A Marita, mi madre, y a Cruz, mi esposa.

Principio y final

Prólogo

Hace más de setenta años comenzó esta fragmentada historia. Concretamente, el 3 de febrero de 1950, fecha en la que me incorporé oficialmente a la vida o, si prefieren, la fecha en que nací. Y lo hice en mi propia casa, por cuanto mi madre quería un parto lo más natural posible ya que por entonces se había puesto de moda esa forma de afrontar el hecho natural de dar a luz.

Llegar tarde al mundo suele tener la única ventaja de ser el pequeño, gracias a lo cual estuve siempre mimado tanto por mi madre, que es el personaje central de estas memorias, las cuales han servido para saldar con ella una vieja cuenta, como por mi padre, por aquel entonces ocupado en escribir su primera y única novela, Prohibido vivir. También fui mimado por mis hermanos, que al menos al principio, mientras no fui un sólido rival, disimularon sus celos infinitos. Mimado por mi ama de cría, que en pocos meses apenas podía sostener al bebé robusto en el que me convertí. Y mimado también por el médico y todas las comadres del pueblo que jugaban conmigo como si fuera un muñeco. Solo diré que, milagrosamente, sobreviví a tanto amor y pude llegar a la adolescencia sin sufrir graves secuelas. Con todo, siempre he añorado, aun sin recuerdos conscientes, aquella edad privilegiada.

Mi adolescencia y mi juventud estuvieron repletas de viajes, de amores, de batallas, de sinsabores, de derrotas y de triunfos, con más abundancia de estos últimos, como les ocurrió a tantos de mi generación.

Viajé a París los veranos de los años 1968 y 1969, y viví en primera persona aquella reveladora revolución. Volví a España, donde empezó el periodo más triste y oscuro de mi vida, preparando la dura oposición a juez de Primera Instancia e Instrucción, y siendo mi primer destino el juzgado de San Sebastián de La Gomera, en Santa Cruz de Tenerife (Canarias). En ese tiempo, además de tener a mi hijo Damián, empecé a desarrollar de manera simultánea mis dos carreras: la judicial y la política. Desde entonces he mantenido siempre esa dualidad y desde ella se ha realizado la casi totalidad de mi biografía.

Ya en San Sebastián de La Gomera comenzó mi actividad político-judicial. Así, en la reforma política de Adolfo Suárez entre 1976 y 1977, me afané en distribuir papeletas en varios colegios electorales, por cuanto habían desaparecido las de la oposición. Acudí a todos los mítines de los partidos políticos, normalicé la situación laboral de los trabajadores y asistí a la legalización del Partido Comunista de España, del que fui militante por poco tiempo, hasta 1978, fecha de la entrada en vigor de la Constitución española.

Inmediatamente después del golpe de Estado de 1981, y ya destinado en Bilbao, comenzó mi «década de hierro». Durante ese periodo se desarrolló el núcleo central de mi carrera judicial, en los ámbitos tanto gubernativo como jurisdiccional. Fui, sucesivamente, magistrado de la Izquierda de la Sección Segunda, magistrado de la Derecha de la misma sección, presidente de la Sección Segunda y, finalmente, la forzosa ascensión al primer cargo electivo de mi carrera: la presidencia de la Audiencia Provincial de Bilbao, destino en el que permanecí hasta el año 1991, en que fui designado vocal del Consejo General del Poder Judicial.

En el plano jurisdiccional, las dos secciones hicieron un esfuerzo muy intenso para tratar de hacer compatible la legislación ordinaria con la Constitución española. Así, creamos una «jurisprudencia menor» relevante a la que acudían numerosos letrados (en general, defensores) de todas partes de España. Al propio tiempo, y a lo largo de todo este periodo, realicé una intensa labor asociativa en el ámbito judicial a través de Jueces para la Democracia, donde ejercí toda clase de responsabilidades. Entre otras, como portavoz de la asociación negocié con Enrique Múgica, el entonces ministro de Justicia, la reforma de las retribuciones económicas de los magistrados.

Este conjunto de actividades en los ámbitos orgánico, jurisdiccional y asociativo, unidas a mi prestigio como juez independiente en tiempos y lugares difíciles y comprometidos, fueron, según creo, los factores decisivos que llevaron al ministro Múgica a sostener mi candidatura a vocal del Consejo General del Poder Judicial, pese a la oposición de otros miembros del Gobierno, sobre todo la del ministro del Interior, José Luis Corcuera, que rechazaba las actuaciones judiciales, pues, en su opinión, dificultaban la lucha antiterrorista, especialmente en materia de torturas y malos tratos.

En el Consejo General del Poder Judicial me encargué de la apasionante tarea de instaurar la formación permanente de jueces y magistrados. Pronto creamos un equipo de prestigio que definió los parámetros de la política judicial en esta materia; parámetros que, en lo esencial, siguen vigentes gracias al impulso financiero de Felipe González. Previamente tuve una larga conversación con el presidente en la que traté de subrayar las ventajas de todo tipo que supondría un nuevo y radical cambio de la política de formación de los jueces. Felipe respondió multiplicando por diez la partida presupuestaria. A las muchas preguntas y observaciones que consideró oportuno formular fui respondiendo, una a una, como haría un examinando a la categoría de «ministrable», condición que casi siempre se frustra por los mil avatares que conlleva la política. Pero, por lo visto, aquel día aprobé. Poco después mantuvimos un breve encuentro en Televisión Española en un programa que analizaba la historia reciente de España por décadas y en compañía de personajes decisivos en cada una de ellas. Entonces se mostró cordial, pero también inquisitivo.

Debo añadir sinceramente que en 1993 era uno de los jueces más conocidos y prestigiosos de la carrera judicial. Mi fama de insobornable independiente y, sobre todo, mis avalistas conocidos y anónimos, fueron quizá los factores que determinaron mi nombramiento como ministro de Justicia. A partir de ese momento, mi equipo y yo logramos aprobar, dos años después, el Código Penal de la democracia sin ningún voto en contra. Ese era el objetivo estratégico de mi ministerio, junto con la Ley del Jurado. Habíamos realizado nuestro trabajo y lo habíamos hecho con rigor, seriedad y espíritu de consenso.

Cuando parecía que mi tarea como ministro se había cumplido, estando yo tan solo pendiente de la ejecución y el desarrollo de la legislación, creí que me esperaba un apacible trabajo político, pero estalló la dimisión del ministro Antoni Asunción como consecuencia de la fuga de Luis Roldán. En el nuevo Ministerio de Justicia e Interior el objetivo pasó a ser la detención y posterior enjuiciamiento del exdirector de la Guardia Civil, trabajo que había que simultanear con la lucha antiterrorista contra ETA, más el día a día de un país con sus estadísticos delincuentes rutinarios. Afortunadamente, la fuga de Roldán no generó una merma significativa de la eficacia en la lucha contra ETA, ni tampoco en la eficacia de la lucha contra la emigración ilegal. La detención de Roldán supuso un éxito policial y un alivio para el conjunto del ministerio y, me consta, del país.

Terminada la legislatura y siendo el diputado número uno por Zaragoza para el Congreso de los Diputados y, más tarde, senador, comprendí que si quería seguir en política era preciso cambiar de tercio, evitando así los riesgos de la nostalgia que atacaba muchas veces a la tribu de los exministros, nostalgia y un cierto aburrimiento existencial, así que opté por resituarme en la vida política municipal, concretamente en Zaragoza.

La cosa no resultó tan sencilla como habíamos imaginado. No logré ser alcalde de Zaragoza a la primera, por cuanto la Chunta Aragonesista se negó a formar parte de una coalición en la que estuviera presente el Partido Aragonés Regionalista. Sin embargo, acabamos ganando tres elecciones municipales seguidas, un total de doce años como alcalde que permitieron lograr el cumplimiento de nuestro programa: la primera línea del tranvía y la realización de una Exposición Internacional sobre el agua y el desarrollo sostenible que supuso, entre otras cosas, el mayor esfuerzo inversor en la historia de la ciudad. Solo los que lo vivieron en primera fila saben de la extrema complejidad que supone el total de las operaciones que es preciso realizar para salir vivo y airoso de semejante empeño.

Al final de la tercera legislatura comprendí que ya tocaba la renovación y, en consecuencia, no acepté ser candidato de nuevo.

Quise regresar a mi vieja y querida profesión de juez, lo que hice solicitando plaza en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde he tenido la suerte de permanecer en mis funciones durante otros nueve años en la mejor de las compañías: la tribu de los jueces a la que orgullosamente pertenezco.

Y esta es la historia resumida que deseo contarles en más detalle a lo largo de estas páginas. La historia de un juez que quiso ser político y de un político que quiso actuar como si en todo momento siguiera siendo juez, con el ejemplo de su padre bien presente. No siempre lo logré, pero nunca dejé de intentarlo sin perder mi independencia o mis principios y valores, tal y como me exigió mi madre en una carta que, si el amable lector sigue en mi compañía, leerá más adelante.

1

Mi familia

No quiero comenzar este relato sin aludir en primer lugar a mis dos abuelas maternas, María y Amparo, que vivieron muchos años en la casa familiar, conviviendo, por tanto, con mis padres, mis hermanos y yo mismo. Más adelante, también me referiré a otro abuelo, en este caso el paterno, refugiado en nuestra casa: José María.

Alguien tenía que contar la vida de las dos hermanas, la mala y la buena, la señora y la criada, la rica —en su imaginación— y la pobre. Y parecía razonable que me encargase yo, dado mi oficio de juez, de colocar a ambas en su sitio para siempre.

Doña María, «la Señora», murió en la segunda mitad del siglo XX; aunque, bueno, mejor sería decir que murió cuando lo estimó procedente, ni un minuto antes ni un minuto después. Desde siempre, doña María logró que las cosas funcionaran bajo su designio. Nadie recuerda un solo instante en el que la abuela renunciase a tener razón. Con todo, esta conducta era una cuestión menor en su orden de prioridades. Mi abuela consideraba natural —y esto sí era importante— que todos, literalmente todos, se avinieran con la plenitud de lo indiscutible a considerarla un ser superior, al que todos, literalmente todos, le debían, no ya respeto, sino pleitesía.

Su muerte fue diseñada por ella misma para generar consecuencias estrictamente dinásticas (herencias, títulos, grandezas…) inimaginables en su azarosa vida cotidiana por quienes la rodeaban y aceptaban como la verdad y la vida. Pero lo cierto es que la soldadesca, ante su cadáver insepulto, decidió rebelarse. La primera muestra tangible vino de parte de su hermana, la tía abuela Amparo, quien, en una mañana luminosa, pidió a mi madre que le hiciera unas «batitas» con una tela llena de flores silvestres que sustituirían las rigurosas batas negras de luto que doña María había impuesto con la fiereza que le era propia desde la muerte de su adorado hijo Santiago, hacía más de veinte años. A poco que se iba masticando el nuevo aire de libertad, la tía abuela comenzó a dar sus opiniones, cosa que hasta entonces le impedía su hermana, y a recuperar, en suma, su condición, primero de liberta, y finalmente, de ciudadana libre de pleno derecho.

Aquel ser superior dejó una herencia más que discreta. De hecho, cuando murió era tal su penuria económica que su escasa fortuna se caracterizaba por su mínima fragilidad extrema. De sus bienes terrenales, abundantes en el pasado, sencillamente nada quedó. La culpa de esa penuria la tuvo, en buena parte, la absoluta carencia de las virtudes necesarias para hacer y conservar la fortuna y, muy en especial, el difícil camino que supuso para el tío Santiago ganar las oposiciones a notario. Con cada derrota en los exámenes era preciso vender una de las muchas fincas que tenía doña María en el momento de la muerte de su esposo. Cuando su fortuna estaba a punto de extinguirse, el tío Santiago consiguió al fin aprobar las oposiciones, a raíz de lo cual doña María pudo recuperar y mantener hasta su muerte el papel de reina y señora, si bien en el proceso fue perdiendo poco a poco la mayor parte de su vasallaje y de su pecunio.

Aunque sea brevemente, quiero recordar a mi abuelo materno, José Félix Julbe. Solo tengo constancia de algunos pasajes de su vida que arrojan luz insuficiente sobre su personalidad. Para empezar, se reconocen en él algunas contradicciones.

Don Félix era republicano de pura invención, que no de cepa; de la especie Blasco Ibáñez, quien financió su formación política, aunque desconozco cómo lo hizo ni cuándo. Mi abuelo acudía a los mítines del político y escritor valenciano, y le profesaba una más que respetuosa devoción. Pero, al propio tiempo, entendía perfectamente que su hija Marita debía estudiar en un colegio de monjas reservado para señoritas distinguidas. El autor de La araña negra, anticlerical y librepensador, formaba parte de su patrimonio intelectual, pero, eso sí, este no debería transmitirse a su hija predilecta. No se sabe bien el porqué de la conducta de aquel abuelo mío, ni cómo sostenía artículos, discursos, diatribas y contradicciones tan obvias. Su estructura mental de hombre de orden, republicano, demócrata, burgués más o menos ilustrado y registrador de la propiedad era compatible con una afición al «naturismo» que le ponía en situaciones delicadas cuando se tendía desnudo al sol en un balcón de su vivienda, en el mismo centro de Valencia, lo que no siempre era celebrado por sus vecinos.

Don Félix vivió los primeros años de su vida como un licenciado en Derecho, no ejerciente, dedicando su tiempo entre Xàtiva y Bellús, su fortaleza, como un benigno cacique de provincias. Siguiendo la tradición rural, acudía cada día a un casino al que concurrían también el resto de las fuerzas vivas: el juez, el boticario, el sargento de la Guardia Civil y algún maestro asimismo liberal y republicano.

La casa familiar, la Casa Julbe, estaba en Bellús (Valencia), y hasta hace poco aún se conservaba junto con el pinar que, según me comentó un vecino en una visita en el año 2000, los lugareños aún llamaban «el pinar de don Félix». Es por ello el pueblo de la infancia de mi madre, a la que llamaban «la senyoreta». Solo con recordar su nombre lloraba el hombre de emoción.

Una tarde, tras acabar la partida de chamelo, uno de los integrantes de la tertulia comentó de manera vaga pero insidiosa que no le parecía aceptable la conducta de quienes, no trabajando, se limitaban a vivir de las rentas. Mi abuelo, susceptible como todos los Julbe de la familia, le interrumpió preguntando cuál era la «oposición» más difícil entre las que se practicaban en España. Tras una discusión en la que se propusieron judicaturas, notariados, abogacía del Estado y registro de la propiedad, mi abuelo optó por esta última, afirmando que en un año la aprobaría. Hasta entonces, no volvería a pisar el casino. Y lo cierto es que cumplió las dos promesas.

Entre sus ambiciones no colmadas figuraba la de que su hija Marita, mi madre, fuese la primera registradora de la propiedad en España. Las circunstancias derivadas de la guerra y de la infinita posguerra truncaron ese deseo, como sucedería con las esperanzas y los proyectos de tantas otras personas.

2

Sobre mi madre

El personaje más importante de mi biografía es mi madre, a la que mi padre llamaba «Marita». Un personaje complejo. Su rasgo esencial fue ser una mística, una aventajada discípula de Teresa de Jesús. Tal era la intensidad de su militancia que, en una ocasión, creí ver a mi madre —con la portentosa imaginación que presta la infancia— en el dormitorio conyugal iniciando una suerte de levitación, que cesó tan pronto como, por imprudencia, hice un ruido lo suficientemente fuerte para provocar su brusco aterrizaje en este mundo. No volví a verla en tal situación, pues tomó precauciones y nunca más dejó abierta la puerta de su dormitorio. Deducir que el hecho de levitar con mayor o menor frecuencia hiciera de ella una mujer anclada en el pasado o desconocedora de la realidad terrenal sería llegar a una conclusión equivocada. Al contrario, su amor incondicional por Teresa de Jesús no le impidió mantener una posición política que podría calificarse de socialdemócrata, en su variante cristiana. En los años setenta, mientras su marido ejercía de gobernador civil de Huelva, San Sebastián y Barcelona, sucesivamente, ella votaba a Narcís Serra o a sus homólogos.

Que mi madre era absolutamente original lo evidencia también su conducta, insólita en los tiempos del primer Gobierno Suárez, pues solía acudir a manifestaciones de dudosa legalidad en las calles de San Sebastián, ya fuera contra el Gobierno o en favor de reivindicaciones que estimaba justas. Su participación en ellas coincidía en el momento en que mi padre representaba precisamente al Gobierno de la nación. En una ocasión, y en mi presencia, mi padre recibió una llamada telefónica del responsable policial encargado de controlar las manifestaciones, informándole de que su mujer estaba en la cabecera de una de ellas. Él se limitó a comentar con el mando que tal circunstancia no debía alterar el protocolo policial previsto. Por aquel entonces, yo era un decidido militante de izquierdas y no dejó de sorprenderme que no hiciera el más mínimo comentario: acabada la manifestación, cuando mi madre regresó al Gobierno Civil, él no le pidió explicación alguna y ella no consideró oportuno hacer más comentarios que una vaga referencia a lo bien que había discurrido todo. Más tarde pregunté a mi padre el porqué de su actitud. Me contestó que estaba de acuerdo con las reivindicaciones de libertad, amnistía y el Estatuto de Autonomía, y que mi madre tenía sobrada capacidad para tomar sus propias decisiones. Mi padre era una persona inteligente y sabía que cualquier recomendación para que no asistiera a la manifestación habría sido rebatida con dulzura y afecto, pero, al fin y al cabo, rebatida.

Este incidente (o anécdota) no tuvo más coste que algún comentario irónico del entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, buen amigo de la familia, sin conllevar consecuencia negativa alguna. Así lo demuestra el hecho de que, poco tiempo después, mi padre fuera nombrado, a propuesta del mismo ministro, gobernador civil de Barcelona.

En la capital catalana le tocó recibir al presidente Josep Tarradellas en su regreso a España tras treinta y ocho años de exilio. Recuerdo la imagen de mi padre en el aeropuerto del Prat mientras el president bajaba las escalerillas del avión, seguido de su esposa, Antònia Macià, una mujer absolutamente encantadora. Una vez en tierra, un grupo de personas empezaron a cantar «Els Segadors», el himno nacional de Cataluña, y mi padre simuló que cantaba por puro respeto institucional. No pasó mucho tiempo hasta que ambos matrimonios establecieran una sincera amistad.

En aquellos primeros momentos de la Transición se organizó una tertulia política en la que el presidente Tarradellas desgranaba su experiencia, al tiempo que mi padre y el entonces alcalde de Barcelona, Narcís Serra, escuchaban con atención y respeto. Tuve el inmerecido honor de asistir a alguna de aquellas reuniones en las que aprendí los rudimentos de la política. Me limitaba a escuchar y a aprender en silencio, solo interrumpido por alguna pregunta directa que sobre todo me formulaba el president. Pronto se integraron a ellas el capitán general de Cataluña, Alfonso Pérez Viñeta, su esposa, la señora Macià y mi madre. Por cierto que la esposa del capitán general portaba en el bolso un revólver de considerables dimensiones que, según explicó de forma explícita, era para proteger a su marido de un posible atentado terrorista o, cuando menos, para reaccionar de una manera digna frente a los terroristas. No tengo ninguna duda de que lo hubiera utilizado llegado el caso —que por fortuna no llegó— en defensa de su general.

La conducta de mi madre era sorprendente para todos quienes la conocían, y su asistencia a estas tertulias provocó un «efecto contagio» a las otras esposas, como ya he comentado. En aquella época, la política era un espacio limitado y reservado a los hombres. Sin embargo, mi madre nunca lo entendió así e impuso sus reglas, que todos terminaron por asumir.

Tampoco fue usual que la «gobernadora» quisiera recuperar su puesto de trabajo como funcionaria en la Delegación de Información y Turismo de Barcelona. Me cuentan que realizaba su actividad, más que como una rígida funcionaria, como una especie de tutora benevolente, intentando que pasaran la censura lo mismo las canciones protesta que los atuendos de las supervedetes del Paralelo, algunas de las cuales se convirtieron en sus amigas.

Otro detalle que también resultaba bastante inédito era la licenciatura de mi madre en Filosofía y Letras, así como sus oposiciones sacadas para TAC (técnica de Administración Civil del Estado). Además, cursó estudios en la facultad de Derecho de Valencia, y le faltaron unas pocas asignaturas para terminar la carrera. Aun así, en sus aulas encontró novio, mi padre, que se convirtió en el amor de su vida. A partir de ese momento, la familia fue su preocupación fundamental; sobre todo su marido, pero también sus hijos: mis dos hermanos, José Félix (Télix) y Santiago (Tayo), y el que esto escribe.

«QUIERO QUE TE CONSERVES LIBRE»

Conservo una carta de mi madre, fechada el 10 de noviembre de 1976, remitida desde el Gobierno Civil de Huelva, del que era titular mi padre, hasta el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera, donde yo oficiaba de juez. En esta carta mi madre decía, refiriéndose a los tres hermanos, que era una constante suya, imposible de borrar, «la mala conciencia de que no os he sabido educar». Y proseguía:

Cada uno de mis hijos tiene una zona distinta completamente para cada uno de ellos, y otra zona común a los tres, que yo en modo alguno hubiese deseado que existiera. […] Se me ocurre un remedio infantil, absurdo. ¡Si ahora pudiera todavía dejarles algo, otorgarles algún bien de los que yo poseo y que no supe comunicarles! […] Y he pensado escribiros. Después, las cartas se quedan en el cajón de mi escritorio. ¡Y si lo único que consigo es molestarles, herirlos, afianzándolos más en lo que yo creo equivocado en sus vidas! Tengo, he tenido siempre un excesivo respeto a la intimidad de todos. Tal vez está ahí el origen de mi error, o tal vez pereza, egoísmo, miedo a enfrentarme con la realidad. Bueno, dejemos atrás esto porque no es necesario para que yo haga un examen de conciencia. Dios me juzgará y que lo haga con misericordia. Quiero hablar solo de vosotros. De ti, concretamente.

Hace unos días había yo escuchado una misa con toda atención. Salí tan contenta, tan feliz […], pero duró poco mi alegría. Pensé: «¡Qué clase de cristiana eres tú, que no has sabido comunicar a tus hijos el goce de esta simple y sencilla reunión con el Señor!», y vuelvo a las lamentaciones. Punto y aparte.

Mi madre señalaba con una raya horizontal su voluntad de cambiar de tema:

Hablemos de política o algo así. Tema predilecto de la familia y en el que tampoco hemos conseguido ninguna comunión. Tú ya sabes, Alberto, que comparto plenamente bastantes puntos generales contigo. Lo que no comparto es tu toma de posición, que comentaré más adelante en esta carta o en otra.

Nueva raya horizontal de separación.

¿Cómo tan joven has elegido el marxismo? En mis descubrimientos de vuestras orientaciones personales, las posiciones me parecen bastante claras y, por consiguiente, lo voy a exponer con la claridad con que lo veo. La burguesía y el capitalismo todopoderosos no en balde disponen del dinero y de la cultura. La inteligencia, en la mayoría de los casos, ha ido asimilando, a través del tiempo, el liberalismo, la democracia, el socialismo, etc. En vuestra rebelión generacional (es un lugar común, pero un hecho en muchos casos) no habéis encontrado algo hasta ahora no asimilado, el marxismo, y a él os lanzasteis como tabla de salvación. Y no solo por «rebelión generacional», sino también por «generosidad» y por, llamémosle así, «romanticismo». Con los débiles, los oprimidos, vuestra conciencia y vuestra rebeldía se sienten a gusto y os encontráis en paz con vosotros mismos. Pero en vuestra renuncia y despego absoluto hacia el superego capitalista (perdón por la pedantería, pero me sirvo de estos términos para abreviar, ya que son valores entendidos), que consideráis alienante y «cosificador», y tal vez no os falte razón, no consideráis, no sois capaces de considerar que el superego cultural marxista es tan «cosificador», tan alienante como el pueblo burgués que intentáis destruir; igual o mayor racionalización; igual o mayor estructuración a todos los niveles; igual o mayor burocratización. Se dará fin a una racionalidad competitiva y consumista que destroza al hombre.

Si eres un marxista, tienes que creer en el materialismo dialéctico y, para mí, fíjate que subrayo el «para mí», la competición no es sino la expresión burguesa del materialismo. Yo, que no creo en el materialismo dialéctico, sino en algunos aspectos, pues se necesita mucha fe para aceptar el terrible evolucionismo que en profundidad y extensión significa el receptáculo y el caudal de fe que el Señor ha puesto en todos nosotros, lo tengo orientado en otra dirección. Puedo pensar que la competencia desaparecerá un día, pero un marxista no lo puede creer. Antagonismos, luchas de contrarios […] síntesis, no son sino el motor y único motor del progreso para todo marxista […]. Luego la «competencia», le demos el nombre que le demos, es necesaria para el movimiento, para el progreso […]. Rectifiquemos el sentido burgués de la competencia, hagamos que todos puedan «competir», pero ahí está como un hecho, «la competencia». Vamos pues a orientarla en otro sentido, vamos a distinguirla […]. Pero ¡cuidado!, que esto ya supone «manipulación» y, en algún sentido, «alienación». Los resultados exitosos no están garantizados. Hace siglos que los cuestionamos, intentamos algo en este sentido, y los resultados hasta la fecha no son demasiado alentadores.

El «Consumismo» para mí es la crítica más certera que se hace a nuestra sociedad. Predicar contra el consumismo es sermón perdido. Nunca se podrían decir cosas más hermosas que las que dice la Biblia en este sentido y firmadas por el Señor, y ya ves el caso que los cristianos le hacemos. La única solución es arrebatar a la gente los juguetes que no necesitan para jugar en muchos casos. Los altos ideales religiosos, políticos, son para muy pocos y aún esto […]. San Juan de la Cruz cuenta algo muy curioso sobre nuestro apego desmedido a las cosas. Nadie como él ha intentado desposeerse de todo, vaciarse, desnudarse. En su «subida al Monte Carmelo» y al término de su viaje «estando ya la casa sosegada», descubre un día que se ha aficionado a ir siempre a una misma iglesia y ocupar en ella siempre un mismo asiento como si fuera suyo.

Otra raya horizontal y cambio de tema:

Escribiendo, escribiendo […] he ido divagando y llevo casi dos horas y aún no te he dicho nada de lo que quería decirte […]. Solo una cosa concreta: no sabes cuánto me gustaría que no te sedujese ningún carnet. Tú solo conoces la versión marxista en la clandestinidad. En la clandestinidad la gente es estupenda. Los cristianos de las catacumbas de San Sebastián que visité en Roma son algo inolvidable, por encima de toda ponderación atrayente.

Hace unos días leía yo las declaraciones de una personalidad en las que afirmaba que «no era marxista cuando ingresé en la cárcel, me hice marxista allí, al lado de compañeros que sí lo eran […]». Lo entiendo perfectamente.

No creas que este deseo mío de que no te dejes seducir prematuramente por un carnet sea simplemente una monserga maternal o algo así. Eso sería una tontería y yo no quiero, a ser posible, decir tonterías. No pienses tampoco que voy a hablarte de las desilusiones o incomprensiones que te aguardan como base de mis argumentos «anticompromiso prematuro». No, es algo mucho más profundo que no sé si acertaré a decirte, a explicártelo en toda su extensión y hondura. Es […] que quiero que te conserves libre de toda alienación, tu capacidad de crítica, tu talento, tu sensibilidad, tu libertad espiritual. Pero te será muy difícil encontrar tu libertad espiritual entre burocracias y dogmatismo.

Mi madre —cosa rara en ella— casi me ordenaba que mantuviera la libertad de decisión y, en cada momento, tomase la resolución concreta que mi conciencia me pidiese. «Debes mantenerte —decía— en condiciones de poder tomar esa decisión».

Haz lo que quieras, no lo que ellos te dicten en un determinado momento. Nosotros somos personas que, aunque llenas de defectos, no podemos vivir a gusto en contradicción con nuestra conciencia. Sería terrible y no puedo imaginarme mayor angustia que verte actuando en contradicción con ella.

Ya comprendo la atracción de un carnet. Sentirse acogido entre gentes que, en muchos aspectos, nos arropan y con los que compartimos muchas cuestiones vitales, es una cosa muy buena, pero un carnet y un carnet marxista te pone en grave peligro a la larga de disminuir tus cualidades de hombre, de empobrecerte al entrar en un «callejón estrecho» al que llaman «disciplina de partido».

Si fueras a meterte fraile, yo, como cristiana y como madre, solo te diría aquello que hace tantos siglos lanzó san Agustín: «Ama y haz lo que quieras». Y aunque precisamente no estás haciendo un noviciado para fraile, me atrevo a decirte que te fijes en esto […], porque es todo un programa benéfico en muchísimos aspectos, que ha influido positivamente en todas las épocas y, concretamente, a nosotros los cristianos nos ha hecho revisar viejos y lamentables cuarteles conservadores.

Yo creo, además, que el marxismo como doctrina no tiene por qué agotar sus posibilidades de realización política en la versión comunista, pero en fin, esto es otra cosa de la que se puede hablar mucho.

A continuación me pedía que no creyese que esta carta era un ataque a mis creencias políticas:

Yo no me meto con ellos en absoluto; es más, estoy dispuesta a firmar un pacto, de no meterme jamás con ellos a condición de que el ser comunista sea compatible con el de ser persona en el más hondo y extenso sentido de esta palabra, con la condición de que siempre seas fiel a tu conciencia. Aunque tú no lo notes, son siglos y siglos de sabiduría cristiana. Y tengo miedo. La teoría y la política me hablan de terribles mutilaciones. Creo en la riqueza de mis hijos […] muy mal explotada y cuidada sobre todo por su madre. Si no creyera en ella, no tendría tanto miedo.

Y concluía como sigue:

Esta carta quiere continuar con cosas positivas que deseo exponerte con calma. Si bien, en mi caso, esta fe mía hasta ahora no ha tenido ningún o casi ningún eco […] que es más fácil, con ser difícil, revolucionar el cristianismo hacia la justicia, que revolucionar el marxismo hacia la libertad. Releo esto último que te he escrito y me gusta. Me parece que he resumido bastante bien lo que pienso y lo que, sobre todo, temo por ti.

Termino, Alberto. Lo que tu madre desea para ti es evitarte el dolor y la destrucción que significa el que seas excomulgado o que te hagan comulgar con ruedas de molino, aunque estas últimas en algún momento puedan parecerte muy útiles para la molienda […].

Un abrazo muy fuerte para los tres de vuestra madre y abuela…

MARITA

Es difícil realizar un retrato de mi madre distinto del que se deduce con claridad de esta dura e inteligente carta. Fue una mujer profundamente religiosa y, al tiempo, radicalmente progresista; una mujer avant la lettre, enmarcada en el cristianismo socialista de Alfonso Carlos Comín y los suyos; una persona culta en extremo, mucho más allá del mero dato objetivo de sus titulaciones universitarias en una época en la que no era frecuente para la mujer acceder a la vida académica. Y tenía un peculiar sentido del humor muy aragonés (más que valenciano, como le gustaba pensar a ella), dotada de la capacidad de querer a los suyos, pese a creer firmemente que lo importante de verdad era la vida después de la muerte.

Esa era mi madre.

Volver a leer la carta escrita hace más de cuarenta años me ha provocado, más que la sensación, la certeza de que no supe sacar provecho de sus enseñanzas y, sobre todo, de su misma existencia demasiado breve. No le di demasiados besos, ni atendí lo suficientemente bien a sus palabras y a sus sentimientos. Pero en una cosa no le fallamos ni yo ni el resto de sus hombres —su marido, Télix y Tayo—, y es que, tantos años después, seguimos enamorados de ella.

3

Sobre mi padre

Mis padres protagonizaron un amor flagrante y decisivo, descomunal y glorioso, que, pese a todas las vicisitudes vividas, muchas veces en medio del horror, los dos supieron interpretar y vivir plenamente.

Mi madre, una vez fallecido su marido, perdió todo su interés en seguir narrando la biografía de su familia. A mí tampoco me resulta posible continuar el trabajo emprendido por ella, por cuanto, del conjunto de hechos compartidos y contados en la familia en un largo periodo de tiempo que comprende la Segunda República, la Guerra Civil y la larga y terrible posguerra, solo conservo retazos aislados, a modo de pinceladas impresionistas. Demasiado gris, demasiado dolor, demasiada miseria para que valga la pena rememorar lo sucedido.

El 21 de febrero de 1985, estando mi madre en Barcelona, escribió las últimas páginas de su diario, las últimas que dejó escritas, y que comenzó la víspera de la muerte de su querido esposo:

Era una tarde espléndida. Estaban abiertas de par en par casi todas las ventanas de la amplísima galería acristalada. Se oía el ruido de la máquina de escribir que José María utilizaba. Tenía proyectos, como siempre. Era un hombre maravilloso a quien nada ni nadie conseguía abatir o, al menos, capaz de sobrevivir con entereza a cualquier circunstancia. Él decía que su corazón parecía «un acerico». Tantas y tantas cosas se habían clavado en él. Tantas y tantas cosas podría decir de él, pero no sé... Al recordarlo solo lloro como estoy haciendo ahora. Su muerte solo encuentra un consuelo: mi marido goza de la presencia del Señor, quien, lleno de bondad, quiso evitarle la pena de contemplar la lenta e inevitable decadencia mía, de su mujer, a la que él amó tanto. El final no lo está viendo, no lo verá, y este es mi consuelo. Mientras él trabaja en la máquina de escribir de siempre, yo también lo estaba haciendo. Me sabía enferma, pero yo vivía porque él también vivía. Existía el mundo y a mí no me resultaba difícil, en aquella paz cercada por el mar, trasladarme a mi adolescencia. Oler, palpar y sentir lo que fue mi vida entonces. Mientras José María estuviera conmigo yo era, sería, un ser vivo… ¡Lo fui!

Dice ella en sus memorias que, mientras José María vivió en este mundo, «navegaba con él en un astroso barco. Junto a nosotros desfilaban otros, viejos y nuevos, y casi todos hechos añicos como nosotros. Y mientras navegábamos, podía soñar en extrañas o posibles andaduras». Sin embargo, un día su barco desapareció. «No sé cómo, me encontré en la playa sin restos del naufragio, sencillamente sola», escribe.

Los barcos siguen pasando e, incluso, saludo y contesto… La cortesía me obliga. Pero yo dejé de navegar y no me interesa ya nada del mar, ni la travesía, ni los puertos. Estoy sentada en la arena, sencillamente quieta. En torno a mí, las tres realidades amadas de mis hijos y los suyos. Pero yo no me encuentro viva o, al menos, en situación de volver a vivir nada. Creo que nunca más podré volver al pasado. Todo terminó aquí. Pienso que el Señor decidió poner fin a mis días. ¡Alabado sea!

Mi padre murió, en efecto, unos meses antes de que lo hiciera mi madre, conforme a su personalidad y estilo: con una sonrisa en sus labios, con las arruguillas que se formaban en sus ojos, tras haber degustado complacido una paella en Benalmádena, su plato favorito, que compartimos a solas los dos, padre e hijo, un radiante día de noviembre de 1984. Al terminar la comida, mi padre se sintió mal y me pidió que le acompañara a tomar un poco de aire fresco. En el momento de traspasar la puerta, se tumbó en el suelo. Había muerto, pero su corazón seguía funcionando por el marcapasos que llevaba desde hacía muchos años. En su rostro creí leer la expresión de quien pide disculpas por las molestias que estaba causando.

Mi madre, por el contrario, murió lenta y prolongadamente, en una verdadera tortura, sin quejarse para no incrementar el dolor de los suyos y tras haber leído la última de Las Moradas de Teresa de Jesús, que para ella era una lectura esencial, definitiva. En plena agonía recibió la visita de algunas personas (entre ellas, el médico y el cura), y yo pude ver cómo salieron de la habitación llorando sin vergüenza alguna, al tiempo que una voz decía en voz alta y conmovida que «era una santa». Y mártir, añadiría yo, sobre todo mártir. Y más aún, pensé. Por encima de todo, mujer, esposa.

UN PERSONAJE CINEMATOGRÁFICO

Por las pocas fotografías que conservo, José María Belloch Puig parecía un personaje cinematográfico, a lo Clark Gable: apuesto y seguro de sí mismo (quizá en exceso). Su historia con mi madre comenzó en la facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, donde ambos estaban estudiando. Él ocupaba su tiempo en actividades de todo tipo, especialmente culturales y políticas, empresas a las que se dedicó siempre que se lo permitieron las circunstancias y a las que sirvió de manera digna y rigurosa. En cuanto a las artes, cabe destacar que escribió una novela, Prohibido vivir, una de las finalistas del Premio Planeta en 1953, edición que ganó Una casa con goteras, del médico aragonés Santiago Lorén. Asimismo, fue en dos ocasiones Premio Nacional de Guionistas Cinematográficos. Realizó, en colaboración con Federico Muelas y Clemente Pamplona, la adaptación de la obra Los amantes de Teruel, que se representó en las propias calles de la ciudad con la participación de grandes intérpretes del Teatro Nacional como Rosita Yarza o José María Seoane, a quienes hizo venir desde Madrid para la ocasión. Tenía mi padre también una tesitura de tenor ligero con la que era capaz de interpretar música clásica y zarzuela, en el Cine Marín de Teruel, con ocasión de las fiestas de Navidad. Uno de sus guiones principales fue llevado al cine con el título de Torrepartida. Aún recuerdo la ovación del público puesto en pie cuando, al estrenarse la película en el referido cine, apareció como guionista en los títulos de crédito.

Durante la Guerra Civil, perteneció a la Brigada Cultural que lideraban Rafael Alberti y María Teresa León. Participó en diversas actividades relacionadas con la compatibilidad entre el cristianismo y el comunismo, observadas con recelo por Líster, a quien tales elucubraciones, como buen comunista, le parecían cuando menos inútiles, si no decididamente contrarrevolucionarias. Pese a ello, autorizó un ciclo de conferencias, probablemente porque admiraba la valentía de mi padre, por entonces un crío de dieciocho o diecinueve años, que se presentaba con más de un adjetivo cristiano. Su benevolencia se expresó de manera muy patente al acceder a la petición de mi padre de que no fusilasen a un militante falangista, uno de los primeros carnets de Falange Española. No sé qué argumentos pudo utilizar para convencer a Líster, pero lo cierto es que el falangista fue puesto en libertad, refugiándose en la zona nacional.

Avanzada la contienda, mi padre fue encarcelado por republicano en la plaza de toros de Valencia, esperando la ejecución de la pena de muerte por haber ejercido supuestamente las funciones de alto mando de las fuerzas aéreas de la República. Pero el hombre ni siquiera había visto un avión de guerra. Semejante acusación tal vez se debió a un error burocrático, en medio del caos y la angustia del momento. Nunca he sabido cómo Alberto Fernández Galar, el falangista a quien mi padre ayudó a escapar de la muerte, se presentó en la plaza de toros donde estaba preso y logró su liberación. Entre ellos se fraguó una íntima amistad a lo largo de la cual discutieron de lo divino y lo humano, especialmente de política, pero siempre con gran respeto. A esta amistad, que se prolongaría hasta la muerte de Alberto, debo mi segundo nombre. Para mí esta no es una mera anécdota, pues aquellas vivencias marcaron profundamente mi propia biografía. Me enseñaron, para siempre y con nitidez, que los límites de la disensión política deben ser compatibles con el respeto sincero y honesto a quienes, por unas u otras razones, sean nuestros adversarios, pero nunca enemigos.

Así era mi padre.

4

Sobre mis hermanos

Mi hermano José Félix (Télix) murió demasiado pronto. Aún tenía muchas cosas que decir y que hacer. Hablar de muerte y, en el mismo párrafo, de justicia, carece de sentido cuando el fallecido era una persona tan singular y tan buena como mi hermano. Su muerte fue injusta, sea lo que sea el orden natural de la vida. Muy injusta. Télix era más que un hermano, era mi mejor y mi más íntimo amigo. Fue la persona en la que siempre se podía confiar, en cualquier circunstancia, ante cualquier problema o dificultad. Siempre me ayudaba con su evidente talento y, en mi caso, con todo su corazón. Estar y hablar con él suponía dulcificar las penas y convertir los pequeños éxitos en alegrías de una dimensión más profunda. Al escribir estas líneas soy ya tres veces huérfano: de padre, de madre y de mi hermano mayor. En tal situación, la soledad me cerca de manera irrecuperable, porque ellos son trozos desordenados de mí. Sin ellos me resulta difícil reconocerme y me conduce a ser peor persona de lo que soy.

José Félix fue, desde siempre, el mejor estudiante imaginable. Cursó sus estudios universitarios en la facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. En su biografía, sacar una nota inferior a la de sobresaliente suponía poco menos que una tragedia griega. Su nota habitual era matrícula de honor y no resultaba posible rebajar su nivel de excelencia. A ello unía una memoria prodigiosa que le ayudó, sin duda, a lo largo de toda su trayectoria notarial y, además, una capacidad de trabajo y una voluntad férrea a la hora de cumplir sus objetivos. El ejercicio de su memoria empezó muy pronto, cuando cursaba el Bachillerato. No dudó en aprenderse de memoria los artículos del Código Civil y de la Ley Hipotecaria. En verdad, no lo hacía por presumir, que también. Lo hacía porque era su sistema de financiación autónoma. El tío Santiago, el hermano de mi madre, también notario, bonificaba esa labor con suculentas propinas a tanto el artículo. Lo de «suculentas» tal vez sea una exageración o, simplemente, era lo que nos parecía a nosotros en unos años de obligada austeridad. En cualquier caso, lo que está claro es que nuestro tío tenía un propósito muy meditado en su generosidad: convencer a su sobrino José Félix de que no había nada mejor en el mundo que ser notario. Sabe el lector que mi familia, más los Julbe que los Belloch, tenía un catálogo muy limitado de profesiones «dignas»: juez, registrador de la propiedad y notario. Por tanto, en mi casa se respiraba Derecho a todas horas, lo que conllevaba —y eso constituía un problema— que la única lógica que regía nuestras opiniones, nuestros hechos y nuestro discurso era la lógica jurídica. Tal reduccionismo no nos ha sido especialmente útil a lo largo de nuestras vidas.

José Félix fue también un gran opositor, tanto en las oposiciones libres como, posteriormente, en las oposiciones entre notarios para ascender a la primera categoría. Fue notario de Barcelona muy joven, y su despacho llegó a ser el más importante de la ciudad. Fue decano del Colegio de Notarios en Barcelona y vicedecano del de España. Y lo más interesante de todo, fue un muy estimable jurista. No tenía otro remedio. Como primogénito y como hermano mayor, estaba obligado a continuar con la saga familiar de los Julbe que se remonta a siglos atrás.

Sin embargo, si algo le gustaba de verdad y más que nada a mi hermano era la política en estado puro. No sé quién le envenenó de esta contagiosa pasión. Quizá mi padre, yo y aún antes el abuelo Félix. Una buena charla después de comer y con una buena copa de licor sobre la mesa eran su mejor regalo. Su mayor disfrute intelectual. Si en su presencia se expresaba una opinión especialmente compleja, se la hacía repetir hasta desentrañar sus últimos matices. Solo la siesta podía interrumpir la conversación.

A todos en la familia nos gustaba la política, empezando por mi abuelo Félix, quien, como ya he contado, apoyó de todas las maneras posibles la formación política, entonces «radical», que lideraba Blasco Ibáñez; siguiendo con mi padre, que tras haber sido juez muchos años, le faltó tiempo para alcanzar las cotas más altas de la política española; y conmigo mismo. Tengo para mí que ese virus contagió también a mi hermano José Félix, pues «hizo política» desde muy joven, pero en otro ámbito y de otro modo. Dedicó sus esfuerzos a la política notarial, mientras, en paralelo, yo estaba haciendo lo mismo en la judicatura. José Félix llegó a ser un muy brillante líder del asociacionismo notarial, como lo habría sido en cualquier otro cometido al que hubiera dedicado sus esfuerzos. Fundó la asociación Foro Notarial, desde donde abanderó, con la misma pasión y generosidad que alumbraron todas sus actividades, la modernización y la apertura del Notariado al conjunto de la sociedad. Sus amigos más directos me cuentan que su vehemencia y su sinceridad le hicieron ganar el respeto de un buen número de notarios y de algunos políticos. Y la amistad y el respeto de los mejores.

Con ocasión de su fallecimiento, me correspondió dedicarle algunas palabras. Entonces dije que «si existe el cielo, en el que yo creo, por sus méritos, desde luego, pero también por la influencia decisiva de mi madre y, en otra medida, de mi padre, mi hermano José Félix estará en un sitio de honor. A su lado, su madre, baza segura para asuntos trascendentales, y su padre, que aunque nunca fue propiamente dicho un santo, fue el hombre más inteligente y más bueno que he conocido. Tengo la convicción de que mis padres y José Félix, desde su plaza permanente de notario, me seguirán tutelando como siempre, pues Dios bien lo sabe que vuestro hijo y hermano, Albertico, os sigue necesitando. José Félix: descansa siempre en felicidad».

UN PATO A LA NARANJA EN VALENCIA

Se trataba de un sábado especial, pero no tanto como para resultar insólito. Era costumbre de mi padre, cuando el dinero le alcanzaba, invitarnos a comer a toda la familia en un restaurante de Valencia. Más que una costumbre, suponía un lujo que mi padre convertía en «asiático» por mor de su imaginación desbordada. Comer con mi padre era, además, una auténtica fiesta en la que participaban todos los sentidos. La palabra «amor» flotaba en las caras de tres niños, asombrados de ser tratados como personajes de un cuento sagrado. Era habitual realizar estos ágapes en uno de sus dos restaurantes favoritos: La Pepica y La Marcelina. No resultaba fácil llegar al restaurante desde Teruel. Imagínese el lector uno de los primeros Seat 600, al que había precedido una moto Vespa con sidecar. En ambos casos debíamos caber cinco personas: mi padre, ya un poco grueso; mi madre, buena moza, y los tres hijos de ocho, diez y doce años. El Seat 600 constituía un alivio en relación con la Vespa. Bastaba con introducir a los tres niños ya grandecitos en el asiento de atrás y a mis padres en los asientos delanteros. Con la Vespa, en cambio, las cosas eran algo más complejas, pues, una vez instalados mis hermanos en el asiento trasero de la moto, fuertemente abrazados, teníamos que introducirnos mi madre y yo en el «car»: mi madre, sentada con las piernas abiertas para que pudiera entrar el pequeño Juan Alberto. El único problema era que año tras año nos íbamos haciendo más grandes y con la adolescencia a la vista, el espacio disponible se iba reduciendo por efecto de una ley física inevitable. En el 600 debía añadirse el más que abundante equipaje preparado por mi madre por los «por si acaso» variados que pudieran producirse durante el viaje, siempre según la lógica femenina. En este caso, el inconveniente era la evidencia de que el equipaje desbordaba ampliamente la capacidad del maletero. No sé cómo lo hacíamos, pero lo cierto es que terminábamos por introducir toda la impedimenta en nuestro vehículo. No, desde luego, holgadamente, pero la férrea voluntad de mis padres superaba todas las leyes físicas.

De los viajes desde Teruel hasta el restaurante en Valencia recuerdo que salíamos de casa muy temprano, casi de noche cerrada. El camino estaba lleno de obstáculos: puertos terribles y otras incidencias como hacer pis, aburrimientos, quejas, vómitos infantiles… Con todo, y no antes de haber parado para llenar dos o tres veces el agua del radiador, llegábamos a nuestro destino, cansados pero felices. Nadie protestaba seriamente por ello. Se trataba de una pequeña tortura plenamente consentida por cuanto al final del viaje nos esperaba la inmortal paella. En cualquier caso, era un sábado especial. Por lo pronto, la ropa que vestíamos no era la corriente, la de todos los días, sino que tenía un cierto aire de estreno. A pocos kilómetros de nuestro destino volvíamos a parar el coche en una gasolinera. Mis padres entraban en los servicios de la estación, portando cada uno de ellos una bolsa de ropa. Al cabo de una larga espera, que nos parecía interminable, salían, para nuestra sorpresa, más guapos y limpios. Para las grandes ocasiones, mi madre se ponía una gota de lo que luego supe era el perfume Chanel Nº 5, el perfume de Marilyn Monroe que mi padre le había regalado y que le duró casi toda la vida, no sé si por ahorrar, cuando quería estar elegantemente vestida.

En uno de los últimos viajes, nuestra madre nos aleccionó en cuestiones de urbanidad. Íbamos a comer, nos dijo, en un restaurante caro, y por lo tanto debíamos cumplir todas las normas que nuestros maestros y ella misma nos habían enseñado para una ocasión semejante. A mi padre no le dijo nada, no ya por estar especialmente bien vestido, sino porque estaba elegante de cualquier forma, hasta con un pijama de rayas.

El restaurante respiraba riqueza y poderío, al menos para mí. Todo de madera, bronce, plata, cristales, sedas y terciopelos en sillas y cortinas. Mi hermano José Félix (Télix) y yo mismo, impresionados, no nos atrevimos a decir nada y nos limitamos a seguir al pie de la letra las instrucciones de un señor vestido de negro y blanco que parecía ser el que mandaba. Encima de los platos nos pusieron una extraña carta, de la cual solo logré identificar la paella. Por eso la elegí. Otro tanto hicieron mis padres y mi hermano José Félix. Y en esto que llegó el turno de Tayo, quien, con absoluto desparpajo y sin inmutarse, con tan solo doce años, pidió pato a la naranja ante el asombro de todos. Esto ocurrió en el año 1963, cuando este manjar originario de la cocina china era prácticamente desconocido en los restaurantes patrios. Mi padre quizá lo conocía, pero no los demás comensales, y menos que nadie, mi hermano Tayo, que aguantó impertérrito las miradas de asombro de todos los presentes, incluido el camarero. Se creó una cierta incomodidad que mi padre corrigió, como siempre, con una carcajada y con la modificación de su opción inicial (paella), sustituyéndola por el pato a la naranja. José Félix, que lo había pasado mal durante toda la escena, y se había puesto colorado, pudo por fin respirar tranquilo. Mi madre se limitó a sonreír a su marido con complicidad y dejar en sus seguras manos la solución. ¿Y yo? Yo no me enteré de nada. Solo tiempo después pude descifrar el verdadero alcance de esta historia.

Lo narrado hasta aquí pretende ser el retrato fijo de mi familia de los años sesenta del siglo pasado. Pero, sobre todo, pretende ser la mejor presentación en sociedad de mi querido hermano Santiago, siempre audaz y valiente. No es este el lugar adecuado, ni soy la persona más indicada para contar las memorias de Tayo, que podrían ser apasionantes. Por eso me limitaré a dar algunos brochazos de aquellos extremos de su personalidad y de su vida que más me han conmovido.

Santiago tiene más de Belloch que de Julbe. Entre otras cosas, es una mezcla del padre y del abuelo Belloch. De su padre ha heredado la condición de hombre renacentista y, con ella, una gran capacidad creativa en muchos campos distintos. Mi hermano es capaz de escribir y recitar versos de manera emocionante, como los que recitó en presencia de sus amigos con ocasión del fallecimiento de su esposa. Fue el productor ejecutivo de la película Renacer (Reborn) de Bigas Luna y ha escrito dos novelas valiosas, Camino de Damasco e Interior. Durante mucho tiempo fue tertuliano del programa de la Cadena SER con más audiencia en la noche. A fecha de hoy, tras superar una grave enfermedad, está preparando un nuevo libro que será audaz e inteligente, como todo lo que hace.

Cuando Tayo eligió pato a la naranja en aquel restaurante de Valencia estaba eligiendo también su forma de vida, que viene interpretando con acierto y respaldado por el amor de la familia. Del abuelo Belloch heredó las habilidades y las artes de un experto en comunicación, y también su visión sobre los negocios. Pero lo verdaderamente esencial en su vida no fue lo heredado sino lo aprendido gracias al amor de su esposa Mikeya y de sus maravillosas hijas, Ariadna y Bárbara. Tayo tuvo y tiene la inteligencia de hacer de su familia, ahora ya sin la esposa fallecida, el fortín desde donde afrontar los asedios, que no han sido pocos, y donde celebrar todos los éxitos también abundantes. Recuerdo cómo Mikeya y las niñas le escuchaban emocionadas cuando les contaba sus historias. No importaba en absoluto que algunas de esas historias tuvieran un porcentaje más o menos alto de veracidad. Lo relevante era la pasión con la que las contaba, y la pasión con la que las disfrutaba su familia.

Santiago, algo habrás hecho muy bien para que tu familia te haya querido, en especial Mikeya, y hoy te sigan queriendo tus hijas. Seguro que los nietos también te adoran.

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Los primeros años viviendo en común

Mis padres tuvieron descendencia en cuanto pudieron. Así, mi hermano mayor, José Félix, nació en Valencia en 1945, Santiago lo hizo en Madrid en 1947, y más tarde, en el año 1950, «Juanito Albertito», como me llamaba mi padre, en Mora de Rubielos (Teruel), en las llamadas «Casas del Maestro».

Télix y Tayo nacieron en tiempos difíciles y forzosamente austeros. La situación familiar no era boyante, ni siquiera cercana al modesto estatus de una dorada burguesía, sino más bien próxima a la pobreza. Nunca he sabido cómo sobrevivieron económicamente mis padres, pues carecían de una fuente estable de recursos. La leyenda familiar sostiene que pudieron lograrlo gracias a trabajar como «negros» en novelas populares de Marcial Lafuente Estefanía y Corín Tellado. Intenté en numerosas ocasiones que dijeran en qué novelas concretas habían colaborado, pero lo cierto es que nunca lo hicieron y tampoco me confirmaron ese pasado oscuro, diría yo.

No pudieron recibir, desde luego, bienes de la herencia del abuelo materno, don Félix, por tener que invertir todos sus ahorros y bienes en sufragar los gastos supuestos por la preparación de las oposiciones de mi tío Santiago al notariado. Tampoco recibieron ayuda de parte de mi abuelo paterno, joyero de profesión, debido a su apego al dinero y a una difícil situación económica causada por una estafa de su administrador, que terminó por quitarse la vida. La primera parte de la vida del abuelo José María fue feliz y prolífica económicamente. Gracias a la explotación de sus joyerías (fue, de hecho, uno de los introductores en España del llamado «oro alemán»), obtuvo una fuente de ingresos que parecía inagotable. Incluso llegó a tener una sustanciosa fortuna en bienes inmuebles. La estafa sufrida y los consiguientes pleitos que mi abuelo interpuso en los tribunales para revertir la situación le supusieron tal estado de angustia que corrió a refugiarse en casa de mis padres (o sea, en mi casa) en Teruel. De vez en cuando se marchaba a Valencia, pero estas excursiones duraban lo que el dinero del pleito que había ganado, que nunca era mucho. Mi padre le dejaba hacer sin intentar disuadirle de su conducta, aunque en una ocasión no tuvo más remedio que reprocharle su actitud. La estancia en Valencia se prolongaba más allá de lo habitual, por lo que hizo indagaciones y se enteró de lo que estaba ocurriendo. La obsesión de mi abuelo por las señoras, sobre todo por las que él denominaba «artistas», con las que se mostraba espléndido, le había llevado a enamorarse de una supervedete del Teatro Ruzafa. Entre otros homenajes, le prometió matrimonio, a pesar de llevarse más de cincuenta años de edad, y le engañó acerca de su fortuna, inexistente a la sazón. Todo un clásico. Ante tal estado de cosas, mi padre, lejos de tratar de hablar con el suyo, entendió que era preferible hacerlo con su prometida. Así, provisto de una prolija cantidad de pruebas y documentos, se dirigió al domicilio de la artista. Ella trató de convencerle de que su relación con mi abuelo se basaba únicamente en el amor. Inició su defensa con un entusiasmo que se fue apagando a medida que mi padre le iba demostrando la verdadera situación económica de su prometido. Siete días después de regresar mi padre a Teruel, el abuelo José María hizo lo propio, aunque sin excesivo apuro, y permanecería en casa con nosotros hasta su fallecimiento. Mi madre, que era una santa, como ya he mencionado, cuidó del cuerpo y alma de su suegro hasta el momento de su muerte.

No tengo muchos recuerdos de mi abuelo paterno, salvo uno especialmente desagradable cuando yo tendría ocho o nueve años. No sé para qué, yo coleccionaba los cartuchos de cartón de color amarillo en los que se guardaba el jabón de afeitar de la marca Heno de Pravia. Y un día, cuando salía del cuarto de baño, apareció mi furibundo abuelo, titular y dueño del cartucho, y comenzó a pegarme de manera persistente, hasta que pude escapar de sus garras. Nadie se molestó en dar crédito a mis lamentaciones, que cayeron en saco roto. Recuerdo también el día de su muerte. Me dejaron verlo, exánime y pálido en su cama. Me sorprendió cómo mi padre (ahora entiendo que para rebajar la tensión y el silencio) se pusiera a bromear con sus hermanos y el resto de la familia. No recuerdo haberme reído tanto y con tantas ganas, alegre y aliviado. La última fotografía que tengo plasmada en mi cerebro es el momento de abrir el baúl donde el abuelo guardaba sus supuestos tesoros. Solo encontramos un montón de ropa sucia y maloliente, y seis pesetas. La ropa sirvió para tapar el coche que teníamos, un Seat 600 de los primeros que circulaban por Teruel, y evitar que se helara en el frío invierno. El dinero fue distribuido entre los niños.

LOS MOMENTOS MÁS FELICES

Me consta que, cuando yo nací, mis padres seguían queriéndose con un entusiasmo y una alegría desbordantes, como si el tiempo fuera a agotarse sin darles la posibilidad de vivirlo todo. No tengo ninguna duda de que, pese a los problemas económicos y otros derivados de la vida cotidiana, en ese tramo de su vida fueron profundamente felices.

Poco a poco, las restricciones de todo tipo que la dictadura de Franco impuso a los perdedores, entre ellos mis padres, se fueron aliviando. Sea por ello o por la intervención de mi padrino, Alberto Fernández Galar, lo cierto es que, a finales de los años cuarenta, se les permitió presentarse a las oposiciones a la función pública: mi madre ganó la oposición a TAC y mi padre, la de juez comarcal, primero, y juez municipal, después.

Solo entonces, cuando la familia pasó a vivir bajo la cómoda concha de la clase media, decidí nacer yo, a cubierto de toda contingencia. Mi madre se empeñó en que el parto se produjera en su domicilio, atendida por el médico del pueblo, el doctor Torres. Las cosas, parece ser, salieron bastante bien para el hijo y para la madre. En Mora de Rubielos, primer destino como juez de mi padre, y en Teruel capital fue donde Marita vivió sus momentos más felices.

Mi memoria conserva de aquel tiempo un nítido recuerdo de una noche en pleno invierno turolense. Nevaba intensamente y mis padres, bien abrigados, atravesaban el viaducto en medio de la ventisca; mi madre iba con un largo abrigo de manta zamorana, envuelta en una gruesa bufanda y con un gorrito de piel tapándole las orejas. En un irrepetible momento familiar, parece que los esté viendo pasear sin poder aguantarse la risa. Eran felices, y ni podían ni querían disimularlo. Tenían razones poderosas para ello. En el Cine Marín o en el Victoria les esperaba un programa doble y, lo que es mejor, en el bolso de mi madre, dos bocadillos de tortilla francesa. El crujido de papel que los envolvía tenía una musicalidad magnífica. Sabiendo que sus hijos estaban calentitos y seguros en casa, podían entregarse a una soledad plena, solo compartida por ellos, por ellos solos disfrutada.

SIEMPRE DEL LADO DE LOS PERDEDORES: UN DISFRAZ DE INDIO

El primer recuerdo de mi infancia es estrictamente gastronómico. En una foto se ve un niño muy pequeño, que apenas sabe andar, pero casi tan grande como su ama de cría, la tata Antonia. Lleva en la boca una longaniza sustraída de la orza y, en la mano izquierda, otra rezumando grasa y esperando su suerte. Se puede apreciar el ansia metódica del bebé, comiendo tranquilo y seguro de estar haciendo lo correcto. A mi madre, por las muchas veces que lo contaba, esta imagen le hacía una gracia infinita, más de la que yo podía comprender.

El siguiente recuerdo que conservo es mi incapacidad para recortar, como Dios manda, una margarita de papel a la que dar vueltas y más vueltas. Nunca lograba que al menos dos de los recortes fueran iguales. Mi técnica fue un fracaso tan estrepitoso que traspasó las fronteras de mi escuela y se incorporó al escenario familiar como algo supuestamente gracioso para todos, salvo para el autor del desaguisado, que nunca acabó de entender el porqué de las chanzas y, sobre todo, de la esquiva actitud de la margarita.

Ahora bien, lo que sí recuerdo con absoluta nitidez, a pesar del tiempo transcurrido, es el entusiasmo que despertaba en mí la presencia de mi madre. Normalmente, cuando sonaba el timbre de casa, mi ama de cría y yo sabíamos que detrás de ese sonido se encontraba ella. Era abrir la puerta, ver su cara sonriente e invadirme una alegría profunda, como si pensara que en ese momento comenzaba la vida o, mejor, la «buena vida», en la que solo existirían besos, abrazos y palabras que, por fortuna, iban a ser eternas, si no en el tiempo, sí en mi mundo, pequeño como yo y confortable. Lanzaba entonces mis brazos y todo mi cuerpo al cuello de mi madre, quien me alzaba, no sin apuros, pues yo pesaba mucho. Reposando ya en semejante paraíso, yo cerraba los ojos y permanecía quieto para que ese instante no acabara nunca. Supongo que, por esa razón, mi madre me llamó durante años «bolita», cosa que nunca me pareció mal. Era un vínculo, mi vínculo con ella, que no compartía con nadie más, ni con mi padre ni con mis hermanos.

Las fiestas de los Reyes Magos se celebraban en mi casa con una especial emoción, tanto cuando fuimos pobres como después, cuando dejamos de serlo. Recuerdo con fruición el año en que en mi carta pedí a Baltasar un camión y un traje de indio. Pues bien, los Reyes se portaron como debían, dado que habíamos sido buenos, y me trajeron un camión de madera realizado por un carpintero aficionado, el maestro de la escuela. Era algo primitivo, aunque, eso sí, tenía un llamativo color rojo y, sobre todo, disponía de una cuerda bastante larga con la que podía trasladarlo a cualquier sitio. Sin embargo, el traje de indio se llevó la palma. Consistía en una especie de cinturón de tela del que colgaba un puñal de goma y, además, una pluma para el cogote. Aquel sencillo disfraz infantil fue el verdadero triunfador de la fiesta. Era tal mi entusiasmo que, dirigiéndome a mi madre, le dije: «Ya lo tengo todo y todo». Mi madre repetía de vez en cuando este episodio, y cuando terminaba de contarlo, siempre estallaba en una carcajada que —eso pienso hoy— no estaba exenta de una cierta melancolía. Al menos mi madre y yo aquel día fuimos felices.

De mis aventuras en Mora de Rubielos apenas conservo recuerdos, aunque, según mis vecinos, parece que tuve cierta propensión por romper los cristales de las farolas del pueblo, una actividad no muy adecuada para el hijo del juez. Eso sí, desde niño tuve casi siempre una inclinación ideológica muy definida que no sé dónde la aprendí. Consistía en ponerme del lado de los perdedores: los íberos frente a los romanos, los romanos frente a los bárbaros, los moros contra los cristianos, Rommel frente a los Aliados, indios contra vaqueros, los republicanos frente a los nacionales, los estandartes rojos contra los estandartes azules… Era como si durante mi infancia entendiera que la historia se dirimía entre buenos y malos, una especie de enfermedad que me ha costado tiempo y esfuerzo superar. A veces reincido en esta consideración, pese a saber que es muy injusta, pero ya por menos tiempo.

«HAZAÑAS» DE UN LÍDER INCIPIENTE

Cuando tenía unos diez u once años, ocurrieron dos acontecimientos en mi vida que se me antojan determinantes para mi manera de entenderla y, además, supusieron el fin de mi infancia y el comienzo de una larga adolescencia. Tras ellos, las cosas nunca volvieron a ser iguales.

El primero de ellos tuvo lugar con ocasión de la fiesta organizada en honor del patrono de los estudiantes, santo Tomás de Aquino, mientras estudiaba lo que llamábamos «Preparatoria de ingreso» en el Instituto Ibáñez Martín de Teruel. Uno de los actos consistía en la composición de una gran rueda, de la que formábamos parte chicos y chicas. El círculo comenzaba a rodar y al estudiante que estaba en el centro, mientras bailaba, lo que en mi caso era penosamente difícil, le correspondía elegir a la persona que fuera de su agrado. Empezamos a girar y, en un momento dado, la chica que estaba en el centro se colocó frente a mí y me eligió. Esto significaba que el chico era armado caballero y debía velar por la dama mientras durara la fiesta; eso sí, cuando terminara, podía recuperar su libertad y no estaba obligado a mayores aproximaciones ni servicios. Así que, tras una serie de suertes muy variadas y noches en vela, reuní el valor suficiente para preguntarle a la dama en cuestión si quería ser mi novia, y obtuve el primer y gozoso «sí» de toda mi vida. Aquel noviazgo tuvo algunas ventajas prácticas, como el incremento del número y la cantidad de cacahuetes que obtenía en todas las ocasiones en que iba a la tienda de chucherías de la que era propietaria su madre, tienda que llamábamos «La Tropela» y que estaba ubicada al principio del viaducto de hierro. Por lo que recuerdo, siempre que me servía mi novia las raciones aumentaban generosamente, con la cautela necesaria, eso sí, para que su madre no se diera cuenta.

Mi papel de novio era estrictamente platónico, pero tuvo también alguna desventaja al convertirse en un deber inexcusable proteger a la novia frente a cualquier lance en que pudiera ponerse en cuestión su honor o dignidad. La condición de chevalier servant obligaba a realizar toda clase de tonterías y alardes heroicos cuando ella te miraba, incluso a mantener el liderazgo entre tus amigos. De aquellos años difíciles conservo numerosas cicatrices ganadas en buena lid en la espinilla, en la mano izquierda, en la frente, en el brazo derecho… Fueron tantas las caídas y las heridas sufridas que tenía que ir solo al médico de guardia para que me pusiera puntos y grapas, mientras le rogaba que no dijera nada a mis padres, especialmente a mi madre. El problema después era disimular la herida, y cuando no era posible, tenía que discurrir alguna causa razonable que explicara el estropicio. Entre las cicatrices más meritorias quiero destacar mi enfrentamiento en los Jardincillos de Teruel con un grupo de chavales con fama de pendencieros, a los que, tras amenazarles con un palo grueso, logré poner en fuga. Y todo ello en presencia de mi novia, lo cual, como es bien sabido, dota siempre al enamorado adolescente de una singular aureola.

En el género de la mera estolidez merecen citarse otras «hazañas», tales como mis paseos por el exterior de las torres mudéjares o la escalada por los andamios de una casa en construcción para tratar de alcanzar las hojas de una morera situadas a gran altura, que luego pretendía regalar a mi novia. La hazaña no terminó de salir bien, pues me resbalé y en el intento de evitar la caída agarré un clavo que me atravesó la mano, dejándome literalmente colgado.

De entre las numerosas tonterías a las que me obligaba mi condición de líder incipiente está la que probablemente bata algunos récords. El caso es que mis padres podían permitirse el lujo de comprar libros de texto nuevos, a diferencia de la inmensa mayoría de los alumnos, que utilizaban libros de segunda mano procedentes de sus hermanos mayores, familiares o amigos. El contraste que había entre mis libros impecables y los deshojados y sucios textos de segunda o tercera mano era tan palmario que decidí tomar una drástica medida para evitarlo. Una tarde, delante de varios testigos, arrojé uno a uno todos los libros nuevos desde el primer arco del viaducto de Teruel, esparciéndose por los huertos de los alrededores, para más tarde recogerlos y utilizarlos en condiciones de igualdad con mis compañeros. Lo que entonces me pareció una proeza no deja hoy de resultarme una absoluta necedad. Los libros, fieles compañeros a lo largo de toda mi existencia, tienen sus derechos, y uno muy principal es el de sobrellevar una vida digna.

Otra historia que completa mi asentamiento firme en la adolescencia tuvo lugar en el instituto donde estudiaba. Allí había la antigua costumbre de embellecer las aulas con toda clase de ornamentos durante las fiestas de Navidad. El año anterior habíamos ganado de calle el concurso, de modo que repetir la hazaña se convirtió para nuestra clase en una cuestión de honor. Para lograrlo, desvalijamos los adornos de nuestras respectivas casas, lo que generó no pocos problemas familiares. Aún recuerdo con qué ilusión dejamos el aula convertida en un maravilloso decorado navideño. Sin embargo, mientras nosotros nos preparábamos para recoger el premio, que dábamos por seguro, en otra parte del instituto tenía lugar un auténtico drama. Las chicas de la clase rival nos habían denunciado ante el jefe de estudios, acusándonos de haberles robado unos adornos. La acusación era absolutamente falsa, no había prueba alguna que pudiera justificarla. Pese a ello, un día antes de la resolución del concurso, el jefe de estudios sentenció que debíamos entregar a las chicas tres bolas de Navidad. La injusticia de esta decisión era tan obvia y palmaria que provocó, al menos en mí, una reacción de indignación ilimitada. Reunido con mi grupo, acordamos restablecer el honor mancillado, y cuando la comisión entró en nuestra aula para evaluar el trabajo, se encontró que no había adornos de ningún tipo. ¡Estaba completamente vacía! Superada la primera reacción de sorpresa, los miembros del jurado preguntaron qué había pasado y yo les expliqué que la noche anterior habíamos decidido no solo dejar vacía la clase, como reparación a la injusticia cometida, sino que además habíamos llevado todos nuestros adornos al aula de las chicas. Teníamos la total confianza en que ellas, avergonzadas por su conducta, nos pedirían disculpas y que otro tanto haría el jefe de estudios. Pero, para nuestro desconcierto, no sucedió ni lo uno ni lo otro. En el fondo, nos daba igual, pues éramos nosotros quienes habíamos ganado. La satisfacción que me provocó este incidente me enseñó bien pronto que la justicia y la injusticia se recompensan o se castigan en la Tierra, sin perjuicio de una posible intervención celestial posterior. Aquel día comprendí que valía la pena luchar por la justicia sin tener que esperar recompensa ni reconocimiento alguno.

Una sensación muy semejante tuve años más tarde, cuando estaba haciendo las prácticas de la Instrucción Premilitar Superior o IPS (la mili para los estudiantes universitarios). Llevábamos toda la mañana lanzando «morterazos» sobre un valle repleto de pinos. Después de cada tanda de disparos se producía invariablemente un incendio en el fondo del valle que era preciso atajar, lo que suponía bajar y subir repetidas veces por una ladera encrespada. La reiteración de ese ciclo fue alimentando la indignación de los estudiantes soldados. Simplemente, no comprendíamos qué razón motivaba aquel desatino. El asunto se complicó aún más cuando, al llegar al comedor del regimiento con retraso sobre el horario fijado, nos encontramos con una especie de sopa fría y pastosa de la que emergía un irreconocible pedazo de carne… o tal vez fuera pescado. A instancias de un médico mallorquín, nos pusimos en pie y nos declaramos en una huelga de hambre que evitó la prudencia del oficial al mando. Poco a poco se confirmaba en mi interior la sospecha (ahora muy fundada) de que, en todos los casos, cuando hay un conflicto entre partes enfrentadas, debe optarse siempre por la más débil, que normalmente constituyen los portavoces de las causas más justas. A cambio, recibes el regalo inesperado de la alegría interior, aunque no sepas de dónde viene y a quién puede alcanzar.

UN VERDADERO PECADO MORTAL: TRES AVEMARÍAS Y UN PADRENUESTRO

El fin de mi masculina adolescencia tuvo lugar una tarde de otoño de 1963, con trece años, cuando se produjo mi primera experiencia sexual.

A esa hora intermedia, imprecisable, en que el día se extiende sin llegar la noche, creyendo estar solo en la casa familiar, me encontré sentada en un sofá del amplio salón a una visitante que, al parecer, estaba esperando el regreso de mi madre. La conocía vagamente. Era una mujer de su confianza que por entonces debía de tener unos cuarenta bonitos años. Al sentarme a su lado solo acerté a ver en sus ojos una mirada ardiente y percibí su generoso escote entreabierto. No tuve dudas: el destino de esa mujer —o eso pensé yo— era introducirme en el mundo del placer, del verdadero pecado de la lujuria, uno de los catalogados como mortales. Me lancé sin remilgos y consumé con excesiva torpeza y rapidez, según supe después. Con todo, aquella tarde de otoño me pareció heroica y primaveral.

Las cosas se torcieron al día siguiente, cuando, con un discutible arrepentimiento, decidí acudir a un confesor. «No vaya a ser que me muera estando en pecado mortal y me condene a las penas del infierno», pensé para mí. El elegido fue el cura de la familia, mi confesor habitual. Mis pecadillos consistían básicamente en desobedecer a mis padres, romper libros o no estudiar lo suficiente (aunque siempre terminaba por aprobar) y hurtar las monedas que mi padre llevaba en los bolsillos de su chaqueta y que él tuvo siempre el buen gusto de no echar de menos. En fin, una verdadera sosería de pecados que se correspondían con mis escasos años y que tenían como contrapartida unas exiguas penitencias: tres avemarías y un padrenuestro. En ocasiones, un poco avergonzado por mi magro historial pecador, me inventaba algún que otro pecado de mayor enjundia, lo que me valía el incremento razonable de la penitencia. Pero aquel día, justamente aquel día, mi posición parecía importante, sólida, pues había perpetrado un pecado mortal, el pecado de los pecados: la comisión de actos impuros que debería acarrear una pena proporcional a su gravedad. Sin embargo, el confesor, tras someterme al exhaustivo y clásico interrogatorio solicitando los detalles más procaces, debió de llegar a la conclusión de que estaba mintiendo o, al menos, exagerando, de modo que mi confesión no mereció ni un ápice de su crédito y me impuso la penitencia de costumbre: tres avemarías y un padrenuestro. Tanto me indignó su escasa profesionalidad y tan gravemente me ofendió que dudase de mis palabras, cuando no había motivos para ello (por lo demás, reconozco que sentía un secreto orgullo por mi proeza), que aquella desconfianza suya decidió en cierto modo la mía hacia la institución de la confesión por su carácter indudablemente falible. Hasta tal punto fue así, que nunca más volví a confesarme.

