El 31 de diciembre de 2019 China informó de un extraño brote de neumonía a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que rápidamente envío a un equipo de investigadores a Wuhan y alertó a la comunidad internacional acerca de la gravedad, presente y futura, de la situación.

Sin embargo, desde un inicio el Gobierno español ignoró la magnitud de la amenaza y no adoptó las medidas necesarias. De hecho, no hizo caso a ninguna de las recomendaciones que durante los meses de enero, febrero y marzo publicó la OMS, tales como el acopio urgente de material sanitario, la importancia de realizar test, la necesidad de rastrear y aislar los casos positivos o la prohibición de celebrar actos multitudinarios. A fines de enero, Fernando Simón, coordinador de Emergencias de Sanidad, afirmaba que «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado». A mediados de febrero, el ministro Salvador Illa aseguraba «hoy no hay ninguna razón para tomar ninguna medida de salud pública adicional a las que ya estamos tomando», mientras preparaba un protocolo para cadáveres de la COVID-19.

A pesar de disponer de datos que demostraban que el virus corría a sus anchas por España, y para no verse obligado a cancelar las manifestaciones del 8 de marzo, el Gobierno permitió que ese fin de semana se celebraran un sinfín de actos multitudinarios. Tal y como demuestra un documento que el Gobierno ocultó y que este libro trae a la luz pública, si ese fin de semana se hubieran adoptado medidas de prevención los estragos del coronavirus en España hubieran sido mucho menores.

La verdad ha sido aplastada por el relato gubernamental y sus medios afines. La disonancia entre el número oficial de fallecidos y el número real resulta estremecedor. Para comprender el grado de falsedad e inoperancia con el que ha actuado el Gobierno de Pedro Sánchez en una de las crisis más graves de la historia reciente, la lectura de esta crónica minuciosa, precisa y detallista resulta imprescindible.

Francisco Mercado

Una pandemia de errores

Cómo y por qué la mala gestión del Gobierno convirtió a España en campeona mundial del coronavirus

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Titivillus 03.05.2021

Título original: Una pandemia de errores

Francisco Mercado, 2020

Editor digital: Titivillus

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A Noelia, amor y cómplice de mis quijotadas; a mis padres, Alfonso y Eloísa, muertos cuando no se culpaba a los ancianos de tener patologías previas; a mis queridos hijos, Daniel y Laura; y a los más de 44 000 compatriotas muertos por un virus que no iba a llegar.

Pero el pánico no estalló. Hubo algo de ilusorio en esa primera hora, durante la cual algunos pasajeros estuvieron bromeando con lo que sucedía. Nada ni nadie les indicaba la gravedad de la situación, y la orden del capitán —tal vez cuestionable, pero en modo alguno descabellada— fue evitar el pánico a toda costa para no empeorar las cosas, si es que las cosas hubieran podido empeorar. Hubo pasajeros que ni siquiera creyeron posible que un barco insumergible se pudiera hundir, y se desentendieron hasta de ponerse el chaleco salvavidas que los camareros empezaron a repartir. El hecho de que se pidiera a la orquesta que amenizara la huida sin duda aumentó la sensación de que no existía una amenaza insalvable.

EMILIO CALLE, La tragedia del Titanic

Prólogo
Todos somos pandemia, pero algunos somos más pandemia

Cuando doy las primeras pinceladas a este prólogo, el 20 de mayo de 2020, España es campeona mundial del coronavirus. Tiene ya más de 278 000 casos. Y 27 888 muertos. Los telediarios ponen el punto de mira en el veloz crecimiento del virus en EE. UU., Francia, el Reino Unido o Brasil. Siguen el señuelo que tiende el Gobierno: los números absolutos. EE. UU. registra ya 1,5 millones de infectados y 93 000 muertos. También nos supera Rusia en número de afectados, 308 000. Brasil nos pisa los talones, con 271 885 contagiados…

Y si hablamos de cifra total de muertos no solo nos rebasa EE. UU. También el Reino Unido (35 341), Italia (32 169) y Francia (28 022). España, en términos absolutos, es el tercer país en contaminados del mundo. Y el quinto país en muertos. España está en el pelotón de cabeza del mundo en contagio y mortandad. O negligencia. Pero es mejorable su puesto. ¿Y si dividimos población por número de contagios o muertos? ¿Qué ocurre si calculamos la tasa por millón de habitantes para averiguar el peso real de infectados y muertos que soporta cada país? La tasa da la imagen real del drama o éxito de cada nación. El Gobierno español nunca da esa proporción. Sería desnudar su gestión. Y su foto mundial es terrible.

Quizá si alguno mira la página de Sanidad del 20 de mayo le extrañará la cifra de 278 000 infectados en España. Solo aparecen 232 555 contagiados. Resta 45 807 que han dado positivo en los test de anticuerpos y que sí ofrecía cinco días antes, el 15 de mayo. Es el último día que el Gobierno da la cifra de ese grupo de infectados. Pero los analistas mundiales no eliminan tales contagiados. Y guardan la cifra de esa jornada.

No pueden entender que un país tenga un día 278 000 afectados y a partir del día siguiente (16 de mayo) solo 230 698, solo porque la goma de Simón borra desde ese momento la tasa que más crece: los positivos por test de anticuerpos, que un día fueron enfermos o infectados. Los demás países sí los suman. La OMS exige notificar casos probables y confirmados. El doctor Simón, de un plumazo, se ventila 45 000 contagiados de coronavirus que en unos días ascenderán a 50 000, 60 000, etc., a medida que se expandan los test rápidos. Las gráficas de Sanidad indican que esos test suben, pero no los contabiliza. Solo un test masivo como el de Torrejón ya añade 26 000 positivos.

Pero da igual que el Gobierno trampee. El mundo ha hecho la foto de España durante la pandemia. La del 20 mayo es similar a la de días y semanas precedentes. Arroja que España se merece ganar el mundial del coronavirus. No quedar segunda o tercera. Sánchez ha hecho mucho por situarnos en cabeza y no se puede conformar con un papel secundario. Y gana el mundial.

España es el país con mayor tasa de contagios del mundo por millón de habitantes, salvando minúsculos territorios que distorsionan las cifras por su escasa población y que luego citaré. La España pilotada por el prudente Sánchez golea en tasa de afectados a los EE. UU. bajo el timón del excéntrico Trump que recomienda beber lejía: Estados Unidos tiene 4750 infectados por millón de habitantes y España 5963 por millón. Rusia solo tiene 2115 casos por millón. El Reino Unido, 3667. Italia, 3749. Francia, 2771. Alemania, apenas 1115. En días precedentes, la ventaja española aún era mayor.

Solo nos ganan Luxemburgo, Andorra, San Marino, Qatar y el Vaticano por tasa de contagios. Su escasa población hace que un número reducido de casos parezca estadísticamente una marea. Luxemburgo, con la mayor tasa de infectados, suma menos de 4000 casos. Y San Marino, 655. Por tanto, tales países apenas existen en materia de pandemia. No pueden rivalizar con España. Y si Sánchez a estas alturas quiere mirar de reojo a países que lo hayan hecho peor, tiene que dirigir la vista al Vaticano o a Qatar, pero a ningún otro país del globo. No puede despreciar a Trump.

El presidente norteamericano se está dando toda la prisa que puede en hacerlo mal. Pero aún sigue detrás de Sánchez. Todos los países del globo se han contagiado menos que España. La estadística en unos meses puede cambiar, y cambiará. Y alguno de los rivales de España podría arrebatarle el liderato. Pero en mayo de 2020, cinco meses después del brote del coronavirus, la campeona es España con Sánchez de seleccionador. El mundial de esa primavera lo ha ganado. Nadie se lo puede arrebatar.

La vicepresidenta Carmen Calvo quiere empañar la victoria con supuestas ayudas geográficas: «Nueva York, Madrid y Pekín están en línea recta, tres de las grandes ciudades donde se ha dado un problemón del demonio». La ministra Teresa Ribera también resta méritos a su jefe y culpa al mapa: «Portugal paró antes. Venía del este y ellos están un poco más al oeste y entonces pudieron parar un poco antes». Eso explica que, respecto a la tasa de infectados, Portugal tenga la mitad que España: 2885 infectados. Ninguna ministra quiere reconocer los méritos presidenciales en coronar la tasa de contagio mundial.

¿Y la tasa mundial de muertes por millón de habitantes?

¿Puede España aspirar al doblete? Barre aún más a todas las naciones. A 20 de mayo, dobla la tasa de muertos de Trump. España, 597 fallecidos por millón de habitantes; EE. UU., 283.

Naturalmente, los telediarios omiten tal dato. Difunden el más visual, pero el más irreal. El que proporciona cada día el Gobierno. EE. UU. tiene 83 558 muertos. Y España solo 27 770.

Mensaje subliminal: ahora, critica la gestión de Sánchez con tales cifras de EE. UU. Pequeña anotación: mido la tasa por millón de habitantes solo con los muertos registrados por Sanidad. Si computara los muertos que desvela el MOMO (monitoriza excesos de muertes sobre el año anterior: más de 35 000 el 20 de mayo, más de 43 000 en junio), España tendría el Guinness de fallecidos por coronavirus. Pero hago la comparativa solo con los españoles que Illa dice que están muertos por coronavirus.

Nadie computa qué población tiene cada país. Y, por tanto, qué país está más castigado. Rusia solo tiene 20 muertos por millón de habitantes. El Reino Unido, 521. Francia, 429. Alemania, 98. Portugal, gracias a estar al oeste, apenas 122 muertos. Pero España no es invencible. Se le resiste Bélgica. Acumula 790 muertos por millón, pero solo suma 9150 muertos. Y Andorra y San Marino, que con 51 y 41 muertos, sufren tasas disparatadas.

Doblete conseguido. España gana el mundial de víctimas mortales, salvadas estas excepciones fruto de la distorsión estadística. La distancia con el resto de países es notable.

China, origen de la pandemia, suma 2 muertos por millón de habitantes. ¿Tanto miente? Corea del Sur, 265 muertos. ¿Maquilla sus cifras? Holanda, 334 muertos. Grecia, 16 muertos. Irán, 85 muertos. India, 2 muertos. Hong Kong, 1 muerto. Tailandia, 43.

¿Qué han hecho sus Gobiernos para estar tan por debajo de España en tasa de muertos? ¿Cómo puede ocurrir en países vecinos de China? ¿Cómo España logra superar en mortandad a países con peor sanidad y economía como Bulgaria, Hungría, Rumanía…? O Azerbaiyán, Uzbekistán, Honduras, Armenia, El Salvador, Gabón… La vuelta al globo da igual resultado.

¿Podría España aspirar a un triplete? ¿Puede ser España el país que más sanitarios tiene infectados de coronavirus? Según un informe de abril del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), el 20 % de los casos en España afectan a este colectivo, y en Italia ese porcentaje se reduce al 10 %. En EE. UU., los sanitarios contagiados apenas llegan al 3 % y en China se sitúan en el 3,8 %… Esto se decía en abril, cuando los sanitarios contagiados españoles sumaban 35 000. El 14 de mayo ya son casi 40 000. El 18 de mayo ya son 51 090. Son más que todos los infectados de Holanda, Portugal, Qatar, Suecia, Suiza, Bangladesh, Polonia, Ucrania, Irlanda, Indonesia…

Los sanitarios españoles contagiados suman por sí solos la cifra de infectados de un país entero. Son la nación número diecisiete del mundo por cifra de contagios el 14 de mayo.

El resto del planeta, país por país, suma menos como nación entera que los sanitarios españoles. España gana su triplete. No hay ningún sistema sanitario tan enfermo de coronavirus. Ni nación. Cómo llega a tal título lo dejo para próximos capítulos.

Pero antes debo confesarte qué me forzó a escribir este libro. La primera pulsión han sido las lágrimas. He llorado el abandono y muerte en masa de ancianos. La desatención ha matado más que el virus. Escribo este libro porque mis padres murieron hace años. No han fallecido ahora sin poder pisar la UCI ni los hospitales, víctimas de una epidemia que dijo mi Gobierno que no iba a llegar. Si engrosaran los más de cuarenta mil ancianos enterrados por la pandemia estaría redactando una querella por imprudencia grave con resultado de muerte.

He sentido vergüenza ante el sacrificio de los sanitarios, convertidos en un ejército inerme contra un enemigo que no solo se colaba por la respiración, sino por el BOE. Nunca los aplaudí. No querían amor. Querían mascarillas, guantes, batas y gafas.

El aplauso silenciaba sus carencias. Lo que forjaba heroica su actuación era su desprotección. Mi aplauso es este libro, cuando las palmas ya han dejado de batir. Tras las lágrimas llegó la rabia. Las mentiras, evasivas y necedades emitidas a diario por videoconferencia me rebelaron. Sánchez me habló de guerra por una epidemia… Entré en guerra.

Me habría gustado estar del lado de mi Gobierno si supiera cuál era su bando. ¿Era el bando de la verdad? No. ¿Era el bando de la ciencia? No. Sus alusiones a que el Gobierno hacía siempre lo que decían los científicos me espoleó a leer cuanto habían escrito y recomendado la OMS y la UE desde el inicio. Y cuanto había escrito y ordenado Sanidad. Descubrí un abismo: no casaban. Afloró un reguero de mentiras y contradicciones que ya viví en otras crisis históricas que investigué: el Prestige, el 11M…

Me tentó dedicar el libro a Pedro Sánchez (presidente del Gobierno), Salvador Illa (ministro de Sanidad) y Fernando Simón (director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, CCAES), sin cuya ayuda documental esta obra no habría sido posible. Sus informes han sido esenciales para que afloren mentiras, lo que hay detrás de la videoconferencia y de la propaganda. Nada mata más a un gobierno que sus propios escritos. Unos documentos que manejo para mis investigaciones desde antes de que me encargaran el libro, el 24 de abril. Era la mejor opción periodística, la más seria y libre, aunque supusiera ver morir en portadas primicias que iba acumulando. Mis compañeros no eran mancos ni ciegos y confiar en que durasen meses mis secretos era mucho pedir. Un saludo para ellos.

El impulso final me lo han dado los voceros del Gobierno.

Vomitaban los axiomas oficiales: «una pandemia es una pandemia». Los vertían quienes reían la tesis de Ana Botella: «Una manzana y una pera nunca pueden dar dos manzanas». Claro, una pandemia es una pandemia. Pero ¿por qué somos más pandemia que nadie? El virus distingue entre clases sociales, dice Pablo Iglesias. ¿Y también entre países? El virus extranjero nos tiene envidia, que diría Franco.

Y cada país ha dado una respuesta muy distinta. Y eso explica tan diferentes guarismos de muertos e infectados con el mismo virus. Focalizaré qué han hecho otros países, más ricos y más pobres, qué ha hecho nuestro país y qué mandataban la OMS y la UE.

El segundo axioma gubernamental que puebla las redes es igualmente indigerible: «¿Qué sabrás tú? Esto es cosa de expertos. España está lleno de cuñaos». Y así se veda todo debate. «El Gobierno tiene científicos, tú no eres experto». Los expertos del Gobierno son dioses. Solo los escuchan y ven sus elegidos. Los demás debemos fiarnos de su existencia y relato.

No hace falta ciencia en este debate. No discuto la fórmula de la vacuna del coronavirus. Debato de política de salud. O sea, de política. Y me baso en lo que escribe mi Gobierno. Y en lo que no lee mi Gobierno. Los que defienden al Gobierno no se molestan en leerlo. Les basta con oír la palabra de Sánchez. Te adoramos, señor. Y no molesten al conductor. Los sanchistas creen que no es cuñao quien dice «hay pocos asintomáticos, pero aún no sabemos cuántos son»; «las mascarillas son útiles, siempre que estén disponibles» o achaca a «un accidente de tráfico enorme» cinco mil muertes en una España confinada.

Tercer axioma de Sánchez: «Es muy fácil ser profeta ahora. Hay mucho profeta del día después. Si hubiéramos sabido lo que sabemos ahora del coronavirus…». Nadie exige a Sánchez que sea profeta. El gobernado solo le reclama que lea; espera que el presidente y su equipo vean telediarios. Todo esto le habría convertido en profeta en enero, leyendo a la OMS. O en febrero, viendo el drama de Italia. El 14 de marzo, es verdad, ya no podía ser profeta. Sánchez ya solo podía ser mesías crucificado.

Cuarto axioma: «A saber qué habría hecho el PP si le hubiera tocado gobernar esta pandemia». No lo sé. Ni me importa. Porque no gobernaba. Tampoco me pregunté qué habría hecho el PSOE de haber gobernado en las crisis del Prestige o del 11M. Esto no es un debate entre izquierdas y derechas, sino entre verdad y mentira, eficacia y negligencia.

Los que jaleaban mis exclusivas para desnudar la gestión del PP cuando Galicia era un mar de crudo y Madrid un escenario de cadáveres creen traición a la izquierda investigar las causas de nuestro último desastre. Mi ideario y oficio están donde siempre. Han muerto obreros, mujeres, ancianos… ¿Es de derechas buscar responsables de muertes de obreros? ¿Ataca al feminismo buscar si el 8M mató a mujeres? ¿Impide Marx apiadarse de un holocausto de ancianos? Cualquier mínimo hálito de empatía hacia tales causas bloquea otro rumbo que no sea buscar la verdad. Digo buscar. Cada cual juzgará si la he hallado o no. Los muertos se la merecen. Y mala defensa es «a ver qué habría hecho el PP». Equivale a que lo habría hecho aún peor. Varios ministros admiten errores. Nunca dicen cuáles. Refrescaré su memoria.

Quinto axioma: «No es el momento de debatir las causas. Más adelante, cuando pase la pandemia». ¿El debate político puede producir un rebrote? ¿Es un hecho científico? ¿Lee el virus el diario de sesiones del Congreso o visiona los telediarios? No. El virus ni lee ni es un asesino en masa al que invitemos a matar más si le damos publicidad o ve fisuras. No es ETA.

Finalmente, escribo porque he estado preso en casa más de tres meses por un delito que no cometí: ni introduje el virus en España ni lo propagué. El Estado me debe veinticinco euros por día de prisión. Es el precio por condenas injustas. Este libro me devuelve la libertad que perdí, que regalé. Si una acusación injusta nos hubiera encarcelado tres meses, hoy clamaríamos en los telediarios o en los tribunales. Pero hemos admitido la verdad revelada. Que cuando toca pandemia, toca prisión para todos. Mentira. Otros países han salido mejor librados sin tales grilletes. Había otras opciones. No las hay cuando llegas tarde a la crisis.

He manejado cientos de papeles y de porcentajes en un mundo opacado por el confinamiento. Dificultaba el acceso a las fuentes humanas. No descarto algún error, pero te garantizo que no producirá muertos ni infectados. Mi reto es que nos atrevamos a repensar la crisis, a dudar. No mires a derecha o izquierda para proclamar que la Tierra es redonda.

No escribiré una línea sobre la crisis económica que deja el coronavirus. Exigiría otro libro. Y, además, esa tragedia es consecuencia de lo que retrata este: una pandemia de errores.

Capítulo 1
Enero: China nos contagia, pero nos enseña el camino

No entraré en especulaciones sobre el origen del brote chino de coronavirus a fines de diciembre. Me importa más si hubo una correcta respuesta china y de la OMS. Y la cronología no delata una sistemática obstrucción china ni pasividad de la OMS. China admite varias expediciones científicas de la OMS. Choca con las tesis conspirativas. No obstante, acaso por sus inercias totalitarias, sanciona a los primeros médicos que dan la voz de alarma. Pero después sí colabora con la OMS y le permite controlar in situ la epidemia que combate. Podemos enloquecer repasando si había muchos coches aparcados en diciembre en los hospitales chinos, pero tampoco sabemos cuántos vehículos había en enero o febrero en las emergencias españolas. Ni cuántas llamadas o asistencias eran registradas como neumonías cuando ya eran coronavirus. Cada día de enero el mundo aprendía algo nuevo sobre el coronavirus desde China. Y la OMS lo radiaba para quien lo quisiera leer. Mal se puede acusar a China de ocultar el virus al mundo cuando el 7 de enero ya avisa de que es un coronavirus, con la peligrosidad y transmisibilidad que supone. China tenía que investigar el virus al tiempo que lo combatía. Aprendía día a día. Enseñaba día a día.

Mucho más tiempo perdieron países como Italia o España. Dilapidaron meses. Antes de concluir enero, China había exportado suficientes lecciones para que los demás países fuesen aplicando en sus patios interiores medidas similares: test masivos, controles fronterizos sanitarios, prohibición de actos masivos, localización de contactos y confinamientos. Y algunos países solo estaban pendientes de que la OMS pusiese etiquetas: emergencia internacional o pandemia. Esos rótulos ni matan ni curan. Salva aprender lo que enseña China. Y eso pudieron leerlo día a día en la OMS en enero.

Salva vidas aunque la información sea contradictoria. Pekín informa al inicio de que la enfermedad no es transmisible, pero toma medidas preventivas como si fuera muy contagiosa. No implica ocultamiento, sino una prudencia que no tuvo España. No sabe qué enfermedad afronta, pero asume drásticas medidas para evitar contagios. Y lo expande al mundo desde enero. Alerta a fines de diciembre a la OMS con solo 27 enfermos. Los que vivimos en un país que se manifestó con 589 enfermos y 17 muertos estamos inhabilitados para acusar a China de ocultar la gravedad del coronavirus.

30 de diciembre de 2019. Li Wenliang es un oftalmólogo de Wuhan. Alerta en un chat a otros médicos sobre una nueva enfermedad por coronavirus que sufre su hospital desde hace días. Escribe que siete pacientes tienen síntomas similares al SARS y están en cuarentena. Pide que informen a sus familias y usen equipo de protección.

31 de diciembre de 2019. La Comisión de Salud de Wuhan informa de veintisiete pacientes con neumonía viral que han visitado el mercado de Hunan. Siete están graves. Los síntomas son fiebre y dificultad para respirar. «La enfermedad es prevenible y controlable», dice. La OMS es informada.

1 de enero de 2020. La OMS crea un comité de apoyo. Solicita a China más datos para evaluar el riesgo.

3 de enero de 2020. Tailandia y Corea del Sur inician el cribado de entrada de pasajeros de Wuhan con tomas de temperatura. España lo hará veinte días más tarde a ojo. Sin termómetros. No los usará hasta junio. Wenliang acude a una comisaría en Wuhan por difundir rumores falsos. Tiene que firmar que admite haber hecho comentarios falsos. Promete no discutir más la enfermedad.

4 de enero de 2020. La OMS alerta en redes de la existencia de ese brote: «China ha informado a la OMS de varios casos de neumonía —sin muertes— en Wuhan. Hay investigaciones en marcha para identificar la causa de la enfermedad».

5 de enero de 2020. La OMS da más detalles del monstruo que empieza a desperezarse en China:

Hay cuarenta y cuatro pacientes con neumonía de etiología desconocida. Todavía no se ha identificado el agente etiológico.

Las autoridades han informado de que se ha aislado a todos los pacientes y de que estos están recibiendo tratamiento en instituciones médicas de Wuhan. No parece que la transmisión de persona a persona sea significativa y no se han notificado infecciones entre los profesionales sanitarios.

China cree que la transmisión no es significativa. Sin embargo, aísla a todos sus pacientes y vigila sus contactos.

Se han identificado 121 contactos directos, que permanecen bajo observación médica; se está realizando un seguimiento de esos contactos directos.

Si China creía que era una mera neumonía que apenas se contagiaba…, ¿por qué aplicaba ya medidas que exigiría la OMS cuando supo que era coronavirus? La OMS sigue ciega:

Se dispone de poca información para determinar el riesgo global de este grupo de casos notificados de neumonía de etiología desconocida. La relación notificada con un mercado de venta al por mayor de pescado y animales vivos podría indicar la existencia de un vínculo con la exposición a animales. Los síntomas de los pacientes descritos son comunes a varias enfermedades respiratorias, y la neumonía es una enfermedad frecuente durante el invierno.

Pide más datos. Mal podía aconsejar la OMS sin conocer la realidad.

Según la información facilitada por las autoridades nacionales, las recomendaciones de la OMS sobre medidas de salud y vigilancia de la gripe y las infecciones respiratorias agudas siguen siendo válidas. La OMS no recomienda restricciones a viajes ni comercio con China.

7 de enero de 2020. China identifica como causante del brote un nuevo virus de la familia Coronaviridae, SARS-CoV-2, cuya secuencia genética comparte el 12 de enero. China ha tardado un mes en diagnosticar y ver su gravedad. El inicio de síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre de 2019. Japón inicia la detección y aislamiento de pasajeros procedentes de Wuhan.

8 de enero de 2020. La OMS recuerda epidemias pasadas de coronavirus: «A nivel mundial, desde 2012 hasta el 29 de diciembre de 2019, se han notificado a la OMS un total de 2494 casos de infección por MERS-CoV confirmados mediante pruebas de laboratorio, de los que 858 han sido mortales». Su letalidad fue del 34 % y asoló especialmente Arabia Saudí. Antes, en 2003, hubo otro SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), con 8000 casos y una letalidad del 10 %. La OMS no sabe que la familia de los coronavirus ha alumbrado a su primo más mortífero. Más de 387 000 muertos a primeros de junio.

12 de enero de 2020. China sigue dando información errónea a la OMS: «No hay pruebas claras de que el virus se contagie fácilmente entre personas». Pero aísla a sus casos e investiga a sus contactos. Wenliang es hospitalizado. Fallece el 6 de febrero de COVID-19. El virus venga su chivatazo. Su chat alertó al mundo. Explicó su gesta a The New York Times:

THE NEW YORK TIMES: ¿Cuándo te diste cuenta de que este nuevo virus era altamente contagioso?

LI W. ENLIANG: Lo supe cuando la paciente con la que tuve contacto contagió a su familia, y yo me contagié justo después. Así descubrí que era altamente contagioso. La paciente no presentaba síntomas, y me descuidé.

NYT: El 31 de diciembre, cuando hablaste en WeChat acerca del «virus parecido al SARS», ¿lo hiciste porque conocías el alto riesgo de la transmisión entre humanos?

L. W.: Lo sospechaba, y siempre es mejor ser cauteloso y tomar medidas preventivas.

NYT: ¿Por qué tenías tantas sospechas en ese momento?

L. W.: Porque ya había pacientes que estaban siendo tratados en cuarentena.

NYT: ¿Eso fue a finales de diciembre?

L. W.: Sí.

NYT: ¿De qué hablaban todos?

L. W.: Se pensaba que el SARS podría regresar. Necesitábamos estar mentalmente listos para eso. Tomar medidas de protección.

NYT: ¿Habría sido mejor que la información hubiera sido más pública y transparente, para la gente y los doctores?

L. W.: Si los funcionarios hubieran divulgado antes la información referente a la epidemia, creo que todo habría sido mucho mejor. Debería haber más transparencia y apertura.

NYT: ¿Qué sentiste cuando se te acusó de difundir rumores?

L. W.: La policía creía que este virus no había sido confirmado como SARS. Creían que yo estaba difundiendo rumores. Me pidieron que reconociera que estaba equivocado. Yo sentí que estaba sufriendo una injusticia, pero tuve que aceptarlo. Evidentemente yo estaba actuando de buena voluntad. Me entristeció mucho ver a tanta gente perder a sus seres queridos.

El Estado chino, tras su muerte, anunció que sancionaría a los policías que presionaron a Wenliang. Es un héroe en China por su lucha por las libertades. El mundo le debe una estatua en cada capital. Rompió el secreto sobre el foco chino. Permitió ganar días, salvar vidas. Y es un ejemplo para los médicos: puedes usar una videoconferencia para decir lo que tu Gobierno quiere oír o emplear un simple chat para descerrajar las mentiras de tus autoridades.

13 de enero de 2020. Primera fuga al extranjero del foco chino de contagio. Tailandia informa de su primer caso importado de coronavirus. Es una china de 61 años que vivía en Wuhan. Los síntomas se detectan gracias a un sistema de control de la temperatura en el aeropuerto Suvarnabhumi (Tailandia).

Desde el 3 de enero de Tailandia criba los pasajeros de Wuhan al aterrizar. Identifican 182 contactos del vuelo. Solo uno da positivo. Muestra que ningún país necesita que la OMS le exija medidas para prevenir una epidemia. España no usaría termómetros hasta junio. Tailandia criba aeropuertos antes de tener infectados.

14 de enero de 2020. La jefa de la OMS para la respuesta al COVID-19 señala que «puede que se haya producido una transmisión limitada del coronavirus en los cuarenta y un casos confirmados, fundamentalmente a través de familiares, y que existe el riesgo de un posible brote más amplio». Simón augura lo contrario: «España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado». No espera «transmisión local, y en ese caso sería muy limitada y muy controlada».

15 de enero de 2020. Mientras la OMS teme el contagio entre personas y los países asiáticos se afanan en buscar contactos, el Gobierno tranquiliza: «La transmisión persona a persona no se ha documentado, por lo que el impacto para la salud pública, en caso de introducirse el virus en nuestro país, sería muy bajo». Sánchez ya desoye a la OMS. La OMS ya sospecha transmisión humana. Sánchez, no.

16 de enero de 2020. Japón informa de un caso de COVID-19 en una persona que viajó a Wuhan. Es el segundo caso detectado fuera de China. La OMS da un giro a su visión:

Ante el elevado número de viajes internacionales que se realizan, es probable que se produzcan más casos en otros países.

17 de enero de 2020. Salta un nuevo caso de coronavirus exportado por China. La víctima es nuevamente Japón. Pero la noticia relevante no es esa. El 6 de enero, Japón solicita a su Sanidad que se informe sobre las enfermedades respiratorias en Wuhan, y apoya sus investigaciones, incluida la localización de contactos. Y el 7 de enero refuerza las medidas de cuarentena y detección de viajeros de Wuhan. Otro país que no se fía de la vecina China. Pone fronteras al contagio y escruta contactos cuando aún no tiene contagiados. Recuerda estas fechas: controles de pasajeros y de contactos contra el coronavirus el 3 de enero en Tailandia y el 7 de enero en Japón. Meses después, el Gobierno vomitará un insulto a la inteligencia: «Es muy fácil ser profeta el día después». Japón y Tailandia fueron profetas antes de la pandemia. Y un modelo.

18 de enero de 2020. El Imperial College de Londres estima que «1723 casos de COVID-19 en Wuhan tuvieron síntomas antes del 12 de enero de 2020». Oficialmente, solo se informaron 41 casos antes del 16 de enero.

20 de enero de 2020. La OMS decide descubrir la verdad por sí misma y envía una misión a China. Cambia su percepción del virus: «Se ha demostrado su transmisión entre seres humanos en Wuhan, si bien se necesitan más investigaciones para comprender la magnitud de esta transmisión». Lo proclama el 22 de enero. Un mes perdido por la dulcificación china.

La misión observa las medidas aplicadas por China: los test masivos revelan que la transmisión entre personas está tomando cuerpo en Hubei. Tal sistema se está ampliando al resto de provincias. Esperan un aumento de casos. China, al contrario del Gobierno, que ocultará los contagiados detectados por test rápidos para maquillar las cifras, quiere conocer la magnitud del problema. Los expertos de la OMS y de China coinciden en la importancia de las medidas de higiene en materia de respiración y manos… y de evitar actos masivos. ¡Evitar actos masivos!

Quedan cuarenta y cinco días para el 8M cuando la OMS y China alertan de que la mejor vacuna contra el coronavirus es prohibir actos masivos. Comprueban que se están infectando los sanitarios. Aviso al mundo: hay que protegerlos. Meses después, España tendrá más de cincuenta mil sanitarios infectados por no tener EPI. La OMS difunde que las medidas no deben ceñirse solo a los sanitarios en contacto con los enfermos, sino a todos los profesionales de la salud, a todos los pacientes y a todos los visitantes. Meses después se comprobará que un 12 % de los enfermos de coronavirus españoles contrajeron la enfermedad por visitar un hospital. Hay otra medida que ya cumple China: monitoriza la temperatura de los viajeros en los aeropuertos.

21 de enero de 2020. Sanidad repite su dogma: «El impacto para la salud pública, en caso de detectar un caso importado en nuestro país, se considera limitado dado que, de ocurrir transmisión persona a persona del virus, esta es limitada y se asocia a un contacto estrecho». Illa cree excepcional el contagio entre personas cuando China y la OMS apuntan lo contrario.

La OMS ya avisa: «Se ha demostrado su transmisión entre seres humanos en Wuhan». Pero no hace falta leer a la OMS. Si en China están enfermando los sanitarios, se está testando masivamente a los ciudadanos, se monitoriza a los pasajeros, se pide cuidar la higiene respiratoria y de manos, se prohíben actos masivos… igual no es el pangolín el que está infectando a una masa creciente en Wuhan. No solo lo cree China. Lo cree la OMS. España difiere: los chinos enferman porque tienen «contacto estrecho». Bailan muy pegados.

22 de enero de 2020. Sanidad publica el procedimiento de actuación frente al coronavirus en España. Es muy restrictivo. Para admitir a un paciente como sospechoso de coronavirus no solo exige síntomas de infección respiratoria aguda grave o fiebre o antecedentes de fiebre. Requiere que haya viajado a Wuhan en los catorce días previos o estado en contacto con un caso confirmado por un laboratorio en los catorce días previos. Naturalmente, un enfermo de coronavirus puede no saber si ha estado en contacto con un infectado y, sin embargo, estar contagiado. En España, en aquellas fechas, pocos españoles, por no decir ninguno, tienen pruebas de coronavirus. Y tampoco un gran número viaja a Wuhan. Resultado: casi ningún español, por grave que sea su infección respiratoria, cumple los requisitos para ser sospechoso de coronavirus. Y, por tanto, ni se le hace la prueba ni se investigan sus contactos.

Los defensores de Sánchez intentan diluir su culpa en el hecho de que la sanidad está descentralizada. Pero el Gobierno imparte estas instrucciones que las autonomías cumplen a rajatabla. El Gobierno alerta o tranquiliza sobre los datos de procedencia internacional y nacional de la epidemia. Y el Gobierno está en la OMS. El País cita ejemplos de fidelidad autonómica a la doctrina gubernativa sobre las restricciones a la hora de hacer test:

En Cataluña:

David Roncero Carrera fue el médico que destapó el brote de COVID-19 en Igualada (Barcelona). Este profesional recuerda cómo reclamó a Salud Pública desde mediados de febrero hacer pruebas para conocer si varios enfermos padecían COVID-19: «Pero me las denegaron. Por clínica parecían casos claros de coronavirus, pero no habían viajado a China».

En la Comunidad Valenciana:

Un profesional del Hospital Arnau de Vilanova (Valencia) pensó que el coronavirus había infectado a uno de sus pacientes. Se trataba de un hombre de sesenta y nueve años que ingresó el 11 de febrero con una neumonía de origen desconocido. Había enfermado tras regresar de Nepal. Fue trasladado a la UCI. Falleció quince horas después. Antes de ingresar en la UCI, uno de los profesionales que vio el escáner del paciente comentó a sus compañeros: «Eso sería un COVID-19 en China». Las peculiares neumonías que dibuja el coronavirus permitían aquellos días a los médicos de Wuhan diagnosticar la enfermedad solo mediante el estudio de las imágenes. Cuando la familia del fallecido preguntó a los médicos por la causa de la muerte, estos no pudieron confirmar que se trataba del coronavirus porque no pudieron hacerle la prueba. Durante las dos semanas que siguieron al fallecimiento, uno de los médicos intentó, sin éxito, que desde Salud Pública autorizaran la investigación sobre las muestras tomadas al paciente.

23 de enero de 2020. Corea del Sur denuncia un caso, importado de Wuhan. Pero tampoco se ha limitado a abrir ficha a su primer paciente. Realiza investigaciones, como localización de contactos. El 3 de enero refuerza la vigilancia de casos de neumonía en centros sanitarios, la cuarentena y detección de viajeros de Wuhan, y las comunicaciones de riesgos. Corea, otro país con Gobierno profeta como Japón y Tailandia. La OMS avisa: el virus se transmite entre humanos con un ritmo reproductivo de 1,4 a 2,5 por cada infectado.

El director de la OMS convoca al comité de emergencias para evaluar si el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. No hay acuerdo. Deciden reunirse pasados diez días con mayor información. Sanidad ni ve la tormenta de la OMS ni el peligro que destila. Publica «el primer protocolo que establece medidas para la detección temprana, la vigilancia, la prevención de la transmisión y el monitoreo de los contactos». España ya tiene un protocolo. Estamos salvados.

Y se activa una vigilancia para detectar casos procedentes de China. Sanidad proclama que todos los casos sospechosos se aíslan a su llegada a España y que se investigan sus contactos. Pero el control no incluye tomas de temperatura en los aeropuertos. Un monitoreo basado en que un agente descubra un viajero tosiendo es una burla a lo que hacen otros países desde primeros de enero. Nunca se tomaría la temperatura en los aeropuertos ni habría seguimiento de los contactos. Hasta junio.

24 de enero de 2020. Ninguna autoridad española parece leer a la OMS. Salvo un comisario, José Antonio Nieto, jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía. Realiza un visionario informe para solicitar mascarillas y guantes para los agentes fronterizos. Interior lo destituye el 13 de marzo tras difundirse su informe. Delata la imprevisión del Gobierno.

Nieto, médico adscrito a la policía, capta la esencia del enemigo viral mejor que todos los cargos de Sanidad:

El nuevo virus de China COVID-19, que se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en un mercado de Wuhan, es un tipo de microorganismo diferente de cualquier otro coronavirus humano descubierto hasta ahora. Los coronavirus son una gran familia de virus respiratorios que pueden causar enfermedades que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). El nuevo coronavirus que salió de un mercado de carnes y pescado en el centro de China se está propagando por el país. Ya ha llegado hasta Pekín. Incluso ha salido fuera de las fronteras y ya se han detectado casos en Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia y Estados Unidos. Se ha confirmado que se transmite entre humanos.

Qué insensatez. Escribe que el virus se transmite entre humanos cuando su Gobierno proclama lo contrario. El comisario alerta a sus superiores, al Gobierno, de las medidas preventivas que hay que desplegar para combatir el virus:

Las autoridades chinas ya han confirmado que el virus puede contagiarse de persona a persona. Así, las recomendaciones estándar de la OMS para prevenir la propagación de infecciones incluyen:

Lavarse las manos regularmente.

Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser y estornudar.

Uso de mascarillas.

Evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratorias, como tos y estornudos.

Evitar las aglomeraciones.

Para detectar posibles enfermos, varios aeropuertos de Australia, Estados Unidos y algunos países asiáticos como Tailandia han comenzado a realizar controles médicos (por lo general, una rápida medición de la temperatura corporal en búsqueda de posible fiebre) a los pasajeros procedentes de China.

Todo lo que podía y debía hacerse, todo, lo reclama el comisario. Uso de mascarillas, mediciones de temperatura en los aeropuertos… Y evitar aglomeraciones. Lo dice cuarenta y tres días antes del 8M. Cuando llegue marzo sin tomar temperatura alguna en los aeropuertos, a España le sobrarán actos masivos y le faltarán mascarillas. Nieto no merece ser relevado a tres meses de jubilarse. Merece una medalla pensionada. Ha demostrado valentía en acto de servicio frente a su Gobierno.

Sufre dos veces el virus. Le sancionan por predecirlo. Y lo sufre en sus pulmones. Pasa terribles meses por una enfermedad que sí vio venir. Entre consultas me concede una entrevista:

F. M.: ¿Cómo llega el 21 de enero a conclusiones que no se plantea Sanidad hasta mediados de marzo? El coronavirus es un peligro para España, hay que dar mascarillas y guantes a los agentes y, lo más espectacular, hay que evitar aglomeraciones.

J. A. N.: Ante el conocimiento de que un nuevo virus se ha detectado en Wuhan y que puede ser de fácil contagio, acudo a las páginas del Ministerio de Sanidad (que contenía muy poca información) y a las notificaciones de la OMS donde figuraban las recomendaciones preventivas que yo propuse en mis escritos de enero para que fuesen adoptadas en aeropuertos y puestos fronterizos ante la posibilidad de que llegasen enfermos a España. En los escritos de la OMS ya se hacía la recomendación de evitar aglomeraciones para evitar el contagio.

F. M.: ¿Quién y con qué argumentos científicos borra de su informe que el coronavirus es «potencialmente mortal»?

J. A. N.: No existe ningún argumento científico para borrar esa expresión. Simplemente se me indica que poner eso puede ser muy alarmista. Como, en ese momento, me interesaba difundir las medidas preventivas, se borró la referencia a la mortalidad para que fuese difundido. La indicación fue del comisario de la unidad a la que está adscrito el servicio de prevención y se elevó a la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, que lo difundió a las unidades afectadas. Esa misma tarde se publicó a través de las redes sociales corporativas.

F. M.: ¿Qué le responden sus mandos?

J. A. N.: El 26 de enero comienzan a repartirse las mascarillas y los guantes. Al comprobar que no había suficientes se comienzan a gestionar nuevas compras.

F. M.: Usted se reúne con el número dos de Fernando Simón para debatir su propuesta. ¿Quiso aparcar su propuesta?

J. A. N.: La reunión se celebra el 27 de febrero en el Ministerio del Interior con representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional y del Ministerio de Sanidad. Sanidad plantea que Policía y Guardia Civil son personal de bajo riesgo y no deben utilizar guantes ni mascarillas por crear alarma social. Mantuve que, aunque una evaluación de riesgos indique baja probabilidad de exposición, si las consecuencias para la salud son altas hay que adoptar medidas preventivas. Por ello, la Policía mantendría las mascarillas en los agentes policiales expuestos.

F. M.: ¿Fue un elemento conflictivo para Sanidad?

J. A. N.: En ningún momento tuve conocimiento de que Sanidad pidiese mi cese. Sí lo tuve de algunas quejas por mantener el nivel de riesgo en los policías. Este conocimiento lo tuve a través de mi jefe inmediato.

F. M.: ¿Su ordenador fue borrado tras su cese y no pudo recuperar sus archivos? ¿Le recuerda a lo sufrido por Bárcenas?

J. A. N.: Me entero del cese por una nota de prensa de un sindicato policial. Cuando acudo a mi despacho, tres meses después, a recoger mis cosas, no puedo acceder a mi ordenador pues ha sido formateado, con lo que perdí todo su contenido. Me explican que al haber sido nombrado un jefe accidental necesitaba mi ordenador para trabajar.

F. M.: El 24 de enero pide prohibir actos masivos. ¿Qué le pareció que Interior, vía Delegación, permitiera el 8M?

J. A. N.: Siendo coherente con mi informe del 24 de enero, no habría autorizado ningún acto público masivo. Ni concentraciones ni partidos de fútbol ni festivales.

F. M.: Ahora, en junio, el Gobierno empieza a tomar la temperatura de pasajeros. ¿Hubo algún filtro en aeropuertos?

J. A. N.: No controlar la entrada de los vuelos fue una fuente importante de casos importados. No puede entenderse que en la mayoría de los países se controlasen los aeropuertos y en España no. No hubo ningún filtro sanitario.

F. M.: Algunos creen que solo es comisario. Pero es médico. ¿Ha sido desleal con su Gobierno? ¿Exageró el peligro?

J. A. N.: Soy facultativo médico y en mis casi treinta y ocho años de funcionario siempre he sido leal a la Constitución y la normativa vigente. Realicé el informe del 24 de enero con la finalidad de informar de lo que ocurría y de sus medidas preventivas. El tiempo me ha dado la razón y no exageré absolutamente nada.

F. M.: El Gobierno dijo que el virus no llegaría y que si llegaba no pasaría nada porque el sistema sanitario era robusto.

J. A. N.: El Gobierno minusvaloró el riesgo de contagio y de expansión. No sé si por recomendación de Sanidad o por otro motivo. La protección a los sanitarios ha sido impresentable. No ha existido. Creo que han incurrido en el delito del artículo 316 del Código Penal. Los sanitarios son los auténticos héroes de esta historia. El resto de las manifestaciones son disculpas para evadir la responsabilidad.

F. M.: ¿Le parece correcto el recuento oficial que elimina los fallecidos sin PCR y los infectados detectados por test rápidos?

J. A. N.: El recuento de los fallecidos es una tomadura de pelo a los españoles y es una vergüenza ante el resto de los países, que ya ni la publican. Pero aún me parece más vergonzoso que profesionales de Sanidad amparen esa situación.

Con dos cuñaos más en puestos clave como este valiente comisario, en el CCAES o en las videoconferencias, la historia del coronavirus en España habría sido otra. La receta que expide este médico es el artículo 316: «Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años».

Volvamos al 24 de enero. Sanidad implanta un protocolo para el tratamiento sanitario del coronavirus. Recomienda no aplicar aislamiento ni test a los contactos sin síntomas, lo contrario de lo que hacen China y los más avanzados países asiáticos:

Cualquier persona asintomática que cumpla la definición de contacto deberá ser informada y se iniciará una vigilancia activa. Si durante los catorce días posteriores a la exposición desarrollara síntomas respiratorios, deberá hacer autoaislamiento inmediato domiciliario y contactar de forma urgente con el responsable que se haya establecido para su seguimiento. No se recomienda recogida de muestra de rutina de los contactos.

Vigilancia activa de un contacto en España significa controlar por teléfono si enferma. No descubrir si es portador. Algo que nunca sabrá Sanidad porque nunca quiso testarlo: «No se recomienda recogida de muestras». Y solo exige a los contactos autoaislamiento domiciliario cuando desarrollen síntomas. En los seis días previos a desarrollar síntomas, el contacto puede repartir besos, abrazos, trabajar, bailar en discotecas y respirar alegremente en el metro. Sanidad es asintomática: oculta todo síntoma de inquietud. Y contagia su optimismo a la población. Mientras los países asiáticos se aprestan desde enero a cazar contactos, aislarlos y testarlos, el Gobierno se limita a un «avisa si enfermas». Miles de infectados españoles pueden repartir el virus sin saber que están contaminados.

Sanidad Exterior informa de un posible caso de coronavirus. Una persona de un vuelo de China con llegada a Barcelona. A su llegada a Barcelona, Sanidad Exterior realiza una nueva evaluación del caso. Descarta la alerta sanitaria tras comprobar que no cumple con los criterios clínicos ni epidemiológicos. Sanidad no le ha hecho test alguno. Un diagnóstico a ojo. Ni tiene síntomas ni ha estado con un caso confirmado.

27 de enero de 2020. Nadie del Gobierno quiere leer al inmolado comisario. Ni a la OMS. Ese día la OMS recomienda el cribado sanitario de salidas y entradas en los aeropuertos: «El cribado de salida consiste en comprobar signos y síntomas (fiebre superior a 38 °C o tos), entrevistar a pasajeros con síntomas de infección respiratoria que salen de zonas afectadas por el brote para conocer si han estado en contacto con personas de alto riesgo, trasladar a los viajeros con síntomas a un centro médico para comprobar si han sido infectados y mantener los casos confirmados bajo tratamiento en aislamiento».

España nunca lo hizo. Tres mil atléticos viajan alegremente sin control a Liverpool para sentarse el 12 de marzo de 2020 en Anfield con 45 000 hinchas ingleses. Meses después el alcalde quiere demandarlos por contagiar su ciudad: «Hemos visto un aumento en la curva de infección. En Liverpool 1200 personas se contagiaron del COVID-19. Necesitamos investigar si se deben a los seguidores del Atlético», afirma.

La OMS detalla qué es un cribado de entrada:

Se han detectado una serie de casos exportados en los cribados de entrada establecidos por algunos países. Mediante controles de la temperatura en los puntos de entrada es posible detectar casos sintomáticos para los que, posteriormente, se realizarán exámenes médicos y pruebas de laboratorio para confirmar la infección.

España nunca hizo cribado sanitario de vuelos de la Italia infectada y confinada. Los viajeros se sorprendían de que nadie les tomara la temperatura al aterrizar en España.

Ese 27 de enero el CCAES comunica que la OMS se queda corta en sus medidas de protección a los sanitarios: «Creemos que la medida de la mascarilla solo en los sanitarios, aunque sea lo que recomienda la OMS, en nuestro país es poco». Y añade que deben usar un equipo de protección individual (EPI): bata impermeable, mascarilla, guantes y protección ocular de montura integral. Cuando arrecie la crisis, no tendrán ni poco (mascarilla) ni mucho (EPI).

28 de enero de 2020. Illa insiste en que España está preparada para afrontar cualquier eventualidad. Detalla las medidas que ha impulsado. Un procedimiento para la detección temprana (en junio venderá lo mismo: la detección temprana), vigilancia epidemiológica, prevención de la transmisión persona a persona y seguimiento de contactos (publicitará lo mismo cinco meses después).

La Moncloa se muestra sabedora de lo que hace China:

Desde el 22 de enero incluye medidas como recomendación a personas sintomáticas de aislamiento domiciliario y el suministro de mascarillas para la población. También se ha llevado a cabo el cierre total del tráfico público, incluyendo todos los vuelos en Wuhan y en Huanggang (ciudad cercana).

Se ha procedido al cierre de locales de atención al público y suspensión de todas las actividades escolares, entre otras, en un total de catorce ciudades incluyendo Wuhan, que afectan a más de treinta y ocho millones de personas. Las autoridades chinas están llevando a cabo una búsqueda activa de casos en todas las provincias. En diferentes partes del país se están produciendo restricciones a desplazamientos internos. Se han reforzado los servicios médicos en Wuhan, epicentro del brote. Desde el pasado día 24 han sido desplazados desde distintos puntos del país 4130 médicos, y se espera que otros 1800 se sumen a lo largo de la jornada.

El Gobierno narra el reverso de su política. Lo que hace China.

Las autoridades chinas han recomendado evitar las aglomeraciones y los lugares concurridos. Asimismo, se han cerrado al público lugares turísticos (tramos de la Gran Muralla o la Ciudad Prohibida de Pekín) o de recreo (cines y teatros). Se han reforzado las medidas de control sanitario en puertos, estaciones de tren o metro y aeropuertos. Se recomienda tener en cuenta que, cuando las autoridades chinas detectan indicios de la enfermedad, como fiebre u otros, los viajeros son retenidos y sometidos a periodos obligatorios de cuarentena de hasta dos semanas.

La Moncloa destila ese 28 de enero total optimismo:

No se puede descartar que aparezca algún caso importado en España procedente de la zona de riesgo.

Es todo lo que se le ocurre al Gobierno tras radiografiar China. Y si afloran casos importados, tampoco pasaría nada:

Si esto ocurriera, la probabilidad de que se produjeran casos secundarios en nuestro país se estima baja en este momento, ya que, con la información disponible, la transmisión persona a persona no es elevada. Las medidas de protección que se aplican en los centros sanitarios son eficaces para evitar la transmisión de este virus y ya se ha establecido un protocolo de actuación ante casos sospechosos. Por ello, el impacto para la salud pública, en caso de detectar un caso importado en España, se considera limitado.

El Gobierno detalla que China está revolucionada por un virus y cree que la transmisión persona a persona no es elevada y que el impacto en España sería limitado. Pero la Moncloa líneas más arriba dice lo contrario: «Dados los nuevos casos reportados por las autoridades sanitarias chinas desde el 19 de enero, se ha demostrado la transmisión de persona a persona. Las infecciones entre personal sanitario apoyan además esta transmisión». ¿China moviliza miles de médicos, cierra escuelas y confina a treinta y ocho millones por un virus que no se contagia? Y España ya sabe que no es gripe. Es coronavirus.

Desde el inicio del brote, se han confirmado 4587 casos incluidos 16 trabajadores sanitarios y 106 fallecidos. Fuera de China en ese momento hay 59 casos. Algo preocupante debe ser este coronavirus cuando China ha movilizado a 6000 médicos cuando solo tiene 4500 casos confirmados. China sabe prevenir. Al inicio de la crisis tiene más médicos que enfermos.

29 de enero de 2020. La OMS recomienda el uso de mascarillas. «Usar una mascarilla médica es una de las medidas para limitar la propagación de ciertas enfermedades respiratorias, incluida el COVID-19, en las zonas afectadas. Sin embargo, el uso por sí solo es insuficiente para proporcionar el nivel adecuado de protección y se deben adoptar otras medidas igualmente relevantes. Debe combinarse con la higiene de manos y otras medidas de protección». Aviso para cuñaos. 29 de enero, la mascarilla protege y es relevante.

30 de enero de 2020. Se reúne el comité de emergencias de la OMS, diez días antes de lo pactado. El director de la OMS, Tedros Adhanom, viaja dos días antes a Pekín para informarse y lograr que se autorice una misión de científicos. Quiere tener su visión del enemigo que crece por días. Acaso su visita decante el resultado. Esta vez sí hay unanimidad: se proclama que el coronavirus constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ningún país tiene ya excusa.

Meses después, el Gobierno busca coartada para su inicial pasividad: la OMS no proclama la pandemia hasta el 11 de marzo. Para que lo declare pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos ya no sean importados sino provocados por transmisión comunitaria. Pero una de las dos condiciones para ser pandemia ya se cumplía el 30 de enero: ya había contagios en Asia, Europa, América y África. Y la otra, transmisión local, era cuestión de días.

Veinte países ya han importado casos. Debió ser suficiente ese 30 de enero saber que Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y Canadá ya sufrían contagios para sentir que la ola llegaría. Un virus que salta continentes y océanos no tendría dificultad en cruzar fronteras y adentrarse en ciudades, calles, hogares… Y transmitirse localmente. Ese 30 de enero, la OMS proclama sus objetivos estratégicos de respuesta al coronavirus. Los repetirá día tras día. España los incumplirá hasta el 14 de marzo:

Limitar la transmisión de persona a persona, incluida la reducción de infecciones secundarias entre los contactos cercanos y los trabajadores de la salud, evitando los eventos de amplificación de la transmisión y evitando una mayor propagación internacional desde China.*

Identificar, aislar y atender a los pacientes temprano, lo que incluye brindar atención optimizada a los pacientes infectados.

Abordar incógnitas cruciales con respecto a la gravedad clínica, el alcance de la transmisión y la infección, el tratamiento y las opciones, y acelerar diagnósticos, terapias y vacunas.

Comunicar información crítica sobre riesgos y eventos a todas las comunidades y contrarrestar la información errónea.

* Esto se puede lograr mediante medidas de salud pública, como identificación rápida, diagnóstico y gestión de los casos, identificación y seguimiento de los contactos, prevención y control de infecciones en entornos de salud, implementación de medidas de salud para viajeros, sensibilización de la población y comunicación de riesgos.

Quedan treinta y siete días para el 8M. La OMS repetirá igual receta cada día para prevenir el coronavirus: evitar actos masivos. Pero el Gobierno aún cree que el virus es algo remoto. Vende que repatriará a la veintena de españoles residentes en Wuhan si no presentan elementos patógenos, y que los aislará catorce días en un hospital bajo singular cuarentena: podrán recibir visitas de un familiar protegido con guantes y mascarilla.

Permite tal confraternización cuando el virus ya ha matado a 186 personas en China. El Gobierno parece ignorar que la enfermedad tarda seis días en manifestarse. Pueden ser positivos sin síntomas. Pero nadie teme al virus en España. No consta que aislara a más viajeros. Solo a estos españoles repatriados.

La Comisión de Salud Pública (CSP), informada por Simón, transmite «un mensaje de tranquilidad a la población, confirmando que existe una adecuada coordinación sobre el procedimiento a llevar a cabo en el escenario de que apareciera algún caso importado del nuevo coronavirus». La OMS alarma al mundo entero, Simón tranquiliza a España. Sanidad resalta que los sistemas de vigilancia y los centros de atención sanitaria «tienen experiencia y capacidad para el correcto seguimiento del procedimiento mencionado y manejo de casos sospechosos. Las medidas de actuación y protección a llevar a cabo son similares a otras enfermedades transmisibles frecuentes en nuestro entorno».

Simón cree que una enfermedad declarada de emergencia internacional es similar a otras enfermedades transmisibles frecuentes de nuestro entorno. Y garantiza que «España dispone de instituciones con capacidad para la gestión de las muestras procedentes de las CC. AA. con experiencia en otros coronavirus, medios diagnósticos específicos para este nuevo patógeno, con posibilidad de ofrecer el resultado en horas». Las horas se hacen meses. Sanidad no compra a tiempo material para hacer test de laboratorio ni de anticuerpos.

Las recomendaciones que lanza la OMS no son orientativas. Son de obligado cumplimiento si un Estado cumple lo que firma. Y España suscribe un reglamento internacional sanitario que lo proclama: «Si se ha determinado que se está produciendo una emergencia de salud pública de importancia internacional, el director general [de la OMS] formulará recomendaciones […]. Las recomendaciones temporales podrán incluir las medidas sanitarias que habrá de aplicar el Estado parte en que ocurra esa emergencia de salud pública internacional».

31 de enero de 2020. Todo lo recomendado por la OMS el 30 de enero lo traduce así Sanidad un día después:

Las recomendaciones no difieren de las dadas en la reunión anterior del Comité (23.01.2020): tener preparada una vigilancia activa, detección precoz, aislamiento y manejo de casos, y seguimiento de contactos con el objetivo de reducir la infección, prevenir la transmisión secundaria y la propagación internacional.

Sanidad obviaba lo referente a prohibir actos masivos que ya exigía la OMS. Y mal podía España practicar tal detección precoz cuando no desplegaba test masivos en la población. Ni siquiera testaba a los contactos estrechos de cada contagiado. No estaba tampoco tomando temperaturas en aeropuertos. Ni tampoco aislaba a todo sospechoso de contagio. ¿Cómo hacerlo si no sabía quién era sospechoso por falta de test? Tampoco prevenía la infección de sanitarios (comprar EPI).

Sanidad ni ve peligro ni nuevas tareas que hacer: «La declaración de la ESPII por parte de la OMS no afecta a la evaluación de riesgo existente hasta ahora para nuestro país. Todas las actividades propuestas por la OMS y por el Comité de Emergencias en este momento están en marcha en España y coordinadas con todas las comunidades autónomas». Traducción: nada más puede hacer Sanidad. Población y prensa compran el mensaje: ya funciona tal vigilancia. No. El Gobierno solo dice que está preparada. Y se le olvida activarla hasta el 14M.

Por el contrario, la OMS lanza una recomendación al mundo el último día del año: hay que controlar a los contactos de los enfermos. «Deben ser vigilados durante los catorce días posteriores al último contacto sin protección. Los contactos deben viajar y desplazarse lo menos posible. Las autoridades de Salud Pública pueden llevar a cabo la vigilancia mediante visitas domiciliarias o virtuales para comprobar los síntomas. Cualquier contacto que enferme y se ajuste a una de las definiciones de caso será considerado un caso al que habrá que realizar pruebas. Habrá que localizar y observar a los contactos de todos los nuevos casos probables o confirmados». Ya la OMS apuntaba la conveniencia de realizar pruebas a todos los sospechosos. España ni lo hacía ni lo hará. Ni siquiera vigilancia activa de los contactos, sino pasiva. Llegará a recomendar no hacer seguimiento activo.

El Gobierno español el 31 de enero no ha limitado el contagio persona a persona con ninguna restricción. No existen tales medidas. No ha prohibido ningún acto masivo. No ha acelerado ni diagnósticos ni identificaciones ni vacunas porque cree que el virus no va a llegar. Tampoco alerta de riesgos. Al contrario, sus medios afines regañan a los temerosos del coronavirus. Ni había hecho ni haría seguimiento de los contactos. Ni había implantado ningún control riguroso para viajeros.

La prensa se duele en plena Navidad de la soledad y olvido de los mayores en las residencias. Solo un 16 % sale para cenar con los suyos en Nochebuena. Meses después salen masivamente camino de las morgues. El Gobierno sigue a vueltas con el virus más inquietante entonces: Torra, que convoca elecciones sin fecha mientras elude el brazo de la justicia. El 31 de enero, algunos diarios ya abren en su versión en papel con la declaración de emergencia mundial del coronavirus: «El organismo ve necesaria una “acción global” tras dispararse el número de afectados en una semana». La respuesta oficial española ese día fue repartir fotos de la repatriación de una veintena de españoles evacuados de Wuhan. El Gobierno se toma las uvas sin temor. Los españoles, también.

Capítulo 2
Febrero: pista libre de aterrizaje a los contagios italianos

Febrero amaneció mentiroso. Enero acabó con rimbombantes notas de Sanidad: «España cumple con las recomendaciones que hace la OMS»; «Sanidad y las comunidades autónomas trasladan un mensaje de confianza en el Sistema Nacional de Salud». La realidad lo desmentirá día a día en el mes que se inicia.

1 de febrero de 2020. España reporta su primer caso de coronavirus. El virus que el Gobierno en enero no temía porque «la transmisión persona a persona no es elevada». Pero el 1 de febrero ya nadie puede mantener tal creencia. Lo desmienten 11 821 chinos contagiados. Lo desmiente la OMS:

El principal impulsor de la transmisión, según los datos disponibles actualmente, son los casos sintomáticos. La OMS conoce la posible transmisión de 2019-nCoV de personas infectadas antes de que desarrollaran síntomas.

Por lo tanto, la transmisión de casos asintomáticos es probable. No es un importante impulsor de la transmisión. Las personas sintomáticas transmitirán el virus más fácilmente al toser y estornudar.

Todos los infectados contagian. Con o sin síntomas. Lo dice la OMS. España cuestionará que los asintomáticos contagien hasta fines de marzo. La OMS lanza su sospecha un mes antes. ¿No basta para actuar y controlarlos? «Todavía es posible interrumpir la propagación del virus, siempre que los países adopten medidas firmes para detectar la enfermedad de manera temprana, aislar y tratar casos, rastrear contactos y promover distanciamiento social», proclama la OMS. Y eso incluye evitar actos masivos. Lo repetirá cada día de febrero la OMS: hay que evitar actos que expandan el virus.

2 de febrero de 2020. Simón disuade: «no es necesario que las personas con sintomatología respiratoria vayan a urgencias, solo deben seguir las pautas que les marca su médico».

Un responsable sanitario solicita que no vayan a urgencias personas con sintomatología respiratoria cuando es la que presentan los miles de afectados por la epidemia. Y lo dice cuando no hay colapso sanitario en España porque solo hay un afectado por el coronavirus. Semanas después, cuando se disparen los fallecimientos, Simón dirá que ignora por qué se ha producido tal incremento. Pero una parte habrá fallecido por coronavirus sin saberlo. Hicieron caso al doctor Simón. Creyeron que una infección respiratoria no merecía ir a urgencias. Y el coronavirus puede matar en seis días. O menos.

3 de febrero de 2020. Sanidad mantiene su protocolo de actuación frente al coronavirus. Lo perfecto es inmejorable. Recomienda no aplicar aislamiento ni test a los contactos sin síntomas, lo contrario de lo que practican los más avanzados países asiáticos. El único caso en España sigue sin síntomas. Se toman muestras del grupo de alemanes que viajó con él. Dan negativo. Todos se encuentran aislados. Nada dice Sanidad sobre los contactos españoles de dichos alemanes. Ni los testa ni los aísla.

El CCAES admite a las autonomías el descontrol sobre pasajeros de China: «Estamos de acuerdo en que hay que homogeneizar lo que se les dice a los que vienen de China como decíais en vuestros correos». Galicia no se aclara: «Si llega alguna persona que en los últimos catorce días ha estado en Hubei, aunque no tuviera contacto con un caso confirmado, que ella sepa, ¿habría que cuarentenarla? Por analogía con los de Wuhan, ¿en domicilio o en un centro sanitario?».

Euskadi aviva el debate: «Efectivamente, es un aspecto que está generando dudas y preguntas. Creo que hay que dar una respuesta única y coherente para todos». Asturias sufre igual marasmo: «La mayoría de las últimas consultas las tenemos con personas que han viajado a otras provincias de China y que preguntan si tienen que hacer algo ahora que están llegando».

Navarra incendia el patio: «Con los protocolos actuales no se establece ningún tipo de aislamiento sobre las personas que regresan de China sin sintomatología y sin haber sido contacto de casos. Sin embargo, con la actuación que se hace con los repatriados de Wuhan, sembramos muchas dudas en la población. Estas dudas de la población hacen plantearse a los centros educativos qué se debe hacer con los niños que regresan de China y si pueden acudir normalmente a clase».

Un mes después de estallar la epidemia en Wuhan, Sanidad no sabe qué hacer con los pasajeros de China. Toma muestras de los repatriados de Wuhan para descartar el virus. «Se trata de una medida adicional de precaución». Sanidad ve medida adicional lo que para los países asiáticos es imprescindible en casos de sospechosos: hacer test. Y son una veintena los test, una semana después de su aterrizaje. ¿No es un riesgo?

4 de febrero de 2020. Illa está satisfecho: «Los protocolos están funcionando». «Debemos sentirnos orgullosos de tener un sistema sanitario cohesionado y de calidad como el nuestro, porque esa es la mayor garantía de éxito en estos casos».

Proclama que seguirá adoptando sus decisiones basándose en criterios técnicos. No ha llegado el momento aún de cambiar de criterio en seis horas como con el desconfinamiento infantil. También destaca que se guiará por el principio de transparencia informativa. No toca aún ocultar proveedores de más de seiscientos mil test defectuosos ni borrar los casos de positivos por test rápidos para aligerar las estadísticas.

El Comité de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus de Sanidad se reunirá a diario. Y se crea un segundo comité para combatir al virus: el Comité de Coordinación Interministerial. Junto a Sanidad se sentarán los ministerios más afectados. Nada mejor que crear comités para prevenir una emergencia internacional. ¿Quién puede temer al virus?

Sanidad racanea tratar como coronavirus todo sospechoso, pero incluye al paciente con sintomatología compatible con coronavirus «de cualquier gravedad» si ha estado en contacto estrecho con un caso probable, ya no solo confirmado, o ha viajado a Hubei. Illa veta pacientes obvios: enfermos con síntomas que no saben si su jefe o portera son casos probables. Y contactos sin síntomas. El completo exigido es complejo. Frena momentáneamente la saturación hospitalaria, no la propagación.

9 de febrero de 2020. España suma un segundo caso. Simón cree que «no implica más riesgo en nuestro país». «Como el turista alemán hospitalizado en La Gomera, se ha infectado fuera y se ha detectado aquí». Simón ve positivo que los dos casos sean importados. Justo lo que temen Corea, Japón, Tailandia…

El caso detectado en Mallorca es un británico que estuvo en contacto con una persona en Francia. Después viaja a Baleares, donde se le detecta el virus.

10 de febrero de 2020. La OMS ofrece ayudar a los países que no tengan test suficientes para medir la infección:

La detección oportuna de un patógeno contagioso es vital para controlar su propagación. En respuesta a la emergencia del COVID-19, la OMS está trabajando con una red de laboratorios para garantizar que cada país tenga la capacidad y los recursos necesarios para probar, informar y responder a cualquier caso sospechoso de la enfermedad. La OMS/Europa está facilitando el envío de kits de prueba, desde que se aisló el virus.

No consta que España pidiera ayuda a la OMS. Pero meses después, a fines de abril, admitía que hasta julio no tendría una foto del contagio por falta de test y su mala calidad. Pero en febrero toda Europa practica pruebas, según la OMS:

Gracias al rápido lanzamiento en China de la secuencia completa del virus, el primer protocolo para pruebas de diagnóstico de muestras recolectadas de pacientes potencialmente infectados y sus contactos estuvo disponible a principios de enero. Esto permitió a treinta y un países de la región establecer rápidamente capacidades de prueba. La OMS también encargó la fabricación de kits de prueba para su distribución global a los laboratorios designados para COVID-19. A nivel mundial, la OMS está poniendo 250 000 pruebas a disposición de 159 laboratorios.

La OMS certifica que desde enero algunos países ya practican test. Y no comparte la tranquilidad de Illa:

La estrategia de China para contener el brote en su epicentro está demostrando ser efectiva, con solo unos pocos cientos de casos hasta ahora en el resto del mundo. Esta es la oportunidad de la región europea para prepararse en cada país para una posible introducción del COVID-19. Esto incluye fortalecer las capacidades para encontrar, evaluar y atender a los pacientes; para prevenir y controlar infecciones; y para comunicar los riesgos al público.

La OMS insiste en el control de los contactos, que deben rellenar diariamente un parte durante dos semanas. Pero enfatiza aún más otro punto: hay que hacer análisis a todos los contactos directos de cada caso de coronavirus confirmado. Para ello, se les deben hacer pruebas de serología y virología al principio de conocerse su posible contagio (en tanto que contacto directo) y repetirlas dos semanas después. Si con cualquiera de esos dos filtros el contacto directo da positivo, pasa a la categoría de caso confirmado. Y nuevamente toca chequear, investigar, controlar y hacer pruebas a todos sus contactos directos. Publica su definición de caso de coronavirus:

Caso sospechoso:

Un paciente con una infección respiratoria aguda severa (con fiebre, resfriado y que necesita ser hospitalizado) y sin otra etiología que explique completamente las manifestaciones clínicas y que haya viajado a China, o residido en ese país, en los catorce días anteriores al inicio de los síntomas.

Un paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y en el que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones en los últimos catorce días anteriores al inicio de los síntomas.

Haber estado en contacto con un caso confirmado o probable de infección por el virus del COVID-19.

Haber trabajado o estado en un centro de atención sanitaria en el que se estuviese tratando a pacientes con infección confirmada o probable por el virus del COVID-19.

Este último apartado, haber trabajado o estado en un centro de atención de coronavirus, tardará en ser incorporado en la definición de caso por España. Sanidad deja fuera de la definición de sospechoso a miles de sanitarios y pacientes que se contagiarán. Y se ahorra hacerles pruebas. Simón dice por e-mail a los servicios sanitarios que las definiciones de coronavirus que impone son las que preconiza la OMS. Y no es cierto.

La OMS amplía sus criterios sobre contactos directos:

Contactos en el entorno sanitario: cualquier trabajador social o del ámbito de la salud que proporcionó atención personal o clínica directa o indirecta o examinó un caso confirmado sintomático o asintomático de COVID-19, o que se encontraba dentro del mismo espacio interior mientras se realizaba una intervención que genere aerosoles.

Contacto en el hogar: cualquier persona que haya residido en el mismo hogar (u otro entorno cerrado) que el caso índice o primario de COVID-19.

La OMS alienta al estudio y testado de tales contactos. El 10 de febrero Sanidad emite un informe con todo su saber sobre el coronavirus: «Los casos sintomáticos pueden detectarse a través del control de temperatura en el punto de entrada [de los aeropuertos]. Sin embargo, esta medida puede pasar por alto a los viajeros en periodo de incubación o a los viajeros que ocultan la fiebre durante el viaje y puede requerir inversiones sustanciales. Un enfoque centrado en los vuelos directos desde las zonas infectadas podría ser más efectivo y requerir menos recursos». Es un corta y pega de la OMS. El Gobierno no apuesta por ningún control. Y así no se equivoca. Dice que si no se tiene fiebre no sirven. Pero fallan más si no se aplican. Y, paradoja, en junio aplica esta medida que ve inútil en febrero.

Y añade: «Para una interpretación óptima de los resultados, lo ideal sería la obtención de muestras de suero. Una en la fase aguda de la enfermedad y otra pasadas tres o cuatro semanas tras la infección. De momento, las pruebas serológicas disponibles no son específicas para el COVID-19, pero sí para los coronavirus».

Esto refleja que España solo se plantea hacer pruebas para confirmar el virus en enfermos, no en contactos, a diferencia de otros países. Y parece confesar que aún no tiene protocolizadas pruebas específicas para este coronavirus, mientras que otros países sí: China, Alemania, Japón, Tailandia, Estados Unidos… La letalidad es del 2 al 3 %, pero a veces ha superado el 15 % en China. Se transmite por gotas de respiración hasta dos metros. Y genera una alta transmisión hospitalaria. No hace falta más para inquietarse. No importa que tal documento lo rubriquen también becarios. Les basta con copiar lo que dice la OMS. Lo que no es obra de becarios es sacar conclusiones del informe. Y tomar medidas políticas preventivas.

11 de febrero de 2020. Illa tranquiliza al Ejecutivo: «La situación no supone un problema de salud pública porque los contagios se producen fuera de España». Paradójicamente, el riesgo de contagio que marca el 11 de febrero la OMS para todo el mundo, incluida España, es alto. No bajo, como postula Illa. Illa vuelve a vender que el Gobierno ha creado un comité interministerial. ¿Qué más se puede pedir? España tiene dos pacientes y dos comités.

Los operadores turísticos son más prudentes que el Gobierno. En el puerto de Barcelona, los responsables de la compañía del crucero Costa Smeralda deniegan el embarque de cuarenta y dos personas (treinta y ocho de ellas taiwanesas), provenientes de un vuelo con origen en Taiwán que hizo escala en Hong Kong.

Ese día, casi mes y medio después del brote chino, el CCAES de Simón manda el siguiente e-mail a todas las autonomías: «Necesitamos conocer qué hospitales cuentan en sus laboratorios con PCR para el nuevo coronavirus en cada comunidad autónoma». Alemania hizo esto a primeros de enero. Sanidad ese día autoriza una compra por 391 millones para diez autonomías. ¿Mascarillas, test para el coronavirus? No, fármacos para enfermedades tradicionales: artritis, psoriasis, cáncer. Sanidad cree tener todo contra el coronavirus.

12 de febrero de 2020. Illa insiste en que sigue las recomendaciones de la OMS y de la UE. Pero incumple las de la OMS, que proscriben los actos masivos. Asegura que no existen motivos de salud para cancelar los grandes eventos públicos en España. Illa reitera que el riesgo de diseminación del virus durante eventos con gran afluencia de público se estima bajo. Es lo contrario de lo que dice la OMS desde el 30 de enero.

¿Qué hacer ante un acto masivo?: «A quienes asistan a este tipo de eventos, el Ministerio recomienda extremar las medidas generales de control de infecciones como son la higiene de manos frecuente y la higiene respiratoria». ¿Qué es higiene respiratoria según la OMS?: «Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón». Según Illa, pueden reunirse millones de personas si se lavan las manos y no se tosen. La OMS recomienda tal higiene, pero nunca como garantía en eventos masivos. Por eso, los veta día a día.

Ese 12 de febrero, los responsables del Mobile World Congress (MWC) cancelan la edición que debía comenzar el 24 de febrero. El goteo de bajas de compañías del mundo de las telecomunicaciones ha ejercido una presión insuperable para la entidad organizadora. Supone para Barcelona un daño económico de 492 millones de euros. Esperaba 110 000 visitantes.

Pero los grandes de la telefonía han creído más las advertencias de la OMS (evitad actos masivos) que los consejos de Illa (no tosáis y lavaos las manos). Choca que el empresariado sea más prudente que la autoridad local. España corría más peligro de importar casos que de contagiar. Esa cumbre de la telefonía podía significar más un intercambio de virus que de experiencias.

La prensa intenta enfrentar a la OMS con los desertores del Mobile: «La OMS también cuestiona la necesidad de echar el cierre del Mobile World Congress», proclama la SER. «No hemos recomendado en ningún caso que se cancele ningún tipo de congreso o evento», sentencia la directora del Departamento de Salud Pública del organismo, la española María Neira.

Neira dice la verdad. La OMS no ha pedido que se cancele el Mobile… ni que se celebre. La OMS publica desde fines de enero lo que debe hacer toda autoridad para frenar el coronavirus: evitar actos masivos. Lo escribe cada día. Unos países le hacen caso, otros no. La OMS no tutela Gobiernos. Tampoco la OMS pedirá que no se celebre el 8M. Ni lo contrario. Tampoco la DGT telefonea a los españoles para que no conduzcan borrachos. Ya está en los códigos de Circulación y Penal.

Descartes hace de la duda su método para alcanzar la verdad. Pero Illa, el ministro filósofo, no duda. No duda de si es preferible excederse o quedarse corto en materia de prevención de una epidemia. No expone a los españoles que hay razones encontradas sobre el Mobile. Cuesta explicar que un ministro de Sanidad diga que no hay motivos para cancelar eventos el 12 de febrero con veinticuatro países afectados por el coronavirus y más de 45 000 casos. Hay motivos para celebrarlos: sí, económicos. Hay motivos para cancelarlos: sí, sanitarios. Pero Illa no es ministro de Economía, es ministro de Sanidad. El 8M demostrará que los organizadores del Mobile hicieron lo correcto. Engrosan la lista de profetas que Sánchez nunca reconocerá.

13 de febrero de 2020. La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, vende tranquilidad frente a la deserción del Mobile World Congress. Pide no caer en el «alarmismo psicológico» y dice que las medidas sanitarias son suficientes: «Debemos ser prudentes y responsables». No aclara su frase. ¿Lo prudente era cancelar o mantener el evento masivo?

El CCAES informa a las autonomías: «Hemos preguntado por los vuelos que llegan de China ahora (aunque es variable y va disminuyendo la frecuencia). Está llegando cada día un vuelo a Barcelona y uno o dos a Madrid. Se podría calcular que entre quinientas y setecientas personas al día». Setecientos pasajeros aterrizan al día en España del foco que contagia el mundo desde hace mes y medio. Sanidad ya sabe qué hospitales pueden realizar pruebas PCR. Todas las autonomías disponen de centros, excepto Extremadura, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta y Melilla. Apenas una veintena de hospitales para testar una epidemia 40 días después de iniciarse.

16 de febrero de 2020. Una misión de científicos de la OMS explora en China la epidemia. Elogia el combate chino y extrae valiosas lecciones: el virus se traslada por gotas de la respiración del infectado y objetos donde caigan en contacto cercano con toda persona que no se proteja. Hoy parece una perogrullada. Pero es la primera vez que una amplia muestra confirma la principal vía de contagio. La OMS ensalza la investigación de contactos. Más de mil ochocientos equipos solo en Wuhan, compuestos por cinco personas, fichan decenas de miles de contactos por día. Entre el 1 y el 5 % dan positivo. Prueba la milenaria paciencia china: decenas de miles de pruebas para cazar solo un 5 % de positivos. Pero la pesca merece la pena. Ningún positivo queda fuera de la red. China tiene ya nueve mil personas buscando contactos en una sola ciudad. España tiene mil quinientas en junio para todo el país.

La OMS adquiere otra certeza: cada infectado contagia de 2 a 2,5 personas. Y descubre las dos únicas medicinas eficaces para combatir el coronavirus: confinamiento y distancia social. «El cordón sanitario en torno a Wuhan y localidades vecinas impuesto el 23 de enero ha evitado una mayor exportación de infectados al resto del país», y guardar distancias entre personas «ha reducido la fuerza comunitaria de infección, reduciendo progresivamente los casos». Es el punto crítico de divergencia entre el modelo chino y el español de encarar el coronavirus: China, por encima de pensar en sanar pacientes de una infección incurable, pone el acento en evitar que se infecten y detectarlos cuando aún no son enfermos. Solo positivos. Y aislarlos.

No hay medicinas ni vacunas específicas ni en China ni en España. Pero la vacuna social sí está al alcance. Basta con aplicarla. Una detección masiva precoz de casos, como prioriza China, permite atender a un paciente antes de que se agrave y, sobre todo, cortar de raíz que siga creciendo el número de enfermos y contagiados. Los protocolos de Illa están dirigidos a qué hacer en los hospitales con los pacientes con síntomas graves. Los sanitarios españoles esperan en el fuerte la llegada de infectados del coronavirus, en lugar de buscarlos como sus compañeros chinos por las calles.

La OMS registra más de dos mil sanitarios infectados solo en Hubei. Es una lección para Gobiernos que miran confiados en la fortaleza de su sistema sanitario, como España. Comprueban los síntomas del coronavirus. No son específicos. Pueden dar lugar a engaño. El tiempo de incubación es de seis días. Anotan ya que el coronavirus es una eutanasia: la mortalidad crece con la edad. Y la copan los mayores de ochenta años. El 21,9 % muere.

Y detalla que la clave del éxito chino era el «riguroso uso de medidas no farmacéuticas: inmediata detección de casos, diagnóstico rápido, aislamiento, riguroso control de los contactos y cooperación ciudadana». Algo milagroso en un país con más de mil trescientos millones de habitantes. La OMS repite que con todas esas medidas China ha ganado tiempo para preparar su respuesta sanitaria y científica. Debió ganarlo también España para preparar su armada sanitaria. Pero España no saca conclusiones de China.

18 de febrero de 2020. Simón comparte con los servicios sanitarios autonómicos el mayor estudio sobre el coronavirus. Está realizado sobre más de setenta mil pacientes chinos:

Este nuevo coronavirus es altamente contagioso. Se ha extendido extremadamente rápido de una sola ciudad a todo el país en solo unos treinta días. Ha logrado efectos de gran alcance aplicando incluso medidas de respuesta extremas que incluyen el cierre completo y el aislamiento de ciudades enteras, la cancelación de las celebraciones del Año Nuevo chino, la prohibición de asistir a la escuela y el trabajo, la movilización masiva de la salud, la dotación de personal y de unidades médicas militares y la construcción rápida de hospitales.

China enseña que el virus es tan ferozmente contagioso que salta los muros de confinamiento. Esto no indica que no haya que adoptar tales medidas. Todo lo contrario. Hay que tomarlas para reducir, que no impedir, la propagación. Los estudios proclaman que el confinamiento la ha reducido.

A la luz de esta rápida propagación, es una suerte que el COVID-19 haya sido leve para el 81 % de los pacientes y tenga una tasa de letalidad muy baja, del 2,3 %. Entre las 1023 muertes, la mayoría ha tenido ≥60 años de edad o condiciones comórbidas preexistentes. Los primeros días del brote han sido una reminiscencia del SARS y el MERS, y, de hecho, el descubrimiento de que el agente causal era un potencial pronosticado de coronavirus estrechamente relacionado y nunca antes descrito para la transmisión nosocomial y los llamados eventos supercontagiadores.

Simón difunde que hay eventos supercontagiadores. ¿El Mobile World, el 8M, quizá? China prohíbe fiestas masivas:

El momento del brote de COVID-19, antes de las vacaciones anuales del Año Nuevo Lunar de China, fue un factor importante ya que China consideró cómo responder al brote. Es la fiesta más grande e importante del año. Es la causa de los varios miles de millones de viajes de personas realizados por residentes y visitantes durante este tiempo, en aviones, trenes y autobuses llenos de gente.

Cada persona infectada podía tener numerosos contactos cercanos durante un tiempo prolongado. Sabiendo que las opciones específicas de tratamiento y prevención, como los medicamentos antivirales específicos y las vacunas, aún no estaban disponibles para el COVID-19, China se centró en las tácticas tradicionales de respuesta a brotes de salud pública: aislamiento, cuarentena, distanciamiento social y contención comunitaria.

Inicia una batalla que afecta a sesenta millones.

Los casos identificados de pacientes con COVID-19 se aislaron inmediatamente en los hospitales existentes, y se construyeron rápidamente dos nuevos hospitales para aislar y atender el creciente número de casos en Wuhan y Hubei. Se pidió a las personas que habían estado en contacto con casos de COVID-19 que se pusieran en cuarentena en sus hogares o se trasladaran a instalaciones, donde se podría monitorear la aparición de síntomas.

Se canceló gran número de grandes reuniones, incluidas todas las celebraciones del Año Nuevo Lunar, y el tráfico en Wuhan y en ciudades de todo Hubei fue restringido. Prácticamente todo el transporte a nivel nacional se restringió posteriormente. Todas estas medidas fueron instituidas para lograr el distanciamiento social. Entre cuarenta y sesenta millones de residentes de Wuhan y otras quince ciudades vecinas dentro de la provincia de Hubei fueron objeto de medidas de contención comunitaria.

Los científicos no lo ven un ataque a las libertades:

Algunos han argumentado que varios de estos enfoques pueden infringir las libertades civiles de los ciudadanos, y algunas de estas medidas se han tildado de draconianas. Sin embargo, no solo se deben considerar los derechos individuales. Los derechos de aquellos que no están infectados, pero están en riesgo de infección, también deben ser considerados.

Los autores del masivo estudio aspiran a ser útiles:

Este estudio proporciona información importante sobre varias preguntas abiertas cruciales sobre esta epidemia y cómo diseñar estrategias para controlarla de manera efectiva. Por ejemplo, la tendencia a la baja en la curva general de la epidemia sugiere que tal vez el aislamiento de ciudades enteras, la transmisión de información crítica (por ejemplo, promover el lavado de manos, el uso de mascarillas y la búsqueda de atención) con alta frecuencia a través de múltiples canales y la movilización de los equipos de respuesta rápida del sector están ayudando a frenar la epidemia.

Sí, China enseña el 18 de febrero que el aislamiento de ciudades, las mascarillas y evitar actos supercontagiadores frenan el virus. También previene del peligro que supone para los sanitarios:

Se han observado 3019 casos entre los trabajadores de la salud hasta el 11 de febrero de 2020 (1716 confirmados y 5 muertes).

Este coronavirus es más peligroso, especialmente para los ancianos:

La aparición de enfermedades entre un número cada vez mayor de personas y la creciente evidencia de transmisión de persona a persona sugiere que 2019-nCoV es más contagioso que el SARS-CoV y el MERS-CoV […]. Se han producido 1023 muertes entre 44 672 casos confirmados para una tasa de letalidad general del 2,3 %. El grupo de edad ≥80 tuvo la tasa de mortalidad por caso más alta de todos los grupos de edad con un 14,8 %.

España, los ancianos van a morir, prepárate. Pero esto le suena a chino al Gobierno del partido del optimismo español.

20 de febrero de 2020. El CCAES que pilota Simón anuncia a los servicios sanitarios que está preparando un Protocolo de manejo de cadáveres del COVID-19. ¿Tantos muertos espera Sanidad el 20 de febrero de un virus que no va a llegar que merecen un protocolo? ¿No era infundado el alarmismo para suspender el Mobile? El Gobierno vende tranquilidad, solo dos casos, pero oculta sus temores.

Illa defiende que el debate sobre la eutanasia «es absolutamente necesario y oportuno». Espera que el Congreso tramite la proposición de ley. El colapso de su sistema sanitario, los filtros hospitalarios por edad, la gravedad del virus en ancianos y el abandono en las residencias provoca una masiva eutanasia en los mayores de setenta años. La mortandad hará que el Gobierno levante el pie del acelerador de esta medida que reclama parte de la sociedad para aliviar la agonía terminal de sus seres queridos. No es una buena imagen para el Gobierno facilitar la muerte de ancianos o enfermos graves cuando el caos sanitario ya lo está haciendo. Genera muertes masivas de ancianos cuyas familias no han tomado tal decisión.

Mientras Illa defiende el derecho a morir dignamente, por las fronteras entra el virus sin ningún freno: «Desde el inicio de la alerta por SARS-CoV-2 en España se ha investigado y realizado el diagnóstico microbiológico al menos a treinta y siete pacientes, de los que dos han sido positivos para SARS-CoV-2». Evidencia que España, a diferencia de Corea, China o Alemania… apenas hace pruebas. El protocolo es demasiado estricto. Exige ser enfermo grave con viaje a China o contacto con caso confirmado. Eso deja fuera a contactos y a asintomáticos.

21 de febrero de 2020. El CCAES anota: «Lombardía ha informado a la población de Codogno, como precaución, que se quede en casa y evite los contactos sociales».

23 de febrero de 2020. Camino del segundo mes de coronavirus, el CCAES cree momento de chequear a los sistemas sanitarios: «Queríamos pediros también si podéis preguntar una estimación del número de personas para las que habría pruebas disponibles en los hospitales». Comprar PCR cuesta. Pero esta pregunta es gratis. Debió hacerse en enero. Alemania lo hizo a primeros de enero. Y ganó dos meses para planificar y comprar. Simón formula tales preguntas mientras observa Italia, que ya aplica confinamientos.

El cuartel general de Simón sigue recibiendo alertas de Italia. Ochenta y nueve casos en Lombardía, veintidós en Véneto, siete en Emilia-Romaña y tres en Piamonte. Las medidas adoptadas por Italia son múltiples: se han implementado medidas estrictas de salud pública en los municipios y regiones afectados. Incluyen: prohibición de abandonar o acceder a un municipio o área afectada; suspensión de manifestaciones, eventos y todas las formas de reuniones en lugares públicos o privados; suspensión de guarderías, educación escolar y viajes educativos; cierre de museos; suspensión de actividades de cargos públicos, con la excepción de servicios esenciales.

Mensaje para buscadores de cuñaos y profetas del día después: el 23 de febrero Italia ha prohibido todos sus 8M, entre decenas de medidas restrictivas. Y lo hace con 76 casos y 7 muertos. España los celebra con 589 casos y 17 cadáveres. No es una información de la CIA, sino de la UE y los telediarios. Si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos ahora… Y siguen llegando vuelos a España de la contaminada y confinada Italia El ECDC extrae lecciones de Italia: «Ocurrieron eventos de transmisión en hospitales, con casos de COVID-19 entre trabajadores de la salud y pacientes. Se han observado dos muertes entre personas mayores». Sanitarios y ancianos son objetivo prioritario del virus. Es la enésima vez que España recibe este aviso. En enero se lo dio China.

24 de febrero de 2020. El CCAES recibe un serio aviso de la Consejería de Salud gallega: «Nosotros hoy en Galicia, asumimos que esas cuatro regiones de Italia ya eran territorios con transmisión comunitaria. Y llevamos unos seis casos con analítica. Todos negativos, pendientes de un par de resultados. Y un montón de llamadas. Y la capacidad analítica no es a todas horas. Tienen contadas horas de guardia. Y mover a la gente a urgencias no es baladí. Consume mucha ambulancia. Hay que tomar muestras en domicilios, pero el sistema asistencial no tiene muchos recursos para eso, si salimos de las muestras estándar».

También la sanidad vasca alarma: «De acuerdo con Xurxo (Galicia), llevamos seis alertas en tres días y no estamos preparados para seguimiento, toma de muestras y hospitalización domiciliaria. Es la única forma de aguantar la situación. Tenemos muchísima conexión con el norte de Italia. Estos días nos han llamado trabajadores de empresas que han vuelto de la zona y los propios servicios médicos de las empresas les recomiendan cuarentena catorce días».

Asturias corrobora el desconcierto sanitario:

La sensación que tengo con este planteamiento de nueva definición de caso es que lo damos ya todo por perdido, asumimos la transmisión inaparente, a partir de casos asintomáticos, como algo normal y pasamos a considerar zonas de transmisión comunitaria cualquier zona con dos o tres casos, aunque se hayan infectado en otra parte. […] Y luego tenemos lo de Italia, que eso nos preocupa a todos porque tenemos un intercambio muy importante de personas con las zonas afectadas, aunque no son las únicas con las que hay un flujo importante de personas. Con la cantidad de intercambio de personas que tenemos con Italia y que ahora están llegando de vuelta, viajes de estudios, viajes de estudiantes, vamos a acabar saturados de casos de investigación ante cualquiera que tosa un poco o tenga unas décimas de los cientos (y en las comunidades autónomas grandes puede que miles) de personas que nos pueden llegar de las zonas consideradas en la definición.

Tres servicios sanitarios autonómicos están alertando al Gobierno doce días antes del 8M de que están saturados, de que no están preparados para hospitalizar ni controlar esta epidemia que casi ni ha empezado. Piden que se cierre ya el grifo —el torrente— de Italia… Ya no es la OMS la que pide prudencia al Gobierno español. Es el sistema sanitario español, que depende de las autonomías. Y se desespera Un silencio roto por estos e-mails que ven la luz solo por unos guardias que investigan el 8M. Illa y Sánchez hablan de la robustez del sistema sanitario español hasta después del 8M. Las autonomías dicen lo contrario desde el 24 de febrero: el virus nos puede, nos vence; de robustez, nada.

El CCAES radia lo siguiente: «Canarias ha activado el protocolo por coronavirus tras detectar que un ciudadano italiano ha dado un primer positivo en las pruebas realizadas esta tarde». A 24 de febrero, los italianos todavía pueden escapar de su confinamiento por avión a España.

25 de febrero de 2020. Illa explica que «ante el aumento de casos detectados en diferentes países, y especialmente en Italia, los expertos han recomendado aumentar la sensibilidad del sistema de detección para prevenir el coronavirus». Traducido: se amplía la lista de países contaminantes. China (no solo la provincia de Hubei), Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de Italia. «Las personas que presenten síntomas y que en los catorce días anteriores hayan estado en alguna de estas zonas de riesgo han de ser consideradas posibles casos y por tanto se deben realizar las pruebas y aplicar los procedimientos correspondientes», explica.

Nuevamente, el mismo error del Gobierno español: solo los viajeros que presenten síntomas y hayan estado en zonas contaminadas deben hacerse pruebas. ¿Cómo sabe Illa quién tiene síntomas de tales países? Porque no se está tomando la temperatura a los miles de pasajeros que llegan de Italia cada día, ni de los países que cita. Aclaro el mensaje de Illa: si aterriza un pasajero tosiendo, preguntadle si viene de un país de riesgo. Y si asiente, hacedle la prueba. En eso consiste «aumentar la sensibilidad del sistema de detección para prevenir el coronavirus». En añadir matices a un protocolo. El Gobierno se conforma en «ampliar la definición de caso» mientras Asia multiplica los termómetros en aeropuertos, test masivos, aislamientos y el seguimiento de contactos.

Illa añade que ha acordado con las CC. AA. «que se analice a pacientes con sintomatología respiratoria grave, para los que se hayan descartado otras posibles causas». Menudo avance: analizar como enfermos de coronavirus a pacientes con grave patología respiratoria sin causa conocida. ¿Hay que ordenar que se investigue como coronavirus un problema respiratorio grave cuando la OMS lleva semanas avisando de su sintomatología común? Significa que no se estaba haciendo. Se perdieron semanas y se agravaron casos por no atender la información de la OMS. ¿No era más prudente hacerlo al revés? Investigar siempre la posible vinculación de toda infección respiratoria con el coronavirus. Era la más probable hipótesis en plena epidemia. Y la más peligrosa que debía descartarse.

«Nuestro principal objetivo es la prevención y para ello hemos acordado ampliar los esfuerzos para reforzar la detección precoz», proclama el ministro de Sanidad. ¿Qué significa eso?: «Se ha acordado incrementar la información a los viajeros en puertos y aeropuertos. Además, se van a preparar piezas informativas para difundir en los aviones». Los miles de pasajeros que llegan de Italia y demás países apestados por el coronavirus recibirán un folleto al aterrizar. Los españoles ya están a salvo. No se tomará la temperatura a los miles de viajeros de Italia, pero se les dará un folleto.

Illa recuerda que el Gobierno y las CC. AA. han puesto al día los protocolos ante los posibles escenarios que puedan darse en nuestro país. «Debemos sentirnos orgullosos y satisfechos de tener un sistema sanitario cohesionado». España ignora qué escenarios maneja Sanidad. Salvo el optimismo.

Illa rechaza «por el momento» tomar la temperatura a todos los pasajeros provenientes de zonas de riesgo. Por el momento duraría hasta junio. España estará meses ciega en los aeropuertos.

El 25 de febrero, Sanidad redacta Medidas no farmacológicas para la contención del coronavirus. Lo distribuye como borrador entre los servicios autonómicos, al menos. Y defiende poner distancia como la mejor vacuna:

Las medidas de distanciamiento social buscan minimizar el contacto entre personas en ámbitos comunitarios como lugares de trabajo, guarderías, escuelas, residencias, campamentos, eventos multitudinarios, etc. Para llegar a tal fin, se hacen necesarias una serie de medidas correctoras: cierre de centros escolares, de centros de trabajo, centros deportivos, gimnasios o la cancelación de eventos que pueden provocar costes masivos y una disrupción económica y social significativa.

El Gobierno sabe qué medidas aplicar, pero no se atreve:

La aceptabilidad entre la población se anticipa como baja, salvo tal vez si la alarma social es elevada. Estas medidas necesitan ser implementadas de forma temprana y consistente para tener algún impacto, y tienen más posibilidades si se aplican de forma combinada.

Todas esas medidas quedan aparcadas hasta después del 8M. El dilema del Gobierno es falso. En España no hay alarma social porque el Gobierno no alarma La sociedad vive tranquila por los mensajes del Gobierno: ni va a llegar el virus ni sería un problema por la robustez del sistema sanitario. ¿Qué español querría confinarse si nadie le muestra peligros?

26 de febrero de 2020. En España solo una voz clama en solitario en febrero por adoptar el modelo chino contra el coronavirus. Un exministro socialista: Miguel Sebastián. Un grupo de expertos en energía se reúnen en Madrid para hablar de cambio climático. Sebastián les dice que es absurdo hablar de renovables cuando el país está abocado al confinamiento. No solo lo dice en privado. «Parece que en China el coronavirus está controlado. Por el contrario, fuera de China crece descontroladamente», tuitea el 27 de febrero. Sebastián lo explica en una entrevista a El Confidencial:

Lo empecé a seguir en China y me pareció que era increíble cómo se propagaba, su política de confinamiento, y pensé que iba a llegar sí o sí. Aunque nunca me imaginé que iba a llegar por el sur de Europa, sino por el norte, por Alemania o Francia, que tienen más relación con China. Pero entró por Italia y tuvimos la mala suerte de estos partidos de fútbol de equipos españoles en el norte de Italia, del Carnaval de Venecia, la semana de la moda… y eso fue tremendo.

La OMS pensó que era como el SARS: entonces pecó por exceso y ahora se ha quedado corta. Fernando Simón es el experto del Gobierno y decía lo mismo que la OMS, y era muy difícil llevarle la contraria. Me decían que yo soy economista y que no podía contradecir a los científicos, pero los chinos son los mejores epidemiólogos del mundo. Cuando por dos mil casos confinan a todo el país, tiene que ser serio. Hubo una soberbia occidental y europea de decir esto es cosa de chinos, que comen fatal y que tienen un sistema sanitario endeble.

La valentía de Sebastián molesta en Moncloa:

No me podía creer que dijeran que aquí no había ningún riesgo. Decían que eran casos importados, pero claro, eran importados los que llegabas a conocer. Me pareció absolutamente alucinante y empecé a decirlo. Y eso que me corté un poco porque me dijeron que estaba causando alarma, pero lo veía absolutamente descontrolado.

El riesgo de ser Galileo en tiempos de Sánchez.

Pero, amén de la emergencia internacional del 30 de enero, tras la misión de la OMS del 16 de febrero a China, ya nadie podía decir que la OMS emitía una información equivocada: «Es único entre los coronavirus por su alta transmisibilidad, su alta mortalidad en los grupos de riesgo, y su destructividad económica y social. Eso explica la eficacia de medidas no farmacéuticas para interrumpir su expansión. Hay que asumir el contagio de la globalidad de la población». La OMS alentaba a los Gobiernos como España que ya tuvieran casos importados a activar mecanismos para testar infectados, aislarlos y buscar y controlar sus contactos. Y a vigilar a todo paciente con neumonía atípica.

España sigue otro modelo frente al virus. Propaganda, protocolos, comités y reuniones. ¿Qué hace ese robusto sistema sanitario español con gran parte de los primeros casos de coronavirus? Pedirles que se queden en casa, sin análisis, sin control ni seguimiento de sus contactos. Y los vuelos italianos aterrizan día tras día con el virus en el equipaje.

27 de febrero de 2020. El equipo de Simón alerta: «Os informo de un contacto del vuelo FR 6366 de Bérgamo a Barcelona en el que vino uno de los casos confirmados de Cataluña. Es italiana y se encuentra en Madrid». Y le dan el teléfono de Simone.

¿No sería más sencillo y eficaz prohibir vuelos que buscar pasajeros en tierra? Simone, si está contagiada, lleva días infectando madrileños. Ese día Sanidad emite un protocolo. Solicita que los casos con síntomas leves permanezcan en el hogar de forma aislada y sean seguidos por teléfono. El protocolo se llama Manejo domiciliario de casos en investigación, probables o confirmados de COVID-19. No tiene desperdicio.

La atención domiciliaria puede ser una buena opción para casos con síntomas leves, sin ninguna comorbilidad importante y situación clínica estable, siempre y cuando el entorno domiciliario sea adecuado para la atención sanitaria del caso y se cumplan unos requisitos mínimos. El manejo domiciliario puede ser la mejor opción en situaciones en las que el ingreso hospitalario sea inviable, por ejemplo, si la capacidad de los centros hospitalarios para atender a la demanda de la población se ve limitada por la situación epidemiológica.

Frente a una emergencia de salud internacional, el ministro filósofo halla que como en casa, en ningún sitio. Sanidad, dos meses después, hace lo contrario de lo que desde primeros de enero ejecutan China, Corea, Tailandia, Japón… Todo enfermo, grave o leve, es hospitalizado y sus contactos son investigados, controlados y hospitalizados o aislados si dan positivo. Illa solo indica que «se informará a los miembros de la familia y convivientes de que, si el paciente es un caso en investigación y se convierte en un caso confirmado, serán considerados contactos».

El mundo al revés: conviven con un supuesto enfermo de coronavirus y Sanidad fija que no son contactos hasta que se confirme. El 27 de febrero Illa prevé un colapso sanitario con apenas dieciséis infectados. ¿Qué teme el robusto sistema sanitario español? Ingresos inviables si se desborda su capacidad por la situación epidemiológica. ¿Qué situación epidemiológica? ¿El coronavirus? Pero si es un riesgo remoto y el sistema sanitario es robusto. Illa no se cree los mitos que crea.

Otro protocolo sanitario de igual fecha, Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus, traza la siguiente ruta para los enfermos de coronavirus: «En los centros sanitarios, los pacientes que se identifiquen como casos en investigación deberán separarse de otros pacientes, se les pondrá una mascarilla quirúrgica y serán conducidos de forma inmediata a una zona de aislamiento. El personal que los acompañe hasta la zona de aislamiento llevará mascarilla quirúrgica. Los casos en investigación deben ser aislados a la espera de los resultados de las pruebas diagnósticas. Si el cuadro clínico no lo precisa y se puede garantizar el aislamiento domiciliario, estas personas pueden permanecer en aislamiento en su domicilio, no siendo necesario un ingreso hospitalario».

Sanidad invita a devolver a casa a enfermos de coronavirus si no están graves. Cree que un hogar es un buen lugar de aislamiento. Tan bueno como un hospital. Naturalmente. ¿Qué hogar español no tiene un EPI para cada cónyuge e hijo? La protección descrita, por otro lado, es un coladero. La mascarilla quirúrgica no protege al sanitario, protege al enfermo. La mascarilla quirúrgica tampoco protege al paciente que la usa. Puede contagiarse. La mascarilla quirúrgica solo impide que salten gotas de la respiración del portador. No impiden que las aspire.

El paciente o el sanitario se pueden contagiar con una mascarilla quirúrgica. El mayor alarde exigido en el protocolo es comprobar que el enfermo tenga teléfono. Y pedir que ventile la vivienda convertida en hospital. ¿Es de recibo que cuando España tiene solo dieciséis casos de coronavirus Sanidad quiera derivarlos a sus domicilios?

