No hace mucho tiempo escuchaba atentamente cómo el socialista Pedro Sánchez proclamaba en sus mítines que las mujeres cobran un 27% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo y me lo creía; al igual que creía a los periodistas de la Sexta cuando afirmaban, con rotundidad, que existen solamente un 0,01% de denuncias falsas por violencia de género. Un día me puse a investigar las cifras con las que nos bombardean a diario tanto políticos como periodistas y descubrí cómo el feminismo actual está construido sobre mentiras.

Así pues, no es cierto que las mujeres cobren menos por realizar el mismo trabajo o que el número total de denuncias falsas sea tan bajo. Estas mentiras forman parte de un mecanismo de ingeniería social diseñado para favorecer a sectores políticos y económicos neomarxistas.

Este conciso libro es un resumen del resultado de mis investigaciones sobre lenguaje inclusivo, brecha salarial, techos de cristal, LIVG, denuncias falsas, pruebas de acceso para mujeres y cuotas de género. Espero que Veinte mentiras del feminismo actual sea de utilidad para todos los hombres y mujeres que creen en la verdadera igualdad, y que entre todos podamos revertir esta deriva moderna donde lo natural es criminalizado, lo aberrante es lo normal y lo injusto es lo legal.

(De la Introducción)

Juan R. González Álvarez

Veinte mentiras del feminismo actual

ePub r1.0

Titivillus 23.01.2021

Título original: Veinte mentiras del feminismo actual

Juan R. González Álvarez, 2019

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Dedicado a las cinco mujeres en mi vida:

Patricia, Mariló, Flora, Sinda y Flora

Inteligentes, trabajadoras, cariñosas, independientes, risueñas,

solidarias y contrarias a cualquier tipo de discriminación.

Auténticos ejemplos para las verdaderas feministas.

Vigo, 2 de noviembre de 2019

INTRODUCCIÓN

No hace mucho tiempo escuchaba atentamente cómo el socialista Pedro Sánchez proclamaba en sus mítines que las mujeres cobran un 27 % menos que los hombres por realizar el mismo trabajo y me lo creía; al igual que creía a los periodistas de la Sexta cuando afirmaban, con rotundidad, que existen solamente un 0,01 % de denuncias falsas por violencia de género. Un día me puse a investigar las cifras con las que nos bombardean a diario tanto políticos como periodistas y descubrí cómo el feminismo actual está construido sobre mentiras. Así pues, no es cierto que las mujeres cobren menos por realizar el mismo trabajo o que el número total de denuncias falsas sea tan bajo. Estas mentiras forman parte de un mecanismo de ingeniería social diseñado para favorecer a sectores políticos y económicos neomarxistas.

Este conciso libro es un resumen del resultado de mis investigaciones sobre lenguaje inclusivo, brecha salarial, techos de cristal, LIVG, denuncias falsas, pruebas de acceso para mujeres y cuotas de género.

Espero que Veinte mentiras del feminismo actual sea de utilidad para todos los hombres y mujeres que creen en la verdadera igualdad, y que entre todos podamos revertir esta deriva moderna donde lo natural es criminalizado, lo aberrante es lo normal y lo injusto es lo legal.

Para empezar, cabe destacar que no todos los feminismos son iguales. Se podría contabilizar como primera mentira el que medios y políticos intenten convencernos de la existencia de un único feminismo y de que el movimiento apenas ha variado a lo largo de la historia. Nada más lejos de la realidad, existen tres o cuatro etapas históricas del feminismo, y mientras el feminismo original buscaba la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, descubriremos a lo largo de este libro cómo el movimiento feminista de nuestros días ya no busca la igualdad.

Los estudios europeos sitúan el origen del feminismo en el año 1673 con la publicación de La igualdad de los dos sexos por parte de François Poullain de la Barre, considerado el padre del feminismo, y se extiende hasta mediados del siglo XIX, en torno a la polémica sobre la naturaleza de la mujer, con autoras como Mary Wollstonecraft defendiendo en su obra Vindicación de los derechos de la mujer que las mujeres no son inferiores a los hombres y que deberían recibir el mismo trato. Este fue el feminismo de primera ola.

La segunda ola feminista comienza con el movimiento sufragista iniciado en 1848 cuando sesenta y ocho mujeres y treinta y dos hombres firmaron la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls.

Durante este período, el feminismo se concentró en el logro del derecho al sufragio femenino y a la educación superior, aunque más adelante abarcó una amplia variedad de temas tales como la sexualidad, el trabajo fuera del hogar, la familia y la reproducción.

La tercera ola feminista llegó en la década de los años sesenta y hay distintas opiniones respecto a su finalización. Mientras que algunos sostienen que la tercera ola sigue vigente hasta nuestros días, otros afirman que finalizó en los años ochenta y fue reemplazada por una cuarta ola feminista. Además, los estudiosos anglosajones ofrecen una cronología diferente de la que he descrito aquí; por ejemplo, para ellos la tercera ola comenzó en la década de los noventa en vez de los sesenta.

Éstas son cuestiones puramente académicas y en este libro nos referiremos al movimiento contemporáneo como feminismo actual, independientemente de si lo consideramos una tercera o una cuarta ola e independientemente de la fecha que se tome como su concepción. Lo que nos importa es lo que dice y lo que promueve este movimiento en la actualidad.

Este feminismo actual se construye alrededor de los conceptos de patriarcado y heteropatriarcado; según el comunista Alberto Garzón, el heteropatriarcado es ​«​el sistema sociopolítico en el que el género masculino y la heterosexualidad tienen supremacía sobre otros géneros y sobre otras orientaciones sexuales​»​. Le faltó añadir que esa supuesta estructura opresora actúa en la sombra, porque nunca se la identifica con personas o instituciones concretas.

El heteropatriarcado es una especie de sistema etéreo que existe ahí en el subconsciente colectivo de todos los que han sucumbido a los efectos de la propaganda de género. El heteropatriarcado es el enemigo invisible al que hay que apelar para movilizar a los activistas y votantes en esta supuesta lucha social en la que se ha convertido el feminismo actual.

Lo que el marxismo no consiguió enfrentando patrones y obreros, lo busca ahora la izquierda con las llamadas políticas de género. Esto es, las mujeres son una ​«​clase​»​, los hombres son una ​«​clase diferente​»​ y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad individual, la imputación individual de las acciones, queda diluido para poder sustentar una lucha artificial entre ambos sexos.

En este neomarxismo camuflado de feminismo las mujeres pasarían a ser consideradas los ​«​nuevos proletarios​»​, como sostuvo en más de una ocasión la presidenta del Partido Feminista de España, mientras que los hombres serían el nuevo capital opresor al que hay que combatir.

Conociendo sus raíces históricas y políticas, no es de extrañar que encontremos en el feminismo actual una adaptación de viejos trucos marxistas como la colectivización y la victimización: ​«​todas las mujeres son víctimas​»​, ​«​todos los hombres tienen privilegios​»​, etcétera.

Irónicamente, una buena parte de los políticos españoles de derecha han aceptado este neomarxismo simplemente para no perder a sus votantes tradicionales, cuando podrían obtener más votantes al explicarle a la sociedad en su conjunto cuales son los trucos y mentiras que usa este movimiento moderno para manipularnos. Este comportamiento de la derecha es algo insólito; especialmente cuando activistas como Ana María Pérez del Campo Noriega pretenden que ​«​no se puede ser feminista y de derechas al mismo tiempo​»​.

Mientras el feminismo nació con el loable fin de alcanzar la igualdad entre sexos, el feminismo actual ha derivado en un supremacismo que lejos de buscar la igualdad entre mujeres y hombres tiene dos objetivos bien definidos:

Conseguir privilegios para las mujeres y legitimar el menosprecio y los ataques hacia los hombres por el mero hecho de serlo; esta ideología es lo que se conoce como hembrismo.

La producción de estructuras sociopolíticas para acaparar poder y realizar negocio; estructuras que han sido bautizadas como ​«​chiringuitos de género​»​.

Entre estas estructuras no solamente encontraremos ministerios, institutos, direcciones generales, consejerías de igualdad, agencias y secretarías; sino miles de asociaciones, federaciones, fundaciones y observatorios que reciben cientos de millones de euros en subvenciones, además de partidas económicas destinadas a otros países como los veinticinco mil euros otorgados por el estado Español para ​«​El empoderamiento político de la mujer en Panamá​»​.

Un ejemplo de chiringuito es el Instituto Andaluz de la Mujer. Ahora conocemos que recibía casi cuarenta y tres millones de euros anuales de fondos públicos pero destinaba poco más de un millón a las víctimas de violencia de género. Es decir, solamente un 2,8 % del presupuesto anual se ha destinado a las víctimas; el 97,2 % restante se utiliza para mantener al instituto, incluyendo abultados sueldos de cincuenta mil euros anuales a varios cientos de beneficiarios. Según el presupuesto de 2018, este chiringuito ha dedicado ocho veces más a pagar los sueldos de sus altos cargos (9,5 millones de euros) que en la atención y ayudas directas a mujeres maltratadas (1,2 millones de euros).

No es el único ejemplo, a poco que uno investigue podrá comprobar la maraña de organismos estatales y privados que han florecido gracias a un voluminoso caudal de subvenciones tanto públicas como privadas. Éste es un negocio muy rentable, así que todos los involucrados, desde académicos en universidades hasta periodistas en tertulias televisivas, pasando por los propios partidos políticos autodenominados «feministas» distorsionan o manipulan la realidad para mostrarla de tal forma que el negocio les siga siendo rentable.

El segundo objetivo del feminismo actual, esa búsqueda de privilegios para las mujeres, parte de una lógica perversa: si algunos hombres están mejor que las mujeres, eso es una injusticia social que debe corregirse con políticas de género, pero si a las mujeres le va mejor, eso es el devenir natural de la vida y no hay que actuar.

Aquí el movimiento se enfrenta con un grave problema: ningún hombre aceptaría un sistema sociopolítico en el que sus derechos son mermados o incluso eliminados completamente por el mero hecho de nacer varón –de hecho el ala más radical del feminismo incluso deniega el derecho a la vida y promueve una purga de varones heterosexuales con frases del calibre de: ​«​machete al machote​»​, ​«​un mundo lésbico es la solución​»​, o ​«​hetero muerto abono pa [sic] mi huerto​»​–.

La inmensa mayoría de las mujeres creen en la igualdad de derechos con sus compañeros, por tanto esa búsqueda moderna de privilegios, este supremacismo, utiliza técnicas de ingeniería social para expandirse camuflado en la sociedad y hacer negocio antes de que se percaten de que el feminismo actual ya no busca la igualdad entre mujeres y hombres.

