Crosa, Zuleika

Uruguayos en la Argentina: el devenir de una identidad / Zuleika Crosa. - 1a ed. . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Biblos, 2015.

Libro digital, EPUB

ISBN 978-987-691-407-9

1. Inmigración. I. Título.

CDD 325.1

Diseño de tapa: Luciano Tirabassi U.

Armado: Ana Souza

© Zuleika Crosa, 2015

© Editorial Biblos, 2015

Pasaje José M. Giuffra 318, C1064ADD Buenos Aires

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Hecho el depósito que dispone la Ley 11.723

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Agradecimientos

Mi mayor agradecimiento está destinado al doctor Juan Carlos Radovich, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador de la Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), mi director de tesis doctoral, por su permanente estímulo, sus comentarios y sugerencias.

Agradezco también a los residentes uruguayos en la Argentina, muy especialmente a quienes participaron en las entrevistas, la enorme colaboración brindada.

A la Universidad de Buenos Aires, pública y gratuita.

Al Programa de Posgrado Participativo, gratuito para los egresados de la Facultad de Filosofía y Letras.

A la beca doctoral otorgada por la Universidad de Buenos Aires, que permite el ingreso a la investigación a personas de hasta cuarenta años de edad.

A los profesores que guiaron mi formación académica de posgrado con cursos y seminarios de doctorado.

A los antropólogos porque, aun sin saberlo, fueron orientando mi adquisición de conocimiento y despertando mis intereses. Entre ellos, particularmente al doctor Miguel Alberto Bartolomé.

A mi madre, Marta Helgue, quien me legó el deseo por el conocimiento.

A mi padre, Ariel Crosa, quien me legó el sentido político de las cosas.

A mi marido, el doctor Darío Flores, quien siempre alentó mi trabajo intelectual.

A la licenciada y profesora Andrea Babini, quien realizó la corrección de estilo de mi tesis doctoral, por su profesionalismo y entusiasmo.

Prólogo

Juan Carlos Radovich*

Escribir este prólogo constituye una inmensa satisfacción personal, al comprobar la concreción de un exitoso trabajo de investigación llevado a cabo por la antropóloga social Zuleika Crosa. Este libro, por lo tanto, es el resultado de un encomiable esfuerzo de investigación académica, en el cual la autora vuelca algunos aspectos de su más extenso trabajo, plasmado en una tesis de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fruto de un exhaustivo y sistemático trabajo de campo etnográfico, que además refleja su amplia experiencia en la metodología de la investigación antropológica, Crosa logra transmitirnos con suma claridad, aunque sin perder rigor científico, las vicisitudes experimentadas por los inmigrantes uruguayos en la Argentina, al tratar de organizarse institucionalmente. Vemos así cómo, a través de sus páginas, este libro nos transmite las principales características de un proceso migratorio complejo y las profundas vivencias de los actores sociales que, no sin grandes dificultades, logran armar un entramado sociopolítico y cultural “propio”, no obstante su plena participación en la vida social en el país de destino.

El fecundo trabajo de Zuleika Crosa nos muestra con claridad, minuciosidad y rigor académico las dinámicas identitarias y los modelos de integración en el movimiento asociativo de los inmigrantes uruguayos en la Argentina. Analiza y se interroga, además, de qué manera ser parte de la sociedad se relaciona con la creación de identificaciones colectivas, que por un lado continúan los vínculos con el país de origen y las redes sociales más allá de las fronteras nacionales y, por otro, despliegan configuraciones de diverso tipo que cuestionan los marcos identitarios de los Estados-nación involucrados en los procesos migratorios. El enfoque de la autora parte de un modelo constructivista y relacional, en el cual se articulan aspectos estructurales de nivel macro con aquellos relacionados con los espacios microsociales, reflejados en las vivencias de los actores sociales en su elaboración identitaria, logrando de esta manera una adecuada configuración teórico-metodológica para el abordaje de una temática de gran complejidad.

Zuleika Crosa, como uruguaya de nacimiento e inmigrante en la Argentina desde temprana edad, pudo demostrar cómo este hecho, para nada desdeñable en cuanto a la familiaridad con el tema de investigación, no interfirió en sus resultados, sino que, por el contrario, facilitó la relación con el colectivo de uruguayos con los cuales llevó a cabo su labor. Asimismo, la autora logra concretar un trabajo muy valioso como aporte al conocimiento de un proceso migratorio escasamente estudiado desde las ciencias sociales en la Argentina. Así es como logra superar las dificultades halladas tanto en la consulta de fuentes de datos secundarios, como también los problemas de financiación de las investigaciones que existen en nuestro medio, a pesar de los avances recientes.

Finalmente, sólo queda reiterar el beneplácito por la labor realizada por esta investigadora uruguaya, radicada en la Argentina, quien con su silenciosa pero fecunda tarea ha logrado, desde su espacio de trabajo, efectuar un aporte valioso al proceso de integración en el Mercosur, en este caso en el plano académico, el cual esperamos sea un paso más en el crecimiento de una integración más sistemática y prolífica.

Presentación

Las migraciones internacionales constituyen escenarios de interés para reflexionar acerca de las identidades actuales, sus configuraciones y dinámicas. La construcción de una pertenencia colectiva vinculada a la experiencia migratoria es un tema clave en las agendas de trabajo que abordan el análisis de las migraciones contemporáneas desde las distintas ciencias sociales.

El afán por contribuir a la comprensión de estos procesos guió la investigación que presentamos en su versión de libro.[1] Su principal objetivo consistió en observar, desde la antropología social, la configuración de identidades en contextos migratorios, atendiendo a los procesos simultáneos de integración en la sociedad de residencia y de vinculación con el país de origen.

Con este fin estudiamos el devenir de una identidad –la uruguaya en la Argentina– cuyas manifestaciones reconstruimos indagando en los proyectos colectivos que se autodefinen a partir de ella y las condiciones de posibilidad en las cuales se encuentra inserta. Nos preguntamos por la creación de identidades sociales en contextos migratorios: ¿cómo se construye un nosotros dentro de un proceso migratorio?, ¿cómo representan las personas esa pertenencia grupal y cuáles son los límites de esa identificación en relación con los procesos de socialización que configuran (producen) a esos sujetos sociales?

Para llevar adelante esta tarea, nos centramos en el análisis del asociacionismo uruguayo en la Argentina, las personas y los proyectos que lo sustentan. Abordamos sus características generales señalando los criterios de las distintas agrupaciones. Por un lado, distinguimos el movimiento político, pilar básico de la organización de la migración uruguaya en la Argentina y en el mundo. Por el otro, nos detenemos en el movimiento social, en especial en la constitución de asociaciones voluntarias de migrantes con diversos intereses en torno a la socialización entre compatriotas y la difusión de la historia nacional, la música popular y la literatura uruguayas. Nos ocupamos asimismo del movimiento ciudadano que surge a instancias de las políticas de vinculación del Estado uruguayo con su población emigrada, representado por el Consejo Consultivo de Buenos Aires. En último lugar, nos referimos al movimiento artístico desarrollado alrededor de las artes carnavalescas, y su expresión a través de un proyecto que incluye un espectáculo barrial (corso[2] o tablado), una murga, [3] un taller de maquillaje, diseño y confección de trajes y, finalmente, un programa radiofónico dedicado a difundir la fiesta del carnaval. El grupo Mesa Baires de apoyo a la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, departamento de Uruguay (UTAA), y el Consejo Consultivo Baires no alcanzaron a ser analizados en este trabajo por su carácter reciente. Sin embargo, su surgimiento demuestra que nuestro análisis debe quedar abierto porque la realidad que registramos es dinámica y cambiante.

La información relevada en el presente estudio se obtuvo mediante el trabajo etnográfico propio de la antropología social: observación con participación, entrevistas, conversaciones focalizadas, consulta y análisis de bibliografía y fuentes secundarias: estadísticas (censos poblacionales y encuestas de hogares en ambos países), debates parlamentarios en Uruguay, estatutos del Frente Amplio de Uruguay, informes del Instituto Nacional Contra la Xenofobia, la Discriminación y el Racismo en la Argentina (INADI), leyes migratorias de ambos países, informes de las Conferencias Sudamericanas sobre Migraciones, la Organización Internacional para las Migraciones, las Naciones Unidas y las oficinas diplomáticas, en particular del Ministerio de Relaciones Exteriores en Uruguay y del Consulado y la Embajada de Uruguay en la Argentina. Otro tipo de fuentes no oficiales fundamentales en nuestro trabajo han sido las producidas por los propios agentes, vale decir, la colectividad uruguaya en la Argentina (documentos, boletines, gacetillas, publicidades, correos electrónicos, páginas web, blogs, etc.). El trabajo de campo, realizado entre 2004 y 2012, se desarrolló sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, áreas donde se concentra la gran mayoría de inmigrantes uruguayos en la Argentina según los censos nacionales de población de este país. Nuestra participación en eventos y viajes organizados por las agrupaciones que formaron parte de este estudio nos permitió entrar en contacto con asociaciones de otras ciudades como Concordia (Entre Ríos) y La Plata y Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y en algunos casos entrevistar a sus miembros. Asimismo, dada la profusa vinculación virtual entre estos grupos, accedimos también a redes que incluyen asociaciones radicadas en España, Francia y Brasil, entre otros países, a través de las cuales tomamos conocimiento de problemáticas que exceden esta investigación.

Las entrevistas y las conversaciones focalizadas sobre nuestro tema de interés tuvieron distintos interlocutores. En el caso del movimiento político, pudimos entablar relación con los líderes y con los miembros, más allá de su grado de participación, presencia y compromiso en las actividades relevadas. Por el contrario, en el resto de los movimientos (más acotados en cuanto a la cantidad de integrantes) recurrimos generalmente a los líderes (es decir, quienes fundaron y organizaron este tipo de grupos). En los grupos de mayor envergadura como el Consejo Consultivo de Buenos Aires y los artísticos pudimos acceder a otros agentes de estas organizaciones, además de sus líderes.

Presentado brevemente el objeto de estudio, en lo que sigue damos cuenta de la estructura de este libro, organizado en una introducción, cinco capítulos y la conclusión.

En la introducción exponemos las perspectivas de análisis a través de las cuales abordamos la problemática central de estudio: las identidades sociales en contextos migratorios. Tal comienzo obedece a una doble necesidad. Por un lado, dar a conocer los fundamentos generales de la investigación y las categorías de análisis con las cuales afrontamos la complejidad de los procesos sociales involucrados en el problema planteado. Por el otro, pensar la noción de migración dentro de un orden social e histórico determinado.

El capítulo 1 describe la inmigración uruguaya en la Argentina. Por un lado, se detiene en los diferentes contextos, en el país de origen y en el de destino o residencia, que determinaron las dinámicas de dicha inmigración a lo largo de más de cien años; asimismo, en las transformaciones en la composición de esta población según la información sociodemográfica, haciendo hincapié en su inserción laboral. Por otro lado, damos cuenta de las características de la vida colectiva uruguaya en la Argentina, sus expresiones políticas, sociales, ciudadanas y artísticas, además del perfil general de sus miembros.

Centrado en la militancia y el proselitismo, el capítulo 2 analiza el movimiento político uruguayo que constituyó el pilar fundamental de la organización de sus inmigrantes en la Argentina y en el mundo, y puso en cuestión el concepto de Estado-nación como un contenedor en términos territoriales de su comunidad política.

En el capítulo 3 se estudian las características centrales del movimiento social uruguayo en Buenos Aires. Para esto tenemos en cuenta tres proyectos asociativos: uno destinado a la socialización entre uruguayos, sus familias, vecinos y amigos; otro, al encuentro y amistad entre los pueblos argentino y uruguayo mediante distintas estrategias; el último, a la difusión de la literatura uruguaya a través de eventos de divulgación de distintos autores y un taller literario.

En el capítulo 4 estudiamos el movimiento ciudadano uruguayo desplegado en Buenos Aires a instancias de las políticas migratorias del Estado de origen, destinadas a institucionalizar la relación con la población emigrada a partir de 2006. Explorando una nueva ampliación del movimiento asociativo, analizamos la formación del Consejo Consultivo de Buenos Aires como figura organizativa propuesta desde Uruguay y retomada por algunos grupos preexistentes.

El capítulo 5 se ocupa del movimiento artístico uruguayo alrededor de la fiesta del carnaval. El desarrollo de proyectos artísticos –como las murgas de estilo uruguayo (organizadas en torno a un coro compuesto por varones acompañados de la instrumentación característica)– es habitual dentro de la colectividad. Sin embargo, nos hemos encontrado con una mezcla de estilos e incluso con innovaciones.

En último término se presentan las conclusiones. Con este objetivo, retomamos los aspectos más relevantes de la investigación y finalizamos con una síntesis del problema estudiado y los aportes para futuras líneas de investigación sobre la inmigración uruguaya en la Argentina.

Introducción

Imagínese que está en una playa tropical y toma entre sus manos un puñado de arena fina y blanca. Rápidamente sus granos se deslizarán entre sus dedos y muy poco quedará en sus manos. Lo mismo sucede con el tema de las migraciones: lo tomamos como objeto de estudio y comienzan a deslizarse temas como salud, género, trabajo, discriminación, racismo y xenofobia. ¿Qué nos queda si los temas mencionados son importantes a la hora de estudiar determinados grupos inmigrantes?

El proceso inmigratorio uruguayo que abordamos en este libro puede estudiarse sin que esos temas se vuelvan centrales. Podemos quedarnos con aquellos pocos granos de arena que permanecieron en nuestras manos, a saber: el proceso migratorio propiamente dicho y la formación de identidades en contextos migratorios.

Para analizar ese proceso, tenemos en cuenta ciertos fundamentos teóricos generales acerca de las identidades y ubicamos la noción de migración dentro de un orden social e histórico determinado.

Las identidades sociales

En lo que respecta a las identidades sociales, diversas perspectivas conforman la tradición teórica. El mayor consenso descansa en la propuesta interaccionista de Frederik Barth (1976), que considera el carácter relacional de las identidades étnicas; vale decir, su constitución en el plano de las interacciones sociales mediante un doble juego de aceptación (adscripción) y rechazo (exclusión) que sostiene la frontera o límite cultural y admite la persistencia de cada grupo étnico en el tiempo. Este modelo permite reconocer las fronteras y el mantenimiento de los límites étnicos que organizan los procesos de autoidentificación del grupo y de identificación, por parte de otros, en la arena pública (Radovich, 2006).

Las otras propuestas teóricas aportan características y potencialidades de la identidad étnica. En primer lugar, el primordialismo enfatiza la existencia de sentimientos primordiales en la socialización comunitaria. Básicamente, las personas se sienten vinculadas entre sí por lazos culturales vividos como naturales e irreemplazables aunque estos sentimientos, más allá de las vivencias, son dinámicos e históricos.

El constructivismo, en segundo lugar, retoma el carácter construido de las identidades de los grupos étnicos evidenciando sus componentes históricos, lingüísticos, culturales y/o imaginarios. Esta vertiente, orientada a la comprensión de la construcción social de la identidad, no debería culminar en un análisis valorativo que determine su mayor o menor legitimidad, sino entender que cada manifestación identitaria se corresponde con un momento histórico específico.

El instrumentalismo, en tercer lugar, remite a la posibilidad que tiene la identidad de ser utilizada como un recurso para la movilización política, lo cual incluye su manipulación para obtener determinados fines. Esta facultad de movilizar instrumentalmente una identidad, aunque no abarca más que un comportamiento coyuntural, resulta útil para explicar los comportamientos étnicos en ámbitos migratorios urbanos.

Incorporamos estas perspectivas teóricas teniendo en cuenta sus alcances y limitaciones, porque entre todas abarcan las distintas facetas de la cuestión identitaria. Tanto es así que, en su pionera definición, Roberto Cardoso de Oliveira (1977) las reúne: las identidades son las formas ideológicas que asumen las representaciones colectivas de un grupo étnico; se destacan por su carácter procesual, es decir que cambian con el tiempo y las circunstancias, se manipulan instrumentalmente y para definirse recurren a distintos signos diacríticos o elementos culturales.

Lejos de definir una identidad étnica en sí misma, empresa riesgosa por su alto grado de generalización, vamos a identificar la forma en que una identidad entra en acción y se asume políticamente, es decir, la etnicidad, teniendo en cuenta los contextos de dominio y sometimiento, y las tensiones y los conflictos (Trinchero, 2000; Vázquez, 2000; Valverde, 2009).

También incorporamos las estrategias de elaboración de identidades de los sectores dominantes, pues disponen de instancias institucionales (Estado, escuelas y propaganda por medios de comunicación masivos), que hacen que sus pretensiones de generar identidad se desenvuelvan con mayor amplitud y (a veces) con más eficacia (Juliano, 1992).

Sin embargo, no debemos olvidar que los sujetos producen un conjunto de prácticas y discursos que conforman el campo de la acción humana, la denominada “capacidad de agencia” (Giddens, 1993). Es decir que los individuos confrontan cotidianamente con un rango de alternativas potenciales para la acción, lo que implica que podrían haber actuado de otra manera y que cuentan con una variedad de modos prácticos de conocimiento (tácitos o inconscientes) sobre cómo proceder en los distintos contextos de la vida social.

Ahora bien, la identidad en contextos migratorios es una condición y una representación en tanto miembros de una colectividad que se confronta con otra en un nuevo contexto; se reformulan las identidades previas manteniendo la distintividad (Bartolomé, 2006).

En cuanto a la nación y el nacionalismo, resultan un punto central de las identidades sociales en contextos migratorios internacionales. Las formulaciones teóricas más aceptadas refieren a las naciones como comunidades imaginadas (Anderson, 2000) y al nacionalismo como el principio que orienta la vida política de nuestro tiempo (Hobsbawm, 2004; Gellner, 2001).

La identidad nacional posee una dimensión étnica aunque es importante señalar que sus referentes culturales son variantes de una misma tradición caracterizada por la presencia constructora del Estado. Las naciones constituyen colectividades de identificación etnoculturales construidas por un Estado y sus aparatos hegemónicos. Esta situación permite una intercomunicación generalizada que ayuda a compartir tradiciones inventadas o imaginar una existencia comunitaria.

Por su parte, el racismo se expandió como un componente del nacionalismo y dio lugar a diversas interpretaciones históricas de un otro salvaje, bárbaro y primitivo o, en su defecto, menos evolucionado, incivilizado, degenerado o portador de defectos hereditarios (Clastres, 1981; Taguieff, 2001; Foucault, 2010).

Las migraciones contemporáneas

Ubicamos la noción de migración contemporánea en la última mitad del siglo XVIII, período caracterizado por el crecimiento demográfico, la constitución de los Estados-nación europeos y la Revolución Industrial. Como problemática social, coincide con la nacionalización de la sociedad humana, noción desarrollada en su momento por Étienne Balibar (2005). En este sistema son fundamentales los instrumentos de gobierno de las migraciones, como las fronteras, la nacionalidad y los censos de población. Se trata de verdaderos mecanismos de control delineados para conocer y administrar tal fenómeno a nivel nacional, regional e internacional, y que violan los derechos más elementales de las personas. Las fronteras son espacios donde los derechos básicos se encuentran suspendidos. La nacionalidad, por su parte, sirve para desestimar los derechos políticos de los migrantes en los países de origen y recepción. Finalmente, los censos nacionales de población son constructos diseñados en términos raciales que han servido históricamente para crear diferencias en el interior de las sociedades (Said, 2008; Appadurai, 2001).

El fenómeno de las migraciones puede incluirse dentro de la constitución de un orden social que tuvo la particularidad de hacer surgir la noción de población y su realidad como problema científico y político. En palabras de Foucault, “la población entró en el campo del poder político hacia fines del siglo XVIII en el marco de un proyecto global de sociedad que tuvo «la particularidad de hacer surgir no sólo la noción de población sino su realidad»” (Foucault, 2009: 27).

En torno al dominio de los procesos vitales de una población en el tiempo, se conformó un tipo de saber y de poder biopolítico que se integró a los ya existentes mecanismos de poder soberano (sobre el territorio) y disciplinario (sobre los cuerpos individuales). La población comenzaba a ser concebida en su naturaleza, extensión y dinamismo a partir de la observación y la manipulación de sus principales fenómenos: la natalidad, la mortalidad y la longevidad. En épocas recientes las migraciones se perciben como el componente más dinámico o con mayor peso en las poblaciones humanas (Macadar, 2009).

Los procesos migratorios contemporáneos cobraron forma a partir de un tipo de conocimiento cuantitativo (la demografía) y técnicas de registro (los censos poblacionales y las encuestas de hogares), que consideraron población al conjunto de individuos en su totalidad.

En este marco, los desplazamientos de población adquirieron particularidades novedosas. La migración campesina fue la primera en su tipo si tenemos en cuenta su relación con los rasgos básicos de la producción capitalista: la disolución de las formas tradicionales de explotación agrícola, sin poner en su lugar nada equivalente, y la dinámica expansiva en Gran Bretaña, luego en toda la Europa continental y finalmente a escala mundial.

En estrecha relación con el éxodo rural se desplegó la migración intraeuropea, formada por trabajadores estacionales o permanentes. Tales flujos fueron un componente estratégico en la historia de la urbanización y la industrialización del continente europeo a partir del siglo XVIII. Esta población fluctuante de trabajadores era considerada por las burguesías una amenaza para las costumbres, un foco de brutalidad y criminalidad, además de una vía de acceso a potenciales riesgos sociales y revolucionarios (Mezzadra, 2005).

En relación con las migraciones transatlánticas, se estima que 60 millones de europeos emigraron hacia América durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. La mayor concentración se ubica entre 1870 y 1913, período en el que casi no existían controles o limitaciones políticas para desplazarse. El último impulso emigratorio tuvo lugar luego de la Segunda Guerra Mundial, con controles y restricciones legales en todos los países (Sánchez Alonso, 2002).

La emigración masiva europea se relaciona con un conjunto de factores determinantes entre los cuales se destacan el crecimiento demográfico, la diferencia de salarios entre origen y destino, los cambios provocados por la urbanización y la industrialización y, finalmente, las redes de migrantes y cadenas migratorias que transmitían información y facilitaban la inserción laboral en el país receptor (Devoto, 2006; Hatton y Williamson, 2004).

Las migraciones en América Latina fueron un correlato poblacional de la integración del continente a la economía mundial (Pellegrino, 2010). En sus diferentes formas, los desplazamientos se vincularon con los procesos mayores de industrialización, urbanización y transformación de la agricultura.

La migración interna fue la consecuencia social más importante de la desestructuración de las economías tradicionales cuando se generalizó el latifundio, y se implementó la mecanización y la comercialización de la agricultura o, en su defecto, el estancamiento rural (Arizpe, 1984).

La emigración hacia Europa y Estados Unidos, a partir de la década de 1960, representó un cambio en el patrón migratorio latinoamericano. Estos desplazamientos combinaron factores causales económicos y políticos en los países de origen y factores de atracción en los denominados “países desarrollados”.

Resulta menos conocido el desplazamiento intracontinental, en particular las migraciones en el Cono Sur. Allí, la Argentina constituye el ejemplo más importante desde el punto de vista migratorio, porque además de ser receptor de inmigración europea, recibió siempre corrientes originadas en los países limítrofes. El proceso continúa y se diversifica en la actualidad con el arribo de grupos procedentes de otros países de la región e incluso del continente africano.

La inmigración limítrofe en la Argentina indica su estrecha relación con las transformaciones en el mercado de trabajo del país. De forma temprana se insertó en las economías regionales. Luego, a mediados del siglo XX, en determinados nichos laborales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, convertida en el centro del subsistema migratorio del Cono Sur (Maguid y Cerrutti, 2006).

La inserción diferencial en el mercado de trabajo argentino tuvo su correlato en una ubicación subordinada de los grupos inmigrantes dentro de la sociedad. Ciertas características, como el origen migratorio de países limítrofes o de provincias del interior del país, configuraron una serie de valores, jerarquías, imaginarios y clasificaciones que fueron adjudicados a dichos grupos y remiten tanto al carácter racial que adquirieron las relaciones de clase (Margulis, 1999) como a prácticas de discriminación étnica.

Las políticas migratorias argentinas fueron relacionadas con la discriminación hacia los grupos limítrofes, dado que determinaron restricciones en el estatus legal y político, en el acceso a la protección social y en otros derechos básicos como la educación. Esto fue así antes de la reciente Ley de Migraciones, que está pensada desde la óptica de los derechos humanos (Pacecca y Courtis, 2008; ley 25.871/04).

En síntesis, vinculamos los fenómenos migratorios contemporáneos con la consolidación de la economía mundial, la estructuración política de las sociedades, la generación de etnicidades y los fenómenos transnacionales.

La expansión del sistema capitalista mediante la incorporación subordinada de grandes regiones del mundo (Wallerstein, 2006) tuvo el efecto de disolver las estructuras tradicionales del trabajo liberando mano de obra propensa a desplazarse.

La movilidad internacional del trabajo engendra diásporas proletarias cada vez más diversas en un proceso histórico incrementado a partir de la Segunda Guerra Mundial (Wolf, 2000). Las migraciones laborales, en sus distintas modalidades, constituyeron un tipo de fuerza de trabajo diferencial que no entró en forma directa dentro de los costos del capitalismo pues quedó, en general, a cargo de la economía doméstica (Meillassoux, 1977).

Para resumir, la acumulación capitalista buscaba nuevos mercados no capitalistas (Luxemburgo, 2007) y nuevos trabajadores que determinados países comenzaron a exportar (Sassen, 1988).

Las modalidades más recientes en la formación y la reproducción de los flujos migratorios son efectos de la globalización económica y cultural. Por un lado, los procesos de globalización se habrían convertido en factores centrales a la hora de explicar las migraciones como una consecuencia de la generalización de espacios transnacionales para la actividad económica. En ellos la mano de obra inmigrante funciona como sistema de suministro diferencial de trabajadores a nivel mundial (Sassen, 1988). El trabajo migrante pasa a insertarse en el sector terciario de la economía de los países desarrollados y en el sector secundario de los países en vías de desarrollo. La primera situación está estrechamente ligada a la imposibilidad de exportar los trabajos de servicios a países con mano de obra barata o vulnerable. Esta restricción despliega estrategias empresariales, como la creación de un mercado de trabajo secundario (Arango, 2003; Massey et al., 1993; Piore, 1979) y mal remunerado in situ, pasible de absorber a la población inmigrante. La segunda circunstancia se relaciona con la exportación de trabajos industriales al denominado Tercer Mundo en zonas francas e inversión extranjera directa.

Por otro lado, la circulación transnacional de capitales estaría generando patrones culturales mundiales que pueden explicar los flujos migratorios actuales. Entre ellos, se destaca la influencia que ejerce la industria global del entretenimiento y de la cultura de consumo. La globalización representa la naturalización de la hegemonía de la cultura occidental y de la profundización del sistema económico capitalista llevada hasta el borde de sus límites fácticos; se trata de la expansión de las formas occidentales de vida, de producción, de consumo, cristalizadas en un modelo económico (Balazote, 2007).

La estructuración política de las sociedades recrea permanentemente la diferenciación laboral instaurando así las condiciones básicas para la división internacional del trabajo. Dentro del suministro global de trabajadores, la mano de obra inmigrante se caracteriza por su reproducción en los países de origen y su mantenimiento en el país receptor, pero en determinadas condiciones que apuntan a reducir los costos en la organización de la producción.

Las políticas migratorias y sus tendencias restrictivas y selectivas, generalizadas a partir de la década de 1930 en el mundo, explican en gran medida las características y las modalidades que adquieren los procesos migratorios actuales (Mármora, 2004).

Las migraciones generan etnicidades de diverso tipo que constituyen puntos de referencia clave para la integración en la sociedad receptora (Portes y Rumbaut, 2010). Las comunidades se relacionan más allá de vivir lejos de casa (Hall, 2013). Persiste una identificación asociativa con las culturas de origen aun en una segunda y tercera generación de migrantes.

Por último, las migraciones tienen consecuencias culturales. Generan la simultaneidad del compromiso con los lugares de origen y de destino, y con comunidades transnacionales que involucran a los Estados comprometidos en el proceso migratorio (Basch et al., 1994; Kearney, 1995; Besserer, 1999; Glick Schiller y Levitt, 2004; Castro Neira, 2005).

Entretelones de la investigación

En cuanto a nuestro interés de investigación, surge particularmente de una cuestión autobiográfica que motivó preguntas acerca de las causas que inducen a grupos e individuos a migrar, los vínculos con el país de origen y de destino, y las modalidades de asociación y de vinculación entre compatriotas.

En este caso el alto contenido biográfico, o el hecho de que el investigador sea parte del proceso migratorio que se propone conocer científicamente, implica una primera inmersión en aspectos más conocidos intentando ordenar ese mundo habitual. Como antropólogos en casa tenemos un saber previo cuyo conocimiento debemos objetivar y en cierta forma reordenar.

La presente investigación comenzó con el tema de la militancia política de los uruguayos en la Argentina. Nuestras impresiones sobre esas prácticas se remontan a mediados de la década de 1980, en el barrio porteño de Almagro, donde solíamos asistir en familia a las reuniones del comité de base[4] denominado 19 de Marzo.

Asimismo, fuimos testigos de la vida política de los uruguayos frenteamplistas en diversos lugares de Buenos Aires. Nos referimos a las innumerables reuniones políticas donde se discutía, se estudiaba, se organizaban actividades proselitistas y se festejaba. En síntesis, los años de nuestra niñez y adolescencia como uruguaya en Buenos Aires transcurrieron siempre entre compatriotas comprometidos con la vida política de su país.

La primera formulación del tema o problemática de interés quedó delimitada en torno a la centralidad del accionar político de los grupos migrantes en relación con su país de origen, y en particular de la colectividad uruguaya en la Argentina.

Una vez lograda cierta conceptualización de lo conocido, no solamente pudimos profundizar y complejizar el conocimiento previo sino que avanzamos hacia otros aspectos del quehacer de este grupo inmigrante en la Argentina; esto es, facetas no observadas anteriormente como parte de la problemática de investigación: la vida social, ciudadana y artística de los uruguayos en la Argentina.

Otro punto esencial es el problema del acceso al trabajo de campo. El tipo de relaciones que el investigador establezca con los sujetos determinará el acceso a la información necesaria. El antropólogo es central en este proceso: debe construir ciertas relaciones cara a cara, que no se diferencian demasiado de otros tipos de vínculos en la vida social. De todas formas, las relaciones en el trabajo de campo deben ser cuidadas porque de ellas depende nuestro trabajo en general y poder descubrir la perspectiva a través de la cual las personas dan sentido a su mundo social.

Durante el trabajo de campo se presentaron distintas situaciones. Cuando comenzamos la investigación en el movimiento político, lo hicimos mediante nuestras relaciones familiares. Es decir que nuestra visión de ese mundo estuvo ligada al Movimiento de Participación Popular (grupo político que pertenece al Frente Amplio de Uruguay).

Por un lado, la familiaridad nos abrió las puertas a un conjunto de actividades y relaciones que de otra forma no hubieran sido posibles. Sin embargo, nuestro rol de investigadores y el hecho de no ser militantes políticos activos de ese grupo (asuntos aducidos y aclarados cada vez que fue necesario) nos cerraron el acceso a cierta información que sólo incumbe a los miembros plenos de ese grupo político. En efecto, en algunas ocasiones nos fue vedada la posibilidad de presenciar reuniones con políticos que venían de Uruguay. Pero en otras reuniones, también privadas, éramos especialmente invitados.

Nuestro ingreso a través de ese grupo político, además, nos quitó en su momento la posibilidad de relacionarnos con miembros del Partido Comunista, quienes nos veían como integrantes del Movimiento de Participación Popular más que como investigadores. Es habitual que los sujetos incluyan al investigador en su mundo conocido y le adjudiquen también un rol conocido en él, es decir, que quede implicado de determinada manera en esos mundos locales (Althabe y Hernández, 2005).

Además, el acceso por medio de ciertos ámbitos o personas condiciona fuertemente la entrada a otros espacios (Berreman, 1962). Aclaremos que en la actualidad las alianzas políticas han cambiado y quizá un trabajo de campo en este momento nos hubiera permitido ingresar al Partido Comunista (sin que nuestra familiaridad con el Movimiento de Participación Popular fuera un obstáculo) y tener contacto con sus miembros, cuyas trayectorias migratorias y políticas en la Argentina presentan interesantes particularidades.

Ya mencionamos que nuestra presentación como investigadores y la formulación de nuestros intereses de conocimiento fueron constantes. Siempre, ante cada situación en el trabajo de campo, debimos decir quiénes éramos y cuáles eran nuestras intenciones; en distintos momentos, ante diferentes personas y hasta frente a las mismas personas en cada oportunidad. Sin embargo, no se nos terminaba de ver como antropólogos; en particular, en el movimiento social y ciudadano, donde permanentemente fuimos interpelados por nuestra condición de uruguayos y puestos en la disyuntiva de tener que participar como miembros. Con algunos límites, lo hemos hecho. Por ejemplo, colaboramos en la confección de afiches, la organización de eventos, las presentaciones sobre el tema migratorio uruguayo y el voto en el exterior, en artículos escritos especialmente sobre la temática, en la venta y compra de bonos, rifas, libros, películas, etcétera.

En síntesis, en el movimiento que hemos denominado “social”, fuimos recurrentemente llamados a acompañar en las distintas tareas. En cierta forma, hubo una constante tensión que interfería en nuestra labor específica y tuvimos una persistente sensación de deuda. Aclaramos que este tipo de grupos son muy pequeños en relación con las dimensiones de las tareas que llevan a cabo. En todo momento necesitan trabajo voluntario, materiales de diverso tipo, dinero para realizar trámites burocráticos y otros.

Con respecto al movimiento ciudadano, uno de nuestros límites surgió cuando se nos pidió que fuéramos miembros del Consejo Consultivo de Buenos Aires como suplentes. En ese momento evaluamos que dicha participación nos corría de nuestro rol de investigadores y nos involucraba directamente en las problemáticas que imbuían a los miembros, fuera entre ellos o con la oficialidad del país de origen. ¿Cómo podíamos analizar una problemática social y entender los distintos puntos de vista si nos encontrábamos involucrados en las deliberaciones y decisiones? De todas formas, nuestra decisión no invalidó que emitiéramos opinión cada vez que fuimos interpelados, pero basados en ciertos fundamentos que nos daba nuestro proceso de investigación.

Es necesario aclarar dos cuestiones. Por un lado, a lo largo de nuestra investigación hemos interactuado con científicos sociales que sí han puesto su firma como miembros de consejos consultivos de otros países aunque especificaron que ese punto no había sido su temática de investigación. Por otro lado, nuestro límite nos cerró las puertas a cierta información relativa a los consejos. Se nos negó la clave para acceder a los foros virtuales semanales que realizaban los consejos consultivos de uruguayos conformados en varios países del mundo. Era una información importante que nos hubiera permitido tener una perspectiva más amplia y un conocimiento más acabado de los procesos que se estaban realizando al mismo tiempo en otros países.

Paradójicamente el ámbito más alejado de nuestra experiencia previa, basada en el conocimiento del movimiento político, fue el más amigable a la hora de desarrollar el trabajo de campo. Nos referimos al proyecto cultural en torno a las artes del carnaval, que incluía una murga, un corso, un taller de vestuario, un programa de radio, etcétera.

Al comienzo lo sentimos un mundo extraño e incomprensible: reinaba el movimiento corporal, el baile, la risa, el canto y sobre todo el juego grupal. Constantemente se jugaba a las adivinanzas, a inventar canciones, a hacer movimientos rítmicos simultáneos en grupo, etc. Era claro que estábamos entrando en el mundo de los artistas. Poco a poco fuimos moviéndonos y jugando con ellos mientras realizábamos nuestro trabajo de campo. También colaboramos en diversas tareas, como la cocina de alimentos y la confección del vestuario, y ofrecimos elementos (cuentas de colores, botones, etc.) siempre necesarios para el espectáculo artístico. Incluso, motu proprio, les regalamos dos discos originales (CD) de murgas uruguayas. Pero en ningún momento fuimos requeridos para realizar ninguna actividad, ayuda o colaboración.

Nuestro acceso a este proyecto artístico comenzó a través de su directora, quien nos propuso en primera instancia que asistiéramos a los ensayos que realizan los sábados en el parque Centenario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de concurrir en varias oportunidades, nos invitó a las jornadas colectivas de confección del vestuario y de los ornamentos del espectáculo denominados “fantasías”. Entonces participamos de los asados y comidas al mediodía. Después estuvimos en el programa de radio semanal que conduce la directora. Allí por primera vez vivimos la experiencia de estar del otro lado del vidrio, de usar los audífonos, el micrófono y saludar al público oyente.

Otras experiencias por demás enriquecedoras con este grupo fueron los viajes a los distintos lugares donde presentaban sus espectáculos. Viajamos con los instrumentos y los trajes que ocupaban un espacio importante del ómnibus. Las salidas eran en horario de la tarde y durante el viaje se jugaba y se cantaba. Los regresos, después de medianoche, se daban entre conversaciones en voz baja y personas que dormían.

Durante dos años consecutivos asistimos al corso o tablado que realizan en el barrio de Almagro. Llegábamos temprano para presenciar todos los preparativos y nos retirábamos a medianoche al finalizar el evento.

Por último, asistimos a una reunión de directores de murga pertenecientes al circuito oficial del carnaval porteño acompañando a la directora, donde nos presentó, en todo momento, como “la antropóloga”. Es probable que identifiquemos un subcampo o acuerdos preliminares no siempre explícitos, es decir una relación entre el investigador y su interlocutor donde, más allá de un contrato explícito, hay un arreglo concreto en el que ambos encuentran un beneficio (Abélès, 2002). Vamos a destacar dos puntos relevantes, relacionados en cierto sentido con la idea de subcampo para comprender nuestra inserción en ese proyecto. Por un lado, la directora conocía a nuestra familia por haber militado también en el comité de base 19 de Marzo en la década de 1980 (entre los doce y los trece años de esta investigadora o aun antes). Por otro lado, y más importante, en el programa de radio semanal suele conducir una columna sobre temáticas relacionadas con la fiesta del carnaval de Alicia Martín, reconocida antropóloga con una vasta trayectoria en la docencia y la investigación. En una ocasión en que asistimos a un programa de radio nos encontramos con Alicia, quien fue además nuestra profesora en la carrera de Ciencias Antropológicas.

Así, los miembros de este grupo artístico, y su directora especialmente, estuvieron siempre abiertos a los profesionales académicos. Incluso, según surgió en las entrevistas, es habitual que se acerquen estudiantes de diversas carreras para realizar investigaciones, sacar fotografías, hacer entrevistas, etc. La directora, además, es permanentemente entrevistada por distintos medios de comunicación (radiofónicos y gráficos) de la Argentina y Uruguay.

Para desarrollar la presente investigación, hemos delimitado un universo de análisis acotado al movimiento asociativo de inmigrantes uruguayos en la Argentina, teniendo en cuenta sus relaciones internas, con otros grupos de uruguayos en diferentes países y con la sociedad receptora y el país de origen.

Algunos grupos hoy no se encuentran en actividad aunque sí lo estaban durante los años que duró nuestro trabajo de campo.

El universo, además, reunió el conjunto de la producción escrita y virtual de estos grupos a los que tuvimos acceso, recolectada a lo largo de esta investigación.

Las unidades de observación elegidas fueron las organizaciones político-partidarias, asociaciones de residentes, casas culturales y grupos literarios y artísticos. Ninguna de estas organizaciones se conformó específicamente para alcanzar algún tipo de ganancia material; por lo tanto, podemos definirlas como asociaciones voluntarias.

Actividades de tipo comercial ligadas a cuestiones relacionadas con la identidad uruguaya no han sido abordados en este trabajo (restaurantes, casas de comida, emprendimientos dedicados a traer espectáculos de Uruguay a la Argentina, etcétera).

Las unidades de análisis en el ámbito del movimiento asociativo uruguayo en la Argentina fueron definidas como el conjunto de relaciones dentro y entre los distintos grupos mencionados, con el conjunto de la colectividad uruguaya a quien van dirigidas sus acciones, participen o no del movimiento asociativo.

Además, se tomaron en cuenta, para la observación y el análisis, las relaciones establecidas con otros grupos de la diáspora en diferentes países del mundo y con distintos sectores sociales de la Argentina y Uruguay y con el Estado (instituciones diplomáticas y gubernamentales de ambos países). Con respecto a los organismos internacionales (supraestatales), si bien el vínculo con los grupos observados no fue directo, pudimos observar que los primeros influyen determinando lineamientos políticos sobre la cuestión migratoria que luego repercuten a través de los Estados en los grupos migrantes.

Hemos expuesto hasta aquí algunos aspectos de los principios epistemológicos, los lineamientos metodológicos y el proceso de investigación (los cuales incidieron en sus resultados), así como el recorte de nuestro objeto de estudio. De forma insoslayable hemos adelantado algunos contenidos etnográficos a los que están dedicados los próximos capítulos.

Todas estas cuestiones han sido fundamentales para la delimitación del problema tratado en este libro y la realización del trabajo de campo en un grupo poco conocido: el movimiento asociativo de uruguayos en la Argentina. Sobre él nos preguntamos por la creación de identidades sociales en contextos migratorios: cómo las personas constituyen un nosotros dentro de un proceso migratorio, cómo representan esa pertenencia grupal y cuáles son los límites de esa identificación en relación con los procesos de socialización que configuran (producen) a esos sujetos sociales.

CAPÍTULO 1

La inmigración uruguaya en la Argentina

Dinámicas, flujos, perfiles e integración

Resulta poco conocido el proceso inmigratorio vivido por los uruguayos en la Argentina en relación con el conocimiento acerca de otros grupos procedentes de países limítrofes. En efecto, no contamos con trabajos específicos previos desde la antropología social a esta investigación. La información existente se encuentra dispersa y poco desarrollada en diversos estudios, en los que se presenta en general como excepción o contraejemplo.

Ante esta situación, y para reconstruir la historia y las características del proceso que nos ocupa, debimos hurgar pacientemente en la información colateral que brindan las investigaciones en la Argentina, los trabajos realizados en Uruguay sobre la emigración en ese país y los datos censales de ambos países. Esta estrategia nos permitió acceder a la información cuantitativa disponible y, a partir de ella, presentar de forma ordenada la historia de la inmigración uruguaya en la Argentina.

En lo que sigue exponemos las particularidades de este proceso, teniendo en cuenta la información sobre la cantidad acumulada de migrantes, que presenta una aproximación a los flujos migratorios, los factores explicativos que en ciertos períodos se relacionaron con acontecimientos en el país de destino de la migración y en otros con el país de origen y, finalmente, los perfiles sociales y económicos de esta población inmigrante en la Argentina.

El fenómeno de las migraciones en Uruguay se inscribe en la historia de un país de emigración, según lo denominó el sociólogo César Aguiar (1982) en su análisis pionero sobre la evolución demográfica de Uruguay. Este autor señaló que la estructura económica y social del país, consolidada desde su constitución política (1830), tendió progresivamente a la disminución de su población mediante la emigración y la baja fecundidad poblacional.