¿Cree que el coronavirus es una gripe controlable con cuidados caseros? ¿Vislumbra una oleada de casos que saturará el sistema? El protocolo apunta al colapso: «Si la capacidad de los centros hospitalarios para atender a la demanda de la población se ve limitada por la situación epidemiológica».

Illa teme una epidemia. Debería saber que solo hay una manera de frenar el virus: atacarlo con todas las armas cuando apenas se ha extendido. Como hicieron China, Corea o Tailandia. La OMS reclama una respuesta temprana sanitaria, no disuasoria. Con solo dieciséis casos, Sanidad no podía recomendar la domiciliación. Debió hospitalizar y aislar todos los casos, los graves y los leves. Todavía no había llegado el colapso sanitario. Sobraban UCI y camas hospitalarias. Lo contrario era permitir que los infectados crecieran en cada hogar.

Primero se contagian todos sus miembros. Luego sus visitas. Luego los contactos de tales visitas y de los propios familiares en todos sus escenarios exteriores: trabajo, transporte, supermercado, deporte, manifestaciones, misas… Sanidad está autorizando una cadena oculta de contagio del virus. Un asesino en serie tiene licencia para expandirse. Ningún control verifica que esa cuarentena se cumpla. No puedes pedir a una familia que tema una enfermedad cuando Sanidad dice que se cura en casa. Como una gripe. Una gripe que Sanidad teme que colapse su sistema. Y lo teme a escasas semanas del 8M. El Gobierno sueña un coronavirus manso: que no colapse el sistema sanitario y que no contamine sus manifestaciones.

El mapa del contagio español es el siguiente: seis casos en las islas Canarias, dos en la Comunidad Valenciana, dos en Cataluña, cuatro en Madrid, uno en Andalucía y uno en Baleares.

¿Tocaba disuasión sanitaria con tan pocos casos y la que estaba cayendo fuera de España? 82 168 casos y 2800 personas fallecidas. Europa ya ha sido asaltada por el virus, con 483 casos.

Sanidad actualiza su procedimiento frente al coronavirus. Considera caso de infección cualquier persona hospitalizada con infección respiratoria aguda en la que se hayan descartado otras causas. Y añade que cualquier persona asintomática que cumpla la definición de contacto deberá ser informada y se iniciará una vigilancia activa. Estarán localizables. Deberán limitar sus actividades sociales. Esto nunca se aplicará. Hasta el punto de recomendar Sanidad por escrito no hacer seguimiento activo de los contactos. Por tanto, limitarán a cero sus actividades sociales.

«El riesgo para la salud pública en nuestro país se considera moderado», dice Sanidad. Pero el virus ya ha aterrizado. Y no es metáfora. Llega en avión. El primer caso importado afirma haber tenido síntomas el 29 de enero. Y el primer contagio local afirma haber sentido la enfermedad el 1 de febrero. Pasan unos días hasta que los primeros casos son localizados y diagnosticados. Eso hará que la expansión del virus pase desapercibida.

28 de febrero de 2020. España suma treinta y tres enfermos. Sanidad rastrea el origen de los casos que tiene España. El 83 % son importados y el resto (17 %) ha adquirido la infección localmente. Ninguno de los portadores del virus desde el extranjero procede de China. Ergo… el foco es Italia. Mientras Illa duda de la utilidad de tomar la temperatura a los pasajeros o de suspender vuelos con Italia, los informes de su ministerio detectan que España es un coladero del virus. ¿Illa no lee sus propios informes? Los filtros fronterizos solo existen sobre el papel. ¿Cómo adivina que aterriza una persona con fiebre?

Y ya empiezan a enfermar sanitarios españoles. No hay, ni habrá, protección suficiente para ellos pese a que China enseña que son los primeros en caer. El 28 de febrero Illa tiene una magnífica radiografía para actuar: los controles fronterizos son un queso gruyer y los sanitarios están inermes ante este virus. Hay que blindarlos. Había tiempo aún. El virus está contenido. Hay tiempo de defender la fortaleza. Pero un caballo de Troya en lontananza seduce al Gobierno. Y abrirá los muros al virus: el 8M. Un análisis de expertos del Instituto de Salud Carlos III y el Hospital Clínic de Barcelona evidencia que ya hay infectados de coronavirus en España el 14 de febrero: «Se han detectado múltiples introducciones de SARS-CoV-2 en España y al menos dos dieron como resultado la aparición de grupos transmitidos localmente, con una mayor difusión de uno de ellos al menos a otros seis países. Estos resultados destacan el potencial extraordinario del SARS-CoV-2 para una difusión geográfica rápida y generalizada». El virus se cuela por múltiples vías en España y se asienta entre el 14 y el 18 de febrero. No hay paciente cero. Hay Gobierno cero.

En España, los dos primeros casos se notificaron durante la semana anterior (2-8 de febrero), el primero en La Gomera y el otro en Mallorca. Los siguientes cinco casos notificados en España tenían un historial de viajes a Italia y se detectaron en Tenerife (islas Canarias), Cataluña, Castellón (Comunidad Valenciana) y Madrid antes del 26 de febrero. Tres de ellos se diagnostican los días 26 y 27 de febrero en Valencia. Una semana antes, 2500 aficionados valencianistas habían viajado a Milán para ver el partido de fútbol Atalanta-Valencia.

El 23 de febrero Simón afirma algo que ese informe desmentía: «En España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad ni tenemos ningún caso actualmente». España ya llevaba dos casos oficialmente. Pero el citado informe probaba que había «multitud de entradas» y se estaban reproduciendo en España desde el 14 de febrero. Un mes después Simón se desdice: «Es muy seguro que hubo casos asintomáticos que se nos escaparon porque si no, no habría sido tan explosivo e inmediato el crecimiento exponencial de la segunda semana de marzo». Nadie discute que se le escaparon. Le toca explicar por qué, preferiblemente no por videoconferencia.

Pero los correos internos de su equipo, desvelados por la Guardia Civil, dicen otra cosa. Sanidad no maneja ya casos aislados: desde el 24 de enero investiga un millar de presuntos casos de coronavirus. Suman 997 el 28 de febrero. Y se confirman 34, a falta de analizar 143.

29 de febrero de 2020. «Os envío dos contactos del avión Milán-Barcelona del 25/02 de un caso de coronavirus que se encuentran en Madrid. Están asintomáticos». Nuevamente, el CCAES alerta de pasajeros de Italia en lugar de vetar vuelos.

Así acaba febrero. El segundo mes de colchón que tuvo el Gobierno desde el estallido de una infección en China demasiado aparatosa para no temerla. Contagiaba miles de chinos mientras el Gobierno dudaba que se transmitiera de persona a persona. Si no era de persona a persona, sería de pangolín a persona. Debía de haber miles de pangolines en China y, además, con permiso para volar a todos los países. Maldito pangolín.

Capítulo 3
Siete días ciegos de marzo para el suicidio

Marzo arranca bajo la ceguera. El Gobierno tiene un discurso ambivalente. Vende tranquilidad en público, pero maneja datos preocupantes del virus. Quiere irse de mani y de Fallas mientras busca mascarillas. Y se le cuelan a granel casos importados.

1 de marzo de 2020. España suma 73 casos. El Gobierno emite una radiografía: «El 90 % de los casos identificados son importados o relacionados con casos importados. En la situación actual, el riesgo global para la salud pública en España se mantiene en moderado. Sanidad mantiene el escenario de contención (nivel 1) ya que, por el momento, nada indica que haya una transmisión comunitaria descontrolada y una entrada masiva de casos importados».

El Ejecutivo admite que el 90 % de los casos son importados, pero mantiene que nada indica que haya una entrada masiva de casos importados. El Gobierno no lee sus textos. La OMS mantiene en muy alto el riesgo de propagación e impacto del COVID-19 a nivel mundial, ante el aumento continuo de casos y de países afectados. No dice riesgo moderado, dice muy alto. Cierto que cuando habla de Europa incluye matices:

El riesgo asociado para la población de la UE/EEE y el Reino Unido se considera actualmente de bajo a moderado.

El riesgo de la aparición de grupos similares a los de Italia se considera actualmente de moderado a alto.

El riesgo para aquellos que viajan o residen en áreas con una supuesta transmisión comunitaria es actualmente alto.

Hay donde elegir. España ya tiene transmisión comunitaria. Algunos países sí se quedan con la copla de «muy alto riesgo». Francia prohíbe eventos que congreguen a más de cinco mil personas en recintos cerrados y la media maratón de París. Y se cancela el Salón del Automóvil de Ginebra (Suiza). Alemania suspende la Feria de Turismo de Berlín. La Moncloa no cancela nada. Ni suspende vuelos con Italia, país con 1128 casos, la mayor tasa europea, y 29 muertos. La prensa publica perlas de Simón: «Los sanitarios deben estar muy sensibilizados y deben tener conciencia de los riesgos a los que se exponen para tratar de evitarlos». Menos mal que les avisa Simón de los riesgos, si no creerían que tratan una crisis de apendicitis.

2 de marzo de 2020. La falta de filtros fronterizos se paga. El 61 % de los casos en España de coronavirus son importados. El resto se contagió localmente. Ambas cosas son graves. El Titanic sanitario tiene dos vías de agua. Entran por los aeropuertos más de la mitad de los casos. Pero los focos diseminados hacen su labor: el 39 % ya se infecta en España. Son herederos de los primeros contagios importados. Un correo de Simón a las autonomías avala que el contagio ya se produce dentro de España. Anota «diez casos de COVID-19 en personas sin vínculo epidemiológico conocido ni antecedentes de viajes a zonas con transmisión comunitaria conocida del virus». ¿Y eso qué es, doctor? Se llama transmisión comunitaria.

Los casos se han detectado en Madrid (en la zona de Torrejón de Ardoz); Andalucía (en torno a Marbella-Málaga); Castilla-La Mancha (en Guadalajara) y el País Vasco (una zona de Vitoria). «Procede definir las zonas en las que se sospecha esta transmisión comunitaria y establecer una vigilancia intensificada en las mismas», dice Sanidad. A seis días del 8M, el Gobierno ya sabe que hay transmisión comunitaria en Madrid. Mejor intensificar su vigilancia que prohibir manifestarse en sus calles. Ya tiene 114 casos confirmados en toda España. Casi se ha cuadruplicado desde el 28 de febrero. La peor comunidad es Madrid, con 29 casos. Copa el 25,4 % del total nacional de casos. Está a punto de caramelo para una propagación masiva. Le falta solo un fin de semana de actos masivos.

Ese día llega por e-mail al CCAES de Simón un abrumador informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). Esta agencia de la UE exige la «implementación de distanciamiento social (por ejemplo, la suspensión de reuniones a gran escala y el cierre de escuelas y lugares de trabajo)». Y establece escenarios.

Escenario 0: ningún contagio.

Escenario 1: múltiples casos importados y transmisión local limitada en el país. No hay transmisión sostenida aparente (solo se observan casos de segunda generación o transmisión dentro de grupos contenidos esporádicamente con vínculos epidemiológicos conocidos).

Escenario 2: Número cada vez mayor de casos importados y de informes locales de transmisión de persona a persona en el país (más de dos generaciones de casos fuera de grupos contenidos esporádicos con vínculos epidemiológicos conocidos).

Ni siquiera Simón cree que estemos en el escenario 0. Ya es un paso. Admite que estamos en el 1. Es discutible porque, como en el escenario 2, ya tenemos un «número cada vez mayor de casos importados y de informes locales de transmisión». Pero no merece la pena debatir si España estaba en el escenario 1 o 2.

Porque la UE recomienda lo siguiente para el escenario 1: «Promover medidas de distanciamiento social (evitar dar la mano y besarse, evitar transportes abarrotados e innecesarias reuniones masivas)» y «considerar la cancelación de reuniones masivas en casos excepcionales».

Y plantea lo mismo para el escenario 2: «Promover medidas de distanciamiento social (evitar dar la mano y besarse, evitar transportes abarrotados e innecesarias reuniones masivas). Considerar la cancelación de reuniones masivas en casos excepcionales». Tanto en el escenario 1 como en el 2 hay que evitar actos masivos innecesarios.

¿Qué hace Simón con ese informe que recibe por e-mail de la agencia de la UE encargada de frenar el virus? Es la pregunta de la Guardia Civil cuando investiga el 8M. «Dado el carácter público del documento y dado a que es de general conocimiento y acceso, no se procedió a su distribución». Simón no lo distribuye. ¿Para qué? Corre el riesgo de que se lea.

Y eso que Simón recuerda a la Guardia Civil su decisiva labor difusora de alertas: «Con motivo de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, desde el CCAES se ha mantenido una comunicación constante con personas y organismos pertenecientes a todas las comunidades». ¿Y por qué se comunica el cuartel de Simón con las autonomías?: «En el ejercicio de las competencias de coordinación que le son propias». Simón admite que le toca coordinar la respuesta al coronavirus. Y la mejor manera de coordinar es no distribuir el informe de la UE.

La prensa afín al Gobierno, tras el desastre del 8M, intenta señalar la manipulación del instituto armado. Y alegará que el ECDC sitúa a España en el escenario 1. Falso. La UE no ubica en ningún escenario a ninguna nación. Cada nación se asigna el escenario que cree pertinente.

La UE fija para todo escenario promover medidas de distanciamiento (evitar darse la mano y besarse, evitar transportes llenos de gente y reuniones masivas innecesarias). Y en los escenarios 1 y 2 exige «considerar la cancelación de actos masivos en casos excepcionales». No dice lo que quiere interpretar Simón de impedir actos con presencia de personas de países de riesgo. Es una orden simple: evitar actos masivos. Simón solo tendría un asidero. Tendría que decir públicamente que todos los actos masivos del 8M son necesarios.

El ECDC no solo recomienda evitar actos masivos. Desarrolla su peligro: «Las reuniones masivas, como eventos deportivos, conciertos, eventos religiosos y conferencias aumentan el número de contactos estrechos entre personas por largos periodos, a veces en espacios contenidos. Las reuniones masivas pueden conducir a la introducción del virus en la comunidad anfitriona del evento o facilitar la transmisión y propagación del virus. Las medidas para reducir el riesgo que representan las reuniones masivas incluyen medidas de distanciamiento interpersonal para evitar el hacinamiento y medidas organizativas, como la cancelación o el aplazamiento de un evento». Y remacha: «Durante los escenarios 1 y 2, la cancelación de reuniones masivas en la UE/EEE puede estar justificada en casos excepcionales (por ejemplo, grandes conferencias con un número significativo de participantes de un área afectada). Las cancelaciones de reuniones masivas antes del pico de epidemias o pandemias pueden reducir la transmisión del virus».

El 14 de febrero la OMS, que recomienda a diario no realizar actos masivos desde el 30 de enero, también se explaya a gusto:

Existe amplia evidencia de que las reuniones masivas pueden amplificar la propagación de enfermedades infecciosas. Dichas infecciones pueden transmitirse durante una reunión masiva, durante el tránsito hacia y desde el evento. La decisión de proceder con una reunión masiva o restringir, modificar, posponer o cancelar el evento debe basarse en una evaluación exhaustiva del riesgo.

La UE no solo pide vetar actos masivos. Pinta lo que viene:

Hay un número creciente de países con transmisión comunitaria generalizada en todo el mundo, y estos son casos de exportación con transmisión posterior a áreas previamente no afectadas. Hasta ahora, las medidas de control han sido capaces de reducir la velocidad, pero no de detener la propagación.

Los casos con síntomas leves son numerosos y capaces de transmitir la infección. Los casos con síntomas leves no siempre son conscientes de su potencial infectividad, y algunas personas con síntomas leves han buscado atención médica, con lo que han infectado a los trabajadores de la salud.

Las áreas previamente no afectadas están informando casos sin antecedentes de viajes a países o áreas donde se conoce la transmisión comunitaria.

La UE pinta el tsunami que viene:

No hay terapias ni vacunas disponibles y, presumiblemente, no hay inmunidad preexistente en la población. Los síntomas de COVID-19 varían de no síntomas (asintomáticos) a neumonía severa y pueden conducir a la muerte. La gran mayoría de las enfermedades y muertes más graves se han producido entre ancianos y personas con otras enfermedades crónicas.

La UE confirma el peligro de los casos leves como fuente de contagio. Son los que se quedan en casa por consejo de Illa. ¿Quiénes pueden contraer el coronavirus? Todos. La UE pulveriza el optimismo oficial español:

El riesgo asociado con la infección por COVID-19 en la UE/EEE y el Reino Unido se considera actualmente moderado a alto.

Todos en la población son susceptibles. El virus se propaga rápidamente y puede tener un público enorme, un impacto en la salud con resultados fatales sustanciales en grupos de alto riesgo e interrupción económica y social.

Y no hay recetas, salvo medidas sociales, según la UE:

Las medidas no farmacéuticas [confinamiento, aislamiento de pacientes y sospechosos, test masivos, búsqueda de contactos…] reducen la transmisión. Esto reducirá la enfermedad, salvará vidas y minimizará el impacto socioeconómico. Retrasar la transmisión o disminuir el pico del brote es crucial para permitir que los sistemas de salud se preparen y se enfrenten a una mayor afluencia de pacientes.

La UE está advirtiendo de que está creciendo una gigantesca ola que se estampará contra el muro sanitario de cada país. Hay que ganar tiempo para multiplicar su grosor. Illa no teme que la ola llegue a España. Mal puede asustarle que el muro sanitario no resista. Lo cree robusto. Es su línea Maginot. El virus se reirá de ella, los españoles la llorarán. El ECDC explica que la epidemiología sugiere «un escenario 1 para la UE/EEE, que puede estar evolucionando rápidamente al escenario 2». Y detalla una batería de medidas para frenar la epidemia:

Activación inmediata de los mecanismos nacionales de respuesta a emergencias y planes de preparación para pandemias para garantizar la contención y mitigación del COVID-19 con medidas de salud pública no farmacéuticas.

Asegurar que el público en general sea consciente de la seriedad del COVID-19. Un alto grado de comprensión, participación comunitaria y aceptación de las medidas implementadas (incluyendo un estricto distanciamiento social) son claves para evitar una mayor propagación.

Implementación de protocolos para pruebas de laboratorio COVID-19, diagnóstico, vigilancia y tratamiento.

Mejora de la vigilancia, la investigación epidemiológica, el seguimiento de contactos cercanos, la gestión de contactos, detección inmediata de casos y aislamiento.

Implementación del distanciamiento social (suspensión de reuniones a gran escala y cierre de escuelas y lugares de trabajo) para interrumpir la transmisión.

Comunicación de riesgos adaptada y provisión de equipos de protección individual (EPI) adecuados para la atención médica a trabajadores, y aplicación rigurosa de medidas de prevención y control de infecciones en centros de salud.

Provisión de capacidad sanitaria adecuada para aislar, apoyar y tratar activamente a los pacientes.

Específicamente para el escenario 1, el elegido por Simón, la UE mandata las siguientes medidas:

Sistema de Cuidado de la Salud:

Implementación de capacidad de pruebas de diagnóstico en laboratorios locales.

Reforzar las medidas de prevención y control de infecciones en el entorno sanitario.

Medidas comunitarias:

Promover medidas de distanciamiento social (evitar darse la mano y besarse, evitar transportes abarrotados e innecesarias reuniones masivas).

Cuarentena voluntaria o forzada para contactos cercanos (de alto riesgo) de casos sospechosos de COVID-19 y monitoreo de síntomas.

Considerar la cancelación de reuniones masivas en casos excepcionales.

Rastreo de contactos (inmediatamente después de confirmar un caso):

Entrevistar al caso.

Enumerar contactos y clasificarlos como exposición de alto riesgo («contacto cercano») o contactos de exposición de bajo riesgo.

Comunicarse con todos los contactos para informar y asesorar.

Monitorizar activamente los contactos de exposición de alto riesgo (la cuarentena, incluida la cuarentena voluntaria puede ser considerada).

Es una magnífica batería de medidas. Pero es desatendida por el Gobierno de Sánchez. Ni evita actos masivos. Ni protege a sus sanitarios. Ni persigue los contactos. España está creando en junio equipos para localizar contactos, lo que le exige la UE el 2 de marzo. El 2 de marzo no tiene muchas pruebas que realizar.

Apenas tiene casos. Solo 119. Pero las hace con cuentagotas. Solo a enfermos muy graves. Mientras la prensa gubernamental quiere linchar a los guardias por fijar el 30 de enero la pandemia, la UE pide el 2 de marzo que España «active su plan de preparación para una pandemia si aún no está activado». Serán burros en la UE… Activar un plan para una pandemia sin pandemia. España ni siquiera hace lo que es gratis: asustar, alarmar, concienciar. «Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera», palabras de Simón sobre el 8M. Barra libre para el coronavirus.

El informe del ECDC alerta de la eutanasia que viene.

Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave y muerte son personas mayores de sesenta años de edad y aquellos con afecciones subyacentes. La mortalidad aumentó con la edad, con la mayor mortalidad entre mayores de ochenta años (21,9 %).

La UE insiste en que se avecina un colapso sanitario:

Un aumento significativo en los casos de COVID-19 en las próximas semanas tendría un alto impacto en la salud pública y en los sistemas de salud.

Esta situación se agravaría aún más si un número considerable de trabajadores de la salud se infectara. Los cuellos de botella también pueden surgir en términos de capacidad de diagnóstico. Las medidas de contención destinadas a frenar la propagación del virus en la población son extremadamente importantes.

La UE, que ha bebido de la experiencia china, sabe que se van a infectar los sanitarios y el sistema se puede saturar tanto por el exceso de pacientes como el número de bajas sanitarias. La UE sí es profeta: la situación se complicará si los sanitarios enferman. Por lo tanto, las medidas de contención social, distanciamiento y ausencia de actos masivos son las armas para combatir el virus. Su empleo para frenar el virus no es la mejor opción, es la única.

La principal lección de la UE ignorada, junto al veto de actos masivos, es la exigencia de control de contactos:

La finalidad de gestionar los contactos de COVID-19 es identificar contactos sintomáticos lo antes posible para el aislamiento y tratamiento y facilitar pruebas de diagnóstico rápido de laboratorio. El rastreo de contactos puede reforzar la base de pruebas sobre características y transmisión de la enfermedad.

A diferencia de España, que cambia cada poco la definición de contacto para justificar la no realización de pruebas o su seguimiento activo, la UE da una descripción generosa: «una persona que puede haber estado en contacto con un caso de COVID-19». Y le da igual su mayor o menor exposición. Los trata por igual. Urge investigarlos: «Los equipos de coordinación deberían establecerse ya en el escenario 0 (cero contagiados) con el fin de habilitar el seguimiento de contactos».

Esto lo pide el ECDC, equipos de rastreo de contactos, cuando un país no tiene contactos. Pero con mayor razón en el escenario 1, en el que dice Simón que se encuentra España:

En el escenario 1 es necesaria la contención, un amplio rastreo y evaluación de los contactos de casos confirmados y probables. Inmediatamente después de confirmarse un caso, este debe ser entrevistado, los contactos listarse y clasificarse como de alto o bajo riesgo. Posteriormente, el equipo se comunica con todos los contactos para informar y asesorar. Los contactos de alto riesgo serán supervisados activamente por las autoridades sanitarias y los de bajo riesgo deben autocontrolarse y evitar contactos sociales.

Las diferencias con España son notorias: el Gobierno de Sánchez exige crear equipos de control de contactos en junio. Hasta entonces oscila entre no buscar contactos o recomendar vigilancia pasiva. Es decir, que se queden en casa y se autovigilen los contactos. La UE dice que es necesario hacerlo en el escenario 0. España no lo hace ni en el 1 ni en el 2 ni en los siguientes. Si no se hace en las fases iniciales, luego, como España pretende en junio, es imposible. No lo digo yo, lo augura la UE:

A medida que el número de casos aumenta en el escenario 2, llegará a ser más difícil cada vez rastrear todos los contactos de los casos. El punto en que un amplio rastreo de contactos se hace insostenible debido a que los recursos limitados pueden variar entre los diferentes países de la UE. Pero todavía merece la pena localizar contactos incluso si no se trazan todos los contactos de cada caso. Ayuda a ralentizar la propagación. La localización puede priorizarse en los contactos de mayor riesgo, que son los más fáciles de encontrar, incluidos los contactos de los trabajadores de la salud o de los que trabajan con poblaciones vulnerables, seguido de tantos contactos de exposición de bajo riesgo como sea posible.

Es el drama del Gobierno español, los contactos que no siguió con treinta y dos infectados el 28 de febrero no lo puede hacer ya con más de trescientos mil casos en junio. Es un doble desastre tal tardanza: buscar contactos entre cuarenta y siete millones es tan caro y complejo que se hace inviable. Y se limita a priorizar grupos, como los sanitarios. Tarde. Ya han enfermado más de cincuenta mil y han sufrido muertes. Todos los países exitosos atacaron el problema de inicio: Alemania, Japón, China, Corea del Sur… Cuando surge un rebrote, repiten igual técnica: seguimiento de los contactos. Y vuelven a frenar la propagación.

El ECDC reclama un cómputo de infectados exhaustivo que España incumplirá sistemáticamente: «La Comisión Europea, el ECDC y la oficina regional de la OMS para Europa piden a los países reportar los casos probables y confirmados de COVID-19». España no reporta ni los casos probables ni los muertos sospechosos de coronavirus. Solo los confirmados por PCR. Resultado: bajan las cifras, se distorsionan. Y así las muertes oficiales por coronavirus pueden rondar las veintiocho mil mientras las reales superan las cuarenta y cinco mil, los infectados oficiales rondan los doscientos ochenta mil mientras los reales superan los trescientos cincuenta mil. O más.

¿Discutió Simón con alguien el informe del ECDC que pedía cancelar actos masivos?: «No fue objeto de discusión en ninguna de las reuniones de la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial». ¿Y qué leen y debaten en las reuniones de alertas del Consejo Interterritorial? ¿El Marca?

¿No es digno de ser debatido el principal informe de la agencia de salud de la UE sobre la pandemia? ¿No es España miembro de la UE? ¿Cree Simón irrelevantes los consejos de la UE? Sánchez dice que siempre sigue las directrices de la UE y la OMS. ¿No lee el veto de la UE a actos masivos? ¿O no le interesa difundir tal advertencia de la UE en vísperas del 8M?

Los estudios ya apuntan que el número reproductivo del coronavirus está entre dos y tres contagios por infectado. Si no se toman medidas especiales, el COVID-19 infectaría a más gente que la gripe. El nuevo virus parece capaz de contagiar a millones de personas. La gripe común, con su número reproductivo de solo 1,3, causó en 2019 entre veinte y treinta millones de enfermos en EE. UU., el 7 % de su población.

El País sigue el rastro de veinte enfermos de cada enfermedad y un ciclo de contagios de siete días. Tras doce semanas generarían 466 infectados de gripe común y más de 30 000 de COVID-19. Extrapolo a la realidad española. Veinte personas contagian una población como Galapagar, con perdón.

Imaginemos que veinte infectados recorren Madrid o Barcelona el 8M o acuden a un partido. Qué festín para el virus. De cada acto puede salir tal ciclo: 20 infectados igual a 30 000 contagiados. Dos actos y dos partidos en dichas capitales ya arrojan 120 000 infectados. Sopesemos que entre los más de 20 000 pasajeros que llegan cada día de Italia hay 20 infectados. Otros 30 000 más por día de invasión aérea. Multipliquemos por dieciocho días, los que se tardan en suspender los vuelos italianos tras desatarse la epidemia en el país vecino. Tenemos contagiados. Más los 120 000 de los cuatro actos masivos… Suman ya 660 000 infectados.

La secuencia más visible es que cada contagiado tras doce semanas genera 1500 infectados. Cada caso que no controla, aísla, identifica ni testa el Gobierno son 1500 casos más. Pero estas cifras pueden quedarse cortas. Los controles en Corea del Sur muestran mayores cotas de contagio: «No todos los casos iniciales dieron lugar al mismo número de contactos, siendo el mínimo de 2 y el máximo de 649. Existen casos de personas que podemos denominar superdiseminadores, con una altísima capacidad de transmisión del virus».

El coronavirus es más letal que la gripe. En Wuhan han fallecido el 2 % de los enfermos detectados y fuera de Wuhan cerca del 0,7 %, según la OMS. Son tasas entre tres y veinte veces más altas que las de la gripe común (0,13 %) y la gripe H1N1 (0,2 %). El colapso sanitario hará que estas tasas de letalidad queden superadas en España. La letalidad de los ancianos supera el 24 %.

Entretanto Simón sigue repartiendo sus preciados consejos: «Pediría que cualquier persona con sintomatología respiratoria no acudiera a eventos masivos. Se pueden tomar medidas muy lógicas y muy sensatas como higiene de manos o tratar de no toser a la gente de alrededor». Pero aclara que una cosa es no toser y otra prohibir el 8M: «Ahora mismo no se propone suspender ningún evento». Con el «ahora mismo», parece que Simón habla en enero o en febrero. Pero habla en marzo. Con abundantes infectados y unos actos masivos en ciernes.

No toda autoridad sanitaria está ciega de optimismo. A seis días del 8M, el 2 de marzo se produce una reunión del consejero de Sanidad de Madrid con directivos de hospitales. La cita pasa desapercibida. Pero el contenido es explosivo. Asistentes a tal acto narran su contenido. Enrique Ruiz Escudero (PP) traza una panorámica sombría en diez frases para enmarcar:

En las últimas décadas no nos hemos enfrentado a nada igual. Nunca hemos tenido una crisis de salud pública de este nivel. Con esto quiero concienciaros de lo que tenemos. Ahora es más fácil mirar hacia otro lado o no hacer caso a lo que está pasando, pero esto es algo muy serio, algo grave. Y, además, que va a implicar la toma de decisiones. Cosas por las que hemos estado muy preocupados van a pasar al rango de lo anecdótico.

Uno de los bloques de casos con coronavirus en la Comunidad de Madrid son las neumonías no filiadas, a las que hemos ido a buscar y tengo que decir que debemos de ser la única comunidad autónoma de todas que, cuando hizo la revisión de caso, lo amplió a las neumonías que no se sabía de dónde procedían.

El factor pánico parece que se corrige con el teléfono de información que hemos puesto en marcha, pero es la calma que precede a la tempestad.

Hay que actuar a nivel de la población, insistiendo con el mensaje del lavado de manos; hay que actuar para los profesionales sanitarios; y también de cara al resto de consejerías del Gobierno, hay que pensar qué vamos a hacer en materia de transportes, residencias… Es decir, vamos a tener que tomar decisiones.

El Ministerio no planteó cambiar de nivel, estamos en el 1, que es el de contagios individuales y filiados de casos importados. Nosotros particularmente pensamos que estamos en el nivel de contagio comunitario, por cosas que vamos viendo.

Ya vamos a plantear que hay que pasar a un escenario 2. Implica medidas sobre transporte y grandes concentraciones. Actuar en dos niveles: movilidad y concentración de gente.

Hay que fiarse de lo que hacen Francia y Alemania. Están tomando decisiones en cuanto a grandes concentraciones de gente.

Cuando se vaya propagando el virus, habrá muchos más ingresos. Ojalá me equivoque y no sea así. Estamos en veintiocho casos, pero en menos de una semana tendremos cien o doscientos.

Hay que seguir insistiendo a la población y tener preparada la parte asistencial.

No hay que mirar para otro lado. Madrid va tomando la delantera en todo esto. Hemos sido muy proactivos con asistencia primaria, hospitales y las neumonías sin filiar. Esto significa que el virus lleva tiempo circulando, no es de hace cuatro días.

Seis días antes del 8M, el Gobierno de Madrid cree que se queda corto el escenario de contagio y de medidas preventivas.

3 de marzo de 2020. España registra 123 casos. Sigue evidenciando el coladero fronterizo. El 51 % de los casos son importados. Pero ese día los informes delatan la suicida política gubernamental: «La curva epidémica según fecha de inicio de síntomas de los casos con información indica dos agrupaciones de casos, una del 14 al 18 de febrero y otra mayor del 21 al 29 de febrero que coincide con la identificación de casos en Italia». Italia está contagiando a España. España importa coronavirus, pero no material sanitario para combatirlo. La OMS proclama que «la escasez de equipos de protección personal pone en peligro al personal sanitario en todo el mundo». Exhorta a «la industria y a los Gobiernos a que aumenten la producción en un 40 % para satisfacer la creciente demanda mundial». Su director, Adhanom, declara:

Sin cadenas de suministro seguras, el riesgo para los trabajadores sanitarios en todo el mundo es real. Industria y Gobiernos deben actuar con rapidez para estimular el suministro, reducir las restricciones a la exportación y poner en marcha medidas con las que detener la especulación y el acaparamiento. No podemos detener el COVID-19 sin proteger primero a los trabajadores sanitarios. Los precios de esos productos han aumentado desde el inicio de la epidemia. El precio de las mascarillas quirúrgicas se ha multiplicado por seis; el de los respiradores N95, por tres, y el de las batas, por dos. La entrega de suministros puede llevar meses y la manipulación del mercado es generalizada: las existencias se venden con frecuencia al mejor postor.

Adhanom es uno de esos profetas que Sánchez cree inexistentes y caricaturiza. Augura y acierta. El peligro para los sanitarios es real. Y es tarde para salir con la cesta de la compra. El Gobierno ha desperdiciado dos meses de oro. La ofensiva de compras sanitarias del Gobierno ni siquiera ha empezado. Comenzará a fines de marzo. Y descubrirá un mercado desbordado y fraudulento al que suplica tapar sus carencias de todo: test de diagnóstico, mascarillas, EPI y respiradores. El Estado reconoce en abril que padece una absoluta escasez de EPI y que no puede comprarlos porque el mercado está saturado.

Sanidad ordena celebrar a puerta cerrada aquellas competiciones deportivas profesionales en las que se espere una alta presencia de aficionados de las zonas de riesgo. También impone la cancelación de todos los congresos, seminarios, jornadas o cursos en los que participen profesionales sanitarios.

«Necesitamos que los profesionales sanitarios estén en perfectas condiciones y disponibles en los próximos días y semanas. Estas dos decisiones son un paso más para evitar contingentes importantes de personas que provengan de las zonas de riesgo, que puedan contribuir a que se expanda más el coronavirus», justifica el ministro de Sanidad.

El Gobierno exulta de optimismo, pero acuartela a los sanitarios. ¿Qué teme? ¿Teme que se contagien en actos masivos? Imposible. ¿Quiere tenerlos a tiro por si hay una crisis sanitaria? Pero ¿qué crisis si el riesgo es moderado? ¿O no es moderado? Y si no es moderado, ¿habrá 8M?

El Gobierno teme que una hinchada italiana contamine España. Pero sigue sin cancelar los vuelos con dicho país y sin controlar sanitariamente a sus miles de pasajeros. La recomendación sobre las competiciones deportivas afecta de momento a cuatro partidos: Valencia Basket-Olimpia de Milán, previsto para el 5 de marzo; el Valencia C. F.-Atalanta del 10 de marzo; el Getafe-Inter de Milán del 19 de marzo y el Girona-Venezia también del 19 de marzo.

Pero por la puerta cerrada cabía el virus: el 28 de marzo, diez futbolistas del Valencia y otros quince trabajadores que cumplen distintas labores en su entorno dan positivo. El Real Madrid de baloncesto disputa el 3 de marzo un partido en Milán a puerta cerrada. El 12 de marzo resulta positivo uno de sus jugadores y entra en cuarentena todo el equipo, así como el de fútbol. Y el Girona el 25 de marzo registra dos positivos.

Ese día, el CCAES informa de que ha dado positivo una persona que viajó a Italia para hacer alpinismo en los Dolomitas. Busca a sus siete acompañantes. Illa insiste en que España continúa en fase de contención. Sanidad pide a los ciudadanos que cumplan sus recomendaciones. Pero Illa no sigue las de la OMS, que rechazan todo acto masivo. Illa ve peligroso un partido de fútbol o un congreso sanitario, pero no una manifestación de un millón de asistentes.

La Agencia Española de Medicamentos (AEMPS), dependiente de Sanidad, restringe la venta de mascarillas sanitarias:

Obligación de destinar, con carácter prioritario, la comercialización de mascarillas a centros y servicios sanitarios, en detrimento de farmacias, ópticas, etcétera.

Prohibición de comercializar mascarillas sanitarias fuera del territorio nacional: «Esta medida se lleva a cabo cuando la necesidad de productos sanitarios se incrementa y puede que no exista capacidad de producción sobrante para realizar exportaciones. Ambas medidas están enfocadas a garantizar el suministro de estos productos a los profesionales sanitarios para que puedan llevar a cabo su labor».

Es una confesión. Sanidad ya teme que no existan suficientes mascarillas en el mercado para sofocar una emergencia sanitaria decretada el 30 de enero, y cuya propagación empezó en diciembre de 2019. Y prioriza las mascarillas a los sanitarios, que tampoco las recibirán suficientemente para defenderse de una infección masiva que el Gobierno aún niega.

Alega que «en previsión de las potenciales necesidades que pudieran derivarse del COVID-19, la AEMPS ha estado en contacto continuo desde febrero con fabricantes y comercializadores de productos sanitarios que pudieran verse afectados para conocer el stock real, su capacidad de fabricación y distribución y las materias primas necesarias en caso de que su fabricación se lleve a cabo en España». Sanidad llega a marzo sin stock de mascarillas. Aflora tras la escalada del coronavirus posterior al 8M. Su frase encierra una mentira: o el Gobierno ha llegado a marzo sin saber el stock de mascarillas o ha fracasado en su intento de obtener material.

Pero la propaganda no cesa aquí: «Sanidad ha impulsado varios proyectos para la fabricación de mascarillas y batas. Se han recibido iniciativas similares de comunidades o empresas. Hay 19 empresas, en su mayoría españolas, en proceso de solicitud».

Las mascarillas seguirán faltando aún en mayo, como claman diariamente los sanitarios en cada telediario. Y son devueltas miles por inservibles a ignotos proveedores chinos. Los fabricantes españoles solo han existido sobre el papel. No habrá apenas compras a empresas españolas que no sean meras intermediarias con China. Mascarillas chinas, pocas y malas.

El equipo de Simón aconseja a un hotel sobre prevención del coronavirus en un acto: «En este tipo de eventos se considera que los contactos no son estrechos, sino lo que llamamos contacto casual, aunque dependiendo del tiempo de interacción entre las dos personas, el riesgo puede ser algo mayor, generalmente si ha habido conversaciones cara a cara a distancias cortas durante tiempos más prolongados». Hallazgo científico. Lo que infecta es charlar. El Gobierno debió alertar de tal peligro en los actos del 8M: se ruega silencio.

Los casos el 3 de marzo ya suman 151 en toda España, y 49 residen en Madrid. En veinticuatro horas, Madrid cosecha 20 nuevos casos. La UE, a través del ECDC, eleva el riesgo de coronavirus de moderado a elevado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pinta negros presagios: «Aunque no debemos caer en el pánico, la situación probablemente empeorará». La directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, afirma que hace una semana hizo un llamamiento a las productoras de mascarillas para tomar medidas para el sector sanitario. No dice el resultado, pero en breve se verá. No hay mascarillas ni para sanitarios ni para la población.

Nueva alerta del CCAES a Madrid: «Os comunico un vuelo en el que viajó un caso confirmado cuando ya presentaba síntomas catarrales, para que podáis realizar la búsqueda de contactos. Como entendemos que estáis bastante desbordados, desde Sanidad Exterior y CCAES nos ponemos a disposición para ayudaros con la trazabilidad de estos contactos si es necesario». El equipo de Simón admite que el sistema sanitario madrileño está desbordado a cinco días del 8M. Qué mejor ayuda que una manifestación para un servicio saturado.

4 de marzo de 2020. Un portavoz de AENA, controlado al 51 % por Fomento, explica que «se están siguiendo las medidas indicadas por Sanidad». Esto significa instalar carteles por las terminales y repartir folletos a pasajeros procedentes de China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y norte de Italia. Más allá de esto no se están siguiendo protocolos de precaución especiales para los vuelos llegados de las regiones conflictivas. Sin embargo, más de la mitad de los casos españoles siguen siendo importados. España ya suma 198 contagiados. Y se conoce la primera muerte por coronavirus. Falleció el 13 de febrero en Valencia y se le detectó el COVID-19 en una necropsia posterior. «No es una indicación clara de que haya aumentado el riesgo de la transmisión», dice Simón.

Sánchez recibe su informe de seguridad anual con su previsión de amenazas para España. No menciona ni una sola vez el COVID-19, aunque dice que se han evaluado las alertas sanitarias.

¿Qué teme el Gobierno en plena emergencia de salud internacional?: «Los factores de mayor preocupación son aquellos derivados del uso malintencionado del ciberespacio. El robo de datos o el acceso a información sensible, los ciberataques a infraestructuras críticas o la desinformación son percibidos como riesgos de fuerte impacto y alta probabilidad de que afecten a la sociedad, las empresas y la Administración».

El Gobierno teme la desinformación. Pero el informe elaborado por todos los ministerios, incluido el de Sanidad, no da una línea sobre la expansión del coronavirus. Eso no es desinformación. Sánchez lo bendice el 4 de marzo, aunque su capítulo «Seguridad frente a pandemias y epidemias» no cita el COVID-19. Solo aporta definiciones genéricas de amenaza:

La gran circulación de microorganismos patógenos sigue generando importantes riesgos para la población.

¿Qué «patógenos de gran circulación» teme el Gobierno el 4 marzo de 2020? ¿El coronavirus estallado en enero que ya tiene 198 infectados en España y más de 90 000 en el mundo? No. El informe ni lo menciona. Analiza epidemias que ya no están en el punto de mira mundial: ébola, listeriosis y dengue.

¿De qué sirve un informe que predice amenazas de seguridad nacional y cita enfermedades pasadas y no la que es emergencia internacional? Y el coronavirus no es un secreto. La Moncloa informa a diario de su evolución. Uno de los organismos que elabora dicho informe es el CCAES. El departamento que dirige Simón elabora un informe mensual para Presidencia del Gobierno. En concreto, para el Departamento Nacional de Seguridad (DNS). ¿No ha informado en enero del coronavirus? ¿Ni en febrero? ¿Ni en marzo? ¿Nadie ha creído necesario incluir los informes de Simón? ¿No los ha echado en falta su presidente? Hay decenas de alusiones a China en el informe de seguridad. Ninguna vinculada al coronavirus. No es extraño que lo último que tema el Gobierno sea una pandemia:

Los dos últimos factores son la proliferación de armas de destrucción masiva y las epidemias y pandemias. Si bien los resultados del análisis les asignan los dos últimos puestos en el ranking, su nivel de impacto es de «moderado-severo», y se encuentran entre los niveles «probable» y «poco probable».

La catástrofe es muy probable con tales videntes.

Para el Ejecutivo de Sánchez el coronavirus no está entre los cinco mayores peligros que amenazan España en plena emergencia sanitaria internacional, con zonas de Italia ya confinadas. Lo suscribe el Gobierno en pleno. Con 95 324 casos en todo el mundo. Y ochenta y cinco países afectados. Y un riesgo global calificado de muy alto por la OMS. Aprueban tal silencio sobre el coronavirus dos días después de recibir un informe del ECDC reclamando evitar eventos masivos, para frenarlo. Pero Sánchez está anclado en el ébola, el dengue, la listeriosis…

Madrid suma setenta casos. Veinte más que el día anterior. Casi la mitad de los cuarenta y ocho nuevos casos nacionales. Illa niega que aumente la transmisión. Simón aconseja a su teleparroquia: «Hay que ser sensatos, no tiene sentido que una persona vaya a una manifestación si tiene síntomas respiratorios. La gente tiene que ser consciente de lo que debe o no debe hacer, tanto por los riesgos a los que puede poner a otros ciudadanos como por la alarma que puede generar».

Los capuchinos no dudan de Dios, pero sí de Simón. Suspenden el besapiés del Cristo de Medinaceli. El miedo se propaga más que los tranquilizadores mensajes oficiales. Un juzgado de Madrid suspende la toma de declaraciones tras saber que una funcionaria había estado en contacto con un contagiado. Ifema suspende un congreso dental previsto para el 12 y 14 de marzo. ¿Nadie escucha a Simón? Los que tosan que no besen el pie del Cristo de Medinaceli. No hay que exagerar.

El CCAES emite un mensaje agónico a los servicios sanitarios: «Necesitamos que nos digáis con urgencia los hospitales en los que tenéis ingresados pacientes con coronavirus. Nos lo están solicitando para poder priorizar y hacer valoraciones de tratamientos y necesidades». Es 4 de marzo y Sanidad aún no sabe dónde están sus pacientes de coronavirus.

5 de marzo de 2020. La Moncloa informa de que «en varios países de Europa las autoridades han decretado la suspensión o aplazamiento de actividades y eventos que congreguen un número significativo de personas». Ni dice cuáles ni por qué no sigue su ejemplo. El 8M está más cerca. El ECDC mantiene su evaluación: «El riesgo asociado para la población se considera de moderado a alto». España ya tiene cinco muertos por coronavirus. El Gobierno lo suaviza: «las cinco víctimas mortales presentaban, todas ellas, patologías previas».

Ni el virus ni el Gobierno son culpables. Según Sanidad, todos mueren porque llevaban igual sello de caducidad por sus patologías previas. Una cantinela que repetirá hasta que la mortandad por miles la haga inviable. El Gobierno quiere encubrir que el coronavirus mata y, sobre todo, a las personas mayores. Toda persona mayor tiene patologías previas. Cuando el MOMO, exceso de fallecidos sobre el año precedente, dispare las muertes dejará una incógnita: ¿qué les ha ocurrido a más de 40 000 ancianos en España, que durante la pandemia se empeñan en morir de patologías previas?

Un Gobierno no puede mezclar ambos conceptos en una nota oficial. Es como decir muere atropellado un hombre que padecía cáncer. España ya sabe que el coronavirus es mortal para los ancianos desde enero por la experiencia china. Y también para quienes tengan la salud debilitada por alguna enfermedad. Pero el asesino es el coronavirus. El resto son cómplices. Ponerlo en la misma línea es un mero ejercicio de la factoría de comunicación de la Moncloa para tapar su problema. El Gobierno ha dicho que este virus no llegaría y que si llegaba no tendría impacto. Y lo tiene. Cinco muertes seguidas impactan. Y creciendo.

Ese 5 de marzo el CCAES informa a los servicios sanitarios autonómicos de que se han estudiado 7846 casos de coronavirus. Confirmados, 237. Tiene pendientes otros 234. Esos datos ya permiten presumir que hay una tasa de contagio del 3 % como mínimo. No está mal en puertas de un fin de masas.

6 de marzo de 2020. España se apresta a un fin de semana movido. Manifestaciones, mítines, partidos… Llega con 365 casos de coronavirus. Cinco muertos. Madrid, escenario de los actos políticos previstos, tiene la más alta tasa de crecimiento de contagio europea, norte de Italia aparte. Alemania y Francia ya han suspendido eventos masivos.

Un funeral en Vitoria celebrado dos semanas antes es el mayor episodio de propagación de coronavirus registrado en el país hasta ese momento. Más de sesenta asistentes a la ceremonia resultan contagiados, treinta y ocho de los cuales viven en Haro y Casalarreina (La Rioja) y otros veinticinco en Álava. El Gobierno se inquieta por un funeral y no por una manifestación, el 8M que tiene prevista una asistencia de un millón de personas, según datos que obran en su poder desde el 27 de febrero.

Pero Illa no está preocupado por los actos masivos, sino por sus tardías compras masivas. «Son necesarias medidas que garanticen la disponibilidad de los recursos necesarios para hacer frente al coronavirus como puede ser a través de la compra conjunta», clama ante sus colegas europeos. Ni compra conjunta ni separada. No hay compras. Hasta esa fecha Sanidad no ha publicado en el BOE ninguna adjudicación contra el coronavirus. Ese día contrata un sistema antiintrusión para Ceuta. Sanidad teme más a los cacos que al coronavirus.

Illa expresa la solidaridad de España con los grandes esfuerzos que se están realizando para contener el virus en las zonas de riesgo en alusión a otros países, y añade: «No obstante, la situación es preocupante y entraña un riesgo serio». No explica a quién afecta el riesgo. ¿A España? Parece regañar a los países más contaminados: «Es muy relevante asegurar la coherencia y consistencia de las medidas adoptadas en estas zonas. Debe garantizarse que aquello que se prohíbe en el interior de las mismas no pueda realizarse fuera de ellas, con las recomendaciones de desplazamiento o viaje que ello comporte y que los Estados miembros debemos comprometernos a adoptar».

¿Quiere decir que Italia debería prohibir viajar a sus ciudadanos? Pero esa medida puede tomarla Illa. Y la tomará, tras el 8M. Illa da cifras de reuniones mantenidas, pero no el número de test comprados o aplicados, el número de respiradores comprados, el número de EPI disponibles y comprados.

Reitera que nos defienden los protocolos. ¿Qué dicen los protocolos vigentes a esas alturas?

Cualquier persona asintomática que cumpla la definición de contacto estrecho deberá ser informada y se iniciará una vigilancia pasiva o activa, siguiendo los protocolos establecidos en cada CC. AA. En las áreas con transmisión comunitaria, para el seguimiento de contactos se establece una vigilancia pasiva (estarán atentos a la aparición de síntomas respiratorios y si es el caso, informarán a Salud Pública). Se recomienda que los contactos estrechos realicen cuarentena domiciliaria, siendo recomendable en todo caso que limiten las actividades sociales y no realicen viajes.

Se considerarán contactos casuales a las personas que hayan estado en el mismo espacio cerrado con un caso mientras era sintomático, pero que no cumplan los criterios para ser considerado contacto estrecho. No se realizará una búsqueda activa de estas personas. Si se identificaran personas que puedan encontrarse en este grupo, se les recomendará vigilancia pasiva. Podrán llevar vida normal, en familia, con amigos y, en general, en el ámbito laboral.

Todo es pasividad, sugerencias, en materia de contactos.

¿Puede Sanidad alentar que no se busquen contactos? ¿Puede delegar en el contacto la obligación de informar de su evolución viral? ¿Puede ser la cuarentena solo una recomendación?

¿Puede sumarse en la misma frase vigilancia y pasiva? Y el rizo del humor máximo es afirmar que no se buscarán contactos casuales, pero si se los identificara… (casualmente, supongo). Oiga, ¿no será usted un contacto?

Por supuesto, «no se recomienda recogida de muestra de rutina de los contactos». ¿Para qué averiguar si son portadores y pueden contagiar? Y el aislamiento debe ser en diferido: «Si durante los catorce días posteriores a la exposición desarrollara síntomas, deberá hacer autoaislamiento inmediato domiciliario». Antes de los síntomas, cuando acaso incuban la enfermedad, los contactos no deben aislarse. Compartir es vivir.

Sanidad cree que lo mejor que pueden hacer los contactos es disfrutar de la vida y si enferman, que avisen y se aíslen. Es el modelo asiático al revés. Lo contrario de lo que preconiza la OMS desde enero: caza intensiva de contactos, testarlos y aislarlos. El protocolo incluye otra incongruencia. Afecta a los sanitarios que atienden casos de coronavirus: «Si no se han cumplido las medidas de precaución, serán considerados contactos estrechos y se manejarán como tales».

¿Qué medidas de protección?: «El personal sanitario que atienda a casos en investigación, probables o confirmados para infección por COVID-19 o las personas que entren en la habitación de aislamiento (por ejemplo, familiares, personal de limpieza…) deben llevar un equipo de protección individual para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya bata, mascarilla (quirúrgica o FFP2 si hay disponibilidad y siempre asegurando la existencia de stocks suficientes para las situaciones en las que esté indicado su uso), guantes y protección ocular antisalpicaduras».

No existen tales medidas de protección. Los sanitarios tienen dos opciones: atender a los pacientes sin tales protecciones violando tal norma de Sanidad y poniendo en peligro sus vidas… o no atenderlos. Escogen la primera opción. Incumplen las medidas de protección y más de cincuenta mil sanitarios acaban infectados. Y como no hay test ni Sanidad quiere aplicarlos de rutina a los contactos… a esperar que manifiesten síntomas mientras contagian a compañeros, pacientes, amigos o familiares. El seguimiento podía hacerse de lejos con contactos… y enfermos: «En los casos probables y confirmados en los que la situación clínica no haga necesario su ingreso hospitalario, podrá valorarse su asistencia y aislamiento domiciliario».

El 6 de marzo se actualiza el informe técnico sobre el coronavirus. El compendio del saber que hace el equipo de Simón. Reseña que van tres mil muertos en todo el mundo. Más de diecisiete mil casos fuera de China. Se transmite hasta dos metros por gotas respiratorias. Y en gran parte, los infectados permanecen ocultos porque son asintomáticos: el 51 % de los positivos del crucero Diamond Princess, bajo cuarentena, eran asintomáticos.

La directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, firma una nota: «Los eventos multitudinarios de cualquier tipo con alta presencia de personas de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-CoV-2 se consideran eventos de riesgo para la transmisión de este patógeno. Se recomienda el aplazamiento de estos eventos (o en su caso la suspensión) hasta que se haya verificado por la autoridad sanitaria el control de la transmisión de la enfermedad y el riesgo asociado».

Ese comunicado nunca fue publicitado por Sanidad. Sin embargo, llama la atención de la juez que investigará el 8M. Contiene una cautela engañosa: evitar «actos masivos con alta presencia de personas de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus». Un país donde se ha constatado transmisión del virus se llama España. Suma 365 casos. El 53 % de los casos ya son de contagio local. Aparicio está pidiendo que no se celebren eventos masivos en España a los que acudan españoles. Esa nota solo servirá para prohibir un acto masivo: un congreso evangélico.

Una oculta bola de nieve está creciendo: los pacientes llegan a los hospitales, contagian a sanitarios. Las propias instalaciones se convierten en focos de la enfermedad. Pacientes que visitan los hospitales sin coronavirus salen contagiados de los hospitales. Un 12 % de los enfermos de coronavirus lo contrae por visitar hospitales. Los hospitales españoles bajo mandato de Illa contagian diez veces más que los viajeros procedentes de China. Si se suma el mar desconocido de contactos que se extiende fuera de los hospitales… la expansión del virus está servida. Solo falta mezclarlos con la población en actos masivos el 8M. Y agitar. El cóctel mortal estará a punto.

7 de marzo de 2020. A veinticuatro horas del despliegue de actos masivos, España suma 430 contagiados, de ellos 174 en Madrid. La Moncloa osa recordar la víspera del 8M que otros países sí están prohibiendo actos masivos: «En varios países de Europa las autoridades han decretado la suspensión o aplazamiento de actividades y eventos que congreguen un número significativo de personas. Se han cancelado reuniones preparatorias de la Cumbre sobre el Clima en Glasgow (Reino Unido). La Unión por el Mediterráneo suspende su conferencia en Barcelona los días 10 y 11 de marzo».

La Unión por el Mediterráneo está formada por los veintiocho miembros de la UE, más quince países del norte de África, Oriente Medio y sudeste de Europa. España es socio de la organización que suspende un acto masivo en España. Ninguno de sus socios europeos quiere celebrar reuniones en un país cuyo Gobierno no teme llenar las calles al día siguiente.

El Consejo Europeo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) del 6 de marzo, en Bruselas, pide fortalecer la protección de las personas en riesgo (entre ellas, los mayores), establecer medidas de contención coherentes y proveer EPI. España incumple todo: ni los ancianos están a salvo ni existen equipos de protección. Y contención, cero. Toca mani.

Una nueva casualidad que destaca el Gobierno. O causalidad. España suma ocho muertos: «Las ocho víctimas mortales presentaban, todos ellas, patologías previas». ¿El virus que ha invadido España se llama patología previa? Qué útil latiguillo en los telediarios. Cuánto mitiga culpas y responsabilidades. Cuánto tranquiliza al espectador. Algunos jóvenes sabrán que no estaban a salvo del coronavirus solo cuando ingresen en el hospital. ¿El coronavirus no era cosa de ancianos?

Y la Moncloa hace un segundo guiño para poner el foco en el PP: «La Comunidad de Madrid, donde se registra un mayor número de casos, entre otras medidas, ha reforzado la plantilla de trabajadores de los diferentes centros y servicios sanitarios. Además, se ha decidido el cierre temporal de más de 200 centros de mayores». ¿Por qué Madrid cierra centros de mayores si mueren de patologías previas, por qué se refuerza la plantilla sanitaria si es un año más de patologías previas?

La OMS, tras alcanzarse los cien mil afectados, elogia el modelo chino, el confinamiento: «China y otros países están demostrando que la propagación del virus se puede frenar y que su impacto se puede reducir a través de una serie de medidas universalmente aplicables que suponen, entre otras cosas, la colaboración del conjunto de la sociedad para detectar a las personas enfermas, llevarlas a los centros de atención, hacer un seguimiento de los contactos, preparar a los hospitales y las clínicas para gestionar el aumento de pacientes y capacitar a los trabajadores de la salud».

Simón tranquiliza. Con 430 casos y 8 fallecidos en España, tranquiliza: «Los casos identificados están asociados a focos de contagio ya conocidos, por lo que estos no han aumentado, sino que incluso se han reducido en algunas zonas en las que había dudas sobre el origen». No dice que los focos sean amigos, pero sí viejos conocidos, con lo cual, aunque suben los casos, en realidad, bajan. Simón se entiende. «Se está siendo perfectamente capaz de controlarlo. Seguimos en contención». Sí, con contención de la respiración tras escucharlo.

¿Qué habría pasado si el 7 de marzo se hubiera aplicado ya el confinamiento en lugar de tolerar los actos masivos del día siguiente? Un informe científico de Fedea lo explicita:

El bloqueo implementado el 14 de marzo ha reducido el número de casos potenciales de COVID-19 en un 79,5 %. El número de casos de coronavirus se habría reducido en un 12,8 % adicional si el bloqueo se hubiera adelantado al 7 de marzo. Esta reducción probablemente habría evitado el colapso de muchos hospitales en España porque el número de casos se habría reducido a 47 766 para el 4 de abril, que es 2,5 veces menor que 126 859, el número de casos reportados para el conjunto de provincias.

Traducido, 80 093 enfermos menos si no hubiera habido 8M porque el 7 de marzo se hubiera confinado España. El confinamiento del 14 evitó más de 46 000 muertes. No calculan las muertes que habría ahorrado hacerlo el 7 de marzo.

Pero no todos los españoles están alegres y confiados. No todos los ejecutivos autonómicos están conformes con el 8M, pero cuesta ponerse en contra de una manifestación. Y cuesta más si la que preside una comunidad es una mujer. Es el caso de Isabel Díaz Ayuso. Algunos de sus funcionarios están inquietos. Al igual que los de otras autonomías. No consta que ningún consejero elevara alarma sobre los 8M de cada región. Pero eso no impide que sus técnicos sí teman sus efectos propagadores. Y llega a oídos de altos cargos ajenos a la sanidad.

Sábado 29 de febrero por la tarde. Dos altos funcionarios de sendos Gobiernos autonómicos se ven en Madrid, en La Mallorquina, en plena Puerta del Sol, junto a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Disfrutan de un café con leche en la primera planta, asomados a un ventanal que mira a la plaza. El sol entra como un torrente. El murmullo de la sala apaga sus voces. Han coincidido en la capital por asuntos de trabajo y aprovechan para recordar viejos tiempos. En la conversación surge el coronavirus, que acecha a España desde Italia.

—¿Están preocupados los tuyos? —pregunta el más veterano.

—Mucho —contesta el otro—. He hablado con ellos después de un telefonazo que me ha dado un colega de la Comunidad de Madrid —dice señalando el edificio de la Puerta del Sol—. Esta mañana han tenido una reunión muy tensa en la Consejería de Sanidad. Han montado una especie de grupo de trabajo con el consejero, los vices y los directores generales. Una gerente de un hospital, o algo así, les ha presentado unas proyecciones y calcula que van a tener cien mil contagiados y tres mil muertos.

—¡Tres mil muertos! Eso es una barbaridad. Y eso aquí en Madrid, que los cabrones tienen los mejores hospitales —asegura el primero.

—Pues no te lo vas a creer —añade el otro—, pero se han descojonado de ella y le han dicho que es una agorera. Pero el que me ha avisado me dice que nos pongamos las pilas porque esa tía no se equivoca. Es más, cree que se va a quedar corta.

Jueves 5 de marzo. Los dos altos funcionarios conversan por WhatsApp:

—Socio. Mi contacto de Madrid me dice que el consejero acaba de llamar a la presidenta. Está bastante acojonado. Dice que hay que tomar medidas urgentes. Están pensando en cerrar ya los hogares del jubilado.

—¿Pero qué ha cambiado? ¿No se descojonaron el sábado de esa tía que les anunció los tres mil muertos?

—Mi amigo dice que esta mañana ha hablado con ella directamente y ahora dice que para mediados de abril van a superar los seis mil. Seguramente también se lo haya dicho al consejero.

—No me jodas.

—Mi colega me dice que él va a encerrar a sus padres en casa y no los va a dejar salir en unos días, hasta ver qué pasa. Eso es lo que le ha recomendado la agorera.

Aunque Díaz Ayuso hubiera escuchado a la agorera poco habría cambiado. La agorera tendría que llamarse Fernando Simón y habitar en la Moncloa. Pero si Simón fuera agorero no presidiría las videoconferencias. Sánchez es enfermizamente optimista. Ha ganado todas sus batallas frente a la incredulidad ajena. Y cree que el virus es una partida más. Su Gobierno puede pararlo sin despeinarse. Díaz Ayuso no tiene competencias para prohibir el 8M. Le corresponde a Interior. Y se estrellaría políticamente si lo intentara en solitario. Una mujer prohibiendo el día de la mujer. Más allá de que abordaría un difícil reto jurídico.

Una manifestación es un derecho fundamental. Podría haber un triple camino para intentarlo desde una autonomía. La Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que permite restringir derechos fundamentales si se cuenta con autorización de un juez. La segunda, la Ley 14/1986 General de Sanidad no permite limitar derechos fundamentales, pero en su artículo 26 dice que las autoridades pueden adoptar «las medidas preventivas que estimen pertinentes». Y la última, la Ley 33/2011 General de Salud Pública, que establece que las autoridades podrán adoptar de manera extraordinaria «cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley». Resultaría extraño que Madrid fuera la única autonomía que pleiteara contra el Gobierno central para prohibir una manifestación que ninguna otra autonomía osa frenar. Y Sánchez quiere que sus ministras se manifiesten por las calles vendiendo la ley del solo sí es sí. Hay un dato que pasa desapercibido. El 7 de marzo ya se celebran decenas de manifestaciones a favor del feminismo. Solo en la Comunidad de Madrid se desarrolla una veintena larga de marchas de carácter local. No tienen la amplitud de la marcha de la capital madrileña, pero sirven para sumar potenciales focos de contagio.

Al día siguiente de que la OMS elogie el modelo chino (léase el confinamiento), España celebra más de cuatrocientas manifestaciones feministas, partidos de fútbol, mítines… Mañana, quedada con el virus. Pásalo.

Capítulo 4
Cuando el ritmo de contagios bajaba, llega el 8M y se dispara

Las mujeres se aprestan a manifestar por toda España bajo una epidemia que asola ya la nación. No saben que el coronavirus matará a 8920 mujeres cuando se cumplan apenas tres meses (cifras de Sanidad del 29 de mayo) de esos actos. En el MOMO, monitorización de fallecimientos diarios, la cifra es mayor: 20 589 muertas. Y en julio rebasan las 22 000. Es el número de mujeres que han muerto de más durante la pandemia respecto del mismo periodo de 2019. Las cifras de muertes machistas desde 2003 superan el millar, según el Gobierno.

Tras las críticas al 8M por su efecto propagador del coronavirus, voces feministas claman que el machismo mata más que el coronavirus. Ninguna mujer puede decir eso. Por respeto a la mujer. Hay muchos elementos para defender el 8M, pero no con tal falsedad. Por más de veintidós mil mujeres muertas por coronavirus, por más de treinta mil enfermeras infectadas, por miles de ancianas que agonizarán apartadas del sistema hospitalario, por miles de mujeres que soportarán el confinamiento con sus salvajes parejas… Y porque las mujeres son el 44 % de los más de trescientos mil infectados.

Cuestionar si fue peligroso el 8M no es cuestionar el feminismo. Acudo cada año, orgulloso, con mi esposa. Este año no fuimos por prudencia. Sí, las misas del 8M también infectan. Claro.

También las cuestiono. Y no ataco su fe. Cada partido de fútbol del 8M infecta. Y amo el fútbol. Y el mitin de Vox contagia. Daría igual que fuera Pacma… Ahorrémonos tal viaje. No discuto la legitimidad del día que simboliza tanto la opresión como la libertad de la mujer. Centro mi debate en dos hechos. Ese día se disparan los casos. Y ese día se promueven actos masivos por el Gobierno que debe velar por la salud de todas las españolas. Las que van a la manifestación. Y las que las esperan en casa o las que se cruzan al ir o venir. Ni siquiera apelo a que esas mujeres que legítimamente desfilan pueden salir contagiadas y contaminar a sus hombres queridos, parientes, amigos o parejas. Los hombres también morirán, y en mayor escala.

Te invito a ver qué efecto tuvo esa jornada. Por muchas vueltas que demos a que los casos se arrastraban desde febrero, la curva ascendente empieza ese fin de semana. No otro. Y tras el 8M, el Gobierno se asusta tanto de la epidemia o de su permisividad que nos confina. Algo pasó ese fin de semana.

El 30 de enero la OMS proclama que «es posible interrumpir la propagación del virus si los países aplican medidas sólidas para detectar pronto la enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento físico en las relaciones sociales que estén en consonancia con el riesgo. Mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre».

¿Por qué pide tal actuación la OMS?: «Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus». Ojo, no dice mantenga un metro de distancia solo si tose el vecino. No, mantenga siempre un metro y particularmente cuando tose. Por eso pide diariamente evitar actos masivos desde ese 30 de enero.

Y el ECDC (Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades), de la UE, exige el 2 de marzo suprimir actos masivos en países con el nivel de epidemia que sufre España.

Irónicamente, el 9 de marzo Sanidad «recomienda evitar lugares concurridos en los que no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro». Sanidad sabe que muchas personas pueden acudir a la manifestación sin saber que incuban la enfermedad. Lo publica el 6 de marzo: «El periodo de incubación del COVID-19 es de dos a doce días, y el 50 % comienza con síntomas a los cinco días de la transmisión. Los síntomas de la enfermedad en más de un 80 % son leves (fiebre, tos, expectoración, malestar general)».

Miles de mujeres pueden acudir contagiadas sin síntomas o con una leve tos que confundan con gripe. España apenas realiza test. ¿Cuántas infectadas pueden acudir? El Gobierno días después teme que un 70 % de la población se contagie. Y un periodista científico, Javier Sampedro, calcula que como mínimo ronda el 1 %. Interpreta que la alta letalidad española, que cuadruplica la estándar, se debe a que hay una alta capa de población infectada oculta. Tomo su porcentaje: 1 %.

Si el 8M estaban infectadas el 1 % de las manifestantes…, eso significa 1200 personas contagiadas. A razón de tres contagios por cada una…, en una semana debían aflorar 3000 casos. En Madrid, hay registrados 202 casos el 8M. Y el 14M son 3544. Los fallecidos son 213. El 8M eran 8.

Sanidad detalla una clave el 16 de marzo: «El porcentaje de casos importados ha disminuido del 51 % (3 de marzo) al 19 %».

El virus se ha españolizado. El 16 de marzo el 81 % de los contagios son locales. Lo contrario que a fines de febrero.

Amanece el 8M y miles de mujeres planean saltarse los vetos de la OMS y del ECDC: evitar actos masivos y respetar distancias. Sobran razones para manifestarse: «Más de 1560 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en los últimos catorce años […]. No nos sentimos seguras en el espacio público, en los espacios de ocio, ni en la noche. Vivimos experiencias de hostigamiento, acoso y agresiones sexuales por parte de hombres que creen que esos espacios son suyos. Queremos conquistar el espacio público, de ocio y la noche sin temor a ser acosadas, como espacios de disfrute, encuentro y diversión».

Pero ese día el espacio público tiene un enemigo peor para la mujer que el hombre más violento. Mata más, no amenaza, ni es denunciable. Y puede emboscarse en rostro de mujer.

El 16 de marzo Sanidad revela que el 52 % de los infectados son varones y el 42 % mujeres. Esa proporción era del 68 % de hombres frente al 32 % de mujeres el 5 de marzo. ¿Por qué sube diez puntos la infección femenina de coronavirus tras el 8M?

Pero el 8M ninguna voz clama sobre tales peligros. ¿Cómo dudar de la salubridad de unas manifestaciones en toda España a las que asistirán siete ministras, tres ministros y la esposa del presidente entre otros cargos? Incluidos el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, involucrados en el cese del responsable del informe sobre el 8M, el coronel Diego Pérez de los Cobos. El 7 de marzo Sanidad solo hace esta advertencia: «Si ya has estado en una zona de riesgo y tienes síntomas, quédate en casa y llama al 112».

Pero cala más otro mensaje. Pedro Sánchez el 8M en Twitter: «Solo seremos una democracia plena cuando alcancemos la igualdad real entre mujeres y hombres. Somos un #GobiernoFeminista para una España feminista, por una España de mujeres #LIBRES e iguales. Adelante, porque vuestra lucha es imparable. #DíaInternacionalDeLaMujer #8M».

Y tranquiliza leer a Illa el 8M: «Hoy, #DíaInternacionalDeLaMujer, manifiesto mi compromiso con la lucha por la #igualdad. Las políticas de género son uno de los ejes transversales de acción del Gobierno y de @sanidadgob #GobiernoFeminista #Libres». Ni la menor reserva sanitaria a las manifestaciones, ni un consejo de mantener la distancia o usar mascarillas. No quieren atemorizar ni deslucir la fiesta de la mujer, la fiesta de sus ministros y su electorado. Simón lo aclara: «si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8M le diré que haga lo que quiera». Y resta peligros: «Es una convocatoria dirigida a nacionales», en la que no se espera, «en principio», la presencia de personas procedentes de zonas de riesgo (Japón, Corea del Sur, norte de Italia, China, Singapur e Irán).

El 8M Illa solo pide que las personas con síntomas de coronavirus se abstengan de asistir a las manifestaciones y que se «autoaíslen». Proclama tan magra cautela (¿qué son síntomas de coronavirus si no hay test y qué ocurre con los asintomáticos?) cuando Simón desvela que existe un crecimiento del 20 % diario de infectados por el COVID-19 en España. El temor cala entre las mujeres. Deben elegir entre recluirse en casa por miedo al contagio o plantar cara en la calle al machismo poniendo en riesgo su salud. Y miles eligen lo segundo.

Asisten 120 000 personas a la manifestación del 8M en Madrid. Y 50 000 en Barcelona. En Bilbao, desfilan 52 000. La disminución es notable respecto de 2019. El temor al virus flota. El año anterior Madrid sumó 230 000 manifestantes. El País no hace la radiografía que publicó en 2019 sobre la marcha madrileña del 8M: número de manifestantes por metro cuadrado. Salían cifras explosivas. Hubo zonas en las que llegó a haber 3,5 manifestantes por metro cuadrado. Más de 50 000 vivieron tal experiencia. 18 000 se hacinaron a razón de un metro cuadrado por tres personas. Casi 90 000 vivieron una densidad de un metro cuadrado por 2,5 manifestantes. Y 64 000 gozaron de un privilegio: una persona por metro cuadrado.

La superficie de la marcha en 2020 es la misma: 122 100 metros cuadrados, de Atocha a Gran Vía. Por tanto, el 8 de marzo de 2020 estuvieron en esa superficie 120 000 manifestantes. Apenas un metro cuadrado por persona. Pero la inercia es dejar espacio entre colectivos y juntarse más en el grupo propio. Las fotos delatan tal cierre de líneas. Las ministras desfilan codo con codo. Menos de un metro. Y Sanidad escribe en febrero y lo recuerda el 6 de marzo, que el virus se propaga hasta dos metros. Por tanto, 120 000 personas vulneran la distancia social de 1,5 metros que pedirá Sanidad al día siguiente, y que previamente al 8M ya reclamaban la OMS y el ECDC. Esa distancia no es etiqueta social. Está diseñada para que no te salpiquen gotas de la respiración de una persona que porte la enfermedad, con o sin síntomas. Ambas son virulentamente contagiosas en los primeros cinco días. Sí, vale también para un partido en el Wanda, con un aforo de sesenta mil personas. O para el mitin de Vistalegre, con unas diez mil personas.

No faltan probabilidades de contagiarse. Trabajo, el 24 de marzo, prevé que «casi todos los centros de trabajo presentarán algún caso, que la ratio de transmisión es de uno a tres aproximadamente, que la previsión de las autoridades sanitarias es que en torno al 70 % de la población se contagie en los próximos meses». No dice desde cuándo lo sabe el Gobierno. Nadie dice la ratio de españoles infectados antes del 8M.

Lo que admite la Moncloa el 8M no es poco. Los casos suman 589, y son 17 los fallecidos. (202 en Madrid, y 8 fallecidos).

Y, por supuesto, «las diecisiete víctimas mortales presentaban, todas ellas, patologías previas». George Floyd tenía patologías previas. Ni el más racista osó vincularlas con su muerte por asfixia policial. Sería una burla. Tanto como las apostillas oficiales a los ancianos muertos bajo la bota del coronavirus.

Pero la Moncloa desliza algo aún más chocante el día en que permite cientos de actos masivos: «La evolución del número de casos es similar al de días anteriores, se registra diariamente un incremento de casos del 20 %, cifras dentro de lo esperado».

¿Cuándo dijo Sánchez que esperaba un incremento diario del 20 % de casos del coronavirus? ¿En qué bar o acto privado hizo tal confesión? Y si espera un incremento del 20 % diario, ¿por qué permite este 8M cuatrocientas marchas feministas, un mitin en Vistalegre, partidos de fútbol, misas…? Si crece un 20 %, ¿qué ocurrirá si mezcla la población en cientos de actos masivos?

Ese alegre día español, 8M, en Italia entra en vigor un decreto para contener la propagación del coronavirus en Lombardía y catorce provincias de las regiones cercanas. Prohíbe entrar o salir de estos territorios y el desplazamiento interno, salvo por causas justificadas; ordena el cierre de escuelas y universidades; anula eventos como bodas y funerales. Y en todo el territorio italiano se establece el cierre de centros de ocio como museos, teatros y salas de fiestas. Cosas de la lejana Italia. Un país sin el robusto sistema sanitario español, y sin el robusto Gobierno español.

España sigue sin suspender los vuelos con Italia y sin hacer controles sanitarios a los pasajeros. Ni confina poco ni mucho a su población. Nada. Los españoles somos tan libres de salir en masa el 8M de 2020 como el 8M de 2019.

El informe más esclarecedor sobre el error del 8M lo hace el Gobierno. Apunta su absoluta incidencia en la propagación del virus. Culpabiliza al Gobierno más que ningún informe privado. El Ejecutivo nunca lo ha difundido íntegramente. Pero comete la torpeza de evocarlo en un documento irrelevante sobre el coronavirus. Ni la prensa ni la oposición reparan en el dato que se le ha caído del bolsillo al Gobierno. Ni lo halla la juez que investiga al delegado del Gobierno por permitir actos masivos.

Pasé varias veces sobre el documento. Tardé en reparar en su valor. No podía creer que lo leyera bien, que el Gobierno se acusara. Ni la conclusión explosiva que arrojaba: el nivel de contagios estaba bajando hasta que el Gobierno propició el 8M. Los periodistas ya habíamos denunciado que el número de afectados ascendió brutalmente tras el 8M. De unos seiscientos el 8M a casi ocho mil una semana después. El tiempo medio de incubación es de seis a siete días hasta que afloran los síntomas… Los casos existentes el 8M no se han contagiado ese día, sino una semana antes. Pero los casos registrados una semana después del 8M, o sea el 15 de marzo, ya son patrimonio del día de los actos masivos. Y los de las semanas siguientes. Son sus descendientes. Un país sin distanciamiento genera tres infectados por contaminado, y cuando hay restricciones baja a uno o menos. Lo dicen expertos… y el Gobierno tras el 14M. Qué más puede pedir el virus que reunir el 8M a cientos de miles de personas a menos de un metro. Menudo festín.

Pero el Gobierno siempre aducía que podían ser casos que se disparaban fruto de una contaminación previa oculta. Y por supuesto no se podía atribuir a las manifestaciones feministas. Simón llegaría más lejos. Culparía al metro. Pero dejo eso para después. En definitiva, era culpa de todos, de ninguno. La fatalidad lo había querido. Vox y las misas son igualmente culpables, qué pasa con el fútbol y más mata el machismo.

Pero mi hallazgo documental es más criminal. El 8M no solo se inicia el ascenso sin pausa a un Everest de contagios y muertes cuya cima solo se pisa a fines de mayo. Lo novedoso es otro dato. Lo espectacular, definitivo (busca sinónimos, lector, no te quedes ahí parado), es que el nivel de reproducción de contagios estaba cayendo espectacularmente en España desde fines de febrero hasta que el Gobierno reaviva el virus con los actos masivos del 8M. La V de la gráfica es terrible. Imposible de malinterpretar. Baja la tasa de contagios… hasta el 8M y luego, yuuup…, sube como un cohete. Marea subir y bajar la montaña rusa del virus del Gobierno. Marea ver lo que pudimos ahorrarnos.

El documento explica lo que Sanidad mide: el número reproductivo real de casos. Reza así: «El número reproductivo efectivo (Re) es la estimación de cuántas personas en promedio se han contagiado cada día a partir de los casos existentes observados durante una epidemia (en el momento en el que son notificados). A diferencia de R0, que sería un cálculo promediado y teórico, Re es un valor que tiene en cuenta la observación a tiempo real de la epidemia y permite seguir su evolución dinámica».

¿Y quién realiza tan valiosa labor?: en España, el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) calcula diariamente la Re, lo que resulta de gran utilidad para la toma de decisiones y la evaluación de la efectividad de las medidas de salud pública que se van adoptando. En la siguiente figura «se puede observar la evolución del Re en España durante el primer periodo de la epidemia, en el que el esfuerzo de la salud pública se centró en la contención, con la búsqueda exhaustiva y el aislamiento de casos y contactos hasta mediados de marzo». Y si este control sirve para evaluar la utilidad de las medidas, ¿por qué no se usó antes del 8M? Véase el terrible y esclarecedor cuadro.

El Gobierno ensalza sus logros tras el 8M: «De forma simultánea, en la segunda fase de distanciamiento social, se adoptaron medidas progresivamente más intensas, desde la supresión de reuniones y eventos multitudinarios a partir de la primera semana de marzo hasta el confinamiento de la población, excepto algunos sectores laborales a partir del 14 de marzo y la intensificación el día 29 de marzo, con una mayoría de trabajadores recluidos en sus domicilios». El Gobierno lo descubre tras el 8M: ¡La supresión de eventos masivos baja el contagio! Pero el cuadro también muestra lo contrario. Su tolerancia de actos masivos multiplicó los contagios. Y el Gobierno destaca lo que hizo bien, no lo que ejecutó mal. Silencia todo sobre la fecha clave de su gráfico: el 8M.

El Gobierno, ante una gráfica que culpabiliza al 8M que promovió, admite la eficacia de la posterior supresión de reuniones y eventos multitudinarios. ¿No supo hasta después del 8M la bondad de prohibir un acto masivo? En su gráfica, el Gobierno solo marca tres hitos en torno a la evolución del nivel de contagio del virus: declaración de la pandemia (11 de marzo), estado de alarma (14 de marzo) y permiso retribuido recuperable (28 de marzo), como si esto último rebajase la pandemia.

Leído con ingenuidad, enfermedad que no padece el Gobierno, el documento parece culpar a la OMS. Declara el 11 de marzo la pandemia y ese día se enmarca en la subida de las cifras. Ergo… si no la hubiera declarado, España no tendría pandemia. El Gobierno no dice nada sobre la fecha de inicio de la curva. El 8M es una jornada irrelevante en la gráfica para el Ejecutivo. No merece su apostilla como hito relevante. Sin embargo, es la fecha que sobresale. Es el fondo de la V.

Pero analicemos el mortal cuadro del CNE, que no CNI, aunque oculta sus informes con igual ahínco. Es obvio cómo se inicia la escalada del desastre español sanitario justo el 8M. Prueba que la tasa de contagios estaba bajando hasta que llegó el 8M. Ni siquiera hay una transición suave. No, es abrupta. El suelo de la tasa de contagios es el 8M. Antes y después es mayor.

El 25 de febrero, la curva supera una tasa de más de seis casos de contagio por cada infectado existente con anterioridad, el doble de media máxima de la OMS. Puede rondar los siete u ocho. No se refleja el máximo real alcanzado en días previos.

El sábado 29 de febrero, la tasa reproductiva ya es de cinco. Tras ese fin de semana, se produce un leve repunte. Ocurrirá igual tras el 8M, pero no será leve. Será la consagración y disparo del fenómeno. El 4 de marzo fija una tasa de tres contagios. Tampoco está mal. Es el tope de la media que suele dar la OMS de contactos por infectado. A partir ahí, salvo un pequeño repunte, se reinicia la caída en picado de la tasa de contagios.

Baja espectacularmente lo que el Gobierno llama «cuantas personas en promedio se han contagiado cada día a partir de los casos existentes observados». El fin de semana del 8M se aproxima a dos personas contagiadas por caso previo. Su nivel más bajo desde la llegada de la epidemia. Y esto está ocurriendo sin confinamientos, ni medidas restrictivas. El virus está perdiendo fuelle. Su propagación se ralentiza. Eso a pesar de que el 8M ya contabiliza 589 afectados y cinco muertos. Es suma y herencia de todos los contabilizados desde febrero… Pero cada infectado cada vez iba contagiando menos. El virus era controlable sin excesivas medidas. Había esperanza.

Naturalmente, una reproducción de dos personas por contagiado previo, como todavía ocurría el 8M, ya es un gran peligro de propagación, aunque entra en la media del virus. Pero de pronto, tras el 8M, cada caso contagia a más personas de lo que ocurría antes de irse de manifestaciones, mítines o partidos. Y España vuelve a las terribles cifras de fines de febrero. Hasta 4,5 contagios por portador. El doble de la tasa alcanzada el 8M.

Lo grave del cuadro no es que refleje la torpeza de un Gobierno. El nivel de contagios bajaba y tras los actos masivos que tolera se disparan. Lo que es menos perdonable es que el Gobierno, a través del CNE, sabe diariamente que el ritmo de contagios está bajando en vísperas del 8M. Y lo autoriza. Desdeña aprovechar ese regalo del virus para frenarlo aún más con medidas restrictivas (como mínimo, evitar actos masivos).

Los casos habrían seguido creciendo sin 8M. Claro. Pero nunca a tal nivel de propagación. El virus estaba languideciendo, bajando su curva de contagios… cuando el Gobierno le ayudó a recuperarse. Con una singularidad, una alta tasa reproductiva de contagios con 589 infectados no es lo mismo que con 32 casos como a fines de febrero. No es lo mismo multiplicar por 4,5 un total de 589 casos el 8M que multiplicar por 4,5 los 32 del 28 de febrero. El 8M sumamos todos los ingredientes explosivos: más casos y más cerquita.

El resultado cruel del permiso de Sanidad al 8M es que ese fin de semana revitaliza, dispara, los contagios. El 9 de marzo la tasa de reproducción ronda las 3,5 personas por infectado previo. El 10 de marzo ya está en 4,5 contagios por infectado previo. Ha vuelto al nivel que tenía a fines de febrero. Todo lo que había ganado España de bajada del nivel reproductivo se va al garete.

Hay otra curva que arroja algo parecido. El 8 de marzo los casos crecían a razón de 149 casos por día. Al día siguiente, a razón de 557. El 15 de marzo, afloran cada día 2000 casos. Y ese fin de semana baja la tasa de recuperación de enfermos y sube la de muertes. El 15 de marzo ya son 288 los muertos. Y 7753 los contagios. La letalidad ha pasado del 2,8 % al 3,7 %.

¿Debió evitarse el 8M? No es un interrogante retórico mío. Ni hablo de la pregunta que media España se formula. Hablo de la pregunta penal que hace una jueza en mayo, Carmen Rodríguez Medel. Una magistrada que imputa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y a su equipo. Rastrea qué alertas sanitarias recibió o ignoró el delegado que, cosas de la vida, se manifestó en la marcha del 8M que toleró. Intenta averiguar qué criterio usó para rechazar o aprobar cada una de las manifestaciones previstas en esas fechas. Y se fija en determinados documentos de Sanidad emitidos antes del 8M.

En primer lugar, un oficio del ministro de Sanidad del 3 de marzo, Recomendación de medidas extraordinarias en relación con el coronavirus. «Que los eventos en categoría de competición profesional en que se espera una alta presencia se desarrollen sin público, a puerta cerrada. Esta recomendación es congruente con las medidas adoptadas en aquellos países que presentan zonas establecidas como de riesgo de transmisión como Italia».

Illa lanza una segunda medida congruente. Recomienda que no se organicen en las próximas semanas congresos, jornadas, seminarios o cursos de formación de los sanitarios con el objetivo de «garantizar la disponibilidad de este colectivo en sus servicios asistenciales habituales y evitar que puedan actuar como transmisores de la enfermedad a los grupos de población más vulnerables con los que tratan en su práctica profesional».

Illa insta a revisar «los planes de continuidad asistencial para garantizar la adecuada respuesta del sistema sanitario frente a esta enfermedad en caso de que fuera necesario».

Rodríguez-Medel también interroga a Franco sobre si tuvo noticia del comunicado de la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, del 6 de marzo. En dicho escrito proclama que «los eventos multitudinarios de cualquier tipo, con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-CoV-2, se consideran evento de riesgo para la transmisión de este patógeno y suponen un riesgo para la salud de la población. […] Se recomienda el aplazamiento de estos eventos (o en su caso suspensión) hasta que se haya verificado por la autoridad sanitaria el control de la transmisión y el riesgo asociado».

La recomendación de la directora de Salud no puede ser más nítida: no cita excepciones. Eventos multitudinarios con alta presencia de personas procedentes de países en los que se ha constatado transmisión del virus. En ese momento, hay más de 89 países que padecen coronavirus. Y son muchos, como España, los que ya tienen infección comunitaria. Es decir, no solo casos importados. Los españoles ya infectan a españoles sin haber pisado Italia ni China. Por tanto, leído correctamente, Aparicio pide que no se celebre ningún acto masivo en España. Aunque solo acudieran españoles ya sería un riesgo para la salud. Este documento es juzgado decisivo por la juez. El 8M la OMS dice que España es uno de los cientos de países con transmisión comunitaria. España es un país de riesgo para los demás. Y para sí mismo.

La juez pregunta al delegado del Gobierno si tuvo noticia de tales vetos de Sanidad a actos masivos previos al 8M, si fueron remitidos a Interior y si se colgaron en la web de Sanidad. Lo que escribe la directora de Salud Pública, la socialista Aparicio, es acorde a lo que ya sabe su ministerio sobre la propagación del virus y lo plasma ese mes, el 6 de marzo, en su informe técnico:

La vía de transmisión entre humanos se considera similar a la descrita para otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de cinco micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta dos metros) y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. El SARS-CoV-2 se ha detectado en secreciones nasofaríngeas, incluyendo la saliva.

Pero el departamento de Illa sabe que no solo se propaga a dos metros: el virus permanece sobre objetos.

La permanencia del SARS-CoV-2 viable en superficies de cobre, cartón, acero inoxidable y plástico ha sido de cuatro, veinticuatro, cuarenta y ocho y setenta y dos horas respectivamente en condiciones experimentales a 21-23 °C y humedad del 65 %.

Y flota en el aire:

Recientemente se ha demostrado una permanencia de SARS-CoV-2 en aerosoles en condiciones experimentales a 21-23 °C y humedad relativa del 65 %, similar al SARS-CoV-1, con una semivida media de 2,7 horas. La transmisión aérea o por aerosoles (capaz de transmitirse a una distancia de más de dos metros) no ha podido ser demostrada en el brote de SARS-CoV-2 en China.

En una guía sobre la enfermedad del 24 de febrero Sanidad ya decía lo siguiente: «¿La infección es muy contagiosa? La infección es transmisible de persona a persona y su contagiosidad depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Para que se produzca la infección se necesitaría un contacto directo de las secreciones respiratorias de una persona infectada con las mucosas de otra persona (nariz, boca, ojos). Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros».

No parece que haya resquicio. Ninguna manifestación guarda una distancia de dos metros. Ningún acto masivo. Ningún mitin. Ninguna misa. Si al argumentario científico de Sanidad se le une lo que decía el 6 de marzo la OMS…, el resultado es demoledor: «El número reproductivo, el número de infecciones secundarias generadas a partir de un individuo infectado, está entre 2 y 2,5 para el virus COVID-19». Y, entre sus recomendaciones, que viene machacando desde el 30 de enero, la OMS fija la siguiente: «Evitar eventos que amplifiquen la transmisión». La OMS no pide evitar congresos médicos, ni religiosos. Exige evitar todo acto masivo que sirva para expandir el virus. Cristalino.

La prensa afín al Gobierno intenta desacreditar el informe de la Guardia Civil que desnuda la actuación del delegado del Gobierno. Y los hooligans de Sánchez alegan que sitúa por error la declaración de pandemia en el 30 de enero, declaración de la emergencia internacional, cuando fue el 11 de marzo. Son ganas de enredar. Primero, porque el informe suma ambas definiciones, pandemia y emergencia, en igual fecha, 30 de enero. Ya es menos error. Segundo, la OMS recomienda cada día lo mismo con emergencia que con pandemia. Y España lo incumple todo hasta el 8M. Y es lo esencial. No el nombre de la crisis sanitaria. Y el CCAES dice el 2 de marzo que ajustará la vigilancia a «la fase de la pandemia» y no hay pandemia.

Sanidad informa el 6 de marzo de que «en otro estudio en que se describen nueve series de infecciones secundarias como consecuencia de eventos sociales de corta duración (una comida o una visita corta) en China y otros países, el valor de tasa secundaria es mucho más alto, del 35 %. Hay eventos con personas infectadas que muestran una altísima tasa de trasmisión del virus». Y esto lo sabe el Gobierno desde febrero. Los eventos sociales de corta duración son un botín para el virus. Puede imaginar el efecto de un acto social de larga duración: 8M.

El 17 de marzo añade: «La transmisión comienza 1-2 días antes del inicio de síntomas». Es decir, ya asume, por fin, que contagian personas que no tienen síntomas, algo que vienen apuntando previamente los organismos internacionales. Puede ser una ministra que va confiada a una manifestación con la enfermedad ya larvada y contagia al resto. «En Singapur y Tianjin (China) se han estimado proporciones de transmisión a partir de casos presintomáticos del 45 % y el 62 % respectivamente». Este estudio fue publicado el 5 de marzo. Tres días antes del 8M. El 17M lo publica Sanidad con tachaduras.

Y una persona que acude a un acto masivo el 8M tiene mucho que compartir si va cargadita de virus, incluso veintiún días después de contraer la enfermedad, como explica Sanidad el 17 de marzo: «El genoma del virus se detecta, por lo general, desde el inicio de los síntomas, alcanza su pico máximo entre los días 5 y 6, y mayoritariamente baja significativamente o desaparece sobre el día 10. No obstante, en algunos casos se han detectado cantidades pequeñas de genoma del virus hasta veintiún días después del inicio de los síntomas».

Con tanta verdad científica de la OMS copiada y refrendada por Sanidad, ¿cómo se tolera el 8M? Sin embargo, por debajo de los informes técnicos, lo que populariza Sanidad es otra cosa: «El #coronavirus es un virus que sobrevive mal en el medioambiente. Pero para prevenir infecciones víricas no olvidemos una adecuada higiene respiratoria». Es un tuit de Salud Pública del 29 de febrero. Sin embargo, ya en un informe técnico del 10 de febrero prueba que la experiencia china avala que el virus permanece en el aire: «Durante el brote de SARS se pudo detectar la presencia del virus en el aire de habitaciones de pacientes hospitalizados». En Twitter, al aproximarse el 8M, la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, solo pide lavarse las manos. El 4 de marzo recomienda lo siguiente: «La higiene correcta de manos es una medida fácil y esencial para prevenir cualquier infección, también el coronavirus». El 6 de marzo sugiere esto: «Higiene de manos frecuente. Al toser o estornudar, cúbrete con el codo o pañuelo. Evita tocarte ojos, nariz o boca, las manos facilitan la transmisión». Sanidad alerta de riesgos sobre la transmisibilidad del virus en informes técnicos que no leen los españoles, y en las redes tranquiliza con medidas de mera higiene personal.

Y si basta con lavarse las manos, ¿por qué Sanidad no exige tal medida en los actos de los sanitarios en lugar de cancelarlos? No hay una sola alusión al peligro por actos masivos en redes de Sanidad. Pero la OMS los publica cada día desde el 30 de enero: evitar actos masivos. Sería incongruente que el Gobierno del PSOE y Podemos, convocantes del 8M, alertaran de peligros de salud por acudir a su manifestación. Pero el Gobierno, que dice cumplir lo que le dicen los expertos del mundo, no parece leer ni a la OMS ni al ECDC. ¿Será un problema de comprensión del inglés? No. Tampoco lee el español. No lee al comisario Nieto.

Y es el esquizofrénico panorama que halla la juez Rodríguez Medel cuando investiga la incidencia de los actos masivos del 8M en la salud pública. Un delegado del Gobierno y un Ejecutivo que no impiden el 8M por riesgo de contagio. Un 8M al que acuden como unos manifestantes más.

Ninguna autoridad sanitaria ve problemas de propagación en la alta densidad poblacional de Madrid. Sin embargo, será argumento del Gobierno el 8 de mayo para no desconfinarla: «La Comunidad de Madrid es la más densamente poblada de España, con 829,84 hab./km2, destacando la capital, que alcanza los 5418,47 hab./km2, lo cual puede favorecer una elevada tasa de contacto entre personas, con la consiguiente probabilidad de transmisión. La conectividad de la Comunidad en general, y de la capital en particular, es muy elevada, lo que incrementa el riesgo de propagación de la enfermedad a los municipios y provincias de su alrededor». Nada de esto es peligroso el 8M para desfilar por Madrid. Simón, a fines de mayo, no teme ser imputado:

Hombre, temor… Yo personalmente no tengo ningún temor —sonríe— a que se me investigue o no se me investigue… Sí que me han comentado que alguien ha puesto una querella, bueno, pues se dará la información que se tenga que dar y el juez actuará como tenga que actuar.

Miles de muertos y afectados después del 8M, Simón tiene la conciencia tranquila:

En cuanto a Madrid, la verdad es que hemos revisado los datos mil veces porque de hecho en aquel momento era importante hacerlo y posteriormente era importante verificar si había tenido algún efecto o no, y claramente el 8M si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia ha sido muy marginal, con lo cual no creo que tengamos que insistir mucho en este tema y menos cuando los días alrededor del 8M y las semanas previas hubo muchísimos otros eventos que pudieron significar lo mismo.

La curva del contagio se dispara tras el 8M. Pero el 8M es marginal. Las verdades científicas del doctor Simón:

En todo caso, el 8M se produjo en Madrid, una ciudad con uno de los metros más saturados de España, donde el contacto durante trayectos, más o menos largos o más o menos cortos, y con un intercambio de personas enorme, mucho más grande del que pueda suponer cualquiera de estos eventos… Aunque hubiera habido algún efecto de alguno de estos eventos masivos, fuera el que fuera, probablemente lo hubiera enmascarado la posible transmisión en cualquiera de estos medios de transporte. Fuera el metro, fuera el autobús. Con lo cual es realmente difícil valorarlo porque sería, ya digo, un efecto muy marginal en la transmisión si lo hubiera habido.

Simón regatea la verdad. La ciudadanía usó masivamente el metro el 8M en Madrid porque había actos masivos. No iba al trabajo. Era domingo. Pero la culpa no es del 8M. Es del metro o del autobús. Las verdades del doctor Simón. Y con la siguiente entrega pida las tapas del coleccionable. Simón saca pecho:

Hemos hecho el trabajo lo mejor que se ha podido en todos los equipos en los que hemos trabajado, tanto nosotros como los equipos de las CC. AA., con lo cual miedo yo creo que poco. Y más cuando vemos la evolución de la epidemia, la toma de decisiones que ha habido a nivel internacional y el esfuerzo que se ha hecho por estar lo más alineados posible dentro de las especificidades de cada epidemia en cada país, con las decisiones conjuntas que se tomaban a nivel de la UE o la OMS, sabiendo que las recomendaciones se dan para múltiples países con situaciones completamente diferentes y, por lo tanto, se tienen que adaptar siempre a la situación específica de cada país.

Esa es la clave. ¿Cómo Simón y su Gobierno adaptan a España la sencilla norma de la OMS y la UE de evitar actos masivos? Es la respuesta que busca la obstinada jueza. Madrid tiene 202 casos el 8M. Y ocho fallecidos. El 15 de marzo suma 3544 afectados, 213 muertos. ¿Qué ha hecho el metro de Madrid el 8M? ¿Por qué no imputa la juez a los vagones ni los interroga? El metro de Madrid no leyó a la OMS ni al ECDC. Y el Gobierno, fiel devoto de los expertos del mundo, tampoco.

El 7 de marzo, el Gobierno de Madrid acuerda «la suspensión del ejercicio de actividades de los centros de mayores». Y pone «en conocimiento de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid la presente resolución, para que en el supuesto incumplimiento de la misma vele por su exacta aplicación».

Ese mismo día, Díaz Ayuso cancela las prácticas sanitarias: «Con el fin de garantizar la protección de pacientes, profesionales sanitarios y estudiantes, se considera necesario suspender las prácticas que se realizan en cualquier centro sanitario». Y, nuevamente, pone «en conocimiento de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid la presente resolución, para que vele por su exacta aplicación».

Franco ya tiene que vigilar no solo que los hogares del pensionista no hagan meriendas, sino que los estudiantes no hagan prácticas de medicina. Todo esto por el coronavirus. Y no le asalta ninguna duda sobre el peligro de cientos de miles de españoles, un millón según lo previsto, que están a punto de invadir las calles de Madrid al día siguiente. Le extraña a la juez del caso.

El 5 de marzo, la directora de Salud de Madrid imparte la siguiente recomendación: «Los contactos (de infectados) podrán llevar su vida habitual en familia, con amigos y, en general, en el ámbito laboral, aunque se recomienda que se extremen las medidas de higiene respiratoria y lavado de manos mencionadas anteriormente, se eviten los lugares con aglomeración de personas, como eventos multitudinarios o medios de transporte públicos en horas punta». Parte de un error, que contradice las sospechas de la OMS y de científicos españoles: «Con el conocimiento actual, sabemos que las personas infectadas que no han desarrollado sintomatología relacionada con la infección NO transmiten la enfermedad». Pero, al menos, pide a los contactos que no se vayan de mani. Es más de lo que hace Illa.

El ministro de Sanidad está más preocupado por los abogados que por los manifestantes. Logra que Justicia suspenda las pruebas de aptitud de los abogados. Lo publica Justicia:

Con fecha 6 de marzo de 2020, se ha mantenido una reunión en el Ministerio de Sanidad y se ha planteado la conveniencia de realizar la citada prueba en la fecha acordada, atendiendo a la incidencia que está teniendo en la población el contagio del coronavirus y el número de solicitantes que se desplazarían a España, provenientes de países en los que el COVID-19 ha obligado a adoptar medidas extraordinarias de contención. En dicha reunión por parte del Ministerio de Sanidad se ha recomendado aplazar la prueba.

Justicia dice cumplir el artículo 43 de la Constitución:

Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas.

Se van desmoronando actos masivos, pero el 8M sigue en pie. Curiosamente, Illa teme algo que debía celebrarse el 26 de marzo. Pero no lo que iba a ocurrir dos días después, el 8M. Y era una prueba de aptitud autorizada el 28 de febrero. ¿Qué teme Illa para fines de febrero? A esa prueba de abogados suelen venir extranjeros, especialmente italianos. ¿Le da más miedo eso que una manifestación que prevé un millón de personas? El delegado del Gobierno es informado de medidas de Madrid contra focos de contagio. Le llegan a su e-mail. El 7 de marzo, a las 20.46 y 20.47 horas, recibe por tal vía las restricciones en centros de mayores y hospitales dictadas por Díaz Ayuso. Imposible alegar ignorancia.

Hay otros e-mails que arrojan más luz sobre lo que verdaderamente sabía Franco sobre la epidemia cuando tolera el 8M. El 2 de marzo a las 9.12 horas, desde el Servicio de Prevención Laboral de la Delegación del Gobierno se remite a todo el personal el manual de Sanidad Medidas de prevención frente al contagio del coronavirus. La Delegación del Gobierno, cuando estalla el caso a fines de mayo, garantiza a la juez que no ha recibido ninguna comunicación antes del 14 de marzo sobre riesgos de celebraciones masivas programadas del 5 de marzo en adelante. La Guardia Civil escudriña 177 expedientes de manifestaciones.

¿Qué armas tenía Franco para impedir la marcha?: «Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario. La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación». Este punto es el asidero de la Delegación del Gobierno. Alega que solo podía prohibirla en caso de prever alteraciones de orden público. No era previsible que una manifestación liderada por ministras rompiese escaparates.

La solicitud se hace el 7 de febrero. Franco es nombrado delegado del Gobierno el 12 de febrero. Y el 27 de febrero se produce una reunión de coordinación del 8M, según la Guardia Civil, entre la delegación y los convocantes del 8M. Es la más polémica de todas las marchas de marzo en Madrid que investiga la juez. Es la manifestación feminista del 8M. Todos sus datos figuran en el expediente 286. Prevén un millón de personas. En la citada reunión se atan todos los detalles. Asisten responsables de SAMUR, EMT, Brigada Provincial de Información, Policía Municipal y Metro. El nivel del Ayuntamiento es alto: dos intendentes de la Policía Municipal. Ninguno pone reparos.

Asiste un jefe policial de Información, Francisco Galán. El 8M, le chocó algo: «Unas personas iban con protección y otras no, ya que los promotores no plantearon ninguna medida sanitaria en la reunión que tuvieron en la Delegación del Gobierno, previa a la manifestación. Durante el transcurso de la manifestación escuchó por parte de algunos manifestantes comentar la existencia del virus, la necesidad de adoptar medidas, todo ello a fin de justificar que algunos de ellos iban protegidos». ¿Se protegieron los policías durante la manifestación?: «De manera oficial no se les proporcionó elementos de protección, si bien de manera particular algún policía hizo uso de pañuelos o bragas para cubrir nariz y boca», explica este agente. Tras testificar los asistentes a la reunión del 27 de febrero, el sumario concluye que no hubo «advertencias de los riesgos del COVID-19 por parte de ninguna de las autoridades o convocantes o la Delegación del Gobierno».