6

De mi juventud, viajes y destierro

Un episodio de una especial crueldad provocó nuestra partida de Teruel en el año 63. Mi padrino Alberto promovió la concesión a mi padre de una determinada medalla; una ocurrencia que, realizada con la mejor de las intenciones, terminó, sin embargo, en un desastre. A pesar de que habían transcurrido veinte años del fin de la guerra, y de que mi padre era juez desde el año 1950, las fuerzas vivas de la ciudad que apoyaban el régimen de Franco, enteradas de la propuesta, decidieron iniciar una campaña contra él, alegando su pasado republicano, con la finalidad (ignoro si lo lograron) de impedir su concesión. Lo que tenía que ser un acto simbólico de reconciliación de las dos Españas se convirtió en un recordatorio del rencor vigente, sobre todo en la España periférica y del interior. A mi padre le resultó inadmisible la situación creada por el incidente y, a toda prisa, decidió nuestro traslado a Barcelona, por entonces una gran urbe comparada con la ciudad de los Amantes. Yo apenas era un chaval de trece años, y fui su única compañía en el viaje.

Nos instalamos provisionalmente en un hotel modesto, situado en L’Hospitalet de Llobregat, mientras mi padre se dedicaba a buscar un alojamiento digno donde poder traer lo más pronto posible a mi madre y a mis hermanos, lo cual ocurrió poco tiempo después. Yo retomé de nuevo mis estudios de Cuarto y Reválida, y tras un largo y extraño periodo vacacional, me matricularon en un instituto público de L’Hospitalet. Arrastraba por entonces un fuerte déficit en latín y griego, de modo que fue necesario que tomara clases de una profesora particular. La idea en abstracto era buena, pero su ejecución me causó problemas que nunca antes había experimentado.

En mi Teruel no había transporte público de ninguna clase; íbamos a todas partes a pie o en bicicleta. De repente, en Barcelona, para cualquier desplazamiento había que coger uno o dos autobuses y, ocasionalmente, el metro. Llegar a cualquier sitio costaba una enorme cantidad de tiempo, máxime cuando, como era el caso, había que desplazarse el mismo día y casi a la misma hora a tres sitios distintos y alejados entre sí: de casa al instituto, de allí al domicilio de la profesora particular, de nuevo al instituto y, finalmente, la deseada vuelta a casa.

El día empezaba a las siete de la mañana y no terminaba hasta las ocho de la tarde. Llegar a casa no significaba que se hubiera acabado la jornada de trabajo, pues había que hacer infinitos deberes. Solo durante la cena o los fines de semana podíamos hacer una verdadera vida familiar. En días de labor tenía que comer fuera, concretamente, en un banco de madera con vistas a un mediocre parque municipal. Allí en soledad, con frío o calor, abría la tartera donde mi madre había depositado enormes cantidades de judías o garbanzos animados con carne o tortillas. Desde mi condición evidente de niño mimado, hijo del juez de una capital de provincias, me parecía que comer así constituía una especie de maldición divina que me era impuesta por alguna culpa o pecado cuyo origen yo creía conocer. A pesar de la soledad y la dureza del comienzo de una vida nueva que no pintaba bien, jamás me quejé a mis padres. Guardé para mí aquella desolación; lo contrario habría supuesto reconocer mis incursiones en el ámbito del sexto mandamiento, y lo que entonces necesitaba era continuar con mi vida, un tanto clandestina pero sin remordimientos.

Los fines de semana, viernes y sábado noche, eran territorio de libertades. Mis recién adquiridos amigos del instituto me llevaban a extraños lugares situados en polígonos donde chicas y chicos de los barrios industriales intercambiaban fluidos y ardientes manoseos, con el límite máximo de la masturbación. Ello no suponía, en ningún caso, una promesa de relaciones sexuales completas, pues las chicas, que tanto parecían ofrecer, resultaron ser tan exigentes y esquivas como las adolescentes de clase media de mi Teruel. Recuerdo con especial intensidad una noche en la que, bailando con una de ellas, al tomarla de la mano, noté la palma de la suya como encallecida y rugosa, fruto sin duda de un rudo trabajo manual. No quise volver más, me sentía mal, me sentía un intruso. Un poco como le ocurría al personaje de Teresa en la fantástica novela de Juan Marsé.

En casa, la situación se iba resolviendo poco a poco, aunque nuestra vivienda siguiera siendo incómoda y pequeña, y nuestros recursos económicos, de nuevo escasos. Recuerdo con tristeza aquella puerta de cristal de la cocina, que daba a un balconcito, que se había roto y entraba un frío intenso que intentábamos paliar tapando el agujero con un plástico. Tampoco olvido la Nochebuena de 1965, ya en Barcelona, cuando las viandas que por fin pudimos disfrutar no consiguieron caldear un ambiente desangelado, ni la sensación de que nos habíamos equivocado, que nunca deberíamos haber abandonado nuestro Teruel, nuestro hogar. Pero mis padres no eran personas que se amilanasen por tan poca cosa y no tardaron mucho en reconstruir pieza a pieza nuestro sólido edificio de felicidad.

En mi caso, todo cambió cuando mis padres tomaron la súbita decisión de matricularme para el Bachillerato Superior y el entonces llamado «Preuniversitario» en el Colegio de los Escolapios de la calle Balmes, el mejor y más estimulante espacio en el que he estudiado en toda mi vida. Durante mi estancia allí no recibí otra cosa que atención y cariño. Me enseñaron, aunque sin mucho éxito, dada mi petulante adolescencia, la importancia decisiva de una virtud nunca suficientemente valorada: la humildad. Buena parte del mérito lo tenía el señor Corral, mi profesor de Literatura. En un curso anterior nos dio a conocer la obra del magnífico poeta Pere Gimferrer y nos hizo saber que estábamos en presencia de una personalidad poética definitiva. El tiempo le daría la razón. A mí, sin embargo, me hizo ver que, aunque tenía una gran vocación poética, mi obra no estaba a la altura de mis descompensadas expectativas. El profesor Corral tuvo, eso sí, la generosidad de elogiar mis supuestos poemas, estimulando con ello mis aficiones literarias. Durante mucho tiempo me persuadí de que tenía que dedicar mi vida a la literatura, hasta que por el camino se me cruzó otra propuesta, esta con una convicción y una fuerza avasalladoras: la de juez.

Recuerdo la pugna que manteníamos mi generoso maestro y yo por el tema de la bata, por aquel tiempo, una prenda obligatoria como parte del uniforme. Tuve que convencerle de que el aspecto impresentable de la prenda, llena de manchas y desgarrones, no se debía a mi actitud rebelde (como así era), sino a que se me olvidaba llevarla a casa para que la lavaran y plancharan. El señor Corral aparentó aceptar divertido mis excusas y al final me dispensó de llevarla. No se sabe cómo, apareció por casa una fotografía de cuerpo entero en la que se apreciaba su estado calamitoso, lo que provocaba de manera reiterada las carcajadas de mi madre. Ella nunca se cansaba de reír a mi costa, y yo nunca entendí del todo el porqué de tanta alegría cuando esperaba una actitud crítica y severa a mi conducta provocadora. La verdad es que nadie me hacía mucho caso.

Hubo durante mi juventud largos veranos y tiempo para los grandes viajes. El primero de ellos fue en tren de Teruel a Madrid. Era la primera vez que viajaba solo, libre y feliz. El destino no importaba. Para mí, el viaje y la estancia en la inmensa capital tenían todos los alicientes de la aventura. Iba a pasar una temporada en casa de mis abuelas maternas: la abuela María y la tía abuela Amparo, y el tío Santiago, hermano de mi madre, a quien las mujeres de la familia mimaban sin contemplaciones. La casa en la que vivían era muy grande y estaba situada en el centro de la capital, en la calle Alonso Cano. Una tenue oscuridad empañaba sus estancias, como si estuviera de luto. Y, en cierto modo, lo estaba. Nadie se había recuperado aún del fallecimiento prematuro del abuelo Félix. Ni su esposa, ni la tía Amparo (secretamente enamorada de él), ni sus hijos Félix, Santiago y Marita, mi madre. El tío Santiago, ya por entonces solterón, vivía en un clima triste y apagado del que indudablemente no sabía cómo salir.

Un día creyó encontrar la puerta de salvación en la familia de mi padre, y especialmente en mi encantadora tía Marina, hermana de mi padre, una mujer inteligente y sensible como pocas, poseedora de unos ojos soñadores verdeazulados tan frecuentes en la familia Belloch. Cuando mi tío la visitaba, era agasajado como un rey; bueno, más bien como un rey moro, pues en la casa existía un cuarto al que llamaban el «cuarto moro», que estaba profusamente adornado. Según fuera el clima, Santiago se instalaba en el famoso cuarto o en el balcón, que hacía las veces de terraza, para descansar. La tía Marina le servía su bebida preferida y se limitaba a escucharle con entregado fervor. En este su segundo hogar, a diferencia de la casa de las abuelas, había risa y alegría. En él escuchaba música clásica, aunque no la apreciase en exceso, y se abandonaba a la lectura, especialmente Proust. El aire allí era limpio, olía a felicidad... Y el tiempo pasaba rápido y ligero.

En ocasiones nos llevaban a los niños al parque de atracciones. De ello se encargaban Manin (mi prima preferida), Carlos, Angelito, Vicky y Elenita, porque los tíos ni se bajaban del coche. Santiago me entregaba una cantidad inusitada de dinero para gastarlo como yo mejor considerase, pero con la instrucción de no regresar hasta que se hubiera agotado. Supongo que el tío compraba así su intimidad. Y nosotros estábamos muy satisfechos con el valor de la compra.

Éramos una extraña familia integrada por Marina, su marido, el tío Ángel, sus hijos, las abuelas y yo, el sobrino provinciano. A veces, cuando hacía buen tiempo, salíamos todos al campo para comer bajo los pinos. Recuerdo los platos relucientes y pulcros llenos de comida deliciosa, y al terminar las abuelas nos instaban a hacer una siesta, bien con mantas en el suelo, bien en las tumbonas traídas de casa. Todos acataban su decisión, incluido el tío Ángel. Cuando se oían los ronquidos, el tío Santiago y la tía Marina salían a dar un paseo por el monte y no volvían hasta pasada al menos media hora. Era su tiempo secreto, que se repetía siempre, en toda excursión, en cada salida. En la familia se especulaba sobre la verdadera naturaleza de su relación, pero lo único cierto que yo sabía, porque lo presencié con frecuencia, es que se querían y que les gustaba estar juntos, escucharse juntos, vivir juntos. Desconozco qué habría pasado si el tío Santiago no hubiera fallecido de manera prematura. Su historia no tuvo el final que merecían.

UNA MOCHILA LLENA DE ILUSIONES

Otro de los viajes de mi juventud lo hice con la que luego sería mi primera esposa. Recorrimos toda España. En principio iba a ser un viaje en autostop, cargados con una ligera mochila que tenía dos mudas para cada uno y un montón de ilusiones. El viaje lo íbamos a sufragar a medias; en mi caso, con el dinero que había obtenido al trabajar como ayudante de barman en un hotel de cuatro estrellas en Sitges. Cuando ya nos encontrábamos en Asturias, en los puertos de Pontón y Tarna, nos recogió un coche con matrícula francesa, ocupado por una pareja algo mayor que nosotros de la que nos hicimos muy amigos. Ellos pensaban llegar hasta Santiago de Compostela y pasar allí algunos días, pero yo les planteé que se sumaran a nuestro tour español y, sin pensarlo, aceptaron la oferta. Acordamos que los franceses pondrían el coche y nosotros la mitad de la gasolina y la tarea de ser sus guías e intérpretes. Fue un viaje iniciático, seguramente imposible de reproducir, pues las cosas han cambiado mucho desde entonces. No teníamos los miedos cruzados de ahora. En los años setenta, el conductor y el autoestopista establecían una relación basada en la buena voluntad y en la generosidad del otro. Nadie imaginaba que se pudiera correr peligro alguno.

A lo largo del viaje por Asturias, Cantabria, Galicia, Extremadura, Andalucía y el Mediterráneo hicimos noche en toda clase de parajes, salvo en hoteles y pensiones, pues lo impedía nuestra magra economía. Las noches en que dormimos al aire libre eran casi una celebración: noches de verano, hermosas e interminables, con los cuatro resguardados en nuestros sacos de dormir, disfrutando del cielo inacabable y el aire fresco de la noche. Elegimos como fonda provisional playas, prados, chamizos, pajares y casitas de labranza, con o sin el permiso del propietario. Cuatro semanas después llegamos a Barcelona más viejos, más felices y creo que más sabios. Hicimos unos amigos que parecían iban a durar siempre, pero con el discurrir del tiempo, únicamente quedaron en nuestra memoria. Eso sí, nos enseñaron a vivir y a comprender el sentido auténtico del viaje.

SIEMPRE NOS QUEDARÁ PARÍS

En mayo de 1968, todos estuvimos de diversas maneras en París. Unos fantaseando con ello, otros manifestándonos ante la embajada estadounidense y levantando adoquines para encontrar la playa oculta debajo, que, ciertamente, allí estaba.

Otro Juan Alberto (este de apellido Ollé, hermano de la que entonces era mi novia) y yo llegamos a la conclusión de que era obligado viajar hasta la capital del mundo y observar qué estaba ocurriendo. Era, sin duda, una revolución, pero a nuestros diecisiete años no teníamos muy claro su finalidad ni su alcance. De lo único que estábamos seguros era que había que cambiarlo todo.

Una mañana del verano de 1967, los expedicionarios descendimos de un tren procedente de Barcelona en la Gare d’Austerlitz. En el andén, Blondine, la novia francesa de mi amigo, nos acogió con una gentileza que entonces me pareció propia de las auténticas parisinas y nos llevó hasta la casa de sus padres, en la place d’Italie. Allí nos cambiamos de ropa y nos duchamos para desprendernos del olor de las literas. Blondine nos enseñó los monumentos más icónicos de París, las riberas del Sena y nos invitó a comer en el Café de Flore, donde despachaban doctrina Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Aunque no pudimos gozar de su presencia física, para nosotros fue más que suficiente contemplar la mesa y los asientos donde departía la pareja existencialista. Tras la preceptiva siesta, para mí insoslayable, vinieron a conocer a los españolitos ávidos de emociones la hermana mayor de Blondine y su novio Didier, con quien iba a casarse en poco tiempo. Me sorprendió, y mucho, que en presencia de su novio formal tuviera gestos y actitudes de inequívoco carácter sexual hacia mí, una invitación explícita a seguir avanzando en la búsqueda de intimidad. Y seguimos ante la mirada nada escrutadora de su novio. Por entonces España despertaba a la vida, tras un largo paréntesis de represión franquista, tratando de normalizar las relaciones, mientras la siempre vigilante Iglesia seguía condenando cualquier atisbo de promiscuidad. París, en cambio, era una fiesta de puertas abiertas para todo aquel que quisiera incorporarse.

Una tarde llegamos a un punto de la ciudad donde, al parecer, era costumbre pelear con los ingleses que todos los fines de semana bajaban a París precisamente con ese propósito. Para empezar con buen pie, insultaron por orden de aparición a los franceses; luego, identificada nuestra nacionalidad, también a los españoles. Los tres varones que allí estábamos, estimulados por la presencia de las chicas que nos acompañaban, consideramos oportuno enzarzarnos en una guerra que primero fue dialéctica pero rápidamente pasó a las manos. Pronto aparecieron como caídos del cielo unos cuantos flics que procedieron sin esfuerzo a meternos a Didier y a mí en un furgón policial. Pasamos toda la noche yendo de comisaría en comisaría, y en todas recibimos muy buen trato. A la mañana siguiente, aún de madrugada, nos pusieron en libertad. Yo, más que asustado, estaba deseoso de poder contar lo ocurrido a mis amigos. Casi sesenta años después, he comprendido lo literario y ridículo de mis sentimientos, pero entonces me pareció que estar detenido en París sin haber pasado ni veinticuatro horas en la ciudad era una hazaña notable. Una hazaña que, unida a mis devaneos con la novia de Didier, auguraba una relación con la cultura francesa mucho más emocionante de lo que yo jamás hubiera imaginado.

En pos de la aventura y por andar escaso de fondos, opté, como otros muchos jóvenes europeos, por instalar mi domicilio al aire libre, en la planicie que hay debajo del Pont au Double, junto a Notre Dame. A la caída del sol, nos instalábamos un centenar de chavales con nuestros sacos de dormir para pasar la noche al lado del Sena. Tras alguna prédica contestataria y algún concierto ofrecido por inesperados cantautores, nos disponíamos a dormir sin reparo. Por la mañana había dos procedimientos para despertarnos: o bien lo hacía la policía y había que correr ligero para no acabar detenido, o bien aceptábamos la oferta laboral del aeropuerto de Orly, que enviaba autobuses para recoger a quienes estuviéramos dispuestos a descargar maletas hasta la extenuación a cambio de una modesta paga.

En aquellos días, pasaron por nuestro campamento futuros artistas. Recuerdo entre ellos a un joven Michel Polnareff, quien llegaría a ser con el tiempo una auténtica leyenda musical:

Il est des mots qu’on peut penser,

mais à pas dire en société.

Moi je me fous de la société

et de sa prétendue moralité.[*]

En aquel París se concentraban jóvenes de todo el mundo con la sospecha de que algo grande se iba a producir. Era urgente adaptarse a la nueva realidad, aunque no estuviera tan claro que el sujeto revolucionario siguiera siendo el proletariado. Los partidos tradicionales de la izquierda, socialistas y comunistas, estaban desbordados y, al igual que los sindicatos, no eran capaces de entender lo que estaba pasando. Se cocinaba a fuego lento un guiso revolucionario en el que estudiantes, artistas e intelectuales, profesionales liberales y todas las minorías del mundo disputaban con ardor su cuota de protagonismo. Cualquier reunión se convertía en un foro improvisado, las ideas circulaban libremente en varios idiomas y comprendíamos que las relaciones personales y su forma de entenderlas debían cambiar drásticamente. Lo que por entonces se llamaba «amor libre», bajo el lema «haz el amor y no la guerra», resumía la profundidad y las contradicciones en que discurría el anunciado cambio. Se podía dudar de todo, salvo de su necesidad inexorable. Sin embargo, cuando acabó el fervor revolucionario, las cosas no volvieron a su cauce. En mayor medida de lo que se cree, fueron surgiendo otros nuevos cauces que, ensanchándose lentamente, nos han permitido sobrevivir, ideológica y culturalmente, durante más de seis décadas.

Yo iba agotando mi primera estancia en la ciudad, y el romance que había fraguado durante ese tiempo era tan inspirador que incluso me atreví a escribir poemas en francés armado con mis escasos conocimientos del idioma. Hoy solo lo empleo cuando no hay más remedio, en reuniones políticas. Solo entonces se pone en marcha una parte dormida de mi cerebro para regresar a la sombra tan pronto como se apaga su necesidad.

Mi segunda estancia en París fue especialmente intensa. Había sido otro de esos larguísimos veranos universitarios que, entre manifestaciones y huelgas, se adentraba cómodamente en el mes de noviembre. La llegada del otoño no supuso, como era de esperar, el regreso a mi casa de Barcelona, pues había tomado la decisión de quedarme sine die en París, y así se lo había comunicado a mis padres. Los días transcurrían de manera sosegada, dulcemente acompañado por mi novia formal que, por entonces, había roto su compromiso matrimonial con Didier.

Puesto que ella trabajaba, me quedaban muchas horas para deambular por la ciudad, vestido informalmente con pantalones y camisas de pana. Todas las mañanas acudía al Museo del Louvre y permanecía absorto horas y horas frente a sus obras. Uno de aquellos días estaba observando, una vez más, La Gioconda, cuando un señor de unos cincuenta años se me acercó y, con acento extranjero, me comentó que no comprendía porqué se hablaba de la belleza del cuadro de Da Vinci cuando había mucho más que admirar en la vida real. Tras dedicarme una serie de elogios, me preguntó si quería acompañarle a comer. Al oír el nombre del restaurante al que quería llevarme, La Tour d’Argent, me pareció que esa sería mi única oportunidad de conocer un establecimiento que ocupaba la categoría de inalcanzable mito gastronómico mundial, y sin pensarlo dos veces, acepté la invitación.

Ya en el restaurante, y después de obligarme a ponerme una corbata, pidió una comida muy sofisticada. Me contó que era griego y tenía un negocio de antigüedades. Por sus gestos e indisimuladas maniobras de aproximación comprendí que estaba en presencia de un homosexual. Para evitarme lo que podría haber sido una escena desagradable, opté por poner tierra de por medio. Tras un intento fallido de escaparme por el servicio, lo que resultaba inviable, me acerqué a la mesa y le dije con apuro que tenía que irme urgentemente para atender otro compromiso. Pude ver cómo se le enrojecía la cara al susurrar algunas palabras con las que trataba de disuadirme. Me limité a quitarme la corbata y a dejarla despacio sobre la mesa. Desde ese día no he vuelto a ver el famoso cuadro sin sentir una sensación amarga.

Nunca me he sentido orgulloso de aquel comportamiento. Al contrario, lo he considerado necio e injusto. Pero para mí, aquel hombre no ocupaba otro lugar en el mundo que el de un figurante dentro de una inmensa obra de teatro que por entonces se representaba exclusivamente para mayor lucimiento de mi vacilante pero descomunal ego adolescente.

En otra ocasión, durante uno de mis largos paseos por la ciudad, encontré a un sujeto con un hermoso pelo blanco que parecía un actor de cine. Me llamó la atención porque, sentado en un banco público, leía un periódico español; el ABC, por más señas. No sé con qué pretexto empezamos a hablar, pero la conversación giró, por supuesto, de España. Me enteré de que era uno de esos republicanos españoles en el exilio, de los que tantas cosas había leído en los libros y oído en las tertulias de mi casa. Era el primero que veía en persona y me pareció un hombre triste, muy triste. Caía la tarde y me invitó a que fuera a su casa para continuar la charla. En realidad no era una casa, ni un piso, sino una habitación realquilada, con una pequeña cocina empotrada en una esquina y un minúsculo baño. El mobiliario consistía en dos camas, una mesa y dos sillas. Vivía con su esposa, una francesa que, según recuerdo, tenía una cara incomprensiblemente risueña. Sentado yo en una de las camas y él en la silla, su mujer nos sirvió dos vasos de vino. Y mi nuevo amigo empezó a contarme cosas que entonces desconocía. Ese día aprendí más sobre la realidad de España y su historia que todo lo estudiado hasta ese momento. Comprendí que cosas tan monstruosas como la Guerra Civil no podían volver a repetirse, porque no existía idea ni proyecto político que pudiera amparar o justificar tanta humillación, tanta vida maltrecha, un dolor tan sordo… La reconciliación —no lo he olvidado nunca— entre los españoles no era solo una consigna o una estrategia política, sino una necesaria evidencia. En París comprendí que nuestra futura Constitución no debía ser solo un razonable edificio cívico donde albergar libertades y pactar territorios; también debía ser (como así ocurrió) un hogar, un espacio donde dar digna sepultura a todos nuestros muertos, los propios y los ajenos, donde cerrar con llave abusos y humillaciones y recuperar la dignidad perdida de ser españoles. Todo eso lo aprendí en París a mis diecisiete años.

En el momento de ponerse el sol, interrumpió su monólogo, se puso en pie y descorrió una especie de cortinilla que tapaba una de las paredes. De pronto, ante mí apareció la bandera republicana izada en un frágil mástil de madera. Sin decir nada, comenzó a arriarla al tiempo que le brillaban los ojos. Desde que salió de España, todas las mañanas la izaba y al atardecer la arriaba, ya fuera a solas con su mujer o con quien quiera que se encontrase y aceptase su invitación a charlar un rato. En ese momento pensé que ningún republicano debería permanecer en el exilio ni izar clandestinamente su bandera. Aún ahora sigue vivo el recuerdo de aquel pobre cuarto realquilado que en mi memoria todavía huele a nostalgia y a injusticia.

En otra fecha que me pareció aciaga, me enteré de que mis padres pensaban venir a París a pasar unos días para celebrar, según me dijeron, su aniversario de bodas. Yo entendí, con la limitada inteligencia de un adolescente, que en realidad lo que pretendían era forzar mi regreso a España. Hasta cierto punto, era verdad que mi estancia en París y mis relaciones, cada vez más serias, con mi novia francesa estaban durando demasiado.

Un día antes de la supuesta llegada de mis padres, cuando mi pareja y yo estábamos en la cama, no sé por qué extraordinaria razón, sonó el timbre de la puerta y pude oír con nitidez la voz inconfundible de mi madre preguntando por mí. Desnudos detrás de la puerta, mirábamos por la rejilla esperando y deseando que, por algún milagro, desapareciera. Cuando desistió de su pretensión y volvimos a estar solos ya se me habían pasado las ganas de retomar el tema y hasta recuperé la vieja sensación infantil de estar en pecado mortal y, aún peor, de haber sido descubierto por la sagaz inteligencia de mi madre. Cuando empezaba a arrepentirme de mi arrepentimiento sonó el timbre, esta vez más discreto, del teléfono. Con alguna prenda interior puesta, lo que atenuaba mi sensación de culpa, descolgué. Esta vez era mi padre, que llamaba desde el hotel donde se alojaban. Por el tono de su voz deduje que pretendía disculparse por la imprudente intromisión de mi madre en mi vida privada. Aquello me hizo comprender el ya citado axioma de san Agustín de «ama y haz lo que quieras». Opté por las dos cosas, y ya recuperada la calma, los invité a cenar para poder hablar tranquilamente.

Mi propósito era acudir a alguno de los restaurantes baratos que había en mi barrio de Saint-Michel. Había preparado a conciencia las respuestas a sus posibles preguntas y estaba relativamente sereno. Pero aquel día había ido muy temprano a trabajar al aeropuerto de Orly a descargar maletas y me sentía cansado, sin la necesaria lucidez. Me sorprendió la respuesta de mi padre rechazando la invitación y proponiéndome como alternativa cenar en los Campos Elíseos, y hacerlo los cuatro, o sea, con mi novia. No supe si había acertado al aceptar la invitación o si, por el contrario, había cometido un error estratégico al dejarme llevar a su terreno. Le comenté a mi novia la propuesta y le pareció bien. Tan solo parecía ligeramente preocupada por la elección del vestido adecuado. Al final, se decantó por un traje algo provocativo. Por si acaso, yo metí una corbata en mi bolsillo.

El restaurante al que fuimos finalmente, alentados por el conserje del hotel, resultó ser el más caro de los Elíseos, porque así lo quiso mi padre con la excusa del aniversario. En aquella memorable cena estuvo apabullante, como si quisiera quitarme la chica, pensaba yo, y eso que habló lo justo para que ella pudiera ser la protagonista del acontecimiento. Supo escuchar como si no hubiera nadie más en el mundo. Mi madre y yo no abríamos la boca por temor a entorpecer la conversación entre mi novia y mi padre. Él hizo todo lo posible para dejar encantada a mi amiga francesa. Hasta el día de hoy creo saber el porqué de tal conducta. Lo que mi padre quiso transmitirme fue que mi novia era seis años mayor que yo, lo cual podía ser relevante si se pretendía formalizar una relación y una convivencia estables. Pero ni mi padre ni mi madre —a la que mi novia acompañó al día siguiente para conocer París— dijeron o hicieron nada que pudiera ser entendido como hostil hacia nosotros. Parecía, al contrario, que bendecían nuestra relación de pareja, sin formular críticas ni mucho menos reproches.

Seguro que tenían otros planes más sólidos para enfriar las relaciones con mi novia, pero su conducta fue muy importante a la hora de que tomara la decisión de volver a España. La pérdida del excitante factor de transgresión y la normalización de las relaciones con el visto bueno de los padres despojaban a mi historia de los alicientes románticos que necesitaba para mantener viva la llama de lo que creía un verdadero y eterno amor.

7

De nuevo en España: últimos coletazos del franquismo

Unos meses antes tuve que formalizar mi ingreso en la universidad. Estuve a punto de matricularme en lo que entonces se llamaba Filosofía y Letras. A ello me empujaba la relación que tuve con mi profesor de Literatura en los Escolapios, el señor Corral, y la lectura de una pequeña biblioteca que me regaló mi padre sobre crítica literaria. Sin embargo, y tras haber superado algunas dudas, opté por matricularme en la facultad de Derecho de Barcelona. Más que jurista, mi pretensión era llegar a juez. Ya existía por entonces un singular fenómeno asociativo llamado «Justicia Democrática», y conocer su existencia, aunque fuera de manera incipiente, fue igualmente importante a la hora de tomar mis primeras decisiones.

Personalidades como los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, Luis Valentín o el juez Pere Raluy, en Barcelona, así como el fiscal Jesús Vicente Chamorro o el magistrado Antonio Carretero, en Madrid, fueron un estímulo suficiente para lanzarme a la aventura de una oposición tan dura, larga y exigente. Todos ellos mostraban con hechos la posibilidad de hacer florecer la democracia incluso en el erial de la dictadura franquista. El objetivo que se habían propuesto estos espléndidos profesionales era adaptar el aparato judicial existente a los valores propios de una Justicia ágil y verdaderamente democrática. Por eso quería ser juez, pero juez de Justicia Democrática. Pere Raluy era el juez del Registro Civil, donde frecuentemente se formaban largas filas que él descongestionaba introduciéndose en ellas como si fuera un abogado para asesorar, ayudar y resolver los problemas de los ciudadanos. Era el hombre más progresista que he conocido en el ejercicio de la jurisdicción. Un verdadero santo civil.

Con el tiempo comprendí que en mi decisión de ingresar en Justicia Democrática tuvo mucho que ver la historia de mi familia, que desde siempre se había dedicado al Derecho. Por lo menos, desde el siglo XVII, cuando el padre jesuita Juan de Mariana publicó su Historia general de España. En su primera edición, uno de cuyos ejemplares se encuentra en mi casa, figuraba uno de mis antepasados como suscriptor del libro, con un cargo judicial en la Audiencia de Valencia. Desde entonces, todos los Julbe fueron campesinos ricos y rentistas o jueces, magistrados o notarios. En numerosos casos, ambas cosas a la vez. La familia consideraba que eran las únicas profesiones dignas para un caballero si se apellidaba así. A esa restringida lista se incorporaron años después los abogados del Estado. A quienes quedaban fuera de estos estamentos, mis antepasados los acusaban de dedicarse a las «comisiones y representaciones», expresión utilizada para menospreciar al resto del oficio, siempre con cierta retranca. Dos jueces destacan en la lista familiar: mi bisabuelo, don Santiago, y mi abuelo, don Félix. Pese a sus prejuicios, se trataba de personas honorables que ejercían con devoción profesional sus deberes, desde una posición en la que lo esencial eran los valores y los principios éticos.

Un episodio muy concreto ejemplifica la conducta y la actitud de mi bisabuelo. En 1927 le tocó en suerte oficiar el enjuiciamiento de un delito de sangre cometido por una mujer, con tales características que parecía inevitable la sentencia de muerte, entonces vigente. La asesina era una persona cuya vida dependía de «encontrar un hombre bueno». Por sí misma no podía valerse ni tomar decisión alguna. Asustada ante un mundo del que lo desconocía todo, su única obsesión era dar con un buen hombre que además tuviera «posibles» y mereciera el consentimiento de sus padres. Mi bisabuelo, según consta en anotaciones de su puño y letra, se preguntaba «hasta qué punto había sido exasperada, maltratada, injuriada aquella pobre mujer acusada del asesinato de su marido, para proceder a destruir a su hombre». Así, durante la fase de instrucción, hizo todo lo legalmente posible para ayudar a la acusada. Cuando comprendió que ya no podía hacer nada más, concluyó afirmando que no pondría su firma en una resolución de la que pudiera derivarse una pena de muerte (concretamente, el garrote vil) porque nadie era tan culpable que mereciese tal destino. Poco después tomó la decisión de renunciar a su carrera para siempre, lo que le produjo un gran dolor, pues amaba profundamente su profesión. En su oficio no era posible dar la espalda a los problemas reales, de modo que no le quedaba más remedio que abrir sus ojos al mal, que realmente existe, para intentar corregirlo, atenuarlo y ayudar a la víctima… pero también al verdugo.

Mi bisabuelo Santiago solía decir que, gracias al ejercicio de juez, había ampliado su capacidad de comprensión al enfrentarse a casos y sucesos que nada tenían que ver con su mundo, su casa, sus amigos o su familia. Aseguraba, además, que había dilatado su capacidad de amor, y esperaba vehemente que su renuncia no supusiera encerrarse en su caparazón. Quería evitar el impulso de ser el único habitante de una utópica isla alejada de los problemas de los seres humanos.

Yo deseaba pertenecer a Justicia Democrática, pero también quería ser un juez como él. Mi trabajo era hacer compatibles ambos objetivos. Y desde entonces lo he intentado con éxito desigual.

LUCHADOR ANTIFRANQUISTA

A mi vuelta de París, encontré la facultad de Derecho de Barcelona en crisis de crecimiento. Llegaban los primeros aromas de la revolución de 1968, revolución que en España no pasó nunca de ser una «algarada universitaria», más o menos intensa, pero suficiente para poner nerviosas a las instituciones académicas y políticas.

Entre otras, recuerdo la ceremonia —no podría llamarla de otro modo— de la entrada policial en la facultad, un momento apreciado por los líderes estudiantiles por su vistosidad, pompa y circunstancia. Recuerdo también los múltiples y fracasados intentos de cortar la circulación, los encierros en el Colegio de Abogados protestando ante las anunciadas condenas a muerte del dictador, así como las carreras que provocaban la presencia de los impresionantes caballos de la policía. Inolvidables fueron también los porrazos con que nos obsequiaban los grises, uno de los cuales recayó en mi trasero con tal fuerza que, con la inercia de la carrera, volé literalmente por encima de varias sillas. Además, asistí emocionado a los conciertos de Raimon y, con menos entusiasmo, a los de otros cantautores. Y agradecí los aprobados generales en la mayor parte de las asignaturas, asumiendo sin alegría el lanzamiento de perras gordas a los profesores que no eran de nuestro agrado.

Mi historial represivo es, en verdad, poco heroico, pues se limitó a mi detención y encierro en la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana. En aquella ocasión, el inspector que me interrogaba, quizá porque sabía que mi padre era juez y bastante conocido, convirtió mis declaraciones en una sesión terapéutica que incluía bocadillo de calamares y cerveza. Más que preguntarme por los hechos que habían motivado mi detención, trató exhaustivamente de convencerme del error que cometía sirviendo de «compañero de viaje» a los comunistas. Tenía razón, como pude comprobar poco después. Ciertamente, el inspector podía haberme enviado al Juzgado de Guardia con las subsiguientes consecuencias administrativas, incluso penales. En su lugar, este policía consiguió que me pusieran en libertad horas después de la detención, y que no fuera fichado. Desde aquí le doy las más sinceras gracias, pues me permitió parecer un héroe sin pagar coste alguno.

Por entonces, con diecinueve años, yo seguía las indicaciones de mi jefe político, militante del Partido Comunista de España (PCE), Leopoldo Espuny. Aragonés de Gallur, era un histórico abogado de Comisiones Obreras (CC.OO.) y líder del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC). Alguna vez le vi corriendo delante de los grises, dotado de una agilidad tan envidiable que siempre lograba escapar saltando por cualquier ventana.

Recuerdo los hechos ocurridos entre el segundo y el tercer año en la facultad envueltos en una vaga neblina de satisfacción. Mi posición era airosa, me sentía bien en mi papel de luchador antifranquista.

De aquella época solo me queda un recuerdo desagradable y que determinó el principio de mi alejamiento del PSUC. El incidente tuvo lugar durante un encierro en el Colegio de Abogados para protestar por una condena a pena de muerte y para solicitar que se dejara sin efecto su ejecución. El encierro estaba siendo un éxito por la cantidad y la calidad de los apoyos recibidos, cuando otro de los jefes que no era Espuny entró en el despacho en el que teníamos instalado nuestro cuartel general. Abatido y pálido, con voz apenas audible nos dijo: «Han conmutado la pena de muerte». Aquel hombre se lamentaba de la suspensión de la condena, pues eso significaba la desmovilización del operativo puesto en marcha, olvidando de manera imperdonable la vida humana que estaba en juego. En ese momento tendría que haber aprendido y adoptado, como hice mucho más tarde, las medidas coherentes contra tan indigna falta de humanidad.

OPOSICIÓN A JUDICATURAS

Al finalizar el tercer curso de la licenciatura en Derecho me pareció que, tras casi un año en París y otros dos participando en la «revolución pendiente», había llegado el momento de cuidar de mí y olvidarme provisionalmente de todo lo demás. Por eso dediqué los dos últimos años de la carrera a preparar anticipadamente los temas de la oposición a judicaturas. Durante ese periodo aparqué los libros de texto recomendados por las respectivas cátedras y me dediqué exclusivamente a estudiar los temas de la oposición. Aunque suponía ganar tiempo para su preparación, también existía el riesgo de que en los exámenes finales preguntasen sobre temas que no figuraban en el programa. Finalmente ese riesgo no se consumó y pude aprobar todas las asignaturas sin excesivas dificultades.

La época en que preparé las oposiciones es una de las más oscuras de mi vida, algo así como adentrarse en un túnel negro en el que no hay ninguna luz al final del mismo. Tenía que incorporar hábitos y horarios fijos a los que someterme y estudiar, al menos, ocho horas diarias. Las oposiciones son difícilmente compatibles con la salud mental, y no son pocos los que sufren secuelas más o menos graves. La más común es tener pesadillas, casi siempre las mismas de todo opositor. Ese fue mi caso, e incluso se prolongaron después de aprobar. En el curso de estas pesadillas acontecían desgracias que tenían en común la pérdida del estatus adquirido en cada época. Las buenas calificaciones desaparecían por algún motivo baladí, por el olvido de una asignatura menor (las llamadas «marías», como Gimnasia, Religión o Formación del Espíritu Nacional) o por no haberme despertado a tiempo para comparecer ante el Tribunal.

Fue un tiempo en el que estaba «prohibido vivir», como rezaba el título de la primera novela de mi padre. Un tiempo en el que solo tenían cabida las batallitas que todos y cada uno de los opositores creen graciosas sin serlo. Me abstendré de contar las mías y solo me referiré a cuestiones periféricas de nulo contenido jurídico, pero que pueden servir para definir la situación del opositor.

En mi caso, mi preparador fue don Jerónimo Arozamena, jurista de tal envergadura que llegó a vicepresidente del Tribunal Constitucional y a quien Manuel Jiménez de Parga, ministro de Trabajo, consultaba constantemente. Conmigo fue paciente y tranquilizador. Le recuerdo como un hombre bueno, afable, que sabía tanto de Derecho como de la naturaleza humana.

Durante mucho tiempo tuve la sensación irracional de que la ayuda espiritual que pudiéramos tener adjudicada nuestra familia se había agotado en apoyar a mi hermano mayor, José Félix, en sus esfuerzos por ganar la oposición a notarías. Lo logró, pero, eso sí, con un grado inusitado de presión y de influencia ejercida nada menos que por personajes especializados en la intermediación: mi madre en la tierra y Teresa de Jesús en el cielo. No sé si en mi caso existió intervención divina. Probablemente no, pues, como decía mi madre, yo no necesitaba de tal competencia desleal frente a otros opositores. Era esta una explicación técnicamente adecuada para estimular mi ego, pero más que dudosa. Lo único que me consta es que, con intervención externa o sin ella, tales maniobras solo habían servido para incrementar mi miedo al fracaso.

¡Claro que necesitaba tal suplemento vitamínico de apoyo maternal y sobrenatural! Era la ocasión, el momento oportuno para que el diablo se mostrara en todo su esplendor e hiciera una oferta razonable por la compra de mi alma, entonces en precario. Pero no se manifestó en ninguna de sus personalidades y me dejó colgado, el muy cabrón, en el aire de mi angustia.

La única versión que deja bien a mi madre es la de imaginar que finalmente intervino en mis oposiciones, aunque lo más probable es que mi familia se olvidara de interceder por mí, salvo mi padre y la tía abuela Amparo. No sería la primera vez. A diferencia del entramado continuo de los éxitos en sus notas de mi hermano mayor, las mías no eran brillantes y no merecieron desde luego un solo comentario, pues mis padres daban por supuesto que eran buenas. En mi caso no necesitaban celebración alguna. El olvido tenía sus ventajas en términos de libertad, pero en ocasiones me generaba cierta tristeza al no recibir de mi madre ninguna manifestación sentimental más explícita. Tampoco me quejé, aceptando mi anonimato como irremediable.

Durante la preparación de las oposiciones, mi familia vivía en el 5-15 de la calle Ganduxer de Barcelona. Durante largos periodos de tiempo, mi tía abuela Amparo y yo estábamos prácticamente solos. A veces caían de visita mis hermanos. Mis padres tenían por entonces una vida social bastante intensa, preparatoria de la carrera política de mi padre, en ascenso desde que falleciera el dictador. Pero la mayor parte del día mi abuela trajinaba en la cocina y yo recitaba incansablemente temas en el dormitorio que había heredado de mi hermano José Félix, ya por entonces notario con casa propia. Mi abuela producía ruidos variados y tan intensos que interrumpían mi estudio con frecuencia. En una ocasión, el estruendo fue tan grande que no tuve más remedio que salir de mi cuarto para saber qué es lo que había pasado, y encontré una escena que no he podido olvidar. Mi abuela se había caído por la escalera del segundo piso al tercero. Hecha un ovillo en el rellano, se lamentaba con una voz muy apagada. Tenía heridas en la cara, pero aún agarraba firmemente la bandeja en la que pretendía traerme el desayuno. Conmocionada, miraba como pidiéndome perdón, los ojos desorbitados. La levanté sin esfuerzo, pues su cuerpo apenas pesaba, volé hasta el baño a por tiritas, vendas y mercromina y la curé como pude, sin que se quejara ni una sola vez. Lo único que me pidió fue que no le dijese nada a mi madre ya que, en otras ocasiones, le había prohibido bajar la escalera y más llevando una bandeja casi más grande que ella. Le prometí guardar silencio, pero también le pedí que no lo hiciera más. Fue tal el agradecimiento de mi abuela y tan conmovedoramente expresado en su rostro que no pude hacer otra cosa que llorar.

Los fines de semana, la tía abuela preparaba uno de sus exquisitos arroces, tradición familiar que tenía precedentes muy lejanos. Así, en el pueblo de Bellús o Xàtiva, donde vivían los abuelos, cuando aún no había fallecido don Félix, no había banquete que no fuera solemnizado por una paella magistralmente preparada por Amparo. En aquellas ocasiones, ella acudía a donde fuera preciso para asesorar y, casi siempre, elegir sus ingredientes, el tiempo de cocción, el punto de sal y las especias. La tía abuela sabía de su habilidad y estaba muy orgullosa, hasta el punto de integrar esa sabiduría en una parte importante de su vida. Cuando se trataba de arroz, Amparo dejaba su inquietante movilidad y adoptaba graves aires de matrona principal. Según mi madre, cuando la paella se lanzaba a hervir, Amparo comprobaba el sabor del caldo, no probándolo directamente, sino pasando poco a poco su mano izquierda, con la palma bien abierta, sobre toda la superficie; después la olía con aire pensativo, interrogantes sus pequeños y brillantes ojos. Eso le bastaba, y atinaba siempre. Otro momento para ella importante era aquel en el que decretaba el final de la cocción. Con una voz de mando insólita en ella, ordenaba: «Prou!». Al segundo, la criada retiraba la paella del fuego para depositarla sobre la tierra humedecida. Unos minutos de sereno reposar y la paella era portada por la sirviente, y su arrebolada autora se entronizaba en la mesa. De inmediato surgían los elogios en cadena, lo mismo si se trataba de arroz con pollo y conejo, aderezado con fesols i naps, o con faves y alcachofas del rossejat o de costra.

Como es evidente, semejante caída había limitado de manera importante sus capacidades. Pero el hecho que anunció nítidamente el principio del fin tuvo lugar un domingo, cuando a la maestra «se le pasó el arroz». Amparo había probado la paella y no le había gustado. Lo intentó una segunda vez y tampoco mereció su aprobación. A pesar de que mis padres, mis hermanos y yo la elogiamos con más intensidad incluso que de costumbre, ella se levantó de la mesa, retiró uno de los platos y se marchó a su cuarto sin dirigirnos palabra alguna. Aquel fallo fue decisivo; tanto, que quizá dejó de tener uno de sus motivos para seguir viviendo.

En mi vida universitaria, además de preparar oposiciones a juez y batallar contra el franquismo galopante, tuve la suerte de conocer a muchas personas relacionadas con el mundo del arte. A pesar de mis agobiantes estudios jurídicos, no podía olvidar mi vocación literaria, de ahí que con frecuencia, y como oyente, asistiera a clases magistrales impartidas por personas de la talla del menor de la saga de los Blecua, Alberto, o del gran poeta catalán Gabriel Ferrater, autor de una poesía tan definitiva como la contenida en el libro Les dones i els dies. Gabriel fue probablemente el poeta catalán más indispensable del siglo XX.

En aquellos días se estaba construyendo la segunda universidad de Cataluña en Sant Cugat, y muchos artistas decidieron instalarse en ese municipio, con la pretensión de hacer posible un espacio libre y creativo. Uno de ellos fue el gran pintor Manolo Gómez, que acababa de recibir el premio internacional Ynglada-Guillot. Su estilo se adscribía al realismo sevillano o al nuevo realismo español. Como sabrán los aficionados, ese estilo, por su propia naturaleza, requiere de un largo y lento proceso de elaboración, de suerte que por alta que fuese la cotización de su obra siempre resultaba insuficiente para cubrir sus necesidades materiales. De aquellos días de universidad recuerdo nuestras largas conversaciones en las que el protagonista era Manolo, y yo su único alumno. Allí aprendí cuanto entiendo de pintura y, sobre todo, aprendí a discernir cuándo una pintura es o no una verdadera obra de arte. Le debo, pues, a Manolo aquellas horas de aprendizaje y aún algo más importante: ser el padrino de otra gran artista, su hija y mi ahijada Taciana, depositaria de todo el talento de su padre, pero, en su caso, orientado a la música. La flauta travesera de Taciana traduce a sentimientos ese algo especial que llamamos alma.

La preparación de las oposiciones siguió su patológico proceso con relativa normalidad hasta que llegó el inevitable día del examen. La principal prueba de cargo de mi anomalía de opositor fue entender que para el viaje de ida de Barcelona a Madrid lo más razonable era tomar un avión, pues en caso de accidente la pérdida sería la correspondiente a un simple opositor, lo que no daba para mucho duelo. Por el contrario, la vuelta de Madrid a Barcelona, en caso de haber aprobado, la haría en tren, al que siempre le he tenido más confianza. De ese modo, en caso de fallecimiento, moriría un alumno de la Escuela Judicial, lo que ya me parecía más digno de consideración.

Para mi examen me aconsejaron que me afeitase mi barba contestataria y me cortase el pelo, lo que también acepté. Con eso y un traje oscuro que me compraron me presenté a la prueba. De esa guisa, vestido de joven honorable, era difícil reconocerme. Parecía una persona normal, tal vez algo estirado para mi edad, pero aceptablemente disfrazado de lo que no era o no creía ser. Fue tan eficaz mi atuendo que pasé al lado de mi madre que esperaba en el andén... y no me reconoció. Solo cuando le di un leve toque en el brazo me miró detalladamente y me abrazó con fuerza. Como habrá podido deducir el lector, hice mi regreso en tren, pues tenía el aprobado en el bolsillo. Mi hermano José Félix fue la única persona con la que celebré mi éxito en Madrid, invitándome a un auténtico banquete en el restaurante Las Lanzas, cerca del Museo del Prado.

EL JUEZ MÁS JOVEN DE LA NACIENTE DEMOCRACIA

Tras muchas noches de continuas pesadillas, una mañana me desperté comprendiendo que el hermético tapón que quitaba luz a la estancia-celda en la que me encontraba había desaparecido. Sentí que, a partir de ese momento, volvería a vivir y, sobre todo, comprendí también que ser feliz era cuestión de mi exclusiva competencia. El único inconveniente era que, después de tanto tiempo de estar encerrado en una cueva poco iluminada, la fuerza de la luz me deslumbraba tanto que corría el riesgo de perder de vista muchas cosas importantes.

En suma, necesitaba rehabilitarme. Pero no parecía esa una labor especialmente dura, pues el viento soplaba a mi favor. Así, mi título de juez venía firmado no por el dictador, sino por el rey, formando parte, por tanto, de la primera promoción de su reinado. Para mí, no tener que jurar fidelidad a Franco era un alivio. Además, parecía haber llegado a una corporación —la judicial— en la que existía un cierto grado de tolerancia mayor que en otros cuerpos o estamentos de la sociedad.

De esta etapa recuerdo el revuelo que generó la llegada a Barcelona de un grupo británico, los Rolling Stones. Siete meses después del fallecimiento de Franco, el 11 de junio de 1976, actuaron en la plaza de toros Monumental. Para los jóvenes de aquel momento se visibilizaba un avance hacia las libertades, además de un acontecimiento histórico que pondría a España y a la capital catalana en el mapa de los grandes eventos internacionales. Siempre pensé que los jóvenes, de alguna manera, estábamos en deuda con ellos; por ello, cuando estuve en condiciones de pagar la deuda, siendo alcalde de Zaragoza, organicé junto con Ibercaja un concierto en septiembre de 2003 en la Feria de Zaragoza. Con esta actuación la ciudad volvía a la primera división del panorama musical internacional. Fue grandioso y emocionante conocer a sus satánicas majestades personalmente.

Estando en la Escuela Judicial, me tranquilizó que uno de los juristas más importantes de la época, Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, padre del actual presidente del Tribunal Constitucional, con toda normalidad y amabilidad, y cuando aún podía en teoría suspender, me preguntó: «¿Cómo está el rojo de la promoción?». El paso del tiempo me haría comprender que la única «bicha» por entonces era Justicia Democrática y que, salvo excepciones, la única represalia para sus miembros serían las frecuentes inspecciones judiciales, lo que siempre pensé era muy positivo pues exigía conocer con detalle y precisión el estado real de tu juzgado.

Aprobar las oposiciones significaba, asimismo, obtener una independencia económica que te permitía —salvo en el periodo de la Escuela— no tener que depender ni de tus padres ni de nadie. Mi madre había estado ahorrando dinero suficiente de su no muy elevada nómina para poder comprarme un Seat 127 que iba como un tiro y en el que hice viajes bastante peligrosos por buena parte de la España que no conocía aún. Mi hermano Télix, flamante notario de fortuna creciente, me regaló el mobiliario necesario para equipar mi primera vivienda, amén de una abultada cantidad de pesetas que recibí por giro postal. Mi generoso hermano también me regalaría el viaje de novios a Puerto Banús (Marbella).

No se acabaron aquí las buenas noticias que acarreaba mi nueva situación, pues pude permitirme ciertos lujos propios de mi incorporación a las delicias de la clase media, como ir a cenar de vez en cuando a los prestigiosos restaurantes de Figueres, hacer regalos a mis padres con mi propio dinero o participar en toda clase de actividades sin temor a arruinarme.

En 1975, ser juez de Primera Instancia e Instrucción era algo importante y prestigioso, condición suficiente para pretender en matrimonio a algunas de las chicas más guapas y ricas del pueblo en el que ejercías. Prebenda con tintes medievales de la que no participé, pues llegué recién casado a La Gomera.

8

De cuando fui juez. Errores y aciertos judiciales

Preparando la oposición, coincidí en tiempo y lugar con otro opositor, Gerardo Thomas Andréu, quien años más tarde sería presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. Después de comer y antes de reanudar el estudio, jugábamos alguna partida de ajedrez. Nunca nos pusimos de acuerdo en quién ganaba más veces, pero, al margen de esas peleas que con el tiempo desembocarían en una sólida y larga amistad, el juego nos sirvió de desahogo frente a la tensión y el pozo negro en el que estábamos metidos.

Una tarde en la que nos costaba más tiempo que de costumbre retomar los libros para estudiar, decidimos elucubrar cuál sería el destino que pediríamos una vez que hubiéramos ganado las oposiciones. No recuerdo qué pidió Gerardo, pero sí nítidamente mi elección: el juzgado que estuviera más lejos de mi domicilio de Barcelona, a fin de tratar de olvidar lo antes posible los trabajos forzados a los que estaba condenado. Cogí un compás y un mapa del armario y, tras clavar la aguja, hice un giro hasta tropezar con San Sebastián de La Gomera. Con este criterio «científico» asumí la decisión de que aquel sería mi primer destino. Y lo curioso fue que acerté.

PRIMER DESTINO: SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

Nunca me he arrepentido de mi decisión. En esta ciudad permaneceríamos dos años, y mucho tiempo después tuvo la generosidad de nombrarme su hijo adoptivo.

Desde Barcelona fui planificando con exactitud mi futuro viaje a la isla, tampoco tenía otra cosa mejor que hacer. En 1975 no había aeropuerto y solo se podía llegar a la isla por mar. Si no recuerdo mal, dos barcos hacían el servicio de Los Cristianos a La Gomera: el vinculado a los Rodríguez López y el de Fred Olsen. Por entonces, mi esposa, María Teresa Ollé, estaba embarazada de ocho meses de nuestro primer hijo, Damián. Tenía tiempo suficiente —o eso creía— para presentarme ante el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tomar posesión de mi destino en la isla y volver seguidamente a Barcelona para asistir al parto. De ese modo se planificaron las cosas, pero no ocurrieron así. Nada más poner un pie en la isla, un señor de pelo blanco con aspecto de potentado venezolano y que resultó ser el agente judicial Antonio Velázquez vino deprisa para avisarme de que tenía que regresar urgentemente a Barcelona, pues mi hijo estaba a punto de nacer. Decidí volver en el mismo ferry a Los Cristianos, al sur de Tenerife, con la intención de tomar el último vuelo hacia la Península. Pero llegué tarde. El avión ya había partido y tuve que conformarme con sacar un billete para el primer vuelo del día siguiente, desde La Laguna. Triste y cabreado, busqué un lugar donde pasar la noche. El hotel estaba muy cerca del aeropuerto y los escasos vuelos extra peninsulares hacían tal ruido que parecían despegar de mi habitación. Estaba desvelado cuando escuché el ruido profundo y estremecedor de un terremoto de cierta intensidad. «La toma de posesión de mi cargo empieza mal, muy mal», pensé abatido. Con el agotamiento del día y tan pesimista impresión, me quedé profundamente dormido, hasta el punto de que estuve en un tris de volver a perder el avión. Esta vez, sin embargo, la fortuna estuvo de mi lado.

Llegué temprano al aeropuerto del Prat y tomé un taxi que me condujo al hospital. Cuando llegué a la habitación, mi mujer dormía; aún no le habían entregado al niño. Al poco, una enfermera lo trajo en sus brazos. Damián tenía dos brazos y dos piernas, venía completo en todas sus partes. ¿Qué más se podía pedir? Como a todo padre, me pareció un verdadero milagro. Me eché a llorar de alegría y también de miedo. Empezaba un nuevo capítulo de mi vida, una etapa que la transformaría para siempre.

Llegamos a San Sebastián de La Gomera como unos sorprendidos padres primerizos que aún no podían calibrar el lío en el que se habían metido. Inicialmente nos instalamos en el Parador de Turismo, donde las camareras se convirtieron en enfermeras y cuidadoras de cada paso que daba Damián. Nuestro hijo se convirtió en el bebé más adorado del mundo. De nuestra escasa preparación para ser padres da buena cuenta lo que ocurrió con ocasión de nuestra primera visita social con el bebé, una velada en la casa del juez municipal. Era la hora de la cena, y tras haber recibido el cumplido biberón, dejamos a Damián en la cuna profundamente dormido. De la cena recuerdo que fue agradable en extremo por el interés de las historias que el juez municipal contaba sobre La Gomera (nuestro anfitrión era de la isla de La Palma y dueño de una exquisita cortesía canaria). Terminada la velada, nos dirigimos a la puerta. Cuando nos disponíamos a salir, la encantadora esposa de mi compañero judicial se limitó a decir: «¿No os olvidáis de algo?». ¡De vuestro hijo! Fue la primera vez que fallamos como padres, aunque el bebé ni se dio cuenta.

Pronto estuvimos en disposición de cambiar de coche, y sustituimos el Seat 127 por una furgoneta Volkswagen, el típico e inmortal modelo que en los años sesenta usaban los hippies. La excusa fue que era más fácil maniobrar con los aperos imprescindibles para trasladar a un bebé, aunque reconozco que había un motivo menos confesable: no me parecía «adecuado» que la Comisión Judicial, cuando se trasladaba de un lugar a otro de la isla, estuviera integrada por un despampanante Mercedes color blanco conducido por su propietario, el agente judicial, y detrás, el modesto Seat 127 conducido por su propietario, el juez de Primera Instancia e Instrucción. Los que contemplaban la comitiva llegaban a la conclusión de que el juez era Antonio y yo, el agente judicial. En aquellos tiempos, disponer de un Mercedes en las Canarias resultaba relativamente asequible; de hecho, era una especie de tradición el que los funcionarios públicos destinados en las islas, donde residían al menos durante dos años, se compraran un vehículo de alta gama en unas condiciones fiscales favorables. Con la elección de mi sencilla furgoneta dejé claro que no quería beneficiarme de las posibles ventajas y pedí un nuevo destino cuando estaba a punto de cumplir los dos años. Para mí fue una especie de homenaje privado a las islas Canarias, una muestra de amor y respeto a esta tierra, y especialmente a los gomeros.

MI GUERRA CONTRA EL CACIQUISMO

Durante los primeros meses de nuestra estancia en la isla, mi mujer, Dami y yo recorrimos todos sus caminos y rincones. Disfrutamos de parajes tan insólitos como hermosos de su feraz naturaleza. Entre las bellezas de La Gomera, admiramos las laurisilvas del Parque Nacional de Garajonay, de un encanto perturbador. Pero también encontré sorpresas desagradables. La primera fue en Playa de Santiago, un lugar situado en medio de un valle precioso desde donde se divisaban las casas del pueblo, pintadas de color verde u ocre. Cuando pregunté a qué se debía, me explicaron que las verdes eran propiedad de los Rodríguez López y las pintadas de color ocre, de Fred Olsen; es decir, de los dueños de los ferris y de la mayor parte de las plataneras que cubrían el valle. El municipio tenía un indudable aroma colonial. Caminos públicos privatizados por medio de gruesas cadenas impedían el paso a toda persona ajena a las explotaciones, y en los economatos, el pago de una parte importante del salario a los trabajadores se daba en forma de mercancías suministradas por el patrón.

La segunda sorpresa desagradable fue comprobar que no solo en Playa de Santiago, sino en toda la isla, los derechos laborales eran prácticamente desconocidos. Casi nadie estaba dado de alta en la Seguridad Social, por lo que no existía ningún tipo de protección ante cualquier avatar de la vida laboral, como en el caso de los accidentes laborales, frecuentes por la falta de medidas de seguridad. Para más inri, el hospital no tenía por costumbre comunicar los partes de lesiones al juzgado, lo que cerraba el círculo de la más absoluta impunidad.

Ante esta situación, mi juzgado adoptó algunas medidas. La primera, romper las cadenas que cerraban los caminos públicos, abriendo diligencias previas por varios presuntos delitos de usurpación. En segundo lugar, era urgente abordar el tema de los accidentes laborales y que los patronos dieran de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores. Para ello, junto con el responsable del entonces Instituto de Previsión Social, precursor de la Seguridad Social de la isla, ideamos un sistema que se fue cumpliendo razonablemente. No entraré en detalles, a pesar de que los eventuales «ilícitos» cometidos han prescrito hace décadas, pero lo cierto es que muy pronto los partes médicos de lesiones por accidente laboral empezaron a fluir hacia el juzgado. Las diligencias previas se abrían sin prisa, y así permanecían hasta el momento en que desde los servicios de la Seguridad Social se informaba, a pregunta del propio juzgado, de que por error no se había constatado que los trabajadores de la empresa afectada ya estuvieran dados de alta en el sistema y —esta era la clave— a la fecha del accidente. A la vista del informe, el juzgado archivaba sin más averiguaciones las diligencias penales abiertas. Con estas actuaciones se logró la regularización de la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena.

También me correspondió tutelar las primeras elecciones municipales democráticas de 1979, acontecimiento del que conservo recuerdos muy precisos. Una autoridad gubernativa de la época de la dictadura se ofreció para hacerse cargo de la intendencia electoral, cargo o puesto que, si no recuerdo mal, debía nombrar el presidente de la Junta Electoral Local, el juez, o sea, yo. Sus argumentos para sostener tal pretensión eran bien simples: la «eficacia» para organizar el escrutinio de las anteriores elecciones franquistas, pues así se lograba que el gobernador civil conociera el resultado dos horas antes de cerrarse las urnas. No quise preguntarle cómo. Tengo para mí que aquel milagro no se obraba por métodos limpios y democráticos.

El mismo funcionario franquista me reveló, pocos días después de mi toma de posesión en la isla, al parecer sin que nadie hasta ese momento le hubiese advertido de mi ideología, que ya tenía preparadas las armas de fuego para el caso de que los comunistas ganaran las elecciones. También me informó de que determinadas personas de la isla eran unos «rojos peligrosos» y que contra ellos se debía actuar en primer término. Sus fuentes de información, afortunadamente, no eran muy precisas, puesto que las personas por él citadas eran militantes socialistas, no comunistas. El comunista era yo, pero consideré oportuno no hacérselo saber, más que nada porque poner en su conocimiento que el juez de Primera Instancia era comunista podía afectar a su salud con unas consecuencias imprevisibles. Con estos precedentes, me pareció obligado recorrer las mesas electorales para comprobar si había papeletas de todos los partidos políticos que se presentaban a los comicios. El resultado de mi indagación fue preocupante: salvo en las mesas correspondientes a la capital, San Sebastián de La Gomera, en la que sí había papeletas de todos los partidos, en el resto de las mesas de la isla las correspondientes a partidos de izquierda brillaban por su ausencia. Hubo que reponerlas con urgencia.

Cuarenta años después, me siento orgulloso de haber participado activamente en el desarrollo de unas elecciones que fueron eficaces para normalizar el asentamiento de la democracia. Con esa finalidad opté por asistir a los mítines centrales que celebraron los principales partidos en la plaza del Quiosco de la ciudad. Según me confesaron posteriormente, a algunos no les tranquilizó precisamente ver que el juez de Instrucción escuchaba sus intervenciones. En aquellos tiempos, del Juzgado de Instrucción al Centro Penitenciario podía no haber más que un ligero paso. Transcurridos los primeros mítines, las cosas se normalizaron al extenderse de manera benévola que lo ocurrido en la plaza del Quiosco eran cosas «del juez de la barba», que era un poco rojeras.

Aquellos mítines me sirvieron para conocer mejor a la clase política democrática canaria, cuando se encontraba en pleno proceso de creación y asentamiento de liderazgos. Debo destacar de ella su generosidad, su sensibilidad y su inteligencia a la hora de comprender el mensaje central de la transición política española. Había que comportarse con la altura de miras suficiente para evitar que la trágica historia de la Guerra Civil pudiera volver a plantearse, pese al golpe de Estado de 1981. En Canarias, todos apostamos por el perdón, lo que no supone desde luego el olvido, pues recordar el pasado es una forma eficaz de evitarlo.

Con todo, hubo algún episodio sonrojante. El más inolvidable tuvo lugar en torno al Frente Polisario, al que por aquellos tiempos la práctica totalidad de las fuerzas democráticas estaban obligadas a visitar para mostrarle su solidaridad activa. La visita estándar consistía en comprobar la penuria de medios personales y materiales en la que vivía el pueblo saharaui, seguido de un sobrio ágape tras el cual llegaba el turno de las intervenciones. Las cosas iban bien, según el plan previsto, hasta que alguien pidió la palabra en lo que suponía un desvío del programa oficial. El sujeto en cuestión representaba a un partido de los entonces situados a la izquierda del Partido Comunista, el Partido del Trabajo, que posteriormente se fusionaría con la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT). Pues bien, en medio de un vasto desierto que se prolongaba más allá del horizonte, el orador, en un arranque de modernidad, consideró oportuno recomendar a los sufridos militantes del Frente que introdujeran dentro de su programa político la necesidad de crear espacios verdes. Era tal el contraste entre el discurso y la realidad, que el resto de la delegación no supo cómo reaccionar, si con risa o con vergüenza, por lo que se optó por el silencio. Más tarde, a la hora de irse a dormir, un miembro de la comisión abordó el tema del discurso con sentido del humor, diciendo en voz alta para que lo oyera sin dificultades el orador imposible: «No os preocupéis por nada, que el aparato tecnológico que debía registrar los discursos se ha puesto en funcionamiento tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Sí, un aparato muy sofisticado, llamado “Pudormatic”, que borra de forma automática toda frase, palabra o idea que ofenda al sentido común o al sentido del ridículo». En este caso no hubo duda, y la respuesta casi unánime de todos fue una gran carcajada.

Cada vez que recuerdo esta anécdota no puedo dejar de pensar que es una pena, tal y como está hoy el patio político, que el Pudormatic no se haya inventado todavía. Habría evitado muchas tonterías y no pocos disgustos.

El conjunto de mi actuación hizo que mis relaciones con los caciques gomeros fuesen manifiestamente mejorables. Hubo un incidente que explica la actitud que mantuve con ellos. Un trabajador le propinó a su capataz un golpe que no le produjo lesiones, pero que derivó en la típica situación de una falta leve de lesiones a tramitar por el Juzgado Municipal. En condiciones normales, de no haber afectado al cacique, el procedimiento se habría cursado sin mayor resonancia y habría terminado, como mucho, con una condena menor. Sin embargo, el cacique no lo entendió así y consideró que su «estatus» era incompatible con someterse a un proceso penal en condiciones de igualdad a cualquier otro ciudadano. Y empezó una verdadera batalla campal: primero, trató de enredar a la Guardia Civil, que, con buen criterio, no quiso quebrantar la ley, y después, quiso implicar al Juzgado Municipal, que, de nuevo, desestimó la pretensión de archivar las actuaciones señalando el día para la celebración del juicio de faltas.

El cacique recurrió la resolución judicial ante mi Juzgado de Instrucción, y yo confirmé la resolución judicial acordada por el juez a quo por razones jurídicamente obvias. Había prueba procesal de cargo obtenida con las debidas garantías procesales, suficiente para desvirtuar el derecho constitucional a la presunción de inocencia, pero tampoco se allanó a tal resolución. Aún le quedaba una última bala: la débil posición del Ministerio Fiscal, un hombre mayor que, al no ser de carrera, era susceptible de ser presionado a través de una amenaza muy concreta: la no renovación de su nombramiento. Alguien de su confianza se lo recordó, y así, antes de iniciarse el juicio, el fiscal me comunicó que no iba a llevar a cabo la acusación. Esto, unido a que el perjudicado había retirado su acusación, debía provocar una sentencia absolutoria por exigencias del principio acusatorio. Después supe —lo que confirmó mi intuición— que el cacique o algún otro de su banda habían amenazado al fiscal con privarle de su oficio. La actitud de la víctima era fácil de explicar. Sin duda, había recibido algún tipo de recompensa económica o amenaza laboral que haría comprensible su actitud. Lo inexplicable era la postura del Ministerio Fiscal.

Yo no podía soportar tamaña cacicada y llamé al fiscal a mi despacho. Cuando le comenté el caso y le pedí que me dijera los motivos que tenía para retirar la acusación, el hombre se puso pálido y comenzó a balbucear. Al insistirle yo, se derrumbó y empezó a contarme las presiones recibidas, pero añadió que no estaba dispuesto a rectificar su posición, pues se jugaba su carrera. No le dejé terminar y le expliqué algo así como: «Si no retiras la acusación, puede que pierdas tu oficio, pero si la retiras, lo que te juegas es que abra un procedimiento penal contra ti por delito de prevaricación. Te veré en el juicio».

El día señalado para el juicio, me senté en primera fila y escuché al fiscal no retirar la acusación. El cacique fue justamente condenado.

Lo sorprendente de esta historia es la reacción que tuvo el cacique. No me cabe duda de que utilizó toda su influencia para que se realizasen en el edificio del juzgado, sito en un inmueble del cabildo, todas las obras de renovación solicitadas por los sucesivos jueces y eternamente aplazadas. Esta conducta la interpreté como una especie de reconocimiento explícito hacia mi oficio de juez. Sin darme cuenta, había pasado a ser un miembro más de la élite isleña, del circuito del poder. Había peleado con uno de los máximos caciques y ganado la batalla. Reconocerlo así, sin ambages, promoviendo las referidas obras de rehabilitación, era el comportamiento adecuado de un caballero, condición previa para acceder a la categoría de cacique honorable.

Después de la batalla, su comportamiento conmigo fue no solo correcto, respetando cada cual los límites de su respectivo territorio, sino incluso afectuoso. Transcurridos tantos años de este episodio, tengo la sensación de que al cacique, un hombre ya casi anciano, no dejaba de hacerle gracia aquel joven petulante que era yo. Y a mí no dejaba de hacerme gracia la actitud del anciano. En suma, firmamos un pacto de no agresión y mutuo respeto.

ERRORES Y ACIERTOS JUDICIALES

De mi actividad puramente judicial quiero destacar dos eventos concretos. El primero fue protagonizado por mi amigo, el comisario principal Modesto García, quien por aquel entonces, hace ya casi cincuenta años, prestaba sus servicios en el Gabinete Científico de Santa Cruz de Tenerife.

El caso es que se había cometido un delito de hurto en la localidad de Hermigua, en La Gomera. Convencido por los numerosos indicios de la autoría de un vecino determinado, solicité de la Policía Científica que cotejara las huellas que había en un destornillador encontrado cerca del lugar en el que se había cometido el delito con las huellas del sospechoso. La escasísima importancia de los hechos hubiera aconsejado no seguir con la investigación, pero, lejos de ello, la policía encargó a Modesto que se trasladara a La Gomera a realizar el referido cotejo y se presentó en mi juzgado para darme cuenta del resultado de la prueba solicitada. Pedí al agente judicial que le acompañara hasta mi despacho, situado al fondo de un larguísimo pasillo. Nada más entrar, y tan pronto como le señalé una silla, a guisa de saludo dijo: «Me alegro de conocer a un juez de Justicia Democrática». Quedé desconcertado porque la policía, así, en abstracto, conociera un hecho que era por definición clandestino e ilegal. Duró poco la impresión, dado que enseguida me aclaró que pertenecía a un sindicato también ilegal y clandestino, que creo recordar era el SUP: Sindicato Unificado de Policía. En ese primer encuentro hablamos de lo divino y, sobre todo, de lo humano, salvo del cotejo solicitado, que finalmente resultó infructuoso.

Pronto tuve la primera, que no la última, discusión con Modesto. Él sostenía que el movimiento sindical de la policía debía orientarse hacia la Unión General de Trabajadores (UGT), mientras yo entendía que era más eficaz ir a un modelo autónomo, tal y como luego sucedió. Modesto es el único policía que conozco con la titulación de «enarca», es decir, licenciado por la más prestigiosa y elitista de las escuelas francesas para la formación de funcionarios, la École National de l’Administration, y durante mi mandato al frente de Interior fue mi hombre en Bruselas, mis ojos y mis oídos para todos los asuntos que competían al ministerio. Él me introdujo en toda clase de entresijos sindicales de la policía, tanto a nivel estatal como en el plano internacional, donde asistí a todo tipo de eventos y reuniones. Mucho más tarde, cuando llegó el momento de asumir la cartera de ministro del Interior, aquellos contactos resultarían sumamente útiles para el ejercicio de mi función. En aquellos días de San Sebastián de La Gomera nació una amistad que hoy, estando ambos ya jubilados, continúa felizmente después de tantos años y de tantas dificultades sorteadas.

En el idioma castellano existen numerosos refranes que admiten la peligrosidad de un «juez de entrada» o juez en su primer destino. Se le compara con la temible actitud de una mula, lanzando coces desordenadas y violentas a todo lo que se le alcanza. A veces acierta y castiga a los malos (caso del cacique antes referido), pero en otras no acierta y sanciona a quienes deberían quedarse al margen del Derecho Penal, como ocurrió con un caso de drogas que paso a relatar a continuación y de cuya instrucción no me siento nada orgulloso.

El origen fue un atestado de la Guardia Civil en el que se denunciaba la eventual actividad delictiva de unos extranjeros, quizá hippies, que cultivaban marihuana para uso propio y, supuestamente, para su venta a terceros.

Los hechos tuvieron lugar en el Valle Gran Rey, al sur de la isla de La Gomera, y determinaron una investigación exhaustiva por parte del juzgado, que adoptó medidas cautelares desproporcionadas para la escasa gravedad de los hechos. Tras la minuciosa inspección ocular, la supuesta plantación quedó reducida a unas cuantas macetas en las que se cultivaba la droga que finalmente se confiscó. De la supuesta venta o tráfico a terceros no quedó constancia, al margen del consumo de la familia o grupo con que compartían toda clase de bienes, entre ellos, la marihuana. Por tanto, su peligrosidad era muy escasa. Aun así, se les trató como si fueran graves y peligrosos traficantes de drogas, cuando en realidad eran pequeños consumidores. Es obvio que cometí un error a la hora de evaluar la escasa importancia de los hechos y que se causó daños innecesarios y desproporcionados a los inculpados, de lo cual me arrepiento sinceramente.