Estas condiciones se remontan al período de inserción de Uruguay en el mercado económico europeo como país productor primario, cuya consecuencia social más importante fue el desarraigo de la población rural (Jacob, 1969) y la concentración de la propiedad de la tierra bajo el sistema del latifundio y la explotación extensiva. En efecto, desde su constitución política y en pleno período de poblamiento y de crecimiento urbano, en especial de Montevideo, Uruguay expulsaba una parte importante de la población nativa y de la inmigración procedente de Europa hacia Buenos Aires, las ciudades del litoral argentino y el sur de Brasil. Gran parte de estos grupos se radicaba en la Argentina; de hecho, los censos de 1869 y 1895 mostraron un incremento en la cantidad de residentes uruguayos, que fueron el grupo mayoritario entre la inmigración limítrofe en ese país (gráfico 1, cuadro 1).

A la mencionada situación expulsiva en Uruguay se sumó la atracción de trabajadores generada por la expansión económica bonaerense y la región pampeana circundante en la primera década del siglo XX. Los datos censales argentinos muestran la ubicación preferencial de la inmigración uruguaya en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, así como en Entre Ríos y Santa Fe. Básicamente estos flujos de población respondieron a la demanda laboral que originó la apertura económica de la región de Buenos Aires y de La Pampa a la producción agropecuaria, el desarrollo y dinamismo del sector exportador. Esta atracción fue significativa: comparativamente se estimó que la población uruguaya en la Argentina crecía a una tasa media anual del 4% entre 1869 y 1914, mientras la población de Uruguay crecía en un período similar (1860-1908) a una tasa del 3,2% anual (gráfico 2). También fue notable en relación con otros grupos limítrofes en la Argentina, pues la inmigración uruguaya fue la más voluminosa registrada hasta el censo de 1914.

Posteriormente, la disminución de la inmigración uruguaya observada a partir del censo argentino de 1947 volvía a mostrar su estrecha relación con el modelo agroexportador que presentaba dificultades a partir de la crisis mundial de 1929. Sin embargo, cabe preguntarse por qué los flujos no se dirigieron al sector industrial y de los servicios, que comenzaban a crecer a partir de mediados de la década de 1930, cuando se inició el período de sustitución de importaciones, en particular en la zona metropolitana de Buenos Aires.

La explicación acerca del cese de la inmigración uruguaya, pese a la atracción que siguió ejerciendo el mercado laboral argentino en este período, se encuentra en el país de origen. En efecto, la disminución de los flujos –hasta llegar a su detenimiento casi completo durante la década de 1950– mostró cómo coyunturalmente Uruguay pudo, por un período, retener a su población propensa a emigrar. Los procesos industrializadores y burocratizantes abiertos en ese país como respuestas a la crisis de 1929 ofrecieron en este sentido una alternativa al éxodo rural y urbano.

Entre los procesos más destacados destacamos la expansión del sistema de previsión social (jubilaciones), que permitió liberar puestos de trabajo, y la creación de empleo en la industria liviana (electrodomésticos, textil, alimentos, etc.). Asimismo, se estimó que las restricciones en el acceso de inmigrantes internacionales reservaron a los migrantes internos las oportunidades laborales en el aparato estatal de las ciudades uruguayas (Nahum et al., 2007).

Se trata del período de expansión del Estado de bienestar, un contexto muy favorable para la exportación uruguaya hasta el fin de la guerra de Corea (1955), que le permitió al país disponer de un gran volumen de excedentes invertidos en la sociedad de acuerdo con un proyecto modernizador. También conocido como el Estado batllista,[5] el Estado protector y dirigista propició la urbanización, la expansión educativa, la seguridad social y la movilidad social con el objetivo de crear un país de clase media donde predominara el pequeño propietario, liberal y abierto a las nuevas ideas (Nahum, 1986). Esta temprana modernización en el contexto regional abonó, con cierta dosis de verdad, el relato historiográfico nacional de la excepcionalidad del país que le valió el nombre la Suiza de América.

La disminución y el cese de los flujos hacia la Argentina registrados en los censos de ese país en 1947, 1960 y 1970 mostraron que la inmigración uruguaya quedaba al margen de los procesos más significativos en la historia de la inmigración limítrofe en la Argentina registrados hacia mediados del siglo XX. A saber: el aumento en su volumen (50% de incremento según los registros censales de 1947 y 1960), la redistribución espacial hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires y la integración diferencial en el mercado de trabajo.

En cuanto al mercado laboral, tuvo lugar una distribución sectorial por ramas de actividad de la población económicamente activa de origen boliviano, chileno, brasileño y paraguayo. Estos grupos disminuyeron su presencia en el sector agropecuario y en la minería mientras aumentaron, de manera notable, su participación en la construcción, el comercio y los servicios personales. Por último, mermó paulatinamente su ocupación en la industria manufacturera y los servicios básicos, quedando así relegados a los trabajos con condiciones más desfavorables (Marshall y Orlansky, 1983; Carrón, 1980).

Por el contrario, la población de origen uruguayo siguió concentrada en un 65% en el sector de servicios y redujo su participación en el sector productor de mercancías. Asimismo, y como consecuencia, se alejó de la nueva clase trabajadora que se estaba conformando. Ésta se nutría de migrantes internos e inmigración limítrofe, definidos en términos raciales como “cabecitas negras” que amenazaban con cambiarle el rostro europeo a Buenos Aires (Ratier, 1971) y generaban toda suerte de imaginarios amenazantes en las clases medias.

Hasta ahora sabemos que la atracción del mercado laboral argentino fue constante para los trabajadores uruguayos. Algunos autores propusieron analizar esta atracción en el marco de los procesos de urbanización característicos de toda la región. Teniendo en cuenta un área ampliada que incluyera a la Argentina y Brasil como un sistema urbano regional, se demostraba que las ciudades uruguayas progresivamente perdían peso en dicho sistema (De Sierra, 1992; Petrucelli y Fortuna, 1976; OIM, 2011).

También sabemos que determinados factores en el país de origen pueden operar más allá de los condicionamientos externos, como sucedió hacia mediados del siglo XX cuando el Estado de bienestar uruguayo retuvo población, y como volvió a suceder hacia fines de la década de 1960 pero en sentido inverso con el fin del Uruguay liberal. En efecto, el censo argentino de 1980 registró un incremento del 50% en el volumen de la inmigración uruguaya respecto del censo de 1970.

Estos datos reflejan la gran emigración uruguaya de la década de 1970. Según los datos producidos en Uruguay, entre 1963 y 1975 (período intercensal uruguayo) emigraron 200.000 personas (el 8% de la población total). Su distribución por años de salida presentó el siguiente esquema: 14.000 personas entre 1963 y 1967, 62.000 entre 1968 y 1972, y 124.000 entre 1973 y 1975 (Wonsewer y Teja, 1985). De este grupo total, el 66% se dirigió hacia la Argentina, en particular Buenos Aires, aunque también comenzó cierta diversificación en los destinos (antes acotados a la Argentina y Brasil): Estados Unidos, Europa y Australia.

Distintos estudios en Uruguay se han ocupado del tema emigratorio en este período, combinando perspectivas económicas y sociopolíticas. Por un lado, se planteó que se trata de un fenómeno estructural en el marco de un modelo económico y social que tiende en forma progresiva a la reducción poblacional del país. No hay posibilidades para el crecimiento poblacional en Uruguay mientras las variables de ajuste sean el nivel de los salarios y del empleo. Los correlatos de esta situación han sido, históricamente, la emigración y la reducción temprana de la fecundidad. También las causas se encuentran en el descenso sostenido del salario real como factor central en un contexto de estancamiento económico.

Por otro lado, se explicó la emigración como una respuesta ideológica y cultural al descenso acumulado en la calidad de vida, frente a las expectativas de una población altamente educada y con experiencia de vida urbana. Esta tensión estructural entre la modernización y el estancamiento económico fue de las más críticas en el contexto regional del Cono Sur (Filgueira, 1989).

Por último, la crisis económica fue acompañada por la toma de conciencia del fin de un modelo de sociedad incorporado durante la primera mitad del siglo XX que culminó con el golpe de Estado civil y militar en 1973. Terminaba un modelo basado en las ideas de una sociedad abierta, democrática y participativa con amplias posibilidades de movilidad social. De todas maneras, otros autores plantearon la debilidad que siempre tuvo ese Estado de bienestar que fue prematuro, “sin industria, con pies de barro, pasto y pezuña” (Methol Ferré, 2010: 83).

Como resultado de este incremento en el volumen de uruguayos en la Argentina podemos distinguir, en la década de 1980, dos corrientes migratorias en dicho país. Una instalada hasta mediados del siglo XX con las siguientes características sociodemográficas: sobre todo femenina, envejecida (57% de la población mayor de cincuenta años), instruida (56% con más de cuatro años de instrucción) y relativamente retirada de la actividad (tasa de actividad del 41%). Otra, posterior, que creció con celeridad en la década de 1970: en su mayoría femenina, joven (entre veinticinco y veintinueve años), asalariada (con ocupaciones en la industria, el comercio y los servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires).

Si analizamos su dinámica y las formas de integración laboral, observamos que la inmigración uruguaya presentó nuevas transformaciones y cierto estancamiento a partir de la década de 1980.

En lo que respecta a la dinámica, se infiere de los datos censales argentinos que los flujos continuaron aumentando entre 1980 y 1991, a pesar de las complejas circunstancias de esa década (en la Argentina, el progresivo deterioro económico y en Uruguay crisis, recuperación económica y retorno democrático en 1985). Una particularidad es que la emigración uruguaya a la Argentina estuvo integrada mayoritariamente por núcleos familiares completos y, si bien no se puede deducir de los datos censales qué tipo de vinculaciones económicas mantienen los emigrantes con sus familias en el Uruguay, no resulta claro que el patrón migratorio que implica disociación entre país de trabajo y país de residencia de la dependencia familiar esté funcionando en este caso.

A partir de los datos producidos por los dos últimos censos argentinos, sabemos que la inmigración uruguaya presentó escaso dinamismo (Cerrutti, 2009). El censo de 2001 marcó una importante disminución en su volumen y esa tendencia continuó, aunque en menor proporción, según el censo de 2010. Diversos análisis entendieron que la explicación del cese de los flujos hacia la Argentina reside en un cambio en el patrón emigratorio de la población uruguaya hacia otros destinos. El fenómeno de la emigración en Uruguay no ha cesado. En cifras, se calcula que ese país pierde cada década más del 5% de la población total por emigración. Se proponen estimaciones que revelan un total de 100.000 personas emigradas por década entre 1975 y 2003 (Pellegrino y Calvo, 2005). En este último período los destinos comenzaron a centrarse en Europa y Estados Unidos en desmedro de la Argentina.

A partir de 2006, empezó a detectarse un incremento en los volúmenes de retorno de uruguayos relacionado con la crisis europea, las restricciones migratorias en Estados Unidos y cierto crecimiento económico en Uruguay percibido como positivo para el retorno, lo que plantea un escenario novedoso a futuro (Crosa, De Souza y Diconca, 2012; Crosa y De Souza, 2013; Koolhaas, 2007; Macadar y Pellegrino, 2007).

En cuanto a la participación de los trabajadores uruguayos en la actividad económica argentina, se registraron algunos cambios significativos que siguen las tendencias mundiales del trabajo inmigrante en cuanto a su inserción en los servicios personales y en trabajos de escasa calificación. El patrón de inserción laboral a partir de la década de 1990 ha tendido a aproximarse al perfil del conjunto de la inmigración limítrofe argentina, presentando cierta concentración en el servicio doméstico para las mujeres y la construcción para los hombres. En líneas generales, se registra una mayor participación de los uruguayos en trabajos de tipo independiente, en los servicios personales y en empleos no especializados en hoteles y restaurantes.

Particularidades demográficas de la inmigración uruguaya en la Argentina

Con el objetivo de presentar un panorama general de este grupo en términos demográficos, hemos recuperado los aspectos más relevantes, según señalan distintas investigaciones, del proceso inmigratorio uruguayo en la Argentina.

En este apartado retomaremos sintéticamente dos de sus características más importantes: la dinámica de los flujos (inferida del registro censal) y la integración económica, para completar la caracterización poblacional con los datos más recientes.

Para comenzar, destacamos que el cronograma de llegadas difiere del conjunto de la inmigración limítrofe. Por un lado, fue el grupo más antiguo y mayoritario entre el siglo XIX y comienzos del siglo XX, constituyendo el 40% del total de los inmigrantes limítrofes (INDEC, 1869-2010). Por otro lado, los flujos se detuvieron en la década de 1950, mientras el resto de la inmigración limítrofe comenzaba su incremento e incorporación diferencial en el mercado laboral del Área Metropolitana de Buenos Aires. El volumen de uruguayos recién se duplicó en la década de 1970, en especial por causas económicas y políticas en el país de origen. Finalmente, luego de un relativo incremento registrado en los censos de 1980 y 1991, su número disminuyó en forma considerable según el censo de 2001 (situación sólo comparable con la inmigración chilena) y permanece estable de acuerdo con el último censo argentino (2010).

En segundo lugar, registramos una diferencia importante en cuanto a la integración en el mercado laboral argentino. La inmigración uruguaya no formó parte de los procesos más significativos en la historia de la inmigración limítrofe ocurridos hacia mediados del siglo XX; a saber: su considerable aumento, su concentración en Buenos Aires y su inserción en determinados nichos laborales. Por esta razón, entendemos que también quedó relativamente relegada de los procesos de estigmatización racial o étnica que marcaron a las nuevas clases trabajadoras durante ese período.

En último lugar, la información más reciente acerca de la inmigración uruguaya contiene algunas características destacables. El escenario actual continúa localizado preferentemente en Buenos Aires, donde se ubica el 90% de los residentes. En su mayoría (47%) viven en la provincia. El perfil por edad presenta una clara concentración en los grupos de veinticinco a cuarenta y nueve años y, en segundo término, de cincuenta a sesenta y cuatro años. El porcentaje de personas con cincuenta y cinco años y más –que en términos demográficos se considera población envejecida– es elevado: alcanza el 25% en la provincia y el 30% en la ciudad de Buenos Aires. En directa relación con esa composición por edad, hay un predominio de mujeres; según el último censo argentino representan el 52%.

La particularidad de este grupo, si tenemos en cuenta los parámetros demográficos destacados en diferentes estudios, ha sido su similitud con las características de la población total de la Argentina.

En el mercado laboral, los uruguayos presentaron una importante diversificación en los sectores de la industria manufacturera, el comercio (al por mayor y menor, y servicios de reparación) y los servicios (incluyendo transporte, almacenamiento, comunicaciones, sociales y comunales). Sin embargo, cabe destacar una tendencia generalizada a la incorporación en los sectores laborales de menor calificación y del servicio doméstico. El nivel educativo también es similar al de la población total de la Argentina. Los mayores porcentajes se encuentran en las categorías de primario completo y secundario completo.

Finalmente, muchos de los rasgos de este grupo en tanto población se relacionan con la mayor antigüedad en la residencia en la Argentina. Por ejemplo, los altos porcentajes en el sector formal del mercado de trabajo con los consecuentes beneficios sociales que dicha situación acarrea.

La vida colectiva uruguaya y los protagonistas

Hemos reconstruido las particularidades del proceso inmigratorio en términos cuantitativos abarcando un período de más de cien años de historia. Presentamos una aproximación a los flujos teniendo en cuenta el conteo censal, un encadenamiento de factores que propiciaron la emigración y los perfiles como grupo poblacional en la Argentina.

A continuación, el análisis retoma nuestra labor etnográfica, entendida como una forma de investigar que reúne determinadas características (Rockwell, 2009): la experiencia prolongada del etnógrafo en una localidad y su interacción con quienes la habitan, el trabajo analítico plasmado en un documento descriptivo de la realidad social no documentada y el punto de vista de los protagonistas; por último, el trabajo reflexivo acerca de las concepciones que orientan la forma en que el investigador mira y describe esa realidad.

Así presentamos a la colectividad uruguaya, su movimiento asociativo y el perfil de sus miembros. Además, en función de la militancia política de éstos y la centralidad de la inmigración en la década de 1970, destacamos algunos aspectos de la identidad nacional uruguaya y de la dictadura civil y militar en ese período, procurando delimitar el conjunto de bagajes o experiencias de origen que orientaron las configuraciones identitarias desarrolladas por este grupo en la Argentina.

En su historia de larga data, los inmigrantes uruguayos en la Argentina constituyeron diversas formas colectivas de identificación (Crosa, 2008; 2009b, 2009c). Por un lado, se destaca el proyecto político orientado al país de origen, que implicó la capacidad de actuar colectivamente y movilizarse para la participación electoral en Uruguay. Al no existir el voto epistolar o consular, esto supone desplazarse a Uruguay en cada elección (Crosa, 2007). Por otro lado, se crearon proyectos sociales –asociaciones voluntarias dedicadas a la socialización, la recreación y la difusión de ciertas “tradiciones uruguayas”–[6] que representan con distintos énfasis el sentido de la experiencia migratoria uruguaya en la Argentina (Crosa, 2011a, 2012).

A partir de 2005, reconocemos la creación de un proyecto “ciudadano” cuando el Estado uruguayo comenzó a incidir significativamente en las formas organizativas de su población emigrada al implementar una serie de políticas migratorias, en particular el programa de vinculación denominado Departamento 20-La Patria Peregrina.[7] En el caso de Buenos Aires, este programa obligó a reorganizar el asociacionismo preexistente; básicamente porque fue necesario conformar un nuevo grupo para participar: el Consejo Consultivo de Buenos Aires (Crosa, 2009a, 2009c, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2011d; Crosa, De Souza y Diconca, 2012).

Por último, los proyectos artísticos relacionados con la fiesta del carnaval –murgas y comparsas–[8] siguen el estilo uruguayo tradicional, aunque también hay lugar para una “mistura”[9] de estilos donde encontramos incluso innovaciones estilísticas (Crosa, 2011b, 2011c).

Repasando la vida colectiva de estos grupos observamos dinamismo, a juzgar por el cronograma de actividades que los reúne año tras año. En cuanto a la vida política, sobresalieron las “campañas” proselitistas con motivo de las elecciones nacionales y municipales en Uruguay. Pero también fueron habituales las campañas por los plebiscitos y/o referendos que convocaron a la ciudadanía uruguaya a proclamarse respecto de distintos temas, relacionados en general con la defensa del funcionamiento y las incumbencias del Estado. Estas campañas implicaron un intenso despliegue de actividades por parte de los militantes del Frente Amplio de Uruguay en la Argentina: reuniones de organización, propaganda en lugares públicos y eventos masivos en los que participaron generalmente políticos y artistas (cantantes, sobre todo) que viajaron desde Uruguay, pero también, estos últimos, de la colectividad uruguaya en la Argentina. De forma más específica, los militantes realizaron además propaganda con motivo de las elecciones internas del Frente Amplio (donde se elige el candidato presidencial y sus propios representantes dentro del partido en Uruguay) (cuadro 2).

Han sido habituales las reuniones políticas a las que asisten personalidades de Uruguay, en general representantes de los grupos políticos que integran el Frente Amplio (legisladores, funcionarios gubernamentales, candidatos políticos, etc.). En ellas dan sus discursos y dialogan con el público presente. Durante los períodos electorales estas reuniones se intensifican y la vida política adquiere gran efervescencia.

Por su parte, son periódicas las actividades realizadas por los comités políticos y los partidos o sectores políticos del Frente Amplio con representación en la colectividad uruguaya en la Argentina. Los primeros, además de las reuniones semanales, festejan cada 25 de agosto el Día del Comité con una comida y renuevan mediante elecciones sus autoridades (presidente, secretario y responsables de las comisiones de Prensa, Organización y Finanzas). En cuanto a los partidos o sectores del Frente Amplio que tienen grupos de militantes radicados y organizados en la Argentina, son usuales los festejos, las conmemoraciones y las actividades políticas. Entre los más destacados por su concurrencia, podemos mencionar el festejo anual por el aniversario del Partido Comunista de Uruguay. Asimismo, el Movimiento de Participación Popular ha realizado fiestas de fin de año y reuniones políticas públicas. El conjunto de esta militancia política, a su vez, organiza eventos especiales como el festejo por el 40º aniversario de la creación del Frente Amplio en Uruguay, en 2011, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por último, destacamos la conmemoración anual realizada por la Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en la Argentina (integrada por residentes uruguayos frenteamplistas) con motivo del secuestro y asesinato de ciudadanos uruguayos en la década de 1970. Dicha conmemoración coincide con la Marcha del Silencio en Uruguay, convocada por organismos como Familiares de Desaparecidos, etcétera.

La vida asociativa de este grupo se concentra, asimismo, en la organización de actividades recreativas: reuniones de encuentro donde se comparte un almuerzo y animadas sobremesas, festejos anuales (Día del Niño, Día de la Madre, fin de año, cumpleaños…) y eventualmente festivales de música y canto (en general con artistas uruguayos residentes en la Argentina). Las conmemoraciones patrias, por su parte, tienen un lugar destacado. En particular el Día de la Independencia de Uruguay (25 de agosto) y el Día del Natalicio del Prócer José Gervasio Artigas (19 de junio).

El cronograma de actividades se amplió considerablemente con la incorporación de la vida ciudadana cuando el Estado uruguayo, a partir de 2005, implementó políticas de vinculación con la población emigrada. En Buenos Aires esto llevó a la creación del Consejo Consultivo, ámbito de representación requerido desde Uruguay. Desde este Consejo se organizaron a partir de 2006 campañas por el voto en el exterior (en conexión con otros consejos consultivos de uruguayos en el mundo) y festejos por el bicentenario uruguayo durante todo 2011. Sus miembros, además, debieron ocuparse del vínculo con la oficialidad del país de origen: misiones diplomáticas en la Argentina y gestiones a cargo de las instituciones en Montevideo que implementaron las políticas de vinculación con los uruguayos en el exterior.

En cuanto a la vida artística, son características las presentaciones periódicas de las murgas y las comparsas. Sus espectáculos se realizan en eventos de la colectividad (por ejemplo, festejos de aniversario de una asociación o un programa de radio, actos de cierre de un evento público, etc.). También pueden ser convocadas por la Embajada y/o el Consulado uruguayos en Buenos Aires con motivo de los festejos patrios por el Día de la Independencia en Uruguay. Cabe destacar que estos grupos se han integrado a la vida carnavalesca porteña. Las comparsas recorren periódicamente los barrios de San Telmo, Monserrat y San Cristóbal, y participan de las llamadas de candombe anuales en San Telmo. Tanto es así que una de las murgas está integrada al circuito oficial del carnaval de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En último término, mencionamos las actividades anuales llevadas a cabo por la Embajada y el Consulado uruguayos en Buenos Aires que convocan a la colectividad. Se trata de dos festejos patrios: el Día de la Independencia de Uruguay y el natalicio de José Gervasio Artigas. El primero consiste en un acto oficial en la plaza República Oriental del Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, un brindis privado con invitación personalizada en la residencia del embajador, a pocas cuadras de la plaza mencionada, y un festejo artístico abierto y público que va cambiando de lugar cada año. El acto oficial por el natalicio de Artigas se realiza en el anfiteatro de la Embajada uruguaya. Allí se toma juramento de fidelidad a la bandera uruguaya a quienes deseen voluntariamente hacerlo (uruguayos y/o hijos de uruguayos). La Embajada y el Consulado se ocupan también de organizar anualmente la presentación de Uruguay en la Feria del Libro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por último, representan a Uruguay en otros eventos argentinos ocasionales; éste fue el caso del stand oficial de Uruguay organizado con motivo del bicentenario argentino en 2010, en el que los motivos recurrentes fueron el carnaval y las playas uruguayas.

A lo largo de nuestra investigación fuimos conociendo a los protagonistas del movimiento asociativo uruguayo, a partir del trabajo de campo (observación y participación directas), entrevistas y conversaciones. Así nos relacionamos con unos treinta integrantes del movimiento político y unas veinte personas de distintos grupos (tres asociaciones con distintos matices, el Consejo Consultivo de Buenos Aires y distintas murgas). De esta forma, pudimos reconstruir el perfil general de este grupo, sólo teniendo en cuenta a las personas de nacionalidad uruguaya. Pero también es habitual encontrar argentinos que participan, por distintas razones: lazos familiares, afinidad con la política, el carnaval de Uruguay, los uruguayos o ese país en general.

En su mayoría se trata de personas con un promedio de edad de entre cincuenta y sesenta años. Las fechas de arribo a Buenos Aires presentan una clara concentración en la década de 1970, en particular 1974 y 1977. También están quienes arribaron en 1984 y 1985. Las edades en el momento de emigrar oscilaron entre los veinte y los treinta años, con algunas excepciones alrededor de los treinta y cinco años.

Entre los lugares de procedencia, se destacó Montevideo entre otras ciudades como Las Piedras (departamento de Canelones), Paysandú (departamento de Paysandú), Salto (departamento de Salto), Libertad (departamento de San José), Colonia y Juan Lacaze (departamento de Colonia) y Toledo (departamento de Canelones).

Los motivos de la emigración expuestos en el contexto de las entrevistas se relacionaron en todos los casos con mejorar las condiciones de vida y con las restricciones políticas en Uruguay durante la década de 1970. Quienes emigraron luego de la restitución democrática (1985) aducen motivaciones vinculadas al bajo estándar de vida en Uruguay; se mencionaron en este sentido la falta de trabajo, el cierre de fuentes laborales y los bajos salarios en relación con el alto costo de vida. En cuanto a las restricciones políticas como desencadenantes de la decisión migratoria, se habló de la prohibición de realizar actividades políticas y sindicales, y la persecución generalizada y cotidiana que acarreaba, en reiteradas ocasiones, el encarcelamiento durante un período. Algunos entrevistados habían estado presos (una o varias veces) o conocían a personas que habían sido encarceladas. Estas situaciones los impulsaban a viajar a Buenos Aires; una vez allí sentían “miedo” de regresar a Uruguay.

Un claro ejemplo del complejo entramado de motivos laborales y políticos reside en el caso de las personas entrevistadas que quedaron “cesantes” o “destituidas” en su trabajo. La cesantía fue uno de los métodos adoptados por el gobierno civil y militar en Uruguay, que dejó sin trabajo a profesores y maestros de la enseñanza pública y a personal administrativo del Estado.

Respecto del nivel educativo de los entrevistados, completaron los estudios primarios y muchos de ellos los secundarios. Realizaron también cursos de administración y electromecánica en la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU).

En cuanto a la composición familiar, encontramos matrimonios o parejas de nacionalidad uruguaya. Fue usual la migración escalonada, primero del varón y luego de la esposa e hijos o la novia. Tuvieron hijos y actualmente nietos nacidos en la Argentina. Hay casos de divorcio y formación de nuevas familias con argentinos.

La integración laboral en Buenos Aires fue heterogénea, aunque predominan los empleos administrativos en oficinas (inmobiliarias y bancos), la venta en comercios (kioscos, librerías e imprentas), trabajos vinculados a los servicios en empresas o por cuenta propia (electricidad, plomería, cerrajería, fumigación, chofer y peluquería) y los empleos en la industria textil. Por último, mencionamos a los “encargados de edificio”, trabajo que además facilita la vivienda para el grupo familiar. En el momento de llegada los empleos se consiguieron por medio de avisos en el diario o a través de uruguayos radicados en Buenos Aires. También encontraron vivienda en casas de familiares o amigos y en hoteles económicos hasta que pudieron pagar el alquiler de un departamento (cuyo contrato requería un adelanto de dinero en efectivo y dos propiedades en garantía).

En su mayoría los entrevistados son militantes del Frente Amplio de Uruguay con participación en distintos espacios políticos simultáneamente (comités, partidos o sectores, etc.). Entre ellos algunos fueron fundadores de asociaciones de residentes de diverso tipo y de grupos artísticos e integrantes del Consejo Consultivo de Buenos Aires.

Política, partidos e identidad nacional en Uruguay

La destacada pertenencia frenteamplista de los protagonistas (y cierta concentración de los arribos en la década de 1970) nos condujo a rastrear esa particularidad en el país de origen. La retomamos en tanto bagaje de experiencias recreadas luego en el contexto particular del país de residencia, la Argentina.

Ya mencionamos que en contextos migratorios se asumen nuevas representaciones de la identidad como miembros de una colectividad que se confronta con otra en un nuevo ámbito; lejos de asumir nuevas identidades derivadas de las clasificaciones externas, se tiende a reformular las identidades previas manteniendo la distinción. Es decir, los grupos se redefinen como tales.

Varios autores coinciden en destacar la dimensión política de la cuestión nacional en Uruguay. La democracia fue la clave fundacional de la nueva conciencia nacional durante las primeras décadas del siglo XX, en un contexto de reformas políticas y de prosperidad económica derivado de una situación externa favorable para la economía agroexportadora uruguaya (Aguiar, 1984; Barrán y Nahum, 1985; Cuadro Cawen, 2007; Panizza y Muñoz, 1989).

El proyecto nacional que acompañó la inserción de Uruguay en el capitalismo europeo se centró en la construcción de una nación innovadora e integrada (sin antagonismos). El Estado batllista –que “caló hondo en la autopercepción de los uruguayos” (Caetano, 1990: 66)– incorporó la ciudadanía política a la vida cotidiana: una tradición democrática y de tolerancia fue creciendo y mezclándose con la idiosincrasia popular. Los uruguayos identificaban su personalidad nacional con la singularidad de un sistema político (Nahum, 1986).

En este período de democratización y profesionalización política (Serna, 2006), el Estado y, por consiguiente, la elite política fueron relativamente independientes con respecto a las clases altas dominantes en lo económico. Esta diferenciación fue característica también de la elite fundacional previa al período batllista (relativamente autónoma de las oligarquías terratenientes) compuesta por clases altas y medias altas urbanas, y sectores rurales con diversas fuentes de poder (Real de Azúa, 1988).

Ciertos Estados nacieron a partir de un modo de producción y de los intereses de las clases productivas, pero estuvieron integrados por grupos prácticamente independientes o relacionados de manera indirecta con dichos intereses (Aricó, 2005). Estos grupos, identificados con la burocracia estatal, hicieron del Estado un absoluto, desde su función histórica hasta la racionalización de su existencia.

En este sistema, los partidos o formaciones políticas operaron como grandes canales para el involucramiento nacional o patrias subjetivas. En clave política, la identidad nacional se asoció con el funcionamiento del sistema de los partidos políticos. La nación fue el fruto de un pacto republicano inacabado y renovable en forma permanente, en el cual los partidos políticos tuvieron el carácter de actores y garantes del pacto social fundante que se renueva en cada sucesión electoral.

Ahora bien, hasta la década de 1970 fueron dos los partidos políticos formadores de la identidad nacional (ambos a su vez contemporáneos de la formación del Estado nacional uruguayo). Por un lado, el Partido Colorado, creador de una conciencia nacional de fuerte matriz cosmopolita, identificada con valores e ideales universales que trascendían las fronteras del país. Por el otro, el Partido Nacional o Blanco, con una identidad nacional que reivindicaba lo telúrico y privilegiaba los referentes del pasado y la tradición. Cabe aclarar que para el universo plural de las izquierdas lo nacional ha sido objeto de tratamientos disímiles y frecuentemente un foco de controversias más que de convergencias.

En adelante, la incorporación de la izquierda política unificada al sistema de partidos renovaría el pacto político fundante. El ingreso del Frente Amplio al juego político (fuera por un breve período entre 1971 y 1973 o desde la restitución democrática en Uruguay a partir de 1985) consolidó la centralidad del sistema de partidos en la escena política uruguaya y reforzó la matriz político-céntrica del problema de la nación en el Uruguay, renovándose una peculiar vinculación entre política y nación.

Como antecedentes del Frente Amplio, podemos mencionar diferentes proyectos de unificación de los partidos políticos de izquierda y del movimiento sindical. La conformación de frentes populares en Uruguay se remonta a la década de 1930, cuando el enfrentamiento con la dictadura instalada en 1933 propició una conjunción de fuerzas que confluyó en la denominada “revolución de enero” de 1935 y luego en la creación de un frente popular con amplia repercusión y adhesión en el interior del país (Aguirre Bayley, 2000).

A partir de la década de 1960, una serie de acciones desembocó en un movimiento unificador de fuerzas políticas y sindicales. En 1962 se fundó el Frente Izquierda de Liberación (FIDEL), integrado por partidos de izquierda, estudiantes y el movimiento obrero. En 1965 distintas organizaciones sindicales y sociales convocaron a un Congreso del Pueblo abierto a amplios sectores. Un año después se conformó la Central Nacional de Trabajadores (CNT), que impulsó a su vez la formación de un frente político y popular, el Movimiento por la Defensa de las Libertades y la Soberanía, que contó con el apoyo de grupos políticos como FIDEL, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista, el Movimiento por el Gobierno del Pueblo Lista 99 (proveniente del Partido Colorado) y el Movimiento Blanco Popular y Progresista (antes perteneciente al Partido Nacional). Cabe destacar que los representantes de esos partidos políticos se encontraban actuando conjuntamente a nivel parlamentario en contra de las políticas gubernamentales de la década (Jaunarena, 1985).

Hacia fines de 1970, personalidades destacadas del quehacer político y sindical realizaron un llamado a la unidad política frente a los avances del gobierno nacional en la implementación de transformaciones económicas (tendientes a la apertura a los mercados internacionales y los sectores financieros) y políticas (de restricción y represión del accionar político y sindical). En efecto, en octubre de ese año, y con motivo de las elecciones nacionales de 1971, se llamó a todas las fuerzas políticas del país que se opusieran a la conducta antipopular y antinacional del gobierno a establecer un programa para superar la crisis estructural que padecía Uruguay, y así restituirle su destino de nación independiente y reintegrar al pueblo la plenitud del ejercicio de las libertades individuales y sindicales (Frente Amplio, 2011; Seregni, 1985).

El Frente Amplio fue, según sus propios postulados, el formidable logro que reunió en su seno a la inmensa mayoría de los sectores progresistas del país, el producto de un largo y original proceso de acumulación política en cierto punto comparable con la Unidad Popular de Chile.

En su cronología fundacional, durante 1971 se destacaron la Declaración Constitutiva de la Coalición, el 5 de febrero; el Reglamento de Organización, el 16 de marzo; el primer discurso político a la ciudadanía por parte de su presidente y candidato presidencial, el general Líber Seregni, el 26 de marzo, y las Primeras 30 Medidas de Gobierno aprobadas el 25 de agosto.

Básicamente fue una coalición política de entidad autónoma, distinta y diferenciada de las fuerzas políticas integrantes. En el momento de su fundación coincidieron los partidos Socialista, Comunista y Demócrata Cristiano. Fue novedoso que se incorporaran sectores políticos provenientes del Partido Colorado (tal es el caso del movimiento Por el Gobierno del Pueblo liderado por Zelmar Michelini y la Agrupación Pregón encabezada por Alba Roballo) y del Partido Nacional (el Movimiento Blanco Popular y Progresista, liderado por Francisco Rodríguez Camusso). Por último, se integraron ciudadanos no sectorizados (no afiliados a sectores o partidos políticos), es decir independientes, entre ellos Seregni, quien fue presidente del Frente Amplio hasta su muerte.

Los desprendimientos de los partidos Nacional y Colorado mostraban en los hechos la crisis del sistema de partidos políticos en Uruguay. Por debajo de la regularidad de las consultas electorales y el respeto por las libertades públicas y los derechos humanos (distintivos históricos de la democracia uruguaya), el funcionamiento real del sistema de partidos en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial ponía en duda el funcionamiento de la democracia (Panizza, 1990). Por efecto de la Ley de Lemas y del Doble Voto Simultáneo,[10] los partidos Colorado y Nacional conjugaban en su seno una variedad de ideas políticas opuestas que a largo plazo, como vimos, provocaría separaciones. Asimismo, la divergencia de intereses en su interior, junto con un sistema de relaciones de tipo clientelar que involucraba al Estado y a la estructura partidaria, fueron dificultando la capacidad de dichos partidos para actuar, en particular en períodos de crisis y estancamiento económicos como el que se vivió en Uruguay luego de la Segunda Guerra Mundial (Finch, 1980).

Entre los principios fundamentales y las formas de participación características del Frente Amplio, destacamos el reconocimiento de la obra de José Gervasio Artigas y la creación de comités políticos. El Frente Amplio se declaró heredero de la tradición artiguista, reivindicada en general a través de las denominadas Instrucciones del año XIII (con relación a 1813), que reúnen el pensamiento político del líder en torno a las ideas de independencia, república y federalismo, y el Reglamento Agrario de 1815, ampliamente valorado por su propuesta social igualitaria. En este sentido, se rescata el criterio social del líder, quien incorporó en su propuesta revolucionaria a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, en particular a los grupos indígenas guaraníes.

En cuanto a la organización que tuvo el Frente Amplio, además de los partidos y los sectores políticos, subrayamos la existencia de comités de base, que proliferaron como forma de integración ciudadana a la vida política desde el barrio. Es de destacar que los comités tienen representación (voz y voto) en el organigrama del partido. Se los ha considerado una de las formas más originales, democráticas y participativas de organización política desarrolladas por el Frente Amplio. Su origen puede rastrearse en la larga tradición política del país y en cierto modo en los clubes políticos batllistas de principios del siglo XX. Fueron “experiencia masiva e intensa que se inscribió con un signo claramente positivo en la memoria” de miles de personas, muchos de ellos niños o adolescentes en 1971, “que dejó sólidamente unidas en la conciencia de esos actores los temas de la democracia, la participación y la militancia en el seno de la izquierda y del Frente Amplio” (De Sierra 1992: 39-40).

La presencia del Frente Amplio en las elecciones nacionales de 1971 (en ese momento bajo el nombre de Partido Demócrata Cristiano) propició un cambio político insoslayable con importantes consecuencias. Por un lado, logró terminar con una tradición de bipartidismo blanco y colorado en Uruguay, sumando el 18,28% de los votos del electorado, porcentaje que duplicaba la cantidad de votos de los distintos partidos de izquierda en las elecciones anteriores (Broquetas, 2007; Moreira, 2004) (gráfico 3). Por otro lado, el surgimiento de un frente popular de izquierda amplio, que postulaba cambios sociales y políticos revolucionarios pero mediante una alternativa de transformación pacífica y en competencia con el sistema bipartidista tradicional, comenzaba a visualizarse como una amenaza a futuro mayor que la guerrilla urbana (Hobsbawm, 2001). El gobierno estadounidense calificó al Frente Amplio como un enemigo peligroso capaz de lograr el triunfo electoral en las elecciones a realizarse en 1976; según informaba el embajador norteamericano en Montevideo, no se veía en el accionar de la guerrilla una amenaza política importante siempre y cuando ésta no se aliase con la izquierda radical legal.

La emigración durante la dictadura civil y militar en Uruguay

El golpe de Estado en Uruguay en 1973 fue el resultado de “un proceso histórico gradual de crisis del sistema político y de partidos, de la democracia y del Estado de derecho”, desplegado principalmente entre 1967 y 1973 (Rico, 2006: 16).[11] La dictadura, producto del golpe de Estado ejecutado por el propio presidente constitucional, Juan María Bordaberry, que en el mismo acto (autogolpe) deviene dictador de facto (Rico, 2009),[12] se fue instalando por etapas en las cuales la represión y la violencia estatales fueron en aumento (UDELAR-CSIC, 2008a; Rama, 1987).

El régimen dictatorial tuvo la característica de ser civil y militar. Se asentó en el poder militar pero tuvo una base de apoyo social por el sostén y la actuación de civiles políticos –sectores y personalidades partidarias, ministros, integrantes del servicio diplomático, miembros designados del Consejo de Estado y de la Nación, intendentes y presidentes que se sucedieron en el período dictatorial– y civiles que tuvieron puestos burocráticos en el Estado –jerarcas de la administración pública, interventores, funcionarios de particular confianza, etcétera–.

De forma novedosa en el contexto regional, el golpe recibió una respuesta social inmediata de rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad. Tiempo antes, en 1964, la CNT había resuelto que en caso de golpe se decretara una huelga general. Con este mandato se declaró la huelga pacífica con ocupación de los lugares de trabajo. De carácter prácticamente masivo, pudo sostenerse durante quince días, entre el 27 de junio y el 11 de julio de 1973. No obstante, hubo importantes sectores de la población que permanecieron pasivos, expectantes o proporcionaron cierto grado de apoyo al régimen dictatorial.

La gran emigración fue otra respuesta social. Ya dijimos que la solución migratoria en Uruguay es histórica y que en la década de 1970 era una parte estructural de la dinámica demográfica del país. Distintos autores analizaron esta situación destacando la existencia de una cultura de emigración, constatada ampliamente entre grupos de jóvenes (Pellegrino, 1994; Rama y Filgueira, 1991) y arraigada con fuerza en el imaginario social (De Souza y Diconca, 2001; De Souza, 2006).

La dispersión poblacional que provocaron el golpe de Estado y la posterior dictadura civil y militar en Uruguay se relacionó con la serie de transformaciones radicales –económicas y políticas– finalmente consolidadas en la sociedad uruguaya. Nos referimos a un proyecto de reestructuración social, tendiente a cambiar los mecanismos de representación, fragmentar a las clases subalternas y rearticular las formas constitutivas de la sociedad civil (Villarreal, 1985).

El régimen dictatorial afianzó las condiciones expulsivas generales que afectaron a quienes dejaron su país en función de sus propias condiciones de vida. Es posible mencionar el peso causal de los diversos factores que influyen en la migración. En particular, las causas que pueden precipitar la emigración.

Entre ellas podemos mencionar la dimensión cotidiana del terrorismo de Estado, cuyo objetivo fue el conjunto de la población uruguaya. El control social se construyó mediante un sistema de vigilancia generalizado, profesional y sistemático que apuntó a los medios de comunicación, las expresiones artísticas (cine, teatro, carnaval, etc.), los escritores, autores y artistas de distintas disciplinas y comunidades religiosas. Además, clausuró espacios públicos para impedir cualquier forma de reunión o expresión (actos, conferencias, festivales y campamentos).

La modalidad del régimen dictatorial uruguayo fue el encarcelamiento masivo y prolongado de la población. Uruguay llegó a tener el índice más alto de prisioneros por habitantes de toda América del Sur. Se calcula que más de 5.000 personas fueron procesadas por la justicia militar y 3.700 fueron detenidas sin ser procesadas. Más del 5% de la población de entre veinte y sesenta años –es decir, alrededor de 150.000 uruguayos– sufrió detenciones, maltratos y/o tortura. La tortura aplicada a los presos (protocolizada y metódica) se transformó en una práctica rutinaria, incluso desde la década de 1960, vale decir, antes del golpe de Estado. Las detenciones se hacían en la vía pública o en los domicilios particulares en horas de la madrugada. Las llevaba a cabo personal vestido de civil. Las unidades militares funcionaron como cárceles, además de centros clandestinos como El Cilindro (estadio deportivo municipal ubicado en la ciudad de Montevideo), que fue durante las primeras semanas del golpe de Estado un centro de detención masivo. Las familias, por su parte, pasaban días e incluso meses sin conocer el paradero y destino de los detenidos.

