Instauración de la República en abril de 1931. El punto culminante de ese proceso fue la Revolución de abril, una combinación de un resultado electoral, la iniciativa de un Comité Revolucionario y una fiesta de soberanía en la calle, en cuatro días que asombraron al mundo. Resultó una obra de arte, sin experiencia equivalente en la historia española de los cien años anteriores.

Rafael Cruz Martínez

Una revolución elegante. España 1931

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Titivillus 14.04.2021

Título original: Una revolución elegante. España 1931

Rafael Cruz Martínez, 2014

Editor digital: Titivillus

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Para Bea, Inés y Daniel

El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora (en el centro), y el presidente de las Cortes, Julián Besteiro (a su izquierda), posan con los miembros del primer gobierno presidido por Manuel Azaña (a su derecha). Madrid, 14 de octubre de 1931. Foto: Efe/jt.

Listado de siglas

LISTADO DE SIGLAS

ACNP | Asociación Católica Nacional de Propagandistas.
AGA | Archivo General de la Administración. Madrid.
AGGC | Archivo General de la Guerra Civil. Salamanca.
AHN | Archivo Histórico Nacional. Madrid.
CAMPSA    | Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima.
CECE | Confederación de Estudiantes Católicos de España.
CNT | Confederación Nacional del Trabajo.
DLR | Derecha Liberal Republicana.
DRV | Derecha Regional Valenciana.
FAI | Federación Anarquista Ibérica.
FNTT | Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra.
FPI | Fundación Pablo Iglesias. Alcalá de Henares.
FRG | Federación Republicana Gallega.
FUE | Federación Universitaria Escolar.
HMM | Hemeroteca Municipal de Madrid.
ORGA | Organización Republicana Gallega Autónoma.
PNV | Partido Nacionalista Vasco.
PSOE | Partido Socialista Obrero Español.
PURA | Partido de Unión Republicana Autonomista. Valencia.
UFEH | Unión Federal de Estudiantes Hispanos.
UGT | Unión General de Trabajadores.
UMN | Unión Monárquica Nacional.

Presentación

PRESENTACIÓN

Mi propósito es acercarme a comprender el ejercicio de la política de principios de los años treinta del siglo XX, bien fuera en la calle o en los despachos, en las plazas de toros o en el Congreso de los Diputados. Una revolución elegante. España, 1931 contempla el año de una revolución republicana y la institucionalización de un régimen político, desde la formación de una coalición revolucionaria en agosto de 1930, hasta la promulgación de la Constitución y el nombramiento del primer presidente de la República, Alcalá-Zamora, en diciembre de 1931. Este proceso político representó un paso firme en la democratización iniciada en los últimos años de la Restauración e interrumpida por la dictadura de Primo de Rivera. El punto culminante de ese proceso fue «una obra de arte», con los «cuatro días que asombraron al mundo», del 12 al 15 de abril, cuando el Comité revolucionario republicano desplazó de manera forzosa al Gobierno de Su Majestad, y se convirtió en Gobierno Provisional de la República.

La Revolución de abril supone el inicio de la institucionalización del régimen republicano, con el establecimiento de unas relaciones políticas distintas entre el Estado y la población. Como se entendió entonces, el 14 de abril representa el fin de la «guerra civil» y el comienzo de un proceso vertiginoso, lleno de incertidumbre e interferencias, una disputa en toda regla por imponer un tipo de república. A pesar de contar con la legitimidad de las urnas y la movilización del «pueblo» en su apoyo, el Gobierno Provisional de la República carecía de una posición estable y firme para desplegar sus políticas frente a los peligros circundantes, procedentes de monárquicos y de republicanos intransigentes. Pero los dos gobiernos provisionales no solo sobrevivieron a su heterogeneidad política, tantas veces recreada como quebranto y obstáculo para la eficacia, sino que superaron los peligros; el último de ellos, el del descontento o desencanto de septiembre y octubre de 1931, impulsó la mayoría de las reformas previstas. Los dos gobiernos provisionales marcaron el tiempo, con la convocatoria de elecciones, la elaboración de la Carta Magna y la elección de un presidente, con mucha rapidez, envidia de todos. Los dos gobiernos realizaron un despliegue acelerado e inusitado de iniciativas políticas, fundadas además en la negociación y el acuerdo. Transacción y concordia, se llamaron entonces, profesadas no solo entre los ministros, sino extendidas al resto de las principales fuerzas políticas. Frente a la opinión de una dinámica de imposición legislativa por parte de gobiernos o constituyentes, es más cierto un estado de negociación casi permanente, de la que quedaron descolgados los adversarios de las reformas efectuadas por los gobiernos provisionales y la minoría parlamentaria contraria a la Constitución. Su articulado definitivo resultó de la correlación de fuerzas entre la Cámara y el Gobierno, sin imposiciones, y en ningún caso, de principios ideológicos.

Transacción y también enfrentamiento para dirimir conflictos. Los principales, sin duda, relacionados con el impulso de una relación distinta entre el Estado y la población. Una ciudadanía diferente a la existente en épocas anteriores. Un proyecto republicano dirigido a la igualación y extensión —democratización, se entiende— de la ciudadanía, para lo que se concedieron derechos sobre prácticas sociales y políticas realizadas por grupos hasta entonces desposeídos de ellos, como trabajadores, jóvenes, mujeres y poblaciones regionales, a la vez que se eliminaba la condición católica de la ciudadanía, predominante en la historia contemporánea española. Esta alteración de derechos ya establecidos, y de otros por garantizar, suscitó la mayor parte de los conflictos y, en numerosas ocasiones, enfrentamientos entre diferentes grupos organizados, y con el Gobierno Provisional. Dos de estos conflictos provocaron una buena parte de los enfrentamientos en 1931. Por un lado, el suscitado entre la Iglesia católica y el Gobierno Provisional, junto con la mayoría de los constituyentes. La transacción entre las partes fue muy difícil al impedirlo de manera esencial la jerarquía eclesiástica, opuesta a la pérdida de los privilegios adquiridos con anterioridad. Por otro lado, el conflicto suscitado por la ampliación de derechos a los trabajadores tropezó con la rivalidad entre los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CNT, por el control del mercado de trabajo. La CNT se opuso a una regulación contraria a su estrategia y benefactora de la del adversario. El resultado fue el enfrentamiento sindical, impulsado además por la rivalidad interna dentro de la Confederación. No sería desatinado argüir que la «guerra civil» entre anarquistas y sindicalistas fue más determinante de los enfrentamientos sindicales que la propia reforma de Largo Caballero.

Como resultado de esta interacción entre actores reconocidos y por reconocer, la política de enfrentamiento de 1930 y 1931 incorporó una gran variedad, riqueza y número de movilizaciones, la mayor parte de ellas pacíficas, rodeadas, sin embargo, de puntuales episodios de violencia colectiva, junto con colisiones más rutinarias entre policías y desafiantes. El coste político del control policial de la protesta fue mucho más elevado para los gobiernos monárquicos que para los republicanos. La represión policial de ciertos enfrentamientos repercutió de manera negativa para los gobiernos Berenguer y Aznar. Para los gobiernos republicanos, en cambio, episodios violentos de enfrentamiento no significaron deslizamientos de sus apoyos políticos previos, con excepción de los sindicalistas frente a sus rivales anarquistas en el seno de la CNT.

En este marco de interacción permanente, en forma de transacción o enfrentamiento, se crearon no solo las principales instituciones de la República, sino que, para algunos de los protagonistas, se había refundado España, al considerar que el 14 de abril de 1931 tenía un carácter de ruptura con el pasado, tanto del inmediato —el llamado Antiguo Régimen— como del lejano siglo XIX. Había terminado la guerra civil entre españoles en un proceso que la mayoría de los republicanos pretendía fuera irreversible.

La dinámica política descrita se integró en un contexto internacional de escasa estabilidad de los regímenes democrático-liberales en Europa y la proliferación de otros sistemas más o menos autoritarios. Algunos de estos regímenes emergentes en entreguerras fueron robustos nacionalistas, valoraron el orden, la disciplina y la desigualdad de derechos. El Estado fue el guardián de esos valores al construir dictaduras, la mayoría encabezadas por un solo hombre. En 1920 parecía concebible la aceptación universal de la democracia liberal como una forma de gobierno natural y normal. En los años treinta, sin embargo, los parlamentos desaparecieron tan fácil como los reyes en 1918. La República parlamentaria española surgió de las cenizas de la monarquía constitucional y de una dictadura, pero en convivencia muy próxima con otras dictaduras, como la de Portugal e Italia. El fascismo se convirtió en referencia política y Hitler, sin ser aún canciller, asombraba por ocultar sus contradicciones. En los últimos meses de 1930 fue habitual mencionar los enfrentamientos y revoluciones de diversas repúblicas americanas, como Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Cuba, Brasil y Paraguay, en lo que Bagaría denominó un «campeonato de revoluciones». Su referencia sirvió a los monárquicos españoles para indicar su carácter negativo y el peligro que suponía obrar de manera similar en España. El régimen republicano español siempre se miró en la republicana y estable III República francesa. Pero fueron también referencias muy manoseadas México y la Unión Soviética; por los enfrentamientos entre la Iglesia católica y el Estado, el primero; la segunda, al activar los sectores más conservadores de manera muy fácil el miedo a una inoculación del virus comunista en otros países europeos, incluida España. Se actualizó el presagio decadente de Spengler al comenzar los años treinta; se extendió entre los intelectuales una sensación de hundimiento del viejo mundo y la necesidad del parto de otro nuevo. Esa perspectiva cultural, relacionada con una visión cíclica de la historia, alimentó a todas las corrientes políticas en España en 1931, al explicar la crisis de valores existente y las diversas alternativas propuestas.

Hontoria, Asturias, octubre 2013

Capítulo 1. Que lleven buen viaje

CAPÍTULO 1

QUE LLEVEN BUEN VIAJE

La primavera ha venido

y don Alfonso se va.

Muchos duques le acompañan

hasta cerca de la mar.

Las cigüeñas de las torres

quisieron verlo embarcar[1].

Miró por la ventana y alzó los ojos. Espantaba la oscuridad de un cielo inmenso de abril. Se escuchaba el rumor del gentío y el silencio era interior. Abrumaba. Fue a despedirse de su augusto hijo, el príncipe de Asturias y, a continuación, como una acción repetida, salió en busca de su esposa para tranquilizarla por la partida de ambos: él ahora, mañana ella con los infantes. En la medianoche del día 13 la familia había estado viendo una película en Palacio. A la mañana siguiente tuvo que decidir: «¿crees que era posible haber hecho otra cosa?», preguntó después en varias ocasiones. Ante la posible resistencia, Sánchez Guerra le confesó en Palacio que no deseaba verle atravesar la frontera manchado de sangre. Quedarse, resistir, arriesgarse a ser detenido… constituyó toda una obsesión en los primeros días después de su salida de España. En la tarde del día 14, el Alcázar se llenó de grandes de España, representantes de las clases de etiqueta y aristócratas en general, en su mayoría señoras con el propósito de saludar a la reina; pareció visible el tono de ternura y cariño que merecía la ocasión. Dieron las ocho y media en el reloj de la regia habitación. Salió para encontrarse con numerosos aristócratas y palatinos agolpados a la salida que aumentaron el ruido de la estancia al mostrar de manera vehemente su compasión y tristeza. El rey vestía de traje gris, a rayas, con cuello blando y sombrero flexible. Llamaba a la calma con un cigarrillo entre los dedos. Volvió a escuchar el rumor del gentío en la plaza de Oriente. Eran decenas de miles de personas, según los cálculos de entonces, las concentradas ante la Puerta del Príncipe, solo separadas por los coches circulantes en la calle Bailén con sus banderas, bocinas y gritos a favor de la República. Antes de subir al coche dispuesto ante la «Puerta Incógnita» contigua al Campo del Moro, él y sus acompañantes recibieron el hasta pronto de los marqueses de Camarasa, Villanueva de Valdueza y Someruelos, del general Lóriga y de los ayudantes Gallarza y Uzquiano.

Eran las nueve menos cuarto de la noche del 14 de abril. Hacía más de una hora que los candidatos vencedores en las elecciones municipales habían tomado posesión del Ayuntamiento de Madrid y el Comité Revolucionario se había convertido en Gobierno Provisional de la República. Ninguno de aquellos protagonistas conocía entonces su decisión de salir de España en esos momentos. Poco antes, el almirante Rivera le aconsejó en el saloncito japonés viajar en coche hasta Cartagena y allí embarcar hacia Marsella. Aunque Romanones se lo había comentado a Alcalá-Zamora, la opción de Portugal quedó descartada. Ya en el coche se encontró de manera imprevista y ficticia con Juan de España, al que escuchó decir: «somos cultos y prudentes / la venganza entre nosotros / no hinca sus agudos dientes / ¡lo de matar inocentes / se queda para vosotros!». Aquello se asemejaba a una especie de salvoconducto del pueblo español. Un periódico de la noche se hizo eco de la partida: la familia Borbón… que lleven buen viaje[2].

A la cabeza de la caravana de coches que salieron de Madrid por la Casa de Campo se encontraba su duesenberg, largo, negro y americano, que aunaba en exclusiva mundial el lujo y la velocidad. Como único equipaje eligió un plaid grande de automóvil y unos maletines y bolsas de cuero. A su lado se sentó el infante Alfonso de Orleáns. Cerraba la caravana el coche de los siete guardias civiles, a la manera de escolta. Atravesaron Pinto y Valdemoro, y al llegar a Aranjuez, vislumbró el palacio en el que Carlos IV perdió la corona. Ordenó a su mecánico acelerar el coche para no asistir a la fiesta de proclamación republicana del real sitio. La oquedad de la noche se oscureció más cuando se internaron por La Mancha. Le había fastidiado que los estudiantes disfrutaran en los últimos años con la destrucción y quema de su retrato, que él interpretaba como un auto de fe simulado para su real persona. Le afligía que los hijos de familias acomodadas se rebelaran contra las instituciones. Hoy, día 14, se cumplieron cuatro meses exactos del fusilamiento de Fermín Galán y Ángel García Hernández, a quienes no indultó, pero por ello los convirtió en mártires de la República.

El coche no alcanzaba la máxima velocidad de 180 kilómetros en las rectas por su consejo. Decía no querer toparse con animales o personas que la oscuridad impediría sortear sin brusquedad. Luces de nuevo tras el paso por Ocaña; era Corral de Almaguer, donde el 22 de septiembre próximo morirían cinco jornaleros al colisionar con la Guardia Civil en el transcurso de una huelga del campo. Continuaron por Quintanar de la Orden, Mota del Cuervo y Las Pedroñeras, con su inconfundible olor a ajo, que le robó el poco hambre que tenía. Todavía no podía retumbarle en la memoria el dictamen de la acusación aprobado por la Cámara Constituyente a finales de noviembre, al declararle culpable de alta traición. En La Roda se detuvieron a repostar. Lo hicieron con celeridad al acercarse un grupo de personas en una actitud como si hubiera sido descubierto. Al igual que en Aranjuez, el mecánico lanzó el coche a toda marcha —su motor se usaba en las carreras de bólidos—, y pronto regresaron a lo oscuro de la carretera antes de atravesar Albacete, Tobarra y Hellín. Ya en las afueras de Cieza pararon de nuevo: quería estirar las piernas antes de iniciar el recorrido final hasta Cartagena. Resultó claro que no tenía prisa por acabar el viaje, y retrasó el tiempo —el tiempo es conflictivo en la política— para esperar la deriva a su favor de los acontecimientos: «¿se ha declarado ya el estado de guerra?», inquirió al llegar a su destino. No dejaba de pensar en su vuelta inmediata a España, con la reacción monárquica tras el caos constituyente. Estaba convencido de que los dirigentes republicanos se mostrarían incapaces de sobrevivir a sus querellas, y la falta de acuerdo sería aprovechada por los comunistas para atizar el desorden. En el río revuelto de la República, sus amigos de siempre se comprometerían —esta vez sí— con él. «Ya me llamarán para que vuelva», le aseguró a su dentista, Florestán Aguilar.

En Molina de Segura pensó que la travesía de la ciudad de Murcia podía ser arriesgada, pero una vez concluida, y después de observar varias parejas de guardias civiles a la entrada y salida de la ciudad, se relajó y sonrió al recordar qué nombre le habían puesto sus adversarios para evitar la censura. Su carácter socarrón salió a relucir al pronunciarlo. El republicano Eduardo Ortega y Gasset recordó en junio que los banquetes en la República ya no le producían la misma ilusión que los celebrados en la etapa anterior, cuando criticaban al rey con la sola cita de «Gutiérrez». El seudónimo, además, llegó a ser la cabecera de una hoja clandestina de abundante tirada. Su intuición sobre el riesgo de encuentros desagradables a lo largo de este viaje no fue del todo infundada. A través de un compañero telegrafista, militantes anarquistas de Cartagena conocieron su llegada prevista para la madrugada del día 15 y decidieron atentar contra él, al despeñar dos coches cargados de explosivos de las minas de la Unión para hacer blanco sobre la caravana real. Si no se produjo el atentado fue quizá por esa especie de salvoconducto girado por el pueblo español, entregado por Juan de España en la Puerta Incógnita de Palacio. Al conocer el proyecto de regicidio, el postrer secretario de Azaña, convenció a sus perpetradores de anularlo para evitar una reacción monárquica. En la vereda de las cercanías de la Venta de la Virgen, el lugar destinado al atentado, sintió un escalofrío.

A pesar de sus deseos, se aproximaba cada vez más a la meta. Almazora, Llagostera, Los Dolores… Fueron a dar las cuatro de la madrugada, y la impaciencia del almirante Magaz y del general Zubillaga, junto al resto de presentes en el arsenal de Cartagena, era irresistible. Aunque no pudieron entrar en el recinto militar, enterados de la regia llegada, un puñado de cartageneros se concentró fuera para testificar el momento histórico. La caravana irrumpió en el arsenal. Después de un abrazo y de los saludos militares, se informó de la proclamación de la República en la ciudad y preguntó sobre el estado de guerra en el resto del país. El ministro de Marina llamó a Romanones para informarle de la llegada. Rafaela, «La Negra» y «La Cañi», prostitutas de las casas de Caridad, habían perdido esa noche la clientela por la política, pero lagrimearon ante la visión de la desgracia humana. No existe acuerdo sobre si se escapó al aire un solitario «viva la República» o predominó el silencio. En todo caso, ningún aplauso. El único periodista autorizado, Galinsoga, de Abc y gentilhombre, dejó nota del grito y del gentío. En una gasolinera se alejó del arsenal y subió al crucero Príncipe Alfonso, con destino Marsella. La travesía fue gélida de trato con la oficialidad del buque. Conforme llegaban noticias de lo ocurrido en el país durante esas horas, los oficiales convirtieron su indiferencia en descortesía. Desde el alba, la mayor parte del tiempo transcurrió en cubierta, en conversación permanente con el infante, en la que se le escapó de nuevo «¿era posible hacer otra cosa?». Al llegar a París se quejó ante Cambó de haber presenciado en el barco la confección de una bandera republicana con la que sustituir la española nada más realizarse su desembarco. El comandante de la nave necesitó en octubre desmentir en público la presencia de pendón o bandera alguna hasta la ciudad francesa. A partir de entonces, el crucero se llamaría Libertad.

Mientras navegaba por el Mediterráneo el día 15, su familia se dirigía en coche a El Escorial para tomar el tren expreso a Hendaya. En la estación serrana, próxima al panteón real del Real Monasterio, quedó Romanones sentado en un banco, no se sabe bien si aliviado por el buen traslado de las personas reales fuera del país o deprimido por la transitoria muerte civil de la monarquía en España. En Burgos y en San Sebastián, comentó la prensa monárquica de entonces, la familia real fue recibida de manera apoteósica. Sanjurjo, director de la Benemérita, cursó órdenes para que el itinerario estuviera vigilado por guardias civiles. Dos de ellos murieron arrollados por el ferrocarril a su paso por Guipúzcoa. Al volver del exilio en París, Queipo de Llano se cruzó con la reina en Hendaya: encarnaban ambos el cruce de los éxodos españoles del último año. En la ciudad fronteriza, la augusta familia subió al tren Côte d’Argent con destino París. Al descender en la estación de Orsay, vestida de traje azul con sombrero blanco y azul, y alejada de todo ya, la reina fue recibida por el duque de Alba y Cambó, además del siempre muy servicial embajador Quiñones de León.

La prensa monárquica del día 17 publicó la nota regia dirigida a los españoles: «No tengo hoy el amor de mi pueblo». Se la había entregado dos días antes el último jefe de Gobierno al actual. «Ese desvío no será definitivo». Alcalá-Zamora no consideró oportuna su publicación en ese momento para no excitar más a la opinión pública, al juzgar su escritura llena de imprudencia, falta de buena fe y altivez. «Soy el rey de todos los españoles». Parecía que su ausencia significara un viaje de recreo. «No renuncio a ninguno de Mis derechos». Había encargado su redacción al duque de Maura, y este permitió a Cambó aliviarla de palabreo, pero Romanones declaró a un periódico francés que en el fondo y en la forma el manifiesto fue de real factura. El resultado fue fatal, al juzgar algunos republicanos como una excitación a la guerra civil la ausencia de declaración categórica de renuncia al trono. Craso error, concluyeron, dejarlo salir sin juicio.

Como se lo advirtió Juan de España en la Puerta Incógnita, el pueblo español había mostrado una vez más su candidez y generosidad —torpeza incalificable, para otros— al no detenerlo. Y se formuló un reproche al Gobierno Provisional, porque en pequeño comité Valle-Inclán exigía colgarle de una farola de la Puerta del Sol, o el patíbulo como destino si hubiera resistido el 14 de abril, en palabras públicas del moderado Melquíades Álvarez. Algunos se conformaban con juzgarlo y ser benévolos en la sanción. Blasco Ibáñez dejó escrito que debía ser procesado si no se alejaba con anterioridad. Lo avisó el republicano Marcelino Domingo casi un año antes de todo: solo los pueblos que infligieron grandes escarmientos para los jefes de Estado conculcadores de la ley desconocieron la restauración del absolutismo. El mismo Domingo describió los pormenores del debate y la decisión del Comité Revolucionario en noviembre de 1930 sobre el porvenir de las personas reales. Entre los futuros ministros, los hubo partidarios de impedir una reacción monárquica con la eliminación de sus figuras más representativas. A su lado, otros ministros fundaron en la sensibilidad del país y en la conciencia universal la desaprobación de un proceso sumarísimo y una ejecución en frío. Alcalá-Zamora confirmó más adelante el resultado de la votación favorable al mantenimiento de la vida de la familia real, igual que las de sus ministros.

No ocurrió siempre de la misma manera en los resultados revolucionarios de otros países. Fue frecuente en España mencionar los destinos de otras realezas en situaciones similares, incluso al retrotraerse al tiempo de Carlos I de Inglaterra, decapitado con un hacha, y Luis XVI de Francia, con una guillotina. Romanones temió durante los cuatro días que asombraron al mundo un desenlace similar al del zar y su familia, fusilados en Ekaterinburg. Además de esos y otros casos de sentencia de muerte dictada por sus adversarios, y ante esa posibilidad, la mayoría de las realezas optaron por la salida de su país. «La Fuga de Varennes» del mismo Luis XVI se produjo en junio de 1791, planificada por el conde sueco Hans Axel de Fersen, amante de la reina y agente de Gustavo III de Suecia. La guardia nacional lo detuvo en Varennes-en-Argonne y lo trasladó a París, donde año y medio después se cumplió la sentencia. En Francia, Carlos X se vio forzado a huir también en 1830, una vez firmada su abdicación y con un salvoconducto garantizado por Luis Felipe, para embarcar hacia Inglaterra.

En el contexto de la revolución española de 1868, Isabel II solo tuvo que cruzar la frontera de Hendaya, al encontrarse de vacaciones en San Sebastián. En medio de la revolución portuguesa, Manuel II, refugiado en el palacio de Mafra, cercano a Lisboa, huyó con toda la familia real desde las playas de Ericeira a Gibraltar el 5 de octubre de 1910. El emperador de Alemania, Guillermo II, aceptó la recomendación militar para abdicar en noviembre de 1918, y cruzó la frontera en tren para su exilio en los Países Bajos, neutral durante la Gran Guerra. Tras el triunfo republicano en las elecciones griegas de finales de 1923, los militares obligaron a Jorge II a salir del país, mientras una asamblea constituyente y un referéndum decidían al año siguiente la forma republicana de gobierno. El exilio griego no solo resultó el más próximo en el tiempo, sino que pudo servir de experiencia a imitar por el rey español, si hubiera aceptado la recomendación de los monárquicos constitucionalistas en el sentido de salir del país durante las deliberaciones de unas Cortes Constituyentes sobre la forma de gobierno.

Salió de España en todo caso en lo que puede denominarse la fuga de Cartagena pero, a diferencia de Luis XVI, sin ser detenido. Ni el gobierno derribado, ni él mismo, buscaron la protección del Comité Revolucionario; el viaje a Cartagena no fue conocido, ordenado, aconsejado ni amparado por el Gobierno Provisional que, desde una hora antes de la salida, constituía la principal autoridad en España. En ese sentido, la salida no se parece a la de Carlos X, al obtener un salvoconducto de Luis Felipe, previa abdicación. Resultó más bien un duplicado de la fuga de Manuel II que, sin renunciar a sus derechos, esperó sin éxito en Gibraltar y en Gran Bretaña la reacción monárquica frente a la República recién instaurada en Portugal. La fuga de Cartagena fue una decisión distinta de otra posible, negociada con las nuevas autoridades; y también, una alternativa a una hipotética detención, efectuada por el propio Gobierno Provisional, al no cumplir con la exigencia de salida a la «hora de la puesta del sol»; realizada por presión del gentío concentrado a la tarde ante el palacio de Oriente; o, en fin, ejecutada por grupos muy seleccionados entre los partidarios de una revolución republicana de signo exaltado. Nada de eso, a la postre, se hizo efectivo. El Gobierno Provisional ya decidió meses antes no instar acción penal alguna contra su persona; el gentío de la plaza de Oriente fue controlado por tropas del ejército, primero, y por la improvisada guardia cívica de origen republicano-socialista, después; y la ausencia de Ramón Franco y Pablo Rada, ambos todavía en París, no facilitó la ejecución audaz de la detención por republicanos intransigentes.

Al consumar la fuga de Cartagena sin renunciar a sus derechos dinásticos, las autoridades republicanas impulsaron un dictamen sobre la regia responsabilidad en el marco de la Asamblea de la Revolución. El jefe del Gobierno argumentó en el debate institucional la decisión de su gobierno en ciernes, y su misma posición en la discusión parlamentaria, al señalar que el problema de la responsabilidad de los reyes era «un torrente para el que no cabía cauce y no había más jurisdicción que la del pueblo»; y el pueblo falló con la revolución y el destronamiento. Esa era la sentencia. El 19 de noviembre de 1931 los constituyentes aprobaron por mayoría y gran emoción republicana una declaración de culpabilidad por alta traición con la pena de incautación de todos sus bienes en territorio español. Era, lo que se denominaba entonces, su muerte civil.

Por no tener acceso a las declaraciones institucionales ni a la Gaceta oficial, la población común de aquella época tenía por costumbre proclamar la muerte civil de un personaje público denostado por medio de un entierro simulado. El miércoles, a las once de la mañana, el comité republicano y sus seguidores de Alcolea de Calatrava recorrieron las principales calles de la población con la bandera republicana al frente y entusiastas vivas a la República, a Galán, a García Hernández y a los mártires de la libertad. Se puso en marcha una manifestación por la noche, con jóvenes que transportaban un féretro en el que podía leerse la palabra monarquía, escoltados por otros jóvenes portadores de velones encendidos. Después de provocar el regocijo entre los concurrentes, al finalizar el recorrido se procedió a quemar el féretro, operación que se hizo entre vítores ensordecedores y mueras a la Corona[3].

Capítulo 2. En pie de guerra civil

CAPÍTULO 2

EN PIE DE GUERRA CIVIL

La Dictadura, al caer, acababa de cumplir siete años, lo que justifica su caída, porque a los siete años todo el mundo se ha caído alguna vez[4].

Una hoja clandestina de los rebeldes universitarios titulada El Noticiero de la huelga escolar publicó una esquela en el número del 29 de enero de 1930 para evocar la dimisión de Primo de Rivera el día anterior. Fue una de las numerosas muestras de protesta contra la dictadura ocasionadas en las fechas siguientes, que incluyeron entierros simulados, rotura de placas con el nombre del dictador, asaltos y apedreamientos de las sedes de la Unión Patriótica, concentraciones ante los ayuntamientos para protestar contra los alcaldes, destrucción de retratos del rey… El recién nombrado gobierno Berenguer entendió la repetición de «actos hostiles contra las personas de la situación anterior» como un estorbo para su propósito de labor pacificadora y encauzamiento legal de la vida nacional[5].

La agenda política de Alfonso XIII que muchos acaban borroneando

Todo comenzó con la dictadura de Primo de Rivera. Un régimen político patrimonialista de gobierno personal, que suspendió la aplicación de una parte sustancial de la Constitución de 1876, y la sustituyó por el ejercicio del poder con escasas restricciones. Este tipo de autoridad configuró, en esencia, lo que los estudiosos denominan un régimen de Sultanato. Las normas de la Administración estatal fueron reemplazadas en la práctica por decisiones arbitrarias del dictador, al establecer privilegios y recompensas a sus incondicionales, mientras marginaba o castigaba a quienes no colaboraban con él. Este tipo de régimen, además, no colocaba al dictador de manera ineludible en la posición legal más alta, al ocupar Alfonso XIII la autoridad máxima de carácter formal. Primo de Rivera eliminó los criterios anteriores de promoción administrativa en distintas parcelas de la Administración, como el Ejército o la Policía, y creó un partido único cuyo fundamento se encontraba en la lealtad personal y en las directrices dictadas por el Gobierno. Las fronteras entre el dinero público y privado se nublaron a la hora de conceder privilegios a empresarios y compañías. Los concursos de adjudicación —CAMPSA—, las concesiones de monopolios —Telefónica— y las subvenciones directas sin contrapartidas —a los ferrocarriles— supusieron ejemplos de favoritismo y corrupción entre los grupos con mayor proximidad al poder. Impuso multas extrarreglamentarias de enorme cuantía a opositores, como el conde Romanones o Gregorio Marañón. Mientras establecía un régimen de censura para todos los medios de comunicación, mantuvo un contacto personal directo y regular con la población a través de la prensa adicta. Martínez Anido comunicaba a los gobernadores civiles que:

El periódico La Nación publicó […] que es muy interesante y ruego a VE haga que la prensa afecta lo reproduzca a fin de que sea conocido y pueda apreciarse la importancia del mismo. Además encargo a VE que como cosa suya indique a los periódicos para que lo consignen o lo hagan público que dicho artículo está inspirado por el Sr. Presidente[6].

Favoreció asimismo las corrientes católicas en distintos ámbitos de la vida social, aunque se mantuvo independiente de la jerarquía eclesiástica. Disolvió por Real Decreto todo el Cuerpo de Artillería. Prohibió la cotización a los sindicatos con el propósito de impedir el acceso a recursos económicos para actuar, mientras otorgó un trato de favor a la UGT con libertad para un funcionamiento limitado. Obstaculizó, en fin, las reuniones con objetivos políticos ante el temor de facilitar la organización de movimientos de oposición. Todo ello lo hizo posible el afán de regeneración impulsada por «la revolución del 13 de septiembre» para acabar con el «antiguo régimen» y la «vieja política». Casi un año después de la dimisión de Primo, en un célebre artículo, José Ortega y Gasset realizó un certero resumen del régimen de Sultanato dirigido por el dictador:

No es imposible, pero sumamente difícil, hablando en serio y con todo rigor, encontrar, en todo el ámbito de la historia, incluyendo los pueblos salvajes, un régimen de poder público como el que ha sido nuestra dictadura… la dictadura ha sido un poder omnímodo y sin límites, que no solo ha operado sin ley y sin responsabilidad, sin norma no ya establecida, pero ni aún conocida, sino que no se ha circunscrito a la órbita de lo público, antes bien, ha penetrado en el orden privadísimo brutal y soezmente[7].

La marginación y exclusión de buena parte de los dirigentes políticos del régimen de la Restauración condujo a la desarticulación de los partidos dinásticos, sustento político de la monarquía constitucional, y su sustitución por la Unión Patriótica. Más relevante de la política sultánica del dictador fue la creación de agravios a numerosas personas y grupos, un conjunto social y político integrado por una parte de dinásticos, militares, universitarios, intelectuales, empresarios, empleados públicos, sindicalistas, republicanos… Algunos de sus componentes adoptaron una postura de oposición activa y se emplearon en un enfrentamiento con la dictadura. Fue el caso de varios centenares de estudiantes, impulsores de un gran movimiento social a favor de la autonomía universitaria respecto de la Iglesia católica, en febrero y marzo de 1929, que repitieron con una huelga general en enero de 1930, esta vez por el logro de reconocimiento organizativo. En ambos casos, los estudiantes demostraron que la dictadura era vulnerable a los efectos de la movilización. Otros grupos buscaron a militares en conflicto con la dictadura, para conspirar en forma de rebelión armada, y aunque nunca derribaron a Primo, sí desgastaron y quebraron su andadura[8].

Esos mismos u otros grupos optaron también por publicar hojas clandestinas de denuncia dictatorial, difundidas por miles de ejemplares, para contrarrestar la censura de prensa. El comienzo de esta serie de críticas demoledoras del rey o de Primo fue el opúsculo de Blasco Ibáñez, una auténtica versión del célebre «Yo acuso». Una de las hojas más conocidas, El Murciélago, anunció hacia diciembre de 1929 la asistencia de la dictadura a sus propios funerales, debido al comportamiento arbitrario del general «Cha-fan-dín» o «Miguelito», con la Academia de Jurisprudencia, los colegios de abogados, las universidades, y el revés recibido por la absolución de Sánchez Guerra en el consejo de guerra de Valencia. Fue sencilla, además, la extensión de una crítica clandestina al rey —no compartida por todos los grupos— por su intervención en la guerra de Marruecos, su apoyo a la rebelión militar de 1923 y por su indiferencia hacia la política sultánica de Primo. La típica incertidumbre sobre el futuro de este tipo de regímenes tuvo implicaciones financieras, pero también políticas, al no explicitarse el sistema sucesorio, e incitarse por inercia a una prolongación agraviante. Las distintas experiencias sultánicas en el mundo terminaron en una forma más o menos caótica, sin grupos independientes iniciadores de un cambio político, que suscitaran la confianza de los descontentos y agraviados por las dictaduras. La dimisión de Primo el 28 de enero de 1930, simultánea de otra conspiración civil-militar para derribarle, supuso la apertura de una oportunidad política para la disputa por el Gobierno. La situación política abierta permitía la competición de diversas opciones, las más acreditadas hasta entonces siempre acordes con la perspectiva del rey[9].

El Plan A de la Corona

Desde el instante de la dimisión del dictador, la política se aceleró como crecía la incertidumbre. La hora y el espacio de silencio, «el silencio forzado», que significó la dictadura, se trasmutó desde febrero de 1930 en rumores y gritos con un eco impresionante hasta provocar ruido. Con vertiginosa rapidez la política inundó el escenario, como un «impetuoso surtidor de pasiones». Alfonso XIII marcó en un principio la agenda política con un Plan consistente en un proceso dirigido hacia la restauración de la monarquía constitucional, con la derogación de la legislación más incivil de la dictadura y la convocatoria de Cortes, mediante elecciones, en el marco del restablecimiento de la Constitución de 1876. Nombró a un palatino, el general Berenguer, como encargado de coordinar la muda, pero reservaba el auténtico protagonismo político al liberal Santiago Alba y al conservador regionalista Francesc Cambó. Después de varias negativas de prohombres monárquicos para formar parte de él, y según sus adversarios integrado en realidad por políticos del partido conservador, el gobierno Berenguer, con ministros muy cercanos al rey, puede considerarse una experiencia de gobierno interino, al representar una coalición palatina de corta duración y poder de decisión limitado, tras el vacío resultante del fin de la dictadura, para evitar el caos y en espera de superar la incapacidad de la oposición monárquica para gobernar. El de Berenguer pudo ser un gobierno interino compartido «desde fuera», por la cercana presión del mismo Primo en un principio, con la intención de dotar de cierta sensación de seguridad a los dirigentes y seguidores de la dictadura. La función del gobierno Berenguer se reduciría a la derogación de las leyes de excepción, la tolerancia de la prensa opositora, la organización de partidos, la promulgación de una amnistía, el retorno de los desterrados y la convocatoria de elecciones. Algunos contemporáneos, sin embargo, no consideraron al de Berenguer un gobierno neutral ni interino, sino de signo dinástico y conservador, al que, en la típica práctica de la Restauración, le correspondía convocar elecciones para la obtención de una mayoría parlamentaria afecta. El Gobierno pudo ser también una representación de lo que algunos investigadores han denominado régimen híbrido o autoritario competitivo, al combinar estrategias de tolerancia y restricción para el ejercicio de la lucha política entre distintas opciones. La coexistencia de medidas liberales y métodos autoritarios, sin embargo, produce en general inestabilidad e incertidumbre, al crear dilemas entre los gobernantes a la hora por ejemplo de adoptar o no tácticas de represión por sus costes políticos. La solución, de manera habitual, resulta en algún tipo de crisis. Esta clase de gobiernos puede admitir al menos dos arenas de contestación: la de los medios de comunicación, integrada entre otros por los que asumen el papel de portavoces de la oposición; y la arena electoral, en la que la estrategia gubernamental se sitúa entre el control y la credibilidad; con más exactitud, una zona de niebla[10].

Nada más tomar posesión, Berenguer declaró presidir un gobierno constitucional para impulsar la reintegración jurídica de 1876, «pero por sus pasos contados y en los momentos precisos»; añadió la intención de lograr la «tranquilidad de los espíritus». Con ello anunciaba dos propósitos: su gobierno tenía la meta, sin necesidad de reforma alguna, de poner en plena vigencia la monarquía constitucional suspendida en 1923, y no admitir la controversia sobre el papel central de la Corona en el proceso político; si aquella se producía en público, sería obligado el retraso en la «reintegración». Una tesis defendida por El Debate, al resaltar que «el mal uso» de las libertades devueltas significaría una parada o un retroceso en la restauración del imperio constitucional. De lo que no había duda alguna tampoco es que las palabras de Berenguer eran la manifestación pública de los deseos y de la seguridad de la Corona en el éxito del Plan trazado. La política restauracionista, llamada desde el Gobierno de defensa del régimen constitucional y encaminada «hacia la normalidad», se inició con la suspensión o derogación de diferentes facetas de la legislación sultánica, como las multas, los ascensos por elección en el Ejército o los delegados gubernativos; con los reales decretos de amnistía, de 5 de febrero y 14 de abril; con la autorización del regreso de los exiliados y desterrados; con el permiso para reuniones y conferencias de carácter monárquico, etc. Pero el Gobierno no permitió en las primeras semanas ningún acto público de dirigentes políticos adversarios de la Corona, con mayor rotundidad desde el poético discurso del monárquico José Sánchez Guerra contra el rey el 26 de febrero[11].

Al asumir la jefatura de la Dirección General de Seguridad, el general Mola escuchó de Berenguer que España iba a ser como el descorche de una botella de champaña. El jefe del Gobierno quería apuntar en realidad que la carrera hacia la «normalidad» no podía disputarse sin el ruido del pistoletazo de salida, sin la participación de competidores, con diferentes camisetas y dorsales y sus propias habilidades técnicas, con diferente preparación, asesoría y respaldo desde unas tribunas concentradas en el centro de las ciudades. Revelaba, también, que el tiempo, medido en décimas de segundo, desempeñaba un papel decisivo. La vuelta a la normalidad implicaba un calendario, al operar con límites temporales establecidos por el reloj de la política. En una competición, el Gobierno lleva la iniciativa y puede adelantarse a las expectativas de los diversos oponentes. La determinación y celeridad para tolerar las actuaciones sin violencia de la oposición, y la rapidez en fijar con fecha la convocatoria de elecciones, evita los enfrentamientos provocados por la incertidumbre, modera las demandas de la oposición al reducir la desconfianza en el Gobierno, aumenta los incentivos de la Administración para realizar las reformas necesarias y, sobre todo, desactiva las consecuencias inversas derivadas de la lentitud. La prudencia inicial de Berenguer para convocar elecciones fue respaldada por la principal prensa monárquica y por algunos dirigentes, como Romanones y Ossorio y Gallardo. Berenguer sustituyó entonces los ayuntamientos de la dictadura por otros compuestos de los mayores contribuyentes, antiguos concejales anteriores a 1923 y alcaldes designados por el Gobierno. Declaró a su vez que las elecciones no iban a ser aplazadas, para poco después ordenar la elaboración de un nuevo censo electoral que por lógica podría demorarse meses. Desde ese momento, el rey y Berenguer decidieron diferir la convocatoria hasta no cumplirse las mínimas condiciones exigidas por el Plan de la Corona: fin de la «nerviosidad» existente en la esfera pública y preparación de una mayoría parlamentaria monárquica, integrada por conservadores y liberales, con Alba y Cambó a la cabeza. Un ministro de Berenguer declaró a finales de junio sobre la necesidad de andar con paso lento, sin precipitación que pusiera en riesgo nuestro plan[12].

El paso del tiempo constituiría para Berenguer un excelente colaborador de la «pacificación de los espíritus», para esperar que finalizaran las continuas exhibiciones públicas críticas con respecto a la Corona y los rumores sobre una próxima rebelión militar, cuya señal para realizarse podía ser el anuncio electoral. Aquel fue el tiempo de la necesidad de definirse en público con respecto al pasado y al futuro, y quienes lo hicieron no reservaron un buen lugar al rey; fue el tiempo de los enfrentamientos estudiantiles en Madrid y otras ciudades con amplio significado antimonárquico; la misma época de los constantes rumores de dictadura, primero con la intervención del propio Primo, después las de Barrera y Martínez Anido en marzo, a la que se añadieron otras en mayo, y de nuevo en noviembre. Con las interferencias de estos acontecimientos transformadores de la opinión pública era inconveniente para Berenguer autorizar el libre debate político exigido en una campaña electoral. Un proceso paso a paso permitiría, en cambio, alejarse de los efectos perniciosos de la dictadura y reducir tanto el temor a un cambio político por parte de sus antiguos seguidores como la impaciencia de sus detractores. El estiramiento del tiempo, además, admitiría organizar mejor las elecciones. De los gobernadores civiles nombrados en febrero se desconocía su experiencia y habilidad para servir al Gobierno en el plano electoral. Los partidos mejor organizados hasta entonces eran el socialista, con la UGT, y los primorriveristas, caracterizados todos por su indiferencia o disconformidad hacia la Corona. Entre los llamados a protagonizar las nuevas Cortes, Cambó estaba inhibido por enfermedad; Alba, emigrado en París; Romanones, distante; Bugallal, inane; y estaba caliente aún el revés de las declaraciones de los «monárquicos sin rey», con Sánchez Guerra, Villanueva, Burgos y Mazo, Ossorio y Gallardo, y el indefinido Melquíades Álvarez. El panorama era preocupante. Por un lado, la dictadura había destruido las redes dinásticas; por otro, los dinásticos continuaban alejados de la política de opinión; y, en fin, casi todos sospechaban de la intención del Gobierno de reservarse un dominio en las elecciones para obtener los resultados previstos[13].

A pesar de su legendaria calma y la parsimonia en sus actuaciones, la de Berenguer fue una decisión deliberada con relación a los objetivos marcados por el rey. El general disponía de la información suficiente sobre todos los participantes para tomar una decisión, en una época en la que el conocimiento de las acciones era simultáneo a su misma realización. Su Gobierno pensó que el tiempo presente condicionaba el porvenir, sin reparar en que algunos competidores en la carrera utilizaban el presente como guía del futuro. Llovieron, entonces y con posterioridad, las críticas hacia la lentitud del Gobierno. Queipo de Llano la reputó de «estrategia marroquí de negociación por aplazamiento». La desconfianza hacia las intenciones gubernamentales se extendió y la crítica adoptó la forma de calificativos comparativos al régimen de Primo. El gobierno Berenguer representaba la «dictablanda», según Bergamín; la «dictadura chica», por «pequeña, taimada, sangrienta y cursi», «mucho peor que la otra», en palabras del periodista Hernández Mir; y la dictadura era cada día más descarada y peor, sin envidiar la de Primo, con la prerrogativa de resultar «hipócrita y cínica hasta no más», como indicó Miguel Villanueva. Estas críticas vinieron a resaltar las restricciones impuestas por el Gobierno, con ritmo de vaivén, para la libre expresión de las ideas y la celebración de reuniones políticas. Berenguer abrió y cerró las puertas al debate político en una docena de ocasiones durante un año, si se mantenía o no la tranquilidad según ocurrieran o no acontecimientos adversos, como el discurso de Sánchez Guerra y sus graves repercusiones. La prensa monárquica adicta, incluso, exigió el restablecimiento definitivo de las garantías, al afectar de manera negativa a la presentación de programas[14].

En momentos de apertura, se celebró un mitin de afirmación monárquica en un teatro de Santiago de Compostela el 20 de abril de 1930, presidido por el arzobispo, el alcalde, el comandante militar, el juez de instrucción y el subdelegado de Hacienda. Intervino en primer lugar el catedrático de Madrid, Gil Robles, quien afirmó que «la Monarquía española es consustancial con la nacionalidad». Para finalizar el acto, el arzobispo señaló la «consustancialidad de la Monarquía con la religión» y lanzó vivas a esta, a la patria y al rey. Mítines similares se celebraron en otras ciudades, pero el más concurrido fue el de la nueva plaza de toros de Madrid, con la asistencia de varios miles de personas de todas las clases sociales, a algunas de las que en una página entera Abc puso nombres y apellidos por su alcurnia. La convocatoria, sin embargo, no se desenvolvió con el éxito esperado, por cuanto «el ambiente fue de hielo», al no cubrirse la totalidad del aforo, y formar parte del público «muchachas acogidas en residencias apostólicas que ciertas damas católicas habían llevado». Aunque no fuera necesario porque «la Monarquía estaba por fortuna muy afirmada», tantos mítines con el lema «Por España y por el Rey» habían sido convocados para desagraviar al monarca por el discurso de Sánchez Guerra el 26 de febrero. Si el objetivo del «movimiento de afirmación monárquica» consistió en defender la monarquía al margen de las distinciones de partido, lo cierto es que fue organizado en exclusiva por conservadores de Bugallal, católicos de la ACNP y mauristas. Entonces, más que mostrar unidad y compromiso, la convocatoria reveló las diferencias políticas entre las numerosas familias monárquicas, al constatarse la existencia de diferentes programas y estrategias entre los monárquicos de la dictadura, la recién creada Unión Monárquica Nacional, los legionarios de Albiñana, los mauristas de Goicoechea, la Juventud Monárquica Independiente de los hermanos Miralles, los carlistas, la agraria Acción Castellana de Lamamié, la católica Derecha Regional Valenciana, los futuros centristas de Cambó y Gabriel Maura, los dinásticos conservadores de Bugallal y liberales de Alba, García Prieto y Romanones. A los que debería añadirse las distintas asociaciones católicas organizadas por la Iglesia junto con los Sindicatos Libres. Otros monárquicos no se sumaron a esa relación, porque, bien en público, bien en privado, criticaron de manera dura el papel desempeñado por la Corona durante la dictadura de Primo de Rivera y postularon soluciones enérgicas. Alcalá-Zamora, Rafael Sánchez Guerra y Miguel Maura apostaron por la fundación de una República conservadora. José Sánchez Guerra, Melquíades Álvarez, Bergamín, Ossorio y Gallardo, Burgos y Mazo y Miguel Villanueva prefirieron pararse en la petición de Cortes Constituyentes para decidir la forma de gobierno. No por esperadas, todas estas declaraciones al hacerse públicas representaron una adversidad para la Corona. Contrariaban el feliz logro de su Plan, al presentarle anteriores colaboradores una alternativa en la que algunos de los cimientos de la monarquía se agrietaban. Una institución discutida por sus adeptos —escribió Marcelino Domingo— es institución acabada. Estos antiguos monárquicos con rey se deslizaban fuera del régimen, y al hacerlo, sus intervenciones colocaron la primera piedra de un nuevo repertorio político en 1930[15].

Un nuevo repertorio político

La política española cambió en 1930 con respecto a las décadas anteriores, al pairo de una oportunidad abierta por la dimisión de Primo de Rivera, conforme se sucedían conflictos e incesantes movilizaciones, se utilizaba un lenguaje novedoso para el debate, salían ante la opinión pública las organizaciones políticas, y se adoptaban nuevas formas y significados para todo ello. El vocabulario y las interpretaciones de los acontecimientos cambiaron a lo largo del proceso. La participación política —insurreccional, en la calle o electoral— cobró un protagonismo inusitado con relación a los significados otorgados a términos como pueblo, ciudadano, opinión, ley, derecho, responsabilidades, decencia, persecución, guerra civil, monarquía, revolución, república, emancipación… Las decisiones de los dirigentes políticos se cruzaron con los acontecimientos transformadores que multiplicaron y aceleraron la obtención de significados para participantes y observadores. Se desencadenó una verdadera lucha por imponer nombres y controlar las acepciones de esos nombres. La lucha fue en especial virulenta por legitimar las posiciones propias y desprestigiar las de los adversarios. Una parte sustancial de los contendientes en esa lucha política reclamó el poder de controlar el Estado de manera exclusiva y mostró el respaldo social a esas aspiraciones por un sector importante de la población. El analista puede deducir de todo ello que los contemporáneos vivían, participaban, resistían y contemplaban una revolución, sin conocer aún su final, bien fuera su triunfo, su fracaso, o un cambio político dirigido con éxito por el Gobierno.

Los contendientes revolucionarios pueden definirse por considerar un objetivo prioritario en su estrategia el desplazamiento de un gobierno de manera forzosa. En la España de 1930 existieron al menos dos razones para su aparición. La primera de ellas residió en la percepción de vulnerabilidad del Gobierno frente a desafíos directos, al no disponer de todos los apoyos políticos, militares y económicos necesarios para la defensa de sus políticas. La segunda razón consistió en la apreciación de injusticia e ineficiencia en el fondo de la actuación de los gobernantes, y su correlato en la desconfianza en su capacidad para revertir la iniquidad y continuar en su puesto. Para entender la primera razón, quizá el recuerdo de la rebelión militar de 1923 y la dictadura cuente para resaltar la crisis constitucional existente en 1930, con las Cortes cerradas, además de suspendidas, y los partidos dinásticos desmantelados. Sus directores supervivientes —y longevos— discreparon sobre las soluciones a considerar, otorgaron o negaron su apoyo al gobierno Berenguer, o se marginaron de manera discreta. Los más disidentes entre todos fueron los denominados constitucionalistas, monárquicos sin rey, partidarios de la convocatoria de Cortes Constituyentes. Ellos abrieron la brecha monárquica, al no conceptuar posible la restauración de la monarquía constitucional de 1876 y mostrar de manera cristalina la división de los defensores de la Corona.

Una segunda crisis, y para nada irrelevante, fue la militar. Primo de Rivera consiguió dividir el Ejército, al purgarlo de oficiales considerados desleales e inconformistas. La destitución por real decreto de todos los jefes y oficiales del cuerpo de Artillería en 1929 resultó ser el extremo de unas medidas que afectaron a la carrera de generales como Queipo de Llano, López Ochoa, Cabanellas, etc. Esta política sultánica alimentó, por un lado, el rechazo a la actividad política de muchos oficiales, hartos de intervenir en esferas impropias de su competencia, como los centenares de delegaciones gubernativas y, por otro, los intentos de rebelión militar durante la dictadura que, si bien fracasaron, reforzaron la división. No se olvide que la neutralización de la fuerza armada para defender a un gobierno ha sido siempre considerada un ingrediente fundamental para producir un resultado revolucionario. Por si todo fuera insuficiente, se fundó una Unión Militar Republicana en 1929, con unas decenas de oficiales, que cumplieron con posterioridad el papel de enlaces en el comité militar revolucionario de 1930[16].

La tercera crisis estatal tuvo naturaleza económica. Aunque el presupuesto público no era capaz de regular la actividad económica en la que era más importante el sector privado, contenía sin embargo gastos destinados al pago de sueldos del personal civil y militar de la Administración, que suponían tres cuartas partes de la totalidad. El ministro Argüelles ocupó los meses de su mandato en conocer las repercusiones crediticias diferidas de los gastos efectuados en Fomento durante los últimos años de la dictadura y el aumento de los intereses de la deuda. Los ingresos del Estado decayeron entre tres y cuatro puntos en 1930. No se vislumbraba la suspensión de pagos, pero con el aumento del déficit público y la caída en la cotización de la peseta desde 1928, la Hacienda se encontraba en dificultades tan importantes como las existentes en 1923, en plena crisis del régimen de la Restauración. Para ofrecer un panorama más crítico, parte de las fuerzas económicas organizadas mostraron su desconfianza empresarial ante el marco corporativo de la dictadura y su prolongación en 1930[17].

La andadura del gobierno Berenguer estuvo marcada por una crisis constitucional, la división del Ejército y el déficit fiscal, a lo que se añadió la sustitución repentina, improvisada y conflictiva de las autoridades locales; por último, el mismo Gobierno, como el de Primo, solo se sostenía por la iniciativa real, y su inexperiencia y provisionalidad forjaron la inestabilidad más aparente. Todos ellos componían un conjunto de factores que facilitaron una interpretación de incapacidad, por acción u omisión, en la labor de Berenguer. Un futuro negociado con su Gobierno, entonces, resultaba inefectivo. En su lugar, la vulnerabilidad demostrada por Berenguer se convertía en una oportunidad para defenderse con una estrategia revolucionaria de la amenaza de la acción del Estado, heredero de la dictadura y monitor de la pretendida restauración de la monarquía constitucional.

La dictadura no había transcurrido en vano, por lo que el regreso a la situación anterior a 1923 trascendía lo posible y demandado. El diagnóstico básico de la conflictividad y sus personajes en la España de 1930 se extendió entre distintos grupos y dirigentes políticos en los años veinte y, de una manera vertiginosa, durante más de un año desde la dimisión de Primo de Rivera, a través de un debate público y clandestino mantenido por los resortes de un mercado cultural y la movilización colectiva. El diagnóstico incluyó, en primer lugar, una percepción esclarecedora de las bases de la injusticia cometida por los gobernantes desde 1923, si no antes. Los desafiantes encuadraron la injusticia en la ausencia del Derecho, de la ley, como rubicón de la actuación arbitraria de los gobernantes. Estos vivían fuera de la ley. La idea procedió del ámbito jurídico, y en concreto de la argumentación proporcionada por las defensas en el consejo de guerra contra José Sánchez Guerra, su hijo Rafael y otros, por el intento de rebelión militar en Valencia en febrero de 1929. Los abogados defensores, Francisco Bergamín, Luis Rodríguez de Viguri y Niceto Alcalá-Zamora, adujeron la falta de legitimidad constitucional desde 1923 para rechazar como punible la rebelión contra el Gobierno. Aquella situación constituía para los abogados una verdad moral. La absolución de los acusados por el tribunal militar fue considerada en su momento como una señal indiscutible de la esclerosis de la dictadura, tanto porque eran jefes militares los que juzgaban y absolvían, como por la vigencia política de la oquedad legal desde 1923. La reprobación se extendió desde entonces como una mancha de aceite en la esfera pública. Habían sido seis años de verdadero absolutismo y violación permanente del Derecho, sin ley ni freno, con constantes atentados a la libertad y a la Constitución de 1876. La dictadura había roto por completo la tradición del sentido jurídico español, como señaló Alcalá-Zamora en la apertura de las Cortes republicanas. Unamuno ideó en su retorno del exilio un lema alusivo para combatir la dictadura con el «Dios patria y… ley», porque la ley escrita había dejado de ser norma de Derecho, y su lugar fue ocupado por la violencia. Una situación ilegal prolongada en 1930, con la «dictablanda», en la que los monárquicos también vivían fuera de la ley[18].

La ilegitimidad de gobierno desde 1923, centrada en la ausencia del Derecho, era una idea positiva que podía ser arropada por muy diferentes grupos y personas, con independencia de sus afinidades ideológicas, desde la moderación monárquica de un Sánchez Guerra, al extremo opuesto del anarcosindicalismo o el republicanismo intransigente. No prejuzgaba alternativa alguna, ni condicionaba ningún compromiso ideológico; aunaba en lugar de dividir, deslindaba dos campos, y denunciaba solo a los perpetradores y partidarios de un régimen no liberal. Resultaría muy difícil cualquier resistencia a esa idea sin cometer contradicción con la defensa de la política de opinión; poseía la fuerza de la sencillez, muy comprensible para la población en general. En este discurso deslegitimador, la dictadura había sido el período de más profunda inmoralidad y de mayor tiranía registrado en la historia de España. Formaba en conjunto los «siete años indignos», de envilecedora esclavitud política, de ignominia civil.

El espíritu cívico español fue crucificado, muerto y sepultado el día 13 de septiembre de 1923 […], fue escarnecido, maniatado con grilletes y condenas; injuriado por los sayones, befado por la soldadesca, vendido también por algunos Judas.

España no existía o era un cementerio; en todo caso, una nación de veinte millones de habitantes sin un solo ciudadano. El dictador humilló a la ciudadanía, en palabras de Prieto[19].

El resultado de tanta ignominia fue la exclusión del pueblo, no solo de la gobernación, sino de la política misma. Apareció entonces otro concepto clave en la argumentación sobre la injusticia, como fue el de persecución, sufrida por grupos e individuos por no someterse a la ilegalidad, que consistió en sanciones, multas, penas de cárcel y destierro, limitaciones a la libre actuación de las personas, incluidas las impuestas en la «campaña de persecución de la prensa», con denuncias y recogidas con base en la ley de imprenta y el código penal de la dictadura, efectuadas por Berenguer. La actuación del general palatino continuaba con la asfixia de la libertad, como afirmaba Cambó, al prolongar las políticas de persecución. La principal consecuencia de la persecución era la «muerte civil» de los individuos, es decir, la exclusión de la ciudadanía. Y esa clase de muerte —«muerte civil para nosotros»— se asoció a otro concepto clave, como lo fue el de guerra civil; entendida como quiebra de la comunidad política, sin armas. Desde 1923 se había declarado la guerra civil entre el pueblo y la monarquía. El golpe de Estado de septiembre se justificó en la necesidad de evitar la guerra civil y lo que había conseguido a la postre era traerla, destacó un Unamuno muy republicano; la nación se encontraba en pie de guerra civil, rubricó Marcelino Domingo[20].

Entre tanto desafuero y conflicto, era inevitable exigir responsabilidades políticas y de gestión de la dictadura de Primo, a la que se añadirá, después, la dictadura chica de Berenguer. Los dos vinculados, junto con el rey, al desastre de Annual y la guerra. La exigencia de responsabilidades fue una bandera de combate para hacer la revolución, en palabras postreras de Unamuno; el arco de la revolución, que suscitó la creación de una comisión informativa en el Ateneo de Madrid en julio de 1930, y dividió a los monárquicos andaluces sobre su necesidad[21]. Esa bandera de combate significaba señalar con el dedo a los responsables de la injusticia. El diagnóstico apuntó a Primo de Rivera; a Berenguer, también. Sus gobiernos habían actuado sin normas de Derecho; pero el objetivo principal se centraba en la institución que había amparado la guerra y las dictaduras. Resultaba sencillo apuntar tan alto, al sufrir un efecto de contagio simbólico las instituciones vinculadas a regímenes desacreditados. Este fue el caso de Alfonso XIII, porque no solo sus adversarios naturales, los republicanos, enlazaron monarquía y dictadura, sino algunos monárquicos, al censurar la ruptura del compromiso real con la Constitución desde 1923. «¡Malditos sean para siempre la Monarquía y el último rey!». Con el fin de sortear la censura, Eduardo Ortega y Gasset inventó el apodo de Gutiérrez para nombrar al rey, e ideó una revista con ese título, publicada durante casi cinco años. Hubo algún ejemplo incluso de pornografía política en el argumentario antimonárquico, cuando se insinuó que el rey tenía «manceba en el Palacio, y como en los tiempos de los Felipes, hac[ía] ministro al hermano de la barragana». Los dictadores y la Corona no eran sino la cúspide de un grupo o casta más extenso de privilegiados o poderosos, compuesto de «siervos, no hombres libres; clero romo, no culto; cuatro rancios blasonados; una docena de plutócratas con estómago de buey y cráneo de jimio», que gobernaban en detrimento y con la exclusión del pueblo[22].

El pueblo era la víctima de la injusticia cometida por el rey, los dictadores y los privilegiados, que lo tenían y controlaban todo, y mantenían al pueblo como un esclavo o un menor sujeto a tutela. El pueblo compartía una condición social muy extensa, como la de artífice de la riqueza; le unía sin embargo su exclusión de la comunidad política y la posesión de unas virtudes que le confería superioridad moral sobre sus adversarios: dignidad, honradez, laboriosidad, sacrificio, generosidad, sufrimiento… El vocablo pueblo pudo ser alternado con el de masas —y, sobre todo, masas populares— con un significado positivo y equiparado. En una época calificada de masas, este término aludió en concreto a los seguidores de las organizaciones políticas y sindicales, con los mismos rasgos adscritos al pueblo. Este pudo reemplazarse también con el término democracia, utilizado como un sujeto social: la democracia española perdió sus derechos el 13 de septiembre, se decía. Para relacionar la denuncia de la ausencia del Derecho con el principal afectado por esa iniquidad, el pueblo, se aludió con frecuencia al carácter popular del Derecho y a su papel de juez o jurado. El pueblo era el supremo tribunal que debía dictar su fallo inapelable. El pueblo era el que otorgaba el poder, pero no podía cumplir su misión porque era un pueblo hecho de ciudadanos sin ciudadanía. Algunos, muy críticos por la pasividad popular ante la dictadura, afirmaron que el español era analfabeto en proporción escandalosa, sin personalidad propia. Estuvo el pueblo algo más que dormido durante siete años: átono, doliente, con falta de carácter ciudadano, sin espíritu y educación civil. El pueblo, en definitiva, sufría «parálisis civil» en 1930. Una percepción negativa modificada al entrar el nuevo año, tras las apariciones del pueblo en la calle para reclamar derechos y el crecimiento de las expectativas de cambio político en España[23].

El esquema interpretativo o diagnóstico de los conflictos y sus protagonistas incluyó propuestas de cambio político para revertir la injusticia. La solitaria deslegitimación del rey o del régimen redundaría en mera crítica y descontento. Como se denunciaba la ausencia de ley y de ciudadanía, la alternativa consistía de manera genérica en la reconstrucción legal del país, con el objetivo de instaurar los derechos ciudadanos —la civilidad— con la soberanía del Derecho resucitado. Una primera alternativa, defendida por los llamados entonces constitucionalistas o monárquicos sin rey, consistió en la propuesta de Cortes Constituyentes, para decidir unas nuevas relaciones entre la población y el Estado. Una segunda proposición gravitó en torno a la República, entendida como la opción más consecuente con el rechazo a la arbitrariedad de la Corona y su sustitución por la soberanía del Derecho, del pueblo. La República significaba la paz, la defensa de la libertad y la emancipación civil del pueblo respecto de la tutela monárquica. Aunque esta segunda alternativa se convirtió al final del proceso político en la más plausible para la mayoría de la población, sin embargo, fue imaginada inalcanzable en el comienzo. No resultó ser casual que la mayoría de monárquicos multiplicara con el tiempo sus advertencias sobre la perversa alternativa republicana. Sus promotores eran «los del barullo», una federación de descontentos, políticos insensatos que fiaban su doctrina a la violencia de una República que desembocaría en una dictadura militar o en la antesala de una dictadura comunista, ya que era muy posible que «los republicanos fuesen impotentes para sostener la avalancha del populacho impregnado de doctrinas soviéticas»[24].

Para conseguir los propósitos planteados, el diagnóstico de la conflictividad de 1930 contempló diferentes soluciones, todas ellas centradas en la crítica a la inhibición y en favor de la participación de los ciudadanos, porque era tiempo de pelea y «juntos hemos de reconstruir la patria por la libertad, ofreciéndole todos el mismo sacrificio». La primera solución consistió en el voto. Todos los grupos políticos, en la práctica, deseaban o aceptaban la convocatoria electoral, porque era el principal índice, función, sacramento o atributo de ciudadanía. La proponían los constitucionalistas, la dirección socialista de Besteiro y, en un principio, los republicanos. Desde algunas posiciones se exigían elecciones «brutalmente sinceras», en invitación de Bergamín. Conforme avanzó el proceso político y tal como estaba formulada de manera oficial sin excesivas garantías, la propuesta electoral vio perder partidarios, hasta el retraimiento casi generalizado de febrero de 1931. Las elecciones generales se habían convertido en motivo de conflicto y enfrentamiento entre las diversas opciones políticas[25].

En los meses centrales de 1930 y en adelante cobró forma más acusada la perspectiva de una rebelión contra el Gobierno. Servían de ejemplo las experiencias contra la dictadura en una doble dimensión. Por un lado, una conspiración cívico-militar con el fin de neutralizar el poder coercitivo del Gobierno y presionarle para cesar en el ejercicio del poder; por otro, la movilización colectiva y pública con el fin de denunciar la ilegitimidad del régimen continuador de la dictadura. Las dos dimensiones de presión habían dado ya sus frutos, al contribuir el levantamiento de Valencia y los movimientos estudiantiles a la dimisión de Primo de Rivera. Se actualizó en 1930 la idea de licitud del derecho de rebelión, porque el gobierno Berenguer no era legítimo, y si el camino del Derecho se cerraba, toda violencia era santa…, incluso el regicidio. Era de nuevo el camino de la revolución la única senda para revertir la injusticia. Con el tiempo como medida de la política, entre el ayer y el futuro de España, había que emplazar un «suceso irreparable», que era un alzamiento nacional, en palabras de Azaña. Sería un choque violento e inevitable entre el pueblo y los gobernantes. La República se conquistaría en la calle, según Prieto, porque la evolución era imposible. Para eso todos a la calle, que era el ágora de la ciudadanía, en propuesta típica de Lerroux, con la que intentaba incitar a la participación activa de los ciudadanos. La elección republicana de una estrategia movilizadora para desplazar a los gobernantes constituyó lo que Santos Juliá ha denominado la invención de la República como revolución popular[26].

En la elaboración de este diagnóstico sobre la injusticia, sus responsables, los afectados, las alternativas y las soluciones, desempeñaron un papel destacado diversos protagonistas. En primer término, los periodistas y escritores con muy diferentes tradiciones y planteamientos. Si Blasco Ibáñez fue el primero en hacerlo, por sus continuas comparecencias públicas y su testimonio personal en la dictadura, Unamuno se convirtió en el estandarte intelectual de la denuncia del rey, desde el exilio en París en los años veinte, y desde su retorno a España el 7 de febrero. Los escritores y periodistas entendieron en el contexto de 1930 que el sujeto social al que debía apelarse, tanto como público de la obra literaria como para fermentar el cambio político, era el pueblo. Azorín, que declaró ser republicano en febrero, había dibujado al protagonista de la historia por venir en la España de 1930 en su libro de finales de año Pueblo, del que comentó Díez-Canedo que en él no había héroe que se destacara ni heroína que cantara sus arias. Todo en el libro era coro. Los intelectuales españoles aportaron a su palabra definidora de la realidad el prestigio social del que disponían con su pluma, al influir sus alegatos de manera directa en el Gobierno y los cuadros políticos de la oposición. Sobre el resto de la población su influencia fue indirecta, a través de reuniones, mítines y otros contactos rutinarios, en los que los dirigentes políticos transmitían una reelaboración de dichos alegatos. Junto con escritores y periodistas, los propios dirigentes políticos realizaron declaraciones sobre la situación. Los más importantes, al principio del proceso, fueron los monárquicos disidentes, cuyas denuncias tuvieron un impacto considerable, debido a su carácter moderado y la tolerancia del gobierno hacia ellos. Cabe destacar a José Sánchez Guerra y a Ángel Ossorio y Gallardo, ambos por sus denuncias del rey, por su compromiso con un cambio político efectivo, y porque sus hijos se convirtieron en republicanos muy activos. Ossorio, además, era directivo de algunas de las instituciones de carácter tradicional y conservador, pero agraviadas por Primo de Rivera, como los Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona, la Academia de Jurisprudencia, el Ateneo de Madrid, etc., que desempeñaron un papel conflictivo con la monarquía, y Berenguer, al celebrar conferencias con declaraciones de denuncia[27].

El mercado cultural que emitió y difundió el lenguaje de la revolución se centró en las editoriales y en la prensa periódica. La literatura política tuvo un auge extraordinario en 1930 —«jamás adquirió proporciones tan colosales»—, por el elevado número de publicaciones y la generación de opinión. Sus lectores primordiales, los mismos que leían los periódicos, fueron profesionales y empleados públicos, civiles y militares, de las ciudades. Quizá el libro político tuvo tanto alcance por la permanencia de una prensa censurada, recogida o suspendida por el gobierno Berenguer. La libre expresión en forma de denuncia en la prensa fue posible, sin embargo, al circular hojas clandestinas en buen número, al abrirse cortos períodos de tolerancia, al no ser demasiado eficaces en la censura algunos gobernadores civiles y al ocurrir un fenómeno que truncaba los propósitos gubernamentales:

Nunca como en los últimos años habíamos sentido el contacto con el lector los hombres que escribíamos los periódicos […]. El lector sabía recoger la más leve alusión, el más fino matiz; y hasta el silencio impuesto por el lápiz de los censores se encontraba con la conciencia pública, la interpretación justa […]. La pluma fue entonces verdadera palanca[28].

Los escritores, dirigentes, editoriales y periódicos compartieron espacios en la ciudad con otros protagonistas. La política española de 1930 se distribuyó en distintos espacios urbanos. Había un espacio de Gobierno, con las sedes ministeriales y el Palacio Real en Madrid, con los Gobiernos Civiles y Militares, y las sedes de las Diputaciones en otras ciudades, junto con el espacio de los dirigentes y organizaciones aliados del Gobierno; un espacio con redes de oposición; otro de movilización y protesta, con calles y plazas para las manifestaciones, y teatros o plazas de toros para los mítines; un espacio de control policial cercano al anterior y al de gobierno; el espacio de la prensa, con sus pizarras expuestas en los portales para anunciar las últimas noticias y los vendedores que voceaban cada cabecera; por último, espacios de debate, en cafés, tabernas, ateneos, casinos, peñas, etc., donde se accedió al hábito del juicio libre. Esta acumulación de espacios ofrece una idea de la variedad y extensión de redes formales e informales, en las que las personas expresaban, ponían en común y obtenían significados de lo que ocurría a su alrededor. Pero lo que en realidad tuvo trascendencia política fue que la mayoría de estos espacios se superpusieron en el centro de la ciudad, de tal manera que la comunicación —incluida la del rumor— se concentró, se aceleró y simplificó en un tiempo de cambio político.

La importancia de los espacios y los anteriores protagonistas es comparable a la de los enfrentamientos surgidos de la movilización pública, colectiva y conflictiva, extendida por la oportunidad que supuso la dimisión de Primo y el objetivo declarado por el gobierno Berenguer de lograr la normalidad constitucional. Muchos de los conflictos existentes no tuvieron relación directa con la situación política, al referirse a salarios, paro, impuestos, subsistencias o condiciones de trabajo, pero, en estos casos, las manifestaciones y huelgas desplegadas adquirieron un tinte político, primero, porque respondían a una oportunidad política, segundo, por regularse con pautas legales de diverso origen —antes o después de 1923— y, tercero, al intervenir la Guardia Civil o la de Seguridad cuando no eran movilizaciones autorizadas. A pesar de que las direcciones socialistas enviaron una circular a todas sus organizaciones para no secundar las huelgas, el número de estas y de huelguistas en 1930 ascendió sobremanera con respecto a 1929 y se convocaron en constante incremento desde finales de junio. Casi todas ellas tuvieron un alcance sectorial y local, aunque comenzaron a plantearse las huelgas generales de ámbito local, en primer lugar, en Sevilla, para seguir en Pasajes y Rentería; la de Granada, a finales de septiembre, seguida de la de Logroño y la segunda de Sevilla, en octubre. Las últimas del año fueron en la minería asturiana, en Alicante, Valencia, Tenerife y Cádiz. Aunque no tuvieran carácter insurreccional, el incesante desarrollo de movilizaciones obreras permitió a los destartalados sindicatos de la CNT, con sus reivindicaciones morales y económicas, presentar su tarjeta de visita a los trabajadores, a otros sindicatos, a los patronos y al Gobierno, tras siete años de ausencia. Después de tanta huelga, las autoridades no toleraron la reorganización de la CNT a partir de otoño para impedir la considerada gimnasia de agitación. Ante esa política gubernamental, los dirigentes sindicalistas decidieron respaldar las iniciativas para el cambio político[29].

Los estudiantes se habían movilizado durante la dictadura de forma extraordinaria en dos ocasiones. En el tiempo de Berenguer, la Federación Universitaria de Estudiantes (FUE) aprovechó su legalización para organizarse y extender su implantación a todos los distritos universitarios. Se enfrentaron a adversarios y policías a lo largo del año, participaron en movilizaciones junto con otros grupos por la amnistía, llamaron la atención sobre los problemas de una universidad masificada y confesional, y para protestar contra el plan Callejo. Continuaban la presión para obtener reconocimiento frente a las asociaciones católicas. Entre principios de septiembre y de octubre se produjeron enfrentamientos en distintas ciudades gallegas y en Bilbao, con el resultado de varios muertos en colisiones con la policía, por la protesta de los adversarios a la convocatoria de mítines convocados por la Unión Monárquica Nacional, la organización defensora de la dictadura de Primo. El sabotaje de los mítines cobraba sentido para acabar con la impunidad dictatorial y como sustitución de una autoridad vigente considerada ilegítima. Entre febrero y octubre se originaron, además, movimientos sociales por la amnistía en diferentes ciudades, con campañas de prensa, telegramas, peticiones respaldadas por decenas de miles de firmas, mítines, festivales propresos, etc. Sus promotores consiguieron la participación de muchas personas sin afiliación política contraria a la monarquía. Todos estos casos representaron enfrentamientos muy politizados y con un grado de transgresión elevado, hasta el punto que para los participantes y muchos observadores, la lucha universitaria, la protesta contra la actuación de los valedores de la dictadura y el movimiento por la liberación de los presos y exiliados simbolizaba la denuncia de la prolongación de la dictadura en 1930. Contribuyeron, en ese sentido, a la deslegitimación de la estrategia real de normalidad constitucional[30].

La aportación fundamental, sin embargo, residió en una serie de acontecimientos denominados transformadores, convertidos en puntos de inflexión en el proceso político, momentos de concentración de la creatividad política y cultural, episodios puntuales y discontinuos, de pocas horas o días, de distinta naturaleza, con efectos a corto y largo plazo, que resaltaron algunas de las pautas esenciales del conflicto y reflejaron de manera nítida y condensada tanto la deslegitimación de la actuación de los gobernantes como la legitimidad de las propuestas alternativas. Los argumentos de la defensa y la absolución de José Sánchez Guerra del delito de excitación de rebelión militar en el consejo de guerra de finales de octubre de 1929 se consideraron en su día el acta de defunción de la dictadura de Primo de Rivera, al relucir la ilegitimidad legal de aquel gobierno y el reconocimiento por un tribunal militar del intento de rebelión como no punible. El desprestigio de la dictadura llegaba a su punto más alto y el derecho de rebelión contra la tiranía se alimentaba de razones jurídicas[31]. De nuevo apareció el rebelde José Sánchez Guerra. Las expectativas de aquel miércoles 26 de febrero de 1930 en el teatro de la Zarzuela de Madrid eran excepcionales. Berenguer visitó al orador en su casa para persuadirle de aplazar su discurso durante unos días para aplacar la «nerviosidad» política. El dirigente monárquico conservador, de 78 años, jefe del Gobierno de Su Majestad en 1922, utilizó a Góngora y al duque de Rivas para criticar y denunciar la actuación del rey durante la dictadura, ante la plana mayor de las organizaciones republicanas y de los amigos de la Corona. A pesar de no declararse republicano, el impacto del discurso fue demoledor para la causa del rey, al arrebatarle cualquier vestigio de legitimidad pasada y futura. Si no había derribado la casa, le había socavado los cimientos, apostilló Prieto. El alcance del acontecimiento se midió en la prensa de los días siguientes y la misma tarde en la calle a la salida, con el enfrentamiento entre jóvenes realistas y republicanos, y la pasividad de la policía en el centro[32].