En mi condición de juez de Primera Instancia dedicado a temas civiles solo me viene a la memoria un asunto que llegó a tener una amplia repercusión en el mundillo jurídico y social. Se trataba de un pleito contra un campesino que había cerrado un camino de paso. El demandante sostenía que el demandado no tenía derecho alguno a pasar por su camino, pues se encontraba, según la prueba documental, en su finca, siendo de su uso exclusivo y sin que constara ningún dato o elemento que pudiera hacer pensar en la existencia de una servidumbre de paso. Al contrario, el demandado sostenía que cada mañana, acompañado de su mula, recorría todo el camino hasta llegar a su finca, donde terminaba la servidumbre.

No recuerdo si a instancia de parte o de oficio por diligencia de mejor proveer, lo cierto es que acordé una diligencia de prueba que me pareció razonable. Ordené que se colocara la mula junto a la mesa en la que se había instalado el juzgado para esta ocasión: en medio del campo para realizar el juicio al aire libre. Ordené soltar la mula a fin de que nos mostrara a todos los presentes sí existía o no la tal servidumbre de paso. Y la mula se mostró de lo más expresiva, porque fue desplazándose tranquilamente por el camino hasta llegar a una bifurcación. Ese momento decisivo, eligió sin vacilar el ramal que, atravesando la finca del denunciante, se dirigía a la finca del demandado, por el camino que resultó ser el más corto.

La conclusión fue que la mula tenía razón, y la presencia del juzgado y de sus acólitos no la intimidaron lo más mínimo. No vio razón alguna, porque no la había, para cambiar sus costumbres. Dar la razón a la mula, ya que la naturaleza imita al arte, hubiera sido la sentencia que hubiese dictado sin vacilar Sancho Panza. Pero en mis memorias, como en la vida misma, no siempre ganan los buenos.

UNA NOCHE EN LHARDY

Estando aún en San Sebastián de La Gomera, y con ocasión de un viaje a Madrid, me encontré con una sorpresa especialmente emocionante. Mi amigo Jesús Vicente Chamorro, fiscal listo, vivaz, sarcástico, que me había tomado cariño desde que nos conocimos en la capital, había organizado una cena con unos amigos venidos de fuera y quería que los conociese. Sin muchas más explicaciones, me citó a las nueve de la noche en el Lhardy, un clásico y caro restaurante madrileño ubicado en la Carrera de San Jerónimo. Al entrar en el reservado que había elegido Jesús Vicente, en un ambiente elegante e isabelino, me encontré con cuatro personas que se pusieron en pie para saludarme: el propio fiscal Chamorro; mi amigo el magistrado Antonio Carretero, una inteligencia de primer orden y que a buen seguro participó en la organización de aquel encuentro; un importante dirigente sindical de Vigo y miembro de la dirección política del PCE, Rafael Pillado, y por encima de todos, un personaje mítico que solo conocía por libros, panfletos y referencias expresadas en voz baja, me refiero a Francisco Romero Marín, conocido como «El Tanque», que llegó a ser teniente coronel del ejército soviético y en aquel momento era uno de los más altos dirigentes del partido.

En el transcurso de la cena, Romero Marín nos dijo que el partido había decidido entregarnos el carnet y nos hizo saber que éramos los primeros y únicos jueces y fiscales que entraban en él. Por lo tanto, se nos consideraba miembros muy valiosos. A partir de ese momento tendríamos que mantener relaciones exclusivamente con la dirección. Razones de seguridad así lo aconsejaban.

Me estremeció contemplar la emoción de mis amigos Jesús Vicente y Antonio. Eran dos personas que, traspasada ya la mitad de sus vidas, tenían la inteligencia y los datos suficientes para desmitificar la Rusia soviética. Recibir el carnet del PCE era, de algún modo, una recompensa por el tiempo perdido bajo la siniestra capa de la dictadura. En mi caso, el riesgo profesional más evidente era la pérdida de la oposición ganada. Pero en aquel momento estaba dispuesto a asumir toda clase de riesgos, incluidos los derivados de una eventual responsabilidad penal. Era algo así como un «juez-delincuente». Pensaba entonces, y sigo pensando ahora, que frente a la dictadura era legítimo desobedecer la ley o tratar de aplicarla de manera alternativa. Si a ello añadimos la clandestinidad y la juventud, es comprensible que se formara un cóctel que en mi espíritu romántico causó estragos. Al fin y al cabo, estaba cenando en un restaurante mítico, en el que tantas conspiraciones de todo tipo se habían fraguado a lo largo de su historia, corriendo riesgos evidentes y graves con militantes bragados en la lucha contra el franquismo, y recibiendo el carnet del partido por antonomasia de manos de un héroe de la Segunda Guerra Mundial que llegó a combatir contra el ejército nazi en defensa de la revolución soviética.

Pese a todo, vacilaba sobre la conveniencia de ingresar en el PCE, y no por los riesgos que ello implicaba, sino por la expresa petición de mi madre de que no ingresara en ningún partido político para no tener que aceptar nunca su disciplina de voto. En mis periodos de militancia nunca he situado al partido —comunista primero y socialista después— por encima de mis valores y principios. La disciplina no es el concepto que mejor describe mi trayectoria política. En muchas ocasiones, quizá en demasiadas, he sido un verso suelto y bastante incómodo, por cierto.

Esas dudas también respondían al fracaso sin paliativos de la revolución soviética. Pensaba, como Jordi Solé Tura, miembro destacado del PSUC y líder de la facción Bandera Roja (a la que algunos llamaban «Bandera Blanca»), que era preciso reformar sustancialmente el modelo comunista tradicional para sustituirlo por el eurocomunismo, modelo ideado y defendido por Enrico Berlinguer, patriarca del Partido Comunista Italiano. En síntesis, el eurocomunismo pretendía integrar en términos políticos el bagaje liberal y democrático en el marco de la tradición socialista más genuina. Hombres como el propio Berlinguer, Olof Palme o Felipe González contribuyeron a conformar el nuevo socialismo democrático. A este tipo de socialismo pertenecía y sigo perteneciendo, aunque ya no tengo carnet, pues lo devolví al ingresar de nuevo en la carrera judicial.

Sin saber con precisión el motivo, sigo recordando con emoción mis sentimientos aquella noche en el Lhardy. Era, como he dicho, algo así como formar parte de la Historia, siquiera una pequeña nota a pie de página y en minúscula.

Quiero cerrar este capítulo recordando un hecho que tuvo lugar de nuevo en San Sebastián de La Gomera. Estábamos cenando con unos amigos canarios en un restaurante al aire libre. Una tuna nos amargaba todas las noches con irritantes canciones, supuestamente estudiantiles, pero una noche, puestos en pie y con aire solemne, los tunos empezaron a cantar «La Internacional». Habían legalizado al Partido Comunista.

Aquello significaba, para cualquier demócrata, la convicción de que ya no había posible marcha atrás y que la reforma política era imparable. En poco tiempo viví tal cúmulo de emociones y de pasiones que aún hoy siento una cierta nostalgia cuando pienso en ese tiempo.

El «culpable» de todo aquello, Adolfo Suárez, era un político singular y del que casi nadie esperaba casi nada por su vinculación con Franco en calidad de ministro general del Movimiento y que se atrevió, sin embargo, a confrontar con la cúpula castrense y ganar la primera de las dos grandes batallas que se libraron entre el emergente poder civil y el agonizante poder militar. La segunda batalla tuvo su expresión en el fallido golpe de Estado de 1981. Adolfo, sabedor de lo que estaba pasando en el seno de la cúpula militar, trató de evitar la intentona golpista poniéndose a sí mismo como precio de la libertad de todos. Los militares no debieron de quedar satisfechos con la inmolación y siguieron con los preparativos para culminar sus propósitos.

9

Otros destinos judiciales

Terminada mi estancia en La Gomera, aterricé junto con mi familia en Cataluña, en concreto, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Berga (Barcelona). Ello no significó cortar los vínculos con mi anterior destino, pues durante muchos años volvimos a esa isla maravillosa durante las vacaciones de verano. En aquel momento, mi padre era gobernador civil de Barcelona y mi madre, funcionaria de Cultura.

En el edificio de los Juzgados de Berga había un piso destinado como vivienda para el juez. Aunque se hallaba en mal estado, teníamos la posibilidad de arreglarlo y así hicimos. La vivienda contaba con un salón enorme, vacío, sin muebles, pero con un piano desafinado. Pintamos las paredes y cubrimos todo el suelo con una moqueta de color beige que resultaba cálida y acogedora. Una mesa y muchos almohadones eran toda nuestra decoración. Había que dejar espacio a las reuniones con amigos y los muebles estorbaban. Más que decoración minimalista, era simplemente una casa vacía que encajaba bien con nuestra necesidad de dar una impresión de sencillez y ausencia de ornamentos. De hecho, en nuestra casa de San Sebastián de La Gomera no había platos convencionales; los sustituimos por unos de madera maciza que pesaban una enormidad, y una vajilla de cerámica rústica, la primitiva de Chipude. Quiero creer que nadie, ni yo mismo, pensaba que esa estética respondía al propósito de vivir en una supuesta pobreza y con la dignidad de la escasez. A nosotros nos parecía una manera lujosa de vivir, aunque mi hermano mayor, cuando vino de visita, no lo interpretó así. De hecho, José Félix recordaba siempre una cena en la que hicimos una orgullosa exhibición de recetas y artículos de los guanches. Creo que mi hermano empezó a pensar que me estaba convirtiendo en un verdadero gilipollas, y no descarto que tuviera razón. En aquel tiempo no era fácil vivir y actuar sin gestos hacia la galería, sin poses, sin alardes más o menos radicales. En mi descargo, me atrevo a subrayar que era un juez de entrada de veinticinco años con bastante sentido escénico, aunque desproporcionado. Aún hoy me divierto al recordar mis gestos y actitudes de aquella época.

Parámetros parecidos presidieron mi primera boda. Los dos pensábamos que debíamos huir de toda clase de ceremonias innecesarias, y lo hicimos en la convicción, llevada a la práctica, de que solo era preceptiva la presencia de dos testigos, que nos proporcionó el propio sacerdote oficiante. Nos casamos en la iglesia de la Purísima Concepción cuando lo lógico hubiera sido casarse por lo civil. La razón era muy simple: en aquel tiempo, para casarte en el juzgado y celebrar un matrimonio civil eran necesarios muchos requisitos; entre ellos, una declaración de apostasía, nada menos. Nos pareció más práctico casarnos por la iglesia. Para fijar la fecha aprovechamos que mis padres estaban de viaje en Italia. Había que evitar cualquier interferencia familiar y lo logramos. Recuerdo la carcajada que soltó mi madre en la cubierta del barco, cuando desde el muelle me vio levantando la mano y señalando el dedo en el que ya estaba el anillo de boda. Fue un éxito para todos. Desde luego, para los recién casados. También para los eventuales invitados a la ceremonia, que se ahorraron el gasto en regalos, como hubiera correspondido a un evento de tronío como era el enlace del hijo menor del gobernador civil de Barcelona, figura entonces muy relevante social y políticamente. Incluso para los padres de los novios, pues nuestra decisión supuso que se ahorraran el coste del convite y del viaje de novios, del que se hizo cargo mi hermano José Félix.

Volviendo a mi estancia en Berga, muy pronto me encargaron en comisión de servicio el Juzgado de Vic, con una dedicación exclusiva que obedecía a unas circunstancias concretas. El anterior juez había decidido, por razones personales, dejar de poner sentencias civiles, que eran abundantes y complejas, relacionadas sobre todo con el derecho agrario. La consecuencia fue que las sentencias sin resolver se amontonaban, bloqueando el ritmo normal del juzgado. Para apagar ese incendio, la sala de gobierno entendió —y no se lo reprocho— que el juez de Berga, el que tenía menos trabajo en la provincia, debía hacerse cargo. Y ese fue mi cometido hasta que se normalizó la situación.

El periodo entre Berga y Vic se caracterizó, sobre todo, por la intensidad y la frecuencia de mis contactos y relaciones con mis padres. Siempre que podía, acudía a comer con ellos, donde solíamos compartir mesa con toda clase de personas significativas social o políticamente. Durante esas comidas aprendí mucho y para siempre, pero sobre todo disfruté del mejor espectáculo del mundo: la inteligencia humana. No me refiero a una inteligencia cualquiera, o a una inteligencia dirigida al mal o al mero vacío conceptual. Hablo de la inteligencia fundada que huye del mal como de la peste, que no humilla, que escucha a los demás como si sus palabras fueran las más importantes del mundo. Esta era la inteligencia que emanaba de mi padre; para mí, el ser más inteligente que he conocido jamás. En esas ocasiones me quedaba callado, sin decir nada, salvo cuando estaba a solas con él. Comprendía perfectamente que era el tiempo de aprender y, por ello, de escuchar. Lo hacía con todo el esmero que podía, consciente de que estas sobremesas no podían durar. Y así fue, pues pronto tuve que trasladarme a Alcoy, lejos de la tutela intelectual de mis padres.

En este periodo tuve una experiencia muy gratificante con los mineros de Berga agrupados en el sindicato CC.OO. Fui invitado por ellos y por la patronal en calidad de árbitro para resolver las diferencias que había entre ellos para ponerse de acuerdo en la renovación del convenio colectivo. Por lo visto, la presencia del juez de Primera Instancia era una especie de tradición, dada su imparcialidad. Recuerdo bien que la voluntad negociadora de ambas partes hizo fácil conseguir un pleno acuerdo. Días después, el comité de empresa me pidió audiencia. Ya en mi despacho, el presidente me dirigió unas hermosas palabras de agradecimiento y me hizo entrega de un candil de aceite minero con una placa de bronce en la que se hacía constar su agradecimiento. «Al señor Belloc», ponía, así, sin la hache final. Este candil me acompañó dondequiera que me llevase mi carrera judicial y política, y ahora también en la jubilación.

Entablamos una amistad con los sindicalistas. Con nuestras mujeres organizábamos los fines de semana cenas a las que acudían mi amigo Gerardo Thomas Andréu (por entonces, juez de Distrito de Berga, también en comisión) y su esposa Carmen. En estos encuentros se hablaba y discutía de todo, incluidas las decisiones del PCE y del PSUC, pero también, quién sabe si desde la nostalgia anticipada, bebíamos vodka al grito de tovarich (compañero). ¡Era tan difícil olvidar la Rusia revolucionaria! La realidad se impuso y no hubo más remedio que hacerlo.

JUECES PARA LA DEMOCRACIA

Mi siguiente destino judicial fue Alcoy. Después de cumplir mis funciones judiciales, que siempre fueron prioridad, el tiempo libre lo dedicaba a cuestiones de política judicial. Había dos temas que me interesaban entonces: las elecciones a vocal del Consejo General del Poder Judicial y el asociacionismo judicial, ambas íntimamente relacionadas entre sí.

En aquel tiempo fracasaron los intentos de constituir una única asociación judicial, al rechazarse la posibilidad de que existieran dentro de ella secciones minoritarias que tuvieran una cierta autonomía de funcionamiento. Luciano Varela Castro, Cándido Conde-Pumpido hijo y yo mismo, entre otros, tuvimos claro que era preferible crear una asociación autónoma de corte progresista y heredera de Justicia Democrática, aunque se redujera a miembros de la carrera judicial, esto es, a los jueces y magistrados a los que afectaba frontalmente el artículo 127 de la Constitución española, que prohibía expresamente nuestra pertenencia a partidos políticos y sindicatos. De hecho, en los primeros momentos y como recordatorio, nos hicimos llamar «Club 127», del que formaron parte desde el principio quienes habíamos sido miembros de Justicia Democrática, entre otros, Claudio Movilla, Clemente Auger, Perfecto Andrés y Manuela Carmena, quien años después sería alcaldesa de Madrid. Al proyecto se incorporaron otros muchos jueces progresistas como Joaquín Navarro, Joaquín Giménez, Fernando Escribano e Ignacio Sánchez Yllera.

Y fue así como, poco tiempo después, vio la luz y se constituyó una nueva asociación con el nombre «Jueces para la Democracia», la primera asociación progresista de jueces españoles. Muy recientemente se ha experimentado una modificación incorporando, como es lógico, a las juezas, pues ellas además son ya mayoría en la carrera. Alguien debería escribir las memorias de esta asociación tan significativa en la historia del asociacionismo judicial español y del propio Poder Judicial. No puedo hacerlo yo por el protagonismo excesivo que he tenido, pues en ella ocupé durante muchos años todas las responsabilidades posibles y, especialmente, la de portavoz. Tampoco me veo en condiciones de ser objetivo a la hora de narrar sus avatares pasados y presentes. Pero lo que sí puedo decir es que, en la época de Justicia Democrática, llegamos a ser miembros activos de la Junta Democrática de España, organización que agrupaba la mayor parte de los partidos y colectivos antifranquistas. Desde Jueces para la Democracia hemos seguido siendo un referente importante para las fuerzas políticas progresistas, pues a la hora de formular sus programas en materia de justicia, se han tenido en cuenta casi siempre los documentos elaborados por nuestra asociación.

Con algunas diferencias correspondientes a la diversidad y la pluralidad de opciones de izquierda que existían y existen en el tejido asociativo judicial español, la asociación —con sus errores incluidos— ha mantenido un cierto liderazgo en el ámbito de la política judicial progresista. Ello tuvo su reflejo, entre otras cosas, en la política de nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y en la propia política de nombramientos dentro de la carrera.

Durante mi etapa en el juzgado de Alcoy dediqué buena parte de mi tiempo libre a incrementar el número de miembros del Club 127 y a preparar mi intento de ganar las elecciones a vocal del Consejo. Seguía vigente el sistema de elección directa por parte de jueces y magistrados. El método de captación era simple pero trabajoso: se basaba en visitas personalizadas, uno a uno, con todos aquellos miembros de la carrera con fama o prestigio de perfil progresista.

LA DECEPCIÓN CON MEDEL: UNA ENTREVISTA CON OTELO SARAIVA DE CARVALHO

De manera paralela, en aquel tiempo se estaba desarrollando con rigor la asociación MEDEL (Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades). Dicha organización aspiraba (y lo sigue haciendo) a realizar a nivel europeo lo que veníamos haciendo diversas organizaciones progresistas de jueces en toda Europa a nivel nacional. Tuvimos un indudable protagonismo en dicho proceso, como lo demuestra que el representante, que era yo, consiguiera la vicepresidencia de la organización.

Mi relación con MEDEL duró poco. Mi desvinculación personal tuvo su origen en un episodio significativo. En efecto, algo después de mi nombramiento acudí a Lisboa en mi condición de vicepresidente para entrevistarme con Otelo Saraiva de Carvalho, a petición de su defensa. Otelo, como buen revolucionario primario, había sido juzgado y condenado por supuestos delitos políticos relacionados con el modelo de desarrollo de la Revolución de los Claveles de 1974. Cuando lo visité en la prisión militar donde cumplía la pena, me sorprendió su aspecto físico, el de un hombre perfectamente en forma y dispuesto para la acción. Sobre todo me impresionó el modo en que todos los militares que se cruzaban en su camino detenían su paso para saludarle al estilo castrense, a lo que el coronel respondía con idéntica marcialidad. En suma, era lo menos parecido a un preso y sí lo más parecido a un héroe de la revolución. En todo caso, un militar cabal y honrado, fue lo que pensé y sigo pensando. Conversé con él unos cuarenta minutos. Hablamos, sobre todo, del curso de la revolución o de la contrarrevolución, y de los errores cometidos por los camaradas. Enseguida pasamos a hablar del objeto de mi visita. Le manifesté que, en mi condición de juez y vicepresidente de MEDEL, pretendía ayudarle en su defensa jurídica, cooperando con sus abogados defensores. Después de estudiar la documentación que me fue presentada, había llegado a la conclusión de que existía una línea de defensa inédita, inspirada en una sentencia del Tribunal Constitucional español, que podría aplicarse al marco jurídico y constitucional portugués. Se trataba de la necesaria motivación de las resoluciones judiciales limitativas de derechos y libertades, doctrina que tenía su claro encaje en el ámbito de la jurisdicción penal. En consecuencia, solicité permiso al coronel Saraiva para contactar con sus letrados y hacerles llegar el informe jurídico que había preparado. El coronel me dio autorización y me lo agradeció de manera muy afectuosa. Tiempo después tuve conocimiento de que el Tribunal Constitucional portugués había aceptado la tesis de la falta de motivación como motivo suficiente para decretar la nulidad de las resoluciones recurridas, lo que permitió su puesta en libertad.

Me sorprendió que mi conducta, de la que estaba orgulloso, fuese objeto de una severa crítica por parte de uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva de MEDEL. Alegaba que no debía haber usado mi condición de vicepresidente porque afectaba al conjunto de la asociación. Además de manifestar mi perplejidad, traté de explicar que el fondo del asunto debía ser objeto de crítica o de elogio, es decir, ¿era justa o no lo era la doctrina de la motivación?, ¿era justa o no la excarcelación de Otelo Saraiva? No percibí ninguna actitud positiva en el resto de los miembros de la directiva de MEDEL, solo un silencio ominoso. Mi respuesta fue la de presentar mi dimisión inmediata e irrevocable, y desde ese momento no volví a tener ninguna clase de relación con dicha organización.

Más adelante me informaron de que el magistrado que había formulado la crítica era miembro del Partido Comunista de Francia y que la absolución del coronel Saraiva no encajaba con los planes estratégicos de su partido, contrario a la Revolución de los Claveles. Ahora, cuando han transcurrido los años suficientes, lo cuento sin temor a perjudicar a nadie. Considero que los progresistas, ya no comunistas, fuimos excesivamente comprensivos y tolerantes con las opiniones y conductas del comunismo ortodoxo. Pedir disculpas se me antoja insuficiente, pero contar lo que he sabido de manera personal y directa es, a estas alturas, una forma de reparación del daño causado. Los demócratas estamos obligados a reiterar que no hay un fracaso más estruendoso que el originado en el seno del comunismo ortodoxo. Hoy es una ideología residual y no conviene despertarla. Su lugar lo ocupan diversas formas de populismo, de izquierdas o derechas, reproduciendo los contravalores más característicos del comunismo soviético.

¡Dios nos libre de ellos y de sus acólitos!

ELECCIONES AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Siguiendo el curso de mi historia, recuerdo que tampoco salieron bien las elecciones a vocal del Consejo General del Poder Judicial. Las habíamos preparado con esfuerzo y entusiasmo, con la colaboración de un buen número de jueces del Club 127, y, sinceramente, creíamos poder ganar. Cuando solo faltaba el recuento de las mesas de Madrid, ya habíamos ganado holgadamente en el resto de España; sin embargo, se dio un «extraño» fenómeno, según comentó el entonces abogado Federico Carlos Sainz de Robles. En las mesas aún abiertas se estaba registrando una inesperada y sorprendente cascada de votos nulos. Y lo más curioso de todo es que, en el momento en el que mi rival me superó por un voto, un único y solitario voto, la normalidad se restableció. Los votos nulos, salvo los necesarios para mantener tal situación, se redujeron de manera drástica hasta el recuento final. Consideré que era obligado recurrir el proceso y elegí como abogado a Federico, pero perdimos el recurso y nada más se supo. Nadie mostró mucho interés, ni siquiera yo mismo, en modificar la situación. Consideré que seguir adelante en la vía jurisdiccional deslegitimaría el conjunto del proceso, y así fue como convinimos que pasar página era la opción más razonable.

A propósito de la forma de designación de los vocales del Consejo, me parece oportuno incluir en este capítulo algunas observaciones.

La primera se refiere a la constatación de que, a fecha de hoy, esta cuestión sigue sin estar resuelta después de más de cuarenta años discutiendo y proponiendo fórmulas distintas, con opciones perfectamente reconocibles. En primer lugar, la posición de quienes entienden que, aun implicando una interpretación un tanto forzada del texto constitucional, resulta más legítimo en términos democráticos que sean los parlamentarios quienes designen a los vocales del Consejo. En segundo lugar, la postura de los que alegan que es preferible dar protagonismo a los jueces, optando por la elección corporativa de los vocales al entender que es la única forma de evitar la politización del órgano de gobierno de la judicatura. Finalmente, otro grupo importante de jueces y políticos no tenían ni tienen las cosas tan claras como los dos grupos anteriores, optando por una u otra fórmula mixta intermedia. Este planteamiento, aunque lleno de buena voluntad, tampoco ha desbloqueado, al menos hasta ahora, la cuestión.

En torno a la independencia de los vocales del Consejo convendría hacer algunas apreciaciones previas. Para empezar, es obvio que, con la Constitución en la mano, la exigencia de independencia es predicable únicamente de los jueces y magistrados, de los juzgados y de los tribunales en el ejercicio de su jurisdicción, y no de los órganos gubernativos, y entre ellos, el Consejo General de Poder Judicial se encuentra en la cúpula al máximo nivel. Desde mi punto de vista, el legislador ordinario puede optar con toda legitimidad, vía Ley Orgánica del Poder Judicial, por cualquiera de las fórmulas referidas y cualquiera de ellas sería constitucional.

En segundo lugar, desde el punto de vista estrictamente político, no se ha constatado que la fórmula de elección corporativa garantice su independencia, más bien al contrario. En la única ocasión en que se produjo la votación directa por los jueces, el resultado fue una evidente politización del Consejo en su más alto grado. Puede que el lector no lo recuerde, pero lo que pasó entonces fue que el recién nacido proyecto político de Miquel Roca i Junyent tuvo que buscar un candidato para el número uno de Madrid a las elecciones generales de 1986 y no se le ocurrió otra cosa que nombrar candidato a Federico Carlos Sainz de Robles, nombrado presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en 1980. Nada que reprochar a Roca, pues era imposible encontrar un candidato mejor para representar su opción política. Más discutible fue que Sainz de Robles aceptara ese cargo, ya que el salto de presidente del Tribunal Supremo a candidato electoral equivalía a la explícita confesión de una evidente politización del Consejo. Un candidato en campaña debe supuestamente realizar acciones promocionales tales como subirse a un globo electoral, pero no son adecuadas para el máximo representante de la corte suprema. De hecho, es el único caso en el que un presidente del Tribunal Supremo ha terminado su mandato como cabeza de lista de una opción política. La única utilidad de dicha experiencia residiría en la evidencia de que el sistema propuesto de elección corporativa no impide la politización de los vocales del Consejo.

En tercer lugar, es un hecho que la mayoría sociológica de los jueces y magistrados tiene ideología conservadora. El mantenimiento del sistema de elección corporativa garantiza que el Consejo sea un órgano constitucional estrictamente conservador, cualquiera que sea el régimen de mayorías de las Cámaras. Así lo garantizaría la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, también de ideología conservadora, que ganaría siempre en los procesos electorales.

Lo ocurrido esta XIV Legislatura, con la prórroga de varios años y la feroz resistencia del Partido Popular a la renovación de los miembros del Consejo, evidencia el grado extremo de politización al que se ha llegado, con el consiguiente desprestigio del Consejo. La actividad del Partido Popular obedece al temor de que con la renovación se produzca un cambio de mayorías.

No alcanzo a entender por qué el señor Lesmes tardó tanto en presentar su dimisión ni por qué los miembros del Consejo no han presentado en bloque la suya. Tal medida sería, junto con la vía legislativa, la única forma de restablecer la normalidad constitucional de una renovación del Consejo. La Constitución española no prohíbe al legislador ordinario regular la forma y el procedimiento de nombrar a los vocales, pero sí exige —y, en mi opinión, esto es lo esencial— que las propuestas y los nombramientos deban realizarse entre juristas de reconocido prestigio. Garantizar el cumplimiento de este requisito sería la mejor fórmula para resolver razonable y constitucionalmente el conflicto. Para garantizar y tutelar el cumplimiento de tal requisito, las facultades de Derecho y, sobre todo, los colegios de abogados podrían cumplir con eficacia el cometido. En todo caso, es obvio que el mundo jurídico conoce con precisión qué jueces son de reconocido prestigio y quiénes no tienen tal condición.

Creo sinceramente que ha llegado el momento de cambiar el enfoque sobre la forma de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es preciso incrementar la cantidad y la calidad de la participación de los referidos profesionales del Derecho, como profesores o abogados. Si no se produce esta participación, el nombramiento de los vocales seguirá siendo la asignatura pendiente de nuestro modelo de control y gobierno del Poder Judicial.

De estas cosas discutíamos hace ya más de cuarenta años en el seno del asociacionismo judicial y en las relaciones Consejo-Ministerio de Justicia. Poco o nada se ha avanzado desde entonces.

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El golpe de Estado del 23-F

Quiero detenerme un momento en este triste episodio de nuestra historia, entre otras cosas, porque me tocó vivirlo siendo el juez de Primera Instancia e Instrucción de la ciudad de Alcoy.

Tiempo antes de la intentona golpista, el teniente general Milans del Bosch hizo una visita a los vecinos y autoridades de la ciudad. Cabe recordar que allí estaba acuartelada una unidad de tanques, así que debimos mostrar atención a que algo estaba sucediendo o iba a suceder en España. Pero no lo hicimos. El teniente general entró en Alcoy poco antes de la hora de comer, montado en un jeep descapotable y escoltado por vehículos todoterreno. Milans se estaba de pie para saludar a la gente que contemplaba su espectacular desfile. Después nos invitó a todas las autoridades civiles y militares a comer en un restaurante situado a las afueras llamado, según creo recordar, La Venta del Pilar. No había lugar en el mundo donde se comiera mejor el arroz al forn. A los postres, Milans dirigió unas breves palabras de agradecimiento a la cocinera y unas cuantas frases al resto de los comensales, todo en tono de arenga. Cuando acabó, abandonó el salón, junto con su comitiva militar, sin saludar a nadie.

Pocas fechas después de aquella comida, estaba yo una tarde redactando sentencias en mi despacho cuando entró bruscamente el juez municipal, Víctor Barrachina Torán, y me espetó a bocajarro que la Guardia Civil había invadido el Congreso de los Diputados. En un gesto que siempre he valorado, me propuso que tomáramos las armas cortas y alguna escopeta de caza que dormían un sueño eterno en los archivos del juzgado, todas ellas oxidadas, como pude comprobar personalmente. El objetivo era defendernos por si nos atacaban. No acepté el ofrecimiento por razones obvias y porque en un primer momento pensé que no corríamos riesgo alguno.

En los minutos y horas siguientes recibí varias llamadas telefónicas. La primera fue la del alcalde de Alcoy y buen amigo, Josep Sanus. No tenía mucha más información que yo. Milans había ordenado intervenir la programación de todas las emisoras de radio, y solo emitían himnos militares. También me dijo que habían colocado un tanque frente a la entrada del ayuntamiento. Procedí a abrir la cortina de la ventana de mi despacho y vi que frente al edificio que albergaba los dos juzgados habían situado otro tanque con el cañón apuntando a nuestra puerta. Miré a Barrachina para indicarle sin palabras que su propuesta de utilizar las armas de nuestro archivo no tenía mucho futuro. Alzó los hombros en un gesto de impotencia, así que llevamos un televisor a mi despacho esperando noticias, pero fue imposible ver nada de lo que ocurría en la Cámara Baja puesto que los golpistas habían tomado Televisión Española precisamente para impedirlo. Teníamos claro que lo conseguido por la transición democrática podía desaparecer de la noche a la mañana. Todo estaba en peligro, incluso nuestras vidas.

Durante la larga noche del golpe me llegaron noticias procedentes del cuartel de la Guardia Civil, donde se estaban concentrando personas conocidas por sus ideas franquistas pidiendo que se les entregaran armas para acabar ellos mismos el trabajo sucio. Sin embargo, me consta que la Guardia Civil no accedió a su petición. El comisario de la Policía Nacional se puso a mis órdenes, dado que había perdido toda comunicación con sus superiores. Me dijo que en estos casos se atribuía la competencia y el mando del cuerpo a los juzgados de Instrucción, una norma administrativa que yo desconocía entonces. Le pedí que enviara una patrulla al ayuntamiento y otra a los juzgados, con la prohibición expresa de usar las armas. Su presencia sería una forma de transmitir a los golpistas —militares y civiles— que las instituciones democráticas podían defenderse por sí solas y que el uso de la violencia por su parte tendría un coste importante en términos penales. Lo cierto es que ni en el ayuntamiento ni en los juzgados se personaron los alzados.

Por otro lado, decidí por mi cuenta llamar al presidente de la Audiencia Territorial de Valencia, don Carmelo Quintana, para que me diera instrucciones sobre lo ordenado por el general Milans del Bosch acerca de la suspensión de las actividades judiciales. Quintana era cualquier cosa menos una persona vulgar; como buen pintor, dedicaba parte de su tiempo libre a su obra. En público mantenía humorísticamente que debía su carrera judicial no a sus propios méritos sino a que su mujer tuvo el talento de caerle bien a la esposa de Franco, con la que iba de compras. Quintana y yo nos apreciábamos por motivos que nunca entendí del todo. Esa noche no podía esperar una respuesta tan clara y rotunda por su parte. Me dijo, cuando el golpe aún no había fracasado y antes de escuchar la alocución del rey en televisión: «Las únicas órdenes que usted debe acatar son las que yo le dé. En consecuencia, proceda a abrir con normalidad las puertas del juzgado». Con orgullo y cierta emoción, ejecuté su orden.

Asimismo, me puse en contacto con mi padre. Lo conocía bien y solo por el tono de su voz supe que estaba preocupado, aunque intentaba disimularlo. Analizamos la situación y llegamos a la conclusión de que había que hacer caso al presidente de la Audiencia Territorial de Valencia sobre la apertura del juzgado a la mañana siguiente, en horario normal. Respecto a la larga noche que nos aguardaba, me sugirió mantener una actitud prudente, al menos hasta que el rey interviniera y frustrase el golpe, tal y como mi padre esperaba, siempre optimista.

Las horas transcurrían lentamente, y cuando ya parecía que el rey no iba a intervenir y me preparaba para trasladarme con toda la familia a un domicilio seguro, Juan Carlos I apareció en televisión y cambió la historia. O, mejor dicho, la historia pudo continuar en el mismo punto en el que la dejamos antes de Tejero, Milans del Bosch y demás secuaces.

El día 24 de febrero pudimos ver las imágenes que sumieron a todo el país en un profundo sentimiento de temor y vergüenza ajena. La imagen de Tejero era la de una España que creíamos extinguida, pero fue confrontada por la valiente actitud del general Gutiérrez Mellado, de Adolfo Suárez y de Santiago Carrillo, que nos salvó de la desesperanza.

Días después me llegó la noticia, a través de la Policía Nacional (que no pude confirmar por otras vías), de que se estaba elaborando en mi ciudad una lista de las personas que, por ser contrarias al régimen de Franco, era preciso detener de manera inmediata y trasladarlas a un destino desconocido. En esa lista figurábamos el alcalde de Alcoy y yo mismo. Es fácil imaginar lo que pudiera haber ocurrido sin la intervención del rey.

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Sucedió en Bilbao

Al poco tiempo del fallido golpe de Estado me dirigí hacia mi siguiente destino, la capital vizcaína, ya con mi ascenso a magistrado.

Cuando llegué a Bilbao tuve que alojarme en un piso en el que vivían jueces casados (habíamos dejado a nuestras familias en sus lugares de origen, esperando un nuevo concurso que posibilitase su traslado). «Solteros» y enclaustrados, aquello parecía más bien un campamento juvenil, o directamente la mili. El piso estaba sumido permanentemente en la oscuridad. El primer día, al intentar abrir un balcón, uno de los jueces se abalanzó sobre mí para cerrarlo de manera abrupta, diciéndome que podían dispararnos desde el monte Artxanda. Desde semejante distancia, el supuesto objetivo no podría verse ni siquiera con mira telescópica, pero ese era el clima angustioso que se respiraba en Bilbao en 1981.

Aquellos jueces no estaban habilitados psicológicamente para opinar o actuar sobre ninguna cuestión vasca. Se sentían vigilados y mostraban una actitud casi enfermiza, aunque comprensible. ¿Cómo administrar justicia en tales condiciones? El miedo no era patrimonio exclusivo de los jueces. Alcanzaba a todos los estamentos sociales, menos los adscritos a ETA. También, en su gran mayoría, los periodistas debían pagar el chantaje terrorista mediante la publicación de cuatro columnas todos los días, con auténticas necedades relativas al mundo reducido, sectario, de Herri Batasuna o de su entorno.

Lo peor de todo era que, casi sin darnos cuenta, nos humillaban día tras día, degradando nuestra dignidad. No podíamos hablar libremente, pues siempre había en las inmediaciones un acólito de los terroristas que, frente a cualquier juicio de valor desfavorable para la «muchachada», te mandaba callar. Si querías evitar un incidente, lo más razonable, pero también lo más cobarde, era retirarse a tiempo. Profesión por profesión, todos sufríamos vejaciones, de una u otra clase y con diversos grados de intensidad. Quienes tenían medios económicos, pero carecían de valor suficiente para oponerse a los deseos de la banda, debían pagar el llamado «impuesto revolucionario». A quienes intentaban organizar un sindicalismo democrático se les advertía de que únicamente los nacionalistas tenían derecho a ello. Los demás, todos, éramos traidores. A quienes tenían apellidos castellanos se les exigía mayor vasallaje aún. En ese clima se sentían obligados a demostrar que eran más nacionalistas que nadie, que no eran maketos. Este esquema también se reproducía en el propio seno de ETA.

Durante décadas, los ciudadanos sufrimos la mayor y más grave de las humillaciones: la falta de libertad. Se respiraba miedo. Un miedo físico —tangible, real y directo— puede asimilarse si no se mantiene o prolonga demasiado en el tiempo. Más difícil resulta despegarse de la cultura de la violencia, que impregna la vida cotidiana. Con él se convive, y si no te es posible, te vas. Eso fue lo que hicimos los jueces durante mucho tiempo: abandonar el País Vasco, lo permitía una ley que, por cierto, modifiqué nada más tomar posesión como ministro de Justicia en 1993. Hasta ese momento, los jueces no permanecían más de tres meses, pidiendo enseguida el traslado. La consecuencia fue la práctica desaparición del Poder Judicial en Euskadi, y con él, de una parte importante del Estado. Un grupo de jueces integrado, entre otros, por Joaquín Navarro, Joaquín Giménez, María Elisabeth Huerta, Cándido Conde-Pumpido y yo mismo decidimos revertir la situación y quedarnos en el País Vasco para tratar de llenar ese vacío. Fue una apuesta arriesgada, pero correcta.

En Bilbao permanecí hasta 1991, fecha en la que me incorporé como vocal en el Consejo General del Poder Judicial. Un total de diez años durante los cuales trabajé en la Audiencia Provincial de Bilbao. Siempre, salvo unos pocos meses, lo hice en un órgano colegiado, pasando por todos los destinos posibles: magistrado de la Izquierda de la Sección Primera, magistrado de la Derecha de la propia Sección Primera, presidente de la Sección Primera y, finalmente, presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao. Todos esos cargos o destinos se cubrían por estricta antigüedad. Solo el nombramiento del último de ellos era competencia del Consejo General del Poder Judicial. Fui el presidente de Audiencia más joven de España, pero que no se engañe el lector, porque el nombramiento no se basó en mis méritos profesionales, sino en la más prosaica de las razones: se acababa el plazo para presentar candidaturas y, hasta ese momento, nadie se había postulado.

En verdad, la ausencia de candidatos para un cargo tan sensible tenía lecturas políticas no deseadas. El presidente del Consejo, Antonio Hernández Gil, me llamó por teléfono para pedirme que solicitara la plaza, garantizándome que contaría con su apoyo firme y decidido. ¡Cómo no, si no había ningún candidato! Algo parecido le había sucedido a mi amigo Joaquín Giménez García. Había ejercido la profesión en la Audiencia Provincial de Bilbao entre 1984 y 1986; luego en San Sebastián, con el cargo de presidente de la Audiencia entre 1991 y 1998, y finalmente como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Tanto Giménez como yo aceptamos los cargos con los mismos argumentos que en su día me llevaron a pedir plaza en el País Vasco. Aunque hoy pueda sonar extraño, lo cierto es que aceptamos ser presidentes de la Audiencia Provincial de Bilbao por una especie de «patriotismo judicial», unido a un creciente amor hacia la tierra vasca y los vascos, y en mi caso, especialmente hacia los bilbaínos.

El balance de esos diez años está lleno de recuerdos imborrables. La «clase jurídica vasca» y la propia clase política entendían que unos cuantos jueces bastante jóvenes estábamos intentando restablecer el prestigio, la dignidad de los jueces vascos, luchando por afirmar la existencia misma del Poder Judicial en Euskadi. Solo así se entiende un acontecimiento parlamentario que no tenía precedentes. El Parlamento vasco acordó una declaración institucional por unanimidad en la que se apoyaba firmemente el trabajo que veníamos realizando los jueces, rechazando todo ataque a su independencia. En términos generales, debo destacar el rigor, la seriedad y el buen hacer de los abogados del País Vasco. Sin su activa participación, nuestro trabajo hubiera sido más difícil y nada de lo conseguido hubiera resultado posible. Entre todos introdujimos reformas relevantes en la praxis judicial, basadas en la exigencia del buen hacer y la mutua confianza. El regalo que me hicieron los abogados en el acto de mi despedida fue una escultura de Eduardo Chillida, que me ha acompañado en mis sucesivos despachos, en recordatorio de nuestra amistad y de nuestro respeto mutuo. En nombre de todos ellos quiero citar a mi amigo Juan Daniel Barandiarán, excelente letrado y mejor persona. Fruto de la amistad con Juanda y su esposa Nieves, tuve el placer de ser el padrino de su hija Garazi. Me hubiera gustado entonces tener una mayor y más intensa relación con ella, pero lo cierto es que, en aquel tiempo, la situación del País Vasco y mi propia biografía desaconsejaban vernos en Bilbao. Mi desplazamiento hacia territorios vascos hacía necesaria la adopción de medidas de protección desproporcionadas e inevitables. La inteligencia y la alegría de Garazi pueden superar en la vida cualquier dificultad, pues tiene una energía abrumadora y tierna a la par. Nunca le faltará mi cariño y mi disposición a ejercer de padrino cuantas veces lo necesite, aunque va sobrada de recursos, y cuando lo requiere la ocasión, tiene capacidad de inventarlos.

Recuerdo también gratamente la confianza que los reclusos de la prisión provincial mostraron con los jueces vascos, al solicitarme, durante un motín en la cárcel de Basauri, para que actuara como mediador. El incidente, por cierto, tuvo una solución satisfactoria.

Los magistrados de la Audiencia Provincial éramos conscientes de que estábamos viviendo una situación excepcional, en la que era preciso intentar adaptar la legislación y la doctrina del anterior régimen político a la nueva legalidad constitucional. De algún modo y en cierta manera fuimos capaces de anticipar alguna de las soluciones que más tarde ofrecería el nuevo Código Penal. Era muy frecuente que las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Bilbao o San Sebastián se citaran en toda España en numerosos procedimientos penales por las partes y, especialmente, por sus defensas. Al propio tiempo, nuestras sentencias se incorporaron a la llamada «jurisprudencia menor» de las audiencias provinciales, con un sello propio e inconfundible.

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS: GUATEMALA

Durante mi estancia en Bilbao participé activamente en la elaboración de informes internacionales en materia de derechos humanos. Entendía entonces, y entiendo ahora, que este trabajo se complementaba con mi tarea judicial. Así lo interpretó el Consejo General del Poder Judicial, que siempre me autorizó a realizar estas actividades. Hasta en tres ocasiones fue necesario desplazarme al lugar donde supuestamente se habían cometido las violaciones de derechos humanos; en concreto, una vez a Guatemala y dos a Palestina.

El informe final elaborado sobre Guatemala, que libraba un conflicto armado desde la década de los sesenta, fue fruto de la visita a este país en la primera quincena del mes de septiembre de 1986 y estuvo bajo el patrocinio de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. La Comisión investigadora estuvo formada por José Manuel Castells Arteche, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco; Amalio García Sánchez, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco; José María Mena Álvarez, presidente de la Unión de Fiscales Progresistas y fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y yo mismo, en calidad de presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao y vicepresidente de MEDEL, de la que dimitiría tiempo después, como ya expliqué en el capítulo 9.

Además de la documental recopilada, realizamos quince entrevistas en profundidad a seis parlamentarios, a varios eclesiásticos (entre ellos, a monseñor Gerardo Flores Reyes, obispo de Cobán, de la diócesis de Verapaz) y a un líder sindical campesino, el sacerdote Andrés Girón. También hubo entrevistas con personalidades de alto nivel, como el presidente de la Corte Suprema y ministro de Justicia, el procurador general de la República y fiscal general, el juez ejecutor del Juzgado número 9, el viceministro de Gobernación y el gobernador civil de Cobán, así como con representantes del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y de su comité directivo.

El informe analizaba los principales supuestos en los que se debía valorar la eventual vulneración de los derechos humanos. Había que centrarse en los desaparecidos, en los desplazados, en los llamados «polos de desarrollo» (que no dejaban de ser campos de concentración) y en las patrullas de autodefensa. El informe dedicaba un capítulo entero al tema de las «responsabilidades» y formulaba una conclusión general: «La Comisión se considera ética y jurídicamente obligada ante las pruebas aportadas a formular una explícita condena de los hechos denunciados [por cuanto] constituyen graves violaciones de los derechos humanos». En su momento, el documento formó parte del material tenido en cuenta para redactar la resolución del Parlamento Europeo del 9 de octubre de 1986 «Sobre el aumento de las violaciones de los Derechos Humanos en Guatemala», así como en resoluciones posteriores del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

He de confesar que, en medio de la dolorosa investigación realizada, hubo momentos en los que el protagonismo lo tuvo la impresionante belleza que la naturaleza ha regalado a Guatemala. No faltaron tampoco situaciones impregnadas de aventura. Así, recuerdo el instante en que monseñor Flores, al volante de un jeep descapotable en el que viajábamos los miembros de la Comisión, ordenó que era oportuno desviarse del camino principal ante la negativa de unos soldados a franquearnos la entrada a la vivienda del padre Andrés, al que íbamos a entrevistar. De pronto detuvo el vehículo en medio del campo y, tras una pausa, lo aceleró bruscamente hasta empotrarlo contra la empalizada, que quebró con el empuje. Durante unos segundos esperé los disparos de la soldadesca burlada, pero nada sucedió. Volvimos al camino ante la absoluta pasividad de los militares, que incluso nos saludaron afectuosamente cuando nos marchamos de la hacienda tras realizar la entrevista.

Hubo también otro momento en el que, de nuevo, tuve la íntima convicción de que iba a morir, aunque en esa ocasión por ahogamiento. Teníamos enfrente un río amplio y de aguas turbulentas que nos pareció factible atravesar por su lado más estrecho y poco profundo. Pese a las advertencias del más prudente de nosotros, José María Mena, convencí al resto de los miembros de la Comisión de que valía la pena intentarlo porque, según los mapas, evitábamos dar un rodeo de muchos kilómetros. Cuando estábamos aproximadamente a la mitad del cauce del río, comprobamos que el agua nos llegaba por las rodillas. Consideré oportuno advertir a los ocupantes del vehículo de la situación en la que nos encontrábamos, aconsejando que sería razonable abandonar el jeep y continuar a pie la travesía del río. Así lo hicieron. En mi condición recién adquirida de capitán del barco no podía abandonar el vehículo, que, cada vez más inundado, empezó a flotar al tiempo que la corriente se lo llevaba rápidamente río abajo. En nuestros mapas se advertía que, a pocos kilómetros de allí, había un peligroso salto de agua al que me dirigía de manera inevitable. Consideré que no era razonable seguir uniendo mi suerte al jeep y abandoné el «barco» lanzándome al río para ponerme a salvo. Cuando la corriente se lo llevaba sin remedio, de pronto quedó encallado a pocos metros de la orilla, tal vez encajado contra las piedras o en el fondo limoso. Desde allí nos fue fácil arrastrarlo con cuerdas hasta la orilla y pudimos continuar la ruta sin más incidentes. José María Mena se mostró impávido y en silencio hasta el final de la aventura, fumando de su pipa, y en su favor debo reconocer que tuvo el buen gusto de no echarme nada en cara, ni siquiera el tan odioso «te lo dije»

Lo cierto es que fue un viaje casi perfecto. Habíamos cumplido satisfactoriamente con la misión encomendada, pudimos conocer la historia reciente de Guatemala y a muchos de sus protagonistas, y volvimos a España con el deseo de regresar tan pronto como pudiéramos a ese digno y valiente país, esperanzados de que nuestro trabajo pudiese ser útil de cara a su normalización democrática.

PALESTINA: LA AMISTAD CON YASER ARAFAT

Respecto a nuestro viaje a Palestina, recuerdo una foto publicada en El País del 7 de enero de 1987 en la que, bajo el subtítulo «Dificultades de la delegación española», se informa que «la delegación de juristas españoles que llegó el sábado a Israel para informarse sobre el funcionamiento de los Tribunales militares de Israel en los territorios árabes ocupados no ha sido recibida, hasta el momento, por ninguna autoridad judicial de la zona». La embajada de Israel en Madrid consideraba que, dado que dicha Comisión no le había notificado el viaje, «es lógico que se enfrente con inconvenientes».

En la foto referida aparecen cinco de los seis miembros de la delegación: Perfecto Andrés (más adelante, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo), el citado José María Mena, Juan María Bandrés (durante muchos años, diputado nacional), Marc Palmés (abogado y experto en cuestiones humanitarias) y un servidor. Falta en la foto el abogado Javier Nart (buen amigo, experto en infinitos menesteres y con una espléndida trayectoria vital); como no había periodista ni fotógrafo en la delegación, le adjudicamos esa tarea. Nart hizo de todo durante el viaje; para empezar, fue quien lo organizó y, probablemente, quien propuso qué miembros debían formar el grupo. Transcurridos muchos años, he llegado a la conclusión de que aquel viaje fue financiado por la Secretaría de Estado norteamericana, por muchas razones objetivas. En aquel momento, presionar al Gobierno de Israel formaba parte de su estrategia global para forzarle a sentarse a hablar con los palestinos; además, se trataba de aprovechar la credibilidad progresista de los miembros del grupo, personas de izquierdas y partidarios de todo proceso de negociación.

Es cierto que con Javier vivimos allí alguna que otra aventura, pero se quedan en nada comparadas con las hazañas en las que ha participado en su intensa vida. Se podrían resumir diciendo que siempre estaba ahí, asaltando entre la jungla el último palacio del último sátrapa africano, al lado mismo del que, por circunstancias innombrables, terminaría siendo primer ministro de un vago país centroafricano. Javier siempre dotaba a sus historias de una tenue nota de verosimilitud remota. Tras cada una de sus apariciones, nos preguntábamos cuándo tendría lugar su última aproximación al proceloso mundo de los espías verdaderos, esos que deben describirse con tintes del mejor cine negro estadounidense. Espía, sí, desde luego, pero ¿al servicio de quién? Esa era la cuestión. Todo lo relacionado con el señor Nart deviene siempre entre natural y forzado al mismo tiempo. En alguna ocasión lo describí como «un leopardo pastando por los lomos de una ballena azul». Cierto, aunque sea demasiado literario. Y por lo que sé de él, aún continúa ahí subido.

A mis años, las falsas aventuras de caballeros nada andantes y molinos nada gigantes me producen cierto hastío. Pero lo de Javier es otra cosa. Éramos y somos de aquellos que siguen pensando, frente a toda evidencia, que el respeto a las normas jurídicas es la única forma conocida de civilización.

¡Apenas quedamos cuatro gatos!

Volviendo al viaje, había razones obvias para que Nart fuera la persona indicada para organizarlo. Los miembros de la delegación teníamos una actitud pro Palestina y una biografía antisionista. Alguno de nosotros, incluso, tenía una biografía militante en el antisionismo. Quizá por ello, la Secretaría de Estado no tuvo nada que objetar a los componentes de la Comisión. Con esa urdimbre se podía elaborar a bajo coste un informe crítico sobre el Gobierno de Israel. Fue una operación limitada en la que nadie engañó a nadie, pues todos sabíamos con mayor o menor precisión cuál era el juego al que voluntariamente nos habíamos entregado. Nadie tuvo que mentir y cada cual hizo su trabajo.

El primer día de nuestra estancia en Israel teníamos previsto entrevistarnos con determinados presos que bien podrían estar encarcelados sin una causa legítima. Una vez llegamos a la puerta de la prisión y preguntamos por el director, nos pidieron que esperásemos fuera, al aire libre. Pasaba el tiempo y nadie decía nada. Llovía a cántaros y nos estábamos empapando, pues la casamata bajo cuyo tejado nos habíamos cobijado apenas nos cubría las cabezas. Ya de madrugada, unos niños y niñas palestinos se acercaron a nosotros llevando con esmero dos bandejas bruñidas con una tetera y varias tacitas de colores. Nos sirvieron té varias veces sin importarles la lluvia. La emoción en ambas partes lo impregnaba todo, y más de uno de nosotros lloró emocionado.

Esta escena nos acompañó a lo largo de todo el viaje. Aunque no lo expresé en ese momento, lo cierto es que comprendí —ahora lo confieso— que el informe sobre la visita ya estaba casi hecho: los palestinos tenían razón, los niños y las niñas tenían razón, los presos tenían razón.

Había motivos objetivos en los que basar un informe negativo, como finalmente hicimos, pero creo que aquellas tazas de té caliente jugaron un papel esencial al añadir corazón y sentimientos; con estos dos elementos pudimos elaborar un informe bastante exhaustivo sobre el desempeño de los tribunales militares en los territorios ocupados. Allí encontramos evidencias para concluir que su funcionamiento era incompatible con las garantías procesales y materiales que conforman un sistema penal justo y democrático. Para esos tribunales, el marqués de Beccaria aún no había nacido, y no creo que nadie lo esperara.

En mis viajes a Palestina pude entrevistarme con dirigentes de la Intifada; entre ellos, un médico de nacionalidad española. También lo hice con el propio Yaser Arafat, con quien inicié una amistad personal y política que se mantuvo hasta su asesinato. En una de nuestras entrevistas le dije que, inmediatamente después del reconocimiento de Palestina como entidad autónoma, yo sería el primer ministro europeo en visitarlo. Era una afirmación más que arriesgada, por cuanto en esa fecha era presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao y nada aventuraba que fuera probable, ni siquiera posible, mi nombramiento como ministro. Por lo que luego contaré, no lo sabía ni el propio Felipe González. Pero las cosas son como son, y lo cierto es que fui el primer ministro europeo que visitó oficialmente Gaza formando parte del primer Gobierno europeo que apoyaría financieramente al Gobierno palestino, tal y como le pronostiqué a Arafat años antes; dicho apoyo consistió en la donación de vehículos todoterreno para la policía de Palestina. Las cadenas de televisión españolas ofrecieron una imagen de esa visita que hice como ministro a Arafat. En ella aparecemos ambos tomados de la mano a la salida de la sede de su gobierno examinando los vehículos donados. El hecho de aparecer de esta guisa como dos enamorados fue la causa de que, sobre todo los amigos, me hayan tomado el pelo en muchas ocasiones. Para mí, aquel encuentro y el paseo con Arafat fueron motivo de orgullo.

Arafat sabía que todos los años, todos los meses, todos los días, y a toda hora, alguien, en algún lugar, intentaría asesinarle. Lo sabía y actuaba en consecuencia. Me confió su estrategia para sobrevivir: a las medidas convencionales de protección, él añadía otras normas más radicales; entre ellas, un cuidado exquisito en la vigilancia de su sueño. Pernoctaba cada noche en un domicilio distinto, pero no el sueño entero: transcurridas unas tres horas, el máximo tiempo que se permitía para dormir, volvía a cambiar de ubicación. Así una vez y otra, sin dejar espacio temporal en el que fuera posible organizar, con unas mínimas garantías de éxito, un atentado. Para ello, finalmente tuvieron que utilizar otros elementos: el veneno y la traición.

En prueba de su amistad, y hasta su muerte, todos los años, incluso siendo alcalde de Zaragoza, llegaba a mi casa una enorme caja de dulces árabes que mis hijas celebraban con alegría. No falló nunca. La última vez que hablé con él por teléfono desde mi despacho de la plaza del Pilar, me emocioné una vez más al escucharle. Su voz llegaba tenue, apagada, pero llena de matices de cariño hacia mí. Poco después lo asesinaron.

Occidente no sabía y no ha sabido nunca hasta qué punto necesitábamos de Yaser Arafat. El día que el presidente del Gobierno israelí, Ariel Sharon, visitó la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén, comenzó seguramente a ganar las elecciones, pero también trajo consecuencias muy graves de cara a la resolución del conflicto. Lo peor fue la pérdida relativa pero real de credibilidad de Arafat, al no haber sabido o podido impedir un gesto que se grabó de manera indeleble en el corazón y en la mente de la inmensa mayoría de los árabes del mundo entero como una gravísima ofensa.

Arafat era la única baza segura y fiable con que contaba Occidente para contener el radicalismo árabe y el terrorismo a él vinculados. Sharon, no sé si de buena o de mala fe, estaba obsesionado con que la resolución del conflicto consistía en privar al rais palestino de su precaria condición de interlocutor imprescindible para cualquier solución. Por otro lado, Arafat era un valladar frente a la existencia de una tupida y universal red de organizaciones terroristas inspiradas y protegidas por el fundamentalismo islámico. Con el permiso de Vladímir Putin, esta red sigue constituyendo el riesgo más real que hoy padece el mundo de sufrir las consecuencias de una guerra generalizada. Cualquier servicio de inteligencia, hasta el más modesto, sabe que era necesario que Arafat participara en la reacción internacional contra el terrorismo. Sin duda, se trataba de la pieza indispensable para contar con la colaboración de los países árabes moderados, al ser aún, y pese a un cierto deterioro político, la voz identificable de la causa palestina. Él podría haber sido el hombre-solución y no el hombre-problema. Ahora ya es tarde. Resulta difícil imaginar que alguien en el mundo árabe esté en condiciones de heredar su patrimonio moral.

En la conclusión del informe de la Comisión de juristas afirmábamos que debía exigirse a las autoridades de Israel el respeto inmediato y total de las reglas universalmente reconocidas en materia de defensa de los derechos del hombre y, en particular, que debía observar el máximo respeto a los derechos reconocidos en la Convención de Ginebra de 1949 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966.

MARGARITA ROBLES A BORDO DE MI BMW CSI 3

Durante mi estancia en el País Vasco me ocurrieron también anécdotas fáciles de evocar con cierta nostalgia retrospectiva y que siempre permanecerán en mi memoria. Por ejemplo, durante mi etapa en Bilbao era el flamante propietario de un coche deportivo muy espectacular, un BMW CSI 3 que había comprado de tercera o cuarta mano. Entre otros pequeños defectos, aquella máquina prodigiosa tenía tan oxidados los bajos que cuando llovía con intensidad, cosa frecuente en la capital vizcaína, se inundaba. Si llovía poco, el agua no llegaba a traspasar la barrera de gomaespuma que había colocado para evitar que los viajeros se mojasen. Durante un viaje de Estrasburgo a Bilbao, la lluvia fue tan persistente que traspasó la frágil barrera. La viajera que iba en el asiento de atrás no decía nada, aunque ya se oía el chapoteo del agua en las curvas. Al fin decidió quejarse, empleando una extraña y sorprendida voz, perfectamente justificada por lo inusual de la situación. Sin pensarlo dos veces, me puse manos a la obra: aparqué el vehículo en el arcén, hice descender a la viajera, escurrí con las manos la gomaespuma empapada, volví a colocarla en su sitio (para mayor seguridad, puse otra encima que llevaba en el maletero) y reemprendimos el viaje. Pero estaba claro que aquel no era mi día y el motor del coche se paró. Abrí el capó, comprobé el aceite y poco más, así que tuvimos que esperar a que nos rescatase la grúa. Era el justo castigo a mi presunción, pues me jactaba de la importancia y las prestaciones de mi fabuloso vehículo. Lo ocurrido supuso una ofensa a mi dignidad, pues hice mi entrada en la ciudad bastante alto sobre la grúa pero muy bajo de autoestima.

Por cierto, la educada viajera que nunca más quiso subir a mi coche es la misma persona que poco tiempo después, conmigo como ministro, ocuparía el número dos del Ministerio de Justicia, como subsecretaria, y posteriormente como secretaria de Estado del Interior: Margarita Robles. En la actualidad es ministra de Defensa en el Gobierno de Pedro Sánchez, y, como siempre, está haciendo un magnífico trabajo, pese a las serias dificultades a que se enfrenta por la guerra de Ucrania. No sé cuál será su próximo cargo, pero estoy seguro de que, haga lo que haga, lo hará bien. La Robles no sabe hacerlo de otro modo.

La historia de mi flamante coche no termina aquí. Era tan despampanante y veloz que llamaba la atención de las personas sensatas, pero también de las personas que no lo eran. Entre estas últimas se encontraba un muchacho que tenía la novia en Burgos, y no se le ocurrió otra cosa que hurtar el vehículo para presumir en el pueblo de su chica (a ella le contó que lo había comprado). Consumado el engaño y habiendo cumplido el coche el destino para el que fue robado, decidió devolverlo. Lo curioso del caso es que lo entregó en una calle de Vitoria-Gasteiz llamada «Voluntaria Entrega». Podría tratarse de una trampa de ETA, siempre al acecho, y la Guardia Civil ordenó que el grupo de artificieros lo examinara exhaustivamente para certificar que no había nada sospechoso. Dos semanas después, el chico volvió a llevarse mi coche, preso sin duda de una atracción irresistible. Mi delincuente tuvo la mala suerte de acabar detenido después de que la policía lo persiguiera por las calles de Bilbao. Cuando me devolvieron el BMW estaba mucho mejor que cuando se lo llevó, no solo porque me dejó una variedad de disquetes, sino también porque, de paso, arregló el aparato de música y le puso una antena nueva. Un ladrón muy apañado y nada desconsiderado.

No supe más de aquel ciudadano obsesionado con mi coche hasta que un buen día, cuando me disponía a celebrar un juicio en la Audiencia, me enteré de que iba a ser procesado por otro delito. Puse de manifiesto al imputado y a su letrado que lógicamente podían recusarme, pero, para mi sorpresa, no querían recusación ni abstención, y preferían que lo juzgara yo, como así hice. Ruego al lector que me perdone si no le explico el contenido de la sentencia.

LA INOLVIDABLE SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BILBAO

Respecto a la actividad jurisdiccional desarrollada en la Audiencia Provincial de Bilbao, quisiera relatar de manera breve la forma en que este órgano entendió que debía practicarse y llevar a término el Derecho Penal democrático, un Derecho Penal que tiene unos presupuestos de legitimidad y de legitimación, y que, cuando no se cumplen, no se puede hablar de «buen derecho». Una resolución judicial debe entenderse y ser entendida por cualquier persona con un mínimo de formación y de conocimientos. Lo que no se entiende no puede ser «buen derecho penal». Así de simple y así de claro.

De ahí proviene, entre otras cosas, la exigencia constitucional de motivar las resoluciones, pues solo así puede revisarse la racionalidad de la argumentación utilizada para fundamentar el fallo o parte dispositiva, para constatar que es entendible sin necesidad de tener conocimientos especializados. Si la resolución judicial no cumple estas premisas, puede y debe sostenerse que es nula de pleno derecho.

Un segundo postulado imprescindible sería constatar si la norma jurídica que se pretende aplicar, bien sea de derecho positivo o de doctrina jurisprudencial, es o no compatible con las premisas, principios y valores constitucionales. Ese previo control constitucional es de obligado cumplimiento. Solo si se supera este estadio se puede seguir avanzando en el proceso de formación de la resolución judicial.

La última barrera interpretativa que formulo responde al control de la eventual falta de acomodación del derecho positivo al marco constitucional, que no siempre supone la «nulidad» de la resolución afectada, pues cabe que los tribunales dicten una resolución que permita formular una reinterpretación constitucional de la norma de derecho positivo cuestionada. A título de ejemplo, me gustaría subrayar algunas de las resoluciones dictadas entre 1981 y 1990.

Dentro de este esquema interpretativo, la Sección que yo presidía en la Audiencia Provincial de Bilbao estimó —y esto es lo esencial— que no era razonable, ni por tanto entendible, que la eximente de «estado de necesidad» no fuera aplicable en los supuestos de aborto o interrupción voluntaria del embarazo. En aquellos días, la condena de las abortistas de Basauri, un barrio de Bilbao, estaba en todas las páginas de los diarios.

Esta interpretación podía ser sostenible con reparos antes de la aprobación de la Constitución española, pero, en opinión de mi Tribunal, no era sostenible este criterio desde el momento en que el texto constitucional reconocía como derechos fundamentales, entre otros, el libre desarrollo de la personalidad, tal y como establece el artículo 10.1 de la Constitución española.

En suma, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, el texto constitucional suponía la existencia de un conflicto entre bienes jurídicos protegidos que, en el concreto ámbito de lo penal, se resuelve o debe resolverse, precisamente, a través del instituto del «estado de necesidad». Es obvio, y así lo estableció mi Tribunal, que cuando la colisión entre bienes jurídicos se produce entre los intereses del nasciturus, por un lado, y la existencia de un grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada por otro, debe optarse siempre por los intereses de la madre. Este supuesto constituye una de las indicaciones básicas del aborto, y eso fue lo que estableció nuestro Tribunal en aquella remota España de los años ochenta, sin entrar en otras cuestiones, como la indicación socioeconómica, el supuesto de violación o la cuestión de los plazos.

A fecha de hoy, puede resultar sorprendente el impresionante revuelo que causó una resolución tan razonable y evidente. La única explicación podría ser que la resolución se produjo cuando el tema del aborto se hallaba en el centro del debate político. Las diferentes sensibilidades estaban a flor de piel; tanto, que incluso hoy sigue existiendo un debate pendiente en relación con la situación socioeconómica y los plazos, aspectos sobre los que tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional. Por su parte, la resolución de la Audiencia Provincial de Bilbao supo estar en su lugar dando un primer paso decisivo en la moderna consideración jurídico-penal del aborto. Aquella sentencia, de la que tuve el honor de ser ponente, tuvo una repercusión, antes y después de pronunciarse, de tal importancia que superó con mucho el ámbito de lo judicial para adentrarse en la conciencia colectiva de gran parte de la ciudadanía. De hecho, aglutinó el esfuerzo de todas las opciones feministas y de todas las sensibilidades. El Tribunal Constitucional ha puesto las cosas en su sitio al establecer el sistema de plazos. Espero que esta resolución ponga fin a la interminable polémica.

Me parece también interesante una segunda resolución dictada por mi Tribunal relativa a un hecho sorprendente y que también fue muy comentado. Las relaciones sexuales no consentidas, e incluso con uso de la violencia y la intimidación, no eran constitutivas de un delito contra la libertad sexual cuando los cónyuges eran los protagonistas. La doctrina anterior a nuestra sentencia entendía que los hechos referidos, aunque ilícitos, solo eran constitutivos de un delito mucho menos grave de coacciones, conforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Para llegar a esta conclusión se invocaban tradicionalmente diversas argumentaciones. Las más escandalosas eran las que se referían al llamado «débito conyugal», y venían a sostener que tal débito justificaría o degradaría esa clase de relaciones sexuales. Como ponente de la resolución, estudié la jurisprudencia y la doctrina más avanzada, y comprobé que el criterio era unánime: no cabía la violación entre cónyuges. Lo cierto es que una lectura constitucional del propio derecho positivo no solo permitía, sino que obligaba, a considerar violación propiamente dicha la que tenía lugar entre cónyuges, cuando concurrían el resto de los elementos constitutivos del tipo.

Lo más curioso es que, de la noche a la mañana, el Tribunal Supremo cambió su criterio, rechazando la tesis de la «coacción» y admitiendo la tesis de la violación. También constaté que en los manuales de Derecho Penal más utilizados por los estudiantes había desaparecido toda referencia a esta cuestión, ¡como si no hubiera ocurrido nunca! Tal vez, mejor que sea así.

También quiero mencionar una sentencia en la que mi Tribunal apreció la tesis de que procedía aplicar el «error vencible de prohibición», lo que suponía una importante atenuación de la pena para el nacional de un país centroafricano de raza negra que recientemente había entrado en España de manera ilegal. A mi Tribunal le pareció razonable entender que el imputado cometiese un «error», dado que los hechos por los que se le enjuiciaba no eran constitutivos de delito en su país de origen.

Y así podría seguir narrando sentencias dictadas por la mítica e inolvidable Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao, pero creo que con las resoluciones referidas hay bastante material para comprender que, pese a todo y en medio de la tormenta, se podía mantener un clima jurídico de desarrollo y progreso. Fue lo que hicimos dentro de una sociedad aterrorizada por el miedo y el crimen, paralizada por la cobardía. En su conjunto, la sociedad vasca ha sobrevivido a innumerables penalidades, pero quedan graves e insuperables secuelas. En los últimos años, rendida ya ETA, está desarrollándose un nuevo estadio de tolerancia y libertad que no debería fracasar, a poca o mucha buena voluntad que todos pongamos en apoyar el proceso.

En el periodo que abarca desde 1991 a 1993 abandoné mi cargo judicial como presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao y pasé a trabajar como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Una de las actividades que suelen plantearse a magistrados o fiscales es la preparación de los opositores a petición de estos. Y esa es la solicitud que me hizo llegar Fernando Grande-Marlaska, entonces un joven tímido y flaco que recitaba su infinito temario con enorme velocidad, cosa que le reproché en alguna ocasión A pesar de ello, o quizá por ello también, aprobó su oposición con inusitada rapidez. Nos vimos muchos años después en Madrid recién inaugurado su tiempo político como ministro del Interior en el Gobierno de Sánchez. Me comentó divertido que tenía un pequeño ardid para abstraerse, y era concentrarse en mirar fijamente el reloj que yo llevaba en la muñeca, regalo de mi padre. Nunca sabemos qué pequeños gestos nos ayudan a pensar con claridad. Su tiempo político, como el mío, está siendo de una enorme conflictividad, y quisiera saber qué rumbo tomará después de los días vividos «a la grupa del tigre». ¡Ojalá consiga digerir y remontar sus duras consecuencias!

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En el Poder Judicial: vocal del CGPJ

En mi época en la Audiencia Provincial de Bilbao tuve tiempo para realizar diversas actividades asociativas en el marco de Jueces (y ahora también Juezas) para la Democracia.

Concretamente, me tocó negociar con el ministro de Justicia, Enrique Múgica, la subida salarial tan reiteradamente solicitada por todos los miembros de la carrera. Mis relaciones con el ministro comenzaron siendo solo sindicales y terminaron siendo de franca amistad, con horas intensas que recuerdo con enorme placer, pues era el tiempo para charlar especialmente sobre su gran afición, la literatura francesa. La negociación salió francamente bien. Fue cómoda y relajada, el ministro cumplió con lo acordado y tuvimos la subida salarial más importante en muchos años. El único problema era, como siempre, el ministro de Hacienda. Para Múgica, «doblegarle» supuso una batalla política que no podía ni quería perder. Para nosotros, los Jueces para la Democracia, significaba consolidar nuestra influencia en la carrera judicial. Puestos de acuerdo, como si fuésemos socios, obtuvimos también el apoyo del Grupo Prisa, por entonces muy influyente.

En 1991 se iniciaba el proceso de designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Como ya he referido en capítulos anteriores, es sabido que aspiraba a tal función desde hacía muchos años. Lo intenté en un momento anterior, concretamente en el Consejo en el que tuvieron participación directa los miembros de la carrera judicial. Mi asociación, en aquella época, no elegía candidatos a vocal, pero existía cierta tradición según la cual algún miembro de Jueces para la Democracia podía ser elegido para el cargo, normalmente a propuesta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de su grupo parlamentario.

Como paso previo, los candidatos tenían que acudir al despacho del portavoz del grupo para exponer sus ideas y su forma de entender el cargo al que se aspiraba. Por entonces, el portavoz del grupo socialista era Eduardo Martín Toval, un hombre inteligente. Tuvimos una conversación larga y productiva en la que le hice saber que, caso de ser elegido, actuaría en todo momento conforme a mi conciencia, según me había exigido mi madre. No podría aceptar la disciplina de partido. Eduardo me interrumpió para decirme que no me preocupara por eso, ya que el anterior miembro de Jueces para la Democracia elegido para vocal le manifestó que comprendía la naturaleza de esa función político-judicial; por tanto, actuaría con arreglo a tal naturaleza, sin pretender un estatus de independencia. Dicho esto, añadió que aquel vocal, Perfecto Andrés Ibáñez, actuó siempre sin tener en cuenta la posición ni del Gobierno ni del grupo socialista, lo cual le honra. Y añadió que, conforme a su peculiar lógica judicial, quería pensar, al postular mi independencia, que sería más receptivo a las líneas centrales del programa de justicia del PSOE. Eso no era difícil de cumplir, pues ya había sido realizado en gran parte por nuestra asociación. En el curso de la conversación también me dio a entender que, en todo caso, yo formaba parte de un planteamiento en el que no tendría demasiado protagonismo. Al despedirnos en su despacho me dijo que tenía un buen patrocinador, el ministro Múgica, y que debería agradecerle su apoyo, aunque no concretó si la elección se haría efectiva. Tras esa reunión, tuve conocimiento de las intenciones del ministro, quien, sin embargo, no me había aclarado nada.

Múgica se empeñó en que yo fuese designado al cargo por entender que reunía un perfil adecuado, pero no lo tuvo fácil porque soplaban vientos contrarios provenientes del laberinto de otro ministerio, el de Interior. Los magistrados Joaquín Giménez, María Elisabeth Huertas y yo habíamos tenido más de un conflicto con las autoridades de dicho ministerio. Nos acusaban de no frenar la investigación de malos tratos cometidos por algunos miembros de la Guardia Civil, lo que supuestamente perjudicaba la eficacia de la lucha antiterrorista. Estoy convencido de que la torpeza del Ministerio del Interior fue, objetivamente, un factor positivo para mi nombramiento, al convertirlo en un conflicto entre ministerios y ministros. Múgica no podía permitirse el lujo de perder el pulso, siendo, al fin y al cabo, el ministro concernido. Ganó la partida, pero no sé si también la guerra.