Frente a tales condiciones restrictivas se destacaron dos tipos de efectos sobre la población: el insilio o encierro de las personas en sí mismas a causa del miedo generalizado que suscitaban los mecanismos represivos, y el exilio de quienes emigraron porque la sociedad de convivencia y garantías había dejado de existir en Uruguay.

Es importante discernir otro tipo de condicionamiento para el exilio como fue la represión orientada hacia el Frente Amplio: su estructura organizativa, sus líderes, pero fundamentalmente la vigilancia y la persecución de la misma militancia frenteamplista que combinaba en general una múltiple pertenencia partidaria, sindical y/o estudiantil (secundaria y universitaria) (UDELAR-CSIC, 2008b).

La represión hacia este partido político, con sólo dos años de existencia (1971-1973) cuando se instaló el régimen dictatorial, se centró –más allá de los partidos, los sectores y los dirigentes que lo integraban– en lo que podía constituir su estructura y dirección más propiamente frenteamplista o no partidizada. Nos referimos a los militantes y delegados de los comités de base, las personalidades independientes y los miembros de la dirección (en particular su presidente, Líber Seregni). Fue esencial la vigilancia de personas, reuniones, actividades y manifestaciones, así como las inspecciones en los comités políticos y en los domicilios particulares de los militantes.

La historia del Frente Amplio se encuentra desde temprano vinculada con la emigración en Uruguay. Ya mencionamos que su competencia con el bipartidismo tradicional (como resultado de las elecciones de 1971) fue uno de los factores centrales que desplegó la escalada de represión y persecución estatal, primero mediante las fuerzas policiales y después mediante las fuerzas militares. Se transformó así en un movimiento físicamente fragmentado, con sede política en territorio uruguayo y parte de sus miembros dispersos y comenzando a organizarse en el exterior del país.

La diáspora frenteamplista, o dispersión de sus militantes por el mundo, fue reconocida por su accionar en distintos países mediante organismos como el Comité Coordinador del Frente Amplio en el Exterior, constituido en Berlín en 1977, y los comités de base que proliferaron en Alemania, Angola, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, ex Checoslovaquia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Italia, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Suecia, Suiza, ex Unión Soviética y Venezuela (Dutrénit Bielous, 2006). En cuanto al régimen dictatorial, también vigiló y controló a los uruguayos en el exterior del país. Dicho control fue exhaustivo en las fronteras (aeropuertos y puertos fluviales) y en las embajadas de México, Colombia y Venezuela en Montevideo, a causa del asilo político (de hecho, las fuerzas armadas entraron a las embajadas), así como respecto de las actividades de personas y/u organizaciones (políticas, sociales y culturales) en el extranjero.

Todas estas prácticas contaban con una destacada colaboración de la policía, el ejército y los servicios de inteligencia de otros países. El paradigma de este tipo de colaboración es el denominado Plan Cóndor en el Cono Sur: un plan sistemático de operaciones represivas de secuestro y asesinato de personas coordinado por los gobiernos y las fuerzas militares de Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay.

Del mismo modo, los informes recibidos desde el exterior del país se realizaban en colaboración con otras dependencias del Estado uruguayo, principalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, organismo central en las tareas de recolección de información sobre los exiliados y sus actividades de solidaridad y denuncias contra el régimen uruguayo. La información era enviada a Uruguay a través de los consulados y las embajadas uruguayas en el mundo.

Debemos sumar, por último, los condicionamientos económicos que propiciaron la emigración, es decir, el deterioro en el nivel de vida. Los sectores productivos, asalariados y pasivos (jubilados) fueron los más perjudicados por la política económica de la dictadura. Esencialmente a través de la reducción en la demanda de mano de obra, del descenso del salario real y de las jubilaciones, así como del encarecimiento del costo de vida (impuestos, tarifas públicas, etcétera).

La política económica característica del período efectivizó un plan de apertura; nos referimos al ingreso de capitales desde el exterior sin controles y a la transformación del país en una plaza financiera codiciada. Fue un período de endeudamiento externo, déficit fiscal, inflación, desindustrialización y retracción en la distribución del ingreso.

Los trazos de este modelo económico, que la dictadura terminó por consolidar, habían comenzado décadas antes con la reforma monetaria y cambiaria de 1959, que permitió la apertura económica hacia el comercio internacional, como sugería el Fondo Monetario Internacional desde 1940, a través de políticas crediticias fiscales (endeudamiento), ajustes salariales y eliminación del proteccionismo estatal al sector industrial.

Al deterioro en las condiciones de vida por el desempleo y los bajos salarios, tenemos que agregar la destitución o el cesanteo de los trabajadores del ámbito público (por ejemplo, administración y enseñanza). En general, se pasaba a disponibilidad a los funcionarios y luego se los destituía de sus cargos.[13] En la enseñanza la persecución fue especialmente dura: muchas personas fueron inhabilitadas para ejercer la docencia tanto en el ámbito público como en el privado.

Por su parte, en el sector de la actividad privada fue generalizado el despido de trabajadores por motivos ideológicos, políticos y gremiales. Incluso existieron listas negras que impedían la obtención de empleos a quienes tuviesen antecedentes de detención o de despidos por motivos políticos.

El deterioro en el nivel de vida como condición de la emigración poblacional debe entenderse a su vez en combinación con los altos niveles educativos y de urbanización en Uruguay. Existió una tensión estructural entre la caída del salario real y el aumento en el costo de vida y las aspiraciones o necesidades de una población demasiado preparada para las demandas del mercado laboral. En otros términos, había escasez de demanda y disponibilidad de mano de obra educada y calificada.

A modo de síntesis: una diáspora transnacional

La inmigración uruguaya en la Argentina constituyó, en el sentido más clásico del término, una diáspora. Es decir, un grupo se dispersó como respuesta ante un trauma colectivo y presentó cierta cohesión al identificarse con su nación de origen y organizarse según algún tipo de asociación (Cohen, 1993, cit. en Nieto, 2007). En nuestro caso, la dispersión fue una opción ante las implicancias cotidianas de la dictadura civil y militar uruguaya: restricción política y sindical, vigilancia, persecución y encarcelamiento de la población, desocupación, descenso salarial y aumento del costo de vida.

De todas maneras, la respuesta migratoria en el caso uruguayo, según analizamos, estuvo presente en el conjunto de opciones demográficas ya desde su constitución política como país. Fue una solución incorporada al acervo social, que se viene haciendo efectiva en todos los períodos de crisis o transformación económica y política del país.

Los proyectos políticos, sociales, ciudadanos y artísticos desarrollados en la Argentina constituyen las formas que encontraron los inmigrantes uruguayos para sostener y promover los vínculos con el país de origen y con otros puntos de la red de la diáspora (Clifford, 1999). Los vínculos más allá del origen son relevantes porque dejan en claro que este tipo de grupos en contextos migratorios exceden los límites de los Estados-nación.

Retomando análisis recientes acerca del concepto de diáspora, podemos decir que la inmigración uruguaya funcionó como una diáspora transnacional, definición orientada a establecer las características propias de este tipo de grupos. Vale decir que fueron conscientes de ser parte de un grupo que se dispersó por el mundo, reivindicaron su identidad política frenteamplista y nacional uruguaya, organizaron una vida asociativa y generaron relaciones y contactos con el origen y con otros grupos de la diáspora.

Con respecto al transnacionalismo propiamente dicho, se trata de grupos de migrantes que no pierden la vinculación con el lugar de origen (Besserer, 1999) y desarrollan articulaciones con sus localidades de origen.

Las perspectivas transnacionales para el estudio de las migraciones internacionales conforman teorías de rango medio que adoptan el concepto de transnacionalismo para aludir al conjunto de actividades de los grupos migrantes que implican una participación en la vida económica, política y cultural del país de origen (Portes, 2001).

Como miembros de una colectividad, la inmigración uruguaya traía un bagaje identitario que se fue reformulando en el nuevo ámbito de diferentes formas, según veremos en los capítulos siguientes. Hasta aquí, pudimos distinguir un conjunto de experiencias previas de participación ciudadana en torno al sistema de partidos políticos constitutivos de la identidad nacional uruguaya, afianzadas con el ingreso del Frente Amplio al juego político en la década de 1970 en Uruguay. De ahí la centralidad de lo político en el movimiento asociativo registrado y de la pertenencia frenteamplista de quienes sostuvieron las organizaciones de tipo social, ciudadano y artístico. De todas formas, teniendo en cuenta que la conciencia de diáspora es un elemento discontinuo y heterogéneo, es decir que se relaciona con los diferentes contextos sociales o históricos, identificamos los momentos que tuvo esta diáspora transnacional: la centralidad militante y proselitista, el desarrollo de proyectos asociativos más tradicionales de índole recreativa, cultural y nacional, la conformación ciudadana a instancias de las políticas migratorias de vinculación de Uruguay y la opción artística, estrechamente relacionada con grupos de similares características en la Argentina.

A continuación, en el resto de los capítulos desarrollaremos los proyectos colectivos del movimiento asociativo uruguayo en la Argentina. Con este objetivo, en cada capítulo distinguimos los proyectos políticos, sociales, ciudadanos y artísticos que organizaron el asociacionismo uruguayo. También elaboramos el perfil de los protagonistas de esta investigación atendiendo a sus trayectorias de vida.

CAPÍTULO 2

El movimiento político uruguayo en la Argentina

En este libro analizamos las manifestaciones de la identidad uruguaya en la Argentina comenzando por uno de sus pilares fundamentales: el movimiento político. Nos referimos al proyecto colectivo más antiguo y representativo en torno al autorreconocimiento como uruguayos que reivindicaron su presencia política en el país de origen y mantuvieron, en gran medida, la vida colectiva uruguaya en Buenos Aires.

La praxis ciudadana de los inmigrantes

De acuerdo con Étienne Balibar, la ciudadanía no se encuentra en los códigos jurídicos sino en la praxis política mediante la cual los inmigrantes ponen en cuestión su estatus dentro de la comunidad de destino y de origen. El autor indaga en el accionar de los inmigrantes que residen y trabajan en Francia. Alude a sus luchas en Europa:

Les debemos el haber recreado entre nosotros la ciudadanía, en cuanto que ella no es una institución o un estatus, sino una práctica colectiva. (Balibar, 2005: 28)

Cabe aclarar que Balibar está ampliando el sentido de ciudadanía propuesto en la clásica obra de Thomas Marshall (2005), quien planteaba que en la expansión de los sistemas democráticos y la construcción de sujetos para el orden político se fueron incorporando una serie de ampliaciones al estatus ciudadano. Para el contexto europeo, en particular el británico del siglo XVIII, en el interior de las unidades geográficas constituidas como Estados-nación se produjo paulatinamente una extensión gradual de la ciudadanía con la incorporación de derechos civiles, políticos y, por último, sociales. Esa obra propuso una primera acepción para la noción de ciudadanía, en tanto estatus de derechos civiles, políticos y sociales que hacen a la igualdad de los miembros de los Estados soberanos dentro del sistema internacional. Tales derechos se encuentran distribuidos en los diferentes códigos como normas y principios jurídicos.

Retomando a Balibar y el caso de los inmigrantes, sea en el lugar de destino o en el país de origen, la ciudadanía se encuentra ligada a la acción y sujeta a una dinámica de resignificaciones que expresan un momento determinado de las relaciones sociales existentes. Cada régimen político cristaliza, a nivel del individuo, su propio ordenamiento social en la demarcación ciudadana según un modelo de hombre, de derechos y de deberes en una comunidad política. Así, el proceso de construcción de ciudadanía entendido históricamente pierde su carácter natural para transformarse en objeto de disputa y cambio.

En el contexto latinoamericano, un ejemplo de ciudadanía como praxis fueron las propuestas y demandas de los ciudadanos mexicanos residentes en Canadá y Estados Unidos, que resultaron centrales para la obtención del voto en el exterior (2006) de los mexicanos emigrados (Moctezuma, 2004). En nuestro caso, y nuevamente remitiéndonos a la ciudadanía como praxis, las luchas por el mantenimiento del vínculo jurídico con el país natal han sido constitutivas del movimiento político uruguayo mediante la militancia y el proselitismo políticos, orientados a sostener la participación ciudadana en el país de origen.

A continuación describimos los distintos contextos de “apertura” durante la década de 1980 que permitieron la creación de los espacios de militancia política, que analizamos luego. Finalmente nos adentramos en la vida cotidiana de un comité de base y de una militante frenteamplista para documentar desde esas perspectivas las particularidades de la organización política observada durante nuestra investigación.

Contextos de apertura política en la década de 1980

A partir de la década de 1980, una serie de hechos específicos favoreció la organización política uruguaya. Nuestros entrevistados se refirieron a “momentos de apertura” dentro de los regímenes dictatoriales en la Argentina (1976-1983) y Uruguay (1973-1985), y luego a “la democracia” en la Argentina (1983).

Primero, destacaron el “rechazo del pueblo uruguayo a la dictadura” cuando se pronunció en contra de la reforma constitucional plebiscitada por el gobierno civil y militar en 1980 en Uruguay. El gobierno de ese país llegó a dicho plebiscito a partir del compromiso asumido en 1977, luego de la visita de Terence Todman a Uruguay (delegado por los derechos humanos del presidente estadounidense James Carter). En ese momento, las fuerzas armadas uruguayas anunciaron una reforma constitucional con el fin de legitimar sus modificaciones de hecho a la Constitución mediante los denominados “actos institucionales”. Esa reforma se plebiscitó el 30 de noviembre de 1980, en un contexto represivo y desigual (con escasa discusión, con censura, proscripciones políticas y encarcelamientos arbitrarios). El plebiscito se transformó en una evaluación general de la política del régimen dictatorial, que fue rechazada por el 57,9% del total de los votos emitidos. Si bien fue un impacto para el gobierno y marcó un punto de inflexión, la dictadura uruguaya se mantuvo durante cinco años más. En el marco de ese plebiscito, nuestros entrevistados ubican “las primeras reuniones políticas” en la provincia de Buenos Aires. Allí se creó un grupo autodenominado Asociación de Residentes Orientales José Artigas (AROJA), recordado como un hito fundante del movimiento político uruguayo.

La experiencia de la guerra de Malvinas en 1982 en la Argentina fue un segundo momento de apertura. Propició “el boom latinoamericano contra el imperio”. Nuestros entrevistados plantearon que se abrían espacios para la militancia política de los uruguayos en el contexto argentino. Nuevamente AROJA surge como uno de los primeros grupos:

Ahí empezamos. Había de todo un poco y estarían los servicios metidos también [se refiere a integrantes de los Servicios de Inteligencia Militar]. Yo fui la primera cosa que me pude meter, cuando empezó a reunirse la gente.

La apertura que promovió Malvinas facilitó asimismo, y de forma incipiente, la movilización a nivel gremial en el ámbito de la educación, por ejemplo. Se recuerda claramente la creación de un grupo de profesores, con gran participación de uruguayos, que dieron en llamarse José Pedro Varela.[14]

La restitución democrática en la Argentina en 1983 fue finalmente el marco que permitió la actividad política pública. Según surge de los relatos de quienes protagonizaron ese momento de gran “efervescencia” social y política, existió cierta diferencia entre la dirigencia política uruguaya que arribaba a Buenos Aires desde México, Venezuela y países de Europa, y los residentes uruguayos que comenzaban a organizarse políticamente. Los primeros preparaban el regreso a Uruguay (recordemos que la democracia en ese país se restituye dos años después que en la Argentina, en 1985). Los segundos se constituían como uruguayos frenteamplistas residentes en Buenos Aires. En palabras de nuestros entrevistados, estaba “la gente desparramada por el mundo, que iba viniendo, los dirigentes, las cabezas que recomponían el Frente en Buenos Aires, que era el último lugar antes de Montevideo, y nosotros, los uruguayos en la Argentina, que hicimos en Almagro el comité 19 Marzo”.

En efecto, en ese momento se crearon en Buenos Aires más de treinta comités de base del Frente Amplio relativamente autónomos de la dirigencia partidaria que rearmaba filas en Buenos Aires para retornar a Uruguay. Esta incipiente separación siguió apareciendo en los distintos momentos de la organización política uruguaya como reivindicación y elemento relevante en el proceso de autoidentificación en el país de residencia.

En este sentido, la irreversibilidad de la situación migratoria (la clara conciencia de las dificultades que implicaban el retorno y la integración social y económica lograda en Buenos Aires) fue imprimiendo cierta autonomía al colectivo político que incluso, como analizamos en los siguientes apartados, llegó a disputar su presencia extraterritorial dentro del Frente Amplio de Uruguay.

Los espacios de la militancia política uruguaya en la Argentina

La militancia política transcurrió en espacios de participación por los cuales hemos circulado a lo largo de nuestros años de labor etnográfica. El comité de base es uno de esos ámbitos, el más generalizado. Surge de la iniciativa de un conjunto de militantes del Frente Amplio de Uruguay que decide formalizar sus actividades políticas previas. Su creación es la forma de legitimar al grupo que será reconocido como tal dentro de la colectividad en la Argentina, pero también dentro del Frente Amplio en Uruguay. Los miembros fundadores tienen en general un bagaje de experiencias previas; es habitual que hayan participado en comités en Uruguay en la década de 1970.

Un comité posee un nombre distintivo que puede remitir a hitos de la historia uruguaya, a personajes destacados y valorados o a su inserción en el medio local argentino (imágenes 1A y 1B). También tiene un lugar de reunión (a veces alquilado con día y horario fijos para las reuniones y eventos) en sedes sindicales, partidarias o de movimientos sociales argentinos. Uno de los problemas más recurrentes es la pérdida de ese lugar. Esta posibilidad, siempre presente, implica muchas veces la interrupción de las actividades por un período o directamente la disolución del grupo. De esta forma, el funcionamiento de un comité en varios locales e incluso en diferentes barrios puede acarrear la dispersión de algunos miembros y la incorporación de nuevos integrantes.

Los miembros de un comité deberían residir en un área geográfica cercana. La circunscripción barrial está establecida en el Estatuto del Frente Amplio de Uruguay (art. 25) y es usual que existan comités en todos los barrios de Montevideo y de las ciudades del interior del país. Por el contrario, en Buenos Aires, quienes viven en zonas donde no hay comités tienen el problema del traslado, lo que dificulta su participación.

En cuanto al número de integrantes, existe un núcleo con alta participación de entre cinco y diez personas, y un grupo más amplio que interviene y colabora en las actividades de forma periódica o esporádica (entre treinta y cien personas). Los miembros se denominan adherentes y pagan una cuota mensual cuyo monto es accesible. La mitad de ese dinero se envía al Frente Amplio de Uruguay. Sus autoridades (presidente, secretario y responsables de las comisiones de Finanzas, Organización y Prensa) se renuevan anualmente en una asamblea donde votan todos los adherentes que tengan la cuota al día.

La vida cotidiana de un comité gira en torno a reuniones semanales, con día y horario fijo, y actividades de propaganda que generalmente tienen lugar en plazas públicas. Durante el año, se realizan una serie de festejos y actividades políticas. Entre los primeros se encuentra el Día del Comité de Base el 25 de agosto (fecha que coincide con el Día de la Independencia en Uruguay), oportunidad en que además de compartir una cena o almuerzo se eligen autoridades. Además se planifican la fiesta de fin de año y también de cumpleaños. En cuanto a las actividades políticas, se organizan reuniones con candidatos políticos o miembros del gobierno uruguayo. Los momentos de mayor actividad se concentran en los períodos electorales y en ocasión de realizarse algún plebiscito o referéndum en Uruguay, históricamente organizados por el Frente Amplio. Estas consultas populares requieren de un trabajo militante porque constan de dos instancias: primero deben conseguirse las firmas para que se lleven a cabo y luego se organizan los viajes para votar.

Otro de los componentes centrales de la organización en la Argentina son los sectores y los partidos políticos. Al igual que en Uruguay, se trata de representaciones de los grupos que integran el Frente Amplio. En Buenos Aires se destacaron los siguientes: Partido Socialista, Vertiente Artiguista, Asamblea Popular, Partido por la Victoria del Pueblo, Movimiento 26 de Marzo, Movimiento de Participación Popular y Partido Comunista.

Sus miembros son personas afiliadas a esos sectores y/o partidos y por lo tanto poseen vínculos directos con sus referentes en Uruguay. Se los denomina militantes orgánicos, a diferencia de los llamados independientes o no afiliados a sector o partido alguno dentro del Frente Amplio. Se espera que estos militantes participen en un comité de base como parte de su tarea política y es muy habitual que así sea. Las dimensiones de estos grupos son variables –entre cinco y doce personas– y su grado de convocatoria alcanza niveles importantes. De todas formas, la representatividad no se mide en términos cuantitativos, vale decir, no se requiere un número mínimo de integrantes para su existencia.

Durante nuestra labor etnográfica los grupos más visibles fueron el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular. El primero, por su carácter internacional, dispuso cierta infraestructura en Buenos Aires para realizar sus actividades. Hemos participado de los festejos anuales por el aniversario del Partido Comunista uruguayo realizados en la sede del partido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.[15] Son eventos muy concurridos a los que asiste todo el espectro frenteamplista, incluyendo los grupos localizados en la provincia de Buenos Aires. Las fiestas se desarrollan en el salón central –especialmente decorado con banderas nacionales y partidarias– y en una sala contigua donde se venden alimentos (bebidas, tortas dulces, empanadas de carne y hamburguesas o chorizos servidos con pan). Luego de cantar los himnos nacionales argentino y uruguayo y el himno partidario, los asistentes escuchan durante una hora el discurso del orador central (en 2009 asistió un representante del movimiento sindical uruguayo y miembro del Partido Comunista). Finalmente bailan y cantan al ritmo de los distintos grupos musicales de la colectividad uruguaya que amenizan la fiesta (imagen 2).

Con respecto al Movimiento de Participación Popular,[16] dada nuestra mayor inmersión en la vida de ese grupo (los vínculos familiares propiciaron nuestro ingreso y permanencia allí), hemos registrado un conjunto de actividades. Entre otros eventos, asistimos a la creación y el posterior desarrollo de un programa de radio de periodismo político y música popular (“canto popular uruguayo”,[17] murga y candombe). Desde dicho programa se organizaron encuentros con los oyentes y fiestas para la colectividad, se difundió la obra de gobierno en Uruguay desde 2005 y se prestó colaboración en el tradicional proselitismo político frenteamplista.

Una actividad frecuente fueron las charlas con personalidades de la política uruguaya. Por ejemplo, la presencia del diputado nacional Javier Salzamendi y de José Mujica. En particular, Mujica viajó periódicamente a Buenos Aires como senador nacional y luego como candidato a presidente por el Frente Amplio. Con estos políticos se armaron recorridos por distintos comités de base (en la ciudad y la provincia de Buenos Aires) y en ocasiones se realizaron presentaciones en fábricas recuperadas (tal fue el caso de Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas, IMPA, en 2005) y en sedes sindicales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en 2009.

Por último, destacamos “la campaña” realizada en 2007 para elegir un delegado a integrar la dirección del partido en Uruguay que representara a la Regional 1, que incluyó la Argentina, Brasil, Paraguay y Chile (cuadros 2 y 3, imagen 3). Con motivo de esta novedosa elección, acompañamos a los integrantes del Movimiento de Participación Popular en las actividades realizadas en los comités de base entre abril y octubre de ese año. Asistimos a charlas informativas, al reparto de urnas, a la jornada de elecciones y finalmente a la recepción de urnas y al escrutinio realizados en una de las sedes centrales del Partido Intransigente[18] argentino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.[19]

Los grupos mencionados hasta aquí se agruparon en torno a un cuerpo directivo o de conducción, al que enviaron a sus representantes, denominado Mesa Política. Dicho nombre alude a la estructura organizativa del Frente Amplio de Uruguay, donde la Mesa Política es un organismo ejecutivo que ejerce su conducción política cotidiana. Está integrada por un presidente y representantes de todos los grupos del partido. Sesiona ordinariamente por lo menos una vez por semana y las decisiones se toman por acuerdos consensuados o, de lo contrario, se vota por mayoría (Frente Amplio, 2011). En el cuadro 3 se puede apreciar que esta Mesa aparece en los distintos niveles organizativos del Frente Amplio en Uruguay.

La Mesa de Buenos Aires reunió las características de representación y funcionamiento planteadas en el estatuto uruguayo, aunque no tuvo un presidente. Hemos registrado la presencia de representantes de todos los sectores y partidos políticos, y delegados de los comités de base agrupados en coordinadoras zonales (hubo un delegado representando a los comités de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y otro a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). La dinámica de trabajo era periódica (en general se realizaron reuniones semanales) y las decisiones se tomaban por consenso luego de largos debates (habitualmente de más de cuatro horas de duración). En caso de no lograr un acuerdo, se procedía a realizar una votación.

La Mesa de Buenos Aires fue un ámbito de coordinación de tareas y de administración de recursos (recibidos por parte del partido en Uruguay u obtenidos mediante festivales artísticos, bonos de colaboración u otras actividades destinadas a recaudar dinero en la Argentina). También fue un espacio de debate y discusión que reunía distintos puntos de vista relacionados con las trayectorias y las pertenencias políticas de sus miembros.

Mientras existió, tuvo tres lugares específicos de reunión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante las décadas de 1980 y 1990 nuestros entrevistados recuerdan la sede de la calle Sarmiento, situada “atrás del Teatro General San Martín”. Era una casa “vieja”, “en un primer piso por escalera”. Hacia fines de los años 90 se reunieron en la sede del Movimiento 26 de Marzo ubicada en la avenida Scalabrini Ortiz, a pocas cuadras de la avenida Corrientes. Allí funcionaba también la Casa Cultural de Uruguay, cuyas fiestas y eventos artísticos permanecen en el recuerdo. A partir de los primeros años del presente siglo, estuvieron en la sede del Partido Intransigente argentino de la calle Riobamba, a pocos metros de la avenida Corrientes.

En la última sede nombrada transcurrió nuestra labor etnográfica. Pudimos ingresar en 2007 con ayuda de contactos previos y luego de presentar una carta detallando los objetivos de esta investigación (en particular, nuestro interés por seguir la primera elección de delegados representantes del extranjero a incorporar en la dirección del Frente Amplio en Uruguay). Ese año la elección de delegados fue central. Es importante aclarar que antes los comités de base en la Argentina enviaban sus representantes a Uruguay; así lo confirmaron nuestros entrevistados y puede verificarse también en el texto de la declaración del II Encuentro de Comités de Base del Frente Amplio en Uruguay en 2006 (Frente Amplio, 2006). La diferencia, a partir de 2007, fue la división del mundo en tres regiones dentro de las cuales se agrupaban los comités que elegían un delegado por región. En torno a esta elección hubo intensos debates acerca de su significado y trascendencia. Se entendió que era restrictiva, por incorporar sólo a representantes de los comités de base y dejar al margen a los sectores y partidos políticos en el extranjero. También se evaluó que el movimiento político en la Argentina quedaría diluido en la Regional Nº 1 (que también incluía otros países) y limitado en sus pretensiones de constituirse como un grupo autónomo y reconocido por el Frente Amplio en Uruguay.

En los hechos, por un breve período, esta formación política adquirió cierta formalidad organizativa al funcionar como Departamental 20 Buenos Aires (también llamada Frente Amplio de Uruguay en la Argentina). Las departamentales dentro del Frente Amplio en Uruguay son organismos de base intermedios que se ocupan de ejercer la conducción política del partido (junto con otras instancias de conducción como los comités, las coordinadoras zonales –que nuclean a los comités de Montevideo– y la Dirección Nacional). Se corresponden con la división política y administrativa del territorio uruguayo que consta, como dijimos, de 19 departamentos; de ahí que se optara por el número 20 para designar a Buenos Aires.

El signo distintivo que nos permite hablar de una departamental en Buenos Aires fueron las reuniones plenarias realizadas en 2005 y 2006, similares a los plenarios departamentales en Uruguay que constituyen la máxima autoridad política del Frente Amplio a nivel de cada departamento o división político-administrativa del territorio. Allí los plenarios están compuestos por un presidente, un vicepresidente y delegados de los sectores y partidos políticos y de los comités de base.

Los plenarios en Buenos Aires (denominados “plenario departamental”, “activo del Frente Amplio” o “activo sui géneris”) funcionaron como ámbitos de debate, deliberación y toma de decisiones con la voz y el voto de todos los grupos. Se completaba así el organigrama del movimiento político aunque no hubiera un reconocimiento formal por parte del partido en Uruguay. A futuro se pretendía “ingresar al Frente Amplio como Departamental 20 Buenos Aires”. Con ese objetivo se daban los primeros pasos en la construcción de un estatus político extraterritorial dentro de la estructura partidaria del Frente Amplio uruguayo.

Durante esos años hubo tres plenarios desarrollados en la sede de la CTA en la calle Carlos Calvo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde asistieron representantes de todos los grupos (incluso delegados de comités de la ciudad de Mar del Plata). Funcionaron con un presidente y un secretario de actas. Debatieron acerca de los temas previstos en el orden del día con una lista de oradores y las resoluciones se tomaron mediante votaciones por mayoría simple. El temario de las reuniones plenarias abarcó distintos puntos de interés; entre otros, la designación del embajador uruguayo en la Argentina, duramente criticada por tratarse de un miembro del Partido Nacional. Se esperaba que el presidente uruguayo Tabaré Vázquez nombrara un embajador político (es decir, que no fuera un diplomático) de filiación frenteamplista. Ante esta situación se decidió emitir un comunicado criticando el nombramiento. Hubo también mociones de rechazo pero quedaron en franca minoría.

Con respecto a la política de vinculación con los emigrados implementada por el gobierno uruguayo, a partir de 2005 se decidió participar con tres representantes en el Consejo Consultivo de Buenos Aires. Incluso se diseñó un estatuto que proponía su constitución como asociación civil sin fines de lucro (según la legislación argentina) que pasaría a llamarse Consejo Consultivo Provisorio de Residentes Uruguayos en Buenos Aires. De acuerdo con ese estatuto, el Consejo estaría integrado por “un miembro titular y uno suplente por cada agrupación o colectivo de uruguayos”. Entre sus objetivos se planteó “el control ciudadano sobre el Consulado” y la creación de una Casa del Uruguay que se ocupara del “desarrollo cultural y social”. Hubo consenso en llamarla Fernando Otorgués.[20]

En cuanto a la organización del movimiento político propiamente dicho, se debatió sobre la conformación de la Mesa Política. Se presentaron propuestas para incluir a representantes directos de todos los comités de base. Ya mencionamos que éstos estaban agrupados en dos coordinadoras (una por la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y otra por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), representadas por un delegado cada una.

El relevamiento censal, tarea que habían emprendido algunos comités, fue objeto de posiciones encontradas. Por un lado, debía ser una actividad a desarrollar y completar a futuro. Por el otro, se entendía que era competencia del Consejo Consultivo de Buenos Aires y no del movimiento político. Esta diferencia quedó sin resolverse, pero los relevamientos censales continuaron durante 2007 en distintos comités de base.

La instalación de la planta de celulosa o “papelera Botnia” en el río Uruguay fue un tema preocupante. En particular, se planteó la falta de pronunciamientos del Frente Amplio al respecto, hecho que los dejaba sin argumentos en el contexto argentino.

Por último, destacamos otros temas como la despenalización del aborto, la política de defensa y los derechos humanos, todos referidos a Uruguay.

De forma novedosa, a través de la Comisión de Prensa y Difusión que se reunía y tenía su infraestructura en una sede de la CTA, se editaron cuatro revistas en nombre del Frente Amplio de Uruguay en la Argentina, con información sobre la situación electoral en Uruguay y los comités en la Argentina (imagen 4). También fueron habituales las entrevistas (por ejemplo, al embajador uruguayo en Buenos Aires y al director del Departamento 20-La Patria Peregrina, oficina encargada de la relación con los emigrados en Montevideo) y las columnas de información internacional.

Para terminar, incluimos dentro del movimiento político a la Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en la Argentina. Por nuestra parte, esta inclusión responde en principio a la pertenencia política de sus miembros –en su mayoría mujeres militantes frenteamplistas– quienes han participado de forma individual en los espacios de militancia política hasta aquí mencionados. Sin embargo, la comisión como tal no formó parte del movimiento político como otras comisiones (Organización, Prensa y Finanzas) que tuvieron particular importancia cuando funcionó la Departamental 20 Buenos Aires. De hecho, en una de sus reuniones plenarias se planteó su creación oficial.

La militancia por los derechos humanos fue continua en el tiempo, más allá de coyunturas particulares. Se llevó adelante junto con grupos similares en la Argentina reunidos en torno al Instituto Espacio para la Memoria y a Barrios por Memoria y Justicia.

Dentro del trabajo realizado, se destaca el inicio de una campaña legislativa para la expropiación del predio donde funcionó en 1976 Automotores Orletti, un centro clandestino de detención y tortura sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde actuaban los servicios de inteligencia uruguayos y chilenos y permanecían secuestradas personas de esas nacionalidades. Se calcula que allí estuvieron detenidos unos doscientos ciudadanos uruguayos. Actualmente el centro es gestionado por el Instituto Espacio para la Memoria.

Las audiencias públicas del juicio por delitos de lesa humanidad perpetrados en Orletti fueron especialmente difundidas por la comisión con el objetivo de lograr cierta presencia y acompañar a los testigos uruguayos que asistieron a declarar.

Junto a los grupos de Barrios por Memoria y Justicia hicieron baldosas conmemorativas (imagen 5), que colocaron en 2009, en recuerdo de los ciudadanos uruguayos detenidos y asesinados en Buenos Aires en el marco del operativo Plan Cóndor. Una de ellas se encuentra en la avenida Corrientes 626, a las puertas del hotel Liberty, donde el 18 de mayo de 1976 secuestraron a Zelmar Michelini (senador del Frente Amplio de Uruguay), Héctor Gutiérrez Ruiz (presidente de la Cámara de Diputados uruguaya) y los militantes políticos Williams Whitelaw y Rosario Barredo. Todos los años se recuerda ese acontecimiento mediante una ceremonia en las puertas del hotel que coincide con la Marcha del Silencio realizada en Uruguay por organismos de derechos humanos desde 1996.

Señalamos, por último, las campañas efectuadas en la Argentina para lograr la anulación de la denominada Ley de Caducidad en Uruguay. Se trata de la ley 15.848 de 1986, titulada “Funcionarios militares y policiales”, que dice expresamente: “Se reconoce que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985”. Esta ley fue plebiscitada en 1989 y 2009 con el objetivo de lograr su anulación total y/o parcial, y de esa forma permitir el juicio sobre tales delitos. En ninguna de las dos oportunidades se logró la mayoría absoluta necesaria para su anulación. De todas formas, y en un contexto de fuertes presiones internacionales, en 2011 el Parlamento uruguayo sancionó la ley 18.831, de Pretensión Punitiva del Estado y Restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985. En ella se recobró el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado y se declaró que los delitos referidos en dicha ley son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República Oriental del Uruguay es parte.[21]

Configurado el panorama del movimiento político uruguayo, nos detendremos ahora en uno de los espacios de militancia mencionados, el comité de base, con el objetivo de indagar específicamente en sus significados, sus condiciones de creación y la cotidianeidad de las reuniones y actividades. Si bien nos centramos en la labor etnográfica realizada en el Comité Centenario (nombre real que nos permitimos utilizar porque este comité dejó de existir, por el momento, como lo habíamos conocido), incorporamos en forma sucinta nuestras observaciones acerca de otros comités de la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, así como también de la ciudad de Montevideo.

El Comité Centenario

El Comité Centenario surgió en 2003 a partir de la decisión de un grupo de militantes frenteamplistas que evaluaron la necesidad de tener “un punto de referencia”, “un lugar de reunión para poder militar” y que, sobre todo, consiguieron un espacio físico adecuado donde comenzar a funcionar.

Entre sus objetivos encontramos: “nuclear, juntar, agrupar uruguayos”, “difundir el programa político del Frente Amplio”, “hacer propaganda política” y “organizar los viajes a Uruguay para votar”. En cuanto a esto último, se contrataban al principio ómnibus con destino a Montevideo y otras ciudades de Uruguay. Los viajes eran un evento festivo: “Desde que entrabas al Uruguay hasta que llegabas a Montevideo, en cada pueblo se juntaban para recibirnos y saludar”. Luego, con la proliferación del ferry (en particular la compañía marítima Buquebus), la organización de los viajes a Montevideo cambió. Se repartían los cupones de viaje (“voucher”) a los interesados en las sedes de los comités y las personas debían canjearlos por el pasaje en las oficinas de Buquebus. En general, esta compañía le otorgó al Frente Amplio de Uruguay pasajes gratis o con descuento durante períodos electorales. Según nuestros entrevistados, la negociación por los cupones –entre el Frente Amplio y Buquebus– se realizaba directamente en Uruguay.

Los fundadores del comité participaban de las jornadas dominicales de propaganda política realizadas en el parque Centenario del barrio de Almagro, donde confluía la militancia frenteamplista tradicionalmente; de ahí el nombre Comité Centenario.

La gran participación de este comité es comúnmente reivindicada. Hubo un registro de setenta adherentes (inscriptos que abonaban la cuota mensual). En las reuniones semanales participaban entre diez y quince personas (en períodos electorales sumaban entre veinticinco y treinta) y en los eventos públicos llegaron a convocar a doscientas personas.

En cuanto a la pertenencia política de los integrantes, destacamos un elevado número de militantes independientes (entre ellos hubo ex afiliados al Partido Comunista y personas que luego de ser independientes se afiliaron a sectores políticos surgidos en la década de 1990 como Asamblea Uruguay[22] dentro del Frente Amplio). También participaban militantes del Movimiento de Participación Popular y del Partido Socialista y, a partir de 2007, del Partido Comunista uruguayo. Queremos destacar la diversidad de los integrantes en cuanto a su identidad política en el tiempo y la circulación de personas como dinámica habitual del comité. Esto se debe, en principio, a que no existen restricciones para el ingreso ni tampoco para dejar de participar. Algunos integraron también asociaciones de residentes y el Consejo Consultivo de Buenos Aires.

En su derrotero espacial, el Comité Centenario circuló por distintas sedes. La primera, a pocos metros del parque Centenario, fue la Asamblea Popular del Cid Campeador en el edificio de cuatro pisos del Banco Mayo, que había quebrado. (Dicha asamblea fue parte de un fenómeno típico de organización social en la Argentina entre 2001 y 2004 aproximadamente.) Allí funcionó entre 2003 y 2005. Las reuniones y actividades se realizaban en el amplio sector de planta baja con paredes vidriadas hacia la calle. En ese lugar también trabajó durante unos años una asociación uruguaya dedicada a difundir y fomentar la literatura “rioplatense” (lo analizaremos en el capítulo 3, referido al movimiento social uruguayo). De esta primera sede tuvieron que trasladarse por “diferencias con los asambleístas”. Distintos entrevistados argumentaron que, a partir del ingreso de un partido político argentino a la asamblea, las relaciones comenzaron a romperse y que la transformación paulatina del edificio en un lugar de vivienda de familias dificultaba el funcionamiento del comité.

Entre 2005 y 2008, la segunda sede fue un local de una fracción del Partido Socialista Argentino, ubicado en el barrio porteño de Caballito (contiguo a Almagro, donde estaban anteriormente). De este local también tuvieron que mudarse porque se vendió el inmueble (allí pagaban un alquiler mensual).

Durante 2008 estuvieron en la sede de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y del Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), ubicado en el barrio de Once o Balvanera. Finalmente se trasladaron a una sede del Partido Solidario (PSOL), en Caballito, cuyo líder –Carlos Heller– preside el banco Credicoop.

Nuestro trabajo etnográfico en este comité tuvo lugar entre 2004 y 2008, en las tres primeras sedes mencionadas. Ingresamos por medio de un integrante (familiar nuestro) que nos presentó en una de las reuniones semanales y registramos sus actividades: reuniones semanales, festejos por el Día del Comité de Base y actividades públicas (charlas con políticos de Uruguay y proyección de películas). Asimismo, observamos las jornadas de propaganda, participamos en el relevamiento de tipo censal y pudimos registrar la primera elección de delegados del exterior (2007) propiciada por el Frente Amplio. En estas elecciones, los comités fueron sedes de votación. Por último, relevamos el material gráfico y virtual producido por este comité (revistas mensuales [imagen 6] y documentos difundidos a través correo electrónico). En forma simultánea con estas tareas de investigación, realizamos entrevistas a los integrantes y miembros fundadores.

Las reuniones semanales (en día y horario fijos) constituyeron la dinámica básica del comité. Una reunión solía durar entre tres y cuatro horas. Los integrantes llegaban en forma paulatina a partir del horario pautado (en general, las 19 horas). Los primeros conversaban animadamente acerca de acontecimientos políticos uruguayos y argentinos, recientes viajes a Uruguay, la paridad cambiaria y los precios, mientras limpiaban y preparaban el lugar. La reunión comenzaba cuando los responsables de las comisiones (Prensa, Organización y Finanzas) y quienes asistían a las reuniones de la Mesa Política (usualmente representando a un sector o partido político del Frente Amplio) brindaban sus respectivos informes.

Luego se planteaban los temas y las actividades del momento. Entre los primeros, hemos registrado debates en torno a las implicancias de la instalación de una planta de procesamiento de pasta de celulosa en la ciudad de Fray Bentos, Uruguay, las posiciones del comité en el plenario de la Departamental 20-FAUA respecto de los temas allí tratados, el rol del Frente Amplio en la Argentina, las disputas con el Frente Amplio de Uruguay y distintas valoraciones sobre el gobierno del Frente Amplio (en particular el plan económico y la política internacional). A la vez, nuestra presencia y nuestras preguntas han propiciado el relato de historias migratorias. En alguna ocasión que consideramos adecuada (al comienzo o al final de ciertas reuniones donde hubo un clima de mayor confianza), hemos indagado sobre los motivos de la migración, el año, el lugar de procedencia, la militancia en Uruguay, etc. Pero éstos no eran temas habituales en las reuniones.

Gran parte de cada reunión se dedicaba a la organización de las actividades. Hacer cosas implicaba para ellos mucho tiempo y esfuerzo por no contar con recursos materiales ni dinero. Estamos hablando de trabajadores que aportaban sus horas libres y recursos (elementos de limpieza, de librería, etc.) y que recurrían a sus propias redes para conseguir lo que necesitaban (por ejemplo, la comida y la bebida de los festejos). Los aportes individuales, imprescindibles, se complementaban con las cuotas mensuales de los adherentes y otras estrategias para solventar gastos (por ejemplo, durante nuestro trabajo de campo hemos comprado rifas y señaladores de libro artesanales con motivos alusivos al Frente Amplio).

