del Gobierno y del Partido Popular, José María Aznar, anunció que Alberto Ruiz-Gallardón sería el candidato a la Alcaldía, y que yo, que entonces presidía el Senado, sería la candidata a la Comunidad.

Como todo el mundo sabía que se había hecho una encuesta, los comentaristas llegaron a la conclusión de que Alberto iba al Ayuntamiento porque era el único que garantizaba, según la tan citada encuesta, el triunfo sobre Trini, aunque eso le obligara a abandonar la Comunidad, en la que no era un secreto que estaba muy a gusto. Y a mí se me mandaba a la Comunidad, como dando a entender que perderla para el Partido Popular no era tan importante como perder la Alcaldía de Madrid, ya que por eso, para esa candidatura al Ayuntamiento, escogían al que mejor había quedado en la encuesta.

A mediados de julio de 2002, cuando ya se había hecho pública mi designación como candidata a la Comunidad de Madrid, tuve una reunión en la sede nacional del Partido, en la planta séptima de Génova, en la que estaba el propio José Ignacio Wert y en la que me hablaron de la encuesta, aunque ni me dieron ningún ejemplar ni me dejaron ver los resultados.

De manera que yo no supe nada de esos resultados y, más bien, tendí a creer, como creían todos los comentaristas políticos, que, efectivamente, Alberto había sido el mejor candidato posible para enfrentarse a la emergente Trini. Como creían y como todavía siguen creyendo muchos.

Unos años después, cuando ya en Génova se habían olvidado de la encuesta, y a petición mía, que seguía teniendo curiosidad por conocer exactamente cuáles habían sido sus resultados, sí que me hicieron llegar un ejemplar de todo el trabajo de Wert (por eso sé que tiene setenta y seis páginas).

Y cuál fue mi sorpresa cuando, a partir de la página 62, en un apartado que se titula «Intención de voto a elecciones municipales en virtud del candidato popular», se presentan unos cuadros en los que se compara a cinco posibles candidatos populares: el Alcalde Manzano, Mercedes de la Merced (q.e.p.d), Alberto Ruiz-Gallardón, Rodrigo Rato y yo misma, con la socialista Trinidad Jiménez (TJ), y los resultados son los siguientes en intención de voto+simpatía ponderada:

José María Álvarez del Manzano, 29,8 % contra TJ, 25,0 %

Esperanza Aguirre, 35 % contra TJ, 24 %

Mercedes de la Merced, 30,6 % contra TJ, 23,5 %

Alberto Ruiz-Gallardón, 33,8 % contra TJ, 24,3 %

Rodrigo Rato, 33,5 % contra TJ, 23,0 %.

Así que la posible candidata del Partido Popular que más ventaja obtenía sobre Trinidad Jiménez en aquella encuesta era yo.

Además, en su página 29, daba sus resultados para las Elecciones Autonómicas, sobre un total de 102 escaños, que eran los que entonces componían la Asamblea de Madrid. El Partido Popular, con Alberto Ruiz-Gallardón como candidato, bajaba de los 55 escaños que tenía a 52, frente al PSOE, que, con el entonces aún poco conocido Rafael Simancas, subía de 39 a 42 escaños, mientras Izquierda Unida se quedaba en los mismos ocho escaños que ya tenía. De manera que el Partido Popular conseguía la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid justo por la mínima.

Estos son los resultados de aquella encuesta que tantos citan y que ninguno ha visto. Si la vio José María Aznar, no lo sé, aunque tengo algunas dudas razonables. Pero esto es lo que decían las setenta y seis páginas de Wert. Las razones últimas de aquellas designaciones todavía no he llegado a entenderlas.

También tengo que decir que, desde el 8 de julio de 2002, que fue el día que José María Aznar me comunicó que iba a ser la candidata del PP a las Autonómicas del año siguiente, ya empecé a estudiar la Comunidad de Madrid y sus necesidades más perentorias. Por eso, cuando, a finales de noviembre de 2003, llegué a la Presidencia de la Comunidad, lo hice con un programa lleno de proyectos y de ideas que a mí me parecían especialmente ilusionantes.

En otro momento quizás habría que analizar los errores de concepción que aquel programa podría contener, pero hoy hay que reconocer que los madrileños quedaron encantados con ese programa, con las realizaciones que llevamos a cabo y con nuestro estilo de gobernar. Prueba de eso es que arrollamos en las Elecciones de 2007 y que repetimos éxito electoral en 2011. Y siempre teniendo como base el programa de 2003.

Haber cumplido en casi su totalidad mi programa electoral, después de haber aprobado en los últimos meses la liberalización de los horarios comerciales, la supresión de la licencia previa para abrir un negocio y la promulgación de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (hoy ya derogada), que permitía a los madrileños vivir en el campo si tenían un pequeño terreno, siempre que no estuviera en una zona protegida ambientalmente (algo que, aunque parezca increíble, estaba prohibido), junto con la plena vigencia de mis proyectos más queridos (las escuelas bilingües, los 100 kilómetros nuevos de Metro, los doce nuevos hospitales, la supresión de los impuestos de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio, la bajada del IRPF en el tramo autonómico, el no haber subido ningún impuesto, la construcción de los nuevos colegios —uno nuevo cada semana—, o la libre elección de médicos, enfermeras, hospitales y colegios, la reducción de la lista de espera quirúrgica a menos de treinta días, y las pruebas de conocimientos y destrezas elementales para los alumnos de 6.º de Primaria y 3.º de ESO), me hizo pensar que mi presencia al frente de la Comunidad ya no era imprescindible.

Cierto es que tenía la ilusión de abordar con las máximas energías la lucha política contra la crisis económica, de la que era posible que no saliéramos en mucho tiempo. Lucha que podría ser apasionante si, en vez de abordar la crisis como una maldición bíblica, se abordara como la gran oportunidad para cambiar el paradigma imperante en Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Porque desde entonces, salvo en periodos excepcionales, la política de los países occidentales siempre se ha movido en el marco del que podríamos llamar paradigma socialdemócrata. Esto quiere decir que el Estado ha ido interviniendo cada vez más en la vida de los ciudadanos. A mí me parecía —y me lo sigue pareciendo— apasionante luchar para devolver a los ciudadanos la libertad de decidir verdaderamente sobre los asuntos esenciales de sus vidas.

Sobre este asunto capital pude comprobar día a día que nadie del establishment del PP quería saber nada de las propuestas que yo expresaba en diferentes foros. Hay que recordar que, en los primeros meses del Gobierno de Mariano Rajoy, además de mis habituales propuestas para liberalizar la economía y para disminuir el intervencionismo del Estado, puse sobre la mesa de la opinión pública, entre otras propuestas, la necesidad de revisar al completo el Estado de las Autonomías, suspender la final de Copa si se silbaba el himno nacional, convertir el Tribunal Constitucional en una Sala del Tribunal Supremo, reformar la manera de elegir a los diputados autonómicos o reducir su número a la mitad. Tuve la sensación de estar siendo tratada como un elemento exótico al que no hay que hacer mucho caso, y tuve la certeza de que mi opinión no era requerida para nada. Fue significativo, por ejemplo, que hasta FAES —fundación de la que fui Vicepresidenta Ejecutiva— se olvidara de mí a la hora de organizar su Campus del verano de 2012.

Cuando empecé a pensar en dimitir de la Presidencia de la Comunidad de Madrid no pensé en ningún momento en dejar la política, pero sí su primera fila. Pensaba que, aunque modestamente, había acumulado un cierto capital político en los casi treinta años de estar en primera fila de la vida política española que llevaba entonces. Pensaba que era reconocida y reconocible por todos los españoles que se pueden identificar con las etiquetas de conservadores o de liberales, y que no son precisamente pocos.

También pensé en aquel verano de 2012 que no tenía razones suficientes para abandonar la Presidencia de la Comunidad si mi presencia al frente de la Comunidad de Madrid fuera imprescindible para su buena marcha. Pero no era el caso, como ya he explicado. La Comunidad de Madrid estaba muy bien orientada en la lucha contra el déficit, que entonces era el principal problema, debido a la drástica bajada de la recaudación, y mi presencia a su cabeza no era imprescindible en absoluto. Además, el PP, en Madrid y en toda España, estaba en su mejor momento.

En aquella situación se me planteaba qué hacer y, lo más importante, cómo hacerlo.

Parecía claro que lo más honesto, llegado a este punto de todas mis reflexiones, era dimitir de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, devolver el acta de diputada regional y, también, dimitir de la Presidencia del PP de Madrid. La dimisión de la Presidencia de la Comunidad llevaba aparejada la celebración de un debate de investidura en el que el candidato natural sería el Vicepresidente Ignacio González. Y la dimisión de la Presidencia del PP de Madrid exigiría la celebración de un Congreso Extraordinario para elegir al nuevo Presidente.

Un Gobierno presidido por Ignacio González, y con el sólido apoyo del Grupo Parlamentario del PP, era una garantía de que todos los proyectos y todas las líneas políticas que yo llevaba marcando nueve años seguirían vigentes. Esto es, impuestos bajos, liberalizaciones, libertad de elegir médicos, hospitales y colegios, etc.

Lo que supe, desde que empecé a darle vueltas a la idea de la dimisión, era que había que cuidar exquisitamente las explicaciones que tendría que dar ante la opinión pública de mi decisión, que en aquellos momentos no esperaba nadie. Por eso fui consciente de que había que articular bien un discurso que la explicara.

Ese posible discurso que fui preparando durante las vacaciones a lo largo del mes de agosto de aquel año buscaba conjugar los siguientes argumentos:

Llevo casi treinta años en primera fila de la política, y he tenido la oportunidad de poner en práctica muchas de las ideas que me movieron a entrar en política. Puedo decir con cierto orgullo que he colaborado a la recuperación en la vida política española de algunas ideas liberales. He tenido responsabilidades en todos los ámbitos de la vida política: en el Ayuntamiento de Madrid (en la oposición, en coalición y en el gobierno), en el Gobierno de la Nación (Ministra de Educación y Cultura), en el Legislativo (Senadora y Presidenta del Senado) y en la administración autonómica (Presidenta de la Comunidad de Madrid).

Esto quiere decir que todas mis ambiciones —si las tenía— han quedado más que colmadas. Y dicho todo esto, creo que el momento más importante en la vida de un político es el de elegir el momento y la forma de su retirada. Todos coincidirán conmigo que es mejor ser el protagonista único de esa elección y no verse forzado a retirase por un fracaso electoral, por un problema interno del propio partido o por un error de bulto en la gestión de la responsabilidad que los ciudadanos te han encomendado. Por eso creo que ahora, cuando empieza este nuevo curso político —pensaba anunciar mi retirada, como así hice, en septiembre de aquel mismo año—, es el momento más adecuado para dar este paso trascendental en mi vida, pero anecdótico para la vida de los ciudadanos, que, en definitiva, son, o deben ser, los únicos importantes para un político.

La Comunidad de Madrid está perfectamente orientada en la lucha contra el déficit, que hoy es la prioridad número uno de cualquier administración pública responsable en España. Con problemas, con muchos problemas, desde luego, pero Madrid es la Comunidad Autónoma que mejor está luchando contra el déficit y que mejor está impulsando la actividad económica y la creación de empleo. Con esto quiero decir que dejo la Comunidad de Madrid con problemas, pero con muchos menos problemas que la mayoría de las demás Comunidades Autónomas y con mejores cifras que ninguna otra. El que sea investido nuevo Presidente de la Comunidad de Madrid contará, como he contado yo, con un Grupo Parlamentario fuerte y unido, que le garantiza una mayoría absoluta para poder gobernar los próximos años sin agobios parlamentarios.

Por su parte, el Partido Popular de Madrid está en el mejor momento de su historia. La candidatura que encabecé yo, pero que estaba formada por muchas más personas, obtuvo un apoyo casi unánime (el 97,8 % de los votos). Mi retirada no tiene por qué repercutir lo más mínimo en la marcha del PP a nivel regional. Y, además, el Partido Popular a nivel nacional también está en su mejor momento, con una mayoría más que absoluta en el Congreso y el Senado, con el gobierno de más Comunidades Autónomas que nunca, con prácticamente todos los Ayuntamientos de las capitales de provincia y con un liderazgo indiscutido. Lo que hace que mi retirada tampoco tenga la menor repercusión en la marcha del Partido a nivel nacional.

Además, como tengo plena conciencia de que para un político es esencial controlar el momento y la forma de su retirada, sí puedo añadir que algunos acontecimientos personales de los últimos años me han llevado a tomar esta decisión. Una decisión que tengo que reconocer que se me hace dura porque, para una persona que vive la política con la pasión con que yo la vivo, va a ser duro y extraño no desayunarme a las seis y media cada mañana escuchando dos o tres radios a la vez, leyendo los periódicos con avidez y llamando ya a mis colaboradores para preguntarles qué ha pasado aquí o qué no ha pasado allá.

Esos acontecimientos personales de los que hablo creo que una mayoría de los ciudadanos los conocen: una enfermedad seria, la llegada de los nietos, más un sentimiento de que, quizás, mi intensa dedicación a la política me está impidiendo vivir más cerca de los míos (mi marido, mis hijos y mis nietos, mi madre, mis siete hermanos con infinidad de sobrinos) son también argumentos para dar este paso.

Estos razonamientos que ahora he puesto por escrito son los que elaboré entonces para justificar aquella decisión, que no fue fácil, que no todo el mundo comprendió y que, quizás, no fuera la más correcta.

Elaborado el discurso, quedaba una cuestión fundamental: ¿cuándo habría que hacer el anuncio? Una posibilidad institucional y solemne que tuve en cuenta era anunciarlo al final del Debate sobre el Estado de la Región, que iba a ser el miércoles 12 de septiembre, en las palabras con las que el Presidente de la Comunidad tiene la oportunidad de cerrar ese Debate. En ese momento podía decir que había querido que fueran los representantes de los madrileños, con los que estaba comprometida, los primeros en saberlo.

Claro que eso no sería del todo verdad. Primero, porque una decisión tan importante exigía que lo hablara y lo consultara con algunas personas. Mis familiares, en primer lugar, pero también con otras de mi más estricta confianza —siempre que me asegurara de la más absoluta confidencialidad—. Entre estas pensé que sólo debía estar un político, Ignacio González, por la responsabilidad que iba a caerle encima al minuto siguiente de mi dimisión. Además, sentía que, por un deber de lealtad y de educación con el Partido, tenía que comunicárselo a Mariano Rajoy antes de anunciarlo en la Asamblea de Madrid. Y, protocolariamente, pensaba que también debería decírselo a Su Majestad el Rey.

Así que, a principios del mes de agosto, fueron mi marido y mis hijos los primeros en conocer mis reflexiones y mi decisión. Mejor dicho, mi decisión definitiva no, porque a ellos les dejé todo el poder de vetar o de cambiar esa decisión. A ellos y a mis nueras, de las que pienso que, además de una indudable inteligencia, tienen auténtico olfato político, y a las que, en numerosas ocasiones, les he consultado muchas cosas y siempre han acertado. La opinión de los cinco fue unánime: era un buen momento para plegar las velas y pasar a un segundo plano de la vida política. Eso sí, insistieron en la necesidad de explicarlo muy bien ante la opinión pública.

A Ignacio González se lo dije, ya a la vuelta de las vacaciones, uno de los últimos días de agosto, en mi despacho de la Puerta del Sol. Se quedó enormemente sorprendido y me obligó a que le repitiera, punto por punto, todos los argumentos que me llevaban a tomar esa decisión que aquí he vuelto a recordar.

Quedaba el trámite de comunicársela al Presidente del Gobierno y del PP. Quería comunicársela antes de hacerla pública, por supuesto, y para eso tropezaba con un inconveniente: si lo iba a anunciar al final del Debate sobre el Estado de la Región, eso sería muy al final de la mañana del miércoles 12, porque esos debates siempre se prolongaban mucho. Por tanto, si quería comunicársela a Rajoy antes que al resto de los ciudadanos tendría que ir a La Moncloa a primerísima hora de la mañana de ese día, porque el Debate empezaba a las diez. Además, aunque Rajoy no dijera ni pío, mi presencia en La Moncloa el mismo día del Debate y a esa hora un tanto inesperada iba a levantar sospechas y nadie me podía asegurar que no acabara sabiéndose antes de mi intervención ante el Pleno de la Asamblea de Madrid. Así que deseché la primitiva idea y llegué a la conclusión de que lo mejor era pasar el Debate sobre el Estado de la Región sin decir nada y pedir una audiencia con Rajoy, audiencia que me concedió para el lunes siguiente, día 17.

El domingo 16, en mi casa, preparé la que iba a ser mi conversación con el Presidente. En ella tenía que mostrarle de forma taxativa que mi dimisión era irrevocable, y me preparé mis respuestas a los posibles argumentos que pudiera aducir para disuadirme.

Pero no tuve necesidad de emplear ninguna de esas respuestas que llevaba preparadas. Rajoy me recibió con la cordialidad que en él es siempre habitual, sin tener ni la menor sospecha de qué es lo que yo iba a plantearle, y, cuando me escuchó, reaccionó con esa misma cordialidad que siempre tiene en el trato personal. La frase que más veces repitió fue: «Lo más importante en la vida es ser feliz». No me preguntó siquiera qué pensaba hacer en el Partido, ni quién me sucedería en el cargo de Presidente de la Comunidad. Así que todos mis temores a que el Presidente opusiera resistencia a mis planes quedaron disipados. Y salí de La Moncloa completamente soulagée.

Nada más salir del complejo de La Moncloa, Isabel Gallego, mi jefa de prensa, a la que yo le había comunicado todo la víspera por la tarde en mi casa, convocó en la Casa de Correos de la Puerta del Sol una rueda de prensa para las dos de la tarde. La convocatoria por sorpresa de esa extraña rueda de prensa desató los rumores, pero nadie podía saber qué era lo que yo iba a anunciar. Y en el camino de La Moncloa a Sol decidí bajarme del coche y hacer a pie tranquilamente el trayecto de la calle Mayor desde el mercado de San Miguel. En una heladería nos compramos unos helados y, mientras nos los íbamos comiendo, bastantes transeúntes quisieron hacerse fotos conmigo. Yo pensaba en lo poco que ellos podían imaginar que eran los últimos que se fotografiaban conmigo como Presidenta de la Comunidad.

Llegué a mi despacho a la una y media y entonces llamé a Su Majestad el Rey, al que le comuniqué mi decisión. Estuvo tan cariñoso y simpático como siempre lo ha estado conmigo, y no se me olvidará el tono un tanto jocoso con el que, cuando le dije que dejaba mi cargo en la Comunidad, me contestó con rapidez: «Eso es lo que tenía que hacer yo también». Esa frase la he recordado muchas veces, sobre todo cuando en junio de 2014 abdicó en su hijo Felipe VI.

También llamé a María Dolores de Cospedal, con la que no pude hablar antes de la rueda de prensa porque estaba presidiendo un acto en su Comunidad.

Y a las dos bajé a la sala de prensa de Sol a comunicar la noticia a los medios y, a través de ellos, a todos los madrileños. La expliqué en los términos, más o menos, que he expuesto aquí, y la sorpresa de los periodistas fue absoluta. Como también lo fue para todos los miembros de mi Gobierno, que, salvo Nacho, no sabían nada. Yo, que soy muy llorona, no pude evitar un conato de lágrimas al decir adiós, de manera sencilla, eso sí, a los nueve años que había trabajado a tope en la Comunidad de Madrid, pero las lágrimas no llegaron al río.

Al volver a mi despacho di orden de desalojarlo inmediatamente y tuve dudas acerca de si salir en el coche oficial o irme en un taxi, pero los de seguridad me obligaron a coger el coche por última vez. Ya en mi casa pude saborear la satisfacción que tenían mi marido, mis hijos, mis hermanos y todos los de mi familia, que estaban contentos de que mi salida de la política hubiera sido así, sin problemas y sin especiales tensiones.

En todas mis reflexiones acerca de ese paso tan importante para mi vida, no dediqué ni un minuto a pensar qué iba a hacer después de dejar la Presidencia y la política, ni dónde me iba a ganar la vida. En realidad, este no pensar nunca en mi futuro profesional me viene desde que alcancé la condición de funcionaria, cuando tenía veinticuatro años recién cumplidos, en enero de 1976. El día que aprobé mis oposiciones al Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo del Estado mi subconsciente desenchufó la preocupación por el futuro.

Por eso, cuando, al día siguiente de mi dimisión, empecé a pensar en qué iba a hacer, la primera respuesta que me vino a la cabeza fue la de pedir el reingreso en la Administración, en un puesto propio de los funcionarios de mi Cuerpo. Tampoco me parecía mal demostrar a la opinión pública que yo sabía ganarme la vida fuera de la política, algo que, por desgracia, no es tan habitual como debería serlo.

También tenía la posibilidad de entrar en el Consejo Consultivo de la Comunidad, del que son miembros natos todos los expresidentes de la Comunidad. Esta opción la deseché inmediatamente para evitar que alguien pudiera acusarme de haber creado ese organismo para aprovecharme directamente yo misma. Y el tiempo me ha dado la razón, porque casi lo primero que hizo Cristina Cifuentes al llegar a la Presidencia de la Comunidad fue anunciar la disolución de ese órgano que tiene unas competencias muy bien delimitadas por Ley y que es necesario para la buena administración de la Comunidad, como el Consejo de Estado —que a nadie se le ocurre disolver— las tiene para la buena administración, precisamente, del Estado. Lo peor es que el cierre del Consejo Consultivo se ha planteado como una medida de lucha contra la corrupción y el dispendio, y nada más lejos de eso. El hecho de que a los expresidentes se les hiciera miembros natos tiene mucho que ver con, en primer lugar, aprovechar su experiencia y sus conocimientos y, además, darles una salida digna después de haber servido a la Comunidad con todo su leal saber y entender. Sin contar con que los cuatro expresidentes de la Comunidad de Madrid somos funcionarios de carrera por oposición y el ahorro que el Estado puede obtener de dejar el puesto de miembro del Consejo Consultivo es nimio. Y digo todo esto yo, que no quise aprovecharme de ese derecho que sí han ejercido los otros tres, Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González.

Desechada la posibilidad del Consejo Consultivo, no me quedaba otra que el reingreso. Por eso, al día siguiente de mi dimisión, me puse al habla con la Secretaría de Estado de Turismo. Tengo que decir que todo fue amabilidad y que me incorporé a un puesto en el Ministerio, en el que el Ministro José Manuel Soria me dio toda clase de facilidades para mi reincorporación y me acogió con todo cariño. Allí permanecí hasta febrero del año siguiente, en el que pedí la excedencia voluntaria para trabajar en la empresa privada por primera vez en mi vida. Pero esa es otra historia que tiene poco que ver con el hilo de este libro.

Lo que sí tiene que ver es lo que me pasó en relación con la Presidencia del PP de Madrid, que yo ostentaba desde 2004, que había revalidado en 2008, y, más recientemente, en el Congreso del Partido que había tenido lugar en junio de ese mismo año 2012, en el que había obtenido un resultado casi búlgaro, o sin casi, porque, como ya he dicho, más del 97 % de los compromisarios me había dado su voto.

En mis reflexiones de aquel verano siempre había llegado a la conclusión de que la dimisión de la Presidencia de la Comunidad tendría que ir acompañada de la de la Presidencia del Partido en Madrid. El hecho de haber sido elegida hacía sólo tres meses me frenaba un poco a la hora de dimitir de esa responsabilidad en el Partido, pero creía que debía hacerlo. Pensé que lo mejor era convocar un Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid para explicar los motivos de mi dimisión y para dejar claro que continuaría como militante de base a las órdenes de lo que el Partido necesitase de mí.

Lo único que me preocupaba era que se truncara la línea que habíamos marcado las personas de mi equipo, los que habíamos sido elegidos en el Congreso. Pero creía que, con buena voluntad y a pesar de las tensiones que todo el mundo sabía que existían entre nosotros y la Dirección Nacional, se podría llegar a una transmisión de poderes tranquila y no traumática. En mis reflexiones veraniegas llegué a concebir que esa podría ser una buena ocasión para poner a prueba la democracia interna del PP de Madrid con la convocatoria de unas primarias para elegir a mi sucesor. En cualquier caso, mi plan inicial era dejar también la Presidencia del PP de Madrid.

Y no la dejé porque la noche siguiente al día de mi dimisión, cuando estaba cenando en casa de Josep Piqué y Gloria Lomana, que me habían invitado hacía mucho y a los que no quise desairar con un aplazamiento a pesar de llevar yo dos días de muchas emociones y tensión, me llamó María Dolores de Cospedal para transmitirme la orden de que tenía que dimitir inmediatamente de la Presidencia del PP de Madrid y que, si queríamos que el PP votara en la Asamblea a Ignacio González para Presidente de la Comunidad de Madrid en la sesión que el Presidente, José Ignacio Echeverría, ya había convocado con urgencia, yo tenía que dimitir antes, es decir, ya, de la Presidencia del PP de Madrid, para que la Junta Directiva Regional nombrara para la Presidencia Regional a alguien neutral que sería aceptado por todos. Mencionó, en concreto, el modelo de la Presidencia de Pío García-Escudero, es decir, un Presidente del Partido que no fuera ni el Presidente de la Comunidad ni el Alcalde de Madrid.

Como estaba en casa ajena y, además, de una periodista, no podía hablar con ella con la necesaria libertad. Me limité a decirle que ya hablaríamos al día siguiente.

Esa noche, después de la cena con Piqué y Gloria Lomana, al llegar a casa, llamé a Ignacio González para contarle la conversación con María Dolores, y ambos decidimos que no íbamos a aceptar ese planteamiento. Ignacio González me dijo que él era funcionario del Ayuntamiento, que Ana Botella, la Alcaldesa, podría facilitarle la vuelta a un puesto en el Ayuntamiento, que, además, se quedaría de diputado en la Asamblea, y que pusieran los de la Nacional a quien quisieran como Presidente de la Comunidad de Madrid.

A la mañana siguiente, a las ocho, Ignacio González me telefoneó para decirme que acababa de llamarle María Dolores muy alarmada porque yo aún no la había llamado para darle mi respuesta. A mí no me parecía tan urgente hablar con ella y, además, estaba camino del aeropuerto, porque me iba a Ibiza invitada por una amiga. Pensé que ya hablaríamos desde Ibiza.

Pues bien, una hora más tarde, cuando estaba ya en Barajas con mis amigas, a punto de embarcar, recibí otra llamada de Cospedal. Ella tenía esa mañana a las diez una intervención en La Razón, y allí le iban a hacer preguntas, e, inevitablemente, le iban a preguntar qué le parecía Ignacio González como Presidente de la Comunidad de Madrid, y seguramente quería dar la noticia de mi dimisión de la Presidencia del PP de Madrid. Aunque yo estaba en medio de los trámites de embarque en el avión, cuando escuché lo que me decía, le contesté con bastante vehemencia que yo no estaba dispuesta a cambiar cromos. Le dije que la decisión sobre mi futuro en el PP de Madrid sería cosa mía. Y me marché a Ibiza.

Unas horas después, ya en Ibiza, Cospedal me llamó para explicarme el auténtico sentido de sus palabras anteriores. Y en el desayuno de La Razón, en presencia del propio Ignacio González, declaró que Nacho contaba con el apoyo «absoluto y completo» de la Dirección Nacional del Partido y que nunca había habido la menor duda de que él sería el nuevo Presidente de la Comunidad de Madrid.

Algunos pensarán que fue un error no dimitir también del Partido, pero la sensación de que los de la Nacional querían hacerse con el poder del PP en Madrid, donde mi candidatura, tres meses antes, había obtenido un resultado tan arrollador, hizo que cambiara de opinión en mis días de Ibiza y que pensara que, quizás, no era mala la idea de mantener la Presidencia del PP madrileño para defender las ideas y los programas con que nos habíamos presentado al Congreso Regional de junio de ese mismo año. Estoy absolutamente segura de que, sin la intervención de Cospedal, yo no habría seguido en la Presidencia del PP de Madrid.

Para terminar la historia de mi dimisión no me resisto a contar cómo, en Ibiza, entre las muchísimas llamadas y mensajes que recibí, me llegó la de José Luis Rodríguez Zapatero, que estaba retirado de la política desde diciembre del año anterior. Intercambiamos bromas y comentarios amables —Zapatero, en el trato personal, es muy agradable y educado—, y a mí se me ocurrió preguntarle a qué se estaba dedicando. Me dijo que estaba escribiendo un libro, y yo, ingenuamente, añadí: «¿De qué, de memorias?». Mi sorpresa fue que me contestó que no, que el libro trataba de cómo salir de la crisis. Sin comentarios.

Lo que sí tuve claro todo el tiempo, durante mis reflexiones veraniegas y después, en aquellos intensos días de septiembre, era que, en ningún caso, iba a dejar la política. Aún no sabía cómo iba a hacerlo, pero no iba a dejarla.

Ya digo que nunca pensé en permanecer en la Presidencia del PP de Madrid. Por eso, mis proyectos de seguir en política iban más bien en la línea de seguir actuando e influyendo de manera, llamémosla, indirecta: participación en tertulias radiofónicas y televisivas, publicación de artículos de análisis y de opinión, conferencias a todos los niveles, desde los más académicos hasta los más divulgadores, presencia en seminarios y cursos de formación de militantes del Partido, etc. Se trataba de que mis ideas y mis pensamientos estuvieran lo más presentes posible en la vida española. Y, además, al estar fuera de la contienda política cotidiana, creí que ese pensamiento político podría ser expresado de forma mucho más clara y libre de lo que lo había sido desde dentro.

7
LA CRISIS ECONÓMICA

Hasta aquí he llevado a cabo un recorrido por los hitos que, en mi opinión, han sido fundamentales en la historia política de los años que van desde el 11M de 2004 hasta las últimas Elecciones Generales, las de diciembre de 2015. Un recorrido que he hecho en primera persona, y con esto quiero decir que todo lo he contado desde mi experiencia personal, porque muchos de los acontecimientos que han jalonado estos años los he vivido muy de cerca.

Y he querido hacerlo así para poder explicar —y de paso explicarme a mí misma—, como me proponía en el Prólogo, qué es lo que ha pasado para que el PP haya tenido una bajada tan acusada de votos y de apoyo popular. Porque creo humildemente que, sin tener presente todo lo que ha pasado en España en los últimos doce años, es mucho más difícil entender en profundidad esa caída en el número de votantes y esa pérdida tan acusada de la confianza de muchos de los españoles que, en 2011, confiaron tan mayoritariamente en el PP.

Sobre ese telón de fondo de los acontecimientos de estos años es donde hay que plantearse la pregunta central de este ensayo: ¿qué ha pasado para que esa confianza de los españoles en el PP haya desaparecido en esa proporción tan impresionante?

Porque sin contestar en profundidad a esta pregunta no se puede pasar a la siguiente, que, además, es la más importante de cara al futuro: ¿qué hay que hacer para que los españoles vuelvan a confiar mayoritariamente en una opción de centro-derecha, liberal-conservadora, homologable a las que gobiernan en la mayoría de los países de Europa, que sea ilusionante y atractiva?

Pero quedémonos, por ahora, con la primera de las cuestiones, e intentemos contestar al qué ha pasado.

La explicación habitual, la explicación que se ha convertido en canónica, la explicación que el Gobierno y el PP dan de estos resultados y del qué ha pasado, se sustenta fundamentalmente en dos respuestas: la caída de apoyo al PP se debe a las consecuencias de la crisis económica y a la airada reacción que entre los ciudadanos han provocado los casos de corrupción que han tenido como protagonistas a dirigentes del PP.

No cabe la menor duda de que las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis económica y la corrupción han sido causas muy principales de lo que ha ocurrido, pero no han sido las únicas. Mi pretensión es analizar estas dos causas en profundidad y, además, apuntar otras posibles.

Primero veamos cómo las medidas para afrontar la crisis económica han influido, y hasta qué punto, en la desafección de los ciudadanos. Es verdad que la crisis económica ha obligado al Gobierno a tomar medidas de austeridad muy poco populares, como son las subidas de impuestos y como son los recortes en servicios sociales. Porque subir impuestos ha enajenado la confianza de las clases medias de donde proceden los electores clásicos del PP. Los recortes han hecho lo propio con todos aquellos que, sin ser incondicionales, votaban al PP por la que se suponía acreditada eficacia a la hora de resolver problemas económicos más que por afinidad meramente ideológica.

Vayamos al fondo de la cuestión. La crisis económica que hemos vivido —y que aún seguimos viviendo— tiene su origen en algo tan sencillo como haber gastado más de lo que podíamos y debíamos gastar. Y aquí la primera persona del plural engloba a los ciudadanos tomados de uno en uno, a las familias, a las empresas y, muy importante, también a las Administraciones Públicas, en todos sus escalones: municipal, autonómico y propiamente estatal.

Dicho esto, la salida de la crisis no tenía más que una vía, la de trabajar más y gastar menos, que es lo que han hecho los ciudadanos, las familias y las empresas. El Estado (y aquí hay que meter también a los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos Insulares y Comunidades Autónomas), que, como todos, se había endeudado más de lo que debía, también se encontró en la tesitura de tener que reducir los gastos porque, si no, no salían los números. Reducir los gastos podía llevar consigo la disminución de algunos de los servicios sociales que el Estado presta. Algo que cualquier Gobierno se resiste a afrontar porque sabe que va a tener inmediatamente en contra a gran parte de la opinión pública.

Otra opción para conseguir el ahorro deseado era reducir el tamaño del Estado y el número de sus funcionarios. Hay que tener en cuenta que en 1976, con 36,3 millones de habitantes, en España teníamos 1.358.000 funcionarios (es decir, había un funcionario por cada 33,8 habitantes), y que, a finales de 2014, con 46,4 millones de habitantes, teníamos 2.986.000 funcionarios (uno por cada 15,5 habitantes). Estos datos nos dan una idea del incremento de los empleados públicos en estos cuarenta años. Sin entrar en el debate de si son muchos o pocos los funcionarios españoles, lo que nos indican estas cifras es el enorme crecimiento que ha experimentado el tamaño del Estado en los años de democracia. Es indiscutible también que, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se ha reducido este número de funcionarios, porque hay que saber que, al final del Gobierno de Zapatero, España, con 46,8 millones de habitantes, tenía 3.234.000 funcionarios (uno por cada 14,4 habitantes). Al abordar este asunto hay que tener en cuenta que reducir el número de funcionarios va a encontrar siempre resistencia entre los propios funcionarios, sus sindicatos y algunos sectores de la sociedad, lo que acaba planteando también un problema político a cualquier administración que quiera acometer esa reducción.

Tanto la reducción del número de funcionarios como los recortes en los servicios que el Estado presta a los ciudadanos, que son las primeras e inexcusables opciones que tiene cualquier Gobierno para ahorrar, llevan aparejados, sin duda alguna, la resistencia y las protestas de los ciudadanos. Por eso, afrontar cualquiera de esas dos opciones (reducir el tamaño del Estado y disminuir algunos de los servicios públicos) constituye un problema para cualquier Gobierno que las ponga en marcha.

Esto es algo archisabido, como también era algo archisabido que la situación económica de España en diciembre de 2011 era de extrema gravedad y que salir de esa situación iba a exigir algunos sacrificios por parte de todos.

Por eso, porque todo el mundo sabía que la situación económica era muy complicada y que las medidas que debían tomarse iban a ser duras, a mí me sorprende que, tras ganar las Elecciones el 20 de noviembre de 2011 con una mayoría aplastante, el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno se celebrara el 23 de diciembre (¡un mes después!) y diera la impresión de que no se tenía nada preparado para ese primer Consejo.

Me sorprende ahora que el PP no llegara a ese primer Consejo de Ministros con un paquete de medidas ya preparado. Y más me sorprende cuando lo comparo con el Zapatero de 2004, cuando, con una exigua mayoría relativa, anunció un paquete de medidas absolutamente rupturistas nada más prometer el cargo, sin siquiera haber formado Gobierno.

