El mayor tabú informativo de España es abordado por primera vez con una dureza sin precedentes en una biografía no autorizada que promete levantar ampollas. Desde la traición a su padre, a su papel en el 23-F, la construcción de una gran fortuna personal mediante dudosos negocios, a sus escándalos sexuales y su interferencia en la independencia de los tribunales.

Se trata de algo más de cuatrocientas páginas demoledoras, repletas de documentación y datos que repasan la historia reciente de España y la implicación Real en todos los oscuros asuntos de nuestro país: Mario Conde, GAL, KIO…

Patricia Sverlo

Un rey golpe a golpe

Biografía no autoriza de Juan Carlos de Borbón

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Titivillus 08.08.17

Patricia Sverlo[1], 2000

Editado por: Ardi Beltza[2]

Retoque de portada: Redna G.

Editor digital: Titivillus

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A todos los antifascistas que dieron su vida defendiendo la República y el poder surgido de las urnas en 1936, frente a los golpistas de Franco, que, con los años, nombraron como sucesor suyo a Juan Carlos I, actual rey de España.

INTRODUCCIÓN

LA DESIGUALDAD COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL

No hay ninguna excusa mejor que el pueblo. Se le invoca siempre para justificar los abusos de poder, al mismo tiempo que se señala a la soberanía popular como el paradigma a seguir. Pero es un simple juego de palabras demagógico e insultante. El poder actualmente establecido no es sino un botín de guerra —de la última—, que se ha sustanciado no en la lógica del derecho de los ciudadanos, sino en la de las instituciones imperantes que los convierten automáticamente en súbditos, vaciando de contenidos la aludida soberanía popular.

La autodenominada democracia «formal», que sólo tiene de «real» la imposición de la monarquía, es tan injusta, por mucho que ella misma se vista de legalidad, como cualquier sistema que mantenga la polarización del poder y la desigualdad en la sociedad (llámese monarquía, teocracia, república bananera, democracia orgánica o dictadura). Por ello, en la cruda realidad no ven más remedio que apelar al argumento del «menos malo de los sistemas políticos».

A lo largo de la historia los reyes han tenido el monopolio de las riquezas y las guerras; y los pueblos se han visto obligados a la pobreza, los levantamientos y las revoluciones. Puesto que la pobreza existe de manera manifiesta e irrevocable en la vida cotidiana, existen leyes, normas y usos de protocolo que distinguen y polarizan a las clases sociales. Incluso entre los representantes de las diferentes instituciones hay un orden de precedencia inapelable, que se hace ostensible y ejemplar en cada momento. El protocolo español se gestó en tiempos de Carlos I, inspirado en el uso del ducado de Borgoña, que ya era complejo y sofisticado en el siglo XIV. El tercer duque de Alba recibió el encargo de enseñárselo al príncipe de España, que después sería el rey Felipe I. Entre los objetivos de este protocolo estaba la creación «de una atmósfera casi divina en torno al soberano, que obligara a los súbditos a creer en el mito del monarca», cosa que encajaba perfectamente con el derecho divino de los reyes: «Todo poder viene de Dios y Dios lo deposita directamente en la persona regia».

Actualmente, las normas de protocolo que todavía siguen vigentes «obedecen todas, directa o indirectamente, a un mismo fundamento, esto es, a la desigualdad de los hombres». A diferencia de lo que suele acontecer con la generalidad de las normas jurídicas, las de protocolo se fundamentan esencialmente en tales desigualdades. No parece inexacto afirmar que, si todos los hombres fueran iguales, no podrían existir «normas de protocolo», tal como recoge Francisco López-Nieto y Malla, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en su libro Legislación de Protocolo. Es imposible decirlo más claro, ni con más autoridad. En consecuencia, podemos afirmar que el más desigual de todos los españoles es el rey, a quien además asiste el derecho constitucional de ser un irresponsable absoluto.

Según los artículos 56 y 64 de la Constitución española de 1978, la norma normarum, «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». El único responsable de sus acciones es el Gobierno, al margen del asunto del que se trate, ya sean actos públicos o privados («De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden», dice el artículo 64). Esta norma anacrónica es incompatible con la idea de establecer un Tribunal Penal Internacional, cuyo estatuto de creación fue aprobado en Roma en 1998, y en el que está interesado el Estado español. Es inadmisible que haya sujetos impunes, con privilegios, inmunidades o eximentes de cualquier tipo.

La impunidad del rey recogida en la Constitución va todavía más allá de la inmunidad penal: supone que no se le investigue, que ni siquiera se hable de sus actividades irregulares o que presuntamente estén fuera de la ley, que no tenga que sentarse en procesos judiciales ni en el sitio de los testigos…

El rey Juan Carlos, por el hecho de no estar sometido a la ley, ni siquiera se rige por las mismas normas de la monarquía, que ni siquiera tienen por qué cumplirse: es válido que se siga el orden dinástico de sucesión, o no; aplicar o no la ley sálica, o la norma por la que el rey debe haber nacido en el territorio del Estado… Todo depende de lo que convenga en cada caso.

Pero las desigualdades institucionalizadas no son gratuitas, y sólo se pueden mantener por la violencia y la represión, también institucionales. Tradicionalmente, cuanto más grande es la distancia entre los extremos, más fuertes tienen que ser los medios coercitivos oficiales para perpetuarla. Para apuntalar las desigualdades existen poderes complementarios que, con diferentes argumentos, divinos o humanos, son los ejecutores inmediatos del sistema: la Iglesia, el aparato de propaganda institucional, las autoridades públicas… y, desde luego, las Fuerzas Armadas, que mantienen de manera evidente su propia estratigrafía piramidal de clases y poderes, y la aplican expeditivamente con la contundencia de los argumentos de guerra: a base de prisioneros, heridos y muertos.

En el Estado español, el sistema político establecido es la monarquía parlamentaria (de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución), y lo garantizan las Fuerzas Armadas (artículo 8), cuyo mando supremo corresponde al rey (artículo 62). ¿Dónde está la soberanía popular, la libertad para ejercer el pluralismo político, si de cualquiera manera la república no tiene cabida? Si la voluntad popular se expresara en contra de esto, entonces los tres ejércitos, con el rey al frente, se encargarían de decidir con las armas y la Constitución en la mano cuál es el orden legal.

Así pues, el pueblo, o los diferentes pueblos del Estado, ejerce como puede sus supuestas potestades democráticas. ¿Cómo es posible ejercer en estas condiciones la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político a que también hace referencia el artículo 1?

La desigualdad monárquica no es más que una versión moderna de la filosofía del poder. La Constitución reconoce en primer lugar los privilegios reales, y después habla de la igualdad de todo el mundo ante la ley. No tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista lógico. Se puede hacer un paralelismo con algunas palabras del monarca, a veces materializadas en párrafos —quién sabe quién las escribió realmente— dignos de ser recogidos en la antología «nacional» del disparate, como éste del discurso del día de la Hispanidad de 1983, repleto de contradicciones: «Los Reyes Católicos crearon un Estado moderno, fundamentado en las ideas de unidad y de libertad, es decir, del derecho a la diversidad. Para ello no dudaron en reducir a los que alzaban sobre los intereses nacionales sus egoísmos y sus pequeños intereses de campanario, derribando, cuando fuera preciso, sus castillos».

La monarquía como sistema político

El dominio de un rey tiende a lo absoluto por su propia filosofía; por ello, previsoramente, se le fijan límites y símbolos de representación dentro de los cánones establecidos por la oligarquía. Del poder político actual del monarca se dice que sólo tiene un valor representativo, que su papel se limita a ser algo así como un embajador del Estado en el extranjero, con la ventaja de que nos ahorramos las elecciones a presidente de la república… Y, sobre todo, se destaca que el Rey es símbolo de la unidad y permanencia de la patria. Sin embargo, ¿hace falta explicar que la España «una, grande y libre» es anterior a la instauración de la monarquía? La unidad «de la Patria» como principio irrenunciable y sagrado responde a causas que tienen mucho más que ver con el reparto de poderes, que con una monarquía que a lo largo de los siglos ha visto cómo las fronteras del Estado variaban sin que esto la afectara demasiado. La simbología de la Corona, si prestamos atención a lo que establece la Constitución de 1978, se corresponde más con un sistema político concreto, unido con un cemento legal, que en lo fundamental tampoco se diferencia demasiado del Régimen anterior.

La novedad de la instauración de la monarquía de Juan Carlos y su Constitución es que se establecieron nuevos principios de control político interno de la soberanía, más de acuerdo con los tiempos (como el artículo 68, que describe el sistema electoral proporcional para impedir el acceso a las instituciones de grupos no deseados; o el 38, que ensalza la «libertad de empresa» o la «economía de mercado», elevándolas a rango constitucional).

Además, se institucionalizó una España europea, otánica y global. Con la peculiar manera de entender el nacionalismo español por parte de los padres de la Carta Magna, no se hizo caso a las cuestiones que garantizarían la independencia de España frente a influencias o injerencias de otros países o centros de poder. En este sentido, se siguió una línea que sólo es comparable a la de las leyes que los aliados impusieron tras la Segunda Guerra Mundial a los estados vencidos, Alemania e Italia. Se ha dejado al pueblo supuestamente soberano sin derecho de autodeterminación, frente a una mayoría coyuntural del Congreso que podría ceder, a través de tratados internacionales, competencias propias de la soberanía popular en todo lo correspondiente a los ámbitos militar y político, sin que sea obligatoria la aprobación ciudadana (artículo 93). El Parlamento puede aprobar la firma de un tratado que obligue a modificar leyes propias en cualquier materia, y las leyes internacionales siempre prevalecerán sobre las españolas en caso de contradicción. Para los tratados que afecten a cuestiones económicas, incluso se prescinde del trámite de tener que ser aprobados por las Cortes. Un gobierno puede ceder, o abandonar, o dejar en concesión a entidades extranjeras, sectores neurálgicos del patrimonio económico común, sin el menor asomo de problema.

En cambio, la Constitución sí que otorga al monarca atribuciones que el pueblo no tiene como derecho. Entre otras cosas, puede convocar un referéndum, desautorizar tratados internacionales, oponerse, convocar o disolver las Cortes si cree que es necesario, conceder indultos y declarar la guerra o hacer la paz. Todo esto se justifica en virtud de su función de «árbitro» en el gobierno de todos, de manera absolutamente independiente de los partidos. Este papel de árbitro regulador y moderador de las contradicciones y de las tensiones políticas y sociales, tendría un énfasis especial en aquellas facetas en las que el Estado puede mostrar fracturas o divisiones en los terrenos político, social, ideológico y nacional. Como todo esto se garantiza con la fuerza de los tres ejércitos, supone prácticamente legalizar el golpe de Estado de la monarquía, siempre y cuando se invoquen razones constitucionales, un experimento que ya fue realizado por otro Borbón, Alfonso XIII, cuando apoyó el alzamiento militar del general Primo de Rivera en septiembre de 1923. El general Primo de Rivera protagonizó una insurrección en Barcelona (era capitán general de Cataluña) el 11 de septiembre de aquel año, con el objetivo de «salvar la Patria». La voluntad del Rey estaba «secuestrada», decía. Al cabo de tres días, el 15 de septiembre, el general insurrecto juraba en el Palacio Real, arrodillado ante el rey Alfonso XIII y con la mano sobre los Evangelios, «restablecer el imperio de la Constitución». Cuando el pueblo, ocho años después, expulsó a Alfonso XIII, los monárquicos volvieron a recurrir al ejército para reinstaurar la monarquía. Éste fue el objetivo del alzamiento del 18 de julio de 1936 contra una república que no era simplemente una forma de Estado, sino una vía de transformación revolucionaria. Los planes de la oligarquía monárquica para restaurar a los Borbones se habían empezado a forjar en 1932. La intención del golpe militar era que el general Sanjurjo se hiciera con el poder para que Alfonso XIII pudiera recuperar el trono. Pero no salió como esperaban. El pueblo se echó a la calle y tomó las armas para defender la República.

Sanjurjo se mató en un accidente, y el golpe de Estado acabó convirtiéndose en una guerra civil. Si tras la victoria de los «nacionales» la monarquía no se restauró inmediatamente, fue porque tras la Segunda Guerra Mundial los aliados, con los Estados Unidos al frente, decidieron que Franco continuara gobernando en su «reserva espiritual de Europa», la reserva fascista, para asegurar de la manera más firme posible la retaguarda de la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

En todos estos avatares históricos, los Borbones siempre han hecho gala de una cualidad que nadie les puede negar: cuando el futuro es dudoso, están siempre junto al poder. También Don Juan, aunque le saliera mal y no llegara a ser rey. En el enfrentamiento que tuvo con Franco las posturas ideológicas contaron muy poco. Sencillamente fue una lucha por el poder, en la que Don Juan se colocó tanto junto a la derecha como, formalmente, junto a la izquierda, según lo que creía mejor para quedar bien situado en su carrera personal hacia el trono.

Pero de todos los Borbones, ninguno ha tenido tan desarrollado este instinto como Juan Carlos.

Sobre Franco, dijo no hace demasiado tiempo: «A veces me preguntan si el General ejerció sobre mí una gran influencia. Pues sí, me influyó, por ejemplo, en la manera de ver las cosas con tranquilidad, tomando distancia, con cierto desapego». Juan Carlos es el más Borbón de los Borbones con respecto a la querencia por el poder, y nunca dudó en pasar por encima de quien hiciera falta. El mejor ejemplo es que accedió al trono saltando por encima de su propio padre.

Despreciar las propias reglas de la Casa Real indica que el poder era el objetivo, más allá de cualquier otro criterio. Sin duda, también pasó por encima del pueblo, hecho del que queda constancia en los privilegios reconocidos en la misma Constitución.

Lo más curioso del poder de que se ha investido la monarquía de Juan Carlos, en el contexto de la democracia parlamentaria y el Estado de derecho, consiste en que es más independiente que cualquier otro poder: no está sometido al control judicial, puesto que es impune; tampoco está sometido al control político, puesto que no se presenta a las elecciones y no tiene que rendir cuentas al Parlamento por sus actuaciones; y no está sujeto ni tan siquiera al control de la prensa, porque no se puede hablar del rey. Pero, en cambio, sí que es un espacio susceptible de ser manipulado y utilizado por quien se sepa arrimar a él: un gobierno extranjero, un grupo de poder económico, un partido político… En la presente biografía se trata de poner fin, en la medida de lo posible, a las versiones timoratas y laudatorias sobre el historial político del rey Juan Carlos. Y con una recopilación de datos ubicados en su contexto, junto con argumentos para interpretarlos. No se persigue necesariamente hacer un discurso republicano, que nunca está de más, sino mostrar que la 12 institución monárquica fue y es una herramienta clave del mismo poder económico-político del franquismo.

El pseudónimo no significa impunidad

El lector avisado se sorprenderá de que en una obra de estas características no se citen las fuentes, ya sean referencias bibliográficas o de otra clase. Pero para hacer una cosa tan poco ortodoxa tenemos una justificación, que esperamos sea suficiente para que el lector otorgue un voto de confianza respecto al rigor del libro. Insistimos en el hecho de que «la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». No se le puede juzgar, haga lo que haga o diga lo que diga. Pero no es así para quien escribe sobre el rey, que puede ser perseguido de oficio, y padecer las «caricias» de todo el aparato de Estado del Reino de España. Existe un Derecho Proemial y un Código Civil, y es una previsión lógica que se trate de aplicar el segundo. Esto no hace más que resaltar nuevamente los riesgos de una sociedad que se dice está repleta de libertades, entre las que se hallan la de información, e incluso la de opinión y, más concretamente, la libertad política. Pero cuando las ideas que se defienden son republicanas, entonces uno pasa al campo de los «conspiradores». De ahí el pseudónimo con que se firma el libro, que intenta paliar la desproporción y busca que se juzgue a la obra y no al autor; que tendrá que responder en igualdad ante los tribunales, si fuera necesario, del asunto en cuestión y no de las campañas de persecución personal.