Portavoces de la delegación explican que Franco no autorizó la marcha del 8M, sino que la heredó de su antecesor. En todo caso, el 28 de febrero Franco emite una resolución donde detalla el itinerario autorizado para el 8M. Por tanto, la avala. La delegación de Franco no siempre fue tan mansa con las peticiones de manifestación. Hay sonoros ejemplos. El equipo de Franco pide a los manifestantes de Amazon el 10 de marzo que suspendan unas manifestaciones previstas para el 13 de marzo por temor al contagio. Y lo consiguen amistosamente. Es una charla telefónica de la que no queda constancia documental. Un portavoz me confirma su veracidad y lo ratifica la Guardia Civil.

La pregunta es obvia. ¿Por qué no hizo Franco lo mismo con los convocantes del 8M?: «Porque esa manifestación la heredó ya autorizada. No la autorizó él», explica su entorno.

El relato que recoge la Guardia Civil sobre la desconvocatoria de las manifestaciones del 13 de marzo de trabajadores de Amazon es el siguiente: tiene aprobadas unas manifestaciones desde el 26 de febrero. El convocante recibe sendas llamadas el 10 y el 11 de marzo a su móvil desde la Delegación del Gobierno. El promotor las cancela el 12 de marzo. Envía un correo electrónico a la Delegación del Gobierno, indicando la «cancelación de las concentraciones por causas de fuerza mayor como ya se había hablado telefónicamente». El mensaje disuasorio de la delegación que recibe consta en el sumario: «¿Sabéis la que se está viniendo encima y la situación actual sanitaria? Os invitamos a cancelarla por los riesgos que supone su celebración».

Los investigadores resumen su testifical: «El manifestante participa que la llamada fue el único motivo de la cancelación de las concentraciones previstas y su carácter imperativo es evidente para el manifestante hasta el punto de comunicar al resto de los asistentes que no les dejan hacerla». Le dieron «instrucciones precisas de que tenía que remitir un correo electrónico siendo él quien inste a la cancelación figurando en el asunto por causas de fuerza mayor», detalla el informe sumarial.

Moisés Fernández, convocante de las manifestaciones de Amazon, declara a El País que si hubo alguna negligencia de la Delegación del Gobierno no fue por doble rasero, sino más bien por su permisividad, algo que le sorprendió: «Nunca me dijeron no puedes hacerlo —valora—. Quizá deberían habernos dado orden de cancelación. No teníamos ningún caso de trabajadores enfermos aún, pero la gente ya empezaba a estar nerviosa». La prensa usa sus declaraciones para mostrar que la Delegación del Gobierno nunca presionó para impedir marchas ajenas al 8M. Pero se obvia una realidad: muchos convocantes caen en la gravedad del virus solo tras telefonearles la Delegación.

Nada habría impedido que, como hizo con Amazon, Franco intentara disuadir a los convocantes del 8M de ejercer su legítimo derecho de manifestarse en aras de preservar la salud de las personas, mayoritariamente mujeres, que iban a acudir. Y blindar la salud de los madrileños en general, que podían comerse el contagio de modo colateral al coincidir con los asistentes en calles, transportes, bares, trabajos, centros educativos…

Pero si Franco dice no haber recibido ninguna información de Sanidad, los convocantes decían tener luz verde del departamento de Illa. La Comisión 8M de Madrid el 4 de marzo proclama lo siguiente: «Vamos a ser responsables, ante todo, y si hay cualquier cambio o medida que adoptar, se hará. Si hace falta tomar medidas, las tomaremos, las primeras preocupadas somos nosotras», y aclara que están «en contacto directo» con Sanidad.

La de Amazon no es la única manifestación que se cae misteriosamente en torno al 8M. La Guardia Civil registra treinta y cinco manifestaciones desconvocadas en marzo. Asegura que veintiséis lo fueron por la crisis sanitaria. Casi a partes iguales por iniciativa de los convocantes o «instadas por la Delegación del Gobierno». Llamativo es que, heredadas o no, bajo mandato de Franco se produzcan 130 manifestaciones en la capital de un país ya seriamente afectado por el coronavirus.

Tal permisividad es más chirriante cuando se aprecia el doble rasero. En veintiséis manifestaciones, según los investigadores, la delegación sugiere telefónicamente que las desconvoquen o lo piden los organizadores. Aunque esas cifras no fueran exactas, aunque fuera cierto que se hubiera manipulado algún testimonio como plantea un sector de la prensa, bastarían un par de excepciones o una docena…, para atisbar algo grave.

La Delegación del Gobierno en Madrid vio peligro en una veintena de manifestaciones, pero no en la mayor de todas, la que pretendía reunir un millón de personas. Una marcha que, según la Guardia Civil, «exige incluso la celebración de reuniones de coordinación con responsables de la EMT, Renfe o el Metro, precisamente para ampliar la necesidad de movilidad de un número tan elevado de personas». En un documento que sirve a modo de acta de la reunión del 27 de febrero en la Delegación del Gobierno en Madrid preparatoria del 8M, figura el número previsto de asistentes entre admiraciones: «¡¡¡Un millón!!!». Véase el acta.

La Delegación sigue un camino ajeno al proceder administrativo, para disuadir actos. Lo hace telefónicamente, no por escrito. Y no deja constancia de tales llamadas: «La Delegación alega razones sanitarias para propiciar que los promotores de las concentraciones desconvoquen las reuniones haciendo alusión a la grave crisis sanitaria y requiriendo que sean ellos los que envíen un correo electrónico comunicando tales circunstancias. No figuran en los expedientes las llamadas de la Delegación a los promotores. Han sido conocidas por las tomas de manifestación que esta unidad ha llevado a cabo».

Dejaría un rastro complicado jurídicamente que la Delegación implorase por escrito cancelar manifestaciones por el coronavirus mientras tolera el 8M. Las seis manifestaciones que desautoriza la Delegación no son por el coronavirus, sino por presentarse fuera de plazo, excepto una que debía celebrarse el 14 de marzo junto a la vivienda de Pablo Iglesias, en Galapagar. Entendió, «haciendo un juicio de valor» según los investigadores, que era atentatoria contra el honor y la intimidad personal del vicepresidente.

Irónicamente, el informe apunta que «esta última resolución sobre el expediente 447 [marcha contra el chalé de Iglesias] indica que el delegado del Gobierno conoce los cauces y mecanismos legales por los que prohibir, modificar el lugar, horario o itinerario de una determinada reunión/manifestación». Y la Guardia Civil, tras recordar que se toleraron 130 manifestaciones, apunta una conclusión: «Se observa una diferente gestión por parte de la Delegación del Gobierno de unos expedientes respecto a otros».

Merece la pena recuperar las maniobras que relata la Guardia Civil. El informe detalla cómo se veta el 6 de marzo unos actos de la Iglesia evangélica. Debían asistir ocho mil personas a un encuentro en La Caja Mágica. Estaban previstos para los días 19, 20 y 21 de marzo. Pero se cancelan (con el consiguiente coste de viajes, hoteles y los cáterin suspendidos), tras diversas persuasivas reuniones con altos cargos de Sanidad.

La primera cita se produce el 5 de marzo. Y asisten el ministro (Salvador Illa); el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Fernando Simón); el secretario general de Sanidad (Faustino Blanco) y la directora de Salud Pública de Madrid (Yolanda Fuentes). Illa y Simón explican a los representantes evangélicos que deberían suspenderlos. Pero acuerdan una nueva cita para el día siguiente, 6 de marzo. Illa, incluso, «movía la cabeza haciendo el gesto de “no, eso no se puede hacer”», testifica un asistente.

Acuden las mismas autoridades, menos Illa y Fuentes, y el consejero de Salud de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. La cita se desarrolla así: «Simón se expresó de manera taxativa. Ese congreso no se podía celebrar bajo ningún concepto por concurrir todas las circunstancias para ser considerado de alto riesgo para la propagación de contagios, siendo un claro riesgo para los asistentes y la salud pública. Ante la negativa inicial del organizador del evento de cancelarlo sin la emisión de algún documento de los responsables sanitarios solicitando dicha suspensión, Simón se comprometió a darle algún documento oficialmente, hecho que días después llevó a cabo».

Las autoridades sanitarias, según los relatos recogidos, llegan a sopesar tomar medidas sobre sus iglesias, «llegando a proponerles el cierre de todas ellas». Y les dan un aluvión de datos para atemorizarlos: «Les explicaron con todo detalle que poseían datos muy precisos de todo lo ocurrido en China, Corea e Italia, dando datos incluso de que el 91 % de los contagios en España eran provenientes de Italia». Lo que Simón nunca contaba a todos los españoles, el grave contagio vía Italia, sí se lo arrojaba a los evangelistas en petit comité para que abjuraran del congreso. Mientras España no cancela los vuelos con Italia, Simón da «datos muy precisos de última hora que incluso no habían trascendido a la opinión publica, como el estado de los contagios en China, Corea e Italia, haciendo referencias muy expresas a este último por ser el que más le preocupaba».

Los evangelistas se resisten: «Es imposible. Está todo reservado. Dañaría nuestra economía e imagen». Han pagado hoteles, vuelos, cáterin… Sanidad, en bloque, reitera que no es no. «Una recomendación de Sanidad en esos términos tiene un carácter imperativo», declara Simón. Y el bloque sanitario añade que «existía mucho riesgo de contagio ante la concentración de personas». Ocho mil evangelistas es multitud para Sanidad, un millón de manifestantes es una velada íntima.

Un evangelista cuestiona «tener una información así, con esa gravedad que les exponían como para cancelar un evento de esas características». Le responden que «no habían saltado a la opinión pública por ser datos confidenciales, pero que a ellos les exponían la situación actual de ese momento, refiriendo de nuevo que esa reunión no se puede celebrar». He leído muchas cosas graves en la elaboración de este libro. Pero esta frase que figura en un atestado judicial está en la cima: La salud pública es un asunto confidencial de Sanidad. Suyos son los datos, suya es la alarma que deben conocer los españoles. Un asistente me matiza la expresión confidencial, pero avala que salieron de la reunión con un temor y una información que no tenían previamente.

—Nos dijo que en una semana estaríamos en una situación de riesgo muy alto.

—¿Y eso lo sabíais antes de entrar en la reunión?

—No.

Jenaro Astray, epidemiólogo de Madrid y habitual interlocutor del equipo de Simón, echa más presión sobre los evangelistas. Les menciona «que imaginaran que en el conjunto de las 8000 personas previstas para su asistencia se produjeran dos contagios, lo cual supondría que hubiera que dejar en cuarentena a los ocho mil además de a las personas con las que hubieran actuado, así como a los hoteles donde se hubieran alojado, exposición que fue refrendada y ratificada en intervenciones por Fernando Simón». Imagina, Jenaro, dos contagios en el millón de personas que preveían reunirse dos días después en Madrid, más «las personas con las que hubieran interactuado». ¿Dónde pondrías en cuarentena a un millón de personas y sus contactos?

Ese 6 de marzo la Moncloa anuncia lo siguiente: «En varios países de Europa las autoridades pertinentes han decretado la suspensión o aplazamiento de actividades y eventos que congreguen un número significativo de personas. El Ministerio de Sanidad mantiene el escenario de contención (nivel 1). España es el cuarto país de la UE con más casos».

Esto podía explicar la agresividad de Sanidad en los debates con los evangélicos. Simón se pone bravo. «Una recomendación de Sanidad en los términos que se les había hecho tenía un carácter imperativo pudiendo tenerse en cuenta como equivalente a una prohibición», recuerda un testigo. Nunca Simón habló tan claro. No emplea sus circunloquios televisivos para opacar el mensaje («Las mascarillas son útiles si hay disponibilidad y si se utilizan bien»). No usa su habitual «si bien…» con el que suele anular lo dicho. Les hace ver en privado un escenario grave a los evangélicos, aunque la Moncloa difunde un riesgo moderado a los demás españoles.

Simón les espeta que ya tienen veintidós infectados en sus filas. Los evangélicos afirman que exageran sus cifras. Sanidad les pide disculpas. Al día siguiente, 7 de marzo, les llega a los evangélicos la nota de la directora de Salud Pública del 6 de marzo donde pedía aplazar actos masivos. Acatan y suspenden.

No consta tal pressing de Sanidad sobre los convocantes del 8M. Los investigadores alertan a la juez del doble rasero:

Las recomendaciones imperativas llevadas a cabo sobre el colectivo evangélico y el nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones indican sin lugar a dudas la preocupación de estos frente a la pandemia y su interés real en velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios, hecho que confronta con la celebración, incluso en fechas posteriores en que el número de contagios acreditados era superior, de otra serie de eventos multitudinarios, tales como reuniones/manifestaciones que llegaron a congregar un número de personas muy superior al previsto para el congreso Unlimited [Evangelistas], recuérdese a modo de ejemplo que el congreso preveía la congregación de 5500 personas y que manifestaciones como la prevista para el 8M, Día Internacional de la Mujer, tenían prevista la participación de un millón de personas.

Y recuerdan un hecho: el 25 de febrero Sanidad anuncia que considera zona de riesgo cuatro regiones del norte de Italia.

A pesar de lo anterior, el 9 marzo se permitió que hinchas italianos viajaran a Valencia en plena crisis del coronavirus en Italia. No consta que se practicaran controles de temperatura en el aeropuerto ni ninguna otra medida a pesar de que eran aficionados del Atalanta, un club de Lombardía, la más afectada. Si bien el partido se jugó a puerta cerrada, los aficionados deambularon por bares y establecimientos de la ciudad sin control alguno.

El informe sumarial va más lejos. Sostiene lo mismo que publico en este libro. Lo mismo que publiqué en artículos hace meses. La importancia de los vuelos de la muerte italianos.

No es hasta el Consejo de Ministros del 10 de marzo de 2020 cuando el Gobierno prohíbe los vuelos directos entre España e Italia. Cabría la posibilidad de que multitud de ciudadanos provenientes de zonas de riesgo hayan infectado a la población española y que unos y otros podrían haber acudido a las reuniones y manifestaciones en Madrid que se celebraban en esas fechas, pudiendo crecer los contagios de forma exponencial de haber sido el caso.

Un sector de la prensa intenta probar que la Guardia Civil manipula testimonios para simular presiones de la Delegación del Gobierno. El informe proclama que Diana Chnaiker, de la Asociación para Personas Aptas Sin Ayudas al Alquiler, tiene convocadas tres manifestaciones los días 5, 12 y 19 de marzo. Cancela la tercera, según el informe judicial, porque el 17 de marzo recibe la llamada de un empleado de la Delegación que le dice que «dada la situación grave sanitaria en la que se encuentran y por el estado de alarma la manifestación para el 19 no debe llevarse a cabo, exhortando a que sea ella quien envíe un correo electrónico a la Delegación del Gobierno cancelando la manifestación convocada». Minutos después envía por correo electrónico la cancelación, significando en el mismo que lo hace «en virtud de la conversación telefónica por estar convocado el estado de alarma y por la situación del coronavirus».

Y he aquí su versión en la Cadena SER: «Nos llamaron, pero no nos presionó nadie. Nos preguntaron si estábamos al tanto de la situación en la que estábamos y lo que con llevaba el estado de alarma. Contestamos que sí y que, por lo tanto, no iba a acudir nadie porque comenzaba el confinamiento. Lo único que me indicaron es que les mandara por escrito todo esto». Chnaiker alerta de inexactitudes como cuando pone «y exhortan a enviar un escrito». Explica la portavoz que no atiende a la realidad si «por exhortar quieren decir presionar, ya que eso no ocurrió».

La RAE define así exhortar: «incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo». La Guardia Civil usó correctamente el verbo. La prensa pone el acento en el verbo, no en la acción de Franco. ¿Por qué llama la Delegación? ¿Por qué quiere que figure como autodesconvocada y no anulada? ¿Desde cuándo llama una delegación para preguntar a un convocante si va a realizar una manifestación autorizada? ¿Desde cuándo avisa telefónicamente de peligros al manifestante?

Chnaiker muestra su extrañeza a El País. Chnaiker daba por hecho que, tras decretarse el estado de alarma, no se podía celebrar la concentración. «Lo vi absurdo porque si estás confinado no puedes salir de casa», explica la activista que, con todo, hizo lo que le pidieron y notificó la suspensión. La juez, en un auto, zanja la guerra de versiones: «Chnaiker en sede judicial sí corroboró que desde la Delegación del Gobierno se le dijo que la manifestación no debía llevarse a cabo, matizó que no fue en tono conminatorio, sino más bien explicativo».

Los telefonazos siguen. El informe relata que el Sindicato de Oficios Varios del sur de Madrid de CGT cancela una manifestación el 13 de marzo. Una mujer de la Delegación telefonea al convocante y «le sugiere que no se celebre la concentración por motivos sanitarios que desaconsejaban la convocatoria». El convocante, Santiago de la Iglesia, dice a El Salto Diario que su declaración se ha tergiversado al quedar reflejado en el informe que se suspendió debido a esta llamada, ya que según consta en su declaración, él aseguró que «la suspensión de dicha manifestación fue valorada por los compañeros y se tomó la decisión de desconvocar por prudencia». Precisa que, aunque la Delegación le sugirió que no se llevara a cabo por motivos sanitarios, «en ningún momento de dicha conversación la interlocutora prohibió que se produjera la concentración, si bien lo consideraba recomendable».

Nuevamente, se acusa a la Guardia Civil de manipular testimonios. Pero su informe dice que la Delegación sugiere. No dice prohíbe. Nada cambia que la suspensión fue valorada por los compañeros y se hizo por prudencia. Fue valorada tras la llamada del 12 de marzo de la Delegación. Y se desconvoca el 13 de marzo. La prudencia se adquiere tras la llamada. Y aunque lo hagan por autocontrol, la Delegación llama. Sigue siendo insólito. La Delegación del Gobierno es Interior. Interior no aconseja. Autoriza o prohíbe actos. Son legales o ilegales. No hay actos desaconsejables por teléfono y, a la vez, autorizados legalmente.

Otro caso de eficacia persuasiva. Solimundo desconvoca una manifestación para el 15 de marzo tras la llamada de la Delegación del Gobierno el 12 de marzo a Claudiu Traian Covaciu. Una «funcionaria de la Delegación del Gobierno le interroga sobre si va a celebrar la manifestación prevista a pesar de la situación con el coronavirus, siendo la respuesta del convocante negativa». Lo mismo ocurre con Sistema Público de Pensiones de Getafe. Tienen prevista una manifestación para el 16 de marzo, pero no se produce: «La convocante, con carácter previo a la celebración de la concentración, recibió una llamada de la Delegación en la que la interrogaban acerca de si dicha concentración finalmente se iba a celebrar, extremo que fue negado por la convocante que indicó que estaba pedida para reservar el sitio».

La Delegación del Gobierno actúa como un restaurante: llama para saber si usarás la mesa reservada.

Pero no lo hizo con otras dos manifestaciones que sí celebró dicha plataforma el 2 y el 9 de marzo.

Y un telefonazo más. Plataforma de afectados por Fusara. Tiene prevista una manifestación para el 14 de marzo, solicitada el 24 de febrero y autorizada el 28 de febrero. Su representante, Jesús Manrique, recibe una llamada de la Delegación del Gobierno «el 10 o el 11 de marzo para interesarse sobre si se iba a llevar a cabo la manifestación prevista». La anula el 12 de marzo por correo electrónico. Testifica que habían tomado esa decisión «el 9 de marzo en el seno de su plataforma al observar la evolución del patógeno y los riesgos que comportaba la enfermedad, cuyas noticias ya conocía con anterioridad». Tras meses de noticias sobre el coronavirus, se cancela un día o dos días después de un telefonazo de la Delegación del Gobierno. Casualidades.

Por todo ello, cuando la Guardia Civil concluye que catorce desconvocatorias han sido instadas por la Delegación del Gobierno mediante llamada telefónica, no parece un término excesivo por parte de los investigadores. Instar: «repetir la súplica o petición, insistir en ella con ahínco o repetir la pronta ejecución de algo». El verbo escogido es aceptable. Sería extraño aunque usaran un verbo más suave. La llamada ya es una presión. Y si encima hacen ver el peligro existente, como admiten muchos de los interrogados… pues, en efecto, no hace falta que prohíba. Basta con aterrar. La Delegación muestra su alarma llamando. Y los convocantes, como seres responsables, se alarman.

Pero hay un caso que culmina el doble rasero: Teresa Rodríguez Celador, de la Alternativa Sindical de Trabajadores (AST). Es una sindicalista que convoca una manifestación del 8M. Nadie de la Delegación del Gobierno la llama para dicha marcha. Tenían previstas otras manifestaciones los días 13 y 20 de marzo. La llaman el 12 de marzo: «Con carácter previo a la mencionada cancelación se produjo una llamada telefónica a la convocante por un funcionario de la Delegación cuyo nombre pudiera ser José Luis para preguntar si finalmente se iban a celebrar, no llegando a efectuar ninguna recomendación al respecto sobre su suspensión». Las anula por «razones sanitarias» el mismo día que recibe la llamada.

Rodríguez Celador explica en El País que cuando la llamaron ya pensaban desconvocarlas: «No se nos obligó». Cierto. Lo que nadie pregunta ni responde es por qué se la llama para una manifestación y no para otra en cuestión de días. La Delegación es feliz cuando oye que cancela: «Perfecto, perfecto, pues estupendo». Aplaude que anule una manifestación que legalizó.

Frente a la mano firme con los evangelistas, una manifestación de Anonymous for the voiceless comunica el 4 de marzo su intención de celebrar manifestaciones los días 15 y 16 de marzo. El 9 de marzo tiene luz verde de la Delegación. Nadie asistió.

La Plataforma de Pensionistas de San Sebastián de los Reyes convoca manifestaciones para 16 y 23 de marzo. El 12 de marzo reciben una llamada desde la Delegación del Gobierno. Les explican que «debido al coronavirus se suspendían todas las celebraciones por el riesgo de posibles contagios». La llamante «insta» a que los convocantes anulen las manifestaciones previstas. Y se les reitera que manden un escrito para comunicar la cancelación. La funcionaria parecía «preocupada como si alguien la estuviera obligando a realizar las llamadas telefónicas con la finalidad de convencer a los convocantes de las concentraciones de que fueran ellos quienes solicitaran la desconvocatoria». Tal es el relato de la Guardia Civil.

Pedro Gallego, representante de dicha plataforma e interlocutor con la Delegación del Gobierno, matiza su relato en El País: «Me explicó que se iba a declarar el estado de alarma. No la dejé terminar porque le dije que ya estaban desconvocadas las concentraciones». «Pero faltaba enviar la notificación», explica. Una vez más coincide el relato de convocantes y de la Guardia Civil: llamada desde la Delegación, anulación y formalización por escrito de la desconvocatoria. Y se omite un dato que aporta a los agentes: «La mencionada llamada telefónica dimanante de la Delegación del Gobierno resultó extraña al señor Gallego, quien hasta la fecha únicamente había tenido comunicación con la Delegación del Gobierno vía correo electrónico».

Hay más casos similares, pero hablemos de manifestaciones que se autodesconvocan sin que suene el teléfono de la Delegación. La Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios anula el 11 de marzo una manifestación prevista para el 12. Lo hacen, entre otros motivos, por la «situación sanitaria». «Sobre el 6 de marzo ya eran conscientes de la grave situación sanitaria, pero tenían relativa tranquilidad al ver que las autoridades seguían autorizando actos públicos como el 8M.». Su testimonio describe el miedo existente: «A principios de marzo ya tenían consciencia de la grave situación sanitaria y los miembros de la propia ejecutiva comentaban su preocupación por la situación de España. Pero tenían relativa tranquilidad puesto que no se suspendían otros actos públicos, como, por ejemplo, el Día de la Mujer, actos previos a las Fallas, etcétera».

Y si tenían miedo como manifestantes, como funcionarios de prisiones, todavía más: «Estaban alarmados por las visitas en masa de familiares a ver a los internos, con los riesgos que eso podría acarrear, tanto por contacto social como por contacto con los propios internos. Los propios trabajadores demandaron mascarillas y siempre encontraban la misma respuesta: “NO SIRVEN PARA NADA” y además “NO HAY”. Además, las directrices de las autoridades eran en el sentido contrario: “NO USAR MASCARILLAS PARA NO ALARMAR A LOS INTERNOS”».

Ese 11 de marzo anula una manifestación Afectados Fórum y Afinsa por «los últimos acontecimientos sanitarios». Lo mismo hacen empleados de Santa Lucía Seguros el 10 de marzo «por la alerta generada». Y la Federación de Servicios de CC. OO. el 11 de marzo por «motivos sanitarios». El 12 de marzo la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores anula una manifestación que debía celebrarse el 14 de marzo porque «el 8M ya era consciente de la grave situación por la que atravesaba España, dado que recibió un documento relacionado con las residencias de los mayores».

Si no fuera por el feo doble rasero de que a los convocantes del 8M no los llama nadie, la actuación de Franco es loable: disuadir de actos masivos. Es lo que piden la OMS y la UE. Y como nadie ha ordenado públicamente a Franco hacerlo, ni respalda por escrito tal actuación persuasiva…, pues tira de teléfono. ¿Si la Delegación del Gobierno bajo el PP hubiese telefoneado para disuadir a los convocantes de sus marchas contra la guerra de Irak se habría hablado de presión?

Lástima que los subordinados de Franco no hicieran igual llamada a los convocantes del 8M. Aunque hubieran fracasado, se habrían blindado jurídicamente. Y, de haber triunfado, España les debería un gran favor. Los convocantes del 8M tienen una doble condición que los diferencia del resto: ni recibieron un telefonazo persuasivo ni admitieron prestar declaración ante la Guardia Civil. Es un hecho extraño en una manifestación alentada y protagonizada por un Gobierno.

El delegado del Gobierno no tiene confianza para pulsar la sensibilidad de convocantes afines a su partido ni los convocantes creen que deban dar respuesta a las fuerzas de seguridad de su Gobierno. Al margen de la concentración convocada por la Comisión del 8M de Madrid, figuran concentraciones solicitadas para ese día por Alicia López Hernando (Podemos y vinculada a dicha comisión), Ana María López Costales (PSOE), Irene Valiente Guerrero (Podemos), Patricia Bermejo Jiménez (Podemos), Elvira Izquierdo Palomera (PSOE), Teresa González Ausín (PSOE)… Nada censurable en su petición. Desean ejercer un legítimo derecho a manifestarse en favor de la mujer. No les toca decidir a ellas si es conveniente o no su acto.

La investigación descerraja la versión oficial de que son los convocantes los que espontáneamente cancelan actos masivos: tres funcionarios de la Delegación del Gobierno confiesan que telefonearon «sugiriendo a los convocantes suspender las manifestaciones por la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y los riesgos asociados de celebrarlas y que fueran los propios convocantes quienes mandaran un correo electrónico procediendo a suspenderlas, para que quedara constancia».

«La consigna era clara en cuanto a convencer a los convocantes de la cancelación, hasta el punto de insistir en caso necesario, si existía negativa a ser canceladas por los convocantes». Esto lo expresa Ignacio Ortiz Salazar, jefe de sección de Seguridad Ciudadana de la Delegación. Las llamadas las hizo él, junto con Elena García y José Luis Sánchez, «siendo precisamente este último quien en torno al 11 de marzo los instó a ello». Confiesa que nunca antes se habían hecho este tipo de llamadas.

Sánchez, jefe de servicio de Seguridad Ciudadana de la Delegación, aclara que se lo ordenó su jefe, José Luis Correas, «de quien supone despacharía este asunto directamente con el delegado del Gobierno». Admite que usó expresiones como «situación actual de la propagación del virus» o «grave situación» y que nunca antes se hicieron llamadas disuasorias.

Hay otro testimonio clave que mina el suelo de Franco. Lo aporta su jefe de Prevención de Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram. Asegura estar informado desde febrero de la evolución del coronavirus tanto a través de la Comunidad de Madrid como del Ministerio de Sanidad. Esto le tenía al día de todas las recomendaciones y protocolos de prevención. A mediados de febrero, Muhzrram difunde un vídeo en la Delegación recomendando medidas de higiene y distanciamiento social de uno a dos metros. «Ofrece su opinión como experto en riesgos laborales y farmacéutico sobre las manifestaciones celebradas en torno al 8 de marzo, considerando que no se deberían haber celebrado y que pudieron tener incidencia en el número de contagios, por lo que le extraña que desde la Delegación del Gobierno no se hubieran suspendido».

Franco recibe un segundo rejonazo de sus subordinados. Sergio Roa, técnico en Prevención de Riesgos Laborales,

muestra su percepción personal como experto en sanidad exterior y enfermería acerca de las manifestaciones celebradas alrededor del 8 de marzo, mostrándose crítico en cuanto a la confusión generada y considerando que las mismas tuvieron una incidencia en el número de personas contagiadas.

Y añade un certero dardo:

Faltaba conocimiento sobre la tasa de hospitalización, no se informaba de ello, y que también hubo una estrategia de no alarmar a la población, lo que consiguió que la población no se concienciara y no se protegiera. Hubo muchas notificaciones y medidas contradictorias, que crearon confusión y mayor riesgo a la población. Al final, el no alarmar ha provocado justo lo contrario. En España se ha pecado mucho de soberbia y al final ha sido muy perjudicial.

Roa no deja títere con cabeza:

Todo fue cuestión de dinero y no alarmar. Ponderaron las consecuencias para otros sectores y no les compensaban. Si paraban esa manifestación, tendrían que parar todas las demás. Hubo falta evidente de pruebas diagnósticas y falta de rigor en las medidas.

Qué bien se explica este Simón oculto en una labor de prevención de riesgos laborales de una Delegación del Gobierno. Cuánto habría ganado España si este humilde enfermero o su compañero Muhzrram hubieran pilotado el CCAES. Ambos estaban al día de cuanto informaba Sanidad. Y ambos discrepaban del análisis oficial de riesgos. Nadie en la Delegación les preguntó su criterio sobre la marcha del 8M. Paradójicamente, el 28 de febrero se producían dos actos contrapuestos en la Delegación: comunican la aprobación de todos los detalles de la marcha del 8M y mantienen una reunión interna para evaluar la prevención de riesgos laborales por el coronavirus. Una doble sensibilidad de la Delegación del Gobierno: el coronavirus asusta de puertas adentro, pero no en las calles.

Las puñaladas a Franco vienen en fila. Teresa Azuara, médica directora del Área de Sanidad de la Delegación, «como experta sanitaria no duda en considerar que la manifestación del 8M pudo aumentar el número de contagios generados por el COVID-19 y a día de hoy ve “descabellada” su celebración».

Sigue el alanceo de subordinados. Ana María Sáenz de Urturi, jefa de Sanidad de la Delegación, «acerca de la celebración de reuniones/manifestaciones, estima que la celebración de estas no era lo más oportuno, si bien no se contaba con los datos actuales, y no duda de que las mismas han podido tener una incidencia en el aumento del número de contagios, al igual que cualquier otra aglomeración de personas». Ni una ni otra responsable de Sanidad en la Delegación fueron consultadas sobre el 8M.

Una funcionaria, Lourdes Andrés, narra la cara oculta del 8M en la Delegación y declara que «a partir del 8M todo el personal de la Delegación empezó a concienciarse al ver el índice de contagios que hubo en la manifestación. Durante la semana del 2 al 8 de marzo escuchó al resto de sus compañeros y al director de su unidad que se avecinaba una situación de crisis sanitaria que pudiera colapsar el sistema sanitario».

Tras el 8M, ni siquiera Irene Montero es capaz de decir que el coronavirus hizo que muchas mujeres desertaran del acto masivo.

IRENE MONTERO: En el 8, muy bien, muy bien. Yo salí muy contenta porque mogollón de peña…

PERIODISTA: Volcada, y muy diferente, que es lo mejor, que es lo más guay.

I. M.: Con mucha conciencia… Yo creo que es un movimiento fuerte, tía.

P.: ¿A qué crees que se debe la bajada de cifras?

I. M.: Pues, tía, creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir.

P.: Sí, porque te van a sacar cantares…

I. M.: No, pues porque, tía, quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación, muy basada en los datos médicos. Claro, como siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay porque incluso hay países europeos que ya están tomando medidas drásticas. La capacidad real de control que están teniendo es muy limitada tomando medidas superdrásticas.

P.: Superdrásticas.

I. M.: Pero, en verdad, creo que sí. Que la cosa de que si tienes síntomas no te muevas mucho […]. Bueno, al final, es que hablando así…

P.: Claro, y es un sitio donde al final tienes una distancia muy corta… La gente además se abraza, lo celebra.

I. M.: Es que esto es ya cierre del Ministerio porque la gente todo el rato «un beso ministra, ¿te puedo dar un beso? Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual… muak, muak», ¿sabes?

¿Por qué no puede decirlo? Confesar que miles de feministas sintieron tanto miedo que se quedaron en casa el 8M no es un secreto de Estado. Ni un desdoro para el feminismo. Ni siquiera, estrictamente, es admitir que el Gobierno fue imprudente. Es admitir la verdad. Las mujeres tenían miedo. Lo contrario sería creer que el feminismo pierde fuelle en España. Montero prefiere esa foto antes que reconocer el error de su Gobierno. Cientos de miles de feministas fueron prudentes. Más prudentes que su Gobierno. La verdad ya no es revolucionaria.

Montero no lee a la juez. No es antifeminista: «El motivo concreto por el que se convoca la manifestación (por mucho que se comparta, por muy loable que se considere) no puede ser un elemento para inclinar la balanza a favor de no prohibir o no fijar condiciones en el ejercicio de este derecho. De un lado de la balanza está el derecho fundamental de manifestación y, por otro, la debida protección de la salud pública (que es el derecho que se ve amenazado como consecuencia de la pandemia)».

Illa también sintió miedo al anochecer del 8M mientras las feministas apuraban su marcha en las calles: «Recibimos una llamada. Mañana vamos a comunicar un incremento importante de casos, entendemos que hay que tomar medidas de distanciamiento social: supresión de actividad educativa, de grandes eventos». La llamada amenazante procede del Gobierno de Madrid, según revela la Abogacía del Estado a la jueza del 8M.

Los casos del 8M no se han generado el 8M. Claro, se han generado en la semana anterior y acaso también en la previa. Pero lo normal es que la gente denuncie cuando sufre síntomas y eso suele ocurrir a la semana. Por tanto, si alguien avisa en la noche del 8M al ministro de Sanidad que hay que comunicar datos alarmantes es que hemos ido a la manifestación cargados ya de casos.

Pero las perlas de la entrevista a Illa no acaban ahí:

EL PAÍS: Por entonces, solo se hacían pruebas a quienes estuvieran en contacto con positivos o vinieran de zonas de riesgo. De haber hecho más, se hubieran detectado más casos. ¿No debería el Gobierno haberse adelantado?

SALVADOR ILLA: El Gobierno ha sido proactivo. Aumentamos la sensibilidad de la definición de caso la semana anterior para abrirla a neumonías no filiadas.

EP: Al menos formalmente, admite que no se ha hecho pruebas a los miles de españoles que tuvieran neumonía, pero no diagnóstico de coronavirus. ¿Cómo tener la certeza sin pruebas?

S. I.: Todo el mundo sabe que el 8 de marzo hubo manifestaciones en todo el mundo, esto es un tema conocido. Se habla del informe del ECDC del 2 de marzo que decía que aquellos países que estaban en fase 3 o 4 tenían que adoptar medidas de distanciamiento social. España el día de este informe, y hasta el 9 de marzo, estaba en fase 1, no había transmisión comunitaria. Todo el mundo puede leer el informe entero y ver lo que dice.

[Los periodistas felizmente se han leído el informe].

EP: También se dice que una de las medidas para evitar la transmisión es evitar eventos masivos innecesarios. ¿No se pudo avisar de esto a la población, incluso sin desconvocar manifestaciones ni otros actos?

S. I.: A nosotros nos dicen el número de casos las comunidades autónomas. No nos proveyeron de esta información hasta el día 9 de forma oficial. Esto es así. Y en todo el mundo el 8 de marzo hubo manifestaciones. Y en muchas ciudades, y en Madrid en particular hubo otros eventos masivos ese día, masivos. Lo que le digo es que con la información que había en aquel momento se podía hacer.

EP: Entre la gente, incluso por parte de la ministra Montero, había cierta preocupación. Hablábamos del peligro de juntarnos. ¿El Gobierno habló de la posibilidad de recomendar a la gente no asistir a esos eventos?

S. I.: No, si hubiéramos pensado que había que tomar esta decisión la habríamos tomado.

EP: ¿No hubo discusión?

S. I.: Le estoy diciendo que estábamos en una fase de contención. Y hubo muchos otros eventos, de carácter musical, deportivo, oposiciones masivas, actos de partidos políticos. Es muy sencillo predecir el pasado. También muy injusto.

A Illa le parece injusto predecir el pasado. Pero ve justo que el Gobierno no debatiera si debía cumplir las recomendaciones de la OMS y la UE sobre actos masivos. España tiene más de cuarenta mil muertos tras un debate que no se produjo. Tenía infección comunitaria desde fines de febrero y el 5 de marzo ya era acusada: el 53 %. La OMS definía la situación de España como de local transmission. ¿Qué más necesitaba Illa para admitir que había infección local en España cuando tolera el 8M?

Y para que la ebullición sea total, llega el informe de Julio Lorenzo Rego, el perito forense de la juez del 8M. Algunos periodistas lo ven desproporcionado. Lo que nos interesa no es si prueba la culpabilidad penal del Gobierno. Hay condenas injustas y hay absoluciones injustas. Nos debe importar más si lo que dice son elementos ciertos y relevantes para alumbrar negligencias políticas. Y el relato del forense es jugoso. Veamos sus hitos.

Recuerda este perito que el 30 de enero se produjo una reunión en Sanidad de Illa, Simón y una veintena de expertos sobre el coronavirus. Uno de ellos, Juan Martínez, de la Organización Médica Colegial, advirtió «una sensación subjetiva de cierta relajación y exceso de seguridad sobre la evolución de la epidemia». La directora de la Guardia Civil ya daba recomendaciones internas para prevenir el coronavirus. El 10 de febrero Sanidad informa de que se transmite hasta a dos metros.

El forense apunta que el 13 de febrero ya se produce el primer caso de contagio local: «Que sea un caso local epidemiológicamente es un hito importante porque significa que la epidemia va alcanzando cotas de transmisión más alarmantes». El 14 de febrero la OMS destaca los peligros de los actos masivos y que, por tanto, se debe evaluar su cancelación. Y en España esto se tradujo en «si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8M, le diré que haga lo que quiera», que declara Simón.

Rego saca su conclusión: «La transmisión de enfermedades respiratorias se asocia a reuniones masivas, según publicaciones científicamente contrastadas. Es necesario realizar una evaluación exhaustiva del riesgo antes de autorizar o denegar la autorización de una manifestación, por si procede cancelar o aplazar un evento de masas». Illa admite que nunca hubo debate.

Rego hila que el 15 de febrero se produjo el primer ingreso hospitalario en Madrid por COVID-19 con el hecho de que «con toda seguridad el contagio fue antes, pues hay un periodo de incubación hasta que aparecen los primeros síntomas y, además, en numerosas ocasiones, la asistencia al hospital se produce tiempo después». Y se hace eco del mensaje optimista de Simón del 17 de febrero: «En España no tuvimos más que dos casos, que ahora mismo están sanos. Y el virus no está, no se ha detectado ningún otro caso en investigación, esto no quiere decir que no vaya a haberlos». El forense es médico, como Simón, pero no comulga con sus verdades. Dice que Simón falta a la verdad: «Estas declaraciones no se ajustan a la realidad, lo que no implica que sean deliberadamente contrarias a la verdad, pueden ser por error, y se pronuncian en televisión en un momento crucial para la expansión de la epidemia».

Rego proclama lo que muchos temen. Comparto su conclusión sobre un documento clave. El escrito versa sobre el manejo domiciliario de pacientes y prueba que el 25 de febrero «ya se preveía el posible colapso de los hospitales, como luego sucedió». También le choca que el 25 de febrero un borrador de informe de Sanidad sobre medidas no farmacológicas defienda la cancelación de eventos como medida eficaz para reducir la probabilidad de contagios y añade de forma muy clara que esas medidas (cancelación de eventos, se entiende masivos) deban tomarse de forma temprana y consistente.

El forense vierte reflexiones que es difícil no asumir:

Podrá haber pandemia (extensión mundial), pero el país estará menos afectado si sus ciudadanos sufren la difusión de la enfermedad de forma más atenuada precisamente por una intervención temprana, cual es el caso de Portugal u otros países de la UE.

Pero el mazazo es mayor:

La posibilidad de una pandemia ya estaba en el sentir de las autoridades sanitarias. La existencia o no de una pandemia no depende solo de lo que suceda en un país, pues se trata de un fenómeno mundial, pero cada Gobierno tiene su responsabilidad en ello en función de cómo gestione el comienzo y la evolución de la misma su autoridad sanitaria.

El forense está haciendo la autopsia del Gobierno:

Ya entonces, 25 de febrero, había un alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria y se sabía cuáles eran las medidas que había que adoptar para evitarlo.

Ese informe de 25 de febrero marca lo siguiente: «En general, no se recomienda la cancelación generalizada de eventos multitudinarios». Y esto le choca porque Illa el 27 de marzo admitirá que el 3 de marzo, una semana después de dicho documento, ya sabía que había transmisión comunitaria.

El perito detalla que el 3 de marzo España entra en el escenario 2, difusión comunitaria esporádica, y en el mencionado documento figuraba que «en caso de llegar a entrar en una fase de difusión comunitaria, aunque fuera esporádica y no masiva, había que ejecutar las medidas de distanciamiento en la comunidad (suspensión de eventos sociales)». El acorralamiento del forense crece línea a línea. El 27 de febrero, en Madrid se confirman dos nuevos casos: «No se descarta que esos dos nuevos casos se deban a un contagio local, es decir, no importado, puesto que ninguno de ellos viajó a zonas de riesgo de contagio». Y el forense traza un paralelismo cruel:

El mismo día tuvo lugar una reunión en la Delegación del Gobierno con miembros de esta y responsables de la administración (Bomberos, SAMUR, Policía, etc.) en lo concerniente a los dispositivos logísticos para la buena marcha de la manifestación del 8M. En dicha reunión no se abordó nada respecto a la epidemia en la que se encontraba la población, ni sobre la posibilidad de establecer alguna medida preventiva ni sobre alertar o avisar a los convocantes para que transmitieran a los manifestantes riesgo alguno de infección.

El forense entra a saco en otra contradicción de Franco: «La Delegación del Gobierno no desconvocó ninguna [manifestación] hasta pasado el 8 de marzo y lo hizo por teléfono, a veces oculto, sugiriendo a los organizadores que la desconvocaran».

El 28 de febrero el 17 % de los casos son locales, según Sanidad. La Delegación del Gobierno fija medidas internas para evitar contagios: evitar el contacto estrecho con personas con signos de afección respiratoria como tos y estornudos y recordar que es improbable contagiarse a distancias mayores de uno o dos metros. Rego hace sangre de su manual de prevención: «Cuántas veces estamos muy cerca de personas sin saber si van a toser (hasta que lo hacen), si van a estornudar (hasta que lo hacen) o sin saber si tienen o no fiebre, pues no es habitual ni adecuado medir la temperatura a los demás en la calle ni en los medios de transporte. […] El contacto estrecho con los ciudadanos también se da, y de una forma evidente en algunas manifestaciones, especialmente en las de gran concurrencia, así como en el transporte público en horas punta».

El forense, como era previsible, considera un hito el informe del ECDC del 2 de marzo que Simón no quiso distribuir ni discutir. El escrito alertaba de que el número de infectados es más alto del que se cree porque no se computan los leves, «que no son conscientes de su potencial infectividad y han buscado atención médica infectando a los trabajadores sanitarios», ni los asintomáticos, y de que la infección local estaba creciendo y había que hacer planes para frenar la pandemia con medidas como una «comunicación del peligro que la población corría» y «evitar el transporte abarrotado y las reuniones masivas innecesarias». Las apostillas no se hacen esperar: «La pandemia era esperada; número de infectados más alto del conocido; necesidad de avisar a toda la población del riesgo y adopción de medidas no farmacológicas; la evolución se hubiera podido cortar con medidas adecuadas; las medidas de distanciamiento social debían haberse indicado en todos los escenarios de la epidemia».

Ese mismo día, 2 de marzo, el CCAES propone una vigilancia intensificada porque hay zonas con transmisión comunitaria. Pero el 3 de marzo Illa dice que es una transmisión comunitaria «esporádica, no sostenida». Antes de devolver la palabra al forense, voy a decir lo que él no dice. ¿Qué es transmisión esporádica para la OMS? Casos esporádicos: «países con uno o más casos, importados o detectados localmente».

España, el 2 de marzo no tiene uno o más casos importados o detectados localmente. Tiene 198. Se parece a lo que la OMS llama grupos de casos: «países que experimentan casos, agrupados en el tiempo, ubicación geográfica y/o por exposiciones comunes». O incluso transmisión comunitaria: «países que experimentan brotes más grandes de transmisión local definidos a través de una evaluación de factores que incluyen, entre otros: gran cantidad de casos no vinculables a cadenas de transmisión; múltiples grupos no relacionados en varias áreas del país». En todo caso, España no estaba en el nivel de casos esporádicos.

El forense recuerda que según el documento del 25 de febrero de Sanidad, «en un escenario de transmisión esporádica en la comunidad, la cancelación de reuniones masivas antes del pico de epidemias o pandemias puede reducir la transmisión del virus». El 4 de marzo, Pilar Aparicio, directora de Salud Pública, recibe una pregunta directa en la radio. ¿Podría haber casos de fallecidos por coronavirus sin que se haya sabido que era por esa causa? La respuesta es todo menos tranquilizadora: «Podría ser».

¿Se puede dar la circunstancia de que finalmente las medidas de limitación de movimientos o de cancelación de eventos masivos sean obligatorias? Nueva respuesta sinuosa: «Pues tenemos que verlo, lo vamos a ir viendo en cada momento». Lo vimos tarde. Aparicio, no obstante, admite que hay una «preocupación especial» en el Gobierno y que España está en la fase ascendente de la curva epidémica. El forense, tras analizar estas perlas, cree que de esta entrevista se desprende:

Que se sabía que había fallecidos por COVID-19 que no constaban como tales.

Que había una gran preocupación en las autoridades.

Que la epidemia iba creciendo.

Que estábamos en fase de contención, en contraposición a lo que el ministro indicó varios días después, referido al 3 de marzo, puesto que parece que la fase era ya de mitigación.

Que no existía la determinación de cancelar eventos masivos todavía (4 de marzo).

El 5 de marzo, Illa y Simón conminan a los evangélicos a suspender su congreso internacional en Madrid. «La autoridad sanitaria (el ministro y el director del CCAES, pues fueron quienes tuvieron la voz cantante en dicho encuentro en lo concerniente a oponerse al congreso) sabía cómo ofrecer una negativa y además hacerlo con contundencia», diagnostica Rego.

El forense no deja pasar por alto que el 6 de marzo una comunicación de Pilar Aparicio alerta de un «riesgo inminente y extraordinario para la salud pública» y considera eventos de riesgo los «eventos multitudinarios con alta presencia de personas procedentes de las zonas del mundo donde se ha constatado la transmisión del virus». Rego anota los consejos sobre el 8M de Simón a su hijo. Y hace este relevante apunte: «Desde el 27 de febrero hasta el 9 de marzo el ascenso en número de casos ha sido exponencial en Madrid, y según los modelos dinámicos para predecir la onda expansiva del COVID-19, si no se toman medidas de distanciamiento el número de casos podría ascender a una cifra difícilmente asumible». No es una conjetura del forense. Lo copia de una orden que emite la Consejería de Sanidad de Madrid el 10 de marzo.

El 10 de marzo la Comunidad de Madrid admite en un pleito por el cierre de colegios una foto terrorífica: «La situación actual se caracteriza por un desconocimiento del número de personas que pueden llegar a ser contagiadas por la enfermedad a causa de la facilidad de contagio y que, al confundirse los síntomas con los de otras enfermedades más comunes, es posible que haya personas que hayan contraído la enfermedad y no sean conscientes de ello, lo que dificulta enormemente seguir el rastro de la transmisión de la enfermedad».

El Gobierno de Díaz Ayuso muestra en sede judicial que desde el 25 de febrero, primer caso regional, suma alarmas diariamente: «El aumento de casos desde que se produce el primer caso hasta la actualidad es exponencial. En la actualidad existe una circulación del SARS-CoV-2 en la Comunidad de Madrid, fase en la que se hace preciso poner en marcha medidas de mitigación, alternadas todavía con medidas de contención». Y añade que las personas afectadas a 9 de marzo eran ya 577, tan solo catorce días después del primer caso, lo que justifica la rapidez con la que se propaga la enfermedad; que la distribución está ligada a zonas de mayor densidad de población y que se habían detectado «agrupamientos de casos vinculados a exposiciones de un gran número de personas, lo que justificaba la necesidad de medidas que limitasen la concentración de personas».

Al tribunal le alarma, sobre todo, un dato: «La Comunidad de Madrid, a día 7 de marzo (día 11 del inicio), parece aproximarse al comportamiento diseñado para el escenario de veinticinco contactos/día por persona, es decir, el peor de los escenarios». Por todo ello, el tribunal bendice las medidas preventivas del Gobierno madrileño que fueron impugnadas: «Todo lo dicho justifica cumplidamente que existe una verdadera y real necesidad de adopción de medidas de distanciamiento social, como la que evaluamos, para la prevención del contagio». Paradojas de la vida. El Gobierno de Díaz Ayuso ha sido llevado a los tribunales por adoptar medidas preventivas y el Gobierno de Sánchez, en la persona de su delegado en Madrid, por todo lo contrario.

El forense extrae conclusiones de los datos que arroja Madrid: «Las autoridades sanitarias tienen perfecto conocimiento desde las semanas anteriores a la orden del incremento exponencial de casos en Madrid. Está ligado a zonas de mayor densidad de población, y muy en especial se detectó que se han producido agrupamientos de casos vinculados a exposiciones de un gran número de personas. Especialmente significativa es la referencia a que la serie observada para la Comunidad de Madrid a 7 de marzo (día 11 desde el inicio) parece aproximarse al comportamiento diseñado para el escenario de veinticinco contactos/día por persona, es decir, el peor de los escenarios».

El informe pericial añade leña a la pira del delegado. Recuerda testimonios de convocantes de manifestaciones y policías, incluida la Brigada de Información y la Policía Municipal. A unos y otros les sorprendió que se pidiese cancelar actos masivos solo cuando ya estaba muy avanzada la crisis del coronavirus y «la progresión de enfermos y fallecidos se veía imparable». Les chocó que tal petición se hiciera telefónicamente por personal de la Delegación del Gobierno que no siempre se identificaba y, en ocasiones, llamaba desde un número oculto.

El forense valora los e-mails enviados por servicios sanitarios de España al CCAES que ya analicé. Y saca la conclusión lógica: «En mi opinión “lo que no sé es si podremos manejarlo”, “damos todo por perdido”, y la forma de despedirse con un “fuerza”, denota que estaban alertados, estaban “saltando las alarmas” en el CCAES o al menos era una evidencia escrita de ello».

El perito admite que al inicio se estimaba que los asintomáticos no contagiaban, pero dice que recientes estudios ofrecen datos contrarios. Y cita a dos expertos españoles. Una de ellos es Sonia Zúñiga, del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas). Su informe se difunde el 4 de marzo. Concluye que «aunque las cifras de mortalidad son inferiores a las del SARS-CoV (10 %) y MERS-CoV (35 %), el SARS-CoV-2-2019 ha mostrado una mayor transmisibilidad de persona a persona y, lo que resulta más preocupante, parece capaz de transmitirse desde personas prácticamente asintomáticas, lo que dificulta la vigilancia epidemiológica». Un día más tarde, la directora de Salud madrileña proclama que los asintomáticos NO contagian, el no en mayúscula es suyo. Nadie del Gobierno le ha dicho lo contrario.

También cita a José Alcamí, virólogo del Instituto Carlos III, que proclama que «los asintomáticos serían los grandes propagadores de la epidemia». El forense recuerda, además, que el CCAES alertaba el 6 de marzo que el 51 % de los positivos de un barco confinado en Yokohama eran asintomáticos.

El forense admite que el conocimiento sobre los asintomáticos ha evolucionado. Pero «precisamente por el desconocimiento de la enfermedad en su origen, las medidas preventivas han de ser más cuidadosas». Lo contrario tiene un precio: «En los eventos masivos, como en otros lugares, contagiaban hasta quienes creían que estaban sanos. La única manera de haberlo evitado habría sido mantener el distanciamiento social, hoy por hoy, y hasta que haya vacuna —junto con la higiene—, la mejor manera de proteger a la población». Ironiza que no hace falta recurrir al estudio científico para demostrar que los actos masivos pueden ampliar la propagación del virus pues «hasta la ministra Irene Montero lo reconocía en varias ocasiones durante su espontánea —y por tanto sincera— manifestación ante unas cámaras». Y recuerda que ya desde febrero se sabía que era una enfermedad con similar transmisión a la de la gripe, pero sin vacuna ni tratamiento y con graves efectos en el organismo.

El forense remacha que el documento del ECDC del 2 de marzo es inequívoco. No hay dudas de lo que exige:

Evitar las reuniones en toda circunstancia, es decir, en todos los escenarios de la epidemia. No hace distinciones. No dice que sí se puedan tener en el escenario 1 y no en el 2 sí, pero con condiciones. No hay condiciones. El texto es taxativo y claro y está realizado por el verdadero interés de la población. En mi opinión, estas indicaciones del ECDC marcan un punto de inflexión en la evolución de lo que deberían ser las normas preventivas para evitar la propagación de la epidemia. Y no fueron atendidas.

Apostillo al forense. Lo grave no es que se incumplan consejos, es que los emiten los expertos de la UE para prevenir enfermedades. No es la Universidad de Oxford, ni Lancet… Es la UE la que dicta las normas incumplidas por España.

Rego compara la respuesta del Gobierno de Sánchez con la de otros países: «En España no se adoptaron esas normas como marcó el organismo europeo en lo referente a las medidas de distanciamiento social. Otros países sí debieron hacerlo y quizá por eso ostentamos el récord de ser uno de los países, si no el que más, con más víctimas (fallecidos y enfermos/habitante)».

Sánchez se jacta de los resultados de un informe del Imperial College, que defiende que el confinamiento ha salvado 450 000 vidas en España. Eso ya lo había apuntado, con cifras menores (46 000 muertes evitadas), el informe de Fedea. Pero el forense resalta que el informe de Fedea dice que «se habría disminuido notablemente el daño de haberse instaurado las medidas de control antes. Calcula que si en lugar de haberse instaurado el 14 de marzo hubiera sido antes, el daño en casos confirmados se habría reducido a la mitad hasta el 4 de abril».

Es médico. Pero no precisa el Nobel en Medicina para afirmar lo que sigue: «Se trata de una cuestión elemental. Cuanto antes se instauren las medidas que evitan o disminuyen la diseminación de una enfermedad infectocontagiosa menor será el daño. De lo anterior se deduce, y es lógico, que de no haberse permitido contactos personales estrechos, menor habría sido el daño». Luego el forense desgrana los errores o incongruencias de días clave.

25 de febrero: el CCAES afirma que las medidas para ser eficaces han de aplicarse de forma temprana. Pero ni se aplican ni se comunican, según el forense.

28 de febrero: la Delegación del Gobierno se autoprotege del virus mientras tolera manifestaciones. «Es como cuidar a los de casa y menospreciar a los de fuera. Si una medida es adecuada, es más, imprescindible para preservar la salud y la vida de los suyos, debería haberse implementado al resto de la población».

3 de marzo: Illa admite la transmisión comunitaria esporádica con varios focos en cuatro comunidades. «Era una situación muy delicada, pero aún quedaba tiempo por delante. El virus ya había entrado en una fase de gran difusión dentro de la población. Es más, seguramente ya estaba desde hacía tiempo, pero —como reconoció Simón más adelante— no se habían dado cuenta de ello, subestimaron la gravedad y su fulminante desarrollo, y eso que lo había advertido el ECDC».

El final es demoledor. Lo titula «El tsunami que viene»:

Se veía venir. La población no lo veía, quien estaba al cabo de la calle eran los expertos del CCAES, pues son quienes tenían los datos continuamente de lo que estaba sucediendo. No en vano, es un Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Tienen contacto con numerosos países del mundo y con todas las comunidades autónomas sobre la evolución del COVID-19.

Y ese cuartel general contra el COVID-19 olía a derrota.

La situación de hecatombe en España se veía venir. Quien sabe epidemiología, los profesionales del CCAES, y se dedica a ello, domina los parámetros predictivos y no es algo imprevisible, y además advertido por organismos conocedores de estos temas. El ECDC lo advirtió claramente, que nos preparábamos para una pandemia, el peligro era grande e inminente, que adoptáramos las medidas de distanciamiento social (evitar concentraciones masivas de personas) en ese mismo momento y con independencia de los escenarios epidemiológicos.

El forense no puede evitar sospechas:

No quiero pensar mal, pero debo decirlo en este momento, que nos estábamos acercando al famoso 8M y el SÍ a las medidas de distanciamiento social habría impedido la celebración de esa tan deseada manifestación, no quiero pensar que se haya acomodado el texto para tener argumentos en pro de la no cancelación. No puedo afirmarlo. Lo haría si estuviera absolutamente seguro.

Pese a tal fe en el Gobierno, el forense detalla lo obvio:

Las manifestaciones masivas aumentan la posibilidad de contagio de los asistentes y, como la transmisión es exponencial, cada contagiado expande los virus allá por donde pasa […]. Puede pensarse que todas las personas que acuden a esos eventos son extremadamente solidarias y al menor síntoma de COVID-19, fiebre, tos seca, cansancio, dejan de acudir. Seamos realistas, eso es casi ilusorio […]. No se pierden la asistencia a una manifestación por unas décimas o algo de tos seca. Es tal el grado de motivación precisamente para las manifestaciones, sean reivindicativas y de protesta como las del 8 de marzo o de otro tipo, como las de Vox.

También repasa la casualidad de las ministras:

El contagio es grande, aunque sea al aire libre. No por casualidad, un número indeterminado de las personas que allí estuvieron, me refiero a ministras, contrajeron la enfermedad del COVID-19. Y para terminar en la posibilidad de contagio en los acúmulos de personas, pensemos en quienes están incubando la enfermedad, tienen el virus, contagian y no lo saben. Este riesgo también fue alertado por el ECDC el 2 de marzo.

El forense aplaude que el Gobierno prohibiera seminarios de sanitarios: «Lástima que, al parecer, no tuvieran material suficiente para poder realizar su trabajo». Recuerda que el Ejecutivo mientras dicta órdenes para proteger a sus sanitarios permite actividades que provocan la difusión de la enfermedad: «No era nuevo. Había ocurrido en otros países y se conocía con extremo detalle cómo había sido la evolución en aquellos lugares». Y le chirría que vetara actos con personas de países contaminados mientras permitía un coladero fronterizo:

Lo que no se entiende muy bien es que así se actuase, pero en cambio, no solo no se prohibiese la entrada de extranjeros o personas procedentes de otros países muy afectados (Italia, por ejemplo), sino que tampoco se adoptaran medidas suficientes de identificación de casos infectados en los puestos fronterizos.

Evidencia que mientras la Delegación protege a sus trabajadores del virus el 28 de febrero con distanciamiento social e información, no consta que en ninguna de las solicitudes de manifestación se hiciera mención al riesgo y a la seguridad.

No es porque no lo supieran, pues desde el 28 de febrero había información y medidas para la Delegación del Gobierno, sino que por motivos que desconozco no se trató de igual forma a la población.

Censura que en la reunión preparatoria del 8M «no consta que se tratase nada sobre la seguridad sanitaria».

El derecho a la información pasa por la información del riesgo que un manifestante corre al acudir a un acto. En mi opinión, las autoridades o los organizadores deberían informar a los convocados sobre los riesgos que corren, sobre todo si son riesgos que la población no conoce al detalle. Igual que se informa cuando hay peligro de desprendimiento, tierras, cornisas, etc., o de cualquier otro peligro, también se debería alertar sobre riesgos de acudir a eventos masivos durante una epidemia, y así lo considera la OMS.

Las obviedades que nadie dice por videoconferencia desde la Moncloa, el forense las plasma por escrito:

Había miedo y prueba de ello es que algunas manifestaciones fueron desconvocadas por los organizadores y solo pasado ampliamente el 8M la Delegación del Gobierno propuso desconvocar alguna más por miedo al coronavirus.

Cierto, la Delegación del Gobierno apenas tardó un par de días en hacer sentir su miedo al coronavirus tras el 8M. Qué fulminante toma de consciencia de los peligros. En dos o tres días.

No me consta que esa información se traspasara a las personas que solicitaban autorización para manifestarse ni a quienes iban a velar por la buena marcha de la manifestación del 8M.

Y el forense eleva el tono. La prensa afín a Sánchez dirá que lo hace sin pruebas. Juzga tú, lector:

La situación era conocida a la perfección por todos los intervinientes, tanto por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como por la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, como por Fernando Simón, responsable del CCAES, y por el propio acusado, José Manuel [Franco], así como por los colaboradores en las comunidades autónomas, incluida la de Madrid, y también por el consejero de Sanidad de la CAM, Enrique Ruiz Escudero, pues acudió a la reunión del 5 de marzo con los representantes de la federación evangélica.

Imaginemos que esta acusación no se hace ante un tribunal. Hay un hecho obvio. Los casos se multiplican tras el 8M tanto que el Gobierno tiene que tomar las máximas medidas preventivas tras no haber adoptado casi ninguna. ¿Qué acusación es más grave, que el Gobierno español sabía el riesgo del virus y no actuó o que el Gobierno español no tenía ni idea del coronavirus que campaba desde hacía meses por el mundo entero? ¿Qué prefiere el ciudadano, un Gobierno que manipula la verdad o que la ignora? Naturalmente, de cara a la responsabilidad política o jurídica, el Gobierno prefiere pecar de ignorante: «Si hubiéramos sabido lo que sabemos ahora», que diría Sánchez. Pero por ignorante que sea un Gobierno, un Gobierno sabe leer. Puede y debe leer los avisos de la OMS y del ECDC. El forense no cree en la necedad del Gobierno. Y es experto en deficiencias mentales. Es psiquiatra.

A finales de enero había un adecuado conocimiento de la situación y quizá se minimizara el riesgo que el coronavirus entrañaba, creyendo o diciendo que era como una gripe. Esa infravaloración está bien representada por Fernando Simón: «En España ni hay virus, ni se está transmitiendo» (13 de febrero). El CCAES y otras entidades colaboradoras comenzaron a trabajar contra el SARS-Cov-2, pero sin que se adoptaran para la población las medidas no farmacológicas más adecuadas a tiempo. No se atendió suficientemente a las llamadas de la OMS y del ECDC y cuando estalló la difusión comunitaria esporádica no se actuó con diligencia, teniendo la manifestación del 8M como telón de fondo que pudo influir en no cancelar eventos masivos, no solo ese, sino también el de Vox del mismo día.

En mi opinión, dada la evolución de la epidemia, el progresivo número de contagios e ingresos hospitalarios, los ingresos en UCI y la escalada en el número de fallecimientos, teniendo en cuenta el dato conocido de haber entrado en el escenario 2 (difusión comunitaria esporádica) y en atención a la recomendación de no tener eventos masivos sea cual fuere el escenario epidemiológico, la autoridad sanitaria debería haber impedido las manifestaciones masivas con el mismo celo con que, con muy buen criterio, prohibió el congreso evangélico y no solo, aunque fuera un argumento de peso, por la presencia de extranjeros procedentes de zonas de riesgo.

La prensa afín al Gobierno cae en tromba contra este médico forense. Lleva trabajando desde 2013 para dicho juzgado, pero solo ahora importa desacreditarlo. Le retrata así: «Este “oscuro médico forense” se presenta “en la web como médico psicoterapeuta, sin referencias a conocimientos avanzados sobre epidemiología”». Además, le vincula con los legionarios de Cristo. Y Podemos lo da por notitia criminis. «Sería irrelevante que el forense del caso 8M sea legionario de Cristo si su trabajo fuera profesional. Pero cuando no aporta evidencia científica más allá de la fe y escribe párrafos vergonzantes, ayuda a entender las cosas», sentencia el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Es decir, su orientación política o confesional es relevante porque su trabajo no le ha gustado. Si pidiera el archivo del caso, su pasado, como en la Legión, no importaría.

Ningún diario hace un perfil del fiscal y del abogado del Estado que piden archivar el caso. A la prensa del Gobierno le parece que sus escritos están llenos de erudición. Son seres puros. Sin embargo, están bajo la dependencia jerárquica de un ministro socialista de Justicia (Abogacía del Estado) y de una fiscal general que fue ministra socialista (Fiscalía).

Rego aboga en charlas sobre «la terapia del perdón en una sociedad endurecida». La va a necesitar. Si tuviera razón solo en un 10 % de sus acusaciones este forense, ¿no sería suficiente para hallar responsabilidades al menos políticas en la gestión del Gobierno de Sánchez en la pandemia? ¿Son de obligado cumplimiento las normas sanitarias de la UE contra el coronavirus o podemos tirarlas al cajón sin sonrojo ni ilegalidad?

El 12 de junio, la juez archiva el caso 8M provisionalmente. Las televisiones omiten «provisionalmente». Irene Montero lo interpreta, hábilmente, como un triunfo del feminismo: «La justicia tumba la estrategia de señalamiento al 8M. Eso sí, ahí quedan las páginas y horas de tertulias criminalizando al feminismo». No es un triunfo del feminismo. Es un triunfo del Gobierno. No estaba siendo juzgado el feminismo, sino la diligencia del Gobierno para proteger la salud de las mujeres… y de los hombres.

El caso preocupa tanto al Gobierno que destituye al coronel Diego Pérez de los Cobos por no informar del atestado secreto elaborado por sus subordinados. La exoneración de Franco lleva un serio peaje en el auto de la juez. Esa parte no se difunde en los telediarios que acusan a la Guardia Civil de manipular. No querría ser exonerado de esta manera. El auto reza lo siguiente:

Franco mantuvo una permanente inactividad jurídica en relación con las concentraciones/manifestaciones y el COVID-19. Esta permanente y absoluta inactividad jurídica implica que:

No prohibió ninguna concentración/manifestación entre el 5 y el 14 de marzo en protección del derecho fundamental de la salud.

En los expedientes en los que había tomado ya conocimiento de la concentración o manifestación, no exigió que se adoptara alguna medida de precaución para neutralizar el riesgo durante las manifestaciones.

Incluso tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de la suspensión de toda actividad educativa el día 9 de marzo (lunes) e incluso tras su entrada en vigor (11 de marzo, día de la declaración de la pandemia por la OMS), el delegado del Gobierno, Franco, continuó dictando resoluciones de toma de conocimiento de concentraciones o manifestaciones sin exigir que se adoptara medida de precaución alguna. Así lo hizo al menos en dieciséis ocasiones en los días 10 y 11 de marzo de 2020.

Las resoluciones administrativas dictadas por Franco en el ejercicio de su competencia legal en esta materia, sin acordar prohibiciones o precauciones durante el desarrollo de la manifestación o concentración, dieron lugar a que entre el 5 y el 14 de marzo se celebraran 130 manifestaciones y concentraciones en Madrid, algunas con un importantísimo número de manifestantes, como el 8M. La celebración de las concentraciones y manifestaciones masivas indiciariamente aumentaron el riesgo de contagio del COVID-19, supusieron indiciariamente un riesgo para la salud pública.

Te aseguro que estás leyendo un auto de sobreseimiento. Tiene final feliz. Pero antes Franco debe sufrir un poco más:

En esta horquilla temporal del 5-14 de marzo, el único comportamiento proactivo en relación con el COVID-19 fue la vía de hecho: consistió en que a partir del 11 de marzo (declaración de la pandemia) desde la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno en ocasiones se llamara para recabar información sobre el estado de la concentración/manifestación y en otras se requiriera telefónicamente a los convocantes a desistir de la concentración o manifestación, trasladándoles el riesgo para la salud que implica mantenerla.

La juez no ve presión en tal operativa:

No ha quedado indiciariamente acreditado que con dicha llamada se coaccionara a los convocantes o manifestantes a no ejercitar su derecho fundamental.

Pero sí le resulta chocante el ocultismo:

Este requerimiento o petición de información no se hizo por escrito y de las llamadas telefónicas no se dejó constancia en el expediente administrativo, siendo este sistema de llamadas telefónicas un método que no había sido utilizado antes para instar a los convocantes a que no ejercieran su derecho fundamental.

Salva a Franco porque no fue advertido:

Ninguna persona física o jurídica, pública o privada, pidió por escrito al delegado del Gobierno entre el 5 y el 14 de marzo que prohibiera o impusiera condiciones o precauciones por razón de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 a la celebración de las manifestaciones o concentraciones.

Pero la juez mete el dedo en sus contradicciones:

De entre todos los expedientes de esas fechas, en un caso, Franco sí prohibió una concentración para proteger otro derecho fundamental. Prohíbe una concentración comunicada para que tuviera lugar el 14 de marzo por tener previsto que tuviera lugar frente al domicilio del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

De aquí concluye la juez que pese a su sistemática «inactividad jurídica» el delegado sí conocía sus competencias y era capaz de ejercerlas de oficio y sin consultar con nadie. El tono vuelve a parecer más condenatorio que absolutorio:

No consta ninguna resolución administrativa del delegado del Gobierno en relación con las concentraciones/manifestaciones ni prohibiéndolas ni tampoco exigiendo medidas en prevención del incremento del riesgo de contagio (que los manifestantes mantuvieran una distancia de más de un metro, que se manifestaran dentro de vehículos, que portaran mascarillas o cualquier otra que, con el grado de conocimiento que se tenía en ese momento, evidenciaran que el delegado del Gobierno velaba por la salud pública de los ciudadanos y ejercitaba su competencia legal en protección de la misma).

He leído condenas más suaves que este auto de archivo.

La juez cree que igual no lo ha dicho con claridad:

No consta que en el ejercicio de sus funciones legalmente atribuidas velara por los derechos y libertades de los ciudadanos ponderando el riesgo para la salud pública que conllevaba la aglutinación de personas ante la gravísima situación sanitaria del COVID-19.

El 8M el delegado toleró la celebración de cuarenta manifestaciones en Madrid. La juez le recuerda, cariñosamente, que no solo no prohibió 130 concentraciones entre el 5 y el 14 de marzo, ni adoptó medida alguna preventiva (distancia, mascarillas…), sino que «no consta siquiera que ponderara el riesgo». Supongo que a estas alturas del auto de archivo Franco no sabría si huir del país o confesarse culpable. La juez le da nuevos ánimos.

El delegado del Gobierno no agota su responsabilidad con el dictado de una resolución, su deber de garante no se extingue con la resolución. Si entre el dictado de esta y la celebración de la manifestación ocurre un hecho significativo de nueva noticia, propio de que la realidad es dinámica, sin duda debe actuar.

No consta comunicación escrita del peligro del 8M. Eso le evita el banquillo. Pero tampoco la buscó.

No consta que por parte de los empleados públicos de la delegación existiera una especial diligencia a la hora de informarse técnicamente sobre los riesgos para la salud pública derivados del COVID-19 como consecuencia de la proximidad física inherentes a las concentraciones y manifestaciones multitudinarias.

La juez explica que la Tierra es redonda:

Las concentraciones y manifestaciones (especialmente las multitudinarias) celebradas sin exigencia de precaución alguna llevan implícita la proximidad física de los participantes. Esto, por obvio, creemos que no exige mayor explicación. […] Que la proximidad física incrementa el riesgo de transmisión del COVID-19 es algo pacífico en la comunidad científica y de público conocimiento.

Lo de pacífico que se lo explique la juez a su legionario forense que tiene la cara amoratada tras haber planteado iguales conclusiones. Y no duda de que los actos masivos «incrementaron el peligro de contagio y por ello fueron un riesgo cierto y seguro para la salud pública». La juez cree que fue una temeridad el 8M:

No es óbice para afirmar que no puede acreditarse que con ocasión de las citadas concentraciones/manifestaciones (exclusivamente por haber acudido) se produjera un contagio […]. Para poder imputar las lesiones o el homicidio imprudente sería necesario que no hubiera otra alternativa posible de contagio que el hecho de haber acudido a la manifestación que no fue prohibida por el delegado del Gobierno, y esto es lo que descarta el informe forense obrante en autos. Estas conclusiones del médico forense determinaron que esta instructora decidiera no continuar la investigación por delito de lesiones en la providencia del 19 de abril.

Paradoja, el vituperado forense había servido para no acusar a Franco de lesiones y homicidio imprudente. Ya solo quedaba por excluir la prevaricación, si Franco dictó una resolución injusta a sabiendas. Y, a sabiendas, no. Porque la juez no halla ninguna comunicación escrita del peligro del 8M:

Si este conocimiento lo tenían o no otras autoridades o instancias no es objeto de este procedimiento.

Ahí queda el misil apuntado por la juez. La juez no dicta sobreseimiento definitivo. Rechaza tal pretensión de la abogacía del Estado. Anota que Franco ha estado en el filo penal. Si el conocimiento del peligro de contagio se hubiese acreditado por escrito, mientras la Delegación en modo teletrabajo bendecía manifestaciones, habría ido al banquillo:

Procede el sobreseimiento provisional y no libre: los hechos no son atípicos y podríamos sostener en fase de instrucción la comisión de un delito de prevaricación administrativo si se hubiera acreditado indiciariamente la concurrencia del dolo reforzado que el tipo exige.

Menos mal que Simón no distribuyó el informe del ECDC ni ningún otro a Franco. Hoy estaría preso. Y quizá no solo. Es lo bueno que tiene un director de alertas que abomina alertar.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en junio, tras archivarse el caso del 8M, se queja de que hubo manifestaciones feministas en todo el mundo, pero solo en España se acusa a dicha marcha en un intento de criminalizarla. Igual influye algo el siguiente hecho: España subió un 1216 % el número de casos de coronavirus entre el 8 y el 15 de marzo. Alemania subió un 377 %; Francia, un 533 %; Portugal, un 433 %; Holanda, un 410 %; Grecia, un 245 %; el Reino Unido, un 444 %; EE. UU., un 678 % e Italia, un 259 %. España dobla en crecimiento a la que más se le acerca en salto de infectados en esa semana: EE. UU. Triplica el aumento de países que nos superaban en casos, como Francia o Alemania. Y quintuplica el aumento de Italia.

No sé qué influencia tuvieron los actos feministas en otros países. No es mi libro. Ni mi Gobierno el que los autorizó. No conozco estudios de dichos países que digan qué habría ocurrido de haberse impedido actos masivos el 8M. Pero en España sí existen. Tampoco sé qué habría ocurrido si las manifestaciones se hubieran producido con mascarillas, como me sugiere un epidemiólogo. Pero, por todos los indicios acumulados y ese crecimiento exponencial, los actos masivos del 8M ayudaron a la propagación del virus. El feminismo no infecta. Pero todo acto masivo sí durante la epidemia del virus más transmisible. Y la marcha por la mujer fue el más masivo de todos.

En una sola semana, España se había puesto al nivel que tenía Italia el 8M. Había pasado a ser el segundo país europeo cuando antes era el cuarto. Y de crecer a razón de 159 casos por día a hacerlo a 2000 diarios. No es culpa de la mujer. Es culpa del Gobierno que lo autorizó y fomentó solo porque quería reivindicar una loable conquista legal de la mujer. Solo sí es sí. Pero la calle no era el sitio para hacerlo ese 8M. No urgía a costa de poner en peligro la salud de todas y todos. Italia o Corea del Sur prohibieron celebrar en sus calles el 8M.

El 5, el 6, el 7 y el 8 de marzo hubo cientos de actos masivos en Madrid. Pero masivo, por ejemplo, es 9119 personas en el concierto de Camela; 10 612 personas en el partido de baloncesto Estudiantes-Barcelona; unas 170 personas en campeonato de saltos de natación; 8346 personas en el partido de baloncesto Real Madrid-Zaragoza; 8762 en el concierto de Isabel Pantoja; 7019 personas en el partido de baloncesto Real Madrid-LDC Asvel. Otros focos: en la Plaza de toros de Las Ventas, 1000 personas en el concierto de Pablo Milanés; 2000 en el Grupo Sóber; 2000 en el grupo Domingueros. Ochenta personas en la entrega de reconocimientos a la mujer la Real Casa de Correos; 400 personas en una prueba en Villamantilla; otras 450 en otro evento deportivo entre el Boalo-Manzanares el Real. Y otras 400 en un duatlón en Fuente del Saz. 1700 personas para pruebas selectivas de funcionarios…

Pero todo Madrid era un hervidero: promoción del remo femenino, 200 personas; actividades de alumnos para promocionar el Día de la Mujer, 200 personas; carrera de obstáculos, 2200 personas; actividades deportivas en Fuencarral, 1000 personas; manifestación contra el adoctrinamiento en cuestiones morales en colegios, 3000 personas; recital poético por la mujer, 50 personas; procesión de la parroquia de San Juan de Dios, 100 personas; Chamberí Women of the World, 800 personas; ensayo de la procesión de San Ramón Nonato, 100…

Sigamos con la feria del evento colectivo madrileño: instalación de ocho mesas en pro del Día de la Mujer, 200 personas; micrófono abierto a mujeres en Plaza de Pedro Zerolo, 80 personas; mercadillo de segunda mano, 100 personas; mercado de los sábados del Rastro, 500; carrera por la fibrosis quística, 400; Las Calles de Tetuán son Nuestras, 20; Concierto de la Mujer en la plaza de la Villa, 150; carreras solidarias con enfermedades raras, 450; talleres de mariposa, 50; besapié de Jesús el Pobre, 10 000 personas; inauguración de la placa a Fortunata, 100 personas; Feria Internacional de las Mujeres, 100; Mujer y Salud, 100; viacrucis de la hermandad de La Borriquita, 500; Jornada de Sensibilización de la Mujer, 100; besapié del Cristo de Medinaceli, 100 000; Salón de la Motocicleta, 6500. Y mitin de Vox, 10 000 personas. Y el partido del Wanda, otras 60 000 personas. Incluso en Torrejón de Ardoz, zona muy castigada por el virus, una Feria del Stock.

Solo en el Ifema: 5000 visitantes del congreso Aula; otros 5000 del congreso Expolearning; otros 5000 del Salón Internacional de Postgrado; otros 5.0000 del Iberzoo-Propet y otras 5000 de Interdidac. En el Palacio Municipal de Congresos, 2500 de Nutraceuticals. Todo eso figura en el relato de actos convocados y no suspendidos oficialmente facilitados por la Comunidad de Madrid a la juez del caso 8M.

Las anulaciones comunicadas a la juez, todas ellas posteriores al 8M, apenas suman media docena: El besapié del Cristo de Medinaceli, si bien públicamente lo comunicó antes; el de Jesús el Pobre; y el viacrucis de la hermandad de La Borriquita.

Un amable epidemiólogo, José Manuel Bautista, contesta a mis preguntas sobre la incidencia del 8M.

FRANCISCO MERCADO: ¿Tuvo repercusión el 8M? Simón culpa al metro. ¿Fue culpa del metro?

JOSÉ MANUEL BAUTISTA: No es fácil saberlo realmente, pues se necesitarían modelos en ciudades similares con transportes similares, como puede ser Barcelona, y donde se vio que sin la existencia de esos actos la aparición del pico llegó más tarde. Obviamente, en Japón el control de los actos multitudinarios de forma temprana impidió una pendiente elevada de la curva de infectados y evitó que se expandiese, incluso sin confinamiento y solamente con el uso de mascarillas. Quizá la mezcla de negar el beneficio de las mascarillas y de los actos masivos fue sinérgico.

Y me remite a dos artículos para refrendar sus tesis. Uno de The Japan Times del 28 de mayo:

El uso de mascarillas, anatema para muchos en los Estados Unidos, es una de las razones por las cuales Japón ha evitado los fuertes peajes de muerte por coronavirus que se ven en muchas partes del mundo, según el panel de expertos del Gobierno sobre la pandemia. Si bien las mascarillas han provocado confrontaciones en algunas partes del mundo y fueron inicialmente descartadas por la OMS como ineficaces, han sido parte de la vida cotidiana en Japón. Hasta el miércoles, Japón había confirmado más de 16 000 infecciones y alrededor de 850 muertes por el virus, con mucho las cifras más bajas entre las principales economías del grupo de los Siete.

Y un artículo de Science del 26 de mayo sobre Japón:

Japón declaró ayer al menos una victoria temporal en su batalla contra la COVID-19, y triunfó siguiendo su propio manual. Redujo la cantidad de casos nuevos diarios a niveles cercanos al objetivo de 0,5 por 100 000 personas con distanciamiento social voluntario y no muy restrictivo y sin pruebas a gran escala. En cambio, el país se centró en encontrar grupos de infectados y atacar las causas subyacentes, que a menudo resultaron ser lugares de reunión superpoblados, como gimnasios y clubes nocturnos.

Esto los llevó a instar a las personas a evitar lo que denominaron las «tres C»: espacios cerrados, multitudes y entornos de contacto cercano en los que las personas hablan cara a cara. Suena simple.

Los gobernantes inteligentes hallan soluciones simples. Japón concedió una temprana atención a los asintomáticos. La investigadora Sonia Zúñiga resuelve mis dudas sobre su alerta el 4 de marzo sobre los casos levemente sintomáticos que podían contagiar: «Efectivamente, en el artículo divulgativo para la SEBBM poníamos que el virus “parece capaz de transmitirse desde personas prácticamente asintomáticas”».

Esta investigadora del CSIC desarrolla su idea:

El quid está en lo de «prácticamente asintomáticas». Con lo que se sospechaba en ese momento, al menos uno debía haber tenido un día de fiebre o una pequeña tos (síntomas muy muy leves, «prácticamente asintomáticos») para poder diseminar el virus. De ahí que en esos días únicamente se insistía en que quien tuviese el más mínimo síntoma se quedase en casa. Esto cambió totalmente más avanzado el mes de marzo y a primeros de abril.

En aquella época ya se sabía que el periodo de incubación era de hasta catorce días, se sospechaba que los llamados presintomáticos podrían diseminar el virus, pero aún no se tenía certeza en absoluto. Es decir, se decía que habría que estudiar si las personas infectadas que aún no habían desarrollado síntomas, pero que luego sí los desarrollaban, podrían en ese periodo transmitir el virus. En abril ya se demostró científicamente que esto era así. De hecho, incidiendo en cuál era la situación de conocimiento al respecto, te adjunto una publicación (sobre asintomáticos en el Diamond Princess) del 12 de marzo en la que dicen (cito textualmente): «Actualmente no hay una evidencia clara de que los asintomáticos COVID-19 puedan transmitir el SARS-CoV-2, pero se acumulan los datos que indican que una proporción sustancial de individuos infectados por SARS-CoV-2 son asintomáticos», concluye esta experta en virus.

Me quedo con su sospecha. Los científicos ya sopesaban que los asintomáticos pudieran contagiar a primeros de marzo.

La prudencia de una científica le exige decir que no se puede afirmar que el asintomático contagia hasta que no se demuestra. Pero si el científico ya tiene esa sospecha… a un gobernante prudente le debe bastar para tomar medidas preventivas. Seguimiento activo, aislamiento… Si la ciencia demuestra finalmente que no contagia se habrán perdido esfuerzos y recursos, pero si transmite la enfermedad…, habrá salvado miles de vidas.

Sanidad algo barruntaba antes del 8M: «Inicialmente se describió un caso de transmisión a partir de una paciente asintomática en Alemania, que posteriormente desarrolló síntomas. En una provincia de China con escasa transmisión comunitaria se ha descrito un agrupamiento intrafamiliar en el que se detectaron varios casos secundarios a partir de un caso asintomático procedente de Wuhan». Lo escribe el 6 de marzo. Y la OMS emite sospechas en meses precedentes.

Ese agotador abanico de actos masivos citados en Madrid ese fin de semana no resta trascendencia a la autorización de cuatrocientas marchas feministas en toda España y donde la mayor (Madrid) debía aglutinar un millón de personas. Quedó en 120 000 no porque hubiera decaído el feminismo, sino porque había miedo al contagio. Días antes una marcha feminista en el centro de Madrid pidió permiso para unas ochocientas personas, y luego rectificó: «nos basta con un aforo de unas doscientas».

Había miedo, pero no el suficiente para frenar esa locura de feria de causas ejemplares que se debían celebrar en la calle o, peor aún, en recintos cerrados oficiales. ¿Cómo no va a explotar la expansión del virus si todo el que tiene una causa legítima sale a manifestarse en España cuando Italia sufre confinamientos desde el 23 de febrero y China desde enero?

El problema de España ese fin de semana no es que tuviera miedo. Era el contrario: apenas sentía temor porque su Gobierno no le había alarmado. Algún talibán querrá leer que ataco la fibrosis quística o a la hermandad de La Borriquita. O que este amplio listado de actos diluye la carga infectiva de la manifestación del 8M. Al contrario, muestran la global insensatez. Cada acto masivo suma dígitos a la mezcla del virus en función de su poder de convocatoria. Pero en la marcha de la hermandad de La Borriquita ni estuvieron ni enfermaron miembros del Gobierno. El Ejecutivo promovió el mayor acto masivo: el 8M. Y como lo fomentó y autorizó, no tuvo legitimidad para prohibir ningún acto. Misas, partidos, pasacalles, mítines y marchas de la mujer… tienen un único responsable: el Gobierno.

Capítulo 5
La larga resaca del 8M: del desfile a la calle no se pisa

Tras los actos masivos del 8M se producen dos activaciones paralelas en España: el virus y la actuación del Gobierno. El patógeno mata e infecta más y el Ejecutivo de Sánchez pisa por fin el acelerador de las medidas preventivas hasta llegar al grado máximo: el confinamiento absoluto el 14 de marzo de todos los españoles. Una medida que veía con desdén por considerarla digna de sociedades totalitarias. La diferencia del Gobierno español con otros ejecutivos no es solo que rectifique criterios en un fin de semana. Evita durante meses medidas intermedias antes de soltar la bomba atómica: mascarillas, test masivos, prohibición de vuelos de áreas contaminadas, termómetros en aeropuertos, búsqueda y control de contactos…

9 de marzo de 2020. El número de casos asciende a 999. Y 16 fallecidos. Ya no se añade la coletilla de las patologías previas: «En la situación actual, el riesgo global para la salud pública en España se mantiene en moderado. A nivel nacional no hay transmisión generalizada». Francia prohíbe concentraciones que superen mil personas y destina 260 millones de euros adicionales a centros de salud. En Italia las fuerzas de seguridad inician el despliegue para hacer efectivo el bloqueo de las regiones confinadas. Ese día el CCAES de Simón distribuye las alertas emitidas en días previos al 8M por distintos países. Uno de los e-mails es de las autoridades francesas con medidas restrictivas en dos departamentos. Anuncian cierres escolares y prohibición de eventos masivos. Masivo en francés es más de cincuenta personas. Tienen fecha de 2 y 7 de marzo.

Otra de las alertas es de Alemania con fecha 7 de marzo. También menciona medidas para «evitar las grandes multitudes». Y una tercera es de Italia, con medidas tomadas el 4 de marzo para suspensión de congresos, mítines y eventos sociales.

¿Todo ese material ha estado en la nevera del CCAES durante el fin de semana? Es la pregunta que se formulan los investigadores. Buscan en qué fecha fueron recibidos en el CCAES. Todos parecen previos a su difusión el 9 de marzo.

Illa reitera que no prevé adoptar medidas como la toma de temperatura en los aeropuertos. «No es una medida eficaz porque solo un 55 % de los infectados tienen fiebre». Ve irrelevante reducir la mitad de casos importados. Según la OMS sí es eficaz. Lo proclama el 27 de enero. Y lo aplican China, Japón, Tailandia, Ucrania y Bulgaria… incluso Italia, que no duda en exportar contagios, pero teme importarlos.

Illa no descarta otro tipo de medidas más eficaces, como «informar mucho más a los pasajeros». Será por folletos. Un día después, tras no haber tomado nunca la temperatura a los cientos de miles de pasajeros de Italia, España suspende todos los vuelos directos con dicho país. España sigue con su política de grandes saltos sin medidas intermedias: 8M o confinamiento. Ningún control en aeropuertos o suspensión de vuelos.

El mismo Gobierno que días atrás enfatizaba que esperaba un crecimiento diario del 20 % asegura que «el riesgo global para la salud pública en España se mantiene en moderado. A nivel nacional no hay transmisión generalizada». Y como no hay transmisión generalizada, ¿por qué no irse de Fallas?: «Con la información que tenemos hoy pensamos que no tenemos necesidad de suspender las Fallas», afirma Illa.

España se acaba de desperezar de una resaca de infectados y muertos tras un fin de semana de actos masivos, Madrid y Euskadi le presionan desde antes de tal desenfreno para tomar medidas drásticas y todavía el Gobierno tiene el cuerpo para Fallas.

Illa acuerda medidas sorprendentes con las autonomías:

1. Fomentar el cuidado domiciliario de los mayores.

2. Recomendación expresa a todas las personas mayores que padecen enfermedades crónicas, pluripatológicas o con estados de inmunosupresión congénita o adquirida que limiten las salidas de su hogar o residencia. En cualquier caso, se recomienda evitar lugares concurridos en los que no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro.

Y también otras medidas de carácter general como son:

3. Evitar los viajes que no sean necesarios apelando a la responsabilidad individual.

4. A las personas que inicien síntomas respiratorios y/o fiebre se les recomienda que permanezcan en su domicilio evitando acudir a centros sanitarios, siempre que su situación clínica lo permita, y a su lugar de trabajo.

En junio, cuarenta mil ancianos muertos después, se originará un debate sobre si Madrid vetó la hospitalización de ancianos. Pero ese día todas las autonomías dicen amén a cuidar a los ancianos enfermos de coronavirus fuera de los hospitales, sea en su casa o en su residencia. Y ello a pesar de que desde enero saben que mueren infinitamente más ancianos que jóvenes por este salvaje primo de los coronavirus. La UE se lo ha recordado el 2 de marzo en un informe que Simón no creyó oportuno ni difundir ni debatir con las autonomías.

Ese 9 de marzo todos los responsables de salud creen que lo mejor que pueden hacer los ancianos que empiecen a sentir síntomas compatibles con coronavirus es quedarse en casa. Esto mata más que todos los recortes sanitarios. Y lo suscriben autonomías de izquierdas, de derechas e independentistas. Fomentar el cuidado domiciliario de los mayores por una epidemia es evitar que vayan a los hospitales los mayores. Algunos juristas creen que es inconstitucional. Se discrimina por edad.

A primera hora de la mañana se produce una tormentosa reunión entre Illa y el consejero de Sanidad de Madrid. El Mundo la destapa. Detallo el contenido que me envían testigos presenciales. El 9 de marzo Ruiz Escudero telefonea a Illa. Urge una cita. Acude con su equipo a Sanidad. Illa, tras iniciarse la reunión, pide abordar la cuestión punto por punto. Pero el consejero está demasiado inquieto para tal guion. «Nosotros tenemos pensado actuar ya», dispara. Explica que la puesta en marcha de las medidas es inminente. Están decididas con la presidenta y se aprobarán esa tarde en el Consejo de Gobierno.

El consejero es explícito: «En nuestra región hay transmisión comunitaria y muchos casos de neumonías sin filiar en los hospitales provocados por el coronavirus». Illa queda boquiabierto ante el escenario pintado. Ruiz Escudero plantea la pregunta que haría arder las redes tras destaparla dicha noticia: «¿Estáis seguros de que lo que está pasando en Madrid no va a pasar en el resto de España?».

Illa pierde el habla. El Gobierno no ve la gravedad en Madrid que describen los ayusos. Ruiz Escudero remacha: «Hemos agotado los plazos de lealtad al ministerio para tomar medidas drásticas». Illa se rinde: «¿Qué medidas queréis tomar?».

El consejero madrileño las enumera: suspender la actividad docente presencial en todos los niveles educativos; recomendar a las empresas el teletrabajo; paralizar las cirugías programadas y las pruebas diagnósticas no preferentes; aconsejar a toda la población que evite todos los viajes que no se consideren estrictamente imprescindibles; y recomendar que mayores y crónicos eviten salir de su casa. El equipo madrileño expone que el número de casos crece exponencialmente. Toca lanzar medidas más contundentes. Y las ejecutarán con o sin permiso de Sanidad. Illa asume el órdago y se muestra dispuesto a darles apoyo.

Pero aún queda el escollo Simón. Pone palos bajo las ruedas del plan madrileño. Duda de la efectividad del cierre de los centros educativos, principalmente de las universidades. Alega que los estudiantes se podrían trasladar a otras partes de España o retornar a sus lugares de origen y extender el virus. Pero la decisión de Madrid es inamovible. Ruiz Escudero también reclama cancelar los vuelos con Italia. Illa es favorable, pero dice que es «muy difícil» de materializar en ese momento. Paradoja, «es muy difícil», pero los suspende al día siguiente.

Ruiz Escudero se ha vestido de duro. Y ante las nuevas pegas ministeriales vuelve a disparar su pregunta con aire de Clint Eastwood: «Pero ¿de verdad pensáis que lo que está pasando en Madrid no va a pasar en otras comunidades autónomas?». Nadie respira en el salón. Eterno silencio. Lo rompe Illa con un «vale». Pide que le pase las medidas que quieren adoptar antes de publicarlas. Solicita que las traten los equipos técnicos respectivos. Illa anuncia que el País Vasco se dispone a adoptar medidas. Quiere consultarlas para que no haya diferencias entre comunidades. Illa demanda que los eventos deportivos se lo dejen a Sanidad. Ruiz Escudero acepta. Y enfunda su revólver.

Este tenso diálogo desvela dos hechos: Euskadi y Madrid presionan antes del 9 de marzo para imponer medidas restrictivas. Illa empuja en dirección contraria: «No, todavía no». Ruiz Escudero ha vencido, tarde, pero ha vencido. Antes de abandonar la reunión todavía debe escuchar lecciones sobre lo conveniente de investigar la trazabilidad de los casos para saber su origen. Los ayusos rebaten manuales con realidades: «En Madrid la transmisión no permite seguir la trazabilidad de los contagios como hemos venido haciendo en días anteriores».

El consejero de Sanidad no vence en todo. Defiende pasar a un escenario 2. Y pierde. Implica tomar medidas sobre transporte y grandes concentraciones. Y actuar a dos niveles: movilidad y concentración de gente, especialmente con los más vulnerables. Pero ahí se topa con un muro. Sanidad no se plantea cambiar del escenario de contención de los casos. Y el equipo de Díaz Ayuso, por el contrario, sostiene que ya Madrid está en escenario de contagio comunitario.

10 de marzo de 2020. Illa ya no habla de Fallas. Lo que arde es el BOE. Se prohíben los vuelos directos de Italia a España desde el 11 al 25 de marzo y se suspenden los viajes del Imserso durante el próximo mes. En Madrid, La Rioja, Vitoria y Labastida, por sufrir «transmisión significativa», quedan suspendidas las actividades en espacios cerrados que reúnan a más de mil personas.

La transmisión ya no es baja. Es significativa.

Y ahora es peligrosa una reunión de mil personas en Madrid. Pero no lo fue la manifestación feminista (120 000 personas), ni el mitin de Vistalegre (10 000 personas) ni el Atlético de Madrid-Sevilla, con 67 000 espectadores. El ministro de Sanidad afirma que los datos actualizados de la enfermedad han obligado a dar «este paso más» dentro del actual escenario de contención reforzada. En España hay 1622 casos positivos, la mayoría de ellos concentrados en la Comunidad de Madrid, con 782, en el País Vasco, con 195, y en La Rioja, con 144 casos. Estas dos comunidades autónomas y las ciudades de Vitoria y Labastida, en Álava, son definidas como de transmisión significativa.

Hay una curva más inquietante: el 6 de marzo hay once españoles en la UCI, el 9 de marzo ya son 68, de ellos 53 en Madrid. Y el 10 de marzo ya hay 100 en la UCI, de ellos 77 en Madrid. Pero la más grave es la cifra de muertos en Madrid: 6 de marzo, dos fallecidos; 9 de marzo, ocho muertos…

El 31 de diciembre de 2019, Wuhan alarmó a la OMS por solo 27 casos de neumonía de etiología desconocida. Si China tocó la campana por 27 casos, ¿no tocaba alarmarse el 6 de marzo cuando Madrid presentaba 137 casos y dos de los cinco muertos? La tasa de contagios madrileña con un 2,06 por 100 000 habitantes solo era superada en Europa por Italia.

La suspensión de los vuelos con Italia se produce el 10 de marzo cuando Italia lleva semanas confinada, pero dando pista de salida a aviones hacia España. Italia es la tercera mayor conexión aérea de España. En 2019 más de dieciséis millones de personas se desplazaron entre ambos Estados.

Calculemos dos semanas de vuelos italianos antes de la cancelación del 10 de marzo. Computemos por número de vuelos hacia España existentes antes de la epidemia con un avión intermedio, Boeing 737, con 149 plazas. Serían 1 959 944 pasajeros potencialmente peligrosos procedentes de Milán. Añadamos las conexiones españolas con Turín, Venecia y Florencia: esto dispara la cifra a 2 519 860 pasajeros que pudieron portar el coronavirus a España por mera fatalidad, que diría Sánchez, desde el norte de Italia, la zona castigada por el coronavirus en las semanas previas al 10 de marzo. Reduzcamos el número por el miedo que a fines de febrero provoca cancelaciones de vuelos entre un 25 y un 60 %, según las compañías. Aún nos dejaría más de un millón de pasajeros de la Italia contaminada bajando por la escalerilla.

Aunque mermase el porcentaje el virus ya está presente en Italia no solo en las dos semanas previas al 10 de marzo, sino antes. Igual que se puede reducir el número de pasajeros por las restricciones se pueden sumar semanas anteriores al cómputo. Italia ya tenía la infección oculta y viajaba sin ningún temor.

Apliquemos un criterio oficial para sopesarlos. El 24 de febrero, cuando Italia ya lidera el contagio en Europa con 124 casos, AENA tenía programadas diariamente 131 llegadas desde aeropuertos italianos y 134 salidas desde los aeropuertos españoles de la red de AENA hacia Italia. Se mantienen todos los vuelos, incluidos trayectos regulares de Iberia y Air Europa hacia Venecia, y los de Ryanair hacia Bérgamo y Bolonia, situados en las zonas de riesgo. En un solo día entran de Italia unos veinte mil pasajeros y viajan otros tantos que, a su vuelta, pueden venir contagiados. Como el líder de Vox, Javier Ortega Smith.

Sánchez cree que el reparto del coronavirus entre países es aleatorio. Solo culpa de la fatalidad: «No es culpa de nadie, ni de Gobiernos, ni de países», asegura el presidente. El 22 de febrero el número de contagios en Italia había conducido a la cuarentena obligatoria de unas 250 personas y al aislamiento de diez localidades limítrofes con el foco original de Lombardía, en total unos 50 500 habitantes. Los confinamientos y restricciones irían creciendo. El 9 marzo se confinan dieciséis millones de personas de Lombardía y otras catorce provincias del norte.

Solo usando los vuelos señalados por AENA (20 000 pasajeros diarios), si el Gobierno hubiera prohibido las conexiones aéreas el mismo 22 de febrero tras iniciar Italia su confinamiento, España habría impedido el desembarco de más de 350.00 pasajeros potencialmente portadores. Y cada infectado genera 1500 casos en veinte semanas.

Con otro agravante: el virus no se inicia el día que se disparan las estadísticas en Italia. Estas personas se infectaron una semana antes. Por tanto, los vuelos que se produjeron antes del 22 de febrero son tan peligrosos como los posteriores. Porque a su llegada a España nadie les toma la temperatura. No es un filtro absoluto, pero siempre es mejor que un folleto.

No son conclusiones de profetas del día después. El Gobierno sabe en febrero el peligro de los vuelos italianos. La Moncloa, 24 de febrero: «Ayer se realizó una prueba de detección de COVID-19 en Tenerife a una persona procedente de Lombardía, que resultó positiva. Su mujer ha dado positivo. Cataluña ha confirmado un caso de coronavirus en una ciudadana italiana residente en Barcelona».

La Moncloa, 26 de febrero. La cifra actual es de 10 casos confirmados y hospitalizados en el país:

Tenerife: 4 casos, todos turistas de nacionalidad italiana. Pertenecían a un grupo de 10 personas, los otros 6 sin síntomas por el momento.

Barcelona: 2 casos, una mujer italiana residente en Barcelona; un español, con viaje reciente al norte de Italia.

Castellón: 1 caso, un español que había viajado recientemente a Milán, hospitalizado en Villarreal.

Madrid: 2 casos, dos españoles con reciente viaje a Italia.

La Moncloa 27 de febrero: de 17 casos, 12 tienen relación con Italia.

El 28 de febrero esta alarma la tendrá por una segunda vía el Ejecutivo. El 83 % de los casos son importados, según los informes epidemiológicos. Y no vienen de China. El peso de los contagios foráneos irá bajando: el 61 % el 2 de marzo; el 65 % el 3 de marzo; el 47 % el 5 de marzo; el 44 % el 9 de marzo y el 11 de marzo; el 19 % el 13 de marzo y el 16 de marzo; el 18 % el 18 de marzo; el 9 % el 20 de marzo; el 6 % el 23 de marzo y bajando… La parte negativa es que sube en igual proporción la tasa de infección local (que niega Illa, pero que existe desde febrero).

El foco de infección china no es relevante. La curva de infectados en España por viaje a Hubei es la siguiente: cero porcentaje el 28 de febrero; el 8 % el 2 de marzo; el 4 % el 3 de marzo; el 4 % el 5 de marzo; el 3 % el 9 de marzo; el 3 % el 11 de marzo; el 3 % el 13 de marzo; el 2 % el 16 de marzo y el 18 de marzo; el 1 % el 20 de marzo; el 1 % el 23 de marzo; el 0,5 % el 24 de marzo; el 0,5 % el 25 de marzo; el 0,4 % el 26 de marzo; el 0,3 % el 27 de marzo. El porcentaje de infectados por viajar a Hubei baja día a día. El 30 de marzo ya se le asigna un valor cero.