A finales de 2011, el PP llevaba más de siete años en la oposición, donde había tenido mucho tiempo para estudiar las medidas económicas que había que tomar y, sobre todo, había tenido tres años, desde que la crisis era una realidad aplastante, para preparar a fondo esas medidas. Y, sin embargo, dio toda la impresión de que no se tenía nada preparado para aquel primer Consejo de Ministros, cuando, además, Mariano Rajoy, en los debates parlamentarios del año 2010, como jefe entonces de la oposición, le había explicado a Zapatero todo lo que había que hacer. Todo el mundo pensaba que iba a haber un plan de choque preparado, estudiado, claro y decidido para luchar contra la crisis que ya llevaba casi cuatro años manifestándose en toda su plenitud.

Algunos dicen que Arenas llegó a pedirle a Aznar que intercediera ante Rajoy para que no se tomara ninguna medida antes de las Elecciones Andaluzas, previstas para marzo. Quizás por eso es por lo que Montoro llegó a declarar, encantado, que ellos, los miembros del primer Gobierno de Rajoy, iban a pasar por la izquierda a los socialistas. No sé si los pasaron por la izquierda, pero sí sé que aquel primer Consejo de Ministros resultó decepcionante.

Como también me resultó imperdonable que, en sus últimos cuatro años en la oposición, el PP no hubiera denunciado hasta qué punto las cifras oficiales que iba dando el Gobierno de Zapatero eran falsas.

Si el mismo 23 de diciembre de 2011, nada más formar su primer Gobierno, Mariano Rajoy hubiera dado una rueda de prensa y hubiera explicado lo que había, si hubiera explicado didácticamente la gravedad de la situación, los ciudadanos lo habrían entendido todo, porque, entre otras cosas, los ciudadanos eran los que más estaban sufriendo las consecuencias de la crisis, y eran los que habían votado a Rajoy, precisamente, para que les sacara de ella. Si en ese mismo momento hubiera denunciado todas las trampas y todos los errores de Zapatero, que estaban en la mente de los ciudadanos, y hubiera explicado lo que iba a hacer con claridad y limpiamente, es decir, si hubiera explicado que iba a subir los impuestos y que iba a tener que adoptar medidas de reducción del gasto —esas medidas que luego se llamaron recortes, pero que, realmente yo los llamaría recortitos—, los ciudadanos habrían adoptado una actitud mucho más comprensiva y cercana a lo que el Gobierno proponía. Y si, además, hubiera hecho una llamada a los españoles para que, con su sacrificio, se pusieran a la tarea de sacar a España de la terrible situación en que la había dejado Zapatero, un poco en la línea épica del Churchill del «sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas», pues yo creo que todo habría ido mejor.

Y ya que no lo hizo entonces, Mariano Rajoy podría haber comparecido con más frecuencia y con más contundencia, podría haber hecho constantes ruedas de prensa, podría haber buscado más ocasiones de comparecer ante los ciudadanos, podría haber visitado pueblos, fábricas, ciudades, universidades y todo tipo de foros, y explicado, con una pizarra, las medidas que estaba tomando, como lo está haciendo ahora, mientras escribo esto (diciembre de 2015). Y si no él, pues el Ministro de Economía o alguien que lo pudiera explicar con claridad y de una manera pedagógica y docente.

Tengo que decir que una de las cosas que para mí resultó más sorprendente de ese año, el primero del Gobierno de Mariano Rajoy, fue que el jefe de Prensa de un Ministro, o Ministra, me dijo que la única instrucción que tenía de su jefe era que el Ministro no podía salir jamás en la prensa. Eso era lo que se consideraba que hacía un buen miembro del Gobierno de Mariano Rajoy, no dejarse ver.

Mientras tanto, las televisiones habían descubierto una fórmula eficacísima para conseguir audiencia, y era hacer debates políticos, muchas veces a gritos entre periodistas y políticos de izquierda radical, aún muy poco conocidos como tales, pero que luego fueron el germen de Podemos. Unos debates en los que el principal reproche que se le hacía al Gobierno del PP, a ese Gobierno que tenía que afrontar la crisis económica más dura y difícil de la Historia, era que estaba llevando a cabo recortes en los servicios sociales que provocaban «el sufrimiento» de millones de españoles. Hasta el punto de que la idea de que se estaban llevando a cabo recortes acabó calando en toda la sociedad. Cuando la realidad es que, cuando ha habido algún recorte parcial, ha sido bastante pequeño y no ha interferido de manera sustancial en la vida de los ciudadanos.

Los adversarios del PP, a base de repetirlo machaconamente, lograron que se instalara en la sociedad la idea de que en estos años se han producido unos recortes impresionantes en los servicios sociales y de que se ha reducido sustancialmente nuestro Estado del Bienestar. Sin embargo, un reciente estudio de FEDEA pone de manifiesto que, mientras la renta per cápita ha bajado el 8,8 %, el gasto público en educación, sanidad y pensiones está al mismo nivel de 2007.

¿Por qué la idea de los recortes se instaló con tanta fuerza y vehemencia en una buena parte de la sociedad española? Creo que esto ha sido así porque desde el Gobierno no se ha sabido o no se ha querido dar la cara para explicar, con la convicción necesaria, los datos que mostraban la realidad.

Voy a poner un ejemplo de recorte que a mí me tocó aplicar en la Comunidad de Madrid, y es sólo un ejemplo, pero significativo, de cómo cuando hubo algún recorte nadie puede considerarlo dramático. Como en Madrid, desde julio de 2008, mi Gobierno estaba centrado absolutamente en la lucha contra la crisis y en la reducción del déficit, ordenamos que la jornada de los profesores de Secundaria de la enseñanza pública pasara de dieciocho a veinte horas lectivas por semana (hay que tener en cuenta que la Ley permite llegar a las veintiuna horas). Esto quiere decir que cada semana tenían que dar dos horas más de clase, y, si se divide entre los cinco días hábiles que tiene cada semana, tenemos que cada profesor de Secundaria debía dar cuatro horas de clase al día. Es indudable que ese aumento de dos horas de clase supone una mayor carga de trabajo para los profesores, más horas de clase que dar y que preparar, y más alumnos a los que corregir y evaluar. Eso es indudable y hubiera sido mucho mejor no tener que hacerlo así, pero nadie puede afirmar, hablando en serio, que eso ha repercutido en la calidad de la enseñanza que reciben nuestros alumnos.

Más aún, creo que si a los ciudadanos se les explica con claridad el cómo y el porqué de esa medida, la inmensa mayoría lo habría aceptado. Y, sin embargo, algunas medidas de este estilo, en el ámbito de la educación y de la sanidad, son las que dieron origen a las famosas mareas, que, hay que recordarlo, empezaron en la Comunidad de Madrid en 2010, porque nosotros empezamos a tomar medidas de ahorro mucho antes de la victoria electoral de Mariano Rajoy. Y, por cierto, el haber empezado en 2010 a tomar medidas de ahorro no nos impidió alcanzar una impresionante mayoría absoluta en las Elecciones Autonómicas de 2011. Porque, como en el ejemplo de las horas lectivas, esas medidas no habían repercutido negativamente en la calidad de los servicios que prestábamos a los ciudadanos. Al contrario, gracias al ahorro que lográbamos con esas medidas, podíamos reducir la deuda, cumplir los objetivos de déficit y destinar más dinero a mantener, precisamente, esos servicios.

Otro ejemplo de lo que pasó con nuestras iniciativas para reducir gastos lo tenemos en la propuesta de cobrar un euro por receta que se implantó en la Comunidad de Madrid a partir de enero de 2013, cuando yo ya no estaba en la Presidencia, porque había dimitido el 17 de septiembre anterior.

El Gobierno de la Comunidad tuvo que hacer unos Presupuestos para 2013 que, necesariamente, tenían que ser de apretarse el cinturón. Por una razón muy simple, porque los ingresos habían experimentado una bajada drástica. Y para reducir gastos, se pensó que podía ser bueno hacer en Madrid lo que ya se estaba haciendo en Cataluña: cobrar un euro por receta. Con esta medida, en primer lugar, podía aumentar la recaudación (en Cataluña estaban recaudando cuarenta millones de euros). Y, al mismo tiempo, era disuasoria del afán de acumular medicamentos de algunos ciudadanos, porque, al tener que pagar un euro por cada receta, se pensaba, y de hecho sucedió así en Cataluña, que se iba a impedir ese afán de acumular.

El Gobierno, que no había recurrido ante el Tribunal Constitucional la medida de Cataluña, sí recurrió la de la Comunidad de Madrid, y el recurso del Gobierno paralizó esta medida. Además, o precisamente por no poder poner en práctica lo del euro por receta, se decidió externalizar la gestión de algunos de los nuevos hospitales, que, a diferencia de los que se construyeron en concesión, se habían licitado de forma que pudieran concesionar todos los servicios (la cafetería, la jardinería, la información, la limpieza, etc.), aunque los médicos y las enfermeras seguían siendo funcionarios. En ese presupuesto, que por la fuerza de la situación tenía que ser de austeridad, también se decidió externalizar la gestión de esos hospitales. Y esa es otra de las medidas que produjo las llamadas mareas blancas.

Desde mi punto de vista, el Gobierno de la Nación y todo el aparato del Partido y de FAES, en lugar de defender un principio fundamental, y es que los responsables públicos tienen la obligación de ofrecer los mejores servicios públicos, o, mejor dicho, de ofrecer los servicios de titularidad pública con la máxima calidad y al menor precio, permitieron que se extendiera la idea de que privatizar un servicio era dárselo a los «amiguetes». Y eso es lo que caló en gran parte de la sociedad. Y nada más lejos de la realidad.

Aunque sé que es remar contra corriente —algo que he hecho con mucha frecuencia en mi vida política—, yo me atrevo a defender que, al menos en Madrid, no ha habido lo que se han llamado «recortes». Al menos recortes en sanidad y educación que hayan tenido efectos claramente negativos para los ciudadanos.

Y sí creo que hubiera sido muy deseable una reforma de la Administración aún más profunda, que hubiera obligado al Estado y a las Comunidades Autónomas a apretarse más el cinturón, como se lo han apretado las familias y las empresas. Los poderes públicos no podían actuar como si la necesidad de ahorrar no fuera con ellos, y esa sensación la tuvieron muchos españoles.

En este análisis de cómo las medidas de política económica han hecho que muchos españoles perdieran su confianza en el Partido Popular hay que añadir que el desempleo, que es la consecuencia más palpable y más grave para los ciudadanos de la crisis, aunque se ha reducido algo en los dos últimos años, sigue estando muy presente en la vida española. Esta vez no se ha producido el «milagro» español de los ocho años de Aznar. Desde diciembre de 2011 (llegada de Mariano Rajoy al Gobierno) hasta enero de 2016, hemos pasado de 4.422.000 parados a 4.150.000, es decir, sólo se ha reducido el paro en 272.000 personas, y en porcentaje apenas hemos mejorado dos puntos (del 22,8 % al 20,9 %). Y muchos votaron en noviembre de 2011 al Partido Popular esperando ese milagro.

Sin olvidar que las subidas de impuestos, que tampoco fueron explicadas de forma didáctica y convincente, han recaído, sobre todo, en esa clase media que es el caladero natural del PP. Por eso no es de extrañar que amplios sectores de esas clases medias hayan abandonado al PP, descontentos con esas subidas de impuestos y desilusionados al ver que, por primera vez en la Historia, sus hijos tienen más dificultades que los padres para salir adelante. El ajuste salarial, el paro o el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que ha dejado a muchos con unas «hipotecas», que en realidad son préstamos con garantía personal de todos sus bienes presentes y futuros más los de su cónyuge y avalistas, les han golpeado con dureza. Y, encima, contemplan cómo los casos de políticos corruptos se multiplican.

8
«YO DESTAPÉ EL CASO GÜRTEL»

Además de las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis económica, la otra causa que, desde las fuentes oficiales del PP, se ha presentado para explicar la caída de apoyo popular a nuestro Partido han sido los casos de corrupción. A los que me quiero referir ahora.

Y quiero empezar con la narración de lo que sé y de lo que he vivido en relación con el caso Gürtel, un caso de corrupción con muchas ramificaciones, algunas de las cuales me han tocado de cerca.

Una de las declaraciones que más sorpresa, indignación e, incluso, hilaridad han producido, entre las muchas que hice en la Asamblea de Madrid, fue cuando, en una sesión de control, dije: «Yo destapé el caso Gürtel». Pues bien, aunque algunos no lo crean, es así. Me interesa mucho explicar que destapé el caso Gürtel, aunque, eso sí, sin saber que lo estaba haciendo. Porque no tengo la menor duda de que, sin mi intervención, la trama de corrupción que está detrás del llamado caso Gürtel no se habría descubierto, al menos, tal y como se conoce hoy.

Todo empezó cuando Álvaro Lapuerta, el entonces tesorero del PP, me citó un día, creo que en diciembre de 2004, para advertirme, con unas fotocopias del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en la mano, que dos municipios de Madrid (Arganda y Majadahonda) estaban utilizando unos procedimientos para vender unas parcelas que eran lesivos para los intereses de esos Ayuntamientos y que, además, podían entrañar corrupción.

Se trataba de lo siguiente: hasta el último cambio de la Ley, era obligatorio que todas las ventas —del suelo que constituye el patrimonio de los municipios— se hicieran por subasta pública. Esa pública subasta, cuando los Ayuntamientos vendían suelo para construir viviendas, y más si eran de protección oficial, encarecía, a juicio de los responsables públicos, el suelo de tal manera que, por eso, creían, el precio de la vivienda se había disparado tanto. Un argumento más que discutible y que, además, como se ha visto en este caso, puede ser favorecedor de posibles corruptelas, porque, con la Ley vigente, el criterio de adjudicación es mucho más indefinido que el precio, que es totalmente objetivo.

Pues bien, lo que habían hecho en Arganda y en Majadahonda era sacar a concurso esas parcelas a un precio fijo, a un precio tasado, para que no hubiera subasta en la que se pudiera pujar.

Al conocer la información que me había dado Lapuerta, yo, como Presidenta de la Comunidad y como recién elegida Presidenta del PP de Madrid, llamé a ambos Alcaldes.

El Alcalde de Arganda me dijo que eso ya estaba decidido, que lo había hecho la Empresa Municipal del Suelo, que, además, se había acordado por unanimidad de todos los consejeros —lo que luego resultó que no era cierto—, que estaba ya adjudicado, que tenía todos los informes favorables y que, por tanto, ya no se podía hacer nada.

En el caso de Majadahonda me encontré que había doce concejales, de los quince que tenía el PP, que estaban radicalmente en contra de este método del precio tasado. Pensaban que era lesivo para el Ayuntamiento que se vendieran por 96 millones de euros unas parcelas que, al año siguiente, como se va a demostrar y voy a explicar aquí, se vendieron, permitiendo la puja al alza, por 157 millones.

Como este asunto está en la base de Gürtel y, además, es muy significativo de una forma de hacer las cosas que es legal pero que puede dar pie a todo tipo de corrupciones, he creído importante traer aquí con pelos y señales todos los datos que tengo sobre el caso.

En abril de 2004, el Ayuntamiento de Majadahonda —entonces presidido por Guillermo Ortega— decide enajenar dos parcelas de suelo público para que en ellas se construyan viviendas. Encarga al arquitecto municipal que haga una valoración de las parcelas —denominadas RN-1 y D-2—, y tasa la RN-1 en 35.255.776 euros (sin IVA), y la D-2 en 48.040.000 euros (también sin IVA); en total, 83.295.776 euros (sin IVA). La Comunidad de Madrid, como es preceptivo en los casos en que el valor de las parcelas a enajenar es superior al 25 % del presupuesto anual del municipio, en julio acepta esa valoración, y en septiembre de ese mismo año de 2004, el Ayuntamiento de Majadahonda pone a licitación esas parcelas por el precio, ya con el IVA incluido, de 96.623.100,16 euros. Pero convoca un concurso en el que el precio estaba tasado, es decir, que las empresas constructoras que concursaran serían valoradas por un baremo en el que el precio no influiría, y sí criterios como la estética, las zonas deportivas o recreativas u otros factores de valoración mucho menos objetivos y más propicios a interpretaciones menos cuantificables con claridad.

Esto es lo que no les gustaba a los doce concejales del PP que se oponían a ese acuerdo (ellos creían que las parcelas valían mucho más), y eso fue lo que me transmitieron cuando yo me interesé por el asunto, tras la entrevista con Lapuerta. Insisto en que lo del precio tasado era —y es— legal, aunque a mí no me haya gustado nunca.

Como esos doce concejales no querían que la venta se hiciera de ese modo, y el Alcalde y dos concejales estaban empeñados en que sí se hiciera así, les exigí que suspendieran la operación. Recuerdo que el Alcalde, al que todo el mundo llamaba Willy, vino nada menos que al aeropuerto de Barajas, donde yo estaba a punto de salir de viaje oficial para China (por eso recuerdo que era enero de 2005), a convencerme de que era imprescindible que eso se hiciera como él decía, y cuando terminen de leer estas páginas comprenderán claramente por qué. Yo le dije que parara en seco la operación porque, aunque yo no sabía entonces que aquello iba a ser lesivo para el Ayuntamiento, como luego se demostró, lo que sí sabía era que de los quince concejales que el PP tenía, doce estaban en contra del Alcalde, y los otros dos resultaron ser el famoso José Luis Peñas y Juan José Moreno, su compañero de operación.

Entonces, como los doce concejales no estaban dispuestos a votar la propuesta del Alcalde, este dimitió, porque dijo que le resultaba inaceptable políticamente que se le hubieran rebelado «sus» concejales. Yo, al Alcalde, tras su dimisión, lo coloqué en un puesto que había en la Comunidad de Madrid y que estaba vacante: lo coloqué porque en ese momento no había nada contra él, sino una diferencia política sobre la forma de vender unas parcelas que iban a servir para hacer viviendas protegidas para los majariegos y para mejorar las cuentas de su Ayuntamiento, y que, repito, era totalmente legal.

Esto era enero de 2005. Tras la dimisión de Ortega, llega a la Alcaldía Narciso de Foxá, entra un nuevo concejal del PP, y los dos concejales que apoyaban a Ortega no dimiten y se van al Grupo Mixto. A pesar de lo cual, el PP mantenía la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Majadahonda.

El nuevo Alcalde retoma el asunto de la venta de las parcelas y decide volverlas a licitar, pero esta vez valorando, hasta con ochenta puntos en el baremo, el precio que las empresas pudieran ofrecer por ellas, que es lo máximo que permite la Ley. No era una subasta pura, pero al menos iba a influir el precio. En mayo de 2005, el arquitecto municipal vuelve a hacer una tasación que da por la RN-1 57.390.685,75 euros, y por la D-2, 42.118.092,45 euros, es decir, un total de 99.508.778,20 euros (sin IVA) (la subida de la tasación del arquitecto con respecto al año anterior se debe a que estábamos en plena burbuja inmobiliaria y los precios subían como la espuma). Los servicios de la Comunidad de Madrid, en septiembre, autorizan la enajenación, aunque con alguna corrección: la RN-1, en 52.768.509 euros, y la D-2, en 38.725.951 euros, como precios de salida; en total, 91.494.460 (todo sin IVA).

Pues bien, el concurso se resuelve el 29 de noviembre de 2005 y las parcelas se adjudican por 95.779.750 euros, la RN-1, y por 61.345.050, la D-2. En total, 157.124.800 euros. Si recordamos que en septiembre del año anterior el precio tasado con el que el Ayuntamiento de Ortega las quería licitar era de 96.623.100,16 euros, nos encontramos con que la diferencia final fue de ¡60.501.700 euros! (¡¡más de diez mil millones de pesetas!!) entre lo que se obtuvo finalmente para el Ayuntamiento y lo que se hubiera conseguido con el sistema del precio tasado.

Eso explica más que claramente el enfado de los dos ediles que se fueron al Grupo Mixto, y, como luego se verá, del mismo Correa, que, presuntamente, era el cerebro de la operación.

Esos dos concejales tránsfugas que se pasan al Grupo Mixto, José Luis Peñas y Juan José Moreno, se presentan a las Elecciones Municipales de 2007 financiados, parece ser, por Correa. Esa presunta financiación de Correa no les sirve de nada, porque no salen concejales, pero ponen hasta catorce pleitos y recursos contra Narciso de Foxá y contra el Ayuntamiento por esa venta de parcelas. Todos esos pleitos los financia presuntamente Correa mientras están en el Grupo Mixto, pero, cuando ya empiezan a perder un pleito tras otro y los costes de los abogados, de los procuradores y de los procedimientos se encarecen, parece ser que Correa les dice que no les piensa seguir pagando.

En ese momento es cuando José Luis Peñas empieza a grabar a Correa para poder, me imagino, chantajearle. Eran las pruebas que le servirían para que Correa le pagara a él. Porque no hay que olvidar que, parece ser —siempre diré que presuntamente—, que de la venta de las parcelas a precio tasado, se iban a llevar (aparte de la comisión que se llevara Correa de la empresa que resultara adjudicataria) una pasta. Quinientos millones de las antiguas pesetas para el Alcalde y cien millones de las antiguas pesetas (en 2004 todavía se hablaba de las pesetas) para cada uno de dos concejales, José Luis Peñas y Juan José Moreno. Todo esto lo digo añadiendo que es presuntamente, porque aún no está juzgado, pero eso es lo que se decía en Majadahonda. No puedo asegurarlo con rotundidad, pero algo de eso debía de haber, y lo más importante es que todos los indicios nos llevan a pensar que, en Arganda, una operación similar se llegó a consumar. Ya lo dirá la Justicia, porque lo que estoy diciendo en este libro ya lo he dicho en la declaración ante el juez Ruz.

A todo esto, no hay que olvidar que la mujer de Correa era la secretaria de Ortega, el Alcalde de Majadahonda. Y que parece ser que Correa puso una oficina en Las Rozas para recibir a todas las empresas interesadas en la compra de las parcelas, con el aparente propósito de pedirles comisión, una vez que consiguiera que fuera adjudicataria la que más le había ofrecido.

Por eso digo que destapé la operación Gürtel. Porque si no hubiera promovido el cambio de Alcalde de Majadahonda, o si hubiera dicho a los doce concejales díscolos: «Oye, apoyad al Alcalde, que esta fórmula de vender la parcela es legal», Peñas nunca hubiera grabado las conversaciones con Correa, que es el origen de todo el caso. Y yo podría haberles dicho eso a los concejales del PP, porque era legal, porque la Ley se había cambiado y era legal sacar las parcelas a concurso y a precio tasado sin subasta.

Me gustaría que esto se entendiera bien: sacar las parcelas a precio tasado quiere decir que, a la hora de adjudicarlas, como el precio no cuenta, los técnicos que valoran las ofertas lo que valoran es si las bajantes van por aquí o por allí, si las ventanas son de una forma o de otra, si el medio ambiente está mejor o peor protegido o si se pone un material más estético que otro, porque, al final, el precio de la parcela no cuenta.

Repito, al año siguiente las parcelas se vendieron por sesenta millones de euros (diez mil millones de las antiguas pesetas) más que lo que decía el precio tasado.

Si yo no hubiera obligado a dimitir al Alcalde y se hubieran vendido las parcelas a precio tasado, nunca Peñas habría grabado a Correa y nunca hubiera llevado esas grabaciones al juez Garzón. Y estas grabaciones son las que hicieron que, el viernes 6 de febrero de 2009, el juez Garzón dictara el auto con el que empieza el caso Gürtel y en el que se exponían indicios de comportamientos irregulares o delictivos por parte de un consejero del Gobierno, Alberto López Viejo, y de varios Alcaldes de municipios de la Comunidad de Madrid.

Aquí quiero exponer cómo fue mi relación con Alberto López Viejo, uno de los dos altos cargos que, nombrado directamente por mí, traicionó mi confianza y utilizó su cargo público para enriquecerse personalmente; es decir, que se convirtió en un corrupto.

En las Elecciones Autonómicas de 2003 iba en la lista del PP —lista que yo no elaboré, aunque sí fui consultada— Alberto López Viejo, que venía avalado por la Dirección Nacional debido a su contrastada capacidad organizativa en los congresos y actos del Partido y a unos informes sobre el funcionamiento de la Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid, de la que era responsable, que remitía periódicamente a toda la cúpula del Partido.

Cuando ya estaba en la lista, pero antes de esas Elecciones, leí unas informaciones periodísticas en las que se suscitaban sospechas sobre él. El Mundo publicó que Alberto López Viejo, cuando era concejal de limpieza del Ayuntamiento, había comprado unos todoterrenos para el Ayuntamiento en un concesionario cuyo dueño era amigo de su padre, y unos muebles para los cantones de limpieza en otra empresa ligada con su familia. Pero como nada de eso se pudo demostrar, pues yo, después de interrogarle, la verdad es que le creí a él y pensé que no era así.

Ya en el Gobierno, aparece una información en Interviú que decía que los actos que se preparaban para mí, como Presidenta de la Comunidad, los organizaba siempre la misma empresa.

Llamé inmediatamente a mi despacho a López Viejo para que me diera explicaciones, y él me negó que la organización de los actos se encargara a la misma empresa, como decía la revista Interviú, sino que los actos se encargaban a diferentes empresas, y me dio el nombre de cinco o seis. Como comprobé que era cierto, me quedé tranquila.

Muy mal por mi parte, porque yo tenía que haber ido al Registro Mercantil y tenía que haber mirado quiénes eran los accionistas de esas empresas, pero por tratarse de contratos «menores» y como comprobé que se les adjudicaban a varias, pues no le di más importancia.

Pero cuando veo el auto del juez Garzón, cito a López Viejo a las nueve de la mañana del lunes siguiente al viernes de su publicación, y le doy a elegir entre la dimisión o el cese porque me había mentido.

Aparecen también en ese auto del juez Garzón cuatro Alcaldes del PP: el de Arganda, el de Pozuelo, el de Boadilla y el de Majadahonda. Tres que eran Alcaldes en ese momento y el exalcalde de Majadahonda, al que yo había invitado a irse en 2005, cuatro años antes, porque se habían rebelado contra él doce de los quince concejales que tenía el PP en Majadahonda, por el asunto, precisamente, que destapó la Gürtel, como ya he explicado.

Yo no tuve en ningún momento la menor actitud de complacencia con ninguno de esos señores, que dimitieron inmediatamente, salvo el de Boadilla, que tardó tres días en hacerlo.

Por cierto, que inmediatamente después de dictar ese auto, Garzón se fue ese fin de semana a aquella famosa cacería con el entonces Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, con la Fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, y con el Comisario General de la Policía Judicial, Juan Antonio González. Y yo, el lunes, día 9, destituí al consejero de Deportes, Alberto López Viejo, que aparecía en las diligencias, que oficialmente eran secretas pero que se habían publicado, como siempre pasaba con Garzón. Le destituí fulminantemente porque, con el auto en la mano, era evidente que me había mentido, porque me había dicho que los eventos se adjudicaban a cinco o seis empresas diferentes y en el auto se decía claramente que todas eran del mismo dueño. Por todo esto es por lo que dije que yo destapé la operación Gürtel.

Para acabar con la narración de todo lo que conozco del caso Gürtel, quiero incluir aquí lo que me pasó con el Fiscal General del Estado

Resulta que el concejal Peñas, cuando todavía estaba en el PP y se celebraban las reuniones del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Majadahonda, en las que se pusieron en evidencia las contrapuestas posturas del Alcalde, Peñas y Moreno frente a los otros doce concejales, grabó una de esas reuniones, y en esa grabación, los concejales opuestos a su proyecto de sacar las parcelas a precio tasado decían: «No, no, porque la Presidenta —que era yo— dice que no hay por qué vender las parcelas a precio tasado, dice que se saquen a pública subasta y que se vea cuánto es lo que las empresas constructoras quieren ofrecer al Ayuntamiento de Majadahonda». Con esa grabación se fue a la socialista Ruth Porta, que la llevó a la Fiscalía de Madrid y presentó una denuncia contra mí.

En la Fiscalía, al tratarse de una denuncia contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid, debieron de consultar con el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Y este, con la excusa de que no era bueno que esa denuncia cayera en manos del fiscal al que le correspondía, que era el Fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, Emilio Valerio (contra el que yo, en el año 1995, había tenido que presentar una denuncia ante la Inspección de la Fiscalía), decidió trasladarla al Fiscal Anticorrupción en vez de a la Fiscalía de Madrid.

La noticia de que el Fiscal Anticorrupción se hacía cargo de una denuncia contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid era equivalente, de cara a la opinión pública, a una condena del Tribunal Supremo. Por eso, previa consulta con Mariano Rajoy, reaccioné inmediatamente poniendo una querella criminal contra Conde-Pumpido, en el Supremo, por prevaricación, porque yo le acusaba de haberme mandado a Anticorrupción por razones políticas, ya que yo lo único que había hecho era defender los intereses de los ciudadanos de Majadahonda.

El Supremo, como era de esperar, archivó mi querella, pero la presentación cumplió su objetivo, que era acabar con la idea de que aquella grabación era una prueba de que yo había cometido alguna irregularidad.

Un tiempo después, coincidí con Conde-Pumpido en la inauguración de los nuevos locales de la Fiscalía de Madrid, y estuvo cordial conmigo con el ánimo de suavizar nuestras relaciones. Yo, al final, me amigué con Conde-Pumpido, después de una comida en la Casa de Correos.

Hasta aquí la historia de cómo no ando descaminada cuando afirmo que «yo destapé el caso Gürtel». Otra cosa es que el caso Gürtel, que se descubre por las tensiones internas entre los que participaban en su red de corrupción por las famosas parcelas de Majadahonda, incluya otras ramificaciones de su siniestra actividad de corrupciones. Y una de esas ramas corruptas es la que representó presuntamente Alberto López Viejo en la Comunidad de Madrid. Ya he contado cómo, nada más conocer su implicación en este caso, lo destituí de manera fulminante. Ahora me toca contar cómo llegó a convertirse en el responsable de la organización de los actos de la Comunidad, actividad desde la cual, presuntamente según todos los indicios, se dedicó a sustraer fondos públicos para él y para ese conglomerado de personas corruptas que formaron lo que ahora se llama Gürtel.

Como ya he dicho, López Viejo fue diputado autonómico en las Elecciones de 2003 sin que yo apenas lo conociera. Y, como también he dicho, estando ya en las listas, se publicaron unas acusaciones, nunca probadas, eso sí, acerca de su trayectoria al frente de las limpiezas del Ayuntamiento de Madrid. Por todo esto, en el primer Gobierno que formé en noviembre de 2003 no tuvo ningún puesto e incluso en el Grupo Parlamentario tampoco tenía puesto de responsabilidad. Era lo que se dice un diputado de a pie.

Por otro lado y como todo el mundo sabe, no soy política de quedarse encerrada en el despacho y me gusta salir a la calle y participar en todos aquellos actos en los que pueda tener algo que decir y mantener contacto directo con la gente. Por eso, desde el primer momento en la Presidencia de la Comunidad, me impuse una agenda apretada de actos y apariciones públicas. Y resultó que, a pesar de la buena voluntad de todos los que preparaban mis actos, estos no se caracterizaban por estar bien organizados; cuando no fallaba el sonido, se caía el atril, o no funcionaba la iluminación.

En estas, cuando apenas llevábamos tres meses en la Comunidad, ocurrieron los atentados del 11M y, pasados los primeros días de conmoción, decidimos rendir un solemne homenaje a las víctimas y un reconocimiento a todos los servicios (bomberos, sanitarios, policías, protección civil, forenses, etc.) que tan bien habían respondido aquellos días. Se trataba de hacer un acto de indudable enjundia en la Puerta del Sol con la participación de representaciones de todos esos Cuerpos, del Gobierno de la Nación, del Cuerpo Diplomático (había habido víctimas de diecisiete nacionalidades), de la sociedad civil, etc., con la colocación de una placa conmemorativa. Pues bien, los encargados de organizarlo se sintieron desbordados por el volumen de la organización de ese acto y recurrieron a López Viejo por su acreditada fama dentro del PP nacional de ser un buen organizador (aparte de muchos actos del PP nacional, López Viejo había sido el que había organizado la recogida del chapapote del Prestige por aquellos voluntarios con sus monos blancos).

Así fue como López Viejo llegó a Sol. A las pocas semanas del acto de homenaje a los del 11M, Miguel Ángel Villanueva, que era el Viceconsejero de Presidencia, fue requerido por Alberto Ruiz-Gallardón para que se hiciera cargo del Área de Economía en el Ayuntamiento de Madrid y abandonó la Comunidad, dejando vacante su puesto de Viceconsejero de Presidencia con la función de organizar los actos públicos de la Comunidad. Y fue entonces cuando, avalado por el éxito de la organización del homenaje a las víctimas, López Viejo sustituyó en el cargo a Villanueva.

Por lo que vamos sabiendo ahora, la red Gürtel debía de tener, al menos, dos ramas de actividad delictiva relativamente diferenciadas. Por un lado estaba la búsqueda de grandes pelotazos inmobiliarios, como el de los sesenta millones de euros que yo colaboré a impedir en Majadahonda, o como el que presuntamente tuvo lugar en Arganda, que, de existir, no pude evitar y que no sé aún en cuánto lo valorará el juez. Y junto a estos grandes pelotazos estaba el goteo de comisiones que cobraban en la organización de actos de distintas Instituciones. El tamaño de estas actuaciones inequívocamente delictivas era muy diferente. Del suelo debían de sacar decenas de millones de euros, mientras que de los actos, por ejemplo, la acusación firme contra López Viejo es de unos 400.000 euros a lo largo de esos cuatro años. Que no es ninguna excusa para la impresentable actuación de este sujeto.

Pero el caso que más daño ha hecho al PP es, sin duda, el caso Bárcenas, que parece ser otra ramificación del entramado Gürtel. Que se descubriera que este señor, que lo había sido todo en la organización interna del PP como gerente y que había llegado después a ser el tesorero nacional, sin otra ocupación conocida que la de estar en su despacho de Génova, tenía una cuenta en Suiza con más de cuarenta millones de euros, según él mismo reconoció ante el juez, fue un mazazo para el prestigio del PP.

Si a esto se le une la vacilante respuesta que se dio a este asunto desde el Partido, con la «indemnización en diferido» y el descubrimiento de que el Partido le siguió pagando, hasta enero de 2013 incluido, 250.000 euros anuales, es fácil comprender de dónde venía ese desprestigio.

A esto hay que añadir la publicación, en febrero de 2013, del sms de Mariano Rajoy, el ya famoso del «Luis lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré», fue otro golpe para la reputación de todo el PP. Y es que, además, ese sms tenía fecha del día siguiente al día en que se había publicado que Bárcenas tenía cuarenta millones de euros en Suiza.

Porque la versión oficial de los dirigentes nacionales del Partido Popular en los casos de corrupción en que se ha visto afectado ha sido, por ser muy suave, demasiado autocomplaciente. La publicación de los sueldos que al parecer cobraba en Génova gran parte de la cúpula directiva hizo que muchos afiliados al Partido y muchas personas simpatizantes y votantes se sintieran absolutamente defraudados y desencantados, porque no hay que olvidar que, hasta ese momento, el PP se había considerado siempre incompatible con la corrupción.

La corrupción no solamente es un problemón para el PP, sino que también lo ha sido, sobre todo, la respuesta que se le dio. La respuesta al caso Bárcenas, a mi juicio, fue lamentable. Aquel sms fue letal para todo el PP. Y para rematar, la triste sesión del Congreso el 1 de agosto de 2013, cuando los diputados del PP, puestos en pie, aplauden durante unos minutos a Mariano Rajoy por haber reconocido que se equivocó nombrando a Bárcenas, al que ni siquiera nombró, fue algo bastante surrealista. A mí me recordó muchísimo al Parlamento argentino cuando empezaron a aplaudir ante el anuncio de que Argentina no pensaba pagar la deuda e iba a caer en default.