Otro miércoles pero en noviembre se derrumbó la casa en construcción de la calle Alonso Cano de Madrid y se desenterraron entre los escombros cuatro albañiles muertos. Llovieron las críticas sobre la calidad de los materiales y las garantías de seguridad proporcionadas por contratistas y arquitectos. El entierro del día siguiente fue organizado por la socialista Federación Local de Obreros de la Edificación. La costumbre en estos casos y la rivalidad sindical impulsaron un desfile fúnebre conflictivo. Las miles de personas que acompañaban los féretros recorrieron parte del paseo del Prado hasta la plaza de Cánovas —hoy Neptuno—, donde algunos asistentes —sin duda cenetistas— insistieron en desviar el trayecto pactado para dirigirse por la carrera de San Jerónimo a la Puerta del Sol, destino de las principales actuaciones colectivas. Después de ciertas negociaciones con el general Mola, la policía a caballo no permitió el paso, al cargar con sablazos y disparos contra los participantes con el resultado de dos muertos y cincuenta heridos. Ante la indignación moral por la actuación policial, se declaró durante 48 horas la primera huelga general en Madrid desde 1923. Los sindicatos de la CNT de Barcelona se solidarizaron con los afectados de Madrid, con otra huelga general, por lo que las autoridades clausuraron los sindicatos y como resultado de reyertas con el Libre, murieron dos de la CNT. Se produjeron enfrentamientos en otras ciudades que, como en Madrid y Barcelona, contaron con la movilización de los estudiantes de la FUE. Con el éxito de las convocatorias, las organizaciones obreras habían dado una muestra de su poder, y el Gobierno, de su debilidad e imprevisión para contenerlas; abandono de la autoridad, afirmaba la prensa conservadora.

Todos sabemos que la semilla de la República no la plantó Galán, ni la oratoria de Alcalá, ni las discusiones del Ateneo. El germen de la República lo sembró un arquitecto […]. Este arquitecto dirigía las obras de una casa. La casa se hundió. Hubo víctimas. En el entierro de tales víctimas estallaron los primeros tiros. Inmediatamente después concatenándose con irresistible fatalidad, surgieron las huelgas generales, más tiros, las batallas matutinas de San Carlos, la protesta, la crisis, las elecciones, la República[33].

Los periódicos de izquierda y los dirigentes políticos distantes del gobierno Berenguer, en cambio, acusaron a este de exceso y desproporción en la represión del entierro, alardes policiales que retiraban la confianza del país en sus gobernantes. Para el Gobierno, el coste político del control policial del entierro fue muy elevado, al pretender llegar a las elecciones sin excesiva perturbación, con la imagen de determinación intacta, y el respaldo político seguro. El ministro de Gobernación, sin embargo, dimitió a los pocos días, las críticas por la derecha y la izquierda resultaron rotundas, y la iniciativa del proceso político se alejó del Gobierno, al quedar abierta la oportunidad para transformar un accidente de la construcción en una rebelión generalizada. Pero el Comité Revolucionario no decidió aprovechar esa ocasión, debido a la anticipación del suceso a la ultimación de sus planes[34].

El Comité Revolucionario, presidido por Alcalá-Zamora, se había configurado en la casa de Fuenterrabía de Miguel Maura en agosto de 1930, días después de la reunión conocida como Pacto de San Sebastián, por el que los asistentes se propusieron coordinarse, además de buscar más aliados, para realizar una acción con el fin de implantar la República. Se formó una coalición revolucionaria de muy amplio espectro, con la integración en octubre de los socialistas del partido y de la Unión, y la colaboración de algunos dirigentes de la CNT. Se constituía así el «frente de izquierdas», primero entre los partidos republicanos, después con la recién creada Derecha Liberal Republicana, de Alcalá-Zamora y Maura, y con los partidos nacionalistas y republicanos de Cataluña. Todo un éxito, al romperse la división tradicional de los republicanos y la incorporación de significativos personajes de la monarquía, así como la de republicanos-catalanistas y socialistas. La heterogeneidad política de la coalición guardaba equilibrio con la amplitud política conseguida, al ser esta un importante recurso revolucionario para la eficacia de la misión propuesta[35].

El clandestino Comité Revolucionario se convirtió en un poder alternativo al gobierno Berenguer, al presentar sus credenciales el 29 de septiembre en el mitin autorizado de la plaza de toros vieja de Madrid. Una movilización colectiva, como el mitin, solía transmitir si tenía éxito mensajes de respetabilidad, unidad, respaldo y compromiso, a través de señales iconográficas y lingüísticas. El de la plaza de toros rebasó cualquier expectativa en ese sentido, tanto en la preparación y duración del acto, como en la mayoría de los reportajes periodísticos posteriores. El control policial del mitin resultó un alarde espectacular de fuerza, desplegada como amenaza por el general Mola. La trascendencia del mitin fue enorme. Representó una rueda de prensa de presentación en público de la política revolucionaria. Algunos de los oradores miembros del Comité desafiaron a la Corona, al exponer su intención de desplazar a la monarquía del gobierno de España. Esa presentación se dirigió a miles de personas de toda condición que aprobaron el lenguaje revolucionario vertido de manera entusiasta. Un mitin que simbolizaba el resultado de unas elecciones —comicios se denominaban los mítines—, y la reunión de unas Cortes espontáneas; expresó, entonces, la soberanía popular con su corolario… «parecía que ayer se iba a proclamar la República»[36].

Durante los meses de septiembre y octubre se celebraron mítines de la misma índole en muchas ciudades españolas, al aprovechar un período largo de tolerancia gubernamental y la oportunidad de anunciar el comienzo de la revolución. El Comité, mientras tanto, se convirtió en Gobierno Provisional de la República en una de las cotidianas reuniones en el Ateneo de Madrid. Sus integrantes se propusieron poner en común lo fundamental del programa para aplicar de manera inmediata después del triunfo. La discusión del programa permitía, además, sortear la heterogeneidad política con la negociación y el acuerdo. Anticipación y negociación fueron dos recursos utilizados por la coalición para prevenir crisis futuras y plantear reformas con las que otorgar sustancia política a la República por venir. En aquel octubre comenzó a evolucionar no solo un poder alternativo, sino un gobierno preparado de antemano para formular sus estrategias. Todo un mérito, extraño en las revoluciones[37].

El Comité Revolucionario no contempló otra manera de lograr el desplazamiento de los gobernantes que con un suceso irreparable, a la manera del siglo XIX, en forma de rebelión militar junto con una huelga general. Aunque en aquellos meses había socialistas y republicanos partidarios de participar en las elecciones de Berenguer, nadie creyó en la vía electoral de la revolución. En su lugar, cuarteles y sindicatos, además de la Universidad, como enlace. La conspiración se puso en marcha bajo la dirección de un comité militar encabezado por Queipo de Llano y la Asociación Militar Republicana. A pesar de las excelentes previsiones solo contaban con doscientos o trescientos militares sin jefes ni mando en tropa, insuficiente para rivalizar con la fuerza armada a disposición del gobierno. Se confiaba, sin embargo, en la sorpresa y en la que podría denominarse ficción insurreccional, basada en el mutuo asentimiento de conspiradores y gobernantes sobre la inocencia de sus actuaciones; los primeros, con un pronunciamiento improvisado e incruento, los segundos, con la benevolencia como respuesta. El efecto real y positivo de la actuación de los implicados se desataba más tarde, al producir aliento y emoción entre los adeptos, y el Gobierno ni ganar ni perder con su supresión, pero era su fracaso si no cumplía con su desempeño[38].

A pesar de la caricaturesca vigilancia policial sobre los conspiradores y el conocimiento gubernamental de los planes, el capitán de infantería Fermín Galán se rebeló con la guarnición de Jaca el 12 de diciembre. Queipo de Llano y Ramón Franco controlaron el aeródromo de Cuatro Vientos muy de mañana el 15, y el comandante sobrevoló el Palacio Real sin decidirse a lanzar bombas como afirmó tener planeado. Aunque en Madrid no se realizó la huelga general prevista, en otras ciudades pararon las principales empresas y se produjeron enfrentamientos violentos[39]. El gobierno Berenguer tuvo la capacidad armada suficiente para acabar con la rebelión cívico-militar. A pesar de concebirse con antelación, la insurrección de diciembre resultó ser un fracaso estrepitoso e incluyó los principales ingredientes de la ficción insurreccional por su falta de coordinación y la pasividad de potenciales participantes, la benévola detención de la mayor parte del distinguido Comité Revolucionario y el regreso al rutinario proceso político. Pero la insurrección se rodeó de dos importantes ornamentos que la distanciaron de las anteriores y la convirtieron en un acontecimiento transformador. Ya no se trataba de un levantamiento militar trepidante e incruento, porque la rebelión militar y las huelgas insurreccionales ocasionaron durante varios días serios enfrentamientos en diversas ciudades con la policía y las fuerzas del Ejército —incluso de la Legión trasladada desde África—, con resultado de dos docenas de víctimas mortales. De otra parte, el Gobierno decidió castigar la rebelión militar con el fusilamiento inmediato de Galán y García Hernández. Por ello, al integrarse en un contexto revolucionario, comenzó de inmediato la «invención» de Jaca, un proceso de construcción social de la muerte de los dos capitanes como martirio, y de conversión de un error estratégico, que «solo censuras merecía», en el triunfo heroico de los ideales republicanos. Un enfrentamiento que simbolizó la injusticia del régimen, ya no solo centrada en la ausencia del Derecho, sino agravada desde entonces por la persecución y el sacrificio, con dos penas capitales, violencia policial, detenciones de cientos de personas y clausura de los centros obreros. El Gobierno y sus seguidores monárquicos definieron, por su parte, la insurrección como un estigma para los caudillos republicanos responsables de un plan a la vez comunista y anarcosindicalista, de criminalidad primitiva, al que se enfrentó el Ejército inspirado en el servicio a la patria[40].

Con la muerte de los capitanes y la detención de parte del Comité Revolucionario, el Gobierno logró un éxito considerable, al suprimir el desafío revolucionario. Con esa seguridad, Berenguer tomó la iniciativa sobre el tiempo, al confirmar las elecciones para el 1 de marzo de 1931. Las posiciones habían sido distintas en los meses anteriores. Mientras Berenguer alargaba el tiempo, la coalición revolucionaria decidió acortarlo, al ritmo de la vertiginosa rapidez de la marcha de la política en 1930. Ya advirtió Marcelino Domingo en junio que las horas eran apremiantes y definitivas, «horas de prisas y exigencias». La coalición se constituyó con suma celeridad para superar la lentitud de años en la conquista de la unidad de actuación, y fue incesante el esfuerzo por elaborar un programa de gobierno y preparar el suceso irreparable. Con esa velocidad, la coalición se situaba a la altura de los primeros competidores en la carrera iniciada por el cambio político. Esa presteza, además, corrió en ocasiones aneja a la aceleración propia de los acontecimientos. La vida política se llenaba frenética de alarma e inquietud para el Gobierno, por los rumores de rebelión y en coincidencia con la mayor concentración de huelgas obreras y actuaciones estudiantiles. Así ocurrió durante casi un mes, entre el entierro de los albañiles de Alonso Cano y la rebelión de Jaca. Aunque fueron horas estas de emoción civil, con la desmovilización todo se desaceleró en el breve espacio de horas. El tiempo se detuvo entonces para el Comité Revolucionario hasta su recuperación del fracaso insurreccional[41].

Capítulo 3. Una obra de arte

CAPÍTULO 3

UNA OBRA DE ARTE

¡Galán! Las niñas te lloren en su cándido cantar.

¡Galán! Los niños te encumbren al trono de su ideal.

¡Galán! Tu madre espartana bendiga tu heroicidad.

¡Galán! Los hombres te juren no dar un paso hacia atrás hasta clavar en la tumba donde reposas en paz, no la tiniebla doliente de la cruz tradicional, sino la luz del divino pendón de la Libertad[42].

Los candidatos republicanos triunfantes en las elecciones del día 12 habían encabezado una manifestación en Vigo con destino al Ayuntamiento, donde se proclamó la República sobre las tres de la madrugada del día 14 al izar la bandera republicana y «arengar a las masas» un sacerdote. El gobernador envió a la Guardia Civil para dispersar la manifestación y retirar la bandera. Los manifestantes permanecieron reunidos en un local a la espera de noticias sobre la proclamación de la República en Madrid. A novecientos kilómetros de distancia, en Valencia, se celebró una manifestación a las dos de la tarde del mismo día para dirigirse desde la sede de la redacción del diario El Pueblo al Ayuntamiento, donde el hijo de Blasco Ibáñez, Sigfrido, proclamó la «República valenciana», una vez formada la junta municipal. Nuevas manifestaciones recorrieron la ciudad, alguna de ellas de carácter humorístico, al portar cirios y un ataúd rodeado de cánticos funerales. En otras calles, como si el tiempo no se hubiera parado en seco, se celebraba la fiesta de San Vicente Ferrer. Al margen del santo, la entonación de «La Marsellesa» y la exhibición de cientos de banderas republicanas poblaban la plaza de Castelar, hoy del Ayuntamiento. Con ligeras variaciones se proclamó la República durante aquella tarde en casi toda España. Con caracteres de una grandiosa epopeya política para sus partidarios, había constituido una magnífica obra de arte[43].

Estos acontecimientos anuncian el final de esta historia y podían no haber sucedido, porque el proceso político estuvo repleto de interferencias y decisiones improvisadas. Unos meses antes, a mediados de diciembre de 1930, el gobierno Berenguer volvía a tener la iniciativa política con el triunfo inapelable sobre el Comité Revolucionario y la decisión de convocar elecciones generales para el 1 de marzo, según el Plan trazado por el rey. Todo el espectro político coincidió en el pleno convencimiento de la superioridad del Gobierno a la hora de obtener la mayoría parlamentaria deseada, al controlar el Ministerio de Gobernación para realizar el encasillado y las alcaldías para el manejo del proceso electoral. Berenguer se sentía con tanta seguridad que declaró estar dispuesto a conceder cuanto se solicitara, en referencia al nombramiento de alcaldes. Convocó elecciones, por fin, el 7 de febrero. Los dirigentes políticos que apoyaban de manera incondicional la iniciativa electoral de Berenguer eran los conservadores dinásticos y los católicos de la Asociación Nacional de Propagandistas y El Debate. Era la época de las movilizaciones en torno del 23 de enero, día de la onomástica del monarca, en la plaza de Oriente de Madrid y con la firma en los álbumes proporcionados por estudiantes de la Facultad de Derecho. Aquel día no trabajaron los empleados de la Administración pública y se colocaron colgaduras en los edificios oficiales, mientras que los jóvenes monárquicos recorrieron las calles madrileñas con el lanzamiento de octavillas alusivas. Sánchez Mazas enumeró entonces los grupos monárquicos antiliberales, organicistas y corporativos existentes en España, para citar a los agrarios, sindicalistas, católicos sociales y juventudes. El Debate no le hacía ascos a un régimen sin parlamento, y Abc afirmaba no tener fervor alguno por el sufragio universal[44].

En el extremo opuesto se situaron los monárquicos disidentes o constitucionalistas, que ya en diciembre le pusieron una piedra en el zapato a Berenguer, al publicar una nota que reafirmaba su compromiso con las Cortes Constituyentes, sin condenar la rebelión de Jaca y Cuatro Vientos. En el encadenamiento de declaraciones sobre la participación electoral de las distintas opciones, fueron los constitucionalistas los primeros en anunciar su retraimiento el 29 de enero. La gota que colmó el vaso la derramaron los liberales dinásticos el 13 de febrero, una vez conocida la posición similar de Cambó, con una declaración de boicot a las Cortes elegidas. Aunque estas decisiones fueron realizadas por diversidad de motivos, los liberales dinásticos forzaron la cancelación de las elecciones al entender que solo les proporcionaba el papel de comparsa de una mayoría conservadora. Berenguer mostró su contrariedad por tanto rechazo, y presentó su dimisión el 14 de febrero. La prensa confirmó que ese sábado era el final de una semana de vértigo, en la que se había producido una honda transformación política en España. Pero la precipitación de los días siguientes no le fue a la zaga, y en veinticuatro horas perdían actualidad los asuntos más inquietantes. Para Berenguer, sin embargo, había concluido el tiempo y podía interrumpirse también el Plan de la Corona[45].

La crisis de gobierno la solucionó el rey con la puesta en marcha del mismo Plan corregido; primero, con Sánchez Guerra y Romanones; después de la negativa del primero, con una concentración amplia de monárquicos dirigida por el marino Aznar, gobernada por Romanones y, en la sombra, por Cambó. El Plan real se modificaba en cuanto a la convocatoria primera de elecciones locales y la aceptación de vagas promesas de reforma constitucional una vez elegidas y reunidas las nuevas Cortes. Se mantenía, sin embargo, el objetivo fundamental de la restauración de la monarquía constitucional, con bases similares a las ejercidas antes de 1923. Integrado por hombres de la llamada «vieja política», el gobierno de concentración monárquica no tenía otro cometido que la convocatoria de elecciones municipales para repartirse el control de los ayuntamientos entre los distintos grupos monárquicos y competir en igualdad de condiciones por una mayoría parlamentaria en la siguiente cita electoral. Según el Plan reformado del rey, y nada más tomar posesión, el Gobierno anunció elecciones municipales para el 12 de abril y se inició una larga campaña electoral. Casi todo el protagonismo político de este proceso institucional recayó en los grupos monárquicos. A la espera de las iniciativas de otros y sin capacidad política o militar para lograr sus objetivos revolucionarios, la parte del Comité Revolucionario encarcelada aceptó participar en las elecciones por su carácter administrativo, sin transgredir, por tanto, su política de boicot a la monarquía, pero con la retirada de su estrategia de rebelión cívico-militar. Para el Comité las elecciones no podían considerarse la revolución acariciada, pero representaban un primer peldaño. El monárquico disidente Ossorio profetizó, incluso, que si los republicanos obtenían un éxito electoral, sería posible la instauración de un gobierno provisional para convocar unas elecciones legislativas con garantías de respeto a la voluntad nacional[46].

Las interpretaciones de monárquicos y republicanos sobre el alcance de las elecciones, en todo caso, se alteraron con el transcurso de una campaña electoral jamás conocida en España, por su intensidad, la pasión vivida por muchos participantes y las repercusiones políticas de los acontecimientos transformadores ocurridos en aquellas semanas. No se convocaron tantas huelgas como en los meses anteriores, al estar suspendidos muchos sindicatos por la autoridad militar después de la rebelión de diciembre. La movilización colectiva, entonces, se concentró en tres ejes superpuestos: la cárcel Modelo de Madrid, los estudiantes y la reclamación de amnistía. Los miembros integrantes del Gobierno Provisional republicano en la cárcel concitaron la atención de la opinión pública en diversas ocasiones, hasta el punto de entender algunos contemporáneos que el poder efectivo se encontraba entre rejas. La conmemoración del 11 de febrero, aniversario de la República de 1873, consistió en la exaltación periodística de aquel acontecimiento, junto con banquetes, pequeños mítines, colectas propresos y minutos de silencio, acordados de manera centralizada como una expresión de dolor y protesta por los fusilamientos de Jaca y por los presos. Los republicanos madrileños convinieron, además, en depositar miles de tarjetas en la cárcel Modelo y en asistir a una misa en homenaje a García Hernández con la presencia de la viuda y los gritos subversivos a la salida, que desembocaron en múltiples detenciones. Galán y García Hernández se habían convertido en los referentes principales del discurso republicano. Marañón lo percibió desde el comienzo y lo dejó escrito en carta a Ramón Pérez de Ayala:

Creo que ahora debemos iniciar la glorificación de Galán y su compañero, mártires de la libertad, como Torrijos y tantos más […]. Este punto de los dos hombres sacrificados tan insensatamente hay que aprovecharlo, porque es justo y muy eficaz. ¿Qué te parece que puede hacerse[47]?

La prensa —al levantarse la censura desde febrero—, los libros de ensayo político, los cuadros con sus fotos, pero sobre todo las constantes referencias en las movilizaciones colectivas, convirtieron a los dos capitanes fusilados en héroes y mártires de la libertad, personificación del sacrificio por un ideal, modelo de actuación revolucionaria, ejemplo a seguir, hombres libres, no esclavos. Galán fue comparado con Rizal en Filipinas; no era un hombre, era un dios, jefe y caudillo de todas las buenas voluntades. Galán «no ha muerto». Se insistió mucho en el detalle de ser fusilados en domingo, cuyo significado religioso no fue obstáculo para que devotos católicos como el jefe del Gobierno y el rey aprobaran la sentencia. Aumentaba así el agravio, la injusticia cometida por la monarquía y el Gobierno, demostración palpable de su carácter tiránico. Estas interpretaciones sobre los fusilamientos, al conmover las «fibras de la nerviosidad política», activaron una reacción sentimental, más allá de las convicciones políticas de las personas. No tuvo más remedio que reconocerlo así la prensa monárquica, al abrir suscripciones para indemnizar a las familias de los guardias civiles muertos en Huesca en diciembre, porque tenían «también» madre. Las de los dos capitanes, sin embargo, eran ya la encarnación de la Mater Dolorosa. Al levantarse la censura, los periódicos republicanos abrieron en febrero de 1931 suscripciones províctimas del «movimiento de diciembre». Prieto propuso el boicot de las elecciones convocadas para el 1 de marzo con mesas dispuestas para la venta de retratos de Galán y García Hernández en las puertas de los colegios electorales. En fin, el obispo de Jaca encabezó una petición propresos y visitó al rey para solicitar la amnistía[48].

La reclamación de amnistía en febrero se intensificó por todo el país al acercarse la fecha del consejo de guerra contra los miembros presos del Comité Revolucionario. Alcalá-Zamora, Maura, Domingo, Largo Caballero y otros dirigentes republicanos y socialistas se convirtieron en el centro de la política española. Se acercaron ya en la crisis gubernamental de febrero, con la visita de José Sánchez Guerra para solicitar la incorporación de algunos de ellos al Gobierno que presentaría al rey. Con el fin de inhabilitar a los monárquicos disidentes como alternativa a Berenguer, al considerarlos los auténticos competidores directos de los republicanos, Alcalá-Zamora rechazó la oferta. La negativa proporcionó el efecto deseado, al recibir Sánchez Guerra descalificaciones radicales por parte de los dirigentes y medios monárquicos, y el rechazo del rey a la formación de su gobierno. La visita, además, encumbró al Comité, reconocido desde entonces como pieza clave en el cambio político[49].

De ahí la trascendencia cobrada por el proceso militar contra el Comité a mediados de marzo. «España entera está pendiente del curso de este proceso que será, cualquiera que sea su resultado, un proceso histórico». Roberto Castrovido lo calificó entonces como «el mitin republicano de Las Salesas» —el palacio de Justicia en Madrid donde se celebró el juicio—, al resaltar el carácter político de la argumentación de la defensa y de los propios acusados, centrada en la denuncia de la ilegitimidad de la monarquía constitucional desde 1923 y la caducidad del Derecho para condenar la rebelión de diciembre. Alcalá-Zamora, incluso, hizo uso de los mártires de Jaca, al señalar que el presidente del tribunal podría evitar que se hablara de Galán en ese juicio, pero no que figurara «su nombre en las lápidas ornamentales del salón de sesiones del Congreso de los Diputados». El alcance del mitin, además, se multiplicó al reproducir la prensa los alegatos. La práctica absolución de los acusados y la gran concentración de entusiastas republicanos y socialistas para recibir a los dirigentes liberados a las puertas de la cárcel, que había sido santuario de peregrinación en los meses anteriores, compuso un acontecimiento transformador de gran importancia en la campaña electoral. Observadores y partidarios pudieron interpretar que, con el incremento notable de la opinión pública a su favor, el ya etiquetado como Gobierno Provisional de la República, obtuvo una dosis relevante de poder, al encarnar la única y eficaz alternativa no solo al gobierno Aznar sino a la monarquía constitucional[50].

El Gobierno Provisional, sin embargo, no fue el único actor poderoso en aquellos meses, porque los estudiantes se movilizaron de manera extraordinaria en toda la España universitaria. Al no sufrir la clausura de ninguna universidad tras la rebelión de diciembre, los estudiantes de la FUE pudieron realizar toda clase de actuaciones en su interior y, además, se enfrentaron con la policía y grupos católicos y de extrema derecha en Madrid, Sevilla y Granada, con la declaración de huelga en señal de protesta. Como respuesta, el ministro de Instrucción Pública decretó treinta días de vacaciones extraordinarias a principios de febrero, sin duda, para que no participaran en la campaña electoral del 1 de marzo. La reacción de la FUE consistió en organizar una universidad extraoficial durante ese período, en la que impartieron clases en forma de conferencias Menéndez Pidal, Ortega y Gasset y María Zambrano, entre otros. Así, la FUE transmitió a la opinión pública un mensaje de respetabilidad y compromiso con su labor académica. Una vez reabiertas las universidades, la movilización estudiantil creció sobremanera en la segunda quincena de marzo, al realizarse en el contexto de la reclamación de otros grupos por la amnistía —negada por el Gobierno el 23 de febrero— y, en concreto, por el indulto del capitán Sediles y otros militares sublevados en diciembre, sentenciados con muy altas penas, como la de muerte para el capitán. Distintos grupos convocaron manifestaciones y mítines en diversas ciudades. Se declaró la huelga general en Jaca. Se cumplimentaron minutos de silencio, como en Zaragoza, para pedir que la Virgen del Pilar intercediera por Sediles. Los estudiantes se incorporaron a estas movilizaciones y realizaron otras propias, como las colisiones con la policía todas las noches en la madrileña Puerta del Sol, el enésimo retrato quemado del rey, cánticos de «La Marsellesa», lanzamiento de ladrillos, cargas de los guardias de seguridad y dos estudiantes heridos de bala en los alrededores de la Facultad de Medicina. La respuesta estudiantil fue la huelga general para el 25 de marzo, día en que ocurrió «el sitio de San Carlos», con reiteradas colisiones entre estudiantes, otros paisanos y la Guardia Civil, delante del Hospital Universitario de San Carlos en la calle Atocha de Madrid. Al final de la mañana había un guardia civil y un paisano muertos, junto con dieciocho heridos. El mismo día y los siguientes se produjeron protestas en otras ciudades universitarias, con Barcelona a la cabeza[51].

Este acontecimiento transformador repercutió en el desarrollo de la campaña electoral, al simbolizar el carácter represivo del régimen monárquico. La prensa republicana acusó al general Mola de enfrentar un Ejército-Regulares africanos a los ciudadanos-montañeses del Rif o de Yabala, recuerdo de sus campañas marroquíes. Se denunciaba de esa manera tan gráfica una abusiva represión policial, propia de tácticas militares coloniales, pero no del control de la protesta ciudadana. En esa interpretación, los estudiantes salieron vencedores de la refriega moral y, en cambio, el gobierno Aznar sufrió todo el coste político de los errores policiales registrados en la calle Atocha. La actuación transgresora y distintiva de los estudiantes ilustró una vez más la incapacidad de los gobernantes, ahora el marqués de Hoyos, antes Primo de Rivera y Martínez Anido, para impedir la publicidad positiva de su protesta. La FUE consiguió, además, el cese del gobernador civil de Sevilla en enero, y dividir más a un Gobierno sobre el alcance del control policial y la dimisión presentada por el general Mola, en marzo[52].

La masiva movilización por la amnistía había conseguido, sin duda, la firma real del indulto al capitán Sediles, pero aún permanecían cientos de presos de diciembre en las cárceles, por lo que no solo no cesó la reclamación, sino que se incorporó como un argumento prioritario en la prensa republicana, los manifiestos de los partidos, las manifestaciones con entrega de conclusiones, y en los más de mil mítines de la campaña electoral. Dirigentes del Partido Radical-Socialista, de la Alianza Republicana o del directorio de la recién nacida Esquerra propusieron situar a los presos, emigrados y perseguidos en los primeros puestos de las candidaturas. La CNT se sumó a la campaña no para solicitar el voto, sino para exigir la liberación de todos los presos. En fin, se estrenó en el cine Callao de Madrid la película El presidio, con evidente curiosidad de la gente[53]. En nombre de la candidatura de «los hombres de diciembre», el Ateneo convocó un día antes de las elecciones municipales una manifestación proamnistía para el domingo, 19 de abril, prueba de las limitadas expectativas del Comité Revolucionario sobre el alcance de las elecciones y, a la vez, de la importancia de esta reclamación en su campaña. La amnistía unificaba propósitos y argumentos en una coalición antidinástica muy heterogénea que significaba un mérito, pero una dificultad para unificar mensajes. Otros recursos compartidos por el bloque fueron los ya conocidos del diagnóstico de la conflictividad y sus protagonistas realizado en 1930: dictadura, ausencia del Derecho, pueblo soberano ¡y ya vibrante!, reconquista de derechos, emancipación…, y el aprovechamiento de la Semana Santa —el Domingo de Ramos, 29 de marzo— y la llegada de la primavera, para utilizar símiles y metáforas como calvario, para denunciar la persecución; el martirio, que revelaba el sacrificio; «los del santo entierro», en alusión al gobierno Aznar; resurrección, renovación, regeneración, para indicar el ánimo de la opinión ciudadana.

Frente a esta construcción social de los acontecimientos y sus protagonistas, las diversas opciones antirrepublicanas y monárquicas emprendieron la campaña a través de los múltiples medios de comunicación afines, la publicación de manifiestos y la celebración de mítines, en menor número que los de sus contrincantes. Para lograr vencer su heterogeneidad política y convencer a los potenciales votantes, los dirigentes monárquicos utilizaron tres argumentos en reacción a sus adversarios políticos. El primero de ellos consistió en considerar que el intento de instaurar la República provocaría justo lo contrario de lo propuesto con ella: en lugar de la instauración de la libertad y el Derecho, se crearía otra dictadura, más injusta que la de Primo de Rivera; en lugar del establecimiento del orden y la paz, se repetiría el caos de la República de 1873 y se «encendería en el acto la guerra civil». El segundo argumento se cimentó en la demostración del peligro que significaría la República, al creerse solo la antesala de un régimen comunista que destruiría las bases del orden social. Esta explicación se utilizó para generar miedo entre los ciudadanos más moderados y contrarrestar una República tolerable por conservadora. La amenaza comunista se convirtió en la principal evidencia, con el recuerdo constante de la experiencia de la Revolución Rusa para identificar, por ejemplo, a Alcalá-Zamora con Kerensky. Un tercer argumento menos explícito gravitó en el carácter inútil de todo cambio, en la inmovilidad de lo establecido, en la permanencia de las estructuras del orden social, en el carácter cosmético y superficial de cualquier mudanza política, que indujo a muchos antirrepublicanos a confiar en la actuación electoral del Gobierno y a inhibirse en la campaña. Acompañaba a toda esta argumentación la defensa central de lo que se denominaba el orden, junto con la religión católica, asociada siempre a la continuidad de la monarquía. Algunos obispos intervinieron en mítines monárquicos, y el de Vitoria ordenó por escrito votar a los candidatos defensores de la Corona[54].

La tensión electoral se elevó de forma considerable la última semana, en la que el Gobierno prohibió las manifestaciones para no coaccionar a los votantes, y la policía de Mola se empleó a fondo para disolver las reuniones y detener a los simpatizantes de los candidatos antimonárquicos en las plazas de las principales ciudades. Los medios de comunicación resaltaron los últimos días la polarización de candidaturas y la trascendencia política de las elecciones. Muy pocos contemporáneos debieron creer que el resultado electoral desembocaría en un cambio de régimen. Lo que muchos temían o celebraban era el nutrido respaldo recibido por el bloque de izquierda. Si aquel se traducía en votos, los antidinásticos podrían argüir el apoyo popular a sus propósitos revolucionarios; ocuparían también muchos ayuntamientos para convertirse en un contrapeso republicano al gobierno de Su Majestad; todos pensaban, en fin, que un resultado electoral de esa naturaleza alteraría la composición del gobierno, incluso su crisis, y abriría un camino más certero hacia la convocatoria de unas Cortes Constituyentes. En todo caso, los resultados electorales representaban un sondeo auténtico para las futuras e inmediatas elecciones legislativas.

Los cuatro días que asombraron al mundo

Cuando Unamuno le indicó en la campaña electoral que «esto va a galope», Alcalá-Zamora le explicó que «cuando se mide desde alguna distancia la revolución española parece la obra de unos pocos días». Y estos estaban por llegar. Desde las elecciones del 12 de abril se abrió un proceso lleno de improvisación debido a la sorpresa de los resultados electorales, y de interferencias, por la intervención simultánea de muy diversos actores en el drama. El reloj de la política y la incertidumbre marcaron las iniciativas de los protagonistas[55].

Entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde del domingo 12 de abril se elegían cerca de nueve mil concejales. Muchas personas asistieron esa tarde a corridas de toros en algunas ciudades. La elección se produjo con normalidad no exenta de reyertas con muertos en algunas localidades, como Pontevedra y Ávila. «Todo el país vibra políticamente y el espectáculo de estas elecciones ha sido incomparable, por su extensión, por su ardimiento, por su civilidad». Sin embargo, fueron un «accidente»; así llaman O’Donnell y Schmitter a los resultados electorales imprevistos. Como los que otorgaron a los republicanos franceses la mayoría en la Asamblea Nacional de 1876; como un siglo después se produjo la misma imprevisión en Filipinas, Chile, Nicaragua, Indonesia, Serbia, Georgia o Ucrania. Representante de diversas fuerzas monárquicas con lealtades políticas distintas, el gobierno Aznar se situó cerca del centro de la balanza entre la credibilidad y el control electoral, al concertar la unidad de algunas fuerzas en muchas circunscripciones grandes, consentir la presentación de tantos candidatos como concejalías a elegir, con lo que dispersaba el voto, y permitir, a su vez, la campaña de sus adversarios con limitaciones de segundo orden. No por su intervención puntual, sino por el control local de las fuerzas afines, el Gobierno esperaba la victoria por escaso margen en muchas ciudades, incluida Barcelona, y en la totalidad de los núcleos con menos de seis mil habitantes[56]. Las candidaturas republicano-socialistas, sin embargo, triunfaron en casi todas las grandes ciudades, y la Esquerra obtuvo la mayoría en los grandes ayuntamientos catalanes. En esta acumulación aplastante de votos se incluían los recibidos por esas opciones en los distritos urbanos de más prosperidad económica.

Con el progresivo recuento de votos se recibían por teléfono los datos en la Casa del Pueblo de Madrid, donde se reunieron algunos miembros del Comité Revolucionario, rodeados de decenas de guardias de seguridad en la calle. El entusiasmo contagió a todos ante la posibilidad de un cambio de gobierno y la convocatoria sincera de elecciones para unas Cortes Constituyentes. Otros miembros exiliados del Comité se reunieron en el hotel Malherbe de París para conocer los resultados por teléfono y, desde la distancia, su optimismo destronaba al rey. En la otra orilla, los resultados comenzaron a llegar al Ministerio de Gobernación a las seis de la tarde. Romanones declaró a los periodistas tres horas más tarde que el resultado no podía ser más deplorable para los monárquicos. La perplejidad de los ministros se hizo notar en aquella reunión. Aunque no existía unanimidad de criterios, fue posible aventurar una crisis de gobierno, por la pérdida de autoridad y prestigio para la toma futura de decisiones. Junto con los ministros civiles se encontraba el director de la Guardia Civil, Sanjurjo, al que De la Cierva preguntó si el Gobierno podía disponer de la Benemérita; respondió el general que «hasta ayer por la noche podía contarse con ella». Los guardias de seguridad, mientras tanto, cargaban en la Puerta del Sol de Madrid en diversas ocasiones contra la concentración de jóvenes republicanos, después de haber enarenado la plaza y las calles adyacentes. Se multiplicaban por mil los latidos llegados de los barrios. La presencia de dos escuadrones del Ejército en las calles madrileñas a las once y media de la noche, para sustituir a las extenuadas fuerzas de policía, precipitaron los rumores sobre la proclamación del estado de guerra. El domingo por la tarde no se publicaban periódicos, pero sí se reunieron muchas personas frente a las pizarras, como en las Ramblas de Barcelona, en las que se exhibían los resultados conforme llegaban. Macià envió un telegrama a Alcalá-Zamora con las novedades. En sintonía con la situación, Aznar se acostó con la lectura de las aventuras de Rocambole. Atenuados el abatimiento y el entusiasmo iniciales, comenzó a media noche la incertidumbre sobre el desenlace político creado por el accidente[57].

No existe acuerdo entre los estudiosos de la época a la hora de precisar los motivos del triunfo electoral republicano. No radicó en la insuficiente abstención monárquica, pero sí en la división entre sus diferentes opciones, al presentar más candidatos de los convenientes para obtener mayoría. Testigos de aquel día revelaron que muchas personas acomodadas o monárquicas votaron por el bloque de izquierda. Quizá lo hicieron así para castigar al rey por su complicidad con Primo de Rivera; acaso por la razón opuesta, un desquite por abandonar al dictador en enero de 1930; tal vez por desmarcarse los votantes de la «vieja política», encarnada en los dirigentes del gobierno Aznar. Entre la llamada entonces masa neutra, la dictadura y su prolongación, la petición de amnistía, la ejemplaridad de Sánchez Guerra, los dos muertos del entierro de Alonso Cano, el «martirio» de Galán, el Comité Revolucionario en la cárcel, procesado y absuelto, la existencia de una alternativa cierta…, reunieron suficientes razones para depositar un voto republicano. Fue la misma actitud de muchos anarcosindicalistas catalanes y de la mitad norte de la península, con el fin de liberar a los presos y vencer los obstáculos para actuar con libertad.

La incertidumbre se elevó en las primeras horas de la mañana del lunes, día 13, debido sin duda al paso del tiempo con la ignorancia mutua sobre las estrategias elegidas para la continuación del proceso político: ni los ministros conocían los planes del Comité, ni este los del Gobierno. Quizá ninguna de las dos orillas tenía entonces planes concretos. El rey, mientras, recordó a Jorge II, forzado a salir de Grecia a finales de 1923, mientras una Asamblea Constituyente decidía sobre la forma de gobierno. La opción constitucionalista en España, un real Plan B, se conformaba como la solución dramática menos terminante aceptada por el rey. Un gobierno monárquico de más amplio espectro que el de Aznar podía convocar elecciones para Cortes Constituyentes. Con el rey fuera o dentro del país, eran partidarios de esa opción Cambó, Romanones, García Prieto y Gabriel Maura; este último inició gestiones para negociar el Plan con el Comité Revolucionario. La propuesta debió de llegar a oídos de algún miembro del Comité en el transcurso de la mañana, como también la nota de Melquíades Álvarez, en la que afirmaba la prescripción de la solución constitucionalista y el paso franco a la República; pudo conocer, asimismo, una declaración similar de Alba. Si hasta entonces Largo Caballero o De los Ríos, entre otros, se pronunciaban por aceptar la convocatoria de Cortes Constituyentes, al conocer el Plan real, interpretado como una concesión desde la fragilidad, Alcalá-Zamora y Maura convencieron a sus compañeros para reclamar el poder e instaurar la República, además de denunciar la posible solución involucionista de carácter militar. Fruto de esta decisión estratégica fue la publicación de la nota, redactada por De los Ríos a las dos de la tarde en los periódicos de la noche del lunes. En ella se resaltaba el carácter de plebiscito del día 12 desfavorable a la monarquía, con veredicto de culpabilidad, se anunciaba la irresponsabilidad del Comité ante iniciativas de violencia y exponía el objetivo de la implantación inmediata de la República. Las opciones previstas, en definitiva, se resumían en República o dictadura. Nada sabían los ministros de tal desafío al reunirse en Consejo a las cinco en punto de la tarde. Se lamentaron mucho y expusieron ideas divergentes durante tres horas. Abc las resumió en dos: una en favor de un gobierno que convocara Cortes Constituyentes con suspensión del poder moderador, defendida por los liberales, Gabriel Maura y el regionalista Ventosa; otra sostenida por los conservadores en pro del mantenimiento de los acuerdos anteriores a las elecciones, al haber sido estas ganadas por los monárquicos y carecer de valor plebiscitario. Ninguna de las dos ideas contemplaba un horizonte muy distinto al de aquel día, desde la seguridad de lo inalterable que ofrecía la experiencia de la vieja política. Con la primera idea como argumento, Romanones presentó la nota para entregar al rey, aprobada por el Consejo con el silencio. En ella se recomendaba la apertura de consultas en completa libertad[58].

Horas muy importantes de aquel lunes 13 fueron las iniciadas con la salida de los periódicos de la noche, voceados en Madrid por todo el centro, arrebatados a los vendedores por unos lectores ahítos de rumores y ávidos de noticias. En ellos se exponían titulares con orientaciones contundentes: «Cortes Constituyentes convocadas por un gobierno libre de compromisos altos»; «España votó por la República»; «todo el poder al Gobierno Provisional de la República»; «el rey tiene que marcharse». Y mientras se publicaban las declaraciones de Álvarez y Alba, Alcalá-Zamora exigía en algún diario la rendición del Gobierno, y Largo Caballero anunciaba, sin embargo, que su labor en el Ayuntamiento consistiría en la fiscalización de las dictaduras. En la mayoría de los periódicos se multiplicaron las referencias al valor de la ciudadanía, sus virtudes y las del pueblo, de la revolución inteligente en marcha y, en algún caso, se anunciaban para la mañana acontecimientos de extraordinaria importancia. La salida de los diarios enardeció el ánimo de gran número de personas estacionadas en las calles y en los cafés del centro de las ciudades, donde cantaron «La Marsellesa», asistieron a mítines improvisados y formaron manifestaciones de júbilo por el rumor extendido de la abdicación del rey, su salida de Madrid y el encargo a Melquíades Álvarez de formar gobierno. El lanzamiento a la calle de una noticia falsa, o de una verdad incompleta, equivalía a utilizar una artillería formidable. El rumor partió de un telegrafista al leer en las escaleras del Ateneo de Madrid un supuesto telegrama con ese contenido; algunos compañeros lo transmitieron de forma inmediata a otras ciudades, y varios estudiantes lo divulgaron por las calles, cafés, cines y teatros del centro madrileño. Rafael Sánchez Guerra fue testigo de la irrupción de los universitarios en el cinematógrafo en el que se encontraba para gritar la abdicación real. La alegría «desbordante como una torrentera» de la gente se manifestaba en cientos de abrazos y apretones de manos, incluidas las de los guardias de seguridad que, según Mola, habían recibido la orden de no intervenir. El gozo se alteró en Madrid, porque una manifestación en dirección al domicilio de Alcalá-Zamora —al lado vivía Mola— fue interceptada por la Guardia Civil, cobijada entre los árboles de Recoletos, que disparó sus máuser, con el resultado de un muerto y dos heridos graves. Solo en Baracaldo, en Vizcaya, se produjo un hecho similar con tres manifestantes heridos de bala. La ocupación jubilosa de la calle continuó, sin embargo, hasta entrada la madrugada. Las movilizaciones de este lunes se percibieron como una señal para entender que la calle interfería en el proceso y añadía incertidumbre sobre su alcance. A la misma hora, los dirigentes republicanos se reunían en Madrid y en Barcelona, para decidir una tensa espera hasta la mañana siguiente, temerosos de la proclamación del estado de guerra y de una nueva dictadura militar[59].

Al regreso de los dirigentes republicanos a sus domicilios, el ministro del Ejército, general Berenguer, enviaba a la una y cuarto del martes día 14, un telegrama para comunicar a los capitanes generales la derrota monárquica en las elecciones y la necesidad de guardar la disciplina con la que garantizar «los sagrados intereses de la Patria», así como respetar la voluntad nacional. Con la jerga militar acostumbrada, Berenguer pedía vigilancia, confianza y colaboración para el mantenimiento del orden, al apuntar que era el gobierno de Su Majestad quien tomaría las decisiones. El general justificó con posterioridad el sentido de su misiva por ser idéntica a la enviada por el rey en septiembre de 1923. El telegrama se transmitió en la madrugada para sus destinatarios oficiales y, por la indiscreción de la centralita telefónica, a todos los periódicos de la mañana. Aunque pudiera interpretarse como una incauta invitación a desproteger a la Corona, lo cierto es que Berenguer temía el descontrol de un Ejército dividido, y ordenaba su subordinación a las decisiones del rey y sus ministros. La divulgación de esas órdenes, sin embargo, se enlazaron horas después con la declaración de Sanjurjo acerca de la inhibición de la Guardia Civil en el control policial de la calle. A pesar de haber sido condecorado por el rey con la gran cruz de Carlos III solo un mes antes, su lealtad fue mucho mayor hacia el Primo de Rivera abandonado por la Corona. Se interpretó entonces que el rey carecía de suficiente defensa para resistir con las armas el desafío republicano[60].

Algunos periódicos monárquicos madrileños, como Abc y El Debate, se sumaban en la mañana del martes a la petición de elecciones legislativas con arreglo a la Constitución de 1876 para que las Cortes tomaran las decisiones pertinentes, y denunciaban una posible entrega del gobierno al Comité Revolucionario. La Vanguardia, en cambio, solo se atrevía a constatar la difícil situación, y Ahora resaltaba la terrible incertidumbre y angustia de aquellas horas. La prensa republicana y El Socialista defendían el cambio de régimen, y El Sol y Solidaridad Obrera insistían en apelar a la voluntad popular, única soberana. Todos los diarios destacaban la participación y la demostración inapelable de ciudadanía en las elecciones. Con la prensa encima de la mesa, el rey llamó a varios ministros para transmitirles su opinión sobre los acontecimientos. Con el parecer de Romanones, intimidado por la vulnerabilidad estatal, el rey jugó la última carta para implantar su Plan B, hacia unas elecciones a Cortes Constituyentes con un gobierno sin definir y ausente él de España. Para ello ordenó al duque de Maura la redacción de una nota explicativa: «encargo a un gobierno que la [conciencia colectiva] consulte convocando Cortes Constituyentes y, mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España»; autorizó a Aznar la preparación de una audiencia con los monárquicos disidentes Melquíades Álvarez, Sánchez Guerra y Villanueva, y confió a Romanones la realización de una entrevista con Alcalá-Zamora para lograr la aceptación republicana del Plan. La conversación del conde con el jefe del Comité se produjo a la una y media de la tarde en casa de Marañón, con este y José Ortega y Gasset presentes. El contacto continuaba el protocolo de las consultas regias de la Restauración para designar un gobierno. Pero ahí se acabó toda semejanza, porque el interlocutor del rey y su enviado no solo no aceptó el trato, sino que después de aludir a la proclamación de la República en varias ciudades, el temor a una insurrección popular, así como el apoyo de la Guardia Civil de Sanjurjo al Comité, planteó un desafío completo: el rey debía marcharse de España «antes de la puesta de sol», hora en la que el Comité se convertiría en auténtico Gobierno Provisional de la República. Romanones fracasó así en su intento y la noticia se difundió deprisa. Los diarios republicanos salieron a primera hora de la tarde con la noticia y descontaban la instauración del Gobierno Provisional[61].

Romanones comunicó al rey su frustración. Al recordar la breve experiencia de la República de 1873, los dos elaboraron entonces un nuevo Plan, el tercero desde febrero de 1930, consistente en la declaración del estado de guerra, la salida regia de España y su regreso triunfal tras el resurgido apoyo monárquico, la incapacidad del gobierno republicano para controlar a los extremistas o su derrota electoral en las elecciones a Cortes Constituyentes. Como afirma Ben Ami, «actuaron como si estuvieran seguros de que la Monarquía iba a ser restaurada en el curso de la siguiente crisis». El 14 de abril representaba entonces una circunstancia transitoria. Su despedida no sería definitiva, sino un viaje de ida y vuelta «por el clamoroso llamamiento de todos». Aunque un cuarto Plan estaba en la imaginación del rey y de algunos de sus ministros, como De la Cierva, con la suspensión de garantías, la declaración del estado de guerra y la constitución de un gobierno presidido por aquel ministro con apoyo militar, lo cierto es que dicho Plan no concitó los apoyos necesarios, por ejemplo, entre Berenguer y Sanjurjo, quienes podían haberlo coordinado. Entre ellos pesaba más la sospecha del cambio de orilla de algunos elementos militares y la incapacidad de la Guardia Civil para impedir una insurrección popular. Sobre el tercer y cuarto planes consistió el debate del Consejo de Ministros de las cinco de la tarde. En él se manifestó el predominio político del conde sobre el resto de los ministros y su influencia sobre el rey. El único obstáculo en el programa elaborado por Romanones fue la imposibilidad de declarar el estado de guerra en Madrid, debido a la enorme concentración de gente en el centro de la ciudad para presionar en la calle a favor de la expulsión del rey y la instauración del Gobierno Provisional de la República[62].

A la hora taurina de las cinco de la tarde, las calles del centro de muchas ciudades se encontraban llenas de gente, al conocer por los periódicos de la tarde, las pizarras situadas en las sedes de los diarios, el telégrafo y el teléfono, el desarrollo de algunos acontecimientos, sobre todo la entrevista de Romanones con Alcalá-Zamora, la proclamación de la República en diferentes localidades, como Barcelona, la izada de la bandera tricolor en el Palacio de Comunicaciones de Madrid, la adhesión de la Guardia Civil, la previsible dimisión del gobierno de Su Majestad, y su marcha[63]. La presencia de la gente en la calle en actitud pacífica pero desafiante por sí misma, constituía motivo de preocupación y aliciente a la vez para el Comité Revolucionario; preocupaba la posible deriva de enfrentamiento violento con la guardia de seguridad dirigida por el general Mola, así como las intenciones de ciertos grupos de tomar represalias contra los más altos cargos de las instituciones monárquicas; era un aliciente saber de la gente en la calle por el respaldo a la posición del Comité y la alarma suscitada en el Gobierno. Pero el principal temor de los republicanos residía en una posible involución militar auspiciada por la Corona que diera al traste con las expectativas creadas o iniciara una guerra civil. Los rumores sobre la creación de un régimen de fuerza se habían intensificado en la mañana del martes, pero las noticias sobre la declaración del estado de guerra a media tarde, la reunión militar en el Ministerio del Ejército y el retraso posible de la salida del rey hasta la mañana siguiente hicieron cundir el nerviosismo entre los dirigentes antidinásticos. Si el plan republicano se torcía, el Comité tenía prevista una precaria alternativa, al haber concertado con un grupo de militares y estudiantes, de guardia en el Ateneo de Madrid, una rebelión cívico-militar con ayuda de la huelga general convocada por la UGT. En Barcelona, mientras tanto, se reunían en el Ayuntamiento varios capitanes para acordar una actuación militar de defensa de las instituciones recién nacidas[64].

En casa de Maura, el Comité Revolucionario nada sabía a ciencia cierta de lo que ocurría en la otra orilla. Macià conversó por teléfono con Alcalá-Zamora a las cuatro menos cuarto, una vez que el avi había declarado la República catalana. Con tanto rumor, un nuevo estallido de incertidumbre a las siete de la tarde incitó a Maura a proponer con decisión la salida del Gobierno Provisional hacia Gobernación para proclamar su poder a toda España. Habían enviado con anterioridad a Rafael Sánchez Guerra y a Eduardo Ortega y Gasset, que iba a ser el gobernador civil de Madrid, a la Puerta del Sol, donde, de manera rocambolesca, pudieron izar la bandera republicana hacia las seis y media de la tarde ante un gentío imponente en la plaza. Los enseguida ministros salieron en dos coches, un Hudson de Alcalá-Zamora y otro prestado por Margarita Xirgu, quien ya se encontraba en la Puerta del Sol para admirar la «carnestolada» en ciernes. Aunque el trayecto era corto, transcurrieron aquellos minutos como si fueran horas, al ser retenidos por las personas concentradas. Sería entre las siete y media y las ocho y media de una tarde primaveral, cuando el Gobierno Provisional de la República tomó posesión con la ausencia de gobernantes monárquicos y ante decenas de miles de personas entusiasmadas[65].

La primera iniciativa de los nuevos inquilinos de la antigua Casa de Correos fue exponer un cartel en el balcón con la petición de un minuto de silencio por Galán y García Hernández. El jefe del Gobierno, Alcalá-Zamora, se dirigió en conferencia a los capitanes generales para hacerlos desistir de la declaración del estado de guerra e invitarlos a liberar a los presos bajo jurisdicción militar. El ministro de Gobernación, Maura, envió una circular a todos los gobernadores civiles para notificar el cambio político y la entrega del mando al presidente de cada Audiencia Provincial. Después de anunciar la salida real de España, Alcalá-Zamora se puso a dictar de memoria los decretos de amnistía, del Estatuto Jurídico del Gobierno y otros. A partir de entonces, las horas debieron comprimirse para incluir tanta labor prevista y planificada.

En varias declaraciones públicas, el Gobierno Provisional en Madrid y Macià en Barcelona alertaron de la amenaza de un golpe de Estado monárquico. De ahí el valor político de la ocupación de la calle por miles de personas en aquellas dos principales ciudades, pero en otras muchas también. A la mañana y mediodía del martes fueron frecuentes las manifestaciones dirigidas al gobierno civil de cada provincia para exigir la liberación de los presos, como continuación de la campaña por la amnistía. Poco tiempo más tarde se siguió en la mayoría de las ciudades un ritual político procedente de la revolución de 1868. Consistió en la formación de manifestaciones, encabezadas por los concejales elegidos y el comité republicano, en dirección al Ayuntamiento para proclamar la República en la ciudad y tomar posesión del Consistorio. Se efectuó de esa manera en algunos lugares —Vigo, Eibar, Sevilla, etc.—, antes de la recepción de noticias oficiales de Madrid, y en muchos otros, después de conocer con seguridad la transmisión de poderes. La excepción más llamativa fue la de Barcelona, donde Companys proclamó la República en el balcón del Ayuntamiento sin apenas acompañamiento popular, sin duda, por la audacia repentina e improvisada de su iniciativa. Unamuno izó la bandera republicana en Salamanca y Antonio Machado en Segovia. La respuesta de las autoridades al ritual fue muy irregular, con la oposición de los gobernadores y la Guardia Civil en algunos casos y, en otros, con su respetuosa resistencia o completa inhibición. Las manifestaciones se convirtieron en festivas, como en 1868, con el canto de «La Marsellesa» y el «Himno de Riego», los bailes, etc.; y en transgresoras, al suspenderse toda actividad laboral y comercial, con la exhibición de banderas tricolores, de retratos de Galán y García Hernández, acompañados de minutos de silencio, intentos de liberar a los presos de la cárcel, hogueras y asaltos a sedes de los adversarios y, sobre todo, destrucción de símbolos monárquicos, como placas, bustos, estatuas y exposición de peleles ahorcados. Las manifestaciones de júbilo, festivas y transgresoras, hicieron uso de elementos carnavalescos, con mascaradas, coplas ofensivas, exhibición de caricaturas humillantes y abundante repertorio fúnebre, en el que destacaron los entierros simulados, «funerales de júbilo», como representación del sepelio-fin de la monarquía. Una versión trágica de este repertorio fue el auténtico entierro y lleno de rabia, celebrado en Huelva en la tarde del martes por la muerte de un obrero a cargo de la Guardia Civil en la manifestación del día anterior. La violencia contra las personas, sin embargo, no fue una característica relevante de aquel martes[66].

El miércoles, 15 de abril, resultaron tres muertos sindicalistas y patronos en la ciudad y provincia de Barcelona, al aprovechar el cambio de gobierno para el ajuste de cuentas. Se produjeron graves enfrentamientos también en la plaza de San Fernando de Sevilla, en medio de un mitin de la CNT, entre militantes comunistas, sindicalistas y la fuerza pública, con el resultado de un muerto y varios heridos de gravedad. Pero aquel día transcurrió, en general, de forma pacífica. Algunas autoridades republicanas, como las de Elche, Bilbao, Santander o Madrid, habían organizado guardias cívicas, encargadas de vigilar la actuación de los diferentes grupos en la calle. La ausencia de colisiones fue tan llamativa como en Vitoria, donde el Viático pudo atravesar la calle Dato sin dificultades en medio de la celebración republicana. El Gobierno Provisional había declarado festivo el día 15, para celebrar su nacimiento y para contrarrestar la declaración de huelga general cenetista. Mientras el anterior presidente visitaba a Alcalá-Zamora para entregarle la nota del rey, la población de numerosas ciudades y pueblos seguía su algazara por las calles sin apenas descanso desde la noche anterior. La fiesta transgresora continuó de la misma manera. Se celebró otro entierro efectivo por Emilio Aranzo, desplomado en el suelo por los tiros de la Guardia Civil en el paseo de Recoletos de Madrid en la noche del día 13. Circulaban ya muchas banderas republicanas, continuaban los acordes de «La Marsellesa», la venta de corbatas tricolores y gorros frigios; se oyó en algún sitio la queja de una puta porque «con esto de la República» todavía no se había estrenado. Muchas personas fueron a recibir a los ministros exiliados, Prieto y Domingo, en las estaciones ferroviarias de paso hacia Madrid, en cuya estación de Mediodía se concentraron miles de personas con el protagonismo ordenado de los estudiantes de la FUE. Proseguían las improvisadas coplas insultantes con música de chiquillos, que si el martes eran menos atrevidas, el miércoles sonaron del tipo «Venimos de Valencia, hermosa población, para decirle a Alfonso que es un cacho… melón», o «¡Alfonso! ¡Alfonso! ¡Alfonso, márchate! Y llévate de paso al ladrón de Berenguer». Era la fiesta de la fraternidad reivindicativa, en la que personas desconocidas hasta entonces parecían amigas y camaradas, por compartir la destrucción de símbolos monárquicos, la nueva rotulación de las calles, el asalto a oficinas de organizaciones contrincantes y las parodias de entierros, ejecuciones y viajes. Chusma vociferante, copleros de la grosería, autores de un espectáculo de mal gusto, como fue calificado por el diario monárquico y católico El Debate[67].

En el día siguiente, 16 de abril, un jueves de resaca, sin memoria de la dionisiaca embriaguez y la fatiga del espectáculo de la victoria, solo quedó leer los periódicos para deleitarse con las crónicas de la fiesta republicana. Tanto el Gobierno como los sindicatos llamaron a la vuelta al trabajo, y el jueves se transformó en «el Lunes de la República», día especial con una frase que descendía del andamio: «Poli, hoy se trabaja mejor». La desmovilización, no garantizada de antemano, fue motivo de admiración:

Lo que no pudo preverse fue el espectáculo sublime de un pueblo que se entrega durante 48 horas a las sanas expansiones del triunfo, y desahogadas sus justas ansias de júbilo se reintegra al trabajo a la simple indicación del Poder constituido […]. Como si nada hubiese sucedido, es un ejemplo único en la vida del mundo. Pueblo que se manifiesta de este modo tiene derecho a exigir que se le sirva como el más gran señor de la Humanidad[68].

Formaron en conjunto cuatro días inolvidables, incluso para los meros espectadores, al poder atestiguar con satisfacción «Yo también estuve allí». Tusell señala que los tres días de abril se habían mitificado. Quizá el historiador llamaba la atención sobre la exagerada valoración ofrecida por los relatos más republicanos. Sin duda, el memorial de agravios de los últimos años, la formulación de una alternativa verosímil y los acontecimientos transformadores de los meses anteriores captaron la voluntad de muchos ciudadanos y elevaron la vulnerabilidad de las instituciones monárquicas. Pero quizá Tusell infravalora también el valor de la contingencia del último acontecimiento transformador, por la sorpresa del «accidente» de las elecciones, la rapidez de los sucesos, el lenguaje utilizado para su descripción simultánea, el protagonismo de la movilización colectiva y, por último, el extraordinario desenlace de los cuatro días en forma de resultado revolucionario[69].

Los contemporáneos coincidieron en vivir el resultado de las elecciones con una emoción sentida como una sorpresa mayúscula: «caminamos de sorpresa en asombro», por suceder muchas cosas «que no esperábamos», y otras de las que se tenía seguridad, por dejar de realizarse. Se produjo una tremenda sorpresa entre los republicanos, porque pensaban que el recuento de votos no equivalía a la revolución. Los monárquicos se quedaron perplejos al observar su derrota en los distritos urbanos acomodados y en las ciudades protegidas durante años, como Murcia y Guadalajara. Pero la sorpresa de ambos contendientes fue mayor durante el resto del acontecimiento, al no prever su carácter transformador y vivir en la incertidumbre sobre la acción de la otra orilla. El desconcierto y la estupefacción consiguientes influyeron en el ritmo y contenido de la toma de decisiones de los dirigentes políticos. La postura de Sanjurjo respecto de la Guardia Civil añadió más sorpresa entre los ministros; como ocurrió también con la imprevista decisión del Comité Revolucionario de exigir el poder en el mediodía del lunes. La sorpresa monárquica, entonces, generó una oportunidad política para el Comité, al instalarse la incertidumbre sobre el futuro de la monarquía y una mayor división en el Gobierno sobre el tipo y secuencia de las decisiones a tomar[70].

Porque a la sorpresa se conectó el reloj de la política, la política del tiempo. El «despertador cósmico en la esfera española» había sonado antes de lo esperado con los resultados electorales, para vivir lo que los antepasados republicanos habían deseado pero habían previsto alcanzar en tiempos más lejanos: era el pretérito futuro, juntos, en cuatro días. Para los nacionalistas catalanes, incluso, aquellas horas representaban la compensación de dos siglos de muerte histórica. Con la sorpresa y la incertidumbre del 12 de abril, el gobierno Aznar no podía actuar con prontitud ni combatir la celeridad. Necesitaba dilatar el tiempo, porque su objetivo estaba más allá de esos días, en las próximas elecciones legislativas. A partir de la tarde del lunes, con el desafío del Comité, la simultaneidad de la información proporcionada por la prensa con los propios acontecimientos, y la movilización de los rumores sobre la marcha del rey, la rapidez obstaculizó la iniciativa real y del Gobierno. El Comité, en cambio, cabalgó a la grupa de la precipitación de los acontecimientos. A su desafío le favorecía la celeridad para impedir la imposición de una nueva dictadura y, de ahí, el atrevimiento de Alcalá-Zamora el martes de fijar hora para la conquista del poder. En la tarde de aquel día, el cambio político —«el tránsito», como fue nombrado— se fraguó vertiginosamente, al actuar todo el mundo de manera concurrente. Los comentarios de los días posteriores reflejaron la sorpresa, «atónitos» estamos aún, por la rapidez de los acontecimientos y de un tiempo nuevo instaurado[71].

En la velocidad de los acontecimientos participó la prensa, al describir lo que sucedía al instante, mediante ediciones de mañana y tarde-noche, y la información expuesta en las pizarras de sus sedes. Al igual que la retórica utilizada por muchos particulares, buena parte de esa prensa antidinástica dio buena cuenta de un exceso lingüístico para provocar emociones con las que distanciar la alternativa republicana del régimen monárquico en un combate entre dos absolutos: moría el ayer inquisitorial y nacía el mañana libre. La gente interpretó de manera más clara sus posiciones gracias al lenguaje expuesto en la prensa, centrado en unas palabras claves ya utilizadas en los meses anteriores en el diagnóstico de la conflictividad y sus protagonistas. Un lenguaje jurídico para indicar el objetivo del cambio de poder: hambre de ley, una revolución jurídica con un Derecho nuevo, veredicto de culpabilidad en las urnas; la reconquista de derechos ciudadanos a través de las elecciones y la marcha del rey; la mención de la responsabilidad de la monarquía, el rey y las dictaduras; la veneración empalagosa al pueblo —y la democracia, la opinión pública y los ciudadanos, como sinónimos—, que ya era soberano con plenitud, ya mayor de edad, único héroe de los acontecimientos, exclusivo protagonista social, vencedor civil de la monarquía en una guerra también civil; se había producido la regeneración, la resurrección y renovación, el rejuvenecimiento del pueblo, de España, en la que todo a partir del 14 de abril sería nuevo; nueva España, nuevo régimen, Estado nuevo. El régimen republicano traía la emancipación civil de un pueblo perseguido y nacía puro, sin mancha de sangre ni dinero. Era la República inmaculada, dulce, sencilla, un nuevo sol, presentada como un perfume delicado, implantada con un alzamiento nacional —una cruzada— contra la tiranía y la persecución[72].

El «alzamiento nacional» venía produciéndose meses antes a través de los enfrentamientos habidos con la fuerza pública en diferentes episodios, como el entierro de Alonso Cano, la insurrección de Galán y la huelga general consiguiente, el sitio de San Carlos, la campaña por la amnistía. Las movilizaciones de los cuatro días que asombraron al mundo, sin embargo, constituyeron parte sustancial de un acontecimiento transformador iniciado en las elecciones del domingo y concluido con la vuelta al trabajo el «Lunes de la República». El cambio político sucedido aquellos días se rodeó de movilizaciones colectivas, públicas y conflictivas que interfirieron de manera notable en las decisiones de los dirigentes políticos y en el resultado final. Tuvo valor la serie de enfrentamientos habidos la tarde y la noche del lunes, al reducir las expectativas monárquicas y al respaldar con el compromiso de miles de personas la reclamación del poder a cargo del Comité Revolucionario. Tras la entrevista de Alcalá-Zamora y Romanones, la proclamación de la República municipal en algunas poblaciones, y la catalana en Barcelona, horas antes de la fuga de Cartagena, comenzó una movilización colectiva y pública prolongada de manera casi ininterrumpida hasta las doce de la noche del día siguiente. Santos Juliá la denominó hace años una «fiesta popular». No resulta una coincidencia que una revolución y una fiesta expresaran la vulnerabilidad del régimen monárquico y el desplazamiento de un gobierno por la fuerza. Aunque en otras revoluciones no ocurriera de la misma manera, la conquista del poder por parte del Gobierno Provisional de la República en abril de 1931 no puede entenderse sin la fiesta. Lejos de constituir un complemento estético, fue ella la que derribó la monarquía, representó la soberanía popular y otorgó un sentido de irreversibilidad al proceso político[73].

El aprovechamiento y el significado político de la fiesta fueron bastante habituales en las sociedades europeas en los últimos siglos. Algunas revoluciones, en concreto, vivieron su cenit en medio de una fiesta, como fue el caso de la «Gloriosa» Revolución de 1868 en España, la de octubre de 1910 en Portugal, o la de febrero de 1917 en Rusia. En todas estas experiencias revolucionarias, la fiesta produjo diversos significados políticos al estar repleta de símbolos. La fiesta española del 14 y 15 de abril fue improvisada, incierta en su transcurso, hasta el punto de producir inquietud por la imprevisión de su alcance en gobiernos y observadores; transgresora en su realización, con destrozos, asaltos, agresiones y ofensas; y sobrecogedora, al avivar emociones por la placentera transmisión de sus mensajes. La fiesta creó vínculos sociales y políticos, relacionó individuos independientes y desconocidos con anterioridad, encauzó y canalizó demandas de diferentes grupos sociales, construyó, creó y recreó una comunidad política distinta de la anterior. Con la generación de entusiasmo cívico, la movilización de emociones y sentimientos como afecto, buen humor, hostilidad, orgullo, asombro, compasión, esperanza o satisfacción, así como la realización de diversos gestos rituales de fraternidad —como el saludo, el abrazo, el baile y el canto—, la fiesta fundó una comunidad de iguales y representó el paso de la crisis comunitaria anterior a su renovación, no por casualidad, en primavera. Pero aún más, porque simbolizó la redención y emancipación civil de la comunidad que todos llamaban pueblo, al desprenderse de la tutela monárquica con su propia actuación en la calle. El pueblo, concebido hasta entonces como menor de edad o esclavo, participó en un tradicional ritual de emancipación juvenil, con el que accedía al ejercicio responsable de su soberanía. La soberanía popular era la fuente del poder deseada por los republicanos, fundamento político de la República. La fiesta, entonces, instauró un orden político distinto del anterior, a través del placer y la transgresión. Los dos resultaron ser la respuesta popular a la posibilidad de una nueva dictadura, rumoreada desde el lunes, e imposibilitó la declaración del estado de guerra en Madrid a la tarde del martes. Como resaltaron los contemporáneos, por último, la fiesta constituyó un plebiscito más que aupó e invistió de autoridad a un Gobierno Provisional de la República recién instaurado, sin más ropaje de poder que una amplia coalición política de apoyo y las buenas intenciones declaradas de Sanjurjo; a merced, por el contrario, de un amplio elenco de adversarios militares y civiles, con el rey mismo a la cabeza[74].

Por el tráfico incesante de rumores, los cafés y teatros del centro repletos de gente fueron espacios protagonistas de la movilización de la noche del lunes en muchas ciudades españolas. En los mismos lugares se vitoreó a la República y las orquestas entonaron «La Marsellesa» las dos noches siguientes. Pero el espectáculo principal sucedía al aire, en la calle. La fiesta impresionó a los participantes y observadores, entre otras razones, por celebrarse en un espacio muy conocido, denso, contiguo y reducido, del centro de la ciudad, alrededor de sus plazas y avenidas principales, donde se ubicaban los ayuntamientos y otras sedes de autoridad. Esa concentración espacial fue motriz de la exaltación de la imaginación, la creatividad colectiva, su carácter emocional y los rituales espontáneos. Adyacentes espacios de la «antifiesta», vivida por los monárquicos contrariados por los acontecimientos, acompañados en sus círculos, casas o despachos con emociones y sentimientos muy distintos a los revelados por los concurrentes a la fiesta: desconcierto, orfandad, mal humor, desánimo, recelo, angustia y temor por el futuro que, reunidos, inhabilitaron a sus protagonistas en general para responder al desafío festivo. Pocos participantes y observadores de la fiesta se ocuparon de esta otra. Al contrario, la mayoría de la prensa participó en aquellos días en la «fiesta de papel», con la descripción detallada de la alegría transgresora, la reproducción de las impresiones de los dirigentes políticos y la interpretación propia de la movilización festiva acorde con los carnavales, una romería, una verbena política o una estrepitosa bacanal de treinta y seis horas. Se definió de forma más extendida como un espectáculo, difícil de describir con palabras, único, sublime, con el pueblo como exclusivo protagonista. El espectáculo, entonces, se había escenificado en un drama político, a la manera del teatro clásico español, en el que el pueblo había pasado de su habitual actitud de espectador a la de principal actor. Era el teatro de la revolución[75].

La mayoría de republicanos consideró aquel 14 de abril como una revolución. Ese momento sagrado, un mítico presente, en el que la eternidad y la contingencia se dieron la mano. En la muy compartida entonces percepción cíclica de la Historia, la revolución facilitaba el paso de un período de decadencia, ilustrada como invierno, vejez y gobierno de los bárbaros, a otro de renovación, imaginada como primaveral y juvenil, el regreso a una etapa primigenia en la que el pueblo disponía de sus derechos naturales. En la no menos compartida concepción lineal de la Historia, la revolución era una necesidad insustituible para el progreso y perfeccionamiento continuado de la humanidad. Los republicanos europeos asumieron el concepto de revolución difundido desde la francesa de 1789, como un ejercicio de la soberanía a través de una acción voluntaria del pueblo para la fundación de un orden nuevo. En la misma línea, los republicanos españoles la representaban con un acto de fuerza, en forma de «suceso irreparable» o alzamiento nacional, con la participación de fuerza armada y elementos civiles, con el objetivo de cambiar no un gobierno, sino el régimen político completo. La del 14 de abril, sin embargo, fue como se afirmaba una revolución con las tiendas abiertas y regulada por los guardias de tráfico con toda normalidad que, por esa facilidad y carácter pacífico, infundió recelo entre algunos republicanos intransigentes: «parto sin sangre, muerte de la parida». El choque violento o el acto de fuerza militar no se habían producido; de ahí que un periódico señalara meses más tarde que no hubo una verdadera revolución, sino otra legal. Fue más común afirmar, sin embargo, que había sido la actuación del pueblo, bien en las elecciones o en la calle, la responsable de la proclamación de la República y, lo que sobre todo conceptuaba como revolución era el carácter de ruptura con el orden anterior. Por eso, sin sangre, la española había sido la revolución más inteligente que registraba la historia; se reconocía de una belleza y de una elevación insuperables, una magnífica obra de arte, tan elegante como maravillosa[76].

Entre el 12 y el 15 de abril se produjo una revolución en España, al ser desplazado el Gobierno vigente de manera forzosa, y sustituido por otro, el Gobierno Provisional de la República. Este era representante de una coalición política que planteó la reclamación del poder en exclusiva ya en el mitin de la plaza de toros de Madrid en septiembre de 1930 y, de nuevo, el lunes 13 de abril, por medio de una nota informativa, la prensa republicana de aquella noche y la movilización simultánea de numerosos grupos en la calle. Existen diferentes interpretaciones entre los estudiosos sobre las razones de la proclamación de la República. Tusell consideró inevitable esta por los resultados electorales del día 12. Desde ese punto de vista, el cambio político español podría encuadrarse en las llamadas revoluciones electorales o postelectorales. Acontecimientos ocurridos en Filipinas en 1986, Serbia en 2000 y en más de media docena de casos posteriores, tuvieron en común unos resultados imprevistos por los gobernantes de regímenes autoritarios y la presencia de movilización colectiva para forzar el cambio de gobierno. El problema de esta tesis es que el factor de oportunidad planteado por la derrota electoral del gobierno autoritario se convierte en la «causa» de la revolución, y la «insurrección» ciudadana solo se considera un complemento del efecto electoral. Requena se fijó más en el aspecto insurreccional de la revolución española, al afirmar que la movilización colectiva de la tarde del 14 de abril fue planificada por el Comité Revolucionario en clave conspirativa para forzar el derrocamiento de la monarquía. Para ello constata la transmisión, por parte de los dirigentes republicanos y socialistas en Madrid sobre la misma hora del martes, de la orden de ocupar la calle y el poder municipal a sus homónimos de diversas ciudades manchegas. Tales comunicaciones, quizá, existieron; pero pudieron ser, como en otros lugares, solicitadas por los propios dirigentes provinciales para obtener noticias, y utilizadas además para recomendar actitudes. Los dirigentes antidinásticos de muchas ciudades desconocieron la situación durante la mayor parte del tiempo, requirieron información por teléfono a Madrid, y se enteraron de algunas novedades gracias a las pizarras de los periódicos, al telégrafo intervenido por empleados republicanos e, incluso, a la radio[77].

Muy alejada de la tesis de la conspiración insurreccional para derribar la monarquía se sitúa la tesis del «suicidio» de esta, defendida en 1930 y 1931 por multitud de dirigentes y escritores, y recogida años después entre algunos estudiosos. Los partidos monárquicos «suicidaron» a la monarquía, sin que los aciertos de la oposición antidinástica fueran significativos. Esta interpretación del cambio político graduaba con metáforas el estado de la monarquía entre el desfallecimiento, enfermedad, decrepitud, agonía, y ya cadáver, su podredumbre antes del 14 de abril, debido a la inconsciencia, los vicios o los errores de los gobernantes desde 1923. El poder yacía en el arroyo o en medio de la calle, hasta el punto de regalarlo, según Miguel Maura. Algunos estudiosos cuestionaron esta tesis, al señalar el despertar cívico, la modernización de la sociedad española desde la Gran Guerra y un proceso político complicado. La Corona, además, siempre tuvo un Plan para mantener o recuperar el poder. La tesis del suicidio se exhibió con tanta profusión en aquellos años para alcanzar dos objetivos en apariencia contradictorios; los dirigentes y escritores defensores de la Corona pretendieron deslegitimar la estrategia de la coalición revolucionaria y la fuente de autoridad del Gobierno Provisional de la República, por haberse aprovechado de las equivocaciones del régimen anterior. Los partidarios de la República utilizaron la tesis para legitimar su posición, centrada en diagnosticar la injusticia en la realidad subversiva de un régimen sin ley[78].

Aunque todas estas tesis puedan cuestionarse, las elecciones, la vulnerabilidad del Estado y la ocupación de la calle resultaron imprescindibles para determinar el resultado revolucionario de abril. La creatividad de los cuatro días que asombraron al mundo fue, sin duda, decisiva en la consecución de un resultado revolucionario, y descarta el carácter inevitable de la revolución derivada de la sola existencia del régimen de Sultanato y la complicidad de la Corona. Es difícil analizar la revolución republicana sin contar con el «accidente» de los resultados electorales, al abrir una oportunidad política inesperada para presentar alternativas políticas al gobierno Aznar. Este repentino y notable aumento de la división de la comunidad política se sumó a la ya conocida posición de los monárquicos disidentes, los constitucionalistas, de los que con toda probabilidad el Gobierno no podía recibir apoyo. El aislamiento político del gobierno de Su Majestad era notorio en la noche del 12 de abril. A las pocas horas desempeñó un papel fundamental la reticencia de Sanjurjo para defender el régimen con el uso de la coerción, que se añadía a la desconfianza previa de parte del Gobierno a la actuación del Ejército regular, actualizada en el telegrama de Berenguer. Tampoco contaba a ciencia cierta con todos los oficiales de policía, de los que los altos cargos del Ministerio de Gobernación desconfiaban. Carecía además de la seguridad en las comunicaciones, al ser intervenidas por empleados de correos, teléfonos y telégrafos, partidarios del Comité Revolucionario. El Gobierno comprendió así su difícil acceso a la fuerza armada para su protección y señalaba con claridad la vulnerabilidad del Estado y del régimen. Después del resultado electoral, era esta la situación idónea para que pudiera suceder una revolución. Para que resultara así, sin embargo, fueron necesarias dos condiciones. Es difícil exagerar la importancia de una alternativa política, bien organizada y personificada, al gobierno de Su Majestad, como señaló Ortega. El Comité Revolucionario, además, planteó el lunes 13 la exigencia del poder, y el martes, un ultimátum, con el que solo le restaba al rey marcharse de España o defender una nueva dictadura. Al conocer en la tarde del lunes el desafío republicano al régimen, comenzó una movilización colectiva, pública y muy conflictiva, que acabó por aupar al Gobierno Provisional de la República para conquistar el poder, en medio de una fiesta de soberanía muy transgresora en muchas ciudades españolas.