No hay ninguna ley específica que ponga un límite al derecho fundamental a la información y a la libertad de expresión en lo que concierne a la monarquía. Ni tampoco existe un delito tipificado como «injurias al rey». Sin embargo, en la práctica, es sorprendente que los jueces y fiscales se preocupen tanto por impedir que nadie pueda ni siquiera hacer una broma sobre el monarca. No sólo importan los contenidos, sino también las formas. Porque no es suficiente castigar el animus iniuriandi (o intención de causar daño), sino que también hace falta penar el animus joccandi (o afán de cachondeo, en argot legal), puesto que hacer chistes sobre el rey también está considerado como delito. Por mencionar sólo algunos de los casos menos políticos, que rozan el ridículo, podemos recordar al cocinero Mariano Delgado Francés, que en 1988 pasó seis meses en prisión por haber insultado al rey durante un desfile; el marinero de Ceuta Abdclauthab Buchai Laarbi, condenado en julio de 1989 a seis meses de prisión por injurias leves al rey en un autobús; al joven José Espallargas, juzgado en enero de 1990 por haber hecho un dibujo obsceno sobre un sello del rey, en una carta que envió a su novia desde la mili; o los tres turistas extranjeros detenidos en agosto de 1991 por el hecho de insultar al rey y a España mientras viajaban en un autobús a Madrid. Ninguno de ellos había utilizado un medio de comunicación de masas para expresarse.

En el correo electrónico, en la correspondencia y en las conversaciones telefónicas entre la editorial y la autora, ya ha habido el suficiente número de intercepciones a lo largo de un año para que los ministerios correspondientes estén al tanto de quién está detrás del pseudónimo. Sin embargo, por lo menos este recurso nos permitirá mantener un frente, evidentemente republicano, para escabullirnos de una represión individual, y una persecución que durante la elaboración del libro ya ha dado los primeros avisos.

Para poder dar a luz este libro, hemos tenido mucho cuidado de ser escrupulosamente respetuosos con las informaciones que se han utilizado. Todo lo que se afirma está contrastado, y muchas veces hay pruebas tangibles de su veracidad. Además, hemos buscado confirmación bibliográfica siempre y cuando ha sido posible, limitándonos a las versiones ya divulgadas en caso de duda, por lo cual —esperamos— contamos con ciertas garantías de que podemos decir lo que decimos. En consecuencia, gran parte de lo que aquí se explica ya ha sido publicado alguna vez, y no nos duele en prenda el reconocerlo. Sí que existe un acuerdo tácito, un «pacto entre caballeros» para no publicar nada que perjudique a la Corona, firmemente consolidado entre periodistas y escritores, bajo la atenta mirada de los editores, que deciden en última instancia lo que se publica y lo que no. La prensa extranjera ha llegado incluso alguna vez a atribuir una base formal, y habla de un acuerdo presuntamente firmado en 1976 entre el Gobierno y la Federación de Prensa, respecto a la privacidad de la familia real. El pacto de silencio se ha justificado por el alejamiento popular respecto al sistema monárquico durante la Transición, que obligaba a protegerlo frente a críticas peligrosas que habrían de ser inevitables en un sistema de completa libertad de prensa.

Pero se han publicado más cosas, desperdigadas aquí y allá, de lo que se podría pensar en un principio. Aparte de valientes aportaciones recientes, como la del periodista Jesús Cacho, autor del libro El negocio de la libertad (que apareció gracias a la osadía de su editor, Ramón Akal), otros autores han tenido una manera curiosa de difundir informaciones interesantes, incluyéndolas en obras que de otra manera no se presentaban como fustigadoras de la imagen del monarca.

Jaime Peñafiel, el más atrevido a la hora de hablar de cotilleos sobre los Borbones actuales, inserta un comentario simpático en el capítulo sobre «la cólera real» (o cuando el rey se enfada y es maleducado), de su libro ¡Dios salve… también al rey!: «Don Juan Carlos se dejó llevar, como cualquier ser humano, por ese desahogo que es la cólera, no sólo propia de hombres sino hasta de Dios. ¿No existe acaso la cólera divina? ¿No se apoderó de Cristo frente a los mercaderes que invadieron el templo?»

Sin llegar a estos extremos retóricos, Pilar Urbano hace un estudio concienzudo sobre los acontecimientos del 23-F (en su libro Con la venia… yo indagué el 23 F), en el que aporta datos suficientes sobre la contribución del monarca, para llegar al final, tras 270 páginas, y dedicar toda una sección a argumentar «una verdad de Perogrullo», en palabras suyas: «si el Rey hubiese estado de acuerdo con el golpe, el golpe necesariamente habría triunfado». E inmediatamente después, en el siguiente apartado, Urbano vuelve a explicar que, de todos modos, el golpe sí que triunfó en más de un sentido.

También el Don Juan, de Luis María Ansón, es un primoroso ejemplo de habilidad dialéctica para decir y no decir al mismo tiempo. El propio autor sostiene que «las razones a favor de la República las comprende cualquiera. Las razones a favor de la Monarquía hereditaria requieren un estudio riguroso, así como una considerable disciplina mental». Después explica, aportando numerosos testimonios y pruebas, que el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 tenía como objetivo restaurar la monarquía de los Borbones; aunque los conjurados no se cargaron la República de 1931 porque la monarquía funcionara mejor, sino porque la República era «de ideología revolucionaria», es decir, de izquierdas; además, demuestra que la realidad de fondo en la contienda entre Franco y Don Juan no se debía a cuestiones ideológicas, sino a una lucha por el poder puro y duro; que Juan Carlos decepcionó y traicionó a su padre… Y todo ello envuelto en un discurso fogoso, que no se aleja lo más mínimo de la ortodoxia monárquica más recalcitrante. Ansón termina el libro con párrafos altisonantes sobre «la Monarquía de todos», «la política profunda de don Juan», «su impresionante estatura moral», «la justicia histórica»… En fin, un despropósito total, aunque muy bien documentado.

Pero si lo poco que se ha publicado en España siempre ha estado volcado hacia la alabanza más o menos engañosa de la Corona, ha pasado lo mismo en buena parte de la prensa extranjera. En el verano de 1992, El Mundo se hacía eco de lo que previamente había publicado la revista francesa Point de Vue con respecto a los amores del rey con la decoradora catalana Marta Gayá. Y trascendió que la Casa Real se había irritado enormemente no por el contenido de la información difundida, sino porque el diario de Madrid había omitido los «elogios y valoraciones positivas» en torno al rey que incluía el texto de la revista francesa.

La revista italiana Oggi siempre ha seguido el mismo estilo laudatorio que Point de Vue acostumbra a utilizar con los temas monárquicos. Por ejemplo, tras publicar, en un reportaje de 1988 sobre la familia real española, informaciones que aquí son absolutamente tabú, como «La infanta Elena nació enferma, como muchos de sus antepasados, y hoy todavía tiene que someterse a continuas terapias», añadía comentarios compensatorios como los «50 años [del rey Juan Carlos] son un ejemplo de fidelidad: a la familia, a España, a los valores de la democracia…». En otro de sus curiosos artículos, en el que Oggi revelaba el asunto de la presunta hija ilegítima del rey de España con la condesa italiana Olghina Robiland (también en 1988), el texto del reportaje matizaba: «Con la lealtad y honestidad que han caracterizado siempre su comportamiento, en cualquier circunstancia, y que le han permitido conquistar la confianza de los españoles, Juan Carlos advierte a Olghina, desde el primero beso, que el suyo es un amor imposible».

Por ello, si alguien se sorprende por algún dato en particular de este libro que le parezca especialmente escandaloso, es necesario que tenga en cuenta que es muy probable que haya aparecido antes en alguna otra fuente impresa, ocultada por la prensa española. Si nadie se ha molestado, hasta ahora, en poner dificultades a autores como Luis María Ansón, Pilar Urbano, Jaime Peñafiel o José Luis Villalonga, entre otros muchos, podemos presumir que no nos las pondrán ahora a nosotros al tratar de los mismos asuntos, tan sólo porque no hayamos endulzado la historia con una capa de «juancarlismo». Queremos manifestar nuestro agradecimiento a los autores de las obras consultadas —y utilizadas aquí como parte imprescindible de la documentación—, las cuales recogemos por orden alfabético en la bibliografía al final del libro. Si hemos preferido evitar las referencias puntuales, párrafo a párrafo, aun cuando no sea nada correcto, ha sido con el objeto de no facilitar la tarea de las personas que tienen espíritu censor, cosa que pondría en peligro el compromiso de confidencialidad con los informadores que han colaborado con nosotros.

Aparte de fuentes bibliográficas, entrevistas con colaboradores anónimos desinteresados, y algunos textos legales (sentencias, denuncias, sumarios…), facilitados por la persona correspondiente en cada caso, también hemos contado con cantidades ingentes de información procedente de hemerotecas, nacionales y extranjeras, merced a la inestimable ayuda de nuestros documentalistas.

La mayoría de las referencias que salen a lo largo del libro a las diversas intervenciones del Gobierno de los Estados Unidos y de la Comisión Trilateral en la vida política del Estado Español, se han recogido del estudio del profesor Garcés Soberanos e intervenidos —una magnífica investigación sobre documentos desclasificados del Gobierno norteamericano—, cuya lectura recomendamos encarecidamente.

Bien, este es un libro que creemos proporciona la información posible, la que entra dentro de los límites de lo que se puede asumir delante de los tribunales. El resto queda para una ocasión mejor.

O para los tribunales, si fuera requerida ante éstos.

PRIMERA PARTE

18 AÑOS Y 83 DÍAS DE CANDIDATO

CAPÍTULO 1

POR DESIGNIO DIVINO

«El pobre nació ochomesino», escribe Doña María de las Mercedes, madre de Juan Carlos, en sus memorias, «y tenía los ojos saltones… Era horrible. Menos mal que enseguida se arregló». Fue el 5 de enero de 1938 en Villa Gloria, en la calle Parioli, 112, de Roma, casi en la periferia; un barrio de la mediana burguesía. Juan Carlos Víctor de Borbón y Borbón fue bautizado en la capilla de la Orden de Malta por el cardenal Pacelli, más tarde Pío XII (1939-1958), el papa que colaboró con el fascismo y que el 1 de julio de 1949 condenó el marxismo en un acta del Santo Oficio.

Era el primero hijo varón de Don Juan, conde de Barcelona, heredero del inexistente trono que había perdido su padre, Alfonso XIII. Nació cuando los golpistas que luego le educaron y le hicieron sucesor de Franco contaban con el apoyo de Hitler y Mussolini, y mientras la República legal, salida de las urnas, luchaba por su supervivencia en la batalla de Teruel, una de las más cruentas de la Guerra Civil. Pero aquélla no era ni la primera ni la última casa real, cada una desde su exilio respectivo, que seguía echando cuentas para averiguar a quién le tocaría ponerse la corona si llegaba el momento. Europa estaba llena de pretendientes al trono de España.

Que Juan Carlos fuera el heredero de los Borbones no era precisamente una cosa que cayera por su propio peso. Una dificultad nada despreciable era que había nacido fuera de España. Ni siquiera tenía derecho a la nacionalidad, puesto que su abuelo la había perdido junto con la corona, por decreto republicano, como castigo por su complicidad en el golpe de Estado de Primo de Rivera.

Además, una antigua ley que regulaba las normas de sucesión de la Corona española (el Auto Acordado, de 10 de mayo de 1713), pensada en contra de los archiduques austríacos para que los Habsburgo no volvieran a España, establecía que nacer en el extranjero era un impedimento para poder acceder al trono. Pero esta ley ya se la había cargado según su conveniencia otro Borbón, Carlos IV, que también había nacido fuera de España, sustituyéndola por la famosa Pragmática Sanción de 1789, que es la que aún está en vigor. Los Borbones siempre supieron componérselas muy bien y arreglar las leyes a su medida.

También era necesario pasar por delante de varias mujeres para poder llegar por una línea torcida a Juan Carlos, basándose en el hecho de que los varones, porque así lo había decidido la Casa Real, siempre tienen preferencia. Ésta es sencillamente una más de esas normas que, como todas las que afectan a la monarquía en general, no tienen nada que ver con la justicia ni con la razón. Apenas había nacido, Juan Carlos ya era considerado mejor y más digno que un numeroso grupo de mujeres de sangre real. No hace falta retroceder mucho en el tiempo, a la época de Alfonso XII, para ver que pasó por delante de la primera y la segunda hija de éste, María de las Mercedes y María Teresa, y de toda la descendencia de las dos. La voluntad divina también pasó por alto a las hermanas mayores de Don Juan, Beatriz y María Cristina; y a la hermana que Juan Carlos ya tenía cuando nació, Pilar.

La injusta línea dinástica también había esquivado a unos cuantos hombres. Alfonso XIII había designado como heredero, con el título de príncipe de Asturias, a su tercer hijo vivo, Don Juan, mediante la exclusión de otros dos hijos debido a sus deficiencias. No era una práctica nueva.

Carlos III ya había excluido a su primogénito, Felipe, por su «imbecilidad notoria», declarando que «después de haberlo intentado por todos los medios posibles, no han logrado descubrir en el desgraciado príncipe, mi hijo mayor, el menor rastro de juicio, de inteligencia, ni de reflexión».

En aquella ocasión heredó el trono su segundo hijo, Carlos IV, que era casi tan corto como su hermano mayor. Pero no era cuestión de poner demasiadas dificultades al destino de la patria. La imbecilidad, en todo caso, no era una cosa nada extraña, puesto que el que inauguró la dinastía, Felipe V (la falta de descendencia de Carlos II, último de los Austrias, dio lugar a la entronización de los Borbones en España, en la persona de su sobrino nieto Felipe), mostró de manera clara graves desórdenes mentales. Afortunadamente para la dinastía de los Borbones, ya había asegurado su descendencia con varios hijos varones cuando se emperró en que estaba muerto y ordenó que le pusieran en un ataúd, rezaran unos responsos y le enterraran vivo. Su segundo hijo, que le sucedió tras Luis I, muerto a los 17 años, fue Fernando VI, un personaje absolutamente extravagante.

Una de sus curiosas manías consistía en esforzarse por no evacuar nada, para lo cual se sentaba sobre los pomos puntiagudos de las sillas antiguas de su habitación, que utilizaba a manera de tapones. Una vez estuvo 18 horas en esta posición sin moverse. Al final, cuando se le acercaba la muerte, se echó en la cama, hizo sus inmundicias, y las lanzó a todos los que le servían. Murió a los 46 años, y su médico escribió: «Privado de los consuelos de la religión, y entre sus propios excrementos, ha fallecido Fernando VI, el más pulcro y religioso de los hombres».

Volvamos a Carlos IV… Este monarca desgraciado, que acabó huyendo de España destronado por su propio hijo, se casó con su prima, María Luisa de Borbón, que tuvo, entre partos y abortos, 24 hijos. La familia fue retratada «magníficamente» por Goya, en una imagen que vale más que mil palabras. Y le sucedió Fernando VII. Su hija, Isabel II, que lo era también de María Cristina de Borbón y Borbón, tercera esposa del rey y prima suya, también se casó con su primo carnal, Francisco de Asís, y así siguió «mejorando» la estirpe con la endogamia.

Del hijo de Isabel II, Alfonso XII, que parece que sí era inteligente, nació Alfonso XIII. Éste, por una vez, no tuvo la ocurrencia de casarse con su prima, pero, en cambio, introdujo un nuevo problema en la rama familiar: la hemofilia. Parece que el rey británico y su hermana, la princesa Beatriz, ya advirtieron a Alfonso que era posible que Victoria Eugenia de Battenberg, la hija predilecta de la reina Victoria, a quien Alfonso XIII había escogido con terquedad como esposa, transmitiera la enfermedad a alguno de sus hijos varones. El ministro de Exteriores inglés también le advirtió a su homólogo español, el marqués de Villa-Urrutia. Pero no hubo nada que hacer: la decisión de Alfonso XIII estaba tomada. Se fiaba de la buena suerte, porque la hemofilia no siempre se transmite.

El temor no era en vano ya que su primer hijo, llamado también Alfonso, fue hemofílico. Estuvo enfermo casi toda la vida, y en 1933 renunció a la sucesión para casarse con una bella cubana. Unos cuantos años después, en 1938, murió sin descendencia en un accidente automovilístico.

El siguiente hijo de Alfonso XIII, Jaime, era sordomudo, motivo por el cual su padre le obligó a renunciar a la Corona, también en 1933, antes de que se casara. En aquella época no era comprensible que un rey tuviera que hacerse entender por gestos. Sin embargo, como ser sordomudo no implica necesariamente ser idiota, más adelante recapacitó y quiso volverse atrás en su renuncia.

