El autor se enfrenta en este libro con los mitos creados por la izquierda y los separatistas españoles en torno al Valle de los Caídos.

Es, a manera de una red, una leyenda negra que ha pretendido ocultar la verdad sobre ese monumento creado por Franco como lugar de peregrinación, de encuentro y reconciliación entre las dos Españas, que parecían fundidas antaño, y que socialistas, comunistas y separatistas catalanes, están empecinados, hoy, en su renacimiento.

Juan Blanco demuestra en este libro, con documentación inédita o poco conocida, que no trabajaron presos políticos en la construcción del Monumento Nacional a los Caídos, sino condenados por gravísimos delitos cometidos durante la Guerra Civil, según los códigos Penal y de Justicia Militar vigentes durante el periodo republicano, y que fueron sustituidos por otros nuevos a partir de 1945. Los presos, según la documentación aportada, trabajaron voluntariamente en el Valle, desde junio 1943 hasta marzo de 1950, junto a numerosos obreros libres y presos comunes; éstos constituyeron una mayoría en los últimos años.

Los calificados falsamente como «presos políticos» ganaban un jornal idéntico al de los obreros libres, según su categoría profesional, y llegaron a redimir hasta seis días de condena por uno trabajado.

La leyenda negra del Valle de los Caídos es eso, una leyenda negra.

Juan Blanco Ortega

Valle de los Caídos

Ni presos políticos ni trabajos forzados

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Titivillus 11.06.2019

Título original: Valle de los caídos. Ni presos políticos ni trabajos forzados

Juan Blanco Ortega, 2009

Editor digital: Titivillus

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A los monjes benedictinos del Monasterio Santa Cruz del Valle de los Caídos, que rezan por todos los muertos, sin distinción de ideología.

A la Fundación Nacional Francisco Franco, que honra la memoria del Generalísimo, el estadista que ideó el Monumento Nacional a los Caídos como signo de reconciliación y encuentro.

Agradecimientos

A Pilar Ormabera, señora de Jiménez (don Óscar), la única persona que conozco capaz de interpretar mi endemoniada caligrafía, y que pasó mis fichas manuscritas a ordenador. Todo por amistad.

Al ilustre jurista Francisco Hispan Contreras, notario jubilado de Madrid, mi amigo, que me abrió las puertas del Derecho que no me atreví a traspasar. Desde el umbral afirmo que los aciertos en este campo son obra suya, y mías las equivocaciones que pudieran hallarse en este libro.

A Juan Ignacio Poveda, periodista de raza y ejercicio, cuya amistad fraternal y sus grandes conocimientos de maquetación y edición, reflotaron este libro que parecía definitivamente hundido por problemas aparentemente irresolubles. No podré olvidar nunca su dedicación desinteresada a esta empresa.

A los funcionarios del Archivo General de la Administración del Estado (Alcalá de Henares) que con delicadeza y dedicación supieron paliar mi cada vez más adelantada degeneración macular, sin sospecharlo siquiera. Funcionarios como ellos honran a los Archivos Nacionales.

A Silvia, mi mujer, que ha aguantado sin una protesta, seis años de investigación y siete meses de redacción y corrección de erratas. Y a ello se sumaron los sinsabores producidos por una falsa amistad.

A todos, mi agradecimiento más sincero.

INTRODUCCIÓN

El día 1 de abril de 2009 se conmemoró —¿porqué no decir se celebró?— el 50 aniversario de la inauguración del Valle de los Caídos, el mayor monumento funerario del mundo, y uno de los más grandiosos monumentos religiosos; una basílica construida bajo una gran Cruz, símbolo de reconciliación, donde duermen, definitivamente hermanados, en paz, hombres y mujeres, otrora antagonistas, sin distinción hoy de ideologías.

Los buscadores de tumbas, los sembradores de odios, políticos de guardarropía, sermoneadores vengativos, jornaleros de la pluma, periodistas disfrazados de historiadores e historiadores disfrazados de reporteros han logrado hasta hoy lo que a un observador imparcial, a un visitante profano en materia de construcción les parece increíble: que todo aquel conjunto haya sido obra de presos políticos; y es que cuanto mayor es el disparate, más creíble resulta; el resto se da por añadidura: que fueron 20 000 los reclusos políticos forzados a trabajar en el Valle desde 1940 hasta 1959, que eran «esclavos por la patria», juzgados con rigor por Tribunales Militares, según el Código de Justicia Militar, que su alimentación era escasísima, sus condiciones higiénicas pésimas y sus barracones dormitorio, espantables; que el Estado les robaba la mayor parte del mísero salario que percibían… y que un gran número de aquellos presos dejaron su sangre —muertos y heridos— sobre las piedras del Guadarrama.

Además, ha sido continua y feroz la campaña contra la legislación penitenciaria del Régimen de Franco, con el Valle de los Caídos como primer objetivo a batir. Y si unas veces ocurre por desconocimiento, en su mayoría tienen su origen en el sectarismo político.

En 1937, a un año escaso de iniciarse la Guerra Civil, las autoridades de la zona nacional reconocieron mediante un Decreto el derecho al trabajo de los prisioneros de guerra y presos no comunes; un Decreto más progresista y revolucionario imposible. Por otra parte, se les señalaba un salario para ellos y sus familias. En el Decreto, publicado el 28 de mayo del citado año, destaca un artículo ignorado y despreciado por investigadores, periodistas e historiadores… Se trata del número 4, que dice así:

«Los presos por delitos políticos no comunes y prisioneros de guerra tendrán la consideración de personal militarizado, debiendo vestir el uniforme que se designará, y quedando sujetos en su consecuencia al Código de Justicia Militar y Convenio de la Convención de Ginebra de fecha 27 de julio de 1929».

Aunque parezca imposible no he encontrado en alguno de los pocos libros dedicados a la legislación penitenciaria o al mismo Valle de los Caídos la menor mención a este articulo. ¿A nadie le ha llamado la atención el párrafo «quedando sujetos, en consecuencia, al Convenio de Ginebra de 27 de julio de 1929»? Pues ni un solo comentario, ni una sola referencia en el voluminoso archivo de que dispongo, engordado pacientemente, con el titulo «Disparates de historiadores y asimilados acerca de la legislación penitenciaria española y sus efectos». Es largo, el titulo, pero instructivo y hasta jocoso. A su lado figura otro, no tan voluminoso en su contenido, con el titulo: «Las mil y una mentiras sobre el Valle de los Caídos». Tanto monta, monta tanto, que los disparates y las mentiras se arraciman y al tirar de uno salen todos.

Para desentrañar el párrafo del artículo 4.o del célebre Decreto debo acudir al Convenio de la Convención de Ginebra de 27 de julio de 1929, sección III, «Trabajo de los prisioneros de guerra», capítulo I, general, artículos 27 y siguientes. Y ¡oh, sorpresa! En el tratado internacional, respetado íntegramente por las autoridades nacionalistas, encuentro la solución del problema: «Los beligerantes pueden emplear (utilizar) como trabajadores a los prisioneros de guerra que estén físicamente en forma para trabajar, además de a los suboficiales y personal asimilado, de acuerdo con sus habilidades…».

El capitulo 2, «Organización del trabajo», trata de las obligaciones de la potencia que disponga de los prisioneros como mano de obra y señala que «asumirá toda la responsabilidad para el mantenimiento, cuidado y tratamiento y pago de los salarios a los prisioneros de guerra que trabajaron para individuos (empresas) privados».

Pasa luego el Convenio de Ginebra a afirmar que ningún prisionero de guerra podrá ser empleado en un trabajo para el cual no está preparado, da normas sobre la duración de la jornada laboral de los prisioneros de guerra —igual que el de los trabajadores civiles de la localidad y empleados en el mismo trabajo—, y cierra con unas líneas sorprendentes: «Cada prisionero podrá (no dice deberá) tener un descanso de 24 horas consecutivas cada semana, preferentemente en domingo. Los prisioneros de guerra desempeñarán cualquier tipo de trabajo para el que estén preparados excepto las que tengan conexión directa con las operaciones de la guerra. Está prohibido en particular emplear prisioneros en la manufactura o transporte de armas o municiones de cualquier clase, o en el transporte de material destinado a unidades de combate…».

Se habla después de los prisioneros de guerra en «Destacamentos de trabajo», que tendrán al frente un jefe militar y cuyas condiciones serán similares a las existentes en los campos de guerra (¿de concentración?), particularmente en lo concerniente a condiciones higiénicas, comida, cuidados en caso de accidentes (de trabajo) o enfermedades, correspondencia y la recepción de paquetes.

El articulo 34 del capitulo 5: «La paga» es rotundo:

«Los prisioneros de guerra no recibirán paga por trabajos relativos a la administración, asuntos internos y mantenimiento de los campos. Los prisioneros empleados en otros trabajos tendrán derecho a una paga (…)».

«El trabajo realizado para el Estado será remunerado de acuerdo con los sueldos para los soldados de las fuerza nacionales que realicen el mismo trabajo; si tales valores no existieran, sería de acuerdo a una tarifa que corresponda al trabajo ejecutado».

«Cuando el trabajo sea realizado para otras administraciones publicas o para individuos privados, las condiciones serán pactadas de acuerdo con las autoridades militares».

La Convención de Ginebra señala que deberá ser pactada la cantidad que retendrá la administración del campo de trabajo, la cantidad que pertenecerá al prisionero de guerra y la forma en que esta cantidad será puesta a su disposición durante el periodo de su cautividad. Y se insiste, al final, en que «la paga del prisionero le será remitida al término de su cautividad».

CONCLUSIÓN:

a) Que los prisioneros de guerra y personal asimilado podrán ser utilizados en trabajos para los cuales estén preparados.

b) Que los prisioneros de guerra y personal asimilado podrán ser utilizados por las instituciones del Estado o por individuos privados, es decir, empresas privadas.

c) Que estos prisioneros de guerra y personal asimilado recibirán una paga (salario) por su trabajo, del cual se les retendrá una parte no especificada, y se les entregará la otra al terminar su cautividad.

d) Que la Convención de Ginebra prohibía la utilización de estos prisioneros en tareas relacionadas con la industria militar y transporte de material de guerra, incluido cualquier tipo de mercancía para las unidades combatientes.

Veamos todo esto convertido en una disposición político-social sobre cuya parte expositiva o declaración de intenciones se lanzaron unos y otros, no contra el articulado, como arietes, sin tener en cuenta que fue dictado en plena Guerra Civil, que tiene ansias sociales y que el reconocimiento del derecho al trabajo de los presos por delitos no comunes no estaba contemplado en los Acuerdos de Ginebra. El párrafo —«derecho-obligación»— es el que más ha entretenido, por ignorancia, a historiadores y asimilados y hasta a juristas, empecinados todos en unos juegos de palabras que hubieran hecho las delicias de los intelectuales de Constantinopla en sus discusiones sobre el sexo de los ángeles.

Era, sí, la aplicación del punto 15 del Programa de Falange Española («Todos los españoles tienen derecho a trabajar…»), tal cita el Decreto de referencia. ¿Cómo puede decirse entonces, que esta disposición legaliza la explotación del trabajo forzado de los prisioneros de guerra y presos por delitos no comunes? La parte expositiva del Decreto 281, de 28 de mayo de 1937, será pasto de los «tiburones» de la pluma.

Los comentaristas recuerdan el punto 15, pero aparentan olvidar el punto 16: «Todos los españoles no impedidos tienen el deber de trabajar. El Estado Nacionalsindicalista no tributará la menor consideración a los que no cumplen función alguna y aspiran a vivir como convidados de piedra a costa del esfuerzo de los demás». De ahí la intención del legislador, que va mucho más allá de los Acuerdos de la Convención de Ginebra al explicar que el Decreto responde a la necesidad de que los prisioneros de guerra, obligados a trabajar por acuerdos internacionales, y los presos condenados por delitos no comunes, militarizados, como el resto de los españoles, «puedan sustentarse por su propio esfuerzo, que presten el auxilio debido a su familia y que no se constituyan en peso muerto sobre el Erario Publico»; es decir, insisto, el rechazo a los que vivan «como convidados de piedra a costa del esfuerzo de los demás».

Una simple apelación a la Convención de Ginebra hubiera sido suficiente para obligar a trabajar a prisioneros de guerra y personal militarizado. Pero ello no hubiera explicado a una sociedad en guerra, dolorida por los crímenes republicanos, con hijos en el frente que cobraban soldadas mínimas, de 3 pesetas, a cuyos miembros llegaban diariamente noticia de parientes asesinados cruelmente o muertos en combates, que se iba a dar un salario a sus enemigos por hacer idéntico trabajo que muchos de ellos.

No entiende este Decreto Daniel Sueiro, (La verdadera historia del Valle de los Caídos), quien tira la primera piedra en 1977 y esconde la mano. Así arremete contra la Disposición, cargándola sobre las espaldas del jesuita José A. Pérez del Pulgar, porque el sacerdote escribe un libro ¡en 1939!, en el que se muestra partidario del trabajo de los reclusos.

Uno de sus epígonos mas distinguidos en el arte de la interpretación de textos legales —en este caso por ignorancia culpable— es Isaías Lafuente, periodista al que se le observan influencias del gran fabulador de episodios del Oeste, de idéntico apellido, Marcial Lafuente Estefanía. Según este escritor, «la primera piedra que permitió durante años la explotación de presos, la pone Franco en plena Guerra Civil, apenas un año después del golpe de Estado. El Decreto 281, del 28 de mayo de 1937, establece el trabajo de los presos (sic) de guerra y presos por delitos no comunes, aunque se refiere específicamente a los prisioneros y presos rojos».

La novela se titula Esclavos por la Patria, y en su portada figuran formaciones de reclusos rojos, y al fondo ¿cómo no?, la Cruz que preside el Valle de los Caídos.

Tampoco parece entender el Decreto —¿o sí conoce su trascendencia?— el agitador, el promotor de todas las campañas contra el Valle de los Caídos, el anciano profesor Nicolás Sánchez-Albornoz, —no confundir con el glorioso don Claudio, su padre—, cuyo trabajo de investigación más excelso consistió en averiguar y difundir, «algo tan novedoso entonces, como la dieta de un Ejercito de Felipe II»; es decir, el cálculo «del valor calórico de los alimentos» que ingerían, entre otros, los sufridos héroes de San Quintín… y todo ello aprendido por el anciano profesor cuando era joven, allá por 1948, en el Valle de los Caídos, según confesión propia, donde habían ido a parar sus huesos una vez fracasada su intentona de refundar la FUE en la Universidad, como primer paso para derribar el régimen de Franco…

El anciano profesor Sánchez-Albornoz —no don Claudio, claro está—, no parece entender nada de aquella situación pero descubre como en el caso de las calorías históricas, que «los primeros campos de trabajo estuvieron bajo mando militar»; y, de seguido, que «al cabo de menos de un año, los rebeldes añadieron a esa explotación primaria de los presos políticos y de los prisioneros de guerra una forma más retorcida». A continuación pasa a varear, con saña sarracena, la parte expositiva del citado Decreto de mayo de 1937 al que acusa ¡ay!, de aludir al Fuero del Trabajo «del mismo año», cuando el Fuero del Trabajo es de 9 de mayo de 1938, «que inauguró una explotación sistemática de la mano de obra republicana». ¿Pero a dónde pretende llegar el anciano profesor al que la numeración de los años se le vuelven lanzas? Su objetivo es muy preciso, aunque no aporta prueba alguna: «Pocas veces —comunica a un Congreso celebrado en Barcelona en 2002— es dable tropezar con un texto tan circunvoluto (sic) y a la vez tan paladino. Su redactor no produce la impresión de un sanguinario incontinente ni de un frío razonador a lo nazi, convencido de la superioridad de la raza elegida (sic). La voz que el texto transmite es, a ras del suelo, la de un clérigo diestro en manipulaciones verbales». Y la bomba final, con revelación sin fundamento alguno y transformación de los prisioneros de guerra y presos por delitos no comunes, en presos políticos, es decir, de opinión; la eterna búsqueda de los alquimistas, la transmutación del plomo en oro, al alcance de todos los españoles por la mano de don Nicolás, pero en el campo de lo jurídico: «El Decreto inspirado por el jesuita Pérez del Pulgar, otorga al preso político el derecho a trabajar, pero no le deja opción. Si no coopera, se le obliga. La torsión a la que el concepto de derecho es sometido trasunta el propósito de la supuesta concesión. El gesto persigue en realidad descargar sobre el preso el costo de su prisión»; lo cual, contra lo que afirma el historiador, no es el único fin del Decreto, sino uno de los tres objetivos, como no se oculta en el texto: «que los prisioneros de guerra y presos condenados por delitos no comunes, puedan sustentarse por su propio esfuerzo; que presten el auxilio debido a su familia y que no se constituyan en peso muerto sobre el Erario Público…».

En el camino del parto de los montes, el siempre equivocado don Nicolás Sánchez-Albornoz, —¿quizás la edad?— parece tropezar con un escollo fruto de su imaginación desbocada. Dice:

«Abstracción hecha de los prisioneros y presos sobre los que recaen acusaciones graves cuyo régimen de custodia resulta incompatible con las concesiones que se proponen en el presente Decreto, existen otros, en número considerable, que sin una imputación especifica capaz de modificar su situación de simples prisioneros (de guerra) y presos (por delitos no comunes) les hacen aptos para ser encauzados en un sistema de trabajos que represente una positiva ventaja».

Es imposible averiguar de donde obtiene el anciano profesor conclusiones tan sumamente disparatadas. Un prisionero de guerra es un soldado capturado por su enemigo, sin más, y un preso suele ser una persona que ha cometido un delito, grave o leve.

Sobra en el párrafo el añadido «los desafectos», sean al nuevo o al viejo régimen, pues de no ser así, ¿cómo catalogaríamos a los presos de ETA?, ¿cómo desafectos?, ¿cómo presos políticos?, ¿dónde fueron a parar sino a campos de concentración, centenares de miles de norteamericanos al comenzar la guerra del Pacifico por el simple delito de llevar apellidos japoneses?, ¿y qué ocurrió con los alemanes en esta o aquella nación beligerante, o con los ingleses o los franceses, o…?

Los prisioneros de guerra son prisioneros de guerra mientras los combatientes no acuerdan la paz. Y ello sirve igual para rojos que para nacionales.

Sólo unas palabras más sobre este Decreto, en torno al cual se ha ejido una red de despropósitos e inexactitudes. El texto legal es tan claro que asombran las retorcidas interpretaciones. Comienza así:

«El victorioso y continuo avance de las Fuerzas Nacionales en la reconquista del territorio patrio, ha producido un aumento en el número de prisioneros (de guerra) y condenados que la regulación de su destino y tratamiento se constituye en apremiante conveniencia. Las circunstancias actuales de la lucha y la complejidad del problema, impiden en el momento presente dar solución definitiva a la mencionada conveniencia. Ello no obsta para que con carácter netamente provisional y como medida de urgencia, se resuelva sobre algunos aspectos cuya justificación es bien notoria».

¿Y cuáles son aquellos aspectos del problema cuya justificación es notoria? Pues que los prisioneros de guerra y presos, cuyo tiempo de cautividad es imprevisible, puedan mantener a sus familias. Y, ¿por qué no?, también para aliviar al Estado de la carga que suponía el creciente número de prisioneros y presos.

El Decreto disponía en su Artículo primero la concesión del derecho al trabajo a los prisioneros de guerra y presos por delitos no comunes; que los citados podrán (no dice deberán ni están obligados) trabajar «sin perjuicio de que por conveniencias del servicio puedan ser utilizados en otra clase de empleos o labores en atención a su edad, eficacia profesional o buen comportamiento, todo ello a juicio de sus respectivos jefes (se entiende que militares)».

«Cobrarán en concepto de jornales, mientras trabajen como peones, la cantidad de dos pesetas al día, de las que se reservará una peseta con cincuenta céntimos para la alimentación del interesado entregándosele los cincuenta céntimos restantes al terminar la semana. Este jornal será de cuatro pesetas diarias si el interesado tuviera mujer que viviera en la zona nacional sin bienes propios o medios de vida, y aumentado en una peseta más por cada hijo menor de quince años que viviere en la propia zona, sin que en ningún caso pudiera exceder dicho salario del jornal medio de un bracero en la localidad. El exceso sobre las dos pesetas diarias que se señalan como retribución ordinaria será entregado directamente a la familia del interesado…» (Debemos tener en cuenta que una peseta de 1937 equivale a 248,5 pesetas de 2007).

Y al final algo de importancia capital, pues viene a desmontar las continuas acusaciones sobre la explotación económica de los presos, pero que impide calcular los salarios reales de los reclusos trabajadores en el futuro inmediato; se trata de unas líneas ignoradas, ocultadas interesadamente y que dicen así:

«Cuando el prisionero (o) el preso trabaje en ocupación distinta de la de peón, será aumentado el jornal en la cantidad que se señale».

El jornal o salario de los prisioneros de guerra y presos que trabajaran no sería igual para todos. Su cuantía dependería de la labor que realizaran al igual que ocurrirá al llegar la paz con los reclusos trabajadores de los Destacamentos Penales y las Colonias Penitenciarias Militarizadas. Todo ello, las nóminas, se complicarán cuando el ministro de Trabajo reconozca a los reclusos trabajadores idénticos beneficios sociales que a los obreros libres, al tiempo que la Organización Sindical les exoneraba del pago de la cuota sindical, obligatoria para todos los trabajadores españoles.

Por Francisco Aylagas sé que un mes y pocos días después de publicarse el Decreto 281, el día 3 de julio de 1937, «se puso en práctica, por vía de ensayo, esta generosa disposición del Caudillo, con la creación de un Destacamento, al aire libre, de 365 hombres en Alcocer de Mola (Burgos), para contribuir a la construcción del monumento que ha de perpetuar la memoria del ilustre general de aquel apellido, caído en acto de servicio en el citado lugar. Los reclusos fueron de la condición de procesados y tan óptimos resultados se obtuvieron (…) que en 27 de diciembre se dio una Orden estableciendo normas de preferencia para el destino de los reclusos y se dispone en primer termino el derecho para los de penas más leves, en los casos de peonaje, como excepción, a los especialistas una vez acreditada esta condición por los Directores de los Establecimientos Penitenciarios, señalando que para que los procesados puedan ser destinados a trabajar ha de constar documentalmente en la Prisión la clase de pena que para cada individuo haya sido solicitada, dándose también derecho a los detenidos no procesados cuando la Autoridad que haya ordenado la detención autorice, por escrito, la incorporación a un trabajo. En esta Disposición se marca taxativamente la cuantía y alcance de la redención de las penas, conmutando dos días de cumplimiento por uno de trabajo; pero sólo a efectos de acelerar la propuesta de la libertad condicional del penado, no a efectos de la extinción total de la pena».

De esta manera se fueron conformando los Destacamentos Penales y Colonias Penitenciarias Militarizadas, integrados por reclusos civiles, pues a partir del 1 de abril de 1939, desaparecieron los prisioneros de guerra como personal trabajador.

Don Francisco Aylagas, director general de Prisiones con el ministro Raimundo Fernández-Cuesta, autores del silenciado Decreto de Indulto Total de 9 de octubre de 1945, escribió un libro titulado El régimen penitenciario español, de obligado estudio para la comprensión de la política penitenciaria de 1937 a 1951.

Debo llamar la atención sobre un organismo fundamental, el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de las Penas por el Trabajo, cuyos libros de Actas, inéditas hasta ahora, me han ayudado grandemente para el mejor conocimiento de las interioridades de la política penitenciaria del Régimen de Franco. Este organismo, fue muy por delante del Código Penal de 1944 y marcó la legislación penitenciaria del Nuevo Estado con propuestas, siempre aceptadas, revolucionarias.

Impulsó el Patronato una Orden Ministerial de fecha 7 de octubre de 1938, en plena batalla del Ebro, pero cuando ya se vislumbraba el triunfo de las armas nacionales. La labor humanitaria desarrollada por este Organismo, de profunda inspiración cristiana, fue extraordinaria, y contra lo que se ha escrito, afirmo que fruto de su labor fueron propuestas continuas de libertades condicionales, acortamientos de pena, quizás excesivos, por el trabajo, fomento de la cultura en las cárceles, creación de talleres, granjas y modernas penitenciarías, inspecciones rigurosas para asegurar el buen trato y la comida, y la protección a ultranza de las mujeres y los hijos de los reclusos. Más de once mil niños disfrutaban en 1944 de internados en colegios, en su mayoría religiosos, o ayudas en comidas y becas. Dos inspectoras centrales de Prisiones, Carmen Castro y María Luisa Blanco, se encargaron de extender y beneficiar el esfuerzo intelectual de los reclusos, la primera, y de la protección de los niños la segunda, con resultados extraordinarios. Ambas eran Vocales del Patronato.

Asombra cómo ha calado en los periódicos, en los libros y aun en determinados sectores de la sociedad la gran falacia acerca de esos millares de hijos de reclusos, acogidos, pretendidamente, en Hogares de Falange, camisas azules, correajes y cura gordinflón maltratador de niños. Una inicua deformación de la realidad. Así se escribe, con desvergüenza absoluta, la historia de la época.

La estadística del Patronato, para 1943, es diferente:

Niños tutelados por el Patronato en diciembre de 1943

Pensionados en Colegios Religiosos: 9046

Gratuitos en Colegios Religiosos: 1604

Gratuitos en Hogares de Falange: 6

Gratuitos en Centros del Estado: 19

Total: 10 675

La señora vicepresidenta del Gobierno, doña Teresa Fernández de la Vega, entró recientemente en liza y, con osadía manifiesta, «reveló» que los «intelectuales» condenados por el Régimen franquista habían sido obligados a trabajar como obreros en los Destacamentos Penales. Otro mito que parece incombustible a pesar de las pruebas en contra al alcance de la mano. La señora Fernández de la Vega faltó a la verdad, quizás por error inducido desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias; quizás por la lectura de los libros citados, no el de Aylagas, y otros muchos más; quizás por esa «cultura» verbal que sitúa a don Enrique Tierno Galván y a don Gregorio Peces Barba —padre del capitoste socialista—, pico y pala en el Valle de los Caídos, en el tiempo en el que el primero era un brillante colaborador del Instituto de Estudios Políticos, y, el segundo, acortaba su pena en las oficinas de uno de los tres Destacamentos Penales de Cuelgamuros.

La ilustre político/a debiera propinar un varapalo a sus desinformadoras y obligarles a buscar, entre los miles de páginas escritas a mano, que ocupan las Actas de las reuniones del Patronato, todos los acuerdos referentes a este asunto, así como la organización del Fichero Fisiotécnico por oficios y profesiones, y los anuncios de ofrecimiento de puestos de trabajo, publicados en el semanario «Redención». Tenga presente que el profesor Nicolás Sánchez-Albornoz buscó recomendaciones para ser enviado al Valle de los Caídos, junto a su compañero de viaje Manuel Lamana y al lograrlo fueron utilizados, por ser universitarios, en las oficinas del Destacamento Penal del Monasterio. Se lo contó el anciano profesor a todo el mundo y así quedó para la historia.

En un repaso muy somero, debo aclarar que las empresas solicitaban reclusos al Patronato según sus especialidades. Por ejemplo, a 10 de febrero de 1942, se dice: «El presidente del Consejo de Administración de las minas de Almadén solicita cien reclusos mineros…»; o el 10 de abril del mismo año: «Que el arquitecto recluso don Benito Aresu Arbizu, ha realizado por encargo de la Dirección General de Arquitectura, un proyecto para un grupo escolar en Lérida…»; 13 de febrero de 1942: «aprobándose después, la propuesta del señor Suárez Ynclán (vocal del Patronato) el destino de un médico recluso al Destacamento Penal del Pantano del Generalísimo, en Beneceber (Valencia), para desempeñar en el mismo las funciones de médico auxiliar»; o el más curioso pero no menos infrecuente, a 22 de enero de 1943, que dice así: «Don Fernando Cottet, industrial de Barcelona, gerente de la Sociedad Limitada Cristales Ópticos de dicha capital, solicita autorización para emplear en la misma al recluso Rodrigo Prats Mata como especialista en el tallado de cristal científico. Se halla condenado a quince años por auxilio a la rebelión. (…) Acuerdo recado aprobatorio». Finalmente, a 25 de febrero de 1942, el Patronato «acuerda abrir un concurso en el semanario “Redención”, para que los reclusos menores de 23 años de edad y que se hallan condenados a penas superiores a las de 20 años, puedan concurrir a él al objeto de aprender el oficio de carpintería en los Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares».

En los años cuarenta el Patronato solicitó públicamente penados ingenieros, arquitectos, peritos, delineantes, topógrafos para obras públicas o construcción de viviendas. Era condición que fueran antiguo personal técnico de los Estados Mayores de los ejércitos rojos. Todo es totalmente contrario a lo afirmado por la vicepresidenta del Gobierno. Así el Patronato encargó la dirección de la Escuela de Aprendices de los Talleres de Alcalá de Henares, a un ingeniero industrial condenado a 20 años.

Los mitos, que luego se apilarán sobre los Destacamentos Penales y el Valle de los Caídos, resultan ineficaces con estas Actas, a las que complementan las Memorias anuales del Patronato, en su afán por difundir lo realizado sin ocultación o falseamiento de datos. Ello culmina con las Actas del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos que custodia el Patrimonio Nacional, facilitadas recientemente a los investigadores.

Todos los organismos, oficinas y empresas privadas que utilizaron mano de obra reclusa voluntaria estaban controlados férreamente por el Patronato, fueran Colonias Militarizadas o Destacamentos Penales, dependieran de ministerios, gobiernos civiles, diputaciones, ayuntamientos o empresas particulares. Y no se conoce un solo caso de recluso que fuera obligado a trabajar. Todo lo dicho hasta ahora y lo que se dirá está rigurosamente documentado y sirve para los tres Destacamentos Penales del Valle de los Caídos, cuyos miembros, voluntarios, desarrollaron su labor, mayoritariamente, como peones. ¿En qué fechas? Pues contra lo que se ha dejado entender, desde mayo y junio de 1943 a marzo de 1950. Aún más, los mineros profesionales que trabajaron en la perforación de la Cripta-Basílica terminaron su labor en 1948, una vez finalizado el proyecto primitivo del arquitecto Muguruza. La fantasía, la carencia de información, la política de los vencidos en la guerra, y la holganza de los historiadores han desembocado en Campo de Agramante donde la confusión hace posible todos los disparates.

También la Orden de creación del Patronato ha sido comentada sin tener en cuenta que se dictó en plena Guerra Civil, la mentalidad de la sociedad de la época y el espíritu de Cruzada religiosa, poco menos que misionera, que informaba la zona nacional. No situar los acontecimientos en su tiempo es uno de los más grandes defectos de los periodistas e investigadores actuales. Si por un lado, el Nacional, les suena todo a Religión e Imperio, olvidan que el otro, el Frente Popular, parece, lo es, una gigantesca explosión de ateísmo y de estalinismo, de torturas y asesinatos organizados desde el Poder.

De ahí que arremetan contra la Exposición de Motivos redactada en octubre de 1938. Todos los autores se lanzan como buitres sobre intenciones tales «juntamente con el auxilio material para vivir la vida física (…). conviene que los órganos encargados de hacer efectivo ese subsidio (señalado por el Decreto 281) tengan la vocación de apostolado y acción necesarios para completar esa obra de asistencia material con la necesaria de procurar el mejoramiento espiritual y político de las familias de los presos y de estos mismos». Pero, olvidan el establecimiento en pueblos y ciudades de «Juntas Locales propresos, que compuestos por una representación del alcalde, con el párroco respectivo, y otro vocal femenino, elegido entre los elementos más caritativos, tendrían como misión», entregar los subsidios procedentes de los salarios de los reclusos trabajadores, «procurando, además, aliviar a aquéllas en sus necesidades con espíritu de verdadera asistencia y solidaridad social, y procurando en lo posible la educación de los hijos de los reclusos en el respeto a la Ley de Dios y el amor a la Patria», intenciones educativas, estas últimas, tan alejadas de la asignatura obligatoria, llamada Educación para la Ciudadanía.

De la Orden Ministerial de creación del Patronato, destaco algunos de los cometidos que se le atribuyen:

a) Proponer al Gobierno, al final de cada año, la condonación de tantos días de condena a favor de los reclusos como sea el número de días trabajados.

b) Proponer a la Jefatura (del Servicio Nacional de Prisiones), «el cambio de destino de los penados que, por su excelente conducta y laboriosidad lo merezcan, cuando lo soliciten, para situarlos en Establecimientos de reclusión más próximos al lugar en que resida su familia».

c) La selección de penados para trabajar «a favor del Estado, en las diputaciones, o los ayuntamientos, así como en aquellas obras privadas que, a propuesta de la expresada Junta, el Ministerio de Justicia declare la utilidad pública o social».

d) «Los patronos de obras particulares en las que trabajen reclusos pagarán a la Jefatura del Servicio Nacional de Prisiones el salario íntegro que, según las bases de trabajo que rijan en la localidad, correspondería pagar a los trabajadores reclusos si se tratase de obreros libres; y este organismo, después de abonar el subsidio a que hubiera lugar, en su caso, a las familias de los trabajadores reclusos hasta el límite establecido (en el Decreto de 1937), ingresará el remanente en la Hacienda, a beneficio del Estado».

e) «Será cuenta de la entidad o patrono a cuyo servicio trabajen los presos el pago de todos los seguros sociales que se establezcan con carácter obligatorio a favor de los obreros libres, tales como los de vejez, accidentes de trabajo, invalidez y paro. Por excepción, la cuota que les corresponde pagar a los obreros para incrementar el Seguro de Vejez, lo abonarán íntegramente los patronos o entidades a cuyo servicio trabajen, cuando no tengan derecho al percibo del subsidio familiar».

f) «El exceso que en su caso pudiera corresponder por suplemento de trabajo a aquellos que lo realicen en horas extraordinarias o en labores contratadas a destajo, se entregará, en todo caso, sobre los limites ya señalados a las familias de los reclusos con derecho a percepción del subsidio familiar, sin perjuicio de que éstas puedan abonar a favor del recluso, en su cuenta del Establecimiento Penitenciario, las cantidades que deseen ingresar una vez cobrados por conducto de las Juntas Locales. Respecto de los obreros que no tengan familia con derecho a subsidio, el pago de las cantidades que les correspondería percibir por el exceso de trabajo en el destajo (o en horas extraordinarias), será entregado íntegramente a los trabajadores reclusos».

g) «Sólo tendrán derecho a percepción del subsidio los reclusos que estén legítimamente casados y los hijos que tengan la calidad de legítimos o naturales reconocidos».

Dos puntos éstos, el d) y el g) que han servido de base a la gran patraña de la explotación económica de los reclusos por el Estado y de la imposición de la religión a los reclusos por las autoridades del Gobierno. Lo ha juzgado y fallado así la izquierda cerril, la española, con la torpe e ignara colaboración de historiadores de derechas, en el enorme escenario propagandístico del que son maestros los marxistas. El sobrante a beneficio de la Hacienda Publica encontró su justificación en el derecho de las victimas, centenares de miles que vieron desvalijadas sus cajas particulares en Bancos, Cajas de Ahorro y viviendas, y el expolio del oro del Banco de España, aparte los familiares asesinados. Aun con todo, sólo se aplicó durante los años 1939 y 1940, y supuso un beneficio para Hacienda de sólo 3 553 282,74 pesetas. Fue la influencia del Patronato, cada día mayor, la que hizo desaparecer para los condenados por delitos cometidos durante la Guerra Civil lo que hoy reclama para los etarras la sociedad española, es decir, el pago de indemnizaciones por sus crímenes y estragos.

En cuanto al apartado g), el carácter religioso (sólo los legítimamente casados por la Iglesia), tampoco provocó efectos demoledores, como suponen los comentaristas poco informados. Y, ello, sin que el Patronato perdiera su carácter netamente cristiano que le inspiró la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos, muchos de cuyos miembros dieron lo mejor de su saber y espíritu de justicia como vocales del Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo, incluida la Dirección General de Prisiones.

A 31 de enero de 1941, el vocal Fernando Martín Sánchez Julia, una de las cabezas más preclaras de los propagandistas católicos, presentó un informe que abría una gran brecha, a favor de los reclusos, respecto a la legitimidad de los matrimonios y el derecho a percibir la asignación familiar. Este informe se valoró como la auténtica interpretación legal sobre matrimonios celebrados antes y después del reconocimiento del matrimonio canónico como el único legal en zona nacional.

Y se va a más en el capítulo religioso, de tal manera que, en el Acta del día 29 de mayo de 1940, se recoge lo siguiente:

«… y se decide unánimemente amonestar al jefe de la Prisión de Jerez de la Frontera y expresarle el verdadero desagrado con que el Patronato ha conocido la decisión por él tomada contra el recluso “destino”, Ildefonso Ara Sanz, al darle de baja en el mismo por incumplimiento pascual, debiendo proceder inmediatamente a su reposición en el caso de corresponderle, y reiterándole el más exacto cumplimiento de la Circular al efecto dictada».

Un mes más tarde, en junio, el Patronato publicó una nota en el semanario «Redención», que llegaba a todos los reclusos, en la cual amonestaba a los directores o funcionarios de Prisiones que pudieran obligar a los reclusos a la confesión y a la comunión. «Sepan —advertía la nota— pues, todos los funcionarios y todos los reclusos que, el cumplimiento de esta obligación es puramente de conciencia. Los reclusos que confiesen y comulguen sólo pueden esperar premio de Dios; no del Estado. Y los que no lo hagan deberán temer el castigo divino; pero no el castigo de la autoridad política».

Don Ignacio Zulueta Más, vocal eclesiástico del Patronato, dirigió el día 18 de abril de 1942, una carta a los Capellanes de las Prisiones advirtiéndoles de que «desde este año no tendrá lugar ninguna comunión general al terminar las Misiones ni en ocasión de cualquier fiesta religiosa, sino que en la semana siguiente a aquélla en que se hayan verificado las Misiones, se procurará que se celebre misa diaria de asistencia voluntaria, en la que podrán los reclusos recibir la Sagrada Comunión». El padre Zulueta insiste en «el problema de la sinceridad en la recepción de los Sacramentos», al tiempo que en la «voluntariedad de la comunión», sin que haya peligro alguno de sanción para los reclusos que no deseen recibirla.

Sería posible aportar otras muchas pruebas de la política de libertad religiosa que aplicó en los Establecimientos Penitenciarios y Destacamentos el Patronato, a pesar del carácter confesional del Estado español. Pero, prácticamente, parece imposible derribar la cadena de errores, por un lado, y de mala fe, por el otro; una cadena que nos conduce, paso a paso, cuando no a zancadas, hacia el Valle de lo Caídos, autentico objetivo, hay que repetirlo mil veces, de la izquierda española, que rechaza todo símbolo de reconciliación, en especial si está rematado por la Cruz.

Esta cadena de errores y mala fe —no se puede suponer la maldad en todos—, arranca de un principio de falsedad incontrovertible, que con ignorancia culpable resume Luis del Val en el prólogo de un libro: Esclavos por la Patria.

De este volumen procede lo siguiente:

«La palabra preso, a estas alturas del calendario, tiene un sentido peyorativo de delincuente, de persona que pena por un delito cometido. Pero en la larga noche de la posguerra se podía estar preso por delitos tan terribles como haber pertenecido a un sindicato, haber desempeñado el puesto de concejal en un ayuntamiento de quinientos habitantes, haber sido llamado a filas en el Ejército republicano, o, simplemente, no frecuentar el templo parroquial durante los años anteriores a la guerra, o no caer simpático a alguno de los caciques adeptos al nuevo régimen. Los juicios sumarísimos, las penas de muerte se contaban por centenares, es cierto que la mayor parte de ellas eran conmutadas, pero a cambio de diez, quince o veinte años de prisión. El preso lo era por las circunstancias descritas anteriormente que podían resumirse en una sola: pertenecer o simpatizar con el bando de los vencidos».

Espanta esta reducción al absurdo de la criminal política desarrollada por partidos políticos, sindicatos y autoridades nacionales, provinciales y locales del Frente Popular. Porque jamás se condenó al frentepopulista por el simple hecho de que le cayese bien Largo Caballero o Indalecio Prieto —jamás los dos a la vez—, o la Pasionaria y Santiago Carrillo, o Andrés Nin —nunca los dos primeros y el tercero a la vez—, como ejemplo de la unidad republicana, sino por los crímenes cometidos.

Luis del Val debiera darse una vuelta por el Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, donde son recibidos y asesoraos los investigadores, sin distinción de ideología. En dicho Archivo se encuentra un documento muy instructivo. Está escrito a maquina, pero en la cubierta figura el título «Normas penales», en oblicuo, de puño y letra de Franco. Comprobará que nadie podía ser condenado por su sola pertenencia a un sindicato o partido político, por haber sido concejal o por haber sido llamado a filas. Otra cosa es lo que hicieron desde sus militancias, sus cargos políticos o su pertenencia al Ejército. ¿Qué quizás se cometieron injusticias? ¡Y cuando no! ¿Es que no se cometen hoy día? Sentencias del Tribunal Supremo tiradas a la papelera por el Tribunal Constitucional y viceversa, y de ambos anuladas por el Tribunal de Estrasburgo como en el reciente caso del juez Gómez de Liaño. Y ello se produce en una Democracia adjetivada de avanzada, asentada y progresista, entre otros muchos ditirambos, y nacida de una transición cuyos autores afirmaron que asombró al mundo, seguramente por sus perjurios.

Sí, debieron producirse equivocaciones, como en toda obra o decisión humana, pero se pusieron todos los controles para que no ocurrieran o fueran las mínimas. Y, de tal manera, que en el término de ocho días se constituyeron en todas las provincias las Comisiones de Examen de Penas, creadas por Orden Ministerial de 26 de enero de 1940. Estas Comisiones estaban encargadas de revisar, con carácter permanente, las sentencias, y rebajarlas, en su caso, pero nunca aumentarlas. Por otra parte, los Servicios Jurídicos del Ministerio del Ejército y la Asesoría Jurídica del Generalísimo revisaban las condenas a muerte y aconsejaban y lograban la conmutación en numerosos casos, prácticamente en el cincuenta por ciento de las condenas. Luego, el Gobierno y Franco concedían medidas de gracia.

Sea como fuere, las sucesivas disposiciones del Gobierno fueron vaciando de reclusos los Establecimientos Penitenciarios, Destacamentos y Colonias Penitenciaras Militarizadas, al punto de que en junio de 1943 se autorizó el trabajo a los presos preventivos, y a 28 de diciembre de ese mismo año el Patronato llegó al siguiente acuerdo, recogido en el Libro de Actas correspondiente:

«Se acuerda pedir a todos los Establecimientos Penitenciarios una relación nominal de los reclusos penados por delito común que tienen oficio especial a efecto de que en su momento oportuno puedan sustituir en el trabajo a los condenados por delitos políticos».

Y es que en los escritos de la época no le daban al término «delito o preso político» el sentido y el alcance que se le da hoy. Todos, asesinos, violadores o torturadores, por ejemplo, que habían sido condenados por delitos cometidos entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, eran calificados de «presos políticos», mientras los «maquis» y sus cómplices, y los terroristas condenados por delitos cometidos después del 1 de abril de 1939 recibieron el titulo de «condenados por delito posterior». En su momento insistiré sobre el asunto.

El primer fruto del acuerdo de 22 de diciembre del Patronato fue la constitución, a manera de ensayo, el día 19 de febrero de 1944, de un Destacamento Penal integrado exclusivamente por condenados por el fuero ordinario. Cuenta Francisco Aylagas Alonso en el libro citado que el Patronato hizo una concienzuda selección de penados comunes, de entre los que habían observado una intachable conducta desde su detención. Con ellos se instaló el primer Destacamento Penal de su clase. Tenía como misión la perforación del túnel de Mata-Águilas, del ferrocarril Madrid-Burgos. Eran sólo 20 los penados, pero «pronto fueron apreciados los resultados obtenidos, y a los pocos meses hubo de aumentarse su número hasta pasar de 600 hombres. Como se trataba de una prueba, aquellos penados (los comunes), trabajaron y cobraron lo mismo que los obreros libres, pero no redimían, por el momento, sus penas, ya que la legislación sobre la materia era de aplicación solamente a los presos políticos. El nuevo Código Penal, que se promulgó a comienzos de 1945, estableció en su articulo 100 que los presos comunes podían redimir su pena siempre que reunieran las condiciones de intachable conducta en la prisión, no hubieran intentado quebrantar la sentencia realizando intento de evasión, consiguiendo o no su propósito, no hubieran redimido al extinguir sus condenas anteriores y no concurriera en ellos peligrosidad social, consignando esto expresamente en la sentencia».

A partir de ahí comenzaron a llegar a los Destacamentos Penales, incluidos los del Valle de los Caídos, los presos condenados por delito común. ¿En qué número? Imposible calcularlo mientras no se ponga al alcance de los investigadores toda la inmensa documentación del Patronato Central para la Redención de las Penas por el Trabajo que obran en poder de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. ¿O es que una mano criminal ha destruido esta documentación imprescindible para esclarecer la política penitenciaria tan benevolente del Régimen de Franco?

El Destacamento de presos comunes del túnel de Mata-Águilas tiene su gran anécdota: un escritor de izquierdas, publicó una novela (Trenes en la niebla), en la que narraba la historia trágica, lastimosa, humillante, desgarradora de un terrible campo de concentración, cuyos prisioneros —honrados republicanos— eran obligados a perforar, en condiciones infrahumanas, el túnel de Mata-Águilas en el ferrocarril Madrid-Burgos.

¿Dónde se inspiró este eximio poeta, en qué fuentes bebió este ilustre critico del grupo Prisa, sino de la fuente de Isaías Lafuente, del grupo Prisa? Todo fabulaciones, pero ésa es otra historia.

Jamás se ha aplicado con tal intensidad en cualquiera otra nación un sistema de redención de penas por el trabajo voluntario de los penados como ocurrió en España, en cumplimiento de una práctica penal nacida en Australia. Nada pues del jesuita José A. Pérez de Pulgar.

Según Francisco Aylagas Alonso, el primer paso en este sentido se dio en la Colonia Penitenciaria inglesa de Australia. Se trataba del llamado «Sistema Irlandés». Fue importado en América por la fundación de la «Elmira State Reformatory», dedicada a delincuentes juveniles, en 1876. «La idea principal de este sistema es que el preso debe ser reformado y preparado para su vuelta a la sociedad, por medio de un tratamiento científico: la educación, el trabajo y la religión. Y esto es lo que se practica en las prisiones españolas. No hay prisión sin escuela, sin taller, sin capilla. Pero lo verdaderamente sorprendente de la concepción española de la prisión es la Redención de las Penas por el Trabajo: intelectuales (escuela), físico (granjas, talleres), y por el estudio y práctica de la religión».

Lo cierto es que prima la voluntariedad en el trabajo, en el esfuerzo intelectual y en la enseñanza o la práctica religiosa. A nadie le amarga un dulce: Trabajo físico, dinero, más redención; es decir, acortamiento sustancial de pena más necesidades atendidas; esfuerzo intelectual, acortamiento de condena.

¿Voluntario? Desde luego que sí. Existen multitud de pruebas de las cuales elegiré tres solamente por no alargarme demasiado: a 2 de febrero de 1946, se recoge en el libro de Actas del Patronato lo que sigue:

«Se acuerda que los reclusos que figuran en la relación cursada por la Sección Fichero-Fisiotécnico, fecha uno del actual, que comenzando en José Rodríguez Gallego termina en Emilio Barbas Clavo, puedan redimir su pena por el trabajo en el Laboratorio y Parque Central de Medicamentos de Yeserías, lo que tienen solicitado».

A 15 de febrero de 1946:

«Autorizando el trabajo en turnos nocturnos a los reclusos del Destacamento Penal de Bustarviejo, a petición de la Empresa, siempre que se tengan en cuenta las disposiciones sociales que regulan esta clase de trabajos y se cuente con la conformidad de los reclusos».

Y finalmente, en la Memoria del Patronato, que resume la labor desarrollada durante 1945, se da la noticia de la terminación de las obras de reconstrucción de Belchite, por Regiones Devastadas:

«El 20 de octubre de 1945 quedaba suprimido el Destacamento Penal de Belchite y se trasladaba a la Prisión Provincial de Zaragoza a los 141 reclusos que lo constituían. Con fecha 24 de octubre, cursaba el Director de dicha Prisión Provincial las primeras solicitudes de penados del Destacamento suprimido y el día 5 de noviembre habían entrado ya en la Sección Destacamentos de la Dirección General de Prisiones más de 50 instancias solicitando ser destinados a obras análogas».

Nada, pues, de esclavos por la Patria, trabajos forzados y demás zarandajas por el estilo. Delitos, penas, y redención por cualquier tipo de trabajo, aun los risibles, y una legislación benévola sin igual en naciones de nuestro entorno.

¿Cómo se entiende si no, que en enero de 1940 existieran en España 270 719 reclusos de todas las clases (condenados, procesados y detenidos por delitos cometidos desde el 18 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939), y a finales de 1943, 40 000, también de toda clase y condición? Pues bien, de estos últimos, 18 492 trabajaban fuera de las prisiones, y el resto en funciones interiores, esto es en formación o en trabajo intelectual y en «destinos»; a 31 de diciembre de 1944, la población penal ascendía a 28 288 reclusos por delitos cometidos durante la Guerra Civil y 25 576 comunes; y en 1945 la primera cifra había descendido a 18 682, y la segunda a 25 140 reclusos.

Finalmente, en 1949 sólo quedan en España 2118 reclusos procedentes de la Guerra Civil, con penas tan graves que les habían impedido ser beneficiados por las disposiciones de libertad condicional —incluido el Decreto de Indulto Total de 1945—. Sin embargo, a partir de 1950 se les irán aplicando indultos particulares a cada uno de ellos. Este mismo año de 1950, en sus comienzos, fueron disueltos los tres Destacamentos Penales del Valle de los Caídos. Una pequeña parte de sus componentes redimían pena por gravísimos delitos, no políticos, cometidos durante nuestra guerra; otra minoría estaba compuesta por condenados por delito posterior; y el resto, la mayoría, eran reclusos comunes.

Pero no son ellos los constructores del Valle de los Caídos. De este asunto podrían hablar hasta las piedras, en el cincuenta aniversario. Pero me adelantaré con este libro.

Por de pronto, les diré que, por vez primera, salen a la luz, en este libro, Documentos que hasta la ocasión han dormido en los Archivos, sin que nadie se haya preocupado de desempolvarlos:

—Libros de Actas de las reuniones de las juntas ordinarias y permanentes del Patronato Central para la Redención de las Penas por el Trabajo.

—Expedientes de evasiones en Destacamentos Penales y protestas y desórdenes en Establecimientos Penitenciarios.

—Actas del Consejo de Obras del Monumento Nacional a los Caídos.

—Numerosa documentación sobre la construcción del Valle de los Caídos.

—Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, abierto a todos los investigadores sin distinción de ideología.

—Memorias anuales del Patronato Central para la Redención de las Penas por el Trabajo.

—El semanario «Redención», que aporta información complementaria y, en algunas ocasiones, única; y cientos de Boletines Oficiales del Estado y de la Dirección General de Prisiones.

—Pequeña Memoria del ingeniero de Caminos Jesús Iribas de Miguel sobre la construcción del Monumento Nacional a los Caídos.

Gracias a esta copiosa documentación puedo afirmar, rotundamente, lo siguiente:

—Los prisioneros de guerra y los presos no comunes, una vez militarizados (1937-1939) fueron tratados según los Convenios de Ginebra de julio de 1929.

—Que no hubo presos políticos procedentes de nuestra guerra.

—Que los graves y continuados asesinatos, violaciones, torturas, latrocinios y otros delitos que repugnan a todo hombre civilizado, fueron los únicos a los que no alcanzó el Decreto de Indulto Total de 9 de octubre de 1945.

—Que en el Valle de los Caídos jamás trabajaron 20 000 reclusos, sino de 2000 a 2500. Nunca a la vez, sino a lo largo de seis años y medio, con predominio de los presos comunes a partir de 1946.

—Que los primeros reclusos comenzaron a llegar al Valle a partir de mayo de 1943.

—Que todos eran voluntarios y que cobraban un salario idéntico al de un obrero libre de su nivel profesional.

—Que en su inmensa mayoría trabajaron como peones; los que perforaron el túnel eran unos cuantos mineros penados.

—Que gozaban de un régimen de semilibertad.

—Que se les concedían hasta seis días de condonación de penas por uno trabajado.

—Que trabajaron junto a numerosos presos comunes y obreros libres.

—Y que el último recluso obrero abandonó el Valle el mes de marzo de 1950.

Durante todos esos años no hubo un solo incidente en el Valle de los Caídos, a pesar de que el puesto de la Guardia Civil fue instalado hacia finales de 1945 y contó siempre con 12 números y un sargento.

Nota final:

Nadie se extrañe de encontrar repeticiones a lo largo de estas páginas. Es necesario para la mejor comprensión de lo tratado en cada capítulo.

CAPÍTULO I

UN CAPÍTULO DE HORRORES

El día 1 de abril de 1939 el Cuartel General del Generalísimo anunció que la guerra había terminado con la derrota y cautividad del Ejército Rojo. ¡Ahí es nada! El Ejército de Operaciones del Centro establece en un estadillo (Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco) que el número de prisioneros a su cargo asciende a 177 482. Todos son ingresados en Campos de Concentración, de clasificación, en un primer intento de averiguar quienes tomaron parte durante la guerra en actos criminales. La mecánica era, dígase lo que se quiera, rápida y sencilla: nombre y apellidos y lugar de nacimiento, domicilio habitual y localidades que había visitado durante la guerra, así como pertenencia a sindicato y partido político y unidad militar donde había prestado sus servicios.

Estos datos pasaban a la comandancia o puesto de la Guardia Civil correspondiente que con la mayor celeridad posible informaba respecto a las actividades del internado en el campo. Si los informes eran favorables se le dejaba marchar inmediatamente; si no, pasaba a la jurisdicción militar. Los que mentían en los datos eran descubiertos tarde o temprano por denuncias de familiares o amigos de los asesinados o los que sufrieron actos criminales. La titulada «Causa General», los centenares de miles de documentos aportados por los fiscales de la causa, son fiel reflejo de los hechos criminales cometidos en zona republicana.

Hemos visto que, según cifras oficiales, en enero de 1940 la población reclusa española ascendía a 177 482 entre condenados, procesados y detenidos. ¿Qué había ocurrido durante los tres últimos años en España para que los Tribunales Militares condenaran a muerte a millares de personas y, a otros millares, a penas de prisión mayor y menor? Espanta recordarlo. La novela de Agustín de Foxá, Madrid de Corte a checa, recoge fielmente aquellos años de resentimiento y furia, azuzadas las masas por los partidos políticos unidos en el Frente Popular. Y no espanta recordar aquellos años de total oscuridad, de regreso a las cavernas, sólo por el número jamás cuantificado de asesinatos y delitos de toda índole cometidos contra las personas y sus bienes, sino también por la crueldad y refinamiento utilizados por unos y otros asesinos, los de los paseos y las checas.

No se ponen de acuerdo los investigadores respecto al número de asesinados por los rojos y republicanos de izquierdas. El único documento al que podemos calificar de oficial (Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco), con membrete de don Emilio Álvarez Gallego, deán de la catedral de Valladolid y rector del Santuario Nacional de la Gran Promesa, cuantifica los asesinatos, por provincias y determinadas entidades con el resultado final de 119 960.

Todos los nombres y apellidos de los asesinados figuran en los álbumes depositados en el Santuario, hoy Basílica de la Gran Promesa.

Como datos curiosos se recogen en el documento citado los nombres de 180 periodistas, 2125 pertenecientes a la Adoración Nocturna, 283 a la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos, 797 ferroviarios y tranviarios, 533 maestros nacionales, 1608 miembros de la Vieja Guardia Montañesa, 4319 del Cuerpo de Correos y Telégrafos. Asimismo están reseñados los nombres y apellidos de 4372 obispos y sacerdotes y 2519 religiosos y religiosas asesinados. ¿Fueron más? Según las últimas investigaciones, aún parciales, del coronel Carlos de Meer, el número de periodistas y colaboradores de prensa asesinados por los rojos ascendería a más de 250.

Pío Moa, que ha realizado un estudio profundo y crítico de esta época aporta dos testimonios definitivos de la filosofía frentepopulista acerca de la represión: el primero corresponde a Luis Araquistain, ilustre capitoste socialista, quien en carta a su hija decía:

«La Victoria es indudable, aunque todavía pasará algún tiempo en erradicar del país a todos los sediciosos. Lo está siendo ya. No va a quedar un fascista ni para un remedio».

El segundo testimonio que aporta Pío Moa procede del socialista y masón, Juan Simeón Vidarte (Todos somos culpables) que en una visita a Barcelona se entrevistó con Companys, y le comentó al presidente de la Generalidad que había viajado acompañado de un fraile; «soltó una carcajada» y le reveló que «de esos ejemplares, aquí no quedan». Por su parte, Indalecio Prieto había advertido con publicidad: «Será una batalla a muerte porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel».

Espanta recordar, avivar la «memoria histórica» —reitero— de aquellos años lúgubres de la zona rojo-republicana, y no sólo por el número de delitos sino por su crueldad, su ferocidad, su desprecio de sexo y edad, y su odio inconmensurable a la religión católica personificado en sus templos, sus imágenes, sus ministros y sus fieles, hasta llegar al genocidio; es decir, al intento de suprimir, mediante el asesinato, a un grupo religioso.

Las fotografías son escalofriantes: un piquete de milicianos, al mando de una mujer, en el acto de fusilar la imagen del Corazón de Jesús y la posterior voladura del monumento construido en el Cerro de los Ángeles. Es tanto como suponer que un piquete formado por miembros del PSOE, de Ezquerra Republicana de Cataluña y de Izquierda Unida —Los Verdes— fusilara, al mando de una socialista, la Cruz del Valle de los Caídos y volaran luego el Monasterio, la Basílica y la Cruz en una irreprimible vocación laicista. ¿Inimaginable? Los frentepopulistas y separatistas catalanes profanaron en 1936 la cripta del templo expiatorio de la Sagrada Familia y destruyeron los archivos y maquetas. ¡Cuándo la izquierda española se tira al monte sólo es posible detenerla a cañonazos!, como ocurrió con la revolución del PSOE en Asturias y los separatistas catalanes, en Barcelona, en 1934. Es claro que hoy existen procedimientos más sutiles de «volar monumentos religiosos».

Todo era posible en aquel horror frentepopulista, el cual halla testimonio verídico en las líneas siguientes:

«Nos estábamos acercando tranquilamente a Bailén, y todo parecía predecir un atardecer apacible cuando de pronto, nos acercamos a dos camiones que, para mi sorpresa, no tenían los faros encendidos. Y, horror de horrores, vimos que en medio de la carretera principal de Madrid a Córdoba, delante del primero de los dos camiones, había cadáveres. (…) Y luego estaban aquellos dos camiones silenciosos, que perecían esconder algún secreto horrible. (…) Quise parar. Pero el conductor completamente aterrorizado siguió conduciendo a toda velocidad. El breve instante en que vimos los cadáveres nos impidió determinar cuántos eran. Pude distinguir claramente el de una mujer vestida de blanco con el pecho ensangrentado. (…) A mi me pareció que sólo había uno más, el de un hombre adulto. Pero mis cuatro compañeros coinciden en afirmar que habían visto un niño muerto entre los brazos de la mujer, y algunos habían visto tanto al niño como al hombre que se hallaba a su lado».

Esta narración tan conmovedora no se debe a la pluma de un testigo o historiador franquista. Es de la absoluta responsabilidad de Franz Borkenau (Viena 1900-Zúrich 1957), judío austriaco exiliado en Londres por razones políticas en los años treinta, que trabajó en la Segunda Guerra Mundial para el gobierno inglés, según la solapa del libro titulado El reñidero español, silenciado por los historiadores de izquierda y derecha. El autor no oculta su filiación socialista por lo cual es recibido con los brazos abiertos en la España rojo-republicana de agosto de 1936.

Borkenau llegó a Barcelona el día 5 de agosto de 1936, a las 11 de la noche, procedente de Toulouse. Desde ese momento comenzará a escribir un diario en alemán que traducido al inglés le serviría como base de un libro que se editaría en 1937. Tras una breve estancia en la ciudad condal visita Aragón, Levante, Andalucía y Madrid. De Barcelona cuenta que en las Ramblas no se veía un solo burgués, ni «jovencitas bien vestidas», sólo «obreros armados de fusiles que paseaban o haraganeaban». Ni siquiera se veían sombreros. La Generalidad había recomendado a la gente que no los llevara porque podrían parecer «burgueses» y causar mala impresión; «la cantidad de expropiaciones llevadas a cabo en pocos días desde el 19 de julio es casi increíble»; «las organizaciones obreras han requisado todos los grandes hoteles. Lo mismo ha ocurrido con las tiendas más importantes. Muchos Bancos están cerrados, mientras que otros tienen pintadas que los proclaman bajo el control de la Generalidad; nos han dicho que todos los patronos han huido o han sido asesinados y que los obreros se han hecho cargo de sus fabricas; por todas partes hay grandes carteles fijados en las fachadas de los edificios más admirables que indican que han sido expropiados y explican que, o bien ahora los gestiona la UGT, o bien que una organización en concreto se ha apropiado para sus tareas organizativas; todas las iglesias han sido quemadas excepto la catedral y los valiosísimos tesoros artísticos que contiene y que la Generalidad ha logrado salvar».

Relata luego que en los primeros días fueron asesinados cientos, millares de propietarios y que, enseguida, los obreros se pusieron a resolver asuntos personales, que no eran otra cosa que el asesinato de sacerdotes, «por ser sacerdotes, no por otra cosa». El autor se escandaliza porque las victimas no son sometidas a juicios previos sin que se les impute ni siquiera un solo delito, sólo por ser quienes eran, «por su posición social y sus ideas políticas».

Todo —asevera el autor— está controlado por la Generalidad, que preside Companys, y el Comité Central de Milicias, que preside el joven Jaime Miratvilles, antiguo ayudante de Maciá «en sus aventuras golpistas», y miembro destacadísimo de Esquerra Republicana de Cataluña. Cuando el socialista Borkenau marcha a visitar el frente de Aragón sigue un reguero de sangre, fruto de los asesinatos cometidos en los pueblos catalanes y aragoneses. ¿Exagera el autor huido de su país, por sus ideas políticas, que no por su raza? En Checas de Barcelona, su autor, Cesar Alcalá, ofrece la nómina, quizás incompleta, de la «depuración», por figurar sólo los censados:

Provincia de Barcelona: 4554

Provincia de Gerona: 810

Provincia de Tarragona: 1504

Provincia de Lérida: 1261

En su viaje a Andalucía, Borkenau descubre que en la localidad minera de Pozoblanco (20 000 habitantes) los vecinos habían asesinado a 170 guardias civiles después de su rendición. En Montoro, donde se encontraba el Cuartel General del Ejército Rojo se despertó «sobresaltado a causa de cuatro fuertes explosiones». Eran las doce de la noche. El hostelero le aclaró que se trataba de «golpes de gracia». «Habían oído —añade el autor— cuatro descargas cerradas de una ejecución en masa que acababa de tener lugar».

En Castro, una pequeña localidad, también fueron asesinados, tras rendirse, los guardias civiles, «los caciques y los ricos… la inevitable matanza», apostilla Borkenau.

Se hace monótono el libro: asesinatos múltiples por donde pasa. En La Mancha, como en todas partes, los «señoritos», los burgueses, o han huido o han sido asesinados, y sus tierras confiscadas por comités muchas veces de la UGT, que luego no saben que hacer con ellas. Visita pueblos donde ha sido suprimida la moneda y se comercia mediante el intercambio de productos.

En Madrid, amigos suyos que viven junto al Manzanares, le cuentan que en un prado cercano a su casa llega todos los días un camión con quince o veinte prisioneros que son fusilados sin más contemplaciones. Los cadáveres permanecen varias horas a la intemperie «para que sirvan de escarmiento». También se entera del asalto a la Cárcel Modelo de Madrid y del asesinato de antiguos ministros republicanos como Melquíades Álvarez.

Estas anotaciones sobre Madrid corresponden a los días 29 y 30 de agosto de 1936.

Dejemos ya a Borkenau y su latiguillo «tras el habitual exterminio de fascistas». Los apelativos «fascista», «señorito», «burgués», «terrateniente», «rico», han servido para justificar el asesinato cuando no «comprendido», por la escuela de historiadores que pastorea el exsacerdote marxista Santos Julia. Según esta escuela, la represión republicana era espontánea y respondía a las injusticias sociales acumuladas durante décadas. De ahí, la frase de Ian Gibson: «No justifico Paracuellos pero lo comprendo». En esta tesis tropiezo con J. Villarroya y J. M. Solé:

«La represión ejercida por jornaleros y campesinos, por trabajadores y obreros y también por la aplicación de la ley entonces vigente, era para defender los avances sociales y políticos de uno de los países con más injusticia social de Europa. Los muchos errores que indudablemente se cometían pretendían defender una nueva sociedad más libre y más justa. La represión de los sublevados y de sus seguidores era para defender una sociedad de privilegios».

El historiador Ángel David Martín Rubio aporta en su libro, Los mitos de la represión en la Guerra Civil, multitud de estos «errores», bienintencionados, por supuesto, cometidos por una «causa justa»; de tal manera que la «justicia del pueblo», según Villarroya y Solé, «depuró», entre otros muchos casos, a ancianos, mujeres y niños, en Granja de Torrehermosa, «enemigos del pueblo» que se debieron oponer ferozmente a «una nueva sociedad más libre y más justa» y a «los avances sociales y políticos», con la aplicación de la Ley entonces vigente, es decir, la de Lynch. Por ello, sin juicio previo, fueron asesinadas numerosas personas.

Martín Rubio cuenta este breve capítulo de horrores, sin que le quepa en la cabeza la vesania de los aplicadores de la «Ley vigente» entonces:

«Uno de los casos más conocidos es el de Granja de Torrehermosa (Badajoz). Dejando aparte otros asesinatos que se cometieron durante los primeros días de agosto, el 24 de septiembre de 1936 los milicianos llegaron en su retirada a esta población lanzándose al saqueo y a la venganza contra los que huían o que se encontraban refugiados. Penetraron en casa de doña Ventura de Llera de la Gala y la mataron así como a tres criadas y a la hija de una de ellas de once años. Luego asesinaron a doña Piedad Llera de la Gala y a otras, siguiendo por el pueblo sembrando el terror. En la calle mataron a doña Paulina Henao y a dos criadas, sin respetar la avanzada edad de aquélla. Algunas mujeres fueron muertas yendo a buscar refugio y una joven y una niña menor de edad fueron violadas, según se comprobó de forma oficial. Dos días más tarde, al entrar las tropas nacionales encontraron amontonados en la puerta del cementerio los cadáveres de los martirizados aquel día».

Muertes en Granja de Torrehermosa

(24 Septiembre 1936)

Nombre | Edad | Ocupación
Rafaela Barroso Sánchez | 55 años | Criada
Eloísa Calero Gallardo | 45 años | Sus labores
Josefa Antonia Corvillo Corro | 25 años | Criada
Nieves de la Gala Durán | 3 años | Niña
Rosario de la Gala de Llera | 15 años | Escolar
Sebastián de la Gala Ortiz | 78 años | Propietario
Eloísa Gallardo Borrero | 70 años | Sus labores
Paula Henao Montero | 70 años | Sus labores
Felisa de Llera de la Gala | 44 años | Sus labores
Piedad de Llera de la Gala | 47 años | Sus labores
Ventura de Llera de la Gala | 38 años | Sus labores
Emilia Romero Calero | 53 años | Criada
Encarnación Rudilla Calero | 10 años | Escolar

Fuente: Causa General, Leg. 1053 y Registro civil de Granja de Torrehermosa

Martín Rubio aporta en su libro otros «errores», como el descubierto por don Luis de Llera, referido a ese otro nefasto día, en horas anteriores a la entrada de las Fuerzas Nacionales:

«Aquel funesto día, muchas de las quince balas del fusil de un hombre apodado “Zambomba” dieron en el blanco; en realidad, era difícil errar en la pequeña habitación donde se habían refugiado aquellas mujeres con ancianos y unos niños (…) El doctor del pueblo, Juan Merino pidió permiso al Presidente del Comité Revolucionario de Granja, señor Ramírez, para prestar sus servicios a las dos desgraciadas que aun quedaban con vida. La respuesta resultó tan equivoca (“no le damos ninguna seguridad”) que el médico tuvo miedo por su vida. Coraje no le sobró, pero las consecuencias hubieran podido ser desastrosas para él».

Y, seguidamente, otro «cumplimiento de la Ley republicana entonces vigente», publicado en el diario «Hoy» de Badajoz:

«Los rojos enterraron en Cabeza de Buey todavía con vida a don Rafael Donoso. La lista de los asesinados comprobados hasta ahora consta de 107 nombres. Entre ellos figuran cinco sacerdotes y cinco médicos. Una miliciana dio muerte en un calabozo a dos jóvenes, salvados por milagro del fusilamiento».

Y más de «Hoy», de Badajoz, sin solución de continuidad:

«Treinta y cuatro asesinatos cometieron los rojos en Campanario. Entre las victimas hubo niños de dieciséis años y ancianos de sesenta. Todas las víctimas fueron horrorosamente martirizadas antes de ser ejecutadas. Los derechistas de Castuera fueron obligados a construir magníficos refugios. Arrastraron desde su casa a una plaza a un sacerdote para luego fusilarlo. Varios heridos en un fusilamiento fueron rociados de gasolina y quemados vivos».

«Cuarenta y siete asesinatos en Zalamea de la Serena. Mataron a un joven ante su padre. Luego hirieron a éste y mientras se desangraba, le pusieron en los brazos el cadáver de su hijo. Una señora fue violada delante de su esposo, al que tenían amordazado. Después lo colgaron de los pies de una encina y le dieron muerte. Exhumaron los cadáveres del cementerio para enterrar a los milicianos muertos “en combates”; y, González Ortín, cuenta en su libro Extremadura bajo la influencia soviética, que en Campillo de Llerena, la matanza de “derechistas”, una más en varios días distintos, duró hasta las tres de la madrugada, desde las 4 de la tarde. Fueron violadas algunas mujeres “unas con vida, y otras después de su muerte”».

Y que, en la localidad de Siruela, el 23 de agosto de 1936, una gitana perteneciente a la familia del «Frasquito», discutió con una vecina y en el calor de la disputa le espetó: «Cuando venga Franco ya arreglará esto». Los vecinos asesinaron seguidamente al matrimonio gitano, hijos y nieto, once personas en total. Al nieto, de dos meses de edad, lo asesinaron golpeándolo contra una pared.

Los archivos son tozudos, por ejemplo, el de la «Causa General», que cualquier día pudiera ser trasladado y despiezado. De este archivo inagotable, el historiador Martín Rubio obtuvo una historia criminal, que supera en distancia sideral a cualquier acción etarra, aún la del caso de Ortega Lara. Después de narrar la comisión de crímenes de guerra monstruosos, el historiador escribe:

Y por si no es suficiente, por si alguien como Moreno Gómez y Espinosa Maestre creen que pueden seguir pregonando una presunta superioridad moral de los verdugos de la República, terminamos con lo ocurrido a una mujer de Almería:

«Detenida durante más de tres meses en el edificio del Comité Rojo fue objeto de las mayores torturas por parte de sus guardianes. No solamente se le tuvo casi privada de alimentos, sino que cuando tenía sed se la daba a beber orines, y se la obligaba a que hiciese sus necesidades en el suelo de la habitación en que se encontraba, siendo, además, maltratada constantemente de palabra y obra. Momentos antes de ser asesinada, todos sus asesinos tuvieron acceso camal con ella y fue objeto de otras aberraciones impropias de citar por decoro. No siendo las heridas que se le causaron mortales de necesidad, fue enterrada viva».

Quien desee comprobar la veracidad de esta historia o ampliar detalles puede acudir al Archivo Histórico Nacional, Causa General, legajo 1038, para el rescate de la «memoria histórica» y proclamar la inocencia de los «republicanos condenados injustamente por Tribunales Militares integrados por jefes y oficiales del Cuerpo Jurídico Militar». Pero continuaré con este capítulo de horrores alimentado por La dominación roja en España. Causa General.

—En julio de 1936, el general republicano y masón, López Ochoa fue sacado violentamente del Hospital Militar de Carabanchel, donde había ingresado por enfermedad. Los milicianos lo asesinaron, separaron la cabeza del tronco y la pasearon por Madrid clavada en una bayoneta. ¿Su crimen?: haber mandado las fuerzas republicanas, enviadas por el gobierno legítimo de la República para terminar con la sublevación socialista de Asturias en 1934.

—El cadáver de don Diego Alonso Alonso, empleado de profesión, fue encontrado en la Pradera de San Isidro (Madrid) con la cabeza machacada (agosto de 1936).

—Doña María Crespo Iglesias, de cuarenta y dos años de edad, su hija Maria de los Dolores Jiménez Crespo, de dieciséis años, y su sobrino Vicente Arnau Crespo, de quince, fueron detenidos el día 30 de septiembre de 1936, en la puerta de la Cárcel Modelo (Madrid) sin que se encontraran jamás sus cadáveres.

—Los milicianos asesinaron en Madrid a don Felipe Rovira Herráiz, y a sus hijos don Ignacio, don Hilario, don Enrique y don Felipe Rovira Astorga.

—Don Augusto Enríquez Fernández, de ochenta y cinco años de edad, detenido en su domicilio de la calle Torrijos (Madrid) fue asesinado detrás de la Iglesia de la Guindalera. Una miliciana joven lo remató a tiros de pistola.

—En el pueblo de Pozuelo de Alarcón (Madrid) fue asesinada la familia compuesta por don Julio Fernández Carvajal y García, empleado, su esposa doña Gloria Bernabéu Pita y sus dos hijos, Jesús María, de dieciocho años, y María del Carmen, de veintiuno.

—Don Antonio Díaz del Moral, vecino de Ciempozuelos (Madrid) sufrió toda clase de insultos y vejaciones. Después lo llevaron al embarcadero de reses bravas de don Joaquín López de Letona, lo bajaron atado a uno de los chiqueros, donde sufrió numerosas cornadas. Cansados del «juego», los vecinos lo rescataron de entre los cuernos de las reses, y uno de los numerosos verdugos, Primo García Hernández le corto las orejas. Seguidamente el señor García del Moral fue atado a la parte trasera de un automóvil que lo arrastró hasta un lugar situado cerca de la carretera a San Martín de la Vega. Allí fue ahorcado y rematado a tiros.

—A don Vicente Millán Sánchez, vecino de Arganda del Rey, lo asesinaron los milicianos de su pueblo después de hacerle cavar su tumba y sacarle los ojos.

—Don Francisco Collado López y sus hijos Julián, de 20 años, Concepción de 19 y Luis Collado Oliver de 14, fueron asesinados en la carretera del Pardo (Madrid) el día 6 de noviembre de 1936.

—Don José Alarejos Mateos, chófer del Ayuntamiento de Madrid, y su esposa doña Amelia Pereira Arribas, fueron detenidos junto a su hija Amelia, de dos años de edad. El cadáver de don José Alarejos fue hallado el 20 de septiembre de 1936, pero no así los de su esposa e hija. Los tres habían estado detenidos en la checa de Fomento, perteneciente a la Dirección General de Seguridad.

—Don Ambrosio Rodríguez Cuesta, su esposa, doña Dolores Ceballos Coscolla, y su hijo de catorce años, Antonio Rodríguez Ceballos, fueron detenidos y asesinados por milicianos de Vallecas (Madrid), en septiembre de 1936.

—Don Cristóbal Colón y Aguilera, Duque de Veragua, de edad avanzada, descendiente directo del descubridor de América, fue asesinado por milicianos socialistas tras ser torturado en la Checa del Círculo Socialista del Sur. El jefe de los facinerosos, el «Capitán» socialista Zacarías Ramírez obligó, bajo tortura, a don Cristóbal Colón a que le transmitiera, bajo ciertas solemnidades jurídicas, la propiedad de una finca en Toledo. El Gobierno y Azaña conocían la detención de don Cristóbal Colón por las protestas del Cuerpo Diplomático hispanoamericano que rogó al ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez del Vayo, que garantizara la vida del detenido en la checa.

—Dona Basilisa Andrés, fue asesinada en la checa de la calle Antillón, numero 4, de Madrid, el 23 de agosto de 1936. Cuando fue detenida le acompañaba su hijo Carmelo López Andrés, de cinco años. Del hijo se sabe que fue arrancado de los brazos de su madre y golpeado contra la pared.

—Doña Dolores y doña Consuelo Guiar-Mella Díaz, hermanas del Agente Consular de Uruguay en Madrid, fueron detenidas por «milicias comunistas de la Pasionaria», según la «Causa General», el día 19 de septiembre de 1936. Sus cadáveres aparecieron al día siguiente en la carretera de Andalucía. El crimen determinó la ruptura de relaciones entre Uruguay y la República.

—El Ministerio de la Gobernación de la República permitió que las turbas del Puente de Vallecas asesinaran en el Pozo del Tío Raimundo (Madrid) a unos trescientos presos políticos que venían en tren procedentes de Jaén. El hecho espeluznante, ocurrió en agosto de 1936. Entre los asesinados se encontraban el Obispo de Jaén y su hermana, la única mujer de la expedición, a la que disparó repetidamente con su escopeta una miliciana.

—Según la citada «Causa General» son numerosísimos los niños de catorce y de quince años, y aún de menor edad, victimas, tanto en Madrid como en el resto de España, de la barbarie roja. Tan sólo en la capital ascienden a un centenar las víctimas comprobadas que no rebasan la edad de diecisiete años. Entre otros puede citarse, concretamente, además de los ya mencionados, al niño de quince años Jaime de Borbón Esteban, En la provincia de Oviedo son ciento cuarenta los menores de dieciocho años asesinados. En el pueblo Torredelcampo (Jaén) fueron asesinados dos niños de doce años, hermanos gemelos.

—En el pueblo de Colmenar de Oreja (Madrid), las turbas desenterraron, descuartizaron, rociaron con gasolina y carbonizaron el cadáver de don Pedro García Salazar. Ocurrió el 11 de marzo de 1938.

—El teniente de la Guardia Civil don Román de las Heras fue quemado vivo por un grupo de milicianos en el lugar denominado «San Antón», del pueblo de Vallecas (Madrid).

—Los pozos de La Lagarta y Cantavieja (Almería) se llenaron de cadáveres (muchos de ellos de sacerdotes) hasta los bordes en septiembre de 1936. Muchos de los cuerpos fueron encontrados destrozados y uno de ellos tenía en su cuello la cuerda que sirvió para ahorcarlo. Algunos fueron arrojados a los pozos todavía vivos. En el primer pozo fueron exhumados 44 cadáveres y 87 en el segundo.

—A don Julián García Zaragoza; don Antonio, don Ángel, don Calixto, don José y don Moisés María López; don Francisco y don Jesús Granada Marín; don Francisco Maquedo López; don Francisco Martín Pérez; don León Montes Alcázar; don Casto Montes Roldan: don Francisco Primedos García y don Aureliano Romero Carretero les fueron arrancados los ojos en Villacañas (Toledo) en una «ceremonia» conjunta. Después fueron pasados a cuchillo por los milicianos encargados de su custodia. A don Ángel Marín le cortaron de un hachazo el pie con el que había pisado en su ceguera a uno de sus verdugos.

—Don Plácido Armengol Celanova, su esposa doña Emilia Serra Saura, de profesión panaderos, sin filiación política alguna, tres hijos del matrimonio y el obrero de la panadería Francisco Rivas, fueron detenidos por patrullas del Comité de Bonanova (Barcelona) el 24 de noviembre de 1936 y asesinados en la carretera de la Rebasada.

—En Torrenueva (Ciudad Real) fue martirizado, destrozándole los dientes y sacándole los ojos, el sacerdote ecónomo don Felipe Campos Rodríguez. Después lo asesinaron. En el mismo pueblo don Maximino Vivar Barriga fue muerto a palos en la checa local; a don Alicio León Descalzo le amputaron en vivo los órganos genitales y se los pusieron en la boca y a don Venancio Moreno Pérez le sacó los ojos una social-comunista llamada Inés Torres Marco.

—A don Antonio Santos Montes, joven muy religioso, le arrancaron los ojos en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). En el mismo pueblo fue uncido, junto con otros vecinos, a una noria, apaleado brutalmente y, finalmente, asesinado, el diputado don Luis Ruiz Valdepeñas.

—En Carrión de Calatrava (Ciudad Real) fueron arrojados a un pozo minero mas de ochocientas personas de distintos pueblos de la provincia.

—En Caspe (Zaragoza) el vecino don Antonio Giu Giral fue arrastrado atado con cuerdas, descalzo y sin camisa, por las calles de la localidad hasta el cementerio donde fue acribillado a balazos. Su madre, de ochenta años de edad, fue obligada a presenciar el vía crucis de su hijo desde el balcón de su domicilio.

—En Alcañiz (Teruel) enterraron vivo a don Pascual Bardavio Sábado. Los milicianos echaron cal viva en la sepultura.

—En Herrera de los Navarros (Teruel) fueron fusilados el alguacil del Ayuntamiento don Domingo Carod Iberni, su esposa doña Leoncia Lobera Guillen y los hijos del matrimonio Araceli, de diecisiete años, y Delfín, de trece. Fue el 1 de septiembre de 1936.