9
PÚNICA

También quiero exponer todo lo que sé de un caso de corrupción que saltó en los últimos días de octubre de 2014, del que aún no conocemos toda su extensión, pero un caso que ha hecho mucho, muchísimo, daño al PP y que tiene como principal protagonista a Francisco Granados, que, para desgracia y para vergüenza mía, fue Secretario General del PP de Madrid, propuesto por mí, entre 2004 y 2011, y Consejero de mi Gobierno en la Comunidad: el caso Púnica, «granada» en latín.

Para empezar, quiero explicar cuál fue mi relación con Francisco Granados, a quien propuse como Secretario General del PP de Madrid en los Congresos Regionales de 2004 y de 2008.

Al poco de ser designada candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad en 2002, comienzo a estudiar cómo está la región. Lo primero que me llama la atención son los pobres resultados que históricamente obtiene el PP en los municipios del sur, en los que nunca, en más de veinte años de democracia, había ganado. Salvo en Alcorcón, que había tenido de Alcalde a Joaquín Vilumbrales, que falleció a los seis meses, y en Valdemoro, que desde 1999 tenía Alcalde del PP. Entonces me hablan del Alcalde, Francisco Granados, como de un auténtico pionero, capaz de poner una pica en ese territorio que para el PP era «comanche».

Le pregunto por él a Pío García-Escudero, que entonces era el Presidente del PP de Madrid, y Pío me explica que está bien formado (ha hecho ICADE, me dice), que viene de una familia de campesinos, pegada a la tierra, que ha trabajado durante los veranos, desde adolescente, en labores agrícolas, y que se ha ganado bien la vida como analista financiero y bursátil en empresas y bancos multinacionales. Con esos antecedentes tuve una entrevista muy cordial con él, y me cayó fenomenal. Lo que no es de extrañar, porque Paco Granados es muy simpático y sabe caer bien, y la prueba la tenemos en el éxito que ha tenido siempre entre periodistas de todas las tendencias y, sobre todo, cuando perdió mi confianza y se especializó en tertulias de lo más diversas.

Al hacer la lista para aquellas primeras Elecciones de 2003 (lista que hizo Pío, aunque, por supuesto, me consultó), decidimos que fuera en el puesto ocho. Durante las campañas, porque hubo dos, una en mayo y otra en octubre, trabajó con entusiasmo y con eficacia. Y entre las dos campañas ocurrió un episodio que va a tener especial trascendencia para la historia de su ascensión en reconocimiento dentro del PP: la comisión de investigación del asunto del «tamayazo».

La comisión de investigación se constituyó en el periodo entre las dos elecciones, la de mayo y la de octubre. Al PP le correspondía la Presidencia de la Comisión, por ser el Grupo Parlamentario más numeroso. Entonces, Granados me expresó con inusitada vehemencia que quería ser el presidente. Le dije que no, porque él no es licenciado en Derecho y a mí me parecía que era una comisión muy complicada para la que era fundamental la presencia de un jurista en la Presidencia. Ante mi negativa, él insistió una y otra vez, y yo acabé cediendo. Mal hecho.

Presidió con habilidad y buen tino aquella comisión, que llenó las pantallas de televisión durante el verano del 2003 (recuerdo que llegó a tener un 40 % de share), y, gracias a eso, se dio a conocer en todo Madrid, convirtiéndose en uno de los políticos madrileños más conocidos. De su simpatía natural son una buena muestra las magníficas relaciones que anudó con los otros miembros de la Mesa de aquella comisión, como la representante de Izquierda Unida, Marga Ferré, que, el último día de la comisión le invitó a cenar mano a mano con ella.

Por todo esto, no tiene nada de raro que yo le ofreciera formar parte de mi primer Gobierno de la Comunidad de Madrid, como consejero de Transportes, con la tarea de pilotar la ambiciosa ampliación proyectada del Metro de Madrid, lo que empezó a hacer con prontitud y eficacia.

Al cabo de un año de Gobierno mío en la Comunidad, en noviembre de 2004, tiene lugar el Congreso Regional del PP de Madrid, en el que yo decido presentar mi candidatura a la Presidencia frente a la candidatura de Manuel Cobo, que entonces declaró que era «el esclavo moral» de Gallardón. Y se me plantea el problema de elegir a quién propongo como Secretario General. Acebes, que era el Secretario General Nacional, pensaba que debía ser Ignacio González, al que conocía muy bien porque había sido Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración en el Ministerio del Interior cuando Acebes era Ministro. Ignacio González, que era el Vicepresidente Primero de la Comunidad, tenía la pega de ser demasiado próximo a mí, y a mí me parecía que un partido no podía ser cosa de amigos ni tampoco ser confundido con el Gobierno. Y es él, Nacho, el que me sugiere el nombre de Paco Granados, que tiene la enorme ventaja de no ser de ninguna de las familias populares, de venir del sur, ese sur que parecía impenetrable para el PP, donde había triunfado, y de haber demostrado su inteligencia y habilidad para sortear obstáculos.

También tengo que decir que, en los años en que fue Secretario General y Consejero, yo no encontré ningún rastro de corrupción en sus actuaciones, pues si lo hubiera encontrado, habría ido directamente a la Justicia. Y cuando la revista Tiempo sacó unas informaciones acerca de una casa que presuntamente se estaba construyendo en Valdemoro, le llamé y le hice un serio interrogatorio en el que me dio toda clase de explicaciones convincentes, porque, según él, su mujer se había encaprichado de esa casa que estaba en construcción y la había visitado algunas veces, pero él no pensaba comprarla. La casa, aun hoy, parece que no está a su nombre.

Cuando le cesé de Consejero, en 2011, lo hice porque había perdido la confianza en él, debido a que tenía la costumbre de hablar constantemente con los periodistas para ponerse bien a sí mismo y no tan bien a los demás compañeros de Gobierno. Y la gota que colmó el vaso fue una filtración que hizo de mi decisión de reducir el número de liberados sindicales al mínimo y quitar las subvenciones a sindicatos, partidos y patronales. Pero no lo cesé por haber detectado ninguna irregularidad en su gestión.

Me figuro que, cuando el juez Velasco lo mantiene en prisión después de más de un año, es porque debe de tener indicios muy claros de actuaciones delictivas.

En un principio, lo que íbamos conociendo de ese sumario se refería a actuaciones de su época como Alcalde de Valdemoro, de 1999 a 2003, y a otras llevadas a cabo después de 2011, en los años en que ya había dejado sus puestos en el Gobierno y en el PP de Madrid.

Hasta que, el viernes 12 de febrero de 2016, me entero por los medios de comunicación de que, entre las actuaciones irregulares de Granados, podría haber algunas relacionadas con la financiación del PP de Madrid. No había en esas informaciones acusaciones concretas, sino sólo el anuncio de que el juez quería investigar esas actuaciones de Granados como Secretario General.

Pero el solo hecho de que se pusiera en cuestión algún aspecto de la gestión de este señor cuando yo era Presidenta del PP de Madrid me llevó a asumir inmediatamente mi responsabilidad política por haberle nombrado y por no haber vigilado sus actuaciones, y presenté mi dimisión de ese cargo para el que me habían elegido el 98 % de los compromisarios en junio de 2012. Puedo decir que para ocuparse de las cuentas del PP de Madrid había un contable, un gerente, un tesorero y el propio Secretario General, y que yo nunca tuve ni tarjeta de crédito del PP, ni firma en las cuentas bancarias, ni firmé ningún contrato, pero, porque creo que la forma más honesta, limpia y lógica que tenemos los políticos para asumir nuestros errores es presentar la dimisión, eso fue lo que hice el domingo día 14.

Aunque todavía no conozcamos bien las acusaciones que se le hacen, el hecho de que el juez le mantenga tanto tiempo en prisión incondicional hace pensar que debe de tener pruebas e indicios de muy graves delitos. Y, desde luego, conocer que en un altillo de casa de sus suegros ha aparecido casi un millón de euros en billetes es un indicio muy grave y significativo.

10
BANKIA

Aunque no tuviera ninguna relación directa conmigo, quiero exponer cómo todo lo referente a la crisis de Bankia ha influido decisivamente en esa pérdida de confianza en el PP por parte de los electores. Y este caso es un buen ejemplo de cómo, cuando el PP asume las políticas intervencionistas heredadas de los socialistas y se olvida de sus principios, siempre se equivoca.

Al Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le parecía que una buena salida para la crisis en la que estaban inmersas las cajas de ahorro era lo que se dio en llamar la «fusión fría». Era una forma de evitar la oposición de los gestores de las cajas a las fusiones, que él consideraba inevitables, puesto que, al mantener los consejos de cada caja, cada uno mantenía su puesto y sus privilegios, y, encima, se constituía un consejo del nuevo órgano fusionado, con sus correspondientes puestos y privilegios aún mayores que los de las cajas primigenias. Así se hace con Caja Madrid y las otras.

En mayo de 2012, el Gobierno (ya de Rajoy) considera que Rato no puede seguir de presidente de Bankia (una entidad que había nacido apenas un año antes con la «fusión fría» de Caja Madrid y otras cajas), porque el Banco de España había expresado una serie de objeciones a las cuentas de Bankia.

Se nombra a Goirigolzarri presidente, y se decide entonces que hay que inyectar a Bankia dieciocho mil millones de euros procedentes del Banco Europeo de Inversiones. Esto, la constatación de que Bankia había caído en una situación insostenible, vino a indignar a mucha gente, por cuanto no hay que olvidar que Caja Madrid, que era una entidad prestigiosa y considerada solvente, había desaparecido como consecuencia de la fusión con Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana y Caja Rioja, en lo que se llamó «la reforma financiera», patrocinada, no se olvide, por el último Gobierno de Zapatero y con Miguel Ángel Fernández Ordóñez como Gobernador del Banco de España.

Sobre Caja Madrid yo siempre tuve la misma opinión y se la transmití a José Blanco, que era el segundo del PSOE en aquellas fechas: es muy difícil que funcione bien una institución financiera que no tiene claramente definidos quiénes son sus propietarios. Antiguamente, cuando era la Caja de Ahorros y Monte de Piedad y se regía por los principios de su fundador, el padre Piquer —es decir, era una institución benéfica—, la Caja había alcanzado un prestigio indiscutible y un alto grado de eficacia en su labor de facilitar el crédito a los más humildes.

Todo cambió con la Ley de Cajas de 1985, impulsada por los socialistas, que convirtió de facto a las cajas en bancos, pero con la particularidad de que el consejo de administración de las cajas no representaba a los propietarios y accionistas —como ocurre en los bancos—, sino que, con el mantra de «democratizar las cajas», esa Ley obliga a que en el consejo estén representados los partidos políticos, los sindicatos, las patronales, los municipios, los impositores y los empleados de cada caja. En definitiva, no se sabía quiénes eran los propietarios de las cajas ni ante quién tenían que rendir cuentas los gestores de las mismas. Esa es la raíz del fracaso de las cajas, unida, claro está, al comportamiento de algunos de sus gestores. Mientras estuvo Jaime Terceiro de presidente, Caja Madrid fue un ejemplo de eficacia y austeridad.

Sin embargo, no cabe la menor duda de que el hecho de que el presidente de Caja Madrid, luego Bankia, cuando se descubrió la situación de crisis en que se encontraba, fuera Rodrigo Rato, que había sido todo dentro del PP y en los Gobiernos del PP, fue otro elemento indudable para aumentar el rechazo que estas siglas provocaban.

Si comprobar que los gestores de Caja Madrid —luego Bankia— habían conducido a la entidad a una situación crítica indignó a la opinión pública, esa indignación se hizo aún mayor cuando, en octubre de 2014, saltó la información del uso que los consejeros de Caja Madrid habían hecho de las tarjetas de crédito que habían recibido por el hecho de serlo. La indignación de la calle y de los medios de comunicación arrasó al PP, y eso, a pesar de que, entre los usuarios de las tarjetas, había representantes de otros partidos, como Izquierda Unida y el PSOE, de las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras, de la Patronal, de los impositores y de los empleados de la Caja.

Este asunto de las llamadas «tarjetas black» por la opacidad fiscal que esas tarjetas tuvieron, ha sido otra de las causas del desprestigio de la clase política, en general, y del PP, en particular.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que uno de los consejeros, Jesús Pedroche, pidió el listado de sus gastos al secretario de la Caja para incluirlo en su declaración de la renta. El secretario trasladó esa petición a Blesa, a la sazón presidente, que, por escrito contestó: «¿Pero de qué va este señor?». Y el secretario, también por escrito, contestó a Pedroche que era la Caja la que se hacía cargo del pago de los tributos de esas tarjetas. Es decir, que tanto el presidente como el secretario de la Caja, que eran los que facilitaban las tarjetas, les decían a los titulares de las mismas que no tenían que ocuparse de pagar los impuestos porque lo hacía la Caja.

Es imprescindible que, a la hora de depurar responsabilidades, se sepa cómo y quiénes transformaron el sistema de tarjetas que tenía Caja Madrid de gastos «a justificar», con un límite de seiscientos euros mensuales, en un sistema opaco que, al parecer, se contabilizaba manualmente como «quebrantos» o errores informáticos, sin que los auditores externos ni los internos dieran las señales de alarma que tenían que haber emitido.

Esto, unido a que las retribuciones de los consejeros se habían multiplicado por veinte, como dijo Jaime Terceiro en su declaración como testigo ante el juez, suponía el mejor mecanismo para asegurar su falta de independencia.

En resumen, la crisis de Bankia, el caso Bárcenas con el sms de Mariano y la sesión del Congreso del 1 de agosto de 2013, junto con la publicación de las «tarjetas black» y la Púnica en el otoño de 2014 hicieron que la confianza que la inmensa mayoría de los españoles había dado al PP desapareciera en una proporción impresionante en las cinco Elecciones celebradas desde junio de 2014: las Europeas, las Andaluzas de marzo de 2015, las Municipales y Autonómicas de mayo de 2015, las Catalanas de septiembre de 2015 y, el 20D de ese mismo año, las Generales.

Hay que reconocer que la corrupción ha sido letal para el PP. No sólo el martilleo, como dijo Rajoy, de la corrupción en los medios de comunicación, sino también la falta de reacción radical. Porque los casos se han sucedido. Algunos cuantitativamente no muy importantes, pero cualitativamente letales, como la publicación con pelos y señales de todos los gastos que todos los consejeros de Caja Madrid habían hecho con unas tarjetas que no declaraban a Hacienda y el morbo que aquello produjo.

Por cierto que la publicación detallada de todos los gastos que habían efectuado los beneficiarios de las «tarjetas black» creo que debería hacernos reflexionar sobre el funcionamiento de la Agencia de Protección de Datos y, en general, sobre la salvaguarda de un derecho tan fundamental como la intimidad. Puede que los que usaron esas tarjetas y no declararon sus gastos a Hacienda cometieran algún acto ilícito; por eso están incursos en una causa y serán juzgados y, en su caso, condenados. Pero en ningún ordenamiento legal español está contemplada la pena de «picota» ni la de condenar a nadie a desnudarse financieramente ante sus conciudadanos con la publicación detallada de los gastos que ha efectuado, aunque no tuviera derecho a hacerlos. Creo que esa publicación no estuvo justificada y que los beneficiarios de las tarjetas hayan hecho algo ilícito —cuestión que les toca dirimir a los jueces— no es razón para que los demás nos enteremos de lo que han hecho con ellas, porque es un asunto que corresponde a su más estricta intimidad con las consecuencias que podemos suponer para su vida familiar.

Y ya que hablamos de la Agencia de Protección de Datos y de su funcionamiento, no está de más recordar su inacción ante las graves violaciones de mi intimidad que sufrí durante los últimos días de la campaña electoral al Ayuntamiento de Madrid en mayo de 2015. Porque hay que recordar que el jueves anterior al domingo de las Elecciones se publicó mi declaración de la renta del año 2013, curiosamente dos días después de que el candidato del PSOE, Antonio Miguel Carmona, me exigiera en el debate en Telemadrid que la hiciera pública. No me pedía la de 2012, cuando cobraba de fondos públicos, ni la de 2014, que era el último año, sino la de 2013. Por algo lo diría.

Los efectos de aquella publicación fueron letales para mi candidatura porque, en los trackings que se hicieron ese mismo día, la intención de voto a mi candidatura cayó doce puntos entre los jubilados. Y por si esto fuera poco, al día siguiente, el viernes, salió publicado el extracto de mi cuenta corriente, y allí podía verse hasta lo que me pagaban los medios de comunicación en los que colaboraba. Algo insólito que no ha tenido ninguna respuesta por parte de los responsables de proteger la intimidad de los datos de los españoles.

11
LA CORRUPCIÓN: CAUSAS, MANIFESTACIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Ni a mí ni a nadie nos puede caber la menor duda de que la corrupción ha sido y es una de las principales causas de la pérdida de la confianza en el PP por parte de los ciudadanos. Por eso he querido relatar con detenimiento todo lo que sé de aquellos casos de corrupción que me han tocado más o menos cerca. Ahora toca analizar a fondo tanto la esencia de esa degeneración de la vida política como las diferentes formas en que aparece y, sobre todo, cuáles son los mecanismos que en la democracia española, seriamente herida por esta lacra, podrían ponerse en práctica para evitarla, detectarla, erradicarla y castigarla.

Creo que todo el mundo tiene claro lo que es la corrupción política. Y aún más claro lo que es un político corrupto. Un político corrupto es el que se aprovecha de su cargo para enriquecerse él personalmente o para enriquecer o favorecer los intereses de otras personas empresas o partidos políticos.

Al mismo tiempo que creo que todo el mundo tiene claro lo que es un político ladrón, también creo que, a veces, en el fragor de la contienda política, algunos acusan de corrupción a sus adversarios por actos que no tienen nada de corruptos, sino que sólo son errores o fallos que quizás haya que pagar en las urnas, pero que no son, para nada, ni corrupciones ni corruptelas. O que son sólo errores administrativos que, como bien ha dicho el profesor Sosa Wagner, no debían aceptarse a trámite por la vía penal.

Todos los que hemos tenido responsabilidades de gobierno sabemos que nos hemos equivocado en algunas cosas, que hemos promovido alguna actuación que, después, ha resultado poco útil, o no tan útil y necesaria como lo creíamos cuando la llevamos a cabo. Si una nueva rotonda en una carretera no era tan necesaria como se creía o si una nueva línea de Metro no tiene tantos usuarios como se había calculado, los ciudadanos pueden juzgar negativamente la construcción de esa rotonda o de esa línea de Metro, podrán considerarlas un error, pero no se trataría de casos de corrupción. Siempre, claro está, que de esas obras nadie haya cobrado ninguna comisión o de que, en su adjudicación, no se haya hecho trampa.

Si tenemos claro lo que es corrupción, entonces hay que saber que políticos corruptos han existido siempre, desde que el mundo es mundo. Han existido y existirán siempre, como existen los asesinos, los pederastas o los maltratadores. Y es así porque la naturaleza humana no es angelical y el mal existe y está entre nosotros. Por eso me hacen gracia los que, con mucha solemnidad, pregonan que su partido es incompatible con la corrupción. Corruptos pueden aparecer en cualquier sitio y en cualquier momento, y no voy a recurrir al caso de Judas, pero ahí está para recordarnos que hasta a Jesucristo le traicionó uno de sus elegidos.

El problema clave que plantea cada caso de corrupción es la respuesta que le dan los jefes políticos del corrupto y sus compañeros de partido. Y en este sentido, lo primero que distingue a unos políticos de otros es el grado de contundencia con que responden a los casos de corrupción, una vez que han aparecido en su entorno. Esto es, sin duda, lo que hay que tener en cuenta siempre.

Pero no es sólo a eso a lo que hay que prestar atención. También hay que medir el grado de responsabilidad que pueden tener los que eligieron a los corruptos y los que tenían la obligación de vigilarlos. Es lo que, en Derecho, se llama culpa in eligendo y culpa in vigilando. Como yo nunca he eludido ninguna de esas responsabilidades, como he demostrado con mi dimisión de la Presidencia del PP de Madrid al conocerse indicios de delitos relacionados con el PP en las actividades de Francisco Granados, en las páginas que siguen también me referiré a los métodos de elección de los responsables políticos y a los de control de su actividad, y a cómo he tenido que aplicarlos yo misma. Y, por supuesto, a cómo he asumido la responsabilidad política que me correspondía.

Creo que del siniestro espectáculo que han dado y dan algunos políticos corruptos deberíamos sacar enseñanzas para cambiar aquellos usos y normas en el funcionamiento de nuestras Instituciones que han permitido, o no han evitado, esos casos de corrupción. A este respecto sería bueno tener en cuenta un ensayo que escribió en 1995 un analista y protagonista de la vida política española tan reputado como lo era Javier Pradera. Ese ensayo ha permanecido inédito hasta que en 2014 fue publicado con el título Corrupción y política, y en él Pradera disecciona los casos de corrupción que proliferaron en el PSOE desde finales de los ochenta hasta mediados de los noventa, e identifica las causas que los indujeron. Es una pena que los análisis y los consejos que el autor expone en ese libro no los hubiera hecho públicos entonces, aunque es posible que no hubieran sido escuchados. La realidad es que muchas, si no todas, las críticas que Pradera hace al funcionamiento de nuestro sistema político siguen hoy absolutamente vigentes y muchas de las propuestas que incluyo en este ensayo coinciden con las que Pradera incluye en el suyo.

Por cierto, que me ha resultado muy significativo que, en ese libro, Pradera, al que nadie podrá calificar como liberal furibundo, sino más bien todo lo contrario, señala que las degeneraciones del sistema democrático que llevan a la corrupción están «ayudadas o complementadas por el gigantismo del Estado, que cobra cuerpo en la multiplicación de sus servicios burocráticos, la creciente intervención en la actividad económica y el aumento del gasto público». Algo con lo que no puedo estar más de acuerdo.

Con mucha frecuencia —yo diría que siempre—, cuando salta un caso de corrupción, oímos a los jefes o a los responsables políticos del corrupto que declaran que se han enterado por la prensa. Por la prensa, que hace públicas algunas investigaciones propias, de la Policía o de la Justicia. Yo misma, en los casos que me han pillado cerca, lo he dicho, porque era la verdad. Y tiene una parte de lógica, porque, para empezar, la labor de la prensa independiente en un Estado de Derecho es, precisamente, esa: ser el ojo inquisidor de la labor de los políticos y de los Gobiernos, e informar de las investigaciones policiales o judiciales. A veces he pensado que el descubrimiento de un corrupto sorprende a los que están cerca, como ocurre, con frecuencia, cuando alguien asesina a su pareja y los vecinos declaran ante las cámaras que no lo entienden porque era un ser encantador.

Ante esto alguien podrá preguntarse cómo es que los jefes no detectan —no hemos detectado— los casos de corrupción antes que la Policía, que los jueces o que la prensa. Teniendo en cuenta, además, que esos casos de corrupción hacen un daño tremendo al partido del corrupto y también a sus jefes, que, sin la menor duda, hubieran dado cualquier cosa por descubrirlos antes que la prensa, que la Policía o que los jueces.

Yo puedo responder por mi experiencia personal. El primer síntoma de que algún subordinado está robando lo podemos tener si observamos algún incremento injustificado de su patrimonio o de su estilo de vida. Hay que recordar que, en los primeros años de la democracia recién restaurada, ya se decía que algunos aprovechaban su entrada en política para cambiar las tres ces: casa, coche y compañera. Pues bien, yo misma, en el ejercicio de mis responsabilidades, he llamado a mi despacho a más de uno, a más de dos y a más de tres de mis colaboradores para preguntarles, de frente y por derecho, de dónde habían sacado dinero para el reloj demasiado bueno que llevaban, o para la casa que se habían comprado, o para el coche nuevo que tenían, o para pagar la pensión a la mujer de la que se habían separado y a sus hijos. Y siempre me han dado explicaciones que me han parecido convincentes.

Algunos, como ya he contado, me han mentido, pero han sido las excepciones. Es verdad que no les he puesto detectives privados y que me he fiado de ellos después de mi interrogatorio. Y lo seguiría haciendo, porque una cosa es tener los ojos abiertos y otra obsesionarse con que los políticos que trabajan contigo están robando. Porque, simple y llanamente, los políticos ladrones son una excepción, terrible, pero excepción. De los más de quinientos altos cargos que he nombrado en mi vida política (en el Ayuntamiento, en el Ministerio de Educación y Cultura, en el Senado y en la Comunidad de Madrid), sólo dos me han salido rana.

Hay otro sistema para detectar la corrupción de los políticos que, desgraciadamente, no ha funcionado del todo bien, y es el control parlamentario que debe llevar a cabo la oposición. Pues bien, en los casi nueve años en que fui Presidenta de la Comunidad sólo falté —y por causa justificada— a una sesión de control al Gobierno, y nunca me interpelaron los líderes de la oposición acerca de sospechas de corrupción de ninguno de mis colaboradores. Sobre Gürtel sí me preguntaron, pero cuando ya había salido en la prensa. Nunca se adelantaron a las sospechas. Es decir, que si yo me enteré por la prensa, mis adversarios políticos, que tenían que ser los más interesados en encontrarme fallos, también se enteraron por la prensa de los casos de corrupción.

Por todo eso es por lo que creo que, a la hora de evaluar a los políticos con respecto a la corrupción, lo primero y principal es juzgar cómo ha sido su respuesta cuando la corrupción ha aparecido cerca de ellos.

Y aquí, aunque ya lo he hecho en otras ocasiones e, incluso, lo he hecho en la larga declaración que presté por escrito ante el juez Ruz sobre el caso Gürtel, quiero contar todo lo que sé de los asuntos que me han pillado cerca.

Empezaré por recordar que el PP ganó por primera vez las Elecciones Generales en 1996, en un momento en el que el Partido Socialista estaba inmerso en un mar de escándalos de corrupción que se iban conociendo a diario: desde el Director General de la Guardia Civil, el Gobernador del Banco de España, la Directora de la Cruz Roja, el tesorero del partido, o Aida Álvarez —que había puesto un armario frigorífico para guardar sus abrigos de piel en un chalet del Viso—, hasta la Directora del BOE. Eso hizo que nosotros, los del PP, llegáramos al Gobierno como el partido de la limpieza, como el partido contrario a la corrupción.

Y, sin embargo, de la misma manera que los «cien años de honradez» del PSOE cayeron en los años noventa después de todos estos casos, los episodios de corrupción del PP han hecho que perdamos definitivamente el marchamo de partido incompatible con la corrupción con que llegamos al Gobierno.

Para mí, comprobar que algunos de los miembros del PP se habían aprovechado de sus cargos públicos para enriquecerse de manera escandalosa fue algo tremendo. Y aquí me refiero, especialmente, a los que estuvieron cerca de mí, como Alberto López Viejo. Como fue tremendo enterarnos de que el tesorero del Partido tenía cuarenta millones de euros en Suiza.

Porque, aunque ahora me parezca una ingenuidad, la sensación de partido incompatible con la corrupción yo la tenía totalmente interiorizada. Para mí, el PP era un partido incompatible con la corrupción, y, por lo tanto, a mí me parecía imposible que un compañero nuestro pudiera estar pringao, pudiera ser un chorizo.

Sobre la validez de las informaciones que aparecen en la prensa para detectar casos de corrupción tengo que señalar que no siempre lo que publican los medios de comunicación —y no digamos lo que circula por las redes sociales— está debidamente contrastado. En lo que se refiere a mí misma, puedo exponer una serie de informaciones que, pese a que las he desmentido millones de veces, a que son absolutamente falsas, a que su falsedad se demuestra fácilmente y a que nadie las ha podido confirmar, siguen circulando profusamente y pueden ser consideradas como verídicas por cualquier lector de buena fe.

Por ejemplo, llevo más de catorce años explicando que la estación del AVE de Guadalajara y las urbanizaciones que se hicieron cerca de ella no tienen nada que ver ni conmigo, ni con mi marido, ni con mis hijos, ni con mis suegros, ni con mis cuñados, ni con mis padres o hermanos. He explicado cientos de veces que la decisión de poner la estación del AVE donde se encuentra y de urbanizar esos terrenos fue de la Junta de Castilla-La Mancha cuando José Bono era su Presidente y yo estaba en la Presidencia del Senado. Pues nada.

Otro ejemplo de informaciones que se repiten como dogmas de fe a pesar de no ser ciertas lo tenemos en lo que cuentan muchos del asunto del «tamayazo». También he tenido que recordar multitud de veces que aquello fue un plante de dos diputados socialistas en la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid, en la que había que elegir la Mesa (presidente, vicepresidentes y secretarios), pero no era el debate de investidura del Presidente de la Comunidad.

Yo creo que aquello era un aviso, cuya única consecuencia —si los socialistas hubieran negociado con ellos inmediatamente— habría sido que el PSOE no hubiera tenido la Presidencia de la Asamblea, pero Simancas sí habría sido Presidente de la Comunidad. Si Zapatero y Rubalcaba no se hubieran empeñado, nada más conocer la noticia ese mediodía, en echar la culpa al PP sin ninguna prueba, Simancas habría gobernado.

Lo que en realidad pasó es que aquellos dos prófugos estaban descontentos con el reparto de Consejerías que ya había anunciado Simancas, porque incumplía lo que José Blanco había pactado con los «renovadores de la base» (que era una tendencia que había dentro de la FSM), a cambio de haberle evitado las primarias a Trini, que fue su candidata a la Alcaldía de Madrid.

Simancas había cometido la imprudencia de anunciar un reparto de Consejerías, que, a juicio de los representantes de esos «renovadores», favorecía demasiado a Izquierda Unida. Hay que recordar que el PP había ganado las Elecciones, pero la suma de escaños del PSOE más IU daba uno más.

Como yo no quise ir a una investidura mía con los votos de Tamayo y de la señora Sáez o con sus abstenciones, hubo que convocar nuevas Elecciones, que ganamos, esta vez por mayoría absoluta, en el mes de octubre. Pero el «tamayazo» no tuvo nada que ver con la investidura fallida del hoy amigo mío y muy apreciable político socialista Rafael Simancas, como siguen diciendo sistemáticamente muchísimos medios de comunicación y periodistas.

O ya en los últimos tiempos, alguien, por confusión o por ganas de confundir, dijo que la Comunidad de Madrid pagaba la luz de mi vivienda porque sí pagaba la luz de la garita de los guardias civiles para la protección estática del edificio. Y, pese a lo disparatado de la acusación y a que demostré que yo pagaba hasta el último kilovatio que consumía mi vivienda presentando las facturas, ahí siguen muchos dando por bueno ese infundio contra mí.

Menciono estos tres casos en los que soy protagonista de informaciones absolutamente falsas para explicar por qué no creo que haya que dar absoluta credibilidad a todo lo que aparece en letra impresa sin antes comprobarlo.

La manera drástica de reaccionar contra el menor indicio de corrupción del señor López Viejo y de esos Alcaldes, a los que yo me había encontrado ya de Alcaldes (a ninguno lo había puesto yo en las listas desde que fui Presidenta del PP de Madrid, sino que ya estaban ahí), y la falta de contemplaciones que para con ellos tuve, fueron, posiblemente, algunas de las razones de que, dos años después, en 2011, el resultado de las Elecciones Autonómicas y Municipales fuera espectacular para el PP de Madrid, a pesar de que ya llevábamos dos años con el caso Gürtel abierto. Ahí están los resultados: 140 Alcaldes del PP de 179 municipios. Y en 175 municipios de los 179, victoria electoral del PP en las Elecciones Autonómicas. Y hay que insistir en que esas Elecciones se celebraron también con la Puerta del Sol ocupada por los «indignados» del 15M, con el caso Gürtel completamente abierto. Y con una UPyD que sacó ocho escaños.

La Puerta del Sol ocupada estaba en las portadas de todos los grandes periódicos del mundo porque era muy fotogénica. Y la Delegada del Gobierno consintiendo la ilegalidad de la toma de una plaza por unos señores que deciden acampar ahí. Señores, cuyo lema era «No nos representan».

Por cierto que, después de las Elecciones Municipales de 2011, en muchas de las tomas de posesión en los Ayuntamientos de la Comunidad, los del 15M irrumpieron de manera violenta con esa cantinela del «No nos representan», a pesar de las mayorías absolutas que, en muchos casos, había obtenido el PP. Y de que ellos no tenían el menor derecho a arrogarse la representación de los ciudadanos, que no les habían votado a ellos. Fueron especialmente virulentas esas protestas en aquellos lugares donde el PP había ganado por primera vez y que habían sido feudos tradicionales de la izquierda, como Leganés, Getafe o Pinto. Y recordemos que, en agosto, durante la visita del Papa, agredieron a muchos de los peregrinos que tuvieron la ingenuidad de pasar por la Puerta del Sol ocupada.

Yo creo que, al analizar la influencia de los casos de corrupción en los electores, hay que responder a la pregunta: ¿por qué la corrupción, que en el caso de Gürtel había explotado en febrero de 2009, no había pasado factura en las Elecciones de la primavera de 2011, que fueron Municipales y Autonómicas, ni tampoco en las Generales de noviembre de ese año, a pesar de que ya había salido lo de Bárcenas en el año 2010, y, sin embargo, en estos momentos es una lacra, es como una losa que es imposible levantar en el PP?

Para mí son varias las razones. La primera es que llueve sobre mojado. Gürtel fue la primera vez que se descubrió que compañeros nuestros del PP eran unos golfos redomados. Para mí fue una sorpresa que Alcaldes como Ginés López, el de Arganda, o Jesús Sepúlveda, el de Pozuelo, fueran gentes que presuntamente habían cobrado comisiones.

El año 2014 es cuando nosotros tenemos la primera debacle electoral, en las Europeas, en las que bajamos dieciocho puntos en Madrid. Yo recuerdo que en el mes de julio, aunque ya no era Presidenta de la Comunidad de Madrid, pero sí del Partido, fui a ver a Mariano Rajoy para decirle que estaba muy preocupada como Presidenta del PP de Madrid por lo que habíamos bajado, aunque nuestra bajada en Madrid era de cuatro puntos menos que la media del resto de España. Acordamos que, a partir del siguiente septiembre, el Partido Nacional y el Gobierno tendrían mucha más presencia en Madrid con actos en la calle, por lo menos dos veces al mes. Sin embargo, nada de esto se pudo llevar a cabo por culpa del otoño horribilis, que empezó con el dramático problema del ébola y siguió con los casos de las «tarjetas black» y el inicio de Púnica.

A la vista de todo el daño que nos han hecho los casos de corrupción y de la necesidad de arbitrar soluciones para que no vuelvan a producirse, creo que sería útil analizar los métodos que los partidos utilizan normalmente para reclutar a las personas que incluyen en las listas electorales. Desgraciadamente, no siempre son elegidos los militantes mejor preparados política y profesionalmente, los más trabajadores, los más activos, los que demuestran más entusiasmo a la hora de defender los principios y las políticas del partido correspondiente, sino que, a veces, los que son colocados en las listas electorales son los más sumisos, los más obedientes a los jefes y los más «pelotas». Aunque no sea lo más lógico, es lo que ocurre, y, además, esta forma de elaborar las listas hace que, sobre todo en las Elecciones Municipales, haya siempre militantes de las correspondientes organizaciones juveniles de los partidos, llámense Juventudes Socialistas, Juventudes Comunistas o Nuevas Generaciones del PP, que ni siquiera han completado su formación académica.