El tercer hijo de Alfonso XIII nació muerto. Y después vinieron dos niñas, a las que ni siquiera se tuvo en cuenta. Pero, al menos en el caso muy concreto de la infanta Beatriz, era mejor no reivindicar el derecho de la mujer a heredar el trono, si tenemos en cuenta lo que acabó dando de sí su descendencia. Beatriz, que junto con su hermana Margarita era uno de los peores partidos de la realeza en toda Europa, por el hecho de ser posibles portadoras de la hemofilia, se hubo de contentar con casarse con Alessandro Torlonia, un personaje de discutible reputación que tenía un título grandilocuente, príncipe de Civitella-Cese, pero de escaso valor. Su primogénita Sandra huyó para casarse con un playboy llamado Clemente Lecquio, que había sido embajador de la Italia fascista en Madrid entre 1940 y 1943, y después había vivido varios años en Perú como productor cinematográfico. En 1963 el pretendiente al trono de Italia, Humberto de Saboya, que fue muy amigo de Don Juan en Estoril, donde compartían exilio, le hizo la gracia de inventarle el título de conde, que nunca tuvo validez legal en Italia. De Sandra y Clemente nació Alessandro Lecquio. Sí, el famoso conde Lecquio de los escándalos rosa, que podría haber sido hoy en día el rey de España.

Pero dejemos la ficción, porque Don Juan de Borbón y Battenberg se convirtió en príncipe de Asturias, al tener la suerte de no nacer hemofílico ni sordomudo ni mujer. Siguiendo la curiosa tradición familiar, en octubre de 1935 se casó con una prima suya, María de las Mercedes de Borbón y Orleans, hija del infante Carlos de Borbón y de la princesa Luisa de Orleans. Y después de una primera hija, Pilar (nacida en Cannes, el 30 de julio de 1936), nació Juan Carlos, llamado literalmente «Juanito» por la familia durante dos décadas. El hecho de que le llamaran así no tendría ninguna relevancia si no fuera porque a su hermano pequeño le llamaban Alfonso y no «Alfonsito».

Nació con honores de heredero, pero, llegado el momento, además de pasar por encima de su propio padre, tuvo que superar un par de obstáculos más: dos Alfonsos, que le habrían podido quitar la Corona. Uno se encontraba en la rama de Jaime, el tío sordomudo, que se retractó mil veces de su renuncia al trono. Cuando Don Juan, tras la Guerra Civil, empezó a apostar por una línea liberal, el primogénito de Jaime, Alfonso de Borbón Dampierre, se convirtió en el candidato perfecto de la Alemana nazi y más tarde siguió siendo el «príncipe azul de la falange» durante todo el franquismo.

Cuando en 1972 se casó con la nieta de Franco, Carmen Martínez-Bordiu, la cosa todavía se complicó más.

Otro problema importante con el que se encontró Juan Carlos fue la competencia de su hermano Alfonso, tres años menor. Es cierto que no había ninguna duda de que Juan Carlos era el primero en la línea sucesora, pero ya hemos visto que, entre los Borbones, saltarse a alguien no era excepcional en absoluto.

Aparte de haber nacido ochomesino y con los ojos saltones, «Juanito» tenía en contra que nunca fue una lumbrera. Desde muy pequeño estuvo acompañado de tutores y clases especiales, como refuerzo a los cursos en los colegios —que ya eran poco convencionales de entrada— en los que estudió. Y tuvo, además, un seguimiento clínico constante. Alfonso, en cambio, era el listo de la familia. Le llamaban «Senequita», eso sí, en diminutivo, y todo el mundo le describía como una persona de aguda inteligencia y gran sensibilidad. Era, sin lugar a dudas, el predilecto de su padre.

El problema de su hermano desapareció muy pronto. Juan Carlos tenía 18 años y 83 días cuando accidentalmente le disparó un tiro a su hermano. El otro problema, el del primo, no se consideró del todo resuelto hasta el día de la coronación. Aún así, murió en «un cruce de cables», tema del que se tratará más detalladamente en próximos capítulos.

CAPÍTULO 2

LOS DUROS AÑOS DEL EXILIO

Esperando el fin de la guerra

Cuando Alfonso XIII tuvo que salir apresuradamente de España (el 4 de abril de 1931), empezó un interminable periplo europeo, que le llevó a viajar por París, Londres, Lausana… Se instaló primero en Francia y después en Roma, donde estuvo hasta que murió. Don Juan, que no fue considerado como heredero antes de 1933, pasó los primeros años de la República recorriendo medio mundo como marino. Y después, cuando se casó, en 1935, se instaló con su familia en Cannes. Pero se tuvieron que ir, expulsados, porque las demostraciones hostiles en su contra durante toda la Guerra Civil española no cesaron. Primero se instalaron en Milán, y después en Roma, donde nació Juan Carlos. Desde la capital italiana, la familia real siguió con suma atención los preparativos del golpe de Estado fascista, mientras anhelaban la hora de poder regresar.

La República había tenido la amabilidad de enviarles todas las joyas privadas en sus estuches correspondientes, pero nada más. El mismo decreto republicano por el que Alfonso XIII se había visto privado de la nacionalidad española, y que lo condenaba por su participación en la dictadura de Primo de Rivera, le había desposeído de sus propiedades. Claro está que el cambio, de vivir en el palacio real a vivir como burgueses venidos a menos, no lo llevaron demasiado bien. En Roma, Don Juan se instaló primero durante un tiempo en el Hotel Eden, y después se alojó en el último piso del palacio Torlonia, en la vía Bocca di Leone. La familia no estaba demasiada cómoda en aquella casa. Un día que Alfonso XIII llegó sin avisar se encontró a su mujer en la cama con impermeable y paraguas, para defenderse de las goteras que producía la bañera desbordada de los vecinos de arriba.

No había dinero para nada más, para poder estar mejor instalados. En cualquier caso, como suele pasar, la peor parte fue para los criados. A Petra, la doncella de la señora María, y a Luis Zaplana, el criado de Don Juan, les llegaron a deber un año de sueldo. Después se trasladaron al barrio de Parioli, donde nació «Juanito».

Aquello era insostenible, pero lo llevaban con paciencia, con la esperanza de que el futuro sería mejor. Para conseguirlo, los colaboradores ya se habían puesto a trabajar duramente en España.

Hacía falta preparar un clima propicio para el Alzamiento, pensando en el objetivo de poner fin a aquella república de tintes revolucionarios y de restaurar la monarquía. La clase media empezó a formar los primeros movimientos que fueron el preludio del fascismo, en 1932, con campañas propagandísticas en los medios de comunicación y con intrigantes profesionales de la talla de Eugenio Vegas Latapié (después preceptor del príncipe Juan Carlos) o Pedro Sainz Rodríguez, que después fue la mano derecha de Don Juan hasta que se pasó al bando de su hijo. En esta época tuvo lugar la alianza de los monárquicos en el exilio con la subversión contra la República en el interior, con el fin de organizar la conspiración que llevó al 18 de julio de 1936. Hicieron un poco de todo.

Una anécdota curiosa cuenta que, como parte de su estrategia para incorporar a la Iglesia, utilizaron los servicios de una conocida y atractiva rubia. La rubia, T. M., era monárquica de corazón. Había sido amante del mismo Alfonso XIII y del general Sanjurjo. Pero lo que interesa para la historia es que, en el momento en que Sainz Rodríguez requirió sus servicios, era la amante del nuncio monseñor Tedeschini, que, además de ir de putas, tenía la poca vergüenza de apoyar abiertamente a la República. La anécdota cuenta que Sainz Rodríguez, para neutralizar al nuncio, fue a visitarla, que ella lo recibió desnuda en la bañera y que, allí mismo, con él sentado en el borde de la bañera, despacharon el asunto. Pedro, con la habilidad que le era propia, obtuvo una declaración por escrito de la cortesana, con la que habría de conseguir que el Vaticano le retirara la confianza al nuncio republicano. Cuando creyeron que todo estaba listo, se produjo el que en principio se pensaba que sería un golpe de Estado rápido y contundente. Pero no fue así. Muchos militares fieles a la República no se unieron al Alzamiento, el pueblo salió a la calle y comenzó una terrible guerra civil.

Juan no se lo pensó dos veces, y apenas tardó unos pocos días en ponerse en camino para combatir junto a los traidores. El 1 de agosto cruzó la frontera por Dantxarinea, se puso el uniforme de los voluntarios nacionales en aquella zona (camisa azul y boina roja) e intentó llegar a filas. Pero el general Mola le detuvo. No le quería allí y le hizo volver por donde había venido. Don Juan no se dio por vencido y siguió insistiendo. El 7 de diciembre de 1936 le envió una carta a Franco, ofreciéndose para servir en el crucero Baleares.

Pero Franco le rechazó por segunda vez. Así pues, no tuvo más remedio que volver a Roma… a esperar. Y mientras los ciudadanos demócratas defendían la República de los golpistas de Franco, quienes contaban con el apoyo de las armas y las tropas de Hitler y Mussolini, su seguidor Don Juan tuvo a Juan Carlos, actual rey.

Nadie ha sabido explicar nunca, de manera satisfactoria y razonable, por qué los generales fascistas rechazaron la incorporación a sus filas del infante Don Juan, que era un marinero profesional formado en la Armada británica. Pero aquella decisión resultó ser providencial para el aspirante al trono. En primer lugar, porque el crucero Baleares fue hundido poco tiempo después. Y, en segundo lugar, porque finalmente pudo disfrazar su lucha por el poder como anti-franquista y de espíritu democrático, cuando el cambio le resultó conveniente. Aquel cambio de bando no tardó en llegar, impuesto por el curso que estaban tomando los acontecimientos nacionales e internacionales.

Los planes de los conspiradores preveían que Sanjurjo tomara el poder y que Alfonso XIII volviera al trono en pocos meses, para que después abdicara en favor de Don Juan. Pero Sanjurjo se mató en un accidente, y Franco pasó a dirigir la contienda. Franco alargó la guerra mucho más de lo que se habría podido esperar y, sobre la marcha, fue matizando sus intenciones.

En 1939, Alfonso XIII celebró la victoria de Franco como el que más y le felicitó generosamente.

Pero Franco ya estaba en otra línea. Sin duda quería que Alfonso XIII abdicara, porque le hacía responsable del desastre de la llegada de la República. Franco decía que no quería ser otro Primo de Rivera. Pero, además, sólo seis meses tras el final de la guerra, cuando estalló el conflicto en Europa, se situó junto a Hitler en una tendencia ideológica en la que la monarquía no tenía cabida.

Aunque su entrevista con Hitler en Endaya, el 23 de octubre de 1940, no fue ninguno éxito, la postura de Franco era claramente pro-Tercer Reich. En un último intento por salvar la situación, Alfonso XIII abdicó en favor de su hijo Juan en enero de 1941. Pero ya era demasiado tarde. Murió un mes después en Roma, y Don Juan inauguró una nueva etapa, asesorado por su consejo privado, en la que apostó por la rama anglófona, la de los aliados, en la nueva guerra que se veía venir.

En Lausana

Con la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial, la ex-reina Victoria Eugenia fue declarada persona non grata, porque era una princesa británica. Y toda la familia se trasladó a la neutral Suiza, a Lausana, en 1942. «Juanito» tenía entonces 4 años.

No se sabe muy bien con qué medios, el nivel de vida mejoró sensiblemente en Lausana. Don Juan y su familia se instalaron de golpe en un palacete, y la ex-reina Victoria Eugenia residió en el Hotel Royal durante bastante tiempo, hasta que una misteriosa y abundante herencia de una amiga extranjera le permitió adquirir Vielle Fontaine, todo un palacio con un muro elevado y numerosos de árboles, con una casa exclusivamente para invitados, junto al lago Léman, donde vivió hasta su muerte en 1968. Figuraba por la letra R en la guía de teléfonos (entre «Reina de Saba, tapices y objetos de Oriente» y «Reina Juana, mercería», como «Reina (de España) Victoria Eugenia, avenue de la Élysée»). Como no existían las páginas amarillas, es imposible saber si habría salido en un orden parecido, clasificada profesionalmente en el apartado de monarquías, entre monaguillos y monjas. En Suiza, ya se sabe, son muy metódicos y trabajan con mucha precisión.

En Vielle Fontaine, la ex-reina Victoria Eugenia ofrecía cócteles a los que asistían hasta 200 personas: banqueros, nobles, artistas (entre los que estaba Charles Chaplin, que vivía cerca, en Vevey), y miembros de las familias reales sin trono de Rusia, Rumanía, Italia… El padre de «Juanito», acompañado a menudo por su mujer, según los informes de la Policía que los vigilaba, llevaba «una vida desarreglada, frecuentando cabarets y casinos, regresando con frecuencia a casa a las 4 y las 5 de la madrugada, bastante perturbado por los efectos del excesivo whisky y de los cócteles», afición que no escondió nunca.

Pero «Juanito» era demasiado joven para seguir todo aquello. Al cabo de un año de estancia en Suiza, confiaron su educación a Eugenio Vegas Latapié, y muy pronto, tras pasar por el colegio Rolle de Lausana, le mandaron a un internado, para atender a una educación que se presentaba difícil. El mismo día que ingresó en el colegio sus padres tuvieron una conversación con el director, el padre Marcel Ehrburger, a quien pidieron que tratara a su hijo con naturalidad y, si hacía falta, con severidad, como a cualquier alumno. No era un gran estudiante, y le tenían que presionar para que se esforzara, amenazándole con dejarle castigado en el internado los fines de semana sin poder viajar a Lausana para reunirse con sus padres y hermanos. Eugenio Vegas le acompañó como preceptor desde 1943. A pesar de las amarguras de los estudios, en el internado Saint-Jean de Friburgo, donde asistían niños de varias nacionalidades aunque predominaban los franceses, Juan Carlos hizo buenos amigos, como el príncipe Zourab Tchokotua, y Karim Aga Khan.

Como Franco continuaba sin dejar el poder, Don Juan comenzó a pensar que tendría que hacer algo para conseguir el trono. Jugó esta carta con el apoyo de los aliados, fundamentalmente de los Estados Unidos e Inglaterra. Por el regreso de la República sólo apostaba abiertamente la Unión Soviética de Stalin. El resto estaba en contra de la Alemana nazi, desde luego, y, de rebote, contra el fascismo español de Franco. Pero no hasta el punto de permitir que en España volviera al poder la izquierda surgida de las urnas el 16 de febrero de 1936 con la coalición del «Frente Popular». Por eso apoyaban formalmente el restablecimiento de la monarquía controlada de Don Juan.

En este contexto, el infante Jaime, el sordomudo, que se había casado con Manuela Dampierre y había tenido dos hijos, rectificó por primera vez su decisión de renunciar al trono. Su hijo primogénito, Alfonso de Borbón Dampierre, llegó a ser el candidato patrocinado por la Alemana nazi a una regencia controlada por Franco, para mantener a éste y a la Falange en el poder.

Durante un breve período, pareció que los aliados iban a apostar por derrocar al Régimen de Franco y colocar en su lugar la monarquía de Don Juan, como mejor estrategia para proteger sus intereses.

O por lo menos eso creía Don Juan. Pero mientras duró la guerra, estuvieron más interesados en intentar evitar que la España de Franco entrara en el conflicto al lado de Alemania. Se dedicaron febrilmente a esta tarea los servicios secretos británicos en España, que compraron la complicidad de banqueros, generales y políticos. Entre otros, en un puesto destacado, se hallaba Juan March, que era el gestor principal para contactar en España con quien hiciera falta, y para hacer los pagos correspondientes a militares del sistema con el fin de que se manifestaran en contra de entrar en la guerra y convencieran de ello al Generalísimo. Según avanzaba la Segunda Guerra Mundial, y tan pronto como el Caudillo pudo adivinar la derrota alemana, se fue poniendo del lado de los aliados y se mantuvo al margen de la confrontación A cambio, quería seguir mandando, y los aliados estuvieron de acuerdo. El apoyo a Don Juan sólo fue una manera de ejercer presión sobre el dictador. Fue una etapa de tensos tiras y aflojas. Impulsado por los aliados, en mayo de 1945, Franco envió a Suiza a José María de Areilza, conde de Mutriku, miembro del Consejo Nacional de la Falange, para comunicar al conde de Barcelona la rápida restauración de la monarquía pero sin identificar al futuro monarca, cosa que Don Juan rechazó.