—Don Salvador Alcalá del Olmo fue arrojado desde el balcón del Comité de Investigación y Vigilancia de Málaga, el día 18 de octubre de 1936. El público agolpado en la Alameda lo remató en el suelo.

—También en Málaga fueron asesinados don Roberto Aremberg Gil y su madre, de 76 años, doña María Gil González de Junquito. Ambos sufrieron martirio. Una mujer, Teresa Núñez Ortiz (a) «La Teresona» clavó una caña en un ojo a doña María. Los cadáveres de madre e hijo fueron arrastrados y quemados.

—Asimismo en Málaga murieron asesinados, el día 3 de agosto de 1936, los seis hermanos Briales Franquelo.

—Antonia Pau Lloch, de sesenta años, madre de dos sacerdotes jesuitas, fue detenida y maltratada en el Comité Revolucionario de Alfarras (Lérida) que funcionaba en el Ayuntamiento de la localidad. Murió estrangulada en el lugar conocido por «Plana de Magi». La enterraron en la cuneta de la carretera.

—El templo parroquial de Bonielles (Asturias) fue incendiado en la noche del 26 de agosto de 1936. Perecieron carbonizados los numerosos detenidos que se encontraban en su interior.

—Don José Rodríguez Ruiz, vecino de Lugo de Llanera (Asturias) fue conducido a Mieres, obligado a cavar su fosa y enterrado vivo.

—Don Isidro Fernández Cordero, don Segundo Alonso González y don Ricardo Martínez García, mineros los dos primeros y practicante (ATS) el tercero, fueron degollados sobre un banco de madera de la iglesia parroquial de Nembra (Asturias). También degollaron al párroco don Genaro, al que sacrificaron como a un cerdo, y con su sangre, cuidadosamente recogida en un recipiente, hicieron morcillas.

—En Almendralejo (Badajoz), fueron asesinadas numerosas personas algunas de ellas en el patio de la cárcel y en un convento. Se usaron preferentemente bombas de mano y botellas de liquido inflamable para abrasar a las victimas.

—En Burguillos del Cerro (Badajoz) fueron quemados vivos en una hoguera Juan Fernández Sanguero, de veintiún años, y Aurelio Díaz Gómez de veinticinco.

—En el mismo pueblo, los milicianos colgaron de un árbol a Rafael Requejo Santosa, de treinta y siete años, casado, forjador de profesión, e hicieron practicas de tiro utilizando a la victima como diana.

—En el mismo pueblo, los sacerdotes don José Castila Herrera y don José María Vázquez Díaz fueron enterrados hasta la cintura y martirizados hasta la muerte.

—En Fuente de Cantos (Badajoz), murieron abrasados en el interior de la Iglesia Parroquial, donde habían sido encerrados, don José María Manzano Marín, industrial, don Francisco Álvarez Rojas, jornalero, don Antonio Díaz Lancharro, comerciante, don Manuel Macías Tomas, industrial, don Francisco Bermejo Rubio, labrador, don Manuel Sánchez Bozas, empleado, don Fernando Carrascal Salamanca, estudiante, don Juan Esteban Pagador, propietario, don Andrés García Gómez, viajante de comercio, don Fernando Pagador Rosario, propietario, don Manuel Iglesias González y don Luis Ibarra Pérez, labrador. Otros muchos detenidos resultaron heridos. El resto logró salir indemne gracias a que encontraron una puerta reservada que daba a una torre a salvo de las llamas.

—Don Ramón Camisón Serra, vecino de San Vicente de Alcántara, fue asesinado en su domicilio ante su esposa e hijos, por un grupo de milicianos.

—En el pueblo de Azuaga (Badajoz) se cometieron 90 asesinatos siendo bastantes las víctimas mutiladas y sometidas a vejaciones. Puede ser mencionado, entre otros muchos, el caso de don Fernando Murillo Gómez Álvarez, que después de ser apaleado en el patio de la cárcel, fue castrado con unas tenazas y rematado en el cementerio. En otros pueblos de la misma provincia de Badajoz, sometidos a dominación roja, se cometieron también numerosos asesinatos y bastantes violaciones, destacándose los desmanes de las masas y milicias del Frente Popular en Granja de Torre Hermosa, Campillo de Llerena, Guareña, Villanueva de la Serena y Don Benito.

—Don Joaquín López Muñoz, cura párroco de Salmerón (Guadalajara) fue martirizado y asesinado. A continuación mutilaron su cadáver.

En este capítulo de horrores es de absoluta necesitad y justicia incluir el alevoso asesinato del capitán de Caballería don Jaime Quiroga Pardo Bazán, conde de Torre de Cela, y de su hijo, Jaime Quiroga Esteban, de 17 años de edad. Ambos fueron torturados y asesinados en la checa del Sindicato Socialista de Transportes, sita en la madrileña calle de Goya, número 10. Los restos de los dos asesinados se encuentran, junto a los de su madre y abuela, doña Emilia Pardo Bazán, en la cripta de la Iglesia de la Concepción, también en la calle de Goya, cercana al edificio donde estuvo instalada la célebre checa socialista.

Precisamente, la condesa de Pardo Bazán, primera propietaria del Pazo de Meirás, dedicó su primer libro de versos a su hijo Jaime, en 1876.

Doña Emilia Pardo Bazán tenía dos herederos en 1936, sus hijos Jaime y Blanca, viuda ésta del general de Caballería Cavalcanti, marqués de Cavalcanti, sin descendencia.

En 1936, las dos viudas, marquesa de Cavalcanti y condesa de Torre de Cela, únicas herederas de la Pardo Bazán, vendieron el Pazo de Meirás, sabiendo su destino, a un grupo de ciudadanos de La Coruña que querían regalárselo a Franco.

Debo resaltar que la isla de Santa Cruz, frente a La Coruña, propiedad de la familia Quiroga, fue cedida por Blanca a Franco. Allí se instaló un sanatorio para los soldados de Caballería, el arma de su marido y de su hermano.

Es tan sólo «memoria histórica» oculta de una checa socialista.

Últimamente se ha aireado el caso —un libro, una película y exigencias de un monumento al Ayuntamiento de Madrid—, de las trece jovencitas socialistas fusiladas en 1939. Se las ejecutó, tras un juicio legal, por su pertenencia a una organización que pretendía sembrar el terror en España tras el 1.o de abril de 1939. Tres miembros de dicha organización habían asesinado al comandante de la Guardia Civil, Gavaldón, a su hija de 13 años, a la que violaron previamente, y al chófer del vehículo oficial en el que viajaban.

Pues bien, un mínimo de 63 mujeres falangistas y tradicionalistas (margaritas) —muchas jovencitas— fueron fusiladas durante nuestra guerra exclusivamente por su filiación política. Estas historias las cuenta la profesora Laura Sánchez Blanco en el número 116 del Boletín de la Fundación Nacional Francisco Franco, correspondiente a los meses de enero-marzo de 2009. Sesenta y tres fusiladas por los rojos y ni un libro ni una película.

Chorrea sangre la «memoria histórica» de lo ocurrido en la zona donde se aplicaba «la Ley vigente», que dice el historiador, quizás porque La Pasionaria, que según Enrique Castro Delgado, creador del V Regimiento, no se cansaba de ordenar ¡Matad, matad!, había aclarado con tiempo suficiente: «Vivimos en periodo revolucionario y es preciso que no se nos venga con empachitos de legalidad, de los que ya estamos hartos desde el 14 de abril. La legalidad la impone el pueblo, que pedía el 16 de febrero (el triunfo del Frente Popular), la ejecución de sus asesinos (los que aplastaron la revolución socialista de Asturias, y la separatista de Barcelona). La República tiene que dar satisfacción a las necesidades del pueblo. Y si no lo hace, el pueblo los arrollará e impondrá su voluntad».

Fue así, en efecto. ¿No había acordado la Komintern, en su reunión del 27 de febrero de 1936 la destrucción de iglesias y casas religiosas en España, el exterminio de la burguesía y la supresión de la prensa burguesa, el terror general, la creación de milicias armadas y la expropiación de fincas rústicas?

Era el terror, no espontáneo sino inducido, aconsejado y ordenado. ¿Cuál era el numero de agitadores y envenenadores de almas y conciencias?, ¿cuál el de cómplices?, ¿cuántos los culpables por omisión o comisión?, ¿cuántos el de los que expoliaron, llenaron sus cuentas bancadas en el extranjero con el botín de lo robado a los particulares, a la Iglesia, al Tesoro Nacional?

En el libro La batalla de Madrid, de Jorge Martínez Reverte, se encuentra un documento que revela lo que debía hacerse con los presos políticos en un Madrid frente-populista, los anarquistas y socialistas —no se olvide que Santiago Carrillo era el delegado de Orden Público— habían llegado al acuerdo de dividirlos en tres grupos:

—Primer grupo: fascistas y elementos peligrosos. Ejecución inmediata (¿Ocultándolo?).

—Segundo grupo: detenidos sin peligrosidad. Su evacuación inmediata al penal de Chinchilla, con todas las seguridades.

—Tercer grupo: detenidos sin responsabilidad (sic), «su libertad inmediata con toda clase de garantías sirviéndonos de ello como instrumento para demostrar a las embajadas nuestro humanitarismo».

Humanitarismo imposible de demostrar a las Embajadas porque ahí tenemos el gran testimonio de denuncia; Matanzas en el Madrid republicano, del cónsul de Noruega, Felix Schlayer, que debiera ser parte de la educación para la ciudadanía y de obligada lectura a cuantos se afanan, el gobierno del PSOE el primero, por el rescate de la «memoria histórica».

Los frutos de este acuerdo los encontramos en la extensa obra de Ricardo de la Cierva sobre el tema, así como el testimonio del notario José Antonio García Noblejas, en una separata del Boletín de la Fundación Francisco Franco, sobre la gigantesca fosa común de Paracuellos del Jarama, con continuación, al parecer, en el enorme espacio de terreno que ocupa hoy día el acuartelamiento de la Brigada Paracaidista, en Alcalá de Henares, y cuya investigación ha prohibido, sus razones tendrá, el gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero.

¡Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz, Rivas Vaciamadrid! De Paracuellos se salvaron, in extremis, por un milagro de la Providencia, don Ricardo Calvo, quizás el más grande actor de todos los tiempos, y su yerno, el también actor Guillermo Marín, cuyo hijo, Fernando, dirige hoy a los comunistas madrileños.

De este sucio y criminal asunto, los asesinatos en masa de Madrid, nos da la clave, que conduce a Santiago Carrillo, un libro publicado en los Estados Unidos, cuyo título de la edición española es España traicionada. El libro, de varios catedráticos norteamericanos, recopila gran número de documentos sobre la Guerra Civil española sacados de los archivos soviéticos. Es un libro muy silenciado e inencontrable.

Pues bien, en un informe remitido desde Valencia, dirigido a Dimitrov y a Voroshilov, entre otras muchas cosas, se dice: «… se dedica (Irujo, ministro de Justicia) a acosar y perseguir a gente humilde y a los antifascistas que el año pasado (1936) trataron con brutalidad a los fascistas hechos prisioneros en agosto, septiembre, octubre y noviembre. Quería detener a Carrillo, secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas (…) Invocando la ley, ese fascista de Irujo, ministro de Justicia del gobierno republicano, está organizando una investigación sobre los comunistas, socialistas y anarquistas que trataron con brutalidad a los fascistas prisioneros».

El informe esta fechado el día 30 de julio de 1937. ¿Qué entiende el informador por brutalidad en ese 1937, en el que Stalin inició una purga colosal? Más de 1 700 000 detenciones y deportaciones a Siberia y 700 000 ejecuciones (asesinatos) en sólo dos años. En España no hubo tiempo por el rápido avance del Ejército Nacional, pero seguro que se ganó a Stalin en crueldad.

Queda aún mucho por investigar: los Campos de Concentración rojos, militares y civiles, y los asesinatos en el seno del Ejército Republicano, también los de los campos de trabajo.

Martín Rubio en Los mitos de la represión, afirma que: «Un segundo ejemplo en el que se aprecia el empleo del terror como arma de control es la violencia en el seno del Ejército Popular que supuso la muerte, sin ninguna formalidad previa, en su mayoría, de un número imposible de precisar de soldados movilizados».

Cita el caso de una Brigada mixta donde al incorporarse un reemplazo, en dos meses fueron asesinados unos doscientos soldados. Hubo que reorganizar la Brigada antes de entrar en combate. Estos asesinatos eran justificados posteriormente por los Tribunales Militares rojos. La «Causa General» reproduce una sentencia absolutoria de uno de esos asesinatos en el que intervino como juez Gregorio Peces-Barba del Brío, a quien se le conmutó la pena de muerte y se le concedió la libertad condicional en abril de 1944, cuatro años después de terminar la Guerra Civil. Lo veremos a su tiempo.

Es imposible resumir en tan pocas páginas los numerosísimos asesinatos recogidos en el libro citado de la «Causa General» que merecen la otra memoria histórica que pretenden sepultar en el olvido los componentes de los partidos políticos de izquierda, en especial el PSOE, pues de las 226 checas censadas oficialmente en Madrid, la mayoría estaban dirigidas por socialistas, al igual que pertenecían a la UGT y al PSOE las brigadillas que llenaban de terror las noches madrileñas.

Sin embargo, las familias de los autores de estos asesinatos tan atroces, tan crueles, de torturas espeluznantes, de violaciones, que fueron juzgados, condenados a muerte y ejecutados, según las leyes republicanas, leyes vigentes entonces, han sido «indemnizados» generosamente, ellos o sus viudas o familiares, por el gobierno socialista del Rodríguez Zapatero, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica redactada por el gobierno socialista o por los gobiernos de Adolfo Suárez, autor de una amnistía canallesca, o de Felipe González.

¿Cuánto nos costará en el futuro —esta vez cercano— «indemnizar» a los asesinos etarras o a sus familiares, por los mil asesinados, más los secuestros y estragos cometidos hasta el presente?

Nos costará la hijuela porque, lo que queda fuera de toda duda, es que la joven, siempre adolescente, democracia a la española se rendirá con pocas armas y mucho bagaje, es decir, mucho dinero y, luego, independencia del territorio.

¿Y los expolios, los atracos a mano armada, los asaltos a los domicilios privados, la destrucción de obras de arte de todo tipo, el saqueo de los templos y la malversación de los caudales públicos y de las reservas de oro y plata del Banco de España?

Ismael Medina, uno de los mejores periodistas españoles de la posguerra, hasta hoy, ha investigado profundamente los expolios llevados a cabo por los partidos y sindicatos del Frente Popular, para llegar a la conclusión, con el anarquista Francisco Olaya Morales, primer especialista en la cuestión, que «el saqueo no sólo alcanzó a los depósitos del Banco de España y a las cajas de seguridad y particulares. La mayoría de los bancos sufrieron igual suerte. Y también las catedrales, iglesias, conventos, entidades publicas y privadas de diversa índole y millares de domicilios particulares».

Precisa Olaya que «el oro depositado en el Banco de España, en julio de 1936, que representaba una parte ínfima de las riquezas sacadas de España, tenía un valor de 2 184 145 184,50 pesetas-oro, equivalentes a 5 199 576 026,24 pesetas-papel, que traducidas a pesetas de 1995 resultan 1 731 458 816 737,92 pesetas-papel». Si ésta parte ínfima valdría hoy cerca de dos billones de pesetas, puede aventurarse que el total del expolio no andaría muy lejos del montante del endeudamiento en que el suarismo y el felipismo sumergieron a España.

Pero no todo el oro del Banco de España y lo robado por otros métodos fue a la Unión Soviética, de donde existen recibos; una buena parte se depositó en Bancos franceses y fue desapareciendo gradualmente; y gran numero de joyas, algunas de un valor histórico incalculable, fueron enviadas a Méjico a bordo del «Vita», antiguo yate de Alfonso XIII. Este riquísimo botín cayó en manos del capitoste socialista Indalecio Prieto, el hombre que llenó Asturias de armas en 1934, y jamás presentó cuentas.

El capitán del «Vita», señor Manresa, hombre de confianza de Negrín, declaró que llevó a Méjico 160 maletas y dos baúles abarrotados de oro y joyas, con un peso total de 7 toneladas. Este cargamento estaba valorado en mil millones de dólares de 1939. Pero en 1950 sólo quedaban joyas y oro valorados en diez millones de pesos mejicanos, según el diario «El Nacional» de la capital mejicana. Por su parte, el diario «La Prensa» publicó que las joyas de doña Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos, estaban en el Monte de Piedad de Méjico capital. Eran «tres pectorales de veinte centímetros de diámetro cada uno de ellos y veintiséis aplicaciones, que se suponen estarían adosados a los vestidos de la reina. Los pectorales tienen en el centro una granada de diamantes de unos doscientos quilates», según el citado periódico. «De la parte central emergen hileras formadas por una esmeralda, un diamante, un zafiro de Ceilán, un rubí oriental, un ágata, una amatista, un topacio y otras gemas de menor tamaño, todas ellas de extraordinario valor. Descansan sobre una alfombra de perlas de maravilloso oriente».

Estas joyas habían sido pignoradas por Augusto Otero, yerno del difunto general mejicano Ávila Camacho, hermano de Manuel, que fue presidente de la República mejicana y también ministro en el gobierno que éste presidió. Fue uno de los regalos que hizo Indalecio Prieto a los políticos mejicanos, como moneda de cambio para justificar sus turbios negocios.

Por otra parte, el periódico anarquista «CNT», editado en Francia, publicó el día 2 de octubre de 1949, un artículo firmado por Francisco Ballester Olay en el que se denunciaba a numerosos políticos socialistas que se habían enriquecido con lo robado en España. El articulo se titulaba «Los aprovechados», pues, como provecho particular, Álvaro de Albornoz depositó en su cuenta corriente, en los Bancos que citaba el autor del articulo, en éste y en los casos siguientes, 125 000 000 de francos y Luis Araquistain, 351 000 000 de francos. Gordón Ordaz, 823 638 265 francos, y en Méjico, con Luis Prieto, 144 730 000, también de francos; Prat Brea y R. Menéndez 15 000 000 de francos; Rafael Méndez Martínez, en París, con Luis Prieto, 144 730 000 francos; Fernando de los Ríos y Rafael Menéndez, en Washington, 225 645 000 dólares; González Zabala y E. Rodrigo, 20 000 000 francos; Daniel Fernández Shaw, en Londres, 13 249 070 francos y Negrín, también en Londres. 370 000 000; Olano en París, 475 439 921 francos. Aparte del oro enviado a Moscú y Francia, de un valor casi incalculable, entre trece personas, según «CNT» se repartieron tres mil ciento noventa y siete millones de pesetas de 1949.

Los crímenes contra el tesoro artístico fueron numerosísimos. Imposible citarlos porque serían necesarias millares de páginas para hacer un resumen que mereciera la pena. Pero, ahora que se llevó al cine, a la novela, a los periódicos y la televisión el «grandioso e inteligente salvamento de los cuadros del Museo del Prado», es justo y necesario recordar aquí la opinión de Salvador de Madariaga, republicano incansable, enemigo del Régimen de Franco y organizador del célebre Congreso de Múnich. En su libro España, escribe:

Quizás sea éste el momento para hacer constar que el cacareado salvamento de los cuadros del Prado, lejos de ser tal salvamento, fue uno de los mayores crímenes que contra la cultura española se han cometido jamás. Incumbe la responsabilidad de este crimen al gobierno que lo cometió y a su ministro de Instrucción Publica que era comunista, y que dio la orden del traslado a Valencia en contra del reiterado criterio del eminente especialista señor Sánchez Cantón.

«Madrid poseía precisamente la mejor cámara subterráneo quizás entonces existente en el mundo para la protección de tesoros artísticos, recién terminada con arreglo a la técnica más moderna a 30 metros de profundidad bajo el Banco de España. Los técnicos ingleses que visitaron España entonces fueron objeto de engaño, y se les enseñó un par de cuadros del El Greco enmohecidos por la humedad para hacerles creer que esta cámara subterránea no era suficiente. A la sazón presidente de la Oficina Intencional de Museos de la Sociedad de Naciones, pude estudiar documentación suficiente para asegurar que aquí los cuadros del Museo del Prado no debieron haber salido nunca de Madrid y que no hubieran salido de no haber predominado en el gobierno de entonces la pasión política más miserable sobre el respeto a la cultura y al arte. Se expuso a los cuadros a los peligros mas graves, y, aun con los cuidados que después se les prodigaron y una suerte pasmosa, es evidente que muchos de ellos sufrieron irreparables desperfectos».

Queda lo ocurrido suficientemente aclarado: se cometieron millares de delitos de todo tipo, en tiempos de guerra. Obligatoriamente debía intervenir la Justicia Militar, e intervino, pues los asesinos y delincuentes de toda clase solían ir uniformados de milicianos.

CAPÍTULO II

REPRESIÓN Y BENEVOLENCIA

«Cuando hoy se evoca la depuración, el debate no tarda en centrarse en el recuerdo de los muertos y de los largos periodos de detención. Algunas reputaciones fueron seriamente dañadas, personas tal vez inocentes fueron humilladas y, en cualquier caso, su existencia se vio perturbada durante periodos variables. Algunos tuvieron que sufrir un largo castigo. Claro que no todas las condenas a muerte fueron ejecutadas, ni todas las penas de cárcel se purgaron íntegramente, pero quienes resultaron convictos de colaboración permanecieron durante largos años encarcelados o internados en número suficiente para que este castigo dejase huella en la historia del país».

¿España? No, Francia, la democrática Francia, faro de la progresía española de todos los tiempos, después de su liberación por las tropas norteamericanas. Allí, antes y después de 1945, fusilaban, sin juicio previo, la titulada resistencia, prácticamente en manos social-comunistas; el Ejército, que en su avance, cada Regimiento constituía su propio Consejo de Guerra y aplicaba, según su leal saber y entender, el código castrense; y, finalmente, la Justicia Civil, según Herbert Lottman (La depuración. 1943-1953).

Afirmó el General De Gaulle, que las condenas a muerte ejecutadas eran tan justas como podían serlo, mientras que las penas de detención «eran en su conjunto equitativas y moderadas», aunque luego Lottman descafeíne esta grave denuncia mediante el repetido argumento de que las altas cifras de la represión incontrolada francesa son obra de «revisionistas».

¿Qué hubiera comentado o hecho el General De Gaulle de haberse descubierto en Francia un Paracuellos del Jarama, unos cementerios marinos como los de Cartagena y Santander, unas checas organizadas y dirigidas por los colaboracionistas y el gobierno de Vichy, aparte de haber expoliado y dilapidado el Tesoro nacional francés? Gran número de intelectuales, periodistas, y dirigentes de partidos de derechas purgaron sus «delitos políticos», que así fueron, en su mayoría, los «crímenes» cometidos por los colaboracionistas.

De este frenesí depurador no se salvó ni el gran Charles Maurras pero, por lo que afirma el autor, fue mucho peor en Bélgica, en Holanda, en Dinamarca y en Noruega. No cita a Italia, pero la represión llevada a cabo, sin juicios previos, por socialistas y comunistas llegó hasta el magnicidio de Benito Mussolini y de su amante cuyos cadáveres fueron colgados en Turín, como si se tratara de reses sacrificadas en el matadero.

La depuración de los enemigos de la izquierda fue, en toda Europa, digna de Stalin. En la Alemania de la posguerra fueron ejecutados 22 generales por los aliados, otros 58 se suicidaron y 80 desaparecieron. Millones de soldados alemanes murieron en los Campos de Concentración soviéticos y aliados. Hasta Knut Hamsun, premio Nobel de Literatura en 1920, tuvo que comparecer ante un Tribunal Militar, en febrero de 1948, por haber mostrado simpatías hacia Hitler.

Según el historiador Ramón Salas, fueron asesinados por odios ideológicos y ajuste de cuentas 87 000 personas en Francia y 67 000 en Italia. En Bélgica fueron arrestados de 50 000 a 70 000 «colaboradores» durante el mes siguiente a la liberación, de los cuales, 40 000 sospechosos seguían «detenidos» tras la derrota alemana. Esta cifra aumentó en un 50% al regresar los deportados de los Países Bajos. Así, en un primer momento fueron «detenidos» de 120 000 a 150 000 sospechosos, de los cuales continuaban encarcelados 62 000 personas dos años después del final de la guerra. Y como no existía legislación apropiada, se aprobaron rápidamente leyes nuevas que se aplicaron con carácter retroactivo. Con estas nuevas leyes se condenaron los «delito de traición» y de «colaboración». En el camino de la venganza, algunas naciones, que habían abolido la pena de muerte, la restauraron y aplicaron. Nadie se rasgó las vestiduras.

Pero España, según la progresía, en la que se habían cometido enormes crímenes, monstruosos asesinatos, no tenía «derecho» a aplicar las leyes vigentes, que no retroactivas.

Voy a ir al hilo de la Comunicación que presentó en el Congreso sobre República y Guerra Civil, celebrado en el C. E. U., el jurista Francisco Hispan Contreras, con la colaboración modesta del autor de este libro.

El Estado que surge del Alzamiento militar, conserva durante nueve años el Código Penal de la República, de 1932, así como el Código de Justicia Militar, de 1890, y, antes de un año después del inicio de la guerra, comienza a dictar disposiciones especialmente beneficiosas para los presos condenados por delitos no comunes. La República había restablecido la pena de muerte.

Cuando sólo han transcurrido catorce meses desde el fin de la Guerra Civil, Franco, en virtud de lo establecido en la Ley de 30 de enero de 1938, que le confiere la potestad normativa, promulga la Ley de 4 de junio de 1940, sobre libertad condicional. En esta ley se autoriza al gobierno para aplicar los artículos 101 y 102 del Código Penal a los condenados por delitos no comunes a penas inferiores a seis años y un día, cualquiera que sea el tiempo que lleven cumpliendo condena. Los artículos 101 y 102 del Código Penal de 1932 exigían, para la concesión del beneficio de la libertad condicional, que la condena se hubiera extinguido en sus tres cuartas partes. Por tanto, la Ley de 4 de junio de 1940, aplica, en primer lugar, un beneficio establecido en el Código Penal ordinario, a los «condenados por la Jurisdicción Castrense»; y, en segundo lugar, prescinde del requisito de previa extinción de tres cuartas partes de condena.

También por la Ley de 4 de junio, se extiende el beneficio de la libertad condicional a los condenados a penas entre seis años y un día y doce años, siempre que hayan cumplido la mitad de la condena. Tres meses más tarde, la Ley de 1 de octubre incluye en el citado beneficio a los condenados a 12 años y un día.

Además, se considera como pena, no la primitivamente impuesta al condenado por el Tribunal que lo juzgó, sino «la que resulta después de la conmutación, si ésta hubiese tenido lugar».

La Ley de 1 de abril de 1941, extiende los beneficios de la citada Ley de 4 de junio a los sentenciados a penas que no excedan los doce años, por delitos de rebelión contra el Nuevo Estado, cometidos hasta el 1 de abril de 1939, si bien los favorecidos por la libertad condicional quedarían desterrados a 250 kilómetros de distancia del núcleo de población donde hubieran cometido el delito.

A fin de evitar las posibles desigualdades que hubieran podido cometerse por los tribunales —«cuando por diversas causas ha faltado la uniformidad de criterio para enjuiciar y sancionar, con penas iguales, delitos de la misma gravedad»—, se dictó la Orden de Presidencia del Gobierno de 25 de enero de 1940 constituyendo en la capital de cada provincia una Comisión denominada de «Examen de Penas» encargada de examinar, de oficio, los fallos dictados por los Tribunales Militares, para ajustarlos a las nuevas normas «en cuanto puedan favorecer a los reos». Pero «en forma alguna podrán hacerse propuestas que impliquen agravación de la pena impuesta». Incluso tratándose de procesos en tramitación, o que en lo futuro se incoen, una vez dictada sentencia, los propios Tribunales «propondrán seguidamente, la conmutación de la pena correspondiente».

Durante los años 1942 y 1943 se dictan cuatro disposiciones que amplían sensiblemente la concesión y aplicación del beneficio de la libertad condicional: La Ley de 16 de octubre de 1942 extiende el beneficio a los condenados a penas privativas de libertad que no excedan de catorce años y ocho meses, poniendo de relieve, en su preámbulo, que «mediante sucesivas y generosas disposiciones se ha devuelto gradual y paulatinamente a dos terceras partes de la población penal española a una situación jurídica normal de libertad».

La Ley de 30 de marzo de 1943 extiende «el campo de aplicación de la Ley de 16 de octubre de 1942» a los condenados a penas que no excedan de 20 años (Art. 1.o).

La Orden del Ministerio de Justicia de 31 de julio de 1943 sustituye, en el expediente de libertad condicional, el informe de las Autoridades locales del lugar de última residencia del recluso, por el que emita la Junta Provincial de Libertad Vigilada, lo cual «permitirá obtener datos objetivos sobre la conducta del penado, exentos en un todo de posibles apasionamientos y resquemores». Esta Orden Ministerial —afirma el señor Hispan— dulcifica y, en la práctica, difumina la pena de destierro «considerando el trabajo como causa especialísima y justificada que condiciona el lugar del destierro». Al penado le bastaba obtener un puesto de trabajo, en un lugar determinado, para poder residir en tal lugar durante el periodo de libertad condicional.

La cuarta disposición es el Decreto de la Jefatura del Estado de 17 de diciembre de 1943, que autoriza al Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo a solicitar la libertad condicional para los condenados a veinte años y un día de reclusión mayor si concurren razones de salud, extraordinario comportamiento u otros méritos sobresalientes.

Los Decretos del Ministerio de Justicia de 9 y 26 de octubre de 1945 conceden indulto total a los condenados por delito de rebelión militar, cometido antes del 1 de abril de 1939 —salvo las excepciones que señalan en caso de actos de extrema crueldad, muertes o violaciones— sin que se exija el requisito de haber cumplido o redimido cinco años de condena o sin que concurran razones de salud o extraordinario comportamiento.

Conviene precisar que si bien las Comisiones Provinciales y la Central de Examen de Penas excluían de las sentencias sujetas a revisión a aquéllas en que se imponía la pena de muerte, aunque la pena capital se hubiera posteriormente conmutado, la Orden Circular del Ministerio del Ejército de 28 de septiembre de 1942, estableció, en su apartado primero, que por las Comisiones Provinciales de Examen de Penas se procedería a la revisión de cuantas sentencias hubieran sido dictadas hasta la fecha de la presente Orden, por delitos cometidos contra el Alzamiento Nacional o con ocasión del mismo, siempre que en ellas se hubiese impuesto pena capital y ésta hubiere sido conmutada por la inferior en grado, como consecuencia del ejercicio de la gracia de indulto.

La revisión de los fallos judiciales de pena capital puso en muchos casos a los reos en condiciones legales de obtener el beneficio de libertad vigilada, pues, como vimos antes, la Ley de 4 de junio de 1940 entendía como pena impuesta la que resulta después de la aplicación de la conmutación, si ésta hubiera tenido lugar.

El ramillete de normas jurídicas de que se ha hecho mención no guarda correspondencia con la trivialidad —y a veces perfidia— con que se ha tratado esta materia, llegándose a presentar al Jefe del Nuevo Estado regocijándose con la firma de penas de muerte mientras devoraba el chocolate y los bizcochos de un copioso desayuno, con la agravante de que Franco no tomaba chocolate nunca; no le gustaba.

Las disposiciones legislativas sobre revisión de penas y libertad condicional antes citadas, dan lugar a un drástico descenso de la población penal española. Así, según la Memoria del Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo correspondiente al año 1943, en el año 1940 había en las cárceles españolas 270 799 reclusos de todo tipo, bien estuvieran en la situación de detenidos, de procesados o de propiamente penados, en virtud de sentencia. Pues bien, una vez aplicadas las disposiciones sobre indulto, redención de penas por el trabajo y revisión de condenas, al final de 1943, aquella cifra, cercana a los tres centenares de miles de penados, se había reducido a cuarenta mil; esto es, si deducimos, de aquel dato inicial, los detenidos cuyas causas habían sido sobreseídas, el número de reclusos a principios de 1944 es aproximadamente un ochenta por ciento inferior al existente en el año 1940.

No se detiene ahí la política benevolente del Estado. La Orden Circular de 1 de enero de 1944, de la Presidencia del Patronato citado, crea Comisiones de Investigación y Revisión de penas en todos los Establecimientos Penitenciarios.

En un cuadernillo de disposiciones y criterios jurídicos, titulado «Normas penales», constan, junto a una enumeración de delitos y una somera definición de algunos de ellos, los hechos delictivos objeto de represión por el Nuevo Estado, referidos al periodo 1936-1939, así como ocho categorías distintas de encausados, según que la comisión de hechos que se les imputan haya tenido lugar prestando uno u otro de los correlativos ocho servicios que se contemplan.

La Categoría sexta lleva la rúbrica «Servicios Judiciales» y se describen bajo las letras A, B, C, D, E y F, los distintos posibles autores y las actuaciones de los mismos que se consideran punibles en esta órbita judicial. La pena de muerte se contempla en el apartado A), para los que formando parte de cualquier Tribunal de Justicia, Consejo de Guerra o Comité, Auditores, Fiscales Jefes o individuos del Cuerpo Jurídico-Militar, impusieran o asesoraran favorablemente la imposición de penas de muerte, ordenaran maltratos, tormentos, persecuciones, saqueos u otros actos criminales.

En el bando nacional no existen los Tribunales Populares sino que a los acusados los juzgan Tribunales formados fundamentalmente por integrantes del Cuerpo Jurídico-Militar, a quienes, en algunos casos, acompañan Jueces de cámara civiles.

En el Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, con el número 27 145, existe un «Resumen Estadístico» del Ministerio de Justicia, sobre la diferencia de la población reclusa existente entre el 28 de enero y el 4 de febrero de 1941, en el que Franco anotó personalmente: «Nombrar más jueces militares de la complementaria». Ello demuestra que el número de militares jurídicos dedicados a las tareas de juzgar era insuficiente, pero no se completan los Tribunales con personas ajenas al mundo del Derecho, sino siempre pertenecientes al estamento jurídico-militar.

Por otra parte, el que siguieran actuando los Tribunales, acabada la contienda, no debe interpretarse, sectaria o al menos superficialmente, como prueba de que la represión de los nacionales no cesó con el fin de la Guerra, sino como signo de que en el Nuevo Estado se quería que funcionara la Justicia. El funcionamiento de la Justicia lleva consigo la posibilidad, para los defensores de los enjuiciados, de utilizar cuantos recursos y dilaciones procesales ofrece la Legislación. La dilación del proceso no impide la aplicación de las disposiciones sobre indultos, que mientras tanto pudieran dictarse, y a la vez permite la búsqueda de testimonios u otros medios de prueba que pudieran favorecer al acusado.

Un examen de aquellas causas penales revela que en su mayoría se instruyeron para castigar delitos concretos, cometidos contra las vidas y haciendas de las personas, aunque también se juzgara a los agitadores de las «masas enfurecidas», con cuya locución se quiere muchas veces cubrir los desmanes previamente calculados por quienes inyectaban ese furor.

Hay, en las autoridades del Nuevo Estado, empezando por el Generalísimo, una preocupación por el cumplimiento de los principios jurídicos, sobre todo el de legalidad. Se juzga al acusado conforme a las normas del Código de Justicia Militar de 1890 y del Código Penal de la República, sin perjuicio de que, las penas de muerte que se dictan se conmuten en muchos casos y siempre se apliquen los beneficios de indulto y libertad condicional. En ningún caso se decreta la Amnistía, que supone un olvido total del delito.

Por el contrario, en la zona republicana, el lunes 25 de enero de 1937 aparece en «La Gaceta de la República» un Decreto-ley, de fecha 22 de enero, firmado por el Presidente Manuel Azaña, y por el ministro de Justicia, Juan García Oliver «concediendo amnistía a los penados y encausados por delitos políticos, sociales, comunes y militares, cometidos con anterioridad al 15 de julio último». Con esta disposición quedaban amnistiados todos los involucrados en los crímenes subsiguientes a las elecciones de febrero de 1936, —crímenes que enumeró Gil Robles en la sesión parlamentaria de 16 de junio de 1936—, incluidos los autores del asesinato de Calvo Sotelo.

En el Preámbulo del Decreto-ley se justifica la amnistía «en el sentir siempre generoso de las masas populares en relación con cuantos se encontraban separados provisionalmente de la vida ciudadana y que en proporción considerable forman parte actualmente de las Milicias que se baten en el frente por la defensa de la República». ¿Un Ejército, pues, de delincuentes?

La amnistía alcanza incluso a los delincuentes comunes, pero no incluye a todos los que fueron sentenciados con posterioridad al 15 de julio de 1936 ni a «todos los presuntos responsables de los delitos cometidos con motivo de la represión del movimiento revolucionario de 1934». Esta última excepción pone de relieve que Azaña y su Consejo de Ministros asumen la llamada «Revolución de Asturias» que muchos historiadores consideran como antecedente, inicio o preámbulo de la Guerra Civil.

Como prolegómeno del citado Decreto-ley de amnistía, se publicó en «La Gaceta» de 22 de diciembre un Decreto que, en su preámbulo, atribuye arbitrariamente al «bombardeo de las baterías y aviación enemigas» la destrucción del Registro Central de Penados y Rebeldes que existía en el Ministerio de Justicia. Se aduce que «muchos delincuentes ocasionales se han rehabilitado ante la sociedad por los servicios que con las armas vienen prestando a la causa antifascista», por lo cual declara en el Artículo Io que «quedan cancelados todos los antecedentes penales relativos a delitos cometidos con anterioridad al 15 de julio del presente año».

Por lo demás, el Fichero de Penados y Rebeldes fue «extraído» del Ministerio de Justicia por milicianos de la CNT a primeros de noviembre de 1936, previa visita, a las dependencias donde se encontraba, del ministro de Justicia Juan García Oliver quien, después de reclamar su «ficha de penado» y no aparecer ésta, manifestó que aquel Registro «era un baldón de ignominia que había que hacer desaparecer». Y así se hizo.

Estas reiteradas apelaciones a la indulgencia plenaria que el ingreso en las filas del Ejército republicano había supuesto para toda clase de antecedentes penales y delitos, explica que en aquella célebre frase de Azaña: «Paz, piedad, perdón», falte la Justicia por la que el autor de La Velada de Benicarló parece sentir poco aprecio. Está más conforme con la entraña misma del verdadero Estado de Derecho el que a la Paz siga inexcusablemente la Justicia, sin perjuicio de que, una vez que esta intervenga, restablecido el orden jurídico conculcado, comiencen a actuar, con toda generosidad, la Piedad y finalmente el Perdón como colofón inexorable.

Se ha tratado, por los historiadores antifranquistas, con evidente ligereza y parcialidad, la imposición de penas capitales por los Tribunales que juzgaron a los acusados de delitos a los que el Código de Justicia Militar del año 1890, en relación con el Código Penal de 1932, y la Ley republicana de 1934, junto con la de 5 de julio de 1938, que restablecían todas ellas la pena de muerte, condenaban a la última pena. Un criterio de mínima objetividad obliga a hacer determinadas precisiones para dejar enmarcada esta cuestión en sus justos límites:

1.o) Los Tribunales aplicaban leyes que estaban vigentes cuando tiene lugar el Alzamiento Nacional. Ello evita, al tratar esta materia, mezclarla con el debate de la licitud o no de la aplicación de la Pena de Muerte por la Justicia Penal de cualquier Estado.

2.a) Se ha dicho, e incluso se ha argumentado como base para obtener una pretendida revisión de las sentencias impuestas por los Consejos de Guerra, que los acusados, que habían permanecido durante la guerra en la Zona Republicana, no podían ser reos del delito de rebelión militar, ya que el Código de Justicia Militar de 1890 sólo consideraba incursos en su artículo 237 a los que se alzasen en armas contra la República.

Olvidan los que así argumentan que la Junta de Defensa Nacional dictó un Bando el 28 de julio de 1936 (publicado en el Boletín Oficial número 3, de 30 de julio) declarando «el estado de guerra» y considerando que el delito de rebelión quedaba sometido a la jurisdicción de guerra; en consecuencia, a procedimiento sumarísimo. Jiménez de Asúa critica dicho Bando diciendo que «se consideró reos de rebelión militar a los que se habían opuesto a la rebelión militar que Franco encabezó». Jiménez de Asúa tritura, sin pretenderlo, el argumento de que los Consejos de Guerra carecían de norma jurídica en que apoyarse para castigar el delito de rebelión. Todos, incluido Jiménez de Asúa, parecen olvidar o ignorar el Decreto del presidente provisional del gobierno de la República, de 2 de junio de 1931, que reconocía el carácter de norma jurídica de los bandos militares, en cuanto dispone en su artículo 4.o que «cuando el territorio en estado de guerra, los capitanes generales dicten los bandos que estimen oportunos, en uso de las facultades que les conceden las leyes (…) los procedimientos judiciales que se instruyan por delitos comprendidos en dichos bandos…».

3.a) Los Tribunales que juzgaban los delitos cometidos en el periodo 1936-1939 están constituidos por juristas (militares y algunos civiles), de suerte que las posibilidades de defensa jurídica siempre concurren. Aquí no hay «sacas» («extracciones» en la eufemística terminología del doctor Cervera Gil), llevadas a cabo por personas que evitan los juicios y ejecutan la pena capital, precedida, muchas veces, por torturas. En la ejecución de los condenados no hay crueldad en el Nuevo Estado, pues si bien se les fusila ello tiene lugar sin dolorosos y aflictivos castigos previos.

4.a) Las penas de muerte que se imponen son revisadas por la Asesoría Jurídica del Generalísimo o por la del Ministerio del Ejército. En el documento 105 bis del Archivo de la Fundación Francisco Franco, se hace constar que entre ambas asesorías despacharon entre cincuenta o cincuenta y un mil casos de última pena, de las que fueron conmutadas aproximadamente 23 000. Éstos son datos numéricos documentados en un informe que se le entrega al Generalísimo, en el que éste hace una anotación, de su puño y letra, que dice «Guerra».

El Informe citado relata también que la Comisión Central de Examen de Penas llevaba estudiadas, en 1943, «cerca de trece mil casos de conmutados de pena capital, de los cuales más de la mitad quedaron en revisión», posiblemente con penas inferiores a 20 años y un día y por lo tanto en condiciones legales de recobrar la libertad.

5.a) En los años sucesivos continuó el «examen de penas» por parte de las correspondientes Comisiones, así como también se ampliaron y aplicaron los beneficios de indulto y libertad condicional a la generalidad de los conmutados.

6.a) Es preciso poner de relieve que los datos que se han publicado sobre condenados a muerte no son cifras de personas «ejecutadas por el régimen franquista», como con aviesa intención, o al menos indisculpable ligereza, se hace. Los condenados a pena capital obtuvieron en muchos casos la revisión de sus condenas, conmutándoseles la pena primitiva por otra de privación de libertad, a la que después se aplicarían sucesivamente beneficios e indultos a los que abrió la puerta la Orden Circular del Ministerio del Ejército, de 28 de septiembre de 1942. En éstas, el general Asensio, ministro del Ejército a la sazón, suprimió el rigor que el anterior ministro, general Varela, había dotado a las Ordenes Comunicadas de 17 de febrero y 12 de marzo de 1940.

Todo ello demuestra que «desde arriba» se hacía lo posible por evitar la aplicación rigurosa de la norma, como había ocurrido en algunos casos. Desde las alturas del Mando se transmitió no la idea de venganza sino la de Justicia, precedida por la Prudencia y seguida por la Templanza. Las afirmaciones gratuitas, sin base en documentación alguna fiable, que hace Moreno Gómez en El terrible secreto y en La represión franquista (llega a decir que la represión franquista es una represión de Estado), carecen de un mínimo rigor y ponen al descubierto a su autor como un historiador indocumentado.

Los guarismos que se manejan como de «ejecuciones judiciales» en el Nuevo Estado, deben precisarse en el sentido de que se trata de sentencias de pena de muerte impuestas por los Consejos de Guerra. De ahí habría que rebajar todas aquellas que fueron conmutadas. La cifra que resulta del documento 105 bis de la Fundación Francisco Franco es de unas 28 000 sentencias como máximo, impuestas por todos los Consejos de Guerra que se celebraron. Después, muchas de tales sentencias volvieron a ser revisadas cuando se trataba de condenados no involucrados directamente en delitos de sangre. El caso de Peces-Barba del Brío, padre de Gregorio Peces-Barba, del que más adelante hablaremos, no fue el único, ni mucho menos. Con todo, las cifras, entre 85 000 y 119 000, en que se estiman las víctimas de la represión en zona republicana, son sensiblemente superiores, incluso deduciendo de ellas las posibles repeticiones de nombres, que a veces no son tales, sino que obedecen a la igualdad real de los nombres y apellidos de los afectados.

De la benevolencia de los Gobiernos del Generalísimo da idea el documento número 52 del Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco. Se trata de una carta que, el 24 de noviembre de 1940, dirige Serrano Suñer al Jefe de Estado, en la que contrapone a la gente situada en la izquierda que durante «la Revolución marxista (…) ante aquellos crímenes infames reaccionaron como seres humanos (…) y hasta realizaron actos no exentos totalmente de heroísmo, unas veces, y, otras, con trascendencia y valor político positivos… (a aquéllas) otras gentes (que) reaccionaron como fieras, ya con el crimen directo, ya en el plano criminal de acción indirecta (…) alentando desde posiciones oficiales aquellos crímenes».

A continuación, el entonces ministro descubre la razón de su carta: Evitar que con una disposición indiscriminada de Gracia, que se ha discutido en el Consejo de Ministros del día anterior, atenúe su pena quien hace unos años le denunció en el periódico «Claridad»: «El jefe de los Servicios de Censura cuando por nuestros nombres “Claridad” nos señala a los verdugos, ¿no es uno de los más grandes criminales que ahí hubo entonces?». Por ello se opone a que «esos monstruos (…) puedan dentro de unos años estar otra vez en la calle». Y, sin duda, estuvieron en la calle. A dos hermanos de Serrano Suñer los asesinaron por su apellido.

No obstante, a pesar de las discrepancias, algunas de ellas razonables, que pudiera haber entre los diversos ministros respecto al ejercicio de la clemencia, las disposiciones de benevolencia seguían a buen ritmo, con normas jurídicas que suponen siempre un avance en la mejora de las condiciones y situación jurídica de los penados.

Aquí no aparece ninguna disposición semejante a la Ley belga que prolongó el límite de prescripción de las penas de muerte impuestas a los «colaboracionistas», de 20 a 30 años, justificada por el portavoz comunista con el argumento de que ellos (los comunistas) «no pueden admitir que esta nueva legislación permita a algunos criminales de guerra beneficiarse de un indulto». Aquí, en España, ocurre totalmente lo contrario: En el libro de Actas del Patronato, a 26 de noviembre de 1943, se dice: «Satisfacción porque en el último Consejo de Ministros se han aprobado ciento siete conmutaciones de la última pena. Se acuerda conste en Acta el agradecimiento del Patronato al Jefe de Estado y al Gobierno».

El Decreto de 9 de octubre de 1945, siendo ministro de Justicia Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo, declara en su preámbulo que «han sido excarcelados ya, en virtud de las disposiciones de libertad condicional y redención de penas por el trabajo, el noventa por ciento de los que fueron condenados por su actuación en la Revolución Comunista».

El artículo 1.o de este Decreto concede «indulto total de la pena impuesta o que procediera imponer (por ello el art. 2.o extiende el beneficio a los procesos en tramitación y a los declarados en rebeldía), a los responsables de los delitos de rebelión, o contra la seguridad interior del Estado o el orden público, cometidos hasta el 1 de abril de 1939, siempre que no conste que los delincuentes hubieran tomado parte en actos de crueldad, muertes, violación u otros hechos que repugnen a todo hombre honrado cualquiera que fuere su ideología».

Puede decirse, por tanto, que seis años después de acabada la contienda sólo quedaban en las cárceles aquellos penados del bando republicano respecto a los que se había acreditado que participaron en actos vandálicos que repugnaban a la conciencia «de un buen padre de familia», como dijera el Derecho Romano y considera como módulo comparativo algún artículo de nuestro Código Civil. El número total de ellos, el 9 de mayo de 1949, es de 2809 condenados por delitos crueles y sangrientos cometidos en la época de la Guerra Civil. A ellos no les alcanzarán los sucesivos indultos. Sin embargo acortarán su pena mediante la redención por el trabajo físico o intelectual. A unos y otros los encontraremos en los Destacamentos Penales, incluidos los tres del Valle de los Caídos.

En los años siguientes a 1945 se intensifica la actividad guerrillera que recibe ayuda de hombres y, sobre todo, de armamento moderno de la Unión Soviética a través del «maquis» francés. Ello trajo como consecuencia ineludible que algunos de los excarcelados en virtud de las medidas de benignidad penal que se aplicaban, escucharan los cantos de sirena de los guerrilleros por lo que hubieron de ser nuevamente juzgados, ahora, por delitos posteriores a la contienda civil.

Hay que recordar que todos los delitos, absolutamente todos, cometidos con ocasión de la Guerra Civil, incluso los cometidos por Santiago Carrillo, mientas no se alegue genocidio, quedaron prescritos por el Decreto Ley de 31 de marzo de 1969. De la parte expositiva del Decreto Ley, resaltan los párrafos siguientes:

«… con ocasión de cumplirse el 1 de abril de 1969 treinta años desde la fecha final de la guerra de Liberación, es oportuno hacer expreso reconocimiento de la prescripción de las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de cualquier hecho que tenga relación con aquella Cruzada, quedando de esta forma jurídicamente inoperante cualquier consecuencia penal de lo que en su día fue una lucha entre hermanos, unidos hoy en la afirmación de una España común más representativa y, como nunca, más dispuesta a trabajar por los caminos de su grandeza futura».

Franco quiso cerrar definitivamente la Guerra Civil y el presidente Rodríguez Zapatero la ha querido abrir con la Ley de la Memoria Histórica, a la que sería más justo titular «Ley del resentimiento histórico».

Se hace necesario volver al asunto de los «maquis» y sus secuaces. Según el estudio del Coronel Eduardo Fuentes Gómez de Salazar, los «maquis» asesinaron a 953 personas, más que la ETA y en menos tiempo. Hicieron 538 sabotajes y perpetraron 5963 atracos a mano armada. En su represión murieron 50 militares, 257 guardias civiles, 12 agentes del Cuerpo General de Policía y 11 policías armados. En total, 350 muertos. El número de heridos se elevó a 487. En los combates murieron 2173 «maquis» (terroristas), fueron capturados 467, y se presentaron arrepentidos 548. Las fuerzas del orden detuvieron como enlaces a 12 948 elementos de izquierda, 5428 agentes del PCE y 1068 de la CNT.

En una conferencia reciente, reproducida como artículo, José Manuel Otero Novas, abogado del Estado, exministro de la Presidencia y de Educación con Adolfo Suárez, político de calidad —demasiada para hoy—, contó algunas experiencias personales de las cuales puede sacar el lector enseñanzas sorprendentes.

Señala Otero Novas que la dictadura de Franco también cambia, «como Europa, a partir de 1945», y se va pasando a lo que los españoles solemos llamar la «dictablanda». «Yo hacía oposición al franquismo (he sido procesado por el Tribunal del Orden Público), pero a mi no me pasó absolutamente nada. No sólo esto me pasó a mi, exactamente igual le pasó a Felipe González: le abrieron un procesamiento en Sevilla, y ese procesamiento quedó muerto, nunca más lo citaron. Y cuando yo llegué a director general de Política Interior, muerto Franco, comprobé que había una instrucción del almirante Carrero Blanco de que no se tocara a Felipe González».

Añade Otero Navas que «Un día hablé con mi amigo Fernando Suárez» (…) porque «quería comprobar las estadísticas de España y Europa en relación con un fenómeno característico como son las penas de muerte. La Europa no comunista, la Europa Occidental (…) En 1959 se produce la última ejecución de una pena de muerte por delito común en España, el caso Jarabo. A partir de 1959 ya no hay ninguna ejecución por delito común en España, y sólo restan a partir de entonces, y hasta 1975, los ejecutados por sentencias de Consejo de Guerra por terrorismo o hechos parecidos. Entre 1959 y 1975 hay diez ejecutados: tres en 1963 (Grimau y otros dos más), dos en 1974 y los cinco de Hoyo de Manzanares de 1975, mientras que en el resto de Europa se sigue matando. Después de 1975 nunca más ejecutó España una sentencia de muerte, mientas, por ejemplo, Francia, el señor Mitterrand, dictaba sentencias de muerte en los años 80. Y prescindo de examinar Cuba, China, Irán, porque son casos especiales. No es verdad que en España hayamos matado más (…)».

«Yo tengo —concluye Otero Navas— un caso personal próximo que me indigna, que les voy a contar. En el año 1939 los “maquis”, en Vigo, mataron a un abuelo mío, hirieron a mis tíos, etcétera. Este “maquis” fue detenido en 1950 y recuerdo que fueron citados mis familiares para reconocer al cabecilla del asalto a la casa de mi abuelo. Una tía mía le reconoció porque le había visto y recibido de él algún mal trato. Y se les ofreció la oportunidad de ejercer acciones personándose como parte acusadora. Mi familia decidió, como era entonces muy común, que no se personaban, que no querían volver a hablar de ellos, que lo que querían era olvidar, etcétera. Aquel señor, aparte del asesinato de mi abuelo, tenía otros y fue condenado a muerte; pero inmediatamente de la condena el gobierno conmutó la pena de muerte por treinta años de prisión. Se va al Dueso, a Santoña, y quince años después un decreto del gobierno lo libera. Y se fue a vivir a Vigo. Ahora se acaba de publicar en Vigo el libro Héroes o forajidos, que me indigna y que está en la óptica revisionista de la “memoria histórica”: deciden que el asesino de mi abuelo es un santo, con lo que se viene a decir que mi abuelo era un señor que tenía que morir. Realmente indignante».

Con el jurista Francisco Hispan Contreras diré:

«Todo ello demuestra cumplidamente que si hubo en ambas zonas represión, sólo en el Nuevo Estado se consolidó la aspiración de que estuviera presidida por la Justicia y acompañada de una ejemplar benevolencia».

CAPÍTULO III

MUGURUZA: UNA CRIPTA AUSTERA

En la tarde del día 1 de abril de 1940, a un año justo de la terminación de nuestra guerra, Franco hizo estallar un barreno con el que se iniciaban teóricamente las obras del Monumento Nacional a los Caídos, en la finca de Cuelgamuros, en plena Sierra de Guadarrama. Esa misma mañana, un Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado disponía que «se alzasen Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes en la finca situada en las vertientes de la Sierra del Guadarrama (El Escorial) conocida por Cuelga-Muros (sic), para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada».

El mismo Decreto declaraba «de urgente ejecución las obras necesarias al efecto». En su artículo segundo se establecía que «los gastos que origine la compra del lugar y la realización de los proyectos, serán con cargo a la suscripción nacional que quedará, en la parte que corresponda, sujeta a este fin».

Del proyecto quedó encargado uno de los arquitectos más famosos de su tiempo, Pedro Muguruza Otaño, a quien Franco había designado director general de Arquitectura, un cargo técnico sobre el que recaería, en unión de la Dirección General de Regiones Devastadas, la gigantesca labor de levantar de nueva planta pueblos como Brunete, Belchite y Guernica, entre otros muchos, o la reconstrucción de ciudades, como Oviedo y Teruel, entre otras, aparte de numerosos edificios religiosos, entre ellos la catedral de Vic que había sido destruida en su totalidad por elementos republicanos.

Muguruza había nacido en Madrid en 1893. Era de familia vasca procedente de la localidad guipuzcoana de Elgóibar.

En 1916 se licenció en la Escuela de Arquitectura de Madrid, de la que tres años más tarde sería catedrático de Proyectos. Contaba con 26 años de edad.

Combinó la docencia con la práctica de su profesión. Poco más tarde es nombrado arquitecto restaurador del Monasterio del Paular, en la localidad madrileña de Rascafría, del Museo del Prado y de las Reales Academias. Desde el punto de vista técnico resaltaron en sus obras las influencias neoplaterescas y neobarrocas. Su biografía profesional es impresionante. Elijo una pequeña parte de ella.

En 1924 proyectó y construyó el Edificio de la Prensa, en la Gran Vía madrileña; en 1928, el cine Callao, en la plaza del mismo nombre, y se encargó de la remodelación del Museo del Prado y de la restauración del Teatro Real. Por este tiempo cuenta entre sus discípulos con uno llamado Diego Méndez que se especializaba en la restauración de palacios antiguos.

Obras de Muguruza son el Cine Coliseum, también en la Gran Vía y la remodelación de la estación ferroviaria barcelonesa de Francia; participó en la construcción del Monumento a Cervantes en la Plaza de España de Madrid; llevó a cabo un proyecto de la Estación madrileña del Norte y la reconstrucción de la Casa de Lope de Vega. En 1938 ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en 1939 es nombrado primer director general de Arquitectura, cargo en el que, como he dicho, traza un plan integral para la reconstrucción de pueblos, ciudades e infraestructuras. También en 1939, Franco le habla de su imaginado Monumento Nacional a los Caídos y le encarga proyectos y bocetos. En 1940, el Jefe del Estado le designó arquitecto director de las obras del Monumento a los Caídos.

Dos acciones poco conocidas de Muguruza fueron el rescate de la urna que contenía los restos de San Francisco de Borja, tras el incendio de la residencia de los jesuitas en la calle de la Flor, en Madrid, y la devolución de los cuadros del Museo del Prado llevados a Suiza por el gobierno del Frente Popular, tras un arriesgado viaje a Valencia y Barcelona, con España en guerra.

Muguruza se enfrentó a una obra fuera de lo común: lejos de los centros urbanos, en plena Sierra de Guadarrama, en un terreno pedregoso, con pésimas comunicaciones, y escasez de mano de obra y materiales de todo tipo: hierro, cemento, gasolina, intervenidos y suministrados mediante cupos y turnos. Se le dijo, al principio, que contaría con un presupuesto cuyo numerario procedía de la suscripción nacional realizada durante la guerra y que, según he conocido hace unos meses, era el siguiente, en billetes, joyas y oro: de la suscripción nacional 7 057 201,67 pesetas, de la suscripción nacional, pero que se hallaba en la Caja del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional y fueron abonadas por éste al Consejo de las Obras en varias entregas, 178 393 272,38 pesetas. Total: 185 450 474,05 pesetas.

Por su parte, la Fiscalía Superior de Tasas aportó 50 000 000,00 de pesetas con lo cual el total ascendía a 235 450 474,05 pesetas.

Pese a ello, el dinero llegaba con cuenta gotas al Valle y a las empresas se les solía deber las certificaciones de obras de varios meses. Todo parecía concitarse para retrasarlas, en especial la escasez de los cupos de gasolina, aliada a las restricciones eléctricas y al corte durante horas de energía, al igual que ocurría en el resto de España; eran eléctricos los compresores que permitían barrenar con los martillos neumáticos la roca del Risco de la Nava, y se movían por electricidad las hormigoneras, y casi sin gasolina, era impensable la adquisición de uno o más grupos electrógenos.

Parece increíble que los materiales y carburantes que no le faltaban a Regiones Devastadas para realizar su labor de reconstrucción en toda España, fueran artículos de lujo en Cuelgamuros, pese a esa falsa creencia de que la única preocupación de Franco era el Monumento a los Caídos. La escasez de hierro, cemento y gasolina, aparte de la electricidad, era pavorosa en la España de los años 40. Quienes quieran tener un testimonio de primera mano deberán recurrir a la obra Misión de Guerra en España, del embajador de los Estados Unidos en Madrid (1942-1945), Carlton Hayes. En ella se narra la política llevada a cabo por los gobiernos norteamericano y británico para paralizar España e impedir su desarrollo mediante el suministro mínimo de gasolina, con el fin de que no entrara en guerra contra los aliados o favoreciera económicamente al Eje.

Fue tal la carestía de todo tipo de combustibles fósiles que se produjeron situaciones de cine mudo cómico. Una de ellas está recogida en el Acta del Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo, correspondiente al día 27 de agosto de 1943:

«Se acuerda autorizar que los reclusos de la Prisión Celular de Valencia que van a trabajar a Cuart de Poblet, puedan utilizar el tranvía para trasladarse al trabajo y regresen a la prisión, hasta que tengan cupo de gasolina para este servicio, con el fin de que no se suspendan las obras».

¿Agosto y Valencia? Delicioso paseo matinal, seguro que en jardinera, remolques descubiertos en los que se confundirían los presos con los buenos huertanos. En cuanto al cemento y al dinero, el ingeniero Iribas de Miguel, consejero desde el primer momento, cuenta que en una reunión con Franco, éste le marcó un plazo de dos meses para la terminación de unas obras en la carretera de acceso, a lo que el ingeniero contestó que no tenía cemento y que se le debía dinero a la empresa. Franco se enfadó y hubo dinero y cupo de cemento, pero sólo algún tiempo.

Las obras no comenzaron el día 1 de abril de 1940, sino tímidamente en agosto del mismo año, después de que el ministro de Obras Públicas concediera directamente la ejecución de la perforación de la Cripta a la empresa Sanromán.

Según un informe que redactó Muguruza para el Generalísimo y el Consejo de las Obras, hacia el mes de junio de 1941, la empresa no había cumplido diez meses más tarde ni uno solo de sus compromisos, por lo cual proponía un plan muy meditado que, además de permitir ejecutar las obras en el plazo previsto, hubiera constituido un ahorro considerable y un cumplimiento de los presupuestos. Está claro que el arquitecto quería eludir la Ley de Contratos del Estado y el recurso a las empresas privadas, tal como hacía la Dirección General de Regiones Devastadas. La creación del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, por Decreto de 31 de julio de 1941, frustró estos planes, que reclamaban la ejecución de las obras por el Estado, con el fin de eludir las intervenciones y los cupos.

Veamos el plan Muguruza que comienza con la exigencia de «una organización integral técnica y administrativa, que imprima la máxima celeridad a las obras iniciadas y alcanzando para ello los medios precisos y adecuados al sistema que se adopte y los planes que se determinen».

¿Cuáles eran las acciones y orden que debía imprimir esta organización para cumplir los planes?

Las actuaciones y el orden eran los siguientes:

Cripta.

Vía Crucis.

Monasterio y cuartel.

Carreteras.

Cruz Monumental.

Hospedería.

Lago.

El plan incluía los pasos a seguir, con gran dedicación a la Cripta, que el arquitecto veía con pocos adornos y predominio de la roca natural sobre un chapado total; es decir, más una catacumba que una esplendorosa Basílica subterránea que hiciera olvidar que estaba construida en las entrañas del risco.

Las actuaciones sobre la Cripta eran las siguientes:

Perforación y labra de roca.

Terraplenado y explanación de plazas de acceso.

Labra de las entradas.

Labra de accesos diversos.

Añadía que la perforación de la roca era una obra ya proyectada, tanto en su aspecto final como en su proceso de ejecución, que significaba la extracción de unos 60 000 metros cúbicos de roca. «Calculando una extracción diaria de 100 metros cúbicos, suponía un trabajo de dos años. El avance por día sería de un metro lineal, aproximadamente. Dicha cifra no da la del proceso de ejecución, consistente en elevar la galería de ataque a la clave dada que ha de ser la Cripta y abrir allí dos cortes laterales para bajar el corte de la roca en cantera».

Poco a poco va tomando cuerpo la idea de Muguruza en relación con la Cripta:

En la parte anterior, o sea, hasta alcanzar la roca viva, se complica la obra de simple corte de roca granítica con el trabajo en zona descompuesta, que exige una combinación de apeos provisionales y obras de descarga, lo cual hace pensar en la necesidad de alterar el plan primitivo de triple proceso, reduciéndolo a uno solo.

La labra de la roca hasta darle su forma definitiva, exige un equipo formidable de martillos y compresores eléctricos, pues el resultado obtenido con el equipo existente de gasolina es francamente mediocre, a pesar de las esperanzas exteriorizadas por Sanromán. En relación con el tiempo y una vez obtenidos los elementos eléctricos, la labra no presenta dificultad alguna, pues el simbolismo adoptado en la traza de paramentos y bóvedas permite seguir fácilmente el ritmo de un metro diario.

«El arquitecto-director de las obras propone una perforación rápida mediante tres ataques y dotar a cada uno de ellos de dos turnos de ocho horas, lo cual significa doce equipos de barreneros que representan en conjunto 50 obreros».

Pedro Muguruza proyectó también un Taller-Escuela de cantería a pie de obra que utilizaría el granito procedente de la perforación.

En muchos capítulos del informe reclama la instalación de dicho Taller-Escuela, dotado con maquinas para cortar la piedra, que habrían abaratado y agilizado los trabajos. El arquitecto pretendía que este Taller-Escuela perteneciera propiamente al Valle, pero el Consejo prefirió, para esta primera parte de las obras, la concesión de un taller mediante concurso que ganó el maestro cantero Manuel Rodríguez Crisogno. En la segunda etapa, la de Diego Méndez, la mayoría de los trabajos de cantería los realizaron talleres de los pueblos de la Sierra de Guadarrama. La importancia de este taller residía en el hecho de que debería llevar a cabo la labra de la entrada monumental (a la Cripta). Esta tarea «representaba unos 22 500 metros cúbicos de cantería». Según el proyecto de Muguruza el Monumento sería, en la práctica, «obra de canteros y mamposteros».

Nada se le escapa a Muguruza, pero del Monasterio-Cuartel solo tendrá en cuenta el rellenado y explanación del terreno, y deja la Cruz Monumental para más adelante, una vez madurado el proyecto.

Sin duda, la niña de sus ojos es el Vía Crucis que discurrirá por la parte derecha del Valle, «la más accidentada, escarpada y difícil, siendo al mismo tiempo, por ello, la más atractiva y plateresca».

Este Vía Crucis, la obra desconocida por la mayoría de los visitantes y peregrinos del Valle, es una «sucesión de capillas o pequeños monumentos», labrados en granito, que representan las Estaciones tradicionales de la Pasión. El proyecto Muguruza se enriquecía con los dibujos de cada una de las capillas cuya exposición sería un acontecimiento artístico de primera magnitud en la actualidad. El camino, según el arquitecto, comenzaría en la puerta de entrada al Valle, discurriría por «una pequeña calzada romana», un camino de peregrinos, desaprovechado siempre, tanto en su carácter puramente artístico como religioso.

Su penúltima estación está representada por la imagen de La Piedad, de Ávalos, que corona la puerta de acceso a la Cripta, y la ultima la capilla del Cristo Yacente.

El arquitecto Muguruza, que había elegido, paso a paso, el lugar que ocuparía en la «calzada romana» cada capilla, calculó que podría estar terminado el Vía Crucis en un año. No fue así por la falta del Taller-Escuela, en primer lugar y, luego, por diversas circunstancias que ahora no vienen al caso.

Muguruza presentó en esta primera etapa dibujos, pero no proyectos del Monasterio, que dispondría de grandes avenidas y «unas grandes piscinas o embalses que recojan la mayor cantidad posible de agua del manantial que allí nace, formando un arroyo que corre permanentemente a lo largo de la finca y habrá de alimentar el lago a describir más adelante».

Este lago, que ocuparía gran parte de la explanada existente frente a la entrada a la Basílica, sería un homenaje a los caídos en el mar durante nuestra guerra.

Respecto a la Cruz monumental se decidió convocar, a instancia de Muguruza, un concurso nacional al que podían presentarse todos los arquitectos españoles. El ingeniero Iribas de Miguel, revela la parte oscura de un concurso que ganaron y perdieron los premiados.

El concurso de anteproyectos se convocó en abril de 1941, recién creado el Consejo de las Obras; pues bien, reunido el Jurado se concedió el primer premio al proyecto presentado por el arquitecto Moya, con sus colaboradores Huidobro y Thomas. El segundo fue concedido a Corro, Bellosillo y Faci Iribarren, y los cuatro accésits a Barro, Martínez Feduchi, Muñoz Monasterio y Herrero Palacios; García Lomas y Rodríguez Arias; Roa y González Quijano.

Según Iribas, que pertenecía al Jurado, «entre los proyectos presentados hubo varios, quizás los mejores, que tuvimos que rechazar por salirse de las bases del Concurso (…) y hubo también verdaderas atrocidades…».

La sorpresa llegó cuando se le comunicó el fallo a Blas Pérez, ministro de la Gobernación y Presidente del Jurado, que no había querido intervenir en las deliberaciones: ninguno de los anteproyectos gustaba al Jefe del Estado y a sus ministros.

Blas Pérez les dijo:

Me colocan ustedes en una situación dificilísima porque, claro, si el Generalísimo no quiere hacer ninguna de estas cruces, ¿cómo vamos a adjudicar el premio a ninguna? Ya que el primer premio lleva consigo no sólo la remuneración de un millón de pesetas sino la obligación de construir la Cruz del proyecto.

Cuando salieron los del Jurado, me dijo:

—Quédese usted conmigo un momento, Iribas, y vamos a ver cómo resolvemos esto. Yo creo —me dijo— que la única solución es dejar desierto el concurso y trasladar los premios: dar sólo el segundo premio a Moya y el tercer premio a Corro.

Entonces le propuse que me dejara hablar con Moya, que era muy amigo mío, y con Corro.

A éstos les expuse claramente la situación:

—Si queréis que se os adjudique el primer premio, renunciando a la condición de hacer la Cruz, entonces se os da el millón de pesetas y, si no, se deja el primer premio desierto y cobráis sólo quinientas mil pesetas.

Naturalmente, prefirieron cobrar el millón de pesetas y renunciar a hacer la Cruz.

Y no hubo más.

Muguruza expuso en su informe-proyecto, las necesidades que planteaba la concentración de obreros en el Valle. Son seis puntos entre los cuales destacaré el tercero, por el que introduce la contratación de reclusos en régimen de redención de penas por el trabajo, similar al de Regiones Devastadas; es decir, el trabajo conjunto de reclusos peones y obreros libres especialistas.

Éstos son los seis puntos propuestos por Muguruza:

—Un Economato para la debida alimentación del personal de obra.

—Un conjunto de edificaciones de tipo provisional para alojamiento de todo el personal y almacenado para los materiales de todo orden.

—Un régimen de contratación de asistencia obrera parecida al usado en la redención de penas por el trabajo de Regiones Devastadas.

—Una organización técnica que pudiera ser sobre la base de la Dirección de Arquitectura en una sección especial creada en la misma para la realización del Monumento.

—Una organización de contabilidad especial para regir y registrar todo el sistema económico de las obras.

—Un depósito de elementos auxiliares de obra, de porte considerable para poder asistir debidamente a todas las obras sin ocasionar paralizaciones ni siquiera retrasos en la ejecución inmediata de los trabajos.

Me siento obligado a resaltar la importancia de la intervención de Regiones Devastadas por los motivos expresados con anterioridad, lejos del sistema de «adjudicación parcial a distintas empresas por medio de destajos», como aclara muchos años después Diego Méndez, aunque oculte que ello produjo unos retrasos considerables en las obras.

Muguruza se decantó por el sistema de «administración» regido desde una organización técnica oficial, apoyada directamente por el Gobierno a los efectos de obtener toda la asistencia precisa de materiales y elementos indispensables sujetos a restricción de cupos y turnos. El Consejo eligió otro camino, el equivocado, y jamás pudo resolver hasta 1950 el suministro de materiales que se negaban a las empresas privadas, pero nunca a los organismos oficiales, tal Regiones Devastadas, insisto. Es el pecado original de un Consejo de las Obras, político en su inmensa mayoría que, según Iribas de Miguel, perdía el tiempo en cumplir formalidades administrativas, con olvido de la técnica.

¿Cuántos obreros hacían falta para llevar adelante los primeros trabajos, sin contar con la Cruz Monumental? Muguruza cifró su número en 500, de los cuales serian especialistas 340 y 160 peones, distribuidos por especialidades, de la siguiente manera:

Barreneros y auxiliares: 50

Canteros y aprendices de labra: 40

Canteros para la entrada: 30

Canteros asentistas: 50

Auxiliares de peonaje: 60

Mamposteros: 30

Transportistas: 50

Encargados de todos estos oficios: 30

Peonaje en general: 160

Estos peones serían reclusos trabajadores.

Pero el plan Muguruza hubiera hecho perder protagonismo al Consejo de las Obras del Monumento, y sus consejeros, en especial Carrero Blanco, hubieran quedado como convidados de piedra en un cometido de lucimiento político. De ahí su intención de negociar con el general Petrirena, jefe y autor de las Colonias Penitenciarias Militarizadas. Alguien, seguramente con mas jerarquía política y altura intelectual, frustró un propósito descabellado, que hubiera supuesto, con la instalación en el Valle de un campamento militar, graves implicaciones propagandísticas para el futuro que es hoy.

Ésta es la interpretación que debe darse a esas líneas escuetas extraídas de las Actas del Consejo:

19 de noviembre de 1941:

«El Consejo acuerda que el Gerente realice de manera inmediata gestiones cerca del general Petrirena para la organización de una brigada de penados, y cerca del señor Beltrán para obtener los elementos necesarios a la organización de un Economato, el cual habrá de estudiarse para la próxima reunión».

26 de diciembre de 1941:

«Enviar al general Petrirena los planos relativos a la perforación del túnel y Monasterio con el fin de que fije las condiciones en que realizarían los trabajos».

16 de enero de 1942:

«Desistir del encargo de las obras de perforación de la Cripta y construcción del Monasterio a la Colonia Penitenciaria en vista de sus dificultades y remitir a las empresas Agromán y Sanromán los datos necesarios con el fin de que se presenten las proposiciones. Desestimar los ofrecimientos de la Dirección General de Regiones Devastadas y las del coronel Gómez Jiménez, por no ajustarse a las normas a seguir por el Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo».

No se encuentran en las Actas referencia alguna a los reclusos trabajadores hasta el día 26 de abril de 1943:

«Pedir informe a la Dirección General de la Guardia Civil, sobre la instalación de un puesto en el Valle de los Caídos, en virtud de la instancia dirigida por la empresa Sanromán para la custodia de los obreros de redención de penas y, en general, para sostenimiento del orden público en el Valle, dado el incremento de población obrera, debido a las recientes adjudicaciones de las obras Monasterio-Cuartel, Exedra y Carretera».

Los reclusos trabajadores de Sanromán no llegarán al Valle hasta el 1 de mayo de 1943, y el puesto de la Guardia Civil no sería instalado en el Valle hasta finales de 1945, como más pronto. Por su parte la empresa Molán se dispone a construir barracones para la instalación de los obreros que trabajan actualmente en la construcción del Monasterio; rellenado, explanación y cimentación de los terrenos de la parte de atrás del Risco de la Nava.

A última hora, como es habitual, el Consejo decide que los señores Muguruza, Iribas y Mesa, resuelvan las propuestas formuladas por los distintos contratistas para la construcción de barracones para el alojamiento de los obreros reclusos, que trabajaban en la construcción del Monasterio y la carretera de acceso al Monumento; una gran improvisación que creará problemas en la construcción de literas de madera, en la adquisición de mantas, colchones y borra para su relleno, así como de ropa de abrigo, en general. La autorización para la construcción de los barracones se produjo el 8 de mayo de 1943 y el 15 de julio siguiente se aprobó el proyecto de poblado obrero y de la construcción inmediata de su ala izquierda y la Capilla.

Como detalle curioso recogeré que el primer médico de los reclusos no fue el doctor Lausín, sino don Carlos Mingote Eguiagaray, a quien se le concedió la plaza de médico del campamento de penados «con sueldo inferior a mil pesetas mensuales», el día 30 de octubre de 1943. El doctor Mingote murió en junio de 1944. No era recluso. En mayo de 1945 se le concedió, provisionalmente, la plaza al doctor Lausín, que era penado.

Es interesante lo recogido en las Actas del Consejo de las Obras, respecto al aumento del coste de la mano de obra reclusa a causa de la nueva Reglamentación laboral y extensión de los beneficios sociales a todos los trabajadores españoles. La actuación del ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, un falangista, constituyó una autentica revolución social que hoy rechazarían no sólo los partidos de izquierda y derecha sino también los sindicatos mayoritarios. Estos aumentos de salarios y aplicación del Subsidio Familiar, suponían, según el Acta del día 16 de mayo de 1945, «el 30 por ciento sobre la mano de obra y serán aplicados desde el 31 de julio del año anterior». Ello provocó un enorme desequilibrio en los presupuestos empresariales. Con seguridad, el Consejo y los contratistas creían que las medidas no les afectarían por tratarse de las obras del Monumento a los Caídos y afectar a obreros penados. ¡Qué equivocación! La Delegación de Trabajo y el Patronato les hicieron abonar hasta el último céntimo a los trabajadores penados. Luego, las empresas presentaron revisión de precios y el Consejo tuvo que transigir; pero, hasta mucho más tarde, no aplicó los beneficios sociales y los aumentos salariales a sus funcionarios del Valle.

Dejaré para un capítulo posterior los problemas que provocaba la intermitente falta del peonaje necesario para el cumplimiento de los plazos. Ello se debía, en los años 43, 44, 45 y 46, a las disposiciones benévolas para los reclusos condenados por delitos cometidos durante la Guerra Civil, disposiciones que culminaron —habrá que repetirlo hasta la saciedad— con el Decreto de Indulto Total de 9 de octubre de 1945, redactado por Raimundo Fernández-Cuesta, ministro de Justicia, también falangista. La llegada de penados del fuero común dio todavía más volatilidad a las plantillas de trabajadores reclusos.

Pero ¿cuánto iba a costar el Monumento Nacional a los Caídos? Muguruza presentó un avance de presupuesto total el 28 de octubre de 1941:

«Excepción hecha, aclara, de la Gran Cruz, cuyas características se hallan aún por determinar», el presupuesto en pesetas de 1941 era el siguiente:

Capilla: 1 500 000 ptas.

Cripta: 10 000 000 ptas.

Acceso: 4 000 000 ptas.

Plaza: 3 860 000 ptas.

Calzada: 3 860 000 ptas.

Carreteras: 4 240 000 ptas.

Monasterio: 3 000 000 ptas.

Lago: 5 000 000 ptas.

Obras: 3 900 000 ptas.

TOTAL: 39 360 000 ptas.

¿Mucho?, Si trasladamos esa cifra a 2007 ascendería a 5 120 000 000 de pesetas. ¡Un despilfarro!, claman los detractores del Valle; una mala utilización de un caudal que pudiera haberse utilizado en actuaciones sociales o inversiones productivas… gritan los hipócritas, los mismos que cuando se fundó el I. N. I, arremetieron contra una presunta autarquía.

Veamos: 200 viviendas, más bien modestas, a 40 millones de pesetas unidad, dan un total de 8000 millones. En la actualidad, nada o mucho, al igual que ocurre con los 300 millones de pesetas que es el último presupuesto que Pedro Muguruza no pudo agotar. Debemos tener en cuenta que en 2007, una peseta de 1946 equivalía a 82,1 pesetas y 269,8 de 1937.

He opinado que los planes de Muguruza eran perfectos, pero que las necesidades superaban a los suministros. Pese a ello, se irán cumpliendo las etapas marcadas. Antes de su dimisión por enfermedad en 1949, habían finalizado las obras de la carretera de acceso al Monumento; una carretera con un viaducto de igual altura que la torre de la Catedral de Segovia; las del Monasterio estaban prácticamente terminadas y se trabajaba en el solado, el entarimado y la calefacción; también estaban levantados los muros de la Exedra, y finalizada la perforación de la Cripta. El día 27 de septiembre de 1948, Muguruza, ya enfermo, presentó un informe en la reunión del Consejo de las Obras, «acerca de la marcha de los trabajos, los que se han intensificado principalmente en el Monasterio, a cuyo efecto se ha encargado a la empresa Banús la construcción de los estanques proyectados delante de la fachada principal…».

Por vez primera en toda esta etapa, se autorizó al Director Facultativo de las obras a «contratar directamente la pavimentación de la plaza de la Exedra a la empresa que juzgue más conveniente de las que trabajan en el Valle». Esa decisión tardía se toma «a fin de ganar el mayor tiempo posible».

Muguruza anuncia, también en septiembre de 1948, que «de no existir mayores dificultades, relativas a la obtención de los materiales indispensables, las obras (del Monasterio) estarán terminadas en el interior del edificio para poderse habitar en el próximo mes de marzo (de 1949)». Los «Juanelos» están preparados para comenzar su viaje hacia el Valle, y el proyecto de la Cruz Monumental sigue a la espera de los cálculos necesarios para su aprobación y construcción.

La reunión celebrada con Franco en el Pardo el día 5 de diciembre de 1948, fue de gran importancia, pues quedaron aprobados los «proyectos definitivos», se dice en el Acta del Consejo, incluido el de la Cruz Monumental que había ido mejorando Muguruza sobre el anteproyecto ganador del concurso. La reunión con Franco es trascendental, repito: «S. E. ordena la ejecución de los proyectos y obras a realizar en las distintas secciones que integran el Monumento Nacional a los Caídos». De la Exedra se dice «que siendo deseo de S. E. que ésta sea simétrica respecto al eje de la Cripta, ordena se realicen los estudios necesarios para formular el proyecto definitivo, respetando la roca denominada “El Riñón”, que seguirá emplazada en su lugar actual».

Se acuerda, asimismo, que se haga una maqueta de tamaño natural de los «Juanelos» para colocarla en distintos lugares y comprobar sus perspectivas y proyecciones sobre la Exedra y el monte.

Aclaro que la Exedra es la arquería construida a ambos lados de la entrada principal a la Cripta o Basílica. Esta Exedra, según aprueba el Consejo de Obras, tendrá un acceso a su ático mediante una escalera que se construirá a su costado. Franco indicó que «en cada una de las pilastras que ornamentan el conjunto de la Exedra, se coloque una copa de bronce o hierro».