En Bilbao tenía muchos y buenos amigos. Bajo el mando de la inmensa y queridísima jueza Huertas me prepararon la mejor despedida que me han brindado nunca, y a estas alturas de mi vida ya tengo unas cuantas. Hubo de todo: discursos, canciones, versos, imitaciones… Lo recuerdo como un acto lleno de profundos sentimientos. No sé qué palabras pronuncié en mi discurso de despedida, pero sí que en medio del clima de alegría rompí a llorar por una pena que me carcomía por dentro.

UNA DOLOROSA PÉRDIDA

Amanda Clara Belloch Ollé, mi segunda hija, murió con apenas seis meses de vida. La niña había nacido con una patología grave, una transposición de grandes vasos sanguíneos, y fue sometida a una difícil operación que, a pesar de todo, salió bien. De hecho, mi hija no murió por la operación, sino por el mal funcionamiento de una máquina de respiración asistida. Devastado por el dolor, no quise conocer los detalles. La familia quedó herida para siempre. Mi mujer, Teresa, se negó a traer un nuevo hijo al mundo por miedo a que pudiera repetirse el problema. Mi hijo Damián sufrió una pena terrible porque desde su nacimiento había adorado a su hermana, con la que siempre jugaba y a la que besaba, para mayor alborozo de la pequeña. Muchos años después, Damián aún conservaba la foto de su hermana en la mesa de su habitación.

Durante dos años viví exclusivamente para el trabajo judicial. El resto del tiempo lo pasaba en mi casa de Bilbao, a oscuras y en silencio, esperando sin saber muy bien qué, algo que nunca sucedió.

FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS JUECES COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO

Me instalé en Madrid en un piso cercano a la sede del Consejo General del Poder Judicial, y de manera casi automática, mi maestro Tomás Vives Antón (recientemente fallecido), María Teresa Fernández de la Vega, Pascual Sala, Fernando Escribano y yo mismo formamos un subgrupo genuinamente socialdemócrata, bien organizado, que actuaba de consuno y que casi siempre se salía con la suya, quizá porque era lo justo o más bien porque lo sosteníamos firmemente. El otro subgrupo progresista en la institución estaba constituido por los que se conocían como «ledesmistas», afines a Fernando Ledesma cuando era ministro de Justicia, de ideología social-liberal o próxima a la democracia cristiana. Con Vives Antón al parecer estaba condenado a llevarme mal. Según las malas lenguas, ambos éramos soberbios y, por tanto, incompatibles. Los pájaros de mal agüero se equivocaron de cabo a rabo, pues desde el principio nos respetamos. Y a ese respeto se añadió el gran afecto que desde entonces, y hasta su muerte, hemos mantenido. Con María Teresa, mujer inteligente y vivaz, trabé una relación de amistad en cuanto nos conocimos en las reuniones que se celebraban en Barcelona en casa de Pere Raluy, con Antoni Gutiérrez y Gregorio López Raimundo, un hombre encantador que en aquellos días era presidente del PSUC. Gutiérrez, su secretario general, no era una persona especialmente simpática, en contraposición con el encanto de Gregorio. Raluy, además de prestarnos su vivienda para las reuniones clandestinas, nos regalaba grandes dosis de bondad e inteligencia. Un genuino santo civil. A estas reuniones también acudían, entre otros, Luis Valentín, a la sazón secretario judicial, que actuaba como una especie de jefe de célula; José María Mena, compañero en tantas aventuras, y Carlos Jiménez Villarejo, solemne y afectuoso.

De acuerdo con mis hábitos en aquellos años, formé otro subgrupo para conspirar mejor dentro de la conspiración en la que se había convertido mi vida. Estaba integrado por María Teresa, José María y yo mismo. Visto en perspectiva, solo nos sirvió para conocer las satisfacciones de la amistad.

La estrategia del grupo, bajo la coordinación de María Teresa, se basaba en lograr primero un consenso en todas las cuestiones esenciales con el resto de los vocales progresistas, y luego, en la medida de lo posible, con el resto de los vocales en cuestiones como la política de nombramientos y la de informes, siempre desde el rigor y la objetividad, lo que permitió mantener el prestigio institucional del Consejo.

El caso de Fernando Escribano merece una especial consideración. En efecto, cuando se nos permitió a los vocales designar un facultativo, también magistrado, se me ocurrió nombrarle a él como letrado, lo que ha sido una de las más inteligentes decisiones de mi vida. Se incorporó de inmediato al mencionado equipo como uno de sus miembros más activos y como responsable real de la formación permanente de los jueces. Todos apoyamos ciegamente sus iniciativas.

Le conocí en uno de los congresos de Jueces para la Democracia. Era imposible no advertir su presencia, dado lo frecuente de sus animadas intervenciones, en las que, sobre todo, casi siempre me llevaba la contraria, apoyando con pasión a Manuela Carmena y a su tribu (tenía envidia de Manuela por contar con semejante apoyo intelectual y político). Todas las noches pensaba en la forma de apropiarme (metafóricamente) de semejante figura. Pronto lo vi claro. Existía una fórmula y había sido capaz de encontrarla: ofrecerle el cargo de letrado del Consejo no tenía suficiente enjundia para un joven y brillante magistrado que nadaba en el libre mercado dispuesto a instalarse en la mejor charca posible. Sobre todo, él tenía claro que nadie le podía comprar; menos aún, por el consabido traje de luces fugaces que conlleva la política. En suma, el método para atraer a Fernando era convencerle de que en ese trabajo de facultativo tendría la oportunidad de participar activamente en el mundo de los valores y de los principios democráticos llevados a la práctica. ¡Y funcionó!

Mi primera entrevista con Fernando fue larga y densa. Le expliqué que me era indiferente su particular adhesión moral, que no jurídica, a una u otra formación política, y que tampoco me merecían especial atención sus eventuales ambiciones políticas. Al contrario, lo que consideraba preocupante era que alguien metido en estos berenjenales no tuviera ambiciones. Podía seguir siendo leal a sus mayores (nuestro grupo, donde nos parecían bien las dobles o triples militancias que enriquecían el trabajo). También le informé del marco personal de mis socios principales. Sobre todo, le aclaré que lo que esperaba de él no era otra cosa que lealtad a nuestro objetivo, no a nuestras personas. Y nuestro objetivo consistía en intentar introducir en la mentalidad de los jueces el concepto de la «formación permanente», desterrando definitivamente la peregrina idea de que ellos «ya habían ganado con esfuerzo las oposiciones» y eran, por tanto, capaces y suficientes para seleccionar el tipo de aprendizaje que querían retener o ampliar por su cuenta. Eso fue lo más difícil. Como ocurre siempre que se tiene la peligrosa idea de cambiar las cosas, aunque sea levemente, surge una legión de detractores que tratan de paralizar el proceso, y a veces lo consiguen. Probablemente, estos sujetos solo encuentran la posibilidad de utilizar al máximo su inteligencia —sin poner en duda que la tengan— en batallas obstruccionistas, negacionistas, pero jamás en batallas constructivas.

Como demuestran los hechos, Fernando supo hacer compatible el logro de nuestro objetivo contra la actitud inicial y contraria de la mayoría de los jueces. No obstante, por el curso lógico de las cosas, pronto casi nadie se acordó de sus iniciales objeciones y pasaron a colaborar sin reticencias con la vocalía de Formación, que desde entonces hasta hoy ha funcionado razonablemente bien. No tardamos en percatarnos de que a Fernando ese traje le empezaba a venir corto, que no le bastaba la gestión compleja de la Formación Judicial, sino que le gustaba —como a mí— la gestión política. Le sobraba inteligencia y habilidad. En cuanto pude y fui ministro, le llevé a la política judicial en estado puro y le puse al frente de la Secretaría General de Justicia, donde de nuevo volvió a demostrar sus capacidades, hasta cierto punto desaprovechadas por lo que luego contaré.

Volviendo a la primera entrevista seria con Fernando, no estoy seguro (porque nunca me lo ha contado y ahora tampoco pienso preguntárselo) qué pensó acerca de mis palabras. Creo que las recibió con un cierto escepticismo, pero, por razones que desconozco, decidió darme una oportunidad y espero que no se haya arrepentido, pese a mis innumerables defectos. Tal era mi vanidad, que no tuve ninguna duda de que Escribano caería en la red de mis encantos tan pronto como se pusiese a trabajar a mi lado. Ha transcurrido el tiempo, han cambiado muchas cosas en nuestro entorno, hemos tenido problemas de difícil o imposible solución, pero esa seducción nunca se produjo y sigue sin producirse. La verdad, y lo digo en voz baja, es que fue Fernando quien me sedujo a mí. El fenómeno continúa: treinta años de amistad avalan mi percepción.

He dicho en muchas ocasiones, aunque casi siempre en privado, que Fernando Escribano es de las personas más completas que he conocido en toda mi vida. Sabe de casi todo, aunque alegue falta de memoria, y lo sabe bien, honradamente, sin trampas. Como hombre del Renacimiento, es músico, sabe cantar, es un gran imitador, un poeta clásico recitando sonetos y con la habilidad de escribir sobre Derecho o sobre cualquier otro tema que se tercie con auténtico talento. Extraordinariamente culto, tiene grandes cualidades humanas, una paciencia infinita y es capaz de poner de buen humor a un depresivo. Es persuasivo, sabe convencer aunque no tenga razón. Adora a su mujer y a sus hijas, y ellas le adoran a él. Y, de paso, es un buen juez, justo y prudente. Estoy orgulloso de tener un amigo así.

Del resto de los integrantes del grupo puedo decir que son plenamente conocidos por su brillante trayectoria. Pascual Sala es el único jurista que ha sido, sucesivamente, presidente del Tribunal de Cuentas, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, y presidente del Tribunal Constitucional. Nada menos. Este buen jurista —más valenciano que jurista— tiene como bagaje intelectual su extremada prudencia, su capacidad de diálogo distendido con los que profesan otras ideas, su lealtad a sus amigos y su capacidad para lograr acuerdos, aunque parezcan imposibles. Todas ellas, virtudes que explican su éxito político y profesional. A título personal, me consta de buena fuente que Pascual fue uno de los que, en su momento, avalaron ante Felipe González mi nombramiento como ministro de Justicia. Luego contaré con mayor detalle el proceso de mi designación.

De mi maestro, Tomás Vives Antón, lo más destacable no son sus importantes cargos como vocal del Consejo General del Poder Judicial y vicepresidente del Tribunal Constitucional, sino su inteligencia, manifiestamente superior a la que tenemos el resto de los mortales. Sin duda, era el más brillante penalista, constitucionalista y filósofo del Derecho que existió en la España reciente. Una única anécdota puede ayudar a entender el alcance de su inteligencia. Estábamos discutiendo en el pleno del Consejo sobre un informe especialmente denso y complejo. Me consta que no se lo había leído porque el tiempo que tenía para ello lo estuvo dedicando a la imposible tarea de hacerme comprender el pensamiento de Ludwig Wittgenstein, filósofo de quien era seguidor. Pese a ello, y cuando el presidente le pidió que dijese cuál era su postura, se limitó a abrir el informe correspondiente en una página elegida al azar y leer un párrafo que parecía anodino. A partir de esa lectura nos explicó con todo detalle el porqué de la solución al problema planteado y se limitó a guardar silencio ante el asombro intelectual de los vocales del Consejo. Hay que advertir que no era perfecto. Tenía algunos vicios incomprensibles, como ser forofo a ultranza del Valencia Club de Fútbol o poseer una envidiable colección de pintura española del siglo XIX.

Finalmente, María Teresa, además de buena amiga, como ya he dicho repetidamente, es una de las personas de mayor capacidad de trabajo que he conocido, solo igualada por Margarita Robles. En nuestro subgrupo, ella fue la vocal encargada de darnos trabajo al maestro Tomás y a mí, poco proclives en aquel tiempo a lo que no fuera especulación filosófica o análisis de cuestiones constitucionales. Entró en la vida pública a través de la recomendación del también magistrado Jerónimo Arozamena Sierra, quien, desde el Ministerio de Trabajo, comprendió su valía. Tiene una brillante trayectoria jurídica y política en la que se ganó a pulso los cargos de directora general con el ministro Ledesma, secretaria de Estado de Justicia en mi ministerio, vicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero (donde hizo un buen trabajo, pero cometió el error de confrontar con Alfredo Pérez Rubalcaba, un depredador político de primera clase) y presidenta del Consejo de Estado, cargo que ha ocupado hasta hace pocos días.

Con semejante equipo era imposible no ganar y cumplir nuestros objetivos, como así hicimos.

Sin embargo, falta añadir un sexto miembro honorario: Felipe González Márquez. Aconsejado por Pascual Sala, y con su expresa aprobación, pedí audiencia al presidente del Gobierno para hablarle del problema de la formación permanente de los jueces. Me recibió con prontitud y le expresé en detalle el estado de esta cuestión y la necesidad de incrementar el presupuesto del Consejo, si es que se quería afrontar el problema con una mínima seriedad. Conocía poco al presidente, pero tras escucharme con atención, me pareció que era proclive a mis argumentos. Tuve la oportunidad de reiterarlos al coincidir ambos en el programa de Televisión Española Los años vividos, que analizaba la historia de España desde la democracia. Su directora era Mercedes Odina, que más adelante, en 1993, se convertiría en mi primera jefa de Prensa en el Ministerio de Justicia. Mi participación en ese programa fue como representante del mundo judicial, y me correspondió la década de Felipe González y de personalidades como Fernando Savater, Joan Manuel Serrat, Cristina Almeida, el Dúo Dinámico, Iñaki Gabilondo, Mario Onaindia, Albert Boadella, José Antonio Ardanza, Raimon, Soledad Puértolas, Cristina Alberdi, Miguel Boyer, Julio Anguita y Pedro Bofill.

Durante una pausa de la grabación, Felipe me confirmó que iba a incrementar el presupuesto destinado a la formación permanente de los jueces. No me dijo, ni yo tampoco le pregunté, a cuánto ascendería tal incremento, pero lo cierto es que supuso un aumento drástico (creo recordar que el presupuesto se multiplicó por diez), lo que nos obligaba a cambiar el modelo. La formación dejaba de ser una «maría», una asignatura menor para el Consejo, y pasaba a convertirse en una de las tareas más importantes. Tengo para mí que, en un principio, me atribuyeron la vocalía de Formación por la pequeñísima partida presupuestaria que conllevaba, lo que suscitó comentarios sobre «ese rojo de Belloch no podrá hacer mucho daño a la causa», la suya, claro. Cuando se dieron cuenta de lo sucedido (Felipe dixit) ya era políticamente tarde para promover un cambio de responsabilidades.

Hay bastante literatura jurídica sobre el modelo que se implantó y que, en lo esencial, continúa a fecha de hoy. Se trataba de conjugar diversos factores. La formación permanente se convirtió en uno de los deberes y derechos de todo juez o magistrado con el fin de lograr diversos objetivos. El primero de ellos era incrementar el grado de previsibilidad y seguridad jurídica, tratando de evitar en lo posible respuestas judiciales contradictorias. El segundo, elevar el grado de cultura jurídica, y también la cultura en general, de los jueces y juezas, aproximándolos a las novedades que puede aportarles otras ciencias humanísticas como la filosofía del Derecho, el constitucionalismo, la psiquiatría, la medicina forense y la psicología.

Nueve eran las líneas básicas de la formación que se establecieron en el año 1992 y que no se han alterado sustancialmente hasta hoy.

La primera de ellas fue la descentralización, con tres niveles de formación: la estatal, la autonómica y la provincial. La segunda línea fue «la judicialización», esto es, abordar los problemas desde el punto de vista de su incidencia real en el ejercicio de la función jurisdiccional. La tercera línea era la especialización, es decir, el tratamiento prioritario de los distintos órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso y laboral. La cuarta línea correspondía a la participación efectiva de los jueces. Se trataba de poner fin a las lecciones magistrales de jueces dirigidas a grupos masivos de alumnos, lo que suponía acabar con los grandes desplazamientos fuera de la habitual sede jurisdiccional, salvo para los planes estatales de formación, y sustituirlos por el análisis y el tratamiento de cuestiones particulares y puntuales. Este objetivo pretendía introducir la figura del ponente o relator, y establecer grupos reducidos de participantes o sesiones de trabajo conjuntos y eficaces. La quinta línea era la participación de especialistas no pertenecientes a la carrera judicial, con el fin de evitar la endogamia judicial y garantizar el análisis de los problemas desde distintas perspectivas que superasen el mero positivismo. En particular, había que allanar la drástica separación entre el mundo de la universidad y de la dogmática, así como el mundo de la justicia y la praxis, evitando con ello el patológico proceso de dos vías y dos caminos que solo casualmente se encuentran. La sexta línea era la flexibilidad, esto es, que dejase un amplio margen de ejecución y de gestión a la vocalía de la formación. La séptima se refería a la cuestión de su obligatoriedad o voluntariedad. Desde el punto de vista de los jueces, nuestra postura clave era convertir las actividades formativas en estimulantes, sin perjuicio de garantizar unos mínimos formativos de carácter obligatorio y, además, garantizarla en determinados casos especiales, como la promoción y los cambios de orden jurisdiccional. En los demás casos, la voluntariedad debía ser una norma general. La octava línea suponía el control o la introducción de criterios objetivos, debidamente explicitados y publicados en el sistema de selección de los participantes en las actividades formativas; así como introducir mecanismos de control de las actividades desarrolladas, como las comunicaciones o memorias, con una evaluación del interés jurídico de las aportaciones logradas durante el curso de que se tratase. La novena línea era la publicidad. El logro de los objetivos de la formación obligaba a instaurar una nueva colección de publicaciones, los Cuadernos de Derecho Judicial, que permitiese la edición y distribución de los resultados de todos los seminarios de ámbito estatal de los jueces, así como la creación de un banco o centro de documentación a disposición de todos los jueces.

Uno de los paradigmas del modelo es entender que la formación de los jueces multiplica su productividad, de suerte que el trabajo dedicado a su formación es, en términos absolutos, la inversión más rentable, pues permite aprovechar mejor el tiempo disponible. No es, por tanto, una cuestión que deba esperar su turno, a que el resto de los problemas se resuelvan, sino que constituye, por el contrario, una verdadera solución en sí misma para gran parte de los problemas que tiene todavía hoy la Administración de Justicia.

En todo caso, es necesario partir de un hecho. Oír las quejas de cualquier juez, de cualquier ciudadano y de cualquier país occidental sobre el estado de la justicia equivale, en lo esencial, a oír las quejas de todos los jueces y de todos los ciudadanos de todos los países occidentales. En verdad, los problemas son sustancialmente idénticos y es evidente que las soluciones también lo son. En el ámbito de la formación, estos deben articularse desde una óptica occidental, en el marco de la cooperación jurídica y judicial internacional.

Finalmente, a contrario sensu, es obvio que carecía de sentido que esta particular categoría de profesionales altamente cualificados como son los jueces se mantuviera al margen de una tendencia irreversiblemente incorporada a nuestra cultura, la de la formación permanente.

Asimismo, el tema presupuestario resulta de una importancia difícil de desvirtuar. Como se ha indicado, el año 1992 fue el principio de una nueva era en materia de formación. En la historia presupuestaria de las instituciones que conozco no hay precedente de partidas que multipliquen por diez su cuantía, solo en fondos estatales, a los que hay que añadir los autonómicos, también generosos, y los de ámbito local. Este masivo crecimiento solo pudo obedecer a la decisión política del Consejo General del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo de cambiar el modelo, tomándose muy en serio la formación, que pasaría a incorporarse al elenco de temas judiciales básicos. A pesar de los años transcurridos desde 1992 y de los sucesivos Consejos del Poder Judicial con ideologías bien diferenciadas, lo más interesante es que se hayan venido manteniendo las líneas generales de la política de formación de los jueces.

Dentro de esta política se incluyen temas específicos como bibliotecas permanentemente actualizadas, servicio informatizado de fondos documentales, becas y ayudas económicas, estancias y estudios en el extranjero, relaciones con la universidad y otras profesiones jurídicas. Esta política se orienta, lo cual es esencial, a que los jueces tengan la tentación e incurran en ella hasta el vicio profesional de realizar, en el ejercicio de su jurisdicción, la legalidad constitucional interna y supranacional. No basta con decir que los jueces se deben limitar a aplicar la ley. Lo exigible al juez es que realice un permanente esfuerzo de indagación de cuál es el interés prevalente a la vista del orden constitucional de valores.

RECORRIDO JURÍDICO POR ESTADOS UNIDOS

Durante mi etapa en el Consejo General del Poder Judicial, la embajada de Estados Unidos, por cuenta de la Secretaría de Estado, me invitó a participar en un programa que pretendía que personas o entidades influyentes en cualquier ámbito nacional pudieran conocer y dar a conocer la realidad estadounidense, sin tópicos ni estereotipos. En este programa habían participado periodistas, políticos, financieros, empresarios y otros colectivos. De algún modo, estos viajes por Estados Unidos estaban preparados «a la carta», donde los invitados podíamos escoger aquellos aspectos de la vida estadounidense que quisiéramos conocer en profundidad.

Como es obvio, mi interés se centró en conocer el funcionamiento de su justicia. Las visitas y el propio programa permitían compaginar el trabajo propiamente dicho, basado en especial en entrevistas a jueces y abogados de los distintos circuitos que coexisten en el país, con el añadido de una especie de «turismo cultural». A modo de síntesis, las jornadas se distribuían con trabajo por la mañana y actividades de ocio por la tarde. El programa podía implicar a un reducido grupo de participantes. Incluso, como fue mi caso, podía realizarse uno individualizado. Acompañado casi siempre por un adusto pero servicial funcionario del Departamento de Estado norteamericano, me dediqué más a los aspectos laborales y profesionales que a los turístico-culturales, disolviendo con ello un tanto la «mala conciencia» de pasar un mes en Estados Unidos con todos los gastos pagados, y alejado de mis ocupaciones habituales. Sin embargo, mi ausencia del Consejo General del Poder Judicial no causó problema alguno, sobre todo porque ahí estaba Fernando Escribano, parando toda clase de insidias, de esas que se fabrican inexorablemente en las grandes instituciones públicas o privadas.

Aquel viaje me fue muy útil para conocer las debilidades y las fortalezas del sistema judicial estadounidense. Me sorprendió comprobar cómo el mecanismo de nombramiento de los jueces federales, con la participación de los colegios de abogados y/o de la autoridad política, había dado mejor resultado en términos de eficiencia, calidad jurídica, limpieza y ausencia de corrupción que el de los jueces estatales, elegidos mediante elecciones ciudadanas. Los jueces estatales, a diferencia de los federales, tenían serias dificultades para el ejercicio de sus funciones. Dificultades derivadas en buena parte del coste real de los procesos electorales, lo que les obligaba en muchos casos a aceptar donaciones procedentes de los despachos más notables de abogados, o a tener que devolver favores e influencias útiles o necesarias para ganar en las urnas. En cambio, tales riesgos quedaban excluidos en el circuito federal. Sus magistrados tienen normalmente mayor prestigio y relevancia jurídica y social. Así me lo explicó un auténtico mito judicial a escala mundial. Me refiero al magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Antonin Gregory Scalia, cuyas sentencias han influido en la jurisdicción de otros países, incluido el prestigioso Tribunal Constitucional de Alemania. La larga entrevista que mantuve con él me ayudó a profundizar y a conocer en lo esencial el sistema judicial norteamericano.

Tras concluir el recorrido jurídico por Estados Unidos, puse punto y final a mi viaje en Washington D. C. Invité a cenar en un buen restaurante al amable funcionario de la Secretaría de Estado que me había acompañado casi todos los días. Digo «casi todos» porque reconozco que me escapé dos veces de su tutela, y en las dos ciudades más interesantes y europeas del país: San Francisco y Nueva Orleans. No estaba arrepentido de mi fuga y, como penitencia, compartimos unos gigantescos cortes de res acompañados por una enorme patata asada con mantequilla.

De vuelta en España examiné con cuidado el material documental y testifical, tratando de explicar el fenómeno más sorprendente desde la óptica española. Esto es, la razón o razones de ese mayor prestigio del circuito federal en que los jueces federales son nombrados por el Poder Ejecutivo, y casi siempre su nombramiento es ratificado por el Poder Legislativo como una cuestión de mero trámite. Solo en caso del nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo se produce un verdadero acto de control y debate ante la correspondiente Comisión del Senado.

El presidente de Estados Unidos, que es quien los propone, tiene un papel decisivo en la designación y el nombramiento de los magistrados. En todo caso, la clave de su prestigio radica en que, una vez ratificado el nombramiento, solo el propio juez designado determina el tiempo de duración de su función judicial. Sobre su eventual jubilación no existen normas jurídicas de carácter vinculante, aunque es cierto que en algunos casos funcionan normas convencionales tácitas que aconsejan, pero no obligan, la jubilación voluntaria. Pese a su simplicidad, es probablemente la medida más eficaz para garantizar la independencia de los jueces. Con buen criterio, en Estados Unidos se piensa que la garantía de la independencia judicial no está tanto en quién sea el órgano que lo acuerda (en este caso, el Poder Ejecutivo, más la ratificación del Poder Legislativo) como en el estatuto del juez federal, en cuyo marco debe incluirse la inexistencia de jubilación forzosa.

Existen otros mecanismos que avalan la idoneidad del candidato a juez. Así, en el estado de Nueva York, el control externo de su idoneidad se lleva a cabo a través de informes elaborados, tras una entrevista previa por comisiones ad hoc, organizadas dentro del colegio de abogados. Del rigor técnico de tales informes basta constatar que, en dicho estado, casi el 40 % fueron desfavorables a los candidatos. En teoría, los informes no son obligatorios, pero, en la práctica, con uno desfavorable no habría candidato que superase el filtro. Siguiendo esta línea y dadas las dudas que suscita en nuestro ordenamiento jurídico, no sería inútil evaluar las posibilidades reales de desplazar su nombramiento a otros puntos, como cuál es su estatuto profesional o cuáles son los controles externos por parte de los colegios de abogados y/o de las facultades de Derecho.

Por otro lado, la formación continuada y permanente de los jueces también puede ser otro mecanismo relevante de garantizar la calidad e independencia del trabajo judicial. Algo hemos avanzado en este terreno. La formación podría llegar a ser la palanca esencial desde la que aspirar a cualquier forma de progresión dentro de la carrera judicial.

No sin matices, podemos afirmar que, en la actualidad, se han superado los errores clásicos a la hora de evaluar el papel que debe desempeñar la formación.

El primero era entender que el mejor método de formarse es el estudio individual de los textos legales, jurisprudenciales y doctrinales. Lo cual suponía olvidar elementales axiomas pedagógicos conforme a los cuales el debate participativo, la discusión intelectual o el estudio conjunto y práctico de la técnica del seminario especializado son los mejores y más eficaces instrumentos para una correcta formación profesional. El segundo error es de índole política y consiste en entender que la formación es un problema que solo afecta a los jueces individualmente considerados, cuando es obvio que lograr unos jueces con el adecuado nivel de conocimientos constituye un interés público de primera magnitud. El tercer error descansa sobre una falacia, la de entender que «el tema de la formación no es posible mientras no se reduzca el nivel cuantitativo de su trabajo, porque sería un lujo imposible de abordar seriamente». Tal argumento tiene un escaso peso, pues un juez bien formado es siempre más ágil y eficiente que otro que no lo está.

¿Qué tipo de juez se quiere formar? ¿Para qué se requiere la política de formación? Estas son las cuestiones clave. Según la mejor doctrina, el modelo de juez es el del «constitucionalmente normalizado». Aquel que asuma con naturalidad y sin alharacas el nivel inevitable de conflicto con otros poderes, con otras instancias, con otros intereses que el ejercicio de su función comporta, y que al propio tiempo no pretenda sustituir o suplantar las competencias que están atribuidas a otros protagonistas políticos, sociales o económicos.

Extramuros del Poder Judicial se producen también complicaciones. Hay que partir del hecho indubitado de que la opinión pública es un instrumento esencial para toda clase de políticas, y que se empieza a articular en torno a líderes individuales, más que a ideas, instituciones o partidos políticos. La que podríamos denominar «ideología del liderazgo» como pensamiento dominante se ha filtrado en todos los niveles institucionales o extrainstitucionales, configurándolo a su imagen y semejanza. Podría decirse que se ha convertido en la ideología resultante tras las últimas crisis. Este proceso de concentración de poderes en el líder carismático de cualquier nivel determina que el conjunto de los mecanismos diseñados para distribuir y compartir el poder, con los equilibrios precisos, corran el riesgo de ver debilitada no solo su específica parcela de poder, sino también, y lo que sería más grave, su grado de legitimación democrática.

Hay que reconocer que el liderazgo es la especie mejor adaptada a la lucha por la existencia en el ecosistema de la comunicación, al facilitar los procesos de identificación o rechazo de la opinión pública. Sin embargo, sus postulados no pueden aplicarse al Poder Judicial, lo impide su particular estructura. Es imposible construir en lo judicial un líder que acumule tanto poder como el que asumen otros líderes institucionales. La razón descansa en que el Poder Judicial es necesariamente disperso. Sus titulares son todos y cada uno de los órganos judiciales, siendo una garantía esencial del sistema democrático y, al propio tiempo, un déficit objetivo del Poder Judicial en sus posibilidades de combate leal y eficaz en el juego de poderes. Al propio tiempo, constituye una de las causas fundamentales de los conflictos entre jueces y otros poderes.

Esa estructura del Poder Judicial no solo debilita cualquier forma de liderazgo, sino que, además, debilita el principio de jerarquía y restringe los fenómenos de concentración de poder. Causa perturbación la objetiva imposibilidad de comunicarse con los jueces siguiendo las pautas convencionales que sí funcionan con otros sujetos de poder. No hay un interlocutor válido, como existen en otras instituciones detentadoras de poder; no se pueden establecer compromisos o pactos, en el sentido que tales conceptos tienen en el mercado de poderes; no hay modo de obtener seguridades, plazos o condiciones, al menos en el sentido que estos términos tienen en el mercado de las interrelaciones institucionales. Los jueces constituyen la única «especie animal» que no hace de la negociación su habitual instrumento de trabajo; de ahí que los jueces provoquemos extrañeza y, en cierto modo, desconfianza. Entre la herejía y la desconfianza hay un estrecho camino por el que deben transitar los procesos de formación organizados por el Consejo General del Poder Judicial. Los jueces no deben inventar categorías institucionales, pero están obligados a frenar su crisis.

«OPERACIÓN JUECES»: LA LARGA SOMBRA DE BALTASAR GARZÓN

Desde el Consejo General del Poder Judicial pude observar, como un testigo privilegiado, el nacimiento y el desarrollo de la que se llamó «Operación Jueces». Parece ser que la iniciativa de dicha operación, en principio elogiable, fue promovida por dos personas: el juez Ventura Pérez Mariño, magistrado de la Audiencia Nacional, que en 1993 encabezaría la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Lugo, y el político Pepe Bono, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, en el periodo previo a las elecciones generales de 1993.

Las cosas se produjeron del siguiente modo. Ventura convenció a Bono de la necesidad de lanzar un claro y nítido mensaje anticorrupción. Para ello era preciso fichar a una serie de jueces y, sobre todo, al magistrado Garzón como símbolo de la lucha contra la corrupción. Rematando el éxito de esta operación había que ganarse la voluntad de otros jueces que dieran cobertura y visibilidad al mensaje político. Que me conste, se intentó fichar, además de al propio Ventura Pérez Mariño, a Cándido Conde-Pumpido, a Margarita Robles y a mí, al ser todos conocidos por nuestra biografía anticorrupción. Ventura convenció a Garzón, y posteriormente al propio Felipe, de los detalles de la operación. La pieza clave era el nombramiento, ciertamente notable en términos mediáticos, de Baltasar como número dos por la lista de Madrid, inmediatamente después de Felipe González. Garzón, presente en tertulias, saraos y eventos de todo tipo, era entonces el protagonista judicial que la sociedad española reclamaba a mediados de los años noventa.

Con esta decisión, Felipe avalaba el conjunto de la Operación Jueces. El propio Garzón y Pérez Mariño imaginaron que les esperaba un destino gubernamental relevante en el umbral del próximo gobierno. Aunque la pieza fundamental era Baltasar, otros «actores secundarios» no quisimos aceptar la oferta que se nos hizo para incorporarnos a la vida parlamentaria. En mi caso, fue Ventura quien trató de convencerme, cosa que agradecí porque actuaba de buena fe. Empleó toda clase de argumentos para que diera el paso, pero no cedí.

La entrevista tuvo lugar en mi casa de Madrid, en la calle Cervantes, precisamente la casa donde vivió y murió nuestro genio literario, como recuerda una placa de mármol en su fachada. Cuando parecía que por ambas partes se habían agotado los argumentos, Ventura manifestó que era una pena porque, si aceptaba ser diputado, tenía todas las bazas para convertirme en ministro de Justicia en el siguiente gabinete de Felipe González. Dicho ofrecimiento me produjo el efecto contrario al pretendido por el magistrado. En aquel momento me vino a la cabeza un dicho pampero que practico con frecuencia: «Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía». Agradecí a Ventura la sugerencia, pero me ratifiqué en mi negativa. Desde que me inicié en la política pura y dura, y con las enseñanzas de mi padre y del presidente Tarradellas, aprendí muy pronto que no debes creer a quien te ofrece un cargo si no dispone del Boletín Oficial del Estado, es decir, si no tiene la facultad legal de nombrarte. Y aun si la tiene, sigue desconfiando, pues hay matices. No es que necesariamente el oferente actúe para engañarte, que no fue el caso. Se trata simplemente de que se estructura una historia que el oferente llega a creerse. No siempre sabe que su oferta, de modo colateral, le causa un daño al poner de relieve su insuficiente conocimiento de la naturaleza del «hombre político», presto, más que a engañar, como se cree, a engañarse.

La Operación Garzón no salió adelante al no ver satisfechas sus expectativas. En su caso, fueron los propios tribunales los que lo apartaron de la vida política. Ventura Pérez Mariño, por su parte, abandonó pronto y voluntariamente su escaño de diputado, y transcurridos muchos años, sigo respetándole y guardándole afecto. Nada que ver con la trayectoria de Garzón. Por otro lado, la Operación Jueces no resultó plenamente fallida. En términos políticos tuvo éxito, aunque de manera distinta a la prevista: tanto María Teresa Fernández de la Vega, como Margarita Robles, Cándido Conde-Pumpido, Manuela Carmena y yo mismo a lo largo de estos años hemos ocupado (y algunos aún ocupan) cargos destacadísimos en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Así que, ahora que nadie nos lee, creo poder decir sin complejos que no lo hemos hecho tan mal. Éramos pocos, sí, pero nos hemos hecho notar.

No me gustaba hacer comentarios sobre el juez Garzón, pues podían no merecer credibilidad al estar teñidos de subjetivismo o, si se prefiere, por ser yo parte interesada. La verdad es que hoy, cumplidos los setenta y tres años, me parece irrelevante este tipo de consideraciones porque no hablar de él en mis memorias sería incurrir en falsedad por omisión.

Con Garzón he tenido pocas pero intensas relaciones políticas. El primer recuerdo que tengo de él fue cuando yo era vocal del Consejo General del Poder Judicial. El encuentro tuvo lugar en un restaurante de la periferia de Madrid a iniciativa de Pérez Mariño. El objetivo era doble: por un lado, conocernos mejor y, por otro, explicarme sin compromiso alguno la operación que acabo de reseñar. En aquel momento ya manifesté mi objeción, que reiteraría posteriormente. Ventura fue el encargado de detallar el porqué y el alcance del proyecto. Baltasar simplemente se limitó a realizar algunas observaciones que aportaban escasa información y que trataban de obtener más información a cambio de nada. Ese primer encuentro, así planteado, no tuvo especial éxito, por lo que podría afirmar que esa primera partida terminó en tablas.

En realidad, Baltasar no procedía ni había tenido relaciones con mi grupo asociativo, Jueces para la Democracia. Era más bien un lobo solitario que solo se apareaba con otros lobos de la Audiencia Nacional. Nos diferenciamos en el concepto que teníamos del papel que debe desarrollar el juez de Instrucción en el proceso. En su modelo, el instructor debe actuar al modo de un comisario de policía o, mejor aún, de un fiscal investigador. Al propio tiempo, el marco legislativo permitía —lo sigue haciendo— que el instructor pudiera actuar al mismo tiempo como juez «de garantías», esto es, con capacidad para adoptar toda clase de medidas cautelares personales o patrimoniales. Con tales convicciones, sin perjuicio de lo articulado en la Ley del Jurado, el instructor podía caer en la tentación de utilizar esta facultad como medio para facilitar el descubrimiento de la verdad, aunque ello se lograra con la quiebra de las garantías procesales, ofreciendo así la libertad provisional a cambio de, por ejemplo, confesar los hechos o desviar las responsabilidades hacia terceras personas.

Por el contrario, en Jueces para la Democracia pensábamos que el modelo constitucional del juez instructor obligaba a separar las funciones de instrucción y la de juez de garantías procesales. Mientras no se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) estableciendo tal norma, el modelo de juez de Instrucción constitucional debe tratar de que el Ministerio Fiscal tenga el mayor protagonismo en la instrucción y, al propio tiempo, debe impedir las detenciones masivas acordadas, de nuevo, como medio de investigación criminal y no para los fines previstos en la LECrim. El juez no debe utilizar para su captura o «pesca» mallas demasiado pequeñas que introduzcan en sus redes pequeños peces que habrá que librar y devolver al mar. No es buena técnica procesal detener inicialmente «cien peces pequeños», para que al final solo sea posible enjuiciar a cinco de ellos.

Por esas diferencias de concepto, Garzón no encajaba en mi asociación de Jueces para la Democracia, y es dudoso que nosotros le hubiésemos aceptado como socio.

Es cierto que sus logros en otros ámbitos hacen imposible descalificar, salvo sectarismo radical, al juez Garzón, especialmente en el ámbito de los delitos de terrorismo, en los de corrupción y en la persecución de Pinochet. Ello es compatible con afirmar que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra Garzón, y que tuvo como ponente a Luciano Varela Castro, sea técnicamente irrebatible. Como siempre, mucha luz y mucha sombra.

El riesgo de que Garzón fuera nombrado alto cargo en el Ministerio de Justicia o en el de Interior era una posibilidad o, mejor, una probabilidad cierta a la vista del tipo de combates en que incurrió, primero como juez y después como diputado. En concreto, su excesiva afición a manejar toda clase de documentación que llegaba a su alcance a través de los medios de comunicación era una característica incompatible con el rigor que esos cargos requerían.

13

En el Poder Ejecutivo: ministro de Justicia

«TE LLAMA EL PRESIDENTE»

En julio de 1993 ofrecía una conferencia en los cursos de verano de la Universidad de Almería. En otra dependencia del mismo edificio estaba Pascual Sala. Casi a punto de terminar mi intervención, un ujier de la universidad me entregó un papel cuidadosamente doblado que decía: «Te llama el presidente». En ese momento creí que se trataba de Pascual Sala (a la sazón, presidente del CPGJ y del Tribunal Supremo), por lo que no quise interrumpir mi intervención.

Cinco minutos después de dejar el estrado, localicé a mi amigo Pascual, que daba muestras de un nerviosismo extraño, y me dijo casi gritando: «Está intentando hablar contigo el presidente del Gobierno». Inmediatamente llamé en persona a Moncloa, hasta que se puso el presidente, quien me dijo: «¿Puede pasar mañana a hablar conmigo, aquí, en Moncloa?», e insistió: «¿Tiene algo mejor que hacer?». Tras despedirnos, colgó el teléfono sin añadir palabra alguna. No se necesitaba muchas más aclaraciones. La verdad es que no eran necesarias, porque en Radio Nacional de España, la voz de un locutor anunciaba el diseño final de la lista del futuro gobierno, leyendo los nombres de los ministros. Al llegar al de Justicia, pronunciaron con toda precisión un nombre: Juan Alberto Belloch.

Al igual que me ocurrió dos años antes cuando me nombraron vocal del Consejo General del Poder Judicial, lo primero en que pensé con tristeza fue que mis padres, por entonces ya fallecidos, no pudieran disfrutar de la noticia. Sé que hubieran sido felices, inmensamente felices. Un mes, un año, una vida… De algún modo, mi nombramiento suponía una especie de restitución de lo que se debía a mi padre, a mi familia, a la familia Belloch.

Ese día, esa misma tarde, olvidando uno de mis hábitos más arraigados, no dormí la siesta. Dediqué toda la tarde a dos cosas que detesto con todas mis fuerzas: realizar y recibir llamadas telefónicas. La ocasión lo merecía.

Al día siguiente acudí a Moncloa con antelación, pero el presidente me recibió inmediatamente. Tras los saludos iniciales, le pregunté si podía darme razón del porqué de mi nombramiento y, la verdad, es que se limitó a decirme, no sin cierta sorna, que yo mismo había comentado en un congreso de juristas progresistas que la «justicia tiene solución». Y agregó: «Juan Alberto, hazlo».

La verdad es que la frase era el título del congreso antes referido. Un título, pienso ahora, más propio de Manuela Carmena o de alguien de su escuela que mío. Yo era más pesimista, pues a ello me conducía no solo mi biografía, sino también la de mis antepasados.

Tras esta especie de juego verbal, Felipe sacó otro tema en extremo sensible para mí, el de los nombramientos de segundos y terceros niveles, tema del que solía encargarse personalmente el vicepresidente Narcís Serra. Le interrumpí para indicarle que, en mi caso, era esencial poder elegir con libertad a mi equipo. Sin especial entusiasmo, Felipe repuso vagamente que me pusiera de acuerdo con Narcís y no insistí. No sé qué trasladó Felipe a Narcís de nuestra conversación, pero lo cierto es que la reunión mantenida después con él fue breve y en apariencia cordial, sin que llegara a plantearse el tema. Desconozco si esperaba resolverlo más tarde y por otras vías, pero lo cierto es que yo ya tenía perfiladas las líneas centrales de mi equipo directivo. La cuestión no se llegó a debatir ni en ese momento ni después. Las cosas caminaron en otra dirección.

Mi equipo esencial estaba constituido por Margarita Robles, como subsecretaria del ministerio; Antoni Asunción, para Asuntos Penitenciarios (sustituido posteriormente por Paz Fernández Felgueroso a raíz del nombramiento de Asunción como ministro del Interior); Fernando Escribano Mora, como secretario general de Justicia; Juan Luis Ibarra, como secretario general técnico del ministerio, y Mercedes Odina, jefa de Prensa. Además, como equipo externo, dirigido y tutelado por el maestro Tomás Vives Antón, tenía a algunos penalistas como Isabel Valldecabres Ortiz (actual presidenta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) y otros discípulos de mi maestro, como el actual catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, José Luis González Cussac. Mi equipo se completaba con Pablo Santolalla para asuntos religiosos y Pedro Pablo Mansilla para asuntos penitenciarios, y como director general en asuntos de personal, Luis Herrero Juan.

Nos pusimos manos a la obra inmediatamente. El trabajo por delante era ingente, pero también nuestras ganas de acometerlo. El tiempo volaba, pues la legislatura se reduciría un año.

La principal misión de este equipo era ejecutar la decisión política de elaborar un nuevo Código Penal. Ese era el objetivo estratégico del ministerio y, por ende, del Gobierno de la nación. La ambición legislativa de mi equipo era evidente, pues, amén del Código Penal, nos proponíamos hacer un desarrollo legislativo de la exigencia constitucional de poner en marcha la Ley del Jurado, siendo su asesor y coautor mi amigo Luciano Varela Castro. Otro objetivo cumplido por el equipo fue un desarrollo más eficiente de la asistencia jurídica gratuita. En este último caso, el autor político e intelectual fue Fernando Escribano.

Con estos dos grandes proyectos, a los que me voy a referir más extensamente en las páginas siguientes, no se agotó nuestra iniciativa legislativa. Quiero citar, en primer lugar, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo importante en este caso no es solo el contenido material de la reforma, sino el instrumento utilizado para llevarla a cabo, que no fue otro que el consenso, según nuestro modelo general de actuación. En esta cuestión, el consenso fue amplísimo, pues tuvo el dictamen favorable de las asociaciones de jueces, el del Consejo General del Poder Judicial y el del fiscal general del Estado. Entre otras muchas cosas, la reforma cambió el sistema de actuación de la Escuela Judicial, y se acordó también su traslado a Barcelona (medida de gran valor simbólico) y el traslado del Centro de Documentación a Euskadi.

Es asimismo de nuestra época la ley que permitía a los ciudadanos el cambio de banco de la hipoteca. Fue, en este caso, Juan Luis Ibarra el que aguantó el tirón de la cúpula bancaria, logrando un consenso que no tuvo coste técnico-jurídico alguno, pues es un texto normativo impecable. Conocí a Juan Luis cuando ejercía de magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Bilbao, además de impartir clases en la universidad. No me costó ningún esfuerzo comprender que estaba en presencia de una persona que encarnaba algo tan citado como poco frecuente: un auténtico jurista. Creo que tuve algo que ver en su decisión de ingresar en la carrera judicial por la vía del cuarto turno, pero nada tuve que ver con el hecho objetivo de que fue el número uno de su promoción. Me pareció que la Secretaría General Técnica era el puesto de trabajo que más se ajustaba a su perfil y no me equivoqué, pues cumplió sobradamente su cometido. Solo nos faltó cambiar el nombre al ministerio, como proponía Juan Luis, llamándole «Ministerio del Derecho», y no «de Justicia». También recuerdo, aunque se apartaba de sus responsabilidades, las instructivas conversaciones que mantuvimos sobre Euskadi con José Luis Zalbide. En la actualidad es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, reelegido recientemente.

Un tema esencial para nosotros que no llegó a culminarse en términos de Ley Orgánica era, sin duda, la reforma de la Asistencia Jurídica Gratuita. Tuve siempre la convicción, y la sigo teniendo, de que su bloqueo contó con el apoyo inestimable de Ferraz (sede del PSOE), y seguramente con la colaboración, al menos tácita, de Alfredo Pérez Rubalcaba, a la sazón ministro de Educación y de Universidades. Puesto de acuerdo con la Abogacía, representada por su decano, Carlos Carnicer, de tan grata memoria, sorteamos el obstáculo con un movimiento un tanto arriesgado por cuanto se podía sostener que el ministro de Justicia había derogado con un decreto buena parte de la ley. Que yo sepa, lo cierto es que no hubo nadie que impugnara el referido decreto, y los avances allí consignados adquirieron poco más tarde la fuerza de una ley.

Digamos, para terminar, que mi equipo y yo hicimos toda la reforma de la medicina forense. Así, la existencia misma de los Institutos de Medicina Legal, creados por nosotros, logró modernizar su organización.

LA LEY DEL JURADO

El 14 de julio de 1993, fecha en que tomé posesión de mi cargo de ministro de Justicia, parecían definitivamente congeladas las voces que apostaban por la necesidad de poner en marcha una profunda reforma del Jurado. Aquel enfriamiento pretendía enterrar en la historia, una vez más, la complicada pero necesaria institución. Aun así, conseguimos aprobarla siendo yo ministro de Justicia e Interior.

La dinámica de su aplicación durante su vigencia deja claro que el Jurado se ha consolidado. Los ciudadanos, cada vez con mayor intensidad, participan realmente en la Administración de Justicia. Pese a las celadas de todo tipo que ha sufrido la institución, y pese a sus múltiples detractores, el mandato constitucional se ha cumplido, se está cumpliendo.

Es cierto que en una institución nueva se puede producir una especie de miedo escénico y, en honor a la verdad, es de justicia decir que ese temor no se ha producido en la ciudadanía, sino en el corporativismo y en la inmovilidad de los operadores jurídicos. La batalla viene de lejos.

El argumento inicial en contra del Jurado consistía en dar a entender que el artículo 125 de la Constitución no establecía un mandato concreto, sino, simplemente, una posibilidad de que pudiera o no existir. El argumento de los negacionistas tuvo escaso éxito por cuanto la polémica se dio por concluida aun antes de la entrada en vigor de la Ley en 1995. La doctrina entendió, sin apenas fisuras, que el precepto constitucional no debía entenderse como una opción, sino como el mandato de que exista en ciertos procesos penales. Incumplirlo o dejarlo vacío de contenido equivale a desconocer la Carta Magna en una cuestión tan sensible como la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia.

No es este el momento ni el lugar para describir las cuestiones y los problemas que suscita. Bastará con una mera enumeración que permita conocer su complejidad.

Es, en primer lugar, un derecho-deber de participar en los asuntos públicos y, como tal, un derecho ejercitable por todos los ciudadanos, en los que no concurra causa que lo impida, y un deber para los que no están incursos en ningún motivo que permita excluirlos de su participación. El imputado no tiene derecho (y, por lo tanto, no puede elegir) entre ser enjuiciado por un órgano jurisdiccional ordinario o por el Jurado. El Estado democrático, al que alude la Ley del Jurado, se caracteriza, entre otras cosas, por la introducción no solo de mecanismos representativos, sino también de elementos participativos, tan necesarios como los primeros, pues solo así pueden hacerse reales y efectivos los valores constitucionales.

Más interés tiene el tratar de contestar a una cuestión clave: ¿por qué se tardó tanto tiempo en cumplir el mandato constitucional? Son varios los motivos. El primero es el corporativismo de los juristas y su entorno. Hay que incluir a la casi totalidad de los «gremios», como jueces, fiscales, letrados, médicos forenses, etc., que durante años pelearon su causa en toda clase de escenarios, cada vez con menos entusiasmo. El segundo motivo, y más de fondo, es el modelo de Jurado elegido, que implicaba empezar a desmontar el modelo procesal que inspira la LECrim de 1882.

La Ley del Jurado de 1995 introdujo en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo proceso penal que se caracteriza por pretender ser un sistema acusatorio puro. De ahí que atribuya al Ministerio Fiscal y demás acusadores un papel relevante.

Las anteriores e históricas leyes del Jurado se limitaron a introducir este en la fase de enjuiciamiento, mientras que las fases de instrucción e intermedia eran las mismas que para los restantes procesos penales.

En los debates parlamentarios entendí, y lo sigo creyendo, que, tratándose el Jurado de una de las vías por las cuales los ciudadanos participan en la Administración de Justicia, este dato debería estimarse como motivo suficiente para justificar una ley distinta y una regulación de la instrucción independiente y diferente de la prevista en la LECrim. Las otras vías serían el ejercicio de la acción popular y los tribunales consuetudinarios y tradicionales.

¿Logró la Ley del Jurado la implantación completa del sistema acusatorio puro? No. Cierto es que la actuación del juez se ha visto limitada, pero ello no se ha correspondido con una ampliación de facultades del Ministerio Fiscal. Por este motivo, la reforma se ha quedado a medio camino.

En todo caso, es un hecho que el principio acusatorio, el principio de contradicción, los principios de inmediación, de igualdad de armas, de oralidad, de concentración, de publicidad, de celeridad y preclusión se han visto indudablemente apuntalados de forma por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, constituyendo uno de sus principales acervos.

Los juradistas podemos estar relativamente tranquilos, ya que la institución del Jurado español se ha consolidado y creo que tiene un notable futuro. Los miles de procesos con Jurado llevados a cabo en toda España han contribuido a la cada vez más intensa normalización de esta institución y, en definitiva, a su incorporación al acervo jurídico y judicial.

Es cierto que ha habido supuestos en los que el fallo del Jurado ha resultado manifiestamente erróneo, como por ejemplo la absolución de Mikel Otegi, asesino de dos ertzainas, o la condena de Dolores Vázquez en el caso Rocío Wanninkhof, entre otros. Más allá de la repercusión mediática de casos puntuales, algunos errores aislados no pueden constituir motivos serios para intentar acabar con la institución. En muchos casos la cuestión se resuelve satisfactoriamente en la apelación, demostrándose con ello que los recursos que la Ley del Jurado establece están funcionando. Por otra parte, los casos anómalos también se dan en la «justicia profesional» y, aun así, nadie solicita su desaparición.

Más interés tiene el trabajo realizado en 2021 por Daniel Varona, catedrático de Derecho Penal y magistrado suplente en la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Girona, quien examinó las respuestas dadas en un elenco de causas resueltas, unas por un juez técnico y otras por un Tribunal de Jurado, relacionadas con acusaciones contra mujeres por delitos cometidos contra estas por personas, pareja o expareja, y sometidas a maltrato. Varona llegó a la conclusión de que «nuestros ciudadanos no solo demuestran capacidad para juzgar asuntos penales complejos, sino que, sorprendentemente, desempeñan este papel de forma más atinada que nuestros magistrados y magistradas» (citado por Luciano Varela Castro en 2022).

Sería erróneo ver en el Jurado una especie de competencia contra los jueces y magistrados técnicos, y tampoco cabe atribuirle un «mejor derecho» por tener una plusvalía de legitimación. El Jurado no es un tribunal mejor, sino otro tribunal que tiene su habilitación en la ley y su virtud en la participación y en la integración del ciudadano en la Administración de Justicia.

Debe evitarse por ello la atractiva tentación de reconstruir la historia de España del tiempo pasado sobre el simbolismo de la institución; asimismo, es un error convertir el debate en una pugna entre conservadores versus progresistas.

Lo único cierto es que una constante del constitucionalismo español ha sido que cada periodo de libertad fue paralelo a la consagración del Jurado. Así sucedió en la Constitución de Cádiz de 1812 y en las de 1837, 1869 y 1931. Al propio tiempo, cada periodo autoritario ha implicado su supresión o su vaciamiento. El Instituto del Jurado parte de suponer que la idea de la democracia no se limita al respeto conceptual de los derechos, sino que, además, necesita instituciones que posibiliten que los ciudadanos asuman responsabilidades en la resolución de los asuntos que les conciernan.

En términos democráticos, es inaceptable no confiar en la capacidad de los ciudadanos para ejercer cualquier poder real del Estado. No es solo la ética democrática la que está en juego, sino que también lo están la realidad sociológica de los datos y los hechos.

No pretendo convertir a la institución del Jurado en algo intocable, no susceptible de modificación. Al contrario, en la propia exposición de motivos de la ley se reconoce paladinamente que la realidad social del tiempo transcurrido debería ser la guía precisa para introducir las mejoras convenientes (casi siempre apuntadas por la doctrina y por la jurisprudencia) que fortalezcan la institución. Es muy posible que los delitos irrelevantes deban desaparecer del catálogo de delitos que se enjuician por la Ley del Jurado; también las amenazas condicionadas, el allanamiento de morada o la omisión del deber de socorro, o incluso algunos delitos que conllevan dificultades técnicas y que presentan una habitual complejidad. En sentido inverso, es razonable incorporar al listado otros delitos nuevos, quizá aquellos que tengan más carga social y/o política.

Lo esencial de mi reflexión final es que los principios de la Ley del Jurado de 1995 siguen plenamente vigentes y que además es urgente extenderlos a todo el Derecho Penal.

Alexis de Tocqueville, en su libro La democracia en América, constataba que «no hay país donde los jueces sean tan poderosos como aquellos en los que sus privilegios son compartidos por el pueblo».

EL CÓDIGO BELLOCH O LA CONSTITUCIÓN EN BLANCO Y NEGRO

En lo que hoy podría considerarse un «imposible político», en noviembre de 1995, y tras un intenso debate parlamentario sin demasiada repercusión pública, se aprobó el nuevo Código Penal con el voto favorable de casi la totalidad de los grupos parlamentarios, sin ningún voto en contra y con la abstención del Partido Popular, entonces en la oposición. Con su aprobación, mi equipo y yo consideramos culminado el mayor objetivo que nos habíamos propuesto a la hora de entrar en política. Se le ha llamado de muchas maneras, pero «Código Belloch» era la fórmula empleada cuando se trataba de criticarlo o descalificarlo. También «la Constitución en blanco y negro» o, simplemente, la «Constitución negativa», denominaciones que se ajustan mejor a la realidad de su contenido, por cuanto es la norma más importante, políticamente hablando, desde la Constitución de 1978, y recoge el inventario de penas y sanciones que procede imponer a quienes desconocen o vulneran los derechos y los valores constitucionales.

Es una «Constitución en negativo» por cuanto supone una radiografía en la que se reflejan el grado de tutela o de protección por parte del Estado que merecen los bienes y los valores constitucionales. Asimismo, decide cuáles de entre esos bienes jurídicos merecen tutela penal y cuáles no. Sin duda, se trata de un Código Penal de la democracia, pues lo que pretende en último término es adaptar el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico a los derechos, a las libertades públicas y a los bienes tutelados constitucionalmente.

Asimismo, merece el nombre de «Código Penal del Parlamento», tal vez la más ajustada denominación en términos históricos. El anterior Código Penal en su estructura básica es el de 1848. Los regímenes políticos sucesivos realizaron adaptaciones y reformas de carácter diverso, pero los cimientos de la catedral jurídica que es un Código Penal proceden del texto de 1848. De las reformas realizadas después de la Constitución de 1978 destaca la de 1983, que en lo esencial no realiza modificaciones de especial calado.

Aunque muy pocos fuera del ámbito jurídico se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo, el Código Penal de 1995 constituyó el único acontecimiento merecedor del calificativo «histórico», algo que no ocurría desde hacía ciento setenta años.

Por primera vez en la historia de España, un Código Penal se había discutido artículo por artículo en un Parlamento elegido democráticamente, hecho que supuso la madurez jurídica del conjunto de los ciudadanos. Su aprobación tuvo una autoría colectiva. Para empezar, agrupó al conjunto de penalistas demócratas españoles, quienes, especialmente desde el año 1978 con la aprobación de la Constitución, iniciaron con brío y determinación el proceso; incluye a los sucesivos gobiernos de Unión de Centro Democrático, del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, que avalaron el comienzo y el desarrollo del proyecto; también a los sucesivos ministros de Justicia que tanta dedicación personal pusieron en el empeño, y a sus equipos técnicos, que apuntalaron los trabajos puestos en marcha; al conjunto de la cátedra, que ya desde los primeros anteproyectos empezó a estudiarlos a través de artículos, obras científicas, críticas y debates; al resto de las profesiones jurídicas y, entre ellas, de forma destacada a los compañeros de mi profesión, jueces y fiscales, que durante muchos años fueron poniendo de manifiesto que el sistema que implicaba el Código Penal no servía y que era necesario acometer una obra nueva y realizar uno nuevo; otro tanto puede decirse de la aportación fundamental de la abogacía y, en especial, su valiosa actuación ante los tribunales.

En efecto, el nuevo Código Penal tiene una autoría colectiva, pero sobre todo es posible afirmar que son los ciudadanos de este país los que pueden y deben sentirse orgullosos autores de esta obra.

Resulta evidente que su magnitud impide su perfección y algunos datos ilustran ese hecho. En el debate parlamentario hubo tres mil debates jurídicos particularizados. Pensar que la solución encontrada para cada uno de ellos no siempre habrá sido la más acertada, es una obviedad que impone tanto la ley de probabilidades como la del sentido común. En ocasiones, el origen del error o de la inexactitud estuvo en la necesidad de conseguir el consenso. Que el Código Penal no tuviera ningún voto en contra implicó que todos los grupos parlamentarios dejaran parte de sus planteamientos fuera de la realidad legislativa finalmente aprobada.

No es seguro que la estructura esencial de nuestra «catedral jurídica» vaya a modificarse en sus aspectos esenciales. Pero es obvio, y así lo ha constatado la realidad, que ha sufrido y sufrirá cambios particulares de su articulado en todas las legislaturas, a medida que se descubran defectos técnicos, se modifiquen sensibilidades sociales o se produzcan variaciones esenciales en la composición política de las Cámaras. Con todo, es particularmente negativo que se legisle al socaire de un hecho concreto que haya provocado una consternación emocional de alta intensidad. Tampoco es positivo que, hasta hoy, la práctica totalidad de las modificaciones del Código Penal hayan consistido en la creación de nuevos tipos delictivos o en el agravamiento de las penas previstas. Esta huida hacia el Código Penal evidencia la falta de alternativas o respuestas sancionadoras menos lesivas para la libertad individual.

Es justo reconocer que durante su desarrollo todo el mundo comentaba que esta era «la peor legislatura para aprobar un Código Penal». Era verdad, y existían toda clase de inconvenientes para lograrlo. Pero lo hicimos con la voluntad de hierro de María Teresa Fernández de la Vega y de Margarita Robles, con la flexibilidad y el buen talante de Fernando Escribano y con el talento y la sabiduría de Tomás Vives Antón y su equipo. Si al guiso añadimos una cierta capacidad de influencia que tenía sobre Felipe González, la fórmula magistral estaba servida. Lo imposible se hizo posible.

Mis amigos me preguntan muchas veces por qué no se realizó antes, cuando las condiciones políticas eran más favorables y el grupo parlamentario socialista había gozado de mayorías absolutas que le habrían permitido aprobarlo en solitario. La respuesta es muy sencilla: el Código Penal, al igual que su madre, la Constitución española, debía sostenerse en un muy amplio consenso político y social. Las mayorías absolutas tan pronto vienen como desaparecen, y un texto tan importante no podía quedar al socaire de los cambios en la realidad parlamentaria. Paradójicamente, el hecho de que ningún grupo tuviera mayoría absoluta, lejos de ser un inconveniente, terminó siendo (y supimos convertirlo) en un esfuerzo especial e intenso en la búsqueda de un consenso real, lo que permitió articular una amplia mayoría en torno al texto.

Afortunadamente, la opinión pública, la clase política y la clase mediática estaban más preocupadas por otras cuestiones que consideraban de mayor importancia y que, por cierto, también incumbían a mi ministerio, como por ejemplo la fuga de Roldán. El que no existiera mucha atención pública sobre el Código Penal facilitó que el debate interno tuviera lugar sin estridencias ni malos modos, sino, en términos generales, de manera constructiva. Debe destacarse, por infrecuente, el trabajo particularmente notable del Senado. Con el esfuerzo de todos los portavoces de ambas Cámaras, a los que el Gobierno concedió, a mi propuesta, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, el proceso se desarrolló sin grandes sobresaltos, paso a paso, hasta que finalmente se aprobó.

El Código Penal pretendía incorporar un triple mensaje político. El primero era de libertad, pues no corrían buenos tiempos para el principio de mínima intervención. Estábamos en una situación social en la que parecía que el fenómeno clásico de la «huida hacia el Derecho Penal», hacia la pena privativa de libertad y al incremento de las penas, era el caldo de cultivo sociológico inevitable al que debía enfrentarse el proyecto. Ese clima fue una de las tensiones centrales que el Código Penal tuvo que resistir, ni más ni menos que la ola contraria al principio del Derecho Penal liberal. Creo que, en lo esencial, logramos ganar esa batalla, aunque con excepciones puntuales. En términos generales, el Código Penal supo vencer la tentación de la regulación punitiva extensiva y no trató de ampliar la tutela penal a toda clase de bienes jurídicos protegidos. El proyecto entendía que una sociedad libre no se puede basar solo en la pena de prisión, y esa es la primera línea política que el conjunto del Parlamento supo sostener en tiempos complicados en los que se mantenía que la mayor pena o la mayor punición de las conductas podía resolver los problemas de la sociedad. Todos sabemos que la eficacia de un sistema penal no depende de la dureza de las penas, sino de la proporcionalidad, de su inmediatez y de su efectiva imposición.

El segundo de los mensajes políticos era de solidaridad, en el sentido de entender que, salvo algunas excepciones como los delitos sexuales, las personas tienen capacidad de evolucionar y de mejorar. El Código Penal hacía una apuesta importante, limitada por ulteriores reformas, sobre la aceptación de la resocialización y la rehabilitación como fines, aunque no exclusivos, de la pena privativa de la libertad. El mantenimiento del principio de rehabilitación ha logrado que la pena de prisión ya no sea de «mazmorra», sino que tenga formas de cumplimiento compatibles con fines humanitarios. El día que se decida desconocer el carácter rehabilitador de las penas, como puede ocurrir con la llamada «prisión permanente revisable», nos podemos encontrar con un poder político autoritario al que hemos dado cancha. Nuestro Código Penal no es un código blando, más bien todo lo contrario. Por ejemplo, en aquel tiempo se suscitaron absurdas polémicas, como la que aseguraba que la entrada en vigor del texto supondría la inmediata puesta en libertad de 13.000 presos. Pues bien, en 1997 fueron puestos en libertad 145 presos, lo que supone un desajuste entre las cifras ofrecidas por los afines al Partido Popular, que eran miles, y la realidad. El transcurso del tiempo no ha hecho sino incrementar la intensidad de la falacia puesta en circulación por los detractores sin causa del Código Penal.

El tercero de los mensajes políticos que quería difundir y patrocinar el Código Penal de 1995 era, y sigue siendo, el valor constitucional de la igualdad. Su defensa encuadra ideológicamente a nuestro Código Penal y se articula de diversas maneras, entre las que destaca la regulación de los delitos económicos. Esta regulación parte de la convicción objetivable de que desde el mundo de la empresa, sobre todo en las épocas actuales, puede atacarse seriamente a la sociedad, de modo más grave incluso que a través de las formas tradicionales o clásicas de delincuencia, y sobre todo con un mayor grado de impunidad.

Asimismo, cabe destacar la regulación de los delitos contra la libertad sexual, que a partir del texto de 1995 no solo tenían el nombre, sino también el contenido material, pues desde ese momento la libertad sexual es un bien jurídico protegido. Recientemente se ha reformado el Código Penal en este punto. No es este el lugar para analizar con detalle el contenido de la reforma, bastará con indicar que el «consentimiento» de la víctima es el eje central de la reforma y que se unifican en lo esencial las categorías de «abuso» y «agresión sexual».

En esta misma línea política de igualdad, se establecen por primera vez como delitos la discriminación, el racismo y la xenofobia. Incluso podría encajar en esta categoría el nuevo tratamiento de los delitos cometidos por funcionarios públicos, que dejan de ser tipos privilegiados para considerarse servidores públicos, teniendo por ello el mismo tratamiento que el resto de los ciudadanos.

El Código Penal apuesta por la primacía del individuo frente al Estado y por una especial protección de los derechos fundamentales, bien recurriendo a una mayor gravedad en la sanción, bien empleando mejoras técnicas de tutela para los delitos relativos al honor, la integridad moral o la libertad sexual. También se establece la especial protección de la libertad y de la seguridad de las personas frente a las arbitrariedades. Se restringe el castigo de la imprudencia y de los actos preparatorios, y se dota a los jueces de instrumentos adecuados para individualizar la aplicación de la pena, posibilitando su sustitución o suspensión temporal. En el Código Penal se desplaza el protagonismo absoluto de la pena de prisión estableciendo otras medidas, y se empieza a tener en cuenta a la víctima, tanto en el Código Penal como en la Ley Orgánica de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Por otro lado, el texto refleja el carácter social de nuestro Estado democrático de derecho, al menos en dos cuestiones evidentes y solo aparentemente contradictorias: la despenalización de figuras caducas como algunos desacatos y delitos contra el honor, que se reenvían a la vía civil. Las faltas en su mayoría despenalizadas desaparecen como categoría y son sustituidas, en parte en reformas posteriores, por la categoría de «delitos leves». También podría saludarse como positiva la introducción de nuevas figuras delictivas como los delitos contra la libertad y la seguridad de los trabajadores, cuyas imperfecciones técnicas son tan evidentes que, de hecho, apenas hay jurisprudencia relativa a los artículos concernidos.

A este respecto, merece un comentario especial la reforma del Código Penal que entró en vigor el año 2015. La reforma responde, como dictaminaron setenta catedráticos de Derecho Político y Derecho Penal, a los criterios más conservadores y reaccionarios que se sostienen en la doctrina. Dije en el Senado, y lo sigo pensando, que esta reforma era un ejemplo exacto de populismo penal. Como decía el senador Joan Saura, político de amplia trayectoria, con ocasión de la reforma, en términos de política criminal no parece muy razonable incrementar las penas de prisión cuando la tasa de delincuencia en España era y, en lo esencial, sigue siendo de las más bajas de Europa.

Es preciso constatar que por encima de tales criterios cuantitativos que pueden variar o incrementarse en tiempos de crisis como la que vivimos en estos últimos años, lo importante es tener en cuenta que «nunca nadie ha demostrado, en ningún lugar, que el incremento de las penas privativas de libertad se traduzca en una mayor eficacia o eficiencia del sistema penal, pues un exceso punitivo produce el efecto contrario», como decía entonces. El caso más obvio es el de Estados Unidos, probablemente el sistema punitivo más duro de Occidente y, sin embargo, el que cuenta con los delincuentes más peligrosos.

Con la introducción de lo que el Código Penal denomina «prisión permanente revisable» se pretende fundamentar criterios peligrosos o discutibles, entre los que destaca, sin duda, la pretendida demanda social. Es evidente que este criterio, en principio razonable, no puede justificar cualquier tipo de respuesta penal, y el ejemplo más claro es la pena de muerte. Si sometemos al control de los ciudadanos si procede o no, después de haber visto tres programas de televisión seguidos dedicados a la violación de una niña, no tengo ninguna duda de que ganaría por mayoría absoluta la restauración de la pena capital. No basta con odiar los crímenes execrables para ser y tener el carnet de demócrata. Es fácil, pues ese sentimiento lo tenemos todos. Ser demócrata implica el reconocimiento de la dignidad de todos, incluidas las personas que han vulnerado más gravemente los derechos de otros.

En términos generales, este es mi planteamiento, pero acepto la existencia de excepciones. Por supuesto que, con la Constitución española en la mano, las penas de prisión deben estar orientadas a la reinserción o la rehabilitación del penado. Pero el problema se plantea cuando se constata una conducta reiterada y hay informes facultativos que afirman que el concreto penado no es susceptible de reinserción, sino que, al contrario, existe un alto riesgo o probabilidad de reincidencia. En estos supuestos puede ser proporcional la respuesta penal consistente en mantenerle en prisión hasta que tal probabilidad haya desaparecido o reducido de manera muy significativa. Las excepciones referidas son de especial aplicación a los delitos sexuales y a los de violencia de género, pues se trata de dos categorías delictivas en las que la realidad social del tiempo en que deben aplicarse las normas nos enseña la dificultad intensa que supone su rehabilitación.

Esta posición tiene un apoyo sólido en la doctrina del Tribunal Constitucional Federal alemán y en alguna sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El tribunal alemán dice que la prisión permanente revisable puede ser constitucional siempre que se otorgue al delincuente una posibilidad o expectativa real de reinserción y de suspensión de la pena, y en particular, siempre que pueda existir una suspensión obligatoria.

Los argumentos en que se fundamenta el rechazo en términos generales de la institución de la prisión permanente revisable y la admisión de las excepciones referidas tienen un mismo marco teórico. En concreto, su fundamento descansa en tres proposiciones. La primera es que la pena privativa de libertad, por sí misma, es un mal que solo puede justificarse en la medida en que produzca bienes mayores para la tutela de los bienes y derechos de las personas y de la sociedad; fuera de este ámbito no está justificada. La segunda es que el espíritu talionar es incompatible frontalmente con el principio de proporcionalidad de las penas previstas por el Código Penal. Y la tercera es que un sistema democrático se basa en la dignidad, en el sentido kantiano del término; es decir, una libertad igual para todos.

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Biministro de Justicia e Interior

EL CASO ASUNCIÓN: UNA DIMISIÓN INJUSTA

Luis Roldán se había fugado. El director general de la Guardia Civil, institución cuyo lema era y sigue siendo «El honor es mi divisa», fue sorprendido cobrando comisiones y utilizando partidas de los fondos reservados para su uso personal. Roldán, perseguido hasta sórdidos lugares, había desaparecido, provocando una reacción política de primera magnitud. La oposición pidió inmediatamente la cabeza del ministro del Interior por no haber impedido su fuga. El día anterior, Antoni Asunción se personó en mi casa para anunciarme que iba a presentar su dimisión al presidente del Gobierno. Agoté todos los argumentos en contra de su decisión, especialmente los de carácter jurídico, por cuanto yo entendía (y sigo entendiendo) que una restricción del derecho constitucional a la libre deambulación necesita de la pertinente autorización judicial. Pero en el momento de la fuga no existía orden o decisión judicial que legitimara el control de los movimientos del señor Roldán para impedir su huida.

Hasta ese momento la situación se había encrespado tanto que era difícil prever cuál sería la respuesta judicial a una petición de este tipo. Ningún juez había acordado medidas de vigilancia y seguimiento, el Ministerio Fiscal no las solicitó, y tampoco lo hicieron las demás partes personadas. Nadie, en suma, las consideró necesarias. Lo único criticable en la conducta del ministro, si acaso, habría sido no solicitar al juez la adopción de tales medidas. Se trataba, a lo sumo, de un error de omisión explicable por las circunstancias concurrentes, pues en aquel momento era inverosímil que el director general de la Guardia Civil se sustrajera a la acción de la justicia. Por lo que supe después, Roldán se esforzó en convencer al ministro de que, en ningún caso, huiría del país. Y le engañó.

Además, en contra de la dimisión, tenía argumentos basados en la «legítima defensa», pues intuía que Felipe González iba a pedirme que aceptara el cargo de ministro del Interior. Con mi nombramiento, pensó, se haría posible la continuidad en la política de Interior, pues el presidente creía que yo era la persona adecuada para erradicar todo atisbo de corrupción. Felipe estaba asqueado de tanta basura. Todos lo estábamos.