Vox pide disculpas por el mitin del 8M. Lo verbaliza su paciente cero: Javier Ortega Smith. Un periodista le pregunta a Sánchez si fue un error permitir el 8M. El presidente queda mudo durante unos eternos segundos.

11 de marzo de 2020. Y la OMS usa la palabra maldita: pandemia. Asusta mucho, cambia poco. «Profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad, y por los niveles también alarmantes de inacción, la OMS determina en su evaluación que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia —clama el director de la OMS—. Deben localizar, aislar y diagnosticar cada caso de coronavirus COVID-19, y seguir a sus contactos», concluye Adhanom.

No cita los países que no hacen sus deberes, pero España queda señalada: hay que «localizar, aislar y diagnosticar cada caso de coronavirus». Lo contrario de lo que hace España por orden de su Gobierno. Los hooligans de Sánchez acusan a la OMS de haber tardado en declarar pandemia al coronavirus para justificar la imprevisión de la Moncloa, o inacción en términos de Adhanom, pero la OMS no cambia un ápice las medidas preventivas o combativas que venía dictando.

Lo único que innova el 11 de marzo la OMS es que los países ya no solo reciben casos importados. Ya existe contagio interno. Sánchez no necesita que la OMS le informe de que España tiene contagios locales. Lo sabe desde el inicio de la crisis. Al menos, a tenor de sus informes, desde el 28 de febrero. Por tanto, pandemia es una mera etiqueta. El 11 de marzo la OMS recomienda lo mismo que el 30 de enero.

El Gobierno español ha tenido mes y medio para hacerlo: evitar actos masivos, multiplicar los test, los aislamientos y seguimiento de contactos… No precisaba leer que el coronavirus es pandemia y no emergencia de salud internacional. No ha identificado, aislado, ni atendido temprano a los pacientes. Ha tardado hasta ocho días en diagnosticar los casos después de que presentaran síntomas. Y como los síntomas suelen aparecer al sexto o séptimo día de la enfermedad…, Sanidad ha atendido a los pacientes hasta dos semanas después de contraer el coronavirus.

Lo dicen sus estadísticas. En el pico de la pandemia en España un paciente tarda casi lo mismo en morir que en ser hospitalizado tras sufrir síntomas de coronavirus. A la altura del 6 de abril, tras la aparición de síntomas un enfermo tarda ocho días en entrar en UCI y nueve días en fallecer. Y el diagnóstico u hospitalización demora hasta ocho días después de brotar los síntomas. Entrar con dos semanas (una hasta tener síntomas, otra hasta ser tratado) de incubación en los hospitales tiene graves consecuencias. El enfermo llega con su caso más agravado y tras haber regado durante una quincena a todos sus contactos posibles. Contactos que ni busca ni testa ni aisla Sanidad. Y aumentan bajo la superficie el mapa del contagio. ¿Para qué buscar o testar contactos? Si enferman, ya avisarán.

El 11 de marzo ya hay veintidós sanitarios infectados de coronavirus. Suponen el 14 % de los casos. Pero también hay otros nueve casos de pacientes, el 6 % del total, que se han infectado solo por visitar un hospital. La paradoja crecerá. Más del 26 % de los cuarenta mil infectados sanitarios a fines de mayo no se contagiaron por atender a pacientes de coronavirus, sino simplemente por pisar un hospital. ¿No han leído Illa y Simón el documento de la OMS Prevención y control de infecciones durante la atención sanitaria de casos en los que se sospecha una infección por el nuevo coronavirus del 25 de enero de 2020?

¿No compraron durante mes y medio desinfectantes, ni mascarillas, ni equipos de protección porque el coronavirus no era pandemia? La OMS ya exige ese día mascarillas para pacientes y visitantes de hospitales y, por supuesto, EPI para los sanitarios.

Adhanom pronuncia el 11 de marzo un duro discurso contra la inacción. Merece ser leído como epitafio de la prevención. Lástima que no sea votado en los países a los que reprende.

A lo largo de las dos últimas semanas, el número de casos de COVID-19 fuera de China se ha multiplicado por trece, y el número de países afectados se ha triplicado. Esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales y el número de países afectados aumenten aún más. Estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes niveles de inacción. Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que el COVID-19 puede considerarse una pandemia. Describir como pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza que representa este virus. No cambia lo que la OMS está haciendo, ni tampoco lo que los países deben hacer. Cada día hemos hecho un llamamiento a los países para que adopten medidas urgentes y agresivas.

El director de la OMS marca el camino:

De los 118 000 casos notificados a nivel mundial en 114 países, más del 90 % se concentran en tan solo cuatro países, y en dos de ellos —China y la República de Corea— la epidemia se encuentra en claro declive. No podemos decir esto lo bastante alto, ni lo bastante claro, ni lo bastante a menudo: todos los países están a tiempo de cambiar el curso de esta pandemia. Si los países se dedican a detectar, realizar pruebas, tratar, aislar y rastrear, y movilizan a su población en la respuesta, aquellos que tienen unos pocos casos pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos de casos, y que esos grupos den paso a la transmisión comunitaria.

Incluso en los países donde hay transmisión comunitaria o grandes grupos de casos, se puede dar la vuelta a la situación creada por este virus. Varios países han demostrado que es posible suprimir y controlar este virus. El reto al que se enfrentan muchos países que en estos momentos se encuentran con grandes grupos de casos o con situaciones de transmisión comunitaria no es si pueden hacer lo mismo, sino si lo harán. En algunos países hay un problema de falta de capacidad. En algunos países hay un problema de falta de recursos. En algunos países hay un problema de falta de determinación. Agradecemos las medidas que se están tomando en Irán, Italia y Corea para frenar el virus y controlar sus epidemias. Estas medidas están teniendo un gran impacto sobre sus sociedades y sus economías, igual que lo tuvieron en China.

El director de la OMS finaliza con tono épico:

Encuentren, aíslen, sometan a pruebas y pongan en tratamiento todos los casos, y rastreen todos sus contactos. Preparen sus hospitales. Protejan y formen a sus trabajadores sanitarios. Y cuidemos los unos de los otros, porque nos necesitamos.

Sánchez llegará a decir que la invasión del virus es culpa de la fatalidad. Y proclamará el axioma de que una pandemia es una pandemia. Ya. Pero algunos países somos más pandemia que otros. Cuando escribo estas líneas, en plena crisis de la pandemia y con confinamiento, hay algo que todos los Simones del mundo no pueden ocultar: España tiene la mayor tasa europea de infectados y muertos por 100 000 habitantes en esta funesta primavera. No es un bulo que investiga la Guardia Civil por «desafección a las instituciones del Gobierno». Huy, me he equivocado: quería decir «desafección a las instituciones del Estado». Lo proclama la UE. En tasa de infectados solo Islandia y Luxemburgo ganan a España. Al resto, los barre en muertos y contagiados. La culpa es de la tardanza de la OMS en proclamar la pandemia y los recortes del PP. Claro. Por eso, España presenta 471,5 infectados y 55,3 muertos por 100 000 habitantes y Grecia 24,8 y 1,4. Qué suerte tiene la recortada Grecia. Qué suerte tiene Portugal con su oposición dialogante que posibilita tasas de 254,6 enfermos y 10,6 muertos por 100 000 habitantes.

La evaluación de muertos por 100 000 habitantes sitúa a España como líder, y distanciada del pelotón. Italia tiene más muertos, pero su tasa es inferior: 49,1 frente a los 55,3 de España. Igual ocurre con Francia y el Reino Unido. Presentan más muertos, pero su tasa es menor: 38,5 y 45,2, respectivamente.

Malta golea a España: cien infectados y un fallecido. Bueno, Malta y potencias como Rumanía, Chequia, Croacia, Islandia, Bulgaria, Estonia, Eslovenia, Letonia, Chipre, Liechtenstein, Luxemburgo, Polonia… Alemania, ya se sabe, son unos ventajistas ricos: 200 casos y 8,6 muertos.

El 20 de junio, España todavía es el segundo país europeo por tasa de contagios y muertos. Tiene 527 casos por 100 000 habitantes. Y tiene 60 muertos por 100 000 habitantes. El problema es que España ni contabiliza casos sospechosos ni muertos sospechosos. Fácilmente puede seguir en cabeza. Las diferencias son escasas con los campeones de muertes o contagios. Y le faltan más de 15 000 muertos por explicar en junio y decenas de miles de positivos por test rápidos que ya no difunde.

Algo habrá hecho cada Gobierno para llegar a esas cifras. Adhanom, que no cita a España, piropea la labor de Italia, Corea y China. Italia y China es el confinamiento. El modelo de Corea es buscar, testar y aislar contactos. Están reduciendo sus cifras cuando Sánchez busca aún en el diccionario la palabra pandemia. España, ni un modelo ni otro. Ni Italia ni Corea.

Lo reconoce El País el 16 de marzo: «Corea, el ejemplo para controlar la epidemia que España no siguió». Todo un bofetón al Gobierno. El subtítulo no es menos cariñoso: «El país asiático consigue una drástica reducción del número de casos sin necesidad de cerrar grandes ciudades». El artículo dice: «La reacción de Corea fue mucho más rápida y decidida. Cuando sumaba medio centenar de casos —según los datos consolidados de la OMS—, el alcalde de Daegu, la ciudad del primer foco, habló de una “crisis sin precedentes” y pidió a todos los ciudadanos que se quedasen en sus viviendas y que usasen mascarilla en todo momento, incluso dentro de sus casas. En el caso de Madrid, el llamamiento a permanecer en casa llegó cuando ya había un millar de contagios. En ningún momento se ha recomendado usar mascarillas a personas sanas».

El 21 de febrero con un centenar de positivos, el primer ministro coreano calificó la situación de «urgente», y dos días después de «la más alta alarma». Y Corea puso en marcha un agresivo plan para hacer pruebas que identificaran el SARS-CoV-2.

«A diferencia de otros países, donde solo se hacen test a quienes tienen síntomas, nosotros hemos decidido realizarlos a todo el que haya estado en contacto directo con casos confirmados. En lugar de esperar que los pacientes vinieran, hemos ido a por ellos y buscado posibles infectados para evitar que contagiaran a la comunidad», decía a la CNN Park Neunghoo, ministro de Sanidad coreano.

Corea desarrolla aplicaciones telefónicas para ubicar positivos en tiempo real. Cualquier ciudadano puede saber dónde hay riesgo y el Gobierno puede controlar las cuarentenas. China hace algo similar. Mientras, España tenía líneas telefónicas saturadas para evacuar consultas.

A la altura del 11 de marzo, después de China, que ha hecho más de 300 000 test, Corea lleva 189 236 test. Está muy por encima de países como Italia (49 937), España (17 500) o el Reino Unido (23 500). Tres mil seiscientos test por cada millón de habitantes frente a los 800 italianos y los 350-400 de los países que le siguen en el ranking. La eficacia de los test no solo descansa en su cifra, sino en su fecha. En mayo Sanidad anuncia un plan para la detección precoz de casos… Es un sarcasmo más de cincuenta días después del confinamiento, más de 215 000 infectados después, más de 30 000 muertos después. Los test no son para escribir un libro. Recuerdo aquella tarde en la que me infecté. Buscan prevenir que el positivo infecte a más. Y nos hemos confinado en marzo sin saber el grado de contagio.

Los supermercados ese 11 de marzo registran largas colas y alta demanda. España ha entrado en pánico. Los españoles huelen el confinamiento, aunque ninguna autoridad lo confirma.

Ese eterno lapso, desde que la gente teme el confinamiento hasta que entra en vigor el 15 de marzo, genera un efecto indeseable: cientos de miles de españoles huyen hacia el lugar donde desean pasar la reclusión. Sea porque el Gobierno duda, sea porque quiere permitir esta fuga para que la jaula no sea tan lesiva… se origina una diáspora. Castilla-La Mancha recibirá un aluvión de madrileños (más de trescientos mil), saturará sus posibilidades sanitarias y disparará su contagio y letalidad. Y el paciente cero de Galicia será un estudiante de Madrid.

Simón redistribuye un informe de The Lancet: «Presentan dos simulaciones en las que en función de las medidas de distanciamiento social se achata el pico de la epidemia». El distanciamiento aplasta el virus. ¡Y lo dice después del 8M!

Lo denomina «píldoras de conocimiento que hemos preparado en el CCAES por si pueden resultar de utilidad». No menos sarcástico es otro hallazgo de Simón: «La búsqueda exhaustiva y control de los contactos parece de suma importancia». Tan importante que España llega a junio sin hacerlo. No en vano, el 28 de febrero, Sanidad escribía: «Contactos casuales. No se realizará una búsqueda activa de estas personas».

José Manuel Franco ya es fan de Simón: «Encomiable el trabajo de @sanidadgob, expertos y autoridades sanitarias. Esencial mantener la tranquilidad y seguir sus recomendaciones», escribe en Twitter al tiempo que retuitea al director del CCAES.

El CCAES es más que un megáfono de alertas. Tiene la función de coordinar la gestión de la información y apoyar en la respuesta ante situaciones de alerta o emergencia sanitaria.

Debe desarrollar un sistema rápido de detección, comunicación, evaluación y respuesta frente a alertas sanitarias. El CCAES realiza un informe mensual para Presidencia del Gobierno (Departamento de Seguridad Nacional). Y le compete hacer evaluaciones del riesgo rápidas y propuestas de medidas. Incluso actividades de Inteligencia (sic) Epidemiológica. Sí, has leído bien: inteligencia. Ninguna autonomía discute su papel, pese a las inercias soberanistas. Pero todo ese poder sale malparado con la realidad: ¿rapidez en la respuesta, en la detección? ¿Labor de inteligencia? Tuvo todo el poder pilotar la crisis. Ninguna autonomía maniató sus decisiones.

12 de marzo de 2020. Todas las comunidades deciden cerrar los centros educativos. Se confinan Igualada y tres municipios de Barcelona. El IBEX 35 sufre la mayor caída de su historia. El Gobierno anuncia que destinará 3800 millones a la Sanidad e inyectará 14 000 a la economía ante el impacto del coronavirus. El delegado del Gobierno en Madrid retuitea lo siguiente: «El presidente @sanchezcastejon: El Gobierno gobierna, pero sobre todo coordina y colabora».

La Comisión del 8M de Madrid, convocante de la marcha principal, ante la polémica surgida con el crecimiento de casos, defiende que en todo momento actuó con responsabilidad y siguiendo las pautas de Sanidad. Irene Montero, asistente al 8M, enferma: «Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo». Días después acusa a la derecha de estar usando «con saña» la crisis del coronavirus para «atacar a las mujeres y al feminismo». El Gobierno aconseja, no prohíbe, desconvocar manifestaciones para frenar la epidemia. Lo anuncia la vicepresidenta Carmen Calvo. Enferma de coronavirus días después de participar en el 8M.

13 de marzo de 2020. Simón sigue defendiendo el 8M: «Hasta el domingo por la tarde los datos entregados por la Comunidad de Madrid no empezaron a reflejar un aumento preocupante». El 7 de marzo hubo veintiséis manifestaciones en la comunidad madrileña. En su mayoría, actos locales de diversos municipios previos a la gran marcha feminista de la capital del 8M.

14 de marzo de 2020. Se aprueba el real decreto ley para combatir la pandemia del coronavirus. De este modo, explica Sánchez en una rueda de prensa, el Gobierno se convierte en la única autoridad y confina toda España. Illa, el día que se fija el estado de alarma, sigue intentando que los enfermos de coronavirus se queden en casa:

A las personas que presenten síntomas leves se les indicará que contacten con sus servicios de salud o los teléfonos habilitados dependiendo de los protocolos establecidos en cada CC. AA. En los casos posibles, se indicará aislamiento domiciliario.

Los casos probables y confirmados que han requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta si su situación clínica lo permite, aunque su PCR siga siendo positiva, pero deberá mantener aislamiento domiciliario con monitorización de su situación clínica al menos catorce días desde el alta hospitalaria o hasta que se obtenga un resultado de laboratorio negativo.

Es el protocolo vigente el 14 de marzo. Illa quiere vaciar los hospitales. El tsunami de contagios llega. El colapso sanitario, también. El aislamiento en casa no está garantizado. Los enfermos expulsados o rechazados por el sistema sanitario se convierten en focos del coronavirus fuera de los hospitales. Y empeoran sin control presencial sanitario.

Sanidad exige unas avanzadas medidas a la vivienda del paciente desalojado del hospital: «Deben permitir el aislamiento del paciente en una estancia bien ventilada y, si es posible, un baño propio. Tanto el paciente como sus convivientes tienen que ser capaces de aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección. Los servicios sanitarios proporcionarán al paciente y sus convivientes todas las indicaciones necesarias». Sanidad da consejos, no mascarillas, a los familiares de enfermos.

¿Una familia puede garantizar la desinfección cuando el Estado usa la UME para higienizar escuelas, aeropuertos, residencias…?

¿Los parientes tienen equipos de protección? Illa ha descubierto la clave para frenar al coronavirus. No son mascarillas, ni guantes, ni batas, sino que la habitación esté ventilada. Y mantiene el criterio antitest: «No se realizarán pruebas diagnósticas para coronavirus de rutina en los contactos».

Ya vimos cómo Fedea analizaba cuántas muertes y enfermos se habría ahorrado España de haber aplicado el confinamiento el 7 de marzo. El 14 de marzo sigue siendo útil, pero es menos eficaz por tardío y el éxodo que genera.

El número de casos reportados en España el 4 de abril fue de 126 859. Habría aumentado a 617 743 en ausencia de confinamiento. El confinamiento implementado el 14 de marzo ha reducido el número de casos potenciales de COVID-19 en un 79,5 %.

El confinamiento, en paralelo, reduce muertes:

Se han evitado 46 619 muertes con el confinamiento real en España. Y se evitaron 220 531 casos hospitalizados con el cierre. El bloqueo impidió que 25 757 personas fueran tratadas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales.

La eficacia del confinamiento es menor por su tardía aplicación y la tolerancia de los infectos vuelos de Italia:

Mayores esfuerzos para prevenir las importaciones tempranas de casos de coronavirus desde Italia y otros países europeos habrían aumentado la efectividad del confinamiento. El número de casos reportados en muchas provincias, y su número de muertes, habría sido mucho menor si las restricciones/prohibiciones de viaje de pasajeros, las medidas de cuarentena y controles en aeropuertos y estaciones de tren se hubieran implementado al final de febrero.

Los científicos ven fisuras en el confinamiento por el éxodo estudiantil y turístico y los vuelos del extranjero:

Hay un acalorado debate en España sobre si el éxodo interno a las provincias (etiquetado como irresponsable) ha propagado notablemente el virus en todo el país. Un éxodo general desde los principales epicentros del coronavirus a las provincias menos pobladas podría haber puesto a los residentes locales en mayor riesgo ya que estas provincias tienen pocos hospitales para manejar un aumento de pacientes y sus poblaciones tienden a ser mayores. El éxodo externo de otros países (en particular, de China e Italia) arroja dudas sobre la efectividad de las medidas de control del coronavirus español, que no impuso ni prohibiciones ni controles de viajes internacionales de pasajeros en aeropuertos y estaciones de tren hasta que el Gobierno de España decretó la cancelación de todos los vuelos directos desde Italia a España el 10 de marzo.

El informe proclama que «España reportó los primeros casos de contagio en febrero, importados principalmente de Italia». Y acusa de imprevisión al Gobierno:

El número de casos de coronavirus se habría reducido en un 12,8 % adicional si el bloqueo se hubiera implementado en las primeras etapas de la epidemia de coronavirus, una reducción que probablemente habría evitado el colapso de muchos hospitales en España. Por lo tanto, el confinamiento real ha sido una herramienta eficaz para contener el brote de COVID-19 en España. Sin embargo, creemos que hubo una falta de previsión por parte del Gobierno español, ya que no pudo anticipar el desarrollo real de la epidemia de coronavirus en España.

¿Qué errores ha habido en la respuesta a la pandemia en España? Me contesta José Manuel Bautista, catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), experto en enfermedades infecciosas:

Muchos. No sé si es posible hacer un listado así tan rápidamente. El más grave creo que ha sido la parálisis de decisiones acertadas causada por la falta de profesionales de la sanidad y con profundo conocimiento de enfermedades infecciosas en los órganos ejecutivos del Gobierno. No ha habido gente de acción. Otra cuestión es que los análisis han sido demasiado globales y lo siguen siendo.

Por ejemplo, hay que mirar en detalle qué está pasando en cada una de las residencias de mayores y no hacer la media de todas las residencias de mayores. Lo mismo se aplica a las ciudades, autonomías, etc. Sin una observación al detalle, no se realizan acciones al detalle donde se necesitan. Y, finalmente, el desconocimiento de los recursos disponibles de verdad y de una coordinación eficaz única y con visión global de las posibilidades de acción que se tenían.

Una más: los equipos de Salud Pública han sido lentos en reaccionar, incluso lo siguen siendo ahora.

Esto lo escribe Bautista el 8 de mayo de 2020. Pero el 14 de marzo, los españoles somos confinados sin saber el nivel de contagio. El Gobierno nunca ha entregado los informes que usó para justificar la necesidad del estado de alarma. Ni siquiera cuando se los reclamó el Tribunal Supremo. Su única respuesta fue un informe que indicaba que «los datos proporcionados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica evidencian que las medidas aplicadas durante el periodo de vigencia del estado de alarma están consiguiendo alcanzar gradualmente el objetivo de disminuir la transmisión de la enfermedad y, lo que es más crítico en estos momentos, reducir al máximo el riesgo de colapso en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios». Sánchez explica al Supremo que el estado de alarma funciona bien, pero no detalla qué informe usó para acudir a medida tan excepcional.

15 de marzo de 2020. Desde el domingo 8 al domingo 15, el número de casos se ha multiplicado por doce (7753) y el de fallecidos por dieciséis (288). Una semana es el tiempo que tardan los síntomas de la enfermedad en aflorar. En ese lapso a veces el síntoma ya es la muerte. Con el coronavirus en España se tarda tanto en llegar al hospital como al cementerio. Ningún miembro del Gobierno osa explicar tal aumento de casos tras los actos masivos del 8M. La fatalidad, que diría Sánchez.

Más casualidades. Desde el 8M, han dado positivo las ministras Irene Montero, Carolina Darias, la vicepresidenta Carmen Calvo, la esposa del presidente y su suegro. Es el más impactante informe epidemiológico que podía elaborar el Gobierno: sus ministras resultan infectadas tras un acto masivo en el que han estado codo con codo sin respetar ni la distancia de protección al virus (dos metros) ni el veto a eventos multitudinarios que preconizan OMS y UE. Normas que Sánchez dice cumplir. El Gobierno, que se resistía a creer que el virus se transmitía de persona a persona cuando ya era una evidencia mundial, prueba en sus carnes que se transmite de ministra a ministra.

Illa vende medidas de dudosa concreción: «Sanidad pone a disposición de los consejeros y consejeras autonómicos todas las instalaciones y recursos de la sanidad privada». Y lanza un tardío reclutamiento. Se prorrogan los contratos de los residentes de los últimos años de formación; se permite la contratación de personas con licenciatura o grado en profesiones sanitarias que aún no tienen curso de especialidad; y que estén en último año de los grados de Medicina y Enfermería. Los sanitarios jubilados menores de setenta años deben estar disponibles.

Illa quiere saber en cuarenta y ocho horas bajo amenazas qué empresas españolas tienen mascarillas dos meses y medio después de iniciarse el coronavirus en China: «En cuarenta y ocho horas, todas las empresas que cuenten con productos necesarios para la protección de la salud, como mascarillas, deben comunicar sus existencias y su localización a Sanidad. Las empresas que tengan capacidad productiva para fabricarlos también deberán comunicarlo. Su incumplimiento, o el falseamiento de los datos al respecto, acarreará sanciones».

El ministro de Sanidad sostiene que estas medidas, «de una enorme trascendencia y sin precedentes», son «el camino adecuado para vencer al coronavirus». «Viendo el ejemplo que está dando la ciudadanía y el esfuerzo de nuestros profesionales sanitarios, no tengo ninguna duda de que lo vamos a conseguir», concluye. El 7 de junio ya no es tan optimista. «Visto lo visto, todos llegamos tarde a esto», declara a El País. Sin embargo, ese mismo mes se reparten parabienes en el equipo de la pandemia española. Illa aplaude a Simón y al CCAES: «Feliciten a la señora Ana Pastor por haber creado el CCAES y a la señora Ana Mato por haber nombrado a Fernando Simón». Sánchez alaba al dream team: Illa y Simón «nos hacen mejores como sociedad».

Una sociedad mejorada con más de 44 000 muertos.

19 de marzo de 2020. El Gobierno canario aplica a todos los vuelos con la península esa medida inútil de tomar la temperatura a pasajeros que recomienda la OMS. Javier Sampedro desvela en El País la impostura de las cifras oficiales:

PREPARADOS PARA UNA EXPLOSIÓN DE CASOS

El cálculo de infectados por el coronavirus que venimos conociendo, y que el jefe de emergencias sanitarias, Fernando Simón, nos actualiza cada día con loable precisión aritmética, es una estimación a la baja de manual, y seguramente muy abultada. La razón es que no estamos haciendo las pruebas a las personas con síntomas leves o sin ninguno. No hay recursos para hacérselas a todo el mundo y se reservan para los casos graves o las personas demostradamente expuestas a un foco. En los próximos días se ampliarán las pruebas a los casos leves y eso aumentará la cifra total de casos comprobados. Y la aumentará mucho […]. Acabamos de empezar el confinamiento, y ayer teníamos 14 000 casos confirmados. Si la experiencia china fuera extrapolable a la nuestra, nuestro número real de infectados sería de 100 000 ahora mismo. Las pruebas a las personas con síntomas leves acercarán el número de casos oficial al número real, pero no lo alcanzarán del todo mientras no se hagan pruebas a la población asintomática, lo que no va a ocurrir de momento.

Por esas fechas, el Instituto para Estudios de Política Internacional de Milán, tras analizar la mortalidad del virus en algunos de los países, sostiene que el COVID-19 tiene una «letalidad plausible» media de un 1,4 % entre los infectados. Y no de un 10 % como apuntan las estadísticas oficiales en Italia o un 7,9 % que reflejan las españolas. Esa «letalidad plausible» arrojaría que habría más de 407 000 infectados reales en España. Más de cinco veces los que aparecían en las estadísticas de Sanidad. Y si la letalidad real es solo de un 0,38 %, en España habría veinte veces más infectados de lo que dicen las estadísticas: un millón y medio de personas. Una consultora prevé por entonces que para mayo habrá 568 000 infectados en España.

24 de marzo de 2020. Sanidad remacha su consigna de no hacer seguimiento de los contactos ni testarlos. El Gobierno erige un estado de alarma para combatir una pandemia y prescinde de las dos armas más exitosas ensayadas contra el coronavirus en otros países, aparte del confinamiento o el distanciamiento social. El Gobierno vuelve a definir qué entiende por contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados:

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.

Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de dos metros durante un tiempo de al menos quince minutos.

Amplía algo el abanico, pero siguen sus órdenes tajantes: «No se hará un seguimiento activo de los contactos, únicamente se les indicará realizar cuarentena domiciliaria durante catorce días desde el último contacto con el caso si no es conviviente o desde la finalización de los síntomas del caso, si es un conviviente […]. No se realizarán pruebas diagnósticas para coronavirus de rutina en los contactos».

El contacto que convive con un infectado debe iniciar su cuarentena cuando su acompañante deje de tener síntomas. Es decir, puede irse dos semanas al trabajo o al supermercado mientras el conviviente tosa y tenga fiebre (contagie) y luego, cuando se recupere, cerrojazo en casa. Y también es curioso que pida hacer cuarentena tras el último contacto con el no conviviente enfermo. ¿No será mejor desde el primer contacto y ganar tiempo?

26 de marzo de 2020. España no hace test a contactos, pero piropea los ajenos. Lo recoge un informe técnico:

En la serie más larga en la que se describen las características de todos los casos detectados en China desde el inicio del brote hasta el 11 de febrero de 2020 (72 314 casos), el 1,2 % de los casos fueron asintomáticos. Estos casos se detectaron en el contexto de búsquedas exhaustivas en brotes intrafamiliares y algunos acabaron desarrollando síntomas. En contraste, en el barco Diamond Princess, cuarentenado en Japón, en el que se realizaron pruebas diagnósticas a 3700 pasajeros, el 50 % de los que tuvieron resultados positivos estaban asintomáticos. Posteriormente, tras catorce días de observación, la mayoría desarrollaron síntomas, siendo el porcentaje de verdaderos asintomáticos del 18 %.

El Gobierno no quiere ni querrá buscar ni testar ni aislar asintomáticos. Pero son bombas ambulantes de contagios. Células durmientes ocultas de la expansión del virus:

Por otra parte, la carga viral detectada en un caso asintomático fue similar a la de otros casos sintomáticos, efecto que ha podido también ser observado en un modelo animal. En modelos matemáticos basados en los brotes epidémicos de Singapur y Tianjin (China), se han estimado proporciones de transmisión a partir de casos presintomáticos del 45 % y el 62 %, respectivamente.

Tres meses después, Illa elogia el confinamiento chino:

El número básico de reproducción R0 (el promedio de casos secundarios producidos a partir un caso) calculado mediante modelización a partir de datos preliminares disponibles se ha estimado entre 2-3. En el brote de Wuhan el R0 fue de 2-2,5. Sin embargo, este valor es cambiante desde que comienza la epidemia y disminuye con la aplicación de medidas de salud pública como se ha observado en Wuhan y el resto de China.

Dicho documento oficial ahorca al Gobierno de Sánchez:

Por otro lado, en otro estudio en que se describen nueve series de infecciones secundarias como consecuencia de eventos sociales de corta duración (una comida o una visita corta) en China y otros países, el valor de tasa secundaria es mucho más alto, del 35 %. Por tanto, por causas aún no conocidas, parece que hay eventos con personas infectadas que muestran una altísima tasa de trasmisión del virus frente a otras situaciones en las cuales la transmisión es mucho menor.

Si una comida produce una tasa altísima de contagios, ¿qué impacto tiene una reunión de 120 000 personas? Sanidad desoye el consejo chino para salvar a sus sanitarios:

En el inicio de la epidemia, se publicó una alta transmisión intrahospitalaria a trabajadores sanitarios de hospitales de Wuhan (40 %), que luego fue descendiendo (el 2 % en la serie de Guan). Una vez se tomaron medidas de protección individual adecuadas, la transmisión a sanitarios descendió drásticamente. Entre los 40 000 sanitarios que se enviaron a Hubei se detectaron pocos casos de infección que fueron atribuidos a transmisión comunitaria. Desde el inicio de la epidemia se han detectado más de 375 000 casos en el mundo, más de 216 000 en Europa, de los cuales casi 48 000 se han detectado en España.

Sanidad admite que China envía 40 000 sanitarios al foco de la epidemia y apenas enferman. Mientras, se infectan 48 000 sanitarios españoles. Algo hizo bien China, algo hizo mal España.

Sanidad admite ya el colapso sanitario en su informe técnico del 26 de marzo, poco más de dos semanas después del 8M. Los enfermos de coronavirus ni caben en los hospitales ni en las UCI. Y eso a pesar de que todos los enfermos leves están en casa, con el consiguiente riesgo de agravamiento y contagio oculto:

En España, entre los primeros 18 609 casos con información completa, el 43 % requirieron ingreso hospitalario y el 3,9 % ingreso en UCI. En estos momentos muchos países de Europa presentan un nivel de saturación muy alto de sus sistemas asistenciales y la mayoría de los casos leves se encuentran en sus domicilios sin confirmación diagnóstica.

¿A qué países se refiere Sanidad? ¿Cuáles tienen saturación hospitalaria y enfermos en casa sin diagnosticar? El 17 de abril actualiza dicho informe. El Gobierno no solo elogia el modelo chino. Piropea el confinamiento de Italia que dilató copiar: «Se ha observado como las medidas de salud pública y de distanciamiento social tomadas tanto en China como en Italia han tenido un impacto directo en la disminución de R0 [tasa de reproducción]».

El piropo llega tarde. China inicia su confinamiento en enero. Italia lo hace el 23 de febrero, con once pueblos confinados, con más de ciento cincuenta casos. Suspenden las clases en cuatro regiones. Y el carnaval de Venecia se cancela. Varios países imponen restricciones a los viajeros italianos. Y amplía día a día las restricciones hasta el 9 de marzo. Toda Italia queda confinada.

Si el elogiado despliegue de medidas del Gobierno italiano arranca el 23 de febrero y las chinas a primeros de enero, ¿por qué el Gobierno las ve eficaces el 17 de abril y el 26 marzo, respectivamente? Si son eficaces y no se han tomado antes, ¿debe dimitir alguien? ¿Dónde estaba el jefe de alertas cuando no la OMS, sino el telediario difundía cada día esas medidas aquí ignoradas? Y lo clava Miguel Sebastián, el exministro socialista: «China decretó el confinamiento con cien casos, nosotros con cuatrocientos. Debimos hacerlo como los chinos, con los cien primeros casos». Un significado socialista me dice a fines de marzo: «Tenemos los mismos infectados y muertos que tendríamos si no hubiera Gobierno».

Un estudio de las universidades de Eindhoven y Boston muestra las virtudes de las medidas sociales restrictivas. Los autores analizaron las muertes observadas y estimaron que la orden de encierro, cierre de escuelas, prohibición de los eventos públicos y el fomento del distanciamiento social redujeron el número de contagios en un 50 %, un 20 %, un 10 % y un 10 %, respectivamente. Llegaban a parecida conclusión también tras estudiar los datos de infectados. El efecto del confinamiento, la prohibición de reunirse, el cierre de la frontera, la prohibición del trabajo, la prohibición de eventos públicos y el cierre de escuelas reducían el número de reproducción en un 36 %, un 34 %, un 31 %, un 31 %, un 23 % y un 8 %, respectivamente. Muestra que baja tanto la expansión del virus el confinamiento (36 %) como la prohibición de reunirse (34 %).

La mano dura fue igual de eficaz que la mano blanda: «Las prohibiciones de reuniones (Alemania y los Países Bajos) fueron tan efectivas como los confinamientos completos (Italia, España, el Reino Unido y Bélgica)». Los datos de movilidad de Google mostraron disminuciones similares de actividad en Bélgica, el Reino Unido, España e Italia. Me quedo con dos lecciones del estudio: toda restricción de movimientos salva vidas. Algunos europeos se quedaron en casa sin estar confinados ni vigilados policialmente. ¿Eran más conscientes que los españoles o su Gobierno les alarmó mejor? Si toda restricción salva vidas, ¿por qué tardamos dos meses y medio en adoptarla?

Capítulo 6
El sistema sanitario, la derrota de la Armada Invencible de Sánchez

Desde el inicio de la alerta por SARS-CoV-2 se han notificado 40 961 casos de COVID-19 en personal sanitario al 29 de mayo de 2020, según el último estudio específico, aunque otras fuentes oficiales lo actualizan a más de 50 000. Supone un 24,1 % del total de casos de COVID-19 declarados hasta esa fecha. El 76,5 % de los casos de COVID-19 infectados en personal sanitario son mujeres. La letalidad de los casos de COVID-19 en personal sanitario notificado es del 0,1 % (52 casos). «Estos resultados deben interpretarse con precaución, puesto que se han considerado como no infectados los casos sin información, y deben ser confirmados en posteriores análisis», apunta Sanidad. Una cautela que no exhibe con muertos ajenos a este colectivo.

España sabía desde enero la capacidad mortífera del virus para los sanitarios: «En el inicio de la epidemia se publicó una alta transmisión intrahospitalaria a sanitarios de los hospitales de Wuhan (29 %), que fue descendiendo (el 3,5 %)».

Sanidad lo dice el 6 de marzo y el 17 de marzo añade: «Una vez se tomaron medidas de protección individual adecuadas, la transmisión a sanitarios descendió drásticamente. Entre los 40 000 trabajadores sanitarios que se enviaron a apoyar a los de Hubei se detectaron pocos casos de infección que fueron atribuidos a transmisión comunitaria».

Sanidad en sus informes parecía haber aprendido la lección de China e Italia durante los meses de enero y febrero. El 16 de abril resume las enseñanzas del país vecino: «En Italia, el país europeo donde se detectó transmisión comunitaria sostenida, se estimó que el 20 % de los trabajadores sanitarios que dieron respuesta a la epidemia se habían infectado en el plazo de un mes. En España el 18,5 % de los casos notificados eran sanitarios».

¿Qué dice Sanidad el 17 de abril, cuatro meses después del brote, cuando sus sanitarios caen a mansalva por desprotección?

El alto contagio entre el personal sanitario podría atribuirse a diferentes factores. En la fase inicial del conocimiento de la enfermedad, aunque la transmisión comunitaria era inexistente o muy baja, el desconocimiento de la transmisión de la infección a partir de casos asintomáticos pudo generar casos entre sanitarios indebidamente protegidos. Esta transmisión por escasa protección pudo ocurrir posteriormente por el grave problema mundial de desabastecimiento de equipos. En un escenario de transmisión comunitaria sostenida, aun con medios suficientes para protegerse en el entorno laboral, los sanitarios también podrían haber contraído la infección en la comunidad o en el centro sanitario en zonas donde no utilizaban equipos de protección.

Sanidad proclama una cosa y su contraria: por falta de medios los sanitarios se contagian, con protección habrían enfermado también. Olé el rigor. El párrafo es mortal. El Gobierno dice que en el «inicio del despliegue del virus, por desconocimiento de la transmisión, pudieron darse casos de desprotección de los sanitarios». Pero China es enero: contagio ya de sanitarios. Italia es febrero: más contagio de sanitarios. Y Sanidad reconoce que los contagios bajaron en China cuando se tomaron medidas de protección: «Según las conclusiones de la misión de la OMS en China, una vez se tomaron medidas de protección individual adecuadas, la transmisión a sanitarios descendió drásticamente». Esa misión de la OMS se produjo en febrero, pero otra en enero alertó de sanitarios enfermos y la necesidad de protegerlos. ¿Cómo alega Sanidad que faltó información sobre la vulnerabilidad de los sanitarios? Riza el rizo el 17 de abril para justificarse:

En un hospital en Madrid la proporción de infección de los sanitarios en contacto con pacientes de COVID-19 fue similar a la de los que no tenían contacto: el 38 % de los que se hicieron pruebas fueron positivos. Al comparar la proporción de infectados por áreas de riesgo no se observaron diferencias. Estos resultados apoyan el que también entre los trabajadores sanitarios, el peso de la transmisión intrafamiliar y comunitaria, además de la intrahospitalaria, pudiera ser importante.

Según Illa, a los sanitarios les está contagiando su familia. Y esto se dice en una España donde muchos sanitarios deciden abandonar su hogar para no contagiar a los suyos. El Gobierno aquí manipula un dato: no hay diferencias por áreas de riesgo en los hospitales. Claro. Lo que está desprotegido es el sistema entero. Cada hospital, centro, ambulancia… Sanidad desdibuja las conclusiones chinas: que la tasa de contagio de los sanitarios es alta.

La detección de la infección en los sanitarios con un acceso prioritario a las pruebas diagnósticas es difícil de interpretar en un contexto en el que solo se confirman las infecciones de las personas con un curso más grave de la enfermedad a nivel poblacional. En este sentido, se conoce que los profesionales sanitarios son sometidos a pruebas diagnósticas ante la presencia de sintomatología de cualquier tipo o incluso en asintomáticos, según criterios de cada centro, para poder proceder al aislamiento temprano de este colectivo. Tanto las cifras de hospitalización como de ingreso en UCI son muy inferiores en sanitarios, reflejándose en las tasas de mortalidad, que no alcanzan el 0,2 %, frente a un 10,5 % en los casos confirmados notificados en esta fase de la epidemia.

El Gobierno insinúa que se exagera la infección sanitaria. Alega que sus profesionales se hacen pruebas a la menor sospecha, sin síntomas. Se les prioriza en los test sobre los demás españoles y eso sobredimensiona su peso entre los contagiados. En junio ya no se cree sus palabras y plantea hacerles un test masivo. Tiene más de cuarenta mil sanitarios infectados y más de cincuenta muertos. No fabulaban. Paradójicamente, admitía en ese informe los peligros hospitalarios:

Del mismo modo, se ha podido detectar el virus en algunas muestras de aire en dos hospitales de Wuhan, a diferentes concentraciones. Si bien la mayoría de las muestras fueron negativas o el virus se detectó en concentraciones muy bajas (menos de 3 copias/m3), en algunos lugares se detectó una mayor concentración: en los baños de pacientes (19 copias/m3) y en las habitaciones designadas para retirar el EPI de los sanitarios (18-42 copias/m3). Tras aumentar la limpieza de los baños y reducir el número de sanitarios usando las habitaciones, se redujeron los contagios.

Cal y arena. En algunas zonas hospitalarias es alta, en otras no. Pero se admitía que el virus se extendía por el aire de los hospitales. Suficiente para un Gobierno cauto. Si además de limpiar los baños sus sanitarios tuvieran EPI, pesaría menos su desinfección. El 7 de mayo Sanidad dice que el 14 % de los infectados españoles contrae la enfermedad por visitar un hospital. No por estar con enfermos, no por viajar a China ni a Italia. Por visitar un lugar que debía curarlos. Supondría más de 25 000 personas infectadas por pisar centros sanitarios en aquellas fechas. Y habría que sumar otro 21 % que enferma porque es sanitario. Más de un tercio de los enfermos del coronavirus los generan los hospitales por falta de medidas preventivas. Ese 7 de mayo, Sanidad cifra en 35 548 los sanitarios enfermos. El 26,7 % se infectó por visitar un hospital.

Pero lo relevante no es que los sanitarios enfermos ya sean el 21 % del total de infectados españoles. Suman más que el total de contagiados de cualquier autonomía española, salvo Madrid y Cataluña. Pero si se mira fuera de las fronteras es aún más llamativo: el 7 de mayo de 2020 solo los sanitarios españoles enfermos suman más infectados que los totales nacionales de una lista de cuarenta y un países europeos.

Son un país en sí mismo. La décima potencia europea por número de contagios. Solo le aventajan España, el Reino Unido, Italia, Rusia, Alemania, Francia, Turquía, Bélgica y Holanda.

¿Qué ha hecho mal Sánchez para que ese 7 de mayo sumen más sus sanitarios enfermos de coronavirus (35 548) que todos los pacientes de Portugal (25 182)? O Suiza, 30 305. Y el doble que Austria o Polonia. Por no hablar de Grecia, 2710. ¿La culpa es de los recortes sanitarios? Algo falla en esta excusa. Hay ocho países que tienen un mayor gasto sanitario que el español: Alemania, Bélgica, Austria, Dinamarca, Francia, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia. Pero las distancias no son infinitas en porcentaje. España gasta un 9 % del PIB si se computa el gasto privado, y las más aventajadas rondan el 11 %. Pero España sufre la peor cifra de contagios de Europa. Y su tasa de muertos de coronavirus por 100 000 habitantes es la mayor de Europa.

Gana en pandemia a los países que invierten más y a los que invierten menos de Europa. Portugal, con menor inversión sanitaria (el 6 %), tiene 25 182 casos. A igual fecha, 7 de mayo, España tiene 220 325 casos, y si se computan los test rápidos, algo que molesta al Ejecutivo, 253 682 casos.

La diferencia de dos puntos del PIB invertidos en Sanidad entre Alemania y España no da la diferencia de gasto real. Alemania gasta 4459 euros por habitante en Sanidad. Y España destina la mitad, solo 2221 euros por habitante. Pero este rasero se vuelve al revés cuando se mira a Portugal: invierte 1695 euros por habitante en Sanidad, 526 euros menos por habitante que nuestro país. Y, sin embargo, frena en seco la pandemia. El país luso impide todo llanto victimista. Una mayor inversión sanitaria siempre fortalece el sistema. Pero España no es la Cañada Real en materia sanitaria. No tiene peor Sanidad que Bulgaria, ni que Azerbaiyán. No explica el desastre. No en esas proporciones.

Y, sobre todo, el Gobierno es preso de sus propias palabras.

«Tenemos un Sistema Nacional de Salud muy potente, robusto, con grandes profesionales y estamos preparados para hacer frente a la situación», dice Illa el 13 de febrero ante todos los ministros sanitarios europeos, incluidos más de cuarenta que le vapulearán en prevención con sus recursos raquíticos.

Ese ejército, sobre el papel, pinta bien: 147 000 profesionales de la medicina: 36 000 en los equipos de atención primaria, 82 000 en hospitales, 3000 en servicios de urgencia y emergencias (112/061) y 26 000 especialistas en formación. Más 182 000 profesionales de enfermería: 30 000 en los equipos de atención primaria, 146 000 en hospitales, 3000 en servicios de urgencia y emergencias (112/061) y 2000 especialistas en formación. Más otros 317 000 profesionales (auxiliares de enfermería y personal en formación). Sánchez al inicio de la pandemia suma más de 646 000 sanitarios. El 28 de febrero España solo tenía 31 casos de coronavirus. ¿Más de 600 000 sanitarios eran insuficientes para controlar, testar y aislar a los 31 casos y a sus contactos?

Pero si dilatas las compras de material preventivo, permites alegrías callejeras como el 8M y vuelos cargados de virus desde Italia… meses después los infectados ya son más de 260 000. Ya tienes más infectados que médicos. O que enfermeras.

Si la armada sanitaria es invencible, ¿por qué Illa pide desde el arranque del contagio en España que se queden en casa todos los enfermos de coronavirus con síntomas leves, que no molesten acudiendo a urgencias? ¿Por qué aconseja a los contactos que hagan su vida y que avisen y se aíslen solo si enferman? ¿Por qué pide a los ancianos y cuidadores contagiados que se encierren en sus residencias o casas salvo que empeoren? ¿Por qué ordena no hacer seguimiento de los contactos? ¿Por qué el arma sanitaria de una potencia como España es encerrar en una habitación bien ventilada casera a un enfermo que puede morir en una semana o contagiar a toda visita? Esta armada invencible también naufraga. Lo hace frente a los embates del virus. ¿Culpa de la flota o del almirante? Las querellas sanitarias avalan lo segundo.

¿Qué órdenes imparte el Gobierno a sus sanitarios para protegerse? Si entraba en contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado de COVID-19 con uso adecuado del EPI debía continuar con la actividad asistencial normal y se le realizaría vigilancia pasiva de aparición de síntomas.

¿Qué ocurría si el sanitario lo hacía sin EPI? Lo explica el 8 de abril la Guía de actuación frente al COVID-19 en los profesionales sanitarios y sociosanitarios: «Casos leves: Se retirará al profesional de la actividad asistencial. Se valorará la realización a los siete días de un test diagnóstico por PCR. En caso de que la PCR sea negativa se deberá reincorporar a la actividad asistencial, garantizando el uso de mascarilla quirúrgica y guantes en la asistencia y vigilancia activa de aparición de síntomas hasta los catorce días del contacto. Si la PCR es positiva se iniciará el procedimiento de manejo de los casos. Si no se realiza PCR se deberá garantizar cuarentena domiciliaria catorce días con vigilancia activa de los síntomas».

Pero el manual abre otro boquete: «En caso de que no se realice la PCR, el trabajador terminará el aislamiento transcurridos siete días desde el inicio de síntomas siempre que hayan transcurrido setenta y dos horas sin síntomas y ausencia de fiebre sin necesidad de toma de antitérmicos. Cuando se incorpore a su actividad, lo hará con mascarilla quirúrgica hasta completar catorce días desde el inicio de síntomas, evitando durante este tiempo el contacto con personas consideradas vulnerables para esta enfermedad». Esto posibilita que un sanitario tras sufrir síntomas leves vuelva a su hospital sin saber si ha tenido coronavirus, si ha contagiado o si aún puede contagiar.

Illa no exige que se haga la prueba a todo sanitario sospechoso de contagio. Se valora a los siete días, es decir, cuando el sanitario ya tenga síntomas flagrantes de haber enfermado. El test debería servir para conocerlo desde el primer día. Porque, aunque se derive al sanitario potencialmente contaminado a cuarentena domiciliaria, puede contagiar a sus parientes y visitas durante una semana. En junio el Gobierno rechaza exigir a los pasajeros que vengan a España un test PCR que confirme que son negativos. Alega que fallan. Sin embargo, no le importa que retornen a su trabajo sanitarios con una prueba negativa de PCR.

Miguel Ángel García, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), titula el calvario «Profesionales abandonados en una sanidad de crisis». Su texto es duro:

A cada uno le toca cargar con su propia responsabilidad. Y lo cierto es que los políticos, TODOS los políticos (o, al menos, la mayoría de ellos), han respondido tarde a la crisis COVID. Diferencias de una semana en la toma de medidas a buen seguro que habrían marcado una diferencia, pero en cualquier caso habría sido tarde para muchas cosas, como estamos viendo para el tema de los equipamientos de protección. Ninguno de los diecisiete sistemas sanitarios tenía suficiente provisión de estos equipamientos, lo que ha sido más evidente en los que se han visto expuestos a un mayor número de casos. Y era una obligación suya. Y del Gobierno central, por supuesto. A todos parece haberles «pillado el toro».

Y esto hay que asumirlo. Pero no se hace así.

Y se ha llegado mal y tarde, por ejemplo, en el Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: el SARS-CoV-2, que pretende dar orientación a las decisiones de priorización que se estaban presentando en muchos centros sanitarios: se ha llegado mal porque, a pesar de la necesidad de respaldo oficial a las orientaciones éticas para las decisiones de priorización, no incluye explícitamente ese respaldo por parte del Ministerio de Sanidad, como autoridad delegada; y se ha llegado tarde, porque ya se habían tenido que tomar muchas de esas decisiones, con el único respaldo del propio criterio moral de los profesionales, algunos comités locales de ética y las sociedades científicas de las especialidades más implicadas, y ya se había superado el pico del embate inicial de la pandemia. No solo les ha tocado a los profesionales enfrentarse a la dureza de la crisis, sino que en muchos aspectos se les ha dejado desde las instituciones en la más absoluta soledad.

Lo quieran aceptar o no nuestros políticos, la sanidad ha estado trabajando durante la mayor parte de la crisis en situación de contingencia, rayando en ocasiones la situación de catástrofe. Tan solo dentro de ese marco puede considerarse la actuación de los profesionales: los recursos estaban sobrepasados, se multiplicaban las iniciativas y, sobre todo, los espacios asistenciales, se cambiaba de área asistencial a muchos especialistas, se ha reutilizado (o preparado de forma casera) material de protección… Esta ha sido la realidad, y hay que asumirla.

Eran muchas las voces, tanto privadas como públicas, que ponían en duda la gravedad de la crisis y las tomas de postura de la OMS, que siempre recomendó la toma de medidas agresivas ante ella. Lo hecho hecho está. Habrá que asumirlo con responsabilidad, como digo, pero habrá que asumirlo y no negarlo.

El 24 de marzo el Consejo General de Enfermería estalla.

El presidente de la Organización Colegial de Enfermería de España, Florentino Pérez Raya, muestra su «consternación e indignación. España es el país del mundo con la mayor cifra de profesionales sanitarios infectados: hoy ascienden a un total de 6493 personas que representa el 13,6 %, muy por encima de China y de Italia».

Para el presidente de las 307 000 enfermeras y enfermeros de España, estas cifras ratifican lo que denuncian desde el principio de la pandemia: «Los profesionales sanitarios se están enfrentando a una situación insostenible, obligados a prestar la asistencia sin disponer de las medidas de seguridad necesarias para protegernos: EPI adecuados, mascarillas FFP2, batas impermeables, protecciones oculares adecuadas, guantes… Se están jugando la vida, y hay que recordar que ya han muerto una enfermera en el País Vasco y una médica en Salamanca, ambas muy probablemente por trabajar sin seguridad, y que los profesionales no solo se están jugando su seguridad, también la de los suyos, porque cuando vuelven a casa conviven con la familia».

«¿Dónde está todo el material prometido desde hace días por el Ministerio?», se pregunta. «Llevamos días esperando la llegada de aviones con cientos de miles de unidades de este material de seguridad, pero sigue sin estar a disposición de los hospitales. No estamos cuidando a quienes tienen que cuidarnos. Cada baja por infección es un profesional que no puede salvar más vidas».

«Los profesionales están desesperados y no vemos soluciones, la Organización Colegial de Enfermería está dispuesta a comprar material de seguridad para los sanitarios; sin embargo, la regulación aprobada por el Gobierno nos lo impide, es una situación desesperante: no nos dejan a nosotros comprar el material y el que ha comprado —el Gobierno— no llega a los hospitales», asegura Pérez Raya.

Pérez Raya lo deja claro: «O reaccionamos de inmediato o vamos hacia un escenario en el que no va a haber enfermeras en activo para prestar los cuidados necesarios, especialmente en las áreas más críticas, como urgencias o cuidados intensivos. Hay que disponer de un registro en el que conste el número de profesionales infectados y en cuarentena, así como los que están en activo. Además, es imprescindible que se realicen test rápidos a todos los sanitarios para saber la situación real y poder gestionarla».

Envía ese día una dura carta personal a Sánchez:

Le aseguro que sentiría, como yo siento, verdadera vergüenza e indignación si asistiera a la visualización de los recursos materiales de orden preventivo con los que, presuntamente, nuestros profesionales tratan de garantizar su propia seguridad clínica y la seguridad de sus pacientes, muchos fabricados de manera verdaderamente artesanal por ellos. Le aseguro que este pavor alcanzaría cotas estremecedoras si los comparase con los medios de protección utilizados en China por los profesionales de su nivel.

Y arremete contra el equipo de Simón:

Los datos que diariamente nos facilitan aquellos que, para mayor irritación por parte de todos, son los mismos que auguraban —con patética aura científica— una incidencia mínima de esta pandemia en nuestro país ponen de relieve cómo España es el país con mayor índice de sanitarios infectados de todo el mundo. Esto, presidente, no es producto de la casualidad; es producto del desamparo, es producto de la incompetencia que conlleva el triste hecho de que en España, el país cuyo Gobierno usted preside, se es incapaz hasta hoy de facilitar, como sería su obligación, a los sanitarios los mínimos recursos que impidieran la exposición a un riesgo evitable. Una circunstancia que, en otros países, sus autoridades han sabido prevenir dotándoles de aquellos medios que, al menos, ayuden a no infectarse hasta donde es posible.

El Consejo General de Enfermería amablemente me responde a un cuestionario para analizar el derrumbe y calvario sanitario.

FRANCISCO MERCADO: ¿Qué peticiones desatendidas hicisteis a Sanidad?

CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA: El déficit de EPI, la falta de test y realización de PCR, la falta de enfermeros/as para atender con calidad a los pacientes y la participación en comisiones técnicas, que ha sido anecdótica.

F. M.: ¿Cuándo se comenzó a reclamar EPI para los profesionales y cuándo se recibieron? ¿Realmente eran EPI?

CGE: Comenzamos a reclamarlos al inicio del pico de la pandemia, en la segunda semana de marzo. Había un desabastecimiento generalizado, se empezaron a recibir a finales de abril. El problema añadido era que muchos de los EPI entregados no estaban homologados y, por ejemplo, las mascarillas FFP2, que deben filtrar el 95 % de las partículas, filtraban un 30-40 %, poniendo en grave riesgo a los profesionales sanitarios.

F. M.: ¿Cuántos test se han hecho a las enfermeras y cuándo se les han empezado a hacer?

CGE: Se han realizado muy pocos test. Desgraciadamente no hay datos exactos, y se han empezado a hacer tarde. En muchos centros asistenciales siguen sin hacerse.

F. M.: ¿Cuál es el número real de contagios y de muertos entre los sanitarios?

CGE: El contagio real entre sanitarios ha sido muy alto. Los datos oficiales del Ministerio de Sanidad sitúan una incidencia del 22 % de contagios en profesionales sanitarios, pero no desglosan por categorías profesionales. En un estudio que hemos realizado desde el CGE los resultados señalaban que al menos 75 000 enfermeras habían tenido la enfermedad o síntomas de la enfermedad, lo que supone ya solo en enfermeras un 30 % de posibles contagios. La enfermedad ha supuesto la muerte de seis enfermeras y enfermeros en España.

F. M.: ¿Por qué se hunde el «robusto» sistema sanitario?

CGE: El Sistema Nacional de Salud es robusto para funcionar en la normalidad de las necesidades asistenciales. La pandemia ha supuesto un pico asistencial brutal concentrado en muy poco tiempo, y los recursos se han visto desbordados, tanto humanos, como materiales y estructurales. Debemos aprender de lo ocurrido para prepararnos en un futuro. Y lo que sí tenemos claro es el déficit de enfermeras/os que tiene España, solo 5,3 enfermeras por 1000 habitantes mientras que la media europea está en 8,5 por 1000 habitantes. Estas ratios deben ser mejoradas. Hay que invertir en enfermeras/os en el SNS español.

F. M.: ¿A cuántos parientes o amigos habéis contagiado? ¿Alguien investigó vuestros contactos?

CGE: No se sabe, ya que no se han realizado test suficientes. No ha habido investigaciones para conocer el número de contagiados y por qué se han contagiado, ni para aislar a los casos asintomáticos. Todo ha sido reactivo, muy poco preventivo.

F. M.: ¿Qué ocurría cuando enfermabais? ¿A casa siete días, avisa si empeoras y valoramos si hacerte la prueba?

CGE: Si enfermabas, a casa hasta que pasaran los síntomas, control telefónico desde atención primaria y la prueba no se hacía. Exigimos que para reincorporar a los profesionales se hiciera la prueba PCR y diese negativa, era una medida preventiva imprescindible y se quería obviar.

F. M.: ¿Era el mejor lugar de aislamiento el hogar cuando teníais COVID-19 o lo sospechabais?

CGE: Depende del entorno, si había personas mayores en el domicilio desde luego que no, el riesgo de contagio era muy alto y la posibilidad de que las personas mayores tuvieran graves problemas de salud por la enfermedad eran muy altas, por eso muchos profesionales utilizaron hoteles, pisos, etc., para evitar contagios a sus familiares.

F. M.: ¿Cómo habéis vivido el colapso sanitario, la priorización de pacientes? ¿Qué quejas habéis hecho?

CGE: Lo hemos vivido francamente mal, ha sido tremendo ver el sufrimiento, la angustia y el estrés por no poder atender con calidad a todos los pacientes que lo necesitaban, teniendo que priorizar la asistencia, sin equipos de protección individual suficientes. En esos momentos se reclamaban los recursos suficientes, sobre todo, personal asistencial y equipos de protección individual que garantizaran la asistencia.

El 14 de mayo ataca al Gobierno el sindicato de enfermería.

Este sindicato, SATSE, cree que los test comprados son ineficientes. Considera que los test rápidos que se han utilizado hasta el momento para detectar si hay contagio o no del virus no son válidos para el diagnóstico de la enfermedad, pues solo sirven para estudios epidemiológicos, además de tener una escasa fiabilidad. A ello se suma el déficit de material de protección y el caos originado con el mismo, ya que ha habido material que se ha facilitado a los profesionales que ha resultado que no es el adecuado, que era defectuoso o que no había sido previamente verificado, por lo que se ha demostrado que no cumplía con los estándares de seguridad recomendados, poniendo en riesgo por tanto la salud de los trabajadores.

El sindicato pone como ejemplo a Andalucía de lo que ocurre: «Las cifras de sanitarios contagiados por COVID-19 en Andalucía son alarmantes, siendo el 30,23 % de los 15 629 casos positivos totales en Andalucía. Esa cifra podría ser mayor si se realizasen a todos los sanitarios las pruebas».

El 15 de mayo SATSE subraya que el Gobierno no puede seguir «dando largas» a los profesionales sanitarios españoles, que son los que más se han contagiado del nuevo coronavirus en todo el mundo, y debe reconocer al COVID-19 como una enfermedad profesional «sin más retrasos ni excusas». Solicito a SATSE sus denuncias judiciales y un relato detallado de sus precariedades. Aceptan. Al cabo de varios días, cambian de opinión: «Hay orden de muy arriba de no dar nada».

SATSE recuerda que España ostenta el «triste récord» de ser el país del mundo con una mayor proporción de sanitarios contagiados, superándose la cifra de cincuenta mil afectados, lo que supone más de un 22 % de la población total infectada. Los mensajes que recoge SATSE son ilustrativos de la precariedad. Y de la indignación: «¡No hay excusa! Más de 44 000 profesionales contagiados y no se han hecho test ni a la mitad de los que estamos en primera línea», «¿Vais a cumplir o no? Las enfermeras tenemos un mensaje para la clase política. No olvidamos. Hemos arriesgado nuestra propia vida para salvar miles más».

Las querellas por las muertes de sanitarios infectados avalan mi relato. Vicente José Sánchez García-Ferrández es médico del SAMU en la Comunidad Valenciana. Fallece de coronavirus. Su esposa, Enriqueta Cuchillo, también sanitaria, denuncia las presuntas negligencias de la sanidad valenciana que segaron su vida:

«Cumplió con su obligación laboral desde febrero sin ningún tipo de medidas de protección, ninguna información y ningún tipo de formación ante la pandemia de coronavirus […]. Tras haber realizado diversas guardias en febrero en L’Alcudia y Liria, comienza a tener síntomas de la enfermedad el 10 de marzo con fiebre. Previamente, se les envió vía intranet hojas informativas acerca de cómo ponerse y quitarse un EPI, y tampoco se disponía de ningún traje EPI, ni gafas, ni mascarillas oficiales FFP2 ni FFP3».

Da igual cómo se usa el EPI porque no hay EPI.

«Había alguna mascarilla quirúrgica individual a compartir entre el personal, en stock no quedaba ninguna mascarilla, llevaban días diciendo que traerían. Mascarilla FFP2: solo tenía una el enfermero y otra el médico precintadas en una bolsa, solo para usar en caso extremo y si se usaba había que hacer un escrito solicitando otra, y si no se usaba se pasaba al compañero, que la relevaba de mano a mano. Al conductor no le proporcionaron mascarilla. En el hospital no había mascarillas para pacientes así que funcionaban con tan solo mascarilla quirúrgica, que no protege, y restringidas. No disponían de gafas, decían que las traerían, las gafas estaban dentro de los paquetes del EPI y no las debían coger si no gastaban el traje. EPI solo había tres y para utilizar en caso extremo (uno para el médico, otro para el enfermero y otro para el técnico, y si se gastaba había que justificarlo). Esa situación se mantuvo hasta el 10 de marzo. Las condiciones de ventilación de ambas bases, tanto de L’Alcudia como de Liria, son precarias (son habitáculos pequeños sin ventilación, lugares donde fácilmente se pueden contagiar). Descansan al mismo tiempo un médico, un enfermero y un conductor de transporte sanitario. La base de L’Alcudia tuvo que ser cerrada y desinfectada, puesta en cuarentena, y finalmente fue trasladada a otro local que cumpliera mejores condiciones de salubridad. El médico que le relevó el 10 de marzo en L’Alcudia, Jorge Sanz, también fue positivo en la PCR».

Vicente, tras contagiarse con tanta falta de protección, vive un segundo calvario. Su esposa llama al teléfono de la conselleria habilitado para coronavirus «no logrando establecer contacto porque siempre comunicaba». «Ante esta circunstancia llama a la compañera del CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencia). Respuesta: no cumple los criterios de infección. El 12 de marzo, Vicente acude a su médico de cabecera, el cual sí consideró que cumplía criterios de infección y, a tal efecto, hizo una solicitud a Salud Pública para que le hicieran el test; con la excusa de que estaban muy saturados le dijeron que se fuera a casa y que personal de la conselleria iría hasta allí a fin de hacerle el test. Este no se realizó en ningún momento, ni se les llamó para actuación alguna».

«El día 14 de marzo, tras el empeoramiento de síntomas (persistencia de fiebre y no respuesta, ni contacto ni nada por parte de Salud Pública) acuden al hospital privado 9 de octubre, donde se le realiza el test COVID, radiografía de tórax y analítica sanguínea. Tienen el resultado el 15 de marzo: positivo COVID. El 16 de marzo, Enriqueta Cuchillo, la querellante, llama a su trabajo (también trabajadora del SAMU) y Sanidad le dice que se quede en casa, que irán a realizarle la prueba. Nunca se presentaron a realizarla y todavía sigue esperando. El 20 de marzo, Vicente sigue con fiebre y es ingresado en el hospital 9 de octubre con una afectación pulmonar, disnea. Está unas horas en observación en la UCI y esa noche es trasladado a planta. Todo ello ante la ausencia de reacción por parte de la sanidad pública».

«El 24 de marzo se produce un empeoramiento de la disnea y se decide bajarlo a la UCI para mejor control. El 25 de marzo, el equipo de la UCI recomienda intubarlo y durante la intubación sufrió dos paradas cardiacas precisando de RCP durante cuarenta minutos. Desde ese momento permanece en la UCI conectado al respirador con constantes relativamente estables. El 6 de abril, después de reducir la sedación se realiza una exploración neurológica que muestra ausencia de reflejos de tronco; ante tal circunstancia se solicita electroencefalograma, con resultado plano. El 7 de abril se repite el electroencefalograma con el mismo resultado. A las 19.30 horas se produce la desconexión y el fallecimiento. En el certificado de defunción que se aporta se informa por el facultativo que expide el mismo que la causa de la muerte inmediata ha sido la encefalopatía postanóxica y la causa inicial o principal la NEUMONÍA POR COVID-19».

«En ningún momento Vicente fue atendido por la Conselleria de Sanitat y sus servicios, no se le hizo test alguno, no fue informado sobre las medidas de protección que seguir, no se le facilitó equipo alguno de protección, fue abandonado absolutamente a su suerte e iniciativa de sus familiares. En el SAMU, solo existía una mascarilla para su equipo».

Querida Enriqueta no sé si la justicia te dará la razón. Pero emociona tu heroísmo. Algunos sindicatos prefieren no publicitar querellas. No quieren meterse en guerras de partidos, dicen. Son los mismos sindicatos que sí atacan en la calle los recortes de la derecha. Pero creen que cuando gobierna la izquierda denunciar muertes por negligencia de las autoridades es dar réditos al PP. No les importa el encefalograma plano final de Vicente, ni el encefalograma plano de sus gobernantes. Una parte del colectivo sanitario se conforma con aplausos mientras entierra compañeros porque solo podían usar mascarilla en caso extremo, como un extintor en una vitrina: romper en caso de incendio.

Cuando un médico público tiene que acudir a la sanidad privada cuando enferma porque no le admite su sistema… algo muy grave está ocurriendo en ese país. Muy poco robusto es ese sistema sanitario. Y en la Comunidad Valenciana hace cinco años que gobierna la izquierda. La preside un socialista, Ximo Puig. Y España la preside otro socialista desde junio de 2018.

Sería eterno debatir si nuestra sanidad es buena o mala, si está precarizada o no, y qué grado de influencia tuvo en la mala respuesta al coronavirus. Un buen ejército puede ser conducido a una derrota por una mala maniobra. Y un precario ejército puede vencer por anticiparse al enemigo, léase el virus. Me limitaré a dar los propios indicadores del Gobierno, de un Gobierno que llamó «robusto» a su sistema sanitario.

Cuantos datos figuran a continuación proceden de un informe anual sobre el sistema sanitario español que realiza Sanidad. El último, de 2018, lo firma Pilar Aparicio, directora de Salud Pública de Illa. Y de una segunda auditoría publicada por ese ministerio ese año. Arrojan un mar de guarismos sobre la fortaleza de nuestro sistema sanitario. España gasta al año 74 000 millones de euros públicos en sanidad. Es el 6,4 % del PIB. Suponen 1594 euros por habitante. En sanidad privada se invierten otros 31 000 millones de euros, que es el 2,6 % del PIB. Eso eleva nuestro gasto sanitario a un nada desdeñable 9 % del PIB. Y supone un gasto por habitante de 2255 euros.

Hay que recordar que a la altura del 9 de marzo Sánchez puso la sanidad privada a disposición de las autonomías para atajar la pandemia. Es decir, contaba con toda su red para ubicar y diagnosticar enfermos. Ha habido noticias de hospitales privados vacíos mientras otros estaban saturados y rechazaban pacientes. Eso se llama descoordinación. No falta de medios.

España cuenta con 799 hospitales con 158 000 camas (466 públicos), tres mil centros de salud, diez mil consultorios, dos mil puntos de atención de urgencias extrahospitalarias. En atención primaria se atienden anualmente 364,5 millones de consultas médicas y de enfermería, incluidas trece millones de visitas a domicilio y veintinueve millones de urgencias. Nuestros hospitales registran cada año ochenta y tres millones de consultas y veintitrés millones de urgencias y admiten cuatro millones de ingresos hospitalarios. A pesar de las privatizaciones, el 80,5 % de las camas son públicas. Leído de otra manera: hay tres camas hospitalarias por cada mil habitantes y 2,4 son públicas. ¿Los enfermos de neumonía se merecían el «quédate en casa» dictado el 9 de marzo con esta disponibilidad?

Madrid, pese a las acusaciones de privatizaciones, tiene dos camas públicas por cada mil habitantes. Andalucía, con décadas de Gobierno socialista, 1,7 camas por cada mil habitantes. Y Castilla-La Mancha, habitual feudo socialista, con 2,2 anda a la par. Madrid, sin embargo, no llega a las ratios de Cataluña (3,4) ni de Euskadi (2,7) ni de Galicia (2,8) o de La Rioja (3,1). La otra cara de Madrid o Cataluña es que son las autonomías que más dinero público destinan a conciertos privados. La Administración de Torra duplica lo que gasta Díaz Ayuso del presupuesto sanitario en conciertos privados: el 10,7 % frente al 24,9 %. Por no hablar de Baleares, el 11,1 %. Pero eso mejora, a la vez, las tasas de intervenciones quirúrgicas madrileñas, que la pone a la cabeza con 101,8 intervenciones por cada mil habitantes, seguida de Cataluña, 93 intervenciones. Las autonomías que más gastan en sanidad por habitante son Euskadi, Asturias y Extremadura.

Recortes ha habido. Entre 2009 y 2015, el gasto público sanitario español disminuyó 0,9 puntos del PIB, lo que equivale a una reducción del 5,3 %, es decir, de 68 870 millones en 2009 a 65 199 millones en 2015, aunque se ha observado una tendencia al alza desde 2015. En paralelo, subió el gasto privado sanitario en igual periodo hasta un 28,9 % (la media de la UE es del 23,85 %) y los copagos de los ciudadanos hasta el 23,9 % del gasto sanitario total (la media europea es del 16,7 %). El número de camas cayó de 368 por cien mil habitantes en el año 2000 a 298 camas por cien mil en 2015. La media europea era de 340. Pero se mantuvo el porcentaje de camas públicas, un 79,5 %.

Pese a los recortes, «más de cuatro de cada cinco camas hospitalarias en funcionamiento están en el Servicio Nacional de Salud. Una de cada diez altas hospitalarias se produce por causas que potencialmente no deberían haber motivado ingreso en un hospital. El gasto sanitario de las administraciones públicas en 2016, que se cifró en 72 402 millones de euros, ha crecido un 8,8 % desde 2013 (66 552 millones de euros)». Es decir, con Rajoy bajó y luego subió el dinero destinado a Sanidad. Lo dice la directora de Salud de Illa.

¿Cómo han afectado los recortes a la sanidad pública? Dejemos que responda el propio ministerio que gobierna Illa. Leamos lo que dice España, informe del sistema sanitario 2018. Su conclusión es nítida. El sistema sanitario ha sido resiliente a pesar de la crisis económica:

A pesar del impacto de la crisis económica en la sociedad española, los objetivos y los principios subyacentes del Sistema Nacional de Salud español se han mantenido inalterados en la práctica. Las reformas llevadas a cabo desde 2010, como las reducciones presupuestarias y los nuevos reglamentos sobre el alcance, la amplitud y la profundidad de la cobertura, no parecen haber tenido repercusiones importantes a corto plazo en los resultados en materia de salud.

Entre los logros del Sistema Nacional de Salud durante la ultima década figuran: la mejora de los resultados atribuibles a la acción del sistema y evitables; las reducidas desigualdades en el acceso entre los distintos grupos socioeconómicos en lo que respecta a los servicios preventivos y reconocimientos médicos; el buen nivel de protección financiera que limita las penurias económicas de los usuarios en caso de enfermedad; las mejoras en la productividad en el marco del sistema de salud; los buenos resultados en cuanto a la satisfacción general de los pacientes con el sistema de salud; y los notables avances en la consolidación de los derechos de los pacientes.

Lo proclama un informe oficial de Sanidad datado en 2018 realizado por un panel de expertos de diversas universidades. Y dan esta secuencia de gasto público sanitario, no siempre coincidente con otros informes de Sanidad: en 2014, el gasto sanitario estatal era de 61 946 millones de euros; subió a 65 736 millones en 2015; se elevó a 66 691 millones en 2016; bajó a 65 598 millones en 2017 y subió a 71 145 millones en 2018. Todos los servicios sanitarios autonómicos reciben una nota de más de un 8 por sus pacientes, salvo La Rioja (7,8).

Igual tiene razón Illa y no es tan mala la sanidad española. Pero cuando llega el coronavirus, la consigna de Sanidad es que no se acerquen los enfermos con infecciones respiratorias compatibles con coronavirus al sistema sanitario, que se queden en casa, especialmente los mayores. Salvo que se agraven, obviamente. Pero cada vez que aflora un enfermo posible de coronavirus sin que nadie lo certifique o descarte se puede producir, y se produjo, un rosario de problemas derivados: el infectado no solo llega más grave al sistema sanitario, sino que ha contagiado a su entorno. Y su entorno infecta a otra multiplicidad de contactos. Resultado, lo que era una pequeña bola de nieve ya es un alud cuando finalmente acude en masa a los hospitales.

Illa admite en junio que se equivocó sin aclarar muy bien en qué. Y siempre recurre al tópico de que es fácil ver los errores a posteriori. Pero eso es prevenir. Anticiparse a los errores. China no esperó a tener todo el país infectado para confinar.

Alemania no esperó a tener infectados para buscar pruebas de laboratorio. Corea no esperó a tener infectados para comprar y usar termómetros en sus aeropuertos… Todos los países que vencieron al virus establecieron una política de caza y captura de contactos con los primeros contagios. Y eso es lo contrario de la doctrina Illa: quédate en casa y ya iremos viendo.

Aunque España hubiera tenido la sanidad alemana no habría vencido al virus con la política de tardanza del Gobierno de Sánchez en reconocer peligros y atajarlos. No sirve de nada tener 158 000 camas hospitalarias si recomiendas atención domiciliaria, no sirve de nada tener 600 000 profesionales de sanidad si no tienen mascarillas para cuidarse, ni test para chequear pacientes, y se les ordena no investigar contactos.

Illa dice que España actuó antes que otros países, que decretó el estado de alarma con un número inferior de afectados y fallecidos del de otros países: «Nosotros, el 5 de marzo teníamos 261 casos, Italia 3089». Lo que no dice Illa es que las medidas de confinamiento, al principio solo locales, empiezan en Italia el 23 de febrero, con 76 casos y 3 muertos. Y China las aplica en cuestión de días en enero. Y España se confina, 15 de marzo, con 7753 contagios y 288 muertos.

Al final de todo ese proceso de dilaciones, médicos y pacientes coinciden en algo: los hospitales han sido el peor sitio donde ir si sospechas que tienes coronavirus. Si no lo llevas en el cuerpo en el viaje de ida, igual regresas con él a casa. Los hospitales son un foco de contagio masivo para sanitarios y pacientes. Los enfermos casi temen tanto los hospitales como al virus. Y eso no es culpa de recortes o privatizaciones. El Gobierno no ha comprado mascarillas ni EPI a tiempo y, a la vez, ha fomentado el crecimiento del virus hasta hacerlo inmanejable por sistema sanitario alguno con actos y vuelos masivos de Italia. Illa no dice nunca que España no tenga presupuesto para comprar. Tampoco lo dice ninguna autonomía. Todos dicen que el mercado está saturado porque han acudido tarde.

¿Es buena o mala la sanidad española? Illa dice que es buena. Los españoles también. Siete de cada diez españoles creen que funciona bien. Lo dice la web de Sanidad, que no indica qué opinan los españoles de Illa. Según una encuesta de El País, un 84,7 % de los entrevistados considera que el Gobierno «pudo haber actuado antes». Más de la mitad (el 54 %) cree que el Ejecutivo ha tenido «más errores que aciertos» en la gestión de la emergencia. El propio Illa reconoce a El País uno de los cambios de criterio más clamorosos: el uso de mascarillas.

EL PAÍS: El doctor Simón dijo que no había mascarillas para todos. ¿En caso de tenerlas hubiera cambiado la recomendación?

SALVADOR ILLA: Son las dos cuestiones. Es verdad que no había mascarillas al principio, pero también que no las había porque no se estimaba necesario. Si se hubiera estimado necesario, se habrían activado todos los mecanismos para tenerlas. El mercado enloqueció completamente con una demanda muy superior a la oferta.

Illa en junio ya no cree robusto el sistema sanitario español: «Necesita ser reforzado, más inversión. Veníamos de unos años de crisis en que ha habido recortes. Hemos descubierto la necesidad y la bondad de un Sistema Nacional de Salud pública como el que tenemos. Una lección es que hay que reforzarlo, potenciarlo, dedicarle más recursos, cuidar a los que nos cuidan cuando estamos enfermos, dándoles los medios que necesitan». Pero proteger a los sanitarios tampoco exigía doblar el porcentaje del PIB destinado a Sanidad. Un estudio sobre el Hospital Universitario de Alcorcón mostró que «de 2590 profesionales testados, 818 (31,6 %) trabajadores fueron IgG positivos. Entre ellos, el 48,5 % no informó síntomas anteriores. Conclusiones: la seroprevalencia descubrió una alta tasa de infección previamente desapercibida entre los profesionales sanitarios. Los pacientes no sospechosos de tener COVID-19, así como los asintomáticos, pueden ser una fuente relevante de transmisión».

Qué cosas afloran cuando se hacen test masivos. Igual te sale positivo un tercio de un hospital que el 20 % de Torrejón. Un estudio de Chris Kenyon vincula el número de test con la letalidad del coronavirus. Cuanto mayor es el número de test por 100 000 habitantes menor es la letalidad y el número de casos. Y al revés. La ceguera, por falta de test, llena los hospitales y las morgues. España sale malparada. Le atribuye 759,3 por 100 000 habitantes. La mitad que Eslovenia, Qatar, Suiza, Estonia, Noruega, San Marino o Andorra. Menos que Portugal (1263), Corea (931), Alemania (1096), Islandia (9068), Israel (1355), Italia (1249), Luxemburgo (4100), Emiratos Árabes (5415) o Serbia (1111). En fin, sí, ganamos a EE. UU. (636), el Reino Unido (392), Francia (343) y un largo listado de países menos poderosos que España: Perú, Filipinas, Zambia… Son datos hasta el 8 de abril. La última foto es de más de 50 000 sanitarios enfermos. Retrata una armada invencible derrotada porque fue inerme a la batalla.

Capítulo 7
Una eutanasia ni dulce ni querida por más de cuarenta mil españoles

El colapso sanitario por el coronavirus tiene un terrible efecto colateral: una eutanasia masiva de los mayores de setenta años. Fallecen por falta de cuidados en residencias, por ser postergados en hospitales y, sobre todo, en sus UCI. Y por ser los más vulnerables al sufrir esas patologías previas que tanto gusta publicitar el Gobierno al inicio de la crisis con cada fallecido. A primeros de junio, ya suman 35 000 los mayores de setenta y cuatro años muertos por exceso. Y si se suman los mayores de sesenta y cinco años, superan los 40 000 los mayores muertos extra del año del coronavirus.

No les tocaba morir en 2020. No lo dice ningún dios que no era aún su hora. Ni sus seres queridos. Lo dice Sanidad, a través del MOMO, el medidor estadístico de excesos de mortalidad de un año sobre otro. Su muerte masiva es inesperada. Sobrepasa todas las estimaciones. En algunas fechas, como el 26 de abril, el exceso es de un 80 % sobre 2019. Mueren solos. El Gobierno prohíbe los funerales. Y visitarlos en residencias y en hospitales. Si no les toca morir, ¿por qué mueren masivamente los ancianos españoles en la primavera de 2020? ¿Quién les ha robado el mes de abril? ¿Son más frágiles los ancianos españoles que los chinos? En el gigante asiático los mayores de ochenta años tienen una letalidad del 14,8 % por el virus. España la multiplica. Véase una foto del 20 de abril reiterada día a día durante la pandemia.

Los enfermos de coronavirus mayores de ochenta años son el 25 % de los hospitalizados en España, y solo el 4 % de los ingresados en las UCI. Hay otra manera de leerlo: de 17 084 pacientes mayores de ochenta años solo 241 llegan a la UCI en toda España. Es decir, el 98,6 % de los mayores de ochenta años hospitalizados nunca llega a las UCI. O al revés, solo logra entrar en las UCI el 1,4 %. Sin embargo, el 60 % del total de muertos por coronavirus tiene más de ochenta años. La foto del MOMO a primeros de junio es más sangrante: de unas 43 000 muertes extra sobre el año anterior, cerca de 40 000 tienen más de sesenta y cinco años. Treinta y cinco mil de ellos, más de setenta y cuatro años.

Más del 24 % de los mayores de ochenta años con coronavirus muere. Por el contrario, la letalidad es del 14,7 % en enfermos de setenta y setenta y nueve años. Y apenas del 4,8 % en pacientes con sesenta y sesenta y nueve años, o del 1,4 % entre cincuenta y cincuenta y nueve años. Los colectivos más jóvenes mueren menos. La menor edad ayuda a defenderse del virus, pero su priorización sanitaria también. Un 11,2 % de los hospitalizados de entre setenta y setenta y nueve años sí ingresa en la UCI, frente a solo un 1,4 % de los de más de ochenta años. El choque es mayor comparado con los pacientes de sesenta y sesenta y nueve años: el 14 % sí es ingresado en UCI.

Que los enfermos de coronavirus mayores de ochenta años no pisen apenas la UCI es tan grave como que, en gran parte, ni siquiera son hospitalizados: solo ingresa el 56 %. Choca que no precise asistencia hospitalaria el 44 % de los enfermos con mayor letalidad. No constan cifras de cuántos mayores de ochenta años han muerto sin pisar (o precisamente por no pisar) el hospital.

La desigualdad es elocuente: el colectivo de setenta y setenta y nueve años en un 72,7 % sí es hospitalizado, frente a solo el 56 % de los mayores de ochenta años. El colectivo de setenta y setenta y nueve años suma el 23,5 % de las hospitalizaciones, inferior al de los mayores de ochenta años (25,4 %). Sin embargo, copa el 30,5 % de las plazas de la UCI frente al 4 % de los mayores de ochenta años.

Los pacientes de mayor edad ingresan menos en los hospitales e infinitamente menos llegan a las UCI. Han menudeado noticias sobre si hay protocolos de priorización según la edad, algo que sería ilegal. Si no rigen criterios de edad, ¿por qué de los mayores de ochenta años, con más del 60 % de las muertes, solo un 1,4 % ingresa en UCI y solo un 56 % es hospitalizado?

Nadie admite filtro de edad. Los médicos solo confiesan que tienen que elegir a quién salvar la vida o, lo que es igual, quién entra en las UCI. ¿Por qué es clave el ingreso en las UCI? Porque, según los profesionales, el único método eficaz actualmente para combatir los casos más graves de coronavirus reside en la aplicación al paciente de respiradores. Y están en las UCI.

Esta marginación hospitalaria de los mayores de ochenta años no es un bulo. Lo prueba la estadística. Lo asume Sanidad: «Los pacientes ingresados en UCI son significativamente más jóvenes que los hospitalizados sin ingreso en UCI (edad mediana sesenta y cinco vs. sesenta y nueve años), siendo el porcentaje de pacientes mayores de ochenta años con ingreso en UCI del 4 % frente al 25 % en el grupo de hospitalizados sin ingreso en UCI».

Es un drama y un fracaso del sistema sanitario. Todas las estadísticas oficiales apuntan igual diagnóstico: los ancianos han sido orillados en el peor momento de su vida por el sistema sanitario que pagaron décadas. No hay rostros ni nombres para tales muertos en las estadísticas. Solo sus familiares los conocen.

Las cifras impactan más que los porcentajes. El 20 de abril, los datos de Sanidad muestran que de 30 491 enfermos de coronavirus mayores de ochenta años nunca fueron hospitalizados 13 407. Y de los 17 084 que sí ingresaron en hospitales, solo 241 se derivaron a UCI. Y, sin embargo, son los más graves, con 7369 muertos, casi el 60 % de todas las edades.

Es la foto del 20 de abril. Pero en mayo se repite: 23 491 mayores de ochenta años hospitalizados. Ingresados en UCI, 361. La desproporción sigue. Parece que en las UCI españolas cuelga un rótulo: «No se admiten mayores de ochenta años». La situación mejora el 10 de mayo. Ya no son el 4 % de los ingresados en UCI. Son el 4,8 %.

¿Cuáles son los criterios para acceder a UCI y a ventilación asistida? Sanidad publica un manual ético el 2 de abril. Lo llama Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: el SARS-CoV-2. Es una guía para abordar la priorización de casos ante el desbordamiento del sistema. Sanidad postula la «no discriminación por ningún motivo ajeno a la situación clínica del paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia». Y remacha que «los pacientes de mayor edad en caso de escasez extrema de recursos asistenciales deberán ser tratados en las mismas condiciones que el resto de la población».

No nos equivoquemos con tales ribetes garantistas. Sanidad insta a elegir. Los médicos deben escoger qué pacientes salvan: «Si la rápida expansión de una enfermedad produce el desbordamiento de algunos servicios hospitalarios y la insuficiencia de recursos para atender a toda la población afectada, deberá establecerse un rango de prioridades». Y el departamento de Salvador Illa marca como filtro las «expectativas objetivas de recuperación del paciente en el corto plazo a su estado previo de salud, teniendo en cuenta la concurrencia o no de patologías graves acompañantes que evidencien un pronóstico fatal».

Por tanto, no son razones médicas las que desaconsejan masivamente llevar a las UCI y aplicar respiradores a los pacientes ancianos porque sea innecesario o cruel alargar su agonía. La razón es simple: no hay plazas de UCI suficientes. El Gobierno de Sánchez no ha previsto que esto pudiera ocurrir cuando se permitía la alegría de vuelos italianos, actos masivos, y dilataba copiar el confinamiento y testado masivo que practicaban otros países.

Con medidas tempranas preventivas contra el coronavirus, hay menos enfermos y contagios. Y con menos enfermos, los hospitales no se saturan. Abril muestra el error de tal tardanza. El proclamado «robusto» sistema sanitario se desborda. Véase de nuevo la foto del 20 de abril. Solo 5824 pacientes logran ingresar en UCI del total de 67 451 hospitalizados. Solo el 8,6 % logra tal lujo sanitario, un bien escaso comparado con otros países.

Cuatro mil seiscientos (seis mil, según el Gobierno) es el número de camas en UCI en España frente a las veintiocho mil de Alemania. Los datos de tal escasez cuadran: 5824 atendidos en UCI, una gota en un mar de 67 000 hospitalizados. Una gota para más de 26 000 ancianos que mueren de más en abril, presumiblemente de coronavirus, y que en un 98 % no pisan la UCI. El colectivo médico tiene que elegir. Y elige. Filtrar por edad sería inconstitucional, pero ¿qué paciente mayor de ochenta años no presenta patologías previas? ¿Qué octogenario no tiene peores expectativas de recuperación o supervivencia que una persona más joven?

¿Qué les ocurre a los ancianos españoles este abril que se empeñan en morir mucho más que en 2019? No los mata la edad. Los liquida el coronavirus y el colapso hospitalario. Los mayores de setenta y cuatro años mueren un 80,7 % más. Y si hablamos de Madrid, las muertes de mayores de 74 años han aumentado a mediados de abril un 244 % sobre el año pasado. En Castilla-La Mancha, un 218 %; en Castilla y León un 180 %… Hay otra foto de mediados de abril del impacto de esta eutanasia: han fallecido 19 600 mayores de setenta y cuatro años a los que estadísticamente no les tocaba morir este año. Lo dice el informe MOMO. A 6 de mayo, sigue subiendo: hay un exceso de 26 148 mayores de setenta y cuatro años muertos sobre el año anterior. Solo este colectivo iguala por sí mismo a todos los cadáveres oficiales del coronavirus. Los fallecidos de todas las edades que registra Illa por coronavirus en esa fecha son 25 857. El agujero es colosal.

Si comparamos el exceso de muertes de todas las edades (30 968) con la de todos los fallecidos oficiales del coronavirus (26 148) hay un desfase de 4820 muertos. Al Gobierno le faltan casi cinco mil cadáveres que no registra como víctimas del coronavirus y no sabe en qué cajón estadístico meter.

Las cifras no cuadran. Desde el 17 de marzo al 6 de mayo mueren 30 968 españoles más que en igual periodo del año anterior. El parte diario de Sanidad dice el 10 de mayo que el 86,6 % de los fallecidos por coronavirus tiene más de setenta años. El MOMO apunta que el 84,5 % del total de fallecidos extra respecto de 2019 tenía más de setenta y cuatro años. Y los informes epidemiológicos de esas fechas dicen algo similar: «El 87 % de los pacientes que fallecen tienen más de setenta años». Tres fuentes oficiales diferentes proclaman la misma verdad: los mayores de setenta y cuatro años mueren masivamente en España. Dos informes culpan al coronavirus de la muerte masiva de ancianos. Y el tercer informe, el de peores cifras mortales (MOMO), solo apunta, oh, casualidad, que mueren como nunca.

Pero Simón no quiere creer que el desfase de muertos se deba al coronavirus. Un exceso que tiene que pivotar sí o sí sobre los ancianos. Copan las muertes de todas las estadísticas. Simón busca soluciones científicas al enigma. Formula hipótesis. El tiempo dirá si merece el Nobel de Medicina: «No podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, si a un incremento de la mortalidad por infartos, si al coronavirus o por cualquier otra enfermedad».

Han muerto cinco mil españoles de más por «accidente de tráfico enorme» en un año sin operación salida de Semana Santa porque España está confinada. Y el accidente que busca Simón multiplica por cinco todas las muertes por tráfico del año pasado, 1098. Olvida Simón que el MOMO no mide un año entero sobre otro. Compara muertes de las mismas semanas de este año y del pasado. Y lo que arroja tal exceso de casi cinco mil muertes sobre las cifras del coronavirus es solo lo registrado «del 17 de marzo al 5 de mayo de 2020», aunque se publica el 6 de mayo.

¿Entre el 17 de marzo y el 5 de mayo les ha dado a 26 000 ancianos por huir del hogar o la residencia a todo gas en su vehículo? ¿Les han infartado a 26 000 ancianos las ruedas de prensa de Simón? Hay otra comparativa que muestra la mentira oficial: el MOMO a 6 de mayo contabiliza 26 148 mayores de setenta y cuatro años que estadísticamente no debían morir, pero que han fallecido. Sanidad solo contabiliza 15 080 fallecidos de más de setenta años por coronavirus. 26 148 ancianos muertos inesperados menos 15 080 ancianos muertos oficiales por coronavirus, igual a 11 068 ancianos cuya muerte el Gobierno no explica. ¿De qué han muerto en plena pandemia 11 068 ancianos que Illa no vincula con coronavirus?

Si avanzamos al 22 de junio, la brecha se triplica. El informe MOMO calcula que han muerto 43 356 personas más de todas las edades. Los mayores de setenta y cuatro años ya suman 35 614 cadáveres. En esa fecha Sanidad solo reconoce 28 324 muertos de todas las edades por coronavirus. Nos faltan 15 032 fallecidos.

Las estadísticas de Sanidad sí dicen algo muy del gusto del Gobierno. Los mayores de setenta años muertos por coronavirus «en un 95 % presentaban algún tipo de enfermedad de base previa y el 61 % padecían una enfermedad cardiovascular». No debería ser una sorpresa que descubra en mayo Sanidad.

En abril Sanidad explicita que la experiencia china ya les enseñó en febrero que se morían sobre todo los ancianos y, especialmente, los que asociaban otra enfermedad: «Según la serie publicada por el CDC chino con un total de 1023 muertes entre los casos confirmados (44 672), la letalidad bruta fue del 2,3 %. El grupo de edad ≥80 años tuvo la letalidad más alta de todos los grupos de edad con un 14,8 %».

Sanidad admite que la edad no es un factor negativo más para el infectado. Actúa como una de las peores enfermedades que favorecen la letalidad del virus: «En una cohorte retrospectiva de 191 pacientes en dos hospitales de China, en los que fallecieron 54 personas, se analizan los factores asociados a la mortalidad. Se tuvieron en cuenta los siguientes posibles factores de riesgo: edad, sexo, fumador en el momento del ingreso, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad coronaria, diabetes, hipertensión arterial, carcinoma, enfermedad renal crónica y otras comorbilidades. Quedaron asociadas significativamente a una mayor mortalidad: la edad, la enfermedad coronaria, la diabetes y la HTA. El virus se ve priorizado por la edad».

Estas afirmaciones científicas citadas por Sanidad chocan con la realidad de los hospitales españoles durante la pandemia. El virus prioriza la muerte de ancianos. El sistema sanitario español los posterga. Ninguna estadística arroja tanta luz sobre esta eutanasia silenciada como el relato de la muerte de un hombre de setenta y cuatro años que no debió producirse. Lo escribe su dolorida hija, Ana Serrano. Narra con maestría esa desatención sanitaria que mata más ancianos que el virus. Su relato hay que multiplicarlo por cuarenta mil. Por los ancianos muertos sin relato.

El fin de semana del 7 y 8 de marzo mi vida era feliz y ni siquiera era consciente. Me vienen a la cabeza imágenes de aquellos días de sol donde estuvimos con amigos de terrazas, riéndonos mientras los niños correteaban con sus amigos. El bicho ya estaba en las noticias, y entre nosotros. Pero no teníamos miedo. Era una gripe que solo mataba a ancianos con patologías previas, vamos, al típico abuelo que come papilla y que si no es de eso se va por cualquier otra causa. Por aquel entonces se hablaba de la gente que fallecía «con coronavirus», no «de coronavirus».

El lunes 9 marzo el ambiente se enrareció a la velocidad de la luz. Esa tarde, entre paciente y paciente en la clínica dental donde trabajo, veía correr rumores por grupos de WhatsApp sobre el cierre de colegios en Madrid. Pero ¿cómo? Hacía veinticuatro horas estaba tomándome un café en la terraza del camping, había habido manifestaciones multitudinarias, eventos deportivos y la gente seguía viniendo de Lombardía. Recordé a un par de chavales que habían salido en las noticias recién aterrizados de Venecia días atrás porque «estaba muy barato». Por fin la noticia se materializó a última hora. Mis suegros, que estaban cuidando a mis hijos, se ofrecieron para cuidar de ellos durante dicho cierre escolar, al igual que mis padres. Y así lo decidimos, en un principio. El martes 10, mi día de libranza, fui a hacer la compra. «Coge de todo —me dijo mi marido—, que la gente está arrasando».

No me lo llegaba a creer. Estanterías vacías, gente agolpándose por los pasillos y colas infinitas. ¿Cómo se puede anunciar un cierre de colegios en el centro neurálgico de España y no esperar que cunda el pánico? Mi padre, vía mensajería móvil, donde era muy activo, nos iba informando de lo que había y no había en cada sitio, por si nos hacía falta algo que no hubiésemos encontrado. Hasta a tres supermercados acudió con semejante caos. Y sin mascarilla, claro, por aquel entonces no eran necesarias a no ser que se tuviesen síntomas.

Esa tarde llevé a mi hijo a fútbol, única actividad extraescolar que aún no se había suspendido al ser al aire libre. Rectifico. Lo llevó mi padre, como siempre hacía por el amor que sentía hacia su nieto y su pasión por el deporte rey. Era su primer curso apuntado y no se perdía un entrenamiento, ni por calor asfixiante en septiembre ni por frío paralizante en enero. A mí me encantaba acompañarlo. Dejaba a la pequeña con mi madre y compartíamos largas y enriquecedoras conversaciones en las gradas.

Esa tarde mi hijo mayor salió con la noticia de que no habría fútbol hasta el 30 de marzo. Ilusos. Fuimos a su casa a merendar, como era habitual, ya que está muy cerca del polideportivo. Allí estaba mi hermana también y, evidentemente, hablamos sobre el tema de moda. Ella es enfermera y llevaba ya dos semanas atendiendo a pacientes de COVID-19 en su planta. Es estrictamente escrupulosa en la limpieza de su casa, cuanto más con los equipos de protección.

Así, cuando visitaba a mis padres no los besaba ni tocaba y mantenía algo de distancia de seguridad. Cuando llegó la hora de irme a mi casa mi padre me acompañó al coche para ayudarme con los niños, otro de nuestros rituales. Nos despedimos con un «hasta mañana», porque en teoría vendrían a quedarse con ellos. Y esa fue la última vez que mis hijos vieron a su abuelo, uno de los grandes pilares de su vida, que tanto los cuidó y les enseñó con su alma de docente jubilado.

Sin embargo, esa noche la conciencia me removía y decidí junto a mi marido que los niños no se quedarían con ellos, trataríamos de turnarnos ambos. No me podía permitir que les pasase nada a mis padres. Además, mis suegros se habían marchado a su segunda residencia y no era justo que unos sí y otros no. Se lo comuniqué por mensajería instantánea. Sabía que para mi madre iba a ser un alivio, es hipertensa y asmática y estaba asustada.

A la mañana siguiente, 11 de marzo, comenzó nuestra particular pesadilla. Recibí un mensaje privado de mi hermana comunicándome que había pasado la noche con fiebre. Casi pude visualizar el escalofrío que recorrió mi espalda. No por ella, cuarenta y cinco años, sin patologías y sin haber encendido un cigarro nunca, sino por la tarde anterior en la que estuvimos juntos.

Estaba trabajando y a los pocos minutos estaban mis padres en la recepción de la clínica con una tartera con mi comida, como hacían muchas veces cuando sabían que no tenía tiempo para cocinar. La cara de mi madre con su pasmina tapándose boca y nariz no me engañaba. ¿Sabes lo de tu hermana? Mi padre no se cubría, decía que todo era exagerado, y al despedirnos me dijo: «No vamos a estar quince días sin ver a los niños». Quince días no, papá, para siempre. Y no lo volví a ver con vida.

Los días transcurrieron entre rumores de anuncio del estado de alarma y excursiones vespertinas con mis hijos al campo, donde no hubiese nadie. Mi hermana seguía con fiebre diaria, pero poca, nunca llegaba a 38,5 °C. Había llamado en dos ocasiones a Salud Pública y, aun advirtiendo que era personal sanitario que había tenido contacto con pacientes de COVID-19, nadie acudió a hacerle la prueba. Las indicaciones fueron «si no tiene fiebre alta y/o dificultad respiratoria quédese en casa».

Mensaje entendido, no hay que saturar el sistema. Pero por la televisión se veían constantes PCR a políticos que tampoco tenían síntomas graves y su indignación iba en aumento. Yo, por mi parte, mentalmente iba tachando esos días en un calendario imaginario rezando para que mis padres estuviesen bien. A diario nos escribíamos y nos hacíamos videollamadas, esa vía de comunicación que luego cobró tanta importancia.

El sábado 14 de marzo Pedro Sánchez comparecía ante los medios decretando el estado de alarma y todo el país asistía anonadado a una situación que muchos nunca habíamos vivido. Pero mi verdadera alarma saltó el domingo 15 cuando mi madre me dijo en una de esas videollamadas que mi padre estaba «acatarrado».

—Sí, ya sabes, mocos, tos… Esos constipados que coge a veces.

Catarro en tiempo de coronavirus. Psicosis. Por privado hablé con mi hermana. Estaba tranquila. Los mocos no eran un síntoma, habría cogido frío. Habló con su marido médico internista e infectólogo y se lo confirmó. Qué poco sabíamos, o qué poco nos contaron. Aquellos síntomas remitieron, aunque seguía con la cabeza algo cargada y tomaba paracetamol. Pero la que dio el primer susto importante fue mi hermana. Su marido la reconocía a diario y le controlaba la saturación. Una mañana le escuchó un ruido a nivel pulmonar que le hizo arrugar el ceño. «Nos vamos a urgencias», nos dijo.

Allí, tras una placa de tórax y una analítica, se la pasó a considerar caso positivo, aunque la PCR fue negativa. Cumplía los criterios clínicos. Neumonía bilateral. Pero, como no desaturaba, fue enviada a su casa en régimen de baja domiciliaria. Mi cuñado pasó a estar, como llevaba ella ya varios días, en cuarentena. Tras pensárselo mucho por los efectos secundarios finalmente acudió debidamente protegido a la farmacia para administrarle hidroxicloroquina. Esa tarde la videollamada fue grupal y mis padres acusaban la preocupación en su rostro. Incluso se les habían quitado las ganas de comer. Cosa lógica en dichas circunstancias.

Los mensajes al móvil comenzaron a ser de rigor, mañana, tarde y noche. Por la situación de ambos. Y entonces el 19 de marzo, día del padre, y tras haberle enviado una foto de un dibujo que le habían hecho sus nietos a modo de felicitación, él nos dijo que había tenido un pico de fiebre a primera hora de la tarde. 37,5 °C. Poco. Le remitió con facilidad con paracetamol. Los niños gritaban, reían, saltaban, y yo no escuchaba nada. Mi mente no acompañaba a mi cuerpo y se elevó hacia el techo, contemplándome como una mera espectadora desde arriba. A un rincón donde se sentaba cómodamente a ver los peores momentos de mi vida que sucedieron después. Dejándome vacía por dentro.

La que perdí el apetito de forma crónica fui yo. Le gente hacía ruido a mi alrededor, como si estuviese en una discoteca con la música muy alta y solo fuese capaz de escuchar los latidos de mi corazón. Me metí en el caparazón donde me encuentro protegida cuando las cosas se ponen feas. Silencié los grupos de WhatsApp donde la gente seguía feliz enviando arcoiris y fotos de sus pequeños cocinando o imitando el último juego inventado para el confinamiento. No contestaba llamadas o mensajes de nadie que no fuese familiar cercano. Necesitaba gestionar mi energía y solo podía permitirme evadirme de la realidad cuando hacía las tareas del colegio con mis hijos.

Lo primero que hacía al despertarme era escribir un mensaje al grupo de familia por la situación de los enfermos. Mi hermana se despierta tarde, así que cuando vibraba el móvil a primera hora sobre la mesa del desayuno me invadían taquicardias y sudores fríos.