El 4 de febrero de 1945, en plena euforia por la victoria final, Churchill, Roosevelt y Stalin se reunieron en Crimea, en la conferencia de Yalta, para decidir la suerte del mundo, la división de Alemania, la creación de la ONU, las nuevas fronteras y el reparto de influencias. En Yalta, España fue una pequeña anécdota. Pero los aliados consideraron que el hecho de que se restaurara la monarquía en la persona de Don Juan era una solución razonable. Al acabar Yalta, el conde ya creía que era rey.

Completamente lanzado a esta aventura, Don Juan decidió condenar el régimen totalitario de Franco en el Manifiesto de Lausana del 19 de marzo de 1945, en el que dejaba bien clara su postura.

Aunque, respecto a esta condena hecha por el presunto demócrata Don Juan, de la que tanto se ha escrito después, tampoco había para tanto. «Sólo la Monarquía Tradicional puede ser instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles; sólo ella puede obtener respeto en el exterior, mediante un efectivo estado de derecho, y realizar una armoniosa síntesis del orden y de la libertad en que se basa la concepción cristiana del Estado», decía el manifiesto. Eso sí, harto de esperar durante seis años desde el final de la guerra, cada vez más desesperanzado, que Franco cumpliera el plan inicial y le colocara como rey una vez consolidado el poder, no le costó demasiado hablar de «disconformidad e insolidaridad» con el Régimen: «Por estas razones, me revuelvo, para descargar mi conciencia del agobio cada día más apremiante de la responsabilidad que me incumbe, a levantar mi voz y requerir solemnemente al General Franco para que, reconociendo el fracaso de su concepción totalitaria del Estado, abandone el poder y dé libre paso a la restauración del Régimen tradicional de España, único capaz de garantizar la Religión, el Orden y la Libertad». Su criterio de progreso para el pueblo pasaba por la monarquía, la religión, pero no la libertad religiosa, y el traspaso de poderes al margen de lo que habían determinado las elecciones generales antes del golpe militar de 1936. Todo un paradigma de los criterios sobre la libertad a que hacía referencia.

Pero el manifiesto resultó contraproducente para los objetivos que perseguía. Por un lado, el dictador prohibió con graves amenazas que se publicara la declaración. La censura actuó de manera implacable. Ni siquiera el ABC pudo hacer la más mínima alusión a un texto que sí recogieron los diarios del extranjero. Por otro lado, los aliados dejaron colgado a Don Juan. El cambio empezó cuando murió el presidente Roosevelt, el 12 de abril de 1945, dos meses después de la conferencia de Yalta. Su sucesor en el cargo, Truman, no asumió los compromisos alcanzados. En aquellos momentos estaba más preocupado por el peligro de la expansión de Stalin en Europa. Así pues, decidió que Franco siguiera en el poder. Después de Potsdam, estaba claro que los aliados no intervendrían y que el Generalísimo se había salvado. Truman decidió congelar las decisiones de Yalta. No quería una monarquía débil en España que pudiera ser tomada por Stalin y que dejaría a Centroeuropa en medio de una tenaza comunista.

Traslado a Estoril

Don Juan, con el apoyo de su consejo privado de incondicionales, no se lo acababa de creer. No quería o no podía darse cuenta de que sólo cumplía la función de muro de contención del franquismo. Sin renunciar a su objetivo de conseguir el trono, inició un cambio de estrategia que pasaba, en primer lugar, por el cambio de residencia. El 1 de febrero de 1946 los condes de Barcelona se trasladaron a Estoril. Salieron de Lausana casi de madrugada, en automóviles con las luces apagadas, escoltados por un coche de la policía, y se fueron en avión vía Londres.

Los hijos fueron más tarde. Al principio se quedaron a cargo de la abuela (la ex-reina Victoria Eugenia), en el palacete de Lausana. Todos menos «Juanito», a quien dejaron internado en el Colegio Maria Saint Jean de Friburgo. Sólo tenía 18 años, pero sus padres parecían sinceramente preocupados por unos estudios que se estaban convirtiendo en una tortura. Le habían dicho que si no sacaba buenas notas, el fin de semana no le mandarían a ver a la abuela. Con Juan Carlos estaba su preceptor, Eugenio Vegas, que se quedó en un hotel de la ciudad.

En Estoril, mientras tanto, existían presiones de la embajada española sobre el gobierno portugués para que no les ampliaran los visados de estancia en Portugal y dificultaran la llegada desde Suiza de los cuatro niños. Por este motivo, para intentar solucionarlo, el 15 de marzo Don Juan recibió la visita de Juan March. March tenía varias empresas de navegación y hablaron de organizar el viaje en barco de los niños, puesto que no podían atravesar Francia y España. March era, además, quien ayudaba a sobrevivir a Gil-Robles, otro exiliado en Estoril y colaborador de Don Juan, al haberlo colocado como abogado de Explosivos Trafaria, una empresa que dependía de Explosivos Río Tinto. Por su parte, Don Juan presionaba a Salazar, amenazando con el escándalo que supondría su expulsión, porque no se iría voluntariamente.

Las relaciones con Nicolás Franco, entonces embajador de España en Portugal, de quien había de obtener autorización para que vinieran sus hijos, fueron tensas. En abril se reunieron Nicolás Franco y Salazar. El embajador advirtió que Franco consideraba inconveniente la estancia de Don Juan en Portugal, porque esto obligaría al Gobierno español a vigilar estrechamente a las personas que le quisieran venir a ver. Pero Salazar insistía en el desinterés creciente de Inglaterra y los Estados Unidos por la monarquía y en lo inocua que era la estancia de la familia real Borbón.

Franco ponía como condición que Don Juan se retractara de lo que había declarado en el Manifiesto de Lausana, pero Juan se negó. La ruptura con Franco era definitiva y la prensa lo publicó, tanto en Suiza como en Portugal.

Pero Don Juan seguía a su aire, estaba seguro de que la cuestión del visado iba por buen camino y visitó el palacete de Bel Ver, de los condes de Feijó, que quería alquilar cuando llegaran sus hijos.

También estuvo en Monte Estoril, que era mucho más grande que Vila Papoila, la primera casa donde vivió, que le habían dejado los marqueses de Pelai. Bel Ver se correspondía más con sus aspiraciones. Tenía piscina y espacio para los caballos. En Lausana, mientras tanto, hacían y deshacían las maletas.

Para ir adelantando trabajo antes que los niños llegaran, los condes se decidieron a comprar los muebles y cuatro furgonetas bensen; y también diversos turismos, uno de los cuales era un Bentley de cuatro puertas.

El viaje de los niños desde Lausana a Estoril tuvo lugar a mediados de abril de 1946. Los dos niños, «Juanito» y Alfonso, eran considerados como posibles herederos y se decidió que viajaran en aviones separados para asegurar la continuidad sucesora en caso de catástrofe. Primero voló Alfonso con sus hermanas, y dos días después lo hizo «Juanito» con su abuela hasta la escala de Londres. Pero «Juanito» sólo iba a Estoril de vacaciones, no para quedarse. Tenía que volver al internado. Su estancia en Estoril, sin embargo, se prolongó por problemas de salud, una intoxicación persistente, que retrasó su primera comunión y el retorno a Friburgo hasta noviembre de 1947. El colegio al que debían asistir en Estoril, incluido «Juanito» cuando hacía estancias más o menos largas, que fueron varias, era la Escuela das Religiosas do Amor de Manantiales. Era un centro de acogida de niños, que recibía indigentes de la zona y niños pobres de las colonias portuguesas.

Pero ellos ni se enteraron, porque se formó un grupo de 7 u 8 niños españoles: los hermanos Eraso, los Arnoso, los hijos de Gil-Robles y los de otros colaboradores de Don Juan. Era la única opción para que estudiaran con profesores españoles, porque del otro colegio que había, el Instituto Español de Lisboa, era director Eugenio Montes, que por su relación con la Falange y por su dependencia del Gobierno español no gozaba de la simpatía de Don Juan. Las monjas del Amor de Manantiales pertenecían a una congregación fundada en Zamora y eran españolas. Además, el colegio estaba muy bien situado, junto a la plaza, cerca de Monte Estoril.

Pero «Juanito» fue sometido a una disciplina especial. Su preceptor continuó siendo Eugenio Vegas Latapié, a quien se puso una casa, Vila Malmequer («margarita»), un chalé ofrecido por los propietarios, los marqueses de Pelai, que también les habían dejado Vila Papoila como residencia en un primer momento. Con profesores especiales, «Juanito» pasaba las mañanas y las tardes estudiando. «Al pobre, muchas veces sólo le veíamos en vacaciones», recuerda la infanta Margarita. Incluso en verano, tenía que pasar horas y horas en Malmequer. A Margarita, su hermana ciega, también le pusieron una profesora especial, la polaca madame Petzenick. En mayo de 1946 su madre la había traído a Fátima para implorar «la gracia de iluminar sus dulces ojitos apagados», según lo que publicó el diario ABC. Pero no había nada que hacer. Aparte de ciega, Margarita era bastante extravagante. Un día explicó un chiste sobre Franco que había escuchado, y Don Juan le dio una sonora bofetada delante de todo el mundo.

Cuando eran niños, «Juanito» y sus amigos hacían brincadeiras (bromas) a costa de ella. Cuando nadaba en la playa de Tamariz, le decían «más a la izquierda, más a la derecha», y ella nadaba con seguridad, sin ningún temor, mientras su hermano y sus amigos se partían de risa. «Juanito» también le hacía bromas cuando intentaba pescar, tirando disimuladamente del hilo de la caña: «¡Margarita, que ya pican, ya pican!»

El 1947, cuando «Juanito» tenía nueve años, para él los reyes seguían siendo magos que traían juguetes a los niños: «Queridos Reyes: os escribo porque a lo mejor me traéis algo. Pero os digo que si no he sido bueno no tenéis que darme nada. Sólo carbón. Si me permitís, voy a pedir unas cositas para el 6 de enero: una escopeta de aire comprimido, una pistola con balines y una cosa que se pone en los oídos con una antena que se puede oír la radio». Los monárquicos de Bilbao le regalaron, aquel año, un balandro para aprender a navegar, el Sirimiri. Fue su primer barco. Más tarde supo que diferentes reyes en paro forzoso pasaban a menudo por su casa, sin que fuera el 6 de enero.

Días de «dry Martini» y rosas

La vida que los condes de Barcelona y sus hijos llevaban en Estoril, aunque se trataba del exilio y teóricamente estaban sin ingresos, no fue precisamente un infierno. Cada semana o cada mes, representantes de la nobleza española se trasladaban a Portugal para hacer turnos y asistirles como mayordomos. La marquesa de Pelai, acostumbrada a tener gastos importantes como financiar la CEDA, les había dejado gratuitamente dos palacetes: uno para vivir, y otro, Malmequer, para que montaran aquella especie de colegio particular sólo para «Juanito», a quien sus padres veían que le hacía falta toda la ayuda que pudieran conseguirle. Además, Juan March consiguió que Pedro Galíndez Vallejo, otro altruista, les cediera un velero de 30 toneladas y 26 metros de eslora todos los veranos, con tripulación y con todos los gastos pagados, del cual disfrutaron durante 17 años, hasta que el barco se murió de viejo.

Al médico de la familia, el doctor Loureiro, tampoco le pagaban nada. Juan Carlos iba a menudo a la consulta, no se sabe por qué motivo, y cuando ya era adolescente y salía con sus amigos y tomaba cerveza u otros bebidas, le pedía que le diera algo para que en casa no notaran que estaba alegre.

La Casa Real de los Borbón pasaba los días en una actividad febril. Iban al picadero de la Sociedad Estoril Plage, de caza a Herdade don Pinheiro o al Condado da Palma; a practicar el tiro de palomos; a jugar al golf por las tardes con contrincantes como el embajador de los Estados Unidos, entre otros, en el Club de Golf de Estoril; al Casino…

Dicen que las relaciones entre Don Juan y Nicolás Franco, hermano mayor del Caudillo y embajador en Portugal, siempre fueron muy difíciles. Pero lo cierto es que, una vez normalizada la residencia de la familia Borbón en Estoril, pasaron a saludarse cordialmente, y los descendentes respectivos —Juan Carlos de Borbón y Nicolás hijo— hicieron una gran amistad que duró muchos años. Fue tan intensa que en la década de los setenta se pusieron a colaborar juntos en los prolegómenos de la Transición.

El embajador, cuando le preguntaban por la relación, decía: «Me encuentro frecuentemente con Don Juan, primero porque me gusta beber whisky, y segundo porque así evito que lo hagan otros con ideas conspiradoras». Así como a la esposa del Conde de Barcelona, Doña María, le iba el Old Fashion (un combinado de whisky del Canadá, un terrón de azúcar, gotas de bíter amargo, unas lonchas de limón y naranja, hielo y una cereza), se sabe que al conde de Barcelona le gustaba beber «dry Martini». A veces en el bar los camareros comentaban: «Ahora no puede más». Pero siempre podía. Los camareros decían entre ellos «un dry Martini de medida rey», porque su cóctel, en lugar de una copa de ginebra, llevaba dos (dos terceras partes de ginebra, un poco de vermut francés, una gotita de whisky y mucho hielo). Siempre lanzaba unas carcajadas sonoras que llamaban la atención, donde quiera que estuviese.

En medio de la vorágine festiva de la familia, hasta el espía que los servicios secretos de Salazar le habían puesto para estar informados puntualmente, Joao Costa, que oficialmente ejercía como guardaespaldas, resultó ser un personaje simpático, que encajaba bien con el resto de la troupe.

Antes de ser policía había trabajado en el circo como trapecista y, cuando estaba de buen humor, hacía saltos mortales en el jardín para distraer a los niños.

El día de su santo, en una costumbre que después heredó su hijo «Juanito», el conde de Barcelona celebraba grandes fiestas. Y como todo el mundo quería salir en las fotos con él, Don Juan hacía avisar a un fotógrafo profesional, César Cardoso. Pero después Don Juan tenía la curiosa costumbre de llevar las compras personalmente: él mismo iba a recoger las copias al fotógrafo, se las compraba y después las revendía a los invitados. Hacía lo mismo cuando los fotografiaban en grupo en Villa Giralda o en el Club de Golf.

La familia real Borbón no era la única que se había instalado en Estoril en aquella época de «dry Martini» y rosas. El vecindario no podía ser mejor. Aparte de residentes de lujo como el almirante Nicolás Horty (que había sido regente de Hungría y había combatido a favor de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, posteriormente acusado de crímenes de guerra y liberado en 1946 con tal de vivir siempre en el exilio), el barrio de Monte Estoril estaba lleno de palacetes habitados por reyes en el exilio. Como el rey Carol de Rumanía y su esposa, la presunta familia real de Francia, la de Bulgaria, la del Brasil… Y también la del ex-rey de Italia, Víctor Manuel, con toda su prole, que había tenido que abandonar su país en 1946, tras el referéndum que puso fin a la monarquía, acusado de connivencia y simpatía hacia Benito Mussolini. Todos vivían felices esperando tiempos mejores. El barrio tenía tantas figuras que hasta los jugadores de mus solían decir: «Tiene más reyes que Estoril».

La familia de Don Juan tenía relación, sobre todo, con los italianos y los franceses. Eran amigos, se trataban de tú, hacían excursiones juntos, se visitaban asiduamente, asistían en grupo a los mismos espectáculos y sitios de recreo, tenían profesores comunes para los hijos.., y los niños de Don Juan, como era lógico, tenían que compaginar toda esta vida con los estudios, primero en el colegio de las monjas de Zamora y más tarde en los Salesianos. En los Salesianos, a «Juanito» le explicaban las lecciones aparte de los demás niños, en el despacho del padre Valentini. Además, seguía con las clases especiales en Malmequer, tanto en verano como en invierno, y con la presencia constante de la sombra de su preceptor, Eugenio Vegas Latapié, que le abucheaba a diestro y siniestro. Un día le dijo: «Por este camino, nunca podrá ganarse la vida. Y tal como está el mundo, todos debemos prepararnos para poder trabajar de un modo u otro«. »Juanito» se quedó muy afectado y al día siguiente desapareció. Cuando volvió a Villa Giralda, dijo que había estado recogiendo pelotas en el Club de Tenis y le enseñó a su preceptor un puñado de monedas que tenía en la mano: «Tú creías que no me podía ganar la vida… Claro que sí». La de las pelotas fue la única actividad remunerada en la que tuvo que doblar la espalda, que recuerden quienes, hasta hoy, han hecho públicas sus memorias.