El primer error que hemos cometido en todos los partidos ha sido colocar en las listas electorales —normalmente, el primer escalón de una carrera política suele ser el de concejal de Ayuntamiento— a personas que nunca han cotizado a la Seguridad Social o que nunca han tenido una empresa y han tenido que pagar nóminas. A veces se trata de estudiantes que ni siquiera han terminado sus carreras. Y que, si acceden a su acta de concejal o de diputado, se convierten en piedra de escándalo para sus propios compañeros de colegio o de universidad, que ven cómo el amigo que se ha dedicado a la política tiene ya un sueldo más que atractivo, mientras que los demás, aunque hayan terminado brillantemente sus estudios, incluso carreras largas y duras como Medicina o Ingeniería, están en el paro o ganando francamente menos que el joven político.

Craso error que, a su vez, está motivado por la actual Ley Electoral. Las listas cerradas y bloqueadas, que son la fórmula de esta Ley para cada circunscripción, hacen que, en la práctica, los electores sólo conozcan, si acaso, al cabeza de lista. Y, consiguientemente, estas listas cerradas hacen que los políticos que quieren ir en ellas dirijan toda su actividad y todos sus esfuerzos a caerle bien al jefe del partido, que es el que las confecciona, y no a caerles bien y a convencer a los ciudadanos, que son los que tienen que votarle.

Con un sistema en el que cada ciudadano supiera exactamente quién es su representante, como pasa en Inglaterra, los votantes conocerían todo de los candidatos y ya tendrían buen cuidado a la hora de dar su voto a un candidato que no sabe ganarse la vida fuera de la política. Y, consecuentemente, los partidos también procurarían presentar en sus candidaturas a los mejores en preparación profesional, académica y humana.

Un político que no tiene dónde ir fuera de la política es, sin duda, mucho menos independiente que el que está en política temporalmente y puede volver después a ganarse la vida sin problemas con su profesión.

Esto también tiene mucho que ver con el tan traído y llevado asunto de las llamadas «puertas giratorias». De un tiempo a esta parte se libra una auténtica campaña contra los que dejan la política para irse a trabajar a empresas privadas. Es evidente que, si el que se va a una empresa privada lo hace porque antes, desde su puesto público, la ha favorecido, aunque sea legalmente, estamos ante un caso de corrupción. Y como tal hay que tratarlo y condenarlo, por supuesto.

Pero nada hay que objetar a que empresas privadas contraten a expolíticos en virtud de sus cualidades profesionales contrastadas. Además, la persecución indiscriminada de las «puertas giratorias» puede tener —está teniendo— un efecto perverso, y es el de actuar como freno para la llegada a la política de los mejores. Para mí, el ideal es que la política no sea una actividad profesional, sino un periodo de la vida que los mejores, entre los que tienen esa vocación política, dediquen a servir a sus conciudadanos. Y no vendrán a la política los mejores, no franquearán la puerta de entrada a la política, si se les cierra la puerta de salida.

He tenido que nombrar a muchas personas para cargos de confianza. En esa labor he «tirado los tejos» en muchos casos a profesionales de prestigio que me parecían adecuados para determinadas funciones. Y la experiencia ha sido desalentadora. Algunos, muy pocos, han venido, pero muchos de ellos, que estaban sinceramente comprometidos con mis proyectos, mis ideas y mis principios, que incluso les apetecía trabajar en la cosa pública, no han dado el paso precisamente porque no estaba garantizada la vuelta a su actividad privada. Sin contar, también hay que reconocerlo, con que la política es una actividad que se ha desprestigiado enormemente por culpa, sobre todo, de lo que estoy tratando en este capítulo, la corrupción.

Al final, las canteras en las que los partidos tienen que encontrar a los políticos que van en las listas o a los que tienen que ocupar cargos de responsabilidad se limitan a dos: los funcionarios más o menos afines, y los militantes del propio partido, los llamados apparatchiks. Y ya he señalado cómo entre los apparatchicks hay, con demasiada frecuencia, personas que, independientemente de su valía profesional, no han hecho otra cosa en su vida laboral más que estar en un partido.

Por todo esto creo también que es imprescindible cambiar la Ley Electoral en el sentido de acortar la enorme distancia que ahora separa a los electores de los elegidos. Sería un primer paso en la buena dirección para cambiar los actuales sistemas de selección de candidatos que ahora utilizan los partidos.

A mí —lo sabe todo el mundo—, me gusta el sistema británico de constituencies uninominales, en las que gana el escaño el candidato que más votos obtiene, aunque no tenga mayoría absoluta. Pero comprendo que en España no tenemos esa tradición, que, por otra parte, tan bien les ha ido a los ingleses, y que, además, nuestra Constitución consagra la representación proporcional, así que la que considero imprescindible reforma de la Ley Electoral tendría que ir en la línea de los franceses y su segunda vuelta o ballotage (que fue la gran reforma de De Gaulle para evitar la fragmentación excesiva de la Asamblea Nacional Francesa en la Quatrième République) o en la línea del doble voto de los alemanes (uno al candidato y otro al partido). O en una mezcla de las dos. Pero algo hay que hacer, y pronto.

Sobre este asunto no faltan las propuestas más o menos originales y creo que muchas de ellas podrían tenerse en cuenta. Aquí va la mía, que no es más que el resultado de una reflexión en el sentido de lo que aquí voy desgranando, es decir, en el de evitar que los electores no tengan forma de conocer ni de controlar a los elegidos. Para no tener que hacer cambios en la Constitución, la nueva Ley Electoral podría conservar la provincia como circunscripción y, al mismo tiempo, tendría que introducir mecanismos para que el reparto de escaños respetara la proporcionalidad.

Eso se podría lograr de la siguiente forma: un Congreso de los Diputados con 400 escaños, de los que 350 se elegirían en circunscripciones uninominales. Como somos 46,5 millones de españoles, si los dividimos entre los 350 escaños, tendríamos que cada diputado representaría a unos 130.000 habitantes. Así salvamos la proporcionalidad.

La tarea delicada sería delimitar las circunscripciones, teniendo en cuenta, además, que cada circunscripción debería estar compuesta por municipios de la misma provincia. Y que cada provincia, salvo las menos pobladas —que serían circunscripción única—, tendría varias circunscripciones de más o menos los 130.000 habitantes citados. La elección del diputado en cada circunscripción se haría por mayoría absoluta, pero a dos vueltas, como en Francia. Con este sistema, por ejemplo, Madrid, con sus 6,5 millones de habitantes, tendría unos 48 o 50 diputados, y no como ocurre ahora, que tiene 36, es decir, un diputado por cada 180.000 habitantes. Es verdad que, con el nuevo sistema, dos o tres provincias serían circunscripción única y tendrían un solo diputado. Pero un diputado al que los ciudadanos de esas provincias conocerían de verdad y al que controlarían mucho más que a los tres que tienen ahora.

Cubiertos los 350 escaños uninominales, quedarían 50 escaños que se repartirían proporcionalmente entre los partidos según los resultados obtenidos en una segunda urna para votar sólo siglas —con toda España como circunscripción única—, para conseguir que aquellos partidos que no son mayoritarios en ninguna circunscripción pero que logran un apreciable apoyo popular tengan voz en el Parlamento.

Si expongo aquí mi propuesta es para contribuir con mi granito de arena a este debate, que considero fundamental para regenerar algo tan trascendente en una democracia como la relación entre elegidos y electores. Segura como estoy, además, de que mejorar ese control de los unos sobre los otros es una herramienta eficacísima para evitar la corrupción.

Porque, ante la corrupción, lo primero que hay que hacer es crear los mecanismos más eficaces para seleccionar a nuestros políticos, para asegurarnos, dentro de los límites que tiene la misma condición humana, de que a la política vienen los mejores.

En este sentido, antes de las últimas Elecciones Municipales de mayo de 2015, quise poner en práctica en el PP de Madrid, como una experiencia nueva, el sistema de los hearings. Es decir, obligué a todos los candidatos que querían ir en la lista del Ayuntamiento de Madrid a someterse a un interrogatorio sin limitaciones por parte de todos los periodistas que quisieron preguntarles, para que los ciudadanos interesados en conocer a los candidatos tuvieran la oportunidad de saber cómo eran. Estos hearings recibieron muchas críticas de propios y extraños, pero creo que ese sistema, u otro similar, también puede servir para que alguna vez, por lo menos, los candidatos que van en las listas salgan del cómodo anonimato en el que ahora se esconden.

A pesar de las críticas que recibieron, creo que los hearings es un sistema con muchísimas posibilidades para mejorar la calidad de los aspirantes a políticos. Hasta el punto de que me atrevo a proponer que se generalice para los nombramientos de altos cargos. Con esto quiero decir que, antes de ser nombrados, las personas propuestas para acceder a esos puestos ejecutivos en las distintas Administraciones (municipal, autonómica o nacional) podrían someterse a un hearing en la comisión correspondiente.

Hay otras medidas que, sin duda, pueden ser eficaces a la hora de prevenir la corrupción. Una podría ser la separación clara entre Gobierno y partido, como ocurre en el Partido Conservador británico, de manera que el Presidente del Partido (Regional o Nacional) puede ser Presidente del Gobierno, pero, en ese caso, el Secretario General no debería estar en el Gobierno, sino en el Grupo Parlamentario.

Por supuesto que la selección de los candidatos en primarias, tras ser sometidos a hearings, sería una medida eficaz para aumentar el control sobre los políticos y, por consiguiente, para alejar las tentaciones de caer en la corrupción.

Y por último, pero también muy importante, es ya un clamor que hay que acabar con los aforamientos de los políticos. Un «privilegio» que estaba pensado para salvaguardar la labor de los políticos (diputados y cargos públicos) y evitar que cualquier denuncia, por infundada o malintencionada que fuera, paralizara sus funciones, ha acabado por convertirse en un obstáculo que retarda la instrucción de los casos de corrupción. Como también la retardan a veces los propios jueces que no quieren perder «su» causa al tener que cedérsela a un tribunal superior, sea el Supremo o los Superiores de las distintas Comunidades Autónomas, si llaman a un aforado.

No podría terminar mis reflexiones sobre los mejores métodos de lucha contra la corrupción sin expresar la ineludible necesidad de que la instrucción de los casos que se presenten sea infinitamente más rápida y se llegue mucho antes a juzgar a los culpables, a castigarlos y, muy importante, a hacerles devolver todo lo que han robado. La interminable tardanza actual a la hora de sustanciar los casos abiertos desmoraliza a los ciudadanos, que, cuando ven castigados a los culpables, ya se han olvidado del asunto, y extiende entre la población la sensación de que la corrupción queda impune y, si son inocentes, han tenido que soportar años de estar en entredicho ante la opinión pública.

12
EL ABANDONO DE LOS VOTOS PRESTADOS

Todas las Elecciones celebradas a lo largo de 2015 (Municipales, Autonómicas y, finalmente, Generales) han constatado una muy considerable pérdida de confianza de los españoles en el PP respecto a los extraordinarios resultados obtenidos en esas mismas Elecciones celebradas en 2011. El análisis de las causas y de las circunstancias de esa significativa caída es el primer objeto de este libro. Por eso en los capítulos precedentes me he dedicado a analizar las dos causas que la versión oficial del PP señala como principales responsables de ese significativo descenso del apoyo de los ciudadanos: la impopularidad de las medidas tomadas para luchar contra la crisis y los casos de corrupción que han afectado al PP.

Pero creo que nos equivocaríamos en el PP si creyéramos que las causas de nuestra pérdida de apoyo popular han sido únicamente esas dos. Es, salvando las distancias, como cuando, al analizar las causas de la derrota electoral de marzo de 2004, en el PP se decidió que había sido sólo una: los atentados del 11M. Es verdad que los atentados influyeron, y mucho, pero había otras causas que no supimos ver y que, por lo tanto, no pudimos corregir.

Si no es única la explicación que da la cúpula del Partido de que son los recortes y la corrupción los que, juntos, han hecho que se hayan perdido tantos millones de votos, si esas explicaciones no son las únicas, o no son completas, ¿qué es lo que ha pasado de verdad?, ¿qué otras causas podemos encontrar?

Eso es lo que intento explicar en los capítulos que siguen.

Y empezaré por decir una perogrullada, y es que la pérdida tan enorme de votos que ha sufrido el PP tiene otra causa, y es que en 2011 tuvimos demasiados votos prestados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en las Elecciones Generales de 2011 nos votó mucha gente porque nos consideró un refugio, un lugar donde cobijarse ante lo que estaba pasando, ante la pavorosa situación económica que estábamos viviendo, pero sin conocer bien qué es y qué ofrecía el PP.

Dicho de otra manera, el éxito electoral del PP en el año 2011 se debió mucho más a los desastres, las incoherencias y los disparates de Zapatero que a una identificación de los votantes con los principios, los proyectos y los propios candidatos del PP. La gente estaba asustada por la catástrofe zapaterista, que no conseguía contener la imparable hemorragia del desempleo, porque hay que recordar que los trabajadores se iban al paro de millón en millón por año, sin que el Gobierno de Zapatero —completamente groggy— diera muestras de saber qué había que hacer.

Muchísimos españoles votaron al PP asustados por lo que estaban viviendo y, también, por el recuerdo que muchos tenían de la actuación de un Gobierno del PP en otra situación dificilísima, la que en 1996 dejó también el PSOE. Una situación, la de entonces, que se parecía mucho a la de 2011, con un porcentaje de paro altísimo y unas cifras macroeconómicas que incum- plían absolutamente todas las recomendaciones de la Unión Europea y la lógica de una política económica seria, en deuda, en déficit y en inflación. Entonces el Gobierno del PP supo aplicar medidas de ortodoxia económica, supo explicar a los ciudadanos la necesidad de tomarlas, aunque fueran duras, y relativamente pronto empezamos a remontar aquella dificilísima situación hasta el punto de que España creaba tantos puestos de trabajo nuevos como todos los países de la Unión Europea juntos. De esto se acordaban muchos de los españoles que en noviembre de 2011 nos dieron su voto. Muchos que pensaban: «Mira, a mí los del PP no me caen bien, pero saben arreglar los desaguisados económicos y, por eso, voy a darles un voto de confianza».

Los garrafales errores de Zapatero y el buen recuerdo de la gestión económica de los Gobiernos de Aznar hicieron que nos votara mucha más gente de la que nos quería y a la que le caíamos simpáticos.

Porque, cuando el problema del paro era el más grave para los españoles, ya dije en un debate en la Asamblea de Madrid, que las propuestas de los socialistas sobre empleo eran como si Paris Hilton diera consejos para fundar conventos de clausura.

Esto de los votos prestados a muchos les parecerá un argumento no muy sólido, porque, bien mirados, todos los votos son siempre prestados, pero tiene que ver con esas preguntas que se hacen en las encuestas acerca del grado de simpatía que despiertan los partidos y los líderes. Hay que saber que, a veces, recibes votos de personas a las que no les caes bien. Y que, por tanto, la confianza que te otorgan es aún más provisional que la que te dan los que comulgan más plenamente con tu ideología, que, normalmente, están mucho más predispuestos a excusar tus errores que los otros.

De ahí que, a la hora de gobernar, cuando eres consciente de que has tenido muchos votos de personas que no son, para nada, incondicionales del PP, tienes que hacer un esfuerzo añadido de seducción con esos votantes llamémosles «accidentales». Seducción para la que creo que sólo hay un camino: la constante comunicación, la explicación casi cotidiana de lo que se está haciendo. Hay que usar con ellos un plus de cortesía. Tiempo y espacio habrá en un próximo capítulo para analizar esa política de comunicación, pero parece claro que esa seducción de los votantes «accidentales» no ha funcionado tan bien como hubiera sido de desear. Más bien ha ocurrido lo contrario, que esos votos prestados se nos han ido a la primera ocasión, que han sido las Europeas de 2014 y todas las Elecciones de 2015.

Había que haber conseguido que los que nos votaron sólo porque pensaban que éramos buenos gestores de la cosa económica comprendieran que somos buenos gestores de la economía precisamente porque nuestros principios son los mejores para construir sobre ellos esas políticas económicas que acaban teniendo éxito. Teníamos que haber puesto más en valor nuestro compromiso ineludible con la libertad, porque ahí está la clave de la recuperación económica: en confiar en los ciudadanos y en crear las condiciones para que sean ellos los que puedan poner en marcha todas las iniciativas que quieran impulsar. Sólo transmitiendo con convicción nuestra fe en la libertad podríamos haber seducido a los millones de españoles que, en 2011, nos votaron por miedo al PSOE y por el buen recuerdo que tenían de los éxitos en materia económica de los Gobiernos de Aznar.

13
EL AGOTAMIENTO DEL MODELO DE 1990

Hay en los partidos, en todos los partidos, y desde luego en el PP, muchos dirigentes y funcionarios que tienen una actitud de decidido escepticismo, cuando no de descarado desprecio, a todo lo que se refiere al estudio y a la elaboración de sus bases ideológicas. Sus intervenciones en todos los órganos internos de esos partidos se dirigen siempre a determinar cómo hay que «vender» la marca o los candidatos antes de las Elecciones y en el día a día. En el fondo vienen a decir que da lo mismo lo que un partido piense o defienda porque lo más importante es cómo se sale en los medios de comunicación y, sobre todo, en la televisión.

Yo, sin embargo, creo que el andamiaje ideológico de un partido es fundamental. Absolutamente fundamental. Cuando un partido no tiene claro cuál es su ideología, cuáles son sus principios, cuáles son los valores que tiene que defender y cuál es el objetivo de su acción política, la consecuencia es que sus militantes y, también, sus dirigentes van como pollos sin cabeza. Ya pueden hacer juegos malabares los estrategas de la comunicación que, al final, los ciudadanos, al no saber qué es lo que defiende de verdad ese partido, acaban abandonándolo.

Esos estrategas de las formas que desprecian el fondo están minusvalorando terriblemente la capacidad de los ciudadanos a la hora de entender la política. Y, a mi modo de ver, están profundamente equivocados. Porque los ciudadanos saben de política mucho más de lo que esos funcionarios y estrategas de los partidos creen y están mucho más interesados en la política de lo que parece. Una prueba bastante contundente y significativa de esto que digo la tenemos en el éxito que ha logrado un programa como La Sexta Noche. A una hora de esas que se llaman de prime time de los sábados por la noche, cuando todas las cadenas buscan desesperadamente aumentar sus audiencias a base de realities o programas similares, la Sexta tuvo la idea de colocar un programa de crítica política —y de crítica política siempre, curiosamente, contra el PP— y con ese programa ha logrado en prime time unos resultados impresionantes frente a su competencia. Prueba de que a los españoles les interesa la política mucho más de lo que se creen algunos políticos.

Ese interés por la política se traduce en que los ciudadanos saben distinguir las ideologías de unos y de otros y en que no es tan fácil darles gato por liebre, es decir, que no se les puede «vender» cualquier cosa, como creen algunos de esos escépticos que hay en los partidos. Desde luego, después habrá que ver cómo se comunica mejor lo que se ofrece a los ciudadanos, pero antes hay que tener claro qué es eso que se les está ofreciendo.

En esa despreocupación por los contenidos han caído muchos partidos en los últimos tiempos y, además, la han acompañado de otro fenómeno que yo considero muy negativo, y es el de los disfraces. De un tiempo a esta parte, muchos partidos políticos españoles han querido aparecer como lo que no son y esos intentos de disimular su esencia y disfrazarse de otra cosa han recibido siempre su castigo electoral.

He aquí otra demostración de que los ciudadanos se enteran de lo que pasa en la política mucho más de lo que creen los estrategas de los partidos. Hay muchos ejemplos de esto que digo, pero bastaría recordar las catástrofes electorales de los socialistas catalanes, dedicados desde los años del primer Tripartito (2003) a competir con los nacionalistas para ver quién era más nacionalista, y que ha tenido como resultado el de convertir al PSC, que llegó a ser el más votado en las Elecciones Autonómicas de 1999, en la cuarta fuerza política de Cataluña. O el empeño del PSOE por competir con Podemos en propuestas cada vez más a la izquierda y más antisistema, que es una de las causas del pobre resultado que ha alcanzado en las últimas Elecciones.

Y no digamos nada de lo que le ha pasado a la burguesa y mesocrática CiU, que era el partido del seny y de la moderación y que, lanzado a competir en republicanismo, en independentismo y en antisistema con ERC y con la CUP, ha acabado diluyéndose.

¿Qué le ha pasado al PP respecto a su definición ideológica? La respuesta a esta pregunta es, a mi entender, otra de las claves para explicar la caída de votos en las últimas Elecciones.

En la primavera de 2008, como ya he contado aquí, tras la derrota electoral de Mariano Rajoy frente a José Luis Rodríguez Zapatero y en las semanas anteriores al Congreso del Partido de Valencia, Rajoy pronunció en Elche un discurso ideológico. Él, que nunca se ha caracterizado por adentrarse en los berenjenales de las ideologías, en Elche se decidió a hablar de cuál tenía que ser la ideología del PP. Allí definió al PP como «un partido popular, moderado, abierto e integrador y no un partido de doctrinarios». Hasta aquí esta definición no explica gran cosa, porque es perfectamente aplicable a todos los partidos democráticos del mundo occidental, ya que ninguno querría definirse como dogmático, cerrado o segregador de nadie.

Pero no se quedó ahí el Presidente del PP, sino que añadió: «Si alguien se quiere ir al partido liberal o al partido conservador, que se vaya». Esa frase tan tajante fue interpretada entonces como una invitación —¿o una orden?— dirigida a todos los posibles liberales y a todos los posibles conservadores del PP para que lo abandonaran. La realidad es que esa invitación —¿o era una orden?— no fue seguida por nadie, lo que podría indicar que en el PP nadie se considera liberal ni conservador o, también, pudo significar que nadie se tomó en serio esa tajante invitación del Presidente.

Entonces, si el PP no es un partido liberal ni es un partido conservador, ¿qué es? El propio Mariano Rajoy, en aquel mismo discurso insólitamente ideológico, lo explicaba con otras pocas palabras cuando dijo que «el Partido no responde a una sola ideología». Lo que ya no explicó es, si es verdad que no responde a una única ideología, a qué ideologías responde.

Esta pregunta, para mí, está abierta desde entonces y como creo que la respuesta no está clara, también creo que esa indefinición es otra de las causas del abandono de votantes. Desde aquel discurso de Elche, no sé bien a qué ideología responde el PP. Aquellas palabras de Rajoy fueron para mí como si alguien me quitara el suelo de debajo de los pies. Yo había llegado al PP a finales de los ochenta, procedente del pequeño Partido Liberal, porque vi cómo el PP se iba formando por la agregación de una serie de partidos de ideología diversa que compartían una característica común: no eran socialistas ni creían en la hipertrofia de un Estado intervencionista, que era la ideología dominante en aquellos años de éxitos constantes del felipismo.

Se puede pensar que esta característica del PP que entonces estaba naciendo se expresaba en negativo, es decir, el PP se definía, en primer lugar, por lo que no era, y es verdad, pero luego el PP fijaba bien sus anclajes ideológicos y estos eran los típicos de los partidos europeos liberales y conservadores. Alguien puede decir que en aquel PP que se hizo alrededor de José María Aznar y del Congreso de Sevilla de 1990 también había unas gotas de socialdemocracia y puede tener razón, pero es que entonces, como ahora, es muy difícil que un partido político se libre de un cierto barniz socialdemócrata, que es la ideología dominante —casi en exclusiva— en los países occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Y no cito el Congreso de Sevilla por casualidad. Alrededor de aquella reunión que tuvo la condición de acoger la llamada refundación del PP, se llevó a cabo una ingente tarea de elaboración de propuestas, proyectos y programas para estar en condiciones de ofrecer a los españoles una alternativa completa y articulada de gobierno que fuera claramente distinta de la socialista, que era la dominante.

A partir del Congreso de Sevilla de 1990 con la llegada de Aznar a la Presidencia del Partido, el PP impulsa la actividad de FAES (que ya había sido fundada en Valladolid en 1989) como laboratorio de ideas, como think tank del Partido. Y FAES se volcó en la tarea de preparar toda clase de documentos programáticos sobre todas las cuestiones principales que tiene que afrontar un Gobierno en un país occidental. No hubo materia que se dejara de tocar: la política internacional, la defensa, la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la sanidad, la educación, la cultura, los impuestos, las pensiones, la política energética, la universidad… Se elaboraron propuestas para todo, de acuerdo con los principios de lo que era un nuevo partido en el que cabían todos los que se encontraban extramuros del socialismo dominante y en el que se iban articulando los programas alrededor de dos ejes ideológicos que se iban a convertir en los principales: la libertad y la idea de España como Nación de ciudadanos libres e iguales.

La fe en la libertad que preconizamos en el PP tras Sevilla nos convirtió en un partido asimilable a todos los partidos que en Europa tienen al liberalismo como credo, y nos condujo a ser contemplados en España como un partido que ya había roto los pocos lazos que a la extinta Alianza Popular aún le quedaban con el posfranquismo, y que constituían plomo en las alas a la hora de enfrentarse al socialismo de Felipe González y a la hora de presentarse ante los españoles sin rémoras con el pasado.

No diré que el PP se hubiera convertido en un partido liberal, pero sí que se había convertido en el más liberal de España. Así era reconocido, y esa faceta liberal, ese reivindicar a los ciudadanos frente al intervencionismo invasor del Estado, fue, sin duda, una de las claves de la victoria electoral de 1996.

Al mismo tiempo, los trabajos de elaboración ideológica y programática tras el Congreso de Sevilla podían abordar, sin complejos —sin el plomo en las alas del posfranquismo—, la reivindicación de España como gran Nación, como un gran proyecto colectivo de vida en común, la reivindicación de su Historia y sus héroes, y como la mejor garantía de defensa de los derechos y las libertades de todos, incluidos los que, desde sus regiones, aspiraban a más competencias.

Yo recuerdo, por ejemplo, cómo en FAES analizamos el fenómeno de que la enseñanza de la Historia de España se había convertido en algo que nada tenía que ver con la Historia de una gran Nación, sino que se reducía a contar algunas «cositas» de los campanarios locales que tenían que ver con acontecimientos de la historia local. Me sorprendió descubrir, en este campo, que a Isabel la Católica se la estudiaba en Castilla como si fuera célibe. Esto da una idea de cómo FAES afrontó en aquellos primeros años noventa —hay que decir que con el impulso de algunos como Miguel Ángel Cortés—, todos los grandes problemas y todas las grandes cuestiones.

A mí, por ejemplo, me encargaron la creación del Instituto de Ecología y Mercado, del que fui presidenta, dentro de FAES, para dar un enfoque liberal a la defensa del medio ambiente. Y allí pude poner de manifiesto, a través de los papeles que allí se publicaron, que, muchas veces, la defensa del medio ambiente, la protección de los bosques, la hacen mejor los propietarios particulares, o las asociaciones de los propietarios particulares, que los propios Gobiernos cuando se ponen a gestionar ellos.

Esa ingente e intensa labor de elaboración de proyectos y programas no ha tenido, en mi opinión, la continuación necesaria en los últimos años. Y cuando digo últimos años me refiero a los años que van desde el primer Gobierno de Aznar hasta ahora, es decir, casi veinte años. Una prueba de lo que digo la podríamos tener en el ya citado discurso ideológico de Rajoy en Elche, que es uno de los pocos en los que le he oído hablar de la ideología. Pero la prueba más evidente de que el PP lleva muchos años sin revisar y sin poner al día sus ejes ideológicos y sus propuestas programáticas es que hoy es muy difícil que los ciudadanos sepan con claridad lo que el PP propone sobre multitud de cuestiones capitales, desde la defensa nacional hasta la educación o desde las pensiones y los impuestos hasta la energía.

Con esto lo que quiero decir es que el PP lleva desde los años noventa sin renovar a fondo sus programas, sus ideas, sus propuestas y sus estructuras internas. Y, lo que es peor, en estos años, cuando había que tomar alguna decisión que tuviera relación con las ideas —es decir, siempre, porque en política todas las decisiones se tienen que tomar desde los principios y los valores que se defienden—, hemos aceptado el paradigma socialista, que es la ideología dominante. Una ideología para la que aumentar el gasto es mejorar el servicio.

Por ejemplo, en los papeles que el PP tenía preparados para gobernar en 1996, el encargado del Partido en el área de Sanidad, el doctor Enrique Fernández-Miranda, que era nuestro portavoz en el Congreso, había defendido con sensatez, en un documento que se llamaba «Sanidad en libertad», que un seguro privado, modelo MUFACE, pudiera garantizar, de forma alternativa a la Seguridad Social, la protección sanitaria de los ciudadanos. Pues bien, me consta que no se le hizo Ministro en 1996 porque parecía que aquello iba a ser demasiado cambio respecto a las ideas socialistas.

Otro ejemplo: las pensiones. Al llegar al Gobierno en 1996, ya entonces el socialista Solbes había dicho que recomendaba a todos los ciudadanos hacerse un seguro privado de pensiones, porque el sistema de reparto que había en España llegaría un momento en que ya no podría afrontar el pago de las pensiones, tal y como era entonces.

Aquel sensato aviso de Solbes y su pronóstico no se ha cumplido todavía, y se ha podido seguir afrontando el pago de las pensiones porque en aquellos años entraron cinco millones de trabajadores, que fueron los inmigrantes, atraídos por la prosperidad española, y eso hizo que la Seguridad Social se capitalizase. Vamos a ver lo que ocurre a partir de ahora, cuando de esos cinco millones muchos se han tenido que ir.

Por todo esto me atrevo a defender que otra de las causas de nuestra pérdida de votantes es la falta de renovación de nuestras ideas y de nuestras estructuras internas. Esa falta de renovación ideológica es, en mi opinión, una de las causas más determinantes del abandono de los jóvenes, que es una realidad indiscutible.

Los jóvenes, que en los noventa miraron al PP para librarse de la omnipotencia de los socialistas, que se habían ido esclerotizando en el poder, hace tiempo que no encuentran en el PP nada nuevo que les invite a darnos sus ilusiones y sus votos.

Ni en programas ni en dirigentes ni en imagen ni en discurso se ha renovado el PP. Y además, a lo largo de 2012, 2013 e incluso 2014, cuando ya la recuperación económica comenzó, la verdad es que ha sido muy débil. Y, además, a los jóvenes no les ha llegado y sigue habiendo un paro juvenil en torno al 50 %. Por lo tanto, el discurso puramente económico, que el PP ha prodigado a lo largo de todo el año 2015 y en todas las Elecciones que se celebraron, la verdad es que no ha calado entre los jóvenes. Con esto no quiero decir que no haya habido mucha gente que valore bien la evolución de la economía —de ahí el 29-30 % de votos que hemos obtenido—, pero hemos sido incapaces de atraer a la otra parte de la sociedad, que es la que te da las mayorías potentes.

Y hemos sido incapaces porque un Gobierno, aun en las peores circunstancias, tiene que ejercer el liderazgo político e ideológico, tiene que generar, no sólo confianza y certidumbre, sino, sobre todo, respeto e ilusión. Con filosofías políticas muy diferentes, en las peores circunstancias, supieron hacerlo Winston Churchill, de quien siempre me he declarado ferviente admiradora, y Franklin Delano Roosevelt. El primero convenció al pueblo británico de que, aun completamente solos en el mundo, merecía la pena hacer ímprobos sacrificios en aras de la libertad, en lugar de firmar una paz deshonrosa con Hitler a cambio de una tranquilidad perecedera. El segundo, a pesar de sus graves errores en política económica, que prolongaron la gran depresión hasta 1940, convenció al pueblo norteamericano de que Estados Unidos no podía mirar hacia otro lado mientras la tiranía se adueñaba del mundo.

Cierto que hoy el mundo está huérfano de líderes de esa talla, o de la talla de Margaret Thatcher o de Ronald Reagan, que ganaron la Guerra Fría cuando todo el mundo pensaba todavía que el futuro era soviético, con su empeño y firmeza en señalar una y otra vez la superioridad moral y material de las democracias occidentales respecto del comunismo. Pero que no haya hoy líderes de esa talla no es ninguna excusa para no seguir sus pasos y sus enseñanzas en la eterna batalla entre la libertad y la servidumbre.

Digo esto porque me apena mucho ver hoy en el PP síntomas de resignación ante la marea de movimientos neocolectivistas que hoy hay, veinticinco años después de la caída del Muro de Berlín. Y el signo más evidente de esa decadencia y de esa resignación, de esa incapacidad de generar ilusión en los españoles, es el recurso al miedo. Nunca se han formado mayorías sólidas con mensajes como: «¡Cuidado, que lo que viene es mucho peor!». Le ocurrió a Felipe González en 1993, cuando perdió la mayoría absoluta, y le volvió a ocurrir, en edición corregida y aumentada, en 1996, cuando los españoles decidieron confiar, por primera vez, en el Partido Popular para gobernar España. Y es que, el Partido Popular, entonces, era el partido de la ilusión, de la renovación, de la esperanza, de la no resignación ante lo aparentemente inevitable. Por más que los socialistas se presentaran con un programa electoral de sólo un punto: el famoso dóberman, es decir, el intento de provocar el miedo al PP entre los ciudadanos.

En esto reconozco que también tengo que hacer autocrítica: yo misma, en la campaña de las Elecciones Municipales para el Ayuntamiento de Madrid, caí en la tentación de recurrir al miedo a Podemos, en lugar de explicar a los madrileños qué estaba yo dispuesta a hacer como Alcaldesa para mejorar su calidad de vida, como ya lo hice en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y, sobre todo, qué ideas y qué políticas lo hicieron posible.

Y el síntoma más evidente de esa decadencia política e ideológica es el intentar constantemente adelantar a la izquierda por la izquierda, el miedo a los titulares de prensa, el miedo a ser «de derechas», el miedo al discurso enérgico. En definitiva, ese centrismo acomplejado que intenta competir con los populistas en eso, en populismo. Un centrismo que equivale, en el toreo, al diestro que, en lugar de plantarse en los medios y mandar con la muleta, se pasa la faena correteando alrededor del toro.

Y el mayor triunfo político es, precisamente, determinar con las ideas, la acción política, para que todos se orienten respecto de esas ideas. Y como ejemplo de esto, ahí está Margaret Thatcher. Antes de que ella llegara, el centro, el consenso, era la socialdemocracia clásica, estatista, intervencionista y burocrática. Después de ella, el centro era (y sigue siendo hoy, aunque les pese a muchos) un liberalismo moderado, partidario de la más eficiente gestión de los servicios públicos. De hecho, el laborista Tony Blair, del que puede decirse que ha sido el mejor heredero de Margaret Thatcher, llegó a decir que ningún prejuicio ideológico le impediría ofrecer a los británicos los mejores servicios públicos. Y eso no ha cambiado en el Reino Unido.

Por desgracia, en España sí que ha cambiado, y para mal, porque estamos volviendo atrás. Más atrás incluso que en la época de Felipe González, que, justo es reconocerlo, comenzó a desenganchar del Estado muchas empresas públicas. Y es que, en el PP, no hemos sabido contrarrestar la demagogia y el oportunismo de los falsos defensores de «lo público», que dicen defender el interés general cuando se oponen a las externalizaciones de servicios públicos, cuando, en general, el único interés que defienden suele ser el de sus privilegios laborales, a costa del contribuyente, por supuesto. Un argumento muy parecido, por cierto, al que empleaban los aristócratas del Antiguo Régimen en contra de los liberales, para proteger a sus vasallos de las perniciosas doctrinas que exaltaban la libertad individual, o al que empleaban los esclavistas afirmando que los esclavos no sabrían qué hacer con la libertad ni qué hacer con su salario, pues ya les proporcionaba todo lo necesario el amo.

Por eso creo que quienes desde el PP hablan de «nuevos PP» o de «viajes al centro», en realidad lo único que están haciendo es aceptar pasiva e ingenuamente que el centro se ha corrido hacia la izquierda colectivista delante de sus propias narices. Y, al mismo tiempo, declaran, por la vía de los hechos, que no están dispuestos a hacer nada por evitarlo, sino, más bien, que están dispuestos a sacar todo el provecho que puedan de la nueva situación.