Con ese temor, la noche anterior llamé a algunos amigos de confianza (María Teresa, Margarita, Fernando, Tomás y su esposa Cande) para encontrarnos, analizar la situación y determinar cuál debía ser mi respuesta en caso de que se me ofreciera el cargo, lo que parecía cada vez más probable, pues Felipe me había citado en su despacho para la mañana del día siguiente. El análisis nos llevó a la conclusión de que debía aferrarme al cargo de ministro de Justicia, dado que aprobar un nuevo Código Penal era nuestro objetivo estratégico para la legislatura y se encontraba en un avanzado estado de tramitación parlamentaria. Mi cese podía poner en riesgo el impulso político necesario para lograr su aprobación.

Sin embargo, mi argumento no convenció al presidente, pues, como me comentó personalmente meses después, él ya estaba persuadido de que se debía afrontar la cuestión, y cómo debía hacerse. Intenté otros argumentos de carácter estrictamente político. Recuerdo haber propuesto a otros candidatos, miembros del propio gobierno. En particular, propuse a Narcís Serra por entender que su autoridad como vicepresidente facilitaría la lucha contra la corrupción que de forma inevitable se iba a plantear en los meses siguientes. Más que su rechazo a la candidatura de Serra, me sorprendió la contundencia con que Felipe se limitó a pronunciar un seco «no» sin proporcionar ningún argumento. El tiempo nos demostró que, como tantas veces, Felipe tenía razón.

Como sabía que el presidente insistiría en su tesis, y cuando ya estaba dispuesto a aceptar el nuevo cargo por responsabilidad, me dijo que había una solución: unificar los ministerios en una única cartera de Justicia e Interior. La verdad es que en ese momento me quedé desconcertado, y no encontré argumentos serios para rechazar la propuesta, máxime cuando Felipe me recordó que yo venía sosteniendo en diversos foros que la tesis correcta era la de fusionarlos ambos (sin convencer a casi nadie salvo a Rodolfo Martín Villa) por cuanto era la fórmula más satisfactoria para lograr la compatibilidad entre los valores de la libertad y la seguridad. Esta fusión de ministerios no tenía precedentes en el sistema político español, salvo algún desarrollo parlamentario. En concreto, existe en nuestro ordenamiento jurídico una única Comisión de Justicia e Interior. Por el contrario, este modelo era habitual en los países anglosajones y nórdicos y, sobre todo, en la Unión Europea, en cuyo modelo organizativo existe un único consejo dedicado de manera conjunta a estas dos parcelas.

A los pocos minutos de terminar mi entrevista con el presidente del Gobierno volví a escuchar mi nombre por la radio —esta vez equivocado, pues me llamaron «Luis Alberto Belloch»— como responsable desde ese momento de un único ministerio. Este lapsus más tarde fue utilizado en contra de Felipe González, pues decían sus oponentes que nombraba ministros «de los que no conoce ni el nombre». El ejercicio de la oposición en toda época tiene a veces tintes ridículos. El error tuvo su origen en el nombramiento, ese mismo día, de Atienza como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuyo nombre de pila es Luis María.

He de confesar que al oír la reseña del Consejo de Ministros, sentí un cierto ahogo por la enorme responsabilidad que había adquirido.

Tomé posesión del nuevo ministerio el 5 de mayo de 1994. Francamente, a diferencia de lo ocurrido con otros nombramientos pasados, esta vez no eché de menos a mis padres porque sabía que hubieran sufrido al otear lo que le esperaba a su hijo. En mi discurso de toma de posesión subrayé que el presidente González había reiterado «el más firme compromiso del Gobierno, por sentido de la responsabilidad, por abordar una situación de profunda preocupación, trabajando con la máxima firmeza para que el Principio de Legalidad impere con todas sus consecuencias». Mi obligación y mi empeño como ministro sería aclarar los asuntos de corrupción y cualesquiera otros que pudieran presentarse. Para el Gobierno era un objetivo prioritario el cumplimiento de las resoluciones parlamentarias acordadas en torno a la corrupción. Tenía la convicción de que vencer la situación de crispación social además podría facilitar la salida a la durísima crisis económica que ese año estaba castigando nuestra economía. En el nuevo cargo, nuestro lema seguía siendo la certeza de que «solo lo ético es práctico» y, conforme a ello, hicimos nuestro trabajo.

Los ministerios de Justicia y de Interior se habían ocupado, hasta ese momento y por separado, de garantizar la legalidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. El Ministerio de Justicia es el Ministerio para el Derecho, que como preocupación fundamental garantiza derechos y libertades. El Ministerio del Interior, por su parte, protege el ejercicio de los mismos derechos y libertades desde el punto de vista de la seguridad. Garantizar que la actuación de los poderes públicos esté plenamente sometida a Derecho era el objetivo esencial de la unificación de ambas carteras, particularmente útil «en momentos en que es precisa una garantía de racionalidad y eficacia». En mi toma de posesión asumí tres compromisos: racionalidad, justificación de las decisiones que se adoptasen y transparencia, y mi equipo y yo los cumplimos.

El nuevo ministerio requería también una nueva organización, cuyo principal responsable fue Luis Herrero Juan, TAC del Estado, a quien mantuve como subsecretario de Justicia e Interior por su eficacia. Además, lo conformaban cuatro secretarías de Estado: de Justicia, de Interior, de Asuntos Penitenciarios y de Drogas, más una Secretaría General de carácter estrictamente político de la que fue responsable Fernando Escribano. La Secretaría de Drogas la desempeñó el diputado Carlos López Riaño una vez que la opción de Baltasar Garzón decayera por no aceptarla el propio interesado. De López Riaño quiero destacar no solo que hizo muy bien su trabajo, sino también que lo llevó a cabo con una educación exquisita, asumiendo con humor y sin complejos su condición de cuota masculina. Una virtud, la buena educación, poco valorada, pero imprescindible en cualquier sistema democrático.

Al frente de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios estaba Paz Fernández Felgueroso. No la conocía personalmente, salvo por la prensa y por los hechos que había protagonizado (en su etapa de consejera de Industria del Gobierno de Asturias tuvo que lidiar con dudosas manifestaciones y protestas ciudadanas a raíz de la reconversión industrial, sin que en ningún momento diese un paso atrás en el cumplimiento leal y democrático de una política dolorosa pero obligada, como el tiempo demostró). De Paz quiero destacar su buen hacer en una tarea difícil y llena de aristas. Así lo evidencia el hecho de que, durante su mandato, las noticias en materia de prisiones o fueron buenas o, mejor aún, apenas existieron, que es lo mejor que puede ocurrir en este ámbito. Pero lo que me importa y valoro aún más es la autoridad moral que adquirió desde sus primeras intervenciones en las comidas de equipo que realizábamos periódicamente. Cuando hablaba Paz, tanto yo como el resto del equipo permanecíamos en silencio, en disposición de aprender. Paz no decía nada trivial; cuando hablaba, casi siempre tenía razón o, por lo menos, tenía la mejor entre todas las posibles. Al finalizar nuestra época ministerial, Paz se dedicó a la apasionante vida municipal, lo mismo que un servidor, siendo alcaldesa de Gijón durante tres legislaturas, una alcaldesa rigurosa y querida. Desempeñó el cargo todo el tiempo que quiso, pues nunca fue derrotada en las urnas, y se marchó cuando entendió que su obligación política era favorecer la renovación de cargos, empezando por el suyo. En eso también tomamos idéntica decisión.

De Fernando Escribano, Margarita Robles y María Teresa Fernández de la Vega ya he hablado por extenso en capítulos anteriores. Pero quiero apuntar el detalle que más me sorprendió con diferencia en esta relación a tres bandas, y es precisamente el trabajo de haber logrado que Margarita y María Teresa se llevaran razonablemente bien, pues eran, y lo siguen siendo, dos personas que, entre otras virtudes, poseen un temperamento y una energía ilimitados. Siempre que había un cierto clima de conflicto entre ambas, aparecía Fernando administrando un bálsamo cuya fórmula desconozco, pero que tenía la virtud de transformar esas tensiones en alegría. En temas enquistados donde parecía imposible avanzar, pedíamos a Escribano que los encaminara. Normalmente lo lograba, y nadie sabía cómo. Siempre he mantenido que hubiera sido el mejor de los ministros de Justicia.

Respecto a María Teresa y Margarita, no tuve ninguna duda de que les corresponderían las secretarías de Estado de Justicia e Interior. Pero como dudaba de cuál sería para cada una, consulté con algunos amigos, como Vives Antón, y con personas que las conocían en el ámbito de su trabajo. Ambas preferían la Secretaría de Estado de Justicia porque estimaban que sería un trabajo más gratificante (dados los objetivos ya mencionados de la Ley del Jurado y el nuevo Código Penal) que la Secretaría de Interior, donde les aguardaba una lucha sin cuartel contra la corrupción y muchas formas de violencia, pues ETA en aquellos años ejercía el terror en todos sus aspectos. Finalmente decidí que María Teresa iría a la Secretaría de Justicia y Margarita a la de Interior. Cualquiera de las dos podía ejercer su función con éxito. No obstante, terminé considerando que probablemente María Teresa haría su trabajo, en relación con los grupos parlamentarios, con mayor eficacia que Margarita, quien, por otro lado, realizaría su cometido de limpiar la corrupción con mayor eficacia que la primera: María Teresa había participado como alto cargo en los sucesivos gobiernos de Felipe González siendo ministro Fernando Ledesma, mientras que Margarita no tenía participación política previa más que la derivada de ejercer conmigo la Subsecretaría del Ministerio de Justicia; por eso pensé que ella podría afrontarlo con menor coste personal y político. En todo caso, ambas hicieron un excelente trabajo, y por eso no es de extrañar que, terminada su vinculación con el biministerio tras las elecciones generales de 1996, continuaran desarrollando unas excelentes carreras políticas.

Cuando estaba terminando mi tarea de formar el equipo, Baltasar Garzón, que por entonces tenía un cargo bastante oscuro en el Ministerio del Interior y que, desde luego, no se correspondía con las expectativas que había tenido como número dos de diputado por Madrid, me solicitó una reunión en la que expuso su planteamiento con claridad y rotundidad, cosa que agradecí. No había logrado, me dijo, hablar con Felipe González tras la dimisión de Antoni Asunción para plantearle sus aspiraciones, por lo que me pidió que fuera yo quien gestionara un encuentro entre ambos, cosa a la que me negué, pues sabía que Felipe no deseaba tal encuentro. Estaba ya informado acerca de sus sonoras deficiencias y carencias en las actuaciones judiciales, siempre al borde de la legalidad; confiaba en que «el problema Garzón» lo resolvieran sus ministros. Garzón se dio cuenta enseguida de cuál era mi postura y, sobre todo, la de Felipe, quien, con razón o sin ella, desconfiaba abiertamente acerca de la posible utilización irregular de los informes y los documentos confidenciales que estaban o que podían llegar a estar en su poder. Garzón comprendía que Felipe no lo eligiera como ministro del Interior por cuestiones relacionadas con la confianza, pero entendía, y así me lo planteó, que merecía ser nombrado ministro de Justicia. Pronto se convenció de que yo no iba a entrar en el juego de los ministrables por la simple razón de que el nombramiento de ministros era y es de competencia exclusiva del presidente del Gobierno. Además, yo no aspiraba ciertamente a ser ministro del Interior, pero sí a mantener el de Justicia. Así lo comprendió Garzón, ya que volvió a cambiar de nuevo su planteamiento rebajando las pretensiones.

En ese momento de la entrevista me anunció que, al menos, le debía el nombramiento de secretario de Estado de Interior, una vez fuera yo nombrado ministro. Le respondí que ya tenía candidato o, mejor dicho, candidata (Margarita Robles), pero le ofrecí la posibilidad de crear una agencia especial a imagen de la Drug Enforcement Administration (DEA) estadounidense para el tema de la droga, al frente de la cual estaría él. Esta propuesta ya la habían formulado anteriormente José Luis Corcuera y Antoni Asunción, y Garzón la había rechazado, postura que mantuvo conmigo.

Como seguía insistiendo en sus planteamientos, tuve que explicarle que me encontraba en «mi tiempo político» y que, por lo tanto, solo a mí y a mi gente nos correspondía intentar la realización de nuestro proyecto. Asimismo, le informé de que mi oferta era la única posible y que, si no la aceptaba, debía presentar su dimisión, para lo cual le di un plazo perentorio (no era posible ampliarlo porque la dilación en los nombramientos podía dañar al Gobierno y al propio Ministerio del Interior). Y dimitió.

Ya sabemos que Dios aprieta, pero no ahoga. González acertó cuando se negó a nombrar ministro del Interior a Luis Roldán (detalle del que hablaré en un capítulo posterior) y, de igual modo, yo acerté al negarme a nombrar secretario de Estado de Interior a Baltasar Garzón, quien más tarde fue expulsado de la carrera judicial por prevaricación. Roldán y Garzón juntos no solo podían haber producido un caos institucional, también podían haber puesto en cuestión las bases mismas de nuestro sistema democrático. Hoy lo saben la mayoría de las gentes mínimamente ilustradas e informadas, pero entonces muy pocos lo sabíamos con datos fidedignos.

ESPIADO POR ETA Y POR EL CESID

Ser ministro del Interior, con la dureza extrema que producen las tensiones inherentes al cargo, tiene costes no solo políticos, sino también personales y familiares, y mi caso no fue una excepción. Según me comunicaban con cierta frecuencia los servicios de información e inteligencia de la Policía Nacional, la Guardia Civil y del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), recibí numerosas amenazas creíbles, fui objeto de diversos seguimientos y hasta de actos concretos de preparación de atentados. Hasta ahí, todo normal. Les había sucedido a todos mis antecesores sin excepción. Creo que no había nada especialmente peligroso en mi situación, dado que el sistema de protección del ministro que existía entonces, y que supongo continuará, era de tal precisión y eficacia que prácticamente hacía casi imposible que prosperara cualquier intento serio de atentado.

En mis memorias merecen una reseña los problemas de seguridad que podían sufrir los familiares del ministro, aunque se creía entonces que ETA no daría el paso de atentar contra ellos. En medio de ese clima, las cosas cambiaron cuando tuvimos noticias de seguimientos a mi entonces esposa María Teresa y a mi hijo Damián. Los servicios de información aconsejaron abandonar el domicilio particular en el que vivíamos hasta entonces, en pleno centro de Madrid. Desde el punto de vista de la seguridad, era un dato negativo que la mencionada casa de Cervantes fuera visitada por muchos turistas y curiosos, pues era raro el día en que no estuvieran observando la fachada. Además, el portal era de salida única, en una estrecha calle, hasta el punto de que resultaba prácticamente imposible aparcar. Así que aceptamos abandonar nuestra casa e instalarnos en una especie de piso clandestino que puso a nuestra disposición el CESID y que se utilizaba para casos similares al mío. Me voy a abstener de apuntar su dirección porque, quién sabe, cabe la posibilidad de que esta vivienda siga prestando hoy los mismos servicios. Se trataba de un piso amplio, ubicado en una zona residencial que disponía de servicios comunes de calidad, entre otros, una piscina climatizada de la que disfrutaba a la vuelta del ministerio, las noches en las que el trabajo, si este era especialmente desagradable o complicado, me lo permitía.

Además, la vivienda contaba con un eficaz trabajo doméstico llevado a cabo por una señora de mediana edad, educada y cordial, a la que supongo ya jubilada. Cuando era preciso, sobre todo en las cenas de trabajo, hacía las veces también de cocinera. En un momento determinado, cuando las relaciones se habían convertido en amistosas, admitió veladamente que era una agente encubierta del CESID y que estaba obligada a transmitir a sus superiores todo lo que pudiera averiguar en esa casa. Muy preocupada, por no saber qué hacer, me pidió que la aconsejara en este conflicto de lealtades, entre el servicio de inteligencia, por un lado, y un ministro del Gobierno, por otro. Sentía que, hiciera lo que hiciera, estaría incumpliendo con sus deberes.

La verdad, ligeramente molesto por el hecho de que mi propio Gobierno me espiara a través de los servicios de inteligencia, y sabiendo que era inútil dirigirse al vicepresidente o al ministro correspondiente (el de Defensa), pues lo más probable es que tampoco tuvieran conocimiento del hecho, opté por aconsejarle que no hiciera absolutamente nada salvo comunicarme cualquier dato que hubiera conocido en el curso de su trabajo. En definitiva, le propuse que hiciera de espía doble. Periódicamente, sentados en un confortable sofá del salón principal de la casa, intercambiábamos recíprocamente incidencias del día e información. Yo le decía lo que debía informar sobre mí y sobre mi familia, y ella a cambio me contaba algunos chismes inofensivos sobre mí.

Era una relación tan razonable y equilibrada que, una vez instalado en el piso que tenía adjudicado el ministro del Interior en el paseo de la Castellana, no dejé de echarla de menos. A raíz de ese episodio adopté el criterio de registrar de manera exhaustiva y periódica todas las estancias en las que vivía o trabajaba. Y, por razones obvias, no se lo encargué al CESID, sino a la Comisaría General de Información, dependiente de Interior.

Las consecuencias que mi trabajo tuvieron para mi hijo y las amenazas terroristas son más difíciles de precisar. Mucho antes de mi nombramiento, nada más llegar a Bilbao, su madre y yo decidimos que era prudente, tal y como estaban las cosas en el País Vasco, que estudiara en una institución internacional, que terminó siendo el Instituto Americano de Bilbao, donde creo que disfrutó, estudió y aprobó sin mayores dificultades los dos bachilleratos, el español y el americano, que acometía de manera simultánea.

Más tarde, una vez terminada esta primera fase de su educación, tuvimos que tomar una decisión. ¿Dónde debería realizar sus estudios universitarios? Había varios factores en juego. Primero, la sagrada voluntad de mi hijo. Tengo para mí que si él hubiera sabido que mi opción era Estados Unidos, y concretamente Nueva York, habría inventado el pretexto que fuera para no aceptarlo y optar por estudiar en cualquier otro lugar. Pero afortunadamente, aunque sea más listo que yo, Damián no se enteró de la maniobra. Quizá lo sepa ahora cuando lea este libro.

En segundo lugar, había que resolver el problema financiero. Gracias a mi hermano José Félix, a la sazón presidente del Colegio de Notarios de Cataluña, se pudo pagar el importe íntegro de la matriculación en la prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York, donde alcanzó el título de Bachelor of Arts (Licenciatura en Artes) el 20 de mayo de 1998. Años más tarde, obtuvo el título de Master of Arts in International Policy Studies en la Universidad de Stanford. La matriculación para este segundo paso académico también corrió a cargo de su generoso tío José Félix. El resto de la financiación fue, en una parte, a cargo de sus padres, y la otra, de los propios ingresos que obtuvo Damián trabajando en las bibliotecas de Columbia y Stanford.

Su marcha y permanencia en Estados Unidos coincidieron con mi época de vocal del Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. La opción de enviarle a estudiar al extranjero nos pareció la más conveniente, no solo por razones de seguridad, como ya he comentado, sino para librarle de las consecuencias, siempre negativas, de tener la condición de «hijo de...» en la vida política y social española.

De regreso a España, preparó y aprobó las oposiciones a la carrera diplomática, en donde, hasta la fecha, presta sus servicios.

Sinceramente, no sé si acertamos o nos equivocamos. Desde una perspectiva profesional creo que hicimos lo debido, pero en el ámbito familiar es verdad que todos padecimos las consecuencias negativas derivadas del alejamiento, la distancia y las graves tensiones de la vida política.

15

Un modelo de actuación policial y judicial: la detención de Luis Roldán

A lo largo de mi trayectoria política y profesional he conocido muchas veces el error o la insuficiencia de mis decisiones. Ambos se suceden sin solución de continuidad, negarlo equivaldría a repetir los fallos y no rentabilizar los aciertos. Ahora, cuando paso de los setenta y tengo ante mí la perspectiva de una vida larga, en la que unos y otros se entremezclan de manera indisoluble, puedo comprobar con asombro que en numerosas ocasiones queda como éxito lo que uno sabe que fue un fracaso, y viceversa.

CRÓNICA DE UN ÉXITO: EL «CASO ROLDÁN»

De mis éxitos evidentes, el ejemplo más claro lo constituye el «caso Roldán». En términos objetivos, como lo permite el paso de los treinta años transcurridos, me parece obvio que su detención y su condena a 31 años de prisión, de la que salió en 2010, fue un rotundo éxito del sistema judicial en todos sus sucesivos planos. También debe hablarse del éxito policial, dado que detener al exdirector de la Guardia Civil era en extremo dificultoso, pues Luis Roldán, precisamente por su condición de máximo responsable de un cuerpo policial de ámbito nacional, obtuvo recursos personales y materiales suficientes para evitar ser reconocido y para sustraerse durante mucho tiempo a la acción de la justicia.

Es cierto que, para lograr sus objetivos, tuvo que acudir probablemente a círculos extralegales e ilegales en los que se proporcionaba protección y custodia de personas y bienes, sin duda a un coste económico desorbitado. Se trata de bandas organizadas cuyos componentes suelen ser antiguos miembros de los Cuerpos de Seguridad disueltos tras la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Estas personas no habían sabido volver a la vida normalizada, pues en la mayoría de los casos les faltaba formación profesional. No sabían hacer otra cosa y carecían de todo escrúpulo, lo que los hacía especialmente duros y peligrosos. Cada día que pasaba, en su larga huida, Luis Roldán veía cómo sus recursos económicos se iban reduciendo drásticamente, hasta el punto de que las reservas empezaban a menguar y no podía realizar operaciones financieras que pusieran en peligro su refugio y su anonimato. Junto a esos problemas, Roldán disfrutaba de unas ventajas evidentes, pues había adquirido contactos policiales y parapoliciales en todo el mundo, así como abundante dinero en efectivo. Esto le permitió residir durante algún tiempo en una especie de rancho en un lugar discreto de Argentina.

Sobre la operación que derivó en su detención se ha dicho casi todo, pero de manera significativa, que fue extremadamente complicada y supuso una gran actuación policial. La clave estuvo en el empleo inteligente del engaño y en la elaboración de una serie de documentos falsos que fueron imprescindibles para hacer creíble el mismo operativo. Es cierto que también se emplearon fondos reservados, en torno a los 300 millones de pesetas, fondos que me encargué personalmente de entregar, no a Francisco Paesa, como se ha contado en infinidad de ocasiones, sino a un intermediario tan serio y prestigioso como el catedrático de Derecho Penal Manuel Cobo del Rosal, quien, supongo, se los hizo llegar íntegramente a Paesa, cuyo paradero es desconocido hasta la fecha de hoy, aunque se sabe que tiene una cierta vocación de resurgir o de ser enterrado de nuevo. La entrega del dinero tuvo lugar en mi despacho del palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia, sin la presencia de testigos. A solas Cobo del Rosal y yo. En la mesa había una escribanía de plata de grandes proporciones en la que la Comisaría General de Información, siguiendo mis instrucciones, había colocado un sofisticado sistema de escucha y grabación con la única finalidad de que quedara constancia de los hechos tal y como discurrían, frente a eventuales manipulaciones del contenido de nuestra conversación y de la entrega del dinero, dinero que, debidamente contado, fue entregado al señor Cobo en el interior de una bolsa grande de cuero que, según recuerdo, había traído vacía hasta mi despacho.

Paesa era o es, caso de continuar con vida, un personaje muy especial. Durante muchos años ejerció, entre otras muchas cosas, de informante policial, realizando por encargo de terceros diversas actuaciones. De hecho, prestó sus servicios al señor Roldán en su calidad de director de la Benemérita. En términos que no conozco, fruto de esa colaboración surgió entre ellos una relación de confianza que en su momento fue una de las claves de la entrega «voluntaria», y por engaño, a la policía española. Antes de los hechos relatados, Paesa había prestado un servicio esencial en la lucha contra ETA, lo que le valió el respeto y hasta la admiración de muchos miembros de los servicios de información. Me refiero a la detención en Bidart de la práctica totalidad de la cúpula directiva etarra, el mayor golpe sufrido por los terroristas. El éxito de la operación fue debido a la información que proporcionó Paesa y a la utilización de artilugios electrónicos de seguimiento y localización. Estos hechos explican la benevolencia de las policías españolas con Paesa, a quien conocían bien.

Para entender el procedimiento del ministerio en el caso Roldán es conveniente tener en cuenta algunos aspectos jurídicos de la operación. En primer lugar, no puede prosperar —y de hecho no prosperó— la tesis de que no es lícito emplear el engaño para poder descubrir o detener a un presunto delincuente. Al contrario, el propio Tribunal Supremo, siendo ponente Cándido Conde-Pumpido hijo, y pese al clima desenfrenado de la época, estableció, frente a los que estimaban que podía haberse dado un supuesto de detención ilegal, que procedía rechazar la querella criminal interpuesta contra mi persona por alguna asociación de ultraderecha, de los que viven a costa de este tipo de acciones, cuyo nombre ni recuerdo. Las razones eran muy claras: la detención realizada por la policía española y ordenada por mí no solo era perfectamente legal, sino también «manifiestamente justa». La decisión del Tribunal Supremo no fue ni arbitraria ni caprichosa. Al contrario, es preciso recordar que, en aquella misma época, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea había establecido con toda claridad que era lícito emplear algunos medios engañosos, como la creación de documentos falsos para obtener la detención de un imputado. El Tribunal Supremo de Estados Unidos llegaba aún más lejos al considerar que también era lícito el empleo de la violencia o la intimidación. Son hechos evidentes que tuve en cuenta para ordenar la operación. Con ello garantizaba la paz jurídica que presidió todo el proceso penal una vez que se restableció la serenidad necesaria para afrontar el enjuiciamiento de la conducta del señor Roldán.

Tampoco pudo prosperar la tesis del querellante sobre una presunta ilicitud en la utilización de los fondos reservados, por cuanto es, y era, evidente que dichos fondos estaban y están previstos precisamente para actividades de esta naturaleza.

Por tanto, puedo afirmar con rotundidad que no existe ningún elemento que pueda teñir de ilicitud las conductas relativas a la detención, enjuiciamiento y condena de Luis Roldán. Todo el procedimiento estuvo siempre bajo el amparo del Principio de Legalidad.

Por ello, no deja de sorprenderme que una operación policial y judicial tan compleja, meritoria y exitosa, lejos de merecer elogios a los que indudablemente tenían absoluto derecho sus protagonistas, fue objeto de las más disparatadas críticas. Algunas de ellas tan exóticas como la ya citada de entender que se había cometido un delito de detención ilegal con el señor Roldán. En medio de la trifulca retórica, hubo personas supuestamente juristas que llegaron a decir que como la detención había sido irregular, lo que procedía «era devolverle a Bangkok y allí ponerle en libertad». Hasta ese punto se puede llegar cuando el afán partidista de desgastar al Gobierno de la nación prevalece sobre los intereses generales y sobre el prestigio de las instituciones. ¿Se imagina el lector si al final de la historia hubiese resultado que, después de todo, el culpable era el Estado y la víctima, Roldán? Como he mencionado en muchas ocasiones, lo que no es compatible con el sentido común no es compatible tampoco con el Derecho Penal.

Las vicisitudes de este caso nos enseñan cómo, en un caldo de cultivo adecuado, las operaciones más exitosas se pueden convertir en fracasos políticos. Para aquellos que se dediquen o quieran dedicarse a este noble oficio (por cierto, mucho más difícil de lo que pueda parecer) les aconsejaría que cuando sean víctimas de una campaña de este tipo, si quieren continuar en política, no se enfaden. Al contrario, deben tomárselo con cierto sentido del humor. El tiempo recompondrá la situación y lo hará —no lo duden— con todo acierto.

En otras muchas ocasiones habrá pasado lo contrario: que un error se convierta en un acierto. Lo más inteligente entonces es pensar en una suerte de compensación. Vayan los unos por los otros con la seguridad de que al final el juicio público suele ser correcto en sus conclusiones, aunque se equivoque en el proceso argumental. A ese juicio público debe remitirse el político avezado y persistente.

En cambio, hay ocasiones en que aplicar esta medicina resulta imposible. Una noche, casi de madrugada y en medio de una entrevista con el director de un periódico, sonó el teléfono y, al responder, un miembro de mi gabinete me comunicó que se acababa de suicidar de un tiro en la sien el capitán de la Guardia Civil Juan José Cobo Corcés. Hacía pocas horas que Diario 16 había publicado una investigación que vinculaba al capitán con uno de los muchos casos en los que se estimaba pudiera estar implicado Luis Roldán, en concreto, una finca valorada entonces en 120 millones de pesetas. Posteriormente, un informe de la Guardia Civil conectó el caso con uno de los generales del Instituto Armado. Entretanto, el capitán Cobo no pudo llegar a retirarse como comandante, que era el máximo grado a que podía ascender. No podemos saber con precisión qué fue lo que le ocurrió para que tomara esa decisión, pero es previsible que su sentido del honor se le quebrara de forma irrevocable. El caso Roldán, para mí, adquiría otra dimensión.

LOS FONDOS RESERVADOS COMO FUENTE DE CORRUPCIÓN

Si este era el caso paradigmático de corrupción dentro de la Administración Pública, el caso paradigmático de corrupción en la vida privada fue el de Mario Conde. Son dos extremos que demuestran hasta dónde se podía llegar desde la vida pública y también desde el sector privado. La pregunta clave para muchas personas ayer y hoy sigue siendo: ¿cómo fue posible?

Hubo múltiples conductas delictivas que ya fueron en su día condenadas. Conductas evidentes —diría que descaradas— que urgían la intervención. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo es posible que gente aparentemente normal y razonable incurriera en tamañas desviaciones? Muchas veces he sostenido que uno de los factores (tal vez el primero) que explica lo ocurrido en el ámbito de la Administración Pública fue el terrorismo. Las irregularidades de todo tipo que se cometieron lo hicieron en ese ámbito. Concretamente, en torno a un inestable clima emocional, moral e intelectual que el terrorismo siempre genera como una de sus resultantes más peligrosas.

Este clima llega a ser de tal intensidad que incluso personas normalmente razonables se ven imbuidas de un relativismo moral difícil de dominar. Si no hay controles externos eficaces, es en extremo sencillo traspasar la debilitada barrera de la legalidad. Me es relativamente fácil trasladarme con la memoria al tiempo en que los atentados se producían en número de casi cien por año, e imagino también el atractivo efecto que generan los fondos reservados. Algunos de los receptores de estos fondos justificaban su conducta en la necesidad de tener recursos económicos con los que atender la adopción de medidas de seguridad, no solo para el presente, supuestamente protegidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino, sobre todo, para el futuro, para cuando dejaran de tener escolta y protección por la finalización de sus funciones públicas. Llegado ese momento, necesitarían recursos económicos que les permitieran adoptar medidas de seguridad frente a los terroristas de ETA: desde cambios de residencia a otros países en los que la banda no tuviera una infraestructura suficiente, hasta cambios de vivienda adecuada para articular un buen esquema de seguridad, pasando por la contratación de seguridad privada. No se puede confiar, añadían, en que sus sucesores, bien de su propio partido, bien del otro, fueran a protegerles. O adoptaban ellos las medidas de seguridad o no lo haría nadie.

Es bien cierto que, en algunos casos, podría darse lo alegado, pero ello no justificaba de ningún modo la forma en la que algunos responsables del ministerio consideraron oportuno resolver el problema. Es obvio que los fondos reservados no se pueden dedicar legalmente a este tipo de medidas, pues es un delito. Existen otras formas de resolver la cuestión, por la vía parlamentaria, que no siempre se intentaron y no siempre con la suficiente energía.

Con estas falacias u otras semejantes, se produjo, con autorización de altos cargos directivos del ministerio, un desvío ilícito de parte de los fondos reservados. En mi opinión, ese desvío no fue el origen ni el motor principal de la malversación cometida por Luis Roldán. El origen real de su fortuna fue la percepción de comisiones ilegales a cambio de la concesión de obra pública. En este caso no cabe hablar siquiera de la excusa del terrorismo. Fueron actos delictivos sin más finalidad que el enriquecimiento de su patrimonio, aprovechando, eso sí, la falta de controles externos que hubieran podido evitar esa conducta. El importe de las comisiones ingresadas oscilaba, según la entidad de la obra, entre el 3 y el 5 % del valor del proyecto.

RIESGOS DE LA OPERACIÓN

Volviendo al fugado Roldán, su situación personal en el extranjero era objetivamente arriesgada y sus crecientes temores tenían cierto fundamento. Hubo momentos durante la investigación en que, como he dicho, llegamos a creer que lo estaban protegiendo algún grupo o personas que se dedicaban profesionalmente a este tipo de trabajos. Gentes sin ninguna clase de escrúpulos, sobre todo cuando el protegido, como sospechábamos, estaba agotando sus recursos económicos en efectivo. Así lo entendía Ángel Olivares, director de la Policía Nacional en aquel momento. La posibilidad de matar a Roldán para borrar toda huella de su participación en los hechos debía tenerse en cuenta igualmente, y así lo hicimos. Supongo que él también lo pensaba.

Existía un segundo peligro que consideramos seriamente. En concreto, la posibilidad, sostenida y argumentada sin cesar por la oposición política, de que el señor Roldán tuviera en su poder información relevante e incriminatoria contra personas o grupos de su entorno, quienes podían pensar que era preferible acabar con su vida antes que asumir el coste de que «tirase de la manta». Algunos datos apuntaban en esa dirección, por lo que valoramos a fondo la posibilidad de que alguien frustrara su detención. De hecho, cada vez que teníamos una pista razonablemente interesante, y fueron muchas las ocasiones, ocurría algo que la imposibilitaba. No se podía descartar que los autores del boicot a la investigación policial pudieran albergar el propósito de quitarle la vida. También tuvimos muy en cuenta las manifestaciones del diputado Luis Ramallo, del Partido Popular, quien sostenía que Roldán se encontraba ya en el fondo del mar, anclado a una pieza de cemento, manifestaciones poco probables, desde luego, pero que no dejamos de investigar.

A la vista de todo lo anterior, me pareció prudente adoptar alguna medida extraordinaria de seguridad para su regreso a España, lo que pudo llevarse a cabo gracias a la cooperación de las autoridades italianas. En este particular, debo un reconocimiento al entonces director de la Policía Judicial italiana, al que conocí tiempo antes en una reunión de la Comisión de Justicia e Interior de la Unión Europea, pues entonces era el ministro del Interior. Una vez que embarcamos en el avión, el peligro era que sufriera un atentado que impidiera su vuelta a España. En todo caso, el foco de riesgo estaba en el aeropuerto de Roma, y gracias a la participación activa de la policía italiana pudo montarse un plan específico de protección del señor Roldán que cubría todo riesgo posible. Entre las medidas que adoptamos estaba la reserva de tres vuelos distintos para destinos distintos a nombre del preso; con ello se imposibilitaba atentar en tres aeropuertos distintos (Roma, París y Estocolmo). Se establecieron asimismo protocolos muy rigurosos en materia de seguridad en los aeropuertos.

Lo que también puedo decir es que, una vez llegados a Madrid y entregado Roldán en el juzgado, custodiado en todo momento, tuvimos una intensa y emocionante sensación de alivio. Lo más importante ya se había conseguido: estaba sano y salvo, y a disposición de la autoridad judicial, debidamente protegido. Todo el equipo del ministerio y las fuerzas del orden intervinientes nos pusimos a dormir a pierna suelta por primera vez en mucho tiempo. Un episodio demuestra el clima que se respiraba en el ministerio. El señor Roldán, pocos días antes de que estallara el escándalo, había comentado seriamente a un colaborador que, gracias al apoyo del vicepresidente Serra, sería el nuevo ministro del Interior. Convencido de la posibilidad del nombramiento, ofrecía cargos y responsabilidades a otros colaboradores en el futuro organigrama del ministerio. No podía Roldán imaginar entonces que estaba más cerca de la prisión que del palacio de los Condes de Casa Valencia.

Quiero mencionar en particular la instrucción del procedimiento, francamente ejemplar, que llevó a cabo la magistrada Ana María Ferrer García, quien demostró la plena compatibilidad de llevar un asunto estrella con la actitud prudente de quien, lejos de actuar como protagonista mediática, cumplió su cometido con discreción, rigor y efectividad. Logró con su instrucción que el Ministerio Fiscal, activo y diligente, pudiera sostener con fundamento su acusación y el tribunal correspondiente, su condena. Y eso lo logró en un breve periodo de tiempo, pese a la gran complejidad del proceso y la atención de todos los medios de comunicación y de la ciudadanía.

En las diligencias previas 3792/1992 tuvieron que documentarse 17 tomos y 5.092 folios hasta el 1 de marzo de 1995. Entre el material recogido en el procedimiento y a los efectos a que me estoy refiriendo, es preciso mencionar con más detalle los «papeles de Laos» que tanto juego dieron en aquella época turbulenta. Lo esencial viene reseñado en el auto de procesamiento contra Luis Roldán, formulado por la magistrada con fecha de 10 de julio de 1995. En él, la magistrada afirma sin vacilación que dichos documentos son falsos, de ahí que no tengan virtualidad de clase alguna de cara a considerar el normal desarrollo del procedimiento. La forma en que se detuvo a Luis Roldán y la forma en que se entregó a las autoridades judiciales españolas no podían impedir en ningún caso que el exjefe de la Guardia Civil pudiera ser juzgado por todos los hechos de los que fue acusado. Según razona la magistrada, lo contrario «supondría el conceder a unos documentos falsos eficacia para lograr la impunidad de los gravísimos hechos delictivos cometidos». Algo que impone el sentido común fue necesario y suficiente para vertebrar una respuesta penal que confirmaba el análisis jurídico.

En el caso Roldán no se produjo ninguna extradición propiamente dicha, lo que se produjo fue una entrega voluntaria del prófugo. Por eso no cabe ninguna limitación en el número y la clase de delitos por los que puede ser juzgado. De ahí que la propia Ana Ferrer señale con acierto en el propio auto de procesamiento que los papeles de Laos eran intrascendentes. La magistrada analiza el tema con más detalle en el primer fundamento jurídico del auto de procesamiento en el que se examinan las circunstancias que rodearon la puesta a disposición de su juzgado de Luis Roldán, una vez que se acordara su busca y captura, y se dictara la orden de detención internacional con fecha de 2 de mayo de 1994.

El propio auto analiza con esmero las circunstancias, llegando a la conclusión de que no pueden ser un obstáculo al procesamiento y a la continuación del procedimiento. Estas conclusiones se derivan del propio relato fáctico indiciario contenido en el auto, según el cual Luis Roldán fue puesto a disposición del juzgado en la mañana del 18 de febrero de 1995, tras llegar a España procedente de Bangkok (Tailandia), ciudad desde la que viajó a Madrid, vía Roma, acompañado en todo momento por agentes de la policía española.

En apariencia, la detención se sustentaba en una pretendida extradición, acordada supuestamente entre el Ministerio de Justicia e Interior de España, del cual yo era titular, y el Ministerio de Justicia de la República Popular Democrática de Laos. La extradición estaría avalada por una serie de documentos que, según se pronunció la instructora, «han resultado falsos», añadiendo que es evidente que «nunca este Juzgado dispuso de los supuestos de hecho para iniciar los trámites de la extradición».

También es obvio que yo, como ministro del Interior, sabía muy bien que carecía de la capacidad necesaria para obligar internacionalmente al Estado español. En estos casos era siempre preceptiva la autorización del Consejo de Ministros, trámite que tampoco se cumplió. El incumplimiento de estos parámetros jurídicos era por sí solo suficiente para privar de eficacia y validez a la «supuesta extradición». Pero es que, a mayor abundamiento, las autoridades de Laos informaron de la falsedad de los documentos aportados y a esa misma conclusión se llegó a la vista del correspondiente dictamen pericial. Los datos probatorios obrantes en la causa permitieron a la instructora concluir que Luis Roldán «acompañó voluntariamente a los policías españoles desde su encuentro en el aeropuerto de Bangkok hasta el de Roma, donde tomaron una aeronave del ejército español, practicándose la detención en territorio español». Por ello, señaló la magistrada Ferrer, que «haya tenido o no Roldán intervención en las falsificaciones y sean quienes fueren sus responsables», lo cierto es que «no existe limitación derivada de su detención para el enjuiciamiento de Roldán en esta causa».

En todo caso, debo dejar constancia en estas memorias que la operación en su conjunto, incluido el engaño, fue de mi única y exclusiva responsabilidad, que asumo plenamente. Y quiero hacer constar que, en idéntica circunstancia, lo volvería a hacer sin dudarlo. También quiero expresar aquí mi felicitación más entusiasta al trabajo hecho por cuantos intervinieron en la operación, denominada «Operación Luna», por el indudable éxito que tuvieron.

16

El impacto del terrorismo

EL TRASPASO DE PODERES

El PSOE no consiguió revalidar la confianza de los ciudadanos en las urnas, por lo que Jaime Mayor Oreja fue designado ministro del Interior en 1996 en el primer Gobierno de José María Aznar. Siguiendo las instrucciones de Felipe González, coincidentes con las mías, me dispuse a realizar un traspaso de poderes modélico por convicción personal y por lealtad institucional. Este modelo de transición es conveniente en todos los ministerios para consolidar las instituciones democráticas, pero en el caso de la cartera de Justicia e Interior era imprescindible. No teníamos nada que esconder, hacía mucho tiempo que se habían oreado todas las mantas habidas y por haber. Nuestro ministerio era perfectamente homologable al más conspicuo y riguroso de los ministerios propios de nuestro civilizado Occidente democrático.

Recuerdo con precisión cómo esperé a Mayor Oreja en la puerta del ministerio, le conduje al despacho del ministro y le expliqué el estado de las cuestiones y los proyectos pendientes. Sobre mi mesa se encontraban los informes emitidos por los diversos órganos directivos del ministerio, y recuerdo también cómo, una vez solos, procedí a abrir la caja fuerte del despacho. El contenido que le entregué no era muy emocionante a pesar de los ríos de tinta vertidos al respecto. Consistía en el Gran Collar de San Raimundo de Peñafort, que todos los años lucía el rey con ocasión de la apertura del año judicial y que se guardaba desde siempre en aquel despacho, así como documentos sobre terrorismo y sobre las relaciones con Marruecos. También contenía los célebres fondos reservados que por entonces tenía a su disposición el ministro del Interior y que más tarde pasaron a depender del secretario de Estado. Posteriormente, y a raíz de una norma jurídica que yo mismo propuse, dichos fondos pasaron a ser controlados por una comisión parlamentaria creada a tal efecto. El nuevo ministro se negó a contar la suma de dinero y se limitó a volver a colocarla en el interior de la caja fuerte. Por mi parte, le expliqué a qué tipo concreto de actividades o servicios se destinaban los fondos. Y con esto se acabó formalmente el acto de traspaso de poderes. Desde entonces (y para siempre) nuestras relaciones han estado regidas por los principios de lealtad y confianza, principios en los que ya con anterioridad se habían basado nuestras relaciones.

Siendo yo todavía ministro, el Partido Popular designó como interlocutores a tres personas: Rodolfo Martín Villa (antiguo ministro de casi todo, también de Interior), Jaime Mayor Oreja (candidato en la sombra del Partido Popular a esta misma cartera) y Francisco Álvarez Cascos, al que no le guardo respeto y del que no puedo decir nada positivo, a mi pesar.

Martín Villa era amigo personal y de mi familia, y Mayor Oreja era amigo de mi padre, a través de su tío Marcelino Oreja. Por eso había razones para la amistad. Los dos se comportaron como lo que eran, dos auténticos caballeros y personas con sentido de Estado. El señor Álvarez Cascos, por el contrario, se comportó como lo que también era, un irresponsable, un chisgarabís. En las reuniones de trabajo su comportamiento resultaba siempre inapropiado, aunque no hubiera testigos ante los que poder lucir su deplorable educación. Era desconfiado, pese a que siempre le había tratado desde la buena fe. También se mostraba agresivo verbalmente, pese a que el clima global de las reuniones era amable y educado. Desentonaba, chirriaba y perjudicaba con su actitud los intereses generales de su propio partido y los intereses generales de nuestro país. Mal que bien, intentaba sobreponerme a su actitud, hasta que un día no tuve más remedio que romper mis relaciones con el personaje. No recuerdo el tema objeto de la trifulca, pero sí que utilizó en el Parlamento —y con el solo propósito de causar daño— información que yo mismo le había suministrado en una reunión de coordinación de Interior, de carácter confidencial, con el Partido Popular. Tal conducta suponía romper las reglas del juego democrático. ¿Por qué lo hizo? ¿Por ignorancia, por mala fe? No lo sé. Pero, en todo caso, con su actitud sé que perjudicó a las instituciones y, visto a distancia, también perjudicó su propia trayectoria política.

Es evidente que el Ministerio del Interior y la mayor parte de los temas que gestiona deben ser considerados asuntos de Estado. No hacerlo así termina dañando al sistema. También es cierto que actuar desde esa óptica resulta poco compatible con ejercer las tareas propias de la oposición. En concreto, experimenté personalmente el serio problema que supone el ser exministro del Interior y, poco tiempo después, ser el portavoz de Interior de tu grupo parlamentario en la oposición. Resulta, casi siempre, imposible. Por un lado, sabes demasiado y, por otro, lo que sabes no puedes utilizarlo, perjudique a quien perjudique. ¿Qué hacer en esta coyuntura? La respuesta es más sencilla de lo que pudiera parecer: hay que resolver siempre la cuestión conforme a la defensa de los intereses generales.

LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO: SOLO LO ÉTICO ES PRÁCTICO

ETA no se presentaba cada cuatro años a las elecciones generales. Su línea de mando solo se modificaba por la acción policial y por el consiguiente ingreso en prisión de sus dirigentes. Dejando aparte las diferentes modalidades de traición en el seno de la organización, se producían rápidos relevos en la cúpula, aunque su estructura le permitía mantener una cierta homogeneidad y continuidad en sus acciones terroristas.

Sin embargo, no siempre ocurría lo mismo entre las fuerzas democráticas. El lógico proceso de sustitución de los titulares de la cartera de Interior solo debía suponer, desde el punto de vista de la lucha contra el terrorismo, un cambio de liderazgo, pero no un cambio relevante de la política antiterrorista. La cuestión central estribaba en que el proceso de sustitución de los ministros se hiciera de manera inteligente, lo que no siempre era fácil. Suponía dos cosas: la primera, que el nuevo titular de la cartera recibiera como su mejor herencia toda la información disponible, especialmente de parte de los servicios de inteligencia de las respectivas policías; y la segunda, una exquisita evaluación de los posibles errores cometidos en el pasado y de los posibles cambios en los puestos directivos encargados de manera directa de la política antiterrorista. El nuevo ministro tiene su primer examen en la correcta evaluación de sus obligaciones.

Un instrumento útil para conseguir esos objetivos es comprender que la política antiterrorista es (o debería serlo) un continuum en el que los cambios bruscos no suelen ser convenientes. De hecho, muchas de las grandes operaciones antiterroristas se iniciaban con un ministro y se resolvían —a veces, muchos años después— bajo el mandato de otro. En esta materia, los éxitos y los fracasos deben ser compartidos, lo que no siempre sucedía, siendo misión imposible e inútil medir con precisión de relojero el grado exacto de responsabilidad y méritos que corresponde a todos y cada uno de los protagonistas de cada operación.

Todas las policías, por instrucción expresa de sus mandos, deben tener claro que, para ellos, el cumplimiento del Principio de Legalidad debe presidir siempre todas sus actuaciones, pues constituye un verdadero mandato imperativo. He mantenido toda mi vida que «solo lo ético es práctico». Debe ser rechazada la pretensión de que se les permita trabajar «con red» o, por ser más precisos, que puedan aplicar malos tratos o torturas para obtener información con absoluta impunidad. Pocos días después de mi toma de posesión, un alto mando policial me lo planteó con toda crudeza. Según su criterio, había que mirar a otro lado frente a los malos tratos o, de lo contrario, no sería factible obtener resultados positivos. Primero le recordé mi condición de juez, lo que por sí solo ya era suficiente para comprender mi negativa a permitir que trabajaran con red, y después le advertí de manera formal y expresa que se le prohibía la utilización de tales métodos y que así debía transmitirlo a todo el personal a su mando. Pude comprobar que mis órdenes se cumplieron en sus términos, sin que por ello se debilitase la eficacia antiterrorista. La práctica de esos medios, además de inmoral, era innecesaria, ya que la dirección de ETA había dado instrucciones a todos sus miembros de que, para evitar la desmoralización de la tropa, era preferible que confesaran todo lo que sabían en el mismo momento de su detención, que no solía ser mucho, pues los terroristas trabajaban en muchos casos como células aisladas. De ahí que sean contados los supuestos en que los miembros de la banda terrorista opusieron una grave resistencia a su detención. En la mayoría de los casos, los etarras se entregaban de manera pacífica y voluntaria.

LA COLABORACIÓN CON NUESTROS PAÍSES VECINOS: MARRUECOS Y FRANCIA

A continuación, señalaré alguna de las directrices esenciales que presentó la lucha antiterrorista durante el periodo de mi mandato.

En primer lugar, había que potenciar la colaboración institucional con los ministerios del Interior de nuestros países vecinos, especialmente con Marruecos y Francia, y también con algunos países latinoamericanos. En Marruecos contaba con Driss Basri, ministro del Interior y administrador de la fortuna personal del rey Hasán II. La relación con Basri era tan estrecha que casi todos los meses viajaba a Marruecos para negociar de manera directa todos y cada uno de los eventuales conflictos de intereses que se hubieran podido plantear entre nuestros dos países. Me invitó a cenar con su familia en su casa de Rabat, incluida su esposa, lo que no era muy frecuente en su cultura. Siempre logramos llegar a acuerdos, sobre todo en materia de inmigración ilegal y terrorismo fundamentalista islámico.

Recuerdo una situación un tanto peculiar y delicada que se produjo al terminar una de las periódicas reuniones bilaterales entre ambos gobiernos. En aquella ocasión se había firmado un acuerdo de colaboración en el que se abordaban los temas más espinosos. Lo habían firmado Abdellatif Filali, presidente del Gobierno marroquí y ministro de Relaciones Exteriores, por parte de Marruecos, y Javier Solana, entonces ministro de Asuntos Exteriores, por parte de España. El acuerdo era ventajoso para los intereses de ambos países. Nuestra delegación estaba en la sala vip del aeropuerto esperando a tomar un avión para regresar a España, cuando de repente fui informado de que en una sala contigua me esperaba el ministro Basri para hablar conmigo. Previa consulta a Felipe González, me dirigí a la sala donde nos encontramos a solas los dos ministros. Basri puso encima de la mesa un Tratado Internacional firmado por él, pendiente tan solo de mi firma. Para mí resultaba obvio que un acuerdo de ese tipo no podía adquirir validez más que por los procedimientos previstos en el Derecho Internacional. Le manifesté que antes de rubricarlo necesitaba el visto bueno de nuestro presidente. Leí el documento y observé que el acuerdo... era prácticamente idéntico al ya firmado. Sí, repuso Basri, pero añadió que había una diferencia esencial entre ambos, pues el segundo estaba firmado por él, lo que garantizaba su mantenimiento íntegro al estar avalado por su honor, cuestión mucho más relevante que cualquier texto o compromiso jurídico. A la vista de lo anterior, eran evidentes las discrepancias entre los ministros del Gobierno marroquí. Con este mensaje me dirigí al presidente González, quien dudó uno o dos minutos, para rápidamente autorizar la firma. La relevancia de Basri —un hombre controvertido y autoritario, llamado «la madre de todos los ministros», personaje de total confianza del rey Hasán II, pues era su administrador personal— aconsejaba firmarlo. La verdad es que Marruecos cumplió en sus términos el acuerdo entre los ministros del Interior; se redujo drásticamente la llegada a nuestras costas de inmigrantes ilegales, y yo aprendí una lección importante: en los países árabes, el trato personal y directo es la única forma de llegar a sólidos y duraderos acuerdos.

La relación con Francia fue sustancial, especialmente en materia de terrorismo etarra, no así en materia de terrorismo islámico, pues en este caso nuestros servicios de inteligencia tenían más información que los franceses, y en mi época se compartían sin ninguna clase de recelo. Me tocó lidiar con dos ministros franceses de Interior: Charles Pasqua y Jean-Louis Debré. Con el primero las relaciones fueron excelentes, y ese clima favoreció el trabajo de nuestros servicios en suelo francés. También en este caso el contacto personal ayudó a resolver los conflictos que se plantearon. En Francia con carácter general, y en especial entre los ministros del Interior y de Defensa, se valoran altamente las medallas, las distinciones y los títulos honoríficos. Y porque era útil estrechar lazos con el Gobierno francés, el Gobierno de España, a mi propuesta, decidió concederle una gran cruz, la de San Raimundo de Peñafort, que recibió encantado. No obstante, las relaciones con el ministro Debré no fueron ni fáciles ni sencillas. Podríamos decir que cumplió con sus obligaciones, pero nada más.

LAS SECUELAS POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS DEL GAL

El segundo vector de nuestra política antiterrorista fue asimilar y hacer comprender a todos los directamente concernidos que los grupos organizados «contraterroristas» no solo no eran admisibles en términos morales, sino que además dificultaban y retrasaban el fin del terrorismo etarra.

Tengo abrumadores datos personales, que se complementan con los procedentes de diversas fuentes, para poder afirmar que Felipe González sentía una indignación profunda cuando la banda armada GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) cometía un atentado, pues sabía cuáles eran las consecuencias inmediatas: Francia pondría en pausa la cooperación antiterrorista y el prestigio de ETA sería nuevamente renovado por segmentos de la izquierda en Europa y por el entorno de la banda. Cuando llegué al Ministerio del Interior, los GAL ya se habían disuelto siendo el titular José Luis Corcuera. Pero años después tuvimos que lidiar con las secuelas políticas, ideológicas y culturales de sus lamentables atentados. El objetivo de mi ministerio era lograr que nadie pudiera volver a reconstruir las premisas criminales que sustentaron su nacimiento y su persistencia. Para ello era decisivo desterrar y atajar toda clase de torturas y malos tratos, y continuar desarrollando e impulsando la política de dispersión de los presos etarras, ideada por Antoni Asunción cuando era director general de Instituciones Penitenciarias. Asunción tuvo una participación directa y fundamental en su configuración y desarrollo, ya siendo secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias como ministro del Interior, en el breve periodo de tiempo en que asumió sus responsabilidades.

Las políticas de dispersión de los presos terroristas de ETA tenían como premisa conceptual unos postulados relativamente sencillos. El punto de partida era la constatación de que mantenerlos agrupados y en centros penitenciarios cercanos al País Vasco facilitaba el control de la banda sobre los presos y con ello se bloqueaba la posibilidad de su reinserción; por el contrario, ayudaba a mantener la disciplina y la solidaridad grupal entre los que recibían de manera constante visitas de sus letrados, que les transmitían las instrucciones-órdenes de la cúpula. Era una batalla que ETA estaba ganando hasta el punto de hacer de la política de prisiones uno de los pilares estratégicos de la banda terrorista. Había que hacer algo para revertir la situación. La respuesta a este reto fue la política de dispersión, concebida, como decía, por Antoni Asunción, con el apoyo sucesivo de los ministros del Interior y del secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera. Desde luego, tanto desde el Ministerio de Justicia como desde el Ministerio de Justicia e Interior, ayudé a la ejecución y el seguimiento de las diversas operaciones, siempre delicadas y peligrosas, que comportaban llevar a la práctica las medidas. En esta tarea colaboraron numerosos funcionarios de prisiones. A la cabeza de todos ellos estaba un funcionario ejemplar, Manuel Avilés, director de la cárcel de Nanclares de la Oca, quien no dudó en poner en riesgo su vida, más allá de toda obligación funcionarial, para hacer posible el éxito de buena parte de esas operaciones. Amenazado de muerte como objetivo principal de la banda, tuve que enviarle a pasar una larga estancia fuera de España, pues de seguro que hubieran terminado con él.

El núcleo de nuestro esfuerzo era realizar un análisis de las circunstancias individuales y personales de los presos que a priori presentaban una posibilidad de reinserción o, al menos, de alejamiento de la banda terrorista. En función del resultado del análisis, se adoptaban o no algunas de las medidas previstas en la legislación penitenciaria (aproximación o alejamiento a un tipo u otro de centro penitenciario, concesión de permisos de salida y, hasta en los casos más razonables, concesión del tercer grado). En todo caso, debe destacarse el trabajo llevado a cabo por Ruth Alonso, la jueza de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, quien desde el estricto cumplimiento de la ley supo comprender la razonabilidad de las pretensiones formuladas por la autoridad penitenciaria. Dicho tratamiento tuvo un éxito indudable como lo evidencia el que en ningún caso, en ninguno, las medidas selectivas fueran incumplidas por los internos. Este éxito fue posible por el excelente trabajo de Avilés, por la exactitud de la información proporcionada también por los servicios de inteligencia del Estado, por la implicación de los jueces de Vigilancia Penitenciaria, y desde luego, por la participación de la Audiencia Nacional y, sobre todo, de los juzgados centrales de Instrucción.

El éxito de esta política consistía en la pérdida de poder e influencia de la jerarquía etarra sobre los presos, debilitando con ello el propio aparato logístico de prisiones, una de las piezas clave de la estrategia terrorista. Fue una batalla en toda regla que los demócratas ganamos a los terroristas.

Desde el aparato jurídico de ETA, es decir, sus abogados, se trató de vender a la opinión pública nacionalista una mercancía averiada. Intentaron argumentar que tales políticas pudieran ser inconstitucionales al vulnerar el derecho de los presos a que se propicie su rehabilitación social para que sea posible su reintegración en la vida normalizada. Este argumento es de una debilidad apabullante y, más bien, una demostración del cinismo y la villanía de los defensores de ETA, por cuanto es evidente —y los abogados lo sabían— que el único impedimento serio para su rehabilitación venía constituido por la propia jerarquía etarra y por sus órdenes precisas para que los presos no se acogieran a ninguna medida o beneficio penitenciario. Por el contrario, y conviene recordarlo, las medidas adoptadas por la Administración del Estado están estrictamente dirigidas al objetivo constitucional de propiciar la rehabilitación social de los penados.

UNA NUEVA FASE EN LA OFENSIVA TERRORISTA: EL ASESINATO DE GREGORIO ORDÓÑEZ Y EL ATENTADO FRUSTRADO CONTRA EL REY

En las postrimerías de 1994, ETA inició una nueva fase en su ofensiva terrorista a base de atentados cuyo objetivo estratégico era conseguir la desestabilización del Estado doblegando sus instituciones, y ganar peso en su pretensión de reforzar la posición de los negociadores en el caso de abrirse un proceso de supuesto diálogo.

Una serie de hechos importantes marcaron esta nueva etapa. Por ejemplo, me tocó padecer, junto a mi equipo, el cruel asesinato, en enero de 1995, de Gregorio Ordóñez, parlamentario vasco y teniente de alcalde en San Sebastián.

También recuerdo la desarticulación policial del comando que pretendía atentar contra el rey Juan Carlos en Palma de Mallorca. Por aquel entonces funcionaba ya una colaboración eficiente con Francia: una simple llamada telefónica evitaba muchas veces los riesgos de la burocracia, que no eran pocos. No se me ha olvidado la actitud que mostró don Juan Carlos cuando le comuniqué personalmente que ETA estaba preparándose para atentar contra su vida. Le informé de que podríamos detener a parte de los miembros del comando para impedir riesgos innecesarios en ese momento, pues les seguíamos la pista desde meses atrás. Al mismo tiempo también le expliqué que esa decisión podría frustrar la detención del resto de sus miembros. El rey me pidió que siguiera la operación hasta el final, cualesquiera que fueran los peligros que su persona pudiera correr. Y no eran pocos. Los terroristas habían alquilado un piso donde se acumulaban armas y explosivos en gran cantidad, al lado del palacio de Marivent, residencia veraniega de toda la familia real. Consulté el tema con Felipe González, quien mantuvo el criterio del rey. La operación continuó, el comando fue apresado y su culminación pudo considerarse un éxito policial y del rey de España.

Otro de los acontecimientos relevantes sucedió en Madrid, la mañana del 19 de abril de 1995, con la tentativa frustrada de asesinato del presidente del Partido Popular, José María Aznar, que iba en la misma línea de procurar la desestabilización de nuestro sistema democrático. La bomba que explotó en los bajos del Audi blindado en el que viajaba Aznar no consiguió su objetivo, pues salió ileso y poco después sería presidente del Gobierno de España.

Con dolor personal debo referirme a los disparos a bocajarro que, el 14 de febrero de 1996, acabaron con la vida de mi maestro y amigo Francisco Tomás y Valiente, un hombre bueno y sabio que poco antes había recibido de Felipe González la petición de asumir la cartera de Justicia, oferta que rechazó pues estimaba que habiendo sido presidente del Tribunal Constitucional, la asunción de responsabilidades en el Poder Ejecutivo podría cuestionar retroactivamente su independencia y su objetividad. Fue un comportamiento ejemplar, difícil, si no imposible, de imaginar en los tiempos actuales. En su funeral sentí, por primera y única vez en mi vida de juez, el impulso de tomar la justicia por mi mano. Ocho días antes, Fernando Múgica, militante histórico del Partido Socialista y hermano de Enrique Múgica, exministro de Justicia, había sido asesinado por ETA usando el mismo cobarde procedimiento.

En aquellos días también tuve conocimiento de las intenciones de ETA de atentar contra Juan María Atutxa Mendiola, consejero de Interior del Gobierno vasco, y el intento de asesinato de José Ramón Goñi Tirapu, gobernador civil de Guipúzcoa.

EL FINAL DE ETA

Paso a paso, los diferentes equipos de los correspondientes ministros del Interior (ya fueran sus titulares socialistas o populares) fuimos montando con rigor y determinación el rompecabezas trágico que suponía vencer a la banda terrorista, con el apoyo del resto de las fuerzas políticas democráticas.

Alfredo Pérez Rubalcaba contribuyó decisivamente a que la banda terrorista abandonase las armas. Cuando el 20 de octubre de 2011 ETA anunció oficialmente el cese definitivo de la actividad armada, Alfredo ocupaba el cargo de vicepresidente y portavoz del Gobierno y ministro del Interior, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Por ello debe ser recordado.

No obstante, el propio Alfredo estaría de acuerdo conmigo en confirmar que fue él quien rompió la última cadena que nos atenazaba, pero que su éxito no hubiera sido posible sin el esfuerzo continuado de todos sus antecesores.

Quiero recordar con afecto y agradecimiento a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, auténticos protagonistas del proceso de liquidación de ETA. Me viene a la memoria con frecuencia una escena que me contó un policía veterano y que ilustra el papel discreto, anónimo y eficaz del trabajo de todos ellos. Andando por el paseo marítimo del puerto francés de Hendaya, se encontró de frente con un conocido suyo, también policía, que paseaba tranquilamente con su mujer empujando un cochecito en el que dormía un bebé de pocos meses. Le pareció muy extraño pues, si no recordaba mal, su compañero era soltero y no tenía hijos. Le notó, además, inquieto y nervioso. Parecía que tenía prisa, por lo que mi amigo no quiso prolongar más el encuentro y se despidió de la extraña familia. Más tarde supo, por boca del protagonista, que pese a estar en un momento en el que la cooperación con Francia no era especialmente fluida, se estaba realizando un seguimiento a unos presuntos etarras y que, para pasar desapercibido, había ideado formar esa familia compuesta por una mujer joven, también policía, y un bebé prestado por unos amigos también del Cuerpo. Ambos iban armados con sus respectivas pistolas, con el seguro puesto, pero sin tener la autorización expresa de la policía francesa. No me contaron si el seguimiento produjo sus frutos, lo único que sé es que era una mañana espléndida, que hacía sol y que aquellos valientes sonreían.

En muchas ocasiones hablamos, pero nunca lo suficiente, de las víctimas del terrorismo, de la necesidad de asistirles, ayudarles y protegerles en todos los ámbitos. Y lo cierto es que, con aciertos y a veces con errores, hemos avanzado mucho en este terreno, especialmente en el campo de la dignidad y la memoria. Sin embargo, tengo la sensación de que a menudo olvidamos que en toda tragedia (y la guerra contra los terroristas lo ha sido), además de víctimas, también hay héroes, a los que se debe rendir homenaje. Escenas como la narrada en el párrafo anterior se han repetido reiteradamente a lo largo de los años. Espero que en los próximos tiempos se rectifique el rumbo y se extienda a estos héroes no reconocidos los honores a que tienen pleno derecho. Entretanto, quiero dejar constancia desde estas humildes memorias de mi admiración sin límites y mi cariño para siempre a todos y todas las valientes que, desde cualquiera de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sostuvieron en buena medida el sistema democrático.

Existe el riesgo evidente de que el número y el horror que inspiran la naturaleza de los asesinatos perpetrados por ETA (42 solo en 1994 y 51 en 1995) actúen como árboles que no nos dejen ver el bosque. Un solo asesinato es y ha sido siempre un terrible sufrimiento y supone desconocer el infinito valor de la vida humana. Implica además el desprecio irreparable de toda la vida que se teje en torno a la víctima (esposo o esposa, hijos, padres, hermanos, familiares, amigos). Por ello, en cada una de las víctimas, el asesinato deja una herida inmensa e inabordable. Como ministro del Interior me impuse la obligación de asistir a todos y cada uno de los entierros o funerales causados por ETA, y les aseguro que esos momentos han sido los más dolorosos de mi existencia. Solo la muerte de mi hija Amanda Clara puede compararse en términos de rabia y tristeza a los sentimientos que nos invaden en momentos así. Ver y saludar a todos los familiares, contemplar a la joven viuda y a sus hijos pequeños, ya sin padre para siempre, era desolador. Es cierto que, en muchas ocasiones, se producían abucheos y gritos contra el Gobierno y contra mí mismo. Los recibí siempre con humildad, pues, en cierto modo, les daba la razón: seguro que podríamos haber hecho mejor nuestro trabajo, seguro que se nos olvidó alguna medida que hubiera impedido la tragedia. Solo quedaba abrazar a quienes querían ser abrazados y continuar trabajando sin tregua para erradicar la barbarie.

No quiero terminar este capítulo, pues mi herida sigue abierta, sin consignar una genuina maldición contra quienes, recién cometido un atentado, consideraban oportuno condenar no solo a ETA sino también a la política antiterrorista del Gobierno. Esta clase de intentos de utilizar una política de infame nivel a costa del terrorismo merecen el desprecio y la indignación. Si creen en Dios, no duden que al final de los tiempos serán debidamente condenados por algún tribunal especial para esta clase de sujetos. Si, por el contrario, no creen en Dios, pero sí en la dignidad de las personas, deberían sufrir en su vejez la debida penitencia.

17

Mi último año en el Gobierno

de Felipe González

En el último año de la legislatura de Felipe González (1995-1996) ocurrían muchas cosas y muy deprisa. Por de pronto, Javier Solana, ministro de Asuntos Exteriores, quien deseaba continuar su andadura política en España, había perdido la batalla frente a Felipe, quien prefería que fuera nombrado secretario general de la OTAN. Ambos tenían buenos argumentos. Para Solana, instalarse en Bruselas con un cargo relevante significaba apartarse de la carrera sucesoria, cuando tenía todos los boletos para continuar la tarea de Felipe. El presidente, por su parte, no compartía el diagnóstico de Javier, pues entendía que el cargo no solo no frustraría su carrera sucesoria, sino que podía favorecerle. Y además, por encima de todo, España no se podía permitir el lujo de perder la posibilidad de que un español lograra ostentar un cargo de entidad internacional tan relevante.

Estábamos de viaje en Marruecos cuando pude escuchar personalmente la última conversación entre González y Solana sobre el tema OTAN. Recuerdo que, agotados los argumentos respectivos, Javier estaba tan desolado por la actitud de Felipe, que este le dijo a modo de consuelo: «No te preocupes demasiado, que a lo mejor no te votan esos…», y soltó un grueso taco refiriéndose a algunos países centroeuropeos. Pero lo cierto es que ese mismo día Felipe había estado haciendo gestiones para reforzar la candidatura de Javier. En aquel momento, el presidente tenía muchos problemas en España, pero, al propio tiempo, su enorme prestigio internacional había alcanzado su cénit. Felipe contaba con ello, se implicó y, por consiguiente, ganó su candidato.

Visto desde hoy, veinticinco años después, sigo sin estar seguro de que esta decisión acatada por Solana fuera la más conveniente para el PSOE e, incluso, para España. Más bien, una solución continuista y de prestigio como la representada por Solana parecía la más adecuada a la hora de designar sucesor. Solo un verdadero peso pesado de la política y del socialismo podía hacerse cargo de una herencia tan positiva como ardua.

Felipe nunca quiso dar especial importancia al tema de su sucesión. Una mañana, reunidos en su despacho de la Fundación, no el de Ferraz, entró su secretaria, Pilar Navarro, para aclarar alguna duda o párrafo del discurso en el que anunciaba su abandono de la Secretaría General. Horas después, su decisión sería pública. En su círculo de confianza muchos preguntaron en tono preocupado quién podía ser su sucesor, a lo que él repuso: «Javier, Joaquín Almunia, Ramón Jáuregui... ¿Qué más da?». Creo que no entendió que esa era la cuestión clave del Congreso. Fue un error de Felipe no darle demasiada importancia a su sucesión, pues debería haberse involucrado personal, directa y enérgicamente. En aquel momento era el único que tenía autoridad para hacerlo.

Es evidente que Javier Solana hubiera sido el relevo natural de Felipe, pero también es cierto que, en el momento de su designación, nadie, ni el propio Felipe, podía imaginar que su cargo más bien burocrático en la OTAN pudiera adquirir una envergadura de carácter político de tal enjundia que hacía inviable su promoción en el ámbito de su país de origen. Y eso fue lo que le ocurrió a Solana y, de paso, al socialismo democrático español.

En aquel largo final de la V Legislatura, todos y cada uno de los ministros del Gobierno tuvimos que trabajar intensamente, por cuanto a las obligaciones propias de cada una de las carteras debían añadirse los trabajos de la presidencia española de la Unión Europea y, en algunos casos (Defensa, Exteriores e Interior, especialmente), hacer frente a una feroz oposición que manejaba todos los resortes posibles, poniendo en riesgo las instituciones democráticas.

En ese contexto se produjo una situación un tanto inesperada. De la noche a la mañana, sin mucho tiempo para preparar el viaje, me encontré en el interior de un avión militar rumbo primero a las Azores y luego a Ottawa (Canadá). Iba a participar en una reunión del G-7 en calidad de representante de la Unión Europea. ¿Cómo se originó tal extraña circunstancia? A las reuniones del G-7 acudía siempre la Unión Europea y correspondía designar al representante de la Unión a la presidencia rotativa que entonces era España. Javier Solana, el titular, había sido elegido secretario general de la OTAN y Narcís Serra, vicepresidente del Gobierno, había presentado su dimisión en 1995 tras conocerse que el CESID había llevado a cabo escuchas ilegales a personalidades relevantes, entre las que se encontraba el rey Juan Carlos I. Ignoro las razones por las que el presidente del Gobierno me eligió. Además de una cuestión de confianza, quizá habría observado las reglas generales del protocolo del Estado, según las cuales el criterio de la antigüedad de la fecha de creación del ministerio era básico. Según este criterio, el ministerio más antiguo era el de Justicia, y yo, su titular. Tuve que ponerme en serio a estudiar a fondo las cuestiones que se iban a trabajar en las reuniones, en menos de cuarenta y ocho horas.

Recuerdo con precisión que, para el ministerio de Justicia e Interior y para el propio presidente, la cuestión más importante era la extradición especialmente adscrita a los delitos de terrorismo y bandas organizadas. Y el tema se trató de forma favorable para los intereses de nuestro país, aunque el hecho más relevante se produjo fuera de las reuniones oficiales. Habíamos pedido por vía diplomática un encuentro con la fiscal general de Estados Unidos, la señora Janet Reno, importante cargo que asumía en su país funciones análogas al ministro de Justicia e Interior en España, con el añadido de las funciones propias de la Fiscalía. Terminada la reunión general, la señora Reno me indicó que podíamos realizar una reunión bilateral Estados Unidos-España, tal y como habíamos solicitado. Desde el primer momento, la fiscal se mostró muy receptiva a la propuesta de un convenio de extradición hasta entonces inexistente entre ambos países. En el encuentro bilateral acordamos los criterios generales del futuro convenio, basados en los principios de reconocimiento, reciprocidad y mutua confianza en nuestros sistemas judiciales. Puedo afirmar con toda rotundidad y algo de tristeza que, en unos pocos meses de negociación seria y formal, avanzamos mucho más de lo que durante varios años con la Unión Europea. Mis contactos con la señora Reno en Estados Unidos y con el ministro Basri en Marruecos confirman cómo las relaciones personales y directas suelen ser más efectivas que las realizadas por los medios tecnológicos telemáticos, o por persona interpuesta.

En aquellos últimos meses se hablaba tanto como hoy o más de las encuestas y los estados de opinión. Por este motivo, quizá adquirió una notoria importancia un funcionario del Ministerio del Interior al que llamaban «el Brujo». Su importancia venía de muy lejos. Ya fue utilizado en muchas ocasiones tanto por los ministros del ramo como por la «inteligencia» de Alfonso Guerra. Hoy no es un secreto afirmar que los éxitos logrados por Guerra en la predicción de los resultados electorales tenían su origen no en las caras e interminables encuestas electorales de aquel entonces, sino en la utilización de un simple modelo de predicción que, desde la primera de las elecciones democráticas, nos dio información exitosa. Con los datos del funcionario debidamente «cocinados» por Guerra se lograba, y así ocurrió durante muchos años, una enorme precisión en la estimación final de las votaciones.

Siendo ministro del Interior, tuve ocasión de conocer al Brujo y, sobre todo, de conocer sus previsiones, día a día, ya en la última fase del proceso. No quise agobiar a Felipe dándole una previsión diaria de la evolución del voto. La totalidad de las encuestas públicas y privadas apostaba por una victoria aplastante del Partido Popular que podría llevarle a obtener la mayoría absoluta. A medida que avanzaba el proceso electoral, todos los sondeos señalaban un leve repunte del PSOE, pero en modo alguno significativo. Frente a este panorama, el Brujo, siguiendo su método, pronosticaba un incremento relevante del voto socialista que podría determinar un empate técnico entre socialistas y populares.