Aparte del hecho de que «Juanito» no era demasiado listo, dicen los amigos que tuvo en aquella época que tampoco era atrevido y no solía tener éxito con las mujeres. Cuando ya era adolescente, aunque durante la semana prácticamente no le veían porque tenía que estudiar mucho, los fines de semana le dejaban salir algo e iba a bailar a una boite llamada Ronda. A pesar de las dificultades, tuvo varias «novias». En primer lugar, Chantal de Quay, una belga muy adelantada y moderna para la época. También vivió una pasión profunda por una tal Viky o Piky, de la familia Posser de Andrade, que le acabó robando su amigo Babá Arnoso. Pero la más importante fue María Gabriela de Saboya, la segunda hija de las tres que tenía Humberto, aspirante al trono de Italia. La hermana mayor, María Pía, tenía fama de inteligente; la pequeña, Titi, de alocada; y Gabriela, de «paradita», de ser «la más sosa», aunque era, eso sí, la más guapa de las tres.

Así vivieron, matando el tiempo, en la que para el resto de Portugal fue la dura etapa de la dictadura de Oliveira Salazar. A finales de los años cuarenta y durante los primeros cincuenta, en el margen sur del río Tajo, zona industrial con abundante población obrera, «el cinturón rojo» del Alentejo, había huelgas y manifestaciones constantes. La detención, tortura, juicio y condena a cadena perpetua del líder comunista Alvaro Cunhal en 1950 fue uno de los puntos culminantes. Lo que para las clases dominantes en el exilio era el paraíso significaba un campo de concentración de mordaza y miseria para la población lusitana.

El ruido de la lucha de clases casi no llegaba a la residencia de los condes de Barcelona. Tras Bel Ver, donde vivieron desde l abril de 1946 hasta finales de 1947, se fueron a Villa Giralda. No se sabe con qué dinero consiguió comprársela a los Figueredo el supuestamente arruinado Don Juan.

Pero no debieron darse demasiada prisa, puesto que antes de trasladarse definitivamente, en 1948, hicieron unas obras importantes para habilitarla que duraron casi un año. Villa Giralda estaba rodeada de un jardín de más de 3.000 metros cuadrados, contaba con 51 habitaciones y una terraza que miraba a la costa de Cascais. Cabían hasta 400 personas, a juzgar por algunas fiestas que tuvieron lugar allí. Muy sensibles a la realidad social, los condes de Barcelona formaban en el jardín, una vez por semana, una ordenada fila de pobres, a quienes daban de comer. No se sabe si las sobras de los ágapes reales o un menú de puchero para sans-culottes.

CAPÍTULO 3

MONEDA DE CAMBIO CON EL FRANQUISMO

Negociando con el Régimen

Algunas de las 51 habitaciones de Villa Giralda se utilizaban como oficinas de la secretaría de Don Juan, que seguía con sus actividades político-conspirativas. No estaba allí sólo para darse la gran vida. Entre otras ocupaciones, rodeado por el consejo privado que había formado, aparte de redactar comunicados y manifiestos, se dedicaba a negociar con el Régimen de Franco. Para ello no dudaba incluso en utilizar a sus hijos herederos como moneda de cambio, para ir consolidando la idea de la restauración monárquica, un objetivo al que no renunció nunca. Posturas internacionales como la retirada de los embajadores extranjeros de España, tras la condena de la ONU al Régimen de Franco, le permitían conservar la esperanza. Franco también tenía gestos de buena voluntad, hacia los aliados y hacia Don Juan. En 1947 convirtió oficialmente a España en Reino, con la Ley de Sucesión dictada en marzo y ratificada mediante referéndum el 6 de julio.

Un reino sin rey

Toda una paradoja. Además, a partir de este momento, el Gobierno franquista empezó a pasar una renta anual de 250.000 pesetas a Victoria Eugenia como reina viuda. No hay constancia de que también pasara alguna renta a Don Juan, que en todo caso recibía ayuda de nobles y empresarios con el consentimiento del Régimen.

Pero los gestos de Franco no eran suficientes para el aspirante al trono. La Ley de Sucesión no le gustó nada y respondió con el Manifiesto de Estoril, el 7 de abril, en el que descalificaba el proyecto: «[…] sin comprender que la hostilidad de que la Patria se viene rodeando en el mundo nace en su mayor parte de la presencia del General Franco en la Jefatura del Estado, lo que ahora se pretende es pura y simplemente convertir en vitalicia esa dictadura personal […]». Un poco más tarde insistió, además, en las famosas declaraciones a The Observer que se publicaron el domingo 13 de abril y que abrían a tres columnas la primera página del número 8.133. Decía que no tenía que rectificar nada del Manifiesto de Lausana de 1945. Ya no esperaba nada de Franco y muy poco de los aliados, que le habían dejado colgado: «[…] echo de menos», decía, «por parte de las potencias occidentales […], una visión diáfana de los medios que hace falta poner en práctica para evitar que se prolongue el actual aislamiento de España». Y empezaba a buscar abiertamente la complicidad de los opositores al Régimen: «Todos los individuos y entidades que se muevan y actúen dentro de la legalidad disfrutarán de idénticas libertades. La Monarquía tendrá que reconocer los derechos políticos y sociales de todos los españoles sin distinción de clases, y su efectividad podrá mantener un parangón airoso con los de los países más progresivos». Incluso les prometía un referéndum: «[…] seré el primero en desear y pedir esta confirmación de la voluntad de España tan pronto como las circunstancias lo permitan». Sus iniciativas, sin embargo, no acababan de tener éxito. Desde luego, en España el pueblo no salió a la calle para exigir el regreso de Don Juan. Las potencias extranjeras tampoco decidieron desembarcar. Y en cuanto a Franco, lo único que consiguió Don Juan fue enfadarse con los miembros de su consejo privado, que tan mal le habían asesorado.

Entonces Vegas Latapié estaba en Friburgo, acompañando como preceptor a Juan Carlos, a quien, en un plan educativo más que complicado, le había tocado volver temporalmente al internado. En julio presentó la dimisión como miembro de la secretaría política de Don Juan, no se sabe muy bien si porque ya no aguantaba más la tensión de las persecuciones políticas, o por desavenencias con la línea que Don Juan decidió seguir tras el fracaso del segundo manifiesto. Aunque, durante algún tiempo, todavía continuó acompañando al príncipe. Después, tomó el relevo como preceptor Luis Roca de Togores, vizconde de Rocamora.

En enero de 1948, Juan Carlos, todavía en Friburgo, tuvo que ser internado 15 días en un hospital a causa de una otitis. Hubo una intervención quirúrgica posterior sobre la cual se tienen pocos datos.

Aparte de esto, tenía dificultades en la oreja izquierda por lesiones genéticas, hereditarias.

El mismo mes de enero Don Juan se preguntaba: «Bueno, y ahora ¿qué hago?». Y fue Sainz Rodríguez quién asumió la responsabilidad de aconsejarle. «Señor, Franquito está tan consolidado como el Monasterio del Escorial. No hay quien lo mueva», le dijo. A pesar del aislamiento internacional al que lo tenían sometido, el dictador continuaba dispuesto a no dejar el poder. Pero sí que parecía predispuesto a continuar la política de gestos iniciada con la Ley de Sucesión para intentar romper el asedio. «Para que le dejen de tratar como a un maricón con purgaciones», explicó Sainz Rodríguez a Don Juan, «Vuestra Majestad tiene una baza en las manos, vital para Franco: Don Juanito. Juéguela a fondo». Aceptar a Juan Carlos en España podría servirle a Franco para demostrar al mundo que estaba empezando a pensar en el futuro, y a Don Juan tampoco le costaría tanto renunciar a un hijo que, de todos modos, ya estaba lejos de él la mayor parte del tiempo. Sainz Rodríguez utilizó toda la retórica de la que disponía para convencerle: «Le lamerá el culo a Vuestra Majestad cuantas veces haga falta para tener a Don Juanito en España», le aseguró.

El 25 de agosto de 1948 Don Juan y Franco se reunieron en el yate del Caudillo, el Azor, cerca de San Sebastián. Juan acudió con su barco prestado, el Saltillo. En el camarote del Azor, a solas, el aspirante al trono y el dictador hablaron durante horas y acordaron que el príncipe se instalase en España para estudiar el bachillerato. Franco aceptó sin objeciones los profesores escogidos por Don Juan, y se comprometió a permitir propaganda monárquica en los diarios ABC y Diario de Barcelona.

A Don Juan no le gustó el texto que salió en los medios de comunicación españoles el 29 de agosto.

Y de pronto, tras el verano, decidió nuevamente enviar a Juan Carlos a Friburgo. Sólo fue una estancia temporal, hasta que Don Juan consiguió que los diarios del Régimen publicaran un comunicado en el que se precisaba que nunca había tenido el proyecto de abdicar en favor de su hijo. Tras el periplo de Suiza a Estoril y de Estoril a Suiza, Juanito volvió de nuevo a Portugal para iniciar desde allí el viaje a Madrid. De tanto ir y volver, empezó el curso con un poco de retraso.

Primer viaje a Madrid

Su primer viaje a España convirtió a Juanito en Juan Carlos, para diferenciarlo de su padre y congraciarlo con los carlistas. El 8 de noviembre de 1948, el duque de Sotomayor, José Aguinaga, el conde de Orgaz, Mercedes Solano y el vizconde de Rocamora acompañaron a Juan Calas hasta Madrid en el Lusitania Express. Fue una salida discreta, siguiendo las instrucciones del embajador Nicolás Franco, sin despedidas, excepto las de la familia. Conducía el tren el conde de Alcubierre, vestido con la camisa azul y la gorra de ferroviario (entonces los ingenieros de caminos podían conducir trenes; en otros viajes posteriores, lo condujo el conde de Ruiseñada).

Además del conductor aristócrata, Juanito contaba con un vagón especial, que Renfe envió desde España para la ocasión. El tren salió a las 8 de la tarde. Para darle la bienvenida, que no tuvo lugar en Madrid sino en la estación de Villaverde, estuvieron el conde de Fontanar, el marqués de Casa Oriol, el sacerdote Ventura Gutiérrez y Julio Dánvila, que fue su primer preceptor en España. Se trataba de un grupo de señores vestidos de negro, con la alegría del franquismo en el rostro. Cuando llegó, lo trasladaron directamente al Cerro de Los Angeles; y allí, misa, comunión y ofrenda al Sagrado Corazón.

Unas cuantas semanas después, el 24 de noviembre, lo llevaron al Pardo a visitar por primera vez a Franco, que lo recibió como quien recibe a un nieto, pero tratándole de alteza. Para el príncipe fue como ir a ver a un artista de cine. Le pareció «más bajito que en las fotografías, tenía barriga y me sonreía de una forma que me resultó poco natural». Le preguntó cómo le iban los estudios y, para comprobarlo, le pidió la lista de los reyes godos. También si le gustaba cazar, y le invitó a acompañarlo a Aranjuez para practicar el tiro de faisanes, antes de que se fuera de vacaciones a Estoril. Le prometió que le regalaría una escopeta para la ocasión. El pequeño príncipe también saludó a «la señora». Y Franco también recibió al médico encargado de hacer un seguimiento clínico del príncipe, Heliodoro Ruiz (hijo del profesor de gimnasia del mismo nombre).

No fue a un colegio convencional, sino que montaron uno especial para él, Las Jarrillas, una finca propiedad de Alfonso Urquijo situada a menos de 20 kilómetros de Madrid, cerca de un cuartel militar, en Colmenar Viejo. Para que no estuviera solo, buscaron a unos cuantos niños de su edad, el mejor de cada casa de la alta burguesía y la aristocracia, que dejaron los colegios respectivos para residir y estudiar con el príncipe: Carlos de Borbón y Dos Sicilias (primo), Alfonso Álvarez de Toledo, Agustín Carvajal Fernández de Córdoba, Jaime Carvajal y Urquijo (marqués de Isasi), Fernando Falcó (marqués de Cubas), y Alfredo Gómez Torres, José Luis Leal y Juan José Macaya y Aguinaga. Y también se tuvo que constituir un equipo especial de profesores, dirigido por José Garrido, un hombre de la absoluta confianza de Don Juan.

En la primera carta que escribió, «Juanito» contaba que había participado en una cacería con Alfonso Urquijo y que había matado un jabalí. Don Juan se comunicaba poco con él, mucho menos que con sus otros hijos cuando estaban lejos. Sólo alguna carta en la que le recomendaba que fuera respetuoso y obediente y que estudiara mucho. También autorizaba a los profesores de Juan Carlos para que le dieran alguna reprimenda si lo creían necesario. No se quería que la llegada del príncipe tuviera demasiada repercusión en el interior. La situación política ya era complicada por sí misma.

Ante la necesidad de buscar una salida al Régimen de Franco existían varios grupos de opinión. Por un lado los opositores al «Régimen». Pero, entre los adeptos, también había muchos grupos antimonárquicos. El mismo Franco había participado en la deslegitimación de la monarquía. Se trataba fundamentalmente de dos grupos: los carlistas (que defendían la opción al trono de Carlos Hugo), y la Falange, que entendía, en una suerte de disparate entre su discurso y su práctica, que España no se tenía que desarrollar en un terreno capitalista, y a la que nunca había gustado la Monarquía como forma de gobierno .

Pero a Las Jarrillas sólo llegaban personajes muy escogidos. Uno de los visitantes favoritos del príncipe era el general José Millán Astray, tullido y tuerto por heridas de guerra y fundador de la Legión, por el que Juan Carlos siempre sintió una fascinación enorme. Y, desde luego, los monárquicos. Venían a verlo los sábados, sobre todo señoras mayores que veían en él la reaparición de Alfonso XIII. Se arrodillaban delante del príncipe y le besaban la mano. Manuel Prado y Colón de Carvajal fue alguna vez acompañado por su madre.

No sin su hermano

En el curso 1949-1950 Don Juan decidió que Juan Carlos estudiara en Portugal. El caso es que su situación personal no mejoraba demasiado con la estancia del príncipe en España. O no trataban bien a su hijo, lo despreciaban con la ausencia de noticias suyas en la prensa o, por el contrario, se producían aquellos besamanos indecentes en la prensa franquista, que dejaba entrever que «Juanito» sería el sucesor directo de Alfonso XIII y que su presencia era un adelanto de la abdicación de Don Juan. Esto no lo podía permitir.

Así pues, Juan Carlos estudió aquel curso en Malmequer, en Portugal. No se pudo traer a todo el equipo de compañeros de estudios de Las Jarrillas, pero sí fueron Jaime Carvajal con alguno más para que no estuviera solo y, claro está, algunos profesores, José Garrido y el padre Ignacio Zulueta, que se trasladaron desde Madrid para proseguir la formación del niño. El señor Monllor, un profesor del Instituto Español de Lisboa, iba todos los días a Estoril para colaborar con ellos.

Aunque el equipo de profesores estuvo todo el año dedicado en cuerpo y alma a Juanito, no hizo un buen curso y, tras cuatro semanas de vacaciones, a finales de julio volvieron los profesores para preparar los exámenes de septiembre, que tuvieron lugar en el instituto de San Isidro de Madrid, para que tuvieran validez oficial.

En el curso siguiente se volvió a plantear la cuestión. La ausencia de «Juanito» de España había hecho que empezara a ondear la bandera de Jaime, que en diciembre de 1949 reafirmó inesperadamente sus derechos al trono, alegando que la renuncia de 1933 no tenía valor legal. Esta decisión afectaba fundamentalmente a su hijo Alfonso, que en 1947, cuando España se convirtió en reino, había sido postulado como posible sucesor al trono. Don Juan recapacitó. Pero si el argumento era que el heredero se había de educar en su patria y no en el extranjero… entonces era mejor que su hermano Alfonso fuera con él.

Como respuesta a esto, a finales de 1952 Franco convenció a Don Jaime de la necesidad de que su hijo Alfonso también se educara en España bajo su supervisión. Y el Dampierre se trasladó para estudiar Derecho en la Universidad de Deusto primero, y en el Centro de Estudios Universitarios (CEU) de Madrid después.