De ahí que insista en la urgencia, no de renovar nuestras ideas, sino más bien de aprender de nuestros errores y de nuestras omisiones para reafirmarnos en aquello que siempre ha dado buenos resultados: más libertad individual, más España, menos burocracia y menos impuestos.

14
LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DEL PARTIDO POPULAR

Otra causa de la caída del apoyo al PP ha sido una política de comunicación que me atrevo a calificar de absolutamente desastrosa. Esto es lo primero que se me ocurre escribir cuando tengo que afrontar el análisis de cómo ha sido esa política del PP durante estos últimos cuatro años. Y lo escribo porque lo creo firmemente.

Pero, antes de entrar a pormenorizar qué es lo que, en mi opinión, el PP ha hecho mal a la hora de comunicar, me gustaría explicar algunos aspectos del funcionamiento de las relaciones entre los políticos y los medios de comunicación, porque, después de muchos años de experiencia, creo que en la peculiaridad de esas relaciones se encuentra la clave de muchos de los defectos de nuestra democracia y, desde luego, de algunos de los episodios de corrupción.

Los medios de comunicación llevan unos años que viven casi todo el tiempo sorteando como pueden unas enormes dificultades económicas. Como no soy una especialista en el asunto, no estoy segura de cuáles son todas las causas de esas dificultades, pero no es difícil suponer que para los periódicos tradicionales la crisis les viene de la proliferación de la prensa on line y del progresivo abandono del papel por parte de los lectores, sobre todo, de los más jóvenes.

En los años de recesión económica, los medios de comunicación sufrieron una importante caída de la publicidad, que fue especialmente grave en el caso de los periódicos de papel, cuyos costes de producción se hacían insostenibles con las estructuras empresariales tradicionales. Pero también las televisiones sufrieron el impacto de la crisis, y a través de su patronal, UTECA, exigieron al Gobierno que prohibiera la publicidad en TVE, argumentando, no sin razón, que la televisión pública ejercía competencia desleal en el mercado publicitario, ya que disfrutaba de elevadísimas subvenciones de los Presupuestos del Estado.

Con el Gobierno de Zapatero empezó la reducción de la publicidad en TVE y con Rajoy se eliminó totalmente. Así, la tarta publicitaria se agrandó considerablemente, y en la Legislatura del PP se consolidó un duopolio televisivo formado por Mediaset (Telecinco y Cuatro) y Atresmedia (Antena 3 y la Sexta).

Excepto este duopolio, casi todas las empresas relacionadas con los medios de comunicación malviven de un tiempo a esta parte en estado de constante agobio financiero. La mayor dependencia de las pocas empresas que se anuncian en sus medios, de las entidades financieras que les facilitan los créditos que necesitan para funcionar, y de la publicidad institucional de las Administraciones Públicas (Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) ha venido deteriorando la calidad de los productos periodísticos en todos los aspectos.

En algunos casos, esa dependencia de empresas, instituciones o bancos puede afectar a la imprescindible independencia que un medio de comunicación debe tener, si no quiere convertirse en un simple boletín propagandístico al someterse al principio de que «quien paga manda».

Pues bien, las Administraciones Públicas se convirtieron para el mercado publicitario de los medios en principal fuente de financiación, especialmente en los años de recesión.

No tengo duda de que esa nefasta influencia de los políticos en los medios de comunicación existe. Cuando sabemos que son los políticos los que, a veces, intervienen ante las entidades financieras como salvaguarda de los intereses de determinadas empresas periodísticas o de medios de comunicación, si están en apuros.

No voy a perder tiempo aquí recordando mi postura, siempre contraria a la existencia de medios de comunicación públicos, que no son en absoluto necesarios y que, casi siempre, actúan en favor de los intereses de los políticos que ostentan el poder en las instituciones de las que dependen (Estado, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos) o de los intereses gremiales de los profesionales que trabajan en ellos.

Algunos me podrán acusar de no haber hecho nada en lo que me correspondía en este campo cuando he tenido responsabilidades de gobierno. Y pueden tener parte de razón. A estas alturas del libro ya queda claro que no lo estoy escribiendo para buscar excusas a mi trayectoria personal en política, sino para extraer de ella las experiencias necesarias para introducir rectificaciones en los usos de la política española y, en primer lugar, en el funcionamiento del que creo que debe ser el gran partido del centro-derecha español. Por eso, no voy a esconder mis responsabilidades en este campo de las relaciones entre los políticos y los medios de comunicación. Sí puedo decir que, al llegar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, estudiamos la legislación audiovisual y nos encontramos con que no estaba permitido externalizar la gestión de RTVM (Radio Televisión Madrid), que era lo que yo pretendía hacer.

Cuando se debatía en las Cortes el proyecto de Ley General Audiovisual de Zapatero, promoví una enmienda a través del Grupo Parlamentario Popular para que los Gobiernos de las Comunidades Autónomas pudieran tener tres opciones en relación con la gestión de sus televisiones públicas: 1) mantener el modelo público, 2) externalizar servicios y producción, y 3) sacar a concurso o pública subasta la licencia de emisión. Este intento liberalizador fracasó por la presión que ejerció UGT de Telemadrid sobre el Gobierno de Zapatero, que estaba receptivo a la propuesta.

Mi sucesor pudo avanzar en esa dirección al amparo de una tímida modificación legislativa liberalizadora para la televisión pública, inspirada en aquella enmienda introducida por Rajoy

Lo que a mí me gustaría es que el periodo de regeneración, que obligatoriamente debe abrirse después de estas últimas Elecciones, contemplara una revisión a fondo de las relaciones entre políticos y medios de comunicación. La situación no puede ser más propicia, después de unas Elecciones en las que ninguna fuerza política ha alcanzado la mayoría absoluta, y a las que todos los partidos se han presentado con inequívocos compromisos de corregir los defectos del funcionamiento de nuestro sistema político.

En este campo, como en todos, la transparencia total sería la vacuna más efectiva. Si mensualmente las Instituciones publicaran, por ejemplo, las cantidades que han pagado a los diferentes medios de comunicación en concepto de campañas de publicidad, de anuncios o de avisos, los ciudadanos tendríamos un indicio muy útil para, después, calibrar las informaciones que se refieren a esas Instituciones.

Insisto en que ya sé que algunos dirán que por qué no lo hice yo. Tendrán razón con su reproche, pero lo cierto es que la crisis entonces no existía con la virulencia que luego tuvo, y los medios no sufrían la asfixia posterior y la vulnerabilidad ante el poder económico y político. Pero no me duelen prendas en reconocer que algo podría y debería haber hecho en esta dirección.

En todo caso, insisto en que no tengo la menor duda de que esta relación entre medios y políticos es una patología de nuestra democracia de la que, desgraciadamente, se habla muy poco. Precisamente porque atañe a los que tienen que hablar.

Y dicho todo esto, retomo el hilo de mi análisis de las causas de la pérdida de apoyo popular al PP.

Durante el primer año y medio de la Legislatura de Mariano Rajoy se decidió, al parecer, que nadie del Gobierno tenía que tener presencia en los medios de comunicación. Por eso, en la práctica, las apariciones gubernamentales se limitaron a las ruedas de prensa de los viernes, después del Consejo de Ministros, con Soraya Sáenz de Santamaría de protagonista, y en el Partido, a las de la Secretaria General, algunos lunes.

A partir del segundo año de Legislatura se evita que los miembros del PP acudan a las emisoras de televisión consideradas como no favorables, léase la Sexta y Cuatro. Y se sigue considerando un activo para los Ministros del Gobierno no salir para nada en los medios.

La debacle, no reconocida en su momento, en las Elecciones Europeas de junio de 2014 hizo que cambiara la política de comunicación del Partido y del Gobierno, y, a partir de ese momento, se empezó a enviar a personas jóvenes y relativamente desconocidas del Partido a La Sexta Noche, que es el programa estrella del debate político; a Cuatro, en el programa de la una del mediodía, y a Telecinco al programa de los sábados por la noche. Algunos representantes del Partido también empezaron a ir a programas como El Hormiguero o Salvados o El Intermedio de Wyoming. El resultado es que algunas de esas apariciones de miembros del PP empiezan a ser consideradas como positivas porque sirven para defender posiciones más favorables al Partido.

Otra directriz equivocada de la política de comunicación del PP fue el diferente trato que, desde el Gobierno, se ha dispensado a los medios. Un trato que, paradójicamente, ha sido condescendiente con los adversos e inmisericorde con los más afines.

Veamos un ejemplo muy clarificador. Uno de los medios más favorables al PP era Intereconomía y su periódico, La Gaceta. La Gaceta, por ejemplo, fue el medio que publicó las fotografías del Ministro Bermejo en aquella cacería con el juez Garzón en febrero de 2009, el día que se destapó la Gürtel. Era un medio favorable al PP, posiblemente desde posiciones más a la derecha que el PP, sobre todo porque era una excepción a la hora de combatir el pensamiento políticamente correcto y las propuestas políticas de izquierda. Con la crisis, Intereconomía empezó a tener malos resultados económicos —cada vez los tenía peores— y quebró. El Gobierno no movió un dedo para evitar esa quiebra e hizo bien, porque los que defendemos el mercado podemos lamentar que cierre un medio de comunicación, pero creemos que, para salvarlo, hay que buscar otras soluciones que no sean la intervención del Estado.

Sin embargo, el Gobierno no mantuvo un comportamiento tan ortodoxo de neutralidad con medios más proclives a la izquierda. Tenemos el ejemplo de lo que ha pasado con las crisis de la Sexta y de PRISA.

La Sexta, la cadena de Roures y Contreras, la cadena que Zapatero concedió a sus amigos, llegó a tener unos resultados económicos absolutamente insostenibles. Y, por otra parte, el grupo PRISA, con El País y la Cadena SER a la cabeza de la crítica al PP, estaba valorado en bolsa en ese momento en una cifra muy inferior a la deuda que había contraído.

Pues bien, ante esta situación de grave crisis en dos empresas de medios de comunicación, el Gobierno ayuda a que se produzca la fusión de Telecinco con Cuatro, que no había rentabilizado, sino todo lo contrario, el regalo que le había hecho Zapatero al permitir que Canal+ se convirtiera en Cuatro, una cadena en abierto. Es decir, ayudó a que Berlusconi le echara una mano a PRISA. Y en el otro lado, ayudó a que Lara se la echara a Roures, y permitió la fusión de Antena 3 y de la Sexta.

Y, curiosamente, desde ese momento la Sexta comienza una política informativa caracterizada por «dar caña» al Gobierno y, aún más curiosamente, por promocionar a unos jóvenes profesores de la facultad de Políticas de la Complutense que tenían un programa de televisión patrocinado por el régimen de Irán y que eran colaboradores de la dictadura de Chávez en Venezuela.

Para mí fue una sorpresa lo que pasó con la televisión de los amigos de Zapatero (su Secretario de Estado de Comunicación, Barroso, Roures y Contreras). La televisión que nació para atacar especialmente al PP. Esa televisión entró en quiebra. Entonces el Gobierno del PP hizo un decreto específico para el caso y permitió que Planeta se quedara con la Sexta, formando un macrogrupo, Atresmedia, con Antena 3 también, entre otros medios.

El Gobierno también permite a Telecinco que compre la Cuatro, que era la cadena de PRISA, que en ese momento estaba también técnicamente quebrada.

La Sexta llena su programación con debates y reportajes verdaderamente incómodos para las personas que defendemos principios liberales. Las broncas son tan grandes que hacen subir la audiencia. Lo que habían sido en el quinquenio anterior las peleas entre personas más o menos del mundo del espectáculo cambia en este momento a ser la promoción de determinadas personas del mundo de la política. ¿Y quiénes son esas personas del mundo de la política? Pues los de Podemos.

Y los muy inteligentes gurús del PP, singularmente Arriola, consideran que eso es muy bueno para el PP porque le va a quitar votos al PSOE. Sin darse cuenta de que lo que estaban haciendo era engordar a la bicha, que es exactamente lo que ha ocurrido.

Cuando en el otoño de 2014 comenzó Metroscopia a publicar en El País las encuestas que daban ganador en las Elecciones Generales, no solamente en intención de voto, sino en voto decidido, a Podemos, sonaron para mí todas las alarmas. Hasta cinco encuestas seguidas dieron, y yo pensé, quizás influida por los amigos venezolanos de la Fundación Libertad, que preside Mario Vargas Llosa, que siempre nos habían alertado de lo que estaba ocurriendo en Venezuela en el poschavismo, pues pensé que en el PP lo que había que hacer era plantar cara ideológica a estos señores.

El éxito de la Sexta con sus programas políticos hace que los dirigentes de Telecinco no paren de explicar a todo el que les quiere oír que ellos no tienen más remedio también que hacer programas de debate político en los que se dé mucha caña al Gobierno, porque es lo que está haciendo subir la audiencia a los de la Sexta. Lo cual era totalmente cierto con La Sexta Noche, y al mediodía, Al rojo vivo.

Por ejemplos como estos es por lo que me atrevo a decir que, respecto a los medios de comunicación, la actuación del PP ha sido absoluta y totalmente lamentable. Pero lo ha sido, sobre todo, porque, desde el minuto uno, ha sido un atentado a los principios.

Creo que puede ser bueno recordar cómo, durante la Transición, se dejó de considerar servicio público a los medios de comunicación. En tiempos de Franco, existían todos los periódicos del Movimiento y aún puedo recordar cómo, cuando yo llegué como funcionaria al Ministerio de Información y Turismo en 1976, se estaba acabando con esa cadena de medios —en cada provincia, por ejemplo, había un periódico del Movimiento—, cerrándolos o privatizándolos.

Pues ahora, cuarenta años después de la muerte de Franco, nos encontramos con que existe un potente sector público audiovisual compuesto por la estatal RTVE y por cadenas de radios y televisiones en las Comunidades Autónomas dependientes de los respectivos Gobiernos, algo que es verdaderamente increíble. Y cuando esto escribo, estoy citada por la Alcaldesa de Madrid para hablar de la radio municipal que, al parecer, quiere poner en marcha desde el Ayuntamiento.

Y que nadie quiera sacar de mis opiniones sobre la pertinencia y necesidad de la existencia de medios de comunicación públicos la conclusión de que las actuales cadenas de televisión públicas son como la prensa del Movimiento. Por supuesto que en los contenidos no tienen nada que ver, pero nuestra democracia sería más transparente y sana si las Administraciones Públicas renunciaran absolutamente a tener medios de comunicación que dependen de ellas.

¿Por qué razón tiene que haber emisoras de televisión gestionadas directamente por los poderes públicos? Siempre se habla del modelo de la BBC. Ese modelo era el modelo de todos los políticos que, aquí, defienden la existencia de medios de comunicación públicos. Pero a nadie se le decía que los ingleses, para ver la BBC, tienen que pagar todos los años un canon, es decir, que no se sufraga con impuestos, sino con una tasa que es voluntaria, que paga, por tanto, sólo el consumidor de BBC. No es como aquí, donde RTVE carga su déficit a los Presupuestos Generales, y encima se le ha prohibido la publicidad, de manera que el déficit es cada vez mayor. En cuanto a los contenidos de calidad y al ejercicio profesional independiente de la BBC, son consecuencia de la arraigada cultura democrática y tradición del buen periodismo en el Reino Unido.

Hoy, en la era de la globalización y de la digitalización, a nadie se le escapa que la política es comunicación. Por eso, resulta dramático que un partido carezca de política de comunicación. Y esto es lo que le ha ocurrido al PP en los últimos cuatro años, a pesar de que estaba en el Gobierno y, además, con mayoría absoluta. Sin duda, esta ha sido una de las causas principales de la pérdida de apoyo electoral del PP en las sucesivas convocatorias electorales de la última Legislatura.

Efectivamente, el PP no sólo no ha tenido una verdadera política de comunicación, sino que sus relaciones con los medios han sido equivocadas.

Hablar de política de comunicación exige que, primero, haya política y, después, habrá que ver cómo, a quién y a través de qué medios se transmite esa política para que la conozcan y la entiendan los ciudadanos.

Cayetana Álvarez de Toledo ha escrito que no es que el Gobierno no haya sabido comunicar, es que no sabía qué comunicar. Eso sería lo más grave. A partir de esa actitud de renunciar a hacer política, es lógico que la comunicación fallara.

Para considerar catastrófica la denominada política de comunicación del PP sería suficiente señalar que no sólo no tomó medidas legislativas y administrativas liberalizadoras, sino que consolidó las de la izquierda. De nada sirvió una supuesta ideología abrumadoramente respaldada en las urnas, porque lo que se hizo fue apuntalar el modelo audiovisual socialista.

El PP mantuvo el marco legislativo socialista, con fuerte influencia sindical izquierdista, en el que ha crecido un universo mediático con un potente grupo público estatal, las radiotelevisiones públicas autonómicas, y un duopolio televisivo privado. Ese conjunto (intervenido por las Administraciones, según establece la Ley) ha venido emitiendo en una línea ideológica muy adversa al Gobierno de Rajoy y los principios del PP.

Una de las primeras decisiones que tomó Zapatero, en su línea de apoyar la transmisión de ideología izquierdista, fue modificar las leyes televisivas: Ley General de Comunicación Audiovisual, Ley de RTVE y Ley de Financiación de RTVE. Se trataba de dar una vuelta de tuerca a lo que había hecho González: blindar el carácter de titularidad y gestión pública de RTVE y las Autonómicas, y ayudar a empresarios televisivos afines ideológicamente (creación de la Sexta para Roures y Cuatro para Polanco).

Con este marco legislativo y de propiedad audiovisual tan adverso se encontró Rajoy al llegar al Gobierno en 2011, hasta el punto de que no mandaba ni en RTVE. Allí había un Consejo de Administración de mayoría de izquierda, sindical y nacionalista (pactado por el propio Rajoy en la oposición y Zapatero en el Gobierno, cuando cambió las leyes de RTVE).

Meses después de llegar a Moncloa, Rajoy se vio obligado a neutralizar, mediante decreto, a ese Consejo de Administración, y pudo hacer unos reducidos y tímidos nombramientos en Prado del Rey. Pero resultó insuficiente para hacer «política» y para hacer «comunicación» con una eficacia similar a la de los adversarios, que, además de seguir manteniendo más influencia que los populares en RTVE, avanzaban imparables en las programaciones de las televisiones privadas.

Al mismo tiempo, la relación con los periodistas estaba basada en el escepticismo sobre la necesidad de una información veraz, una opinión plural y un ejercicio profesional independiente.

En el ámbito de los medios de comunicación, el PP se ha caracterizado por dar mal trato a los profesionales afines (empresariales y periodísticos), al tiempo que se mostraba obsequioso con los adversarios.

La comunicación del PP ha sido poco transparente y nada pedagógica. En política es habitual que todos los partidos practiquen el hermetismo cuando la prensa se interesa por sus interioridades. El PP también: ha confiado en el no comment, en la no comparecencia o en el disimulo. Ha recurrido con frecuencia a ineficaces y torpes recursos para dar respuesta a las legítimas curiosidades planteadas.

Ante situaciones negativas sobrevenidas, el PP no se ha caracterizado por reaccionar como se hace en las organizaciones (instituciones o empresas) que practican políticas de comunicación adecuadas (mejor dicho, estrategias): la denominada «comunicación de crisis» es todo un protocolo previamente diseñado para desarrollar sistemáticamente en función de los acontecimientos.

Y la gestión rutinaria del Gobierno, que, forzado por la crisis, tenía que tomar decisiones impopulares, ha sido insuficientemente explicada, y ha proyectado una imagen negativa sobre el PP. El Partido no sólo no ha estado movilizado para hacer pedagogía de las políticas llevadas a cabo, sino que ha permanecido retraído y como avergonzado ante las protestas sociales promovidas por la oposición.

El resultado es que la imagen dominante del PP que se ha instalado en la opinión pública española es la de un partido antipático y corrupto. Es radicalmente injusto, porque no se corresponde con la verdad. Pero una cosa es la verdad y otra su percepción. Y la realidad es que lo que se percibe de manera generalizada, a través de los medios de comunicación y del boca a boca, es eso.

Poco o nada se hizo para desmentir o neutralizar esa percepción tan corrosiva y desmovilizadora entre nuestros militantes y votantes honrados, que son la inmensa mayoría.

Y como consecuencia de la desastrosa política de comunicación, la realidad es que a todas horas la prensa, la radio, la televisión e Internet han venido presentando al PP como el partido más antipático y más corrupto del panorama político español. Cuando la realidad, y no es ninguna excusa para los casos de corrupción con protagonistas del PP, es que el PSOE o CiU tienen muchos más casos y de mayor cuantía, y, sin embargo, la atención mediática se centra casi unánimemente en los del PP.

Ese estereotipo tan negativo del PP ha sido construido por nuestros adversarios políticos a través de los medios, utilizando instrumentos de comunicación eficaces: relatos informativos tergiversados pero con apariencia de objetividad, guiones de programas de entretenimiento siempre sesgados ideológicamente, entrevistas «agradables» a los adversarios políticos, o tertulias en las que nadie defiende la ideología liberal.

Un tsunami mediático que destruyó los vínculos que nos unían con millones de nuestros votantes. Sin que Génova fuera capaz de restablecer las vías de comunicación con ellos. Porque sus débiles portavoces se veían desbordados ante casos de flagrante corrupción o de habladurías eficazmente manipuladas.

La incapacidad para dar explicaciones racionales y réplicas dialécticas brillantes ha sido una constante del PP en los últimos años. Nuestros adversarios políticos y mediáticos ocuparon el espacio público a través de los medios de comunicación de masas tradicionales y en las emergentes redes sociales, alimentadas con eficacia por los más jóvenes.

Nunca como en la Legislatura 2011-2015, la política se ha convertido en un fenómeno de comunicación. Y el PP ha sufrido su mayor caída en el apoyo de los ciudadanos por carecer de estrategia, de mensajes y de portavoces idóneos con capacidad para dar las respuestas adecuadas a la gran ofensiva de descrédito desatada por la izquierda y los nacionalistas a través de los medios.

La política se ha convertido en un espectáculo mediático, pero no ha sido por generación espontánea. Los llamados «movimientos sociales», liderados por la extrema izquierda, han ofrecido su espectáculo, y esa oferta ha sido atendida sin prejuicios ideológicos por los empresarios y ejecutivos de las televisiones. Todo por la audiencia y por el cambio político anti-PP.

Y el PP, precisamente en esa situación, fue sorprendido sin estrategia de comunicación. Sólo al final de la Legislatura, en los procesos electorales, rejuveneció a algunos portavoces para protagonizar un tímido cambio en las relaciones con los medios que le permitiera tener más presencia y poner en circulación una imagen y unos mensajes que probablemente han frenado lo que podría haber sido una debacle electoral aún mayor.

El periodo de regeneración democrática que debe abrirse tras el 20D exige también una revisión a fondo de las relaciones entre políticos, Instituciones y medios de comunicación. Empezando por las relaciones personales.

Salvo los dos grandes grupos televisivos privados (Mediaset y Atresmedia), que han constituido un saneado duopolio (con algo más del 50 % de la audiencia, se llevan casi el 90 % del ahora ya creciente mercado publicitario), la crisis económica de los medios es generalizada. Y las estrecheces financieras por las que atraviesan las empresas periodísticas en España fomentan la precariedad profesional y la mayor disposición al favor político, que inevitablemente desnaturaliza la función periodística.

La comunicación es una industria con elevados costes, y desde la Transición ha sufrido permanentemente la inestabilidad financiera para terminar, con frecuencia, en desenlaces traumáticos de quiebras y cierres de medios.

Si a la prensa se la ha denominado siempre «el cuarto poder» y la calidad de los regímenes democráticos se mide por el grado de separación de los poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no tengo la menor duda de que lograr la mayor independencia posible de los medios de comunicación respecto a los otros poderes del Estado —especialmente, respecto al Ejecutivo— es otro de los objetivos de la necesaria y deseada regeneración democrática. En este sentido, son para mí piedra de escándalo las filtraciones que, con mucha frecuencia, algunos órganos judiciales hacen de sumarios secretos a determinados medios de comunicación. O las notas que emiten algunos gabinetes de prensa de los Tribunales, en las que dan cuenta de autos o providencias que técnicamente son secretas.

15
LA IRRUPCIÓN DE CIUDADANOS Y PODEMOS

He dudado mucho a la hora de determinar si la aparición y crecimiento de dos partidos nuevos como Ciudadanos y Podemos es una causa o una consecuencia de la significativa caída de votos que ha tenido el PP en las últimas Elecciones. En el fondo da igual la consideración que le demos a la aparición de estos partidos, si como consecuencia o como causa. Es evidente que Podemos y Ciudadanos han aparecido y han crecido porque muchos ciudadanos españoles han percibido a los dos grandes partidos tradicionales —el PSOE y el PP— como algo ajeno a ellos, como algo con lo que no se sentían identificados. En gran parte, por los casos de corrupción en los que estos dos partidos se han visto inmersos, en parte, por la actitud de distancia hacia los ciudadanos que estos dos grandes partidos han cultivado, y en parte, también, por la sensación que en muchos ciudadanos se ha ido alimentando de que el régimen del 78 se ha convertido en una partitocracia, es decir, en un régimen en el que quien manda no es la voluntad popular de los ciudadanos, sino los partidos, o, mejor será decir, las cúpulas de los partidos.

En este sentido, la aparición de estos dos partidos, Ciudadanos y Podemos, y su irrupción con una inusitada fuerza en el panorama político español sería una consecuencia de la caída de apoyo a los dos partidos tradicionales y del creciente alejamiento de los ciudadanos con respecto a esos partidos.

No es aventurado afirmar que las primeras causas de la aparición y crecimiento de Ciudadanos y Podemos han sido la protesta contra los evidentes fallos de esa partitocracia y la búsqueda de respuestas a aquellos problemas políticos que los partidos tradicionales no han sido capaces de solucionar. Y cuando hablo de partidos tradicionales no me refiero únicamente al PP y al PSOE, aunque sean los más señalados, sino también a los comunistas de Izquierda Unida, que no han sido capaces de recoger a los votantes desengañados del PSOE.

Hay que tener muy en cuenta que los orígenes, los fundamentos ideológicos y las trayectorias de Podemos y de Ciudadanos son muy diferentes y nos equivocaríamos si los metiéramos en el mismo saco, en ese saco al que van a parar los votos desencantados, sin distinguir que esos votos desencantados también tienen unas raíces ideológicas muy distintas.

El análisis de Podemos y Ciudadanos tiene que partir de los magníficos resultados que han obtenido en las Elecciones Generales de diciembre de 2015. Unos resultados que a sus respectivas cúpulas dirigentes les han parecido algo decepcionantes porque muchas de las encuestas previas les auguraban un éxito aún mayor, pero que, objetivamente, son espectaculares si tenemos en cuenta que hace cuatro años estos partidos no existían.

Es verdad que los 69 diputados de Podemos proceden de varias marcas como En Comú Podem de Cataluña (12 diputados), Compromís-Podemos-És el Moment de Valencia (9 diputados) y En Marea de Galicia (6 diputados), pero 69 sigue siendo un número muy considerable de diputados, así como los más de cinco millones de votos que, aunque sean todos revueltos, han obtenido. Cuando digo todos revueltos me estoy refiriendo al hecho incontrovertible de que en esas otras coaliciones —catalana, valenciana y gallega—, que se suman a Podemos, se mezclan grupos que tienen posiciones muy diferentes sobre un asunto tan trascendental como es la unidad de la Nación española.

Sin entrar en un análisis exhaustivo de la composición de esas coaliciones, bastaría señalar a la catalana En Comú Podem para contemplar cómo allí han concurrido juntos a las Elecciones Generales los restos del comunismo llamémosle clásico de ICV (Iniciativa per Catalunya-Els Verts), junto a los populistas de Barcelona en Comú (el partido o agrupación que, en la estela de Podemos, ha llevado a Ada Colau al Ayuntamiento de Barcelona), y que, además, han recibido el apoyo externo de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), el partido antisistema que propugna la independencia de Cataluña, y que no se ha presentado como tal a las Elecciones «españolas» del 20D.

Creo que, en gran parte, el éxito de Podemos y sus marcas afines se debe a que han sabido presentarse como una coalición de todos los que están contra el establishment surgido de la Constitución del 78. En Podemos confluyen los que están en contra de la Constitución porque propugnan la independencia de algunas regiones de España, y también los que están en contra de la partitocracia a la que ese establishment ha conducido a la democracia española. En resumen, se trata de una coalición de descontentos o, como seguro que les gusta decir a ellos, de «indignados».

La habilidad táctica de los dirigentes de Podemos a la hora de presentarse como esa coalición de descontentos está fuera de toda duda. Porque han sabido maniobrar de manera que la opinión pública no les identifica con los profesores de fiel militancia comunista que son la mayoría de ellos ni con los adalides del régimen bolivariano de Venezuela, que también lo son. Para nada, en ninguna entrevista ni en ninguna intervención televisada de los dirigentes de Podemos —que, por lo demás, son unos asiduos constantes en todas las cadenas de televisión—, estos dirigentes son incomodados con la menor pregunta difícil que les recuerde su pasado, ¡y eso que las hemerotecas y las videotecas están llenas de testimonios en los que los Iglesias, Errejón, Monedero o Bescansa vociferan disparates en apoyo de Castro, Chávez, Maduro o en contra de la Policía, la Monarquía o los demás políticos que no son ellos!

Hay que recordar la génesis de este partido, que tiene su origen en la ocupación de la Puerta del Sol en mayo de 2011. En efecto, aprovechando la fiesta de San Isidro, el día 15, la noche anterior se instalaron con unos sacos de dormir y unas lonas en la Puerta del Sol unos diez o quince señores que decían que querían protestar porque las Elecciones Municipales y Autonómicas, que tendrían lugar nueve días después, iban a elegir a unos políticos que «no nos representan» (decían sin parar). Por supuesto, aquellos señores que habían acampado en el suelo de la plaza más famosa de Madrid no habían pedido permiso a nadie para ocupar ese significado espacio público. Creo recordar que la Policía Municipal les instó a levantar el campo a la mañana siguiente y que ellos no obedecieron. Entonces, de manera absolutamente incompresible e irresponsable —hay que llamar a las cosas por su nombre— la Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Dolores Carrión, dio orden a las Fuerzas de Orden Público de permitir esa acampada, y, a partir de ese momento, el efecto llamada funcionó inmediatamente.

En muy pocos días la Puerta del Sol se llenó de tiendas y tenderetes de toda laya, hasta convertirla en una auténtica porquería, eso sí, muy fotogénica. Es posible que el Gobierno del PSOE pensara que una manifestación antisistema permanente delante de la sede de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP desde hacía entonces dieciséis años, podría desgastar a nuestro partido y sus expectativas, ya que sólo faltaban diez días para las Elecciones, que eran el 24 de mayo. El resultado, como ya he expuesto en este libro, fue que a nosotros aquella acampada no nos hizo el menor daño y sí al PSOE, que se quedó en Madrid, en las Elecciones Autonómicas, con la mitad de votos y escaños que el PP. Y eso que el caso Gürtel llevaba ya dos años en los periódicos y que, por ejemplo, en 2009, el diario El País me había dedicado a mí creo que más de cuarenta portadas, y no precisamente para encomiarme, y que UPyD irrumpió con fuerza en aquellas elecciones.

La acampada de Sol duró varios meses y suscitó la curiosidad de todos los medios de comunicación del mundo. ¡Cómo no la iba a suscitar el hecho de que la plaza central de la capital de España estuviera ocupada por unos centenares de jóvenes, y no tan jóvenes, que predicaban con su presencia, sus mercadillos, sus sacos de dormir, sus tiendas y sus rastas, su radical oposición al «sistema»!

Por detrás de ese movimiento de protesta, que hay que reconocer que provocó alguna simpatía en muy diferentes sectores sociales, estaba una plataforma que se autodenominaba «Democracia Real Ya», sostenida ideológicamente por los que, dos años después, van a dar forma a Podemos. Son estos, en su mayoría, profesores y alumnos de la Facultad de Políticas y Sociología de la Complutense, con incorporaciones muy importantes de profesores y alumnos de la Facultad de Filosofía de la misma Universidad. Profesores de Políticas y Filosofía que vienen de la más rancia tradición del marxismo. Una tradición que, cuando ya no la cultivaban ni siquiera los más ortodoxos de Izquierda Unida, ellos seguían predicando. Predicando desde hace muchos años sin ningún éxito. Hasta que se produce la conjunción de una serie de fenómenos que hacen que ese rancio marxismo se trasmute en un populismo capaz de atraer y agrupar a todos los descontentos con los fallos del sistema político español.

¿Cuáles son esos fenómenos que se unieron para que una propuesta tan alejada de la sensibilidad social europea y española como el populismo bolivariano haya tenido la aceptación de millones de votantes en las últimas Elecciones Generales?

El populismo de Podemos, como todos los populismos que han tenido éxito a lo largo de la Historia (antes, eso sí, de acabar dando unos resultados siempre desastrosos), ha surgido y crecido en medio de una situación de crisis, en este caso, de profunda crisis económica y política. Porque la crisis económica que se desata en España a partir de 2007 va a ser —está siendo— de una gravedad impresionante. Los graves errores estructurales de nuestro sistema económico y social, unidos a la inconsciencia y frivolidad de las equivocadas políticas de Zapatero convirtieron España en una eficiente fábrica de desempleados. Los españoles, y sobre todo los más jóvenes, vieron cómo se perdían puestos de trabajo a miles cada día, y, al mismo tiempo, caló en la sociedad española la idea de que, por primera vez en la Historia, el porvenir de los hijos era más oscuro que el que habían tenido sus padres. Esa sensación de fracaso histórico es el terreno mejor abonado para la aparición de grupos que se sienten legitimados para increpar a los poderes públicos y para reclamarles soluciones y medidas inmediatas. Esos grupos son los populistas. A eso hay que añadir que los partidos clásicos del establishment, el PP y el PSOE, en medio de las dificultades de la crisis, se han encontrado con una sucesión de casos de corrupción que les ha restado legitimidad para liderar medidas eficaces para luchar contra la crisis y, sobre todo, que ha provocado la desafección, cuando no la ira desatada, de muchísimos ciudadanos.

El comportamiento de Podemos en todo este proceso ha sido el mismo que el de todos los populismos que en la Historia han sido. Se han presentado ante la sociedad española sin el menor complejo y sin el menor reparo como los auténticos representantes del «pueblo», al que ellos han llamado todo el tiempo la «gente». Y como representantes de esa «gente» que se autodenominan, han descalificado de palabra y de obra a los representantes legítimos y democráticos de los ciudadanos (a los que adjudican el despectivo término de «la casta») con el argumento de que la democracia liberal que conocemos en Occidente no es auténtica democracia. De ahí que se presenten como enemigos de esa democracia a la que deprecian con el nombre de «vieja política» y como apóstoles de una pretendida regeneración para devolver a la «gente» su soberanía.

Los de Podemos, además, se han demostrado desacomplejados a la hora de recurrir a los disfraces que les han hecho falta. Aunque por su formación y por su genealogía no son más que comunistas, a veces les ha gustado aparecer disfrazados de socialdemócratas nórdicos. ¿Por qué se disfrazan? Pues ya lo dijo sin ambages Pablo Iglesias: «Cuando nos hemos presentado como izquierdistas descarados, hemos tenido unos resultados malísimos, y nosotros lo único que queremos es el poder».

Y lo malo es que ellos quieren alcanzar el poder para no abandonarlo nunca. Eso es lo que han hecho en Venezuela y en todos los países donde el populismo se ha instalado. Quitan, suprimen, de una manera más o menos legal, todos aquellos mecanismos, como la Justicia independiente, o como los medios de comunicación libres, que impiden que se perpetúe en el poder el Gobierno que lo hace mal.