La revolución española de 1931 es comparable a otras revoluciones y cambios de régimen. Más de sesenta años antes, en 1866, se formó una amplia coalición revolucionaria en España, al formalizarse el Pacto de Ostende, similar al de San Sebastián de 1930, que concentró su programa en el desplazamiento del poder de Isabel II y la convocatoria de una Asamblea Constituyente mediante elecciones con sufragio universal masculino. La coalición impulsó un pronunciamiento militar y una insurrección civil armada dirigida por una junta en cada ciudad. El Gobierno sufrió una derrota militar, fue consciente de sus escasos apoyos políticos, e Isabel II mantuvo una posición pasiva, por lo que la transferencia forzosa del poder se realizó de manera rápida e inmediata. Destacaron en todo el proceso el papel del Ejército sublevado, la amplitud política de la coalición revolucionaria y la actuación de la población, dirigida por las Juntas locales, en forma de una fiesta de soberanía. Pocas similitudes guarda la proclamación de la República de 1873 en España, con la «Gloriosa» y la de 1931. En el contexto de dos guerras simultáneas, carlista y cubana, la renuncia a la Corona de Amadeo I abrió una oportunidad política para plantear una alternativa republicana en las Cortes reunidas, de mayoría monárquica, para tratar la crisis de la forma de gobierno. La propuesta de Pi y Margall, de proclamar la República y convocar Cortes Constituyentes, fue aceptaba por la casi totalidad de diputados y senadores. Apenas tres años antes, pero en Francia, fue proclamada la República en la Asamblea Nacional y se constituyó un gobierno de defensa nacional, tras la derrota de Napoleón III en la batalla de Sedán frente al Ejército prusiano, y las protestas consiguientes de la población. Una guerra y una derrota fueron, pues, el fundamento de la revolución francesa de 1870. La revolución portuguesa de octubre de 1910 instauradora de la República consistió en una rebelión militar de unos cuantos cañonazos con apoyo civil, que protagonizó una fiesta de soberanía durante un mes para certificar el cambio político. El resultado revolucionario patentizó el escaso apoyo militar y político reunido por la monarquía, después de la dictadura de João Franco y el acercamiento de los liberales dinásticos a las reclamaciones republicanas. Estos no se pusieron de acuerdo acerca de la formación de un gobierno provisional ni de un programa concreto con anterioridad a la conquista del poder. En el contexto de la Gran Guerra, la división del Ejército ruso, al reprimir una serie continuada de manifestaciones cada vez más politizadas en el Petrogrado de febrero de 1917, desembocó en la abdicación del zar Nicolás II y la formación de un gobierno provisional republicano, mientras la población celebraba todo ello con una fiesta de soberanía, más transgresora y violenta que la portuguesa y la española de 1931. Poco más de un año después, y justo antes de la firma del armisticio, se encadenaron en Alemania insurrecciones militares protagonizadas por soldados y marineros, primero en Kiel y, enseguida, en otras ciudades. Se proclamó la República en noviembre de 1918, con la formación de un gobierno representante del Consejo de los diputados del Pueblo de Berlín, de mayoría socialdemócrata, y el nulo entusiasmo entre los dirigentes y la población en general. La derrota del Ejército griego en Asia Menor en 1922, la abdicación de Constantino I por una sublevación militar, la rebelión monárquica fracasada en octubre de 1923 y las elecciones de diciembre con mayoría republicana forzaron a Jorge II a salir de Grecia, mientras la nueva Asamblea Constituyente decidía en abril de 1924 por mayoría del 70 por ciento la proclamación de la República. La división del Ejército griego desempeñó un papel fundamental en todo el proceso[79].

Todos estos ejemplos muestran la variedad de experiencias revolucionarias o de cambio de régimen, pero la presencia también de ciertos componentes repetidos en algunos casos. Concurrían monarquías a las que grupos y partidos hasta entonces aliados retiraron su apoyo político, a veces en el contexto del esfuerzo, los sacrificios y las derrotas bélicas. Se formaron amplias coaliciones revolucionarias para derribar las coronas o grandes mayorías parlamentarias que aceptaron el cambio de régimen por circunstancias coyunturales adversas. La división de los ejércitos facilitó la rebelión militar contra las monarquías o la defección de la fuerza armada para su defensa. Y, por último, se originaron movilizaciones colectivas de rechazo a las coronas que, en ocasiones, se manifestaron en forma de fiesta de soberanía. Al confluir algunos de estos elementos en la España de 1931, la «obra de arte» de la Revolución republicana no puede considerarse excepcional ni una anomalía en los procesos de cambio político. Algo distinto es pensar que si la combinación de estos elementos hubiera ocurrido de manera diferente, sin duda, se habría producido otro resultado. Ha sido González Calleja, el primer estudioso sobre la época que planteó la contingencia del 14 de abril, por la existencia de alternativas posibles de cambio político que, a la postre, no predominaron[80]. Si en febrero de 1930 el gobierno Berenguer hubiera sido otro encabezado por Cambó, Alba y Melquíades Álvarez, se hubiera convocado elecciones, y las Cortes resultantes hubieran iniciado reformas parciales —el auténtico Plan A de la Corona—, todo el proceso de cambio político se hubiera ralentizado. En los cuatro días que asombraron al mundo, el gobierno Aznar-Romanones pudo convocar elecciones legislativas de carácter constituyente, y tener éxito en la fórmula. Si culminaba, esa alternativa hubiera desembocado en un Parlamento de mayoría monárquica, al reservarse el Gobierno el control sobre el proceso electoral. El Plan B de la Corona planteaba la dimisión del gobierno Aznar, la formación de otro compuesto de monárquicos disidentes, y la convocatoria de Cortes Constituyentes que hubiera producido una insuficiente mayoría republicana. Para la puesta en marcha de ambas alternativas debería preverse la ausencia del Comité Revolucionario, sin el que no habría oposición unificada, o con su presencia, que adoptara una posición diferente a la de conquistar el poder de forma inmediata. Un Plan D de la Corona, centrado en la resistencia militar, plasmada en una nueva dictadura, no fue descartado por todos los dirigentes monárquicos, tampoco por los republicanos y la población que ocupó la calle desde el lunes 13 de abril. Pareció inviable, sin embargo, ante la incierta disposición del Ejército y la amenaza de una enérgica movilización civil de rechazo. Todas estas alternativas fueron previstas desde 1930 por los contemporáneos, pero no fueron desechadas hasta la importuna intromisión revolucionaria del 14 y 15 de abril. En esta intromisión desempeñó un papel fundamental la pasión demostrada por los protagonistas. Revestía con emoción la trascendencia de los acontecimientos. Y, sobre todo, transformaba la realidad tan solo con acariciarla.

Capítulo 4. La guerra civil ha terminado

CAPÍTULO 4

LA GUERRA CIVIL HA TERMINADO

De modo que el estado no constituye en cuanto tal una totalidad inmóvil, cuya única expresión externa consiste en expedir leyes, acuerdos diplomáticos, sentencias o actos administrativos. Si el estado existe, es únicamente gracias a estas diversas manifestaciones, expresiones de un entramado espiritual […] proceso de continua renovación y permanente reviviscencia. Para este proceso que es el núcleo sustancial de la dinámica del estado y propuesto ya en otro lugar la denominación de integración[81].

Junto con las coronas por los mártires de la libertad marchaba una maqueta de un mausoleo dedicado a los mártires de Jaca. Desde 1924 no se celebraba un 2 de mayo la procesión cívica en conmemoración del «sitio» de Bilbao por las tropas carlistas en 1874. Por eso, la correspondiente a 1931 fue especial. La procesión adquirió, además, magnas proporciones por la asistencia de decenas de miles de personas, junto con una pléyade de dirigentes republicanos y socialistas, algunos de ellos ministros, como Domingo y Prieto, así como Queipo de Llano y Franco, en representación del Ministerio de la Guerra. El significado del ritual guardó armonía con la nueva situación política. El alcalde recalcó el regreso de los absolutistas de 1874 en 1923; quizá por eso, algunos socios supervivientes de la batalla fueron expulsados de la sociedad El Sitio por haberse afiliado a la Unión Patriótica y a la UMN. Se entonó «La Marsellesa» en medio de imponentes ovaciones y de incesantes vivas a la República y a la libertad. Unamuno se dirigió a la democracia bilbaína para reivindicar el ser liberal, y Marcelino Domingo resaltó que con el triunfo de la civilidad, encarnada en la República, la libertad y el Derecho habían venido a terminar la guerra civil en España[82].

La utilización de términos como ciudadano, ciudadanía, civismo, cívico, civil y civilidad fue constante en 1930 y 1931. Con ellos se aludía al ejercicio de derechos y deberes en el seno de una comunidad política, a la participación responsable, al patriotismo, al celo o compromiso en defensa de la comunidad. Podían emplearse para expresar el anhelo o el fervor ciudadanos, el ejército civil de la ciudadanía, la revolución y la victoria civiles, la explosión cívica, sensibilidad, lección, emoción, emancipación y gesto civiles. La expresión guerra civil, en concreto, era de uso frecuente en la Europa del período de entreguerras. No solo se hablaba de las contiendas internas armadas en diferentes países como guerras civiles, sino que sirvió para designar la conflagración bélica de 1914. Además, y puede resultar lo más interesante, el enunciado guerra civil fue habilitado para definir los enfrentamientos entre partidos y gobiernos, además de la disputa entre ideas, en un marco de rutina política. Se hablaba entonces de una guerra civil de los espíritus. Guerra civil significaba una discordia o pugna de ciudadanía, bien fuera cruenta o no, y afectaba a diferentes ámbitos de la vida social. Se producía al fracturarse la armonía, la paz o concordia ciudadanas; se declaraba cuando no eran reconocidos derechos ciudadanos por una autoridad obligada a aceptarlos o protegerlos. La guerra civil incruenta, de los espíritus, de las ideas, y la entendida como quiebra de la comunidad política —o de cualquier otra comunidad: matrimonial, productora, literaria, etc.—, sin necesidad de intervención armada, sin violencia generalizada, fue el significado más habitual. A esa guerra se asoció la «muerte civil», cuando las autoridades desposeían de los derechos cívicos a adversarios políticos individuales o colectivos, como fue el caso del estudiante José María Sbert durante la dictadura, o el de un pueblo, el español, víctima de «la peor de las muertes», la muerte civil[83].

Los dirigentes republicanos declararon que la dictadura de Primo de Rivera con la complicidad del rey, lejos de evitar la guerra civil con la rebelión militar, acabó por traerla. La unión civil de los españoles, según Ortega, se había roto, y Berenguer, como más tarde Aznar, no habían hecho más que actualizar la guerra civil. Tras la dimisión de Primo, los españoles se quedaron «virtualmente» en guerra civil, y desde los enfrentamientos de Jaca y otras ciudades a mediados de diciembre, había empezado otra vez en suelo español, al gobernar la monarquía con el arma al brazo. Era una guerra civil «horra de sangre», pero mil veces más peligrosa. Con su declaración de retraimiento electoral en febrero, Santiago Alba pedía resoluciones definitivas que apagaran la guerra civil, ya latente o rugiente, pacífica o armada, según los días. Maura señaló en plena campaña electoral la guerra civil entre el pueblo y el régimen, cuyas fechas de origen databan de junio de 1921, septiembre de 1923 y diciembre de 1930, a las que debería sumarse marzo de 1931, por la actitud belicosa del general Mola que convirtió Madrid en un escenario de guerra civil con el «sitio» de San Carlos. Los monárquicos, por entonces, resaltaban que la República significaría la guerra civil, la haría inevitable, entre otras razones por la heterogeneidad política de sus gobernantes. Y, muy al contrario, Fernando de los Ríos sentenció en un mitin electoral que «estamos en plena guerra civil, cuyo término ha de ser sin duda, el triunfo de la República». Durante los cuatro días que asombraron al mundo continuaron las referencias a la posible guerra civil según el desenlace del conflicto originado por los resultados electorales. Con su marcha, afirmaron los monárquicos, el rey evitó la guerra civil. Ya conquistado el poder por el Gobierno Provisional de la República se destacó sin embargo su instauración sin declaración de guerra civil y, por el contrario, el predominio de la concordia civil. Dos semanas después, Marcelino Domingo aseguró que con el triunfo de la civilidad, encarnada en la República, la guerra civil había terminado. La mayoría de los intelectuales y dirigentes políticos que habían hablado de la amenaza, existencia o fin de la guerra civil en España, no pensaban en una nueva versión de las dos guerras carlistas del siglo XIX, sino en la fractura de la comunidad política por la esclerosis de la ciudadanía y la discordia civil sembrada por los dictadores. Una fractura que se extendía a la prensa, las organizaciones políticas, los hogares y los espíritus. El mundo republicano entendió que la instalación del Gobierno Provisional de la República en el poder y la fiesta de soberanía de aquellos días ponían término a esa fractura, al representar la fundación de una comunidad renovada, de la que solo quedaba excluida, por muerte civil, la monarquía. «Desde hoy somos ciudadanos», «hermanos entre sí e hijos de la misma patria»[84].

Un solo Gobierno

Es habitual considerar las proclamaciones municipales de la República del 14 y el 15 de abril como el ritual del establecimiento del régimen republicano en España. Pero durante esas fechas en realidad había tomado posesión un gobierno, distinto del anterior, autotitulado Provisional de la República, sin que el régimen de momento se hubiera modificado. Investido de autoridad por los resultados electorales y la fiesta de soberanía, decretó ser un gobierno revolucionario y con plenos poderes para iniciar la institucionalización de la República como régimen, a través de la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, la aprobación de una Constitución y la elección de un presidente de la República. Una vez concluido ese proceso revolucionario, la República estaría constituida en sus fundamentos. La ley y el Derecho regresarían a componer la raíz de la actuación estatal. La revolución republicana a partir de entonces representó un proceso de democratización de la ciudadanía, pleno de interferencias por las negociaciones y los enfrentamientos sostenidos por diferentes grupos sociales y políticos, gobiernos y organizaciones estatales y privadas. La maduración pacífica y ordenada de cualquier democracia es en realidad una leyenda; como lo es también su control por unos dirigentes demócratas convencidos, respaldados por una población con un compromiso democrático acentuado. El proceso de institucionalización de la República operó, en cambio, en un contexto de volatilidad y vulnerabilidad políticas, marcadas por la desorganización inicial, la incertidumbre, el reloj de la política, vaivenes de pasión y desaliento, arduas negociaciones y numerosos enfrentamientos, en ocasiones, dramáticos. Supuso, en concreto, una lucha ininterrumpida entre distintos contendientes por dotar de sentido y contenido a la Revolución, cuyo ponente y moderador fue el Gobierno Provisional[85].

Este asumió un papel central en el proceso de transformación del Estado español durante aquellos meses de 1931, al derogar leyes procedentes de las dictaduras, decretar otras que acentuaban la condición democrática de la ciudadanía, convocar elecciones con celeridad e impulsar con decisión el debate constitucional. Pero lo primero que llamó la atención desde el inicio de la andadura del Gobierno Provisional fue su inestabilidad, por su carácter interino, la procedencia revolucionaria de su legitimidad, su composición política heterogénea, la indefinición de pautas establecidas sobre su actuación, la pérdida súbita de control del Gobierno sobre la Administración estatal y el número y poder de sus adversarios. Hubo abundantes ejemplos de incapacidad de gobiernos revolucionarios en el siglo XX para institucionalizar regímenes democráticos. El español, en palabras de Maura, tenía los días contados; era un gobierno temporal, de transición revolucionaria, decía su presidente, vigente solo hasta la formación de otro constitucional, por lo que se le cuestionaba su capacidad para legislar y con el que los acuerdos podían caducar pronto. Nacido de la revolución de abril, carecía todavía de legitimidad electoral, y era susceptible, por tanto, de ser considerado una continuación de las dictaduras anteriores, como se argumentaba en los diarios monárquicos, y como insinuó el mismo Maura al referirse a la «obra dictatorial» realizada. La amplitud de la coalición proporcionaba una heterogeneidad política al Gobierno Provisional perturbadora de la necesaria cohesión para tomar decisiones ante desafíos, como ocurrió en dos ocasiones, al no poder presentar una ponencia constitucional y un proyecto de reforma agraria por las divergencias existentes entre sus ministros. La experiencia del gobierno Aznar corroboraba la ineficacia de las coaliciones para gobernar, y los monárquicos esperaban que la desunión del de Alcalá-Zamora desembocara en una gran crisis y su desaparición. Hubo una docena de aquellas con la amenaza de dimisión de algún ministro por divergencias con sus colegas, pero en todos los casos fue retirada, con excepción de la última en octubre. Los ministros afirmaron que les vinculaba, además, un gran afecto por la experiencia conjunta de la conspiración y la cárcel; pero aunque fuera cierto, algunos de ellos no estuvieron en prisión, y se conocía la antipatía que, por ejemplo, suscitaba Lerroux, y el escaso aprecio por Albornoz y Martínez Barrio. Todos los ministros debieron acusar su inexperiencia de gestión y su escaso dominio sobre la administración. Ambas rémoras se superpusieron, por ejemplo, en la falta de competencia de buena parte de los gobernadores civiles. La repercusión negativa mayor, sin embargo, residió en la escasez de recursos humanos y materiales para aplicar los decretos. La posición revolucionaria y las iniciativas del Gobierno Provisional, por último, concitaron el rechazo de grupos de distinta naturaleza y poder que sintieron amenazada su posición establecida o sin reconocer y, por ende, constituyeron un peligro para el proceso de institucionalización. Eran monárquicos de dos dinastías, parte del Ejército y de la jerarquía eclesiástica, republicanos intransigentes y anarquistas[86].

Junto con todos estos obstáculos, la trayectoria del primer Gobierno Provisional se cimentó también en el aprovechamiento de circunstancias favorables. El crédito abierto a los gobernantes, como aseguró El Sol, resultó casi ilimitado desde el principio. La legitimidad democrática —«demos», pueblo— del Gobierno procedía de la demostración de respaldo del 13 al 15 de abril, con la que el pueblo, como apuntó Alcalá-Zamora, les otorgó la «potestad más legítima, más legal, que en revolución alguna se había obtenido». La composición del Gobierno añadió la legitimidad de representar a la mayoría de las opciones políticas representantes del pueblo. El Gobierno Provisional era la representación política de toda la comunidad popular. La amplitud de la coalición fue una de las razones de peso para la creación de una alternativa creíble a la monarquía, como señalaron Ortega y los socialistas con posterioridad. Tampoco fue vano que los integrantes del Comité Revolucionario hilvanaran los principales puntos de su programa en negociaciones muy intensas desde octubre de 1930, de tal manera que no debieron acudir a la improvisación una vez alcanzado el poder; como precisó Alcalá-Zamora en julio, apenas hubo diferencia entre el programa negociado y los decretos publicados en La Gaceta. La previsión y la negociación fueron, entonces, pilares básicos de la actuación del Gobierno. Cuando no pudo ser así, algunos de los ministros dejaron escrito la existencia del acuerdo de votar las decisiones no tomadas de antemano, pero de asegurar también la solidaridad entre ellos, por el que la iniciativa de un ministro se arropaba con el respaldo del resto. Si la heterogénea composición del Gobierno reducía la unidad de criterios, impuso, sin embargo, la negociación entre distintas posturas internas y, lo que fue más determinante, con unas Cortes también diversas. Los ministros, a su vez representantes de partidos, actuaron como intermediarios entre el Gobierno y sus organizaciones, casi siempre en favor del primero. La ausencia de hegemonía política en el seno del Gobierno impidió también conceder ventaja a una opción determinada e imponer desde La Gaceta un único significado de la República en el marco de la lucha abierta en los primeros meses por su definición. Aunque los ministros pactaron en un principio mantener el Gobierno hasta la reunión de las Cortes, renovaron en mayo su acuerdo hasta la promulgación de la Constitución. Y les faltaron cincuenta y cinco días para conseguirlo. Un mérito sobresaliente del primer Gobierno Provisional consistió en su permanencia hasta una fase muy avanzada de la institucionalización. Ya en agosto, Ossorio y Gallardo lo señaló con contundencia:

[…] constituido el gobierno en trance angustioso, formado por elementos heterogéneos y aun antagónicos en muchos puntos, teniendo que dar cara a dificultades enormes, falto el apoyo de las clases conservadoras y atacado por revolucionarios insensatos y delincuentes vulgares, se ha mantenido durante cuatro meses sin los rompimientos que todos temíamos de un día para otro; ha convocado unas cortes, las ha reunido, las está haciendo actuar, iba sorteando los terribles escollos sin daño definitivo ni irreparable de ningún interés legítimo. Que digan con franqueza los críticos si esperaban esto el 14 de abril[87].

Ossorio se refería también a parte de la labor realizada por el Gobierno. En la noche del 14 de abril, Alcalá-Zamora redactó el Decreto del Estatuto Jurídico del Gobierno, con el que disponía de poderes ejecutivos sin limitaciones legales para llevar a cabo sus iniciativas, no se olvide, en un escenario de desvinculación con el régimen anterior. Entre los poderes se encontró la facultad de promulgar decretos, en espera de su aprobación en ley por las Cortes. Ante ellas, Alcalá-Zamora declaró sobre la legislación gubernamental promulgada en aquellos tres meses, que este período parecía haber asistido a «un desplazamiento del meridiano geográfico en la longitud y en la latitud de la vida española». Con esa decidida labor ejecutiva, que había afirmado «el sueño» de un poder civil en España después de muchos años, se marcaron los rumbos de la revolución para que las Cortes trazaran la obra definitiva. Los pasos del Gobierno parecieron ser razonables en los primeros meses para el embajador británico, George Grahame. Esa conclusión ilustraba la respetabilidad de la política gubernamental, comandada por antiguos monárquicos, curtidos republicanos y veteranos socialistas, lejos de parecer recién llegados a la política. Una buena parte de los ministros además se había habituado a sufrir las mieles de la cárcel o el exilio, que otorgaba un halo de compromiso con la defensa de la democracia española[88].

Con su extensa duración, el primer Gobierno Provisional fue capaz de dominar el tiempo, quizá, su mérito principal. No era tarea sencilla, al tener que afrontar la superposición de dos necesidades distintas, como eran la institucionalización de la República y la respuesta a la interposición de los desafíos cotidianos, cuando la segunda es habitual que complique la consecución de la primera, como le ocurrió en 1917 a Kerensky en Rusia. De ahí las invocaciones de los ministros a la velocidad del reloj de la política, con «el hoy se acaba pronto», o hemos actuado durante meses que parecieron «tres días», todo se subordinaba a «vivir al día», «vivíamos con el agobio del tiempo». Para el Gobierno Provisional este era un recurso restrictivo y limitante, al suponer su transcurso una amenaza constante a su supervivencia, a la aplicación de su programa y a la República misma, por la interferencia de la acción de los adversarios. Aquellos meses significaron «horas» de transición para los contemporáneos, en el sentido de estar en plena reconstrucción de un edificio —administrativo, legal, político, etc.— en ruinas, cuyo tiempo de comienzo se conocía pero no el de su conclusión. Esa situación se llenaba de mayor incertidumbre conforme avanzaba el tiempo, con «estas inquietas horas que le ofrece un incómodo período de transición». El carácter incierto y amenazante del proceso de institucionalización para el Gobierno acentuó el valor del tiempo y aceleró la toma de decisiones. Con toda la prisa democrática del mundo, el Gobierno intentó con éxito acortar el tiempo. Si Berenguer en 1930 decidió alargarlo, entre otras razones, para pacificar los espíritus, el Gobierno Provisional en 1931 lo aligeró, más si cabe después del 11 de mayo de los desahucios, cuando se hizo más nítido el dilema entre una dictadura republicana y las elecciones. Fue entonces cuando los ministros acordaron actuar, si cabe, con mayor rapidez:

Desde el día del incendio de los conventos al día de las elecciones generales, solo hubo en el gobierno una preocupación: acelerar los trámites electorales con el fin de legitimar el régimen inmediatamente. ¡Cómo pesan estas horas, son como siglos!, decíamos muchas veces reunidos en Consejo. Daría media vida por ver ya las Cortes en funciones, exclamó una vez, expresando el pensamiento unánime y descubriendo las intimidades profundas de su alma, el señor Alcalá Zamora[89].

A la misma velocidad se alcanzó la solución de la crisis definitiva del primer Gobierno Provisional. Una vez que Alcalá-Zamora y Maura dimitieron de manera irrevocable en la mañana del 14 de octubre, seis meses exactos desde el 14 de abril, los ministros se reunieron en casa de Prieto y decidieron proponer a Azaña como nuevo jefe del Gobierno, porque «le había llegado su hora». Se abrió la sesión en un abarrotado Congreso y su presidente, Besteiro, comunicó la crisis. Lerroux propuso entonces que el dirigente socialista gestionara su resolución y concluyó con un «viva la República», para infundir emoción en lugar de inquietud al instante. Besteiro interrumpió la sesión sin levantarla, reunió a los jefes de las minorías, actuó como jefe de Estado por una hora, y regresó al salón de sesiones para presentar a Azaña como jefe del segundo Gobierno Provisional de la República. La mayoría de diputados aplaudió con frenesí el discurso de Azaña y la resolución súbita de la primera gran crisis institucional republicana. Reseñaron algunos cronistas que fueron la emoción y la rapidez las que resolvieron el conflicto, para dar por primera vez una impresión de democracia a la política española. A pesar del éxito, resultó una solución transitoria, en vísperas de la formación del primer Gobierno constitucional. Con la victoria de radicales y socialistas en las elecciones del 28 de junio comenzó de inmediato un debate en el seno del Gobierno Provisional sobre la composición gubernamental definitiva. Mostró de manera clara las distintas posiciones de los ministros, representantes a la vez de cada formación[90].

La coalición revolucionaria integró a un amplio elenco de organizaciones políticas que, con excepción del Partido Radical y el Socialista, se parecían más a comités de notables y agrupaciones electorales que a partidos de afiliación. De creación reciente y supeditados a la iniciativa personal de sus principales dirigentes, adquirieron textura política merced a los trabajos de la campaña electoral de junio y, sobre todo, por su conversión en grupos parlamentarios de las Cortes Constituyentes. El Partido Radical era en realidad una coalición de grupos provinciales y regionales cuyo nexo común eran Lerroux y el populismo. La Derecha Liberal Republicana era su rival político, al pretender ambos integrar a todos los españoles en sus filas, con independencia de su filiación anterior. Desde el principio, sin embargo, el adversario político de los radicales fueron los socialistas, para conseguir adhesión y votos entre caciques, patronos, propietarios y católicos con su alejamiento tanto de las reformas laborales concebidas por Largo Caballero como de cualquier confrontación con la Iglesia: «después de haberle levantado el velo a las novicias, se me está presentando como un hermano de la Congregación de San Luis». Lerroux actuó como un caudillo en su partido, sin limitaciones estatutarias, y como un extraño en el Gobierno, comprometido con sus compañeros cuando se lo exigían, y ausente en Ginebra, de mitin o en su casa, la mayor parte del tiempo. Desde su triunfo en las elecciones de junio declaró en múltiples ocasiones su disposición a gobernar con otras Cortes y con un programa de nacionalización de la República. La dirección nacional del PSOE había estado muy dividida en 1930, con diferentes proyectos competidores, reducidos por la dimisión de Besteiro en febrero de 1931. Desde entonces se impusieron tres almas: sindicalista, republicana e institucionista, correspondientes a los objetivos de Largo Caballero, Prieto y De los Ríos. Aunque pudieron imponer sus enfoques numerosas veces, la autonomía de los ministros socialistas en la toma de decisiones resultó conflictiva, al tropezar con la exigente disciplina de partido. Esta no fue impedimento, sin embargo, para que los ministros socialistas convencieran a su grupo de continuar la colaboración con los republicanos en el Gobierno, sin duda, por el poder que adquirían. El adversario político del PSOE fue el Partido Radical, a quien acusaba de conservadurismo y caudillaje, y rivalizó con los radical-socialistas por representar en exclusiva las reclamaciones más avanzadas.

El Partido Radical-Socialista presumía de no existir más izquierdismo a su izquierda, y de estar muy cerca del PSOE, sin duda, para buscar un lugar al sol. Marcelino Domingo siempre se situó más cerca del Gobierno que de su partido, al contrario que Albornoz, inhibido siempre en el Consejo y grandilocuente en sus intervenciones públicas. Acción Republicana, de Azaña, la Federación Republicana Gallega, de Casares, y los partidos republicanos catalanes, representados por Nicolau, tenían en principio un papel subordinado en el Gobierno, pero Azaña, en concreto, elaboró una reforma militar con gran repercusión mediática, tanto personal como política. La agrupación de Casares desempeñó un papel similar en Galicia al Gobierno Provisional en España, al establecer la conexión con Madrid y facilitar la distribución del poder republicano en la región. La Derecha Liberal Republicana se fundó en 1930 para dar cobijo orgánico a sus dos figuras señeras, Alcalá-Zamora y Maura, y desde entonces ambos prescindieron de rendir cuentas al partido por sus actuaciones. Representaron el ala más conservadora del Gobierno, a la vez que la tendencia más comprometida e intrépida con la labor gubernamental, por la posición central del primero en el Gobierno y el carácter personal del segundo[91].

La precariedad o autonomía de la mayoría de las organizaciones políticas republicanas y socialistas en 1931 resultó ser una bendición para los ministros, al otorgarles una libertad de acción para amparar sus políticas; pero constituyó también una dificultad añadida en orden a aplicarlas, al no contar con organizaciones capaces de trasladar sus iniciativas al conjunto de la sociedad. Este problema político relativo a los partidos fue uno de los que redundaron en la escasa capacidad de los gobernantes republicanos para hacer cumplir sus decisiones. La revolución de abril había disminuido el ya por sí escaso poder infraestructural o efectividad de un gobierno español, al engendrarse desconcierto, incertidumbre o rechazo en la Administración estatal sobre el rumbo de las políticas republicanas. El funcionamiento de la administración general, judicial, militar, policial y local, así como la disponibilidad de financiación de las políticas, no sintonizaron siempre con las ideas expuestas por el Gobierno Provisional[92].

La conquista del poder por el Gobierno Provisional no implicó un cambio administrativo inmediato y radical, como en otras revoluciones. Azaña y Araquistáin advirtieron en público de las limitaciones funcionariales existentes por los escasos incentivos profesionales y económicos de los empleados públicos. Se arrastraba la imagen generalizada de la existencia parasitaria del funcionariado. Con la reducción drástica del número de empleados y el aumento de jornada, la reforma de Azaña de octubre iba encaminada a sortear en el futuro las consecuencias prácticas de la ley bilateral de exiguo sueldo para poco trabajo. Al tomar posesión de cada ministerio, los titulares solo aconsejaron la separación voluntaria a los funcionarios descontentos con el cambio político. El proceso de institucionalización de la República no se acompañó de una depuración central y generalizada de funcionarios, por lo que estos pudieron elegir entre cumplir con el servicio al Estado o boicotearlo como monárquicos. La prensa republicana intransigente denunció la existencia de estos últimos y la necesidad de republicanizar el Estado. Era una idea común entonces que la República no había podido instalarse en la gobernación de las instituciones centrales y locales, y no podía controlar los resortes del mando de los ministerios acostumbrados a utilizar sus propias técnicas obstaculizadoras de la renovación[93].

Algunas de estas técnicas se llamaban leyes, que debían ser aplicadas por magistrados y jueces. A pesar del grito por el restablecimiento del Derecho que impregnó las reclamaciones republicanas en 1930, en el proceso de institucionalización de la República se extendieron las críticas al excesivo respeto por la llamada «juridicidad» y a la actuación de los jueces, benevolentes con las personas y los restos del régimen anterior. Si bien fue cierta la laxitud en la persecución de delitos contra el régimen republicano por jueces que habían logrado su ascenso o traslado por su cercanía a las autoridades monárquicas o dictatoriales, el problema residía en la vigencia de las leyes de los anteriores regímenes. Las reformas emprendidas por De los Ríos tendieron hacia la autonomía de la judicatura, la actualización del Código Penal y la unidad de jurisdicciones, pero en los tres casos con resultados parciales. Con respecto a la primera, se reorganizó el Tribunal Supremo con el presidente de sala designado por el Gobierno, y el veto a la propuesta de algunos magistrados. El Código Penal fue reformado en esencia para sustituir la palabra monarquía por la de República, con la permanencia de delitos contra la religión, por ejemplo. El principio de un solo fuero fue limitado por la continuada aplicación del Código de Justicia Militar a paisanos en las colisiones con la Guardia Civil[94].

El discurso de Azaña en el Congreso sobre el estado del Ejército en España debió producir estupor entre sus señorías, al resaltar la precariedad en la que se encontraba, incapaz de sostener una guerra que no fuera colonial. Recordó también la reorganización emprendida meses atrás que resultó en la «trituración» del militarismo, no del Ejército, en el sentido de la transformación de una fuerza política en la que se había convertido la institución, con los todopoderosos capitanes generales, las juntas de defensa y los asaltos a los gobiernos, en una organización militar con la mitad de oficiales y jefes y una administración más simplificada, dirigida por un ministro civil. La reforma, sin embargo, no implicó la separación completa de las geografías civil y militar, al mantenerse la competencia militar más frecuente que esporádica en el gobierno de territorios concretos y circunstancias especiales con la declaración del estado de guerra.

Junto con las declaraciones públicas y grandilocuentes de acatamiento y servicio a la República por algunos jefes señalados, pervivió la sospecha de la falta de compromiso con el Estado en construcción y de subordinación al Gobierno de otros jefes que bien criticaron la reorganización militar, bien iniciaron maniobras de rebelión desde julio en defensa de la monarquía. Resultan sorprendentes las afirmaciones de periodistas, políticos y jefes militares en defensa de la ilicitud de la rebelión militar para desplazar un gobierno o un régimen. Mola y Queipo de Llano se cruzaron cartas en 1931 —que parecían anticiparse a 1936—, en las que Mola justificó su lealtad a la monarquía, al entender que el militar debía estar siempre a las órdenes del régimen legal imperante en la nación, «por eso acaté la República y seré leal a ella»; y Queipo, en cambio, señaló que su amor por España estaba por encima de las personas que dirigían el régimen, y sería disciplinado y leal solo mientras aquellas guardaran lealtad a la patria. Mola estaba en una prisión militar en 1931, y Queipo ocupó la capitanía general de la primera región y otros altos cargos durante ese año. Francisco Franco se sumó al debate anticipado de 1936 al denunciar como criminal que los militares esgrimieran las armas «en todos los tiempos y en todas las situaciones» contra la nación o contra el Estado. Las reformas militares de Azaña no supusieron depuración política alguna del personal castrense ni el alejamiento militar de la política, sino medidas para rozar ambos extremos. El diputado Balbontín le dio a entender a Azaña que sus reformas estaban de más o quedaban cortas

Yo le mostré un libro de cuentos chinos que llevaba en mi bolsillo, en uno de los cuales, un sabio de experiencia centenaria aconsejaba al viajero incauto que si por mala suerte suya tropezaba en la selva con un león dormido, le dejase dormir en paz o le matara de repente, pero de ninguna manera le hurgase la cola, porque esto era mortal para el viajero, naturalmente[95].

Aunque declaraba en público lo contrario, el Gobierno Provisional no estuvo seguro de contar con la protección de las fuerzas armadas, pero tampoco prescindió de su intervención en casos de enfrentamiento con la población civil en la calle, al no disponer de una fuerza policial suficiente. Para una población de 23 millones de habitantes, se computaban en España en 1931 casi 30 000 guardias civiles, más de 15 000 carabineros, menos de 6000 guardias de seguridad y 7000 agentes del Cuerpo de Vigilancia. Los distintos gobiernos y sus delegados de la Restauración, de Berenguer y de la República, se lamentaron de la insuficiencia de fuerza pública con la que establecer con eficacia el control policial de la protesta. A la escasez se sumó la falta de profesionalidad de muchos agentes, los sueldos cortos, el sistema militar o político de ascensos y una actitud burocrática o militar del servicio. Los mandos policiales procedían en su mayoría del Ejército y su jefatura natural, el gobernador civil, carecía, en general, de la experiencia y capacidad necesarias. El control policial en países cercanos difería del español en algunas facetas. En todos, fuera bajo regímenes democráticos o autoritarios, el control policial basculaba sobre tres concepciones: admitir y regular la movilización colectiva de los seguidores del Gobierno, impedir la protesta sin autorización con protocolos y técnicas disuasorias y tratar de minimizar los costes humanos y políticos de la intervención policial. A diferencia de España, en otros países había mayor número de policías, más recursos materiales, adaptaciones en la organización y adopción de técnicas de intervención innovadoras de carácter no letal; existían también diversos modelos civiles o militares y distintas actitudes ante la protesta, comparables al caso español.

Como en otras áreas de la Administración pública, el ministro republicano de Gobernación no realizó ninguna depuración del personal policial; a lo sumo situó a personas de confianza en los altos cargos, cesó a destacados policías de las dictaduras y no permitió que tuvieran efecto las denuncias anónimas. A pesar de la propuesta previa de creación de una guardia republicana a la manera portuguesa de 1911 y la formación de guardias cívicas el 14 de abril en distintas ciudades, la experiencia revolucionaria española se incluyó entre los casos europeos de continuidad con el modelo de control policial previo. Las autoridades republicanas «cerraron los ojos» sobre la experiencia pasada de carácter brutal a cargo de algunos cuerpos y prácticas policiales. Mantuvieron la ley de reuniones de 1877 y 1880 junto con el organigrama policial anterior; continuó Sanjurjo de director de la Benemérita; utilizaron al Ejército en labores de prevención policial y control político de los conflictos sociales mediante la Ley de Orden Público de 1870; se prorrogó la jurisdicción de guerra contra los delitos de insulto y agresión a fuerza armada por paisanos; y defendieron la actuación policial, en ocasiones, a pesar de su ineficacia, al argumentar que los guardias tenían que defenderse[96].

Las dos únicas reformas republicanas realizadas en 1931 consistieron en la fundación y extensión de las Compañías de Asalto y la Ley de Defensa de la República. La idea de crear una policía antidisturbios en las ciudades se basó en la francesa Garde Republicaine Mobile, instituida en 1921, para responder con prontitud y sin armas largas a las movilizaciones urbanas sin autorización. Apareció en Madrid después del 11 de mayo, poco después en Barcelona, y en otras ciudades de manera progresiva tras el verano. La Ley de Defensa de la República representaba una medida de excepción de uso exclusivo del Gobierno en defensa de la democracia republicana, similar a las promulgadas en otros países, como Japón, Grecia, Finlandia y Alemania antes de 1931, y Bélgica y Checoslovaquia, después. Se concibió para responder, sobre todo, a los desafíos monárquicos y anarquistas. Contó con el rechazo de estos, de los republicanos intransigentes y de juristas defensores de la protección legal de los derechos de ciudadanía, ya que su inclusión en la carta constitucional representaba una contradicción con los artículos sobre la garantía estatal de aquellos.

Los primeros gobiernos republicanos prefirieron restringir el uso de los derechos de asociación, libre expresión, manifestación y huelga de una parte de la población, antes que utilizar a la Guardia Civil o al Ejército para reprimirlos. Ignoraban, sin embargo, que la propia restricción legal no impedía la movilización, sino que, al contrario, facilitaba las colisiones entre desafiantes y fuerza pública, con resultados de víctimas. Los gobernantes republicanos conocían el coste político que la represión violenta de los enfrentamientos había tenido para los gobiernos de la monarquía. Trataron de impedir por ello que la Guardia Civil se convirtiera en protagonista y, cuando resultó muy violenta su intervención, intentaron frenar el efecto negativo entre sus apoyos políticos, con el argumento del peligro de deshacer el Gobierno y amenazar la estabilidad de la República. Así, la interposición violenta de la policía en la movilización colectiva no tuvo excesivo coste para el Gobierno, arropado por una coalición tan amplia como la mayoría absoluta de las Cortes. A partir de los episodios de Castilblanco y Arnedo, en el tránsito de 1931 a 1932, con los radicales de Lerroux en la oposición parlamentaria, se elevó el coste político de la represión policial para los gobiernos[97].

Aquellos enfrentamientos en Badajoz y La Rioja mostraron también el precario poder infraestructural del Gobierno republicano en el ámbito local. Aunque la prensa auguraba el predominio de la política de opinión y de los partidos de afiliación a partir de abril, el cambio de régimen pasó inadvertido durante algún tiempo en muchos pueblos y aldeas, por la continuidad de lo que entonces se llamaba caciquismo, basado en la política de patronazgo, que no había podido ser eliminada por la dictadura de Primo de Rivera a pesar de la existencia de los delegados gubernativos y la suspensión de las elecciones. La escasa implantación de los partidos republicanos y el socialista en el ámbito rural facilitó que los patronos locales lograran conservar su poder, aunque en muchos casos decidieran incorporarse a algunas de las organizaciones de la coalición republicano-socialista. Las redes de patronazgo, entonces, cumplieron el papel de nexo entre el centro urbano y la periferia rural en un momento de cambio político. Las relaciones de reciprocidad de 1931 se centraron en el intercambio de votos —para los republicanos— por preservación del poder social y político de redes locales ajenas a la democracia republicana. Azaña fue muy crítico con la obra local del caciquismo por hacer fracasar todas las constituciones y dar la impresión de una República inexistente. Las reformas políticas serían inviables si los alcaldes, a los que el Gobierno republicano otorgó mucho poder, servían a intereses particulares y de partido[98].

Las reformas políticas podían ser inviables también si no se libraba el dinero del presupuesto con el que implantarlas. En una época de contracción económica, de encogimiento del crédito, de endeudamiento municipal y de reducción de los ingresos y gastos del presupuesto, este no podía —ni el ministro de Hacienda lo deseaba— consignar partidas extraordinarias, por ejemplo, para extender una red de delegados del Ministerio de Trabajo para arbitrar conflictos por toda España, para dotar de más plantilla y más recursos a los cuerpos policiales o para habilitar las miles de escuelas previstas. Las arcas estatales y la búsqueda de financiación particular tampoco resultaron suficientes para abordar los conflictos generados por los «sin trabajo» de la industria siderúrgica, la construcción y el cultivo de la tierra. Buena parte de las organizaciones más opuestas al Gobierno republicano adquirieron relevancia política al movilizar a miles de parados, en muchas ocasiones de forma violenta. La escasez de recursos económicos restringió en definitiva la capacidad del Gobierno para desarrollar las políticas republicanas de transformación política y social concebidas como fundamentales. La falta de dinero se añadió a la desorganización administrativa central, la conflictiva judicatura y la persistencia de las redes locales de patronazgo, y todas juntas limitaron el poder de actuación gubernamental. La desorganización y el descontento militar por las reformas y el incompleto control sobre la Guardia Civil y otras fuerzas policiales, redujo aunque no anuló por entero el poder coercitivo gubernamental. El Gobierno provisional de la República se encontró durante 1931 en una situación delicada, lejos de la idónea para afrontar serios desafíos, incluidos en la lucha por el sostenimiento y definición de la propia República.

Y numerosas repúblicas

El proceso político iniciado y dirigido por el Gobierno Provisional hacia la institucionalización de la República supuso una contienda por la definición de su contenido y repercusiones en el marco de la invención de la política revolucionaria. Como señaló Ortega dos años antes, había «que inventarlo todo: los grandes temas, las ideas jurídicas, los gálibos de las instituciones, los sentimientos motores y hasta el vocabulario». La política se convirtió en una competición de discursos y prácticas en búsqueda de la legitimidad del poder y las oposiciones en el marco de los conflictos existentes. El lenguaje revolucionario sirvió para romper con el pasado y para cuestionar de manera constante la autoridad presente. Constituyó un momento inaugural de un drama de cambio y transformación proyectado de manera indefinida hacia el futuro. Esta «nueva creación» de la política en forma de decretos, leyes, prácticas institucionales, rituales, palabras, himnos, movilizaciones, etc., hizo posible la adhesión, la indiferencia o la oposición de la población; generó conflictividad y, en algunos casos, enfrentamiento. El control sobre la nueva creación de la revolución otorgó poder, y su disputa significó un pleito por el poder mismo[99].

En la España de 1931 se plantearon hasta cinco maneras de concebir la República. La primera de ellas puede denominarse República inmóvil o aletargada, una especie de monarquía sin rey, disfrazada de República, a la que los contemporáneos se referían como un mero cambio de nombres, de la corona por el gorro frigio, o del color de una franja de la bandera, cuya obra se agotaba con su proclamación el 14 de abril y podía ser la antecámara de una restauración monárquica. Los promotores de esta República consentida fueron los dirigentes católicos y monárquicos de Acción Nacional, con El Debate a la cabeza, y Abc, de escudero. La segunda era una República conservadora o legalista, un régimen de orden, reformado, dirigido por republicanos de nuevo cuño y moderados de añeja estirpe, a semejanza de los primeros años de la III República francesa. Sus valedores fueron Alcalá-Zamora, Lerroux, Melquíades Álvarez, Ortega y Gasset, Ossorio y Gallardo, y periódicos como El Sol, La Vanguardia o Ahora. Asomó una tercera República, avanzada o de izquierda, «republicana», valedora de castigar las responsabilidades de la monarquía y de la realización de reformas profundas pero posibles a través de la iniciativa de los partidos republicanos en el seno de instituciones elegidas. Sus defensores fueron Azaña, Domingo y los ministros socialistas, y entre los periódicos madrileños más destacados, Crisol, La Libertad o el Heraldo. La cuarta República fue la intransigente o exaltada, de extrema izquierda, con fuertes dosis de oposición populista, sin querencia por las instituciones representativas; se vinculó a ella una versión sindical, con similares mimbres enlazados al mundo del trabajo y los barrios; portavoces de esta República fueron Ramón Franco, el capitán Rexach, la CNT posibilista y exaltada, diarios como La Tierra y Solidaridad Obrera, y revistas como Nueva España, Nosotros y Fray Lazo. La quinta República fue la confederal, defendida en 1931 desde Cataluña por los nacionalistas moderados y extremistas, y en el País Vasco por el Partido Nacionalista y los tradicionalistas monárquicos.

La visión de estos últimos conectaba con la primera de las repúblicas citadas en alguno de sus componentes. No fue el único caso, porque cada una de estas cinco definiciones republicanas compartía piezas, al menos, de sus dos más cercanas. Por su proximidad rivalizaban de manera más intensa: los conservadores criticaban la República inmóvil para distanciarse; los izquierdistas e intransigentes abominaban de la República conservadora. Las opciones intermedias alertaban del peligro de las dos extremas. Las distintas repúblicas no deben contemplarse como programas ideológicos compactos y planificados de antemano. Resultaron, en cambio, respuestas concretas a conflictos suscitados en aquellos meses por la presencia o desaparición de símbolos, representaciones, lenguajes, movilizaciones e historias, referidos a la República y su escritura, la distancia o cercanía con el pasado, el origen, vigencia y caducidad de la revolución, sus héroes y villanos y la aparición del ciudadano, antes muerto[100].

Desde la noche del 14 de abril la mayoría de los contemporáneos entendió que con la instauración del Gobierno Provisional en el poder se había proclamado la República en España. La manera más común de representarla de manera gráfica y con palabras fue con los atributos femeninos, al continuar la tradición republicana francesa desde 1848, e imaginar que la capacidad maternal, y virtuosa a la vez de las mujeres, simbolizaba el origen y la pureza de la República. Más que femenina, sin embargo, fue habitual representarla como hija de la voluntad popular y como niña, debido a su corta existencia y, más aún, por su fragilidad, inexperiencia y minoría de edad, necesitada de cuidados y protección, a la que tampoco se podía exigir en su infancia todo su rendimiento, «una República niña a la que robustecer y desarrollar entre todos, paulatinamente, como es ley biológica que se desenvuelva toda institución llamada a tener larga vida». Con el mismo sentido, se identificó con la edad, al contraponer una República joven con la vejez de la monarquía, no solo por el protagonismo de los jóvenes en su instauración, sino por la concepción histórica imperante de renovación juvenil de una sociedad decrépita.

Bien fuera niña o joven, la República se veía necesitada de un tutor, masculino por supuesto, en forma de padre o, más común, de intelectual, capaz de orientar en exclusiva al pueblo en su andadura revolucionaria. Se aludió, por eso, a la República de los profesores o de intelectuales, togada, gobernada por el Ateneo de Madrid. En el fragor de la lucha por definir el régimen, fue calificada al principio de razonable, formal y modosita por El Sol, y más adelante, de «republiquita tonta» por Ortega, al hallarse compuesta de huelgas y de barullo parlamentario; era una República burlada, al contraponer Solidaridad Obrera el espíritu de Galán a las políticas del Gobierno. Era, además, una República sin número, al ser en verdad excepcional el uso de «Segunda» en aquellos meses, para contrastarla con la de 1873; y una República sustituida de manera frecuente por el uso de «nuevo régimen», al no desear nombrarla sus adversarios, y al resaltar el cambio como ruptura, sus seguidores[101].

No hubo acuerdo entre los republicanos, sin embargo, sobre el origen de la ruptura. Alcalá-Zamora o Marañón sellaron la instauración de la República por el pueblo el 12 de abril, con el voto decisivo de la clase media en las urnas. Azaña y los anarcosindicalistas reclamaron que la revolución venía de diciembre, y del pueblo en la calle, no del sufragio. Si la razón había sido o no el resultado electoral, en todo caso, brotó sin violencia generalizada y ninguna efusión de sangre. Entre los republicanos avanzados e intransigentes se extendió una queja o denuncia por la «facilidad» de la instauración republicana, al dar aliento a los monárquicos por su porvenir incierto e impedir el empuje inicial de las fuerzas revolucionarias. Su carácter pacífico no fue obstáculo para compararla con la francesa de 1789; aunque con el empleo de derechos concedidos por los gobiernos de la monarquía, el cambio de clases en el poder fue idéntico a la francesa. La revolución española no solo apartó a un rey y abrió cauces a la ciudadanía, sino que significaba sobre todo, en palabras de Azaña, un cambio en la ruta histórica del pueblo español que ponía fin a una digresión histórica de cuatro siglos. España era antes África, se vivía en sistema de tribu, en organización de casta. Una vez consumada la revolución de abril, esta continuaba o, como dijeron entonces republicanos tan conservadores como Maura, la revolución empezaba «ahora». Hubo, sin embargo, distintos pareceres sobre su contenido y formas. Los monárquicos de Abc denunciaron la República como la revolución encaminada a imitar a la soviética de Rusia. Ortega criticó la verborrea revolucionaria imperante y defendió la idea como construcción; los socialistas le ayudaron a comprenderla, al insistir en su extensión, porque no era obra de un día y significaba, además, el sacrificio de la generación revolucionaria. Azaña y Domingo creyeron que la revolución no era un mero cambio de régimen, sino un profundo cambio legislativo realizado en el Parlamento que, por eso mismo, tenía carácter revolucionario. Marcelino Domingo lo reivindicó en un libro publicado en septiembre:

Revolución no es una barricada alzada contra lo viejo: es una legislación sobre lo nuevo. No es la desaparición de gobiernos: es la edificación de la forma que ha de sustituirse. No es una muchedumbre exaltada en la calle: es una obra política, cultural, económica, social, que responde a las exigencias de las jornadas fecundas que se viven[102].

Desde la intransigencia republicana, sin embargo, se acusó de republicanos tibios a los que invocaban la transacción y la concordia para legislar, al suponer una traición a la revolución. Eran estos y otros los republicanos delatores de la juridicidad imperante, «ese tremendo vocablo» en boca de abogados para defender la supremacía de la ley e independencia de los jueces en contraposición con las exigencias de justicia proclamadas por el pueblo y algunos de sus representantes, sobre todo a principios de mayo, antes de los incendios, en agosto, con el debate sobre las responsabilidades de las dictaduras y, en el otoño, durante la diaria discusión del proyecto constitucional. Aunque la mayoría republicana suponía que las leyes promulgadas y votadas eran expresión de la revolución, los republicanos intransigentes y algunos avanzados observaban en las constantes transacciones y en el exceso de juridicidad remilgos encontrados con el espíritu revolucionario.

La revolución de abril poseía dos vertientes: la ruptura total con el pasado y la refundación del Estado, anhelo este de Ortega y Azaña, y sin enunciarlo, de todos los republicanos. Al igual que los revolucionarios franceses inventaron el Antiguo Régimen y rechazaron todos los modelos del pasado nacional con el fin de realizar la división entre dos absolutos, los republicanos españoles expresaron su profunda convicción de establecer sin precedentes una nueva comunidad humana; anduvieron posesos, en opinión de Manuel Ramírez, de la idea de detener el curso de la historia y construir un nuevo mundo. Para distanciarse, los republicanos denominaron al pasado el Antiguo Régimen, como había hecho Primo de Rivera con respecto a la Restauración. Con ello identificaban la política oligárquica y absolutista de la monarquía y fundaban la República en un orden distinto, el de la política de opinión, llamado con frecuencia el Nuevo Régimen. Con ese término se referían a mucho más que una combinación distinta de elecciones, Parlamento y Gobierno; aludían a un punto y aparte de la historia de España, en rigor, a la formación de una nueva España, su rehacer, el renacimiento de Hispania. Una interpretación mayoritaria pero discordante con la de Unamuno y la del cardenal Segura, por ejemplo, que no entendieron o compartieron el carácter mítico del 14 de abril.

La organización de un Estado distinto del anterior constituyó el eje central de esta «nueva creación», al romperse la continuidad o tradición jurídica con las dictaduras. Un Estado fuerte, según Araquistáin; un Estado, para Azaña, en el que los españoles pudieran vivir según su gusto. De ahí que, junto con la reorganización de la administración civil y militar, la creación de otro Estado se centrara en el establecimiento de unas relaciones distintas con la población. Se trataría entonces de la formación de una ciudadanía más democrática, con el sometimiento de todos los españoles a un fuero común y la ampliación de los derechos ciudadanos, entre los que destacaba un mayor control de los actos de gobierno y la promoción al rango ciudadano de ciertos sectores de la población hasta entonces sin reconocimiento estatal. El Estado por construir adquiría así un fundamento de legitimidad y procedería a su integración, como una dinámica de permanente creación y armonización, una realidad histórica efectiva y enraizada a través de las prácticas políticas democráticas. La integración estatal, inspirada en la obra del profesor alemán de Derecho, Rudolf Smend, incluía la encarnación o representación política de la ciudadanía en el jefe del Estado, la celebración de elecciones como procesos de conformación de la voluntad ciudadana, y la instauración de símbolos políticos para representar los valores históricos defendidos por el Estado[103].

El Gobierno Provisional decidió rodear su actuación de símbolos políticos distintos de las representaciones de la monarquía, sin duda, para significar la ruptura total con el pasado mientras impulsaba la integración del nuevo Estado en construcción. Estos símbolos consistieron en himnos, banderas, ceremonias y fiestas oficiales, incluidas las electorales. El dibujante Bagaría diseñó un cartel para su difusión en la campaña electoral del 12 de abril, en el que el león español aparecía, tocado con un gorro cordobés y encima el frigio, con una escoba para barrer al último político del viejo régimen, dibujado con birrete, bonete y pantalones de cacique. Por oriente alumbraba la escena un sol republicano, de rayos rojos, amarillos y morados. Al tomar posesión del Ministerio de Comunicaciones, Martínez Barrio entró en el palacio con los acordes de «La Marsellesa», con músicos tocados con el gorro frigio y en la mano la bandera tricolor con los retratos de Galán y García Hernández. El cartel y el acto ministerial contenían diversas referencias simbólicas republicanas, de las que se oficializó tras el 14 de abril la bandera tricolor. Si se cree el juicio de Maura, el Gobierno Provisional acordó meses antes no cambiar de bandera, pero la exhibición de la tricolor en la calle desde el día 13 la impuso y el Gobierno la aprobó por decreto a finales de abril, después de contemplar otras posibilidades. La bandera de los republicanos federales era el símbolo de la patria auténtica, de la que estudiaba, trabajaba, sufría y amaba, para sustituir a la de la oligarquía. Los monárquicos criticaron la nueva enseña nacional, al considerar que la anterior no representaba al rey, sino a España. La bandera roja y gualda se convirtió en un símbolo alfonsino y prohibida su exhibición en las instituciones oficiales. No fue la única que protagonizó una «guerra de banderas», al surgir el mismo conflicto con la enseña bizcaitarra del Partido Nacionalista Vasco, la bandera de Navarra enarbolada por los tradicionalistas, y la de la estrella solitaria de la senyera de Estat Catalá, indicios todos ellos de la lucha por configurar un régimen político distinto del propugnado por el Gobierno Provisional de la República. Una bandera más se sumó al debate de la política republicana, al confeccionarse la roja y negra de la CNT durante el Primero de Mayo de 1931.

A la bandera tricolor republicana se añadió un escudo, elegido entre las monedas acuñadas en la Gloriosa; la canción o himno nacional, sin embargo, no pudo decretarse en 1931, al cuestionarse la pertinencia del himno de Riego, proponerse otros recién compuestos y nunca elegidos, y plantearse un concurso entre compositores nunca convocado. «La Marsellesa» y otros himnos locales decimonónicos de carácter liberal compitieron con el de Riego. Se estamparon sellos en agosto con las efigies de la República, de Pablo Iglesias, Salmerón y Pi y Margall, para ilustrar los orígenes históricos del régimen, y para componer el santoral laico, surtido de liberales del siglo XIX, con Torrijos y Mariana Pineda a la cabeza, hasta llegar a Blasco Ibáñez, Galán y García Hernández en el ocaso de la monarquía. Todos ellos habían traído la República y ellos la representaban en su andar por la travesía de mares de sangre. Estos forjadores de la República compitieron, sin embargo, con los antepasados de otras hazañas, como Pau Claris y Rafael Casanova en Barcelona, los rebeldes de la vizcaína matxinada de la sal de 1634, o Cristo de Judea. Todos ellos mártires también de la libertad frente a la tiranía, símbolos a su vez de opciones políticas rivales[104].

Las ceremonias oficiales contribuyeron también a la integración del Estado a través de su enraizamiento con la población y la manifestación de su sentido colectivo. La institucionalización del régimen republicano no podía efectuarse sin la celebración de las fiestas de soberanía, unas centralizadas, otras de carácter local, pero siempre como ritualización de narraciones republicanas sobre los orígenes y características esenciales de la República. La primera de aquellas fiestas fue, por supuesto, la continua del 14 y 15 de abril, fundacional de la República, principio de una sucesión de fiestas de soberanía y de partido que se prolongaron hasta el Primero de Mayo. Una de ellas, incluida en el clima permanente de fiesta, fue comentada por Gaziel:

Hace algunos días, unos 20 días, que los españoles vivimos en un estado de exaltación pasional extraordinaria. Todos son mudanzas públicas, cambios inverosímiles, fiestas cívicas, banderas, colgaduras, manifestaciones populares, imponentes desfiles, discursos inflamados y aclamaciones estentóreas. La más grande de todas esas demostraciones de ebullición cordial ha sido el recibimiento que el pueblo de Barcelona tributó el pasado domingo al jefe del gobierno provisional de la República[105].

La fiesta del Primero de Mayo se situó entre ritual de soberanía y partidario porque, si bien fue convocada por los sindicatos para ritualizar la primavera obrera como en años anteriores, contó con la presencia de las principales autoridades republicanas en cada ciudad, al ser la primera después de la revolución de abril, y se convirtió en una fiesta de validación republicana. Eran trabajadores los que poblaban las manifestaciones, pero los gritos y pancartas recurrían a «vivas a la República» y «vivas a Galán», señales de mensajes emitidos por el pueblo en lugar de la clase. Se sucedieron tres fiestas de soberanía más a lo largo de 1931: la fiesta mayor de la ciudadanía en las elecciones del 28 de junio, la apertura de la Asamblea Constituyente, el 14 de julio, y el rito de la promesa de Alcalá-Zamora como primer presidente de la República, el 11 de diciembre. La participación popular fue protagonista en las tres, al legitimar las instituciones republicanas recién creadas y de incierto alcance. Para autoridades y público la emoción se hizo patente por el significado histórico de las celebraciones: unas elecciones limpias con mucha participación; unas Cortes elegidas que no compartían soberanía; la «coronación» de la cabeza del Estado con poderes limitados por la Constitución y el Parlamento. A todo ello se sumaba la colaboración del Ejército y de la administración civil en las celebraciones. Azaña pudo anotar respecto a la fiesta del 14 de julio: «todos los que están alrededor de mí están conmovidos». Y no era para menos. Si se hace necesario colocar una fecha de inicio de la República como régimen no sería la del 14 de abril, día de la instauración en el poder del Gobierno Provisional republicano, sino la del 14 de julio, cuando se añadió al Gobierno la existencia de un órgano legislativo republicano y de mayoría republicana, elegido por ciudadanos masculinos. Junto con estas ceremonias oficiales de carácter central, se celebraron otras locales con presencia de las autoridades, por lo general, para la conmemoración de luchas liberales contra el absolutismo y el carlismo del siglo XIX. Se sucedieron otros rituales a lo largo del año, como los católicos Corpus Christi y de «Cristo rey», además de multitud de procesiones religiosas autorizadas, así como el Corpus de Sang y el Onze de Setembre, por los nacionalistas catalanes, expresiones festivas de oposición, rivales de las anteriores[106].

La participación de la población en la mayoría de estas fiestas fue destacada por los periódicos partidarios de resaltar su alcance. Eran los mismos grupos sociales del proceso desencadenado en abril. Las distintas opciones políticas rivalizaron por codificar, definir, seleccionar, resaltar y marginar las características de la población y sus actitudes hacia el cambio político. Puede plantearse la codificación en una línea divisoria de carácter épico entre héroes y villanos. Los primeros eran un conjunto muy selecto de personajes que dedicaron o expusieron su vida y su hacienda por la República, entre los que destacaban Giner de los Ríos, Iglesias, Blasco Ibáñez y Galán, sobre todo Galán. Su figura, sin embargo, fue origen de rivalidad política, al ser ensalzada por todos los republicanos como un arma contra la monarquía, pero con más ahínco y con distinta motivación por los intransigentes, que acusaron al Gobierno Provisional de colaborar en su muerte y de traicionar su legado político.

En el espejo de Galán se miró la mayoría de la población que se hizo republicana. Los héroes de abril tendrán título de pueblo, masas, ciudadanos y opinión. Al derribar el trono, el pueblo alcanzó el centro sagrado de los marcos interpretativos de la política, el lugar en el que se cruzan la esfera social, política y cultural, para servir de referencia a los miembros de la sociedad. El pueblo era alfa y omega del proceso político, una situación cuestionada y en todo caso rechazada por los monárquicos; defendida, sin embargo, entre los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, con sus distintivos pueblos. Para la República conservadora, el pueblo debía ajustarse a la ley; para la avanzada, el pueblo hacía la ley y esta constituía su expresión; y el pueblo era la ley entre los partidarios de una República intransigente y sindical. Con esta elevación puede resumirse la labor de encumbramiento del pueblo por los republicanos, más intenso y profundo desde abril, cuando votó de la manera que lo hizo en las elecciones municipales y al ocupar la calle del 13 al 15 de abril. Resultó ser más soberano, padre de la República, y ahora también fiscalizador, justiciero y generoso, incluso profesor de Derecho. Como nunca antes, los dirigentes políticos y los intelectuales hablaron y actuaron en su nombre y lo suplantaron, al atribuir al pueblo sus propios pareceres sobre la acción gubernamental o de los adversarios políticos; porque, al fin y al cabo, el pueblo era, para Ortega y Azaña, solo el organizado en partidos.

Con frecuencia los mismos autores republicanos sustituían el vocablo pueblo por el de masas o el de opinión pública, aunque siempre hubo debate político sobre su exacta equivalencia, al aludir a masas cuando el pueblo actuaba de manera reprobable, y a la opinión, en un sentido más exclusivo. Se formuló un consenso republicano mayor en torno a la identificación del pueblo como ciudadano. La revolución de abril y la República eran obras del pueblo por su actuación ciudadana, una actitud desconocida e inexistente hasta 1931, según se proclamaba. Prevalecía entonces una concepción de ciudadano de tipo republicana, virtuosa, responsable, patriótica, comprometida, como la reclamó El Socialista

Se debe previamente acabar con esa densa atmósfera de irresponsabilidad que ha envilecido al pueblo, que ha hecho que las masas pierdan la fe en la justicia y en los hombres que han de servirla […]. Hasta que el pueblo no se convenza de que la justicia y la responsabilidad gravitan por igual sobre todos los ciudadanos, no se sentirá a su vez responsable; no verá en la cosa pública algo sagrado; no se decidirá a sacrificarse por el procomún; no será ciudadano, en suma […]. Cuantos de veras somos patriotas debemos preferir la regeneración colectiva por la justicia a la disolución anárquica por la irresponsabilidad[107].

Un anhelo difícil de cumplir, sobre todo por la incultura en la que el régimen anterior había mantenido al pueblo. Continuaba siendo en lo moral un pueblo analfabeto, tosco, grosero. Además, si con la revolución de abril había adquirido la mayoría de edad, el pueblo seguía siendo un niño grande, al igual que la República niña, necesitado de orientación. Para esa misión el pueblo, las masas, la opinión, los ciudadanos, contaban con personas preparadas, organizadas, capaces de encauzar al pueblo por la ciudadanía virtuosa. Eran los directores, caudillos o primates, personajes distinguidos, próceres de la República, que interpretaban los sentimientos y necesidades del pueblo para guiarlo. Sin ellos no podía concebirse el pueblo, o las masas, porque carecía de autonomía; sin sus conductores, se convertía en chusma, canalla, turba o multitud. Con ellos, en cambio, el pueblo componía la democracia republicana, un sujeto social que agrupaba a la población de iguales capacidades con simpatías republicanas. Los caudillos lo eran de la democracia española, o de cada uno de los sectores de la democracia española que eran los partidos republicanos y el socialista; la democracia era el pueblo organizado, como sostenía Ortega. Y el porvenir era de aquel partido o partidos que supieran con mejor y mayor maestría educar la naciente democracia española. Todo ello indicaba que los dirigentes de los diversos sectores de la democracia competían entre sí, como hizo Lerroux en diciembre, al afirmar ser representante de la democracia liberal republicana, incompatible con la democracia socialista. Si rivalizaban las democracias, no era más que otro síntoma de la lucha por imponer una República sobre el resto de las planteadas. En esa disputa, algunos villanos previos intentaron colocarse con los héroes, y algunos que lo fueron dejaron de serlo como antes y se convirtieron en villanos[108].

Los dirigentes y organizaciones que apoyaron a la monarquía, u opuestos a la República en construcción, fueron considerados por numerosos republicanos como los villanos, a los que denominaron «enemigos» de la República, bien por obstaculizar su progreso, bien por intentar su supresión. El concepto apareció tan temprano como el 17 de abril en La Libertad y se concretó en los monárquicos «más o menos encubiertos» que permanecían en el solar patrio. El abanico de enemigos fue ampliado, con «los mismos que en todos los países», esto es, el alto clero, algunos militares profesionales, los grandes financieros, los poseedores de inmensos territorios, es decir, la oligarquía. Pero fue más frecuente aludir bien de manera genérica a los enemigos y a los enemigos «emboscados», bien a grupos más definidos, como los sindicalistas y anarquistas de la CNT o los elementos clericales. Como villanos también sin llegar a la categoría de enemigo, pero sí con la de «perturbador», fueron incluidos los republicanos intransigentes, sobre todo a partir del llamado «complot de Tablada»[109].

Los enemigos preferidos de todos los republicanos fueron, en principio, el rey, exiliado en Londres, y la caterva de defensores de la monarquía hasta el 14 de abril. A partir de entonces, los realistas se diversificaron con la aparición de los monárquicos adaptados, nuevos republicanos llamados «frigios» o de «las dos y cuarto», que colaboraron de manera plena en la institucionalización de la República, como los «adhesivos» en Portugal; la recién creada Acción Nacional por iniciativa del Vaticano, que promovió la participación en las instituciones sin discutir la forma de gobierno establecida por la revolución; los monárquicos partidarios del Plan de la Corona para impulsar una restauración, bien a la espera de la crisis total de la gobernación republicana o de una sustancial presencia en las Cortes Constituyentes, bien a través de la conspiración militar. Entre estos últimos se encontraban también los jaimistas e integristas.

Una vez abierta la Asamblea de la Revolución, con una mayoría republicana de carácter absoluto y la inesperada supervivencia del Gobierno Provisional, la mayoría de los monárquicos oscilaron entre continuar la conspiración para suprimir las instituciones republicanas en marcha y aceptar una República inmóvil o aletargada, como insinuaba Abc a finales de octubre: «Una República del tipo francés, organizada sobre la base de una suspensión de hostilidades entre el pasado y el presente, y de una conciliación de intereses, no nos parecería a nosotros, los neutrales, un régimen desdeñable». Existió el Plan real, así como la organización de varias conspiraciones, además de alardes de fuerza e intimidación a cargo de jaimistas, nacionalistas vascos e integristas. Existieron contactos entre algunos jerarcas de la Iglesia católica española, como el cardenal Segura y Múgica, el obispo de la diócesis vasca, y los conspiradores monárquicos. Los rumores sobre una rebelión militar comenzaron el día 18 de abril y se sucedieron de manera periódica durante todo el año. Por todo ello, el Gobierno Provisional consideró la existencia de un peligro de carácter monárquico, que se añadía a la necesidad de realizar la ruptura con el pasado. Los enfrentamientos del 10 de mayo en Madrid, a partir de la reunión constitutiva del Círculo Monárquico Independiente, despejaron cualquier duda inicial en el Gobierno sobre su beligerancia hacia la reorganización monárquica. La existencia de la amenaza monárquica repercutió en la política del Gobierno Provisional, al acelerar el proceso de institucionalización, desplegar iniciativas derivadas de sus plenos poderes, como repetir la elección en numerosos ayuntamientos monárquicos, y tomar decisiones más avanzadas en el ámbito de la legislación republicana, como la prohibición de la venta de bienes eclesiásticos. Afectó también a las relaciones institucionales de los republicanos con los diputados derechistas en el Congreso, así como a la definición final del artículo 26[110].

El Gobierno Provisional tuvo que hacer frente también al peligro o amenaza procedente de los partidarios de una República intransigente, que podrían aprovecharse de la actuación monárquica o desbordar la institucionalización planificada en dirección a una dictadura republicana. Los incendios del 11 de mayo fueron un ejemplo de aquellos propósitos y de su intención de marginar a los conservadores en el gobierno, porque la cuestión religiosa exaltaba la República, era su gran razón de ser y de vivir. Sus seguidores eran «amigos que habían conspirado con nosotros», que denunciaban la República «barata», la «republiquilla del Sagrado Corazón» o la República «ordenadita y conservadora»; echaban en falta una acción justiciera contra los monárquicos, reclamaban la figura traicionada de Galán y, sobre todo, ansiaban un mayor protagonismo del pueblo en la confección de la República, y requerían el disfrute de la libertad y la democracia en exclusiva para los republicanos que se habían sacrificado y luchado. Esos objetivos se medían en la crítica a un Gobierno Provisional muy conservador, en la disolución de la Guardia Civil y su sustitución por una policía dirigida por mandos de comprobada lealtad republicana, en la depuración de la escala más alta del Ejército, la defensa de la acción directa por parte de la CNT y en la republicanización de la República. «Queremos una República de los productores, atea, socialista, anticlerical, sostenida por un ejército del pueblo». Sobresalió su actuación en los días 10 y 11 de mayo, durante la campaña electoral en Sevilla y, en las confusas acciones en Jaca, a principios de septiembre, además de las intervenciones exaltadas en el Congreso de los Diputados. A esas iniciativas pueden añadirse las huelgas generales convocadas por los anarquistas en Sevilla o Barcelona.

Si existió algún elemento coordinador de todas esas actuaciones fue su dispersión, ante la carencia de una sólida organización responsable y, en cambio, la multiplicación de personajes sin conexión aparente entre sí. Defendían sus propósitos varios diarios y revistas, como Nueva España o La Tierra, diputados como Samblancat, Balbontín, Barriobero, Jiménez y Soriano, candidatos como Blas Infante, estudiantes de la Esquerra, militares como Rexach o Sediles, sindicalistas como Pestaña, anarquistas, como García Oliver y Durruti, y el mecánico Pablo Rada. Entre todos ellos, sin embargo, sobresalió Ramón Franco, que personificó la trayectoria de la mayoría de sus camaradas republicanos intransigentes. Su biografía se encuentra repleta de espectacularidad y de heroicidades en su avión, primero con el lanzamiento de bombas sobre los insurgentes del Rif en la guerra del Protectorado. Condecorado por ello, no dudó en realizar otras proezas de mayor alcance, como cruzar el Atlántico en el hidroavión Plus Ultra. De héroe de la dictadura pasó a villano para las dictaduras, cuando se insubordinó en repetidas ocasiones con la cárcel como destino. Se hizo republicano y rebelde, primero con la pluma, después con otro avión, esta vez desde Cuatro Vientos en la sublevación fracasada de diciembre. Así se hizo villano y héroe a la vez, protagonista y afamado en todo caso de la rebelión militar republicana de 1930. Exiliado en París, allí aguardó la revolución de abril, fue recibido de manera grandiosa a su regreso a Madrid y el Gobierno Provisional le convirtió en jefe de la Aeronáutica. Su espíritu inquieto e intrigante y su intransigencia republicana, le dirigió a reanudar actitudes de aventura para fortalecer su aura de héroe revolucionario. Eligió ser candidato en las listas de la Esquerra por Barcelona y en la candidatura de extrema izquierda de Sevilla. Cerca de esta ciudad terminó todo para él, al romperse una pierna con el desplome del entablado del teatro donde daba un mitin, y al acusarle el Gobierno Provisional de sedición por el intento de sublevación del aeródromo de Tablada. Al salir elegido diputado por Barcelona no pudo ser juzgado, pero tampoco se defendió de manera clara en el Congreso porque, ya fuera su pierna, la argumentación elegida o su deficiente hablar, no resultó convincente. Recibió un homenaje de sus camaradas de ideas en diciembre, como si significara una señal de abandono de la política intransigente activa[111].

La existencia de la amenaza intransigente se esgrimió de manera paradójica como efecto rebote del peligro monárquico y, a la vez, como pretexto para justificar la moderación de la República. Formó parte de la presión para radicalizar el artículo 26 de la Constitución y se asoció al llamado peligro comunista. Poco importaba si los comunistas eran escasos en número y vigilados por el Gobierno, pero la prensa y los dirigentes monárquicos aventaron la amenaza de su injerencia como auténtico beneficiario de la revolución republicana. Junto con los ataques realistas, la República intransigente fue más protagonista que nunca, cuando comenzó a cundir una especie de inquietud, a la vez que decepción o desencanto, por las exhibiciones de fuerza de monárquicos, del catolicismo político, de los republicanos exaltados y sindicalistas, así como por la aparente ralentización del proceso revolucionario desde agosto. El anunciante de tal desánimo fue quizá Ortega y Gasset, al resaltar en junio el encanijamiento de la República niña y su efecto en la desilusión. Sostenía su opinión en la crítica a los intransigentes, abogados de una República «carbonaria, peluda y gesticulante».

Los rumores sobre la organización de una conspiración militar se intensificaron en agosto y aumentó la circulación de hojas clandestinas de crítica insultante al Gobierno. Azaña ordenó al general Goded el estudio de una ocupación militar de Navarra, y se decidió la suspensión de periódicos monárquicos y nacionalistas en el País Vasco por incitar a la rebelión. Se vivía en «constante intranquilidad promovida por unas manadas de descontentos». A principios de septiembre ocurrieron los «movimientos inquietantes» de Jaca, protagonizados por los oficiales Sediles y Rexach, calificados como elementos «descontentadizos» por el gobernador civil de Zaragoza. Fueron los días en que la CNT declaró la huelga general en Zaragoza, en la que cerraron hasta los estancos, y la huelga general en Barcelona por las presiones gubernativas, con once víctimas mortales, desafíos ambos interpretados como un renovado acoso al Gobierno a cargo de los anarquistas. El Socialista encontraba excesiva e injustificada la excitación de pasiones que Ortega reconocía razonable. Sanjurjo le dibujó a Maura en esas mismas fechas el descontento extendido por todas partes y la sensación de un Gobierno falto de autoridad y desconocedor de los peligros que acechaban a la República. Azaña interpretó la decepción como secuela de la facilidad con la que ocurrió la revolución de abril y la interinidad del proceso constituyente. El director general de Seguridad, Galarza, suspendió mítines autorizados con anterioridad, al ser convocados por extremistas de derecha y de izquierda «en estos días». Maura constató en privado el ambiente hostil contra el Gobierno. Al mes siguiente se creyó lógica la disminución del entusiasmo republicano por el cansancio de vivir solo de esperanzas en esas inquietas horas. El Gobierno Provisional sobrevivió a ataque tan intenso desde ambos extremos y el debate constitucional prosiguió de manera continuada, pero el clima de «nerviosidad» y desencanto engendrados en agosto y, sobre todo, en septiembre, dejó huella en la Carta Magna, al predisponer a una buena parte de los diputados republicanos de la Asamblea de la Revolución en favor de una ruptura más enérgica con el pasado régimen[112].