Dentro de las actividades habituales, distinguimos el festejo por el Día del Comité de Base. En esa ocasión se realizaba una asamblea donde se elegían y renovaban autoridades y se compartía una cena. En general se servían ravioles con tuco o buseca (guiso de mondongo preparado con papas, lentejas, porotos, ajíes, embutidos y tomates).

Las charlas con políticos del Frente Amplio de Uruguay organizadas por el comité han tenido una gran convocatoria. Hemos registrado la visita de un candidato del Movimiento 26 de Marzo en 2004 (hijo de Raúl Sendic, líder emblemático del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros), de un diputado del Movimiento de Participación Popular en 2005 y finalmente del candidato presidencial José Mujica en varias oportunidades. Los políticos presentaron el programa de gobierno del Frente Amplio exhortando a los presentes a votar en Uruguay y luego se abrió un espacio para las preguntas del público. Sin embargo, no mencionaron las políticas destinadas a la población emigrada (en este caso, la totalidad de los presentes), como los proyectos de ley del Frente Amplio para la reglamentación del voto consular o epistolar, las políticas de vinculación implementadas desde 2005 por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo, etcétera.

Las jornadas de propaganda en lugares públicos de la ciudad fueron centrales en la vida del comité. Los miembros fundadores, junto con otros militantes frenteamplistas, organizaban estas jornadas en el parque Centenario. En ese lugar, los domingos (desde el mediodía hasta el anochecer) se reunían alrededor de una mesa en la que exponían materiales de propaganda impresos y un mástil (improvisado) donde ubicaban una bandera uruguaya y una argentina. La bandera uruguaya funcionaba como un llamador, haciendo que los interesados y los conocidos se acercaran a conversar.

Como dijimos, hemos participado del relevamiento censal realizado por el comité en 2006. En efecto, elaboramos el cuestionario (tomando como base el censo argentino) y realizamos varias reuniones de preparación de un equipo de censistas entre los integrantes del comité. También acudimos, en nombre del Comité Centenario, a una reunión de la Mesa Política del Frente Amplio donde expusimos los lineamientos generales del censo propuesto. El relevamiento fue promocionado como una importante tarea en la primera revista del comité publicada en febrero de 2007. Existieron otros intentos censales realizados por comités ubicados en la provincia de Buenos Aires (más adelante presentaremos nuestra experiencia colaborando en uno de esos censos).

La elección de delegados del exterior para el plenario nacional del Frente Amplio en Uruguay fue un acontecimiento trascendente en la vida del comité. Registramos la extensa jornada de votación, que tuvo una gran convocatoria gracias al trabajo proselitista previo. Esta votación fue importante también porque uno de los candidatos era miembro del comité. Los fundamentos para su postulación quedaron plasmados en un documento que circuló por correo electrónico, donde se detallaba su “currículum político”. En Uruguay había participado en política estudiantil y sindical como afiliado al Partido Comunista y miembro del Frente Amplio, hasta el golpe de Estado. Desde 1974, como residente en la Argentina, participó en diversos grupos: en 1980 integró la Agrupación AROJA del PCU, en 1982 formó parte de “la primera reunión del Frente Amplio en la localidad de Ramos Mejía”, provincia de Buenos Aires, en 1985 integró la dirección política del Partido Comunista de Uruguay en Buenos Aires y participó en la Mesa Política del Frente Amplio en la Argentina. Entre 2001 y 2003 presidió la Asociación de Residentes Uruguayos en la Argentina (ARUA) e integró “la Asamblea Popular Flores Sur”, y en 2003 fue cofundador de la Asociación Cultural Uruguaya Abayuba (nombre ficticio para esta investigación, cuyo análisis presentamos en el capítulo 3). A partir de 2005 se integró al Comité Centenario (donde presidió la Comisión de Organización) y se desempeñó como delegado de los comités de base de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en “la Mesa Política departamental del Frente Amplio”. En el documento se menciona que el candidato estuvo preso en Uruguay en 1973 a causa de su militancia y se aclara que desde la década de 1990 dejó de pertenecer al Partido Comunista uruguayo.

En adelante analizamos las propuestas registradas a partir del material gráfico elaborado por los integrantes del comité en busca de sus propios significados acerca del rol de los comités de base en el extranjero y del Frente Amplio en la Argentina. Nos basamos en la serie de cinco “boletines” (impresos entre febrero de 2007 y noviembre de 2008) y en dos documentos que recibimos por internet: “Documento para las elecciones de candidato en el exterior” –fechado en agosto de 2007– y “El Frente Amplio en la Argentina y la integración del Frente Amplio exterior” –de noviembre de 2007– (Comité Centenario, 2007, 2008).

De acuerdo con este material, podemos decir que los comités son los “lugares o ámbitos” de “la acción y la organización política” a nivel barrial dentro del Frente Amplio. “Son el instrumento para el ejercicio de la democracia participativa” y reúnen a los militantes (independientes o afiliados a algún sector o partido político de los tantos que conforman el Frente Amplio). Teniendo en cuenta que es el partido que preside Uruguay desde 2005, se los considera además vehículos para “transmitir la obra de gobierno”.

El Frente Amplio de Uruguay en la Argentina es una estructura de representación política de larga data cuyo origen se remonta a la década de 1980. En su trayectoria tuvo una injerencia “indiscutible” en la vida política del Frente Amplio uruguayo y una forma de organización similar a las departamentales en Uruguay. De hecho, el comité lo reivindicó como “Departamental 20 Buenos Aires”, destacando su estructura de funcionamiento y representación a través de los siguientes elementos: “plenario, Mesa Política, ejecutivo, comités de base y coordinadoras”.

Ahora bien, con el objetivo de “fortalecer” esa estructura, el Comité Centenario elevó una propuesta para la reorganización del Frente Amplio en la Argentina como una “distrital”. El reglamento diseñado a tales efectos tuvo la particularidad de incorporar la figura del delegado del exterior, sugerida desde Uruguay. En él se planteaban cuatro instancias organizativas: “un plenario” con sesiones bimensuales (autoridad máxima integrada por delegados de los comités de base y de los sectores o partidos políticos), cuatro secretarías (Organización, Prensa, Finanzas y Propaganda), “una mesa distrital” con sesiones mensuales (autoridad intermedia con delegados de comités de base, de sectores o partidos políticos y el delegado regional del exterior) y un “ejecutivo distrital” con reuniones semanales (dirección cotidiana integrada por “cuatro delegados de las bases de Capital y provincia de Buenos Aires, un delegado por Mar del Plata, un delegado por Rosario, un delegado por Concordia, un representante de cada secretaría y el delegado regional del exterior”). La delimitación territorial que les corresponde a los delegados que asisten al ejecutivo distrital, que vemos enumerada en el reglamento, indica claramente que en esas ciudades hay organización política consolidada de uruguayos frenteamplistas.

A lo largo de nuestra investigación hemos conocido varios comités de base en diversas circunstancias y lugares, aun en Montevideo.

En primer lugar, nos acercamos a un comité de la ciudad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, por recomendación de los integrantes del Comité Centenario. Nos interesó el trabajo censal que desde allí se venía desarrollando e incluso participamos como censistas durante algunos fines de semana en el invierno de 2006. Este comité surgió en 1984 y posee desde 2003 una asociación cultural desde la cual lleva adelante actividades no vinculadas con el proselitismo político, además de un programa de radio semanal con información política y música. En su trayectoria tuvo varias sedes. Incluso, durante algunos períodos, las reuniones debieron hacerse en las casas particulares de sus miembros. Los domingos instalan un puesto en la feria del barrio, habilitado por el Municipio. Además del censo ya mencionado, se ocuparon del Plan Patria Grande[23] y lograron que muchos uruguayos ingresaran y tuvieran documentación argentina. Con respecto a sus miembros fundadores, migraron en la década de 1970. En Uruguay tenían militancia sindical y algunos estuvieron presos. Las actividades que realizan les insumen mucho tiempo y, según manifestaron, les fue imposible participar además del Consejo Consultivo de Buenos Aires. De todas formas se han mantenido en contacto con este último y asistieron a algunas reuniones (lo que para ellos significa viajar unas tres o cuatro horas).

En segundo lugar, visitamos el comité de base en Tigre, provincia de Buenos Aires, en ocasión de la elección de delegados del exterior, cuando acompañamos a la comitiva electoral que repartió el material para la votación (urnas, boletas, etc.). Estaba ubicado a diez cuadras de la estación de tren y tenía un cartel en la entrada con el nombre y la bandera del Frente Amplio. En la sala central las paredes exhibían afiches, propagandas, fotografías y cuadros con cronogramas de actividades. Detrás, había una cocina (donde se preparaban los almuerzos de los domingos) y finalmente un pequeño patio posterior. A diferencia del Comité Centenario, poseía un lugar propio de funcionamiento, lo cual permitía una mayor apropiación del espacio.

En tercer lugar, conocimos a un miembro de un comité recientemente conformado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando asistíamos a las reuniones del Consejo Consultivo de Buenos Aires en octubre de 2009. Esa persona iba a las reuniones del Consejo como militante frenteamplista y nos entregó en varias ocasiones la gacetilla del comité. Entre las temáticas tratadas en ella, destacamos ciertos elementos que hacen a la autopercepción de sus miembros como militantes políticos en la Argentina, el valor de su aporte al partido en Uruguay y por último sus propuestas en cuanto al funcionamiento en Buenos Aires. En este sentido, se refieren a sí mismos como “frenteamplistas que vivimos en la Argentina […] veteranos de mil batallas y campañas electorales”, “en condiciones de opinar, de hacer, de trabajar para un nuevo triunfo del Frente Amplio” (recordemos que 2009 –período de las gacetillas que estamos analizando– fue año de elecciones nacionales en Uruguay). También mencionan que los frenteamplistas en la Argentina tienen “una responsabilidad muy grande de aquí a las elecciones” y “es necesario” replantearse “las formas de trabajo”, priorizando los comités de base porque tienen “un contacto directo y permanente con los compatriotas”. Por último, proponen ampliar la representación de la Mesa Política incorporando “un delegado con voz y voto por cada comité de base” (como dijimos, los comités estaban representados por un delegado; había uno por la zona oeste del conurbano bonaerense y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Cuarto, y último, visitamos un comité de base en la ciudad de Montevideo, durante julio de 2006. Llegamos allí por recomendación de militantes del Movimiento de Participación Popular y así pudimos asistir a una de las reuniones semanales sin mayores inconvenientes. Luego de explicar nuestras intenciones y de presentar brevemente nuestro trabajo de investigación en Buenos Aires, la única pregunta que surgió de una de las participantes fue: “¿Vos sos argentina o uruguaya en la Argentina?”.

El comité en cuestión se ubicaba en el barrio Curva de Maroñas, en el primer piso de una casa de la década de 1950. Tenía varias salas con sillas de plástico y mesas desarmables (hechas con tablas de madera) y una cocina. Ese día se desarrollaba una “charla debate sobre la educación pública” (organizada por la “Comisión de Jóvenes del comité”) y se discutía sobre la incumbencia del Estado en las políticas educativas. Asistían unas treinta personas (diecisiete eran mujeres) diferenciables en dos grupos según la edad: entre dieciocho y veinticinco años, y más de cincuenta años. Según nos informaron, a las reuniones semanales asistían entre cinco y diez personas.

Una vida de militancia

De aquí en más nos detendremos en la vida de una militante frenteamplista. A partir de sus vivencias y participación, reconstruimos su trayectoria migratoria y volvemos a recorrer los distintos espacios del movimiento político uruguayo en Buenos Aires. Con ella realizamos una serie de entrevistas en 2007 y 2011 que incluyeron el trabajo con fotografías familiares y material impreso del Frente Amplio de Uruguay y Argentina (folletos, revistas, láminas, afiches, etc.) que nuestra entrevistada guarda entre sus objetos queridos (imágenes 7A, 7B y 8). Otros encuentros y conversaciones tuvieron lugar durante nuestro trabajo de campo. Fue frecuente encontrarla acompañando a la Comisión de Derechos Humanos en sus distintas actividades, festejando los aniversarios del Partido Comunista o asistiendo a charlas con políticos de Uruguay.

Durante esos años ha demostrado un gran interés por conversar sobre los temas de nuestra investigación. En ocasiones nos contó que había comenzado a estudiar Economía en Uruguay y Antropología en Buenos Aires. Su conocimiento previo acerca de las ciencias sociales puede relacionarse con su deseo de colaborar y con el vínculo de trabajo que logramos establecer.

Nuestro interés por presentar esta vida de militancia se basa en las premisas de Pierre Bourdieu y Loïc Wacquant (1995: 171) acerca de aprehender los espacios sociales interrogando al conjunto de agentes, porque la información se encuentra ligada a ellos, en particular “bajo la forma de distribuciones de propiedades entre individuos”.

En términos de Daniel Bertaux (1980), hemos trabajado con el relato de vida de nuestra entrevistada, es decir, aquello que la persona cuenta que ha vivido, sabiendo que el sujeto no recita su vida, sino que reflexiona sobre ella mientras la cuenta.[24] De esta forma, los relatos de vida constituyen una herramienta de acceso a lo vivido subjetivamente, son reveladores de determinados procesos e implican reconocer que la experiencia humana tiene un valor cognitivo. Joan Pujadas (2000) plantea también que el método biográfico (abandonado durante décadas) revaloriza al actor social (individual y colectivo) como sujeto de una configuración compleja y protagonista de la realidad social.

Nuestra entrevistada pasó su infancia y adolescencia en una colonia agraria llamada César Mayo Gutiérrez, ubicada en el departamento de Río Negro en Uruguay. Allí vivió con su familia (padres y dos hermanos). El padre fue arrendatario de una fracción de terreno otorgada por el Instituto Nacional de Colonización, donde se plantaba trigo, lino, maíz y girasol, y se contrataban peones para la cosecha. Su bisabuelo era español y viajó a América junto con dos de sus hermanos, que se radicaron en la Argentina.

En la colonia, además de ir a la escuela rural, se ocupaba de hacer las compras, recoger los huevos de las gallinas, echar a las vacas que se acercaban a la casa, tender las camas y regar las plantas del jardín. El entorno familiar también estaba en las ciudades cercanas de Young y Paysandú, donde nuestra entrevistada cursó los estudios secundarios y el preparatorio para ingresar a la universidad.

Con el objetivo de estudiar una carrera universitaria se trasladó a Montevideo en 1971, con veintiún años. Vivió en hoteles o “pensiones” y sintió que salía “de la burbuja” política en la que estaba, donde sólo existían los partidos Colorado y Nacional. En Montevideo comenzaba a conocer “los ismos, el comunismo”, “los tupamaros”, “el pachecazo del 68”,[25] “el ejército y la policía en la facultad” y “el secuestro y asesinato de estudiantes”.[26] Todavía sintiéndose “muy gurisa y paisana”[27] fue acercándose al “movimiento progresista”, en gran medida a través del ámbito universitario, y asistió a reuniones políticas del Frente Amplio (una de ellas, recuerda, fue en el teatro El Galpón).[28] Luego se integró a un comité de base del barrio Cordón llamado El Hervidero. También participó del Movimiento 26 de Marzo dentro del Frente Amplio, ya que simpatizaba con su propuesta nacionalista y las reivindicaciones del “ideario artiguista”.

Evoca un clima de “efervescencia” constante: “Casi todos los días estábamos en el comité”, donde se realizaban reuniones y actividades de propaganda con carteles y volantes hechos a mano. La propaganda podía estar autorizada, mediante permisos especiales que otorgaba la Intendencia Municipal de Montevideo, o podía ser clandestina, cuando se pintaba una pared del barrio con la leyenda “Bordaberry dictador”, por ejemplo. De acuerdo con nuestra entrevistada, en ese momento se nuclearon los jóvenes y los viejos militantes del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. Entre todos “les dimos un susto en las elecciones de 1971” con “movilizaciones” que eran “impresionantes”:

El Frente Amplio fue dentro de la política uruguaya una cosa muy histórica. Uno cuando lo está viviendo no se da cuenta que algo surgía, un acuerdo entre sectores políticos. Nos parecía que era maravilloso, era lo que todos estábamos esperando, que se uniera la izquierda.

El traslado a Buenos Aires en 1974 sobreviene a partir de una serie de acontecimientos combinados. La muerte de su padre y la enfermedad de su madre desencadenan una precaria situación económica familiar que afecta la ayuda económica que recibía de su familia para estudiar en Montevideo, si bien ella también trabajaba.

Además, la persecución política comenzaba a sentirse muy cercana. A partir del golpe de Estado, “nos reuníamos clandestinos porque ya no se podía militar más y estábamos todos fichados”.[29] En cierta ocasión supo que “los verdes” (se refiere a los miembros del ejército) habían estado buscándola en la casa de su madre en la colonia agraria. Su novio –de nacionalidad argentina–[30] militaba activamente en un sector del Frente Amplio, el Movimiento 26 de Marzo.

Por último, la situación económica resultaba poco prometedora. Si bien ambos miembros de la pareja trabajaban, sólo podían vivir en un hotel, sin perspectivas de alquilar una vivienda a futuro. Este conjunto de factores, sumado a la presencia de familiares en la Argentina, desató la emigración a Buenos Aires, previo casamiento en Montevideo. En sus palabras, la situación era la siguiente:

Nos casamos y en el 74, a fines del 74, nos vinimos. Ya en mi casa no me podían ayudar y yo trabajaba pero… él también, pero no llegábamos entre los dos a juntar como para pagar un alquiler, viste. La cosa política estaba recaliente: todos los días, a cada rato te enterabas de compañeros que se habían tenido que ir o que habían caído presos o entraban clandestinos, y no sabías si… Sabíamos, nos tenían a todos fichados, aunque yo nunca tuve, nunca fui dirigente de nada, digamos, fui bien base.

Actualmente, hace treinta y cuatro años que vive en Buenos Aires, donde tuvo a sus tres hijos. Uno de ellos reside en la provincia de Córdoba, otro en Buenos Aires y la hija mujer vivió entre 2002 y 2011 en Israel con su esposo y su hija (ambos argentinos), aunque ahora volvieron a Buenos Aires.

El primer viaje de regreso a Uruguay tuvo lugar recién en 1987, luego de trece años. Mientras duró la dictadura en ese país, no regresaba porque tenía la certeza de estar en las “listas negras” y por lo tanto temía ser detenida con su esposo en la frontera. Restituida la democracia, tardó dos años más en volver porque sus hijos eran muy pequeños y su madre viajaba constantemente a visitarla.

Su militancia política en Buenos Aires comenzó en 1989, cuando participó en el “plebiscito del voto verde” (plebiscito para anular la Ley de Caducidad). En ese momento se “relacionó” con otros militantes frenteamplistas que la llevaron a las reuniones del Frente Amplio en el local ubicado en la calle Sarmiento detrás del Teatro General San Martín (ya mencionamos que en ese lugar se reunía la Mesa Política). Allí se informó sobre un comité de base cercano a su casa, “el Che Guevara”,[31] al que asistió durante poco tiempo.

Más tarde integró el Comité Alfredo Zitarrosa (ubicado en la avenida del Trabajo –ahora se llama Eva Perón– 1060 en un local del Partido Intransigente). Desde allí participó de las campañas proselitistas de 1994 (ese año hubo cuatro plebiscitos en Uruguay y una elección nacional, ver cuadro 2 del capítulo 1). Este comité fue dejando de funcionar debido a la crisis del Partido Comunista. La mayoría de sus integrantes, militantes comunistas, fueron “absorbidos” por las “divisiones” que atravesó dicho partido en la década de 1990 en desmedro del funcionamiento del comité. Esa crisis había separado al partido en dos grupos, uno “conservador o stalinista” y otro “renovador” (en este último se destacó la figura de Jaime Pérez).[32] Entre ambos prevaleció la línea conservadora, lo que provocó la dispersión de muchos integrantes que se mantuvieron independientes, integraron otros grupos o crearon nuevos, como por ejemplo “la Confa” o Confluencia Frenteamplista. Además de la escasa convocatoria, el comité perdió su sede porque cerraba el local del Partido Intransigente.

Hacia fines de la década de 1990, junto con un grupo de militantes mujeres que formaban parte de la Mesa Política del Frente Amplio en Buenos Aires (en representación del Movimiento de Participación Popular, del Partido Socialista, etc.), llevaron adelante una “actividad” artística con músicos y murgas de la colectividad que tuvo mucha concurrencia. Con este impulso decidieron hacer un comité para tener “un punto de referencia” y “una representación”. Consiguieron un local del Partido Comunista en la calle Humahuaca, en el barrio de Almagro, y crearon el Comité Integración. Fue un período muy activo, con reuniones, campañas y jornadas de propaganda semanales en el parque Centenario, donde confluían otros militantes entre los cuales estaban los fundadores de lo que luego fue el Comité Centenario.

Con un comité podés tener algo orgánico en el Frente, en la Mesa, te sirve como un punto de referencia. Y además viste que, como la mayoría de los comités, o son de un sector o son del otro o hay alguien que se hace dueño del comité. Siempre se empieza un comité, de seguro esto, con la idea de hacer algo amplio que integre a todo el mundo, por eso le pusimos Integración. Era entre los que vinieran de todos los sectores a todo el que se sentía independiente y que no tenía mucha representación, o que se sentía incómodo en otros lugares […] Y entonces hicimos el Comité Integración y estaba lindo, viste, teníamos lindas reuniones […].[33] Estuvo bueno el comité, funcionamos mucho tiempo. Una de las cosas que teníamos era poner la mesa ahí en el parque donde está el mástil, y fueron años que juntamos firmas, fue esa época de plebiscitos todo el tiempo, teníamos mucha actividad.

El Comité Integración se disolvió por distintas razones, entre ellas la falta de tiempo disponible de sus integrantes y algunas “cuestiones personales” (en este caso, “conflictos de pareja”).

En 2005 volvió a participar de un comité, el Centenario, durante el tiempo en que funcionó en la sede del barrio de Caballito, a pocas cuadras de su domicilio particular. Allí la conocimos asistiendo a las reuniones semanales. Nuestro mutuo acercamiento comenzó con motivo del relevamiento censal en las reuniones informativas y en las prácticas (ejercitamos el cuestionario en nuestros respectivos domicilios).

Por último, con motivo de las elecciones nacionales en Uruguay en 2009 integró el Comité Mario Benedetti (ubicado en la calle Rojas del barrio de Caballito), en el que había ex miembros del Comité Centenario. Hasta el momento fue su última participación en un comité de base.

Con respecto a su filiación política, nos hemos referido a su primera pertenencia sectorial al Movimiento 26 de Marzo en la década de 1970 en Uruguay. Cuando retomó su militancia en Buenos Aires, se mantuvo “independiente” durante algunos años “porque ya el 26 de Marzo no era lo que había sido cuando participaba en eso, se volvió más fundamentalista”. Dentro de la oferta de sectores políticos del Frente Amplio que habían proliferado en la década de 1990 en una “cantidad de divisiones, una avalancha de grupos”, se inclinó por Asamblea Uruguay, grupo creado por Danilo Astori en 1994:

A mí me gustaba Astori, siempre tuve una gran admiración porque era el decano de la Facultad de Económicas, había sido profesor mío, era un tipo muy joven y brillante.

En efecto, Danilo Astori es contador público, economista y político del Frente Amplio. Fue decano y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas en 1973 y entre 1985 y 1989. Como político fue senador (1990-1995), fundó el sector político Asamblea Uruguay (1994) y nuevamente senador (1995-2000 y 2000-2005). Por último, fue ministro de Economía (2005-2008) y vicepresidente de la Nación desde 2010 hasta marzo de 2015.

En su militancia en Asamblea Uruguay, nuestra entrevistada integró la Mesa Política y llegó a ser la responsable de la Comisión de Finanzas durante varios años. También participó de las actividades proselitistas en la sede de la calle Riobamba; en particular dedicó jornadas enteras a atender los llamados telefónicos y evacuar consultas de diverso tipo (era habitual que se contratara un número telefónico gratuito a través del cual informar sobre descuentos en pasajes y el padrón electoral). El trabajo militante funcionaba con altibajos al ritmo electoral en Uruguay. En sus palabras, “las elecciones y los plebiscitos nos mantenían muy activos. Así pasamos veinte años, siempre volvíamos a empezar”.

Para el último año de nuestras entrevistas (2011), el movimiento político que habíamos visto estaba desarticulado.[34] Solamente algunos comités funcionaban y pocos grupos políticos se reunían. Incluso la Mesa Política dejó de hacerlo, situación que era inédita. Respecto de esto, nuestra entrevistada opinaba:

Crisis como la que hay ahora yo no me acuerdo que haya vivido. Yo no sé cómo, qué fue lo que fue desencadenando esto que está pasando ahora. Hubo cierto desencanto cuando empezó la presidencia de Tabaré, las críticas, porque ya muchos creían que al otro día tenía que estar todo, la revolución, que se había hecho la revolución, viste, por lo menos […] Ahora está todo medio parado hasta la próxima.

Una comunidad con identidad política

Los espacios de militancia, participación y representación en los distintos niveles hasta aquí analizados fueron conformando el movimiento político localizado en Buenos Aires. Desde hace más de tres décadas, esa estructura organizativa en sus distintas formas y dinámicas viene movilizando a los uruguayos para que ejerzan sus derechos como ciudadanos plenos en el país natal.

En paralelo, el movimiento adquirió por un breve período cierta autonomía, con perspectivas de conformar un espacio político extraterritorial dentro del Frente Amplio en Uruguay. El mismo quedó como antecedente de un espacio a lograr dentro del partido en Uruguay, bajo la forma de una departamental (lo que implicaría un reacomodamiento de fuerzas importante dentro del Frente Amplio) o algún mecanismo semejante.[35]

Muy lejos de concebir una sociedad o cultura en sí, particularizada o al menos discernible, hemos observado cierta cohesión que nos permite utilizar el concepto de comunidad. La unión se presenta sobre la base de una identidad política que diferencia al grupo que hemos rastreado en el país de origen y facilitó en el país de destino la agrupación y la recreación de la identidad política. Sabemos que la idea de comunidad fue objeto de cuestionamientos teóricos porque, al considerar a un grupo como tal, se lo reifica en su carácter autónomo, homogéneo y solidario. En definitiva, se trata de las mismas críticas que le caben a los conceptos de cultura e identidad.

En nuestro caso la comunidad uruguaya tuvo un elemento de cohesión: la identidad política. Sin embargo, hemos registrado que, lejos de ser una comunidad en el sentido clásico, es un grupo con diferenciación interna, límites variables y difusos, tensiones, disputas y conflictos. Más en detalle: encontramos distintos grados de participación y compromiso entre los miembros (adherentes, simpatizantes, militantes independientes y orgánicos) y variadas conformaciones del movimiento político en sí, lo que dificulta establecer sus límites. Hemos registrado un conjunto de comités y partidos o sectores coordinados por una dirección, luego una departamental autónoma que disputó un lugar extraterritorial. Actualmente perviven una serie de comités y algunos sectores o partidos que funcionan sin coordinación o dirección central pero que fueron capaces de organizar un evento público masivo en la ciudad de Buenos Aires para festejar los cuarenta años de existencia del Frente Amplio.

Hubo varios puntos en disputa. Las formas de representación interna se discutieron permanentemente; fueron reiteradas las demandas de mayor participación de los comités de base frente a la preeminencia de los sectores y partidos políticos en la dirección ejecutiva. La relación con el partido en Uruguay, en particular cuando el Frente Amplio accedió al gobierno nacional (2005), indica fuertes desacuerdos: por un lado, respecto de las designaciones diplomáticas en la Argentina y, por el otro, en cuanto a las estrategias de representación para el extranjero implementadas en 2007, entendidas como una forma de disolver el camino autónomo iniciado en Buenos Aires.

Fue frecuente debatir sobre el rol del Frente Amplio constituido en el extranjero. En nuestro caso, las posturas oscilaron entre la difusión de los lineamientos que surgen de Uruguay y la creación de una entidad autónoma en Buenos Aires con sus problemáticas particulares. Por el momento es un debate abierto.

Estamos entonces frente a una entidad variable en tiempo y espacio, sin límites fijos más allá de lo que se pueda acotar en términos analíticos, con luchas hacia dentro y hacia fuera que, en definitiva, activan las transformaciones y en cuyo interior los agentes sociales participan activamente organizando sus referentes identitarios, los límites y las pertenencias que los diferencian de otros grupos. Esta estructura por demás compleja hizo posible la ciudadanía uruguaya en la praxis colectiva y desafió los términos territoriales que legitiman a una comunidad política. Podemos asegurar que el movimiento político incidió en el cambio político en Uruguay y que en su larga historia de lucha, vinculación y compromiso reconfiguró las fronteras del Estado uruguayo incorporándose los emigrados de hecho como ciudadanos con plenos derechos. En este sentido, la ciudadanía no se encuentra en los códigos jurídicos sino en la práctica política mediante la cual los inmigrantes ponen en cuestión su estatus dentro de la comunidad de destino y de origen. La ciudadanía se encuentra ligada a la acción y sujeta a una dinámica de resignificaciones que expresan un momento determinado de las relaciones sociales existentes. Cada régimen político cristaliza, a nivel del individuo, su propio ordenamiento social en la demarcación ciudadana según un modelo de hombre, de derechos y de deberes en una comunidad política. Así, el proceso de construcción de ciudadanía entendido históricamente pierde su carácter natural para transformarse en objeto de disputa y cambio.

Luego de abordar el elemento político de la identidad uruguaya dentro del movimiento asociativo en la Argentina, registrando su conformación desde distintas perspectivas, en el capítulo siguiente nos abocamos a estudiar el movimiento social relevado a partir de la creación de proyectos asociativos de distinta índole: social, cultural y literario.

CAPÍTULO 3

El movimiento social uruguayo

En este capítulo analizamos tres formas del asociacionismo uruguayo en los primeros años de este siglo, registradas durante nuestro trabajo de investigación. Cada una presenta sus propias características en cuanto a intereses y proyectos y, fundamentalmente, en cuanto a la colectividad uruguaya.

Contextos de origen

Los tres proyectos analizados aquí tuvieron la particularidad de desarrollarse en un contexto marcado por la movilización social en la Argentina –a partir de 2001 y 2002– y el cambio de signo político en Uruguay en 2005, cuando el Frente Amplio accedió al gobierno nacional. Recordemos también que en ese momento gobernaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una coalición política proclive a promover la organización y la participación de los grupos sociales. Además, cierto compromiso con la cuestión migratoria puede rastrearse en la propia figura de Aníbal Ibarra –cuyo padre era paraguayo–, quien fue jefe de Gobierno de la ciudad en esos años (2000-2006) y aún hoy sigue participando de los festejos patrios realizados en la residencia del embajador uruguayo en la Argentina.

En este complejo contexto surgieron un “centro de residentes”, una “casa del encuentro” y un “grupo cultural” de carácter literario. Estos proyectos se diferenciaron del movimiento político uruguayo en pos de otros objetivos, aunque sus miembros fundadores eran militantes frenteamplistas en la Argentina. De tal forma, remiten a un cambio importante en la dinámica identitaria de la inmigración uruguaya, hasta entonces centrada en la militancia y el proselitismo, o en expresiones de carácter artístico y asociativo que aparecían como epifenómenos de lo político.

Para analizar estas nuevas configuraciones, no centradas en el tradicional marco político, tomamos en cuenta los siguientes ejes: origen, estructuración, intereses, objetivos, infraestructura (espacios de reunión, medios de comunicación, sostenimiento económico), funciones, actividades y por último vinculaciones, es decir, las relaciones dentro del propio grupo con otros grupos de la diáspora y con la sociedad receptora y del país de origen. Nuestro objetivo es analizar las formas de identificación por medio de las cuales cada uno de los tres grupos registrados dio sentido a un nosotros en el proceso migratorio y representó esa pertenencia grupal.

La Asociación del Encuentro

A partir del contexto antes detallado, surge entre 2002 y 2003 la Asociación del Encuentro (nombre ficticio). Nuestro primer contacto con ellos surgió a partir de las organizaciones frenteamplistas. Sus miembros fundadores se identificaron como un grupo de “ciudadanos argentinos y uruguayos en la Argentina integrados a la vida cultural, económica y política” de ese país, y reconocieron la existencia de lazos previos entre ambos países.

En efecto, reparan en la existencia de “raíces históricas comunes entre ambas naciones”, lazos de “amistad, consanguinidad, lenguaje, cultura, hábitos y leyendas” que constituyen un sustrato a reafirmar y fortalecer desde la sociedad civil. Ante la pregunta –en el marco de una entrevista– de por qué surgen como grupo, su presidenta menciona rápidamente que el contexto propicio era “el advenimiento del gobierno frenteamplista en Uruguay”.

Sus objetivos han sido trabajar en conjunto argentinos y uruguayos para acercar a “los pueblos de ambos países”, “contribuir a la divulgación de la cultura, cultivar la amistad” y desarrollar emprendimientos en el marco de la “economía social”. Esto último remite a la compra de una imprenta con un préstamo del Estado argentino mediante los programas de microemprendimientos del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno nacional. Entre sus diversas actividades, hemos registrado talleres de murga, candombe e historia, y eventos festivos o conmemoraciones relacionadas con el grupo o con fechas patrias en Uruguay. Asimismo, difundieron y participaron en todas “las actividades de similares características realizadas por otras instituciones de uruguayos en la Argentina”. También han gestionado convenios tarifarios con compañías de transporte y hoteles en Uruguay que benefician con descuentos en viajes a la colectividad en la Argentina. Con la imprenta editaron dos libros, uno sobre el cantante popular Alfredo Zitarrosa y otro sobre José Gervasio Artigas.

Con los objetivos mencionados, formaron una asociación civil que canaliza el compromiso y la participación de los ciudadanos, y se vincularon con distintas instituciones estatales que promueven sus iniciativas y proyectos. Así comenzó su relación con el Estado, aunque en realidad se trata de una exigencia de institucionalización que permite el reconocimiento estatal.

Llegar a ser una asociación civil requirió de asesoramiento legal y trámites diversos, con la consiguiente inversión de tiempo y dinero por parte de las propias agrupaciones. En efecto, quienes emprenden esta tarea deben necesariamente acordar con abogados que los asesoren y representen ante los organismos estatales (en este caso, el Ministerio de Justicia de la República Argentina), reunir avales recurriendo a personalidades públicas y, sobre todo, obtener los fondos económicos para pagar los trámites legales. Como si fuera un círculo que vuelve a comenzar una y otra vez, para solventar esos gastos se recurre a distintas instituciones estatales. En nuestro caso, por ejemplo, la Asociación del Encuentro apeló a instituciones del ámbito cultural para realizar un evento en el que se presentaba públicamente su proyecto. Consiguió un teatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente al circuito municipal, y la actuación del conocido cantante uruguayo Rubén Rada.

La organización legal mediante la figura jurídica de una asociación civil fue el punto de partida para comenzar a tejer una red de relaciones transnacionales con distintas instituciones a nivel municipal en ambos países, intendencias en Uruguay y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha red se amplió considerablemente al incluir instituciones que las nuclean, como la Junta Departamental en Uruguay y Mercociudades, la red de municipios del Mercosur fundada en 1995.

De esta forma, los Estados-nación se convierten en actores relevantes que condicionan con sus requerimientos institucionales el accionar de los inmigrantes pero también habilitan sus iniciativas, en particular cuando existen contextos gubernamentales con cierto perfil social. En este sentido, recuperamos los enfoques que vinculan a los Estados y a los grupos de la sociedad civil, sin dicotomizar posturas (Grimberg et al., 2009). Ni el Estado es un monolito ni los grupos sociales tienen una única forma de relacionarse con él.

En cuanto a su infraestructura, la Asociación del Encuentro ha contado con dos locales sucesivos donde reunirse y realizar sus actividades. Por esta razón es el único grupo que pudo ofrecer un servicio diario, con horario vespertino, de atención a la colectividad. En la actualidad se ubican en el cuarto piso de la estación de tren de Once, donde también se encuentra el Consulado de Bolivia. Se trata de una concesión del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE). Poseen un programa de radio semanal en AM 530, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y entre 2004 y 2007 editaron una revista (imagen 10). Toda la folletería de esta y otras asociaciones, incluido el Consejo Consultivo de Buenos Aires (que trataremos en el capítulo 4), fue realizada con la imprenta a la que nos hemos referido antes.

La asociación participó activamente de las políticas de vinculación y fue uno de sus pilares en Buenos Aires entre 2006 y 2012, no sólo por la impresión de la folletería sino por la difusión de los eventos del Consejo Consultivo y las campañas por el voto epistolar (imagen 11). Estas políticas fueron bienvenidas y celebradas en los primeros años debido a las perspectivas a futuro que se abrían con el hecho de que los uruguayos en el exterior fueran parte de la política del Estado por primera vez, además de sus implicancias en la Argentina. Sin embargo, más allá de participar en las políticas de vinculación, los entrevistados manifestaron que en realidad el Estado uruguayo necesitaba “unificar a los distintos grupos en el exterior con el objetivo de implementar sus políticas públicas”. Incluso expresaron que las políticas de vinculación en Buenos Aires eran “inconducentes porque ya existía una heterogénea colectividad”, aunque dejaron en claro que “servirían en aquellos países donde los uruguayos no tuvieran organizaciones propias de ningún tipo”.

La Unión de los Residentes

La Unión de los Residentes (nombre ficticio) fue una asociación de tipo barrial que se propuso nuclear a uruguayos, sus familias, vecinos y amigos de una zona geográfica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: los barrios de Flores, Floresta, Mataderos, Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Luro y Caballito. Surgió como un grupo de vecinos uruguayos y argentinos que buscaba “reunir a la colectividad uruguaya y a todas las personas cercanas de una forma u otra a nosotros” en torno a determinadas actividades de encuentro y recreación.

Sus miembros fundadores fueron matrimonios que emigraron de Uruguay en la década de 1970 por motivos económicos y, principalmente, por persecución sindical. Los hombres ocuparon los cargos directivos (presidente, secretario y tesorero) con funciones de representación. Las mujeres tuvieron protagonismo en la toma de decisiones y actividades. Los hijos solían incorporarse con sus propias familias colaborando con su trabajo en la realización de eventos y festejos. Fueron a su vez militantes del Frente Amplio de Uruguay en la Argentina, es decir, participaron del tradicional proselitismo político, y durante la entrevista plantearon la disyuntiva que se les presentó, en su momento, entre conformar una asociación de residentes o un comité de base.

Nuestro primer contacto con ellos tuvo lugar en 2007, en una reunión del Consejo Consultivo de Uruguayos en Buenos Aires a la que asistíamos como parte de nuestro trabajo de investigación. Allí nos entregaron su revista (mensual y gratuita) (imagen 12).

Recuerdan la primera reunión de la asociación “antes de las elecciones de Tabaré”, es decir, antes de las elecciones nacionales de octubre de 2004 en Uruguay, de las que resultó electo el candidato a presidente por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Más tarde, en marzo de 2005, la asociación logró completar los trámites para ser una asociación civil según la legislación argentina.

La formación de un centro de residentes surgió como una propuesta alternativa a la organización política y constituyó una nueva frontera para la interacción con diversos interlocutores: los propios residentes uruguayos en la Argentina y las instituciones estatales. En palabras de sus fundadores:

Todos veníamos de los comités políticos […] Queríamos hacer algo diferente. El Frente ya está, ya llegamos al gobierno, ahora somos uruguayos, ya habíamos ganado, ya teníamos el poder, entonces había que abrir, abrir a los uruguayos y atraer más gente que piense distinto […] Era el momento de hacer otra cosa, de organizar a la gente y hacer actividades sociales.

La creación de una asociación de residentes uruguayos emergió en relación con el triunfo electoral del Frente Amplio en Uruguay. La militancia y el proselitismo político que absorbieron la organización colectiva durante décadas quedaron en segundo plano con el cambio político. Aparecían nuevos proyectos que podían tener otra adscripción grupal y mayor convocatoria. También era un instrumento más adecuado para la integración en la Argentina, donde existe una amplia tradición de asociacionismo inmigrante. La identificación como inmigrantes uruguayos asociados fue un recurso estratégico para movilizar diversos elementos de su identidad colectiva.

A lo largo de los años, siguiendo la normativa argentina se conformaron como una asociación civil, estrategia insoslayable para relacionarse con el Estado de ese país. De esta manera, se comprometieron a funcionar con estatutos y asambleas, a poseer un cuerpo directivo y a que sus actividades y fines quedaran circunscriptos al bien común y al desarrollo de tareas sociales, ambos sin fines de lucro.[36] Ser la única asociación con socios –lo cual legitima su nombre– fue uno de sus principales planteos. De hecho, alrededor de setenta personas pagan una cuota mensual y participan de las asambleas ordinarias anuales según dicta la Ley de Asociaciones Civiles argentina.

Con respecto a los contenidos identitarios movilizados, destacamos las ideas de hermandad rioplatense y latinoamericana, de integración a la Argentina por los vínculos familiares, de encuentro entre los residentes uruguayos y de agrupación abierta a la comunidad. Los elementos culturales reivindicados fueron las llamadas “tradiciones uruguayas”: los festejos patrios, la música popular (que incluye el folclore, el tango, la murga y el candombe), la historia, el cine y el teatro.

Estos principios e intereses se concretaron en actividades puntuales: reuniones semanales, jornadas de propaganda (en parques públicos) y encuentros donde se compartió un almuerzo (generalmente asado, pastas o locro) y actividades de sobremesa (baile, juegos de cartas como el “truco uruguayo” y, en ocasiones, espectáculos con músicos y cantantes de la colectividad). Asimismo, festejos por el Día de la Madre, el Día de la Independencia en Uruguay, festivales de música y la fiesta de fin de año. No está de más aclarar su vínculo con el colectivo uruguayo en la Argentina en general y, en particular, el trabajo de difusión, valoración y visibilización de los distintos grupos y personalidades. Como ejemplo, la revista tiene una sección de entrevistas donde se difunden la vida y la trayectoria de los uruguayos residentes en la Argentina.

Entre otras actividades, en 2010 realizaron la Muestra de Fotos de Mujeres Uruguayas. Para esto se vincularon con ámbitos estatales en la Argentina y Uruguay, como la Intendencia Municipal de Montevideo y el Complejo Cultural Chacra de los Remedios, en el parque Avellaneda, donde se expuso la muestra (recordemos que esta asociación tiene un importante anclaje barrial en esa zona de la ciudad). En esa ocasión, además, organizaron un festival de cine con películas uruguayas. El cierre estuvo a cargo de espectáculos artísticos propios de la colectividad uruguaya. La muestra, en la que se expusieron más de doscientas fotografías de mujeres destacadas en literatura, docencia, actuación, sindicalismo, etc., fue presentada también en el Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Dado que las fotos fueron trasladadas desde la Intendencia de Montevideo sin ningún cartel que aclarara el nombre de estas mujeres y su trayectoria, realizamos el trabajo de inventariarlas y diseñar los carteles que fueron colocados para referenciar cada imagen.