Ellos, con un discurso absoluta y totalmente demagógico y falso, imitando a Lenin, que ya defendió la mentira como arma política, han conseguido, primero, inocular el odio en capas muy grandes de la población, el odio hacia quienes ellos hacen responsables de las situaciones problemáticas que el ciudadano está viviendo.

A esa tarea de inocular el odio ha coadyuvado la corrupción de los partidos tradicionales, que, por desgracia, en España, es un hecho indiscutible en todos ellos. En el PP, por supuesto, pero no digamos en el Partido Socialista con los ERE y el dinero de los parados en Andalucía, y en CiU, con la fortuna inconmensurable de los Pujol. Y, como dijo muy bien Rajoy, ese martilleo constante de la corrupción en las emisoras, esa sensación de los ciudadanos de que la culpa de sus desgracias económicas en el momento de la crisis la tienen los políticos y sólo los políticos, esa inoculación del odio hacia esos políticos y esa entronización de los de Podemos, de los populistas, como los únicos representantes legítimos de lo que ellos llaman «la gente» (todos los demás somos «la casta»), han hecho que los españoles hayan aceptado sus propuestas con cierta naturalidad, pese a que sus propuestas lleven dentro, de forma más o menos implícita, el fin de nuestra democracia.

Y pese a que ellos, los que se presentan como apóstoles de la regeneración y la limpieza, aún no han llegado al poder y ya acumulan casos de corrupción. Como Errejón y su beca (la que le concede un amigo para trabajar en la Universidad de Málaga y no aparece por allí ni un solo día, cobrando 1.800 euros al mes), Monedero, con dedicación exclusiva en la Universidad, y sus 425.000 euros (que le pagaron los Gobiernos bolivarianos por un informe para unificar sus monedas —materia absolutamente ajena a su especialidad académica— y que los factura a través de una sociedad instrumental para pagar el 25% de impuesto de sociedades en lugar del 52% de IRPF), o las escandalosas cifras de dinero que Venezuela e Irán han entregado a Pablo Iglesias, y que están siendo investigadas.

Sin complejos y sin que se les haya plantado suficiente cara ni en los medios de comunicación ni en los foros políticos, los de Podemos se han manifestado una y otra vez en contra de la tradición del constitucionalismo liberal y a favor de medidas propias de dictaduras, entre las que destacan sus críticas a todos esos mecanismos que las democracias liberales de Occidente han creado para limitar y contener al poder.

Una de las grandezas de nuestro sistema político, ese sistema que los de Podemos y sus seguidores desprecian y quieren derribar, es, precisamente, la existencia de contrapesos al poder político. Para que en ningún caso se lesionen los derechos de las minorías, aunque esas minorías no ganen las Elecciones. Y para que nunca el poder que unas Elecciones entregan a la mayoría pueda ser utilizado para limitar los derechos de todos los demás.

Entre estos contrapesos que existen en nuestras democracias y que nunca existieron en las llamadas «democracias populares» (es decir, en los regímenes comunistas), ni existen en la Venezuela de Maduro ni existirán (que no se engañe nadie) en una hipotética España de Podemos, ocupan un lugar destacado la libertad de prensa y el pluralismo de los medios de comunicación, además de la indispensable separación de poderes que garantice la independencia absoluta del poder judicial. La desfachatez con la que los dirigentes de Podemos han expresado sus diatribas en contra del pluralismo informativo deberían haber llevado, por lo menos a los periodistas, a criticarles de manera frontal, algo que no ha ocurrido para sorpresa mía. Porque Pablo Iglesias ha dicho y corroborado en múltiples ocasiones que «los medios de comunicación tienen que tener mecanismos de control público», que el hecho de «que existan medios privados ataca la libertad de expresión» y que «los jueces deben ser afines». Creo que son afirmaciones de un totalitarismo indisimulado.

Y una de las figuras más significativas de ese entramado antisistema que se forma alrededor de Podemos, la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no tiene reparo en criticar a los jueces (a pesar de ser sus compañeros de profesión) por entorpecer con sus sentencias la aplicación de las políticas que ella y los suyos quieren llevar a cabo, y a los medios de comunicación, a los que ha llegado a calificar de «poderes ocultos y oscuros».

Para entender el extraordinario crecimiento de un partido como Podemos, esa mezcla de consignas antisistema con las reliquias de un marxismo que ya estaba olvidado, más los recursos del populismo más simple, todo ello aderezado por un habilidoso manejo de las redes sociales y la benevolencia de los medios de comunicación, hay que tener en cuenta, además de la opaca y abundante financiación de que han gozado, el enrarecido ambiente y la desmoralización que en España han creado la crisis económica y los innumerables casos de corrupción en que se han visto inmersos los dos partidos principales.

La aparición y el crecimiento de Ciudadanos, aunque algunos de esfuercen en colocarlos en paralelo con los de Podemos, no tienen casi nada que ver. Ciudadanos, en realidad, nació como Ciutadans, así, en catalán, porque nació en Cataluña en 2006 con el objetivo claro y determinado de plantar cara a los partidos nacionalistas y a los partidos que entonces gobernaban en Cataluña dentro del Tripartito (PSC, ERC e ICV, es decir, los socialistas, los republicanos independentistas y la rama catalana de Izquierda Unida), empeñados todos ellos en sacar adelante un Estatuto de Cataluña claramente anticonstitucional. El objetivo de Ciutadans era defender una Cataluña dentro de la Constitución del 78, una Cataluña dentro de España, y una España de ciudadanos libres e iguales en derechos, procedieran de la región que procedieran.

Ciutadans nació como contestación a la política que hacia Cataluña habían llevado PP y PSOE. El PSC, que teóricamente es la rama catalana del PSOE, de facto ha funcionado como un partido independiente y, desde la llegada de Maragall a la Presidencia de la Generalitat en diciembre de 2003, se ha comportado como un partido que quería hacer la competencia a los nacionalistas en su afán nacionalista. De ahí la insatisfacción que esa actitud de los socialistas catalanes ha ido provocando entre sus votantes naturales, que habían sido siempre los catalanes de izquierda, pero de izquierda moderada, y que, desde luego, no querían saber nada del nacionalismo y mucho menos del independentismo. La carrera del PSC hacia el nacionalismo más radical ha ido acompañada por el abandono de sus votantes naturales, hasta el punto de que de ser el partido más votado, con casi 1,2 millones de votos, en las Elecciones Catalanas de 1999, el PSC ha pasado a ser la tercera fuerza en 2015, con poco más de medio millón.

Esa insatisfacción de muchos catalanes de centro- izquierda con la actuación del PSC se unió, a principios de la primera década de este siglo, a la insatisfacción de muchos votantes de centro-derecha, votantes que en pura lógica deberían haber sido del PP, con la actitud que este partido tomaba con respecto a los nacionalistas. El PP se comportaba en Cataluña, a juicio de muchos de esos potenciales votantes suyos, con un cierto fatalismo. Parecía como si el PP diera por supuesto que CiU iba a ser siempre la fuerza hegemónica, con la confianza, eso sí, de que nunca traspasaría la línea roja de la independencia. Y, por lo tanto, que se podría siempre llegar a cambalaches con ellos.

Los impulsores de Ciutadans, entre los que estaban personalidades tan bien informadas y de tanta capacidad de análisis como Arcadi Espada o Albert Boadella, fueron clarividentes cuando impulsaron la creación de este partido. Para estos, el nacionalismo catalán, desatado después de la intervención de Zapatero para desbloquear ese Estatuto, lleno de provocaciones anticonstitucionales, que habían empezado a redactar los del PSC y los de Esquerra Republicana, ya no iba a tener freno, y era necesaria una opción que le plantara cara con la reivindicación de una Cataluña española, dentro, por supuesto, de la Constitución del 78.

Los de Ciutadans han tenido un enorme mérito porque han debido luchar contra el nacionalismo ambiental y mediático, pero también contra la incomprensión por parte de socialistas y populares, que han tardado mucho más en enterarse —si es que finalmente se han enterado— de que la época de los cambalaches con los Pujol y sus familiares políticos y carnales se había acabado.

Los discursos de Albert Rivera en el Parlamento de Cataluña a lo largo de estos años han sido de una valentía, de una brillantez y de una firmeza ideológica absolutamente envidiables. Y han suscitado la admiración de millones de españoles, no sólo de los catalanes.

Por eso, y basado en eso, en la firmeza con la que ha defendido la España constitucional en el más hostil de los ambientes que pueda imaginarse, hace dos años Rivera dio el paso a la política nacional. Con su partido ya convertido en Ciudadanos. Bueno, basado en esa firmeza, pero impulsado también por el descontento creciente que los casos de corrupción estaban provocando entre los votantes del PP, Ciudadanos irrumpe en la vida política nacional como el partido que defiende sin ambages ni cambalaches la unidad de España y la igualdad de todos los españoles, y, al mismo tiempo, como un partido nuevo, de gente bastante joven y que no tiene la menor relación con la corrupción.

Con esas credenciales tiene su lógica que haya provocado el interés de muchos jóvenes de los que están desencantados de la política y de los que aún no han notado en sus posibilidades de encontrar un empleo la recuperación económica que las cifras macroeconómicas señalan. Y no sólo de esos jóvenes, sino también de muchos votantes del PP que están desilusionados por la falta de garra ideológica con la que nuestro partido ha defendido sus posiciones en los últimos años.

Es verdad que Ciudadanos, en su primera participación en unas Elecciones Generales, en diciembre de 2015, no ha sido capaz de articular un discurso completo que diera respuestas a todas las preguntas que los electores quieren hacer a los partidos. Por eso, en esa indefinición, que ellos creían que iba a ser su fuerza, han encontrado su punto más débil, porque, al final, son demasiadas las preguntas que quedan sin una respuesta clara por parte de Ciudadanos. Sí que parecen firmes en su defensa de la España constitucional, de la igualdad de todos y de la libertad frente a cualquier intento totalitario o secesionista, pero a la hora de expresar con claridad sus propuestas en muchas de las materias esenciales —economía, educación, sanidad, impuestos, etc.—, Ciudadanos ha dejado demasiadas zonas oscuras, hasta el punto de que, en muchas de sus propuestas, no se distinguen de la socialdemocracia, esa socialdemocracia que parece ser el paradigma que cultivan todos los que quieren alcanzar el poder.

Esa indefinición, ese miedo a competir con el PP por el electorado de la derecha, que es donde tendría su caladero natural, esa obsesión por autodenominarse «de centro», pueden haber sido las causas de que los buenos augurios que muchas encuestas les pronosticaban no se hayan cumplido. En las Elecciones Generales, como ya les pasó en algunos sitios en las Municipales y Autonómicas, los resultados de Ciudadanos han sido mucho peores de lo esperado por ellos, y el papel que les ha tocado representar quizás tenga menos peso y sea menos decisivo que el que les hubiera gustado tener.

En cualquier caso, no cabe la menor duda de que los 3,6 millones de votos que el PP ha perdido entre 2011 y 2015 se parecen mucho a los 3,5 millones de votos que ha obtenido Ciudadanos en estas últimas Elecciones.

Esto quiere decir que a Ciudadanos se han ido muchos votantes hasta ahora tradicionales del PP. Ciudadanos, como partido nuevo, sin pasado de corruptelas y con una trayectoria inequívoca de defensa de la idea de España en el ámbito muy hostil y difícil del Parlamento de Cataluña, ha sido la causa de que un número muy significativo de votantes tradicionales del PP lo hayan abandonado.

Pero, causa o consecuencia, estos dos partidos, Podemos y Ciudadanos, ya están aquí, y, además, han llegado para quedarse, al menos durante los próximos años. Esto hace que, sin analizarlos, conocerlos y tenerlos en cuenta, sea imposible articular un proyecto político para el futuro inmediato y para el más lejano.

Podemos es, en mi opinión, una clara amenaza para el sistema democrático español por su populismo, por su demagogia y por su prepotencia. Y creo que caben pocas dudas acerca de que los primeros pasos que va a dar esta amalgama de populistas, marxistas anticuados, leninistas de asamblea de facultad, independentistas, anticapitalistas y antisistema en generalirán en la dirección de acabar con el PSOE, que, desde Zapatero, no sólo ha perdido el rumbo socialdemócrata a la europea que les dio su identidad, sino que, de manera a mi entender irresponsable, lleva años cultivando un izquierdismo que puede que comparta su militancia, pero que creo que no comprenden bien sus electores naturales.

Y, como pasa siempre en política y en la vida en general, siempre son preferibles los originales a los sucedáneos. Le pasó al PSC en Cataluña, cuando intentó competir en nacionalismo con los nacionalistas, y le puede volver a pasar al PSOE con los de Podemos, si pretenden desbordar por la izquierda a los que han hecho de la provocación izquierdista la razón de su existencia.

Si el PSOE no entiende esto, los peligros para su supervivencia son evidentes, pero lo malo es que la inestabilidad que puede crear en la vida política española la fagocitación del PSOE por los populistas podemitas será mala para todos.

16
¿QUÉ HACER?

Hasta aquí he llevado a cabo un recorrido bastante pormenorizado, y apoyado en mi propia experiencia —a veces, dolorosa—, de las causas que, a mi juicio, están detrás de la muy significativa caída del apoyo de los ciudadanos al PP. En el origen de mis reflexiones estaba y está la necesidad de identificar esas causas que, en los últimos cuatro años, han llevado a la pérdida de un tercio de los votos de los españoles que tuvimos en 2011.

Una pérdida que es objetivamente indiscutible, pero que, además, tiene algunas características que la hacen especialmente alarmante. Porque todas las Elecciones celebradas en los últimos meses y años han mostrado que entre los votantes del PP cada vez hay menos jóvenes, es decir, que el PP se ha convertido en un partido refugio de las personas mayores, que, además, lo votan sin demasiada ilusión y como un mal menor ante el temor a lo que puede representar el ascenso de un partido populista como Podemos. Sin contar con que, a pesar de sus indefiniciones ideológicas y sus vacilaciones políticas, Ciudadanos está demostrando una innegable capacidad para atraer a muchos votantes de ese centro- derecha que siempre habrían sido del PP.

Los que hemos dedicado nuestra vida política a construir dentro del PP una opción que pueda ilusionar a una mayoría de la sociedad española no podemos resignarnos a ver cómo nuestro partido languidece apoyado sólo por unos ciudadanos que nos votan únicamente porque tienen miedo de los demás partidos y no porque les provoquemos la menor ilusión o les ofrezcamos la menor esperanza.

Yo, por lo menos, no me resigno.

Hasta aquí me he ocupado de describir y analizar las causas de esa caída de apoyo popular al PP: los efectos de la crisis económica, la corrupción, la incapacidad para ilusionar a los votantes que he denominado «prestados», la política de comunicación, la falta de renovación de proyectos, ideas y personas en el Partido, y la irrupción de dos partidos nuevos, Ciudadanos y Podemos, que han cambiado el panorama político español. Todas estas son, a mi juicio y como he intentado mostrar, causas de ese alarmante retroceso del apoyo de los españoles al PP.

Ahora llega la hora de proponer soluciones para corregir los efectos de esas causas. Llega la hora de hacer propuestas para que el PP vuelva a ser la referencia de todos aquellos españoles que profesan unas ideas políticas afines al universo liberal-conservador.

Es evidente para los lectores que hayan llegado hasta aquí que, al analizar lo que ha pasado en el PP durante los últimos años, ya he adelantado algunas de las sugerencias que ahora podría presentar como soluciones a los problemas detectados. Pienso, por ejemplo, en algunas de las ideas ya expuestas en capítulos anteriores que creo que serían eficaces para luchar contra la corrupción. La modificación radical de la Ley Electoral es una de esas medidas que considero indispensables, y en estas páginas ya he explicado cómo articular mi propuesta. Como también he dejado aquí mi opinión acerca de los métodos de reclutamiento de sus dirigentes que hasta ahora han mantenido los partidos y mis propuestas de cambiarlos en profundidad.

Pero son muchas más las cosas que creo que hay que abordar para devolver al PP al puesto que ha ocupado hasta hace muy poco en las preferencias de los ciudadanos.

Por eso, la pregunta «¿qué hacer?» requiere una respuesta bastante extensa y pormenorizada. A eso voy a dedicar lo que queda de este libro.

Y lo primero que hay que hacer es reconocer la situación en toda su crudeza. Es decir, no hacerse trampas en el solitario. Reconocer que la pérdida de apoyos ha sido estrepitosa y que muchos de los que aún han confiado en nosotros lo han hecho movidos más por el miedo que por la ilusión que les provocamos. Hay que reconocer también que las causas de lo que nos ha pasado son, con más o menos matices, las que aquí he expuesto.

Lo que no puede ser es que, en infinidad de conversaciones privadas, dirigentes, militantes y votantes del PP expresemos todo tipo de críticas y de sugerencias de mejora y que ni públicamente ni en los órganos el Partido se expresen esas críticas y esas sugerencias.

A partir de ese reconocimiento de la situación y de esas críticas, que, en la mayoría de los casos, son hechas con ánimo absolutamente constructivo, hay que abordar la renovación radical de todo lo que sabemos que dentro del PP ha fallado, como, por ejemplo, todo lo relacionado con la corrupción. Y, por supuesto, hay que revisar los ejes de nuestras políticas para ofrecer a los ciudadanos unas propuestas concretas y claras sobre todos los asuntos que les interesan. Los ciudadanos tienen que saber claramente qué es lo que piensa el PP de todo: desde las cuestiones de política internacional hasta las de defensa, de las pensiones a la política energética, de la educación y de la sanidad, de los impuestos y de los servicios sociales, de la estructura del Estado y de la administración de la Justicia, de la cultura y de las universidades, de las obras públicas y de la política agraria, del aborto y de la memoria histórica, del matrimonio homosexual y de la eutanasia. Los ciudadanos quieren saber lo que pensamos de todos estos asuntos y de muchos más. Tenemos la obligación de decírselo de manera clara, y no podemos refugiarnos en respuestas que dimos o elaboramos hace ya muchos años o que se han convertido en lugares comunes que ya no satisfacen a nadie.

En definitiva, el PP tiene que ponerse en serio a elaborar nuevas y atractivas respuestas concretas a los problemas concretos que la sociedad española de hoy nos está poniendo encima de la mesa. Y a elaborar esas respuestas de acuerdo con los principios liberal-conservadores que están en los cimientos de nuestro partido, por más que Mariano Rajoy, en aquel famoso discurso de Elche, llamara a irse del partido a los que creemos en esos principios.

Los casi once millones de votos de 2011 no son un espejismo, son la muestra de que los españoles han llegado a confiar en nosotros de manera extraordinaria. Y es lógico, porque la mayoría de los españoles, a pesar de la dureza de la crisis económica, que ha azotado sobre todo a la clase media, no han dejado de creer en los principios esenciales del pensamiento liberal-conservador: la libertad, la propiedad, la familia, el imperio de la Ley y el orgullo de pertenecer a una gran Nación que nos proporciona la posibilidad de vivir como ciudadanos libres e iguales ante la Ley en el ámbito de los países libres de Occidente, es decir, de esos países que han nacido y han prosperado dentro de nuestra civilización, la que une, como he dicho muchas veces, el pensamiento racional de los griegos, la organización social basada en la Ley como nos enseñaron los romanos, y la piedad y la defensa de la igualdad esencial de todos los hombres que heredamos —creyentes y ateos— del cristianismo.

Ahí tiene que estar la fuente de inspiración de todas nuestras políticas. Y no tengo la menor duda de que, si acertamos a articular y a poner al día unas políticas que sean fieles a estos principios y a estos valores, una inmensa mayoría de españoles volverá a darnos su confianza, porque esos valores son los que ellos, en sus vidas privadas y cotidianas, cultivan y defienden.

Lo que no podemos hacer es negar la realidad y vivir enclaustrados en la burbuja del Partido, como, probablemente, hemos hecho hasta ahora, ni podemos desoír una vez más lo que nos transmiten las urnas y lo que nos dice la calle. No puede ser que nos pase lo que nos ha pasado durante los últimos años, en los que no hemos sabido reaccionar ante las sucesivas caídas electorales, en los que no hemos sabido o querido interpretar lo que las urnas nos estaban diciendo.

En el Comité Ejecutivo Nacional de enero de 2015 planteé la enorme preocupación que tenía porque ya eran cuatro las encuestas que Demoscopia había publicado en El País en las que Podemos era no solamente primera fuerza en intención de voto, sino primera fuerza en voto decidido. El propio presidente Rajoy me contestó que no había que preocuparse por esas encuestas porque él tenía otras que eran mucho mejores para el PP.

Ya, después de las Elecciones Europeas de junio de 2014, cuando Podemos dio el primer aviso con unos resultados que nadie había predicho, la respuesta que se dio desde el PP fue repetir ese mantra de que los resultados de las Europeas no son extrapolables, porque la gente en las Europeas aprovecha para darle una patada al Gobierno, y que no había que preocuparse porque en las Elecciones de 2015 ya veríamos cómo va a ir todo de bien.

Las primeras Elecciones de 2015 son las Andaluzas, en las que obtenemos un resultado verdaderamente muy lamentable, desastroso, porque, a pesar de que el PSOE baja cinco puntos, la victoria de Susana Díaz se considera desde todos los puntos de vista clamorosa. ¿Por qué? Pues porque la irrupción de Podemos no fue tan importante como se pensaba, y tampoco la de Ciudadanos, y, sin embargo, el PP tiene un bajón de apoyo electoral muy grande, del 40 % al 26 %. Y eso que ese 40 % de 2012 ya era un bajón considerable respecto al resultado de las Generales de 2011, que fue del 45,6 %.

Las siguientes Elecciones de ese año fueron las Municipales y Autonómicas en mayo, y en el conjunto de España tenemos una bajada próxima al 18 %, y eso que en esas Autonómicas no hubo elecciones ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Andalucía, ni en Galicia. Y en las Municipales la pérdida de poder fue también muy considerable.

Después, las Catalanas de octubre de 2015, en las que el PP pierde 4,5 puntos porcentuales y el 26 % de sus votantes con respecto a las Elecciones Autonómicas de 2012.

En definitiva, que todas estas derrotas, unidas a la caída del 33 % en los votos de las Generales del 20 de diciembre, exigen, sin ningún lugar a dudas, una reacción inmediata y cambios fundamentales. Especialmente alarmante son los resultados en regiones tan señaladas como Cataluña, País Vasco y Asturias. Y habría que prestar especial atención a Navarra, donde, gracias a la reconstrucción del pacto con UPN, la presencia del centro-derecha no independentista ha recuperado terreno.

El rápido recorrido por lo que han sido los resultados electorales de los últimos cuatro años es, en la crudeza de sus datos, el más sólido argumento en favor de la necesidad de hacer cambios en el PP y de abordar una regeneración profunda.

Parece evidente que esos cambios y esa regeneración deberán ir orientados a corregir las causas que en los capítulos anteriores he descrito como fundamentales para explicar las caídas de apoyo a nuestro partido.

Al mismo tiempo también parece lógico que todas las medidas que se arbitren para corregir esas causas tienen que enmarcarse en el conjunto de toda una renovación ideológica y programática que el PP, en mi opinión, necesita. A eso, pues, van dedicados los capítulos siguientes.

17
UN IMPULSO NUEVO A LA LUCHA CONTRA LA CRISIS

En el capítulo 6 he analizado cómo las medidas tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para luchar contra la crisis, además de no haber sido explicadas con la suficiente claridad y de haber suscitado muchas protestas por parte de los ciudadanos, no han dado unos resultados tan evidentes y tan contundentes como los que obtuvo el Gobierno del PP en los años noventa. Unos resultados que estaban en la mente de los votantes en 2011, cuando otorgaron al PP la mayoría absoluta.

Probablemente porque no han atacado con toda la profundidad necesaria las causas de la crisis y porque no han pretendido abordar las grandes reformas estructurales que nuestro sistema económico necesita.

Siempre me ha llamado la atención el hecho de que las crisis económicas en España, en el siglo XX, han tenido más duración y efectos más profundos que en los países de nuestro entorno. Como también me ha llamado siempre la atención el hecho de que, aun en las coyunturas económicas más favorables, nuestra tasa de paro casi siempre duplica la tasa de paro de los países de la OCDE.

Y esto no se debe a que sobre España haya caído alguna maldición bíblica que nos impida alcanzar el pleno empleo o que nos condene a vagar años y años por el desierto de la crisis. En mi opinión, se trata de algo bastante más sencillo, aunque quizá políticamente muy incorrecto. Intentaré explicarme.

Cuando nuestras crisis económicas duran mucho más que las de otros países, cuando nuestra tasa de paro duplica casi sistemáticamente la de los países más desarrollados, cuando el ahorro nacional es crónicamente insuficiente para financiar nuestro aparato productivo y cuando las cotizaciones sociales apenas son suficientes, en condiciones normales, para pagar las pensiones, es que nuestra economía tiene graves problemas estructurales. Problemas que, en su esencia, ya se habían manifestado claramente en los últimos años del franquismo, que en la naciente y frágil democracia española no pudieron ser abordados, y que, después, nadie se ha atrevido a afrontar en toda la etapa democrática por el elevadísimo coste político que suponían que tendrían a corto plazo.

En primer lugar, está el gran problema del empleo. A pesar de la leve reforma laboral introducida por la Ministra Fátima Báñez (que, aunque leve, nos está permitiendo crear empleo con tasas de crecimiento económico mucho más bajas que las que eran necesarias hace diez años para crear puestos de trabajo), nuestro mercado laboral sigue siendo uno de los más rígidos y reglamentados de la OCDE. De ahí que la tasa de paro española a mediados de 2015 fuera del 21,6 %, mientras que la de la Unión Europea era del 10,8 % y la de la OCDE del 6,7 %. En otras palabras, la tasa de paro española duplica la de la Unión Europea y ¡¡¡triplica!!! la de la OCDE. Y eso a pesar de que, hoy, España es el país que más empleo crea en la OCDE.

Y lo que es aún más dramático: el paro juvenil en España se sitúa en una tasa cercana al 50 %, la más alta del mundo desarrollado, casi cuadruplicando la de la OCDE, que se queda en el 13,7 %.

Naturalmente que esto no se debe a una única causa, ni es el objetivo de este libro realizar un análisis exhaustivo de todas las causas de este drama social y de sus posibles soluciones. Pero creo que sí se pueden apuntar por lo menos las más importantes y, sobre todo, señalar las líneas de actuación que tendrían resultados más positivos. Y no estoy descubriendo nada nuevo, porque el último informe de la OCDE sobre el mercado laboral en España nos facilita las principales claves del problema: el régimen fiscal y la estricta legislación laboral no ayudan a un país en el que la economía sumergida, justo antes de la crisis, representaba ya casi un 20 % del PIB real, antes de las subidas del IVA y del IRPF.

Como tampoco ayuda el hecho de que las cotizaciones a la Seguridad Social, junto con el resto de gravámenes que recaen sobre el factor trabajo, supongan cerca del 60 % de los ingresos totales del Estado. Con razón afirma la OCDE que esto es preocupante, y yo añadiría que es, además, profundamente injusto, porque se hace recaer la mayor parte del peso del sostenimiento del Estado sobre las espaldas de quienes sólo cuentan con sus manos y su intelecto para ganarse la vida.

Pero es que, además de preocupante y profundamente injusto, es también claramente ineficaz. Sin necesidad de ser demasiado riguroso con las cifras, cualquier empresario sabe que, para que un trabajador cobre a fin de mes 1.000 euros líquidos tiene que haber producido antes por valor de más de 1.700 euros. Eso significa que al trabajador, entre impuestos y cotizaciones sociales, se le detrae, antes de cobrar, ¡¡¡más del 40 % del fruto de su trabajo!!!

Creo que este hecho, por sí solo, es suficiente para explicar una de las claves del problema del desempleo en España. El encarecimiento artificial del factor trabajo, como ocurre con cualquier otro bien, necesariamente conduce a una menor demanda de ese bien o servicio, en este caso, una menor demanda de servicios laborales. Y no hace falta ser doctor en Economía para darse cuenta de esto.

A este razonamiento se aducirá, naturalmente, que quien paga la mayor parte de las cuotas a la Seguridad Social es el empresario (5/6 del total) y no el trabajador. Y también se dirá que las cotizaciones sociales no son impuestos, sino aportaciones que dan derecho a una pensión pública de jubilación o, en su caso, a la prestación por desempleo. Y que el resto es lo que el trabajador debe contribuir a la caja común para sufragar, entre otras cosas, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la justicia, la seguridad ciudadana, los transportes, las infraestructuras, etc. Y que los asalariados son, precisamente, los principales destinatarios de las políticas sociales del Estado.

Sin embargo, todos estos razonamientos, que están en la base de un Estado protector, no pueden ocultar el hecho de que hoy el trabajador, antes de cobrar su salario, ya ha entregado el 40 % del fruto de su trabajo al Estado por una u otra vía. Y del 60 % que le queda, deberá pagar el 21 % (en concepto de IVA e impuestos indirectos) por todo lo que consuma. En resumidas cuentas, y suponiendo que el trabajador pueda ahorrar algo, más del 50 % del fruto de su trabajo acaba en las arcas del Estado.

Todo sea, se dirá también, con tal de sostener el Estado del Bienestar y el sistema de protección social, cuyo buque insignia son las pensiones. Pues bien, dejemos a un lado el gasto en Sanidad y en Educación y centrémonos en las cotizaciones a la Seguridad Social (que suponen, en números redondos, el 25 % de los costes salariales que debe afrontar la empresa, o, mejor dicho, el 25 % de lo que produce un trabajador).

A nadie sensato se le escapa ya que el sistema de reparto está abocado a la quiebra o a la disminución gradual de las prestaciones. Ya lo dijo Solbes la primera vez que fue Ministro, en los últimos Gobiernos de Felipe González: «El que quiera cobrar una pensión de jubilación, que suscriba un plan de pensiones privado».

De hecho, puede afirmarse sin ningún género de dudas que la Seguridad Social ya declaró la primera quiebra hace muchos años, cuando, en plena Transición, y con ocasión de la transferencia gradual de la Sanidad a las Comunidades Autónomas, desaparece el Instituto Nacional de Previsión y se crean el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INSALUD y el IMSERSO. Hay que recordar que, antes de 1978, las cotizaciones sociales financiaban, aunque fuera a duras penas, las pensiones de jubilación, la atención sanitaria, las bajas laborales, la prestación por desempleo, los servicios sociales y buena parte del gasto farmacéutico. Hoy apenas alcanzan para pagar las pensiones contibutivas, las prestaciones por desempleo y las bajas laborales. La sanidad, los fármacos y los servicios sociales ahora se financian directamente con impuestos.

Y es lógico que así sea: en primer lugar, porque en los últimos cincuenta años, la esperanza de vida media cumplidos los sesenta y cinco años ha aumentado en siete años: si en 1960 era de catorce, hoy es de veintiuno. Eso sin contar que el fallecimiento antes de los sesenta y cinco (es decir, antes de llegar a cobrar la pensión de jubilación) no era algo infrecuente, pues entonces la cirugía cardiovascular y los tratamientos contra el cáncer no estaban tan avanzados como hoy.

En segundo lugar, porque, a edades avanzadas, la probabilidad de contraer enfermedades crónicas o cuya curación o alivio requiera costosos tratamientos es mayor.

En tercer lugar, porque la edad de incorporación al mercado laboral cada vez es más tardía y, por tanto, se cotizan menos años.

Y en cuarto lugar, porque hace ya más de treinta años que nuestra tasa de fertilidad (1,32 hijos por mujer en 2014) no alcanza ni de lejos el nivel necesario para mantener el volumen de población, es decir, 2,1 hijos por mujer.

En esto no soy original: que el sistema de reparto está abocado a la quiebra lo dice la gran mayoría de los expertos en privado, también los de tendencia socialdemócrata. Y algunos de ellos lo hacen abiertamente, como lo hizo, en su libro Cuatro bodas y un funeral, David Taguas, en cuyo homenaje póstumo tuve el honor de tomar la palabra, invitada por Miguel Sebastián, homenaje al que, por cierto, también asistió José Luis Rodríguez Zapatero.

David Taguas dedicó casi la cuarta parte de ese libro a exponer el problema de las pensiones, una materia que dominaba desde los tiempos en que trabajó en el prestigioso Servicio de Estudios del BBVA, con pocas concesiones a la corrección política, con un análisis desapasionado y ceñido a la evidencia empírica. Las alternativas que proponía eran la disminución gradual del importe de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación o la introducción de criterios de capitalización en el sistema público de pensiones, más allá del fondo de reserva que preveía el Pacto de Toledo.

Este problema, que es de capital importancia y, dentro de poquísimo tiempo, de una urgencia perentoria, hay que abordarlo sin los tapujos heredados del paternalismo franquista, para convertir el sistema público de pensiones en un auténtico fondo de pensiones que siga siendo público pero con los mismos controles, garantías y requisitos de capitalización que tiene cualquier compañía de seguros. Perpetuar un esquema piramidal que, como todos ellos, está abocado a la quiebra, por el miedo al qué dirán, no es ser solidario ni partidario de lo público, es simplemente suicida. Además de faltar cobardemente al deber de decir a los ciudadanos la verdad.

Del mismo modo que la Hacienda Pública, primero la del Estado y después las de las Comunidades Autónomas, tuvo que asumir en 1997 directamente la financiación de la sanidad, de los medicamentos y de los servicios sociales que las cotizaciones ya no podían pagar, tendrá que ser de nuevo la Hacienda Pública, con impuestos, la que financie los derechos adquiridos de quienes ya han cotizado durante toda una vida. Y a partir del momento en que se tome la decisión, entregar a los trabajadores la nómina con su salario íntegro, es decir, con el importe íntegro de las cotizaciones, incluidas las de la empresa, para que el trabajador pueda elegir entre un sistema público de capitalización o un sistema privado, con total transparencia.

El solo hecho de abonar en la cuenta corriente del trabajador el importe íntegro de lo que produce, es decir, sus cotizaciones y las de la empresa, y que fuera el trabajador el que tratara directamente con la Tesorería de la Seguridad Social, como ocurre con el IRPF, sería enormemente positivo a la hora de que todos tomáramos conciencia del grave problema que tenemos a la vuelta de la esquina, así como de la brutal presión fiscal que soportamos todos los asalariados.

Eso sí que sería auténtica y muy saludable transparencia: el que todos los ciudadanos supiéramos con claridad cuánto producimos con nuestro trabajo, qué salario se nos paga y qué se queda por el camino.

Mientras tanto, lo cierto es que el peso del mantenimiento del Estado del Bienestar recae principalmente sobre los hombros de los asalariados y sus familias, aunque sea políticamente incorrecto decirlo. Y es que, en este sentido, es conveniente recordar que, según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2015, en España había poco más de dieciocho millones de ocupados, cuando la población total de nuestro país asciende a 46,4 millones. Si a esos diceciocho millones de ocupados le descontamos los casi tres millones de funcionarios y empleados públicos (ojo, con esto no quiero decir que no sean productivos, sino que sus salarios se pagan con impuestos y no con actividad económica en el mercado), es fácil darse cuenta de que, en la práctica, quince millones de españoles en activo tienen que sostener, directa o indirectamente, a cuarenta y cinco millones de españoles. Y es que, en España, la tasa de ocupación entre los veinte y los sesenta y cuatro años (el 59,9 %) es casi diez puntos inferior a la media de la Unión Europea (el 69 %). Y la única vez que hemos alcanzado a la Unión Europea en tasas de ocupación fue, precisamente, en 2006 y 2007, los años finales de la gran burbuja financiera e inmobiliaria.