En cuanto a la Cripta se llegó al acuerdo de que, como está dispuesta hoy, «constara de tres secciones: portal o vestíbulo de acceso, Sala Capitular e Iglesia. El portal comprenderá en su frente anterior la puerta de entrada aprobada por el Consejo; su frente posterior constará de tres puertas gemelas con sencilla decoración románica, colocándose en el semicírculo de sillería que cerrará la bóveda un rosetón en armonía con el resto de la decoración, o una Cruz calada». La roca «El Riñón» fue dinamitada por Diego Méndez en cuanto tomó posesión de su cargo de director de las obras en 1951.

La Sala Capitular constará, a cada lado y en el eje de éstos, de unos lienzos cerrados en arco donde irán con letras de bronce unas inscripciones; a cada lado de éstas se situarán cuatro arcos también con sus respectivas inscripciones; la decoración de toda la sala estará en armonía con las puertas de entrada y de un completo acuerdo con las normas fijadas tan concretamente por S. E. colocándose capiteles y bases de bronce en sus pilastras y distribuyéndose estas conforme con la ordenación indicada por S. E. el Jefe del Estado. Las puertas de acceso a la Iglesia serán también tres, en forma análoga a las del frente anterior y más ricas en decoración en el frente de la Iglesia.

No se pondrán chaflanes en los ángulos de la sala para la mejor colocación de las cuatro grandes estatuas que se proyectan.

La Iglesia constará a cada lado de cuatro capillas destinadas a enterramientos. Éstas tendrán un fondo de seis metros, cuatro de los cuales se utilizarán propiamente para dichos enterramientos, y los dos metros restantes, separados por un muro, servirán para la colocación de altares, cuyos alzados estarán en aquél.

La ornamentación a lo largo de la nave, y a cada lado de la misma, se proyectará formando un «panot» continuo, donde irán gravados en bajorrelieves, a un lado episodios de héroes y, al otro, sacrificio de los mártires; todo ello con las ideas que ha tenido a bien exponer S. E. a base de unos dibujos del señor Kramer.

Para la construcción de los altares de las capillas laterales se tendrá muy en cuenta dotarles de una sencilla decoración y en forma de que no puedan romper la unidad y continuidad de los «panots» laterales.

Una vez aprobados los bocetos de los bajorrelieves por S. E. se llevarán a cabo por los escultores que se designen, la ejecución de las maquetas para el estudio definitivo de su realización en piedra.

Con el fin de llevar los trabajos con un ritmo acelerado, se realizarán las obras dejando sin chapar los recuadros donde han de colocarse los bajorrelieves, que se irán ejecutando separadamente y con toda rapidez por los escultores, sin perjuicio de proseguir los trabajos de otro orden al objeto de poder celebrar culto en la Cripta lo antes posible, una vez terminadas las obras fundamentales.

Han de estudiarse también en el crucero las soluciones indicadas, por S. E. a base de ángeles y columnas, dando la sensación de sostenimiento de la cúpula.

El 20 de noviembre siguiente, Franco visitó el Valle, procedente de El Escorial donde había asistido al funeral por José Antonio Primo de Rivera, como era tradicional desde el traslado de los restos del fundador de Falange Española desde Alicante. Comió en el Valle pero el Acta del Consejo sólo recogió la visita. Muguruza estaba ya muy enfermo. No asistió a la reunión celebrada en El Pardo y tampoco a la siguiente, pero sí a una celebrada el día 19 de enero de 1949. En la siguiente, el ministro Blas Pérez, leyó al Consejo la carta de dimisión del arquitecto, en la que explicaba que «estando las obras en periodo de gran actividad, no puede prestarles la atención necesaria, debido a la enfermedad que padece», proponiendo al Consejo, se encargue al señor Mesa «de la dirección facultativa de los trabajos, designación que se aprueba»; con ello deja la palestra preparada para el combate entre los ambiciosos. Antonio de Mesa y Ruiz-Mateos, era Consejero desde la constitución del Consejo y Consejero Gerente desde la siguiente reunión del mismo. Y aunque parezca imposible, continúan los problemas con el suministro de cemento, ¡en 1949!

El día 15 de marzo de ese mismo año, con Muguruza ya dimitido, el Consejo conoce la última voluntad de Franco sobre la característica de la Cruz Monumental:

Aprobado por Su Excelencia el croquis de conjunto, actualmente se está desarrollando el proyecto, de conformidad con las indicaciones de Su Excelencia:

—Darle mayor longitud a los brazos.

—Colocar sentados los cuatro evangelistas y más próximos al vástago superior de la Cruz.

—Colocar las estatuas de las Virtudes Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza más unidas al conjunto.

—Ampliar la escultura del Apóstol Santiago en forma que llene todo su lugar de emplazamiento. Tan pronto esté terminado el proyecto se someterá a S. E. para su Superior aprobación.

Franco ha sometido el proyecto Muguruza a nuevas modificaciones, y así surge «el calado de la parte central de la Cruz y la colocación de Ángeles en los brazos». En el fondo, Franco no ha encontrado todavía la Cruz ideal.

El día 25 de abril de 1949. Antonio de Mesa presentó al Consejo la liquidación de las obras de perforación de la Cripta «perfectamente terminadas en la parte que fue contratada a la empresa Sanromán S. A.», lo cual no significa que hubiera sido terminada la obra recientemente sino que la empresa presentaba «la liquidación» de las cuentas. Los consejeros Martínez Falero e Iribas se encargaron del examen de dicha liquidación. Al mismo tiempo se procedía a la perforación de las cuatro capillas interiores proyectadas, detrás de las cuales serian colocados los restos de los Caídos, sin distinción de ideologías.

Un paso más, y en la reunión del 15 de junio, el Consejo aprobó el Acta de recepción y liquidación de las obras de la Cripta ejecutadas por la empresa Sanromán, en virtud del contrato firmado el 1 de agosto de 1942. Quedaban pendientes, la decoración del crucero y bóveda de la Basílica.

Parece increíble pero es el Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo quien dará noticia clara de los trabajos en la Cripta a finales de 1948. Los datos fueron ocultados por el arquitecto Diego Méndez, hasta parecer él como único autor de la gran obra. Del archivo que custodia con mimo el Patrimonio Nacional debieron desaparecer, hace muchos años, los numerosos informes que presentó al Consejo el arquitecto director de las Obras, señor Muguruza, así como las copias de los enviados a Franco. Ninguno figura en el archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Según el Patronato, recordaré que a 31 de diciembre de 1948, durante el año se había procedido «a dar fin al revestimiento en obra de mampostería de la cúpula (de la Basílica) previo vaciado de la misma». Doy sólo este dato por cuanto añade algo a la sobriedad de las Actas del Consejo. Pero tendré ocasión de extenderme en lo relativo a 1949, año clave por la dimisión de Muguruza y el nombramiento «bomba» de un triunvirato en el que aparece, ¡al fin!, Diego Méndez.

Seré breve: terminada la carretera de acceso se remataron los perfiles y taludes, «así como el explanado contiguo a la Cripta y Monasterio, habiéndose terminado también el muro de contención inmediato al Viaducto con su balconcillo. Se ha construido la presa de contención del depósito de agua de abastecimiento al Monasterio. En el mismo año (1949), se han iniciado las obras para la construcción del Vía Crucis y pista que debe unir los montículos en que irá instalada cada una de las estaciones rodeando al Monumento».

En relación con el Monasterio se dice que todo «hace pensar actualmente en la próxima entrega del edificio (…) por cuanto se colocó la cubierta y el revestimiento de pizarra, del ala sur, con lo que el edificio queda cubierto de las aguas en su totalidad; se ha dado fin al trabajo de chapado en piedra y ladrillo visto de la fachada principal y posterior de la planta alta, con lo que el edificio queda terminado exteriormente; se han construido noventa celdas y ocho salones destinados a Biblioteca, Salas Capitulares, Refectorios de la Comunidad y colaboradores, colocación de puertas y ventanas del edificio, construcción de siete escaleras de acceso a las distintas plantas; se están terminando las instalaciones de calefacción, fontanería y electricidad; se ha construido el alcantarillado y saneamiento del ala norte del edificio y se han realizado diversos remates de obra en comisas y obra de cantería, aparte de los trabajos de carpintería, ebanistería, encofrado, pintura, escayola, etc.».

Recordaré que tras la dimisión de Muguruza y el nombramiento de Antonio de Mesa como director facultativo de las obras, el día 15 de julio de 1949, se dio cuenta a los Consejeros de la comunicación de la Presidencia del Gobierno «por la que se constituyó dentro del Consejo de Obras del Monumento Nacional a los Caídos una Junta de Dirección presidida por el director general de Arquitectura Francisco Prieto Moreno e integrada por los arquitectos Diego Méndez González y Antonio de Mesa y Ruiz-Mateos, continuando este ultimo como gerente de las obras».

Según Iribas de Miguel, Prieto Moreno fue designado por ser director general de Arquitectura, Mesa por ser gerente de las obras y «Diego Méndez por recomendación de Pedro Muguruza y mía a Franco. (…) El triunvirato no funcionó —según Iribas— porque no coincidían (los tres eran arquitectos) demasiado entre ellos y, muy pronto, en el año 50, Prieto Moreno dijo que no quería saber nada más del Monumento y presentó su dimisión como director de la obra. Entonces Mesa quiso poder intervenir y Diego Méndez le dio poco menos que un papirotazo dándole a entender que era un inepto. Y se quedó Diego Méndez como director único de todo el resto de la obra».

Es desolador, duele en el alma, leer la página del libro El Valle de los Caídos, escrito por Diego Méndez, en su «Resumen cronológico de las obras». Dedica tan sólo unas líneas a la labor de Pedro Muguruza, y una copiosa cronología para su trabajo.

Escribe:

—1940.- Don Pedro Muguruza realiza los primero bocetos de la Basílica y Exedra, que se presentarán en la Exposición Nacional de Arquitectura en el Palacio de Cristal del Retiro.

—1941.- Se inicia la perforación del Risco de la Nava por la empresa Sanromán.

—1943.- Se comienzan las obras del Monasterio, cuyo edificio se destinará después a Centro de Estudios Sociales. Se inician también los muros de contención de la Exedra.

—1949.- Relevo por enfermedad del arquitecto don Pedro Muguruza. Se inicia la actuación de la Junta de Dirección.

El resto lo hizo Méndez, según Diego Méndez.

CAPÍTULO IV

MÉNDEZ: EL ESPLENDOR DE UNA BASÍLICA

Los sucesivos nombramientos del arquitecto Diego Méndez como miembro de la Junta de Dirección de las obras del Valle de los Caídos, primero, y arquitecto-director de las obras, luego, no fueron acogidos con entusiasmo por los ya veteranos consejeros.

En el capítulo anterior he recogido el testimonio de Jesús Iribas de Miguel. La operación llevada a cabo por Méndez estaba a la altura de las maniobras del cuco para defenestrar a sus compañeros de nido. ¿Conocían los consejeros que Méndez pretendía traer hasta el último proyecto de Pedro Muguruza, su maestro y protector? Tan protector que fue Muguruza quien lo introdujo en la Casa Civil del Jefe del Estado mediante el encargo de adaptar el Palacio de Viñuelas, verano de 1939, para residencia temporal del Generalísimo y su familia. Inmediatamente, después, y también por encargo de Muguruza, reconstruyó, restauró y adaptó el Palacio de El Pardo al que se trasladaría definitivamente el Jefe del Estado hasta su muerte.

Toda su carrera discurrió en el campo de la arquitectura restauradora, sin obra original, incluido el Valle de los Caídos realizado sobre el proyecto del genial Muguruza; y fue así, de tal manera, que al ser destituido de sus cargos de arquitecto de la Casa Civil del Jefe del Estado, y consejero de Arquitectura del Patrimonio Nacional, depositó en El Pardo un curioso Documento (Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco) en el que hace relación de sus trabajos en el Patrimonio Nacional. Se titula «Labor realizada por el arquitecto D. Diego Méndez González, en el Patrimonio Nacional desde el año 1939 a 1961», y consta de 23 páginas, tamaño folio, sin márgenes por lado alguno.

Constan los presupuestos de cada una de sus obras, prácticamente de restauración de palacios y edificios del Patrimonio Nacional. No se puede recatar mérito alguno en esta importante labor reconstructora y reparadora; otra cosa diferente es la última línea de su memorial: Monumento Nacional a los Caídos… 1 033 333 127,58 pesetas. O lo que es lo mismo: el Valle de los Caídos soy yo… Carezco de paciencia para enumerar, una por una, las obras de Diego Méndez en el Patrimonio Nacional, pero ¿sólo Diego Méndez, en solitario?

Son llamativas —¿llamativas?—, más bien asombrosas las declaraciones del arquitecto que recoge Daniel Sueiro, en especial su negativa continuada a Franco ¡a Franco!, de cumplir sus órdenes, aceptadas, a regañadientes, al final, pero mediante un reparto de cometidos y responsabilidades entre ambos personajes… De toda la larga entrevista, pro domo sua, se obtiene que Méndez espera su ocasión, prepara sus proyectos desde los años 40 por si le viniera un golpe de fortuna. ¿Es al Jefe del Estado a quien no gustan determinados proyectos, o es a su consejero en asuntos de arquitectura? Recuerden la reunión de Franco con el Consejo, en El Pardo, en el que aprobó los «proyectos definitivos» cuyas obras llevaba adelante un Muguruza con parálisis muy avanzada. Es inexplicable su anotación, tras ningunear a Muguruza, en su libro sobre El Valle de los Caídos, acerca del cual diré algo más adelante. Anota Méndez:

«1950 - El día 6 de enero S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo, optó por el proyecto de Cruz Monumental del arquitecto don Diego Méndez González, quien tras la disolución de la Junta de Dirección se hace cargo de la dirección de las Obras…».

Sin embargo, el punto Primero del Acta del Consejo (de fecha 16 de enero de 1950) dice lo siguiente:

«Por la Gerencia se da cuenta de la visita realizada el día 12 del corriente por S. E. el Jefe del Estado a las oficinas del Consejo que fueron trasladadas al Palacio Real. Allí examinó S. E. los distintos anteproyectos para la construcción de la Gran Cruz Monumental, ordenando que por la Junta de Dirección se proceda a desarrollar el proyecto definitivo a base de las ideas aprobadas en principio y sacara a concurso las obras de la estructura de la Cruz».

Recordemos, otra vez, que la idea de las grandes estatuas de los cuatro Evangelistas y las cuatro Virtudes Teologales vienen de lejos y habían sido aprobadas por el Jefe del Estado, aparte una imagen del Apóstol Santiago que desapareció en la era Méndez. En la base de la Cruz actual hay una hornacina. ¿Para el Apóstol Santiago?

Efectivamente, el fuste y los brazos de la Cruz son una idea de Méndez, pero ¿qué quiere decir el Consejo cuando se refiere a que «S. E. examinó los distintos anteproyectos» y ordenó «a la Junta de Dirección que proceda a desarrollar el proyecto definitivo a base de las ideas aprobadas en principio»? ¿Hubo influencias de Muguruza, de Prieto Moreno y de Mesa? En cuanto a Muguruza, jamás lo sabremos pues a su muerte, su hermano José María y su viuda, Mercedes Peyron Celi, entregaron a Méndez «la mayor parte de los bocetos y planos sobre el Valle que se conservaban en su estudio». De todo este proyecto nunca más se supo. ¿Sirvieron para realizar una bóveda de mosaico contra el sueño, abandonado, de Muguruza, de dejar a la vista gran parte de la roca viva? De haber chapado la Cripta, ¿hubiera sido tan completa como la actual? José María Muguruza, con mucho dolor, declaró que «Diego Méndez es un hombre muy activo, un hombre que vale (…) y mi hermano le confió todo. Pero mi hermano no se hubiera sentido satisfecho de cómo quedó el Monumento: porque ha añadido unas cosas y ha quitado otras».

El nuevo arquitecto-director, nos informa tan escueto que, aparte la aprobación de su Cruz por el Jefe del Estado, «el día 20 de julio sale a concurso público y se adjudica la construcción de la Cruz», a la empresa Huarte S. L., que se convertirá en la reina de las subastas del Valle, siempre la más barata aunque, luego, con las revisiones de precios se suba a la parra. De tal manera que, los 33 661 297,41 pesetas que iba a costar la construcción de la Cruz, terminó costando 114 704 000 pesetas.

Con sus habituales ironía y agudeza, Jesús Iribas de Miguel añade a la noticia inédita un leve toque cáustico:

«Al encargarse Diego Méndez de las obras quiso hacer él el proyecto de la Cruz. Entonces hizo varios dibujos y, un día que estuvimos solos Diego Méndez, Lozoya (el Marqués de) y yo, le insistí en que la Cruz más bonita era la de Corro y que debía inspirarse en ella para hacer la Cruz definitiva. Efectivamente, así fue. Intervenimos un poco Lozoya y yo y él hizo el dibujo de una Cruz que gustó ya mucho a Franco y a todo el Consejo y se decidió que esa Cruz (que por supuesto no calculó él) fuese la definitiva. El 10 de mayo del año 50 salió su ejecución a concurso y se adjudicó a Huarte. El calculista de Huarte era un gran ingeniero: Fernández Casado. Su mujer era una sobrina de Fernández de los Ríos y él no quiso intervenir en una obra que pudiera tener un carácter tan marcadamente político».

Es decir, que la reconciliación tan pregonada por los vencidos en la guerra, era un cuento, un globo, un caldo sin sustancia, una maniobra política para adormecer a la ciudad alegre y confiada.

Sea como fuere e hiciera el cálculo quien dominaba el asunto a la perfección, se inspirase en quien se inspirara, lo cierto es que la Cruz del Valle de los Caídos es de una belleza extraordinaria, suficiente ella sola de justificar una vida dedicada a la arquitectura. Porque no es poco conseguir ese aspecto de ligereza a una Cruz de 150 metros de altura, con brazos de una longitud de 47 metros, y peso de unos 220 millones de kilos. En su construcción se utilizaron 49 millones de metros cúbicos de hormigón, en masa y armado, más la piedra que la recubre, y la lámina de plomo que cubre la parte superior externa de los brazos, por cuyo interior pueden circular dos turismos a la vez, como repetían los periódicos de la época. Aparte, el ascensor que lleva desde la base a los brazos, y que ocasionó siempre muchos problemas, no achacables a los constructores. Otro ascensor sube desde el nivel de la Basílica a la base de la Cruz. Y una nota final de Iribas:

«Los honorarios que cobró Diego Méndez se elevaron a algo más de diez millones de pesetas, si no recuerdo mal. Y entonces él tuvo un gesto, que fue hacer una donación de un millón trescientas sesenta y nueve mil pesetas, para hacer uno de los altares de la Cripta, figurando que era una donación del arquitecto Diego Méndez, con lo cual unía su nombre y su altruismo a la obra».

Pero, vayamos por partes, ya que Méndez logra ser arquitecto-director en diciembre de 1950 y hasta dicha fecha el Consejo tramita y llega a acuerdos de trascendencia. Todavía con el triunvirato al frente de las obras, encontramos en las Actas asuntos de trascendencia como: a 8 de marzo se presenta un «proyecto de reorganización de servicios y obras en el Valle (…) a base de la supresión de la población de obreros penados (los cuales ya han sido retirados del Valle con anterioridad) y el nombramiento de un alcalde regidor»; también el día 10 se acuerda «sacar a concurso los proyectos referentes a la construcción de la Gran Cruz Monumental y del revestimiento interior de la Cripta», y en este día, por primera y última vez en esta segunda etapa de las obras, se habla del cupo de gasolina. Ya no existen los problemas de cemento, de hierro, de electricidad, de carburantes ni de transportes que retrasaron las obras en la etapa 1941-1948. El día 5 de julio, —reitero— se adjudican las obras de construcción de la Gran Cruz Monumental, a la empresa Huarte, «a propuesta del ingeniero Diego Méndez, miembro todavía de la Junta de Dirección de las Obras». Asimismo, y a propuesta también del arquitecto Diego Méndez, «se adjudican las obras de revestimiento interior de la Cripta (primer proyecto parcial) a don Francisco Casas Segarra, por un importe total de nueve millones setecientas veintidós mil seiscientas cincuenta y siete pesetas con dos céntimos». Finalmente, esta Acta número 56 recoge la suspensión de las obras del Vía Crucis, que no proseguirán hasta que Méndez presente su dimisión, y la ampliación de la Exedra. Todo, insisto, corresponde aún al proyecto de Muguruza, excepto la Cruz.

Prieto Moreno, presidente de la Junta de Dirección, director-general de Arquitectura, quizás inspirado por la Superioridad, propone algo sorprendente:

«Que habiéndose aprobado los proyectos principales que constituyen el plan del Monumento y adjudicadas las obras, sería conveniente designar un Arquitecto Director que, dentro de la Junta de Dirección designada por la Superioridad, asuma directamente la responsabilidad de la ejecución de los trabajos».

El ministro de la Gobernación, Blas Pérez, presidente del Consejo, se llevó la propuesta, después de anunciar que daría cuenta de este asunto «a S. E. el Jefe del Estado, el que dispondrá lo más acertado». De julio a noviembre no celebra el Consejo reunión alguna. Y en la sesión del 16 de noviembre el Acta sale por peteneras con un desconcertante artículo primero que dice así:

«Leída el Acta de la sesión anterior se acuerda diferir su aprobación hasta la sesión próxima, con el fin de corregir el apartado séptimo que no expresa clara la idea expuesta por el Consejero señor Prieto Moreno».

Todo clarísimo: Méndez y quien le apadrina, no acepta que sea definitiva la aprobación de «los proyectos principales que constituyen el plan general del Monumento», (el de Muguruza), y, menos todavía, que el arquitecto director «dentro de la Junta de Dirección, asuma la responsabilidad de la ejecución de los trabajos», y que no se salte el plan general con nuevos proyectos o aventuras arquitectónicas.

Por fin, el Acta de la sesión del día 4 de diciembre recoge la solución del problema, disolviendo la Junta que hubiera controlado a Méndez, y nombrando a éste arquitecto-director de las obras del Monumento Nacional a los Caídos. Se cierra definitivamente la etapa austera, ascética de Muguruza, y se abre la del esplendor de la piedra, la imaginería y el colorido de Méndez.

Por lo que fuese, el Acta del 16 de noviembre, ya citada, recoge un balance que parece cerrar un tiempo y abrir otro. Se trata de la cantidad total invertida en las obras del Valle desde sus comienzos, una cifra total en balance, compuesta por 115 000 000 de pesetas «con cargo a la Suscripción Nacional y 50 000 000 de pesetas aportados por la Fiscalía de Tasas, por cuenta del Instituto de Crédito Oficial». De esta cantidad quedaba un saldo de 13 393 277,38 pesetas a favor del Consejo «para atenciones de las obras en marcha». No podemos abandonar aún esta Acta, por cuanto Méndez, todavía como miembro de la Junta de Dirección, informa de la marcha de los trabajos:

«Que el Monasterio está prácticamente terminado», y que sólo se necesitarían 105 000 000 de pesetas «para la total terminación de las obras del Monumento Nacional».

Méndez, según su libro, parece ser el arquitecto-director de las obras del Valle desde el 6 de enero de 1950, cosa que no es cierta como hemos visto a través de las Actas del Consejo, las cuales, leídas y releídas, no contienen la rotunda afirmación que hace en su libro: «Durante este mismo año, el arquitecto-director presenta un proyecto definitivo, que se aprueba, para la construcción de la Basílica».

Bien, para terminar este oscuro asunto, si «durante este mismo año (1950) el arquitecto-director presenta un proyecto definitivo, que se aprueba, para la construcción de la Basílica, debió hacerlo en el periodo comprendido entre el 4 de diciembre, fecha de su nombramiento, y el 31 de diciembre, lo cual significa que tenía preparado el proyecto de antemano. Noticia de esta ampliación se da entre otros proyectos de obra, en el punto cuarto del Acta del día 16 de enero de 1951, tal si fuera algo sin importancia. De ahí que se plantee, junto a obras del Monasterio, el proyecto capital de la ampliación de la Cripta, toda vez que, a petición del mismo Méndez, se habían adjudicado “las obras de revestimiento interior de la Cripta (primer proyecto parcial) a don Francisco Casas Segarra…”, cuando era uno de los tres miembros de la Junta de Dirección, es decir, Triunviro. Fecha de esta adjudicación, el día 5 de julio de 1950. Repetiré fechas y acuerdo siempre que sea necesario para la mejor comprensión del lector».

El proyecto de ampliación aparece en el Acta del día 16 de enero de 1951, en el punto Cuarto, así:

«El Arquitecto Sr. Méndez dio cuenta de la necesidad de proceder a la adjudicación de las obras complementarias referentes a la albañilería, cerrajería, cantería, pintura, ampliación de la Cripta, esculturas, mobiliario para las celdas y aparatos de luz». Y luego de especificar cada una de las obras referidas al Monasterio, se dice:

«En lo relativo a las obras de ampliación de la Cripta, el Consejo acuerda esperar a la terminación de la maqueta en ejecución, para una vez aprobada proceder en consecuencia».

En esta misma Acta de día 10 de enero de 1951, su punto primero da cuenta de un nombramiento que parece haber sido hecho para moderar a Méndez en cuanto afectase a los presupuestos y a su tendencia a la adjudicación de obras sin cumplir los trámites reglamentarios, o lo que es lo mismo, a dedo.

Se trata del nombramiento de don Eugenio Gómez Pereira, quien llevará al céntimo la contabilidad e intervención de las obras del Monumento, y será quien ofrezca el balance final, como veremos luego. Iribas de Miguel escribe respecto a este nombramiento que:

«Don Eugenio ocupaba el puesto no político más importante del Ministerio de Hacienda. Era un señor muy meticuloso y, lo primero que hizo fue informarse a fondo de todos los gastos de las obras, pidiendo toda clase de documentos justificativos. En su primer informe dijo que Muguruza tenía que devolver noventa mil pesetas, porque poco menos que las había robado, ya que no había justificante alguno en las obras que se hicieron al principio. Entonces aquello nos hizo reír a todos y Carrero Blanco dijo que era muy posible que faltaran justificantes porque Muguruza era un señor a quien al comenzar las obras le daban el dinero para el Monumento, se lo metía en el bolsillo e iba pagando los gastos sin preocuparse de más». Y agrega: «La verdad es que desde que don Eugenio entró como Consejero, las cosas cambiaron bastante, porque Diego Méndez había adjudicado muchas obras a dedo».

En resumen, que Franco había nombrado consejero interventor, una especie de hueso de taba, que no tolerará la menor alegría en el gasto. Pero, Méndez, como explica en una entrevista que concedió a Sueiro, convenció a Franco de que la Cripta de Muguruza, 11 por 11 metros, era un túnel. Le dijo:

«Que no se había hecho nada más que un agujero en la Cripta, se había hecho un túnel, un túnel pequeño, de once metros, y, claro, era un túnel, y con un túnel no se podía hacer nada (…) Lo que yo le proponía (al Generalísimo) era aumentar aquello cuatro veces más, es decir, en lugar de once metros por once, hacerlo de veintidós por veintidós. Y, claro, en un túnel abierto, ensancharlo es una faena tremenda. Y peligrosa (…) Y para ampliar tuvimos que macizar otra vez todo el túnel abierto».

Parece, por lo que cuenta, que le costó convencer a Franco de su proyecto de ampliación, por lo cual queda demostrado que no fue Franco quien dijo que aquello parecía un túnel, o que aquello parecía el Metro, durante una visita realizada a la Cripta en noviembre de 1949. No es cierto, como se afirma en un pasaje del libro citado que «las obras de ampliación de la Cripta al doble de sus dimensiones iniciales se adjudicaron el 20 de junio de 1950 a Francisco Casas Segarra» puesto que lo que se adjudicó a esta empresa, a petición de Méndez, era «el revestimiento interior de la Cripta (primer proyecto parcial)».

Sigo con la Cripta y la empresa Casas, encargada del revestimiento interior del «túnel». El día 22 de mayo de 1951 (Acta número 62) aparecen unos pagos, a expensas de la intervención del señor Gómez Pereira, a varias empresas, entre las que figura Francisco Casas con 2 268 255,66 pesetas. El día 25 de junio se aprueba una relación de pagos, en la que figuran cuatro a favor de Francisco Casas, por valor de 529 821,55, y en el capítulo de «certificaciones pendientes de señalamiento», 518 214,36 pesetas. A Casas se le había señalado, con fecha 17 de febrero anterior, una liquidación con posterioridad a diciembre de 1950, por valor de 1 338 424,69 pesetas, con adelanto del 30 por ciento de esa cantidad. Ello demuestra que Casas estaba trabajando en el revestimiento de la Cripta desde 1950.

En el mes de noviembre de 1951 se agotan los fondos de la Suscripción Nacional. El Consejo aprueba «solicitar el ingreso (en su cuenta del Banco de España) de los veintiocho millones de pesetas restantes de la Suscripción Nacional en poder del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional». Este año se cerrará con dos noticias fundamentales para el Valle: la aprobación del presupuesto que había presentado el escultor Juan de Ávalos —que aparece de sopetón en el Acta del 13 de diciembre—. Son 9 000 000 de pesetas para la construcción de una Piedad (la que hoy figura sobre la puerta de la entrada principal de la Cripta), cuatro estatuas representando a los Evangelistas, y otras cuatro que representan a las Virtudes Cardinales, «que colocarán para ornamentación de la Cruz monumental», tal como se había previsto con anterioridad.

Se deja constancia de que en el contrato que se suscriba «se tenga en cuenta la posible modificación de los trabajos y las reglamentarias revisiones de precios». Por el Consejo no hubo inconveniente alguno. Al contrario, aparte los tira y afloja sobre alteraciones del presupuesto, al igual que se hacía con el resto de las obras. El pique posterior entre arquitecto y escultor fue, ni más ni menos, que un ataque de celos, porque, ¿encogería el ánimo esa Cruz gigantesca sin los Evangelistas? ¿Provocarían tanto entusiasmo los Evangelistas sin la Cruz de la que parecen surgir? Creo que es una simbiosis perfecta la que se logró mediante el perfeccionamiento de diversas ideas y que llevaron a la práctica, Méndez y Ávalos.

Dando un pequeño paso atrás me refugio en el Acta del día 17 de noviembre, que recoge una reunión del Consejo celebrada en El Pardo con el Jefe del Estado. Es la prueba definitiva de que las obras de ampliación de la Cripta se aprobaron a finales de 1951, y no en 1950 como afirma Méndez en su libro.

El Acta dice: «S. E. (El Jefe de Estado) examinó las maquetas para la decoración interior de la Cripta acordándose que en parte de la nave destinada a los enterramientos, en las Capillas laterales, se amplíe la sección transversal, siendo la bóveda de cañón seguido, y rebajando el pavimento lo preciso para que la clave, elevándose poco sobre la cota actual, resulte un arco concéntrico con el resto de la nave».

También se trató, «brevemente» el problema económico y se llegó a la conclusión de «estudiar la solución que resuelva definitivamente este asunto». Cuando terminaron las obras de «ornamentación» de la Cripta, realizadas por Huarte, el 31 de agosto de 1954, la nave tenía «una longitud total de 262 metros y una altura máxima en el crucero de 41 metros; el vestíbulo, el atrio y un espacio intermedio no sobrepasan los 11 metros de anchura que se duplica hasta alcanzar los 22 metros en la gran nave y en el crucero»; según informó Méndez a Sueiro.

Sin embargo, el arquitecto cuenta en su libro que en 1951 «se inicia la construcción para las obras de la Cruz» y, en 1952, «se inician las obras de ampliación del hueco de la Basílica».

En la reunión con Franco, celebrada en El Pardo, ocurre un hecho que demuestra el propósito del Jefe del Estado de que el Monumento Nacional a los Caídos no cueste ni una sola peseta al Tesoro Público. Y, así fue, en efecto, puesto que, como he dicho, se había agotado el dinero de la Suscripción Nacional. Entonces, en la reunión del día 17 de noviembre de 1951, se decidió estudiar la posibilidad de que los beneficios de un sorteo extraordinario de la Lotería Nacional fueran dedicados a las obras del Valle: y se eligió el día 5 de mayo de cada año, después de varios encuentros con el ministro de Hacienda. Según Iribas de Miguel, los primeros años se recaudaron de treinta a cuarenta millones de pesetas, y en los años posteriores la cifra fue mucho mayor. Y prosigue: «No se presionó, pues, a ningún contribuyente a que diera absolutamente ni un céntimo para la construcción del Monumento». Lo cierto es que todo creció al doble, menos los presupuestos que crecieron al triple o al cuádruple, y grandes artistas llenaron la Cripta de obras de arte… Pero ésta es otra historia que contaré en un capítulo posterior.

Para sorpresa de los investigadores, las Actas del Consejo no se hacen eco de ninguna de las ceremonias que jalonaron la inauguración del Valle, ni la Consagración de la Basílica… Nada, absolutamente nada. Pero, para asombro de los que estaban en la pomada, Diego Méndez presentó su dimisión de los cargos de arquitecto-director de las obras y consejero, el día 11 de diciembre de 1963. El anuncio de la dimisión se deja para el punto quinto del Acta. Dice así:

«S. E. el Sr. Presidente del Consejo dio cuenta de la dimisión presentada por el arquitecto-director D. Diego Méndez González y de haberle sido aceptada por la Superioridad. A propuesta del Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura, el Consejo tomó el acuerdo de nombrar arquitecto-director, para sustituir al dimitido, al arquitecto consejero gerente, don Antonio de Mesa y Ruiz-Mateos».

No se le agradecen, como es de rigor, los servicios prestados. Pero el desaire tiene precedente en la prohibición del Consejo a que Diego Méndez publique un libro sobre el Valle de los Caídos.

Con fecha 6 de junio de 1963 —seis meses antes del anuncio de su dimisión—, «se acuerda comunicarle al Señor Méndez que la publicación del libro es asunto que incumbe al Consejo de las Obras a cuyo efecto debe remitir dicho libro para que la ponencia designada, integrada por los señores Corral, Oliver, Iribas, García-Lomas y Mesa puedan informar al Consejo acerca de su publicación».

El Consejo quizás temía que Diego Méndez se dejara llevar por su egolatría y escribiera un libro tendencioso, atribuyéndose la obra entera del Valle de los Caídos, con olvido del autor de la idea y del proyecto general de Pedro Muguruza y de todos los que dieron lo mejor de sí en la etapa llena de problemas y estrecheces económicas.

El libro publicado en 1982 —muerto Franco y desaparecido el Consejo— prueba que los temores estaban bien fundados. Lo cierto es que, con su espantada, Diego Méndez no terminó las obras del Monumento Nacional a los Caídos. Este cometido lo llevarían adelante Antonio de Mesa Ruiz-Mateos y Ramón Andrada. Sin quitarle mérito alguno a Méndez.

CAPÍTULO V

¿QUIÉNES ERAN?

En éste y en los cuatro capítulos siguientes quedará sentado documentalmente «quienes eran» los reclusos que trabajaron en el Valle para reducir sus penas por el trabajo y ganarse honradamente la vida al igual que cualquier otro obrero español de la época. «Cuántos eran», o cuántos fueron, y «cómo vivían», es decir cual era el régimen de vida, el trato recibido, los días festivos, las vacaciones que les correspondían anualmente como trabajadores que eran, a cuanto ascendían los salarios, sus pagas extra del 18 de julio y Navidad y todos los beneficios sociales que impulsó el ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco.

¿Se les alimentaba convenientemente? Serían asuntos increíbles de no constar, todo ello, en documentos oficiales, ocultos en su mayoría, hasta el momento, debido a la desidia de los historiadores y, otros, publicados en aquellos años y que tampoco han merecido la atención debida. Hay que acudir, en primer lugar, a la legislación, estudiada con detenimiento por el jurista don Francisco Hispan Contreras; luego, a las decisiones políticas del Patronato, siempre a favor de los penados procedentes de nuestra guerra; más tarde, a unas estadísticas oficiales relativas a la población penal cuya disminución, en pocos años, convirtió a España en la nación con menos reclusos del mundo. Son datos incontrovertibles, demostrativos de que el Régimen de Franco no mantuvo una gran masa de presos para su beneficio, compartido con las empresas, político, social y económico.

Otra cosa falsa es la que han mantenido y lo han pregonado a los cuatro puntos cardinales, el antiguo profesor Nicolás Sánchez-Albornoz Aboín, cabeza y promotor de los odios al Valle de los Caídos, con su distinguido alumno Daniel Sueiro, y de los que ha sido corifeo, entre otros muchos, el profesor norteamericano Stanley G. Payne, siempre dispuesto a ganar una peseta a costa de la credibilidad de una derecha iletrada y pastueña, incapaz de distinguir el plomo de la plata, y que se extasía tradicionalmente ante los nombres extranjeros. Este último historiador llega a la cúspide del disparate al afirmar que el Valle de los Caídos fue construido por batallones de penados políticos y que se trata de la obra más importante del régimen de Franco. No se ha molestado en investigar, pero así son sus libros.

Ahí, por ejemplo, en las páginas 473 y 474 de sus celebradas 40 preguntas fundamentales sobre la Guerra Civil Española, que si fueran fundamentales las preguntas, muchas de las respuestas son la aceptación, sin reserva alguna, de las mentiras de los historiadores y periodistas actuales del Agitprop.

Escribe: «En los primeros años de la posguerra casi no hubo oposición violenta al nuevo régimen y la poca que existió se reprimió con absoluto rigor. La pena capital no se aplicaba a los delitos políticos como tales, pero sí se condenó a muerte a quienes se consideró culpables de traición, “rebelión militar” o delitos políticos violentos (una categoría bastante ecléctica teniendo en cuenta que el país acababa de salir de una guerra)».

¿Quién inspiró al ilustre hispanista tamaños disparates? ¿Se ha parado a pensar que no fallecieron de muerte natural los ocho mil sacerdotes, religiosos y religiosas y los doce Obispos, ¡tantos como el número de Apóstoles!, y un administrador apostólico, o los que se encuentran bajo la tierra sagrada de Paracuellos del Jarama?, o los enterrados al borde de las carreteras, o en el fondo de pozos, o bajo las aguas de la bahía de Santander o frente a los acantilados de Cartagena… Cientos de miles de homicidios, asesinatos, violaciones, estragos, torturas en las checas y en las cárceles, hurtos, robos en domicilios particulares y en centros oficiales y religiosos, destrucción de parte del patrimonio artístico nacional… y ni un solo delito grave, según el «hispanista» norteamericano.

Peor lo que sigue: un desconocimiento total, absoluto de la legislación penitenciaria española, e ignorancia universal acerca del trabajo de los presos de guerra, los Destacamentos Penales, el Servicio Militar de Puentes y Caminos de Cataluña, las Colonias Penitenciarias Militarizadas y los Batallones Disciplinarios: el abc para un investigador:

«Un Decreto de 9 de junio de 1939 estableció la reducción de las penas por el trabajo hasta en un tercio de su duración. Durante la guerra, los prisioneros de ambos bandos solían ser condenados a realizar trabajos forzados, como ocurrió, por ejemplo, en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, organizados cuando la guerra ya estaba terminando y en los que se integraban aquellos soldados republicanos considerados “políticamente responsables”, aunque éste también fue el destino de los nacionales con delitos a sus espaldas. En aplicación de las nuevas disposiciones, el 8 de septiembre se anunció la creación de varias “Colonias Penitenciarias Militarizadas” para cooperar en la reconstrucción del país, y a las que, en general, iban a parar quienes hubieran sido condenados por delitos leves, que, además, eran recompensados por su trabajo. Muchos de los proyectos que se llevaron a cabo en la inmediata posguerra lo fueron gracias a los trabajos forzados, sobre todo en Marruecos y Aragón; el más importante fue el Valle de los Caídos, cuya construcción se anunció el 1 de abril de 1940, primer aniversario del fin del conflicto».

Sepa todo el mundo, pues, que los grandes proyectos del régimen de Franco se hicieron en Marruecos y Aragón mediante trabajadores forzados, autores de delitos leves, y que la obra más importante de este tiempo fue el Valle de los Caídos. Así escriben la Historia quienes la ignoran.

Cuando revele cómo vivían los reclusos en el Valle de los Caídos comenzaré por explicar las diferencias entre unas y otras agrupaciones de trabajadores reclusos cuyo fin era la reducción de las penas por el trabajo, el sostenimiento material de ellos y sus familiares y, cómo no, la realización de obras públicas allá donde era imposible encontrar mano de obra libre; y la reconstrucción de pueblos y ciudades, como Guernica, por citar la más famosa políticamente. Fruto de toda esta confusión interesada, reitero, es, por ejemplo, la reciente polémica sobre la cárcel de Carabanchel (Madrid), derribada para construir viviendas sobre el solar resultante. Enseguida se recurrió a que había sido construida por presos políticos forzados a trabajar.

Un recorrido por las Actas de las reuniones de la Junta del Patronato demuestra la falsedad de la campaña. Es muy significativo lo mal que se informa a la vicepresidenta del Gobierno desde la Unidad de Apoyo, situada en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y sea por interés o dejadez, doña María Teresa Fernández de la Vega deja hacer, deja pasar y deja confundir. Pasemos, primero, por la extraordinaria Hemeroteca municipal de Madrid. Allí se encuentra la colección del semanario «Redención» (también en la biblioteca de la Dirección General citada), en cuyo número correspondiente al 19 de abril de 1941 —primera página, y dentro de un gran recuadro—, podemos leer el anuncio siguiente: Título: «Obras de la nueva prisión de Madrid». Y abajo: «Concurso de auxiliares técnicos y obreros reclusos. Sólo podrán concursar los sentenciados a penas no superiores a 20 años; se requieren arquitectos, ingenieros en sus diversas especialidades, aparejadores titulados, topógrafos, dibujantes y delineantes de arquitectura, y contables». También requiere el anuncio reclusos maestros y encargados de obras, desmontistas, poceros, oficiales, ayudantes y peones de albañilería, portlantistas, canteros, carpinteros de armar especializados en encofrados, carpinteros de taller, cerrajeros de obra gruesa, ferrallistas, pavimentadores, fontaneros, vidrieros, fumistas, electricistas y pintores.

Los reclusos que quisieran concursar debían rellenar un impreso adjunto al anuncio en el que constase nombre y apellidos, condena y oficio, especialidad, prisión en que se encontraba y declarar si trabajaba actualmente en alguna obra con derecho a asignación familiar, patronos o empresas con las que había trabajado y dirección de los mismos. Fecha y firma.

Trabajar en aquellas circunstancias, digan lo que se diga, aunado a la reducción de las penas por el trabajo y la legislación benevolente era una bicoca, un privilegio para los condenados a penas inferiores a 20 años como exigía el concurso. Prueba indiscutible: en el Acta del Patronato, correspondiente al día 14 de mayo de 1943, hay una anotación que dice: «Aparejador de la Dirección General de Prisiones solicita 425 reclusos para las obras de la nueva prisión de Madrid por haber sido puestos en libertad otros tantos». Luego, a 18 y a 25 de mayo, la Comisión de arquitectos solicita que continúen trabajando en las obras dos reclusos liberados. Y el 28, nueva petición de la Comisión de arquitectos en solicitud de 148 reclusos trabajadores «ya que, como consecuencia del Decreto de libertad condicional son puestos otros tantos en libertad». Es decir, que en diez días, quedaron en libertad 573 reclusos que redimían pena por el trabajo en la construcción de la prisión de Carabanchel. Prácticamente había transcurrido un año desde el comienzo de las obras. Al final, hubo que recurrir a los presos comunes.

Pero ¿qué había ocurrido? La Ley, que no Decreto, de 30 de marzo de 1943 concedía los beneficios de la libertad condicional a los condenados a penas que no excedieran de 20 años por un delito de rebelión militar en cualquiera de sus formas, cometidos entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. A partir de esta fecha y hasta finales de año fueron puestos en libertad más de 20 000 reclusos, lo cual producirá una auténtica revolución en la composición de los Destacamentos Penales y Colonias Penitenciarias Militarizadas, donde los reclusos con penas más elevadas comienzan a llegar en aluvión.

De esta manera podemos comenzar a perfilar el tipo de recluso trabajador que se incorpora al Valle de los Caídos a finales de mayo de 1943. El día 23 de abril de ese mismo año, se ha producido la primera concesión de reclusos trabajadores.

Son penados a los que, por informes desfavorables, no les alcanzan los beneficios de la libertad condicional, condenados a veinte años y un día, condenados a treinta años y conmutados de pena de muerte, siempre que en sus condenas «los delitos que la motivaron no posean características de morbosidad criminal que les hagan verdaderamente monstruosos».

Creo que la historia de los reclusos trabajadores en Cuelgamuros se divide en tres periodos que responden a la pena por el delito cometido. Coincide con tres disposiciones fundamentales, que cierran el problema penitenciario derivado de nuestra guerra. Me refiero al Decreto de Indulto Total que alcanzará a los exiliados, con las excepciones que serán permanentes e inalterables en nuestra legislación hasta el 30 de marzo de 1969 en que un Decreto Ley de la Jefatura del Estado proclame la prescripción de todos los delitos, aún los más monstruosos, caso Santiago Carrillo y Paracuellos del Jarama, Aravaca, Torrejón de Ardoz y Rivas-Vaciamadrid, por ejemplo.

Insisto en que a finales de mayo y mediados de junio de 1943 comenzaron su labor los tres Destacamentos Penales que trabajarán en Cuelgamuros hasta finales de 1949. Estos primeros reclusos trabajadores de treinta y cinco a casi cincuenta años de edad son los restos de los condenados a penas de hasta 20 años, con informes desfavorables para acogerse a los beneficios de la libertad condicional o aún no han cumplido los requisitos exigidos por la legislación vigente. Entre ellos figuran también condenados a 20 años y un día y conmutados de la última pena, libres de delitos de sangre. Casi todos ellos son de profesiones de pico, pala y azada, capaces de trabajar como peones, albañiles y ayudantes, unos cuantos mineros de profesión que continuarán la perforación de la Cripta, atravesando el Risco de la Nava, hasta que en 1948 fueron sustituidos por mineros libres, un puñado de canteros, y algunos reclusos de profesiones liberales o militares, «enchufados», que redimirán en las oficinas de los Destacamentos y las empresas.

Ninguno de los penados ignora que por el trabajo logrará, en principio, redimir la mitad de la pena, que cobrará un jornal, como peón en unos casos, y como especialista en otros, y que gozará de los beneficios sociales, al igual que los trabajadores libres. El Patronato sólo les exige, puesto que son voluntarios, buena conducta, disciplina y un ritmo de trabajo similar al de los obreros libres de su mismo oficio y categoría profesional. También, como trabajadores, disfrutarán de una sobrealimentación. En capítulo posterior expondré todo ello con el detenimiento que merece. Adelantaré que el Patronato debió hacer una selección muy rigurosa entre los reclusos pues en el Valle de los Caídos nunca se produjeron desórdenes, actos de indisciplina colectiva, huelgas de hambre o de trabajo o plantes políticos de cualquier otro tipo, precisamente en los años más difíciles del régimen de Franco. Y las fugas o los intentos de fuga, minoritarios, nunca tuvieron intencionalidad política o propagandística excepto en el caso de Manuel Lamana y Nicolás Sánchez-Albornoz, a los que encontrarán en el capítulo «Una historia con historietas».

El filtro fue triple: las Juntas de Disciplina de las Prisiones; el fichero Fisiotécnico y la Inspección Central de Destacamentos. No en balde se trataba de la construcción del Monumento Nacional a los Caídos, la obra espiritual predilecta de Franco.

Por otra parte, existía una exigencia legal: tenían preferencia a trabajar los de menor condena, en todos los casos, excepto si las empresas solicitaran trabajadores de una especialidad que sólo existía entre los reclusos con penas superiores.

Por el Servicio Fichero Fisiotécnico conozco el número de reclusos y sus profesiones, que fueron seleccionados y destinados durante 1943 a Destacamentos Penales, incluidos los tres del Valle de los Caídos:

—Jornaleros: 3981

—Albañiles (oficiales y peones): 1242

—Mamposteros: 78

—Canteros: 97

—Pintores: 42

—Mineros 264

—Carpinteros: 336

—Mecánicos: 94

—Especialistas (ingenieros, topógrafos, etc.): 38

—Forjadores, herreros, ajustadores, etc.: 65

—Contables y escribientes: 62

—Electricistas: 48 Total: 6347

Es decir, que este número corresponde a todo el año 1943, y no significa que todos hubieran sido llamados al mismo tiempo para crear nuevos Destacamentos. Una gran parte cubrieron las bajas originadas por las libertades condicionales. En el capítulo siguiente revelaré el promedio, por mes y año, de reclusos que trabajaron en las obras del Monumento Nacional a los Caídos. Adelantaré que en este medio año de 1943 la cifra oficial es la siguiente:

—Destacamento de la Carretera de acceso al Monumento: 125

—Destacamento del Monasterio: 140

—Destacamento del Monumento a los Caídos: 250

Total: 515

Jamás se volverá a alcanzar la cifra de 500, cantidad que, según don Pedro Muguruza, eran necesarios permanentemente para terminar las obras a su tiempo.

Allí se juntaron extremistas del PSOE (los menos) de la CNT-FAI, del PCE, miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, creadas por Santiago Carrillo, que se distinguirían durante la guerra por su carácter criminal, suma crueldad y fidelidad perruna a Stalin. La adscripción política de estos reclusos era un secreto a voces, pues, todos entregaban los testimonios de sentencia a los funcionarios de prisiones al llegar al Valle. El dato no influía, sin embargo, en los derechos reconocidos por las leyes; eso sí, eran penados que llegaban a redimir pena para reinsertarse en la sociedad y estaban obligados a respetar el contrato aceptado voluntariamente.

Llegado a este punto, algún lector argüirá que no eran legales las sentencias dictadas por los Tribunales Militares que les habían arrebatado injustamente su libertad. Nada más lejos de la realidad, como vimos en su momento. Un ejemplo definitivo: la Sala 5.a del Tribunal Supremo (la que entiende de asuntos militares), dictó el día 21 de septiembre de 2006 un Auto denegando a los familiares de Peyró Belis el ejercicio de la revisión de su proceso, debido a la falta de «pruebas indubitadas» o de «conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado».

Peyró Belis, ministro de la República, extraditado a España en 1942, fue juzgado por un Tribunal Militar, condenado a muerte y ejecutado. Los familiares del exministro alegaron ante la Sala 5.a del Supremo, como argumento propiamente jurídico, la falta de legislación aplicable a la conducta del condenado. Pero la Sala del Supremo, —no se olvide que en el año 2006—, consideró que Peyró Belis conculcó el Bando de la Junta de Defensa Nacional de 28 de julio de 1936, el cual unificó los bandos dictados hasta esa fecha por las nuevas autoridades que sometió a la jurisdicción de guerra el delito de rebelión.

Mi buen amigo Francisco Hispan Contreras me proporciona en apoyo del auto citado los razonamientos jurídicos siguientes:

El Bando de la Junta de Defensa no hace más que seguir el ejemplo de lo que había hecho la República a partir del 14 de abril de 1931 con el delito de rebelión, esto es, considerar que el sujeto pasivo del mismo ya no es el Rey, los Cuerpos Colegisladores o el Gobierno legítimo, como establecía el primitivo artículo 237 del Código de Justicia Militar de 1890, sino «la Constitución del Estado Republicano, el Presidente de la República, etc…».

El Bando de la Junta de Defensa Nacional, al ratificar la declaración de guerra, está proclamando la ilegitimidad de las autoridades republicanas dadas sus reiteradas conculcaciones de la legalidad vigente que habían culminado con el asesinato de uno de los jefes de la oposición, José Calvo Sotelo, llevado a cabo por funcionarios gubernamentales, algunos uniformados, y todos, incluidos los pistoleros de la escolta del dirigente socialista Indalecio Prieto, ocupando vehículos oficiales.

Es natural que si se penaliza el delito de rebelión mediante el Bando de 28 de julio de 1936, el sujeto pasivo de tal delito sean ahora las autoridades del Nuevo Estado, las cuales siguieron aplicando las Leyes y Cuerpos legales que habían estado vigentes en un periodo republicano pero ningún intérprete de tales normas dudó en considerar que las referencias se entendían hechas a las instituciones del Nuevo Régimen que había sustituido al anterior; tampoco ningún jurista dudó de que la referencia que el artículo 1.o del Código Civil hizo, durante varias décadas, a la «Gaceta», como periódico oficial, donde debían publicarse las leyes, se entendía hecha al Boletín Oficial del Estado, como hoy precisa ya el artículo 2.o del propio Código.

El Decreto del Presidente provisional del Gobierno de la República, de 2 de junio de 1931, reconoce el carácter de norma jurídica de los Bandos, en cuanto dispone en su artículo 4.o que «cuando en el territorio declarado en estado de guerra, los Capitanes Generales dicten los Bandos que estimen oportunos en uso de las facultades que les conceden las leyes… los procedimientos jurídicos que se instruyan por delitos comprendidos en dichos Bandos…».

El verano de 1943 es pródigo en acontecimientos a favor de los presos trabajadores condenados por delitos cometidos durante la guerra. El verano no es óbice para que se reúna el sábado 17 de julio una comisión que deberá aprobar 200 expedientes de libertad condicional que se consideran urgentes… En otras sesiones veraniegas se aprobaron millares de libertades, al tiempo que, por vez primera, se van anunciando centenares de conmutaciones de penas de muerte. En la primera de las hechas públicas, el Patronato hace constar en Acta su agradecimiento al Gobierno por las medidas de gracia, que se prolongarán a lo largo de 1944.

Según el Acta de fecha 27 de julio, el Patronato es informado oficialmente de su reforma por dos Ordenes ministeriales que publica esa misma mañana el B. O. E. Destaca la creación de una Comisión Permanente «para imprimir una mayor rapidez a la tramitación de los asuntos que le están encomendados». El Patronato aprovecha inmediatamente esta Comisión Permanente para solventar una ponencia encargada a los consejeros Padre Torrent y los señores García Cernuda y Méndez que ampliará a límites inconcebibles los beneficios de la redención por el trabajo. La ponencia se presentó, fue aprobada el día 10 de agosto y se publicó el día 19 del mismo mes en el Boletín Oficial de la Dirección General de Prisiones. Insisto que se trata de la disposición más generosa y revolucionaria que pudo concederse, exclusivamente a los condenados desde veinte años y un día hasta treinta años, por graves delitos no comunes cometidos entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939.

Según esta disposición, los que redimían su pena por el trabajo, físico o intelectual, dentro o fuera de los Establecimientos Penitenciarios, se clasificaban, a efectos de redención, en dos grupos: los que trabajaban con derecho a retribución y los «destinos» y los reclusos que redimían por el esfuerzo intelectual.

Los primeros, los que redimían en Destacamentos Penales o en Colonias Penitenciarias Militarizadas, tendrían derecho, según fuera su comportamiento y rendimiento en el trabajo bueno, muy bueno y extraordinario, a dos, cuatro y seis días condonados por cada uno trabajado.

Para el resto de los reclusos citados, la condonación por día «trabajado» sería —y así fue— de dos, tres y cuatro días.

En el caso de los reclusos que trabajaron en los Destacamentos la calificación fue encargada a los jefes de las empresas, con el visto bueno de los funcionarios de prisiones, con lo cual se ensanchaba la vía de redención. A ningún empresario o funcionario le interesaba tener descontentos a sus reclusos contratados, sino al contrario.

El Patronato acordó así mismo «que en ningún caso pueda sancionarse a los reclusos con la pérdida de la redención que hubiesen logrado, dándose a éste acuerdo efecto retroactivo». Estos acuerdos son un «maná» para los reclusos trabajadores del Valle, dos meses después de su llegada a Cuelgamuros. Pronto, la mayoría de ellos serán clasificados como muy buenos, y bastantes de extraordinarios. El Patronato, que por su importancia preside ya el ministro de Justicia, aunque delegue en el director general de Prisiones, que no disfruta de vacaciones, en el verano de 1943, se dispone a dar una interpretación libérrima al apartado 5.o del artículo 4.o de la Orden ministerial de 14 de diciembre de 1942, a favor, una vez más, de los penados procedentes de la guerra: «Los beneficios de la redención de la pena por el trabajo (…) tendrá la virtualidad y alcance de extinguir totalmente tantos días de condena como sean los redimidos», a fin de lograr la libertad definitiva.

Este verano y otoño de 1943, primeros meses, insisto, de la labor desarrollada por los tres Destacamentos en el Valle, es pródigo en beneficios para los reclusos, cuyas filas se enflaquecen o engordan al empuje de las libertades condicionales concedidas a millares. Es fácilmente comprensible que el Patronato se vea «obligado» a autorizar la redención de pena por el trabajo a los condenados a más de veinte años y un día, y conmutados de última pena, sin llegar aún a los condonados por delitos de sangre tipificados como monstruosos. Pero la ocasión llegará en pocos años. La redención por el trabajo a los presos comunes comenzará en febrero de 1944. Son tantas las facilidades para la redención que el Patronato puede proclamar que «el ritmo acelerado de la libertad condicional adquirió su máximo a partir del mes de abril de 1943, habiéndose concedido hasta el 21 de diciembre 57 549 libertades condicionales»; un auténtico terremoto en las nóminas de los Destacamentos, pero la auténtica «revolución» se producirá en 1944, a partir de la aplicación del Decreto de fecha 17 de diciembre de 1943, publicado en el B. O. E. el 23 de diciembre, en coincidencia con la Navidad, lo que «nos induce a extender generosamente los preceptos legales de perdón en días tan señalados como éstos en que la Iglesia Católica va a conmemorar el nacimiento del Redentor de los hombres, del Padre de todos los que sufren y llenos de amor se acercan a Él», según la explicación de motivos del Decreto, que en su parte dispositiva extendía los beneficios de la libertad condicional a los condenados a penas de veinte años y un día hasta treinta años. Este Decreto marca el final del primer periodo de la estancia de reclusos trabajadores en Cuelgamuros, una vez puestos en libertad los de condenas inferiores.

Este Decreto, modificado por el de 26 de octubre de 1944, sumado a las generosas redenciones de penas por el trabajo citadas, serán las disposiciones que pondrán punto final al problema penitenciario derivado de la Guerra Civil, una vez aplicado el Decreto de Indulto Total de 9 de octubre de 1945. El Decreto de 17 de diciembre establecía la ampliación de los beneficios de la libertad condicional a los condenados a veinte años y un día, por delitos de rebelión militar cometido entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, siempre que el Patronato elevara propuesta individual, y el penado reuniera las condiciones siguientes:

—Que la sentencia sea de veinte años y un día de reclusión mayor.

—Que hayan observado buena conducta durante el tiempo de privación de libertad.

—Que en la sentencia no aparezcan como responsables de homicidios, crueldades u otros hechos análogos, ya en concepto de ejecutores o autoridades que los ordenasen.

—Que se hayan cumplido cinco años de condena, o si redimieron pena por el trabajo, que la redimida, sumada al tiempo que lleven en prisión, alcance el total de cinco años.

El artículo segundo del amplía estos beneficios a los condenados a más de veinte años y un día de reclusión mayor por el mismo delito de rebelión militar, que reúnan las condiciones citadas, más «condiciones de salud, extraordinario comportamiento u otros méritos sobresalientes (que) aconsejen al Patronato la formación de propuesta (de libertad condicional)».

También podrán ser propuestos, sin limitación de condena, «los sacerdotes, religiosos, militares y afiliados a F. E. T. y de las J. O. N. S. o a las Fuerzas Políticas integradas en el Movimiento Nacional, condenados por delitos no comunes, que por su conducta ejemplar, ausencia de malicia o extraordinarios servicios prestados a la Patria, a juicio del Patronato sean dignos de obtener tal concesión».

Nadie dudó de que el peso de la justicia y la benevolencia de los gobernantes eran iguales para rojos y azules.

Conscientes del ritmo creciente de las libertades condicionales, el Patronato aprueba una serie de medidas con vistas a 1944 que se preveía de gran descenso en el número de reclusos, un salto cuantitativo que se ha traducido en cifras espectaculares si las comparamos con la de 7 de enero de 1940, 270 719, y aún con la de 2008, cuya población total alcanza hoy los 70 000 reclusos. A finales de 1943 la cifra de reclusos era de 40 000, por delitos comunes y no comunes.

El Patronato es incansable en su política benevolente antes de finalizar 1943. Así, pocos días más tarde de la publicación del Decreto de 17 de diciembre, acuerda el día 21 «que a todos los condenados a veinte años por delito de rebelión a quienes se les haya denegado la libertad condicional por informes desfavorables, se les conceda la libertad condicional con destierro»; es decir a 250 kilómetros de donde se cometió el delito o de su residencia habitual, algo parecido a lo que hoy se intenta hacer con los homicidas etarras. Meses antes, el 31 de julio, una Orden ministerial había humanizado la pena de destierro, al perfeccionar el «sistema con la función postcarcelaria, incorporando al Nuevo Estado a los liberados condicionales con plenitud de derechos políticos y su derecho al trabajo, ampliando de esta forma una exigencia de política social».

El día 9 de noviembre el Patronato llega a un nuevo acuerdo de gran trascendencia con vistas al Decreto que se promulgará el 17 de diciembre. Por este acuerdo, todos los reclusos condenados por delitos de rebelión militar, cometidos entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, a penas comprendidos entre 20 años y un día y 30 años, ambos inclusive, quedan autorizados a redimir por el trabajo. Por este acuerdo se crean nuevas maneras de redimir y aún se pretende excitar el ingenio de los directores de las prisiones para inventar nuevos medios de redención. Unos años más tarde, la Junta del Patronato tuvo que solicitar aclaraciones, con buen humor y fina ironía, al director de la prisión de Valencia, para que explique cuál es la labor del recluso vigilante del «retrete de p. menor» a fin de poder concederle redención por el trabajo…

Todo parece bueno para libertar a los condenados por delito de rebelión, y dentro del cual se encuentran numerosos artículos de los Códigos Militar y Penal común, los de la República, aún vigentes, y que serán reformados en 1944.

Como primera medida comienzan a trabajar en el Valle los condenados por delitos muy graves. Ya ha sido publicado el Decreto de 17 de diciembre y el Patronato continúa su labor. Ahora les llega el turno a los presos comunes. Así, el Acta del 28 de diciembre contiene el acuerdo siguiente: «Pedir a todos los Establecimientos Penitenciarios una relación nominal de los reclusos penados por delito común que tienen oficio especial a efecto de que en su momento oportuno puedan sustituir en el trabajo a los condenados por motivos políticos».

Nadie se asombre por esta calificación de «presos políticos» —insisto— tan frecuente en las Actas del Patronato Central para la Redención de las Penas por el Trabajo, pero jamás aparece en documentos o disposiciones oficiales, es como una calificación coloquial, como la de «delito posterior» (al 1 de abril de 1939), sin más trascendencia. Otro tanto ocurre con la expresión «oficio especial», pues los presos comunes trabajaron en idénticos oficios, en su mayoría peones, que los «políticos» procedentes de nuestra guerra.

Un paso más antes de terminar 1943. El día 31 de diciembre se acuerda «que puedan trabajar en las obras de la Nueva Prisión de Madrid los reclusos condenados por delito común que sean especialistas (sic)», sin que se nos explique, tampoco en este caso, de qué especialidades se trata. En fin, que entre libertos, presos comunes y obreros libres, que los hubo, y muchos, queda poco de la leyenda de la cárcel de Carabanchel, al igual que de las múltiples del Valle de los Caídos, gran parte de cuya primera expedición de reclusos trabajadores que formaron los tres Destacamentos llamaron pronto la atención por su disciplina y entusiasmo.

Antes de que oigamos a Gregorio Peces-Barba del Brío explicar las facilidades dadas a los reclusos para lograr la libertad condicional, comprobaremos que, en tres meses, los obreros del Valle fueron premiados con redenciones extraordinarias sustanciosas.

En la noche del 6 de septiembre se produce un incendio forestal, provocado o espontáneo, en Cuelgamuros. Pues bien, según el Acta correspondiente al día 14 del mismo mes, se «propone al Gobierno el abono de seis meses de redención extraordinaria a favor de los reclusos siguientes: Francisco Suárez Feliu, Agustín Buenache Castilla, José Salgado Luengo, José Bravo Criado, José González Llorede, Ernesto Navarro Prieto, Miguel Salas Castro-Verde, Guillermo Barón Martínez, Juan Antonio López González, Prudencio Pérez Pascual, Marino Tato Colmenarejo, Manuel Prieto García, Florentino Llana Martínez, Simón López Córdoba, Juan Navarro Matabueno, Sixto Moreno, Constantino Vivar Molina, Miguel Rueda Contreras, Juan Solomaudo Muñoz, Pedro Martín-Morales, Juan Trejo Delgado, Francisco Peña Ruiz, Florentino Moreno López, Evaristo Cabanillas Ponce, Eugenio de la Torre Roldan, Vicente Ríos Campillo, Julián Bautista López, José Torres de la Cruz, Juan Toledano López, Pedro Romero Pacheco, José María Ciria Denforí, Miguel Gómez López y Tomás Orte Álvaro». También acordó el Patronato proponer (que tratándose del Patronato era igual a conseguir) dos meses de redención extraordinaria para los restantes reclusos «que tomaron parte en la extinción del incendio producido dentro de la finca en que están enclavadas las obras, debiendo enviar (los funcionarios de prisiones de los tres Destacamentos) relación de estos últimos, anotando en el expediente cada uno de los interesados en dicho acto».

Un regalo para todos los reclusos del Valle, al que se sumarán quince días por la festividad de Nuestra Señora de la Merced y otros quince por el aniversario, el 1.o de octubre, de la exaltación del Generalísimo a la Jefatura del Estado. Es cierto que alcanzaban estos beneficios a todos los presos que redimen pena por cualquier concepto, pero también lo cierto es que, a 25 de noviembre, el Patronato acuerda conceder otro mes de redención extraordinaria, esta vez solo a los reclusos trabajadores del Valle de los Caídos.

Este nuevo regalo «a los reclusos que trabajan en el Destacamento penal de Cuelgamuros (El Escorial)» responde a «la magnífica labora que realizan y el gran rendimiento de trabajo de los mismos». Disposiciones y «regalos» me confirma que a finales de año ya han conseguido la libertad condicional los reclusos trabajadores del Valle de los Caídos condenados a penas de hasta 20 años y que se disponen a conseguir este beneficio los condenados a 20 años y un día a treinta años que han ido cubriendo las bajas de los de menor pena. ¿Qué existen excepciones? Sin duda alguna. Sin embargo, el Patronato no está dispuesto a consentir excepciones. De tal manera que, a 21 de diciembre, acuerda que «todos los condenados a 20 años por delito de rebelión, a quienes se les haya denegado la libertad condicional por informes desfavorables, se les conceda la libertad condicional con destierro».

Con el nuevo año, 1944, se anuncia la creación, dentro de las prisiones, de Comisiones de Investigación y Revisión de Penas, cuyos efectos se notan inmediatamente. En Madrid se distingue pronto un capitán del Cuerpo Jurídico Militar, José Solís Ruiz, que con el tiempo desempeñaría los cargos de delegado nacional de la Organización Sindical y ministro secretario general del Movimiento. En habilidad política, Felipe González sería un torpe remedo del antiguo capitán del Cuerpo Jurídico.

Sea como fuere, las libertades condicionales concedidas durante 1944 ascendieron a 20 000, aproximadamente, con relación a delitos cometidos durante la guerra y a 2500 a reclusos de fuero común. Y en cuanto a los reclusos trabajadores fuera de las prisiones su número descendió hasta una media aproximada de 13 000 mensuales, sin que se puedan dar cifras exactas por la movilidad de los trabajadores debido a las libertades condicionales. Hay un dato incontrovertible: durante 1944 se cerraron 23 Establecimientos Penitenciarios.

Es lógico que el aumento de días condonados por día trabajado, el Decreto de 17 de diciembre, la entrada de presos nuevos en los Destacamentos y las Comisiones de Investigación y revisión de Penas afecte profundamente a los reclusos del Valle de los Caídos.

Un somero repaso a la labor de esta Comisión en el Valle ofrece estos datos curiosos:

Juan Solano Muñoz, natural de Don Benito, de 42 años de edad, ferroviario, su pena de 30 años fue conmutada por la de 20 años y un día.

Ambrosio Peña Gómez, natural de Fuente Laencina, de 34 años de edad, de profesión campesino, su pena fue conmutada por la de veinte años y un día de reclusión mayor.

Manuel Prieto García, natural de Villar, de 46 años de edad, minero de profesión, su pena fue conmutada por la de veinte años y un día.

Francisco Fuertes González, natural de Ollero de Saberos, de 29 años de edad, de profesión minero, su pena fue conmutada por la de doce años y un día de reclusión mayor.

Luis Valdés Figaredo, natural de Mieres, de 40 años de edad, fogonero de profesión, su pena fue conmutada por la de veinte años y un día.

Máximo Alcalde Andrés, natural de Castejón de Henares, de 51 años de edad, calero de profesión, su pena le fue conmutada por la de 20 años y un día.

Tomás Mejías Martínez, natural de Higueras de Vargas, de 32 años de edad, labrador de profesión, su pena le fue conmutada por la de 20 años y un día.

José María Ceria Denfort, natural de Fornes (Granada), de 47 años de edad, panadero de profesión, su pena le fue conmutada por la de veinte años y un día.

Antonio Martín Núñez, natural de El Pardo (Madrid), de 30 años de edad, de profesión jornalero, su pena le fue conmutada por la de veinte años y un día.

Constante de la Torre Casado, natural de Morata de Tajuña (Madrid), de 37 años de edad, mecánico de profesión, su pena le fue conmutada por la de 20 años y un día.

Andrés Moya Martínez, natural de Bienservida (Albacete), de 39 años de edad, guardia de asalto, su pena le fue conmutada por la de veinte años y un día.

José Altemir Bellosta, natural de Crecenzana (Huesca), de 43 años, agricultor, su pena le fue conmutada por la de veinte años y un día.

Guillermo Martínez Herrero, natural de Lezuza (Albacete), de 35 años de edad, jornalero, su pena le fue conmutada por 12 años y un día.

Antonio Costa Nicolás, natural de Fraga (Huesca), de 39 años de edad, jornalero, su pena de 30 años le fue conmutada por veinte años y un día.

Si seguimos cronológicamente el transcurso de 1944, nos encontramos en junio con el anuncio del nuevo Código Penal que reconoce en su articulado la redención de pena por el trabajo y el esfuerzo intelectual, entre otros asuntos beneficiosos para la población reclusa. El nuevo Código Penal entrará en vigor en febrero de 1945. Sustituirá al de la República, vigente hasta aquella fecha.

En este mismo mes, junio, se informa, cosa poco habitual, de la visita de Franco a las obras de la Cripta del Valle de los Caídos. Según esta información, el Jefe de Estado conversó con los reclusos trabajadores y se interesó, muy especialmente, por la calidad de la comida que recibían. Y el 17 de julio Franco pronuncia un discurso en la reunión del pleno del Consejo Nacional del Movimiento, que aclara quiénes eran los reclusos calificados de «políticos» que, procedentes de la guerra, redimían pena dentro y fuera de las prisiones: «La cifra de los reclusos que cumplen condena como principales responsables de los asesinatos y desmanes rojos se eleva a 22 989, cifra algo superior a 20 000, que es, aproximadamente, la normal que alcanzan los penados comunes». Esta calificación explica perfectamente el perfil de los reclusos trabajadores que redimen pena, con muchas facilidades, en el Valle de los Caídos.

Antes de lo señalado por Franco, en el mes de abril habrá obtenido la libertad condicional un abogado que será enemigo del Generalísimo, aún después de la muerte del Jefe de Estado. Me refiero a Gregorio Peces-Barba del Brío, juez militar durante la guerra, con agarraderas inexplicadas (¿masón?), padre del también Abogado Gregorio Peces-Barba, que saltó de un bufete político tolerado por el régimen de Franco, donde lo de menos eran los pleitos, a la ponencia redactora de la Constitución de 1978, con regalo de la Cátedra y Rectoría Vitalicia de la Universidad roja «Carlos III».

Un inciso. En el bufete de los Peces-Barba —una fuente de información sectaria— bebía con frecuencia José Antonio Novais, como responsable de «Le Monde» en España, antiguo afiliado a la centuria falangista Baldías, de Madrid, y siempre falangista, lo que no ocultaba ante los amigos de confianza, como el autor de este libro, o su alter ego, Emilio González Navarro, que permaneció fiel al Régimen, hasta el final de sus días. El odio de Novais a Franco respondía —según el periodista— a la presunta negativa del Caudillo a llevar a la práctica la revolución contenida en la doctrina de Falange Española.

Quizás la peripecia penal de Gregorio Peces-Barba del Brío sea el ariete que derribe esa acusación de falta de generosidad de Franco «hacia los vencidos», tal si los vencidos sólo fueran los que cometieron delitos —muchos gravísimos— durante la guerra. Una vez más voy a recurrir a la comunicación presentada en el Congreso celebrado en la Universidad San Pablo CEU entre los días 22 y 24 de noviembre de 2006; comunicación de la que he sacado el máximo provecho en estas páginas. La editorial Actas ha editado recientemente las ponencias y comunicaciones presentadas en dicho Congreso. La peripecia penal que contó el señor Peces-Barba está recogida en el contradictorio libro de Daniel Sueiro sobre el Valle de los Caídos, con raíces en la Causa General.

Lo recogido en la comunicación y lo comentado dice así:

«Quizá el más conocido de los integrantes de los Destacamentos de reclusos de Cuelgamuros fue Gregorio Peces-Barba del Brío, que también es entrevistado por Daniel Sueiro, y disfrutó de todos los beneficios a que nos estamos refiriendo. Pero será mejor que sean sus propias palabras las que lo pongan de manifiesto: “Recibo la noticia de la conmutación de la pena de muerte el día de la Lotería de 1942… En el Valle… los penados tenían la posibilidad de que sus familiares los visitaran… eso permitió que mi mujer estuviese viviendo en casa de uno de aquellos jefes del grupo… el señor Becerra; con él estuvieron mi mujer y mi hijo… yo estuve en el trabajo de las oficinas… ya se sabía que normalmente cada año salía algún indulto aplicable a las penas de 6 años, a las penas de 12 años y un día, a las penas de 20 años… mi libertad condicional llegó en abril de 1944… me fui a buscarla a caballo a San Lorenzo de El Escorial, acompañado por el oficial de prisiones que se encargaba del correo”».

Como él mismo confiesa a Sueiro: En 1942 se le conmuta la pena, en 1944 obtiene la libertad condicional y en diciembre de 1945 lo admite el Colegio de Abogados de Barcelona entre sus miembros. No obstante se queja de que hubiera rechazado su admisión el Colegio de Madrid, olvidando que quizá algún familiar o allegado de aquéllos a quienes juzgó podría considerar excesivo que ejerciera, como Letrado, en la ciudad en donde participó en la imposición de poco ejemplares sentencias.

En la Dominación roja en España (Causa General), ultimada en diciembre de 1943 por el Ministerio de Justicia, al frente del cual estaba Eduardo Aunós, se reproduce, la «Causa instruida contra el Soldado Vicente Espallargues Sospedro» que se presenta en el libro como «ejemplo del sistema de encubrimiento judicial de asesinatos en el Ejército del Frente Popular».

Aparecen fotografiadas tres declaraciones: la del jefe del Batallón, la del capitán accidental de la Compañía y la del comisario político. El jefe del Batallón declara que tenían sospechas de que el soldado intentaba pasarse al enemigo «ignorando como ocurrieron los hechos porque no se hallaba presente». El capitán accidental manifiesta que «después de haber tenido conocimiento del hecho fue al lugar del mismo viendo en las alambradas el cadáver del soldado Vicente Espallargues que tenía un orificio de una bala en la parte de la nuca» y que no cree, por estos motivos, que haya sido víctima de una venganza personal, «sorprendiéndole que el soldado intentase pasarse al enemigo pues no había sospechado en él nada anormal y hasta incluso tenía depositada su confianza». El comisario político, se limita a manifestar que después de la muerte se han recibido informes del pueblo del soldado diciendo que «era desafecto al régimen».

Pues bien, con estas pruebas el Tribunal, presidido por Gregorio Peces-Barba del Brío, considera que el sargento, autor del asesinato, ha obrado en cumplimiento de su deber, por lo que a tenor de lo dispuesto en los artículos 395 y 396 del Código de Justicia Militar «acordamos la terminación de este procedimiento sin responsabilidad personal alguna». Con arreglo a los artículos citados por Peces-Barba, procedería el archivo de las actuaciones si de las diligencias practicadas no resultan indicios de delito sino que se trata «sólo de un accidente o siniestro», es decir, el tiro en la nuca lo considera el Presidente del Tribunal como un mero accidente.

A Peces-Barba se le juzga y se le impone la pena de muerte. Es ésta la importante diferencia cualitativa que existe entre la represión de uno y otro bando. No es imaginable que un condenado por los Tribunales del Nuevo Estado, mediante una orden de traslado —de las que firmaban Serrano Poncela u otro subordinado del doctor Santiago Carrillo— fuera «extraído» de la cárcel y transportado a una fosa similar a las de Paracuellos o Torrejón.

En el mes de octubre se produce otro gran incendio forestal en Cuelgamuros. Esta vez el Patronato es aún más generoso que en el anterior y concede ¡dos años!, de redención extraordinaria a los reclusos que se distinguieron en las labores de extinción: Basilio Ayllón López, Carlos Cruañez Moregíes, Francisco Díaz Heras, Telesforo Espinosa Llavaría, Juan Jiménez Cuenca, Ramón Martín Gutiérrez, Antonio Molina Piñeiro, Manuel Montero Sebastiano, Teodoro Navacerrada Redondo, Lázaro Monzón Hernández, Blas Ortiz Carrascosa, José Palominos Civantos, Manuel Prieto García, Urbano Rico Perales, Francisco Rufián Cano, Eugenio Sánchez Díaz, Eladio Sánchez Gutiérrez, Manuel Sáez Peña, Cipriano Sanz Cotena, Federico Torres Climent, Enrique Torrella Corral, Enrique Verdú Fegeró y Juan Rubio Díaz.

Termina 1944, el del comienzo de la intervención de los presos comunes en los Destacamentos Penales, —no por ahora en el Valle de los Caídos—, aunque los tres Destacamentos de Cuelgamuros no podrán zafarse en años venideros de la necesaria presencia de los reclusos comunes, que contra lo que afirman testigos de flaca memoria, comenzaron a llegar a comienzos de 1946, tras la aplicación del Decreto de Indulto Total de 9 de octubre de 1945, (BOE de 20 de octubre). Lo dispuesto por el Decreto vacía Establecimientos Penitenciarios, Destacamentos Penales y Colonias Penitenciarias Militarizadas de reclusos que habían cometido delitos graves, pero que «no habían tomado parte en actos de crueldad, muertes, violaciones, profanaciones, latrocinios u otros hechos que por su índole repugnen a todo hombre honrado, cualquiera que fuere su ideología».

Quede claro el asunto para quienes se llenan la boca con la mentira de que el Valle ha sido construido por presos políticos. El Decreto citado no dice que el indulto se concede a seres inocentes, a «republicanos» condenados por sus ideas políticas, sino a los motivos que recoge la parte expositiva del Decreto de Indulto Total. Son los siguientes:

Al iniciarse el décimo año de la exaltación del Caudillo a la Jefatura de Estado, excarcelados ya, en virtud de las disposiciones de libertad condicional y redención de penas por el trabajo, el 90 por 100 de los que fueron condenados por su actuación en la revolución comunista, y encontrándose en el extranjero fugitivos muchos españoles incursos, tal vez, en menores responsabilidades que los presos ya liberados, el Gobierno, consciente de sus fuerzas y del apoyo de la nación, se dispone a dar otro paso en el camino de la normalización progresiva de la vida española.

Más es ineludible para hacerlo distinguir entre los que lucharon arrastrados por la pasión política y los que dirigieron y excitaron las masas al crimen o cometieron actos que repugnan a cualquier conciencia honrada.

Pero resultando la separación entre unos y otros imposible, si se parte de la común calificación de rebeldes en que todos pretendieron ampararse, es preciso atenerse, para la discriminación apuntada, a los distintos hechos que las respectivas sentencias declaran probados.

Por ello, el Gobierno quiere adoptar, con un amplio criterio de generosidad y justicia, una medida que permita reintegrarse a la convivencia con el resto de los españoles a quienes delinquieron inducidos por el error, las propagandas criminales y el imperio de gravísimas y excepcionales circunstancias.

El indulto total de la pena impuesta o que procediera imponer, «se concede a los responsables de los delitos de rebelión militar contra la seguridad interior del Estado o el orden público, cometidos hasta el 1.o de abril de 1939 y definidos en los Códigos de Justicia Militar, Penal de la Marina de Guerra o Penal común, vigentes en aquella fecha…»; es decir los de la República, con las excepciones que no son nuevas pues están incluidas en la legislación anterior, tal el Decreto de 17 de diciembre de 1943.

El Decreto de Indulto Total fue firmado por Franco y el ministro de Justicia, Raimundo «Fernández De Cuesta», —una errata leve en el apellido de quien fuera primer secretario general de Falange Española con José Antonio Primo de Rivera—, ofrece a los exiliados la oportunidad de regresar a España, si sus delitos no quedaran fuera del indulto por su excepcionalidad.