El contacto con la Universidad de Buenos Aires surgió del interés de la directora del Centro Cultural Paco Urondo. Posibilitó además, en 2011, la edición de un libro de documentos referido al prócer uruguayo José Gervasio Artigas y la realización de charlas con historiadores invitados de Uruguay y Argentina cuya temática central fue el bicentenario uruguayo.

Otro evento importante en 2010 fue la presentación de una obra de teatro traída por la asociación desde Montevideo y presentada en el teatro al aire libre del parque Avellaneda.

En 2011, la Unión de los Residentes participó por primera vez en el Festival de las Colectividades (imagen 13) que se realiza anualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ese año en el predio del Planetario). Allí representaron a Uruguay en un puesto donde se vendían libros sobre Artigas, películas uruguayas, remeras, recuerdos de la asociación y comida. La comida es un elemento característico en estos festivales; en el que nos ocupa, se ofrecían tortas fritas, salchichas servidas con pan (traídas de Uruguay) y “chajá” (postre de bizcochuelo, merengue, crema y durazno servido bien frío). En el escenario principal, la Unión de los Residentes representó a Uruguay con un grupo de candombe con cuerda –es decir, grupo– de tambores y un cuerpo de baile. La participación en esa oportunidad provino del vínculo previamente establecido con la Dirección General de Colectividades de la oficina de Relaciones Internacionales de la Secretaría General del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Unión de los Residentes, junto con otra asociación de uruguayos, concurría a las reuniones periódicas que se realizaban en la Legislatura con distintas colectividades inmigrantes.

La cuestión nacional tuvo un lugar destacado en este grupo. En efecto, el nacionalismo fue reivindicado de diversas formas: como un punto de encuentro para festejar y también como tema recurrente en las revistas de la asociación, con artículos e información sobre la historia nacional uruguaya en los tiempos de la Revolución de Mayo en Buenos Aires en 1810, la Declaración de la Independencia en Uruguay en 1828 y, finalmente, la Jura de la Constitución el 18 de julio de 1830 en ese país. A partir de 1810, se produjeron acciones revolucionarias contra las autoridades españolas asentadas en Montevideo y a favor del proyecto revolucionario de Buenos Aires: la proclama conocida como “el grito de Asencio” (el 28 de febrero de 1811), hito histórico que representó el origen del movimiento revolucionario en la denominada Banda Oriental,[37] y la batalla de Las Piedras (el 18 de mayo de 1811) en la que las tropas revolucionarias derrotaron a las fuerzas españolas.

Se conmemoró el éxodo del pueblo oriental como respuesta al armisticio firmado entre el gobierno de Buenos Aires y el virrey Francisco de Lío en Montevideo, en octubre de 1811, que dejaba al territorio de la Banda Oriental en poder de España nuevamente. Este suceso, conocido como La Redota, representa el surgimiento del “sentimiento nacional oriental”, la conciencia de ser un pueblo diferente de España y de Buenos Aires.

Artigas fue la figura reivindicada y el héroe patriótico valorado por su trayectoria revolucionaria, liderazgo e ideales. El “ideario artiguista” constituye un eje insoslayable, en particular las denominadas Instrucciones del Año XIII y el Reglamento Agrario de 1815, muy apreciado por su propuesta social igualitaria.

Especial mención mereció también el festejo patrio por la expedición militar desde Buenos Aires liderada por José Antonio Lavalleja y Manuel Oribe para recuperar la independencia de la Banda Oriental bajo dominio brasileño. Esta gesta, conocida como “el desembarco de los 33 orientales”, logró la reincorporación de la Banda Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata el 19 de abril de 1825. La bandera tricolor (rojo, blanco y azul) con la leyenda “libertad o muerte”, llevada por estos patriotas, se convirtió luego en uno de los tres pabellones patrios de Uruguay.

La fecha patria por excelencia es el 25 de agosto, cuando se conmemora la Declaración de la Independencia proclamada en 1828 por los diputados orientales en el Congreso de la Florida, actual territorio uruguayo. Allí se dictó la independencia respecto de Brasil, así como la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Los festejos nacionalistas tuvieron para la Unión de los Residentes su punto culminante en 2011, año del bicentenario uruguayo, con la organización de varias actividades alusivas. Entre ellas, visitas a escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyos nombres se relacionan con Uruguay y un viaje a ese país (junto con otra asociación) para los festejos realizados en la ciudad uruguaya de Mercedes (imagen 14). Los festejos por el bicentenario incluyeron también eventos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: un espectáculo artístico en el anfiteatro del parque Centenario con grupos de la colectividad uruguaya y una murga invitada de Uruguay.

Por último, esta asociación fue una de las que sostuvo por largos años al Consejo Consultivo de Buenos Aires. Muchas de sus actividades fueron promocionadas como parte del Consejo. Durante los primeros años (2006-2009) participó en todas sus actividades, reuniones semanales, negociaciones con compañías fluviales para conseguir pasajes a Uruguay y encuentros con la oficialidad diplomática uruguaya en la Argentina. También se ocupó de difundir el programa de vinculación Departamento 20. En la etapa más reciente del Consejo, entre 2010 y 2011, la Unión de los Residentes, junto con otra asociación y algunos militantes del Frente Amplio de Uruguay en la Argentina, sostuvo su continuidad creando una comisión ad hoc (la Comisión por el Bicentenario Oriental en Buenos Aires del Consejo Consultivo de Uruguayos en Buenos Aires). Para su concreción se armó una red de contactos y vinculaciones que incluyó al Consulado uruguayo en la Argentina, al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión del Bicentenario (ambos en Uruguay), la Oficina de las Colectividades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, grupos artísticos de residentes uruguayos en la Argentina, artistas argentinos y una murga de Uruguay. Quienes idearon esta comisión, en particular la Unión de los Residentes, reconocieron en el Consejo de Buenos Aires, y por su intermedio en el conjunto de las políticas de vinculación, un ámbito estratégico desde el cual llevar adelante proyectos concretos. En 2013 reflotaron esta comisión para organizar los “festejos por las Instrucciones del Año XIII”.

Grupo cultural Abayuba

La última asociación que hemos registrado para esta investigación es el grupo Abayuba (el nombre es ficticio). Se trata de una asociación cultural, según la denominación de sus propios integrantes. Comenzaron entre 2002 y 2003 a desarrollar su proyecto de difusión de la historia y la literatura de Uruguay, como respuesta a la necesidad de cubrir estas temáticas dentro de la colectividad uruguaya y para los hijos y nietos nacidos en la Argentina, que “sentían como un vacío con respecto a su pertenencia uruguaya que se estaba perdiendo”.

En sus inicios organizaron charlas los días jueves, a veces con invitados. En una de ellas, por ejemplo, una integrante del grupo y una socióloga argentina invitada compararon Montevideo y Buenos Aires a principios del siglo XX. Estos eventos se realizaban en lugares prestados “por grupos argentinos”. “Siempre conseguíamos algún localcito”, nos contaron las entrevistadas. Así fueron tomando forma y convocando cada vez más público. Luego conformaron la comisión cultural de una asociación de residentes. Allí desarrollaron sus actividades y crecieron en convocatoria, hasta que surgieron diferencias con la asociación por la venta de alcohol en sus eventos. Más tarde recibieron propuestas para formar la Comisión de Cultura del Frente Amplio de Uruguay en la Argentina, de personas individuales y de comités de base. “Nos querían convencer de que fuéramos orgánicos del Frente”, pero “preferimos continuar un camino independiente para desarrollarnos de forma autónoma y con libertad, no depender de una dirigencia política”. Además, en Abayuba estaban participando personas de otras nacionalidades (como chilenos y argentinos) y resultaba imposible requerirles una pertenencia frenteamplista, según evaluaron sus creadoras. “La presencia de otras nacionalidades era incompatible con la pertenencia frenteamplista, era una restricción”, “la característica nuestra [del grupo] justamente es la pluralidad, la cosa latinoamericana”.

El grupo estuvo constituido por cuatro mujeres (así pudimos registrarlo durante nuestros años de trabajo de campo): dos profesoras de Historia (una egresada del Instituto de Profesores Artigas, conocido por su sigla IPA, en Montevideo; la otra del mismo Instituto pero con el título revalidado en la Argentina, para lo cual tuvo que cursar prácticamente toda la carrera de nuevo en Buenos Aires), una maestra de escuela primaria recibida en Uruguay (pero que no ejerció como tal en la Argentina) y una integrante de la cátedra libre de Estudios Americanistas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esta última se destacó por su militancia y participación en el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) de la Argentina; de allí surgen posteriores conexiones que luego explicaremos.

Entre las actividades, además de las charlas preparadas por las integrantes del grupo, solían realizar eventos donde disertaban invitados especiales. Se recuerda especialmente la presentación de un sindicalista de origen colombiano. Otros eventos mencionados fueron los homenajes a autores de la literatura uruguaya, como la conmemoración de Julio César Castro (Juceca, su apodo). Para este homenaje, armaron un escenario de bar con mesitas pequeñas (“un boliche”) y sirvieron tortas fritas y mate. Juceca (1928-2003) fue un humorista, narrador, actor y dramaturgo uruguayo. Compuso un personaje, Don Verídico, cuyo humor absurdo estaba ligado al mundo rural. Una de las frases de Juceca más recordadas por las entrevistadas fue: “Salí a estirar las piernas y volvieron del mismo tamaño”. Según ellas, el conocido humorista Luis Landriscina ha tomado varios textos de este autor. En el homenaje, donde estuvo el hijo de Juceca, los participantes que lo habían conocido contaban anécdotas o partes de su obra. Ese fue uno de los últimos eventos realizados en el primer piso de la sede de la asamblea del Cid Campeador (donde también funcionó el Comité Centenario, conforme vimos en el capítulo 2).

Sobrevinieron después unos años de inactividad pública, por falta de lugares donde reunirse y porque algunos miembros ya no podían participar asiduamente. En la actualidad el grupo ha retomado cierto impulso a partir de que una de sus integrantes consiguió media hora en un programa de radio de la colectividad uruguaya de gran trayectoria en FM La Tribu. Allí presentaron a autores de la literatura uruguaya (su vida y principalmente su obra). El primer programa fue emitido en marzo de 2012. Tenían la intención de “hablar sobre literatura uruguaya, sobre el género cuento, que nos pinta cómo son los uruguayos. En principio vamos a elegir autores argentinos que viven en Uruguay y uruguayos que viven en la Argentina, para jugar un poquito con esto del exilio. La idea es un cacho de cultura rioplatense o de las dos orillas, y el micro radial se llamará «Te hacemo’ el cuento» […] Muchos de nosotros sentíamos como que teníamos un pie en cada lado, en la Argentina y en Uruguay, y queríamos hacer algo de convivencia, que se podía unir, porque hay una cultura rioplatense”.

En ese programa comenzaron hablando de la obra de Julio César Castro. Leyeron un cuento llamado “La muerte digna”, pero antes se refirieron al autor. Era un hombre de Montevideo que supo romper con determinados estereotipos. Por ejemplo, el de los “cajetillas” de esa ciudad que usaban corbata (gente de buena familia y buena posición económica). También mostraba las torpezas atribuidas a las personas del mundo rural que no sabían desempeñarse en las ciudades y eran motivo de broma. Sus personajes eran “tiernos y queribles”. Algunos escritores compararon su obra con el Martín Fierro. Luego de leer “La muerte digna”, disertaron brevemente sobre las enseñanzas que transmitía, analizaron características propias de los cuentos, como el suspenso y la sorpresa final, y por último pasaron una canción de Daniel Viglietti llamada “Las hormiguitas”, en relación con la hormiga, personaje principal del relato leído.

Otro micro radiofónico, también de 2012, estuvo dedicado al escritor Francisco (Paco) Espínola (1901-1973). Según cuentan, su muerte –el 26 de junio, unas horas antes del golpe militar en Uruguay (el 27 de junio)– y en especial su velatorio se convirtieron en un “acto totalmente político”. El autor se había afiliado al Partido Comunista en 1971 y por tal razón también pertenecía al Frente Amplio. Su padre había sido un caudillo del Partido Nacional (en la ciudad de San José, departamento de San José en Uruguay) y había participado en un alzamiento armado en 1935 contra la dictadura de Gabriel Terra. Los inicios de Paco en la política incluyeron contactos con sectores de diversos partidos (Nacional, Colorado, Socialista y Comunista). En el programa de radio se comentó también que era profesor. Tenía una forma “de enseñar muy interesante. Fue famoso como narrador oral con charlas en cafés de Montevideo y luego como profesor inició una forma pedagógica que se llamó «Mateando con los clásicos». Era famoso porque llegaba de una forma coloquial”. En esta oportunidad, además, se escuchó un audio de Paco Espínola leyendo su cuento “Rodríguez”. “Según se dice”, explicaron, el autor tardó años en dar a conocer este cuento “guardado en el bolsillo”, “un clásico de la literatura uruguaya”. Al igual que en el micro anterior, terminaron con una canción, esta vez del cantautor Silvio Rodríguez, “No me escribas más”.

Además de estas actividades, el grupo Abayuba recibió una donación particular de una biblioteca entera. Decidieron ubicarla en una de las sedes del MOI, que disponía de un lugar apto para tales fines. Recordemos que casi ninguno de los grupos de uruguayos en la Argentina posee lugares propios, menos todavía amplios y adecuados como para guardar una biblioteca. Por último, representaron una obra de teatro llamada Algo para decir y han venido conformando un taller literario propio cuyo corolario fue la edición de una antología de cuentos, presentada en un evento especial en la Embajada uruguaya en la Argentina en 2012.

Brevemente daremos cuenta de algunos aspectos de la vida de dos integrantes del grupo. Hacemos la salvedad de que no tratamos de componer historias de vida completas, sino tomar determinados aspectos detonantes de la emigración que marcaron la experiencia de estas mujeres.

Dejar el país y sobrevivir durante las primeras épocas en Buenos Aires

Con la primera de las integrantes nos encontramos en varias oportunidades en las conmemoraciones anuales de la Comisión de Derechos Humanos de Desaparecidos Uruguayos en la Argentina, en las puertas del hotel Liberty sobre la avenida Corrientes, en pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En dichos encuentros nos fuimos conociendo con todo el grupo. Lograr una entrevista con ella nos llevó aproximadamente tres años. Finalmente, realizamos una serie de entrevistas entre 2010 y 2012.

Comenzamos nuestros encuentros en un momento significativo de su vida como es la edad jubilatoria. Ella expresaba: “Vení cuando quieras a casa, total ya no tengo nada que hacer”. Con sesenta y cuatro años, nuestra entrevistada vive en un barrio fabril de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un departamento en propiedad horizontal propio. Conoció a su esposo, de nacionalidad chilena, en la década de 1970 en la Argentina y tuvieron dos hijos varones, argentinos, que superan los treinta años.

Es oriunda de la ciudad de Minas (departamento de Lavalleja, ubicado en el sudeste de Uruguay y lindante con el conocido departamento de Canelones). Su padre murió cuando ella tenía diez años, por lo tanto su madre y ella vivían con una jubilación. Su urgencia fue estudiar para así aportar económicamente a la casa. Por esta razón, y por su vocación docente, decidió trasladarse a Montevideo a estudiar en el IPA la carrera de Idioma Español. Con ese título podía encontrar una salida laboral rápida dando clases en colegios secundarios. Su proyecto a futuro era continuar sus estudios hasta completar la carrera de Literatura en el mismo instituto.

Su estancia en Montevideo transcurrió en casa de personas conocidas de su familia y en hoteles. Se solventó con una beca del Estado uruguayo por ser estudiante del interior del país y con trabajos temporales (empleada en un supermercado, por ejemplo) en los períodos en que no tenía que rendir exámenes. Allí, desde 1968, mientras estudiaba, comenzó a militar. “Iba a manifestaciones callejeras y a las reuniones de Parroquia Universitaria”, donde hacían retiros espirituales temáticos, se daba misa los domingos para los estudiantes y talleres en los que se estudiaba la teología de la liberación. También comenzó a participar en el sindicato de profesores.

En 1971, ya recibida, volvió a la ciudad de Minas, su pueblo natal, dispuesta a buscar trabajo con el diploma de Idioma Español. Comenzó a dar clases allí y en lugares cercanos. En cuanto a sus actividades políticas, continuaron pero perdió el anonimato que tenía en Montevideo por ser una ciudad más grande. Participaba en charlas organizadas por un cura de Minas sobre la teología de la liberación y representaba a los profesores en el gremio de esa ciudad.

El detonante o la toma de conciencia para la emigración, nos contó en la entrevista, fue una serie de sucesos, entre ellos dos encarcelamientos y una conversación con un compañero de militancia. Las fuerzas policiales ingresaron a su casa, juntaron algunos volantes y se la llevaron presa al cuartel de la ciudad. Allí pasó “horas y horas interminables”. Según relata, había un policía “bueno” que le decía: “Usted es una buena profesora, diga lo que sabe y listo”, y otro policía “que en un tono severo y autoritario me acusaba primero de ser tupamara y luego de pertenecer a grupos de apoyo a los «subversivos»”. Recuerda que pasó la noche en la celda con una pareja que hablaba de política, de la cárcel y del hijo que tenían en común. Finalmente y sin más la dejaron libre. En el encuentro casual con un militante conocido, comentó que había estado presa y había mencionado a personas del quehacer político en el interrogatorio. También le dijo que su idea en un futuro inmediato era irse del país. Su interlocutor le reclamó que todos no podían irse, alguien se tenía que quedar y que, si volvía a caer presa, dijera que “todo lo dicho fue bajo tortura”.

A la sensación de angustia e inseguridad provocada por el primer encarcelamiento, se le sumaba ahora la “conciencia” de no tener ningún tipo de protección. Sentía que probablemente la volverían a encarcelar, la someterían a tormentos y, “si lograba quedar viva, debía decir que todo fue declarado bajo tortura”.

La vida siguió transcurriendo. Volvió a dar clases y vivió con desconsuelo la presencia militar en el “liceo” (nombre de las escuelas secundarias en Uruguay). Recuerda que “los milicos” bajaban la vista cuando ella los miraba a los ojos al entrar al colegio. Finalmente fue detenida de nuevo, pero esta vez permaneció en la Jefatura durante semanas. Una de las cosas más angustiantes que recordó fue la pérdida de la noción del tiempo. Allí la visitó un pariente suyo, que era policía, y recibía la comida que le enviaba su madre. No sufrió interrogatorios. Recuerda la frase “cretinos útiles”; así llamaban los militares a los detenidos para señalar que ayudaban “a la revolución, a la izquierda”. Cuando fue liberada, tenía la certeza de que no habría una próxima oportunidad; si volvía a caer presa, era probable que muriera en la tortura.

En 1975 decidió viajar a Buenos Aires con una de sus amigas. Ambas tenían otra amiga ya instalada allí y conocidos que podían facilitarles lugares donde vivir (hoteles o pensiones) y trabajos durante los primeros tiempos. La persona con la que viajó estaba de novia con un argentino, militante peronista, que se encontraba en ese momento haciendo la conscripción (servicio militar obligatorio). La pareja desapareció unos meses después; esta historia fue contada en el libro Sin noticias de Margaret (que la entrevistada nos prestó), escrito por dos periodistas uruguayas.

Durante la dictadura militar en la Argentina (1976-1983) su vida transcurrió sin mantener “contacto con personas uruguayas”, más aún, evitándolo para “zafar” o protegerse. La desaparición de su amiga fue definitoria en este asunto. “Tratábamos de no contactarnos con ningún uruguayo”. “Si paseabas por la calle Lavalle [calle peatonal de comercios muy transitada], evitábamos saludar o detenernos ante algún conocido”. “Era una forma de sobrevivir y por eso estamos vivos”. “Yo creo que todos los uruguayos que cayeron [quiere decir: que murieron] los mataron en Buenos Aires, en Orletti”. Según nuestra entrevistada, “mucha gente que fue torturada en Orletti estaba en la lista de refugiados de ACNUR [Oficina de Refugiados dependiente de Naciones Unidas] esperando para irse del país”. Nos contó que en cierta oportunidad:

Fuimos con mi marido a un convento donde había un montón de gente para ser enviados a otro país por ACNUR. No sé por qué fuimos ahí. Y mi marido y yo empezamos a ver gente conocida y dijimos esto es una encerrona, están todos acá, y encima tardaban un montón en sacarlos del país. Mi idea es que los milicos se llevaron a varios de ahí mismo.

De tal manera, para nuestra entrevistada las opciones en esas épocas eran las siguientes:

Quedarse adentro, guardarse, o irse del país, que también lo pensamos. Tuvimos el bolso en la mano cuando se venía en la Argentina la guerra con Chile [recordemos que su esposo es chileno], teníamos el pasaje en la mano para irnos a Brasil. Pero cuando se desactivó lo de la guerra vimos que se desactivaba la presión. Dijimos bueno, por ahí se empieza a desactivar un poco. Y yo había empezado a estudiar, yo decidí estudiar el profesorado de Castellano y Literatura acá de nuevo en el colegio Mariano Acosta, que era vespertino, mientras trabajaba. Ambos trabajábamos. Así nos quedamos acá.

La categorización de la población uruguaya según su grado de peligrosidad

Hemos mencionado en el capítulo 2 que la dictadura civil y militar uruguaya implementó un sistema generalizado de vigilancia y persecución poblacional. La investigación realizada por la Universidad de la República muestra explícitamente cómo fue la normativa de control que afectaba la libertad de determinados colectivos de población. Para esto, se usaba el “certificado de fe democrática y categorías de ciudadanos”:

Todo ciudadano uruguayo que quisiera realizar un trámite nacional o internacional debía poseer el Certificado de Fe Democrática. Eso lo habilitaba públicamente a continuar dicho trámite o atender una solicitud, ya sea para el otorgamiento de una beca, postular a un empleo u obtener la autorización para viajar al exterior. Los datos de la persona contenidos en el formulario correspondiente permitían a las autoridades revisar y actualizar los antecedentes policiales del solicitante y, en base a los mismos, categorizarlo como ciudadano (A, B, C) según el grado de peligrosidad que surgiera de sus anotaciones en la ficha patronímica y/o prontuario. La categoría “C” prohibía a la persona realizar cualquier movimiento y/o gestión, en varios casos incluso posibilitaba a las autoridades detenerla en el mismo momento en que iba a retirar la respuesta sobre el otorgamiento o no de la Declaratoria de Fe Democrática. Según proyecciones estimadas, cerca de 300.000 uruguayos fueron de esta manera controlados por el régimen. (UDELAR-CSIC, 2008b: 425)

La segunda de las integrantes del grupo cultural Abayuba a la que haremos referencia tuvo que firmar el “certificado de fe democrática” para ingresar a trabajar a una institución pública mientras vivió en Uruguay durante el gobierno dictatorial. A partir de ahí fue catalogada por el régimen civil y militar como A y por eso accedió al trabajo. Según nos contó, “no sabía qué estaba firmando”, “sólo buscaba un trabajo”, “imaginate si le preguntaba al agente qué estoy firmando. No era el momento de decir tengo derechos, ¿verdad?”.

En épocas democráticas ser categoría A fue un problema. Nuestro interés y desconocimiento nos llevaron a querer ver ese documento (ya que nunca habíamos visto un “certificado de fe democrática”), pero esto dio pie a un momento de mucha tensión. La entrevistada nos manifestó que estaba guardado y todavía no tenía un destinatario. Prácticamente nos estaba diciendo que no nos mostraría ese papel. Quizá lo guardaría o lo enviaría al Museo de la Memoria en Uruguay. Le explicamos que no necesitábamos ver el papel pero sí queríamos conversar sobre su significado para ella. De esta manera, pudimos lograr un mejor clima de trabajo y llegar a entender su punto de vista.

Nos contó que ese documento la había movido a recopilar datos de su historia; así se enteró de que su padre era “nazi”. Además, sostuvo que la categoría A le fue dada solamente porque su nombre de origen era alemán. También nos informó que varias veces los “milicos” habían allanado su casa (sistema de los militares para entrar por la fuerza, revisar una casa y detener personas) y sus hermanas y sus novios caían presos todo el tiempo. Su categoría A fue un “desgarro” en su vida. Sus propios compañeros desconfiaban y sospechaban de ella. Fue entonces cuando nuestra entrevistada nos explicó sus sentimientos, que la movían a cierta inacción o falta de decisión sobre el destino de ese documento. Para ella el problema (más allá del documento) era la efectividad que tuvo el sistema de clasificación militar sobre la población. “El sistema militar siguió operando en democracia”. Porque para ella haber sido categoría A equivalía a ser por lo menos sospechosa de colaboracionista con el régimen militar. En ese momento comprendimos su punto de vista y la efectividad del accionar militar, que perdura hasta el día de hoy.

Para finalizar, en la investigación encontramos dos ejemplos del “certificado de fe democrática”, uno dirigido a funcionarios públicos y otro a universitarios. A continuación los reproducimos:

Certificado de Fe Democrática a los funcionarios públicos

16 de enero 1974

Juro por mi honor mi adhesión sin condiciones ni reservas al sistema republicano democrático de Gobierno que la Nación ha implantado por su voluntad soberana y declaro no haber pertenecido, ni pertenecer a las organizaciones antinacionales disueltas por el Poder Ejecutivo, así como toda otra que atentare contra el actual sistema de gobierno.

Nota: Acepto que la falsedad de la presente declaración implique la aplicación de lo dispuesto en la Ley Nº 12.245 de 1º de agosto de 1974 y en el art. 239 del Código Penal. (UDELAR-CSIC, 2008b: 425)

Funcionarios de la Universidad (Decreto Nº 351/1974)

7 de mayo 1974

Considerando: 1) que la exigencia legal de notoria filiación democrática (Declaración de Fe Democrática) para el desempeño de funciones públicas constituye, en el caso, requisito esencial cuya carencia implica natural inhabilidad o falta de aptitud para continuar ejerciendo sus tareas en atención precisamente a los motivos determinantes del decreto de intervención de la Universidad.

El Presidente de la República

Decreta

Artículo 1. Declárese que la carencia de notoria filiación democrática, de los funcionarios docentes, técnicos, administrativos, de servicios u otros dependientes de la Universidad de la República, constituye causal de destitución por ineptitud.

Artículo 2. A tales efectos, la Universidad de la República iniciará los sumarios administrativos correspondientes pudiendo especialmente requerir informes a las dependencias de seguridad competentes de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional. (UDELAR-CSIC, 2008b: 425)

La asociación de los grupos inmigrantes

La agrupación mediante asociaciones ha sido habitual en los países de recepción. A su vez, transformó a las sociedades implicadas en el proceso migratorio. Las asociaciones se formaron a partir de agrupaciones voluntarias de base étnica y nacional con una variedad de expresiones en objetivos, ámbitos de actuación, funciones, actividades y vinculaciones.

Los movimientos asociativos de inmigrantes internacionales son espacios de representación social, cultural y política donde los inmigrantes se constituyen en sujetos activos de sus propias identidades nacionales y étnicas mediante procesos simultáneos de integración a la sociedad de destino y vinculación con la región o país de origen. En sus prácticas, estos grupos involucran actores e instancias institucionales, reconfigurando así las fronteras establecidas de la vida social y generando lazos que nos permiten repensar las formas de adhesión de las comunidades y de los grupos humanos al territorio marcado por su Estado natal.

Con respecto a la migración del campo a la ciudad, se estudió en las asociaciones el problema del contacto intercultural entendido desde las perspectivas de aculturación y la asimilación como una fuente de homogeneización. En este sentido, los clubes de inmigrantes en las ciudades, producto de los desplazamientos internos, fueron considerados totalidades aisladas que a largo plazo desaparecerían por el abandono de las pautas culturales tradicionales traídas por los inmigrantes. De todas formas, fue usual confundir ambos conceptos, pero la aculturación refiere al contacto y la asimilación al proyecto político o la predicción a futuro luego del contacto.

Las investigaciones sobre la migración transatlántica analizaron el asociacionismo en tanto fenómeno constitutivo de las comunidades inmigrantes europeas. Al mismo tiempo, fue un fenómeno que transformó profundamente a las sociedades receptoras. También generó por parte de los países de origen (por ejemplo, Italia, que no se desvinculó de sus ciudadanos fuera del país) políticas de vinculación.

Otros estudios centrados en la inmigración de las primeras décadas del siglo pasado de Cabo Verde a la Argentina propusieron que las sociedades y las instituciones fueron centrales en su organización a fin de cubrir necesidades y recrear manifestaciones culturales (Maffia, 2002).

En la Argentina, la inmigración procedente de países limítrofes dio pie a numerosas organizaciones que han sido estudiadas desde distintas perspectivas. Éstas coinciden en considerar la formación asociativa como eje articulador en los procesos identitarios de ciudadanos procedentes de Bolivia y Chile (Caggiano, 2005; Baeza, 2005). En el caso de la inmigración paraguaya, Gerardo Halpern (2009) propone que la construcción comunitaria incluye prácticas de inserción en el nuevo contexto sin interrumpir los vínculos con el país de origen, centrados en la transformación política y en la lucha por los derechos de los migrantes.

Podemos pensar y analizar al asociacionismo uruguayo como un escenario complejo atravesado por múltiples instancias que presentan puntos de contacto y tensión que pueden estimular y enriquecer la reflexión en torno a los procesos de construcción de identidades en juego. Esto ha generado modalidades de asociación voluntaria basadas en la construcción de una identidad étnica y nacional mediante estrategias y prácticas tendientes a la defensa de las tradiciones populares, la identidad nacional y la literatura uruguayas, entre otros elementos.

El transnacionalismo de los grupos migrantes

El recientemente denominado “transnacionalismo migrante” fue siempre un tipo de conexión más allá de las fronteras que mantuvo a los grupos vinculados con su país de origen y/o con otros integrantes de la diáspora en otros países. Estas cuestiones son cada vez más frecuentes, a causa de los avances tecnológicos en la comunicación y su menor costo.

El registro etnográfico y el análisis de las prácticas experimentadas por los migrantes en los países de recepción permitieron cambiar algunas concepciones acerca de los procesos de integración y de cambio social. En particular, cuestionaron los estudios sobre aculturación, que consideraban el contacto entre culturas diferentes como procesos que culminarían en cierta asimilación o fusión con la cultura de recepción (dominante) o, también, en la integración por niveles y en el biculturalismo.

El avance teórico propuso la perspectiva transnacionalista como forma de observar las prácticas de los inmigrantes. Esto permitió superar las investigaciones que desde la teoría de la modernización planteaban la transformación de los grupos campesinos o indígenas en seres modernos mediante el movimiento migratorio. En este caso los estudios se referían a la migración interna en México hacia la década de 1950, aunque este fenómeno, con sus particularidades, estuvo presente en toda América Latina.

Dichas perspectivas transnacionales comenzaron a destacar el estudio de las identidades de los grupos migrantes que no pierden la vinculación con el lugar de origen. Tales enfoques piensan en un tipo de migración que supone el desarrollo de articulaciones entre los emigrados y sus localidades de origen. Conforman una teoría de rango medio que adopta el concepto de transnacionalismo para aludir al conjunto de actividades que implican una participación en la vida económica, política y cultural del país de origen.

Existe un relativo consenso sobre algunas de las características básicas de las prácticas transnacionales de los migrantes. Por un lado, son iniciativas autónomas, a diferencia de otro tipo de actividades transfronterizas impulsadas por las agencias multinacionales de cooperación y desarrollo, los gobiernos y/o las empresas. Por otro lado, se constituyen en organizaciones, comunidades o colectivos cuyo activismo depende de los contextos de salida y de recepción y tienen consecuencias en los países de origen. Asimismo, estas prácticas no conforman un a priori; por el contrario, requieren investigación empírica que dé cuenta de su existencia y modalidad.

Entre sus postulados básicos, estos estudios plantean que la incorporación de los migrantes al nuevo lugar de residencia y la creación de conexiones transnacionales son procesos simultáneos vinculados con la integración, y que en su desarrollo establecen nuevas configuraciones sociales, eventualmente culturales e identitarias. Dicha simultaneidad alude al hecho de que la vida de los migrantes incorpora instituciones, actividades y rutinas diarias situadas tanto en el país de destino como transnacionalmente.

Por su parte, las nuevas configuraciones sociales fueron abordadas de diferentes maneras. Se trabajó con la idea de comunidades transnacionales para hablar de grupos cuyos objetivos y actividades se localizan parcial o totalmente en países distintos de aquel en que residen sus miembros. Además, se propuso la noción de campo social transnacional para indicar el conjunto de múltiples redes de relaciones sociales que atraviesan las fronteras nacionales. En estas redes se intercambian, organizan y transforman ideas, prácticas y recursos. Al mismo tiempo, se crean vínculos estratificados (de carácter histórico, político, económico, geográfico, familiar, etc.) que distinguen a los actores y determinan sus prácticas. Se generan así caminos alternativos no previstos en los modelos tradicionales de asimilación.

Cualquiera sea su denominación, estos estudios hacen referencia a la circulación de información y, también, a facilidades de diverso tipo en cuanto a trabajo y alojamiento para los recién llegados por parte de quienes ya están en el lugar de residencia. Ambas cuestiones proceden de familiares, vecinos o amigos y en principio son de tipo solidario, aunque también puede haber sistemas de explotación y endeudamiento. En términos conceptuales, distintos autores señalan la existencia de cadenas migratorias que a su vez pueden ser redes transnacionales migratorias (Pedone, 2010; Baily, 1988).

Respecto de la inmigración uruguaya en la Argentina, ya hemos dicho que la información circuló y las ayudas y la solidaridad existieron. Por su parte, la cercanía entre ambos países facilitaba el movimiento sin implicar grandes costos. Nuestros entrevistados, según mencionamos, solían tener alguna persona conocida en Buenos Aires o en su defecto pudieron manejarse por sus propios medios para encontrar trabajo o un hotel donde vivir durante las primeras épocas. Aunque también encontramos casos de personas que llegaban con datos concretos de trabajos ofrecidos a la distancia por uruguayos que ya residían en Buenos Aires o por argentinos.

Hemos descripto en este capítulo las características centrales del movimiento social uruguayo a partir de tres modelos diferenciados que transmitieron valores nacionales, musicales y/o culturales, y finalmente literarios e históricos. Los presentamos como tres formas de desplegar lo uruguayo en el nuevo contexto de residencia. Esta selección de tipo cualitativo pretendió mostrar las formas que fue adquiriendo la particularidad de ser uruguayos en la Argentina y sostener determinados elementos que los distinguieron como tales en un momento particular. Puestos a caracterizar estos modelos asociativos, podemos decir que se trata de formas innovadoras y amplias que, sin dejar de lado la cuestión política, le imprimieron otras inquietudes e intereses a la colectividad uruguaya analizada en este trabajo. En definitiva, reconocemos en el movimiento social un cambio identitario importante.

En el próximo capítulo nos referiremos al movimiento ciudadano creado a instancias del Estado uruguayo, tomando en consideración el proyecto del Consejo Consultivo de Buenos Aires y sus implicancias en las organizaciones preexistentes en esta ciudad.

CAPÍTULO 4

El movimiento ciudadano propiciado por el Estado uruguayo

En los capítulos anteriores –dedicados a las prácticas políticas y sociales de los grupos de uruguayos organizados en Buenos Aires (denominadas en este trabajo como movimientos políticos y sociales)– dimos cuenta de un fenómeno conocido en el análisis de las migraciones: el transnacionalismo migrante, es decir, las prácticas dedicadas a mantener la relación con el país de origen. No se trata de un fenómeno nuevo sino de una nueva lente analítica renovada por la antropología norteamericana frente al fenómeno de la inmigración, latinoamericana y caribeña en Estados Unidos. Hablamos de lente renovada pero nos hacemos eco de la salvedad introducida por quienes advierten que determinados temas comienzan a ser investigados sólo cuando son reconocidos por la antropología de Estados Unidos.

En nuestro caso, el transnacionalismo fue observado en una militancia política comprometida (en el capítulo 2) y social (en el capítulo 3). Ahora analizaremos las transformaciones producidas cuando el Estado uruguayo desarrolló políticas de vinculación con los ciudadanos emigrados, a partir de 2005, al cambiar el signo político de su gobierno.

Antecedentes de las políticas de vinculación en Uruguay

Luego del optimismo demográfico que ocultó el fenómeno de la emigración durante décadas en Uruguay sobrevino, en el período dictatorial (1973-1985), la vigilancia y la persecución directa de los grupos emigrados en distintos países. Con este fin, se utilizó el sistema consular –plataforma por la cual circulaba información– para el trabajo sistemático de agentes policiales y militares que seguían las actividades de determinados grupos e individuos en el extranjero. Asimismo, se realizaron operaciones represivas de secuestro y asesinato de ciudadanos uruguayos, particularmente en la Argentina, en el marco del Plan Cóndor.

Con la restitución del sistema republicano y constitucional en Uruguay, hubo cierto reconocimiento de los grupos emigrados. De hecho, el retorno de los exiliados por razones políticas fue parte de las reivindicaciones presentes en las plataformas electorales de todos los partidos políticos, para después transformarse efectivamente en programas estatales y privados de reinserción social y económica (Aguiar, 1990). Asimismo, partir de 1986 surgieron programas de vinculación destinados a otro sector de la emigración: los científicos. Los primeros se desarrollaron en la Universidad de la República en Uruguay y la División de Población de Naciones Unidas. A partir de 2001, encontramos un nuevo programa dirigido a los “uruguayos altamente calificados” (académicos, empresarios y artistas). Para este sector se trazó un programa patrocinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Organización Internacional para las Migraciones, cuya difusión podíamos encontrar hasta 2005 en la página de la Embajada uruguaya en Washington.

Sobre el conjunto de políticas migratorias en Uruguay enumeradas hasta aquí, cabe hacer una serie de aclaraciones. En primer lugar, desde 2001 existen en Uruguay programas de vinculación pero se limitan a sectores minoritarios de la población emigrada (exiliados políticos y personas altamente calificadas). En segundo lugar, desde 1985 el Frente Amplio en Uruguay ha presentado proyectos para implementar alguna modalidad de voto extraterritorial de tipo consular o epistolar, pero recién en 2007 se llegó a la instancia del debate parlamentario. El derecho al voto fuera del territorio uruguayo es todavía un tema pendiente; como dijimos, un ciudadano emigrado sólo puede ejercer su voto si se presenta en territorio uruguayo el día de elecciones y tiene su documentación al día.

La nueva gestión estatal de la vinculación

Las recientes políticas de vinculación con la población emigrada dieron cuenta de un cambio radical en las posturas tradicionales del Estado uruguayo. A partir de 2005, con un criterio más inclusivo, se diseñó un nuevo programa de vinculación, el Departamento 20, también dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y patrocinado en sus comienzos por la Organización Internacional para las Migraciones. Este programa fue parte de un proyecto político poblacional más amplio que buscó incorporar la cuestión migratoria en la agenda estatal por medio de distintas estrategias. Por ejemplo, los intentos por establecer el voto extraterritorial y el diseño de una ley de migraciones. Destaquemos que en Uruguay no hubo leyes de este tipo durante todo el siglo XX; la que fuera promulgada en 2008 sentó un precedente importante al incluir a los uruguayos en el exterior como parte de la política del Estado. El proyecto poblacional contó a su vez con una serie de dispositivos institucionales que le dieron sustento; entre ellos, la Dirección de Servicios Consulares y Vinculación,[38] conocida como Departamento 20-La Patria Peregrina, creada en 2005; la Oficina de Retorno y Bienvenida, creada en 2008 (ambas funcionando dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores), y el Consejo Consultivo Asesor de Migración, órgano asesor de la Junta Nacional de Migración que incluye además organizaciones de migrantes y de derechos humanos.

Dos aspectos novedosos se desprenden de esta institucionalización: por un lado, la incorporación de organizaciones de la sociedad civil; por el otro, los intentos por coordinar las políticas de vinculación con otras dependencias del Estado (como los ministerios de Trabajo, Salud, Vivienda, Desarrollo Social y Banco de Previsión Social).

Básicamente, estas políticas migratorias incluyeron cuatro elementos destacables: 1) un programa de vinculación que hemos definido como el primer programa estatal de reconocimiento de la emigración uruguaya; 2) una nueva ley de migraciones que incluye un artículo sobre los uruguayos en el exterior y su organización bajo la forma de consejos consultivos (capítulo XIV de la Ley de Migraciones 18.250/08);[39] 3) un renovado impulso para la implementación del voto extraterritorial mediante un proyecto de ley que logró llegar al debate parlamentario en 2007, sin resultado positivo, y un plebiscito o consulta popular en 2009, también infructuoso, y 4) la institucionalización de las políticas migratorias mediante distintos dispositivos ministeriales.

El programa Departamento 20 tuvo por objetivo contener al conjunto de la población emigrada en un proyecto de reconocimiento y valoración de la ciudadanía más allá de las fronteras (D20, 2006) (imagen 15). Para lograr dicha integración, se diseñó un escenario institucional integrado por la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo, el Servicio Consular de Uruguay en el extranjero y los consejos consultivos: forma organizativa unificada que debían adoptar los emigrados para formar parte de esta política de vinculación. Debían regirse por principios democráticos y poseer un reglamento interno para ser reconocidos por la representación consular correspondiente y, por su intermedio, por la Dirección de Vinculación en Montevideo.

En lo que concierne a la implementación de estas políticas, es importante señalar que se trató de un proyecto sin partida presupuestaria. Además, las gestiones a cargo del Departamento 20 en Montevideo fueron cambiando, pues tuvieron visiones políticas diferentes que incluso llegaron a ser contradictorias. Por último, la formación de los consejos implicó para los emigrados su reorganización.

La falta de presupuesto desde Uruguay restringió la concreción de estas políticas. Únicamente se contó con la infraestructura básica de la oficina de Vinculación en Montevideo y el trabajo del director general y un funcionario. Esta limitación comenzó a notarse con el correr del tiempo y se tornó crítica a la hora de efectivizar los proyectos.

Al mismo tiempo, el trabajo de las distintas gestiones del Departamento 20 presentó algunas discontinuidades. La primera gestión (2005-2008) surgió con un gran impulso y logró una sustancial adhesión de las distintas colectividades. Fue generalizada la formación de consejos en prácticamente todos los destinos de la migración uruguaya y su participación en los primeros Encuentros Mundiales de Consejos Consultivos realizados en Montevideo (2006-2007) (imágenes 16 y 17). Durante los primeros años reinaron el entusiasmo y la expectativa. Las políticas de vinculación crearon espacios institucionales donde las colectividades uruguayas radicadas en diversos países del mundo pudieron mostrar por primera vez la organización, el trabajo y los vínculos preexistentes, así como el enorme potencial a futuro si el Estado brindaba su colaboración.