La importancia de estos datos me llevó a reunirme con Felipe. Le conté lo que estaba pasando y su reacción fue de un escepticismo absoluto. «No pueden ser verdad los datos ofrecidos por el Brujo —dijo, y añadió—: Habrán sido cocinados por alguien que quiere dar moral al electorado». En todo caso, se tomó la decisión de no publicarlos, pues podría ser contraproducente de cara a la movilización de nuestros votantes.

Los resultados dieron la razón al Brujo: apenas 300.000 votos de diferencia separaban a ambos partidos. Los sociólogos concluyeron que, tal como iba creciendo la intención de voto socialista, hubieran bastado siete días más de campaña para que se reeditara un gobierno del PSOE. Fue una amable derrota que podía permitir la continuidad de Felipe González, si este hubiera aceptado el apoyo ofrecido por el presidente catalán Jordi Pujol la misma noche electoral. Felipe, tras darle las gracias al president, rechazó la oferta por entender que en ese momento no era parte de la solución. El PSOE debía volver a la oposición, en la que hiciera un brillante papel, y asumir el fin del ciclo felipista del socialismo español. Me pregunto, cuando escribo estas líneas en estos días de otoño de 2022, si la conversación a que aludo hubiera sido posible en tiempos como los actuales, que se caracterizan por una bochornosa ausencia de sentido de Estado.

Recuerdo una anécdota que revela bien el estado de ánimo que teníamos la noche electoral del 3 de marzo de 1996. Alfredo Pérez Rubalcaba y yo leímos los resultados que daban fin a nuestros cargos como ministros de Presidencia y de Interior. Habíamos seguido con todo detalle, y con emoción, el escrutinio, flotando entre la alegría de estar obteniendo unos buenos resultados y el oculto temor de que tuviéramos que continuar gobernando con extrañas coaliciones. Aclarada rápidamente la posición de Felipe de no continuar, ambos suspiramos de alivio, tras lo cual Alfredo sacó del bolsillo dos puros habanos de buen tamaño que encendimos y fumamos casi en silencio a la salud de la vida democrática. Aquella historia se había acabado, al menos para nosotros, y comenzaba otro proceso político.

LA ALIANZA PARA DERROCAR A FELIPE GONZÁLEZ: EL SINDICATO DEL CRIMEN

Durante mi etapa de ministro de Justicia e Interior conocí varios casos de periodistas que planteaban cambalaches a cambio de obtener ventajas de todo tipo, incluso económicas, ejerciendo con sus presiones una oscura faceta de su digna profesión. Sin embargo, lo cierto es que casi nadie se atrevió a denunciarlos, pues los afectados tenían verdadero pánico a las primeras páginas, a las notas o a los editoriales de los periódicos, alguno de los cuales había adquirido una fuerza descomunal. No aceptar alguna de sus propuestas me costó una verdadera campaña periodística que se prolongó durante años. La negativa de algunos destacados empresarios del momento también les supuso una persecución sistemática e implacable que podía recurrir a cualquier argumento, incluyendo los más imaginativos, con tal de desacreditar al esquivo pretendido.

Entre 1993 y 1996, tiempos de tribulación y tensiones, a veces insoportables, se produjo un fenómeno insólito en el panorama de los medios de comunicación. Una serie de periodistas —alguno de ellos muy relevante— llegaron a la conclusión de que era necesario coordinar sus esfuerzos si lo que se pretendía era «derrocar» a Felipe González y al rey para proclamar la República, con Antonio García-Trevijano como presidente. Lo reconoció el excelente periodista y amigo Luis María Anson en unas declaraciones a un periodista y escritor llamado Santiago Belloch Julbe, mi hermano, que fueron publicadas en el prestigioso semanario Tiempo el 16 de febrero de 1998. Partían de la conclusión de que era imposible ganar a Felipe limpiamente en las urnas, por lo que existía el riesgo de que se perpetuase en el poder, lo que les preocupaba gravemente. La cuestión central no era el contenido de las informaciones verídicas o fabricadas, «coordinadas» por el grupo. Lo sustancial era que los periodistas olvidaron el código deontológico que debe presidir su oficio, así como sus obligaciones profesionales, para ponerse al servicio de una operación estrictamente política, concretada en la persona de Felipe. Tenían gran capacidad comunicativa e influencia entre la opinión pública, y las cosas les fueron bien al principio. Pero no tardando mucho, algunos de los integrantes del consorcio empezaron a comprender que los objetivos que perseguían no eran los mismos para unos y otros, salvo en lo relativo al «todos contra Felipe».

El primero en darse cuenta fue el propio Anson, que pronto advirtió que los conspiradores pretendían llegar más lejos de la meta prevista, pues intentaban poner en cuestión las instituciones democráticas sin importar que tales maniobras pudiesen alcanzar a la propia institución monárquica, auténtica línea roja para el periodista, monárquico de raza, perteneciente al Consejo en Estoril del rey don Juan, padre de don Juan Carlos. Luis María no pudo soportar esta perspectiva y decidió romper la baraja, lo que propició la disolución del grupo conspirador. «Había que terminar con Felipe González», esa era la cuestión. Al subir el listón de la crítica se llegó a tal extremo que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado. Tenía razón González las veces que denunció esas maniobras, pero según admitieron después, esa era, para ellos, la única forma de sacarlo de la Moncloa y derribar al Gobierno.

La manera elegida por Anson fue conceder esa entrevista a Tiempo. A preguntas de mi hermano Santiago, el periodista desveló con precisión y detalle la conspiración del entonces denominado «sindicato del crimen». Las revelaciones de Luis María pusieron en cuestión su credibilidad y hasta su propia supervivencia como grupo. Con ello prestó un nuevo servicio, uno más, al sistema democrático y a la Corona. Los principales miembros del grupo, además de Luis María Anson (ABC), eran Pablo Sebastián (Independiente), José Luis Gutiérrez (Diario 16), Manuel Martín Ferrand (Antena 3 Televisión), Antonio Herrero Lima (COPE) y Pedro J. Ramírez (El Mundo). Según relata todavía hoy Anson, fue una operación de acoso y derribo sin precedentes.

Las personas citadas no fueron las únicas que posibilitaron la creación del clima turbulento que se instaló aquellos años en nuestro país, pero cumplieron un importante papel en su deterioro institucional. Raro era el día en que los medios de comunicación no apuntaban o desvelaban algún escándalo verdadero o creado para la ocasión. Muchas veces versaban sobre hechos producidos en legislaturas anteriores, pero lo cierto es que le tocó a nuestro ejecutivo, el último de Felipe, gestionarlo con estricta observancia de la legalidad democrática. Y lo hicimos como pudimos. Se trataba de sucesos que se habían iniciado bajo el mandato del propio presidente Suárez, pero cuya documentación se puso en circulación en nuestra etapa de gobierno. A mis manos llegaron unas propuestas según las cuales se procedería a destruir una serie de documentos si, a cambio, se adoptaban medidas jurídicas que podían favorecer a los clientes del oferente. Procedían de Javier de la Rosa, abogado catalán de larga estirpe familiar en entredicho por negocios turbios, y del entonces importante banquero y empresario de moda, Mario Conde. La respuesta fue un no rotundo, seguido de una exhaustiva investigación que acreditó su responsabilidad y su encarcelamiento posterior. También se intentó un trato de favor a Luis Roldán a cambio de «no levantar alfombras», como se decía entonces. Tampoco se aceptó, como demuestran los hechos narrados aquí.

En todos los casos, la posición del ministerio fue siempre la misma: rechazar toda clase de ofertas ilegales y colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos.

No sé si por la forma de afrontar los problemas, cuyo afloramiento no daba tregua, o por el conjunto de nuestra actividad, lo cierto es que Felipe, a la salida de uno de los últimos Consejos de Ministros, señalando la alargada mesa donde aún quedaban algunos charlando entre sí, me dijo: «Este es el mejor gobierno que he tenido», lo que me hizo sentir un especial orgullo de pertenencia al mismo. Nos sentíamos fuertes a pesar de las graves tensiones que sacudían nuestro día a día.

LOS HUEVOS ROTOS DE FELIPE GONZÁLEZ

Cuando me preguntan, contesto que fui ministro de Justicia y de Interior, pero siempre me gusta matizar que, además, fui «ministro del último Gobierno de Felipe González», una aclaración innecesaria, sobre todo fuera de España, donde su prestigio perdura en el tiempo, incólume. Es un título que sigue siendo la inmejorable carta de presentación que he utilizado orgulloso en más de una ocasión, especialmente en Latinoamérica, tratando de obtener apoyos para la Expo de Zaragoza. He utilizado también ese título para mostrar que mi adhesión plena y total al «felipismo» no siempre ha tenido continuidad con los sucesivos presidentes socialistas Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, con los que he mantenido y mantengo serias discrepancias, como luego expondré con un poco más de detalle.

En todo caso, trabajar con Felipe fue un honor, pues pude comprobar, día tras día, las ventajas de hacerlo con el político español más relevante del siglo xx. Él anticipó el rumbo que debía tomar España para convertirse en un país moderno, consciente de su potencial influencia en el marco de la Unión Europea. Solo Helmut Kohl tuvo un papel tan relevante en nuestro continente. Felipe apoyó la reunificación de Alemania sin reticencias de ninguna clase, a diferencia, por ejemplo, de Francia, actitud que Kohl siempre agradeció en el terreno de los hechos y no solo de palabra. El binomio Felipe-Kohl llegó a dominar el panorama político europeo desde una óptica europeísta, no meramente nacionalista. No es de extrañar por ello que, en más de una ocasión y desde las más importantes cancillerías, se le pidiera que rigiera desde uno y otro puesto los destinos de la Unión. Pero Felipe siempre contestaba (no sé en qué medida era un sarcasmo o una realidad) que no podía soportar el clima de Bruselas. Tiendo a pensar, pero no estoy seguro, que lo que no podía soportar era el clima político que allí se vivía, una mezcla nada virtuosa de burocracia, lentitud y escaso poder ejecutivo de la Comisión. Si a esto añadimos que, para muchos y en demasiadas ocasiones, el Parlamento Europeo era un simple refugio donde lavarse las heridas causadas en las batallas feroces entabladas en sus respectivos países, un cementerio para las más o menos viejas glorias o, en sentido inverso, lugares donde aprender el manejo de las primeras armas de la política, no era, por tanto, un puesto de trabajo aceptable para él.

No tuve una verdadera amistad personal con Felipe. Las entrevistas que mantuvimos fueron de carácter estrictamente político y, por así decirlo, profesional, en las que yo llevaba a consulta las cuestiones más complejas o discutibles procurando aportar, junto al problema, su posible resolución. En algunas ocasiones (no muchas, en verdad) el criterio de Felipe se imponía al del ministro concernido, especialmente cuando se trataba de cuestiones relativas a Economía o Hacienda. En general, Felipe tenía una clara tendencia a apoyar al ministro del ramo y solo muy de cuando en cuando se apartaba de este criterio. La otra debilidad de Felipe era todo lo relativo a las cuestiones de Interior, terrorismo y seguridad, debilidad entendible puesto que estábamos entonces inmersos en una batalla sanguinaria contra ETA.

Felipe y yo no tuvimos una relación personal ni desarrollamos una amistad fraternal. En mi caso, la relación fue siempre de respeto, y también de gratitud por haber confiado en mí en situaciones francamente difíciles que exigían una absoluta confianza. Al contrario, fue tan intensa nuestra relación política y profesional que la inicial relación de lealtad (obligada siempre) se fue transformando en algo muy parecido al afecto.

Al escribir mis memorias y repasando mis relaciones personales con él, solo encuentro una ocasión en la que nuestra conversación fue completamente personal y extensa, de unas dos horas. ¿El motivo? Unos simples huevos. No recuerdo cómo surgió el tema, pero fue en la sala del Consejo de Ministros, terminada una sesión ordinaria del Gobierno. El presidente y algunos de sus ministros abordamos un tema menor desde el punto de vista político, pero absolutamente mayor desde una perspectiva gastronómica: la forma de prepararlos. En esta ocasión, cosa rara, Felipe se mostró algo soberbio al sostener que él hacía los huevos rotos mejor que nadie, incluidos los famosísimos huevos rotos del castizo Lucio. Ante el obvio escepticismo que debió de reflejar mi rostro, me invitó a probarlos, y yo acepté. Pasados algunos meses de aquella conversación sobre los polémicos huevos, y cuando ya ni siquiera me acordaba, al finalizar otro Consejo de Ministros me invitó a cenar en su casa, sobre las ocho de la tarde, a fin de que probase los huevos rotos que él mismo elaboraría en mi presencia. Desde luego acepté la invitación, aunque tenía mis dudas sobre cuál sería el verdadero propósito de Felipe.

Durante la cena estuvimos hablando de lo divino y lo humano. Recuerdo, en particular, que me preguntó si le había disculpado con Gabriel García Márquez por no haberle acompañado a su visita al Madrid de los Austrias, tour que tenían apalabrado antes del viaje a España del escritor (me encargó que lo sustituyera como anfitrión, lo que me permitió conocer a Gabo y disfrutar de sus palabras y de su enorme sentido del humor). Le confirmé que había cumplido su encargo lo mejor que pude y que creía (tuve datos después) que también Gabo había disfrutado de la visita, que terminó más allá de la madrugada en San Ginés, una churrería típica de Madrid .

Agotada la charla sobre cuestiones menores y anécdotas de políticos europeos, Felipe me invitó a pasar a la cocina, donde ya tenía preparados los ingredientes necesarios para hacer unos huevos rotos espectaculares. Dejo aquí, para curiosos e imitadores como yo, los principios esenciales que deben presidir su elaboración (abstenerse contadores de calorías).

Lo primero es cortar las patatas de forma irregular y de todos los tamaños. Lo segundo, ponerlas a freír en aceite de oliva, a fuego lento, sin removerlas hasta que estén pegadas entre sí y debidamente cocinadas, aproximadamente durante unos quince minutos. A continuación, subir el fuego y, ahora sí, remover por una sola vez la masa de las patatas y dejarlas freír hasta que se doren por ambos lados. Una vez están bien fritas y crujientes, escurrir el aceite de la sartén en un recipiente ad hoc hasta que termine el proceso y dejarlas reposar.

Para cuatro personas es necesario un kilo de patatas y siete huevos, y es preciso separar cuidadosamente la clara de las yemas. Terminada esta operación, hay que batir las claras hasta el punto de nieve. Con la sartén bien escurrida, es preciso encender el fuego hasta que las patatas estén de nuevo calientes y crujientes. En ese momento se apaga el fuego y se vierten las claras debidamente batidas a lo largo de toda la superficie de la sartén. A continuación, las patatas, con su clara, se vuelcan en otro recipiente en el cual habrá que echar las yemas crudas para que se hagan ligeramente. Se voltea el conjunto con la clásica cuchara de palo y se sirven los platos de los comensales procurando que las yemas no se cuajen del todo.

Desde luego, no es un épico triunfo equiparable a los logros obtenidos por Felipe en todas las esferas políticas y sociales. Pero estoy seguro de que al lector le gustará saber que mis hijas siempre me piden que les haga huevos rotos, pero no de cualquier manera, sino «al estilo de Felipe González».

EL TEDIO DE ALFONSO GUERRA

Sin duda, Alfonso Guerra se encuentra entre los líderes socialistas más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. En mi opinión, su mayor mérito fue mantener con Felipe González un tándem políticamente imbatible, con un casi perfecto reparto de tareas que hizo posible numerosos y brillantes éxitos electorales. No sé con exactitud qué ocurrió entre ellos para hacer inevitable una ruptura de su marco de referencia. No tuve la posibilidad de formar parte de un gobierno en el que Alfonso fuera el vicepresidente. Desconozco, por tanto, un elemento esencial para enjuiciar a un político de altura como él y su forma de ejercer su posición en el Gobierno de España. Ministros que sí lo vivieron en primera persona remarcan que se ocupaba sobre todo de los asuntos de partido y de la gestión ordinaria de los ministerios, a los que controlaba con rigor y seriedad. Sin embargo, de las cuestiones de Estado (Defensa, Justicia, Interior, Economía o Asuntos Exteriores) se ocupaba personalmente el propio Felipe. Tal esquema es muy probable que continuara los años posteriores a la dimisión de Guerra y, en particular, en la V Legislatura, de la cual participé.

Por otra parte, no es de extrañar que el abanico de competencias asignadas a Guerra se tornara insuficiente con el paso del tiempo por una simple razón: le interesaban de manera entusiasta los asuntos de Estado que se reservaba el presidente como cuestiones de su exclusiva competencia. Es probable que fuera naciendo en su interior un cierto y explicable cansancio. Demasiados años haciendo exactamente lo mismo y sin esperanzas ciertas de llegar a ser presidente, pues estaba escrito que su destino se hallaba vinculado necesariamente a la figura de Felipe González, pero fuera del haz de luz principal. Lo único extraño es que Alfonso decidiera abandonar antes de plazo su cargo de vicepresidente. No fue su hermano el culpable; lo fue, según creo, el tedio. Es probable que estuviera harto de tantas conspiraciones de salón o de cantina, incluidas las suyas propias. Los eventuales sustitutos —Narcís Serra y Carlos Solchaga— no pudieron hacer tal papel. Tenían talento, pero no historia partidista suficiente para combatir la fuerza orgánica y sentimental que tenía Alfonso, líder de la militancia por antonomasia. La situación era tan compleja que fue Felipe quien tuvo que mojarse personalmente en la batalla emprendida contra Solchaga como portavoz del grupo parlamentario socialista. Cuando pasen los años, quizá no demasiados, los estudiosos políticos de esa época dirán que el principio del fin del esplendor socialista está en la ruptura de la relación de confianza entre los dos grandes líderes del socialismo español. El golpe fue tan fuerte que, aún hoy, perduran sus amargas secuelas.

Se nos planteó a los militantes y votantes socialistas el peor de los dilemas: ¿a quién queríamos más, al padre o a la madre? Nunca nadie ha sabido resolver ese dilema. Sin embargo, cuando Felipe entraba en batalla, por imposible que parezca, no había nadie que le ganase, ni siquiera Alfonso. Y ganó por poco, pero ganó. A costa, eso sí, de un alto precio que aún no ha sido amortizado del todo. De nada le sirvió a Guerra el hecho de haber tenido capacidad sobrada para confeccionar las listas de candidatos a diputados. Tampoco le sirvió haber hecho favores políticos a casi todos los puestos y cargos posibles presentes en el hemiciclo y en la política más pegada a los territorios. Y, finalmente, tampoco le sirvió el espléndido trabajo realizado como vicepresidente.

LA «TRIPLE B»

Desde que Felipe anunciara su renuncia a seguir siendo el líder del Partido Socialista, comenzaron los naturales movimientos dentro y en los aledaños del partido. Pese a que yo era «independiente» (y lo seguí siendo hasta el día en que perdimos las elecciones generales de 1996), lo cierto es que, más en los medios de comunicación que en la estructura del partido, se me incluía de manera habitual en la lista de posibles candidatos, lo que, en realidad, no resultaba factible, debido a que no era militante del Partido Socialista. Solicité formalmente mi ingreso en el PSOE al día siguiente de perder las elecciones. Y precisamente por ello.

Recuerdo que en aquellos tiempos era frecuente afirmar o escribir que los posibles candidatos eran la «Triple B»: Belloch-Bono-Borrell. Lo único cierto es que traté de influir, con mis limitadas fuerzas, en el proceso de designación de los candidatos posibles, para lo cual organicé una cena en mi casa a la que asistieron ambos precandidatos y donde les manifesté sin ambages —sé que ambos lo recuerdan perfectamente— que eran las dos únicas personas del partido con posibilidades de ganar las elecciones. Aquella cena creo que tuvo una cierta importancia en su posterior decisión de presentarse a las primarias. Mi argumento a su favor fue la mera constatación de que Josep Borrell o Pepe Bono eran mejores candidatos que Joaquín Almunia, entre otras cosas porque tenían una espléndida y sólida formación intelectual. Mientras que Almunia representaba el pasado, Josep además tenía a su favor a mi amiga y referente intelectual, Cristina Narbona, puntal durante años, y hoy presidenta del PSOE. Otro tanto debían de pensar los militantes, porque de nuevo, contando con muchos apoyos, y el mío entre ellos, ganó las primarias de manera incontestable.

A partir de ahí, Borrell hubiera debido ser el candidato de todo el partido, pero desde la sede de Ferraz no solo no recibió ayuda, sino que fue objeto de manera continuada de una guerra sin cuartel, buscando siempre el deterioro de su imagen. El objetivo indisimulado de Ferraz y de la Ejecutiva Federal era desmoralizarle para forzar su renuncia. Tuvieron un golpe de suerte, o quizá la fueron a buscar, cuando aparecieron dos antiguos colaboradores de Pepe y ex altos cargos de Hacienda, José María Huguet y Ernesto de Aguiar, que estaban siendo investigados por fraude fiscal. Los hechos que se les imputaban a Huguet y De Aguiar eran completamente ajenos a la gestión de Borrell y no justificaban en modo alguno su renuncia (hoy apenas ocuparían unas líneas en las noticias de los diarios), pero Pepe, persona honesta y debidamente macerado por la gente de Almunia, no pudo soportar la presión y tiró la toalla, desplazando su campo de actuación al marco de la política europea. En el momento de escribir estas memorias ocupa con holgura el cargo de alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y el de vicepresidente de la Comisión Europea.

Tras la dimisión de Borrell se inició un nuevo proceso de renovación de la Secretaría General del PSOE y, en consecuencia, la búsqueda del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. En este caso también me impliqué personalmente porque uno de los candidatos a las elecciones primarias era mi amigo Pepe Bono, hombre cabal de grandes cualidades personales y sociales, político experimentado y ganador por mayoría absoluta en las elecciones de Castilla-La Mancha durante seis legislaturas seguidas, desde 1983 hasta 2004. Como la memoria es flaca, conservo una foto en la que estamos cenando con él todos los dirigentes aragoneses socialistas. La fotografía actúa al modo de acta notarial de nuestra manera de entender la política y sus protagonistas, por eso la conservo desde siempre en un lugar preferente de mi casa.

Finalmente fueron tres los candidatos a la Secretaría General: Matilde Fernández, del ala dura del partido que supuestamente debía concentrar el voto «guerrista»; Pepe Bono, que asumía el carácter no expreso de candidato oficial, pero que en todo caso era el favorito según todas las apuestas, y un tercero y desconocido para casi todos hasta ese momento, José Luis Rodríguez Zapatero, un joven y modesto diputado por León, pero que tenía a su favor la condición de candidato de las bases y, sobre todo, el hecho de no pertenecer a la cúpula jerárquica del partido.

Iniciado el Congreso Federal, los candidatos pronunciaron sus discursos. El de Matilde fue un discurso de izquierdas sin concesiones; el de Pepe, un discurso socialdemócrata ortodoxo, y el de José Luis, un discurso nuevo y renovador, que fue el que ganó por un escaso margen de votos. Entonces supuso una auténtica sorpresa, pero con el paso del tiempo, una mayor reflexión hace lógica la votación por tres razones. La primera era su capacidad para adueñarse del voto de la renovación y del cambio necesario; la segunda, el inesperado voto que le regalaron los militantes «guerristas», y tercero, la falta de apoyo explícito de Felipe González a Pepe Bono, que partía como favorito y que se vio esprintando en la recta final del Congreso en total soledad. Cuando, abatido, se dirigía al escenario asimilando el nulo resultado de su esfuerzo, fui su única compañía, yo también abatido. Aún hoy no deja de sorprenderme la calidad del discurso de aquel joven Zapatero aludiendo a la ilusión y la energía socialistas puestas al servicio de las personas. En el momento más decisivo de su incipiente vida política acertó a pronunciar su mejor discurso.

A partir de ahí y durante todo el «zapaterismo» tuve una escasa participación en la vida política nacional, dedicado a mis opciones como alcalde de Zaragoza y preparando la candidatura de la Exposición Internacional 2008, como expondré en capítulos siguientes.

SOBRE OTRAS SUCESIONES: RUBALCABA

En la Semana Santa de 2017, pasábamos unos días mi mujer Mari Cruz (ya entonces me había casado por segunda vez) y yo en un pequeño pueblo de los Altos Pirineos franceses, Mauléon-Barousse, cuando nos alcanzó como un golpe la noticia de la muerte de Carme Chacón. Siempre que la recuerdo lo hago con el afecto que sentía por ella y que no ha desaparecido a pesar del tiempo transcurrido, seis años ya desde su muerte aquel 9 de abril. Fue a Carme a quien presté todo mi apoyo frente a Alfredo Pérez Rubalcaba en las primarias por la Secretaría General del PSOE de 2012. Por razones que quien conociera a ambos resultaría ocioso enumerar, Carme era el futuro, tenía alegría y vida, era una trabajadora incansable, de sonrisa ancha, menuda y valiente, que falleció de manera prematura privando al socialismo español de una de sus figuras más relevantes.

Una noche de junio de 2011 cenamos Mari Cruz y yo en la casa familiar de Carme, en el viejo Madrid de los Austrias, acompañados de su marido y padre de su único hijo, el periodista y especialista en Comunicación Miguel Barroso (se separaron cinco años después). Recuerdo la cena especialmente animada en la que hablamos, y a fondo, de muchos temas, no solo de política.

Tuvimos, sin embargo, la impresión de que Carme en aquel tiempo se hallaba sometida a un alto grado de tensión. Dedicada al cuidado del pequeño Miguel y con un corazón debilitado, que ya le había dado más de un sobresalto, estaba siendo empujada por numerosos amigos a una posición política desde la que se veía obligada a pelear por la Secretaría General del PSOE y su candidatura a la Presidencia del Gobierno. No creía tener, o al menos no le era fácil encontrar, otra salida, le dijo a mi mujer mientras ambas colocaban uno a uno los platos de la cena en el lavavajillas, pero tampoco podía plantearse retroceder. La confrontación con Rubalcaba era especialmente dura, pues tiempo atrás habían mantenido una gran amistad. Carme sentía que su ambición ya no era tan intensa. Tenía dudas, pero pesaba más su deseo y su voluntad de ayudar a cambiar la deriva en la que se encontraba el partido.

El día de la votación de ambas candidaturas durante el Congreso de Sevilla estábamos congregados sus amigos en el espacio que tenía reservada cada candidatura. Recuerdo a Miguel preguntándonos cada poco si su mamá estaba ganando. El niño mostraba signos evidentes de cansancio y sueño, estado del que salió bruscamente cuando desde las bancadas donde se agrupaban los partidarios de Alfredo se escuchó una gran ovación en medio del triste silencio de los partidarios de Carme. Pérez Rubalcaba, con una escasa diferencia de votos, había ganado las primarias. La Vanguardia publicó la noticia con este destacado: «La socialista catalana da un paso atrás y se queda sin poder pilotar la tarea de recomponer los restos del peor naufragio de la historia de su partido».

Era evidente que se trataba de dos modelos muy diferentes: el del continuismo socialista más ortodoxo contra la esperanza renovadora feminista y humana de Chacón. Y perdimos quienes apostamos por el futuro. Es de justicia reconocer que se enfrentaban dos valores seguros en el mundo socialista, trabajadores y sensatos, ambos muertos de forma prematura. Tengo para mí que se dejaron la piel en la defensa de sus principios y que, además de sus problemas de salud, con los que convivían desde hacía tiempo, los servicios prestados, con sus traiciones y amarguras, les pasaron una elevada factura.

Alfredo Pérez Rubalcaba, a diferencia de Alfonso Guerra, que nació para ser líder, fue un político nacido para ser el número dos de cualquier organización, ministerio o gobierno (lo fue con Solana y, sobre todo, con Felipe). Y me consta que, mientras tuvo una función de este tipo, fue feliz. En la medida que pretendió acercarse a la condición de número uno (vicepresidente con Zapatero), tras una dura batalla con la hasta entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, empezaron para él sus días más duros, al carecer en aquel momento de un referente político, un espejo en el que mirarse y reconocerse.

Rubalcaba fue una de las pocas personas que logró que Felipe le considerase lo más parecido a un amigo. La clave, creo, estaba en que conseguía hacerle reír con su peculiar sentido del humor y con su espíritu optimista, que lograba reducir la tensión y el tamaño de los problemas. Alfredo, como todos, tenía algún defecto. No me refiero a su manía de conspirar, que eso era para él una segunda naturaleza, un pasatiempo. Me refiero a que era un exaltado forofo del Real Madrid. Los domingos en que jugaba su equipo se personaba en la Moncloa, no para despachar asuntos de interés nacional, sino única y exclusivamente para ver el partido por la televisión en medio de desaforados gritos de alegría o de indignación, sus dos únicos registros en esas ocasiones. En esas tardes de fútbol, deporte al que no he sido demasiado aficionado, yo intentaba comentar algún asunto político sin éxito, porque Alfredo boicoteaba mi discurso ante las risas cómplices de Felipe. Me costó, pero al fin comprendí que en tales reuniones el que sobraba era yo, por lo que dejé de ir para no fastidiarles los festejos del domingo por la tarde. Eso sí, el lunes por la mañana era otra cosa. Era tiempo de trabajar. Nos reuníamos, en mi despacho del ministerio del Interior, el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, responsable del CESID, Rubalcaba y yo para analizar lo ocurrido la semana anterior y lo que se preveía que iba a pasar la semana que comenzaba. El tema casi único era el terrorismo de ETA, al que dábamos una gran importancia, hasta el punto de encontrarme un día en cama convaleciente de una intervención quirúrgica, con Rubalcaba sentado a mi derecha y Suárez Pertierra a mi izquierda, y a lo largo y ancho del lecho, un montón de papeles con las medidas urgentes que debían adoptarse en previsión de nuevas actuaciones terroristas.

Que era un tipo ingenioso y bromista da cuenta esta otra anécdota. Una tarde de junio estábamos en Madrid Mari Cruz y yo esperando ser recibidos por un reputado traumatólogo, quien tenía al parecer la facultad de recomponer mis estropeados huesos de las rodillas. De pronto se acercó un escolta para avisarme de que Alfredo quería hablar urgentemente conmigo. Me puse al teléfono del policía y escuché con angustia su relato mientras mi mujer me miraba sabiendo, por mi palidez, que algo realmente grave estaba sucediendo.

Unas semanas antes, ella había viajado sola al pueblo de Mauléon para preparar unas vacaciones (en aquel tiempo la banda terrorista estaba todavía activa, por lo que buscamos, por razones de seguridad, un lugar tranquilo y lo más alejado posible de su radio de acción), cuando en la desierta plaza del pueblo se encontró con dos bilbaínos de mediana edad que salían de un todoterreno BMW negro vestidos a tono con el vehículo. Dos vascos adinerados buscando alojamiento para cinco parejas de amigos que acostumbraban cada año a seguir la Vuelta Ciclista a España, el Giro de Italia y el Tour de Francia, que casualmente aquel verano de 2009 atravesaba el pueblo rumbo al Port de Balès, una mítica subida infernal. No había posibilidad de encontrar alojamiento, lo poco alquilable ya estaba copado. Pero la Soriano, decidida a solventar esa cuestión imposible, como otras muchas, se los llevó al único bar existente y desde allí alteró la paz de todo el paisanaje, hasta dar con un caserío, casi en la cima del puerto, cuyo dueño se avino a facilitar la estancia de los diez forofos del ciclismo. Los vascos regresaron felices a Bilbao en un par de horas por la autopista, mientras nosotros invertíamos cuatro horas desde el valle hasta Zaragoza.

Pues bien, uno de los vascos a quienes Mari Cruz ayudó en la búsqueda de alojamiento era familia de Otegi y tenía intervenido el teléfono, por lo que la policía supo que había informado a algún miembro de la banda de la hora, el día y el lugar del encuentro con mi mujer. No obstante, añadió, según Rubalcaba: «No vayáis, porque es muy maja y además el pueblo estará seguramente lleno de picoletos».

Alfredo se reía divertido al teléfono y yo, aliviado. «Dile a Mari Cruz que cuando se encuentre con etarras en camiseta y con lemas como “Presoak kalera”, que no les dé conversación», dijo. Me quedé intranquilo, pues a pesar de la broma, en aquel pueblo rodeado de montes y bosques, donde estábamos solos muchas veces, convencidos del secreto de nuestra estancia o con una escolta muy reducida, éramos un blanco fácil.

Hablamos sobre la decisión a tomar y estuvimos de acuerdo en no alterar nuestros planes y asumir los posibles riesgos. Ya pesaban demasiado los años en los que había que tomar precauciones infinitas, especialmente cuando la familia viajaba conmigo, como mirar los bajos del coche y desplazarnos con varios policías alrededor. Unos policías, por cierto, que con el tiempo y la intimidad compartida terminaron siendo parte de nuestra familia. Les agradeceré siempre su protección, respeto y afecto, y por supuesto, gozan también del nuestro, al que añado la admiración por la dureza de su oficio.

PEDRO SÁNCHEZ O LA LIQUIDACIÓN DEL FELIPISMO

En 2017 participé en la última batalla nacional dentro del PSOE antes de regresar a la judicatura, que fue la confrontación entre Susana Díaz y Pedro Sánchez por la Secretaría General del partido. En este caso, a diferencia de los anteriores, los términos de la contienda eran particularmente nítidos. Por un lado, la legítima heredera de todos los «felipismos», los históricos pero también los renovadores y feministas; por otro, con la expectativa que siempre despierta lo desconocido, un joven cuyo mérito fundamental, y no menor, fue recorrer todo el país visitando una a una las agrupaciones socialistas. Tarea ardua y valiente que le dio la merecida victoria, frente a toda clase de viejas jerarquías orgánicas tanto en la Comisión Ejecutiva como en el Comité Federal. La victoria de Sánchez evidencia hasta qué punto los militantes de base estaban hartos de soportar a sus dirigentes. De hecho, empezamos a verlo con claridad ya en la confrontación entre Almunia y Borrell.

Pedro Sánchez continuó el proceso de liquidación del felipismo iniciado por Rodríguez Zapatero y su sustitución por una combinación de izquierdismo y populismo, cuyo Santo Grial era y sigue siendo formar gobierno sin que importe demasiado el coste.

Desde la dimisión de Felipe González y hasta nuestros días, han sucedido acontecimientos de evidente trascendencia para el socialismo democrático y, de forma indirecta, para los intereses generales de España. El resumen de lo ocurrido puede sintetizarse en los siguientes términos. Hemos pasado de un bipartidismo imperfecto a una situación en la que, al parecer, solo se pueden formar gobiernos de diferentes siglas, gobiernos en los que se debe contar con formaciones políticas de extrema derecha o de extrema izquierda. O lo que es peor, con formaciones separatistas. El PSOE actual, que no el de Felipe, parece aceptar y normalizar esos maridajes en aras de una pretendida estabilidad, por muy contradictorios, cuando no antagónicos, que sean sus programas electorales, su historia, su mensaje y sus actitudes. El Partido Popular actual, por su parte, se aprestaría a formar gobiernos con el apoyo de la extrema derecha, es decir, VOX, aunque sea a costa de desnaturalizar una derecha conservadora, prudente y equilibrada que garantiza Alberto Núñez Feijóo.

Muchos ciudadanos entendemos que una y otra fórmula son reprobables y que se hace imprescindible explorar otros caminos, incluida la reforma electoral, que permita gobernar a la lista más votada en segunda vuelta. El ideal sería un sistema electoral a dos vueltas, como tienen nuestros vecinos franceses. Ello posibilitaría votar en primera instancia por el candidato preferido, pero en la segunda se optaría por los dos con mayores apoyos. Esta opción es la que faculta gobernar sensatamente y podría obviar la irresponsabilidad de los dirigentes políticos facilitando el regreso a un bipartidismo que había venido funcionando con aceptables resultados.

Una forma adecuada de conocer mi estructura de pensamiento político es examinar mis apuestas orgánicas y políticas. En términos generales, podría decirse que tengo la extraordinaria especialidad de optar por el candidato o candidata que termina perdiendo. Así, opté por Pepe Bono cuando ganó Rodríguez Zapatero; opté por Carme Chacón, pero ganó Rubalcaba; opté por Susana Díaz y ganó Pedro Sánchez. Solo fue ganadora la candidatura de Pepe Borrell frente a Joaquín Almunia pero... no duró demasiado. A la vista de lo anterior, aconsejo a mis amigos que bajo ningún concepto busquen mi apoyo en cualquier cuestión política porque considero probado que los candidatos que para mí son más idóneos nada pueden contra la pesada y no siempre eficaz maquinaria del partido.

No me quejo. En lo personal me ha ido mucho mejor en los cargos de ministro y alcalde, por lo que acepto los términos de mi dispar fortuna. Es cierto que si hubieran sido un mero fracaso personal, mis derrotas no tendrían importancia alguna y no merecerían siquiera su consignación en estas memorias fragmentarias. Temo que más bien representan un fracaso colectivo. Si Borrell hubiera resistido, si hubieran ganado Pepe, Carme o Susana, la actual deriva del Partido Socialista no se habría producido. Tampoco se habrían hecho concesiones inaceptables a los separatistas, ni desde luego se hubiera apostado por un izquierdismo que solo aspira a formar o a mantener gobiernos. Al contrario, se habría continuado la senda de una socialdemocracia moderada, renovada y serena.

La paradoja es que, una vez más, se confirma el lema de mi vida, «solo lo ético es práctico», porque la búsqueda desesperada de votos en la izquierda conduce inevitablemente a perder votos en el centro-izquierda, esto es, en el espacio donde se ganan o se pierden las elecciones. En el pecado llevamos (y quizá llevaremos) la penitencia.

18

Vida familiar en Zaragoza

A estas alturas constato que no he dado demasiadas noticias acerca de los miembros de mi familia. La primera estuvo constituida por mis padres, por Maite, mi esposa, y nuestro hijo, Damián Belloch Ollé. Fue una relación de pareja excelente durante muchos años, hasta que las cosas se fueron deteriorando y vaciando de contenido satisfactorio. No quiero recordar el cómo y el cuándo de ese proceso, pues, amén de ser escasamente original, sigue resultando doloroso para mí después de tantos años, y supongo que también para ellos. Maite se esforzó por mantener viva hasta el final nuestra relación. Yo la he respetado en todo momento por su generosidad y su paciencia. Me apoyó siempre que estuvo a su alcance y me perdonó, quizá en exceso, mis múltiples defectos y hasta desatinos. Lo cierto es que, hasta conocer a mi actual esposa, a punto de cumplir los cincuenta años, Maite fue la única mujer de la que estuve enamorado realmente. El resto fueron ensayos para intentar encontrar la emoción y las sensaciones que había compartido con ella, y que poco a poco fueron desapareciendo.

En 1996 perdimos las elecciones generales y con ellas me despedí de mi ministerio. Ejercía mi trabajo de diputado nacional por Zaragoza, cargo al que me había impulsado Felipe González. Estaba tratando de asimilar la nueva situación, y aunque quedaba muy lejos aún la idea de optar a la alcaldía de Zaragoza, ya tenía claro que en la política nacional no había sitio para mí y que, en caso de querer continuar en el oficio, debía centrarme en los mundos de la política autonómica o municipal. De lo contrario, corría el riesgo evidente de convertirme en uno más de los muchos nostálgicos «ex» que pululan cariacontecidos por la Villa y Corte.

Había que cambiar las reglas del juego, pensé, o terminarían por darme el finiquito político. Entendí que para ello no debía desaparecer de la opinión pública, pues no quería regresar aún a la judicatura y necesitaba aportar mi raudal de iniciativa y experiencia en el plano político. De ahí que aceptara la invitación de algunos periodistas para militar esta vez como tertuliano en emisoras y como articulista en periódicos. Durante muchos años participé en uno de los más equilibrados programas de la radio española: Protagonistas, de Luis del Olmo. En mi opinión, el mejor del siglo XXI. A ello añadí la publicación de un artículo semanal en el diario La Razón cuando lo dirigía Luis María Anson. A su vez, empecé a participar en el programa La Tarde, dirigido por la periodista Mari Cruz Soriano, que se convirtió en mi nueva jefa. Y con ella vino, sin pretenderlo, una sorpresa mayúscula, impensable a mis cuarenta y ocho años.

ALGO MÁS IMPORTANTE QUE LA POLÍTICA

Acepté la colaboración dos tardes por semana, martes y jueves, por cuanto la tertulia de Mari Cruz era como se me había asegurado esencialmente plural (a ella acudían políticos de diversos partidos agrupados bajo el lema «Aquí cabemos todos»). La tarea que tenía por delante no resultaba nada sencilla, pues debía suceder a un mito de la radio de la tarde, Encarna Sánchez. Eran dos personas tan radicalmente dispares en su manera de vivir y de expresarlo que no coincidieron ni en materias ni en oyentes. Mari Cruz tenía que lograr su propio programa, un espacio más joven, con información contrastada, distinto drásticamente del de su antecesora, en un clima social bastante crispado.

Pues bien, desde un principio supe que en esa tertulia podía suceder «algo», y que yo estaría dispuesto a complicarme la vida, como así ocurrió.

La futura e inevitable relación con Mari Cruz se fue cocinando sin prisas, un poco a la antigua, como cuando éramos jóvenes. Siendo ella vasca, no podía ser de otra manera. No pretendo aburrir al lector sobre las múltiples maniobras que dos personas destinadas a vivir juntas pueden hacer para verse casi a diario, tanto como para evitarse, pues ambos éramos dolorosamente conscientes del quebranto de reglas bien conocidas que supondría hacer pública nuestra relación, a pesar de que todo se fue desarrollando durante casi dos años en lugares muy concurridos, y curiosamente nadie pareció percatarse de lo que estaba pasando.

Creamos la costumbre de tomar un café o una copa al finalizar el programa. Íbamos solo los de mayor confianza, un grupo divertido y bien avenido al que se apuntaban de vez en cuando los otros tertulianos —Antonio García Barbeito, Rosa Aguilar, Juan José Lucas, Teófila Martínez o Amparo Rubiales, gentes de izquierdas y derechas— para departir cordialmente las incidencias de la jornada. No sé bien cómo, pero poco a poco se fue disolviendo el grupo a medida que Cruz y yo constatamos que cuantos menos éramos, más a gusto estábamos, y que la perfección sí que existía y era justo cuando nos encontrábamos solos.

En uno de esos encuentros «apañados» por los dos no pude seguir evitando el reconocer la obviedad de que me había enamorado. Las consecuencias equivalían a un atropello del expreso Madrid-La Coruña, sin previo aviso y con las repercusiones que podíamos suponer, pues ambos éramos más que conocidos en nuestro país.

Yo experimenté cambios sorprendentes. De pronto era capaz de hablar dos horas seguidas por teléfono todos los días, pese a que siempre lo había odiado. Recuerdo que en las últimas vacaciones que pasé en La Gomera, mi eterno destino estival, anduve día tras día buscando y recolectando monedas para llamarla al caer la tarde desde la única cabina telefónica que había en la urbanización. Cada una de las monedas que llenaban mis bolsillos era un trozo de intimidad que me acercaba su voz y que agotaba hasta que no quedaba ni una. Mari Cruz era la clamorosa excepción de mi incapacidad para estar colgado de un auricular.

Por fin había algo más importante que la política: el puñetero amor. Desde el primer momento supe que solo podría ser feliz con ella a mi lado. Pero esa no era la cuestión. La cuestión era saber si tenía derecho a ser feliz, consciente de que ello produciría daños de mayor o menor gravedad a dos personas a las que quería: mi esposa Maite, tras veinte años de cariño y convivencia, y mi hijo Damián, que, aunque lo intenté, no pude impedir que militase únicamente en el bando de su madre, como suele ser lo habitual en estos casos. Pagué un alto precio, el opaco silencio de la primera y el progresivo alejamiento del segundo. Con una mezcla de profunda alegría al estar enamorado y de profunda tristeza por el coste de la ruptura, afronté mi nueva situación, mi nueva vida.

Cruz aportó a nuestra relación de pareja un regalo maravilloso, mis dos hijas: Cristina y Beatriz. Las adopté legalmente una vez fallecido su padre biológico, gracias a mis ganas y el excelente trabajo de mi querida amiga y competente abogada Gloria Labarta, que facilitó y allanó todos los engorrosos trámites. Mis dos hijas, pues lo son después de casi veintitrés años juntos, me quieren casi tanto como yo a ellas. Son mi familia, a la que añado a fecha de hoy a mi hermano Santiago y a sus hijas Ariadna y Bárbara; a Juan Carlos, hermano de Cruz; a Victoria, su mujer, y a sus hijos, Álvaro y Borja. Y por encima de todo, a Crunch, que así me gusta llamarla en casa y cuando estamos de buenas. Ella ha dado sentido a la segunda mitad de mi vida. Ella puso música, alegría y exigencias en nuestra casa. Yo a cambio le prometí un fuego vivo en invierno y atún en la mesa familiar. Nunca ha faltado a pesar de los muchos avatares y disgustos que la crispada vida política deparó a nuestras familias.

Damián es diplomático y tiene dos niñas que, por decisión de él, no me es posible ver. Mi hijo no ha considerado oportuno facilitar nuestra relación. Ambos tenemos buenos motivos para entender lo difícil que sería hoy intentar restablecer lo nuestro. Como padre, soy muy consciente de mis ausencias y las enormes distancias que, supongo, impuso a la familia mi carrera y sus extraordinarias dificultades y tensiones. Tantas, que son el motivo de la prohibición de entrar en su casa. Así que durante muchos años no tuve otra opción que desplazarme regularmente a Madrid para encontrarnos en algún hotel, cosa que con los años se fue haciendo bastante incómoda.

En la historia de nuestra familia existe un trágico precedente de ruptura entre padre e hijo. Uno de los tíos abuelos estaba reñido con su padre, que, en vida, lo había expulsado de la casa y obligado a no volver jamás. Llegó el día en que el padre agonizaba. El hijo, enterado, se personó en la casa familiar, pese a la prohibición. Al llegar a la cama que ocupaba su padre, este, al verle, se incorporó gritando su nombre y, sin articular una palabra más, falleció, sin esclarecer qué trataba de decirle.

En mi caso, después de esperar muchos años, he debido renunciar a mi hijo, teniendo perfectamente claro que cumplí con mi obligación para con él: amarle, protegerle y darle las herramientas necesarias para que estableciera los sólidos cimientos que le han llevado a tener una digna carrera diplomática. Cuando pienso en el final de mi vida, no quisiera que aquella historia familiar se repitiese, pues no disfruto con esos melodramas del siglo XIX. Ambos somos personas decentes que, ante la imposibilidad de tener una relación equilibrada y sensata, hemos decidido despedirnos con elegancia.

Me haría feliz que Damián volviese de donde nunca quise que se marchara. ¡Ojalá regrese a casa para completar la familia!

UNA SEGUNDA E INESPERADA VIDA

En los primeros años de la relación con Cruz, nuestro trabajo principal fue conocer Zaragoza y Aragón, pueblo a pueblo, disfrutando de la amable curiosidad y el cariño de sus ciudadanos desde el ya lejano descubrimiento del Matarraña turolense. Cruz a menudo me ha quitado gran parte de mi trabajo, pues disfruta hablando con todo el mundo y derrochando alegría y un optimismo que yo no siempre compartía. Obviamente, tenía más éxito que yo. Para ella, las relaciones humanas y las relaciones personales eran una asignatura aprobada cum laude, pues le encanta saber y preguntar decenas de cosas incansablemente, mientras para mí todos los encuentros «de partido» eran una difícil asignatura que debía aprobar. Digo aprobar, porque de obtener nota, nada.

En mi caso particular, mi trabajo fue también conocer a las niñas de Mari Cruz y acompañarlas en el tránsito de la infancia a la adolescencia, primero, y a la juventud, después.

Beatriz y Cristina tenían catorce y siete años, respectivamente, cuando llegaron a mi casa de Zaragoza, al que sería nuestro hogar durante muchos años. Todo era nuevo para Bi, que es como llamamos a Beatriz: el colegio, sus amigos, su inmenso paisaje de secano un tanto hostil. No fue fácil la adaptación a su nuevo entorno, y tampoco, supongo, a su padrastro, que era yo. Era una verdadera prueba de fuego para todos, cuyo resultado sería definitivo de cara a nuestra convivencia.

Nunca pretendí sustituir a su padre biológico, por convicción y por haber constatado el enorme cariño que se tenían entre sí. Ni pronuncié una sola palabra que pudiera interpretarse como una crítica o una descalificación hacia él; más bien al contrario, le mostré siempre respeto y consideración. Lo que nadie podía impedirme es que fuera a enamorarme de esas dos niñas como si fueran mías desde su nacimiento. Eran tan encantadoras que resultaba imposible no hacerlo. Eso sí, comprendí que no podía equivocarme y que tan negativo podía ser el que me comportara con excesivo celo cariñoso, como mostrarme demasiado frío o distante. La palabra clave era «naturalidad», y el sustrato de nuestra relación se basaba en un intento de ser siempre justo en mis decisiones y en mis actitudes, y, al mismo tiempo, comprensivo, sin que se notara apenas, con sus eventuales errores.

De cualquier modo, me tranquilizó que su padre biológico, en uno de los escasos encuentros que tuvimos antes de fallecer prematuramente, me diera las gracias, con sinceridad evidente, por la forma en que estaba cuidando a sus hijas. Esto no habría sido posible sin que las niñas le hubieran hablado bien de nuestra relación familiar, que, a mi entender, empezaba a ser satisfactoria. Pero antes tuvimos que pasar por algunas dificultades.

Al principio, Beatriz era una adolescente más que sufría los efectos negativos del divorcio de sus padres. La mezcla o la suma de ambos factores constituía una bomba que terminó estallando. El parte de guerra no fue una catástrofe de primera magnitud, aunque sí causó algunos daños colaterales. En concreto, durante más de un año faltó a la verdad sobre su situación escolar; de hecho, perdió un curso entero, con una buena colección de suspensos, a los que nunca aludió, creyendo que quizá no nos enteraríamos. El problema se resolvió con una charla familiar en la que Beatriz nos prometió que cambiaría radicalmente. Cumplió su promesa. Desde entonces no ha hecho otra cosa que hacer felices a sus padres por su inteligencia y, sobre todo, por su carácter y por su amor.

Bi accedió a un puesto en el Banco Sabadell, y su pareja, Fernando Cidraque, un buen aragonés de Huesca, consiguió también trabajo en la Feria de Muestras. Tras unos años viviendo de alquiler en un barrio modesto de Zaragoza, se decidieron a comprar una vivienda en la misma urbanización en la que habíamos residido durante años toda la familia, y en la que seguíamos su madre y yo. Su proximidad ha sido un paliativo de su ausencia.

La pareja decidió emplear buena parte de su tiempo libre en ampliar sus estudios: Beatriz, hasta obtener en el año 2022 su doctorado cum laude en Economía, y Fernando, hasta terminar su licenciatura. Estudiar y trabajar al mismo tiempo era algo relativamente frecuente durante mi juventud, pero en estos tiempos resulta algo extraordinario, ya que la cultura del esfuerzo viene siendo sustituida por la cultura del ocio. Los dos merecen su suerte.

En cuanto a Cristina, la pequeña, lo más urgente es dejar claro que la quiero tanto como a su hermana mayor. Es imposible un mayor reconocimiento. Al propio tiempo, es evidente que son dos personas diferentes en casi todo. Por ejemplo, en la forma en que se enfrentaron al trauma del divorcio. Mientras Bi explosionó dejando de cumplir con sus más elementales obligaciones, Cris, por el contrario, fue más discreta en su respuesta al drama de una separación y un cambio de vida radical. Siguió estudiando con normalidad, obteniendo brillantes calificaciones y premios, comportándose de manera sensata y sin dar ningún problema. Se portaba todo lo bien que podía comportarse una niña madura, inteligente y más tarde adolescente. Solo se le notaba un soterrado dolor en las crisis de ese tiempo, en la forma airada de relacionarse con su madre, pero no conmigo, pues siempre lo hizo de manera impecable y cariñosa. Visto relativamente desde fuera, mi impresión de entonces era que, de algún modo, quería penalizar a su madre por el divorcio, tomando partido por su padre biológico, reacción más que frecuente en unas circunstancias muy duras para una niña pequeña, y perfectamente compatible con el hecho de que Cris adorase y necesitase a su madre para casi todas las cuestiones de la vida.

La Cristina adolescente se las apañaba bien para sobrevivir, manteniendo una conducta no solo correcta, sino cordial y afectuosa con el mundo exterior. Trabajaba para pagarse sus gastos mientras empezaba a cursar una difícil ingeniería, exactamente la que ella deseaba. Con el tiempo encontró en Juan Mengual a otro ingeniero tan alto y tan inteligente como ella, con el que sigue manteniendo muy viva su relación amorosa.

Como ocurriera antes con su hermana, la pareja optó por abandonar la casa familiar para irse a vivir juntos y empezar su propia historia. Cris siempre ha afrontado sus obligaciones económicas con holgura gracias, entre otras cosas, a que es una buena administradora de sus ingresos. Diseñadora industrial, especializada en escultura digital 3D, trabaja para importantes empresas extranjeras.

Que las dos marchasen de casa, aunque fuera una decisión lógica, supuso para mí un enorme disgusto que sigue en carne viva. Quizá mi nieta Alejandra, que está en camino, pueda aliviarlo, y ojalá yo tenga el privilegio de presenciarlo.

Mis hijas tampoco coinciden en sus formas de entender la vida. La mayor, en lo sustancial, mantiene unos parámetros clásicos, que no se diferencian de los que habíamos mantenido sus padres: trabajo intensivo, estable, bien remunerado, inversiones prudentes, gastos controlados… La opción principal de Cris consiste en hacer que el aprendizaje tenaz de nuevas técnicas en su especialidad sea preferente, y emplear el resto de su tiempo en actividades más divertidas e instructivas que el trabajo constante en un único segmento laboral. Como, por ejemplo, el surf.

Afortunadamente, mi hija Cristina es tradicional e insuperable en el amor a sus padres. Y lo demuestra de muchas maneras, algunas algo incómodas para gente de mi edad, pues tienen que ver con la salud. Al principio, el único problema, según ella, era el azúcar en todas sus modalidades (incluido el saludable vaso de vino). Con el tiempo, las cosas se han ido complicando y el concepto «comida sana» que intenta imponernos va creciendo en intensidad. Antes de que venga a casa, me preocupo de vaciar la nevera y los armarios de la cocina de toda clase de alimentos insanos, o de situarlos en un lugar poco visible. A pesar de todo, me alegra saber que su insistencia tiene un objetivo: que sus padres vivan el mayor tiempo posible y de la mejor manera. ¡Habrá que intentarlo!

Cris es otra forma de ser casi perfecta, como su hermana. No siendo autora de pecado venial alguno, solo cabe reprocharle que me gane al ajedrez sin el más mínimo remordimiento.

GANAR LA BATALLA AL ESCEPTICISMO

Aun viviendo juntos, Cruz y yo entendimos que cuando fuera posible, y con nuestras sentencias firmes de divorcio, queríamos casarnos. Sentíamos una profunda alegría solo empañada por la convicción de que nuestra decisión ocasionaría el sufrimiento de las personas que nos querían y que, en determinados casos, se verían obligadas a elegir. Ese era uno de los precios que tuvimos que pagar por intentar vivir una segunda e inesperada vida.

Jesús Membrado, dirigente sindical de UGT, fue quien curiosamente sacó el tema durante una comida en su casa, argumentando que una boda sería apreciadísima en la muy tradicional ciudad de Zaragoza. Nos pusimos a ello rápidamente porque no queríamos que se mezclara la boda con el inicio de la primera campaña electoral municipal, donde por fin encabezaría la lista para el Ayuntamiento de la capital aragonesa. Teníamos la sensación de que nuestra boda se podía utilizar para bien o para mal dado que éramos personas públicas. Más adelante explicaré con más detalle este momento tan feliz de nuestras vidas.

El caso es que, a tono con mi biografía siempre empeñada en no darme tregua, tampoco el aterrizaje en Aragón, y en Zaragoza en particular, fue fácil, sino un proceso largo y complejo como nuestro noviazgo.

De las dificultades del camino que se desplegaba ante nosotros da buena cuenta una anécdota reveladora. Cenábamos mi mujer y yo con dos periodistas aragoneses: el director de la SER en Zaragoza, Julián Muro, y su jefe de informativos, Plácido Díez Bella, quien, cosas de la vida, muchos años después se incorporó a mi equipo de comunicación. Eran las personas idóneas para conocer su opinión sobre las cuestiones más sensibles en la vida zaragozana. Ellos, sin embargo, parecían más interesados en indagar mis designios políticos. Tal vez fue por evitarme un traspié, pero lo cierto es que me hicieron un diagnóstico desolador sobre mi futuro en Aragón. Decían tener muy buena información procedente de los líderes orgánicos del partido, según la cual circulaba una consigna clara: había que pararme. Mis adversarios (yo aún no sabía que lo fueran) sostenían que era necesario oponerse al sistema de primarias que yo patrocinaba como método para designar a los candidatos, a fin de evitar cualquier riesgo o sorpresa. Su pretensión no prosperó, sino todo lo contrario, pues tuve un evidente éxito en la batalla planteada a nivel nacional. El supuesto fracaso del sistema de primarias no hizo otra cosa que afianzarse.

Otra de las consideraciones de mis interlocutores en aquella cena fue que, caso de haber primarias, nunca las ganaría a causa de la enorme influencia de los líderes orgánicos del partido, que nunca lo permitirían. Y siguieron alentándome: caso de ser candidato, nunca sería alcalde por no haber nacido en Zaragoza, algo fundamental, y caso de ser alcalde… aquel invento mío de la Expo nunca, pero nunca jamás, tendría lugar.

Craso error, como veremos en el siguiente capítulo.

A pesar de la tristeza con que nos despedimos de Julián y Plácido, aquella noche ni por un momento pensamos en abandonar. Supimos mejor a qué tipo de obstáculos debíamos enfrentarnos, y lo hicimos sin reblar, como dicen mis paisanos. Teníamos fuerza, ganas y tiempo para ello. Ganamos la batalla al primer y más importante demonio maño: el escepticismo.

Y si lo conseguimos pese a todo fue porque la única forma de lograr que un aragonés, propietario de un feroz amor propio, multiplique por mil su fuerza es decirle que no es capaz de conducir un coche con cien personas dentro. Eso hicieron conmigo. Pero yo me metí en el coche y me puse al volante tomando como copiloto a Mari Cruz y a mis hijas. Sin ellas no hubiera podido hacer todo ese ingente trabajo.

19

Un caos mal organizado:

situación política en Aragón

Tras la derrota socialista en las elecciones generales y con mi carnet del PSOE recién estrenado en el bolsillo, emprendí, sin saberlo, el último gran viaje político de mi vida. Tenía claro que podía aportar un buen raudal de energía y un trabajo riguroso al partido durante el oscuro periodo que se avecinaba, ya sin la presencia de González al timón de la nave. Me apadrinaron, como es preceptivo en estos menesteres, dos figuras de excepción, el propio Felipe y Ramón Rubial, presidente del partido y un mito para militantes y gentes de izquierda.

Me instalé en Zaragoza, pasando de mi inicial condición de paracaidista político a la de un vecino más de la ciudad, y poco a poco entendí cuáles eran sus sonidos y signos claves. Para que la ciudad me fuera aceptando como suyo, debí esforzarme en aprender muchas cosas, sobre todo de su historia y su compleja psicología. Una de las primeras lecciones me llegó durante una cena con mi mujer, cuando el dueño del restaurante, primero, y el camarero, después, se instalaron por turnos en nuestra mesa, planteando toda clase de preguntas más o menos relacionadas con el ayuntamiento a las que respondí como pude, pues en aquel momento no conocía a fondo la ciudad y sus problemas reales. Cuando finalmente cesó el interrogatorio y pudimos comenzar a cenar, Cruz me preguntó, divertida, si lo que había ocurrido era normal en el campechano Aragón. Más por intuición que por conocimiento, me quedó meridianamente claro que, en Zaragoza, los votos habrían de conseguirse ciudadano a ciudadano, y así se lo dije a ella. Una tarea nada fácil, pero había que intentarlo.

Los acontecimientos ocurridos en Zaragoza desde la llegada de la democracia siempre han tenido una especial significación para Aragón, pues en esta ciudad vive más de la mitad de la población aragonesa. El sociólogo urbanista y buen amigo Mario Gaviria escribió, junto con Enrique Grilló, el libro Zaragoza contra Aragón, cuya tesis principal era que el desarrollo de la capital dificultaba el impulso de la región. Con el transcurso de los años, Gaviria publicó —esta vez junto con David Baringo— otro libro, Aragón es Zaragoza, en el que rectificaba su posición con una percepción totalmente diferente: la capital es la principal locomotora que impulsa el desarrollo de la región. Mario, tan brillante como prudente, supo rectificar. Aprovecho para hacer constar que él fue el ideólogo del barrio de carácter social, concebido con criterios ambientales y de ahorro energético con el que supo adelantarse a su tiempo. En el año 2002 fue nombrado «Hijo adoptivo de la ciudad de Zaragoza» a propuesta del grupo municipal socialista, siendo esta la primera vez que se concedía una distinción tan alta a un ecologista.

«EL BEIRUT» ARAGONÉS

Dos acontecimientos ocurridos entre enero y marzo del año 1986 marcaron el principio de una nueva etapa en el socialismo zaragozano y aragonés: la muerte de Ramón Sainz de Varanda, primer alcalde constitucional de Zaragoza, y la de Florencio Repollés Julve; ambos abogados de prestigio y referentes políticos en Aragón. En aquel año, nuestra comunidad autónoma aún estaba en un proceso de consolidación después de celebrarse las primeras elecciones autonómicas el 8 de mayo de 1983, que ganó el PSOE, quedando a un solo escaño de la mayoría absoluta.

Otro personaje imprescindible para comprender esa época es el magistrado Juan Antonio Bolea Foradada. Presidente provisional de la Diputación General de Aragón desde 1978 hasta 1981, fue un gran impulsor de la autonomía aragonesa, además de jurista inteligente, hombre prudente y conciliador, y padre del periodista, escritor y querido amigo Juan Bolea. Ambos me honraron con su amistad desde el primer día de mi estancia en Aragón.

Los fallecimientos antes referidos de Ramón Sainz y Florencio Repollés tuvieron consecuencias en las pugnas internas del PSOE, agitando las ya de por sí revueltas aguas del partido. Antonio González Triviño, alcalde en funciones durante la enfermedad del primero, fue propuesto por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE para sustituirle contra el criterio del partido en Aragón y en Zaragoza, mientras que Santiago Marraco, secretario general del partido en Aragón, y el PSOE de Zaragoza propusieron a Mariano Bergés, cuyo secretario general era en aquel momento Fernando Gimeno.

Las elecciones autonómicas de 1987, que perdió el PSOE, propiciaron la disolución del partido en Zaragoza.

Siendo ya alcalde Ramón Sainz de Varanda, entró en la vida pública un sujeto que con el tiempo daría mucho que hablar y, también, no pocos quebraderos de cabeza. Me refiero a Luis Roldán, que ocupó el cargo de primer teniente de alcalde. En aquellos momentos, Roldán era una persona relevante del socialismo aragonés. Hombre con fama de valiente, a propuesta del alcalde fue nombrado en el 82 delegado del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma de Navarra hasta que, cuatro años más tarde, se convirtió en el director general de la Guardia Civil, siendo el primer civil que ostentaba este cargo hasta su cese y fuga posterior en 1994.

En septiembre de 1993, mediante una moción de censura, José Marco fue investido presidente del Gobierno de Aragón con los votos del PSOE, IU y un tránsfuga que seis meses antes había abandonado el grupo popular. Duró solo dos años, pues fue suspendido de militancia como consecuencia de varios procesos judiciales. A Marco le sucedió como presidente en funciones del gobierno regional Ramón Tejedor, después de que el Comité Regional del PSOE rechazara la candidatura de una mujer, Ángela Abós.

Tras las elecciones generales de 1993, Felipe González me nombró ministro de Justicia y a Antoni Asunción, ministro del Interior, con Roldán al frente de la Guardia Civil. Asunción, a su vez, nombró a Carlos Pérez Anadón director general de Política Interior (en Madrid entendían que Pérez podía ser un buen candidato a la alcaldía de Zaragoza).

En 1995 fue elegido candidato a la alcaldía mi amigo y compañero Emilio Comín, en un ambiente político y social endiablado por los muchos casos de corrupción que afloraban por todo el país. A pesar del buen trabajo de Comín, los socialistas recibimos un merecido castigo (pasamos de once a seis concejales) y Luisa Fernanda Rudi ganó la alcaldía de Zaragoza.

Afrontar con éxito tiempos tan convulsos como aquellos exigía contar con un buen equipo; en mi caso, que fuera de la más absoluta confianza personal y política. De ahí que, por ejemplo, fuera obvio el nombramiento de Margarita Robles como secretaria de Estado de Interior. En sentido inverso, destituí a Carlos Pérez Anadón como director general de Política Interior. Quiero aclarar, por elemental justicia, que mi decisión no estuvo motivada por una eventual falta de competencia para ejercer las funciones que requería su cargo, la prueba es que no dudé en recomendarle al ministro Borrell para el puesto —muy sensible en Aragón— de presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

También propuse a Pilar de la Vega como delegada del Gobierno en Aragón, sin tener noticia cierta de las consecuencias orgánicas que podía deparar su nombramiento. No tenía más datos ni conocimientos que la opinión del secretario de Organización del partido, Ciprià Ciscar, que nunca fue precisamente un modelo de político dialogante y pactista. Pilar permaneció en la Delegación del Gobierno hasta mayo de 1996. Con anterioridad había sido diputada en las Cortes de Aragón en las elecciones de 1991, nombrada después consejera de Educación y Cultura en 1993, cargo del que cesó en junio de 1994 como consecuencia de su activo posicionamiento contra el presidente del Gobierno de Aragón y secretario general del PSOE.

De algún modo, este nombramiento supuso el incremento de la bronca aragonesa y zaragozana en el que nunca pensé que estaría implicado. Pero lo estuve. En todo caso, debo decir que la culpa o el mérito de las decisiones que tomé me corresponden a mí por entero. Uno de los errores más obvios es no haber valorado la importancia de las cúpulas orgánicas del partido, pues nunca pensé seriamente que podría implicarme en sus eternas batallas de poder. En aquellos tiempos creía que era suficiente con escuchar al inolvidable Carlos Piquer y con aprender algunas cosas de mi amigo Fernando Gimeno, gran conocedor del entramado orgánico y que, pese a sus esfuerzos, no siempre pudo evitar las consecuencias de mis equivocaciones.

Quiero pensar que, por alguna razón, las consecuencias no fueron tan graves como pudiera parecer a primera vista, sobre todo si pienso que el ejercicio de la política consiste, al fin y al cabo, en alcanzar democráticamente el gobierno de las instituciones y, desde ahí, llevar a cabo en lo posible las promesas electorales. Desde esta óptica, las cosas no fueron mal, pues es un hecho que gobernamos la ciudad durante tres legislaturas y logramos cumplir con la mayor parte de nuestros compromisos electorales. Dudo mucho de que con la ayuda acrítica del poder orgánico hubiéramos podido mejorar el récord de permanencia en el ayuntamiento, el más largo de la democracia y de toda la historia de Zaragoza.

Mi acceso a la vida política municipal estuvo determinado por diversos factores. Para empezar, por las broncas dentro del partido y, también, porque era un referente del PSOE aragonés que había adquirido prestigio y credibilidad en el Gobierno de la nación como biministro. La caótica situación de nuestra formación y la caída de sus expectativas políticas hicieron el resto: el partido empezó a pensar en mí para salir de la crisis e intentar mejorar nuestro desolador panorama electoral. Recibí el apoyo de todos para encabezar las listas de las elecciones generales de 1996 en el Congreso de los Diputados. A pesar de que esperábamos un auténtico descalabro, obtuvimos tres diputados por Zaragoza, entre ellos mi amigo Gimeno. Pronto nos entendimos muy bien, como ocurre aún hoy en el póquer, casi sin palabras.

A partir del momento en que fui elegido diputado, jugué un papel significativo en la política aragonesa para la incorporación al partido de muchos afiliados de la UGT y de las Juventudes Socialistas.

Dimitido José Marco como presidente del Gobierno de Aragón en enero de 1995 por decisión de la Ejecutiva Federal del PSOE (al que expedientó y suspendió de militancia), se abrió otra crisis profunda en el socialismo aragonés entre quienes querían una gestora y quienes reclamaban un congreso extraordinario. Convocadas las elecciones municipales y autonómicas de 1995, el partido designó a Marcelino Iglesias Ricou candidato a la presidencia de Aragón.

Así las cosas, daba comienzo un extraño proceso de interminables peleas internas hasta las elecciones del 3 de marzo de 1996. No iba desencaminado Alfonso Guerra cuando, al referirse a Zaragoza, la llamaba «Beirut», tantas y tan incesantes eran las peleas entre los distintos clanes del partido, familias y tribus orgánicas encabezadas por líderes en constante pugna por alcanzar puestos de decisión. A pesar de todo, tras el Congreso Extraordinario del PSOE celebrado en junio de 1996, fui nombrado presidente de la Ejecutiva regional.

El 10 de noviembre de 1997 se produjo el terrible suicidio del senador Carlos Piquer. Carlos fue empujado injustamente a la muerte por sus enemigos políticos al no poder soportar la presión a la que estuvo sometido desde diciembre de 1996, al aparecer en un sumario sobre una mafia policial en el que se vertían acusaciones sobre la incitación al consumo de drogas a una prostituta y el abono de sus servicios con una tarjeta del grupo socialista. Lo sentí porque le tenía afecto.

Un mes más tarde se celebró el congreso de los socialistas de Aragón, donde el secretario de organización federal impuso una candidatura única, en la que volví a ser elegido presidente del partido e Isidoro Esteban, secretario general. En este congreso se decidió que para la elección de los candidatos a la presidencia del gobierno regional y a las capitales de provincia se acudiera a un proceso de elecciones primarias, un sistema que también se había establecido para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno de España en la siguiente convocatoria electoral.

Poco después se celebraron las elecciones primarias para elegir los candidatos a la alcaldía de Zaragoza y a la presidencia de Aragón para las elecciones de 1999. En paralelo, para el PSOE la cuestión esencial seguía siendo la sucesión ordenada de Felipe González.

A la presidencia del gobierno regional se presentaron Isidoro Esteban y Marcelino Iglesias, y a la alcaldía de Zaragoza nos presentamos Carlos Pérez Anadón y yo. Los resultados de Zaragoza fueron claros (obtuve el 58 % de los votos y Pérez Anadón, el 42 %). Más controvertidos fueron los de la presidencia de Aragón. Seis horas después de cerrar las urnas, el secretario de organización regional puso de manifiesto que hasta que no se reuniera la Comisión de Garantías federal no se conocería el resultado definitivo. Finalmente, la Comisión proclamaría la victoria de Iglesias por un 50,88 % de los votos frente a un 49,22 % de Esteban. Pese a lo ajustado de la votación, debo constatar y elogiar el papel que Marcelino Iglesias ejerció durante su mandato a la hora de pacificar las levantiscas tribus orgánicas del partido y, sobre todo, de ejercer la presidencia de Aragón con rigor, entereza y seguridad política. No es un mérito menor el haber logrado algo que parecía imposible: que el Gobierno de Aragón y el de Zaragoza tuvieran una relación institucional más que satisfactoria, gracias a lo cual la Expo y la Plataforma Logística-Zaragoza (PLAZA) fueron dos éxitos memorables.

Celebradas las elecciones autonómicas y municipales en junio de 1999 (donde mi grupo, que partía con seis concejales, obtuvo diez), Iglesias se convirtió en presidente de Aragón tras el pacto con el PAR, pero ese acuerdo no se trasladó al Ayuntamiento de Zaragoza, donde de nuevo sería elegida alcaldesa Luisa Fernanda Rudi, que ocupó el cargo hasta su renuncia en el año 2000 para ser elegida presidenta del Congreso de los Diputados, un cargo de tal calado, que aunque su poder era más simbólico e institucional que real, resultaba imposible rechazarlo. La sucedió su teniente de alcalde, José Atarés, con quien mantuve una afectuosa relación personal hasta su triste fallecimiento. Cuando fui alcalde, propuse que una de las principales avenidas de la ciudad llevara su nombre.

En el congreso del partido de Aragón del año 2000, Marcelino Iglesias fue elegido secretario general, cargo que ocupó hasta 2012, cuando Javier Lambán, a la sazón presidente de la Diputación, le sucedió. Cuando escribo estas líneas Javier se prepara para afrontar con éxito su tercera legislatura. No fuimos amigos, pero sí compañeros que se respetan y valoran. De trayectoria menos conocida, Lambán ha sorprendido a todos ejerciendo la presidencia de Aragón con mayor acierto del que muchos pronosticaban.

20

Aterrizaje en Zaragoza

La primera campaña electoral a la alcaldía fue una tarea difícil para alguien como yo, nacido en Aragón pero sin vínculos directos con la ciudad. Cierto es que había sido elegido diputado por el PSOE por la provincia de Zaragoza y mantenía viva la relación con la capital aragonesa, pero ser candidato exige una integración muy fuerte con la ciudad y tuve que dedicar un gran esfuerzo personal y político para conseguir los objetivos que me proponía.

Empezamos por instalar una oficina en la céntrica plaza de Santa Cruz, lejos de la sede del partido, con la intención de lanzar el claro mensaje de que queríamos abrirnos a un electorado más amplio. Debo reconocer que mi oficina de candidatura durante unas semanas a punto estuvo de servir como base para otra candidatura: la pugna por las primarias nacionales dentro del PSOE que se convocaron en 1998 y que ganó Borrell. Durante unos días vivimos pendientes de su decisión, pues Josep dudaba si presentarse o no contra Almunia. Si no lo hubiera hecho, con toda seguridad yo me habría planteado seriamente dar el paso.