Capítulo 5. La asamblea de la revolución

CAPÍTULO 5

LA ASAMBLEA DE LA REVOLUCIÓN

Rodrigo Soriano declara que hoy ha sido para él un día de gran emoción, especialmente por la transformación de la Cámara, de la que han desaparecido las chisteras y las levitas y han surgido las blusas y las chaquetas[113].

En la trayectoria vertiginosa de la institucionalización de la República, el Gobierno Provisional y los partidos afines tomaron decisiones sobre los actores políticos que tenían derecho a participar, recibir recursos estatales y gobernar. Lo hicieron en el marco de la lucha política en torno a las formas de organización y estrategias, identidades e interacciones colectivas que el Gobierno podía prescribir, tolerar o prohibir. Aunque el propósito de romper con el pasado régimen y la existencia de «villanos» permitía intuir la prohibición de ciertas prácticas vinculadas con la monarquía, tras la revolución de abril se produjeron conflictos y enfrentamientos, como los del 10 de mayo en Madrid o los mítines revisionistas de diciembre, que motivaron decisiones improvisadas. Desde el principio existió un consenso republicano para otorgar amplios e iguales derechos ciudadanos a la mayoría de los españoles. Las personas serían sujetos de derechos, y como tales podían participar en la comunidad política sin ninguna restricción al margen del Código Penal. Cuestión bien distinta fue la tolerancia de esos derechos para organizaciones y prácticas, al erigirse los gobiernos en árbitros de su garantía, mediante la aplicación del inicial estatuto de plenos poderes, la Ley de Orden Público de 1870, la reforma parcial del Código Penal y la Ley de Defensa de la República. Era de común acuerdo que un gobierno de cualquier signo no podía sobrevivir sin poseer y utilizar herramientas jurídicas y políticas para controlar los desafíos de los adversarios. Así se crearon zonas de tolerancia imprecisa para el ejercicio de los derechos de asociación, libre expresión, reunión y huelga, sobre todo a partir de mayo, al diluirse el frenesí festivo y reanudarse la presentación de reclamaciones colectivas en público. Mediante esas leyes y decretos fue posible imponer multas, prohibir huelgas y manifestaciones callejeras de cualquier signo, suspender sindicatos y periódicos, declarar el estado de guerra en un territorio, atribuir a la jurisdicción militar la competencia para juzgar la resistencia a la Guardia Civil, dictar extrañamientos temporales, etc. Con anterioridad a los incendios del 11 de mayo, el diario católico El Pueblo Manchego, de Ciudad Real, sostenía que el Gobierno no ponía ningún género de trabas a la propaganda en mítines, manifestaciones, prensa y organización. En los meses posteriores, sin embargo, esta legislación restrictiva fue aplicada a las prácticas de los villanos, considerados enemigos de la República, con las suspensiones ocasionales de la prensa alfonsina, carlista, católica, nacionalista vasca y republicana intransigente; la prohibición de mítines católicos en diciembre y de movilizaciones comunistas al aire libre; la prisión puntual de republicanos exaltados, la interceptación de telegramas, la censura del cine ruso y, sobre todo, la suspensión de sindicatos adscritos a la CNT, la ilegalización de huelgas sindicalistas y la detención de sus dirigentes en barcos anclados en el puerto de Barcelona por la saturación de la cárcel urbana. La libre actuación de los monárquicos alfonsinos se vio restringida también por los enfrentamientos del 10 de mayo en Madrid, al repercutir en la disolución voluntaria del recién creado Círculo Monárquico Independiente, además de la antigua Unión Monárquica Nacional o la Liga Monárquica Vizcaína. Muchos dirigentes alfonsinos formaron parte entonces de las candidaturas de la Acción Nacional que pasó a representarles. Los carlistas pudieron celebrar sin obstáculos legales tanto el santo como los funerales de su pretendiente. No existió, por tanto, una prohibición completa de las actuaciones antirrepublicanas, pero sí restricciones, sobre todo, en momentos de inquietud y tensión por los rumores de rebelión contra las instituciones creadas[114].

Incluidos los villanos, todos los ciudadanos podían participar en las instituciones republicanas de nueva creación y acceder a los recursos estatales, como las Cortes Constituyentes y a cargos en la Administración pública. Sin embargo, la mayoría de los partidos gubernamentales, no dudaron desde el principio en advertir de la posible infiltración monárquica en las instituciones republicanas, como parte del Plan C de la Corona. Si los monárquicos numantinos eran fáciles de descubrir, no ocurría lo mismo con el camaleonismo político, de los que el 12 de abril criticaban la República y el 14 la vitoreaban sin apenas tránsito. Desde aquellos días, ser republicano alcanzó la primera posición social, hasta constituirse en reclamo comercial: «Jabón republicano, creación de Perfumería Nosyp». En el contexto de la apertura de un proceso político con la mayoría de organizaciones políticas de reciente creación, con dirigentes de distinta procedencia y trayectoria, la rivalidad política se instituyó sobre todo con la apología del pedigrí republicano. De ahí la precisión de distinguir entre los republicanos auténticos y los nuevos republicanos. Ambos tenían derecho a participar en el régimen, pero solo los primeros poseían la legitimidad para gobernar la República; esta se instituía para todos los españoles, pero no todos ellos podían conducirla. La CNT reconocía su respeto por los luchadores contra las dictaduras y exigía la libertad y la democracia solo para ellos. Entre los recién llegados, Santiago Alba declaró que sería legítimo y obligado que dirigieran la República quienes la procuraron y la hicieron victoriosa. Los republicanos auténticos se medían por su antigüedad —de toda la vida, de abolengo—, la dedicación y sacrificio por el ideal, y el sufrimiento de la persecución monárquica. Los nuevos republicanos, en cambio, en nada se habían sacrificado ni habían sufrido persecución y, al contrario, obtuvieron beneficios de su cercanía al régimen anterior. Se les daba la bienvenida a la República, pero al mismo tiempo se cursaba una invitación para no molestar[115].

Los partidos republicanos iniciaron una carrera para ampliar y consolidar su organización, para lo que celebraron congresos y abrieron centros. El objetivo prioritario consistió, además, en ocupar posiciones de poder político en la periferia del Estado, con gobernadores civiles y alcaldes, para lo que la mayoría no dudaron en integrar a nuevos afiliados, con independencia de su origen político. Aunque Acción Republicana y el Partido Radical-Socialista recibieron también estos nuevos afiliados, las organizaciones más afectadas por las incorporaciones de los republicanos de última hora, del día siguiente o frigios, fueron la conjunción de agrupaciones locales y regionales asimiladas al Partido Radical de Lerroux, como la izquierda republicana andaluza o el PURA valenciano, y la Derecha Liberal Republicana, con dos representantes en el Gobierno. El Partido Liberal Demócrata, de Melquíades Álvarez, resolvió en apariencia su dilema sobre la accidentalidad, sin conseguir ampliar su implantación, sin duda, por carecer de posiciones en el poder central. Alba, Chapaprieta, Ossorio, Cirilo del Río o Burgos y Mazo fueron dirigentes monárquicos que recomendaron la integración de sus seguidores en aquellos partidos republicanos, pero de un alcance muy superior fue la asimilación de cientos de caciques que renovaron su poder local gracias a su postulación republicana. Los partidarios de una República avanzada criticaron de manera intensa estos trasvases a organizaciones integrantes del Gobierno, al no tolerar que el caciquismo se pusiera la escarapela republicana y el gorro frigio, y los monárquicos a la postre dirigieran la República[116].

Republicanos nuevos y auténticos, monárquicos de distinta condición, fueron candidatos y pudieron votar en las diferentes convocatorias electorales efectuadas en 1931. El fundamento del proceso de institucionalización de la República se encontraba en las elecciones para renovar los ayuntamientos y las Cortes, con el fin de transformarlos en instituciones republicanas con plenitud y formalizar la competencia de las distintas opciones políticas republicanas, hasta entonces desconocida. Las Diputaciones Provinciales se reorganizaron con comisiones gestoras nombradas por los gobernadores civiles en conjunción con los partidos gubernamentales. Las miles de protestas por fraude en las elecciones del 12 de abril promovieron la repetición electoral que, en un principio, solo iba a afectar a un 5 por ciento de los casos, pero después de los enfrentamientos del 10 de mayo en Madrid, Maura consintió su celebración en todos los ayuntamientos de mayoría monárquica donde fueron abiertos expedientes de protesta. El 31 de mayo triunfaron las candidaturas republicanas y socialistas, en unas localidades presentadas de manera conjunta y, en otras, por primera vez separadas. En Pamplona, la única capital de provincia con elecciones, venció la candidatura republicano-socialista sobre la «católico-fuerista». Los republicanos aventajaron en más de mil concejales a los socialistas en Andalucía. Las escasas candidaturas monárquicas obtuvieron la mayoría en algunos ayuntamientos, pero más frecuente fue la victoria bajo cobertura republicana de las mismas personas incluidas en candidaturas monárquicas el 12 de abril. Pudo realizarse aquella chilindrina con el alcalde de protagonista: «parecía que íbamos a ganar los monárquicos, pero ganamos los republicanos»[117].

Los alegres funerales de la monarquía

Las elecciones del 28 de junio cobraron una importancia muy superior. Pueden ser consideradas elecciones fundacionales del régimen republicano, además de otra fiesta de soberanía, «fiesta mayor de la ciudadanía», y un instrumento de integración del Estado en construcción. No fueron infrecuentes en el siglo XX los casos de reticencia electoral por parte de gobiernos revolucionarios, ni las repercusiones negativas de esos retrasos o suspensiones para la creación de regímenes democráticos. El Gobierno Provisional obtuvo por eso un triunfo espectacular al llevar a término su propósito de convocar elecciones constituyentes apenas dos meses después de su instauración. Un adversario tan cualificado como El Debate, reconoció que

La jornada electoral a poco más de dos meses de proclamada la República ha transcurrido sin incidentes graves. En cualquier país no se habría atravesado por momento de tanta importancia con menos inquietud en el orden material […] es indudable que se consolida el nuevo régimen y en conjunto facilitará la labor que ha de realizar la Asamblea[118].

Fue un día de los más trascendentales de la historia reciente de España y la más decisiva y memorable en la vida de la nueva República, opinó La Vanguardia, un diario por lo general distante del Gobierno. La incertidumbre de los dos meses anteriores sobre el porvenir, por la inestabilidad del Gobierno Provisional, las interferencias monárquicas y de los republicanos intransigentes y el horizonte de una intervención militar, situaba el panorama político con demasiadas incógnitas. La mera celebración de las elecciones y los resultados correspondientes significaron un primer paso esencial en la institucionalización del régimen y en su distanciamiento del pasado. Si el 12 de abril —se afirmó con lenguaje fúnebre— representó el certificado de defunción de la monarquía, las elecciones del 28 de junio habían celebrado sus alegres funerales. España había quemado su cadáver y aventado sus cenizas. Resultó ser un plebiscito a favor de la República, por lo que el Plan C de la Corona se desmoronaba, al no conseguir una representación significativa en las nuevas Cortes. El temor de los republicanos avanzados e intransigentes se desvanecía también por la escasa representación obtenida por la reacción vestida con el traje de los republicanos nuevos, de tal manera que la Asamblea Constituyente pudiera formalizar una Constitución en el sentido de la revolución emprendida. Como en los cuatro días que asombraron al mundo, había sido el pueblo, se decía, el auténtico protagonista de las elecciones; demostró estar capacitado para ejercer sus derechos y deberes cívicos y gobernarse a sí mismo[119].

El Gobierno Provisional influyó en el resultado electoral por diferentes vías. Impuso la adaptación del poder local a la nueva situación tras las elecciones municipales del 12 de abril, con la repetición electoral en más de dos mil concejos, y el triunfo de alcaldes republicanos nuevos y añejos. Fijó el 25 de abril la creación de Tribunales del Censo Electoral para revisarlo y rebajó la edad de voto de 25 a 23 años para los varones. El decreto más notable, sin embargo, fue la reforma de la ley electoral de 1907, promulgada el 8 de mayo, cuyas novedades más sobresalientes residían, además de la elegibilidad de mujeres y religiosos, en la sustitución de distritos por provincias como demarcaciones electorales, para eliminar la primacía de los núcleos rurales agostados de pluralismo político; y en el reparto de escaños para mayorías y minorías en un porcentaje de 80 por ciento y 20 por ciento para cada una de ellas, con el fin de asegurar una mayoría firme en la composición de la Asamblea, al imponerse los acuerdos para candidaturas conjuntas. Los adversarios del Gobierno Provisional y algunos intelectuales criticaron la reforma, bien por no apostar por el sistema proporcional, bien por imponer un límite excesivo para la elección de las minorías. Maura, además, cursó instrucciones a los gobernadores civiles para preservar su neutralidad electoral, en nombre de la heterogeneidad política del Ejecutivo, con la prohibición del nombramiento de delegados y la suspensión de ayuntamientos sin su permiso, además del respeto a la libertad de prensa. El ministro no modificó a su favor la adscripción política de los gobernadores en las semanas anteriores a las elecciones, al contabilizarse solo tres casos en los que el sustituto fuera de la DLR. Una muestra más del escaso partidismo de Maura fue la derrota en las urnas de dos cachorros de su partido y subsecretarios de Presidencia y Gobernación, Rafael Sánchez Guerra y Manuel Ossorio Florit. El Gobierno permitió la propaganda electoral de todas las candidaturas en una campaña muy intensa y apasionada de tres semanas de duración, en la que grupos de izquierda intentaron numerosos sabotajes a mítines de candidatos rivales. Los más destacados por la prensa fueron los de Melquíades Álvarez en Oviedo y de la Derecha Regional Valenciana en dos pueblos de la provincia, pero a ellos se sumaron los enfrentamientos en mítines dispersos de la Lliga y de la Acción Nacional, así como de candidatos gubernamentales en pueblos de Guipúzcoa y Navarra. Los sabotajes pudieron afectar a las decisiones de retraimiento de Melquíades Álvarez y de la DRV, pero por las circunstancias en las que se tomaron, pudo pesar también la experiencia republicana de boicot a la convocatoria electoral de Berenguer apenas seis meses antes[120].

Tales sabotajes contribuyeron a la creación de un clima de incertidumbre sobre la celebración de las elecciones, del que formaron parte las llamadas telefónicas para advertir de asaltos a los conventos, la rebelión gallega contra el Gobierno por el cese de la construcción del ferrocarril en la región, el anuncio de retraimiento electoral de algunas formaciones derechistas en diferentes provincias, las críticas de la prensa monárquica a la falta de autoridad del Gobierno para impedir las actuaciones violentas de sus partidos asociados, y los rumores sobre intrigas monárquicas y de republicanos intransigentes. En este último caso, destaca el confuso «complot de Tablada» en los últimos días de la campaña, protagonizado por Maura, Sanjurjo, Franco y Vallina, que el primero denunció como el intento de asalto de Sevilla por campesinos anarquistas dirigidos por Vallina y el lanzamiento aéreo de bombas sobre la ciudad, frustrado primero por el director de la Guardia Civil y por la inoportuna rotura accidental de una pierna de Franco. Si existió tal organización y propósito, Maura la abortó; si las actuaciones de los candidatos representantes de la República intransigente solo se dirigían a ganar votos, Maura consiguió desalojar a Ramón Franco de la escena política y privarle de un recurso, la dirección de la aviación republicana, para sus aventuras personales y políticas. A pesar de todos estos conflictos, algunos de ellos para ser filmados en Hollywood, la campaña electoral trascurrió sin excesivos enfrentamientos con víctimas, concentrados en su mayoría en el día de las votaciones, por la colisión entre seguidores de diferentes candidaturas y la intervención de la Guardia Civil, con resultado de una docena de muertos[121].

El enfrentamiento más arduo ocurrió entre opciones rivales por la búsqueda de votos. A pesar de no confiar en la neutralidad del Gobierno en las elecciones, la recién creada Acción Nacional, dirigida por Ángel Herrera desde El Debate y la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y protegida por los Metropolitanos españoles, no presentó candidatos en todos los distritos, al decidirlo así en algunas provincias, sobre todo para no competir con opciones ya organizadas como el Bloque Agrario de Salamanca. Abc, que había publicado la declaración de retraimiento de los seguidores del exrey justificado por la ausencia de garantías para intervenir en la campaña, solicitó el voto para la Acción Nacional, sin duda, por afinidad política. Aunque el nuevo partido se declaró indiferente a la forma de gobierno, en sintonía con el viraje del Zentrum en la revolución alemana de 1918, sus dirigentes y candidatos habían defendido la monarquía en las elecciones del 12 de abril, aprovecharon la infraestructura creada por las opciones monárquicas en aquellos comicios y cobijaron su participación en una alianza política dentro de la legalidad y de carácter circunstancial, para abrazar todos los objetivos programáticos defendidos con anterioridad, junto con el silencio sobre la monarquía[122].

Los partidos ligados al Gobierno Provisional elaboraron las candidaturas de forma diversa, a pesar del acuerdo del Consejo de Ministros para mantener la coalición electoral. El PSOE, por ejemplo, permitió que sus direcciones provinciales conformaran sus propios pactos y candidaturas. Lerroux, en cambio, fijó en persona la candidatura completa de Barcelona. Se formalizaron listas únicas de toda la conjunción en 11 casos, candidaturas únicas entre varios partidos de la conjunción en 25 distritos, y se presentaron varias listas con partidos gubernamentales en 27 demarcaciones. En general, los partidos más a la izquierda rechazaron la coalición con la DLR, como un primer aviso de su intención de realizar una labor avanzada en la Asamblea Constituyente. Pero los intereses partidistas estuvieron presentes en todas las formaciones. El Partido Radical se presentó en solitario donde auguraba copar la mayoría, y en alianza con otro grupo para frenar a un tercero. La diversidad de alianzas en las cuatro provincias gallegas mostró la distinta correlación local de fuerzas[123].

El día 28 de junio votó el 70,14 por ciento del censo rectificado de 1931, integrado por 6 200 000 hombres mayores de 23 años. Representó un aumento notable de la participación con respecto al 12 de abril, que fue en realidad de un 53,7 por ciento sobre un censo de 5 421 000 hombres mayores de 25 años, al no poder votar 1 100 000 hombres por presentarse candidato único en su distrito. La abstención más elevada en junio se produjo en algunas provincias andaluzas, con predominio anarcosindicalista y caciquil, y en Galicia, con fuerte influencia de los caciques. Las elecciones incluyeron factores de movilización política, sobre todo en las ciudades, junto con elementos añejos de patronazgo local, en las zonas menos urbanas. Los 470 escaños del Congreso se repartieron en cerca de medio centenar de grupos políticos, la mayoría de carácter local, agrupados de manera distinta por los observadores. Cerca del 90 por ciento de los diputados de la Cámara —unos 420— se relacionaba con agrupaciones asociadas al Gobierno Provisional, el resto incluía a monárquicos alfonsinos, carlistas, agrarios, católicos, republicanos independientes e intransigentes y nacionalistas vascos. Los dos partidos con mayor número de escaños fueron el Socialista y el Radical. A mucha distancia, el Radical-Socialista y la Esquerra; con la mitad de escaños que los anteriores, Acción Republicana, Derecha Liberal Republicana, la Federación Republicana Gallega y los Federales, junto con un número similar de republicanos independientes. La oposición monárquica de dos dinastías, regionalista, católica y jeltzale se compuso de cuatro decenas de diputados, en armonía hasta diciembre. La aparente enorme concentración política de la Cámara alrededor del Gobierno Provisional se fragmentaba en cuanto a la independencia de muchos diputados respecto de los partidos de ámbito nacional y de la Esquerra, y a la reciente incorporación de muchos candidatos a los partidos de la mayoría y de otras opciones, sin tener tiempo para compartir su cultura política[124].

Alcalá-Zamora se acercó pero no pudo acertar de pleno al aventurar pocos días antes de la elección que el partido más fuerte sería el Socialista, con poca diferencia con relación a la DLR, y el Radical a muy escasa distancia. Lo predijo Maura a finales de mayo: «forzosamente en el próximo Parlamento habrá una mayoría de izquierdas […] y las fuerzas extrañas al régimen no cree que pesen mucho». Los resultados electorales conformaron, en efecto, una Cámara constituyente de mayoría gubernamental y seguidora de una República avanzada, con escasa distancia numérica respecto de los partidarios de una República conservadora. Primero fue el diario monárquico Abc, después Maura y más adelante Alcalá-Zamora, los denunciantes de la falta de toda, exacta o cabal representación de la nación, el pueblo u opinión española en la Asamblea, al encontrarse ausente una parte significativa de la derecha. Los tres autores opinaron de esta manera desde el descalabro electoral de sus expectativas. A falta de una representación de la CNT acorde con su influencia social y política, los resultados electorales fueron el reflejo de la opinión pública en aquellos meses, filtrado por la disposición de las candidaturas ante el electorado. Se refrendaron resultados fundamentales de las elecciones municipales del 12 de abril, pero la oferta electoral no se presentó de la misma forma que entonces. La polarización de abril no se repitió en junio. Las preferencias republicanas o monárquicas de los electores en las elecciones legislativas se diversificaron y no fueron las únicas referencias para los votantes; la proliferación de candidaturas dispersó el voto, muchos candidatos no electos sumaron numerosas papeletas y las listas que superaron el listón del 20 por ciento compitieron por la mayoría de escaños en cada distrito. Los votantes afiliados a las organizaciones socialistas, además, fueron muy influyentes por su disciplina para no solo aupar a sus candidatos, sino también a la mayoría de los candidatos de la lista conjunta[125].

Los partidarios de una República inmóvil se presentaron a las elecciones en numerosos grupos, como parecía lógico por la desbandada monárquica tras las dictaduras y la revolución de abril. No hubo candidaturas únicas ni de arraigo, como las planteadas en el País Vasco y Navarra, donde obtuvieron las mayorías. A pesar de la fuerte financiación electoral, la presentación en una veintena de distritos y el respaldo público de Abc y la jerarquía eclesiástica, la Acción Nacional obtuvo unos resultados muy inferiores a los previstos por su máximo dirigente, Ángel Herrera que, además, no logró escaño por Madrid. Y no fue un problema de abstencionismo derechista, sino de dispersión del voto. Los dirigentes de la DLR no acertaron al enjuiciar su escaso apoyo electoral en la abstención de la derecha. La prensa de ese matiz en todas las ciudades publicó las críticas furibundas de los dirigentes católicos a Alcalá-Zamora y, sobre todo, a Maura, por su condición de católicos y haber mostrado su pasividad cuando no su complicidad, según ellos, en los incendios del 11 y 12 de mayo; y publicaron también las lisonjas de los mismos dirigentes hacia Lerroux, de quien decían no separarles nada más que su oportunismo.

El mismo Lerroux se encargó de transmitir por doquier mensajes de integración en la República de todos los credos e intereses, en plazas de toros abarrotadas de público y en los mítines de «papel», de los periódicos del día siguiente, al reproducir sus discursos durante la campaña electoral. La mayor parte del voto conservador, fuera del País Vasco y de Navarra, no se dirigió a los antiguos monárquicos ni a los republicano-católico-conservadores de la DLR, sino al Partido Radical. El Sol avisó sobre la crisis de crecimiento advertida en el partido de Lerroux, «a cuyas últimas declaraciones se acoge una parte de las derechas republicanas y aún elementos más acentuados en ese rumbo». Así lo auguró Marañón, al afirmar que la masa neutra votaría por Lerroux. Un pronóstico que no se hubiera atrevido a pronunciar si al Partido Radical le hubiera surgido un rival más poderoso durante la campaña, en forma de candidaturas presentadas por la DLR en la mayor parte de los distritos, respaldadas por la prensa católica, el Vaticano o una parte sustancial de la jerarquía, como «mal menor», con el objetivo de contar con una importante fuerza católica en las Cortes para negociar las leyes constitucionales y su desarrollo. Así ocurrió en Francia, donde la mayoría de los católicos prefirieron apoyar a los republicanos conservadores para defender sus intereses y evitar una política confesional que alentara el triunfo de políticas anticlericales. Frente al apoyo de un partido no confesional en España, la Iglesia de Roma prefirió fundar su propia organización política, desafiar con ella al Gobierno y al régimen republicano, negociar con Alcalá-Zamora —¡el presidente de la DLR!— durante el verano y el otoño, y salir derrotada en unas Cortes por ausencia de sustancial apoyo político[126].

Los seguidores de una República avanzada se congratularon de los resultados electorales al ser una muestra de capacidad civil y reconocimiento del pueblo a su trayectoria y objetivos; o mejor si cabe, ellos eran el pueblo mismo, como afirmaba El Socialista. Podían hacerse viables todas las aspiraciones por avanzadas que parecieran si nacían del pueblo. Debía llenarse el molde que era la República con un contenido democrático. Por eso anunciaron al día siguiente su prevención frente al poder acumulado por Lerroux. A pesar de ser muy críticos con la intervención de las instituciones para reducir el poder del pueblo, los partidarios de una República intransigente obtuvieron unos resultados acorde con su presencia en la población. La mitad de la media docena de escaños fue conseguida en las listas de la Esquerra en Cataluña, sin duda, para ocupar en el Congreso una posición simultánea de defensa del Gobierno de la Generalitat y de la CNT. La prensa sindicalista se congratuló de los resultados electorales en Cataluña, insinuó que sus afiliados participaron del éxito, y reconoció que esperaba de los gobernantes catalanes la protección de sus derechos. La sintonía entre los seguidores de la República intransigente y sindical con los de la República confederal en Cataluña formó parte de la estrategia electoral triunfante de los dirigentes de la Esquerra que, a su vez, sostenían un conflicto y negociaban el autogobierno con el Gobierno Provisional. El triunfo de la coalición confederal en el País Vasco y en Navarra, como en Cataluña, institucionalizó la distancia política con el resto del país y representó un desafío constitucional para el Gobierno de la República[127].

Los integrantes del gobierno habían pactado con antelación su continuidad tras las elecciones de junio, pero con los resultados electorales quedó claro que su composición no representaba con exactitud las preferencias del electorado. La debacle de la DLR y el éxito del Partido Radical no correspondían con la influencia política de cada partido en el seno del gobierno. Romanones declaró que, si se tratara de un período de plena normalidad, debería haber al día siguiente un gobierno presidido por Lerroux. El Sol, por su parte, opinó que ese gobierno debía dirigirlo Azaña, con el apoyo dentro o fuera de los socialistas. Ningún ministro ni los partidos gubernamentales, sin embargo, cuestionaron la continuidad del Gobierno Provisional, por la necesidad de llevar a término el proceso de institucionalización y hacer frente a los peligros que rodeaban a la República en ciernes. La discrepancia entre los resultados electorales y la composición idéntica del gobierno remitía a la decisión tomada por bastantes comités locales de los partidos de iniciar con las primeras elecciones una carrera de rivalidad política entre ellos. La coherencia se hubiera situado en el polo opuesto, al decidir el mantenimiento esencial de la coalición política del 12 de abril en las elecciones de junio o, en caso contrario, exigir el cambio de correlación de fuerzas dentro del gobierno. La firmeza en la discrepancia generó conflictos, debates sobre el futuro inmediato; pero la incoherencia favoreció también la estabilidad política en el campo republicano, en convivencia con la rivalidad emprendida en el Congreso constituyente[128].

«El calor puede disolver la Asamblea», prorrumpió Crisol al inicio de la campaña electoral. Algunos ministros se preocuparon de ello. Prieto, por ejemplo, presintió la angustia de las interminables sesiones de Cortes bajo el enfermizo calor madrileño del verano. Por eso Maura sugirió San Sebastián, y desde Cádiz propusieron el Oratorio de San Felipe Neri. El Escorial ganó enteros para los días de la calima. Todo eran obstáculos, por lo que se resolvió refrigerar el Palacio del Congreso. Allí se dieron cita políticos en su mayoría con título universitario, un tercio de funcionarios civiles, muchos médicos, catedráticos y profesores, abogados, periodistas y otros profesionales, junto con sindicalistas de la UGT, todos ellos con predominio de la juventud y sin experiencia previa como diputados. No había apenas consejeros de las grandes empresas ni militares o aristócratas, aunque sí ocho religiosos junto con industriales y comerciantes. El Parlamento se había democratizado porque una oleada de pueblo lo había invadido, según los socialistas. Algunos llevaban pistola. Coincidieron casi todos en el salón de Plenos en la apertura. La fecha del 14 de julio, afirmaba El Socialista en la campaña electoral, señalará el comienzo de la revolución.

Las Cortes Constituyentes eran la Asamblea de la revolución, convocada con el objetivo de ordenarla en un régimen político distinto de los anteriores, tal como proponían los entusiastas de la República conservadora y avanzada. Los intransigentes negaron la mayor al reclamar que «las revoluciones no se hacen en las asambleas», sino por la mano directa del pueblo. El programa legislativo hasta final de año transcurrió en cien sesiones, por lo general de tarde y noche, algunas hasta el alba, con 50 votaciones nominales, requeridas sobre todo para obstruir la aprobación de las leyes, que fueron más de 90 junto con la Constitución. Hubo una queja pronunciada por las minorías, sobre el escaso número de diputados asistente por término medio a las sesiones, sin duda, debido a la necesidad de mantener el trabajo profesional fuera de Madrid. En todo caso, Ossorio y Gallardo, un personaje herido en su orgullo profesional por no ser convocado a presidir o integrar la comisión constitucional, hizo una paladina defensa del Parlamento, al tomar postura los diputados por sus convicciones políticas y no por sus relaciones personales, al trabajar más que en anteriores Cortes, y por la búsqueda de soluciones transaccionales y moderadas[129].

La primera tarea de la Asamblea consistió en otorgar la confianza al Gobierno Provisional tal y como estaba constituido tras el discurso de su presidente. Después vendría la discusión sobre la legalidad de las actas electorales, con la repetición de la circunscripción de Lugo pero no la de Salamanca, el debate sobre la elección de un presidente provisional de la República para cesar en realidad al Gobierno, la creación de una comisión de responsabilidades de la Corona y sus colaboradores que, junto con el debate constitucional, ocupó la mayor parte de las tareas del Congreso, con una sesión histórica de proceso al exrey, condenado por alta traición el 19 de noviembre, pero también con detenciones y procesamientos de antiguos ministros. Hubo discusiones dramáticas por el «complot de Tabalada», entre Franco y Maura, y por la probable ley de fugas aplicada en Sevilla durante la semana de enfrentamientos sangrientos de julio.

Ortega etiquetó a los republicanos intransigentes de la Cámara como «jabalíes», y Gil Robles despertó la atención de la prensa por la defensa de las actas de Salamanca. Alcalá-Zamora y Azaña pudieron ser los oradores más sobresalientes; eran distintos, como Joselito y Belmonte en el ruedo: con el primer orador y torero terminaba el clasicismo, con el segundo en cada arte comenzaba la etapa revolucionaria y moderna. Vinculados o no a los discursos de los dos diestros, hubo momentos de emoción republicana, como en la apertura de la Asamblea, con la reivindicación del Pacto de San Sebastián, o en el proceso al monarca; pero grandes discusiones también, con insultos y significativos boicots, como el abandono de los escaños de la mayoría de los diputados cuando el exupetista Sainz Rodríguez se disponía a intervenir. No pudieron faltar las bofetadas, entre Galarza y Niembro o de Jiménez y Esplá. Quizá se originaran en el cansancio por las sesiones permanentes o las que se prolongaban hasta la medianoche. A estas últimas nunca acudieron Romanones o Lerroux porque se acostaban a las diez. Para distraerse de las sesiones agotadoras, sus señorías hacían circular amenidades sobre su condición. Pesada fue la broma perpetrada a Marañón, al regalarle un libro sobre sus intervenciones en el Congreso con todas las páginas en blanco. Azaña dejó escrito en su diario que corría por la Cámara un chascarrillo con la equivalencia de la alianza republicana al haz, del partido socialista con la hoz, y del partido Radical-Socialista con la hez[130].

Si la mayoría de la Asamblea pertenecía a los partidos gubernamentales, estos no respaldaron de manera incondicional las iniciativas de los distintos ministros o de los partidos emparentados, sin duda, por ser en su mayoría recién llegados a la arena política o poseer programas muy similares y, por ende, para justificar su personalidad política, obligarse a resaltar un criterio propio y perspectivas diferenciadas de otros. La debilidad de estos partidos se transmitió al Gobierno Provisional, por los problemas encontrados para coordinar las políticas de sus ministros con las de sus respectivas organizaciones. Del mismo Gobierno procedió la idea de una Asamblea «ingobernable», debido a la rivalidad entre el Partido Radical y el Socialista, la heterogeneidad del Gobierno Provisional o la intransigencia ocasional del Partido Radical-Socialista. En efecto, Alcalá-Zamora responsabilizó a este partido de arrastrar con su extremismo a toda la Cámara republicana, sin tener la legitimidad para hacerlo. Es verdad que el Gobierno Provisional no impuso la composición de las comisiones, como la constitucional, integradas por una correlación de fuerzas semejantes a la de la Cámara, ni fue capaz de formalizar un proyecto de reforma agraria ni otro de Constitución para debatir en las Cortes. Resultó relevante, también, la frecuente rivalidad entre los diputados radicales y socialistas, al responder ambos de manera imprevista con sus votos a las iniciativas previas de sus rivales en la Cámara y en la prensa.

Todas estas circunstancias pudieron influir en el carácter de los textos aprobados, y deben tenerse en cuenta a la hora de cuestionar la legislación de los primeros meses de vida de las Cortes Constituyentes como una mera consecuencia de inmutables principios ideológicos planificados por sus señorías. La apreciación de ingobernabilidad del Congreso, sin embargo, pudo residir más en la forma de plantear los criterios, sin planificación previa y segura de imponerlos, que en el resultado final de las leyes, casi siempre por acuerdos amplios. Ha sido frecuente la tensión entre la Asamblea —criatura— y el Gobierno que la convocó —creador de la criatura—, al sentirse el creador superior a la criatura; pero la criatura se ha sentido superior, al estar constituida para regular las actividades de su creador. Alcalá-Zamora reiteró su esfuerzo personal para aminorar el libre albedrío de las Cortes, al asistir con asiduidad a los debates «sentado cada tarde y todas ellas, al lado de la comisión dictaminadora, cambiando con esta impresiones sobre cada enmienda comprendida en el guion», hasta el punto de poder influir en las decisiones de manera determinante. Las repetidas intervenciones del jefe del Gobierno en los plenos mudaban las ponencias y conseguían votos de apoyo donde antes se escatimaban. El Sol lo reflejó con este comentario:

Se ha repetido que el gobierno no puede, por su composición heterogénea, ser ponente. Más cuando como decimos se trata de fijar lo que llamaríamos el dogma de la República, el gobierno, por la persona de su jefe, acierta a poner a la Cámara en pie y a darle el tono adecuado. Esta cualidad del gobierno es importantísima[131].

Bien es verdad que en ocasiones el jefe del Gobierno utilizaba argumentos drásticos como el «esto es lo que hay si no quieren la crisis», y que con tanto entrometimiento pudo provocar lamentos intempestivos de algún comisionado, al denunciar la coacción de Alcalá-Zamora por su intervención siempre en último lugar. En sentido opuesto a la ingobernabilidad del Congreso debe situarse también la aplicación sistemática de la disciplina del grupo parlamentario socialista —la minoría del cemento— que votaba de manera habitual bajo la orientación de los ministros del PSOE, incluso con una leve seña de Largo Caballero desde el banco azul. Cuando estaba en España, Lerroux ejerció asimismo un papel integrador y gubernamental entre los diputados de su minoría, al imponer su criterio sobre temas sobre los que algunos miembros del partido tenían un criterio inverso. El segundo Gobierno Provisional, en fin, pudo imponer a la mayoría la candidatura de Alcalá-Zamora para la presidencia de la República, aunque se hubiera extendido el recelo contra el anterior jefe del Gobierno por la mayoría de los partidos. Además de todas estas circunstancias moderadoras de la ingobernabilidad de la Asamblea, cabe destacarse la principal, el ejercicio habitual de la política de transacción[132].

La política de transacción y de concordia

En el debate constitucional de 1869 los diputados pertenecientes a la comisión resaltaron la intención y el resultado de transacción entre los partidos liberales, al margen del republicano y de los absolutistas. Medio siglo después, transacción, decía el diccionario de la Real Academia Española, significaba «consentir en parte con lo que repugna, a fin de llegar a una concordia», objetivo este que respondía en el mismo diccionario a un «convenio entre personas que contienden o litigan». Transacción y concordia fueron palabras de uso muy frecuente en la política de 1931, como lo habían sido antes de 1923 en el campo laboral y comercial y con menor intensidad entre los partidos. Ambos términos se hicieron muy extraños en el lenguaje político durante la dictadura de Primo de Rivera, sin duda por el carácter sultánico del régimen. Concordia alcanzó la celebridad en 1927 por el libro de Cambó con ese título, y en 1930 por los esfuerzos gubernamentales por superar la «discordia» entre monárquicos, y el propósito de unión entre los republicanos para superar sus diferencias. Romanones, además, la puso en boca de todos cuando apeló a la concordia civil entre los españoles, y el 13 de abril algunos ministros plantearon un proyecto de transacción con el Comité Revolucionario. Pero con la revolución de abril y el inicio de un proceso de institucionalización de la República, la búsqueda de «fórmulas» de transacción o de concordia cobró una legitimidad añadida, con excepción de los extremos del arco político, entre los que la voluntad de transigir fue sustituida por la intransigencia con los adversarios como valor político. Para los republicanos exaltados, la transacción era opuesta al espíritu de la Revolución. Para los partidarios de la República inmóvil se hizo imposible la coincidencia en ningún tema, por ejemplo del religioso, porque «el sentido de la concordia tiene una frontera, de la cual no se puede pasar».

Transacción y concordia implicaban discrepancia, conflicto y oposición, incluso sacrificio, y acuerdo o concordato con posiciones injustas, irrazonables o falsas. Su esencia era la concesión de todas las partes. La política de transacción fue aplicada al propio Gobierno Provisional que posibilitó la ejecución de numerosas leyes y el desbloqueo de muchas crisis. Estuvo también presente en el centro de las relaciones entre la Esquerra y el Gobierno Provisional, desde la proclamación de la República catalana el 14 de abril. Fue la inspiradora de la fundación de la Acción Nacional por la diversidad ideológica de sus integrantes. Inspiró el propósito de los ministros encargados de la negociación con la jerarquía eclesiástica. La política de transacción para la concordia recorrió casi todos los caminos republicanos de la legislación, sin convertirse en un punto de partida ni en un objetivo, sino en resultado del conflicto entre iguales. La política de transacción se entendió como la opuesta a la de discordia civil, a la guerra civil. Animó el trabajo de buena parte de la mayoría republicana para culminar el cuerpo legislativo esencial de las Cortes Constituyentes en 1931, incluida la Constitución. Alcalá-Zamora afirmó que la Asamblea había demostrado que sabía transigir. De los Ríos destacó en la Cámara que la Carta Magna debía ser transaccional, porque la revolución era hija de todos; que permitiera gobernar a todos los republicanos, como advirtiera Azaña. Convenía que fuera hija de la coincidencia, de la colaboración, del espíritu transaccional de todos los partidos, en opinión de Martínez Barrio. Y otra manera de advertir lo mismo fue la de Crisol, al fundamentar el espíritu de la transacción necesario para elaborar la Constitución en el «movimiento» del 12 de abril, es decir, nacional[133].

El Gobierno Provisional nombró el 14 de mayo de 1931 la Comisión Jurídica Asesora, presidida por Ángel Ossorio y Gallardo, y le encargó días más tarde la elaboración de un proyecto de Constitución, que fue entregado al Gobierno el 6 de julio. Los ministros reunidos en Consejo discutieron el dictamen dos días después y con las críticas anticipadas del PSOE, además de las múltiples contribuciones y salvedades de otros ministros partidarios de la República avanzada, el Gobierno decidió no presentar el proyecto a las Cortes y que, en su lugar, se designara una comisión parlamentaria para presentar otra ponencia. Igual que ocurriera en 1977, se rechazó en 1931 la posibilidad de la presentación del proyecto de Constitución como ponencia gubernamental. Alcalá-Zamora comentó en las Cortes «aquel tópico del gobierno ponente que significaba la guía absoluta de una Cámara dócil», pero a él le hubiera parecido idóneo que un gobierno integrador de la mayoría de las tendencias republicanas despejase el camino constitucional. En su lugar, fue elegida una comisión parlamentaria, la de «los 21», presidida por el catedrático de Derecho, Jiménez Asúa, e integrada de manera proporcional por todos los grupos de la Cámara, incluidos los de oposición monárquica. La Comisión finalizó a mediados de agosto su proyecto elaborado sobre la base del anterior, pero con un cariz más avanzado. Jiménez Asúa presentó el texto en el pleno del Congreso del 27 de agosto, con el adelanto de su articulado y la justificación de algunas de sus características. No era un proyecto socialista, pero sí reconocía que era avanzado, de izquierda. Araquistáin narró en diciembre que la transigencia presidió las deliberaciones de la comisión, y el proyecto había sido obra de todos, «porque todos llevaron algo al acervo común, ya con su iniciativa, ya con su crítica, ya con su espíritu de conciliación y término medio». El tema más inexcusable para todos ellos fue la premura[134].

El debate constitucional en la Asamblea de la Revolución se enmarcó, como se recordará, en un clima de inquietud y desencanto, debido a la amenaza procedente de los diversos enemigos de la República y el ritmo desigual del proceso revolucionario. El Gobierno Provisional optó entonces por la aceleración del tiempo para promulgar la Constitución, ya que cuanto más largo se hiciera el proceso de debate mayor probabilidad existía de ser interferido y bloqueado por actores ajenos a las negociaciones en la Cámara. Primero fue acuciar a Jiménez Asúa, y este quejarse del agobio. Después, fue urgir a Besteiro la celeridad del debate. Más tarde, fue la competencia por predecir con qué rapidez finalizarían los trabajos. El diario británico Times lamentó ¡la lentitud! en la elaboración constitucional. Todos los republicanos eran conscientes de las consecuencias adversas de la dilación en el debate por los peligros de la interinidad legal y por el interés de sus adversarios en el retraso. Gil Robles, por ejemplo, insinuó que la discusión del proyecto sería larga sin poder finalizarse antes de enero, la misma opinión de Romanones. Gobierno y observadores volvieron a insistir en la necesidad de apresurar el debate para estabilizar la situación política. La urgencia del proceso desembocó en un reparto equitativo del poder de negociación: nadie podía imponer nada, solo las mayorías ocasionales. La premura influyó también en la relación entre la pasión, el interés y la razón como motivaciones de los constituyentes, con el predominio del segundo y tercero sobre el primero. La pasión, no obstante, desempeñó en ocasiones el papel de atadura liberadora. Los diputados de la mayoría vistieron de rapidez la amenaza de sus adversarios[135].

Fueron tres meses de sesiones interminables, de tarde y noche, prolongadas en algunos casos hasta la amanecida, ocupadas en debatir los diferentes artículos del proyecto presentado por la Comisión parlamentaria. Muchos de ellos concitaron conflicto y discusión intensa, desde el mismo nombre de República de «trabajadores de toda clase», el reparto de competencias entre el centro del Estado y este en Cataluña, la segunda Cámara, el sufragio femenino, la propiedad, la separación de la Iglesia y el Estado, etc. En buena parte de ellos se manifestó la incontinencia verbal de los diputados, la voluntad obstruccionista de la oposición, la rivalidad entre los partidos republicanos, el conflicto sobre la preponderancia del Gobierno, las crisis gubernamentales, así como transacciones y concordias «más o menos improvisadas» que sobrevolaron la mayoría de los artículos, incluido el 26, fruto de una fórmula transaccional, no compartida por 59 votos y por numerosas abstenciones de los radical-socialistas que, en este caso, actuaron como intransigentes. Por fin, se terminó la Constitución a finales de noviembre y fue promulgada el 9 de diciembre[136].

La Constitución de 1931 integraba en términos jurídicos tres instancias de la vida colectiva española: el Estado, el régimen político y la ciudadanía. Supuso el regreso de la primacía del Derecho en la regulación de la acción estatal, suspendida con las dictaduras, y la racionalización del poder con las características jurídicas propias de las constituciones europeas y del Derecho Constitucional y Político del período de entreguerras. Desempeñó un papel ilustrador y metodológico la aportación de las constituciones alemana de 1919 y austriaca de 1920, así como las propuestas de juristas como Hugo Preuss, Hans Kelsen, Rudolf Smend y Carl Schmitt. Los conocimientos de Adolfo Posada resultaron ser el nexo entre los trabajos de aquellos profesores y la tradición liberal española del siglo XIX. Merced a estas influencias, la Carta española incluyó novedades como la marginación de cuestiones extrañas al Derecho, entre otras la religión o la etnicidad, la igualdad de derechos ampliados al ámbito de los sociales, económicos y culturales, la limitación del derecho de propiedad, la creación de un tribunal de garantías y la aplicación de un Estado integral. Ha sido habitual considerar que la idea de Estado integral se utilizó de manera exclusiva para resolver el conflicto con la Generalitat de Cataluña y representó entonces un compromiso improvisado entre el unitarismo y el carácter federal del Estado. Aunque es cierto que constituyó una fórmula de transacción entre las posiciones de los partidos republicanos españoles y de la Esquerra, no puede obviarse que el Estado integral tenía un recorrido jurídico anterior en Europa, para servir de modelo, y una mayor amplitud de aplicación. Estado integral significaba la integración en el Estado de territorios, pero también de sectores sociales y opciones políticas. Suponía la integración de la población, en definitiva, bajo la égida del Derecho, guía renovada de acción estatal para armonizar los diferentes compartimentos estancos de carácter territorial, social o político, que impedían la agrupación dinámica de voluntades. De ahí, por ejemplo, la integración del trabajo en el Estado mediante el expresivo artículo I; por eso, la insistencia en dinamizar las opciones políticas en torno a las convocatorias electorales, las prácticas legislativas y las libertades de expresión y reunión; así también, el significado integrador de los rituales y ceremonias oficiales que enlazaban las prácticas institucionales con la participación de los ciudadanos[137].

La cuestión del Estado federal se añadió a estos principios generales. La coalición republicano-socialista se disolvió en torno a su defensa, por posturas heterogéneas en el seno del Partido Radical con la indiferencia de Lerroux, la tutela del Estado unitario por parte del PSOE, y la falta de votos de la Esquerra para imponerlo. La fórmula de transacción consistió en permitir el autogobierno de las regiones, sin compartir la soberanía, integrado en el Estado en su conjunto. La Constitución española de 1931 tenía sentido histórico por estar inmersa en la línea jurídico-política de carácter democrático en la Europa de su tiempo:

Vista desde fuera la Constitución mereció en general de una gran acogida […] su respeto por la tradición jurídica occidental y su dosis de progresismo democrático, no menos que la introducción de soluciones técnicas al uso de la modernidad, fueron aspectos resaltados por los tratadistas extranjeros que se ocuparon entonces del texto naciente, como André Guillerm en 1933, o D’Ascoli. Pero entre todos era Mirkine-Guetzevitch, sin duda, el más influyente. Esta Constitución, dice, desde el punto de vista de la técnica constitucional moderna, de esta técnica de la libertad que para nosotros es la base del derecho constitucional, representa un imponente y armonioso edificio del estado democrático. Y desde el punto de vista de esta técnica constitucional, es preciso reconocer que la nueva Constitución española es una síntesis interesante de las nuevas tendencias del derecho constitucional de posguerra […] y lo dice ya en enero de 1932 en una revista francesa[138].

Mientras se verificaba el escrutinio de los votos en la elección del presidente de la República, doscientos diputados desfilaron por delante del banco azul para que los ministros les firmaran un ejemplar de la Constitución. La prensa republicana destacaba del texto su profundo sentido innovador y democrático, en el que toda concesión a la democracia había sido efectuada con generosidad. Lerroux equiparó la Constitución a un traje nuevo, que al principio no sienta bien, pero que, en cuanto comenzaba a usarse, sentaba a la perfección. Era una Constitución flexible, combatida sin sorpresa ya antes de ser aprobada, al molestar todo movimiento perturbador de la quietud de siglos. Los partidarios de la República inmóvil llamaron a su revisión. Los seguidores de la República intransigente no se sintieron afectados por su puesta en vigor al disponer de otra ley suprema en forma de voluntad del pueblo expresada en todo momento y por otros cauces. La República confederal quedó delimitada por la transacción y concordia en los debates, de las que participó de lleno la minoría catalanista y, desde la impotencia, el PNV. Los incondicionales de la República conservadora no salieron disgustados del resultado, pero unos —los progresistas— terminaron desplazados del Gobierno Provisional por la instauración de una nueva mayoría a raíz del discurso de Azaña, y otros —los radicales y Maura—, en desplazamiento voluntario para situarse en primera línea de un futuro recambio gubernamental. Azaña encabezó desde entonces la República avanzada, victoriosa de casi todos los combates gracias a la posición relevante del PSOE. No solo se sentía identificada esta visión de la República en la Constitución promulgada, sino que formaba el primer Gobierno constitucional de la primera legislatura republicana, con el desembarazo de los conservadores. Esa fue la primera repercusión de la experiencia parlamentaria en el período constituyente. En la lucha entablada desde la revolución de abril por definir la República, la visión avanzada se hizo con el triunfo en diciembre, al lograr la transformación legal del Estado acorde con el sentido de la revolución desde las instituciones creadas, y al plantear también el desarrollo de leyes orgánicas —complementarias, se llamaban entonces— desde una mayoría de gobierno exclusiva para el porvenir inmediato[139].

Más importante aún que la victoria de la República avanzada fue el paso decisivo en la institucionalización republicana que significó la promulgación constitucional. Terminó el primer acto de la revolución, señaló Fabra Rivas, el día preciso del sexto aniversario del fallecimiento de Pablo Iglesias. Esa realidad «fútil» de tener una Constitución e instaurar un régimen, en palabras de Azaña. Aunque no se estuviese satisfecho del contenido constitucional, el 9 de diciembre se consolidaba la República, al disiparse la incertidumbre creada por aquellos años sin ley. Ese fue el principal objetivo del Gobierno Provisional y transaccional, cumplido con rapidez por la amenaza de la oposición. La no disolución ni suspensión de las Cortes y, por el contrario, la labor continuada de la acción parlamentaria del primer período constituyente, significaron el definitivo fracaso, después del resultado electoral de junio, del Plan C de la Corona. Con la derrota de los «obstáculos tradicionales», en lugar de restauración, se instauró en España una República constitucional y parlamentaria con base en la democratización de la ciudadanía. La acción parlamentaria de este período repercutió también en una nueva configuración del Gobierno Provisional, distinta de la original. Resultó una importante señal de la fragmentación política de la coalición revolucionaria, aunque no la primera. Una vez desplazado un gobierno del anterior régimen, el comienzo de la fragmentación de las coaliciones revolucionarias ha sido bastante frecuente, porque la meta fundamental de su constitución ya se había logrado, los recursos estatales suelen ser limitados y aparecen otros compromisos y objetivos. La fragmentación ha dirigido en ocasiones a enfrentamientos violentos por el poder entre antiguos aliados, como sucedió en México, Argelia, Cuba, Nicaragua o Irán[140].

Si no a esa escala tan general y dramática, la fragmentación política de la coalición en España comenzó a producir denuncias, conflictos y enfrentamientos sin violencia durante 1931 en el ámbito local. Fue el caso andaluz, al iniciarse una carrera política entre republicanos y socialistas por obtener poder local y provincial con el que conseguir una implantación mayor de sus respectivos partidos. La Comisión Ejecutiva del PSOE recibió numerosas cartas de sus agrupaciones locales con quejas de la conducta de los republicanos. Conflictos se produjeron asimismo en Valencia, entre el Partido de Sigfrido Blasco y la Derecha Liberal Republicana. Las denuncias de los socialistas se dirigieron a la DLR, pero sobre todo hacia el Partido Radical, al que acusaba de favorecer a los sindicalistas de la CNT en detrimento de la Unión. Ya fue objeto de comentario antes la división política establecida en las candidaturas para las elecciones del 28 de junio, con el distanciamiento del partido socialista y el radical-socialista respecto del partido de Alcalá-Zamora. Con el triunfo de radicales y socialistas en las elecciones, la confrontación entre los partidos subió de tono y se hizo más constante desde septiembre. Prieto denunció la corrupción de los radicales, al inculpar de forma pública a Sigfrido Blasco de tráfico de influencias. Las diferencias se trasladaron a los grupos parlamentarios en el debate constitucional, al votar ambos partidos en sentido contrario, por ejemplo, en el tema del voto femenino. Los socialistas criticaron la supuesta obstrucción radical a sus propuestas legislativas y advirtieron del significado desestabilizador de un posible gobierno Lerroux, que representaría a una monarquía de gorro frigio. Este y su partido se alejaron de la mayoría gubernamental de manera definitiva, con el descrédito del affaire Juan March, ya que los radicales Guerra del Río y Emiliano Iglesias se involucraron en un trato de favor hacia el financiero.

Al conformar Azaña el primer Gobierno constitucional, Lerroux rechazó compartir el Consejo de Ministros con los socialistas y aprovechó la ocasión para transformar a su grupo en oposición parlamentaria. A partir de entonces, y pese a sus protestas de lealtad gubernamental, el grupo radical se convirtió en un partido «de frontera» en la República recién instituida, al defender una estrategia próxima a algunos grupos fuera del régimen. En ese deslizamiento influyó la competencia entre partidos y, en concreto, la del PSOE, al empujar al Partido Radical hacia un extremo. La de este partido encarnaba la segunda defección republicana de la coalición revolucionaria que formó en abril el primer Gobierno Provisional. La primera fue la ya conocida de Alcalá-Zamora y Maura tras la aprobación del artículo 26. Fueron dos enojos personales los que ahondaron el distanciamiento. El primero dimitió porque se sintió desplazado por Azaña, al entender que el ministro de la Guerra buscaba una nueva mayoría gubernamental en su célebre discurso. Maura buscó con su dimisión ocupar un espacio conservador al margen del Gobierno, y cuando días más tarde se lo reprochó Azaña en la Cámara, el anterior ministro declaró que rompía toda relación con el Gobierno mientras lo presidiera Azaña, al que no volvería a saludar. La conversión de la DLR en el Partido Progresista no surtió el efecto esperado, entre otras razones porque Maura se desvinculó en el verano, y Alcalá-Zamora se convirtió en jefe del Estado. Los restos del Partido Liberal Demócrata de Melquíades Álvarez fueron a cobijarse en el Partido Radical. Las iniciativas por separado de Maura y Ortega y Gasset para la formación de un partido conservador no confesional se retrasaron para el futuro. La derecha republicana se diluía por arriba y por abajo, sin capacidad para rivalizar con el Partido Radical y la Acción Nacional de Ángel Herrera[141].

Con la separación del Gobierno de todos los partidarios de la República conservadora se formó el primero de carácter constitucional, ahora ya no tan heterogéneo como los dos anteriores, con el respaldo en la Cámara de una mayoría republicana de carácter avanzado, que votó la confianza el 17 de diciembre, y con «la importancia de tener la oposición» de los radicales. Parecía un Parlamento estable y formal para afrontar la discusión de las leyes orgánicas, incluido el Estatuto de Cataluña y la Reforma Agraria. En todo caso se iniciaba una etapa distinta, el segundo período constituyente, en la que gobernarían en exclusiva los partidarios de la República avanzada, aquellos que defendían que el pueblo hacía la ley a través de las instituciones y los partidos. Pero en diciembre de 1931 aquel primer Gobierno constitucional ya no podía representar a todo el pueblo, al desmarcarse de su senda el Partido Radical y la derecha republicana, sin olvidar a la CNT. La revolución popular de abril parecía haber terminado[142].

Capítulo 6. Dios salve a la República

CAPÍTULO 6

DIOS SALVE A LA REPÚBLICA

Las niñas de un colegio cantaban:

mueran, mueran los herejes,

¡afuera de la nación!

Que queremos ser esclavas

del Sagrado Corazón[143].

El dirigente nacional de la UGT, Pascual Tomás, sustentó ante los asistentes al III Congreso de la Federación Nacional del Transporte que los 18 000 federados eran ciudadanos que sentían apetencias de ciudadanía y libertad. Para recalcarlo, dirigió la mirada hacia una parte del salón de la Casa del Pueblo y señaló: «antes de chóferes sois ciudadanos, con derecho a intervenir en la vida de España». Si sobresale alguna característica de la revolución de abril fue la expresión de la ciudadanía en las elecciones municipales y en la fiesta de soberanía del 14 y 15 de abril; si se destaca algún rasgo transversal de la institucionalización de la República fue el de la democratización de la ciudadanía, es decir, una tendencia hacia la igualación e incremento de derechos para una buena parte de la población, de consulta periódica sobre el personal y las decisiones gubernamentales, y de sistemas de protección de la población frente a las actuaciones arbitrarias de los agentes estatales[144].

Al tratar el Gobierno Provisional y las Cortes Constituyentes de definir quiénes eran ciudadanos y qué prácticas sociales se reconocían como derechos de ciudadanía garantizados por el Estado, se suscitaron conflictos y abundante movilización colectiva. Las autoridades de cualquier país toman decisiones perjudiciales para determinados grupos y beneficiosas para otros, al adscribir o desvincular derechos de ciudadanía a categorías sociales, como el pueblo, el género, el origen nacional, la religión, la edad o el trabajo. Ha sido habitual, además, que las leyes asociadas al ejercicio de derechos contradigan prácticas sociales vinculadas con identidades colectivas. La experiencia habitual de privar de recursos políticos a los adversarios ha podido afectar incluso al reconocimiento de derechos. El resultado indirecto de las decisiones repercute en su implantación, ya que esta no es consecuencia de la supuesta voluntad democrática de partidos y dirigentes, ni la derogación de derechos se origina en actitudes no democráticas. No pueden entenderse las decisiones de los partidos y de los dirigentes políticos sobre la ciudadanía de manera exclusiva en términos de programas planificados de defensa de derechos, sino en función de la competencia política entre los distintos grupos. Largo Caballero le comentó a Vidarte que la razón para el rechazo de los partidos republicanos a la concesión del sufragio a partir de los 21 años residió en impedir el voto de millares de jóvenes a los socialistas. La reivindicación modelada en forma de un derecho de ciudadanía constituye también un recurso para argumentar la posición amenazada de un grupo, como ocurrió con las críticas de la jerarquía eclesiástica al decreto de libertad de cultos. Los grupos políticos reinterpretan de manera constante el alcance social y político de las categorías adscritas o desligadas a derechos y, en ocasiones, convierten una categoría en un tema de identidad colectiva de sus integrantes[145].

El propósito de la coalición revolucionaria consistió en la igualación e incremento de los derechos de ciudadanía. La asunción del ideal republicano de la comunidad política compuesta por iguales —la democracia— y la oportunidad política derivada de la revolución en cuanto al compromiso del reconocimiento de derechos a prácticas políticas y sociales a cargo de grupos aliados, constituyeron las principales razones para instituir una condición de ciudadanía, distinta de la anterior. El Estado no tendría más que ciudadanos y todos ellos debían actuar bajo leyes comunes, afirmó Azaña en un mitin electoral; el Estado no debía compartir su jurisdicción con nadie, sostuvo Melquíades Álvarez en un banquete. En la igualdad de las capacidades de los ciudadanos integrantes del pueblo residía la condición democrática de la ciudadanía para la mayoría de los republicanos. Con el fin de lograrla en plenitud debían, por un lado, derogarse las facilidades legales exclusivas de la Iglesia católica favorecedoras de la desigualdad, y por otro, ampliarse los derechos con el reconocimiento de ciertas prácticas sociales proscritas hasta entonces. En la perspectiva republicana, la igualación y aumento de los derechos debía ir en simetría con el ejercicio de la virtud cívica, esto es, del patriotismo, del servicio a la comunidad, de la disciplina social y participación política, de amor a la cultura, de ser modelo de austeridad en el gobierno, de la responsabilidad para consolidar la República, que Marcelino Domingo explicaba:

[…] ser ciudadano del siglo XX es tener estas dos responsabilidades concretas: como hombre de profesión estar en una organización y cumplir una función social, y como hombre político, estar dentro de un partido para cumplir la misión política […] pertenecemos al Partido Republicano Radical Socialista que aspira a gobernar y a que haya en la sociedad una estricta disciplina social y la disciplina política[146].

La disciplina ciudadana debía ser compatible con la implantación de la igualdad y el reconocimiento de nuevos derechos, estandarte de las relaciones entre el Estado y la población, fundadas por la República recién nacida.

Entre periodistas y dirigentes políticos se promovió en España un debate sobre la pervivencia del conflicto denominado religioso en 1931. Los republicanos de toda condición entendieron que la República no lo había creado, que constituía el problema clave de la vida social española y debía ser el primero en resolverse. La oposición a la República, en cambio, señaló que el problema religioso no había sido sentido en España por nadie hasta entonces, debido a la libertad casi absoluta para practicar cualquier culto y la ausencia de predominio del clericalismo en la política, la economía y la sociedad. Denunció por eso que en los primeros meses de la República se había inventado un fantasma. Para democratizar la condición de ciudadanía, los gobernantes republicanos se plantearon eliminar la desigualdad legal existente entre las prácticas sociales realizadas por el clero y las promovidas por otros grupos.

La naturaleza del conflicto residió en la politización de los rituales, las imágenes, los escenarios, los oficiantes y los seguidores de la Iglesia católica desde el siglo XIX. La politización provino en primera instancia de la identificación de la Iglesia y la religión católicas con la monarquía de Alfonso XIII hasta el mismo 12 de abril de 1931 y, con posterioridad, por las declaraciones en ese sentido de algunos cardenales y obispos. El hito más lejano de esa estrecha relación fue el Concordato de 1851 firmado por Isabel II y Pío IX, y décadas después, la consagración de España al Sagrado Corazón en 1919 con la presencia de Alfonso XIII; desde entonces al menos se sucedieron las manifestaciones eclesiásticas a favor del trono, incluso, en la campaña electoral de abril de 1931 y en la pastoral del cardenal Segura del 1 de mayo. La politización de la religión católica procedió también de la ocupación de un espacio político exclusivo, la derecha, un concepto distinto del área conservadora. José Sánchez Guerra reconoció su lejanía respecto de la posición de Gil Robles y no haber estado nunca muy inclinado del «lado de las derechas». El Debate expuso la distinción entre la derecha de intereses, como la de Lerroux u Ortega y Gasset, y la derecha de ideas, en el sentido ideológico, cuya representación ostentaba el diario católico[147].

La politización, sin embargo, provino sobre todo del convencimiento de la mayoría de los gobiernos y de la Iglesia acerca de que la práctica de la religión católica constituía el fundamento de la ciudadanía en España y, por ello, debía ostentar un estatus superior al de otras prácticas sociales. Las solidaridades religiosas perdieron en general su capacidad jurídica como base de diferencias cívicas durante la expansión de la ciudadanía en Europa. La incompatibilidad entre definiciones incluyentes de derechos y barreras religiosas a la participación política se convirtió en primordial con posterioridad a la Revolución Francesa. Resultó excepcional la persistencia en el siglo XX de la incorporación oficial de atributos religiosos en definiciones de ciudadanía. Israel e Irán destacaron de la mayoría de los países en la segunda mitad del siglo XX al adscribir definiciones religiosas al ejercicio de derechos y obligaciones de ciudadanía. Mientras se mantuvieron las cualidades religiosas inscritas en la ley, la igualdad de los ciudadanos permaneció alejada, al ser el principio de catolicidad excluyente de derechos civiles. Así ocurrió en Francia durante el Imperio y el «reino del orden moral» en los comienzos de la III República. De la misma manera sucedió en Portugal en las décadas de la monarquía constitucional, cuando la ley «antigua» vinculó a la monarquía con la Iglesia y la religión, a través de las leyes de ciudadanía y los símbolos compartidos. Podrían incluirse también las experiencias de algunos estados italianos antes de la unificación, pero no tras ella, o de México, con anterioridad a la revolución de 1910[148].

Y la experiencia española. En el artículo 12 de la Constitución de 1812 se estipulaba la identificación de la nación española con la religión católica; ser español era por definición ser católico y quedó establecida una ciudadanía confesional o católica, una comunidad política como parte de una comunidad de creyentes. Con el breve paréntesis del Sexenio democrático, en el que se deslindó en la Constitución de 1869 la nacionalidad española de las creencias religiosas de manera parcial, la condición católica de la ciudadanía continuó y se fortaleció durante el régimen de la Restauración. Además de la vigencia del Concordato de 1851, un compendio de disposiciones legales vinculó la religión católica con las instituciones del Estado a partir de 1876; los ritos de paso, en particular el de la muerte, resultaron un monopolio de gestión eclesiástica; se incluyó la indiferencia religiosa en el artículo 586 del Código Penal y el establecimiento de derechos específicos para el ejercicio de prácticas católicas, de los que no disfrutaban otras actividades; el clero dispuso de exenciones en el cumplimento de deberes de ciudadanía. En definitiva, disfrutaban de más derechos y contraían menores obligaciones las personas que actuaban como católicos. Y los que no se declaraban o actuaban como tales, tenían vedados o limitados algunos derechos de ciudadanía. De una manera ligera se hablaba en 1900 de dos clases de ciudadanos, según llevaran hábito o no. La Constitución de 1876 estaba pensada en católico y el mismo Cánovas aseguró que todas las leyes y los actos del Gobierno estarían infundidos de espíritu católico, como parte del acuerdo con la Iglesia por la que, a cambio de una posición de privilegio, esta procedía al reconocimiento de la restauración borbónica en el país[149].

La Constitución de 1876 recluía al ámbito privado cualquier otro culto que no fuera el católico, y las leyes restrictivas del ejercicio de ciertos derechos excluyeron las prácticas religiosas, que no requerían previa autorización, como el registro de congregaciones o las reuniones al aire libre. El aumento de las órdenes religiosas masculinas y femeninas, sin necesidad de autorización por la ley de asociaciones de 1887, resultó espectacular desde la última década del siglo XIX. Procesiones, peregrinaciones y concentraciones en la vía pública se exceptuaban de la ley de reuniones de 1880, en la que se regulaban —y con frecuencia, prohibían— manifestaciones, asambleas y romerías de carácter no religioso. El Código Penal incluyó el delito de escarnio a la religión católica por medio de imprenta, el de blasfemia y el de ofensa, al no descubrirse los hombres al paso callejero de una procesión o del viático. La estrecha relación entre el Estado y la Iglesia propició la incursión religiosa en las actividades estatales, al regular la enseñanza pública conforme a la doctrina católica —incluidos sus símbolos y el certificado de conducta católica para los maestros—, y al tolerar el aumento espectacular de los centros de enseñanza privada de carácter religioso con maestros no titulados y subvenciones estatales, en contraposición con las restricciones impuestas a las escuelas laicas. Llegarán a existir en la práctica dos tipos mayoritarios de escuelas antes de 1931, las de la Iglesia subvencionadas por el Estado, y las estatales, controladas por la Iglesia.

La consagración de instituciones locales y centrales, así como de ciudades enteras, al Sagrado Corazón con el ritual de entronización de su efigie. La ordenación de fiestas oficiales acorde con el calendario religioso, con la prohibición de apertura de los comercios y actividad industrial. La subvención pública de procesiones, congresos y otros rituales, celebrados con la presencia de autoridades civiles y militares. Y, sobre todo, el control eclesiástico casi absoluto de los ritos de paso, al insistir la Iglesia en acompañar a los españoles de la cuna al sepulcro. Por ello, la partida de bautismo, y no el certificado civil de nacimiento, se hizo obligatoria para la población en una variedad importante de beneficios; el matrimonio canónico fue el único contrato válido para los bautizados, la mayoría de los ciudadanos. El enterramiento en sagrado, el único posible en la práctica, estaba regulado en exclusiva por el clero. El Real Decreto de 1879 reconocía a la Iglesia la facultad exclusiva para declarar quiénes morían dentro de su comunión y quiénes fuera de ella, por lo que concedía y negaba la sepultura en sagrado. La Iglesia reclamaba los cadáveres de todos los bautizados, salvo excepciones. Y de esa manera eran enterrados en católico por obligación legal personas que sus familiares o amigos consideraban fuera de la religión. Los cementerios «neutros», además, escaseaban o eran cloacas llenas de basura, lugares indecorosos donde nadie deseaba ser enterrado. Se produjeron múltiples conflictos tanto por el deseo de ser enterrado en sagrado como por querer serlo fuera de la religión, en ambos casos con el rechazo del clero. Constituía una muestra más del «riego» oficial de las virtudes religiosas, completado con las exenciones laborales y fiscales, incluida la franquicia postal, para la posesión de bienes y la actividad industrial. Durante las dictaduras de los años veinte y treinta la situación de desigualdad continuó su curso, con el pleito de los cementerios vigente en marzo de 1931, acaso con más insistencia de los metropolitanos españoles para no reducir los derechos de la Iglesia y en todo caso aumentarlos, por ejemplo, con el proyecto de homologación oficial de los estudios universitarios en Deusto y El Escorial y la propuesta para que los clérigos ordenados no realizaran el servicio militar[150].

La igualación de la ciudadanía

Con anterioridad al debate del artículo 26 de la Constitución y con el estatuto de plenos poderes vigente, las iniciativas del Gobierno Provisional de la República se dirigieron desde el comienzo a eliminar determinados aspectos de la cualidad católica de la ciudadanía para cumplir con el propósito de su igualación. Para el Estado no debía haber católicos ni ateos, solo ciudadanos. Se publicaron con frecuencia críticas contra la desigualdad ciudadana en los meses posteriores a la instauración del gobierno republicano. España estaba, a juicio del moderado Melquíades Álvarez, convertida en un «cenobio». El Gobierno debía tomar medidas excepcionales para impedir que la Iglesia se impusiera a los ciudadanos, al encontrarse dominado el espíritu civil por la intrusión «fanática y feudal» de la acción católica en la vida ciudadana. Los conceptos de catolicidad y ciudadanía resultaban inconciliables por la hegemonía de una Iglesia sobreprotegida en todas las funciones sociales. El clericalismo consistía en la intromisión abusiva de las autoridades religiosas en la gobernación civil, sin vinculación alguna con la defensa de la conciencia religiosa que era un derecho natural. Los argumentos de los distintos grupos integrantes de la coalición republicana y la prensa partidaria de la revolución de abril oscilaron en torno a la variedad y alcance de las medidas, debatieron sobre la libertad o subordinación de la Iglesia al Estado y la oportunidad de un Concordato. A pesar de las discrepancias, todos los argumentos republicanos encontraron un nexo común en el convencimiento de la amenaza antirrepublicana por parte de la Iglesia católica, la igualación de la ciudadanía, consistente en la independencia de la esfera pública respecto de las prácticas religiosas, sometidas por obligación a idéntica regulación estatal que el resto de procedimientos civiles, con el respeto a la libertad de conciencia.

Las declaraciones republicanas se revistieron en ocasiones de un lenguaje de carácter religioso, con el empleo de términos como redención, cruzada, resurrección, santos laicos y mártires, calvario, Mesías o Cristo Moderno, para definir en concreto a Macià o De los Ríos. Los primeros decretos del Gobierno Provisional se dirigieron a distanciar la presencia religiosa y eclesiástica de las actividades realizadas bajo responsabilidad estatal. Las tres disposiciones más importantes fueron la de Libertad de Cultos, de 22 de mayo, en la que se prohibía a las autoridades civiles acudir como tales a las celebraciones de ninguna iglesia y se permitía el culto privado y público de cualquier culto religioso. La del 6 de mayo decretaba la voluntariedad de la asignatura de religión en la escuela estatal, con la iniciativa necesaria de los padres para impartirse, justo del modo contrario que el enunciado en el decreto Romanones de 1913 para la enseñanza del catecismo en las escuelas primarias. El decreto más postrero fue el de 9 de julio sobre la municipalización de los cementerios, con el que la Iglesia perdía el monopolio de la gestión y control de los lugares de enterramiento. De manera simultánea a la promulgación de estos decretos, el Gobierno Provisional mostró su escasa animosidad hacia las prácticas religiosas, al tolerar que autoridades delegadas acudieran a los templos católicos para mostrar su respeto, al autorizar numerosas procesiones, en ocasiones, en contra del parecer de alcaldes y gobernadores civiles, la celebración del tradicional Corpus en Toledo y en otras ciudades, junto con otras fiestas religiosas locales y nacionales, como las del Sagrado Corazón o la Virgen del Carmen de julio. No es necesario recordar que en el Gobierno Provisional y en el de la Generalitat había dos presidentes, un ministro y dos consejeros con un compromiso católico conocido[151].

La tolerancia gubernamental hacia las prácticas religiosas y los primeros decretos con relación al favor oficial hacia la Iglesia se distinguieron de los múltiples enfrentamientos surgidos en los primeros meses republicanos por la iniciativa de las autoridades locales o grupos de carácter anticlerical. No resultaba una novedad, al repetirse en menor medida las protestas populares y resoluciones concejiles ocurridas en la primera década del siglo; y tampoco suscitaba sorpresa, con la renovación de los ayuntamientos en abril y mayo y la oportunidad surgida de la neutralidad aparente de un Gobierno republicano. Las movilizaciones de protesta anticlericales se concentraron en el sabotaje de procesiones religiosas, acompañado a veces con la colisión con sus integrantes; fueron frecuentes también los altercados en los mítines católicos a partir del verano. Los desafiantes esgrimieron para justificar su actitud en unos casos la ofensa proferida en las celebraciones católicas contra sus sentimientos librepensadores y republicanos y, en otros casos, su protesta hacia el uso de los sentimientos religiosos como arma política.

Una parte de consistorios locales canceló la subvención de los gastos de las procesiones y otros actos litúrgicos en las fiestas religiosas locales, desentronizó la imagen del Sagrado Corazón en sus locales, suprimió fiestas religiosas o las suplió por otras de carácter cívico, sustituyó el rótulo de calles con motivos religiosos por otros alegóricos de la República, solicitó la expulsión de la Compañía de Jesús, a iniciativa del Ayuntamiento de Gijón de 17 de abril, o decidió derribar la tapia separadora del cementerio neutro de la localidad. Aunque se relacionaron en el tiempo y dialogaron en forma de discusión o admonición amable, tanto los sabotajes de rituales y mítines católicos como las medidas de las autoridades locales no fueron alentados por directivas emanadas del Gobierno Provisional en consonancia con los decretos promulgados, ni supusieron un salto cualitativo respecto de las acciones llevadas a cabo por similares protagonistas en la primera década del siglo XX. En aquel tiempo fue cuando sucedió la mayoría de los asaltos e incendios de edificios religiosos en diversas ciudades españolas, con mayor intensidad en Barcelona, durante la semana del 26 de julio de 1909. En este último caso se produjeron cien muertos, pero en los anteriores fue una constante también la provocación de víctimas mortales. Ya en 1931, los asaltos e intentos de destrucción de iglesias y conventos no pasaron de una veintena desde el 14 de abril, pero los días del 10 al 14 de mayo, esa cifra se multiplicó por cuatro[152].

Los desahucios

Los desahucios en los conventos, escuelas religiosas e iglesias, por medio de concentraciones, asaltos, incendios, hogueras con los enseres delante de los edificios y las colisiones de grupos e individuos aislados con la policía con resultado de diez muertos y dos centenares de heridos, se desarrollaron entre la mañana del 10 de mayo y la madrugada del día 14 en dieciséis capitales y pueblos, pertenecientes en su mayoría a las regiones andaluza y levantina, junto con Madrid. En algunas ciudades fueron asaltados también centros civiles asociados a la defensa de la monarquía, como ocurrió en Madrid el día 10, en los enfrentamientos divulgados con rapidez por toda España. La tensa tranquilidad, la circulación de rumores por la prensa y en los cafés, junto con el abandono por sus moradores de numerosos conventos ante los que se estacionaba el público, fueron las características dominantes en el resto del país. Ninguna organización política o sindical con simpatías anticlericales se hizo responsable de las movilizaciones, porque entre otras razones ninguna disponía de suficientes recursos para coordinar una actuación en diferentes provincias. Los desahucios tuvieron un desarrollo local, sin coordinación, promovidos de manera desigual, al difundirse los enfrentamientos entre monárquicos y republicanos en la mañana del domingo día 10 y los incendios de la mañana del lunes en Madrid. La filiación de los detenidos y las declaraciones en la prensa muestran la participación de partidarios de la República intransigente, junto con chiquillos y delincuentes, en las acciones más violentas, y de la población en general, como participantes pasivos y testigos directos, porque, como comentó Josep Pla, una parte de los madrileños contempló el espectáculo comiendo churros y buñuelos. Para incitar al enfrentamiento —como en Sevilla— y provocar alarma, con llamadas a los conventos para infundir pánico, actuaron también partidarios de la restauración monárquica. Lo que parece cierto fue el protagonismo inicial de intransigentes republicanos en Madrid, con Rada y Franco, junto con ateneístas exaltados. Un camarada de Franco afirmó con posterioridad que los jóvenes incendiarios procedían del campo de aviación de Getafe, enviados por el comandante, armados de botellas llenas de bencina. El propósito político de todo el abanico de extremistas fue desacreditar al Gobierno Provisional, en particular a sus ministros católicos, y empujarlo hacia la formulación de una República intransigente, en forma de dictadura, beligerante en grado extremo con los monárquicos y la Iglesia[153].