Como tan bien ha remarcado la filósofa Christina H. Sommers, ​«​La tercera ola del feminismo se construye con mentiras​»​. El feminismo actual se fundamenta en una espesa trama de falsedades alrededor de temas como los techos de cristal, la violencia de género o el lenguaje inclusivo. Comprobaremos a lo largo de los siguientes capítulos cómo esta trama ha sido diseñada o bien para camuflar privilegios hembristas o bien para ayudar a mantener las estructuras políticas que se han levantado sobre este movimiento.

El grupo de temas seleccionados no es exhaustivo; existen más mentiras que las recogidas aquí, pero la selección es suficientemente representativa de las hipocresías, contradicciones y falsedades que describen al movimiento feminista actual.

1

LENGUAJE INCLUSIVO

Algunas de las mentiras más toscas del feminismo actual están directamente relacionadas con la naturaleza del lenguaje. De hecho el lenguaje inclusivo también refleja las hipocresías y contradicciones que lo caracterizan.

Los ideólogos y activistas de este movimiento promueven el uso de un neolenguaje que diluya los géneros de las palabras. La idea básica es que el uso de un término de género masculino como ​«​médicos​»​ para referirse al colectivo de personas con titulación en medicina, independientemente de si son hembras o varones, les parece ofensivo, así que proponen referirse a este colectivo como ​«​médicos y médicas​».

Aparte de confundir el género de las palabras con el sexo de las personas, su propuesta genera una innecesaria verbosidad en el lenguaje, como podemos comprobar en el artículo 41 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

​«​Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la República, Contralor o Contralora General de la República, Fiscal o Fiscala General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y aquellos contemplados en la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional.

Para ejercer los cargos de diputado o diputada a la Asamblea Nacional, Ministro o Ministra, Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de Estados y Municipios no fronterizos, los venezolanos y venezolanas por naturalización deben tener domicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela no menor de quince años y cumplir los requisitos de aptitud previstos en la ley».

Encontraremos una verbosidad similar en el resto de artículos, con interminable menciones a ​«​hijos o hijas​»​, ​«​padres o madres​»​, ​«​extranjeros o extranjeras​»​, ​«​ciudadanos y ciudadanas​»​, ​«​funcionarios y funcionarias​»​, ​«​abogado o abogada​»​, ​«​juez o jueza​»​, etcétera. La lectura de la Constitución entera podría considerarse una suerte de evolución de aquellas torturas mentales que los republicanos utilizaba en las checas de la Guerra Civil Española para conducir a los reos al delirio.

Este intento de neutralizar los géneros utilizando la combinación de masculino y femenino ha llevado a que ciertas diputadas y ministras españolas inventen palabras absurdas como ​«​miembras​»​, ​«​frailas​»​, ​«​jóvenas​»​, o ​«​portavozas​»​ para construir expresiones hilarantes tales como ​«​jóvenes y jóvenas​»​, ​«​miembros y miembras​»​, ​«​portavoces y portavozas​»​ o ​«​Yo he sido cocinera antes que fraila​»​.

Esta confusión entre género y sexo conlleva dilemas técnicos acerca de cuando usar un término u otro. Por ejemplo, ¿deberíamos usar el término ​«​miembros​»​ para referirnos a los brazos de una persona y ​«​miembras​»​ para referirnos a las piernas, aun cuando las extremidades del cuerpo no tienen sexo?

El lenguaje inclusivo no solo introduce dificultades de índole académica, sino que ya ha generado problemas prácticos que no existían antes. Así ha sucedido con una empresa que decidió no pagar a sus trabajadoras porque el convenio laboral que habían firmado decía ​«​trabajadores​»​, en vez de ​«​trabajadores y trabajadoras​»​.

La insistencia moderna en afirmar que el masculino genérico invisibiliza a la mujer ha traído esta lamentable consecuencia económica para todas las trabajadoras de dicha empresa.

Algunas feministas modernas van un paso más allá y fomentan la eliminación de los géneros mediante palabras supuestamente neutras que ellas han inventado. La genial idea consiste en reemplazar las ​«​as​»​ y las ​«​os​»​ con ​«​es​»​; en vez del clásico ​«​nosotros​»​ o ​«​nosotros y nosotras​»​ ellas dicen ​«​nosotres​»​. Aparte de que no se nos consultó al resto de la población si queríamos usar otras vocales para formar los supuestos neutros, ¿​«​nosotris​»​? ¿​«​nosotrus​»​? la idea de usar la vocal ​«​e​»​ se antoja absurda en sí misma, puesto que muchas palabras de género masculino ya la incluyen como sucede con padre s, fraile s, o juece s; lo cual obligaría a estas terroristas del lenguaje a recurrir a los verbosos ​«​padres y madres​»​, ​«​jueces y juezas​»​, y al hilarante ​«​frailes y frailas​»​ en tales casos.

Pero la medalla de oro en las olimpiadas de lo absurdo se la llevan los miembros del partido Unidas Podemos por idear la palabra ​«​matria​»​. El término para describir la tierra natal o adoptiva a la que un individuo se siente ligado ya tiene género femenino, ​«​la patria​»​, y de hecho en todas las lenguas que conozco la tierra es femenina; pero a estos medallistas de lo absurdo les pareció que esta palabra derivada del Latín antiguo ​«​patrius​»​, a su vez derivada del ​«​patres​»​ significando ​«​los antepasados​»​, no era lo suficientemente femenina, por lo cual decidieron reemplazarla por ese sinsentido neomarxista de ​«​la matria​»​.

Sobre todo esto han opinado académicas, escritoras y mujeres destacadas del mundo de la cultura. Académicas como Soledad Puértolas o Carme Riera, escritoras como Carmen Posadas y Julia Navarro, o la exdirectora de la Biblioteca Nacional, Milagros del Corral, han sido muy críticas y lo han tildado de ​«​despropósito​»​, de ​«​iniciativas grotescas​»​ y de ​«​hacer el ridículo​»​. Milagros del Corral incluso ha recomendado a la diputada Irene Montero que vuelva ​«​a Primaria para aprender al menos a hablar y a escribir correctamente​»​.

Lo que realmente nos interesa del lenguaje inclusivo es que refleja claramente que el feminismo actual no busca la igualdad y por eso he dedicado el primer capítulo a este tema. Empecemos por analizar el propio término ​«​feminismo​»​, cuya etimología proviene del latín femina que significa ​«​mujer​»​ o ​«​hembra​»​. Nunca he escuchado a los feministas denunciar que los términos ​«​feminismo​»​ y ​«​feminista​»​ no tienen una connotación neutra y que, por tanto, deberían ser eliminados del vocabulario.

Alguien podría argumentar que al realizar una excepción con ese par de términos se enfatiza la lucha de las mujeres por la igualdad, pero es un argumento tramposo que no soporta un análisis más detallado de la verdadera naturaleza del lenguaje inclusivo. Consideremos el término ​«​policía​»​, el cual se usa para denotar a todo el colectivo sean mujeres o hombres. No conozco a ningún policía varón que se sienta ofendido por este término, pero lo más importante es que nunca he escuchado a una ministra o diputada feminista referirse a este colectivo como ​«​policíos y policías​»​, ni tampoco como ​«​policíes​»​. ¿Por qué inventar ​«​fraila​»​ y ​«​miembra​»​ pero no inventar ​«​policío​»​? ¿Por qué han inventado ​«​nosotres​»​ y ​«​todes​»​ pero se han olvidado de inventar ​«​policíes​»​?

Las mismas periodistas, diputadas, ministras e ideólogas que ingenian ridículas expresiones como ​«​miembros y miembras​»​, ​«​jóvenes y jóvenas​»​, o ​«​portavoces y portavozas​»​ no han desarrollado expresiones similares tales como ​«​policíos y policías​»​, ​«​taxistos y taxistas​»​ o ​«​dentistos y dentistas​»​, jamás lo han hecho. Las mismas que inventan términos como ​«​altas cargas​»​ para referirse a mujeres que ocupan altos cargos ministeriales o ​«​soldada​»​ para una mujer soldado, nunca han propuesto ​«​pianistos​»​ para referirse a los hombres que tocan el piano ni ​«​economisto​»​ para un economista varón.

​«​Policíos​»​, ​«​taxistos​»​, ​«​dentistos​»​, ​«​pianistos​»​ o ​«​economistos​»​ son tan solo algunos ejemplos que reflejan la hipocresía subyacente al lenguaje inclusivo. Podríamos añadir docenas de términos similares que las feministas modernas jamás han propuesto ni tampoco usado:

​«​electricistos​»​, ​«​centinelos​»​, y ​«​recepcionistos​»​.

​«​masajistos​»​, ​«​internautos​»​, ​«​tenistos​»​, y ​«​atletos​»​.

​«​telefonistos​»​, ​«​futbolistos​»​, ​«​sindicalistos​»​, y ​«​ciclistos​»​.

​«​logopedos​»​, ​«​violonchelistos​»​, y ​«​trompetistos​»​.

​«​astronautos​»​, ​«​poetos​»​, ​«​demócratos​»​, y ​«​artistos​»​.

​«​pediatros​»​, ​«​guardios de seguridad​»​, y ​«​publicistos​»​.

​«​golfistos​»​, ​«​turistos​»​, ​«​arreglistos​»​, y ​«​funambulistos​»​.

​«​proyectistos​»​, ​«​contratistos​»​, y ​«​paisajistos​»​.

​«​cineastos​»​, ​«​loteros​»​, ​«​taxidermistos​»​, y ​«​trompetistos​»​.

​«​maquinistos​»​, ​«​oculistos​»​, y ​«​anestesistos​»​.

y un largo etcétera, junto con sus vertientes con la ​«​e​»​, igualmente absurdas.

Sigo esperando que alguien, algún día, empiece a utilizar un ​«​imbéciles e imbécilas​»​ para referirse a toda la estupidez, con ​«​e​»​, que azota a las sociedades modernas. Y mucho me temo que más de uno padecerá severas jaquecas cuando descubra que el término ​«​inclusivo​»​ es masculino.

No es éste un simple pasatiempo de letras y palabras, ni unos juegos olímpicos donde se compite para alcanzar el mayor nivel de estupidez. El lenguaje inclusivo refleja que el feminismo actual no busca la igualdad. Por un lado pretenden convencernos de que el uso tradicional de palabras como ​«​médicos​»​ ​«​jóvenes​»​, y ​«​portavoces​»​ para referirse a los colectivos es inadecuado porque supuestamente oprime e invisibiliza a la mujer; por otro lado ignoran el uso de términos como ​«​poetas​»​, ​«​dentistas​»​, y ​«​policías​»​ para referirse también a los varones; estos términos deben ignorarse porque desmantelan completamente el discurso victimista sobre el lenguaje tradicional.

Recordemos, como mencionamos en la Introducción, que el feminismo actual recurre a viejos trucos marxistas como la colectivización y victimización; así pues el lenguaje inclusivo no puede producir nuevos términos como ​«​internautos​»​, ​«​pediatros​»​, y ​«​turistos​»​ porque este movimiento necesita poder seguir pretendiendo que todas las mujeres son víctimas del lenguaje y que todos los hombres tienen privilegios.