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A principios de 2008, se dispuso una segunda gestión desde Montevideo (es decir, cambiaba el director de Vinculación). Esta vez se nombró a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que no pertenecía al partido político del gobierno impulsor de estas políticas, el Frente Amplio. Su filiación a un partido de la oposición –el Nacional– es relevante si tenemos en cuenta que históricamente se resistió a otorgar el voto extraterritorial (consular o epistolar) a los ciudadanos uruguayos emigrados; más aún, representó un férreo impedimento en la discusión parlamentaria antes evaluada. En general, esta gestión tuvo una impronta burocrática que paralizó la vinculación y generó incomprensión y enojo en las colectividades.

La tercera gestión, que duró algunos meses entre mediados de 2009 y principios de 2010, estuvo a cargo de otro funcionario (en este caso, del Ministerio de Relaciones Exteriores, miembro del partido de gobierno y, dentro de éste, afiliado al Partido Comunista) que restauró la comunicación directa con las colectividades y trajo cierta distensión en las relaciones.

La cuarta gestión se consolidó en 2010 en un contexto particular. Por un lado, el problema migratorio en Uruguay había adquirido una fuerte institucionalización a nivel estatal y de la sociedad civil. Todas las instituciones antes mencionadas ya estaban en funcionamiento. Por el otro, empezaba a incrementarse la inmigración regional (en nichos laborales específicos, como el sector de la pesca comercial y el empleo doméstico) y el retorno de uruguayos emigrados, tema que hemos comenzado a analizar en otro trabajo (Crosa, De Souza y Diconca, 2012). Muchas de las acciones llevadas a cabo en esta gestión (como la coordinación de políticas con instituciones del Estado: ministerios de Trabajo, Salud, Vivienda y Desarrollo Social) tuvieron como destinatario al grupo de retornados a Uruguay, cuya problemática ya era significativa y acaparaba gran parte de las tareas. Se prepararon cuestionarios para efectuar registros de las consultas realizadas por personas retornadas, se los atendió en una oficina especialmente preparada dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo y se efectuaron comunicados de prensa oficiales con cifras de retornados obtenidas de esas consultas.

En lo que respecta a la constitución de consejos consultivos por parte de los ciudadanos emigrados, requería la representación unificada de los grupos preexistentes en el exterior del país. Esto fue un problema para los emigrados. En los documentos expuestos en los primeros Encuentros Mundiales de Consejos realizados en Montevideo (2006 y 2007), se plantearon las dificultades que demandaron la preparación de estatutos y reglamentos, el empadronamiento de los miembros y la elección de autoridades. Por tales dificultades muchos consejos, como el de Buenos Aires, se presentaron como provisorios.

El problema se agravó considerablemente a partir de 2008, cuando los consejos pasaron a ser materia de exhaustiva regulación por parte del Estado uruguayo. En efecto, a través de un decreto presidencial de dieciséis puntos se establecieron sus condiciones de conformación y funcionamiento.[40] Entre las agravantes, destacamos el carácter jurisdiccional de un consejo, acotado al ámbito territorial de influencia consular (en caso de formarse varios consejos en un mismo ámbito, se requería un mínimo de veinte integrantes para su conformación). Los miembros y las autoridades debían ser uruguayos (o hijos mayores de dieciséis años), residir en el área de influencia y anotarse en el Registro de Nacionalidad y Ciudadanía (registro voluntario que data de principios del siglo XX y se encuentra en poder de los consulados). El órgano directivo (electo por voto secreto, universal y directo) se conformaba con cinco representantes y sus respectivos suplentes renovables cada dos años. El reconocimiento efectivo de un consejo y sus autoridades quedaba en manos del Consulado respectivo (que fiscalizaba la elección de autoridades) y, por su intermedio, de la Dirección de Vinculación en Montevideo. Para terminar, los consejos debían realizar por lo menos una reunión mensual, con quórum, listado de temas (del que se excluyeron expresamente las temáticas político-partidarias, ideológicas o religiosas) y un orden de actas firmadas por tres integrantes. Asimismo, se establecía que era función de los consejos dialogar, cooperar, apoyar y difundir la información, los programas y las actividades del Estado uruguayo que afectaran a los ciudadanos en el exterior.

Las restricciones que implicaba esta reglamentación fueron duramente cuestionadas en los sucesivos Encuentros Mundiales de Consejos en Montevideo (2009 y 2011). Los planteos fueron categóricos en el último de esos encuentros: revisar y reformar el reglamento fue considerado un problema que asfixiaba el funcionamiento de los consejos en lugar de facilitarlo. En estos términos se explayaron los consejos de Chile, Córdoba (Argentina), París y Madrid, entre otros.[41]

Como consecuencia de esta situación, y atendiendo a los cuestionamientos ya insoslayables, el Estado uruguayo dio fin al problema. Por decreto presidencial, antes de que terminara el IV Encuentro Mundial de Consejos en Montevideo, fue abolido el conflictivo reglamento. Toda la restricción que presentaba la institucionalización del vínculo fue atendida por el Estado uruguayo mediante una nueva normativa que estableció que los consejos consultivos elaboraran sus propios reglamentos de funcionamiento interno, que tendrán plena validez, siempre y cuando no se vulneren los principios de democracia, participación, transparencia y pluralismo, respeto a la diversidad e inclusión.[42] De esta forma, el Estado buscó dar respuesta a las demandas de larga data y reflejar mejor la diversidad organizativa de los consejos consultivos. Tras siete años (2005-2011) de políticas de vinculación y reclamos por parte de las colectividades, en una ocasión muy particular como fue un Encuentro de Consejos en Montevideo (2011), el Estado anulaba su propio reglamento.

El nuevo escenario era más flexible para los consejos, aunque los acercaba a una asociación de migrantes, típica forma organizativa de estos grupos que debe relacionarse de forma particular con la oficialidad del país de origen y viceversa, además del país de destino. En los hechos, a partir de este decreto comenzó a existir en Buenos Aires un nuevo consejo, creado a fines de 2011, que se autoproclamó como un grupo formado hacía poco (lo cual desconoce cualquier continuidad con el Consejo Consultivo de Buenos Aires anterior) y se autodenominó Consejo Consultivo Baires, órgano oficial de vinculación entre la comunidad uruguaya en Capital Federal y Gran Buenos Aires con el Consulado uruguayo.[43] Su presidente, militante del sector político Vertiente Artiguista dentro del Frente Amplio, solía concurrir como miembro a las reuniones del Consejo Consultivo de Buenos Aires que funcionó entre 2006 y 2012, al cual nos vamos a referir en este análisis. Acudió asimismo al IV Encuentro Mundial de Consejos Consultivos, pero no leyó ningún comunicado como sí lo hizo el resto de los representantes de consejos de otros países, que llevaban reclamos y propuestas. El encuentro se retransmitió desde París por internet mediante un convenio con la compañía de teléfonos uruguaya. La concurrencia, en comparación con los anteriores encuentros, fue escasa.

Los inicios de la política de vinculación en Buenos Aires

Las políticas de vinculación hasta aquí mencionadas fueron presentadas en Buenos Aires en marzo de 2005, en un evento público realizado en el anfiteatro de la Embajada uruguaya en esa ciudad, en el barrio porteño de Recoleta (imagen 18). La asistencia fue multitudinaria. El anfiteatro, con una capacidad para trescientas personas, estuvo colmado, e incluso sobrepasado, de gente. Concurrieron asociaciones de residentes uruguayos de la ciudad de Buenos Aires y otras como Avellaneda, Ezeiza, Lomas de Zamora, Zárate, Florencio Varela, Mar del Plata, Concordia, Ushuaia, Gualeguaychú y Bariloche. También asistieron representantes de agrupaciones artísticas y musicales, de programas radiofónicos, del Frente Amplio de Uruguay en la Argentina, de la Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en la Argentina y público en general.

En el escenario se dispusieron las banderas de ceremonia argentina y uruguaya, una mesa central con sillas y micrófonos, jarras de agua y vasos de vidrio. A un costado, un atril de madera con micrófono para un presentador. En la mesa central estaban el embajador de Uruguay en la Argentina –un hombre de unos cuarenta años, vestido con traje y corbata, pelo largo y canoso hasta la altura de los hombros– y el director de la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación, sociólogo, vestido con saco, camisa y sin corbata, que vino desde Uruguay. En el atril estaba la presentadora, quien era la encargada de la Oficina de Ayuda al Compatriota, perteneciente al Consulado de Uruguay en la Argentina. Las primeras dos filas del público estaban vacías y reservadas para los cónsules de distrito. Nuestra ubicación para realizar el trabajo de campo fue el primer asiento sobre el pasillo de la tercera fila. Desde ahí se veía todo el panorama del público, además de un primer piso donde hay gradas, y por supuesto el escenario.

La presentadora anunció al embajador, quien brevemente dijo: “Amigos, me tengo que ir, espero tengan un diálogo lindo y franco. Los invito el 25 de agosto al festival artístico para la colonia y amigos con tango, candombe y vinito en la terraza de la Embajada”. Luego tomó la palabra el director de Vinculación. Su presentación giró en torno a la propuesta del programa de vinculación Departamento 20-La Patria Peregrina. La primera denominación alude, como ya dijimos, a todos los uruguayos residentes en el exterior y refiere a la división política y administrativa del territorio uruguayo, que consta de diecinueve departamentos (en la Argentina se utiliza el término provincias para la misma idea). La segunda remite al discurso de asunción presidencial de Tabaré Vázquez (2005) en el cual dijo que el programa de gobierno incluía a “nuestros compatriotas que viven en el exterior, porque la patria peregrina es peregrina, pero por sobre todo es patria” (Vázquez, 2005: 8).

El director de Vinculación aclaró que el Estado uruguayo estaba en deuda con el 15%[44] de su población que residía en el exterior y “hasta ahora había mirado para el costado”. Sin embargo, en adelante desarrollaría nuevas políticas dirigidas a “integrar y habilitar la participación ciudadana extraterritorial, contactar de forma oficial e institucional a las colectividades en el exterior y reafirmar la identidad y la memoria”.

En segundo lugar, presentó el “escenario para la vinculación”, que constaba de “una plataforma institucional oficial, un Registro de Nacionalidad y Ciudadanía, un portal virtual y los consejos consultivos”. La plataforma refería a la oficina instalada en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo. El registro, a un padrón voluntario que data de principios del siglo XX y se encuentra en poder de los consulados (el director se tomó unos minutos para contar que el popularísimo Carlos Gardel se había anotado como uruguayo en ese padrón el 8 de octubre de 1920). Por su parte, el portal era un ámbito virtual para la difusión de noticias e información de diverso tipo.[45] Los consejos consultivos, por último, fueron presentados como “una idea de funcionamiento democrático que como gobierno les proponemos a las colectividades que la pueden aceptar o no. Pertenecen a la sociedad civil, sin subordinación al Estado”. Con respecto al sistema consular, aclaró que reforzarían las tareas de promoción cultural y económica de Uruguay y desarrollarían la política de vinculación. En sus propios términos, expresó que “los servicios consulares del Estado uruguayo, las embajadas, los consulados de distrito honorarios tendrán una política diferente ahora, habrá política respecto a los uruguayos”.

En tercer lugar, el director enumeró algunos logros de su gestión –que comenzó en 2005–, como los convenios con organismos estatales uruguayos (Compañía de Teléfonos, Correo, bancos Central e Hipotecario, ministerios de Turismo, Interior y Salud, Universidad de la República, Banco de Previsión Social), pero ninguno, por el momento, vinculado con la Argentina.

Con respecto a las acciones a favor de la colectividad en la Argentina, destacó la reducción en los precios de los trámites consulares, el fomento de “la caja de repatrio” o fondo económico para las personas en situación de vulnerabilidad (llamada comúnmente “de calle”) a quienes se les abona un pasaje de regreso a Uruguay, y finalmente la venta del edificio de la Embajada y del Consulado que es “un clavo”. En cuanto a este último punto, ya se anticipaba aquí el argumento (recurrente después) por el cual debería venderse el edificio de la Embajada, que resulta oneroso para el Estado uruguayo y es poco funcional (de los catorce pisos que posee se utilizan cuatro como oficinas y el anfiteatro dos o tres veces al año). Recordemos el problema, varias veces resaltado, que tienen los distintos grupos acerca de la carencia de lugares de reunión, fiestas y eventos en la Argentina (como ellos dicen: “Andamos siempre de prestado entre los argentinos solidarios”) o de su condición (esta investigadora ha participado en reuniones en habitaciones inundables cuando llueve, por ejemplo). Es notable que en estos años de políticas de vinculación ningún funcionario haya pensado en la posibilidad de habilitar los espacios ociosos y el anfiteatro de la Embajada para la colectividad y sus diversas manifestaciones, para que desarrolle sus múltiples actividades, según reza el artículo 74 de la ley 18.250 de 2008.

Luego de la presentación del director, se dio lugar a preguntas y comentarios del público. Las inquietudes giraron en torno a los requisitos para conformar un Consejo Consultivo por parte de personas que habían viajado al evento desde la ciudad de Mar del Plata. La respuesta fue que los consejos se organizan por “dispersión territorial […] es libre, no hay canales establecidos”. Acerca del Registro de Ciudadanía, se le informó al embajador que en la Argentina varios grupos estaban haciendo relevamientos censales. Ante esto, el director contestó que el Registro es presencial y se realiza en el Consulado. Otra pregunta fue sobre el voto a la distancia. La respuesta fue que su implementación requiere mayorías especiales en el Congreso Nacional y por lo tanto una “negociación política con la oposición”, de lo contrario se podría efectuar una consulta popular (recordemos que estas consultas en Uruguay son vinculantes).

Hacia el final del evento cesaron las preguntas y fueron tomando protagonismo los comentarios, las presentaciones personales y de diversas agrupaciones. Entendemos que había una gran necesidad en los asistentes de contar quiénes eran y qué estaban haciendo desde hace décadas en la Argentina, inquietudes que los funcionarios nunca se plantearon. En efecto, no fue importante para ellos saber con quiénes estaban tratando y qué tipo de organización existía antes de su llegada.

De todas formas, supimos que hubo reuniones entre los funcionarios uruguayos del Departamento 20 y los representantes de los partidos políticos del Frente Amplio en cada país para lograr la conformación de los consejos. Antes de la conformación de los consejos consultivos presenciamos conversaciones entre el primer director de Vinculación y miembros del Partido Comunista uruguayo en Porto Alegre y en Buenos Aires, y con miembros del Movimiento de Participación Popular en Buenos Aires.

El evento terminó con algunos pedidos concretos por parte del público. Entre ellos destacamos: la reducción en el costo de los pasajes a Uruguay para la colectividad, la implementación del voto epistolar o consular, la creación de una casa cultural uruguaya, la tramitación en el Consulado de documentos uruguayos (cédula de identidad y credencial cívica –documento para votar en Uruguay–), la realización de un censo de uruguayos en la Argentina, infraestructura en transporte para que viajen a Buenos Aires a declarar en los juicios los familiares de desaparecidos uruguayos en la Argentina (en particular ex prisioneros del centro clandestino de detención Orletti), traslado de artistas reconocidos desde Uruguay para eventos culturales que nucleen a la colectividad en Buenos Aires y finalmente un pronunciamiento por parte del gobierno sobre el tema de las “papeleras”,[46] con el cual esperaban “poder responder como uruguayos en la Argentina cuando nos preguntan”.

Nuestro registro del evento culminó con una conversación con funcionarios del Consulado y algunos integrantes de la colectividad, principalmente militantes frenteamplistas, en la Oficina de Ayuda al Compatriota. Se habló de que la política de vinculación les sumaba trabajo a los funcionarios en la Argentina, quienes ya tenían sus tareas, que no eran pocas (trabajo social, atención a los uruguayos con problemas, etc.). La inquietud de los funcionarios, entonces, fue qué hacer con las organizaciones de la colectividad y qué son en definitiva los consejos consultivos. Concretamente se dijo: “Mañana nos llaman por teléfono y no tenemos nada escrito, ¿y qué decimos?”.

La conformación del Consejo Consultivo de Buenos Aires

El evento público de presentación del Departamento 20, antes relatado, fue el puntapié inicial para la organización del Consejo Consultivo de Buenos Aires. Su proceso de formación implicó un esfuerzo colectivo: se trabajó en reuniones abiertas, habitualmente los sábados durante varios meses de 2005 y 2006, y participó un espectro heterogéneo de organizaciones (CCBA, 2007a), además de asociaciones de otras ciudades como Mar del Plata, Rosario, Zárate y Córdoba. En las primeras reuniones se plantearon los distintos puntos de vista acerca de lo que debían ser los consejos consultivos (rol, incumbencias, acciones, etc.). Allí fuimos conociendo a los actores involucrados, que resultaron ser grandes colaboradores voluntarios y fundadores del Consejo de Buenos Aires.

Puntualmente nos interesa analizar lo dicho en una de las primeras reuniones, realizada en abril de 2006, en la que registramos el germen de las diferentes perspectivas y la palabra oficial, ya que estuvo presente la cónsul general uruguaya en la Argentina y el director del Departamento 20, quien viajó desde Montevideo. Tomando la palabra en primer lugar el director de Vinculación (como ya mencionamos, sociólogo y con rango de embajador para asumir ese puesto), explicó que la nueva política migratoria pretendía vincular a “los uruguayos de afuera con los de adentro” y los “uruguayos emigrados con las autoridades locales” en los países de residencia. Las autoridades locales tuvieron así un interlocutor legítimo; esto lo necesitaban porque es difícil encontrar una organización representativa del conjunto de una colectividad.

Con tal objetivo, el Estado uruguayo propuso a sus emigrados una forma unificada de organización, los consejos consultivos (en plural, porque podía haber más de uno por país, región o continente). Se trató de formas de “organización inclusivas de la totalidad”, es decir, de la colectividad y todos sus intereses, incluyendo voluntades individuales y organizaciones particulares; soberanos, sin vinculación jurídica con el Estado uruguayo, voluntarios y democráticos. Sin embargo, fueron definidos también como los interlocutores “legítimos con el Estado uruguayo en su expresión territorial que son los servicios consulares” en cada país o región. De esta forma el Estado uruguayo no se relacionaba con personas ni con organizaciones de personas, “lo cual puede dar lugar a malos entendidos, quitándole transparencia y cristalinidad a la relación entre el Estado y la totalidad de la colectividad”. El director explicó con respecto a este tema que, más allá del “respeto que me merecen todas las formas de organización preexistentes –que las hay, porque los uruguayos donde van se organizan–, debemos reconocer que hay mucha gente que no está en ninguna de estas organizaciones y que debería estar […] Por lo tanto tenemos que trabajar para construir una organización amplia que sea capaz de cubrir y cumplimentar a la totalidad de la colectividad […] La propuesta de los consejos consultivos no sustituye a nada ni a nadie”.

De todas formas, como había dicho antes, los consejos estaban pensados como los “interlocutores legítimos” con el Estado uruguayo. El ejemplo que propuso fue el caso de las “papeleras” o fábricas de celulosa de papel para exportar. En sus propias palabras, si ante dicho conflicto hubiera existido “una organización uruguaya en la Argentina unificada, Uruguay hubiera tenido 180.000[47] embajadores con nuestro hermano país para explicar con mucha más fraternidad lo que es la visión de Uruguay”. Recordemos que en el capítulo 2 nos referimos a cierta crítica por parte de los militantes que sintieron la falta de un discurso oficial del gobierno del Frente Amplio para responder, en sus ámbitos cotidianos, a los cuestionamientos sobre la instalación de una fábrica de pasta de celulosa en las márgenes uruguayas del río Uruguay.

Luego el director resaltó el éxito que tuvieron los consejos en países donde los uruguayos se encontraban “dispersos”, con la única excepción de “Israel, donde no se han podido conformar”. Las dificultades, independientemente de ese caso, son propias de un proceso unificador en colectividades “fragmentadas”, de asociaciones que se sintieron invadidas en su quehacer y de “errores de interpretación” en cuanto al “emprendimiento Departamento 20”. Pero con “voluntad se puede crear confianza y aprender a convivir con el otro […] El Departamento 20 no sustituye lo existente, que es válido y debe seguirlo siendo, pero debe ir más allá”.

Expresó también que los mayores halagos a esta política de vinculación uruguaya provinieron de las “autoridades locales”, “instancias institucionales” y “encuentros especializados de organismos multilaterales”, donde fue considerada “muy interesante” y “un caso renovador en la materia”. Como ejemplo, dijo que los ayuntamientos españoles le agradecieron estar desarrollando esta estrategia de organización de la colectividad uruguaya porque es un “factor de gobernabilidad” que les ofrece a ellos como gobierno local “una representación unitaria de la colectividad uruguaya”. Por último, agregó que en cada ciudad que visitó las autoridades lo “llenan de alabanzas del colectivo de uruguayos por su baja tasa de delictividad, su enorme capacidad de decisión, su gran capacidad de organización y su gran cultura cívica”.

Entre otros tópicos, el director anunció que hacia fin de 2006 se iba a realizar el I Encuentro Mundial de Consejos Consultivos en Montevideo, donde podrían conocerse y vincularse con otras instituciones estatales, como el Ministerio de Turismo. Hizo referencia al Registro Nacional de Ciudadanía, que se implementaría para “saber exactamente quiénes, de los 440.000[48] uruguayos que hay en el exterior, quieren vincularse, tarea que involucraría al Consulado uruguayo en cada país o región”.

Preferimos transcribir textualmente el final de su alocución para que se pueda apreciar el trasfondo ideológico o conjunto de ideas transmitidas en relación con el tema de la cultura, los procesos de formación de los Estados-nación argentino y uruguayo, las causas de los procesos migratorios internacionales y, por último, el uso de términos correspondientes a antiguos paradigmas políticos y académicos como “crisol de culturas”.

Para conectarnos entre uruguayos con respecto en nuestra diversidad, desde la multiculturalidad y todas las sociedades de acogida donde hemos decidido residir y gentil y solidariamente nos recibieron, asistimos por suerte a nuestras sociedades contemporáneas a un momento donde nuestras culturas a veces se enfrentan pero tienden a juntarse, a unirse y a dialogar. No para que una haga desaparecer a la otra sino para que todas existan en un crisol de culturas, bien, ese papel molecularmente considerado una organización como el Consejo Consultivo, una organización unitaria y organizada de las colectividades puede y debe cumplirlo […] más allá de lo que los Estados desde el Servicio Exterior [se refiere a la diplomacia instalada en la Embajada y el Consulado de cada país] puedan efectuar.

Finalmente, cedió la palabra a la cónsul general en Buenos Aires, a quien en todo momento nombró como su acompañante en ese evento. La cónsul manifestó la conveniencia de la “organización de la colectividad uruguaya en la forma de consejos” por tres aspectos. El primero, para aprovechar la oportunidad de relacionarse dada por esta “administración”. El segundo, por “la creación de la Dirección de Asuntos Consulares y Vinculación en 2005 con competencias sociales”. El tercero, para solucionar cada problema que se presente mediante comisiones, por ejemplo. Concluyó enfatizando que haría un Consulado de puertas abiertas, luego de lo cual recibió infinidad de aplausos.

En síntesis, ambos hablaron de “organización de la colectividad”, resaltando la “unificación”, es decir, la presencia de un interlocutor legítimo y válido con quien vincularse. Pero se encontraron con una colectividad heterogénea en intereses y grupos, dentro de la cual no han podido encontrar un interlocutor único.

Más tarde hablaron los organizadores del evento. En ese momento, nos enteramos de que había sido una reunión preparada por algunas asociaciones de residentes en la Argentina que venían manteniendo conversaciones previas con el oficialismo a cargo en Montevideo, vale decir, con el director de Vinculación. También supimos que existía cierta confusión. La convocatoria a esa reunión estaba dirigida a representantes de asociaciones, pero en un programa de Víctor Hugo Morales (conocido periodista uruguayo que vive en la Argentina) transmitido por un canal de televisión se publicitó como una reunión abierta a todos los uruguayos que desearan participar en la nueva política del gobierno uruguayo. Esto generó rispidez entre quienes habían asistido como representantes de asociaciones, reunidos antes en comisiones, y quienes fueron individualmente. Gran parte de la reunión estuvo marcada por ese malentendido.

Después de las alocuciones oficiales (del director y de la cónsul general), hubo dos preguntas del público: por qué no se reunían en el edificio de la Embajada y por qué el embajador en la Argentina, habiendo recibido a una comitiva de personas con la intención de conformar un consejo en Buenos Aires, manifestó estar recibiendo a una organización más de uruguayos en la Argentina. El director contestó en primer lugar que ningún consejo en el mundo se reúne en embajadas. En cuanto a la otra inquietud, respondió que el Estado no es “un objeto […] Es una institución múltiple, compleja, atravesada por múltiples instituciones en donde no existe una plena sincronización como puede existir en la empresa privada o en otro ámbito. Si determinados sectores del Estado están interpretando mal la política de vinculación, lo deberíamos solucionar entre todos”.

Por último, con respecto a la palabra “compañeros”, que se escuchaba permanentemente en la reunión, dijo que prefería no usarla en ese ámbito porque “refiere a quienes comparten el mismo pan”. Él prefería usar las palabras “uruguayos y uruguayas” o “compatriotas”, aunque aclaró que “compañeros” le era muy querida y propia, aludiendo así a su pertenencia frenteamplista (en efecto, “compañeros” es la forma habitual que tienen los frenteamplistas de denominarse entre sí, funciona como un apelativo para llamar o mencionar al otro y a sí mismo dentro del grupo). De esta forma, el director del Departamento 20 intentaba desmarcar lo político-partidario recurrente en la reunión.

Luego de sus respuestas, se pasó a la reunión en sí misma. Nos enteramos de que había sido convocada por dos comisiones (Comunicación y Prensa, y Estatuto y Organización) formadas ad hoc por representantes de asociaciones, militantes del Frente Amplio de Uruguay en la Argentina y uruguayos autodenominados “independientes” (es decir, no pertenecientes a una asociación preexistente, a diferencia del ámbito político donde ser independiente implicaba ser frenteamplista pero no pertenecer a un sector o partido político). Un ejemplo de participación independiente dentro del Consejo fue la del secretario general (el rango más importante luego del presidente), quien se presentó como tal e informó sobre la creación de un sitio virtual denominado Departamento 20 –cuya propiedad estaba a su nombre– con el objetivo de difundir noticias y publicar comunicados.

Los organizadores del evento tomaron la palabra para decir que la reunión buscaba promulgarse a favor de la conformación de los consejos consultivos en la Argentina, tratar el reglamento provisorio de funcionamiento ya redactado por la Comisión de Estatuto y fijar una nueva fecha de encuentro. Otras propuestas fueron seguir funcionando como asociaciones y conformar una federación de asociaciones. La crítica a esta moción consistió en que atentaba contra el trabajo ya realizado por las comisiones allí presentes.

Hemos dicho que llevó mucho tiempo y hubo grandes peleas en esa reunión por la participación de los independientes quienes, aun siendo cuatro o cinco personas, alzaron su voz y se sintieron profundamente ofendidos porque, según expresaron, los desconocían. En cuanto a esta cuestión, los ánimos se atemperaban y volvían a agravarse durante el transcurso del evento, a lo que se suma la confusión respecto de la convocatoria televisiva. Los organizadores intentaron neutralizar la situación invitando a los independientes a participar en asociaciones, armar sus propias asociaciones o incorporarse en las comisiones de trabajo del Consejo Consultivo de Buenos Aires.

Conocimos también el trabajo realizado por una asociación uruguaya de Zárate. Sus integrantes habían empezado a reunirse en la plaza de esa ciudad y luego se anotaron oficialmente como asociación civil. Al día de hoy lograron inaugurar una plaza pública con el nombre Uruguay, ayudaron a “aquellos uruguayos que están mal, sin trabajo, con necesidades de medicamentos, y representan a Uruguay en la Feria de las Colectividades de Zárate”.

Hacia el final de la jornada, durante la cual permanecieron el director y la cónsul –quien se retiró en horas de la tarde–, se logró armar un comunicado sobre “las pasteras”, “pugnando por una solución que no lesione los tradicionales lazos de amistad entre los pueblos del Plata” y otro sobre la firme decisión de conformar un Consejo en Buenos Aires, sin mayores aclaraciones. Además, decía:

A los 29 días del mes de abril de 2006, los acá reunidos –organizaciones sociales, agrupaciones musicales, deportivas, sectores políticos y ciudadanos uruguayos residentes en la Argentina– declaran su intención de conformar los consejos consultivos, en el entendido que los mismos habrán de ser la forma más genuina, democrática y representativa de lograr la concreción de este ámbito que permitan expresar el conjunto de las problemáticas que padece la diáspora uruguaya en este país. Esto lo hacemos con la firme convicción de que para alcanzar la concreción final de este objetivo será necesario seguir trabajando para que esto, que sólo es un primer paso, logre llegar en el menor tiempo posible a aglutinar al conjunto de los uruguayos residentes aquí en la Argentina.

Aparentemente la decisión ya estaba tomada; de ahí este comunicado que fue redactado con anterioridad. De ahí en más, la formación del Consejo de Buenos Aires significó tiempo, trabajo y dinero por parte de los grupos preexistentes: políticos, sociales, musicales, radiofónicos y de derechos humanos (CCBA, 2007a, 2007b). Participar en las políticas de vinculación era emprender un proyecto representativo que requería de un gran acuerdo político y tenía costos (infraestructura, fondos y asesoramiento legal) que debían ser asumidos por sus miembros.

Luego de meses de reuniones abiertas, se conformó un consejo provisorio (medida también adoptada por otros consejos, en diversos países, que no lograban cumplir con los requisitos –estatuto y elecciones para autoridades, entre otros– para la representación del grupo ante el Estado uruguayo). La urgencia, en este caso, apuntaba a que Buenos Aires pudiera participar del I Encuentro Mundial de Consejos Consultivos en Montevideo. La solución adoptada –constituirse como provisorios– da cuenta de las visiones diferentes que había y la imposibilidad de llevar a cabo la elección definitiva de autoridades. Sin embargo, fue efectiva, en tanto permitió sostener las actividades colectivas desarrolladas entre 2005 y 2012, incluso cuando en 2008 entró en vigencia el restrictivo reglamento para la organización de consejos redactado en Uruguay.

Con el correr de los años los miembros asistentes y colaboradores decayeron abruptamente, y con ello la euforia inicial y las reuniones multitudinarias. A tal punto que durante siete años (2005-2012) el Consejo fue sostenido por unas cinco personas comprometidas con su continuidad.

La vinculación vista desde los migrantes

Señalamos ya que la constitución de consejos consultivos requería la representación unificada de los grupos preexistentes en cada país. Este problema pudo vislumbrarse en los documentos presentados en los primeros Encuentros Mundiales de Consejos realizados en Montevideo (2006-2007), donde se plantearon las dificultades en la preparación de estatutos y reglamentos, el empadronamiento de los miembros y la elección de autoridades. La institucionalización requerida desde el Estado uruguayo no se logró efectivizar. Por esta razón se propuso una solución de compromiso para comenzar a existir de alguna forma y participar en el programa de vinculación. Así fue como el Consejo de Buenos Aires se dio la forma de provisorio. Sus autoridades también lo fueron, hasta tanto se pudiera redactar un reglamento y efectuar el proceso electivo. Una de las razones por las cuales resultaba imperiosa la formación del Consejo, aunque fuese provisorio, era la necesidad de participar en la primera reunión de consejos consultivos a realizarse en Montevideo en noviembre de 2006. Con motivo de este evento, el Consejo se preparó durante varios meses en infinidad de reuniones realizadas principalmente en el Centro Cultural de la Cooperación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque también en la sede de la Asociación del Encuentro (analizada en el capítulo 3).

De esta manera, con mucho trabajo e impulso, el Consejo de Buenos Aires comenzaba a existir. En cuanto a sus objetivos e intereses, según consta en la primera gacetilla impresa, fue central la defensa de los derechos políticos extraterritoriales, la seguridad social respecto de la información y la gestión jubilatoria conjuntamente con el Banco de Previsión Social uruguayo y la promoción de planes de turismo social a través del Ministerio de Turismo de Uruguay. También el desarrollo de actividades sociales, culturales y de promoción humana con la colectividad uruguaya, que aspiraban a realizarse en la tan ansiada Casa del Uruguay. En los documentos elaborados en Buenos Aires con motivo del I Encuentro Mundial de Consejos en Montevideo se mencionaron, asimismo, los acuerdos con compañías de transporte que beneficiaron a los residentes en la Argentina y a sus familiares directos, y la propuesta de trabajar en conjunto con el Consulado y la Embajada de Uruguay en Buenos Aires a fin de revertir varias problemáticas detectadas. Se mencionó, entre éstas, la relocalización edilicia, la ampliación de sus funciones (por ejemplo, como Registro Civil) y la reducción de los costos administrativos (imagen 19).

Las entrevistas y las conversaciones focalizadas –además del material gráfico– que fueron parte de nuestro trabajo de campo nos permiten comprender el significado que tuvieron los consejos para sus miembros. Por ejemplo, fue recurrente en los relatos la idea de la unificación de la colectividad uruguaya. Los consejos venían a lograr ese objetivo, en tanto ámbito aglutinador frente a una generalizada autopercepción de la colectividad como “fragmentada o dispersa”. Ante nuestras preguntas sobre el sentido de esto, los entrevistados dijeron que los uruguayos nunca tuvieron una “federación de asociaciones como tienen otras colectividades”. Así, la percepción sobre sí mismos contrasta con la unidad que ven en otros grupos (en general, se menciona a los procedentes de Bolivia y Paraguay como más unidos que los uruguayos).

Los consejos fueron concebidos también como un canal de promoción y fortalecimiento de las actividades sociales y culturales de los distintos grupos y asociaciones existentes en Buenos Aires. Según sus miembros, debían “nuclear asociaciones sociales, culturales y políticas trascendiendo lo que cada una de ellas pueda aportar para unificar esfuerzos en pos de espacios mayores de participación ciudadana”.

El ámbito de los consejos consultivos fue positivamente valorado para mantener el vínculo jurídico con el Estado uruguayo y continuar siendo ciudadanos más allá de las fronteras. En este sentido, se evaluaba que las políticas de vinculación migratoria llevadas a cabo por el primer gobierno del partido político Frente Amplio fueron “el primer paso que el gobierno progresista ha dado en buscar la participación de los ciudadanos en el exterior”. No obstante, existieron visiones críticas entre los propios integrantes referentes a la implementación de estas políticas. Con plena conciencia de sus falencias e inconsistencias, expresaban que “las políticas de vinculación son compromisos internacionales de Uruguay pero a nadie le importan”. En este mismo sentido se sostuvo que “el Consejo Consultivo es el Estado uruguayo buscando la unificación de las asociaciones para bajar políticas públicas”.

De todas formas, el problema de la representación –es decir, la necesidad de crear nuevas estructuras de representación requeridas por el Estado uruguayo– permaneció en el caso de Buenos Aires como una dificultad insalvable basada en dos inconvenientes. Por un lado, el costo que significaba lograr esas estructuras representativas y, por el otro, la dificultad de unificar un amplio espectro de organizaciones de larga data con diversidad de trayectorias, intereses y objetivos.

El problema de la representación unificada en una colectividad heterogénea

Según hemos analizado, el carácter provisorio que adquirió el Consejo de Buenos Aires daba cuenta de la imposibilidad de cumplir cabalmente con determinados requisitos para la representación del grupo ante el Estado uruguayo; por ejemplo: estatutos, reglamentos, empadronamiento de miembros y elecciones de carácter secreto, universal y directo. El peso de aprender los códigos legales, situación particularmente compleja porque involucraba dos lógicas legales, la de la Argentina y la de Uruguay, estuvo siempre del lado de las colectividades, nunca en el Estado uruguayo. Emprender un proyecto representativo y democrático de tal envergadura requería, por una parte, asesoramiento legal y ciertas competencias específicas –además de un gran acuerdo político entre los grupos organizados preexistentes– y, por otra, mucho tiempo de trabajo. Recordemos que los miembros que llevaron adelante esta compleja tarea eran trabajadores que le dedicaron su tiempo no laboral y que además tenían a cargo, en general, sus propias organizaciones, grupos o asociaciones de uruguayos en la Argentina.

Las dificultades para lograr la representación y por lo tanto el reconocimiento del Estado uruguayo se agravaron considerablemente a partir de 2008, cuando se reglamentó la Ley de Migraciones. Si durante tres años (2006-2008) no se habían logrado cumplimentar las formalidades requeridas, la reglamentación terminó poco a poco por cerrar todos los caminos hacia una solución por diversas cuestiones.

En primer lugar, los requisitos de membresía. Sabemos que no todos los miembros de los grupos son uruguayos como requiere el reglamento y hemos notado que este requisito no fue antes solicitado para la participación. Es común en un proceso inmigratorio de larga data como el uruguayo en la Argentina la presencia binacional en todas las agrupaciones, sea por descendencia familiar o por el desarrollo de afinidades y alianzas de diversa índole.

En segundo lugar, resultó muy complejo delimitar un área jurisdiccional para un consejo en la Argentina que, además, estuviera dentro del ámbito de influencia consular. Tengamos presente que en este caso el Consulado tiene jurisdicción desde Buenos Aires hasta Ushuaia. El propio reglamento dio cuenta de esta problemática al plantear una alternativa si hubiera dificultades de comunicación y traslado. La solución propuesta para que pudiera constituirse más de un consejo en un área de jurisdicción consular fue que debía existir un mínimo de veinte uruguayos miembros inscriptos en el Registro de Nacionalidad y Ciudadanía del Consulado. Esta solución representó un inconveniente mayor porque estableció una desventaja o situación diferencial ya que ningún otro consejo debía tener un mínimo de miembros. En directa relación con este problema se encontraba la exigencia de contar con diez personas para conformar el órgano directivo del Consejo (cinco titulares y cinco suplentes). Hemos registrado que los grupos poseen un núcleo de responsables (a menudo unidos por lazos familiares, afinidades o alianzas) de dos, tres o cuatro personas; otro núcleo más amplio –de alrededor de veinte personas– que participa periódicamente y colabora en diversas tareas y, finalmente, un conjunto importante de miembros –que pueden contarse por cientos– cuya participación es esporádica o acotada a eventos o coyunturas de diversa índole. De tal forma, lograr la participación y el compromiso voluntario en un cronograma de actividades intenso como el pautado por el reglamento de consejos ha resultado una tarea difícil de concretar y sostener en el tiempo.

En tercer lugar, la obligatoriedad del empadronamiento de los miembros del Consejo en el Registro de Nacionalidad y Ciudadanía del Consulado implicaba que este último debía colaborar trabajando y difundiendo el empadronamiento. Pero el interés de las misiones diplomáticas en llevar a cabo estas tareas fue prácticamente nulo en el caso de Buenos Aires.

En cuarto lugar, la mentada independencia entre el Consejo y el Estado uruguayo, promocionada desde el origen de estas políticas como un elemento original e innovador, quedó relativamente restringida en tanto el Consejo debía dialogar, cooperar, apoyar y difundir las políticas públicas del Estado uruguayo. Sin embargo, un apoyo semejante en sentido inverso, por parte del Estado hacia los inmigrantes y sus grupos, no se mencionó en el reglamento.

Ahora bien, puestos a considerar cuál fue la dificultad central para que se lograran la representación y la organización en la forma requerida desde Uruguay, debemos referirnos a un doble desconocimiento por parte de estas políticas. Primero, en cuanto a las posibilidades reales de asumir los costos de la institucionalización desde la colectividad en la Argentina y, segundo, con respecto a las lógicas preexistentes que durante décadas hicieron funcionar a los distintos grupos organizados en Buenos Aires. Los costos fueron imposibles no sólo para la colectividad sino también para el programa Departamento 20, que no contó con partida presupuestaria. Esto condicionó incluso la asistencia de delegados de los consejos de varias partes del mundo a las reuniones anuales en Montevideo.

De todas maneras, las exigencias en cuanto a un tipo de representación fueron el escollo más importante a la hora de concretar formalmente el Consejo de Buenos Aires. En particular, la elección de autoridades que, como mencionamos, necesitaba del apoyo del Consulado (personal administrativo y recursos económicos). Según el reglamento, dicha institución debía hacerse cargo del empadronamiento, oficializar la elección de autoridades y así reconocer al Consejo Consultivo conformado. Ninguna de estas instancias se llevó a cabo.

Asimismo, en nuestros registros de campo surge el problema adicional, en el Consejo de Buenos Aires, de decidir entre las posturas que proponían una representación por candidatos directos y otra por una lista de candidatos para las autoridades del Consejo. Esta discusión insumió varias reuniones, en un clima de mucho nerviosismo, hasta que se procedió a votar por una de las dos opciones. Por un voto de diferencia resultó mayoritaria la opción de confeccionar listas de candidatos. Tengamos en cuenta, igualmente, que al día de hoy las elecciones no pudieron llevarse a cabo. Estas y otras reuniones han sido ámbitos de desgaste de la participación, pues en definitiva condujeron a enfrentamientos y tensiones importantes entre los miembros.

Con el correr de los años (2005-2012) la política de vinculación se fue paralizando y el ímpetu inicial se fue perdiendo. El caso del Consejo de Buenos Aires es claro al respecto. En primer lugar, la representación unificada como condición inicial para el vínculo con el Estado no pudo ser cumplimentada y la solución de compromiso no se sostuvo en el tiempo. Las autoridades provisorias constituidas en aquel momento, una vez cumplidos los plazos en sus funciones (que incluso fueron prorrogados), renunciaron. Los últimos miembros permanecieron hasta 2011.

Las dimensiones que adquirió el problema de la representación, más allá del caso de Buenos Aires, pueden también vislumbrarse en los documentos presentados por diversos consejos del mundo en los encuentros mundiales realizados en Montevideo. El problema fue expresado tempranamente, en el I Encuentro Mundial de Consejos Consultivos desarrollado en Montevideo en 2006. Todos los consejos allí presentes plantearon las dificultades surgidas de la preparación de estatutos y reglamentos, así como del empadronamiento de los miembros y la elección de autoridades.

Por su parte, el Consejo de Buenos Aires continuó existiendo, pero la organización y el liderazgo quedaron acotados al manejo de tareas concretas; se tomaron iniciativas en situaciones y momentos determinados, generando liderazgos de personas o de asociaciones, restringidas al manejo concreto de una actividad. Estas formas específicas de organización y liderazgo hubieran sido difíciles de compatibilizar con las estructuras de representación requeridas desde Uruguay.

¿Qué fue el Consejo Consultivo de Buenos Aires?

En pos de definirlo, podemos hablar de un ámbito de trabajo colectivo. Sus objetivos fueron la defensa de los derechos políticos extraterritoriales y el desarrollo de actividades sociales, culturales y de promoción humana con la colectividad uruguaya. A futuro se proponía considerar el problema de la gestión jubilatoria y la promoción de planes de turismo social (con el Ministerio de Turismo de Uruguay). Asimismo, esperaba trabajar en conjunto con el Consulado y la Embajada de Uruguay en Buenos Aires a fin de resolver problemáticas ya detectadas, mediante la relocalización edilicia, la ampliación de sus funciones y la reducción de los costos administrativos. Entre otras acciones, el Consejo firmó convenios con compañías de transporte fluvial para abaratar los costos del viaje a Uruguay, editó una revista de distribución gratuita y realizó una campaña por el voto en el exterior a través de distintos eventos.