Las autoridades locales, provinciales y centrales desempeñaron un papel desigual en los enfrentamientos. Algunas de ellas utilizaron todos los recursos a su alcance para prevenir o reprimir los asaltos. Otras actuaron de manera insuficiente o no dispusieron de la fuerza policial o militar necesaria, por discrepancias o falta de coordinación. En todos los casos, sin embargo, fue notoria la escasez de policías y militares para proteger los edificios religiosos y civiles, y las diversas respuestas de las autoridades militares en auxilio del gobernador civil. El estado de guerra llegó a ser declarado en todas las ciudades donde se produjeron asaltos y, en otras, por temor a que sucedieran. A partir de los primeros asaltos el día 11 en Madrid, el Gobierno Provisional decidió actuar con contundencia, por medio de la Guardia Civil y del Ejército regular. El diario conservador Ahora resaltó que «al fin se dio la sensación de que en España se gobierna». La mayoría de los ministros no advirtió hasta entonces el alcance de las movilizaciones madrileñas y se mostró remisa a recurrir a la Guardia Civil para impedir los asaltos y provocar víctimas entre los desafiantes. Una situación similar había sucedido en Málaga en la noche del 14 de abril, cuando la Guardia Civil tardó dos horas en acercarse a la sede asaltada del diario La Unión Mercantil, en el tránsito de autoridades provocado por la revolución. El Gobierno Provisional había aterrizado en el poder menos de un mes antes de los asaltos de mayo; carecía, por tanto, de la experiencia y efectividad en el control de los resortes de la coerción, al no haber dispuesto del tiempo necesario para crear y transmitir su propio protocolo de control policial de la protesta; dudaba, al mismo tiempo, de la lealtad y eficiencia de la Guardia Civil, y prefería el mantenimiento del mando civil al uso extremo del Ejército regular. En aquellas horas de rebelión, los ministros tuvieron presente la imagen de los enfrentamientos durante la monarquía constitucional, con intervenciones armadas violentas de los cuerpos policiales y militares. Las discrepancias entre los ministros sobre el uso de la fuerza contra el «pueblo», además, intervinieron en la indecisión de las primeras horas. De la misma manera a lo ocurrido en Barcelona en julio de 1909, con la división de opiniones y la rivalidad entre el ministro De la Cierva y el gobernador civil, Ossorio y Gallardo. Aunque en aquella ocasión fue todavía más influyente la inhibición deliberada del capitán general, Santiago, la falta de coordinación con las autoridades de Madrid y la escasez de fuerzas militares en la Ciudad Condal. Con todo, la «Semana Trágica» dejó cien muertos. Tan solo diez en mayo. Una cifra pequeña, que llevó a un gobernador civil a preguntar ¿dónde se encontraba el fracaso; en dejar que se matara gente o en quemar conventos? La prensa partidaria de las Repúblicas avanzada e intransigente interpretó los asaltos como un aviso del pueblo soberano al Gobierno Provisional sobre su rechazo a una monarquía de gorro frigio, a una República inmóvil fiada al legalismo, insensible ante la exigencia de responsabilidades del anterior régimen. Había empezado todo con la suavidad del cambio de Gobierno y, como consecuencia, creció el engreimiento de los monárquicos. Los asaltos se entendieron desde esta perspectiva como una respuesta a iniciativas monárquicas relacionadas con el Plan C de la Corona. Fueron asaltados edificios de la Iglesia por ser aliada de la monarquía; una alianza actualizada por la gratitud y elogio del cardenal Segura al rey en su pastoral publicada el 7 de mayo.

Los enfrentamientos de ese mes influyeron en la política del Gobierno Provisional en doble dirección: dispuso medidas inmediatas que satisficieron a los republicanos avanzados, a la vez que aceleró su programa de convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, e impuso que los intentos de desahucio en conventos e iglesias no tuvieran efecto, al ordenar a los gobernadores civiles que permitieran el regreso de sus moradores. A pesar de eso, la prensa monárquica y católica —suspendida por el Gobierno en algún caso, por unos días— responsabilizó a este, por acción u omisión, de los asaltos, y los vinculó con la misma intención a los decretos «antirreligiosos» del Gobierno Provisional[154].

Había sido una semana santa al revés, en otra primavera. ¿Qué diferencia había entre sacar en procesión la imagen del Sagrado Corazón e incendiarla?, se preguntó el protagonista de una novela. La respuesta facilitada hace años por Manuel Delgado resulta oportuna: «El paso de la veneración a la profanación era fácil y no requería coartadas». Los asaltos, incendios y hogueras de edificios y enseres religiosos constituyeron un ritual punitivo anidado en una cultura de enfrentamiento que venía de lejos, con su carácter local, rígido y violento, con tintes carnavalescos, paródicos, añadidos en Málaga. A través de un juicio sumarísimo —auto de fe—, consistente en la destrucción por el fuego de objetos de la Iglesia, se sustituía a la autoridad con el fin de sancionar a la Iglesia, algunas órdenes religiosas sobre todo, por pretender encarnar la comunidad, con la gestión en exclusiva de los rituales de paso, su dominio de la geografía urbana, el poder de educar la infancia e invocar la representación de lo sagrado en oposición al Pueblo-República. Los asaltos y las hogueras respondieron también a los cánones de una cultura de enfrentamiento menos establecida y más reciente, que respondía a oportunidades procedentes del cambio político, como la revolución de abril y su capa borrosa de incertidumbre, además de la vulnerabilidad de las autoridades republicanas frente a desafíos desconocidos para ellas, en todo caso, sin experiencia previa para el control de la actuación del pueblo en la calle.

No solo castigaron a las órdenes religiosas con el fuego, los incendiarios indicaron al Gobierno la necesidad de la política de desahucios, su incompatibilidad con los ministros católicos, y la denuncia de la deriva conservadora o inmóvil, con la complicidad de los republicanos nuevos. Si obtenían sus propósitos, los republicanos intransigentes, incluidos los libertarios, solventaban una situación previa de amenaza a su propia supervivencia y les permitiría repetir el desafío en un futuro próximo. Pobres fueron, sin embargo, los beneficios. En lugar de radicalización republicana, se produjo la aceleración de las elecciones y la continuidad del Gobierno, como recordó Marcelino Domingo; en lugar de desahucios, amparo de reintegraciones. La única repercusión relevante consistió en proporcionar armamento retórico a la derecha para justificar su ya iniciada andadura en solitario sin el concurso de los republicanos católicos. Estos quedaron maltrechos en tierra de nadie en su afán de construir una República conservadora. El victimismo católico, además, redujo las posibilidades monárquicas de alcanzar una presencia política legal e independiente en el proceso político y cubrir bajo el manto realista a toda la oposición republicana; a partir de entonces, dependieron de la católica Acción Nacional y de las conspiraciones militares. A los enfrentamientos de mayo suele arrogarse la pérdida de credibilidad de la República y la defección de los católicos. Juan Manuel Barrios lleva razón al advertir la posición de resistencia tenaz inicial de la Iglesia y su mera continuación tras los enfrentamientos, sin que pueda revelarse un punto de inflexión. Aquellos días de mayo no resultaron ser un acontecimiento transformador[155].

Una noche oscura

Los medios de comunicación católicos realizaron un diagnóstico completo de la situación de la Iglesia, al componer un estado de cosas adverso integrado por los decretos, anuncios y medidas gubernamentales, junto con los enfrentamientos de mayo, el proyecto de Constitución de la Comisión Asesora y otros acontecimientos. Ante la amenaza de pérdida del reconocimiento oficial de la condición católica de la ciudadanía, la respuesta eclesiástica consistió en un despliegue público, colectivo y conflictivo de reclamaciones presentadas como derechos de la Iglesia y de los católicos escarnecidos por el Gobierno Provisional de la República. Incluyó la definición de la amenaza como persecución de las autoridades, la formación de una plataforma electoral auspiciada por el Vaticano y el impulso a una movilización de los seguidores de la Iglesia a través de la activación de las múltiples redes católicas existentes en España, su presencia masiva en los rituales litúrgicos y la elaboración de peticiones dirigidas a los poderes públicos respaldadas con miles de firmas.

Las instrucciones de Roma ante la desaparición de la monarquía fueron trasladadas el 24 de abril a los obispos españoles por el nuncio Tedeschini. Se requería de la jerarquía y de sus fieles la disposición a respetar los poderes constituidos. Algunos obispos y el nuncio visitaron a las nuevas autoridades, pero en nada se parecía a la bienvenida dispensada a Primo de Rivera en 1923. Al contrario, la depresión de los espíritus de la jerarquía en 1931 se tradujo en las pastorales de finales de abril y principios de mayo, y en la correspondencia privada. El cardenal Segura, en particular, se lamentó ante Vidal y Barraquer, por sufrir «nuestra» patria «un rudo golpe» el 14 de abril. En esa fecha se iniciaba una «noche oscura» con «este rayo de tiniebla». No era de la misma impresión el manifiesto de diversas entidades católicas de Cataluña, que concluía de forma positiva al indicar el nacimiento de la República sin guerra civil, y ser menester corear un «Dios guarde a la República».

Fue el contenido de la pastoral de Segura, publicada el 7 de mayo, sin embargo, la referencia inicial y fundamental para diagnosticar la situación vivida por la Iglesia católica en España en aquellos meses. Se incluirán nuevos argumentos concretos a partir de entonces, pero el lenguaje utilizado por todos no será distinto. Cuando se redactó aún no habían ocurrido los enfrentamientos de mayo, ni el Gobierno había promulgado el decreto sobre libertad de cultos, ni la Comisión Jurídica Asesora había elaborado el primer proyecto de Constitución. Segura se refería en la pastoral a unas disposiciones recientes y otras más graves que se anunciaban; calificaba de falta de respeto, daño, no reconocimiento y reducción a lo que entendía el cardenal como derechos de Dios —«que otorgó a la Iglesia su divino fundador»—, de sus hijos, los católicos «en una nación donde la casi totalidad de la población profesa la religión católica»; pedía a las mujeres el inicio de una cruzada de oraciones y de sacrificios para impetrar al cielo; consideraba justificado intervenir en política, para lo que requería a los católicos su negativa a toda cooperación con leyes contrarias, y una actuación unitaria, en apretada falange, con la presentación de candidatos para la defensa de los derechos de la Iglesia con independencia de su adscripción monárquica o republicana. En el comentario de la pastoral, Abc resaltaba la «campaña antirreligiosa» en ciernes, «de odio y persecución» contra el catolicismo, disfrazada de neutralidad del Estado. Eran el mismo lenguaje y argumentos repetidos desde entonces en declaraciones episcopales, escritos dirigidos a las instituciones, artículos periodísticos y soflamas vertidas en los mítines[156].

El favor oficial del Estado a las prácticas religiosas y la presencia de estas, junto con sus oficiantes, en instituciones y ceremonias estatales, fueron definidos como derechos de Dios, de la Iglesia. Los católicos eran primero hijos de la Iglesia y ciudadanos del reino de Cristo y, después, ciudadanos españoles. Los niños y las mujeres casadas eran hijos de sus padres católicos y esposas de sus maridos católicos antes que potenciales ciudadanos y ciudadanas. Los derechos de la Iglesia, sin embargo, pasaron en el discurso eclesiástico a ser primero derechos de ciudadanía de Dios, y de manera definitiva, de ciudadanía en solitario, para incorporar el significado de las demandas católicas en la oleada de reclamaciones de derechos para otras prácticas sociales y políticas a cargo de otros grupos en el período constituyente republicano. Las prácticas católicas constituían derechos de ciudadanía, al ser católica la mayoría de españoles por estar bautizados. La nación era católica y el Estado no podía ser laico, cuando, además, la soberanía procedía de Dios en exclusiva y las libertades modernas por el contrario, procedían de «la cenagosa fuente de la reforma protestante». Y al privar a los españoles de determinados derechos por el título de la religión, se realizaba, como en México algunos años atrás, una persecución contra ellos. Todos los que desearan vivir en la virtud, recordó Vidal y Barraquer el 14 de mayo, la afirmación de Cristo, «han de padecer persecución».

Ya comenté en el capítulo 2 el significado de este término en aquellos años, la profusión de su uso por todos los grupos del espacio político, y su aplicación a cualquier decisión gubernamental que insistiera en limitar, contrariar o perjudicar la actuación de aquellos. Ha sido habitual entre los estudiosos partidarios de la Iglesia católica resaltar que la persecución había sido un fenómeno religioso en exclusiva, e hilvanar como una única experiencia la denunciada por la jerarquía en 1931 y la de la guerra de 1936. Desde esa perspectiva, persecución religiosa —que ya fue usada con ese nombre a principios de siglo— consistiría tanto en la llegada de Canalejas a un ministerio, la libertad de cultos, suspender por quince días un periódico católico o hacer voluntaria la asignatura de religión en la escuela primaria, como los incendios de conventos y la matanza de siete mil religiosos. De manera similar ha ocurrido con términos como mártir o exterminio. El primero fue utilizado por el clero para referirse a los miembros de las órdenes religiosas, en especial la de los jesuitas; el segundo, por estos mismos tanto en 1931 como en la primera década del siglo, para definir la intención de la Cámara de los Diputados de disolver la Compañía, como de un Gobierno liberal de la Restauración con su política de control estatal de las órdenes religiosas. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto, la palabra exterminio adquirió de manera generalizada un significado distinto al más extendido hasta entonces, cuando consistía en destierro, expulsión. Persecución, martirio y exterminio fueron términos utilizados por la Iglesia católica en 1931 para fundamentar la amenaza y el perjuicio ocasionados por la política de neutralidad estatal, las decisiones contrarias de algunas autoridades locales y los enfrentamientos anticlericales de mayo. Ese lenguaje apareció en las declaraciones públicas de la jerarquía, pero también en las movilizaciones de sus seguidores[157].

La acción colectiva desplegada por los católicos consistió en la activación de viejas y nuevas redes sociales, su participación en los rituales tradicionales politizados por la incertidumbre sobre la acción del Gobierno y la recogida de firmas para secundar muchas peticiones dirigidas a los gobernantes. Tras las pastorales de los obispos y la del cardenal Segura, la presencia de los católicos se intensificó de manera progresiva. Clérigos y seglares, sobre todo mujeres, iniciaron una campaña en defensa de la Iglesia que llamaron cruzada, con la iniciativa de Roma y del cardenal Segura a principios de mayo. Esta cruzada vio sus primeros frutos en la oleada de peticiones iniciada a finales del mes, el mitin jaimista-integrista de Pamplona el 14 de junio y la celebración del Corpus y del Sagrado Corazón, de multitud de procesiones y peregrinaciones de carácter local «este año con mucha más presencia y más caballeros», y las concentraciones alrededor del rumor de milagros y apariciones de la Virgen desde finales de abril y, sobre todo, desde principios de julio con las «visiones de Ezquioga». Con estas actuaciones, los participantes enviaban mensajes de la respetabilidad de sus iniciativas, al estar vinculadas a las prácticas religiosas ancestrales; de la unidad de reclamaciones y partícipes en torno a la Iglesia católica; del enorme respaldo social a las demandas religiosas, equiparables al apoyo electoral de un partido; y el compromiso con la defensa de la religión de sus mayores, amenazada por la República. Junto con la movilización colectiva católica, la Iglesia consideró necesaria la formación de una plataforma política para asegurar la defensa de sus intereses en las nuevas instituciones. El cardenal Pacelli debió enviar un mensaje al nuncio días después del 14 de abril en el sentido de la formación de un organismo electoral católico para la defensa exclusiva de la Iglesia, sin referirse a la forma de gobierno. El nuncio transmitió la orientación de Roma a Ángel Herrera, director de El Debate, para que organizara tal empresa. Herrera convocó el 20 de abril a una docena de agrupaciones monárquicas y católicas para convencerlas de integrar un organismo electoral según el criterio romano y no todas suscribieron el acuerdo. El propósito de Herrera consistía en la incorporación de buena parte de las antiguas fuerzas monárquicas, desde la UMN al Partido Conservador, sin los liberales, en una nueva formación, indiferente sobre la forma de gobierno, para la lucha contra el «comunismo». A pesar de la retirada del director de Abc y de los monárquicos defensores de Primo, Herrera convocó a la Asociación Católica de Propagandistas para alistar apoyos fuera de Madrid. Los integrantes de la Acción Nacional fueron todos monárquicos con amplias trayectorias políticas en defensa de la dictadura de Primo o de Alfonso XIII. El Vaticano prefirió, y Herrera obedeció, crear una formación política de plena lealtad a la jerarquía, a negociar la presentación de candidatos católicos en algunas formaciones republicanas conservadoras, como la Derecha Liberal Republicana, de quien dijo El Debate el 6 de junio que «fundamentalmente representamos lo mismo». Pacelli se refirió a la experiencia del Zentrum alemán en 1919, pero el partido alemán compitió con nacionalistas y monárquicos alemanes, y se alió a socialdemócratas y liberales. La Acción Nacional y las candidaturas cercanas no obtuvieron buenos resultados electorales el 28 de junio. No hemos ido al pueblo, le confesó el nuncio a Pacelli. En las Cortes Constituyentes dispusieron de una fuerza minúscula para oponerse o negociar con eficacia la nueva legislación[158].

El artículo 26

Lejos de encontrar las razones del articulado constitucional sobre la Iglesia en la existencia de una mayoría parlamentaria republicana que plasmó sin oposición sus principios anticlericales en votos, entre aquellos y estos se interpuso todo un proceso de conflicto y negociación lleno de interferencias por las intromisiones de diferentes protagonistas y la incertidumbre del propio proceso político constituyente. La incertidumbre pudo medirse en la trayectoria del Gobierno Provisional, de composición heterogénea y rodeada de amenazas para su estabilidad, en particular en agosto y septiembre. Las interferencias procedieron en su mayoría de los extremos del arco político, al provocar los enfrentamientos de mayo y los conflictos entre el cardenal Segura, el obispo Múgica y el Gobierno; al plantear desafíos alrededor del proyecto de Estatuto vasco y la llamada «guerra del norte», con suspensión de periódicos nacionalistas, tradicionalistas y católicos, y los contactos entre la Iglesia más integrista con los conspiradores militares y monárquicos. Alimentaron también el proceso de conflicto y negociación los decretos y anuncios gubernamentales de los dos primeros meses, el proyecto de Constitución de la Comisión Jurídica Asesora de julio, y el de la Comisión Parlamentaria, de agosto[159].

Las negociaciones más importantes iban a llevarse a cabo entre la jerarquía y el jefe del Gobierno, por un lado, y entre el Gobierno y la mayoría republicana en la Asamblea de la Revolución, por otro. Los cardenales cuidaron siempre de no aparecer en público como parte negociadora, mantuvieron en secreto las conversaciones con Alcalá-Zamora y otros ministros e informaron de manera regular de todo ello a la Secretaría de Estado romana. Se han destacado las divergencias existentes en el seno de la jerarquía, entre el integrista Segura y los posibilistas Tedeschini y Vidal y Barraquer, así como entre los diputados católicos, y de algunos de estos con Ángel Herrera. Las discrepancias no residieron desde luego en los escritos publicados de manera conjunta ni en las votaciones en el Congreso, pero sí pueden vislumbrarse dos estrategias distintas. La más extrema consistió en la indisposición con las autoridades republicanas y el rechazo frontal a cualquier modificación del statu quo anterior a la revolución de abril; la más moderada se centró en la prudencia fraterna de trato con las autoridades y en el propósito de demorar cualquier modificación sustancial del statu quo anterior, en espera de facilitar una negociación futura del Vaticano con gobiernos más favorables. Las dos estrategias se entrelazaron al convenir en el carácter coyuntural de la situación que hacía dudar sobre la oportunidad de cualquier acuerdo: «nadie ignora que hay cosas en las que la Iglesia no consiente. La Iglesia espera sin prisa».

Esta estrategia procedió de experiencias anteriores en Francia, por ejemplo, y ponía sobre la mesa el papel desempeñado por el tiempo en las negociaciones. El tiempo de la Iglesia era largo; derivaba de la conciencia de su dilatada trayectoria y de su proyectada eternidad: los regímenes y los gobiernos pasarían y la Iglesia, en cambio, iba a permanecer. El encogimiento del tiempo en la expectativa cristiana era una gracia concedida por Dios, que quería abreviar las tribulaciones de los suyos antes del fin del mundo. La rapidez de actuación del Gobierno Provisional en aquellos meses y la extrema cercanía de la fecha límite para la aprobación del texto constitucional, suponía que la República asumía el papel divino. Segura y otros obispos no lo toleraron. El nuncio prefirió ignorarlo, pero no podía acercar el tiempo retardado de la Iglesia al tiempo acelerado de las instituciones republicanas. La concesión más audaz por parte de la Iglesia consistió en la propuesta de un nuevo Concordato negociado durante años, mientras la inmediata Constitución no se interpusiese[160].

Existieron divergencias también en el seno del Gobierno Provisional y de la mayoría republicana en el Congreso, en la respuesta al conflicto clave para la transformación del Estado y la igualación de la ciudadanía. La eliminación del favor oficial a la Iglesia católica era admitida por todas las tendencias, pero la conveniencia de un nuevo Concordato, el grado de control estatal sobre las actividades religiosas, las restricciones parciales o completas para las órdenes y la celebración de rituales, fueron motivo de disputa. El proyecto constitucional de la Comisión Parlamentaria incluía un dictamen con una propuesta, entre avanzada e intransigente, de disolución de las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes, con la que no podían estar de acuerdo los partidarios de la República conservadora. Por «casualidad» fue un conservador, y católico practicante, quien asumió la interlocución del Gobierno con la jerarquía. Alcalá-Zamora y el nuncio se entrevistaron de manera esporádica desde abril y constante desde agosto, para mantener abierto un cauce de diálogo y negociación. La paradoja de estos contactos y negociaciones consistió en que se realizaron entre católicos, con un lenguaje familiar en ambas partes, entre las que era sencilla la comprensión recíproca y visible el propósito de concordia. Lerroux y De los Ríos, que asistieron también a algunas de las conversaciones, no pudieron trasmitir otros pareceres distintos, al dejar todas las puertas abiertas el primero, y al ser muy moderado, el segundo. En la versión de Vidal, el acuerdo con el jefe del Gobierno del 14 y 18 de septiembre dejaba a la Iglesia libre e intacta en la Constitución y a la espera de un Concordato futuro. A pesar de la advertencia de los ministros al cardenal sobre la aprobación por la Cámara de la disolución de los jesuitas y el divorcio vincular que la Iglesia no podía aprobar, parecía el acuerdo una transacción en la que no había sacrificio de ninguna posición. Mucho más complicado sería encontrar la fórmula de concordia entre posturas encontradas en las Cortes[161].

La política de transacción empleada por los partidos republicanos y el socialista en la aprobación de la mayoría de los artículos constitucionales permitía vislumbrar la presentación de una fórmula de concordia, como resaltaron varios diputados y ministros en octubre, que aceptaran tanto los republicanos conservadores como los partidarios de una República avanzada, con renuncias de todas las posiciones. Al debatir los artículos relativos a la religión, sin embargo, se produjeron dos interferencias, una conocida y habitual, la otra, aparatosa para sus señorías. Esta segunda se manifestó con la presión de diferentes grupos sociales y políticos sobre los diputados, en forma de peticiones, mítines, manifestaciones, reparto de octavillas, procesiones religiosas y oraciones alusivas, petardos, artículos periodísticos, rumores y bromas de mal gusto. Era la calle la que presionaba y el ambiente popular se imponía al Parlamento, según algunos diputados. Maura envió una circular a los gobernadores civiles el 10 de octubre para prevenirles de la posibilidad de repetición de la quema de conventos. Aunque sin consecuencias, el día 12 se produjo un intento de incendio en Santander. Además de la Guardia Civil, afiliados a Acción Católica protegieron las iglesias en algunas ciudades, y miembros de la Hermandad Alavesa hicieron guardia armados en las puertas de los conventos en Vitoria. La Cámara se vio invadida por un aluvión de peticiones en los días y semanas anteriores al inicio del debate sobre los artículos religiosos en ambos sentidos; destacaron por su grandiosidad los 35 volúmenes con 1 400 000 firmas de mujeres y niñas —«algunas ciegas firman con su sistema de puntos, otras que no saben escribir, impresionan sus huellas dactilares»—, recogidos en toda España con excepción de Cataluña y Navarra, donde presentaron pliegos aparte, como respaldo social al escrito en el que se exigía el mantenimiento del statu quo y un nuevo Concordato con la Santa Sede.

Sus señorías sentían la presión de la calle sobre sus decisiones, pero mayor influencia aún provino de la competencia política entre los partidos de la Cámara. La idea de Santiago Varela es que no pesaron tanto los principios de los diputados como la génesis de la toma de decisiones en el contexto de un sistema de partidos fragmentado e inexperto, en el que valía más afirmar la posición del grupo y su diferenciación con el resto. A esa idea sugerente se le puede añadir el propósito de transacción en la mayor parte de los partidos. Lejos de aceptar concesiones, la derecha vislumbró en la derrota parlamentaria una oportunidad para obtener en el futuro un estandarte de lucha inigualable; una ocasión también para arrogarse en exclusiva la representación católica del país, al marginar a los republicanos conservadores y católicos, Alcalá-Zamora y Maura, de su posición, por responsabilizarlos de la legislación contraria a los intereses de la Iglesia. De igual manera ocurrió entre la mayoría republicana, desde el momento en que el discurso de Azaña realizado para concordar con una nueva fórmula las distintas e incompatibles posiciones en conflicto, sirvió también para crear una nueva mayoría parlamentaria, sin los conservadores-católicos, arrinconados por partida doble[162].

La cuarta sesión del debate con la votación de los artículos 3 y 26 debió ser interminable, mítica y liberadora. Comenzó a las cuatro y media de la tarde del día 13 de octubre. Con el voto favorable de 267 diputados contra 41, se aprobó el primero de los artículos, por el que el Estado carecía de religión oficial. Algunos cafés y comercios madrileños cerraron y diversos grupos se concentraron en la Puerta del Sol, mientras las diferentes minorías parlamentarias reunieron a sus diputados para negociar. Intervino Azaña entonces con su célebre discurso en el que retó a los socialistas. Se celebraron más reuniones al suspenderse la sesión a las nueve de la noche. Se reanudó a las 12.10 para prolongarse hasta las 7.30 de la mañana. Producto de una fórmula de transacción, que «por no satisfacer a los extremistas de la derecha ni de izquierda, es precisamente la que conviene a la República», el artículo 26 fue un claro exponente de la victoria de nadie en términos ideológicos, pero encajado entre la República conservadora y la avanzada. La derrota, como en otros casos, se situaba en los extremos, al ser rechazado por los intransigentes de la República inmóvil y la exaltada.

Al nuevo dictamen de la Comisión constitucional le llovieron enmiendas procedentes de la derecha y la exigencia de votación nominal para cada una de ellas, con el propósito de obstruir su aprobación. Por fin, con la luz del día, 178 votos favorables contra 59, permitieron aprobar el artículo 26. La sesión se cerró con el entusiasmo enardecido de los diputados de la nueva mayoría, en medio de los atronadores aplausos y estruendosos gritos de «viva la República». Con esos dos artículos, además del 27, 43 y 48, la Constitución española plasmaba la igualación de la ciudadanía, con la eliminación de su condición católica. La Iglesia y la religión católicas, a partir de entonces, dejaban de ser favorecidas por el Estado, con los mismos derechos y obligaciones que otros cultos y prácticas no religiosas. Así lo constataba el Secretariado nacional de los Institutos religiosos el 20 de noviembre, al resaltar que el Estado dejaba de proteger con privilegio a la Iglesia, «reduciéndonos» a la situación de derecho común y ciudadano. Este podría bautizarse o no, y la partida de bautismo dejaba de ser necesaria para ser empleado estatal; podría contraer matrimonio civil o religioso y ser anulado con el divorcio vincular o por decisión de la Iglesia; podría ser enterrado en un cementerio digno con independencia de sus creencias. Junto con estas providencias enraizadas en el sentido de la revolución de abril, perteneciente a la comunidad popular en su conjunto, la Constitución instituyó también un trato discriminatorio hacia las congregaciones religiosas por la proscripción de sus actividades industriales, comerciales y educativas, y por la regulación de la existencia de las propias órdenes por una futura ley especial. Vidal y Barraquer reconoció a Pacelli, no obstante, la declaración explícita de tolerancia de la enseñanza religiosa de carácter privado. La Compañía de Jesús, además, debía ser disuelta y sus bienes nacionalizados. Pesó, sin duda, en la mayoría de los diputados republicanos el ánimo de eliminar situaciones de inmunidad, predominio y dominación, incompatibles según ellos con la libertad de acción, ejercidas por algunas congregaciones, sobre todo, en el campo de la enseñanza. Fue el mismo Alcalá-Zamora quien señaló que no bastaba una ley común para las asociaciones religiosas, para que el poder civil pudiera defenderse de la «intromisión» de las órdenes en cuanto a competencia excesiva y el acaparamiento de riqueza[163].

La mayoría de los historiadores ha valorado el articulado religioso de la Constitución como restrictivo para la Iglesia y autor de la animosidad de una buena parte de la población, por ser católica, hacia la República. Algunos historiadores han considerado, en cambio, que las leyes españolas sobre la Iglesia no fueron tan extremas. En efecto, en la valoración de radicalismo de las leyes españolas quizá no se atienda a la posición de privilegio de la Iglesia y la condición católica de la ciudadanía durante la Restauración, eliminadas en un corto espacio de tiempo. La respuesta inmediata de los grupos católicos españoles no fue tan extrema y violenta como la de los franceses frente a la Ley de Inventarios, o la de los mexicanos en la guerra Cristera y en los primeros años treinta. En el lenguaje utilizado para resistir la Constitución republicana, sin embargo, se utilizó la amenaza de la guerra civil, con el argumento de haber sido expulsados los católicos de la Constitución y dividir a los ciudadanos en dos castas. El clérigo y diputado Pildain afirmó que no les quedaba otro camino que el de la guerra civil, pero El Debate se apresuró a precisar que la guerra civil era de carácter legal, incruenta, espiritual, centrada en la persecución religiosa, y proponía la acción legal en forma de mítines revisionistas, mientras Gil Robles aconsejaba la preparación de las próximas elecciones que adivinaba cercanas. El uso del término guerra civil, en realidad, no equivalía a la lucha violenta entre dos ejércitos o bandos, sino, como en la mayoría de la anteriores ocasiones, a la denuncia de la ruptura de la comunidad política por una de las partes, debido a la pérdida de derechos de ciudadanía por la otra. De otra forma pero con el mismo sentido se refirió Pío XI en su mensaje de protesta por los artículos constitucionales sobre la Iglesia, al afirmar que amenazaban el mismo consorcio civil.

Los obispos impulsaron una campaña revisionista de la Constitución en los meses de octubre y noviembre con mítines en Ledesma, Salamanca, en la ciudad de Palencia y el previsto en Bilbao. El gobierno Azaña decidió no autorizar ninguno más, al observar el extremismo del lenguaje antirrepublicano vertido en los discursos y cuando el mitin palentino fue respondido con una huelga general y la provocación de enfrentamientos con una mujer muerta por disparos de la Guardia Civil dirigidos hacia el balcón de su casa. De manera simultánea, y también con el impulso de los obispos, la Iglesia aprovechó las festividades religiosas para movilizar a sus seguidores y convertir los rituales católicos en manifestaciones de protesta, en ocasiones, con enfrentamientos. Ese fue el caso de la festividad de Cristo Rey el 25 de octubre. En Oviedo, por ejemplo, un grupo de mujeres entonó himnos alusivos a la salida de los actos en la catedral. De una taberna cercana salieron varios hombres para increparlas con el resultado de una reyerta entre hombres de ambos lados. Al terminar, muchos de ellos regresaron a la taberna y alguien gritó en el interior «¿para quién vino Cristo?», a lo que todos contestaron «para todos vino»[164].

Ninguna de las respuestas católicas al articulado religioso podía acercarse a lo que significaba entonces una guerra civil. Azaña declaró a una agencia de noticias británica a finales de noviembre que «habían pasado ya los días en que era posible una guerra civil». El nuncio, primero y los cardenales después, visitaron a Azaña para rogarle moderación y tiempo. Azaña les aseguró que ya había pasado lo peor para la Iglesia y escribió en su diario que la jerarquía esperaba un cambio de gobierno más favorable. Maura y Alcalá-Zamora declararon en octubre que la cordura y sensatez de los gobiernos republicanos reducirían el alcance de las medidas y, en el caso concreto de la enseñanza, no podría hacerse nada hasta el curso siguiente. Azaña, el nuncio, Vidal, el futuro presidente de la República… todos ellos hablaban en el fondo de apaciguamiento y acomodación, tal y como sugirió Arboleya en 1930, al aconsejar el «apaciguamiento de los espíritus» con el cese de las intransigencias irreductibles, como había ocurrido en Francia tras la Gran Guerra, donde existía una «tranquila convivencia» de la Iglesia y la República. En países como Francia, Portugal, México y la Unión Soviética, donde se habían producido profundos cambios de legislación e, incluso, enfrentamientos muy serios y en ocasiones violentos con la Iglesia, años después se realizaron políticas de apaciguamiento por ambas partes; de acomodación, después de haberse instaurado unas relaciones entre el Estado y la población, centradas en la eliminación de la condición católica —u ortodoxa— de la ciudadanía[165].

Capítulo 7. Más derechos en conflicto

CAPÍTULO 7

MÁS DERECHOS EN CONFLICTO

Acabó ya aquello de un hombre, un voto. Ahora ocurrirá lo siguiente: un hombre soltero, un voto. Un casado en armonía con su esposa, dos votos. Un casado discrepante con su mujer, una papeleta en blanco. Un soltero simpático y mujeriego, varios votos. Mauricio Chevalier, infinidad de votos. Un confesor, muchos más votos que Chevalier. Varios confesores, un triunfo electoral[166].

El semanario socialista Vida Nueva de Zaragoza expuso tras la revolución de abril su aspiración a la consolidación del régimen, cuna de las libertades y los derechos que hasta entonces fueron negados por una monarquía absoluta y degenerada. La ampliación de los derechos ciudadanos constituyó uno de los pilares de la formación de un Estado distinto del anterior en cuanto a las relaciones con la población. Los derechos se referían a prácticas sociales y políticas, como por ejemplo, el sufragio, la disolución del matrimonio, el acceso y protección al trabajo, a la enseñanza, la representación en los centros educativos, el autogobierno de las regiones y la explotación de la tierra.

La República de las mujeres

Al terminar la votación en la Asamblea de la Revolución sobre el sufragio femenino, las señoras presentes en las tribunas prorrumpieron en vivas y aplausos y un diputado gritó «¡viva la República de las mujeres!». No hay duda de que el período constituyente de 1931 facilitó el ejercicio de nuevos derechos para las mujeres —como el sufragio y el divorcio—, pero la coalición revolucionaria no recabó de manera especial el apoyo femenino para integrarse en el proyecto republicano, ni menos aún llegó a acuerdos con asociaciones feministas para la concesión del sufragio. En el ámbito republicano-socialista, además, no había una perspectiva única sobre la oportunidad de dicho establecimiento. El proceso de adquisición del derecho al sufragio de las mujeres en 1931 no fue del todo semejante al de otros casos que afectaron a estudiantes, obreros o nacionalistas. Entre estos últimos grupos hubo una movilización pública, colectiva y conflictiva muy apreciable en 1930 y 1931, que actuó como presión para adquirir poder en un hipotético cambio de régimen. Pero en el caso feminista no se produjo una movilización o presencia similar, debido sin duda a la escasez de recursos disponibles para llamar la atención sobre el conflicto referente a la desigualdad que soportaban las mujeres con respecto a los hombres[167].

Lo que sí alarmaba a gobernantes y observadores era la profusión e intensidad de la participación de las mujeres en movilizaciones colectivas para responder a muy diferentes conflictos. Se situaban en primera línea a la hora de evitar detenciones por la policía, en la protesta contra los impuestos o por la subida de los precios de los artículos de primera necesidad. Las mujeres actuaban de manera colectiva para expulsar a un párroco o asaltaban un ayuntamiento, de la misma manera que se manifestaban por la amnistía o recolectaban firmas para presentar peticiones. Si eran trabajadoras asalariadas, se acostumbraron a realizar huelgas en 1930 y 1931, y las cigarreras de Cádiz improvisaron la huelga de brazos caídos, extendida con posterioridad en todos los ámbitos laborales. Formaron piquetes contra los esquiroles, recorrieron las fábricas para imponer el paro, pegaron palizas a otras obreras no comprometidas y colaboraron de otras formas en las huelgas de sus familiares y vecinos masculinos. Estos conflictos a los que respondían las mujeres con la movilización colectiva no se relacionaban de forma directa con la desigualdad entre hombres y mujeres, sino con solidaridades vecinales, condiciones de trabajo, gobiernos locales, incremento de precios o reparto de impuestos. Pero las mujeres sufrían en el ámbito legal una segregación social y política discriminatoria respecto de los hombres en la mayoría de las relaciones sociales, con menor severidad si se encontraban solteras o viudas; si estaban casadas, sin embargo, el Código Civil las consideraba antes esposas que ciudadanas, por su condición de absoluta dependencia respecto de sus maridos, y el Código Penal en cambio, con plenitud de responsabilidad y con mayores opciones de ser encausadas por los mismos delitos que los hombres. En el ámbito del Derecho Público las mujeres no podían votar, ser elegidas o participar en un gobierno. Era un régimen de «odiosa tiranía, que permitía la convivencia bajo el mismo techo de un señor y una esclava». Las mujeres poseían la facultad de escoger un «dueño personal, absoluto y perpetuo» y, sin embargo, no podían elegir un gobernante. Fueron limitadas las respuestas feministas, sin embargo, frente a esta situación de injusticia legal. Margarita Nelken lo confirmó en una conferencia de 1919: el feminismo latente, «eso no lo hemos tenido». Marañón sostuvo en las mismas fechas la inexistencia de una acción feminista. Los periodistas revalidaron estas impresiones en 1931, al preguntar «¿cuántas Pankhurst habrá en España? ¿Cuántas feministas con vocación para la política se han manifestado en España?, yo no creo que lleguen a dos docenas»[168].

Aunque no llamara lo suficiente la atención sobre el conflicto, sí hubo una acción colectiva de carácter feminista, sobre todo, a partir de la segunda década del siglo XX, después de promulgarse algunas reformas referentes al acceso de las mujeres a los estudios superiores y a la función pública. Comenzaron entonces a fundarse revistas y asociaciones feministas ya sin solución de continuidad hasta los años treinta. Entre todas ellas destacaron publicaciones como Mundo Femenino y agrupaciones como la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, desde 1918; la Unión de Mujeres Españolas, en 1920; el Lyceum Club en 1926. Sociedades similares se establecieron en Barcelona y Valencia. En la frontera de las reivindicaciones feministas se situaron asociaciones socialistas, nacionalistas catalanas y vascas, así como la Acción Católica de la Mujer, de 1919, que resaltaron su condición de mujeres a la vez que integrantes de una clase, una nación o de la Iglesia católica. Algunas de las dirigentes feministas llegaron a ser muy conocidas en los medios periodísticos y políticos. Se llamaron Isabel Oyarzábal, María de Maeztu, Carmen de Burgos, María Martínez Sierra (María Lejárraga), Victoria Kent, María Espinosa, Clara Campoamor, Benita Asas, Carmen Rodríguez Carballeira (Hildegart)… Aunque se dividieron por el alcance de sus reclamaciones, estas giraron en torno a la reforma de los códigos, la supresión de la prostitución legalizada, la defensa de la paz y la adquisición del sufragio. El feminismo más extendido significaba en los años veinte la reivindicación pública de la igualdad de derechos políticos y civiles. La lucha contra la inferioridad y la feminofobia incluía la reclamación del sufragio, al ser el voto dignificante para la mujer; sin él, era «doña nadie»[169].

Las principales dirigentes desarrollaron una labor de organización coordinada de asociaciones, publicación de revistas, celebración de homenajes, conferencias, reuniones, cursos y tertulias, exposición de peticiones… y poco más en quince años. Ya instaurado el Gobierno Provisional de la República continuaron sin intensificarse los actos públicos en defensa del sufragio, siempre en locales cerrados y de limitado aforo, junto con el envío de peticiones a la presidencia de la Cámara en pro del voto y del divorcio. La acción más espectacular, sin duda, corrió a cargo de las feministas catalanas, al instalar mesas conjuntas a las electorales en el referéndum sobre el Estatuto de autonomía, en las que recogieron 332 111 firmas femeninas a favor del proyecto en diez distritos. Las mujeres, sin embargo, cobraron mayor presencia política, primero en la lucha contra la dictadura de Primo de Rivera, cuando cuatro muchachas universitarias fueron encarceladas durante ocho días debido a las colisiones con la policía en junio de 1929; y después, con su protagonismo callejero en los días de la fiesta de soberanía que acabó con la monarquía. María Martínez Sierra lo recordó meses más tarde: «el 14 de abril creí rejuvenecer y me lancé a la calle». Aunque no hubiera mujeres entre los dirigentes revolucionarios, ni las organizaciones feministas protagonizaran desafíos públicos de notoriedad, desempeñaron un papel destacado en la transformación política, al abrazar la mayoría de las feministas el cambio político, y al incorporarse muchas mujeres a la participación política, con la sustitución del voto impedido por la movilización en la calle a favor de la República. Con esa evidencia, mostraron encontrarse preparadas para su emancipación civil, para lo que aún les restaba convertirse en ciudadanas[170].

Si la acción colectiva feminista española resultó limitada, muy inferior a la desplegada en otros países, no lo fue en ningún caso la presentación de oportunidades para la negociación de sus reclamaciones en 1931, con la conquista del gobierno por una coalición muy amplia de grupos republicanos y socialistas y el proceso de institucionalización de la República. En ese marco revolucionario, la atención sobre el programa feminista se vio favorecida por las iniciativas políticas del Gobierno Provisional para la democratización del régimen y la apertura del debate en las Cortes para elaborar una Constitución. Ilustra ya este ambiente favorable la reforma de la ley electoral de mayo que permitía la elegibilidad de las mujeres. Se incluyó una decena de candidatas en las listas republicanas de las elecciones del 28 de junio, pudieron divulgarse las demandas feministas en los mítines electorales, y salieron elegidas Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken como diputadas, las primeras en la historia parlamentaria española. Fueron promulgados además algunos decretos durante el año en fomento de la igualdad en el ámbito laboral, el acceso a ciertas profesiones, etc. Pero, sin duda, el debate constitucional concitó todo el interés sobre el conflicto. Para entender la pasión suscitada en la discusión y su resultado final debe mencionarse en primer lugar la convicción republicana de igualdad de todos los ciudadanos. En segundo lugar, el oportunismo de los grupos partidarios de la República inmóvil con el objetivo de recuperar el poder perdido, al esperar que los votos de las mujeres se dirigieran a las opciones más conservadoras. En tercer lugar, el uso de la tesis del riesgo, al considerarse que la implantación del voto, aunque fuera coherente con los principios defendidos de igualdad, incluía costes o consecuencias inaceptables para el futuro de la República, debido a que la mayoría de las mujeres no votarían a los partidos republicanos. En cuarto lugar, la intervención en la Cámara de una mujer diputada con una argumentación seria para defender el sufragio. En quinto lugar, la oportunidad política resultante de la competencia entre partidos, al pretender aumentar o preservar el poder institucional del que disponían, y al resaltar las diferencias entre ellos[171].

El debate constitucional sobre el sufragio femenino se extendió entre el 29 de septiembre y el 1 de diciembre, con dos de las tres votaciones muy ajustadas, la última de ellas por cuatro votos y doscientos diputados ausentes. En las tres fueron mayoría los partidarios del sufragio femenino, para ejercerse sin demora en las próximas elecciones. La mayoría de los detractores apoyaban el derecho al sufragio, pero añadían su inoportunidad para la República. Votaron siempre por el aplazamiento del voto femenino el Partido Radical, Acción Republicana y el Partido Radical-Socialista, es decir, una buena parte de los partidarios de las Repúblicas conservadora y avanzada. Los seguidores de las Repúblicas inmóvil e intransigente sumaron sus votos a favor del sufragio inmediato, y los de la República confederal individualizaron sus preferencias, aunque nacionalistas vascos y catalanes en conjunto descontaban un comportamiento electoral favorable de la población femenina de sus respectivos territorios. El debate sobre el sufragio femenino representó una de las escasas ocasiones en las que no se recurrió a la política de transacción para encontrar una fórmula de concordia. Esta podía haber consistido en el reconocimiento del derecho de sufragio junto con su aplazamiento para ejercerlo —la enmienda radical—, pero la competencia electoral entre partidos primó sobre cualquier acuerdo[172].

Hubo cuatro votos de diferencia en la última votación en contra del aplazamiento del ejercicio del sufragio hasta después de al menos dos elecciones. El resultado final fue en realidad una casualidad, al poder invertirse con solo un puñado de diputados más presentes. Eso es lo que intuyó Alcalá-Zamora, al llamar a sus amigos ausentes del salón. Se comprobó en todo caso la existencia de un rechazo significativo al sufragio integral femenino. Antes de las votaciones, se respiraba un ambiente de chirigota, sobre todo al intervenir Clara Campoamor para ofrecer su argumentación concluyente a favor del voto. La presencia de la abogada y articulista, con «un corazón femenil junto a […] una voluntad de macho», influyó de manera eficaz en el resultado final al llamar la atención en la Cámara sobre la incongruencia representada por los objetivos democráticos de la mayoría republicana y la negación a las mujeres de su participación en ellos. Campoamor era ateneísta y había estado afiliada a Acción Republicana hasta que, por no ser designada candidata para las elecciones del 28 de junio, trasladó su afiliación al Partido Radical, en el que Lerroux le ofreció un puesto por la provincia de Madrid. Elegida diputada e integrante de la Comisión Constitucional, pudo participar en el desarrollo del debate en primera fila. Aunque el partido socialista fuera favorable a las tesis de Campoamor, al presentir que muchas mujeres votarían sus candidaturas en las siguientes elecciones, se ausentaron muchos diputados de la minoría o votaron por disciplina contra su íntimo parecer. En la derecha católica y monárquica, con alguna excepción tuvo mayor peso su confianza en el apoyo femenino a la religión que su convicción sobre la desigualdad entre hombres y mujeres: «en principio, no aceptamos nosotros la concesión del voto a la mujer. Nosotros creemos que el lugar propio de la mujer, de su condición, de sus deberes, de su misión en la vida es el hogar»[173].

Algunos republicanos apoyaron el sufragio femenino como un instrumento para inclinar el régimen hacia la moderación, por su convencimiento de los rasgos biológicos femeninos conservadores. Con el empleo de la tesis del riesgo, el resto de diputados aseguraba que en la República niña no debían votar las mujeres por no ser el de entonces momento oportuno. Una minoría de republicanos estaba persuadida de la idoneidad del reconocimiento del derecho al voto; la mayoría de ellos, sin embargo, fundaban su prevención no solo en la inoportunidad, sino en concepciones de más largo recorrido, al entender que las mujeres en general carecían de la capacidad política y la emancipación espiritual necesarias, como se difundió en Europa desde el último tercio del siglo XIX por tres razones: «marimachismo», histerismo y clericalismo. En la Europa y América de la segunda década del siglo se intensificó un debate sobre la masculinización femenina, al acceder algunas mujeres a determinadas posiciones sociales reservadas hasta entonces a los hombres. Marañón, por ejemplo, sostuvo que las mujeres no eran aptas para la práctica de profesiones al margen de la enfermería y la enseñanza primaria, al predominar los rasgos masculinos, con un carácter anormal en su sexualidad, en aquellas dedicadas a otras profesiones diferentes. Se acuñó entonces el término de «marimacho» para caracterizar a las mujeres feministas, que pretendían ocupar el espacio laboral, educativo y artístico de los hombres. El feminismo español, afirmaba un periodista, no solía tener feminidad. Se hablaba de la «mujer-mujer», sin mezcla de materia varonil; Victoria Kent era «casi varonil»; Campoamor tenía «voluntad de macho», y Carmen de Burgos era «todo un hombre». Nelken apreciaba el fin del tiempo de las ociosas niñas bien, mujeres que se cobijaban en los varones de la familia, pero advertía: «mucho cuidado con el marimachismo», al no suscribir el intercambio de comportamientos públicos entre hombres y mujeres. La masculinización de las mujeres constituía en la práctica una crítica argumental contra la igualdad de oportunidades, al ampararse en las cualidades positivas de la feminidad, todas ellas relacionadas con el ámbito doméstico. La igualdad reclamada por las feministas masculinizaba a las mujeres pero, al mismo tiempo, estas eran dependientes de sus cualidades biológicas femeninas, como la menstruación, el embarazo y el histerismo. Las dos primeras limitaban el ejercicio de actividades fuera del hogar; la tercera imponía el desconcierto y la pérdida de racionalidad en las decisiones políticas; con las mujeres la esfera pública se contaminaría de histeria, mediante su traslado a las leyes e instituciones, y el contagio a los hombres: «el triunfo de las feministas produjo en la Cámara una crisis de histerismo» —podría añadirse, femenil[174].

El tercer argumento republicano contra la igualdad se centró en la predisposición clerical de las mujeres, sometidas por el efecto del confesionario,

[…] esas pequeñas garitas, colocadas en los sitios oscuros de las iglesias, son los micrófonos donde se depositan todos los misterios que conducen al clero a las arcas de muchos tesoros; […] son las ganzúas a las que no resiste ninguna puerta; las llaves que abren todas las conciencias son los nidos donde las arañas tejen su red invisible y la tienden santamente sobre sus víctimas con fría inteligencia. En esos nidos, en esas garitas se han perdido millones de mujeres, ha salido la disolución de millares de hogares y se han ensuciado las conciencias de media humanidad[175].

Era el arma más poderosa en el fajín de la Iglesia para influir en las decisiones políticas de diputados y gobiernos. Las mujeres no se encontraban capacitadas para ejercer sus derechos, por aprovecharse de ellos los partidos clericales. La aplicación inmediata del sufragio significaría, a juicio de Nelken, añadir un peso muerto de una masa igual o superior a las personas organizadas y conscientes. Entre todas las feministas no sumaban la mitad de mujeres de la cola del viernes santo ante el Cristo de Medinaceli en una iglesia de Madrid. Se mostró oportuna para revalidar este argumento la presentación en el Congreso de una petición respaldada por un millón de firmas de mujeres católicas. Era una simulación del alcance del «voto de las devotas». Se presumían en el horizonte republicano largas procesiones electorales con clérigos al frente, y en ellas las mujeres en dirección a las urnas, el escapulario en el pecho y en la mano asida la papeleta. «Pobre República», lamentaban muchos periodistas y diputados, seguidores de la República avanzada[176].

«Le debemos un culto perpetuo de gratitud», afirmaba Mundo Femenino en el lado opuesto, «porque la República nos ha elevado a la categoría excelsa de ciudadanas». La Constitución había eliminado en su artículo 25 el privilegio jurídico referido al sexo, junto con las creencias religiosas o la clase social; confirmaba en los artículos 36 y 53 el derecho al sufragio y a la elegibilidad en igualdad de condiciones; reconocía el derecho de acceso de las mujeres a los empleos y cargos de la función pública, según rezaba el artículo 40; y en el 43 fundaba en la igualdad de derechos a los participantes en el matrimonio y en su disolución.

La República del trabajo

Para las organizaciones obreras la República era la referencia en la discusión sobre la condición de los trabajadores como integrantes del pueblo y como ciudadanos. El área de la política les unía con un discurso populista integrador de sentimientos de clase y de ciudadanía. Al ser trabajadores componían la parte sustancial del pueblo, pero el orgullo de ser obrero fue inferior al de ser ciudadano antes y con posterioridad a la revolución de abril. Las fuentes de la iniquidad se encontraban en la dominación política, la monarquía tiránica o la República esclavizada; la alternativa se buscaba en la libertad de acción garantizada. La justicia entonces no podía vislumbrarse en términos de clase, sino de pueblo, y la percepción del conflicto descansaba más en lo moral que en lo económico, como el lenguaje populista proponía. La lucha debía ser contra el privilegio, de casta, de una iglesia, de una dinastía, y la clase media o burguesía parecían contemplarse como potenciales aliadas en una situación despótica, donde la exclusión incluía a distintos grupos sociales con independencia de sus recursos económicos. Los trabajadores eran también ciudadanos y además vecinos de los barrios o miembros de comunidades locales y regionales; identidades todas que rivalizaron con éxito con la hermandad obrera, aunque el trabajo se convirtiera en signo de distinción popular.

No es sencillo encontrar diferencias fundamentales en los mensajes lanzados en este debate por socialistas, anarquistas o sindicalistas, al compartir un lenguaje de trabajo y salario, integrado en el más amplio de pueblo y derechos. El discurso obrerista ensalzó al pueblo con los mismos rasgos utilizados por los dirigentes y medios republicanos; se acompañó, si acaso, de calificativos como pueblo trabajador o productor, mientras los patronos se entendían como clases productoras. La clásica terminología del socialismo romántico, asumida por los republicanos del siglo XIX, servía para integrar a los trabajadores en el pueblo. La Federación local de Sindicatos Únicos de Barcelona se dirigió al pueblo trabajador y a los hombres libres, para decirles que el sentimiento de los productores se revelaba en la cruzada por los principios de justicia, igualdad y libertad; mientras Manuel Cordero reflexionaba sobre la madurez de la «democracia obrera». La existencia de gobiernos en régimen de dictadura en 1930 y de un Gobierno republicano muy intervencionista en 1931, trasladó la iniciativa obrerista al ámbito de la política. El carácter político de la mayoría de los conflictos suscitados se observa también en declaraciones, quejas y estrategias de los patronos a lo largo de 1930 y 1931, sustentadas en la exigencia a los gobiernos de protección frente a las demandas y actitudes de las organizaciones obreras, y en la crítica a la organización corporativa de negociación respaldada y reformada por Largo Caballero. No resultó extraño entonces que a la politización de una buena parte de los conflictos, se respondiera con las denominadas «huelgas de ciudadanía», de un «marcado civismo», que indicaban un lenguaje muy abundante de derechos en la búsqueda de reconocimiento de las organizaciones y prácticas obreras por parte de los gobiernos[177].

Fue de común acuerdo en el seno de la coalición revolucionaria de agosto de 1930 la inclusión de representantes políticos de los trabajadores para el ensanche de la coalición, el recurso a la huelga general promovida por los sindicatos para la implantación de la República, y una vez instaurada esta, el compromiso de los sindicatos de no entorpecer su institucionalización. A cambio de todo ello, el Gobierno Provisional reconocería y ampliaría derechos para los trabajadores, incluido el de participar en la gobernación y facilitar el acceso de los obreros agrícolas a la explotación de la tierra. Es conocida la presencia a título personal de Indalecio Prieto en la reunión de San Sebastián, donde se formalizó la coalición revolucionaria en agosto de 1930. Los socialistas recibieron días más tarde una invitación a participar en ella, y Besteiro declinó el ofrecimiento. Casi dos meses después, en cambio, la Comisión Ejecutiva del PSOE aprobó la participación en la coalición republicana y el 19 de octubre se formalizó dicho acuerdo en casa de Alcalá-Zamora. Las propuestas socialistas para el programa social del Gobierno, redactadas por De los Ríos, fueron aceptadas de manera íntegra por los republicanos, y tres dirigentes socialistas pasaron a componer el Gobierno Provisional de la República. Los contactos de la coalición con la dirección catalana y nacional de la CNT se emprendieron en el otoño de 1930. Fue invitada a formar parte del Gobierno Provisional y a participar en el derrocamiento de la monarquía con la convocatoria de una huelga general. Los sindicalistas aceptaron la segunda propuesta a título de inteligencia y no de pacto; a título personal de sus dirigentes, pero no orgánico, al contravenir el ideario de la CNT cualquier acuerdo institucional con los partidos políticos. Al llegar la fecha de inicio de una insurrección contra la monarquía, el 15 de diciembre de 1930, la UGT no declaró la huelga general en Madrid y sí lo hizo la CNT en Barcelona. Cuando la insurrección fallida se tornó meses después en campaña electoral, los socialistas participaron en candidaturas conjuntas con los republicanos, votaron de forma generalizada por estas, y los sindicalistas confederales no solo no emprendieron una campaña por la abstención, sino que votaron en numerosas poblaciones a favor de las listas republicanas[178].

Una vez instaurado el Gobierno Provisional de la República se instaló un debate con afirmaciones sobre la consideración elevada del trabajo, de los trabajadores y sus representantes políticos y sindicales. Era una época, se decía, de proletarización acelerada y convenía estructurar la nación española a manera de colectividad del trabajo. Había que convertir a España en una sociedad de trabajadores y transformar a estos en ciudadanos. Uno de los rasgos esenciales del Estado republicano en construcción consistía en la integración de las diferentes «clases» sociales y, en concreto, de la obrera. La participación de las organizaciones obreras en el advenimiento de la República significó el ingreso de la «masa obrera» en la política y la existencia de un deber hacia la clase trabajadora. Alcalá-Zamora declaró que los republicanos tenían un compromiso de lealtad con el partido socialista en reciprocidad con su nobleza hacia los republicanos, motivo suficiente para la realización de un pacto transaccional en la implantación de la legislación social. Solo existía una religión merecedora de privilegios, y esa era la del trabajo, al que la República debía reconocimiento y protección. Fueron abundantes las declaraciones de dirigentes y periodistas en el sentido de considerar el trabajo como el principal título de ciudadanía. El trabajo cualificaba al pueblo y este era el único soberano; los trabajadores debían obtener por ello los derechos de ciudadanía en idénticas condiciones que el resto de la población y ampliados en un sentido sindical y de protección de su actividad[179].

El amplio acuerdo sobre el protagonismo político y social del trabajo facilitó que esos objetivos se plasmaran en la legislación republicana de 1931. Junto con el acuerdo, resultó fundamental la participación institucional de los socialistas, con la representación del PSOE y la UGT en el Gobierno Provisional y el buen puñado de escaños obtenidos por aquellos grupos en las Constituyentes. El reconocimiento del trabajo debía plasmarse en la ley fundamental. En la Constitución asomó el trabajo por dos rincones: el artículo 1 y el 46. El debate sobre la definición de la República se crispó al votarse una enmienda del radical-socialista Varela para añadir el calificativo «de trabajadores». Fue Araquistáin quien lo defendió, con el argumento de comprender a todo español que trabajaba, como asalariado o propietario, al recoger el ideario socialista romántico del siglo XIX. No hubo mejor definición de trabajadores que la expuesta por Solidaridad Obrera en el debate: «Para nosotros no hay más ciudadanos dignos que los productores técnicos y manuales y cuantos ejercen una profesión útil». Se acusó a la fórmula inicial, sin embargo, de soviética y con un significado exclusivo marxista de clase obrera, por lo que para concordar se añadió días después al nombre de trabajadores el pleonasmo «de toda clase». Como extensión del mismo concepto del artículo 1 de la Constitución, el 46 definía el trabajo como una obligación social con protección de las leyes para preservar su condición digna y la capacidad sindical de los trabajadores para influir en las condiciones laborales[180].

Algunas de esas leyes fueron primero decretos redactados por el dirigente de la UGT y ministro de Trabajo, Largo Caballero. Una legislación de treinta disposiciones, la mitad convertidas en ley por el Parlamento, introductora por primera vez en España del Derecho del trabajo. La legislación laboral iba dirigida a fortalecer y mejorar la posición de los sindicatos en las empresas, en las relaciones laborales y en el Estado. Orientada para consolidar, en concreto, la personalidad de la UGT en una organización corporativa de las relaciones laborales y del mercado de trabajo, con el establecimiento de los jurados mixtos en la industria y la agricultura para el arbitraje de los conflictos, el contrato de trabajo, la limitación de la jornada laboral, el censo electoral, la colocación obrera, el seguro de maternidad, etc. La nueva legislación, además, tendía a integrar a las sociedades obreras en la Administración estatal en lo que hacía referencia a su cumplimiento. El clima favorable a los trabajadores y a las reformas laborales aprobadas por el Gobierno y las Cortes desembocaron en un notable aumento del poder de negociación de los sindicatos, en términos de igualdad con los patronos, y repercutieron en mejores condiciones laborales y salariales de los obreros. A la vez, la práctica sindical de la UGT se elevó a política de Estado, en detrimento de otra opción sindical como la de la Confederación, resistente a utilizar las instituciones para resolver los conflictos y competidora de la Unión en el control del mercado de trabajo. La legislación elaborada por Largo Caballero rechazaba como ilegales estrategias sindicales y patronales disconformes. Si la UGT inspiraba la legislación social y ocupaba la administración laboral, el resultado era la ausencia de neutralidad del Estado en los conflictos de trabajo y la marginación de los organismos y las prácticas de la CNT. No solo los afectados, sino los contemporáneos en general fueron conscientes de esa dinámica de parcialidad hacia la UGT y la oposición de su enemiga tradicional, opinión a la que se respondía desde las filas socialistas con el argumento del sacrificio de la UGT por la República. El sindicato socialista vio crecer su organización en 1930 y 1931 de forma vertiginosa, en lo que contribuyó además la creación de la Federación de Trabajadores de la Tierra; sus federaciones celebraron numerosos congresos, y sus dirigentes pudieron plantear todo tipo de reclamaciones a patronos e instituciones sin necesidad de convocar huelgas y perder jornales. El resultado fue un escaso número de huelgas promovidas por la UGT en 1931, halagos republicanos, llamadas a la moderación por parte de sus dirigentes y un aluvión de nuevos afiliados de los que se temía que, con su lirismo, ignorancia y signo mesiánico, pero carentes de la educación socialista necesaria, no se decepcionaran por la táctica de comedimiento de la dirección sindical y del Gobierno. Y la alternativa de los decepcionados se encontraba enfrente[181].

«No acabamos de darnos cuenta del enorme progreso que la revolución política que acabamos de presenciar significa para las organizaciones obreras», prorrumpió Ramón J. Sender con elevado optimismo. La CNT reconoció que con «nuestro hombro hemos ayudado a subir a los actuales gobernantes», certificó el significado de ruptura de la revolución de abril, y se sintió muy halagada en Cataluña con los ofrecimientos políticos de Macià para participar en su gobierno. La Federación de Gijón declaró compartir el júbilo popular y prometía defender la República. De igual manera ocurrió en otras localidades. La CNT se sentía reconocida o esperanzada de serlo por el Gobierno, ya que había conquistado su derecho con el apoyo prestado al fin de la monarquía. No quiso, además, crear dificultades a la institucionalización de la República «y transigió porque determinados movimientos huelguísticos entraran por cauces que repugnan en medios confederales». Reconocimiento y reorganización representaron los pilares de actuación cenetista en adelante. El comité nacional afirmaba todavía el 13 de mayo la necesidad de una relación de correspondencia entre la República, compelida a reconocer sin reservas y con toda plenitud la personalidad de la Confederación, y esta para defender el régimen. La central se encontraba dispuesta a presentar incluso sus propuestas a las Cortes Constituyentes por venir[182].

A partir del 8 o el 9 de mayo y sin solución de continuidad desde el 27 de ese mes, sin embargo, comenzó a lanzarse en la CNT una crítica al modelo conservador de la República, por la actuación de Maura en la represión de las movilizaciones en Andalucía y Guipúzcoa, por los primeros decretos elaborados por Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo y el conflicto del puerto de Barcelona. La República en construcción, desde entonces, pasó en los medios confederales de ser defendida de sus enemigos monárquicos a ser concebida como representación mimética de la monarquía; una «birria» de República. La política gubernamental de integración y reconocimiento de las organizaciones obreras, con la UGT como modelo, tropezó con la estrategia de confrontación de los Sindicatos Únicos en forma de espiral acción-represión-acción.

Las prácticas sindicales de la CNT constituían una excepcionalidad en la Europa de los años treinta, en la que los sindicatos habían obtenido en diferentes regímenes políticos una representación permanente en la Administración estatal. Ha existido y continúa un debate entre historiadores sobre el enfrentamiento de la CNT con el Gobierno Provisional desde el segundo mes de su andadura. La conclusión más extendida ha sido que la parcialidad del Gobierno hacia la UGT en la regulación del mercado de trabajo recibió una respuesta activa y violenta de enfrentamiento de la parte más inflexible de la CNT, el bloqueo de la acción posibilista y la violencia confederal alimentada por la represión gubernamental. Otra perspectiva se situó en la inevitable colisión entre el ideario anarcosindicalista y la República institucionalizada, con la represión gubernamental no entendida como origen sino como consecuencia. Aunque las dos perspectivas son razonables y bien fundamentadas, pueden ser matizadas por un enfoque centrado en la influencia de los procesos políticos, la dinámica de los conflictos sociales y las repercusiones del funcionamiento de las organizaciones en los procesos y en la dinámica[183].

La desaparición de la dictadura de Primo de Rivera en 1930 y la revolución de abril en 1931 abrieron oportunidades para los Sindicatos Únicos con el objetivo de reorganizarse y plantear demandas laborales y políticas en público, después de unos cuantos años de inhabilitación y dispersión sindicales. Fue en ese contexto de apertura incierta para el sindicalismo y los gobernantes, en el que se produjeron numerosas huelgas de carácter económico y político —«moral», lo llamaban los cenetistas—, al incluir con frecuencia entre las reclamaciones el reconocimiento del sindicato. Eran las huelgas de ciudadanía de 1930 y de dignidad en los primeros meses republicanos. El aprovechamiento de la apertura de oportunidades generó una dinámica de conflicto en forma de huelgas, boicots y sabotajes, centrada en su elevado número, la desigual respuesta patronal y la intervención de las autoridades, bien a través del control policial y la suspensión de los derechos sindicales, bien con el intento de alcanzar acuerdos entre las partes. Pero en los procesos políticos y en la dinámica de los conflictos influyeron además otros factores relacionados con la formación sindical cenetista. El primero de ellos fue la desorganización inicial de la central, por la dispersión de los grupos de obreros pertenecientes a los Sindicatos Únicos con anterioridad a la dictadura y muchos de ellos en los Sindicatos Libres durante ella; por la disgregación doctrinal, con el acoso de sindicatos comunistas para imponer sus formulaciones y la indiferencia política de otros muchos integrados en el Libre; debido a la enorme descentralización estatutaria, que otorgaba la capacidad autónoma de movilización a las secciones y la solidaridad obligada de las federaciones locales.

Dispersión, disgregación, descentralización… junto con el aluvión de trabajadores recién ingresados, extraños a la estrategia confederal, que confería a la necesidad de reorganización de la CNT una prioridad absoluta. La continuidad de la Confederación del Congreso de La Comedia de 1919, en el que se aprobó el comunismo libertario como objetivo político, se encontraba amenazada. El congreso extraordinario del Conservatorio de Madrid, de mediados de junio de 1931, tuvo una trascendencia política notable al aclarar la definición comunista libertaria como finalidad político-social y el rechazo de «las acechanzas de los elementos políticos y reformistas». Con anterioridad al congreso aparecieron declaraciones críticas de dirigentes cenetistas a las excesivas huelgas promovidas por sindicalistas inexpertos, impacientes y desconocedores de la acción directa, al buscar la mediación de las autoridades políticas en el arbitraje de los conflictos. La desorganización de la CNT, en definitiva, favoreció tanto en 1930 como en 1931 la convocatoria de muchas huelgas sin garantías de triunfo, la movilización solidaria de otros sectores a escala local, su carácter ilegal, la violenta respuesta policial, la detención de sindicalistas y la suspensión de los sindicatos por los gobernadores civiles[184].

Junto con la desorganización sindical intervino de manera preferente la rivalidad interna entre inflexibles y posibilistas, que llevó incluso a ser denunciada por algunos dirigentes como una guerra civil dentro de la central. Las diferencias de criterio venían de antaño, se acrecentaron durante la dictadura y continuaron hasta las mismas elecciones de abril de 1931, en torno sobre todo a la preferencia por la actuación clandestina o legal del sindicato. A partir de la revolución de abril, los posibilistas criticaron el intrusismo de los grupos anarquistas en la organización, rechazaron las críticas de los inflexibles hacia la República y la provocación de movimientos inconexos y frecuentes perjudiciales para acciones en el futuro inmediato. En el Pleno de la FAI celebrado en Madrid a mediados de junio se acordó la realización de una acción en conjunto con la CNT, la famosa «trabazón», que impulsaría movilizaciones incesantes para realizar la revolución social de manera inmediata con el fin de radicalizar la República, entonces en manos de los «socialfascistas» de Largo Caballero y los vaticanistas monárquicos de Maura y Alcalá-Zamora.

Durante el mes de julio se inició un debate ideológico intenso en la prensa anarquista y confederal sobre la revolución, la República y el anarquismo. Poco tiempo después del Pleno de la FAI comenzaron a prodigarse los asaltos a tiendas de comestibles y hoteles a cargo de parados y los actos de sabotaje de las líneas telefónicas para apoyar el paro nacional de teléfonos. Se generalizó también «el tejer y destejer» continuo de huelgas, en bastantes ocasiones en forma de escalonamiento para desembocar en huelgas generales locales y enfrentamientos violentos con las policías, sobre todo a partir de la huelga de Sevilla iniciada el 18 de julio, en la que se produjeron durante ocho días 20 muertos, tres de ellos guardias civiles, la aplicación de la ley de fugas y el cañoneo de una taberna. En la Generalitat se constató a finales de julio que los grupos anarquistas de la FAI se habían impuesto sobre la Confederación Regional, los comités y el periódico de la organización catalana. Maura declaró días más tarde que la FAI se había apoderado de la CNT. Fue, en fin, el propio Durruti quien declaró que los anarquistas tenían en sus manos la dirección de la CNT en Cataluña y de otras muchas regiones españolas. Las huelgas generales de ámbito local, así como los sabotajes y los atracos, aumentaron en agosto para prolongarse en el otoño. La huelga general de Barcelona a principios de septiembre con 11 muertos, se inició tras una huelga de hambre de presos de la Confederación y en solidaridad con ellos. Para Maura y Companys, los enfrentamientos de esos tres días en Barcelona habían sido provocados por la FAI en su disputa interna por el control de la CNT. De manera simultánea se declaró la segunda huelga general en dos meses en Zaragoza; la de cinco días muy violentos en Granada en octubre; las repetidas del Puerto en Barcelona y de los puertos en otras ciudades costeras. A finales de septiembre los anarquistas aragoneses propusieron al Comité Nacional de la CNT la declaración de una huelga general en toda España. La propuesta se convirtió en rumor acogido por el Gobierno a mediados de octubre y reproducido a finales de ese mes; pero no volvió a hablarse más de ello en 1931. Se incrementó también el debate ideológico entre inflexibles, con Tierra y Libertad como portavoz, y los posibilistas, con Peiró, director de Solidaridad Obrera por poco tiempo[185].

Peiró, Pestaña, López, Clará, Alfarache y otros dirigentes posibilistas de la CNT publicaron el 1 de septiembre un manifiesto de denuncia de la dominación política de la FAI sobre la CNT, como si de un partido político se tratara. Reivindicaban defender la revolución realizada por el pueblo y no por minorías audaces solo partidarias de la algarada y el motín. Mes y medio después Peiró fue sustituido en la dirección de La Soli, en el mismo Congreso regional en el que los inflexibles demostraron haber obtenido el respaldo de la gran mayoría de los afiliados catalanes. Tanto los inflexibles como los posibilistas eran partidarios de una República intransigente de carácter sindical que arrojara de la esfera pública no solo a los monárquicos y a la Iglesia católica, sino también a los nuevos republicanos conservadores, y sustituir la República en construcción por otra distinta. La distancia entre las dos posiciones residió en la competencia entre diferentes estrategias revolucionarias; de reorganización y apoyo a Macià, la primera, y de confrontación armada con el Gobierno, la segunda. Las dos posiciones apostaron por el control de la Confederación, y la corriente inflexible triunfó desde el verano, al ser más coherente para la mayoría de afiliados —trabajadores no cualificados— la lucha en espiral contra la represión del Gobierno y la solidaridad con los presos, y al encontrarse en frente con la escasez de policía en las ciudades y con la incapacidad de las autoridades para reforzar acuerdos, con excepción de Macià en Cataluña. El triunfo de los inflexibles en la Confederación, sin embargo, lanzó a los sindicatos a las catacumbas, vació las arcas de los comités y de La Soli y propició la retirada de la mitad de los afiliados catalanes en diciembre.

Desde la revolución de abril el sindicalismo posibilista hegemónico en la CNT entonces hubiera podido sobrevivir algún tiempo en un clima sin rivalidad interna, enfrascado en su reorganización e implantación, con la protección del Gobierno de la Generalitat en Cataluña, la práctica de la acción directa interpretada de manera flexible, como se comprobó en la intención de dirigirse a las Cortes Constituyentes y, sobre todo, en el uso de la mediación de los gobernadores civiles en la resolución de los conflictos. Hubiera sido muy probable que esa CNT denunciara con radicalismo verbal el trato de favor oficial a la UGT y la legislación laboral de Largo Caballero, llevara a cabo una «guerra civil» con la Unión por el control del mercado de trabajo y convocara huelgas por cuestiones «morales» y económicas, de recuperación de lo perdido en las dictaduras y sin alcance revolucionario, como ocurrió en Zaragoza en los primeros meses de la República. La prioridad, sin embargo, hubiera sido siempre la reorganización sindical y la consecución de mejoras laborales para sus afiliados, a lo que se hubiera subordinado una visión esencialista o inflexible de la acción directa. Para todo eso hubiera dispuesto, además, de la colaboración entusiasta del Gobierno de la Esquerra en Cataluña, y del Partido Radical, del Federal y, con mucha probabilidad, del Radical-Socialista, en el resto de España[186].

Así pues, los objetivos de gobernar la CNT por los grupos vinculados o no a la FAI, de impedir que triunfara una República conservadora o avanzada —«socialdemócrata», apuntó García Oliver—, y de aumentar el valor de la solidaridad de los afiliados y vecinos para futuras acciones, se encuentran en el origen de la conflictividad generada por la CNT en 1931. La represión gubernamental en los enfrentamientos con la Confederación y la legislación de Largo Caballero afectaron solo de manera indirecta como amenaza a la reorganización del sindicato y el bloqueo a los posibilistas, inermes frente a las espirales de acción-represión-acción. Los Gobiernos Provisionales favorecieron las prácticas sindicales de la UGT, reprimieron sin contemplaciones los enfrentamientos violentos provocados por los inflexibles de la CNT, e ilegalizaron los Sindicatos Únicos en muchas localidades después de julio, por estar dominados ya por aquellos. A diferencia del éxito obtenido con la UGT, a la altura de la promulgación de la Constitución republicana parecía haber fracasado cualquier intento gubernamental de integración de la clase obrera organizada en la Confederación, para pasar a ser contemplada en exclusiva como un problema de control policial. Con la CNT enfrentada a la República, la comunidad popular de la revolución de abril se había resquebrajado; como ocurrió en Portugal con las primeras huelgas después de la revolución de octubre de 1910 y la represión gubernamental. El barco de una parte significativa del pueblo productor soltó amarras y se alejó del puerto frente a la mirada entre triste y furiosa del pueblo republicano y trabajador situado en el muelle.

La tierra de la República

Todos los dirigentes republicanos y socialistas recalcaban la urgencia de una solución para los conflictos sociales derivados de la desigualdad en el acceso a la explotación de la tierra. La reforma agraria representaba la tarea más urgente del Gobierno de la República y debía implantarse de inmediato, a reserva de dar cuenta a las Cortes para su aprobación definitiva, porque existía en Andalucía y en otras regiones un problema gravísimo, en palabras de Azaña pronunciadas en julio. Además de la diversidad de situaciones y sujetos relacionados con la tierra, otro obstáculo se levantaba frente a las reformas, ya que ningún dirigente político con responsabilidades de gobierno procedía de áreas rurales, rodeadas de trabajadores agrícolas. Tampoco existía una organización representativa del trabajo agrícola que demandara derechos de ciudadanía, con excepción de la recién fundada en 1930 Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, integrada en la urbana UGT. La revolución de abril fue una experiencia urbana en exclusiva y la coalición revolucionaria no se formó ni adquirió compromisos con organización agraria alguna. Las razones de peso para que los dirigentes republicanos y socialistas reclamaran la incorporación de los jornaleros a la ciudadanía republicana residieron en su ubicación social como antítesis de los grandes propietarios, integrantes de la oligarquía, cuyo poder debían controlar y reducir para la construcción de un Estado y una sociedad diferentes. La reducción de enfrentamientos sociales de gran violencia generados por el paro endémico y la «tea revolucionaria» motivaba también las acuciantes reformas. Otra razón consistió en el protagonismo de la UGT en el Ministerio de Trabajo[187].