Don Juan decidió que sus hijos estudiaran en Donostia, en el palacio de Miramar, que había sido residencia veraniega de la familia real a finales del siglo XIX y principios del XX. Franco había anulado el decreto por el que la familia real había perdido las propiedades con la llegada de la República, de manera que en aquel momento era de Don Juan, como herencia de su padre. Enviar a los niños era como tomar posesión del palacio nuevamente. Aunque entonces se argumentó que, si se instalaban allí, era para distanciarse de Franco. La ventaja del Caudillo, por otro lado, quedó clara cuando el 4 de noviembre de 1950 la Asamblea General de las Naciones Unidas votó que los embajadores volvieran a Madrid.

En Miramar se organizó de nuevo todo un centro escolar, a la manera del de Las Jarrillas, sólo para los infantes. Se trasladó a un grupo de alumnos escogidos por Don Juan, la mayoría de los cuales eran hijos de amigos suyos. Y se constituyó un equipo de profesores, reincorporando a algunos profesores anteriores: Aurora Gómez Delgado, Angel López Amo (que ya había sido profesor de Juan Carlos en Suiza), Carlos Santamaría, el comandante Díaz Tortosa para la educación física, el padre José María Galarraga y los profesores de idiomas. Pero como al fin y al cabo era bastante irregular, de vez en cuando iban catedráticos de Madrid a examinarlos.

Durante los cuatro cursos que los niños estudiaron en Miramar, Franco continuó progresando en sus relaciones con Estados Unidos. El 26 de agosto de 1953 se firmó el pacto de Madrid, en virtud del cual se instalarían tres o cuatro bases militares en territorio español.

Los veranos los pasaban en Estoril. El hermano listo, Alfonso, de vacaciones; y «Juanito», acompañado de los profesores José Garrido y el padre Zulueta, que después de un mes de descanso iban también a Portugal, a Malmequer, para la versión veraniega del colegio, a cumplir un mínimo diario de cuatro horas de clases y estudio.

La despedida de fin de curso de junio de 1954 fue un poco especial. Al fin, «Juanito» había acabado los estudios de bachillerato. No se sabía qué pasaría después, de manera que «Juanito» y su hermano Alfonso visitaron al Generalísimo para despedirse, casi como una amenaza, y le dieron las gracias por el hecho de haberse educado en su patria. En verano, para celebrar la graduación, «Juanito» viajó con toda la familia en el Saltillo, el barco que Don Juan había recibido absolutamente gratis, para reunirse con la reina Federica de Grecia en uno de aquellos cruceros que organizaba al mar Egeo con el fin de arreglar matrimonios, en el yate Agamenón, para que los miembros de las diferentes familias reales mantuvieran contactos y, de paso, para promocionar el turismo en la zona. Sorteaba los sitios en las mesas del comedor con unas papeletas y unos números. Aquél fue el primero encuentro sin enamoramiento repentino entre Juan Carlos y Sofía de Grecia. Lo cierto es que en aquel yate también iba Gabriela de Saboya.

Educación militar

Tras el bachillerato, Don Juan tenía la intención de que «Juanito» estudiara en la universidad belga de Lovaina, o eso decía. Envió una nota a Franco en la que se lo comunicaba, aunque parece que nunca pensó poner en marcha un proyecto similar. La decisión de ceder para que continuara a España se imputó a sus consejeros, la mayoría de los cuales pensaban que, llegado aquel punto, ya no había ninguna otra posibilidad. Pero antes Don Juan exigió una nueva reunión con Franco.

No le importó esperar hasta que lo consiguió. «Juanito» ya había perdido un trimestre de estudios cuando se fijó la entrevista para el 29 de diciembre de 1954 en la finca de Las Cabezas, en Salamanca, que era propiedad de un hombre leal a Don Juan, el conde de Ruiseñada. Acordaron que antes de que accediera a la universidad, no estaría mal que «Juanito» pasara por las tres academias militares: dos cursos en la Academia General de Zaragoza, otro con la Armada en Marín, y otro en San Javier, con los aviadores.

También volvió a Madrid su hermano Alfonso, pero éste, sin el peso muerto de la educación especial de Juan Carlos, se matriculó en un colegio normal parar continuar el bachillerato de una manera más convencional.

A los falangistas el plan no los gustó nada. Consideraron que Franco se estaba comportando como un traidor. Todavía se enfadaron más cuando Semana y los diarios ABC y La Vanguardia publicaron la primera entrevista con el príncipe, el 15 de abril de 1955, realizada por Giménez Arnau. Ese mismo mes, durante una conferencia sobre las monarquías europeas en el Ateneo de Madrid, los falangistas distribuyeron octavillas que ridiculizaban a Juan Carlos y acabaron a tortas con los juanistas. Poco tiempo después, el príncipe fue abucheado en un concurso hípico y, de nuevo, cuando se le ocurrió visitar un campamento de verano falangista. El malestar también se hizo notar el 20 de noviembre de 1955, durante el funeral por José Antonio Primo de Rivera, en el Escorial. «¡Franco, traidor!», le gritó el maestro de escuela Francisco Urdiales, a quien después abofeteó el director general de la Policía. Al salir el Generalísimo, entre la guardia que rendía honores alguien más vociferó: «¡No queremos reyes idiotas!», que por lo general era la consigna de los falangistas contra «Juanito».

Para la primera etapa, la de preparación para el ingreso en la Academia General Militar, se nombró preceptor del príncipe al general Carlos Martínez Campos, duque de La Torre. También se incorporaron a su equipo otros militares, entre los cuales estaban Alfonso Armada (ex-combatiente de la División Azul, que más tarde organizaría la primera Secretaría General de la Casa del Príncipe y, con los años, el golpe de Estado del 23-F), como ayudante del duque de La Torre; Nicolás Cotoner, marqués de Mondéjar (condecorado por su participación en la batalla del Ebro), que, de profesor de equitación, con el tiempo pasaría a ser jefe de la Casa; y el comandante Cabeza Calahorra (que más tarde fue co-defensor del teniente general Milans del Bosch en el proceso del 23-F). En el equipo también había civiles: Angel López del Amo, miembro del Opus Dei, catedrático de historia, que ya había sido profesor del príncipe en Las Jarrillas; y un cura, en este caso el padre dominico Aguilar. Aparte de esto, todos los días iba a clase al Colegio de Huérfanos de la Armada.

Pocos meses antes, el duque de La Torre había comentado en una comida que el príncipe buscaba casa, como residencia temporal mientras se prepararaba para ingresar en las academias militares. Y los marqueses de Montellano (padres del marqués de Cubas, que había estudiado con el príncipe en Las Jarrillas) ofrecieron generosamente su palacio de la Castellana en el solar que hoy ocupa la Unión y el Fénix. Al duque de La Torre le pareció una idea estupenda: caso de que el príncipe aceptase el ofrecimiento, debían abandonar la casa. Ya no había posibilidad de dar marcha atrás.

Los marqueses de Montellano tuvieron que dejar todo el servicio y el personal a disposición de «Juanito» e irse a un piso de alquiler…, pero contentos de que esto contribuyera a hacer méritos como futuros cortesanos. El príncipe estuvo en Montellano desde enero hasta junio de 1955. La «Casa» vivía de una subvención de la Presidencia, pero los Montellano pagaban una gran parte de los gastos de mantenimiento.

De vez en cuando recibía visitas de su hermano, de Gabriela… o de personajes importantes que le querían conocer, como monseñor Escrivá de Balaguer. Él también hizo algunas visitas, dos de ellas al general Franco, en el Pardo. Los domingos, tras la misa, hacía excursiones o se iba a cazar con Nicolás Cotoner. En una de aquellas excursiones, especialmente accidentada, fueron al castillo de Mota. El príncipe iba con Mondéjar y Emilio García Conde, que tenía un Mercedes que dejaba conducir al príncipe, aunque éste no tenía carné. En Olmedo, Juan Carlos atropelló a un ciclista. No fue demasiado grave. Apenas unas magulladuras. Los acompañantes del príncipe resolvieron el problema con unos cuantos billetes, «para que arreglase una rueda y se comprase un pantalón nuevo». Y así eludieron el hecho de tener que comunicarlo a la Guardia Civil. El duque de La Torre quedó muy preocupado y, unos cuantos días más tarde, entregó a Juan Carlos, como regalo de aniversario y sin demasiados trámites más, un carné de conducir. Para que fuera una sorpresa, lo introdujo en sobres, uno dentro de otro, cada vez más pequeños, en los que ponía «reservado», «confidencial», «secreto», «máximo secreto»…, y así sucesivamente. Y al príncipe, que tenía 18 años pero era muy infantil, le hizo mucha gracia.

Igual que en el asunto del carné de conducir, Franco opinaba que para ingresar en la academia militar era una tontería que se tuviera que presentar a los exámenes estipulados. Pero esta vez el duque de La Torre insistió. Eso sí, los hizo fuera de plazo, con un poco de retraso respecto a la convocatoria oficial para los demás alumnos, porque seguía el programa con cierta lentitud. Cuando se incorporó como cadete a la Academia de Zaragoza (la misma que la República se había encargado de cerrar al poco de proclamarse, en 1932, cuando precisamente era director el general Francisco Franco), le acompañó el duque de La Torre. El mismo día que juró bandera (ABC le dedicó la portada, autorizada expresamente por Franco), el 15 de diciembre de 1955, España ingresaba en las Naciones Unidas con 55 votos a favor y las abstenciones de México y Bélgica. La Unión Soviética no ejerció su derecho de veto a cambio de que Estados Unidos tampoco lo ejerciera en la incorporación de Mongolia. Así pues, hubo un empate acordado: España por Mongolia.

CAPÍTULO 4

EL CASO DE ALFONSO, EL «SENEQUITA»

El caso de Alfonso, el «Senequita» como le llamaban todos, fue un breve paréntesis en la formación militar de Juan Carlos. Alfonso era el hermano pequeño de Juan Carlos, aunque su madre siempre se refería a él como si fuera al revés, llamando por su diminutivo al mayor y no al más joven.

«Mis queridos Juanito y Alfonso», encabezaba las cartas que les enviaba a los dos desde Villa Giralda durante el curso de 1955, sólo un año antes de la muerte de Alfonso. Lo cierto es que en base al contenido, si se hubiera de apostar por lógica, se apostaría por el hecho de que Juanito era el pequeño. Era un joven muy sensible, que se emocionaba y llegaba a llorar cuando le aplaudían en un acto público. Pero ni el uno ni el otro eran ya tan niños. Cuando tuvo lugar el trágico suceso, Juan Carlos ya había cumplido 18 años, y Alfonso 14.

Nadie pone en entredicho que Alfonso era el inteligente y el favorito de Don Juan en más de un sentido. Jugaba al golf como él y, además, muy bien. Y quería ser marino cuando fuera mayor, siguiendo sus pasos. Estaba previsto que al año siguiente Alfonso ingresara en la Escuela Naval de Marina. Juan Carlos, en cambio, aparte de un pésimo jugador de golf, deporte del que no disfrutaba en absoluto, había sido un niño difícil, siempre condenado a estudiar a doble jornada para intentar seguir el ritmo que correspondía a su edad. Hay personas que dicen que era «muy distraído»; otras, que las «deficiencias» con respecto a su formación se debían a las agitadas circunstancias familiares. Otras, que era un estudiante «notable» y que su preparación especial se debía a un excesivo celo por parte de sus padres porque estaba destinado a ser rey. Pero su hermano, el «Senequita» Alfonso, no parecía afectado por ninguna de estas razones. Tenía carta blanca. Todo el mundo decía que había salido como su padre, mientras que Juan Carlos se asemejaba más a su madre. Hay gente que piensa que si no se hubiera muerto, Alfonso habría sido escogido por Don Juan para sucederle, por la misma razón que Franco se había fijado en «Juanito» porque lo consideraba más manejable, justo en la línea de lo que necesitaba para dar continuidad al Régimen bajo la dirección de sus seguidores.

En 1956 los dos hermanos estaban en España, aunque en sitios diferentes: Alfonso en Madrid, en el Colegio Santa María de los Rosales, estudiando el bachillerato, y Juan Carlos en la Academia Militar de Zaragoza, como cadete. Aquella Semana Santa, el 22 de marzo viajaron los dos hacia Estoril de vacaciones en el Lusitania Express. Tenían pensado volver a Madrid el 2 o el 3 de abril.

Alfonso tenía que participar en un torneo infantil de golf (Taça Visconde Pereira de Machado, en el Club de Golf de Estoril). Precisamente el Jueves Santo, día 29, jugó la semifinal y se clasificó. Su padre no cabía en sí de gozo. La final sería el sábado siguiente, pero ya no la pudo jugar. Aquella misma tarde, tras el torneo, todos los miembros de la familia acudieron juntos, hacia las 6 de la tarde, a los oficios de la iglesia de Santo Antonio, como de costumbre, y después se fueron a Villa Giralda. Aquel día no había servicio, porque era festivo. Los dos hermanos estaban jugando solos en el piso de arriba.

La condesa charlaba con unas amigas en la salita y Don Juan hacía tiempo en su despacho hasta la hora de cena, momento en que sintieron un disparo seguido de unos gritos. La bala le entró por la nariz y fue directamente al cerebro. Procedía de una pistola automática Long Star de calibre 22, que les había regalado, según algunas versiones, el conde de los Andes y, según otros, el general Franco, con motivo del ingreso de Juan Carlos en la Academia Militar de Zaragoza. La muerte del niño Alfonso fue inmediata. Juan Carlos avisó a su padre a gritos. Cuando Don Juan subió y vio cómo su hijo se estaba desangrando en el suelo, en aquel momento cogió la bandera de España, la puso sobre el cadáver y exigió a Juan Carlos que, allí mismo, jurara que no lo había hecho a propósito. Se avisó urgentemente al médico de la familia, el doctor Loureiro, pero ya no se pudo hacer nada. Don Juan estaba fuera de sí. No podía soportar la presencia de Juan Carlos. Aquella misma noche se tomó la decisión, por el bien de todo el mundo, de que el sábado, inmediatamente después del entierro, volviera a Zaragoza. El duque de La Torre, preceptor del príncipe, tuvo que ir a salto de mata a Estoril para llevárselo.

Lo hizo a bordo de un avión militar DC-3 que pilotaba el coronel Emilio García Conde. Juan Carlos fue al entierro con el uniforme militar puesto. En la capilla ardiente, el féretro fue cubierto con la bandera de España adornada con el escudo de la monarquía. Fue enterrado en el cementerio de la Guía, a 8 kilómetros de Villa Giralda. Después Don Juan se fue al mar y tiró la pistola.

A la madre, María de las Mercedes, la tuvieron que ingresar en una clínica alemana para que se recuperara de una profunda depresión. Amalia López Sóriga, viuda de Ybarra, se ocupó después de hacerle compañía y enjugar sus llantos, hasta que murió. Don Juan le expresó su agradecimiento en un legado testamentario con un recuerdo para su hijo, Fernando Ybarra.

La situación familiar tenía que ser bastante tensa, porque la infanta Margarita, la ciega, también fue enviada a Madrid aquel mismo mes de abril para estudiar puericultura, y se quedó tres años en España. Era la primera vez que vivía tanto tiempo alejada de sus padres. No volvió a Estoril hasta después de 1959. También marchó de la casa el aya de todos los niños durante muchos años, la suiza Anne Diky, que había entrado cuando nació Alfonso.

Durante un tiempo, no se sabe si por iniciativa propia o por sugerencia de Don Juan, Juan Carlos habló de renunciar a sus derechos e ingresar en una orden religiosa, de meterse en un convento, de hacerse cartujo… Pero, con el tiempo, le fue pasando el disgusto. De hecho, al cabo de unos pocos meses, cuando conoció a Olghina Robiland, en el siguiente verano de vacaciones en Estoril, Juanito no daba señales de tener el más mínimo complejo. Estaba de luto, y llevaba una corbata y una banda negras, pero nada más. Ya se dedicaba a ir de fiestas, bailar, y despeinarse con chicas en la parte trasera del coche. No quería ni hablar del asunto, eso sí.