La oficina electoral se ubicaba en las dependencias de un edificio histórico que no lograban alquilar debido a su escasa iluminación. Durante unos meses lo utilizamos a cambio de un módico precio y con muebles prestados o donados por simpatizantes. Allí nació el proyecto de la Expo, que incorporamos al programa electoral como su eje central y del que hablaré más extensamente en los siguientes capítulos. Imaginamos que un evento de este calado podría impulsar todo un conjunto de transformaciones que modernizaran sus barrios y, en definitiva, que pusieran un potente foco sobre la ciudad, convirtiéndola en más verde, más transitable y más competitiva. Así, podía aspirar a hacer realidad una de mis obsesiones desde que fui diputado por Zaragoza: abrir la ciudad al magnífico, histórico río que la cruza, origen de su fundación, y abrirla también al resto de sus ríos. Justo como hizo Barcelona con sus Juegos Olímpicos del 92; en su caso, mirando de nuevo al mar.

Nuestra oficina electoral era muy singular por su composición humana. Integraba a destacados socialistas con una amplia trayectoria, como Fernando Gimeno o Emilio Comín, y con gente nueva, como Jerónimo Blasco, quien coordinó el programa electoral acompañado de un buen equipo de profesionales entre los que sobresalía Francisco Pellicer. Allí se gestaron asimismo varias tramas amorosas: la de Gimeno con nuestra responsable de prensa, Mercedes Gracia; la de Blasco con su incipiente novia, Elvira Fernández, y la mía con mi actual esposa Mari Cruz Soriano. Todos terminamos casándonos, y así seguimos hasta el día de hoy. Pero también nació entre nosotros algo sorprendente en la vida política: una gran amistad que hemos mantenido en el tiempo gracias al cariño y el respeto mutuo superando innumerables dificultades.

Nos pusimos a preparar con entusiasmo una campaña electoral innovadora en la que predominaba el contacto con grupos de toda índole de la ciudad: desde peñas, asociaciones empresariales y grupos profesionales diversos, sin obviar la asistencia a tertulias e incluso partidos de fútbol del Real Zaragoza.

Durante aquellos meses de campaña electoral vivía en un pequeño apartamento amueblado de los catalogados «para divorciados», céntrico, pero con una decoración fría e impersonal. De todos modos, tampoco pasaba mucho tiempo en él, pues mi dedicación a la campaña era absoluta. El hecho de no ser «de la ciudad de toda la vida», una crítica que tuve que arrastrar durante bastantes años, lo compensé con una entrega y un esfuerzo enormes, míos y de mis colaboradores. Recuerdo los tips que con frecuencia lanzaban mis adversarios electorales: «Belloch no es de la ciudad, ni la conoce», «Belloch está de paso, se irá», «Belloch no conoce la política municipal y no se ha implicado en ella»… Tantas veces recorrí todos los barrios de Zaragoza que en ocasiones tenía la sensación de haber saludado a las mismas personas varias veces. Lo más difícil fue lograr aprenderme bien el nombre de un nuevo barrio de la ciudad llamado Valdespartera, que me empeñé en denominar «Valdesparterra»… incluso después de ser alcalde.

A pesar de hacer una buena campaña, no conseguimos la alcaldía a la primera. Podríamos haberlo logrado, pero necesitábamos el apoyo de la Chunta Aragonesista, partido de izquierdas, a pesar de lo cual nos lo denegó. Tampoco tuvimos mucho respaldo del PSOE regional, inmerso en la batalla por la presidencia del gobierno regional, pero no tanto por el de la alcaldía. Los esfuerzos se centraron en el primero e Iglesias logró un sonoro cambio de pareja política del conservador Partido Aragonés, que dejó inopinadamente plantado al Partido Popular, lo que le permitió gobernar la Diputación General de Aragón con su apoyo.

Uno de los ejes fundamentales que sostuvo la campaña electoral de Luisa Fernanda Rudi era los permanentes intentos de descalificar al rival electoral. Y el argumento más utilizado era que yo procedía de la vida política nacional y que, una vez perdidas las elecciones, volvería a Madrid (cosa que ella hizo en cuanto José María Aznar la llamó para presidir las Cortes Generales). Creo que mi reacción la sorprendió, pues decidí apostar por Zaragoza y trabajar desde el lugar en el que los ciudadanos me habían asignado: el de líder de la oposición. Los votantes estimaron —y seguro que con razón— que no estaba lo suficientemente preparado para asumir la tarea de alcalde, y me sugirieron que volviese al septiembre metafórico de los siguientes comicios, que aprobé, sí, pero con mucho esfuerzo. El dictamen ciudadano me pareció justo y me apresté a llevar con entusiasmo e imaginación nuestro cometido.

No fue Rudi la única persona que se sorprendió por nuestras decisiones, las que tomamos juntos Cruz y yo. Marcelino Iglesias vino a cenar a mi recién estrenada casa. Seguro que su intención fue mejorar nuestras relaciones personales y políticas, cosa que logró ampliamente, pues, tantos años después, somos muy buenos amigos. Pero además le sirvió para llegar a la conclusión de que mi decisión de quedarme en Zaragoza era firme, según comentó después un amigo común. Su sentencia fue, y copio literalmente: «Juan Alberto ha venido a quedarse y hay que tenerlo en cuenta de cara a próximos acontecimientos electorales y políticos». Un jardín plantado con azadilla labriega en terreno pedregoso y la abigarrada presencia de libros, cuadros y recuerdos le bastaron a Marcelino para comprender que mis raíces en Zaragoza serían profundas. Ah, y también dos pianos de tal envergadura (uno se quedó en Zaragoza y el segundo viajó al Matarraña tras arduos transportes y esfuerzos) que solo por no tener que moverlos de nuevo, ya teníamos argumentos sobrados para que propios y extraños comprendieran nuestra decisión inamovible, nunca mejor empleado el término, de quedarnos para siempre en esta tierra.

La culpa de mi acertada decisión estuvo bien repartida entre los miembros de mi equipo, especialmente de Fernando Gimeno Marín, mi número dos en la política municipal; fue también eficaz vicealcalde de Zaragoza y el consejero que llevó las finanzas del ayuntamiento tanto en tiempos de vacas flacas como en otros especialmente difíciles, incluyendo las ingentes de la Expo. Fernando tiene muchos méritos; uno de ellos, y no menor, fue el de administrar los recursos con tal claridad y pulcritud que nadie del equipo de gobierno tuvo que pasarse por un juzgado. Gimeno siempre fue mi jefe «orgánico» y no nos fue mal, especialmente cuando abandonamos las estériles y sempiternas peleas de partido y nos dedicamos únicamente al Ayuntamiento de Zaragoza, que era el trabajo para el que nos habían nombrado los ciudadanos.

A Jerónimo Blasco, alma mater de la Expo, lo bauticé con el alias de «Messi» por sus indudables dotes para el recorte y para meter buena cantidad de goles al adversario. Estaba demasiado preparado para ser un político de éxito, demasiado hábil como para pasar desapercibido y demasiado apresurado en demostrar su inteligencia aunque fuera evidente. Siempre ha querido ser alcalde de Zaragoza y tiene buenos argumentos para justificar su pretensión. Desde luego, da la talla. Cuando se acabe la dictadura injustificada de la juventud, aún podría aspirar a intentarlo. Yo, en su caso, no tiraría la toalla.

Carlos García Palacián fue mi segundo jefe de gabinete, pues se incorporó más tarde, gracias a que detecté su presencia en los excelentes artículos de prensa que se atribuía un concejal pero que no podían estar escritos por él. Carlos fue decisivo para lograr el objetivo de que todos tuviéramos conocimiento cabal de la marcha de los asuntos importantes que se cocían en el ayuntamiento, pues nadie lo conocía por dentro tanto y tan bien como él. Entre otros menesteres, debía garantizar que los consejeros no le ocultaran al alcalde ninguna información relevante o significativa; también le incumbía mediar entre los consejeros cuando surgía alguna contradicción o confrontación interna, y era de su competencia ser el último filtro de legalidad de cualquier documento sometido a la firma del alcalde. Era, en definitiva, un consuelo inteligente en los momentos difíciles y siempre un amigo entusiasta y creativo (su mujer y la mía no solo comparten nombre, sino también una gran amistad).

Francisco Catalá fue un espléndido representante del solar mediterráneo valenciano en el equipo. Puso el buen humor que tanto apreciábamos en días grises, que los hubo y en cantidad.

Mercedes Gracia Aldaz, mi querida jefa de comunicación, sufrió penas y quebrantos en su intento (no siempre logrado) de normalizar las relaciones con los medios de comunicación, especialmente con el Heraldo de Aragón. Entre otras cosas, Mercedes fue imprescindible para intentar que saliera sonriendo en las fotos —misión casi imposible— utilizando el truco de contarme un chiste en el último momento. Mercedes, nuestra Mer, apasionada zaragozana y trabajadora incansable, se dejó la piel en su tarea con una profesionalidad, una amistad y una lealtad que siempre le agradeceré.

Susana Soler Lasobras, mi gentil secretaria desde los primeros tiempos inciertos de la oposición, allá en la plaza Santa Cruz, tan inteligente como competente, fue la persona que me orientó el día a día de las farragosas agendas llenas a rebosar de datos, miles de citas y actividades siempre con acierto y diligencia; era insustituible. Además, en los últimos tiempos ha ejercido de traductora de estas páginas, trasladando la enrevesada letra de mi manuscrito a un texto entendible. Muy pocas personas han sido capaces de desentrañar los indisciplinados caracteres de mi atroz escritura. Tras su partida, le sucedió en el puesto de trabajo, también en calidad de secretario, Luis Sala. Lo había sido antes con Marcelino Iglesias, y fue una excelente recomendación que me hizo.

José Carlos Arnal, sereno y versátil, puso su indudable talento en la mayor parte de los discursos que me tocó pronunciar a lo largo de mis mandatos. Hubo un momento en el que el grado de coincidencia entre sus ideas y las mías era tan intenso y fiel que a veces llegaba a pensar que yo era quien había escrito el discurso. Nunca un «negro» fue tan inteligente, blanco y apreciado.

Y, por supuesto, Mari Cruz, mi mujer, sin cuyo carácter vital y extrovertido no hubiera podido soportar el grado de tensión que mi trabajo comportaba. Siempre me ayudó, entre otras cosas, a establecer vínculos con las personas, cuestión en la que no soy muy ducho, participando en mis campañas electorales y en todas y cada una de mis actividades.

CUATRO AÑOS EN LA OPOSICIÓN

Fueron cuatro años en la oposición un tanto surrealistas, ya que los dos concejales del PAR nos apoyaban y, junto con los restantes partidos de izquierdas, contábamos con una mayoría tal que pudimos desarrollar muchos planes, haciendo incluso los Presupuestos y liderando la reforma del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

Mi relación personal con el resto de los grupos políticos fue buena en esa época. En concreto, fue excelente con el portavoz del PAR, Manuel Blasco, con quien he conservado una entrañable amistad asentada en el terreno personal, más allá de las legislaturas en las que gobernamos juntos, donde su labor fue magnífica. Con la alcaldesa Rudi, por su carácter distante, resultaba más complicado tener unas relaciones de mutua colaboración, pero debo decir que nos llevamos razonablemente bien. El tono general con todos los concejales era cordial y el buen ambiente reinaba en las habituales cenas navideñas o por cualquier otro festejo, ya que todos nos esforzábamos en evitar ataques políticos personales.

Dentro del grupo municipal socialista las relaciones eran igualmente agradables. Hice un curioso y novedoso reparto de papeles con Jerónimo al crear la figura del presidente del grupo, que asumí, separándola de la figura de portavoz, que sería para él. Esto me permitía intervenir en la consecución de los grandes temas de la ciudad, dejándole a él y al resto de los concejales socialistas la labor política diaria. Y tan bien funcionó, que más adelante esa misma estructura fue imitada por otros partidos.

Nuestro objetivo era conseguir la alcaldía, lo teníamos claro. De hecho, estuvimos a punto de presentar una moción de censura un año y medio antes de las elecciones, pero la dirección del PAR no la autorizó. Y en interés de la ciudad, pero también para prepararnos el camino para cuando gobernáramos, impulsamos dos iniciativas de envergadura, aunque poco ortodoxas estando en la oposición.

La primera fue, como se ha dicho, impulsar el proyecto de la Expo y todo el plan de transformación de la ciudad que lo acompañaba, modernizando Zaragoza, abriéndola a sus cauces de agua, cerrando los cinturones e impulsando un transporte sostenible (tranvía y carriles bici), un nuevo aeropuerto, una nueva zona empresarial, la llegada del AVE con la transformación del entorno urbano —incluida la Milla Digital— y un sinfín de iniciativas más. Pero no era tarea fácil estando en la oposición, ya que la alcaldesa rechazaba los proyectos tachándolos de «fantasiosos». Hubo varias circunstancias que ayudaron a lograr que todo el ayuntamiento asumiera el proyecto. Para empezar, contamos con el apoyo de José María Mur, líder del PAR y presidente de las Cortes de Aragón, un gran aliado por sus dotes de mediación que fue capaz, con nuestra ayuda, de convencer al PP y a la alcaldesa de que debían apostar por presentar la candidatura. También nos ayudó mucho que el secretario general de la Organización Internacional de Exposiciones (BIE, por sus siglas en francés), Vicente González Loscertales, fuese español, de familia aragonesa, además de persona inteligente y con grandes cualidades humanas. Para mantener la llama encendida apoyamos a una asociación ciudadana que lideraba un arquitecto zaragozano, Enrique Miret, y nuestro Paco Pellicer, profesor de Geografía. Ambos contribuyeron decisivamente al impulso social y mediático del proyecto, manteniendo su energía especialmente hasta la creación del Consorcio Pro Expo. Por otro lado, mantuvimos una negociación directa y personal con la alcaldesa en la que asumimos apoyar en paralelo la celebración del bicentenario de los Sitios, así como la traída directa de aguas del Pirineo, obra impulsada por el Gobierno central, a cambio de contar con su apoyo para nuestro proyecto expositivo. Debo confesar que no nos costó nada apoyar este último al ser un proyecto iniciado por nuestro querido amigo, el ecologista y urbanista histórico Mario Gaviria, que impulsó decididamente nuestra candidatura e ideas.

Nuestra segunda gran iniciativa desde la oposición fue la extensa revisión del Plan General Urbanístico de la ciudad, con la condición de que incluyera los grandes proyectos de transformación urbana incluidos en nuestro programa que acabo de mencionar. Estábamos convencidos de que íbamos a gobernar en la siguiente legislatura y preferíamos tener el planeamiento urbanístico ya adaptado para no perder los muchos años que cuesta tramitar su revisión general. Sin duda ofrecimos una victoria política al PP, y la aprobación llegó con el nuevo alcalde, José Atarés. Su llegada mejoró todavía más el clima político de la corporación municipal.

Para que nuestra Expo estuviera a punto en 2008, no solo necesitábamos el apoyo del nuevo alcalde, sino también del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. Mi buena relación con el ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy, facilitó mucho las cosas. La tradicional buena entente entre los exministros del Interior ayudó a que se formalizara nuestra candidatura ante el BIE en tiempo y forma.

Atarés era un rival más sólido que Rudi, pues, como persona afable y, como decimos en Aragón, «rocero», fue creciendo en popularidad, lo que nos hizo temer por nuestra ansiada alcaldía. Afortunadamente, el Gobierno de Aznar se empeñó en aprobar el trasvase del Ebro hacia el Levante español, y eso en Aragón se consideró un monumental agravio. Atarés no se atrevió a confrontar esta decisión poniéndose a la cabeza de la gran manifestación contra el trasvase, lo cual probablemente le costó la alcaldía. Nuestra postura, en armonía total con el Gobierno aragonés que presidía Marcelino Iglesias y con la posición del partido, con Cristina Narbona de responsable orgánica de Agua y Medio Ambiente, fue decisiva.

Recuerdo especialmente la contestación ciudadana rotunda en el arranque de las fiestas del Pilar. Atarés recibió una pitada monumental por su apoyo al trasvase. Dos o tres concejales lograron llevar escondida (a saber dónde) una pancarta contra el trasvase y la colocaron en pleno pregón a pesar de los intentos de la Policía Local por impedirlo. Esa era, a la manera aragonesa, la irreductible posición sobre el bien más preciado tradicionalmente en el secano de nuestros campos: el agua.

MI MATRIMONIO CON MARI CRUZ

Un acontecimiento personal marcó aquella época: mi matrimonio con Mari Cruz. El enlace tuvo lugar en Zaragoza el 19 de diciembre de 2002, un año antes de la cita electoral.

La ceremonia se celebró en el Salón de Recepciones del ayuntamiento de la ciudad y el oficiante fue el entonces concejal Jerónimo Blasco, al que yo mismo había casado unos meses antes. Sus palabras fueron muy emotivas, destacando en ellas las grandes dificultades que habíamos tenido que atravesar los dos para llegar a ese momento.

Además de miembros de nuestras familias, estuvieron presentes algunos de nuestros mejores amigos: Luis María Anson; Paloma y Francisco Segrelles; Fernando Escribano y Asun, su mujer; Gimeno; el maestro Tomás Vives y Cande, su esposa… Por la parte de Ferraz acudió Pepe Blanco con un precioso juego de café de Sargadelos que aún hoy se conserva completo milagrosamente. No fue una boda ostentosa, pero sí muy entrañable al tener a nuestro lado a las personas importantes afectivamente para nosotros. Como en todo enlace que se precie, hubo abrazos, lágrimas, niños cortando la tarta y mucha alegría. Me gusta recordar que cuando José Barba, nuestro conductor y, a la sazón, policía nacional, uno más en mi casa, aparcó nuestro coche frente al edificio consistorial, decenas de zaragozanos, desafiando la lluvia que no cesó en todo el día (un buen augurio), se acercaron para darnos su cariñosa felicitación, la cual correspondimos, emocionados, devolviéndoles el saludo.

La cena fue ofrecida por el restaurante del fluvial Club Náutico, la mejor terraza mirador a orillas del Ebro. Escogimos este lugar por evidentes motivos simbólicos. ¿Qué mejor sitio para dos enamorados que el río, que además era el motivo central de nuestra Expo, justo enfrente del ayuntamiento de Zaragoza y al lado también de la basílica del Pilar, con esa Virgen que hasta los comunistas aragoneses respetan y de la que yo esperaba toda clase de ayudas?

Acudieron muchos medios de comunicación y he de decir que nos trataron con respeto y afecto. Un día antes de la boda, Cruz y yo escuchamos en la radio del coche al periodista Carlos Herrera relatar en su programa el copioso menú que, a la manera aragonesa, habíamos encargado, quizá extrañado por la total ausencia de productos light. Como curiosidad, diré que una importante revista del corazón nos ofreció una fuerte suma de dinero si concedíamos la exclusiva. La rechazamos, por supuesto, porque las fotos iban a ser de libre acceso para todos los medios que acudieran al enlace. En particular, nos solicitaban una fotografía en la que debería aparecer Cruz sentada al piano y yo de pie a su lado. Nos divertimos mucho imaginando la escena, más parecida a la de un daguerrotipo del xix o de las páginas más cursis de la prensa rosa, tan alejada de nuestra manera natural y relajada de andar por casa y por la vida en general.

Teníamos necesidad de respirar después de unos días bastante agotadores y esa misma noche abandonamos la fiesta para escapar de madrugada a Valderrobres, un pueblo de Teruel del que no teníamos más referencia que la que nos proporcionó el empresario Ángel Luengo, viejo amigo de la familia de mi mujer. Buscábamos un elegante y pequeño hotel, La Torre del Visco, pero la suerte quiso que se extraviara la dirección en algún cajón, así que preguntamos a varios amigos turolenses hasta que alguno recordó el nombre del alojamiento. Sin más datos, y escoltados por la Policía, desembarcamos avanzada ya la noche de bodas en una oscura masía, sin reconocer en la humilde decoración señales del glamour anunciado. A la mañana siguiente, abrimos las ventanas y vimos con sorpresa que ante nosotros desplegaban sus encantos un buen número de patos y gallinas. La calefacción no había funcionado en toda la noche, lo que honradamente no supuso ningún contratiempo, así que fuimos al comedor un tanto desorientados. Allí nos esperaba un contundente desayuno «a la aragonesa» que nos había preparado la dueña de la casa y que consiguió congraciarnos con la extraña situación. Una sencilla mesa de madera llena de platos exquisitos, carnes, pescados, huevos de nuestras nuevas amigas, zumos, tartas y un excelente champán casero, todo ello dispuesto triunfalmente ante una chimenea ardiente, nos dio la bienvenida. En otra mesa más alejada estaban sentados los dos policías que nos acompañaron en toda la escapada... Éramos los únicos cuatro huéspedes. Y como a la felicidad todo le va bien, bajamos al pueblo para comprarnos dos gruesos pijamas del siglo anterior y dedicarnos a descubrir la salvaje belleza de unos parajes de los que nos enamoramos inmediatamente, hasta el punto de que esa misma noche, al volver al Mas del Pi, mi mujer ya había encontrado su casa fundacional. Habíamos decidido vivir en Valderrobres. Aun así, yo voy más allá, nunca mejor dicho, pues quiero pasar allí el resto de la eternidad, cuando llegue el momento. Durante los siguientes siete años, las robustas piedras de sus muros centenarios de nuestra casa, que fuimos restaurando pacientemente con la ayuda de Enrique Monserrate, un sabio albañil y agricultor, cobijaron y dieron cumplida satisfacción a la enorme necesidad de apartarnos del bullicio para disfrutar de su belleza y de nuestra compartida soledad. Nos había tocado descubrir y disponer de todo un paraíso.

GANAMOS LA ALCALDÍA

Regresamos al trabajo, ya recuperado el ritmo habitual, y llegó el momento de hacer las listas electorales. El partido me apoyaba para seguir encabezando la del Ayuntamiento de Zaragoza, pero la composición de la lista fue, de nuevo, muy problemática. Para volver a encabezarla se me exigía como condición inapelable que «ninguna de las personas de mi confianza estuviera en ella». Los reuní en casa y analizamos este impedimento. Si se lograba la alcaldía, estaríamos en condiciones de reconducir la situación, y así lo acordamos. Fernando Gimeno asumió la jefatura de mi gabinete, Paco Catalá fue a parar a las listas de las Cortes de Aragón y Jerónimo Blasco aceptó la gerencia del Consorcio de la candidatura de la Expo.

La lucha orgánica con los barones locales del partido fue constante en aquellos años. La pugna con Carlos Pérez por ser alcalde marcó mi época en el ayuntamiento, y tal fue su empeño en que no repitiera, que utilizó su mayor implantación en las agrupaciones del PSOE para intentar lograrlo, lo que nos obligó a dedicar algún tiempo —no demasiado— a las pequeñas y engorrosas luchas intestinas.

Las primarias, no solo en Aragón sino en toda España, reflejaban más que una cuestión ideológica (democracia interna y apertura a la sociedad), una cuestión de poder orgánico. Todos sabíamos que las bases de los partidos tienen, en la mayoría de los casos, una mala opinión de sus jefes. De hecho, la peor recomendación que puede tener un candidato aspirante a cualquier cargo público es que sea identificado con «el candidato del aparato». Siempre gana la candidatura renovadora, salvo casos excepcionales, y quien aspire a ganar no tiene otro remedio que apuntarse, aunque sea corriendo, a la renovación. Ser jefe de lo que sea hoy resulta muy gravoso e incómodo. Ya no vale el reservado en el restaurante con los cuatro jefes tribales reunidos en una mesa para decidir quiénes tienen derecho a intentar ganar y quiénes no lo tienen. En mi caso, debo a las primarias el haber podido participar en la política municipal. En su mayoría, los jefes orgánicos de Zaragoza no eran partidarios de que yo continuase haciendo política en activo por muchas razones; entre ellas, que mi equipo y yo representábamos un duro tapón difícil de extraer que limitaba la progresión y el ascenso de otros aspirantes, empezando por quienes deseaban ardientemente ser alcaldes. En estas circunstancias era evidente que mis posibilidades de ser candidato se cifraban únicamente en las primarias. Logrado ese objetivo, nuestra victoria no era problemática, pues representábamos la renovación. Así ganamos por casi veinte puntos de diferencia al otro rival.

La campaña de 2003 necesitó de toda mi implicación, a pesar de una dolorida espalda que jamás ha dejado de recordarme su presencia. Actos sectoriales presentando iniciativas y visitas a todos los barrios de la ciudad fueron de nuevo una constante. Mi entusiasta mujer me acompañó a casi todos, y resultó ser un verdadero activo electoral dada su popularidad; tanto fue así, que a veces daba la impresión de que venían más por ella que por mí. Creo que también ayudaba el morbo de ver juntos a un juez y alcalde socialista con una periodista y pianista muy conocida, pues acababa de dejar la dirección de La Tarde de la COPE, un espacio de radio que contaba con el capital de haber disfrutado de una gran audiencia, para trasladarse a Zaragoza. Los militantes y simpatizantes socialistas nos veían con una mezcla de cariño y curiosidad. No éramos una pareja convencional.

En esta segunda ocasión en que me presentaba a las elecciones municipales ganamos de nuevo, pero esta vez sí íbamos a gobernar. Habíamos conseguido recuperar gran parte de la confianza de los zaragozanos después de la gran caída de votos que sufrió el PSOE tras el periodo de Triviño en la alcaldía, quien dilapidó la magnífica herencia del primer alcalde socialista de la democracia, Ramón Sainz de Varanda. Tan solo la grave enfermedad que acabó con su vida en 1986 lo apartó de sus obligaciones.

Conseguimos la alcaldía gracias a que nuestros votos dieron para doce concejales, más los dos del Partido Aragonés Regionalista; la Chunta Aragonesista, un partido de izquierdas, consiguió seis concejales. Como entonces era un convencido de la eficacia de un gobierno plural, propuse a la CHA y al PAR formar un gobierno municipal a tres, pero la CHA se abstuvo, negándose sus dirigentes a gobernar junto al PAR. Sin embargo, una vez iniciado el nuevo mandato, aceptaron integrarse. Quizá el dato más relevante de ese primer gobierno municipal sea que las competencias de urbanismo las asumiera Antonio Gaspar, de la Chunta, precisamente para evitar las críticas de sus militantes ante tan controvertida concejalía. En el pasado, los responsables socialistas en este ámbito no siempre habían tenido una actuación ejemplar, y yo confiaba plenamente en la honradez y la eficacia de Antonio en esta materia tan espinosa. Lo que no evitó esta decisión fue la reacción negativa de la derecha empresarial y mediática.

Con Gimeno desde el gabinete de la alcaldía encajamos todas las piezas para un gobierno municipal construido sobre la base del eje PSOE-CHA y el apoyo del PAR, que tuvo siempre un comportamiento intachable en las delegaciones que asumió con Manuel Blasco al frente.

En estos días en que la ciudad se prepara para unas nuevas elecciones, aprovecho para agradecer a dos de sus contendientes una serie de gestos importantes. A Lola Ranera, que se presenta para ser elegida alcaldesa en competición abierta contra la alcaldesa designada por el anterior alcalde del Partido Popular, Jorge Azcón, quien me concedió la Medalla de Oro de mi ciudad, un privilegio escaso entre sucesores y rivales, lo que habla bien de su generosidad y la de todos los restantes grupos políticos que apoyaron sin fisuras su concesión. Pocas cosas me han hecho tan feliz en mi vida profesional. A Lola le deseo la mejor de las fortunas en su empeño de ganar la alcaldía para el PSOE. Si lo logra, seguirá siendo la mujer trabajadora, tenaz y honrada que demostró ser en los muchos años en que trabajó en mi equipo. Y si no, también pues tiene todas las cualidades que hacen de ella un espléndido ejemplo de lo que significa ser política.

21

El camino hacia la Expo

Nunca pensé que un proyecto pudiera marcar tanto mi vida política e incluso personal. Visto con perspectiva, era una quimera. ¿Cómo nos atrevimos a pensar que una ciudad del tamaño y la trayectoria de Zaragoza pudiera conseguir organizar un evento internacional como la Expo 2008? Sin duda no resultaba fácil lograr un acontecimiento internacional de semejante envergadura al que concurren cada año decenas de ciudades de todo el mundo con la esperanza de lograr prestigio y fondos para acometer reformas decisivas. Sin embargo, hicimos bueno aquel dicho de que «como no sabía que era imposible, lo hizo». Entre la preparación, la gestión y la etapa posterior a la Expo, este proyecto marcaría las cuatro legislaturas en las que permanecí en el Ayuntamiento de Zaragoza, la primera en la oposición y las tres restantes gobernando.

El proyecto nació durante la primera campaña electoral a la alcaldía, y ya desde la oposición no tardamos en impulsar la creación del Consorcio para promover la candidatura de la Expo, con la presencia del Gobierno aragonés, la Diputación Provincial y las Cortes de Aragón. El Gobierno central, que en un primer momento se abstuvo de entrar en la organización hasta que lográramos ser elegidos, cosa que ocurrió en 2003, por fin formalizó la candidatura ante el BIE, asumiendo el compromiso de su ejecución. En este proceso fue fundamental el apoyo decidido de los medios de comunicación, en el que tuvo mucho que ver el clima social de la ciudad, que fue creciendo en expectativa e ilusión.

Todos tuvimos claro desde el principio que la Expo debía funcionar como motor de un ambicioso Plan del Ebro. A finales de los años noventa hubo reacciones a la propuesta muy diversas, pero, en general, críticas o sarcásticas. Así, Santiago Lanzuela, entonces líder del Partido Popular, rechazó sin ambages el proyecto alegando que podría perjudicar otro igual de importante, el de Jaca Olímpica. Incluso, para desprestigiarlo, se le llamó «Puerto Belloch» (como Puerto Banús).

Luisa Fernanda Rudi, en su programa municipal de 1999, se limitó a plantear la conveniencia de conmemorar el bicentenario de «Los Sitios de Zaragoza», a mostrar su solidaridad con Jaca y a subrayar que este tipo de exposiciones internacionales eran discutibles pues no aportaban relevancia a la ciudad. Por lo tanto, se oponía a la propuesta de una Expo para Zaragoza y proponía como alternativa propia solicitar a la UNESCO el título de «Ciudad de la Paz». Después cambió de opinión.

El PAR propuso en su programa electoral como objetivo el que Zaragoza fuera designada «Capital Europea de la Cultura». En aquel momento era imposible porque en 2008 no le podía corresponder a España dado el sistema de turnos que preveía la Unión Europea. Y la CHA, por su parte, ni siquiera mencionó el tema en su programa electoral.

Por todo ello, me veo obligado a dejar constancia de que no es cierto que todos los partidos apostaran en 1999 a priori por la celebración de una Expo. Las adhesiones se fueron produciendo poco a poco, hasta lograr la unanimidad. Es verdad que el marco más idóneo para que prosperara nuestro programa no era el de una campaña electoral. Era preciso sustituir la lógica de confrontación partidista por la lógica de entender el proyecto como una «cuestión de Estado» municipal, autonómica y nacional de España. Un salto este último bastante complejo para el que fueron decisivos, en un primer momento, la presencia y el apoyo de Mariano Rajoy (como ya he mencionado), de Javier Arenas y, posteriormente, del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Como digo, debía ser un proyecto de todos y teníamos que corregir nuestro rumbo. Y así, de la polémica y del escepticismo, lo que era un proyecto de partido se convirtió en un proyecto de ciudad. Este tránsito fue posible gracias a un acuerdo más amplio, al que me referiré posteriormente, con la alcaldesa Rudi.

Con Marcelino Iglesias fue muy fácil llegar al acuerdo de reparto de funciones entre ayuntamiento y gobierno regional. En caso de ganar las elecciones, la Diputación General gestionaría la PLAZA y el consistorio, la Expo 2008.

SIETE BATALLAS PARA DAR FORMA A LA EXPO

Teníamos que recuperar los ríos para la ciudad y la ciudad para los ríos. El Ebro tenía que ser nuestra calle Mayor. Su limpieza y rehabilitación integral fue la premisa para convertir sus orillas en zonas de ocio, de paseo y de comercio.

La segunda batalla era recuperar las calles para las personas. Zaragoza debía ser una ciudad amable para el paseante. Debían prevalecer los ciudadanos sobre los vehículos, y para ello había que acudir (como así se hizo) a la peatonalización siempre que fuese posible, especialmente en el casco urbano.

La tercera, recuperar el casco histórico. Además de las políticas tradicionales de rehabilitación integral, las nuevas tecnologías podrían convertir la zona en un foro de comunicación y de conocimiento, permitiendo un cambio en la composición sociológica y demográfica de su población.

La cuarta fue recuperar y dar un nuevo impulso al urbanismo ecológico. Esto supuso, entre otras cosas, el apoyo firme a las energías alternativas (solar y eólica) y la construcción de viviendas con criterios de ahorro energético, sobre todo en la vivienda nueva y de protección oficial. Así sucedió con la construcción de 4.000 viviendas en el parque Goya y de 10.000 en Valdespartera.

La quinta, recuperar una auténtica Milla Verde, que supuso asumir como propios los espacios abiertos y vacíos para evitar la especulación y el crecimiento desordenado, así como revalorizar las zonas esteparias próximas a la ciudad y a los huertos tradicionales.

La sexta batalla fue proteger un espacio para el descanso, evitando la contaminación acústica y lumínica.

Y la séptima era recuperar el espíritu de la buena gestión medioambiental, para lo que fue preciso sustituir el despotismo por el compromiso común de la responsabilidad.

La Expo sirvió para propiciar la creación de nuevos espacios naturales que hoy disfrutamos, especialmente en el meandro de Ranillas y en su entorno. Este objetivo se cumplió de manera satisfactoria con lagos, la restauración de los Sotos de Ribera, zonas de observación de aves, el azud, sistema de defensas frente a los riesgos de inundación por riadas del río y el propio Parque del Agua. Para todo ello se puso en marcha la mayor operación de inversión pública en la historia de la ciudad, amén de una espectacular inversión privada que triplicó la pública.

La Expo constituyó uno de los mayores planes de transformación y desarrollo medioambiental afrontado por una ciudad europea. Dos tercios del presupuesto estuvieron dedicados a crear un entorno sostenible de integración entre la ciudad, el río y el medio ambiente. Con respecto a un supuesto gasto excesivo, y para situar la cuestión en su contexto, bastaría con recordar que todas las obras realizadas directamente por la Expo 2008 costaron menos que la tercera parte de las obras realizadas para la reforma de la M30 madrileña.

El punto de partida era y es la convicción de que la única forma de llevar a cabo la transformación de una ciudad es obtener financiación pública externa. El recientemente fallecido Pedro Solbes, entonces ministro de Hacienda, decía, medio en broma, medio en serio, que solo le interesaba una ley de artículo único que, de manera expresa, prohibiera en todo el territorio nacional la organización de esta clase de acontecimientos. Su experiencia le enseñaba que siempre el presupuesto era muy superior al inicialmente previsto. Para evitarlo, nombró miembros del Consejo de Administración a su secretario de Estado y a su subsecretaria, su verdadera mano derecha, y auténticos cancerberos presupuestarios.

El proyecto tenía un nivel de definición —incluso gráfica— bastante notable, hasta el punto de que el natural escepticismo, hasta cierto punto lógico, con el que fue recibido empezó a desaparecer con la credibilidad que otorgaba el hecho de que pudiera verse ya «dibujado» y con información suficiente para hacer creíble su viabilidad. Confirmamos, además, que el año elegido, 2008, coincidente con el bicentenario de los Sitios de Zaragoza, se adaptaba al calendario de la organización reguladora de estos eventos. No tuvimos que inventarnos nada, como hizo Pasqual Maragall, que tuvo que organizar un Fórum al haber prometido una Expo en un año fuera de calendario.

El 12 de diciembre de 2003 presentamos el proyecto ante el BIE en París. Llevaba por título «El Agua ZH2O». En mi discurso señalé sus bondades y fortalezas: «Zaragoza es la ciudad más influyente del valle del Ebro, porque conecta los ejes de desarrollo socioeconómicos más importantes de Europa meridional: el arco atlántico y el arco mediterráneo. Por ello hay que aprovechar su excelente posición geoestratégica y, sobre todo, su voluntad férrea de jugar un papel destacado en la red de ciudades especializadas en la sociedad del conocimiento». Añadí que merecíamos ser la ciudad organizadora de la Expo 2008, que nuestra última y mejor carta era «su gente: emprendedora, alegre, segura, acogedora y amable». Una ciudad abierta, en la que el número de voluntarios superó las 6.000 personas. En definitiva, sabíamos que ganaríamos la Expo sencillamente porque nuestra propuesta era la mejor.

La candidatura en París tuvo una puesta en escena sin parangón: la presentadora del acto, convertida en una gota de agua, descendía del techo junto con bailarines y malabaristas, con la incorporación de cinco personajes que simbolizaban a los continentes, y todo ello acompañado de distintos vídeos con imágenes singulares de presentación de la ciudad. Contamos con la baza infalible de Montserrat Caballé. Montserrat, querida amiga, admirada cantante con reconocimiento internacional, tenía lazos profundos con Aragón. Su marido, el tenor Bernabé Martí, era de un pequeño pueblo cercano a Calatayud, Villarroya de la Sierra, al que venían con frecuencia. El amor de Monserrat por esta tierra nos llevó a pedirle en 2007 que trajera a Zaragoza el Concurso Internacional de Canto que lleva su nombre. Durante nueve años se fueron incorporando a los escenarios del mundo centenares de nuevos talentos operísticos que llegaron a sus clases magistrales y salieron con importantes contratos. Los ambiciosos programas culturales que se desarrollaron en aquel tiempo tuvieron la valiosa aportación económica de unos empresarios muy vinculados a la ciudad a través del mecenazgo: la familia Villarroya, Eduardo y Jorge, propietarios de Industrias Químicas del Ebro, cuya decidida matriarca, Barbara Greschuhna, apasionada de la música clásica, no dudó en aportar la mayor parte del presupuesto anual del concurso.

Cuando Hacienda condenó a la diva a pagar una elevada multa, el ayuntamiento, en manos de Zaragoza en Común (ZEC), formación política vinculada a las mareas y Podemos, decidió no seguir adelante con el programa alegando que los defraudadores no tenían cabida en sus planes y que, además, su presencia «no tenía eco suficiente». A pesar de que el concurso carecía de peso en el presupuesto municipal y de que Monserrat nada tuvo que ver en la administración de sus ingresos, cosa habitual en su mundo, tan alejado de la frialdad del debe y el haber, encajó el golpe sin quejarse, aunque en aquel momento su economía tenía una gran dependencia de los ingresos llegados por esa vía.

Poco después, otro de los faros culturales que con esfuerzo pusimos en marcha desde el consistorio fue el Premio Internacional de Novela Histórica, también eliminado por el hacha sectaria de ZEC, cuando ya se había conseguido crear marca a base de años y prestigio. Se había convertido en una referencia cultural, un aliciente para los muchos adeptos que tiene el género, pues pasaron por la ciudad, entre muchos otros, Leonardo Padura, Noah Gordon, Lindsey Davis o Arturo Pérez-Reverte.

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¡Hemos ganado!

El proyecto de la Expo tuvo un serio contratiempo en la primera presentación ante la Asamblea General del BIE en competencia con las candidaturas de Trieste y Tesalónica. La fallida presentación fue el reflejo de una equivocada estrategia que dirigía todos sus esfuerzos en encontrar el apoyo interior, pero descuidaba completamente la búsqueda de los apoyos externos que debían hacernos ganar. Se imponía un cambio de rumbo: pacté con Mariano Rajoy que ellos elegirían al embajador que «vendería» la candidatura (y yo a Jerónimo Blasco como director del Consorcio Pro Expo). En el verano del año 2003, el Gobierno de José María Aznar designó dos diplomáticos para intentar conseguir el apoyo en países con voto en el BIE: José Manuel Paz Agüeras, el sénior, un funcionario con amplia experiencia en la carrera diplomática (que, junto a Blasco, formaron un buen equipo), y María Jesús Blanco Vázquez de Prada, más joven, pero con experiencia en la embajada de China y como cónsul adjunto en Nueva York. Por desgracia, María Jesús falleció en 2004 antes de ver el proyecto concluido.

No fue fácil conseguir los votos necesarios entre los países miembros del BIE para lograr la victoria; detrás de cada uno de ellos hubo un trabajo en el que todos los países involucrados hicieron valer sus influencias, su cultura, su peso económico y político y, desde luego, la bondad de sus respectivos proyectos. Sin embargo, la victoria de Zapatero en las elecciones generales de 2004 y la nominación de Teresa Fernández de la Vega como vicepresidenta nos aportaron sólidos apoyos al proyecto, que poco a poco se iba consolidando. También fuimos avanzando en la obtención de apoyos internacionales, imprescindibles para lograr la nominación. Noventa países debían elegir una de las tres candidatas y la diplomacia tendría un papel esencial.

Para conseguir la nominación de una Expo hay que lograr que los gobiernos de los países miembros (entonces 90, ahora 171) te den su voto. Es una decisión oficial de los estados, y ello conlleva un enorme trabajo para poder superar a los rivales, que en nuestro caso eran Italia y Grecia. Al principio de la campaña, la candidatura griega era nuestra primera preocupación, pero a medida que pasaba el tiempo el apoyo del Gobierno heleno fue remitiendo por los problemas económicos del país y el gran déficit que habían dejado sus Olimpiadas de Atenas. Respecto a Italia, en el último año el presidente Berlusconi había puesto un enorme empeño en ganar la competición. Nuestra ventaja inicial se fue acortando hasta el punto de constatar que la candidatura italiana se empezaba a imponer.

Conseguimos incrementar el compromiso del servicio exterior español. Nuestros embajadores pelearon voto a voto, incluso la Zarzuela y la Moncloa se implicaron de lleno en esta tarea. En todos sus contactos con dirigentes de países miembros del BIE incluían la solicitud de nuestro evento. El rey don Juan Carlos tuvo un papel primordial, especialmente en la captación de votos en los países árabes. Cuando, unos años después, Zapatero dejó la presidencia, supimos que en la despedida con el personal de su equipo les mencionó el alivio que sentía por no tener que seguir pidiendo los votos para Zaragoza.

Zaragoza también se involucró en la pelea sin descansar ni un solo fin de semana durante más de seis meses. Recibíamos constantemente a empresarios, periodistas y embajadores de los países con voto. En la estudiada recepción o en los almuerzos que les ofrecíamos participaban todos los grupos políticos en un ejercicio de consenso y generosidad digna del mayor elogio. La visita oficial a la ciudad de los delegados de los países miembros fue un gran acontecimiento para el que se movilizaron todas las instituciones, empresas, sindicatos, asociaciones y la ciudad entera, incluidos miles de entusiastas voluntarios que llenaron la plaza de toros, impresionando a los delegados. La ciudad en pleno hizo lo posible por causar una buena impresión a los diplomáticos que nos visitaron y a la delegación que hizo el tour de evaluación.

Los últimos días de campaña fueron frenéticos, y tanto el embajador Paz Agüeras como Jerónimo Blasco y el asesor Juan Correas se batieron el cobre para conseguir los votos necesarios, sobre todo con los que otorgaban los países del Caribe anglosajón, los latinoamericanos y los árabes, donde la competencia era especialmente dura.

Debo resaltar en este punto que conseguimos la totalidad de los votos de los países latinoamericanos y caribeños, incluida Argentina, que inicialmente votaba a Trieste, pero fue el Gobierno de España quien logró el cambio de opinión, y Brasil, por una gestión personal que hicimos mi mujer y yo con el presidente Lula da Silva. Por medio del embajador de España en Brasil, Josep Coderch, que mantenía unas relaciones muy afectuosas con el presidente, este nos recibió en su despacho un viernes por la tarde de 2004 y mantuvimos una larga y animada conversación, a pesar de que éramos la última visita de ese día. Antes de que iniciara su fin de semana y de que fuera al médico, pues padecía un molesto orzuelo, conseguimos el voto brasileño. Lula se refirió con cierta tristeza a las huelgas organizadas contra él por parte de sus compañeros de sindicatos para exigir la inmediata puesta en práctica de todas las medidas pactadas previamente; pensaba, no exento de razón, que olvidaban que los grandes cambios precisan de tiempo y reflexión, y añadió con una sonrisa divertida: «Eu fiz todas as grevas a que um homen ten direito». Nos preguntó sobre Felipe González, al que admiraba, y deduje que haber sido ministro en el último Gobierno de Felipe fue una de las razones por las que volvimos a casa con el voto de Brasil. Antes de despedirnos afectuosamente, el presidente Lula llamó a un ministro y le dio precisas instrucciones al respecto.

Asimismo, el voto de China fue bien trabajado por su entonces embajador en Madrid, con quien entablamos una afectuosa relación personal. El señor Qiu Xiaoqi, que hoy se encuentra en Sudamérica, nos invitó más tarde a conocer Yulin, su ciudad de origen, hoy hermanada con Zaragoza.

En el siguiente capítulo me extenderé en los agradecimientos, pero quiero aprovechar la mención al trabajo realizado en la candidatura para poner de especial relieve a una serie de personas cuyas conductas fueron sinceramente altruistas: los empresarios aragoneses Manolo Teruel, entonces presidente de la Cámara de Comercio, y Aurelio López de Hita, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME-Aragón), que en sus viajes comerciales o institucionales vendieron con entusiasmo nuestra Exposición Internacional. Y, por supuesto, deseo remarcar el incesante trabajo personal de la Oficina de la Candidatura, y citar expresamente a Purificación Sebastián, a Luis Ponz, a Lucía Mariño, a Paco Pellicer, a Ricardo Martín Tezanos en Comunicación y a Javier Carnicer en Protocolo.

UN MOMENTO INOLVIDABLE

Llegó el día de la votación en París, un inolvidable 15 de diciembre de 2004. Aunque confiábamos en nuestras posibilidades, sabíamos que Italia había hecho una campaña muy agresiva. Por otra parte, el hecho de que la votación fuera secreta introdujo un elemento adicional de incertidumbre.

El día anterior, el ministro italiano que encabezaba su delegación se aproximó a la vicepresidenta y se permitió transmitir su felicitación por la magnífica campaña que habíamos presentado, pero añadió una frase desafortunada: «… aunque todos sabemos que Italia va a ganar». Las caras de los nuestros se transformaron a pesar de que el director de la campaña nos aseguró que no era cierto y que la firme convicción de los italianos en su victoria se debía simplemente a que les habíamos hecho creer que tendrían los votos de algunos grupos de países con los que realmente no contaban.

En la primera votación cayó la candidatura griega, y aunque obtuvimos más apoyos que los italianos, ellos seguían mostrándose confiados en la victoria. Estaban persuadidos de que iba a funcionar su acuerdo con los griegos para un trasvase de votos en la segunda votación. También creían que un grupo de países caribeños, el CARICOM, cambiarían de bando en la siguiente ronda. Se equivocaron en ambos casos, pues teníamos fuertes pactos que ellos desconocían.

Tras una larga espera, desde la mesa presidencial Wu Jianmin anunció por fin el veredicto: Zaragoza había sido elegida con 57 votos frente a los 37 de Trieste.

Querido lector, te aseguro que ese fue el momento más emocionante de toda mi vida política.

La alegría se desató en nuestra delegación y a muchos kilómetros de París, en la gran plaza del Pilar de Zaragoza, que se encontraba abarrotada siguiendo en directo la votación en la Cadena SER, con Gemma Nierga, que dio a conocer, emocionada, el resultado. Una gran fiesta hasta altas horas de la noche mantuvo el ambiente mientras regresaba la delegación en un vuelo especial. En la ciudad se vivía una sensación de orgullo compartido con la inmensa mayoría de los zaragozanos, como debía ser. Sin ellos, nunca lo hubiéramos conseguido.

El avión que nos traía de vuelta de París tuvo una avería en pleno vuelo. Nunca supe la entidad de la misma, tengo horror a viajar en avión, pero en ese momento me daba igual. No sentí miedo alguno. Hasta entonces no sabía que la política pudiera regalarme este tipo de sentimientos tan intensos y positivos.

Era noche cerrada cuando llegamos a Zaragoza, y nos dirigimos inmediatamente al ayuntamiento. Allí ordené mantener abierta la puerta principal y que se sirviera todo el cava del que disponíamos en el edificio, que no era mucho, la verdad, pero hizo su efecto. Aquella noche me atreví a cantar ante las cámaras de televisión la conocida jota: «La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana…». Durante muchos años he sido objeto de toda clase de burlas por mis nulas facultades para el canto, pero no me importó entonces y me sigue dando igual pasados tantos años. Era feliz. Habíamos ganado. Zaragoza, Aragón y España habían ganado.

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La Expo: un duro trabajo lleno de satisfacciones

A partir de ese momento debíamos hacer toda una Expo donde hasta entonces solo había huerta y campos de cultivo inundables. La euforia fue dando paso al vértigo por la tarea que teníamos por delante en un plazo exigente: únicamente de tres años y medio para construir el recinto, captar el interés de todos los países expositores y poner en marcha el proyecto.

Lo más difícil sería construir todas las infraestructuras y equipamientos que acompañarían el evento. Como ya he comentado, nuestro proyecto se gestó para transformar y modernizar la ciudad aprovechando la Expo, y disponíamos de muy poco tiempo para lograrlo ya que el BIE concedía unos plazos demasiado breves desde la designación de la ciudad ganadora hasta la fecha de la inauguración. Convencidos de que teníamos muchas probabilidades de ganar, antes de la votación ya nos habíamos puesto manos a la obra e incluso habíamos comprado los terrenos del meandro del Ebro, lugar donde se iba a celebrar el evento.

Para la recuperación de las riberas de los tres ríos presentes en Zaragoza más el Canal Imperial, contamos con el apoyo de Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente. Su ayuda nos permitió llevar a cabo unos ambiciosos proyectos que incluyeron hasta veintidós puentes y pasarelas. Los nuevos puentes sobre el Ebro fueron espléndidos: el Pabellón Puente de la arquitecta de prestigio mundial Zaha Hadid fue la puerta de acceso a la Expo y un gran legado arquitectónico que ha quedado en el patrimonio de la ciudad. La construcción del Pabellón Puente no estuvo exenta de dificultades. La enorme belleza de su diseño fue difícil de llevar a la práctica al ser un puente sobre un río con grandes crecidas que exigieron revisar su asentamiento en el lecho calizo e inestable del cauce. La fuerte personalidad de la arquitecta anglo-iraquí puso todo de su parte para hacer realidad esta bellísima obra maestra.

La Pasarela del Voluntariado, del ingeniero Javier Manterola, y el puente del Tercer Milenio, del gran maestro de la ingeniería Juan José Arenas, son muy admirados. La pasarela en un principio se proyectó en forma de gran tubo circular cerrado, pero ante los riesgos que implicaba su seguridad, Arenas aceptó adaptarlo a la espléndida estructura abierta finalmente construida.

El azud tuvo también sus vicisitudes. Se acordó su construcción y financiación por parte de Endesa, entonces presidida por Manuel Pizarro, de origen turolense como yo. El proyecto incluía también la construcción de una pequeña central hidráulica para aprovechar el salto de agua que produciría electricidad. Pero todo se vino abajo cuando, en el Senado, la intervención agresiva de un diputado socialista hizo cambiar bruscamente de opinión a Manuel Pizarro, quien me reconoció de manera explícita que suspender la financiación fue una especie de castigo al presidente Zapatero por su comportamiento en el asunto de la privatización de Endesa. Aquello supuso una patada a Zapatero propinada en el trasero de la Expo de Zaragoza. Tras el disgusto, para afrontar la financiación del proyecto tuvimos que recurrir a fondos públicos y a ajustes como la supresión de una central hidroeléctrica ya prevista. Hoy el Ebro es estable, y siempre que lo cruzo por el puente de Santiago me emociona ver a los remeros sobre el agua en cualquier época del año.

Sin embargo, no fueron las orillas del río las únicas beneficiadas. También se construyó un nuevo aeropuerto, se completaron los dos grandes cinturones de circunvalación viaria, nuevos parques de ámbito metropolitano (especialmente el Parque del Agua), centros culturales, cinturones verdes, huertos urbanos, equipamientos recreativos en las orillas, integración de la nueva estación ferroviaria en la ciudad, arranque de la Milla Digital, red de carriles bici con servicio de bicis públicas de alquiler, etcétera, etcétera.

El ambicioso plan de inversiones que acompañó al evento logró completarse gracias al enorme esfuerzo de todas las administraciones, que supieron abandonar los protagonismos y abstenerse de los codazos competenciales. Recibimos una gran ayuda de Marcelino Iglesias: el Gobierno de Aragón aportaría un euro por cada euro del ayuntamiento. Con ello se rompía la tradicional escasez inversora del gobierno regional en la ciudad, verdadera y triste singularidad de nuestra comunidad autónoma que debería desaparecer alguna vez.

Fue realmente asombroso que en tan solo tres años y medio se pudieran realizar todas esas infraestructuras y muchas más de menor entidad. Y sí, contra el pronóstico de muchos agoreros, estuvieron listas para el día de la inauguración. Convertir el pesimismo general en optimismo militante fue una tarea sorda pero eficaz. Dentro del plazo se produjo el milagro de concluir todos los objetivos perseguidos. Y fue posible solo por la unidad política y social.

El ente gestor de la Expo fue una sociedad estatal cuyo accionariado correspondía en un 75 % a la administración central y un 15 % por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. Esta sociedad se encargó de todo lo que iba a ocurrir dentro del recinto de exposiciones, con un total de 25 hectáreas, que era el límite máximo fijado por el BIE. Asimismo, y por razones de operatividad, la sociedad se hizo cargo de impulsar algunas instalaciones fuera del recinto, pero dentro del meandro de Ranillas. La estructura organizativa incluía un Consorcio Pro Expo, en el que estábamos las tres administraciones (nacional, regional y local), y yo como presidente. El objetivo esencial del consorcio era coordinar las diferentes actuaciones y velar por el cumplimiento de los bienes de interés general del proyecto. También incluía un consejo consultivo en el que estaban representadas numerosas organizaciones sociales y ciudadanas.

De Roque Gistau, presidente del consejo de administración y de la sociedad, puedo decir que hizo muy bien su trabajo, aunque, como es lógico, debido a que había sido designado por el Gobierno central, su actitud era normalmente proclive a las directrices de este, que en síntesis era ahorrar, gastar menos, lo que propició algunos desencuentros con él, no muchos. Uno de ellos fue la negativa inicial de la sociedad gestora a financiar el Parque del Agua que rodeaba el recinto de la Expo, lo que retrasó la constitución de esta sociedad. Pero sin duda, el más sonado fue el que se produjo en uno de los muchos consejos de administración que celebramos. En un momento dado, Gistau manifestó que se debía cesar a Jerónimo Blasco, director de contenidos de la Expo, a quien designé personalmente con la obvia función de defender desde dentro de la sociedad los intereses de Zaragoza. Su consigna era, en resumidas cuentas, gastar más y bien, lo que no siempre coincidía con el propósito del Gobierno central.

Entre las discrepancias objetivas derivadas de su distinta función, y el temperamento personal de uno y otro, ambos con un carácter fuerte, se había producido un choque de cierta entidad. Yo no podía aceptar la dimisión de Roque, ni menos aún el cese de Jerónimo. Ambos eran necesarios y no podíamos darnos el lujo de prescindir de ninguno. Opté por dejar clara mi posición: cesar a Jerónimo era cesarme a mí mismo. Y recuerdo que literalmente le dije a Roque: «Ya estás presentando la dimisión, porque yo, al menos, te la admitiré en este mismo acto». Aunque corta, la crisis fue intensa de gestos y voces, pero yo, que solo ostentaba el 15 % del accionariado, tenía un comodín poco escondido: el voto y la autoridad moral del entonces jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, mi amigo personal desde hacía muchos años, Fernando Escribano. Cuando Roque comprendió cómo estaba la cuestión y que su decisión no iba a ser aprobada, optó con buen criterio por cambiar el orden del día y no mencionar más el asunto. Jerónimo Blasco siguió siendo el alma del proyecto y fue imprescindible para su éxito. Ahora puedo reconocer que Gistau pudo tener algún motivo para sus quejas, pues es conocido por todos sus amigos (y yo el primero) el afán competencial expansivo de Blasco. Nadie es perfecto.

Los incidentes en la gestión de la sociedad no se limitaron a los conflictos Roque contra Blasco, sino que afectaron a otros temas igualmente importantes. En concreto, tuve también alguna dificultad de entendimiento con el recién designado comisario de la Expo, Rafael Fernández de Alarcón, diplomático de carrera. Quiso sustituir los contenidos diseñados en Zaragoza por otros criterios formulados por una agencia de publicidad especializada en estos temas de Madrid. Me negué rotundamente, no solo porque no aceptaba que el comisario impusiera sus criterios al margen de la sociedad gestora, sino también porque los contenidos ya diseñados eran ampliamente aceptados por todos, y era muy tarde para empezar de nuevo el proceso. La verdad es que estuve innecesariamente antipático y, pese a que me encontraba en mi domicilio, creo que le di una velada nada agradable, lo que deploro. El comisario intentó que la vicepresidenta del Gobierno le apoyase en sus planteamientos, pero lo cierto es que conseguí que la entrevista solicitada no se llegara a producir. El proyecto, en fase avanzada, siguió siendo el mismo que habíamos diseñado en Aragón.

Tuve también un leve conflicto con María Teresa Fernández de la Vega que me duele haber protagonizado. La noche anterior al día de las votaciones en París pretendió modificar algunos contenidos del acto de presentación. Yo, que en ese momento estaba preocupado por otras cuestiones como la captación de votos hasta el último segundo, me negué bruscamente, y ante testigos, a cumplir con lo solicitado por la vicepresidenta. Sigo sin saber si tenía razón o no, pero sí sé que mi tono airado fue un error a la vista de todo lo que ella había hecho y siguió haciendo por el proyecto.

Como digo, la gestión de la Expo fue compleja, pero las piezas fueron encajando. El equipo que gestó la candidatura, integrado por Paco Pellicer, Ricardo Martín Tezanos, Pablo de la Cal o Javier Monclús, dirigidos por Blasco, se integró en la nueva sociedad que debía construir y gestionar el evento y las infraestructuras de acompañamiento. Fue muy importante también el equipo municipal Unidad Expo, que debía ser capaz de avanzar a un ritmo frenético en la tramitación de todos los proyectos. Fernando Gimeno fue su responsable político y Carmelo Bosque, el técnico.

En el consejo de administración de la sociedad pública la voz cantante la tenía el Ministerio de Hacienda, accionista mayoritario, con la subsecretaria Juana Lázaro, quien intentaba encauzarnos por la ortodoxia presupuestaria. También estaba, como jefe de gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno, Fernando Escribano, quien tuvo un gran papel en el éxito del proyecto, pues con su particular y cálida manera de entender la naturaleza humana supo suavizar todos los roces entre las administraciones (Fernando es la persona más versátil que he conocido. Domina todos los palos y casi todo lo que hace, lo hace bien. Tal vez por eso no fue designado ministro de Justicia cuando lo merecía, no solo él, sino también el Gobierno de la nación). Eduardo Bandrés fue el representante del Gobierno de Aragón y también ayudó al buen hacer de la sociedad. Nadie cobró, por cierto, ni un euro por este trabajo.

Un año antes de la inauguración organizamos un acto de «puesta de la primera piedra» en el solar del recinto de la Expo, y el cierzo no quiso faltar a la cita. Se levantó un viento de más de 80 km/h que hizo temer que la carpa instalada, invitados incluidos, saliera volando. Afortunadamente, la carpa resistió, lo que todos acabamos interpretando como un buen presagio: resistiríamos lo que hiciera falta. Este ataque de los elementos no fue el único, ni el peor. Al año siguiente, el Ebro se desbordó dos días antes de la inauguración de la Expo. No había precedentes de una riada semejante en el mes de junio, pero tuvo que ser en 2008 cuando ocurriera. Con gran esfuerzo se logró evitar la inundación de la zona de las plazas temáticas, pero no hubo más remedio que cambiar la ceremonia de inauguración que estaba prevista con un gran espectáculo: el iceberg construido sobre una estructura en el propio cauce del Ebro. En apenas unas horas tuvimos que improvisar una nueva ceremonia trasladando el acto a la Torre del Agua, con una actuación artística que incorporaba un espectáculo teatral e innovadores fuegos artificiales sincronizados con música.

EL ORGULLO DE ZARAGOZA

El día que se abrieron las puertas del recinto de la Expo, el asombro fue general y despertó en mí una sensación de orgullo por mi ciudad que ha quedado impreso en mi memoria como un factor psicológico decisivo. Orgullo importante también para mis conciudadanos.

Lo mismo ocurrió con la inauguración de los paseos fluviales. Miles de zaragozanos los llenaron, descubriendo nuevos paisajes urbanos en el cauce del Ebro, pero también en el Canal Imperial, en el río Gállego y en el Huerva. Zonas de la ciudad, especialmente en la margen izquierda del río hasta entonces marginales o degradadas, se convirtieron en espacios de primera calidad.

Nadie faltó a la inauguración, incluido el rey, y el nuevo Palacio de Congresos fue el escenario central. No hubo fallos, incluso el espectáculo de la Torre del Agua salió tan bien que la mayoría no se enteraron de que estaban presenciando una alternativa improvisada sobre la marcha.

Fue una experiencia inolvidable. Autoridades del mundo entero nos visitaron y dieron lugar a todo tipo de anécdotas. Recibimos al príncipe heredero del trono de Japón, Akihito. Nuestra jefa de protocolo, Gemma Fernández-Ges, nos advirtió preocupada que no saludaría a nadie y mucho menos estrecharía manos por los rigores del protocolo de la monarquía nipona. Pero lo hizo. El príncipe saludó sonriente a los presentes e incluso conversó brevemente con Pilar de Yarza, editora del Heraldo de Aragón. Por nuestra Expo también aparecieron desde un presidente que se negaba a pasear por el recinto por miedo a sufrir un atentado, hasta príncipes orientales que disfrutaban de privilegios arcaicos como la princesa Ubolratana Mahidol, última hija del rey Bhumibol y la reina Sirikit de Tailandia, ante cuya presencia todos los miembros de su séquito debían tumbarse en el suelo para pasmo general. También se nos advirtió desde Protocolo que no podríamos acercarnos demasiado, pero después de su visita, que se hizo esperar un buen rato, y cuando ya estaba en la puerta de salida, retrocedió bruscamente para abrazar a mi mujer, a la que había contado la desgraciada pérdida de su hijo en el tsunami de 2004.

Dos de los representantes de casas reales que suscitaron mayor simpatía fueron Máxima de Holanda, amable y natural, y Alberto de Mónaco, que llegó a Zaragoza con evidente ánimo de ganarse la ciudad.

Nos teníamos que multiplicar de la mañana a la noche. Cada día en el Pabellón de España recibíamos con un almuerzo a las autoridades que celebraban su día nacional. Y en el ayuntamiento también se realizaban recepciones antes y durante el evento. Sin contar las cenas con las que se agasajaba a los personajes más importantes. Era agotador pero fascinante. Recuerdo con especial afecto la comida con el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, hijo del mítico Jomo Kenyatta, padre fundador del país.

DAR LAS GRACIAS

Los aragoneses tenemos fama de ser austeros, de considerar inapropiado exteriorizar nuestros sentimientos, de pedir favores rara vez y, con igual escasez, de dar las gracias. Pero para mi discurso de apertura de la Expo entendí que, como alcalde, procedía incumplir esos mandamientos no escritos del alma aragonesa. «No quiero ser sobrio al constatar las maravillas de esta Expo, realizada en un tiempo récord, en tres años, y destinada a perpetuarse en el tiempo. No quiero disimular mis sentimientos de alegría, ni mi orgullo por tener la fortuna de ser alcalde de una ciudad que ha sido capaz de hacer lo que parece imposible», afirmé.

Además de mi agradecimiento especial a los diplomáticos, funcionarios y empresarios ya referidos en el capítulo anterior, quiero citar también a quienes en el año 1999 me sugirieron la conveniencia de celebrar una Exposición Internacional en el año 2008, además de a Jerónimo Blasco, a Pablo Rico, a Carlos Miret y a Francisco Pellicer. A Carlos quiero darle las gracias también por poner en marcha una Asociación de Ciudadanos a favor de la Expo, y a Paco porque acertó al proponerme un tema crucial para la Expo: «El agua y el desarrollo sostenible».

A Luisa Fernanda Rudi por haber hecho posible que la Expo dejara de ser un proyecto de partido para convertirse en una cuestión de ciudad. Un pacto que exigía como contrapartida que se celebrarían al propio tiempo «Los Sitios de Zaragoza», lo que, además, me pareció razonable y enriquecedor para este proyecto.

Al entonces presidente de las Cortes de Aragón, José María Mur, por concitar con sus buenos oficios la coordinación entre las distintas administraciones.

A mi amigo y alcalde del Partido Popular José Atarés, el primer presidente del Consorcio Pro Expo, que se hizo cargo de promover nuestra candidatura.

A todos los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza que desde el año 1999 pusieron su empeño y su entusiasmo para hacer posible este sueño. Y a todos y cada uno de los trabajadores y funcionarios del consistorio por dejarse la piel para que la Expo fuera un éxito.

Al presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, que desde el primer momento entendió que este no debía ser solo un proyecto de ciudad, sino también un proyecto de todo Aragón y con proyección internacional, prestando desde siempre un apoyo incondicional y generoso, con un porcentaje de participación en el presupuesto global análogo al aportado por el ayuntamiento.

A los que fueron durante el proceso vicepresidentes del Gobierno de España, Javier Arenas y Mariano Rajoy, que se atrevieron a convertir el proyecto Expo en un proyecto del Reino de España.

A la también vicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, a la que le tocó vivir y sufrir los momentos más difíciles de esta historia, como la imprescindible captación de votos en colaboración con el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, así como la materialización organizativa y presupuestaria del proyecto tras la victoria en París. Y, cómo no, a los presidentes del Gobierno de España, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, que tutelaron el proceso.

Al secretario general del BIE, Vicente González Loscertales, por su constante apoyo y asesoramiento. A Roque Gistau, como presidente de la Comisión Ejecutiva Delegada y a sus miembros —Juana Lázaro, Fernando Escribano (que nunca falla), Carlos Ocaña, Eduardo Bandrés, Alberto Larraz e Ignacio Salvo— por las más de setenta reuniones decisorias y complicadas, muchas veces los domingos y en mi propia casa, finalmente útiles y provechosas.

A todos y cada uno de los directores, y a todos y cada uno de los empleados de Expo Agua, de la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad y de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

A todas las empresas participantes por su magnífico trabajo.

De manera especial, gracias a los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, y a los entonces príncipes don Felipe y doña Letizia, los mejores y más implicados agentes electorales de nuestra candidatura primero y nuestros mayores valedores del proyecto Expo dentro y fuera de España después.

Finalmente, deseo dar las gracias con mayúsculas a la persona que estuvo conmigo en todos y cada uno de los días de esos largos nueve años: Jerónimo Blasco Jáuregui. Una persona clave para el éxito del proyecto. Podría contar mejor que nadie la historia, toda la historia de este gran acontecimiento, de la que conoce los más mínimos detalles, porque los vivió todos.

En este relato de agradecimientos no puede faltar el más importante y principal: mi gratitud eterna y profunda a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Zaragoza, en primer lugar, y también de Aragón y de España, porque fueron los auténticos defensores de la ciudad, en quienes descansa el verdadero mérito de esta empresa por su paciencia, por su compañerismo y, sobre todo, por su cariño.

Y, cómo no, resaltar el trabajo especialmente decisivo de los más de 4.000 voluntarios de la Expo. Ellos fueron protagonistas desde el desarrollo del proyecto hasta el momento de su clausura, por su entrega y dedicación, por su entusiasmo y amabilidad, por su preparación y sacrificio. Todo lo dieron por amor a la ciudad y, sobre todo, por amor a los demás.

UNA CIUDAD ABIERTA AL MUNDO

La noche del 14 de septiembre de 2008 marcó el final de Expo 2008. Para la mayoría de los zaragozanos fue un momento especial que nunca olvidaremos, repleto de sentimientos contradictorios. Después de tres meses en los que hicimos tantos amigos, tanto españoles como del resto del mundo, fue difícil decir adiós. Sin embargo, nunca nuestra ciudad tuvo un aire tan cosmopolita, nunca se hablaron tantas lenguas ni se mezclaron tantas culturas. Y con su extraordinario comportamiento cívico, con su hospitalidad, con su atención a los visitantes, con su participación en todos los actos y con el uso masivo del transporte público, fue la anfitriona perfecta.

Los pabellones cerraron sus puertas, pero quiero creer que Zaragoza, desde entonces, ya nunca volverá a tener las puertas cerradas, ni necesitará murallas. Honrar aquella Expo supone apostar por una ciudad sin corsés, sin complejos, una ciudad abierta al mundo, libre, integrada, divertida y amable para siempre. Hemos visto nacer nuevas formas de vivirla. Gentes que navegan el río, que pueden recorrer sus orillas a pie o en bicicleta, que contemplan y disfrutan de los nuevos puentes, de los parques, de las pasarelas o de las avenidas. Gentes que, a cada paso, encuentran un nuevo motivo para querer a su ciudad. Desde el mirador de la Exposición podemos contemplar con nuevos ojos la Zaragoza de siempre: la basílica del Pilar, la trama de la ciudad histórica con sus maravillosas torres de San Pablo, San Gil, La Magdalena y la Seo y la curva suave del Ebro embellecida por los nuevos puentes que recrean dos mil años de historia.

Para evaluar la Expo hay que tener en cuenta algunas cifras. En primer lugar, tuvo tres millones de visitas, con una proyección internacional francamente espectacular. Y, no menos importante, fue el gran argumento para especializar a Zaragoza como Capital Mundial del Agua. Además, supuso la oportunidad de inversiones masivas y generalizadas. En concreto, la inversión pública alcanzó un total de 2.100 millones de euros. Esta cifra no incluye los proyectos estratégicos que se elaboraron como consecuencia de la Expo, como el Plan Intermodal de Transporte y la ciudad y la villa Expo, proyectos difíciles de evaluar económicamente.

En cambio, sí pueden evaluarse las inversiones a realizar en Zaragoza por el Gobierno de Aragón con ocasión de la Expo (250 millones de euros) y por el ayuntamiento (Plan de Inversiones 2006-2008, que ascendió a más de 700 millones de euros). En este plan de inversiones, el ayuntamiento fue consciente de que los beneficios de la Expo debían extenderse a todos los barrios y distritos, como así ocurrió. Las inversiones referidas no fueron más que una parte de las inversiones públicas y privadas que se llevaron a cabo en los años posteriores, que ascendió a más de 9.000 millones de euros.

Hubo que hacer las obras específicamente necesarias para el evento a un ritmo desaforado, pues la primera piedra se colocó en el meandro de Ranillas el año 2005. A partir de ese momento comenzó la ejecución material de las obras (solo quedaban algo menos de tres años). La gente razonable asumió las molestias y el exceso de obras, dados esos plazos. Eran conscientes de que estábamos construyendo la Zaragoza del siglo XXI, dejando para siempre una huella decisiva.

En definitiva, el objetivo fundamental era recordar a los zaragozanos que teníamos derecho a estar orgullosos de lo que entre todos habíamos conseguido: cambiar drásticamente la ciudad. Sus efectos resultan evidentes en cada rincón: las riberas y los cauces fluviales, el Parque del Agua, el Palacio de Congresos, el aeropuerto… Todos estos cambios y progresos permitieron equiparar a Zaragoza con las ciudades de tamaño medio más pujantes de Europa.

La espléndida historia de amor que supuso construir una nueva Zaragoza, al igual que todas las historias de amor, resultó intensa, difícil, apasionante y absolutamente hermosa. Actuamos con la fe sincera y la energía sin tasa, cualidades que desplegamos los aragoneses cuando acometemos una empresa en la que creemos.

No hace falta remontarse a John F. Kennedy para saber que en ocasiones los sueños tienen carácter operativo en el mundo de la política. Eso le pasó hace muchos años al alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, cuando anunció haber tenido el sueño de una Barcelona que mirase hacia el mar. Nosotros no tenemos mar, pero sí el río, y queríamos que se convirtiese en nuestra columna vertebral. Pues bien, pasados los años Barcelona miró al mar y Zaragoza, al Ebro. Cumplimos nuestro sueño porque tenía vocación de realidad.

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El alma de Zaragoza

Las bases económicas, sociales y culturales que han mantenido una situación relativa de bienestar en nuestra ciudad, en Aragón y en España, están sometidas a los vaivenes e incertidumbres que generan los cambios acelerados a escala mundial. En la fecha de publicación de este libro, circunstancias excepcionales como epidemias, guerras, etc., han cambiado el panorama económico y social. De hecho, el mismo día que la Expo llegó a su fin y cerró sus puertas, un 15 de septiembre de 2008, quebró el gran banco estadounidense Lehman Brothers, con lo que empezaba la mayor crisis que ha arrasado nuestro tiempo reciente y de cuyas durísimas consecuencias no hemos podido recuperarnos todavía. Entonces no supimos valorar este hecho en toda su magnitud, pero marcó nuestra vida de los siguientes años, pasando de una holgada situación económica, con superávit estatal, a unos años muy difíciles.

La gestión de la post Expo, como ocurrió en menor medida en la Expo de Sevilla del 92, se vio ralentizada por la enorme crisis económica que sufrió el mundo entero. Mientras veíamos cerrar penosamente negocios y establecimientos cada día y sabíamos de despidos, quiebras y rupturas familiares por las tensiones de la crisis, la puesta en marcha del gran parque empresarial en el que se transformó el recinto avanzaba más despacio de lo previsto, aunque en la clausura del evento se habían firmado opciones de compra con diversas empresas por la mitad de la superficie construida.