Y mientras podemos reírnos de los «palabros» absurdos inventados al cobijo de esta tercera o cuarta ola, lo cierto es que el feminismo actual ya ha generado una discriminación hembrista en la sociedad puesto que los hombres ya no tienen los mismos derechos que las mujeres, como comprobaremos en los siguientes capítulos.

2

BRECHA SALARIAL

¿Qué es la brecha salarial de género? Existe mucha confusión sobre este tema incluso dentro del propio movimiento feminista. No son pocos los que creen que esta brecha es una supuesta diferencia entre la remuneración que recibe un hombre y la que recibe una mujer por realizar el mismo trabajo. Como veremos a continuación ni existe tal diferencia ni la brecha salarial es eso.

Partidos políticos, asociaciones de todo tipo y periodistas inmersos en la ideología de género afirman que la brecha salarial española se sitúa sobre el 22,8 % (el porcentaje depende de quien realice los cálculos y del año del que se hayan extraído los datos estadísticos). Pretenden hacernos creer que las trabajadoras cobran un 22,8 % menos que sus compañeros masculinos, unos 4.941 euros menos al año, porque existe una suerte de discriminación hacia las mujeres en una sociedad machista dirigida desde las sombras por el etéreo patriarcado. Escuchamos eslóganes y leemos titulares como ​«​las empresas pagan más a los hombres por hacer la misma tarea​»​, ​«​las mujeres trabajarán gratis desde el 8 de noviembre hasta fin de año​»​ o ​«​a las trabajadoras nos roban en el salario y en la jubilación​»​, pero todo esto no es más que otra colección de mentiras.

Cuando el socialista Pedro Sánchez declara que las mujeres en España cobran un 24 % un 27 % o un 30 % por realizar el mismo trabajo (el porcentaje depende del lugar donde Sánchez esté dando el mitin), está engañando a su audiencia. No solo es obvio que si las empresas pudieran pagar una cuarta parte menos a sus trabajadoras solamente las contratarían a ellas para ahorrarse un dineral en salarios, sino que la discriminación salarial según el sexo es ilegal en España desde que en 1980 se aprobó el Estatuto de los Trabajadores. Contrariamente a lo que afirma Sánchez, los hombres y las mujeres en nuestro país cobran exactamente lo mismo por realizar el mismo trabajo. De hecho, el informe anual de 2017 de Inspección de Trabajo y Seguridad Social señala que de veintitrés millones de asalariados en España, tan solo dieciséis trabajadoras sufrieron discriminación por razones de sexo, esto representa un 0,00007 % del total.

Entonces, ¿qué es realmente la brecha salarial de género? Una trampa estadística. Se toma el salario anual de todas las mujeres y se calcula la media. A continuación se toma el salario anual de todos los hombres y se calcula la media. finalmente se comparan ambos valores y el resultado es que la media para las mujeres es menor que para los hombres. De aquí salen esos porcentajes que tanto se repiten en mítines y medios. ¿Pero por qué tendrían que ser iguales ambas medias? Se están comparando salarios promedio anuales sin entrar a valorar factores como el número de horas trabajadas o el puesto que desempeñan unos y otros. Pretender que los números coincidan es como lanzar dos grupos de diez monedas al aire y pretender que salgan el mismo número de caras y cruces en los dos lanzamientos.

Podemos entender mejor esta brecha salarial con un sencillo ejemplo. Supongamos que hay diez hombres y diez mujeres trabajando en diversas actividades. Supongamos que ocho mujeres cobran 1.000 euros al mes y dos mujeres cobran 2.000 euros al mes. Supongamos que seis hombres cobran 1.000 euros al mes y los otros cuatro cobran 2.000 euros al mes. El salario promedio para las mujeres sería

[ (8 × 1.000 euros) + (2 × 2.000 euros) ] / 10 = 1.200 euros

y para los hombres sería

[ (6 × 1.000 euros) + (4 × 2.000 euros) ] / 10 = 1.400 euros.

Es decir, en nuestro ejemplo los hombres estarían cobrando un 17 % más en promedio, pero esto sucede porque hay dos hombres más realizando trabajos de mayor remuneración, no porque las mujeres cobren menos por realizar exactamente el mismo trabajo.

Ahora lo que deberíamos explicar es porqué hay menos mujeres cobrando un salario mayor. Hay múltiples razones, incluyendo que los hombres trabajan más horas que las mujeres ; según la Encuesta de Población Activa el número medio de horas efectivas semanales trabajadas en el año 2018 por los hombres es de 36,6 horas semanales y de 30,7 horas semanales para las mujeres. Trabajar más horas implica más ingresos a final de año y los motivos por los cuales las mujeres trabajan en promedio menos horas incluyen causas naturales como la maternidad; parece normal que quedarse embarazada obligue a una mujer a reducir su jornada laboral no solo por su propia salud sino por la salud del feto. Por lo tanto, en vez de comparar los salarios brutos por mes o por año, deberíamos comparar los salarios por hora.

Según los últimos datos publicados el 11 de octubre de 2019 por el Instituto Nacional de Estadística: ​«​En el trabajo a tiempo completo, el salario por hora de las mujeres (14,9 euros) en el año 2017 alcanzaba el 90,9 % del salario por hora de los hombres (16,4 euros)​»​. fijémonos como la brecha salarial de género se ha reducido a la mitad cuando consideramos el número de horas trabajadas. Ahora queda explicar porqué, en promedio, las mujeres realizan trabajos donde el salario por hora es alrededor de un 9 % inferior.

Podemos empezar la explicación mencionando que aunque las mujeres son mayoría en las universidades españolas con un 53 % de matriculadas, solo representan el 24 % en carreras técnicas y científicas y un 12 % en estudios relacionados con tecnologías de la información y la comunicación según datos recogidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Por otro lado, las mujeres tienen sobrerrepresentación en titulaciones relacionadas con la educación, la salud y las humanidades, con un 72 % de ocupación.

Encontramos pues, una clara asimetría en las preferencias de ambos sexos. Los estudios que suelen escoger los hombres tienen más salidas laborales, y los empleos relacionados con la tecnología y la ciencia están mejor pagados que los vinculados con disciplinas de letras. Nadie obliga a las mujeres a no estudiar una ingeniería informática, puesto que las pruebas de acceso son las mismas para todos los candidatos. Es una decisión personal escoger una disciplina u otra, pero al final esas mujeres acabarán en puestos menos remunerados, y esos salarios inferiores son los que producen la brecha salarial cuando se calculan los promedios.

Hay otras razones que ayudan a explicar esa brecha del 9 %, razones como que los hombres tienen, de media, más edad y más antigüedad en sus puestos; que la mujer suele ser menos emprendedora que el hombre; o que normalmente los trabajos peligrosos suelen estar copados por varones. Efectivamente, del total de 652 accidentes mortales ocurridos en España en 2018, cincuenta correspondieron a mujeres; es decir, un 92,3 % de los accidentes de trabajo mortales tienen como víctima a un hombre. Parece normal que si te estás jugando la vida recibas un compensación económica adicional, así pues muchos varones reciben un salario extra por realizar un trabajo de alto riesgo y estos pluses repercuten en la brecha salarial cuando se calculan los promedios.

Como vemos la brecha salarial anual del 22,8 % tiene una explicación puramente estadística; en términos generales, las féminas tienen menos antigüedad en sus puestos laborales, eligen carreras y empleos peor pagados, no tienen pluses por peligrosidad y reducen su jornada para atender a sus hijos.

Encontraríamos brechas similares si comparásemos los salarios promedios de hombres de treinta años con los de cincuenta y cinco años o los salarios de mujeres viviendo en una gran ciudad con los salarios de las que viven en pequeñas ciudades. No hay ninguna razón por la cual los promedios de dos variables aleatorias tengan que coincidir y así, por ejemplo, la media del salario femenino en el País Vasco, con unos 23.781 euros, es un 15 % superior al salario promedio masculino en Canarias (20.641 euros), pero sería absurdo pretender que los hombres canarios están siendo discriminados, porque no lo están.

No solamente los datos oficiales de Inspección de Trabajo y Seguridad Social demuestran que en el 99,99993 % de los casos hombres y mujeres cobran el mismo salario por realizar el mismo trabajo, sino que hemos comprobado que la brecha salarial real tiene una explicación puramente estadística y no es el resultado de algún oscuro complot urdido para oprimir a las mujeres.

Además, hemos constatado de nuevo que el feminismo actual no busca la igualdad, puesto que sus activistas e ideólogos utilizan una brecha salarial anual del 22,8 % para pretender convencernos de que vivimos en una sociedad patriarcal donde los hombres disfrutan de privilegios laborales, pero están ignorando una brecha mortal del 92,3 %. No les queda más remedio que ignorar las terribles cifras de la siniestralidad laboral, porque nunca podrían convencernos de que la muerte de nueve hombres por cada mujer fallecida es otro de los «privilegios» que el mercado laboral ofrece a los varones.

3

TECHO DE CRISTAL

Otra mentira del feminismo actual es aquella referida a la existencia de una barrera invisible que impide a las mujeres evolucionar en el trabajo y acceder a puestos de mayor responsabilidad y remuneración. Más concretamente el término ​«​techo de cristal​»​ suele emplearse para señalar la falta de presencia femenina en los consejos de administración y en los órganos directivos de las grandes empresas. Efectivamente, según el último informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con los datos correspondientes al año 2018, el número de mujeres es del 23,1 % en los órganos de decisión de las compañías del Ibex 35, pero ¿cuál es la razón?

De nuevo ideólogos y activistas intenta convencernos de la existencia de otra conspiración patriarcal, esta vez orquestada para impedir que las mujeres accedan a tales puestos, pero nunca mencionan en qué consisten esos supuestos impedimentos ni en qué empresas se aplican. No pueden mencionarlo porque tales mecanismos serían prácticas ilegales y con visitar el juzgado poniendo la correspondiente denuncia sería suficiente para erradicar el problema.

Efectivamente, no existen leyes ni mecanismos sociales establecidos ni códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitaciones; una vez más todo está en el imaginario feminista, pero aquí incluso el propio movimiento admite implícitamente la invisibilidad del techo de cristal:

​«​Se denomina así a una superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar, que nos impide seguir avanzando. Su carácter de invisibilidad viene dado por el hecho de que no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos, ni códigos visibles, que impongan a las mujeres semejante limitación, sino que está construido sobre la base de otros rasgos que por su invisibilidad son difíciles de detectar».

¿Cuál es entonces la razón de que el porcentaje de mujeres en los órganos de decisión de las compañías del Ibex 35 sea tan solo de un 23,1 %? Lo que los ruidosos altavoces mediáticos del feminismo actual no quieren contarnos es que, según fuentes oficiales, tan solo un cuarto de los candidatos en procesos de selección para puestos directivos son mujeres. Por lógica, parece imposible esperar ​«​paridad​»​ en las actuales juntas directivas.