Merced a la política laborista de Largo Caballero, el Gobierno Provisional promulgó desde finales de abril una serie de decretos favorables a la adquisición de derechos de los jornaleros agrícolas. En palabras de Edward Malefakis, representaron una auténtica revolución para los trabajadores y arrendatarios agrícolas. Donde tales decretos llegaron a aplicarse, los jornaleros y arrendatarios reequilibraron de forma significativa la desigualdad de poder con respecto a propietarios y empresarios agrarios. Por ello, los decretos generaron conflictos sociales al suscitar la resistencia de los grupos que se sintieron amenazados o perjudicados por su promulgación. Las respuestas a esos conflictos residieron en manifiestos, negativas a cultivar, incumplimiento de contratos, boicots a las bolsas de trabajo, caza furtiva, hurtos, ocupaciones de tierras y huelgas. Las peticiones de reducción de rentas se apilaron en los expedientes de los colapsados juzgados, por lo que los arrendatarios empezaron a incumplir con sus pagos sin esperar la sanción legal, de la misma manera que los rabassaires promovieron de manera asociada la negativa a entregar parte de la cosecha a los dueños de la tierra. Era solo un ejemplo de las dificultades encontradas por arrendatarios y braceros para hacer valer de manera legal sus recién adquiridos derechos. La redistribución de la propiedad de la tierra constituía una alternativa.

El prestigioso ingeniero agrónomo Pascual Carrión aventuraba que la Reforma Agraria bien realizada permitiría afianzar la República, elevar el nivel económico y cultural de los campesinos y realizar de manera progresiva la transformación de la propiedad y de la producción. El Gobierno Provisional inició con relativa celeridad los trámites para la puesta en marcha de una reforma que permitiera ejercer el derecho a la explotación de la tierra. Un decreto de Presidencia creaba la Comisión Técnica para la Reforma Agraria, con Flores de Lemus de presidente y Sánchez Román de vicepresidente, en la que participó Pascual Carrión como experto. La Comisión entregó el proyecto elaborado al Consejo de Ministros a finales de julio. No se contemplaba en él ninguna expropiación ni cambio de propiedad, sino el asentamiento temporal de 75 000 colonos en parcelas de grandes fincas del sur de la península para cultivar la tierra a cambio de una pequeña renta y la financiación estatal por medio de un impuesto a los grandes propietarios. Al poco de conocerse, fue rechazado por todos los grupos integrantes del Gobierno Provisional. El proyecto de la Comisión provocó temor entre los grandes propietarios por su carácter avanzado, y decepción entre los socialistas por su insuficiente alcance. A pesar de su impecable formulación técnica y la celeridad en su confección, el proyecto era ajeno al protagonismo y el respaldo de los partidos gubernamentales, en apariencia muy distantes en sus programas agrarios[188].

El proyecto de la Comisión Técnica sirvió de base para la elaboración de un segundo proyecto a cargo del Gobierno, con la intervención directa de Alcalá-Zamora y De los Ríos. El nuevo mantenía el mismo número y localización de asentamientos, el origen de la financiación estatal, pero añadía la expropiación a los grandes propietarios con indemnización. Fue presentado en las Cortes el 25 de agosto y suscitó división de opiniones: tomaron una posición favorable los partidarios de la República conservadora y los católicos; rechazó el proyecto la mayoría de los seguidores de la República inmóvil y de la República avanzada, estos últimos debido al inicio de una intensa competencia con los republicanos conservadores. Este proyecto regresó por donde había llegado, al desistir el Gobierno Provisional de defenderlo y renunciar a presentar uno nuevo. El tercer proyecto fue elaborado por una Comisión parlamentaria de 22 diputados, creada a finales de agosto y dirigida por Lucio Martínez, máximo dirigente de la socialista FNTT. Los partidarios de la República avanzada en esta Comisión se pusieron de acuerdo para presentar a la Cámara el 7 de octubre un proyecto equidistante de los dos anteriores, con la propuesta de una expropiación más amplia con indemnizaciones más reducidas. Durante los casi dos meses de duración del debate sobre la reforma, simultáneo a la discusión de la Constitución, hubo tres proyectos más en las Cortes: dos de ellos planteados por Juan Díaz del Moral y Diego Hidalgo, como alternativas de la República conservadora al proyecto de la Comisión parlamentaria; el tercero, resultado de una nueva versión más avanzada del presentado por la Comisión el 7 de octubre. No hubo transacción entre radicales y socialistas, y el Gobierno decidió preparar con rapidez un nuevo proyecto para ser concordado entre los republicanos de izquierda y los socialistas, y hacerlo más digerible a los lerrouxistas, ya en la oposición. A pesar de las protestas de urgencia y rapidez por las derivaciones conflictivas del tema manifestadas por los dirigentes republicanos, es dudoso que sobrara interés en la mayoría de ellos, por el desconocimiento, la escasa dedicación y el nulo espíritu transaccional demostrados. En el fondo yacía una consideración que los distanciaba de los problemas planteados por los hombres y mujeres del campo: la República advino en las ciudades y en la Asamblea de la Revolución no había campesinos sin tierra. Estos, sin embargo, se encargaron de recordar mediante huelgas, ocupaciones, ataques o asaltos, que la instauración del Gobierno de la República constituía una oportunidad para llamar la atención sobre los conflictos soportados, a los que debían responder el Gobierno y las Cortes[189].

La mocedad de la República

Los estudiantes de la Federación Universitaria Española tararearon en silencio el grito «¡Efe U E, Efe U, E, Allá va, Allá va. Hurra, Hurra; raá ra!» al terminar su discurso el ministro de Instrucción Pública Marcelino Domingo, en noviembre de 1931, en el que el Gobierno rendía homenaje a los estudiantes por haber sido la voz de la conciencia española en una hora de silencio; por haber indicado a España su camino en una hora de desorientación. La República, agradecida. Los estudiantes universitarios fueron los primeros en realizar una movilización transgresora contra la dictadura de Primo de Rivera; la continuaron en enero de 1931 con Berenguer, y en marzo de ese mismo año mostraron la debilidad del gobierno Aznar. Fueron protagonistas, en definitiva, del desafío a la monarquía en una época en la que los partidos republicanos no mostraban la capacidad necesaria para actuar de la misma manera. La coalición revolucionaria resaltó el mérito de los estudiantes, de la mocedad en general, y los declararon mayores de edad al otorgarles derechos políticos. A la organización estudiantil, la FUE, que había dirigido el desafío antimonárquico, el Gobierno Provisional y el de la Generalitat, así como las Cortes Constituyentes, le otorgaron el derecho a representar a los estudiantes en la Universidad de forma exclusiva, con derecho también a participar en la organización universitaria. Esas concesiones fueron etiquetadas como derechos de ciudadanía académica. Los estudiantes de la FUE respondieron con el reconocimiento de la República como el régimen político adecuado para realizar la reforma universitaria y decidieron «volver a las aulas», mientras realizaban actuaciones cívicas en defensa del Gobierno Provisional, tanto dentro como fuera de la Universidad. Pero ese estatus privilegiado de la FUE generó conflicto entre los estudiantes de otras asociaciones, sobre todo católicas. A la desmovilización fueista en los meses posteriores al 14 de abril sucedió la actuación colectiva de los estudiantes católicos en la Universidad en protesta por el monopolio representativo de la FUE y por el resultado del debate constitucional sobre el tema religioso en el ámbito de la enseñanza[190].

Los dirigentes políticos e intelectuales de Europa y América prestaron mucha atención a una movilización juvenil y universitaria trepidante en las tres primeras décadas del siglo XX. Se crearon organizaciones internacionales, como la internacional juvenil socialista en 1907 y la apolítica confederación internacional de los estudiantes fundada en Estrasburgo en 1909. La actuación más destacada sucedió en la Universidad argentina de Córdoba en 1908, con la reclamación de una mayor participación de los estudiantes en el gobierno de la Universidad, a través de una estrategia consistente en marchas, publicaciones y manifiestos, ocupación de edificios y huelgas, todo ello para influir en la opinión y con el resultado de un profundo cambio político en la naturaleza de la Universidad, y de servir de inspiración a otras experiencias en América y Europa en el período de entreguerras. En España cerca del 40 por ciento de hombres y mujeres tenían entre 15 y 34 años en 1930. Se produjo la primera masificación universitaria, al duplicarse el número de estudiantes —de 27 000 a casi 60 000— durante los años veinte. El protagonismo de los jóvenes confirmó el adelanto de la edad de actuar en política en el ámbito institucional y en la calle. La cualidad positiva de ser joven se contrapuso a la definición negativa de la vejez. La novedad y la renovación frente a lo caduco y decrépito. Al ser los jóvenes impulsores de lo nuevo, del futuro, la juventud era republicana y de izquierda. Marañón observó en los jóvenes su natural preferencia por la revolución social. Los grupos conservadores y la derecha católica, sin embargo, estaban dispuestos a incluir jóvenes en la dirección de sus grupos políticos, con el argumento de cifrarse solo en la juventud la esperanza de España. Ramiro Ledesma inundó los primeros números de La Conquista de Estado de apelaciones a los jóvenes para combatir la ancianidad constituyente[191].

La Universidad española se convirtió en un centro de disputa política en los años veinte por la intervención de la Iglesia católica, del gobierno sultánico de Primo de Rivera y los gobiernos dictatoriales posteriores. Una parte de los estudiantes de diversas universidades reclamaron en público derechos de ciudadanía académica que eliminaran el favor estatal a la Iglesia y favoreciera la representación aconfesional estudiantil, con un repertorio formado por actuaciones transgresoras e ingeniosas, susceptibles de llamar la atención de gobernantes y de la opinión, cuando era difícil la movilización de otros grupos sociales debido a las restricciones legales durante las dictaduras. Varios observadores declararon que los estudiantes habían protagonizado una historia de luchas y persecuciones durante varios años, a la vez que habían sido «los hombres que trajeron la República». A la generación estudiantil de 1929 le debía el país la libertad, al destruir el busto en bronce de la Corona y dar el empujón definitivo al trono bamboleante, con un aire jocundo y deportista. Tras la revolución de abril, y en agradecimiento por la colaboración universitaria en la deslegitimación de la monarquía, como premio a su alto espíritu ciudadano, el Gobierno Provisional redujo la edad de votar de los 25 a los 23 años e instituyó un régimen de representación de los estudiantes en la Universidad a través de la apolítica y aconfesional FUE[192].

El Gobierno Provisional reformó la ley electoral de 1907 y en lo concerniente a la edad de votar, la rebajó a los 23 años. No debió carecer de polémica, sin embargo, esa iniciativa, puesto que pudo haber un acuerdo en el seno del Comité Revolucionario realizado en la cárcel en enero a favor de rebajar la edad de voto hasta los 21 años, como le indicó Largo Caballero a Vidarte en aquellos meses. En opinión del dirigente ugetista, la razón por la que los partidos republicanos, primero, y la Comisión Constitucional, después, propusieron los 23 años fue el propósito de restar votos al PSOE, al intuir que los jóvenes se decantarían en su mayoría por los socialistas. Al debatirse la edad electoral en las Cortes Constituyentes, la enmienda del socialista Trifón Gómez favorable a los 21 años fue derrotada por 135 votos contra 132. Los artículos 36 y 53 de la Constitución instituyeron los 23 años como edad mínima de electores y elegibles. Una vez más se observa el peso de la competencia política en la toma de decisiones de los grupos políticos a la hora de otorgar o ampliar derechos de ciudadanía. Los conservadores monárquicos criticaron con dureza la reducción de la edad de votar con el argumento del predominio en esa edad de la pasión exaltada, de la ofuscación, del romanticismo; como alternativa y en la senda del rechazo en conjunto al sufragio universal, se recomendaba situar la edad electoral por encima de los 35 años[193].

El nuevo estatus de la FUE en la Universidad española provino también del agradecimiento republicano por el enfrentamiento estudiantil contra las dictaduras. La mocedad universitaria proclamó la ausencia de derechos de ciudadanía académica antes de 1931. Después de señalar la deuda de gratitud, el pedagogo Lorenzo Luzuriaga resumió la naturaleza de esos derechos en el reconocimiento, respeto y consideración oficiales de la personalidad de los estudiantes. Para ello sería necesario facilitar el ejercicio del derecho de los jóvenes a vivir su propia vida, independiente de la adulta y prestarles los medios para el estudio y su labor ciudadana. Pero el reconocimiento estatal de la personalidad estudiantil consistía sobre todo en conceder a las FUE de toda España la participación efectiva en la vida académica con un lugar material y espiritual en la Universidad. Ante esa recomendación, los gobiernos de 1931 otorgaron la representación oficial de los universitarios a las asociaciones vinculadas con la FUE. El mismo propósito fue enunciado por el comisario Xirau, nombrado por el gobierno catalán para regir la Universidad, al declarar su disposición a reconocer a las FUE de Cataluña y Baleares como representantes exclusivos de los estudiantes. Coincidía esta política con la de la propia asociación, al proclamar su beligerancia hacia cualquier organización estudiantil de carácter independiente que proclamara su constitución. Pensaban sus dirigentes que, por ser una asociación profesional, en las FUE debían integrarse todos los estudiantes, con independencia de sus ideales políticos o religiosos. Es notorio el paralelismo entre los derechos concedidos por los gobiernos republicanos a la FUE en la Universidad, con los otorgados a la UGT en el ámbito laboral; quizá se olvide, sin embargo, que la Unión era un sindicato dirigido por socialistas, representado además en el Gobierno Provisional por Largo Caballero, mientras la FUE constituía una corporación profesional sin ideario político específico, en la que de hecho se encontraban representadas todas las tendencias del republicanismo y de la indiferencia política. No lo entendieron así los estudiantes católicos en vista de su queja ante el ministro de Instrucción y la protesta escrita de la Confederación de Estudiantes Católicos, que se reivindicó como una asociación profesional alejada de toda lucha política. En colaboración con los estudiantes católicos, El Debate calificó de persecución y vejamen sufridos por la inmensa mayoría de estudiantes por situarse fuera de la FUE, y alertaba que tal situación impedía la paz en la Universidad[194].

Marcelino Domingo esperaba de los estudiantes su reintegración a las aulas tras la revolución de abril, después de la «honda emoción civil» mostrada por la clase escolar en los meses y años anteriores. En la inauguración del curso 1931-1932, Jiménez Asúa pidió regresar a las aulas, a los libros y las clínicas, para que la ciencia española adolescente lograra su madurez. No solo fueron los dirigentes republicanos y socialistas los que recomendaron moderación política a los estudiantes, sus mismos dirigentes «excitaron» a los escolares a «recogerse en el estudio». La política universitaria de la FUE consistió desde entonces en el ejercicio de los derechos de ciudadanía académica y universal, en la Universidad, en la calle y en las instituciones políticas. Solicitó del Gobierno y los rectores en abril la prolongación del curso hasta finales de junio por las interrupciones políticas de los últimos meses. Las peticiones, huelgas y sabotajes de las actividades académicas a favor de un aprobado general en diversas universidades fueron contestadas por la FUE, cuyo rechazo sintonizó con la actitud del Ministerio de Instrucción, al cerrar la Facultad de Medicina de Valladolid. Más de mil estudiantes convocados por la FUE el 30 de abril se manifestaron ante la embajada de Portugal en Madrid en protesta por la muerte de un estudiante en Oporto. Los estudiantes de la FUE se pusieron del lado del Gobierno en ocasión de diversos enfrentamientos laborales y anticlericales, al actuar al lado de la autoridad en la huelga general de la CNT en Granada, como guardia cívica en Córdoba, y rechazar las incitaciones para secundar los incendios de conventos el 11 de mayo en Madrid y Barcelona[195].

El momento cumbre de la FUE se situó en el otoño de 1931. Además de la aprobación del sufragio para los hombres y mujeres mayores de 23 años en la Constitución, de manera casi simultánea, la asociación profesional protagonizó la inauguración del curso académico y celebró el segundo Congreso de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos. Afiliados a las FUE pronunciaron discursos en casi todas las universidades en ocasión de la inauguración del primer curso republicano íntegro, como había ocurrido con excepciones en el curso anterior. Esta vez el contenido de los discursos giró sobre el recuerdo de la movilización de la FUE, de las persecuciones sufridas durante las dictaduras y los propósitos de reforma de la Universidad. El discurso en catalán de un alumno en Barcelona fue interrumpido por el público que reclamaba fuera en castellano. En Valladolid, sin embargo, no pasó el tiempo, al centrar la inauguración una misa, exposición del santísimo, reserva y motetes. Mientras hablaba Marcelino Domingo en Valencia, estudiantes de una oposición revolucionaria en el seno de la FUE lanzaron panfletos entre el público con la censura a los vigentes directivos de la asociación por aceptar una política republicana de carácter reaccionario. El II Congreso de la UFEH, a la que pertenecían las FUE, se celebró en la Universidad Central, en Madrid, a principios de noviembre de 1931 con la asistencia de 700 delegados. Su objetivo era la orientación de una reforma de la enseñanza en todos sus niveles, desde la primaria hasta la de los estudios superiores. Esta reforma debía dirigirse, en palabras de Antonio María Sbert, presidente de la Unión, hacia una enseñanza aristocrática, en el sentido de acoger a los mejores de la inteligencia. La enseñanza propuesta por la UFEH debía ser función del Estado para garantizar su carácter público, gratuito, obligatorio y laico. Era preciso, además, que los universitarios difundieran la cultura a través de misiones pedagógicas por todos los rincones de España y entre los obreros como parte de su deber de ciudadanía académica. De esa idea misionera surgió la participación del teatro de la FUE de la Universidad Central en el proyecto lorquiano de «La Barraca». El Congreso promovió el acceso a la dirección de estudiantes más jóvenes sin tanto protagonismo durante las dictaduras. En mitad del Congreso, la UFEH recibió el homenaje en el palacio del Senado de tres ministros del segundo Gobierno Provisional[196].

El protagonismo alcanzado por la UFEH-FUE en estos dos meses, la orientación ministerial sobre la enseñanza asumida por los dirigentes estudiantiles y la aprobación de la escuela unificada en la Constitución, suscitaron conflicto con otras orientaciones escolares, en particular, la católica. Fueron tres en concreto los ámbitos de disputa con los estudiantes católicos: la obligatoriedad de un curso preparatorio para el inicio de la carrera universitaria, defendida por las FUE y rechazada por el resto de estudiantes; el no reconocimiento oficial de asociaciones estudiantiles distintas de las FUE; y la libertad de enseñanza en el marco constitucional, propugnada por la Confederación de Estudiantes Católicos Españoles. La movilización estudiantil de carácter católico transcurrió desde el 15 de octubre hasta mediados de diciembre, justo hasta alcanzar las vacaciones escolares. Se produjeron protestas estudiantiles contra los artículos constitucionales en materia religiosa en los distritos universitarios de Barcelona, Granada, Sevilla, Zaragoza, Bilbao y Valencia, a la vez que la minoría católica de las Cortes iniciaba la campaña revisionista de la Constitución. Las movilizaciones consistieron en escritos, huelgas, concentraciones en los recintos universitarios, mítines, asambleas, manifestaciones y colisiones con estudiantes de la FUE. La libertad de enseñanza, el apoliticismo de la Confederación y la exigencia de reconocimiento oficial de sus 113 asociaciones en toda España, constituyeron las principales reclamaciones de la organización católica que, en palabras de uno de sus dirigentes, se fortalecía en la persecución y no le arredraban ni cárceles ni martirios. Se propuso una campaña de mítines y se admitió la convocatoria de huelgas de solo veinticuatro horas. En la reunión de la Junta General de la CECE se criticó con dureza a la FUE hasta proclamar «tenemos que acabar con ella», porque no podía consentirse la conversión de la Universidad en un cuartel en el que la mayoría de los estudiantes fueran «reclutas bajo la mirada vigilante y los barrotes caporales» de la FUE[197].

A partir de la X Asamblea de la CECE, en noviembre se formó un Comité del autodenominado «movimiento abstencionista» que rechazaba el monopolio de la FUE en la representación estudiantil en los claustros y declaraba su dignidad incompatible con la asistencia a las aulas mientras no se reconociera a todos los estudiantes. Regresaron a la par las movilizaciones con mayor intensidad y participación que las anteriores. Las huelgas y las colisiones con estudiantes de las FUE fueron más frecuentes en Sevilla, Salamanca, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Granada y, sobre todo, en Valladolid, en cuya Universidad la CECE asaltó la Universidad, la Facultad de Medicina y el Instituto, y no dudó en entablar reyertas a palos con los estudiantes fueistas, sus auténticos adversarios. Los estudiantes católicos invadieron el paraninfo de la Universidad Central en Madrid con el grito de «Muera la FUE» y «Viva la libertad». El diario El Debate resumió el significado de los enfrentamientos. Hablaba de constante desorden al ser entregada la Universidad a una asociación estudiantil determinada, para la que se instituyó un monopolio de hecho y de derecho, mientras el resto de asociaciones y de estudiantes había sido despojado de sus derechos universitarios. Como ocurrió en el ámbito general, el diario católico argumentaba que los estudiantes eran en su mayoría católicos y la Universidad henchida de una española tradición religiosa. La Iglesia católica reclamaba derechos de ciudadanía académica para sus asociaciones de estudiantes, al entender que no era suficiente el reconocimiento oficial de los estudiantes como partícipes en la marcha de la Universidad a través de una asociación profesional[198].

Unamuno fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca el 17 de abril. Con el sonido de las reclamaciones de los estudiantes católicos en las universidades y en la calle, pronunció una conferencia el 30 de noviembre en la que consideró muy peligroso para la fe cristiana vincular la acción de los estudiantes con palabras de carácter confesional, al indicar de manera indirecta que el resto de sus compañeros no era católico por no pertenecer a su asociación. Un personaje tan distante del republicanismo cristiano de Unamuno como José Antonio Primo de Rivera, comentó que una asociación universitaria de carácter católico presentaba el problema de señalar a los de otras asociaciones como no católicos o contra católicos. Los derechos de ciudadanía académica reclamados por la Iglesia católica implicaban un aporte de desigualdad, al interponer las creencias religiosas de manera discriminatoria en el ejercicio del derecho de los estudiantes a su propia autonomía en la participación universitaria[199].

La República confederal

A instancia de la veterana Unió Catalanista, algunas entidades nacionalistas catalanas conmemoraron el Corpus de Sang, de 1640. Ante el monumento a Pau Claris, emplazado en la entrada del paseo de Fermín Galán, se congregaron el 4 de junio representaciones de distintos grupos y numeroso público para rendir un homenaje a la memoria de aquel héroe de la nación. Casi todas las entidades portaban banderas, estandartes y coronas, con las cuales fue adornada la estatua, mientras llegaban Macià y el alcalde Ayguadè. El presidente de la Unió Catalanista recordó el alzamiento de els segadors, alzados en defensa de la libertad. El nacionalismo catalán ritualizaba de esta manera sus mitos en plena elaboración de un estatuto de autonomía para integrar el autogobierno de Cataluña en la República española[200].

El propósito de los partidos republicanos en aras de la formación de una coalición revolucionaria de gran amplitud consistió en atraer a los catalanistas republicanos hacia un acuerdo de colaboración en el proyecto revolucionario con el compromiso republicano de concesión del derecho a la práctica del autogobierno de la población catalana en su territorio, y el reconocimiento de lo que se denominaba la personalidad de Cataluña. Un derecho etiquetado por entonces como autonomía, libre o autodeterminación, a través de la adquisición de un haz de competencias y la protección de una serie de prácticas sociales en sintonía con la igualdad jurídica de todos los ciudadanos españoles. Ese acuerdo fue alcanzado con la memoria situada en las experiencias del conflicto nacional en los años precedentes, la rivalidad política en el seno de los diversos partidos republicanos catalanes y la Lliga Regionalista, así como con el espíritu de transacción entre muy diferentes posiciones políticas sobre los nacionalismos y la nación. Conflicto, política de enfrentamiento y de transacción fueron los tres elementos de un proceso político protagonizado por un Comité Revolucionario, convertido después en Gobierno Provisional de la República, y los representantes elegidos en diversos territorios en las elecciones municipales y constituyentes de 1931, junto con sus seguidores. Los principios nacionalistas de los principales actores desempeñaron un papel de telón de fondo, pero muy limitado a la hora de alcanzar o impedir los acuerdos; resultó mucho más influyente la apertura de oportunidades para el republicanismo catalanista en 1930, incluido el Pacto de San Sebastián, la formación y encumbramiento de la Esquerra, el proceso de la revolución de abril, la rivalidad posterior entre los partidos gubernamentales y los nacionalistas, y la configuración de las alianzas políticas[201].

La incertidumbre generada por el cambio de gobierno el 14 de abril, la fragilidad del poder del Gobierno Provisional recién constituido y el inicio de un período constituyente del Estado en España, fueron aprovechados por la Esquerra en Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco, en Vizcaya, para proclamar la República catalana y la República vasca. Comenzó así una dinámica de conflictividad en los meses siguientes sobre el origen, la naturaleza y el alcance del derecho de libre determinación y autonomía política de las poblaciones de determinados territorios. El conflicto entre la Esquerra y el Gobierno Provisional, y después las Cortes, se escenificó desde el principio y hasta la promulgación de la Constitución republicana de diversas maneras. La que puso en marcha el conflicto fue la muy conocida proclamación de la República catalana en el balcón de la Diputación de Barcelona al mediodía del 14 de abril, con un sentido soberanista a la vez que antimonárquico, cuando todavía no se había fugado el rey ni instaurado el Gobierno Provisional. Constituyó un desafío al gobierno Aznar y a la Corona, pero a las pocas horas se transformó en un reto para el gobierno Alcalá-Zamora, con el que Francesc Macià se comunicaba por teléfono de manera fluida. El Gobierno Provisional tenía intención de cumplir sus compromisos adquiridos con los partidos republicanos en Cataluña, en el sentido de reconocer de manera oficial el derecho de autogobierno a través de un Estatuto recogido y presentado por el propio Gobierno para ser aprobado por las Cortes Constituyentes.

Pero el Gobierno y sus partidos integrantes entendían que tal derecho era una concesión del Estado y no consecuencia de una soberanía proclamada el 14 de abril en el marco de una República confederal. La fundación particular de un gobierno soberano en Barcelona creaba un conflicto de poder, que el Consejo de Ministros decidió regular de manera directa e inmediata. Para ello envió a De los Ríos, Domingo y Nicolau a la capital catalana el 17 de abril. Durante diez horas de conversaciones en las que las posiciones estuvieron muy alejadas entre sí, Macià propuso a los dirigentes republicanos catalanes una fórmula de concordia consistente en la renuncia a ejercer el poder sobre casi todas las instituciones del Estado en Cataluña, a cambio de ser restablecida la Generalitat y la aceptación por el Gobierno Provisional de ciertas iniciativas sobre nombramientos y la lengua catalana. Desde el poder confederal asumido aquellos días por Macià y la debilidad del Gobierno en Madrid, puede interpretarse el acuerdo del 17 de abril como una auténtica concesión de la Esquerra, que entre otras consecuencias, determinó el alejamiento de los nacionalistas catalanes más exaltados. La República catalana de la Federación Ibérica sobrevivió cuatro días, al cabo de los cuales surgió el Gobierno de la Generalitat, como encarnación de una autonomía política que continuó el conflicto, a partir de entonces, entre gobiernos[202].

Macià declaró que en virtud de la solidaridad republicana y en el propio interés, sus seguidores se habían inclinado a privarse por una breve interinidad de una parte de aquella soberanía a la que tenían derecho, en el marco de una Federación hispánica. Al día siguiente del acuerdo, Maura anunció que el pleito catalán estaba resuelto. Quizá para celebrar el acuerdo, quizá para escenificar el conflicto, a Companys, gobernador civil de Barcelona, le pareció oportuno la realización de un viaje del jefe del Gobierno Provisional, Alcalá-Zamora, a Barcelona. El mismo Companys le comentó a Maura que la visita transcurrida podía calificarse de histórica, apoteósica, inenarrable y emocionante para Cataluña y para toda España. Maura le contestó que el éxito del viaje favoreció la consolidación del régimen. El jefe del Gobierno visitó Barcelona el domingo 26 de abril, y aunque la llegada solo se conoció la noche anterior, 80 000 personas acudieron a recibirle a la estación de Francia. El coche de Macià y Alcalá-Zamora recorrió el corto trayecto hasta la plaza de San Jaime en una hora, por la corriente humana que vitoreaba a ambos gobernantes con el fondo de los únicos acordes de «La Marsellesa». Resultó ser la primera fiesta republicana después de la revolución de abril. Los epítetos pronunciados por la mayoría de los observadores rivalizaron en magnitud, al resaltarse que no se había visto jamás cosa igual en Barcelona. Con las demostraciones de respaldo social a los dos dirigentes y sus declaraciones de afecto, cordialidad y concordia, Alcalá-Zamora ritualizó el apoyo del Gobierno Provisional al autogobierno de Cataluña, así como Macià escenificó su plegamiento a las condiciones impuestas por Madrid. En ambos casos se representó el conflicto y la voluntad de transacción[203].

Las relaciones entre los dos gobiernos residieron a partir de entonces en el cruce de decretos para imponer sus posiciones. El primero fue el emitido por el Gobierno Provisional de 21 abril sobre gobierno y administración de las provincias donde se reconocía la Generalitat; a este respondió Macià con el decreto de 28 abril, en el que se estructuraba el Gobierno catalán, creaba la Diputación Provisional de la Generalitat, encargada de aprobar el proyecto estatutario, a la par que establecía las normas para la confección del Estatuto. Un artículo de este decreto resultó polémico al señalar que Cataluña fijaría las facultades reservadas al Gobierno de la República. Este respondió con declaraciones airadas de Maura y la aprobación del decreto de 9 mayo en el que expresaba su voluntad de no ceder parte de la soberanía estatal y fijaba la última y definitiva decisión sobre las relaciones entre el Estado central y la Generalitat. El Gobierno catalán promulgó el 15 mayo un nuevo decreto ajustado ya a la normativa estatal.

En aquellas semanas llovieron declaraciones públicas de intelectuales, de partidos e instituciones para ilustrar la distancia entre todas las posiciones. Maura insistía en la espera necesaria a las Cortes Constituyentes para definir la autonomía; la CNT amenazaba con su oposición a cualquier separatismo y el uso de su fuerza en la calle; el PSOE calificaba los nacionalismos de enfermiza corriente de sentimentalismo provinciano, y se lanzó en defensa de la nación española, por su antigüedad, lengua, raza y su historia cuajada de glorias y desastres, «sin que haya habido una región, un pueblo o un aldeorrio que no hubiera contribuido con largueza». España era una nación. Claro que desde el lado catalán, las declaraciones tampoco invitaban a la concordia. Ventura Gassol afirmó en un mitin haber nacido en tierras de Cataluña y no de España y, por tanto, no poder ser español. Macià declaró en un par de ocasiones que dependía de las Cortes Constituyentes que el problema catalán volviera a serlo y su regreso al separatismo. Ayguadè advertía que no se podía admitir ninguna modificación en el proyecto de Estatuto. Hubo quienes, sin embargo, intentaron reducir la tensión, como Alcalá-Zamora, siempre dispuesto a practicar la concordia, y Marcelino Domingo, al asegurar que el Pacto de San Sebastián constituía un compromiso de honor, que obligaba a castellanos y catalanes con toda fidelidad[204].

Las relaciones entre los dos gobiernos no mejoraron cuando la minoría catalanista en las Cortes no votó a favor de la confianza al Gobierno Provisional el 29 de julio, al rendir cuentas en la apertura de la legislatura constituyente. La razón residía en el apoyo de la Esquerra a la CNT, justo la política contraria ejercida por el Gobierno en Madrid. La inhibición parlamentaria de la Esquerra concitó el rechazo de los partidos y diputados republicanos españoles, para incidir en la indiferencia y el rechazo de estos al Estatuto catalán en el debate de la Constitución. En ese contexto una comisión designada por la Diputación Provisional de la Generalitat elaboró un proyecto de Estatuto de autonomía, fue aprobado por inmensa mayoría en el referéndum del 2 de agosto, y Macià viajó hasta Madrid el día 14 para entregarlo al Gobierno, que lo debía hacer suyo.

La elaboración y presentación del proyecto representaba un triunfo de Macià en el seno de las heterogéneas corrientes del nacionalismo catalán. El viaje del president a Madrid con el proyecto en la cartera, sin embargo, podía correr el peligro de anunciar con gestos el rechazo de parte del Gobierno y de la Cámara. Azaña dejó escrito aquellos días que se esperaba un recibimiento hostil en la calle, incluso con el cierre de comercios. Los socialistas en concreto vieron con buenos ojos una demostración desfavorable, pero ante el temor de hacerle el juego a los anarquistas, aconsejaron inhibirse. Macià salió de la estación de Francia despedido por miles de personas y, según cuenta Pla, fue recibido por cien sindicalistas y una docena de catalanes en la estación de Atocha. Aunque el cortejo temía también incidentes, no ocurrió nada perjudicial para los intereses catalanes. El Sol incluso habló en su crónica de recepción entusiasta, el mismo decir de Companys. En el acto de entrega del proyecto, Macià adoptó una actitud muy conciliadora, hasta el punto de afirmar que habían votado el proyecto «los ciudadanos de España que habitan en Cataluña», y se lo presentaba al jefe del Gobierno Provisional con todo el amor de hermanos. Alcalá-Zamora le respondió con el deseo de discutir y concordar[205].

El proyecto de Estatuto representaba la cuarta parte de lo pactado en San Sebastián, según Companys; una conclusión compartida por Ayguadè, al señalar la distancia del proyecto respecto del programa último del nacionalismo. A pesar de su moderación, no había ambiente para el Estatuto en Madrid, tal y como comentó La Vanguardia y ratificó Domingo, al percibirse entre los partidos republicanos una queja amarga por la falta de solidaridad de la Generalitat con el Gobierno de la República y el régimen mismo, en un momento en el que acechaban a ambos graves peligros procedentes de la amenaza de restos monárquicos de las dos dinastías, rebeldes militares y nacionalistas vascos. Ese ambiente era de boicot de la mayoría de la coalición revolucionaria al Estatuto, con el propósito de retrasar su aprobación por las Cortes, y revelado en la ausencia de varios ministros —Maura, Prieto, Largo— en la comida aniversario del Pacto de San Sebastián. Frente a estos desencuentros, se elevó la figura de Alcalá-Zamora, con la colaboración de Azaña y Lerroux. No se desarrolló un debate sobre el Estatuto en el otoño para su aprobación o rechazo, sino para encajar su espíritu en la nueva Constitución, cuya discusión se realizaba entonces. Fue el jefe del Gobierno el impulsor de este encaje sin evitar la crítica de algunos partidos. Los constituyentes aprobaron en el debate una fórmula integral del Estado que obviaba la articulación de las regiones en un sistema federal de soberanía compartida, pero permitía la integración de aquellas por medio de gobiernos autónomos. La discusión más áspera se desarrolló con el tema de la legislación obrera y su aplicación en Cataluña, y el de las lenguas en la enseñanza. Las votaciones fueron muy apretadas en ambos casos y no todas las minorías se dispusieron a aceptar la política de transacción. Esta se impuso sin embargo gracias a las intervenciones de los tres dirigentes antes mencionados y la escasa intransigencia de Macià y Companys. Lerroux explicó a su grupo que el Partido Radical adquirió un compromiso en agosto de 1930 y estaba obligado a cumplirlo. Azaña insistió en el debate sobre las lenguas que las culturas castellana y catalana eran ambas parte de la cultura española. Alcalá-Zamora propuso un texto constitucional que en lo concerniente a Cataluña no prejuzgara la idoneidad del contenido del Estatuto. Macià envió al final un telegrama al jefe del Gobierno para felicitarle por su patriotismo y lealtad con una Cataluña anhelante de vivir en fraternal armonía con el resto de España. Al encontrarse rodeada de amenazas de crisis gubernamentales y de retirada de las Cortes, la política de concordia iniciada en San Sebastián entre los partidos republicanos, a la que se sumó el partido socialista, vivió en septiembre y octubre de 1931 sus instantes más elevados con referencia al Estatuto catalán. La política de transacción no evitó, sin embargo, que continuaran los conflictos derivados de la política de Prieto respecto de la Bolsa catalana, el Banco de Cataluña y el préstamo al Ayuntamiento de Barcelona, y de competencias entre los dos gobiernos, como el conflicto protagonizado por el gobernador civil Anguera de Sojo, opuesto a la estrategia de complicidad de la Generalitat con la CNT. El Gobierno catalán exigió el mando del control policial en su jurisdicción y, al no obtenerlo, presionó para conseguir el cese del gobernador, propósito que consiguió a finales de diciembre tras la visita de Azaña a Barcelona[206].

El Partido Nacionalista Vasco conmemoró la rebelión del estanco de la sal de 1634. El pregonero reprodujo el 25 de mayo de 1931 en Bilbao la orden de detención de los dirigentes rebeldes y por la noche se dramatizó el cadalso. Los jeltzales ritualizaban con este drama la lucha contra la tiranía de un rey, que en 1931 se reproducía en la confrontación con una República española gobernada por laicistas. Por eso los conflictos producidos por la reclamación del derecho de autogobierno en el País Vasco y Navarra transcurrieron de manera muy diferente a la experiencia catalana. Los nacionalistas vascos se encontraban escindidos en dos organizaciones —Aberri (PNV) y Comunión Nacionalista Vasca— cuando en 1930 comenzó un proceso de apertura de oportunidades políticas en toda España. El Comité Revolucionario español entendió en San Sebastián que la concesión del derecho de autogobierno para Cataluña en la futura República se realizaba entre partidos republicanos con un programa compartido y la colaboración mutua en la lucha por el cambio de régimen. Quizá por la debilidad derivada de la desorganización, quizá por la indiferencia ante el proceso político español, los nacionalistas vascos no participaron en el Pacto de San Sebastián y, por tanto, no adquirieron ningún compromiso para participar en una revolución republicana a cambio de la adquisición del derecho al autogobierno.

En las elecciones municipales del 12 de abril, el PNV obtuvo unos 500 concejales y algunas alcaldías en los pueblos, pero no de las principales ciudades. Participó en el júbilo republicano del 14 de abril y aprovechó el vacío legal y la interinidad de la instauración del Gobierno Provisional para reclamar el cumplimiento del Pacto de San Sebastián y proclamar la República Vasca de la Confederación española, en el Ayuntamiento vizcaíno de Getxo, solo horas después de la misma acción de Macià en Barcelona. Varios alcaldes jeltzales decidieron el 16 de abril convocar para el día siguiente una concentración de cargos electos en Guernica para proclamar la República Vasca, un gobierno propio, la confederación con otros estados españoles y la garantía para la Iglesia católica de su libertad e independencia. Aquel 17 de abril, el Gobierno Provisional de la República ordenó el envío de tropas a la villa vizcaína con el fin de impedir la concentración, que no llegó a producirse. La dirección nacionalista se dirigió en un manifiesto al pueblo vasco el 19 para felicitarse del alzamiento ejemplar de los ayuntamientos y lo emplazaba al gran movimiento nacional inscrito en aquella cruzada[207].

Así comenzaba un proceso político en el País Vasco y Navarra, en paralelo al del resto de España, en el que se dilucidaba la hegemonía política del país después de unos resultados electorales municipales sin una fuerza política vencedora sobre el resto. Los tradicionalistas habían obtenido concejales en Álava, la Guipúzcoa rural y sobre todo en Navarra. Los republicanos se alzaron con las alcaldías de las cuatro capitales. El PNV comandó, entonces, una movilización de los municipios controlados por el partido para aprobar un proyecto de Estatuto, elaborado por la Sociedad de Estudios Vascos, pero con importantes enmiendas añadidas, como la elevación de dos a diez años del plazo de residencia requerido a los no naturales vascos para el ejercicio de los derechos políticos, la regulación del euskera en la enseñanza y, sobre todo, la competencia vasca sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El alcalde jeltzale de Andoaín afirmó que el Estatuto sería aprobado por las buenas o por las malas.

Para ratificar el proyecto se convocó una asamblea de ayuntamientos vascos en Estella, Navarra, para el 14 de junio, con la representación de algo más del 50 por ciento de la población. La división del catolicismo vasconavarro se mostró en la celebración el mismo día de un mitin católico fuerista en la plaza de toros de Pamplona. La asamblea en Estella comenzó con una misa de campaña con 12 000 asistentes para rogar la protección estatutaria a Jaungoikoa, mientras sobrevolaba una avioneta pilotada por Ruiz de Alda para arrojar proclamas. En la asamblea de concejales se aprobó por unanimidad la célebre enmienda sobre las relaciones con la Iglesia reservadas al Estado vasco para concordarlas con el Vaticano. Después se celebró un mitin en la plaza de toros con la asistencia de varios miles de personas más, aunque El Sol cifró solo en 6000. El alma de toda la organización nacionalista, José Antonio Aguirre, alertó de una violación posible del Pacto de San Sebastián, por lo que advertía que los vascos sabrían ser descendientes de los que supieron morir y triunfar. Las cuatro gestoras de las Diputaciones vasconavarras aprobaban pocos días después el proyecto de la Sociedad de Estudios Vascos sin enmiendas. Un mes más tarde, ayuntamientos disidentes de las Gestoras y del PNV, formularon su intención de elaborar Estatutos exclusivos para Álava y para las antiguas Encartaciones en Vizcaya, alrededor de la villa de Somorrostro.

El proyecto de Estatuto aprobado en la asamblea municipal de Estella quedó preparado para refrendarse en un plebiscito como en el caso catalán. Los nacionalistas y tradicionalistas vascos consideraron, sin embargo, que el resultado de las elecciones para Cortes Constituyentes del 28 de junio —con 15 actas de 24— había reflejado un voto mayoritario favorable al proyecto de Estatuto que defendían, como a las elecciones del 12 de abril se les otorgó en España un carácter de plebiscito favorable a la República. Aguirre declaró meses más tarde que ante la ausencia de un Gobierno propio en el País Vasco, como el de la Generalitat, y la oposición de las Gestoras de las Diputaciones al proyecto aprobado en Estella, resultaba inviable convocar un referéndum. Los diputados nacionalistas y tradicionalistas se sintieron por eso representantes-portadores del Estatuto. Con esa aura recibieron en Guernica el 12 de julio el homenaje de sus votantes antes de partir hacia Madrid para integrarse en las Cortes, con una misa en la plaza, la ofrenda del aurresku, la entrega del bastón de mando a Aguirre, un mitin con discursos exaltados y una romería. El Debate se deshizo en elogios para los asistentes al acto, por representar al «pueblo vasco bueno, sano y próspero, espejo de democracia», con «hábitos forales tan profundamente religiosos», que pedía la devolución de sus derechos políticos «injustamente arrebatados».

Los nacionalistas vascos estaban convencidos de la acomodación del proyecto de Estatuto a las demandas republicanas del Pacto de San Sebastián, pero los partidos del Gobierno Provisional denunciaron el uso de la religión católica en el proyecto con fines políticos, que desembocó en la consideración del país euskaldun como un «oasis» de España, y la iniciativa vasconavarra dirigida a la creación de un Gibraltar vaticanista o la «República libre del Sagrado Corazón», por el protagonismo de los jesuitas. El rechazo republicano-socialista al proyecto de Estatuto promovido por la minoría vasconavarra fue frontal. No solo estuvo ausente en el proyecto la negociación y el acuerdo con otras fuerzas políticas vascas y presentaba un articulado innegociable para todos, sino que iba acompañado de un discurso y acción amenazantes para las instituciones republicanas. El PNV decidió, además, desafiar al Gobierno Provisional con la imitación del modelo procedente de la autonomía católica de Alsacia, integrada en la laica República francesa después de la Gran Guerra; y del modelo de los Concordatos con la Santa Sede de Baviera, en 1924, y de Prusia, en 1929, en la República de Weimar. En la estrategia desafiante de la dirección del PNV, sin duda, influyó la competencia política con los tradicionalistas vascos y navarros, a los que no podía dejar la exclusiva de la bandera religiosa[208].

Días antes de la entrega en Madrid del proyecto de Estatuto al Gobierno Provisional de la República se recrudecieron las colisiones entre nacionalistas vascos y republicanos y, a imitación de los presos anarcosindicalistas en Barcelona, se produjo una huelga de hambre de los presos jeltzales en la prisión de Larrinaga de Bilbao para pedir a las «fuerzas de lo alto» por la liberación de su patria esclava. Se intensificó a la vez la «guerra» de las banderas, ante la prohibición de ondear la bicrucífera en solitario en los balcones de los ayuntamientos. La dirección nacionalista decidió protestar ante España y el mundo entero por la persecución que por todo ello sufrían sus afiliados.

A la estación del Norte en Madrid llegaron 427 alcaldes vascos con tres bandas de txistularis que al detenerse el tren entonaron el «Agur Jaunak», mientras se oían gritos de «viva Cristo rey» y «viva Navarra católica». En el banquete ofrecido por el Hogar Vasco, el diputado y canónigo Pildain bendijo la mesa y los comensales rezaron el Padre Nuestro. A las tres y media de la tarde Alcalá-Zamora recibió a los alcaldes en Presidencia, donde le pidieron la tramitación institucional del proyecto, a lo que respondió el jefe del Gobierno con una referencia a la falta de plebiscito municipal. Una comisión de las cuatro Gestoras entregó, días más tarde, una propuesta al Gobierno Provisional de elaboración de un proyecto de Estatuto y la convocatoria de un referéndum, a lo que se respondió casi dos meses más tarde desde el Gobierno con su aprobación. Continuaron, mientras tanto, las reyertas en Bilbao, Aguirre expresó su decepción por la ausencia de apoyo a su proyecto de Estatuto por parte de los nacionalistas catalanes, y el gobernador civil de Vizcaya denunció el boicot realizado por las emacumes a comercios cuyos propietarios no sintonizaban con las ideas nacionalistas. El proyecto de Estella no era viable para la mayoría de la Cámara. A la actitud reacia de los partidos republicanos y el socialista a otorgar derechos de autogobierno sin haber sido concordados de antemano con provecho mutuo, se añadió el rechazo a la cláusula religiosa y la actitud transgresora y violenta de sus promotores[209].

Aunque venía de antes, la sorpresa se escenificó un 16 de diciembre, cuando Aguirre y el resto de alcaldes del llamado movimiento municipal comunicaron a las Gestoras reunidas en Bilbao su colaboración para redactar un proyecto de Estatuto acorde con la Constitución republicana. Otro dirigente nacionalista, Irujo, escribió en aquellos días su intención de aprobar cualquier tipo de Estatuto y el mismo Aguirre ofreció a las Gestoras el voto favorable de los alcaldes «a cuanto se hiciera». El cambio de opinión de la dirección del PNV revela que su postura desde abril estuvo mediatizada por el sentido de oportunidad y por su rivalidad con los jaimistas y católicos independientes. Una vez transcurridos varios meses y la consolidación del PNV como partido «refugio» de católicos y monárquicos, pesó más el anhelo de la autonomía que la imposición de la cláusula religiosa. La ruptura con los tradicionalistas, desde la puesta en público de la decisión Jeltzale, fue un hecho, expuesto en la negativa de las cuatro Juntas tradicionalistas del País Vasconavarro a aceptar cualquier colaboración con las Gestoras, y en la abstención de sus diputados en la elección de Alcalá-Zamora como primer presidente de la República, mientras que los diputados nacionalistas votaban a su favor, para indicar su plena integración en el proceso político republicano.

La suspensión de las obras del ferrocarril Zamora-La Coruña provocó una reacción extraordinaria en Galicia pocos días antes de las elecciones del 28 de junio. Después de la asamblea de autoridades y fuerzas vivas se formó en Orense una manifestación de mil personas que prorrumpieron en vivas a la República gallega y marcharon al Ayuntamiento para izar la bandera del país. Hizo falta un agravio y dos meses y medio después del 14 de abril para que los nacionalistas gallegos tuvieran presencia en la prensa española. El año anterior había sido de organización y acuerdo entre las diferentes corrientes políticas republicanas, regionalistas y nacionalistas. El Pacto de Lestrove fundó la Federación Republicana Gallega en marzo de 1930 y, seis meses después, el Compromiso de Barrantes selló un pacto entre republicanos, agrarios y galleguistas por la liquidación del caciquismo, el centralismo y de todo régimen político que no emanara de la soberanía popular, la consecución de la autonomía plena para Galicia, así como la protección del idioma y la liberación de la tierra. Los gallegos, afirmaba Risco, eran considerados como ciudadanos de tercera clase que, sin embargo, constituían un pueblo con personalidad colectiva, poseedor de un conjunto de derechos exigibles en el campo jurídico.

En la segunda mitad de 1931 se elaboraron dos proyectos estatutarios, el primero redactado por los republicanos de la ORGA, encuadrada en la FRG; el segundo, por una comisión de parlamentarios gallegos. El contenido de los proyectos estuvo sujeto a discusión y nunca suscitó un acuerdo general, pero los obstáculos principales se situaban al margen de las redacciones. No existía una dirección política unificada, como en Cataluña, en torno a la conveniencia de un Estatuto para Galicia, porque los nacionalistas no tenían suficiente representación parlamentaria y se encontraban divididos en una docena de organizaciones locales y en distintas posiciones sobre el grado de autonomía y la protección de las creencias religiosas. Solo en diciembre se redujo tanta dispersión, con la fundación del Partido Galleguista y la integración de la republicana ORGA en el partido español de Acción Republicana. La competencia política entre los partidos gallegos estuvo en el origen del rechazo del Partido Radical y del Partido Socialista a la redacción de cualquier Estatuto con el argumento de carecer de ambiente en la región y ser un asunto de retrógrados políticos, como en el País Vasco. Con la importante participación de los dos partidos en las Gestoras de las Diputaciones, se hacía complicado que estos organismos dirigieran el proceso institucional de aprobación concejil y convocatoria de referéndum[210].

Los procesos estatutarios se extendieron en 1931 al menos a ocho regiones, sin la presencia significativa de corrientes políticas de carácter nacionalista en ellas, con la excepción relativa de Andalucía y Valencia. El proceso autonómico catalán sirvió de oportunidad para los dirigentes regionales, tanto al intuir la adquisición de un mayor poder político en sus territorios electorales, como para los que entendieron que representaba una amenaza para su poder ya adquirido. En los ocho casos se cumplió al menos alguna característica, como la aparición de iniciativas aisladas procedentes de distintas instituciones, bien fueran asociaciones culturales y políticas, bien Diputaciones y Ayuntamientos; la división de los partidos gubernamentales sobre la procedencia de los estatutos; y la redacción de algunos proyectos más cercana a una declaración de intenciones que a un articulado sistemático de regulación de la vida regional, como el proyecto catalán[211].

Capítulo 8. La cultura de enfrentamiento

CAPÍTULO 8

LA CULTURA DE ENFRENTAMIENTO

Los últimos hechos revolucionarios de Europa… han dejado un repertorio de gestos, palabras y actos, que están ahí, a disposición de cualquiera, como caretas terroríficas para ponérselas y medusizar (sic) al transeúnte… Si no existiese ese repertorio ya hecho, inventado por otros, probablemente nuestros extremistas no sabrían qué hacer ni harían nada[212].

Las fuerzas vivas de Cartagena, con la excepción de la CNT, convocaron una huelga general el 1 de septiembre de 1931 como protesta por el retraso en la solución del abastecimiento de agua de la población. Cerraron los comercios, se celebró una manifestación desde la Casa del Pueblo hacia el Ayuntamiento, donde los presentes entregaron las conclusiones, en las que se proponía la dimisión de concejales y diputados murcianos y la baja en la contribución de todo el comercio, la industria y la propiedad. Al terminar la huelga de veinticuatro horas, el alcalde y varios concejales encabezaron una caravana automovilística de trescientas personas hacia Madrid con el fin de entrevistarse con el ministro de Fomento, Álvaro de Albornoz, a quien consideraban responsable de la falta de agua. Más de un centenar de vecinos de un pueblo toledano invadieron un coto de caza; la Guardia Civil les ocupó 230 perdices y varias liebres y conejos. Con sesenta días de huelga a sus espaldas, unos quinientos camareros y sus mujeres recorrieron las calles de Valencia con un féretro con la inscripción «RIP las propinas han muerto». Ante la invitación de la policía se negaron a disolverse y, tras las cargas, el ataúd quedó abandonado en medio de la vía. La Guardia de Asalto disolvió a los grupos de obreros sin trabajo concentrados «como siempre» en la Plaza Mayor de Madrid, después de recorrer algunas calles céntricas para tratar de cerrar los establecimientos. El vecindario de Camarena en Teruel exigió la destitución del médico titular y rodeó la casa de hogueras para obligar al facultativo a salir de su domicilio. El gobernador civil resaltó la frecuencia de esa actitud en los pueblos de la provincia con respecto a los secretarios de Ayuntamiento, siempre por antagonismo político. Las mujeres empacadoras de un barrio de pescadores de Vigo protestaron por el trabajo de personal no asociado; después marcharon en manifestación hasta el Ayuntamiento para exigir la dimisión de un guardia de Seguridad por desenvainar el sable frente a ellas. Los casos de enfrentamiento citados ilustran la experiencia política de la población en general, como luchas locales por derechos, reparación, protección y ventaja con relación a autoridades locales y nacionales, al margen de las grandes colisiones de teorías políticas e instituciones. Esta rutina en 1930 y 1931 se combinó, sin embargo, con otra dinámica de movilización relacionada con los cambios políticos[213].

La movilización pública, colectiva y conflictiva consiste en esfuerzos conjuntos para llamar la atención sobre un grupo o una demanda que, cuando ocurren, provocan conflicto. Este tipo de movilizaciones constituye una forma de hacer política, distinta de otras, como las campañas electorales o las políticas parlamentarias y administrativas, pero se encuentra en permanente diálogo con ellas. Al intervenir los gobiernos a través de sus iniciativas, la ley o la policía, la movilización descrita se sitúa en el ámbito de la política, y en concreto, de la política de enfrentamiento. Qué duda cabe que los diferentes grupos sociales y políticos pusieron en marcha sus quejas, respondieron a los conflictos existentes y desplegaron distintos modos de movilización al dimitir Primo de Rivera en enero de 1930, y continuó esa dinámica de aceleración de la protesta desde entonces. Puede afirmarse que aprovecharon la oportunidad del inicio de un proceso de democratización del régimen político. Oportunidades incrementadas con el cambio de régimen en abril de 1931, al promover los gobiernos republicanos reformas en buena parte de la vida social y política, que concedían nuevos derechos a unos grupos y amenazaba derechos establecidos de otros. La política de enfrentamiento incluyó entre 1930 y 1931 una movilización discontinua de grupos excluidos hasta entonces, que exigían su reconocimiento en la comunidad política; envolvió estrategias susceptibles de subvertir el régimen político, como en diciembre de 1930, junto con otras muchas formas más rutinarias.

Los rasgos violentos y la intensidad de la política de enfrentamiento de aquellos años se relacionaron con las características del control policial de los distintos gobiernos. El nivel de represión de un gobierno depende de la percepción de amenaza a su estabilidad, la política de inclusión y exclusión de los distintos grupos, la concepción policial de la protesta y las capacidades y técnicas policiales. La prohibición de acciones, la ilegalización de organizaciones, el encarcelamiento de personas y la intervención policial inhibió o redujo la movilización colectiva de carácter pacífico, tanto como incrementó las acciones violentas de algunos grupos. La actuación represiva de los gobiernos monárquicos basculó entre la percepción de amenaza procedente de los grupos antidinásticos y la división de opiniones de sus aliados acerca de su oportunidad. Por eso, la represión fomentó en ocasiones la movilización colectiva, como en marzo de 1931, y la desarticuló en otras, como en diciembre de 1930. La percepción variable de amenaza de los desafíos de anarquistas, católicos, monárquicos y comunistas, y la política de discriminación de moderados e inflexibles definió la actuación represiva de los gobiernos republicanos en 1931[214].

La dinámica de movilización incluyó lo que se denomina un ciclo de protesta, una oleada creciente y decreciente de acciones y reacciones colectivas interrelacionadas, limitadas en el tiempo, cuya intensidad en ciertos momentos produjo un auténtico terremoto político. El ciclo de protesta español iniciado en 1929 por los estudiantes amplió las oportunidades para actuar de otros grupos y en un curso ascendente se incorporaron los asalariados de las ciudades y las clases medias profesionales para mejorar su poder de negociación, en combinación con la intervención de los intelectuales y las organizaciones políticas republicanas. El momento culminante del ciclo se situó en la movilización por la amnistía en marzo de 1931, y concluyó con la fiesta transgresora de soberanía alrededor de la conquista de poder por el Comité Revolucionario en abril. Fue, por tanto, un ciclo finalizado con una revolución. Se produjo tras ella una paulatina pero profunda redistribución del poder político en España. El Gobierno Provisional y las Cortes Constituyentes fueron en primera instancia el punto de mira de distintos grupos sociales que desplegaron repertorios de movilización en medio de la incertidumbre por la orientación del cambio político[215].

La población española se encontraba bien integrada en una enorme variedad de redes sociales, urbanas y rurales, cuya conexión a través de organizaciones de carácter supralocal —como los partidos y sindicatos, además de la Iglesia—, favoreció el despliegue de formas de movilización coordinadas, a la vez que dependientes de la actuación centralizada de los gobiernos. Uno de los rasgos de este período fue el extraordinario crecimiento de afiliación y de asociaciones de muy diversa naturaleza, aunque destacaron por su volumen y repercusión las de carácter sindical y religioso. Junto con el incremento asociativo, la prensa sin censura —general y especializada— desempeñó un papel principal en la difusión de la conflictividad y sus protagonistas, y en la conexión geográfica de posiciones sobre los acontecimientos. Cuando no existió tal enlace orgánico y mediático, las diversas redes sirvieron para afrontar una movilización más local y dispersa, con el aprovechamiento de oportunidades procedentes, como en épocas anteriores, de bailes, fiestas, rituales religiosos o ritos de paso. La activación de todas estas redes favorecía la movilización, como lo hacía el uso de espacios e itinerarios públicos, bien conocidos por los desafiantes, relacionados con los lugares de los conflictos, los centros de poder, la mayor visibilidad urbana y el control policial, además de los enfrentamientos previos y las disputas sobre los propios espacios. Las movilizaciones se localizaron con frecuencia en plazas centrales, mercados, barrios, frente a edificios oficiales, iglesias y ermitas. La característica esencial de la geografía de la protesta, sin embargo, consistió en la concentración de las acciones en el espacio central de cada ciudad. Los participantes en la movilización colectiva portaban banderas, estandartes, «transparentes» o pancartas, colocaban colgaduras en las fachadas y en locales cerrados, su atuendo incluía colores alusivos, coreaban consignas o mantenían el silencio, procuraban la concurrencia de todo tipo de autoridades, incluso niños, que cerraran los comercios, y otras muchas señales que simbolizaban mensajes de la respetabilidad, unidad, respaldo y compromiso de sus reclamaciones y de ellos mismos. De esas señales formaban parte las propias formas de movilización escogidas por los desafiantes para plantear sus demandas en público y de manera colectiva[216].

Pérez Yruela fue el primer investigador en la Universidad española al plantear que el conflicto social no era la única ni la principal razón para explicar la protesta. Fueron más influyentes las oportunidades para actuar de manera colectiva y pública, incluida la organización de los participantes. Los afectados por los conflictos no pudieron movilizarse cuando carecieron de esas condiciones y, en especial, con el aumento de la represión sobre ellos y sus recursos, a pesar de mantenerse las causas de la protesta. Su investigación, además, se centraba en las diversas posibilidades de manifestar el descontento, a través de diferentes formas de movilización colectiva y pública[217].

Formas de movilización colectiva

La ocupación de la calle fue una constante en los años 1930 y 1931, a diferencia del período anterior de la dictadura de Primo de Rivera, cuando los costes de la movilización se elevaron de manera considerable. La calle fue ocupada a través de manifestaciones autorizadas o sin consentimiento de las autoridades, y de huelgas, cuyos protagonistas trasladaron a menudo el enfrentamiento a los barrios, sobre todo en las convocadas como generales en el ámbito local. Se celebraron mítines, muchos mítines. Destacaron además los asaltos —a tiendas y restaurantes, fincas—, las ocupaciones de lugares de trabajo —llamadas huelgas de brazos caídos—, plantes, marchas, peticiones, rituales conmemorativos y religiosos, barricadas, boicots, cencerradas, huelgas de hambre, ataques contra cobradores de impuestos, expulsión de forasteros y funcionarios, liberación de detenidos, reyertas, sabotajes, etc. La unidad del período, con dos regímenes políticos distintos, residió en la similitud de los rasgos de la movilización; el contraste se produjo por el aumento en 1931 del número de movilizaciones en casi todas sus formas, sobre todo en mítines, y la sustitución de desafiantes, al no movilizarse apenas monárquicos, nacionalistas catalanes y estudiantes de la FUE; se incorporaron, en cambio, nacionalistas vascos y gallegos, carlistas, comunistas y, sobre todo, católicos. Los afiliados a la CNT continuaron siendo, en mayor medida si cabe, los desafiantes por excelencia en el ámbito de las relaciones laborales. Los seguidores de la UGT redujeron en igual medida su participación anterior a la República. En el fondo de esos cambios se encontró la búsqueda de reconocimiento, por parte de distintos grupos que veían amenazada su situación o luchaban por la obtención de nuevos derechos. La movilización colectiva de todo el período fue mucho más extensa en las ciudades —capitales de provincia y urbes industriales— que en los núcleos rurales; pero la movilización rural y agraria concitó mayor número de casos de enfrentamiento violento, sin duda por la escasa organización política de sus protagonistas y la precaria capacidad de control policial.

La política de enfrentamiento en 1930 arrancó de manera paulatina desde el año anterior a través de las movilizaciones de los estudiantes. Ya después de la dimisión de Primo se sumó un movimiento social por la amnistía, sobre todo, en Cataluña. Comenzó en junio una secuencia ascendente de huelgas en todos los sectores —de la construcción en primer plano— con su máximo nivel en septiembre. En ese primer período se originaron en Sevilla y Málaga las primeras huelgas generales de ámbito local. Aparecieron a la vez las huelgas y otras formas de protesta en el campo andaluz. En septiembre y parte de octubre se produjo la sucesión de mítines de los monárquicos partidarios de Primo de Rivera, y de los republicanos, una vez constituida la coalición revolucionaria en agosto. Hubo tres huelgas generales más, en Granada, Logroño y, de nuevo Sevilla en octubre, junto con la primera huelga de brazos caídos, una forma repetida con profusión en los meses posteriores. Boicots, reyertas, sabotajes, cierres patronales, liberación de detenidos, entierros simulados y la huelga general minera de Asturias y Alicante se combinaron en noviembre con la serie de acciones por el accidente de la construcción de la calle Alonso Cano en Madrid y sus repercusiones en otras ciudades españolas en forma de huelga general. En noviembre y diciembre se desarrolló un paro general en Valencia en solidaridad con los huelguistas de la madera, y otro en Cádiz, además de los enfrentamientos en Tenerife por el rumor del traslado de escala de los barcos a Las Palmas, y del regreso de la movilización estudiantil, tanto en institutos como en universidades. Y en eso llegó Jaca y la huelga general en diversas ciudades españolas con múltiples enfrentamientos violentos y numerosas víctimas. La protesta de 1930 terminó ahí, por los cientos de detenciones y clausuras de centros políticos y sindicales.

Primero los estudiantes al iniciarse 1931, luego la conmemoración del 11 de febrero y después el movimiento por la amnistía de los presos de diciembre, en el que se integraron los últimos y más intensos enfrentamientos estudiantiles con «el sitio de San Carlos» en marzo. La campaña electoral para las municipales del 12 de abril se tiñó de reclamación de la amnistía, hasta el punto de no distinguirse bien la petición de votos y la de liberación de presos.

Después de las jornadas de la fiesta transgresora de soberanía en torno a la victoria republicano-socialista en las elecciones municipales y la conquista del poder a cargo del Comité Revolucionario, arrancaron las primeras huelgas, los plantes de los presos, las movilizaciones de los parados y muchos mítines, la mayoría en todos los domingos de 1931. La celebración del Primero de Mayo, de carácter institucional y con enorme participación, inaugura un mes que dio a conocer la primera huelga general, la de Pasajes, con seis manifestantes muertos por la Guardia Civil. Comenzó a la vez un grave y prolongado conflicto en el puerto de Barcelona, extendido a la mayoría de puertos españoles durante el año, en virtud de la capacidad organizativa de la CNT y su rivalidad con la Unión. Sobresalieron en junio las primeras huelgas y otros tipos de enfrentamientos en el campo, las constantes acciones de los parados, las primeras peticiones firmadas por mujeres contra los decretos laicistas y las movilizaciones de nacionalistas vascos y carlistas navarros. Julio observa un incremento en el número de huelgas —comenzaba la de teléfonos y los sabotajes asociados—, y de huelgas generales de ámbito local, bien en protesta por la represión, bien por solidaridad con algún sector en conflicto; destacó entre ellas la de Sevilla, una semana con múltiples enfrentamientos en la ciudad y en la provincia con más de veinte muertos.

Se celebraron mientras tanto decenas de procesiones religiosas en toda España, en mayor cantidad que las manifestaciones con participación de poblaciones enteras por muy distintos conflictos, y numerosos rituales de conmemoración de las luchas políticas del siglo XIX y de aniversario de personajes liberales. Comenzaron en septiembre los reiterados boicots de los maestros a los cursillos propuestos por el Gobierno para la obtención de plaza. Entre las huelgas generales destacó la de Barcelona —de gran violencia—, en protesta por el elevado número de presos confederales, y a principios de octubre las huelgas generales en diversos pueblos de Córdoba, con ataques contra la propiedad. En el marco del debate religioso en la Asamblea de la Revolución aumentaron las peticiones clericales y los mítines laicistas. Las huelgas en los puertos, en singular, el de Barcelona, y las huelgas agrícolas en Andalucía, junto con las huelgas generales en diversas ciudades marcan los meses de noviembre y diciembre, a la vez que continuaron las movilizaciones de parados, las de los presos y las conmemorativas del aniversario del fusilamiento de Galán y García Hernández. Reverdecieron también en diciembre las movilizaciones estudiantiles, esta vez de signo católico. Al final del año, en el contexto de una huelga general en todo Badajoz, se produjo la concentración de obreros frente al Ayuntamiento de Castilblanco y la colisión con la Guardia Civil con el resultado de cuatro agentes y un manifestante muertos.

Lo que más destaca de este período conjunto de los dos años es la riqueza de la movilización, en cuanto a su variedad, cantidad, persistencia, intensidad e innovación. La variedad de formas la marca la diversidad de conflictos sociales y sus protagonistas. Fueron el paro, los alojamientos, la competencia entre trabajadores, los sistemas de contratación, las bases de trabajo, la competencia sindical, el reparto de impuestos, las disputas sobre la propiedad de la tierra, las subsistencias, los salarios, los despidos y la jornada, el reconocimiento del sindicato, la amnistía, la presencia pública de los seguidores de la dictadura, el plan Callejo de enseñanza, diversos conflictos comunitarios, como la construcción de ferrocarriles o la escala de los barcos, los casamientos en segundas nupcias, la naturaleza de los gobiernos, la prohibición o disolución de movilizaciones, las invasiones y ocupaciones de tierras, de fábricas, el desabastecimiento de agua, la legislación laboral republicana, el pago de los arrendamientos y la rabassa morta, los alquileres de las viviendas, los servicios de los barrios, la venta ambulante… El correlato de estos conflictos en cuanto a sus protagonistas ofrece una relación de estudiantes, obreros de la ciudad y del campo, pequeños, medianos y grandes propietarios y empresarios, inquilinos, vecinos de ciudades y pueblos, católicos y clérigos, monárquicos, republicanos, sindicalistas, comunistas y socialistas, anticlericales, parados, jóvenes, mujeres y feministas, maestros, contribuyentes, policías, militares, funcionarios civiles, recaudadores de impuestos, autoridades locales, provinciales, regionales y nacionales.

El número de movilizaciones se relacionó con el cambio de escala. Si de manera rutinaria la mayoría de las movilizaciones no rebasó el ámbito local y envolvió una sola actuación, en circunstancias de cambio político y apertura de oportunidades se produjo un cambio en el número y nivel de acciones coordinadas o imitadas, con un enfrentamiento más amplio y la participación de una gama superior de actores. El cambio de escala no solo propagó el conflicto, creó nuevas interpretaciones para la continuación de los enfrentamientos. Las oleadas de movilización por la amnistía en 1930 y 1931 comenzaron en un ámbito local y se propagaron por buena parte del país como estandarte de la oposición a las dictaduras; las primeras huelgas convocadas tras la dimisión de Primo de Rivera o la instauración del Gobierno Provisional de la República dieron la señal de partida para que se produjeran otras en lugares muy distintos, para aprovechar la incertidumbre suscitada por los cambios de gobierno. La persistencia en la movilización se refiere a la perseverancia o tesón de algunos grupos al sostener el planteamiento de sus demandas en público. Fueron por ejemplo estudiantes y coaliciones proamnistía en 1930, afiliados a la CNT y católicos en 1931. Primero, porque la acumulación de recursos en experiencias previas no fallidas facilitaba la reiteración; después, la incertidumbre de los cambios políticos, el aumento de la rivalidad entre actores y la relativa disponibilidad de recursos, convertía la movilización colectiva en una práctica posible y poco costosa.

La intensidad de la movilización correspondió a la política del tiempo, la aceleración del ritmo de las constantes y discontinuas actuaciones de los actores de la política pública y de enfrentamiento, marcadas por la aparición súbita e incorporación paulatina de grupos al ciclo de protesta hasta el 15 de abril, y la intervención de grupos amenazados por la rápida dinámica de las reformas republicanas. Hubo al menos tres fases de intensidad que siguieron a momentos de relativa rutina, marcada en algunos casos por las restricciones impuestas por los gobiernos. La aparición del Comité revolucionario en septiembre de 1930 cobijó el aumento de acción colectiva entre septiembre y diciembre de aquel año. La convocatoria de elecciones generales, primero, y municipales, después, además de los juicios por la revuelta de diciembre, intensificaron la movilización entre febrero y abril de 1931. La elaboración de la Constitución concitó la masiva movilización de aquellos grupos amenazados de quedar excluidos sus derechos en la Carta Magna.

El reloj de la protesta pareció aumentar su velocidad cuando se enlazaron de manera sucesiva diversas formas de acción y respuesta, por la interferencia de oponentes y agentes del Gobierno, en espirales de movilización. El 3 de octubre de 1930 se inició una huelga de 800 trabajadores convocada por el Sindicato Único en la empresa Andreis Metalgraff de Badalona; cinco días después finalizó la huelga por decisión del comité; de resultas de la rivalidad sindical se produjeron colisiones entre afiliados al Único y al Libre; reunidos en asamblea, los obreros desautorizaron al comité de huelga y la prosiguieron en la empresa; en una de las colisiones entre sindicalistas rivales a principios del mes siguiente hubo dos muertos, por lo que el Sindicato Único declaró la huelga general en la ciudad; cuando los compañeros y allegados se acercaron a la casa de uno de los fallecidos para iniciar el entierro, se enteraron de su inhumación realizada horas antes; portando una corona, se dirigieron en manifestación hacia el cementerio viejo y fueron disueltos con sables por la Guardia Civil a caballo. Espirales de carácter similar se desarrollaron en los mítines de la UMN en Galicia en septiembre de 1930 y en Tenerife, dos meses después. La intensidad de la protesta vino influida también por las políticas de prohibición y tolerancia de la movilización por los gobiernos; de ahí sus vaivenes bajo la dictadura de Berenguer, o la disminución de los mítines de los opositores al gobierno republicano en septiembre y octubre de 1931, por la decisión de este de suspender su actuación pública.

La innovación en las formas de movilización se vinculó con las oportunidades abiertas y la rapidez de los cambios políticos, así como el ciclo de protesta hasta abril de 1931. Innovaciones en las formas y también en la interpretación de sus significados. En una situación de intenso e improvisado debate sobre el cambio político adquirió mucha influencia una definición de la injusticia centrada en la ausencia de la ley —por las dictaduras—, y su reverso, la lucha por la conquista de un marco legal para ejercer derechos. Las formas de acción se vincularon en ese contexto con una legitimidad basada en el Derecho y la ley, el reconocimiento, la justicia, la democracia y la eliminación de agravios procedentes de gobiernos considerados ilegítimos. Las huelgas de «ciudadanía» de la CNT por reclamaciones «morales» provenían de ese marco de diagnóstico, y el mitin constituía una expresión de democracia, suspendidas las consultas electorales. En la innovación desempeñaron un papel fundamental los acontecimientos transformadores, episodios de enfrentamiento de carácter puntual y discontinuo que reconfiguraron los significados establecidos sobre los conflictos y sus protagonistas. El entierro por los obreros accidentados en la calle Alonso Cano de Madrid, el fusilamiento de Galán y García Hernández o el «sitio de San Carlos» fueron acontecimientos de pocas horas con efectos en el medio plazo. Algunas formas de acción fueron descubiertas, reinventadas o imitadas de experiencias extranjeras. Las ocupaciones de los lugares de trabajo; las marchas del hambre; la «autorreducción» de la renta por pagar —o de la cosecha compartida con el propietario— por los arrendatarios organizados; y el consumo colectivo y gratuito en restaurantes u hoteles.

La política de enfrentamiento desplegada en procesos de cambio político durante estos dos años incluyó la combinación de movilizaciones convencionales, transgresoras y violentas. Las acciones convencionales consistieron en formas prescritas o autorizadas por las autoridades, como rituales festivos o conmemorativos, mítines, algunas peticiones, huelgas y manifestaciones, etc. Eran convencionales, además, por su uso reiterado, convocadas a menudo por los propios gobiernos o por organizaciones bien establecidas en la comunidad política, sin implicar un grado excesivo de incertidumbre, sorpresa o amenaza. En ellas se observa el interés de los participantes en desplegar señales para transmitir mensajes de respetabilidad, unidad, respaldo y compromiso. Las acciones transgresoras consistían en ocupaciones de espacios públicos y propiedades particulares, reuniones no autorizadas, boicots, plantes, controles de carreteras y barricadas. Aportaron un alto grado de sorpresa y amenaza de las que carecían las formas convencionales. Podían ser toleradas por las autoridades, pero en ningún caso contaban con su autorización. La transmisión de mensajes de respetabilidad, unidad, respaldo y compromiso de los participantes resultó más complicado que en el caso de las acciones convencionales. Las formas violentas de movilización comprendieron todas aquellas en las que los enfrentamientos incluían el uso —o la amenaza— de ejercer daño material por parte de alguno de los participantes. La violencia más habitual fue la ejercida contra bienes, como los asaltos de edificios y propiedades, la destrucción de máquinas o cultivos y los sabotajes. Acciones violentas con daño de personas se produjeron en las colisiones con la policía y el ejército, en reyertas y rituales violentos. Casos distintos fueron los que contaron con la exclusiva intervención de especialistas en la práctica de la violencia, como los tiroteos entre «pistoleros», o entre estos y la policía.

Acciones convencionales y prescritas

La estrella de la movilización de carácter convencional en este período fue, sin duda, el mitin. Se generalizaron en Gran Bretaña a partir de 1815 y con posterioridad en otros países, con el paso de la experiencia de los dirigentes políticos en banquetes, clubes, congregaciones religiosas y algunos oficios urbanos, a otras reuniones convertidas en instrumentos de campañas para movilizar apoyos sociales y dar publicidad a objetivos políticos, como el derecho al sufragio o la abolición de la esclavitud. Su origen británico puede certificarse en la expresión meeting utilizada todavía en España en la segunda década del siglo XX, fechas en las que se generalizaron estas reuniones en locales cerrados, al ser autorizados con mayor frecuencia por los gobiernos, y entenderse útiles para difundir los programas políticos de los distintos autores, así como servir de recuento de fuerzas para los sindicatos y organizaciones de oposición. La política del mitin se consolidó en España en los años treinta de manera espectacular tras el paréntesis de la dictadura de Primo de Rivera. Como señaló Heliófilo, en marzo de 1931, España entera sería mitin y, quizá de tanto extenderse, «pronto no será nada» al perder los últimos rasgos de su significado; de momento, sin embargo, era sinónimo de fiesta de la libertad. Pero el sentido con más calado del mitin residió en su conexión con el ejercicio de la soberanía popular. Fue habitual referirse en aquella época al mitin como «comicios», palabra de origen romano referida a las reuniones para tratar negocios públicos, al que se añadió una acepción relacionada también con los actos electorales; de ahí que todo el mundo entendiera a Unamuno al afirmar en un mitin en Salamanca que «con vuestra presencia habéis venido a votar contra el régimen»[218].