La nueva sociedad que creamos para gestionar esta fase (Expo Empresarial) modificó los edificios e instalaciones para su uso como oficinas y centros de negocio. Acordamos también instalar allí la nueva Ciudad de la Justicia, algo que la gran ciudad que era Zaragoza necesitaba con urgencia. Tardamos más de lo previsto, pero finalmente el parque empresarial se llenó en su casi totalidad, conformando un equipamiento magnífico que ha transformado la margen izquierda de la ciudad. El Parque del Agua y los demás equipamientos afortunadamente se construyeron para el inicio del evento, por lo que las dificultades económicas de los años siguientes no impidieron su implantación.

Asimismo, durante los primeros años posteriores a la Expo, el ayuntamiento activó o impulsó muchas actividades que eran consecuencia o estaban vinculadas al proyecto de ciudad. De este modo, y con la excusa de la exposición internacional, se pusieron en marcha la primera línea del tranvía del eje norte-sur (del que hablaré sucintamente en el siguiente capítulo), el CAT Etopia o el CaixaForum, hoy en pleno funcionamiento. A este respecto, recuerdo una entrevista en mi despacho con el entonces presidente ejecutivo de La Caixa, Isidro Fainé. El encuentro duró mucho más tiempo del previsto inicialmente porque me empeñé en intentar convencerle no solo de que Zaragoza y La Caixa merecían la construcción de este equipamiento, sino también de que debía realizarse con prioridad temporal respecto a otros proyectos planeados en otras ciudades de tamaño parecido. El primer punto se logró sin mucho esfuerzo, pues el señor Fainé ya lo tenía previsto; sin embargo, el segundo punto fue más difícil de lograr. Mi capacidad de resistencia y su sensibilidad hicieron el resto. Desde su inauguración, CaixaForum Zaragoza se ha revelado como un proyecto de éxito que enriquece la vida cultural zaragozana.

EL EBRO, CALLE PRINCIPAL DE ZARAGOZA

El tema escogido para la Expo, «El agua y el desarrollo sostenible», no era casual, sino estratégico y fundamental para el siglo XXI y sabíamos que podía concitar un interés universal, como así fue. Al propio tiempo y desde la fundación de la ciudad de Zaragoza, el agua ha sido siempre parte primordial de nuestra razón de ser, por eso debía convertirse en un foro mundial de debate e intercambio de conocimiento sobre su gestión para un desarrollo sostenible. En honor a la verdad, hay que decir que este último objetivo ha tenido un desarrollo desigual debido en parte a la crisis de 2008. Aún hoy sigue necesitando una decidida acción política que coloque esta cuestión en el centro del debate municipal.

El objetivo de convertir el río Ebro en la calle principal de Zaragoza fue un éxito indudable. Lograrlo implicó muy diversas actuaciones que en su conjunto supusieron la construcción de un sistema de paseos y espacios públicos que han permitido que la ciudadanía pueda disfrutar de más de siete kilómetros de riberas urbanas. El proyecto incluía cuatro iconos arquitectónicos que cumplieron su cometido durante la Expo, pero que no han sido aprovechados después.

La Torre del Agua, obra del arquitecto Enrique de Teresa, fue sin duda uno de los símbolos de la Expo. Durante la celebración del evento estuvo dedicado a los «sentidos del agua», pero en la actualidad tiene un uso muy limitado. El Pabellón Puente de Zaha Hadid, concebido para unir ambas márgenes del Ebro, se dedicó a la «buena administración del agua»; ha corrido mejor suerte: el proyecto de gestión y el acristalamiento del edificio están terminados y, aunque con demasiado retraso, en el año en curso se empieza a acondicionar un espacio expositivo (Mobility City) sobre la movilidad sostenible del futuro, atinada por el presidente Javier Lambán. El Pabellón de Aragón, del arquitectónico aragonés Daniel Olano, no ha encontrado, pese al tiempo transcurrido y su original belleza, un uso adecuado. Espero que una vez superadas todas las crisis, las autoridades competentes sepan y quieran abordar el problema. El último de esos iconos, el Pabellón de España, joya arquitectónica que debemos a Francisco Mangado, mostró los paisajes del agua en España, pero hasta el día de hoy tampoco se ha sabido dar un uso cultural o universitario adecuado.

Es cierto que sus eventuales gestores han tenido un buen pretexto para su inactividad; me refiero a las sucesivas crisis militares, financieras y sanitarias de los últimos años. Pero no es un argumento demasiado convincente, pues en estos más de quince años también ha habido épocas de bonanza que no se han aprovechado.

Otras actuaciones tuvieron más fortuna desde el principio. Me refiero al Acuario fluvial, hoy en plena actividad, y que fue en su momento un pabellón dedicado a los «ríos del mundo y sus mares receptores» que proponía un recorrido natural por cinco grandes ríos del planeta: Ebro, Nilo, San Lorenzo, Amazonas y Darwin. Actualmente funciona como acuario fluvial (uno de los más importantes de Europa) y constituye un gran atractivo turístico con actividades culturales y pedagógicas.

Pero quizá el éxito logrado por la Expo que más valoran los ciudadanos sea el parque fluvial Luis Buñuel, el Parque del Agua. Ciento quince hectáreas que suponen una puerta entre la ciudad construida y los espacios urbanos abiertos, entre la naturaleza y el asfalto. Un conjunto de espacios en transición desde los sotos naturales hasta las infraestructuras y equipamientos del recinto como el Parque Natural de los Sotos, el Jardín Botánico, la Depuradora Natural, los Cierres Hidráulicos, el Canal de Aguas Bravas y la Playa Fluvial.

La Expo aspiraba a dejar un legado duradero y de gran calado que extendiera sus efectos a prácticamente todos los barrios y distritos de la ciudad. El llamado «Plan de Acompañamiento» fue uno de los instrumentos más poderosos para conseguir este objetivo, que se negoció y se acordó con los gobiernos de Aragón y España.

Todas las inversiones no tenían como único destino la Expo. Básicamente eran proyectos demandados desde hacía lustros y que se iban a desatascar a plazo fijo. En efecto, aprovechamos en extremo la posibilidad de hacer en menos de cuatro años lo que al ritmo normal nos hubiera costado, en el mejor de los casos, quince como mínimo.

El estudio realizado por la consultora ECAS estimó que entre los años 2005 y 2008, la economía aragonesa creció medio punto por encima de la media nacional como consecuencia directa de la Expo. En materia de empleo, durante el periodo 2005-2007 se crearon una media anual de 4.000 puestos de trabajo, y en el año 2008 se alcanzaron los 30.000.

Por otra parte, me siento especialmente orgulloso de que nuestra Expo no pasara por el largo rosario de querellas y demandas que sufrieron Sevilla y casi todas las demás a causa de irregularidades financieras y contables. Podemos decir que pasó el examen con la más alta nota. Sin embargo, en 2010, y a instancias del PP, se abrió en el Tribunal de Cuentas del Estado una investigación acerca del contrato que había presentado el arquitecto italiano Carlo Ratti, autor del Pabellón Digital del Agua. Faltaban, al parecer, algunos datos que, aportados por los concernidos, el Tribunal, reunido en sesión plenaria, archivó, declarando que «NO existe responsabilidad contable ni quebranto en el dinero público».

Presidía en aquellos años el Tribunal precisamente una exministra del Partido Popular, Margarita Mariscal de Gante.

Pero si la Expo y la mayor parte de sus secuelas fueron fruto del acuerdo, la puesta en marcha del tranvía se realizó, quizá para compensar tanto tiempo de consenso, en medio de un clima de confrontación social y política. Frente a la propuesta de mi gobierno, en un primer momento los grupos de la oposición en el ayuntamiento propusieron sustituir el tranvía por el metro.

Cuando desde el gobierno municipal se demostró la inviabilidad del metro (por las peligrosas dolinas del Ebro y los restos arqueológicos que imposibilitaban tirar adelante el proyecto por razones económicas y de seguridad en los plazos, pues podían dilatarse sine die), la polémica se trasladó al trazado de esa primera línea. Se centró sobre todo en si el tranvía debía pasar por el paseo de la Independencia o no, cuestión que no se planteaba en términos técnicos, pues era obvio que pasar por el paseo era la solución técnica y financiera más adecuada, también en términos políticos y simbólicos.

Nosotros, los promotores primero del tranvía y después de que pasase por el paseo de la Independencia, entendíamos (y aún lo mantengo) que el trazado elegido era no solo el más rentable económicamente hablando, sino también el más rápido. Pero esa no era la cuestión principal. Había, además, razones simbólicas entre los promotores, así como para los opositores. Nosotros queríamos que el tranvía fuera perfectamente visible a lo largo del eje central de la ciudad. No queríamos, como pretendían otros, «esconderlo». Queríamos dejar claro que el nuevo medio de transporte, el AVE de los tranvías, conectaría para siempre los dos grandes barrios periféricos y con mayor concentración de viviendas sociales, Parque Goya y Valdespartera. Cualquier vecino de cualquiera de estos barrios podría llegar al centro de la ciudad en unos escasos quince minutos (tan deseados por todas las ciudades como imposibles).

En medio de una bronca notable, orquestada principalmente por un periódico y seguida con entusiasmo por significativos sectores sociales, mi gobierno sostuvo el proyecto contra viento y marea.

En ocasiones, la única forma de hacer política seria es la resistencia, que casi siempre gana.

Y así ocurrió también con el tranvía. Su puesta en marcha constituyó un absoluto éxito.

Fue recibido con gran cariño cuando los ciudadanos descubrieron su gran impacto en la calidad de vida e imagen de la nueva Zaragoza. Y hemos visto cómo la mayor parte de sus detractores iniciales pronto se convirtieron en usuarios. Incluso algunos de ellos, que entonces guardaron silencio, hoy piden y hasta exigen una segunda línea.

LOS SITIOS DE ZARAGOZA

La Expo de Zaragoza también fue un cariñoso y sincero homenaje a nuestros antepasados que hace doscientos años dieron al mundo un ejemplo insuperable de heroísmo ciudadano y militar, ante el poderoso ejército de Napoleón. Y un homenaje, asimismo, a quienes cien años después, en 1908, decidieron honrar a los héroes de los Sitios de la manera más pacífica e inteligente imaginable: organizando la Exposición Hispano-Francesa.

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII comenzó un proceso de desarrollo que permitió a la ciudad mirar con optimismo su futuro. Mucho tienen que ver en este proceso las ideas y proyectos emanados de la Ilustración y el reformismo, fenómenos que tuvieron alcance nacional y en los que participaron activamente políticos como el conde de Aranda e intelectuales aragoneses aportando ideas e iniciativas que trataron de importar desde países desarrollados a su tierra aragonesa. Este interesante proceso de desarrollo se vio truncado a principios del siglo XIX por la coincidencia de la Revolución francesa y la guerra de la Independencia contra el ejército de Napoleón, guerra que desgraciadamente nos deparó algunos de los episodios más destructivos y dramáticos: los Sitios de Zaragoza.

El primero tuvo lugar entre el 15 de junio y el 13 de agosto de 1808, y se produjeron miles de bajas entre militares y civiles, incendios en extensas zonas y la ruptura de gran parte de las defensas de la ciudad. El segundo, sin duda el más duro de los dos, comenzó el 21 de diciembre y se prolongó hasta el 21 de febrero. El hambre, enfermedades como el tifus y la propia lucha provocaron una catástrofe inmensa, con 45.000 víctimas y la destrucción de dos terceras partes de la ciudad. En los tres años posteriores a los Sitios, Zaragoza perdió las tres cuartas partes de los 55.000 habitantes que tenía antes de la guerra y tardó muchas décadas en recuperarse.

Una vez sobrepuesta a su destrucción, Zaragoza inició el siglo XX con una decidida voluntad de modernización (por ejemplo, con el trazado del ferrocarril y la incipiente industrialización de la margen izquierda del río Ebro). Pero, sin duda, un factor importante del citado progreso fue el papel que jugó la Exposición Internacional Hispano-Francesa de 1908. Este evento, además de permitir incorporarnos en lo social al siglo XXI, logró impulsar una fuerte expansión de la ciudad, urbanizar la antigua huerta y, sobre todo, lograr poner en valor un notable espíritu emprendedor gracias a los múltiples congresos celebrados en materias tan significativas como la agricultura, el turismo o el comercio. Se daba por fin el marco de debate constructivo y de innovación tecnológica especialmente adecuado para consolidar de manera eficaz la capitalidad de la región y del territorio del valle del Ebro.

El otro gran momento de Zaragoza en el siglo XX se produjo en los años sesenta, en pleno franquismo. La designación de la ciudad como uno de los polos de desarrollo industrial fue el punto de arranque. En su conjunto, la política económica del Gobierno, junto a indudables ventajas y oportunidades, provocó también el abandono masivo de la agricultura y la marcha hacia la capital aragonesa de una enorme cantidad de nuevos vecinos procedentes de los pueblos de Aragón. Así pues, se generó un crecimiento urbano y demográfico excepcional, a unas tasas que hoy únicamente se dan en China. Se creó así una potente base industrial que permitió duplicar la población en pocos años. Sin embargo, también se crearon barrios infradotados, provocando una verdadera crisis de identidad que con mucho esfuerzo había que superar. Para ello era imprescindible reencontrar el «alma» de la ciudad. En este sentido, la Expo debe entenderse como la palanca que haría posible un salto adelante para adquirir otra dimensión, como importante ciudad española y europea.

Tengo la percepción de que no hemos hecho lo suficiente para cumplir el objetivo principal a medio plazo: el crecimiento demográfico y económico sin complejos. Como comentaba con anterioridad, en los últimos años ha habido una cadena de excusas convincentes para no actuar. Creo que no hay que esperar al final de las crisis para hacer políticas orientadas a desarrollar la condición necesaria para nuestro desarrollo: la dimensión, su incremento. Solo así nuestra ciudad puede convertirse en un mercado atractivo que genere iniciativas empresariales, especialmente en el campo de los servicios avanzados.

Nuestro objetivo debe seguir siendo alcanzar el millón de habitantes. Es cierto que existen ciudades que logran una eficiente prosperidad con cifras más bajas, pero eso ocurre cuando la ciudad forma parte de un área metropolitana, densamente poblada, que permite configurar mercados locales entre uno y dos millones de habitantes. Pero este no es el caso de Zaragoza. Si nos lo proponemos en serio, puede llegar a ser la tercera o cuarta ciudad de España por su número de habitantes, y la tercera por su aportación al PIB (a fecha de hoy es la cuarta).

Es obvio, por ello, que debemos mimar nuestra sólida base industrial para que siga proporcionándonos riqueza y empleo. Pero, además, es necesario intensificar nuestra economía hacia sectores con más valor añadido en el marco de la llamada «economía del conocimiento». Tenemos que conseguir el crecimiento cualificado sin perder las ventajas de una ciudad compacta, en la que los desplazamientos a pie, en patín o en bicicleta sigan siendo posibles y se incrementen. Una ciudad en la que no haya espacios vacíos cada vez más degradados.

La Expo Zaragoza 2008 ha sido indudablemente un acontecimiento muy positivo para la ciudad y para todo Aragón. Positivo en términos de crecimiento económico y de empleo, de mejora de las infraestructuras y de las oportunidades para las empresas. También se ha constatado en materia de cultura, con los nuevos museos y centros culturales (el CaixaForum, el nuevo museo Pablo Serrano, la renovación del Museo Diocesano o el remozado Museo de Goya, por señalar los más importantes). Asimismo, la ciudad ha incrementado nuestro perfil internacional y nuestro turismo (la valoración que tuvo la Expo entre sus visitantes fue de 7,85 sobre 10, una cifra muy elevada e insólita para esta clase de evento, cuando raramente se llega al aprobado). En definitiva, ha logrado reforzar nuestra identidad colectiva, nuestra alma, demostrando que cuando se trabaja desde la unidad, dejando a un lado peleas estériles y partidistas, es posible conseguir grandes cosas.

En 2008 todos estuvimos allí, todos a una. Y solo por ello logramos cumplir nuestros objetivos. Que no se nos olvide.

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Polémicas inútiles

No quiero terminar mis recuerdos sin aludir a dos episodios que resultaron ser polémicos, más allá de toda previsión. Y los debo plasmar a título personal, pues fueron decisiones que adopté sin el apoyo de mi grupo municipal y, hasta en algunos casos, con el desacuerdo explícito de alguno de sus miembros.

UNA CALLE PARA DON JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER

La primera de las decisiones fue dedicar una calle de Zaragoza al fundador del Opus Dei, don Josemaría Escrivá de Balaguer, que en su momento causó cierta polémica entre algunos sectores ciudadanos de la izquierda. La controversia estaba planteada, generalmente, de manera razonada y razonable. Sin embargo, en algunas ocasiones hubo afirmaciones que fueron más allá de la defensa legítima de un determinado punto de vista, en contra de la decisión tomada por el Ayuntamiento de Zaragoza. Creo que los detractores cometieron un clamoroso error de concepto.

Así, por ejemplo, el profesor Rodrigo Sánchez escribió lo siguiente: «Al santo aragonés que predicó el uso del cilicio le pone una calle un ayuntamiento socialista, dejando por el camino un reguero de sombras sobre sus modos de utilizar e interpretar el pasado y a sus votantes, parte de las izquierdas zaragozanas, desnortadas».

Frente a esta tesis es preciso dejar claro, como ya hice entonces, que el que yo presidía no era un «ayuntamiento socialista», sino el Ayuntamiento de Zaragoza, una ciudad plural, con cinco fuerzas políticas representadas en la corporación, donde la mayoritaria correspondía a los socialistas con el 38 % de los votos, y gobernábamos en coalición con un partido que no era de izquierdas. La polémica nunca puede ser vista como una cuestión interna de la izquierda. Las calles son de todos, incluidos los que no piensan como nosotros. Si el cantante de Héroes del Silencio tiene adjudicada una calle… ¿por qué habríamos de negársela a un santo?

No se puede olvidar el alto valor simbólico y pedagógico que tienen las decisiones sobre la nomenclatura de los espacios públicos. De ahí que, en mi opinión, deben ser adoptadas con amplitud de miras, sin sectarismo, distinguiendo lo relevante y digno de destacar, y practicando la tolerancia. Debe celebrarse todo aquello que haya aportado a nuestra ciudad proyección internacional.

Me pareció (y me sigue pareciendo) que Escrivá de Balaguer cumple sobradamente con tales criterios. Primero, como santo de la Iglesia católica y como aragonés (el único desde san José de Calasanz), así como por su evidente relevancia de figura histórica del siglo XX en Aragón, en España y en el mundo. Cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre los postulados del santo, y aun desde la discrepancia, ello no modifica un ápice el hecho objetivo de que tiene dedicadas nada menos que cuarenta y dos calles y plazas en ciudades de trece países del mundo entero, o que llevan su nombre trece universidades y centros de formación creados bajo su impulso.

Creo también que nuestros callejeros correrían el riesgo de quedar semivacíos en el caso de que sometiéramos a sus titulares al mismo intenso escrutinio en relación con sus convicciones ideológicas individuales.

Desde luego, puedo estar equivocado, pero no hay ninguna sombra en esta decisión. Todo lo contrario. Hay luz para respetar y aceptar. Mi trabajo consistía, sobre todo, en impulsar una ciudad en la que todos nos sintiéramos parte de ella en algún momento. Una Zaragoza abierta a todos.

Tengo la seguridad de que no actué a costa de mis ideales socialistas, sino como expresión de ellos. Es cierto que, en el ámbito socialista, y en relación con este tema, existían diferentes sensibilidades. La mía queda reflejada en lo dicho hasta ahora y, desde luego, no acepto el maniqueísmo de que mi opción sea menos respetable o menos progresista. Siempre ha sido mi credo aspirar a construir algo de justicia, de mejor justicia, y a que se produzca el progreso social en una perspectiva integradora, dialogante y antidogmática. Sin axiomas excluyentes y sin revanchas. No creo equivocarme al afirmar que esta opción, a la que me adscribo, sea minoritaria.

HISTORIA DE UN CRUCIFIJO

De más calado, en mi opinión, fueron mis decisiones relativas a la historia de un crucifijo. En efecto, nada más entrar en lo que era el despacho oficial del alcalde, el visitante ocasional podía disfrutar de los cuadros que adornaban sus paredes, de los siglos XIX y XX. Por cierto que, una vez restaurada, ordené que el Acta Notarial del Milagro de Calanda volviera a la antesala del despacho del alcalde, donde las visitas podrían examinarlo sin apuros de tiempo. Pero no es este el momento de detenernos en su contemplación.

Quiero fijar mi atención, y la del lector, en un crucifijo de plata y madera noble que se asentaba en una de las esquinas de la mesa del alcalde desde el siglo XVII, que solo abandonaba su lugar de honor para ser trasladado por los ujieres a la mesa principal del Salón de Plenos con ocasión de las sesiones parlamentarias. Dio la casualidad de que el crucifijo, de buen tamaño, tapaba la vista de uno de los concejales de la Chunta Aragonesista más conspicuos en la batalla de impedir su presencia en el pleno. Me pareció excesivo imponer a un concejal de izquierdas el deber añadido de tener que soportar la presencia cercana de la imagen. Lo que para mí era un honor, para él era casi una afrenta. Por tanto, ordené que se pusiera el Cristo delante de mí, el alcalde, y, al propio tiempo, denegué la pretensión de expulsarlo del plenario. El asunto se judicializó, defendiendo mi postura Gemma Fernández-Ges, jefa de protocolo del Ayuntamiento de Zaragoza y, a la sazón, licenciada en Derecho.

Gemma elaboró un excelente informe jurídico que facilitó el trabajo de los jueces para denegar la petición de los demandantes. A favor del mantenimiento del crucifijo había argumentos jurídicos y también políticos. Entre los primeros cabe subrayar que, al tratarse de una cuestión de «orden público parlamentado», la competencia para dirimir la cuestión era única y exclusivamente del alcalde. Y hay otras dos razones de derecho sustantivo. La primera, la constatación objetiva de tratarse de una «obra de arte» que merecía, por tanto, la aplicación de un régimen jurídico privilegiado; la segunda, el hecho de tratarse de una obra de indudable y objetivo valor histórico, ya que desde su incorporación al ayuntamiento en el siglo XVII, la mayoría de los concejales y de los alcaldes habían jurado el cargo en su presencia.

Creo que sería un exceso verbal afirmar que Cristo había ganado otra batalla; lo único seguro es que habíamos ganado todos los demócratas. El respeto absoluto a las minorías no puede hacer olvidar la posición objetiva de las mayorías, cuyo límite conceptual no es otro precisamente que el respeto, sin matices, a las minorías.

Hay otras consideraciones que aconsejaban el tratamiento dado al Cristo y que está implícito en lo ya escrito. En términos generales, las tradiciones (salvo aquellas que perpetúan la crueldad contra personas y animales) tienen algo positivo, pues contribuyen a forjar la identidad de las instituciones, privadas y públicas. Hacen país.

Cuando abandoné la política, sabedor de que los nuevos gobernantes que habían ganado las elecciones municipales tenían en mente su «expulsión», en una especie de desagravio laico y sin saber a ciencia cierta cuál sería su destino, decidí sacar el crucifijo de mi despacho y colocarlo en un sitio honorable, una vitrina de la zona principal, con la esperanza de que en este lugar no sufriría agravios innecesarios. Como así fue. Sigue en su sitio, plácidamente ajeno a las trifulcas municipales.

CON TRES LEGISLATURAS BASTA

En el año 2015 tomé la difícil decisión de no presentarme de nuevo a las elecciones, a pesar de que las encuestas más solventes daban por hecho la reelección, eso sí, con más dificultades, pues se avistaba claramente el tiempo en que los pequeños partidos, mareas y los programas de extrema izquierda tendrían un mayor protagonismo. Siempre he sostenido que en política el tiempo máximo en que se debe permanecer al mando de una institución debería ceñirse a los doce años, es decir, tres legislaturas. Llega inexorablemente un momento en que el cuerpo y la mente se fatigan un poco más de la cuenta o se relajan y delegan más por el cansancio mental, y acontece cuando, por simple desgaste y cansancio mental, se corre el riesgo de sustituir la pasión por la decoración. Permanecer más tiempo es privar de espacio a gente más preparada y acorde con la nueva época, pues las ciencias, es cosa sabida, adelantan una barbaridad, y no digamos la tecnología, con la que además mantengo una relación desdeñosa posiblemente por mi enorme dificultad de entenderla, tal es la velocidad a la que incorpora tantos y tan sofisticados elementos que resulta arduo acometer casi a diario, aceptando esa especie de chantaje que impone la sociedad según el cual no somos nada si no llevamos dentro un entusiasta ingeniero informático. Tal catarata de información permanente produce en mí, hombre que se admite más propio del siglo XIX que del futuro, una sorda cuando no pertinaz rebelión. Escribo a mano, lo que suscita infinitas quejas de mis ayudantes, pues deben lidiar con decenas de folios emborronados en algo parecido a un idioma antiguo ya extinto e ininteligible. Y a diferencia de otros, que no tienen reparo en usar la fría pantalla de un ordenador, yo leo y releo en libros de papel, preferiblemente aquellos viejos tomos que heredé de mi padre, una hermosa y completa biblioteca que constituyó mi única herencia tras su muerte. Y mientras siga aquí, mantendré mis viejas y queridas costumbres, pues he comprendido que al cabo de la vida han ido desarrollando en mi interior sus propias estructuras, haciendo imposible el deslindarlas del resto de las adquiridas por implantación genética, psicológica o espiritual.

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Mi día a día, reflexiones sobre el tiempo libre

Dejo de escribir estas memorias al cumplir los setenta y dos años, cuando el Estado ha decidido expulsarme de la vida activa laboral por jubilación. De repente me he encontrado con un regalo un tanto envenenado, tiempo libre en abundancia, justo lo que no he tenido nunca y ahora se me ofrece aparentemente grato y seductor. En teoría, el tiempo así regalado puedo emplearlo de la manera que considere más conveniente, siempre y cuando acepte las reglas del juego. La primera de ellas es que los viejos, o mejor dicho, los mayores, nos debemos ir acostumbrando a comprender que, en rigor, somos absolutamente prescindibles o, peor aún, que somos una carga desproporcionada para nuestra familia, amigos y, sobre todo, para la Seguridad Social. Nos empeñamos en no morir a tiempo (o sea, pronto) y las consecuencias son temibles, pues con nuestro proceder estamos poniendo en riesgo las bases mismas del estado de bienestar. Pese a ello, no cejamos en el empeño de cuidarnos bien y hacer una vida sana y, no sé por qué, sostenible.

La gente de mi edad piensa que, a poco que aguanten la solidez de nuestros servicios públicos, no dejaremos de cobrar la pensión, dadas nuestras reducidas expectativas de vida. El problema lo tendrán nuestros hijos o, peor aún, nuestros nietos. Habrá que empezar a pensar en ellos un día de estos. Por mi parte, me tomo todas las pastillas que me recetan, que es la manera más rápida de arruinar a la Seguridad Social y, probablemente, el sistema más eficaz de acortar mi vida y la de los ancianos como yo. Creo que la inmensa mayoría de las pócimas o medicamentos que nos recetan son simples placebos, lo que no impide que surtan su efecto curativo.

En todo caso, ir al consultorio médico, a la farmacia, leer cuidadosamente los prospectos o quejarse de lo cara que está la vida (por culpa, como es obvio, del Gobierno) son otras tantas formas legítimas de consumir el tiempo regalado. Como lo sería el llevar a mi nieta al colegio, recogerla, salir a pasear, leer juntos mientras sus padres se ocupan de cosas serias como el trabajo o buscar y encontrar la forma de ganarse mejor la vida y poder seguir pagando las letras, como se decía antes.

Es cierto que ese panorama idílico se está resquebrajando como consecuencia de las sucesivas crisis (ya sean militares, económicas o financieras), produciendo nuevas situaciones. Así, las pensiones del abuelo o de la abuela son en muchos casos el único ingreso de la familia, lo que pone en cuestión la clásica fórmula de ingresarlos en una residencia de mayores. Basta con que la pensión sea superior o igual, en términos económicos, al sueldo del hijo o al importe del subsidio que se reciba para resituar al viejo no impedido ni incapacitado en una cierta posición de igualdad que les posibilita negociar su suerte, lo que no pueden permitirse los impedidos. A los mayores no pudientes o incapacitados les espera un futuro nada envidiable, más bien miserable.

Después estamos los mayores de lujo, con pensiones suficientemente elevadas para procurarnos una vejez digna. Es cierto que la salud es nuestra preocupación básica y esencial, pero también es indiscutible que el bienestar económico es un factor que dulcifica la vejez y hace más asequible el tránsito hacia la muerte. En mi caso, dispongo de una buena pensión con la que puedo afrontar la futura tarea de seguir envejeciendo, con dignidad y sin apuros.

Además, tengo a mi favor diversas ventajas para afrontar esa tarea. En primer lugar, tengo a mi lado a mi Crunch, de la que espero y exijo que no se muera antes que yo y así poder seguir discutiendo y viendo atardeceres hasta el infinito o, más modestamente, hasta el finito de mi vida. Después están mis hijas, de las que solo espero que sean tan inteligentes y valientes como su madre. Y, por supuesto, mi hermano Santiago y sus hijas Ariadna y Bárbara. Aunque sea ingenuo, espero una vida larga mientras me preparo para facilitar su prolongación a base de verduras y largos paseos, no siempre de mi agrado.

Tengo muchos amigos, a los que desde hoy mismo requiero formalmente para vernos y tocarnos más, incluso para hablarnos, aunque esto último lo valore menos porque lo hemos ido haciendo a lo largo de nuestras vidas profusamente. Menos palabras y más cariño es lo que necesito y quiero. En todo caso, y pese a toda la ayuda que reciba de vosotros, me seguirá sobrando tiempo libre que invertir. Y eso es lo que quiero hacer. Escribir mis memorias pese a que siempre las he criticado por ser un género fantástico, más que la propia ciencia ficción, ha resultado ser una inversión rentable en términos de coste-beneficio. También quiero dedicar algún tiempo a tareas sociales, por este motivo he aceptado ser uno de los patronos de la Asociación de Parálisis Cerebral de Zaragoza (ASPACE) con la que siempre he mantenido una relación de afecto y de amistad, razones que probablemente han llevado a su eficaz presidenta, Consuelo Ciria, a retenerme en el equipo.

También he establecido una cierta rutina, que solo permito desbaratar a mi viajera esposa, y que mantengo rigurosamente allí a donde me desplace (destino que suele ser una incógnita a veces hasta la misma mañana del viaje). A primera hora, después de un café americano y tras un corto paseo con mis fieles perras adoptadas, dedico un tiempo a la cuestión de las memorias, sus derivados y concomitancias. Asimismo, escribo dos artículos de prensa al mes, uno cada quince días, en los que tengo la fortuna de poder opinar con plena libertad sobre lo divino y, con mayor frecuencia, sobre lo humano, por inducción irrefutable de Nicolás Espada, director de El Periódico de Aragón, y que también se publica en el resto de los diarios del Grupo Prensa Ibérica al que pertenece. La periodicidad de mis colaboraciones hace imposible convertirlas en crónicas políticas de rabiosa actualidad. Más bien pretenden trasladar a los lectores alguna reflexión sobre cómo se ve el mundo y sus circunstancias desde la atalaya de una persona que ya ha pasado de los setenta años, con una biografía como la mía, amplia y un tanto exagerada.

VOLVER A LA CARRERA JUDICIAL

Apenas existe un trabajo o función política que no haya ejercido, sin más excepción que los relacionados con la vida autonómica. He de decir, y no es un secreto, que también recibí alguna oferta vinculada con esta administración, que rechacé porque entendí que el tipo de trabajo autonómico no encaja con mis conocimientos. Quiero que conste en mis memorias que quien me hizo la oferta fue nada menos que el propio Marcelino Iglesias, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón durante tres legislaturas y querido amigo después de tantas vicisitudes.

He ostentado a lo largo de mi vida profesional y política muy diversos cargos: juez, magistrado, presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao, vocal del Consejo General del Poder Judicial, ministro de Justicia, ministro de Justicia e Interior, diputado en las Cortes Generales por Zaragoza, senador por Zaragoza en dos legislaturas, líder de la oposición municipal socialista en una legislatura, y alcalde de la ciudad durante doce años. Finalmente, y durante los últimos años, volví a ejercer de magistrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Con semejante historial, volver a la carrera judicial después de veinte años de ausencia no fue cuestión baladí. Tenía el temor de no estar a la altura de mi pasado, ni de estar en condiciones de abordar dignamente mi presente y mi futuro. Pero era obvio que debía intentarlo. El verano anterior a mi toma de posesión me dediqué a leer y estudiar todas las sentencias de las que había sido ponente el entonces presidente de la Audiencia Provincial, mi paisano Julio Arenere, que siempre solventó todas mis dudas. Ayudó quizá que ambos somos turolenses, de Mora de Rubielos. Con su ayuda fundamental, y con la lectura de todos los códigos penales comentados que tenía a mi disposición, comprendí que, pese al tiempo transcurrido, las cosas no se habían modificado tanto como yo temía y que, sustancialmente, las reformas introducidas en el Código Penal de 1995 no eran de especial calado doctrinal o dogmático, pues, en lo esencial, se limitaban a incrementar el número de delitos y la gravedad de las penas. Entre unas cosas y otras, me pasé casi un año estudiando con la intensidad de un opositor y el celo de un alumno aventajado.

Transcurrido ese periodo y habiendo aprendido también del resto de los magistrados de mi Sala —Esperanza de Pedro (Cuca), futura magistrada del Tribunal Supremo a poco que haya algo de justicia, y el ya desaparecido pero inolvidable Javier Cantero, buen compañero y hombre capaz de resolver en un solo párrafo las cuestiones más complejas—, finalmente decidí por mi cuenta y riesgo dictarme, sin pudor alguno, sentencia absolutoria: ya estaba a la altura de mis compañeros. Ya era un magistrado competente y normal. Seguí aprendiendo con el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso Ballestín Miguel, un firme aragonés, veterano progresista y enamorado de su tierra. Me puso al día en Derecho Procesal el secretario judicial, o letrado de la Administración de Justicia, Eduardo Cativiela, pues sin duda sabía más que yo. También aprendí Tramitación de José Joaquín Vicente (Jota), oficial de Justicia, y de todos los demás funcionarios de mi sección: mis «traductoras», Beatriz Gómez y las hermanas Ángela y Teresa Cruz; Pilar Bellido en Tramitación y, como agentes judiciales, Melani Fuentes y, especialmente, la imprescindible Carmen Magallón, polivalente, multidisciplinaria y encantadora. A todos, gracias, gracias, infinitas gracias.

A lo largo de estas memorias compruebo que una de las palabras que más se repiten es «gracias». Tengo la convicción de que sin la ayuda decisiva de las personas que he mencionado en sus páginas no hubiera podido cumplir ninguno de los objetivos en mis sucesivos cargos públicos. De los errores y equivocaciones cometidas, aunque sea un tópico, soy el único responsable. No estoy seguro de haber reconocido el trabajo a mis sucesivos colaboradores con la debida intensidad en el momento oportuno. De ahí que ahora trate de paliar mis insuficiencias a través de mi tardío y sincero agradecimiento.

EL PLACER DE LA AMISTAD

He tenido la suerte inmensa de convertir, en muchos casos, a mis colaboradores en amigos. Los encontré entre aquellas personas que entendía más valiosas para realizar sus cometidos, mejor, mucho mejor, desde luego, de lo que yo lo haría. Tenían que saber de su materia más que yo y, a ser posible, cosa que no es tan difícil, ser más inteligentes. Solo así estaban en condiciones de ayudarme. No venían a mi equipo a aprender. Venían «aprendidos» para enriquecer al resto del equipo desde sus respectivas experiencias. Tuve el acierto de elegir bien. Hablo de «suerte» porque las personas, incluso las más queridas, son como los célebres melones: un interrogante que solo se desvela con el trato continuado.

He conocido auténticos expertos en materias diversas equivocarse rotundamente ante un melón asintomático. En mi caso, con una excepción de la que no quiero acordarme (mi piadosa memoria ha perdido hasta el nombre), todos los melones fueron tendrales. Además, ninguno de mis colaboradores salió con tendencia a apropiarse de nada que no fuera suyo, lo que no ha sido nunca cosa fácil. Honrados a carta cabal. Todos, y en especial mis más directos colaboradores (Teresa, Margarita y Paz; los dos Fernandos, Jerónimo o Carlos), hacían del trabajo su lema, su ídolo, al que quizá adoraban en exceso. Amistad, suerte y trabajo son las claves que abren la puerta a los buenos resultados. Y, por encima de todo, la fijación de objetivos claros y precisos que debían presidir todas las actuaciones. Me refiero, entre otros, a la adaptación de las leyes ordinarias a la Constitución, la solidaridad internacional con Palestina y Guatemala, la formación permanente y continuada de los jueces, el nuevo Código Penal de 1995, la Ley del Jurado, la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 o y el tranvía.

Saber que nuestro trabajo tenía un sentido claro y neto, que no era el de estar por figurar, ni el de medrar o prosperar políticamente, constituía nuestra verdadera fuerza. Nuestro trabajo era nada menos que modificar y modernizar nuestra sociedad en la medida de nuestras posibilidades, e introducir mejoras en nuestro sistema democrático. En algún caso lo logramos. En otros no, pero siempre tuvimos el coraje de intentarlo.

Como ya he relatado, mudarme a Zaragoza no fue fácil, pero fue el resultado de una decisión largamente meditada. Hoy me felicito por ello pues me permitió introducir en mi vida profesional y política logros importantes (cuando muchos de mis colegas iban desapareciendo lentamente del ámbito de la política) y, al mismo tiempo, disfrutar de una vida en la que el tiempo personal, la familia y los amigos han tenido un espacio decisivo. Son ellos a quienes debo el aprendizaje constante de la compleja psicología de esta tierra en la que decidí fundar una casa de sólidos cimientos y en la que permaneceré hasta mi último aliento si Dios así lo decide, para viajar finalmente a mi rincón de Valderrobres ya para no desplazarme más, espero.

Una de las personas imprescindibles para mí y mi familia en estos últimos años ha sido el doctor Carlos Val-Carreres, primus inter pares, médico y cirujano, especialmente querido por los toreros, quienes siempre acuden a él cuando la Parca los mira de cerca, cosa habitual en su oficio. No es solo cirujano. Es que es el mejor. Y completa su destreza con una inteligencia vasta e intensamente humana. A su lado, siempre otro valioso amigo, Enrique Trebolle, abogado penalista y también el número uno nacional indiscutible en su oficio, un galaico inteligente y trabajador, recriado en Aragón y también enamorado de esta tierra. Nada se escapa al juicio certero de estos dos ejemplares por excelencia y honestidad profesional. Vivir en un ámbito más reducido que Madrid y con menos presión que en los ministerios de Justicia e Interior me ha dado la oportunidad de conocer y disfrutar del talento y la compañía de personas del más alto nivel. A ambos les hice entrega del reconocimiento de «Zaragozano Ejemplar», en unos actos celebrados en el ayuntamiento, por sus trayectorias profesionales y personales. También hace mucho que les entregué mi absoluta confianza.

En el mundo del Arte, así, con mayúsculas, Aragón es una tierra pródiga en artistas, algunos de los cuales me han regalado generosamente su amistad. En primer lugar debo citar al poeta y pintor Jorge Gay, el primero de su generación, al que le debo el regalo de aceptar el encargo de hacer mi retrato oficial destinado a la galería de alcaldes del Ayuntamiento de Zaragoza. Y, ciertamente, lo hizo. Una mañana en su atelier, me enseñó el que sin duda es el más original y extraño de los retratos que me han hecho a lo largo de la vida. Basta con entrar en el Salón de Recepciones de la casa consistorial para constatar una evidencia: es diferente, resalta en los tonos, destaca su exquisita sensibilidad artística de entre el resto. La clave fue que el pintor y yo entendíamos que no se trataba de hacer un retrato más, sino de un «Jorge Gay» en la galería de alcaldes, en el que el rostro, o el parecido, no era más que un pretexto. Hemos mantenido veladas muy agradables, aunque siempre demasiado cortas, en su estudio junto a su encantadora mujer Nieves, su amor, su musa.

Debo citar en segundo lugar a otro gran pintor, Pepe Cerdá, y a su esposa, la diseñadora y docente Ana Bendicho. Dentro de su amplia obra quiero destacar su vocación de intelectual al viejo estilo del siglo XX. Pepe es un tipo genial, capaz de convertir un espacio anodino en algo extraordinario. Su famosa gasolinera es pura magia, buscadla. Y cosas del destino… su retrato del alcalde Atarés fue a colocarse junto al del de su amigo Gay, como ellos en la vida real.

José Manuel Pérez Latorre es el arquitecto de un edificio que admiré entusiásticamente desde mi llegada a Zaragoza y que le supuso no poca desazón años atrás. Una sobria construcción de inspiración romana que al mismo tiempo evoca el austero carácter aragonés y el pasado de mi ciudad fundada por César Augusto. Se trata del Auditorio de elegantes columnas y privilegiada acústica, como han subrayado los grandes músicos que en él han actuado. Es tan singular, complejo y poético como su autor, con quien nos vemos menos de lo que nos gustaría, siempre bien acompañado por su estupenda mujer Ana Palacio.

Quiero recordar a mis amigos artistas cuya compañía y sabios consejos fue decisiva a la hora de abordar la «Operación Zaragoza». Me refiero a la pintora Margó Venegas, a Joaquín Sicilia (cuyo trabajo de arquitecto siempre es requerido, lamentablemente, en países lejanos) y a su hermano y anfitrión cada verano en el evocador Balneario Sicilia, que lleva su nombre familiar desde el siglo XIX. Me pasa algo curioso con ellos: nos vemos poco, pero siempre tengo la sensación de que deberíamos vernos y oírnos con mayor frecuencia y mayor intensidad. Tendré que esperar a la jubilación de todos.

En el ámbito de la política, además de los citados a lo largo de este libro, quiero subrayar a dos personas con las que se produjo el salto desde el compañerismo hasta la amistad personal. Así lo siento y así quiero decirlo. Se trata de los militantes socialistas y senadores José María Becana por Huesca y Antonio Arrufat por Teruel, con los que coincidí siendo senador por Zaragoza a lo largo de toda una legislatura. Teníamos la sensata costumbre de comer juntos cada jueves en una simpática tasca del viejo Madrid, próxima al Senado. Un menú de precio reducido que sin embargo resultó suficiente para alimentar una relación de amistad y auténtico afecto que continúa hoy. Mucho me han enseñado con su olfato político tan agudo, como la crítica que, con la amplitud de miras que les caracteriza, ejercen sobre cualquier cuestión en libertad sin acritud y con mucho humor. Espero que su amistad dure lo que duren nuestras vidas.

Uno de los placeres del que hubiera debido abusar —y espero estar a tiempo de intentarlo— es el dominio gastronómico y de vinos de la exquisita y singular pareja formada por Altamira Gonzalo, prestigiosa feminista y abogada especializada en Derecho de Familia, y Javier Guelbenzu, médico navarro de familia bodeguera, luchadores ambos en los valores de justicia ética e igualdad. Mientras avanzo en la somera descripción de mis amigos, soy consciente de que lo son al menos por mi parte, por la admiración que me han producido siempre sus destacadas virtudes manifestadas con largueza en sus respectivos ámbitos de actividad.

Con quienes hemos mantenido una relación de amistad a lo largo de estos años, hasta el punto de que mis hijas, de pequeñas, creyeron que eran parte de mi familia aragonesa, han sido la señora registradora Belén Madrazo y Juan (aunque para mí siempre será Juanito) Bolea, periodista y escritor de éxito de novela negra que se atreve con la producción teatral o cinematográfica y casi con cualquier cosa que requiera calidad en el mundo al que sin duda pertenece, la Cultura con mayúsculas. Tan atractivos ambos como inteligentes, es imposible encontrar en ellos algo fuera de tono, oscuro o vulgar. Siento que sus vidas aún estén condicionadas por intensas jornadas laborales para visitarlos cualquier tarde y bajo cualquier pretexto.

A Manu Blasco, concejal de Fomento y Deportes del PAR, que gobernó a mi lado, debería haberle situado en el segmento político, donde demostró ser, como ya he dejado escrito, un excelente trabajador y eficaz colaborador en el gobierno de la ciudad. Fue absuelto de un delito de corrupción que no había cometido después del calvario de cuatro años de instrucción sin perder el gesto y la sonrisa amable. Solo por eso merece un cielo en el que ya estará su padre, una de las mejores personas que he conocido en Aragón. De ambos he admirado siempre el carácter alegre y bondadoso, tan poco frecuente en instancias políticas.

Mis queridos amigos: me resulta difícil expresar con la plenitud de conocimientos y la inteligencia que ello requiere, cuán valioso ha sido el tiempo pasado en vuestra compañía a lo largo de los más de veinticinco años que llevo en Aragón, la mejor de mis decisiones. A vuestro lado he aprendido cuanto me hizo falta no solo para gobernar, sino, lo que es más importante, para vivir, disfrutar y comprender mi tierra. Gracias por vuestra ayuda y por hacer intensos, lúcidos y apasionantes estos años tantas veces difíciles.

ALGUNOS DE MIS DEFECTOS

Tengo muchos defectos que, bajo ningún concepto (expresión de la que, según mis amigos, uso y abuso), voy a relatar aquí en su totalidad, pues mis amigos y familiares se han esforzado mucho en recordarme que soy mortal, algo que dolorosamente he sabido siempre, sin darles la satisfacción de reconocerlo. Pero hay uno (además de la vanidad, que creo es simplemente un rasgo común en una tierra sobresaliente en sentimientos de autoestima y seguridad personal) que destaca, y es mi excesiva afición por la siesta, a la que no renuncio en ninguna circunstancia, lo que me ha acarreado no pocos reproches y quejas. Será un defecto al que no puedo domesticar. Una manía que no transige con nada ni con nadie, pues, literalmente, me resulta imposible abrir los ojos después de las cuatro de la tarde, lo que imposibilita largas tertulias y hace de mí un personaje incómodo para las sobremesas. Recuerdo episodios que me han granjeado la enemistad eterna de personas por las que tuve interés, al menos inicialmente. Una de ellas fue un periodista zaragozano al que acababan de despedir en el veterano diario Heraldo de Aragón donde militaba. Según una antigua costumbre mantenida a lo largo de mi vida con cesados y despedidos, le invité a comer, pero curiosamente nunca perdonó que hacia las cuatro de la tarde me excusara y abandonara el comedor no sé con qué pretexto (solía recurrir a una inminente visita médica para no ofender a mis convidados). Y cuando después de servirse un generoso whisky, se percató de que no habría una de esas sobremesas infinitas que suelen prolongarse a veces hasta la hora de cenar y que tanto gustan en Aragón, me declaró la guerra total. Poco después publicó que yo era una especie de gafe después de la caída de un árbol que por desgracia mató a una inmigrante que se encontraba en el mismo parque. Nunca sospeché que la benéfica siesta pudiera producir tanto y tan injustificado encono.

Otro personaje a quien me vi obligado a cancelar el almuerzo por mor de mi siesta fue el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En lugar de acudir a nuestra comida en el Ayuntamiento de Zaragoza con puntualidad, algo que siempre he mantenido con insistencia, tuvo la mala idea de hacer una escala no prevista en Calatayud, posponiendo el almuerzo hasta más allá de las cuatro de la tarde, hora en la que ya estaba en mi casa durmiendo plácidamente. A diferencia del rencoroso periodista, él sin duda lo perdonó. Puede que incluso se alegrase dada la insistencia petitoria de todos los alcaldes.

A muchos otros quizá les molestó mi ausencia, pero estoy seguro de que más les hubiera irritado una sobremesa junto a un personaje de mirada ausente y errática. Como bien sabía el genial Unamuno, que tenía mi misma costumbre, después de la siesta uno está bastante más despierto y animado que la concurrencia.

En mi descargo diré que mi jornada empieza a las seis de la mañana, por lo que me resulta imposible mantener la lucidez después de un largo almuerzo, aunque soy bastante frugal. La comida siempre me pareció un trámite a resolver con rapidez, y aunque hoy, ya jubilado, disfruto más de la buena mesa, no cambio un plato exótico por un ternasco de mi tierra o un arroz cocinado con tiempo y esmero en Valencia o Alicante.

Mis amigos se divierten a mi costa con otro de los defectos que me adornan. Me refiero a las enormes dificultades con la tecnología. Es un hecho que desde mi lejana infancia las manualidades se me han resistido, pero al llegar a este siglo y alcanzarme de lleno internet, hube de renunciar a enzarzarme con los móviles de nueva generación, esa serie de instrumentos diabólicos que, tal y como vengo sosteniendo, van a contribuir firmemente a la pérdida de la inteligencia humana, cosa que empieza a ser algo más que un vaticinio malintencionado. Viene al caso recordar una anécdota a este respecto.

La ansiada detención de Luis Roldán se produjo el 27 de febrero de 1995. Yo estuve esperando la llamada de los comisarios enviados a Laos durante varios días que se nos antojaron siglos, y cuando por fin sonó el teléfono, alguien me acercó un móvil, un aparato que nunca había visto antes, y me quedé atónito preguntando si se podía hablar tan lejos con «aquello». Aún lo cuentan divertidos…

Epílogo

A finales de la década de 1970 y por razones que no recuerdo, mi hermano Tayo y yo estábamos con mi madre viendo la televisión; en concreto, el programa Gente hoy, que presentaba la periodista y pianista Mari Cruz Soriano. Una jovencita rubia, guapa e inteligente, a la que se veía en todas partes, especialmente en Televisión Española, por entonces casi la única cadena, pues la segunda o no tenía mucha audiencia o no llegaba su señal a buena parte del territorio nacional. Presentaciones, programas especiales, retransmisiones de festivales, conciertos de piano y un largo etcétera por los que recibía múltiples reconocimientos. Estaba en las sopas de todas las mesas cada mediodía en un programa de entrevistas. Toda ella respiraba un inevitable aire de cierta riqueza, como se decía entonces, educada y de buena familia. A pesar de tener un éxito tan espectacular, era un personaje curiosamente querido. Gracias a su trabajo, recorrió casi toda la geografía de España y buena parte de Latinoamérica y de Rusia. Allí donde llegaba aparecían madres con hijos pequeños que querían abrazar a la estrella de la televisión.

Además, la presentadora tocaba muy bien el piano. Para mi madre, esa circunstancia era el colmo de la perfección, pues por alguna razón misteriosa, a la música coral y religiosa añadía el amor por el piano de Mari Cruz. Su disco Caja de música fue un éxito a nivel mundial y en nuestra casa sonaba con insistencia.

Un día en que la miraba fijamente, mi madre se volvió hacia mí y sentenció: «Esa es la chica que te conviene». Y se quedó tan ancha, olvidando quizá que, por entonces, yo ya estaba casado. Decidí llevarle la contraria afirmando que no era mi tipo (Crunch todavía no me lo ha perdonado). He de confesar que no dije la verdad, pues obviamente también a mí me gustaba. Era el tipo de mujer que valora cualquier hombre normalmente constituido. Pero en aquel tiempo pensé que no estaba al nivel de mis posibilidades y que, por tanto, no había que dar más vueltas al asunto.

Tuvieron que pasar muchos años para conocer personalmente a doña María Cruz Soriano. El encuentro, propiciado por el entonces presidente de la cadena COPE, Eugenio Galdón, tuvo lugar en la sede de la emisora. Coincidimos los dos en la puerta exterior del edificio y, galantemente, la invité a pasar delante de mí. Subimos un piso o dos de escaleras. Nunca he estado seguro, ni siquiera ahora, sobre quién debe ir detrás y quién debe ir delante. Probablemente la solución a este dilema sea la de colocarse el hombre delante de la mujer para evitar que disponga de unas vistas privilegiadas que, en principio, no merece. Pues bien, yo lo hice al revés. Y lo que vi reafirmó mi vieja idea de que por supuesto era mi tipo. Tras una breve entrevista con el señor Galdón y «la Soriano», en la que quedó claro quién mandaba allí (la Soriano, desde luego), ambos me propusieron participar en la tertulia de la tarde, como ya he explicado en otra parte del libro.

Poco a poco fuimos superando todas las dificultades hasta que, en Los Cántaros, un sencillo restaurante de carretera en Zaragoza, le pedí matrimonio. Es verdad que antes, mucho antes, intenté que viniera un fin de semana conmigo a París, mi ciudad favorita. Oferta que, para mi asombro, rechazó muy airada. Lo curioso es que un año después, y sin que nos hubiéramos casado, aceptó viajar conmigo a Italia, donde alquilamos una casa rural en Maggiore, un remoto pueblo del lago Trasimeno. Ni que decir tiene que Roma era la ciudad preferida de mi futura esposa, buena conocedora de su historia, así que lo que no pudo hacerse en París, pudo hacerse en Roma. Afortunadamente.

Solo por Crunch puse en peligro por primera y única vez mi futuro político. Siendo presidente del grupo socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, organizamos un viaje a Egipto, y al entonces alcalde, Pepe Atarés, no se le ocurrió otra cosa que señalar para esos días el acontecimiento político más importante del año: el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Todos, incluidos Marcelino Iglesias y Jerónimo Blasco, que iba a sustituirme en el debate, insistieron en que debía cancelar los billetes y volver a toda prisa a Zaragoza. Me amenazaron con las penas del infierno, el final de mi candidatura o la segura derrota electoral. Tenía que elegir y, con dudas, elegí continuar navegando en un barco por el Nilo, con mi reciente novia. Y no pasó casi nada, salvo el ataque furibundo —en este caso con razón— de una parte de la prensa encabezada por el Heraldo y, algo más tibio, del resto de los medios de comunicación. Sin dudarlo, volvería otra vez a pagar el precio. El contubernio de Mari Cruz con el antiguo Egipto y sus faraones resultó invencible. Y, por una vez, los sentimientos derrotaron clamorosamente a la política.

Nuestra relación sigue viva desde hace más de veintitrés años, y espero y deseo que continúe así hasta el momento final. Durante este tiempo que llevamos juntos no han faltado discusiones con esta vasca aguerrida, y hasta alguna bronca, aderezo indispensable de toda buena reconciliación. Pero, gracias a Dios, nos queremos, no con el agotador estrépito de los primeros días, sino de una manera más honda, más plena y felizmente más serena.

Por Mari Cruz y por ocupar la mente los primeros y complicados meses de mi jubilación, me he puesto a escribir estos retazos de memorias. Tenía y sigo teniendo serias dudas sobre su utilidad, pero con el adiós a mi actividad laboral, la idea de tener un señor dando vueltas en pantuflas por casa creo que la ha asustado lo suficiente como para animarme, así que, confiando en su criterio, me he embarcado en esta difícil tarea. De algún modo, ha sido la coautora de este libro. En todo caso, cualquier errata o error de síntesis es solo achacable a quien esto escribe. Lo que puedan tener de emocionante estas líneas, sin embargo, es mérito suyo.

Por tanto, a ella está dedicado este libro, y también a mi madre. Comencé estas memorias hablando de ella, recordándola, y las finalizo escribiendo sobre mi mujer.

Crunch, sé que no ha sido tarea nada fácil querernos a lo largo de todos estos años, ni para ti ni para mí, pero hubiera sido imposible dejar de hacerlo.

Agradecimientos

Son muchas las personas que han hecho posible este libro. Colaboradores y casi siempre amigos, a quienes debo su afecto, esfuerzo y una buena parte de su memoria. Gracias a Juan Daniel Barandiarán, Cándido Conde-Pumpido y Fernando Escribano. A Paz Fernández Felgueroso y María Teresa Fernández de la Vega. A mi jefe de Gabinete, Carlos García, y a su esposa, Mari Cruz Moreno. A Mercedes Gracia, mi jefa de Comunicación, a Margarita Robles y a Manuel Avilés, excepcional colaborador y funcionario de prisiones durante mi etapa de ministro. A mi secretaria, Susana Soler, por haber traducido el manuscrito a un idioma comprensible, a Luciano Varela Castro y a mi maestro Tomas Vives Antón, fallecido mucho antes de lo que sus amigos y discípulos hubiéramos aceptado.

Debo especial agradecimiento a Jerónimo Blasco, a su mujer, Elvira Fernández, y a Fernando Gimeno, por su decisiva ayuda en la elaboración de los capítulos referidos a la historia del PSOE en Aragón y la conquista de la Expo de Zaragoza 2008.

Y finalmente debo dar las gracias también por su excepcional colaboración a mis editores, David Trías y Virginia Fernández. A mi agente literaria, Antonia Kerrigan, al escritor Juan Bolea y a mi esposa, Mari Cruz Soriano. Todos ellos han tenido una contribución decisiva a la hora de corregir literariamente el manuscrito y ordenar unos hechos, que dada su extensión en el tiempo, comienzan a perder vigor entre mis recuerdos.

A todos ellos gracias, eternamente.

Imagen cedida por el autor

Mis padres, José María Belloch y María «Marita» Julbe, en una tierna imagen juntos. Se conocieron en la facultad de Derecho de Valencia y protagonizaron un amor flagrante y decisivo, descomunal y glorioso, que, pese a todas las vicisitudes vividas, muchas veces en medio del horror, los dos supieron interpretar y vivir plenamente.

Imagen cedida por el autor

Marita, mi madre, con sus tres hijos: José Félix (Télix), Santiago (Tayo) y yo mismo. Fue una mujer «original» para la época. Licenciada en Filosofía y Letras, cursó además estudios de Derecho. Mi abuelo Félix quería que se convirtiera en registradora de la propiedad, pero las circunstancias derivadas de la guerra y de la infinita posguerra truncaron sus deseos.

Imagen cedida por el autor

Una simpática fotografía de los tres hermanos Belloch a lomos de una motocicleta. José Félix, el mayor de los tres, nos dejó demasiado pronto. Para mí fue más que un hermano, mi mejor y mi más íntimo amigo. A Santiago siempre le caracterizó su audacia y valentía. Heredó de mi padre la condición de hombre renacentista y cuenta con una capacidad creativa fuera de lo común.

© Arxiu Tarradellas

En julio de 1977 José María Belloch fue nombrado gobernador civil de la provincia de Barcelona. En la capital catalana recibió a Josep Tarradellas en su regreso a España, tras treinta y ocho años de exilio. En la instantánea, que recoge el momento de su llegada al aeropuerto del Prat, el president realiza sus primeras declaraciones a pie de pista, que mi padre escucha con atención desde el extremo izquierdo de la fotografía.

Imagen cedida por el autor

Dos fotografías de mi etapa —llamémosla así— existencialista. Una mañana del verano de 1967, con apenas diecisiete años, mi amigo Juan Alberto Ollé y yo tomamos un tren en Barcelona con destino a la Gare D’Austerlitz. Nuestra intención era encontrar la famosa playa que se escondía bajo los adoquines de París.

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Regresé a Barcelona dejando atrás los luminosos días parisinos. La época en que preparé las oposiciones es una de las más oscuras de mi vida, algo así como adentrarse en un túnel negro en el que no hay ninguna luz al final del mismo.

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Mi primer destino fue San Sebastián de La Gomera, al que siguieron los juzgados de Berga y Alcoy. Tras ellos, vino la larga etapa en el País Vasco, diez años intensos en los que trabajé en la Audiencia Provincial de Bilbao, época a la que corresponde esta fotografía.

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Jueces para la Democracia —de la que he tenido el honor de formar parte— ha sido y es una de las asociaciones esenciales de la judicatura española. La imagen, tomada en diciembre de 1983, reúne a varios miembros de su Comisión Ejecutiva de entonces, como fueron Claudio Movilla, Fernando Tomás Andreu, Cándido Conde-Pumpido, Gonzalo Moliner, Ignacio Sánchez Yllera, Manuela Carmena o Margarita Robles.

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Durante los peores años del terrorismo etarra, la presencia judicial del Estado en Euskadi se encontraba muy limitada debido a las continuas peticiones de traslado de sus miembros. Cándido Conde-Pumpido —magistrado en la Audiencia Provincial de San Sebastián— y yo mismo —al frente de la de Bilbao— decidimos revertir la situación y quedarnos en el País Vasco para tratar de llenar ese vacío. Fue una apuesta arriesgada, pero correcta.

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Durante mi estancia en Bilbao participé activamente en la elaboración de informes internacionales en materia de Derechos Humanos. En esta fotografía me encuentro junto a Juan María Bandrés, Marc Palmés, José María Mena y Javier Nart, que formaron parte de la delegación que se desplazó hasta Palestina.

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En mis viajes a Palestina pude entrevistarme con dirigentes de la Intifada; entre ellos Yaser Arafat, con quien inicié una amistad personal y política que se mantuvo hasta su asesinato. En prueba de su afecto, y hasta su muerte, todos los años, incluso siendo alcalde de Zaragoza, llegaba a mi casa una enorme caja de dulces árabes que mis hijas celebraban con alegría. No falló nunca.

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En los jardines del Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia.

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Recibí la llamada de Felipe González en julio de 1993: me citó al día siguiente en Moncloa para comunicarme mi nombramiento como ministro de Justicia y encargarme la tarea de elaborar un nuevo Código Penal. En la imagen nos hallamos celebrando su aprobación.

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Antoni Asunción, que había sido uno de mis más estrechos colaboradores en materia de Asuntos Penitenciarios, fue nombrado ministro de Interior en sustitución de José Luis Corcuera. Presentó su dimisión tras la fuga de Luis Roldán, lo que propició que yo tuviera que asumir también la responsabilidad de un segundo ministerio.

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A principios de los noventa, la «Operación Jueces» —orquestada por José Bono y Ventura Pérez Mariño— pretendía luchar contra las sospechas de corrupción incluyendo en las listas del PSOE a destacadas figuras del poder judicial. Varios de nosotros declinamos la oferta, no así Baltasar Garzón, juez estrella omnipresente en tertulias, saraos y eventos de todo tipo. El resultado no fue el esperado por el protagonista de la operación y su larga sombra se proyectó durante toda la difícil legislatura final de González.

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El 13 de mayo de 1994 se conmemoraba en Madrid el 150 aniversario de la creación del cuerpo de la Guardia Civil con su director general en busca y captura. Asistí al acto en calidad de ministro de Interior y Justicia acompañando a Felipe González. El solemne paraguas negro resistió el diluvio de agua, abucheos e insultos.

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Luis Roldán —director de la Guardia Civil— y Emilio Alonso Manglano —director del CESID— protagonizaron dos de los escándalos más sonados de la década.

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Francisco Paesa, el espía de las mil caras, prestó sus servicios a Luis Roldán tanto antes como después de su huida, y se ha escrito mucho sobre su papel en la operación que derivó en su detención. Confirmo que Paesa no recibió de mi mano el dinero de los fondos reservados que entregué en el Palacio de Parcent. Y considero el «caso Roldán» uno de los éxitos más evidentes de mi trayectoria política.

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Afrontar con éxito tiempos tan convulsos como aquellos exigía contar con un buen equipo. Elegí a dos mujeres —María Teresa Fernández de la Vega y Margarita Robles— para las secretarías de Interior y de Justicia, respectivamente. Ambas hicieron un excelente trabajo, y por eso no es de extrañar que, terminada su vinculación con el biministerio tras las elecciones generales de 1996, continuaran desarrollando unas excelentes carreras políticas.

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En la manifestación de repulsa por el asesinato de Francisco Tomás y Valiente, maestro y amigo. El terrorismo es una de las lacras que han acompañado mi desempeño profesional, tanto en el poder Judicial como en el Ejecutivo. En su funeral sentí, por primera y única vez en mi vida, el impulso de tomar la justicia por mi mano.

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Desde el Ministerio de Interior buscamos fórmulas para mejorar nuestras relaciones con los países vecinos. En la fotografía me encuentro saludando al rey Hasán II. Marruecos es uno de los lugares en los que comprendí que el trato personal y directo es la única forma de llegar a acuerdos sólidos y duraderos.

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Lección similar aprendí de mi encuentro con la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno. En solo unos meses de trabajo bilateral conseguimos avanzar acuerdos de extradición en materia antiterrorista mucho más de lo que habíamos conseguido en años de negociación con la Unión Europea.

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Alfonso Guerra ha sido uno de los líderes más relevantes del socialismo español del siglo XX. No tuve la posibilidad de formar parte de un gobierno con él como vicepresidente, pues el tándem imbatible que hacía con Felipe González ya se había roto en 1993. Sin embargo, no considero que su hermano fuera el responsable de su prematuro abandono de la vicepresidencia, sino el tedio de hacer siempre lo mismo, sin esperanzas ciertas de llegar a ser presidente.

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Alfredo Pérez Rubalcaba, a diferencia de Alfonso Guerra, fue un político nacido para ser el número dos de cualquier organización, ministerio o gobierno. Y me consta que, mientras tuvo una función de este tipo, fue feliz. La noche electoral del 3 de marzo de 1996 leímos juntos los resultados que daban fin a nuestros cargos como ministros de la Presidencia y de Interior, flotando entre la alegría de estar obteniendo unos buenos resultados y el oculto temor de que tuviéramos que continuar gobernando con extrañas coaliciones.

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Siempre me he sentido cómodo entre escritores. Tanto mi padre como mi hermano coquetearon con la literatura y dieron a imprenta algunas obras de interés. En estas dos fotografías me encuentro junto a autores a los que admiro: Manolo Vázquez Montalbán y Gabriel García Márquez. En cierta ocasión disfruté del extraño privilegio de sustituir como anfitrión a Felipe González en una visita del Premio Nobel a Madrid, velada que terminó más allá de la madrugada en la mítica churrería de San Ginés.

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Estas dos fotografías condensan una etapa de mi vida, aquella en la que acompañé a Felipe González en su último mandato como presidente del Gobierno (1993-1996). La imagen superior muestra a la bancada socialista en el Congreso al comienzo de la legislatura más compleja de cuantas estuvo en el poder, y en la que tuvo que hacer frente a dimisiones como las de José Luis Corcuera, Antoni Asunción, Vicente Albero, Narcís Serra, Julián García Vargas o Javier Solana. La imagen inferior reúne a los miembros del Gobierno que cerramos esta etapa.

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Recuerdo que, una tarde de 1970 viendo Gente hoy en la televisión, mi madre dijo: «Esa es la chica que te conviene», refiriéndose a la joven y hermosa pianista que conducía el programa. Mari Cruz Soriano y yo no nos conocíamos entonces y no lo hicimos personalmente hasta mucho tiempo después, cuando yo había dejado el gobierno y ella lideraba el programa de la tarde de la COPE. Comencé a trabajar en su tertulia y poco a poco nos enamoramos. Cruz aportó a nuestra relación de pareja un regalo maravilloso: mis dos hijas, Cristina y Beatriz, que nos acompañan en la segunda fotografía.

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Le pedí matrimonio en un sencillo restaurante de carretera y la ceremonia se celebró en el Salón de Recepciones del ayuntamiento de Zaragoza el 19 de diciembre de 2002, oficiada por el entonces concejal Jerónimo Blasco, al que yo mismo había casado unos meses antes. Ya de madrugada nos escapamos a pasar nuestra luna de miel en Valderrobres, pueblo de Teruel en el que nos refugiamos siempre que podemos y donde nos gustaría terminar nuestros días.

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Tras la derrota socialista en las elecciones generales y con mi carnet del PSOE recién estrenado en el bolsillo, emprendí, sin saberlo, el último gran viaje político de mi vida. No quería convertirme en uno de esos nostálgicos «ex» que pululan por la Villa y Corte, de modo que desembarqué en Zaragoza pasando de mi inicial condición de paracaidista político a la de un vecino más, y poco a poco entendí cuáles eran sus sonidos y signos claves. Para que la ciudad fuera aceptándome como suyo, debí esforzarme en aprender muchas cosas y, en los primeros años de la relación con Cruz, nuestro trabajo principal fue conocer Zaragoza y Aragón, pueblo a pueblo.

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La primera campaña electoral fue una tarea difícil para alguien como yo, nacido en Aragón pero sin vínculos directos con la ciudad. Permanecí cuatro años ejerciendo la oposición y en 2003, segunda ocasión en que me presentaba a las elecciones, conseguí —al fin— la alcaldía. El sueño de la Expo empezaba a andar.

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La competencia por los votos internacionales para albergar la Exposición Universal era feroz, y los últimos días de campaña fueron especialmente frenéticos. Un viernes de 2004 Mari Cruz y yo mantuvimos una larga y animada conversación con Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, cuyo voto en favor de la candidatura de Zaragoza inclinó la balanza de nuestro lado.

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El apoyo francés también resultó decisivo. La imagen recoge el momento en que los presidentes Jacques Chirac y José Luis Rodríguez Zapatero rubrican el convenio Expo 2008.

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En octubre de 2003, en vísperas de las fiestas del Pilar, los reyes de España realizaron el viaje oficial de inauguración del tren de Alta Velocidad (AVE) que conectaba en un trayecto de hora y media la ciudad de Zaragoza con Madrid y con Barcelona.

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La visita de sus satánicas majestades los Rolling Stones fue otro de los momentos inolvidables de aquella aventura. Su decisión de actuar en Zaragoza confirmó que la ciudad estaba más que preparada para albergar grandes eventos.

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La gran actriz Penélope Cruz, que en la imagen posa junto a Fluvi, mascota de la Expo, también brindó desinteresadamente su apoyo al proyecto.

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El 13 de junio de 2008 la Exposición Universal abrió sus puertas. Nunca pensé que un proyecto pudiera marcar tanto mi vida política e incluso personal. Visto con perspectiva, era una quimera. ¿Cómo nos atrevimos a pensar que una ciudad del tamaño y la trayectoria de Zaragoza pudiera conseguir organizar un evento internacional como la Expo?

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La fotografía reúne al equipo Expo 2008. La transformación y modernización de la ciudad, ahora abierta a sus cauces de agua, no habría sido posible sin ellos.

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En enero de 2020 recibí de manos de Jorge Azcón, actual regidor de Zaragoza, la medalla de oro de la ciudad de la que fui alcalde doce años, desde 2003 hasta 2015.

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En la imagen descubro la placa de una calle con mi nombre en Mora de Rubielos. A lo largo de mi vida he recibido homenajes de toda índole, pero pocos lugares han sido tan generosos conmigo como Aragón, la tierra que me vio nacer hace ya más de setenta años y en la que me gustaría descansar eternamente.

Una vida a larga distancia son las memorias de un hombre excepcional inmerso en tiempos extraordinarios.

La influencia de su madre —mujer de carácter adelantada a su tiempo—, y de su padre —intelectual liberal de linaje republicano— forjaron en Juan Alberto Belloch el deseo de una independencia radical, donde el servicio a su país estuvo siempre por encima de intereses personales o riñas partidistas: primero como juez ─uno de los más jóvenes de la naciente democracia─ y más tarde al frente de los ministerios de Justicia e Interior, que ocupó en los últimos gobiernos de Felipe González, sin haber militado jamás en el PSOE.

Desde sus sucesivas responsabilidades abanderó una forma de entender la política basada en un profundo sentido de la justicia. Lidió con los peores años del terrorismo desde la Audiencia Provincial de Bilbao, modernizó la institución judicial como Vocal del CGPJ, abordó con éxito reformas como la Ley del Jurado y tuvo que hacer frente a sonados escándalos heredados por su ministerio como fueron la fuga y captura de Luis Roldán o las escuchas del CESID, mientras a su alrededor se desataba una feroz lucha por el poder alimentada por la coalición periodística bautizada como el «sindicato del crimen». Superado el ruido y la furia de la última legislatura de González, se entregó en cuerpo y alma a la política local y logró llevar a Zaragoza la Exposición Universal de 2008, un brillante hito en la ciudad de la que fue alcalde más de una década

Este relato, concebido a larga distancia de la mayor parte de los hechos que protagonizó, es el testimonio sincero y apasionado de un hombre que mantuvo su independencia sin perder la lealtad a sus principios.

Juan Alberto Belloch (Mora de Rubielos, Teruel, 1950) es un magistrado y político español. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, con solo veintiséis años ingresó en la carrera judicial tras ganar su plaza en las primeras oposiciones convocadas después de la muerte de Franco. Su primer destino lo llevó al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de San Sebastián de La Gomera y posteriormente pasó por diferentes juzgados en Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Su compromiso con la democratización del poder judicial lo impulsó a participar en diversas organizaciones. En 1984 fundó la Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco y fue nombrado portavoz del colectivo de magistrados Jueces para la Democracia, asociación fundamental en la judicatura española desde la Transición hasta nuestros días. Magistrado en Bilbao desde 1981, fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial en 1988, cargo en el que permaneció hasta 1990, cuando fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Colgó la toga en 1993 al recibir la llamada de Felipe González, quien lo designó Ministro de Justicia como independiente en su gobierno. Después de la dimisión de Antoni Asunción en 1994 asumió también la cartera de Interior, concentrando bajo su mando los dos ministerios más relevantes. Se mantuvo al frente de ambos hasta mayo de 1996, cuando el PSOE no logró revalidar la confianza de los ciudadanos en las urnas. Tras despedirse del ministerio, ejerció como diputado nacional por Zaragoza, y posteriormente en 2003, después de algunos años en la oposición, fue elegido alcalde de la ciudad aragonesa, que transformó y modernizó aprovechando el proyecto de la Expo 2008.

Agotado el plazo de tres legislaturas al frente del Ayuntamiento que él mismo se impuso, regresó a la magistratura en la Audiencia Provincial de Zaragoza hasta 2022, año en el que se jubiló.

Primera edición: junio de 2023

© 2023, Juan Alberto Belloch Julbe

© 2023, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.

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Diseño de portada: Penguin Random House Grupo Editorial / Anna Puig

Fotografía de portada: © Miguel Gener

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ISBN: 978-84-01-03199-1

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[*] «Hay palabras que se pueden pensar, / pero no decir en sociedad. / No me importa la sociedad / y su pretendida moralidad».