«Sin fiebre, aparecerá esta tarde de nuevo. Supongo que durará unos días». Pero las videollamadas comenzaron a ser diferentes. Mi padre ya no interactuaba con la complicidad innata que tenía con sus nietos, se limitaba a contestar de manera breve y sonreír mientras los miraba. Quizá intentaba guardar sus imágenes en su cerebro para siempre. Quizá pensaba en la de cosas que le gustaría volver a hacer con ellos y que en ese momento dudaba de si podría. Quizá imaginaba cómo sería la vida de sus «nanos» sin él.

Fuera lo que fuese, mi padre le pasaba con bastante rapidez el teléfono a mi madre, que seguía con su humor habitual y era la que me tranquilizaba. Ella conocía cada gesto de su cara y era la primera en dar la voz de alarma. Y, por el momento, estaba tranquila. «Sí, tiene un poco de fiebre por la tarde, pero nada, treinta y siete y poco. También va un poco suelto al váter. Y no tiene muchas ganas de comer». Todos síntomas leves. Las preguntas de si respiraba bien o tenía tos eran constantes y la respuesta siempre era positiva. Los picos de febrícula se sucedieron durante cuatro días.

El domingo 22 de marzo los encontré bajos de ánimo a ambos, y decidí enviarles un vídeo de los niños con dibujos, promesas de besos y abrazos y ganas de ir al búrguer. Manuel, mi padre, era una persona no solo independiente, sino tremendamente activa.

Necesitaban fruta y alguna que otra cosa y él no se encontraba en condiciones. Mi marido fue a comprárselo y a dejárselo en el felpudo. Mi padre dio las gracias repetidas veces.

De repente se sentía un anciano, alguien que necesitaba a otra persona para hacer algo tan intrínseco en su vida diaria como ir a por tomates. Lo que nunca hubiese querido ni soportado. Tenía un concepto muy particular de la vejez y la muerte, le deprimía enormemente la idea de enfermar, de estar con tratamientos médicos y hospitalarios, de ir perdiendo recuerdos, de asistir abatido a cómo el paso del tiempo le iría quitando plumas a sus alas y en su lugar le pondría grilletes.

Eso, unido a un tremendo síndrome de la bata blanca que había producido que sus escasas patologías le fuesen descubiertas a base de sustos, le convertía en un paciente ocultador. Él hubiese preferido pasar a mejor vida antes de que le diagnosticasen una enfermedad grave, aunque se pudiese salvar. Psicológicamente no lo hubiese resistido. Y eso nos hacía tener siempre la mosca detrás de la oreja, porque sabíamos que no nos informaría de ninguna dolencia a no ser que fuese ya algo insoportable.

Ese mismo día hablé con una amiga mía pediatra, que en aquel caos había cambiado a pasar consulta con los internistas, para comentarle el caso. «Estad atentas al noveno, décimo día. Ahí a veces en la gente mayor la situación se vuelve grave». Sudores fríos de nuevo. Revisión de mensajes en el móvil. Conversación con mi hermana sobre el «catarro que tenía». Día 14 de marzo. Día actual, 22 de marzo, noveno día. Cuarenta y ocho horas de tensión por delante. Fuerza, Ana, fuerza.

Llegó el 23 de marzo como un oasis temporal a nuestra existencia. No hubo pico de fiebre, no hubo tripa suelta. Volvió su alegría por mensajería instantánea. «Vamosssss», llegó a escribir. Mi hermana también se encontraba mejor, estaba saturando a 99. Ambos respiraban bien. Lo único es que se encontraba tremendamente agotada. Era incapaz de darse una ducha. Pero bueno, eso pasaría poco a poco. Salí a última hora de la tarde a tirar la basura. Fue mi último momento de felicidad absoluta, de paz, de mirar al cielo esperanzada y de respirar hondo agradecida. El mal sueño había terminado. No podía estar más equivocada.

El 24 de marzo a mi pregunta habitual durante el desayuno interesándome por el estado de la enfermería contestó «como siempre, sin fiebre a estas horas, pero hoy me encuentro cansado». Arqueé la ceja. Se suponía que todo tendría que ir bien ya. Traté de tranquilizar a mis demonios internos convenciéndolos de que mi hermana también se encontraba terriblemente cansada, y había empezado antes su proceso. Aun así él debía saber que la evolución no estaba siendo buena porque de nuevo cambió su ánimo. Intentábamos convencerlo de que los días «supuestamente críticos» habían pasado, pero él respondía que ojalá fuese así, pero que eso nadie lo sabía.

Esa tarde no tuvo febrícula, pero sí una tiritona por la que tuvo que abrigarse y tomarse un paracetamol, que le hundió de nuevo mentalmente. Sensación distérmica, dijo mi hermana. Las distermias pueden suceder en pacientes con estados de ansiedad. De repente lo vi claro, era tan pesimista que aun habiendo superado supuestamente los días clave no se lo creía. Y eso, unido al confinamiento y al bombardeo informativo incesable sobre casos confirmados y muertes creciendo por minutos, le había generado un cuadro ansioso depresivo. Estaba segura. «Papá, pero ¿cansado de flojo o de que te cuesta respirar?», y él siempre contestaba que de flojera. «Mientras no haya dificultad respiratoria no me preocupa, el cansancio se le irá quitando», decía mi hermana. «Lo que le pasa es que no tiene por aquí a sus nietos para distraerse, seguro que entonces le cambiaría la cara», añadía mi madre. Pero el caso es que él anímicamente se iba apagando.

El 25 de marzo y en vistas de que seguía con el mismo humor me comencé a enfadar. Con lo que sabíamos por esos entonces se supone que había pasado lo peor de la enfermedad, pero él seguía taciturno y decaído. Comía menos que de manera habitual, pero mejor que en días previos. Aunque el cansancio seguía muy presente. Por el grupo familiar de mensajería instantánea le aconsejé que se tomase algún ansiolítico. Que consideraba que, conociendo su carácter, habiendo estado preocupado primero por mi hermana, luego por él, y con el agravante del confinamiento, probablemente lo necesitaba.

A partir de ahí dejó de escribir. La que se comunicaba con nosotras por audios era mi madre. Ese número de teléfono nunca más envió un mensaje escrito. «Tómate un lorazepam» fue lo último que le dije de forma directa a mi padre a través de WhatsApp. Años de comunicación diaria constante. «Buenos días/noches, mami, ¿qué tal los niños? Tu madre ha hecho albóndigas, ¿vas a querer que te guarde?», impresiones, noticias, fotos, vídeos de sus nanos, etc. Todo compartido de forma instantánea y habitualmente con una rápida respuesta. Y en ese momento se acabó, sin saberlo nadie aún, y dejó una de las peores ausencias en nuestro día a día.

26 de marzo. La que contestó con un audio a mi pregunta de todas las mañanas fue mi madre. Seguía igual, sin fiebre, pero muy cansado. «Lo he mandado allí a la cama a ver la tele, que es donde mejor está. Parece que se ha quedado dormido». Escribí a mi hermana de manera paralela por privado. A ambas nos escamaba que ya ni siquiera respondiese él. «Pero si lleva tres días sin fiebre ya, no puede ser neumonía, ¿no?, y dice que respira bien». Ella contestó: «A no ser que nos esté mintiendo».

De nuevo sudores fríos. De nuevo abrirse un precipicio bajo mis pies en el suelo de la cocina al ser consciente de que quizá la evolución no era la que pensábamos. «¿Llamamos a algún lado?». La clínica privada donde ellos solían acudir estaba colapsada y solo nos atendía un contestador que rezaba que si nuestra llamada era por algo relacionado con el coronavirus nos remitiésemos al 112.

«Pues vaya forma de no saturar el sistema —dijo mi hermana—. Bueno, lleva tres días sin fiebre y mamá dice que cuando está sentado o tumbado respira normal. Si tienes una disnea tampoco respiras bien en reposo. No creo que esté mintiendo. Además, no ha podido ducharse, pero sí se ha afeitado. Yo aún ni me puedo lavar la cabeza. En el 112 a no ser que tengas fiebre muy alta o dificultad respiratoria no nos van a hacer caso».

Mi padre llamó a mi primo ginecólogo para darle la enhorabuena por su próxima paternidad esa mañana. Posteriormente fue el marido de mi hermana el que habló bastante tiempo con él por teléfono. Ambos médicos. Y ambos coincidieron. Tranquilas, no está disneico. Aun así le dije a mi hermana que lo llamase ella por la tarde y estuvieron hablando de sus síntomas, de sus cansancios y de que poco a poco se iría yendo todo. Estaba bien.

Al poco mi madre me hizo una videollamada y estaba sentado en el sofá sonriente. Por primera vez en días interactuó con los niños, por primera vez en días hizo rabiar a mi pequeña, por primera vez en días bromeó con mi marido sobre tomarse o no una cerveza. Al colgar me sentí tranquila. Estaba bien. Solo era cuestión de tiempo que le abandonase ese cansancio. Y entonces volvería su luz. Pero la realidad es que esa luz tan maravillosa que desprendía se estaba apagando. Fue la última imagen que mis hijos tuvieron de su abuelo.

El 27 de marzo lo perdimos. Lo perdimos mentalmente, porque fue el día de su ingreso, y a partir de ese momento fue como enviar una sonda al espacio. De vez en cuando recibimos noticias hasta que un día se perdió la conexión para siempre. Esa mañana les escribí por mensajería instantánea que ya estaba a veinticuatro horas de su día catorce de evolución, que llevaba cuatro días sin fiebre y que todo iba a ir bien.

La contestación fue un audio de mi madre desgarrador. Entre lágrimas trataba de decir que había que llevarlo a algún sitio, que estaba cada vez peor. Que al salir del baño ni siquiera había ido al salón, se había tenido que volver a su cama. Blasfemé. Dejé a los niños desayunando y llamé a mi hermana. Le dije que fuese mi cuñado a reconocerlo tomando precauciones ya que estaba en cuarentena. Esperando el milagro de que estuviese bien y que solo fuese, efectivamente, cansancio. Pero dentro de mí había nacido un presentimiento en forma de pellizco en el estómago y, aunque traté toda la mañana de ignorarlo a base de limpiar la casa, ahí continuó, creciendo a medida que no recibía respuesta de mi hermana. Miraba el móvil de reojo mientras fregaba la habitación de mi hijo, y nada. Mala señal.

Cuando reuní el valor suficiente para llamarla lo supe. Al otro lado de la línea ella apenas podía hablar. Mi cuñado seguía en casa de mis padres y había llamado al 112, donde tras pasar cuatro filtros médicos habían solicitado una ambulancia. «Papá tiene crepitantes en todas las bases y una saturación de 70. Antonio dice que la situación clínica no corresponde con esa gravedad, ya que hasta lo ha auscultado de pie». Vi caer toda mi vida al suelo a cámara lenta y estallar en mil pedazos, como si fuese un huevo de Fabergé. De repente, se me quitó la venda de los ojos y descubrí que había sido una ingenua. Noté el tsunami de culpabilidad creciendo a lo lejos, haciéndose fuerte y amenazándome. Esa gigantesca ola que finalmente me atrapó y me arrasó, y cuyos efectos devastadores estoy tratando de superar a base de psicólogo semanal.

A partir de ahí y hasta que se lo llevó la ambulancia todo se precipitó. Llamadas cruzadas con mi hermana, informándome de su conversación con el médico del SUMMA. Con mis tíos, que al igual que yo, de pronto habían sido conscientes de la gravedad. Con una amiga enfermera del hospital.

«Se lo van a llevar para subirle la saturación, pero que parece más que se le haya descontrolado la arritmia que el COVID. Él estaba hablando por detrás, que bueno, lleva un par de días fatigado, pero que se encuentra bien. Les he dicho que ni caso, que va a negar todo».

«Ana, ya se ha ido Antonio. Aquí sigue. Se lo van a llevar ya».

«Bueno, pues si dicen que no parece COVID y es del corazón mucho mejor. Tus padres llevan mucho pasado con lo de tu hermana y eso les tenía que salir por alguna parte».

«Antonio no cree que sea una insuficiencia cardiaca. Piensa que es un COVID con días de evolución».

«Ana, cariño. Ahora mismo voy a llamar a mis compis de la urgencia para que me vayan informando. De todas formas, yo esta noche tengo guardia y estaré pendiente todo el rato».

Mi padre, obediente y con 70 de saturación, se fue a su dormitorio y se vistió. Prefirió un chándal a sus vaqueros. Después se fue al salón y se puso sus deportivas, donde siempre lo hacía, en la silla de al lado de la puerta del pasillo. Esa imagen suya antes tan agradable, calzándose, como siempre hacía cuando iba con mis hijos después de su siesta, para irnos al centro comercial, al parque o simplemente para acompañarme al coche, pasó a ser una de las peores diapositivas mentales de mi vida. Imaginarlo atándose los cordones, asustado, preparándose para abandonar su casa, despidiéndose de su vida sin saberlo, sumiso, aceptando su destino, me lacera el alma y me atormenta cada noche. Y así se fue, para emprender un viaje del que nunca volvería.

A la hora, mi amiga enfermera ya nos había informado del box en el que estaba. A través de una compañera suya conseguimos hacer una videollamada a tres. Tengo recuerdos confusos. Con la bata del hospital en la camilla, sus ojos muy abiertos, la mascarilla de oxígeno y otra quirúrgica sobre su nariz. Mi hermana haciendo preguntas, ¿saturación, tiraje, trabajo respiratorio? Había mejorado a 91.

—Parece que estoy peor que ayer.

—Papá, descansa, no te fatigues y haz caso. Un beso, papá.

Mi último recuerdo suyo. En urgencias, con miedo y dudas en sus grandes ojos. Sin saber que iba a ser la última vez que viese su rostro. El rostro de la persona más importante para mí y que más me ha influido. El rostro de la generosidad y del amor. El rostro que motivaba mis logros y calmaba mis penas. El rostro que al igual que hizo con nosotras seguía enseñando a diario a sus nietos. El rostro de mi estrella eterna.

A mitad de la tarde el médico de guardia habló con mi hermana. En cuanto tuvieran organizadas las camas lo subirían a planta. Y entonces una nueva vuelta a la soga alrededor de su cuello.

—Pero ¿está para planta?

—Por el momento sí. Pero, lamento decirte que en caso de que necesite UCI no va a ser posible, dado el colapso del hospital y por su edad. Lo siento, de verdad. Por encima de setenta años están siendo rechazados.

Ella colgó el móvil y maldijo en todos los idiomas. ¿Cómo que por su edad?, ¿qué problema hay en que tenga setenta y cuatro años?, tiene una calidad de vida previa magnífica, joder. No lograba comprender que después de casi veinte años de profesión en la que había tenido que realizar pruebas y tratamientos infinitos a pacientes mucho mayores y sin ningún pronóstico solo por «dar una oportunidad más», ahora su padre, que caminaba tres horas diarias a un paso complicado de seguir, no iba a tener ninguna. Recuerdo su frase: «¿Qué pasa, que si tienes más de setenta años te quitan la mascarilla y te ponen una almohada en la cara?».

Removida ante tan lúgubre perspectiva comenzó a planificar un traslado al Gómez Ulla, hospital donde trabajan tanto ella como su marido. De esa forma tendríamos una comunicación más fluida con el personal médico y podría ser posible que, dado el caso, pudiesen mover hilos para conseguir una cama de UCI. Nos ilusionamos. El problema era que el estado de mi padre iba empeorando por minutos aquella tarde, aunque nosotras aún no lo sabíamos.

Contacté con mi amiga enfermera para que hablase con el médico de urgencias para que le pautasen hidroxicloroquina. Mi cuñado por la mañana en su casa ya le había administrado dos pastillas. Es cierto que posteriormente se ha visto que produce problemas cardiacos, pero en ese momento este antipalúdico se utilizaba como antirretroviral.

Desde urgencias se mostraron reticentes. Por aquel entonces y debido al colapso y al desabastecimiento no daban medicamentos que se usaban para el COVID-19 hasta que no tenían la prueba positiva, aunque clínicamente ya se considerase. Finalmente accedieron al haber comenzado el tratamiento en su domicilio.

«Yo entro ahora, Ana, en cuanto llegue te informo y hacemos videollamada».

Serían como las nueve y media de la noche. Mi hermana y yo cruzábamos llamadas para tratar de gestionar el traslado de hospital. Y llegaron las diez, hora en la que mi amiga comenzaba su turno. Me fui a cenar con el móvil cerca. Pero pasaron, y también pasaron las diez y media, y también las once.

Mirando la televisión sin concentrarme en absoluto empecé a ser consciente de que algo no iba bien. Abría el chat con ella. Última conexión hacía doce minutos. Y nada. Por fin un mensaje: «Lo hemos cambiado de box». Escribiendo, escribiendo. De repente nada, ningún mensaje más. «¿Qué le pasa?, ¿por qué lo habéis cambiado?». Escribiendo, escribiendo. Silencio. Unos veinte minutos después: «En ese box tenemos vigilado el monitor desde el control. No le apetecía hacer videollamada, lo siento». Mi mente, caprichosa, de nuevo salió de mi cabeza y se fue a mirarme desde otro lugar de la habitación sabedora de que se acercaba un momento dantesco. Le comuniqué el cambio de box a mi hermana. Su respuesta fue, en el fondo, esperada, pero no por ello dejó de convertir todo a mi alrededor en penumbra: «Hemos hablado con el médico. La evolución es mala, tenemos que ponernos en lo peor».

Estaba en el baño de mi dormitorio preparándome para ir a la cama. Los recuerdos de los siguientes minutos son confusos. Le pregunté algo, ella llamó, hablamos del traslado. Estaba demasiado frágil. Necesitaba un respirador, habían solicitado su ingreso, pero lo habían rechazado. El traslado solo podría ser de UCI a UCI y, aunque pagásemos la ambulancia medicalizada privada, ni en el Tajo tenían material para intubación ni en el Gómez Ulla había en ese momento plaza libre en cuidados intensivos. Le pregunté que si nos arriesgábamos. Me pasó con mi cuñado, estaba histérica. Lo único que recuerdo de todo lo que me dijo es que si fuese su padre lo dejaría allí y a la mañana siguiente veríamos qué se podría hacer. Si llegaba, claro.

Solo quien sabe lo que es pasar una noche, y varias, esperando que vibre el móvil puede entenderme. Llevé a los niños a mi cama. Necesitaba ese apoyo y esa energía que solo unos cuerpecitos somnolientos con la respiración pausada pueden dar. Y abracé a mi hijo mayor. Lo abracé tantas veces que comenzó a removerse inquieto. Era, es, lo único que me queda de mi padre. Un flechazo de Cupido nada más nacer. Dos amigos que se conocían de otra vida. Fascinación mutua desde el primer minuto. Uno el maestro y otro la última gran ilusión. Y también mi mayor pesar, que no se sigan aprovechando, disfrutando y aprendiendo. Los tres. Que una de sus principales columnas se haya derruido pronto.

Llegó el alba del 28 de marzo y mi móvil vibró, pero dos tonos cortos. Mensaje. Corrí como un caballo desbocado y vi una foto que me enviaba mi amiga enfermera. El monitor de mi padre con unas constantes aceptables. «Saturación y FC bastante mejor». ¿Habría habido un milagro?, ¿sería uno de esos casos que tras una noche crítica terminan remontando?

Semanas más tarde de su fallecimiento hablé con ella sobre esa noche que nos uniría en el dolor como un hilo invisible para siempre, confesándole que pensaba que se le iba a morir justo en su turno. Como personal de urgencias a la vanguardia de esta guerra, acusa las secuelas psicológicas de la misma. «Ana, como si fuese mi padre. Pasé cuarenta veces a verlo. Le cogí de la mano. Le recordé hasta la saciedad lo que le queríais. Le pedí que luchase. Estaba agotado, pero tranquilo». Reenvié la foto a mi hermana, esperanzada. «Hemos hablado con el médico. Su estado sigue siendo muy delicado. Antonio va a ir al Gómez Ulla a ver qué puede hacer».

Mi cuñado fue, pero tras una mañana de gestiones no pudo hacer nada. Estaban previstos bastantes ingresos de gente joven en la UCI. Tal sería la situación que un alto cargo médico del Ejército no pudo conseguirle un respirador a su suegro. Nos resignamos. Mi hermana fue a ver a mi madre e informarle de la realidad. La mujer, como mucha gente de su edad, considera que con ir a un hospital ya estás salvado. Y la situación no era ni mucho menos así. Lloró, sin un contacto físico de su hija que la reconfortase, pero se mostró fuerte.

A mediodía nos informaron de que seguía crítico, pero estable. De nuevo mi cuñado regresó a Aranjuez y fue al hospital a comentarle al gerente que en caso de que pudiésemos conseguir Tocilizumab se lo podrían administrar. Es un medicamento que en ocasiones es eficaz deteniendo la cascada inflamatoria autoinmune que genera el bicho en determinados pacientes y que hace que su propio cuerpo los ahogue. En ese momento era valioso y escaso. De hecho, la pauta inicial se estableció en dos dosis con posibilidad de una tercera según evolución, pero la habían recortado a una. Era complicado encontrarlo, pero lo intentaríamos todo, por descontado. Su respuesta fue que en urgencias no, que dicho fármaco se lo pautaría el internista que le tocase en planta si así lo estimaba conveniente. Y que había que solicitarlo a Sanidad con su nombre y apellidos el lunes, poniéndoselo como pronto la tarde del mismo lunes o, con mayor seguridad, el martes.

Era ilegal suministrarlo de forma externa. Y era sábado. Paciente muy grave. Mi padre tuvo que penar con los inconvenientes de la medicina de guerra, como la falta de respiradores, pero no disfrutó de sus ventajas. A pesar de tener sanitarios en la familia, ni consiguió UCI ni que la absurda burocracia del hospital levantase la mano con un fármaco crucial en algunos casos. Mi cuñado se había incorporado de la reserva a pesar de ser personal de riesgo por su edad y su comentario se me quedó grabado a fuego: «¿Nos están pidiendo turnos titánicos y luego Sanidad no autoriza Tocilizumab los fines de semana? A ver si llega al martes».

Esa tarde lo subieron a planta. Habitación 241, ventana. Otra cosa tatuada en mis neuronas. Seguía estable. Familiares y amigos se alegraron, pero nosotras sabíamos que en realidad era una UCI sin tubos, un lugar donde aparcar a ciertos pacientes por los que solo quedaba rezar. Y también a otros menos graves que sí salieron, todo hay que decirlo. Por primera vez en la corta historia del hospital, se ocupaba por completo el ala construida para situaciones urgentes y no solo eso, también por primera vez se habían duplicado las habitaciones.

A través de la «chaqueta verde», personal del hospital que traslada pertenencias que llevan los familiares hasta los pacientes, le hicimos llegar un móvil. El hecho de que estuviese estable nos hacía albergar algo de luz. Quizá, poco a poco, mejoraría y podríamos contactar con él. Al poco rato mi padre llamó a mi hermana. Taquicardia al escucharlo. Emoción infinita. Afecto desmedido. Le pedía medicamentos habituales suyos y adhesivo para las prótesis dentales. Se le escuchaba lejano por la mascarilla y algo disneico, pero su voz era la de siempre. Nos lo comunicó conmovida, y mi madre, ingenua, se ilusionó: «Eso es que está mejor, que tiene ganas de hablar». En ese móvil tenía otra aplicación de mensajería a través de la que le escribí diciéndole que no se levantase él a lavar las prótesis, que pidiese ayuda. Pero nunca lo leyó.

Llegó la mañana del 29 de marzo sin noticias. Ni del hospital ni suyas personales a través del móvil. Yo seguí insistiendo en el traslado. A mi cuñado de nuevo le negaron plaza en el Gómez Ulla. Mi marido se puso en contacto con un médico con el que a veces colabora profesionalmente y que trabaja en la privada. Mi padre, maestro funcionario, pertenecía a Muface. «Con esa edad lo vais a tener difícil, las cosas por aquí están igual que en la pública. Lo siento». Tampoco nos dejaron hacerle llegar su encargo de la noche anterior. La responsable de las «chaquetas verdes» nos dijo que, lo primero, no debíamos estar allí y, lo segundo, que si en el ordenador no figuraba la orden médica no le daría nada. Pensé que, al verse en planta la noche anterior, él fue el primero que levantó castillos en el aire y realizó esa petición sin contar con el personal. Cerca del mediodía llamaron a mi hermana. Seguía estable pero delicado. La saturación muy justa y la coagulación en la analítica le había empeorado. Le pedían autorización para administrarle un tratamiento a base de inmunoglobulinas, a lo que accedió. Lo que hiciese falta. Y entramos en el bucle de solo una llamada diaria. Y dando gracias, porque de lo contrario no serían buenas noticias.

Esa tarde, una primavera recién inaugurada nos ofreció un sol magnífico. Tengo la gran suerte de vivir en una urbanización de chalets adosados con patio. Los pocos metros cuadrados de terrazo y césped artificial han sido un enorme desahogo con los niños durante el confinamiento. Pero han sido un arma de doble filo. La cercanía estrecha con mis vecinos, entre ellos mis cuñados, me ha dado constantes bofetadas de una alegría de la que yo aún estoy muy lejos, si es que llego, de conseguir.

En aquellas horas vespertinas de domingo, jugando con mi hija y sus muñecas sentadas en una manta, fui consciente de una de las peores batallas psicológicas que tendría que luchar. A mi alrededor la gente hacía videollamadas con sus padres, reían, tomaban copas y ponían música. Y yo tan solo podía atinar a no perderme en la historia de las muñecas que mi pequeña había inventado, aunque mi mente, de nuevo, había optado por irse.

Esta vez más lejos. Esta vez a una habitación del hospital. A la 241, donde mi padre se debatía entre la vida y la muerte sin nadie querido que lo acompañase, mientras yo escuchaba el «resistiré» una y otra vez en la vecindad. Esa sensación se volvió peor en la desescalada, cuando el ánimo se levantó de repente, comenzaron los reencuentros, los abrazos, las bromas y en los medios se destilaba felicidad. Tú has estado meses en una burbuja de un duelo traumático y lo último que quieres es participar en esa fiesta. Pero las puertas están cerradas y no puedes salir. A veces las golpeas, para intentar abrirlas, y terminas en una crisis de ansiedad. Otras veces te limitas a sentarte para ver cómo la gente baila, enfadada con todo a tu alrededor, o simplemente dejando que pase el tiempo, abatida. Pero la fiesta sigue, implacablemente.

El 30 de marzo fue el último día positivo del proceso. Sobre el mediodía, y cuando esperaba la vibración de la llamada entrante de mi hermana de rigor, recibí un chivatazo. Otra amiga del hospital me dijo por mensajería instantánea que ahí seguía, aguantando sin empeorar. Seguía crítico, pero «él refería encontrarse mejor». Y, por fin, le habían pedido el Tocilizumab. Se despidió con un «mañana te averiguo más».

Creí que me fallaban las piernas por el alivio cobarde que sentí. Reenvié el mensaje a familiares y allegados. La llama de la vela seguía centelleando. El médico por la tarde confirmó la información. Le dijo a mi hermana que se sorprendían porque su estado clínico no correspondía a su gravedad. Estaba consciente y orientado. Le habían cambiado su anticoagulante por heparina y tenía dificultades para tragar. Quizá fuesen hongos por la medicación. Le estaban administrando un antifúngico. Volvió a disculparse por no tener plaza en la UCI, pero le prometió que intentaría a nivel médico hacer todo lo posible ya que entendía que era un paciente con una calidad de vida previa magnífica. Es difícil no esperanzarse, pero me permití la licencia de soltar algo de lastre y proyectar energía.

El 31 de marzo llegó a nuestras vidas como las campanadas de medianoche de Cenicienta. Sobre la hora en la que mi contacto me había escrito el día anterior enloquecí. Silencié todas mis conversaciones para que solo me vibrase el móvil con ella, y aun así, si me entraba algún e-mail, se me desbocaba el corazón. Y llegó la hora de la comida sin noticias, también la sobremesa, y supe que algo iba mal. El móvil vibró mientras hacía los deberes con mis hijos, pero fue una llamada de mi hermana. Al otro lado de la línea escuchaba sollozos. Y lo supe.

«Ana. Me han dicho que ha empeorado mucho. Le han puesto esta mañana el “toci” pero nada. Está bajísimo de saturación y no hay forma de subírsela. Por la falta de oxígeno está desorientado, se ha quitado la mascarilla, se ha arrancado las vías y la sonda y se ha levantado de la cama. Le han puesto haloperidol para sedarle. Dice el médico que no sabe si será hoy, mañana o pasado, pero que cree que se va a morir. Nos dan la oportunidad de despedirnos dos personas, pero no sé qué hacer. Sé que mamá va a querer ir, pero tía, yo no sé. Yo sé cómo están los enfermos en ese estado, y no sé siquiera si nos va a reconocer. Además, claro, del alto riesgo de contagio».

La escuchaba, haciendo pausas para llorar, para tomar aire. Yo no era capaz de decir nada. No procesaba la información. Solo sentía miedo. Despedirme de mi padre. Así. Pensé en el escenario del hospital, caótico y consumido como una versión futurista posnuclear. Y mi padre allí dentro, demenciado. Mi padre, la persona más pudorosa y prudente que he conocido. Que nunca quiso verse dependiente, que nunca quiso verse sometido a cruentos tratamientos, y que ahora, hipóxico, se rebelaba contra todo ello.

Y yo no era capaz de ir. Por él, porque sabía que no lo querría, y por mí, porque pensé que esa imagen me atormentaría cual fantasma cada noche de mi vida. Curiosamente renuncié a esa posibilidad pensando en parte en mi bienestar, sin saber que, totalmente al contrario de lo que pensaba, la decisión fue errónea. La imaginación es caprichosa y cruel, y el no tener la imagen real de la situación la dispara. Hay noches que lo veo tranquilo, otras noches lo veo agitado. De lado, boca abajo, según lo fuesen poniendo para tratar de aumentar la escasa capacidad respiratoria que sus dañados pulmones podían dar. Consciente, somnoliento. Asustado. Pero no lo vi, y en mi cabeza, a veces, sigue allí ingresado. Como si se lo hubiese tragado un agujero negro. No lo ubico ni entre los vivos ni entre los muertos.

Quedé con mi hermana para darle la noticia a mi madre. Mi marido se quedó con los niños. «Ten cuidado conduciendo», me dijo nervioso. Pero yo no estaba nerviosa. Estaba sedada sin fármacos, simplemente con la cruda realidad. El camino a casa de mis padres fue dantesco, la desolación reinaba fuera y dentro de mi coche. Ese itinerario que siempre había recorrido feliz, con mis pequeños detrás, se había convertido en un paseo de espinas afiladas. Había crecido el verdín entre los adoquines del centro, las plantas y árboles crecían a su antojo y no había absolutamente nadie en la calle.

Al aparcar esperé a mi hermana, que vive cerca. No podía dejar de mirar su barrio, su casa, su ventana, el polideportivo donde llevaba a mi hijo a entrenar. Y donde ya nunca volvería. Pero no era capaz de llorar. «¿Quieres un Orfidal?», me dijo ella al llegar. Lo rechacé. Subimos al piso en silencio, con distancia y mascarillas. Y al llamar al timbre abrió mi madre. Llevaba cuatro días sola y su primera reacción fue sonreír.

Me martirizan a diario esos escasos segundos que duró su sorpresa. Ese breve lapso donde se fue desvaneciendo su alegría y cayó en la cuenta de lo que significaba nuestra presencia allí. Y entonces gritó, lloró, retrocedió y sé que quiso esconderse bajo el sofá. «No me digáis nada, no quiero saber nada». No tengo palabras para expresar lo que fue darle esa noticia a mi madre sin poder tocarla, sin poder abrazarla, sin poder reconfortarla más allá de palabras que se llevaba el viento tras nuestras mascarillas y que ella, discapacitada auditiva, a veces no llegaba a entender. Verbalizó todo lo que yo era incapaz.

«¡Qué mala suerte! ¿Por qué él, Dios mío, con lo bueno que es? ¡Y sus nietos, con lo que él estaba con sus nietos! ¡Qué poco los ha disfrutado, por Dios, qué poco! ¡Qué mala suerte, qué mala suerte, qué mala suerte!, ¡puto COVID! ¡Y se va a morir solo, como si nadie lo quisiese en este mundo!, ¡hasta los perros se fueron más acompañados!».

Y, por supuesto, quería despedirse. Era la única concesión que le ofrecían para resarcirse de tan amargo final de su compañero de vida. Ella, con su mentalidad antigua, de dar la mano, de consolar, de enterrar, de velar. Tendría que hacer lo poco que le dejaban con un traje de protección y sin poder tocarlo.

En el camino siguió hablando y expresando lo que nosotras, en especial yo, no podíamos hacer aún. Seguía bloqueada. Y así estuve todo el tiempo, cerca de una hora, que duró aquella despedida. Dando paseos rápidos, histéricos, de un lado a otro de la entrada del hospital. Aspirando el profundo olor a lejía y gel hidroalcohólico. Si hubiese podido habría salido corriendo, hasta que hubiese caído rendida del agotamiento. Hasta quedarme afónica chillando. Pero no, tenía que esperarlas. Y por fin aparecieron con el rostro acongojado.

—¿Y ahora qué, a esperar que se muera solo? —decía mi madre.

—Me he despedido por ti y los niños. Le he colocado la mascarilla porque no la tenía puesta. Y le he dado la mano, a la mierda —dijo mi hermana.

—Ha abierto los ojos cuando ella ha dicho papá —dijo mi madre.

—Le he dicho que sea fuerte y que no tenga miedo. Estaba tranquilo —dijo mi hermana.

Mi mente captaba la información tratando de componer su propio escenario. A día de hoy sigue haciéndolo. Volvimos a casa de mi madre. Acordamos que mi hermana se quedaría allí con ella manteniendo las normas de seguridad hasta que nos comunicasen el desenlace. En mi casa con los niños estaría más expuesta y aún no sabíamos si lo había pasado o no. Tuve un momento donde, sentada frente a la mujer que me dio la vida, solo pude acomodar mi cabeza en sus rodillas mientras ella me acariciaba el pelo. «Ay, Ana, te vas a quedar sin padre. Yo también perdí a los míos joven, más que tú. Pero estaban mal. Y él estaba bien».

Regresé a mi casa. Los niños se iban a bañar y traté de refugiarme en ellos. Pero me molestaban. Me molestaba su ritmo, sus risas y su ingenuidad. Los miraba y no sabía cómo se lo iba a decir. Esa noche los acostó mi marido, mientras yo en la puerta del patio me bebía una cerveza tras otra, recordando, sonriendo, llorando. A su salud. Nos fuimos a dormir tarde hablando de él. Sin saber si estaba vivo o muerto. A revivir la noche de las urgencias esperando una llamada.

La madrugada del 1 de abril llegó tranquila y sin noticias. La hermana mayor de mi madre rompió la paz de mi móvil, desesperada por saber. «Nada, aún nada». Esa llamada llegó a media mañana. «Lo primero, tranquila», dijo mi hermana. ¿Perdón? Había conseguido remontar algo. Volvía a estar en 90 de saturación.

Pero la situación era extremadamente grave. Debido a la confusión del día previo tenía que ir el urólogo a hacerle lavados y cambiarle la sonda porque tenía hematuria de habérsela arrancado.

También, por ello, le habían suspendido la heparina. Si al día siguiente seguía así le volverían a poner inmunoglobulinas. Solo acerté a decir: «Si se tiene que morir que sea ya. No puedo soportar más incertidumbre». Pero es fácil esperanzarse. Y lo hicimos. Toda la familia enviando su energía y apoyo desde la distancia. Mitigando nuestra soledad. Recordé que mi cuñado dijo que el Tocilizumab hacía efecto entre veinticuatro horas y cuatro días, ¿podría ser? «Máxima prudencia, por favor», me contestó mi hermana.

El 2 de abril el parte de guerra fue alentador. Respondía con los dedos ante preguntas sencillas, colaboraba en las pruebas, y nos tenían que comunicar que estaba mejorando, ya que conseguía saturar 95-97. La cara B era que la analítica seguía fatal. Fue ahí cuando comenzó un debate dentro de mí, entre la parte que se ilusionó y la que era consciente de que habían dicho que respondía con los dedos.

«¿Por qué no habla?, ¿el día hipóxico habría dejado alguna secuela? Si salía, ¿cómo saldría?». Pero, lógicamente, yo quería que sobreviviese. Era mi padre.

A última hora de la tarde hablé con mi amiga enfermera. Con la voz entrecortada me decía mediante audios que estaba muy al corriente de la situación de mi padre. Sabía que tenía ratos conscientes y la mayoría somnoliento. Estaban ofreciendo a las familias llevar algún objeto personal, o foto, para que esos pacientes graves tuviesen algo a lo que aferrarse y luchar en los ratos lúcidos. Me volvió a repetir lo de humanizar la tragedia. Expresión que sigo sin poder tragar. No sé qué tuvo de humano lo que tantas y tantas familias hemos vivido.

Entre mi hermana y yo decidimos llevar una foto de su boda donde aparecemos las tres y los dos niños. Aunque no está él, pero sí las personas más importantes de su vida. «¿Pero ya o mañana?», dijo ella. «Ya», contesté, presintiendo que una niebla funesta y densa comenzaba a aparecer. Cruce de llamadas con mi amiga. Era ya tarde, sobre las once de la noche. Localizó al guardia de seguridad que hacía su turno. El señor aceptó el encargo. Me fui a dormir tras tomarme el segundo ansiolítico de mi vida. Y entonces vibró el móvil sobre el lavabo del baño. Una vez. Bueno, será mi hermana diciendo que ha dejado la foto. Dos. Tres. Era una llamada. Y era ella, a las doce de la noche.

«Me han llamado justo cuando acababa de aparcar. Ha fallecido».

Con la foto en la mano. A escasos metros de él sin haberlo acompañado. Y de nuevo volver a aparecer las dos para comunicarle el deceso a mi madre. Ella, que simplemente esperaba que su hija volviese de dejar el portarretratos. Descubrimos al buscar su documentación en su mariconera dos sobres de cromos de la liga para su nieto. Para dárselos después del coronavirus haciéndolo esperar enrabietado, como hacía siempre. Ni la más lánguida película de sobremesa. Ni la más espantosa novela de terror.

Lo incineraron seis días más tarde. Mientras tanto estuvo en un depósito. Nos dieron directamente las cenizas, no vimos ni la caja. Aquí al menos supimos en todo momento dónde estaba, no como el caos en otras ciudades donde ha habido familias que han buscado sus restos mortales durante semanas. Pero la visión de su cuerpo inerte en una cámara funeraria es otro de los macabros regalos que me deja para siempre este proceso.

Posteriormente solicitamos los informes médicos de cara a una denuncia colectiva ante la falta de recursos que tuvo, a pesar de cotizar religiosamente toda su vida. Y supimos más cosas. Supimos que su muerte fue debida a un fallo de coagulación que produce el bicho y que genera microtrombos. Coagulación intravenosa diseminada, técnicamente.

Causa de la muerte: neumonía por COVID-19, fallo miocárdico, fallo multiorgánico. Se le preparó para una transfusión que nunca se le llegó a hacer. Desde que llegó a la planta se le consideró paciente no reanimable. Durante semanas nos atormentamos. Quizá en la UCI no habría tenido el día de desorientación, no se habría levantado, no se habría arrancado todo y no le habrían suspendido la heparina. Con lo cual habría seguido anticoagulado. Porque a nivel respiratorio estaba mejorando. Y le habrían transfundido.

Pocas veces necesitó el sistema sanitario, y siempre nos quedará que justo cuando lo hizo, no estuvo preparado. Pero es cierto que sus datos analíticos eran realmente malos. Mucho se ha hablado de la afectación respiratoria del coronavirus, pero poco de la otra, igualmente letal, la coagulopática. Y de sus graves secuelas, como miembros amputados, trombosis cerebrales o pulmonares e infartos. Tampoco se ha hablado de que, en ocasiones, los pacientes con menos síntomas eran los que peor ingresaban. Que llegaban de pie a urgencias y nunca salían. Que no eran conscientes de estar respirando mal. Que se los mantuvo en casa de manera equivocada.

Pero quizá no merezca la pena seguir dándole vueltas. Él siempre dijo que «lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible».

Una vez conté la historia de tu niñez. Dura, como la de tantos en la posguerra. Y cómo gracias a una inteligencia prodigiosa llegaste a ser universitario sin ningún recurso económico. Hoy cuento otra, la de tu muerte. Con la esperanza de que no quede en vano, aunque tan solo sea para aportarme descanso psicológico. Y tranquilo, papá. Nadie me va a callar. Nunca. «Te quiero» se queda muy escaso para todo lo que he sentido, siento y sentiré por ti. Brilla en el cielo como la gran estrella que eres.

Cuando recobres el aliento, entraremos de lleno en el peor agujero de esta crisis sanitaria: las residencias de ancianos.

Capítulo 8
Residencias: más de veinte mil muertes ocultas en habitaciones bien ventiladas

Las residencias de ancianos han sido otro de los pilares de la mortandad masiva de ancianos durante la pandemia. Hay muchos elementos que explican este trágico fenómeno. El primero, la pasividad del sistema sanitario. ¿Qué debe hacer un trabajador de una residencia de ancianos que enferme? ¿Ir al médico, hacerse un test, relatar a Sanidad sus contactos, verificar posibles contagios en su centro? No a todo: «Los trabajadores de un centro sociosanitario que presenten sintomatología de una posible infección respiratoria como tos, fiebre o sensación de falta de aire no deben acudir al centro. Deberán permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los servicios sanitarios/servicios de prevención/mutuas para que se realice una valoración individualizada y se verifique la situación y gestionar la Incapacidad Temporal (IT) en su caso».

Está escrito el 24 de marzo. Sanidad lo llama Guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial. Un sarcasmo. Pone las bases para el descontrol y la falta de prevención en las residencias.

Pero Sanidad pone en peligro todavía más al trabajador de la residencia con otra norma: «En caso de que un trabajador del centro presente síntomas de infección respiratoria aguda, los servicios de prevención de riesgos laborales deberían indicar la realización de prueba diagnóstica de laboratorio para SARS-CoV-2 según lo contemplado en el Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2), considerándose que se trata de personal en contacto con población especialmente vulnerable».

Pero luego introduce un escape a tal norma: «No obstante lo anterior, el personal en situación de baja laboral por IT por sospecha no confirmada de COVID-19 que preste servicios en residencias de mayores, para personas con discapacidad y en servicios de ayuda a domicilio, podrá ser requerido para la realización de pruebas diagnósticas pertinentes, y en caso de descartarse la infección y permanecer asintomáticos, deberán reincorporarse inmediatamente a su puesto de trabajo». Admite que puede haber trabajadores que están de baja por sospecha de coronavirus y no se han hecho la prueba. Sanidad solo exige que se hagan la prueba en tono perentorio, «podrá ser requerido» frente al anterior «debería», cuando el enfermo pretenda alargar la baja.

¿Qué ocurre si por el colapso sanitario no se hace la prueba o falla el test? Son situaciones no imaginarias: ni hay suficientes test ni siempre son definitivos. A tenor de lo escrito, el trabajador puede volver a la residencia sin síntomas, pero contagiado. Ese trabajador no ha superado una gripe. Ha sufrido una infección respiratoria aguda. Es la foto del coronavirus en plena pandemia. Sanidad plantea la prueba como algo tardío. No para aplicar al trabajador en cuanto se sospecha de su infección, sino con vistas a alargar la baja o regresar al puesto. Y ha podido contagiar a su entorno durante una semana.

El departamento de Illa no urge que se haga la prueba el primer día. Y, sin embargo, es decisivo para que la residencia sepa si ha tenido un trabajador infectado y controlar sus contactos internos. Cada día que pase antes de la prueba permite que crezca una red oculta de contagios. Ningún compañero tiene la certeza de si ha trabajado o no con un trabajador infectado. Ni lo saben los ancianos cuidados por dicho empleado.

Por añadidura, el procedimiento de actuación del 31 de marzo acepta que no se hagan pruebas a los contactos con síntomas de una residencia infectada: «En el contexto de un brote en una institución cerrada (centro sociosanitario, institución penitenciaria…) los contactos de un caso confirmado que desarrollan sintomatología compatible a los que no se les realiza la prueba diagnóstica serán clasificados como casos probables». Ya está solucionado. Se clasifica a los contactos infectados como casos probables.

Y Sanidad siempre sitúa el listón en infección respiratoria aguda, no leve, para hacer test de coronavirus: «No se realizará el test diagnóstico de rutina a aquellas personas que presenten infección respiratoria leve no incluidas en los supuestos anteriores», que sí incluyen personal sociosanitario grave. Tampoco es una obligación realizar test a todos los residentes: «Se podrá considerar la realización de test de diagnóstico en personas especialmente vulnerables o residentes en instituciones cerradas que presenten un cuadro clínico de infección respiratoria aguda independientemente de su gravedad, tras una valoración clínica individualizada».

Cuando se conozca el holocausto de las residencias unos mirarán a Pablo Iglesias, responsable estatal de Políticas Sociales. Iglesias cargará culpas en su privatización y pondrá el foco en los dirigentes regionales del PP que gobiernan autonomías plenas de residencias, ancianos y muertos. Es difícil pedir rigor a residencias o a autonomías si el Gobierno central ordena no acudir al médico a un trabajador de una residencia «con síntomas de infección respiratoria aguda» que lleva trabajando una semana, de anciano en anciano, sin saber si es o no portador.

Y si es o no portador hay que descartarlo con un test. Y, si es positivo, hay que hacer pruebas a toda la plantilla y a todos los ancianos del centro. Pero no. No solo por falta de test, sino por unos protocolos que preconizan la insensatez. El trabajador enfermo mejor que se quede en casa y que avise de su evolución. La evolución de su residencia ya la sabrá Sanidad por los telediarios cuando evacúen ancianos muertos.

Sanidad hace grandes proclamas en su protocolo para residencias: «En el escenario actual, es prioritario evitar la introducción del virus en los centros. Por ello, se restringen todas las visitas sin vinculación profesional con el centro a no ser que sea estrictamente necesario. En ningún caso se permitirán visitas de personas que presenten cualquier síntoma respiratorio o fiebre. Igualmente, se suspenden las salidas del centro para los residentes hasta que una nueva evaluación del riesgo haga reconsiderar esta recomendación».

Esto, en principio, es una medida loable: que no entren visitas, que no salgan los ancianos. Pero tendrá un efecto perverso: los ancianos quedan al amparo solo del responsable del centro. Y si no actúa correctamente no habrá ningún testigo de sus tropelías. Nadie contempla la evolución o trato a los ancianos. No es una suposición. Hay diversas querellas que lo avalan. Y un relato basado en audios estremecedor que luego leerás.

Sanidad promulga algo peligroso. Que no entren personas con síntomas. ¿Síntomas de qué? ¿Cómo distingue el repartidor si tiene fiebre de coronavirus o de resfriado si no hay test?

¿Cómo sabe la empleada si ha cogido frío o está infectada? ¿Cómo sabe una visita sin síntomas si incuba el coronavirus? Sanidad debió exigir un carné sanitario. Tener un test negativo para trabajar y pisar las residencias. No osa pedirlo. Sabe que no tiene test. Esto es un coladero para los asintomáticos y todo el que incube la enfermedad. Y en un lugar que encierra a los seres con mayor vulnerabilidad y letalidad por coronavirus.

Los telediarios darán cuenta del hallazgo de cadáveres en residencias de unos enfermos que nunca fueron notificados y de comportamientos dignos de campo de concentración. Y esto a pesar de que el Gobierno recuerda a los directores de las residencias la vulnerabilidad de sus clientes: «Los datos y los estudios realizados hasta la fecha muestran que el COVID-19 afecta de forma más grave a mayores de sesenta y cinco años con patología cardiovascular previa (sobre todo hipertensión e insuficiencia cardíaca) y en menor medida con patología respiratoria crónica y diabetes. La mortalidad aumenta con la edad. Un estudio realizado en China revela que la mortalidad es del 3,6 %, en la franja de edad entre 60-69 años, del 8 % entre 70-79 años y del 14,8 % en los mayores de 80 años». Sanidad también sabe que son más sensibles no solo por la edad:

Los residentes y usuarios de las residencias de mayores se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 por varios motivos:

Habitualmente presentan patología de base o comorbilidades.

Suelen ser de edad avanzada.

Tienen contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores) y otros convivientes.

Suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población igualmente vulnerable.

¿Qué medidas de protección deben adoptar los trabajadores de las residencias para evitar contagios a los ancianos o infectarse ellos mismos? La normativa remite a una circular distinta para el uso de mascarillas, gafas, batas y guantes en cada residencia. Pero la instrucción específica para residencias lo que marca machaconamente como medida estrella preventiva contra el coronavirus es simplemente lavarse las manos:

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Deberá realizarse según la técnica correcta.

Realizarán higiene de manos antes y después del contacto con cada residente y después del contacto con superficies o equipos potencialmente contaminados.

Se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual (EPI), después de su retirada.

La higiene de manos se hará de manera general con agua y jabón. Si hay disponibilidad y las manos no están aparentemente sucias, se pueden usar productos de base alcohólica.

La utilización de guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada. Los guantes deben ser cambiados siempre con cada residente y se ha de realizar higiene de manos tras su retirada y antes de colocarse unos nuevos.

Se colocarán carteles en la puerta o en la pared fuera de la habitación del residente donde se describa claramente el tipo de precauciones necesarias y el EPI requerido.

La instrucción a los trabajadores de residencias induce a varios riesgos: que el trabajador se lave las manos veinte veces con jabón no le impide contaminarse ni contaminar por vía aérea. Sanidad recomienda EPI según el estado de cada residente. Hay que usar EPI si el residente está enfermo. ¿Qué ocurre si no está enfermo? No hay que adoptar precauciones.

Pero el peligro no es el anciano. Es el cuidador. Tiene más opciones de contagiar al anciano que al revés. Debe portar mascarilla, sobre todo, para no contagiar al residente. Sanidad sabe que todo enfermo antes de mostrar síntomas ya contagia durante los cinco primeros días de incubación. El trabajador que atiende sin EPI puede sufrir contagio si el anciano ya es portador. Y, al revés, el trabajador puede infectar al anciano si entra en su habitación sin mascarilla. Es llamativo que Illa aconseje rotular qué prevención usar en la puerta de cada habitación de cada anciano. Es tanto como decir aquí sí, protégete y protege del contagio, aquí no hace falta.

Los ancianos son los más vulnerables al virus. Todos. Sanidad no puede discriminar qué protección debe usarse según su estado. La protección prioritaria es para el anciano. Tiene más letalidad que el trabajador. El virus no puede salir de la habitación de ningún anciano, pero menos entrar. ¿Quién debe usar los EPI en las residencias? Sanidad remite al Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus. Y el protocolo ciñe el uso de EPI solo al personal «potencialmente expuesto en el manejo de las personas con sintomatología de infección por el coronavirus». La racanería elevada a manual. Traducción: el trabajador que entra en la habitación de un anciano enfermo debe portarlo, pero el que pisa la pieza contigua sin etiqueta de enfermo, no. Ni la que limpia el suelo frente a la habitación del enfermo, ni la recepcionista, ni la cocinera.

EPI suena rimbombante. Equipo de Protección Individual. Pero un EPI se compone de mascarilla, guantes, gafas y bata. Si la policía, la guardia civil o el ejército requieren mascarillas y guantes para tratar a distancia a los ciudadanos…, ¿no sería lógico garantizar guantes y mascarillas a todo trabajador de las residencias de ancianos?

Hay un hecho incontrovertible. Ningún anciano, salvo forzosas salidas por razones médicas, contraerá el virus si alguien no lo introduce en la residencia. El anciano no se va el finde a casa, ni de copas, ni viaja en metro. Si enferma, una visita o un trabajador le han contagiado. El Gobierno veta las visitas de parientes por la pandemia, pero no de sus cuidadores. Es imprescindible que todos sus cuidadores se blinden con protección. No basta vetar el paso a los trabajadores que son enfermos reconocidos. El protocolo de Sanidad para el manejo de ancianos en residencias plantea un extraño consejo: «Se colocará dentro de la habitación del residente un cubo de basura con tapa y pedal para que los trabajadores puedan descartar fácilmente el EPI». No has leído mal. Los trabajadores deben echar el EPI usado, quizá contaminado, en un cubo de basura dentro de la habitación de cada interno. El virus dura horas en superficies.

¿Tales residuos contaminados deben echarse en un cubo en la habitación del anciano? Y choca con el protocolo de Sanidad sobre prevención de riesgos laborales por coronavirus: «Después del uso, debe asumirse que los EPI y cualquier elemento de protección empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario. Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y retirada de todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse. Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición».

Por tanto, si se retira el EPI dentro de la habitación de un residente enfermo, se hace dentro de la zona de exposición, en la cara del anciano… Y el EPI está presumiblemente contaminado.

El protocolo de Sanidad sobre prevención de riesgos laborales por coronavirus vigente en residencias plantea «alternativas y posibles estrategias ante la escasez de equipos de protección individual (EPI) en situación de crisis: deben ser evaluadas antes de su aplicación excepcional. La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas preventivas, no solo EPI. La aplicación de una combinación de medidas de control puede proporcionar un grado adicional de protección. Este enfoque está destinado a usarse cuando los equipos de protección individual (EPI) son tan limitados que ya no es posible aplicar de forma rutinaria las recomendaciones existentes. Es posible que sea necesario considerar alguna de estas medidas o una combinación de ellas, siempre de forma excepcional y mientras persista la situación de escasez», confiesa dicho documento oficial.

El Gobierno, el 30 de abril, cuatro meses después de saltar la epidemia, admite que no hay mascarillas ni guantes para las residencias, donde residen los pacientes más vulnerables, como bien sabe por la experiencia vivida en China en enero. Aunque lo correcto es usar EPI en el manejo de enfermos de coronavirus…, ante la escasez de medios, Sanidad pide que se tire de inventiva. Barra libre. Entiendo mal que el Gobierno no se haya provisionado a tiempo. Pero entiendo menos que haga un manual para decir que como no hay EPI sirve cualquier material. Es como si la DGT exigiera cinturón de seguridad y luego añadiera con un asterisco: «Si no hay, vale una cuerda gorda amarrada a la cintura».

Este manual sanitario de la precariedad dice que si no hay suficientes mascarillas EPI (FFP2 o FFP3, EN149) y ni siquiera filtros contra partículas, P2 o P3, EN140 o 143, vale todo: «mascarillas autofiltrantes fuera de plazo de caducidad; reutilización limitada; priorización del uso según la exposición del personal; pantallas faciales o usar mascarilla quirúrgica y mantener la distancia».

Para proteger a los trabajadores de las residencias, Sanidad recomienda lo que ni el peor tendero de barrio. Illa pide usar mascarillas que son un coladero del virus. Como las quirúrgicas. Solo filtran el aire expulsado. No el aspirado. No son EPI. No protegen al trabajador. Por eso Sanidad sugiere que se aleje del anciano cuando las use. Le exige casi teletrabajar en la habitación del anciano mientras lo atiende. Mascarillas caducadas, reutilizadas, pantallas faciales… Es tan protector como que usen antifaz los trabajadores cuando cuiden ancianos.

El «uso extendido» de la misma mascarilla es un top del muestrario de consejos de Sanidad: «Usar la misma mascarilla en encuentros repetidos de contacto cercano con varios pacientes diferentes, sin quitarse la mascarilla entre ellos. El uso extendido es muy adecuado en las situaciones en las que varios pacientes tienen el mismo diagnóstico de enfermedad infecciosa y se agrupan (por ejemplo, en la misma unidad hospitalaria)». Esta norma chirría en una residencia: los internos no siempre están agrupados por enfermedad. Si el trabajador que asiste a un interno enfermo usa la misma mascarilla con su vecino no contagiado puede infectarlo. Y, sin embargo, el trabajador cree que hace lo mejor: portar la misma mascarilla en todo momento, atienda al anciano que atienda, sano o enfermo. Pero algunas mascarillas, quirúrgicas, solo protegen al anciano. Y el resto de protecciones del arcón de Illa (caducadas, reutilizadas o porque no son EPI) puede costarle la salud al trabajador. Y al anciano. Si el cuidador se infecta, la residencia se infecta.

Sanidad recomienda usar guantes de protección frente a agentes biológicos, pero dado el desastre existente se resigna a pedir que los trabajadores de las residencias usen «guantes domésticos» o «dobles guantes de látex o vinilo». Mientras el Gobierno aconseja guantes de cocina en residencias para frenar al virus, Sánchez proclama el 9 de mayo que la epidemia ha mostrado «la fortaleza de nuestro sistema». Más allá de la culpa de cada autonomía sobre su descontrol sobre las residencias, del desinterés de los responsables de los centros por proteger a sus ancianos y empleados, tales recomendaciones son un asidero para eludir responsabilidades.

Hay una vía de agua más grave que abre Sanidad en su protocolo para manejo de pacientes con coronavirus en residencias. ¿Qué hacer con un anciano contactado por un enfermo?

Todo centro sociosanitario que detecte que un residente pueda haber sido contacto de un caso de COVID-19 indicará a esta persona que permanezca en el centro o residencia en cuarentena. En el seguimiento de una persona clasificada como contacto de un caso se tendrá en cuenta lo siguiente:

Deberá permanecer en una habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño propio durante el periodo de vigilancia establecido (catorce días).

Deberá restringir sus movimientos y salidas a zonas comunes y si estas fueran imprescindibles, deberá llevar una mascarilla quirúrgica.

Se realizará una vigilancia activa en busca de síntomas respiratorios según lo establecido.

No es necesario su traslado a un centro sanitario si su estado general es bueno.

No es necesario que los trabajadores en contacto con esta persona tomen precauciones adicionales a las habituales.

¿Qué recomienda Illa cuando un anciano, la persona más vulnerable, ha estado en contacto con un caso de coronavirus? ¿Hospitalizarlo? No. ¿Testar si es positivo? No. ¿Obligar a los trabajadores a protegerse de él? No. ¿Identificar a sus contactos? No. Illa solo cree que un anciano potencialmente contagiado debe quedarse aislado en su habitación catorce días. Y que esté bien ventilada. ¿Quién vigilará su evolución si no está en un hospital? Y los enfermos de coronavirus tardan seis días en manifestar síntomas. Pero los enfermos de coronavirus también se mueren al quinto día. En esos primeros días críticos, mientras los ancianos permanecen en la residencia lejos del sistema sanitario, pueden estar ocultamente incubando y agravando su enfermedad. Cuando los síntomas afloren y el centro avise a Sanidad, el residente puede estar muy grave, agonizante o muerto.

Nuevo asidero legal para las residencias. Sanidad solo pidió aislarlos, sentarse y mirar. La pasividad o el descontrol de las administraciones y la crueldad de alguna estricta gobernanta de una de estas residencias da pie a órdenes dignas de un campo de concentración. Las graba una heroica trabajadora. Lo destapan dos redactoras de Telecinco, Noelia Camacho y Elena Gómez. Léanse al completo:

Trabajadora que esté constipada y vaya a estornudar pues es bueno que lleve mascarilla, pero los que no estáis constipados, los que no tenéis el coronavirus y los que estáis normales y corrientes como todos los días, llevar mascarilla solo demuestra lo que sois, nada más. Y otra cosa, las mascarillas son para que los enfermos no se contagien, no os evitan el contagio. Si os estáis poniendo mascarillas es porque mira… que queréis que os diga… ¡Pero sirven solo y exclusivamente para que una persona que tiene el coronavirus no contagie!

Otra cosa: para las locas histéricas. No podéis gastar cien guantes en dos días porque no hay guantes en el planeta. Cuando acabéis con la reserva de guantes directamente limpiaréis el culo con las manos. Vosotras mismas, lo que tenéis que hacer es lavaros las manos, no tirar de guantes como sino hubiera un mañana. ¿Vale? Os dieron una caja de guantes de cien guantes para siete días, no para dos.

Y cada vez que hacéis algo así, a mí me cuesta dinero. Todo lo que estáis haciendo mal me cuesta dinero, ¿vale? Mucho dinero. Y ese dinero será dinero que no tenga luego para pagar nóminas. Vosotras mismas: ¡dinero!

A ver, si tocáis a un abuelo, os laváis las manos. Si tocáis otra vez a un abuelo, volvéis a lavaros las manos. A ver, que hay agua y jabón por toda la residencia, tenéis el gel ese hidroclorhídrico por toda la residencia… ¡Lavaos las manos! En serio, los guantes están para higienes y para curas, no para que cojáis y los utilicéis para todo. Porque entonces directamente ya os lo digo, ¿eh?: no hay guantes. He pedido EPI y me han dicho que me ponga bolsas de basura. Vosotras mismas. Vais a acabar lavando los culos con bolsas de basura. ¡Vosotras mismas!

Tenéis que hacer un uso responsable del material. No sé si sabéis que no están sirviendo de nada. No hay. ¿Qué queréis, que dentro de tres días no tengáis de nada? ¿De verdad eso es lo que pretendéis? Os estáis neurotizando, no es normal lo que estáis haciendo… A ver, Sandra, tú no tienes por qué utilizar guantes. ¿Para qué utilizas guantes? De verdad, deja los guantes para las gerocultoras… En serio, tened un poquito de conocimiento todos.

A ver, insisto con los guantes. Tenéis dos cajas de guantes al mes, esto significa que como trabajáis quince días, no más, quince, tenéis trece guantes por día. Es decir, os podéis cambiar siete veces de guantes. Son más que suficientes, ¿vale? No tengo más cajas. Si las gastáis en tres días os quedaréis diez días sin guantes. Así de sencillo.

¿Lo entendéis? No podéis llegar y decir «quiero guantes y me dan guantes». No. Vuestras locuras yo no las voy a pagar. Porque si no tengo guantes no los puedo inventar. Tened un poco de conocimiento. Tenéis vuestra caja: gestionadla. No puede ser que me pidáis guantes cada tres o cuatro días de trabajo. ¿Lo entendéis?

Es mucho más importante que os lavéis las manos a que llevéis guantes. La sensación de seguridad hace que no os lavéis las manos. Los guantes hay que llevarlos en los mismos momentos que hace tres meses: cuando se hacen los cambios de pañal, cuando se prepara la medicación, cuando se tocan las pastillas con la mano. Pero no hay que llevar guantes para dar de comer a un abuelo, no. Hay que coger y lavarse las manos cuando se termine de dar de comer a un abuelo… ¿Lo entendéis? Si os ponéis los guantes y no os laváis las manos estamos haciendo el imbécil.

Otra cosa es lo de las esponjas jabonosas. ¿Qué pasa, que os las coméis o algo? Porque tampoco es entendible. Llevo toda la vida comprando las mismas esponjas jabonosas y ahora se ha multiplicado por tres el consumo. Que alguien me lo explique. ¿Qué pasa, que laváis el culo más veces a los abuelos o algo?… ¿Os las lleváis para casa o algo?

Es lo bueno que tiene que quien vigila la correcta protección contra el coronavirus en una residencia sea la propia empresa. Es una carretera con normas, pero sin Guardia Civil de Tráfico. El paraíso de todo salvaje. Al prohibirse las visitas a los ancianos en las residencias, se genera una opacidad en el cuidado que, en ocasiones, degenera en impunidad y maltrato. Los ancianos acaban secuestrados y cuidados con el mismo mimo que los rehenes del Estado Islámico o ETA.

Ya no sé cómo deciros que no cojáis el puñetero teléfono a nadie que no sea yo. No podéis colapsar la residencia, no podéis dejar que los hijos llamen. Yo ya les he dicho que no llamen. Si vosotras lo cogéis van a seguir llamando. ¡No cojáis los puñeteros teléfonos! Solo cuando veáis mi teléfono, solo. El de casa o el móvil, ¿vale?

A ver otra cosa, sois profesionales. Si un abuelo se pone mal o se ahoga porque está constipado…, lo primero es mantener la calma y lo segundo: constantes. La tensión, la temperatura, la frecuencia cardíaca y el oxígeno, ¿vale? No podéis llamarme para decir que Fulanito se está ahogando y luego tener una temperatura de 36 °C, una frecuencia cardíaca normal, una tensión normal y una saturación a 96, que está la abuela mejor que yo. Sois profesionales. Intentar sorber y escupir a la vez es imposible. Pues una persona no se puede ahogar si tiene 96 de saturación.

Estáis entrando en pánico y le estáis haciendo la coba a las abuelas para estar pendientes de ellas. Cuanto más vean que llamando la atención estáis más pendientes, más lo van a hacer. O sea, seguid, vosotras seguid. Si un abuelo está muy constipado, lo único que tenéis que hacer es darle mucha agua, nada más.

La medicación que Alfonso haya dicho y mucha agua. Que se ahoga, agua. Cuando tenga un abuelo la temperatura a 38 °C, la frecuencia cardíaca alta, la tensión descompensada y sature a menos de 90, me llamáis.

Han dado de alta a Pepita, los hijos pretenden llevarla a la residencia. Desde el día 18 Pepita no está en nuestra residencia, por tanto, bajo ningún concepto puede entrar Pepita en la residencia. Viene de la mutua, no le han hecho la prueba del coronavirus, o sea que puede que venga infectada. Si me entero que alguien la deja entrar a ella o a la familia es que no sé lo que os hago. Bajo ningún concepto se abre a nadie.

Algunos creerán que esto es una excepción. No, lo excepcional es que una heroica trabajadora lo grabe. Muestra las tripas de un mundo, bajo competencia de las autonomías, que no debería ser tan difícil controlar. Hay 5400 residencias en toda España. No habría costado tanto destinar parte de los 240 000 miembros de las fuerzas de seguridad, más 119 000 militares, no solo a vigilar el confinamiento, sino a personarse en las residencias para vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias. Habría sido una magnífica labor disuasoria frente a las gobernantas del «que se ahoga, agua». Y habría generado actas y sanciones. Igual que se hizo con los infractores del confinamiento. La UME desinfectó cinco mil residencias, como blasona Sánchez. Pudieron hacer algo más que rociarlas.

Pero el Gobierno estaba en su campaña de imagen: la UME desinfectando aeropuertos en Euskadi (algo para lo que no hace falta una unidad de este tipo, sino la Ertzaintza o empresas de limpieza), guardias llevando la cesta de la compra a una anciana, agentes llevando una tarta a una anciana octogenaria… Y contraviniendo protocolos: cada vez que muere un uniformado, sus compañeros le hacen un funeral colectivo, y se da la mano un cuerpo policial con otro en señal de duelo. Esto lo transmite la televisión sin sanciones. El Gobierno aprecia esa imagen de ejército que lava en público sus heridas.

Mientras se produce esta eutanasia colateral en las residencias de ancianos, España solo tiene un poder: el Gobierno central. Mando único significa acierto único o error único. El bochorno será tal que Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales, se resistirá a dar las cifras de mortandad de las residencias. Nadie quiere destapar el holocausto de la tercera edad por una epidemia que no iba a llegar.

Iglesias rehúsa asumir la gestión de las residencias cuando el estado de alarma le faculta. El vicepresidente hace lo contrario el 19 de marzo: «Reforzar a la única autoridad que tiene las competencias en las residencias de ancianos, que son las comunidades autónomas». Si pudo reforzar el poder de las autonomías, igual habría podido asumirlo y centralizarlo. Demuestra que tenía todo el poder, sin retocar la Constitución, para hacer y deshacer. Iglesias durante la pandemia solo es responsable de los viajes de los ancianos, el Imserso. Y los mayores no están para viajes. Ya les gustaría viajar al hospital.

¿Era una tragedia evitable? Si uno lee lo que escribía el 17 de abril el Gobierno sobre cómo evitaron infecciones en residencias otros países, creería que sí era evitable. Los informes sanitarios del Gobierno planteaban dos estrategias en las residencias.

Existía la opción de no tomar medidas preventivas en residencias, con sus consiguientes resultados negativos:

Las residencias de mayores representan un entorno de gran vulnerabilidad por ser un lugar cerrado donde es difícil evitar el contacto entre las personas y por la población de edades avanzadas y múltiples comorbilidades que se concentra en ellas. Han ocurrido múltiples brotes a nivel mundial en residencias de mayores. En EE. UU. se ha podido estudiar un brote que afectó a varias residencias, cuyos resultados se han publicado recientemente.

En la primera residencia afectada, con 130 residentes, con una edad mediana de ochenta y tres años y cantidad de comorbilidades, en la que no se tomaron medidas de aislamiento tempranas, la tasa de ataque entre los residentes fue del 84,6 % y el 29,4 % entre los trabajadores; el 54 %, el 6 % y el 50 % de los residentes, trabajadores y visitantes afectados requirieron hospitalización y fallecieron 33, el 7 % de los residentes y el 6,2 % de los visitantes.

Y existía la opción de tomar medidas preventivas, con sus consiguientes resultados positivos:

En otra residencia en la que sí se tomaron medidas de aislamiento tempranas, la tasa de ataque fue del 30 %. De los veintitrés casos que resultaron positivos, solo diez tenían síntomas en ese momento o los habían tenido en los catorce días previos y trece estaban completamente asintomáticos. A los siete días de seguimiento, solo tres de los trece continuaron asintomáticos.

El departamento de Illa llega a una sesuda reflexión tras ver los resultados de prevenir o no los contagios en residencias:

En conclusión, estos hallazgos tienen gran importancia a la hora de implementar medidas de control de la infección. La identificación de casos potencialmente transmisores de SARS-CoV-2 no puede realizarse basándose en la presencia de síntomas ya que los casos asintomáticos y presintomáticos pueden tener un papel muy importante en la transmisión.

Obviamente, un Gobierno que oculta las cifras de muertos de las residencias no parece creer que escogió la primera opción: proteger a los ancianos. España no aprende ni de las residencias de EE. UU. ni de las lecciones de China la importancia de identificar y aislar casos mediante test aunque no presenten síntomas. España, frente a la lección china, no hace pruebas de coronavirus a pacientes con síntomas compatibles con coronavirus en residencias. Dilapida dos meses y medio antes de aislar residencias. Y los asintomáticos ni existen oficialmente.

Introduzco un análisis que he solicitado a María José Jiménez Cebrián, presidenta de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (SEMER). Trabaja como médico en un geriátrico de Madrid y allí ella misma se contagió. Es demoledor.

En los últimos años ha aparecido el concepto de «centros sociosanitarios» para definir centros de atención a mayores que ofrecen servicios sanitarios un poco más avanzados que las residencias, por ser centros un poco más medicalizados, sin llegar a ofrecer los medios que pueda ofrecer un medio hospitalario propiamente dicho.

Los residentes institucionalizados no debemos olvidar que tienen, como todo asegurado de la seguridad social, un médico de familia adscrito y los residentes de sociedades médicas privadas igualmente tienen, sus médicos adscritos, médicos generales y de atención primaria. Asimismo, tienen acceso a otro nivel asistencial que son los hospitales, cuando necesitan este recurso porque no pueden ser atendidos en la residencia que es su domicilio, por presentar una patología aguda urgente.

Por todo ello se preguntarán por qué entonces las residencias han de ser consideradas otro recurso asistencial dentro del sistema sanitario tanto público, como privado. Para dar respuesta a esta pregunta cabe reseñar que el primer motivo de institucionalización de un anciano en residencia es la dependencia, bien sea de causa funcional/física o de causa mental/neurológica.

Esa gran dependencia viene dada por enfermedades crónicas evolucionadas, o bien por deterioros cognitivos, demencias evolucionadas, en ocasiones en estadios terminales, entendiendo por terminalidad aquellas enfermedades incurables y entre las que se incluyen no solo las oncológicas, sino enfermedades cardíacas, respiratorias, neurológicas, renales… en estadios severos. Por todo ello, el perfil del anciano que se institucionaliza en residencias es un anciano en la mayoría de ocasiones muy dependiente con una pluripatología evolucionada; son ancianos frágiles y vulnerables que requieren cuidados médicos y de enfermería continuados, así como cuidados básicos en actividades de la vida diaria, y por todo ello no pueden ser atendidos en sus domicilios, por claudicación de sus cuidadores.

El médico de familia tampoco puede atender a las necesidades de este tipo de pacientes, no por falta de implicación, sino por tratarse de pacientes que han de ser seguidos de forma exhaustiva y carecen de tiempo y recursos para ello. Es entonces cuando se crea la necesidad de tener equipos multidisciplinares que atiendan en residencias a estos ancianos, equipos que incluyan servicio médico y de enfermería.

Hay gran diversidad de tipos de residencias, atendiendo a su capacidad (las hay con capacidad desde cuarenta a cuatrocientos residentes), dependiendo de la titularidad (privadas, públicas, concertadas parcialmente, públicas de gestión privada) y cada una de ellas cuenta con un tipo de recursos tanto materiales como humanos, recursos que también van a depender de la exigencia de las diferentes consejerías dependiendo de la comunidad autónoma en las que estén ubicadas. En todo este contexto viene la pandemia de COVID-19 y se hacen patentes las «deficiencias» que tienen las residencias a la hora de dar una respuesta porque se juntan una serie de circunstancias.

Contagiosidad y número de casos. Los residentes a los que atendemos por su gran dependencia requieren un contacto directo de persona a persona que hace muy difícil poder atenderlos de manera idónea respetando la distancia de seguridad. Por otro lado, la vida cotidiana de las residencias hace que se compartan zonas comunes (comedores, salas de rehabilitación, de terapia, etcétera).

Ambas circunstancias han hecho que el virus haya circulado fácilmente una vez que entraba en la institución. La entrada del virus en el centro ha estado motivada por los residentes que acudían al hospital a consultas o bien eran hospitalizados y al darlos de alta ya eran portadores del virus. También las visitas al centro de familiares, visitas, proveedores, personal trabajador del centro… La fácil contagiosidad del virus, sumada a estas circunstancias, ha hecho de las residencias un foco importante de contagio del coronavirus. La prohibición de visitas y el confinamiento de los residentes en sus habitaciones se ha hecho tarde. Si se hubiera hecho con anterioridad se hubieran frenado los contagios.

Diagnóstico y realización de pruebas. El éxito de poder controlar la propagación y contagio de residentes de una residencia radicaba en la buena organización de los centros para poder separar y sectorizar a los residentes por cohortes: infectados por COVID, sospecha de padecer la enfermedad de COVID no confirmado o cuarentena por tener contacto estrecho con paciente COVID, sanos no infectados. Para poder realizar esa sectorización era necesario saber los residentes y trabajadores afectados y, para ello, realizar pruebas PCR. Una vez realizadas las pruebas se han de realizar cambios de habitaciones previa desinfección del centro. Un trabajador con PCR positivo no puede trabajar para evitar contagios.

Desde Salud Pública ha habido un total desinterés por realizar pruebas en las residencias, ni a ancianos, ni a los trabajadores. Tampoco desde los departamentos de riesgos laborales de las empresas ni los gestores de residencias han actuado en tiempo ni en forma, ya que se debían de haber realizado PCR a todos los trabajadores para evitar contagios de trabajadores a otros trabajadores y a residentes.

Por parte de la Administración Pública, las pruebas han llegado tarde, no ha sido hasta mediados de abril cuando han empezado a llegar los test rápidos, que no PCR, y en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, son de baja sensibilidad y no diferencian entre anticuerpos IgG e IgM, por lo que no han servido para nada. Tampoco desde Salud Pública se han realizado pruebas a fecha de hoy en algunos centros a todos los trabajadores, solo a los que presentaban síntomas, a sabiendas de que un positivo puede contagiar pese a ser asintomático.

Solo algunos hospitales como el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, ejemplo que seguir, gracias al servicio de geriatría y de microbiología han realizado PCR a todos los ancianos de residencias de su zona. Otras empresas han comprado test PCR o realizan serologías a sus trabajadores y residentes para poder así detectar los infectados y frenar la cadena de contagios, pero también son medidas adoptadas en los últimos días, no se han realizado al principio de la pandemia a la espera de que se hiciera desde Salud Pública. Eso hace que, en muchas ocasiones, se hayan tomado medidas cuando ya había muchos ancianos infectados y en ocasiones muchos fallecidos.

EPI. La falta de equipos de protección ha favorecido el contagio de residentes a trabajadores y viceversa. Al principio se llegó a prohibir en algunos centros el uso de mascarillas aludiendo a que iba a crear miedo y alarma en los residentes. Los guantes de nitrilo (encarecen el precio) tampoco eran de uso habitual, fue mucho tiempo después cuando se generalizó su uso, antes se utilizaban guantes que por su porosidad no eran seguros para atender a pacientes de COVID. Posteriormente fueron llegando mascarillas que no eran ni siquiera quirúrgicas, en ocasiones eran de papel, y batas. Las gafas, buzos, mascarillas FFP2 y caretas llegaron muy tarde, cuando ya los centros contaban con gran número de ancianos y trabajadores contagiados.

Hasta aquí la radiografía de esta experta. Es la foto de Madrid, pero también de la mayoría de las autonomías. Madrid no tiene ni distribuye tal material. Cierto. Como el resto de autonomías. No han muerto más de cuarenta mil ancianos solo en Madrid, de ellos casi la mitad en residencia. Es el Gobierno central el que desde el 13 de febrero viene amagando con una compra conjunta de material sanitario contra el coronavirus. Compra que cuando asume el poder absoluto el 14 de marzo sigue sin hacer. Y pide a las autonomías que frenen sus compras solitarias. Luego, tras su fracaso en el mercado sanitario internacional, da rienda suelta otra vez a las autonomías. Y es el Gobierno central el que quita hierro al virus hasta el 14 de marzo.

Muy audaz tiene que ser un director de Salud regional para convencer a su consejero, a su Gobierno autonómico, de invertir en proteger a los ancianos cuando el Gobierno central pasea el 8M por las calles en una manifestación. Los protocolos de restringir ingresos hospitalarios a enfermos de coronavirus y la recomendación de usar guantes de cocina en las residencias de ancianos emanan de Sánchez cuando ya ha asumido el mando único. El Gobierno está en la OMS. Sánchez dicta consejos a toda España y dice hacerlo por boca de la OMS.

En esto no ha habido un presidente regional que desobedezca la suicida política sanitaria del Gobierno central. Ni Torra.

El Gobierno deja desprotegido al trabajador de la residencia, pero ¿cómo blinda al anciano enfermo de coronavirus?: «Los casos posibles, probables o confirmados que se atiendan en la residencia o centro sociosanitario deberán permanecer preferentemente en una habitación individual con buena ventilación (preferiblemente al exterior), con baño propio si es posible y con la puerta cerrada o, en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el que se pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros con el resto de los convivientes».

Ya está: el anciano enfermo debe estar en una habitación individual… preferentemente, no obligatoriamente. Y, si no, a dos metros de otro residente, que la vida es dura. ¿Se puede mantener dos metros de distancia entre ancianos permanentemente en una habitación? ¿Sirve de algo tal distanciamiento en un espacio cerrado poblado por varios ancianos que pueden compartir y tocar superficies infectadas como el baño?

¿Es obligatorio testar si un residente sospechoso de coronavirus padece la enfermedad? No, solo si hay disponibilidad de la prueba: «Con carácter general, y siempre que exista disponibilidad, deberá realizarse la prueba diagnóstica de confirmación a los casos posibles en residencias de mayores y centros sociosanitarios para confirmar la posible infección por SARS-CoV-2. Para ello, el personal de la residencia deberá ponerse en contacto con el centro de atención primaria asignado, que actuará de forma coordinada con el médico de la residencia si se cuenta con este recurso». Si existe disponibilidad de la prueba… El Gobierno sabe que no puede dictar una orden tajante de prevención. No tiene material para secundarla. Norma obligatoria: hay que apagar el incendio… si hay bomberos, si hay manguera.

No solo hay abandono en los centros públicos. También en los centros privados. Lo que sigue es una querella por la muerte de un anciano en una costosa residencia catalana. Roser N. denuncia al director de una residencia barcelonesa de una gran firma sanitaria y al médico que atendió a su padre. Muere el 1 de abril en dicho centro por neumonía aguda derivada del COVID-19. Su relato es el siguiente:

Mi padre vivía en la residencia A. desde 2013. El 10 de marzo de 2020 desde la dirección de la residencia se comunicó a mi madre que se prohibían las visitas. Las enfermeras comunicaban casi a diario la evolución de mi padre a través de una aplicación móvil, aplicación mediante la que también enviaban los mensajes el médico y el director. El 9 de marzo, último día en que se pudo visitar a mi padre, este no presentaba signo alguno de enfermedad, ni de agravación o empeoramiento de su padecimiento.

El 22 de marzo, en la llamada telefónica diaria de mi madre a mi padre, lo encontró muy fatigado en el habla y le dio la impresión de que presentaba dificultad respiratoria, por lo que contactó con la residencia, y la enfermera le dijo que, al encontrarse el médico ahí en ese momento, le informaría este personalmente. Se puso entonces al teléfono el doctor J. G., informando de que habían tenido que darle soporte de oxígeno, pero que su estado general era bueno y que no lo relacionaba con el COVID-19, sino con los padecimientos pulmonares previos que presentaba. Según manifestó el referido facultativo, él era el «nuevo» médico del centro.

El 26 de marzo el doctor G. llamó a mi madre para informarle de que mi padre había sufrido una broncoaspiración (según le dijo «le había ido a parar comida al pulmón») por lo que dejaban de alimentarlo vía oral, iniciando alimentación endovenosa.

El 27 de marzo mi madre recibió una notificación en la aplicación móvil en la que se le informaba de que mi padre estaba afebril, que se había retirado en dos ocasiones el suero subcutáneo, que se le realizaban nebulizaciones, y que mantenían seguimiento.

El 28 de marzo se reciben mensajes en el mismo sentido, si bien en un mensaje de la tarde de ese mismo día se le informa de que hay un aumento de la dificultad respiratoria.

Los días 29 y 30 de marzo continúa afebril, sigue retirándose el suero subcutáneo, pero satura bien con soporte de oxígeno. En conversaciones telefónicas de mi madre con la residencia le informan de que estaba muy alterado.

El 31 de marzo, se informa de que se encuentra estable, pero que había realizado un pico febril esa mañana y le habían administrado Nolotil subcutáneo, que continuaban con las nebulizaciones y la no ingesta por vía oral.

A las 16 horas se le pone rescate de Haloperidol porque se arranca la vía subcutánea, el oxígeno y la nebulización. Se muestra nervioso. A las 20 horas nuevamente se arranca la vía subcutánea. Se le pone vía endovenosa en brazo derecho. Se mantiene afebril. Mantienen seguimiento. Esa misma noche, sobre las 0.30 horas del día 1 de abril, falleció. Toda esta información es la que mi madre fue recibiendo, vía telefónica y vía aplicación móvil en su teléfono, aplicación que en el momento en que falleció le fue bloqueada a mi madre, por lo que tenemos la documentación acreditativa por los pantallazos que mi madre hacía para enviarnos al resto de la familia.

Solicitada a la dirección de la residencia la historia médica de mi padre, a fin de entender la rápida e incomprensible evolución, deterioro y defunción, la residencia remitió un informe que, en primer lugar, no viene firmado por el doctor G. (el médico que habló por teléfono con mi madre el día 22 y el 26 de marzo). La historia y evolución médica de mi padre reflejada en el informe en nada se parece a los partes que las enfermeras habían ido enviando a mi madre durante esas semanas. Se afirma que el 17 de marzo presenta mucosidad, cuando jamás se dijo nada de eso a mi madre. Además, se dice que ya en fecha del 17 de marzo se solicita «derivación a Salud Pública que es denegada». ¿Por qué motivo se solicita derivación a Salud Pública? ¿Por qué no se informó a la familia de este hecho? ¿Quién deniega tal derivación?

Se dice también que la noche del 22 de marzo presenta valores de saturación del 88 %, se le suministra oxígeno y a la mañana siguiente se encuentra estable y afebril. «Se solicita derivación a Salud Pública que es denegada»: ¿Por qué se solicita nuevamente derivación a Salud Pública? ¿Por qué no se informó a la familia de este hecho?

¿Quién deniega tal derivación? Es el 22 de marzo cuando el doctor G. informa a mi madre de que le han dado soporte de oxígeno (por primera vez), que se había recuperado, que quedaba tranquilo en su habitación y «no se preocupe, ya que si hubiera alguna novedad le iremos informando». Nada se dice de petición de derivación a hospital ni público ni privado (que es donde lo llevábamos —la familia— durante estos años cuando presentaba cualquier tipo de problema de salud).

Se afirma que los días siguientes permaneció estable, asintomático y normoconstante, hasta que el 26 de marzo «inicia problemas de tolerancia por vía oral y hace un pico de 38 °C. Para evitar broncoaspiración se suministra sueroterapia intravenosa […] al no haber tolerancia por vía oral. Se suministra Nolotil por vía endovenosa para rebajar la fiebre. Además de ello, presenta taquicardia […]. Se informa a familiar sobre el abordaje médico y continúa en observación. Se solicita derivación a Salud Pública que es denegada».

En absoluto se informó a la familia de que había hecho un pico febril (todo lo contrario, la información que trasladan es que no presenta fiebre), ni de que le hubieran suministrado Nolotil. El hecho de que «inicia problemas de tolerancia por vía oral» se lo explican a mi madre por teléfono, porque «le ha ido comida al pulmón». Y una vez más, ¿por qué motivo se solicita derivación a Salud Pública? ¿Por qué no se informó a la familia? ¿Quién deniega tal derivación?

El 30 de marzo se dice que «hay un empeoramiento sintomatológico respiratorio, aunque permanece estable dentro de la gravedad. Presenta picos febriles intermitentes tratados con paracetamol rectal y metamizol subcutáneo, ya que sigue sin tolerar vía oral para prevenir cuadro de broncoaspiración. […] Informada su esposa de cada modificación de estado. Se solicita derivación a Salud Pública que es denegada». Es absolutamente falso todo lo que se afirma respecto a la información facilitada a mi madre, por cuanto en todo momento las informaciones que se trasladaban cuando mi madre llamaba por teléfono eran que no nos preocupáramos, que las dificultades respiratorias que presentaba eran consecuencia de sus padecimientos previos.

De hecho, la primera vez que se informa de que presenta un pico febril es el día 31 de marzo a través de la aplicación móvil, a lo que mi madre responde: «Como presenta fiebre, ¿no debería hacérsele la prueba del COVID-19? Al tener problemas respiratorios serios, pienso que es importante saber dónde estamos. ¿No les parece?». Este mensaje es del 31 de marzo, primera vez que se le comunica a mi madre que presenta fiebre. Nunca antes.

Hasta la mañana del 31 de marzo (falleció esa misma noche) nada se dice de picos febriles, ni de paracetamol, ni de nada. Era solo un episodio más de sus problemas respiratorios que estaba «absolutamente controlado». Si el día 30 no presentaba fiebre, puesto que en ningún momento se informó de ello, ¿por qué motivo se solicita derivación a Salud Pública? ¿Por qué no se informó a la familia de este hecho? ¿Quién deniega tal derivación?

Todo el informe médico facilitado por la residencia está plagado de falsedades y medias verdades, y ha sido elaborado adhoc para tratar de excusar la mala asistencia prestada a mi padre que derivó en su fallecimiento.

En definitiva, el informe médico no refleja ningún diagnóstico durante la evolución de mi padre que pueda sugerir el fatal desenlace. En los primeros días parece una exacerbación del EPOC que responde bien a las medidas de soporte. Sin embargo, la clínica del último día (31 de marzo) parece corresponder con una complicación inflamatoria-infecciosa que, a pesar de no haber iniciado tratamiento, no explica tampoco el rápido fallecimiento. Cuando llamaron de la residencia el día 1 de abril a la 1:00 para comunicar el fallecimiento de mi padre, nos permitieron ir para acompañarle unos minutos. Al llegar, una enfermera nos dijo que «habían tenido que sedarle porque estaba muy nervioso». Ninguna otra explicación se nos dio sobre la posible causa de la defunción.

Es evidente la responsabilidad de la residencia A. en el fallecimiento de mi padre por falta de asistencia médica, por no haberle practicado las pruebas diagnósticas necesarias para conocer el motivo de las complicaciones de salud, por no haber comunicado a la familia aspectos que reflejan en su informe médico para que nosotros hubiéramos tomado las medidas oportunas para evitar el fatal desenlace y por no explicar, ni constar en el informe médico, qué tipo de sedación le administraron ni en qué cantidad, la misma noche del fallecimiento. Los hechos que se describen podrían ser susceptibles de un delito de homicidio imprudente contemplado en el artículo 142 del Código Penal.

Combina todos los ingredientes que suelen darse en las muertes de ancianos en residencias. Enfermedad mal tratada, ocultada, y veto sanitario a ingresarlo. Pero este caso no sucede en Madrid, sino en Cataluña, la segunda comunidad con mayor cifra de muertes de ancianos dentro y fuera de las residencias.

No es la historia del padre de Roser. Es la historia de tu padre, madre, abuelo, abuela… De muchos de esos 38 000 pensionistas súbitamente desaparecidos en mayo de 2020 cansados de la vida y de cobrar una pensión. De muchos de los más de 40 000 mayores de sesenta y cinco años muertos en 2020 por exceso sobre 2019, de los que 35 000 tenían más de setenta y cuatro años. Oficialmente no han muerto de coronavirus. El Gobierno no miente. Fallecen por abandono.

Madrid ha sufrido dramas parecidos, a tenor de su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs). El 1 de junio acusa en la Asamblea de Madrid a la Consejería de Sanidad, dirigida por Enrique Ruiz Escudero (PP), de vetar el traslado de residentes enfermos a los hospitales: «Esta derivación debe basarse en criterios clínicos, que no discuto y que no me corresponde valorar. Pero considero al mismo tiempo que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal».

Reyero desvela en la Asamblea que se dirigió por escrito en tres ocasiones (el 22 de marzo, 31 de marzo y 11 de abril) a Ruiz Escudero, para manifestarle su desacuerdo «con lo que dicen estos protocolos», y exigirle que «si no era posible la derivación al hospital era imprescindible la medicalización de las residencias». Hay algo extraño. ¿Por qué lo denuncia públicamente el 1 de junio y no cuando ocurre, en marzo? Si lo cree ilegal, ¿por qué no acude en marzo a la fiscalía para denunciar tal veto hospitalario a los ancianos? ¿Por qué no dimite en marzo ante tan insoportable actuación de su Gobierno con los ancianos?

Es verdad que en junio han ocurrido muchas cosas. Reyero ya no gestiona en solitario las residencias. Se las semiarrebató Isabel Díaz Ayuso (PP). Y, casualmente, la consejería de Reyero cuelga un falso contrato con el hotel donde se aloja la presidenta durante su confinamiento que aparenta una supuesta corruptela. Reyero lo atribuye a un error. Lo inocultable es que hay una guerra personal entre Reyero y Ayuso que no secunda Ciudadanos ni su líder, Inés Arrimadas. Me extenderé en este conflicto porque este otoño resucitará como elemento de la batalla por la presidencia madrileña. Y su simbología nacional. Merece depurarse lo que es verdad y lo que es mentira.

El primer e-mail de Reyero a Ruiz Escudero es a las 9.06 horas del 22 de marzo. Es domingo. Reza así: «Tenemos que ser conscientes de que el soporte médico existente en la mayoría de las residencias (en algunas ni eso) está concebido para una situación normal y eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas condiciones indignas. Por lo que sería necesario un apoyo sanitario de Sanidad que ahora es muy complicado de obtener». Es la parte que difunde la prensa.

Pero hay otra parte del e-mail que se oculta. La aporto. He logrado acceder al contenido de esta guerra por e-mails y cartas oficiales con el permiso de sus poseedores. En dicho correo, el consejero de Políticas Sociales dice literalmente: «Os agradezco la elaboración del protocolo para la atención a pacientes». Choca que agradezca algo que en junio tacha públicamente de ilegal. Y muestra su «preocupación por algunos de los criterios de exclusión de derivación hospitalaria». Atención: algunos criterios de exclusión, no todos. Y cita los siguientes: «pacientes con criterio de terminalidad neurodegenerativa (GDS 7; deterioro funcional definido por Barthel <25; deterioro funcional grave, Barthel (2540), más deterioro cognitivo moderado GDS 5)». Reyero lo traduce: «No estoy muy familiarizado con el índice Barthel, pero entiendo que su equivalencia con los grados de dependencia puede significar que gran parte de los grados 3 estarían incluidos dentro de las personas excluidas y no hay que olvidar que son uno de los colectivos más numerosos en nuestras residencias».

Grado 3 de discapacidad se define así: «Discapacidad moderada: aquella situación en que hay síntomas y signos que implican una disminución importante, incluso imposibilidad, de la realización de actividades de forma diaria, pero siendo autónomo en las actividades denominadas autocuidado».

El consejero de Ciudadanos no precisa en su correo si dichos protocolos también excluyen a ancianos con peor discapacidad. Los de grado 4 («Discapacidad grave: aquella circunstancia en que existen síntomas o signos que implican una disminución importante o incluso imposibilidad en la realización de actividades diarias») y los de grado 5 («Discapacidad muy grave: aquellas situaciones en que existe una imposibilidad completa para la realización de las actividades de la vida diaria»).

Las exclusiones que sí reprocha Reyero están escritas en un protocolo oficial. Pero es un protocolo que paradójicamente lleva el sello de su consejería y que fue emitido dos días antes, el 20 de marzo. Porta el siguiente título: Procedimiento de actuación frente a la infección por coronavirus para centros de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad (20/03/2020), si bien el encabezamiento aclara que lo hace conjuntamente con la Consejería de Sanidad. Reyero se queja de los criterios excluyentes que recomienda su departamento. Y los criterios orientativos o excluyentes de ancianos que marca dicho protocolo de Reyero para los triajes de los ancianos son los siguientes:

En la situación actual pandémica por COVID-19 y de crisis del sistema sanitario para dar respuesta a la misma, es preciso optimizar los dispositivos asistenciales del sistema, valorando a aquellos pacientes geriátricos que menos se benefician del ingreso hospitalario en función de una serie de criterios bien definidos por los Servicios de Apoyo Geriátricos Hospitalarios habilitados por el SERMAS.

Pacientes en situación de final de vida subsidiarios de cuidados paliativos.

Pacientes con criterios de terminalidad oncológica, de enfermedades de órgano avanzadas.

Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa (GDS de 7).

Deterioro funcional severo (definidos por Barthel <25).

Deterioro funcional grave (Barthel 25-40) más deterioro cognitivo moderado (GDS 5): lo ideal sería la atención en la propia residencia.

Por tanto, Reyero publica el 20 de marzo los mismos criterios excluyentes que critica en el e-mail dos días después. Previamente, el 18 de marzo, la Consejería de Sanidad reparte un borrador de protocolo, que contiene expresiones hirientes como exclusión de hospitalización. He aquí su literalidad:

Valoración, conjuntamente con el geriatra de enlace, de los CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE DERIVACIÓN HOSPITALARIA ANTE OTRA PATOLOGÍA:

NO se derivará al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios:

Criterios de gravedad de la patología aguda a tratar.

Pacientes en situación de final de vida subsidiarios de cuidados paliativos.

Pacientes con criterios de terminalidad oncológica, de enfermedades de órgano avanzadas.

Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa (GDS de 7).

Deterioro funcional severo (definidos por Barthel <25).

Deterioro funcional grave (Barthel 25-40) más deterioro cognitivo moderado (GDS 5): lo ideal sería visita/atención en la propia residencia.

La Consejería de Sanidad lo considera un borrador, un error, que no se llegó a ejecutar. Exigía la «exclusión» hospitalaria de ancianos. Tal expresión no figura en el protocolo de Reyero del 20 de marzo. Pero sí rubrica similares criterios restrictivos. No pide excluir, pero sí valorar «aquellos pacientes geriátricos que menos se benefician del ingreso hospitalario en función de una serie de criterios bien definidos por los Servicios de Apoyo Geriátricos Hospitalarios habilitados por el SERMAS». No hay diferencia en lo esencial: los filtros para hospitalizar.

Pero el 22 de marzo, Reyero, que confiesa no estar muy familiarizado con el índice Barthel, no objeta en su e-mail a Ruiz Escudero la exclusión de los pacientes en situación de final de vida ni en fase de terminalidad oncológica. Le inquietan solo los tres criterios que cita. Entiende que pueden quedar excluidos los colectivos más numerosos en las residencias: «Podría ocurrir que personas con discapacidad grave pero buenas expectativas de vida podrían ser rechazados en esta derivación e incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales», augura. Incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales. Cuando leo tan severa advertencia espero un tono conminatorio a continuación: «Paradlo ya mismo; cambiadlo ya». No es el caso. Reyero solo dice lo siguiente en su e-mail: «Por favor, tened en cuenta eso».

Ese polémico protocolo del 20 de marzo que Reyero critica, pero auspicia con su sello oficial, no el borrador, tiene la siguiente apostilla bajo tales criterios de exclusión: «Estos pacientes serán manejados preferentemente en los centros sociosanitarios bajo seguimiento estrecho por los Servicios de Apoyo Geriátricos Hospitalarios del SERMAS habilitados para tal fin». No le resta dureza, pero deja claro que su aplicación no es absoluta.

Conviene analizar la frase de Reyero: «Incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales». ¿Asumía Reyero que él estaba incurriendo también en graves consecuencias legales hasta que se cambiara el protocolo? Si tal norma de discriminación era ilegal y sus gemelas en todas las autonomías, ¿por qué no lo denunció ningún sindicato médico ni de enfermería en toda España durante la pandemia mientras que sí fueron a los tribunales por la falta de medidas de protección?

Porque en toda España se aplicaron criterios restrictivos para derivar ancianos a hospitales y UCI. Lo admiten los médicos en privado y lo cantan las estadísticas. Ocurrió en casi todas las autonomías, por no decir en todas. Con o sin protocolos escritos. O con los disuasorios protocolos del Ministerio de Sanidad, priorizar pacientes con mejor expectativa de recuperación, usados por algunas regiones directamente como guía.

Respeto que Reyero declare que es ilegal el protocolo del 20 de marzo. Pero no entiendo que lo haga por e-mail a su compañero de Gobierno, un correo que no leerá la ciudadanía hasta junio, y que denigre un protocolo asumido oficialmente por su consejería. En ese e-mail, Reyero detalla que las residencias con personas discapacitadas, en su mayoría, no cuentan con soporte sanitario propio. Choca que note el 22 de marzo que sus residencias no tienen sanitarios para una epidemia surgida en enero.

Reyero no tiene respuesta a su e-mail de las 9.06 horas. A las 13.44 horas de ese domingo, Reyero vuelve a la carga. Nuevo e-mail al correo del consejero de Sanidad: «Como estamos teniendo problemas para hablar, te paso algunas de las cuestiones que me preocupan». Le inquietan, nuevamente, «las consecuencias de excluir de la derivación hospitalaria a un número importante de nuestros residentes».

El consejero de Políticas Sociales pide medicalizar residencias o trasladar a los mayores a hoteles medicalizados, y más EPI y test de diagnóstico para el personal de las residencias. Pero lo más llamativo es que confiesa lo siguiente: «De cara a paliar esta situación y encontrar soluciones con carácter inmediato, como sabes, he solicitado la intervención de personal militar sanitario y logístico. De cara a poder poner en marcha esta activación lo antes posible solicito el refuerzo y el apoyo de la consejería que diriges en la intermediación con el ministro de Sanidad y el Gobierno de España».

Es curioso que se queje de que no tiene apoyo del Gobierno el 22 de marzo. Un día antes, 21 de marzo, difunde una carta en la que ha pedido ayuda al vicepresidente Pablo Iglesias. Y lo tuitea: «He solicitado al Ministerio de Derechos Sociales que active el apoyo sanitario y logístico del Ejército para atender los recursos residenciales con los que poder hacer frente al COVID-19. Las consecuencias sobre las personas que residen en estos centros son devastadoras». Reyero recibe bofetones en Twitter: «Por fin!! Habéis tardado 10 días en daros cuenta, solo espero que no sea demasiado tarde. Los trabajadores de las Residencias Públicas llevamos tiempo intentando captar vuestra atención y avisándoos de que esto iba a pasar».

Reyero cree sabedor a Iglesias del drama en las residencias:

Como bien conoces, la crisis originada por el COVID-19 está teniendo consecuencias devastadoras sobre las personas mayores y/o con discapacidad que viven en las residencias en Madrid. La edad de los residentes, sus patologías de base o comorbilidades, su estrecho contacto con otras personas, como cuidadoras y otros convivientes, son factores que influyen en su vulnerabilidad.

El protocolo que excluye a los discapacitados, según Reyero, ya rige las residencias madrileñas. Se emitió el 20 de marzo. Lo publicó su consejería. Pero Reyero solo le escribe a Iglesias que la crisis tiene efectos devastadores para los ancianos y las personas con discapacidad. Los discapacitados, las políticas de discapacidad, sí son competencia de Iglesias, no los ancianos. Iglesias no puede inferir ninguna ilegalidad en Madrid porque no se le comunica. Era una ocasión de oro de Reyero para denunciarlo ante el vicepresidente si su Gobierno regional provocaba la muerte de ancianos con un protocolo que creía ilegal:

La situación es ya muy preocupante, con muchas personas contagiadas, fallecidas o aisladas, personal también infectado o en cuarentena. La sanidad madrileña está haciendo un enorme esfuerzo y un gran trabajo, pero la situación en los hospitales está dificultando la derivación en algunos casos de las personas más vulnerables y con pluripatologías, por lo que en muchos casos deben permanecer en la residencia, recibiendo una atención médica para la que la mayoría no están preparadas. Lo están para atención en situaciones ordinarias, pero no en una situación de crisis como la actual.

En público y en carta al Gobierno, Reyero piropea al consejero de Sanidad («está haciendo un gran esfuerzo»), admite que la falta de derivación es por el colapso sanitario (no habla de protocolos) y le recuerda que las residencias no están medicalizadas. Y, al día siguiente, en e-mail oficial tacha de ilegal («incurriríamos en graves consecuencias legales») la actuación de Ruiz Escudero. Extraño. La carta a Iglesias debió ser la carta para denunciar ante el Gobierno, ante toda España, el holocausto madrileño. El Yo acuso de Reyero.

Reyero no denuncia ilegalidades ante Iglesias. Pero sí le pide la ayuda del Gobierno central:

Te ruego que hagáis lo posible por conseguir la coordinación con el Ministerio de Defensa e indicar que entendemos que la misma puede realizarse mediante el personal de médicos, enfermeros y sanitarios de las unidades militares del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Unidad Militar de Emergencias o incluso la activación de reservistas con perfil sanitario. La UME ya está trabajando a plena satisfacción en la desinfección de centros residenciales.