La misma trascendencia tuvo el mitin republicano celebrado en la vieja plaza de toros de Madrid en septiembre de 1930, como anuncio de la formación del Comité Revolucionario. Pero no todos los grupos podían llenar plazas de toros y debían conformarse con hacerlo en teatros y cinematógrafos, ya que uno de los principales mensajes transmitidos en los mítines residía en cuantificar el respaldo social y político a las propuestas de los convocantes; un local semivacío sonaba a fracaso. Como parte de su acuciante reorganización, los sindicalistas de la CNT celebraron muchos mítines recién instaurado el Gobierno Provisional de la República, de la misma manera que utilizaron los anarquistas de la FAI para dar a conocer su política de la «trabazón» con la CNT en junio de 1931, y otra vez en diciembre para anunciar la revolución. Los mítines constituían una movilización convencional, autorizada y pacífica, habitual entre las acciones del repertorio cosmopolita que, sin embargo, podía derivar en ocasiones en enfrentamientos violentos. Tuvieron repercusión política los dos mítines «revisionistas» convocados por la minoría católica en el Congreso y la Acción Nacional en octubre de 1931; el último de ellos, el de Palencia, fue objeto de sabotaje por grupos rivales y dio lugar a colisiones entre los asistentes al mitin y estos, así como con la Guardia Civil. Junto con el sabotaje, el control policial de los mítines podía dar lugar también a colisiones. Los gobiernos del período autorizaron muchos mítines con excepción de aquellos convocados en momentos de tensión política o por la amenaza de originar enfrentamientos.

Aunque en menor número que los mítines autorizados, las manifestaciones formaron parte también de la cultura de enfrentamiento del período. La manifestación, y sus parientes más cercanos como el séquito, la procesión cívica, la marcha, la comitiva y la concentración, se generalizó en Gran Bretaña por primera vez en la primera mitad del siglo XIX, y en el resto de Europa occidental a principios del siglo XX, al imitar todos los grupos políticos la experiencia obrera del Primero de Mayo. Se desconoce, sin embargo, su origen, ya que pudo ser una adaptación de procesiones religiosas, cortejos de artesanos o desfiles militares. Se transformó en un desplazamiento por la vía pública para promover reclamaciones de pertenencia política y apoyo para alguna posición o programa político, a través de un despliegue de señales para transmitir mensajes de respetabilidad, unidad, respaldo y compromiso, en un trato directo con la opinión pública. Significa una ocupación precaria y transitoria de la calle y una ruptura de los usos codificados del tiempo y del espacio en un núcleo de población. Al producirse en espacios abiertos y no acotados, la manifestación implica resultados imprevisibles debido a las posibles interferencias procedentes de los propios manifestantes, observadores, oponentes y agentes del Gobierno. Por eso y por la amenaza subyacente derivada de la inquietante ocupación de la calle, las autoridades se mostraron reacias a permitirlas, a diferencia de los mítines en locales cerrados.

Las manifestaciones se convirtieron en una forma de movilización bien conocida en la España de la segunda década del siglo, pero no demasiado utilizada por la resistencia de cualquier gobierno español a su autorización en los ochenta primeros años del siglo XX. En 1918 se decía: «de abrir la mano tendríamos que pasarnos la vida en la calle cuidando de ellas y expuestos a constantes disgustos»; y en octubre de 1931: «hubiera tolerado cualquier protesta que se hubiera hecho por medio de otro procedimiento, pero de ninguna manera por medio de una manifestación». Fueron muy importantes las concentraciones ante las sedes de los ayuntamientos el 14 de abril de 1931, para simbolizar el ejercicio de soberanía popular ante el cambio de Gobierno. Hubo manifestaciones de taxis en Madrid y Barcelona, como también en forma fúnebre —Alonso Cano, por ejemplo— que influyeron de manera notable en la política del momento. Se convocaron manifestaciones en forma de ritual, como las del Primero de Mayo, y manifestaciones a manera de procesiones cívicas, cuya naturaleza propia residía en la ausencia de reclamaciones. Si la participación era numerosa, la manifestación constituía un éxito; los oponentes de cualquiera de ellas intentaron por eso desprestigiar las manifestaciones de los adversarios con cálculos muy reducidos de asistentes, justo lo contrario que hacían los partidarios de la movilización. El diario El Debate intentó probar la escasa convocatoria en la manifestación en homenaje a la figura de Pablo Iglesias, celebrada en el centro de Madrid el 19 de abril de 1931, mediante un sofisticado sistema de cómputo de ocupantes del espacio por el que concluyó la asistencia de 20 000 personas en lugar de las 120 000 que aportó El Socialista. Se instauró así la «guerra de cifras», cuyo origen en España data por lo menos de los años ochenta del siglo XIX[219].

Muy cercanas a las manifestaciones fueron las marchas, con la diferencia de ser estas de mayor duración y originarse en núcleos rurales y mineros en dirección a las ciudades. La más famosa de las marchas de aquella época fue la Marcha de la Sal, en marzo de 1930 en la India, un peregrinaje sagrado en la lucha contra el Imperio británico. En Gran Bretaña comenzaron las marchas del hambre en 1922 para trasladar el conflicto del paro de norte a sur y llevar las peticiones de los obreros sin trabajo a Londres. En Estados Unidos comenzaron en marzo de 1930. En todos los casos denotaron un alto nivel de organización y sacrificio para llamar la atención sobre la opinión pública. La primera de las marchas del hambre en España tuvo lugar en mayo de 1931, compuesta de 300 obreros de Santiago de Calatrava, en Jaén, para recorrer 35 kilómetros hasta la capital. La más penosa de todas, sin duda, transcurrió durante los 96 kilómetros que separan Almargen y Málaga, con 400 obreros sin trabajo. Pero en ninguno de los casos fueron marchas en dirección a Madrid, ni organizadas por asociaciones de implantación nacional como en Gran Bretaña y Estados Unidos, por lo que tuvieron escasa repercusión en la opinión pública[220].

Por la apertura de sendas oportunidades políticas, se produjeron muchas más huelgas en 1930 que en 1929, y en aquel año, la mitad de las convocadas en 1931. En este último año, sin embargo, las huelgas fueron más cortas y con menos huelguistas en cada una de ellas, una señal para advertir de la práctica de más acuerdos. Las huelgas se comprobaron complicadas en el conjunto del período, al ser denunciadas la mayoría de las veces como ilegales, lo que provocaba la intransigencia de alguna de las partes; al no generalizarse tampoco la mediación de las autoridades por falta de recursos humanos y económicos; y porque si hubo acuerdo en primera instancia, resultó fácil que tanto patronos como obreros vulneraran los compromisos adquiridos. Los motivos salariales y las condiciones de trabajo fueron los más sobresalientes, pero por los ambientes políticos y la rivalidad sindical, aquellas reclamaciones se combinaron en la mayoría de los casos con otras de política sindical y general. Los Sindicatos Únicos de la CNT fueron responsables de buena parte de las convocatorias, acordadas en su comienzo y finalización por comités o en asambleas celebradas a veces en grandes locales, como estadios deportivos, o en descampados fuera de la ciudad por orden de los gobernadores civiles e, incluso, en algún cementerio, al estar clausurado el centro obrero.

Si se prolongaba la duración de una huelga, los obreros utilizaban otros recursos para mantenerse firmes y presionar a los patronos con acciones asociadas, como el boicot a la empresa, la destrucción de bienes o el recorrido del resto de las fábricas del mismo sector en una localidad para recabar la solidaridad de otros trabajadores, como ocurrió entre las obreras de Jijona, en Alicante. Los huelguistas, a veces, intimidaban a los obreros que no secundaban la huelga. El esquirol es un término procedente de una localidad del mismo nombre en la comarca de Osona, en Cataluña, cuyos trabajadores sustituían a los huelguistas en las fábricas de Manlleu a finales del siglo XIX. Al dirigirse un obrero a la mina de Carbones Asturianos en diciembre de 1930, le salieron al paso hombres, mujeres y muchachos, en huelga o en su apoyo, y con insultos le arrojaron piedras. El obrero marchó a casa de su suegra con la que vivía, pero esta no le permitió la entrada y se vio obligado a refugiarse en el cuartel de la Guardia Civil. Cuando estaba afeitándose en una barbería de Arriate, Málaga, entraron un grupo de trabajadores y obligaron al barbero a dejarle medio rasurado, por ser un esquirol ocupado en un cortijo al que habían declarado el boicot. Una vez en la calle fue objeto de una cencerrada ensordecedora[221].

Casi tan abundante como el número de los huelguistas fue el de firmantes de peticiones. Eran escritos redactados por una organización, compuestos de una exposición de motivos, una lista de reclamaciones y un número de firmas, a manera de respaldo a su contenido. Las peticiones tienen un origen muy remoto, pero la forma descrita antes comenzó a prevalecer y a incorporarse al repertorio cosmopolita a finales del siglo XVIII en algunos países europeos y en Estados Unidos. La novedad residía en la recogida previa de firmas para respaldar la petición o su presentación en manifestación con o sin mitin previo. Además de enviar un mensaje de respaldo social a la petición, la recogida de firmas favorecía la localización y cohesión de potenciales seguidores y permitía participar en la política a los grupos carentes del derecho de sufragio. Las experiencias anglosajonas del siglo XIX indican el protagonismo de las redes religiosas y de las mujeres en la recogida. Constituyó, en ese sentido, un vehículo de aprendizaje político. La España del siglo XIX contiene algunos ejemplos de presentación de peticiones con decenas de miles de firmas; no fueron muy habituales en las dos primeras décadas del siglo XX, al rivalizar las firmas individuales con las de asociaciones, así como las «manifestaciones de tarjetas» y las peticiones presentadas en manifestación. En 1930 y 1931, sin embargo, la recogida de firmas, para aportar respaldo a los escritos dirigidos a los gobiernos y al presidente de las Cortes, se convirtió en habitual. Las peticiones de este estilo más señaladas fueron las integradas en las campañas proamnistía durante las dictaduras, y las realizadas por mujeres en defensa de la Iglesia católica[222].

El período en su conjunto estuvo repleto de rituales prescritos por los gobiernos o con intervención directa de las autoridades. Si proliferaron los rituales de carácter religioso con subvención y presencia oficiales en 1930 y hasta abril de 1931, desde entonces destacaron los cortejos y procesiones cívicas conmemorativas de personajes y enfrentamientos ocurridos en el siglo XIX con el mismo favor oficial. La fiesta transgresora de los días de abril inauguró una época de gusto por la ritualización de acontecimientos e ideas acordes con el ejercicio de soberanía del pueblo y la revolución de ciudadanía. Fiestas de soberanía y de la República fueron las del 15 de abril, 14 de julio y 11 de diciembre, con una participación sobresaliente de la población. La semana del 12 al 19 de abril culminó con el homenaje a Pablo Iglesias en Madrid, para escenificar la contribución socialista a la instauración del Gobierno Provisional de la República. En el Primero de Mayo de 1931 participó por primera vez desde 1890 el Gobierno, para ritualizar la identificación entre la clase obrera y la República; los mítines, manifestaciones, entrega de peticiones a las autoridades y las jiras campestres socialistas simbolizaron la visión cíclica de «un hermoso renacer», en la que los trabajadores participantes se mostraban como ciudadanos, en un compromiso por afianzar el régimen y posponer la ejecución de las políticas de clase. En la mayoría de los mítines anarcosindicalistas se confirmó la colaboración de los seguidores de la CNT en la revolución de abril y la petición de derechos para los trabajadores y sus sindicatos. Un día después se celebraba el ritual del Dos de Mayo en Madrid, con características similares a las de años anteriores —con liturgia religiosa—, pero con el desfile de tropas bajo la enseña tricolor y un significado que igualaba la fecha conmemorativa con el 14 de abril: un alzamiento contra la tiranía. En los siguientes meses se sucedieron rituales conmemorativos de hechos y héroes del pasado, como el Corpus de Sang y las «Bases de Manresa» en Barcelona, el «Estanco de la sal» en Bilbao, las víctimas de la defensa de Bilbao, Oviedo, Sagunto o La Junquera frente a los carlistas, los defensores de la libertad fusilados en Alicante, los «coloraos» en Almería, los fusilamientos de Carral en Galicia; junto con homenajes a Rafael del Riego, Mariana Pineda, Torrijos, Clarín, Galdós, Salmerón, Pi y Margall, Ferrer, Pablo Iglesias y, por fin, a Galán y García Hernández en diciembre de 1931[223].

Movilizaciones transgresoras

La diferencia entre una manifestación convencional y otra transgresora consistió en la apreciación de las autoridades y adversarios. La primera había sido autorizada por el Gobierno; a la que este no concedía autorización o no había sido solicitada se le denominaba «tumultuosa» y requería su disolución de los agentes de policía. La mayoría de las manifestaciones o concentraciones en la vía pública fueron transgresoras en el conjunto del período y, en bastantes ocasiones, derivaron en acciones violentas contra las personas por la intervención de las policías y, en menor medida contra los bienes, a cargo de los propios desafiantes.

Para lograr la mayor rapidez posible en la difusión de la convocatoria de una huelga general en una capital de provincia, los sindicatos utilizaron motos, por lo que los gobernadores civiles ordenaban la requisa de todas las existentes o la detención de sus conductores. Se produjeron una docena de huelgas generales de ámbito local durante los gobiernos Berenguer y Aznar, y dos docenas en los seis últimos meses de 1931. Toda huelga general se convocaba de manera inesperada, por lo que la sorpresa añadida dificultaba la inmediata respuesta gubernamental. Era considerada ilegal por las autoridades provinciales y locales, al no estar contemplada en el ordenamiento jurídico. La dinámica laboral y sindical para llegar a su declaración varió con las circunstancias políticas, los resultados previos del violento control policial y la intransigencia de los patronos, porque muchos paros generales se convocaron para desatascar huelgas sectoriales en punto muerto. La mayoría de ellas, en todo caso, constituían una lucha por el poder entre organizaciones sindicales, y entre estas y las organizaciones patronales y el Gobierno. Este no podía tolerar el control de la actividad económica y el espacio urbano a cargo de los sindicatos, por lo que, si disponía de capacidad para ello, cerraba las sedes sindicales, ocupaba la calle con la Guardia Civil y detenía a los dirigentes de la huelga. Para el fin de esta se negociaba entonces el regreso al anterior statu quo. Junto con las huelgas no autorizadas, los cierres patronales, planteados como una respuesta a la declaración de huelga y boicot por parte de los sindicatos, se sucedieron en 1930 y 1931 con relativa frecuencia.

El boicot consistió en el acuerdo de evitar de manera deliberada todo contacto e intercambio sociales, de carácter personal, laboral, económico o político, con una persona u organización. Esta táctica de movilización colectiva acuñó el nombre de boicot en los años ochenta del siglo XIX, debido a las políticas de aislamiento social aplicadas por los arrendatarios irlandeses del Condado de Mayo al cobrador de rentas el capitán inglés Charles Cunningham Boycott. Después de cinco semanas de que la gente empleada en su casa y los paisanos en general dejaran de realizar servicios para él, abandonó el Condado y partió a Inglaterra. El nombre para designar el vacío social adquirió gran éxito y se trasladó con el tipo de acción a Estados Unidos, donde se aplicó a los esquiroles. Llamado boycottage, comenzó a utilizarse en España a principios del siglo XX con el rechazo de los productos argentinos en protesta por la expulsión de anarquistas de aquel país. En 1930 y 1931 se convirtió en una medida aplicada de manera habitual por vecinos, comerciantes, industriales y sindicatos, como fue el caso del aislamiento propuesto por el sindicato de artes gráficas de Barcelona a una imprenta, debido a la conducta del propietario en la última huelga «¡No acudir a los espectáculos que encargan los carteles en Casa Valls, no comprar en las casas que se anuncian por medio de la casa Valls!». Se boicotearon en aquellos años tranvías, empresas, fincas, patronos, carga y descarga de buques, productos catalanes, comercios no nacionalistas en Bilbao, cursillos de maestros, etc. El boicot era considerado ilegal en todos los países, al igual que la estrategia contraria, el level, una táctica menos habitual para favorecer a empresas, personas u organizaciones cuyo comportamiento se correspondía con las demandas planteadas por los obreros[224].

Fueron muy frecuentes también en el ámbito laboral las huelgas de «brazos caídos», que representaban en la práctica la ocupación de los lugares de trabajo por los obreros. La huelga de brazos caídos —sit-down— floreció en Michigan, Estados Unidos, en los años treinta y luego continuó por todas partes en las protestas de la industria automovilística. Surgió, sin embargo, en Milán y Roma y se extendió hasta Nápoles en las 150 ocupaciones de fábrica a cargo de 50 000 obreros en septiembre de 1920. Otra oleada muy significativa ocurrió en junio de 1936 en Francia. La primera vez que se realizó en España fue en 1920, en Gijón, como protesta por la represión de los anarquistas en Cataluña. Aunque en el cómputo total de las huelgas del período tuvo un carácter minoritario, en 1930 y 1931 se produjeron con relativa frecuencia desde octubre del primer año, cuando los obreros de hierro para el cemento armado de una obra realizada en un camino de Valencia decidieron llevarla a cabo para protestar por el despido de cuatro compañeros. Se extendió de manera inmediata entre las obreras cigarreras y cerilleras de distintas poblaciones desde noviembre, con casos en los que las obreras recibían a sus bebés para ser alimentados durante la ocupación. En aquella época la huelga de brazos caídos recibió el nombre de «huelga a la italiana». La Guardia de Seguridad, el Ejército regular y, sobre todo, la Guardia Civil fueron los encargados de desalojar por la fuerza las fábricas y talleres ocupados, casi siempre sin resultar heridos o detenidos ninguno de los participantes, con excepción de la experiencia de Gijón del 8 de diciembre de 1931. Ante la negativa de los trabajadores a producir o maniobrar con materias primas transportadas por los buques boicoteados por la CNT en los puertos españoles, los patronos cerraron sus fábricas, pero los obreros permanecieron en ellas en forma de ocupación. Como en otros tantos casos, la policía intentó los desalojos, pero en la de Moreda, la hostilidad hacia la Guardia Civil contribuyó a una colisión con disparos y dos obreros muertos[225].

Una variante del «bloqueo» de la producción en las fábricas fue el control de carreteras o de vías férreas a la entrada de los núcleos de población, como ocurrió en la provincia de Alicante durante la huelga general de diciembre de 1930. En cuatro o cinco ocasiones durante este período los enfrentamientos incluyeron la construcción de barricadas por parte de vecinos de los barrios de las ciudades en un sentido similar al corte de carretera. Los soldados y marineros realizaron plantes y los presos fueron protagonistas de huelgas de hambre, como los jóvenes nacionalistas vascos que dejaron escrita su voluntad de llegar hasta el final por Euskadi. Diversos grupos sociales, entre ellos los estudiantes, utilizaron la movilización tradicional de la cencerrada —castigada en el Código Penal con multa— para adaptarla a los conflictos y la competencia de carácter político. En resumen, las manifestaciones sin autorización constituyeron la forma transgresora más utilizada, seguida a bastante distancia por la huelga ilegal, bien en su vertiente sectorial o local-general. Las huelgas se asociaron con cierta frecuencia a boicots, plantes y ocupaciones. En conjunto, las formas transgresoras pudieron equipararse en número a las convencionales, si se exceptúa el mitin. El despliegue de formas convencionales y transgresoras pudo relacionarse o desembocar en un enfrentamiento violento debido a diferentes circunstancias.

La política de la violencia colectiva

La huelga de la madera en Valencia se prolongó durante octubre y noviembre de 1930 en doscientas fábricas y talleres con varios miles de trabajadores en paro. Ante la resistencia patronal, los sindicalistas realizaron acciones de boicot a las empresas y de sabotaje, como la destrucción de maquinaria y el incendio de algunas fábricas y de troncos de madera transportados en carros. El Comité Regional de Levante de la CNT decidió generalizar la huelga a toda la ciudad, se produjeron cierres patronales, barricadas y colisiones con la Guardia Civil, un sindicalista muerto y otra huelga de cuarenta y ocho horas extendida a toda la provincia. Sin alcanzar un acuerdo con los patronos, el 21 de diciembre, una asamblea de cuatro mil huelguistas decidió el regreso al trabajo. Como ilustra este ejemplo, las diferentes expresiones de violencia colectiva constituyen una interacción social en la que al menos una de las partes participantes en un enfrentamiento produce —o amenaza con producir— daño en bienes o personas para responder a un conflicto planteado en el marco de un proceso político concreto. No existen leyes generales para su explicación, menos aún la de una propensión humana o de ciertas categorías sociales, como respuesta a miedos colectivos o sostenida por ideologías destructivas. Alrededor de la violencia colectiva, en cambio, se encuentran las oportunidades para actuar, las experiencias previas, la actuación de gobiernos y especialistas y las capacidades para su uso. La mayor parte de la violencia surge de la propia dinámica de la movilización colectiva, en las luchas por adquirir poder y reconocimiento, se manifiesta junto con la política ejercida sin violencia, varía con los procesos políticos y, en definitiva, se relaciona con similares circunstancias y condiciones que la acción colectiva sin violencia[226].

Si la mayor parte de los enfrentamientos en los años 1930 y 1931 consistió en movilizaciones colectivas iniciadas sin violencia, no cabe duda de que se produjo un amplio despliegue de esta en diversas formas y como respuesta a distintas situaciones y conflictos. Hubo más episodios de violencia colectiva durante el período republicano que en el monárquico precedente. La mayor parte de la violencia procedió de la intervención de pluralidad de protagonistas, aunque sobresalieran los agentes de los gobiernos en el control policial de la protesta; de la variedad de relaciones con la movilización, desde la más alejada, como el pistolerismo, a la más directa en las colisiones entre manifestantes y policías; de la diversidad de formas, exhibidas en asaltos, reyertas, sabotajes con violencia, invasiones y ocupaciones de propiedades privadas, destrucciones, incendios, etc. Junto con el período entre septiembre y diciembre de 1930, desde finales de marzo de 1931 hasta el final del año fue recurrente el daño a objetos y personas en los enfrentamientos. El episodio de violencia más generalizada se desarrolló a mediados de diciembre de 1930 alrededor de la rebelión militar de Jaca y la huelga general posterior declarada en numerosas poblaciones, con al menos 24 muertos, decenas de heridos y cuantiosas destrucciones. En segundo lugar, y ya durante la República, fueron enfrentamientos muy violentos durante varios días los comprendidos en mayo, con la violencia iconoclasta, el incidente de Rute y la huelga-marcha de Pasajes, en Guipúzcoa; en la huelga general de julio en Sevilla, con más de 20 muertos, y en la de Barcelona, con 11 muertos a principios de septiembre. Solo el 31 de diciembre de 1931 sobrepasó cualquier estadística de violencia contra las personas, al contabilizarse diez víctimas mortales en las provincias de Badajoz y de Zaragoza[227].

En referencia a la violencia contra las personas, la muestra que he realizado para el conjunto del período (véase cuadro 1) indica que, en comparación con otros países europeos, el número de víctimas mortales es revelador del gran volumen de enfrentamientos en los que se produjeron víctimas, con un porcentaje de 1,63 muertos por incidente. Dos terceras partes de aquellos sucedieron en los meses iniciales de la República, con práctica similitud entre los enfrentamientos violentos sucedidos en núcleos rurales y urbanos. El 66 por ciento de las víctimas pertenecían a corrientes políticas de izquierda y, entre ellas, sobresalieron los anarquistas y anarcosindicalistas. Entre los perpetradores de este tipo de actuaciones violentas destacaron las policías, como agentes encargados del control de la protesta. Fueron autores de la mitad de las víctimas en las dos últimas dictaduras y un porcentaje algo inferior durante el proceso constituyente republicano.

Si se relaciona esta violencia con el resto de la movilización colectiva, destacó el número de víctimas, un total de 65, en el transcurso de huelgas generales de carácter local, y de 42, en manifestaciones, marchas y concentraciones; el resto se dispersó con relación a una gran diversidad de movilizaciones. Al margen de la movilización directa, en lo que podría denominarse estrategia mafiosa, cabe reseñar los 30 muertos por atentado o agresión, lo que significa un porcentaje superior a la décima parte del total, y 21 víctimas de tiroteos por rivalidad política o sindical.

CUADRO 1. Estadística de víctimas mortales, 1930-1931
Número de | 1930-abril 1931 | % | resto 1931 | % | Totales | %
Incidentes | 47 | 27,0 | 127 | 73,0 | 174 | —
Víctimas | 74 | 26,0 | 210 | 74,0 | 284 | —
Lugares |  |  |  |  |  |
Pueblos | 31 | 22,0 | 111 | 78,0 | 142 | 50
Capitales | 41 | 28,5 | 101-103 | 71,5 | 142-144 | 50
Autores |  |  |  |  |  |
Policía y militares | 37 | 23,5 | 121 | 76,5 | 158 | 56,5
Izquierda | 14 | 20,0 | 55 | 80,0 | 69 | 24,5
Derecha | 4 | 16,5 | 20 | 83,5 | 24 | 8,5
Varios | 3 | 17,5 | 14 | 82,5 | 17 | 6,0
S/Identif. | 2 | 18,0 | 9 | 82,0 | 11 | 4,5
Víctimas |  |  |  |  |  |
Izquierda | 48 | 26,5 | 134 | 73,5 | 182 | 66,0
Derecha | 6 | 22,0 | 21 | 78,0 | 27 | 9,5
Policía y militares | 14 | 45,0 | 17 | 55,0 | 31 | 11,0
Varios | 3 | 11,0 | 24 | 89,0 | 27 | 10,0
S/Identif. | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 10 | 3,5

Un análisis de estos y otros tipos de violencia desarrollada en el conjunto del período tiene en cuenta las distintas formas de violencia colectiva con relación a los conflictos sociales a los que dieron respuesta. La violencia en forma de asalto se perpetró en tiendas, tierras cultivadas, iglesias, conventos y centros religiosos de enseñanza, cafés, restaurantes, ayuntamientos, cárceles, locales de partidos y sindicatos. Todos pudieron proceder de manifestaciones y concentraciones previas de parados, huelguistas, antagonistas políticos o sindicales, vecinos y laicistas, para forzar una acción favorable de los usuarios de esos edificios a las demandas de los desafiantes. Los ataques contra recaudadores y el reparto de impuestos consistieron en acciones amenazantes contra personas o instituciones locales para impedir el cobro de diversos impuestos o la comprobación del Catastro. Con amplia tradición en otros países europeos, el objetivo de la liberación de detenidos por la policía en la calle suponía la concentración de grupos en actitud amenazante, en ocasiones, con el lanzamiento de artefactos a los guardias. La violencia relacionada con las elecciones representaba un acompañamiento habitual de las convocatorias en diferentes países europeos hasta la Gran Guerra, con el fin de intimidar y castigar a los votantes y candidatos de la oposición y modificar los resultados, como ocurrió en España en las municipales del 12 de abril y del 31 de mayo, y en las generales del 28 de junio. La destrucción o incendio de bienes, como imágenes religiosas, montes, fábricas, fincas, maquinaria agrícola e industrial, cultivos y frutales, eran sabotajes contra objetos realizados como castigo por el mantenimiento de actitudes agraviantes de los oponentes en un conflicto, o como medida de presión para modificar las decisiones de aquellos. Entre estos sabotajes sobresalieron los emprendidos contra las instalaciones telefónicas durante la huelga llevada a cabo por la CNT en media España, entre julio y octubre de 1931. A medio camino entre la estrategia de destrucción como castigo y como presión, salpicados de tradición e inversión de significados, se produjeron algunos tipos de rituales violentos, como los realizados alrededor de edificios religiosos a mediados de mayo de 1931. Otros rituales de esta índole sucedieron en forma de reyertas de carácter local, dentro de una reunión previa, como fiestas y bailes, o extensión de las no extintas peleas callejeras tradicionales, ahora protagonizadas por personas adheridas a idearios políticos rivales.

La proliferación de estos rituales violentos y otras formas de acción del mismo signo podría confirmar la tesis esbozada por George L. Mosse de «brutalización» de la política, al producirse una prolongación de las actitudes agresivas de la Gran Guerra en el período posterior, marcadas por la deshumanización del adversario político y el protagonismo de los jóvenes. Esta tesis se inserta en la caracterización del período de entreguerras como una guerra civil europea con la primacía de las «masas» sobre las «élites». Desde otro enfoque podría hablarse más bien de «politización de la brutalidad». Cuando los jóvenes se enfrentaron a otros de manera violenta en forma de reyertas y otros rituales violentos, a menudo reproducían y adaptaban al presente la organización de bandas callejeras, los rituales de noviazgo, las rivalidades masculinas y los ritos juveniles violentos de emancipación entre cuadrillas, en el contexto frecuente de bailes y fiestas. La diferencia con épocas anteriores consistió en que los jóvenes de entreguerras actuaron en nombre de agrupaciones políticas, y de esa manera politizaron la violencia ejercida con rasgos tradicionales. En los treinta primeros años del siglo, además, se configuró una imagen estereotipada del joven agresivo como atributo de la inmadurez, que fue transmitida por la prensa y la literatura de la época[228].

La política de la violencia en la España de 1930 y 1931 estuvo relacionada con la apertura de dos procesos políticos de democratización, un contexto favorable a la profusa presentación de demandas colectivas en público, también de forma violenta, al aumentar la incertidumbre sobre la continuidad de los acuerdos sociales establecidos con anterioridad, el comportamiento de las autoridades con respecto a la presentación de las reclamaciones, la amenaza a la cohesión social de los grupos existentes y los cambios en las alianzas y las rivalidades políticas. En los períodos abruptos de transformación política en forma de democratización era más probable el aumento de manera inmediata de la violencia colectiva en la misma medida que el incremento de la lucha por el poder local y nacional. Los gobiernos influyeron en la acción colectiva de la población, al tolerar o prohibir las movilizaciones de los diferentes actores políticos y sociales. Existió en ese sentido una correlación positiva entre prohibición y violencia. Los gobiernos provisionales españoles de todo el período tuvieron dificultades para imponer acuerdos e intentaron asegurar el control de la movilización colectiva con la intervención de la policía y el Ejército regular. Las autoridades concibieron la mayoría de la movilización en 1930 y 1931 como obra de «elementos extraños» a la comunidad, y al conjunto de los participantes carente del derecho a protestar; la movilización desde esa perspectiva no constituía un derecho de ciudadanía que debía garantizarse, sino un desorden público, que debía ser respondido con la amenaza o uso de la coerción a cargo de militares y policías. Los guardias de Seguridad y los de Asalto no tuvieron un protagonismo comparable a los integrantes de la Guardia Civil, el cuerpo policial más numeroso y con una implantación mayor en el país. La respuesta tradicional de los guardias civiles a la movilización colectiva no autorizada en los núcleos rurales y en las ciudades consistió en la mayoría de los casos, con independencia de la participación de muchos o pocos agentes, en repeler con disparos de máuser una actitud provocadora; de ahí que en los informes redactados sobre sus intervenciones armadas, los manifestantes siempre atacaran primero. Cumplieron de manera estricta, además, el protocolo de intervención consistente en la intimación en tres ocasiones con intervalos cortos pero suficientes para no aducir ignorancia, después de las que disparaban sus máuseres contra las personas, a veces al aire, pero siempre con resultado de víctimas[229].

El aumento de la incertidumbre producido por los procesos de transformación política en la España de aquellos años no solo afectó a los centros de actividad política, sino que se extendió también al ámbito local al relativizar las relaciones de deferencia establecidas, con cambios en el estatus, influencia y posición en las redes sociales. Se publicaron declaraciones sobre la insolencia y el miedo colectivo, los abusos de alcaldes, obreros y propietarios. La amenaza y oportunidad de reordenación de las relaciones de poder en el ámbito local y comunitario generó conflicto y enfrentamiento, en muchas ocasiones de carácter violento. De la misma manera que la amenaza política al mantenimiento de la solidaridad e identidad grupales originó enfrentamientos violentos entre vecinos y policías en los barrios de las grandes ciudades, y entre vecinos y «forasteros» —rivales políticos o policías— en las pequeñas comunidades locales, como ocurrió en Castilblanco el 31 de diciembre de 1931[230].

Los repertorios

En este proceso político de 1930-1931, las formas convencionales, transgresoras y violentas pudieron combinarse en ciertos episodios de enfrentamiento. Las convencionales pudieron transformarse en violentas, por la intervención de oponentes y, con más asiduidad, de las policías. Por sus propias características, las formas transgresoras incitaban a la respuesta violenta de las autoridades, aunque otras veces se ejecutaron sin violencia. En todo caso, las formas de movilización descritas conformaron la política y cultura de enfrentamiento del conjunto de la población.

Al proceder los diferentes grupos de manera pública y conflictiva, con acciones bien conocidas y con modificaciones creativas, las movilizaciones se integran en repertorios. Los repertorios son conjuntos de actuaciones de carácter discontinuo, agrupado, aprendido, creativo y adaptado, que relacionan reclamaciones, demandantes, espacios, formas de movilización, oponentes y gobiernos. Varían conforme se produzcan esas relaciones, el lugar y el tiempo en los que se pongan en práctica, así como las experiencias previas y ajenas. Tienen un carácter limitado porque las personas que participan no plantean o disponen de infinitas formas de movilización, aunque se originen innovaciones. Cada repertorio disponible forma parte de una auténtica cultura del enfrentamiento, de las luchas sociales, al consistir en un conjunto de herramientas y sus símbolos con los que las personas construyen, expresan y otorgan significados a los conflictos, permitiéndoles pensar y adoptar estrategias, encuadradas en lo que puede denominarse la política de enfrentamiento. La noción de repertorio de movilización es muy útil para destacar los rasgos principales de la intervención política de distintos grupos, al congregar los conflictos, sus protagonistas, y los recursos y formas de actuar en una época determinada[231].

Una primera aplicación de esta noción de repertorio agrupa conflictos y protagonistas con determinadas formas de movilización. Así, en 1930 y 1931 existió un repertorio agrario, protagonizado por jornaleros que combinó formas flexibles organizadas por los sindicatos, como huelgas, boicots y marchas, con otras relacionadas con protestas más tradicionales, de carácter transgresor y violento que tenía en las ocupaciones e invasiones de tierras el punto de partida de hurtos, destrozos, caza furtiva, etc. Existió un repertorio de la comunidad local entera, protagonizado por los vecinos de las pequeñas ciudades y pueblos grandes, que se centró en la práctica de la manifestación en sus diversas modalidades y las huelgas con cierre de todos los negocios para responder a muy diversos conflictos originados por la decisión de autoridades centrales. Se desplegó también un repertorio estudiantil desde 1929 con asambleas, huelgas, concentraciones y manifestaciones alrededor de los edificios académicos, destrucción o incendio de retratos del rey, entierros simulados, barricadas y colisiones con la policía, boicots a los profesores, manifiestos y declaraciones a la opinión pública; movilizaciones que en ocasiones se integraron en campañas con mensajes de respetabilidad, unidad, respaldo y compromiso. Hubo un repertorio laboral, organizado sobre todo por los sindicatos, centrado en la huelga y el boicot, pero con acciones complementarios realizadas con la colaboración de las familias y vecinos, como las manifestaciones fúnebres. Los mismos organizadores pudieron participar junto con otros en un repertorio de los parados, con el despliegue de marchas de decenas de kilómetros a cargo de jornaleros sin trabajo, manifestaciones en las ciudades ante los ayuntamientos y asaltos de tiendas de comestibles, restaurantes y hoteles, donde requerían alimentos que en muchas ocasiones consumían en los propios locales antes de ser desalojados por las policías.

Pueden agruparse también los recursos y las formas de movilización procedentes de una actividad social como la existente alrededor de la muerte para componer un repertorio fúnebre utilizado en toda clase de conflictos y grupos sociales en numerosos países. Un repertorio formado por un lenguaje político vinculado a cadáveres, muertos, fallecimientos y difuntos en alusión a dirigentes políticos, instituciones y regímenes. Compuesto también del minuto de silencio, originado en 1919 en Gran Bretaña para honrar a los muertos de la Gran Guerra, convertido en 1930 y 1931, en una forma flexible de movilización para responder a todo tipo de conflictos; integrado por entierros simulados con presencia de ataúdes y velones, en acompañamiento de huelgas y fiestas políticas; y, por fin, con la inclusión de entierros verdaderos, constituidos en auténticas manifestaciones fúnebres que las autoridades toleraron, prohibieron o modificaron en sus recorridos y horarios ante la amenaza de desembocar en enfrentamientos, como ocurrió en ocasiones a través de la colisión entre grupos rivales y con las policías. El repertorio fúnebre fue utilizado asimismo en las campañas electorales, como el mitin de Lerroux ante la tumba de Ruiz Zorrilla, y en la búsqueda de reconocimiento de determinados partidos políticos, como ocurrió con los funerales por el pretendiente carlista Jaime de Borbón, al que se homenajeó como rey en las esquelas publicadas.

La noción de repertorio puede aplicarse también al conjunto de movilizaciones en una época y un lugar, y establecer una comparación con las actuaciones colectivas de épocas anteriores, para señalar si en la España de 1930 y 1931 existía una cultura de enfrentamiento distinta, idéntica o parecida a las de 1900 o 1850. Una «instantánea» de los enfrentamientos durante las dos últimas dictaduras y los gobiernos provisionales de la República invita a pensar en la coexistencia de dos grandes e históricos repertorios; uno comunitario, en el que predominaban las formas de movilización protagonizadas por comunidades locales para resolver conflictos persistentes en el tiempo con el uso —o amenaza— de recursos violentos y procedentes de la cultura local; otro cosmopolita, promovido por muy distintos grupos sociales con el despliegue de formas convencionales y transgresoras para responder a cualquier tipo de conflicto y en el que la violencia fue un recurso añadido cuando se utilizó en los enfrentamientos con oponentes y policías. Aunque predominó el repertorio cosmopolita en las ciudades y el comunitario en los núcleos rurales, ambos pudieron desplegarse en los dos espacios, según los conflictos, las relaciones entre los protagonistas y las experiencias previas. La coexistencia de ambos repertorios ilustra una España en transformación política, económica y social, a la vez que muestra el efecto de los continuos cambios de régimen político para frenar la generalización del repertorio cosmopolita y el abandono del repertorio comunitario[232].

Capítulo 9. El espectáculo

CAPÍTULO 9

EL ESPECTÁCULO

El pueblo se ha dado un presidente. La soberanía del pueblo brilla ahora más luminosa sobre todas las soberanías. Las dos horas de elección presidencial que nos parecían tan pesadas, ¿qué son comparadas con los nueve meses que duró la fabricación de un rey[233]?

«Debemos impedir por todos los medios que los anarquistas y los monárquicos saboteen la fiesta», denunció con gravedad Indalecio Prieto, encargado de la liturgia por el Gobierno. «Ministro —le respondió el jefe de Policía, Fagoaga—, los hermanos Miralles y Álvarez de Sotomayor están en prisión y no creo que el resto pueda hacer nada serio; de todas formas hemos registrado pensiones y fondas —continuó el comisario—, por si se les ocurre venir a los de Barcelona. El dispositivo para detectar el reclutamiento de obreros parados para gritar contra la República ya ha sido desplegado. Los confidentes señalan que los de la Plaza Mayor están ya dispuestos en fila para recibir el dinero». Después de hablar con Azaña sobre el supuesto «intento» preparado para la fiesta, el ministro Casares dictó de corrido a su secretario la circular n.º 135: «El día 11 de diciembre será fiesta nacional y vacarán (sic) las dependencias oficiales del Estado, provinciales y municipales de toda España, así como los establecimientos particulares respetarán la costumbre en fiestas análogas».

Era viernes y desapacible por el aire frío. Salió de su casa de Martínez Campos, 30, para oír misa en la iglesia de los Paúles, donde había una docena de feligresas arrodilladas y un joven de pie que le miraba adusto y baladrón. El oficiante percibió la presencia ilustre y pareció remitirle una bendición exclusiva. Al salir de camino hacia su casa, recordaba y se despedía; su familia materna republicana, las profundas convicciones progresistas de su tío Torres, el retrato de Prim en la pared, muy alto desde su irrisoria estatura de niño; para siempre de sus queridas tías, de su Priego de los primeros veinte años, incluso del 12 de abril, con el que todo lo porvenir sería pequeño a su lado; adiós, adiós. Vestido con frac y corbata blanca no parecía nervioso cuando esperaba a la comisión parlamentaria para recogerle en su casa. Aunque su candidatura obtuvo 362 votos, su orgullo le hizo fijarse en las ausencias deliberadas y en los votos en blanco procedentes en su mayoría de socialistas y radical-socialistas. Lo juzgaba ingrato. Más distantes todavía se encontraban los tradicionalistas y los partidarios de la República intransigente, que mostraron su rechazo de todo con su boicot.

Frenó el carruaje ante el Palacio del Congreso ya con gentío innumerable en los alrededores. Le esperaba todo el Gobierno en la puerta central bajo un gran dosel con el escudo de la República. Ante el espectáculo que presenciaban oyó a Lerroux preguntar a Nicolau: «¿Qué opina ese corazón catalán de este pueblo madrileño?». «Algo inmenso, inexplicable, don Alejandro», contestó el ministro de Economía. Habían retirado la balaustrada habitual del estrado del salón de plenos para dejar solo dos sillas y una mesa desde donde el presidente de la Cámara, Besteiro, pronunció la fórmula de iniciación a la promesa. El gobierno Azaña situado detrás, y él, frente a todos los diputados e invitados en pie, nervioso, impaciente y emocionado, exclamó: «Prometo solemnemente por mi honor, ante las Cortes Constituyentes, como órgano de la soberanía nacional, servir fielmente a la República, guardar y hacer cumplir la Constitución, observar las leyes, consagrar mi actividad de jefe del Estado al servicio de la justicia y al de España». Los aplausos atronaron en medio de vivas a la República, a España y al pueblo español. En los últimos meses había mirado hacia la izquierda a los más avanzados, para ver quiénes daban el ejemplo de subir al calvario, y se encontró casi solo, lo arriesgó todo y lo ganó todo. Ya era presidente de la República, rango que predisponía, pensaba él, a la serenidad y quietud políticas. La oquedad del futuro le atropelló por un momento, pero se dispuso enseguida a participar a todos de su estremecimiento en el trayecto desde la Asamblea de la Revolución al antiguo Palacio Real, su nueva residencia.

El tiempo en Madrid fue espléndido desde el mediodía. Era el día de gran gala de la República, en el que los tranvías lucían gallardetes tricolores en el trole y numerosos taxis iban adornados con la bandera. Un carruaje escoltado por la caballería de la nueva guardia presidencial, con casco y coraza, le trasladó junto a Besteiro. Saludaba con una sonrisa a todo el mundo. Separado de la comitiva por miles de soldados, un enorme gentío pobló todo el itinerario y los carteristas operaron sin limitaciones. «¡Eh, mi cartera!», gritó el espectador en la plaza de Neptuno —de Cánovas, aún de manera oficial—, cuando escuchó susurrar a su lado: Aligera la verdó questamos negrachis lipandó. Sin poder recuperarla, el espectador murmuró que por su aspecto podía haber sido confundido con un pasmao o un julai. Al oír la lamentación, la espectadora intentó consolarle: hoy es jornada de puertas abiertas para los expertos en aligerar los bolsillos. Este momento es de fiesta para España y no quiero deslucírmelo; me gustaría continuar con el regocijo por la consolidación de la República. Ahora ya está completa, después de la puesta en marcha de unas Cortes y la promulgación constitucional. La espectadora no pudo más que asentir y añadió que significaba escalar la cima de la definitiva estabilidad de la República. No se conocían pero con el aliento de la fiesta recorrieron completo el camino presidencial en conversación política. Ya en la plaza de Castelar con la diosa Cibeles en el centro, el espectador se mostraba entusiasmado con Alcalá-Zamora, del que decía ser seguidor desde el famoso discurso de Valencia en abril de 1930, cuando asestó un golpe a la Corona. Desde entonces, comentó, supo erigirse en la piedra angular del proyecto republicano, al aportar una base conservadora a la revolución, como hizo Thiers en los comienzos de la III República francesa, con los prusianos todavía en los alrededores de París. Claro que los adversarios de la República lo llamaban el Kerensky español, que sería sobrepasado de manera inevitable por los bolcheviques de nuestro país. Aunque no cuestiono —terció la espectadora— la importancia de su aportación a la amplitud de fuerzas revolucionarias para desbancar a la monarquía, encarriló la marcha del primer Gobierno Provisional por vías muy conservadoras; entorpeció, si cabe, la construcción de una República avanzada, sin monárquicos en los puestos de decisión, y con cardenales y obispos lejos del lobby de Presidencia para medrar. Como radical-socialista no puedo aceptar su concepto franciscano de la política, en su particular empeño de hallar fórmulas de concordia para todo, y olvidar que la revolución de abril significaba imponer la marginación política de las losas del antiguo régimen. Pero la política de transacción ha sido su mayor virtud —interrumpió el espectador con alegría—, porque sin ella hubiera sido imposible la cohesión del Gobierno republicano y la promulgación de una Constitución. Hemos sido muy afortunados al contar con un dirigente político que posee un alma hija a la vez del catolicismo y de la revolución.

La comitiva se encontraba en la Puerta del Sol atestada de gente. El Ministerio de Gobernación presenciaba solemne el paso del presidente, ocho meses después de ser izada la bandera tricolor por primera vez en su balcón principal. Miró hacia la balconada para comprobar que era cierto y el espectador se dio cuenta. Señaló entonces el valor político de la decisión del Comité Revolucionario de adelantarse a la fuga del rey, los primeros decretos dictados de corrido; la memoria prodigiosa de Alcalá-Zamora que, junto con su oratoria, la impaciencia y el orgullo, conjugaron las cualidades del gran repúblico, como le llamó la Nueva España. Un diario monárquico le pintó en el discurso de apertura de las Cortes como el verbo de la revolución. Mientras alzaba la vista hacia los aeroplanos que dejaban caer ejemplares de la nueva Constitución sobre sus cabezas, la espectadora recordó que en cuanto a oratoria, don Niceto sí que es afamado, porque nació hablando, como otros nacen llorando. La carcajada del espectador apenas se oyó por el ruido ambiente, pero provocó una sonrisa a medio hacer en su interlocutora. En cuanto a su vanidad —prosiguió la espectadora—, no sé cuántas dimisiones se fraguaron en seis meses por contrariar su orgullo, y ningún repliegue sucesivo menos por aceptar adulaciones. El espectador creía que había un punto de exageración sobre todo ello, pero prefirió desviar la conversación hacia una cualidad del nuevo presidente que apenas se había señalado en la prensa: su obsesión por el tiempo. Don Niceto mide la política en horas, con la intensidad, rapidez y velocidad sin tregua que requiere según su parecer la toma de decisiones, como la de la marcha del rey sin demora «a la hora de la puesta del sol».

Pasaban por la calle Mayor en su parte más estrecha. No cabían todos. Al aproximarse al número 88, cerca ya de la sede de la antigua Capitanía General, entre sonrisas y saludos, llamó la atención de Besteiro sobre el lugar histórico. La escolta se ciñó al carruaje como si se hubiera ordenado envolver a la víctima con papel de protección. Se estremeció al recordar el lanzamiento de una «orsini» en un ramo de flores en dirección a la carroza de los esposos regios en 1906, ¿habría otro Mateo Morral en alguno de esos balcones? Por unos instantes no podía ver nada a su alrededor y sufrió un leve ataque de claustrofobia. Al aproximarse al mismo sitio, la espectadora comentó la misma historia en alto, como si el tiempo no hubiera pasado y la situación fuera la misma. Para cambiar de conversación soltó un Queipo de Llano será el jefe de su cuarto militar. Sí —intervino el espectador—, pero en primera instancia el elegido fue Sanjurjo que se excusó; dicen que por no saber francés y vivir amancebado. Estaban en la calle Bailén y no quedaba nada para entrar en Palacio. Minutos antes había intentado entrar en él su esposa, cuando un ujier, al no reconocerla, le prohibió la entrada. Después de un prolongado silencio, la espectadora soltó ¿sabes lo que no me ha gustado nada de la trayectoria de don Niceto como jefe del Gobierno? Que ha ninguneado a los radical-socialistas, al favorecer a los dirigentes del PSOE en la legislación laboral y acordar con Fernando de los Ríos las reformas de los tribunales; su animosidad hacia mi partido la justifica por su influencia nefasta ejercida en las Cortes, y por su antipatía hacia Albornoz, a quien no traga por su jacobinismo. Pero no pienses que en mí anida la indiferencia, al contrario, vibra la emoción civil como me ha reconocido un viejo amigo esta mañana, porque los tiempos se han cumplido y el simbolismo de las orlas colgadas en las paredes durante décadas de las barbas de Pi, del mostacho de Castelar, de los ojos luminosos de Salmerón, se ha hecho realidad. La aglomeración de público en la plaza de Oriente —ya oficial, plaza de la República— era en verdad espectacular. Al llegar a Palacio, en el que ondeaba la bandera tricolor, cuatro miñones de Álava interpretaron el «Agur Jaunak». Las bandas entonaron a continuación el himno nacional. Dentro del edificio se conmovió al recordar en segundos el itinerario de la revolución hasta llegar a estos momentos de júbilo. Junto con todo el Gobierno, salió al balcón para revistar el desfile militar, con las tropas del Ejército regular, la Guardia Civil, una representación del Tercio de la Legión y de un tambor de Regulares. Al quedarse por fuerza en una esquina de la plaza, el espectador sugirió a la espectadora saciar la sed en «El Anciano Rey de los vinos», al que habían retirado parte del rótulo.

Se practicaron durante el recorrido presidencial varias decenas de detenciones, en algunos casos muchachos menores de 18 años. En otras ciudades la suspensión de la actividad económica recomendada por el Gobierno fue desigual. Los Sindicatos Únicos de Zaragoza propusieron trabajar ese día en señal de protesta. Los gobernadores civiles informaron sobre la celebración de manifestaciones jubilosas, cortejos con bandas de música y, en algunos lugares como Pamplona, el lanzamiento de cohetes y la salida de gigantes y cabezudos. A diferencia del 14 y 15 de abril, los refractarios de la República salieron a la calle, al menos el día siguiente de la fiesta para ver la ceremonia y la comitiva presidencial en el cine del Palacio de la Prensa en la Gran Vía de Madrid. Se oyeron gritos y silbidos durante la proyección y fue detenido el hijo del comediógrafo Muñoz Seca.

«El pueblo hizo la ley y eligió al Jefe», resumió un diario. El pueblo sabía de la trascendencia de la promesa del presidente. Un pueblo mayor de edad y la plenitud del Derecho resultaban nuevos en la historia de España; nueva la luz, nuevo el cortejo, nuevo el símbolo, nuevo el sistema y nuevos e insospechados los horizontes. Alcalá-Zamora encarnaba el Derecho, la patria y los ideales republicanos de sacrificio y libertad, y su elección significaba la emancipación del pueblo español a la vez que la liquidación de un pasado sombrío. Era para todos la garantía de una Constitución con letra viva, sin atropello de los derechos individuales y el resplandor de la justicia sobre las pasiones. Don Niceto había antepuesto los altos intereses del país a la incitación de los enemigos de la República para encender la guerra civil e impedir la culminación de este momento tan fausto. La solemnidad de un acontecimiento memorable de la historia de España que representaba el corolario de la vida de un pueblo. La República ya tenía implantados los principales órganos jurídicos: el Parlamento, la Constitución y la Jefatura del Estado. Para esta última, todo el pueblo de Madrid estuvo en la calle. En todas las caras se mostraba la alegría y los vítores salían a flor de labio. Eran miles y miles de ciudadanos dispuestos a recorrer en el trayecto entre dos palacios el camino de incorporación al ritmo de la civilización europea, en un espectáculo grandioso, impresionante, apoteósico, inenarrable[234].

La última fiesta de soberanía de 1931. La fiesta de la promesa del presidente simbolizó la fundación de la República. Se habían producido cambios con respecto a los regímenes anteriores desde la instauración del Gobierno Provisional en la tarde del 14 de abril, la celebración de las elecciones generales el 28 de junio, la formación de unas Cortes Constituyentes a partir del 14 de julio, la promulgación de la Constitución el 9 de diciembre. Peldaños todos ellos de la institucionalización de la República, pero ninguno de ellos la encarnación en una figura individual de la unidad política de un pueblo, su sentido colectivo, la producción de una síntesis social integrada en el Estado en cuanto realidad espiritual y dinámica. La República pasaba a ser desde entonces el enlace entre el pueblo, la soberanía y el Estado. Alcalá-Zamora personificaba esta institución integradora con su función creativa e impulsora de la participación ciudadana; pero, además, por sus creencias católicas sin clericalismo, sus ideas conservadoras sin menosprecio de la justicia, y su talante liberal con el adversario, sintetizaba buena parte de la medida de las cosas en la política española. Desde la experiencia de la revolución, su inclinación por la política de transacción le capacitaba para la función integradora requerida por la República. Pero no todos buscaban las mismas metas ni defendían el mismo significado de la fiesta. Partidario de la República inmóvil, El Debate aprovechó la fiesta de soberanía para manifestar que los seguidores de su diario asistían como espectadores respetuosos, pero no podían sumarse al regocijo oficial, al introducir la Constitución aprobada medidas de persecución que declaraban una guerra espiritual a los defensores de la Iglesia católica. En aquella fiesta de soberanía tampoco participaban los partidarios de la República intransigente, algunos de cuyos representantes negaron que fuera el Madrid obrero el que vitoreaba al nuevo presidente, sino el Madrid chulo y noctámbulo, el burocrático y señoritil con «estúpidas palmadas y gritos idolátricos». En otro reproche de la misma tendencia, Ramón Franco comentó que para Galán y García Hernández la fiesta de la Jefatura de la República significaba un nuevo fusilamiento más grave que el primero[235].

Tres días después de la fiesta presidencial se conmemoró el fusilamiento de los dos héroes-mártires laicos que con su sangre generosa en Jaca suscribieron el prólogo de la República, el primer chispazo que comunicó calor a la revolución. «¡Remenber, remenber!», gritaba El Socialista en el aniversario. Aquel domingo 14 de 1930 se firmó la sentencia de muerte de la monarquía, con la pasión y muerte de Galán y García Hernández. Se celebraron un año después veladas necrológicas, misas, mítines fúnebres de homenaje, marchas a pie hasta Jaca, cierre de comercios, se promovieron monumentos, se enviaron representaciones a Huesca y Jaca incluida una de las Cortes, se estrenó una película sobre la vida de Galán en el cine Royalty de Madrid, hubo alguna procesión cívica, como la de Huesca, las banderas tricolores ondearon a media asta en los edificios republicanos, se descubrieron lápidas en las calles, se convocaron minutos de silencio por la radio. La conmemoración, sin embargo, fue fiel reflejo de las divisiones en el respaldo a la República naciente, al convocar los partidarios de la República intransigente una contramanifestación en Jaca encabezada por el excapitán Salinas y compuesta de sindicalistas de la CNT, que la fuerza pública disolvió de manera violenta, al coincidir con la manifestación oficial. Ya se sabe que los huesos convertidos en sagrados no solo se manejaron para instituir mitos, sino que su veneración desencadenó rivalidad política. En esa misma línea fundacional, aquellos días concentraron más conmemoraciones oficiales de héroes y efemérides, como la efectuada en Málaga, con procesión cívica, escuadrilla de aviones y participación institucional, del fusilamiento de Torrijos y sus compañeros cien años antes. Se celebraron también el 29 de noviembre los treinta años de la muerte de Pi y Margall, con reuniones en el teatro de la Comedia, en el Ateneo, en la Casa de la República y en el cementerio civil de Madrid. Eran todos estos antepasados fundadores de la República, y se esgrimieron para que la revolución de abril fijara la continuidad histórica del presente. Murieron, según exponía Heraldo de Madrid, por un sueño que en 1931, desde la inmortalidad, veían cumplido. Fiestas y rituales del último mes del año para esculpir, configurar, la República niña. España marchaba —señalaba La Libertad— por sendas seguras y con paso firme a una esencial innovación de sus hábitos civiles, y el porvenir sería de quien con mayor maestría supiera educar la flamante democracia española. Al final del año, sin embargo, se notaba encogida la ilusión creadora de abril. El regreso de aquella alegría, a juicio de El Sol, centraba la tarea que la República le había pedido a 1932.

La institucionalización de la República comparada

En el tiempo de la Segunda República ya existían numerosas experiencias revolucionarias que habían desembocado o no en la institucionalización de regímenes similares al español. Esos procesos pudieron medirse por una secuencia iniciada tras la revolución con el establecimiento de un gobierno, la celebración de elecciones constituyentes, la promulgación de una nueva Constitución, la designación de un jefe de Estado y la formación de un primer Gobierno constitucional. En procesos de democratización, los gobiernos revolucionarios se pusieron al frente de Estados con pérdida de capacidades, un contexto en el que era difícil responder con firmeza a dos clases de peligros acechados por la incertidumbre de la provisionalidad de su gestión, como eran la amenaza de un retorno al régimen anterior y la presión por el establecimiento de una dictadura de cualquier signo, incluidas la militar y populista. Además de otros factores, el papel desempeñado por el tiempo, el reloj de la política, fue importante para vencer o no esos dos peligros. Si bien la rapidez es un recurso limitado en manos de gobiernos frágiles, disminuye la capacidad de acción de los adversarios. La lentitud, en cambio, puede provocar el fraccionamiento de un Gobierno revolucionario y la pérdida de apoyos, o el beneficio en exclusiva de los contenidos de los decretos, de la convocatoria electoral, de la composición de la Asamblea, de la orientación de la Constitución y de la iniciativa política del Gobierno constitucional.

La revolución de septiembre de 1868 en España vivió un proceso de institucionalización de nueve meses, dirigido por una coalición amplia de diversas fuerzas monárquicas, con el rechazo de carlistas y republicanos, y culminado con el nombramiento del general Serrano como regente, en espera de un rey. La República de 1873 no sobrevivió al mismo proceso por tres guerras simultáneas, la división de la mayoría política, el cierre de las Cortes durante cuatro meses, la lentitud en la elaboración de la Constitución y la intervención final del Ejército. La experiencia francesa de la III República advierte de un proceso improvisado desde 1871 y prolongado durante cinco años, en el que la fragmentación política de la mayoría monárquica y la actuación de la Iglesia católica francesa en favor de la Santa Sede, facilitaron la hegemonía republicana permanente en la consolidación del régimen. La República portuguesa de 1910 se fraguó en menos de once meses por la presión de Gran Bretaña, con un gobierno desde su comienzo en lucha interna, que impulsó medidas y se apoyó en la acción de grupos muy radicales para arrinconar a los republicanos moderados. La Revolución rusa de febrero de 1917 vivió un proceso inconcluso de institucionalización por la lentitud de sus gobiernos en convocar elecciones para una Asamblea Constituyente, aplazadas hasta el 12 de noviembre, ya conquistado el poder por los bolcheviques, y disueltas en su primera reunión por el nuevo gobierno, en enero de 1918. El proceso de institucionalización de la República de Weimar en Alemania sucedió en nueve meses, con la aprobación de la Constitución en julio de 1919, fruto de la transacción entre las tres corrientes políticas principales: socialdemócratas, católicos y liberales. En Grecia, por último, transcurrieron tres años y medio, desde las elecciones generales de finales de 1923 hasta la promulgación de una Constitución de la República Helénica en junio de 1927, con la sucesión de numerosos gobiernos y dos dictadores militares[236].

El proceso de institucionalización de la República española culminó con éxito en menos de ocho meses; una celeridad solo equiparable a la de la monarquía parlamentaria de 1869 y a la República de Weimar en 1919; más rápida que los once meses portugueses, y mucho más alejada de los casos griego y francés, así como de los fracasos por la lentitud mostrada en 1873 y en 1917. La rapidez del proceso español indicó desde el primer momento una determinación sobre el camino a trazar de la coalición revolucionaria convertida en gobierno, en contraste con el peso de la guerra y las vacilaciones de los tres gobiernos provisionales en Rusia, las dificultades bélicas en la República de 1873 y el desinterés del gobierno portugués. La rapidez en 1931 se asoció también a la política de transacción y concordia ejercida entre los ministros de distinta procedencia política en el seno del Gobierno Provisional y entre los diputados de la mayoría de la Asamblea Constituyente, como ocurrió en 1869 con unionistas, progresistas y demócratas «cimbrios», y con la denominada coalición de Weimar; justo las experiencias contrarias de Francia, 1873, 1917, y de Grecia. En el caso español, además, la rapidez se vio favorecida por el cumplimiento hasta el final de un compromiso previo a la conquista del poder en abril, como fue el Pacto de San Sebastián y los acuerdos establecidos entre los integrantes del Comité Revolucionario, algunos de ellos fijados en su paso por la cárcel. Nada parecido a ese compromiso previo puede encontrarse en el resto de experiencias, con la excepción del muy genérico Pacto de Ostende de 1866, acuerdo para formar una coalición revolucionaria de republicanos y progresistas, disuelta una vez convocadas las primeras elecciones. Pocos meses antes de la insurrección de octubre de 1910, el directorio del Partido Republicano Portugués ni siquiera pudo acordar la composición del futuro Gobierno Provisional de la República. La coalición de Weimar se formó en la estruendosa falta de entusiasmo de todos los participantes en la institucionalización de la República.

El mantenimiento de una amplia coalición durante el transcurso completo del proceso salió favorecido por la rapidez en la toma de decisiones de sus representantes. El fraccionamiento de las coaliciones y la notable división de las mayorías en virtud de las rivalidades políticas se asoció al alargamiento del proceso, como muestra la experiencia griega. A pesar de la celeridad, sin embargo, la coalición revolucionaria de 1931 se agrietó por la extrema izquierda al mes de cumplirse la revolución de abril, con el alejamiento de los partidarios de la República intransigente, algunos de los que intentaron imponer otro resultado sin éxito; recuerdan estos a los republicanos de octubre de 1869 cuando irrumpieron con una insurrección contra el gobierno monárquico. La influencia e intervención de este tipo de grupos pudo inducir al retraso de la institucionalización de los regímenes surgidos de una revolución, con la ampliación sine die de la política de decretos de los gobiernos, o favorecer la creación de dictaduras republicanas de signo populista. Los federales españoles de 1869 y de 1873 participaron de ese último propósito, como los «democráticos» de Alfonso Costa a partir de 1911 en Portugal, y los soldados y trabajadores de Petrogrado entre abril y julio, así como los bolcheviques de octubre de 1917. Todos los procesos de institucionalización incluyeron la amenaza o el enfrentamiento de adversarios poderosos con los gobiernos. En el caso de las repúblicas, las fuerzas defensoras de la monarquía destronada no solo se opusieron a la nueva legislación, sino que intentaron promover levantamientos civiles y militares contra el régimen, aunque en algunos casos solo pudieran efectuarlos poco después de consolidarse el régimen; así ocurrió en octubre de 1873 en Francia con el intento de restauración monárquica del conde de Chambord; también en Portugal un mes después de promulgarse la Constitución y de la designación del primer presidente de la República; de manera semejante pero en pleno proceso en la experiencia rusa, con el ensayo de Kornilov en agosto de 1917; en fin, los partidarios de la dinastía carlista iniciaron una rebelión armada en 1872. En el caso español de 1931, la llamada «guerra del norte» del verano y los diversos preparativos de rebelión militar en la segunda mitad del año, amenazaron con entorpecer o suprimir la República en construcción. Interfirieron también de manera adversa en los procesos ciertos acontecimientos contraproducentes. Las guerras, por ejemplo, mostraron ser enfrentamientos incompatibles con la institucionalización. Tres de ellas se sincronizaron en 1873 para servir de fundamento de conflictos y divisiones políticas entre la mayoría gubernamental. La Gran Guerra de 1914 interpuso sus necesidades militares a las de defensa del Gobierno frente a la amenaza bolchevique, además de contribuir a la generación de malestar social en la población.

Al comparar con otras experiencias anteriores y en otros países, la institucionalización de la República española de 1931 pudo realizarse con éxito merced a la rapidez del proceso, el mantenimiento de compromisos previos de la coalición revolucionaria, incluida su permanencia en dos gobiernos provisionales. Compromisos previos actualizados por la aplicación de la política de transacción y concordia para superar la mayoría de las veces las presiones de la rivalidad política dentro de la coalición, que permitió, además, la firmeza frente a la amenaza de los partidarios de la restauración monárquica, de una República inmóvil y de otra intransigente. Al final del proceso se instauró en España un régimen político distinto del anterior, con la restauración y renovación del estado de cosas suspendido con las dictaduras.

Persistencia y ruptura en 1931

Azaña dejó escrito en su diario el 13 de diciembre de 1931 que Lerroux deseaba reservarse para cuando pudiera disolver las Cortes, al soñar con unas elecciones dirigidas por él. Como en el régimen de la Restauración, habría que añadir. Es evidente que ciertas prácticas políticas, grupos e identidades sociales, dirigentes políticos y, sobre todo, la conflictividad general de 1930 y 1931, constituían una herencia del régimen anterior a la dictadura de Primo de Rivera e incluso del siglo XIX. Hace más de cuarenta años que Aguado y Murillo se extendieron en considerar que los problemas discutidos en las Constituyentes republicanas fueron similares a los de 1869 y que el régimen construido en 1931 era afín al de la Restauración. El ensayista y seguidor de Ledesma Ramos en aquella época, Emiliano Aguado, subrayó en concreto que la República supuso el último intento de supervivencia del régimen de Cánovas y, en cambio, los monárquicos estuvieron dispuestos desde 1931 a romper con la monarquía constitucional y su herencia. Ya en 1934, Marcelino Domingo indicó que el siglo XIX les pesaba en forma de hipoteca, forzados a enterrar muertos de otras generaciones y desenterrarlos, y mencionó las palabras de Alcalá-Zamora en su discurso de apertura de las Constituyentes: «la revolución triunfante es la última de nuestras revoluciones políticas». Ya en los años ochenta, Santos Juliá concretó la herencia del pasado en la configuración de una alianza política en torno al pueblo, en nada distinto del parisino de 1848: «era un conglomerado en sí mismo anacrónico y no es ningún disparate nombrar esta alianza como decimonónica». Ballbé resaltó en 1983 la continuidad en la administración militarizada del control policial, y Romero Maura consideró más adelante que los políticos republicanos se plantearon los conflictos desde premisas correspondientes a su experiencia anterior. En fin, Martorell señaló que los constitucionalistas y republicanos se sintieron herederos de los revolucionarios de 1868 al pensar la dictadura de Primo de Rivera como un régimen de retorno al pasado para reverdecer el pleito entre la soberanía nacional y el absolutismo existente en España desde Fernando VII; utilizaron incluso en 1930 el lema «España con honra» de la Gloriosa[237].

Los principales conflictos fueron heredados del siglo XIX. Quién gobernaba y en nombre de qué identidad soberana; la propiedad y la explotación de la tierra; la relación de la Iglesia con el Estado; la autonomía y el protagonismo del Ejército en la política; la regulación estatal de las condiciones laborales; el autogobierno de las regiones; el derecho al ejercicio de la acción colectiva… todos eran conflictos planteados en el siglo XIX que provocaron enfrentamientos de diversa índole entonces y en 1931. Otros conflictos muy importantes medio siglo antes habían desaparecido o se convirtieron en excepcionales o poco relevantes, como la imposición fiscal, el precio o la escasez de pan, las «quintas», etc. A la vez, el marco de agravios de la coalición revolucionaria en 1930 se centró en la violación de la Constitución de 1876 por parte de Alfonso XIII, al consentir el establecimiento de la dictadura, y los principales dirigentes constitucionalistas, republicanos y socialistas, adquirieron su experiencia política en la primera y segunda décadas del siglo XX, con vigencia plena de la monarquía constitucional.

La revolución de abril con la instauración del Gobierno Provisional de la República no supuso un abismo infranqueable entre el funcionamiento previo y posterior de la Administración estatal. Alcalá-Zamora cuenta su perplejidad ante una «insólita» diligencia, única en su clase, al entrar un consejero togado ponente en la reunión del Consejo de Ministros de finales de abril de 1931, para comunicar a los doce procesados y hallados culpables en los últimos meses de la monarquía, ya consejeros del Gobierno Provisional, el fin de la causa judicial por la amnistía decretada el 14 de abril. El Decreto de ese día referente al Estatuto jurídico del Gobierno Provisional representaba la continuidad legal con respecto al gobierno anterior, sobre todo en lo concerniente a la protección de la libertad de conciencia y de la propiedad privada. La permanencia de los empleados estatales fue una decisión del gobierno republicano, con múltiples declaraciones de los ministros para resaltar su intención de impedir represalias; en ese sentido, el Ministerio de Gobernación insistió en la imposibilidad legal de separar a los secretarios de los ayuntamientos por la vigencia de las disposiciones legales que amparaban derechos adquiridos. La misma continuidad que se divisa en las cualidades, protocolos y rutinas de actuación de los gobernadores civiles anteriores a 1923 y los de 1931, al ser descuidada por igual la formación y profesionalidad del cargo[238].

El contenido del artículo 26 de la Constitución con relación a las prácticas de la Iglesia católica no se alejó del propósito en el mismo tema de algunos dirigentes del Partido Liberal durante la Restauración, y algunas de las decisiones de las autoridades republicanas de cualquier nivel se basaron en argumentos habituales utilizados en aquel régimen, como la no autorización de procesiones religiosas por obstaculizar el tráfico rodado o causar posibles enfrentamientos. Como años antes, desde abril de 1931 las autoridades militares reclamaron con éxito la aplicación del Código de Justicia Militar para castigar a los paisanos en las colisiones con guardias civiles, como fue el caso judicial de Castilblanco. El conde de Romanones y Santiago Alba encontraron analogías entre la Ley de Defensa de la República, votada por la mayoría en las Cortes Constituyentes, con el proyecto de Antonio Maura para combatir el terrorismo y de Canalejas, con respecto de las huelgas. El ejercicio de los derechos de libre expresión, reunión, asociación y huelga sufrieron similares limitaciones a las establecidas por leyes y autoridades durante el segundo período de la Restauración, incluida la intervención de la correspondencia postal y telegráfica por los gobernadores civiles. Continuó la asistencia de los delegados de la autoridad a las reuniones, asambleas y mítines de las organizaciones políticas y sindicales, aunque no se colocaran en la presidencia. En cuanto a los repertorios de movilización, con excepción de las innovaciones parciales planteadas en 1930 y 1931, pertenecieron a las culturas de enfrentamiento ya existentes en el período de la Restauración. En definitiva, cuestiones muy importantes y otras de menor relevancia persistieron en la cultura política de gobernantes y grupos sociales en los primeros meses de la República.

Aunque las persistencias fueron significativas, las rupturas con el siglo XIX y, en concreto con el régimen de la Restauración, también lo fueron. La República de 1931 no fue una República aletargada, una monarquía sin rey. La diferencia sustancial con regímenes anteriores no residió en el cambio de un presidente por un monarca. La transformación sustancial consistió en la condición de la ciudadanía, con la ampliación e igualación de obligaciones y derechos ciudadanos, así como un mayor control sobre las actividades del Estado. Se incluyeron nuevos derechos relacionados con el trabajo, el sufragio, la propiedad, el autogobierno de las regiones y, lo que fue más importante, se eliminó la condición católica de la ciudadanía, con la separación de la Iglesia y el Estado y la instauración de la libertad religiosa. En la historia española del siglo XIX no había ocurrido nada semejante, puesto que la Constitución de 1869 se quedó a medio camino al establecer la libertad religiosa pero no la separación. Su artículo 21 obligaba a la «Nación» a mantener el culto y los ministros de la religión católica. La ciudadanía incluyó también en 1931 un mayor control sobre las actividades y agentes del Estado a través de un Parlamento —con mayoría de diputados que lo eran por vez primera—, de donde emanaba la soberanía, sin ser compartida, con capacidad para hacer dimitir a un Gobierno por medio del voto de censura. Los representantes políticos serían elegidos, además, en campañas donde primaría más que nunca la política de opinión sobre la caciquil y de notables.

El establecimiento de unas relaciones distintas entre el Estado y la mayoría de la población, a través de la ciudadanía, implicaba la creación de nuevas bases estatales. No consiste en recoger sin más el discurso republicano de refundación de España, del Estado español, que dirigentes como Azaña, Ortega y Gasset, Lerroux, De los Ríos, Marañón, Araquistáin y buena parte de la prensa republicana, lanzaron a los cuatro vientos para resaltar su voluntad de alejamiento de las dictaduras y de la monarquía. Se trata en realidad de constatar las iniciativas de integración de las cualidades de gobierno con una condición más democrática de la ciudadanía en un Estado distinto del anterior. Ucelay Da Cal señaló en 1995 que el Estado republicano vino a ser un retrato invertido del de la Restauración: donde antes había un rey con poderes de soberanía y control, en 1931 se fijó la figura de un presidente con poderes mucho más limitados; donde existió un Parlamento bicameral mediatizado por la jefatura del Estado y del Gobierno, se establecieron salvaguardas para el funcionamiento regular y permanente de una sola Cámara en 1931; un estado centralizado se convirtió en integral para dar paso a la autonomía de gestión de las regiones, etc. En su formulación, sí era un Estado diferente a los anteriores; quedaba por comprobar si la Administración estatal tendría suficientes capacidades para cumplimentar el mandato.

Junto con una diferente condición de ciudadanía y un Estado distinto, la revolución de abril completa la singularidad del proceso político de 1931. En efecto, la combinación de un resultado electoral, la presencia e iniciativa de un Comité Revolucionario, representante de una gran coalición, y una fiesta de soberanía en la calle, en cuatro días que asombraron al mundo, resultó una obra de arte, sin experiencia equivalente en la historia española de los cien años anteriores. Para desplazar con éxito a un gobierno y un jefe de Estado de manera forzosa; una revolución, en suma. No se pareció a las ya tradicionales rebeliones militares y los pronunciamientos decimonónicos, ni a las insurrecciones populares armadas imaginadas por los republicanos del mismo siglo; tampoco consistió ni incluyó una huelga general convocada por los sindicatos para detener la actividad económica y ciudadana. Por la experiencia republicano-socialista del siglo XIX y de los primeros treinta años del siguiente, la rebelión militar, la insurrección popular y la huelga general, combinadas, constituían el único escenario previsto de la revolución, pero el fracaso de diciembre de 1930 inhabilitó por un tiempo esa estrategia. Unas elecciones, pensaban, nunca podrían determinar el camino revolucionario. Por eso, la revolución de abril supuso una auténtica sorpresa. Y, además, por sus características resultó ser una revolución elegante.