También alcanzaba el indulto —artículo 5.o— a «los delitos conexos e incidentales, de los comprendidos en el artículo 1.o, que sean un medio natural frecuente de preparar, realizar o favorecer el delito». ¡Y qué delito! Recuerden el brevísimo «Capítulo de horrores» con que se inicia este libro.

El diario «Madrid», un ejemplo de moderación e inteligencia en manos de Juan Pujol, al comentar el Decreto de Indulto Total, pone el dedo en la llaga de la sociedad española de 1945, ensangrentada por el Frente Popular, y acosada en aquellos años por los maquis y terroristas urbanos del PCE y el invisible cerco internacional, y dice: «Lo que ocurre es, simplemente, que unos millares de criminales de derecho común están hoy “camuflados” como delincuentes no comunes, por la sola razón de haber formado en las filas Rojas, en las checas comunistas (y socialistas, añado yo), o entre los terroristas al servicio de la subversión, y haber sido, en consecuencia, condenados como “rebeldes”. Pero en las respectivas sentencias condenatorias están recogidos los crímenes que cometieron y no podrán ampararse en el calificativo de “rebeldes” para librarse de la pena que merecen».

El comentario se titula El último Decreto de indulto. Aclaraciones necesarias. Sólo se equivocó «Madrid» en el calificativo. Estos reclusos no serán calificados en el futuro de «rebeldes» sino de «presos políticos», o aún mejor, de luchadores por la democracia. No, no serán revisadas sus sentencias para no llenar de vergüenza, si quedara, y de horror a la sociedad española. No, el diario «Madrid» adivina el «todos a la calle», el «coladero penal» construido pacientemente por Franco empecinado en una reconciliación nacional, que años después de su muerte la izquierda legisló imposible. No, no «tragó» el diario «Madrid» que denunció el borrón y cuenta nueva, inexplicable en aquellos años por el embajador de los Estados Unidos en España. Parecía que el profuso cuerpo legislativo penal pro reo había cegado el cauce de generosidad del Estado.

Sin embargo, pocos días después del indulto total se publicó otro Decreto, de fecha 26 de octubre, que modificaba, mejor dicho, suavizaba más aún las condiciones para lograr los beneficios de la libertad condicional a los condenados a 30 años, por cuyos delitos no les alcanzaba el indulto total. Parece una obviedad, pero no es así, porque el Patronato explicaba en 1949 que se «seguirán aplicando los beneficios de la libertad condicional que regula el Decreto de 17 de diciembre de 1943, modificado por el de 26 de octubre de 1945, disposiciones que han constituido el mayor avance posible en la materia, habiendo quedado virtualmente finalizado lo referente a los delitos cometidos con ocasión de la Guerra Civil» ¡1949! Último año de la existencia de los Destacamentos en el Valle de los Caídos. No engaña el Patronato en su dedicatorio al Jefe del Estado en su Memoria correspondiente a 1945: «En los momentos en que se liquida totalmente el problema penitenciario creado por la rebelión marxista gracias a vuestro Decreto de Indulto Total y a las ampliaciones de los beneficios que las leyes generosas de libertad condicional señalan para los reclusos el sistema de redención de penas por el trabajo (…) En este año se han incorporado los presos comunes (…) en los talleres instalados en los Establecimientos Penitenciarios, en las Granjas o los Destacamentos Penales» con las mismas «ventajas sociales concedidas al trabajador libre».

¿Qué tipo de delincuentes van quedando en los tres Destacamentos que operan en el Valle de los Caídos al iniciarse la tercera y última etapa? Por el Decreto de indulto salen hasta los que han cometido delitos conexos e incidentales, e irán acogiéndose a los beneficios de la libertad condicional y hasta indultos particulares los que cometieron delitos más graves. Por ejemplo, los comprendidos en las «normas penales» aplicadas por los Tribunales Militares, grupo 2.o, apartado A, números 3.o, 4.o y 5.o, que con agravantes o sin circunstancias, suponían la pena de muerte, conmutada en muchos casos —tal ocurriría a gran número de reclusos del Valle a partir de la aplicación del indulto total—, o reclusión perpetua, con atenuantes —caso, asimismo, de los citados reclusos—. Comprobemos que, como afirmaba el diario «Madrid», no eran nada de rebeldes, ni «presos políticos» o «luchadores por la democracia», sino autores de delitos tipificados en el Código Penal común, conforme a las «Normas Penales» aplicadas en su tiempo; delincuentes que han cometido delitos que repugnan a todo hombre honrado sin distinción de ideología, ni más, ni menos.

Las Normas Penales a las que me acabo de referir son las siguientes:

3.o Los que con propósitos de perturbar el orden público, atemorizar a los habitantes de una población o clases o sectores determinados de la misma, o de realizar venganzas o represalias de carácter social o político, cometieran alguno de los delitos definidos en el artículo 411 (parricidio), 412 (asesinato), 413 (homicidio), 421 (castración), 423 N.o 1.o (lesiones de imbecilidad, impotencia o ceguera) y 431 (violación) del Código Penal ordinario.

4.o Los que sistemáticamente y por iguales móviles a los consignados en el apartado anterior, se hicieron reos de alguno de los delitos tipificados en los artículos 422 (mutilación), 423 N.o 2 o 3 (lesiones graves) y 432 (abusos deshonestos), del indicado Código Común.

5.o Los que de la misma forma sistemáticamente e idénticos móviles, hicieron a las personas de derechas objeto de tormentos o tratos inhumanos, injuriándolos de obra o privándoles de la alimentación indispensable.

Recuérdese: pena de muerte, sin atenuantes o sin circunstancias, y reclusión perpetua con atenuantes. Y recuérdese, también, las millares de conmutaciones de última pena por la inferior de 30 años. Por ello, no faltó a la verdad el inspector central de Destacamentos, el inteligente e incansable Gerardo Pajares Lastra. Dijo al ministro de Justicia, Raimundo Fernández Cuesta, en su visita al Valle de los Caídos, en junio de 1947: «Todos estos penados tienen conmutada la pena de muerte por la de 30 años…». Debo aclarar que a los que se refería Pajares Lastra era a los penados procedentes de nuestra guerra y no a los libertados, que se «reenganchan» tras la libertad condicional ni a los presos comunes, ni a los escasos «posteriores». Todos —una pequeña parte— de conmutados de última pena. El resto, la mayor parte, comunes, y algunos, libertos…, en junio de 1947. Todo encaja cuando se pone buena voluntad y se investiga alejado de cualquier sectarismo político.

Se ha restado importancia, cuando no ocultado, la presencia de cientos de penados comunes en los Destacamentos Penales, incluidos los del Valle de los Caídos, donde jamás hubo presos políticos, ni trabajos forzados. Con estos penados de fuero común se tropieza uno frecuentemente en las Actas del Patronato y expedientes de fuga o sanciones. Es tan importante esta presencia que las mismas Actas del Patronato son una prueba constante de que, sin penados comunes, los Destacamentos hubieran tenido que ser sucesivamente suprimidos, por falta de reclusos trabajadores a finales de 1946.

¿Fue tan elevado el número de penados comunes en los Destacamentos Penales? Sin duda alguna, sí, como veremos en el capítulo siguiente. Ya en 1945, casi al comienzo de las autorizaciones a presos comunes y «posteriores» a redimir pena mediante el trabajo en Destacamentos y Colonias Penitenciarias, me refiero —insisto— a 1945, observo que en todo este año el Patronato concedió un total de 953 autorizaciones, 625 de las cuales correspondían a reclusos comunes. Otro tanto obtengo del Acta de la reunión del Patronato celebrada el día 12 de agosto de 1946; se trata de un Acta cogida al azar: De un total de 49 autorizaciones para trabajar en Destacamentos, 39 son a presos comunes. Ni una vez, tan sólo, encontraré ya autorizaciones para redimir pena por el trabajo a reclusos procedentes de la guerra fuera de las prisiones.

Cerraré este largo, pero necesario capítulo, con las afirmaciones siguientes:

1.o Los reclusos que comenzaron a trabajar en el Valle de los Caídos —junio de 1943— redimían pena de 20 años y un día a 30 años, excepto un pequeño número de casos. Luego llegaron los conmutados de pena de muerte, en vigor en toda Europa, con gravísimos delitos de sangre.

2.o Que a partir del Decreto de Indulto Total, de 9 de octubre de 1945, solamente fueron quedando en el Valle de los Caídos los reclusos trabajadores condenados por alguno de los delitos tipificados en el Código Penal de la República, como hemos visto en las Normas Penales aplicadas por los Tribunales Militares. Junto a ellos, algunos liberados que habían solicitado continuar trabajando en las obras y comunes con penas superiores a los dos años.

3.o Que a partir de 1946, se eleva rápidamente el número de reclusos trabajadores del fuero común, que producen una gran movilidad en los Destacamentos Penales, incluidos los de Cuelgamuros.

4.o En los tres Destacamentos del Valle de los Caídos, jamás hubo presos políticos, es decir, de conciencia, opinión o afiliación, sino autores de delitos gravísimos tipificados en el Código Penal de la República; que los que fueron recibiendo los beneficios de la libertad condicional, los consiguieron gracias a la redención de la pena por el trabajo.

5.o En agosto de 1947 los reclusos procedentes de la guerra que redimían en Destacamentos Penales, incluidos los tres del Valle de los Caídos, o dentro de las prisiones, eran solamente los conmutados de la última pena.

Es decir, que jamás hubo presos políticos en el Valle de los Caídos, lo diga Stanley G. Payne, su maestro Preston, sus saltimbanquis epígonos, o Rafael Torres y su academia marxista.

Los testimonios de sentencia de cada uno de los reclusos del Valle son prueba irrefutable de lo que he afirmado.

Esos antiguos reclusos trabajadores del Valle de los Caídos que se desgañitan en las televisiones, los periódicos y libros deberían comenzar mostrando sus sentencias, y agradecer, inmediatamente después, no haber sido ejecutadas como era de Justicia.

Que comiencen enseñando sus Testimonios de Sentencias —reitero— y, luego, comenzaremos a charlar.

Y, ¡ojo con los comunes!

CAPÍTULO VI

¿CUÁNTOS ERAN?

Como en todo lo referente al Valle de los Caídos, historiadores, investigadores y políticos se dejan llevar por la fabulación y las grandes cifras. Es natural, pues, al tratarse de una obra «faraónica», —la calificación corresponde a ellos—, imaginar ante la majestuosidad del Monumento un hormiguero de operarios, cual millares de esclavos egipcios, trasladando bloques de granito; otros, tallando la piedra; los más, colocándola; nutridos retenes perforando la montaña día y noche, sacando de sus entrañas gigantescas moles de piedra más dura que el acero, entre el restallar del látigo de los capataces y el grito ahogado de los que van muriendo en los desprendimientos de rocas, la inanición, el agotamiento y las terribles enfermedades…

Y no parecen querer bajarse del jumento. Después de todo estamos en una época en la que no es necesario pensar. Todo lo dan pensado, bajo la sombra tutelar del Gran Hermano.

Sueiro, siempre Sueiro, lanzó la primera piedra, bajo su irresponsabilidad, por supuesto:

«A finales del año 1943 estaban trabajando en Cuelgamuros unos seiscientos penados, sacados de diversas prisiones». Y, luego, por si saltara la réplica con la cifra exacta, la culpabilidad para los diarios: «al menos ésa fue la cifra mencionada por algunos periódicos…».

Sueiro no había consultado la colección de Memorias anuales editadas por el Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo, pues, en la correspondiente a 1943, figuran en un cuadro magnifico todas las obras en que intervienen Destacamentos Penales y el número de reclusos contratados en cada una de ellas. El cuadro señala que comenzaron a utilizarse tres Destacamentos en el Valle de los Caídos en 1943, pero no indica la fecha. Sueiro oscurece este capítulo, de tal manera, que los lectores creen que los Destacamentos comenzaron a actuar en el Valle a partir de 1940. Con ello inició la ceremonia de la confusión, no sólo en lo relacionado con el Valle de los Caídos, sino con la entera legislación penitenciaria y la labor del Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo, manual o intelectual.

El cuadro citado corresponde exclusivamente a la labor que realizan los Destacamentos Penales, no a las Colonias Penitenciarias Militarizadas y al Servicio Militar de Puentes y Caminos de Cataluña, aunque el personal de ambos proceda también de los Establecimientos Penitenciarios civiles dependientes de la Dirección General de Prisiones. En el anexo documental el lector puede comprobar el número de reclusos trabajadores y la importancia de las obras en las que los reclusos intervenían voluntariamente.

Antes de ir revelando, año por año, cuántos eran los reclusos trabajadores en Cuelgamuros, negaré lo que, sin demostración por su parte, escribe Sueiro:

«Campesinos, obreros, militares profesionales, artistas, literatos, miembros de las profesiones liberales, militantes políticos de todas las tendencias van acogiéndose a la liberación que supone la posibilidad de trabajar en las numerosas Colonias Penitenciarias (¿militarizadas?), que funcionan en el país…».

¿Cuántos literatos, militares profesionales, artistas de la farándula, el pincel o el escoplo? ¿Cuantos miembros de las profesiones liberales, militantes políticos de todas las tendencia? ¿Cuántos?, porque de las profesiones liberales, de los militares profesionales da el periodista menos de una docena de nombres en el Valle, y bien alejados del pico, la pala, la barrena y el palustre. Claro que, de esta manera, poco a poco, conduce al lector al lavado de cerebro definitivo, una vez «demostrado el dispendio de capitales, que podrían haberse aprovechado en asuntos materialmente provechoso y rentables». Pero a este párrafo, que ha encandilado a multitud de historiadores, incluido el jesuita García de Cortázar, añade:

«El coste en otro aspecto, mucho más importante, aunque seguramente tan inevitable, y que se menciona en este lugar sólo en honor de una imprescindible coherencia en el relato de esta historia; el coste en vidas de los hombres que, en sucesivas y continuas contribuciones, y en número próximo a los 20 000, entregaron el esfuerzo de su trabajo a las sesenta y cinco empresas de muy diferente entidad que a lo largo de cerca de 20 años se dedicaron a levantar el monumento, es otro capítulo confuso dentro de esta difícil contabilidad…».

Pasa luego a analizar «esta difícil contabilidad», que calcularon entre seis y ocho accidentes mortales, antiguos reclusos trabajadores; en catorce muertos, el doctor Lausín, «que estuvo al frente de la modesta enfermería del Valle de los Caídos durante todo el tiempo que duró su construcción (sic)» y el practicante, señor Orejas, que «sube la cifra a dieciocho muertos». Diego Méndez, «el segundo arquitecto-director de las obras del Monumento Nacional a los Caídos, en su fase más larga y laboriosa (sic)», parece que declaró a Sueiro «que no se produjeron más que cuatro accidentes mortales; parva aunque dolorosa contribución a una empresa que requirió millares de brazos y millares de jornadas de dura brega». Y un dato final, definitivo, apabullante, proporcionado por los antiguos reclusos trabajadores al novelista-periodista: «Todos coinciden en el dato de que la Cruz se levantó sin una sola victima». Gracias a Dios.

¡Asombroso! En el capítulo correspondiente he demostrado que la construcción de la Cruz comenzó en 1951, es decir, dos años más tarde de que el último recluso (Miguel Rodríguez), abandonara el Valle de los Caídos.

La cifra más citada respecto al número de muertos es dieciocho. Pero ¿cuántas muertes corresponden a reclusos trabajadores y cuantas a obreros libres, ni siquiera a libertos? ¿Cuántas se produjeron desde junio de 1943 a comienzos de 1950, y cuántas de 1950 a 1958, fecha en la que habían finalizado las grandes obras?

El asunto no es baladí puesto que Diego Méndez desbarra en detalles fundamentales cuando no trata de cuestiones técnicas. Le hace perder el norte ese afán tan desmesurado de aparecer como el «alma mater», y «páter», de una obra proyectada por su maestro y benefactor, Pedro Muguruza, que en sus manos, en las de Méndez, discurrió por otros derroteros, aun teniendo que conservar la armonía y el sentido rotundamente cristiano y de reconciliación nacional para quienes quisieron reconciliarse; que esta última es otra historia. En fin, que Diego Méndez desbarra en su libro, con ignorancia plena, y en múltiples declaraciones cuando trata del «elemento humano recluso» en la construcción del Monumento y colabora en la citada ceremonia de la confusión. Así, podemos leer en su libro que, en la primera reunión del Consejo de las Obras, Pedro Muguruza informó acerca de los problemas para la ejecución de los proyectos y añade:

«En la ejecución de las obras se adoptan los sistemas de adjudicación parcial a distintas empresas a base de destajos (…) realizado mediante unas brigadas de trabajadores integrados por obreros libremente contratados, y otros que, además de percibir el jornal correspondiente, redimían una sanción anterior, a base de dos días conmutados por cada uno de trabajo».

Lo cual no es cierto, como vimos en el capítulo tercero. En el Acta de la primera reunión (8 de agosto de 1941), no se recoge nada referente a la contratación de empresas y destajos y, menos aún, a brigadas de trabajadores libres y reclusos.

Debo recordar que la fecha en la que Diego Méndez comenzó a intrigar dentro del Valle —durante años lo hizo en el Pardo—, es la del 12 de agosto de 1949, poco antes de la disolución de los tres Destacamentos. Por ello asombra, una vez más, ése su interés en meter la cuchara en guiso ajeno, tal si hubiera ordenado, desde el primer momento, los ingredientes a cocinar: «A lo largo de quince años, dos mil hombres aportaron su esfuerzo diario hasta dar cima a la obra. De ellos, solamente cuarenta y seis eran personas que redimían, por el trabajo, anteriores sanciones. Para ellos, cuando me hice cargo de la dirección definitiva de la obra solicité de S. E. el Jefe del Estado el indulto y la libertad, a los que por su buen comportamiento se hicieron acreedores. La maledicencia ha cargado las tintas a la hora de valorar el papel que en la realización de las obras desempeñó dicho personal. Lo rigurosamente cierto es que éste pequeño grupo de obreros fue atendido, aunque con las naturales limitaciones derivadas de su situación, en pie de igualdad con el resto de los trabajadores libres. Su especial psicología impulsó a algunos de ellos a asumir voluntariamente las misiones más peligrosas, aquéllas en las que, para vencer a la naturaleza, había de esgrimirse las armas del coraje y la dinamita. Sobre alguno de estos hombres, más no sólo sobre ellos, recayó la ciclópea tarea de horadar el Risco de la Nava para hacer sitio a la prodigiosa Basílica que hoy alberga».

Pues ya no son 20 000 (¿penados o libres?), ni los «millares de brazos» (¿libertos?) que en millares de jornadas construyeron y perforaron. Sic transit gloria mundi. Además, «la ciclópea tarea de horadar el Risco de la Nava» consistió en que unos mineros profesionales perforaron 260 metros de túnel.

¿Cómo calificaría Méndez la perforación del túnel de San Gotardo —15 kilómetros, de 1871 a 1881—, o el del Simplón —19 kilómetros— en 1906?

Pues, ni lo uno, ni lo otro; ni 20 000 reclusos trabajadores, cifra mágica para la izquierda, ni fueron 46 los penados durante 15 años, y, menos todavía, que se tratara de hombres que redimían pena debido a «anteriores sanciones», tal si fueran condenas por faltas de tráfico. Ni lo uno, ni lo otro, insisto; ni antes ni después; ¡con lo sencillo que es decir la verdad! Y la verdad es que en la construcción del Monumento Nacional a los Caídos (carretera de acceso, Monasterio antiguo, hoy dedicado a Centro de Estudios Sociales), y Cripta, trabajaron un numero de penados que no llega a 2500, en el periodo comprendido entre mayo de 1943 y comienzos de 1950. El número de obreros libres contratados por las empresas, debió ser muy superior puesto que trabajaron fuera y dentro de Cuelgamuros; tallando granito estos últimos en las numerosas empresas artesanas de los pueblos de la Sierra de Guadarrama. Los penados aportaron el mayor número de peones; los libres, los especialistas.

Y, ahora, volvamos al interesantísimo cuadro que cité al comienzo de este Capítulo, con la indicación de los Destacamentos Penales instalados a lo largo de 1943. En el cuadro figuran los tres Destacamentos del Valle de los Caídos:

«Monumento Caídos (carretera) 125 penados. Cuelgamuros (Escorial). Construcción carretera señor Banús» (corresponde al nombre del Destacamento, número de penados, emplazamiento, clase de trabajo y empresa u organismo). Sigamos: «Cuartel y Monasterio (Monumento Caídos) 140 (penados) Cuelgamuros (Escorial), Construcción Monasterio y cuartel. Señor Molan».

«Monumento Caídos. 250 (penados) Cuelgamuros (Escorial). Construcción Monumento. San Román».

Bien, ya tenemos el número de reclusos trabajadores a 31 de diciembre de 1943, seis meses después de la instalación de los tres Destacamentos: 515, la cifra más alta que encontraremos hasta la disolución de los Destacamentos en el Valle.

¿Qué ha ocurrido durante 1943? Para averiguarlo recurriré, una vez más, a las Actas del Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo.

La primera noticia sobre la petición de reclusos trabajadores para Cuelgamuros, se encuentra en el Acta del día 20 de abril de 1943:

«Don Alejandro San Román, contratista de las obras del Monumento a los Caídos que se realizan en la Sierra de Guadarrama, término municipal de El Escorial, solicita 200 reclusos. Acuerdo recaído: Aprobatorio».

Diez días más tarde, nueva anotación en el Acta del 30 de abril:

«Don José Banús Masdeu y para la carretera de acceso al Monumento Nacional a los Caídos en Guadarrama, solicita 170 trabajadores. Acuerdo recaído: Aprobatorio».

Debe transcurrir casi un mes para encontrar la tercera anotación. Corresponde al Acta de fecha 20 de mayo:

«Consejero gerente de la empresa constructora “Estudios y Construcciones Molán S. L.” y para las obras de construcción del Monumento a los Caídos en Cuelgamuros, término de El Escorial, solicita 50 reclusos trabajadores. Acuerdo recaído: Aprobatorio».

Hasta el momento no se ha llegado a las cifras correspondientes a fin de año; pero con un poco de paciencia no sólo llegaremos a ellas sino que serán superadas. ¿Cómo es posible?

Recordemos las disposiciones sobre libertad condicional que hicieron muy movibles las nóminas de las empresas de los Destacamentos Penales. Las Actas del Patronato, con millares y millares de libertades condicionales, con nombres y apellidos de los reclusos beneficiados, o la supresión de destierro, dan fe de lo escrito.

Para mayor abundamiento, ofrezco a continuación, la cronología de las peticiones de reclusos trabajadores aprobadas por el Patronato desde abril a diciembre de 1943, efectuadas por las tres empresas constructoras del Valle de los Caídos:

20 de abril de 1943:

San Román: 200 reclusos trabajadores.

30 de abril de 1943:

Banús: 170 reclusos trabajadores.

28 de mayo de 1943:

Molán: 50 reclusos trabajadores.

15 de junio de 1943:

San Román: 2 reclusos trabajadores.

2 de julio de 1943:

San Román: 13 reclusos trabajadores.

3 de septiembre de 1943:

Molán: 50 reclusos trabajadores.

16 de noviembre de 1943:

San Román: 70 reclusos trabajadores.

26 de noviembre de 1943:

Banús: 1 recluso trabajador.

31 de diciembre de 1943:

Banús: 50 reclusos trabajadores.

Al sumar todas las cantidades obtenemos un total de 606 reclusos, 91 más que los registrados a finales de 1943, fenómeno sólo explicable por la citada movilidad. Podría decir, pues, sin temor a equivocarme, que, en los seis primeros meses de trabajo de los Destacamentos en Cuelgamuros, lograron la libertad condicional 91 reclusos, de un total de 606.

Veamos: a 31 de diciembre de 1943, Banús disponía de 125 reclusos, cuando se le habían enviado 221 desde el mes de abril; Molán, de 140, cuando se le habían enviado 156; y San Román de 250, cuando había recibido 281.

Por otra parte, debo aclarar que cuelgan por algún lado los diez reclusos adscritos a alguno de los tres Destacamentos, según la anotación en el Acta del día 26 de noviembre:

«Teniente Coronel Jefe del Batallón Ciclista número 1 del Escorial, para las obras del edificio que ocupa este Batallón, diez reclusos que serán agregados al Destacamento Penal de Cuelgamuros (El Escorial)».

También tenemos algunas evasiones de reclusos, y traslados por sanciones y algún regreso al trabajo tras cumplir la penalización correspondiente. Todo ello, que afecta levemente al número de reclusos trabajadores, será objeto de análisis en otro capítulo.

En 1944 la situación de los Destacamentos del Valle sigue una línea similar a la de 1943: la movilidad de las nominas, aunque no tan creciente como a partir de 1946.

Lo cierto es que el año no puede comenzar mejor para los reclusos trabajadores, con una decisión del director general de Prisiones Ángel B. Sanz, quien en la reunión del Patronato (Acta del 4 de enero), «da cuenta de una circular sobre la constitución de Tribunales en las prisiones con objeto de llegar a la rápida revisión de todos aquellos casos de condenados por la rebelión marxista a penas de hasta 20 años y que aún se encuentran sin disfrutar de los beneficios de libertad condicional, cuya redacción (la de la circular a todas las prisiones) se aprueba en la Junta».

El día 31 de diciembre de 1943, Banús ha solicitado 100 reclusos trabajadores para el Destacamento de Chamartín de la Rosa (Madrid) y 50 (como vimos), para el Destacamento de la Carretera de acceso al Monumento. Pues bien, en el Acta del día 25 de enero de 1944 se recoge lo siguiente:

«Se acuerda acceder a la petición formulada por José Banús Masdeu, que tiene concedidos dos Destacamentos de trabajadores penados en Chamartín de la Rosa y en la carretera de acceso al Monumento Nacional a los Caídos en Guadarrama, para que al prescindir del Destacamento de Chamartín sean trasladados a Cuelgamuros los reclusos de aquél, previo informe de la Inspección General de Sanidad de Prisiones y después de ser los penados desparasitados».

Mientras «se prescinde» del Destacamento de Chamartín, Banús necesita dos reclusos trabajadores más, lo cual le es concedido a 1 de febrero de ese mismo año. Y a 25 de febrero Estudios y Construcciones Molán solicita 100 trabajadores, pero en dos veces.

A 25 de abril, Banús solicita un recluso y San Román otro para los trabajos de la Cripta. Y el 13 de mayo, Banús solicita otro recluso más. El 16 de junio se «conceden» 25 reclusos, «a la Empresa del Destacamento Penal de Cuelgamuros», con lo cual, aparte el número, desconozco a cuál de las tres empresas corresponde.

Y sigue la nomina: un trabajador penado para Banús, a 27 de junio; 30 reclusos «al concesionario del Destacamento del Monumento Nacional a los Caídos», es decir, Molán, a 14 de julio; a 18 de agosto se aprueba la petición de dos reclusos que presenta Banús, y a 22 del mismo mes, otros 2 para el mismo empresario.

Desgraciadamente es imposible seguir por esta línea segura y cierta que nos hubiera conducido, como en el año anterior, a unas cifras incontrovertibles. No he encontrado los libros de Actas del Patronato desde el 9 de septiembre de 1944 al 8 de enero de 1946, con lo cual se ha perdido una información básica para llegar a una cifra definitiva, exacta, del movimiento de reclusos trabajadores en los tres Destacamentos de Cuelgamuros. Sin embargo, existen otros caminos. Son las Memorias anuales del Patronato y muchos expedientes de evasiones en los que los jefes de los Destacamentos cuantifican al inspector-instructor la plantilla de reclusos en el día de la fuga.

De unas y otros he podido obtener que en este año de 1944, la media mensual de reclusos en Cuelgamuros fue de 300, con movilidad media, fruto de las disposiciones dictadas en 1943, y de los Tribunales de revisión de penas establecidos en los Establecimientos Penitenciarios. Las estadísticas oficiales revelan que la población penal descendió en unas 70 000 personas desde diciembre de 1942 a 1944. Es decir, de 117 313 reclusos a 56 326. En cuanto a la población trabajadora total pasó de 28 000, en números redondos, a 15 500 en diciembre de 1944. Todo ello llevó consigo el cierre de 23 cárceles y un número considerable de Destacamentos Penales, cuyo nombre y número figuran en la Memoria del año que nos ocupa y en las Actas del Patronato. Es también el año del inicio de la participación de penados comunes en los Destacamentos Penales, de los cuales pudo salvarse el Valle durante 1944 y 1945. Pero cuya presencia comenzará a ser inevitable y cada vez más numerosa a partir del Decreto de Indulto Total de 1945.

Esta irrupción de los penados comunes la explica don Francisco Aylagas así:

«La extensión alcanzada por los Destacamentos Penales agotó por completo los brazos que procedían de la rebelión marxista y ante la petición incesante de nuevos trabajadores y la necesidad de realizar el mayor número de obras, casi siempre nuevas, aconsejó al Patronato incorporar al trabajo en los Destacamentos Penales a aquellos penados de fuero ordinario que, habiendo observado intachable conducta desde su detención, ofrecen garantías de acoplarse con buen resultado al régimen de Redención de Penas, y después de una concienzuda selección por la Inspección de los servicios se instaló el primer destacamento de esta clase para la construcción del túnel de Mata-Águilas, que entre Lozoyuela y Garganta de los Montes (provincia de Madrid) ha de construirse para dar paso al ferrocarril directo Madrid-Burgos, de una longitud de 2800 metros, en roca viva, y el día 10 de febrero de 1944 se puso en práctica el acuerdo del Patronato incorporando a estos trabajos 20 penados por delitos comunes, a título de ensayo, pero pronto fueron apreciados los resultados obtenidos, y a los pocos meses hubo de aumentarse su número, hasta pasar de 600 hombres».

La fecha del 26 de febrero de 1944 marca la inevitable participación de los «comunes». La anotación no puede ser más escueta:

«Se acuerda que en el Destacamento Penal de Lozoyuela (Madrid) puedan trabajar reclusos condenados por delito común».

El 10 de marzo de 1944, segunda anotación:

«Se forma el Destacamento aislado de la Colonia Penitenciara Militarizada de Talavera de la Reina con 217 penados por delito común».

Y se sigue: 199 reclusos comunes para el Destacamento Penal de Lozoyuela (Madrid); a 31 de marzo, 150 penados por delito común al empresario Domingo Nicolás para crear un Destacamento en Alcaudete de la Jara (Toledo).

La situación llega al punto de que a una petición de doce reclusos albañiles de profesión, hecha por el Gobernador Civil de Murcia, se le contesta que los que había, gozan de libertad condicional o redimen penas por el trabajo.

Este año —1944—, es asimismo el de la puesta en libertad condicional, con destierro o sin él, de los últimos condenados a 20 años por delitos no comunes cometidos durante la guerra, o que su condena haya quedado reducida por resolución firme de rebaja de pena.

Una noticia a destacar, por los ríos de tinta que inexplicablemente provocó su creación, es la disolución, a 4 de agosto, del Destacamento Penal de las minas de Almadén. Junto a mineros libres, trabajaban en estas minas unos 300 reclusos, mineros en su mayoría.

Sigamos con el Valle. En 1944, la plantilla de reclusos en el Destacamento de la Carretera fluctúa entre 100 y 200 trabajadores con unas oscilaciones amplísimas, sólo explicables por las libertades condicionales.

Recordemos que la media mensual de la suma de los tres Destacamentos Penales se elevaba oficialmente a 300 reclusos.

Tres cifras fundamentales en 1945 reafirman mis cálculos: a 3 de junio trabajaban 271 reclusos en la construcción de la carretera de acceso, aunque ignoro por cuánto tiempo se mantiene dicha cifra, y que el 8 de julio, la plantilla de penados del Monasterio se elevaba a 89 reclusos. Es definitivo, sin embargo, que la media mensual del conjunto de los tres Destacamentos osciló entre 400 y 450. Algún día, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias revelará donde oculta los documentos de las oficinas de los tres Destacamentos del Valle, con las altas y bajas, así como los testimonios de sentencia que aportaban los reclusos al incorporarse a su trabajo. Seguramente se encontraba toda esta documentación en la prisión de Carabanchel (Madrid) de la que dependían administrativamente los Destacamentos de Cuelgamuros, y si no ha sido destruida, cosa corriente desde el comienzo de la transición hasta hoy, sin que los historiadores hayan puesto el grito en el cielo, algún día podré dar la cifra exacta de cuantos eran, día a día, aunque si tienen paciencia de llegar al final de este capítulo, encontrarán una cifra muy aproximada a la real.

En 1945 prosigue el descenso de la población penal total procedente de nuestra guerra, al tiempo que sube la cifra de presos comunes. Digo población penal total y no de reclusos trabajadores. Así, a 31 de diciembre de 1944 existían 28 288 reclusos procedentes de la guerra y 25 759 comunes. Un año más tarde, diciembre de 1945, los procedentes de la guerra eran 18 682 (diez mil menos) y los comunes 25 140 (600 menos). Pero a 31 de mayo de 1946, los reclusos procedentes de la guerra eran 10 619, con un descenso de 8000, en seis meses.

Como es lógico, ello repercutió en todos los Destacamentos Penales, cuyo número y plantillas sufrieron numerosas bajas a partir del Decreto de Indulto Total de 9 de octubre de 1945, concedido en exclusiva a los condenados por delitos no comunes cometidos desde el 18 de julio de 1936 a 1.o de abril de 1939, «definidos en los Códigos de Justicia Militar, Penal de la Marina de Guerra y Penal común, vigentes en aquella fecha (los de la República), siempre que no conste que los referidos delincuentes hubieran tomado parte en actos de crueldad, muertes, violaciones, profanaciones, latrocinios u otros que por su índole repugnen a todo hombre honrado, cualquiera que fuera su ideología».

La aplicación del Decreto dejó un hueco importante en las filas de los tres Destacamentos del Valle, bajas que irán siendo ocupadas por reclusos de otros Destacamentos, conmutados de pena de muerte, por la de 30 años, que quedaban procedentes de la guerra, y por presos comunes.

Recordaré que, en 1945, el número de reclusos trabajadores oscila en el Valle entre 400 y 450, pero, según cifras oficiales, insisto, en 1946 le media mensual ha bajado a 326 reclusos trabajadores, cifra esta que permanece casi inamovible hasta 1949 que sufre una pequeña bajada. Lo iremos viendo. Pero a partir de la aplicación del Decreto de Indulto Total, y de los Decretos de 17 de diciembre de 1943, modificado, (más bien facilitados los beneficios de la libertad condiciona), por el de 26 de octubre de 1945, puedo asegurar que los reclusos que trabajaron en el Valle de los Caídos, a partir de 1946, tenían conmutada la pena de muerte por la de 30 años eran una tercera parte del total. El resto eran presos comunes, excepto unos pocos «posteriores» recomendados.

El primero de enero de 1946 existían en España 34 Destacamentos Penales, con un total de 5813 reclusos trabajadores; a 31 de diciembre el número de Destacamentos ascendía a 23 y el de reclusos a 2732.

Según la documentación que obra en mi poder, si la media mensual de reclusos en el Valle era de 326, en la Cripta solo trabajaron ese año un promedio de 53 penados; en el Destacamento del Monasterio (hoy Centro de Estudios), el promedio fue de 83 reclusos; y en la carretera de acceso, de 190 reclusos.

Aquel año no hubo grandes cambios en las plantillas del Valle. Eso es lo que se desprende de las Actas del Patronato:

—El 26 de febrero se autorizó el pase desde el Destacamento del Monasterio al del Monumento a los Caídos al recluso Gregorio Esteban Gómez, por ser más útil en el segundo de los Destacamentos citados.

—El 26 de marzo se concedieron a la empresa Molán, 25 reclusos albañiles, mamposteros y canteros.

—El 9 de abril se aprobó el destino del recluso Lucio Sánchez al Destacamento del Monumento a los Caídos.

—El 12 de abril el Patronato aprueba la petición de 25 reclusos de distintas profesiones por la empresa Molán para el Destacamento del Monasterio. Entre los reclamados se encuentran los penados Vicente Jarobo, Agapito Gómez, Pascasio Sánchez y Antonio López, de la Prisión Provincial de Madrid.

—El 26 de abril causa baja por mala conducta y pasa a la prisión de Huelva el recluso Ricardo Sánchez Román que presta su servicio en el Destacamento de la carretera de Cuelgamuros. Le sustituye otro recluso.

—El día 28 de mayo se aprueba la baja en el Destacamento de la Carretera de 5 reclusos, los cuales serán destinados a otros Destacamentos Penales.

—El día 5 de junio se concede la libertad condicional a los reclusos León Sanz Baena y Constantino Vivar Molina, del Destacamento de Cuelgamuros, una vez examinados sus expedientes, al haber cumplido las tres cuartas partes de su condena.

—El día 11 de junio se acuerda que el Inspector de Destacamentos informe acerca de la petición de cuatro reclusos, identificados por sus nombres y apellidos, que ha presentado la empresa Molán.

—El día 12 de junio se «examina», nuevamente, el expediente del recluso Antonio Olivares Ruiz, del Destacamento de Cuelgamuros y se le concede la libertad condicional.

—El día 2 de julio se aprobó la baja en el Destacamento de Cuelgamuros y su ingreso en la provincial de Madrid, de los reclusos Diego Pérez Gandía y Manuel Navarrete Mulero por ausentarse del Destacamento.

—El día 5 de julio se da la baja al recluso Aurelio Martín Melgarejo, del Destacamento de la Carretera por negarse a trabajar.

—El día 9 de julio, Molán solicitó y se le concedieron 25 reclusos.

—También el día 9 causó baja en el Destacamento de Cuelgamuros el recluso Salvador Fernández Salgueiro, por cometer varios actos de indisciplina y alentar a sus compañeros a que le secundaran.

—El día 27 de agosto se aprobó la baja del penado Eusebio Tirado Rodríguez, del Destacamento de Cuelgamuros.

—El día 16 de octubre se aprobó el expediente de libertad condicional del recluso del Destacamento de Cuelgamuros, Eusebio Garrido León.

El día 3 de diciembre se aprobó el traslado a Ocaña de cinco reclusos de la prisión provincial (de Madrid) que causaron baja en el Destacamento de Cuelgamuros, por negarse a trabajar.

—El día 13 de diciembre, se aprobó la propuesta que formuló la Sección de Destacamentos a favor del recluso Amador de los Ríos Cuesta para trabajar en el Destacamento de Cuelgamuros, previo informe de la Inspección de Destacamentos.

—El día 17 de diciembre causa baja en el Destacamento de Cuelgamuros el recluso Vicente Martín Villena, y se le destina al Reformatorio de Ocaña, «para extinguir condena y que no salga en lo sucesivo del mismo para trabajar».

No existen más anotaciones respecto a cambios en los tres Destacamentos del Valle en las Actas del Patronato correspondientes a 1946, aparte algunas pocas evasiones, sanciones y rehabilitaciones. Llama la atención que no se refieren a un Destacamento concreto, sino a Cuelgamuros, sin otra identificación.

Según la Memoria del Patronato, «durante los últimos doce meses han trabajado en el Destacamento del Monumento Nacional a los Caídos un promedio mensual de 53 penados; en el Destacamento del Monasterio un promedio de 83 penados; y en el de la Carretera un promedio mensual de 190 reclusos trabajadores».

El total medio mensual se cifró, según el Patronato, en 326 reclusos comunes y procedentes de la guerra.

El año 1947 es un año sui generis; mientras el gobierno de los EE. UU. comienza una gran depuración de comunistas estalinistas en la Administración y centros científicos y culturales, en España sigue la aplicación de la legislación benévola que concede «destinos» en prisiones y Destacamentos sin distinción de ideología, si bien utiliza mano de hierro, sin guante alguno, contra los «maquis», terroristas-estalinistas, y sus cómplices del PCE en pueblos y ciudades. Algunos fueron ejecutados, también en los Estados Unidos, al tiempo que se anunciaba la ejecución por los británicos de terroristas judíos en Palestina. Y, quizás, para hacemos la «cusqui», Francia pone en libertad a Abd el Krim, de trágica memoria para España.

Es, también, el año de la ratificación por el pueblo español de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, que hizo posible la ascensión a la Jefatura del Estado, como sucesor de Franco, del Príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón, actual Rey de España.

La ratificación de esta Ley, calificada de Fundamental, tuvo como consecuencia el Decreto de Indulto a los presos por delitos comunes y especiales, es decir para los cometidos después del 1.o de abril de 1939. Es total para las penas de hasta dos años de prisión y rebaja la cuarta parte de la pena impuesta a los condenados hasta doce años. Como es de rigor, este Decreto produce un gran número de bajas en los Destacamentos del Valle, por lo que afecta a los presos comunes.

A este Decreto precedió otro, derivado del de 9 de octubre de 1945, por el cual se facilitaba el regreso de los exiliados, quienes podían solicitar en los Consulados españoles informes sobre si tenían o no responsabilidades penales, antes de su regreso a España. Gracias al Decreto de Indulto Total regresaron a España 50 000 exiliados. También en aquel año se declararon extinguidas las penas de extrañamiento impuestas por los disueltos Tribunales de Responsabilidades Políticas.

En fin, en el Valle siguieron las altas, las bajas y las recomendaciones para redimir en unos destacamentos donde los reclusos trabajadores vivían mejor que muchos de los trabajadores que no habían delinquido, como demostraré en un capítulo posterior. Ello se ha ocultado durante años por razones que no se le escaparán al lector.

Por unas y otras disposiciones generales, 13 109 reclusos obtuvieron la libertad condicional durante 1947. De ellos, 2818 eran comunes; de la guerra (hasta 20 años), 428; y de la guerra, (de 20 años y un día hasta 30 años), 9863. Con lo cual, al final de año sólo quedaban 4645 penados procedentes de la guerra.

¿Hubo muchos cambios en las plantillas del Valle? Seguramente sí, aunque las bajas debieron ocuparse en poco tiempo, ya que si en 1946 la media mensual era de 326 reclusos trabajadores, en 1947 fue de 320. No cabe la menor duda de que existía un «fondo» que permanecía redimiendo permanentemente, alimentado por los condenados a la última pena que se habían distinguido por su disciplina y buen hacer en otros Destacamentos mereciendo el «premio Cuelgamuros», o lo habían conseguido mediante recomendaciones, la institución que permanece indestructible en España aunque caigan otras más altas.

El Patronato ofrece pocas cifras de reclusos en Cuelgamuros, excepto la media mensual, pero por sus Memorias podemos saber «que los expedientes resueltos favorablemente (de libertad condicional) de reclusos procedentes de la guerra eran de los más graves con penas de 20 años y un día a 30 años, así como de conmutaciones de última pena otros».

De las Actas del Patronato extraigo los siguientes datos:

BAJAS

Por propaganda política: Hidalgo Martin Rodríguez y Julio Sánchez Hernández.

—Por motivos no explicados: Alfonso Martin Infantes; Francisco Torres López.

—Libertados condicionales por revisión de expedientes: Felipe Quesada León, Juan Navarro Matabuena, Eusebio García Revenga, Marciano Palmero Sánchez, Ceferino Pérez Sáez; Lorenzo Camuñas Burguillo; José Castro Sebastián; Salvador Pagan López; Castrodell Roig y cuatro más y Joaquin Mendez Duran.

ALTAS

—Autorizar a los reclusos que figuran en la relación que comienza con Manuel Cuevas de la Cruz y termina con Emilio Luque Fernández para que rediman su pena en el Destacamento Penal del Monumento Nacional a los Caídos en Cuelgamuros (El Escorial).

—Rehabilitaciones: Antonio Prieto Alarcón; Isabelo Manzano Sánchez; Ignacio Romero Carpio; Jesús Fuentes Mora.

—¿Recomendación?: Jesús Fraga Balseiro.

—Premios de redenciones extraordinarias: Manuel Fernández Andreu; José Romero Carrasco; Raimundo Sánchez Segovia y Marino Martín Martín.

Para este trabajo he encontrado documentación abundante, aunque poco pormenorizada, respecto a 1948, penúltimo año de los tres Destacamentos Penales de Cuelgamuros. Dicha documentación revela que permanece prácticamente invariable la media mensual de penados en el Valle de los Caídos: 322. Y que el Destacamento de la Carretera comenzó el año con 151 penados trabajadores y finalizó con 184; que en enero disponía el Destacamento del Monasterio de 84 penados y de 142 en diciembre, y que el número de reclusos en el Monumento osciló entre 23 y 44 reclusos trabajadores.

Paralelamente, mientras se observa un ligero aumento en el número de reclusos trabajadores, en toda España se suprimían dos Destacamentos Penales:

—Enero: 3689 reclusos, distribuidos en 23 Destacamentos.

—Diciembre: 3981 reclusos, distribuidos en 21 destacamentos.

Hay un dato fundamental. Me refiero a la incorporación plena, de presos comunes, que desde 1945 son el único relevo posible en los Destacamentos Penales, fenómeno que registra la Memoria del Patronato correspondiente a 1948:

«Los sentenciados por el fuero ordinario incorporados a Destacamentos durante 1948, han constituido la norma predominante desde la última Memoria publicada, pues con los que en aquella fecha trabajaban de la procedencia dicha, han pasado a ser la masa de trabajadores penados, que de una manera admirable se han adaptado a las obras (…) Si el sistema de la redención de penas ha tenido éxito pleno desde su iniciación, no hay duda de que este éxito ha culminado al desenvolverse los Destacamentos a base de penados comunes por haber quedado definitivamente agotado, por pase a libertad, el personal penado de otra condición».

Y de seguido, una información complementaria que explica la gran movilidad de las plantillas de los Destacamentos y el resultado final del número de reclusos que trabajaron en Cuelgamuros, y que no clarificó las medias mensuales:

«Las libertades alcanzadas en el año 1948 por penados en Destacamentos Penales, alcanzó la elevada cifra del 27% del contingente trabajador (…) lo que obliga a una constante labor en la incorporación de trabajadores para cubrir las vacantes que dejan los liberados».

Y remacha:

«El número de trabajadores en los Destacamentos se ha mantenido aproximadamente en las cifras del año anterior (1947), con una media de 3500 hombres por mes, referido este número, como se ha dicho, a penados del fuero ordinario, lo que ha exigido una laboriosa tarea de selección, ya que son, no pocas, las condiciones que tiene que reunir el individuo para acoplarse en plenitud de derechos a la redención de penas en los Destacamentos».

¿No existían penados en Prisiones y Destacamentos a los que no alcanzó el Decreto de Indulto Total? Sí, y redimían pena por el trabajo intelectual en las Prisiones y físico en los Destacamentos. No se ocultaba, pero no podían relevar, lógicamente, porque ya redimían por el trabajo, un derecho que se les había reconocido en 1937.

Raimundo Fernández-Cuesta, ministro de Justicia, anunció el día 21 de agosto de 1948, que la población penal se elevaba a unos 40 000 reclusos, aproximadamente, y que «en más de 3000 casos se han revisado varias veces los expedientes de otros tantos condenados por graves delitos, a los que no es posible que alcance la magnánima justicia del Gobierno».

Aquel año se concedieron 617 libertades condicionales a condenados por delitos no comunes, a penas de 20 años y un día a treinta años y 4084 a delincuentes comunes, con un total de 4701 libertades.

Realizada una revisión detenida de las Actas del Patronato, encuentro las anotaciones relativas al Valle de los Caídos, siguientes:

ALTAS

—Manuel Lamana.

—Nicolás Sánchez-Albornoz.

—Ignacio Faure.

—Pedro Cuadrillero Reoyo (médico odontólogo penado, para ejercer su profesión en el Destacamento de la Carretera).

—Luis Escobar Villa.

—Un número indeterminado de reclusos de una relación que comienza con Alejandro Torrente de la Cruz y termina con Marcelino Alcolea Bellón, para el Destacamento del Monasterio.

—34 reclusos para las obras de cantería que realiza la empresa Manuel Rodríguez en la Exedra.

REHABILITACIONES

—Numancia Castilla Leal («y tres más»).

—Luis Navalón Huelves.

BAJAS

—Cecilio Mancavaca Cano («y otro»).

—José Castro Cano («y otro»).

—Antonio Ortega Morales («y otro»).

PREMIOS

—Domingo Lorenzo San Román, dos años de redención extraordinaria por su intachable conducta y laboriosidad.

—Un año de redención extraordinaria a Juan Padilla Valdivia, Carlos Fernández Castaño, Rafael Castaño Martín y Agustín Parra.

—Un año de redención extraordinaria a Mariano Martínez Martin, escribiente de las oficinas del Monumento.

—Abono de 991 días de redención al penado Luis Navalón, que fueron trabajados por el mismo con calificación de comportamiento «muy bueno» y «extraordinario».

Un cuadro final nos facilitará la comprensión de las cifras de 1948:

MONUMENTO

—Enero: 32

—Diciembre: 44

—Promedio mensual: 32

MONASTERIO

—Enero: 84

—Diciembre: 142

—Promedio mensual: 100

CARRETERA

—Enero: 151

—Diciembre: 184

—Promedio mensual: 190

Al comenzar 1949 el número de penados trabajadores en Destacamentos Penales, era en toda España de 1981, cifra que quedó reducida a 1536 en el mes de diciembre, distribuidos en 20 Destacamentos.

Las libertades condicionales a los reclusos trabajadores ascendieron a 1794, lo cual obligó a incorporar a 1502 penados. Las libertades condicionales totales se cifraron en 4719, por 4021 en 1948. En fin, que a 31 de diciembre de 1949, el número de reclusos trabajadores en toda España, talleres, granjas, destinos, Destacamentos, etc., ascendía a 2217, mientras que la población penal española, por todos los conceptos llegaba a una cifra que ya la quisiéramos hoy: 35 302. En 1948 era de 36 454, y aún se iba a rebajar espectacularmente en 1950 con la aplicación del Decreto de indulto de 9 de diciembre de 1949 con motivo del Año Santo. Este Decreto, como el anterior, concedía indulto total a las penas inferiores a dos años, y la cuarta parte de las penas privativas de libertad hasta 20 años de reclusión por delitos comprendidos en los Códigos de Justicia Militar, Penal de la Marina de Guerra y Penal común, cometidos antes del 8 de diciembre de 1949. Sus frutos se recogerán en 1950, cuando ya habían sido disueltos los tres Destacamentos del Valle de los Caídos.

En el Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco se encuentra el documento N.o 8799, un informe elevado al Jefe del Estado sobre la población penal que explica perfectamente la situación española. Era la siguiente:

SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL EN ESPAÑA

(Estadística cerrada el 9 de Mayo de 1949)

Cumpliendo condena:

—Por delitos en época de guerra: 2609

—Por delitos cometidos contra el Estado y la seguridad pública posterior a la guerra: 5551

—Por delitos comunes: 8097

TOTAL: 16 257

Procesados:

—Por delitos contra el Estado y la seguridad pública posterior a la guerra: 3827

—Por delitos comunes: 10 099

TOTAL: 13 926

Detenidos:

(a las 72 horas deben ser puestos en libertad o procesados)

—Delitos contra la seguridad pública: 765

—Delitos comunes, arrestos, vagos y maleantes etc.: 7844

TOTAL: 8609

SUMA TOTAL: 38 792

Que corresponden al 1,4 por mil de la población española.

Respecto a los Destacamentos Penales, la Memoria del Patronato resalta lo siguiente:

«Desde los últimos años, y precisamente por el empleo de penados del fuero común en las obras que se ejecutan en los Destacamentos, es constante el movimiento de altas y bajas. Una gran parte de estos penados (los comunes), sufren condenas de poca duración y, con la redención de pena, les llega muy pronto la libertad condicional. Durante el año, se produjeron 1794 bajas en los Destacamentos. Se destinaron 1503».

Todo ello es necesario recogerlo antes de volver a Cuelgamuros y a sus tres Destacamentos, uno de los cuales, el del Monumento, ha desaparecido de la documentación del Patronato, porque seguramente ha sido suprimido sin que se haya informado oficialmente, una vez terminados los trabajos del primer proyecto de la Cripta.

Respecto a este asunto es muy revelador un documento de fecha 15 de agosto de 1947 del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, por el cual autoriza a don Rodrigo Fuentes Villar a «contratar personal especialista de mina que se precisa» para la perforación de la Cripta del Monumento. El señor Fuentes Villar era técnico de la empresa Sanromán, S. A.

¿Quiénes hicieron, pues, la perforación de la Cripta a partir de 1947? Nadie dude de que este trabajo fue realizado por mineros libres.

El documento se encuentra en el Archivo del Patrimonio Nacional.

El Patronato informó en su Memoria anual que el promedio mensual de reclusos en el Destacamento de la Carretera había sido de 175; y en el Destacamento del Monasterio de 100.

Ya tenemos pues el cuadro:

—1943 (a finales de año): 515

—1944 (media mensual): 300

—1945 (oscila entre): 400 y 450

—1946 (media mensual): 326

—1947 (media mensual): 320

—1948 (media mensual): 322

—1949 (media mensual): 275

Las cifras son auténticas y responden a la verdad. Por ello, aunque calculé unas bajas y unas altas muy numerosas, debido al gran número de reclusos comunes, jamás podremos llegar a la cifra de 20 000 que se lanzó al tuntún, con un éxito espectacular.

¿Cuál será la cifra definitiva o la más cercana a la realidad?

Al principio creí que alrededor de mil, pero el informe con que cerró Gerardo Pajares Lastra, Inspector Central de Destacamentos, el expediente doble por la evasión de los penados Manuel Lamana y Nicolás Sánchez-Albornoz, del Destacamento del Monasterio, en el verano de 1948, anuló mis estimaciones. Porque en el informe final, julio de 1949, del inspector-instructor se encuentra una pista segura:

«… el total de evasiones, mejor dicho, de penados evadidos en el Destacamento del Monasterio de Cuelgamuros, que nos ocupa, ha sido de siete penados a lo largo de seis años de vida del Destacamento de entre más de un millar que han pasado por el mismo…».

Es decir, que en los seis años de vida (hasta julio de 1949), habían pasado por el Destacamento «más de un millar» e igual cifra podríamos suponer para el Destacamento de la Carretera, aunque por los números parciales parece que los cambios fueron más frecuentes en este último. Sin embargo, en el Destacamento del Monumento la nómina de reclusos fue descendiendo rápidamente, hasta desaparecer en 1949.

Un recorrido por las cifras parciales, exceptuando 1943, demuestra que no alcanza el medio millar la media mensual de los tres Destacamentos. De ahí que pueda aventurar que fueron de 2000 a 2500 los reclusos que trabajaron y redimieron pena en los tres Destacamentos Penales del Valle de los Caídos desde mayo-junio de 1943 a comienzos de 1950, con una gran mayoría de penados comunes a partir de 1946.

CAPÍTULO VII

¿CÓMO VIVÍAN?

¿Cómo vivían? Mal, según los autores y políticos que no estuvieron aquellos años en Cuelgamuros, y alguno, uno, que sí estuvo aunque pasó por allí como el sol que atraviesa el cristal sin mancharlo ni romperlo. Me refiero a don Nicolás Sánchez-Albornoz, de cuya vida es eje el odio a Franco y al Valle de los Caídos, y, más concretamente a su sentido religioso de reconciliación, que no es otra cosa que la Cruz, el signo de nuestra Fe. No me cansaré de repetirlo, pues de esta clase es Julián Casanova, por ejemplo.

Para muchos de los que sí estuvieron redimiendo pena y ganando un jornal para su familia, bastante bien, «todo lo bien que se puede vivir en un lugar como éste», tal declara un recluso al inspector señor Pajares Lastra, donde «se puede ganar mucho dinero», según otro recluso, «donde la comida es sana y abundante, aunque monótona», sigue un oficial de Prisiones en los primeros años, donde el vino corría a raudales, y los Economatos de las empresas ofrecían artículos que no se encontraban fuera del Valle, donde muchas de sus familias se habían instalado junto a ellos, donde los domingos, digo los domingos y fiestas de guardar, podían darse un paseíto hasta El Escorial o Guadarrama donde habían hecho amigos con quienes jugar la partida o amigas con las que bailar, donde el régimen de semilibertad había impedido la imposición de medidas draconianas que obstaculizarán las fugas, donde se podía declarar que «de aquí se marcha el que quiere», donde cada uno era destinado al trabajo que correspondía a su oficio o profesión, donde era voluntario hacer tajos, horas extras o trabajos nocturnos, todo ello bien remunerado por unas empresas que soltaban la bolsa, sin obligación alguna, para abonar gratificaciones extraordinarias; donde se aplicaba el beneficio de las fiestas abonables y no recuperables; vacaciones pagadas de siete días al año; donde los reclusos trabajadores estaban amparados por la misma legislación social que los libres; y, donde, trabajadores reclusos y libres laboraban en las mismas obras sin distinción alguna…

No, no es el cuento de «Alicia en el País de las Maravillas», sino realidad, verdad. Al fin y a la postre, Cuelgamuros fue la culminación del mayor y mejor intento de llevar a feliz término, en lo penitenciario, una política de inspiración cristiana, según la cual la reinserción social se logra con el esfuerzo del penado, en trabajos intelectuales o físicos y con el arrepentimiento del delito cometido, gravísimo en este caso. Y quien opine lo contrario, que presente los testimonios de sentencia de aquellos reclusos.

Puede servimos de plantilla una pequeña entrevista, hasta hoy inédita, que hizo mi buen amigo, el historiador Bernardo Gil Mugarza, a Pedro Romero Pacheco, antiguo recluso trabajador en el Valle de los Caídos. Por su edad, 87 años en 2004, y el tiempo transcurrido, falla en las fechas. Es imposible que llegara al Valle en 1942, al Destacamento del Monumento (La Cripta), cuando éste fue instalado el 1 de mayo de 1943. Los otros dos, el del Monasterio, el 10 de junio de ese mismo año, y el de la Carretera también en junio, pero en día indeterminado.

Condenado a 30 años, pasó por varias cárceles, hasta que dio en la gallega de Figueirido, «donde comíamos mal, pero nos dábamos buena vida. Allí pidieron voluntarios para trabajar en Madrid y, tras corta estancia en la cárcel de Ocaña, pasé al Valle de los Caídos, en 1942 (sic). Éramos unos 270 presos, en tres Destacamentos (…) Además, estaban los obreros libres, que trabajaban con nosotros y lo hacían igualmente en tres turnos de ocho horas (en la perforación de la Cripta)». «Es absurda esa leyenda de que trabajamos con cadenas. La vigilancia, escasa, la hacían tres funcionarios por Destacamento. La comida no era mala pero mejoró aun más cuando el padre de Francisco Rabal, que trabajaba como capataz libre, aprovechó una de las visitas de Franco para explicarle que hacia frío y que el trabajo era fuerte. El Dictador se lo hizo anotar a su ayudante y el resultado se notó pronto (…) Los presos (barreneros etc.) percibían una prima personal y sus familias, otra. Yo me enchufé pronto en la cocina, aunque ganaba menos. Contábamos con un médico, también preso, pero apenas habían enfermedades. Ocho presos que caímos con tifus pasamos quince días en el Hospital del Rey, en Madrid. Años después si ha habido casos de silicosis».

Efectivamente, los accidentes, habituales, por desgracia, en el ramo de la construcción y el manejo de grandes bloques de piedra y su reducción a grava, no alcanzaron el número de los que se producen hoy día. Aun con todo, ya quisieran los sindicatos de la construcción y obras públicas que las cifras actuales de accidentes de trabajo —mortales o no— alcanzaran las de los tres Destacamentos del Valle.

Puedo ofrecer cifras oficiales muy ilustrativas, referidas a 1946:

Monumento (Destacamento de Sanromán): 5% de enfermos; 8% de accidentes de trabajo, ninguno de ellos mortal. Los reclusos realizaban labores de explanación y transporte de tierras y rocas. Nómina de 53 trabajadores reclusos de promedio mensual.

Monasterio (Destacamento de Molán): 3,8% de enfermos y 3,25% de accidentes de trabajo. Obras de albañilería. 83 reclusos de promedio mensual.

Carretera (Destacamento de Banús): 4% de enfermos y 1% de accidentes de trabajo. Construcción de la carretera de acceso. 190 reclusos de promedio mensual.

Se ha insistido mucho en lo de «modesta enfermería», tan modesta que un inventario realizado por el doctor Lausín, con fecha 25 de abril de 1945, revela que, para la época, era un lujo si la comparamos con las existentes en gran parte de los pueblos españoles de entonces. Además, cualquier accidentado o enfermo grave tenía el refugio seguro de la Clínica del Trabajo, en la madrileña Avenida de la Reina Victoria, o, incluso, el Hospital del Rey dedicado a enfermedades infecciosas.

El inventario del doctor Ángel Lausín se encuentra en el archivo del Consejo de Obras del Monumento, que en la actualidad está en el Archivo del Patrimonio Nacional, en el Palacio de Oriente de Madrid. El doctor, también se ofreció voluntario para trabajar en Cuelgamuros, con la recomendación del arquitecto Pedro Muguruza. Allí ganó mucho dinero y redimió pena, así lo reconoce en declaraciones a Daniel Sueiro; al igual que en el caso del practicante (hoy sería ATS), y el maestro.

Del doctor ignoro a cuantos años había sido condenado y porqué, pero de los otros dos citados sí conozco algunos antecedentes:

—Luis Orejas Zaldívar, el practicante, había sido condenado a nueve años, por lo cual debió lograr la libertad condicional en un santiamén, aunque, luego, consiguiera seguir practicando su profesión en el Valle. Se «había dado toda la prisa posible por acogerse a este régimen», al de redención de las penas por el trabajo, voluntariamente, claro es. Comenzó ganando quinientas pesetas mensuales, más los pluses de rigor. El señor Orejas habla de que «al principio, vivió en el hospital, en la enfermería, donde había diez o doce camas que nunca se ocupaban, porque a los enfermos graves se les enviaba a Madrid». Poco tiempo después le dieron una pequeña vivienda y se trajo a su mujer y tuvieron allí cuatro hijos.

—Don Gonzalo de Córdoba, el maestro, llegó al Valle el 2 de marzo de 1944; le habían conmutado la pena de muerte por la de 30 años. En fin…, que también fue voluntario al Valle porque tenía cinco hijos y necesitaba un jornal. Nada más llegar ocupó la plaza de maestro. Aún seguía allí en 1951 y cobraba, al igual que el médico y el practicante, más que un ingeniero, si sumamos a sus sueldos, los pluses, los puntos y las pagas del 18 de julio y de Navidad.

El historiador Alberto Barcena Pérez presentó una interesante comunicación en el Congreso celebrado en la Universidad San Pablo-CEU sobre República y Guerra Civil, acerca de este asunto, pero quienes quieran ampliar sus conocimientos deberán acudir al Archivo del Patrimonio Nacional, mientras se publica el trabajo.

Es francamente llamativo que doctor, practicante y reclusos hablen siempre de accidentes de trabajo y silicosis y, sin embargo, nada sobre tuberculosis, la enfermedad que era endémica en España y en Europa en la primera mitad del siglo XX. La tuberculosis fue un azote en las prisiones, aunque no respetaba clase social alguna; si bien se cebaba en las clases medias y no se habla de un solo caso en el Valle de los Caídos; «sólo accidentes y silicosis».

De accidentes mortales hubo catorce, según el doctor Lausín, sin que aclare si todos se produjeron antes de 1950 o hubo posteriores a esa fecha, una vez disueltos los tres Destacamentos, y si esos catorce muertos eran todos reclusos o también murieron obreros libres que trabajaban en las mismas condiciones y a la par.

El practicante afirma que no fueron catorce sino diecisiete los accidentes mortales, sin otros datos más precisos. Eso sí, de la silicosis debieron «ir muriendo» todos y cada uno de los reclusos que entraban en el túnel —desde luego hasta mediados de 1949— para retirar «piedras y rocas», después de que los capataces hicieran explosionar los barrenos. La afirmación no tiene ni pies ni cabeza.

Por desgracia no sólo enfermaban de silicosis los obreros —reclusos, libres y libertos del Valle de los Caídos—, sino todos los profesionales de los pueblos de la Sierra de Guadarrama que tallaban granito, o cualquier otra piedra, los marmolistas, los mineros del carbón o de cualquier otra clase de explotación minera, los canteros, los que trabajaban en la perforación de túneles del ferrocarril o los obreros en empresas que producían polvo. Aun hoy día, la silicosis tiene una gran incidencia en España a pesar de las medidas preventivas desconocidas cuando se construía el Monumento a los Caídos.

El accidente mortal del que dispongo de más información ocurrió el día 19 de marzo de 1947. El Expediente número 222 se titula «Explosión de dinamita que causó la muerte al recluso trabajador Miguel Gómez López, en el Monumento Nacional a los Caídos, en Cuelgamuros (El Escorial), el día 19 de marzo de 1947». Comienza con un oficio que dice así:

«El jefe del Destacamento Penal del Monumento Nacional a los Caídos (Cuelgamuros-El Escorial), en oficio número 3595, de fecha 19 de los corrientes, participa a esta Dirección lo siguiente»:

«Tengo el sentimiento de participar a Ud. que a las 7,30 del día de hoy y en ocasión de haberse originado una explosión en la cocina donde se calienta la dinamita que se emplea en estas obras, al derrumbarse una de las paredes de dicha edificación, alcanzó al penado Miguel Gómez López, ocasionándole la muerte inmediatamente».

«Carabanchel Alto. El director de la Prisión al director general de Prisiones».

Hay una anotación a lápiz que dice:

«Dar cuenta al Juzgado e informar».

Del Expediente encargado a Gerardo Pajares Lastra, inspector central de Destacamentos, se obtiene que el recluso muerto «venía desempeñando funciones de guardia de las herramientas y efectos de obra desde la fundación del Destacamento hace cuatro años (recordemos, 1 de mayo de 1943), y no tenía misión alguna relacionada con el uso de la dinamita, que está controlada y manejada únicamente por capataces libres».

Según Manuel Doval Campos, capataz libre, el uso de la dinamita es exclusivo del personal especializado, libre, que también está encargado de recoger la dinamita del polvorín controlado por la Guardia Civil. «Diariamente se hace la extracción del explosivo del polvorín y se devuelve el sobrante. Sin duda, añadió el capataz, al obrero libre Francisco Moreno Muñoz se le olvido devolver el sobrante que fue lo que hizo explosión». Por su parte, el encargado general de la empresa Sanromán, Antonio García Rodríguez, afirmó que los penados jamás manejan la dinamita.

En el Expediente hay una carta dirigida al Juez Instructor que dice así:

SANROMÁN S. A.

Sagasta, 10

Teléfono: 48 710

Madrid

Tenemos el gusto de participar a Ud. que por HERMES Compañía Española de Seguros, (Marqués de Valdeiglesias, 8) se está tramitando el Expediente para la concesión de una pensión que corresponde a los derecho habientes del obrero recluso fallecido en accidente de trabajo, Miguel Gómez López, perteneciente al Destacamento Penal de Cuelgamuros.

5 de Mayo de 1947.

Queda fuera de toda duda que a los presos del Valle de los Caídos les hubiera gustado estar en sus casas, al igual que ocurre con todos los reclusos que en el mundo han sido y serán, pero también está fuera de toda discusión que catorce o diecisiete accidentes mortales y el escaso número de enfermos dice mucho de la sanidad y de la aplicación de una política de prevención de accidentes laborales en un gran complejo de obras como las realizadas en el Valle, con personal no especializado, los reclusos, y en el término de seis años y medio.

Porque, además, averiguar, cosa hasta ahora nada fácil, si todos los accidentes afectaron a los reclusos, o también a los obreros libres, llevaría a poner término a la falsa leyenda del Valle de los Caídos. Asombrará al lector descubrir que en la relación de trabajadores libres y penados presentada por las tres empresas que utilizaban reclusos en reclamación mensual de alimentos nos encontramos con las cifras siguientes:

—Banús (Carretera). Octubre de 1948: Penados 158. No dice cuantos libres.

—Molán (Monasterio). Mayo de 1948: Penados 118. Libres: 126.

—Sanromán (Monumento). Mayo 1948: Penados: 153. Libres: 259.

Es decir, que trabajaban mayor número de trabajadores libres que penados. ¿Cómo, entonces, podían afectar los accidentes sólo a los reclusos?

Luego veremos que la cantidad de víveres, es decir, el racionamiento recibido por libres y penados era el mismo.

Ahora me ocuparé de los alojamientos en donde vivían y cómo vivían. Comenzaré por declaraciones contenidas en el tan citado libro La verdadera historia del Valle de los Caídos, que en su segunda edición quedó tan sólo en El valle de los Caídos. Los secretos de la cripta franquista, sin que nos revelara secreto alguno a lo largo de sus páginas, y en la novela de Manuel Lamana, Otros hombres.

En fin, que los «antiestéticos barracones de madera», según la calificación artística de Manuel Lamana Lamana, donde dormían, poco menos que apiñados los reclusos, es un detalle de la ausencia de lo testimonial en su novela, en la que jamás dio otro nombre, a su experiencia de 5 meses en la oficina del jefe del Destacamento del Monasterio, que el del oficial de Prisiones Amos Quijada. Pero queda escrito por los siglos de los siglos que al hoy anciano profesor don Nicolás Sánchez-Albornoz se le introducían por todos los agujeros del cuerpo un río de chinches, es decir, por boca, oídos y nariz, cuando descansaba de su labor oficinesca junto a su compañero de fatiga Manuel Lamana, si bien no cita, quizás por su acreditado pudor ese quinto conducto que haría las delicias de cualquier cerolo. Es lógico que en tan corto periodo de «cautividad», don Nicolás Sánchez-Albornoz no conociera la cámara cianhídrica de desinsectación y demás medidas para evitar los graves problemas provocados por los parásitos en toda Europa, a falta del uso generalizado del DDT.

Vayamos a los barracones «antiestéticos», de madera, fáciles de encontrar en obras y acuartelamientos campestres, tanto de España como del extranjero. Precisamente, después de su evasión, junto con Lamana, el inspector central de Destacamentos, el ya citado Gerardo Pajares Lastra, escribe acerca de la morada de los presos trabajadores del Destacamento del Monasterio y los describe así:

«En primer término hay una hilera de edificios como de unos cincuenta metros de longitud, en los que están instalados los pabellones para los funcionarios, oficina de la Jefatura y dormitorios para los penados, separados estos edificios de otro de iguales características por una calle de unos siete metros de ancho, y en estos edificios están instalados pabellones para obreros libres, cocinas de penados y comedor de los mismos, seguido de un Economato de la Empresa y oficina técnica de la misma. Frente al Destacamento existe una amplia explanada que se encuentra solamente limitada por las propias obras, gran número de pinos y arbustos, existiendo en la misma explanada abundante material de la Empresa que tiene a su cargo la obra, entendiéndose que no ofrece ninguna dificultad para que un penado marche de uno de los lugares descritos sin que el funcionario de servicio se dé cuenta, ya que éste tiene que atender varios servicios para la vigilancia del Destacamento, como son los dormitorios y los departamentos anteriormente citados».

Así era el Destacamento del Monasterio en el verano de 1948, muy parecido al de la Carretera:

«… está formado por un edificio de unos sesenta metros de longitud en el que se hallan instalados dormitorios, escuela, servicios de higiene, cuarto de vigilancia y vivienda para los funcionarios; otro cuerpo del edificio, más pequeño, alejado del anterior por una calle de unos seis metros de anchura, en el que está instalada la cocina, la oficina, domicilio del jefe y dos funcionarios, fábrica de sopa, panadería y botiquín de penados. Y formando escuadra con éste, separado por una amplia calle y paralelo al primero descrito, entre los tres edificios dejan una amplia explanada de unos cincuenta metros de anchura por un fondo ilimitado en la parte norte del monte, muy poblado de arbustos y maleza, salpicado de grandes rocas y piedras que permiten ser aprovechados para ocultarse en un tiempo mínimo y presenta las mayores probabilidades para desaparecer de la vista del funcionario del Destacamento, no encontrándose después edificaciones para marcharse».

Finalmente, el señor Pajares Lastra, describe, también en 1948, a sus superiores y no para ser publicado, cómo era el Destacamento del Monumento. El secretario del Expediente escribe:

«El señor Instructor acuerda girar una visita al lugar en que descansan los trabajadores penados en las horas libres, estando formado por un terreno que es el mismo en que están enclavados los barracones en que pernoctan, y a la hora de hacer la visita, dos y media de la tarde, hay veintidós penados sobre aquel terreno, uno durmiendo la siesta sobre una manta y otros escribiendo. El terreno está cubierto de bastante maleza y algunos pinos, que si bien no ocultan a los trabajadores, sí pueden facilitar una ocultación buscada de propósito. Dentro de unos barracones que está (sic) destinado a dormitorio de los penados hay otros diez o doce individuos, pero se aprecia que, como el funcionario no puede estar constantemente en un solo lugar, lo mismo pueden salir los que están dentro que ausentarse los de fuera, si bien tienen algún “riesgo”».

No existe, en principio, descripción más completa del Destacamento del «Monumento», aunque sí detalles. Los encuentro en el Expediente N.o 238, instruido con motivo de la evasión de un recluso trabajador de dicho Destacamento, ocurrida en la madrugada del día 4 de septiembre de 1944, hecho insólito pues la inmensa mayoría de las fugas ocurrieron en día festivo y a plena luz:

Angel Frías García, guardián de prisiones declaró «que los barracones donde pernoctan los reclusos, son de madera, y tienen en sus laterales, de trecho en trecho, una ventana que cierra de abajo arriba, sin cerradura ni protección de hierro alguna, por lo que supone (que el evadido) pudo saltar sin producir el menor ruido y, por consiguiente, sin que sus propios compañeros se apercibieran; que estas ventanas, debido a la época actual (4 de septiembre), permanecen abiertas durante la noche para ventilación de los locales, por lo que el recluso no tuvo siquiera que tomarse ese trabajo».

Y del informe final de instructor-inspector Luis Guzmán Palanca, traigo aquí las líneas siguientes:

«De sobra son conocidas las pésimas condiciones de seguridad del Destacamento el Monumento, enclavado en plena montería, sin más vigilancia que la de los tres funcionarios de prisiones que tienen a su cargo (septiembre de 1944) los 172 reclusos… Estos reclusos pernoctan en unos barracones de madera, apartados del núcleo de viviendas construidas (en 1944) para albergue de los trabajadores libres, y tienen en sus laterales una serie de ventanas»… etc., etc., pues coincide con lo declarado por el guardián de Prisiones.

Afirmé antes que «en principio», porque contamos con un testigo excepcional: Miguel Rodríguez Gutiérrez, El último preso del Valle de los Caídos, recluso trabajador en el Destacamento del Monasterio, quien en su libro testimonial, traza retrato fiel del Destacamento:

«(La oficina) consta de una sola habitación de unos veintitantos metros cuadrados. El acceso a ella es directo desde la calle, subiendo dos escalones de cemento que salvan el desnivel de ésta con la edificación… Tiene una sola ventana a la mano derecha de la puerta de la calle. Es grande y luminosa. No tiene rejas de ninguna especie. Solamente una cortina, hecha con canutos de caña, evitan los rayos del sol. A la izquierda, una puerta pone en comunicación la oficina con el barracón (donde duermen los penados). Otra puerta (…) da acceso a la vivienda del jefe del Destacamento. Cuatro mesas (…) armarios y media docena de sillas, todo ello rústico. Da la sensación de una secretaría de un pueblo olvidado… Considero que tendría el barracón (dormitorio) unos ocho metros de anchura por unos veinte de largo por dos cincuenta de altura, rematado por un techo de cielo raso… Las literas, de madera, se hallaban situadas en las paredes y el centro de la nave… Una ventana, sin rejas, pero con una tela metálica… El comedor era una sala grande, no tanto como el barracón, pero muy bien iluminada, tanto por la luz eléctrica como por ocho ventanales que tenía en su parte derecha. Me acomodé a la entrada, sirviéndome la pared de respaldo. Era pasto de las miradas de todos los presos, que entraban en el comedor o que ya se hallaban sentados esperando la cena…».

Hay algo más importante que esta florida descripción, y que simboliza el trato de los funcionarios de Prisiones a los reclusos trabajadores: Miguel Rodríguez se presenta al jefe del Destacamento a su llegada, se pone firmes y saluda brazo en alto como se acostumbraba en las cárceles —dice—. Don Amos Quijada «me indica que aquí no debo hacer ninguna clase de saludo político, sino es la corrección y educación que debemos comportar cuando alguien nos habla o se dirija a nosotros. Aquí en los Destacamentos la disciplina es interpretada de otra manera que en las cárceles…».

Añadiré algunos detalles más, contenidos en otros Expedientes, respecto al Destacamento de la Carretera. Se trata de los números 122 y 121 (5 y 25 de septiembre de 1944):

«… el penado Ramón Pons González había quedado por enfermo en un dormitorio muy amplio, de planta baja, al que se entra por una puerta única situada hacia el centro del edificio, que permanece abierta todo el día por el incesante servicio y tiene ventanas en ambas partes, provistas de una alambrada (tela metálica) fuerte, que no presenta síntomas de haber sido violentada. Los servicios de cocina y talleres están en un edificio independiente del dormitorio y separado del mismo por una pequeña calle de unos tres metros de anchura… El Destacamento de la Carretera está formado (4 de septiembre de 1944), por un amplio edificio de una sola planta para dormitorio, que tiene dentro los servicios completos de aseo, las ventanas provistas de una alambrada (tela metálica) clavada (…) la puerta de entrada da frente a la explanada, pequeño trozo de terreno llano en que están paseando unos cuantos penados accidentados, enfermos de poca importancia y destinos (…) Hay otro edificio, que forma ángulo con el anterior, separado éste por un pequeño callejón de unos tres metros de ancho, y está destinado a oficinas, viviendas de funcionarios, panadería (…) y carpintería. Por el frente del Destacamento está la carretera y a sus espaldas el monte y el río».

Éste es, aproximadamente, el marco donde se desarrollaba la vida de los reclusos-trabajadores. Y digo aproximadamente, porque ni en un solo documento he encontrado las pequeñas huertas —la grande tipo granja fue proyectada y anulada rápidamente por el Consejo de las Obras debido a los daños que hubieran producido en el Valle—, ni tampoco los Economatos de las empresas, ni algún que otro edificio como la habitación preparada para las visitas familiares (¿el bis a bis actual?) que se desprende de alguno de los Expedientes:

«El régimen de comunicación (1944) está establecido los domingos en una habitación que se tiene preparada al efecto. Esto, no obstante, por orden superior, cuando algún familiar de recluso solicita comer con el mismo, se le autoriza, pero siempre en lugar donde puedan ser observados. De aquí (sic) que tengan relación con elementos extraños, como son los visitantes y los obreros libres que tienen contratados la empresa». O que fulano no es aficionado a la bebida y zutano sí, bebe mucho vino…; o que en verano, después de la cena, los reclusos paseaban y charlaban hasta las 23 horas como mínimo; o que algunos domingos y festivos los reclusos disfrutaban de las delicias de El Escorial o Guadarrama, según un orden y unas condiciones de permiso que no he podido descubrir hasta el momento. Aunque no estén escritas lo cierto es que, en los Expedientes hay declaraciones, como las del recluso Carlos Fernández Castaños, que hablan mucho del régimen de semilibertad de que disfrutaban los reclusos:

«Que el 29 de julio último me encontraba a eso de las 10.30 de la noche de aquel día en la carretera cercana al Destacamento, en compañía de varios penados y paisanos, a la vez, en charla y comentarios de asuntos particulares…».

En las Actas del Patronato es fácil hallar anotaciones referentes a reclusos del Valle de los Caídos sancionados porque habían sido encontrados en la carretera, camino del El Escorial o Guadarrama, «sin intención de evadirse».

En una anotación del Acta del 24 de septiembre de 1944 se dice:

«Sancionado con dos meses de incapacidad para redimir y traslado a la Central de Burgos al recluso Nicolás Sánchez Espinar Carretero, por ausentarse del Destacamento de Cuelgamuros, siendo capturado cuando se dirigía al Escorial sin que fuera su propósito evadirse».

Es fácil adivinar que el recluso Nicolás Sánchez Espinar había elegido un mal momento para su visita acostumbrada a El Escorial. Algo parecido le ocurrió al recluso Gregorio Pérez-Juana Bretón, quien el 2 de julio del mismo año también fue sancionado, pero «por ausentarse del lugar de trabajo».

Otra cosa fue la sanción aplicada a dos vividos que tomaron el Valle de Cuelgamuros por el serrallo de Miramamolín a los que se sorprendió con las manos en la masa, nunca mejor dicho:

«Aprobando la baja en el Destacamento de Cuelgamuros de los reclusos Francisco de León Martínez y Emilio Sandar Gracia por tener relaciones ilícitas con las vecinas de un caserío próximo al Destacamento».

Pero el Valle no gozaba de la exclusiva de estas anomalías tan alejadas de esa disciplina brutal que han achacado a Prisiones, Destacamentos y Colonias Penitenciarias Militarizadas. Se faltaba, quizás con demasiada frecuencia, al «recuento de retreta», y aun se tornaba con mucho vino de más a este o aquel Destacamento y a altas horas de la madrugada. En las Actas del Patronato figuran gran número de estos hechos, sancionados en los primeros tiempos, y que, luego, se esfumaron, seguramente por la aplicación de la llamada política de «libertad relativa», un amplísimo campo, sin límites, que irá aflojando la disciplina con rostro humano hasta llegar a un statu quo, con funcionarios y empresas para que las obras se realizaran con normalidad. Eso sí, nada de malas conductas y, menos todavía, de propaganda y agitación políticas, la «movilización» de reclusos o la vagancia por sistema. La reacción se producía rápida y sin escándalo: pérdida de derechos para el futuro e ingreso en cualquier prisión a mano. Después de todo, en las mismas prisiones esperaban una larga lista de voluntarios dispuestos a cubrir las bajas de los agitadores políticos.