De este párrafo de Reyero a Iglesias se pueden sacar dos conclusiones: la UME ya está desinfectando residencias en Madrid. Pero le parece insuficiente. Reclama médicos militares para cuidar a los ancianos. No consta que el Gobierno enviara médicos militares a las residencias como pidió Reyero a Iglesias. Los únicos médicos militares estuvieron en el hospital de Ifema. Y no era un centro para ancianos, sino para todos los madrileños. Según el Gobierno regional, Defensa aportó un médico y una enfermera para el hospital de Ifema, en el que actuaron 1207 profesionales sanitarios ajenos al Gobierno.

El 27 de marzo, cinco días después de quejarse de los triajes ilegales de la Consejería de Sanidad, Reyero firma una orden conjunta con Ruiz Escudero para repartirse la respuesta al problema sanitario de las residencias en Madrid. Acuerdan cuatro puntos:

Reubicación de ancianos de residencias públicas o privadas. Lo ejecutará Ruiz Escudero, «previa propuesta justificada y razonada» formulada por Reyero.

Puesta en marcha de nuevos centros residenciales y modificación de los existentes. Le compete solo al departamento de Reyero.

En los centros con residentes sin síntomas en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19, residentes con síntomas compatibles con el COVID-19 y casos confirmados de COVID-19, hay que designar a un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estas residencias. Le compete solo a Reyero.

Modificar el uso de los centros residenciales para su utilización como espacios para uso sanitario. Le compete a Ruiz Escudero, previa propuesta de Reyero.

Pido información de cuántas solicitudes de derivación de ancianos a otras residencias para evitar contagios formula la consejería de Reyero desde el 27 de marzo a tenor del poder que recibe. La respuesta es elocuente: tres. ¿Y cuántas ha pedido medicalizar? Cero. Pido iguales datos a Reyero. No hay respuesta.

Esa orden conjunta marca que Reyero sigue siendo el responsable de las residencias, pero la respuesta sanitaria le compete a Ruiz Escudero. Reyero le debe suministrar diariamente información de las residencias: «Todos los centros de servicios sociales de carácter residencial, ya sean de titularidad pública o privada, en Madrid deberán reportar diariamente a la Consejería de Políticas Sociales la información sobre las características físicas del centro, personal y residentes/pacientes del mismo […], ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Una vez recibida la información por dicho órgano será puesta en conocimiento del Servicio Madrileño de Salud».

Esos son los e-mails que debe exhibir Reyero. Qué información aporta diariamente a la Consejería de Sanidad sobre la evolución en las residencias. Esos partes no han visto la luz. La guerra ya es total entre ambos. Si Reyero está descontento con los triajes de residentes, Ruiz Escudero no lo está menos con el incumplimiento, a su juicio, de la parte que le toca de dicho reparto de tareas. Y, tras la ofensiva de los e-mails de Reyero, empieza un intercambio de cartas bomba entre ambos.

29 de marzo, Ruiz Escudero escribe a Reyero que no puede reubicar ancianos o medicalizar residencias si no le informa. Pregunta qué ha hecho de las medidas promulgadas por Illa.

30 de marzo, nueva carta de Ruiz Escudero a Reyero. Le pide nuevamente datos de residencias que ha intervenido, es decir, en cuántas ha nombrado un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial. Le pregunta si está cumpliendo la reincorporación de trabajadores con dispensa por funciones sindicales y cuántos son. Y le reclama un interlocutor de Políticas Sociales que canalice toda la información a la Consejería de Sanidad.

Reyero no contesta a nada de lo requerido. Pero el 31 de marzo envía por carta al consejero de Sanidad un alegato:

El establecimiento del mando sanitario en la gestión de la crisis del COVID-19 en las residencias es un acierto. Ahora tenemos que ser capaces de que funcione bien la orden del 27 de marzo, que nos marca responsabilidades a unos y otros.

¿Es un acierto el mando sanitario con un consejero que ampara triajes ilegales según los e-mails de Reyero? A renglón seguido, define un negro panorama:

Estamos ante un problema sanitario y le estamos dando respuesta en centros sociales con los medios materiales previstos para otro tipo de atención. Con personal capacitado técnicamente, pero muy reducido y que habitualmente se dedica al cuidado de los procesos crónicos y de la dependencia.

Reyero admite que no todos los enfermos de las residencias pueden ser derivados a los hospitales. No explica por qué ni culpa a protocolo alguno. Lo da por asumido:

Para aquellos enfermos que no pueden ser derivados al hospital y tienen la enfermedad, deben implantarse medidas de hospitalización en las propias residencias, reduciendo el riesgo de contagio y aplicando todas las medidas para garantizar, en el caso de que sean necesarias, unos cuidados paliativos adecuados. La solución que habéis ofrecido de enviarnos listados de personal sanitario para que los reclutemos no funciona porque competimos con Sanidad y eso nos impide contratar adecuadamente.

Reyero acepta la esencia del triaje del equipo de Ruiz Escudero y pide medicalizar residencias:

La incorporación de personal sanitario a nuestros centros y que lo hagan con material adecuado. No se trata de otra cosa que de poner en marcha la tan anunciada medicalización de las residencias, que como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias.

Esa medicalización exige una propuesta, centro a centro, de Reyero. Y, como ya has leído, Ruiz Escudero alega no haber recibido ninguna y Reyero calla. Luego el consejero de Políticas Sociales lanza una súplica al consejero de Sanidad que no está en manos del Gobierno regional atender. Ni del Gobierno central, que ha fracasado con sus compras en China:

Una petición casi desesperada. Necesitamos contar con suficientes pruebas de detección del COVID-19. Sin ellas es imposible tomar decisiones correctas en las residencias. En el caso de los usuarios es fundamental para aislar correctamente desde el primer momento a usuarios positivos y negativos. Y, en el de los trabajadores, lo es para ser capaces de contar con todos aquellos que son negativos, aunque estén pasando una cuarentena en sus domicilios. ¿Sabes cuándo podremos contar con ellos en número suficiente?

Reyero no debe de leer la prensa. El Gobierno informa ese mismo día sobre los test rápidos: «En la tarde de ayer, aterrizó en la base aérea de Torrejón el avión A400M del Ejército del Aire, procedente de Shanghái (China), con material sanitario, entre ellos un millón de test rápidos, mascarillas, equipos de protección individual (EPI) y material de protección. Hasta el momento, Sanidad ha distribuido entre las comunidades más de 20 millones de unidades de este material, 640 ventiladores no invasivos y 56 dispositivos de ventilación mecánica».

Es el Gobierno el que reparte dicho material. La prensa y las autonomías cuestionan tales cifras. Y se ha desbaratado una compra de más de 600 000 test fallidos. Ruiz Escudero no tiene test ni para residencias ni para sus sanitarios ni para sus administrados. Ni el resto de España. Tercera queja que traslada Reyero a su compañero de Gobierno ese 31 de marzo:

Mi tercera preocupación es la actual solicitud que nos estáis haciendo de derivación de pacientes de hospitales a los centros residenciales. Estamos dispuestos a poner plazas, nos tenemos que alinear todos para salir de esta crisis. Pero no podemos hacerlo sin atender primero el problema existente en todas nuestras residencias, que con esta carga adicional se verá incrementado (sin mencionar los riesgos de extender los contagios si se hace precipitadamente) y sin contar con los medios humanos y materiales, tanto de EPI como clínicos, imprescindibles. Con la mayor celeridad, hay que atajar nuestra situación y, en base a ello, articular mecanismos ágiles con los que podamos contribuir a colaborar con los hospitales. Si no, corremos el riesgo de que todo nuestro sistema residencial colapse.

Algún periodista malvado podría hacer un titular cruel: «Reyero rechaza habilitar camas para enfermos en sus residencias en pleno colapso sanitario». Sería tan despiadado o forzado como los sufridos por las víctimas de sus e-mails. Cuanto argumenta es razonable. Pero en plena pandemia poner trabas al uso de camas de residencias para ancianos y curados cuando los hospitales están desbordados y precisan desocupar plazas para nuevos pacientes… suena insolidario. No le creo criminal por ello.

Su preocupación final y más breve afecta a los triajes:

Y, por último, los protocolos de derivación hospitalaria existentes. Los relativos a personas mayores y a personas con discapacidad. Esta cuestión ya la he transmitido con anterioridad. En lo que se refiere a las personas mayores, se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas de grado 3 de dependencia y en el caso de personas con discapacidad, el protocolo existente los discrimina directamente por su discapacidad, algo que estoy seguro de que no compartimos ninguno de nosotros y que puede ocasionarnos problemas legales en el futuro.

Si no fuera grave, parecería una broma: por cierto, ahora que me acuerdo, estamos violando la ley. Choca que el último párrafo sea para advertir a otro consejero de que ambos están incumpliendo la ley. Choca que lo diga nueve días después de haberlo advertido por e-mail. Durante una larga semana, según su relato, ha sabido que se excluía a ancianos indebidamente. Y no ha hecho nada. Ni denunciar ni dimitir. Y ha seguido vigente el protocolo que rubrica con tales criterios.

El día 6 de abril toca carta de Ruiz Escudero a Reyero. El consejero de Sanidad le recuerda que las normas exigen que Políticas Sociales recabe diariamente información de las residencias y la comparta con la Consejería de Sanidad. Le refresca que el coordinador que elija para las residencias con infectados debe garantizar que se cumplen las normas de aislamiento, seguimiento y diagnóstico y, en su caso, derivación.

Y le reprocha deberes supuestamente desatendidos. Debe realizar un informe antes y después de ser intervenida cada residencia. El nombramiento de un coordinador debe acordarse cuando se produzca en una residencia un número excepcional de muertes. Y en menos de veinticuatro horas. Exige que recupere a los sindicalistas y utilice instalaciones y empleados del Imserso para combatir la crisis de las residencias. Ruiz Escudero se despide con un mensaje claro: quiere información detallada de cada centro y el nivel de personal sanitario que precisan.

El 11 de abril Reyero vuelve a la carga postal. Nueva misiva a Ruiz Escudero. Elude todas las concreciones y exigencias del consejero de Sanidad. Vuelve a felicitarse del mando sanitario, pero denuncia dos lagunas de su actuación:

Me refiero, en primer lugar, al imprescindible apoyo sanitario en residencias y, en segundo lugar, a la escasa derivación hospitalaria de sus usuarios.

Recrimina a Ruiz Escudero que siga sin poner en marcha la medicalización de las residencias anunciada el 12 de marzo. Expone sus dificultades para reclutar sanitarios:

La mayoría prefiere ir antes a Ifema que a una residencia. Lo más efectivo sería que el mando sanitario enviara personal sanitario en coordinación con los equipos de geriatría de los hospitales. No es necesario recordar cuáles son las necesidades de las residencias, os enviamos información diaria de cada una de ellas. Además, las estáis conociendo de primera mano en los reconocimientos que se están llevando a cabo.

Aquí chocan dos versiones. Reyero dice informar diariamente de cada residencia, Ruiz Escudero lo niega.

El consejero de Políticas Sociales madrileño se queja de que el SAMUR de José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid, se vuelque en autonomías ajenas a Madrid:

Que equipos del Samur se envíen al sistema sanitario de Castilla y León, sé que es una decisión que le corresponde al Ayuntamiento de Madrid y que persigue la solidaridad territorial, que comparto, pero ¿no sería más adecuado que reforzaran la situación sanitaria en las residencias?

Reyero pasa a su última preocupación: los triajes:

Tampoco quiero olvidarme de una cuestión que me preocupa y que ya te he transmitido con anterioridad: la escasa derivación de nuestros centros residenciales, sobre todo de aquellos con grado 3 de dependencia. Si eso hubiera venido acompañado de la medicalización de las residencias, habría tenido sentido, pero no ha sido así. Como se os ha trasladado desde los centros y desde algunas de las patronales del sector, los datos de derivación a hospitales son tremendamente escasos y preocupantes.

Reyero no quiere olvidarse de los triajes. Y una carta es mejor que un pósit. Hace veinte días que Reyero denunció esta situación por e-mail. Veinte días en los que ha persistido la escasa derivación que recrimina. Que los datos de derivación hospitalaria de ancianos son preocupantes lo sabe todo español que se moleste en leer esos días las tablas de Sanidad. Ocurre en toda España. Reyero ni habla de protocolos ni de cifras de exclusión en su carta. Ese 11 de abril hay 37 895 personas mayores de setenta años enfermas de coronavirus en toda España. Solo han sido hospitalizadas 25 615. Y solo llegan a la UCI 1653. Mayores de ochenta, solo 175. ¿A qué escasa derivación hospitalaria se refiere Reyero?

Reyero pide nuevamente en su misiva más derivaciones de residentes a hospital, pero otra vez pone pegas a lo contrario: derivaciones de hospital a residencias de ancianos dados de alta:

Hay que añadir un aspecto que nos remiten desde estos mismos centros, como son las derivaciones de pacientes dados de alta desde un centro hospitalario y que son trasladados a centros residenciales directamente siendo positivos en COVID-19. Una situación que puede provocar nuevos picos de contagio en centros residenciales muy mermados tanto en personal como en residentes por el efecto de dicho virus.

La intención de Reyero es loable. Es cierto que tras ser dados de alta ancianos hubo fallecimientos y contagios en sus centros de origen. Y Reyero no quiere que le infecten sus residencias con enfermos de coronavirus dados de alta. Pero ¿qué deben hacer los colapsados hospitales madrileños con los ancianos dados de alta? ¿Quemarlos, echarlos en residuos orgánicos?

Y se queja de que han sido desechadas sus propuestas:

Hemos hecho distintas propuestas para que los usuarios de residencias pudieran derivarse a otros recursos, ya fuera a los hoteles medicalizados o incluso en Ifema. Sobre estas propuestas hemos tenido respuestas en un primer momento. Entendemos que serán decisiones basadas en criterios clínicos, médicos o sanitarios, pero también entendemos que deberían derivarse más pacientes de residencias a centros hospitalarios, sobre todo ahora que tanto Ifema como el resto de hospitales empiezan a estar en una situación de menor presión asistencial.

Reyero ha suavizado su lenguaje sobre los otrora triajes ilegales. Ahora cree que «están basados en criterios clínicos, médicos o sanitarios». Concluye Reyero:

Sé que estáis con ello y te ofrezco toda la colaboración de mi consejería […]. Es necesario que trabajemos en dar respuestas distintas que contribuyan a contener la letalidad de la epidemia dentro de las residencias. Si no lo hacemos, la tragedia actual se puede convertir en una catástrofe. La reciente llegada masiva de test estoy seguro de que contribuirá mucho en ese sentido, aunque es importante destacar que para estabilizar de manera más profunda la situación en las residencias deben estar dotadas de test PCR que detecten las personas que han sido contagiadas.

Reyero se despide cariñosamente de una persona a la que días atrás acusaba de violar la ley. No le menciona ya protocolo infame alguno. Será que ha cambiado el protocolo, será que ha cambiado Reyero. «Sin otro particular, recibe un abrazo». Al día siguiente Reyero da otro abrazo a Ruiz Escudero. Lo hace a través de Amnistía Internacional. Escribe a la ONG, perseguidora de violaciones de derechos humanos, que está «haciendo lo imposible por conseguir la implicación de la consejería» de Ruiz Escudero en la crisis de las residencias.

En la carta del 11 de abril, Reyero se queja de «la escasa derivación de nuestros centros residenciales». Su consejería el 30 de abril emite un protocolo que mantiene criterios restrictivos de hospitalización para ancianos:

En la situación actual pandémica por COVID-19 y de crisis del sistema sanitario para dar respuesta a la misma, es preciso optimizar los dispositivos asistenciales del sistema, valorando individualmente a aquellos pacientes geriátricos a los que el ingreso hospitalario puede suponerles más riesgos que beneficios, en función de una serie de criterios bien definidos por los Servicios de Enlace Geriátricos Hospitalarios habilitados por el SERMAS y que a modo de resumen podrían ser:

Pacientes en situación de final de vida subsidiarios de cuidados paliativos.

Pacientes con criterios de terminalidad oncológica, de enfermedades de órgano avanzadas.

Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa (GDS 7).

Pacientes con Escala Clínica de Fragilidad >6 (fragilidad grave–muy grave–enfermo terminal).

El 11 de mayo un nuevo protocolo de Políticas Sociales difunde similares criterios, por más que diga que es una trasposición de lo que fija la Consejería de Sanidad:

Los criterios de derivación hospitalaria según protocolo del SERMAS para personas mayores son los siguientes:

Insuficiencia respiratoria, disnea o taquipnea y fiebre.

El paciente es independiente para la marcha o índice de Barthel >60.

Paciente sin deterioro cognitivo, o deterioro cognitivo con GDS <6.

No exista comorbilidad asociada en fase avanzada.

En la situación actual pandémica por COVID-19 y de crisis del sistema sanitario para dar respuesta a la misma, es preciso optimizar los dispositivos asistenciales del sistema, valorando individualmente a aquellos pacientes geriátricos a los que el ingreso hospitalario puede suponerles más riesgos que beneficios, en función de una serie de criterios bien definidos por los Servicios de Enlace Geriátricos Hospitalarios habilitados por el SERMAS y que a modo de resumen podrían ser:

Pacientes en situación de final de vida subsidiarios de cuidados paliativos.

Pacientes con criterios de terminalidad oncológica, de enfermedades de órgano avanzadas.

Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa (GDS 7).

Pacientes con Escala Clínica de Fragilidad >6 (fragilidad grave-muy grave-enfermo terminal).

El protocolo de Reyero apostilla dicho párrafo:

Estos pacientes serán manejados preferentemente en los centros sociosanitarios bajo la modalidad de hospitalización a domicilio, llevando un seguimiento estrecho por los Servicios de Enlace Geriátricos Hospitalarios del SERMAS habilitados para tal fin.

Cada protocolo de Reyero destaca que son normas de Sanidad. Pero las valida y difunde como protocolo propio. Es extraño que en tres ocasiones (20 de marzo, 30 de marzo, 11 de mayo) Políticas Sociales emita protocolos donde se imponen criterios restrictivos o valorativos sobre derivación de ancianos en función de su estado, y en junio denuncie en la Asamblea triajes ilegales sufridos por los residentes.

Si le parecieron ilegales los triajes en marzo, ¿por qué Reyero los difundió y refrendó en sus propios protocolos? ¿Por qué no los denunció públicamente en marzo?, ¿por qué no acudió a un juzgado, a la fiscalía o a la Asamblea para denunciarlo? ¿Lo denunció a su vicepresidente y compañero de partido? ¿Lo denunció a su presidenta? ¿Lo denunció en un Consejo de Gobierno? ¿Por qué no denunció la falta de respuesta de Iglesias a su petición de médicos militares? No son preguntas retóricas que me hago. Son preguntas que he hecho a Reyero por e-mail. Y no ha habido respuesta.

Los protocolos de Madrid plantean restricciones a ancianos por la escala de Barthel. En otras autonomías miden la hospitalización o no de ancianos por la escala de Rockwood. Y eso no espanta ni a oposición ni a prensa. Ningún vicepresidente lo tacha de criminal. ¿Importa el apellido de la restricción, Rockwood o Barthel? ¿Importa si fija una exclusión o una recomendación? ¿Varía en algo la realidad del anciano? No.

La realidad la define ya el 18 de marzo un internista del Hospital de Parla (Madrid) a un grupo de médicos:

Es posible que en las próximas semanas a un paciente de x edad se le deniegue el ingreso hospitalario porque necesitemos la cama para otro paciente que se beneficie más de ello. Esto es un trauma. Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen, pero necesitamos reservarla para los que más años de vida podemos salvar. Si queremos salvar a nuestros ancianos tendremos que asumir de alguna forma… arriesgar a que un paciente joven, que si empeora nadie le va a denegar una cama de UCI, esté en su casa. A los ancianos de residencias se les está dando terapia para infección bacteriana y si es un COVID, mala suerte.

Un sector de la prensa cree que es otra gota más contra Díaz Ayuso, ya que es un hospital madrileño. Pero ese sincero internista transcribe literalmente las normas de Illa: hay que priorizar la hospitalización de los enfermos con mejor expectativa de recuperación. Los jóvenes. Más allá de la interesada focalización en Madrid, réplica a la cuestionada gestión de Sánchez, es real el veto sanitario en toda España a los ancianos, su exclusión de hospitales y UCI. Lo admite Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). Me aporta un análisis crudo sobre el holocausto de la tercera edad.

Lo que ha ocurrido en las tres últimas semanas de marzo y en la primera de abril es que los hospitales se han colapsado y, ante ese colapso, cuando desde las residencias de mayores hemos intentado hacer ingresos hospitalarios de personas que estaban con cuadros suficientemente importantes como para ser derivadas…, pues nos hemos encontrado con todas las restricciones habidas y por haber. Y los argumentos eran muy variopintos, pero en general: que no reunían las condiciones necesarias, no cumplían el perfil para poder ser ingresadas.

Y nos hemos encontrado con otro problema añadido, y es que en determinadas áreas sanitarias cuando hemos pedido medicación para poder tratar a los mayores con cierta solvencia, pues nos han enviado muchos antibióticos, muchos paracetamoles, heparina, morfina y sedantes, pero no retrovirales ni hidroxicloroquina. Solicitábamos esa medicación y se nos decía que lo sentían mucho, pero que no tenían cantidad suficiente para ellos y no nos podían dar ese tipo de fármacos.

Que la Fiscalía abra diligencias a más de cien residencias por todo el país nos parece estupendo para que la justicia actúe y salgan a la luz los hechos reales que se han producido. Y aquellos centros que hayan actuado mal, que ya digo que serán los menos, que la justicia caiga sobre ellos. Pero se podrá demostrar que las residencias multitudinariamente han estado solicitando ayuda a los hospitales y, en general, al Sistema Público de Salud y se les ha negado. Directamente se les ha negado.

Asimismo, se ha producido otro hecho lamentable. Ante el colapso de los sistemas funerarios, también se nos ha culpado a las residencias de mala praxis. Porque en una de las intervenciones de la UME, se descubrió que existían cadáveres en residencias que no habían sido retirados. Pero claro, nos preguntamos: ¿qué tiene que hacer un director en el caso de que llame a un servicio funerario para retirar un cadáver que en condiciones normales tardaría dos horas en acudir y de repente han pasado cuarenta y ocho, sesenta y hasta setenta y dos horas y no se ha retirado? ¿Qué tiene que hacer? Pues meterlo en la habitación, cerrarla y esperar a que llegue el servicio funerario. Las cifras van a ser terribles y exceden con mucho las oficiales. Lamentablemente nos tememos que estarán por encima de veinte mil las personas que han fallecido en residencias de mayores. ¿Qué han hecho las residencias? Han seguido haciendo lo que siempre hacen, que es cuidar a las personas mayores, pero si el Sistema de Salud nos da la espalda, la tragedia está garantizada.

Las residencias son las casas de las personas mayores y los medios son los que son. Mucho más avanzados que los domicilios de las personas, pero evidentemente no somos hospitales porque no debemos serlo. ¿Tenemos servicios médicos? Sí. ¿Tenemos servicios de enfermería? También. En distinta intensidad, dependiendo del tipo de centro que sea. Recordemos que el 50 % del total de las 5400 residencias de este país tiene menos de 50 plazas. Pero nos faltan aparatos: no tenemos rayos X ni electrocardiógrafos. Dependemos de Sanidad.

Su análisis no focaliza autonomías, ni partidos. Resumo otro análisis, lo rubrica José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología:

La OMS estima que la mitad de las muertes por COVID-19 en Europa se han producido en ancianos ingresados en residencias. Varios factores han influido en esta elevada mortalidad. Algunos de ellos son inherentes al medio residencial: muchas personas muy mayores, con patologías previas que además están en estrecho contacto entre ellas y con los trabajadores del centro. Y otros que han ocurrido en todo el entorno sanitario: falta de equipos de protección, falta de test diagnósticos y un número elevado de bajas entre los trabajadores en muchas ocasiones difíciles de suplir.

Y si es así, ¿por qué se critica ahora este trabajo de forma tan beligerante si no lo avalan los datos ni las comparativas internacionales, y cuando los clínicos de hospitales y residencias han demostrado una altísima implicación? En primer lugar, porque todos intentan buscar un culpable, especialmente ahora que tenemos centenares de denuncias en los juzgados.

En segundo lugar, porque muchas residencias de mayores, que veían cómo se iba incrementando la complejidad de las personas atendidas, se han preocupado por reforzar sus equipos médicos y de enfermería desde hace años y de forma voluntaria. La gran mayoría, en mi opinión, posiblemente no lo ha hecho porque no los obligaba la normativa.

En tercer lugar, porque se ha malinterpretado el sentido de los protocolos y circuitos puestos en marcha, tergiversación realizada por grupos de interés variopintos. Y no han explicado la verdadera orientación de los mismos: dar la mejor atención en el entorno más adecuado a las personas mayores más vulnerables. Aun cuando estas decisiones no sean del agrado de todos.

Hay que recordar que en el periodo más virulento de la pandemia la situación de los hospitales era «de guerra»: hospitales que habiendo aumentado el número de camas en un 30 % tenían más de doscientos pacientes pendientes de una cama para ingresar en planta, esperando en los servicios de urgencias; UCI que habiendo incrementado su capacidad en un 400 % estaban tensionadas al máximo para tener capacidad para atender a pacientes que muy probablemente se beneficiarían del tratamiento en ese tipo de unidades.

Si se han detectado desviaciones en alguna actuación puntual se deben investigar, pero estoy seguro de que es la excepción.

Dice el presidente de los geriatras que si se han producido desviaciones que se investiguen. Creo que se han producido miles de desviaciones. Más de cuarenta mil ancianos han sufrido un desvío en 2020 a unos raíles que conducían a la muerte. Unos creerán que el virus conducía el tren, otros que la negligencia, otros un indebido triaje que los alejó del hospital y de las UCI. Pero si España sabía desde enero que el virus priorizaba a los mayores… no debieron morir cuarenta mil ancianos.

Ha escaseado la ponderación de geriatras sobre la hospitalización o no de ancianos. Ha primado el protocolo. Y la inercia de una sanidad de guerra hace que el protocolo cada vez se simplifique más. Al final, ni escala Rockwood ni Barthel ni criterio del geriatra: edad y solo edad. Es lo más fácil y rápido. La propia existencia de protocolos invalida la creencia en valoraciones individuales. Si decide un geriatra caso por caso, ¿para qué difunden Sanidad y autonomías protocolos donde identifican qué ancianos deben ser hospitalizados y cuáles no?

Y cuando solo el 1,4 % de los ancianos hospitalizados llega a las UCI cuesta creer en casos individualmente valorados. Es sistemático. Muchos morirían aunque fueran hospitalizados (solo lo logra el 56 %) o entraran en UCI (solo entra un 1,4 %).

Pero tenían derecho a que su sanidad de toda la vida lo intentase. Y un mayor porcentaje se habría salvado.

No se intentó porque había que elegir. Y hay una prueba de mi afirmación. A medida que bajó el colapso sanitario aumentó levemente la hospitalización e ingreso en UCI de ancianos. ¿Había cambiado la esperanza de vida de los ancianos o su fragilidad? No. El que estaba menos frágil era el sistema sanitario.

En esta búsqueda de culpables quiero destacar el silencio ominoso de entidades vinculadas con las residencias. Unas alardean de que tienen e-mails y audios de llamadas de socorro a hospitales que deniegan el ingreso de ancianos. Otras que poseen correos a ministros pidiendo ayuda y delatando el holocausto de la tercera edad y protocolos excluyentes de todas las autonomías. Unas y otras deciden no publicar tal material.

No sé si los mueve el temor a perder subvenciones o prudencias de no sé qué índole. Pero creo que no se pueden aventar sospechas y luego no rematarlas. Y si hay un momento donde deben verterse todas las pruebas para que nunca más se entierre en vida a los ancianos es este. No dormiría tranquilo si callase pruebas de esta matanza. Más de cuarenta mil ancianos muertos me mirarían estupefactos cada noche al pie de mi cama.

Y ya se ve lo que opinan las familias de las víctimas reales de esta eutanasia. Perdonadme por haberos arrancado la piel con vuestros relatos. Espero que alivie vuestro duelo haberlo denunciado. Sé que vuestro descenso a los infiernos lo han vivido más de cuarenta mil familias. Compartimos diagnóstico y dolor: vuestros padres fueron abandonados por el sistema sanitario cuando más lo precisaban. A vida o muerte. Solo el 1,4 % de los ancianos hospitalizados por coronavirus llegó a una UCI, pero casi cuarenta mil fueron recibidos sin trabas en los cementerios durante la pandemia. Ahí sí tuvieron prioridad.

Es verdad, Ana, Roser, vuestros padres necesitaban un milagro durante la pandemia: una atención sanitaria digna de un país que dice gastar el 9 % del PIB en sanidad. Necesitaban que fuera real el sistema sanitario robusto y no una sanidad que ni tiene apenas UCI, ni fármacos, ni receta los fines de semana, ni puede llevar el adhesivo protésico a un agonizante. Vuestros padres han pagado errores ajenos, retos políticos al virus.

En junio se difunden los resultados de un test masivo de coronavirus hecho en trece residencias madrileñas: siete de cada diez ancianos resultan positivos. Y el 30 % de los trabajadores. Las televisiones analizan si serán inmunes. Me horroriza otro aspecto.

¿Cómo pasó ese 70 % de ancianos el coronavirus sin que nadie se enterara? ¿Cuál fue su sufrimiento en silencio? Si el 70 % ha sobrevivido al virus en residencias, ¿igual habría merecido la pena intentar una mayor hospitalización de los ancianos?

Quiero ofrecerte una foto, lector, de esta muerte de ancianos por exceso en todas las autonomías durante la pandemia que refleja el informe MOMO del 22 de junio:

Madrid: de 14 130 muertos, 11 331 tenían más de 74 años.

Cataluña: de 11 430 muertos, 9618 tenían más de 74 años.

Castilla-La Mancha: de 5137 fallecidos, 4174 eran mayores de 74 años.

Castilla y León: de 3592 fallecidos, 3137 eran mayores de 74 años.

País Vasco: de 1603 muertos, 1315 eran mayores de 74 años.

Comunidad Valenciana: de 1597 muertos, 1250 tenían más de 74 años.

Andalucía: de 1562 muertos, 1204 tenían más de 74 años.

Aragón: de 869 muertos, 771 tenían más de 74 años.

Extremadura: de 636 muertos, 558 eran mayores de 74 años.

Navarra: de 683 muertos, 590 tenían más de 65 años.

Galicia: de 569 muertos, 453 tenían más de 74 años.

Asturias: de 414 muertos, 398 tenían más de 74 años.

La Rioja: de 256 muertos, 216 superaban los 74 años.

Murcia: de 212 muertos, 190 tenían más de 74 años.

Cantabria: de 210 muertos, 180 superaban los 74 años.

Baleares: de 184 muertos, 132 tenían más de 74 años.

Canarias: de 76 muertos, 71 eran mayores de 74 años.

Ceuta: de 11 muertos, 9 superaban los 74 años.

Como ves, los ancianos copan las muertes en todas las autonomías. Todas. No puede explicarse como mala gestión o pasividad de alguna autonomía. El problema es global. La causa, la culpa, es global. Mueren más ancianos en las regiones donde hay más ancianos. Pero en Ceuta nueve de sus once muertos son ancianos. No mueren más porque no hay más. La proporción siempre es similar. Y Ceuta no tiene la sanidad transferida. Esos ancianos muertos son competencia de Illa.

Este exceso suma 35 614 mayores de setenta y cuatro años muertos. Si le sumamos los mayores de sesenta y cinco años, se elevan a 40 656. Y si computamos todas las edades, el exceso de fallecidos alcanza los 43 356. Si les restamos los fallecidos que reconoce Sanidad por coronavirus, 28 323 (a 22 de junio), faltan por explicar 15 017 fallecidos.

¿Dónde han muerto? En las residencias. Porque sus muertos no los contabiliza aún a 22 de junio el Gobierno, a pesar de que las CC. AA. sí los reflejan y se los envían al Ministerio de Sanidad cada semana. Según las comunidades, han fallecido 19 549 ancianos en geriátricos. Es el número de muertos en las 5457 residencias de ancianos españolas con COVID-19 o síntomas similares, desde comienzos de marzo a finales de junio. En julio, ya suponen al menos 27 359 los muertos en residencias.

Más datos sobre la eutanasia: «Solo 921 personas mayores de setenta años han ingresado en unidades de cuidados intensivos (UCI) de hospitales de la Comunidad de Madrid desde el 1 de marzo, cuando empezó la crisis del coronavirus, según ha detallado este jueves Isabel Díaz-Ayuso. El dato contextualiza la magnitud de una tragedia que se ha cebado especialmente en los mayores, penalizados por los protocolos y sistemas de triaje a la hora de ser tratados en los hospitales. Apenas el 25 % de los ingresados en UCI habían cumplido los setenta años —921 de un total acumulado de 3694— cuando esa franja de edad concentra el 87 % de las muertes por el virus —13 044 de 14 955—». Esto lo dice El País para acusar a Díaz Ayuso.

Pero no explica lo que dice Sanidad de toda España. El último día en que Sanidad detalló ingresos hospitalarios por edades, el 17 de mayo, solo habían ingresado en UCI 2849 mayores de setenta años en toda España. Si Madrid ingresó 921, estaba ingresando un tercio de toda España. No está nada mal. Y ese día España tenía 88 222 mayores de setenta diagnosticados como enfermos de coronavirus. Pero solo se habían hospitalizado 45 979, apenas un 52 %, en toda España. Y de ellos solo un 6,2 % ingresa en UCI, cuatro veces menos que en Madrid.

¿De qué autonomías son esos 42 243 pacientes que no han sido hospitalizados? Cuánto se parece la cifra de ancianos con coronavirus no hospitalizados, 42 243, a la de ancianos muertos por todas las causas por exceso sobre 2019: más de 40 000. Hablemos de protocolos. Veamos autonomías que han usado protocolos con criterios restrictivos para pacientes ancianos.

Baleares. Diario de Mallorca, 11 de junio:

Varias familias de personas mayores de Baleares internas en residencias presentaron quejas tras pedir explicaciones de por qué sus familiares no habían sido ingresados en un hospital de agudos o una UCI y conocer que estos habían sido clasificados por colores según su estado cognitivo y función. El cribado fue ordenado por la Conselleria de Salut, justificándose en la urgencia de «dar la atención sanitaria más adecuada» en caso de dar positivo por COVID-19. La valoración masiva de ancianos en residencias con motivo de la pandemia, que estos familiares desconocían, ha propiciado muchas quejas ante la falta de información cuando preguntaban la causa de que sus allegados fuesen derivados a un centro y se les hablara de una valoración por colores que predeterminaba la derivación al recurso sanitario.

Cataluña, 24 de marzo. La Consejería de Salud de Torra emite el siguiente protocolo: Recomendaciones para apoyo a las decisiones de Limitación de Esfuerzo Terapéutico (LET) para pacientes con sospecha de COVID-19:

Las infecciones emergentes ponen muchas veces en juego las capacidades de atención de los sistemas sanitarios, sobre todo cuando el número de pacientes graves o críticos supera o amenaza con superar las capacidades de atención del sistema. Esto hace que sean necesarias medidas:

Mantener una ética en la toma de decisiones basada en ofrecer los recursos a aquellos pacientes que más se puedan beneficiar, en términos de años de vida salvados, máxima supervivencia al alta, evitar ingresos en pacientes con escaso beneficio, ya sea por patologías respiratorias por COVID-19 o de otras patologías que condicionen el estado crítico, evitar el fenómeno del «primero que llega, el primero que ingresa» y aplicar estos principios a todos los grupos de pacientes por igual, no solo a un grupo concreto como los pacientes geriátricos.

Valoración individual fina de aquellos pacientes con más probabilidades de recuperación […]. En resumen, todo paciente afectado de insuficiencia respiratoria aguda (IRA) TIENE DERECHO a recibir asistencia sanitaria. La intensidad terapéutica se determinará según criterios objetivos de idoneidad y expectativas de resolución del proceso. El objetivo es salvar el número máximo de años de vida en aquellos pacientes con posibilidades máximas de supervivencia al alta, y mantener una calidad de vida.

Número de años de vida salvados.

La edad es un criterio importante sobre todo porque se relaciona directamente con los años de vida salvados en una intervención, pero no debe ser NUNCA el único criterio a utilizar a la hora de decidir la limitación de esfuerzo, y hay que considerar aquellos afectados con máxima posibilidad de supervivencia.

Recomendaciones para apoyo a las decisiones de limitación de esfuerzo terapéutico (LET). Decisiones para soporte ventilatorio:

A. Paciente > 80 años:

i. Recibirá solo oxigenoterapia con mascarilla reservorio de alta concentración tipo Monaghan®.

ii. Si en 15 minutos el paciente presenta saturación de oxígeno <90 % valorar colocar en decúbito prono al paciente para mejorar la oxigenación.

iii. Considerar tratamiento de confort (mórfico, midazolam) para paliar la sensación de disnea.

B. Pacientes hasta 80 años:

Valorar la escala de Rockwood:

ROCKWOOD I-II: Considerar VMI como primera opción.

ROCKWOOD III:

De 75 a 80 años:

Recibirá solo oxigenoterapia con mascarilla reservorio de alta concentración tipo Monaghan®.

Si en 15 minutos el paciente presenta saturación de oxígeno <90 % valorar colocar al paciente en decúbito prono para mejorar la oxigenación.

Considerar tratamiento de confort (mórfico, midazolam) para paliar la sensación de disnea.

Menor de 75 años:

Recibirá oxigenoterapia con mascarilla reservorio de alta concentración tipo Monaghan®.

Si en 15 minutos el paciente presenta saturación de oxígeno <90 % valorar colocar al paciente en decúbito prono para mejorar la oxigenación.

Si fracaso valorar VMI.

ROCKWOOD >IV:

Recibirá solo oxigenoterapia con mascarilla reservorio de alta concentración tipo Monaghan®.

Considerar tratamiento de confort (mórfico, midazolam) para paliar la sensación de disnea.

C. El criterio médico de cada paciente ESTÁ POR ENCIMA de estas recomendaciones generales, siempre que sea razonado, argumentado y consensuado con paciente y familiares.

Decisiones por traslado hospitalario.

Cuando se observe futilidad de medidas terapéuticas, se puede dejar al paciente en el domicilio siempre que se pueda ASEGURAR con la red de Atención Primaria (AP) un seguimiento y cuidados paliativos. En caso contrario, se recomienda trasladar (valorar posibilidad de destino a un centro sociosanitario, en vez de urgencias hospitalarias).

Planteando la limitación.

A la hora de informar de la decisión de limitación de esfuerzo terapéutico, hay que emplear el sentido común, la empatía y consensuar las decisiones.

Plantear la limitación como un bien por el paciente. Los efectos secundarios de los tratamientos agresivos son causa de sufrimiento y muerte por complicaciones de la fragilidad añadida a la ya presente en el paciente. Centrarnos en la idea de evitar sufrimiento.

No hacer tratamientos agresivos no implica abandonar al paciente. Transmitir a la familia y al paciente que se harán los tratamientos farmacológicos y se seguirá al paciente, si evoluciona bien se continuarán las medidas, si no se velará por su confort en todo momento.

No hacer referencia a que «no hay camas para todos» como motivo de denegar los cuidados intensivos. No estamos decidiendo «quién vive y quién muere», solo quién se puede beneficiar más de tratamientos agresivos, plantearlo al paciente y familiares centrados en el beneficio del paciente, no de los demás.

Asegurar el confort del paciente si se queda a domicilio si es posible, recordemos que muchos centros, por seguridad, no dejan entrar a los familiares y muchas veces no pueden acompañarlos en los últimos momentos. Solo trasladar para cuidados paliativos si es estrictamente necesario. Plantear que la muerte en casa en estos momentos es la mejor opción si podemos asegurar el control de los síntomas.

DIGNIFICAR LA ATENCIÓN A LOS MAYORES FRÁGILES Y EN FINAL DE VIDA EN EL ENTORNO RESIDENCIAL DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

Valorar la adecuación de la derivación de los pacientes con COVID-19 en el hospital, basándose en criterios de funcionalidad y pronóstico (mediante herramientas como la valoración geriátrica integral) y en los valores y preferencias de la persona enferma (que convendría conocer y/o tener a mano si ya las ha expresado). En el caso de aquellos pacientes en situación final de vida o limitación del esfuerzo terapéutico, se puede plantear el tratamiento en el entorno residencial con las medidas oportunas de aislamiento para prevenir el contagio a otros residentes o personal.

Por tanto, Cataluña elige ventilación asistida solo para los ancianos en mejor estado o con menor edad. Estas máquinas solo están en las UCI. Por tanto, es una manera de priorizarse su entrada en ellas. El resto de ancianos deben conformarse con una bombona de oxígeno. Su mayor fragilidad los penaliza. Los mata por anticipado. Significativamente, los mayores de ochenta años, en bloque, son excluidos de la ventilación asistida. Ni siquiera en caso de empeoramiento, algo que sí se considera en los menores de setenta y cinco años.

La edad ha importado, de facto, en todas las autonomías en los triajes. En la hospitalización. En la entrada en UCI. Baleares hasta señala por colores. Cataluña excluye a octogenarios de la ventilación asistida… Madrid no ha sido Auschwitz. La solución final de los ancianos. Ha usado similares protocolos a los de otras autonomías. Veamos más ejemplos.

Castilla y León usa su protocolo Atención a pacientes institucionalizados y vulnerables en domicilio en estado de pandemia COVID-19 y ayuda a la toma de decisiones.

Muestra un escalonamiento del deterioro del anciano en función del cual se plantea una distinta respuesta sanitaria. Para los primeros seis grados se recomienda la hospitalización. Pero a partir del grado 7 esto cambia:

Grado 7. Con fragilidad grave. Dependen totalmente para el cuidado personal, sea cual fuere la causa (física o cognitiva). Aun así, parecen estables y sin riesgo de muerte en los siguientes seis meses. Con más o menos de ochenta años sin enfermedad de órgano terminal, deben ser tratados en centro de cuidados intermedios u hospital; mayores de ochenta años y con una enfermedad de órgano terminal (insuficiencia cardiaca crónica avanzada, enfermedad obstructiva crónica grave, cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica grave) solo serán tratados en centro de cuidados intermedios.

Cuanto peor está el anciano menos pisa el hospital.

Grado 8: Persona con fragilidad muy grave. Totalmente dependiente, se acerca al final de su vida. Es típico que ni siquiera se recuperen de afecciones menores. Mayor o menor de ochenta años y sin enfermedad grave, se atenderá en centro de cuidados intermedios o cuidados paliativos en residencia o domicilio. Mayor de ochenta años y con enfermedad crónica grave, solo cuidados paliativos en residencia o domicilio.

Esta franja de ancianos no ingresa nunca en hospital.

Grado 9. Enfermo terminal. Se aproxima al final de la vida. Esta categoría se aplica a personas con esperanza de vida menor de seis meses y sin otros signos de fragilidad. Con más o menos de ochenta años y con o sin enfermedad grave solo deben ser atendidos con cuidados paliativos en residencia o domicilio. Y lo mismo ocurre para los que, además, padezcan una enfermedad crónica grave.

Veto incluso a un centro de cuidados intermedios. Solo hogar o residencia y cuidados paliativos. Pero el protocolo ofrece además una gráfica elocuente. Si el anciano tiene síntomas respiratorios leves de COVID-19… «es susceptible de cuidados simples y aislamiento». Cero ingresos en hospital para estos casos.

Si el anciano tiene síntomas respiratorios graves por COVID-19 (disnea intensa, más de 30 respiraciones por minuto, saturación menor del 92 %, alteración con nivel de conciencia, signos de deshidratación) hay dos salidas:

Paciente susceptible de soporte ventilatorio hasta estadio 6 ECF («moderadamente frágiles»). Traslado a hospital.

Paciente susceptible de cuidados complejos (estadio 7 —con fragilidad grave— o más de ECF). No va a hospital. Y se abren dos opciones:

a) si es paciente en situación no terminal, será objeto de tratamiento en centro de cuidados intermedios y, si no es posible, en hospital.

b) si es paciente en situación de cuidados paliativos solo tendrá tratamiento en residencia o domicilio.

Este protocolo de atención por COVID-19 resalta como elemento diferenciador del grado de fragilidad la velocidad de marcha del anciano. Mayor de 0,8 metros por segundo es fragilidad leve. Esto puede ser el pasaporte para el hospital. Y el veto para el más lento.

El protocolo de Castilla y León es exhaustivo. Predice la mortalidad del anciano con neumonía. El anciano suma un punto por confusión mental; otro punto, por tener más de 30 respiraciones por minuto; otro punto, por tener más de sesenta y cinco años; otro punto por no tener pulso en la muñeca… La escala vaticina: con un punto, la probabilidad de muerte es del 6,8 %, que llega a ser del 10,1 % en mayores de 75 años. Con dos puntos, la muerte le espera al 26,1 %. Con tres puntos, muere el 41,7 %. Y con 4 puntos, fallece el 66,75 %. El sanitario ya sabe a qué atenerse. La quiniela está hecha.

Menos mal que los ancianos no leen su futuro escrito en tal protocolo. Los mataría si no lo hace el virus. No puedo imaginar un taller de coches con tal advertencia: coches con más de diez años de matriculación, mal estado de motor, amortiguadores o frenos… no merece la pena su reparación. No tienen futuro. Lea la tabla de fallos según antigüedad del vehículo situada junto al lavabo. Pero lo más interesante del protocolo, sin duda hecho con la mejor intención para paliar el colapso hospitalario sobrevenido por una pandemia que no han buscado ni provocado, es la pequeña nota inferior: «El uso de esta escala está avalado por el Ministerio de Sanidad en el documento Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus COVID-19 del 3 marzo de 2020». Esa es la clave. Sanidad ha inspirado la no derivación a hospitales de ancianos, con condicionantes, pero es el resumen de su filosofía.

En lugar de plantear la fórmula contraria: hay que priorizar su atención hospitalaria porque son los que más mueren.

Andalucía protocoliza el manejo domiciliario para pacientes ancianos. Da las guías para no hospitalizarlos.

CRITERIOS DE MANEJO DOMICILIARIO

Sospecha/Confirmación de infección por COVID-19 junto con signos de compromiso respiratorio (cianosis, usos de musculatura accesoria, desaturación) y además:

Cualquier enfermedad con una expectativa de vida inferior a un año (NECPAL +) (Anexo II).

Paciente con edad superior a ochenta años y con enfermedad grave de órgano (insuficiencia orgánica en estado avanzado o final; o insuficiencia cardíaca NYHA clase III o IV o EPOC con FEV1 <25 %, hipertensión pulmonar secundaria, fibrosis quística con FEV1 <30 % post broncodilatador, fibrosis pulmonar con TLC <60 %, hipertensión pulmonar primaria con NYHS clase III o IV, necesidad de oxigenoterapia domiciliaria o fracaso hepático con Child-Pugh score >7).

Deterioro cognitivo severo de base.

Enfermedad neuromuscular avanzada sin posibilidad de tratamiento.

Evento neurológico severo e irreversible.

Escala de fragilidad igual o superior a 7.

Paciente paliativo oncológico.

Euskadi no se queda atrás en materia de protocolos restrictivos para ancianos. ¿Estamos hablando de edad en Euskadi como criterio diferenciador para ir a la UCI? Sí, estamos hablando de edad también. Véase copia del citado protocolo, Recomendaciones éticas para la toma de decisiones en la situación excepcional de crisis por pandemia COVID-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos-Cuidados Críticos:

Solo ingresarán en UCI pacientes de prioridad 1 y 2. Es decir, paciente entre 70 y 75-80 años sin patología previa importante es subsidiario de tratamiento con ventilación mecánica invasiva.

Y ahora viene el cerrojazo:

No son candidatos óptimos para VMI, prioridad 3 y 4: pueden recibir mascarilla de oxígeno de alta concentración, oxigenoterapia de alto flujo (a valorar individualmente) o ventilación mecánica no invasiva (a valorar riesgo/beneficio de aerosoles).

>75-80 años (según escenario de pandemia-recursos) con comorbilidad de cualquier tipo (Índice Charlson abreviado >2). El ingreso de pacientes mayores de ochenta años con insuficiencia respiratoria aguda debiera ser una excepcionalidad en el escenario de la pandemia con recursos limitados.

>70 años con comorbilidades moderadas-graves (ICC, miocardiopatía dilatada, EPOC, cirrosis, insuficiencia renal crónica, etc.). Escala de Charlson completa >3 (Escala de Charlson en OG Formularios).

Dependencia moderada definida con escala de Barthel en situación basal <80 (Escala de Barthel en Osabide Global Formularios).

Presencia de enfermedad en estadio final de órgano.

Neoplasia sin opciones de tratamiento dirigidos a cura.

Deterioro cognitivo moderado o severo: Evaluado mediante escalas o datos en la historia y en la exploración clínica que evidencien disfunción cognitiva significativa en algunos de los siguientes apartados: el paciente tiene deteriorada la interacción con el ambiente: no está orientado en tiempo y/o espacio de forma habitual y/o tiene dificultades para reconocer a su familia/cuidadores y/o necesita ayuda para las actividades de la vida diaria por motivos distintos a impedimentos físicos.

En la Euskadi del PNV la edad importa cuando hay que pisar la UCI. Practica iguales restricciones que autonomías del PP y la patria de Quim Torra. Ni PSOE ni Podemos lo reprochan.

Aragón, bajo el socialista Javier Lambán, también valora edad y deterioro del paciente para su derivación hospitalaria:

VALORACIÓN DEL TIPO DE INGRESO: Para valoración del tipo de ingreso se puede usar la escala NECPAL (Anexo 2), y de forma abreviada se podrían considerar criterios de paciente NO SUSCEPTIBLE de traslado:

Pacientes con cuadro clínico de COVID-19 con pluripatología o comorbilidades o que por su situación basal no son candidatos a ser trasladados y con sintomatología de gravedad.

Paciente >80 años con enfermedad de órgano terminal (insuficiencia cardiaca crónica avanzada, enfermedad obstructiva crónica grave, cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica grave) y/o CFS ≥5.

Paciente con escala clínica de fragilidad (CFS) de 8-9.

Paciente con demencia moderada–grave.

Paciente con cáncer en fase terminal.

Paciente con cualquier enfermedad y una expectativa de vida inferior a un año.

En Madrid han muerto en mayor número que en otras comunidades. Naturalmente, en términos absolutos mueren más en Madrid porque tiene más ancianos. Pero cada autonomía, por desatención, por triajes, por el colapso sanitario, más la vulnerabilidad del colectivo, ha visto morir masivamente a los ancianos que tenía. Y esto ha ocurrido en autonomías de izquierdas y de derechas, independentistas y españolistas, con sanidades recortadas o privatizadas por el PP o por el nacionalismo catalán. Esto ha ocurrido incluso en sistemas sanitarios ricos como el vasco o el navarro o con vitola de años de progresismo como el andaluz o el manchego.

¿Qué más pudo hacer Sanidad con los ancianos? Lo pregunta el diario El País al ministro Illa:

SALVADOR ILLA: En el protocolo de 5 de marzo se dice lo que hay que hacer en las residencias. Ahí está fijado cómo hay que actuar.

EL PAÍS: Quizá era tarde.

S. I.: Bueno, el 5 de marzo en España le puedo mirar los casos, pero no había más de 261.

El protocolo de 5 de marzo no puede ser menos protector para los ancianos: «Como norma general, todos aquellos residentes que presenten sintomatología respiratoria aguda deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación».

Ese protocolo lo convierte en orden el Gobierno el 24 de marzo. Y, pese al estado de alarma y mando único, fija que la inspección sanitaria de las residencias compete a las autonomías:

Los centros residenciales quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente. Podrán realizarlas en cualquier momento, quedando autorizados para ordenar cuantas actuaciones sean precisas para cumplir con las normas vinculadas al control de la crisis sanitaria por el COVID-19.

Deja abierta la puerta para que las residencias que no puedan cumplir la normativa recurran al Gobierno:

Cuando concurra alguna de las situaciones excepcionales que se relacionan a continuación, todos los centros residenciales deberán comunicarla de inmediato a las Consejerías de Servicios Sociales y de Sanidad, así como a la Delegación o Subdelegación del Gobierno que corresponda a fin de recabar el auxilio urgente disponible para dar respuesta a la situación concreta:

a/Imposibilidad para adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios, y especialmente en lo relativo a las normas de aislamiento.

b/Imposibilidad para gestionar adecuadamente la conservación y retirada de cadáveres por acumulación y/o ausencia de servicios funerarios disponibles.

c/Cualquier otra circunstancia análoga que ponga en grave peligro la integridad y sostenimiento del servicio que se presta.

Realizada la intervención oportuna, se notificará […] a los Ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y para la Agenda 2030.

¿Avisaron las residencias a las delegaciones del Gobierno de su calvario? Podían y debían hacerlo. ¿Llegó alguna notificación al ministerio de Pablo Iglesias? ¿Verificaron Iglesias o Illa el cumplimiento de sus medidas? ¿Les informaron las autonomías de las incidencias halladas en residencias? Iglesias considera en junio que se produjeron ilegalidades que generaron muertes…

¿Qué hizo el Gobierno en marzo, cuando empezaron a menudear las noticias de muertes de ancianos, aparte de clasificarlos como muertos con patologías previas? Este decreto lo inspiró Iglesias. Pero el BOE no registra mayores iniciativas de su departamento para supervisar las instrucciones dadas.

Tengo pruebas de que en alguna ocasión sí se avisó a la Delegación del Gobierno, en este caso a la de Madrid, del holocausto de la tercera edad. La empresa C. V. solicita a la Consejería de Salud de Madrid y a dicha delegación intervención sanitaria ante la situación crítica de la residencia P. N., con cuatro muertos. No lo logra. Ni derivaciones hospitalarias ni medicalización de la residencia. C. V. acude el 27 de marzo a los tribunales por presunta denegación de auxilio «como si ya se hubiera adoptado por no se sabe quién superior ordenante dejar morir a tales personas en centro no medicalizado». En su denuncia, cita la ayuda pedida a organismos dependientes del Gobierno regional y central, y reclama la intervención forzosa de los ministerios de Sanidad y Defensa.

El relato revela el calvario que vive dicha residencia:

La situación está deviniendo desesperada debido a la propagación de los contagios entre residentes y asistentes, hasta el punto de llevar la residencia a una situación crítica con cuatro muertes, ante la negativa de derivación de los hospitales.

Pero la denuncia no acababa aquí:

En cuanto al número de personas con sintomatología compatible con el COVID-19 tenemos trece casos y en aislamiento preventivo por contacto dieciocho personas. Del mismo modo, hemos visto denegados nuestros requerimientos para reforzar el personal sanitario dado que el personal propio está siendo infectado, lo que provoca que nos encontremos con una ausencia de personal extrema, de ser otras autoridades cooperantes, como es la del Ministerio de Sanidad o del Ministerio de Defensa, a través de la UME, las que actúen cautelar y provisoriamente.

Critica las medidas de escaparate:

De mayor trascendencia que la mera conversión de centros hoteleros en hospitales ha de estar el que un centro residencial, tan próximo al peligro para las vidas de los usuarios por contener población de mayor riesgo, se convierta en hospital geriátrico o medicalizado.

Y que la UME pueda atender de forma continuada a estos centros de mayores de tan inminente riesgo para la vida antes que desinfectar vías públicas o instalaciones (por ejemplo, aeropuertos) de tránsito restringido y donde hay menor población con tan inmediata vulnerabilidad como la de la residencia

El caso fue archivado por no apreciarse voluntad deliberada de no prestar ayuda. La falta de respuesta se atribuye a la «saturación hospitalaria». Pero el auto dejó sentado que dichos departamentos sí debían prestar socorro pese a dicho fallo absolutorio. Y lo refleja así: «Ofíciese al Ministerio de Sanidad, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Defensa a fin de que tomen conocimiento de los hechos denunciados y adopten de acuerdo a sus posibilidades las medidas precisas a fin de que faciliten material sanitario adecuado para evitar el contagio y propagación de la enfermedad entre los residentes y personal laboral de la residencia y procedan a la desinfección de dicha residencia».

Este auto evidencia varias cosas. Por sí solo muestra que ningún organismo público puede simular desconocimiento del holocausto de los ancianos. Prueba que tres ministerios están informados: Sanidad, Interior y Defensa, más la consejería de turno. ¿Qué más avisos necesita Sánchez para asumir que los Gobiernos regionales son incapaces de lidiar con la mortandad de las residencias? ¿Qué más información necesita Defensa para regar menos desinfectante y enviar más médicos? Veamos ahora un estudio sobre la muerte en residencias por autonomías en porcentajes. Lo realiza la Deusto Business School Executive Education. Salen sorpresas.

| Fallecidos >65 años | Fallecidos en residencias mayores 2 | %
Aragón | 814 | 738 | 90,7 %
La Rioja | 240 | 209 | 87,1 %
Castilla y León | 3451 | 2584 | 74,9 %
Navarra | 590 | 431 | 73,1 %
Cantabria | 192 | 137 | 71,4 %
Extremadura | 628 | 431 | 68,6 %
Galicia | 470 | 274 | 58,3 %
Asturias | 412 | 217 | 52,7 %
Castilla la Mancha | 4764 | 2461 | 51,7 %
Baleares | 186 | 89 | 47,8 %
Madrid | 13 116 | 5986 | 45,6 %
País Vasco | 1489 | 624 | 41,9 %
Andalucía | 1328 | 552 | 41,6 %
Cataluña | 11 150 | 4062 | 36,4 %
Com. Valenciana | 1527 | 543 | 35,2 %
Murcia | 240 | 68 | 28,3 %
Canarias | 130 | 19 | 14,6 %
Ceuta | 12 |  |
Melilla | - |  |
Total España | 40 739 | 19 452 | 47,7 %

El cuadro reparte culpas, muertes. Diez regiones sufren mayor porcentaje de ancianos fallecidos en residencias que Madrid. Las cifras de muertes se explican por las tasas de población anciana de cada región y de hospitalización. Pero también por la falta de medios preventivos, la expansión del virus por actos masivos y los vuelos directos de zonas contaminadas. Y ahí al Gobierno central algo, mucho, le toca.

El Gobierno publicita que el 19 de marzo ordenó entregar trescientos millones para residencias. Pero cuando se desgrana el destino de tales fondos resulta que no es verdad: un 33 % se dedica a garantizar ingresos suficientes a familias y la cobertura de sus necesidades básicas. Otro 20 % se dedica al refuerzo de plantillas de centros sociales y residenciales. Solo el 12 % se destina a la compra de EPI. Y un 8 % para que los ayuntamientos subvencionen a personas especialmente vulnerables.

Pero en 2020 los ancianos españoles no mueren mucho más que en 2019 por pobres. Mueren por coronavirus. Sus cuidadores los contagian por falta de medidas preventivas y son vetados en hospitales cuando enferman. Tan simple como eso. Y a medidas preventivas de residencias solo han ido a parar treinta y seis de los trescientos millones estatales. Apenas dos millones por comunidad. No da para muchos EPI ni para medicalizar.

En marzo de 2020 no toca elevar la renta de los ancianos ni de sus familias. Es un fin loable, pero para perseguir cualquier otro año. En marzo de 2020 toca salvar vidas. Esos trescientos millones debieron ir íntegros a medicalizar residencias y comprar EPI. Eso hubiera salvado miles de vidas de ancianos. No tocaba mejorar su renta. Por no hablar de que estos trescientos millones debieron distribuirse en enero o febrero. Eso se llama prevenir. Dar dinero para ancianos el 19 de marzo en plena explosión de la pandemia es lavarse la cara. Achicar agua del buque cargado de ancianos que se hunde.

El criterio distribuidor del Gobierno no es por plazas residenciales. Madrid, Castilla y León y Cataluña son seriamente agraviadas. Las tres autonomías reciben menos dinero que Andalucía pese a alojar más ancianos en residencias. Son las tres comunidades que focalizan la atención por muertos en residencias. ¿Tendrá algo que ver tan desigual y tardío reparto?

No todo son cifras en esta guerra de ancianos muertos. Es guerra política subterránea. El PP desaira a Sánchez en el Congreso por su mala gestión del coronavirus. Y el presidente en su faceta pública se muestra mohíno porque el PP «no quiere arrimar el hombro», «remar en la misma dirección» y otras brillantes metáforas. Pero en privado activa la cacería de Díaz Ayuso por sus muertos en residencias. El País desvela el 15 junio sin rubor tal guerra sucia: «El PSOE endurecerá la oposición a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. La decisión se tomó el viernes al más alto nivel en una comida en la sede federal socialista. Los asistentes al almuerzo fueron el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez; el jefe de gabinete de Sánchez en la Moncloa, Iván Redondo; Félix Bolaños, secretario general de Presidencia; Santos Cerdán, secretario de Coordinación Territorial del PSOE; y José Manuel Franco, delegado del Gobierno y secretario general de la Federación Socialista Madrileña».

No se detalla el menú. Pero sí el recado presidencial:

La división en el ejecutivo de coalición del PP y Ciudadanos que preside Ayuso es pública desde que airearon sus diferencias por la gestión de las residencias de mayores y puede ser una oportunidad para el PSOE, coinciden en la Moncloa y en Ferraz.

Que el presidente alienta una guerra contra Díaz Ayuso mientras postula en público el victimismo de Bambi lo suscribe el articulista Enrique Gil Calvo en El País: «Acabamos de verlo con el caso de Gabilondo, a quien amenazan desde sus filas con buscarle sustituto si no se lanza a hacerle a Ayuso una oposición más dura, bronca y eficaz. Pues entre nosotros hacer oposición es hacer caer al Gobierno por las malas para deshacerse de él. Y el Gobierno paga con la misma moneda, tratando de hacer la vida imposible a la oposición».

Un sector de la prensa descubre en las críticas a la gestión de Sánchez del coronavirus un hilo conspirador para derribar al poder con bulos ya experimentado el 11M. Naturalmente que el PP ha conspirado con los GAL, los fondos reservados, los ERE, el 11M y un largo etcétera contra el PSOE. Tanto como el PSOE ha conspirado contra el PP con filtraciones y abogados afines en Gürtel, Gescartera, el Prestige, el Yak o la guerra de Irak. Forma parte de la historia política y periodística de este país. Pretender que un bando no conspira es creer en la beatitud del virus o de Sánchez, que postula pactos clavado en la cruz mientras musita «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Los asesores que buscaban corruptelas de Podemos no están en bancadas lejanas. Busquemos la verdad. Quién incendió el monte con el virus y quién manejó mal luego el extintor o lo tenía caducado.

Lo dramático es que nadie se siente culpable. Ni Gobierno central, ni autonómicos, ni médicos. Solo se sienten culpables los hijos de los fallecidos, como Ramona Carvajal. Sufre el calvario en una residencia de su madre, Alejina Jiménez, enferma de coronavirus. Tiene 89 años. Durante casi un mes rechazan su ingreso en el hospital. Ramona cree que está sufriendo una ilegalidad y quiere dejar pruebas. Graba sesenta llamadas a la residencia, hospitales, médicos, a su madre, al 112… Su fonoteca es atroz. He aquí una muestra:

—Hola, ¿qué tal?

—Mal.

—¿Por qué?, ¿qué te pasa?

—Estoy muy malita, hija.

—¿Sí?

—Sí. Y entonces digo, por lo menos que sean las últimas llamadas.

—Pero ¿cómo las últimas, mamá? ¡Por Dios, qué dices!

—Mira, me he puesto muy mala esta tarde y me tienen puesta una bolsita para respirar y no sé qué me habrán metido, cuando me quede dormida, pues seguro que no despierto…

—Anda, anda, no digas eso… Me ha dicho la doctora que es para que respires mejor.

—Una bolsa para respirar… Os he avisado por si me pasa algo esta noche…

—¿Qué te va a pasar? Mañana hablamos para ver si el desayuno ha llegado antes que hoy.

—El bolso negro… He metido todas las cosas que tengo…

—Pero, mamá, no digas eso, anda, anda…

—Y el reloj está en mi mesilla. No sé qué pasará, Moni.

—Pero ¿qué te pasó, que no podías respirar o por qué?

—Me asfixiaba… No sé, no sé, con esta bolsa aquí colgada…

—Mamá, es que no podemos ir, es que no nos dejan…

—Sí, ya lo sé.

—Te queremos todos y queremos que te pongas bien, ¿vale? Ojalá pudiéramos estar ahí contigo…

—¿Yo sabes lo que he hecho? No comer… Pero vamos que yo esta bolsa… Me han dicho que me tenían que meter morfina…

—Porque a lo mejor te tranquiliza y respiras mejor…

—No sé si esto es una despedida o…

—No digas eso…

—Es una bolsa… Yo qué sé… Me han quitado el oxígeno y me han puesto esto…

—Bueno, ¡pero eso no significa que te vayas a morir esta noche! No digas eso…

—En la mesilla está el reloj y en el bolso negro he metido TODO lo que he podido pillar… Un beso. Os quiero muchísimo. Que no salgo de esta, Moni, que no…

Alejina murió el 9 de abril. Su hija y toda su familia pelearon para que la ingresaran en un hospital. He aquí la charla con el director de su residencia:

—Hola, Juan Carlos, hablé con el doctor que está tratando a mi madre… ¿A qué esperamos, después de casi un mes que mi madre se asfixia, a qué esperamos? ¿No os dejan derivar? Llevamos casi un mes que se asfixia…

—Yo lo estoy intentando, pero no me dejan derivar a nadie…

—Mi madre, se tiene que estar muriendo.

—Están saturados, no me dejan derivar a nadie, vamos a pensar en esto. Todos quisieran que los deriváramos… y no es posible.

—¿Todos?, ¿cuántos hay y desde cuándo? Mi madre lleva desde el 10 de marzo, ¿qué, dejamos que se mueran en la residencia?

—Repito, no me dejan derivar a los usuarios…

—Yo sé que mi madre está grave… Y lleva un montón de días. ¿Con quién tengo que hablar?

—Llamas tú al hospital y les preguntas tú por qué no me dejan derivar a un residente de aquí…

—Sí, sí, voy a llamar…

—No te enfades conmigo, enfádate con el hospital, que no me dejan derivarla porque no tienen camas…

—No lo entiendo, mi madre fue de las primeras que se puso enferma…

—Llama al hospital. Diles que yo quiero derivar a tu madre. Si consigues que te digan que sí yo estoy encantado de la vida. No dejan derivar… Solamente podemos comunicarnos con la doctora de allí y marcan una pauta. No te dejan hacer otra cosa…

—O sea que se mueran ahí, ¿no?

—Pero no lo digo yo… Les he dicho cuarenta millones de veces al hospital que somos un centro asistencial, no un centro hospitalario. Ellos tienen más medios que nosotros. Por eso cuando había un problema de este tipo, derivábamos. Ahora no nos dejan… El médico sabe que está para derivar, pero no te puede decir que la van a derivar porque no tienen cama…

—Esperemos que no le pase nada a mi madre…

—Pues si le pasa algo, pues le tendrá que pasar…

—Lleva más de veinte días… y sin que se haya hecho nada…

—No tengo ningún problema porque como sé que no me han dejado derivarla… no tengo problema ninguno… Llamas tú al hospital y me llamas luego y yo estaré encantado de mandarla…

—¡Es que no puede respirar, joder!

—¡Que no me dejan derivarla, no sé si me entiendes!… ¡No me dejan derivarla, que por mí la habría derivado el primer día! ¡Ojalá y Dios quiera que te hagan caso!…

La familia logró su ingreso en el hospital, pero fue tarde. Murió cinco días después. Su hija ha denunciado a la Comunidad de Madrid y a la residencia. Antes de su muerte hizo un llamamiento en algunas televisiones tratando de que la ingresaran en un hospital. Hoy Ramona se siente culpable… Culpable de no haberse saltado el confinamiento, culpable de no haber montado a su madre en su coche y haber asaltado cualquier hospital que la tratara… Su madre le deja sus últimas imágenes antes de enfermar: bailando, con sus amigas en la residencia… Se dio cuenta de todo, de que se asfixiaba, de que se moría…

Y eso, durante un mes. Su hija está totalmente convencida de que de haberla ingresado, de haberla tratado, se habría salvado porque era una mujer muy fuerte. Solo tenía problemas de movilidad… Derivar ancianos a hospitales ha sido difícil, pero derivar culpas ha sido muy fácil. Llama tú al hospital.

Espero que este capítulo sirva para que no olvidemos cómo murieron nuestros ancianos. Qué hicimos cada uno. Su matanza evoca la sentencia del crimen de los marqueses de Urquijo. El virus los mató «solo o en compañía de otros».

Capítulo 9
Las malas compras chinas salen muy caras

Todos los sectores han presentado denuncias por la falta de material preventivo: policías, médicos, enfermeros… Pero hay una que radiografía la compra de material preventivo por el Gobierno: su tardanza, el mercado turbio que halla y su fracaso.

8 de abril de 2020. El sindicato Alternativa Sindical de Policía pide a la justicia que Interior realice test de detección rápida del COVID-19 a los funcionarios de la Policía para evitar el incremento de riesgo de contagio y, con ello, el riesgo de colapso de la capacidad operativa del cuerpo. Reclama extender la medida al resto de funcionarios de cuerpos policiales y de la Guardia Civil. El sindicato desnuda la vulnerabilidad y precariedad policial:

La casi totalidad de los servicios policiales de seguridad ciudadana se prestan en grupos de dos o más personas, y ellos en un elevadísimo porcentaje de ocasiones en coches patrulla, turismos camuflados o furgones policiales, lo que hace imposible el guardar las distancias de seguridad. A ello se une que el parque móvil se usa por diferentes profesionales en los diferentes turnos de servicio, siendo así que los vehículos no están siendo convenientemente desinfectados entre turno y turno. Se carece de los productos desinfectantes para el autocuidado personal en el ámbito laboral. Es evidente, por otro lado, que se va incrementando el número de casos de profesionales policiales que han pasado a la situación de cuarentena y que han dado positivo, alcanzando al día de la fecha casi el millar de infectados; incluso se han producido los primeros fallecimientos como en el cuerpo de Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil.

El escrito detalla los riesgos diarios de los agentes:

Se están incrementando las intervenciones policiales en las que es inevitable el contacto con los ciudadanos, por ejemplo, en casos de detenciones, siendo así que la característica más importante de la pandemia es que son numerosos los casos «asintomáticos», lo que hace imposible distinguir a las personas infectadas de las que no lo son, incrementándose las situaciones de riesgo de contagio. Las medidas de confinamiento hacen que miles de personas adictas a sustancias estupefacientes tengan enormes dificultades para lograr el acceso a las mismas, con los consabidos efectos que produce en el organismo y el tipo de reacción previsible que, en no pocos casos, llevarán a intervenciones cada vez más graves y de contacto directo con las personas. Las situaciones de violencia de género se acrecientan por el obligado confinamiento de mujeres afectadas por este tipo de situaciones con sus maltratadores.

Los policías no solo temen contagiarse. Temen contagiar:

La movilidad de los profesionales, que en estas circunstancias especiales se puede ver incrementada por razones obvias, eleva el riesgo de propagación del virus, provocado por los propios profesionales de la policía que desconocen totalmente si están infectados aun siendo asintomáticos. El contacto físico entre los propios profesionales es muy estrecho y cotidiano y se comparten espacios comunes (zonas de vestuario, interiores de vehículos, dependencias policiales, aseos, etc.) en los que resulta prácticamente imposible mantener las distancias de seguridad o evitar compartir el uso de material que no está siendo debidamente desinfectado en los cambios de turno, como es el caso de teclados de ordenadores y ratones, teléfonos fijos y móviles, etc., además de lo ya mencionado respecto de los vehículos del parque móvil.

La policía pide respuesta urgente frente a tal desprotección:

Es urgente identificar entre los profesionales de los cuerpos policiales quiénes están infectados y quiénes no. Todo ello en orden a minimizar en todo lo posible el riesgo de colapso de la capacidad operativa de quienes sostienen la convivencia y seguridad de la ciudadanía.

El tribunal comprueba las quejas, la falta de respuesta de la Dirección de la Policía y los criterios de la dirección de Salud:

La situación hace imprescindible contar con un Equipo de Protección Individual (EPI). Los actuales momentos de situación epidémica en la que nos encontramos concurren con una escasez de EPI suficientes para el propio personal sanitario que atiende a los afectados por la epidemia. La pandemia internacional dificulta todavía más la adquisición externa de EPI.

Sanidad, como Interior, admite en abril que no hay material preventivo más de tres meses después de estallar el coronavirus en Wuhan. Toca priorizar el reparto del escaso material. La dirección de la Policía intenta borrar la imagen de pasividad:

Ya a finales del mes de enero el servicio de prevención de riesgos laborales impartió instrucciones preventivas dirigidas a los funcionarios que prestan servicio en puestos fronterizos, que eran quienes se encontraban más expuestos a la infección.

Lo que no le dice Interior al tribunal es que al autor de esas medidas preventivas en puestos fronterizos de fines de enero, el comisario José Antonio Nieto, lo ha destituido tras considerar excesivas y alarmantes sus peticiones de protección. Pero, normas aparte, ¿qué ha hecho Interior para proteger a sus agentes? Las actuaciones que la Dirección de la Policía declara haber hecho para afrontar la emergencia son las siguientes:

Desde el momento en que se produjo el primer comunicado del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía, de fecha 24-01-2020, alertando sobre los riesgos de contagio en España, por esta División se iniciaron una serie de actuaciones encaminadas a conseguir los medios de protección necesarios para hacer frente a la epidemia. Las primeras medidas fueron atender las demandas que iban llegando procedentes de los órganos centrales y territoriales, de material EPI; para lo que se utilizaron las reservas de dicho material que se encontraban en los almacenes de la División. Ante la insuficiencia del estocaje existente, se iniciaron ya desde el día 25-01-2020 los primeros contactos con empresas suministradoras de dichos materiales, pidiéndoles presupuestos para adquisiciones masivas de EPI. El 28-01-2020 se recibieron los primeros presupuestos y el día 30-01-2020 se tramitaron las primeras compras.

El 24 de enero el Servicio de Prevención alerta de que hay que comprar EPI. Interior ya advierte de que no tiene estocaje de tal material para una epidemia que Sanidad ve aún remota.

Interior se lanza al mercado. ¿Qué halla? ¡El mercado ya está saturado a fines de enero! Y faltan dos meses para que Sanidad inicie sus compras. Halla basura que debe ser devuelta. Y ocurre en enero. Aún no es Sanidad la que se da de bruces con los test del cuento chino de marzo. Interior registra sus dificultades:

Se empezaron a recibir indicaciones de proveedores y suministradoras en el sentido de que no había material disponible, y el que existía solo podía adquirirse a precios que llegaban a doblar el inicialmente presupuestado. Hubo incluso que llegar a devolver un lote de noventa y cuatro cajas de mascarillas recepcionadas el 3001-2020, por encontrarse caducadas. Por esa razón, y porque además la demanda de EPI se incrementaba exponencialmente cada día que pasaba, y los mecanismos ordinarios de la Ley de Contratos no permitían atender dicha demanda con la agilidad y eficiencia necesarias, el 27-02-2020 se adoptaron las siguientes medidas: se ordenó a las Cajas Pagadoras provinciales de todo el territorio nacional que, con cargo a su anticipo de caja fija, gestionaran las compras de material EPI para atender las demandas de sus respectivas plantillas; se inició la tramitación por parte de la Dirección de la Policía de un expediente para declarar de Emergencia la contratación de la compra de suministros de Equipos de Protección Individual dedicados a combatir el COVID-19, por un importe inicial de 300 000 euros; se ordenó a todas las plantillas que facilitaran una relación de todo el material EPI del que dispusieran a nivel territorial.

Anota, lector: la primera provisión de fondos para comprar EPI por parte de Interior se produce el 27 de febrero. Un mes después de que lo solicitara su Servicio de Prevención de Riesgos. Y sigue el relato agónico de gestiones de Interior:

Con cargo al primer libramiento a justificar se iniciaron nuevos contactos con distribuidores y fabricantes, nacionales e internacionales, para la adquisición de EPI, muchos de los cuales resultaron fallidos por la imposibilidad de conseguir los productos demandados. La inicial Declaración de Emergencia para la contratación de EPI ha sido ampliada en varias ocasiones:

El 12 de marzo se amplió en 700 000 euros adicionales para la adquisición de más EPI y la contratación de servicios adicionales de limpieza y desinfección de instalaciones policiales.

El 25 de marzo se amplió en 500 000 euros más, para la adquisición de más EPI y equipos tecnológicos para facilitar el teletrabajo.

El material EPI que se ha ido consiguiendo se ha estado continuamente distribuyendo, proporcionalmente a sus necesidades, a todas las unidades policiales de todo el territorio nacional.

A tal fin, se ha establecido un procedimiento para la comunicación semanal, desde todas las plantillas policiales, de los datos de existencias de material EPI, altas semanales (por adquisición, incautación o donación), consumos semanales y peticiones de EPI, que se formulen para la siguiente semana.

Interior admite que parte de sus EPI proceden de donación o incautación. Esto no lo escribe la policía de Bangladesh, sino la de un país puntero de la UE. La policía española precisa que le regalen EPI o tomarlos por las bravas. No puede comprarlos. Las nuevas provisiones de fondos se habilitan a mediados de abril. Ya han pasado tres meses y medio desde la explosión vírica en China. El drama es mayor: Interior ni halla material ni se fía de la calidad de lo que suma por donaciones o requisas. Véase: «En este punto, conviene precisar que la División Económica responde de las características técnicas y adecuación a las regulaciones vigentes del material EPI que la División adquiere y distribuye. No puede asumir la responsabilidad respecto de las características u homologaciones del material que haya sido conseguido por las plantillas territoriales mediante donaciones o incautaciones».

Leamos la agónica cronología de Interior a la busca de EPI.

25-01-2020: Contactos con empresas suministradoras de guantes de nitrilo, mascarillas y gel hidroalcohólico.

25-01-2020: Oleada de peticiones de guantes, mascarillas y gel hidroalcohólico. Se informa de que cada plantilla debe hacer frente con su caja pagadora. Inicio de escasez de suministros.

28-01-2020: Recepción de los primeros presupuestos.

30-01-2020: Primeras compras de mascarillas.

31-01-2020: Búsqueda exhaustiva con resultados infructuosos de mascarillas tipo FFP2.

24-02-2020: Contactos con 3M (fabricante), que nos deriva al distribuidor DEXIS, para el abastecimiento de mascarillas.

25-02-2020: Devolución de noventa y cuatro cajas de mascarillas compradas el 30-01-2020 por estar caducadas.

27-02-2020. Inicio del Expediente de Emergencia por importe de 300 000 euros. Se comunica a todas las dependencias que se realizarán compras centralizadas de los productos de protección y que se distribuirán al resto de dependencias. Se reitera que las cajas pagadoras pueden seguir adquiriendo los productos de protección.

28/02/2020: Orden del Director General de la Policía de hacer recuento de las existencias en todas las dependencias.

03-03-2020: Reparto de gel hidroalcohólico a los edificios del Complejo Policial de Canillas.

03-03-2020: Suministro a la Escuela Nacional de Ávila de mascarillas, guantes de nitrilo y gel hidroalcohólico.

04-03-2020: Intenso intercambio de llamadas y correos con 3M.

05-03-2020: Compras de gel hidroalcohólico.

05-03-2020: Inicio de reparto centralizado de gel hidroalcohólico y guantes de nitrilo a todas las dependencias.

09-03-2020: Entrega de mascarillas de 3M. Llegada del suministro de 14 080 unidades al almacén de Móstoles.

10-03-2020: Traspaso del stock de mascarillas quirúrgicas, FFP2 y FFP3 del Servicio de Vestuario al Servicio de Suministros.

10-03-2020: Se reitera a 3M la solicitud de más existencias de: 40 000 mascarillas FFP2, 5000 mascarillas quirúrgicas, 500 gafas de seguridad, 1000 monos de protección tipo 3.

12-03-2020: Se tramita una ampliación de la emergencia inicial por importe de 700 000 euros adicionales para la adquisición de equipos de protección y de servicios de limpieza y desinfección.

17-03-2020: Adquisición de 4800 botes de gel hidroalcohólico.

17-03-2020: Adquisición de 1800 botes de gel hidroalcohólico.

19-03-2020: Gestiones con China para la adquisición de mascarillas.

20-03-2020: Gestiones con importadores para la adquisición de mascarillas FFP1 y FFP2.

20-03-20 200: Se adquieren 50 000 mascarillas FFP2 a una empresa logística española.

20-03-2020: Se adquieren 20 000 mascarillas quirúrgicas.

21-03-2020: Se rechazan múltiples ofertas de importadores. Todos exigen pagos por anticipado y transferencias a China. Quieren garantías de que no se les va a incautar la mercancía en la aduana.

22-03-2020: Se rechazan ofertas puesto que los pedidos mínimos son de un millón de mascarillas. Carecemos de presupuesto para afrontar estos gastos.

23-03-2020: Fruto de las gestiones de días anteriores se adquieren 100 000 mascarillas FFP1 a una importadora española.

23-03-2020: Como consecuencia de intensas negociaciones en los días anteriores con un empresario español, se adquieren 300 000 mascarillas tipo quirúrgico FFP1.

23-03-2020: Se adquieren 496 000 guantes de nitrilo a una empresa de suministros médicos española.

24-03-2020: Se adquieren 5000 gafas protectoras a una empresa suministradora española.

24-03-2020: Se rechazan ofertas de mascarillas por precios desorbitados.

25-03-2020: Se adquieren monos desechables (1700 unidades) a una empresa española.

25-03-2020: Se adopta una nueva resolución de emergencia por importe de 500 000 euros adicionales (segunda ampliación) para la contratación de suministros y servicios de limpieza para hacer frente al COVID-19.

26-03-2020: Se adquieren 4480 botes de gel hidroalcohólico.

26-03-2020: Se adquieren 100.00 mascarillas KN95 a un importador español.

26-03-2020: Se adquieren 65 000 guantes de nitrilo. Posteriormente otros 70 000 guantes de nitrilo.

26-03-2020: Se tramita una declaración de emergencia por importe de 300 000 euros con cargo al capítulo de inversiones para hacer frente a la adquisición de cuatrocientos ordenadores personales portátiles, módems y licencias para potenciar el teletrabajo de los funcionarios policiales.

27-03-2020: Se comienza a realizar contactos para la adquisición de pantallas protectoras. Se contacta con Prevención de Riesgos Laborales. Se contacta con empresarios durante el fin de semana (28 y 29). Se trata de ver la homologación de los diferentes equipos del mercado, su disponibilidad, su precio y su adecuación a las funciones policiales.

28-03-2020: Las 100 000 mascarillas KN95 solicitadas no van a llegar. El proveedor aumenta unilateralmente el precio duplicando el mismo. Pasa de 2,04 euros a 4,50 euros.

30-03-2020: Se continúan las gestiones para la adquisición de mascarillas y gel. Los precios de las mascarillas se han incrementado notablemente en el mercado.

31-03-2020: Se recibe la oferta de Nivea para suministrar gel hidroalcohólico. Se contacta con la empresa. Comienza el suministro diario de 840 botes de gel de 250 ml.

01-04-2020: Se mantienen negociaciones para la adquisición de 60 000 mascarillas KN95. El proveedor no acepta que sean menos de 100 000; el proveedor duplica el precio.

Este relato muestra el fracaso, la desesperación, de un ministerio, de un Gobierno que sale tarde de compras. Esta cronología está trufada de frases bochornosas: «se rechazan ofertas por precios desorbitados»; «las mascarillas contratadas no van a llegar»; «se rechazan múltiples importadores porque piden pago por adelantado»; «se rechaza oferta porque piden un millón de unidades, y no hay presupuesto»; «búsqueda exhaustiva con resultados infructuosos»; «quieren garantías de que no se les va a incautar la mercancía en la frontera»; «el proveedor unilateralmente duplica el precio»; «devolución de mascarillas por estar caducadas». Está a merced de un empresariado tan corrupto como carente de garantías sobre sus productos. ¿Con qué empresario chino del hampa sanitaria contacta el Gobierno que teme ver requisado su material en la frontera?

Esta extorsión que sufre el Gobierno no es culpa de la mafia. Es culpa del Ejecutivo que ya el 21 de enero confiesa su situación: «inicio de escasez de suministros». El 28 de febrero todavía hace recuento de material disponible. Y acaba de habilitar la primera provisión de fondos. Un mes después de que la OMS declare la emergencia de salud internacional y de que un comisario alerte a Interior de la necesidad de buscar EPI por la epidemia de China. Hasta primeros de abril no llegan las primeras mascarillas y con cuentagotas. El resto del mes Interior seguirá pugnando por hacerse con pequeños lotes.

Siempre insuficientes porque las mascarillas son desechables y la policía tiene una plantilla de casi setenta mil hombres. En realidad, un pedido de un millón de mascarillas no era descabellado si se pretendía proveer a cada funcionario de una mascarilla por día. En diez días ya serían setecientas mil.

Interior y Sanidad parecen no hablarse. Porque cuando Interior ya ha detectado falta de EPI a fines de enero, solo el 3 de marzo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente de Sanidad, somete la comercialización de mascarillas sanitarias a condiciones especiales:

La obligación de destinar, con carácter prioritario, la comercialización de mascarillas sanitarias al abastecimiento de centros y servicios sanitarios, en detrimento del suministro a establecimientos sanitarios (farmacias, ópticas, etcétera).

La prohibición de comercializar mascarillas sanitarias fuera del territorio nacional.

Sanidad explica su iniciativa: «Se lleva a cabo cuando la necesidad de productos sanitarios (o medicamentos) se incrementa y puede que no exista capacidad de producción sobrante para realizar exportaciones. Ambas medidas están enfocadas a garantizar el suministro de estos productos a los profesionales sanitarios». Sanidad ya teme que no existan suficientes mascarillas en el mercado para una emergencia sanitaria decretada el 30 de enero, y cuya propagación empezó en diciembre de 2019. Y priorizar las mascarillas a los sanitarios, que tampoco las recibirán suficientemente, para defenderlos de una infección que el Gobierno aún no admite.

Alega que «la AEMPS ha estado en contacto continuo desde febrero con fabricantes y comercializadores de productos sanitarios que pudieran verse afectados para conocer el stock real, su capacidad de fabricación y distribución». Pero Sanidad llega a marzo sin stock de mascarillas. Se verá tras la escalada del coronavirus posterior al 8M. Su frase encierra una mentira: o el Gobierno ha llegado a marzo sin saber el stock de mascarillas o ha fracasado en su compra.

Pero volvamos a abril. Al auto que desestima obligar a proveer de EPI a policías. El tribunal entiende que no debe juzgar si hay o no mascarillas. No hay. Acepta que eso nadie lo discute.

No procede dictar la medida sin oír a la Administración, porque, siendo un hecho notorio la insuficiencia de medios, la cuestión jurídica no es la existencia de dicha carencia, que nadie niega, sino si existe una inactividad antijurídica por parte de la Administración.

¿Y qué alega el Gobierno vía Abogacía del Estado? Pues que sus estanterías y las tiendas están vacías de test:

La única obligación que puede imponerse al Ministerio del Interior es de actividad (que ya está realizando) y no de resultado, es decir, la obligación de solicitar en cuanto estén disponibles el conjunto de medios de protección citados (los test de detección rápida).

El juez admite la realidad de las quejas de los policías: «A fecha de hoy no se dispone de los medios de protección individual necesarios y suficientes para que todos aquellos que deben seguir prestando sus servicios lo hagan con la debida protección, existiendo problemas de abastecimiento de los test diagnósticos que determinan si una persona concreta se encuentra infectada del patógeno COVID-19». Pero el tribunal cree que es inútil pedir a la Administración lo que no tiene.

En la medida en que no hay un suministro normalizado, amplio y suficientemente cuantioso de test, con independencia de las causas sobre tal insuficiencia, cuestión en la que la Sala no entra, porque no se plantea en la demanda, no cabe considerar que el dictado de un pronunciamiento cautelarísimo como el que se interesa, pudiera determinar la atención material de la petición planteada con una mayor rapidez de la que se obtendrá por el desenvolvimiento de la actividad administrativa.

El párrafo es jugoso. El tribunal dice que no examina por qué el Gobierno no tiene test para sus agentes porque no le ha sido solicitado. Admite el hecho. No hay. Pero no investiga la causa.

Esta derrota judicial es un símbolo de la España de 2020 bajo la pandemia. La justicia admite que el Estado no puede proteger la salud de sus empleados, en este caso policías, pero vale igualmente para sanitarios. El tribunal sabe que peligra su vida. Pero se conforma porque el Estado, su empleador, dice que no tiene medidas de protección. Lo dice un país puntero. Ninguna empresa alegaría tal insuficiencia de medios. «No encuentro cascos en el mercado para mis obreros». El tribunal sería inexorable. Pero ningún juez investiga por qué el Gobierno de España no tiene cascos (mascarillas, guantes, gafas) para sus obreros. Habrá querellas por material defectuoso, por actos masivos, por negligencias… pero nunca se escudriñará en sede judicial si hubo inactividad jurídica, que dice el tribunal.

Claro, una pandemia es una pandemia. ¿Verdad? Y el Gobierno no podía preverlo. ¿Verdad? «Si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos ahora…», como dice Sánchez. ¿Y por qué la OMS sí lo profetizó el 3 de marzo?: «La escasez de equipos de protección personal pone en peligro al personal sanitario en todo el mundo. La OMS exhorta a industria y a Gobiernos a que aumenten la producción en un 40 % para satisfacer la creciente demanda mundial. Sin cadenas de suministro seguras, el riesgo para los trabajadores sanitarios en todo el mundo es real. Industria y Gobiernos deben actuar con rapidez para estimular el suministro, reducir las restricciones a la exportación y poner en marcha medidas con las que detener la especulación y el acaparamiento». ¿Nadie del Gobierno leía a la OMS? ¿Solo un humilde comisario de Prevención de Riesgos que alertó el 24 de enero de la necesidad de comprar mascarillas para impedir contagios de coronavirus a los agentes fronterizos?

«No podemos detener el COVID-19 sin proteger primero a los trabajadores sanitarios —dice ese día el director de la OMS—. Los precios de esos productos han aumentado desde el inicio de la epidemia de COVID-19. El precio de las mascarillas quirúrgicas se ha multiplicado por seis; el de los respiradores N95, por tres, y el de las batas, por dos. Actualmente la entrega de suministros puede llevar meses y la manipulación del mercado es generalizada: las existencias se venden con frecuencia al mejor postor».

Si Interior ya tenía dificultad de suministros a fines de enero, ¿no alarmó al Gobierno de lo que descubría en el mercado de mascarillas? ¿No hablaban en los consejos de ministros sobre la epidemia que se cernía sobre Europa? La OMS plantea la necesidad de comprar en febrero, en marzo, y la UE plantea una compra conjunta para minimizar la escasez.

Por tanto, como no hay material disponible y la dirección de la Policía ya está en ello, el tribunal entiende que para qué va a exigir a Interior la inmediata adopción de las medidas preventivas que exige la ley. El tribunal cree que es inútil:

Los eventuales requerimientos que pudieran efectuarse en caso de adoptarse las medidas propuestas probablemente quedasen en saco roto ante la situación actual de desabastecimiento.

En definitiva, el tribunal da por buena la desprotección policial. No porque no estén en peligro, sino porque Interior no les hurta tal protección. Es que, a 15 de abril, no la tiene. Y el tribunal no entra a investigar ni penalizar por qué no tiene material meses después de que estalle la epidemia en China y le avise un comisario sobre la necesidad de tales medidas.

Todos los colectivos se van querellando por las compras fallidas o defectuosas. El 23 de abril, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos se querella contra Illa:

La distribución desde el Ministerio de Sanidad de una gran cantidad de mascarillas FFP2 de la marca Garry Galaxy, modelo N95, a distintos Servicios de Salud (partida considerada defectuosa por dicho colectivo), ha sido la gota que ha colmado el vaso. Esta circunstancia se ha visto agravada con posterioridad por la aparición de otras partidas de elementos de protección que tampoco están homologados, lo que pone bajo sospecha la gestión de este tema por parte del Ministerio. Sanidad retiró las mascarillas fake a los 5 días de saber que no estaban homologadas.

CESM, tras la presunta actuación negligente por el Ministerio, poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad, ha acordado interponer QUERELLA CRIMINAL por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores, contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y demás corresponsables. No podemos dejar pasar por alto que más de 32 000 sanitarios están afectados a día de hoy de COVID-19, y el número de fallecidos es inasumible e inaceptable, lo que junto con los datos que conocemos de la evolución de la pandemia en España les debería hacerse replantear la práctica totalidad de la gestión que están realizando al efecto.

Sobre dichas mascarillas la CESM denunciaba lo siguiente:

Estas mascarillas fueron repartidas en los centros de Murcia para el uso del personal sanitario, generando un alto riesgo de exposición al contagio de COVID-19 a todos los compañeros que las utilizaron. CESM ha pedido al Servicio Murciano de Salud que identifique los centros sanitarios en los que se repartieron las mascarillas y realice una PCR a los sanitarios que hayan podido utilizarlas. Resulta inadmisible que las autoridades sanitarias adquieran material que no cumple con las normas y, de este modo, se exponga a los profesionales a un posible contagio. Este hecho se suma a la falta de material de protección desde el inicio de la crisis, lo que ha situado a los profesionales en la más absoluta indefensión y ha provocado un 16 % de sanitarios contagiados en Murcia, teniendo que lamentar, incluso, la muerte de treinta y cuatro médicos en España, dos de ellos en la Región, y cincuenta sanitarios en total.

Días antes, el 20 de abril, la CESM celebra otra victoria judicial.

La Sala III del Tribunal Supremo obliga a Sanidad a hacer lo necesario para conseguir la mejor distribución de los medios de protección al personal sanitario, y a que informe quincenalmente ante la propia Sala de las medidas adoptadas, los medios puestos a disposición de los profesionales sanitarios y la distribución de los mismos entre las comunidades autónomas.

Los médicos están en pie de guerra con el Gobierno que espolea a la población a aplaudirles desde los balcones. Pero como los demás colectivos afectados, creen que la justicia es su único camino para forzar que el mando único, el Gobierno único, los proteja. ¿Cuándo empiezan las compras del Gobierno? Veamos el BOE. Ninguna compra de Sanidad relativa al coronavirus en enero. Ni en febrero. ¿Y en marzo? Vuelta al BOE. Ninguna compra en marzo. Toca mirar abril. No aparece ninguna hasta el 27 de abril. Algunas fueron acordadas en el mes anterior.

El Gobierno no solo no compra. Confisca material que poseen las autonomías y casi lo presenta como la intervención de un alijo de una organización mafiosa. La Junta de Andalucía desnuda lo que esconde el televisado requisamiento de 150 000 mascarillas. Escribe el consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre, a Illa lo siguiente el 17 de marzo:

El presente escrito es para poner de manifiesto la situación de absoluta precariedad en que el sistema público de Salud de Andalucía ha sido abocado tras el requisamiento de 150 000 mascarillas el pasado 15 de marzo a nuestro principal proveedor de dicho material y que mantenía un suministro regular de aproximadamente 200 000 mascarillas semanales.

Por otro lado, nos comunican algunos de nuestros proveedores que han contactado con ellos desde el Ministerio de Sanidad para derivar su producción, incluido los pedidos que teníamos en curso. A pesar de una gestión de compra adecuada a nuestra proyección de consumo ante la actual contingencia, su adecuada distribución y administración de stocks, en este momento apenas tenemos existencias para el resto de la semana y comenzamos a sufrir las consecuencias de dicha escasez, por lo que tanto la seguridad de los pacientes como la de los profesionales se está poniendo en riesgo. El consumo semanal previsto son 250 000 mascarillas quirúrgicas, 30 000 FFP2 y 20 000 FFP3. Ante la situación de extrema gravedad generada exigimos que, desde la responsabilidad asumida por el Gobierno de España, se garantice de manera inmediata a los andaluces el suministro suficiente para atender las necesidades descritas y que por parte de la Consejería de Salud de Andalucía se tenían perfectamente programadas.

El Gobierno central, a tenor de dicha queja, no solo no ha planificado con antelación las compras, sino que rapiña las de sus autonomías. En definitiva, no ayuda. Estorba, retrasa las compras. No solo se queja Andalucía.

El 22 de marzo, los presidentes autonómicos recriminan de forma casi unánime al presidente del Gobierno la falta de material sanitario en sus hospitales. Ya no son solo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó. Las críticas son un clamor de la mayoría de los presidentes regionales. El Gobierno anuncia que negocia la compra de material de protección individual, de más de setecientos respiradores y seis millones de test para detectar el coronavirus. Pero los presidentes no quieren más anuncios de Sánchez. Quieren material. Y no llega. Sus hospitales están al límite y Sánchez ni siquiera les deja comprar. El 23 de marzo, El Correo hace esta radiografía: «La decisión del Gobierno de centralizar la compra retrasa una semana la llegada de material». Y lo desarrolla:

La equivocación más importante y más dañina ocurrió el 10 de marzo, cuando el Gobierno aprobó un real decreto para centralizar la compra de bienes sanitarios. Lo que parecía una decisión lógica (unificar los encargos para acceder a grandes cantidades más rápido y a mejor precio) ha sido en la práctica un desastre. Comunidades autónomas, hospitales y empresas privadas, que ya se habían movilizado buscando material, principalmente en el mercado chino, frenaron en seco sus pedidos, más todavía a partir del 14 de marzo, cuando el Ejecutivo incluyó en el decreto del estado de alarma la posibilidad de requisar todo el material sanitario que hubiera en España (en los últimos días, se han confiscado mascarillas, gafas y guantes en aduanas y empresas).

El 24 de marzo, varios diarios publican que Sanidad dejó escapar una semana antes por inacción una gran compra de material sanitario de China ofrecida por un empresario español:

El pedido, compuesto por millones de mascarillas, centenares de miles de guantes de nitrilo, test de diagnóstico y equipos de protección individual (EPI), estuvo en la mesa del ministerio desde el 11 de marzo y el empresario, tras más de una semana de espera y múltiples gestiones que en su mayoría no recibieron respuesta, lo acabó colocando en otros dos mercados. En los últimos días, distribuidores que se dedican a la venta de productos entre China y España han comenzado a levantar la voz y a cuestionar al Gobierno por no estar sabiendo hacerse en el mercado internacional con material sanitario esencial mientras los profesionales continúan denunciando la falta de equipos.

Poseo un e-mail de un proveedor remitido a Sanidad el 17 de marzo. Hace esta oferta: «Stock de mascarillas, buzos, pruebas de coronavirus y respiradores. Les adjunto un listado de artículos con disponibilidad inmediata en China. A través de la única empresa con stock disponible y todos los permisos necesarios para la exportación de material de China hacia España. Con los precios más bajos del mercado ya que se negociaron hace un mes. Por favor, no pierdan el tiempo». Sanidad le contestó horas después pidiendo oferta económica cerrada y condiciones de cada elemento. Nunca hubo acuerdo. Ofrecía también una aplicación para monitorizar la pandemia en tiempo real.

El lenguaje que leo en esta operación fallida delata urgencias indebidas por Sanidad. El departamento de Illa pide «confirmación de cantidad disponible para fecha de entrega en cuarenta y ocho horas desde que se confirme la operación y suministro posible diario desde este momento». Esto debió escribirlo Sanidad en enero, febrero como muy tarde, pero no un 17 de marzo con la imposible pretensión de recibir un pedido de China en cuarenta y ocho horas. No está encargando una pizza.

Los Ejecutivos regionales ya entonces reclaman que las compras que están realizando se queden en sus centros hospitalarios. Madrid, Andalucía, Galicia y Cataluña acusan al Gobierno de requisar o frenar en aduanas suministros de equipos de protección individual. Hasta las autonomías socialistas se buscan la vida. Para acelerar la compra de mascarillas, batas, gafas, respiradores y camas por once millones de euros, el Consell que preside el socialista Ximo Puig recurre a «un importante empresario chino con arraigo» en la Comunidad Valenciana.

Es difícil deslindar cuántas ofertas se perdieron por negligencia de Sanidad y cuántas por el intento de fraude de empresarios que sabían que el Gobierno estaba inerme por haber acudido tarde al mercado y urgido por unas imperiosas necesidades. Pero el dato innegable es que no hay material de protección para médicos y enfermeras. Y eso enferma y mata. El 25 de marzo el Consejo General de Enfermería denuncia el contagio masivo de sanitarios por falta de material de protección.

El 29 de marzo Sánchez reconoce «cierto retraso» en el aprovisionamiento sanitario. El 30 de marzo el presidente socialista valenciano le da la razón: «Creo que están siendo insuficientes las compras que se están realizando desde el Ministerio de Sanidad. No sé si está prevista la llegada de algún vuelo más por parte del Gobierno de España, pero nos parece que el esfuerzo tendría que ser mayor». El 3 de abril la oposición echa en cara a la Moncloa hacer caso omiso de las alertas de desabastecimiento de la OMS. Cuca Gamarra, diputada del PP, lamenta que Sánchez vaya «por detrás del virus» y «llegue tarde» a las medidas que recomienda la OMS. «Si se hubieran anticipado, hubiéramos ralentizado los contagios», indicó la popular, que opinó que las primeras acciones deberían haberse tomado a finales de febrero o principios de marzo.

Las asociaciones de médicos y enfermeras inician una carrera de denuncias contra el Gobierno por falta de material: el 9 de abril el sindicato de enfermería denuncia ante la OMS la incompetente gestión del Gobierno; la CESM lo hace el 24 de marzo ante la justicia, al igual que el resto de colectivos sanitarios. El 31 de marzo lo hace la CSIF; el 19 de abril lo hace el Consejo General de Médicos; el 23 de abril lo hace el Consejo de Enfermería… Sánchez ha logrado una rara unanimidad y rabia. Lo lleva a los tribunales el mismo colectivo que hace pocos telediarios inundaba con mareas blancas las calles para denunciar la gestión sanitaria del PP.

El 27 de abril se publican las primeras adquisiciones del Gobierno. Todas a dedo. Una parte de ellas fueron adjudicadas el 10 de marzo: compra de mascarillas quirúrgicas por valor de siete mil euros; de mascarillas FFP2 (EPI) por valor de setenta mil euros; y mascarillas FFP2 y FFP3 (EPI) por dos mil euros; guantes por cinco millones y medio de euros… Otras fueron adjudicadas el 20 de marzo: mascarillas quirúrgicas por cinco mil euros. Y otras fueron adjudicadas el 23 de marzo: guantes y batas protectoras por doscientos mil euros. Y así sucesivamente. Todos los contratos llevan similar etiquetado: «Negociado sin publicidad acelerado (Contratos COVID-19). Ofertas, 1», «Justificación: Situación de extrema urgencia».