Hagamos la siguiente prueba, introduzcamos una bola roja y tres bolas blancas en una bolsa opaca y saquemos dos bolas al azar. Repitamos el experimento y comprobaremos como en la mayoría de casos no habremos sacado una bola roja y otra blanca. Es una simple consecuencia de las leyes de probabilidad y estadística y no de algún oscuro complot.

Por lo tanto, la cuestión que deberíamos preguntar no es por qué no hay un 50 % de presencia femenina en esos órganos de decisión, sino por qué tan pocos candidatos son mujeres. La respuesta es que en la inmensa mayoría de casos, son las propias mujeres las que se impiden ese ascenso a sí mismas, al negarse a asumir las responsabilidades asociadas a los altos cargos; esto es lo que la Catedrática de Economía Aplicada Eva Ferreira García, denomina la ​«​autoexpulsión​»​ de la mujer.

De esta forma, la escasa presencia de mujeres en altos cargos no sería efecto de una discriminación machista, sino de una ​«​menor ambición femenina por ascender​»​. De entre todas las variables estadísticas que tenemos que evaluar aquí, el aspecto que más incide en la proyección profesional de las mujeres es la maternidad, como no cesa de recordarnos la Catedrática de Economía Sara de la Rica. Los datos demuestran que apenas existe brecha salarial al inicio de las carreras profesionales y que es a partir de los treinta años, cuando la mujer decide ser madre, que la brecha ​«​se inicia​»​.

A la misma conclusión llegan otras expertas. Según un estudio realizado en España y el Reino Unido por la socióloga Catherine Hakim, un 20 % de mujeres trabajadoras elige volcarse en el trabajo, otro 20 % de mujeres elige volcarse en la familia, y el 60 % restante prefiere compaginar familia y trabajo. La licenciada en filosofía y doctora en Ciencias Sociales Roxana Kreimer dispone de datos que demuestran que las mujeres trabajan menos horas, incluso cuando no son madres, porque quieren dedicarse tiempo a ellas mismas. Las evidencias indican que las decisiones personales son la principal causa de que las mujeres no alcancen tan a menudo puestos de mando en las empresas. Hay mujeres que no quieren seguir ascendiendo en su trabajo si eso les imposibilita estar con sus hijos, y ésta es una decisión propia, no una imposición de supuestos poderes patriarcales.

Es usual que cuando una empresa formalmente pregunte a sus empleados acerca de si tienen disponibilidad para viajar, una gran mayoría de mujeres con hijos seleccionen la casilla del [NO] en el formulario correspondiente, mientras la mayoría de hombres con hijos seleccionan la casilla del [SI]. La realidad demuestra que esas mujeres que seleccionaban la opción [SI] llegaban a ser ejecutivas de primer nivel, al igual que sus compañeros masculinos que también habían seleccionado la misma casilla, y sufrían las mismas desventajas que ellos, como perderse celebraciones de cumpleaños o la merienda de sus hijos al encontrarse de viaje trabajando para la empresa. Yobana Carril, fundadora y titular del despacho Celtius Abogados, muy oportunamente nos recuerda que no es moralmente correcto marcar la casilla del [NO] y a continuación quejarse de un supuesto techo de cristal en tu empresa. Si quieres los mismos puestos que tus compañeros tendrás que asumir también los mismos inconvenientes.

La existencia de techos de cristal no es el único engaño relacionado con este tema. El feminismo actual promueve esa otra gran mentira que dice que las mujeres se ven obligadas a escoger entre trabajo o familia debido a unas inadecuadas políticas de conciliación de la vida laboral y la vida familiar.

Es cierto que las actuales políticas son mejorables, pero no se puede tener todo a la vez: o estás en el despacho a las 22:00 horas negociando los detalles de una fusión empresarial al más alto nivel o estás libre a las 17:25 horas para ir a recoger a los niños a la puerta del colegio; o te vas de viaje de trabajo cada quince días o haces los deberes con tus hijos por las tardes. Se puede compaginar mejor, pero no existe una fórmula mágica que nos permita desdoblarnos y estar en dos sitios a la vez.

Las ideólogas y activistas del feminismo actual conocen estas limitaciones y por eso casi siempre hablan de la mejora de las políticas de conciliación en términos generales y abstractos, nunca dan una solución real para permitir a una mujer (o a un hombre) estar en el despacho a las 22:00 horas participando en una reunión imprevista y, al mismo tiempo, en casa atendiendo a los hijos; no dan una solución porque no pueden hacerlo.

Otra de las variables que afectan al ratio de mujeres y hombres en los altos cargos es la custodia de los hijos después de un divorcio. Como comenta Yobana Carril, una parte de las mujeres que marcan la casilla del [NO] son mujeres divorciadas que consiguieron la custodia completa de los hijos. Si esas mujeres no se hubiesen opuesto a la custodia compartida, podrían repartir las responsabilidades con sus exparejas y pelear por los mismos puestos laborales que sus compañeros.

Desde la ideología de género se pretende que uno de los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a los niveles profesionales superiores es ​«​el reparto desigual de las cargas familiares​»​. Se argumenta que ​«​estereotipos socioculturales​»​ del siglo pasado obligan a las mujeres a dedicarse a la crianza y educación de los menores, así como el cuidado de las personas mayores o dependientes. Sin embargo, ésta es una elección personal de cada mujer, como demuestra lo que comentamos en el párrafo anterior sobre esos hombres divorciados que quieren la custodia compartida de los hijos pero que se encuentran con la oposición de sus exmujeres. Existen razones biológicas que justifican por qué las mujeres se involucran mucho más en el cuidado de las personas; la misma explicación biológica está detrás del altísimo porcentaje de mujeres en carreras y profesiones relacionadas con la salud y los cuidados, unos porcentajes que comprobaremos en el séptimo capítulo.

El feminismo actual quiere conseguir para las mujeres los mismos puestos y sueldos que tradicionalmente han tenido los hombres, pero sin ninguno de los inconvenientes tradicionales que han sufrido esos mismos hombres. Esta actitud hembrista es tan intolerable como lo sería una actitud machista que buscase conseguir lo contrario. Al mismo tiempo se está engañando a las mujeres prometiéndoles políticas imposibles de conciliación de las vidas laboral y familiar.

4

LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género o LIVG (también conocida como VioGen) es una de las leyes más inútiles e injustas en España. Es una ley inútil porque no ha solucionado, ni siquiera reducido, el problema de la violencia hacia las mujeres y es injusta porque discrimina según el sexo de las personas involucradas.

Se trata de una ley preparada en las cocinas del feminismo actual y aprobada en el año 2004 a pesar de los múltiples informes negativos, previos a su aprobación, realizados por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y la Fiscalía General del Estado.

Cuando contabilizamos las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas hasta justo antes de aprobarse la LIVG y calculamos el promedio, obtenemos una cifra de cincuenta y ocho muertes cada año. Si calculamos el promedio después de aprobarse esta ley obtenemos un valor de cincuenta y nueve mujeres muertas anualmente (cómputo realizado desde el año 2005 al 2018).

En lo que llevamos de año ya han sido asesinadas por sus parejas o exparejas más mujeres que en todo el año anterior, según el balance de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, actualizado a 22 de octubre. Otros crímenes están en investigación. Todo parece indicar que este año finalizará con un número de mujeres asesinadas similar al promedio estadístico.

La conclusión es que seguimos igual después de los catorce años que esta ley lleva en vigor, pero en cierto modo era de esperar; al feminismo actual no le interesa en absoluto acabar con este problema porque, si se solucionase mañana, ¿de qué iban a vivir todas esas activistas subvencionadas de tertulia televisiva? ¿Cómo se sostendría toda la burocracia que se ha generado alrededor de los chiringuitos de género con miles de millones de euros en inversiones y subvenciones?

No tengo la solución mágica al problema de la violencia sobre las mujeres, pero coincido con la asociación feminista Clara Campoamor en que un endurecimiento de las penas de cárcel serviría para reducir significativamente el número de casos. Curiosamente es el feminismo actual el que más se moviliza contra la aplicación de prisión permanente revisable tanto a violadores como a asesinos, permitiéndoles estar en libertad sin las garantías suficientes que certifiquen que están rehabilitados, y poniendo en riesgo a niñas, niños y mujeres. La jurista feminista Laia Serra arremete contra la prisión permanente revisable, describiéndola como ​«​populismo punitivo​»​ que deshumaniza al delincuente e ​«​impide cualquier empatía con el mismo​»​. La impostura alcanza tal nivel que feministas como Cristina Almeida argumentan que ​«​las mujeres no necesitan venganza sino protección​»​. ¿Qué mejor protección que mantener a un depredador sexual encerrado?

La LIVG discrimina porque solo se concentra en un tipo de violencia e ignora los demás casos. Lo establece bien claro esta ley en su preámbulo, es una legislación dirigida a esa violencia que debido a ​«​la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia​»​. Ningún otro tipo de violencia está contemplada en la LIVG; ni la violencia de mujeres sobre hombres, ni de hombres sobre hombres, ni de mujeres sobre mujeres; tampoco se contempla la violencia ejercida sobre niños o ancianos.

Existen vídeos de demostración donde un hombre maltratado por su novia llama al teléfono de violencia de género, el 016, para solicitar información, y otros donde es una mujer la que llama para solicitar ayuda para un hermano que está siendo maltratado por la cuñada y, en ambos casos, las operadoras amablemente les explican que no pueden atenderles en el 016 puesto que las víctimas son varones. Así pues las operadoras del teléfono de violencia de género derivan a las víctimas a un número más general, una línea 900 que atiende solo de lunes a viernes de nueve de la mañana a dos de la tarde.

Lo mismo le sucedió a esa mujer lesbiana (esta vez no era una demostración sino un caso real) que después de cuatro años de sufrir maltratos llamó al 016 para denunciar las agresiones de su pareja y le respondieron desde el otro extremo del teléfono de «ayuda» con un escueto ​«​no podemos ayudarle porque solo tratamos casos de violencia machista. Llame a la Policía Nacional​»​. Sus problemas no acabaron ahí. Recién divorciada y con un hijo pide ahora medidas de protección para ella y su pequeño, pero no reciben la condición de víctimas de género porque el maltrato se ha producido dentro de una relación homosexual. ¿Qué clase de movimiento feminista es aquel que ignora incluso a una parte del colectivo femenino?