Son risibles esas invenciones sobre tramas comunistas, en especial de las Juventudes Socialistas Unificadas y anarquistas. Las redes de confidentes estaban magníficamente tejidas, y a los pocos «políticos» se añadirían los muchos «comunes». En ningún momento perdieron los funcionarios de prisiones las riendas de los Destacamentos en este orden. Por ello los años 1946 y 1947 fueron pródigos en bajas y traslados fulminantes de reclusos, reflejadas, sin explicación alguna, en las Actas del Patronato, uno, a uno, en pareja o en grupo. La «libertad relativa era para la vida diaria». Allí, al Valle, se iba, voluntariamente, a redimir y a ganar un salario.

Dirán que exagero, pero se llegó a extremos inconcebibles; por ejemplo: en las minas de wolframio, de gran interés militar, entre ellas las de Casayo, se descubrió que los reclusos trabajadores robaban el mineral y lo vendían de contrabando, seguramente con un buen beneficio…

La clave de las ausencias del trabajo o del Destacamento la proporcionaba un acuerdo contenido en el Acta del día 24 de junio de 1944:

«Aprobada la baja en el Destacamento del Monumento a los Caídos a los reclusos José Díaz Bretal, Blas Paniagua Torresano, y Jorge Timoteo Requena por ausentarse del Destacamento sin permiso para ello…»; ¡sin permiso!, luego había permisos…

En estos juegos continuados de estira y afloja, no faltaron situaciones chuscas, como la que recogió el Expediente número 243, de 16 de julio de 1944, que el Instructor convierte en día 4 del mismo mes. Una gran conmoción iba a producir la captura del recluso trabajador Florentino Méndez Díaz y, no por su evasión, del Destacamento Penal «Hotel Felipe II» de El Escorial. La anécdota sirve de ejemplo para la comprensión del régimen disciplinario en los Destacamentos, incluidos los del Valle de los Caídos. Lo cierto es que, tras su captura, el recluso cantó de plano ante el instructor-inspector y allá fue Troya con sus revelaciones sobre los fines de semana alcoholizantes. Cómo sería el negocio que el Patronato disolvió definitivamente el Destacamento el día 21 de julio, en cuanto el informe del instructor llegó a manos de las autoridades.

Capturado, el evadido declaró textualmente «que el día de la evasión era domingo y siendo la costumbre establecida en el Destacamento del “Hotel Felipe II”, la autorización para ir de paseo por los pinares y El Escorial, y que, con este motivo, y en compañía de otros compañeros estuvo en la cercana aldea de Peguerinos donde bebieron bastante, llegando el declarante a emborracharse», y así «piano, piano» el declarante debió equivocar el camino de regreso al Real Sitio y tiró monte arriba hasta coronar las cumbres y topar con Ávila. Una epopeya, dado su estado etílico, incomprendida por el Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo.

Se disolvió el Destacamento Penal, se echó tierra sobre el asunto y la labor de instalar la calefacción, tender la línea para el alumbrado, pintar puertas, ventanas y paredes, arreglar los paseos que circundan el edificio y que constituye un parque, recayó enteramente sobre los obreros libres. El Instituto Nacional de Previsión, propietario del edificio y los terrenos circundantes, tenía el propósito de construir allí una barriada o colonia de chalés. En el momento de la «evasión», se estaban abriendo las vías de acceso.

En el tan citado libro de Sueiro, luces y sombras, más de las segundas que de las primeras, nos encontramos con disparates tales como que cuando llegó a Cuelgamuros el abogado Peces-Barba «está ya en una fase muy avanzada de la construcción del célebre Monumento a los Caídos», ¡en 1943!; «allí había una serie de barracones de madera en donde vivían y dormían los penados —declaró Peces-Barba—.(…) Eso me permitió a mí, por ejemplo, que mi hijo Gregorio (…) cuando tenía 5 años, compartiese conmigo en Cuelgamuros mi petate de preso», en el barracón, claro es, donde vivían y dormían los presos, lo cual demuestra que, a pesar de ser «antiestéticos», si no perjudicaban la salud de un niño de cinco años, menos aún la de los penados, libres de cualquier tipo de parásitos…

Afirma luego Peces-Barba que llegó a Cuelgamuros en diciembre de 1943, «cuando habían disminuido sensiblemente los accidentes de trabajo de los compañeros dedicados a aquel tremendo horadar la roca», lo cual no deja de ser un mérito, tanto para los mineros penados profesionales y los mineros libres, como no se refiera al acarreo de rocas y tierras por los reclusos trabajadores que actuaban como peones. Llegó en diciembre de 1943 y marchó en abril de 1944. Como se recordará, le habían conmutado la pena de muerte en 1942.

Lo importante es que podía vivir en esos barracones un niño de 5 años, so pena de tener un padre insensato y despiadado, al que importase un bledo la salud de su hijo.

«Todos los Rabal estuvimos en el Valle de los Caídos, todos pasamos por allí en un momento o en otro. El padre, la madre, los hijos, las nietas…», declararon Damián y Paco Rabal.

Damián había llegado al Valle de la mano de su padre, capataz minero libre, contratado por la empresa Sanromán para contribuir a horadar el Risco de la Nava donde sería instaladas Cripta y Basílica. Damián se escondió en el Valle temeroso de que se descubrieran sus antecedentes como voluntario, menor de edad, en el siniestro cuerpo de los Guardias de Asalto, algunos de cuyos miembros habían participado en el asesinato de José Calvo Sotelo, junto a pistoleros socialistas. La exministra de Educación en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, es sobrina nieta del político asesinado el día 13 de julio de 1936. Damián, al que su padre había «enchufado» de sanitario en el Valle, había hecho la guerra en el temido cuerpo policial.

Cuando Damián Rabal llegó al Valle «allí no había nada, era cuando se empezaba a remover aquello. Diez o quince obreros (libres), no más, fueron los que comenzaron a abrir el túnel (…) Después ya se hicieron la casas para los obreros (libres), los barracones para los presos, la Iglesia, se montó el Economato y, más tarde, se improvisó un campo de fútbol (…) donde se jugaban buenos partidos. Los equipos los formaban tanto presos como libres. Las camisetas y todo lo demás nos las compró don Pedro Muguruza, director del Proyecto (…) Jugaban contra los equipos de las localidades vecinas, Guadarrama, San Lorenzo de El Escorial y otros pueblos próximos (…) Los recuerdos que tengo yo de ese Economato (del Valle) se confunden con la indigestión. Mi madre iba acumulando toda la comida que podía a lo largo de la semana (…) Yo (Damián) de sanitario pasé a ser barrenero (…) y estuve con una perforadora hasta que me llamaron al servicio militar (…) Yo (Paco) solía ir (a Cuelgamuros) en “La Tabanera”, un coche de línea que iba por Guadarrama hasta El Escorial. Para subir después carretera arriba los seis kilómetros que quedan (hasta el Monumento) (…) Una de las imágenes que más se me han quedado de aquello (Paco) es la de nuestro padre a menos de dos metros del lugar del estallido del barreno, tranquilo, sabiendo que está a salvo, porque tenía una enorme habilidad técnica para colocar los barrenos (…) El tío, al que mi padre había llevado a trabajar allí (como minero libre), había muerto poco antes de silicosis; tenía la enfermedad pero como necesitaba trabajar, siguió allí hasta que se murió (…) Muchos reclusos iban solos a El Escorial o a Guadarrama y no se fugaban, sino que volvían; además, podían tener allí a sus mujeres; ellas iban y ya se quedaban, aunque fuera antirreglamentario (…) Nuestra presencia en el Valle de los Caídos dura hasta el momento del retiro de nuestro padre, muy castigado ya por la silicosis, que le venía de antiguo, claro, del inhumano trabajo de las minas de plomo de La Unión y de toda la parte esa de Cartagena. Debió ser hacia 1955 (…) Se había dado la ultima pega, que es como se llama en la minería la explosión de los barrenos (…) Eso se hace al final de la jornada, para que vaya saliendo el polvo y esté ventilado al día siguiente para empezar a sanear y descolgar las piedras que quedan flojas, etc»..

La mano blanda de los funcionarios de Prisiones en Cuelgamuros, la atribuyen algunos a la presión de los obreros libres y los técnicos de las empresas; no lo creo, pero lo cierto es que el Valle de los Caídos que nos revelan los hermanos Rabal, dos comunistas de pro, nada tiene que ver con la ergástula inventada y propagada por el grupo de historiadores estalinistas y epígonos.

Algunos dicen que la situación social de Cuelgamuros y las relaciones humanas, se deterioraron con la irrupción de los «comunes» en los Destacamentos, si bien, debieron ser más en el de la «Carretera» que en los otros dos. Afirmaron algunos que antes de esta «invasión» podían dejar un billete de curso legal en la ventana de un barracón durante semanas y allí permanecía, incólume, sin que recluso alguno le echara el guante. Y otras muchas cosas de las que no se aportan pruebas. Yo sí. Se trata del Expediente número 156, del día 16 de enero de 1948, titulado «Desaparición de una máquina de escribir marca “Remington” del Destacamento de la Carretera de Cuelgamuros, el día 3 de enero de 1948».

Quien, o quienes hayan conocido las características, tamaño y peso de aquellos frutos de la ingeniería industrial de la época, tardarán en creer en la posibilidad del citado robo en un recinto, se afirma, dotado de las mayores seguridades. Parece imposible, pero fue cierto. Y ahí tienen un Expediente de 32 folios con un resultado desalentador, pues de la gigantesca «Remington» nunca más se supo. Sin embargo, el Expediente revela que el sufrido jefe de dicho Destacamento era el Oficial de Prisiones don Antonio Montsalve Capeil, quien tenía que lidiar, junto con sus dos ayudantes, con los tres penados que desempeñaban los «destinos» de escribientes, el primero de los cuales, «manigero» incontrolable, era Zacarías Mareca Crespo, condenado a 7 años y tres días por el delito de estafa; el segundo, su discípulo intelectual y moral, José Suárez Pineda, y, el tercero, parece que el bueno, Jesús Frada Valseiro.

Por las declaraciones de los auxiliares Pedro Recio Gutiérrez, y Pedro Esteban Terrodo, y del guarda de la empresa Banús, Alfonso Cabo Blanco, se conoce que se habían producido dos robos en el Economato de la empresa sin que hubieran descubierto a los autores; que Zacarías Mareco, que estaba en el Destacamento desde hacía año y medio, como escribiente, y su compañero José Suárez, «eran muy bebedores»; que Zacarías gastaba todos los días de dos a tres pesetas en el Economato, «dicen que de recoger leña y piñas, que después vendía a los trabajadores libres»; que Zacarías le dejaba dinero, de uno a cinco duros, a Antonio Yáñez González, que había sido carpintero penado y, ya libre, seguía trabajando en la misma empresa; y, que, uno y otro, acudían todas las tardes al Economato a beber vino en cantidad…

Queda claro que la «relativa libertad», el orden, la vigilancia se fueron deteriorando, mientras el Patronato proseguía la política que tan buenos resultados había dado en los primeros tiempos. Es decir, la política que explicaba en su informe Gerardo Pajares Lastra en el Expediente numero 157, a 19 de julio de 1949:

«… no hay que olvidar el necesario régimen de puerta abierta y de libertad en las obras que hay que seguir por la calidad de trabajadores que tienen los penados» del Valle de los Caídos y, sigue:

«En cuanto a la libertad relativa de los penados en el Destacamento (del Monasterio) es la que tienen en todos, que es necesaria y ha sido así reconocido incluso por el Excmo. Sr. Director de Prisiones (Francisco Aylagas), en diferentes visitas a éste y otros Destacamentos, no siendo procedente constreñir esta pequeña libertad».

Sorpresivamente, faltan los libros de Actas del Patronato de fechas 3 de noviembre de 1948 al día 6 de febrero de 1950. Pero a 17 de marzo de 1950, encuentro la anotación siguiente:

«Visto el escrito de fecha catorce de la empresa Sanromán S. A., dando cuenta de haber terminado las obras del Monumento Nacional a los Caídos se acuerda la supresión de los Destacamentos Penales dedicados a los mismos y su traslado a la prisión correspondiente».

El último acuerdo del Patronato, referente a beneficios a los penados del Valle, de fecha 22 de octubre de 1948, dice así:

«Se acuerda conceder seis meses de redención extraordinaria a los reclusos en el Destacamento del Monumento de Cuelgamuros Joaquín Aguilar de Gracia y treinta y seis más»; o, lo que es lo mismo, a toda la plantilla de reclusos trabajadores del Monumento. Espero que un día cualquiera aparezcan los libros de Actas «desaparecidos»; pues 1949 es crucial para estas investigaciones.

¿Ha ocurrido algo antes del informe del inspector central de Destacamentos de julio de 1949, y el posterior cerrojazo inesperado e inexplicado? Según Diego Méndez, se debe a sus gestiones con el Jefe del Estado, y a sus peticiones de indulto para los penados que trabajaban en los tres Destacamentos del Valle. Una vez más reclama una autoría que no le corresponde. Sólo hay que acudir al Acta número 48 del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, de fecha 15 de marzo de 1949. De ella se desprende que la situación había llegado a extremos intolerables dentro del Valle y que era imprescindible una actitud enérgica para que las aguas volvieran a los cauces que jamás debieron ser desbordados.

El Acta, en sus puntos más relevantes, dice:

El señor Consejero Gerente dio cuenta de que el día 2 de marzo se quemó una gran extensión de monte; fue motivado el fuego por dos chicos menores, hijos de un antiguo obrero que trabajaba en las obras y que se ausentó abandonando a la familia. A los chicos los ha llevado la Guardia Civil a un correccional y a la madre se le ha dado un plazo de quince días para abandonar el Valle.

El día 6 de marzo, durante la Santa Misa se declaró otro incendio en la Iglesia del Poblado Obrero quemándose la techumbre y carpintería. Afortunadamente no se propagó al resto del poblado, cosa que pudo ocurrir por la escasez de agua y fuerte viento, actuando la población obrera eficazmente en la extinción. La causa de este siniestro se debe a alguna chispa desprendida de la próxima chimenea de la casa del maestro, la que entrando por debajo de las cobijas del tejado debió prender en el corcho de la cubierta del cielo raso, activando el fuego el gran vendaval que había en aquellos momentos. No se puede atribuir a un acto de sabotaje, según informa la Guardia Civil, puesto que a juicio de aquella resulta casi imposible por el sitio donde empezó y el lugar de emplazamiento de la Iglesia.

No obstante se ha podido comprobar la existencia de ciertos conatos de organización de carácter comunista y C. N. T. que existen en el Valle, facilitados por causas que se han cortado radicalmente.

Debido a tolerancias, unas veces y otras quizás por falta de escrupulosidad o por negligencia de algún Jefe de Prisión, es lo cierto que se ha ido creando una situación poco conveniente en el Valle que ha sido necesario corregir.

Existía ya la prohibición de visitas al Valle sin la debida autorización escrita del Consejo, y sin embargo, debido a tolerancias, se han ido permitiendo cosas tales como el acceso del autobús de la Empresa Tabanera al Valle, para transportar obreros, familiares de los libres y penados y amigos de aquéllos; se toleró la construcción de chozas en las proximidades del campamento obrero, donde habitan familiares de los penados y obreros libres con sus familias. Se ha tolerado el paso de traficantes con géneros y víveres y quizás todo esto ha motivado de poco tiempo a esta parte el constante acceso al Valle de personas ajenas a las obras cuyas visitas se consideran muy poco convenientes.

Por todas estas razones se han cursado órdenes a la consideración del Consejo para su aprobación o modificación.

1.- Se ha ratificado la orden de prohibir el acceso al Valle a toda persona que no lleve autorización escrita del Consejo, bien para visitar las obras o bien para visitar a los familiares que en ellas trabajan, fijando plazo de permanencia para estas autorizaciones que serán recogidas por la Guardia Civil.

2.- Para no entorpecer los trabajos con esta medida, se facilitará a cada director de Empresa y personal facultativo a sus órdenes, una autorización para el libre acceso al Valle durante el tiempo que dure su contrato. Cada Empresa a su vez expedirá un documento a cada uno de los obreros que en ella trabaje, siendo la Empresa responsable de los actos que pudiera realizar su personal. Se debe prohibir la calidad de privilegiados en el personal penado, pues existe algún caso que por su condición de no ser obrero, se le encarga misión de oficina, que en muchas ocasiones se convierte en un desocupado.

3.- Se ha ordenado el cierre total de los Economatos desde las siete de la tarde en los días laborables y desde el medio día en los festivos, no permitiéndose la permanencia en el local ni el copeo.

4.- Se ha ordenado el desaloje de las chozas construidas por familiares de los penados y su permanencia en el Valle, pues esto ha motivado inmoralidades y escándalos.

5.- En cuanto a las chozas construidas por los obreros libres para ellos y sus familiares se ha ordenado a la Guardia Civil hacer una información de éstas y a la vista de ella, si es favorable se autorizaría la permanencia, siempre respaldada por la Empresa a que pertenece el obrero.

6.- Para el suministro de la población obrera, los vendedores de pescado, carne, etc., se les autorizará el acceso al Valle previo aval expedido por la Guardia Civil de la localidad donde resida el industrial.

7.- La Guardia Civil tiene orden de expulsar del Valle a todo el personal que se embriague, escandalice o motive riñas, poniendo el caso en conocimiento de la Empresa y comunicando al Consejo con la mayor urgencia, cuantas observaciones crea necesarias para la mayor tranquilidad en el poblado.

El Consejo de las Obras ha tachado de un plumazo la «relativa libertad» que había convertido las obras del Valle en una especie de zoco moruno. Se había desbordado el vaso y alguno de los asistentes a la reunión del Consejo de las Obras informó, Acta en mano, más los añadidos de rigor, al Generalísimo.

¿Quién informo al Jefe del Estado? A la reunión del Consejo habían asistido Blas Pérez, ministro de la Gobernación; Luis Carrero Blanco, subsecretario de la Presidencia, José Martínez Falero; Jesús Iribas de Miguel y Antonio de Mesa Ruiz-Mateos, éste en su calidad de consejero-gerente, y a la sazón director facultativo de las obras. ¿Fue Carrero Blanco?

El Acta del Consejo —recordemos— lleva fecha de 15 de marzo de 1949, y unos meses más tarde, a comienzos de 1950, son disueltos los tres Destacamentos del Valle y, en marzo abandona Cuelgamuros «el último preso».

No se hable más de la dureza de la vida, de la disciplina brutal, de los malos tratos que sufrían los penados en el Valle de los Caídos, so pena de faltar a la verdad por ignorancia o mala fe.

Más sobre la vida en el Valle en los próximos capítulos.

CAPÍTULO VIII

MEJOR QUE EN LOS CUARTELES

La comida de los presos en cárceles y Destacamentos, desde los años cuarenta, fue la gran preocupación del Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo. Pero, no solamente del Patronato, sino de los Ejércitos dada la carestía y la escasez de víveres. Sin embargo, el fenómeno no era privativo de España. Con la Segunda Guerra Mundial, Europa entró en una pobreza extrema de la que pudo salir gracias al plan Marshall que dejó a España «fuera» del mundo occidental como castigo por la victoria de una parte del Ejército y de la sociedad civil sobre un Frente Popular desviado del Estado de Derecho, pero que se hubiera alineado con los aliados y, especialmente con la Unión Soviética, contra la Italia fascista y la Alemania Nacional Socialista. La guerra fría, con su brutal antecedente de intento de cerco, por hambre, de Berlín, «el telón de acero», y el sometimiento al Kremlin de la Europa Occidental pusieron las cosas en su sitio.

Aclararé que la no aplicación del Plan Marshall a España, no fue por motivos políticos sino religiosos. El Congreso de EEUU había aprobado una ayuda inicial a España de 50 millones de dólares, pero Truman la vetó alegando la falta de libertad religiosa en España para lo que ponía, como ejemplo, el asalto a tres capillas protestantes en Madrid, Sevilla y Granada. Sobre este último, ocurrido en 1948, podría informar convenientemente el periodista Jaime Peñafiel, pues él sabe que un grupo de alumnos de 5.o curso de bachiller y algunos otros de 4.o y 3.o, asaltaron la capilla situada en la calle Santa Paula, robaron la biblia y la quemaron en una huerta colindante con el colegio de los HH Maristas al que pertenecían los asaltantes.

Efectivamente, hasta 1949 hubo hambruna en determinadas zonas españolas por la imposibilidad de realizar un comercio exterior, con las rutas marítimas prácticamente bloqueadas por las marinas de guerra beligerantes; el gobierno carecía del oro necesario para las transacciones comerciales; y finalmente, la condena del nuevo régimen por la ONU y el subsiguiente cerco político internacional extremaron la situación. Sin embargo, el sistema de racionamiento de víveres fue paralelo entre Gran Bretaña y España, con perjuicio de la primera. En 1953 aún existía el racionamiento de víveres en Inglaterra, cuando España había escapado del cerco infernal, gracias a la ayuda de la República Argentina.

Una noticia para cerrar este asunto: en abril de 1950, los diarios británicos anunciaban en sus primeras páginas que el gobierno había autorizado la venta libre de pescado, intervenido desde 1941… Repito, en 1953, el año de la coronación de Isabel II, muchos artículos de primera necesidad estaban racionados en Gran Bretaña.

Insisto, la comida fue el caballo de batalla del Gobierno español, de la Dirección General de Prisiones y del Patronato, su órgano controlador e inspector en todo lo concerniente a la política carcelaria, muy especialmente, al mundo laboral dentro y fuera de las prisiones, y de los Ejércitos.

Lo curioso de este asunto es que, durante nuestra guerra, no hubo escasez de alimentos en la Zona Nacional, al contrario que en la Zona Roja, donde se padeció hambre hasta en provincias tan productoras de alimentos como Valencia. El problema, y ello nos lleva al hecho reciente de la unión de las dos Alemanias, fue la fusión de las dos Españas, a partir del 1.° de abril de 1939.

Ya en 1940, el Patronato no ocultaba que «la comida era uno de los puntos fundamentales que mayores dificultades presentan hoy día», y al que prestaba la más viva atención. Según la legislación vigente, los reclusos trabajadores disponían de un plus de 35 céntimos diarios para sobrealimentación (no se olvide que estamos en 1940, y que una peseta de dicho año equivalía a 166,50 pesetas de 2007). La cantidad citada era para los trabajos de los reclusos que se podían calificar de normales, «pero, para los excepcionalmente duros, como los mineros o los metalúrgicos, con horas extraordinarias (a que obliga la necesidad de obtener ciertos productos), autoriza el Patronato el aumento de este plus de 35 céntimos hasta 1.35 o 1.60 pesetas por recluso y día».

Muchas empresas se encargaban voluntariamente de los suministros de víveres, pero, en este año una disposición convertía en obligatorio lo que había sido voluntario; con lo cual, decidieron las autoridades, que «estos suministros estaban, hasta la fecha intervenidos por la Dirección General de Prisiones». De ahora en adelante, las empresas deberían luchar con el mercado negro, el imperio de los «estraperlistas». El procedimiento seguido por el Patronato era el siguiente:

Como las empresas que contrataban reclusos trabajadores eran las encargadas de la alimentación, les correspondía asimismo el gasto «integro del abastecimiento» y si bien mensualmente el Patronato les entregaba lo que éste tenía asignado a cada obrero para alimentación, es decir, dos pesetas con ochenta y cinco céntimos, la diferencia, hasta cubrir el coste real de la manutención que nunca bajaba de 4 pesetas por obrero y día, también corría a cargo de la empresa.

Cuatro pesetas, como mínimo, era el coste de la alimentación del recluso trabajador en 1940; 2,68 la del soldado en filas. ¿Cuánto la del obrero libre, o el bracero del campo, esos que trabajaban de sol a sol y se contentaban con pan y tocino para la comida, cuando los encontraban? En julio de 1941 se aumentó desde 2,85 a 3,20 pesetas la cantidad dedicada al preso en general. Ello supuso un aumento en los pluses para la sobrealimentación de los reclusos trabajadores.

El Patronato inspeccionaba, con severidad, los Establecimientos Penitenciarios y los Destacamentos, y varios de estos últimos fueron disueltos y directores de Prisiones se abrieron sus propias rejas por negociar con la comida de los penados. Fue en julio de 1941 cuando se produjo la destitución, la pérdida de sus carreras y sus comparecencias ante un Consejo de Guerra Sumarísimo, del director, del administrador y del médico de la Prisión Provincial de Córdoba, acusados de estafar en la comida a los reclusos. Otro tanto ocurrió con los directores de otras dos prisiones, y con los abastecedores de prisiones, algunos de los cuales tuvieron que pagar multas de hasta 500 000 pesetas.

Si no fuera por la escasez, en algunos casos, de mano de obra, o por la lejanía de las obras de centros habitados, parece improbable que las empresas recurrieran a la mano de obra reclusa habida cuenta de las exigencias materiales y morales del Patronato: instalaciones adecuadas, servicios higiénicos, duchas, comedores, cocinas, y todo por cuenta de las empresas que, como he dicho, tenían a su cargo la difícil tarea de alimentar a cien, doscientos, trescientos o más reclusos trabajadores en años duros, para todos. En su discurso ante el Consejo Nacional del Movimiento (julio de 1941) Franco lanzó una advertencia clarísima: «ni rojos materialistas, ni burgueses frívolos, ni traficantes codiciosos».

Aquel gran director general de Prisiones, que fue Francisco Aylagas Alonso, escribió en 1951 un libro en el cual dedica ocho páginas al asunto de la comida en los establecimientos penitenciarios, incluidos los Destacamentos Penales. El libro constituye un estudio riguroso, completo y veraz de la política penitenciaria del Régimen de Franco, expuesto de manera clara y amena, al alcance de los más legos en la materia. Gracias a este libro y a las Actas del Patronato podemos conocer los grandes esfuerzos realizados para alimentar al gran número de reclusos de los años 1940 a 1944.

Dice Aylagas que una comisión de médicos de prisiones, presidida por el profesor Jiménez Díaz, estableció cuatro grupos de reclusos, a cada uno de los cuales correspondía un régimen mínimo de calorías diferente:

—Reclusos sanos: 2000 calorías

—Reclusos trabajadores: 3000 calorías

—Reclusos enfermos y sexagenarios: 3000 calorías

—Reclusos carenciales y bacilíferos: 4000 calorías

Los alimentos con los que se debía alternar para alcanzar una dieta sana y variada eran los siguientes:

«Pan, fideos, arroz, patatas, garbanzos, judías y lentejas, por una parte y, por otra, carnes, pescados, huevos, leche, azúcar, aceite y tocino».

No siempre se llegó a la perfección, especialmente en los primeros tiempos, en los que era una heroicidad llenar la olla, tanto para alimentar a los de dentro de las Prisiones y Destacamentos, como a los de fuera.

Un investigador publicó, en fecha reciente, un reportaje con ataques injustificados a los Destacamentos Penales, e incluía en el texto, como muestra de «lo deficiente de la alimentación de los penados trabajadores», en este caso los que participaban en la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos, un menú diario en el Destacamento de Colmenar Viejo. No aclara la fecha del menú pero debe ser anterior a 1943. Según este investigador, «la ración diaria del recluso» estaría compuesta por los alimentos siguientes:

—43,16 gramos de aceite.

—107,95 de arroz.

—647,482 de boniatos.

—1,798 de «caldo cocí».

—50,359 de carne.

—7,197 de cebollas.

—35,971 de fideos.

—451,798 de pan.

—503,597 de patatas.

—71,942 de zanahorias.

—31,257 de pimentón.

—35,971 de sal.

Estos alimentos estaban distribuidos en un desayuno compuesto de sopa de pan y fideos; la primera comida consistía en patatas con arroz, y la segunda comida, de boniatos y carne en salsa.

Desde luego, mucho pan —la ración oficial no podía rebasar los cuatrocientos gramos—, y muchísimos boniatos. Pero no puedo opinar por desconocer más circunstancias del menú.

Aylagas, por su parte, recoge en su libro la dieta basal mínima contenida en el artículo 310 del Reglamento Penitenciario:

… sin perjuicio de las variaciones que en su preparación o condimentación puedan establecerse, cada ración contendrá diariamente los alimentos y cantidades siguientes:

Desayuno: 100 gramos de pan, 100 gramos de leche natural, 5 gramos de café tostado y 15 gramos de azúcar.

Comida: Se compondrá, por plaza, de 150 gramos de patatas, 90 gramos de legumbres, 25 gramos de arroz o fideos, 25 gramos de carne o bacalao, 20 gramos de tocino o aceite y 50 ramos de verdura. Los domingos podrá suministrarse una «paella» compuesta por 100 gramos de arroz, 25 gramos de carne de cordero, 25 gramos de pescado fresco o en escabeche, 20 gramos de aceite y alguna cantidad de frutas o galletas tostadas.

Cena: Constará, por plaza, de 250 gramos de patatas, de 250 gramos de legumbres, 15 gramos de carne o bacalao, 20 gramos de tocino o aceite y 50 gramos de verduras. Los domingos podrán variarse por 300 gramos de patatas, 50 gramos de arroz o fideos, 25 gramos de carne y 15 gramos de aceite o tocino, y se complementará también con alguna cantidad de frutas o galletas tostadas.

Antes de la comida de cada día se entregará a cada recluso una ración de pan de peso igual a la establecida para la población civil, y sin que pueda exceder de 400 gramos en ningún caso.

Hasta aquí, don Francisco Aylagas. Pasaré, ahora a recoger algunos menús de distintos Destacamentos Penales, sin que haya encontrado alguno del Valle de los Caídos.

El primero corresponde al de Gaverney (Lérida), el 2 de enero de 1942:

—Desayuno: Café.

—Comida: Sopa, bistec con patatas, salsa de pimientos, pan y vino.

—Cena: Potaje de patatas con carne, calabaza y col. Pescado con salsa de tomate y pan.

En 1943, un menú del Destacamento de Potes (Cantabria):

—Desayuno: Sopa de pan.

—Comida: Puré de legumbres, estofado de patatas, judías y carne.

—Cena: Sopa de pan, pescadilla con salsa.

Un último menú, correspondiente, al día 16 de agosto de 1943, firmado por el Inspector de Destacamentos. Se trata de una obra que realiza Regiones Devastadas:

—Desayuno: Farineta con aceite.

—Comida: Paella a la valenciana. Carne en salsa de tomate, melón.

—Cena: Alubias estofadas con chorizo.

Insisto: A las mesas de muchas familias españolas no llegaban ni la mitad de calorías de que disfrutaban los menús de los Destacamentos y, por otra parte, también muchos de los reclusos trabajadores de los Destacamentos —braceros del campo, jornaleros de todo tipo, campesinos pobres de tierras de secano, y peones de oficios—, jamás habían comido tan copiosa y variadamente como en sus años de reclusión.

Era imposible seguir al pie de la letra lo ordenado por el artículo 310 del Reglamento de Prisiones de 1944, relativo a la alimentación. Pese a todo, el costo de la alimentación del penado trabajador fue siempre más elevado que el del soldado en filas. Por ejemplo, el coste de la dieta basal mínima de 2000 calorías, para los reclusos sanos en semireposo, era de 4,75 pesetas individuo y día en 1944; en 1950 la asignación sujeto y día para los reclusos trabajadores se elevaba a 7 pesetas; también 7 pesetas era el valor de la ración para los enfermos y sexagenarios, y 10 pesetas la de los enfermos carenciales y bacilíferos (tuberculosos).

Comparemos con el coste de la ración del soldado:

En 1940, el montante de la ración diaria del soldado español ascendía a 2,68 pesetas; en 1945 a 4,27 pesetas y en 1950 a 5,46 pesetas.

Dentro y fuera de Cuelgamuros, se comía lo que se podía encontrar en cada momento en los años difíciles, pero sí tengo documentado que en 1944, «la alimentación es buena y abundante, aún cuando por las circunstancias actuales no puede ser muy variada, pero que, a pesar de todo, el recluso se encuentra bien alimentado y satisfecho». Son declaraciones del jefe del Destacamento de la Carretera, contenidas en el Expediente numero 221. Se comía lo que se distribuía en cada momento hasta que se normalizó la situación alimentaria. Lean los periódicos de aquellos tiempos: tantos gramos de X contra el cupón Z; tantos decilitros de aceite, por ejemplo, contra el cupón J… Los cupones correspondían a las cartillas de racionamiento de que disponían todos los españoles, incluidos los reclusos, al igual que la cartilla de racionamiento de tabaco y los escasos bonos o vales de gasolina. El gasógeno alcanzaba también a los coches de lujo.

Si miramos aquellos años con la óptica de hoy, se tropieza con circunstancias y hechos difícilmente creíbles, sobre todo, si quien pretende analizar la década de los cuarenta lo hace cargado de prejuicios. Viene esto al caso de un plante de comida ocurrido en la Prisión de Sevilla el día 4 de mayo de 1946 (Expediente 371). Los reclusos se quejaban, entre otras cosas, de que hacía mucho tiempo que en sus menús diarios no aparecían las patatas. Del informe del Inspector copio las líneas siguientes:

«… haciendo notar el que informa que si los reclusos pedían comer patatas, en Sevilla hacia muchísimo tiempo que había desaparecido este tubérculo del cupo oficial de víveres de la población civil libre».

El 25 de enero de 1942, Antonio de Mesa, consejero gerente del Consejo de las Obras del Valle de los Caídos, escribe un oficio fundamental, dirigido al comisario general de Abastecimientos y Transportes, en petición de auxilio para disponer de la necesaria cantidad de víveres: «exactamente como se hace en la Dirección General de Regiones Devastadas, y con las condiciones humanas que, según el propio Generalísimo ha indicado en reciente fecha, en su última visita a las obras. En el momento actual este Consejo precisa el suministro de alimentos para doscientos obreros que han de concentrarse para activar las obras, las cuales habrán de continuar suspendidas mientras no se encuentre a pie de obra, en el lugar mismo del trabajo el racionamiento correspondiente». Faltan aún quince meses para la llegada de los reclusos, por lo cual se trata de trabajadores libres.

Es muy ilustrativo el cuadro correspondiente a la clase y cantidad de alimentos de que disponían los Destacamentos de Regiones Devastadas, un cupo por decena y plaza, al que se habían añadido, a mano, 100 gramos de carne y 100 gramos de patatas, al día, y vino.

El cuadro, contenido en un Oficio de fecha primera decena de diciembre de 1941, es el siguiente:

Artículos | Cupo por decena | Pts. | Cts. | Observaciones
Aceite | Cuarto de litro | 1 | 05 |
Azúcar | 150 Gramos | 0 | 40 |
Arroz | 500 Gramos | 0 | 80 |
Jabón | Cuarto Kilo nominal | 0 | 75 |
Legumbres secas | 500 Gramos | 1 | 25 |
Tocino | 150 Gramos | 1 | 15 |
Café | 50 Gramos | 0 | 90 | más 0,10 de Subsidio
Bacalao similar
Patatas
Pan | 7 Kgs. 500 Grs. al mes fraccionados en piezas de 300 Gramos diarios
Añadir:
Carne | 100 Gramos
Patatas | 100 Gramos
| Total | 6 | 30

El Consejo de Obras del Monumento Nacional a los Caídos manejaba una tabla de alimentos con el cálculo en proteínas, grasas, hidratos y calorías que servirá hasta la terminación de las obras. El cálculo es asombroso para quienes investigan sobre la comida de los reclusos y obreros libres del Valle de los Caídos, cuyos detractores inventan especies tan disparatadas como que a los Destacamentos llegaban camiones cargados de víveres y marchaban al rato sin descargar su mercancía.

Éste es el cuadro de calorías:

Un obrero manual (de la construcción, metalúrgico, etc.) necesita, según la intensidad del ejercicio que realice, un régimen alimenticio de unas 3000 a 3500 calorías, más bien la segunda cifra que la primera.

Un ejemplo de un régimen que llene estas necesidades calóricas es el siguiente:

Cantidad | Alimento | Proteínas | Grasas | Hidratos | Calorías
100 grs. | Legumbres secas | 20 | — | 50 | 280
500 grs. | Pan | 45 | 4,5 | 225 | 1120
500 grs. | Leche | 17 | 18 | 24 | 326
100 grs. | Sardinas en aceite | 23 | 14 | 1,3 | 223
40 grs. | Tocino |  | 36 |  | 324
1 | Huevo | 5,6 | 5,3 | 0,3 | 70
50 grs. | Queso | 15 | 7 | 1,5 | 129
250 grs. | Patatas | 5 |  | 50 | 200
50 grs. | Azúcar |  |  | 50 | 200
50 grs. | Fruta |  |  | 7 | 28
100 grs. | Verduras |  |  | 10 | 40
30 grs. | Aceite |  | 30 |  | 270
Total |  |  |  |  | 3240

Naturalmente que este requerimiento calórico puede ser sustituido por otra clase de alimentos, pero para que sea racional no habrá de variar mucho del cuadro anterior en cuanto a proporción de proteínas, grasas e hidratos de carbono.

La mujer del obrero requerirá, oscilando también según la intensidad de su trabajo, de 2000 a 3000 calorías. Si está embarazada o lactante se le deberá suministrar más bien la última cifra; en estas condiciones hay que elevar un poco la tasa de proteínas, sobre todo durante la lactancia.

La cantidad de alimento que requiere el hijo depende de su edad.

Así, un niño hasta de 2 años necesita 100 cal. por kilo de peso y día.

De 2 a 5 años necesita 80 cal. por kilo de peso y día.

De 5 a 12 años necesita 60 cal. por kilo de peso y día.

La contestación al Oficio del consejero gerente, Antonio Mesa, no se hizo esperar, y en telegrama postal, de fecha 20 de febrero de 1942, el director técnico de Consumo y Abastecimientos, Ramiro Campos, anunciaba que se habían dado las órdenes oportunas para que se pusieran a disposición del Consejo de Obras, 459 kilos de aceite, 500 kilos de alubias y 500 kilos de arroz. Los artículos procedían de Córdoba, Toledo y Valencia, respectivamente. A 28 de febrero, otro telegrama oficial postal comunica al Consejo que tiene reservado 2000 kilos de patatas. Firma con letra ilegible el Comisario de Recursos de la primera zona. A 10 de marzo de ese mismo año, el Consejo de las Obras cursa recibo de los telegramas oficiales postales anteriores, pero advierte al Comisario Central de Abastecimientos y Transportes que «falta un artículo tan principal como es el pan», y que si no fuera posible su suministro, se enviara la harina suficiente «para el racionamiento de doscientas personas». La concesión del cupo de judías se anula en agosto siguiente porque nadie ha acudido a retirar los 500 kilos adjudicados. Sin embargo, y a uno de enero de 1943, la Dirección Técnica de Consumo y Abastecimientos, contesta a un oficio del Consejo, en el que solicitaba «un cupo de artículos intervenidos para atender las necesidades de los 300 obreros que trabajan en el Valle de los Caídos» se trata de obreros libres. El oficio no puede ser más satisfactorio para el Consejo, pues confirma que se han dado las órdenes oportunas «a fin de que le sea facilitada (al Consejero Gerente), una cartilla colectiva para dichos obreros, ya que es requisito indispensable para poderles hacer asignación directa de víveres, y tan pronto como ésta sea concedida, se les asignará el cupo correspondiente». Firma ilegible, el director técnico.

A 13 de mayo de 1943, con la llegada a Cuelgamuros de los primeros reclusos trabajadores, el comisario general de Abastecimientos y Transportes, en oficio «particular» al consejero gerente, «le comunica que le ha sido asignado al Valle un cupo de seis mil kilogramos de alubias».

¿Qué ha ocurrido para que el cruce de telegramas oficiales postales y oficios desemboquen en esta correspondencia «semiparticular»?

La explicación se encuentra en dos Actas del Consejo de Obras del Valle. La primera, la número 17, de fecha 26 de marzo de 1943, que en su acuerdo quinto, dice:

«Proponer a S. E. el Jefe del Estado la ampliación del Consejo, designando al Comisario General de Abastecimientos y al Director General de Trabajo, por entender que la incorporación de dichos directores reportará beneficios para la buena marcha de las obras».

«Pensat y fet», que dicen los valencianos; propuesto y hecho. En el Acta siguiente, la 18, de fecha 26 de abril de 1943, el acuerdo primero dice así:

«Hacer constar en Acta el agradecimiento que a S. E. debe el Consejo por la designación del señor comisario general de Abastecimientos y Transportes para formar parte del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, donde su intervención facilitará la solución de importantes problemas de abastecimiento para el personal obrero que trabaja en el Valle de los Caídos».

De esta manera tan sencilla se resolvieron los problemas de abastecimiento de víveres en Cuelgamuros, en coincidencia con la autorización del Patronato para la utilización de reclusos trabajadores en dichas obras, con fecha 20 de abril de 1943.

Recordemos que dejé a Miguel Rodríguez Gutiérrez a punto de recibir su primera cena en el gran comedor del Destacamento del Monasterio de Cuelgamuros:

«Comenzó el recuento (un Oficial de Prisiones), al llegar a mí, me preguntó si yo era el nuevo y qué tal lo había pasado en Yeserías (la Prisión). Bien —le contesté—. Finalizó el recuento, dio unas palmas, no sin antes preguntar si alguien había visto a Lejarazu. Una voz del centro le contestó: ¡Lejarazu, se ha quedado en la cama, está enfermo! Comenzó el reparto de la cena. Estaba compuesta por patatas con carne. Tenía buen aspecto y su olor era agradable. El reparto se hacía por mesas, depositando con un cazo cuanto se solicitaba, en un plato que el penado presentaba. Observé cómo las botas de vino estaban a la orden del día. También me extrañó que muchos penados pidieran comida para sus familias, bien en un plato o en otro que exhibían. Es decir, servían hasta dos platos, colmados hasta arriba (…) Mi compañero me dijo que en una vivienda que había frente al barracón, al pie del risco donde se instalaría la Cruz, vivían hasta quince familias de presos, que habían venido a visitarlos de los más diversos lugares de España, pasando junto a estos hasta un mes».

Y al finalizar la cena, una copa de vino en el Economato, «con un mostrador en el centro, era grande y espacioso». Allí se «degustaba tanto el vino como una copa de alcohol, o jugar a las cartas. El ambiente era agradable, me recordaba mucho a la taberna del tío Benito, de mi pueblo. Servía Tere, sobrina de Domingo, encargado del Economato, también penado…».

Y más adelante habla de la comida de los domingos: «… la comida que se nos reparte es extraordinaria: paella, de primer plato; un huevo frito y patatas, de segundo; postre y un vaso de vino».

Recordaré al lector que en 1949 el gasto por alimentación por recluso trabajador y día era de 7 pesetas en los Destacamentos del Valle de los Caídos, mientras que, en los Cuarteles de las Armas y Servicios del Ejército, el coste de la alimentación diaria del soldado era de 5,46 pesetas.

Huelga todo comentario.

CAPÍTULO IX

UN JORNAL COMO EL DE LOS OBREROS LIBRES

Francisco Aylagas Alonso, al analizar en su traído libro, El Régimen Penitenciario Español, el trabajo de los reclusos, imprescindible en aquellos años posteriores a nuestra guerra, llama la atención del lector acerca de sus ventajas sobre el empleo de obreros libres. Aylagas se mueve en este campo entre lo cierto y lo incierto.

Acierta cuando afirma que la utilización de la mano de obra penada ofrece a los empresarios «la doble ventaja (…) de instalarse, a veces, en terrenos despoblados, donde no es fácil encontrar obreros libres, y la de estar afectos a un solo trabajo y, por ello, de forma continua a disposición de los empresarios que los tienen contratados, mientras que el obrero libre cambia de residencia y de patrono cuando le conviene».

Comienza a errar el señor Aylagas cuando afirma que «otra de las grandes ventajas (…) proviene de que los trabajadores dedicados, por regla general, al mismo oficio, llegan a adquirir un dominio perfecto de éste, de donde resulta la extraordinaria ventaja de una capacitación que los pone a cubierto para lo sucesivo de los riesgos naturales que suelen afectar a los obreros que no están especializados en trabajo alguno».

Ello no es totalmente cierto en los Destacamentos Penales, excepto en determinados casos, por estar ocupados por obreros libres los puestos de trabajo especializados. Y debo añadir que en su mayoría porque en el mismo Valle de los Caídos fue abrumadora la mano de obra libre durante la existencia de los Destacamentos. La utilización de la mano de obra reclusa en tareas de peonaje, por carecer de formación profesional alguna, fue general en el Valle y la mayoría de los Destacamentos. A ello se añade que, asimismo, en su mayor parte no permanecieron en el Valle más de dos o tres años, como se desprende de las declaraciones de muchos de ellos, recogidas en los tan citados Expedientes. Y no sólo producía gran volatilidad en las plantillas la legislación benévola, antes estudiada, sino la política de redención de las penas por el trabajo.

Al conceder hasta seis días redimidos por uno trabajado, a partir del mes de agosto de 1943, será también definitivo que los últimos que gozarán del privilegio de trabajar fuera de las prisiones serán los de mayor condena, al punto de que, a partir de 1946, la mayoría de los penados obreros que trabajaban en el Valle de los Caídos eran conmutados de la pena de muerte. Me refiero a los procedentes de nuestra guerra, no a los comunes, mayoritarios, ni a los escasos condenados por delito posterior. Puede, pues, que esa formación profesional espontánea diera algunos frutos en Cuelgamuros, aunque reducidos al campo de la albañilería y la corta y el labrado de piedra, esta última fracasada a pesar del propósito de don Pedro Muguruza de crear una escuela taller en Cuelgamuros.

Sí acierta plenamente Francisco Aylagas cuando se refiere a los jornales de los obreros reclusos, que suponen económicamente para las empresas que los contrataban el mismo coste que el de los obreros libres, «por estar acogidos a igual legislación» (laboral). Y aún alguna pequeña ventaja: a petición del Patronato (Acta de abril de 1944), Fermín Sanz Orrio, delegado nacional de Sindicatos, exoneró del pago de la cuota sindical a los reclusos obreros. Se trataba del 1,50 por ciento del salario base. Esa cantidad sería utilizada para la compra de vestuario de trabajo y botas para los componentes de los Destacamentos Penales.

Hay una gran confusión en torno a los jornales de los reclusos trabajadores. Y es que se parte de presupuestos falsos. Intentaré aclararlo. Se trata de reclusos que voluntariamente quieren salir de la cárcel y ganar un jornal para ellos y sus familias, que no necesariamente es su mujer e hijos, sino también sus padres ancianos sin medios económicos con los que subsistir. Se trata de una decisión voluntaria, insisto, puesto que en la prisión pueden redimir mediante otros muchos métodos, pero el establecimiento penitenciario no abona pluses para sobrealimentación y, aunque su ración alimentaria es la normal estipulada, no dispone de cartilla de peculio, ni se le entrega cantidad alguna para sus gastos, ni llega el subsidio a su mujer, sus hijos o sus padres. Además, la redención de penas es menor. ¿Quiere ello decir que aprovechando la necesidad de los reclusos, las empresas y Patronato estafaban a los penados? Ésta es la tesis, siempre la misma, del inevitable Sánchez-Albornoz y epígonos que criticaré en su momento.

Hay otro punto que aumenta la confusión: afirmar que el jornal del obrero recluso era igual que el del obrero libre, no quiere decir que el obrero penado que trabajaba de peón en la Cripta, por ejemplo, ganaba idéntico jornal que los mineros libres o penados que hacían la perforación del Risco de la Nava.

Demos un paso atrás: cuando un recluso llega, por vez primera, a un Destacamento se le abre una cartilla de la Caja Postal de Ahorros, con una peseta, que irá incrementando el Patronato con la parte que le corresponde de los beneficios de los Economatos administrativos de las Prisiones, más una cantidad mínima que se le detrae de la asignación familiar. Esta cartilla se le entrega al concedérsele la libertad condicional. Sirve para los primeros gastos mientras encuentra trabajo.

Otra cartilla que se le abre es la de «peculio de libre disposición», en la que el penado trabajador ingresa obligatoriamente la entrega en mano, gratificaciones etc. Como su nombre indica, esta libreta ésta a la libre disposición de su titular.

Francisco Aylagas inserta en su libro una de las páginas de la libreta de un recluso trabajador del Destacamento Penal de Valdemanco (Madrid), que sirve, en este caso, para derribar el entero edificio de tergiversaciones e infundios sobre este asunto:

Destacamento penal de Valdemanco

Cuenta del peculio de libre disposición del recluso

Ramón Lidueña Rodríguez

FECHAS
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
SALDO

Día Mes Año |  | Pts. | Cts. | Pts. | Cts. | Pts. | Cts.
29 Mayo 1947 | Saldo Anterior | — | — | — | — | 295 | 85
4 Junio 1947 | Ingreso quincena |  |  | 178 | 15 | 474 | 00
4 Junio 1947 | Ropa y gastos | 195 |  |  |  | 279 | 00
17 Junio 1947 | Ingreso quincena |  |  | 130 | 95 | 409 | 95
20 Junio 1947 | Girado a su familia | 120 |  |  |  | 289 | 95
3 Julio 1947 | Ingreso quincena |  |  | 251 | 05 | 541 | 00
5 Julio 1947 | Girado y gastos | 225 |  |  |  | 310 | 00
18 Julio 1947 | Ingreso quincena |  |  | 160 | 25 | 476 | 25
20 Julio 1947 | Zapatos y giro | 180 |  |  |  | 296 | 25
2 Agosto 1947 | Ingreso quincena |  |  | 176 |  | 472 | 25
5 Agosto 1947 | Extraído para atenciones | 70 | 25 |  |  | 402 | 00
6 Agosto 1947 | Girado a su familia | 120 |  |  |  | 282 | 00

Si tenemos en cuenta el nivel de vida y los sueldos de hoy respecto a 1947, el contenido de la libreta de peculio de libre disposición del recluso Ramón Lidueña, de Valdemanco, se confunde con el importe de la paga diaria que han establecido muchos de los padres de hoy para sus hijos de corta edad. Sin embargo, ese máximo de 541 pesetas, correspondiente al día 3 de julio no era una fruslería en 1947, pues en pesetas de 2007 supondrían 37 761,80. ¿Dice ello algo? Supondría, por ejemplo, un salario mensual inalcanzable para muchos obreros en aquel tiempo.

¿Cobraban, de verdad, los reclusos trabajadores igual que los obreros libres por el mismo trabajo? Sí, sin duda alguna. Una prueba directa lo atestigua: En el Expediente 57 (evasión de los reclusos oficinistas Nicolás Sánchez-Albornoz y Manuel Lamana), uno de los penados, Ramón Remacha Muñoz, declara, a preguntas del inspector-instructor, que trabaja como ferrallista y maquinista en el Destacamento del Monumento, que lleva seis meses y medio en el Destacamento redimiendo una condena de doce años y un día. Y respecto al trato que reciben y a la comida, por si fueran causa de las evasiones, responde que «es todo lo bueno que es deseable en un lugar como éste, siendo buena y abundante la comida, y el trato que reciben muy considerado, de la misma manera que el trabajo que realizan es retribuido lo mismo que los obreros libres…».

Aparte los jornales, reglamentados por el Ministerio de Trabajo, «Las empresas, explicaba el Patronato, saben estimular a los penados trabajadores mediante las primas extraordinarias que con muchísima frecuencia reparten entre los reclusos trabajadores de mayor rendimiento, la mejora alimenticia, incluso mayor de lo preceptuado, las cantidades que reciben sus familiares, y las que todos los meses pasan a engrosar sus cartillas de ahorros y de peculio de libre disposición, son ingresos con que cuenta para hacer frente a las necesidades de los suyos, y aun de mañana, a pesar de su situación de penado (…) El Patronato y el Centro Directivo les provee de vestuario y calzado».

En junio de 1947, Raimundo Fernández-Cuesta, ministro de Justicia a la sazón, hombre de gran inteligencia y preparación jurídica y política, visitó el Valle de los Caídos y se reunió y conversó exclusivamente con los recluso trabajadores procedentes de nuestra guerra. Durante la reunión, el inspector central de Destacamentos, Gerardo Pajares Lastra, pronunció un discurso delante de los reclusos. Dijo:

«Todos estos penados tienen conmutada la pena de muerte por la de 30 años, y prueba de cómo se realiza esta política penitenciaria de alto espíritu cristiano, es el hecho de que la mayor parte de ellos, gracias a este sistema desde el año 1939, llevan ya cumplidos 25 años, teniendo en cuenta que todos están clasificados como buenos, muy buenos y extraordinarios y, que, por cada Día de trabajo redimen 5 de pena, de este modo, dentro de un año, habrán cumplido los cinco que les faltaban para extinguir la condena. La demostración más elocuente del magnífico trato que reciben es que hay ya muchos que, a pesar de haber extinguido totalmente la pena, continúan por su voluntad en estos Destacamentos trabajando como obreros libres. Los penados perciben los salarios establecidos por las Reglamentaciones de trabajo, y todos los demás beneficios, como plus por carestía de vida, cargas familiares, subsidio familiar, seguro de enfermedad, seguro de accidentes de trabajo, gratificaciones de 18 de julio y Navidad, vacaciones, horas extraordinarias, etc. Su jornal es de 10.50 pesetas diarias, además del 20% de carestía de vida, horas extraordinarias, que se abonan con el 25% de recargo, y cinco pesetas que les entregan las Empresas constructoras como premio a su laboriosidad».

Dicho todo esto delante de los reclusos.

Ignoro si por olvido, o lo incluyó en el etc., el inspector central de Destacamentos se quedó corto, tanto en beneficios sociales como en la cuantía del jornal en los Destacamentos de Cuelgamuros y, quizás, en otros. Debemos tener en cuenta que el jornal de los obreros penados estaba reglamentado por disposiciones exclusivas y, la entrega en mano, por ejemplo, jamás subió de una peseta, cantidad que el Patronato, los funcionarios y las empresas se saltaron olímpicamente. Contemplar la nómina de cualquier español es adentrarse por una selva inextricable de la que sólo se puede salir con determinados conocimientos contables. Así y todo, si volvemos al jornal «oficial» de los penados se observa que, sin horas extraordinarias, destajos y alguna que otra derrama, el jornal neto se eleva a 15,50 pesetas en 1947, el jornal de peón, si es que no mentía delante de los reclusos el inspector-central.

Hora es de terminar con estas erradas o hipócritas campañas sobre los reclusos explotados por las empresas y el «Estado», apoyadas en torpes y aún interesadas declaraciones canallas de reclusos trabajadores condenados a muerte por delitos gravísimos que, conmutados de la última pena por la inmediata inferior, 30 años, consiguieron la libertad condicional a los diez o doce años de su condena, después de un trabajo voluntario, bien retribuido, con el que sacaron adelante a sus familias. Me pegunto muchas veces, con Ramón Serrano Suñer —dos hermanos asesinados por su apellido— si fue justa, en determinados casos, aquella benevolencia.

Llegada la paz, el Ayuntamiento madrileño dedicó una calle a José y Fernando Suñer. Llegada la «democracia» un ayuntamiento socialista borró del callejero madrileño los nombres de los hermanos asesinados. Era llegada la hora de honrar a los asesinos.

¿Se han preguntado los de las campañas cuál era el salario de los guardas, por ejemplo, al servicio del Consejo de las Obras del Monumento a los Caídos?

En el Acta del citado Consejo, de fecha 4 de febrero de 1946, se dice:

«En cuanto a las solicitudes del personal relativas a la mejora de haberes se acuerda, a propuesta del consejero señor Gamoza, asignarles a los guardas jurados el sueldo de 4000 pesetas anuales…»; es decir que, a partir de febrero o marzo de 1946, los guardas jurados del Valle de los Caídos cobraron 333,33 pesetas mensuales, menos que cualquiera de los reclusos trabajadores en el mismo mes y año.

Hay multitud de pruebas del interés de las empresas en aumentar la entrega en mano, que es decir el jornal diario, mediante gratificaciones y premios de todo tipo, con la complicidad del Patronato. Son testigos irrebatibles las páginas de los libros de Actas del Patronato.

Un solo ejemplo será suficiente: la anotación es del Acta del Patronato del día 9 de julio de 1946:

«Visto el escrito de fecha 18 de junio último elevado por las empresas “Ingenieros y Construcciones Marcor”, en su nombre y en el de “Construcciones Arusa”, “Construcciones Elizarán”, Alejandro San Román, Manuel Nicolás, y “Estudios y Construcciones Molán” y todas ellas con Destacamentos Penales en las obras en el ferrocarril Madrid-Burgos y Cuelgamuros, en el que solicitan abonar directamente el Plus de Carestía de Vida al peculio de libre disposición del recluso (…) y visto igualmente el informe favorable de la Inspección Central, se acuerda (se aprueba) lo solicitado».

En una Resolución de la Dirección General de Previsión, de fecha 26 de octubre de 1942, se reconoce que «los penados trabajadores prestan sus servicios en idéntico régimen que los obreros libres, abonando las empresas los mismos jornales y emolumentos que las reglas de general aplicación establecen, y teniendo todas las consideraciones y derechos que las vigentes leyes de Previsión Social determinan».

Y estas normas de general cumplimiento emanadas del Fuero del Trabajo promulgado el 9 de marzo de 1938, siendo ministro Pedro González Bueno, en plena guerra, son una fuente inagotable de beneficios sociales que culminan con la creación de la Seguridad Social.

La legislación social fue arrolladora en aquellos años, a pesar de la penuria económica. El Estado hizo un gigantesco esfuerzo para la protección integral de los trabajadores. Lo demuestra cumplidamente el catedrático y exministro Fernando Suárez González, en un estudio incluido en el libro El Legado de Franco (Volumen I), desgraciadamente agotado, que publicó la Fundación Nacional Francisco Franco en 1997.

«Toda la organización del trabajo, desde la clasificación personal por especialidades profesionales, y la definición de cada una, hasta la regulación de la jornada, de la retribución y de las horas extraordinarias, descansos, vacaciones, sanciones y premios, seguridad e higiene en el trabajo, etc., fue objeto de regulación con sistemáticas mejoras anuales (…) Todo ello forma parte de la estructura de las relaciones laborales, en las que son innumerables las disposiciones sobre descanso dominical, economatos laborales, comedores, inspección de trabajo, seguridad e higiene en el trabajo, servicios médicos de empresa, salario mínimo, plus de distancia, plus de transporte, pagas extraordinarias…».

Aparte, las prestaciones de la Seguridad Social, tales como los seguros de invalidez, vejez, accidentes de trabajo y prestaciones familiares, y el Seguro de Enfermedad. Pues bien, todos estos beneficios alcanzaban a los reclusos trabajadores al mismo tiempo que a los obreros libres, tal preceptuaba la Orden del Ministerio de Justicia, de 7 de octubre de 1938, que creaba el Patronato Central para la Redención de las Penas por el Trabajo. El artículo séptimo establecía que los patronos que contrataban obreros reclusos estaban obligados al «pago de todos los seguros sociales que se establezcan con carácter obligatorio a favor de los obreros libres, tales como los de vejez, accidentes de trabajo, invalidez y paro. Por excepción, la cuota que les corresponda pagar a los obreros para incrementar el seguro de vejez, lo abonarán íntegramente los patronos o entidades a cuyo servicio trabajen, cuando no tengan derecho al percibo de subsidio familiar». Son, pues, a todos los efectos obreros que no pierden su carácter aun después de su libertad condicional o definitiva. Los beneficios alcanzados los conservarán de por vida y sus derechos laborales, como los del resto de trabajadores, serán irrenunciables. Por ello, una buena parte de los libertos del Valle de los Caídos solicitaron y le fueron concedidas gran número de viviendas sociales en la madrileña barriada del «Gran San Blas», sin distinción alguna con los restantes beneficiarios, también trabajadores.

El Patronato fue ajustando todo el sistema retributivo conforme lo exigían las normas laborales, sin olvidar que no era un simple distribuidor de jornales para el único beneficio material del recluso, sino el organismo que marcaba y empujaba la redención de las penas por el trabajo, la ayuda a la familia y la solidaridad entre todos los penados, trabajadores o no, mediante la protección de sus hijos en colegios, internos o externos. Para ese fin se detraía una cantidad del salario de los primeros. Un ejemplo de la rápida respuesta del Patronato se encuentra, entre otras muchas, en sus libros de Actas. Esta anotación corresponde al 23 de julio de 1940:

«Ante la promulgación reciente de la Ley de Descanso Dominical, respecto a la percepción del salario por el recluso trabajador, se acordó por unanimidad equipararlo a éste respecto al obrero libre».

Y este otro de 1 de diciembre de 1942:

«Se acuerda que los veinte y cuarenta días a que se refiere el acuerdo del Patronato de 20 de septiembre último, relativo a penados enfermos en Destacamentos, que la alimentación y plus de enfermedad será por cuenta de la empresa». Y otro, por el cual los reclusos trabajadores gozarán del beneficio de la redención de pena y una parte del salario durante su enfermedad o accidente de trabajo…

También irá aumentando su disposición dineraria, pero siempre en la cartilla de libre disposición. Pero ya en 1941 se dispone que de las horas extraordinarias y destajos corresponderá el 75% a los trabajadores y el 25% restante al Fondo de Educación de los hijos de penados. Y no se escandalice alguien, el primer gobierno socialista de Felipe González puso un tope máximo a las pensiones y creó las pensiones no contributivas, en aras de la solidaridad. No es fácil, sin embargo, contentar a los historiadores y, menos aún, al recalcitrante don Nicolás Sánchez-Albornoz, a quien su contumacia en el error le lleva a retrotraerse a 1939 y 1940, con parada espectacular en el tiempo. Sin saberlo, como aquel que ignoraba que hablaba en prosa, el anciano profesor propaga, urbi et orbi, disparates colosales:

Las obras del Valle estaban contratadas por empresas y entonces la técnica era la siguiente:

El Estado alquilaba sus presos a las empresas privadas, a razón de 10,50 pesetas en aquel entonces. Lo recuerdo muy bien, porque yo estuve trabajando en la oficina; de esas 10,50 pesetas, el Estado depositaba cincuenta céntimos en una cartilla, donde se iba acumulando, para hacer entrega del fondo al preso a su salida; y del resto, de las diez pesetas, cinco se suponía que, al menos a efectos de contabilidad, iban a parar a la alimentación del preso, y las otras cinco eran de beneficio neto para el Estado. No sé si ingresaban por la vía del Ministerio de Justicia o por donde. En realidad el beneficio era de diez pesetas porque si tenemos en cuenta que el Estado hubiera tenido que alimentar al preso, se puede decir perfectamente que el Estado ganaba diez pesetas por cada preso, que cada preso le reportaba al Estado diez pesetas. Ahora bien, ese salario, por el cual eran alquilados los presos, en realidad era menos de la mitad del salario común entonces, aun siendo este de tarifa baja. Ese mecanismo que conozco (sic) para Cuelgamuros era el mecanismo común para todos los campos de trabajo.

Lo cual demuestra que el Estado era tonto, dado su interés en terminar tan lucrativo negocio mediante la salida cada año «de algún indulto aplicable a las penas de seis años, a las penas de diez años y un Día, a las penas de veinte años…», como declaró en su tiempo el ilustre abogado don Gregorio Peces-Barba del Brío, y, como añado, todo ello gracias a la benevolencia de la legislación española ¡Qué dispendio para el «negocio» estatal! ¡Qué empecinamiento del «Estado» en poner en la calle, velozmente, a los reclusos con el Decreto Indulto Total de 9 de octubre de 1945!

Se encuentran vilezas a centenares en los textos con que los escribidores originales y copistas tratan de empañar la imagen del Valle de los Caídos. Pero, de entre este ramillete venenoso, reproduzco el párrafo del libro tantas veces citado y que corresponde a la cosecha propia del autor, dice así:

«Por cada día que trabajan liberan otros dos de su pena y a veces más, aunque bien pronto acabarán en la antirreglamentaria posibilidad que algunos creen haber encontrado de redimir mayor tiempo mediante la renuncia al modesto estipendio que les correspondía. Unos y otros perciben un salario diario de dos, cuatro, cinco pesetas, según las épocas, la peligrosidad del cometido; parte del cual lo reciben sus mujeres y sus hijos allá donde se encuentran, aparte el adoctrinamiento político».

Sueiro dixit…

Luego, más adelante, encuentro en las páginas del mismo libro, que en determinada ocasión, la empresa Sanromán entregó una gratificación de cinco mil pesetas, pero que un antiguo teniente coronel del Ejército Rojo, se ofendió mucho porque a él solamente le dieron cincuenta pesetas, «una propina como a los botones». Lo que el autor ignoraba es que dicho Teniente Coronel, que había perdido la carrera al ser condenado a más de tres años y un día, conservaba su sueldo, al igual que todos los militares profesionales que sirvieron en el Ejército Rojo. Ellos sí se podían permitir rechazar la «propina».

Bien, el año de la propina debió ser 1945 o 1946. La «propina» al Teniente Coronel ascendía, si era 1945, a 5350 pesetas de 2007; si fue 1946, a 4105 pesetas.

Y más adelante todavía, un chico y su padre, reclusos trabajadores, perciben un salario semanal de cincuenta y seis pesetas, el primero, y ciento catorce pesetas, el segundo, y en mano, bien lejos de las diez pesetas cincuenta céntimos diarios que según el señor Sánchez-Albornoz, se quedaba el Estado seguramente, pensará, para construir aquella fantástica bomba atómica en Ocaña, cabe el penal de mil y una historietas. Veamos, entre padre e hijo reunían al mes un jornal de 680 pesetas. Según la tabla que manejo, referida a 1944, da un total de 78 704 pesetas de 2007. «No para echar coche, pero para vivir», tal dice el entonces niño de 15 años Manuel Romero que, como hijo de recluso que vivía en Cuelgamuros, tenía derecho a asistir a la Escuela, pero prefirió el trabajo en las obras de la Cripta. En 1944, también durante la República, la edad legal para trabajar comenzaba a los quince años de edad. Hoy, a los dieciséis.

Sin embargo, Pedro Romero Pacheco, el antiguo recluso de Cuelgamuros, que concedió una entrevista a Gil Mugarza, dice, al respecto cosas bien distintas:

«Los presos (barreneros etc.) percibían una prima personal y sus familias otra. Yo me enchufé pronto en la cocina, aunque cobraba menos (…) Yo, desde la cocina, sin que se enteraran los de arriba, solía desplazarme muchas veces a Guadarrama».

Quizás el mentís más absoluto a la campaña sobre jornales y régimen de vida sea el de Antonio Pérez Gómez (Expediente 182), penado trabajador del Destacamento de la Carretera, quien prestó declaración con motivo de la evasión del también recluso Ramón Pons González, en septiembre de 1947. Los inspectores-instructores preguntaban siempre lo mismo: ¿Hay medidas de seguridad? ¿Cobran lo estipulado? ¿Es bueno el trato de los funcionarios? ¿Comen bien?

Antonio Pérez declara que lleva catorce meses en el Destacamento «y, como el Destacamento no tiene seguridad, el que se propone marcharse puede hacerlo (…) que no comprende el declarante porqué se marcha un penado de este Destacamento, puesto que además de ser el trato inmejorable, los trabajadores pueden ganar mucho dinero, como hace el que declara, que desde que está en esta obra (catorce meses) ha mandado a su familia más de cuatro mil pesetas», aparte sus gastos. Todo este dinero estaba en la cartilla de peculio de libre disposición del recluso.

Esto es, que el penado ganaba, al mes, gratificaciones por valor superior a las 284 pesetas, que a 2007 ascendía a 19 823 pesetas; insisto que sólo en pluses y gratificaciones. Aparte estaba el jornal y todas las ayudas económicas que contemplaba la legislación laboral.

El ingeniero de Caminos don Jesús Iribas de Miguel, aclaró mucho el asunto de los jornales, con frases tremendamente reveladoras:

«He de hablar de las obras que se hicieron con prisioneros que quisieran acogerse a la redención de penas por el trabajo (…) Creo que no fue ningún acierto porque a los contratistas se les pagaba como si fueran obreros libres y, por tanto, no hubo ningún ahorro. Eso sí: tuve muchas cartas de recomendación porque todos querían ir a trabajar al Valle de los Caídos. Por muchas razones. La primera, porque trabajaban en el campo, al aire libre, en vez de estar en la cárcel. La segunda, porque cobraban el jornal, aunque tuvieran que repartirlo con sus familias y la tercera porque podían escaparse con relativa facilidad (…) Casi todos ellos habían estado condenados a muerte les habían conmutado la pena por la de treinta años (…) Se ha hecho más bien una cuestión política, porque no hubo ningún mal trato, sino todo lo contrario y, por eso, todos querían ir allí (…) Fueron personas muy de izquierdas que, posteriormente, trataron de desprestigiar totalmente la organización inventándose torturas totalmente inexistentes. La prueba es que cuando quedaron libres, casi ninguno quiso marcharse…». Lo repetiré en su momento.

Los jornales, pues, tenían que compartirlos con las familias y no producían beneficio alguno al Estado, excepto los años 1939 y 1940.

Ésta es la trampa montada por el señor Sánchez-Albornoz en la que han caído voluntaria o involuntariamente los historiadores del error; y eso que el Patronato jamás ocultó este beneficio que, en un primer momento, se destinó a paliar los daños producidos en la guerra. Y lo proclamó a los cuatro puntos cardinales en sus balances publicados en los años citados:

Según lo decretado, en 1937-1938, el salario del recluso trabajador era el siguiente:

«Un total de 0,50 pesetas para entrega en mano; 2 pesetas para la mujer; 1 peseta para cada uno de sus hijos menores de 15 años, o imposibilitado hasta el límite máximo del jornal medio del bracero de la localidad; 1,40 pesetas para reintegrar al Estado los gastos de su mantenimiento; 0,35 pesetas para sobrealimentación». Quede aclarado que una peseta de 1937 eran 247,5 de 2007, y 192,9 de 1938, también de 2007.

Sosiéguese el lector. Según el documento 1734 del Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco («Costo de un soldado al Estado»), en 1940, con el Ejército español en armas, movilizado, el soldado recibía 0,25 pesetas de haberes, y su alimentación costaba, por día y plaza, 2,68 pesetas: Ello en un servicio militar obligatorio, en cuarteles muy avejentados y sobrecargados de personal.

Los presupuestos de alimentación y sobrealimentación de los reclusos trabajadores subieron a un ritmo acelerado en paralelo con los ingresos de los penados y sus familias.

Pero ¿de dónde obtuvo don Nicolás esas cifras tan reproducidas? Sencillamente de un informe del Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo, publicados en la Memoria de 1939 y que él pone nueve años más tarde:

«Si el jornal medio de un oficial de albañilería es de 14 pesetas, y el sostenimiento del penado, la entrega en mano y la asignación familiar resultan, en total, de promedio 4,75 pesetas, las 9,25 restantes se entregan a la Hacienda Pública y se le devuelve, además a la Hacienda, la 1,40 pesetas que cuesta el mantenimiento del recluso; con lo cual el Estado se beneficia con una cantidad total de 10,65 pesetas».

Ni copiando ni poniendo nueve años más tarde, acierta el anciano don Nicolás. No, por fin, eran 10,50 pesetas de beneficio sino 10,65, lo cual no demuestra que la mentira tiene las patas muy cortas.

El citado libro de Francisco Aylagas colabora al mentís, sin proponérselo; es sólo una manera de su inagotable afán informativo cuando ofrece, en 1951, lo siguiente:

Importe total de los salarios devengados por los reclusos trabajadores desde el 1 de enero de 1939 al 30 de junio de 1947.

Importe de los salarios devengados: 158 733 514,57.

Distribución de los salarios:

—Abonado directamente a los reclusos trabajadores en concepto de sobrealimentación y entrega en mano: 32 970 929,63 pesetas.

—Abonado a los familiares de los reclusos trabajadores en concepto de asignación familiar, plus de cargas familiares y plus de carestía de vida: 57 891 870,66 pesetas.

—Invertido en adquisición de vestuario para los reclusos trabajadores: 876 136,55 pesetas.

—Invertido en la Obra de protección a hijos de reclusos: 56 832 970,02.

—Abonado en las libretas de ahorro de los penados: 5 263 627,57.

—Reintegrado a la Hacienda en 1939 y 1940: 3 553 382,74.

—Otras atenciones: 1 374 697,40.

Total: 158 733 514,57 pesetas.

Como es natural todas estas cifras se refieren a pesetas contantes.

¿Tanto para la Obra de Protección a hijos de reclusos? Justificadísimo. Hasta 11 000 niños y niñas se beneficiaron, mis cuentas finalizan en 1943, de los internados de colegios religiosos y particulares sin que sus padres perdieran la Patria Potestad en momento alguno. Todo era gratis para estos niños: comida, ropa, material escolar y educación, aparte sus vacaciones en campamentos masculinos y femeninos del Frente de Juventudes, como otros centenares de miles de jóvenes españoles.

Volvamos a los jornales, porque de las declaraciones de este o aquel penado parece ser que no había dos reclusos en Cuelgamuros que recibieran idéntico estipendio a la semana. Todos cobraban igual, según las normas establecidas en 1938, 50 céntimos diarios en mano, que en 1941 se elevaba a una peseta en mano, más todo lo demás que veremos inmediatamente, y cuyo conocimiento se hurta al común por ignorancia o mala fe. Antes, volveré a la confusión. El libro de memorias El último preso del Valle de los Caídos es contradictorio, como todos. Un preso le dijo a su autor que ganaría cinco pesetas diarias por su trabajo en el andamio, de peón, pero al ir a cobrar su primer salario semanal se encontró con la sorpresa de que no eran 35 pesetas sino 75, es decir, 300 pesetas al mes. Un auténtico galimatías. Sea como fuere, Miguel Rodríguez Gutiérrez, salió de la pagaduría más «alegre que unas castañuelas», porque era la «máxima cantidad de dinero que en mis manos había tenido en toda mi vida». Insisto, el soldado español, obligatoriamente alistado, cobraba diariamente 0,25 céntimos en la década de los 40 y 0,50 pesetas de 1950 a 1963. Un año más tarde, el haber diario del soldado alcanzó las 1,15 pesetas diarias, pero hacía trece años que habían abandonado Cuelgamuros los últimos reclusos.

En 1946 el Patronato anunciaba que los reclusos trabajadores cobraban un salario fijo diario, de 10,50 pesetas, más el 20% del jornal por carestía de vida, plus de cargas familiares, remuneración de días festivos, plus de distancia, etc. Y lo demostraba mediante una contabilidad muy estricta, como había venido haciendo desde 1939.

Un año antes, 1945, los ingresos obtenidos ascendieron a 20 614 708,57 pesetas. Estos jornales correspondían a los reclusos trabajadores en Destacamentos Penales que, en enero de 1945, sumaban 9115 y 7352 en diciembre. Como es lógico, también descendió el número de familias beneficiadas, que pasó de 7747, en enero, a 6135, en diciembre. Se trata de un balance, que no es otra cosa que un ejercicio de presentación de «cuentas claras», entre lo recaudado y lo distribuido.

Este año, el balance aparece con un nuevo plus, el de cargas familiares, y una gratificación, la de Navidad, que será seguida al poco tiempo por la del 18 de julio. Ambas se convirtieron en «pagas extras», y todavía perduran, aunque la segunda se abona en junio por aquello de la «desmemoria histórica». La aplicación del Plus de Cargas Familiares a los reclusos trabajadores fue una «alcaldada», buena, por supuesto, del Patronato, que el 20 de julio de 1945 acordó que el «Plus de Cargas Familiares, establecido por Orden Ministerial de 19 de junio de aquel año en curso a favor de los trabajadores del comercio y la industria, será de aplicación a los reclusos trabajadores».

El importe de la sobrealimentación y entrega en mano, fue de 4 183 601,32 pesetas; El de la asignación familiar, 6 664 981,09; el de cargas familiares (a partir de julio), 621 351,66 pesetas; el de los beneficios de jornales, 2 397 738,00; el de asignación a hijos acogidos, 10 856,60; el del 25% y 50% del importe de los trabajos extraordinarios, 187 169,49; el de los intereses de demora en el pago de jornales, 3656,04; el de las partidas transferida a la obra «Protección a familias de reclusos», 7 833 968,17; importe de las partidas transferidas a la cuenta «Ahorro de los penados», 1 485 003,32; el de las cantidades abonadas a los reclusos trabajadores y sus familias en concepto de gratificación de Navidad de 1945, en virtud de lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo el 6 de diciembre de 1945, 137 861,15; el de las cantidades giradas en concepto de «Subsidio familiar» a las familias de los reclusos trabajadores, 633 644,96. Al año siguiente, 1946, la asignación familiar alcanzó los 3 140 046,52 pesetas; aparece el Plus de Carestía de Vida, que asciende a 269 855,65. Ha vuelto a descender el número de penados trabajadores y de familias beneficiadas. También ha bajado el importe de los jornales hasta 12 119 051,33 pesetas. Si bien el importe de sobrealimentación y entrega en mano es algo superior al año precedente.

En 1947 vuelve a bajar el número de reclusos en Destacamentos Penales llegando a 4645, y el número de familias beneficiadas a 3700. El importe de los jornales devengados fue de 12 199 737,24 pesetas; es similar a 1946 el capítulo de sobrealimentación y entrega en mano, al igual que la asignación familiar que se cifra en 3 193 209,02, y se dedican 4,471 052, 87 a protección de familias de reclusos.

Saltaré 1948, por ser similar, en la disminución de reclusos y familias. Entremos en 1949, ultimo de presencia de penados en el Valle de los Caídos.

Aquel año comenzó con 1981 reclusos trabajadores, distribuidos en 21 Destacamentos y finalizó con 1554 en 20 Destacamentos. Es un año enloquecedor, pues en los doce meses se produjeron 1794 bajas de reclusos trabajadores, con las consiguientes altas, en un intento de rellenar los huecos. El número de familias beneficiadas fue de 1570, de promedio mensual y, el de trabajadores, el promedio mensual de 2217.

A lo recaudado por jornales ordinarios y extraordinarios, 6 477 207,38, pesetas se suman los pluses de cargas familiares, de carestía de vida, el 1,50 sobre jornales, los beneficios de las barberías, el subsidio familiar y las gratificaciones del 18 de julio y de Navidad, con lo cual se llega a los 8 914 512,81 pesetas. Todo ello se reparte hasta el último céntimo entre reclusos, familias, protección de hijos, cartillas de ahorro y libre disposición, como es lo acostumbrado. Las cantidades recaudadas y distribuidas son idénticas y están al alcance de los investigadores y los contables en la Memoria del Patronato correspondiente a 1949, editada en 1950.

Para mi satisfacción he hallado un retazo de los beneficios oficiales que recibían los reclusos trabajadores del Valle de los Caídos, un pedazo de balance anual correspondiente a 1949, solamente lo relativo a subsidio familiar, plus de carestía de vida y gratificaciones del 18 de julio y Navidad, por cada uno de los Destacamentos. Faltan la sobrealimentación y entrega en mano, la asignación familiar, las horas extras, los destajos y otros beneficios, entre ellos las cinco pesetas diarias de gratificación que las empresas entregaban a cada uno de los reclusos de Cuelgamuros.

Los datos de que dispongo son los siguientes:

SUBSIDIO FAMILIAR (en pesetas)

Monumento: 1982,60

Monasterio: 10 835,00

Carretera: 10 693,80

PLUS DE CARESTÍA DE VIDA (En pesetas)

Monumento: 33 201,33

Monasterio: 69 082,31

Carretera: 13 464,16

GRATIFICACIÓN DEL 18 DE JULIO (En pesetas)

Monumento: 3965,51

Monasterio: 5932,30

Carretera: 10 379,51

Después de estudiar todas las grandes cifras recogidas en este capítulo, y a la espera de que aparezcan más documentos probatorios comprendemos aquellos paseos de los reclusos en las noches veraniegas, las tertulias a la luz de la luna, o las charlas «soto voce» dentro de los barracones, ya que, según Miguel Rodríguez, «no había toque de silencio, ni se apagaban las luces dejando únicamente las de “testigo”, como en las prisiones»; y, los domingos, cocinando una paella entre las rocas, en compañía de los amigos o familiares, con los víveres comprados en el Economato de la empresa correspondiente. Todavía más, esas veladas en el Economato, con vino y licores, «donde la animación era extraordinaria y presos y libres comentaban animadamente las incidencias de la jornada laboral», según El ultimo preso del Valle de los Caídos.

A lo largo de este Capítulo he utilizado dos veces la palabra «vacaciones». Ha sido Pajares Lastra el primero en usarla ante reclusos trabajadores y el ministro Fernández-Cuesta en junio de 1947; Fernando Suárez González, ha sido el segundo, en su estudio El cambio social en la era de Franco. Si los obreros españoles comenzaron a disfrutar aquellos años, por vez primera, de vacaciones pagadas, ¿no eran también obreros los penados que trabajaban en Cuelgamuros, con idénticos derechos sociales que los trabajadores libres?

Recurro, una vez más, a las Actas del Patronato. La anotación corresponde al día 29 de agosto de 1944:

«Comunicando al jefe del Destacamento de Cuelgamuros que los reclusos trabajadores tienen derecho a los siete días de permiso (vacación) y que deberán disfrutarlo en el mismo Destacamento».

Nadie se asombre. Los restantes trabajadores disfrutaban los días de vacaciones en sus casas y, en las noches de calor, sacaban sillas a la acera donde se organizaban las tertulias vecinales, con el acompañamiento de la bota y el botijo. Ésa era la España social heredada de la II República, que desaparecería, para bien, al poco tiempo.