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Notas

[1] Antonio Machado, en Tuñón de Lara (1976: 225). <<

[2] «El buen deseo», en La Tierra, 14 de agosto de 1931. Juan de España, en la obra de teatro de Custodio y de Burgos, estrenada el 13 de junio en el teatro Maravillas de Madrid y titulada «Alonso XIII de Bom-bón». El resto del relato, con informaciones procedentes de la prensa y libros publicados en 1930 y 1931, y de Romanones (1947), Berenguer (1975), Martínez Saura (1999), Borrás Betriú (2001), Balbontín (2008) y Alcalá-Zamora (1998, 2012). <<

[3] Vida Manchega, 17 de abril de 1931. Estoy agradecido a Fernando del Rey por facilitarme el periódico. <<

[4] Gutiérrez, 3 de enero de 1931. <<

[5] Las dos circulares de 8 y 11 de febrero de 1930 del Gobierno, en AHN, Gob., serie A, leg. 15, exp. 24. Algunas protestas, en Villanueva (1930: 185), Berenguer (1975: 80) y Martínez Leal (2005: 29). Los trabajos más completos sobre la política española en 1930 son Ben Ami (1990) y González Calleja (1999). <<

[6] Circular n.º 51, 27 de octubre de 1927, en AHN, Gob. serie A, leg. 49, exp. 9. Este tipo de circulares se enviaba de manera regular. El nombre y el concepto de Sultanato provienen de Max Weber. Su configuración, en Chehabi y Linz (1998), Shain y Linz (1995: 29), Goodwin (2001: 183-186). Ballbé (1983: 313) llama «régimen orientalista» a la dictadura. Quizá sea más apropiado hablar de una dictadura personal de tendencias sultánicas, al poder coexistir con otros aspectos y prácticas de gobierno. Dinero público y privado, en Palafox (1991: 178) y Cabrera y Del Rey (2002: 213-217). <<

[7] «El error Berenguer», de Ortega, en El Sol, 15 de noviembre de 1930. Revolución, en Circular reservada de Martínez Anido a los gobernadores civiles, 10 de mayo de 1926 (AHN, Gob., serie A, leg. 37, exp. 6). Antiguo régimen, en leg. 45, exp. 11. La Dictadura, en Ben Ami (1984), Gómez Navarro (1991) y González Calleja (2005). Cotización y UGT, en AHN, Gob., serie A, leg. 58, exp. 24 y 34. <<

[8] Dinásticos, estudiantes y conspiraciones, en González Calleja (1999, 2009), que califica esta agitación de «revuelta de privilegiados» (1999: 424). <<

[9] Blasco Ibáñez (s. a.), Miranda (1975: 39-42), Villanueva (1931b: 9). El Murciélago, Hojas Libres, Gutiérrez, El Látigo, y otras hojas clandestinas, en HMM A/1313, F.22bis/4-5 (42-49) y A/1600-1742. La sucesión, en Chehabi y Linz (1998: 35-46). La conspiración, en Hernández Mir (1930: 346-356), González Calleja (1999: 493-498) y Alcalá-Zamora (2012: 32-43). <<

[10] La aceleración de la política en 1930, en Tusell (1995: 627). Sobre el silencio, Garcitoral (1930: 163-164). La rapidez, en Burgos y Mazo (1930: 201). De la Cierva (1955: 319). Cambó (1987: 418). Tusell (1995: 651). Ben Ami (1990: 45-48). Compartido, en Shain y Linz (1995: 43-56). Algunos son los liberales dinásticos y, en concreto, Romanones, en Abc, 5 de febrero de 1930. También, en Abc y El Debate, 13 de noviembre de 1930. Tusell (1977: 336). Híbridos, en Diamond (2002), Levitsky y Way (2002). <<

[11] Abc, 31 de enero de 1930. El Debate (1 de febrero de 1930) se hizo eco de la necesidad de «pacificación de los espíritus». El mal uso, en El Debate, 31 de enero de 1930. La seguridad del rey, en Maura (2007: 150). <<

[12] Mola (1940: 231). El tiempo, en Shain y Linz (1995: 48, 76-82). La política del tiempo, en Heirich (1964), Sewell (2001), Koselleck (2003) y Linz (2009). Esperar, en El Debate, 7 de febrero de 1930, y Abc, 5 de febrero de 1930. Romanones, en Abc, 5 de febrero de 1930. Ossorio (1930: 26). Los Ayuntamientos, en Abc, 27 de febrero de 1930. El censo, Abc, 23 de abril de 1930. El aplazamiento, en Berenguer (1975: 82). Ministro, en Heraldo de Madrid, 28 de junio de 1930. <<

[13] La pacificación, en Pabón (1969: 12). Los preparativos y rumores de rebelión militar, en Abc, 4 y 28 de marzo de 1929, 11 y 22 de mayo de 1930. Policía Española, 15 de marzo de 1930. Villanueva (1931a: 25-28). Pabón (1969: 18-20). Berenguer (1975: 179, 101-107, 123-124). Ossorio (1975: 141). González Calleja (1999: 499, 519-520). Los gobernadores, en Berenguer (1975: 82). <<

[14] Cambó (1987: 415). Críticas de Romanones en abril y del director de La Vanguardia en agosto. Queipo de Llano, en Portillo y Primelles (1931: 31). Canals (1931: 43-44). Ben Ami (1990: 47-48) y Tusell (1977: 244) consideran la lentitud, décadas después, un error. Las dictaduras, en Jiménez Asúa (1930: 199), Hernández Mir (1930: 356) y Carta de Villanueva a Burgos y Mazo, 17 de agosto de 1930, en Pabón (1969: 12). Las garantías, por ejemplo, en Abc, 27 de junio de 1930. <<

[15] El mitin de Madrid, en Abc y El Debate, 22 de abril de 1930. El hielo, en Vegas Latapié (1983: 68). Sobre los partidos monárquicos, Ben Ami (1990: 234-304), Gil Pecharromán (1994) y Tusell (1995). Domingo (1930b: 163). <<

[16] Antología de los procesos judiciales a los conspiradores, en Blanco (1931). Las conspiraciones, en Miranda (1975). Los militares hastiados, en Payne (1968: 221) y Seco Serrano (1984: 351-353). La UMR, en Díaz Sandino (1990: 14-32). <<

[17] Los datos del presupuesto, en Comín Comín (1988: cap. 5). <<

[18] El consejo de guerra, en Ayensa (1929). Absolutismo y atentados, en Gómez Fernández (1930: 10, 15), JLG (1931: 5) y Zulueta, en El Sol, 20 de marzo de 1931. Unamuno, en AHN, Gob., serie A, leg. 45, exp. 8. En 1930, Heraldo de Madrid, 29 de septiembre de 1930. <<

[19] Inmoralidad, en Burgos y Mazo (1930: 188). Indignidad, en Heraldo de Madrid, 18 de septiembre de 1930. Derechos, en Domingo (1930b: 7). Civilidad, en Ossorio (1930: 5). Esclavitud, en Solidaridad Obrera, 29 de marzo de 1931. Judas, en Dubois, La Libertad, 7 de abril de 1931. El cementerio es de Domingo (1930c: 253). Prieto, en El Sol, 7 de octubre de 1930. <<

[20] El término persecución era de uso habitual en la época. El origen, en la sufrida por los cristianos en el Imperio romano. La insistencia en molestar o hacer daño era el significado en aquel período. Tres libros resumen la persecución durante la dictadura y en 1930, Gómez Fernández (1930), Primelles, Barberán y Montenegro (1931) y Portillo y Primelles (1931). La prensa, en El Sol, 22 de octubre de 1930. Cambó, en Abc, 10 de diciembre de 1930. Muerte civil, en López Rey (1930: 98-99). Guerra civil, en el mitin de Unamuno, en El Sol, 25 de septiembre de 1930. Domingo (1930b: 155). El concepto, en Cruz (2013a). <<

[21] La petición de responsabilidades, por ejemplo, en Saldaña (1930). Unamuno, Abc, 21 de agosto de 1931. El arco, en La Libertad, 18 de abril de 1931. El Ateneo, en Ruiz Salvador (1976: 69-75). La división, en Tusell (1977: 253). <<

[22] Malditos, en De Reparaz (1931: 465). Alegatos de mucha fuerza antimonárquica, por ejemplo, en Blasco Ibáñez (s. a.), y en De Reparaz, hijo (1931). La manceba, en La Gaceta de la Revolución, 21 de enero de 1931. Clero romo, en El Socialista, 14 de febrero de 1931. <<

[23] Álvarez Junco (1990), Duarte (1997, 2013) y Cruz (2013b). El juez o jurado es de Aznar, en Hernández Mir (1930: 8). Azaña (2007, II: 992). El Socialista, 17 de marzo de 1931. Burgos y Mazo, en El Sol, 9 de abril de 1931. Marañón, en Domingo (1930c: xiv). Las críticas al pueblo, en Villanueva (1927: 113), Solidaridad Obrera, 10 de octubre de 1930; Nicolau (1931: 15), Araquistáin (1930: 48-50) y José Ortega y Gasset, en El Sol, 15 de noviembre de 1930. La parálisis, en La Libertad, 28 de mayo de 1930. <<

[24] Los escaparates de estas ideas fueron sobre todo Abc y El Debate. La frase entrecomillada es de un manifiesto del grupo La España Monárquica, de Barcelona, reproducido en La Vanguardia, 20 de noviembre de 1930. <<

[25] Aguilera y Arjona (1930: 9). Los socialistas favorables a la participación electoral, en Actas de la CE del PSOE, 21 de enero de 1931, y en Nueva España, 11 de octubre y 8 de noviembre de 1930. <<

[26] El derecho de rebelión, de Sánchez Román, en El Sol, 11 de octubre de 1930. Regicidio, de Torrubiano, en Gómez Fernández (1930: 234). Azaña (2007, II: 953), en abril de 1930. Prieto, en El Sol, 3 de septiembre de 1930. Lerroux (1930: 278). Juliá (1991: 56). <<

[27] Es muy reconocido el papel de los intelectuales en la deslegitimación de la monarquía. Véanse Tusell y Queipo de Llano (1990), Becarud y Campillo (1978). Pueblo, en Juliá (2004: 246-247). Díez-Canedo, en El Sol, 28 de diciembre de 1930. Los intelectuales y las instituciones conservadoras para el cambio político, en O’Donnell y Schmitter (1986: 49). Ateneo, en Ruiz Salvador (1976). Para otras, Ossorio (1975). <<

[28] Lezama, en La Libertad, 1 de octubre de 1931. Jamás, en Burgos y Mazo (1930: 204). Sobre editoriales y literatura política, véase Cruz (1999). <<

[29] Anuario Estadístico de España (1932: 645). La CNT, en Mola Vidal (1940: 478-479). Actas de la Agrupación Socialista Madrileña, 28 de junio de 1930. <<

[30] Los estudiantes, en López-Rey (1930: 307-313), López Martínez (1990: 99-102), Montero Hernández (1994: 18) y González Calleja (2009: 119-127). La UMN, en la prensa. La amnistía, en Aiguader (1932: 62-70), Sallès (1986: 14-16) y Montañés (1989: 36). <<

[31] Los acontecimientos, en Sewell (1996: 102). El proceso, en Ayensa (1929) y Blanco (1931). Las repercusiones, en J. L. G. (1931: 157), Sánchez Guerra (Rafael) (1930: 235-236), Gómez Fernández (1930: 16), El Murciélago (s. a.), Alcalá-Zamora (1998: 139-140) y Martorell (2011: 421-422). Fue la opinión del embajador británico, en Elorza, Cabrera y Bizcarrondo (1985: 402). <<

[32] Las expectativas, en Alcalá-Zamora (1998: 156) y en Martorell (2011: 434). El discurso íntegro y muchos comentarios, en Sánchez Guerra (José) (1930). Las reacciones del Gobierno y de la prensa monárquica, en Abc y El Debate de aquellos días. El testimonio de Berenguer (1975: 96-100). Prieto, en El Liberal, 27 de febrero de 1930. <<

[33] Fernández Flórez, en Abc, 6 de octubre de 1931. <<

[34] El acontecimiento en la prensa de Madrid y Barcelona. Además, Mola Vidal (1940: 438-447). Garcitoral (1931: 203-206) criticó al Comité por no aprovechar el «grito de rabia». <<

[35] El frente es de Azaña, en Heraldo de Madrid, 12 de agosto de 1930. La incorporación del PSOE, en XIII Congreso ordinario del Partido Socialista Obrero Español (1932: 61). Para la CNT, Brademas (1974: 48-55) y Solidaridad Obrera, 6 de diciembre de 1930. <<

[36] Su trascendencia, en El Sol, 30 de septiembre de 1930. La frase entrecomillada, en Heraldo de Madrid, 29 de septiembre de 1930. <<

[37] De los Ríos cuenta las agotadoras sesiones de discusión del programa, en Zapatero (1999: 261). <<

[38] Galarza declaró meses después que solo pensaban en una huelga general armada y la sublevación de los soldados (El Debate, 16 de junio de 1931). Alcalá-Zamora (1998: 167). Maura (2007: 200-203) confirmó el escaso coste personal y político. Villanueva (1930: 153) alegó que estaban en ridículo los que no se sublevaban. Esta dinámica insurreccional, en Ucelay Da Cal y Tavera (1994) y Ucelay Da Cal (1995). Los preparativos de la insurrección, en Díaz Sandino (1990). <<

[39] Los enfrentamientos, en AHN, Gob., serie A, leg. 42, exp. 13-14; AGA, Interior 44/2422, y Franco (1931: 163-173), Queipo de Llano (1933), Mola Vidal (1940: 478-567), Berenguer (1975: 218-235), Tagüeña (1978: 20-21) y De Mateo y Sousa (1984). Jaca, en Azpiroz Pascual y Elboj (1984) y Gómez (1996). En diversas ciudades, Obregón (1978: 110-113), Ramos (1983: 71 y ss.), Hernández Armenteros (1988: 149-150), Montañés (1989: 43-44), Barruso (1996: 255-257) y Gil Andrés (2000: 177-178). <<

[40] Error y censura, en Maura (2007: 204) y Alcalá-Zamora (2012: 144). Más que un error, en Ucelay Da Cal y Tavera García (1994: 134). <<

[41] La rapidez, en Burgos y Mazo (1930: 201). Domingo (1930b). Las últimas horas, en El Debate y El Sol, 16 de diciembre de 1930. <<

[42] Balbontín (1931: 90). <<

[43] En Vigo, telegrama del GC de Pontevedra al ministro de Gobernación. 14 de abril de 1931, 3,45 horas (AHN, Gob., serie A, leg. 16, exp. 17). En Valencia, El Sol, Ahora y Abc, 15 de abril de 1931. Una obra de arte es de Araquistain, en El Sol, 15 de abril de 1931. Los tres libros más completos sobre la política en los meses iniciales de 1931 son los Ben Ami (1990 [1978]), Juliá (1984) y González Calleja (1999). <<

[44] Las negociaciones para el encasillado, en Tusell (1977: 283-286; 1995: 670-707). Casos, en Abc, 4-12 de febrero de 1931. El Gobierno y el papel designado a los gobernadores civiles, en AHN, Gob., serie A, leg. 30, exp. 1. Matos, muñidor, en Villanueva (1931a: 130). La confianza de Berenguer (1975: 174-175). Las movilizaciones monárquicas, en Abc, 24 de enero de 1931, Villanueva (1931a: 197-198) y Vegas (1983: 89). Sánchez Mazas, en Abc, 3 de marzo de 1931. El Debate, 10 de febrero de 1931 y Abc, 6 de marzo de 1931. <<

[45] Aquella semana, en La Tierra, 14 de febrero de 1931. Veinticuatro horas, en La Gaceta de la Revolución, 6 de marzo de 1931. <<

[46] Ossorio, en Solidaridad Obrera, 4 de abril de 1931. <<

[47] Marañón, en Márquez Padorno (2003: 64-65). Año 1873, en La Tierra, Heraldo de Madrid y La Calle, 11 de febrero de 1931. El aprovechamiento político de los héroes muertos, en Bunk (2002), Rader (2009) y Zertal (2009). La cultura del sacrificio en la España del siglo XIX, en Orobon (2004). <<

[48] Las referencias al martirio fueron múltiples; comparado con el de Jesucristo, en Franco (1931: XV). Esclavos, en Marsá (1931: 15). Rizal, en Hoyos y Vinent (1931: 243). Un dios, en capitán Sediles (1931: 60). No había muerto, en Nueva España, 25 de marzo de 1931. Además, Galán (1930), Arderíus y Díaz Fernández (1931), Quilez y Torres Endrina (1931), Montero Alonso (1931), capitán Claridades (1931) y Alberti (1931). Las fibras, en Mori (1932: 16). La reacción, en Piracés (1931: 147). Mater, en Heraldo de Madrid, 27 de marzo de 1931. Prieto, en El Sol, 14 de febrero de 1931. El obispo, en El Socialista y El Sol, 11 y 13 de febrero de 1931. <<

[49] La visita, en Sánchez Guerra (Rafael) (1932b: 80-83). La competencia con los constitucionalistas, en Mori (1932: 13). <<

[50] España pendiente, en El Socialista, 14 de marzo de 1931. Alcalá-Zamora, en El Sol, 22 de marzo de 1931. Castrovido, en El Pueblo, de Valencia, reproducido en Abc, 28 de marzo de 1931. Efectos similares tuvo el juicio a los militares portugueses sublevados en 1924 para el crecimiento del apoyo cívico-militar a la rebelión militar triunfante de 1926 (Ribeiro dos Santos, 1999: 247). <<

[51] El relato de las movilizaciones estudiantiles, en la prensa, y en Mola Vidal (1940: 766-790), marqués de Hoyos (1962: 71-100) y González Calleja (2009: 132-133). <<

[52] Mientras que Mola achaca todo lo sucedido a la debilidad del Gobierno, el responsable de Gobernación habla de error policial (marqués de Hoyos, 1962: 99). <<

[53] El domingo, 29 de marzo, se celebraron quinientos en España (Ahora y Abc, 31 de marzo de 1931). <<

[54] El análisis de los argumentos se orienta con las propuestas de Hirschman (1991) y Perelman (1989). El discurso electoral, en Tusell (1977, 1995), Macarro Vera (1985), Caro Cancela (1987), Sancho Calatrava (1988), Alarcón Caballero (1990), Barruso (1996). Rusia, en Cruz (1997). <<

[55] Alcalá-Zamora (2012: 210). <<

[56] El espectáculo de estas elecciones es de Fernández Florez en Abc, 14 de abril de 1931. O’Donnell y Schmitter (1986: 21). Para Francia, Gouault (1954). Para el resto, Bunce y Wolchik (2006). Los gobernadores civiles daban por segura la victoria monárquica en la mayoría de las ciudades y en los pueblos (marqués de Hoyos, 1962: 110). <<

[57] La Casa del Pueblo, en Crisol, 14 de abril de 1931. París, en Domingo (1934: 53-55). La pérdida de autoridad, en Berenguer (1975: 323). La conversación, en conde de Romanones (1947: 29). Pero el protagonista, no lo menciona (De la Cierva, 1955). El Ejército en la calle, en Valdivieso (1931: 46-48). Rocambole, en Cortés Cavanillas (1932: 194). <<

[58] La propuesta constitucionalista, en Maura Gamazo (s. a.: 203-205), Villanueva (1931b: 156-158), Pabón (1969: 156-157), Abc, 14 de abril de 1931. La nota del Comité, en La Voz, 13 de abril de 1931. El resto, en conde de Romanones (1947: 37), marqués de Hoyos (1962: 134-143), Berenguer (1975: 326-329) y Crisol, 2 de mayo de 1931. <<

[59] La Voz, Heraldo de Madrid, La Tierra, 13 de abril de 1931. También La Voz de Cuenca, El Defensor de Granada y La Región, de Santander, en Obregón Gómez (1978: 224, 236), L’Opinió, en Soldevila (1977: 21-22), todos del día 13. El valor de los rumores es de Pere Coromines, reproducido en Soldevila (1977: 248). El telegrama, en Martínez Barrio (1983: 23). Sánchez Guerra (Rafael) (1932a: 156-157). El rumor también, en Mola Vidal (1940: 855), El Sol, El Debate, 14 de abril de 1931. El marqués de Hoyos (1962: 149) negó que la orden de no intervenir fuera cierta. La manifestación, en Abc y La Libertad, 14 de abril de 1931. La reunión de Madrid, en El Sol, 14 de abril de 1931; de Barcelona, en Cullá (1977: 65-66). <<

[60] Conde de Romanones (1947: 31-36), marqués de Hoyos (1962: 127-128, 141, 229) y Berenguer (1975: 319-320). El teléfono, en Martínez Saura (1999). Sanjurjo, en Primelles y otros (1931: 74). <<

[61] La nota del rey fotocopiada, en Berenguer (1975: 349) y Maura Gamazo (s. a.: 209-210). No existe acuerdo sobre la hora en que Sanjurjo comunicó al Comité su disposición favorable, pero fue entre las once y media de la mañana y las cuatro y media de la tarde. La entrevista, en Marañón (1976: 491-493), conde de Romanones (1947: 40-46) y Heraldo de Madrid, 14 de abril de 1931. <<

[62] Crisol, 21 de abril de 1931, Cortés Cavanillas (1932: 210), Pabón (1969: 172), Vidarte (1976: 31), Ben Ami (1990: 343), Tusell (1995: 732-733), González Calleja (1999: 632-633), Cabrera (2006: 11), Maura (2007: 293). La prensa monárquica había insistido en la futura discordia entre los republicanos. <<

[63] El inicio de las movilizaciones en Madrid, en Pla (1986: 18-19); en Barcelona, en La Vanguardia, 15 de abril de 1931 y Gaya Picón (1931: 6-19). <<

[64] El régimen de fuerza, en La Libertad, 15 de abril de 1931, Solidaridad Obrera, 14 de abril de 1931, Villanueva (1931b: 149) y Morales de Giner de los Ríos (1981: 9). La rebelión cívico-militar, en Díaz Sandino (1990: 62-66), De Mateo Sousa (1984), Acta de la CE del PSOE, 14 de abril de 1931, y Soldevila (1977: 36-37). <<

[65] El fotógrafo Alfonso inmortalizó la Puerta del Sol llena de gente a las seis y media de la tarde. Maura (2007: 261-262). Alcalá-Zamora (2012: 225-227). Xirgu, en Rodrigo (1988: 215-216). <<

[66] 1868, en De la Fuente (2000: 82-86) y Pérez Ledesma (2010: 22-23). El ritual seguido en casi toda Galicia (Grandío Seoane, 2010: 33-36). Huelva, en García García (2001: 99-100). Ejemplo de funeral de júbilo en Alicante (Angosto Vélez, 2006: 146). <<

[67] Barcelona, en Gayá Picón (1931) y Maseras (1931: 42-59). Sevilla, en Vila (1932: 39-40) y Macarro (1989: 30-31). Vitoria, en Rivera (2008: 190). Huelga general, en Solidaridad Obrera, 15 de abril de 1931. <<

[68] El sangrado, en La Libertad, 17 de abril de 1931. El Lunes, en El Liberal, de Bilbao, en Díaz Freire (1990: 25). <<

[69] «Las tres gloriosas de abril», como denomina las jornadas González Calleja (1999: 608). Los espectadores, en Piracés (1931: 253). Tusell (1995: 728). <<

[70] Asombro, en Guzmán (1977: 15). El factor más importante de las elecciones de abril fue la sorpresa (Buckley, 2004: 53). <<

[71] El tránsito, en Azaña, El Sol, 15 de abril de 1931, Policía Española, 16 de abril de 1931, y Revista Técnica de la Guardia Civil, mayo de 1931. <<

[72] El ayer inquisitorial es del pintor Zuloaga, en carta del 14 de abril a Marañón (Márquez Padorno, 2003: 122). <<

[73] Juliá (1981-1982: 139; 1984: 8). El relato que sigue sobre la fiesta debe mucho a Gil Calvo (1991). <<

[74] Las fiestas políticas, en Corbin, Gérôme y Tartakowsky (1994). Las particulares de 1936 y 1937 en Francia, en Ory (1994: 789-805). Las emociones, en Jasper (1997). <<

[75] Comes Iglesia (2002: 147) advierte de la inexistencia de estudios sobre la «antifiesta». Una decena de dirigentes monárquicos relacionados con Primo de Rivera se reunieron aquella noche en la casa madrileña del conde de Guadalhorce (González Cuevas, 1998: 128). La excepción a la inhibición monárquica fue la actuación de sindicalistas del Libre en Barcelona, al enfrentarse con los de la CNT el 15 de abril. <<

[76] El refrán, en Balbontín (2008: 137). La concepción de la revolución, en Juliá (1994: 169) y Ucelay Da Cal (1995: 54-56). Alusiones de Azaña, Alcalá-Zamora, Domingo, Galarza, Lerroux, Albornoz, etc., a esa concepción de la revolución. La revolución legal, en Crisol, 21 de octubre de 1931. Las últimas frases en la prensa. La elegancia es del novelista Francis de Miomandre, El Sol, 15 de mayo de 1931. <<

[77] Tusell (1995: 743). Las revoluciones electorales, en Bunce y Wolchik (2006), y Andrés y Ruiz Ramas (2011). Requena (1993: 111-118); de acuerdo, Ucelay Da Cal (2005: 61-62). Fue la tesis de Cortés Cavanillas (1932: 205), y procede de Mola Vidal (1940: 854). García García (2001: 98) habla de instrucciones en Huelva procedentes de Madrid. Se conocen una docena de experiencias sin órdenes. <<

[78] Partidarios de la tesis, Tusell (1977: 465), González Calleja (1999: 581), Casanova (2007: 4). Detractores, Ben Ami (1990: 424), Ucelay Da Cal y Tavera García (1994: 118-119). <<

[79] La Gloriosa, en De la Fuente Monge (2000, 2001). Una comparación de 1873 con 1931, en Gabriel (2007). Francia, en Mayeur y Roberioux (1984). Portugal, en Ramos (1994) y Valente (1968, 2004). Rusia, en Figes y Kolonitskii (1999) y Figes (2000). Alemania, en Heiber (1993). Grecia, en Mavrogordatos (1983: 27-44) y Malefakis (1993). <<

[80] González Calleja (1999: 610-611). <<

[81] Rudolf Smend, en Verdú (1987: 80-81). <<

[82] Primo de Rivera afirmó que sería el último año de su celebración, cuando en la de 1924 el alcalde de Bilbao le reclamó el indulto para Unamuno (Abc, 3 de mayo de 1924). La celebración, en El Sol, La Libertad, Ahora y Abc, del 3 de mayo de 1931. <<

[83] Civilidad, por ejemplo, de Marañón, en Domingo (1930c: XIV-XXIV) y Ossorio y Gallardo (1930: 5-11). La controversia sobre el concepto de guerra civil europea en el período de entreguerras se sigue, en Traverso (2009). Muerte civil, en Gómez Fernández (1930: 52) y Heliófilo, en Crisol, 21 de abril de 1931. Un análisis más elaborado del concepto durante la Segunda República, en Cruz (2013a). <<

[84] Las dos últimas frases entrecomilladas, en El Pueblo Gallego, de Vigo, 15 de abril de 1931, y El Socialista, 27 de mayo de 1931. <<

[85] Los conservadores Alcalá-Zamora, Maura y los periódicos republicanos de izquierda Crisol y La Libertad, entre otros, califican de revolucionario este período. <<

[86] Las dificultades de un gobierno interino, en O’Donnell y Schmitter (1986), Shain y Linz (1995), Dogan y Higley (1998), Stinchcombe (1999), Tilly (2007) y Linz y Stepan (2009). Los ejemplos de fracaso, en Shain y Linz (1995: 31-33). Maura, en El Sol, 8 de septiembre de 1931 y 30 de mayo de 1931. Una perspectiva crítica de la cohesión del Gobierno Provisional, en Juliá (1987:29-30, 1994: 123) y Cabrera (2006: 15). <<

[87] Ossorio, en El Sol, 7 de agosto de 1931. El crédito, en El Sol, 1 de enero de 1932. Alcalá-Zamora (1978: 283). Ortega (1973: 77) y El Socialista, 23 de abril de 1931. <<

[88] Una crítica al Estatuto, en Fernández Segado (1981-1982: 107-108). Alcalá-Zamora, en Abc, 29 de julio de 1931. Grahame, en Elorza, Cabrera y Bizcarrondo (1985: 412). <<

[89] El sangrado, en Domingo (1934: 93). Linz (2009: 244) considera que se complica un proceso de democratización si la convocatoria de elecciones se retrasa o no se anuncia con rapidez y sin aplazamientos. Los tres primeros entrecomillados sobre el tiempo son de Azaña a lo largo de 1931 (2007, III: 85, 35, 163); el último, de Martínez Barrio (1983: 44). La misma tarde del 14 de abril, el Comité Ejecutivo del PSOE requirió al Gobierno Provisional que acelerara la convocatoria de elecciones (Actas de la CE del PSOE). Las inquietas horas, en La Libertad, 6 de octubre de 1931. <<

[90] Los cronistas fueron Mori (1932, III: 223) y Fernández Flórez, en Abc, 15 de octubre de 1931. <<

[91] Los Radicales, en Townson (2002). El velo, en Abc, 23 de junio de 1931. El PSOE, en Prieto (1972), Juliá (1981-1982) y Zapatero (1999). Rivalidades y práctica política socialista, en Macarro (2000). Los partidos catalanes, en Ucelay Da Cal (1977, 1982), Cullá (1977) y Sallés (1986). Azaña y Acción Republicana, en Juliá (1991). La FRG, en Grandío Seoane (2010). La DLR, en Íñigo Fernández (2000b) y Maura (2007). <<

[92] Poder infraestructural, en Mann (1987). La efectividad, en Linz (1989: 49). Las dificultades estatales de los primeros gobiernos republicanos, en Juliá (1995: 121-122) y Casanova (2007: 62). <<

[93] Azaña (2007, III: 57). Araquistáin, en El Sol, 10 y 20 de noviembre de 1931. Algunas corporaciones de funcionarios, en Montero Hernández (1994), Martínez Fiol (2008) y la revista madrileña Funcionarios de 1931. Crítica monárquica a la reforma, en Abc, 31 de octubre de 1931. Purgas en la Diputación de Sevilla, en Macarro (2000: 40-41). Denuncias de boicot, en Heraldo de Madrid, 16 de septiembre de 1931, y El Socialista, 8 de septiembre de 1931. <<

[94] Una visión general de la judicatura en 1931, en Marzal Rodríguez (2005: 30-72). Abc, 16 de septiembre de 1931, para la apertura del año judicial. Actuaciones de los jueces independientes del criterio de las autoridades republicanas, en AHN, Gob., serie A, leg. 12, exp. 7 y otros. <<

[95] Balbontín (2008: 133). El discurso de Azaña, en Abc, 3 de diciembre de 1931. Las reformas, en Payne (1968: 239), Alpert (1982), Seco Serrano (1984: 393) y Juliá (1991: 198-210). Los retiros, en Anuario Estadístico de España (1931-1934). La preparación de rebeliones militares, en Iturralde (1955), Cabanellas (1977: 253-254) y González Cuevas (2011: 434). Queipo y Mola, en Quevedo y Queipo de Llano (2001: 254-257). Franco, en Preston (1998: 114). <<

[96] Las cifras, en Anuario Estadístico de España (1931-1934, II: 578-581). Otros países, en Emsley (1991, 2005), Emsley y Bessel (2000), Johansen (2005), Blaney (2007), Palacios Cerezales (2011: 257-316). Propuesta de guardia republicana, en Alcalá-Zamora (2012: 136). Las revoluciones y los cambios policiales, en Kádár (2001) y Palacios (2003). <<

[97] Leyes de excepción, en Mazower (1997: 246-247) y Capoccia (2000). La Ley de Defensa de la República, en Fernández Segado (1981-1982: 105), Gómez-Reino (1981-1982: 163-178); reproducida íntegra en Juliá (2009: 496 y ss.). Para el coste político del control policial, Palacios Cerezales (2011). <<

[98] Opinión, en Crisol, 16 de abril de 1931. Inadvertido, en Maura (2007: 357) y López Martínez (1990: 166). Azaña (2007, III: 23, 56-57). La inclusión de patronos en partidos republicanos, en Townson (2002: 63-66), Del Rey (2008: 107-108) y Rodríguez Barreira (2011). El nuevo patronazgo de la UGT, en Macarro (2000: 84). Las disputas por el poder local, en Gil Andrés (2013). El poder de los alcaldes, en González Calleja (2006: 85) y Cobo Romero (2007: 139-142). <<

[99] Ortega y Gasset (1973: 14). Este planteamiento debe mucho a Hunt (1986), Ramos (1994) y Figes y Kolonitskii (1999). <<

[100] Crisol (30 de mayo de 1931) aludió a dos Repúblicas, una conservadora y otra de izquierda. Maura (2007: 292) constató el conflicto entre repúblicas. Ben Ami (1990: 353) habla de una República de izquierda y otra de derecha. Ucelay Da Cal (1995: 61) resalta una República sindical. Radcliff (2004: 156) menciona dos versiones de República. González Calleja (1999: 504, 539) se refiere a la falta de consenso sobre la República por venir. La República estática, en Crisol, 9 de mayo de 1931. La conservadora, en El Sol, 30 de mayo de 1931. La división en términos de clase, El Socialista, 3 de diciembre de 1931. <<

[101] La frase entre comillas, de Besteiro, en Heraldo de Madrid, 7 de abril de 1931. Bussy Genevois (1990: 249-251). <<

[102] Domingo, en García López (1931: 9). Azaña, en Heraldo de Madrid, 9 de noviembre de 1931. África, en Heraldo de Madrid, 31 de diciembre de 1931. <<

[103] Ramírez (1987: 6). Pasado y futuro, en Koselleck (1993: 313). La nueva España, en Azaña, Lerroux, De los Ríos, Cossío y todos los periódicos republicanos. Unamuno, en Abc, 2 de octubre de 1931. Segura, en El Debate, 7 de mayo de 1931. Araquistáin, en El Sol, 10 de noviembre de 1931. Azaña (2007, III: 21). La ciudadanía, por ejemplo, en Somoza (1931: 19) y Rico, en El Sol, 3 de noviembre de 1931. La obra de Smend, en Lucas Verdú (1987). <<

[104] Bagaría, en Heraldo de Madrid, 8 de abril de 1931. Martínez Barrio, en Abc, 17 de abril de 1931. La bandera, en Maura (2007: 247). El decreto, en Abc, 28 de abril de 1931. Otras posibilidades, en La Libertad, 19 de abril de 1931. Las críticas, en Abc y El Debate, 29 de abril de 1931. La bandera roja y negra, en García Oliver (1978: 115-116). El origen de los símbolos, en Bussy Genevois (1990), Gabriel (2007) y López Castillo (2009). Este imaginario republicano a cargo de La Calle durante 1931, en Martínez Gallego (2007). <<

[105] El valor de estas fiestas para Ortega, en El Sol, 2 de mayo de 1931. Gaziel, en La Vanguardia, 30 de abril de 1931. <<

[106] Las excepciones al sentido republicano del Primero de Mayo fueron las celebraciones anarquistas. Azaña (2007, III: 617-618). <<

[107] El Socialista, 19 de marzo de 1931. El centro sagrado, en Hunt (1986: 87). Se habla del pueblo, en Cruz (2006, 2013b). El Socialista, 19 de marzo de 1931. Son incontables las referencias a la ciudadanía virtuosa y patriótica en la prensa; además libros, en Alonso Sánchez (1931), Valdivieso (1931) y Garcitoral (1931). <<

[108] Los citados nombres adscritos a los dirigentes políticos eran de uso habitual. Ortega, en El Debate, 5 de septiembre de 1931. Lerroux, en Abc, 16 de diciembre de 1931. <<

[109] La oligarquía, en El Socialista, 1 de septiembre de 1931. <<

[110] Los adhesivos, en Valente (2004: 158, 160). Las conspiraciones, en Azaña (2007, III: 601, 798, 820, 891), Maura (2007: 366), Iturralde (1955), Cabanellas (1977: 253-254), Gil Pecharromán (1994), González Cuevas (1998, 2011) y González Calleja (2011: 32-78). Los contactos con la Iglesia, en Batllori y Arbeloa (1971, I: 307). <<

[111] La cuestión religiosa, en Mori (1932, II: 219). Eran amigos, en Domingo (1934: 122). La República atea, en Nueva España, 17 de abril de 1931. Sobre Franco, Franco (1931, s. a.), Mola Vidal (1940), Zavala (2009) y Cruz (2014). <<

[112] Los peligros, en Mori (1932, II: 6). Ortega, en Crisol, 2 y 6 de junio de 1931. Sanjurjo y Azaña, en Azaña (2007, III: 716, 49). Galarza, en El Debate, 6 de septiembre de 1931. El entusiasmo, en La Libertad, 6 de octubre de 1931. El dirigente del PNV, Aguirre (1976: 150-156) mantuvo tres entrevistas con monárquicos para buscar su adhesión a una rebelión militar. <<

[113] El Sol, 15 de julio de 1931. <<

[114] El planteamiento inicial procede de Tilly (2008: 141-142) y Linz y Stepan (2009: 274, 287). Del Rey (2011: 183) extiende las restricciones a «todos los actos públicos del mundo conservador», pero sin duda no se refiere a los republicanos conservadores ni a una restricción completa. Ciudad Real, en Sancho Calatrava (1988: 149). <<

[115] El jabón, en El 14 de abril. Semanario republicano, 23 de mayo de 1931. CNT, en Solidaridad Obrera, 19 de abril de 1931. Alba, en La Libertad, 19 de mayo de 1931. Lerroux distinguió entre participar y dirigir, en El Sol, 23 de junio de 1931. <<

[116] La adscripción política de todos los gobernadores en 1931, en Serrallonga (2007). El trasvase local, en Tusell (1977: 458-464), Sancho Calatrava (1988: 120-122), Hernández Armenteros (1988: 118), Alarcón Caballero (1990: 129-137), López Martínez (1990: 185-187), Requena (1993: 135-149), García García (2001: 111-121), Martínez Leal (2005: 54), Gil Andrés (2013: 100-101). El Partido Radical, en Townson (2002) y Grandío Seoane (2010: 73-92). La DLR, en Íñigo Fernández (2000b). El PLD, en Obregón Gómez (1978: 100) e Íñigo Fernández (2000a). <<

[117] Maura (2007: 392-404). Multitud de telegramas de protesta por caciquismo y compra de votos en la constitución de ayuntamientos monárquicos (AGA, Interior, 44/106). Pamplona, en Ferrer Muñoz (1992: 277-279). Andalucía, en Macarro (2000: 45-47). En las elecciones de 63 pueblos de Castellón los monárquicos triunfaron en 29 (AGA, Interior, 44/131). El PURA y la DLR triunfaron en Valencia (AGA, Interior, 44/131 y Franch i Ferrer, 1984: 112-113). Los monárquicos no obtuvieron ni un solo concejal en la provincia de Ciudad Real (Del Rey, 2008: 107). El 30 por ciento de los candidatos republicanos de Albacete fueron monárquicos en las del 12 de abril (Requena, 1993: 148). <<

[118] El Debate, 30 de junio de 1931. «Founding Elections», en Shain y Linz (1995: 5). Fiesta mayor, en El Socialista, 28 de junio de 1931. <<

[119] La Vanguardia, 28 de junio de 1931. Los funerales son de Araquistáin, en El Sol, 5 de julio de 1931. Cadáver, en Heraldo de Madrid, 29 de junio de 1931. El plebiscito es de Rovira i Virgili, en El Sol, 1 de julio de 1931. <<

[120] Sobre la reforma electoral, Varela (1978: 60-54), Linz (1979: 115-119), Villa García (2009: 5-6). Las críticas, en El Debate, 6 de mayo de 1931, y de Ciges Aparicio, en El Sol, 8 de mayo de 1931. Circular n.º 95 del Ministerio de Gobernación, 8 de junio de 1931 (AGA, Interior, 44/92). El equilibrio político de los gobernadores en Andalucía, en Ruiz-Manjón-Cabeza (1979: 174). Serrallonga (2007: 12) opina de manera distinta. PLD, en Íñigo Fernández (2000a: 96). DRV, en Comes Iglesia (2002: 162). <<

[121] Tablada, en Franco (1932: 387-410), Fucci (1978: 214-215), Blas Infante (1979: 23-34), Macarro (1989: 42-44; 2000: 144-145). La violencia asociada a las campañas electorales, habitual en Gran Bretaña entre 1885 y 1914, en Dunning, Murphy, Newburn y Waddington (1987: 37-40). <<

[122] La campaña electoral, en Tusell (1982). La Acción Nacional, en Montero (1977: 116-151) y Ordovás (1993). La crítica de Abc, 8 de mayo de 1931. <<

[123] El acuerdo, en Alcalá-Zamora (2012: 246). El PSOE, en Actas de la CE, 9 de junio de 1931, y Martín Nájera (2000: 120-121). Los radicales, en Townson (2002: 78-79). <<

[124] La cifra de abstención, en Anuario Estadístico (1932: 552) y Guzmán (1977: 74). Los resultados de la comparación con el censo y la participación de las elecciones del 12 de abril, reproducidos en Linz (1979: 100) y en el Anuario Estadístico, son míos. Townson (2002: 88, 92) habla de elevado nivel de abstención en junio, sin duda, al hacerse eco de las reflexiones de Maura y Alcalá-Zamora. Carácter y participación por distritos, en Tusell (1982: 156, 79-80). Adscripción de diputados a las grandes corrientes políticas, en Abc, 26 de julio de 1931, y El Socialista, 28 de julio de 1931. <<

[125] Alcalá-Zamora, en Abc, 26 de junio de 1931. Maura, en El Sol, 28 de mayo de 1931. Abc, 15 de julio de 1931; Maura, en Abc, 3 de octubre de 1931; Alcalá-Zamora (2002: 16). Décadas más tarde, Malefakis (1982: 206-207) y Casanova (2007: 31) secundaron esta opinión. Ucelay Da Cal (1995: 71) y Payne (1995: 79) hablan de insuficiente representación de la derecha española. Guzmán (1977: 74-75) se fija en la CNT y resalta que las Constituyentes fueron las más auténticamente representativas que el país había tenido. <<

[126] El Sol, 26 de junio de 1931. Marañón, en El Sol, 28 de junio de 1931. Josep Pla reconocía el carácter conservador de Lerroux, en El Sol, 20 de junio de 1931. Después de las elecciones se produjeron masivas deserciones de militantes de la DLR hacia las filas lerrouxistas (Íñigo Fernández, 2000b: 350). Francia, en Larkin (1995: 159). <<

[127] Las aspiraciones, en Heraldo de Madrid, 29 de junio de 1931. El molde es de Prieto, en Abc, 30 de junio de 1931. Solidaridad Obrera, 30 de junio de 1931. <<

[128] Romanones, en Abc, 30 de junio de 1931. El Sol, 1 de julio de 1931. <<

[129] La democratización, en El Socialista, 16 de julio de 1931. La pistola, en Balbontín (2008: 164). Los intransigentes, en Solidaridad Obrera, 14 de julio de 1931. El quehacer de la Asamblea, en Anuario Estadístico (1932: 554). Ossorio, en El Sol, 18 de octubre de 1931. <<

[130] Los toreros y oradores son de Rodrigo Soriano, en Guzmán (1977: 104). Marañón, en Maura (2007: 430) y su dislalia, en López Vega (2011: 220). Azaña (2007, III: 638). <<

[131] La cita, en El Sol, 18 de septiembre de 1931. La competencia política en el Congreso es resaltada por Varela (1978: 38). Ingobernable entonces, por De los Ríos, en Zapatero (1999: 305), y por Alcalá-Zamora, en Batllori y Arbeloa (1971, II: 251). Después, por distintas razones, Varela (1978: 89-90) y Townson (2002: 100-101). El creador y la criatura, en Elster (1994: 200). El entrecomillado, en Alcalá-Zamora (2002: 18). <<

[132] La disciplina del PSOE, en Vidarte (1976: 64), y la anécdota de Largo, en Martín Nájera (2000: 184). La mediación de Lerroux, en Abc, 24 de octubre de 1931. <<

[133] 1869, en Pérez Ledesma (2010: 76, 82). La República inmóvil de Gil Robles, en Abc, 10 de noviembre de 1931. Alcalá-Zamora, en Crisol, 1 de octubre de 1931. De los Ríos, en Abc, 4 de septiembre de 1931. Azaña (2007, III: 85). Martínez Barrio, en Álvarez del Rey (2007: 324). Crisol, 12 de octubre de 1931. Transacción y concordia son términos equivalentes al de consenso, utilizado en circunstancias similares en 1977 y 1978. Del Rey (2007: 45) opina que la Constitución no alcanzó un consenso nacional demasiado grande. <<

[134] De los Ríos declaró que la idea fue suya y no del Gobierno (El Socialista, 4 de junio de 1931). Alcalá-Zamora (1978: 309). Jiménez Asúa, en Abc, 28 de agosto de 1931. Araquistáin, en El Sol, 8 de diciembre de 1931. <<

[135] La influencia del contexto en las preferencias de los diputados, en Elster (1994: 206). La interferencia de los de fuera, en Burton y Higley (1998: 55). <<

[136] Los debates día a día, en Juliá (2009: 55 y ss.). La improvisación, en Azaña (2007, III: 165). <<

[137] Estos planteamientos proceden de la lectura de Posada (1931), Mirkine-Guetzevitch (1931), García Canales (1977), Varela (1978), Clavero (1986), Tomás y Valiente (1987), Lucas Verdú (1987), García Voltá (1987), Corcuera Atienza (1991), Albacete Ezcurra (2006), Chernichero Díaz (2007) y Juliá (2009). <<

[138] La cita, en García Canales (1977: 204). Las decisiones cruciales de la Cámara sobre el conflicto de competencias, en la prensa del 26 al 29 de septiembre de 1931, y en Chernichero Díaz (2007: 59). Los radicales, en Martínez Barrio (1983: 64). <<

[139] Declaraciones, en La Libertad, 10 de diciembre de 1931, El Sol, 11 de diciembre de 1931. Lerroux, en El Sol, 17 de noviembre de 1931. La quietud, en Crisol, 11 de diciembre de 1931. <<

[140] Rivas, en El Socialista, 28 de noviembre de 1931. El Sol (11 de diciembre de 1931) cambia primer acto por primer ciclo. Azaña (2007, III: 170). La consolidación, en Sánchez Guerra (Rafael) (1932b: 187). La certidumbre, en Stinchcombe (1999: 67). La fragmentación política en las revoluciones, en Foran y Goodwin (1993: 210-212). <<

[141] Andalucía, en Macarro (2000: 27-29). Actas CE del PSOE, 24 de abril de 1931. La CNT, por ejemplo, en Montañés (1989: 54). Las consecuencias del affaire, en Azaña (2007, III: 805) y Cabrera (2011: 211). Los partidos de frontera, en Capoccia (2000: 11). Alcalá-Zamora, en Alcalá Galvé (2002: 362). Maura, en Abc, 23 y 24 de octubre de 1931. La derecha republicana, en Vicent (1996) e Íñigo Fernández (2000a y b). <<

[142] La segregación del pueblo, en Juliá (1981-1982: 142). <<

[143] Vidarte (1976: 188). <<

[144] La frase entrecomillada, en El Socialista, 10 de octubre de 1931. Criterios sobre ciudadanía y democracia, en Tilly (2007), Cruz (2008: 38-44) y Linz y Stepan (2009). <<

[145] Largo Caballero, en Vidarte (1976: 172-173). <<

[146] La cita de Domingo, en El Sol, 9 de septiembre de 1931. Azaña (2007, III: 24). Álvarez, en El Sol, 26 de mayo de 1931. La virtud republicana, en Jiménez Valdivieso (1931: 65-74), Alonso Sánchez (1931: 26-36) y Duarte (1997: 181). La historia de la ciudadanía, en Pérez Ledesma (2007). <<

[147] Por los republicanos, Maura, en El Sol, 25 de octubre de 1931, y Crisol, 30 de septiembre de 1931. La derecha católica, en El Debate, 1 de diciembre de 1931 y Abc, 11 de octubre de 1931 y 1 de enero de 1932. Enfoques católicos críticos con la Iglesia, en Arboleya Martínez (1930a y 1930b), García Gallego (1931), Torrubiano (1930, 1931). La politización de la religión, en Linz (2006: 19). El conservador Sánchez Guerra, en El Sol, 9 de octubre de 1931. El Debate, 10 y 16 de diciembre de 1931. <<

[148] Las cualidades religiosas de la ciudadanía y la igualdad, en Tilly (2007). Francia, en Chadwick (2000: 22) y Lalouette (1997, 2002). Portugal, en Ramos (1994: 14-26) y Luna de Carvalho (2004). Italia, en Lyttelton (1983: 240). <<

[149] La condición católica de la ciudadanía en la España del siglo XIX, en Portillo (2002: 230-231; 2007: 33-34), Pérez Ledesma (2007: 55), Alonso García (2007: 166-170), Diego Romero (2007: 252-258). El Concordato, en Castells (1973: 161-188). Dos clases, en Magenti Javaloyas (1990: 240). Pensada en católico, en Montero Moreno (1998: 27). Cánovas, en Callahan (2002: 34-35) y Reig (1986: 79). <<

[150] Una visión general, en Callahan (2002, 2007), Navarra Ordoño (2013) y López Villaverde (2013). Las congregaciones, en Castells (1973) y Sullana y Estolaza (2007). La enseñanza, en Llopis (1934: 27-31). Ritos de paso, en Jiménez Lozano (1978) y Cruz (2009b). Un conflicto similar en Portugal y en Francia, Catroga (1999), Kselman (1988) y Lalouette (1992). Los privilegios industriales, en García Sánchez (1984: 86) y Magenti Javaloyas (1990: 238-240). Abundante información sobre el tema en Gob., serie A, del AHN, y en Interior, del AGA. Los metropolitanos, en Cárcel Ortí (1994). <<

[151] Álvarez, en El Sol, 26 de mayo de 1931. Feudal, en El Socialista, 25 de diciembre de 1931. Lo inconciliable es de Gómez Piñán, en Heraldo de Madrid, 12 de octubre de 1931. Iglesia sobreprotegida, en La Libertad, 9 de octubre de 1931. Clericalismo, en Yánez (1931: 198-202). La política de tolerancia, en Gob., serie A, del AHN, y en Interior, del AGA. <<

[152] La justificación de los sabotajes, en AHN, Gob., serie A, leg., 4, exp. 4. La semejanza con la primera década del siglo, en López Villaverde (2008: 180-181). La primera década, en Ullman (1972), González Calleja (1998), Thomas (2013, cap. 1) y AHN, Audiencia Territorial. Madrid-Criminal, legs. 1/1, 4/1 y 4/2. <<

[153] Existen numerosos trabajos, además de la prensa, sobre los enfrentamientos de aquellos días. Entre los publicados entonces, Villanueva (1931b), Romano y Montero Alonso (1931), Rodríguez de la Peña (1931), Escolar (1931), De la Chica (s. a.), Madrid (1932: 146-148) y Vila (1932). Los más recientes, en Barragán (1980), Ramos (1983), Macarro (1985), López Martínez (1990), Comes (2002), Sanz Hoya (2006), Jiménez Guerrero (2006), Barrios Rozúa (2007), Velasco Gómez (2008) y López Villaverde (2008, 2009). Los Sindicatos Únicos de Madrid afirmaron ser responsables de los incendios (Solidaridad Obrera, 26 de mayo de 1931). El gobernador militar de Alicante, sin embargo, alabó el comportamiento de la CNT durante esos días (AHN, Gob., serie A, leg. 60a, exp. 20). Aunque aplaudió las movilizaciones, Solidaridad Obrera (15 de mayo de 1931) se desmarcó de su autoría. Pla (1986: 67). Lo confirma El Sol, 12 de mayo de 1931. Pedregal le comentó a Vidal y Barraquer la responsabilidad de Franco y Rada, en Batllori y Arbeloa (1971, I: 85). La bencina, en Fuci (1978: 212). Fue Ucelay Da Cal (2005: 63) quien descubrió este testimonio. El Ateneo, en La Libertad, 12 de mayo de 1931, y El Sol, 13 de mayo de 1931. <<

[154] Ahora, 12 de mayo de 1931. Alcalá-Zamora y Maura contaron su actuación en sus respectivas memorias. Contra el pueblo, De la Cueva (2001). Año 1909, en Ullman (1972: 357-362). El gobernador fue Antonio Jaén, en Jiménez Guerrero (2006: 174). <<

[155] La Semana Santa, en El Sol, 12 de mayo de 1931. La novela es Riña de gatos, de Eduardo Mendoza. Delgado (2008: 205). El castigo a la Iglesia, en Delgado (2001). Los libertarios, en Ucelay Da Cal (2005: 63). Domingo (1934: 90). Un punto de inflexión en la historia de la República, en Vicent (1996: 159). Barrios Rozúa (2007: 147-154). Este autor, junto con López Villaverde (2008), ha renovado por completo el estudio de los enfrentamientos de mayo y del conflicto religioso en general. <<

[156] 1923, en Cárcel Ortí (1994: 171-181), Callahan (2002: 129) y Cano (2006: 181-182). Segura, en Batllori y Arbeloa (1971, I: 22). Obscura y rayo, recogidos en El Debate, 2 de junio de 1931. Dios salve, en Abc, 18 de abril de 1931. <<

[157] Los derechos de ciudadanía de Dios es una afirmación del cardenal Gomá de 30 de mayo, en Frías (1992: 195). La soberanía y la cenagosa, en la Pastoral del Episcopado, publicada el 18 de agosto de 1931. Las noticias de México, en De la Iglesia (1930: 124) y Delgado Larios (1991). Persecución, en Raguer (1995: 220) y López Villaverde (2008: 97). Vidal, en Batllori y Arbeloa (1971, I: 53). Estudiosos partidarios de la Iglesia, Montero Moreno (1998 [1961]) y Cárcel Ortí (1990). Exterminio, en Magenti Javaloyas (1990: 261) y Los Hijos del Pueblo, 1 de octubre de 1931. <<

[158] La iniciativa, en carta de Segura a Vidal, 4 de mayo de 1931, en Batllori y Arbeloa (1971, I: 42) y El Debate, 24 de mayo de 1931. La renovación del impulso para la movilización seglar a cargo de Pacelli y Vidal a finales de julio, en Batllori y Arbeloa (1971, I: 167-168). La Acción Nacional y la ACNDP, en Batllori y Arbeloa (1971, I: 28-42), Montero (1977: 97-151), Ordovás (1993: 133-184) y Vara Martín (2004: 132). La propuesta de partido, en El Debate, 21 de abril de 1931. Simetría de este proceso con la fundada antes Derecha Regional Valenciana, en Valls (1992) y Comes Iglesia (2002). La formación posterior, pero con parecidas circunstancias, de la Unió Democrática de Catalunya, en Raguer (1976). Nuncio a Pacelli, en Robles Muñoz (2009: 151). <<

[159] El proceso de interferencias, conflicto y negociación, en Meer (1975), Vidarte (1976: 123-218), Frías (1992), Christian (1997), Alcalá-Zamora (2002: 84-86), Álvarez Tardío (2002: 151-195), Arbeloa (2006), Barrios Rozúa (2007: 235-265), Dronda Martínez y Majuelo Gil (2007) y López Villaverde (2008: 116-119). Múgica, en De Pablo (1989: 107-108). <<

[160] El tiempo, en Koselleck (2003: 48). La cuestión es ganar tiempo, en Vidal a Pacelli y el arzobispo de Burgos a Vidal (Batllori y Arbeloa, 1971, I: 92, 101-102). Francia, en Mayeur (1967). La misma política en 1901 (Magenti Javaloyas, 1990: 246). No consentir y sin prisa, en El Debate, 6 de octubre de 1931. <<

[161] El acuerdo, en Batllori y Arbeloa (1971, I: 314-323). La jerarquía no cambió su posición ni un ápice con su fórmula de concordia del 13 de octubre, publicada por El Matí. De los Ríos, en Zapatero (1999: 320-322). <<

[162] Las peticiones católicas y laicistas, en Ramírez Jiménez (1969: 226-227) y Blasco (2003: 213-215). La petición principal, en Abc, 30 de septiembre de 1931, Acción Católica de la Mujer, Córdoba, de octubre de 1931, y Los Hijos del Pueblo, 8 de octubre de 1931. Presión de la calle, en Abc, 10 de octubre de 1931. Santander, en AHN, Gob., serie A, leg. 16, exp. 17. Vitoria, en El Sol, 16 de octubre de 1931. Véase la prensa anticlerical, Fray Lazo y El Badajo. Varela (1978: 181-210). La responsabilidad de Alcalá-Zamora la presenta Gil Robles, en Batllori y Arbeloa (1971, I: 186). <<

[163] La fórmula que conviene a la República, en La Libertad, 14 de octubre de 1931. Fue aprobada nuestra fórmula de transacción, afirmó Crisol (14 de octubre de 1931). La transacción de Lerroux, en El Sol, 7 de octubre de 1931; Crisol, 14 de octubre de 1931; Maura, en El Sol, 25 de octubre de 1931; Solidaridad Obrera, 15 de octubre de 1931. El Secretariado, en Batllori y Arbeloa (1971, I: 215). Sobre los jesuitas se publicó mucho en aquel tiempo sin censura. Véanse, por ejemplo, Los jesuitas. Folleto de actualidad (1931) y Antón García (1931), además de los múltiples comentarios y reportajes publicados en la prensa. También el conflicto suscitado por la representación de AMDG, a principios de noviembre (Pérez de Ayala, 1983). Alcalá-Zamora (1978: 357) en su discurso del 10 de octubre en la Cámara. <<

[164] Algunos historiadores son Callahan (2002: 232-233) y Barrios Rozúa (2007). En poco tiempo, en González Cuevas (2007: 69). Los inventarios en Francia, en Mauduit (1984: 302-346) y Mayeur (1997). México, en Bantjes (1994) y De la Fuente Monge (1997). Vidal y Barrraquer reconoció el protagonismo de los prelados en la campaña revisionista, en Batllori y Arbeloa (1971, I: 176). Cristo Rey y su significado, en Barguñó y Morgades (1931) y Cano (2006: 177-199). Oviedo, en El Debate, 27 de octubre de 1931, y el final, en Fray Lazo, 14 de octubre de 1931. <<

[165] Azaña (2007, III: 131). Arboleya (1930b: 49, 108). Francia, en Paul (1967), Azéma y Winock (1970: 202), Fontana (1990) y Pellistrandi (2007: 30). Portugal, en Ramos (1994: 607) y De Brito Moura (2004). México, en Bantjes (1994). La URSS, en Husband (1998). <<

[166] Heraldo de Madrid, 2 de octubre de 1931. <<

[167] El diputado, en Mori (1932: 238). <<

[168] Scanlon (1986: 122-137, 146). Esclava y dueño, en Romera Navarro (1910: 16). Nelken (s. f.: 10-11). Marañón (1920: 6). El entrecomillado es de Adolfo Marsillach, en Abc, 21 de octubre de 1931. La misma opinión, en Solidaridad Obrera, 4 de octubre de 1931. Opiniones similares de analistas, en Capel Martínez (1975: 68), Scanlon (1976: 196-199) y Fagoaga y Saavedra (2007: 41). <<

[169] Las redes sociales feministas, en Roig Catellanos (1977), Fagoaga (1985), Rodrigo (1994), Ugalde Solano (1995), Hurtado (1999), Mangini (2001). Católico, en Blasco (2003). Las reclamaciones, en Espinosa (1920). Feminofobia y doña nadie, en Mundo Femenino, noviembre de 1929 y octubre de 1930. <<

[170] Las firmas catalanas, en La Vanguardia, 4 de agosto de 1931, y Ugalde Solano (1995: 137). Las universitarias, en López-Rey y Arroyo (1930: 235-241). Martínez Sierra, en Abc, 13 de septiembre de 1931. Las reclamaciones y argumentos feministas, en Mundo Femenino y Martínez Sierra (2006: 27-43). <<

[171] Reformas legales, en Martínez Sierra (2006: 13-16) y Cabrero Blanco (2007: 100-103). Campoamor fue la que participó en más mítines (Villalaín García, 2000: 100). Algunas de las razones de oportunidad favorables al voto, en Ugalde Solano (1995: 136). Los conservadores a favor del voto en otros países, en Markoff (1999: 99, 134) y Larkin (1995: 160). El riesgo, en Hirschman (1991: 91-127). <<

[172] El debate de la Cámara sobre el sufragio, en Campoamor (1981), Debate sobre el voto femenino… (2001), Juliá (2009) y en la prensa. <<

[173] Alcalá-Zamora, en Azaña (2007, III: 843). Voluntad de macho, en Heraldo de Madrid, 14 de julio de 1931. Biografía de Campoamor, en Fagoaga y Saavedra (2007). La frase entrecomillada, en El Debate, 2 de octubre de 1931. <<

[174] Rasgos biológicos conservadores, en Marañón (1920: 45). El debate, en Mangini (2001: 101). Marañón (1920: 37). Mujer-mujer, en Abc, 13 de septiembre de 1931. El periodista era Martínez Olmedilla, en el mismo diario. Kent, en Heraldo de Madrid, 1 de octubre de 1931. Burgos, en El Socialista, 10 de noviembre de 1931. Nelken, en El Socialista, 4 de septiembre de 1931. La construcción social del histerismo como metáfora del miedo, en Barrows (1981: 43 y ss.). En la Cámara, Fernández Florez, en Abc, 2 de octubre de 1931. <<

[175] Corzo Cea (1931: 27). <<

[176] Arma poderosa, en Solidaridad Obrera, 25 de julio de 1931. Nelken (1931: 33). El Cristo, en Heraldo de Madrid, 1 de octubre de 1931. El voto de las devotas, en La Libertad, 2 de octubre de 1931. <<

[177] Sindicatos Únicos, en Solidaridad Obrera, 18 de diciembre de 1931. Cordero (1932: 89). Los patronos, en Juliá (1981-1982: 141; 1984: 266-270), Cabrera (1983: 34-50, 253-256) y Macarro (1985: 189). Huelgas de ciudadanía, en Solidaridad Obrera, 19 de octubre de 1930. <<

[178] Azaña (2007, II: 384) ya propuso en 1924 la inclusión de las fuerzas organizadas del proletariado en la coalición antimonárquica. El PSOE, en Actas de la Agrupación Socialista madrileña, 1931, 23 de agosto de 1931; Zapatero (1999: 259-261) y XIII Congreso ordinario del Partido Socialista Obrero Español (1934: 61-65). CNT, en Pou y Magriña (s. a.), Solidaridad Obrera, 30 de septiembre de 1931, Brademas (1974: 48-55), Díaz Sandino (1990: 30-32) y González Calleja (1999: 540-553). <<

[179] Son afirmaciones realizadas en los meses posteriores al 14 de abril por Ortega y Gasset, El Sol, La Libertad, Besteiro, Alcalá-Zamora, Domingo, Nicolau, Solidaridad Obrera y El Metalúrgico, de la UGT. <<

[180] Araquistáin, en El Sol, 18 de septiembre de 1931. El debate, en Abc y El Socialista, 16 y 17 de septiembre de 1931. Solidaridad Obrera, 11 de septiembre de 1931. Alcalá-Zamora (1978: 315) sugirió trabajadores «de todo orden». Del Rey (2011: 174) cree que la fórmula representaba el primer escalón en el camino de conferir un estatus transitorio al sistema capitalista. <<

[181] La legislación obrera, en Juliá (1984, 1987) y Valdés Dal-Ré (2006: 135-202). Repercusiones, en Macarro (1989: 20) y Townson (2002: 47). Marginación de la CNT, en Juliá (1987: 36-38), Casanova (1997: 30) y Macarro (2000: 76). Los contemporáneos, en El Debate, 3 de junio de 1931. El sacrificio es de Araquistáin, en El Sol, 19 de diciembre de 1931. Escaso número de huelgas, por ejemplo, en Guipúzcoa (Barruso, 1996: 84). Halagos, en Crisol, 18 de abril de 1931. Llamadas, en El Socialista, 19 de junio de 1931. El temor, en El Socialista, 5 de noviembre de 1931, y Alarcón Caballero (1990: 184). El lirismo y demás son de Cordero, en El Socialista, 23 de diciembre de 1931. <<

[182] Sender, en Solidaridad Obrera, 23 de abril de 1931. <<

[183] Bibliografía sobre este enfrentamiento, en Brademas (1974), García Oliver (1978), Vega (1987), Barrio Alonso (1988), Montañés (1989), Alarcón Caballero (1990), Gutiérrez Molina (1994), Casanova (1997), Macarro (2000), Eallham (2005) y Álvarez Chillida (2011). La conclusión más extendida, en Casanova (1997: 30) y Ealham (2005: 161-171). Otra perspectiva, en Macarro (1995: 143-148). <<

[184] El comunismo libertario, en Solidaridad Obrera, 18 de junio de 1931. <<

[185] Guerra civil, por ejemplo, en Solidaridad Obrera, 2 de agosto de 1931. El intrusismo, de Juan López, en Solidaridad Obrera, 22 de abril de 1931. El Pleno de la FAI, en Solidaridad Obrera, 19 de junio de 1931. Tejer y destejer, en El Sol, 6 de agosto de 1931. La dinámica huelguista de la FAI, en Alarcón Caballero (1990: 269-272). La Generalitat, en El Sol, 29 de julio de 1931. Maura, en Abc, 6 de agosto de 1931. Maura y Companys, en Abc, 4 y 8 de septiembre de 1931. La convocatoria de huelga general en España, en telegramas cruzados entre Maura y los gobernadores civiles de Zaragoza, Sevilla y Tenerife, en AHN, Gob., serie A, leg. 7, exps. 15, 12 y 10. <<

[186] Las distintas posiciones, en Pestaña (1974), Peiró (1975) y García Oliver (1978). El análisis más completo de la rivalidad interna, en Álvarez Chillida (2011: 49-78). El Manifiesto «de los treinta», en El Sol, 1 de septiembre de 1930. Las huelgas sin alcance revolucionario, de E. Quintanilla, en Solidaridad Obrera, 28 de julio de 1931. De guerra civil entre los sindicatos hablaron Azaña, Besteiro, Maura, Trifón Gómez y Abc. Zaragoza, en Montañés (1989: 54). El Partido Federal en Gijón, en Radcliff (2004). La colaboración de los radical-socialistas se desprende de unas declaraciones de Marcelino Domingo, en El Sol, 8 y 13 de agosto de 1931. <<

[187] Heraldo de Madrid, 1 de enero de 1932. El Socialista, 13 de junio de 1931. Azaña (2007, III: 39). La bibliografía que orienta este epígrafe, en Madrid (1932: 244-246), Pérez Yruela (1979), Barragán (1980), Malefakis (1982), López López (1984), Tuñón de Lara (1985), Rodríguez Lavandeira (1991), Ladrón de Guevara (1993), Gutiérrez Casalá (1998), Zapatero (1999: 284-307), Macarro (2000), Ayala Vicente (2003), Cobo Romero (2003, 2007) y Del Rey (2008). <<

[188] Carrión (1931: 10). El Sol, 21 de mayo de 1931. <<

[189] El escaso interés, en Barragán (1980: 160) y Casanova (2007: 52). <<

[190] El grito de la FUE, en Gascón (1932: 118). Domingo, en Abc, 15 de noviembre de 1931. <<

[191] Argentina, en Boren (2001). Los jóvenes y estudiantes en entreguerras, en Souto Kustrín (2004, 2007) y González Calleja (2009). Los datos de población, en Juliá (1984: 62). La población estudiantil, en González Calleja (2009: 100). Marañón, en López Vega (2011: 190). Los conservadores, en Abc, 9 de mayo de 1931; los católicos, en El Debate, 9 de mayo de 1931. La Conquista del Estado, 14 de marzo de 1931-9 de mayo de 1931. <<

[192] Persecuciones y hombres, en Gascón (1932: prólogo) y Mori (1932: 33). El busto y el trono es de Jiménez Asúa, en El Sol, 2 de octubre de 1931. El premio, en Crisol, 18 de abril de 1931. <<

[193] Largo Caballero, en Vidarte (1976: 172-173). La votación, en Heraldo de Madrid, 1 de octubre de 1931. Los 35 años, en Abc, 6 de octubre de 1931. <<

[194] Los derechos, en López-Rey y Arroyo (1930: 130). Luzuriaga, en Crisol, 21 de abril de 1931. Xirau, en Solidaridad Obrera, 17 de abril de 1931. Los dirigentes de la FUE, en El Sol, 10 de noviembre de 1931. Las protestas católicas, en El Debate, 5-6 de junio de 1931 y 17 de diciembre de 1931. <<

[195] Domingo, en El Debate, 19 de abril de 1931. Jiménez Asúa, en El Sol, 2 de octubre de 1931. Recogerse es del alumno José García, de la Central, en El Sol, 2 de octubre de 1931. Granada, en AHN, Gob., serie A, leg. 6, exp. 10. Córdoba, en AGA, Interior, leg. 44/106. Incendios, en La Vanguardia, 13 de mayo de 1931. <<

[196] Todos los casos apuntados en la prensa del 2 y 13 de octubre de 1931. El Congreso, en El Sol, 10-28 de noviembre de 1931. La UFEH asumía la propuesta de escuela unificada, de Lorenzo Luzuriaga (Luzuriaga, 1931, y Barreiro Rodríguez, 1989). La FUE en La Barraca, en El Sol, 2 de diciembre de 1931. <<

[197] Las reclamaciones de la CECE, en El Debate, 1-3 de noviembre de 1931. Junta General, en El Debate, 2 de diciembre de 1931. <<

[198] Valladolid, en Telegramas del gobernador civil al ministro de Gobernación, 9-13 de noviembre de 1931 (AHN, Gob., serie A, leg. 16, exp. 17). En Madrid, El Debate, 6 de diciembre de 1931. El resumen, en El Debate, 12 de diciembre de 1931. <<

[199] Unamuno, en El Sol, 1 de diciembre de 1931. Primo, en Jato (1953: 28). <<

[200] La Vanguardia, 5 de junio de 1931. <<

[201] El relato que sigue se orienta con las referencias de Aiguader (1932), Domingo (1934), Pavón (1969), Culla (1977), Ucelay Da Cal (1977, 1982), Sallés (1986), Cambó (1987), González Casanova (1987), Gabriel (2000), Maura (2007), Azaña (2007, III) y Alcalá-Zamora (2012). <<

[202] Maseras (1931), Gaya Picón (1931), Coromines (1975), Soldevila (1977) y La Vanguardia. Domingo (1934: 72-79). <<

[203] Maciá y Maura, en Abc, 19 de abril de 1931. El viaje a Barcelona, en La Vanguardia, 28 de abril de 1931, Gaya Picón (1931: 117) y Alcalá-Zamora (2012: 242). Companys y Maura, en AGA, Interior 44/106. <<

[204] Maura, en Abc, 30 de abril de 1931. La CNT, en Solidaridad Obrera, 25 de abril de 1931. El PSOE, en El Socialista, 15 de julio de 1931 y 20 de septiembre de 1931. Gassol, en Abc, 9 y 16 de junio de 1931. Macià, en Abc, 29 de abril de 1931, y El Sol, 16 de junio de 1931. Ayguadè, en Abc, 14 de agosto de 1931. Domingo, en Abc, 2 de mayo de 1931. <<

[205] Azaña (2007, III: 668). El Socialista, 13 de agosto de 1931. Pla (1986: 117). El Sol, 15 de agosto de 1931. La entrega y recepción del proyecto, en Abc, 15 de agosto de 1931. <<

[206] El Estado integral y las autonomías, en Tomás y Valiente (1987: 385), Albacete Ezcurra (2006: 320) y Chernichero Díaz (2007: 59-61). <<

[207] El ritual, en El Sol, 26 de mayo de 1931. El envío de tropas a Guernica, en La libertad, 18 de abril de 1931. Las referencias para este relato, en Aguirre y Lekube (1976), Blinkhorn (1979), De Pablo (1989), Díaz Freire (1990), Barruso (1996), De Pablo, Mees y Rodríguez Sanz (1999), Canal (2000) y De la Granja (2007, 2008). <<

[208] El Debate, 14 de julio de 1931. El Sol, 13 de junio de 1931. De la Granja (2008: 153). <<

[209] Huelga de hambre, en El Sol, 17 de septiembre de 1931. Las banderas, en El Sol, 16 de septiembre de 1931. La aprobación del procedimiento de las Gestoras, en Abc, 9 de diciembre de 1931. Aguirre, en El Debate, 4 de noviembre de 1931. El boicot a comercios, en Abc, 14 de noviembre de 1931. <<

[210] El conflicto del ferrocarril, en Abc, 25 de junio de 1931. El relato sobre el Estatuto gallego, en Risco (1930), Castro (1985), Beramendi (1991), Grandío Seoane (2010). Además, El Sol, 26 de septiembre de 1930, 4-5 de junio de 1931. El Partido Galleguista y la ORGA, en El Sol, 8 de diciembre de 1931, y Abc, 5 de enero de 1932. <<

[211] Una visión general de los procesos, en Chernichero Díaz (2007). Para Aragón, Germán Zubero (1984: 190-192). El resto, en la prensa de 1931. <<

[212] Crisol, 30 de mayo de 1931. <<

[213] Cartagena, en AHN, Gob., serie A, leg. 5, exp. 5. Valencia, en El Sol, 30 de agosto de 1931. Córdoba, en AGA, Interior, 44/131. Caza, en Abc, 12 de septiembre de 1931. Camareros, en Abc, 30 de septiembre de 1931. Parados, en Abc, 29 de septiembre de 1931. El médico, en Abc, 8 de octubre de 1931 y AHN, Gob., serie A, leg. 16, exp. 17. Vigo, en El Debate, 16 de octubre de 1931. <<

[214] Todo lo referente a la política de enfrentamiento, en Cruz (2008). El análisis de la represión está orientado por Lichbach (1987), Khawaja (1993), Goldstone y Tilly (2001), Davenport (2007) y Palacios Cerezales (2011b). <<

[215] El concepto de ciclo de protesta es de 1993, en Tarrow (2012: 335-367). La aplicación al caso español se debe a González Calleja (1999: 524). La redistribución de poder, en Casanova (1997: 32). <<

[216] El incremento asociativo, en Gil Andrés (2000: 193). Los espacios, en Poletta (1999) y Auyero (2002). <<

[217] Pérez Yruela (1979). <<

[218] El origen del mitin, en Tilly (1995: 125-126). Heliófilo, en El Sol, 22 de marzo de 1931. Unamuno, en El Sol, 7 de octubre de 1930. <<

[219] La manifestación, en Hubrecht (1990), Tartakowsky (1997) y Tilly (2003, 2008). Abrir la mano es del gobernador civil de Barcelona, 3 de noviembre de 1918 (AHN, Gob., serie A, leg., 41, exp. 19). Declaraciones del gobernador civil de Vizcaya, en El Debate, 18 de octubre de 1931. El cómputo, en El Debate, 21 de abril de 1931. <<

[220] Pigenet y Tratakowsky (2003). Gran Bretaña, en Gilbert (1996). EE UU, en Kerbo y Shaffer (1992). Jaén, en AHN, Gob., serie A, leg. 6, exp. 15. Málaga, en El Sol, 18 de septiembre de 1931. <<

[221] Las dificultades, en Ayala Vicente (2003: 25). Jijona, en Abc, 22 de octubre de 1930. En la mina, El Sol, 11 de diciembre de 1930. Arriate, en El Sol, 18 de marzo de 1931. <<

[222] Rebérioux (1997) y Zaeske (2003). España del siglo XIX, en Palacios Cerezales (en prensa). <<

[223] El Socialista (30 de abril de 1931) habló de posponer la política de clase. Casi todas las ciudades donde se celebró el Primero de Mayo, en AHN, Gob., serie A, legs. 4 y 5, exps. 4-6. Alzamiento en el Dos de Mayo fue una frase del alcalde, Pedro Rico, en La Libertad, 3 de mayo de 1931. <<

[224] Bar (1981: 85), Jasper (1997: 252-265) y Fillieule, Mathieu y Péchu (2009: 80-83). España, en González Fernández (1996: 95, 127 y 144). Casa Valls, en Solidaridad Obrera, 27 de marzo de 1931. Level, en Bar (1981: 85) y AHN, Gob., serie A, leg. 7, exp. 1. <<

[225] Fuera de España, en Markoff (1999: 56) y Fillieule, Mathieu y Péchu (2009: 386-390). Italia, en Maione (1975: 238-255). Francia, en Jackson (1988: 100-104). Año 1920, en Radcliff (2004: 290). Moreda, en Radcliff (2004: 299-300) y AHN, Gob., serie A, leg. 7, exp. 8. <<

[226] La madera, en AHN, Gob., serie A, leg. 40, exp. 7, y Vega (1987: 42-43). El enfoque utilizado se orienta en Tilly (2003) y Cruz (2008). <<

[227] Payne (1995: 71-75), González Calleja (2006), Blázquez (2009). <<

[228] Mosse (1999: 181-205). La guerra civil, en Traverso (2009). Las masas, en Cruz (en prensa). Este enfoque procede de Gillis (1974), Dunning, Murphy, Newburn y Waddington (1987) y Gil Calvo (1991). En España, Gutiérrez Flores (1993:75-78), Ruiz Alonso (2004:120) y Prada (2007: 42-43). <<

[229] El control policial en los inicios de la República, en Ballbé (1983), Blaney (2007, 2012) y Palacios Cerezales (2011). <<

[230] Este enfoque se orienta a partir de Gould (2003); también en Ugarte Tellería (1996), Duarte (1997: 196) y Ealham (2005: 24 y ss.). <<

[231] Este epígrafe debe mucho a Tilly (2006, 2008). Véanse también Cruz (2008) y Tarrow (2012). <<

[232] Hablan de coexistencia, Gil Andrés (2000: 192-193) y Ealham (2005: 80-82). González Calleja (1999) resalta el predominio del segundo repertorio. <<

[233] Heliófilo, en Crisol, 11 de diciembre de 1931. <<

[234] Observaciones aparecidas en los periódicos madrileños de tendencia republicana, de los días 11 y 12 de diciembre. Los epítetos del final en La Tierra, diario divulgador de la República intransigente. <<

[235] El Debate, 11 de diciembre de 1931. Solidaridad Obrera, 12 de diciembre de 1931. Franco, en La Tierra, 10 de diciembre de 1931. <<

[236] 1868 y 1873, en De la Fuente Monge (2000), Monlleó (2001), Miguel González (2007), Pérez Ledesma (2010). Francia, en Gouault (1954), Mayeur y Roberioux (1984) y Winock (1987: 41-86). Portugal, en Ramos (1994), Valente (1968, 2004) y Palacios Cerezales (2011: 250-272). Rusia, en Figes (2000). Alemania, en Klein (1985), Rürup (1992) y Heiber (1993). Grecia, en Mavrogordatos (1983: 32-44) y Malefakis (1993). <<

[237] Aguado (1972). El profesor Murillo en 1969, en García Canales (1977: 223). Domingo (1934: 118). Juliá (1981-1982: 140-142; 1984: 23). Romero Maura (2000: 191). Martorell (2003: 384-385). <<

[238] Alcalá-Zamora (2012: 202). El significado del estatuto, en Maura (2007: 282). Ayuntamientos, en «Circular n.º 78», 24 de abril de 1931 (AGA, Interior 44/177). Gobernadores, en Serrallonga (2007). <<