La excusa que ofrecen para no considerar todos los casos de violencia dentro de la LIVG es que el número de casos donde un hombre ejerce violencia sobre una mujer supera con creces al número de casos en los cuales una mujer maltrata a un hombre, un hombre maltrata a un hombre, o una mujer maltrata a otra mujer. Si consideramos víctimas adultas, estoy de acuerdo con la estadística; no tanto cuando consideramos otras víctimas porque los datos indican que la mayoría de maltratos y asesinatos de niños no son cometidos por varones: tres de cada cuatro menores son asesinados por mujeres.

Así que deberíamos preguntarnos, ¿por qué existe una ley especial que considera los asesinatos de mujeres adultas pero ignora los asesinatos de menores? ¿Por qué casi todas los semanas los medios de comunicación se hacen eco de algún nuevo caso de violencia machista pero eluden completamente la inmensa mayoría de casos de violencia hembrista?

La respuesta a todas estas cuestiones es evidente: el feminismo actual no puede admitir que las mujeres también pueden ser asesinas y maltratadoras. Toda esta ideología de género se basa en la falsa premisa, en esa mentira repetida mil veces, de que solamente la mujer puede ser víctima mientras el hombre siempre es el agresor. Recordemos lo que dijimos en la Introducción acerca de cómo el feminismo actual es una suerte de neomarxismo donde las mujeres son la clase oprimida, donde son los nuevos proletarios. La posibilidad de que una mujer pueda agredir o asesinar a hombres adultos, a ancianos o a niños, o incluso a otras mujeres, se rechaza dogmáticamente.

En 2008, el juez José Hoya, dictó sentencia condenatoria por violencia de género a una mujer que había maltratado a su esposa. La sentencia fue aplaudida por múltiples asociaciones de homosexuales, pero duramente criticada por colectivos feministas.

Hasta tal punto llegó la presión social e institucional feminista que la Audiencia de Cantabria obligó a rectificar al juez con el argumento de que los malos tratos de una mujer a otra no podían ser calificados como ​«​violencia de género​»​ a la hora de dictar condena, aunque la víctima fuese su esposa o pareja, porque el Código Penal reserva esa modalidad exclusivamente para la violencia ejercida por un hombre sobre una mujer.

Tristemente observamos el trato marginal que están recibiendo las mujeres lesbianas que sufren violencia por parte de sus compañeras o ex compañeras sentimentales. Estas víctimas se quedan sin los derechos y ayudas que reciben las víctimas de violencia de género. ¿No es cierto que los golpes le duelen igual a una mujer homosexual que a una mujer heterosexual? ¿Acaso no sufren psicológicamente lo mismo? Y todavía las ideólogas y activistas detrás del feminismo actual pretenden estar luchando por la igualdad.

Descubrimos en el segundo capítulo que un 92,3 % de los fallecimientos en el trabajo tenían como víctima a un varón. ¿Se imaginan lo que sucedería si existiese un teléfono de urgencias sanitarias que solamente atendiese los accidentes laborales de hombres por el mero hecho de ser éste el caso mayoritario? Podemos comenzar imaginando la siguiente conversación:

​​—061, buenos días, ¿cual es su urgencia?

—¡Mi compañera acaba de caerse de un andamio! ¡No se mueve! ¡Necesitamos una ambulancia!

—Perdone, ¿la persona que se ha caído es una mujer?

—Si.

—En este teléfono solo atendemos los accidentes de trabajadores varones. Tendrá usted que llamar a otro número, gracias.

De la misma forma que sería absurdo que el teléfono de emergencias médicas, el 061, ignorase los accidentes laborales de trabajadoras, alegando que representan una minoría del total de accidentes laborales; es inadmisible que el teléfono de violencia de género, el 016, solo atienda casos donde el agresor es un hombre y la víctima una mujer. Una ley de violencia debería considerar todos los casos posibles y líneas de emergencias como el 016 deberían ayudar a todas las víctimas; a todas.

La discriminación de víctimas por sexo no es la única injusticia que introduce la LIVG. Esta ley también limita la presunción de inocencia del acusado y reduce las garantías de su defensa. Para cualquier delito, la presunción de inocencia se puede resumir en que uno es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Sin esta presunción básica, las cárceles estarían llenas de inocentes, puesto que no sería necesaria prueba alguna para condenar, una denuncia falsa sería suficiente para convertirse en presidiario.

El aparato mediático que sustenta la ideología de género se empeña en negar esta violación de la presunción de inocencia, pero simplemente tenemos que revisar el Real Decreto Ley 9/2018, del 3 de agosto, que modifica la ley contra la violencia de género del 2004 para convencernos de cómo la inocencia de los acusados se ha eliminado. Como advierte Ana Clara Belío Pascual, presidenta de la Sección de Familia del Colegio de Abogados de Madrid, la modificación realizada el año pasado establece explícitamente que ciertas competencias que anteriormente eran exclusivas de la autoridad judicial, ahora son realizadas por los servicios sociales.

En palabras llanas, un administrativo de un ayuntamiento puede privarte de libertad si acredita ​«​una situación de violencia​»​, saltándose todo el procedimiento judicial y sus correspondientes garantías procesales, incluyendo la presencia de un abogado que defienda tus intereses.

También podemos consultar los documentos oficiales de la Secretaría de Estado de Interior que contienen el Protocolo de Actuación y Coordinación de FCSE y Abogados Ante la Violencia de Género y verificar, por nosotros mismos, que no podemos encontrar una sola instancia de la palabra ​«​presunto​»​, dando por hecho la culpabilidad de todos los hombres denunciados, hasta el punto de denominarlos ​«​delincuentes​»​ sin necesidad de sentencia firme condenatoria. Por supuesto a la denunciante siempre se la define como ​«​víctima​»​ y nunca como presunta víctima en los mismos documentos.

Esta limitación de la presunción de inocencia y de las garantías de defensa también pueden resultar determinantes en procesos judiciales paralelos; así pues, una denuncia por violencia de género puede ser utilizada, sin necesidad de condena, para excluir a los varones de la custodia compartida de sus hijos durante una demanda de divorcio.

Ya son multitud los casos de hombres afectados por tales injusticias. Una mujer, por cualquier causa (celos, custodia, económicos, etcétera) acusa a su pareja masculina por agresión o por violencia psicológica y el hombre es detenido sin necesidad de prueba alguna, ingresando en un calabozo. Si la detención se produce un viernes, permanecerá allí encerrado hasta el lunes cuando pase a disposición judicial. Mientras tanto, la mujer puede incluso haber cambiado la cerradura del domicilio familiar.

Existen sucesos documentados donde los vecinos y vecinas de un hombre denunciado por violencia de género han salido en su defensa al momento de producirse la detención; estos mismos vecinos han comunicado a la policía que las acusaciones son falsas y que la maltratadora es ella. Son testigos presenciales de cómo esa mujer maltrata a su pareja, ¡pero no sirve de nada! El hombre es esposado y conducido a dependencias policiales.

La indefensión de los varones no acaba en la etapa de arresto, sino que continúa durante toda la actuación procesal, como nos recuerda la abogada Yobana Carril, ahora especializada en violencia de género:

​«​Cuando una mujer denuncia a un hombre por violencia de género no necesita tener pruebas, ni siquiera indicios, solo con que no se contradiga en su declaración policial y en su declaración judicial es suficiente para que un hombre resulte condenado».

La situación de desamparo generada por esta injusta ley es bien conocida en los despachos de abogados, siendo ya famosa la expresión ​«​o me das ‘X’ o te denuncio por violencia de género​»​.

Por si esto no fuese suficiente, declaraciones irresponsables y anticonstitucionales como las realizadas por la socialista Carmen Calvo no hacen sino acentuar el problema:

​«​Proteger la libertad sexual de las mujeres implica aceptar la verdad de lo que dicen. Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí, como en cualquier otro tipo de delito. Las víctimas deben contar con la solidaridad del Estado».

¿Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí y los hombres no? ¿Dónde queda la presunción de inocencia? ¿Y la obligación procesal de aportar pruebas cuando acusas a alguien? ¿Qué le sucedió al derecho a la defensa ante denuncias falsas? En efecto, descubriremos en el próximo capítulo que el número de denuncias falsas por violencia de género es tan elevado que el gobierno tiene que maquillar las estadísticas para ocultar la magnitud del problema.

Terminamos este capítulo recordando que la LIVG no solo ha eliminado derechos fundamentales de la mitad de la población, sino que discrimina a las mujeres lesbianas que sufren maltrato al excluirlas de la ley, de igual modo que se excluye a los hombres maltratados. ​«​Igualdad​»​ lo llaman desde el feminismo actual, pero la LIVG no es sino una ley construida sobre mentiras, y con las reveladas en este capítulo ya llevamos catorce.

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DENUNCIAS FALSAS

Desde su aprobación en el año 2004, el número de denuncias por violencia de género se ha disparado en nuestro país, desde las algo más de 80.000 denuncias registradas en 2005 hasta las casi 170.000 de 2017. El número de denuncias se ha duplicado en este corto período de tiempo, pero el número de condenas se ha mantenido más o menos constante, en torno a las 30.000 al año. Esto significa que el volumen de denunciados que acaban resultando absueltos también se ha incrementado ; concretamente ha aumentado desde los 30.000 registrados en 2005 hasta los casi 80.000 de 2017.

Si el número de sentencias absolutorias casi se ha triplicado desde la introducción de la LIVG, parece lógico deducir que un gran número de denuncias presentadas al amparo de esta injusta ley son falsas.

Justo mencionábamos en el capítulo anterior que los abogados están familiarizados con la expresión ​«​o me das 'X' o te denuncio por violencia de género​»​, pero el feminismo actual no puede admitir la idea de que existen mujeres que interponen denuncias falsas; del mismo modo que no puede admitir que hay mujeres maltratando a sus parejas o que ​«​las mujeres matan mucho más que los hombres en el ámbito del hogar, a miembros de la familia​»​, tal y como señala la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente en base a datos policiales.

El número total de denuncias falsas por violencia de género se está encubriendo por la misma razón que se nos oculta que tres de cada cuatro menores son asesinados por mujeres. La existencia de mujeres asesinas se oculta a la sociedad utilizando dos métodos: o bien directamente no se informa sobre este tema o bien se nos proporcionan estadísticas viciadas; ​«​sólo registramos a los menores asesinados por sus padres varones​»​ confirman desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La realidad sobre el número total de denuncias falsas se encubre a través del método de difusión de datos engañosos, como veremos a continuación.

Las ideólogas y activistas del feminismo actual intentan convencernos de que el número de denuncias falsas realizadas por mujeres es virtualmente inexistente; por ejemplo, les encanta repetir que solamente un 0,0083 % del total de las 166.961 denuncias que se presentaron en el año 2018 en España resultaron ser fingidas o que en todo el año 2017 no se presentó ninguna denuncia falsa por violencia de género.

Además intentarán convencernos de que estas cifras son fiables pues forman parte de un informe de la Fiscalía especializada en Violencia de Género y Violencia Doméstica. Sin embargo, ese cero coma cero cero… de denuncias falsas es otra de las grandes mentiras del feminismo actual.