CAPÍTULO X

IRIBAS, BANÚS Y LA CARRETERA

Si las tres empresas que utilizaron reclusos trabajadores en la primera fase de la construcción del Monumento Nacional a los Caídos recibieron ataques desconsiderados, injustos, por parte de los escritores anti-Valle, es más cierto aún que sobre José Banús se vertieron las más soeces y mayores insidias. Daniel Sueiro comienza retratando a un Juan Banús —hermano de José, cabeza de la empresa—, en actitud de plantador de algodón o caña de azúcar, allá por Carolina del Sur, en pleno siglo XVIII, tanteando músculos y mirando dentaduras en una subasta de esclavos; en el caso que nos ocupa, en la prisión de Ocaña. Y como pistolero, luego, en un camión cargado de reclusos, camino del Valle de los Caídos, con parada en Madrid, exhibición de pistola y concesión de permiso a los reclusos, previa amenazas, para darse una vuelta por la capital de España, antes de reemprender viaje, camino de Cuelgamuros.

Pero será Nicolás Sánchez-Albornoz quien difundirá, sin prueba alguna, que, «concluida la extorsión de los presos políticos, el capital acumulado culminará su recorrido ascendiente bautizando, en un caso conocido, un puerto recreativo de la Costa del Sol con el nombre del constructor de la carretera de ingreso a Cuelgamuros. Fue, pues, un negocio a dos puntas, del Estado y las empresas con un pagador único, el recluso».

¿Fue de tal calibre el capital acumulado por la empresa Banús en la construcción de la carretera de «ingreso» a Cuelgamuros? ¿Existe hoy alguna empresa nacional o multinacional de la construcción con peso en la Bolsa titulada Molán o Sanromán S. A.? ¿Dónde el «recorrido ascendente» de los enormes beneficios imaginados por el historiador enemigo feroz del Valle de los Caídos? ¿Explotaron tanto a los presos —el primero Banús— para alcanzar tales cotas de ganancias netas?

Efectivamente, José Banús Masdeu bautizó con su apellido, años más tarde, es decir, construyó años más tarde, el puerto deportivo mejor y mas elitista de España, que proporcionó y sigue proporcionando unos ingresos multimillonarios a las Haciendas Pública y Autonómica y un desarrollo turístico sin igual en el resto de España.

Una vez más recurro a las Memorias del ingeniero don Jesús Iribas de Miguel, dedicadas a la construcción del Valle de los Caídos, para aclarar este asunto. Recordaré al lector que el señor Iribas de Miguel fue el autor del proyecto de la carretera de «ingreso» y director de las obras; aparte de haber permanecido en el Consejo de Obras del Monumento desde su creación hasta su disolución.

Este capítulo de sus Memorias, el único que conozco, consta de 30 folios escritos por ambas caras, que contienen detalles inéditos sobre la construcción del Monumento Nacional a los Caídos, reuniones con Franco, al que no dudaba en llevar la contraria cuando era menester, y opiniones justas favorables a su gran amigo Pedro Muguruza, y no tanto a Diego Méndez.

Un día —debió ser de 1940— le llamó Pedro Muguruza, según cuenta Jesús Iribas, y le dijo:

—Voy a ir a buscarte para llevarte al Pardo porque quiere hablar con nosotros el Generalísimo.

Fuimos allí y Franco nos dijo:

—¿Y porqué no nos vamos a ver el terreno en Cuelgamuros?

Efectivamente, en el mismo coche de Muguruza nos fuimos los tres al Valle y, cuando estábamos allí, caminando, aparecieron unos toros bravos y tuvimos que echar a correr y metemos en el «topolino» de Muguruza. Es una anécdota que conoce muy poca gente, como es lógico, empezando por lo extraño que puede parecer que Franco se metiera en un «topolino» con Muguruza y conmigo, sin escolta.

Aclararé que un «topolino» era un automóvil FIAT antecedente del «seiscientos», de menor tamaño que éste y que prestó su nombre en España a las jovencitas pizpiretas vestidas a la última moda.

Pasa luego Iribas a ponemos en antecedentes del Decreto del 1 de abril de 1940 que disponía la construcción de la Basílica, el Monasterio y un Cuartel de Juventudes cuyo proyecto nunca se materializó. Los gastos correrían a cargo de «la suscripción nacional, que era una cifra que se aproximaba a los doscientos cincuenta millones de pesetas», de 1940. «Este dinero —prosigue Iribas—, lo había dado voluntariamente la gente, durante la Guerra Civil para que Franco dispusiera de él coma quisiera. Entonces a Franco se le ocurrió hacer el Monumento utilizando ese capital que estaba formado por una parte en metálico, y otra en oro y piedras preciosas».

En una de las primeras reuniones del Consejo de las Obras del Monumento a los Caídos, Iribas propuso formalmente que no se hiciera el Monumento en Cuelgamuros, sino en el cerro de Garabitas, en la Casa de Campo de Madrid, lugar «muy vinculado a la guerra y donde habían herido al General Varela. Además estaba en Madrid y, al ponerse el sol, una cruz en ese cerro, recortándose sobre el sol poniente, sería un espectáculo maravilloso».

Luis Carrero le llamó al orden y le comunicó que «aquí hemos venido a obedecer, no a opinar». En fin, que a Iribas le encargó Carrero la construcción de la carretera de acceso al Monumento.

—«Lo primero de todo hay que hacer una carretera de perforación de montaña, para que puedan realizarse las obras».

—«Pues empiezo mañana mismo», replicó Iribas e, inmediatamente, se puso manos a la obra. Pero, como reconoce, el proyecto comenzó con una imposición: «A mi me hubiese gustado que la carretera fuese por el lado soleado del Valle, pero Muguruza dijo que a causa del Vía Crucis, tenía que ir por el lado izquierdo, según se va hacia la Cruz, y esto obligaba a atravesar el Río Guatel, con un puente de gran altura. Creo que proyecté una carretera muy bonita y muy económica».

Sea como fuere, lo maravilloso es seguir la intrahistoria de las obras del Valle de los Caídos de la mano de Jesús Iribas de Miguel, en quien tengo que apoyarme, no sólo para seguir la construcción de la carretera, sino para conocer las anécdotas y descubrir, al final, a un Banús que nada tiene que ver con el personaje que nos presenta Nicolás Sánchez-Albornoz y epígonos.

Haré un alto en el camino para presentar a este personaje, famoso en su tiempo, cuya biografía oficial copio de la red:

Jesús Iribas de Miguel, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Fundador de la Academia Iribas, por la que pasaron cerca de 3000 alumnos.

Hizo importantes trabajos de investigación, presentados en congresos nacionales y extranjeros.

Colaborador como ponente en la primera Instrucción Española de Hormigón Armado y en el Plan de Reconstrucción de Madrid.

Ingeniero del Valle de los Caídos, hizo también proyectos y obras importantes en la Ciudad Universitaria de Madrid, Plan Nacional de Carreteras, etc.

Inventó el Tetracero, que permitió construir con mayor economía y seguridad no sólo en España sino también en Brasil, Colombia, Venezuela y Portugal.

Fundó una veintena de sociedades creadoras de riqueza como Inmobiliaria de Mejoras Urbanas, Costa Peñíscola, Intemac, etc.

Autor de libros de matemáticas e ingeniería, ha publicado también obras de contenido humanístico como Velázquez en el Museo del Prado, Reflexiones sobre la felicidad, etc.

Una vez terminado el proyecto de la carretera salió a concurso y las obras se adjudicaron a Banús porque había presentado la oferta más económica. Los pliegos se abrieron, como es normal, en la notaria. A partir de ese momento, el ingeniero solicitó informes acerca de la empresa Banús, que resultaron «bastante malos».

«Yo le llame —escribe Iribas—, y le dije que no podía ir a visitar las obras todos los días; que tenía unas referencias bastante malas de él y que a pesar de ello, como yo había sido contratista en Agromán y sabía lo que era eso, si él se portaba perfectamente, yo le ayudaría en todo, pero que si me hacia la trastada de poner menos cantidad de cemento de la necesaria, o alguna cosa de ese tipo, entonces lo hundiría para toda su vida».

«—Mire usted, don Jesús, jamás me han hablado así y yo le doy mi palabra de honor que haré todo lo que sea necesario para hacer la obra perfectamente».

El ingeniero afirma que así fue, que Banús cumplió su palabra, pero que hubo ciertos problemas en la construcción de la carretera, que en un principio, sólo por sospechas, el señor Iribas atribuyó al contratista.

«En aquella época había muchas dificultades para conseguir cemento. Se habían comenzado ya a construir las pilas; la pila central del puente sobre el Guatel tiene la misma altura que la torre de la catedral de Segovia, de modo que no es un puente cualquiera. Había pensado hacer un solo arco grande de hormigón, tratando, si no de conseguir un record mundial, por lo menos hacer una obra enormemente audaz. Pero me pareció, que con el Monumento encajaba mucho más el tipo de arquería que puse en el puente y, además, resultaría mucho más económico; y, efectivamente, creo que ha quedado un puente francamente bonito, especialmente por los materiales empleados. Cuando estaba haciendo la pila central del puente, hubo una denuncia de un encargado de Banús, a quien éste había despachado, diciendo que no ponían cemento en las pilas. Estas pilas se hicieron de mampostería exterior y esa mampostería servía de encofrado para el hormigón que se colocaba dentro. Fue una solución elegante y constructiva».

«Ante esa denuncia —22 de octubre de 1944— que pasó al ministro de la Gobernación, don Blas Pérez, pensé que no había más remedio que hacer una calicata y ver qué pasaba. Efectivamente, hicimos la calicata en el corazón de la pila, cuando ésta estaba unos dos metros por encima del nivel del agua, y nos encontramos con que el hormigón se arrancaba como si fuera barro, es decir, que aquello no tenía resistencia alguna».

«Inmediatamente saqué unas muestras y las lleve a analizar al Laboratorio de la Escuela de Caminos. Resultó que todas las muestras tenían perfectamente bien la dosificación de cemento, pero la resistencia del hormigón era mala…».

«Aquello me causó un verdadero pavor porque no se podía hacer un puente de aquella categoría sobre barro, en vez de hormigón. Al fin encontré la causa: como entonces no había envases, el cemento se transportaba en vagones abiertos, cubiertos con una lona. Y resultaba que, indudablemente, el cemento que se había empleado en la obra había tenido, a causa de la humedad, un principio de fraguado el cual había quedado interrumpido sin llegar a fraguar».

Banús no se quería hacer responsable del estropicio debido a causas ajenas, pero, dio con un ingeniero que no estaba dispuesto a salirse del presupuesto:

«… le dije que la única solución que encontraba era perforar la pila, que no era de mucha altura, y hacer un pilotaje, dentro de la pila, hasta la roca. Efectivamente, se hizo así y Banús no cobro nada por este suplemento de obra que era bastante costoso. A partir de entonces, se hizo, en realidad no una pila, sino unos pilotes que se apoyaban directamente sobre la roca fuerte y firme».

Enseguida llegamos a las «fabulosas ganancias de Banús mediante la explotación de los falsos presos políticos» en el Valle de los Caídos, que propaga por doquier, bajo su exclusiva responsabilidad —¿irresponsabilidad?— el profesor Nicolás Sánchez-Albornoz y acólitos.

Porque, resulta que Banús ganó un millón de pesetas, Jesús Iribas de Miguel renuncio a la minuta que le correspondía legalmente, al igual que hizo como director de todas las obras del Monumento, don Pedro Muguruza Otaño, quien repartió su sueldo de director general de Arquitectura, con lo cual dio en la ruina y tuvo que vender su vivienda hipotecada para poder subsistir.

Iribas de Miguel cuenta esta historia desconocida, así:

«La honradez de Muguruza queda probada con el hecho siguiente: Cuando le nombraron director general de Arquitectura no cobró nunca el sueldo: mejor dicho, lo repartió entre sus colaboradores. Entonces, como no podía trabajar particularmente, tuvo que hipotecar su casa para poder vivir y, cuando dejó de ser director general de Arquitectura, tuvo que vender la casa para pagar la hipoteca. Poco antes de morir se encontró que no tenía nada. Él, que era uno de los mejores arquitectos que había en España y que hizo muchísimas obras».

¿Y qué ocurrió con lo que se supone «gran sueldo» por ser el autor del proyecto y arquitecto-director de las obras del Monumento Nacional a los Caídos?

Por fortuna lo explica, con gran sencillez, el mismo Iribas de Miguel:

«Muguruza, como ya he dicho antes, no quiso cobrar los honorarios suyos y entonces, como sabía Franco y sabíamos todos que se había quedado sin un céntimo, le dijo a Blas Pérez que metiera en un cajón los honorarios que le correspondían y que cuando muriera (que murió, efectivamente, poco después, el 3-11-1952) se los diera a la viuda, que era Mercedes Peironceli hija de un ingeniero de Caminos».

«Efectivamente, creo que le dieron una cantidad que se elevó, si no recuerdo mal, a trescientas veintiocho mil pesetas, que fue lo único que le quedó a la viuda de Muguruza de esta obra que era la más importante que había hecho».

¡El gran negocio de las obras del Valle de los Caídos!

Sigamos con las ganancias:

«En el año 46 me fui a veranear dos o tres meses a Mallorca y, entonces, pedí que me permitieran nombrar a un ingeniero auxiliar para que me sustituyera en los tiempos que estuviera fuera. Nombré a Ricardo Segura, que se portó muy bien a pesar de la pequeñez del sueldo que le fijaron. Yo no cobré absolutamente ningún honorario, ni por los proyectos, ni por la dirección de la obra. Supe que Muguruza no quería cobrar nada y a mi me pareció que debía hacer lo mismo. Pero a Segura, que estuvo allí algún tiempo, y muy especialmente a José Luis Carcedo, que fue el ayudante que mas trabajó, les dije que presentaran su minuta, reducida al 50% de la tarifa oficial y esto es lo que les pagaron».

«El año 48 se había terminado ya la carretera —prosigue Jesús Iribas— y su coste se había elevado a 16 135 100 pesetas, cantidad que fue verdaderamente ridícula, y, además, se ajustó totalmente al presupuesto. Todavía sobraron unas pesetas. No ocurrió con el resto de la obra».

Desde luego, la carretera quedó perfecta en todos los sentidos: cómoda y bonita; y en su construcción no hubo un solo accidente mortal. El único penado muerto fue por otra causa, lo que dice mucho de las medidas de prevención de accidentes de trabajo aplicadas por la empresa y el director de la obra.

Iribas de Miguel estaba orgulloso de su obra bien hecha:

«La carretera fue la primera obra que se terminó. Su trazado se consiguió —a pesar de tratarse de una carretera de perforación de montaña—, con pendientes máximas del 8% y se hicieron varios puentes, aunque sólo fue muy importante, (y por cierto muy bello), el construido sobre el Río Guatel. Las curvas con radios amplios, los movimientos de tierra pequeños, para no estropear el paisaje y los peraltes, tan sumamente bien calculados que, muchas veces, poniendo el coche a 80 kilómetros por hora, soltaba las manos del volante y el coche tomaba sólo las vueltas, bajando sin tocarlo 6 o 7 kilómetros, en una especie de juego que a mis hijos les encantaba y todavía lo recuerdan perfectamente. Durante más de veinte años, la carretera, a pesar del enorme tráfico de camiones, no se tocó y no hubo para su cuidado un mal peón caminero, porque no hicieron caso de mis peticiones, a pesar de lo cual, se conservó el pavimento en perfecto estado y no fue necesaria ninguna reparación».

Los movimientos de tierra fueron pequeños, según certifica el ingeniero que proyectó y dirigió la obra de la carretera. Sin embargo, un lego en la materia, la ignorancia es muy atrevida, como es el historiador Nicolás Sánchez Albornoz, pontifica en su incansable campaña contra el Valle de los Caídos con estas palabras:

«… en la construcción de la carretera, el trabajo resultaba extenuante (…) el tercer Destacamento, el de trato peor y de trabajo más duro y menos calificado, trabajaba para la empresa Banús en la construcción de la carretera de acceso al complejo. Los tres centenares de presos (sic) alojados en él desmontaban los terraplenes (sic) y molían la grava a pico y pala (sic) o con mazos. La alta tecnología (sic) brillaba por su ausencia; los presos se hallaban compelidos a contar sobre todo con la fuerza de sus músculos».

Demostrado que el historiador desconoce totalmente cómo se construían las carreteras en la época que nos ocupa —seguro que, además, jamás se puso en antecedentes acerca del sufrido cuerpo de peones camineros—, y que la «alta tecnología», es decir, las maquinas tardaron en llegar a España debido al bloqueo económico y diplomático, tan celebrado por el historiador, a que nos sometió la ONU. Es llegado el momento de añadir algo que firma don Nicolás:

«Los tres Destacamentos penales (del Valle de los Caídos) eran independientes entre sí, y la circulación entre ellos estaba prohibida. Visité el campamento central y la oquedad de la Cripta por tramites oficiales, pero no recuerdo haber puesto los pies jamás en el de la carretera…».

A Dios gracias, el historiador no carga sobre la carretera, su ingeniero y Banús muerto alguno, hecho este que reparte entre el Monasterio y la Cripta, sobre todo ésta última, ensangrentada, dice, por la explosión de la dinamita.

Bueno era don Jesús Iribas de Miguel para tolerar el mal trato o la explotación de los reclusos trabajadores… Mantener lo contrario es desconocer totalmente a un personaje capaz de llevar la contraria a Franco en cuanto a lo que atañía al Valle de los Caídos, o de renunciar a tres Grandes Cruces, «por no asociarme más o menos políticamente a Franco». Por ello es de creer cuanto cuenta Iribas de Miguel, en contradicción palpable con lo que fabula Sánchez-Albornoz acerca de la carretera y los presos «políticos», «comunes» y libres que la hicieron posible con su esfuerzo, nada titánico, por supuesto. Además, el historiador citado llegó al Valle en marzo de 1948, cuando la carretera estaba prácticamente construida.

De los muertos en la obra (hasta 1949), Iribas de Miguel aclara:

«El año 1942 se contrató a Sanromán para las obras de perforación de la Cripta. Esta obra tuvo muchas dificultades y, si no recuerdo mal, hubo cuatro muertos, uno de ellos electrocutado. También yo, en la carretera tuve un muerto, aunque no por la obra propiamente dicha. Uno de los obreros, después de terminar el trabajo, quiso bajar por un terraplén, se resbaló, se cayó y pegó con la cabeza en una vagoneta. Se partió el cráneo muriendo en el acto. Fue un accidente ocurrido en el Valle, pero sin ninguna responsabilidad por parte de nadie».

Es la muestra definitiva de que en el Valle la sangre no llegó al río…

Queda el asunto de los reclusos trabajadores, que no supuso un negocio redondo para el Estado como reitera el tan recitado —¿historiador?—, con asertos como el siguiente:

«Cuelgamuros… era un campo para economizar en infraestructuras y en costos de personal… Un negocio para el estado y para las empresas».

Veamos lo que escribe Jesús Iribas al respecto:

«He de hablar algo de las obras que se hicieron con prisioneros. Franco dijo que los prisioneros que quisieran se podían a acoger a la redención de penas por el trabajo, es decir, utilizarse en estas obras».

«Creo que no fue ningún acierto porque a los contratistas se les pagaba como si fueran obreros libres y, por lo tanto, no hubo ningún ahorro (para el Estado). Eso sí: tuve muchas cartas de recomendación porque todos querían ir al Valle de los Caídos por muchas razones. La primera, porque trabajaban al aire libre en vez de estar en la cárcel. La segunda, porque cobraban el jornal, aunque tuvieran que repartirlo con sus familias. Y, la tercera, porque podían escapar con relativa facilidad. Uno de los que escaparon fue el hijo de Sánchez-Albornoz; claro que, una vez escapados del Valle, era más difícil escaparse de España, y, a los que cogían, les ponían un castigo mayor (…)»

«Del trabajo de los prisioneros en el Valle se ha hablado mucho, pero de ellos se ha hecho más bien una cuestión política, porque no hubo ningún mal trato, sino todo lo contrario y, por eso, todos querían ir allí. Eran, naturalmente, personas muy de izquierdas, que posteriormente trataron de desprestigiar totalmente la organización, inventándose torturas totalmente inexistentes. La prueba es que cuando quedaron libres, casi ninguno quiso marcharse. Varios de ellos habían llevado allí a sus mujeres y tuvieron hijos y un maestro y un médico. Según me contaron ellos, más de una vez les permitieron ir del Valle a El Escorial. De modo que gozaban de cierta libertad».

Muestra, también, de que la Junta de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos quedó satisfecha de la actuación de la empresa Banús en la construcción de la carretera, es que efectivamente, en el Acta del 27 de julio de 1948, «se acuerda que Banús haga los estanques que se habían proyectado que estuvieran delante de la explanada de la Exedra, en la parte baja, para simbolizar los muertos en el mar. La idea de formar dos grandes estanques en la parte baja era muy bonita, pero su presupuesto era muy caro y se renunció a esta obra».

Superados los ataques de Nicolás Sánchez-Albornoz, respecto a las condiciones en que desarrollaban su labor los reclusos trabajadores, debo volver a la carretera con los «Juanelos». Lo recuerda Iribas de Miguel en sus Memorias:

«En octubre del año 49, se trasladaron ya los “Juanelos” al Valle. Los “Juanelos” habían sido proyectados por Juanelo, en Toledo, por ser las pilas de un puente sobre el Tajo. Se habían construido tres de los “Juanelos” y el cuarto estaba sin terminar, tirado en el suelo. A Muguruza se le ocurrió la idea de llevarlos al Monumento».

«Su traslado era cosa seria, porque pesaba cada uno cincuenta toneladas y, claro, no estaban preparados ni las vías, ni los camiones para poder trasladar un peso semejante».

«Se encargó de ello a Sirvent, que era vicepresidente del INI y lo hizo perfectamente. Los colocaron a la entrada del puente y han quedado francamente bonitos».

«Alguien ha dicho que los tuvieron que colocar ahí porque el puente no estaba calculado para que pudiera pasar un peso tan grande y había el peligro de que si pasaban los “Juanelos”, se hundiera el puente. Todo esto es pura fantasía, claro».

Pero volvamos a Banús para cerrar este capitulo reiterando al lector que no me une nada —ni el simple conocimiento—, a él y a su familia.

Cuenta Iribas de Miguel, que Banús ganó —como dije antes—, un millón de pesetas en la obra de la carretera de acceso al Monumento, y que más tarde compró la Alameda de Osuna, que vendió dos meses después por dos millones. Luego se metió en un proyecto considerable, la construcción del barrio de la Concepción, un hito en el Madrid de su tiempo, aparte otras muchas obras considerables.

Finaliza Iribas de Miguel:

«La más importante de todas ellas fue el Puerto Banús, en Marbella. A Amparito del Moral le pagaron doscientos millones de pesetas —¡de aquellos tiempos!—, por sus terrenos. Allí se jugo el tipo, pero hizo un negocio fabuloso. Ganó mucho dinero. Luego quiso hacer otra obra muy grande, que no sé si fue el golf; creo que esto le salió mal y casi se arruina. No estoy seguro de esto. De todas formas, Banús fue un hombre honrado que trabajó mucho y que hizo muchas cosas buenas para España. Y me alegra mucho, no digo haberle podido prestar ayuda, pero sí haber tenido confianza en él, a la que respondió siempre con lealtad».

¿Y, porqué las otras dos empresas, Sanromán, que construyó la Cripta y Molán, el Monasterio, iban a ser diferentes a la empresa Banús, en cuanto a honradez?

CAPÍTULO XI

«EL QUE SE PROPONE MARCHAR PUEDE HACERLO»

Se ha fantaseado mucho acerca de las fugas de reclusos, de los plantes, huelgas o desórdenes en los Establecimientos Penitenciarios, del régimen de disciplina y de las medidas de vigilancia extremas. Todo ello sin aportar documento o referencia escrita alguna; sólo fiados en la rumorología o en declaraciones de presuntos testigos o protagonistas de los hechos, refugiados en lo que se ha calificado de «mentira de Ulises». Así, por ejemplo, se presenta como de suma trascendencia política la huelga de hambre ocurrida en la prisión de Alcalá de Henares, en diciembre de 1946, un «complot», que se disolvió como un azucarillo.

Por su importancia reproduzco parte del Informe que elevó el inspector general de la 1.a zona al director general de Prisiones «sobre la marcha y solución del conflicto planteado en la Prisión Central de Alcalá de Henares con motivo de la huelga de hambre planteada el día 30 de diciembre de 1946»:

Provocó la huelga de hambre una futilidad que fue aprovechada por los reclusos comunistas, con la enemiga de los presos de otros partidos políticos. Se pretendía que siete reclusos jovencitos abandonaran el régimen de aislamiento en el departamento celular donde habían sido recluidos, según lo reglamentado y se reintegraran al régimen general de la prisión; esto es, que «alternaran» con penados, adultos, ancianos, a lo cual se negó el director del establecimiento. Estos jóvenes, en régimen de aislamiento, disfrutaban de comunicaciones, paquetes y paseos.

El director convocó a los miembros de la Junta de Disciplina. Se adoptó el acuerdo de suspender las comunicaciones orales y escritas, recepción de encargos y comidas por tiempo indefinido. Previamente, teniendo en cuenta que la huelga había sido planteada por los simpatizantes del partido comunista y ante la posibilidad de que los «destinos» de idéntica filiación se sumaran a los huelguistas, causando en los primeros momentos un pequeño entorpecimiento en la marcha de los servicios, el señor Herráiz había pulsado discretamente la actitud de los otros presos de significación socialista, CNT y republicanos, a los que causó franca repulsa la actitud de sus compañeros de reclusión, ofreciéndose al Director para ocupar inmediatamente aquellos cargos que vacaran si el hecho apuntado se producía.

Se repartieron los ranchos del día tomándolos, de este sector, en total 257 reclusos y fue rechazado por el resto.

El día primero comenzaron en las ultimas horas de la tarde las disidencias entre los huelguistas que solicitaban la asistencia médica, como pretexto o justificación para deponer su actitud. Se dispuso que se habilitara el dormitorio 4.o como enfermería provisional, para aquellos que comenzaran a comer y desde donde se les iría pasando poco a poco a las demás galerías, mermando así el número de los huelguistas.

«Los causantes de la huelga, o sea, los mas jóvenes del departamento celular deponen su actitud de hostilidad y solicitan autorización para hacer saber al resto su decisión con el propósito de que sigan su ejemplo los demás; pero a pesar de ello, estos últimos persisten en mantenerse firmes en su decisión y el día 2 arrastraron a los 27 destinos comunistas que se les sumaron; se acuerda por la Junta recluirlos en el 8.o dormitorio vacante, no sin antes haber practicado un detenido registro del que se sacaron gran cantidad de víveres ocultos en sus jergones para fingir que practicaban la huelga de hambre».

«El día 4, la huelga se extiende a trece comunistas enfermos, entre los que destacaban los que se suponían dirigentes de “esta insensatez”, por lo que hube de solicitar su inmediato traslado al Hospital Penitenciario».

«Como consecuencia de estos traslados, el día 5 se advierte una desorientación grande entre los huelguistas y rápidamente surgen deserciones en sus filas, pidiendo asistencia medica con urgencia 81 reclusos. Todos ellos son trasladados a la enfermería provisional con la ayuda de los reclusos socialistas, cenetistas y republicanos que fieles a sus ofrecimientos, hechos en los primeros días, colaboraron con los funcionarios. Es interesante hacer constar la labor de captación que estos partidos políticos realizaban, aprovechando la ocasión que se les ofrecía, para apretar sus filas, mermando las contrarias, hecho que se apunta como demostración de la división existente entre estos presos políticos y que naturalmente conviene tener presente para la marcha del régimen del Establecimiento».

«Como consecuencia de las bajas entre los huelguistas en este día, a las 9 de la noche, los reclusos expusieron que estaban dispuestos a terminar la huelga y que en la mañana siguiente depondrían su actitud, y tomarían el rancho y se someterían a las condiciones que la Dirección del Establecimiento acordase».

Fueron 407 los reclusos que participaron en la huelga y 219 los que no tomaron parte en el plante.

Así, sin pena ni gloria, finalizó una corta huelga de hambre en la prisión de Alcalá de Henares, con sometimiento a lo que decidiese la Dirección del Establecimiento, y que los historiadores políticos presentan como defensa numantina de unos principios de unidad de la izquierda democrática inexistentes.

A Dios gracias aún no han metido la pluma en las fugas de reclusos ocurridas en el Valle de los Caídos, excepto en una, pero, cualquier día, confunden Cuelgamuros con el desfiladero de las Termopilas.

Hubo evasiones de aquí, de allá y de acullá, de cárceles, Colonias Penitenciarias Militarizadas y Destacamentos Penales; en grupos o en solitario, por medio de túneles o en campo abierto. Se evadían de Colonias Militarizadas o Destacamentos quien quería hacerlo. De las prisiones era más difícil, pero, al final, se lograba. Todo ello se desprende de la lectura de los centenares de expedientes instruidos por los Inspectores de la Dirección General de Prisiones que he consultado, entre los cuales se encuentran desde los de investigaciones por quejas de presos, hasta suicidios, escasos, prueba de que las condiciones de vida no eran tan terribles como se cuenta. Otros sucesos están recogidos en las Actas de las reuniones del Patronato.

La vigilancia era tan escasa en los Destacamentos Penales, como veremos enseguida, que sólo las continuas fugas masivas obligaron —digo obligaron— al Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo, del que dependían estas organizaciones de reclusos trabajadores, a solicitar auxilio de la Guardia Civil, en unos casos, y de la Policía Armada, en otros. «Estos reclusos trabajadores necesitan una libertad relativa», era el argumento. Así fue posible la evasión masiva de 42 reclusos trabajadores del Destacamento Penal de Hato Blanco (Ciudad Real), a finales de junio de 1943, después de apoderarse de las pistolas que sus guardianes de prisiones tenían en los cajones de sus mesas de despacho; la de 37 reclusos trabajadores del Destacamento Penal de Valdemanco, el día 7 de mayo de 1945.

Hasta 1946-1947 no se advierte de la presencia de fuerza pública alguna en los Destacamentos Penales. Sólo un oficial-jefe del Cuerpo de Prisiones a quien auxilian, para todos los servicios, incluido el de vigilancia de los reclusos, dos o tres funcionarios, de distintas categorías, de Prisiones. Todos ellos desarmados; con una vieja pistola por cabeza, en los cajones de la mesa de despacho. Y ello en descampado, lejos de pueblos y ciudades.

Llegó el momento, sin embargo, en que cambió la situación y pequeños puestos de la Guardia Civil o Policía Armada, con escasas dotaciones de personal acompañaron la marcha de las obras, en años en los que la presencia de los «maquis» en el campo alcanzó su cenit.

¿Fueron los «maquis» los que obligaron a una mayor vigilancia? ¿Fue esta vigilancia para el interior de los Destacamentos Penales o para el exterior? ¿Fue más de protección que de vigilancia? Es un hecho que la presencia de fuerza pública no evitó las evasiones. Pero, eso sí, no se registró ni un sabotaje o atentado en las obras en que participaban Destacamentos Penales.

Quizás la clave de este misterio se encuentre en la evasión de 11 reclusos trabajadores, presumiblemente comunistas, ocurrida en el Valle de los Caídos el día 11 de septiembre de 1944. Todos ellos trabajaban en la construcción de la carretera de acceso al Monumento.

Sus nombres eran:

Alejandro Urbano Rodríguez, Rafael Crespo Aguado, Pablo Cediel García, Juan Pérez Mendoza, Antonio Murillo Arellano, Álvaro Martín Hortecha, Antonio González Gálvez, Clemente Lanzaderas García, Manuel Torres Hervás, Agustín Varela García, Juan Muñoz Peonado.

El jefe del Destacamento de la Carretera, el oficial del Cuerpo de Prisiones Segundo Garrido Olmedo, declaró a 16 de septiembre de 1944:

«Al día de hoy hay en el Destacamento 271 penados que, con los 11 evadidos más uno reintegrado a la prisión provincial, hacían 283 el día 11, el de la fuga» y que disponía de sólo dos guardias de prisiones para la vigilancia de los penados trabajadores: «Uno para el servicio del Destacamento y otro para los tajos, alternativamente, que son diez los tajos establecidos por la Empresa a lo largo de la carretera en construcción, distante el ultimo del primero seis km (…) que las condiciones de seguridad que tiene el Destacamento son completamente nulas, pues a la vista están (…) que la Guardia Civil del puesto más próximo es la de Guadarrama que, alguna que otra vez, hace su presencia en el Destacamento, pero sin que ésta constituya vigilancia especial (…) que las causa de la fuga no puede precisarlas, pero que abriga la sospecha de que ésta fue motivada por un estado de sobresalto que surgió con motivo de haberse percatado los reclusos de que del Destacamento del “Monumento” y del “Monasterio” habían sido reintegrados a la Prisión un número de reclusos por causas que ignoro; que los reclusos sienten pánico ante la posibilidad de verse de nuevo en prisión».

El inspector-instructor de este Expediente 221, pregunta al guardián don Tomás Calvo Gilgado, «a qué atribuye esta deserción colectiva, si a una excitación de carácter político o a una manifestación de protesta de mal trato recibido, bien por falta de alimentación o condiciones de trabajo o imposiciones de régimen (penitenciario). Manifiesta que cree obedece a un pánico que se apoderó de los reclusos cuando vieron al Visitante de Prisiones que, acompañado de unas parejas de la Guardia Civil y de dos coches celulares, se presentaron en el Destacamento (de la Carretera) con el fin de recoger a algunos penados para reintegrarlos a la Prisión Provincial, y que equivocadamente pararon aquí, continuando después a los Destacamentos del Monumento y el Monasterio; que parece ser por la impresión recogida entre los penados, que el domingo, cuando subieron a Misa, les hicieron saber los otros reclusos que se trataba de recluir en prisión a todos los de tendencia comunista y se da el caso de que los once penados (evadidos), pertenecían a esta tendencia, si no de una mera precisa en los testimonios de sentencia, al menos, por sus inclinaciones, no tiene reparo en afirmar que simpatizaban con aquella ideología».

El inspector-instructor solicitó también declaraciones a otras personas, entre ellas al jefe del Destacamento Penal del «Monumento», don César de Santiago Milla, quien dijo: «Que es efectivamente cierto que el viernes 8 del actual se presentó en este Destacamento, para dar cumplimiento a ordenes de la Dirección, fuerza de la Guardia Civil para reintegrar a la prisión provincial a ocho reclusos considerados peligrosos por el declarante, y un enfermo, y otros treinta y seis, aproximadamente, del Destacamento del Monasterio; que todos ellos son de significación comunista y cuyo traslado había sido solicitado por él, en cuanto a su Destacamento se refiere, y por el señor Quijada, jefe del Destacamento Penal del Monasterio, los pertenecientes al suyo».

Un jefe y dos guardianes de prisiones, sin armas, para vigilar a 283 reclusos, distribuidos en 10 tajos a lo largo de seis kilómetros, un puesto de la Guardia Civil en el pueblo de Guadarrama a unos 10 kilómetros, algunos de cuyos componentes se daban una vuelta, de uvas a peras, por las obras del Valle de los Caídos… ¡Y a esto llaman historiadores y periodistas campos de concentración…!

Vayamos al principio. Dije que la fuga de los once reclusos del Destacamento Penal de la Carretera de acceso al Monumento Nacional a los Caídos debió ser el detonante que provocó un cambio radical en el régimen de los Destacamentos, si bien el cambio debió ser lento debido a la necesidad de utilizar los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado en campos y ciudades debido al incremento, a partir de 1944, de atentados y robos a mano armada que alcanzarían su cenit con la derrota alemana y la invasión de «maquis», auspiciada por el Partido Comunista Español, a través de la frontera francesa. Debemos recordar que la protección de la Policía Armada era tan extensa en las ciudades que alcanzaba hasta las oficinas bancarias, aparte los edificios oficiales de todo tipo, en alternancia con la Guardia Civil.

Sea como fuere, en el citado expediente figura un documento, el número 11, sin identificación alguna, que ofrece un proyecto para evitar las evasiones en el Valle de los Caídos. El documento comienza así:

«Examinadas las posibilidades para poder dotar de fuerza armada a los Destacamentos del Valle de los Caídos (Cuelgamuros) resulta: Que no existen edificaciones que puedan servir para el alojamiento adecuado. El único existente, pero inservible para los fines propuestos, estaba en el Destacamento del Monasterio, “un local de pequeñas dimensiones, ocupado en la actualidad por obreros libres mamposteros, los cuales, en un plazo de unos 15 o 20 días, terminaran los trabajos que realizan”».

Finalmente, el proyecto de vigilancia rechazó la tentación de sellar el Valle mediante alambradas y otros métodos de vigilancia extremos, se centró en lo aconsejado en último lugar, y se acogió a la doctrina del mal menor:

«Como solución intermedia podría interesarse el establecimiento de una sección de la Guardia Civil, que sin hacer una vigilancia directa en los trabajos, hicieran un servicio de patrulla por aquella demarcación a fin de sorprender cualquier intento de evasión que pudiera intentarse».

Y éste fue, descafeinado, el proyecto de vigilancia que se adoptó en el Valle de los Caídos para «sorprender» cualquier intento de evasión, en pleno monte, lejos de los lugares de trabajo y de las instalaciones de los Destacamentos, y no con una sección, como se propone en el documento, sino con un sargento y doce números de la Guardia Civil, uno de los cuales se dedica permanentemente a la cocina y a la mensajería. Este puesto de la Benemérita quedó instalado en el chalé que destinó el arquitecto Muguruza a don Jesús Iribas de Miguel, que nunca aceptó. El chalé está situado a un kilómetro, poco más o menos, de cada Destacamento.

¿Cuándo comenzó a prestar servicio esta adelgazada sección de la Guardia Civil? Aún no he encontrado la fecha ni en el Servicio Histórico de la Guardia Civil pero, seguramente, entre el proyecto y su ejecución debieron pasar varios meses. Por lo cual me atrevo a afirmar que hasta finales de 1945 no existió la escuálida fuerza armada en Cuelgamuros, al igual, pero más tardíamente, que en los restantes Destacamentos Penales y ello, más para proteger las obras, que para vigilar a los reclusos trabajadores.

El inevitable Sueiro dedica un capítulo entero de su recitado libro a las evasiones de reclusos, sin otro fruto que la novelada fuga de Manuel Lamana y Nicolás Sánchez-Albornoz, elevada a la categoría de heroica y gloriosa, cuando se trató, tan solo, de un «paseo militar».

Sueiro se cura en salud —no ha investigado nada— y arranca con brillantez, de esta manera:

«Así como muchos penados se quedaban a trabajar en Cuelgamuros, aun después de obtener su libertad provisional, por no tener a donde ir o no querer exponerse a nuevas denuncias ni más averiguaciones, otros trataron de fugarse en todo momento de los Destacamentos Penales, y algunos lo consiguieron. Lógicamente, son poco conocidos los pormenores de muchas de estas fugas, como tantos otros aspectos de la construcción del Valle de los Caídos. En realidad, no se conoce ni aproximadamente el número ni el resultado de estas fugas, aunque por todos los indicios no parecen haber sido muchas, y sin éxito, además, la mayoría de ellas. Algunos funcionarios de prisiones o miembros de la Guardia Civil con los que hemos hablado del tema, manifiestan su convencimiento de que no se produjo ninguna. “Al menos durante el tiempo que yo estuve allí”, suelen añadir. Acerca de las que no pueden negarse ni ocultarse, se suele insinuar que, en realidad fueron toleradas, que se hizo la “vista gorda” sobre ellas».

Afirma luego que ha mantenido largas conversaciones sobre fugas con los antiguos reclusos trabajadores del Valle pero, a pesar de los pesares, no preguntó a los guardia civiles cuándo habían comenzado a servir en el Valle ni cuántos eran; a los funcionarios tampoco preguntó qué penalización tenían los presos que se evadían de los Destacamentos y a los reclusos cuáles solían ser los motivos de las evasiones: ¿bajos salarios, malos tratos, escasez de comida?, o bien, ¿la falsa ilusión de que la guerra mundial cambiaría el signo de la victoria en la Guerra Civil? O, ¿nostalgia de la familia lejana o el ansia de libertad sin fines político? Hubo de todo, desde luego, pero nada de lo narrado por Sueiro responde a la realidad. En ninguno de los Expedientes se encuentra ese telegrama o carta desde Moscú, Buenos Aires o Londres que, según el escritor, enviaban los evadidos a los jefes de los Destacamentos «para que cesen las posibles represalias contra sus compañeros», o el caso de «tres que no pasaron más de cuatro días en el Destacamento y se fugaron juntos. Se vinieron a Madrid, cogieron el avión y, cuando se quisieron dar cuenta, ya estaban en Francia. De éstos, uno era un tal Toral, que había sido teniente coronel de Artillería, y, claro, este señor, en cuanto salió de la prisión y se fue al Valle se conoce que los familiares mismos le arreglaron la cosa y se fue a Francia», o el caso del «Argentino», que había pertenecido a las Brigadas Internacionales «que se escapó, en un coche con su mujer», en una de las «frecuentes visitas que ésta solía hacerle». Aparte de que ningún extranjero-brigadista participó en Destacamentos Penales y de que ninguno de los citados figura en expediente alguno, la realidad es más prosaica.

De entre los rumores de fugas de reclusos ocurridas supuestamente en el Valle, destaca la que el novelista califica de «algo mas documentada», la del dirigente anarquista Manuel Amil, cuya biografía, muy destacada por Sueiro, no encuentro en el Diccionario de la Guerra Civil Española, de Manuel Rubio Cabeza, dos tomos, 819 páginas, editado por Planeta en 1987. Pues bien, según Sueiro, Manuel Amil «se escapó en la primavera de 1948 para volver a caer muy pronto»; enseguida veremos que más pronto de lo que podía suponer el autor, caballero andante de historias sin confirmar.

No debía ser un personaje anarquista nuestro hombre cuando no aparece su nombre en el diccionario citado, pero es preciso que lo fuera para cerrar el círculo de una historieta debida a la pluma frívola del novelista y de la desbocada imaginación de Barbara Probst Solomon.

Comenzaré con la biografía de Manuel Amil, según el libro de Sueiro:

«Gallego, Manuel Amil Barcia había pertenecido entre 1933 y 1936, al ramo de la construcción en La Coruña. A comienzos de julio de 1936 se encuentra en Madrid para participar, como delegado, en un pleno nacional de la CNT. Allí le coge la Guerra Civil, durante la cual desempeña la jefatura de transportes de su organización, de cuyo Comité de Defensa llega a ser miembro destacado. Detenido al final del conflicto logra la libertad poco después y, a finales de 1940, está ya reorganizando los cuadros de la Confederación. Ocupa la secretaría del 3.o, 4.o y 6.o comités nacionales. En marzo de 1944 es enviado a Francia en misión informativa, para ser detenido en Barcelona, antes de cruzar la frontera. Después de pasar varios meses en la prisión de Barcelona, es conducido a Madrid. En Carabanchel, otro preso, el famoso “Angel rojo”, Melchor Rodríguez, consigue que lo destinen al Valle de los Caídos, de donde piensa que le será más fácil fugarse. La represión se ha ensañado tanto con los cenetistas, que Amil no las tiene todas consigo ni puede hacerse demasiadas ilusiones con respecto a su futuro. Un día se entera de que han sido descubiertos sus antecedentes de actuación durante la guerra, por lo que presentía que le pedirían a él también la pena de muerte (sic) en Consejo de Guerra. Entonces decide fugarse, un poco a la desesperada, sin ayuda del exterior previamente establecida. Y al conocer el plan de fuga que otros destacados militantes preparaban en la prisión de Ocaña, no lo piensa más y escapa de Cuelgamuros».

Cuenta seguidamente lo que le cuenta —todo el libro es lo que le cuentan—, un cenetista llamado Manuel Fernández Fernández, una historia, según la cual, Amil se fuga de Cuelgamuros, llega a Madrid, y se refugia en la casa de una joven dependienta de la casa de modas «Choren», con la que ya había estado viviendo antes de abandonar Madrid y, al dar paso a la mendaz Barbara Probst Solomon, afirma que «la escritora norteamericana verá a un Amil enfermo y desconfiado escondido en una de las cuevas de las entonces existentes en los alrededores de Madrid, en pleno verano de 1948; esta autora asegura que el fugado había mantenido contactos ya en Cuelgamuros con la organización anarquista, y que sus amigos obreros le habían ayudado a escaparse».

¿Cuál fue el fin de tan «famoso» personaje anarquista? ¿El Consejo de Guerra y el fusilamiento? Pues no. «Detenido nuevamente en Madrid, Amil es encerrado ahora en el penal del Dueso (Santoña, Santander) del que no saldrá ya hasta 1956. Fallecería en Galicia en 1972».

Acudo al Expediente número 152 que, como los demás, no fue instruido para su publicación sino para informar al director general de Prisiones. Se titula «Evasión del Destacamento Penal del Monasterio de Cuelgamuros (El Escorial) del recluso trabajador Manuel Amil García, ocurrida el 18 de abril de 1948».

Según el Expediente citado, Amil tenía 41 años de edad, era soltero y había sido condenado a 15 años de prisión por delito posterior, en causa 122 447, impuesta por Consejo de Guerra celebrado en Madrid el día 10 de junio de 1947. Debía comparecer en la Causa 2273 instruida por el Juzgado Militar Permanente número 1 de Madrid por delito de guerra el próximo día 24 de abril (de 1948) y «cuya conducción a la Prisión Provincial de Madrid no podía efectuarse hasta el día de mañana (19 de abril), por ser el único día que la empresa ponía a disposición de esta Jefatura medios de transporte», según un oficio fechado en Cuelgamuros el día 18 de abril de 1948, firmado por el jefe del Destacamento Penal del Monasterio.

Amil, que tan sólo estuvo 15 días en el Destacamento, se evadió a las seis de la tarde del domingo 18 de abril. Fue capturado por la Guardia Civil el día 16 de mayo de ese mismo año; es decir, un mes más tarde, por lo cual es imposible que la Probst Solomon vea «a un Amil, enfermo y desconfiado, en una de las cuevas existentes entonces en los alrededores de Madrid, en pleno verano de 1948», dado que según Sueiro, la escritora norteamericana llegó a Madrid pocos días antes de la evasión de Lamana y Sánchez-Albornoz, ocurrida el domingo 8 de agosto de 1948. Por lo demás, poco o ningún contacto pudo establecer Amil «ya en Cuelgamuros con la organización anarquista» en sus quince días de estancia en el Valle y, menos aún, «que sus amigos obreros le habían ayudado a escapar».

Nicolás Sánchez-Albornoz presumió de haber sido quien informó a Amil de que iba a ser juzgado en Madrid y la fecha de su traslado, tal si hubieran convivido años o meses en el Destacamento. Nada más alejado de la realidad, de la verdad. Sánchez-Albornoz llegó al Valle a finales de marzo; Amil el día 2 de abril y se fugó el día 18.

El primero estaba en la oficina, y el segundo en el tajo, en su profesión de albañil. Entre 104 reclusos, es seguro que ni se conocían. Pero así es don Nicolás.

Llegamos al meollo de la cuestión:

¿Se fugaron del Valle de los Caídos muchos reclusos? Puedo afirmar que muy pocos a la vista de los Expedientes de evasiones y, menos aún, si tenemos en cuenta las escasas medidas de vigilancia y el número de penados trabajadores. Dispongo de algunas cifras oficiales respecto al número de evadidos en todos los Destacamentos Penales y Establecimientos Penitenciarios, pero sólo los que corresponden a los años 1946, 1947, 1948 y 1949. Insisto que son cifras de evasiones correspondientes a todos los Destacamentos, incluidos, naturalmente, los tres instalados en el Valle:

Colonias Penitenciarias Militarizadas y Establecimientos Penitenciarios:

—1946: 81 evadidos. 43 capturados a finales de año.

—1947: 174 evadidos. 28 intentos de evasión.

—1948: 23 evadidos. 18 capturados.

—1949: 20 evadidos. 19 capturados.

Estos últimos fugados eran de nueva incorporación.

Existen expedientes sobre evasiones en todos los Destacamentos, en especial los que trabajaron y redimieron en las obras del ferrocarril Madrid-Burgos, Colonias y Prisiones, pero quedan para los investigadores que pretendan escribir una monografía sobre el asunto. Merece la pena. Añadiré solamente, que la primera noticia de la presencia de fuerza armada en un Destacamento obra en el Expediente número 209, referente a la evasión del penado Luis Martínez, del Destacamento de Buitrago de Lozoya, el día 22 de septiembre de 1946. Redimía la pena de 4 años, dos meses y un día por el delito de robo.

Del primer recluso trabajador que se fugó del Valle de los Caídos tengo doble noticia: por el Acta de la reunión de la Junta del Patronato, celebrada el 3 de agosto de 1943, y por lo publicado en el semanario «Redención». El Acta da cuenta del castigo, por evasión, del penado Julián Plaza Sánchez, «del Destacamento Penal de Cuelgamuros (El Escorial), con pérdida de los derechos de redención por el trabajo, y la libertad condicional». Plaza, a quien se envía a la Central de Chinchilla, figura en una lista de reclusos también castigados por evasión, en cumplimiento de la Orden Ministerial de 14 de marzo de 1939 sobre evasiones. La lista la publicó el semanario «Redención».

En el Acta de 10 de agosto se impone idéntico castigo a Santiago Rodríguez Ruiz, por evadirse «del Destacamento Penal de Cuelgamuros». El tercer evadido de quien tengo noticia, es Manuel Azurmendi Martínez, sancionado como los dos anteriores, según el Acta del 15 de octubre de ese mismo año, sin que sepa de cuál de los tres Destacamentos se fugó, años y circunstancias de condena.

Así, llegamos a febrero de 1944. Ese mes se evadió del Destacamento Penal de Cuelgamuros el recluso Antonio Ramírez de la Iglesia. Sin más datos.

El mes de septiembre de 1944 es pródigo en evasiones. El Expediente número 238 da cuenta de la fuga de Aureliano Silva Zurita, del Destacamento Penal del Monumento, en la madrugada del día 4. Pena impuesta por delito de rebelión, sumario 15 520, en Consejo de Guerra celebrado en Madrid el día 22 de diciembre de 1941. Le había sido conmutada la pena de muerte por la de 30 años de prisión.

El día 11 de septiembre se produce la fuga de los 11 penados, ya descrita, que recibió del instructor-inspector la calificación siguiente:

«… en su fantasía lo atribuyeron (el traslado de presos) a determinación adoptada por el centro directivo, con carácter general, contra todos los penados comunistas, fundándose en que la mayor parte de los devueltos (a prisión) eran de significación política comunista o estaban conceptuados como tales».

Del mes de noviembre de ese año no tengo más referencias de fugas que la de Victoriano Fernández Martín, sin que pueda añadir más datos.

En 1945, según los Expedientes a los que he tenido acceso, se registraron dos evasiones. La primera, la de Serafín Quevedo Núñez. Se produjo el día 3 de junio del Destacamento de la Carretera. Era domingo. Estaba condenado a 30 años, es decir, seguramente conmutado de pena de muerte.

El jefe del Destacamento declaró:

«Serafín Quevedo padecía una neuralgia intercostal de carácter leve por cuyo motivo se hallaba rebajado de trabajo. Se encontraba en el Destacamento desde el día 22 de mayo próximo pasado (…) que había sido objeto de distinción en la Provincial de Madrid, donde prestó sus servicios con destino en comunicaciones, gozando de una prudente confianza por su seriedad. (…) Problemas con su esposa infiel que no solía venir a visitarlo. (…) No era de carácter pendenciero ni aficionado a la bebida» (Expediente 239).

El segundo, Jesús González Garcés, se evadió del Destacamento del Monumento, el día 8 de julio, domingo. Había ingresado en el Destacamento el día 23 de junio. Llegó con un grupo de otros 30 penados de la Prisión Provincial de Madrid, según el Expediente numero 240.

Las escasas evasiones de 1945 quizás no respondan a la realidad. Pero, no he encontrado más Expedientes relativos a este año y, por otra parte, faltan los libros de Actas de las Juntas del Patronato correspondientes al citado año.

El Expediente número 246, que corresponde a 1946, recoge las circunstancias de la evasión del recluso trabajador Doroteo Blanco Sánchez, del Destacamento de la Carretera, el día 13 de mayo. El jefe del Destacamento, Jesús Pernas Rodríguez, oficial de Prisiones, declaró «que las evasiones en el Destacamento son prácticamente inevitables, a pesar del celo y la actividad de los funcionarios, por lo que muchas veces se devuelven a la Prisión Provincial los reclusos que infunden sospechas, lo que prueba que el control de conducta de los trabajadores se lleva con mucha rigidez, pero es inevitable que surjan las fugas aisladamente».

El guardián de Prisiones Ezequiel Fernández Baños declaró que el fugado Doroteo Blanco llevaba un año en el Destacamento y gozaba de excelente conducta. Cestero de profesión, había sido condenado a muerte el 26 de febrero de 1944. La última pena le fue conmutada por la de 30 años. Añadió que debió ponerse de acuerdo con el recluso del Destacamento del Monasterio Gregorio García Ortega, «ya que se escaparon a la misma hora de la noche del 12 al 13 de mayo», aprovechando que llovía torrencialmente.

En el Acta del día 22 de julio de 1946, se escribe que el evadido se llamaba Gregorio Jiménez Ortega y que, capturado días después de la evasión, fue enviado al Penal del Puerto de Santa María, como castigo, una vez cerrada la central de Chinchilla.

El expediente número 247 fue instruido en ocasión de la fuga del penado trabajador Miguel Donjo Garriga, del Destacamento de la Carretera, el día 21 de julio de 1946. Extinguía condena de 30 años por conmutación de la pena capital, causa numero 38 de 1941, instruida por la jurisdicción de Marina. Fue juzgado en Consejo de Guerra celebrado en Cartagena el día 2 de marzo de 1944. Era marinero de profesión y tenía 33 años de edad.

Fue capturado pocas horas más tarde después de la evasión y enviado al penal del Puerto de Santa María.

El penado por delito común, Juan Área Domínguez, del Destacamento de la Carretera, se escapó el día 1 de noviembre de 1946. Área redimía pena de nueve años, seis meses y veintiún días, según sentencia de la Audiencia Territorial de La Coruña por violación y abusos deshonestos. Tenía 25 años de edad y era panadero de profesión. Los datos procedentes corresponden al Expediente número 218.

El Expediente 219 corresponde a la fuga de los penados, también de la Carretera José Martínez Bernal y José Barcos Barcos, el día 1 de noviembre. Martínez, de 30 años de edad, carpintero de profesión, estaba condenado a 6 años y un día de prisión menor, por un delito posterior, auxilio a la rebelión. Barcos, de 33 años de edad, cumplía una condena de 6 años de prisión menor por un delito de rebelión. De las declaraciones prestadas con motivo de estas fugas se obtiene que los funcionarios del Destacamento carecían de medios de locomoción y que los penados que intentaban la fuga, se escapan por el monte para entrar en la carretera general para dirigirse a las estaciones de ferrocarril más próximas.

El expediente 216 se refiere a la evasión del penado común Joaquín Florejachs Ris, del Destacamento de la Carretera, el 5 de noviembre de 1946. Había ingresado en el Destacamento el día 24 de octubre. Labrador de profesión, de 45 años de edad, cumplía condena de 4 años, ocho meses y dos días por delito de hurto, causa numero 26 de 1942, y juzgado por la Audiencia Provincial de Lérida el 1.o de mayo de 1944.

Dentro de este Expediente número 216, figura un Oficio cosido a un telegrama en el cual el director de la Prisión del El Ferrol del Caudillo informa de la captura e ingreso en dicha prisión del recluso evadido de Cuelgamuros Juan Área Domínguez. El telegrama está fechado el día 7 de enero de 1947.

El Acta de la reunión de la Junta del Patronato correspondiente al día 17 de diciembre de 1946 recoge dos acuerdos respecto a la evasión de reclusos del Valle de los Caídos. Por el primero se envía al Penal del Puerto de Santa María al recluso trabajador Antonio Clemente Moreno, por evasión «del Destacamento de Cuelgamuros»; el Patronato acuerda destinar «al Puerto de Santa María», con pérdida de todos los beneficios, como incursos, en la Orden Ministerial de 14 de marzo de 1939, a cuatro reclusos destinados en Cuelgamuros, «que habían sido sorprendidos cuando hacían preparativos para fugarse».

El día 28 de enero de 1947, el libro de Actas del Patronato recoge el acuerdo por el que se sanciona «con pérdida de todos los beneficios al recluso Juan Área Domínguez, evadido del Destacamento Penal de Cuelgamuros, y actualmente en la prisión de partido del Ferrol del Caudillo».

Como es habitual en las Actas, junto al nombre del penado de Cuelgamuros figuran otros evadidos de Destacamentos, Colonias y Establecimientos Penitenciarios. En aquel año de 1947, con las obras de la vía de acceso al Monumento muy avanzadas y con la escasa vigilancia, se incrementaron notablemente las fugas de reclusos del Destacamento de la Carretera, «de tal manera que el día 18 de mayo se evadieron de dicho Destacamento Julio Peláez Campos, Andrés Guerrero Torres y José Rodríguez Maturana». El día 18 era domingo.

Peláez, de 35 años de edad, era labrador de profesión. Rodríguez, de 38 años, era campesino, y Guerrero, de 36 años, labrador. Los tres redimían penas de 30 años, seguramente conmutados de pena de muerte, al igual que los reclusos que prestaron declaración a petición del instructor-inspector del Expediente, que fueron los siguientes:

Ceferino López Sáez, penado trabajador, de 40 años de edad, labrador. Redimía pena en el Destacamento desde el día 31 de mayo de 1944. Condenado a 30 años de reclusión mayor por adhesión a la rebelión. Manuel Fernández Zaragoza, de 39 años de edad, separador de cáñamo. Condenado a 30 años de reclusión mayor por adhesión a la rebelión. Teodoro Batres García, de 41 años, jornalero, condenado a 30 años de reclusión mayor por adhesión a la rebelión. Los tres evadidos fueron capturados a los pocos días.

A 24 de junio de 1947, el Patronato acordó enviar a la Prisión Provincial de Salamanca al recluso José Rodríguez Maturana, y a 11 de julio acuerda «sancionar por evasión y traslado a otro Establecimiento a los reclusos siguientes»:

«… y Andrés Guerrero Torres y otro (Julio Peláez Campos), evadidos del Destacamento de Cuelgamuros, e ingresados en el depósito municipal de San Lorenzo de El Escorial».

El Expediente número 178 fue instruido por la «evasión del recluso trabajador Celso Folgueso Rodríguez, del Destacamento Penal de la Carretera, el día 28 de julio de 1947». Celso Folgueso, de 36 años de edad, soltero, carpintero de profesión, había sido condenado a una pena de 20 años de reclusión temporal por el delito de maltrato de obra a fuerza armada. Llevaba dos meses en el Destacamento y hacia tres días que estaba en la enfermería a causa de un accidente de trabajo. El evadido fue capturado antes de las 48 horas.

Otra evasión, esta vez doble, se produjo en el Destacamento de la Carretera el día 24 de agosto siguiente. Los fugados fueron Antonio Tortosa y Francisco Torregrosa Zapata. El primero, condenado a 12 años y un día por delito posterior, llevaba ocho días en el Destacamento. Contaba 33 años de edad, estaba casado y era mecánico. Su compañero de fuga tenía 30 años de edad, soltero y de profesión albañil. Había sido condenado a 12 años y un día, asimismo por delito posterior. (Expediente 180).

También del Destacamento de la Carretera escapó el penado Ramón Pons González, el día 27 de septiembre. Estaba de baja por enfermedad. (Expediente 182).

El año 1947 se cierra con el Expediente número 181, relativo a la evasión del penado trabajador «Antonio Martín Matamoros, del Destacamento Penal de la Carretera, el día 25 de septiembre de 1947». Redimía pena de 12 años por delito posterior de asociación ilegal. Cuando se evadió estaba de baja por enfermedad.

El jefe del Destacamento, don Jesús Pernas Rodríguez, declaró a favor del funcionario de servicio cuando se produjo la fuga con estas palabras:

«Don Pedro Recio pone el mayor celo; pero ello no es bastante. Cuando en un Destacamento como éste, de escasísimas seguridades, un penado planea una evasión, que es cosa muy difícil de evitar…».

Siempre la escasa vigilancia, la falta de medidas adecuadas para evitar las fugas y, continuamente, las mismas palabras, la inconveniencia de suprimirle a los presos el régimen de semilibertad de que disfrutaban en los Destacamentos, aunque no con tanta generosidad como en el Valle de los Caídos.

Sigamos. La primera evasión que se produjo en 1948 fue llevada a cabo por Manuel Amil García, del Destacamento Penal del Monasterio. Ocurrió el 18 de abril, domingo.

En el Destacamento de la Carretera escaparon, el 22 de mayo, los reclusos trabajadores Leovigildo Rosa Gutiérrez, Juan Carmona Gutiérrez y Manuel Escarrel Castilla. Los tres fueron capturados muy pocos días después. Debían redimir una pena de 30 años por conmutación de la última pena.

A Rosa se le encontró un testimonio de sentencia que llevaba consigo y que figura en este Expediente 183. Por él me entero que Leovigildo Rosa Gutiérrez, natural de Moraleda de Zafayona (Granada), asesinó durante la Guerra Civil, según se probó en Consejo de Guerra, a una persona, y colaboró con otros milicianos en el asesinato de otras dos. Los hechos ocurrieron en el pueblo de Santa Cruz del Comercio. El asesinado por su mano fue Gregorio Tres Castro Correa, y los otros dos, familiares de la primera víctima, llamados Federico y Antonio Tres.

El Consejo Sumarísimo se celebró en Granada, causa 1203, el 27 de julio de 1943. Fueron testigos: Ana Tres Castro Correa y Elisa Tres Castro, quienes afirmaron que José Leovigildo Rosa Gutiérrez «intervino materialmente en el asesinato de sus tres familiares, que tuvo lugar en su propio domicilio».

Se le condenó a muerte, pero «Su Excelencia el Jefe del Estado (…) se ha servido conmutar la pena impuesta por la inferior en grado»; esto es, por la de 30 años de prisión mayor, pena igual a la de sus compañeros de fuga.

Rosa tenía asimismo en el momento de su captura, una instancia dirigida al ministro del Ejército, de fecha 28 de noviembre de 1947, en petición de la libertad condicional, una vez revisado su Expediente. Alegaba que fue condenado a muerte y conmutado su pena por la de 30 años, «por lo que no le han alcanzado los beneficios de libertad condicional ni de indulto».

Es muy interesante el Expediente número 153. Se trata de una fuga ocurrida en el «Destacamento Penal del Monumento Nacional a los Caídos», que protagonizó el recluso Alfonso Ruiz Quintana, entre las 13.30 y las 14.45 horas del día 28 de julio, lunes, de 1948.

«Don Cesar de Santiago Milla, jefe de Prisiones de segunda clase, jefe en funciones del Destacamento del Monumento desde su fundación, hace cinco años», declaró que sólo cuenta con un funcionario de prisiones, don Jesús Gonzalo García, «único que forma la plantilla con el declarante, acompaña a los penados trabajadores en la obra, que dista unos 500 metros del Destacamento, si bien otros (penados) quedaron en esta ocasión en el Destacamento, pues los 39 penados que lo componen trabajan en diferentes turnos, y a las 13 horas regresaron estos penados para comer y descansar hasta las dos, hora en que vuelven al trabajo que comienza a las tres».

El penado formaba parte del Destacamento desde el día 15 de julio. Ruiz Quintana tenía 52 años, era soltero y cumplía una pena de 30 años de reclusión mayor; esto es, que procedía de los conmutados de pena de muerte. Los Sumarios de sus juicios, por delitos cometidos durante la guerra, tienen los números 21 105 y 49 373.

El Expediente fue instruido por don Gerardo Pajares Lastra, inspector central de Destacamentos, con el secretario, Antonio de la Peña Iglesias, funcionario de la citada Inspección Central, ante quienes declaró, a día 16 de agosto, don Benito Rabal Sánchez Fortún, en su calidad de capataz de la empresa Sanromán S. A., como obrero libre que era. A preguntas del instructor, Rabal contestó que «es mayor de edad, casado y natural de Águilas (Murcia), domiciliado en Cuelgamuros (Valle de los Caídos), trabaja como capataz en la empresa Sanromán desde hace 8 años en esta obra». A otras preguntas contesta «que todos los días, mañana y tarde se hace cargo en la obra de los penados trabajadores que le entrega el funcionario de Prisiones Jesús Gonzalo, quien, una vez hecha la entrega, regresa al Destacamento y vuelve a la una de la tarde en busca de los trabajadores para bajarlos al Destacamento a comer, repitiendo la misma labor por las tardes, que así el día 28 de julio le entregó por la mañana siete individuos, que retiró a la una de la tarde, y cuando regresó a las tres con otro grupo, le dijo que uno de los que habían trabajado por la mañana, el llamado Alfonso Ruiz Quintana, se había marchado después de la comida».

Preguntado si entre el grupo de trabajadores de aquella mañana se encontraba Alfonso Ruiz Quintana, dijo que puede afirmar de una manera terminante que aquel penado trabajó aquella mañana y regresó al Destacamento a la una de la tarde con el funcionario señor Gonzalo, no teniendo la relación escrita en que iba este penado porque la hace a lápiz y la rompe después de haberse justificado la jornada de trabajo.

La mayoría de los reclusos trabajadores que declararon en el Expediente, afirmaron haber sido condenados a 30 años, casi cumplidos gracias a la redención de penas por el trabajo. O sea, que les había sido conmutada la pena de muerte.

El penado Lorenzo Ruiz Gómez afirmó que la mañana de la fuga trabajó, junto a Ruiz Quintana, «en una trinchera al lado del túnel, en compañía de otro penado y unos obreros libres, pues el resto de los penados trabajaban dentro del túnel». Añadió que «no encuentra inconveniente en afirmar que (el fugado) ha podido marcharse sin necesidad de contar con que la vigilancia estuviera abandonada, pues para el Destacamento no hay más que un funcionario que está en constante movimiento (…) Lo mismo los barracones que el terreno por donde se mueven los trabajadores cuando están de descanso, no tienen seguridad alguna y se puede ausentar un penado fácilmente, y sería casualidad que se dieran cuenta, porque si uno vigila los movimientos del funcionario encontraría muchas ocasiones en las que aquél no lo puede ver».

En el Expediente figura también un documento firmado por el listero de la empresa, Gayo Sema, a 15 de octubre de 1948, que por su interés reproduzco en su literalidad:

Relación nominal de los penados trabajadores del Destacamento Penal del Monumento Nacional a los Caídos, que según consta en el libro de jornales, acudieron al trabajo en los distintos tajos que la empresa Sanromán S. A. tiene establecido el día 28 de julio de 1948.

TAJO CRIPTA

Graciano Castro Iriarte; Manuel Cuevas de la Cruz; Antonio García Concepción; Eugenio González Mayoral; Diego Haro Granados; Pablo Huete Merino; Juan Jiménez Martínez; Antonio Jiménez Mendieta; Agustín López López; Gregorio López Martín; Adrián Martín Sánchez; Ramón Ortega Valenzuela; Juan José Paños Parreño; Francisco Peñalver Marín; José Pérez Díaz; Angel Pulido Moreno; Eusebio del Río Carrill; Juan Ruiz Gómez; Lázaro Rus Ortega; Francisco de la Torre Floro; Joaquín Vázquez Barón; Santiago Vela Armijo.

TAJO TRINCHERA

Benedicto de la Llave Muñoz; Antonio Quesada Becerro; Lorenzo Rico Gómez; Salvador Rodríguez Fernández; Alfonso Ruiz Quintano; Joaquín Aguilar de Gracia; Manuel Barros (sin segundo apellido).

SERVICIOS GENERALES

Fernández Mira; Santiago Fernández Gaitán; Indalecio Nieto Gamo; Eduardo Sáez Aranaz; Agustín Saldaña del Saz.

«Todos los penados citados trabajaron 8 horas, excepto el penado Francisco de la Torre Floro que trabajó seis y Alfonso Ruiz Quintano que trabajó cinco».

El instructor puso el colofón con un párrafo de su informe que podría servir para los otros dos Destacamentos del Valle de los Caídos: «Debido a la poca población reclusa, 39 hombres, tan sólo cuenta el destacamento con dos funcionarios, uno de los cuales, el jefe, no puede faltar de las oficinas».

Ni una cita a la presunta vigilancia de la Guardia Civil, ni en éste ni en algún otro Expediente. Y no pidan datos al Servicio de Estudios Históricos de la Benemérita, porque no disponen de ni uno solo acerca de este puesto de la Benemérita en Cuelgamuros.

En agosto se produjo la evasión de Nicolás Sánchez-Albornoz y Manuel Lamana Lamana, objeto del capítulo siguiente por las historietas que se inventaron y, en octubre, el día 24, la de los reclusos Juan Caro y Rafael Herrera Yera, también del Destacamento Penal del Monasterio. Tienen el mismo Expediente, el número 157.

Del informe final del instructor, a 19 de julio de 1949, encuentro dos datos de importancia capital:

«El total de evasiones, mejor dicho, de penados evadidos en el Destacamento del Monasterio de Cuelgamuros que nos ocupa, ha sido de siete penados a lo largo de seis años de vida del Destacamento, y de entre más de un millar que han pasado por el mismo…».

¡Siete evadidos en seis años, entre más de un millar de presos…! Pues no sería por la sedicente vigilancia de la Guardia Civil.

Confundida entre los Expedientes se encuentra una carpetilla, número 778 (a pluma) que dice: «Sírvase remitir a la Secretaria Técnica de la Dirección General de Prisiones el Expediente seguido en Cuelgamuros por la evasión de Jaime Albalat y otros, con el número 179 del año 1948. Madrid 20 de noviembre de 1950». Hay una firma casi ilegible excepto el apellido Grandes. Sin más aclaraciones.

Finalmente, del año 1949, ultimo de la presencia de los Destacamentos Penales en el Valle, he encontrado dos Expedientes de fuga, ambos referidos a la carretera de acceso.

El primero trata de la fuga del penado José Raigal Iniesta, evadido el 15 de mayo, día festivo. Casado, jardinero de profesión, había sido condenado a 6 años y un día por delito de robo. Faltó al recuento de las 13 horas.

El jefe del Destacamento, señor Monsalve declaró que disponía de 4 guardianes de prisiones, «para una población penal que oscilaba sobre los 170 hombres». Y que el evadido tan sólo llevaba 6 días en el Destacamento, y estaba próximo a cumplir su condena «que hubiera extinguido antes de finalizar el presente año». Todos los datos sobre esta fuga se encuentran en el Expediente numero 155.

El segundo Expediente, número 154, está dedicado a la evasión de los penados del Destacamento de la Carretera Tomás Barriento García y José de la Cuba Tirado, el día 19 de junio de 1949. Barriento redimía por dos delitos de robo, penado el primero con 6 años de prisión menor, y con 4 años y 2 meses el segundo. Total: 10 años, dos meses y un día. Le restaba por redimir 4 años, 9 meses y 24 días. A José de la Coba, la Audiencia Provincial de Cuenca le había condenado a 4 años, dos meses y un día por un delito de robo. Le restaban por extinguir su condena tres años y ciento cincuenta y nueve días.

En efecto, de los tres Destacamentos (junio 1943-enero 1950) se evadieron pocos reclusos trabajadores, a pesar de la escasa vigilancia y lo favorable del terreno para la huida. Pero ¿están en este capítulo todos los que se evadieron? ¿Se han perdido o traspapelado algunos Expedientes? Puede que sí, puede que no. Carezco, por ahora, de la posibilidad de averiguar una y otra hipótesis. Sin embargo, sea una cosa o sea otra, estoy seguro de que muy pocos nombres se podrán añadir a este capítulo. Sólo el de Jesús Costales Sánchez, que aparece en un Acta del Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo, de fecha 23 de mayo de 1950, unos meses después de la disolución de los Destacamentos del Valle.

Se evadió del Destacamento de la Carretera en fecha que no se precisa y, después de su captura, fue sancionado por el Patronato en la fecha antedicha «con la pérdida al derecho a redimir y al traslado que corresponda».

Imitando el título del libro de Miguel Rodríguez, calificaré a José Costales Sánchez de El último evadido del Valle de los Caídos.

Sobre todas estas historias planea la declaración del recluso trabajador (Expediente 182), Antonio Pérez Gómez:

«… el que se propone marchar puede hacerlo».

CAPÍTULO XII

UNA HISTORIA CON HISTORIETAS

Hastiado, quizás, de las múltiples contradicciones sobre su fuga jocosa del Valle de los Caídos, el protagonista de esta historia, el celebérrimo historiador Nicolás Sánchez-Albornoz, proclamó en 2002: «… No diré mas sobre un episodio de sobra conocido. Una novela y una película me ahorran su relato», lo que no está nada mal para un historiador que aprendió historia en las películas de Hollywood… En fin, que también le falla la memoria, porque no fueron una novela y una película —muy malas las dos, por cierto—, sino muchas novelas contadas por el historiador, en especial la regalada a Daniel Sueiro, con ese golpe de inspiración o imaginación, ¡vaya usted a saber!, que ni Tolkien:

«Llegaron a Barcelona la mañana del lunes, confundidos entre la masa de vehículos de quienes volvían al trabajo concluido el fin de semana».

¿Masas de vehículos y fin de semana? Es decir, ¿de viernes por la tarde a domingo en la España de 1948? El historiador debió soñar con estar en Nueva York, en Chicago o en el Detroit de la época. También se olvidó de la novelista Bárbara Probst Solomon, Barbarita, asimismo de imaginación desbocada, autora del libro Los felices cuarenta, filocomunista que dio con sus huesos en el filocomunista «The New York Times», donde enredó, todo lo que pudo, la información sobre España.

Lo cierto es que de lo escrito y declarado por unos y otros, se obtiene un galimatías, sin pies ni cabeza. Queda claro, sin embargo, que Nicolás Sánchez-Albornoz, Manuel Lamana e Ignacio Faure, fueron condenados en Consejo de Guerra celebrado en Madrid en 1947 por la chiquillada de intentar resucitar la F. U. E., un antiguo sindicato universitario, algunos de cuyos dirigentes se hicieron famosos por su pistolerismo en los últimos años de la Monarquía y la República.

El primero de los citados es hijo del célebre historiador, Claudio Sánchez-Albornoz, que estaba en la política republicana como un pulpo en un garaje; el segundo, Lamana, era hijo de un alto político del Frente Popular, afiliado a Izquierda Republicana, el siniestro partido de Manuel Azaña, uno de cuyos miembros, Manuel Muñoz, director general de Seguridad, creó en los sótanos del Circulo de Bellas Artes de Madrid, la primera de las checas madrileñas. Esta checa pasó mas tarde a la calle de Fomento. La primera se conoció, tristemente, por Checa de Bellas Artes, la segunda por Checa de Fomento.

Vayamos por partes. En primer lugar, por lo evidente de esta historia que dará para varias historietas, entre ellas la que contiene el Expediente número 157, instruido por el inspector central de Destacamentos Penales, señor Pajares Lastra, actuando de secretario el señor De la Peña Iglesias. Este Expediente, iniciado el día 16 de agosto de 1948, es doble, cosa insólita, pues no sólo contiene toda la documentación relativa a la evasión de los reclusos Sánchez-Albornoz y Manuel Lamana, sino también la de los asimismo fugados del Destacamento del Monasterio Juan Caro Prada y Rafael Herrera Yera.

Corresponde a lo histórico, con minúsculas, el hecho de que sus protagonista, Lamana y Sánchez-Albornoz, fueron detenidos en Madrid en marzo de 1947, junto con otros universitarios, por el descabellado intento, reitero, de resucitar la Federación Universitaria Española, como ya conoce el lector.

En años en que los «maquis», asesinaban en toda España, y comunistas y anarquistas no les iban a la zaga, con crímenes de todo tipo, y los socialistas chillaban y amenazaban desde el exterior, mientras digerían las enormes riquezas, «incautadas» a los españoles; en los años del cerco internacional a España, con gravísimas consecuencias como el casi nulo comercio con el exterior, la falta de divisas, originada por el envío del tesoro nacional, oro, plata e importantes colecciones de monedas y joyas enviadas a la Unión Soviética, Francia y Méjico por Juan Negrín, a quien se honra hoy en Canarias, dando su nombre a un Hospital de la Seguridad Social que creó un falangista, José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo con Franco; en los años del Pacto Indalecio Prieto-Juan de Borbón con ofrecimiento a Inglaterra de las Islas Canarias o una facilitada invasión de las fuerzas aliadas mediante un desembarco en la bahía de Rosas; en años de toda España en alerta, con cuarteles y campamentos atestados de soldados, entonces es cuando un grupo de señoritos privilegiados, hijos de papá exiliado, con todas las facilidades para estudiar en la Universidad, juegan a revolucionarios para matar el aburrimiento.

La respuesta de las autoridades es fulminante: Consejo de Guerra, celebrado el día 12 de diciembre de 1947, y condena de 6 años de prisión a Sánchez-Albornoz y de 4 años a Lamana.

Firmes las sentencias, los familiares de los ya reclusos movieron influencias, según Sánchez-Albornoz, para ser trasladados al Destacamento Penal del Monasterio del Valle de los Caídos donde les esperaban plazas de escribientes en las oficinas del jefe de dicho Destacamento, Amos Quijada Sevilla, un santo varón por lo que opinaban los reclusos que le conocieron.

Hasta aquí, la historia, con minúsculas, y, en adelante, las historietas o las múltiples versiones de «como se evadieron del Valle de los Caídos, cruzando media España en automóvil, fueron detenidos, en varias ocasiones, por la Guardia Civil, sin consecuencia alguna, y llegaron felizmente a Francia, una vez pasados los Pirineos a pie».

La primera versión de la fuga corresponde a Manuel Lamana, en versión novelada, de la cual ha quedado para ser repetida y repetida, esa supuesta carta, quemada inmediatamente después de ser leída e interpretada por el recluso: «Luis está en Madrid y el domingo va a ir con el coche al Escorial, a donde llegará con tiempo para oír Misa de once y después visitar el Monasterio, empezando por la Biblioteca».

Dos acotaciones antes de continuar con la novela: ¿Por qué quema la carta que ya ha sido leída por los oficiales de prisiones?, ¿por qué se omite la fecha del domingo?, ¿qué hubiera ocurrido de retrasarse la misiva? Además, todos los autores, comenzando por los protagonistas de la fuga, coinciden en que la fecha omitida era el domingo 4 de agosto, cuando el día de la fuga fue el domingo ¡8 de agosto! El día 4 era miércoles.

Según copio de la documentación oficial que obra en mi poder ¿hasta dónde llega lo novelesco y comienza la realidad en Otros hombres, la novela testimonio de Manuel Lamana?, ¿existieron esos guardia civiles que vigilaban a los presos (en el Valle), pegándoles si se terciaba?, ¿que en la noche parecía haber más guardia civiles, y más allá, ahondando en las negruras tres Campos de Concentración, en el último de los cuales moría la carretera? Desde luego que no, como demostré en capítulos anteriores.

Antes de la fuga las dudas invadieron al fabulador: «¿Quién piensa en llegar a Barcelona cuando se está con varios años de condena en un destacamento penal a cincuenta kilómetros de Madrid?».

De esta fuga, que el autor de la novela-testimonio califica de azarosa, destaco los siguientes detalles: se evade por un sendero del monte hasta El Escorial; se topa con una campesina; no ve ni de lejos a un guardia civil; le asaltó el temor al entrar por las primeras calles del Escorial, de que «su camisa, su pantalón o su manera fuesen de otro tiempo»; al llegar a la Plaza del Ayuntamiento, «la gente, endomingada, discurría lentamente»; «el reloj del Ayuntamiento marcaba las diez y media»; y había en la plaza unos niños con el uniforme de huérfanos de ¡carabineros!; era pronto, por lo que tomó lentamente una cerveza en un bar, pidió otra; se encontró con «Luis», quien le dio unas llaves y le dijo: «son de un coche con matricula roja y con una bandera grande. Enseguida irán unas chicas. Cuando esté el coche en marcha, iré yo, arrea»; el banderín destacaba como la insignia de un barco; llegaron las chicas, eran extranjeras, y una de ellas puso el coche en marcha. Enseguida subió «Luis»; el vehículo arrancó suavemente y se dirigieron a Madrid. Camino de Barcelona pararon en un paraje solitario, «se cambió de ropa y tiró la vieja»: «esperaba que hasta las siete y media de la tarde nadie se diera cuenta de que había desaparecido del Campo (¿de Concentración?). Y para entonces contaba con estar ya muy lejos, por lo menos pasados los límites de Cataluña». Una pareja de la Guardia Civil les ignoró en plena carretera; unos kilómetros mas adelante otra pareja les detuvo y les «pidió los papeles», «el guardia al ver el primer pasaporte americano, no pidió más»; «a la entrada de Barcelona (en la mañana del lunes), unos motoristas apuntaban las matriculas de los coches».

He ahorrado al lector el galimatías del viaje, en el que para justificar las horas se fabula con averías, comida en el Parador Nacional de Medinaceli y vueltas y revueltas a partir de Zaragoza, y el paso por pueblos en la madrugada del lunes. Una fuga rocambolesca en la que sus protagonistas no perdonan ni la cena en un pueblo donde «para hacer boca (…) unas lonchas de jamón curado y unas rodajas de chorizo y salchichón», seguido de unas sopas de ajo, huevos con arroz y ensalada; acompañado todo ello con «unas hogazas de pan blanco, grandes y redondas», y «el vino blanco de muchos grados». Una de las norteamericanas aprendió, por capricho, a beber en porrón… Al final, el suspiro de alivio de uno de los evadidos del Valle de los Caídos: «Me alegra haber venido por aquí; nos ha prolongado mucho el viaje, pero no tendremos sorpresas (sic). No podrán suponerse que para ir de Madrid a Barcelona hayamos dado la vuelta por el Mediterráneo».