Franco no dio el pésame a Don Juan hasta varios meses después, en mayo, aprovechando una visita de Dánvila (que entonces era el enlace entre Estoril y el Pardo). Oficialmente, la Embajada española distribuyó a través de EFE la versión de que el accidente había tenido lugar cuando Alfonso limpiaba el arma. Se le había disparado al propio Alfonso. Pero Estoril se llenó de periodistas y, pese a que todas las personas próximas recibieron la consigna de no decir nada y se vigiló muy particularmente a los niños para que no se fueran de la lengua, al poco tiempo la revista italiana Settimo Giorno publicó una versión que se aproximaba mucho más a la verdad, lo cual irritó a Franco profundamente. Más adelante el dictador comentó: «A la gente no le gustan los príncipes que no tienen suerte». Posteriormente, cosas del franquismo, en un libro titulado La moral católica apareció una historia muy similar a la del príncipe y su hermano, como ejemplo para analizar los límites de la responsabilidad personal, hecho que alarmó a los franquistas que estaban enterados del asunto: «Dos amigos salan de caza; a uno de ellos, manejando o limpiando su escopeta, se le dispara y da muerte a su amigo. ¿Qué circunstancias modifican la culpabilidad de la acción ?», se preguntaba a los niños en los ejercicios de la lección 3, después de haber señalado rebuscadamente que «la responsabilidad es el primer y principal efecto del acto humano y consiste en la obligación de dar cuenta de los propios actos y sufrir las consecuencias».

Al muerto no se le hizo nunca la autopsia. El hermano de Don Juan, Jaime, pidió una investigación, pero Don Juan no la consideró oportuna y no se llevó a cabo. En un documento fechado en 1957, Jaime decía: «Varios amigos me han confirmado que fue mi sobrino Juan Carlos quien disparó accidentalmente a su hermano Alfonso. Esta confirmación de la certidumbre que yo tenía desde el día en que mi hermano Juan se abstuvo de citar ante los tribunales a quienes habían expuesto públicamente tan terrible realidad, me obliga a solicitar de las jurisdicciones nacionales e internacionales adecuadas que se proceda a la encuesta judicial indispensable para establecer oficialmente las circunstancias de la muerte de mi sobrino Alfonso. Exijo que se proceda a esta encuesta judicial porque es mi deber de jefe de la Casa de Borbón y porque no puedo aceptar que aspire al trono de España quien no ha sabido asumir sus responsabilidades».

Con motivo del primer aniversario de la muerte de Alfonso, el conde de Ruiseñada decidió inaugurar un busto del niño en su finca del Alamín y quiso que Juan Carlos presidiera la ceremonia. Pero cuando informó a Franco de su propósito, éste le sugirió a Alfonso de Borbón Dampierre como alternativa al príncipe. Franco ya empezaba a pensar en él, o a amenazar con él, para la sucesión. Le dijo al conde: «Quiero que le cultive usted, Ruiseñada. Porque si el hijo nos sale rana, como nos ha salido el padre, habrá que pensar en Don Alfonso».

Aquel mismo verano el Dampierre acudió a Estoril acompañado de un abogado, con la pretensión de que se le concediera la condición de infante de España. Pero no consiguió nada.

Don Juan no olvidó nunca al que había sido su hijo favorito. Su retrato siempre estuvo colgado en un lugar bien visible en Villa Giralda. En una carta a Franco en 1961, todavía hablaba de cuán significativo era el matrimonio ya anunciado de Juan Carlos «asegurando para el futuro la continuidad de la Dinastía, que era asunto que me preocupaba hondamente desde la desgraciada muerte de mi querido hijo el Infante don Alfonso (q.e.p.d.)».

En Octubre de 1992, por primera vez desde 1956, Don Juan habló a su hijo el rey de su hermano muerto. Entonces Don Juan tenía 69 años y ya estaba desahuciado por un cáncer de colon. Pero no quería morirse sin verlo en el Escorial. Juan Carlos no tuvo más remedio que acceder.

Los restos fueron trasladados desde el cementerio de Cascais. Don Juan salió de la clínica para enterrarlo de nuevo, treinta y seis años después, en la zona del monasterio destinada a los niños.

SEGUNDA PARTE

APRENDIENDO DE FRANCO

CAPÍTULO 5

SEDUCIENDO AL FRANQUISMO

Empieza la «Operación Lolita»

Aquel joven adolescente, rubio y alto, de mirada melancólica, que era Juan Carlos cuando tenía 18 años, no tuvo problemas para seducir a los hombres serios del Opus Dei como López Rodó durante los años cincuenta. La visita a Montellano de Escrivá de Balaguer, en 1955, ya había sido un síntoma claro del deseo de la Obra por aproximarse al príncipe. También hacía años que era una figura constante en su formación Ángel López del Amo, profesor del príncipe en Friburgo (1947), en Miramar (entre 1951 y 1954, durante varios períodos en la escuela especial principesca de Malmequer, en Estoril, y, además, el único civil durante la etapa de formación militar (en Montellano y en la Academia de Zaragoza). Habría continuado siendo una pieza clave si no hubiera muerto en accidente de tráfico, en los Estados Unidos, en 1956.

La lucha política entre las familias del Régimen se definía muy claramente a finales de los años cincuenta en dos bloques: por un lado, los tecnócratas del Opus; por el otro, la Secretaría General del Movimiento, la Falange pura y dura. Los primeros se decantaban por la monarquía, pero no encarnada en Don Juan sino en un hijo del Régimen engalanado con sus plumas, Juan Carlos.

Los segundos, bien al contrario, gastaban sus energías en intensas campañas contra los Borbones, construidas en entorno a una idea-consigna básica: «No queremos príncipes tontos que no saben gobernar». Tenían una posición visceralmente hostil hacia la monarquía y hacia Don Juan. Pero mucho más hacia Juan Carlos, que para los falangistas significaba la alternativa viable a la que Franco podía dar paso. Juan Carlos gustaba a los tecnócratas de la Obra precisamente por esto.

A partir de 1957, tras la muerte del infante Alfonso, por diversas circunstancias políticas, miembros y simpatizantes del Opus y de la ACNP (Asociación Católica Nacional de Propagandistas, unos cuantos jóvenes que, unos cuantos años después, para darse algo más de distinción pasaron a llamarse «grupo Tácito») iniciaron la denominada «Operación Lolita». Con esta operación intentaban planificar con el suficiente tiempo de antelación cómo tendrían que ser las cosas cuando Franco muriera: una evolución pacífica, sin rupturas, que permitiera la pervivencia del Régimen bajo unas formas modernizadas. La monarquía se consideraba más una salida que una vía alternativa a la dictadura franquista.

Hacían apuestas porque sabían que el Régimen no tenía herederos y se agotaba con Franco. Su «Operación Lolita» (después rebautizada en los libros de historia como «Operación Príncipe», a saber por qué) lo tenía todo previsto para gobernar hasta los años ochenta, como mínimo. Contaban con su cabeza de Estado, Juan Carlos; varias opciones alternativas para dirigir el Gobierno (Carrero Blanco en primer lugar, Torcuato Fernández Miranda después, o López Rodó) y sus «zonas de desarrollo».

La guerra de familias la iba ganando la Falange, hasta que Carrero Blanco, considerado la eminencia gris de la dictadura, empezó a ganar cada vez más terreno en el Pardo y consiguió, en febrero de 1957, que Franco desatara una crisis de gobierno que incorporó a los suyos a los círculos de poder… La euforia entre los monárquicos fue enorme.

Torcuato Fernández Miranda actuó desde el comienzo como el ideólogo de la operación, por decirlo de alguna manera. Igual que Carrero Blanco, no pertenecía al Opus pero estaba próximo a éste. Sus planes preveían la necesidad de llevar a cabo ciertas reformas de apertura para romper el aislamiento de España y la autarquía, pero siempre «dentro de un orden» y desde la coherencia total con el Régimen. Más tarde, a la verdadera historia se añadió una infinidad de pretensiones, matices, justificaciones… y, en estudios recientes, se ha intentado presentar aquellos planes como algo que nunca existió, como si aquel grupo de poder, que sólo pretendía consolidarse a sí mismo, hubiera tenido en mente una reforma democrática. En realidad, para Fernández Miranda la sucesión en la persona de Juan Carlos representaba la garantía constitucional de la continuidad, sobre la que escribiría en múltiples ocasiones. En el año 1966 todavía escribía en el diario Arriba que el futuro rey «tiene que ser de estirpe real. Pero, además, tiene que ser encarnación de la legitimidad histórico-nacional que el Estado español, surgido del 18 de julio, encarna». Más que claro, lo tenía clarísimo: «Las leyes fundamentales del Estado español», escribió, «exigen un Rey comprometido con la continuidad histórica de la legitimidad nacional surgida del 18 de julio, como fecha irreversible».

¿Cómo vivía Juan Carlos todo esto? Pues a bastante distancia, e incluso inadvertido, se dedicaba a otras cosas. Todo el mundo le trataba como a un niño y, esencialmente, se comportaba como tal, poco consciente de lo que pasaba a su alrededor hasta límites insospechados. En aquella época estaba en la Academia de Zaragoza, y los viernes y sábados se lo llevaba a dormir al Gran Hotel para que se relajara y la vida militar no se le hiciera tan dura. En mayo o junio conoció a Antonio García Trevijano (más popular como Trevijano, a secas), que ejercía de notario de Albarracín y frecuentaba el mismo hotel los fines de semana, muy posiblemente porque era el mejor de la ciudad y el que más visión de futuro le podía dar. Está claro que Juan Carlos no supo quién era hasta unos cuantos meses después. Con la misma candidez que había deslumbrado a aquellos señores tan serios y católicos, acostumbrados a planificar el futuro de la patria, Juan Carlos tomó a Trevijano por un potentado mexicano, sólo porque traía un sombrero de paja de ala ancha, hablaba con acento andaluz y lucía un gran bigote negro. Y ni sus tutores ni el avispado notario le sacaron de su error; ¿para qué? Un día Juan Carlos se había quedado petrificado contemplando el coche de Trevijano, un espectacular descapotable Pegaso, primer premio mundial de elegancia en la exposición de París. Y sin pensárselo dos veces se acercó a Trevijano con interés y timidez al mismo tiempo. «¿Eres mejicano?», «Sí, sí», y entonces le preguntó si le llevaba a dar una vuelta, pero que antes tenía que pedir permiso. «¿Y cómo tienes que ir a pedir permiso, tan alto como eres?», le vaciló Trevijano, que estaba disimulando, como si no supiese quién era él. El príncipe Juan Carlos se acercó a un grupo de generales y volvió emocionado: «Que sí, que sí puedo ir. Me ha dicho el jefe que sí». «Pues venga, sube». Y el notario incluso le dejó conducir un rato. Al día siguiente, además, aceptó llevarlo de vuelta a la Academia, con lo cual satisfizo los deseos del príncipe de llegar en coche. Quería que sus compañeros le vieran y presumir un poco delante de ellos para rehacerse de todas las bromas respecto a su padre que tenía que aguantar. Más de una vez se había tenido que pelear, citándose por la noche en el picadero de la Academia, para ajustar cuentas con alguien a puñetazos. Y varias veces había salido de estos encuentros con un ojo a la funerala.

Desde su primero encuentro, Juan Carlos y Trevijano se hicieron inseparables para las escapadas febriles del sábado por la noche durante este curso y el siguiente. Trevijano le presentaba chicas un poco mayores que él, que eran las que le gustaban. Como Cuqui, la venezolana, y muchas otros, con las que iban a bailar o a merendar, siempre con el Pegaso. Juan Carlos iniciaba entonces su azarosa vida sexual, con miles de aventuras que también tuvieron como escenario el Estoril de los reyes exiliados. Precisamente aquel año empezó sus relaciones con la condesa Olghina Robiland, que, siguiendo la pauta habitual, era unos cuantos años mayor que él, y a quien escribía numerosas cartas con citas de letras de rancheras, que unos años más tarde ella vendió a la prensa.

Con Trevijano, Juan Carlos pasó varios meses en la luna, sin saber realmente quién era su correligionario de juergas, hasta que Don Juan, en unas vacaciones en Estoril, le interrumpió un discurso entusiasta sobre su amigo el mexicano: «¡¿Pero no ves que te está tomando el pelo, hombre, que ése es Trevijano, y es de aquí?!»

Naturalmente, también le tuvo que explicar quién era el tal Trevijano (no era fácil sacarlo de un error tan ridículo), un personaje conocido ya en aquella época, metido en toda clase de intrigas políticas, aparte de ser amigo personal del propio Don Juan. El descubrimiento, con todo, no rompió su amistad con el notario. Como estaba tan metido en política y su padre se lo había descrito como alguien muy inteligente, Juan Carlos aprovechó para preguntarle, a ver si lo sabía: «¿Y tú me puedes decir qué va a pasar? ¿Quién va a ser rey, mi padre o yo?»

Trevijano le dijo que él después que su padre, pero la respuesta no le debió convencer demasiado.

Lo poco que percibía de lo que se cocía a su alrededor con los del Opus había logrado que estuviera inquieto, nervioso e impaciente. «Pero yo… no sé. Como rey ¿qué voy a hacer?», le preguntaba. Y Trevijano, medio en broma medio en serio, un día le contestó: «Pues lo primero, me vas a tener que meter a mí en la cárcel». Juan Carlos se rió mucha con la salida, pero Trevijano acertó. El primer Gobierno del rey Juan Carlos, con Fraga como ministro de la Gobernación, le metió en la cárcel el mes de marzo de 1976.

Buscando sitio a derecha e izquierda

A medida que Juan Carlos, desde que estrenó la mayoría de edad, iba escalando posiciones en la carrera hacia el trono, Don Juan iba perdiendo terreno hasta quedar prácticamente sin espacio.

La opción juanista cada vez estaba más difusa y desdibujada. Mientras tanto, su hijo se consolidaba como el representante de la amenaza franquista, y se convertía en un enemigo dentro de la propia casa Borbón. Los vanos intentos de Don Juan para aproximarse a la oposición no acababan de dar el fruto esperado. A menudo, cuando Juan Carlos iba de permiso a Estoril y hablaban de tal y cual asunto, su padre se irritaba: «¡Demonios! ¡Me hablas desde el punto de vista de Franco!». Y ya no se trataba tan sólo de una guerra de familias entre los diversos sectores franquistas; ahora se trataba también de la propia familia, el hogar de los últimos Borbones.

Don Juan no se rindió nunca ante los avances de su hijo. Uno de sus sucesivos giros políticos a la desesperada tuvo lugar en Estoril el 20 de diciembre de 1957. Sucedió cuando intentó recuperar terreno adhiriéndose a la Comunión Tradicionalista de los Carlistas, en un emotivo acto en que aceptó los principios generales con objeto de ganarse el apoyo de sus hombres. Según la legitimidad de origen carlista, los derechos de la Corona recaerían en él, siempre y cuando supiera ganárselos moviéndose hacia la derecha. Un año más tarde, en 1958, en Lourdes, rodeado de unos dos mil carlistas, reafirmó su postura poniéndose la boina roja, símbolo de los requetés. Fue un intento inútil, y poco más tarde volvió a flirtear con la oposición liberal.

En 1958, padre e hijo llevaron a cabo una especie de competición navegadora alrededor del mundo, que resultó ser un fiel reflejo de la que tenían en el ámbito político. Juan Carlos había embarcado en la bahía de Cádiz el 10 de enero como guardia marino del barco escuela Juan Sebastián Elcano. Y Don Juan había salido el 18 de marzo con el Saltillo (el velero del que disfrutaba en Estoril), desde Cascais, para emprender con unos amigos la aventura de atravesar el Atlántico a vela. La coincidencia no tuvo mayor importancia, hasta que en medio de la travesía Don Juan recibió un cablegrama de José María de Areilza, embajador de España en los Estados Unidos. Le explicaba que su hijo había sido invitado a una recepción en Washington en honor del Juan Sebastián Elcano, y como Areilza era muy juanista, también le había invitado a él, para que no fuera menos. Don Juan, que no aceptaba nunca las invitaciones de las embajadas españolas porque no confraternizaba con el Régimen, esta vez dijo que sí sin dudarlo. Además se alojaría, como su hijo, en la residencia del embajador. A partir de este momento, la travesía se convirtió en una auténtica carrera para ver quién llegaba primero. El conde de Barcelona aceleró el viaje haciendo cambios en el itinerario previsto. Al enterarse de que Juan Carlos ya había llegado a la base naval de Norfolk, renunció a visitar Florida y se embarcó en un guardacostas de la Marina norteamericana, que le recogió en alta mar y le dejó en la base aérea de Port Macon, para que un avión militar le trasladara a la mayor brevedad posible a Washington. Llegó justo a tiempo para no dejar a su hijo solo del 8 al 12 de mayo, y el 12 fueron juntos a Nueva York para asistir a una cena en el Spanish Institute, que presidieron con Areilza. Juan se engalanó con el Toisón de Oro y la Cruz de Santiago, que casualmente había puesto en la maleta, y, como si fuera el auténtico protagonista y no un añadido de última hora metido con calzador por Areilza, agradeció a las autoridades las atenciones hacia su hijo.