La trampa consiste en que ese porcentaje ínfimo representa el número de denuncias falsas contabilizadas por la Fiscalía y no el número real de denuncias falsas por violencia de género. Existe un número de requerimientos muy concretos para que la Fiscalía incluya una denuncia falsa en sus informes, puesto que solo se contabilizan el número de casos en los cuales ​«​el Ministerio Público a la vez de no acusar retirando su escrito de conclusiones condenatorias en el acto del juicio oral, interesaba, una vez practicada la prueba, se dedujera testimonio contra la que inicialmente figuraba como víctima​»​. Así pues no se incluyen como denuncias falsas los casos donde

El hombre acusado de violencia de género interpone querella por denuncia falsa.

El archivo por la retirada de la acusación del fiscal se realice en otro momento diferente del de la fase de juicio oral.

Como si no fuese suficiente que se contabilizasen solamente los casos donde el fiscal ha solicitado en la fase oral que se deduzca testimonio por acusación y denuncia falsa, la Fiscalía realiza trampas estadísticas adicionales de otra índole.

En la Memoria de la fiscalía General del Estado 2013 encontramos la siguiente descripción:

​«​En los procedimientos incoados por acusación o denuncia falsa o por falso testimonio vertido en causa criminal por violencia de género, no es suficiente, para cerrar el periodo de Instrucción, la confesión de los hechos por parte de la imputada, sino que es necesario, practicar otras pruebas distintas de la confesión que corroboren la veracidad de la misma».

Incluso cuando la acusada admite que ha denunciado falsamente al varón, la Fiscalía se niega a contabilizarlo como denuncia falsa a no ser que existan pruebas adicionales. ¿Pero qué hechos adicionales se necesitan cuando tenemos la confesión del delito por parte de la autora?

En las memorias de los años 2016 y 2017 encontramos una nueva trampa estadística que la Fiscalía utiliza para reducir aun más el número oficial de denuncias falsas:

​«​En esta Memoria, por razones de espacio, haremos referencia exclusivamente a los procedimientos seguidos en el año 2015 por denuncia falsa».

​«​En esta Memoria haremos referencia exclusivamente a los procedimientos seguidos en el año 2016».

Es decir, el procedimiento contra la mujer y la correspondiente condena por denuncia falsa tienen que ocurrir en el mismo año. Por ejemplo, si un proceso por denuncia falsa comenzó en el año 2015 y se alcanza condena en el año 2016, la Fiscalía no lo comentará ni en la memoria del 2015 ni en la de 2016.

Existen decenas de miles de casos flagrantes de denuncias falsas que no se contabilizan como tal en las memorias de la Fiscalía: casos como el de Sofía, que denunció a su expareja aportando como prueba fotos manipuladas (como pudieron certificar los cuatro peritos durante el juicio); casos como el de esa gijonesa con iniciales N.M.G. que acusó seis veces de maltrato y amenazas a su marido, hasta que en 2018 la Fiscalía actuó de oficio siendo finalmente condenada en 2019 por la última denuncia falsa; o casos como el de Raquel Valle, que acumula veinte años de prisión sin pisar la cárcel a pesar de ganarse tres condenas por falsa denuncia contra su exmarido (al que mantuvo en prisión once meses por un delito que no cometió) y que ahora está siendo procesada por presentar una cuarta denuncia, también falsa; o casos tan llamativos como el de esa andaluza que denunció a su exmarido por quebrantamiento de condena y amenazas y que cuando abrieron diligencias se demostró que llevaba once meses muerto, pues se había suicidado; o el de aquella mujer de Oviedo que denunció a su expareja cuando el hombre llevaba quince días fallecido.

Cuando todas estas trampas estadísticas de la Fiscalía se combinan (es decir, cuando solamente se computan las denuncias falsas incoadas de oficio por los fiscales, durante el juicio oral, tras una retirada de la acusación, cuyo procedimiento comenzó y acabó en el mismo año) el número oficial de denuncias falsas se reduce enormemente. De hecho, la Fiscalía llegó a afirmar en su memoria de 2017 que no hubo ninguna denuncia falsa durante todo un año; simplemente nos toman por tontos.

Una vez comprobado que existe un enorme número de denuncias falsas que la Fiscalía ignora en sus memorias sobre violencia de género, toca realizar la pregunta clave: ¿Cuántas denuncias falsas existen? A falta de estadísticas oficiales completas es difícil proporcionar con rotundidad una cifra, pero varios indicadores apuntan a que el porcentaje de denuncias falsas se sitúa entre un 20 % y un 40 %. Por ejemplo, según el Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2016 hubo un 24 % de denuncias rechazadas porque el testimonio de la denunciante no correspondía con la realidad. En ese mismo informe se señaló que en un 33,8 % de condenas la única prueba que aportó la acusación para conseguir una sentencia de culpabilidad fue el testimonio de la denunciante. El abogado Marcos Molinero estima que el número de denuncias falsas por violencia de género ronda el 30 %, según su propia experiencia y por conversaciones que ha mantenido con jueces, fiscales, policías, guardias civiles y otros abogados.

Realizar denuncias falsas al amparo de la ideología de género se ha convertido en un negocio muy lucrativo. Hay que tener en cuenta que cuando un hombre está denunciado por violencia de género dentro de un proceso de divorcio (denunciado, ni siquiera condenado) no puede optar a tener la custodia compartida de los hijos, lo que implica que la custodia pasa inmediatamente a la mujer, y esto conlleva que adquiere uso exclusivo de la vivienda familiar y una pensión alimenticia para los hijos.

Aparte de las ventajas durante los procesos de divorcio, la mujer obtiene beneficios adicionales por la condición de víctima por violencia de género, tales como una pensión de 430 euros mensuales, subvenciones en pisos de alquiler, recibir puntos extras en oposiciones o en ofertas de trabajos públicos, o incluso estudiar una carrera gratuitamente. Y no perdamos de vista que, incluso si la denuncia es falsa, lo más probable es que la mujer quede libre sin ningún tipo de pena de cárcel, multa o indemnización, hasta tal punto que podría volver a intentarlo con una nueva denuncia falsa. De hecho, esa gijonesa con iniciales N.M.G. que denunció falsamente a su marido en seis ocasiones estaba cobrando una renta por violencia de género y ha sido finalmente condenada a pagar una multa de 1.800 euros al estado y 1.000 euros en concepto de ​«​daños morales​»​ al que fue su pareja. ¡Un negocio redondo!

No es de extrañar que existan abogados, asociaciones feministas e incluso entidades públicas que recomienden denunciar. Organizaciones como Infancia Libre conformarían redes criminales dedicadas a retirar la custodia de los menores a sus padres mediante el uso de denuncias falsas y con la complicidad de distintos profesionales relacionados con la ideología de género.

Según los investigadores, Infancia Libre había diseñado una trama para favorecer a madres separadas que no quieren que los padres vean a sus hijos. Aunque la asociación se dio de alta en el Registro Nacional de Asociaciones en enero de 2016, el plan criminal habría sido ideado en el año 2010. Se comenzaba interponiendo denuncias falsas por violencia de género para adquirir la custodia de los hijos, se continuaba incumpliendo el régimen de visitas y si los tribunales daban la razón a los padres varones, estas mujeres interponían denuncias falsas por abusos sexuales a los menores, con lo que se prolongaba la situación. finalmente, si tampoco conseguían que esas denuncias prosperaran (por ejemplo porque el equipo psicosocial adscrito al juzgado de familia, así como el forense que en el proceso penal investigaba los supuestos abusos apuntaban a la instrumentalización materna de la denuncia con el objetivo de impedir el contacto entre el menor y su padre) entonces desaparecían del mapa secuestrando a sus propios hijos.

La asociación contaba con la colaboración de una abogada, un psiquiatra, una pediatra y una psicóloga. Todas las madres eran asesoradas por la misma abogada sobre los pasos a seguir y disponían de informe médicos falsos elaborados por los tres especialistas sanitarios involucrados. Además, las madres utilizaron una suerte de infraestructura común para permanecer escondidas cuando se dictaba orden de busca y captura contra ellas. Según los últimos resultados de la investigación hasta veintidós mujeres podrían haberse beneficiado de esta trama criminal.

Y cuanto más se empeña el feminismo actual en intentar ocultarnos la existencia de denuncias falsas, más y más casos salen a la luz. Hace poco más de un mes que se ha dado a conocer en Lérida la existencia de una trama criminal que presentaba falsas denuncias de violencia de género. Se estima que unas cuarenta mujeres marroquíes podrían haber presentado denuncias falsas, aunque actualmente solo una veintena de ellas forman parte de la causa.

Como reconoce el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña esta organización se dedicaba a utilizar a mujeres para presentar denuncias falsas ​«​con la intención de aprovecharse de las ayudas a las víctimas que ofrece la Administración Pública​»​, estas ayudas consistían en una renta de unos 5.000 euros anuales y permisos de residencia especiales.

Puesto que estas marroquíes no sabían ni a quién estaban denunciando, tenían muy pocos datos del supuesto agresor, tales como su nombre o el número de teléfono; y a veces no sabían ni dónde vivía. Durante la investigación, aun en curso, se detectó que uno de los hombres (que ya estaba cumpliendo pena de prisión a raíz de una de esas denuncias falsas) había presentado a su vez una contradenuncia, afirmando que él no había agredido a nadie ni tan siquiera conocía a la mujer que le denunció.

Desgraciadamente no es un caso aislado; un elevado número de hombres inocentes tienen que dormir en el calabozo, mientras su honor es seriamente dañado, se les impide estar con sus hijos e incluso acaban ingresando en la cárcel. Mientras tanto, continúan otorgándose permisos de residencia fraudulentos y se derrochan las arcas públicas. Pero estos hombres injustamente señalados y castigados no son las únicas víctimas de las denuncias falsas por violencia de género. Las mujeres maltratadas también son víctimas de las denuncias falsas, puesto que si un 30 % de las denuncias presentadas anualmente no son verdaderas, eso significa que un 30 % de los recursos del estado se están perdiendo en tramitar falacias, en vez de dedicar esos recursos a las mujeres cuyas denuncias son verídicas. Ninguna de estas víctimas parecen importarle a la socialista Carmen Calvo y su eslogan ​«​Las mujeres tiene que ser creídas sí o sí​»​.

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PRUEBAS DE ACCESO

El feminismo actual defiende un sistema de privilegios y bonificaciones para que las mujeres puedan acceder a determinados puestos de trabajo tales como bomberos, policías, guardia civil o ejército. Comprobaremos cómo el feminismo actual no busca la igualdad entre hombres y mujeres cuando solicita cambios en las pruebas de acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nos encontraremos, pues, con otra colección de mentiras.