Un amanecer radiante, una salida de sol casi caribeña, un mar azul verdoso, una serie de playas desiertas… y en el asiento trasero el otro fugado se ponía a tono con una de las americanitas… Como dijo el poeta: «Cuando la libido aprieta, ni los asientos traseros de los coches ni las fugas se respetan».

De la evasión de Lamana y Sánchez-Albornoz sólo queda claro la llegada al Escorial, el vehículo que les espera y las dos chicas norteamericanas. El resto lo componen una serie de pensamientos, consideraciones y conclusiones subjetivas, mechadas de sucesos oscuros que se contraponen, a los que certificaba y legalizaba bajo palabra, en el Congreso de Barcelona, Nicolás Sánchez-Albornoz:

«En materia de libertad, la cárcel y la calle se diferenciaban sólo en grado. España entera —debe recordarse—, era entonces una gran prisión en la que toda persona tenía sus movimientos restringidos y de la que se salía excepcionalmente. Gibraltar y Portugal devolvían a los fugitivos que cruzaban las líneas de demarcación. La ruptura reciente de las relaciones diplomáticas selló, por otra parte, los Pirineos. La parte española lindante con la frontera se encontraba militarizada, después de que guerrilleros procedentes de Francia intentaran invadir el Valle de Aran. Circular por esa zona requería un permiso especial; firmado, nada menos, que por el Capitán General de la Región Militar. En el interior de España, se necesitaba igualmente un salvoconducto expedido simplemente por la policía a la vista del certificado parroquial de haber cumplido el precepto pascual (sic). La realidad supera a la imaginación. La mente fértil de Luis Buñuel nunca llegó a idear semejante esperpento. Yo, que me movía con frecuencia entre Ávila y Madrid como sigo haciendo ahora, después de cárceles y exilios, comulgué anualmente en la Iglesia románica de San Vicente, Sabina y Cristeta para poder pasar a continuación por sacristía por la dichosa constancia (sic). Policías rondaban por los vagones del ferrocarril pidiendo la documentación y la Guardia Civil patrullaba carreteras y sendas. El interior de las casas estaba sometido a registros sorpresivos, la delación contribuía a estrechar el cerco sobre los sospechosos. Sólo quedaba al perseguido algo tan poco apetecible como la propia cárcel, es decir, convertirse en un “topo”».

Sin embargo, los dos evadidos y las dos chicas norteamericanas, recorren cientos de kilómetros en automóvil, y cuando los para una «despistada» pareja de la guardia civil, no sólo se ríen de ella, como cuenta Lamana, sino que se conforman con echarle una simple ojeada al pasaporte de una de las jovencitas. Luego, los fugitivos cruzan a pie los Pirineos, a pesar de estar militarizados, sin salvoconducto firmado por el capitán general de la Región Militar. ¡Menuda España toda cárcel! ¡Menuda vigilancia la existente en los Destacamentos Penales del Valle de los Caídos, menuda policía, menuda Guardia Civil, menudos delatores y menudos sospechosos!; ¿o es que la imaginación del historiador supera a la de Luis Buñuel?

Sea como fuere, la versión de una de las dos supuestas jovencitas norteamericanas, Bárbara Probst Solomon, «Barbarita», la que con 17 añitos tomó parte entusiasta, dice y dicen, en lo que Daniel Sueiro califica de «la más célebre o conocida de las evasiones de Cuelgamuros», en nada coincide con las de Lamana y Sánchez-Albornoz. Es sospechoso pero no definitivo, todavía.

En su libro de memorias Los felices cuarenta. Una educación sentimental, Barbara Probst Solomon dice: «Cada domingo los guardias llevaban a los internados en Cuelgamuros en fila a los oficios religiosos que se celebraban en el Escorial (…) Manolo y Nicolás tenían que separarse de la formación al llegar al final de la calle que se bifurcaba en dos direcciones y andar rápidamente hacia nuestro coche. Si conseguían llegar a él, la verdadera dificultad estribaría en salir de la ciudad de El Escorial que estaba rodeada por la Guardia Civil», y luego, por supuesto, «quedaba el problema de salir de España para llegar a Francia. Se suponía entonces que tenía que venir un tercer preso que compartía condena con ellos pero al final tuvo miedo (…) Por la mañana, mientras íbamos en el coche hacia El Escorial, Paco nos largó una historia sobre Carlos V y su afición por los relojes».

Cuenta después la Probst Solomon que llegaron a hora muy temprana a El Escorial, «donde teníamos la intención de hacemos pasar por turistas, hasta que llegase el momento de recoger a los fugados». Paco (Paco Benet) «nos atiborró la cabeza de historia de España». Durante una hora actuó de guía turístico por el interior del Monasterio, «por pasadizos blancos, desérticos, y el húmedo, malsano cementerio del Sacro Imperio Romano».

Finalmente, Paco Benet, «se separó de nosotras» y «nos dijo que al cabo de diez minutos exactos pusiéramos el coche en marcha, y pasara lo que pasara no nos detuviéramos».

Ya en el coche y «bajo la blanca luminosidad de las primeras horas de aquella mañana, mientras El Escorial proyectaba largas y negras sombras sobre la calle, vi a Paco que, sonriendo, tranquilamente, doblaba la esquina. Pusimos el motor en marcha y al cabo de unos momentos entró con otros dos, aunque no conservo un recuerdo fiel de Nicolás o Manolo en aquellos primeros instantes, ni como se lo hicieron para llegar al coche. Recuerdo que pasamos junto a los guardias que en aquel momento bajaban por una de las calles, en dirección opuesta a la que llevábamos nosotros, con un camión lleno de presos. Eran la guardia que habían escoltado a Nicolás y a Manolo a la Iglesia y al pasar velozmente por su lado hicieron gestos para esquivarnos…».

Hasta aquí, las dos versiones de la fuga, la de Lamana y la de la Probst Solomon. Son tan contradictorias, tan diferentes que se parecen como un huevo a una castaña, dicho esto en román paladino. De ahí, quizás, que el señor Sánchez-Albornoz y su epígono Daniel Sueiro se olvidaran absolutamente de lo escrito por «Barbarita», en cuanto a esos «instantes» en El Escorial, y apoyen la de Lamana, mediante una fabulación muy personal de don Nicolás. Veámoslo:

«El domingo se saltaban el recuento del mediodía porque venían los familiares de visita y a comer con los reclusos, y, entonces, estaba un poco disperso aquello. Entonces teníamos seis horas de plazo, en lugar de tres, para disponer de más tiempo antes de que se diera parte a la guardia civil y a la policía. Pasamos el recuento de las nueve de la mañana y, en seguida, nos internamos en el monte, en dirección a El Escorial. Habíamos quedado delante del Monasterio, un lugar tan visible como ése. Y allí estaba el auto, y allí estaba Paco Benet, con las chicas, a las que veíamos por vez primera. Nos metimos en el auto y nos fuimos cambiando de ropa por otra más adecuada a la circunstancia y a la imagen que queríamos dar, la de unos jóvenes despreocupados viajando con dos extranjeras divertidas. Porque el problema mayor, en aquel momento, era, no tanto escaparse, sino si uno se acuerda de esa época, transitar; había que tener un pase, un salvoconducto para viajar de una población a otra (sic), bajo un control constante, que además, se ejercía porque a nosotros, en cuanto emprendimos el camino de Madrid a Barcelona, constantemente nos fue deteniendo la Guardia Civil».

Sueiro completa esta versión:

«Para hacer las cosas como las harían si de verdad fueran estudiantes en viaje de placer, se pararon a comer en el Parador Nacional de Medinaceli, ante la creciente impaciencia de las americanas, que hubieran preferido unos sándwiches sobre la marcha. Llegaron a Barcelona la mañana del lunes, entrando por la costa, confundidos entre la masa de vehículos de quienes volvían al trabajo concluido el fin de semana. Después de esperar varios días a un guía, se decidieron a cruzar solos la frontera, lo que no conseguirían hasta el tercer intento. Después de haber perdido las dos noches anteriores y acabar con los pies rotos y hambrientos, pasado el tiempo —cierra el escritor—, se diría que las autoridades y el Gobierno habían hecho gala de una cierta tolerancia en el desarrollo y resultado final de esta fuga. Incluso se dijo que la fuga había sido no sólo tolerada, sino organizada por las autoridades, porque atendieron a las peticiones de algunas personas de la intelectualidad que por amistad con el padre de don Nicolás, estaban obligados a esa gestión. Así que todo fue preparado y don Nicolás pudo cruzar media España sin que lo interrumpieran porque el camino estaba preparado para su fuga».

No seré yo quien conduzca al lector por este camino de las dudas, tan sólo iré exponiendo las contradicciones, derivadas de las fabulaciones, quizás de las exageraciones, fruto del afán de protagonismo de los actores de estas historietas. Un hecho es cierto, incontrovertible, que Manuel Lamana Lamana y Nicolás Sánchez-Albornoz Aboín se evadieron del Destacamento Penal del Monasterio del Monumento Nacional a los Caídos el domingo día 8 de agosto de 1948, según consta, reitero, en el Expediente oficial cuya copia está en mi poder y con cuyos datos más importantes cerraré este capitulo.

Sin embargo daré antes un salto atrás para justificar, según dicen, la presencia de Paco Benet, de la progresía andante cuyo hermano, Juan, arremetería años después con un articulo violentísimo y cruel contra Solzhenitsyn desde la revista «Cuadernos para el Diálogo».

Comienza la historieta con Bárbara Mailer, hermana del novelista norteamericano Norman, y Barbarita Probst Solomon, perejil de todas las salsas, de 17 años de edad, en 1948. La historieta es incomprensible por más que se empecinen en hacérnosla tragar. ¿Es que ocultan a personajes, partidos políticos, sectas o cosas inconfesables? De momento debemos tener en cuenta que las fechas brillan por su ausencia. Así, Sueiro, de la mano experta de don Nicolás, parece seguir la pauta de don Eugenio D’Ors cuando dictaba a uno de sus discípulos:

—«¿Lo ha entendido usted?, preguntaba. Y si el amanuense contestaba que sí, don Eugenio replicaba de inmediato: Pues oscurescámolo, oscurescámolo».

Y de tal manera han sido oscurecidos, al estilo de don Eugenio, los detalles de esta evasión, que todos ignoran cuándo salió de París el «pequeño y viejo coche», con cinco pasajeros a bordo y cargado de propaganda impresa antifranquista, cuándo cruzó la frontera, y cuándo llegó a Madrid, y cuánto tiempo permanecieron en la capital de España.

Copiaré, fusilaré, dicho en lenguaje periodístico, lo más mollar de las páginas 108, 109 y unas pocas líneas de la 110 de la segunda edición del libro de Sueiro, ése, que ya no se titula, con razón, «La verdadera historia del Valle de los Caídos».

Dicen así:

«Los preparativos para esta fuga, de una gran sencillez, habían comenzado poco antes en París, donde residían lo que —un tanto pretenciosamente— llamaban los militantes de la Delegación Exterior de la FUE, uno de cuyos miembros, Enrique Cruz Salido, cuyo padre había sido uno de los ejecutados años antes en España, entra en contacto con el novelista norteamericano Norman Mailer y con su hermana Bárbara y una amiga de ésta, Bárbara Solomon, “Barbarita”».

«Para gastarse el dinero que acaba de darle su conocido éxito “Los desnudos y los muertos”, la novela sobre la guerra en el Pacífico, Norman Mailer se había venido a viajar con su mujer por Europa en un pequeño coche que se compró en Francia. Cuando se le terminó el dinero, el tiempo o las ganas, Mailer decidió regresar a Norteamérica con su mujer, pero les dejó el coche a las dos chicas, que se quedaban en París».

«Todo fue muy espontáneo. Norman me dijo: “¿Tú sabes conducir?” y yo le dije que sí. Él se fue para América y nos quedamos Bárbara y yo y Enrique Cruz Salido. Entonces vino Paco Benet, que estaba en Alemania, en el sector francés, y Enrique nos lo presentó, y como tenía un coche y dos americanas, Paco dijo: “Bueno, pues vamos a fugarnos”. Y para aprovechar el viaje, vació los asientos del coche y lo cargó con propaganda de la FUE. Ninguna de nosotras hablaba entonces español. Y yo siempre me pregunto: ¿Hemos sido inconscientes? Sí y no. No hemos sido conscientes en el desconocimiento de lo que entonces pasaba en España. No, eso no. Pero a los 17 años siempre se es un poco inconsciente, y lo éramos, por ejemplo, al no considerar que una fuga no se daba todos los días. En ese sentido no nos dábamos cuenta de nada. Después, mucho después lo supimos, pero no entonces. Yo era la persona que parecía en ese momento más entusiasta y más alegre, pero curiosamente ella tenía una visión mas optimista que yo en cuanto a lo que iba a pasar en España y en el mundo. Yo era pesimista, y estaba más cerca de Paco, que también tenía una visión más pesimista. Paco era muy inteligente. Se murió muy joven, en un accidente de coche; era antropólogo y se murió en el desierto del Irán a los 38 años. Su hermano, Juan Benet, el novelista, era un año menor, pero en aquel momento era mucho más el hermano pequeño y Paco el brillante. Juan no era nada estúpido, pero…».

«Bueno, volviendo al viaje, Bárbara y yo discutimos sobre lo que podía pasamos en aquel momento en que EEUU y España no mantenían relaciones. Teníamos también la idea, un poco ingenua, de que como éramos dos chicas norteamericanas, nada nos podía pasar. Y también la idea de la juventud de que la muerte no existe, es decir, el peligro toca a otros pero no a ti. Entonces no podemos decir que hayamos tenido miedo, pero eso no fue por coraje, sino por juventud».

El viejo coche salió cargado de París. A las dos chicas y a Paco Benet les acompañaba una pareja de amigos franceses, que se quedarían en Hendaya, todos ellos sentados sobre pesados fardos de material propagandístico de la FUE. Pasaron por San Sebastián y llegaron pronto a Madrid donde iban a permanecer varios días aunque no inactivos.

«Paco tenía que ver a gente… A Juan Manuel Caneja, un amigo pintor, que estaba en Ocaña y también quería salir, pero fue imposible entonces. Tuvimos contacto con un poeta, José Suárez Carreño, y la novia de Lamana, Aurora, que estuvo muy metida ayudando. Querían ayudar a algunos anarquistas que estaban en cuevas en las afueras de Madrid; junto al río había muchas cuevas habitadas entonces. Yo fui con Paco a una de ellas a visitar a un anarquista muy famoso, que estaba muy enfermo. Paco había ido antes a comprarle algunas medicinas. Le propuso que se escapase, que se viniera con nosotros, pero el hombre, al ver a dos chicas norteamericanas, desconfió por algún motivo. Paco estuvo discutiendo con él durante dos horas, tratando de convencerle de que lo nuestro tendría éxito por ser algo tan espontáneo. Después, él se fue con otros doce anarquistas y los cogieron a todos. Pasó 15 años en la cárcel. Paco no quería que dijeran que habíamos estado en Madrid y que no habíamos hecho nada. Entonces por las noches nos dedicamos a dejar las calles de Madrid llenas de pequeños sellos que decían: “¡Viva la FUE!”. Le acompañé a la Universidad y en la oficina del SEU me dijo: “Tienes que coger todos esos nombres…”. Y lo que yo hice fue… Nosotros habíamos visto muchas películas durante la guerra, ése fue nuestro entrenamiento, Humphrey Bogart y todo eso, entonces yo ponía un papel carbón y un folio debajo de la portada del ABC y sin lápiz ni nada he escrito todos los nombres, por haber ido mucho al cine de pequeña».

Hasta que en la mañana del domingo 4 de agosto las dos americanas y el español Francisco Benet aparcaban el coche de matrícula francesa delante de la explanada principal del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Había sido vaciado de propaganda y llevaba, en cambio ropa de repuesto para dos nuevos viajeros y documentos de identidad falsos para cada uno de ellos.

Imposible esta Bárbara Probst Solomon, que dice una cosa: El Escorial rodeado por la Guardia Civil, los reclusos que se evaden de la fila, o la cuerda de presos hacia la Iglesia, y, luego, se corta o la cortan para que encajen las piezas del rompecabezas; que se inventa unas calles de Madrid, solitarias en las noches veraniegas, sin serenos, para poder pegar propaganda política en las paredes; que tiene carné de conducir a los 17 años, sin que se lo exigiera, ni una sola vez, la Guardia Civil, a pesar de lo que cuenta Sánchez-Albornoz: «En cuanto emprendimos el camino de Madrid, constantemente nos fue deteniendo la Guardia Civil».

La imaginación, la simulación de la hoy periodista y escritora, le lleva al extraño invento para copiar sin lápiz ni pluma, ¿para qué?, los nombres del SEU (Sindicato Español Universitario) cuando la afiliación era obligatoria y público los nombres de sus dirigentes; a visitar al dirigente anarquista Amit, en días próximos a agosto, en una cueva junto al Manzanares, cosa imposible por cuanto, según el capítulo anterior, Amit había sido detenido de nuevo en mayo, al cruzar la frontera, en fecha indeterminada —¿a últimos de julio?— en un pequeño y viejo coche con matricula de Francia, de donde partían los «maquis» y se dirigía la subversión en España, un viejo y pequeño vehículo con una pesada carga de propaganda política contra el Régimen y cinco pasajeros, uno de los cuales era Paco Benet, activista político fichado por la policía, con entera seguridad.

¡Pero si en Francia no se movía una mosca sin ser detectada en aquellos tiempos por los servicios secretos españoles y su red de confidentes…! Un vehículo, con matrícula francesa, sin un registro a fondo por la Guardia Civil de fronteras y que se pasea, como Pedro por su casa, de aquí para allá, en una España condenada por la ONU y cercada política y comercialmente…

Para hacer lo más cortas posibles estas historietas requeriré el testimonio de un testigo singular. Se trata de Miguel Rodríguez. En su poco conocido, y aun menos citado libro, El último preso del Valle de los Caldos, cuenta, bajo su responsabilidad, una versión nueva de estos hechos, hechos oscuros a pesar de la novela, el libro de Sueiro, la película y las mil declaraciones de don Nicolás a prensa, radio y televisión.

El «último preso» narra, en primer lugar, la preocupación del jefe del Destacamento, el antes citado Amos Quijada, cuando le anuncian que han sido destinados a sus órdenes Lamana y Sánchez-Albornoz, al tiempo que le llueven recomendaciones respecto a los dos reclusos desde altas instancias políticas, jurídicas y culturales. Es decir, que le metieron un embolado de tomo y lomo:

«… (don Amos) me dijo que había recibido la orden de hacer el ingreso de los tres presos políticos relevantes (Lamana, Sánchez-Albornoz y Faure), que días antes le habían anunciado. Su preocupación era grande y su desasosiego era total, incrementado por la infinidad de llamadas telefónicas y cartas recibidas de recomendación para ellos. Desde el propio Ministerio de Justicia; Dirección General de Justicia, Dirección General de Prisiones e Inspección Central de Destacamentos, pasando por militares y particulares, le tenían abrumado con unos presos que ya se le habían atragantado antes de llegar. Muy quejumbrosamente y exhalando un profundo suspiro me dijo: ¡Ya veremos cómo salimos de este embolado que nos han metido en el Destacamento!».

«Estaba finalizando el mes de marzo cuando llegaron al Destacamento los presos famosos, Manuel Lamana, Nicolás Sánchez-Albornoz e Ignacio Faure. (…) Cuando por fin llegaron, don Amos (…) les tendió amigablemente la mano. Nosotros, Astaburuaga y yo, hicimos lo mismo».

Un inciso. Por razones que se me escapan, Miguel Rodríguez oculta el nombre y el primer apellido de Astaburuaga, que son Juan Tellería, quizás pariente de Juan Tellería, autor de la partitura del «Cara al sol», el himno de Falange Española de las Jons, y que fue himno nacional junto a la Marcha Real y el Oriamendi, hasta la muerte de Franco.

La primera noticia sobre este Juan Tellería Astaburuaga la encontré en el Acta del Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo, de fecha 23 de agosto de 1946. Dice así:

«Se desestima la petición del Arquitecto (Pedro Muguruza) de las obras del Monumento Nacional a los Caídos solicitando para las mismas al penado posterior, a veinte años, Juan Tellería Astaburuaga, quien se halla además a disposición del juez especial para la represión de la masonería y el comunismo».

No he encontrado posteriormente más aclaraciones sobre este personaje que las contenidas en El último preso del Valle de los Caídos.

«Por aquellos días ingresó en la oficina un escribiente procedente también de Yeserías. Se llamaba Astaburuaga y era del comité nacional de la C. N. T. En Yeserías, tenía a su cargo el Economato y pago del peculio a los reclusos. Yo le conocía de Yeserías, pero no había tenido ninguna relación con él».

«Era Astaburuaga un vasco del mismo pueblo que don Pedro Muguruza, el arquitecto de las Obras del Valle de los Caídos. Vestía elegantemente con una cadena de oro que pendía de su chaleco y se introducía en los dos bolsillos laterales del mismo».

«Tenía aspecto de intelectual, y en realidad lo era así como un poco pedante y engreído. (…)».

«Don Pedro Muguruza Otaño, distinguía muy deferentemente a Astaburuaga con su amistad y ello hasta el extremo de adjudicarle la contratación del amueblamiento del Monasterio. (…)».

«Astaburuaga poseía un taller de ebanistería en la calle Labrador de Madrid al ser detenido. Ahora continuaba en él, puesto que el encargado llamado Miguel, era un fiel amigo suyo. Por ello fue posible que se le adjudicase estas obras del mobiliario».

«Con bastante frecuencia don Pedro Muguruza, solía pasear con Astaburuaga a pesar de la parálisis que progresivamente le iba debilitando».

Algo relacionado con la ebanistería debió adjudicársele a Juan Tellería Astaburuaga, pero debió ser in pectore por cuanto no figura este hecho en las Actas de las reuniones del Consejo de las Obras del Monumento a los Caídos. Sin embargo, sí el pago de determinadas cantidades a Tellería, sin más.

¿Cuándo llegó Juan Tellería Astaburuaga al Destacamento Penal del Monasterio del Valle de los Caídos, tras la negativa del Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo, a concederle este privilegio? Lo ignoro.

Sigamos con lo que Miguel Rodríguez contó en El último preso del Valle de los Caídos respecto a los personajes centrales de esta historia:

«Nicolás Sánchez-Albornoz, alto, moreno, con gafas, nariz aguileña, vestía traje oscuro, sin corbata y jersey beige; Manuel Lamana Lamana, alto, rubio, delgado, con el pelo rizado, chaqueta de sport, jersey negro, también sin corbata; Ignacio Faure, bastante más bajo que los otros, moreno, de pelo rizado, mirada penetrante y ojos oscuros, vestía también chaqueta de sport y jersey gris. Los tres comenzaron a prestar sus servicios, como escribientes, en la oficina del Destacamento. Eran poco comunicativos, excepto Lamana, que siempre tenía la sonrisa en los labios. Nicolás, muy seriote, y Faure siempre caminaban y paseaban juntos. En la oficina jamás se les oyó una palabra que diera pie para pensar en su fuga. Eran listos e inteligentes y su venida no había sido por casualidad sino con el exclusivo objeto de fugarse».

De todo lo cual el antiguo preso obtiene la conclusión de que «Franco no accedió a concederles un indulto como multitud de personajes se lo pidieron, por mantener su soberbia y convino con el propio ministro de Justicia el traslado al Destacamento, para prepararles la fuga».

El «último preso» que se califica de «testigo excepcional» de estos hechos, se extiende en prolijas explicaciones trufadas de conversaciones con el jefe del Destacamento y sus ayudantes, don «Nico» y don Felipe (Nicomedes Lozano y Felipe Cereceda), lo cual, para una mejor comprensión para los lectores extractaré a continuación:

Recuerda el autor que era el «domingo primero de agosto (sic) del año 1948, cuando —como todos los días festivos del año—, sobre las nueve de la mañana se nos formaba en la explanada frente a las oficinas y el barracón para ir a misa al Destacamento de San Román, donde se encontraba la capilla». Y añade que, el día señalado, Nicolás Sánchez-Albornoz y Manuel Lamana no se encontraban entre los reclusos que marchaban, informalmente, hacia la capilla. Aún más, asevera que don «Nico» le participó que «Nicolás y Manolo le habían pedido permiso para ir a El Escorial a recibir y pasar el día con unos familiares que venían a visitarlos» y que ordenó a otros dos penados, al «Legionario» y al «Mallorquín», que les vigilaran. Y como no encontraron —dice— a Nicolás y a Lamana por El Escorial, el Mallorquín y el Legionario —dos borrachines de mucha categoría—, don Amos telefoneó a Madrid en multitud de ocasiones, se reunió varias veces con sus ayudantes, montó y desmontó en cólera y, entre dimes y diretes pasaron horas sin que nadie hiciera algo, hasta que, a las seis de la tarde se dio parte a la Guardia Civil. Esto es, que, desde las diez, aproximadamente, de la mañana el jefe del Destacamento y sus ayudantes permanecieron mano sobre mano, según Miguel Rodríguez Gutiérrez.

El «testigo excepcional» cuenta que el secretario del «agitprop» de las Juventudes Socialistas Unificadas (sic) le confirmó la evasión de los presos citados, por ser de «dominio público» y que «él estaba enterado por medio de cierta persona, que los dos se habían metido en un coche que les esperaba frente a las obras del Monasterio (del Valle de los Caídos), sobre las diez de la mañana, emprendiendo la huida hacia Madrid».

Pasado el tiempo, vueltas las aguas a su cauce, Franco visitó las obras, como hacía con cierta frecuencia, aunque no con tanta como se afirma. Le acompañaba el ministro de Justicia, Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo. Pues bien, nuestro «testigo excepcional», escuchó a retazos, una conversación en la que el ministro le decía al jefe del Destacamento del Monasterio lo siguiente: «Que no se preocupara por las repercusiones que en los funcionarios iba a tener la fuga. Que había hechos y circunstancias en donde la política juega un papel determinante, y éste era uno de esos casos en los que había entrado en juego la “política”». Esta palabra se la recalcó muy bien. No sin antes advertirle que de esta conversación no diera cuenta a nadie, ni de que había estado en el Destacamento…

«No hay nada ni nadie de lo que aquí escribo —termina Miguel Rodríguez Gutiérrez— que pueda desmentir lo que aquí escribo, los protagonistas viven y por eso lo revelo ahora, para que de una vez por todas queden las cosas claras y en el lugar que los hechos corresponden».

Bien, ya tenemos cuatro versiones, cuatro, de la fuga «más conocida», esto es, la versión de Lamana, la de la Probst Solomon, la de Sánchez-Albornoz y la de Miguel Rodríguez Gutiérrez. Falta la oficial, la quinta y última, por ahora contenida en el Expediente número 157, iniciado el día 17 de agosto de 1948, en cumplimiento del Oficio N.o 1509 de fecha de mismo mes y año. Lo dirige el director general de Prisiones a la Inspección Central de Destacamentos. De la instrucción del Expediente se encarga el inspector central, señor Pajares Lastra, con el secretario, señor De la Peña Iglesias; se incoa «con motivo de la evasión, llevada a cabo el 8 de agosto último, de los penados de aquel Destacamento (de Cuelgamuros, El Escorial), Manuel Lamana Lamana y Nicolás Sánchez-Albornoz Aboín».

Del voluminoso Expediente reproduciré textualmente la declaración del jefe del Destacamento, por ser repetitivas las de sus dos ayudantes. También algún documento inédito.

Recordarán que insisten mucho los evadidos y Bárbara Probst Solomon en el detalle del cambio de ropa para aparentar ser dos estudiantes de vacaciones con dos chicas extranjeras. Este detalle podría hacer creer que salieron del Valle con aspecto poco menos que harapiento, o con uniforme a rayas de los penados de Alcatraz. Nada más lejos de la realidad.

El documento de descripción y antecedentes de los evadidos dice así:

«Manuel Lamana: 25 años, condenado a 4 años por el delito de rebelión militar (posterior), en Causa número 140 189, impuesta por el Consejo de Guerra en Madrid, el día 12 de diciembre de 1947. Viste chaqueta marrón clara, pantalón gris, zapatos marrones nuevos. Estatura 1,700, rubio con el pelo ondulado y pecas en la cara. Vive en la calle Almirante de Madrid».

«Nicolás Sánchez-Albornoz: 22 años, estudiante, hijo de Claudio y de Asunción, natural y vecino de Madrid, calle Fernández de la Hoz, número 12, condenado a la pena de 6 años por el delito de rebelión militar (posterior), en Causa 140 189, impuesta por Consejo de Guerra en la Plaza Madrid, el día 12 de diciembre de 1947. Viste chaqueta gris de espiguilla, pantalón gris, zapatos marrones. Estatura 1,710, pelo castaño oscuro, usa lentes».

Estas dos fichas se transmitieron a la policía y Guardia Civil para la busca y captura de ambos.

Y sin más preámbulos, vayamos a la quinta versión, la oficial.

El jefe del Destacamento Penal del Monasterio de Cuelgamuros, don Amos Quijada Sevilla declaró el día 12 de octubre al instructor, «que se hizo el primer recuento de reclusos a las 8 de la mañana y que, seguidamente, se distribuyó el desayuno, al que asistió toda la población penal del Destacamento, sin excepción alguna, y que a las nueve de la mañana, o minutos después, al formar la población reclusa, el funcionario del Destacamento, don Nicomedes Lozano (…) notó la falta de los dos penados (…) por lo que sin pérdida de momento (sic) se hizo una rápida gestión de busca y captura…».

El jefe del Destacamento declaró a nuevas preguntas del Instructor que: «aquellos dos penados trabajaban como escribientes del Director desde hacia 5 meses y observaban la más intachable conducta y tenían condenas de 4 y 6 años, quedándoles para cumplir, con abono de libertad condicional, siete meses al primero y quince al segundo, circunstancias todas las que presentaban que no hacían temer un hecho como el que realizaron. (…) Recibían visitas únicamente de sus familiares, el primero, casi todos los domingos, de sus padres y hermanos y, el segundo, Sánchez-Albornoz, con mucha menor frecuencia, de sus hermanos y un tío que es ingeniero de Caminos en Ávila; si bien reconoce el declarante que las circunstancias de estos dos penados trabajadores, constantemente en contacto con los libres, no es difícil para un penado ponerse en contacto con el exterior sirviéndose de elementos libres, aunque no tiene noticias de que estos dos individuos se marcharan en connivencia con personal extraño. Ya que, por otra parte, las condiciones de este terreno y la forma en que necesariamente se desenvuelve la vida del Destacamento, en lo tocante a seguridad, permite, en cosa de instantes, que un penado o más puedan esconderse y caminar por el monte aprovechando los momentos en los que el funcionario de servicio no se encuentra sobre ellos, caso este que tiene que ocurrir constantemente, porque ha de entrar y salir de las dependencias y dedicar la atención a múltiples cosas, y esto ha podido ocurrir el día de la evasión de Lamana Lamana y Sánchez-Albornoz. Precisamente este día no recibieron visitas los dos evadidos».

El día de la evasión, es decir, el domingo 8 de agosto de 1948, no el día 4 como sorprendentemente dicen sus protagonistas, el Destacamento del Monasterio contaba con un Oficial Jefe, dos funcionarios y un auxiliar para todos los servicios, incluidos los de vigilancia. La plantilla de reclusos trabajadores se elevaba a 113, muchos de los cuales habían sido condenados por delito común, y el resto por delitos muy graves cometidos durante la Guerra Civil, en especial los conmutados de pena de muerte o los condenados a 30 años. También había presos libertados que solicitaron, a su tiempo, seguir trabajando en el Valle una vez redimida la pena, además de los obreros libres contratados.

Don Amos Quijada, que prestaba sus servicios en el Destacamento desde su fundación el 10 de junio de 1943, insistió mucho en la falta de personal, a pesar de que recientemente le habían enviado un auxiliar. El contingente medio era de un centenar de reclusos trabajadores, y en el Destacamento sólo se había producido una evasión por año, a pesar de la absoluta falta de seguridad debido a la escasa vigilancia. Los funcionarios de prisiones, aparte del ya citado oficial jefe, Amos Quijada, eran los siguientes:

—Nicomedes Fernández Pérez, ayudante y guardián.

—Felipe Cereceda García, oficial.

—Antonio Estébanez Carricajo, oficial.

La fuga no tuvo gran repercusión, al principio. Sólo comenzó a removerse el «agitprop» tras la publicación de la novela de Lamana a pesar de su escaso éxito editorial. Fue después de la muerte de Franco, y los ataques continuos del profesor Sánchez-Albornoz, cuando comenzó a agitarse el hormiguero. Y ahí comenzó la leyenda negra del Valle de los Caídos. ¡Menudo argumento para una película…! Tribunal Militar, Consejo de Guerra, jóvenes estudiantes condenados a 4 y 6 años, Destacamento Penal, «trabajos forzados» y evasión con dos jovencitas norteamericanas burlando a la policía y a la Guardia Civil… y todo ello en el «campo de concentración» del Valle de los Caídos.

Sosiéguese el lector porque, en este caso, la realidad pulveriza la propaganda política. Demuestran lo que afirmo, sin error alguno, los Expedientes penales, hasta ahora inéditos, de Nicolás Sánchez-Albornoz y Manuel Lamana, obrantes en el Expediente 157:

Expediente penal de Nicolás Sánchez Albornoz

Prisión Provincial de Madrid

Condena: 6 años

Indulto 7/7/47 (1/4): 1 año 5 meses 30 días

Abono 1/4 parte libertad condicional: 1 año 1 mes 15 días

Diferencia: 3 años 4 meses 15 días

En prisión desde el 28/3/47 al 8/8/48: 1 año 4 meses 11 días

Resto: 2 años 4 días

Redimidos 71 días: 2 meses 11 días

Le quedan por cumplir 1 año, 2 meses y 23 días que redimiendo cumplía el día 9 de noviembre de 1949.

Expediente penal de Manuel Lamana Lamana Prisión Provincial de Madrid

Condena: 4 años

Indulto 7/7/47 (1/4): 1 año

Diferencia: 3 años

En prisión desde el 27/3/47 al 8/8/48: 1 año 4 meses 12 días

Diferencia: 1 año 7 meses 18 días

Redimidos 70 días: 2 meses 10 días

Resto: 1 año 5 meses 8 días

Abono 1/4 libertad condicional: 9 meses

Le quedan por cumplir 8 meses y 8 días que redimiendo cumplía las 3/4 partes el 24 de enero de 1949.

Es decir, que cuando se evadieron del Valle de los Caídos, donde gozaban de privilegios sin cuento y redimían pena por emborronar unos cuantos estadillos, una descansada labor burocrática, les quedaban por cumplir, al primero, tras una condena de 6 años, un año, dos meses y 23 días; y al segundo, ocho meses y ocho días. Teóricamente hubieran sido puestos en libertad el día 9 de noviembre de 1949, el primero y el día 24 de enero de 1949, el segundo. Y ello, si no les hubiera alcanzado medida de gracias alguna de la que era tan propicio el Régimen de Franco.

¿Merecía, pues, la pena tirar por la borda el cumplimiento de pena tan leve de no estar seguros los protagonistas de que su evasión se coronaria con éxito? Porque, ni Sánchez-Albornoz ni Lamana podían ignorar que de fracasar su intento hubieran sido enviados, como mínimo, al Penal del Puerto de Santa María, cuando no a Ocaña, como era habitual en estos casos.

En fin, ésta es la historia, con sus diversas historietas, de los penados Manuel Lamana Lamana y Nicolás Sánchez-Albornoz Aboín, que cumpliendo una leve condena, se evadieron del Destacamento Penal del Monasterio del Valle de los Caídos, vestidos de señoritos, monte arriba, monte abajo, y a los que la Guardia Civil detuvo, en numerosas ocasiones, camino de Barcelona, sin consecuencia alguna. Todo un mundo de contradicciones e incógnitas que no han querido despejar, aun al contrario, Bárbara Probst Solomon (Barbarita), Manuel Lamana y Nicolás Sánchez-Albornoz.

Lo único seguro de esta historia es que se evadieron. El Expediente 157, se cierra el 26 de diciembre de 1949, con un oficio que dice lo siguiente:

«Vistos los informes acumulados e instruidos en el Destacamento Penal del monasterio de Cuelgamuros con motivo de las evasiones de los reclusos Manuel Lamana Lamana, Nicolás Sánchez-Albornoz Aboín, (…) no deduciéndose de las actuaciones responsabilidad de clase alguna para los Funcionarios de aquel Destacamento, esta Dirección General, de conformidad con la propuesta de la Secretaria Técnica, ha acordado decretar el sobreseimiento y archivo de las diligencias».

Firma el director general de Prisiones, Francisco Aylagas.

El oficio es el número 2355 de la Dirección General de Prisiones.

Aquí paz y después, gloria.

¿Se escapó don Nicolás o lo «escaparon»? ¿Se buscó don Nicolás las altas recomendaciones para trabajar —lo de trabajar es un decir—, en el Valle de los Caídos o las altas recomendaciones lo buscaron a él? ¿Deseó ir a Cuelgamuros porque era muy fácil evadirse, o como era fácil evadirse del Valle lo enviaron a él? ¿Le pusieron un coche a pie de obra o en El Escorial? ¿Olvidaron los funcionarios avisar de la fuga de don Nicolás o la Guardia Civil sufrió una sordera transitoria, acompañada de ceguera? ¿Escapó don Nicolás por tierra, por mar o por aire, por el monte o por el llano, con señoritas o con caballeros? ¿Dieron la vuelta a España para llegar a Barcelona, o pasaron por Nueva York para confundirse entre la masa de coches que regresaban el lunes a la ciudad después de un feliz fin de semana?

¡Adivínelo Vargas!

Pero, sea como fuere, don Nicolás Sánchez-Albornoz Aboín rumia desde entonces su despecho y deja escapar su resentimiento, como río desbocado, contra Franco y el Valle de los Caídos de donde se escapó o lo «escaparon», le dieron vía libre al hijo del eminente historiador y extravagante político don Claudio Sánchez-Albornoz quien se dio cuenta, tardíamente, de que había perdido un tiempo irrecuperable en su empeño de ser presidente de la República española, en España, que no en el exilio.

Por todo ello, con la finura de espíritu que le caracteriza, don Nicolás busca refugio en la escatología para expresar el numen que le embarga y le embriaga, al referirse a Franco y al Valle de los Caídos:

«Mi salud mental me ha librado del síndrome de Estocolmo. No siento apego a mis guardianes ni he vuelto jamás al lugar de los hechos. Abomino de Cuelgamuros. Me niego a poner los pies en ese trozo de tierra, hermoso antes de ser profanado y, en público, he puesto condiciones para hacerlo, que no tengo inconveniente en repetir. Éstas son, que la Cripta pase a otro uso y agrego ahora, por culpa de la edad, que se habilite un urinario sobre la tumba del Caudillo para que pueda aliviar mi próstata».

Reclamo para don Nicolás, un sobresaliente cum laude en «Educación para la ciudadanía».

CAPÍTULO XIII

LA TUMBA DE FRANCO

Sobre dos grandes falacias se asentó la campaña contra el Valle de los Caídos, previa a la Ley de Memoria Histórica.

La primera y principal consistió en afirmar que, a manera de los grandes faraones, el régimen utilizó en su construcción «mano de obra esclava», en número superior a 20 000 penados, número y calificativo certificados por historiadores y periodistas foráneos e historiadores y periodistas españoles de izquierda, derecha y centro. Falso por entero.

La segunda, es la presunta intención de Franco de construir aquel gran complejo monumental para que le sirviera de sepultura, de «tumba faraónica».

Esta segunda mentira nació como rumor a finales de los años cuarenta, salido de las filas monárquicas como respuesta a un hipotético enterramiento del Generalísimo, cuando le llegara la hora, en el Monasterio del Escorial, entre las tumbas de los Reyes de España, como había ocurrido en 1939 con los restos de José Antonio Primo de Rivera.

No era, pues, una campaña contra el Valle como última morada del Jefe del Estado, pero fue aprovechada rápidamente por los enemigos interiores y exteriores del Régimen en sus campañas de desprestigio.

En un folleto editado con carácter reservado por el Ministerio de Información y Turismo, cuyo titular, Gabriel Arias Salgado, era de la absoluta confianza de Franco, al hacerse eco de ésta última campaña, dice:

«Nadie puede afirmar que haya proferido el Jefe del Estado palabras que puedan justificar tal rumor aún del modo más vago e indirecto. Es más, nadie que conozca los planos de la Cripta o la Basílica o el Valle entero puede señalar el menor indicio de que se haya previsto, ni lejanamente, un posible emplazamiento donde en el futuro pudieran reposar los restos mortales del hoy Jefe del Estado español».

El folleto fue impreso en 1959, con motivo de la inauguración del Valle de los Caídos, con una tirada de 250 ejemplares que fueron destinados a personalidades religiosas, autoridades civiles y militares y representaciones diplomáticas españolas en el extranjero y extranjeras en España.

Como es natural el Jefe del Estado conocía su contenido. Arias Salgado jamás se hubiera atrevido, dada su lealtad y fidelidad a Franco, a afirmar lo recogido anteriormente sin la autorización del Generalísimo.

¿Conocía Diego Méndez ese folleto? Sí, sin duda alguna por mi parte y, aún me atrevo a asegurar que debió meter la pluma en el texto, dada la minuciosidad con que se relatan las características de las distintas obras y edificaciones, así como el férreo control que llevó sobre todo lo referente a la construcción del Monumento, del que como he demostrado, se consideraba creador único.

¿Cómo se explica, pues, que tras la muerte del Generalísimo afirmara que Franco le ordenó la construcción de su tumba en el lugar actual, minutos después de la inauguración de la Basílica? ¿Pretendía Méndez, con ello, monopolizar hasta la última de las piedras del Valle y ligar su nombre al de Franco hasta la eternidad?

Daniel Sueiro conocía este folleto —¿se lo prestó o regaló Diego Méndez?—. Sin embargo, despreció en su libro este dato mientras recoge declaraciones, a todas luces inverosímiles, que le hace el arquitecto. El autor del libro, citado y recitado a lo largo de estas páginas, prepara al lector con unas consideraciones carentes de base y plenas de subjetividad:

«Para alguna gente fue una sorpresa saber que era allí, en el centro de su grandioso monumento funerario, donde iban a terminar también los restos del propio autor de la idea; pero no lo fue para quienes pensaron desde el primer momento que todo aquello no se hacía sólo para perpetuar la famosa victoria sobre el comunismo. Otras personas, las de su intimidad, y alguna de sus proximidades, también conocían de antiguo la decisión de Franco de ser enterrado, cuando le llegara la hora, en el Valle de los Caídos. Y entre éstas están algunas muy directamente relacionadas con la construcción del Monumento, que dicen haber escuchado a él de sus propios labios el mismo día de la inauguración, en 1959 sino antes».

Analizaré este largo párrafo: «para alguna gente fue una sorpresa… pero no para quienes pensaban desde un primer momento… otras personas, las de su intimidad, y alguna de sus proximidades… y entre estas están algunas muy directamente relacionadas con la construcción del Monumento, que dicen haber escuchado a él».

Es decir, que el «afán de investigación histórica» del autor citado deslumbró al historiador Gil Pecharromán, al punto de calificar de mármol el granito de la lápida de la tumba de Franco, y a aceptar, sin la menor crítica, todo, absolutamente todo, lo que se afirma en la obra de Sueiro, así que Gil Pecharromán acepta que se solvente asunto tan importante con los términos «algunas otras, dicen, intimidad y proximidades». Y sólo un nombre al final, el de Diego Méndez; un Diego Méndez a quien se le escapa, quizá por inadvertencia del autor, que Carrero Blanco, no tenía la menor noticia del interés de Franco por ser enterrado en el Monumento Nacional a los Caídos, seguramente, ironizo, porque no debía ser de las personas de la proximidad y, mucho menos, de la intimidad del Jefe del Estado.

Las primeras declaraciones de Diego Méndez, recogidas por Sueiro, son asombrosas:

«Yo hablaba del tema muchas veces con Carrero (Blanco), “Oye Luis, tenemos que preguntarle un día al Generalísimo a ver qué idea tiene él, a ver si quiere que le preparemos algo en el Valle. Pues habla tu con él, hablale tú, un día que vaya por allí por las obras, se lo preguntas. Pero cómo voy a preguntarle yo… es muy difícil para mí, muy violento”. “Claro, tienes razón —contestó Carrero— pero para mí también, no creas…”. En fin, así se quedó la cosa. Pero yo le dije a Carrero: “Mira, yo, de todas formas, voy a prepararle allí la sepultura, igual que hemos hecho con la de José Antonio, en la parte de atrás allí voy a preparar la sepultura para él. ¿Qué te parece?”, “A mí me parece muy bien. Sí, prepárasela, porque yo tengo la seguridad de que él querrá ir al Monumento. Házsela y ya tendremos ocasión de preguntárselo”».

«Efectivamente le preparé allí la sepultura exactamente igual que la de José Antonio, pero en la parte de atrás porque —José Antonio, como es un símbolo, con el que se ha hecho ya todo el Monumento, verdad, que está aquí delante, una cosa de tipo político y demás— y él, como si fuera el amo de la casa, en la parte de atrás, entre el coro de los monjes y el Altar, como la persona que recibe a otros en su casa. Y así se lo hice. Y el día de la inauguración del Valle, al final de toda la ceremonia coincidí con él allí, en la parte de atrás del Altar Mayor. Se vino conmigo andando y comentando un poco las cosas y entonces, parado allí, detrás del altar, exactamente sobre el sitio donde estaba ya hecho el hueco de la sepultura, dice: “Bueno Méndez, y en su día yo aquí, ¿eh?”. Ya está hecho mi General, “Ah bueno, bueno”. Y no se volvió a hablar mas del asunto. Se lo dije a Carrero: “Mira lo que me ha dicho el Generalísimo: Esto y yo aquí”, “Bueno pues ya está”, y no se volvió a hablar más, y cuando murió y demás, ya estaba todo preparado».

Claro que no se habló más de un «imaginario» deseo del Jefe del Estado. A su muerte, contra lo que afirma Diego Méndez, no había preparado nada, como tampoco había sido preparada la tumba de José Antonio Primo de Rivera hasta que sus hermanos, Pilar y Miguel, accedieron a que sus restos fueran exhumados y trasladados desde el Monasterio del Escorial; es decir, que comenzó a prepararse todo el día 11 de marzo de 1959.

Provoca asombro que Diego Méndez jamás feche la construcción de las tumbas de José Antonio y Franco, por este orden, en sus declaraciones y en su libro monumental sobre el Valle de los Caídos, publicado en 1982 con el Copyright de la Fundación Nacional Francisco Franco.

En la página 160 de dicho libro, bajo el título «Los sepulcros singulares», Diego Méndez escribe: «En el crucero, y al pie del Altar Mayor, se encuentra el lugar donde se dio definitiva sepultura, en el mes de marzo de 1959 a José Antonio Primo de Rivera, cuyos restos fueron traslados desde el monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde estaban depositados provisionalmente, en espera de que concluyeran las obras del Monumento Nacional a los Caídos».

«En una de las visitas realizadas por S. E. el Jefe del Estado a las obras en la que yo le acompañaba, y en el acto de inspeccionar el lugar y el estado en que se encontraba el nicho para alojar los restos de José Antonio, dio vuelta al Altar, y parándose en el espacio comprendido entre éste y el Coro de la Comunidad, me dijo: “Méndez, yo aquí”, y sin más comentario continúo la visita». Y añade: «Para dar cumplimiento a tal deseo, de manera tan lacónicamente y estremecedora expresada, se procedió a construir la fosa y se dejó preparada y dispuesto todo el recinto e incluso tallada la lápida sepulcral de mil quinientos kilogramos de peso, para el histórico momento en que hubiera que ejecutar la decisión tan sencilla, rotunda y categóricamente manifestada».

Ya tenemos dos versiones distintas del mismo arquitecto-jefe acerca de asunto tan delicado e incomprensible como veremos enseguida, pues, al parecer, no merece la construcción de dichas fosas la menor mención en las páginas dedicadas al resumen cronológico de las obras y al diario de operaciones, cuya selección hizo Diego Méndez sobre los partes que Fidel Alzú, encargado general de las obras, entregaba periódicamente en el estudio del arquitecto-director.

¿Ocurrió lo que cuenta Méndez pocos minutos más tarde de la inauguración de la Basílica, como afirmó textualmente en su primera versión? ¿Ocurrió antes, en fecha no precisada cuando se realizaba la fosa que recogería los restos de José Antonio, en el mes de marzo de 1959? ¿Estaba construida la fosa y preparado y dispuesto todo en espera del fallecimiento del Jefe del Estado?

Rotundamente no; y afirmo que quince días antes del 20 de noviembre de 1975, fue cuando se iniciaron los trabajos, en virtud de las órdenes emanadas de la Zarzuela y la Moncloa.

Méndez no parece quedar satisfecho con las afirmaciones que vierte en la página 168 de su libro, por lo que, erre que erre, vuelve a lo mismo, con añadidos en la página 291:

«La tumba en la que ha sido sepultado (Franco) está situada entre el Altar Mayor y el coro, simétrica e igual a la que, en la parte anterior, recibió, en definitiva sepultura, a José Antonio Primo de Rivera, en el mes de marzo de 1959» y sigue:

«Las dos fosas fueron excavadas durante las obras, y la lápida que cubre la sepultura del Generalísimo, Jefe del Estado, Caudillo de España y fundador del Monumento, y que con una sencillez impresionante, dice solamente: “FRANCISCO FRANCO”, estuvo depositada desde el año 1959, hasta su colocación, en el Monasterio de la Orden Benedictina».

Iré por el orden lógico hasta llegar a esta célebre lapida rodeada de un interesado misterio, cuya solución, sencilla a lo más, cerrará el presente capitulo.

No, no había dejado Méndez nada preparado respecto al sepulcro de Franco, a pesar de que Ramón Andrada, su sucesor en el cargo de arquitecto-jefe de Patrimonio Nacional afirmara, por un lado, que sí, y por el otro que hubo que hacer una gran obra para poder recibir los restos mortales del Jefe del Estado. Según este arquitecto, todo el mundo del entorno de Franco conocía sus deseos respecto a su tumba en el Valle de los Caídos. Sus palabras, reproducidas textualmente por Daniel Sueiro, son las siguientes:

«Esto es una cosa que nosotros sabíamos de siempre (…) Él quería enterrarse allí. Yo personalmente nunca se lo oí decir, porque no me ocupaba de ello, en las entrevistas que mantenía con el Caudillo, pero las personas que acudían mucho al Pardo o estaban muy en contacto sabían de siempre que el Caudillo quería enterrarse allí. La prueba es que Diego Méndez dejó hecha la fosa al pie del Altar Mayor, en la planta de la Basílica…».

Todo hecho, todo dispuesto, pero dice, luego, que por la fosa excavada por Méndez pasaban «conductos de aire acondicionado hechos posteriormente para sanear la atmósfera… filtraciones de agua… la fosa estaba tapada con una losa de hormigón fuerte. Rompimos aquella losa, vimos todo aquello, buscamos la solución de desviar las conducciones, las líneas de alta tensión, las conducciones de aire, etc., e hicimos allí unos muros de hormigón para que la fosa quedara completamente aislada; luego la forramos de plomo y nos dio tiempo a todo»; es decir, que Ramón Andrada se tropezó con una galería, que no con una tumba, por donde se alivian las aguas procedentes de las «filtraciones de agua en toda esa fosa de saneamiento que corre a lo largo de la Basílica». Por ello, según Juan de Ávalos, los restos de José Antonio Primo de Rivera no coinciden con la situación de la lápida que lleva su nombre, sino hacia un lado, fuera de la «fosa», por donde discurren gran número de conducciones de aire, de aguas y de electricidad. Juan de Ávalos, carné número 7 de las Juventudes Socialista de Mérida, que calificó de «miserables» a los que «quieren enfrentar nuevamente a los españoles», en unas declaraciones a la emisora «Radio Intereconomía» (11-XII-2005), afirmó rotundamente, aparte lo dicho sobre la tumba de José Antonio, que no existía, en noviembre de 1975, una sepultura para Franco en el Valle de los Caídos, «tanto es (así), que Ramón Andrada tuvo que hacer la tumba de Franco en la distancia relativa del coro al Altar Mayor en ocho días».

La periodista e investigadora Victoria Prego abundó en esta tesis (El Mundo, 19-XI-2005). Victoria Prego, en un trabajo titulado Una lápida compartida, recogió unas reveladoras declaraciones del Abad actual del Valle de los Caídos, Dom Anselmo Álvarez. El abad le explicó que en el mes de noviembre de 1975, el presidente Arias Navarro estuvo indagando ante los familiares más directos del General por si alguno de ellos guardaba alguna disposición escrita o si le constaba la voluntad del Caudillo para después de su muerte. No había nada. Fue entonces cuando Arias Navarro, tras haber consultado con el Príncipe (Juan Carlos de Borbón), que se mostró partidario de la idea, decidió que Franco fuera enterrado en el Valle de los Caídos. El Príncipe «se encargó de pedir el permiso al Abad de entonces, Luis María de Lojendio, así que se dispuso que Franco fuera enterrado en el interior de la Basílica que él había mandado construir en 1940, al término de la Guerra Civil. El problema era que en aquel momento, en el Valle de los Caídos no había nada previsto para esta eventualidad», cuenta el Abad. «El suelo del Altar Mayor no estaba dispuesto para ninguna otra tumba, que no fuera la que ya existía, la del fundador de Falange Española. Hubo, pues, que mandar habilitar un sitio a toda prisa para el cuerpo del moribundo General».

Victoria Prego también se refirió a la tumba «que había comprado Franco para él y su familia» —lo de la familia no responde a la realidad como veremos enseguida— pero era un toque de atención para aquéllos a quienes se les llenaba la pluma o la boca con el procaz argumento de que Franco, a la medida de los faraones, había construido el Valle de los Caídos para su última morada.

Finalmente, Victoria Prego se adentró en el frondoso jardín cultivado por investigadores, historiadores y periodistas que se pierden en sus frondosidades cuando tratan de las lápidas que cubren los sepulcros de Franco y José Antonio Primo de Rivera, y a cuya ceremonia de la confusión colaboran, de buena fe, Diego Méndez y Ramón Andrada. Lo cierto, y estoy dispuesto a rectificar si se me demostrara, con pruebas, lo contrario, es que, cuando los médicos comunicaron al presidente del gobierno que la enfermedad del Generalísimo era mortal, Arias Navarro —según me ha revelado persona de su absoluta confianza—, preguntó a Carmen Franco Polo si su padre había dejado alguna disposición escrita respecto a su lugar de enterramiento. Franco, según su hija, no había dejado nada escrito respecto a dicho asunto y no se habló más.

Por lo que veremos a continuación, el presidente Arias Navarro había hecho, efectivamente, su «consulta personal» a petición del Príncipe de España, ya Jefe de Estado en funciones, o acudió, luego, a Don Juan Carlos para exponerle la idea de enterrar a Franco en el Valle de los Caídos. Sea como fuere, la decisión final correspondió a Don Juan Carlos en su calidad de Jefe del Estado.

«Los ministros nos enteramos de que Franco iba a ser enterrado en el Valle de los Caídos cuando recibimos, cada uno por separado, la parte que le correspondía de la “Operación Lucero”, declaró al autor de este libro don José María Sánchez Ventura, ministro de Justicia, por consiguiente Notario Mayor del Reino, en el último gobierno de Franco, y Notario de profesión, de gran prestigio, con notaría en Madrid».

«Hay que comprender que aquel año de 1975, al gobierno que presidía Carlos Arias Navarro correspondía la preocupante responsabilidad de realizar la inmediata y más comprometida transición. La transición subsiguiente a la muerte de Franco. A los ministros correspondían las variadas previsiones contenidas en la llamada “Operación Lucero”. Se trataba de un cometido encomendado desde hacía muchos años a la Presidencia del Gobierno y se contenía en un conjunto sistematizado de instrucciones, normas, consejos y actuaciones a cargo de los distintos Ministerios. La “Operación” comprendía diferentes hipótesis, desde la óptima —en la que todo se desarrollaba con normalidad—, hasta la más pesimista de un posible asalto a la legalidad constituida. Afortunadamente no hubo necesidad de abrir más que las carpetas de la solución óptima».

«Una primera versión de esta “Operación Lucero” la habíamos recibido los ministros alrededor del día 7 de Marzo».

«—¿Eran idénticas la primera y la segunda?».

«—Eran prácticamente iguales».

«Las diferencias las veremos luego. Sigamos ahora con la “Operación” que tuvimos, por desgracia, que ejecutar la segunda vez. En las carpetas que correspondían al Ministerio de Justicia figuraban, entre otras, las pautas relacionadas con las siguientes actuaciones: redactar las Actas que había de autorizar el Notario Mayor del Reino dando fe del fallecimiento de Franco, del traslado e inhumación de su cadáver en el Valle de los Caídos y de la jura del Rey Don Juan Carlos ante las Cortes Española; en segundo lugar, preparar los Reales Despachos por los que se concedía a su viuda, doña Carmen Polo de Franco, el título de Señora de Meirás, y, a su hija Carmen, el de Duquesa de Franco; y finalmente, proponer el Decreto por el que se otorgaba un indulto general para conmemorar los dos importantes e inmediatamente sucesivos acontecimientos: la muerte de Franco y la Jura del Rey. Por este indulto —que firmó el Rey el 25 de noviembre de 1975—, recalcamos la fecha, la población reclusa pasó de 16 000 a 8000, cifra jamás igualada posteriormente. En 1936 para una población de 22 millones de habitantes, el número de presos ascendía a 30 000. Hoy son 70 000. Todas estas actuaciones tuve el honor de despacharlas con Don Juan Carlos, quien manifestó, en todo momento, su interés por agilizar y perfeccionar las instrucciones previstas en la “Operación Lucero”».

«Ahora, sí; las diferencias más importantes entre las dos “Operación Lucero” fueron dos: en la primera no se indicaba el lugar donde debía ser enterrado el cadáver de Franco, y no contenía borrador alguno de los documentos citados. Estos borradores de las Actas que encontré en las carpetas que correspondían al Ministerio de Justicia, estaban redactadas con un criterio más administrativo que notarial, por lo cual les di un estilo —el mío— profesional y más adecuado en sus solemnidades a la intrínseca valoración de los respectivos contenidos y también más acorde con los precedentes históricos más recientes».

«—Es decir, que a falta de las fechas, podríamos asegurar que las Actas fueron redactadas e impresas, en pruebas, antes del fallecimiento de Franco».

«—Sí, en los talleres del Ministerio de Información y Turismo, con personal de confianza y discreto que puso a mi disposición el ministro León Herrera. Se produjo, a pesar de las cautelas, una muy desagradable filtración a la prensa, pero no por culpa de esos talleres».

La «Operación Lucero», entregada a los ministros hacia el día 7 de marzo de 1975, no indicaba, pues, donde debía ser enterrado Franco; pero sí la que llegó a manos de los miembros del gabinete el 30 de octubre, el mismo día que el doctor Vicente Pozuelo Escudero y el equipo médico que le asistía, transmitieron al presidente del Gobierno que el Generalísimo había dispuesto que el Príncipe de España asumiera la Jefatura del Estado. Lo cuenta con emoción el doctor Pozuelo (Los últimos 476 días de Franco). El enfermo había preguntado:

«—¿Qué tengo?».

«Nos miramos con el mayor desconcierto (…). Le respondí»:

«—Ha padecido Usted un infarto de miocardio y, además, una complicación intestinal grave».

«Durante unos segundos, Franco se quedó en silencio. Después emocionadamente, afirmó con energía»:

«—Artículo 11, que se aplique el artículo 11».

«Franco dejaba de ser Jefe del Estado. En la tarde de ese mismo día se reunía el Consejo de Ministros en el Palacio de la Zarzuela».

Pero, desde el día 24 de octubre el Gobierno estaba al tanto de que la enfermedad de Franco era muy grave. Los Jefes de la Casas Civil y Militar habían preguntado a los médicos que asistían al Jefe del Estado: ¿La actual situación es irreversible? ¿Si no deja sus ocupaciones corre peligro de muerte? ¿Está consciente? A lo cual se les contestó con cautela que no existía forma de saber si su estado era irreversible, que había riesgo de muerte si volvía a sus ocupaciones y que estaba consciente. Verde y con asas.

El gobierno y el Príncipe de España, como heredero de Franco, quedaban a la espera de aplicar en el momento oportuno, que parecía inminente, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado. Pero se les adelantó Franco, llevado de su probado sentido del deber y responsabilidad. Es muy probable, por consiguiente, que la decisión de enterrar a Franco en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fuera tomada en los días que median entre el 24 y el 30 de octubre de 1975, y por decisión del Príncipe de España, si bien no se puede descartar que hubiera sido Carlos Arias Navarro quien se lo hubiera sugerido. El único que nos puede sacar de dudas es el Rey, pues el presidente del Gobierno —fallecido hace años— no trató el asunto con sus ministros.

Es indudable la orden de Su Majestad el Rey contenida en el «Acta Notarial del Traslado e Inhumación del cadáver de Su Excelencia el Jefe del Estado don Francisco Franco Bahamonde», redactado por el Notario Mayor del Reino, don José María Sánchez Ventura y Pascual, que, en la parte que interesa ahora, dice así:

«En la puerta de entrada a la Basílica y siendo las trece horas y treinta minutos, el Excmo. Sr. Don Fernando Fuertes de Villavicencio, Jefe de la Casa Civil de Su Excelencia, leyó y entregó al padre Abad Mitrado, Excmo. y Rvdmo. Dom Luis María de Lojendio, la Orden de Su Majestad el Rey que dice literalmente así»:

«Excmo. y Rvdmo. Padre Abad de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y Reverenda comunidad de Monjes: Habiéndose Dios servido llevarse para Sí a Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos de España, don Francisco Franco Bahamonde (q. e. G. e.), el pasado día 20 del corriente, he decidido que los Excmos. Sres. Don Ernesto Sánchez-Galiano Fernández y don José Ramón Gavilán y Ponce de León, primer y segundo Jefe de la Casa Militar, y don Fernando Fuertes de Villavicencio, Jefe de la Casa Civil de S. E. e Intendente General, que acompañan a los restos mortales de Su Excelencia, os los entreguen. Y así os encarezco los recibáis y los coloquéis en el sepulcro destinado al efecto, sito en el Presbiterio entre el Altar Mayor y el Coro de la Basílica, encomendando al Excmo. Sr. Ministro de Justicia, Notario Mayor del Reino, don José María Sánchez-Ventura y Pascual, que levante el Acta correspondiente a tan solemne ceremonia. Palacio de la Zarzuela a las dieciséis horas del día 22 de noviembre de mil novecientos setenta y cinco. Yo, el Rey».

«Al Excmo y Rvdmo. Padre Abad de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Dom Luis María de Lojendio e Irure».

«El Padre Abad me manifiesta a mí, el Notario, en su propio nombre y en el de la Comunidad que regenta, que acepta como un honor la Orden de su Majestad, y que la cumplimentará con el celo que corresponde a la alta misión que entraña».

Hacia el final de la década de los sesenta, corrió por las redacciones de los periódicos madrileños el rumor de que estaban construyendo un panteón para Franco y su esposa en el cementerio del Pardo, más conocido como el cementerio de Mingorrubio. Así se comentaba, sin más precisiones, pues al rumor o noticia, no se le dio mayor importancia. Después de todo, Franco y su esposa eran ya ancianos y parecía natural que trataran de disponer de un lugar propio donde reposaran sus restos. Tampoco causó extrañeza que el Generalísimo fuera enterrado, años más tarde, en el Valle de los Caídos. Todo se consideraba normal hasta que llegaron los años de la «libertad con ira», venganza, rencor y resentimiento. Entonces se lanzó la especie miserable, sin fundamento alguno, de que Franco había ordenado construir Basílica y Cruz para mayor gloria de su memoria y «monumento funerario para sus restos tal los faraones constructores de las pirámides».

El periodista jubilado —¿se jubilan alguna vez los periodistas?— Rufo Gamazo obsequió a sus lectores, en fecha no lejana, («La Opinión» de Zamora, 20 de noviembre de 2005), con un muy documentado y agudo artículo acerca del cementerio del Pardo y llamó la atención sobre la Ermita, en cuya Cripta reposan los restos de doña Carmen Polo de Franco. El periodista contaba, entre otras cosas, lo siguiente:

«Cuando terminaron las obras de construcción del nuevo cementerio de El Pardo, en “Mingorrubio”, gentes que decían estar “en el secreto” especulaban con el hecho de que en la pequeña Cripta de la capilla se había dispuesto un enterramiento, ¿para quién? Nunca quiso decírmelo (¿acaso lo sabía?) el delegado de los Servicios Municipales de Sanidad, Dionisio Porres, periodista de renombre, burgalés de pro y amigo entrañable».

Lo que sí quedaba claro es que «la pequeña Cripta de la capilla», como la define el periodista, con una superficie de treinta y seis metros cuadrados, daba para más de un enterramiento (¿Franco y su esposa?), idea a la que dará alas el hecho, como afirma Rufo Gamazo, de que el Ayuntamiento madrileño —constructor del Cementerio y de su Ermita— guardaba un silencio impenetrable respecto a su último destino. Y hacía seis o siete años que se había inaugurado el Valle de los Caídos.

Hay más: en julio de 1971, Mario González de la Molina publicó en la revista del Ayuntamiento de Madrid («Villa de Madrid», número 32, dirigida por Rufo Gamazo), un reportaje titulado «El cementerio de El Pardo», en el cual resaltaba la importancia artística de la Ermita, construida según los planos del arquitecto municipal don Vicente Baztán. El trazado del cementerio es obra de otro arquitecto del Ayuntamiento de Madrid, don Miguel Ángel Estévez: «La Ermita es de planta cuadrada, con Presbiterio rectangular y Atrio concebido al modo tradicional. Su capacidad es de sesenta personas. Debajo de la Ermita se encuentra la Cripta a donde se baja por una escalera lateral. El exterior se asemeja a las ermitas serranas, de sillería de granito, espadaña y tejadillos cubiertos de pizarra; pero el interior difiere notablemente por la riqueza de los elementos artísticos que la adornan. Una gran vidriera modernista, de hormigón “El juicio final”, ocupa todo el lateral derecho, mientras que el presbiterio recibe la luz, también policromada, de otra vidriera, más pequeña, de similar carácter que la anterior. Representa la Ascensión. La techumbre se adorna con artesonado de madera y mosaicos dorados de Santiago Padrós, autor de los mosaicos de la Cúpula de la Basílica del Valle de los Caídos. Otra obra de Padrós son los mosaicos del techo de la escalera de bajada a la Cripta y de la misma Cripta».

Otros artistas que intervinieron fueron Federico Coullaut Valera, que talló en nogal el Cristo que preside la capilla; Susana C. Polac, autora de la gran lámpara central del Sagrario, en bronce y de los seis apliques de alabastro de la Ermita y del Sagrario y los seis apliques, todos ellos en estaño, de la Cripta; Fernando Cruz Salido, también escultor del Valle de los Caídos, realizó una Virgen del Carmen; Núñez, —no dispongo de más referencias—, ejecutó en pino y nogal la carpintería de la Cripta y de su Sacristía; J. L. Alonso Coomonte, autor de una verja de hierro que da entrada a la capilla; José Espinos, que hizo la gran verja de acceso a la Basílica del Valle de los Caídos, forjó en hierro una Virgen de Covadonga para el nicho que figura en la fachada principal. Otras muchas cosas llaman la atención, pero creo que esta somera descripción da idea de la intención del Generalísimo de que reposaran allí sus restos y los de su esposa.

Hoy, al dar un breve paseo por el cementerio de Mingorrubio, se tropieza el visitante con las tumbas sencillas, con lapidas modestas, a ras de tierra, en lugares secundarios, de españoles egregios, íntimos de Franco, fieles y leales a su persona como fueron el almirante Carrero Blanco; el almirante Nieto Antúnez, Carlos Arias Navarro —los tres casi apiñados—, y en otro lugar, asimismo recóndito, el capitán general Alonso Vega. Allí yacen todos, con sus esposas, a un tiro de piedra de la Ermita. ¿Es coincidencia que todos ellos eligieran como su postrer morada el cementerio de El Pardo?

Era tal el convencimiento de que Franco sería enterrado en Mingorrubio que el padre Manuel Garrido, de la Comunidad Benedictina de la Abadía del Valle de los Caídos, declaró a una revista («Iglesia Mundo», número 104), en enero de 1976, que «durante varios años he creído que se enterraría (a Franco) en la capilla del cementerio de El Pardo. Me convencí más de ello cuando vi algunas fotografías de dicha capilla decorada con mosaicos de Padrós. Pero al regresar de Madrid, el veintinueve de octubre de este año, (1975), el padre abad me dijo que habían venido unos funcionarios del Patrimonio Nacional a preparar el sepulcro de Franco…».

Un testimonio definitivo lo aportó el hoy general de División, Fernando Esquivias, al autor de este libro:

«Un día, a comienzos de la década de los setenta, Franco se dirigió a su ayudante de servicio y le dijo»:

«—Esquivias, doña Carmen visitará el cementerio de El Pardo esta mañana. Hágame el favor de acompañarla».

Don Fernando Esquivias Franco era, a la sazón, coronel de Artillería y ayudante de Franco, destino que ocupaba desde el año 1961, cuando era teniente coronel. Cesó como ayudante para lograr el grado de general en 1973.

«—Era por la mañana. Eso sí lo recuerdo, pero no el mes o año, aunque debió ser hacia 1970 o 1971. Di la orden de que dispusieran el automóvil y al poco tiempo nos dirigimos hacia el cementerio, que dista muy poco del palacio. Nada mas llegar bajamos a la Cripta de la Ermita. Nos acompañaban Fernando Fuentes de Villavicencio y Ramón Andrada Pfeiffer, arquitecto jefe del servicio de obras del Patrimonio Nacional. Lo que me llamó la atención, nada más bajar a la Cripta, fue una urna funeraria de gran tamaño que ocupaba una buena parte del recinto. Debía medir, por lo menos, un metro sesenta de altura y estaba adornada con esmaltes muy bellos. Fuertes de Villavicencio y Andrada le explicaron a dona Carmen las características de la urna y de los materiales con que había sido confeccionada, y, a continuación, regresamos al Palacio. Durante el almuerzo —como era habitual los ayudantes de servicio comíamos en la misma mesa con el Generalísimo y su esposa—, Franco rompió el silencio y pregunto»:

«—¿Te ha gustado, Carmen?».

«—No, me pareció muy lujosa, respondió doña Carmen».

«Cuando volví a la Cripta el día del entierro de doña Carmen, la urna había desaparecido. Franco hacía ya mucho tiempo que estaba en la tumba del Valle de los Caídos».

«—¿Hubieran cabido dos cuerpos en dicha urna?».

«—Es posible, dado su tamaño».

«—¿Dónde cree que fue a parar la urna?».

«—Supongo que estará en algún almacén del Patrimonio Nacional o este organismo le habrá dado otro destino».

«—¿Escuchó alguna vez, durante sus casi trece años de ayudante, que alguien del entorno del Generalísimo, o de su familia, se refirieran a su enterramiento en el Valle de los Caídos?».

«—Nunca».

«—¿Y al Generalísimo expresar su deseo de estar enterrado allí?».

«—Jamás».

El día 18 de noviembre de 2005, se reunió, como es habitual, el Patronato de la Fundación Nacional Francisco Franco, que preside doña Carmen Franco Polo. Antes de comenzar la reunión y en un aparte, pregunté a la hija del Generalísimo, si su padre le había comentado alguna vez que quería ser enterrado en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

—«No, nunca me dijo tal cosa, ni sé que se lo dijera a alguna otra persona».

«—¿Cómo se enteró usted?».

«—Me lo dijo mamá».

«—¿Cuándo?».

«—A ella se lo comunicaron a última hora».

Queda en el aire el «misterio» de la lápida en la que solamente figura el nombre de Francisco Franco, sin títulos y sin fecha; el misterio o los misterios, el mito o los mitos, una lápida de granito de la Sierra de Guadarrama, el mismo que protege de antiguo las casas de los pueblos serranos.

Ríos de tinta se han vertido en torno a esta lápida que Diego Méndez dijo mandar tallar en 1959; que el citado Sueiro envolvió en misterio, cuando seguramente conocía su historia al dar el nombre del cantero que la labró en Alpedrete. Victoria Prego creyó que había sido hecha en El Escorial, que estaba destinada al sepulcro de José Antonio, pero que, al ser más pequeña, se reservó para el de Franco… Puestos a fabular, periodistas e investigadores han dado cada cual sus propias versiones, al punto, de que el historiador Gil Pecharromán transforma el granito en mármol, ignoro si de Carrara o de Portugal, pero, eso sí, todos coinciden en que su peso es de 1500 kilogramos, ni uno mas ni uno menos, cuando seguramente no llega a mil kilos.

La versión de Sueiro es la más antigua y fuente de toda la literatura posterior:

«… entonces, declara Ramón Andrada, pensamos también en la losa que había dejado labrada Diego Méndez. Era una losa exactamente igual a la colocada sobre la tumba de José Antonio. Las dos habían sido labradas a la vez, a mediados del año 1959, por un joven cantero de Alpedrete llamado Pablo Estévez, ayudado por un hermano suyo. Tardaron en hacerlas un par de semanas. El peso de una y otra es el mismo, mil quinientos kilos. Pero… ¿dónde se encontraba esa losa después de quince años? Se pensó que la tendrían bajo su custodia los benedictinos del Valle, pero el abad, Dom Luis María de Lojendio, lo negó; estaría todavía en poder del cantero que la hiciera, o al menos, se mantendría guardada en alguna cantera de Alpedrete. Así era en efecto. La lápida permanecía en un viejo taller ya cerrado, como sabía mucha gente en Alpedrete. Localizada, la limpiaron y un especialista grabó en un par de horas el nombre de “Francisco Franco”».

Sin embargo, el periodista Daniel Sueiro no sintió la curiosidad de viajar a Alpedrete, localidad muy cercana a Madrid, para confirmar las declaraciones de Ramón Andrada.

Tampoco Victoria Prego, una gran periodista e investigadora, viajó hasta Alpedrete. De ahí que su versión sobre el labrado y custodia de la lápida difiriera tanto de la realidad.

Escribe Victoria Prego:

«… y se encargó una losa. Pero quienes hicieron el encargo se encontraron con la sorpresa de que esa losa ya existía, que estaba hecha (…) Muchos años antes, cuando los restos de José Antonio Primo de Rivera fueron trasladados en abril (sic) de 1959 a la Basílica del Valle, el marmolista del Escorial había realizado para esa tumba una lápida que, desgraciadamente para él, resultó demasiado pequeña para el hueco preparado. Tuvo después que hacer una de urgencia, otra, la que hoy cubre la tumba del líder falangista. Pero el artesano no se deshizo de la anterior. Una pieza de ese tamaño no es fácilmente encajable en ninguna otra tumba… En ese momento (“cuando Franco muere”), el hombre (el marmolista) recibe de nuevo el encargo de preparar con urgencia una losa idéntica a la de Primo de Rivera. Sólo que no la tenía que preparar: “ya la tenía hecha”».

Según Victoria Prego, el Abad actual de la Comunidad Benedictina dijo que «el hueco para la tumba de Francisco Franco se hizo por lo tanto, a la medida y de la dimensión exacta de aquella otra lápida de José Antonio que ya estaba hecha. Sobre el granito de esa losa están grabadas solamente dos palabras: “Francisco Franco”. Eso por la parte que se ve. La pregunta inmediata al Abad fue: ¿y por el otro lado?, ¿es posible que esta losa de 1500 kilos de peso lleve grabada por un lado un nombre, Francisco Franco, y por el otro el de José Antonio? No se sabe, puede que no, pero también puede que sí».

Todos podemos preguntamos también: ¿Cómo es posible que si el arquitecto del Patrimonio Nacional encargó al marmolista del Escorial una lápida idéntica a la de Primo de Rivera aceptó una más pequeña?, ¿cómo es posible que el arquitecto del Patrimonio Nacional encargara la lápida para el sepulcro de Franco, una vez muerto éste?

Todo fantasías. Efectivamente, se hicieron dos lápidas, dos «tapas», como dicen los canteros, al mismo tiempo y en el mismo taller, el famoso de la familia Guillen, una familia que se dedicó desde hace más de un siglo al negocio de la extracción y labrado del granito, con lo que dieron y siguen dando trabajo a un buen número de obreros. Del taller de los Guillen salió mucha piedra labrada con destino al Valle de los Caídos, al igual que de otros numerosos pueblos de la sierra de Guadarrama.

La clave, que está en Alpedrete, el único pueblo del mundo que tiene un monumento de piedra en homenaje a la piedra, la posee Victoriano Estévez. Victoriano, hoy jubilado, era en 1959 un experto cantero en el taller de Vicente Guillen. Si alguien desea encontrarlo, deberá preguntar por «Cantares», y luego dar su nombre de pila.

«A mediados de marzo de 1959, el viejo Guillen nos llamó a Pedro Herrán y a mi y nos dijo: Me han encargado hacer la lápida de la tumba de José Antonio Primo de Rivera, y nos han dado muy poco tiempo para la entrega. No podemos fallar. Así que buscaros dos ayudantes y cada uno hará una lápida. La que salga mejor será la que vaya al Valle de los Caídos. La otra quedará de reserva por si sufriera la elegida cualquier desperfecto en su traslado o colocación», declaró al autor, en 2005, Victoriano Estévez.

«Yo elegí como ayudante a mi hermano Severiano. Pedro a Aurelio Badajoz. Y con las medidas que nos habían dado, idénticas, labramos en pocos días las dos “tapas”».

«No fue la mía la elegida, sino la de Pedro. Reconozco que le salió mejor. Así, mientras que la labrada por Pedro y Aurelio salió camino del Valle de los Caídos, donde antes de ser colocada se le grabó por un especialista el nombre de José Antonio; la labrada por mi hermano y por mí, quedó arrimada a lo largo en una pared del taller. Reformar la “tapa” para cubrir otra tumba hubiera resultado mas trabajoso que hacer otra nueva».

«Un tiempo después nos trasladamos a un nuevo taller, también de Guillen, y la lápida, junto con otros materiales, quedó en el viejo. Este taller ha permanecido cerrado muchos años hasta que, recientemente, lo compró para otros fines el Ayuntamiento de Alpedrete».

«Pasaron más de quince años y, un día, con motivo de la enfermedad de Franco, alguien encargó a Guillen una lápida idéntica a la de José Antonio. Íbamos a comenzar a hacerla cuando un concejal del Ayuntamiento de Madrid, cuyo nombre no recuerdo, una de cuyas hijas estaba casada con un Guillen, recordó lo de la lápida labrada en 1959. Se nos había olvidado que existía. Así que fuimos al taller viejo y allí estaba. Me encargué otra vez de ella, la limpié, la arreglé y la empresa la llevó al Valle de los Caídos donde, como en el caso de la lápida de José Antonio, fue grabada por un especialista».

«Días más tarde salimos varios operarios del taller camino de Cuelgamuros, cargados de rodillos, palancas…, porque se nos había encargado la colocación de la lápida. Franco ya había fallecido y las medidas de seguridad eran grandes, por lo que camino del Valle el camión en que viajábamos, junto a las herramientas, fue detenido varias veces por la Guardia Civil. Inspeccionada la carga y al enterarse de que íbamos al Valle a trabajar, casi nos escoltaron, todo fueron facilidades».

«No es cierto que hiciéramos tantos ensayos, como se ha dicho, para colocar la lápida, o que las dos lápidas pesan 1500 kilogramos cada una —es mucho menos—, o que tardamos semanas en labrarlas. Las labramos en unos días».

«Lo mas pesado fue bajar, primero, la “tapa” del sepulcro de Franco por las escaleras del interior de la Basílica y subirla luego por igual número de escalones hasta el Crucero de la Cripta. Nos ayudó, en esta labor, el personal de servicio del Monumento, con un carro cuyas ruedas eran las de un automóvil».

Como resumen de este capítulo afirmo, sin duda alguna, que Franco no ordenó la construcción de su tumba en la Basílica del la Santa Cruz del Valle de los Caídos. La sepultura fue excavada y preparada en noviembre de 1975. Y que fueron Don Juan Carlos, en su calidad de Jefe del Estado y el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, quienes acordaron y ordenaron que los restos mortales de Franco fueran sepultados en el Valle de los Caídos.

Un gran acierto del Rey y de su Primer Ministro, como si hubieran adivinado estos tiempos de «Memoria Histórica», con el deterioro progresivo de la convivencia nacional, del orden público y de la reconciliación entre los españoles, azuzados desde el poder con consignas de odio, revancha y resentimiento; estos tiempos en que media España parece aprestarse a terminar con la otra media, como si fuera el renacimiento del Frente Popular de 1936, fruto de la revolución armada del PSOE, en 1934, contra la República a la que se pretende regresar.

Reposen allí, para siempre, los restos de Franco, como ordenó el Rey.