Todas estas cifras y reflexiones llevan a una conclusión que enlaza directamente con el objetivo de este libro: los españoles esperaban del Partido Popular un nuevo milagro económico, como el que protagonizaron los Gobiernos de José María Aznar hace ya veinte años. Es decir, más empleo, menos impuestos y más oportunidades de progreso a cambio de unas leves reformas.

Sin embargo, justo es reconocerlo, ese habría sido el milagro de los panes y de los peces. Y no sólo por la desastrosa herencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy optó por apuntalar esa ruina a un coste político, económico y social elevadísimo, quizás porque creyó que los españoles no iban a creerse que la cosa estaba tan mal. Y creo que se equivocó, porque cuando un edificio está ruinoso no basta con apuntalarlo, hay que sanearlo estructuralmente. Mariano Rajoy tuvo miedo de decir a todos los españoles la cruda verdad: que, sencillamente, no somos tan ricos como pensábamos, que no somos tan productivos como pensábamos y que, por tanto, no podemos pagar simultáneamente un Estado con diecisiete Comunidades Autónomas, tres millones de empleados públicos y 8,5 millones de pensionistas. O gastamos en Comunidades Autónomas, o gastamos en funcionarios, o gastamos en pensiones. Y esto había que haberlo dicho en el primer Consejo de Ministros, en diciembre de 2011. Como dice el refrán, más vale una vez colorado que ciento amarillo.

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy optó por la vía fácil y cortoplacista de ponerse cien veces amarillo. La vía de subir los impuestos y de diferir sine die las reformas más necesarias por ser demasiado impopulares. Pero diferir lo necesario por impopular es llamar a gritos al populismo. Como de hecho ha sucedido.

Y el drama es que las subidas de impuestos, que han afectado sobre todo a las sufridas clases medias, han tenido un papel puramente marginal a la hora de aumentar la recaudación y, lo que es peor, paralelamente han sido muy contraproducentes para la actividad económica.

Si en 2007 los ingresos totales de la Agencia Tributaria estatal eran de más de 200.000 millones de euros (el máximo absoluto de la serie), en 2011 fueron de 161.000 millones. Zapatero abandona el Gobierno con esa caída de casi 40.000 millones de euros en los ingresos (casi un 20 % de la recaudación). Aunque la caída llegó a ser aún más dramática en 2009, cuando la recaudación total de la Agencia Tributaria apenas alcanzó los 144.000 millones de euros (una caída de casi un tercio en los ingresos tributarios del Estado).

Sin embargo, como decía antes, las notables subidas, simultáneas, de los tipos del IVA y del IRPF —los tributos más importantes en volumen de recaudación, que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó apenas recién constituido el Gobierno, con el objeto de tapar ese gigantesco agujero financiero— han tenido muy poca influencia en la recaudación total de la Agencia Tributaria: si en 2011 fue, como decía antes, de 161.000 millones de euros, en 2012 y en 2013 apenas se recaudó, con un enorme sacrificio de familias y empresas, en lo más hondo de la crisis, un 4,3 % más. En otras palabras, las subidas del IRPF y del IVA en 2012 y en 2013 apenas consiguieron aumentar la recaudación total de la Agencia Tributaria en 7.000 millones de euros anuales (menos del importe medio de la deuda que el Tesoro coloca en bonos y en letras cada quince días en los mercados financieros).

En 2014, ya con la economía creciendo, la recaudación total apenas llegó a los 173.000 millones de euros. Y en 2015, con un crecimiento económico del 3,4 %, a duras penas llegará a los 180.000 millones de euros, muy lejos aún de los niveles de 2007, cuando la recaudación alcanzó los 200.000 millones de euros y el superávit presupuestario alcanzó la cifra récord de 22.000 millones de euros.

Sin embargo, el efecto negativo que sobre la actividad económica y la creación de empleo han tenido esas subidas de impuestos no se refleja en las estadísticas fiscales, como tampoco se refleja el profundo malestar de esos quince millones de españoles que no viven de los presupuestos públicos, sino que, con sus impuestos y sus cotizaciones sociales, están manteniendo un Estado del Bienestar para cuarenta y seis millones de personas. Y luego hay quienes niegan la validez empírica de la curva de Laffer…

En resumen, si creciendo otra vez al 3,2 % y creando de nuevo 600.000 empleos anuales, no somos capaces de cuadrar las cuentas del Estado ni de reducir la deuda pública, ni de reducir el desempleo a un ritmo más elevado, la única conclusión a la que se puede llegar, por lo menos la conclusión a la que yo llego, es que el Estado gasta demasiado y que ese gasto no es eficaz. Por eso las reformas son hoy más necesarias que nunca.

18
EL NECESARIO «RELATO» DE LA LIBERTAD EN ESPAÑA

El lehendakari Juan José Ibarreche acostumbraba a decir siempre en sus discursos e intervenciones, sobre todo en los más reivindicativos (recuérdese aquel famoso Plan que llevaba su nombre y que pretendía instaurar el derecho de autodeterminación para los vascos, y las vascas, claro), que el pueblo vasco tenía siete mil años de historia y de lucha para defender su libertad y su identidad, una identidad, por cierto, inmutable desde entonces. Si esa afirmación la analizáramos con criterios científicos, llegaríamos muy pronto a la conclusión de que no se sostiene por ningún lado: ni está claro qué es el pueblo vasco, ni lo que podríamos entender por pueblo vasco tiene siete mil años, ni la libertad política es un concepto que tenga tantos años, ni la pasión nacionalista vasca tiene más de ciento veinte años.

Pero esa afirmación, que, desde el punto de vista racional, es completamente absurda y falsa, lleva muchos años concitando voluntades de ciudadanos vascos que se sienten identificados con esa idea, por más absurda y falsa que objetivamente sea. Concita tantas voluntades que, desde la Transición, el PNV, el partido de Ibarreche, el que sostiene esa idea y basa su política en ella, ha sido el hegemónico en el País Vasco.

La pregunta obvia que cualquier observador de la política puede hacerse es qué ocurre para que una idea que racionalmente es tan absurda tenga tanto éxito, qué pasa para que un partido que cuenta una fantasía tan disparatada como esta sea el más votado por los ciudadanos. Y la respuesta, también obvia, es que los ciudadanos votan mucho menos con la cabeza que con sus sentimientos más irracionales. En contra de lo que predican muchos, a la hora de votar son muy pocos los que sacan la calculadora y se ponen a medir al céntimo las consecuencias económicas de las ofertas que los partidos hacen antes de unas elecciones.

Las adhesiones a los partidos, los votos a esos partidos, tienen mucho más que ver con las emociones que los partidos suscitan. Y hay que reconocer que es mucho más emocionante colaborar en la liberación de un pueblo que, Ibarreche dixit, lleva siete mil años sojuzgado que votar a un partido que ofrece bajar dos puntos el IRPF para incentivar la economía. El votante quiere que le gobiernen bien, que las cosas funcionen, que los servicios públicos estén bien llevados, pero también quiere sentirse parte de una historia y, a ser posible, de la Historia, así, con mayúscula. Porque quiere que su vida tenga sentido, no quiere haber vivido en vano, necesita —necesitamos— sentir que dejamos algo que permanecerá. Todos queremos pensar que nuestro papel en esta vida tiene su relevancia.

Y lo que digo de los votantes puede aplicarse con más intensidad aún a los militantes de los partidos. Los móviles para dar el paso de militar en un partido, para dar el paso de entrar en política, pueden ser muchos, pero entrar en política movido por la pasión de lograr que funcione mejor el Metro, que las calles estén más limpias o que el PIB suba dos décimas se me hace extraño. Es verdad que los políticos tienen que conseguir las tres cosas, que el Metro funcione bien, que las calles están limpias y que el PIB suba dos o tres o muchas décimas más, pero los políticos que se ocupen de lograr esos resultados deben tener siempre un objetivo más trascendente, que está por encima de esas actuaciones concretas y que es el que, en último término, le mueve. Y, de hecho, lo tienen, aunque no lo digan o, aunque en algunos casos ni siquiera lo sepan.

Y cuando digo trascendente quiero decir que los políticos —y, en general, todas las personas— quieren que sus actos tengan un valor superior al que tienen en sí mismos. Esto lo comprendemos claramente si consideramos la dimensión religiosa de los hombres. Y eso lo tenemos también en la política. Al seguidor de Ibarreche le gusta sentirse heredero de una tradición milenaria (por más que sea fantasiosa y falsa) y le gusta creer que sus actos y su voto pueden servir para lograr algo histórico, que permanece en el tiempo, que deja «huella» de su paso por este mundo, lo que sea, y no solamente para colocar en la Lehendekaritza al candidato que presenta el PNV.

A esa historia sobre la que un partido político construye su ideología, sus programas y su imagen, algunos la llaman el «relato» o la «narrativa» del partido, lo que cuentan como tarjeta de presentación ante los ciudadanos y como banderín de enganche para sus militantes. En el caso de los partidos nacionalistas, más o menos separatistas que tenemos en España, ese relato es casi siempre parecido al que he tomado como ejemplo, el de Ibarreche y sus siete mil años de lucha por la libertad. En el caso de los partidos de la izquierda, como el socialista y como las distintas ramas más o menos ortodoxas del comunismo, su relato, de inequívocas raíces marxistas, pretende incorporar a sus militantes y votantes a la emocionante tarea de «acabar con la opresión capitalista para lograr una sociedad igualitaria».

Los comunistas, en todas sus familias —incluida la bolivariana tan en auge ahora en España—, no tienen la menor duda de que su relato es el de la Revolución. Invitan a votantes y a militantes a hacerla. Bien que no de manera cruenta —aunque entre ellos haya algunos que prediquen la guillotina—, pero sí de manera decidida. Invitan a hacer la Revolución, a acabar con el sistema de producción que conocemos y a acabar con el capitalismo. Es un relato que a muchos nos puede parecer absurdo y aberrante, pero a los que se unan a ese proyecto se les está invitando a incorporarse a la historia de los revolucionarios del pasado y a «pasar a la Historia» del futuro. El relato les está regalando inmortalidad simbólica.

Los más socialdemócratas del PSOE —como hicieron sus correligionarios alemanes o británicos hace ya muchos años— han aceptado la sociedad abierta y la economía libre de mercado como las mejores fórmulas para aprovechar el talento específico de cada uno para crear riqueza. Requisito lógicamente indispensable si, después, se quiere impulsar la prosperidad de todos los ciudadanos y, sobre todo, de los más pobres. Pero también a estos socialdemócratas les gusta sentirse parte de una tradición y vemos cómo respetan y honran a sus dirigentes del pasado, por muy nefastos que algunos de ellos hayan sido.

Los ciento y pico años que tiene el PSOE, convenientemente edulcorados y maquillados, están en la mente de todos sus militantes. Y nombres como Pablo Iglesias (el tipógrafo), Largo Caballero, Indalecio Prieto o Juan Negrín son nombres que, como iconos, están presentes en la actuación de los políticos del PSOE. Y, por supuesto, sus imágenes presiden las sedes socialistas.

Como podemos ver, esos relatos de los partidos nacionalistas y de los partidos de izquierda tienen mucho de míticos; en muchos casos se basan en falsificaciones flagrantes de la historia y en idealizaciones de personajes. Pero funcionan, están dirigidos a los sentimientos de la gente, de su gente, y funcionan. Sirven para emocionar a sus militantes. Como les emociona a socialdemócratas preclaros el canto de La Internacional al final de sus Congresos, que la mayoría entona con el puño en alto mientras dicen eso de «los parias de la tierra», la «famélica legión» y lo de que «el mundo ha de cambiar de manos, legión de esclavos, a vencer». Frases y palabras sin el menor sentido ni la menor vigencia en la España actual, pero que cumplen ese papel de emocionar a los militantes, de incorporarles a una tradición, a un caudal de la Historia, en el que ahora les toca a ellos el turno de representar su papel.

Ante esta realidad que podemos contemplar surge una primera duda: ¿es tan importante para un partido político tener un «relato» propio y trascendente?, ¿hay que tenerlo, aunque esté plagado de falacias y de anacronismos? Y si es que sí, ¿cuál debería ser ese «relato» del PP?, ¿cuál es la historia que tendríamos que contar para que nuestros partidarios sintieran que participan en un proyecto que está dentro de una tradición, pudieran emocionarse con una serie de hitos históricos y estuvieran seguros de que su esfuerzo y su trabajo tienen trascendencia y van a servir para algo más que para entregar el poder a un líder?

Mi respuesta en esta hora en la que se trata de revisar todo lo que el PP necesita para volver a ser el partido de la mayoría en España tiene que empezar por reconocer que en el PP nos ha faltado siempre un relato con el que emocionar a nuestros partidarios. Y nos ha faltado porque, probablemente, no nos hemos atrevido a desarrollar como «relato» los móviles por los que estamos en el PP la mayoría de sus militantes y sus dirigentes. Y creo que ya es la hora de articularlo.

Pensar que podemos emocionar a alguien con las cifras de la macroeconomía o con las del paro es no conocer el funcionamiento de las emociones de la gente. Entonces, ¿con qué podríamos construir un relato propio y emocionante, ese relato que le ha faltado al PP en sus años de vida? Sin duda, y en primer lugar, con la idea de España. El PP ha tenido siempre como uno de los pilares de su pensamiento político la defensa de España como Nación de ciudadanos libres e iguales en derechos.

Pues bien, invitemos a militantes y a votantes a hacer que esta Nación de ciudadanos libres sea cada vez más próspera, más importante en el mundo, más brillante, tenga cada vez más y mejores científicos, más y mejores médicos, más y mejores artistas, más y mejores escritores, más y mejores empresarios, más y mejores artesanos, más y mejores filósofos, más y mejores deportistas, más y mejores investigadores, más y mejores profesionales en todo. Y que entre todos construyamos una Nación que nos permita a sus ciudadanos vivir en libertad para que cada uno pueda encontrar y desarrollar sus talentos, y que nos permita vivir cada vez con más prosperidad.

Claro que, para invitar a votantes y militantes a incorporarse a un proyecto que tenga como objetivo hacer una España cada vez mejor, tenemos que estar convencidos de que la Historia de España, además de ser la nuestra, es una historia que merece la pena, es la historia de un pueblo que ha sido fundamental en la Historia de la Humanidad y, desde luego, en la Historia de Occidente. Recordemos que Hippolyte Taine, el filósofo e historiador francés del siglo XIX, llegó a decir que «hay un momento superior de la especie humana: la España desde 1500 hasta 1700». Y ese convencimiento creo que, con demasiada frecuencia, nos ha faltado en el PP.

Es verdad que la Historia de España de los dos últimos siglos tiene muchos momentos con más pena que gloria, tiene muchos momentos de enconados enfrentamientos de españoles contra españoles, tiene momentos en los que el odio de los unos a los otros primó sobre todos los demás sentimientos, pero que haya momentos de nuestra Historia que no nos gustan no puede ser motivo para renunciar a todo lo que de valioso han hecho muchos españoles durante siglos.

Nuestro «relato» tiene que recuperar todo eso, tiene que recuperar la conciencia de que España no es un invento ni de Franco ni de los constituyentes de 1978, sino algo mucho más importante y mucho más trascendente: España es la construcción de muchas generaciones de antepasados nuestros y su mejor regalo para nosotros, sus descendientes.

Y tenemos que hacerlo sin aspavientos ni exageraciones, que nos llevarían al ridículo, pero sin complejos. Desde el PP hay que invitar a los ciudadanos a incorporarse a un proyecto que enlace con lo mejor de la Historia de España, que quiere evitar todos los errores del pasado y que quiere proyectarse en el futuro con el ánimo de engrandecer esa Historia.

Saber que Hispania fue, desde el siglo I de nuestra era, la provincia más culta y desarrollada del Imperio Romano no puede ser un motivo de orgullo para nosotros. Sería pueril porque es algo que hemos recibido por herencia histórica y nunca tiene mérito alguno recibir una herencia. Pero desconocerlo o, incluso, despreciarlo es desconocer o despreciar que en esta nuestra tierra, los habitantes que nos precedieron fueron de los primeros en participar de ese crisol en el que se fundieron el pensamiento racional que viene de Grecia, el afán de ordenar la convivencia bajo el imperio de la Ley que viene de Roma y el impulso moral que viene del cristianismo por el que reconocemos a todos nuestros semejantes como iguales a nosotros mismos.

Porque, al reivindicar lo mejor de la Historia de España como relato de nuestro proyecto político, tenemos que empezar por reconocer que la civilización occidental, la que ha dado más progreso intelectual, material y moral a la Humanidad, tiene una de sus cunas en esa Hispania romana de la que nosotros venimos y en la que vivimos.

En los últimos tiempos está de moda reivindicar la multiculturalidad, sin que nadie se moleste demasiado en explicar qué es eso. A veces parece que los que la defienden piensan que, si tener una cultura es bueno, tener muchas culturas será todavía mejor. Y no hay tal. Nosotros creemos que nuestra civilización, la occidental, es la mejor, la que mejor ha servido al progreso material y moral de la Humanidad, además de ser la nuestra. Y lo decimos sin complejos, y a pesar de las muchas barbaridades que se han cometido en países que compartían los valores de esa civilización, y ahí están las dos Guerras Mundiales del siglo pasado para demostrarlo.

Creemos que el pensamiento racional es superior a las supersticiones o a las explicaciones mitológicas presentes en otras culturas. Creemos que nadie ha superado a los creadores del Derecho en Roma a la hora de concebir un sistema capaz de ordenar la vida en común. Como también creemos que el mensaje de piedad y de amor al prójimo de Jesucristo es la cima moral más alta a la que pueden aspirar los hombres.

Pues bien, los inmigrantes, los benditos inmigrantes que, en su legítimo afán de encontrar mejores condiciones de trabajo que en sus países de origen, han venido a España a progresar y a ayudarnos a progresar a nosotros, tienen que saber cuáles son nuestros valores y los tienen que aceptar. Eso no quita para que puedan conservar sus costumbres sociales y culturales o sus prácticas religiosas, pero sin chocar con nuestros valores y sin pretender que, por el hecho de ser herederos de una civilización que nos ha permitido prosperar más, tengamos que cultivar la mala conciencia y el relativismo moral y cultural.

El relato de un partido no tiene por qué ser un tratado de Historia ni tiene que entrar en debates historiográficos propios de eruditos académicos. Tiene que ser eso, un relato, que emocione, aunque sin caer en caricaturas ridículas. Y para eso el PP tiene una ventaja fundamental, y es que no tiene historia antigua.

El ser un partido que nace con la democracia nos ahorra tener que cargar con tradiciones y con personalidades más que dudosas asociadas a nuestro pasado. Y podría volver a la imagen que ofrecen esos socialistas cuando cantan La Internacional, mientras saben perfectamente que, con ese himno, se han cometido las mayores tropelías imaginables y que nunca ha conducido realmente a ningún progreso material ni moral. Por no hablar de los que, en su relato, tienen a personajes como Lenin, Stalin, Mao, Castro o Hugo Chávez. Nosotros, no. Nosotros podemos entrar en la Historia de España, esa historia en la que queremos enraizarnos y en la que queremos que se inscriba nuestra acción política, para elegir lo mejor.

Ahora está de moda relativizar el valor de esa Edad Media española centrada en lo que siempre hemos llamado la Reconquista. Pero igual que los franceses desde hace mil trescientos años están agradecidos a Carlos Martel por haber frenado la llegada del Islam a su país, nosotros tenemos que reconocer que habernos librado del Islam fue algo positivo para los españoles de entonces e infinitamente positivo para los españoles —y, sobre todo, para las españolas— de hoy. Pues reivindiquemos sin pudor a los grandes personajes de esa Reconquista, empezando por Don Pelayo o por el Cid, con todo lo que tienen de mitológico. Y, desde luego, a reyes como Alfonso X el Sabio, sin el que no se entendería nada de la posterior cultura española.

Tampoco está hoy de moda hablar bien de los Reyes Católicos, pero la grandeza de su obra y de su voluntad de unir a todos los pueblos y los reinos de España bajo una forma estatal primigenia es indiscutible.

El descubrimiento, la conquista y la civilización de América, el dominio de los mares durante los siglos XVI y XVII y la llegada a Filipinas también son grandes hazañas históricas que serían mucho más ponderadas por cualquier país del mundo de lo que lo son en España, y todo porque algunos se empeñan en poner el acento en los puntos negros y en los crímenes —que los hubo—, pero que no pueden ensombrecer unas gestas impresionantes llevadas a cabo por españoles.

También tendríamos que reivindicar la obra de los muchos y muy importantes santos españoles que han sido fundamentales para la Iglesia. Es posible que a algunos, obsesionados con eliminar cualquier huella de la religión de la vida española, les moleste la mención de estos santos, pero creo que, para creyentes, agnósticos y ateos españoles debe ser un motivo de reflexión la importancia que han tenido en la historia del Occidente cristiano santos tan señalados como Isidoro de Sevilla, Domingo de Silos, Domingo de Guzmán, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Francisco de Borja, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús o José de Calasanz. Como ya digo, es posible que a algunos no les guste que desde el PP se reivindique la obra de esos grandes santos y fundadores de órdenes religiosas, pero en el relato que se debería construir de nuestro partido esos santos tienen un lugar, sin duda.

Como deben tenerlo los grandes de nuestra cultura: escritores, pintores, artistas, arquitectos, pensadores, filósofos, teólogos, que a lo largo de los siglos han hecho de la cultura española una de las grandes de Occidente y de todo el mundo. Un país que ha dado genios como Velázquez, Goya, Picasso, Garcilaso de la Vega, fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Calderón, Galdós, Unamuno, Valle-Inclán, Baroja, Machado o Lorca es un país cuyos ciudadanos tienen una suerte inmensa, y ese país es el nuestro.

Conocer, admirar y valorar las cimas de nuestra cultura, también las obras y los autores que han escrito en las otras lenguas españolas, y pienso en la gran literatura catalana desde Ausiàs March a Josep Pla, es una obligación de todos los que, en España, quieran dedicarse a la política, y, desde luego, de todos los que quieran dedicarse a la política desde el PP. Porque tenemos que ser conscientes de que somos nosotros el eslabón siguiente que va a dar continuidad a esa cadena de cultura, que es una de las más ricas del mundo. Y actuar en consecuencia con todo nuestro sentido de la responsabilidad hacia la herencia recibida y hacia lo que tenemos que dejar a las generaciones venideras.

Y además tenemos que reivindicar y agradecer el trabajo diario y anónimo —lo que Unamuno llamó la «intrahistoria»— de cientos de millones de españoles de todos los tiempos, sobre el que hemos construido esta España de la libertad en la que vivimos y de la que disfrutamos.

En esta búsqueda de los hitos sobre los que construir el relato con el que el PP quiere ofrecer a sus conciudadanos un proyecto que no sean sólo cifras macroeconómicas, sino que incluya la oportunidad de emocionarse con un pasado de actos valiosos, con un presente de actos con sentido histórico y con la ilusión de un futuro a su altura, también debemos abordar la historia de los dos últimos siglos, esos siglos en los que, como ya he dicho, ha habido demasiados momentos en los que el odio entre españoles ha sido más fuerte que cualquier otro sentimiento.

Es verdad que en España, desde la Guerra de la Independencia (acontecimiento capital de nuestra Historia en el que muchos españoles se comportaron con grandeza), han sido muchas las ocasiones en las que los españoles han aparecido divididos en bandos con poca o ninguna voluntad de reconciliación. Afrancesados frente a enemigos declarados de Napoleón, liberales frente a partidarios del Antiguo Régimen, carlistas frente a isabelinos, republicanos frente a monárquicos, fascistas frente a comunistas. Demasiadas querellas ideológicas que han dado lugar a crueles enfrentamientos armados y a tres guerras civiles, que no es un récord para estar orgullosos. Pero del que tenemos que aprender, como aprendieron los políticos de la Transición, para no volver a caer en esos enconos.

Aquí la ventaja del PP, la de ser un partido sin historia lejana, se hace aún mayor sobre todos los que presumen de sus muchos años de existencia. Nosotros podemos mirar todos esos conflictos civiles y, para empezar, podemos repudiarlos todos, y considerarlos como lo que objetivamente son: unos descomunales fracasos colectivos. Y pienso, sobre todo, en la última Guerra Civil, esa guerra que algunos se empeñan en mantener abierta con el vano y estúpido propósito de variar el resultado de la contienda armada para revivir el odio y el rencor que llevó hasta ella a los que en ella contendieron.

Al contrario de lo que les pasa a los miembros de otros partidos, nosotros carecemos de hipotecas con el pasado, por lo que podemos y debemos entrar en la historia de todos esos conflictos fratricidas para fijarnos únicamente en los que, desde cualquier ideología o posición política, llevaron a cabo actos de generosidad y de heroísmo en su búsqueda de una España mejor. Sobre todo, en todos los que dieron su vida por la idea de España que ellos creían que era la mejor. Ellos, los que murieron, fueran del bando que fueran, tienen que estar en nuestro relato, tienen que ser reivindicados por nosotros. De la misma forma que los ruines, los que en la Guerra Civil sacaron las peores pasiones que llevaban dentro y cayeron en la delación y en el crimen, deben ser objeto de nuestro repudio.

Una Historia de España y de su cultura contada así, repito lo de sin alharacas pero sin complejos, tiene que formar parte del relato del PP. De lo que el PP puede contar para invitar a los ciudadanos a sumarse a su proyecto.

Pero no es sólo eso. La otra gran pata sobre la que se apoya y camina nuestro partido es la defensa de la libertad. La historia de la lucha por la libertad de los hombres de todo el mundo también tenemos que hacerla nuestra. Y humildemente creo que en esta defensa de la libertad, en esta reivindicación de la autonomía de los individuos, incluso frente al Estado, el PP tiene una baza infinitamente más atractiva que el relato que hacen el resto de los partidos españoles, tanto los nacionalistas como los de raigambre marxista. Porque tanto unos como otros, tanto los nacionalistas como los socialistas y los comunistas, presentan un «relato» en el que los individuos tienen que supeditarse a la consecución de un proyecto ideado por los creadores, por los ideólogos y por los líderes de esos partidos.

En el caso del relato de los nacionalistas está claro que los ciudadanos tienen que someter sus aspiraciones personales a la creación de esa Nación ideal e ideada por los fundadores y dirigentes de los respectivos partidos. Otra cosa es que sus votantes acepten libremente renunciar a ser tratados como individuos libres y autónomos en aras de ese proyecto más o menos quimérico, pero que renuncian a esa autonomía y a esa libertad y que las someten al proyecto del partido es un hecho.

Como les pasa a los que aceptan el relato de los partidos de origen marxista, para los que el proyecto que ofrecen, en último término, es el de una sociedad igualitaria, en la que la libertad de los individuos es un objetivo secundario, cuando no despreciable. Recuérdese el «Libertad, ¿para qué?», que le dijo Lenin a nuestro Fernando de los Ríos.

Nuestro proyecto es que cada ciudadano pueda hacer realidad su proyecto, su proyecto personal, el que él libremente decida. Para nosotros, los ciudadanos no son peones para conseguir una patria nueva, imaginada por los dirigentes de un partido, ni para alcanzar una sociedad sin clases, según las pretensiones de otros ideólogos. Para nosotros, los ciudadanos, cada uno con su libertad, son los fines últimos de nuestra política y de nuestro relato político, con el que queremos presentarnos ante la sociedad.

Y esto es así porque nuestros modelos políticos hunden sus raíces en el liberalismo (y menciono esta palabra, que tan denostada es casi siempre desde las filas de la izquierda y con mucha frecuencia desde las de la derecha), ese liberalismo que se incuba en Occidente durante los siglos XVII y XVIII como reacción frente al absolutismo entonces reinante, con el ánimo de recortar y limitar el poder omnímodo de las monarquías.

Nosotros nos inscribimos en esa corriente liberal de pensamiento que busca que se impongan los conceptos que consideramos fundamentales para lograr eso, que el poder del Estado no sea omnímodo. O, dicho de otro modo, para lograr que el Estado esté siempre al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado.

Estos conceptos que nosotros defendemos de forma radical, frente a otros partidos que piensan que pueden usarlos alternativamente (es decir, sólo cuando favorecen los propios intereses partidistas) son: la libertad de los ciudadanos, la soberanía popular, la igualdad ante la Ley, la separación de poderes, la libertad de conciencia y el derecho a la propiedad. Son conceptos que, en último término, lo que buscan es limitar el poder del Estado y garantizar el ejercicio más completo de la libre autonomía de los individuos.

Este relato de libertad y de recelo frente al poder tiene que tener un lugar preponderante en el PP. Sobre todo, en nuestro discurso o relato dirigido a los más jóvenes. Nuestros adversarios, y quizás también nuestras torpezas, han logrado que, con demasiada frecuencia, cuando hablamos de libertad se piense únicamente en la libertad de mercado, en la libertad económica. Una libertad a favor de la que, por supuesto, estamos de forma radical. Pero que, manipulada y caricaturizada por los adversarios, aparece como la libertad de los poderosos frente a los débiles. Como cuando pedimos que se bajen los impuestos, que siempre provocan la reacción de los que dicen que lo que queremos es que se bajen los impuestos a los ricos. Tenemos que enmarcar todas nuestras aspiraciones de libertad económica dentro de nuestra inconmovible defensa de la libertad, que es una y que engloba a todas.

Y cuando me refiero a los más jóvenes lo hago porque resulta paradójico que muchos jóvenes españoles de hoy, cuando quieren mostrar su rebeldía, su desdén o su repudio hacia un sistema político que consideran insatisfactorio o injusto, acaban en las filas de partidos o de corrientes políticas que sacralizan el poder del Estado.

No se trata de construir un discurso anarquista. Los que queremos inscribirnos en la estela del liberalismo recelamos de la hipertrofia del Estado, por supuesto, no queremos que el Estado meta sus narices donde no debe, pero creemos en que el Estado debe ser siempre fuerte, muy fuerte, para que sea la garantía de que la Ley se cumple. Porque la Ley es la mejor y más legítima protectora de la libertad y de los derechos de todos los ciudadanos, sobre todo de los más débiles. No se trata, pues, de caer en posiciones anarquistas, pero sí de cultivar ese sano recelo ante o frente al exceso de intervencionismo del Estado. Y este mensaje puede ser aceptado perfectamente por todos aquellos jóvenes que están descontentos con cómo funcionan las cosas ahora.

Desgraciadamente, la Historia de España no nos ofrece demasiados ejemplos de políticos o pensadores que hayan cultivado o desarrollado esas ideas liberales que irrumpieron brillantemente en España con ocasión de las Cortes de Cádiz pero que luego tuvieron un discurrir que, cuando menos, debemos calificar de azaroso. No tenemos personalidades o pensadores contemporáneos de la talla de Montesquieu, Adam Smith, Tocqueville, John Stuart Mill, Von Mises o Hayek, pero podemos estar orgullosos de los precursores del liberalismo que fueron los filósofos y teólogos de la Escuela de Salamanca, como Francisco de Vitoria o Tomás de Mercado, en el siglo XVI. A todos ellos, aunque no sean españoles, podemos reconocerlos como propios. Igual que podemos considerar como propios a todos los que han logrado avances en el camino de ampliar los espacios de libertad en todo el mundo. Como valoramos a todas las mujeres que lucharon y siguen luchando por el reconocimiento de sus derechos en igualdad con los hombres, o a los hombres y mujeres de color que hicieron y hacen lo mismo.

Con esos mimbres, que creo que son los mejores: una reivindicación de España, su Historia y su cultura, y una defensa a ultranza de la libertad frente a los que consideran a los individuos como simples piezas de un engranaje que les puede llevar a imponer su modelo de nación o de sociedad, tenemos que presentarnos ante los españoles, tenemos que ofrecerles un proyecto que les incite a colaborar en la tarea de hacer una España cada vez mejor y en lograr que los ciudadanos tengan cada vez más oportunidades de ejercer en plenitud su libertad.

19
ALGUNAS PROPUESTAS PARA EL FUTURO

Todas las reflexiones y los análisis que he ido desgranando hasta aquí hay que encuadrarlos en una realidad ineludible: los votantes han hablado el 20 de diciembre de 2015. Y lo han hecho con una claridad enorme. Han expresado su rechazo y su desilusión hacia el PP hasta el punto de que los resultados de estos últimos comicios son casi equiparables a los que obtenía Alianza Popular en los años ochenta del siglo pasado.

A esos malos resultados hay que unir la percepción indudable de que hoy en día nuestro Partido no genera ilusión, y que es alarmante el envejecimiento de los cuadros, los militantes, los interventores, los apoderados y, sobre todo, los votantes.

No hay la menor duda de que todos estos datos nos están imponiendo la necesidad imperiosa de abrir un periodo de reflexión y de debate dentro del PP, en el que, además, escuchemos a toda la sociedad española. Los votantes han hablado, ahora tienen que hablar todos los que se sientan involucrados en el proyecto que representa el PP. Sin límites ni cortapisas, porque parece evidente que hay que ir a una refundación.

Porque la verdad es que, aunque nadie de la cúpula se quiera enterar, los militantes, los votantes, los dirigentes y muchos de los líderes llevan meses, si no años, dándole vueltas a lo que ha pasado, a lo que puede venir en el futuro y a qué es lo que hay que hacer. Por eso, ahora es muy importante y urgente arbitrar unos procedimientos que permitan que todo el mundo pueda decir en público lo que está aburrido de decir en privado.

Dado que, en todos los análisis, la corrupción aparece como una causa esencial en la caída de votos y en la pérdida de auctoritas del PP a la hora de dirigirnos a la sociedad, cualquier operación que tenga por objeto la renovación o refundación de nuestro Partido tendrá que reconocer, además de que llevamos más de veinticinco años sin renovar nuestros mensajes, que no hemos sido todo lo diligentes que debíamos a la hora de prevenir y de luchar contra la corrupción.

Me toca ahora exponer las grandes líneas en las que creo que tiene que basarse esa renovación total, o refundación, del PP. Líneas que, por supuesto, tienen que estar abiertas a la discusión y al debate, pero que ningún intento serio de sacar al PP de la crisis actual podrá eludir.

Mi propuesta de refundación parte de una base positiva, y es que nada parece presagiar que en España hayan desaparecido todos esos millones de personas que creen que las mejores soluciones a los problemas de España son las que se sustentan sobre los principios liberal-conservadores, que son los principios que defienden todos los partidos homólogos al nuestro en el resto de Europa: la defensa de la libertad, de la propiedad, del imperio de la Ley, de la justicia contra los delincuentes, del orden, del reconocimiento del mérito y del esfuerzo, de los valores del cristianismo, de la alineación con los países libres, de la igualdad de oportunidades, del orgullo de ser españoles, de España como Nación de ciudadanos libres e iguales en derechos, del orgullo por todas las luces de nuestra Historia, sin que eso quiera decir que no sepamos que hay partes de sombra. Esa es la opción de millones de españoles, esa es la opción que el PP tiene que defender y esa es la opción similar a las que existen en todos los países europeos y occidentales. Además, esa opción es la que gobierna en la mayoría de esos países porque es la que está demostrando más eficacia en la gestión de la recuperación económica.

Por lo tanto, la respuesta que el PP tiene que dar ahora a la crisis en que lo han colocado sus malos resultados electorales, así como las soluciones que tiene que ofrecer a los problemas y a las aspiraciones de los españoles, tienen que estar basadas en esos principios.