Con el paso de los años, la formalización del Consejo (para dejar de ser provisorio) se tornó un problema sin solución. En particular, la elección de autoridades no se pudo resolver y monopolizó casi por completo la vida del Consejo. Incluso, durante 2010 se creó una comisión electoral que trabajó con ese objetivo.

En cuanto a la vinculación del Consejo con la oficialidad del país de origen y sus representantes diplomáticos en Buenos Aires, la rotación de las gestiones y sus distintas visiones políticas crearon un clima adverso para la realización de tareas conjuntas. En Buenos Aires, luego del impulso inicial y ya durante el último tramo de la primera gestión, se cuestionó la colaboración estatal y se denunció que “las necesidades se siguen resolviendo sin el aporte del Estado uruguayo”.

Más tarde, la interrupción de las comunicaciones directas por parte de la segunda gestión del Departamento 20 paralizó por completo el vínculo durante largos meses. En la tercera gestión, el nuevo director restauró la comunicación directa con Buenos Aires y realizó un viaje para entrevistarse con los integrantes del Consejo en septiembre de 2009. En esa reunión, llevada a cabo en la sede de una asociación de residentes uruguayos,[49] el vínculo parecía comenzar de cero: el director tomaba notas y se comprometía a presentar soluciones. Específicamente, prometió que el Consulado prestaría su infraestructura para la elección de autoridades del Consejo.

Por último, dos miembros de la cuarta gestión viajaron a Buenos Aires para reunirse con el Consejo en septiembre de 2010. Éste se sostenía, en ese momento, gracias al trabajo de dos asociaciones de residentes y de algunos militantes políticos del Frente Amplio de Uruguay en la Argentina (pues sus autoridades provisorias –presidente y secretario general– habían renunciado). En esa ocasión se realizó un encuentro en la Embajada, donde se habían designado un nuevo embajador y una nueva cónsul. Luego de las presentaciones formales se iba a realizar una asamblea general del Consejo para definir la elección de autoridades, pero no prosperó. Pese a esto, el Consejo siguió funcionando (aun sin autoridades) hasta fines de 2011 y con un importante nivel de actividades.

Este Consejo no envió representantes al IV Encuentro Mundial de Consejos realizado en Montevideo en octubre de 2011, pero asistió uno por Buenos Aires del nuevo Consejo Consultivo Baires (mencionado anteriormente).

De todas maneras, las actividades continuaron. El Consejo de Buenos Aires siguió funcionando gracias a la paciencia y el trabajo voluntario de una asociación de residentes, una casa cultural y algunos militantes del Frente Amplio de Uruguay en la Argentina. Todos reconocieron en él un ámbito estratégico desde el cual llevar adelante proyectos concretos como los realizados hasta ahora. Nos referimos, por ejemplo, a la Muestra de Fotos de Mujeres Uruguayas 3, realizada en el Centro Cultural del parque Avellaneda (en la ciudad de Buenos Aires) y en el Centro Cultural Paco Urondo de la Universidad de Buenos Aires en 2011, que fue acompañada de un festival de cine uruguayo y de espectáculos artísticos propios de la colectividad en la Argentina, y a los convenios realizados con empresas de transporte fluvial para abaratar los costos de viaje a Uruguay.

Todo 2011 se presentó particularmente activo para el Consejo de Buenos Aires, que se propuso organizar los festejos por el bicentenario uruguayo. Para esto se creó una comisión ad hoc con la cual soslayaron cualquier posible problema de representación que les impidiera llevar a cabo sus objetivos. Recurriendo entonces a las formas tradicionales de funcionamiento, organización y liderazgo de la colectividad, se realizaron exitosamente dos viajes a Uruguay para participar y “sentar presencia como uruguayos en la Argentina” en los festejos del bicentenario de las ciudades de Mercedes y Las Piedras. Como parte de nuestro trabajo de campo pudimos compartir con la comitiva el viaje a Mercedes y así participar de la primera celebración oficial en Uruguay. En esa ocasión, los grupos que viajaron desde la Argentina tuvieron oportunidad de contactarse en un almuerzo de camaradería con otras agrupaciones de uruguayos. Allí constatamos la amplitud de esta red migratoria compuesta por el Consejo Consultivo de Buenos Aires, asociaciones de residentes y grupos políticos pertenecientes a las ciudades de Mar del Plata, Concordia, Zárate y la Municipalidad de Morón en la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que estos grupos no agotan el universo de la colectividad en la Argentina; simplemente fueron quienes pudieron organizarse y costear la asistencia a los festejos.

Ahora bien, los festejos de la Comisión del Bicentenario del Consejo de Buenos Aires incluyeron eventos de gran envergadura en esa ciudad. Por ejemplo, un espectáculo artístico en el anfiteatro del parque Centenario con grupos invitados de la colectividad uruguaya y una murga invitada de Uruguay. Para su concreción, se armó una red de contactos y vinculaciones que incluyó al Consulado en la Argentina, el Departamento 20 y la Comisión del Bicentenario en Uruguay, la Oficina de las Colectividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, grupos artísticos de residentes uruguayos en la Argentina, artistas argentinos y una murga de Uruguay que requirió de infraestructura específica. Asimismo, se han editado libros referidos al prócer uruguayo José Gervasio Artigas y se han realizado eventos –organizados por la Comisión del Bicentenario del Consejo de Buenos Aires y el Centro Cultural Paco Urondo de la Universidad de Buenos Aires– con historiadores invitados de Uruguay.

En 2013 las mismas personas han formado nuevamente una comisión ad hoc, omitiendo todo tipo de cuestionamientos a la representatividad, para preparar los festejos por la conmemoración de los 200 años de las Instrucciones del Año XIII (mandato que llevaron los diputados de la Provincia Oriental –actualmente Uruguay– a la Asamblea Nacional General Constituyente de 1813 de las Provincias Unidas del Río de la Plata). Dichas instrucciones han sido interpretadas como “un documento medular en la conformación del ideario de los orientales”. En esta ocasión, la radio FM La Tribu, ubicada en el barrio de Almagro, presta su infraestructura para reuniones y eventos.

El transnacionalismo de los Estados de origen migratorio

La cuestión estatal es un eje analítico insoslayable dentro de las perspectivas transnacionales. Si bien las prácticas transnacionales surgieron al margen de los Estados –muchas veces a pesar de su voluntad y fuera del ámbito político y discursivo que éstos generan para sus ciudadanos–, no es menos cierto que dichas prácticas han obligado a ciertas reformulaciones por parte de los propios Estados. Esto sucedió con las prácticas de los inmigrantes uruguayos en la Argentina y en todo el mundo, que exigieron una respuesta por parte del nuevo gobierno uruguayo (como ya explicamos, éste integraba un partido político estrechamente vinculado con la cuestión de la emigración en Uruguay).

Frente al transnacionalismo de sus grupos emigrados, los Estados de origen efectuaron importantes cambios en cuanto a leyes, políticas y prácticas migratorias (reformas ministeriales y consulares), con el objetivo de estimular el contacto con su población emigrada y así favorecer el retorno o continuar la membresía y la lealtad a la distancia. Estas acciones –que buscaron recuperar los recursos humanos fuera del país– representan un cambio de paradigma respecto de las visiones tradicionales acerca de las migraciones, entendidas como pérdida, y de los migrantes, pensados como sujetos pasivos y asimilados al nuevo ámbito. Incluso desde los organismos internacionales se sugiere a los Estados miembros considerar los beneficios de las migraciones.

Por ejemplo, Naciones Unidas resaltó la importancia de generar vínculos con las comunidades transnacionales de migrantes. Éstas constituyen activos para el crecimiento de los países de origen por sus remesas colectivas[50] y por su carácter empresarial, que permite expandir las economías entre los países de origen y de destino (en particular el comercio, el turismo y las telecomunicaciones) (ONU, 2006, 2009). Otro tipo de beneficio estuvo en las redes de científicos y técnicos que hicieron posible la transferencia de conocimientos especializados de tipo productivo y tecnológico y, por último, la vinculación cultural y política mediante la promoción del asociacionismo transnacional y la doble ciudadanía de los migrantes.

En América Latina son claros los recientes ejemplos de políticas de vinculación en la Argentina, Chile y Uruguay, entre otros países que desarrollaron con distintos énfasis programas de vinculación a fin de recuperar los lazos formales con su población emigrada. Muchos surgieron de propuestas de las Conferencias Sudamericanas de Migración en distintos países (CSM, 2001-2012).

En la Argentina, Chile y Uruguay el conjunto de los emigrados pasó a formar una unidad política y administrativa más del Estado de origen ubicado a nivel ministerial (en Uruguay y Chile dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Argentina dentro del Ministerio del Interior).

Los ejemplos en la Argentina y Chile que presentamos brevemente fueron registrados en las correspondientes páginas web; para la Argentina, además, utilizamos nuestro registro de campo realizado cuando asistimos a un evento anual del programa Provincia 25, en diciembre de 2009, en el Anexo del Congreso Nacional (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

En Chile se creó la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (DICOEX) dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.[51] En lo que respecta a sus objetivos generales, se planteó la organización, participación, intercambio y vinculación con los residentes en el exterior en temáticas de diversa índole, así como la difusión de las políticas públicas del Estado chileno.

En cuanto al tema de las asociaciones en el exterior, se fomentó su organización, esto es, el desarrollo del asociacionismo y la participación ciudadana. Dentro de esa dirección existen cuatro departamentos específicos, dedicados especialmente a la comunicación, el fomento de la identidad, la vinculación y el desarrollo. Cabe destacar que el Departamento de Vinculación enfatiza la promoción de las redes de talentos e innovadores, el ejercicio de los derechos ciudadanos y la elaboración de informes sobre la condición socioeconómica de la comunidad chilena residente en el exterior. Asimismo, existe un fondo concursable anual dedicado a reforzar la identidad, la pertenencia y las raíces de la comunidad de chilenos residentes en el exterior. Con el objetivo de potenciar la participación de organizaciones y fortalecer el asociacionismo existen cinco áreas de postulación para dicho fondo: 1) cultura, deporte y recreación; 2) fomento productivo; 3) ciencia, tecnología e innovación; 4) asociacionismo e integración, y 5) proyectos de infraestructura. Mediante una cláusula especial, se aclara que es requisito para participar en dicho concurso poseer la personería jurídica en el país de residencia; sin embargo, se establece que puede ser reemplazada por un certificado de viabilidad del Consulado chileno donde se realice la postulación.

Por su parte, la Argentina propuso mediante su programa Provincia 25,[52] creado por el Ministerio del Interior, donde se encuentra la Dirección de Provincias, generar espacios de participación democrática y facilitar el ejercicio del derecho al voto.[53] De los tres países mencionados, la Argentina es el único con voto extraterritorial vía consular desde 1993. Esta situación redundó en una particular preocupación por asegurar el ejercicio de los derechos electorales de todos los ciudadanos que residen fuera del país. En el II Encuentro de Argentinos en el Exterior, realizado en 2009 en la ciudad de Buenos Aires, se destacó la importancia de la participación electoral de los argentinos que viven afuera, quienes deben empadronarse en los consulados para poder votar, “elemento que estaría según se estimó limitando la participación de muchas personas que prefieren no empadronarse, dando datos personales como domicilio, etc.” (registro textual del panelista diputado argentino miembro del partido Frente para la Victoria).

En ese evento, más allá de la cuestión del voto, fue central la presentación de las organizaciones de argentinos radicados en diversos países del mundo y su vinculación con distintas instituciones y organismos del Estado argentino. Se presentaron, por un lado, los miembros de las asociaciones que habían viajado especialmente para mostrar sus proyectos y difundirlos (por ejemplo, una escuela para hijos de argentinos en Francia y un club de fútbol de argentinos en Estados Unidos). Por otro lado, los representantes del Estado exponían sus programas para los argentinos en el exterior, como un sistema de cuentas bancarias por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires, entre otros. Por último, se presentó un proyecto de ley para que los argentinos en el exterior tengan un escaño parlamentario en su país natal (Proyecto de Ley, 2009).

Con respecto al programa uruguayo, cabe destacar una particularidad que lo diferencia de los dos casos recién expuestos. Se trata de la implementación de una propuesta organizativa unificadora para los emigrados y sus agrupaciones: los consejos consultivos. Éstos han sido considerados el elemento más innovador dentro del conjunto de transformaciones en materia migratoria desarrolladas a partir de 2005 por el Estado uruguayo.

Los derechos políticos como límite de las políticas de vinculación uruguayas

En Uruguay las políticas de vinculación encontraron su propio límite en el campo de los derechos políticos.[54] Es un hecho que las migraciones han impactado en ellos de forma particular; generalmente, el desplazamiento poblacional implica la pérdida o la suspensión de los derechos políticos de los migrantes, si no se implementan mecanismos especiales de inclusión jurídica. La voz política de los grupos inmigrantes debería incorporarse más allá de su nacionalidad y la representación política de los emigrados admitirse en la sociedad de origen.

En general, los Estados difieren históricamente a la hora de conceder los derechos políticos, a tal punto que éstos se vuelven un elemento diferenciador de ciertos grupos sociales (emigrados o inmigrantes en particular).

De acuerdo con la caracterización de Leticia Calderón Chelius (2003) en su trabajo basado en un estudio comparado de casos, existe una diferencia entre los países que en sus políticas migratorias reconocen el derecho al voto a sus ciudadanos residentes en el extranjero, aquellos donde existe un debate al respecto y por último los que impugnan su reglamentación.

Las respuestas de los Estados de origen migratorio al transnacionalismo de su población emigrada los convierten en Estados de diverso tipo: transnacionales, cuando conceden la doble ciudadanía en el exterior del país con derechos plenos; selectivos, si admiten la doble ciudadanía cuando se regresa al país de origen, y desinteresados y denunciantes si niegan los derechos políticos de sus emigrados. En el caso de Uruguay se practica, hasta el momento, un transnacionalismo selectivo ya que se reconoce el derecho político pero el voto es presencial. Sólo estando en el país el día de elecciones y con la documentación en regla (una credencial especial) se puede votar.

La configuración de la ciudadanía uruguaya tuvo sus momentos de inclusión y de exclusión de los derechos políticos. En términos históricos, fue especialmente inclusiva frente al fenómeno de la inmigración transatlántica. En la Constitución (art. 11º de la Constitución Nacional uruguaya de 1919) quedaron plasmados los trazos de este movimiento de inclusión al extenderse los derechos políticos a los extranjeros en función del criterio de la residencia. Su incorporación a la comunidad política permitió desarmar tempranamente el vínculo entre nacionalidad y ciudadanía siendo ciudadanos plenos. El Estado extendía el estatus de ciudadano más allá de la población nativa; para los residentes, se reservaba la ciudadanía de tipo legal otorgada a quienes acreditaran un período de residencia habitual en el territorio de la nación, además de oficio o profesión, capital y familia constituida (art. 78 de la Constitución). Así los derechos políticos se disociaban claramente de la nacionalidad, siendo los habitantes del territorio quienes formaban parte de la asociación política.

Lo contrario sucedió frente a la emigración, fenómeno constitutivo de la dinámica demográfica del país, registrado desde su constitución política y fuertemente consolidado hacia la década de 1970. En este caso, la respuesta estatal tendió a la exclusión selectiva. Históricamente fue omitida por las prácticas institucionales tendientes a consolidar una imagen de país de inmigración en crecimiento, las que relativizaron y postergaron la emigración. Luego el terrorismo de Estado fortaleció aun más la desvinculación de los grupos emigrados, llegando incluso a su persecución y asesinato, en particular frente a su activismo opositor.

De acuerdo con el título de este apartado, el límite de la vinculación con los emigrados fue –y sigue siendo– los derechos políticos. Las migraciones en Uruguay desplegaron realidades sociales fluidas que cuestionaron la visión original de los Estados-nación de principios del siglo como contenedores (Pries, 2002; Beck, 2008) en términos territoriales de su comunidad política, más todavía de su sociedad.

En Uruguay quedaba claro que el fenómeno de la emigración hacía necesario ajustar la definición formal de ciudadanía de manera que reflejara las realidades cambiantes de la población, puntualmente permitiendo la extensión de la representación democrática a los ciudadanos no residentes en el país. Este cambio se venía intentando con diversos proyectos de ley presentados desde 1985 por parlamentarios del Frente Amplio y con un proyecto del Poder Ejecutivo de 2005, cuyo debate se dio en 2007. Dicho debate[55] enfrentó de forma irreconciliable a dos partidos políticos claramente delimitados (es curioso que ningún otro sector político participara o se presentara en la votación final). En el plano jurídico, la discusión no tenía salida. La reglamentación del voto de los ciudadanos no residentes era, en última instancia, constitucionalmente discutible. En efecto, no había en la Constitución Nacional restricciones explícitas al voto no residencial que impidieran su reglamentación legal. Sin embargo, el criterio que en su momento guió el problema de la extensión de la ciudadanía –entendida como la capacidad de decisión política más allá de la nacionalidad– fue territorial porque el fundamento de los sistemas estatales es la soberanía territorial.

La discusión de fondo se desarrolló, más allá de los criterios legales, en el ámbito de las definiciones políticas. En las distintas posturas emergía claramente un profundo desacuerdo acerca de la concepción más amplia de la ciudadanía. Por un lado, quienes plantearon su oposición al sufragio de los uruguayos en el exterior parecían tener dificultades para desmarcar territorialmente la ciudadanía, ligándola más a un lugar específico que a una práctica o praxis. Desde este punto de vista, resultaba imposible extender los derechos ciudadanos constituidos debido a que la migración rompía el vínculo con el territorio de la nación, es decir, el fundamento de la relación sujeto, sociedad y Estado. Al contrario, promover la reglamentación del voto en el exterior implicaba reconocer el ejercicio ciudadano de los emigrados como acción política que resignifica las relaciones sociales existentes redefiniendo las fronteras establecidas. La presencia de otros ciudadanos afuera planteaba a la Legislatura democrática el desafío de pensar una ciudadanía que trascendiera el reducido marco del territorio nacional, incorporando la voz de los uruguayos más allá de las fronteras. En este debate fue imposible que la universalidad de los derechos políticos no quedara restringida al anclaje territorial de la ciudadanía y ésta, entendida como praxis, pudiera superar los límites de la codificación legal.

En este capítulo nos hemos dedicado a analizar las políticas de vinculación del Estado uruguayo y su impacto en la colectividad organizada en Buenos Aires. Esto remite a las relaciones mantenidas con la oficialidad de origen y principalmente a dos proyectos que se fueron dando en paralelo. En el próximo capítulo desplazamos el eje de observación hacia el movimiento artístico. Analizaremos las formas de integración al país de residencia desde lo que sus protagonistas han denominado “la cultura popular y callejera”, el carnaval, que permaneció al margen de los movimientos anteriores aunque sus miembros también fueron y son de filiación frenteamplista.

CAPÍTULO 5

El movimiento artístico uruguayo

En este último capítulo nos referiremos al movimiento artístico uruguayo desarrollado en torno a la fiesta del carnaval. Con tal objetivo, analizamos las formas colectivas de identificación y particularmente de integración a la sociedad de residencia. Si bien exponemos una serie de proyectos de estilo uruguayo, nos centraremos en uno que combina estilos de ambos países, dando cuenta de una relativa asimilación a la cultura dominante en el país de residencia que mantiene, también, las especificidades artísticas del país de origen, además de presentar una serie de innovaciones culturales.

El carnaval porteño como contexto de integración

El proyecto artístico que nos ocupa en este capítulo se integra, mejor que el resto de los proyectos analizados en el presente libro, al país de recepción, la Argentina. Esto es así pues forma parte desde sus orígenes del circuito oficial del carnaval de la ciudad de Buenos Aires o carnaval porteño.

El carnaval en Buenos Aires fue una fiesta popular extendida entre las costumbres de su población. A lo largo del siglo XX, su historia “transitó las altas y bajas de la vida política nacional; irreverente y locuaz en períodos constitucionales, limitado y prohibido durante las dictaduras y los golpes de Estado (1930, 1943, 1955, 1966 y 1976) que fueron controlando y limitando severamente los juegos del carnaval” (Martín, 2009: 23), hasta que el 9 de junio de 1976 se eliminó por decreto presidencial (21.329) del calendario oficial argentino.

En estos avatares, las tradiciones festivas de larga data sufrieron reformulaciones. Las formaciones carnavalescas diversas y complejas de principios del siglo XX se simplificaron, desde la década de 1930, y adoptaron unas pocas variantes: comparsas, centro-murgas y agrupaciones humorísticas que sostuvieron la tradición popular del carnaval porteño como un entretenimiento para los sectores de menores recursos.

A partir de la recuperación constitucional en la década de 1980, se movilizaron distintos actores, interesados por conocer y reintegrar formalmente las artes carnavalescas porteñas. Nos referimos a carnavaleros barriales, artistas de diverso tipo, gestores intermediarios y trabajadores culturales que se volcaron a explorar esa historia no registrada. Fue un momento de gran efervescencia, confluencia y reflexividad sobre las prácticas del carnaval. En particular, el folclore barrial se encontró con lo oficial institucional a partir de la modalidad de enseñanza en talleres, desarrollados en general en el Centro Cultural Ricardo Rojas, de la Universidad de Buenos Aires. Esto generó cambios en las formas de producción y reproducción murguera antes basadas en la experiencia, la repetición y la imitación, e introdujo este arte entre jóvenes estudiantes de nivel terciario o egresados de escuelas de artes plásticas, teatro, danzas y música. Al mismo tiempo, impulsó la creación de nuevas murgas (con la inclusión mayoritaria de mujeres y niños) producidas y reproducidas fuera de las formas barriales tradicionales. Así surgieron distintas denominaciones: murgas de barrio, tradicionales o auténticas murgas porteñas, frente a las murgas de los que no tienen barrio, murgas de taller o murgas de laboratorio. Otras transformaciones fueron las actuaciones durante todo el año. A partir de nuevos contactos se realizaron grabaciones (en casetes, videos y CD) y actuaciones en festejos privados como bodas y cumpleaños. En síntesis, hacia el final del siglo XX la agenda de la actuación murguera se amplió y en algunos casos una dirigencia se ocupó de las relaciones con las diversas instituciones, el Estado y los medios de comunicación.

Tales cambios se vieron acompañados del surgimiento de políticas culturales y cierto apoyo oficial que alcanzaron su punto máximo en 1997, con la declaración de patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para las agrupaciones del carnaval porteño y el involucramiento del gobierno de esa ciudad en la organización de los festejos (Canale y Morel, 2004). Mediante esta sanción, el gobierno creaba una Comisión de Carnaval, formada por representantes de las murgas y miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo, quienes quedaron a cargo de la organización.

La comisión se ocupó de autorizar lugares de ensayo en espacios públicos o privados de la ciudad, así como de otorgar permisos a terceros para armar los escenarios callejeros o corsos en espacios públicos (plazas, parques y avenidas). También llevó adelante un registro actualizado de las agrupaciones vigentes en la ciudad y, por último, administró una pequeña cifra del presupuesto municipal que se emplea de común acuerdo entre murgueros y autoridades para pagar un estipendio o cachet a las murgas que participan en los festejos durante febrero.

El gobierno pasó a ser administrador del espacio público y organizador y distribuidor de recursos monetarios entre las agrupaciones mediante la figura de gestores denominados “corseros”. Cabe aclarar que estas prácticas hasta ese momento –1997– eran tareas del director u organizador de la murga. Tales acontecimientos activaron una fiebre murguera y el ingreso al circuito de viejos murgueros, así como la proliferación de murgas que participaron en las fiestas que pasaron de ser 42 en 1998 a 170 en 2004.

Frente a esta situación se estableció en 2002 una evaluación que estableció puntajes para clasificar a los grupos en categorías de mayor a menor excelencia. Quienes quedaban en último lugar debían inscribirse como participantes al año siguiente y rendir una prueba de admisión. Más allá de las disidencias, los enfrentamientos y los alejamientos que introdujo el sistema de puntajes, éste se sigue empleando y reelaborando. Nuevas medidas del programa Carnaval Porteño incluso impulsan su puesta en valor turístico y promueven que las murgas se transformen en asociaciones civiles sin fines de lucro.

El carnaval en las calles y la presentación de la murga porteña

Una de las principales características de la fiesta del carnaval en Buenos Aires es que se desarrolla en espacios de circulación pública, como calles y plazas. Allí se levantan escenarios enmarcados con líneas de luces de colores o guirnaldas. Para su organización se necesita un permiso especial de las autoridades municipales, quienes además gestionan su infraestructura (cierre de calles, sanitarios, etc.) Su carácter callejero o en espacios públicos lo transforma en un espectáculo abierto y de amplia convocatoria.

La murga porteña expresa todas las ramas de las bellas artes –la música, la danza, la poesía, el teatro y la plástica– en versión carnavalesca. Los grupos se identifican por dos o más colores en su vestimenta y por su particular nombre, que incluye un apelativo romántico o grotesco y el nombre del barrio donde se origina y asienta el grupo mayoritario.

Una presentación típica del espectáculo consiste en un frente detrás del cual se ordenan los personajes con la siguiente secuencia:

Abre la marcha el estandarte, en el que aparecen en letras brillantes el nombre de la agrupación, el año de su fundación y el año del carnaval en curso. Acompañan al estandarte dados gigantes, abanicos, disfrazados, el payaso, lanzallamas, zanqueros, que suelen llamarse “fantasías”; son una serie de personajes individuales que abren el paso de la murga entre su público […] Los bombos constituyen la única banda musical de la murga porteña. Se trata de grandes tambores de dos parches laterales, con platillos de bronce incorporados en la parte superior del bombo […] Este desfile de entrada se realiza bailando. El orden de marcha de las decenas de murgueros reproduce el orden de edad en mujeres y hombres: primero los niños, denominados “mascotas”, luego los jóvenes y cierran los bombos con platillos, junto con los “directores”, quienes son los mejores bailarines (generalmente hombres). Avanzan en filas dobles, a veces de a tres si la formación es muy numerosa. Los directores pautan con silbatos los distintos momentos de la performance murguera. Esta entrada al corso callejero, que puede durar una o varias cuadras, provoca un efecto de arrastre en el público. Ellos van siguiendo el desfile hasta el escenario donde continuará la actuación. Una vez arribado el conjunto al escenario, las canciones constituyen el número central de la representación murguera. Los cantores, directores, algunas mascotas, disfrazados y el estandarte suelen subir al escenario, que difícilmente pueda albergar a toda la murga. “Escenario” y “calle” son los espacios públicos que ocupa la murga porteña. En la calle se lucen bombistas y bailarines, la murga danza mientras desfila. En el “escenario” la murga canta, con opinión y picardía […] Se suelen cantar tres canciones: las de presentación, luego la “crítica” o “parodia” y finalmente la “despedida” o “retirada”. (Martín, 2009: 26)

La actuación se repite en cinco o más lugares por noche. Las murgas recorren distintos escenarios (para lo cual deben trasladarse en un micro alquilado) los sábados y los domingos de febrero.

El carnaval en Montevideo

El carnaval en Montevideo, en cambio, presenta otras formas. Nuestros entrevistados, murgueros uruguayos, se refieren a él críticamente por ser “profesional, cerrado y pago”. En efecto, el concurso oficial del carnaval en Montevideo es diferente de los antiguos corsos –según la denominación en Buenos Aires– o tablados –así llamados en Montevideo– barriales y callejeros a los que hemos concurrido durante nuestra niñez en la década de 1970.

En 2010, como parte de nuestro trabajo de campo, asistimos a algunos tablados ubicados en distintos sitios de la ciudad de Montevideo y el resto del Área Metropolitana, donde se presentan las agrupaciones. Entre otros, podemos mencionar el Velódromo Municipal de Montevideo en el que, previo pago de una entrada, se accede al espectáculo. El lugar tiene dos tipos de ubicaciones para el público: gradas con sillas o el pasto cercano al escenario donde las personas se sientan. Además, en cada tablado hay lo que podríamos llamar un sector de venta de alimentos (bebidas, pastas –en especial ravioles–, hamburguesas, papas fritas, salchichas y gran variedad de golosinas); en esa zona, cercana al escenario, abundan los carteles luminosos de venta de los productos. Por último, en los laterales del escenario se encuentran los baños químicos.

Se trata de espectáculos familiares y distendidos que el público sigue en silencio, sentado, consumiendo alimentos y tomando mate.

Entre las agrupaciones que allí actúan, registramos tres murgas y un grupo de parodistas que reconstruyeron una escena cotidiana en un hospital público. Otros grupos son los Humoristas –que mezclan canto, baile y recitado y tienen por finalidad hacer reír al público como indica su nombre–, la Sociedad de Negros y Lubolos –grupo integrado por un cuerpo de bailarines entre los que se encuentran personajes tradicionales como La Mama Vieja, El Escobero y El Gramillero,[56] un conjunto o cuerda de tambores y un grupo de cantantes– y, por último, las Revistas, notorias por su escenografía.

Además del oficial, existen en Montevideo otros concursos como Murga joven. Allí participó la murga Agarrate Catalina en sus orígenes. Este grupo suele presentar sus espectáculos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un conocido teatro del barrio de San Telmo.

Las murgas uruguayas en Buenos Aires

Nos hemos referido ya a las diversas formas colectivas de identificación adoptadas en Buenos Aires por parte de grupos organizados en torno a su nacionalidad uruguaya. En paralelo, aunque no aisladas, coexistieron otras formas de organización alrededor de la gestación de proyectos relacionados con el arte de la fiesta del carnaval.

De forma generalizada encontramos “murgas de uruguayos en la Argentina”, es decir, murgas que practican y reivindican el estilo montevideano destacando el canto y el ritmo. Habitualmente se trata de un coro de hombres y entre los instrumentos se cuentan el bombo, el platillo y el redoblante. En nuestra investigación hemos presenciado sus espectáculos en eventos o fiestas propiciados por la colectividad y/o la Embajada de Uruguay en la Argentina. También recopilamos material impreso correspondiente a la revista Uruguayos en la Argentina de su edición de julio de 2001.

Entre este tipo de murgas destacamos Murga por la Vuelta, que se proclama como una de las primeras en Buenos Aires, nacida en 1982 dentro de AROJA (Uruguayos en la Argentina, 2001). En palabras de su creador:

Nosotros nos propusimos hacer la murga como la de Montevideo, que tiene canto, música, ritmo, drama, escenografía y una coreografía, y donde lo central es el canto y el ritmo. El desafío era cómo metíamos el género de la murga montevideana acá. Si bien nosotros fuimos la primera murga uruguaya en la Argentina, no nos podemos olvidar que el gran empujón lo dieron la Falta y Resto y la Reina de la Teja [murgas contratadas de Montevideo] al venir a Buenos Aires. El aporte nuestro es que incorporamos argentinos. Nunca fuimos ni quisimos ser exclusivamente para los uruguayos, porque no somos un gueto. Tenemos mujer, hijos, una actividad política, social y cultural, integradas a la sociedad [se refiere a la sociedad argentina]. (Uruguayos en la Argentina, 2001: 20)

Otra murga muy reconocida es La Renovada. Surgió de un grupo de amigos que habían participado en murgas en Uruguay y de la necesidad de reivindicar “nuestra cultura oriental”. Ellos expresaron que resulta particularmente difícil conformar una murga en Buenos Aires debido a las distancias y los horarios de trabajo y que, en definitiva, hay que tener muchas ganas de ir a los ensayos.

Dentro de las murgas evocadas en contexto de entrevista a militantes políticos del Frente Amplio, y a la vez organizadores de asociaciones de diverso tipo, se mencionó Con la Murga en el Alma que “actúa intermitentemente, luego se separaron como grupo y pasaron a llamarse Con Alma de Murga”.

Por último, estaba previsto que las murgas Va de Vuelta (que incluye integrantes de la ex murga Bufonada) y Con Alma de Murga presentaran su show en la conmemoración por el bicentenario de la batalla de Las Piedras, en el anfiteatro del parque Centenario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque finalmente no pudieron hacerlo. Tal evento fue organizado por la Unión de los Residentes, asociación analizada en el capítulo 3, en nombre, también, del Consejo Consultivo de Buenos Aires, que hemos analizado en el capítulo 4.

Abrimos un paréntesis en este apartado para señalar que en Buenos Aires se realiza, desde 2005, el desfile de llamadas de candombe de San Telmo (imagen 20), organizado por el Centro Cultural Fortunato Lacámera, el Programa Cultural en Barrios y la Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho desfile comienza en la esquina de calle Defensa y la avenida Independencia y finaliza en el anfiteatro del parque Lezama. Sus características se asemejan al desfile que tiene lugar en Montevideo, fiesta popular realizada febrero en coincidencia con el período de carnaval. (Allá, durante la noche, más de cuarenta sociedades de negros y lubolos, también denominadas comparsas, marchan por las calles de los barrios Sur y Palermo en Montevideo.)

Hemos asistido a la quinta llamada del candombe en 2010 acompañados por una vestuarista y un percusionista de una de las comparsas. Según sus comentarios, estábamos asistiendo a “un rito”, aunque en realidad no veríamos comparsas como en Montevideo sino “grupos de cuerdas [tambores] con algunas bailarinas y un conjunto de tamborileros”. El desfile marchaba por la calle empedrada y en las veredas se agolpaban las personas, que miraban, saludaban y bailaban, en general portando banderas uruguayas y tomando mate. Mientras revisábamos con nuestros acompañantes el programa del desfile que anunciaba las presentaciones, consultamos si eran grupos uruguayos. La respuesta fue que “no son en su mayoría uruguayos porque no vienen de Montevideo, pero son uruguayos que viven en la Argentina”. Queremos destacar la distinción que establecieron entre ser uruguayo pleno venido de Uruguay y ser uruguayo en la Argentina, como dos categorías diferentes de una misma nacionalidad.

Retomando las murgas de uruguayos en Buenos Aires, una de ellas, poco invitada a eventos de la colectividad uruguaya y de la Embajada y el Consulado en Buenos Aires a pesar del enorme proyecto cultural que representa, es la Murga Rioplatense. Nos anticipamos a plantear que su escasa demanda ha estado relacionada con el hecho de haber creado, desde sus orígenes, un estilo artístico particular, innovador e integrador a la sociedad carnavalesca porteña.

Un largo proceso de integración

Durante casi veinte años, la vida de quienes crearon la Murga Rioplatense[57] en Buenos Aires –aunque integrada a esta ciudad a través del trabajo y la escolarización de los hijos– transcurrió en el gueto, es decir, en el círculo uruguayo: “Era comer, bailar y cantar todo el tiempo con uruguayos”, además de participar y organizar programas de radio y comités de base del Frente Amplio de Uruguay en la Argentina.

La integración llegó, con el transcurso del tiempo, como un proceso paulatino que implicó aceptar que no había retorno al país de origen. En esto fue vital el crecimiento de los hijos y su arraigo al medio, más aún si habían nacido en la Argentina: “Eran otra generación, diferente y porteña”.

La Murga Rioplatense, como proyecto familiar y cultural, fue la forma de empezar a vivir y dejar de sobrevivir añorando el retorno a Uruguay. Con la llegada de los hijos, los sobrinos y los nietos nacidos en la Argentina, la mezcla de nacionalidades resultó insoslayable. Tal mezcla se acentuó con la incorporación de nuevos miembros argentinos y uruguayos, quienes a su vez trajeron familiares y amigos para participar o colaborar en las múltiples tareas.

El carácter binacional estuvo siempre presente en este grupo creado por un uruguayo y su esposa argentina, quien dirigía el coro. Surgió a partir de esa primera murga (cuyo director organizaba también un programa radiofónico para la colectividad uruguaya en una emisora cooperativa) hacia 1997. Durante el primer año el grupo hizo presentaciones artísticas al estilo uruguayo, es decir, solo canto, sin el baile típico de la murga porteña. La mezcla de estilos comenzó con el proyecto de integración barrial y con la incorporación del baile porteño como parte del espectáculo. Pero, según analizaremos, el proyecto no se agotó en la combinación de los estilos tradicionales de hacer murga en Buenos Aires y en Montevideo.

Con respecto al proyecto barrial, durante aquellos primeros años se realizó un corso en las puertas de una radio cooperativa, con la cual continuaron los lazos previos (de hecho, al día de hoy la murga se reconoce como parte de esa radio y tiene en ella un programa semanal dedicado al carnaval). La experiencia del primer corso fue relativamente sencilla para este grupo de uruguayos acostumbrados a organizar eventos festivos en los comités políticos del Frente Amplio en Buenos Aires. Habían adquirido cierta habilidad en la coordinación de tareas que estos eventos requieren, desde la infraestructura –sonido, iluminación, escenario, venta de comida, etc.– hasta la organización del espectáculo.

Por esos años el corso (cuyo nombre de fantasía lleva la palabra “tablado”, recuperando la denominación uruguaya para este tipo de festival barrial) y la murga en cuestión fueron pioneros en la recuperación de la fiesta del carnaval en la ciudad de Buenos Aires iniciada hacia fines de la década de 1980. La Murga Rioplatense integró el movimiento de reorganización al participar en distintas instancias de reivindicación.

La Murga Rioplatense: corso barrial y espectáculo artístico

El proyecto cultural que surge de esta murga se organiza con la creación anual de un espectáculo artístico y de un corso barrial. Ambos participan del circuito oficial del carnaval porteño. El corso se caracteriza por su clima familiar e íntimo, en relación con otros del mismo barrio o de barrios cercanos. Por ejemplo, se ubica en una calle y no en una avenida, no posee vallas que medien entre el espectáculo y el público, y dispone de sillas plegables para los asistentes.

Su dinámica durante los dos días en que se realiza, entre las seis de la tarde y las doce de la noche, es variada. No sólo se presentan murgas, una tras otra, sino también cantantes, humoristas y bailarines. La infraestructura (sonido, electricidad, iluminación, escenario, sillas, venta de comida, etc.) proviene de diversos aportes y colaboraciones, principalmente de una radio cooperativa. El trabajo de todos los miembros, familiares, amigos y simpatizantes es voluntario y comunitario.

En cuanto al espectáculo, hubo variaciones hasta su resultado actual, que oscila entre la mezcla y la innovación. En sus primeras presentaciones artísticas era un coro del estilo de las murgas uruguayas. Luego se incorporó el baile característico de la murga porteña y, finalmente, se agregaron cambios en el baile y algunos elementos del arte circense. Estas novedades las introdujo uno de los hijos nacido en la Argentina, quien incorporó payasos y acróbatas y organizó el baile denominado “la matanza”, en el que se bailan diferentes estilos, además del porteño.

La particularidad del espectáculo se centra en su carácter temático. En este sentido, recupera algunos aspectos de la tradicional murga uruguaya. Según el tema (por ejemplo, los miedos en la presentación de 2010 o el reciclado en 2011), se establece el vestuario, el maquillaje, los accesorios y la fantasía (elementos de escenografía especialmente preparados y diseñados, como fue la gran carpa-féretro desde donde salían bailando los integrantes de la murga en 2010) (imágenes 21A, 21B, 22A, 22B).

Respecto del baile, si bien es el elemento característico de la murga de Buenos Aires y el que lo diferencia de la uruguaya, este grupo no sigue estrictamente el estilo porteño. En efecto, se han incorporado bailes y ritmos como el tango, el folclore y el hip hop.

Por último, la música también da cuenta de esta mezcla con innovación. En lo que refiere a los instrumentos y los ritmos, esta murga no es ni uruguaya ni argentina. La percusión que acompaña la presentación en el escenario, por ejemplo, tiene toda la batería de murga uruguaya (bombo, platillo y redoblante), mientras que durante el baile en la calle se incorpora el bombo con platillo (adosado en su parte superior), tradicional del estilo porteño.

Innovaciones migratorias: la Murga Rioplatense más allá de las categorías nacionales

La propuesta artística de la Murga Rioplatense presenta, entonces, una particular combinación de estilos tradicionales del carnaval en Montevideo y en Buenos Aires. Se trata de una innovación cultural en la que ningún componente permanece idéntico. Al mismo tiempo, expresa una dinámica particular que instala el cambio y la renovación constantes.

Según las opiniones registradas durante el trabajo de campo respecto del canto, el coro de voces se acerca bastante al estilo uruguayo, pero recupera también lo popular del carnaval porteño. Además, “la murga uruguaya es profesional y paga”, mientras que en Buenos Aires es “voluntaria, barrial y callejera”: “Si sos del barrio y te acercás a la murga, podés participar sin ser una cantante profesional”.

Con respecto al baile central –la matanza–, que en apariencia debería constituir el elemento porteño por excelencia, la Murga Rioplatense incluye, como dijimos, variantes e incluso otras destrezas artísticas como acrobacias y payasos. El ritmo instrumental de esta parte del espectáculo se reconoce como el típico porteño, aunque ocasionalmente no se respetan las proporciones en la combinación de instrumentos que indica el reglamento del circuito oficial del carnaval en Buenos Aires.

La temática recorre el espectáculo de forma más notoria que en las tradiciones uruguaya y porteña. Organiza las presentaciones en función del tema: los trajes son temáticos (y particularmente diferentes entre sí), al igual que la escenografía, y se mantienen durante todo el evento:

En cuanto a la puesta estética, la actuación comienza con un desfile porteño hasta llegar al escenario. Allí se canta la clarinada, bien al estilo uruguayo, se canta la presentación y se hace un cuplé. Lo que decimos con la voz también lo decimos con el vestuario. El desafío mayor en este aspecto es vestir a las mujeres, porque no hay experiencia en vestuario femenino. (Uruguayos en la Argentina, 2001: 22)

En las murgas uruguaya y porteña, por el contrario, la temática no determina totalmente el vestuario ni la escenografía. En principio, los trajes son todos iguales, con algunas variaciones sobre todo en la murga porteña, pues cada miembro lo decora con apliques bordados con lentejuelas. En la murga uruguaya lo temático aparece en la canción central: quienes cantan modifican el atuendo en función del tema y se incorporan algunos elementos de escenografía.

Los ritmos musicales y los instrumentos van cambiando. Durante el baile predominan los ritmos porteños pero se incorporan otros estilos musicales. Cuando canta el coro en el escenario se sigue el ritmo y la instrumentación de Uruguay.

Finalmente, no se identifica con claridad la figura de un presentador. A juzgar por el reglamento del carnaval porteño,[58] cada murga debe contar con uno o dos presentadores destacados por su rol, que mantienen el diálogo con el público y presentan cada parte del espectáculo. Sin embargo, en este aspecto la Murga Rioplatense recupera de manera significativa la tradición uruguaya y nuevamente incorpora algunas variantes. En el escenario, donde se encuentran el coro y los músicos, las distintas voces se alternan en una representación teatral en la que se establecen diálogos entre los cantantes y con el público.