CAPÍTULO XIV

Y, AQUÍ, NUESTROS MUERTOS

Entre 1927 y el 31 de octubre de 1941, cuatrocientos canteros labraron en la ladera del Monte Rushmore, los bustos colosales de los cuatro primeros presidentes de los Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Todos juntos representan los 150 primeros años de los Estados Unidos: el nacimiento, el crecimiento, la conservación y el desarrollo. El último, aunque se silencie y justifique, fue quien provocó y declaró la Guerra Civil más cruenta y cruel de todas las que han existido, hasta 1939, con el falso pretexto de dar fin al régimen de esclavitud que imperaba en los Estados del Sur. Y fue tan brutal con los vencidos que les arruinó económicamente, les privó durante años del derecho al sufragio e introdujo en las contiendas los campos de concentración, que serían, muchos años más tarde, llevados a la máxima perfección demoníaca por el régimen comunista de la Unión Soviética. El general unionista Grant, conquistó a sangre y fuego, por orden de Lincoln, los Estados del Sur, con lo que centenares de miles de negros sólo alcanzaron el hambre y una libertad teórica, pero no los derechos civiles, que no obtuvieron hasta los años setenta del siglo XX.

Pues bien, ningún partido, institución, personas, asociaciones secretas, por ejemplo el Ku Klux Klan, sudistas, pusieron el grito en el cielo porque ese busto de 18 metros de altura, el de Lincoln, presidiera, labrado en durísima piedra, el Parque Nacional «Monte Rushmore», en Reystone, Dakota del Sur. ¿Solicitó su demolición algún Estado de la antigua Confederación? ¿Hubo alguna campaña en petición de que se trocara la significación del Monumento? ¿Se exigió en algún Parlamento su reconversión? No, que yo conozca. Sin embargo, es tal el sentimiento de victoria en los Estados de la antigua Unión sobre la Confederación que el catedrático de Historia Carlton Hayes, embajador en España durante la Segunda Guerra Mundial, al analizar la situación de nuestro país en los años cuarenta, pretende encontrar un paralelismo entre la Guerra Civil norteamericana y la nuestra. Dice así:

«Después de todo, el régimen existente representa aquella parte del pueblo español que ganó la guerra, y sería totalmente inédito en la historia del mundo que los vencedores de una lucha como ésa dijesen a los vencidos a los cinco o seis años: Lo sentimos; no debíamos haber ganado; hemos ocasionado un desorden considerable; queremos devolveros el poder y dar la bienvenida a vuestros jefes, que hagan lo que quieran de nosotros». ¡Imaginemos al General Grant diciendo algo parecido a los Jefes de la Confederación del Sur en plena reconstrucción de nuestra Guerra Civil!

¿Cinco, seis años? El Vae Victis —¡ay! de los vencidos— ha sido una constante en la historia de la humanidad desde las primeras luchas tribales y el vencedor siempre encontró la maldad absoluta en los derrotados. Sin embargo, no fue la doctrina del sin perdón la que se aplicó en la España franquista, sino la contraria, como hemos visto hasta ahora, con signo de reconciliación bajo la Cruz del Valle de los Caídos. De ahí, por ejemplo, el Decreto, que califico de punto final, de 31 de marzo de 1969, publicado cuatro meses antes de que Franco nombrara su heredero en la persona de Don Juan Carlos de Borbón, y nueve años después de la inauguración del Valle, donde aún estaban siendo enterrados millares de caídos en ambas zonas, sin distinción de ideología. Solamente se exigían dos condiciones: primera, tenían que ser españoles; segunda, estar bautizados, es decir, pertenecer a la Iglesia Católica. Esta última condición era y es lógica puesto que los enterramientos se hacían en lugar sagrado. ¿Y quién no estaba bautizado en 1936?

Franco decidió: y, aquí, nuestros muertos; y no hizo falta ponerlo negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado, porque ése era su propósito. No, era innecesario que el Decreto de la Fundación del Valle dijera que allí fueran a ser enterrados, juntos, rojos y nacionales… ¿Se imaginan? ¡El 1 de abril de 1940…!; con las heridas aún sangrantes, con los odios exacerbados, se imaginan las protestas, aún en el Ejército vencedor, que el Decreto hubiera provocado… Sólo un demente o un ignorante osaría afirmar que un año después de la victoria se podía anunciar a los vencedores que iban a «levantar Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes», en honor de héroes y mártires, en cuya Cripta recibirían sepultura los muertos de nuestra guerra, sin distinción de ideología… ¿Habría podido Franco dominar al Ejército vencedor de la guerra y a la sociedad civil, en especial la que había sufrido todos los crímenes imaginables e inimaginables durante tres años en Madrid, en Barcelona, en Valencia o en cualquiera otra ciudad o pueblo de la España roja? Pero su idea matriz era la de enterrar en el momento oportuno a vencedores y vencidos. Y lo hizo. Por ello, ahí están nuestros muertos, los de todos, aunque una parte, los grupos de izquierda, quieran tergiversar el sentido del Valle de los Caídos. De ahí que mientan: es signo de la victoria; lo hizo Franco para su «tumba faraónica»; costó mil millones de pesetas que se podían haber invertido en bienes productivos…

Los ataques contra el Valle son antiguos aunque recientemente han llegado al paroxismo con motivo del intento de justificar lo injustificable mediante la sectaria Ley de la Memoria Histórica, un rimero de folios que vienen a premiar a grandes delincuentes, incluidos asesinos convictos y confesos, o a sus familiares con cantidades considerables procedentes de los impuestos de todos los españoles, incluidos los hijos y nietos de los torturados o asesinos. No existe precedente en la historia del mundo.

La construcción del Valle de los Caídos costó mil millones de pesetas —afirman los detractores—. Pues, no. Recordemos: hasta el 31 de diciembre de 1960, fueron 1 087 960 276,28 pesetas. Y digo que hasta el 31 de diciembre de 1960, porque luego se hicieron obras de reparación, de consolidación, de mejora, como el funicular que lleva al pie de la Cruz.

Es inexplicable cómo Daniel Sueiro, primero, y Juan Velarde, catedrático de Economía y miembro del Consejo de Estado, hoy, pudieron valorar en pesetas de 1976 el coste de las obras del Valle. El primero llegó a la conclusión de que se elevaba a 5500 millones de pesetas de 1976; para el segundo, a 4138 millones de pesetas del mismo año. Fíjese el lector: fueron cinco mil y pico millones de pesetas, o cuatro mil y pico millones de pesetas de 1976… Pues bien, estos días se maneja la cifra de ¡8000 millones de euros!, para que los Ayuntamientos de toda España hagan obritas tales salas de musculación, pistas con hierba artificial para tenis, pistas de monopatines, alguna que otra fuentecilla y una buena tanda de jardincillos cuya conservación y mantenimiento gravarán las ya escuálidas arcas municipales de por vida. De esta cifra, habría que descontar 64 millones de euros que se invertirán en la confección de carteles a beneficio electoral de los socialistas y el «Gobierno de España». Todo lo cual, traducido a la antigua moneda española, aclara que 8000 millones de euros son un Billón (con B) trescientos treinta y un mil millones de pesetas, y 61 millones de euros, para carteles, son más de diez mil millones de pesetas… Comparen: obras ratoniles y carteles y Valle de los Caídos.

Tengo documentado cuanto costaron las obras del Valle, pagadas con la suscripción nacional, hecha durante la guerra, y el beneficio de la Lotería del 5 de mayo. ¿Conoce alguien, fuera del Patrimonio Nacional y del Patronato de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, lo recaudado hasta hoy por las visitas turísticas? Porque, pese al esfuerzo de los sucesivos gobiernos —de derecha e izquierda—, para evitar la afluencia de visitantes, al punto de suprimir los carteles de carretera, el Valle es el tercer monumento del Patrimonio Nacional con más número de visitantes, antes de que fuera suprimido de todos los circuitos turísticos. Sin embargo, en la Semana Santa de 2009 el Valle se apuntó el mayor número de turistas.

No es un invento mío. Victoria Prego, en un magnífico reportaje («El Mundo». 16-IX-2006) decía lo siguiente:

«Antes de que fuera señalado por la izquierda española como “un museo de los horrores”, el Valle de los Caídos era, descontados los museos, el Monumento del Estado más visitado de España. Ahora, colocado en el centro de una virulenta polémica política, ha pasado a ser el tercero en el ranking». Y es que, la izquierda, por odio, y la derecha, por ignorancia culpable, desprecian lo que no saben, como señalaba Machado de muchos españoles porque desconocen el sentido del Monumento: la auténtica reconciliación entre todos los españoles bajo el signo de la Cruz.

Se dirá, se dice, que Franco fue más benevolente con los muertos, a los que dedicó un mausoleo «faraónico» que con los vivos. No es cierto. Aparte la legislación generosísima recogida en páginas anteriores, fueron 50 000 los exiliados que regresaron a España tras el Decreto de Indulto Total de 9 de octubre de 1945, y vivieron aquí, en España, sin que fueran molestados, amparados por la legislación vigente entonces. Muchos de los antiguos funcionarios que regresaron fueron reintegrados a sus puestos y funciones. De entre los que regresaron antes de 1960, destacan:

General Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor del Ejército republicano durante una larga época de la guerra y figura la más brillante entre todos los militares que combatieron contra Franco.

General Carlos Masquelet, exministro de la Guerra, durante la República (1935-36), también jefe del Estado Mayor del Ejército Republicano durante un tiempo de la guerra y autor de las fortificaciones para la defensa de Madrid.

General Mariano Gámir, jefe del Ejército Republicano del Norte, durante un tiempo de la campaña. Inspector General de Instrucción Militar.

Casiano Guernica-Echevarría, oficial de Artillería, jefe de Artillería del Ejército Republicano del Norte.

Lorenzo Olivar, oficial de Aviación. Durante un tiempo, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas republicanas en la guerra. Subsecretario de Aviación.

Manuel Arredondo, oficial de Artillería, comandante general de Artillería del Ejército Republicano del Norte, durante la campaña. Jefe de Artillería del E. M. Central. Ayudante de Campo del ministro de Defensa.

Ismael Palau, oficial de Artillería. Jefe del Parque de Artillería del Ejército del Este, durante la campaña.

José Montes Caballero, oficial de Artillería. Jefe de Artillería de la Flotilla de Vigilancia de la Marina republicana en Cataluña, durante la campaña. Jefe de E. M. de la Defensa Móvil.

Marcelino Pérez Dueño, coronel de Artillería del Ejército Republicano, jefe de las Defensas Antiaéreas de Madrid y Barcelona durante la campaña.

Miguel Maura, presidente del Partido Republicano. Ministro de la Gobernación de la República (1931). Jefe del Gobierno republicano en el exilio durante la Guerra Mundial.

Amós Salvador, ministro de la Gobernación durante el Frente Popular (1936).

Eduardo Iglesias Portal, presidente del Tribunal que condenó a muerte en Alicante a José Antonio Primo de Rivera.

Tomás Álvarez Angulo, exministro de la República. Director del periódico «La Vida Socialista».

Justino Azcárate, exministro de Estado con el Frente Popular.

Adolfo Álvarez-Buylla, diplomático. Subsecretario de Relaciones Exteriores del Gobierno republicano en el exilio. Ministro consejero de la Embajada republicana en Méjico.

Francisco Carreras, consejero de la «Generalitat» de Cataluña Gobernador Civil de Madrid, durante el Gobierno del Frente Popular.

Ramón Nogués, consejero de la «Generalitat» de Cataluña.

Alfredo Felipe Ruiz del Castaño, ministro de Instrucción Pública del Gobierno separatista vasco.

Rafael Tasis, consejero de la «Generalitat» de Cataluña.

Amadeo Hurtado, consejero de la «Generalitat» de Cataluña.

Martín Barrera, consejero de la «Generalitat» de Cataluña.

Pablo Ferrer, consejero de la «Generalitat» de Cataluña.

La familia Aguirre, hermanos de José Antonio Aguirre. Presidente del Gobierno vasco durante la guerra y en el exilio.

Rafael Guerra del Río, ministro de la República.

Rafael Sánchez Guerra, subsecretario de la Presidencia de la República.

Pedro Lloret, director general de Administración Local de Cataluña.

Manuel Companys, administrador del diario «L’Humanitat» de Barcelona. Hermano del Presidente de la Generalitat Catalana.

Federico Fernández Castillejos, subsecretario de Obras Públicas del Gobierno de la República.

Julio Prieto Villabrille, diplomático. Jefe de Servicios del ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno republicano en el exilio (1942-46).

Antonio Cruz Marín, diplomático, cónsul general del Gobierno republicano en Nueva York y París, durante la Guerra Civil.

José Bergamín, destacado intelectual republicano. Director de la Revista «Cruz y Raya». Durante la Guerra Civil fue una especie de «Ambassador at large» del gobierno republicano.

Américo Castro, historiador.

Espero que no se le haya escapado al lector el nombre de Eduardo Iglesias Portal, presidente del Tribunal Popular que condenó a muerte a José Antonio Primo de Rivera, en Alicante. Según las Normas Penales, serían condenados a la última pena (con agravantes o sin circunstancias), o a cadena perpetua (con atenuantes) «los que de cualquiera de las formas previstas en los artículos 14, 16 y 17 del Código Penal común, intervinieron en la muerte de José Antonio Primo de Rivera…». No hubo represalia colectiva o individual de la Falange, quizás porque Falange y falangistas entendían la generosidad, el perdón y la reconciliación de manera totalmente distintas a como la entienden los actuales partidos de izquierda y sus militantes.

A quienes quieran viajar al Valle les aconsejo la utilización de GPS para no pasarse de la desviación en la carretera de La Coruña, al igual que si prefieren la de El Escorial. Luego, deben ir con prudencia porque la entrada al Valle tampoco está bien señalizada… Ya estamos en la carretera de acceso. Pasamos los Juanelos, grandes moles cilíndricas de piedra de una sola pieza, cruzamos por encima del gran viaducto y llegamos a uno de los tres aparcamientos. Desde cualquiera de ellos accederemos a la gran explanada que cierran la Exedra y la entrada a la Cripta. Encima de la portada de piedra, la Piedad, de Juan de Ávalos; más arriba la Cruz con los cuatro Evangelistas y las cuatro Virtudes Cardinales. A la explanada se asciende, desde el aparcamiento principal, por una escalinata de gran anchura, dividida en dos tramos, de diez peldaños cada uno, número de los Mandamientos, «vía de ascensión y símbolo de la perfección moral a que llama la fe». Está asentada sobre roca viva. La explanada tiene una superficie de 30 000 metros cuadrados, prácticamente el doble de la calculada en el primer proyecto. El pavimento forma una cruz en planta. «Un pretil ancho y fuerte enmarca esta parte central de la explanada, separándola de otras dos laterales a las que se desciende por escalinatas, también graníticas Una nueva escalinata de 15 pasos y 63 metros de anchura conduce a la puerta de la Cripta, a la que flanquean dos alas de arquería de estilo clásico».

Es la tan citada Exedra, cuyo proyecto, como otros, fue aprobado dos veces «definitivamente», y que no responde enteramente a la definición que de ella da el diccionario: «Construcción descubierta, a modo de vestíbulo, de planta semicircular, con asientos fijos en la parte interior de la curva». La puerta principal, de bronce, es obra de Fernando Cruz Solís: mide 10,40 por 5,80 metros. Su decoración representa los 15 Misterios del Rosario. Sobre la comisa de la portada, el grupo de la Piedad, como hemos dicho antes. Pasada la puerta entramos al vestíbulo, hoy con arcos de seguridad para evitar atentados, como los que hubo hace unos años. Y en la parte izquierda una tienda del Patrimonio Nacional dedicada a la venta de libros, postales y objetos sobre el Valle.

Del vestíbulo se pasa al atrio, el llamado espacio intermedio, la gran nave y el crucero. La longitud total de todos estos espacios es de 262 metros, y su altura máxima, en el crucero, de 41 metros.

No todos los sectores tienen las mismas medidas, que en el vestíbulo, atrio y espacio intermedio son de 11 por 11 metros, mientras las dimensiones de la gran nave, la Basílica y la Cripta, son de 22 por 22 metros.

En dos nichos del espacio intermedio, dos arcángeles —¿ángeles?— con espadas, obra del escultor Carlos Ferreira. En altitud vigilante, no agresiva, alas desplegadas, las manos sobre la empuñadura de la espada hincada en los plintos. Al tiempo, parecen meditar. Diego Méndez los veía «celosos de la hondura de la Casa de Dios, montan guardia permanentemente en solemne advertencia a los que entran». Dudo, conociendo a Carlos Ferreira, de que ésa fuera su intención al esculpirlos. Entraba más en su estilo aquella otra frase que enfervorizó a las juventudes: «Queremos un Paraíso difícil, erecto, implacable; un Paraíso donde no se descanse nunca y que tenga, junto a las jambas de las puertas, ángeles con espadas».

No me detendré en los detalles técnicos arquitectónicos del recinto, chapado en su integridad, paredes y bóvedas, en granito, sino en las obras artísticas. Por ello hay que detenerse en la gran reja que da paso a la Cripta o Basílica. Es una reja de estilo moderno, pero que continúa la tradición de la rejería española presente en nuestras grandes Catedrales: figuras de Santos Mártires y Santos Héroes, ángeles y como remate la imagen de Santiago Apóstol, coronado el centro por la Cruz y ángeles. Debo resaltar que en la reja figuran 36 imágenes de Santos. Esta obra tan extraordinaria fue forjada por José Espinos.

A partir de la reja comienza la Cripta, con tres capillas pequeñas a cada lado de la nave, con un total de seis —en el proyecto original eran cuatro—, unidas por corredores en su parte donde están depositados los restos de los caídos, al igual que en la parte posterior de las dos capillas del Crucero. Estos pasadizos disminuyen los 22 metros de anchura de la gran nave a 16,40 metros, por 16,76 metros de altura. Las capillas lucen grandes relieves de alabastro con las imágenes de las Vírgenes Patronas de los tres Ejércitos: la Inmaculada y la Virgen del Carmen, obra de Carlos Ferreira, y la de Loreto, de Ramón Mateu. Son las capillas de la derecha. A la izquierda, la Virgen de África, obra de Carlos Ferreira; de la Merced, de Lapayese, y del Pilar, de Mateu. Lapayese, padre e hijo, pintaron los cordobanes con temas marianos de los altares de las capillas, y labraron las imágenes de Apóstoles en los muros laterales. Los muros de la gran nave están decorados con las reproducciones de ocho tapices de la serie del Apocalipsis, cuyos originales, propiedad del Patrimonio Nacional, fueron tejidos en oro, plata, seda y lana por Guillermo Pannemaker en Bruselas hacia 1540. Los adquirió Felipe II.

Desde la gran nave se asciende al Crucero por una escalera también de diez pasos, con lo cual nos encontramos otra vez al nivel del Atrio. En los contrafuertes, figuras de soldados de los tres Ejércitos, con ropajes toscamente labrados que contrastan con los rostros y brazos pulimentados, obra de Antonio Martín y José Antonio Sanguino. Todo ello llena el espacio donde están situados los bancos para los fíeles.

En la cabecera del Crucero, el Coro; los sitiales están tallados en madera. Son setenta en tres niveles de altura. Tiene planta semicircular y en los brazos laterales del Crucero, dos capillas, con techo de mosaico. En la de la derecha, un Cristo yacente, obra de Lapayese, en alabastro. Es la última estación del Vía Crucis que discurre por la parte derecha del Valle. Otras imágenes son las de la Virgen y San Juan. La Capilla de la izquierda es la del Santísimo. Y a su lado, la Sacristía. En los enterramientos situados detrás de esta Capilla se encuentran los restos mortales del padre y una hermana de Dom Anselmo Álvarez, actual Abad de la Comunidad Benedictina, asesinados en Madrid en 1936. Y, junto a estos restos, pegados a ellos, los de ideas marxistas. En medio del Crucero el Altar Mayor, con un Cristo de Beovide, que compró Franco, en los años 40, por intermedio de Zuluaga, pues Beovide, nacionalista radical, era enemigo del Generalísimo. El Cristo del escultor vasco estuvo en El Pardo muchos años hasta que el Jefe del Estado decidió trasladarlo al Altar Mayor de la Basílica, en la vertical de la Cruz monumental. La cúpula del Crucero, adornada con cinco o seis millones de teselas de todos los colores, forman un mosaico de grandes dimensiones, sin par en el mundo. Lo corona un «Pantocrátor» bizantino de estilo moderno. Multitud de figuras ascienden hacia el Padre Eterno en lo que representa el Juicio Universal. Santiago Padrós tardó cuatro años en realizar el mosaico, subido a unos andamios de más de treinta metros de altura.

Desconocidas por los visitantes y peregrinos son las galerías que conducen a los ascensores de la Cúpula y la base de la Cruz y la de acceso al pórtico posterior por donde entran los monjes a la Basílica.

Poco diré de la Hospedería, que es pública y está administrada por la Comunidad Benedictina y, menos aún, de la nueva Abadía, el Noviciado y la Escolanía. De ese conjunto de gran perfección arquitectónica debemos lamentar el incomprensible abandono, y no por parte de los monjes sino de las autoridades civiles, la Fundación y el Patronato.

Volvamos a la Cripta, a los Osarios, que no son otra cosa los restos de los muertos transcurridos 73 años desde el comienzo de nuestra guerra aunque haya hoy partidos y grupos empecinados en que todo aquello ocurrió ayer y no acabó aún.

«Tres Osarios hay detrás de la capilla del Cristo yaciente, tres detrás de la capilla del Santísimo. A los Osarios se sube por una escalera de mármol, a la que da acceso una escalera frontal», explica un folleto, compuesto a ordenador, redactado por el Padre Gregorio, de la Comunidad Benedictina del Valle, y que distribuyó entre sus amigos y conocidos. Se titula Caídos en el Valle de los Caídos. El folleto, entre otras cosas, dice:

«Los Osarios son cavidades de unos 5 por 15 metros, con altura de unos 3 metros. En cada una de las seis capillas de la gran nave, el tríptico que sirve de retablo al altar también oculta la puerta que da acceso a otros Osarios. Son cavidades similares a las anteriores, aunque menos amplias, divididas en dos pisos: unos escalones bajan al piso inferior, y otros conducen al superior».

Es decir, que están a distinto nivel que la gran nave de la Basílica.

Cuenta el Padre Gregorio, quien reconoce que fue Superior de la Comunidad, que los primeros Osarios que se llenaron fueron los tres de la capilla del Cristo yacente. De los tres de la capilla del Santísimo se ocuparon los dos superiores. El primero quedó vacío por encontrarse sobre la Sacristía. Luego, los restos de los caídos se fueron colocando en la capilla de la Inmaculada, la primera de la gran nave entrando a la derecha, que también acogió los restos del segundo piso del osario del Santísimo Sacramento.

«Los Caídos —dice textualmente— venían en cajas de madera de pino, recubiertas noblemente con paño negro. Las cajas recibieron el pomposo nombre de columbarios, vocablo que, según el Diccionario de la Academia, se refiere al “conjunto de nichos de los antiguos romanos, donde colocaban las urnas cinerarias”. Algunas cajas tenían las dimensiones propias de un ataúd. Servían para los pocos que aparecían más o menos incorruptos. Las cajas de tamaño pequeño recogían los restos de caídos individuales; en otras cajas más grandes se agrupaban los huesos de los caídos desconocidos o no identificados. En cada uno de los Osarios las cajas se iban colocando unas encima de otras, y unas filas junto a otras, sin dejar espacios, ni pasillos. Cuando se llenaba un Osario, la puerta se cerraba, primero con ladrillos huecos recogidos con cemento; losas finas de mármol recubrían después la puerta. Por los años 80 hubo que abrir una de estas puertas y se descubrió que las cajas de pino se habían reducido a polvo, a causa de la humedad ambiente, y que estaban mezclados los huesos de unos y otros, sin posibilidad alguna de identificación».

Es prácticamente imposible calcular el número de caídos que albergan los Osarios. No coinciden los libros registro —dos— con los ficheros, entregados a la Comunidad Benedictina por el Patrimonio Nacional, en fecha relativamente cercana. Por los libros conocemos que los restos del primer caído que llegó al Valle —17-III-1959—, perteneció a José Hernández Molina. Procedían del cementerio de La Almudena de Madrid. El último inscrito en el segundo volumen es Miguel Llaurado Bubells, natural de Lérida. Le corresponde el número 26 701. Llegó el día 21 de julio de 1965. Está en el columnario 9268.

«Ciertamente, los caídos llegados al Valle de los Caídos ascendieron a cifras mucho más altas; pero se dejó de registrarlas (el Patrimonio Nacional), sin saberse por qué».

En los ficheros metálicos, en fichas de 10 por 12 centímetros, el número de los registros es de más de 30 000, pero no llegan a 40 000 el número de los identificados. El autor del folleto se decanta por la cifra de cuarenta mil los caídos acogidos en la Cripta de la Basílica, restos procedentes, en su mayoría de las fosas comunes de los cementerios de la guerra, mezclados en origen los combatientes de ambos bandos, aunque también llegaron algunos miles de caídos civiles. Y en los Osarios, como he dicho, se colocaron unos sobre otros, unos al lado de otros, sin distinción de ideologías.

Ser español, haber muerto durante la guerra y estar bautizado. Éstas eran —reitero— las únicas exigencias para ser enterrado en el Valle de los Caídos. Y católico es para la Iglesia todo bautizado en la Iglesia Católica.

«Las manos del que esto escribe —cuenta el Padre Gregorio—, tocaron a uno de ellos, palparon el rostro: sobre los huesos sólo había piel; pero estaba tersa. Su camisa blanca conservaba todavía, después de veinte años, la suavidad de la tela y la resistencia del tejido; y el paño de la chaqueta despedía aún aires de traje de domingo. Era un joven extremeño, sacrificado alrededor de los 20 años».

«Sin distinción de ideología». Así lo dijo Pedro Muguruza a los periodistas en junio de 1947 durante una visita al Valle de los Caídos; lo repitió Francisco Aylagas en su libro publicado en 1951; y así lo proclamaron los gobernadores civiles de toda España en nota publicada por la prensa nacional, regional y local en mayo de 1958. En la nota se afirmaba que uno de los principales fines de la construcción del Valle de los Caídos fue «el dar sepultura a quienes fueron sacrificados por Dios y por España y a cuantos cayeron en nuestra cruzada, sin distinción del campo en que combatieron, según exige el espíritu cristiano que inspiró aquella magna obra; con tal que fueran de nacionalidad española y de religión católica…».

No crean que los buenos propósitos e intenciones fueron acogidos con aplausos por unos y otros. Aquello de juntar los restos de los «nacionales» con los «rojos» recibieron innumerables críticas de los «nacionales» y los «rojos». «Arriba», el periódico falangista, defendió con uñas y dientes la reconciliación de «nacionales» y «rojos» representada por el Valle de los Caídos, los enterramientos hermanados en los Osarios. Muchos «nacionales» y muchos «rojos» no lo entendieron así ¡20 años más tarde de la terminación de la guerra! Ello apoya mi tesis de que a Franco se le hubieran sublevado hasta el último de los españoles de haber señalado en el Decreto de 1 de abril de 1940 que el Monumento Nacional a los Caídos era para los caídos «nacionales» y «rojos». Es decir, que no eran sólo muchas las familias masacradas, torturadas y asesinadas por los republicanos —bajaré el tono—, los que se negaban a autorizar que los restos de sus deudos encontraran paz eterna, bajo los brazos de la Cruz monumental, sino también muchas las familias republicanas, con familiares fusilados sin sentencia, los que rechazaron la reconciliación nacional —igual que hoy, y se negaron a que los restos de sus familiares fueran enterrados en terreno sagrado, al amparo de la Cruz, sin distinción de ideologías. Muchos otros aceptaron y se reconciliaron.

El gobierno ofreció a la familia de Federico García Lorca —protegido hasta última hora por Rosales, jefe de la Falange granadina—, el enterramiento definitivo del poeta en la Cripta del Valle. Los «progres» y revolucionarios de salón exultaron cuando la familia rechazó el ofrecimiento. Pasados los años, la familia de García Lorca se ha negado a que el gobierno socialista desentierre los restos del poeta y los utilice como bandera reivindicativa de una izquierda falsa. Las negativas procedieron asimismo de familias del Régimen de Franco. Pero Pilar y Miguel Primo de Rivera autorizaron el traslado de los restos de su hermano José Antonio, fundador de la Falange, desde El Escorial al Valle de los Caídos.

Llegado a este punto es de importancia destacar —otra vez— que el presidente del Tribunal que condenó a José Antonio a la última pena, murió tranquilamente en la España de Franco.

Quien arremetió con más fuerza, ferozmente, contra el Decreto-ley —que analizaré en el último capítulo—, que creaba la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, fue el Padre Guerrero, Sacerdote jesuita famoso. El Padre Guerrero aprovechó un comentario publicado en «Arriba» a favor de los enterramientos en el Valle sin distinción de ideologías, para escribir un artículo que ocupó nueve páginas de «Razón y Fe», la revista de gran repercusión nacional e internacional de la Compañía de Jesús. Las ideas expresadas por el Padre Guerrero debían ser las de la Compañía de Jesús por cuanto no consta que el Provincial le llamara al orden ni se publicó artículo alguno con tesis opuestas.

El Generalísimo leyó, meditó y subrayó los párrafos del artículo que más llamaron su atención y en el margen de la página 20 de «Razón y fe» anotó: «Nadie lo pensó», precisamente al lado del párrafo siguiente:

«Allí no pueden descansar las cenizas de los asesinos de obispos, sacerdotes, religiosos, beneméritos ciudadanos, niños y vírgenes inocentes».

Se siguió adelante, y el Valle de los Caídos se convirtió en el único cenotafio donde reposan en tierra sagrada los restos de los que fueron un día enemigos.

Nadie pudo torcer la voluntad del creador del Valle de los Caídos. Y quieran o no, unos y otros, allí están nuestros muertos, los de todos, puesto que los que fueron llevados allí representan a los millares de españoles, mujeres, hombres, niños que cayeron en los frentes y en las retaguardias.

CAPÍTULO XV

LA IGLESIA BENDIJO EL VALLE

EFranco imprimió, desde el primer momento, un carácter estrictamente cristiano a lo que todavía no había sido bautizado como Valle de los Caídos. Según el Decreto de 1 de abril de 1940, el Valle sería «un lugar perenne de peregrinación y de oración por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria»: lugar de peregrinación, de oración y ejemplarizante para las generaciones venideras. Y así se repetirá en discursos y decretos, con especial significado en el de 23 de agosto de 1957, que creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

En su Exposición de Motivos o declaración de intenciones, el citado Decreto-ley, insiste en el carácter estrictamente religioso del Monumento con estas sencillas palabras: «La Cruz grandiosa que preside e inspira el Monumento imprime a esta realización un carácter profundamente cristiano. Por ello, el sagrado deber de honrar a nuestros héroes y nuestros mártires ha de ir siempre acompañado del sentimiento de perdón que impone el mensaje evangélico». Y se habla de «unidad y hermandad entre los españoles». Y de oración y, también, de estudio de la doctrina social de la Iglesia y de su aplicación en la política.

El interés del Jefe del Estado por todo lo que conviene —religioso y social— al Valle de los Caídos se muestra en un proyecto incipiente, de su puño y letra, acerca de los posibles fines y necesidades para el mejor desarrollo de la liturgia. No está fechado —al igual que otros proyectos—, pero Franco debió redactarlo hacia 1945, si no antes. Comienza haciéndose una serie de preguntas:

¿Seminario de estudios filosófico-sociales?

¿Una Iglesia o Basílica?, donde se celebren los oficios divinos y sufragios perpetuos por el alma de los héroes y mártires de la Cruzada, realizándose todos los días del año el Santo Rosario y el (ininteligible) de Nuestro Señor, que en los días de la Pasión y fechas solemnes tenga lugar (el) recorrido por las capillas (del Vía Crucis) que por las cercanías rodean el Monumento. Se mantenga la liturgia con la disciplina y esplendor que corresponde a un templo nacional. Que mueva a las gentes a devoción.

Y por el mucho trabajo que los oficios del culto divino y la cura de alma de los peregrinos ha de requerir en tan Santo lugar, se designará un número de Capellanes sin que se distraigan de mis trabajos de estudio e investigación. Los Ministros encargados de los estudios del Seminario quedan dispensados de aquella labor, excepto en aquello que es de interés para los religiosos.

Número de Capellanes que (ilegible) los presupuestos o permita la (ilegible) unidad de la Iglesia y Seminario bajo un solo Rectorado.

¿El patronazgo de las obras?… el Obispo y el Metropolitano.

Patronazgo del templo.

Del culto de la Iglesia.

Servicio del Altar, del Coro y decencia y ornato de los oficios divinos.

1 Vicario de Coro = obligaciones del --------------.

1 Sacristán.

6 Capellanes los

3 Capellanes 2.os

Acólitos.

6 Monaguillos.

Portero.

Personal auxiliar.

Los servicios de Menestrales contratados en Madrid.

Calidades de los (ilegible) elección de los (ilegible) = cuidado con las dos Iglesias. Antes qué ha de hacerse (en la conventual y cuales en la Cripta) =.

¿Sermones?

¡Una reliquia de Santiago! ¿Y Santos españoles?

Mirando al más alto fin contemplado por todos los rectores de nuestra Santa Iglesia Católica y al elevado fin social que de este Seminario de estudios e investigación esperamos, no se ha querido vincular a ninguna orden y que al claustro puedan pertenecer, normal o temporalmente, aquellos sacerdotes o religiosos que por dedicación especial a las materias así lo deseen, como así mismo que puedan colaborar también aquellos seglares católicos de virtudes probadas que lo deseen y el claustro considere conveniente aceptar.

Número de maestros investigadores.

10 permanentes.

10 temporales.

Patronos.

La Administración la llevará:

1 Rector.

¿3 Vicerrectores, 2 Vicarios de Coro, ecónomo, un capellán (ilegible) relevándose los dos todos los años?

Los cargos perpetuos o temporales (5 años).

¿(Ilegible)?

Rector preside todos capítulos, juntas y tendrá el primer voto en ellos.

Superintendente en todas las cosas que tocaran al beneficio espiritual y temporal aun de la Iglesia como del Seminario.

Éste es el proyecto, mejor, anteproyecto, redactado a vuela pluma, el primero, puedo asegurar, sobre el carácter exclusivamente religioso que atribuía al Monumento Nacional a los Caídos su fundador. Ni una sola concesión a la política, a concentraciones y manifestaciones en un recinto que deseaba fuera de oración y estudio, de formación de sacerdotes, mucho antes de que los proyectos desembocaran en el Decreto-ley de 1957 y, más concretamente, en el acuerdo e instalación de una Abadía de la orden de San Benito, el Padre de Europa, cuyo lema «ora et labora» colmaba las intenciones de Franco respecto al Valle.

Es ocioso, pues, el artículo de la Ley socialista sobre la Memoria Histórica, que se refiere al Valle de los Caídos como lugar exclusivamente de oración ¡Ni los inventos del TBO! La única concentración que el Generalísimo preveía era la de los peregrinos que hicieran las Estaciones en el bello Vía Crucis que conduce a la Basílica por la parte derecha del Valle.

El documento que he trascrito se encuentra en el Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, junto a otros proyectos, ya muy avanzados, sobre el Centro de Estudios Sociales que tanto interesó a monseñor Herrera Oria, obispo de Málaga, a la sazón. En el mismo Archivo existe una carta manuscrita del ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, a Franco en la que, entre otras cosas, le cuenta lo siguiente:

«Ayer pasé la mañana con el obispo de Málaga hablando de los planes de S. E. sobre el Valle de los Caídos. Le veo a Monseñor Herrera muy enamorado de los proyectos (ilegible) y —¡cosa que me ha causado asombro!— dispuesto a dedicarse a ella personalmente y por entero, al menos durante los “años fundacionales”. La fórmula podría ser el nombramiento de monseñor Benavent como coadjutor suyo en Málaga…».

La carta, fechada a 9-1-6, es decir, 9 de enero de 1956, se completa con el deseo de monseñor Herrera de entrevistarse con Franco, fuera de las audiencias oficiales, a ser posible en el Valle de los Caídos, en ese mismo mes de enero, puesto que «el obispo me dice que ha venido casi exclusivamente para esa entrevista y que está por lo tanto a las órdenes de S. E. en estos días aun cuando le convendría regresar a Málaga sobre el día 20».

Nadie dude del gran interés de monseñor Herrera, cabeza espiritual de un sector de gran peso en la vida política española, por el Centro de Estudios Sociales, que no fue posible, al final, por una razón muy sencilla: Abadía sin centro de Estudios Sociales, que deriva a la política y al tumulto, o Centro de Estudios Sociales sin Abadía. Sí, hubiera sido posible de haberse llevado a la práctica ese esbozo que concedía a sacerdotes seculares la dirección religiosa y del Seminario de Estudios Sociales del Valle. Al final se eligió lo mejor: una Comunidad de monjes benedictinos con una Abadía, que realizaron un sobrehumano y meritorio esfuerzo en su época. Hoy, el Centro de Estudios es imposible.

Del mismo mes de enero de 1956 procede un documento titulado «Programa mínimo, de realización inmediata», breve y sin firma. ¿Quién o quiénes se encontraban detrás de este proyecto tan perentorio? Son 10 los artículos, que no llenan un folio por una sola cara, que debieron chocar brutalmente, del primero al último, con los propósitos de Franco sobre tema tan delicado. Si el título del Documento es tajante, no le va a la zaga el articulado:

«Instalación (inmediata) en el actual edificio (el del Monasterio primitivo) de una comunidad contemplativa; corresponderá a dicha Comunidad la dirección, gobierno y administración del edificio, y ejercerán en el Valle la autoridad que se le confíe; el Instituto social León XIII podrá organizar, en el mismo edificio, en un régimen de autonomía relativa, pactado con la Comunidad contemplativa, instituciones docentes, de investigación, de difusión o propaganda, etc…».

«Terminado su edificio propio, se trasladará a él la Comunidad contemplativa, y pasará el otro a depender de la Comisión Episcopal de Cuestiones Sociales. La Comisión Episcopal de Cuestiones Sociales redactará un proyecto de Estatutos de la Comunidad Eclesiástica que se ha de hacer cargo de dicho edificio. Dicho proyecto pasará a la Conferencia de los Rvdmos. Metropolitanos para su aprobación. La redacción definitiva de los Estatutos será objeto de un convenio con el Estado. Corresponderá a la Comunidad social crear y dirigir todas las instituciones sociales que se establezcan en el Valle. La Comunidad contemplativa estará sometida canónicamente al Sr. Obispo de la Diócesis. La Comunidad social y las instituciones que cree también lo estarán en la forma que actualmente rige para el Instituto Social León XIII».

Este documento de «urgencias» encuentra su desarrollo en otro de once páginas en cuanto a la instauración del Instituto León XIII en el Valle. Está acotado y comentado brevemente en alguno de sus apartados y artículos por el Jefe del Estado. Es llamativo el rechazo a que este Instituto redacte «anteproyectos de leyes sociales». Esto es, un intento de trocar el signo religioso del Valle. No prosperaron estos proyectos «exteriores» redactados en 1956, quizás porque hubieran anulado o tergiversado los fines para los cuales había sido creado el Monumento Nacional a los Caídos y que encontraron su plasmación en la Fundación de la Santa Cruz. Debió ser dura la pugna entre Órdenes religiosas, grupos de presión seglares, Conferencia de Metropolitanos, obispos, Instituto León XIII y aún ministros del Gobierno. Hubo planes para convertir el antiguo Monasterio en Parador Nacional de Turismo, o en Colegio Mayor y, fuera del complejo de edificios, construir un albergue para el Frente de Juventudes. Franco no se inmutó por tantos planes y prosiguió su camino que encontró buen fin en la Orden de San Benito, un gran acierto en cuanto a la creación de una Abadía benedictina, aunque no tanto en la elección de su primer Abad, don Justo Pérez de Urbel, asesor religioso de la Sección Femenina, e historiador, quien desde la terminación de la guerra no había estado en una Abadía.

Don Justo Pérez de Urbel, en el mundo Justo Pérez Santiago, nació en Pedrosa del Río Urbel, el 8 de agosto de 1895. En 1907 ingresó en el Monasterio de Santo Domingo de Silos, de la Orden Benedictina. Profesó en 1912 y se ordenó en 1918. Tenía 23 años de edad. Se distinguió pronto como historiador del medievo castellano, especialidad de la que llegó a ser catedrático en 1948. Su producción de libros es muy extensa —71 volúmenes—, y más de 700 artículos, reseñas, traducciones, etc. Entre sus libros de historia medieval destacan El condado de Castilla, Fernán González y Sancho el Mayor de Navarra; y entre los litúrgicos, la Vida de Cristo. En 1938 fue nombrado asesor religioso de la Sección Femenina de Falange Española, cargo al que unió posteriormente los de consejero nacional del Movimiento y procurador en Cortes, por designación directa del Jefe del Estado. Al terminar nuestra guerra había sido designado prior de la Iglesia de Montserrat de Madrid, y el 17 de julio de 1958 fue investido Primer Abad Mitrado de la Abadía de la «Santa Cruz del Valle de los Caídos», cargo al que renunció en 1966. Falleció en 1979.

No cabe la menor duda de que el «perfil» de don Justo, era el menos adecuado —por su carácter intelectual, político y hombre de mundo más que monje— para la organización, dirección y administración de una nueva Abadía Benedictina y del entero Valle de los Caídos. De ahí el cúmulo de problemas que provocó la toma de posición tajante que adoptó el Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, con la anuencia del Patrimonio Nacional, según el acuerdo contenido en el Acta número 92, de fecha 20 de diciembre de 1960:

«SÉPTIMO: Con referencia al escrito del Rvdo. Padre Abad, adjuntando presupuesto para la adquisición de útiles y objetos de culto con destino a la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, el Consejo acuerda que por el Sr. Consejero-Interventor se formule una relación de las cantidades satisfechas y de las que faltan satisfacer por estos conceptos, y que por la Gerencia del Consejo se oficie al Rvdo. Padre Abad notificándole se abstenga de hacer adquisiciones de cualquier clase, sin que estas hayan sido previamente aprobadas por el Consejo».

Seis años más tarde, y debido a problemas sin cuento, don Justo presentó su dimisión «por motivos de salud».

Se ha especulado mucho, se ha fabulado más aún, acerca de las causas que impulsaron a Franco a la elección de la Orden de San Benito, y no otra, para cumplir su proyecto religioso, cristiano, respecto al Valle de los Caídos.

Aparte los méritos atesorados por los Benedictinos durante siglos, añadiré un consejo al lector: repase y sopese la biografía política de don Justo Pérez de Urbel, y piense en el peso político de la Sección Femenina y del entero Movimiento de la época.

Sea como fuere, el monje «párroco» de la Iglesia madrileña de Montserrat consiguió que Silos —el gran Monasterio de la vieja Castilla— firmara un acuerdo muy beneficioso, en principio, para la nueva Abadía, la de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, pero que fue papel mojado por culpa, quizás a medias, de Fernando Fuertes de Villavicencio, 2.o jefe de la Casa Civil del Jefe del Estado y consejero delegado gerente del Patrimonio Nacional, y de don Justo Pérez de Urbel, lo veremos luego, incluso con declaraciones poco afortunadas de don Justo. Huiré de cuanto sea agresivo y molesto para una Comunidad modélica, tal es la de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Hay un informe, en el Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, registrado con el número 20 443, cuyo título «Fines de la Fundación», se refiere a la Fundación de la Santa Cruz, no da idea de la trascendencia del texto, y que, sin ajustarse a los que serían luego los fines legales de dicha Fundación, aún en agraz, pretendía resolver el problema de la dualidad Seminario de Estudios Sociales-Instalación de una comunidad de monjes.

El informe llega a la conclusión, «dadas las dificultades y lo distinto de las funciones», de plantear el problema y su posible solución separando el Centro de Estudios de los servicios religiosos propiamente dichos, ubicándolos en distintos edificios más en armonía con sus misiones, entregando a la disciplina de la Orden religiosa los cuidados, atenciones y administración del Monumento, y al Seminario su función exclusiva de investigación y estudios. El parador que en el edificio actual del Monasterio se destinó a peregrinos, extendería en ese caso su servicio para atender a la alimentación de los investigadores y asistentes a los cursos de estudio que en él puedan residir.

Todo ello simplificaría el establecimiento de las constituciones de la Fundación, pues incorporada al Patrimonio Nacional la propiedad completa del lugar, correspondería sólo el establecer, como en otros monasterios y establecimientos que existen, «un contrato de usufructo y servicios con la Orden religiosa designada, simplificándose el del Seminario de Estudios a la creación y estatutos correspondientes a ese Centro, entregando a un contratista o a la Dirección General de Turismo la explotación del parador y el servicio de los investigadores residentes y de los que actualmente allí se congreguen».

Y finaliza:

«De encontrarse aceptable esta solución procederían las negociaciones con la Iglesia para el establecimiento de la orden religiosa apropiada y la redacción del proyecto del alojamiento y servicios de la pequeña Comunidad que atienda a los servicios religiosos».

Pero hay algo más en este informe: la prueba de que no fueron los monjes de la Orden de San Benito los que exigieron la construcción de un nuevo Monasterio, el que ocupan en la actualidad:

«Ya se ha acusado entre aquellos religiosos que han visitado las obras del Valle, la necesidad de separación en el caso de que una Orden religiosa se encargase de los servicios religiosos de la vida del Seminario de Estudios, mediante la construcción de un edificio reducido para los frailes de la Orden designada a este servicio, que inmediato y en comunicación con la Basílica evite el gran desplazamiento para los actos del coro».

Franco solicita informes, se asesora, como es su costumbre y, finalmente, decide. Le preocupan las opiniones eclesiásticas de dentro, pero, sobre todo, las foráneas, las de la Curia romana, las del Vaticano.

Un ejemplo evidente, el artículo del Padre Guerrero S. J. sobre los enterramientos en la Cripta del Valle, una vez publicado el Decreto-ley de 23 de agosto de 1957 que creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. En su Archivo sólo existen dos Documentos acerca de asunto tan espinoso: la revista «Razón y Fe», profusamente subrayada, y un informe, con el sello «Muy reservado» titulado «Conversación con el Señor Nuncio sobre el artículo del Padre Guerrero en relación con el Valle de los Caídos. Nota del Jefe Técnico de la Oficina de Información Diplomática». Fecha 10 de julio de 1958. Los interlocutores son el Nuncio y don Esteban Fernández. ¿Actuó el Señor Fernández por su cuenta? Claro que no. Los Diplomáticos sólo actúan a órdenes de sus superiores en asuntos de importancia. El meollo de la conversación son la pregunta del diplomático y respuesta del nuncio siguientes:

¿Quiere esto decir que no hay nada que impugnar contra la dedicación del Monumento a todos los muertos?

El deseo de favorecer y fomentar la unión de los españoles es una idea cristiana. Se quiere que el Monumento simbolice esa unión y ojalá se consiga hacerla realidad. Por tanto, el hecho de dedicarlo a todos no sólo no ha merecido reparos por parte de la Iglesia, sino que ha complacido a la Secretaría de Estado, a la que informé oportunamente, y a la Iglesia que ha aceptado la fundación de una Abadía y ha nombrado también su Abad, aunque no lo haya hecho público aún.

Roma locuta…

Franco podía estar tranquilo respecto a su decisión de abrir el Valle de los Caídos a todos los muertos de nuestra guerra sin distinción alguna, como se venía diciendo desde muchos años atrás, pero la confirmación oficial correspondía al Decreto-ley de 23 de agosto de 1957, dado en San Sebastián, por más señas, ciudad que recibía al Generalísimo todos los veranos con un entusiasmo indescriptible.

Según este Decreto-ley, la Fundación tenía como fines «rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres sobre la base de la doctrina social cristiana».

Se le concedía la «plena personalidad jurídica para administrar sus bienes, con la única limitación de que las rentas habrían de ser invertidas, necesariamente, en los fines fundacionales».

Los bienes con que se dotaba a la Fundación eran:

«El Valle de Cuelgamuros con todos sus edificios (incluidos los mobiliarios y ajuares), terrenos y derechos accesorios. Serán bienes de domino público y tendrán, por consiguiente, el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a tributación. Un bien temporal son los beneficios de la Lotería Nacional del 5 le mayo, después de cubiertos los gastos pendientes de la construcción del Monumento, una vez agotado el importe de la Suscripción Nacional, hasta constituir el capital necesario para su sostenimiento (el de la Fundación), capital que se fija en la cantidad de cien millones de pesetas».

Este capital, que adelantaría el Tesoro Público, sería invertido en papel del Estado y valores industriales y agrícolas de interés nacional.

El artículo quinto ya se refiere al asunto que se trata en este Capítulo. Revela, además, que antes del verano de 1957, como mínimo, Franco ya se había decidido por una Abadía de monjes benedictinos, que no tendrán «rivales» dentro de la circunscripción del Valle:

«El Patronato de la Fundación concertará con la Abadía Benedictina de Silos el establecimiento en el Valle de Cuelgamuros —previos los oportunos requisitos canónicos— de una Abadía benedictina de la “Santa Cruz del Valle de los Caídos”, partiendo de la base de que habrá de tener el carácter de Abadía independiente…».

El mismo artículo señala las obligaciones espirituales y materiales de la Abadía. La sola enumeración de las obligaciones hace suponer un regimiento de monjes, no una Comunidad, para cumplir lo exigido por el Decreto-ley. Las obligaciones se multiplicarán al añadir las pactadas en el Convenio para la fundación de la «Abadía Santa Cruz del Valle de los Caídos», de fecha 28 de mayo de 1958, uno de cuyos artículos, el séptimo, será el punto de conflicto entre el Patrimonio Nacional, la Fundación y la Abadía, sin que sea fácilmente comprensible el interés de don Justo Pérez de Urbel por conservarlo: porque, ¿qué beneficios podría obtener la Abadía del cargo de Administrador que le atribuía el Convenio al Abad? ¿Tenía el Abad la capacidad suficiente para administrar el Valle de los Caídos? ¿Tenían los monjes de la nueva Comunidad la capacidad suficiente para auxiliar a su Abad, a don Justo Pérez de Urbel?

En el Decreto-ley quedaba estipulado que «las rentas deberán ser invertidas, necesariamente, en los fines fundacionales», y más adelante, que «en cuanto cumpla fielmente las anteriores obligaciones, la Abadía benedictina tendrá derecho a permanecer en la Fundación y a recibir, para el cumplimiento de los fines fundacionales los productos de sus bienes». Además, la Fundación se comprometía a abonar una cantidad diaria individual, revisable anualmente, para el mantenimiento de los monjes, los novicios y los niños de la Escolanía.

En cuanto a don Justo, entre cuyas capacidades se echaban en falta la discreción y la de administrar, declararía años más tarde, en relación con la nueva Comunidad, que eran jóvenes, a medio ordenar en Silos, por lo cual llegó a un acuerdo con el Abad Isaac Toribios para retrasar la fundación de la nueva Abadía, a fin de que «tuviesen una pequeña formación, porque en realidad el gran defecto de los que trajimos aquí era su gran juventud, pero aún así hicimos lo posible».

Se equivocaron ambas partes, Luis Carrero Blanco, presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, en representación del Jefe de Estado, patrono de la Fundación, y el Reverendísimo Señor don Isaac Toribios, Abad de la Abadía Benedictina de Silos. Y de la equivocación nacieron luchas de don Justo y Fuertes de Villavicencio, y los resquemores permanecieron hasta la dimisión del Abad «por motivos de salud».

El Artículo del pleito es el siguiente:

«El Abad desempeñará la administración de la Basílica y edificios existentes en el Valle de Cuelgamuros, y en cuanto concierne a su conservación, guarda y vigilancia de todo el Valle, y de las instalaciones de todo orden existentes en el mismo, será auxiliado de modo inmediato por el Administrador del Patrimonio Nacional de San Lorenzo de El Escorial. Los empleados administrativos, subalternos y guardas, de los que será jefe inmediato el Administrador del Patrimonio de San Lorenzo de El Escorial, dependerán del Abad Administrador, y su nombramiento y separación se harán a propuesta razonada del Abad, por el Patronato de la Fundación, quien sólo podrá rechazar la propuesta por causas graves».

El Artículo siguiente, el Octavo, dice que «la Abadía administrará la Hospedería y Casa de Ejercicios Espirituales, y tanto sus ingresos como sus gastos serán igualmente recogidos en el presupuesto de la Fundación».

Hay más. La Abadía quedaba obligada a presentar el presupuesto anual con «el debido detalle de todos los ingresos y gastos». Por su parte, el Patronato de la Fundación comunicaría a la Abadía «la totalidad de los productos líquidos de los bienes fundacionales que, sumados a los ingresos previsibles, que puedan obtenerse por la administración del Valle, y todos sus anexos, constituirá el Presupuesto del Valle. En el Presupuesto de gastos se incluirán todos los que sean previsibles para atender a los fines fundacionales». Y un final que señala quien se reservaba la auténtica administración del Valle y sus bienes, de sus ingresos y gastos, fuera de la administración formal del Abad, auxiliado por un Administrador real del Patrimonio:

«La aprobación de los Presupuestos anuales y del Balance y rendición de cuentas en cada ejercicio económico, corresponde al Patronato de la Fundación, que es propietaria de todos los edificios del Valle».

El Jefe del Estado, como Patrono de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, aprobó, con fecha 15 de enero de 1959, el Reglamento para la ejecución de la Ley de 23 de agosto de 1957, que recortará las atribuciones administrativas que concedía al Abad el Convenio de 29 de mayo de 1958. Se reconoce que el Administrador del Valle es el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, «conforme a lo prevenido en la Ley de 7 de marzo de 1940».

Sin embargo, «el dicho Consejo podrá delegar, total o parcialmente, la administración de los bienes fundacionales en el Beneficiario, lo que no le revocará de su responsabilidad y, por ello, en todo caso, tendrá atribuciones para inspeccionar la administración delegada y exigir la rendición de cuentas justificadas de la inversión de los frutos, rentas, intereses y productos de cualquier orden destinados al cumplimiento de los fines de la Fundación».

El Reglamento señala que «el ámbito conceptual de Administración que se delegue, se definirá en el Convenio que se celebre con la Comunidad religiosa que será la beneficiaria, y en el Reglamento que de común acuerdo aprueben dicha Comunidad y el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional para su mejor ejecución y cumplimiento».

Y así llegamos a la firma, el día 23 de junio de 1959, del Reglamento de Régimen Interior para la ejecución del Convenio de fecha 29 de mayo de 1958, entre el Patrimonio Nacional y el Abad de Silos. Este Reglamento interno, que firmaron Luis Carrero Blanco y el Abad don Justo Pérez de Urbel, fue, hay que insistir en ello, fuente de controversias que no condujeron a nada, a roces innecesarios, todo por unos derechos de administración de dudoso cumplimiento. Con entera razón, un informe jurídico existente en el Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, titula «Nota sobre las facultades de Administración de la Fundación de Santa Cruz del Valle de los Caídos». Está fechado en mayo de 1962, lo que da idea de la duración de la polémica Abadía del Valle-Patrimonio Nacional o Patronato de la Fundación de la Santa Cruz. Todo un auténtico disparate, una discusión que cegó un estudio que debiera haber sido hecho con miras a un futuro a medio y largo plazo. El juicioso informe se decanta por la redacción de un nuevo Reglamento en el cual «se fijase con claridad el régimen a seguir en la administración, diferenciando las funciones que competen al Patrimonio Nacional, como delegado del Patrono de la Fundación, y las que incumben al Señor Abad de Santa Cruz del Valle de los Caídos».

¡Qué diferencia en las posturas de un Abad, de los años 50 y 60 con la de un Abad y una Comunidad de 1982! Con motivo de la nueva Ley del Patrimonio Nacional, la Comunidad se centró en el bien mayor de la Abadía y el Valle, con olvido de sus pretendidos derechos sobre la Administración del Valle de los Caídos, mediante una «desiderata» importantísima, que elevó al gobierno miope de Leopoldo Calvo-Sotelo, por medio del ministro de la Presidencia.

Ojalá hubieran luchado en aquellos años fundacionales por lo mismo que luchaban en 1982: un Valle con buenas comunicaciones, una Abadía con Estatuto jurídico más independiente política y económicamente, porque el poblado del Valle se transformara en Municipio de la categoría que más proceda y que en sus terrenos, separados ya del monte de la Fundación, se pudiera incluso edificar; que este Poblado se convirtiera en una Parroquia, siendo titular la Abadía, como en Silos; que se aumentasen los servicios de todo tipo y fuera gratuita la entrada al Valle; y la construcción de carreteras y todo aquello que convierta el Valle en un gran complejo turístico; y, lo más importante y por lo cual debiera haber trocado la inoperante Administración: «que los edificios de la Abadía, Hospedería, Basílica y los lugares que rodean a la Abadía se concedan a la Abadía en usufructo perpetuo». Con ello se pretendía:

Que los monjes, viviendo en el Monasterio, no se sientan estar como en casa alquilada.

Que el público no entrase en esta parte de forma indiscrecional, pues es zona de oración y de retiro.

Muchas más cosas, todas ellas lógicas y justas contiene esta desiderata acordada por la entera Comunidad Benedictina, reunida en la Sala Capitular, donde se confrontaron opiniones y sugerencias y se aprobó mediante votación capitular y secreta.

Un usufructo perpetuo; es lo que debemos conseguir hoy los seglares católicos españoles, políticos o apolíticos, para la Comunidad de San Benito, con el fin último de que jamás falten las oraciones por el alma de nuestros muertos, los de todos, allá donde reposan sus restos en la Cripta de la Basílica de la Santa Cruz, por los siglos de los siglos, sea cual fuere el gobierno de turno. Debemos salvar el Valle para todos y para siempre. El resto de lo contenido en la desiderata, que es justo y necesario, se les dará a los monjes por añadidura.

Fue imposible reformar la nueva Ley del Patrimonio Nacional cuyo único objetivo, no se olvide jamás, fue desvincular al Jefe del Estado, al Rey Don Juan Carlos, del cargo de Patrono de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos; mejor dicho, desvincularlo del Valle de los Caídos que no volvió a visitar después de la muerte de Franco, su gran protector.

En fin, la nueva Ley del Patrimonio Nacional no cita, ni una vez tan sólo, al Valle de los Caídos pero en su disposición final tercera está la prueba de lo afirmado:

«Las funciones atribuidas al Jefe del Estado por el Decreto-ley de 23 de agosto de 1957, en el Patronato de la Fundación que constituye, se entenderán referidas al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional».

La Fundación, cuyo título completo se oculta ¡qué desvergüenza!, es la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Las restantes disposiciones suponen la condena a muerte, bien disimulada, de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la desaparición de sus fines cristianos, pero ocultando de qué Fundación se trataba.

Otra vez se repite aquello de que «el matador fue Bellido (la Derecha en este caso) y el impulso soberano».

Veamos ahora los hitos más importantes desde la instalación de la Comunidad Benedictina en el Valle, hecho que ocurrió el día 17 de julio de 1958, mes y medio más tarde de que los gobernadores civiles de todas las provincias publicaran una nota sobre los enterramientos en la Cripta de la Basílica. Don Justo Pérez de Urbel es designado Abad Mitrado en esa misma fecha. El 30 de marzo de 1959 una ingente masa de falangistas trasladan los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera desde El Escorial al Valle donde reciben sepultura en «el lugar de honor». Sus hermanos, Pilar y Miguel, mostraron su deseo en una carta al Jefe del Estado de que el traslado «tuviera, lo más posible, carácter íntimo». No fue posible. Sobre las mismas andas que habían servido para trasladar los restos del Fundador de la Falange Española desde Alicante fue llevado también a hombros y a pie por millares de falangistas de todas las edades hasta depositarlos en la entrada de la Basílica.

El día 1 de abril siguiente, Franco inauguró oficialmente el Monumento Nacional a los Caídos. Pero no era este acto el que culminaba los deseos del Generalísimo como hijo de la Iglesia. Ambicionaba algo más, y no para él, sino para los caídos y la Comunidad Benedictina: que Roma bendiga el Monumento Nacional a los Caídos, conceda la categoría de Basílica al Templo que alberga la Cripta y realice la Consagración una personalidad de la curia vaticana. Las gestiones dan su fruto y el 7 de abril de 1960, un Breve Pontificio eleva a la dignidad de Basílica el Templo de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y el 6 de junio de ese mismo año, el Cardenal Gaetano Cicognani realiza la Consagración.

El Vaticano, el Papa Juan XXIII bendice y admira el Valle, el carácter profundamente cristiano del Valle y su sentido de reconciliación. Ello es bien conocido por todos. No lo es tanto la Carta Apostólica «Stat Crux» del Papa Pío XII. Lleva fecha de 27 de mayo de 1958, dos meses anterior a la erección canónica de la Abadía Santa Cruz del Valle de los Caídos. En junio, el día 14, la Sagrada Congregación de Ritos había concedido a la Abadía y al Templo, posteriormente Basílica, el título de Triunfo de la Santa Cruz. La Carta Apostólica es emocionante por cuanto Pío XII morirá el 9 de octubre del mismo año, por lo cual podría ser interpretado como su testamento respecto al Monumento Nacional a los Caídos y su Abadía. Su elegancia literaria casa con la finura intelectual del «Pastor Angelicus»; su lección moral penetra profundamente en las almas de quienes la lean, lejos de cualquier ideología política; y su Autoridad Apostólica queda de manifiesto con un «para siempre», como un aviso a los navegantes de aquí o de allá.

«Una gran Cruz signo de salvación y faro de eterno reposo, yérguese en lo alto de una roca que se eleva entre las cimas del Guadarrama, de tal manera ha sido perforada la granítica mole que la gran cavidad se ha transformado en un templo subterráneo…».

Así comienza la Carta Pastoral, que cita —sin otro preámbulo— a «Francisco Franco Bahamonde, que ha inspirado tan prodigiosas obras a fin de levantar un monumento a la memoria de cuantos, por una causa o por otra, entregaron su vida y sucumbieron en la Guerra Civil, y para que, al mismo tiempo, en este nuevo hogar de la religión, Dios fuera convenientemente honrado y se alcanzaran dones celestiales para la Nación Española».

Hace luego un canto a los «los Discípulos de San Benito», y ordena que «después de haber consultado a los miembros de la Sagrada Congregación de Religiosos, erigimos y constituimos para siempre, con nuestra Autoridad apostólica y, en virtud de estas Letras, a la nueva Abadía exenta, que ha de ser nombrada con el título Santa Cruz del Valle de los Caídos, a la cual, como perteneciente a la Congregación de Solesmes de la Orden de San Benito, la hacemos partícipe de todos los derechos y privilegios concedidos a los Abades de tal Familia religiosa. Sin que nadie lo pueda impedir».

Y la advertencia final, definitiva, canónica:

«Esto promulgamos, establecemos, decretando que las presentes Letras sean y permanezcan siempre firmes, válidas y eficaces: que produzcan y conserven íntegros sus plenos derechos, que favorezcan cumplidamente, ahora y después, a los Prelados y monjes, tanto presentes como futuros, de la mencionada Abadía que de esta forma establecemos; conforme a esto se ha de interpretar y definir. Desde ahora se ha de tener sin efecto y sin valor cuanto aconteciera ir en contra de ellas, sea a sabiendas o por ignorancia, o por quien quiera o en nombre de cualquier autoridad».

Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el 27 de mayo de 1958, vigésimo de nuestro Pontificado.

Se han inventado problemas con la Curia romana respecto a la Consagración de la Basílica. Nada más lejos de la realidad.

Se especuló en aquel tiempo y se siguió especulando, sin razón alguna, sino por intereses hoy confesables —el odio a la Fe, materializado en el Valle de los Caídos— con una supuesta enemiga, concretamente de Juan XXIII al Monumento Nacional a los Caídos. Era y es la izquierda española, siempre con la mentira por delante. El Cardenal Cicognani, que consagraría como Basílica la iglesia de la Abadía Santa Cruz del Valle de los Caídos, en carta fechada a 28 de abril de 1960, dice al ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, lo siguiente:

«El Santo Padre, al cual presenté la carta de V. E., quedó muy complacido al conocer, con más detalles, la grandiosidad de la obra realizada en el Valle de los Caídos y, sobre todo, el fin pretendidamente cristiano al cual está particularmente destinado. Su Santidad me ha autorizado a celebrar la ceremonia de la Consagración de la Iglesia de Santa Cruz “Nomine Summis Pontifícis”, y de otorgar, en su nombre, la Bendición Apostólica».

Juan XXIII nombró un Delegado Pontificio, el Cardenal Cicognani, Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, envió un mensaje y un Breve Pontificio por el cual se declaraba Basílica la Iglesia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Uno y otro son muy elogiosos respecto a los fines que impulsaron a Franco a la erección del Monumento, donde reposan hermanados los que cayeron en la Guerra Civil.

El Mensaje de Juan XXIII contiene una advertencia cierta:

«¡Cuánto nos complace en esta solemne circunstancia alentar a los católicos españoles en su empeño de conservar íntegro y puro su fecundo patrimonio espiritual! Testigo es la historia de que los altos ideales cristianos dieron cohesión e impulso a sus antepasados para las grandes empresas y de que, cuando cayeron tales ideales, se mermaron y debilitaron igualmente sus lazos de unión, poniéndose en peligro su límpida y heroica trayectoria secular».

Y un intencionado párrafo del mensaje de Juan XXIII:

«Los anales gloriosos de España, los encantos de su paisaje, lo que de grande y elevado se ha forjado con su dolor en los años duros del pasado, se han dado cita en ese hermoso Valle, bajo el signo de la paz y concordias fraternas, a la sombra de esa Cruz Monumental que dirige al Cielo las oraciones de la fervorosa Comunidad Benedictina y de los devotos visitadores por la cristiana prosperidad de la Nación, y que quedará como en alerta permanente para trasmitir la antorcha de la fe y de las virtudes patrias a las generaciones venideras».

Como final de capítulo debo repetir, por su rotundidad, las palabras de Pío XII:

«… erigimos y construimos para siempre, con nuestra Autoridad apostólica y en virtud de estas Letras, a la nueva Abadía exenta, que ha de ser nombrada con el título de Santa Cruz del Valle de los Caídos, a la cual, como perteneciente a la Congregación de Solesmes de la Orden de San Benito, la hacemos partícipe de todos los derechos y privilegios concedidos a los Abades de tal familia religiosa. Sin que nada lo pueda impedir».

Y no olviden que el Valle de los Caídos no fue construido por presos políticos, porque no los hubo, ni por trabajadores forzados, porque todos, todos, fueron voluntarios.

EPÍLOGO PARA DESMEMORIADOS

Memento, homo…

Se accede a petición formulada por don Pascual Pérez Pérez, solicitando el traslado de su hijo Sabino Pérez Gomera, desde el Destacamento de Talavera de la Reina a la Provincial de Zaragoza para que le sirva de consuelo, por ser hijo único y haber dado dicho padre durante la Cruzada tres hijos por Dios y por España.

(Acuerdo del Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo. 7 de septiembre de 1943).

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Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya la paz el pueblo español, tan rico en buenas cualidades entrañables, la Patria, el Pan y la Justicia.

(Del testamento de José Antonio Primo de Rivera, enterrado en el Valle de los Caídos, redactado el 18 de noviembre de 1936, dos días antes de su fusilamiento).

ANEXO DOCUMENTAL

CONSEJO DE LAS OBRAS

DEL MONUMENTO NACIONAL A LOS CAÍDOS

Memoria y Balance al 31 de diciembre de 1960 que eleva al Consejo el Consejero-Interventor D. Eugenio Gómez-Pereira.

Abril 1961

AL CONSEJO

Con el propósito de continuar la costumbre establecida desde el año 1951, en el que tuve la honra de ser designado con fecha 15 de enero, para el cargo de Consejero-Interventor de este Organismo, cumplo, muy gustoso, el deber que mi función me impone y elevo a la superior aprobación del Consejo la Memoria y Balance correspondientes al pasado Ejercicio de 1960, en los que se recogen, numéricamente todos los hechos acaecidos durante los doce meses del año natural, que originaron la realización de ingresos y gastos, reflejados en las distintas cuentas en que viene desarrollándose la contabilidad implantada por el que suscribe, a partir del año al principio citado.

Estas cuentas, al frente de cada una de las cuales, figuran los saldos en 31 de diciembre de 1960, se consignan en el Balance (Estado número 1) a continuación y en la presente Memoria se explica ligeramente, la naturaleza de aquellos saldos o su significado, buscando una mayor facilidad a su lectura.

ACTIVO

MONUMENTO NACIONAL A LOS CAÍDOS

Significa su saldo en pesetas 1 067 960 276,28, el montante de las obras que van ejecutadas, desde el día 13 de julio de 1940 en que dio comienzo la erección del Monumento. A esta cuenta, revertirán a la terminación definitiva de las obras los saldos de todas las demás, pudiéndose considerar, por tanto, como la fundamental, ya que en la aludida fecha, señalará el costo total del Monumento.

A la presente Memoria se une, con el número 2, el detalle, lo más amplio posible, de los diversos conceptos a los que se aplicaron las cifras parciales que componen el total saldo de 1 067 960 276,28 pesetas antes dicho.

Como ampliación, o mayor detalle de lo apuntado, también se une el número 3, la relación de todas las cantidades adeudadas a Contratistas, Proveedores y Suministradores que intervinieron o aún intervienen en las obras e igualmente lo que se satisfizo por la finca, los impuestos de Hacienda, etc; es decir, el total de lo pagado hasta 31 de diciembre de 1960, que como es natural, coincide con aquella repetida cifra.

CAJA Y BANCO DE ESPAÑA

Representan los saldos de estas dos cuentas, las disponibilidades inmediatas con que contaba el Consejo a la fecha del Balance, por los importes de 25 694,00 y 2 363 114,35 pesetas respectivamente.

ASOCIACIÓN DE MÁRTIRES

Este Organismo lleva recibidas, hasta la fecha del balance 3 130 349,32 pesetas distribuidas como sigue: 1 653 549,32 pesetas, por conducto de la extinguida Dirección General de Regiones Devastadas, con cuyo importe se sufragaron las obras realizadas en Paracuellos del Jarama y el resto, hasta el total de su saldo, por las entregas que se le vienen haciendo a partir de marzo de 1949, bien con carácter extraordinario, o, en concepto de subvención trimestral. Esta subvención se mantuvo en la cifra de pesetas 15 000,00 durante el periodo comprendido entre aquella fecha y el primer trimestre de 1954, elevándose entonces a 36 000,00, más 18 400,00 de dos pagas extraordinarias en julio y diciembre, al personal que presta servicio en el repetido Organismo.

GERENCIA

Los 3 057 188,26 pesetas que lucen como saldo de esta cuenta representan las cantidades desembolsadas desde el 13 de julio de 1940 para satisfacer las asignaciones que fueron fijadas a la Jefatura y personal que estuvo adscrito a las oficinas del Consejo y al que actualmente lo está, o desempeña alguna función de carácter técnico.

PERSONAL DIVERSO EN EL MONUMENTO

El saldo de esta cuenta asciende a 2 850 096,88 y es el importe de las retribuciones que se llevan satisfechas al personal que presta sus servicios en el Valle de los Caídos, personal que no está designado con carácter fijo y que puede por tanto, aumentar o disminuir por acuerdo del Consejo. En el Ejercicio que comentamos, no sufrió alteración comparado con el anterior y continúan, por consiguiente, un Regidor, dos Aparejadores, un Médico, un Practicante, un Maestro, un Oficial Administrativo y un Enfermero, o sean ocho en total.

GASTOS GENERALES

El saldo de esta cuenta que es de 4 074 649,34 pesetas, absorbió todos los gastos de adquisiciones de artículos para limpieza, libros, correspondencia, servicio de automóvil que facilita el Parque Móvil de Ministerios Civiles, otros gastos de locomoción, propinas, gratificaciones y en general todos aquellos que no tienen una específica aplicación en las demás cuentas del Balance.

ALMACÉN

Figura como saldo de esta cuenta la reducida cifra de 8841,97 pesetas que representa el valor de las escasas existencias que figuran en el Almacén sin haber sido enajenadas.

INSTALACIÓN ORDEN BENEDICTINA

Como consecuencia del Decreto-Ley de 23 de agosto de 1957, fue abierta esta cuenta en el Ejercicio de 1958, por haberse creado en cumplimiento de aquella Disposición, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, disponiendo el artículo 5.o el establecimiento en Cuelgamuros de una Abadía Benedictina. Van cargándose a dicha cuenta todos los gastos encuadrados en su denominación, que fueron debidamente justificados, con sujeción a las normas marcadas por el Consejo o con especial autorización. En 31 de diciembre de 1960, es su saldo 6 854 506,34 pesetas.

TRASLADO DE RESTOS

Figuran en el saldo de esta cuenta de pesetas 1 372 922,49, todos los gastos originados por el traslado de los restos de aquellos Caídos durante la Guerra de Liberación, que sus familiares dieron su conformidad o formularon la petición. Dichos traslados se vienen llevando a cabo en cumplimiento de las órdenes cursadas a los señores Gobernadores Civiles de todas las provincias y en los gastos están incluidos la construcción de féretros, conforme a tarifas aprobadas; jornales y transportes, que eran los únicos gastos autorizados por el Consejo.

Recientemente se aprobó también la cifra de 327 644,31 pesetas para indemnizar a los familiares que se trasladaron a esta Capital, el día de la inauguración oficial de la Cripta, cantidad que todavía no figura incluida en el saldo de esta cuenta.

CUENTAS CORRIENTES DEUDORAS

El saldo de 9573,12 pesetas representa la cantidad entregada al Regidor del Valle, para determinados gastos que ha de justificar mediante la presentación de la oportuna cuenta.

OBRAS PROYECTADAS

Esta cuenta tiene su correspondiente contrapartida en el Pasivo «Obras a ejecutar», siendo dos cuentas de orden que sus saldos ofrecen iguales cifras, 23 373 802,38 y representan el importe de Proyectos aprobados y contabilizados, que aún están pendientes de ejecutar en todo o en parte, y a medida que las obras se van realizando disminuyen en igual cuantía dichos saldos para engrosar simultáneamente el de «Monumento Nacional a los Caídos».

Con igual denominación que la cuenta que nos ocupa, se acompaña a la presente Memoria con el número 4 una relación de los Proyectos cuyas cantidades parciales, suman la total del saldo que antes se dijo.

Al igual que en el Ejercicio anterior no se reflejan en el Balance de éste las cuentas de concursos de maquetas y oficina técnica, porque sus saldos que venían figurando sin variación desde 1951 por pesetas respectivamente 132 915,58 y 861 245,97, fueron a engrosar en el pasado Ejercicio el de la cuenta «Monumento Nacional a los Caídos», a la que habrán de revertir los de todas las demás cuando sea llegado el momento de cierre definitivo de la contabilidad; pero sí consignaremos como dato que conviene tenga constancia que las cantidades que lleva intervenidas el Arquitecto Director de las Obras Don Diego Méndez González, con cargo a los honorarios percibidos por Dirección, suman desde el 4 de diciembre de 1950 en que se encargó de estas Obras la cantidad de 2 373 716,68 pesetas.

PASIVO

APORTACIONES

Recoge esta cuenta las cantidades que fue recibiendo el Consejo de Administración con destino a la erección del Monumento, según el siguiente detalle y su saldo es de 235 450 474,05 pesetas:

De la suscripción Nacional 7 057 201,67.

De la suscripción Nacional también, pero que se hallaban en la Caja del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional y fueron abonadas por este Consejo, en varias entregas 178 393 272,38.

De la Fiscalía Superior de Tasas 50 000 000,00.

TOTAL 235 450 474,05.

ANTICIPO DEL TESORO

Figura esta cuenta en la contabilidad del Monumento a partir del mes de octubre de 1952, fecha en la que se habían agotado todas las disponibilidades, de que anteriormente se hizo mención y era bastante crítica la situación económica del Consejo, así como honda su preocupación ante el temor de que hubiesen de paralizarse las obras por falta de recursos. Un acuerdo Ministerial vino a remediar aquélla, pues se cedió al Consejo como recursos, el producto neto del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional que se celebra el día 5 de mayo de cada año. En el mes de octubre al principio citado, recibió el Consejo de las Obras a cuenta de tal producto, un anticipo del Tesoro importante 30 000 000 de pesetas y a medida que el ritmo de las obras vino exigiéndolo se reclamaron y obtuvieron nuevos anticipos, ascendiendo las sumas percibidas por tal concepto en la fecha del Balance a 850 000 000 de pesetas, si bien el saldo de esta cuenta que estudiamos es solamente de pesetas 541 403 062,99, porque la diferencia de 308 596 937,01 es el saldo de la cuenta siguiente.

LOTERÍA EXTRAORDINARIA SORTEOS 5 DE MAYO

El saldo de esta cuenta figurado en el Balance, es de pesetas 308 596 937,01 y según acabamos de decir representa los importes netos de los sorteos celebrados en los años 1953 a 1960, ambos inclusive, que han ido siendo aplicados a reintegrar los anticipos del Tesoro.

ARRENDAMIENTOS

Durante el Ejercicio de 1960, el saldo de esta cuenta no ha sufrido alteración alguna, por lo que sigue siendo de 82 317,53 pesetas y representa el total de las cantidades que en su día percibieron por aprovechamientos de pastos.

MULTAS

Como en la cuenta explicada anteriormente sigue también sin alteración en el Ejercicio a que nos venimos refiriendo, el saldo de esta rúbrica que es de pesetas 21 349,80, que representa el importe de sanciones que impuso en su día el Consejo, por incumplimiento de órdenes y disposiciones dictadas por el mismo.

DONATIVOS

Se comprenden en esta rúbrica, los recibidos desde julio de 1940 en que comenzaron las obras hasta la fecha del Balance y suman en total 5 718 758,95 pesetas, según el siguiente detalle:

Un donante en diciembre de 1949 25,00.

Don Pedro Corral en marzo 1 950 100,00.

Cuartel General de Milicias en noviembre de 1951 3 873 700,00.

Don José Abia del Prado, en noviembre de 1952 25,00.

Sindicato Madera de Guinea, en marzo de 1 953 475 439,29.

Don Diego Méndez González, Arquitecto Director de las Obras, devolución en 10 de abril de 1956 de los honorarios líquidos que le correspondieron desde el 4 de diciembre de 1954, expresando su deseo de contribuir a sufragar los gastos del altar de la Virgen de la Merced y del Pilar 1 369 469,66.

TOTAL 5 718 758,95.

Se recibió también de la Caja de Compensación y Reaseguro de las Mutualidades Laborales otro donativo, sin valorar, consistente en un Carrillón «max Roowo».

BENEFICIO EN ALMACÉN

Lucen como saldo de esta cuenta 24 954,11 pesetas y representan la ganancia obtenida al vender a precio superior al de costo y gastos, algunos artículos aún existentes.

CUENTAS CORRIENTES ACREEDORAS

Luce en esta cuenta como saldo de la misma la cantidad de 378 431,10 pesetas, pendientes de pago a «Construcciones Molán», por no haberse solucionado todavía el litigio con la expresada rúbrica.

CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

Figuran como saldo de esta cuenta 30 996,81 pesetas y representan el importe de los descuentos efectuados a los distintos perceptores por el impuesto de utilidades y por el 1,30% de Pagos al Estado, para ingresar en el Tesoro en el primer mes del Ejercicio siguiente.

OBRAS A EJECUTAR

Ofrece esta cuenta un saldo de 23 373 802,38 pesetas, igual al que se citó al hablar de la última cuenta de Activo «Obras Proyectadas» puesto que es la contrapartida de ésta y al ocupamos de aquélla, quedó ya aclarado su funcionamiento.

Explicado ya con el mayor detalle posible, según queda expuesto, el funcionamiento contable de todas las cuentas figuradas en el Activo y en el Pasivo del Balance, lo estimamos suficiente, a nuestro juicio, no creyendo preciso por tanto, dar mayor extensión a la presente Memoria y esperamos que el Consejo le preste su superior aprobación, como igualmente al Balance y Estados que se unen, unos y otros relativos al Ejercicio de 1960.

Madrid, mayo de 1961

EL CONSEJERO-INTERVENTOR

(Firma)

JUAN BLANCO ORTEGA, nació en Valencia en el año 1934 y murió en Madrid el 6 de febrero de 2012. Perteneció a la generación del Frente de Juventudes, en cuyas Falanges Juveniles de Franco fue jefe de Centuria. Se graduó en la Escuela Oficial de Periodismo en 1958, pero tres años antes de su graduación comenzó a trabajar como «meritorio» en el periódico Arriba. En 1959 ocupó la plaza de redactor y en 1973 la de redactor jefe único. En 1977 fue nombrado subdirector del diario El Alcazar cargo que ocupó hasta la desaparición del rotativo. Su sección política diaria «Crónica de España» gozó de gran popularidad en su tiempo.

Ha sido redactor de los «Diarios Hablados» de Radio Nacional de España, desde donde pasó en 1962 a los Telediarios de TVE. Allí dirigió diversos programas informativos. Destinado a la Segunda Cadena, creó y dirigió los programas «Crónica 2» y «Siete Días». Fue premiado con la Antena de Oro de Televisión en 1969. También fue redactor de las Agencias EFE y Europa Press. Ha publicado, en colaboración, Elegía por la generación perdida. Además Franco, Recuerdos: 1892-1992, 23-F: Crónica fiel de un golpe anunciado y en octubre de 2009 publicó su último trabajo de investigación: Valle de los Caídos. Ni presos políticos, ni trabajos forzados. Tenía, inédita, una biografía no autorizada del Rey Juan Carlos.