En algunos procesos de selección las mujeres reciben, simplemente por el mero hecho de ser mujer, hasta un 20 % extra en la puntuación global. Ésto significa que un hombre necesita rendir un 20 % más en las pruebas para poder competir en igualdad de condiciones con sus compañeras.

El pretexto de las ideólogas y activistas neofeministas para justificar ese trato desigual en favor de las candidatas es que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres y, por tanto, ciertas pruebas físicas resultarían inaccesibles para muchas candidatas.

Hagamos una pausa para reflexionar sobre esa excusa, ¿no es éste el mismo feminismo radical que ha estado negando la existencia de diferencias biológicas significativas y su papel clave en los roles sexuales o de género? Efectivamente, puesto que han estado defendiendo en las últimas décadas que:

​«​Las diferencias entre hombres y mujeres han sido construidas socialmente por la moral patriarcal y no se basan en aspectos biológicos».

Lo cual es una mentira construida sobre un negacionismo fanático de la biología del cuerpo humano. Hombres y mujeres, en general, tenemos habilidades diferentes; así lo han querido la naturaleza y la evolución. Lo interesante aquí es que después de muchos años negando la ciencia de la vida, de repente, el feminismo actual reconoce la existencia de algunas diferencias biológicas y utiliza estas diferencias para solicitar privilegios en las pruebas de acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto no es sino una muestra más de la extraordinaria hipocresía que subyace a este movimiento.

Desde la ideología de género se argumenta que los hombres generalmente consiguen mejores registros que las mujeres en disciplinas deportivas, y que esta diferencia empírica debería tenerse en cuenta a la hora de idear las pruebas físicas de acceso a ciertos colectivos como policías, bomberos o guardias civiles. Es lo que sucede con las pruebas para acceder a una plaza de bombero, donde a las féminas se les exige desde un 11 % hasta un 71 % menos

Los hombres deben correr 200 metros en menos de 30 segundos y las mujeres en menos de 35 segundos.

Los hombres deben correr 1.500 metros como mínimo en 5 minutos y 31 segundos, a las mujeres se les da un minuto más de margen.

En salto de longitud con los pies juntos, los hombres deben alcanzar al menos 90 centímetros y las mujeres 75 centímetros.

Los hombres deben subir a brazo 5 metros por una cuerda en, al menos, 14,1 segundos y las mujeres en 24,1 segundos.

Los hombres deben levantar tres veces consecutivas desde el suelo por encima de su cabeza 44 kilogramos y las mujeres 30 kilogramos.

Nadando 50 metros en estilo libre, los hombres deben hacer un tiempo mínimo de 47,1 segundos y las mujeres de 52,1 segundos.

Atravesar corriendo un tablón de 5 metros de longitud y 12 centímetros de ancho, colocado a un metro de altura y saltar. A los hombres se les pide saltar al menos 2,25 metros y a las mujeres 1,75 metros.

No solo es insultante para las propias mujeres que la sociedad sea más condescendiente con el sexo femenino, como si las mujeres necesitasen bonificaciones para superar retos, sino que es irresponsable que se permita acceder a una plaza de bombero a mujeres que no han sido capaces de superar las mismas pruebas que un hombre, ya que ésto significa que no pueden realizar las mismas tareas.

Desde el feminismo actual se defienden alegando que estos son ​«​trabajos en equipo​»​ y, por tanto, un bombero más fuerte o más rápido podría llevar a cabo esas tareas. Hay dos argumentos contra esa excusa. El primero es ¿qué sucedería en el caso en el que la bombera se encuentre aislada y no pueda recibir ayuda de un compañero varón más capacitado físicamente? No es tan difícil imaginar una situación así: en medio de un incendio se produce un colapso parcial de una estructura y dos de tus compañeros quedan heridos y atrapados bajo unas vigas y cascotes, con el acceso cortado a donde os encontráis los tres debido al derrumbe. ¿Acaso durante un incendio, cuando el fuego vea que el bombero es mujer, bajará su intensidad para adaptarse a los dogmas del feminismo actual ?

Ironías aparte, el propio colectivo de bomberos, es decir las personas que se están jugando la vida en el desarrollo de su trabajo, han criticado duramente esta ideología absurda y aseguran que ​«​si una mujer tiene que hacer el mismo trabajo que un hombre​»​ es importante que las cualidades físicas sean parecidas, sobre todo para evitar ​«​problemas de seguridad​»​. Los bomberos profesionales no son los únicos que han detectado los problemas de seguridad que genera el modelo feminista de cuotas. Estoy seguro que todos mis lectores estarán de acuerdo conmigo en que si nuestras vidas corriesen peligro atrapados en un incendio, preferiríamos que acudiese a socorrernos el profesional más rápido y fuerte disponible y no uno que consiguió el puesto gracias a bonificaciones ideológicas.

Efectivamente, ¿por qué no hacer que hombres y mujeres tengan que superar las mismas pruebas? Que compitan todos los aspirantes en igualdad de oportunidades y que solo los mejores de cada promoción accedan a los puestos, independientemente de su sexo. Es de sentido común, los incendios no hacen distinción por raza, sexo o creencias religiosas.

El segundo argumento contra la excusa feminista sería el siguiente: ¿por qué las mismas feministas no aplican su pretexto del trabajo en equipo a los varones también? Un varón que no hubiese superado las pruebas exigidas para acceder a una plaza de bombero podría, según sus discursos, solicitar ayuda de algún compañero o compañera físicamente más capacitado que él. ¿Alguna vez hemos escuchado desde el feminismo actual solicitar que puedan acceder a puestos de bombero todos los hombres que no hayan superado las pruebas exigidas a los varones? Yo nunca lo he escuchado.

Obviamente el sistema feminista de pruebas de acceso está discriminando al varón. Es muy fácil comprobarlo. Considera dos aspirantes a bombero, una mujer y un hombre, ambos con similar inteligencia, altura y fuerza. Los dos realizan marcas similares en las pruebas físicas, pero la mujer pasa la criba mientras el hombre se queda fuera porque le exigen un rendimiento entre un 11 % y un 71 % superior que a ella. ¿Acaso no es injusto? ¿Qué sucedió con el discurso de igualdad?

De hecho la discriminación es doble, porque esas mujeres que han accedido a la plaza de bombero pasando unas pruebas más fáciles, sin embargo van a cobrar exactamente el mismo sueldo que sus compañeros varones. ¿No van a poder desempeñar las mismas tareas físicas porque no rinden igual que sus compañeros (si lo hiciesen podrían pasar las mismas pruebas que ellos) pero van a cobrar el mismo sueldo? Discriminación para acceder al cuerpo y discriminación una vez dentro.

Analicémoslo todo desde la perspectiva opuesta: supongamos que para acceder a una plaza de bombero las mujeres aspirantes tuviesen que superar pruebas más difíciles que los hombres. ¿No lo consideraríamos discriminación? ¿No estarían los colectivos feministas manifestándose diariamente por la falta de igualdad? ¿No se denunciaría esta injusticia en los medios de comunicación?

Encontramos los mismos tipos de discriminación hembrista en las pruebas de acceso a los cuerpos de guardia civil o policía nacional. Así la altura mínima exigida a las mujeres que opten a ser policía es de 1,60 metros, mientras a los hombres se les exige 1,65 metros; o mientras al hombre se le exigen dominadas en las pruebas físicas, a las mujeres se les exige suspensión en barra; y en la prueba de contrarreloj las mujeres reciben cinco puntos por recorrer un kilómetro en un tiempo de entre 4,01 y 4,09 minutos, mientras a los hombres se les exige de 3,19 a 3,24 minutos para recibir la misma puntuación. Tan solo nos queda esperar que a partir de ahora los ladrones sean solidarios y también se amolden a la ideología de género, reduciendo su velocidad a la hora de huir cuando les persiga una mujer policía.

Por si toda esta discriminación de marcas, puntuaciones y alturas no fuese suficiente, nuestros políticos están considerando nuevas formas de exclusión. La entonces activista y ahora alcaldesa Ada Colau acaba de anunciar que modificará las pruebas de acceso al cuerpo de bomberos en Barcelona para que en caso de un empate entre un hombre y una mujer, la plaza se adjudique a la mujer automáticamente. Esto es lo que feministas como Colau entienden por ​«​igualdad​»​.

7

LAS CUOTAS

Acabamos de descubrir las discriminaciones que sufren los hombres cuando intentan acceder a los cuerpos de bomberos, guardia civil o policía nacional. Las cuotas de género son otro tipo de discriminación; una que consiste en establecer un porcentaje mínimo de mujeres para cargos políticos o de otra índole.

A lomos de ese discurso victimista que imagina que existen barreras invisibles que impedirían a las mujeres evolucionar en el trabajo y acceder a puestos de mayor responsabilidad y remuneración (los inexistentes ​«​techos de cristal​»​ que discutimos en el tercer capítulo), el feminismo actual propone políticas de cuotas para reservar un número mínimo de plazas para mujeres.

Desde que en España se aprobó en 2007 la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres , la proporción de candidatos de cada sexo no puede ser inferior al 40 % en las listas de los partidos políticos a los ayuntamientos, parlamentos regionales, Congreso de los Diputados, o Parlamento Europeo.

En términos prácticos esto implica la nada desdeñable posibilidad de que se estén seleccionando candidatos según su sexo y no según sus aptitudes y preparación. Esta posibilidad es innegable; imaginemos que existe un hombre que está más preparado que una mujer pero ya se ha superado el límite máximo de hombres en las listas, por ley, el partido político tendrá que escoger a esa mujer por una simple cuestión de porcentajes, idea muy alejada de la igualdad de oportunidades. Podemos invertir el argumento y considerar lo que sucedería si se seleccionase a un hombre para mantener un número mínimo de varones, cuando existiesen mujeres mucho más preparadas; la conclusión sería exactamente la misma solo que en este caso la discriminación la sufrirían las mujeres.

Desafortunadamente, los sistemas de cuotas de género han traspasado el ámbito de la política y la problemática que surge cuando no se selecciona a los mejores candidatos para determinados puestos ha acabado afectando al mundo empresarial. Existen casos en los que, tras finalizar la implementación de una cuota obligatoria, la dirección de ciertas empresas nórdicas ha reducido su contratación de mujeres. Hay estudios internacionales que demuestran que no existen evidencias de que las empresas que se han adherido a cuotas femeninas hayan mejorado su productividad, más bien al contrario. Además una investigación realizada por Kenneth R. Ahern y Amy K. Dittmar encontró que el valor en bolsa de las empresas había caído ​«​un 12 % con cada aumento del 10 % en la presencia femenina en los consejos de administración​»​ y hábilmente señalaron que las pérdidas no fueron causadas por el sexo de los nuevos miembros en las juntas, sino por su corta edad y la falta de experiencia laboral de alto nivel. Su conclusión refuerza lo que comentábamos en la página anterior sobre la posibilidad de que los sistemas de cuotas estén forzando la selección de candidatos según su sexo y no según sus aptitudes y preparación.