Las variaciones hasta aquí analizadas constituyen un modelo de integración que escapa a las clasificaciones previas y propone transformaciones de diverso tipo. Se trata de un producto cultural que renueva las diferentes tradiciones del carnaval vinculadas por la migración, más allá de una disolución en el contexto mayor o de la preservación en el gueto. Probablemente debamos entender estos procesos como expresión de la simultaneidad en que viven los migrantes y de las comunidades de tipo transnacional que surgen al vincular los lugares de origen y de destino. En este sentido, cabe considerar que se trata de grupos expuestos a expectativas, valores y determinaciones compartidos en más de un sistema social. En este caso, las opciones identitarias reflejan las posibilidades o los modelos que ofrecen las tradiciones del carnaval en la Argentina y en Uruguay. Se sigue en cierta forma la tradición al retomar determinados signos y características de un modo primordial, pero el producto final no constituye una mera internalización de esas modalidades.

Las disputas

Estas dinámicas culturales innovadoras generan opiniones y valoraciones encontradas en la colectividad uruguaya en Buenos Aires y en el ámbito del carnaval porteño. En el trabajo de campo hemos registrado este tipo de controversias desde distintos puntos de vista.

Quienes integran la murga consideran que los uruguayos no simpatizan con el espectáculo y el corso barrial porque no se sigue la tradición uruguaya. Se percibe que la mezcla limita el interés de la colectividad. En entrevistas a integrantes de organizaciones uruguayas en Buenos Aires se sugirió que la Murga Rioplatense “es uruguaya pero más o menos”. Otros entrevistados de nacionalidad uruguaya que asisten ocasionalmente a las presentaciones estimaron que se trata de un “híbrido”.

Las organizaciones de la colectividad uruguaya no incluyen a la Murga Rioplatense en sus eventos. Las asociaciones de residentes, el Consejo Consultivo de Buenos Aires, el Consulado y la Embajada de Uruguay en la Argentina prefieren invitar a grupos artísticos de la colectividad que presenten espectáculos considerados típicamente uruguayos.

En cuanto al público en general, pudimos registrar una importante presencia de uruguayos que incluso manifiestan ser seguidores de la murga desde hace años. Asimismo, hemos observado que se presta especial atención durante todo el show, se participa con aplausos y se festejan los momentos humorísticos.

En el ámbito del carnaval porteño (su circuito oficial) las controversias se relacionan también con la mezcla de estilos artísticos más allá de la tradición porteña. El reglamento materializa ciertas resistencias. En efecto, la murga obtiene en general el mínimo puntaje. Se le efectúan descuentos por la instrumentación, la vestimenta (cuando no cumplen con los requisitos de brillo, levita, galera y apliques de lentejuelas) y la figura del presentador que no se reconoce con nitidez. Los elementos novedosos (el maquillaje de estilo uruguayo y el cambio de vestuario durante el espectáculo) no son percibidos ni acreditados por el jurado, lo que genera un reclamo constante por parte de la murga. A la vez, quienes la integran notan que son identificados como una murga típica uruguaya, sin importar los elementos novedosos y las características porteñas del espectáculo.

Otro tipo de controversia se presentó a partir de un episodio de discriminación, denunciado por la murga en el INADI.[59] Luego de una presentación, cuando el grupo ya se había retirado del corso en el que actuaba, desde el escenario y con micrófono en mano se dijeron frases como “estos uruguayos vayan a hacer murga del otro lado del río”, “esto no es una murga que tienen que venir a hacer acá”. El INADI sancionó a la persona en cuestión, quien debió concurrir a un curso sobre xenofobia.

En este episodio, si bien es cierto que se apeló a la cuestión nacional como elemento de separación y exclusión, también es importante rescatar la discusión de fondo que llevó a elaborar el reglamento del carnaval porteño en su momento, según surge en nuestras entrevistas. Dicho reglamento fue realizado por directores de murgas para preservar la tradición porteña de los ritmos del carnaval brasileño u otras variantes. Sin embargo, la primera vez que se implementó el sistema de evaluación la Comisión de Carnaval (que no dirime un orden jerárquico por unidades sino que establece puntajes que clasifican a los grupos en cuatro categorías de mayor a menor excelencia) estableció los máximos puntajes para dos agrupaciones: Resaca de Carnaval, un grupo de menos de veinte jóvenes porteños que parodiaban, disfrazados como naipes de un juego de cartas, las relaciones sociales con canciones y entremeses teatrales, y un grupo que respondía en su interpretación a las formas del folclore del carnaval de Oruro en Bolivia:

El hecho configuró un verdadero escándalo, en la medida en que jurados competentes y libremente elegidos habían valorado en las mejores posiciones a agrupaciones que poco tenían que ver con el género carnavalesco local. Los murgueros de la tradición local ironizaban al respecto: “Si aparecen los chinos bailando con un dragón, seguro que salen primeros”, o “Siempre acá es mejor lo de afuera”. (Martín, 2009: 37)

En este sentido, el suceso discriminatorio mencionado puede entenderse como modo de conservar una tradición, porque son los propios actores quienes tienden a definirse de un modo primordial.

Sin embargo, cabe aclarar que el reglamento del carnaval porteño prevé dos figuras que permiten incorporar variantes estilísticas: murga invitada y agrupación murguera. Esta última categoría habilita la inclusión de la Murga Rioplatense. En el carnaval uruguayo, en cambio, existiría un “defecto de integración”. Es decir, una murga porteña no podría presentar su espectáculo en el Teatro de Verano (lugar emblemático del carnaval en Montevideo), y menos aún una murga como la Rioplatense. Nuevamente, encontramos identidades definidas en torno a determinados signos y características esenciales.

La integración en las sociedades de recepción migratoria

Las situaciones hasta aquí analizadas nos proponen un complejo escenario de disputas. En las sociedades estatales diferenciadas por distintos aportes migratorios, las identidades se tornan plurales y dinámicas cuando incorporan y mezclan tradiciones nacionales, como sucede en nuestro caso particular de investigación.

El proceso identitario registrado conjuga los bagajes migratorios: selecciona algunos elementos del carnaval en Uruguay, junto con las oportunidades y posibilidades del carnaval porteño. Esto conforma un proyecto cultural, familiar y barrial innovador que intenta generar adhesión en distintos ámbitos.

En estos términos, la integración se produce a partir de un conjunto de identificaciones colectivas que, por un lado, continúa los lazos con el país de origen y las redes sociales más allá de las fronteras nacionales y, por otro, despliega configuraciones de diverso tipo que cuestionan los marcos identitarios de los Estados-nación involucrados en el proceso migratorio.

No obstante, ese intento por generar adhesiones reaviva disputas acerca de las tradiciones, las normas y los valores dentro de la colectividad uruguaya y del carnaval porteño. En la primera, la Murga Rioplatense queda relativamente excluida frente a otros grupos artísticos considerados representativos de la tradición uruguaya. En el ámbito porteño, su inclusión se explica por la presencia de larga data y por las variantes estilísticas que admite el reglamento del carnaval, que permiten incorporar el bagaje cultural migratorio y operan facilitando la participación diferencial de este grupo en la institucionalidad del carnaval porteño.

Pero ese mismo reglamento y sus restricciones, creadas para preservar el estilo tradicional, dan lugar a una situación de conflicto permanente alrededor de las variadas concepciones en juego acerca de los espectáculos del carnaval. El sistema de evaluación se sigue empleando, afinando y reelaborando con grandes dificultades, y nuevas medidas implementadas desde el programa Carnaval Porteño impulsan la puesta en valor turístico del carnaval y promueven la conversión de las murgas en asociaciones civiles sin fines de lucro.

Afirmamos en el capítulo 3 que en contextos migratorios la vinculación con el país de origen y la integración en el lugar de residencia no son incompatibles; incluso pueden darse en simultáneo y reforzarse entre sí. Estos procesos adquieren en general la forma de asociaciones de inmigrantes, es decir, espacios de representación social, cultural y política donde los miembros se constituyen en sujetos activos de sus propias identidades nacionales y étnicas, y en cuyas prácticas se involucran actores e instancias institucionales.

En este capítulo nos detuvimos en la integración y en cómo se produce. Sabemos que los migrantes son parte integrante de una sociedad desde el momento en que cruzan la frontera del país. Sin embargo, los procesos de integración en contextos migratorios habilitan diferentes conceptualizaciones y perspectivas, que recorren un amplio espectro, desde los modelos asimiliacionistas (que preveían un modelo étnico para la asimilación nacional) hasta el reconocimiento de la pluralidad interna de los Estados.

Para empezar, los modelos asimilacionistas proponen, en contextos migratorios, la integración total a las pautas culturales de la sociedad receptora. En esta línea, se desplegaron las estrategias estatales que pretendieron lograr la homogeneización nacional reprimiendo la diversidad cultural.

Algunos países receptores de inmigración masiva llevaron a la práctica el modelo de adscripción étnica voluntaria para incorporar a quienes nacieron en otras culturas pero optaron por compartir la del grupo receptor (Juliano, 1987). Esta estrategia política fue conocida como melting pot en Estados Unidos, y amalgama o crisol de razas en la Argentina, donde se estableció como política oficial en el contexto de la actuación de la denominada generación de la década de 1880. Aunque legitimadas por criterios de amplitud, estas políticas pueden resultar aun menos tolerantes que los mecanismos de supervivencia a partir de la reproducción biológica del grupo.

La constitución de los Estados-nación se organizó, desde el modelo asimilacionista, en torno a un grupo étnico dominante que anexa y subsume a otros grupos. En América Latina las elites criollas debieron forjar una cultura para la nación mediante características específicas en términos de símbolos, valores, recuerdos, etc. Esta construcción de un modelo de nacionalidad requiere de un principio positivo de afirmación de la identidad y un principio negativo de otredad, cuyos contenidos varían históricamente.

En la Argentina la adscripción étnica voluntaria se constituyó en el modelo ideal de pertenencia y, por lo tanto, en el marco de incorporación de la inmigración hasta nuestros días. El polo positivo de identificación giró en torno a la piel blanca, el idioma español, la pertenencia urbana, la procedencia europea y la religión cristiana. El polo negativo se centró en grupos puntuales: indígenas, obreros, habitantes del medio rural, inmigrantes de determinados países latinoamericanos y pobres en general.

Desde estas concepciones, la identidad tiende a la preservación o el mantenimiento de determinados atributos vinculados a características o prácticas que se suponen esenciales y originarias. Esto promueve una visión cultural de los grupos sociales a partir de rasgos diacríticos (lengua, raza, religión, etc.) que podrían perderse por el contacto con otros grupos.

A cierta distancia de estas concepciones integracionistas o asimilacionistas, se encuentran las teorías acerca del pluralismo cultural y el multiculturalismo. Estas perspectivas no se diferencian demasiado, sino que aluden a distintos casos: el pluralismo refiere a las diversidades culturales preexistentes a la formación de los Estados y el multiculturalismo designa a las sociedades culturalmente diferenciadas a partir de los aportes migratorios. El multiculturalismo implica distintas formas de pluralismo cultural, basadas en la colonización de un Estado sobre pueblos originarios o en la inmigración de grupos distintos en su cultura del ámbito que los recibe (Kymlicka, 1996).

Es un hecho que las sociedades estatales son estructuralmente plurales o multiculturales y que los grupos ocupan diferentes posiciones, conflictivas en potencia, desde las cuales defienden variadas concepciones del mundo (Crehan, 2004). Esta realidad multicultural requiere acomodar diferencias y corregir desigualdades respecto de los grupos minoritarios. Se trata de ensanchar el concepto de igualdad con el objetivo de establecer derechos que favorezcan la inclusión de los grupos sociales excluidos o en proceso de exclusión.

En particular, nos referimos a las minorías nacionales o las comunidades establecidas en un territorio y a los grupos étnicos subsumidos en una sociedad más abarcadora e interesados en mantener una situación socioeconómico-política con relación a rasgos étnicos y/o religiosos, y la condición de inmigrante. Esta clasificación arbitraria de los grupos resulta operativa para tratar el tema de los derechos diferenciados en función de la pertenencia grupal.

Con respecto a la pertenencia inmigratoria, podemos considerar los derechos poliétnicos para la protección de normas de conducta, creencias, cultos, etc., y los derechos especiales de representación que facilitan la participación en instituciones de la sociedad mayor en defensa de los intereses culturales comunes.

El reconocimiento de la pluralidad interna de los Estados implica que los grupos sociales –antes que culturales– se encuentran inmersos en relaciones de poder desde las cuales tenemos que entender los procesos de identificación y constitución de comunidades. En este entramado se configuran sujetos sociales que debemos analizar teniendo en cuenta el campo de límites y posibilidades de los dispositivos de poder, y las prácticas y los discursos de los sujetos que no sean meras internalizaciones de las modalidades dominantes.

Mediados por relaciones de poder, los grupos sociales se ubican en diferentes posiciones potencialmente conflictivas y compiten por generar adhesión e identificación. En esta lucha, interactúan y se enfrentan proponiendo una serie de opciones de identificación y de rechazo a través de las cuales legitiman sus prerrogativas, pues en la medida en que logran generar identidad pueden asumir la representación de los otros sectores. En tal sentido, todo el sistema social es un campo de negociación del conflicto y no una pretendida armonía estructural.

Mediante estas perspectivas nos separamos de las visiones esencialistas y subjetivistas que consideran las identidades sociales, en particular étnicas, como atributos que se preservan o, en su defecto, como meras manipulaciones con distintos objetivos. Por el contrario, consideramos la existencia de entidades sociales antes que culturales, inmersas en relaciones de dominación-sometimiento entre una mayoría sociocultural hegemónica y una minoría étnica sometida. En esas entidades la identidad étnica es una construcción cultural de los observadores y de los actores. Sin embargo, son los propios actores quienes tienden a definirse de un modo primordial o situacional dando relevancia a determinados signos y características, y reflejando las posibilidades o los modelos que la sociedad ofrece.

En este capítulo hemos presentado un modelo de integración a la sociedad receptora propio de la dimensión artística de la colectividad uruguaya en la Argentina y, por eso, relativamente autónoma del resto del movimiento asociativo.

Exponemos a continuación las conclusiones. Allí también incluimos una breve síntesis del trabajo y esbozamos posibles lineamientos de investigación para el futuro.

Conclusiones

En este último apartado presentamos las conclusiones. Para esto, retomamos los aspectos más relevantes de la investigación, haciendo una síntesis del problema analizado. Finalmente sugerimos, a partir del desarrollo del modelo de investigación realizado, futuras líneas de trabajo antropológicas acerca del grupo inmigratorio en cuestión u otros.

Nuestro objetivo general fue investigar el devenir de la identidad uruguaya en la Argentina, indagando en los proyectos colectivos que se autodefinen a partir de ella y teniendo en cuenta las condiciones de posibilidad en las cuales se encontró inserta durante el período de nuestro trabajo. Nos preguntábamos, en definitiva, por la creación de identidades sociales en contextos migratorios.

Podemos afirmar que el ejercicio de indagación efectuado nos llevó a problematizar, complejizar y rectificar algunos de los supuestos empírico-teóricos con los que iniciábamos el trabajo.

La etnografía no es por sí misma transformadora aunque puede contribuir, en su propia práctica, a procesos encaminados a ello. La experiencia de campo y el trabajo analítico cambian la conciencia del investigador y modifican su manera de mirar los procesos sociales. Puede mostrar la complejidad de procesos en los que intervienen múltiples actores con intenciones y tradiciones diversas. De todas formas, la transformación más importante que logra la etnografía ocurre en quienes la practican.

Por el contrario, la transformación social se origina en procesos políticos y en acciones colectivas de otro orden, con su propia lógica, y pueden estar informados y fundamentados en trabajos de investigación. Cada investigación antropológica o de otro tipo puede convertirse en un insumo fundamental a la hora de diseñar políticas sobre las temáticas tratadas.

El primer paso para lograr nuestro objetivo fue comprender qué son las migraciones, ya que no nos alcanzaba con circunscribirlas a una condición de la especie humana, a una determinación genética. Nos abocamos, en cambio, a delimitar en tiempo y espacio una definición operativa del concepto.

En la Introducción este concepto fue limitándose a un orden político y a uno económico con fecha de nacimiento. Ambos órdenes, combinados, conformaron una clase trabajadora particularmente vulnerable en el mercado laboral. Los trabajadores extranjeros podían ser contratados por determinados sectores económicos para su mayor explotación. Así, se formaba en los países de recepción un mercado laboral dual y en los de origen, una exportación de mano de obra.

Su condición de extranjeros habilitaba a los Estados de origen y de destino a suspender los derechos políticos de estos trabajadores mediante marcos regulatorios y prácticas administrativas que configuraron matrices clasificatorias de la población.

Los flujos migratorios internacionales constituyeron, entonces, un sistema de oferta de mano de obra a nivel mundial con determinadas características favorables a la acumulación del capital. Se trata de la formación y la circulación estratégica de mano de obra inmigrante dentro del orden capitalista.

Ahora bien, para que esto suceda hace falta que en la división internacional del trabajo algunos países –Uruguay entre otros– exporten trabajadores. Es decir, que exista más población de la que puede absorber el mercado laboral. De todas maneras, como hemos analizado, no se trata de una condición natural de Uruguay, sino de un proyecto político sustentado durante por lo menos un siglo. En ese período, el país se ha transformado: de unas pocas estancias exportadoras de materias primas pasó a tener una ciudad capital macrocefálica dedicada al sector de servicios que no alcanza a cubrir la demanda laboral de la población.

Por su parte, también se requiere que otros países o regiones absorban población extranjera en su mercado de trabajo. Nos referimos a ciertos sectores de este mercado, propensos a absorber mano de obra vulnerable, potenciada por las políticas migratorias estatales. En este sentido, vimos que varios autores consideran a la Argentina el centro de un subsistema migratorio en el Cono Sur. Este proceso no ha cambiado, más aún, ya no hablamos únicamente de inmigración limítrofe sino regional y de otros continentes hacia ese país.

En estos términos entendimos la historicidad de determinada estructuración de la dominación, las relaciones de sujeción que pueden fabricar sujetos y la reestructuración de lo social. Además analizamos los instrumentos científicos que crearon el objeto migraciones y cómo lo hicieron.

En segundo lugar, la reconstrucción del proceso migratorio vivido por los uruguayos en la Argentina nos mostró sus particularidades. Una de ellas, quizá la más importante, es su integración siguiendo los parámetros de la población argentina en general. Estamos hablando del perfil social y económico según los indicadores demográficos comúnmente utilizados. El dato resulta significativo a la hora de comprender que este grupo no presentó una concentración en nichos laborales específicos.

En este mismo sentido, hemos encontrado que se trató de un proceso de larga data. Las historias familiares se encuentran imbricadas desde hace siglos, aunque no pudimos desarrollar esta temática en el presente trabajo.

Asimismo, observamos que las transformaciones que sufrió la inmigración limítrofe en la Argentina a mediados del siglo XX no involucraron al grupo uruguayo, ya que estaba siendo retenido (no emigraba) a causa del desarrollo y el auge del Estado de bienestar en Uruguay.

Otro de nuestros hallazgos con respecto a este segundo punto fue que los procesos migratorios poseen condiciones para su desarrollo que pueden permanecer en el tiempo. En nuestro caso, la constante atracción del mercado laboral argentino. Pero esto no agota la explicación de sus particularidades, porque no siempre los uruguayos emigraban a la Argentina. Tuvimos que recurrir a circunstancias o eventos históricos relacionados, en ciertos períodos, con el país de origen y, en otros, con el país de destino. Así llegamos a una comprensión acabada de las características de un proceso migratorio, más allá de sus condicionantes estructurales.

En tercer lugar, en cuanto al estudio etnográfico aquí realizado, hemos demostrado que la colectividad uruguaya en la Argentina no se encuentra asimilada o diluida en la sociedad mayor, situación generalmente atribuida a las afinidades sociales, culturales y lingüísticas, entre otras. Agreguemos también que ambos países portan la imagen o, en otros términos, se visualizan como una sociedad blanca, cristiana, etcétera.

La colectividad uruguaya presenta una vida activa, dinámica y compleja que abarca diferentes intereses, objetivos y fluctuaciones en el tiempo. Tiene una identidad propia que ha perdurado.

En el inicio, a causa de nuestros prejuicios y/o conocimientos previos, nos concentramos en el movimiento político de los uruguayos en la Argentina. Es importante aclarar que el contexto de gran efervescencia política en 2004 y 2005, cuando empezaba nuestro trabajo, fortaleció este sesgo. En los comienzos de nuestra investigación, la colectividad estaba abocada en primer lugar al proselitismo político.

Con respecto al movimiento político dedicado al triunfo del Frente Amplio en Uruguay, y al proselitismo en sus diversas formas (analizado en el capítulo 2), vimos que, paradójicamente, se encuentra inactivo. Esta contradicción nos resulta llamativa pues esperábamos cierta dinamización del movimiento con el triunfo definitivo del Frente Amplio. En cierto punto, coincidimos con nuestros entrevistados en que la incorporación de los grupos radicados en el exterior dentro del partido en Uruguay, mediante el sistema de delegados por zonas, diluyó la incipiente conformación extraterritorial de los uruguayos en la Argentina dentro del Frente Amplio, que pretendía cierta autonomía e incluso una representación parlamentaria.

El movimiento social, cuyo origen registramos a principios del presente siglo, representa un cambio relevante en la dinámica identitaria de la inmigración uruguaya, que se había centrado en la militancia y el proselitismo políticos. Esta nueva configuración se amplió con la creación de asociaciones de diverso tipo que, si bien fueron fundadas por frenteamplistas, decidieron permanecer autónomas del partido político en pos de sus propios intereses y objetivos.

Podemos mencionar, entonces, un descentramiento de lo tradicional político como fenómeno registrado en esta investigación. Un elemento común que hemos destacado en la formación de estos grupos es la particularidad de constituirse prácticamente en el mismo momento: durante los primeros años de este siglo o, como señaló una entrevistada, “en las postrimerías de un modelo político” y frente al advenimiento de un cambio de signo político en Uruguay. No debemos descartar la influencia de la coyuntura argentina, de gran movilidad social y política en esa misma época.

De esta manera fuimos dando cuenta de las prácticas transnacionales que implicaban una conexión con el país de origen, con el objetivo de sostener el vínculo político y cultural, este último recreado y difundido en la Argentina.

El movimiento ciudadano al que hicimos exhaustiva referencia resulta particular porque fue impulsado por las políticas migratorias del Estado uruguayo. Nos permitió introducir una nueva dimensión de análisis referida a la injerencia del Estado del país de origen en los movimientos asociativos de migrantes. En particular, mediante el diseño de políticas que suscitaron el reconocimiento de los grupos emigrados y su integración a la sociedad de origen. En ellas, el Estado se transformó en transnacional, pues apeló a su población más allá de las fronteras.

El límite de estas políticas fue su implementación. Hemos mencionado en este sentido los cambios en las gestiones llevadas a cabo por funcionarios con diferentes –e incluso contradictorias– visiones, las restricciones que implicaba el reglamento de constitución de consejos consultivos y el desconocimiento de la organización previa en la Argentina (sus formas, intereses, objetivos, sistemas de liderazgo, etcétera).

A causa de este desconocimiento de las características heterogéneas de la colectividad y sus organizaciones de larga data, los intereses estatales por lograr la unificación de la colectividad uruguaya en el exterior, a fin de obtener un único interlocutor o representación válida con la oficialidad del país de origen, colisionaron. Básicamente, como surge en nuestras entrevistas, este tipo de políticas sirvió en aquellos países donde no existía organización previa o era escasa. Allí la presencia del Estado uruguayo movilizó y dinamizó la formación de consejos consultivos como una forma de identificación con la identidad nacional uruguaya.

El movimiento artístico ha quedado diferenciado del resto de los grupos, aunque haya sido organizado por personas que militaron en el Frente Amplio de Uruguay en la Argentina y se declaran actualmente frenteamplistas. Este movimiento nos permitió acercarnos al problema de las formas colectivas de identificación y fundamentalmente de integración en contextos migratorios. Ya dijimos que la colectividad no se encuentra diluida en la sociedad mayor ni ha olvidado sus elementos culturales. ¿Pero cómo se produce esa integración si no es por medio de la asimilación? En el caso del proyecto cultural carnavalesco analizado, la integración constituye un triple proceso que implica la continuidad de los lazos con el país de origen, la integración a las pautas culturales de la sociedad de recepción y finalmente la creación de nuevas configuraciones artísticas. En efecto, más allá de una asimilación total a la cultura dominante o del mantenimiento de una especificidad de origen, se presentan innovaciones colectivas que nos muestran tanto el carácter heterogéneo de las identidades y las culturas, como el pluralismo de las sociedades estatales. En términos nativos la integración implica lo rioplatense, que constituye un estilo artístico en permanente renovación. Recordemos que el movimiento artístico uruguayo ha sido relativamente autónomo del movimiento político, social y ciudadano que hemos estudiado en esta investigación.

Las formas de identificación hasta aquí registradas presentan todos los elementos que constituyen una teoría general de la identidad. En primer lugar, al desarrollarse en contextos migratorios son expresiones coyunturales de la identidad de origen en un nuevo ámbito donde deben afirmarse. En un momento sobresalió la identidad política y partidaria, luego la social (incluyendo elementos musicales, históricos y literarios del país de origen) y después la ciudadana estatal-nacional propiciada por las políticas migratorias uruguayas.

La identidad artística ligada a las artes del carnaval estuvo siempre presente, más allá de las coyunturas que propiciaron las anteriores identidades. En este sentido, fue la forma identitaria más relacionada con el contexto de recepción, vale decir, con el fenómeno de recuperación del carnaval en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo interesante en este caso es que la mezcla de estilos (porteño y uruguayo) y las innovaciones artísticas permanentes cuestionaron la tradición del carnaval en ambos países y despertaron disputas.

Lejos de cristalizar una forma de ser/hacer, recuperamos desde una perspectiva procesual configuraciones identitarias particulares teniendo en cuenta sus aspectos y posibilidades de acuerdo con las circunstancias específicas. De aquí que hayamos trabajado con distintas formas de etnicidad o, en otras palabras, de asunción política de la identidad étnica, en este caso de carácter estatal. Probablemente esta matriz estatal de la identidad uruguaya desplegada en la Argentina, similar a la matriz identitaria estatal construida por los propios argentinos, explique en cierta forma las afinidades entre la sociedad de recepción y el grupo inmigratorio uruguayo.

Según mencionamos, los uruguayos se constituyen como un otro en la sociedad receptora, en tanto marcan sus particularidades. Han presentado formas de identificación relacionales recurriendo a elementos culturales fuertemente emotivos, como la pertenencia partidaria y determinados elementos relacionados con el ser nacional uruguayo. Sólo en este sentido la identidad es una construcción que recurre a elementos culturales que pueden variar contextualmente y tienen una raíz histórica y emotiva muy fuerte para sus protagonistas.

También la identidad uruguaya tuvo su faceta instrumentalista. En la Argentina, país que tiene una larga historia migratoria, algunos grupos optaron por conformarse como asociaciones civiles, figura legal que les permitió relacionarse con el Estado argentino.

Ahora bien, las características de larga data del proceso que hemos investigado nos permitieron visualizarlo en todo su desarrollo: llegada, inserción, adaptación, movilidad social, escasas posibilidades de retorno y vinculaciones con el país de origen, entre otras instancias. En este sentido, dimos cuenta de un proceso migratorio completo que, por lo tanto, no presenta problemas para los gobiernos, para las investigaciones y menos todavía para los organismos internacionales de cooperación y desarrollo. Sin embargo conocemos, por haber convivido con estos grupos, sus enormes dificultades para llevar adelante sus proyectos y la soledad en la que se encuentran. Podríamos decir que dependen más de las vinculaciones y las solidaridades establecidas con grupos argentinos (sociales, políticos, sindicales, culturales, etc.) que con el Estado uruguayo.

Con respecto a las perspectivas transnacionalistas para analizar los procesos migratorios, corroboramos que una de sus ideas principales, la simultaneidad, es vivida por los migrantes, quienes manifiestan en algunos casos múltiples lealtades y compromisos con sus países. No obstante, cabe destacar como recurrente la manifestación del ideal latinoamericano. Los migrantes pueden ver más allá de sus naciones de origen y residencia, basados en la idea de una Latinoamérica unida por la cual pregonaron.

Esta visión desmantela categóricamente las concepciones dicotómicas que, por un lado, aceptaban el derecho de los migrantes a mantener sus pautas culturales distintivas y, por otro, suponían que la convivencia entre éstos y la sociedad receptora sólo sería posible a partir de su total asimilación. Al mismo tiempo es necesario dejar de lado las discusiones acerca de la supuesta homogeneidad e identidad cultural de las sociedades amenazadas por los contingentes foráneos, y proponer opciones de análisis que incorporen la complejidad de los procesos de identificación e integración en contextos migratorios.

En nuestro caso, hemos propuesto un modelo de análisis que contempla las distintas manifestaciones identitarias en el país de recepción. Este modelo podría replicarse en otras regiones o países para acceder a una visión más completa de las prácticas y las representaciones de los migrantes, pues todas se complementan y conforman el devenir de la identidad en contextos migratorios.

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* Doctor en Antropología. Profesor en la Universidad de Buenos Aires. Investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL).

[1] Aunque asumo la responsabilidad individual por los argumentos expresados en este trabajo, se utilizará la primera persona del plural. De acuerdo con Elsie Rockwell (2009: 15), esta estrategia comprende “de alguna manera tanto a quienes han acompañado esta búsqueda como a quienes se sientan incluidos en ella desde sus propias experiencias de investigación”.

[2] Festival artístico callejero en el que se presentan distintos grupos, típico del carnaval porteño y similar a los antiguos tablados uruguayos.

[3] Agrupación teatral y musical, característica del carnaval en Buenos Aires y en Uruguay.

[4]Comité de base: grupo de militantes del partido político Frente Amplio de Uruguay que ha logrado aglutinarse en torno a un nombre y a un espacio físico.

[5] El término batllismo uruguayo remite al proyecto de José Batlle y Ordóñez –presidente de la República entre 1903-1909 y 1911-1915 y líder del Partido Colorado–, quien perfiló una sociedad moderna y democrática similar al Estado de bienestar. De acuerdo con Carlos Real de Azúa (1984: 50), el proyecto batllista promovió una sociedad igualitaria, regida por un Estado distribucionista cuyas agencias eran manejadas por una reciente burocracia, pero intrínsecamente ese modelo “amortiguaba los conflictos sociales y era políticamente débil”.

[6] En adelante, las frases entrecomilladas y en letra cursiva corresponden a nuestro registro textual, realizado mediante grabaciones y notas manuscritas durante el trabajo de campo.

[7] Esta denominación incluye a todos los uruguayos residentes en el exterior. Remite a la división política y administrativa del territorio uruguayo, que consta de diecinueve departamentos.

[8] Expresión artística que incluye baile y música de tambores. Se considera originaria del continente africano.

[9] Según el traductor www.wordreference.com, “mistura” es una palabra portuguesa. En Uruguay es habitual que se usen palabras de esa lengua entremezcladas con el español.

[10] Entre 1934 y 1939, la Ley de Lemas y del Doble Voto Simultáneo estableció la propiedad exclusiva y jurídica del lema o divisa a la fracción mayoritaria de cada partido político y el derecho al sublema a los sectores minoritarios. Mediante este instrumento legal, se mantenía la mayoría electoral dentro de los dos partidos existentes (Nacional y Colorado) y se “disminuían las fuerzas centrífugas que los atravesaban desde su origen” (De Sierra, 1992: 14).

[11] En este largo proceso, se destacaron la politización de las fuerzas armadas y la interrupción periódica de los derechos y libertades de las personas (mediante un mecanismo constitucional denominado Medidas Prontas de Seguridad), entre otros factores (Nahum et al., 2007).

[12] Esta forma de autogolpe también había sido ejecutado por el presidente del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo Lindolfo Cuestas (1899) y los presidentes Gabriel Terra (1933) y Alfredo Baldomir (1942).

[13] Al funcionario público se le solicitaba una declaración jurada de fe al sistema democrático de gobierno, además de exigírsele una constancia de habilitación para cargos públicos, extendida en las seccionales policiales correspondientes. La dictadura clasificó a los ciudadanos según su confiabilidad política como A, B o C. La categoría C inhabilitaba a la persona para obtener o mantener su empleo.

[14] Director de Instrucción Pública (1876) y autor de la Ley de Educación Común en Uruguay (sancionada en 1877), que estableció la enseñanza escolar laica, gratuita y obligatoria.

[15] El Partido Comunista surge en Uruguay en 1920. La información está disponible en http://www.pcu.org.uy.

[16] El Movimiento de Participación Popular surgió públicamente el 6 de abril de 1989. (información disponible en http://www.mpp.org.uy). En él se destaca la figura de José Mujica Cordano, militante del Movimiento de Liberación-Tupamaros y preso político de la dictadura uruguaya, además de senador, ministro y presidente de Uruguay hasta marzo de 2015.

[17] La referencia al canto popular uruguayo remite a grupos y cantantes como Daniel Viglietti, Alfredo Zitarrosa, los Olimareños y José Carbajal, entre otros.

[18]Partido político argentino creado en 1972 bajo la conducción de Oscar Alende. Existe cierta afinidad con el Frente Amplio de Uruguay y es habitual que preste sus instalaciones e infraestructura. De igual forma lo hacen el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

[19] En marzo de 2012 tuvimos la oportunidad de conocer a una militante del Movimiento de Participación Popular en la Argentina quien lo integró durante la década de 1990. En ese momento estuvo conformado por otras personas, distintas de las que conocimos a lo largo de nuestra investigación. Publicaban una revista mensual llamada A Desalambrar, que se editaba en la Argentina.

[20] Gobernador militar de Montevideo en 1815. La bandera de su regimiento (de tres franjas horizontales de color rojo, azul y blanco) es utilizada por el Frente Amplio de Uruguay.

[21] Pueden consultarse los textos de las leyes mencionadas en http://www.parlamento.gub.uy/leyes.

[22] Asamblea Uruguay es un sector político integrante del Frente Amplio. Surge en 1994 liderado por el economista Danilo Astori, decano de la Facultad de Economía, senador del Frente Amplio, ministro de Economía durante el primer gobierno del Frente Amplio (2005-2010) y actualmente vicepresidente de Uruguay (2010-2014).

[23] Plan de regularización de inmigrantes que entró en vigencia el 17 de abril de 2006, destinado a ciudadanos nativos de países miembros del Mercosur y de los Estados asociados al mismo.

[24] Por el contrario, una historia de vida incluye no sólo el propio relato de vida sino también otro tipo de documentos.

[25] El término “pachecazo” o “pachecato” alude al período presidencial de Jorge Pacheco Areco entre 1967 y 1972, quien asumió luego de la muerte del presidente Oscar Diego Gestido, ocurrida a pocos meses de asumir en el cargo. Su gobierno se caracterizó por el uso reiterado de “medidas prontas de seguridad” (mecanismo constitucional para suspender las garantías y libertades de los ciudadanos), la represión, la censura de medios de comunicación y la prohibición de partidos políticos.

[26] Un hito en la represión contra los estudiantes universitarios fue el asesinato de Líber Arce, el 4 de agosto de 1968, durante una manifestación estudiantil en la Facultad de Veterinaria.

[27] Una gurisa paisana es una niña de corta edad que vive en el ámbito rural.

[28] En el teatro El Galpón se estrenaron obras como Fuenteovejuna de Lope de Vega (1969) y Libertad Libertad de Fernández y Rangel (1969), en un contexto plagado de amenazas, atentados de grupos parapoliciales y encarcelamiento de actores. El 7 de mayo de 1976 la dictadura uruguaya lo ilegalizó, disolvió su elenco, confiscó sus bienes y prohibió toda actividad teatral y cultural a sus integrantes (información disponible en http://www.teatroelgalpon.org.uy).

[29] El término “fichados” alude al seguimiento policial mediante el registro (en fichas) de la actividad política de los militantes.

[30] La familia completa del novio –sus padres y un hermano– eran inmigrantes argentinos en Uruguay. Se habían trasladado en la década de 1960 y tenían una curtiembre.

[31] En estos apartados decidimos utilizar los nombres reales de los distintos comités de base en los que participó nuestra entrevistada, ya que son en general únicamente menciones y no hay información que requiera resguardar la identidad de las personas implicadas.

[32] Jaime Pérez (1928-2005) fue dirigente del Partido Comunista de Uruguay y desde ese lugar intentó impulsar un giro socialdemócrata en la orientación partidaria. En 1992 abandonó la Secretaría General del partido.

[33] De acuerdo con nuestra entrevistada un comité debe ser plural, es decir, integrar militantes orgánicos de distintos sectores y partidos y militantes independientes.

[34] A excepción de un evento público organizado por una “articulación de comités de base” que se abocó a festejar los cuarenta años del Frente Amplio.

[35] El voto de los uruguayos en el exterior fue debatido en el Parlamento uruguayo en 2007 (Crosa, 2010a, 2010c, 2010d). En ese momento, hubo parlamentarios del Partido Nacional que propusieron habilitar un escaño o bancada parlamentaria para los residentes en el exterior, sin ahondar en detalles acerca de su implementación. En la Argentina, país que tiene voto consular desde 1994, se intentó lograr la creación del Distrito Electoral Exterior en 2009, a través de la modificación del inciso 1º del artículo 39 de la ley 23.298 de Partidos Políticos (Proyecto de Ley, 2009).

[36] Una asociación civil es una persona jurídica privada, constituida por un conjunto de personas físicas (llamadas socios) que, con la debida autorización del Estado, se unen para realizar actividades que tienden al bien común (http://www.ciudadyderechos.org.ar). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estas asociaciones quedan inscriptas en el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (http://www.buenosaires.gob.ar).

[37] La Banda Oriental fue el territorio ubicado al este del río Uruguay y al norte del Río de la Plata, que hoy se corresponde, aproximadamente, con la República Oriental del Uruguay y el estado brasileño de Rio Grande do Sul.

[38] Esta dirección existía previamente sin el agregado de la vinculación.

[39] Disponible en http://www. parlamento.gub.uy.

[40] Toda la información sobre el reglamento del artículo 74 de la Ley de Migraciones 18.250/08 fue tomada de la página web http://www.uruguayos.fr/IMG/pdf/597__00003.pdf, durante marzo de 2012.

[41] Las distintas ponencias presentadas en el IV Encuentro Mundial de Consejos Consultivos (2011) pueden consultarse en la página web especialmente diseñada por integrantes de la colectividad: http://www.d20.org.uy/-Encuentro-CCU-2011-.

[42] La información acerca del nuevo decreto fue tomada de la página web http://www.d20.org.uy/NUEVO-REGLAMENTO-DE-LOS-CONSEJOS, durante marzo de 2012.

[43] Su página web, consultada en 2012, es http://www.cconsultivobaires.com.ar. En 2013 cambiaron su presentación y dicen: “¿Quiénes somos? Simplemente, un grupo de compatriotas que trabaja como nexo entre los uruguayos que residen en Buenos Aires, y el Consulado. Queremos escuchar sus inquietudes, conocerlos y también que nos conozcan. Que éste sea el medio donde podamos informarnos de las actividades sociales, culturales y deportivas de nuestro país. Los invitamos a ser parte del grupo y a que compartan nuestras reuniones”.

[44] Según este dato, y teniendo en cuenta el total de la población uruguaya (3.290.000 personas aproximadamente), el director del Departamento 20 se refiere a 500.000 uruguayos residentes en el extranjero.

[45] Su dirección fue http://www.conexiónuruguay.gub.uy, aunque se encuentra inactivo desde 2008.

[46] Se denomina “papeleras” o pasteras a las fábricas donde se produce la pasta de celulosa para luego elaborar el papel. Cabe aclarar que allí no se produce el papel, sino la materia prima exportable. Ese es el caso de la empresa Botnia, luego Stora Enso, establecida sobre las márgenes uruguayas del río Uruguay.

[47] De acuerdo con este dato, de los 500.000 uruguayos en el extranjero antes mencionados por el director del Departamento 20, unos 180.000 residen en la Argentina. Sin embargo, el censo argentino de 2001 registró a 117.000 (ver capítulo 1). Es habitual que los funcionarios gubernamentales sobrevaloren el volumen de los compatriotas que viven fuera de su país. Esto también lo hemos registrado por parte de miembros de la colectividad que llegaron a afirmar que en la Argentina habría medio millón de uruguayos.

[48] El director apela por tercera vez a una cifra: en lugar de manejarse con porcentajes (antes había afirmado que en el extranjero reside el 15% de la población uruguaya), menciona, esta vez, a 440.000 uruguayos en el mundo.

[49] Si bien los directores del Departamento 20 tienen el rango de embajadores, en general no utilizaron ni la Embajada ni el Consulado en Buenos Aires para vincularse con el Consejo Consultivo.

[50] En general, se reconoce que las remesas pasibles de impactar en los países de origen, que ameritan políticas específicas, son aquellas que superan el 10% de su producto bruto interno (PBI). Uruguay recibe un porcentaje de remesas inferior al 1% de su PBI.

[51] Toda la información sobre la DICOEX fue tomada de la página web http://www.chilesomostodos.gov.cl/ique-es-dicoex.html, durante febrero de 2012.

[52] El nombre de ese programa surge de que la Argentina tiene veinticuatro provincias en su territorio nacional.

[53] Toda la información sobre Provincia 25 fue tomada, durante febrero de 2012, de la página web http://www.mininterior.gov.ar/provincias/provincia_25.php.

[54] Un análisis exhaustivo sobre esta temática puede consultarse en Crosa (2010a), disponible en http://www.encuru.fhuce.edu.uy/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=20.

[55] El debate parlamentario completo puede verse en el sitio http://www.200.40.229.134/sesiones/AccesoSesiones, que reproduce la sesión Nº 57 del 27 de septiembre de 2007.

[56] “La Mama Vieja lleva un pañuelo blanco sobre la cabeza, un abanico, un paraguas, un canasto con flores y una pollera amplia y baila con la cabeza en alto […] El Escobero o Escobillero baila con una escoba con la que realiza malabares, usa taparrabos, lentejuelas y cascabeles […] El Gramillero o Yuyero representa al médico o curandero africano, lleva una valija o maletín llena de yuyos o yerbas medicinales” (extractos tomados de http://www.candombe.info/Personajes.html).

[57] Los propios entrevistados denominan a su grupo la Murga Rioplatense –nombre que adoptamos en esta investigación–; sin embargo, fuimos autorizados a decir que se trata de la murga La Redoblona.

[58] Disponible en http://www.cmlosdesconocidos.blogspot.com/2011/01/reglamento-carnaval.

[59] Desde 2004, durante estos años de trabajo de campo con la colectividad uruguaya en la Argentina, es la primera vez que registramos un episodio explícito de discriminación relacionado con la nacionalidad uruguaya.