Sanidad está comprando con cuentagotas el material preventivo. Cantidades ridículas. España tiene seiscientos mil profesionales de la Sanidad y más de trescientos mil miembros de las fuerzas de seguridad que las precisan. Y sale al supermercado sanitario con menos de ochenta mil euros, que no le darán ni para cuarenta mil mascarillas. Las mascarillas no son reutilizables. Y sin contar la población española. Cuarenta y siete millones que no precisan bata, pero sí guantes y mascarillas. Sanidad habla de situación de extrema urgencia y de contratos acelerados cuando se ha puesto a comprar el 10 de marzo, el mismo día que suspende los vuelos de Italia y ultima a voces el estado de alarma y el confinamiento de toda la población.

El 7 de marzo Yolanda Fuentes, directora de Salud de Madrid, se queja de la falta de material en un comunicado interno. La izquierda hará de ella una heroína cuando se niegue a firmar la petición de desconfinamiento de Madrid en mayo. Pero el 7 de marzo su crítica va para el Gobierno central:

Estimados compañeros, como hemos hablado en repetidas ocasiones, nos enfrentamos a una grave situación de desabastecimiento de Equipos de Protección Individual (EPI) que en el caso de la Comunidad de Madrid puede ser crítica esta próxima semana. Hemos estado esperando la compra centralizada a nivel europeo y la de INGESA a nivel nacional, pero han pasado varias semanas y no se han hecho efectivas. Cuando contactamos con las empresas nos indican que no tienen material que cumpla las especificaciones técnicas según el criterio de EPI del ministerio, más después de que muchos países europeos hayan prohibido la exportación de los mismos y las fechas de entrega que nos ofrecen son de al menos tres semanas.

Los proveedores están ofreciendo algún tipo de material que no son EPI, lo que tienen disponible con carácter inmediato, y que están considerados como material sanitario, como por ejemplo las batas de cirugía y mascarillas quirúrgicas, pero estas no cumplen dichas especificaciones técnicas que pide el protocolo del ministerio, y que son las que finalmente exigen los Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de nuestros centros sanitarios. Dada la situación internacional y la prohibición de exportar de algunos países que disponen de fábrica o centrales de distribución, también tienen difícil la entrega de estos materiales sanitarios u otras alternativas tanto en cantidades como en fechas de entrega.

Fuentes plantea varias soluciones:

Que la entidad nacional a la que le corresponde autorice y adecue las especificaciones técnicas al material que realmente tenemos disponible en el mercado dada la situación actual y el riesgo real asociado en cada caso según protocolo asimilándolo a la gripe.

Que se valore la posibilidad de utilizar EPI que ya tiene vencida la fecha de utilización, en el caso que estén disponibles para paliar esta situación.

Valorar la posibilidad real de fabricación de algunos materiales en el territorio español, en fábricas que puedan realizarlo, ofreciendo el apoyo estatal necesario, aunque no sea una solución inmediata.

Exigir a los países miembros de la UE que respeten el espacio único europeo y la solidaridad entre Estados miembros para que los países sin fábricas y centros de distribución dispongan de las mismas posibilidades de proteger a sus trabajadores y pacientes. El problema es gravísimo y necesitamos soluciones inmediatas si queremos que los trabajadores sanitarios puedan seguir realizando su trabajo, no solo para frenar el coronavirus, sino la atención sanitaria habitual.

Muy desesperada tiene que estar una directora de salud y desconfiar de su ministerio para plantearse usar EPI caducados.

El 31 de marzo Sanidad compra el primer suministro de reactivos para la detección del virus SARS-CoV-2, mediante identificación genómica para diagnóstico in vitro por tres millones de euros cuando la OMS y los países asiáticos llevan desde enero recomendando o practicando los test masivos como una de las pocas medidas eficaces contra el sanguinario virus.

Tan tarde como el 20 de abril, más de un mes después del decretazo, el Gobierno inicia la contratación de vuelos para el transporte de mercancías sanitarias del coronavirus. Ese día, 3,5 millones de euros se van volando y no en comprar material sanitario, sino en pagar su transporte aéreo. Casualmente, ese día publicita una compra de test PCR por valor de 3,1 millones, contratados el 31 de marzo a una firma que opera con China.

Y aquí surge una sospecha que se puede hacer extensiva al resto de días de la crisis. Si el Gobierno compra a un intermediario o distribuidor español material chino, ¿por qué además le fleta el vuelo? ¿No debería pagar por el precio final del producto? ¿No puede y debe pagar el importador el precio de importar la mercancía? ¿Qué hacía antes de la crisis del coronavirus este intermediario? ¿Fletaba cada farmacia un avión para importar sus productos? Si este ejemplo cunde, los grandes almacenes pondrán un doble precio en los televisores: precio del producto y, aparte, coste del avión desde Corea o Japón.

Si se asocian ambos precios, los test comprados por el Gobierno por 3,1 millones se pueden poner en el doble. Y el distribuidor tiene cero costes de transporte desde China. El sueño de todo empresario. Pero además de pagar el vuelo, el Gobierno español también paga el almacenamiento y distribución de los productos en España. El 22 de abril ya abona cuatrocientos mil euros por tal concepto. Las empresas abusan de la saturación del mercado. El Gobierno consiente.

El 20 de abril se compran setecientas mil unidades de hisopo con medio de transporte —recipiente de encapsulado— para el diagnóstico de COVID-19 por 4,2 millones. La unidad sale a 6 euros. En internet se hallan desde 0,65 céntimos.

Los respiradores son el elemento clave. El 22 de marzo Sanidad firma la primera compra de equipos de respiración. Paga 36,5 millones. Lo peor no es el precio. Salen a 7210 euros. Apenas son cinco mil unidades. Una por cada cama UCI existente. Una por cada internado en UCI. Es decir, en el mejor de los casos, con eso se doblarían los pacientes con ventilador. ¿Y cuándo se recibirán?: «En un plazo máximo de ocho semanas, aunque la empresa intentará optimizar los tiempos de fabricación a seis semanas». Es decir, los respiradores llegarán casi en junio. Una alegría para los pacientes que sobrevivan. Ese mismo día Sanidad firma el pago de otros 4,2 millones más para comprar respiradores. Pero compra poco y debe llegar con cuentagotas: 10 unidades antes del 5 de abril; 26 antes del 12 de abril; y 138 antes del 19 de abril.

Pero los pacientes graves de coronavirus no esperan a morirse después del 19 de abril. Se mueren ya el 22 de marzo. En el hospital o en su casa. Fallecen donde no hay respiradores. Solo están en las UCI. Y las UCI están saturadas. A pesar de que solo ingresa un 1,4 % de los mayores de ochenta años hospitalizados. El 22 de marzo ya se mueren más de 320 personas al día por coronavirus. El 1 de abril más de 820.

Lo sangrante es que las actas de tales contratos del Gobierno español rezan lo siguiente: «Desde que la OMS declarara el pasado mes de enero que la situación en relación al COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional, los servicios sanitarios soportaron una mayor tensión en el sistema de alertas y en su capacidad para garantizar una respuesta no solo continua sino en su diagnóstico. Además, una vez comenzaron a aparecer los primeros casos de contagio en España, contagios que ya afectaron a personales sanitarios, se puso de manifiesto la necesidad inaplazable de potenciar esta capacidad de respuesta, reforzando los sistemas disponibles». Si la sanidad española ya soporta mayor presión por el coronavirus y duda de su posible respuesta desde enero, ¿por qué Illa se va de compras a fines de marzo? Sanidad se remonta a enero para fechar la crisis, no a la pandemia, decretada el 11 de marzo.

El 27 de abril publicita una compra de 375 000 test PCR por 7,3 millones. El precio por unidad es de 196 euros. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) confirma que los precios de PCR rondan los 100-120 euros. Insólito. El Gobierno compra más cantidad y le sale más caro que al sector privado.

El 28 de abril anuncia la compra de mil aparatos de ventilación a una empresa china por 771 000 euros y, casualmente, el pago de 1,2 millones para «vuelos chárter para traslado de material desde Shanghái a Madrid». Y anuncia una compra de un número indeterminado de mascarillas por valor de 7,5 millones a una empresa con dirección desconocida. Sanidad dice no saber dónde reside una firma a la que escoge y paga a dedo tal cifra, pero sí sabe dónde deben ir los aviones que alquila. Fleta otros ocho vuelos chárter para trasladar material del coronavirus por 7,7 millones. Sanidad debe saber dónde deben volar dichos aviones. Pero tampoco sabe dónde reside dicha empresa: «dirección desconocida». Luego irá poniendo direcciones a tanta empresa ilocalizable. Pero entretanto genera suspense.

Cuando afloran tales contratistas sanitarios homeless, Illa dirá que es un error burocrático. ¿Cómo se puede producir? Si Sanidad sabe a quién debe pagar, ¿cómo puede no saber dónde reside? Solo falta que el BOE donde pone Ingesa (Sanidad) como adjudicador lo anote con dirección desconocida. El 30 de abril, el BOE alumbra más vuelos chárter de la línea COVID-Sanidad por un millón de euros. El mismo día contratan por quince millones kits de detección de COVID. Se publica un segundo anuncio idéntico. Imposible saber si se duplica el contrato o es un error.

El 30 de abril aflora un contrato por valor de 4,3 millones para comprar un millón de hisopos para toma de muestras. Hisopo es el nombre que usa la medicina para nombrar un bastoncillo que se mete en la nariz para tomar dichas muestras. Sale a 4,3 euros el hisopo. Se encuentran en internet con transporte desde 0,65 céntimos. La empresa, según Sanidad, tiene ese día domicilio desconocido. No consta en busca y captura.

Y con esto se nos va el mes de abril del BOE, sin Semana Santa, pero con hisopos solo medicinales. Pocos y caros. Los hisopos de metal que usan los sacerdotes para esparcir agua bendita están confinados. A mediados de mayo siguen floreciendo contratos contra el coronavirus. El Gobierno sigue comprando test reactivos de coronavirus. Lo que llama Sanidad con humor «un plan precoz de detección de casos» con más de 270 000 casos y más de 27 000 muertos.

Contrata nuevos vuelos chárter Shangái-Madrid a la empresa que antes daba sin hogar. Lo publicita el 12 de mayo, otros ocho millones, pero ahora sí sabe que reside en un polígono de Cataluña. Lo mismo distribuye fármacos que Pokémon. Mientras que las empresas tradicionales que operan en España (Iberia, Air Europa, Ryanair, Vueling…) agonizan por las restricciones de vuelos, el Gobierno recurre a empresas cuya sede hay que buscar con drones, aunque publiciten su proyección internacional.

Pero hay algo más inaudito. ¿No puede hacer Defensa un puente aéreo Madrid-Shangái cuyo único coste sea el queroseno dado que aviones y tripulación ya los tiene abonados, vuelen o no? A mediados de mayo Sánchez, que no se apea de su avión estatal ni para asistir a un festival de música, lleva gastados más de treinta millones de euros en fletar vuelos privados. ¿Para cuántas mascarillas dan 30 millones, para cuántos test PCR? No lo dejo en una pregunta retórica. Con treinta millones se pagan más de 1,5 millones de PCR incluso al precio abusivo abonado por el Gobierno. A precio de calle, tres millones. Con treinta millones se pagan más de 11 millones de mascarillas. Pero el dinero público se está yendo por el sumidero de polígonos donde anidan entramados internacionales o empresas desconocidas. ¿No se pueden usar los aviones de transporte de Defensa?

No todo son pagos de avión. Hay que pagar la «coordinación logística y transporte aéreo, ferrocarril y por carretera de los materiales hospitalarios adquiridos por Ingesa en China». Otros 6,5 millones para la misma empresa poligonera. Y 750 000 euros para otra empresa por igual concepto, con la que tiene vínculos. Lo que une el BOE que no lo separen las filiales.

Pero el caso que pondrá contra las cuerdas al Gobierno de Sánchez es la compra de los 640 000 test fallidos a una empresa china. Lo destapan dos queridas y corajudas excompañeras de El País, Ana Alfageme y Elena Sevillano, el 26 de marzo: «Los test rápidos de coronavirus comprados en China no funcionan bien; los laboratorios de microbiología comunican que las pruebas que adquirió el Gobierno tienen una sensibilidad del 30 % cuando deberían superar el 80 %».

El mazazo es demoledor para el Gobierno: «Los muy anunciados test rápidos de coronavirus con los que el Gobierno quería empezar a hacer la prueba a capas más amplias de la población para saber cuál es la dimensión real del contagio en España no funcionan bien […]. Los test rápidos, fabricados por Bioeasy, con sede en Shenzen, uno de los polos tecnológicos del país asiático, tienen una sensibilidad del 30 %, cuando debería ser superior al 80 %», señalan estas fuentes. Uno de los microbiólogos que ha analizado el test chino asegura: «Con ese valor no tiene sentido usar estas pruebas».

Pero lo que podría haber sido, sin más, una compra masiva fallida, que no es poco error por el volumen y el momento, se complica porque el Gobierno envuelve la compra en el más absoluto oscurantismo. No quiere decir cuánto ha pagado ni quién es su distribuidor español. Y no aclara cuántas unidades habían llegado ya a España y han sido devueltas. Parecen rondar las 58 000. Pese al fiasco, Sanidad no denuncia a los autores del desaguisado ni cancela el contrato. Sigue adelante con la promesa china de que Bioeasy enviará una nueva partida.

El 26 de marzo surge un problema insalvable. Sánchez recibe un bofetón de Pekín. China dice que Bioeasy, que vendió a España test no válidos, no tiene licencia.

China acusa a Sanidad de comprar a una firma pirata: «La compra de materiales sanitarios anunciada por el Ministerio de Sanidad a China está en curso y estos suministros no han salido aún de allí. Para esa compra —explica— China ofreció a España una lista de proveedores clasificados, en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida». Bioeasy hace llegar una carta al Gobierno español en la que explica que tiene los permisos para exportar a la UE. Sanidad difunde dos permisos que supuestamente lo demuestran. Se trata de homologaciones de certificadoras europeas que no analizan la calidad del producto, sino que se limitan a revisar la documentación.

Pero esa segunda parte, que llevar sello CE no verifica la calidad del producto, no la explica el Gobierno:

El Gobierno adquirió una partida a un proveedor nacional, que los importaba de China y cuyo producto cuenta con el marcado CE. España se guía por la normativa de la UE y, por tanto, si un producto cuenta con la homologación europea, se puede comercializar y comprar en todo el espacio comunitario. Además, por parte del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se analizó la documentación aportada por la empresa respecto a los estudios clínicos realizados por el fabricante chino. También se comprobó que no existía ninguna alerta sobre este producto (…) y en cuanto se detectó una escasa sensibilidad, se dio orden inmediata de retirada; y se contactó con el proveedor que lo va a sustituir por otro tipo de test. Esta operación se inició antes de que las autoridades chinas facilitaran nuevos listados de sus proveedores al Gobierno de España. En ningún caso consta información sobre la empresa china que, según la embajada, no cuenta todavía con la licencia correspondiente en China. Por parte del Ministerio de Sanidad sí se hicieron comprobaciones sobre la fiabilidad del proveedor nacional.

Dialogo con la homologadora europea de Bioeasy, Teresa Batet, de la firma Qarad, para esclarecer qué significan esas supuestas garantías de llevar marcado CE.

—He leído que hay productos que pueden adquirir el marcado CE porque simplemente lo adoptan unilateralmente; otros porque realizan test en sus propios laboratorios y otros son testados por algunos de los países de la CE. ¿Cuál es la situación de los test rápidos de Bioeasy? ¿Cómo, cuándo y dónde fueron testados y certificados? —le pregunto.

—Según la normativa europea actual para dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (IVD), estas pruebas no requieren certificación. Son los llamados productos de autodeclaración, a veces erróneamente llamados autocertificación. El fabricante, en este caso Shenzen Bioeasy Biotechnology, declara bajo su propia responsabilidad que los productos cumplen con los requisitos europeos. De hecho, hay requisitos que se deben cumplir, pero no hay verificación previa a la comercialización de si el fabricante cumple con los requisitos. En otras palabras, no hay aprobación de ninguna organización, agencia… antes de que el producto pueda comercializarse. Por lo tanto, palabras como certificación, certificado, aprobación, homologación… se usan incorrectamente porque simplemente no hay certificación, homologación o aprobación. Mi compañía Qarad actúa como el representante autorizado de Shenzen Bioeasy Biotechnology, como lo hacemos para aproximadamente otras noventa compañías. Nuestra función como representante autorizado es notificar los productos de nuestros clientes a la autoridad competente de nuestro país, que es Bélgica. Esto abre todo el mercado de la UE. Hacemos eso después de recibir la declaración de conformidad del fabricante. No aprobamos ni certificamos ni homologamos nada. Es un proceso administrativo que, para empresas no pertenecientes a la UE, debe ser realizado por un representante autorizado en la UE. No somos más que una especie de cartero que entrega la declaración de conformidad a las autoridades.

Batet es una cartera amable y sincera. Bioeasy dice que cumple con los requisitos de la CE. Nadie más lo dice. Nadie lo garantiza, en contra de lo que insinúa el Gobierno. Me recuerda una enseñanza de un auxiliar de notaría: «Hay anuncios en los que una persona dice “huele a rosas” para probar la eficacia de un ambientador a pesar de que está rodeado de sardinas. Y se añade como garantía del producto: este anuncio ha sido realizado ante notario. La gente cree que el notario garantiza que huele a rosas a pesar de las sardinas. No, lo que el notario certifica es que hay un fulano que dice que huele a rosas».

Primer enigma resuelto. Solo Bioeasy dice que sus test huelen bien cuando sus resultados huelen mal. Queda el mayor. ¿Y quién es el importador y en qué lugar se enamoró Illa de él? El 21 de abril, El Mundo lo desvela: Interpharma. El 22 canta el Gobierno: «Sanidad contrató los 659 000 test defectuosos para el diagnóstico del coronavirus por un total de 17,1 millones de euros a través del laboratorio farmacéutico Interpharma, empresa que asegura haber devuelto ya el importe “íntegro” abonado por el Gobierno». En un comunicado, este laboratorio farmacéutico catalán asociado explica que adquirió los test a través de la empresa china Shenzhen Bioeasy Biotechnology, que contaba con licencia para exportar a la UE:

Dada la situación de emergencia y urgencia y la escasez de estos productos en el mercado, se bloqueó la mayor partida posible para garantizar el suministro futuro, en previsión de que estos test pudiesen ser una buena alternativa para la detección precoz del COVID-19 y se enviaron las primeras partidas, que serían testadas.

Tras recibir los primeros lotes, el Gobierno español hizo sus comprobaciones y estimó que los test no ofrecían los resultados esperados. Cuando nos fue comunicada esta situación se procedió al abono íntegro del importe satisfecho en virtud del acuerdo, asumiendo esta compañía todos los costes generados por el suministro y aun antes de haber recibido los lotes de test suministrados.

El coste total de estos 659 000 test ascendía a 17 143 885 euros y el contrato contemplaba cuatro entregas y un primer pago del 35 % del total del pedido, cuyo importe ascendía a 6 millones de euros, mientras que el resto de pagos se realizaría durante las entregas parciales en un plazo máximo de veinticuatro horas.

«El pasado 8 de abril, y tras recibir las dos primeras entregas, Sanidad envió un burofax a Interpharma en el que le informaba de que después de realizar los correspondientes estudios de fiabilidad de los test suministrados, la sensibilidad de estas pruebas era “muy inferior” a la que indicaba la validación clínica (más del 80 % de sensibilidad y un 99 % de especificidad). Por ello, Sanidad rechaza los test y le reclama a Interpharma la recuperación del precio satisfecho hasta la fecha, que ascendía a 6 998 035 euros. El 17 de abril tiene lugar el reintegro de esta cantidad por parte del laboratorio catalán». Hasta aquí la versión del Gobierno. España, por fin, ya sabe quién es él, el intermediario español de los test fallidos, tras las evasivas de Illa («no lo oculto, pero no se lo digo»). Pero sigue ignorando en qué lugar se enamoró de él. Dice que es proveedor sanitario habitual. Pero no tiene contratos en el BOE en los últimos años. La última compra data de 2011. No es extraño. Vende productos que Sanidad no financia. Leamos lo que publicita:

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John-Oliver Staib Natalicchio es el administrador único de Interpharma. En 2018, según sus últimas cuentas, tuvo un beneficio de apenas 37 421 euros. Y el patrimonio de la empresa es de 3,8 millones. Dios, o sea Illa, le viene a ver cuando le contrata por 17 millones de euros. Su actividad la desarrolla en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona. Pero el 19 de octubre de 2017 traslada su domicilio social a Madrid. Staib ha participado en negocios inmobiliarios, compra de metales y minerales y publicidad. Seguimos sin saber si fue una leche corporal o un mineral lo que atrae la atención de Illa hasta este proveedor para comprar test chinos cuando la pandemia asolaba España. Algunos ven sospechoso que la empresa actúe en Cataluña, donde Illa ha ejercido su carrera política. Y otras empresas estrambóticas escogidas por el Gobierno también operan desde Cataluña. Pero hay empresas ubicadas en los bajos de un edificio de Granada que también reciben contratos millonarios con apenas tres mil euros de capital. ¿Cuál es el ministro sospechoso?

No me gustan los lanzamientos gratuitos de acusaciones de corrupción. Sin pruebas. Incluso cuando hay corrupción en contratos es casi imposible probarlo. Siempre parece más sospechoso cuando todo se hace en secreto y a dedo como ha ocurrido durante la pandemia. Los contratos son millonarios. No hay concurso. Nadie sabe qué quiere contratar el Gobierno, ni cuándo, ni qué hay que ofrecer. No hay ofertas. Solo una en cada caso. No hay ponderación de ofertas para ver cuál es más barata o eficaz. Y, por tanto, nadie sabe por qué de los miles de empresas existentes el Gobierno elige una para cada ocasión. En un polígono de Cataluña o en un bajo de un pueblo granadino. Una treintena de empresas en todo el proceso se meriendan mil millones. Muchas son extrañas. Minúsculas. Rozan la insolvencia.

Quizá una futura investigación de Anticorrupción me desmienta. Pero durante la pandemia el Gobierno más parece víctima de intermediarios abusivos que le multiplican los precios. Está noqueado. Va de estraperlista en estraperlista dando tumbos. Paga lo que le dicen, chitón, y da gracias. Está cara a cara con la mafia por acudir tarde al mercado sanitario. Sufre lo que le vaticinó la OMS.

Peor que la corrupción es la ineficacia. La corrupción no mata. La ineficacia sí. Buena parte de las compras del Gobierno son defectuosas. Le han timado doblemente: paga caro por productos que no venden ni los colmados chinos del todo a un euro.

Pero igual que no lanzo acusaciones de corrupción por falta de pruebas a fecha de hoy, sí existe un elemento sospechoso, denunciable. Si un proveedor entrega material defectuoso está provocando la muerte de españoles. Si es malo, no protege, y si tiene que reponerlo, suma retrasos. Los sanitarios enferman por falta de EPI o por usar mascarillas fraudulentas. Y, en cadena, infectan a parientes o amigos. O a visitantes del hospital.

Los ciudadanos no son testados porque los kits llegados son basura. Hay que esperar nuevas largas semanas. Aumentan su riesgo de morir y contagiar. El Gobierno ha tenido opciones para plantear querellas contra sus proveedores por fraude «con resultado de muerte». Hay voces que plantean elevar igual tiro hacia el Gobierno por su responsabilidad jurídica, no solo política, en tal negligencia y posterior pasividad. Y en mayo de 2020, ya han florecido más denuncias contra el Gobierno por esta cuestión que amapolas.

En algunos contratos no pone fecha de entrega cuando se contratan doscientos respiradores: «Una de las necesidades del mencionado procedimiento es dispositivos de ventilación mecánica a disposición de las unidades de cuidados intensivos en las que muchos de los pacientes afectados por el COVID-19 se encuentran ingresados. Tener a disposición del Sistema Nacional de Salud equipos debe considerarse como una prioridad en estos momentos que permitiría proporcionar a los pacientes en los centros hospitalarios, especialmente los casos más graves, la asistencia adecuada». Escrito el 6 d abril. Con el sistema sanitario desbordado, singularmente las UCI.

Por tanto, urge recibir el material. No vale que se entregue en 2021. No son compras para mejorar la sanidad española. Es para salvar pacientes graves en el peor pico de una pandemia, no para cuando finalice tal crisis. ¿Qué garantía tiene Sanidad de entrega?: «Se entiende que la empresa indicada responderá a la situación de emergencia de salud pública de forma adecuada y con la premura que dicha situación requiere y, por ello, ha sido seleccionada», reza el contrato. Esa empresa de un pequeño pueblo granadino va a recibir casi diez millones por doscientos respiradores. Y el Gobierno se fía de una empresa con un capital de tres mil euros que vende suplementos alimenticios. En julio, Sanidad aún no ha recibido diez ventiladores comprados en marzo por medio millón. Y ha recibido partidas de gel defectuosas.

Otras veces el plazo de entrega sí existe. Pero es infinito. El 30 de abril se formaliza la compra de medio millón de test rápidos: «La situación creada ha hecho que a nivel mundial se incremente la demanda de material de protección para el abordaje del virus. Esta circunstancia ha desbordado la capacidad de producción de las factorías dedicadas a este equipamiento. Por ello y a fin de garantizar la disposición de estos dispositivos en un plazo razonable se hace necesario la formalización inmediata de compromisos con las empresas comercializadoras».

¿Qué es un plazo razonable para el Ejecutivo en plena pandemia?: «La primera entrega (100 000 unidades) se acuerda para el 1 de junio. Un mes después de contratarlo. Las siguientes deben llegar el 8 de junio (100 000), el 15 de junio (150 000) y el 22 de junio (150 000)». Es decir, hasta casi dos meses después no van a estar todos los test rápidos comprados. Dos meses en una pandemia, que hace entonces de España la campeona mundial de tasa de contagios y muertos, es una eternidad. En mayo, España ya ha sido semidesconfinada, en junio totalmente. ¿Quiere instalar Sánchez respiradores en playas y terrazas en junio dado que las UCI se van vaciando?

Pero ni siquiera este plazo de entrega es firme: «Ninguna de las partes será responsable por cualquier incumplimiento o retraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si y en la medida en que el incumplimiento o retraso sea causado por fuerza mayor. El tiempo para el cumplimiento de una obligación afectada por fuerza mayor se extenderá por un periodo que refleje el impacto del retraso causado por la fuerza mayor. Si una causa de fuerza mayor persistiera por más de veinte días naturales, las partes tendrán el derecho a rescindir este contrato». Es digno de Groucho Marx: la obligación afectada por fuerza mayor dura lo que dure la fuerza mayor. Total, el pedido puede demorarse hasta julio. Pero el Gobierno no puede hacer ya otra cosa. Venderá que ha adquirido medio millón de test como si fueran a llegar mañana. Medio millón de test que no llegan son medio millón de españoles desprotegidos dos meses. Y sus contactos.

A fines de abril, el Gobierno lleva gastados más de trescientos millones, un tercio de lo habilitado. Unos contratos añaden IVA, según la fecha, otros no, algo que elimina el Gobierno el 22 de abril para las compras públicas. Empresas chinas que facturan 244 millones tienen el detalle de exigir al Gobierno el pago por adelantado. El listado del mercado chino ronda la decena de empresas. España importó el virus de China y luego la solución. La solución china le costó al Gobierno más de 547 millones en pagos a empresas del gigante asiático. Y sin contar los pagos a empresas españolas que importaban de China. Esto multiplicaría tal cifra de pagos a China. La mayor distribuidora española, con el 75 % de los encargos de Illa hasta facturar más de 260 millones, importa su material de China. Como casi todos. Lo de menos es si radica en Sant Cugat del Vallés (¡oh, la pista catalana!), ni si ha tenido pleitos por estafa. Lo de más es si el Gobierno no está sufriendo una estafa masiva pagando triplemente por los productos: al intermediario español, al del avión y al empresario chino.

Y encima el Gobierno se gasta 4,5 millones de euros en publicidad sobre el coronavirus. Es decir, para que se encargue de la compra de espacios publicitarios en medios de comunicación con motivo de la difusión de una campaña de información con la que el Ejecutivo tratará de sensibilizar a la población sobre la enfermedad. ¿Hay que pagar por inocular el lema «Quédate en casa»?

¿Es opcional quedarse o no? Un Gobierno que no abandona la pantalla ni en directo ni en diferido. Ni laborables ni festivos. Y riega con quince millones las televisiones. Son modos de hacer amigos cuando los medios de comunicación naufragan con una paradoja: más audiencia que nunca, menos publicidad que nunca. En fin, mil millones presupuestados y casi gastados en abril de 2020 por una pandemia que no iba a llegar. Si no hubiera llegado, o hubiera llegado mitigada con medidas preventivas tempranas, nos habríamos ahorrado tal suma. Y más de 270 000 enfermos y más de 40 000 muertos. El tiempo dirá si en estos contratos, además de potencial amiguismo y negligencia, ha habido beneficio propio. Buena parte de este material no servirá para proteger a futuros contagiados. Ni llegará al otoño. Es material desechable. Como la gestión sanitaria.

La CESM radiografía la gestión del Gobierno en su querella:

Ni todo es fuerza mayor, ni en ella cabe todo, y con independencia de las dificultades de adquirir en los mercados internacionales productos sanitarios, productos de protección para el personal sanitario, tanto la falta de previsión, como la negligente actuación en su adquisición, así como en su recepción, verificación, distribución y entrega al personal sanitario, dependiente de las comunidades autónomas, no es, ni puede subsumirse en un escudo jurídico, de que todo es producto de esa fuerza mayor, y ni por atisbo en «caso fortuito».

En la vorágine de adquisición de materiales sanitarios de toda índole, y especialmente de protección individual del personal facultativo por concreción, y sanitario por extensión, se procedió a adquirir de la empresa de nacionalidad china Garry Galaxy las mascarillas FFP2 N95, de las cuales al parecer y conforme a la propia normativa acordada por el Ministerio de Sanidad debieron ser remitidas diversas muestras al INSTITUTO DE SALUD CARLOS III, sito en Madrid, a fin de que procediesen a testar sus características y que las mismas eran las adecuadas para la función de protección, con el nivel adecuado, para el personal sanitario expuesto al contagio del COVID-19, para realizar labores propias de cada una de las profesiones afectadas y de los médicos en general, remisión a dicho Instituto que no ha sido posible constatar por medio de la consulta a los portales del Ministerio de Sanidad.

Desde el día 5 de abril se usaron por los facultativos y otro personal sanitario, en la atención de pacientes contagiados por el COVID-19, y su uso perduró hasta el pasado día 17 de abril al menos.

El defecto advertido en las N95 (que filtran el 95 % de las partículas frente al 92 % de las FFP2) es que permitían la «penetración del material filtrante frente a aerosol» después de 3,5 minutos. Unas deficiencias que dejan a la intemperie y sin la protección prometida al personal que suele utilizar las N95 o las FFP2 como son los sanitarios de las unidades de cuidados intensivos (UCI) o urgencias, informe que solicitamos desde este momento para su aportación a autos.

Según ha trascendido públicamente, el cargamento llegó a España y fue rápidamente distribuido por hospitales y centros sanitarios de toda la geografía nacional. Sin embargo, el pasado 15 de abril, casi un mes después de la adquisición y después de que varias autonomías advirtieran de que las mascarillas Garry Galaxy no cumplían con la normativa de seguridad, fueron retiradas. Se desconoce la cifra exacta de médicos, enfermeros, celadores y otros profesionales de la sanidad que han llegado a usarlas, si bien en distintas fuentes periodísticas se ha llegado a afirmar que existen decenas de trabajadores afectados; solo en Galicia se habrían producido setenta y seis contagios.

Posteriormente, la directora general de Cartera Común, Patricia Lacruz, emitió un informe para dejar constancia del defecto detectado en las mascarillas y anunciar que su departamento había decretado el «cese inmediato de suministro de cualquier tipo de material del fabricante Garry Galaxy». Una parte no especificada de esos 2,1 millones de ejemplares suponía un serio riesgo para el personal médico, por cuanto descubrió que las mascarillas con envase de color verde solo tenían una capacidad de frenar la filtración del 70 %, muy lejos del 92 % mínimo para ese nivel, y se decidió su inmediata retirada por su total ineficacia, estando siendo usadas por el personal sanitario, con grave peligro para estos y los propios pacientes.

Las mencionadas mascarillas fueron repartidas a las comunidades autónomas, sin tener las cifras exactas pues no se han publicado de manera oficial y, por ejemplo, 70 000 unidades se ha afirmado que se han entregado a Andalucía.

Es decir, el Gobierno, en concreto el Ministerio de Sanidad a través de su querellado, responsable de adquisición del material sanitario, no siguió el procedimiento establecido de previo análisis que garantizase su eficacia. Del mismo modo, en la Comunidad Valenciana se ha constatado que los profesionales sanitarios de cinco departamentos han usado 1063 mascarillas defectuosas de las 16 000 remitidas por el Ministerio de Sanidad y que han sido retiradas por no cumplir con la normativa europea exigida para protegerse contra el COVID-19.

Las protecciones que se tuvieron que retirar se enviaron a cinco hospitales de referencia valencianos. Las mascarillas se utilizaron en días muy distintos según los hospitales. En algunos el 6 y el 7 de abril, en otros el 9 y el 10 y, en el caso concreto de la UCI del Hospital Clínico de Valencia, una treintena de profesionales las usaron entre el día 10 y el 13 de abril, por lo que estuvieron trabajando al menos dos días con material defectuoso, con el consecuente riesgo de contagio de ellos mismos y de su entorno más cercano, tanto laboral como familiar.

La falta de control en su recepción, la falta de verificación de su idoneidad, su entrega, y posterior tardía retirada, son acciones y hechos que, de resultar probados y ciertos, desde la más absoluta falta de diligencia, han puesto en grave riesgo a todo el personal receptor de las mencionadas mascarillas.

La entrega al personal sanitario de las mascarillas defectuosas equivale a no dar, no entregar, no cumplir con las obligaciones que le impone la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al empresario, en este caso al Gobierno de la Nación.

La CESM no solo se querella contra Illa. Demanda a la Conselleria de Sanitat valenciana el 6 de mayo por someter a los trabajadores a riesgos laborales por su absoluta desprotección y consiguientes perjuicios. Merece la pena leer un resumen de su demanda. Por encima de su contenido jurídico, es un magnífico relato de hechos del calvario sanitario:

El 26 de marzo de 2020 el Juzgado al que me dirijo dictó auto acordando la adopción de las medidas cautelares solicitadas, estableciendo: «Requiérase a la Consejería de Sanidad a fin de que con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, provea a todos los centros sanitarios (hospitales, centros de salud, SAMU y PAC…) de la provincia de Valencia, de batas, mascarillas FFP2 y FFP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores grandes de residuos para garantizar la salud y protección de los citados profesionales sanitarios». La conselleria recurrió, pero se confirmó dicho auto. Y se dio 4 días a la conselleria para cumplirlo.

Ante el incumplimiento acreditado de las medidas y por ende del Auto referenciado, por parte de la Conselleria de Sanitat, nos vemos obligados a interponer la presente demanda en los términos que a continuación se exponen. Según el Informe de fecha 25 de marzo de 2020 del Comité de Bioética de España, emitido a petición de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Asuntos Sociales, debe priorizarse el reforzamiento del sistema de salud y en especial de sus profesionales. El personal sanitario que atiende a los infectados por el coronavirus SARS-CoV-2 según las estimaciones de la OMS publicadas en Operational support & logistics disease: Commodity Packages (Tabla 1 y Tabla 2) el 6 de marzo de 2020 establece que se precisa por paciente y día:

Batas: 25 unidades.

Mascarillas médicas: 25 unidades.

Equipos de protección respiratoria (N95, FFP2 o equivalente): 1 unidad.

Guantes no estériles: 50 unidades.

Gafas o protector facial: 1 unidad.

Por otro lado, existe un criterio fijado por los ministerios de Sanidad y de Trabajo y Economía Social denominado Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al coronavirus (SARS-CoV-2) del Ministerio de Sanidad del 26 de marzo (última revisión del 8 de abril), que establece que resulta obligatorio facilitar a dicho personal en contacto estrecho con pacientes con probable exposición o confirmados, especialmente, al personal de los servicios de urgencia, UCI, SES, personal de los servicios hospitalarios en los que esté previsto el aislamiento de los casos y el personal de atención primaria y continuada que intervenga en la atención inicial de los casos en investigación, de los medios de protección de carácter colectivo y personal que les permitan ejecutar su actividad en las mejores condiciones de seguridad.

Tanto para el personal con alta probabilidad de exposición como para el que el Ministerio de Sanidad llama de «probabilidad baja», requiere de EPI de protección biológica y para el de alto riesgo, en determinadas circunstancias, EPI de protección frente a aerosoles y salpicaduras. Según el documento de Información científica-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19, actualizado el 17 de abril de 2020 (página 10), elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Ministerio de Sanidad reconoce que: «En la fase inicial del conocimiento de la enfermedad, aunque la transmisión comunitaria era inexistente o muy baja, el desconocimiento de la transmisión de la infección a partir de casos asintomáticos pudo generar casos entre sanitarios indebidamente protegidos».

Es de dominio público que a fecha de hoy, 5 de mayo de 2020, la cifra de personal sanitario contagiado asciende a la increíble suma de más de 43 000 empleados públicos a nivel nacional, y según datos de la Conselleria de Sanitat, a nivel autonómico se han visto afectados 4752, y a nivel de la provincia de Valencia, 1957, es decir, casi la mitad, y ello sin haber contabilizado a personal de la privada, de residencias y otras actividades que no se tienen en cuenta en dicha estadística oficial, añadiendo que igualmente como todo el mundo conoce, es vox populi que desde hace escasos días, y tras más de seis semanas desde la declaración del estado de alarma, se están iniciando los test PCR al personal sanitario, por lo que es indudable que la cifra aumentará incluso aún más. La administración sanitaria ha infringido gravemente casi todas sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales situando a sus trabajadores en una posición de vulnerabilidad y poniendo en riesgo su salud y su vida, la de sus familias con las que conviven, así como la de los pacientes que atienden.

Los profesionales sanitarios adscritos a la provincia de Valencia se han visto desprovistos y carecen de todo un conjunto de medidas y elementos recomendados por la OMS y Sanidad, necesarios para realizar su trabajo en condiciones mínimas de seguridad. Están trabajando sin esos medios de protección, lo que los ha obligado a recurrir al ingenio para improvisar EPI con pantallas faciales de fabricación propia, gafas de buceo, batas impermeables realizadas con plásticos de toda índole, bolsas de basura, bolsas de fertilizantes, etc., y que mucho del material de protección recibido ha sido gracias a la solidaridad de empresas privadas y particulares que a través de multitud de donaciones y acciones altruistas han servido para paliar la inexistencia de material de protección, siendo ese material en muchas ocasiones de fabricación casera y no estando homologado, no ha sido adecuado para la protección de los empleados públicos de la sanidad, los cuales han estado en primera línea de batalla, desprovistos de toda coraza que evitase o redujese el riesgo de contagio, así las escandalosas cifras de contagiados y afectados.

La administración sanitaria manifiesta públicamente que la reposición de los equipos de protección es constante e intenta justificarse en ruedas de prensa ante esta falta de medios de protección, manifestando que el material insuficiente es «por culpa del Ministerio». Argumentan que se han realizado compras masivas, pero «… los pedidos no llegan porque los mercados están saturados», pero en ningún momento HA JUSTIFICADO a lo largo del tiempo que llevamos desde la declaración del estado de alarma, que ha entregado a cada uno de sus profesionales sanitarios el kit completo de protección, hecho que ha sido denunciado por todas las organizaciones de profesionales sanitarios. Esa actuación, como mínimo negligente, ha ocasionado un contagio masivo de sanitarios, siendo la provincia de Valencia en una de las que más sanitarios se han visto afectados por el COVID-19.

La realidad es que la falta de medios es constante, nuestros médicos están en muchos puestos desprovistos de material. Hemos tenido que sufrir, desde MASCARILLAS SIN HOMOLOGAR y CADUCADAS, BATAS CON CUCARACHAS o las denominadas MASCARILLAS BRASILEÑAS (PFF2, que son para albañilería), habiendo sido reconocido que han utilizado estas mascarillas incluso profesionales de la UCI, que atienden a los enfermos por COVID-19. El profesional sanitario que las usa cree estar protegido cuando en realidad está vendido. Muchos profesionales sanitarios han declarado que han salido a combatir el virus «a pecho descubierto», los han mandado a «un matadero». Pero la falta de protección no solo es insuficiente a nivel hospitalario, sino también en los Centros de Atención Primaria.

La mayoría de sanitarios que han fallecido en España a consecuencia del COVID-19 son del primer escalón de la sanidad, hecho que ha ocurrido por esa falta de protección.

Tras más de seis semanas desde la declaración del estado de alarma, a fecha de hoy siguen sin entregar al personal sanitario el material adecuado; así, recientemente han sido las mascarillas no homologadas de la empresa Galaxy Garry, a continuación las mascarillas brasileñas y las batas con cucarachas y en este momento los Servicios Especiales de Urgencias, que aún siguen sin recibir material adecuado y utilizan todavía para su protección gafas de buceo de Decathlon.

En el caso del personal sanitario no podemos olvidar que dicho colectivo no ha abandonado el puesto de trabajo, ha actuado con absoluta profesionalidad y vocación al estar en juego la salud de la población, entendiendo que la salud de la población está por encima de la suya.

Se ha incumplido la Ley de Prevención. Es obvio, no solo por lo relatado anteriormente, sino porque el propio presidente de la Generalitat, el día 22 de abril de 2020, pidió perdón al personal sanitario, en el atril de las Cortes valencianas, por no haber llegado a tiempo para dotarlos de material de protección que se merecían y reconoció que no fueron conscientes del alcance que iba a tener la expansión del COVID-19. Esa falta de protección se ve plasmada en los datos que facilita el Ministerio de Sanidad, y que a fecha de 25 de abril de 2020 se habían contabilizado 35 295 sanitarios infectados, el 20 % de toda la población infectada, siendo España el país del mundo con más personal sanitario infectado y nuestra comunidad autónoma una de las de mayor afectación, estado incluso por encima de la media. Y a fecha de 2 de mayo son más de 43 000 profesionales los afectados, cifra a toda luz escandalosa y sin precedentes.

La CESM pide indemnizar por los daños sufridos. El relato de hechos vale para toda España, en mayor o menor medida. El Gobierno y las autonomías, ricas y pobres, abandonan igualmente a su ejército sanitario. España debe a los sanitarios algo más que un aplauso. EPI, indemnizaciones por daños laborales e inversiones. Han ido a la guerra sin escudo.

Capítulo 10
Alemania prepara sus test un mes antes de tener infectados

España es campeona mundial de infectados y muertos en mayo de 2020. ¿Por qué? Cuesta hallar estudios comparativos: qué hizo cada país para triunfar o fracasar ante la pandemia. No obstante, intentaré arrojarte un semillero de datos. Proceden de la OMS, informes publicados, opiniones de expertos y noticias de la prensa. En este capítulo nos vamos con el virus a Alemania.

Alemania el 1 de febrero tiene siete casos. España, un caso. No registran fallecidos. Parten de una situación similar. El 20 de mayo, pese a su mayor población, Alemania tiene solo 176 007 infectados y 83 muertos. España registra ese día 232 778 afectados, que suman más de 300 000 si se cuentan los positivos sin síntomas. Y muertos, como mínimo 27 778. Un mes después, en junio, las cifras se alejan más. Doy datos recogidos por la UE.

España: infectados, 239 410; muertos, 34 644; infectados por 100 000 habitantes, 396,2; muertos por 100 000 habitantes, 57,3.

Alemania: infectados, 192 079; muertos, 8927; infectados por 100 000 habitantes, 231,6; muertos por 100 000 habitantes, 10,8.

Estas diferencias entre Alemania y España aumentarían si sumáramos los muertos reales españoles (más de 43 000 a fines de junio) y los infectados reales (más de 300 000 si se computan los positivos por test rápidos que el Gobierno oculta). Si se cuentan todos los casos de contagio la diferencia es abrumadora: Alemania, 2307 casos por millón de habitantes. Y España, 6292 casos por millón. La cifra de muertos por millón es elocuente incluso con los datos oficiales de Sanidad. Alemania tiene 107 fallecidos por millón y España 606. Y si contamos los 43 000 muertos del MOMO, España tiene 1000 muertos por millón frente a 107 de Alemania.

La explicación simplista es que Alemania es más rica, tiene mejor sanidad y el PP no la recortó. Pero la inversión sanitaria alemana no triplica la española hasta explicar que tenemos el triple de tasa de infectados. Ni el gasto sanitario alemán multiplica por diez el español hasta justificar que decupliquemos su ratio de muertes. Sí, Alemania poseía mejor ejército sanitario. Pero no diez veces superior. Simplemente, lo empleó mejor y más temprano. Angela Merkel hizo caso a sus asesores. Solo hay un modo de derrotar al virus: test masivos en cuanto se detecten los primeros contagios. Eso permite cuidar a los pacientes en su primera semana de contagio. Y este detalle salva miles de vidas. Merkel preparó una ofensiva de test un mes antes de tener infectados. Veamos las claves del milagro alemán.

7 de febrero de 2020. El Gobierno emite recomendaciones oficiales contra el coronavirus: higiene manual, etiqueta respiratoria y distanciamiento físico al estornudar y toser.

17 de febrero de 2020. Reitera recomendaciones sobre higiene respiratoria durante el carnaval.

2 de marzo de 2020. El Ejecutivo alemán recuerda a la nación las recomendaciones sobre higiene de manos, distanciamiento físico y respiratorio. La información del brote se comunica regularmente en las sesiones informativas del Instituto Robert Koch (IRK). Es la institución científica central del Gobierno para enfermedades contagiosas. El responsable del IRK es Lothar Wieler. Pero el Simón germano, a diferencia del español, no da luz verde a su familia para acudir a manifestaciones.

16 de marzo de 2020. Cierran las escuelas, guarderías, universidades e instituciones culturales. Y todos los lugares de cultura, ocio, alterne y deporte. Restaurantes, cafeterías y hoteles pueden abrir desde las 6.00 hasta las 18.00 horas.

17 de marzo de 2020. El Gobierno federal aconseja a sus ciudadanos que se queden en casa, que mantengan distancia de los demás, que eviten el transporte público, reuniones públicas y compras durante las horas pico. Recomienda el teletrabajo y no viajar dentro del país. Y que eviten el contacto con individuos vulnerables (mayores y personas con afecciones crónicas). Cuando España lleva ya dos días bajo el estado de alarma, el Gobierno alemán solo aconseja a su población.

20 de marzo de 2020. Baviera declara el toque de queda.

22 de marzo de 2020. Merkel y todos los jefes de los estados federales acuerdan restricciones más drásticas en todo el país. No llegan al confinamiento de Baviera ni a las restricciones de movilidad de Sajonia (se permite salir de casa en determinados casos). La mayoría de los estados federales acuerdan prohibir las reuniones públicas de más de dos personas, pero habrá excepciones para las familias y los que convivan.

Cuando Alemania vive como una gran restricción impedir una reunión de más de dos personas, en España un matrimonio no puede ir junto al supermercado. Ni celebrar reuniones familiares. En Alemania, el contacto general con otros debe reducirse al mínimo. Y se debe mantener una distancia de 1,5 metros cuando se esté en público. En España no hay posibilidad de tal choque en la calle, salvo en la cola de los supermercados o farmacias.

Otras cosas sí coinciden: los negocios de gastronomía deben cerrar, pero se tolera la comida a domicilio. España cierra a cal y canto las peluquerías, tras haber reculado en su intención de tolerarlas, y Alemania les pone condiciones. Deben cerrar las que no dispongan de una distancia de dos metros para sus clientes.

Diferencias de talante. La policía hará cumplir las reglas contra el coronavirus. Pero Merkel no dice el castigo por incumplirlas.

1 de abril de 2020. Las restricciones de distanciamiento social alemanas se amplían hasta el 19 de abril. La prohibición de juntarse con más de una persona fuera del hogar regirá hasta el 3 de mayo. Por entonces, los españoles no se pueden reunir ni con uno ni con dos. Con nadie. Están confinados. Y España, a diferencia de Alemania, no hace seguimiento de contactos. Es una orden expresa de Sanidad.

2 de abril de 2020. Muchos estados federales fijan multas para quienes rompen las reglas o no mantienen la distancia de 1,5 metros entre las personas. Hasta quinientos euros para las personas o diez mil euros por apertura ilegal de tiendas. No hay obligación, salvo algunos estados, de uso de mascarillas, pero sí se recomienda a toda la población en lugares públicos.

3 de abril de 2020. El IRK, equivalente al centro de alertas español, recomienda el uso de mascarillas. No para que el portador se blinde a sí mismo, sino para mantener el riesgo de infección para los demás lo más bajo posible. Su argumento, o inferencia, que diría Illa, es simple: el nuevo coronavirus no suele presentar síntomas. Cada uno debe partir del supuesto de que ya es portador/transmisor del virus. Y añade otra virtud: el efecto psicológico de una mascarilla, «al promover la conciencia acerca de la necesidad del distanciamiento social y de conductas saludables».

10 de abril de 2020. El Gobierno recomienda, no exige, mascarillas en transporte público y tiendas. La sanidad española todavía el 18 de marzo opina que «la población general sana no necesita utilizar mascarillas. Las mascarillas ayudan a prevenir la transmisión del virus si las llevan quienes están enfermos». El 20 de abril, el ministerio de Illa sigue sin aclararse. Léase su manual:

La falta de evidencia ha provocado que, hasta ahora, no se haya recomendado que las personas que no tienen síntomas o que no están a cargo de la atención de pacientes deban usar una mascarilla médica para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19.

Sanidad duda, pero pondera usar mascarillas:

El uso de mascarillas en la población general puede servir como un medio de control de la fuente de infección al reducir la propagación en la comunidad, ya que se reduce la excreción de gotas respiratorias de individuos infectados que aún no han desarrollado síntomas o que permanecen asintomáticos. Igualmente acepta que: se podría considerar el uso de mascarillas en la comunidad, especialmente cuando se acude a zonas con mucha gente, espacios cerrados como supermercados, centros comerciales, o cuando se utiliza el transporte público, etcétera.

Pero luego Sanidad se contradice y pone pegas:

El uso de mascarillas médicas (quirúrgicas) por parte de los trabajadores sanitarios debe tener prioridad sobre el uso en la población general sana. El uso de mascarillas en la comunidad debe considerarse solo como una medida complementaria y no como reemplazo de las medidas preventivas establecidas, por ejemplo, distanciamiento físico, etiqueta respiratoria, higiene de manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca. El uso apropiado de las mascarillas es clave para la efectividad de la medida y puede mejorarse a través de campañas educativas.

Última guinda de Illa para desanimar el uso de mascarillas:

Las recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad deben tener en consideración las lagunas de evidencia, la disponibilidad y los posibles efectos secundarios negativos.

En realidad, lo que revela el manual, como tantos otros protocolos de Sanidad, es que Illa sabe que no hay disponibilidad.

Y de ahí tanta cautela, dudas científicas y guiños como su disponibilidad y que deben tener prioridad los sanitarios.

La OMS, en sus Medidas de salud pública no farmacológicas para mitigar el riesgo y el impacto de la epidemia y la pandemia de gripe, recomienda condicionalmente el uso de mascarillas en la comunidad para personas asintomáticas en epidemias o pandemia para reducir la transmisión en la comunidad. ¿Que país hace suya esa recomendación? España. En 2007, Sanidad recomienda para la gripe «medidas de protección personal que incluyen: higiene respiratoria, lavado de manos y uso de mascarillas». Y debía usarse con una infección de gripe, diez veces menos transmisible y letal que el coronavirus según algunos estudios.

España recuerda el 20 de abril de 2020 en dicho manual que la OMS lo recomienda para la gripe. Acepta que

la evidencia actual muestra que existe transmisión en fase presintomática y hay estudios que sugieren que algunas personas pueden dar positivo por COVID-19 de uno a tres días antes de que desarrollen síntomas. Por lo tanto, es posible que las personas infectadas con SARS-CoV-2 puedan transmitir el virus antes de que desarrollen los síntomas. Una mascarilla médica puede ayudar a reducir la propagación de la infección en la comunidad al minimizar la excreción de gotas respiratorias de individuos infectados que pueden no saber que están infectados y antes de que desarrollen algún síntoma.

También acepta el manual de Illa otros hechos:

La evidencia existente con relación al uso de mascarillas no médicas hechas de varios materiales es limitada y muestra que estas mascarillas pueden disminuir la liberación al medio ambiente de gotas respiratorias producidas por la tos. Si bien es cierto que la evidencia disponible sugiere que estas mascarillas son menos efectivas que las mascarillas médicas como un medio para el control de la fuente de infección. Las mascarillas médicas y no médicas son utilizadas ampliamente por la comunidad en países asiáticos como China, Singapur, Corea del Sur y Japón. El uso de mascarillas ha sido cada vez más común desde la epidemia de SARS de 2003.

Pero Sanidad entra en bucle y cuestiona lo recién escrito:

No se sabe si el uso de estas por la población está vinculado a las tasas más bajas de COVID-19 observadas en algunos de estos países, porque el uso de mascarillas es solo una de las muchas medidas de respuesta que se han aplicado en estos países y sus prácticas de la etiqueta respiratoria y la higiene de las manos se consideran más altas que en otros lugares.

Illa duda de la OMS y de los países asiáticos Han usado tantas medidas preventivas que a saber cuál es la buena. Y la mejor manera de acertar es no copiarles usando masivamente mascarillas. No sea que millones de chinos se estén equivocando. Para Sanidad el uso de la mascarilla por la población sana es una medida residual: «Una medida más de prevención de la transmisión del virus que no sustituye a las demás para reducir la transmisión comunitaria, incluido el distanciamiento físico en el ámbito laboral y en los desplazamientos, quedarse en casa cuando se está enfermo, trabajar a distancia si es posible, etiqueta respiratoria, higiene meticulosa de las manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca».

Según Illa, protege tanto no tocarse la nariz como usar mascarilla. En mayo prohibirá circular sin mascarilla en público. No prohibirá tocarse la nariz. Creerás que nos hemos perdido, que habíamos venido a hablar de Alemania en este capítulo. Pero la mascarilla es una de las medidas diferenciales de Alemania. Y te he mareado con todas las tesis y antítesis filosóficas de Illa sobre las mascarillas solo para destacar lo fácil que lo hace Alemania. Las recomienda a toda la población. Quiero creer que Illa no las desaconseja solo porque no las tiene. Quizá a Illa le parecían caras o innecesarias las mascarillas. Pero más caros e innecesarios son 44 000 muertos, más de 50 000 sanitarios infectados, más de 300 000 contagiados y una economía arruinada. Y si la creía una medida dudosa, debió apostar por su cara preventiva. Ahí nunca se equivocaría. Exagerar es bueno en materia de prevención.

Con algo tan simple como la recomendación de las mascarillas, Alemania empieza a ahorrarse infectados y muertos. Abundan informaciones sobre la relevancia de usar mascarillas en países como Japón. Ahora ojeemos las restricciones germanas. A diferencia de España (mando único, suspensión del poder decisorio de las autonomías, estado de alarma), los estados federales son en gran parte responsables de cómo promulgan restricciones para frenar el coronavirus. También deciden qué se puede abrir y cuándo… A partir del 17 de abril, los estados federales comienzan a aliviar las restricciones. Alemania se confina menos que España, se desconfina antes y suma menos muertos y enfermos. Curiosa victoria contra el virus. En Sajonia, el estado con restricciones más duras, desde el 20 de abril la gente puede salir de casa. Las medidas de distanciamiento siguen vigentes. Los estados acuerdan el uso de mascarillas para la vida cotidiana, pero no confinan. Esto se aplica al transporte público y al comercio en todos los estados.

15 de abril de 2020. Cuando España está en plena cima del coronavirus, Merkel y los líderes de los estados de Alemania anuncian un plan para levantar medidas del confinamiento. Merkel desconfina cuando España satura hospitales y morgues y pisar la calle es un sueño. Merkel quiere seguir bajando la tasa de reproducción mediante pruebas más precisas y rastreo de contactos. Y, además, distanciamiento físico.

20 de abril de 2020. Alemania reabre concesionarios de automóviles, tiendas de bicicletas y librerías como parte de la primera fase de flexibilización. Y tiendas de hasta ochocientos metros cuadrados (esto empezará un mes después en España).

29 de abril de 2020. La enseñanza alemana puede reanudarse con medidas especiales de higiene y protección. En España en junio sigue cerrada. El Servicio de Salud Pública de Alemania se refuerza con más personal y capacidad digital, conforme a un acuerdo del Gobierno con los estados. Pactan tener, como mínimo, para seguimiento de contactos un equipo de cinco personas en oficinas de salud pública por cada veinte mil habitantes. Para apoyar tal rastreo de contactos, Alemania moviliza empleados públicos de todas las áreas, incluidos soldados. Quiere tener una foto de la expansión del virus. Los soldados alemanes buscan contactos. Los españoles, desinfectan. Solo en julio se plantea Sánchez usar soldados como rastreadores. Todo esto son medidas casi gratuitas. No necesitan de la riqueza del Estado alemán. Son, sencillamente, medidas inteligentes que España no toma. España prefiere tener a sus funcionarios en casas mientras Alemania los pone en primera línea del conflicto: a cazar contactos.

Sánchez prefiere que la UME se haga fotos regando con desinfectante calles que pueden estar contaminadas un minuto más tarde en lugar de desplegar una tarea simple y eficaz: buscar contactos a partir del relato de cada paciente. Interrogarlos. Informar de su estado. Buscar sus contactos. Y así sucesivamente. España empieza a exigir equipos de seguimiento de contactos solo a fines de mayo a las autonomías para desconfinarlas. En junio, apenas suman mil quinientos los rastreadores de contactos en España. No lo hizo el Gobierno en meses por falta de medios, que tradujo en una orden vigente hasta mayo: «No se hará un seguimiento activo de los contactos».

Hay otras medidas alemanas que sí exigen inversiones. La sanidad estatal germana financia la capacitación para estudiantes de medicina para apoyar a las autoridades sanitarias en el seguimiento de contactos, documentación y registro de datos. Y las oficinas de salud pública reciben hasta 150 000 euros del ministerio para actualizaciones de hardware y software.

Alemania sabe, como Corea, como China, que las aplicaciones digitales de síntomas y seguimiento son clave para controlar la propagación de la enfermedad. Alemania quiere resolver el drama que también sufre España: los síntomas se controlaban con llamadas telefónicas y domiciliarias diarias y esto satura el sistema. En España, únicamente se intenta ampliar el número de líneas de atención. El colapso es total.

22 de abril de 2020. El IRK amplía sus criterios para hacer la prueba del COVID-19, porque ya tiene material para evaluar a personas con síntomas leves. España exige aún síntomas graves para tal prueba. Todavía en mayo quiere priorizar colectivos, como los sanitarios. No puede ni quiere testar a todos los ciudadanos sospechosos. Y pone malos ojos a test masivos como los de Torrejón de Ardoz (Madrid) en junio, aunque permiten fichar cien positivos activos. Le dejan en evidencia.

En España se requieren síntomas graves de coronavirus. En Alemania, basta tos, secreción nasal o dolor de garganta para solicitar la prueba. Con unas amplias condiciones: haber tenido contacto con un COVID-19 confirmado por laboratorio o con un paciente durante las últimas dos semanas; que los síntomas de una enfermedad preexistente o una infección respiratoria empeoren (fiebre alta, tos…); o haber tenido contacto con personas vulnerables (hospitales o cuidado de ancianos).

En España, sanitarios y personal que atiende a ancianos serán enviados a casa por consejo de Sanidad, aunque sean sospechosos de haber contraído el coronavirus, si sus síntomas son leves. En general, solo se les pedirá que avisen si se agravan, y solo entonces, se valorará hacerles la prueba.

Aquí, en la masividad de los test, reside el secreto alemán. Sus escasos muertos pese a superar el listón de los cien mil contagiados, como Estados Unidos, España, Italia o Francia. Lo explica el director del Instituto de Virología del hospital Charité de Berlín, Christian Drosten: «El motivo por el que en Alemania tenemos muchos menos fallecimientos que en Italia o en España tiene que ver con la cantidad de diagnósticos en laboratorio que estamos haciendo aquí, a la cantidad de test PCR que nos permite tratar a los pacientes en la primera semana de contagio, que es cuando el virus es todavía combatible». He ahí la clave: test masivos.

España solo planea hacer test masivos a fines de mayo, con más de 270 000 afectados, a pesar de que tenía casos ya desde febrero. Tal recurso contra el virus no es una invención alemana. Es un plagio que Sánchez no quiso hacer. Alemania copia el método asiático y la estrategia también exitosa de la región del Véneto, Italia. Desde el inicio de la crisis, Alemania comienza a hacer test diarios en grandes cantidades, y a aislar y monitorizar la evolución de los casos positivos. Con esto logra detectar no solo casos graves sino también aquellos asintomáticos o con un curso leve de la enfermedad, que suelen ser personas más jóvenes.

Alemania es el país que mayor número de pruebas realiza en todo el mundo. Comienza a desarrollar kits de prueba de coronavirus a principios de 2020 porque interpreta, a diferencia de Sánchez, que la epidemia que se desarrolla en China podía convertirse en una pandemia a nivel mundial. Los laboratorios ya estaban abastecidos antes del primer caso confirmado en el país a finales de enero.

Anota, lector. Alemania tenía preparados test contra el coronavirus antes de tener infectados. España no tenía test suficientes ni en mayo, cuando soportaba más de 270 000 casos. Aquí arranca el milagro alemán frente a la pandemia: los test focalizan dónde están los principales brotes de coronavirus en el país y lo lejos que se ha propagado antes de que se confirme la pandemia el 11 de marzo. Y esto permite controlar el avance de la enfermedad y reduce las muertes. España compra test a fines de marzo, con 20 000 infectados y 1000 muertos.

Tras estos primeros casos confirmados, el país comienza a realizar pruebas de forma masiva a sus habitantes. Dispara el número de casos confirmados, pero no el de fallecidos. Merkel no teme ver empañada su imagen por la escalada de infectados. No siente culpa como el Gobierno español tras el 8M. Y el mundo se queda atónito: tantos infectados para tan pocos muertos.

Alemania, cuando habla este asesor de Merkel a fines de abril, ya es el país con mayor número de pruebas diagnósticas del mundo: 1 728 357 pruebas. Esto y la disponibilidad de camas UCI con respirador le permiten registrar los índices de mortalidad más bajos. Alemania hace pesca masiva de contagios para detectar pocos casos. Es el reto. El 8 de abril, de 1 317 887 pruebas solo 100 901 (7,7 %) han resultado positivas. Ese día, el Charité, el hospital universitario más grande de Alemania, anuncia una prueba voluntaria de anticuerpos para personal médico para evaluar su infección. Esto, en España, no es real ni en mayo.

El 21 de abril se habían realizado ya un total de 2 072 669 pruebas en Alemania. Inicialmente, las pruebas médicas se realizan en consultorios médicos o en hospitales, pero después en un número creciente de instalaciones. Algunos estados federales los ejecutan a pie de carretera. Incluso movilizan personal para hacer test en la puerta de hogares de pacientes. Los test, salvo contadas excepciones, en España se hacen solo en hospitales. El 1 de abril, en Alemania ya había cuatrocientos centros de prueba. Los laboratorios alemanes duplican el personal para evitar, al menos, la escasez de recursos humanos.

En materia de EPI, Alemania también barre. El 4 de marzo, el Ministerio de Salud inicia la adquisición central de equipos de protección (EPI) para prácticas médicas, hospitales, hogares de ancianos, atención ambulatoria y agencias federales. En esa fecha Sanidad no ha comprado nada y tolera actos masivos.

Desde principios de marzo, las fuerzas armadas alemanas brindan apoyo. Sus unidades médicas, veinte mil soldados, preparan ya cinco hospitales. Y comienzan a proporcionar alimentos, camas de campamento e instalaciones móviles para médicos. Y se movilizan reservistas para ayudar con tareas médicas. Los militares cuentan con 241 millones de euros para comprar equipos de protección médica en el mercado mundial y aportarlos al sistema sanitario alemán. En veinticuatro horas, son capaces de contratar trescientas mil protecciones oculares y máscaras protectoras del tipo FFP2.

Hasta el 5 de abril, el Gobierno alemán entrega 8 millones de mascarillas FFP2 y 400 000 FFP3 (EPI), 25,5 millones de mascarillas de menor protección para la boca y la nariz y 22,5 millones de guantes. Los estados solo distribuyen el material. Sánchez idea algo parecido, compras centralizadas, el problema surge cuando por su tardanza llega a fines de abril con poco material y clamorosos fallos (test chinos de Bioeasy).

El 21 de abril, el Gobierno anuncia 7800 millones de euros adicionales para comprar mascarillas, guantes, equipos de protección, respiradores para UCI… Previamente, ya había destinado 5000 millones a compras similares. Multiplica casi por trece el gasto español contra la pandemia. España solo invertirá mil millones en compras sanitarias contra el virus. Esto sí es admisible. España no tiene el presupuesto alemán.

La infraestructura sanitaria supera la española. El número de hospitales ha disminuido en los últimos años en Alemania. Sin embargo, tiene el mayor número de camas de hospital por población en Europa (ocho camas de hospital por cada mil habitantes). En 2017, había 28 031 camas de UCI para 1160 hospitales. O lo que es lo mismo: 33,7 camas de UCI por 100 000 habitantes. Casi todas, veinticinco mil, tienen capacidad de ventilación. El 1 de abril de 2020, por orden del Gobierno, aumentan en doce mil y se sitúan en cuarenta mil. Y treinta mil de las cuarenta mil camas de UCI están equipadas con respiradores.

El 1 de abril, Sanidad da sus cifras de camas UCI en España sin mayor concreción ni probatura, dado que no existen datos recientes publicados: «Según los datos de los que disponemos, en España hay unas seis mil camas de UCI que se han ampliado en esta pandemia porque se han adaptado otras que no lo eran hasta el momento». España tiene 12,7 camas por cien mil habitantes, frente a las 33,7 de las que partía Alemania antes de multiplicarlas por la crisis. Y se pone en una cifra intratable. Cuarenta y ocho camas de UCI por cien mil habitantes.

Pero Alemania no solo gasta más, sino que gestiona mucho mejor su armada sanitaria. Aplica medidas para multiplicar la fuerza laboral en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Esto sucede por iniciativa de hospitales, ciudades o regiones, pero bajo planificación federal. Echan en falta enfermeras, por ejemplo. Les parecen pocas 34 703 enfermeras especializadas en UCI para 28 031 camas de cuidados intensivos. Y les piden trabajar a tiempo completo a quienes lo hacen a tiempo parcial; fichan estudiantes de medicina y enfermería para trabajar; recuperan jubilados y facilitan la homologación de titulados en el extranjero. Para hacer esto Alemania ni precisa el BOE ni una videoconferencia: usa las redes sociales para este toque de corneta. Una llamada de un hospital en Maguncia congrega más de mil estudiantes de medicina deseosos de colaborar.

Siento envidia cuando leo que en Alemania se crea un grupo de Facebook donde más de veinte mil estudiantes de medicina se registran para su despliegue en hospitales. Y se reclutan otros catorce mil médicos titulados en el extranjero.

El manejo de casos es otra diferencia sonora entre Alemania y España. Desde el principio, Alemania pidió a los sospechosos con y sin síntomas que llamaran a su médico o al servicio médico de guardia. España pidió, por boca de Simón, no acudir ni llamar al médico a menos que se presentaran síntomas graves. En Alemania solo se precisa que una persona haya tenido un contacto directo con un caso confirmado para ser atendido. Todo ministro o persona relacionado con Irene Montero y demás miembros del Gobierno infectados tras el 8M tendrían derecho a llamar al médico. O con Ortega Smith. Desde el 9 de marzo, en Alemania los pacientes con enfermedad leve del tracto respiratorio superior ya pueden tener un certificado de incapacidad por siete días tras consultar con su médico por teléfono. El 24 de marzo pueden emitir una baja hasta por catorce días.

En España las bajas chocarán con un muro: se exige dar positivo para prolongar la baja tras el sexto día y previamente queda al albur del médico. No siempre se considera criterio suficiente la tos o haber estado en contacto con infectados. Por el contrario, Alemania no solo invita a acudir a los hospitales a los potenciales infectados. Va a su casa. Alemania cuenta con los «taxis corona»: equipos móviles de médicos visitan a los pacientes en el hogar para realizar pruebas y monitorear y tratar a los pacientes con COVID-19.

El 17 de abril, cuando el sistema sanitario español está desbordado, el ministro de Salud alemán anuncia que los hospitales volverán a la operativa regular a principios de mayo. El sistema sanitario alemán, mientras las líneas de mera información burocrática están colapsadas en España, potencia las teleconsultas médicas. Ya suman mil setecientas en marzo. El 8 de abril, ya son 19 500 teleconsultas. Las recetas médicas pueden emitirse a distancia y se subvenciona el traslado de la medicina hasta el hogar del paciente. Los españoles hacen cola ante la farmacia.

España no tiene teleconsulta efectiva durante la pandemia. Tiene telegobierno. Alemania consigue tales réditos sanitarios con una diferencia inversora no tan desmedida sobre España. Alemania destina el 9,5 % del PIB a sanidad, 3762 euros por habitante. España dedica un 6,4 %, 1594 euros por español. Pero si se suma el gasto sanitario privado de los españoles, nuestro país invierte el 9 % del PIB, es decir, 2255 euros/habitante. Estamos lejos en inversión sanitaria, sí, pero estamos mucho más lejos en muertos e infectados. Y, sobre todo, en inteligencia gestora.

Escoge la foto alemana que desees: militares buscando contactos, test masivos, uso de mascarillas… pero no olvides una. Alemania preparó test a primeros de enero, un mes antes de tener infectados. España inicia su compra a fines de marzo con miles de afectados. Las tragedias se escriben con estos detalles.

Capítulo 11
Portugal aprende de los errores españoles y se confina con pocos casos

Portugal, el milagro de un país más pobre que España y que gasta menos en Sanidad. Un 4,6 % de su PIB frente al 6,4 % de España. 1124 euros de gasto sanitario por portugués frente a 1594 euros por español. Si se suma el gasto privado, España se sitúa en el 9 % del PIB: 2255 euros por habitante.

25 de mayo de 2020. España tiene 282 852 casos de coronavirus (contabilizando asintomáticos) y 28 752 muertos. Portugal, 30 623 infectados y 1316 fallecidos. Las tasas por millón de habitantes hacen más evidente el desfase entre ambos países vecinos: Portugal, 3002 infectados y 129 muertos por millón. España, 6050 contagiados y 615 muertos por millón.

¿Cómo se explica tal desfase entre dos países limítrofes? Alexandre Abrantes, subdirector de la Escuela Nacional de Salud Pública de Portugal, detalla factores que lo explican en la BBC: «Portugal tuvo la gran ventaja del tiempo. Como ocurrió también en Grecia, el coronavirus llegó al país luso más tarde que a España e Italia. El primer caso se confirmó el 2 de marzo. Para entonces, en España se habían reportado unos ciento cincuenta casos e Italia tenía un recuento oficial de más de dos mil contagiados y 52 muertos. Portugal tuvo tiempo de ver lo que sucedía en España y en Italia para actuar».

Es una manera amable de decir que España actuó tarde. España tuvo tiempo de ver lo que sucedía en China, en Italia, y no hizo nada. Si Portugal tuvo tiempo, España, también.

Pero cada país usó de modo diferente la visión de lo que sucedía en el extranjero. Abrantes cita un ejemplo del buen hacer portugués: «Las escuelas y universidades en Portugal cerraron cuando aún no había ningún muerto atribuido a la pandemia, mientras que las medidas de confinamiento se adoptaron cuando había pocos casos y eso fue vital para que el virus se propagase de forma mucho más lenta de cómo lo estaba haciendo en su vecino». En España, el cierre educativo se produce el 12 de marzo, con 1639 infectados y 36 muertos. Y el confinamiento se decreta en España el 14 de marzo con 4231 afectados y 120 muertos.

Abrantes añade otro factor que propició en Portugal una transmisión del virus más lenta. Los portugueses no solo aceptaron las decisiones del Gobierno: «Los portugueses decidieron quedarse en casa incluso antes de que el confinamiento fuera obligatorio». Quizá se quedaron en casa voluntariamente porque su Gobierno cumplió su deber de asustarlos y no vendió que era improbable que llegara el virus.

Evita los errores españoles. «Portugal tuvo tiempo para reaccionar, aprendiendo de lo que estaba pasando sobre todo en España —dice João Ramos, periodista de la Radiotelevisión Pública Portuguesa—. El Gobierno portugués entendió qué estaba fallando en España y actuó con quince días de ventaja en relación con lo que estaba sucediendo en España, porque la pandemia aún no había llegado con fuerza aquí».

Otro acierto de Portugal. Despliega una ofensiva de test de diagnóstico que España no hace. El 23 de abril el secretario de Estado de Salud, António Lacerda, informa de que desde el 1 de marzo se han hecho 302 000 pruebas de diagnóstico. Se han testado «27 925 personas por millón de habitantes. Más que en Noruega, Suiza, Italia y Alemania», dice orgulloso. Para entonces, España registra 1 035 522 de test PCR. Portugal ha testado al 2,9 % de la población y España solo al 2,2 %.

Portugal establece desde muy pronto servicios de urgencia exclusivos para enfermos de coronavirus. Esto evita gran número de contagios. Y despliega otra medida para frenar el contagio: universaliza la sanidad pública a todos los sin papeles. Más de 150 000 personas. Es una generosidad social rentable: los controla sanitariamente y evita que difundan el virus.

Expertos citados por El País coinciden en lo bueno que fue para Portugal el mal ejemplo español en su respuesta al coronavirus. Cuánto aprendieron del error ajeno, del error vecino. Alberto Infante, experto en salud pública, lo explica así: «El cómo actúas al principio determina todo lo que pasa después. Porque, aunque esto no lo sabíamos hasta finales de febrero o principios de marzo, los asintomáticos han tenido un papel muy importante. Portugal tuvo la suerte de ver lo que pasaba en España o Italia y el acierto de tomar medidas cuando allí la epidemia estaba empezando».

Para la epidemióloga Rita Sá Machado, la clave fue «la anticipación y aplicación precoz de las medidas de salud pública, como el cierre de escuelas». El Gobierno lo ordena el 12 de marzo (78 contagios en el país) aplica el lunes 16 (331 contagios y la primera muerte). Una semana después comenzaba el estado de emergencia (1200 contagios y 12 muertes): «También fueron muy importantes la variedad de medidas aplicadas entonces, permitieron controlar la expansión de la epidemia».

Portugal tomó las medidas a la vez que España o incluso más tarde, como el estado de alarma. El problema es que España y Portugal tenían cifras absolutamente dispares a esas alturas. Portugal empieza a tomar medidas drásticas como el cierre educativo con 78 afectados y cero muertos y España con 4231 casos y 120 muertos. Esto no es el azar. Es la foto de cuándo cada Gobierno decide reaccionar. Pronto o tarde.

Veamos el detalle del combate portugués contra el coronavirus. La primera información oficial sobre el coronavirus se emite el 14 de enero: «los datos preliminares no muestran evidencia de transmisión persona a persona», y aconseja a los viajeros en regiones de alto riesgo higiene de manos, etiqueta respiratoria y evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios.

A las personas que han viajado a las áreas afectadas con síntomas respiratorios se las insta a llamar al servicio sanitario para ser asesoradas o tratadas. El 25 de enero, se registra el primer caso sospechoso de COVID-19. No fue confirmado.

Las medidas de distanciamiento físico se estrenan a principios de marzo en Portugal. Los primeros casos confirmados fueron identificados el 2 de marzo. A seis días del 8M español, el Gobierno luso aprueba una legislación sobre protección social de los trabajadores que han tenido que aislarse o ayudar a los miembros de la familia. Aconseja el teletrabajo.

El 10 de marzo, el Ejecutivo portugués recomienda que todas las reuniones con más de cien participantes sean canceladas, así como todos los eventos que no puedan asegurar el distanciamiento social entre participantes y eventos con participantes que provienen o estaban visitando áreas con actividad de transmisión comunitaria de COVID-19. También suspende vuelos con las zonas más afectadas de Italia. Portugal tiene treinta y dos casos, cero muertos. Y suspende los actos masivos. España el 8M tolera cientos con 589 afectados y 17 muertos.

El 11 de marzo cierra todas las instituciones educativas. El 13 de marzo el Gobierno declara el estado de alerta en todo el país. Con diversos vetos: prohibido el acceso a restaurantes o bares con pistas de baile; acceso restringido a restaurantes o bares hasta un tercio de la capacidad máxima y solo hasta las 21.00 horas; prohibidos los viajes escolares; suspendidas las actividades educativas, de ocio y guarderías. Y recomienda el distanciamiento social y evitar las visitas a residencias de ancianos o prisiones. La Conferencia Episcopal portuguesa pide el 13 de marzo la suspensión de las misas. Algunas medidas del confinamiento portugués son tan leves que semejan las del desconfinamiento español.

El 18 de marzo se aprueba el estado de emergencia. Fija confinamiento obligatorio para todos los pacientes con COVID-19 y todos los aislados por servicios sanitarios. Mayores de setenta años y enfermos crónicos solo pueden circular para comprar, atención médica o caminar con mascotas. El resto puede, además, salir de casa para trabajar (si es inviable el teletrabajo), ayudar a personas vulnerables, realizar actividades deportivas al aire libre (no colectivas), o por fuerza mayor (familiares, judiciales, banco, correos…). En España el confinamiento impide deporte y trabajo, salvo servicios esenciales.

Cierran restaurantes, pubs y cafeterías, excepto para la venta de comida para llevar. Supermercados, farmacias, panaderías, estaciones de servicio y bancos permanecen abiertos, pero con restricciones de capacidad. El 2 de abril, el Gobierno griego prohíbe que los ciudadanos salgan del municipio donde viven del 9 al 13 de abril (Pascua), salvo urgencias. El estado de la emergencia se amplía el 17 de abril hasta el 2 de mayo.

El 30 de abril se aconseja que los casos sospechosos permanezcan aislados en sus casas y eviten ir a los centros de salud. Deben llamar al centro sanitario y seguir sus instrucciones. El centro valida los criterios clínicos y epidemiológicos del paciente con una segunda línea telefónica. Los médicos evalúan los síntomas de cada sospechoso. Si se verifica el caso, se envía una ambulancia para transportarlo a un hospital, donde se le toman y analizan muestras. Si se confirma por laboratorio, se le hospitaliza bajo aislamiento.

Esto es una diferencia sustancial sobre el sistema español: España, protocolo a protocolo, siempre disuade a los pacientes sospechosos de coronavirus de acudir al hospital salvo síntomas graves, ni siquiera con infecciones respiratorias. Ni practica masiva ni eficazmente la teleconsulta con médicos. En general, utiliza sus líneas solo para recibir avisos de emergencias, consultas burocráticas de citas y charlas meramente informativas. Muchos contagiados españoles aislados en sus casas se han quejado de falta de atención sanitaria, telefónica o presencial.

Portugal fue cambiando su definición de sospechoso de coronavirus. Primero eran las personas que procedían de China. Luego amplía su mapa de peligro: Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, cuatro regiones del norte de Italia, tres estados de Alemania, dos regiones de Francia, y cuatro comunidades de España (Cataluña, La Rioja, Madrid y País Vasco). Aprende que España tiene igual peligro que China. España, por el contrario, nunca difunde reservas contra viajeros de Alemania o Francia.

En Portugal, tales viajeros debían vigilar sus síntomas y, en caso de sufrirlos, tenían que aislarse y llamar al control sanitario. Los contactos de los casos confirmados son rastreados por las autoridades sanitarias. Se les puede ordenar que se autoaíslen catorce días. Las autoridades sanitarias los vigilan. España nunca se molestó en investigarlos ni en controlarlos.

En Portugal, a medida que la epidemia avanza, solo los casos confirmados de COVID-19 con criterios clínicos de hospitalización son tratados en el hospital. Los casos con síntomas leves se envían a casa y se contactan regularmente por parte de los trabajadores de la salud para su vigilancia. Están sujetos a confinamiento obligatorio y la policía es informada por las autoridades sanitarias para asegurar su cumplimiento. Ni policías ni guardias ni mossos ni guardabosques en España vigilan el confinamiento de enfermos leves. Los controlarán cuando lo hagan con todos los españoles, cuando España esté confinada.

Los contactos de casos confirmados son rastreados por las autoridades de Salud Pública. Se les puede ordenar que se autoaíslen en casa catorce días. Y son monitorizados día a día por las autoridades de salud. España ni monitoriza ni telefonea a los contactos. Son ellos los que tienen que avisar si empeoran.

La Constitución portuguesa no prevé una cuarentena forzosa. El estado de emergencia solo limita los movimientos de los ciudadanos. La cuarentena obligatoria solo se aplica a casos confirmados que se recuperan en su casa y a todos los aislados por las autoridades sanitarias. El resto no vive tal confinamiento. Se les aconseja, no ordena, quedarse en casa y salir solo en ocasiones especiales.

Portugal ha desarrollado herramientas tecnológicas para mejorar el monitoreo de casos confirmados y sus contactos, que están aislados en casa. El 25 de abril, 30 453 personas que contactaron con un caso confirmado ya estaban siendo monitorizadas. El monitoreo y la vigilancia de casos incluyen los centros de atención a largo plazo y domiciliaria. No existe tal monitorización de casos confirmados ni de sus contactos en España. Ni se aplica tal tecnología ni están fichados los contactos.

El Gobierno portugués despliega una prueba COVID-19 en todo el país dirigida a residentes y trabajadores. Todas las muertes ocurridas durante la pandemia en instalaciones donde se sospecha o se confirman casos que han sido identificados deben ser testadas para SARS-CoV-2. En España, por el contrario, es un clamor la falta de pruebas a los trabajadores y ancianos de las residencias. Y tampoco se comprueba la causa de miles de muertes de dichos centros porque se prohíbe hacer autopsias.

Portugal decide hacer pruebas a todos los casos sospechosos. Las pruebas se pueden realizar en un hospital, en un laboratorio privado o en el Instituto Nacional de Salud Doctor Ricardo Jorge. Las pruebas de laboratorio del SARS-CoV-2 se realizan mediante PCR en tiempo real (RT-PCR), según lo recomendado por la OMS.

Inicialmente, el Instituto Nacional de Salud era el único laboratorio que realizaba pruebas para el SARS-CoV-2. Pero antes de tener casos confirmados en Portugal, al igual que hizo Alemania y al contrario que España, una red de laboratorios ya permitía realizar pruebas en el hospital local de referencia.

Después, aunque el Centro de Contacto SNS 24 seguía siendo la forma preferible de identificación de casos, había otras opciones disponibles, incluidas pruebas caseras para casos leves que no exigían hospitalización. Un lujo que no podía permitirse su más rico vecino. Además, se establecen muchos centros de prueba a pie de carretera en varias ciudades portuguesas. Tal fenómeno es una excepción en España. Por lo tanto, a diferencia de España, que solo testa in extremis a los enfermos de coronavirus, Portugal analiza no solo casos sospechosos, sino también a contactos cercanos e incluso personas asintomáticas.

El Gobierno luso crea más laboratorios hospitalarios e incluye laboratorios privados. La frágil Portugal moviliza al Instituto Nacional de Salud, al Laboratorio Militar, veintinueve laboratorios públicos, más de cincuenta laboratorios privados y doce laboratorios universitarios. Entre el 16 y el 22 de abril se procesan 12 900 muestras por día. Realiza más de 316 500 pruebas en laboratorios públicos y privados entre el 1 de marzo y el 22 de abril. Los resultados apenas tardan entre cinco y seis horas en entregarse. En abril Portugal incorpora cinco mil PCR aún más veloces: resultados en cuarenta y cinco minutos. Se destinan a personal sanitario. Solo en junio el poderoso vecino español se permite soñar con testar masivamente a sus sanitarios.

¿Cuál era la fortaleza sanitaria portuguesa cuando llega el virus? 107 hospitales públicos, incluidos 3 semiprivados y 6 hospitales militares o penitenciarios. A mediados de abril, Portugal compra 450 000 kits de prueba mientras España naufraga con sus test en China. En febrero, los hospitales públicos (excluyendo regiones autónomas) tenían 1142 ventiladores en UCI y también 480 ventiladores en quirófanos; 502 camas de UCI para adultos y 59 camas de UCI pediátricas. Todo esto para 10,2 millones de personas. Una cama de UCI por cada 20 400 portugueses.

España tenía una cama UCI por cada 7833 habitantes. Con esa tasa de camas UCI el récord de mortandad debió ser Portugal, pero fue España, paradójicamente mejor dotado.

Portugal se las ingenia para duplicar los ventiladores mediante compras o donaciones. A principios de abril, ya había adquirido 1151 ventiladores, 87 estaban recuperados, 170 fueron donados y 156 fueron prestados. A mediados de abril, había aumentado las camas de UCI un 20 %. A fines de febrero, el sistema sanitario portugués tenía los siguientes recursos: 30 172 médicos, 45 560 enfermeras y 61 181 profesionales sanitarios más. Magro ejército frente a los 600 000 sanitarios de Sánchez.

Portugal sabe reclutar más personal. Contrata trabajadores de salud jubilados sin límite de edad. Fichan personal para cuatro meses. El 17 de abril, 1868 trabajadores de la salud ya han sido contratados bajo estas nuevas reglas. Tras el cierre de las instituciones educativas, mantiene algunas abiertas para el cuidado de los niños de sanitarios y demás personas con actividades esenciales. En España, el rico país vecino, esta tarea quedará en manos de la familia o del azar. Y los sanitarios tendrán que lidiar un doble combate: conciliar trabajo con sus hijos y ponerlos en peligro o exiliarse a un piso y delegar su cuidado en cónyuge o abuelos.

Portugal vive una revolución sanitaria. Estudiantes de medicina y jubilados establecen bancos de voluntarios para colaborar en la respuesta. Esto permite, por ejemplo, duplicar el número de trabajadores de la salud que atienden llamadas telefónicas del Centro de Contacto SNS 24 y tener cuatro veces más médicos que responden a la línea de soporte. Tras saturarse la línea central de control de casos, Portugal crea nuevas líneas telefónicas locales para gestionar casos sospechosos. Un caso sospechoso puede ser primero evaluado en atención primaria.

Los pacientes con síntomas leves son enviados a casa para su autocuidado y contactados regularmente. Los pacientes más graves son remitidos a urgencias. Allí son evaluados y hospitalizados. Los trabajadores de atención ambulatoria asumen el seguimiento de los pacientes con COVID-19 que se recuperan en casa y de sus contactos, monitorizados con una plataforma creada ya el 23 de marzo. Este inteligente uso de la atención primaria tiene resultados espectaculares: el número de visitas a urgencias disminuye un 45 %.

Pero Portugal no solo cuida los daños físicos de la pandemia, sino los mentales. Desde el 1 de abril, asesora a la población con sesenta psicólogos respondiendo llamadas. En España, los psicólogos los ponen los telediarios para soltar banalidades genéricas.

La sanidad portuguesa no solo es eficaz. Es solidaria. Todos los ciudadanos portugueses y extranjeros con residencia permanente o temporal en Portugal tienen acceso a la atención de salud pública. Esto incluye migrantes documentados e indocumentados y solicitantes de asilo y refugiados. Otorga residencia temporal a los que lo solicitaron antes del 18 de marzo. Portugal cuidó hasta de los que no eran portugueses. España no salvó a los que llevaban más de setenta años siendo españoles.

Para concluir el capítulo de Portugal recurro a un epidemiólogo asesor de Sánchez, Antoni Trilla: «Portugal vio venir la ola aplastante con algo más de tiempo, no tuvieron esta entrada masiva de casos que hubo en Madrid y Barcelona y reaccionaron más rápido optando por la estrategia del cierre. Además, ellos tenían claro que la realidad de su sistema sanitario no iba a aguantar un embate importante de la epidemia y la única solución era evitar contagiarse. Han tenido pocos casos y fallecimientos, también la densidad de población de Portugal no es comparable a muchas de las ciudades que se han visto afectadas».

El Gobierno portugués supo jugar sus cartas. No desafió al virus. No escupió al cielo. En el hipotético caso de que el virus llegue a España se encontrará con un robusto sistema sanitario. La soberbia no está tipificada; la imprudencia, sí.

Capítulo 12
El precario fuego griego derrota la invasión del coronavirus

Grecia es un ejemplo de país presupuestariamente recortado bajo el yugo del déficit y que, sin embargo, saca las mejores cifras frente al virus. Aprende de los errores vecinos, especialmente de Italia y España. Y no celebra un 8M. Eso no tiene que aprenderlo. Sencillamente, no lo hace. Cuando tiene que elegir, decide pronto, sin un lastre de miles de infectados o muertos. Eso permite a su frágil sanidad salir indemne en una guerra donde han perdido naciones poderosas como España, Italia, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido… Prueba que combatir el virus no es ciencia. Es política. Y se hace bien o mal. En este caso, para más inri de Sánchez, la acaudilla un líder conservador. En Portugal, también con resultado exitoso, lo hace un socialista. La buena respuesta al coronavirus no es de izquierdas ni de derechas.

21 de febrero de 2020. Con cero casos y solo tres en Italia y dos en España, el Gobierno griego lanza una campaña de concienciación contra el coronavirus. Da pautas sobre higiene de manos y distanciamiento físico, con énfasis en grupos vulnerables. Aparece en televisión, prensa y radio. La alarma, algo tan insólito como inteligente, se envía a cada ciudadano por teléfono. El 11, el 17 y el 22 de marzo difunde una alerta de emergencia en masa a teléfonos inteligentes. España o no tiene teléfonos inteligentes o no tiene ministros tan inteligentes.

26 de febrero de 2020. El coronavirus desembarca en Grecia el 26 de febrero de 2020. Una mujer da positivo por coronavirus en Tesalónica. Es el primer caso en Grecia. La paciente había visitado recientemente el norte de Italia.

27 de febrero de 2020. Tras la confirmación de sus primeros tres casos, cancela todos los festivales en el país.

El 7 de marzo, con solo nueve casos, habilita una línea telefónica de cuatro dígitos. Opera las veinticuatro horas para proporcionar información sobre el coronavirus. ¿Una línea de veinticuatro horas para nueve casos? ¿Están locos los griegos? ¿Los confunden los dioses desde el Olimpo?

Desde el 8 de marzo ya hay un escalonamiento de medidas coercitivas: suspensión de centros para mayores y obligatoriedad de celebrar eventos deportivos a puerta cerrada.

El 9 de marzo se clausuran viajes, campeonatos escolares y todos los eventos culturales. Y se prohíben actos abiertos con más de mil personas. Grecia suspende con setenta y tres casos y cero muertos los actos masivos. España los tolera con 589 afectados y diecisiete muertos el 8M. Es la clave. No en qué fecha se vetan los actos masivos, sino con cuántos muertos e infectados.

10 de marzo de 2020. Grecia ya suma ochenta y nueve casos confirmados, mayoritariamente personas que han viajado a Italia, Israel y Egipto, más sus contactos. Pero las autoridades no dejan de multiplicar medidas. Con solo ochenta y nueve afectados y cero muertes, decreta el cierre de escuelas, distanciamiento físico, cierre de restaurantes…, que evolucionarían hasta una orden de quedarse en casa. España adopta medidas similares en esas fechas, 10 de marzo, con 1024 casos y 28 muertos.

14 de marzo de 2020. Cerrojazo en playas y estaciones de esquí. Cuando Sánchez confina el país entero, Grecia lleva semanas cancelando eventos, adoptando medidas preventivas. Desde fines de febrero. Grecia, a diferencia de Illa, desde febrero sí cree que el virus puede llegar y desarbolar su frágil sistema sanitario.

El 16 de marzo se suspenden las misas de todos los cultos. Los dioses quedan confinados en sus iglesias. Ese día se bloquean dos pueblos macedonios tras confirmarse infecciones.

18 de marzo de 2020. El Gobierno anuncia restricciones en campamentos de migrantes. Solo puede moverse una persona por familia, no por la noche, y bajo vigilancia. Envía médicos para imponer zonas de aislamiento y mediciones de temperatura.

19 de marzo de 2020. Se echa el candado en todos los hoteles. El Gobierno griego, con muchos menos casos que España, ha congelado su mayor tesoro: el turismo. No ha tenido las vacilaciones del Gobierno español que pasó de soñar con las Fallas a confinar el país entero en cuestión de días. Hace falta coraje político para cerrar Grecia al turismo en plena Pascua.

20 de marzo de 2020. Solo los residentes permanentes y camiones de suministro pueden viajar a las islas griegas.

22 de marzo de 2020. Se cierran todos los parques, áreas de recreación y puertos deportivos. Se arrestan tenderos que violan la ley. Todos los griegos que regresan al país son vigilados y aislados. España solo aplicará tal norma a ciudadanos que regresen de países peligrosos y presenten síntomas muy evidentes. Y el coronavirus no suele ser evidente cuando quien controla es un policía y no tiene cómo medir la temperatura.

Grecia no solo teme a los pasajeros de China, al contrario que España. Los griegos que vuelven desde España, Chequia y el Reino Unido son llevados a hoteles donde deben someterse a pruebas de coronavirus. Esto España no lo hace con Javier Ortega Smith y los miles de españoles que regresan felices del norte de Italia por millares cada día hasta el 10 de marzo. De hecho, es tan excepcional que el Gobierno procura que sea noticia. Y esto solo ocurre con una veintena de repatriados de Wuhan.

Si el resultado es negativo, los viajeros griegos son llevados a su hogar, pero permanecen aislados catorce días bajo vigilancia estatal. Y si están infectados, se los confina en el hotel catorce días bajo control médico, salvo que exijan hospitalización. Con este arsenal de medidas, el Gobierno griego quema las naves del coronavirus antes de que lleguen a sus costas. Grecia no permite turistas ni que sus paisanos regresen descontrolados. Restringe movimientos internos y controla casos sospechosos. Nadie vigila diariamente a un sospechoso de coronavirus en España para que no deje su casa. Puede ir a múltiples escenarios: supermercados, bancos, farmacias, a pasear la mascota…

Grecia tiene bajo su lupa diaria a 23 356 personas que regresan del extranjero o tienen contacto con alguien que viajó. Los que violan su cuarentena lo festejan con una multa de cinco mil euros cada uno, junto con cargos penales. En España nunca hubo una sanción por salir siendo un posible infectado. Se sancionaba por igual salir ilegalmente, sano o enfermo.

Se prohíben todos los transportes y movimientos no esenciales. Ya solo permite salir de casa para ir a la farmacia o a un médico; a una tienda que no puede enviar sus mercancías; al banco; a ayudar a personas necesitadas; a una ceremonia (funeral, matrimonio, bautismo); por visitas o custodia de hijos; para hacer deporte en espacio abierto o pasear a una mascota, hasta dos personas, pero guardando 1,5 metros.

Hay dos tipos de movimientos tolerados, pero exigen validación certificada. Por trabajo o extraordinario. El segundo, por un solo uso, se obtiene y enseña mediante SMS. Incluye nombre, dirección y horas del movimiento previsto. Todo un adelanto. Y toda una facilidad para su control por la policía. Grecia ofrece un confinamiento light, pero un control avanzado que España no despliega. Grecia da un arma esencial a los agentes para no tener que interpretar a su antojo si es legal o no la salida de un ciudadano.

30 de marzo de 2020. Se confinan cinco municipios.

7 de abril de 2020. El Gobierno anuncia cortapisas para viajar. Quiere frenar que el virus se expanda durante la Pascua. Solo pueden viajar a su residencia permanente. Y no podrán volver hasta después del 27 de abril. En España, se adoptarán medidas de ese tenor tras el decreto del estado de alarma, pero en los días previos hay una fuga masiva, singularmente estudiantes de grandes ciudades que desean confinarse en su terruño.

12 y 13 de abril de 2020. Se cierran centros de trabajo, teatros, juzgados, cines, gimnasios, parques, clubes, centros comerciales, cafeterías, restaurantes, museos, sitios arqueológicos y tiendas de alimentos. Siguen abiertos supermercados, farmacias y locales de comida a domicilio.

El 19 de abril se confina un asentamiento romaní en Larissa de tres mil personas tras varios positivos. Y Grecia hace lo que no practica España: seguir los contactos. Localiza treinta y un contactos del primer positivo. Y aplica algo que también España racanea. Les hace la prueba. Finalmente, localiza veinte casos. Es la diferencia entre confinar a ciegas, como España, o hacerlo sabiendo quién es o no portador. No es un instrumento estadístico. Sirve para atar y vigilar asintomáticos.

Grecia no goza de la mejor sanidad europea. Ni es la mejor financiada. Tiene uno de los peores datos europeos de inversión sanitaria del PIB: el 4,9 % del presupuesto. Es decir, 820 euros por habitante, la mitad que España. España invierte 73 000 millones en sanidad y Grecia, unos 9000.

Pese a sus carencias aplica con urgencia medidas preventivas para frenar el virus: identificación de casos, localización de contactos e imposición de cuarentena a unos y otros. España ni identifica ni aísla a los contactos. En mayo, Sánchez exige a las autonomías que creen brigadillas para buscarlos, lo que nunca hizo durante su mando único con la UME, ni con sus fuerzas policiales.

En Grecia, los pacientes con síntomas más serios son hospitalizados. Los casos leves son aislados en casa. El Gobierno griego, en lugar de lloriquear sobre su precaria sanidad, la mueve con prontitud precisamente porque sabe que su ejército es débil. Pero su historia le enseña que Grecia ha derrotado ejércitos más poderosos con puro ingenio. La prontitud de una medida contra una pandemia no radica en qué fecha se toma, sino con cuántos infectados o muertos se adopta. En igual fecha, por culpa de tales cifras, una misma medida puede ser salvadora o inútil.

Además de implantar medidas restrictivas con pocos casos, ¿qué hace después Grecia? ¿Espera en el hospital la llegada de casos o sale a cazarlos en aeropuertos o asentamientos? Grecia hizo esto último. España se quedó en el fuerte.

Grecia asume las pautas de la OMS desde el 25 de febrero. Su concepto amplio de sospechoso: «paciente con enfermedad respiratoria aguda severa que requiere hospitalización y sin otra causa establecida». No exige viaje a China. Hace suya la propuesta de la OMS: «todo caso sospechoso se someterá a pruebas de laboratorio para detectar el virus SARS-CoV-2». Todos, no solo los casos flagrantes de coronavirus que fija España, sino los que comparten síntomas. Gran diferencia con el caso español, que busca disuadir de acudir a urgencias a los que solo tienen infecciones respiratorias.

Grecia, además, se dedica intensamente a buscar el contacto cercano de cada caso. ¿Y qué es contacto cercano? Casi todo. Todo el que haya experimentado la menor proximidad con enfermos o contagiados. El que comparta casa con un paciente COVID-19; el que tiene un contacto físico (incluso un apretón de manos); el que trata casos sin protección de EPI; el que los aborda quince minutos cara a cara; el que comparte zonas cerradas (hospitales, aulas); el que comparte viaje…

Grecia, a diferencia de España, hace suya la teoría de la OMS. Identifica contactos de casos probados o posibles. Una labor policial que criba información del paciente, parientes y centro de trabajo. Investiga qué ha hecho el paciente y el paradero de sus contactos. Cada contacto se localiza y se entrevista para confirmar la exposición al caso, comprobar síntomas e identificar contactos adicionales. La exitosa técnica asiática.

Los contactos que no tienen síntomas son monitorizados hasta catorce días después del último contacto con el caso COVID-19. Cualquier paciente con infección respiratoria aguda en Grecia es tratado como coronavirus, por si acaso, y se le aplica aislamiento frente a otros pacientes y visitantes. Y serán atendidos con EPI. En España estas medidas se aplicarán tan escasamente que se infectarán pacientes y más de cincuenta mil sanitarios. Toda decisión preventiva tiene una proyección en cifras.

Grecia establece un registro digital para evaluar su stock de material (EPI) contra el coronavirus y la capacidad y ocupación en tiempo real de camas hospitalarias y de UCI. Esto se lo plantea España en junio. Puede pronosticar necesidades futuras o escaseces. El 21 de marzo, los chinos proporcionan a Grecia dieciocho toneladas de suministros médicos, que incluyen 550 000 EPI. El 26 de marzo arriban once toneladas de medicamentos donados por los Emiratos Árabes Unidos. Grecia maneja mejor la caridad que España sus mil millones para compras. Al sumarse partidas fallidas, como los 640 000 test de Bioeasy, Grecia saca una ventaja de meses a España en su aprovisionamiento de material pese a su sanidad mileurista. Invierte 820 euros en sanidad por habitante, la mitad que España. La tardanza o prontitud de las compras no solo retrata la eficiencia de un Gobierno. Significa ahorrarse o no miles de afectados o muertes por falta de tal material. La eficacia, no el dinero, salva vidas.

Al comienzo de la epidemia, el sistema de salud griego tiene serias limitaciones para hospitalizar pacientes con enfermedades altamente infecciosas. El 31 de marzo, ya dispone de 3307 camas para coronavirus. El 16 de abril suma 4007, de las que 3610 eran para casos pendientes de resultados. No solo hospitaliza o aísla a enfermos, sino a potenciales enfermos.

Grecia tiene pocas UCI. En febrero de 2020, había 565 camas públicas, frente a las 6000 de las que alardea Sanidad. El 31 de marzo, el número total de camas de UCI griegas aumenta a 870. El 16 de abril, ya son 1000. Con tan escaso número de camas UCI, Grecia estaba condenada a una mortandad si su Gobierno hubiera demorado la respuesta al virus. Muy bien tuvo que hacerlo para no colapsar sus UCI mientras España naufragaba con seis veces más plazas UCI. Grecia tenía una cama por 10 700 habitantes. España tenía una cama UCI por cada 7833 habitantes. Grecia es pobre, pero torera. Le sobran camas UCI, mientras a España le faltan. Solo usa un tercio de las camas de UCI para pacientes con COVID-19 porque el número de casos graves se ha mantenido en niveles relativamente bajos.

Otro ejemplo de prontitud en la respuesta. El 26 de febrero, horas después del anuncio del primer caso confirmado de COVID-19 en el país, se suspenden los permisos del personal sanitario y se empieza a contratar personal. El 4 de abril se plantea fichar 4824 profesionales de medicina, y dos días después ya contrata 2312. Y bonifica a los trabajadores de salud, algo que pide el PP aún en mayo. El 23 de marzo más de ocho mil voluntarios han solicitado colaborar. Y el 13 de abril de 2020 se posibilita el empleo de médicos privados para atender emergencias.