Pérdida de competitividad, de productividad o de valor bursátil son algunas de las consecuencias nefastas de la ideología de género; esto es lo que sucede cuando obligamos a las empresas a contratar un porcentaje mínimo de mujeres, en lugar de aplicar ideologías basadas en el mérito, permitiendo a las empresas que contraten a las personas que estén mejor cualificadas independientemente de su sexo. Desde luego aparecerían los mismos problemas con una ley machista que obligase a contratar un mínimo de hombres; muchas mujeres bien preparadas quedarían fuera de la contratación simplemente para mantener una cuota ideológica de varones, que nadie lo dude.

Totalmente alejados de la realidad, diarios digitales de ultraizquierda se han dedicado a presumir de que el Gobierno de Pedro Sánchez está formado por once ministras, lo que lo convertiría en el ejecutivo con mayor presencia femenina en el mundo al tener ​«​un 64,7 % de mujeres​»​, superando a países que son referentes típicos en ideología de género como Suecia o Islandia y muy por encima de la media europea del 30,2 %. Esto parece como una suerte de concurso para corroborar quien es más ​«​progre​»​; lástima que no se otorguen medallas o premios por semejantes bobadas.

Es obvio que no deberíamos presumir de tener más ministras que nadie, sino que deberíamos concentrarnos en obtener los mejores ministros, independientemente de cuál es su sexo, y entonces presumir de que estuvieran dirigiendo nuestro país.

Después de los preliminares sobre las cuotas y su problemática, vamos a enfocar este capítulo a esa otra gran mentira del feminismo actual: la falacia de que las cuotas de género buscan una sociedad más justa e igualitaria.

Por definición, una cuota es un mecanismo de discriminación. El pretexto de las ideólogas y activistas neofeministas para justificarlo es que las cuotas son una medida excepcional y transitoria necesaria hasta que se alcance la igualdad entre hombres y mujeres, una especie de ​«​mal necesario​»​ según la presidenta del European Women on Boards. Pero si realmente se buscase la igualdad, si las cuotas de género fuesen realmente medidas correctoras de situaciones de desventaja, medidas que garantizasen un número mínimo de participación para las personas pertenecientes al sexo menos representado, no cabe ninguna duda de que deberíamos observar cómo se solicitan cuotas no solo cuando la mujer está infrarrepresentada, sino también en casos donde el hombre está infrarrepresentado. ¿Y qué es lo que venimos observando desde hace décadas por parte de estas mismas ideólogas y activistas?

Observamos cómo solicitan cuotas para ampliar el número de mujeres presentes en las altas instancias de las academias, la judicatura, las secretarías de estado, los partidos políticos, las presidencias y jefaturas de estado, las empresas del Ibex 35, los festivales de música y teatro, y un largo etcétera. También observamos cómo solicitan cuotas para que haya más mujeres dirigiendo cine y liderando grandes bancos, mientras firman manifiestos que denuncian la ausencia de mujeres en la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, y reclaman que aumente el número de mujeres estudiando ingenierías o ciencias. Incluso podemos contemplar a radicales como Allison McCann dar un paso más cuando sostienen que se debería ​«​considerar poner un límite al número de hombres en la ciencia​»​.

Nunca las observamos solicitar cuotas para que haya más mujeres en actividades que no están actividades relacionadas con el poder, pero en las que existe una clara sobrerepresentación de varones: poceros, barrenderos, albañiles, mineros y una multitud de otras similares. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, solamente el 9 % de las personas que han trabajado en la construcción en el año 2018 eran mujeres.

De nuevo la hipocresía del movimiento feminista actual sale a la luz, porque si realmente estuviese luchando por la igualdad, si las cuotas de género buscasen corregir cualquier desigualdad en el reparto de trabajos, estas activistas e ideólogas solicitarían cuotas para aumentar el número de mineras, albañiles o agricultoras y, sin embargo, nunca lo hacen; solamente piden cuotas para altos cargos relacionados con el poder. Que las cuotas de género se estén utilizando como un mecanismo para conseguir más poder, no para conseguir una mayor igualdad entre sexos, no es la única hipocresía que encontraremos en el discurso sobre las cuotas. Detectamos impostura también en el hecho de que el feminismo actual no pide cuotas para que exista una mayor presencia masculina en todas esas actividades o profesiones donde los varones se encuentran en clara minoría.

La última Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados 2018 muestra que la profesión sanitaria tiene una presencia mayoritariamente femenina. En trece de las dieciséis profesiones analizadas había más mujeres colegiadas que hombres. Los colectivos con mayor porcentaje de mujeres en 2018 fueron los de logopedas (el 93,6 % eran mujeres), terapeutas ocupacionales (91,0 %) y dietistas nutricionistas (86,4 %), seguidos muy de cerca por enfermería (84,2 %). ¿Existe alguna petición formal o iniciativa de ley para solicitar al menos un 40 % de varones en alguna de estas profesiones? No existe, porque al feminismo actual no le importa la igualdad.

Sucede lo mismo en otras profesiones con presencia mayoritariamente femenina como educación (67,5 % de mujeres), corte y confección (68,9 %), bibliotecas, archivos y museos (69,9 %), administrativas y actividades auxiliares (71.8 %), organizaciones y organismos extraterritoriales (74,4 %), servicios sociales (85,9 %), etcétera. Ni se están solicitando cuotas para que haya más azafatos, más profesores de enseñanza primaria o más bibliotecarios; ni Allison McCann ha considerado poner un límite al número de mujeres en tales profesiones. Los dirigentes del PSOE hace poco que han tenido la esperpéntica ocurrencia de que las mujeres puedan acceder gratis a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Así lo recogen en el punto 58 de su ​«​Propuesta Abierta para un Programa Común Progresista​»​:

​«​Potenciaremos las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre las jóvenes para cerrar la brecha de género en estos estudios. Plantearemos la matrícula gratuita el primer año, para las jóvenes que se matriculen en carreras donde haya de media menos de un 30 % de estudiantes mujeres, y estudiaremos la aplicación de puntos adicionales en las solicitudes de becas para estos estudios de grado y postgrado».

No encontraremos en el documento ninguna propuesta para bonificar la matrícula a los varones estudiando o que quieran cursar carreras con una alta presencia femenina tales como educación, artes, humanidades, psicología, farmacia, medicina, periodismo, y tantas otras.

Las reacciones no se han hecho esperar. Así pues, un estudiante de enfermería (en su clase los varones representan solamente el 29 % del total de alumnos) comentaba indignado que ​«​si las chicas no pagan matrícula en Ingenierías, yo tampoco en Enfermería por ser chico​»​. Estudiantes de Magisterio, otra de las carreras con mayoría de mujeres, tienen pensamientos similares sobre lo absurda e injusta que resulta esta medida «progresista» del PSOE.

Además de injusta y discriminatoria para los varones, esta ocurrencia socialista pretende modificar la libre elección de las mujeres. El feminismo nació para liberar a la mujer de la opresión a la que estaba sometida. Pero el feminismo actual oprime a la mujer ; lo hace diciéndoles qué tienen que hacer, qué tienen que pensar, a que partidos tienen que votar, a que manifestaciones y actos pueden acudir y finalmente qué tienen que estudiar. La artista Sofía Rincón expresó de manera muy gráfica la opresión que se está ejerciendo sobre las mujeres: ​«​Desde Franco no recibían tantas órdenes las mujeres​»​.

Establecimos en el primer capítulo que el feminismo actual había derivado en un supremacismo que lejos de buscar la igualdad entre mujeres y hombres tiene entre sus objetivos el conseguir privilegios para las mujeres, y la producción de estructuras sociopolíticas para acaparar poder y realizar negocio. Las cuotas de género son el ejemplo paradigmático que cumple ambos objetivos, puesto que se está buscando una mayor presencia femenina para actividades y cargos relacionados con el poder, al mismo tiempo que se rechaza una mayor presencia masculina en ocupaciones tradicionalmente dominadas por las mujeres. Poder y privilegios.

LISTADO DE MENTIRAS

Hemos demostrado a lo largo de este libro que el feminismo actual es un neomarxismo que se fundamenta en una espesa trama de mentiras para expandirse camuflado en la sociedad y hacer negocio. En este capítulo final ofreceremos un listado de mentiras concebidas por los ideólogos del movimiento y repetidas hasta la saciedad por sus activistas.

Existe un único movimiento feminista y los que critican al feminismo actual están atacando al feminismo como un todo. Falso.

El feminismo actual busca la igualdad entre hombres y mujeres. Falso.

Todas las mujeres son víctimas del heteropatriarcado y todos los hombres tienen privilegios. Falso.

No se puede ser feminista y de derechas al mismo tiempo. Falso.

El lenguaje tradicional es sexista e invisibiliza a la mujer. Falso.

El lenguaje inclusivo iguala a hombres y mujeres. Falso.

A las trabajadoras les roban en el salario y en la jubilación. Falso.

Las empresas pagan más a los hombres por hacer la misma tarea. Falso.

Existe una barrera invisible que impide a las mujeres evolucionar en el trabajo y acceder a puestos de mayor responsabilidad y remuneración. Falso.

Todas las mujeres se ven obligadas a escoger entre trabajo o familia debido a unas inadecuadas políticas de conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Falso.

Estereotipos socioculturales del siglo pasado obligan a las mujeres a dedicarse a la crianza y educación de los menores, así como el cuidado de las personas mayores o dependientes. Falso.

Leyes como la LIVG son la solución al problema de la violencia hacia las mujeres. Falso.

La LIVG no discrimina a las víctimas según su sexo, no deroga la presunción de inocencia de la mitad de la población, ni reduce las garantías de defensa de los acusados. Falso.

No hay ningún precepto que inste a ocultar cifras sobre hombres maltratados ni el número de menores asesinados por sus madres o madrastras. Falso.

Las denuncias falsas por violencia de género son prácticamente inexistentes. En todo el año 2017 no se presentó ninguna denuncia falsa por violencia de género en España. Falso.

Las denuncias falsas por violencia de género no se están utilizando para excluir a los varones de la custodia compartida de sus hijos durante una demanda de divorcio, ni tampoco se están presentando denuncias falsas con la intención de aprovecharse de las ayudas a las víctimas que ofrece el Estado. Falso.

Las diferencias entre hombres y mujeres han sido construidas socialmente por la moral patriarcal y no se fundamentan en aspectos biológicos. Falso.

Tener pruebas físicas adaptadas a la fisonomía de cada sexo no es trato de favor, es una justa adaptación para la igualdad de opciones profesionales. Falso.

Las pruebas físicas de acceso a los cuerpos del Estado no tienen importancia porque se trabaja en equipo. Falso.

Las cuotas de género son una medida excepcional y transitoria necesaria hasta que se alcance la igualdad entre hombres y mujeres. Falso.