Si nos fijamos ahora en la lista de los asuntos sobre los que hoy no está clara la postura del PP, pues nos encontramos que son muchísimos. Empezando por la política exterior, con el tema de Cuba, en el que nuestra posición no es, a mi entender, todo lo comprometida que sería deseable con la libertad de los cubanos. Y no digamos nuestra postura hacia la Unión Europea y hacia los que quieren acabar con la soberanía española y defienden la Europa Federal. Si los británicos, en el referéndum que tendrá lugar en junio de 2016, decidieran salir de la Unión Europea, que Dios no lo quiera, España perderá una de las voces que más y mejor han defendido el sentido común dentro de la burocracia europea con su defensa constante de la soberanía de cada uno de los Estados. O en el caso de la defensa. O en la educación, en todas las etapas, porque a veces parece que lo único que puede mejorar el PP es bajar las tasas universitarias, cuando lo verdaderamente preocupante es que no hay ni una sola de las universidades españolas entre las primeras doscientas del mundo en los ránkings de calidad.

Y no digamos ya sobre el asunto capital de la energía, cuando tenemos una de las energías más caras del mundo, como consecuencia de que el parón nuclear y las subvenciones a la minería y a las energías renovables, en lugar de estar en el Presupuesto, si es que se quieren subvencionar, se ponen en la factura de la luz. O en la política de medios de comunicación. O en el desempleo, donde no hemos sido capaces de sustituir el subsidio de desempleo o de paro por un subsidio para buscar empleo, como ocurre en Inglaterra o en otros países europeos. O como la política de vivienda, cuando se quiso cambiar esa tendencia que siempre hubo en España a adquirir la propiedad de la vivienda, que se quiso frenar promoviendo el alquiler y, para promoverlo, una de las soluciones era agilizar los desahucios, en lo que la hoy Alcaldesa Carmena tuvo un papel protagonista cuando era jueza, ya que entonces se aducía que el alquiler no se usaba en España porque los propietarios sabían que al inquilino que no pagaba la renta era muy difícil desahuciarlo.

Aunque en un capítulo anterior ya he expuesto algunas de las líneas por las que debe transitar el PP en materia económica, quiero resaltar cómo me resulta de sorprendente que algunas de las personas que han tenido altas responsabilidades dentro del PP, cuando oyen la expresión «el dinero donde está mejor es en el bolsillo de los contribuyentes», consideran que eso no es acertado porque, dicen, hay gente que no tiene dinero. Habría que explicar que el dinero donde tiene que estar es en el bolsillo de quien lo gana con su esfuerzo, con su creatividad, con su trabajo, con el sudor de su frente. Y que los que no ganan mucho tampoco quieren tener que pagar impuestos. Porque, en fin, el dinero siempre está mejor en el bolsillo de los contribuyentes que en las dilapidadoras manos de la burocracia. Como dice muy bien un amigo mío, «no es más justo quien más recauda para distribuir, sino quien menos quita a los ciudadanos contribuyentes».

Dicho esto, lo que la economía española debería afrontar es el brutal incremento de la deuda pública que se ha producido en los últimos años de Zapatero y en la Primera Legislatura de Mariano Rajoy. Estamos ya alrededor del 100 % del PIB. Y si hablamos del déficit, nos encontramos con que del algo más de un billón de euros que toda España produce, cada año tenemos un déficit de más del 5 %, y el 5 % serían unos 50.000 millones, que cada año se suman a la deuda, ya que eso es el déficit: nueva deuda. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es disminuir esa deuda, a la par que disminuir el déficit. Una de las formas de disminuir la deuda podría ser, o debería ser, una desamortización, al lado de la cual podría palidecer la de Mendizábal.

Es verdaderamente escandaloso que cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas tenga en cada una de sus provincias una Delegación de cada una de las Consejerías, con sus edificios y sus instalaciones correspondientes, en plena era de las nuevas tecnologías. En lugar de que, en la provincia de Segovia, o de Jaén, o de Teruel, estuvieran reunidas todas las Delegaciones de la Junta de Castilla y León o de la Junta de Andalucía o del Gobierno de Aragón en un solo edificio, cada una de ellas tiene un edificio con todos los gastos que eso lleva consigo. Si se pudieran sacar a subasta pública no ya todos, sino solamente el 20 % de los solares, edificios, pisos, inmuebles o fincas en manos de los poderes públicos, la deuda podría disminuir en una cantidad que creo muy importante.

Así disminuirían la deuda y los intereses que hay que pagar por ella, aunque ahora el pago de intereses sea muy pequeño. Se quiere pensar que el incremento de la deuda no es importante porque los tipos de interés están bajos, pero esto no tiene por qué ser así siempre. Porque, por ejemplo, hace muy poco los tipos de interés estaban altos. Hace sólo tres años, Cataluña pagaba el 7 % de los intereses de su famosa deuda patriótica. Por lo tanto, que ahora estén al 1 %, al 2 % o, incluso, en algunos casos, al 0 %, no nos debe hacer pensar que eso va a ser así eternamente. La oscilación de los precios de las materias primas y del dinero es algo que no podemos controlar.

Nadie podía pensar que el petróleo iba a bajar de 110 dólares el barril a 33 en tan sólo dos años, y lo mismo que ha bajado como consecuencia de los descubrimientos científicos como el fracking, al que se oponen muchos por convicción y otros por intereses para que la bajada del petróleo no perjudique sus propias inversiones en otro tipo de fuentes de energía, pues nos tiene que hacer pensar que el precio del dinero, igual que el del petróleo o que el de otras materias primas, puede oscilar.

Por lo tanto, para reducir la deuda, si no se quiere hacer la reforma de las Administraciones Públicas que hay que hacer, o si no se quieren suprimir Diputaciones Provinciales, unir Ayuntamientos, y hacer todas esas cosas que se hacen o que se han hecho en otros países, pues tendremos, al menos, que hacer una desamortización, una venta controlada de los inmuebles propiedad de los poderes públicos. Esto dirán que es vender las joyas de la Corona a bajo precio, pero el precio ni es alto ni es bajo, es lo que hay que hacer para que la economía española pueda respirar.

Con un Gobierno del PP, y si ese Gobierno aplicara los principios que están en el ADN del PP y no actuara buscando la comodidad de las decisiones que no generan resistencia, la eclosión de inversión extranjera, de prosperidad, de bienestar y de empleo que vendría a España sería inmediata, porque ahora mismo hay una retracción de todos esos mismos inversores temiendo lo que pueda ocurrir con la incertidumbre y la inseguridad que generan las políticas que aplicarían los de Podemos, si llegan al Gobierno de la Nación.

Entre los principios irrenunciables del PP se encuentra la defensa de la libertad y de la propiedad. En este sentido es clave la postura respecto a la política fiscal. Y aquí hemos visto cómo el compromiso de bajar impuestos ha consistido en una subida. En los últimos momentos de la Legislatura de Rajoy parece ser que sí reconocieron que la subida fue inoportuna, que fue inadecuada, y algo los bajaron.

Pero hay un asunto sobre el que a mí me parece fundamental que el PP elabore una doctrina clara, y es el concepto de «lo público» y las consecuencias que esa concepción debe tener en nuestras políticas concretas.

«Lo público». Pero ¿qué diablos es «lo público»?

Constantemente vemos a cantidad de miembros del PP que defienden «lo público» de la misma forma que lo hacen las personas de izquierda, prácticamente sin saber lo que eso es. Que lo defienda Manuela Carmena, a la que he oído hablar muchas veces de eso, o la Ministra de Zapatero que dijo que «el dinero público no es de nadie», lo puedo comprender, pero, ¡hombre!, otros miembros del PP podrían tener un poquito más de profundidad en sus valoraciones e interpretaciones cuando hablan de «lo público».

¿Por qué la defensa de «lo público» se ha puesto de moda? Pues porque es lo cómodo, porque en esa defensa es donde están los del empleo vitalicio, los sindicatos, que es donde se encuentran a gusto, como si la gestión privada de un servicio público no garantizara suficientemente el servicio al que tienen derecho los ciudadanos, cuando en realidad es todo lo contrario.

Es verdad que la mayoría de la gente no distingue entre el titular de un servicio público y su gestor, pero eso es lo primero que hay que explicar con claridad. Desde el momento en que la titularidad del servicio público se mantiene, cuando la gestión no es a través de funcionarios, es decir, no es gestión directa, sino que es indirecta a través de una empresa privada o externalizada, la calidad de la prestación de ese servicio aumenta de manera exponencial. Es una experiencia que he vivido a lo largo de mis cuarenta años en la Administración del Estado.

Un ejemplo: el conductor que me asignaron cuando llegué a la Comunidad de Madrid tuvo que ir al hospital, que ni siquiera era privado, pero que no era de la Seguridad Social, el Hospital de Alcorcón, que era una Fundación. Pues bien, cuando el médico que le tocó le dio el número de su móvil para que pudiera llamarle a cualquier hora y cualquier día, no se lo podía creer.

La actitud de servicio a los ciudadanos es diferente cuando la gestión es pública, a través de funcionarios, porque en la gestión pública toda ella está orientada hacia dentro del servicio. Todas las energías de los gerentes, de los directivos, de los jefes de los departamentos, de los jefes de los servicios, están orientadas más hacia el propio servicio público, hacia dentro, que hacia afuera, hacia los ciudadanos, que son considerados clientela cautiva

Cuando se trata de ese mismo servicio externalizado, la orientación es hacia el ciudadano, al que tratan como a un cliente, no como a un cautivo, que es lo que les gusta a muchos de los representantes de la izquierda.

El argumento fácil que emplean los defensores a ultranza de «lo público» es que, si el servicio lo presta una empresa privada, hay que calcularle el 18 % de beneficio. Como una empresa pública no tiene beneficios, lo lógico, según ellos, es que el coste sea muy inferior cuando un servicio es de titularidad y gestión públicas que cuando un servicio es de titularidad pública y gestión privada, porque se ahorran ese 18 % de beneficio de la empresa. Esto va unido a la idea de que los beneficios, los negocios, el afán de lucro…, todo eso es moralmente reprobable. Y no se dan cuenta de que, si el incentivo no está en la obtención de un beneficio, la empresa no puede funcionar igual; la empresa funcionará, en lugar de orientada hacia el cliente, orientada hacia dentro. Y la experiencia nos demuestra que, si el incentivo no es el de la mayor eficiencia económica, como dice Guy Sorman, «los servicios gratuitos terminan siendo el doble de caros que los de pago».

¿Por qué los sindicatos, por qué los grandes sindicatos, estos que se llaman «de clase», donde verdaderamente medran de verdad es en los servicios públicos prestados directamente, como RENFE, como antiguamente era Iberia, como ADIF, como RTVE, como Telemadrid? Pues porque cuando adquieren auténtica importancia estos sindicatos es, precisamente, cuando no tienen que ocuparse del cliente ni del ciudadano, sino solamente de organizar huelgas en los servicios públicos que deberían garantizar. De ahí las huelgas de transporte justamente cuando más daño hacen, en los días de Semana Santa, o en los primeros días de agosto o, en el caso del transporte público, en Madrid, cuando aquel sindicalista del Metro anunció que iban a «reventar Madrid». Y últimamente ha sido muy significativo que justo en los días en que se celebra uno de los Congresos más importantes y multitudinarios del mundo, el Mobile World Congress en Barcelona, los asistentes hayan tenido que sufrir las molestias enormes de una huelga del Metro de esta ciudad.

Bueno, por no hablar del plante de todos los operarios dedicados a la extinción de incendios que vi en el telediario del 27 de julio de 2015, cuando estaba escribiendo esto, con una ola de calor impresionante y con una enorme cantidad de incendios en España. Entonces, que es verdaderamente cuando más se les necesita. Esto en una empresa privada nunca podrían hacerlo y, sin embargo, lo hacen porque son empleados públicos. Ellos, en vez de tratar lo público como algo que tienen que tratar como trata un buen administrador fiel el dinero ajeno de una manera lógica, sensata y eficiente, como son dueños de su empleo fijo y de por vida, se sienten «empoderados» para actuar así.

En todas las cuestiones que atañen al Estado del Bienestar, es decir, pensiones, sanidad, servicios sociales, dependencia, además de educación, creo que lo que el PP no puede, de ninguna manera, es copiar el discurso de la izquierda.

Sanidad y educación (en los tramos obligatorios) son dos servicios que los españoles hemos decidido que sean gratuitos. Lo hemos decidido los españoles por Ley, pero no hemos decidido que tengan que ser gestionados directamente —al menos, por ahora—. Y, sin embargo, la inmensa mayoría de la gente que está en el PP considera que la educación tiene que ser de gestión pública, y la sanidad, también. El que hayamos decidido que sea gratuita, universal, es decir, para todos, y de la máxima calidad, no quiere decir que tenga que ser prestada por funcionarios. Eso no está dicho en ningún sitio, y, además, no es lo más eficiente.

Por eso, a mí me llamó poderosamente la atención y me sorprendió muy desagradablemente que el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, el señor Aguado, en una entrevista en El País, dijera que «lo último que puede hacer un gestor público es externalizar un servicio». Este señor parece que ha cursado ICADE 3, lo que me hace más incomprensible esas opiniones.

Lo primero que tiene que hacer un político es distinguir entre la titularidad de un servicio y las formas de gestión. Hace ya muchos años que en la Ley de Contratos y Concesiones Públicas se pone de manifiesto que las formas de prestar un servicio público son diversas: gestión directa es una, gestión indirecta, que es lo que llaman externalizar, es otra, y luego está la gestión interesada, que es aquella en la que se gestiona un «negocio». Imaginemos que hay que gestionar una plaza de toros o un centro de convenciones; aquí hay una gestión interesada, es decir, el gestor privado puede dar un porcentaje o participación, o ir a medias con la Administración Pública.

Eso, que es la forma de gestión de los servicios públicos, no hay manera de que se entienda. La gente piensa que sanidad, educación y pensiones, porque sí, tienen que ser gestionadas directamente por las Administraciones Públicas. Confunden la titularidad de un servicio con la gestión de un servicio. Y, sin embargo, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la mitad de los padres eligen para sus hijos una enseñanza concertada, no una enseñanza de gestión pública, sino una enseñanza sufragada con fondos públicos, pero ejecutada por iniciativas sociales, o sea, por la Iglesia en algunos casos, y también por cooperativas o por cualesquiera otros gestores de entidades educativas.

Y en el caso de la sanidad, pues es todavía más claro: los funcionarios del Estado podemos elegir entre la sanidad pública que prestan las Comunidades Autónomas, y ASISA o ADESLAS, que son empresas privadas. Porque los hospitales privados, cuando tienen conciertos con la Sanidad Pública, ponen de manifiesto que el coste de una cama en un hospital privado es bastante menor que el coste en un hospital público. Hasta ahora se decía: «Es que los grandes procesos, los procesos de las enfermedades graves y los muy caros no se tratan en los hospitales privados». No es cierto. Hoy en día, la Fundación Jiménez Díaz o la Clínica Quirón, por ejemplo, tratan todos y cada uno de los procesos sanitarios, incluso las enfermedades más graves o los trasplantes. Y, sin embargo, en España existe la convicción de que es absoluta y totalmente imprescindible que la gestión del servicio sanitario la hagan los funcionarios. Una cosa que no se entiende. La justificación suele ser que son servicios esenciales, y yo digo: ¿y la alimentación y el vestido no lo son?

El asunto de las pensiones tiene muchísima más importancia de la que se le da. José Piñera, el hermano del anterior presidente de la República de Chile, bien es cierto en un momento en el que todavía estaba Pinochet, estableció un sistema de pensiones que ha permitido a Chile tener un desarrollo económico extraordinario, con crecimientos en torno al 7 % acumulativo anual. Este sistema público de pensiones ha pasado por toda clase de avatares. Es un sistema que, en lugar de ser de reparto, es de capitalización y, a lo largo de los treinta y cinco años que lleva vigente, ha ido adaptándose, con correcciones por parte de los sucesivos Gobiernos. Gobiernos que han sido casi todos de concentración, es decir, de socialistas y democratacristianos, porque únicamente el de Piñera, que ha estado solamente un mandato, fue de un partido liberal de centro-derecha.

Veamos las diferencias del sistema chileno y el actual sistema español. En el sistema español, que es de reparto, las pensiones las paga la Seguridad Social con las cotizaciones de los españoles que ahora están trabajando. Este sistema tiene el problema de que, cuando el número de trabajadores activos disminuye y el de pensionistas aumenta, se hace insostenible. Ya lo dijo en su momento el Ministro Pedro Solbes, en tiempos del último Gobierno de Felipe González, antes de que viniera el boom de los inmigrantes, que salvaron momentáneamente a la Seguridad Social, con sus cotizaciones, de la ruina que la amenazaba entonces. Pero es que ahora lo ha vuelto a decir el Gobernador del Banco de España, Luis María Linde.

Lo que tanto Linde como Solbes dicen es que no es posible seguir con este sistema de pensiones de reparto, si no crece de una manera espectacular el número de trabajadores que cotiza. Hoy en día, hay que recordar que la cotización a la Seguridad Social ya no paga la sanidad, que se paga con los Presupuestos de las Comunidades Autónomas. La cotización a la Seguridad Social paga única y exclusivamente las pensiones, el desempleo y las bajas laborales. Pero, si cada vez hay más pensionistas, como es lógico, porque la sanidad es cada vez mejor y cada vez vivimos más años, y al vivir más años, la Seguridad Social tiene que pagar más pensiones durante más tiempo. El problema es que, si no hay suficientes ingresos y cada vez hay más gastos, es absolutamente imposible que este sistema se sostenga.

¿Eso quiere decir que queremos privatizar las pensiones? No. Queremos un sistema público de pen- siones, pero no queremos que sea un sistema de reparto; propugnamos un sistema de capitalización, como el chileno, en el cual los que ahora empiezan su vida laboral coticen a lo que en Chile se llaman Adminis- tradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y elijan la que ellos quieran.

Esas instituciones tienen una característica fundamen- tal, y es que son un sector absoluta y totalmente regulado por el Estado, que les dicta cómo tienen que invertir sus fondos. Son, como si dijéramos, fondos de pensiones, pero que no pueden invertir en lo que quieran y en la cuantía que quieran. Tienen perfectamente tasadas aquellas inversiones que pueden hacer, como ocurre con las compañías de seguros, y no pueden pasarse de un límite, no pueden, para entendernos, poner todos los huevos en la misma cesta, pueden invertir algo en el extranjero, pero tiene preferencia la inversión dentro del país. Esto ha permitido el impresionante despegue económico de Chile y de los chilenos. Además, estas Administradoras no pueden estar en monopolio, y los trabajadores pueden elegir a qué fondo de pensiones quieren encargarle la capitalización de su pensión. Si alguna Administradora quiebra, existe un mecanismo para asegurar los fondos que los trabajadores han depositado en ella, como también ocurre con las aseguradoras.

Y, por supuesto, este nuevo sistema no se le podría aplicar a los que, como yo, tenemos sesenta y cuatro años y hemos cotizado toda nuestra vida laboral en un sistema de reparto. Habría que implantarlo a los nuevos cotizantes, como lo hicieron en Chile hace ya más de treinta años.

Si hablamos de educación, y nos ponemos en serio a elaborar un proyecto para el PP, tenemos que partir de que el reconocimiento del mérito y del esfuerzo en la educación es algo que hoy en España está absoluta y totalmente olvidado. Y son, sin embargo, asuntos fundamentales. Mientras no se quiera reconocer que el esfuerzo, el mérito y el estudio tienen algo que ver con el resultado de la formación de nuestra juventud, va a ser muy difícil que la educación cumpla el papel fundamental que España necesita de ella. A mí me decía un anciano bastante sabio que ya murió, Rafael Termes, que, cuando él estudiaba, en Barcelona, hacia los años veinte, a los que no obtenían un «aprobado» se les llamaba «réprobos». La palabra «réprobo» era tan dura, porque era reprobable lo que habían hecho, que se cambió, y ya no eran réprobos, y sus notas, sus resultados académicos, quedaban «en suspenso».

Bueno, pues el suspenso, que es lo que cogí yo en mi época de estudiante de Secundaria, ya tampoco se llevaba. Por eso a mí me sorprendió, cuando llegué al Ministerio de Educación, el «progresa adecuadamente» o «necesita mejorar». Pero no hay ninguna nota peor que «necesita mejorar», porque ya no existe el «suspenso». Es decir, que todo el proceso de cambio en la educación en España ha consistido en dulcificarles a los malos estudiantes su situación.

Todo ello es una forma de no querer valorar la educación por lo que los alumnos aprenden, por los resultados. Ahora, como se quiere la igualdad de resultados de todos los alumnos, la solución ha sido bajar el listón de la exigencia. Esa es la principal causa de la decadencia de nuestro sistema escolar, que no cumple como debiera sus objetivos de preparar humana y profesionalmente a nuestros jóvenes.

Mi paso por el Ministerio de Educación me enseñó hasta qué punto en el mundo de la educación reinan ciertos dogmas pedagógicos y políticos muy difíciles de erradicar. Si dices que los alumnos han de tener respeto a los profesores, que debe haber cierta disciplina en las aulas o que se debe exigir más a quien puede aprender más, la izquierda pedagógica, que desde hace años domina el terreno de la educación, te dirá que eres un troglodita, cuando no que eres un político fascista.

Para mejorar nuestro sistema educativo habrá que establecer unos programas que digan con claridad cuáles son los conocimientos que deben adquirir los alumnos al finalizar la Primaria y al terminar la Secundaria Obligatoria. Como habrá que implantar exámenes al terminar la enseñanza obligatoria, y que orientar decididamente la Formación Profesional hacia la inserción laboral.

En la Comunidad de Madrid hicimos un gran esfuerzo por mejorar los resultados escolares, y debo decir que con notable éxito. No solamente los alumnos mejoraron claramente sus resultados en las pruebas externas que implantamos al final de Primaria y en 3º de ESO, sino que en la evaluación internacional PISA de la OCDE los escolares madrileños de quince años obtuvieron resultados muy por encima de la media española. Lo que demuestra que es posible mejorar los resultados siempre que defendamos nuestros principios, entre los que se encuentra el reconocimiento del mérito, del estudio y del esfuerzo.

Y más sobre «lo público». En el Pleno del Ayuntamiento de Madrid he tenido que escuchar una proposición del Partido Socialista y de Podemos en la que exigían que no se pudieran vender las acciones del Canal de Isabel II (que tiene una autorización de vender hasta el 49 % de sus acciones, es decir, que el 51 % se mantendrá en propiedad de la Comunidad de Madrid). Decían que «el agua es un derecho humano», y que es un derecho humano que la gestión del agua no esté en manos privadas, aunque sea en un porcentaje pequeño (!). No quieren aceptar que ciudades como Barcelona, regida hoy por Ada Colau, que es un brazo hermano de Podemos, tiene el agua en manos de una empresa como Aguas de Barcelona, que es de la Caixa, y que no han tenido nunca ningún problema con eso. Y son cien por cien privadas.

Yo creo que habría que explicar claramente que, si el agua es un derecho humano, ¿cómo no va a ser un derecho humano la alimentación o el vestido? Entonces, lo lógico, siguiendo ese pensamiento intelectual de la izquierda, es que se nacionalicen inmediatamente todas las empresas de alimentación, los supermercados, las tiendas de ropa, las fábricas de textil…, todo absurdo. Pero eso es lo que no somos capaces de defender en un partido de centro-derecha. Intelectualmente, no somos capaces de dar la batalla para explicar cosas que son, en realidad, muy sencillas, porque, si fueran como dicen, estos señores habrían procedido a la nacionalización de todas las empresas de alimentación o del vestido, como en Cuba, Corea del Norte o antes en la URSS.

Otro asunto sobre el que el PP no acaba de definirse con claridad es el asunto de la energía. El Gobierno de Zapatero, en un momento en el que él negaba que existiera una crisis y para hacerse el más verde, el más ecologista que nadie, decidió dar inmensas subvenciones a aquellas fuentes de energía llamadas renovables. Las que ahora llaman las nuevas: los molinillos y la energía solar, porque el agua, que es una energía renovable, digan lo que digan, no la subvencionaban. A las empresas de los molinos de viento se les llegó a garantizar una prima sobre tarifa que duplicaba con creces las que tenían establecidas los países de nuestro entorno. Y, claro, en el momento en que llegó la crisis, eso era absoluta y totalmente insostenible. No era sostenible, y el Tribunal Supremo se ha encargado de limitar estos beneficios exagerados. Pero ¿por qué razón los españoles nos vemos obligados a pagar una factura de la luz en la cual el coste de la energía no llega al 45 % y el resto son impuestos y subvenciones: a la minería, al parón nuclear, a las renovables, etc.? Ahí está metido todo. Si se quiere subvencionar todo esto, que vaya a los Presupuestos. La situación actual no tiene ningún sentido. No sólo por lo que pagamos las familias, sino, sobre todo, porque esto es un atentado a la competitividad de la industria, de los servicios y de la economía española. Porque estamos pagando a las empresas una factura de la luz que no se circunscribe al coste de la luz (que sólo es el 45 %), sino al coste de los caprichos que cada Gobierno ha metido en la factura de la electricidad. Esto tiene que ir al Presupuesto, como hacen en los países anglosajones.

Hay más asuntos en los que es sorprendente que el PP no haya tenido el valor de elaborar una doctrina que pueda ser útil, no solamente para los programas electorales, sino para el ejercicio de los Gobiernos donde los ciudadanos nos han colocado.

Uno de los aspectos que tiene que estar presente en la renovación total que necesita el PP es la reivindicación del orgullo de ser españoles, es la defensa de España como una gran Nación de ciudadanos libres e iguales. Es patológico que, con la excepción de los partidos y los éxitos de la Selección Española de fútbol, por la razón que sea, sacar una bandera de España se considere algo verdaderamente estrafalario, cuando eso en los Estados Unidos, en Francia o en Alemania es lo más normal del mundo.

Que Pedro Sánchez apareciera delante de una enorme bandera nacional, justo antes de las elecciones primarias de su partido, demuestra que eso es algo inusual, cuando en los Estados Unidos, en todos los mítines políticos aparece una inmensa bandera, lo mismo que pasa en Inglaterra con la Union Jack, o en Francia —yo recuerdo un mitin de Sarkozy con la bandera francesa ocupando todo el fondo del escenario—, y aquí debería ser así.

Pero hay un grave desconocimiento de nuestra Historia, hay una dejación a la hora de explicar en las escuelas los hechos heroicos, porque ha habido muchos, de muchos españoles. A lo largo de nuestra Historia ha habido sombras, pero ha habido aún más luces, y esas hay que reconocerlas.

En cambio, hay una exaltación por parte de la progresía de todo lo que se refiere a la II República, que, a mi juicio, fue una etapa absolutamente fallida, hasta el punto de que, como dije una vez en la Asamblea de Madrid, quienes habían sido los intelectuales que más habían hecho por su advenimiento, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y Gregorio Marañón, tuvieron que huir al extranjero. Y desde el extranjero mandaron su apoyo a Franco y, no contentos con esto, mandaron también a todos sus hijos voluntarios al ejército llamado nacional, porque lo que había sido la II República era el «no es eso, no es eso», que dijo Ortega. Recuérdese que hechos heroicos y vergonzosos los hubo en ambos lados, claro que sí. Y que, además, todas las familias tenemos personas que han estado en un lado y en otro.

Pensar que la II República fue un dechado de virtudes, un compendio de bienes sin mezcla de mal alguno, es un error craso. Porque en la II República se exacerbaron los odios y se llegó al asesinato de algunas personas por el mero hecho de tener una ideología diferente.

Como ya he dicho en este libro, Juan-Simeón Vidarte, que era el Secretario de Organización del PSOE en julio de 1936, escribió un libro, Todos fuimos culpables, en el que cuenta cómo en la madrugada del 13 de julio de ese año se le presentó en la sede del Partido el capitán Condés, de la Guardia Civil, que era militante del PSOE, para decirle que habían hecho una barbaridad. Y la barbaridad era que habían secuestrado al Jefe de la Oposición en el Congreso de los Diputados, José Calvo Sotelo, y un tal Cuenca, que era de la escolta personal de Indalecio Prieto, le había pegado dos tiros en la nuca. Esto no lo sabe ni el 1 % de los militantes socialistas de hoy. Y mucho menos el conjunto de los españoles, que oyen las alabanzas a la II República sin escuchar ni la menor objeción.

Esto no quiere decir que al hablar de la II República, sólo contemos este crimen, pero sí tenemos que explicar a la gente que aquello no fue un régimen idílico.

El PCE, por cierto, en 1956 supo ser generoso y supo reconocer que ellos, que habían hecho la Guerra, que sabían perfectamente la sangre y el dolor que había sufrido toda España, no querían que la siguiente generación viviera con ese odio. Y por esa razón estuvieron en la Transición, estuvieron en la Constitución de la concordia, del consenso, esa Constitución que no gustaba del todo a ningún partido, pero en la que todos podían sentirse cómodos.

Pues eso es muy importante que se supiera, que se enseñara en las escuelas, que se dijera en la televisión. No sé cómo esas cosas podrían difundirse, porque la realidad es que prácticamente nadie lo sabe.

EPÍLOGO

Cuando empecé mi carrera política, le escuché decir a alguien que «el que expone se expone». Y aquello me gustó. Porque para mí estar en política era y es exponer lo que pienso, debatirlo sin dogmatismos, intentar llevarlo a cabo si los ciudadanos así lo deciden, y exponerme a sus críticas.

Es lo que he hecho siempre, desde que entré de joven concejal en la oposición del Ayuntamiento de Madrid tras las Elecciones de 1983.

Se me podrán reprochar y criticar muchas cosas, pero no la de no hablar claro y no la de haberme escondido a la hora de dar la cara con mis opiniones y mis propuestas sobre lo que pasaba a mi alrededor y sobre lo que me pasaba a mí misma. Por eso he escrito este libro.

Un libro que trata de asuntos de la actualidad política puede estar condenado a ser un oxímoron, es decir, una contradicción en sus propios términos. Porque la actualidad, lo sabemos de sobra los que llevamos muchos años en la vida política, es algo enormemente cambiante: lo que ayer era de «rabiosa» actualidad hoy puede estar ya en la página par más anodina del periódico y mañana haber desaparecido absolutamente. Por eso nadie lee el periódico del día anterior.

Mientras que un libro, también un libro que trata de asuntos de la vida política como este, se escribe siempre con ánimo de perdurar, con el propósito de que pueda ser leído días, meses o, incluso, años después, sin perder su posible interés.

Cuando en el verano de 2015 empecé a tomar notas y a grabar cintas con la idea de componer este, fui plenamente consciente de esa contradicción que amenaza siempre a cualquier libro que se ocupa de cuestiones que están en el candelero de la candente vida política: que lo que se dice un día ya no es válido para el día siguiente. Sin embargo, decidí continuar con la elaboración de estas páginas por una razón fundamental: porque el asunto central que quería tratar no eran algunos episodios o anécdotas de la vida política española de los últimos años, sino la descripción y el diagnóstico del proceso que ha conducido a la situación en que se encuentra el centro-derecha español.

Cuando escribo este epílogo, en los últimos días de febrero de 2016, aún no sabemos qué va a ocurrir con la investidura de un Presidente del Gobierno, tras los resultados de las Elecciones Generales del pasado 20 de diciembre. No sabemos si Pedro Sánchez formará una mayoría suficiente con Ciudadanos o si lo hará con Podemos, no sabemos si fracasará en la primera votación y ganará la segunda o si tendrá que abandonar su propósito, no sabemos si Rajoy intentará entonces su investidura o si, después de haber fracasado todos, tendremos que ir a unas nuevas Elecciones.

Pero lo que sí sabemos, lo que nadie puede discutir, es que la situación que describo en el Prólogo de este libro es una realidad insoslayable: el PP, que fue el partido que más confianza suscitó entre los españoles a lo largo de 2011, cuando obtuvo unos resultados electorales como ningún partido los había obtenido en nuestra Historia, cuatro años después, y elección tras elección, ha perdido un tercio de sus apoyos y se ha convertido de nuevo en un nasty party.

Dará igual cómo se solucione la crisis política que han abierto en España los resultados del 20D, dará igual quién forme Gobierno —incluso si es Mariano Rajoy el finalmente investido—, porque lo que nadie podrá negar es que el PP tiene que refundarse de arriba abajo, si quiere seguir siendo el partido al que voten los millones de españoles que creen en la libertad, la propiedad, el esfuerzo personal, el mérito, la igualdad de oportunidades, en el imperio de la Ley, en la separación de poderes, en los valores de la civilización occidental, los españoles que quieren que se haga siempre justicia, los españoles que están orgullosos de serlo y quieren que España sea una Nación de ciudadanos libres e iguales.

Cuando empecé a elaborar el material para este libro, el móvil de mis reflexiones y de mis análisis era intentar comprender qué había pasado para que se hubiera producido la hecatombe de perder tantísimos votos, elección tras elección, desde los éxitos del 2011.

Y tomé la decisión de reunir mis reflexiones en un libro porque me pareció que, hechas desde mi experiencia personal, pueden ser útiles a la hora de afrontar la tarea ineludible, no sólo de regenerar, sino de refundar un gran partido de centro-derecha, capaz de ilusionar a una mayoría de españoles, y de defender en el día a día de la vida política esos valores que caracterizan a los partidos homólogos de los demás países europeos.

La labor de análisis que he llevado a cabo he procurado hacerla con la máxima honestidad intelectual y política. Esto quiere decir que no me he escondido a la hora de exponer los errores en los que he podido caer en mis treinta y tres años de dar la cara en el debate ideológico de la vida política española.

Escribir este libro no ha sido una tarea fácil ni cómoda. Me ha costado muchos momentos de tristeza al contemplar esos errores, sobre todo los que han sido utilizados por los desaprensivos que se han aprovechado especialmente de mí para buscar su enriquecimiento personal, es decir, para robar a los ciudadanos el dinero que era de todos. Y digo que se han aprovechado especialmente de mí, porque sobre mí ha existido siempre, entre los partidarios y entre los adversarios, la convicción de mi absoluta honradez en cuestión de dinero. Todos los que me han conocido saben que el dinero no ha sido jamás el móvil de mi vida, y saben que mi patrimonio, como demostré incluso en la Asamblea de Madrid, no ha hecho más que menguar desde que estoy en política. Estar bajo las órdenes de una persona que, como yo, nunca ha tenido tarjeta de crédito de ninguna Institución donde he estado, que nunca he cobrado ni un euro de sobresueldo en ninguna parte, o que nunca ha suscitado la menor sospecha por haber cambiado de nivel o de forma de vida después de su entrada en política (y no sé si habrá muchos políticos que puedan decir lo mismo), ha sido, ahora lo veo bastante claro, el mejor paraguas para las actuaciones de los indeseables corruptos que me han salido entre mis colaboradores.

Tener que escribir esto y sobre esto me ha provocado momentos de mucha tristeza y de enorme indignación. Sé que algunos consideran que mis fallos en este campo me invalidan para opinar sobre nada, claro que también piensan que no tengo ni derecho a la vida. Sobre estas objeciones también he reflexionado y he llegado a la conclusión de que, precisamente por reconocerlos y por haber asumido las responsabilidades políticas que se derivan de mis fallos, los testimonios y los análisis que en estas páginas he recogido pueden ser incluso de más interés para todos los que quieran colaborar en la refundación de ese imprescindible partido que necesita la sociedad española.

Decía que muy pronto aprendí, y acepté gustosa, que en política el que expone, se expone. Con este libro de reflexiones, que no pretenden abarcar todo lo que ha pasado en España en los últimos años, pero sí todo lo que ha pasado cerca de mí, vuelvo a hacer lo que he hecho siempre: exponerme. Al exponerme sé que me expongo a las críticas de propios y ajenos. Pero no hay cosa que me guste más ni que me parezca más útil que suscitar debates, plantear problemas y colaborar a encontrar, entre todos, las mejores soluciones. Pero también estoy segura de que lo que en este libro cuento y las propuestas que en él me he atrevido a incluir suscitarán algunas adhesiones y ayudarán a los que lo lean a comprender mejor mi trayectoria, mis ideas y muchas de las cosas que han pasado en España y en el PP en los últimos años.

Madrid, 1 de marzo de 2016