Grecia mueve rápido sus escasas fichas frente a la pandemia. Trece hospitales de referencia contra el coronavirus en todo el país y cuatro hospitales dedicados solo a pacientes con COVID-19, más centros locales. Acuerda comprar servicios de UCI del sector privado. Aumenta su potencial en reserva por si la situación se complica. La asistencia primaria asume una triple labor: detección temprana y manejo de posibles casos de COVID-19 (síntomas leves que no requieren hospitalización); remisión a atención especializada de los que necesitan hospitalización; y asistencia a pacientes crónicos o graves ajenos al coronavirus.

Los centros de salud funcionan veinticuatro horas para el cribado de pacientes de coronavirus, manejo de crónicos y control de casos aislados en su hogar. Los médicos deben realizar comunicaciones diarias por teléfono con pacientes. Y se crea un registro electrónico para monitorizar diagnosticados con COVID-19.

El 7 de abril se compran quinientas unidades móviles para hacer pruebas. Y se hacen pruebas de laboratorio a sospechosos con un criterio más generoso que el español: todos los griegos que regresan del extranjero; pacientes con enfermedad respiratoria aguda severa que necesitan hospitalización; sanitarios con infección respiratoria aguda con fiebre; mayores de setenta años o personas con afecciones crónicas graves. El 4 de abril se despliega una línea de apoyo psicológico. Sus servicios se destinan a la población general, personas con trastornos de salud mental, niños y sus familias, y profesionales de la salud.

Fruto de unas medidas urgentes que arrancan el 25 de febrero para frenar el COVID-19, reclutan personal y compran suministros médicos. El Ministerio de Salud griego obtiene 90,5 millones de euros de financiación adicional. Y maneja con soltura la caridad. El 14 de abril las donaciones superan los 80 millones de euros. No es difícil hallar elogios sobre el éxito griego en cualquier análisis. Desde RTVE al diario Consalud los recogen:

El 11 de marzo, cuando el número de contagiados no había superado la barrera del centenar y cuando aún no se había registrado ningún fallecimiento, el Gobierno griego decretó el cierre de todos los centros educativos. Apenas cuarenta y ocho horas después del registro del primer deceso se ordenó el cierre de todos los bares y restaurantes, así como centros culturales como los museos. España tardó treinta días en decretar este tipo de medidas desde el registro del primer fallecimiento (Italia, dieciocho días). Algunas comunidades ordenaron el cierre de los centros educativos cuando ya reportaban más de un millar de contagiados.

Grecia fue uno de los primeros países del viejo continente en monitorizar todos los vuelos procedentes de China. Hizo de la fragilidad fortaleza:

El temor al colapso del frágil sistema sanitario heleno ha sido precisamente el toque de atención que alertó al país para poner en práctica rápidamente las medidas de prevención con las que evitar la expansión del virus. Grecia ha sido testigo de cómo el COVID-19 saturaba en cuestión de pocas semanas los sistemas sanitarios españoles e italianos. Las autoridades optaron rápidamente por adoptar medidas que han sido acatadas con escrupulosa disciplina. El primer caso en el país se registró el 26 de febrero. A finales del pasado mes de febrero Grecia suspendió la celebración del carnaval que, respecto a los países católicos, se esperaba con una semana de retraso con motivo de la Pascua ortodoxa. El retraso en la celebración de este tipo de festividades y de una entrada más tardía del virus en sus fronteras ha sido clave en las cifras.

No valen excusas de recortes:

Ante el conocimiento de que los recortes en la última década han debilitado el sistema sanitario, el Gobierno obligó a todos los centros privados a ceder sus camas de UCI a la sanidad pública. Al inicio de la epidemia el país contaba con 565 camas en UCI que han conseguido aumentar hasta las 997. Se han contratado además 3073 profesionales sanitarios. Grecia ha sufrido una década de recortes y su economía ha experimentado una contracción del 26 %. La sanidad ha sido uno de los ámbitos que más ha sufrido los recortes y un escenario como el de España o Italia no era posible en un país con 11 millones de habitantes y una población muy envejecida.

Grecia supo elegir entre riqueza o muertos: «Pronto, el Gobierno griego se enfrentó a un importante dilema: ¿enfocarse en salvar a su gente (y evitar miles de muertes) o proteger la economía? A diferencia de muchos otros países en Europa, escogió la primera opción —afirma The Greek Analyst, uno de los más populares analistas económicos del país a El Confidencial—, aunque eso luego traerá costes económicos».

«Estamos mejor en Grecia que en otros países europeos porque se tomaron medidas estrictas y muy pronto, y porque la población cumplió con las restricciones. Creyó en su Gobierno y en los expertos. Lo que pasó en Italia lo sentimos muy cerca de casa y fue aterrador», dice la eurodiputada griega del partido del Gobierno, Anna-Michelle Asimakopoulou.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, descubre el secreto del éxito de su país frente a la pandemia: «Disciplina y resiliencia». Ni test masivos como en Alemania, ni ofensiva tecnológica como en Corea del Sur o Israel. El 25 de mayo, Grecia solo tiene 2882 casos. Hay setenta y siete países que tienen más contagios. Y 172 muertos. Su tasa es de 276 casos por millón y de 16 muertos por millón. España tiene en esa misma fecha 282 480 casos y 26 834 muertos. Y una tasa de 6042 infectados por millón y de 854 muertos por millón. O Zeus ha protegido Grecia o un rayo de negligencia fulminó España.

El fuego griego. En el 214 a. C., Arquímedes hace arder la poderosa flota romana que asedia Siracusa. Su fórmula es tan simple como secreta. Acaso petróleo, azufre, amoniaco, resina y cal viva. En 2020, Grecia derrota a las potentes trirremes del virus con igual ingenio. Tras conocer el precario y exitoso modelo griego ningún líder serio puede invocar la fatalidad para justificar un desastre sanitario por el coronavirus. Sánchez lo hace.

Capítulo 13
El virus mata la verdad

La mayor batalla contra la pandemia no la da el Gobierno en el campo sanitario ni científico. El eje de su guerra ha sido la comunicación. Su reto en todo momento ha sido cómo vender su actuación y neutralizar las críticas. Al arranque del capítulo puedes pensar que mi aseveración es exagerada. Cuando lo termines, por mal que haga mi trabajo, habrás leído una sistematicidad de hechos que, como mínimo, deben hacerte dudar.

El 22 de abril publico que más de cinco semanas después de proclamar el estado de alarma y de anunciar cinco millones de test rápidos, el Gobierno solo había detectado, a 21 de abril, 9636 casos de coronavirus por esta vía. Amagó con un masivo análisis y confinamiento de los asintomáticos mediante test rápidos: solo había fichado 1424 asintomáticos en toda España. Demuestra el fracaso o la mentira de esta vía de diagnóstico del Gobierno para focalizar la expansión del virus, sea por la insuficiente calidad de los test o por su minúscula aplicación.

Primera casualidad tras la publicación el 22 de abril. Ese día Sanidad deja de sumar como nuevos casos los que dan positivo por test rápidos, pero no tienen síntomas. Es una cifra irrelevante aún. Es un fracaso detectarlos tan escasamente. Y es incongruente borrarlos de la lista de los nuevos contagiados. El Gobierno da una razón peregrina para no sumarlos a los casos nuevos: los asintomáticos no saben cuándo se infectaron: «Se han notificado personas con anticuerpos positivos sin síntomas en el momento de realización de la prueba en las que no se puede establecer un momento de contagio ni si han padecido o no la enfermedad. Para el cálculo de nuevos casos de COVID-19 se han corregido los datos de días previos separando estos casos».

Son pocos aún el 22 de abril los asintomáticos fichados, mil setecientos, pero el Gobierno sabe que es la cifra que va a subir más. Solo en Torrejón se hallan más de veintiséis mil, el 20 % de su población, tras un test masivo en junio. Lo previsible es que los test rápidos se extiendan y que los españoles acudan menos a los hospitales, donde están los PCR. Es decir, lo probable es que aumente la población contagiada sin síntomas y disminuya la que enferma por COVID-19. Tampoco son muchos los detectados ese 22 de abril por test rápidos con síntomas a esas alturas. Apenas 11 174. Una gota en el total de los casos registrados: 209 706.

Segunda casualidad. Dos días después de mi publicación, el 24 de abril, Sanidad cambia nuevamente su estadística. Elimina del total de casos acumulados todos los cazados mediante test rápidos, tanto sintomáticos como asintomáticos. El total de casos que vende Simón a las televisiones excluye a los 1756 asintomáticos y a los 16 774 que sí tienen síntomas cazados con test rápidos. En el cuadro de honor del parte de Sanidad, España tiene 202 990 casos. En el cuadro vergonzante, que pone en su tercera página, España registra 219 764 casos.

Este robo de casos tiene una incidencia espectacular en la presentación de nuevos contagiados: el 23 de abril los casos nuevos son 4635, el 24 de abril solo se registran 2796 casos nuevos. Simón con su toque mágico rebaja un 39,6 % los casos nuevos. No hacen falta mascarillas para bajar los contagiados nuevos. Basta con retocar la estadística. Delete, delete.

Pero al equipo de Illa se le va la mano: vale que con el nuevo mecanismo se computen en adelante menos casos nuevos, pero se le ocurre también restar del total de casos ya publicados todos los procedentes de test rápidos. Y, oh, milagro, el 23 de abril España tiene un total de 214 535 positivos y el 24 de abril solo 202 990. El Gobierno de Sánchez ha rebajado un 5 % los enfermos con un mero clic. Delete, delete.

11 545 enfermos salen de la foto que tanto afea la imagen del Gobierno que prometió que esta epidemia no llegaría. El 24 de abril ante toda España Simón dispara a portería vacía el balón que se ha puesto en el pie: «Hoy es el primer día en el que podemos dar datos de curados superiores a los nuevos casos notificados». No es casualidad. Es comunicación.

Pero el 16 de mayo sigue sin dar resultados tal ofensiva de test rápidos. Solo 45 000 españoles han sido detectados. Algo no cuadra. No hay razón que explique que, tras más de cinco millones de test rápidos, solo resulten infectados 45 000 españoles. Menos de mil infectados por millón. ¿Quién dijo pandemia? Que los test rápidos son un fiasco lo prueba su comparación con los PCR tradicionales: todavía el 22 de abril detectan el virus en 188 508 de los 208 389 casos confirmados, el 90 %. Es decir, solo se ficha un 10 % por test rápidos. En mayo, del total de 276 000 positivos solo 45 807 han sido cazados con test rápidos. Apenas el 16 %. El arma del Gobierno para fichar urgentemente infectados ha fallado. Ni rápidos ni masivos.

No solo se maquillan las cifras de contagiados, hasta el punto de que la OMS se plante un día y asigne cero nuevos casos a España y congele sus cifras. También las de muertos. El 28 de marzo, El País alerta de que el MOMO, que mide muertes producidas por exceso, «revela que el virus casi ha duplicado la mortalidad en algunas zonas de España. También que la información que cada día ofrece Simón solo está mostrando una parte de las dimensiones de la epidemia, ya que únicamente incluye a aquellos pacientes que fallecen tras haber dado positivo en las pruebas de coronavirus».

Los datos son explosivos: Castilla y León del 17 al 24 de marzo registra 885 fallecimientos. Lo esperable, según las medias registradas en los años anteriores, eran 500. Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid ofrecen igual explosión. Entre el 15 y el 24 de marzo, Castilla-La Mancha anota 938 fallecimientos, un 75,5 % más de lo previsto. En Madrid, entre el 10 y el 16 de marzo, las muertes suman 1318, un 66 % más de las 794 previstas.

Sanidad no incluye en sus estadísticas tales muertos extra que hace aflorar el MOMO. Informa de que Madrid registra en esos días 192 fallecimientos, cuando el exceso de mortalidad detectado por el MOMO ronda el triple. En Castilla y León, del exceso de 385 muertos solo se contabilizan 112. Menos de un tercio de las muertes reales. Y en Castilla-La Mancha, de las 404 muertes sobrantes, el recuento oficial de Simón deja fuera la mitad.

La benévola impresión de El País es que se trata de un problema de caos administrativo de los registros civiles. La furibunda respuesta del Gobierno prueba lo contrario. Ese mismo día, 28 de marzo, en la rueda de prensa, todos los altos cargos lanzan un mensaje unánime: no se pueden atribuir las muertes por exceso al coronavirus: «Son por todas las causas». Lo repiten machaconamente. «No es una conclusión del informe del MOMO». Pero no dan una sola explicación de qué otras causas pueden estar matando tanto en la España asolada por la pandemia. Tal defensa numantina es sospechosa. La hipótesis del descontrol administrativo se desdibuja. No sabemos de qué se mueren, pero no es de coronavirus. No se sabe la verdad, pero se prohíbe la duda. La duda ofende.

Simón deja una de sus perlas para la posteridad. Los datos sobre la mortalidad del virus en España son «bastante aproximados a la realidad», aunque reconoce que «obviamente puede haber alguno que se escape». En julio son más de 44 000 los muertos que se le escapan: «Sacar la conclusión de que se están infradiagnosticando los fallecimientos es tremendamente arriesgado. Los pacientes con COVID-19 están llegando a los hospitales —explica Raquel Yotti, directora del Carlos III, de quien depende el MOMO—, por lo que, si mueren allí, sí que son registrados». Si mueren allí… Pero solo se hospitaliza al 59,6 % de los mayores de ochenta años. Y son los que copan las muertes extraoficiales. Sanidad sabe que se han quedado a las puertas de los hospitales más del 40 % de ancianos enfermos de coronavirus.

¿No le cabe pensar a Simón que los muertos extra del MOMO sean esos pacientes de coronavirus que no caben en los hospitales por el colapso sanitario?

Pero las comparecencias diarias sobre el coronavirus seguirán una pauta implacable. Son el escudo humano del Gobierno para ocultar el descalabro de su gestión del coronavirus. La consigna es negar la evidencia. Le pueden preguntar diez o cien veces a Simón por los muertos extra del MOMO. Siempre eludirá la cuestión. Da igual que la cuestión se formule en abril o en mayo. Da igual que el exceso de muertes sean 30 962 el 29 de abril, 43 014 el 28 de mayo o 44 546 el 29 de junio. Da igual que vaya creciendo además la separación entre los muertos reales y los etiquetados con sello de coronavirus. El 2 de julio son 28 368 los muertos por la pandemia, pero en los cementerios hay un exceso ya de 44 546 fallecidos. A Illa le faltan 16 178 cadáveres.

Simón en abril dice que no se pueden sacar conclusiones y en mayo que igual ha habido «un accidente enorme de tráfico». Lo dice para explicar un desfase ya de cinco mil muertos. No es nada personal. Es el manual implantado por Iván Redondo. Y Simón es su mejor discípulo. Su aspecto bonachón, de científico distraído y sus confusas frases le convierten en el mejor portavoz. Es difícil atacar una afirmación ininteligible. Y siempre añade «si bien» para anular su frase o se basa en «la evidencia científica», como si poseyera las tablas de la ley.

Algún día habrá que hacer la historia del ascenso al poder de Simón. En términos científicos del doctor Mourinho, Simón ha sido el puto amo durante la pandemia. Ha dado la cara en público para decir la verdad revelada del Gobierno, pero es mayor el poder que ha tenido entre bambalinas: ha pilotado y elaborado los protocolos donde se decía qué debían hacer las autonomías, cómo debían protegerse o no, testarse o no, todos los españoles, incluidos colectivos vulnerables como sanitarios y ancianos.

Integró comités presidenciales, por encima de sus jefes, salvo Illa. Compartía cumbres científicas diarias con los amos de la comunicación del Gobierno: Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver. Ciencia y comunicación iban de la mano. Mal maridaje.

La opacidad contamina todo. No solo en el número de enfermos y muertos. Impregna algo tan pacífico como las compras sanitarias. En ese campo, Illa alcanza su cumbre de comunicador bajo el influjo de Redondo. Cuando toda la prensa y la oposición le asedian por la compra de los seiscientos mil test rápidos chinos fallidos y para saber el nombre del intermediario español, lanza una respuesta para los anales: «No lo oculto, pero no se lo digo». Durante semanas se le exige el nombre del intermediario español y el contrato. Pero su blindaje es total.

Con la excusa del estado de alarma, el Gobierno deja de publicar los contratos millonarios que está desplegando. Explica que han cambiado los plazos administrativos para adjudicarlos. Es una mala excusa. Se puede adjudicar por urgencia, y se puede difundir con urgencia.

Lo que el estado de alarma recorta, porque así lo ha exigido el Gobierno, es que en lugar de tramitar compras mediante licitaciones públicas que se pueden alargar semanas o meses con sus sucesivas fases (anuncio del contrato, plazo de presentación de ofertas, selección de las ofertas y adjudicación, más visado del gasto por la Intervención del Estado), se limite a un telefonazo a una empresa y firmar un contrato. Ya es bastante la impunidad que le da esa situación al Gobierno para añadir, además, el ocultamiento de la empresa que ha sido escogida al azar por un monto millonario.

Y esa transparencia es esencial: evita sospechas de clientelismo o corrupción —se están ejecutando no contratos menores, sino multimillonarios—, y la población tiene derecho también a saber si las compras son reales o ficticias.

El Gobierno deja de proporcionar información a su portal de transparencia y el BOE queda mudo. Sánchez recibe un rapapolvo oficial de Hacienda por tal ocultismo. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado reprocha inútilmente al Gobierno que nada hay que «excepcione la publicación en los periódicos oficiales que corresponda conforme al artículo 154 LCSP de la formalización de estos contratos».

Y le recuerda también que por vertiginoso que sea el proceso de adjudicación debe informar a la Intervención General del Estado del gasto y contrato que quiere acometer.

Hacienda pide transparencia al Gobierno:

La razón que justifica que sea posible prescindir del trámite de formalización en un primer momento es la misma que justifica no tramitar el expediente de contratación. Sin embargo, no parece que tal posibilidad debiera emplearse más allá de los supuestos en que la emergencia sea tal que impida de hecho realizar el más mínimo trámite antes de iniciar la actividad contratada y no excluye que, posteriormente, pueda dar lugar a una formalización por escrito y a la publicación de los extremos propios del contrato en cuestión. Recordemos que la relajación de los requisitos procedimentales en la tramitación de emergencia tiene por finalidad la inmediata ejecución de la prestación contratada, pero ello no excluye que, a posteriori, puedan llenarse las exigencias de los principios de publicidad y transparencia, razón por la cual parece recomendable que, incluso en los limitados supuestos en que se acuda a la contratación verbal, se proceda a documentar adecuadamente la adjudicación y formalización del contrato.

España no sabe si el Gobierno contrata oralmente o por escrito. Solo tiene constancia de que lo oculta verbalmente y por escrito. El Gobierno ha relajado los controles internos y externos para contratar. Otros países sí están aplicando los controles administrativos habituales a sus contratos. El doctor en Derecho y experto en Transparencia, Miguel Ángel Blanes, se queja: «si las personas no tenemos acceso a una información clara, veraz y actualizada sobre la incidencia y evolución del virus, no podemos saber si las cosas se están haciendo bien», y alerta de que «nadie puede confiar en lo que no conoce», poniendo en valor la importancia de la transparencia en una crisis sanitaria. Este jurista ignora que el caso español es distinto. No sufre una pandemia. España está en guerra.

Es otro hallazgo de la ciencia. De la ciencia de la comunicación. España está en guerra. Y el resto de países solo sufren una pandemia. Sánchez usa en el Parlamento el 12 de abril ocho veces la palabra guerra. Pide al PP que contribuya a la posguerra tras la pandemia. Articula su discurso con conceptos como victoria, batalla, frente, armas, enemigo o primera línea y visibiliza que los sanitarios, su ejército, están «batiéndose contra el virus». «Cuando venzamos esta guerra, que la vamos a vencer, estoy convencido, necesitaremos todas las fuerzas del país para vencer la posguerra. Hoy, hacemos frente a un enemigo formidable».

Si España está en guerra, ¿cómo se van a publicar los contratos de test chinos? ¿Queremos que el virus lea el BOE? ¿Queremos avisar de cómo vamos a atacarlo para que mute? Transparencia es traición. El virus no debe saber lo que hace el Gobierno. Ni los españoles. El virus tiene infiltrados.

La guerra tiene una segunda virtud adicional. No se puede discutir al Gobierno. ¿Estás con el Gobierno o con el virus? Sánchez logra que sus seguidores crean que, en plena guerra, es sabotaje o alta traición criticar al Gobierno. El sociólogo Javier Aroca apunta que «sobra el lenguaje bélico y sus símbolos. Estamos en paz, no hay un enemigo militar, es una pandemia. En todo caso hay un adversario ideológico y eso se combate con la razón, argumentos y democracia total».

Ni siquiera las guerras reales suspenden el debate político. Es un bulo. No lo apaga en las democracias. El 7 de mayo de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, el primer ministro británico, el conservador Neville Chamberlain, se somete a una sesión de control en el Parlamento. Le acosa la opinión pública, la oposición y un sector de su partido. El «debate noruego» surgido por las derrotas aliadas en Escandinavia le cuesta duras críticas.

Le atacan por su fallida estrategia el líder laborista Clement Attlee, David Lloyd George, ex primer ministro, y Harold MacMillan, de su partido. La sesión termina con una moción de confianza. Chamberlain gana por ochenta y un votos cuando tenía una mayoría aplastante. Evidencia su derrota política. Propios y extraños le critican cuando el Reino Unido teme ser invadido por los nazis, cuando han muerto cuatro mil soldados británicos en Noruega. Si Chamberlain sufre debates por sus batallas fallidas cuando se enfrenta a un ejército alemán que se pasea por Europa, ¿puede Sánchez admitir críticas sobre su gestión frente a un virus?

La escritora Nuria Labari desmonta en El País esta guerra:

Todo el mundo sabe lo que es una guerra y todos sabemos que esto no lo es. Sin embargo, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Donald Trump afirman que sí, que esta es nuestra guerra. […] Nos pasamos el día hablando de una guerra que no es con unos datos de infectados y de muertos que tampoco son. Que no son ni de lejos. Pero eso ya da igual. Porque en las guerras, todo vale […]. Así es como consiguen que su ineficacia nos suene épica y hasta gloriosa.

Un día dices esto es la guerra y al siguiente hay gente pensando que en una situación así puede que la respuesta de una dictadura como la china sea más eficaz que la meliflua receta europea. Porque, una vez en la trinchera, el único objetivo razonable es ganar. Y hacerlo a cualquier precio. Por eso, cada vez que Pedro Sánchez habla de guerra, Santi Abascal se da golpes en el pecho soñando con las próximas elecciones. Porque saldremos de casa, pueden creerlo y volveremos a votar. Y ese día Santi nos recordará que políticos hay muchos, pero que legionario solo uno. Qué digo, puede que Abascal nos sepa a poco. Hitler también salió de una guerra, ya puestos a entrar en la lógica belicista dominante (…).

Lo de Trump lo entiendo, porque sabe cómo abonar a su electorado, pero lo de Europa no tiene perdón. Y lo de Sánchez no tiene nombre. Cada vez que usa la metáfora de la guerra está dando munición a sus enemigos políticos, armados ya hasta los dientes de razones. Poco importa quién ganó en las urnas cuando la verdad está en el campo de batalla.

Una guerra no es una guerra sin uniformes. Sánchez necesita uniformes para su guerra. El 20 de marzo Sánchez pone a sus uniformados frente a las cámaras para que den la cara diariamente desde la Moncloa ante todos los españoles: el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya; el director operativo adjunto de la Policía Nacional, José Ángel González; y el director operativo adjunto de la Guardia Civil, Laurentino Ceña.

La cara del Estado tendrá tres cuartas partes uniformadas y una civil. Más parece la foto de un golpe de Estado que el combate a una pandemia. Los responsables de las Fuerzas Armadas poco aportan informativamente. Más allá de contar con autobombo que sus subordinados actúan heroicamente, que la gente los aplaude y que han llevado la cesta de la compra a una anciana, o cuántos aeropuertos han desinfectado. Y, por supuesto, datos sobre sanciones a quienes violan el confinamiento.

La policía se gusta: «Los 68 000 agentes que componen la Policía Nacional están totalmente comprometidos en esta misión, trabajando con dedicación y profesionalidad al servicio de todos los ciudadanos y velando por minimizar esas conductas irresponsables que aún se están produciendo. Como ya he repetido en otras ocasiones, el delincuente no descansa, pero la Policía Nacional tampoco».

La Guardia Civil también aprovecha su diario karaoke:

Nuestra actuación se ha centrado de manera especial en la faceta benemérita, característica de la Guardia Civil, asistiendo y auxiliando a las personas más necesitadas y vulnerables.

La Guardia Civil convertida en María Auxiliadora por la Moncloa, hasta que emite un informe por el 8M que le disgusta y genera ceses en cadena. No digo que no haya auxiliado. Pero es chusco decirlo diariamente. Su fin primordial es sancionar el incumplimiento del confinamiento. Tarea igualmente loable.

En la parte intimidatoria, el mensaje cala: os estamos vigilando. Pero agotadas las anécdotas y aburridas relaciones de sanciones, los mandos policiales acabarán explicando hasta el último kilo de droga que han intervenido. Tienen que llenar horas de audiencia y aprovechar su minuto de gloria para un público que espera novedades sobre la pandemia y tiene que escuchar sucesos que ni el más humilde reportero recogerá: «El pasado sábado fueron detenidos dos jóvenes que navegaban por el río a bordo de una lancha neumática semirrígida, embarcación habitualmente utilizada para el transporte de hachís. Al divisar el dron, ambos se lanzaron al agua e intentaron huir sin éxito, ya que fueron finalmente detenidos por un delito de contrabando».

Y el mando militar hará su aportación al Got talent de la Moncloa: «Todos los días son lunes».

Pero del mensaje insufrible de autobombo, se pasará al patinaje con la comisión de graves errores en la comunicación. El responsable de la Policía pondrá en un aprieto al Gobierno. El 28 de marzo, cuando España es un hervidero por la imprevisión en materia de mascarillas, el director adjunto de la Policía, José Ángel González, hace una estridente confesión en plena conferencia telemática: «Hace ya dos meses que el director general de la Policía nos encargó tanto a la Subdirección de Logística, como a la Dirección Adjunta Operativa, que empezáramos a mover la compra de mascarillas y de guantes».

Responde a una pregunta en la Moncloa. El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, nunca permite preguntas ni repreguntas durante el estado de alarma. Pero ese día se autoconcede una excepción. Tarda un segundo en lanzarse al cuello del alto mando policial para intentar que corrija. Oliver le pregunta si ha querido decir semanas en lugar de meses. González reitera que al menos «hace dos meses» recibió esa instrucción del máximo responsable del Cuerpo.

Por este desliz España ve confirmado el informe del comisario que en enero pidió proteger a los agentes porque llegaba una epidemia. La conclusión que deja la honestidad del DAO es unívoca: la dirección de la Policía pedía en enero mascarillas por un virus que el Gobierno decía que no iba a llegar. Ni siquiera en vísperas del 8M. El Gobierno estaba alarmado dos meses antes del decreto de alarma.

Pero hay otra sonora metedura de pata uniformada en público de los telemandos castrenses de Sánchez. El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, asegura el 19 de abril en la rueda de prensa que las fuerzas de seguridad trabajan en dos direcciones para hacer frente a las informaciones falsas: «por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos; y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno».

El general suelta tal bomba tras ser preguntado por la difusión masiva de bulos a través de la red a raíz de la epidemia. Se origina una polémica. La portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, asegura en Twitter que las palabras del general Santiago son una «prueba dramática de la capacidad del Gobierno para pudrir las instituciones». El líder de Vox, Santiago Abascal, asegura que las declaraciones del general son «el inicio de un golpe de Estado». Anuncia que su partido interpondrá «acciones judiciales urgentes contra los que han dado esas órdenes y contra cualquier funcionario que las acate».

El ministro del Interior asegura que «ha tenido que ser un lapsus». Fernando Grande-Marlaska insiste en el «compromiso absoluto» del Gobierno con la libertad de expresión, un derecho fundamental que protege las críticas «más áridas». La Guardia Civil publica un tuit en el que subraya que su labor con las informaciones falsas se ciñe exclusivamente a detectar bulos que generan «un gran nivel de estrés y alarma social, especialmente en temas de salud». Y lo hace «con escrupuloso respeto al derecho a la libertad de expresión y a la crítica. Se monitorizan bulos que pretenden generar alarma social, nunca la libertad de expresión».

El Gobierno decide acabar con la presencia de los uniformados en las ruedas de prensa a partir del 25 de abril, seis días después de la sincera declaración del general. Aparecían diariamente desde el 14 de marzo. El Gobierno no admite que es por la polémica causada. Ya «no son necesarios al no haber problemas de orden público».

España está pacificada. Ya no hay tumultos.

Pero el general no mentía. Interior comete el mismo lapsus. Ese mismo 19 de abril, a las 0.30 horas, antes de que hable el general Santiago a mediodía, El País publica lo siguiente:

Los expertos de la Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior han reportado desde la entrada en vigor del estado de alarma y hasta el pasado viernes 291 «eventos de desinformación» o ciberbulos de relevancia, según confirman a El País fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. Se trata de mensajes falsos difundidos en internet y las redes sociales que van desde teorías conspiratorias hasta narrativas que buscan perjudicar la imagen del Gobierno. La Policía analiza si se han usado bots [cuentas para la difusión masiva automatizada] para su propagación y con qué objetivo.

Interior no rectifica la noticia. Añade que es un dispositivo usado en las dos últimas elecciones:

Entonces, el objetivo era contrarrestar la información falsa que buscase cambiar el sentido del voto o perjudicar a algún partido. En ese caso, los expertos de Interior debían informar del incidente «a la mayor brevedad para su oportuna valoración y para la toma de decisiones correspondientes» al Departamento de Seguridad Nacional (DSN), parte de la estructura de Presidencia.

Días antes de tantos lapsus policiales, Podemos denuncia ante la Fiscalía una trama criminal que vierte bulos en las redes. Reclama «las acciones penales que pudieran corresponder» contra los integrantes de lo que califican una «estructura organizada con el fin exclusivo de difundir graves infundios y falsedades a sabiendas, mentiras que buscan causar alarma social, desestabilizar la situación política y debilitar la actuación de las instituciones del Estado».

Pone como ejemplo la difusión de unas fotografías que muestran decenas de ataúdes en un inmenso almacén junto al emblema del PSOE y una ilustración de un virus, junto al texto: «La foto por la que están investigando a decenas de policías y sanitarios». Pretende dar a entender que las decenas de ataúdes contienen muertos ocasionados en España por el COVID-19, y que esta realidad se pretende esconder por el principal partido del Gobierno de España para generar así indignación social mediante la utilización de personas fallecidas.

Los denunciantes señalan que la imagen corresponde, en realidad, a emigrantes víctimas de un naufragio cerca de Lampedusa en 2013. El segundo ciberbulo denunciado por Podemos es un vídeo en el que aparecen decenas de bolsas que contienen cadáveres hacinados supuestamente en el hospital madrileño Ramón y Cajal. Las imágenes fueron enviadas de manera masiva a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp junto al texto: «¿Quieres ver la realidad que te oculta el Gobierno? Pues es esta. Grabado hoy con cámara en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. NO SON 1000 MUERTOS DIARIOS. SON MUCHOS MÁS. Tirados por el suelo, en bolsas, como perros».

El centro sanitario lo desmintió. El vídeo fue grabado en un hospital de Guayaquil (Ecuador). Pero siguió circulando, ubicando falsamente las fotos en otros hospitales españoles.

Podemos entiende que detrás de estas fake news hay una «estructura integrada por distintas personas concertadas, con distintas tareas repartidas, con el único fin de difundir masivamente falsas noticias, cambiando algún contenido de la información difundida tan pronto uno de estos contenidos ha sido desmentido eficaz y públicamente». ¿Y cuál es el objetivo?: «Causar una injustificada alarma social, acusando directamente al Gobierno de ocultar información a la población, de ser incapaz de gestionar la crisis sanitaria, de desatender a enfermos, a fallecidos y de ocultar información a los familiares de estos últimos». Hemos llegado al punto clave. Podemos, partido de Gobierno, denuncia estos bulos porque acusan al Gobierno de ocultar información, de ser incapaz de gestionar la crisis sanitaria…

Buena parte de la sociedad, de la prensa y del arco parlamentario creen que el Gobierno ha gestionado mal la crisis y que oculta información. Que la gestión ha sido tardía lo dicen encuestas de un diario no sospechoso de integrar una estructura criminal como es El País. Cuando escribo esto, el 25 de junio, el Gobierno se resiste a dar la cifra de muertos en residencias, aunque la recibe. ¿Es ocultación de información a la población y a los parientes de los fallecidos? Ha dejado de publicar datos de infectados por test rápidos. ¿Es ocultación de información? Ha negado toda información sobre sus contratos, incluso en sede parlamentaria. ¿Es ocultación de información?

Por tanto, hay que tener cuidado cuando se suman dos vértices: bulos y Gobierno. No es lo mismo que Rusia orqueste una campaña en redes para desprestigiar a un candidato a presidente a que haya un descerebrado, o miles, que hagan circular una foto falsa en internet. Que se querellen los hospitales por la foto de los cadáveres. El bulo no es una figura jurídica. No es un delito. La ley española solo admite dos hechos perseguibles: injurias o calumnias. Si digo que la Tierra es cuadrada es irrelevante penalmente. Para perseguir lo que pretende Podemos basta la legislación existente. La misma legislación que utiliza Podemos para denunciar o demandar periodistas. Pero es peligroso, abusivo, que el Gobierno ponga a sus sabuesos a la caza de bulos que le perjudiquen. Es loable que se investigue una estructura criminal fabuladora, si existe. Pero perseguir salvajadas en las redes puede conducir a caminos imprevistos.

La policía del Gobierno de Podemos debería verificar mensajes en redes de personas de su espectro que culpan de los muertos del coronavirus a Rajoy o a Aguirre. ¿Es libertad de expresión o bulo? Y otros culpan a la OMS de enriquecerse con la pandemia o de ocultarla deliberadamente. ¿Detenemos a todos los internautas? El Estado debe ser muy fino para no hacer una pesca masiva. Naturalmente, mis fuentes en Guardia Civil y Policía me aseguran que cuanto hacen es legal y que solo llevan a la justicia lo que es delictivo. Y no constan denuncias contra buleros. Evidencia que se investiga lo que no se puede castigar. Y si no se puede castigar, ¿para qué se investiga? La Fiscalía me matiza que se ha remitido una denuncia por bulos a un juzgado y que no ha habido más por la suspensión de servicios.

Bueno, es un material gratis que recibe el Gobierno que puede tener muchos destinos. No está mal saber quién denigra en redes en todo momento. Y luego siempre hay medios amigos que dejan en evidencia al fabulador. Una labor de limpieza siempre útil, pero que el Gobierno no debe fomentar, sino la propia prensa. La secuencia es curiosa. La denuncia no se presenta en un juzgado, que pediría mayores precisiones. Se hace el 6 de abril ante la Fiscalía, que controla la exministra Dolores Delgado. Y el 15 de abril la Fiscalía General acuerda investigarla. El País titula así: «La fiscalía investiga si existe un grupo criminal detrás de la campaña de bulos contra el Gobierno sobre el coronavirus». Varios medios interpretan igual dicha iniciativa. No solo abre diligencias penales, da un cursillo sobre penalización de bulos. La fiscalía identifica una decena de tipos penales en los que se puede incurrir por difusión de noticias falsas, dependiendo del contenido o el grado de divulgación, que van desde delitos de odio, desórdenes públicos, injurias o calumnias hasta estafas y delitos contra los consumidores.

Sirve de guía para los fiscales. «Las noticias falsas inundan actualmente las páginas de internet y las redes sociales, pudiendo llegar a generar confusión e incluso alterar la percepción de la realidad de los ciudadanos. Esto, unido a la actual situación de crisis sanitaria, constituye el caldo de cultivo propicio para que algunas personas, aprovechando el desconcierto existente, traten de atacar determinados bienes jurídicos, entre ellos especialmente el patrimonio y singularmente el de aquellas personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad», explica el informe.

Pablo Echenique, que se identifica en Twitter como científico del CSIC y portavoz parlamentario de Podemos, dice esto en mayo a raíz de las manifestaciones en Madrid contra el Gobierno en la calle Núñez de Balboa: «Todos sabemos que, si las peligrosas “manifestaciones” de ayer hubieran sido en un barrio obrero, toda esa gente estaría identificada y multada». Está acusando de pasividad a la policía, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. ¿Es un bulo? ¿Daña al Gobierno?

Echenique tiene perlas diarias: «Este sonrojante publirreportaje a la cadena de hoteles de Kike Sarasola se entiende mucho mejor ahora que conocemos el turbio asunto del piso de lujo en el que lleva viviendo dos meses Ayuso. Si no es corrupción, se le parece mucho. En medio de la peor epidemia en un siglo». ¿Este científico del CSIC tiene pruebas?

Iglesias también dispara a gusto en redes. «Nunca más una crisis que empobrezca a la mayoría social mientras una minoría se llena obscenamente los bolsillos y disfruta de privilegios fiscales», tuitea Iglesias. ¿Qué empresario se forra con las fábricas y tiendas paradas? ¿Los de los test fallidos de Sanidad?

«Vox se ha puesto en contra de todas las medidas para defender a las familias y los trabajadores en esta crisis. Los falsos patriotas de grandes apellidos que quieren socavar lo público para beneficiar a unos pocos son contrarios a España. No tienen más patria que su dinero», escribe en redes el líder de Podemos.

¿Estos tuits fomentan el odio o el amor?

Iglesias el 19 de marzo dice que esta crisis «sí distingue de clase social» y celebra que no se aplique la austeridad de la otra crisis: «Tenemos que trabajar codo con codo, independientemente de nuestra ideología, independientemente del partido que seamos cada uno, para enfrentar una guerra que no distingue de territorios, pero que por desgracia sí distingue de clase social». ¿El virus distingue entre clases con empresarios y dirigentes del PP o Vox infectados o muertos?

¿Llegan tales bulos a la mesa del ministro del Interior o estos no tocan? Porque son bulos, pero no dañan al Gobierno. La virulencia, el odio y el sectarismo impregnan las redes, pero se reparten por igual entre izquierda y derecha. Y es muy difícil para un agente, juez o fiscal medir cuándo el exabrupto pasa de lo políticamente incorrecto a la injuria o calumnia. Y esto no quita para que exista una prensa que alterna mentiras, exageraciones, infamias… con verdades. Hasta un reloj parado acierta la hora. Pero el virus mediático es bidireccional.

La guía de la Fiscalía para perseguir bulos recuerda que «las fake news pueden integrar los tipos penales del delito de injurias del art. 209 CP (con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses) y el delito de calumnias del art. 206 CP (seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a doce meses)».

La fiscalía ve también motivo de penalización que enaltezcan el odio. Pero el odio es tan patente en tuits de políticos que podrían caer en prisión dirigentes de todos los partidos.

Por encima de la tarea infinita y estéril de buscar bulos, lo preocupante es la coletilla «que afecten al Gobierno». Una circular de la Guardia Civil del 15 de abril ordena recopilar bulos contra el Gobierno. Exige a los mandos «identificación, estudio y seguimiento en relación con la situación creada por el COVID-19 de campañas de desinformación, así como desmentir bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno». Va para nota que Interior recupere el término desafección. Tribunales republicanos y franquistas condenaron por desafección al régimen.

¿Y a quién está destinado tal material?: «Se tiene prevista en fecha aún por determinar la elaboración de un informe monográfico sobre las actuaciones de ciberseguridad de la Guardia Civil vinculadas al COVID-19, es decir, en el ámbito de las actuaciones del cuerpo en el ámbito ciber y en relación con la orden de servicio 19/20/20 (Echo-Alpha), todo ello con la finalidad de ser tratado en próximas fechas con el titular del departamento ministerial».

Por tanto, la Guardia Civil se equivoca por escrito y oralmente: siempre habla de bulos contra el Gobierno. En este caso, la orden viene de un teniente general. Ya no es el general Santiago el que desbarra. Horas después, tras filtrarse dicha orden, Interior la anula. «¡¡Queda nula la remisión semanal de datos sobre actuaciones de ciberseguridad de la Guardia Civil prevista para el viernes!!». ¿Si era legal y útil tal labor por qué se anula? El 23 de abril, elDiario.es detalla lo que busca y halla la Guardia Civil:

La Unidad de Coordinación de Ciberseguridad de la Guardia Civil elabora un informe diario sobre la actividad que detecta en internet y las redes sociales y que incluye un apartado denominado desinformación. Dentro figuran dos epígrafes fijos cada día: creación de clima contrario a la actual gestión de la crisis y generación de estrés social en la población.

El primer epígrafe ya es revelador: creación de clima contrario a la actual gestión de la crisis. ¿Y quién la gestiona? El Gobierno. Interesa quién embarra la gestión de Sánchez.

Los informes son elevados al Estado Mayor de la Guardia Civil y su contenido se incorpora al parte diario de novedades que se difunde internamente y que también se envía al Ministerio del Interior. En esos subapartados se adjuntan contenidos difundidos durante la pandemia en fuentes abiertas, es decir, contenidos que son públicos, ya sean bulos a través de sistemas de mensajería, informaciones de medios de comunicación ya desmentidas por organismos oficiales o comentarios en redes sociales críticos con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con los Gobiernos central, autonómicos y municipales.

Es ya chirriante sin leer aún los informes. La Guardia Civil investiga noticias desmentidas y comentarios críticos. El diario analiza varios informes de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad. Se dividen en cuatro apartados: «ciberdelincuencia, hacktivismo, ciberataques y desinformación». Este último se desglosa en «creación de clima contrario a la actual gestión de la crisis» y «generación de estrés social en la población»:

En días recientes, el apartado «Creación de clima contrario a la actual gestión de crisis» adjuntaba, según aparece en el parte diario de la Guardia Civil, un «artículo […] asegurando que el Parlamento Europeo investigará si el estado de alarma decretado por el presidente del Gobierno viola derechos fundamentales». A continuación, se lee: «Desmentido por el Parlamento Europeo».

Lo que en otros tiempos se saldaba con un mero desmentido, ahora el Gobierno se toma la molestia de investigarlo por si fuera penalmente punible. Un gabinete de prensa con tricornio lee y vigila lo que escribe la prensa.

Un informe de otra jornada incluye en la «creación del clima contrario a la gestión de crisis» un vídeo de la activista feminista y colaboradora de varios medios I. V. en el que pedía no aplaudir al Ejército ni a las fuerzas de seguridad […], acusándoles de aprovecharse de la situación para ejercer la violencia de manera ilegítima.

En un país donde ya es difícil el castigo por apología del terrorismo y se pide libertad para los chicos de Alsasua (linchadores de guardias, no es un conjunto musical), escudriñar críticas de este calibre es un brindis al sol o un camino peligroso. La misma izquierda que veía fascista perseguir excesos de humor tuiteros con víctimas del terrorismo ampara persecuciones similares.

En una jornada distinta, pero en ese mismo subapartado de «clima contrario a la actual gestión de crisis», se reportan cinco comentarios de cuentas de Twitter. Todos ellos están relacionados con los vídeos del homenaje que la Ertzaintza y la Policía Municipal de San Sebastián rindieron ante la Comandancia de Gipuzkoa por el fallecimiento de un agente del instituto armado. Entre esos comentarios que se incluyen aparece uno de la cuenta oficial de EH Bildu en Donosti que adjunta el citado vídeo y escribe en euskera: «¿Quién ha decidido que el Ayuntamiento de San Sebastián debería participar en tal iniciativa? ¿Ha sido la decisión del Gobierno Municipal @EnekoGoia? ¿@DonostiaPNV es una decisión política? ¿Agentes por su cuenta? Pediremos oficialmente explicaciones».

¿Esta crítica política es delito de odio, injuria, calumnia? Puede disgustar la falta de solidaridad, humanidad, pero ya pueden buscar los cibersabuesos un tribunal que lo condene.

Más recientemente, en otro de esos informes diarios, pero igualmente enmarcado en el apartado «desinformación» y en el subapartado «clima contrario a la gestión de crisis», se reporta un comentario en la cuenta de Twitter de Vox. Alude a un tuit del partido al que la Guardia Civil se refiere de la siguiente forma: «Se observa un gran número de féretros apilados en un parking, apuntando a que posiblemente pertenezcan a españoles fallecidos por COVID-19, y afirmando que el Gobierno estaría ocultando esas imágenes para que no vieran la luz».

¿No basta desmentir cualquier tuit descerebrado, hay que perseguirlo y penarlo cuando se cuestionó sancionar las bromas sobre los muertos de ETA?

La Guardia Civil toma de la Unidad de Ciberdelincuencia su comunicación acerca de la «difusión a través de Telegram de un mensaje con un vídeo subido a YouTube en el que se alerta del uso del control que ejerce el Estado a través de los móviles sobre el confinamiento de la sociedad, gracias a la geolocalización, poniendo en duda el anonimato de los datos, basándose en la opinión de V. B., supuesto experto en inteligencia artificial». No añade más.

Terrible bulo. Que el Gobierno nos controla. ¿Sigue la Guardia Civil el programa de Iker Jiménez?

Correspondiente a otra jornada, la Unidad de Coordinación de Ciberdelincuencia adjunta el enlace a un blog que recoge una «supuesta encuesta realizada por la empresa JP Logística (aparentemente falsa, ya que son las siglas coincidentes con el nombre del autor del blog, J. P.) que muestra los resultados de sondeos realizados con motivo de la crisis del COVID-19, posicionando al PP con casi una mayoría absoluta para unas posibles elecciones en 2020».

¿Debe el Estado marcar a todo visionario? ¿Daña una encuesta que da mayoría al PP? ¿Verifica Interior la fiabilidad del CIS?

En […] «generación de estrés social en la población», la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad adjunta una página web que denuncia que «bajo el pretexto del COVID-19, los casos de brutalidad policial son cada vez más frecuentes» y que ofrece un número de teléfono para que los ciudadanos informen en él de este tipo de prácticas. «Acompaña al texto una imagen en la que pueden apreciarse agentes de policía y sobre los mismos el acrónimo ACAB (All Cops Are Bastards)».

Tengo un seguidor en redes que cada vez que critico a la derecha me lanza igual saludo: «Todos los rojos deberíais ser fusilados». Su odio no es excepción. En ambas direcciones. Es el salvajismo que impera. La solución está más en la escuela o el diván del psicoanalista que en el código penal. Los días que critico a la izquierda ese seguidor me pone likes. Y no me fusila.

El segundo ejemplo del día en este subapartado sobre supuesta generación de estrés social es un mensaje en una cuenta de Twitter de un grupo antifascista que denuncia que «la policía pervierte la legislación de los delitos de odio y que varios jueces han tumbado varios casos en contra de la misma, así como el link correspondiente».

También en este apartado aparece Vox, pero en esta ocasión como víctima de un bulo. «Publicación en Twitter que muestra imágenes de un falso recorte de periódico donde se expone que Vox propone dejar de atender a los homosexuales afectados por el COVID-19, para centrarse en los importantes».

Vox tiene la mayor producción de querellas por partido en Europa. No precisa tal tutela. Tiene sobrados abogados.

La Guardia Civil refiere una publicación en Facebook que supone una noticia falsa sobre Unidas Podemos, referente a que «tomará el control del Consejo de Administración de RTVE».

Si alguien publica que Echenique sucederá a Iglesias y esto no ocurre, ¿debe ir a prisión? Una mala o inexacta información no es delictiva per se. El periodista pudo estar mal informado, pero también pudo tener razón y algo cambió y el hecho no sucedió precisamente porque fue publicado.

En fin, las fuerzas de seguridad del Estado no pueden convertirse en un gigantesco aparato de prensa destinado a cazar noticias que deben ser desmentidas. Los mejores especialistas de la Guardia Civil están rastreando memeces que leen memos.

Y si la Guardia Civil debe rastrear todo bulo le doy varios. Illa, 11 de febrero: «El Sistema Nacional de Salud está preparado para hacer frente a la situación. La probabilidad de que suponga un riesgo para la población en nuestro país se considera bajo».

Simón, 7 de mayo, sobre el desfase de cinco mil muertos sobre las cifras oficiales del coronavirus: «No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme».

Que el Gobierno está a la caza del bulo por tierra, mar y aire lo demuestra una pregunta del CIS a mediados de abril: «¿Cree que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones?». El dilema es obvio: en materia de pandemia hay que elegir entre información oficial o bulo. Solo el Gobierno dice la verdad. Álex Grijelmo, padre del libro de estilo de El País, desmenuza las falacias de la pregunta:

Del mismo modo que ningún derecho carece de límites (ni siquiera el derecho a la vida, pues es lícito matar en defensa propia), la Constitución española ampara solamente el derecho a difundir información «veraz». Por tanto, no existe esa pretendida libertad de difundir bulos; y tanto la policía como los tribunales disponen de herramientas para perseguirlos. […] Se da a elegir entre una opción delictiva y otra inmoral o antiética. Elegir entre los bulos y la censura sería como preguntar «¿prefiere que haya algunos liberados sindicales que viven del cuento o que se prohíban los sindicatos?», «¿prefiere que haya delincuentes o que se aplique la pena de muerte?».

Esa disyuntiva planteada por la pregunta nos obliga a recordar aquí que el uso ofensivo de la libertad de información por parte de algunos periodistas, denunciable y perseguible legalmente, no cercena el derecho del resto de los profesionales a seguir ejerciendo su actividad conforme indica la Constitución […]. Finalmente, una inconsistencia más en la pregunta: no se puede identificar la información oficial con la información veraz. Y en el caso del COVID-19, la información oficial está dejando mucho que desear, con ese curioso «efecto fin de semana» que desvirtúa las cifras, con la descoordinación autonómica que hace sumar cifras heterogéneas como si fueran equiparables, con la falta de datos sobre las saturaciones en las UCI y con una larga lista de ocultaciones y silencios.

La gran muralla china comunicativa desplegada por Sánchez no acaba aquí. No solo se cimenta en la ocultación de contratos, la caza de bulos contrarios al Gobierno y la barrera de uniformados que blinda toda pregunta política y solo da épica al escenario. También protocoliza impedir que los periodistas puedan poner en aprietos al Gobierno en toda comparecencia.

Idea un sistema por el que la Secretaría de Comunicación, con el pretexto de que la pandemia impide conferencias de prensa físicas, selecciona preguntas que previamente le han sido enviadas por teléfono. El Gobierno elige preguntas y diarios. No hay factor sorpresa. Conoce las preguntas de antemano. Le brinda horas para hilar las respuestas. Tampoco admite repreguntas. Eso permite al Gobierno irse por peteneras durante largos minutos sin contestar al periodista mientras lo trata con amabilidad: «Gracias, Juan, por tu pregunta». Juan, échate una cabezadita mientras te respondo.

El 21 de marzo, una semana después de implantar el estado de alarma, Sánchez comparece. Lanza un eterno discurso en el que no hace grandes anuncios. Una veintena de periodistas a través del chat le preguntan si va a prorrogar el estado de alarma otros quince días. Pero esa cuestión no se la traslada su secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Es la pregunta del día. Sánchez no entra. Al día siguiente comunica que pedirá al Congreso la extensión de la alarma. ¿Descubre esa noche Sánchez tras consultar con la almohada que debe pedir tal prórroga?

28 de marzo de 2020. Varios periodistas hacen la misma pregunta: ¿por qué el Gobierno confía otra vez en la empresa china, Bioeasy, que ha suministrado 640 000 test rápidos defectuosos? ¿A cuánto asciende el contrato? La directora de Farmacia, Patricia Lacruz, aplica el manual: «Todos los pedidos se realizan a empresas, a fabricantes o, en su defecto, si no se llega a ellos, a distribuidores o intermediarios. Empresas, al fin y al cabo, que nos garantizan el objetivo del producto. Este es el fin, desde luego, para poder adquirir cualquier producto que pueda hacer frente a la infección del COVID-19. Pueden ser empresas nacionales, o bien pueden ser de China, como en este caso, o bien de otros países europeos».

Lacruz cree que ha contestado. Oliver, también. Los periodistas, no. Algunos recurren a la bebida.

1 de abril de 2020. «¿Está considerando el Gobierno cambiar el sistema de las ruedas de prensa para atender la reclamación de profesionales de los medios de comunicación, que piden comparecencias con preguntas y repreguntas libres que no pasen por el filtro del secretario de Estado?», pregunta una decena de periodistas. Oliver la oculta a los intervinientes, los ministros de Sanidad y Consumo. No hay respuesta.

El rey de la evasión es Simón. Le preguntan cuáles son las regiones con mayor riesgo de colapso sanitario tras destapar él mismo tal fenómeno: «Podría especificarlas, pero creo que si las CC. AA. quieren dar la información, que lo hagan ellas mismas. Yo desde luego no lo voy a decir desde aquí […]. Haríamos un flaco favor a las comunidades». No quiere echarles más presión. Prefiere la prudencia de decir «alguien ha matado a alguien».

La prensa se harta. Las asociaciones de periodistas piden al Gobierno que permita a los informadores preguntar y repreguntar por videoconferencia.

«Que las preguntas las formule un miembro del propio Gobierno revela falta de transparencia y un interés por controlar la información. Su consecuencia deriva en una nueva forma de censura a los medios y un desprecio intolerable a los mismos ciudadanos a los que se reclama enormes esfuerzos», denuncian trescientos periodistas firmantes del manifiesto La libertad de preguntar. Piden el «inmediato cambio de procedimiento».

El País arropa las denuncias:

Es el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, quien en la rueda de prensa selecciona las preguntas que considera y se las plantea a los comparecientes. Con este sistema, el Gobierno conoce de manera anticipada el contenido de la pregunta y tiene la capacidad de decidir qué preguntas se formulan y cuáles no. Este filtro del secretario de Estado es precisamente lo que denuncian los periodistas en el manifiesto La libertad de preguntar, donde se argumenta que bajo el estado de alarma el Gobierno disfruta de unos poderes muy superiores a los normales, «por lo que es importante que la prensa realice su labor de control, más aún cuando el Parlamento ha limitado enormemente su actividad».

Y el diario afín al Gobierno hace comparaciones odiosas:

A diferencia de Pedro Sánchez, los jefes de Gobierno de otros países europeos como Italia, Alemania, el Reino Unido y Francia responden a preguntas que les formulan directamente los periodistas por vía telemática, como también lo hacen en la oposición Pablo Casado e Inés Arrimadas.

El Gobierno simula oír: «Sugerimos a asociaciones y profesionales que arbitren un sistema de turnos y preguntas que haga posible la máxima participación y decidan los medios que deben participar a diario en las convocatorias de prensa ofrecidas desde el Gobierno».

Nunca habrá repreguntas. La trampa que hace el Gobierno es que amplía al infinito los medios que pueden preguntar en directo por videoconferencia. Y en lugar de sentir el acoso diario de los principales medios, estos se diluyen en una noria interminable mientras obtiene su minuto de gloria The New Herald of Plasencia. Los grandes medios mastican su derrota. No pueden decir que no preguntan y que no es en directo. Pero les toca preguntar casi concluida la pandemia tras escuchar a todos los medios locales y televisiones extranjeras. Da igual. Las preguntas lustran el ego de cada medio. Pero todos se van sin respuesta.

Felipe González apunta que la comunicación «debe ser directa, breve, empática y austera». Y Sánchez no es Pedro el Breve. El País señala fallos en su comunicación: «La cacofonía de voces, la falta de claridad, la larga extensión de las comparecencias, cierto exceso de autobombo, los retrasos y las rectificaciones mal justificadas». «A Sánchez le falta concreción —afirma Marta Rebolledo, profesora de Comunicación Política—. Si ya hay incertidumbre y no expones algo de manera clara y completa añades agobio, ansiedad y confusión». «Tienes que saber que esta pandemia informa por sí misma por muchas vías: el propio ERTE, la muerte de un familiar, la puerta cerrada de cada uno. El virus se adelanta a la comunicación de los Gobiernos dando un mensaje de horror, incertidumbre, terror, y por ello los mensajes deben ser coherentes con los hechos —afirma María José Canel, catedrática de Comunicación Política—. El virus se ha adelantado y la experiencia del ciudadano no coincide con la que le da el Gobierno. Eso es letal en general, y más en una crisis así», asegura.

Pero los comunicólogos no hablan de la gran baza del Gobierno: el bulo propio. El Gobierno ha sacado pecho de hechos falsos: el 28 de abril la OCDE corrige el informe que sitúa a España en el octavo puesto de una clasificación de los países que realizan más pruebas diagnósticas, por delante de Alemania o Austria. Con el cambio, España pasa al decimoséptimo puesto. La OCDE solo computa los test PCR, no los rápidos, pero España le envía todos. Y la OCDE los suma. Lo llamativo es que Sanidad en un tuit destaca tal puesto de honor en número de test de la OCDE sin sospechar del error. ¿Cree superar a Alemania en test? ¿No sabe qué datos hay que enviar?

En mayo, el Gobierno asegura que la universidad Johns Hopkins sitúa a España como quinto país en número de test. La prensa no halla tal informe. La CNN pregunta a Sánchez.

CNN: ¿Podría enviarnos el informe sobre test realizados por países de la Universidad Johns Hopkins que citó la semana pasada? Hemos hablado con la universidad y nos dicen que no existe, le reta la periodista de la cadena.

PEDRO SÁNCHEZ: «En fin, los datos están ahí».

En fin, los datos de la comunicación de Sánchez están ahí.

Epílogo
Junio, salimos a ciegas de la UCI camino de la playa

Salimos del confinamiento en junio como entramos en el confinamiento en marzo. No sabemos cuánta población hay infectada. Violamos las normas de la OMS y de la UE para prevenir la pandemia y las incumplimos también para impedir su rebrote. La fosa puede reabrirse si fallamos. Y lo estamos haciendo mal. España se infectó porque toleró vuelos de Italia y China cuando estaban contaminadas. Ningún control serio entonces ni ahora. Escribo esto a principios del verano. Quiere el Gobierno que lleguen 45 000 alemanes a Baleares. ¿Con qué control? Ah, no, sobre la marcha, cuando aterricen. Cada día clama como alma en pena un exministro socialista. Nadie le escucha. Miguel Sebastián exige que se ponga un carné sanitario a los extranjeros que vuelen a España. Que lleguen con una prueba negativa de coronavirus hecha en su país antes de despegar. Que es una medida fácil que imponen países africanos a los españoles. Sebastián tiene un defecto, que no le hacen caso, y una virtud, que suele acertar. Pedía el confinamiento de España en febrero. Nos confinamos en marzo. Exige pruebas PCR en origen en junio para los turistas. Y en junio afloran casos de virus importados por avión. Qué sabrá este economista.

No solo es una medida buena para España. Es una medida buena para los turistas: si viajan libres de virus, menos riesgo de contaminarse en España con otros turistas. O en el avión. Pero no es no. No sé si el Gobierno teme disuadir al turista o le aterra que los países europeos pidan carné sanitario a los españoles y España no tenga test suficientes. El turismo se desploma en julio porque no se fían en el extranjero de la salud española. Rebrotes inquietantes, falta de rastreadores… Volvemos a marzo al galope.

Junio es un mes de grandes avances científicos. Illa descubre que los termómetros pueden ser útiles en los aeropuertos seis meses después de que los utilizaran en China, Corea, Japón, Tailandia, Bulgaria… Eureka. Por no hablar de que también ve ventajoso, imperioso, usar mascarillas seis meses después de ver chinos cubiertos hasta las cejas. Y Simón publicita un sistema precoz de detección de casos. Menos mal que es precoz.

Sánchez inicia el desconfinamiento de las autonomías sin expertos, sin informes. Lo hace con sus mandos sanitarios de confianza y de viva voz. Punto. Es legal. Sí. Pero no son los siete sabios de Grecia. Son cargos de Sanidad. El Gobierno asegura inicialmente que lo hace basándose en un grupo de expertos que no quiere desvelar. Salen falsos listados de cerebros. Su grupo de expertos es como el coronavirus: tarda en dar la cara.

El Gobierno alega que quiere protegerlos con el anonimato. Investigo. Es un bulo. Lo publico el 22 de mayo. No existen tales expertos. Sánchez ha comunicado el cambio de fase, en la primera ronda, sin informes escritos. Todo es verbal. El Ejecutivo alardeaba de que adoptaría la desescalada con dictámenes de sus asesores, pero ni hay informes ni sabios. Solo informaciones verbales ministeriales por vía telemática a los Gobiernos regionales, según me confirman cuatro ejecutivos autonómicos.

Todo es comunicado y debatido por esta vía sin presencia de experto alguno. En esas telerreuniones —poseo fotos—, solo figuran altos cargos del Gobierno de Sánchez. Ningún experto independiente. Solo ministros como Salvador Illa (Sanidad) y Teresa Ribera (Transición Ecológica). Y también cuatro altos cargos de Sanidad: el secretario general, Faustino Blanco; la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz; la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio; y la jefa del área del CCAES, María José Sierra.

Los encuentros oscilan entre videoconferencias de dichos altos cargos del Gobierno central con el presidente y consejero regionales de turno y meras charlas telefónicas de Illa con el responsable de salud autonómico. Solo hay informes escritos en una dirección: del Gobierno autonómico al Gobierno central. El Gobierno central nunca responde por escrito, sino de manera verbal, por teléfono o videoconferencia.

La relevancia de una respuesta por escrito reside en su valor jurídico. Algunas autonomías quieren constatar por qué han sido vetadas. Desean una prueba que puedan usar en un tribunal si se sienten discriminadas o perjudicadas. Un sí o un no significan libertades y millones de euros. Genera una agria polémica con autonomías de todos los signos. Tardarán en leer tales informes. Y no los firman expertos, sino un cargo. Veamos los seis expertos del Gobierno que desconfinan España por videoconferencia.

Salvador Illa. Licenciado en Filosofía.

Teresa Ribera. Licenciada en Derecho.

Faustino Blanco. Licenciado en Medicina y Cirugía.

Patricia Lacruz. Licenciada en Farmacia.

Pilar Aparicio. Licenciada en Medicina. Doctorada en Microbiología Clínica y diplomada en Medicina Tropical.

María José Sierra. Es una médica especialista en medicina preventiva y salud pública y epidemiología.

Lo malo de estos currículos no es que los cualifiquen o no como expertos. Es que no se refería a esto el Gobierno cuando se jactaba del plantel que le asesoraba en el desconfinamiento. Invocaba expertos ajenos al Gobierno. Independientes. Y no lo son. Illa aseguraba el 9 de abril que Sanidad trabajaba «de manera intensa con expertos, también de la UE y de las distintas comunidades, en el diseño de la transición progresiva a la normalidad, viendo todos los escenarios, todos los factores que van a influir». La presión para identificar los expertos se hace insostenible.

El Gobierno recula y dinamita su farol. Primero Sánchez:

Y son precisamente esos funcionarios y funcionarias del CCAES, y luego del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, quienes elevan la propuesta al ministro de Sanidad, que es definitivamente quien a través de una orden ministerial publica esa decisión.

Ningún experto interviene en la desescalada de las regiones. Solo funcionarios. Fin del bulo. Pero no se sabe si es otro bulo. No constan sus identidades, firmas ni currículos. Ni sus informes. Transparencia cero, en contra de lo que dice Sánchez. De creer a Illa, en un nuevo acto de fe, quedaría la siguiente secuencia: subordinados del ministro de Sanidad elevan informes a su jefe para el desconfinamiento. Y luego le llegan a Illa. No son expertos de la UE ni de la OMS. Son funcionarios. No es malo ni bueno. Pero tienen un problema: son subordinados, no independientes. Se deben a la ciencia y al jefe. El ministro puede manejar/ignorar sus informes a placer.

Sin informes escritos, ni expertos. Así desconfina Sánchez. ¿Respeta lo que dice la UE? No. El Gobierno de Sánchez saca de paseo el 26 de abril a más de dieciséis millones de personas, entre niños y adultos acompañantes, sin cumplir la hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención del COVID-19, que marca las pautas previas a la desescalada: estabilización y reducción de los contagios y muertes, test masivos, control de los contactos, recuperación del sistema sanitario y aprovisionamiento de existencias.

Salen a la calle sin saber cuántos son positivos. Dieciséis millones que pueden agitar nuevamente el virus: contagiar o contagiarse. El Gobierno teme el contagio del 70 % de la población. Lo dice en documentos burocráticos donde se le escapa el dato que nunca hace público. Tampoco hace público lo que exige la UE para desconfinar. Sería tanto como publicar lo que incumple.

La hoja de ruta de la UE se publica el 15 de abril. La firman la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo. Urge medidas previas al desconfinamiento para que no rebrote la pandemia. Y se elabora a partir de los conocimientos y el asesoramiento facilitados por el ECDC y el Grupo Consultivo de la Comisión sobre el COVID-19, y tiene en cuenta la experiencia y las perspectivas de una serie de Estados miembros, así como las orientaciones del ECDC y OMS marcan las normas del deshielo, dos organismos cuyos consejos ya ignoró Sánchez antes del confinamiento. La hoja de ruta de la UE marca estas pautas para salir del encierro social.

La UE exige rigor en las decisiones.

Las medidas que se adopten deben basarse en criterios científicos y dar prioridad a la salud pública: la decisión de poner fin a las medidas restrictivas es una decisión política de múltiples facetas que implica sopesar los beneficios para la salud pública y otras repercusiones sociales y económicas.

Sopesar criterios científicos dura seis horas en España, tiempo en el que el Gobierno rectifica la salida infantil. Lo hace por presión de científicos como Echenique, portavoz de Podemos. Simón descubre en ese lapso que para un niño es más peligroso ir al supermercado que pasear con sus padres.

Los expertos de la UE no están para humoradas:

Los expertos en epidemiología consideran que, incluso con medidas de confinamiento, el virus sigue circulando y cualquier nivel de relajación gradual del confinamiento conducirá inevitablemente a un aumento de nuevos casos.

El virus no se evapora con el desconfinamiento. La UE fija los siguientes requisitos previos a flexibilizar el confinamiento:

1. Criterios epidemiológicos que demuestren que la propagación de la enfermedad ha disminuido significativamente y se ha estabilizado durante un periodo prolongado. Esto puede indicarse, por ejemplo, mediante una reducción sostenida del número de nuevas infecciones, hospitalizaciones y pacientes en UCI.

El 26 de abril, cuando los niños salen a la calle, España tiene cifras tan altas —las peores de Europa— que se maquillan. El Gobierno notifica a la OMS 6740 nuevos casos el domingo 26 de abril y 4635 el 24 de abril, viernes, pero brinda cifras inferiores en España (2944 y 2796 casos, respectivamente). El Gobierno resta (elimina) todos los positivos por test rápidos. Casualmente coincide con una noticia mía que destapaba su fracaso.

El Ejecutivo alardea de que ya anota diariamente más recuperados que infectados. Falso. Ha descolgado de sus gráficos más de dieciocho mil positivos por test rápidos, cuya cifra crecerá a medida que aumenten las pruebas.

Sanidad los resta del incremento diario de casos y del total acumulado. Simón nos hace un favor. Los españoles entienden mal sus tablas, alega el director del CCAES. Simón no nos merece. Perdónanos.

El ocultismo genera un conflicto visible: la OMS deja de publicar casos nuevos de España ese lunes, 27 de abril. Congela la cifra total. Y da cero nuevos casos. Un milagro sanitario mundial basado en una trampa. La OMS está desconcertada. No sabe cómo pueden bajar las cifras totales españolas de un día para otro. Y para el contador. El total de casos registrados en España ese domingo según la OMS (219 764) superaba en doce mil a los que publicaba ese día el Gobierno español (207 634). Sánchez quiere tranquilizar con una falsa foto del contagio. No es bueno que padres y niños salgan inquietos a pasear tras semanas de presidio. Parecería que no ha servido para nada. Veamos la siguiente exigencia de la UE para desconfinar.

2. Suficiente capacidad de los sistemas de salud, por ejemplo, tasa de ocupación de las UCI, número adecuado de camas de hospital, acceso a los productos farmacéuticos necesarios en las UCI, reconstitución de existencias, acceso a los cuidados, en particular por parte de los grupos vulnerables, disponibilidad de estructuras de atención primaria, así como contar con suficiente personal cualificado para atender a los pacientes que abandonan los hospitales o permanecen en su domicilio y para participar en la aplicación de medidas para ir levantando el confinamiento (pruebas diagnósticas, por ejemplo).

No es la foto de España. El sistema sanitario aún se recupera del colapso. Más del 40 % de los octogenarios enfermos no fue hospitalizado y un 98 % no pisó las UCI. Faltan mascarillas y EPI para sanitarios, con treinta mil infectados entonces que luego pasarán de cincuenta mil. Ha rechazado pacientes por desbordamiento. Escasean respiradores, que aún compra.

Tampoco hay personal para seguir pacientes fuera del hospital. Y este devastado sistema sanitario se enfrenta a un segundo conflicto en ciernes. La UE prevé que con el desconfinamiento no solo se producirá un incremento de casos por coronavirus, sino una «acumulación de intervenciones programadas y pospuestas temporalmente durante el pico de la pandemia, por lo que los sistemas de salud de los Estados miembros deben haber recuperado capacidad suficiente en términos generales, y no solo en relación con la gestión del COVID-19».

3. Capacidad de seguimiento adecuada, como la realización de pruebas a gran escala para detectar y vigilar la propagación del virus, combinada con el rastreo de los contactos y la posibilidad de aislar a la población en caso de reaparición y ulterior propagación de la infección. La capacidad de detección de anticuerpos, cuando se haya confirmado específicamente para el COVID-19, proporcionará datos complementarios sobre la proporción de la población que ha superado con éxito la enfermedad y permitirá en última instancia medir la inmunidad adquirida.

España no puede hacer seguimiento. Tras sus fallidas y tardías compras de test rápidos, ha localizado apenas dieciocho mil positivos y mil novecientos asintomáticos. No ha tenido medios para fichar ni seguir a los contactos. Y como no los tenía, ordenó no hacerles seguimiento, contra el criterio de la OMS. Cuántos españoles tienen anticuerpos es un misterio. Tras mes y medio de confinamiento, la falta de test es evidente: se testa a veintidós miembros de la UME y el 90 % da positivo. Y uno de cada cuatro guardias civiles da positivo tras seis mil pruebas. El Estado está tan infectado como la población.

4. Recopilar datos y desarrollar un sistema sólido de comunicación: la recopilación y el intercambio armonizados a escala nacional y regional por las autoridades sanitarias de datos sobre la propagación del virus, características de las personas infectadas y recuperadas y sus posibles contactos directos son esenciales para gestionar mejor el levantamiento de las medidas.

Los contactos no se han seguido en España. Sánchez lo exige en junio a las autonomías para salir del confinamiento. No sabe que fichar contactos es útil, sobre todo, al inicio de la crisis. Alemania hizo bandera de tal reto. Hay que localizar casos en su primera semana. Evita muertes y cierra la propagación. Pero en junio, ¿qué contactos sigues? Hay cuarenta y siete millones de sospechosos. Rastrear contactos de nuevos enfermos ataca poco el masivo contagio oculto.

5. Crear un marco para el rastreo de contactos y el envío de advertencias mediante aplicaciones para móviles que respeten la privacidad de los datos: las aplicaciones que advierten a los ciudadanos del mayor riesgo que corren como consecuencia del contacto con una persona que ha dado positivo por COVID-19 son especialmente pertinentes en la fase de levantamiento de las medidas de contención, momento en que aumenta el riesgo de infección al incrementarse el contacto entre las personas.

Muchos países han tenido una app. España, no. Nunca. Una maravilla que permite controlar cuarentenas y ubicar contagios en una calle. A principios de julio, más de catorce millones de alemanes se habían descargado en sus móviles una aplicación, Corona Warn. España solo lo ha probado con un programa piloto de tres mil vecinos de La Gomera. ¿Y por qué no impulsa España esta tecnología? El País explica que Sanidad «temía que la app provocara un exceso de falsos positivos —usuarios con notificaciones de posible contagio en el móvil que colapsaran la atención primaria—». Illa teme lo que no asusta a los alemanes. Dice su ministro de Sanidad: «Prefiero testar a demasiados que a demasiado pocos». Sánchez no quiere cifras altas. El Gobierno tiene mucho sentido de culpa y pocos test.

6. Ampliar la capacidad de realizar pruebas: dado que no se dispone aún de una vacuna, la población debe estar lo más protegida posible de la infección. La disponibilidad de pruebas a gran escala que puedan proporcionar resultados rápidos y fiables es clave para hacer frente a la pandemia y una condición previa para levantar las medidas de distanciamiento social en el futuro.

En España, una prueba a gran escala genera un aluvión de críticas todavía en junio. Torrejón —una de las localidades más afectadas de Madrid— criba a toda su población. Deja con las vergüenzas al aire al Gobierno. El test masivo del Gobierno afecta a treinta mil hogares, el de Torrejón a más de cien mil ciudadanos. Después de trescientos mil contagios y más de cuarenta mil muertos, llamar test masivo a treinta mil hogares es una broma. No sirve para nada. Es una encuesta tan relevante como una del CIS. Pero no sirve para detectar focos ni contactos.

Estas tres últimas medidas son ciencia ficción para el Gobierno. No puede recopilar, comunicar ni incluir en aplicaciones lo que no tiene. Todo esto debió ser previo al desconfinamiento. Sufre un círculo vicioso: como no tiene suficientes test, no sabe cuántos infectados existen; al ignorarlo no puede fichar y seguir a sus contactos, y los casos aumentan.

Solo hay una medida de la hoja de ruta de la UE que el Gobierno puede cumplir en abril: la devolución del poder absoluto adquirido durante la pandemia. Estamos a ciegas tras la salida del túnel del confinamiento. Lo dice en junio Margarita del Val, científica del CSIC. Alerta en Antena 3 de que la situación en España por la pandemia es muy inestable y que estamos peor que cuando se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

Ahora hay más casos activos y diagnosticados, a los que habría que sumar los no diagnosticados, que han pasado la enfermedad con síntomas leves en casa, y los asintomáticos. «Hay quince veces más casos» que cuando empezó la pandemia de coronavirus y, por ello, mucha más gente que puede transmitir la enfermedad a los que aún no la han pasado, que se estima en un «80 %, todavía vulnerable a la infección». Val coincide con la OMS sobre las consecuencias negativas de ser muy rápidos en la desescalada. «Tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación inestable», es lógico que se quiera reactivar la economía y la vida social, pero «desde la prudencia» y la responsabilidad individual porque podría haber una «vuelta atrás». Si hay una desescalada rapidísima podríamos volver a confinarnos.

Val acierta de lleno en su predicción. Apenas dos semanas después de la entrevista, en julio, hay sesenta y nueve brotes y un millar de nuevos contagiados. Lleida incluso ordena de nuevo el confinamiento de la comarca del Segrià. Sus doscientos mil vecinos otra vez encerrados en su territorio.

Val no es partidaria de test masivos a toda la población, que habría que repetir cada pocos días. Los diagnósticos regulares deben ser para los sanitarios, el personal de residencias, farmacéuticos y fuerzas de seguridad, asegura, que están mucho más expuestos al contagio por COVID-19. Los test son necesarios para los contagiados, «para ver si han salido de la enfermedad» y para sus contactos. Cree que las aplicaciones son imprescindibles para hacer un buen trazado de contactos, que pueda identificar a gente «a la que no conocemos, pero que han podido viajar con nosotros en el Metro» y sin saberlo le hayamos podido contagiar.

Pero en España los test han sido un fiasco. Cinco semanas después de proclamar el estado de alarma y de anunciar cinco millones de test rápidos, el Gobierno el 20 de abril solo ha detectado 9046 casos por esta vía.

Pero tampoco han servido los test rápidos de Sanidad para detectar asintomáticos. Es otra gran vía de ataque a la pandemia que vende el Gobierno. Las estadísticas muestran su quiebra: solo detectan 1307 españoles con coronavirus asintomáticos hasta el 20 abril. Lo irónico es que quince días antes, el 5 de abril, el presidente del Gobierno pide a los presidentes autonómicos que preparen instalaciones para alojar miles de asintomáticos que iban a aflorar tras la inminente llegada de un millón de test.

Sánchez les solicita un listado de infraestructuras públicas o privadas aptas para acoger a pacientes asintomáticos. Ese mismo día, algunas comunidades ya tenían preparada su relación de polideportivos, hoteles o auditorios. No han hecho falta ni polideportivos, ni hoteles ni auditorios. Los asintomáticos detectados con test rápidos caben en un taxi.

No es un chiste. En Ceuta: cuatro casos. Madrid, epicentro del coronavirus español, registra cero asintomáticos. Y esto ocurre en la mayoría de las comunidades. Cero asintomáticos. ¿Falta de comunicación de datos a Sanidad o no existen datos porque no hay test rápidos pese a la propaganda gubernamental?

Tras evidenciarse los escasos datos de los test rápidos, el Gobierno hurta de los nuevos casos de coronavirus a los asintomáticos y positivos fichados por test rápidos. El Ejecutivo no ve relevante sumar «personas con anticuerpos positivos sin síntomas en el momento de realización de la prueba en la que no se puede establecer un momento de contagio ni si han padecido la enfermedad». Gracias a esta resta la tasa diaria de nuevos contagios baja.

Ni siquiera el Gobierno se fía de sus test. El Ejecutivo admite que sus test rápidos actuales, los buenos —no los fallidos test chinos—, solo tienen una eficacia del 64 %. Miden anticuerpos. Y solo existen al sexto día del inicio de síntomas. Pero ese margen de error no puede explicar que los test rápidos solo hayan cazado apenas diez mil positivos en toda España. El fiasco del Gobierno es tan espectacular que empresas vendedoras de test rápidos lo usan como reclamo publicitario: «A diferencia de los test adquiridos por Sanidad, los test de S. emplean marcadores de anticuerpos con un nivel de sensibilidad y especifidad muy elevado».

Que España ignora la dimensión real de su contagio lo expone un informe científico denominado significativamente Medición de icebergs: Uso de diferentes métodos para estimar el número de casos COVID-19 en Portugal y España: «Si suponemos, en general —dice el informe—, que la enfermedad tendría similar tasa de mortalidad en diferentes países es posible utilizar la tasa de mortalidad conocida de Wuhan, China (actualmente en un 1,38 %). Este valor se compara con el CFR (tasa de letalidad) obtenido y el porcentaje de cobertura (la proporción de casos confirmados). La cobertura proyectada en Portugal y España es del 19 % y el 4,7 %, respectivamente. Otra técnica, basada en las mismas correcciones para el retraso, pero usando un valor bruto total para estimar los casos verdaderos a partir de la tasa de mortalidad es simplemente la obtenida multiplicando la mortalidad acumulada por cuatrocientos». El resultado en España es este gráfico:

Estimaciones de casos para España el 29 de marzo de 2020. La línea continua es la de casos confirmados oficialmente. La línea discontinua es el número de casos estimados tras multiplicar por cuatrocientos las víctimas mortales. Pero en España tenemos un problema. ¿Qué cifra multiplicamos por cuatrocientos un 17 de junio? ¿Las cifras oficiales de muertos por coronavirus, 27 136? ¿O los muertos extra durante la pandemia a esas alturas, 43 440? La primera ya nos da 10,8 millones de españoles infectados. La segunda 17,3 millones. El test de Torrejón ha dado positivo al 20 % de más de cien mil ciudadanos. Y 10,8 millones no está lejos del 20 % de la población española.

El informe del Gobierno, por su parte, apunta los siguientes resultados: se apunta un 5 % de seroprevalencia, pero alcanza un 20 % si se computan los sospechosos por haber tenido síntomas propios del coronavirus. No aclara el número de la muestra. Se reclutaron 60 000 candidatos para los test, pero «la tasa de participación entre los individuos elegibles ha sido del 62,3 %, y considerando solamente las personas que han podido ser contactadas alcanza el 74,7 %». He metido esta frase en el traductor Simón a español. No he obtenido resultados.

El 17 de junio toda España, gracias a las televisiones, está pendiente, horrorizada, de un rebrote de ciento cuarenta contagios en Pekín tras cincuenta y siete días sin nuevos casos. Toda España menos un tal Miguel Sebastián: «La semana pasada tuvimos en España diez Pekines. Tuvimos mil seiscientos casos». Y el exministro socialista se pasma de que China sabe cuáles son los veintiocho barrios más contaminados de Pekín por una aplicación. China supera los 1 395 380 000 habitantes y se le altera el pulso por ciento cuarenta contagios. España, con cuarenta y siete millones, el 28 de mayo, con 182 casos nuevos, seguía pensando más en ampliar el desconfinamiento que, al contrario que China, echar el freno y dar marcha atrás.

17 de junio, España hará lo que preconiza la OMS desde hace meses: Sanidad y comunidades acuerdan endurecer el protocolo para que todos los contactos estrechos de cada caso positivo de coronavirus sean sometidos a una prueba diagnóstica PCR, hayan desarrollado síntomas o no. Evidencia que hasta la fecha no se hacía. Y hablamos de contactos estrechos. Personal que atiende enfermos o convivientes. No alguien que te cruzas por la calle o en un bar. La ciencia adelanta que es una barbaridad.

No en junio sino el 10 de febrero ya promulga lo siguiente la OMS: «Una vez identificado e inscrito un caso de infección por el virus del COVID-19 en la investigación, deberá realizarse una visita domiciliaria para identificar a todos los contactos directos que cumplan los requisitos; recopilar información sociodemográfica y clínica relevante; y realizar la confirmación molecular de las infecciones secundarias, además de establecer los valores iniciales de los anticuerpos (o, como mínimo, para recoger suero que permita evaluar el estado serológico cuando se disponga de capacidad serológica)».

España, todavía el 31 de marzo, limita quién es contacto estrecho en los protocolos de Sanidad:

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas:

Trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.

Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de dos metros durante un tiempo de al menos quince minutos.

No basta vivir con un enfermo. Hay que medir distancia (menos de dos metros) y tiempo (más de quince minutos). Y los sanitarios solo son contactos estrechos si no han usado EPI. Pero puede usarlo e infectarse en un lavabo. La OMS no pone tales barreras ya desde el 10 de febrero:

Contacto directo. Cualquier persona que tuvo contacto (a menos de un metro) con un caso confirmado durante el periodo sintomático, incluidos cuatro días antes del inicio de los síntomas. Cabe notar que el contacto no tiene por qué haber entrado directamente en contacto físico con el caso.

Clasificación adicional de los contactos directos (para su uso en los cuestionarios destinados a los contactos):

Contactos en el entorno sanitario: cualquier trabajador social o del ámbito de la salud que proporcionó atención personal o clínica directa o indirecta o examinó un caso confirmado sintomático o asintomático de COVID-19, o que se encontraba dentro del mismo espacio interior mientras se realizaba una intervención que genere aerosoles.

Contacto en el hogar: cualquier persona que haya residido en el mismo hogar (u otro entorno cerrado) que el caso índice o primario de COVID-19.

La OMS no habla de EPI, sino de cualquier sanitario que atienda casos de COVID-19. Poco importa cómo se defina tal colectivo. Sanidad ordena no hacer nada con los contactos el 31 de marzo: «No se hará un seguimiento activo de los contactos, únicamente se les indicará realizar cuarentena domiciliaria durante catorce días desde el último contacto con el caso si no es conviviente o desde la finalización de los síntomas del caso, si es un conviviente. No se realizarán pruebas diagnósticas para coronavirus de rutina en los contactos». Y se reitera el 11 de abril.

Antoni Trilla es epidemiólogo de cabecera del Gobierno. Admite a El País los fallos de detección de casos en España:

¿Se hizo mal? Yo creo que se hizo de acuerdo a las recomendaciones. Nos ha cogido con el pie cambiado, la información original se ha ido adaptando con el tiempo. Si ahora supiéramos cómo funcionaba, se hubiese tenido que actuar claramente de otra manera respecto a la vigilancia epidemiológica, pero veíamos solo el 5 % o el 10 % y al volar a ciegas nos pegamos la castaña.

La mayoría de las agencias de salud pública se limitaron a aplicar las recomendaciones que marcaban las autoridades sanitarias internacionales, como la OMS. Pero esto era una información errónea: no era necesario que un paciente viniera de China [para hacer pruebas] en aquel momento porque ya teníamos casos aquí. Por otra parte, los servicios de salud pública tienen capacidad para detectar algunos casos, pero cuando aumentan, estos servicios siempre han sido la cenicienta del sistema sanitario y no tienen capacidad para detectar, seguir, aislar, poner en cuarentena un número elevado de casos.

El periodista Kiko Llaneras resume la ceguera española en El País el 21 de junio en pleno alegre desconfinamiento:

La mejor prueba del valor de los datos se vio en febrero, cuando las cifras que llegaban de China hicieron que muchos expertos se preocuparan.

«Los epidemiólogos de élite que trabajan con infecciones empezaron a hablar sobre la posibilidad de pandemia a primeros de mes. Para el 25 de febrero ya existía un cierto consenso entre ellos», asegura Miguel Hernán, catedrático de Epidemiología en Harvard. ¿Qué evidencias les movían? Los datos del ritmo de contagios, la letalidad del virus, la capacidad infecciosa de los asintomáticos, la cantidad de casos exportados y los indicios de transmisión fuera de Wuhan.

Lo que sigue son sus hitos de tales errores:

El 14 de febrero, el epidemiólogo de Harvard Marc Lipsitch declaró en varias entrevistas que era probable una epidemia global. «Nos estaban diciendo en enero que había un 50 % de probabilidad, a principios de febrero un 70 %, a finales un 99 %», explica Hernán sobre sus colegas. Por esas fechas se redactó el informe de la misión de la OMS en China: «Es un nuevo patógeno altamente contagioso, que puede expandirse deprisa y debe considerarse capaz de causar un enorme impacto social, económico y sanitario en cualquier lugar. No es SARS y no es gripe».

Protocolo estrecho:

En España la detección temprana fracasó en febrero. El origen de los problemas fue consecuencia de un protocolo demasiado estrecho: hasta el 25 de febrero solo se permitió hacer pruebas de COVID-19 a personas que hubiesen venido de Wuhan, lo que hizo imposible detectar los contagios locales que ya estaban produciéndose. A finales de mes el protocolo se flexibilizó, los positivos afloraron deprisa y los sistemas de vigilancia epidemiológica se vieron rápidamente superados.

Rastreo de contactos:

Otra tarea que dependía de salud pública era el rastreo de contactos. Pero si no tenían tiempo ni para registrar los casos en SiVies, ¿cómo iban a localizar y entrevistar a las personas de su entorno? Necesitaban un ejército que no parece haber llegado.

«Un técnico por cada tres mil personas», según Helena Legido-Quigley, profesora asociada de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Eso representaría quince mil rastreadores en toda España, que según el ministerio solo cuenta ahora con 1554 personas haciendo esas labores.

Coordinación de Simón:

Su gestión durante meses ha parecido artesanal: recibían cada día las cifras agregadas de cada comunidad y luego las resumían en unos informes diarios en PDF, que son un puñado de hojas de papel.

Toma de decisiones:

Hay datos clave para informar de algunas decisiones que nunca han trascendido. Por ejemplo, durante el confinamiento siguieron produciéndose contagios, pero ¿sabíamos dónde? Un sistema más eficaz habría apuntado incluso a barrios y residencias concretas, como en Nueva Zelanda, donde se informa de focos en una casa de ancianos en Auckland o una boda en Bluff. Solo algunas comunidades reportaban información parecida.

También hay dudas sobre la información que decidió la desescalada. El plan del 28 de abril anunciaba que los pases de fase se basarían en criterios objetivos y marcadores públicos de cada provincia. Se presentó un panel de indicadores exhaustivos, que se iban a obtener «de forma automatizada, diaria e individualizada». Pero ese panel nunca llegó a publicarse.

Otra incógnita han sido los esfuerzos de rastreo en cada comunidad. Se supone que era una labor básica para evitar rebrotes, pero hasta principios de junio no se publicó ninguna información: ignorábamos el número de rastreadores, cuántos contactos se identificaban por infectado o cuántos daban positivo. Las únicas cifras sobre rastreo se publicaron a partir del 5 de junio, en días contados y sin desglosar ni por comunidades.

Opacidad en los datos:

Diversas organizaciones han reclamado otros datos sin éxito, como el número de test que se hicieron en marzo. Todavía hoy ignoramos cuántas personas son testadas y qué porcentaje da positivo, información que sí ofrecen países como Italia y Estados Unidos.

El análisis es magnífico. Pero Simón nos da uno mejor el 25 de junio. La mejor manera de saber lo que ha hecho mal el Gobierno es oír lo que Simón dice que está haciendo bien ahora: «Ahora mismo estamos detectando los casos que antes pasaban inadvertidos. Y ahora la gente se fija más. Los servicios se fijan más. O aquellos que antes por la sobrecarga que tuvimos durante un periodo importante de la epidemia les decíamos “quédate en tu casita, ya veremos luego lo que podemos hacer contigo”».

Quédate en tu casita por la pandemita. No hace falta recurrir a expertos para analizar a Simón. Vale cualquier bar. Simón cuenta que el sistema sanitario vetó a los enfermos y lo hace como gracia. Quédate en tu casita. Y encima culpa a los pacientes: «Ahora la gente se fija más». Claro. Antes la gente tenía fiebre y tos y creía que era apendicitis. Simón no ve sus contradicciones. Si Sanidad rechazaba enfermos, quédate en tu casita, será que la gente sí se fijaba en lo que le ocurría.

Da igual lo que diga. Las televisiones compran la mercancía de Simón el mago: «Ahora se detectan menos casos graves. ¿Por qué ocurre esto? Primero, porque aquellos a los que la enfermedad atacaba, ancianos y pacientes de riesgo, ya la han pasado. Los que se detectan ahora son más jóvenes». Sí, es difícil que vuelvan a pasar la enfermedad los más de cuarenta mil ancianos que han fallecido. Cita la televisión otro factor que reduce los casos graves: «Porque se detectan antes». Recoge la doctrina del día de Simón: «Los detectamos antes y, por lo tanto, si alguno con un mal tratamiento se iba a convertir en grave ahora a lo mejor estamos evitando eso». Nuevo éxito: los enfermos se agravaban porque no se atendían a tiempo. Y ya no ocurre.

La televisión resume a Simón: «Ahora detectamos los casos que antes pasaban inadvertidos o se mandaban a casa»; «los detectamos antes, de forma que si alguno iba a ser grave evitamos que lo sea». Estas frases serían el epitafio de cualquier Gobierno. El anuncio de una dimisión en bloque. En España son rótulos televisivos. Si con más de cuarenta mil muertos y trescientos mil infectados a sus espaldas un responsable sanitario declarara en cualquier país que al inicio de una pandemia invitaba al enfermo a irse a su casita, ese Gobierno se iría ese día a su casita.

Sánchez, en entrevista a La Sexta, también da motivos para cuestionar frontalmente su gestión: «Con los datos que tenemos hoy, es evidente que llegamos tarde». Imaginemos que un cirujano ve fallecer un paciente al que ha operado de apendicitis. Y era angina de pecho: «Con los datos que tenemos hoy, es evidente que no era apendicitis». Un mecánico que provoca un accidente de coche porque reparó mal los frenos: «Con los datos que tenemos hoy, es evidente que los frenos estaban mal».

O ejemplos reales. Un piloto de avión que estrella la aeronave porque no ha desplegado flaps y slats (accidente de Spanair): «Con los datos que tenemos hoy, es evidente que no los desplegó». Un conductor de tren (accidente de Alvia) que dobló la velocidad debida: «Con los datos que tenemos hoy, es evidente que rebasó la velocidad correcta».

Un Gobierno que recibe un atentado yihadista porque infravalora los informes del CNI. Un Gobierno que enfanga la costa gallega porque decide no permitir el atraque del Prestige. La oposición, el PSOE, no toleró tales disquisiciones al PP entre datos de ayer y de hoy. Atacó sin importarle si había habido error o no en tales decisiones. En ninguna de tales situaciones la sociedad admite como excusa la ignorancia.

La frase de Sánchez tiene dos partes. La admisión del error: «Es evidente que llegamos tarde». Si Sánchez, nada dado a la autocrítica, lo ve evidente, muy flagrante debe de ser su error. Illa también lo dijo: «Visto lo visto, todos llegamos tarde». Pasemos a la otra parte de la frase: «Con los datos que tenemos hoy». La frase es tramposa.

Los datos que tenemos hoy, cuando habla a primeros de julio, son 250 103 enfermos de coronavirus, 28 368 fallecidos. Si sumamos los más de 45 000 enfermos que borró de las estadísticas por ser fruto de test rápidos (que ya pueden ser el doble o el triple o más), más los 26 000 positivos de Torrejón… España tiene más de 300 000 infectados con los datos de hoy por una epidemia que Sánchez dijo que no llegaría con los datos de ayer. Y tiene un exceso de muertes inexplicadas de más de 44 546 personas. Un 58 % más que en 2019.

Los datos que tiene hoy Sánchez son resultado de los que tuvo antes y no atendió. China alarmó al mundo el 31 de diciembre por veintisiete casos de neumonía. El 7 de enero ya anuncia que no es neumonía ni gripe. Es coronavirus, más transmisible y letal. Confina ciudades, hace test masivos, sigue los casos de los infectados. Los países asiáticos blindan sus fronteras con controles: termómetros, aislamiento de sospechosos, seguimiento de contactos y testado. El 30 de enero la OMS lo declara emergencia internacional y pide prohibir actos masivos. Italia empieza confinamientos por contagios el 22 de febrero.

Pese a todo, el 28 de febrero España tiene solo treinta y tres casos. Los mismos que tenía China dos meses antes. Pero China el 28 de febrero ya tiene más de 78 961 casos y 2791 muertos. Tras dos meses. No es una sorpresa de un día para otro. Igual es altamente contagioso y letal lo de China. ¿Se alarma Sánchez? ¿Piensa que España puede seguir los pasos del gigante asiático? ¿Le inquieta que el virus se haya extendido ya a cincuenta y un países, con 4691 casos y 67 muertes? No. Sigue permitiendo vuelos de la infectada Italia y actos masivos. Y lo hace con los datos que tenemos hoy a 28 de febrero. Los casos se han doblado en España en un día. Eran dieciséis el 27 de febrero.

El 2 de marzo, el Gobierno de Sánchez mete en un cajón el informe de la UE, hecho por el ECDC, que exige prohibir actos masivos. Ahí están también depositados los informes diarios de la OMS y que siempre piden lo mismo: evitar actos masivos. Esos son los datos que tiene Sánchez con los datos de hoy de enero, febrero y marzo. En julio, claro, ya son los datos de ayer. De hace meses.

Hay otro modo de medir la densidad de los errores de Sánchez. No hay prácticamente nada en lo que no haya rectificado en estos meses:

Las mascarillas son inútiles, no protegen, alarman… Suplica en marzo que se las vendan. En junio son obligatorias.

Decreta que no se buscarán contactos. En junio urge la creación de equipos de rastreadores.

Los termómetros en aeropuertos son inútiles. En junio se empiezan a implantar en aeropuertos.

Los test PCR son los más seguros y su base estadística. En junio no los juzga fiables para testar turistas

El «sistema sanitario es robusto». Se colapsa. El Gobierno en junio lo cree debilitado por los recortes.

Test solo para casos muy graves vinculados con enfermos o países de riesgo. En junio se anuncian test masivos.

La lista, harto ampliable, muestra proclamas del Ejecutivo que deshace como azucarillos meses después. Algunos pondrán el ojo en la OMS, como Sánchez: «Hasta el 11 de marzo no dijo la OMS que era una pandemia». ¿Y qué? La OMS pedía las mismas normas antes y después de la pandemia. Y son las mismas medidas que exige la UE nueve días antes de la pandemia.

Y eso vale para el resto. La OMS recomendaba controles de temperatura en aeropuertos. Y lo hacían países asiáticos desde primeros de enero. Lo mismo ocurría con los test masivos y la búsqueda intensa de contactos. ¿Por qué España no? Ni siquiera vale como pretexto las pretendidas vacilaciones sobre las mascarillas de la OMS. Otros países las usaban desde enero con o sin permiso de mamá OMS. Y a Sánchez se lo suplicaban sus funcionarios. ¿No merecía la pena equivocarse repartiéndolas masivamente desde enero cuando se lo reclamó la policía?

La excusa de Sánchez es de adolescente. No me equivoqué. Me equivocaron. Nos equivocamos todos. No, no todos nos equivocamos. No todos gobernamos. Se equivoca el que gobierna. Y el que gobierna tiene que saber en tiempo real, no seis meses después, si se equivocan y quién le equivoca. La OMS o Simón.

Y prueba de que no se asume el error cometido es que los vuelve a repetir en el desconfinamiento. Cuando el Gobierno rechaza exigir pruebas de test PCR a todo viajero que desee visitar España, algo que le pide a diario Miguel Sebastián, está germinando algo que se ve ya: el crecimiento de casos importados.

¿Hará falta que surjan rebrotes para que Sánchez entone otra vez el si lo hubiera sabido…? Esta medida no le cuesta un céntimo a España. Lo pagaría el viajero. Y disuade al turista irresponsable de venir, evita contagios en España y garantiza al pasajero que visita un país serio.

Lo contrario es la chapuza que preconiza Simón: que las autonomías se ocupen de controlar los viajeros que llegan. Pero ¿qué hacen con los pasajeros? ¿De qué les sirve una ficha con los datos de dónde van a estar y si han tenido síntomas o contactos con enfermos en su país de origen? El control en aeropuertos españoles solo detecta al sintomático evidente. Pero aterrizarán también asintomáticos contagiosos. Cuando broten los síntomas, ya habrán infectado al pasaje, al taxista, al autobús, a sus contactos en hotel, playa, restaurante, mercadillo veraniego…

El protocolo diseñado por Illa es tan absurdo que determina que si el viajero suspende uno de los filtros de ese triple control fronterizo (encuesta, termómetro y diagnóstico visual), será remitido a un médico, que lo podrá derivar a un centro sanitario. No está prevista su devolución ni en frío ni en caliente a su país. El turista infectado o bien está grave en un hospital español o está leve en su lugar de vacaciones.

La encuesta que debe firmar el viajero que llega a España muestra el agujero que se abre: «Me comprometo a que si durante los catorce días posteriores a la entrada en España presento síntomas de infección respiratoria aguda (fiebre, tos o dificultad respiratoria), me autoaislaré en el domicilio/lugar de residencia, realizando una autovigilancia de los síntomas del coronavirus y me pondré en contacto telefónicamente con las autoridades sanitarias competentes». Palabrita del niño Jesús.

¿Quiere España, tras haber superado lo peor de la pandemia, salpicar sus hoteles de infectados? ¿Debe usar EPI el personal de los hoteles que los atiendan? ¿Qué hace el resto de clientes? ¿Se aíslan en sus habitaciones o se van? Y queda para los anales del humor otra casilla que ha de ser rellenada: «¿Usted presenta fiebre, tos o dificultad respiratoria? Por favor, marque con una X el o los síntoma/s que presenta».

En fin, me juego un jersey con el doctor Simón a que esta medida será un coladero y que deberá ser rectificada. Querido lector, te toca decidir si con los datos de hoy que te aporta este libro, Sánchez se equivocó con los datos de ayer. No aspiro a más. No deseo que cambies tu voto ni le criminalices. No es mi papel como periodista. Ni envidio a Sánchez. No desearía tener en mi conciencia dudas sobre la gestión de una crisis que le ha costado la vida a más de 44 000 compatriotas. Sé que no quiso muertes. Pero tampoco el piloto de Spanair, ni el conductor del Alvia.

Mientras que Sánchez cree que es una medida compleja exigir PCR a nuestros visitantes, agencias españolas ya lo incluyen en su precio: «Cubrimos los gastos derivados de la prueba PCR durante el viaje».

Alemania implanta un centro de pruebas en su principal aeropuerto, Fráncfort, por iniciativa de Lufthansa. Allí se efectuarán pruebas de COVID-19, sin cita previa, a pasajeros que salen o llegan de dicha compañía. Es la primera que ofrece mundialmente tal solución para viajes aéreos internacionales seguros durante la pandemia. España aún en julio lo rechaza.

No menos irrazonable es que España aplique la reciprocidad: Si Marruecos, China o Argelia no me permiten viajar, pues yo no les tolero que entren en España, hala, que se fastidien. Esto es infantil. Y un suicidio en el caso del turismo chino que se aborta. España no debe evaluar la ofensa diplomática, sino el peligro que encierra la apertura de la frontera marroquí o los vuelos chinos. No deja de ser curioso que sea Marruecos el que frene la operación Paso del Estrecho, y no España. Lo normal sería que España temiese tal éxodo, que puede sumarle casos importados. Marruecos teme el regreso de sus compatriotas, España no.

En junio, la universidad de Cambridge sentencia a Sánchez. Su gestión de la pandemia es la peor de 33 países que analiza. Le aventajan países avanzados (Alemania, Francia, Japón, el Reino Unido, Estados Unidos, Italia…), pero también modestos (Portugal, Grecia, Hungría, Polonia…).

Sebastián emite similar veredicto. «El Gobierno se fio de un grupo de personas que se equivocó. Simón como elemento visible de todo ese grupo debería pedir perdón». Simón no conjuga tal verbo: «Afortunadamente, yo no he tomado las decisiones». Como explica a El País, «¿qué más da una cifra más alta que otra más baja cuando hablamos de 28 000 víctimas (mortales)? ¿Cambia algo?». Son más de 44 000 los muertos. Creo que cambia.

Bueno, lector, me despido. Te dejo con tus dudas, si las he suscitado. Yo tengo las mías. No sé si quiero que Sánchez dude. Sería terrible que cada noche se le aparecieran 44 000 dudas, 44 000 fantasmas.

FRANCISCO MERCADO es periodista de investigación desde hace 39 años, la mayor parte de los cuales trabajó para El País.

A lo largo de estos años destapó centenares de escándalos: la hoja de ruta de ETA oculta por el PSOE; jueces estrella que urdían sumarios para derribar gobiernos; corrupción de altos cargos del PP y del PSOE; los negocios opacos de Urdangarín, o un PP que repartía sobres en b, espiaba a sus cargos en Madrid o se lucraba con Gescartera. También reveló las mentiras del Prestige, del 11M, del fraude del lino, las falsas coartadas de los ERE, del caso Faisán o de los millonarios pagos chavistas a los fundadores de Podemos.

Y un largo etcétera publicado o silenciado en cajones de editores.

En 2020, tras desatarse la pandemia por coronavirus, Mercado fue muy crítico con el gobierno y con las medidas tomadas. Ese mismo año vio la luz su libro Una pandemia de errores, una crónica en la que el periodista analiza la situación desde que se informó del primer caso en China hasta que España comenzó a actuar para frenar la propagación del virus.