Juan Carlos, siempre animado por sus consejeros franquistas, tampoco ahorraba esfuerzos. Tenía claro que, en aquel momento, le interesaba ganarse a la derecha. Después de obtener el puesto de alférez de fragata y pasar a la Academia de Aviación de San Javier en Murcia, en 1958 se decidió a participar por primera vez en las celebraciones del día de Victoria, y desfiló delante del Caudillo como cadete. Pero no fue un camino de rosas. Por primera vez el recorrido se llenó de pancartas: «¡No queremos reyes idiotas!», «¡Franco sí, el principito no!». Eran los falangistas y los carlistas quienes, en los alrededores del desfile, provocaron barullos en la calle, frente a juancarlistas y también juanistas, que había para todos los gustos y de todos los colores. Debió de ser desagradable para él, pero Juan Carlos, como su padre, tampoco estaba dispuesto a tirar la toalla.

Con este ansia de aproximarse al poder que siempre le había caracterizado, continuó insistiendo con los falangistas, y pocos días después acudió a depositar una corona de flores a la prisión de Alicante, donde en 1936 había sido fusilado José Antonio, fundador de la Falange.

A continuación le tocaba mover ficha a Don Juan. Cuando Juan Carlos acabó los estudios militares (de manera poco brillante desde el punto de vista académico, como era habitual en él), el conde de Barcelona quiso demostrar que seguía teniendo autoridad sobre su hijo. Así pues, le retiró de España, esperando que Franco aceptara una nueva entrevista pública. Se abría la fase de negociación en torno a los estudios universitarios del chico.

En principio estaba previsto que estos estudios se llevaran a cabo en Salamanca, para lo cual se había buscado piso al príncipe, porque a Don Juan el palacio de Monterrey que le ofrecían los duques de Alba le pareció excesivo. Se había configurado un programa semi-privado de dos años de duración para el que no pensaban hacer venir a profesores de otras universidades, porque las asignaturas que cursaría eran básicas en todos los casos y no hacía falta especialistas.

Pero Don Juan sólo jugaba a aflojar la cuerda para volver a dar breves tirones. De pronto todo se complicó en el último momento, con Don Juan encabronado por una reunión que Franco y su hijo habían tenido el 15 de diciembre, muy afectuosa, en la que Franco había comentado al príncipe las dificultades que encontraría en la universidad, acostumbrado como estaba al ambiente militar.

Don Juan dijo «no» a Salamanca cuando faltaban 15 días para que empezaran los cursos programados. Y dando bandazos a izquierda y derecha, puso como excusa que era intolerable la presencia de ayudantes militares (bandazo a la derecha), a la vez que consideraba un inconveniente grave la presencia de profesores como Tierno Galván en Salamanca (bandazo a la izquierda). Al duque de La Torre, que entonces era el preceptor del príncipe, aquello no le gustó ni un pelo. Se quejó del hecho de que Don Juan le hiciera quedar como un idiota, como si hubiera engañado a todo el mundo: se habían hecho gastos, los profesores ya estaban contratados, los programas hechos, la organización de actividades establecida… Después de una agria entrevista con el conde y sus colaboradores en Estoril, dimitió el diciembre de 1959, lamentándose con amargura por el hecho de le habían dejado a un lado tras «conseguir los tres despachos oficiales para el príncipe», cosa que, por el tono en que lo dijo, no le había resultado fácil.

Tras perder un curso entero, en marzo de 1960 Don Juan consiguió tener un nuevo encuentro con el dictador en Las Cabezas, un encuentro tan deseado como breve. Duró poco más de una hora, tiempo durante el cual debieron hablar sin cesar, yendo al grano con discreción para establecer que Juan Carlos residiría en la Casita de Arriba del Escorial. Algunas personas, como hacía falta esperar, habían apostado decididamente por la Universidad de Navarra, la del Opus Dei. Pero no ganaron.

Al final se adoptó una solución intermedia: estudiaría cursos especiales, sólo para él, con un equipo de profesores universitarios dirigido por Torcuato Fernández Miranda. El equipo base era un conglomerado con un cierto equilibrio entre hombres del Opus Dei, de Franco y de Don Juan, entre los cuales estaban Jesús Pabón, Antonio Fontán y García Valdecasas; y, para algunas clases ocasionales, Martí de Riquer, Laureano López Rodó y Enrique Fuentes Quintana, entre otros.

Además, para revestir de oficialidad el plan de estudios, el príncipe asistiría a algunas clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.

Tras el comunicado oficial sobre la entrevista en Las Cabezas, Don Juan se volvió a enfadar momentáneamente y amenazó con la Universidad de Lovaina. Pero sólo fue un golpe de efecto y Juan Carlos se trasladó a la Casita de Arriba de El Escorial según lo acordado. Era un palacete que Franco se había hecho construir por si le hacía falta refugiarse durante la Segunda Guerra Mundial.

Tenía un salón, un comedor, tres dormitorios y un despacho. Eso era todo, pero contaba con una red de comunicaciones ultramodernas y estaba construida a prueba de bombas.

Torcuato Fernández Miranda era el más asiduo visitante. Iba a la Casita todos las mañanas para darle clases de Derecho Político. Se sentaba delante de Juan Carlos sin papeles, sin notas, y le hablaba durante horas. «¿No me vas a traer libros?», le preguntaba el príncipe. «Vuestra Alteza no los necesita», le explicó Fernández Miranda. Y entre ellos fue naciendo una gran amistad. También fue una calurosa etapa con respecto a las relaciones entre Franco y el príncipe. Se veían con asiduidad, sólo para hablar, y Franco le miraba con ternura y le contaba batallitas de África.

Pero fuera de la Casita del Escorial, el mundo seguía girando. Juan Carlos lo comprobó un poco más tarde, cuando tuvo que representar el papel de estudiante en la Complutense. Desde finales de los años cincuenta las luchas estudiantiles se habían recrudecido en las universidades, que muchas veces eran focos de grandes agitaciones. Y el príncipe fue acogido como era de esperar. Cuando el 19 de octubre de 1960 entró por primera vez en el vestíbulo de la Facultad de Derecho, lo recibieron con gritos ensordecedores de «¡Fuera el principe Sissí!, ¡Abajo el príncipe tonto!, ¡No queremos reyes idiotas!». En este contexto, no se trataba tan sólo de grupos de falangistas y carlistas. Juan Carlos tuvo que irse por donde había venido, y volvió a su Casita del Escorial. Durante varios días, en lugar de disminuir, la tensión fue creciendo. Encontrar una solución al problema no era sencillo.

Entonces se recurrió a las JUME (Juventudes Monárquicas Españolas). Su líder, Luis María Ansón, consiguió negociar con la Falange Universitaria que presidía Alberto Martínez Lacaci. E incluso, dice Ansón, con la ASU (Asociación Socialista Universitaria), y con la célula comunista clandestina, aunque con estos «negociaban» directamente los grises de Franco a base de estacazos y detenciones. Fuera como fuese, las JUME alcanzaron un acuerdo con los falangistas, unos cuantos meses después, para que dejaran asistir al príncipe a clase como un estudiante más. Y con los más reticentes, sobre todo un grupo minoritario de carlistas irreductibles, se probaron otras técnicas: el 31 de octubre los jóvenes monárquicos desplegaron todos sus efectivos en la Universidad y rodearon a los alborotadores. Al final, consiguieron que Juan Carlos entrara en la Facultad sin gritos ni alborotos. De todos modos, los 39 estudiantes de la oposición de izquierdas (entre cuyas filas —hace ya tantos años— estaban gente como Nicolás Sartorius y Pilar Miró) continuaron saliendo del aula en el momento en que entraba Juan Carlos, en señal de protesta.

Pero las protestas en la Ciudad Universitaria, con grises o con monárquicos actuando como fuerzas del orden público, no eran la única fuente de preocupación para los franquistas en aquellos años, por mucho que Juan Carlos no se enterase prácticamente de nada. También se habían puesto en marcha proyectos nacionalistas renovados en Cataluña y el País Vasco, que desafiaban directamente la tradición centralista secular del franquismo. Y, lo más importante en cuanto a los conflictos sociales, las luchas obreras, en febrero de 1961, celebraron por primera vez desde 1939 una huelga prolongada en la cuenca minera de Asturias, de proporciones masivas y reprimida duramente por el Gobierno, del cual era entonces ministro Manuel Fraga.

Todo aquello preocupaba mucho a Washington. España continuaba siendo una de las dictaduras protegidas por los Estados Unidos (junto con la de Salazar en Portugal, Trujillo en la República Dominicana, Somoza en Nicaragua, Chiang Kai-shek en Taiwan y «potencialmente» en Vietnam).

Pero en lugar de plantearse una «intervención paramilitar indirecta», cosa que de hecho le pasó por la cabeza en estos años agitados, la CIA empezó a pensar, para este rincón del planeta, en una pequeña apertura democratizadora calculada. Por aquí iban precisamente los tiros de los tecnócratas del Opus y de esto trataban los miembros del Gobierno franquista con los representantes del centro de inteligencia norteamericano en sus reuniones en Madrid, tras las cuales le transmitieron a Franco el interés de la institución yanqui por conseguir que nuestro Estado tolerara primero, y después legalizara, al menos dos partidos: uno socialdemócrata y otro demócrata-cristiano. El hecho de que uno fuera demócrata y el otro republicano, a imitación del modelo yanqui, tampoco era el caso, puesto que se trataba de mantener el control sobre el poder. La CIA creía que con estas actividades cumplía el deber de prever el futuro, porque si no era así, tras el Régimen débil vendría el caos y después de éste el comunismo.

Los planes de reforma, sin embargo, aun cuando el mismo Franco se hallaba muy al tanto, todavía estaban muy verdes, y entonces en junio de 1962 la oposición decidió acelerarlos celebrando el IV Congreso del Movimiento Europeo. En el famoso «Contubernio de Múnich», arrastrados por la oleada que anunciaba cambios posibles, se reunieron monárquicos liberales, demócrata-cristianos, socialistas, socialdemócratas, nacionalistas vascos y catalanes.., bajo la autoridad de Salvador de Madariaga que, al acabar la reunión, afirmó: «Hoy ha terminado la Guerra Civil». Uno de los que más se lo creyó fue Don Juan, que ya hacía tiempo que estaba en un segundo plano mientras su hijo ofrecía espectáculos gratuitos en directo a los estudiantes de la Complutense de Madrid. Aquí vio una oportunidad y, aunque no fue a Múnich personalmente, sí envió a representantes para hablar con varios partidos, que le transmitieron —probablemente entre otras novedades que le interesaban— que el PSOE, en concreto, si la Corona conseguía establecer pacíficamente una verdadera democracia, apoyaría lealmente a la monarquía. Franco no estaba preparado para aquello. Tuvo una reacción mucho más agresiva de lo que el conde de Barcelona podría haber esperado. Se le encendió la sangre y se dedicó a enchironar, deportar o exiliar a los asistentes con el mismo encarnizamiento que siempre había demostrado respecto a sus enemigos. El asunto de los planes de apertura había sido una broma, de lo cual Don Juan se dio cuenta demasiado tarde. Rápidamente, el presidente del consejo privado, José Maria Pemán, acompañado del secretario Valdecasas, visitó a Don Juan y, entre todos, redactaron una nota: El conde de Barcelona nada supo de las reuniones de Múnich hasta después de ocurridas … Si alguno de los asistentes formaba parte de su Consejo, había quedado con este acto fuera de él. Una vez más, los coqueteos con la oposición le habían salido mal.

Un Toisón para Franco

Don Juan no quiso hacer enfadar demasiado a Franco y aprovechó su invitación oficial al casamiento de Juan Carlos, en septiembre de 1961, para ofrecerle el Toisón de Oro. Laureano López Rodó le había transmitido sutilmente que al Caudillo le gustaría recibirlo, y era un detalle que en aquel preciso momento le pareció muy oportuno al conde de Barcelona. Le envió una carta en la que le decía que tenía firmemente decidido que el primer español a quien otorgaría el Toisón sería el Generalísimo Franco.

La Orden del Toisón de Oro había sido creada en Bruges por Felipe Bono, duque de Borgoña, en 1426. El documento que la instituyó establecía que se concedería por tres causas: «La primera, para honrar a los antiguos caballeros que por sus altos y nobles hechos son dignos de recomendación. La segunda, a fin de que aquéllos que al presente son fuertes y robustos de cuerpo y se ejercitan cada día en hazañas pertenecientes a la caballería, tengan motivo de continuarlas de bien en mejor; y la tercera a fin de que los caballeros y nobles que vieren quitar la insignia […] se animen a emplearse aún mejor que ellos en nobles hechos». Siguiendo las normas de la tradición, Don Juan explicó por carta a Franco que, a él en concreto, se lo concedía como «expresión del reconocimiento por parte de la Dinastía de los altos servicios prestados por V. E. a España a lo largo de toda su vida de soldado y hombre público», incluyendo expresamente los merecimientos «del General victorioso en una guerra que antes que civil lo fue contra el comunismo internacional» , junto con «la gratitud al gobernante». Era una bajada de pantalones en toda regla por parte del pretendiente al trono, una más de tantas… Pero Franco lo rechazó de manera seca, diciéndole textualmente: «Deberíais pedir información histórica sobre la materia».

La condecoración, que consistía en un gran collar de veinticuatro eslabones dobles entrelazados con piedras preciosas, del cual colgaba el Toisón o Vellón, de oro esmaltado, tiene un origen dudoso sobre el que los historiadores no se ponen de acuerdo. Circulan diversas versiones, que seguro que Franco conocía. Según la más curiosa, Felipe Bono, entrando un día en el secreto excusado de su dama, encontró un rizado y rubio fleco, o mata de cabellos, impensada casualidad que fue motivo para que, ruborizada la dama y notando los presentes que acompañaban al duque su desconcierto, no disimularan la risa. Y por hacer misterio del caso y castigar tácitamente la poca modestia y menos disimulo de los circunstantes, el duque hizo juramento de que, de idéntica manera que había causado tanto rubor y vergüenza a la dama, había de ser el mayor lustre y honor de la más insigne nobleza. Y así instituyó la Orden, cuyo collar representaría el «vellón» de la dama. Aunque también pudiera representar, según otra de las leyendas, los cabellos de sus veinticuatro amantes o amistades (que algunas fuentes mencionan con los nombres completos: Marie van Cronbrugge, Thèrèse Stalports Vander Wiele, Joséphine Henriette, etc), juntos y entrelazados, que él les quitaba a cada una e iba coleccionando, y que solía traer colgado del cuello como lazo de amor.

La Corte se mofaba y por esta razón el soberano quiso dignificarlo, creando la Orden de más prestigio que se pudiera imaginar. Hace falta apuntar también que la más aburrida de las patrañas identifica el Toisón con la alegoría de una de las principales actividades de los Estados del duque: la manufactura de la lana.

Del duque de Borgoña, el honor de gran maestro de la Orden pasó a su hija, y después a la hija de ésta, cuyo hijo, Felipe el Hermoso, al casarse con Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos, dio a la Corona de España la soberanía del Toisón. En principio sólo tuvo 24 caballeros, que posteriormente Carlos V aumentó a 51 en 1516. Los collares no eran nunca propiedad de los caballeros a quienes eran concedidos y, cuando morían, tenían que devolverlos. Pero se fueron «perdiendo» tantos a lo largo de la historia que el número de los que pueden existir actualmente es incalculable (se calcula que cerca de 4.000). En la casa Spink de Londres, numismáticos de fama mundial, los últimos años se han vendido por lo menos cuatro toisones de oro españoles, todos fabricados en el siglo XX en vil metal con una capa de oro, que es como se hacen últimamente. El precio de cada uno oscilaba entre las 250 y las 350 libras esterlinas (menos de 100.000 pesetas). Se transformó en «condecoración» —y no «orden»— en tiempos de Alfonso XII, y hoy es la más importante de la dinastía española, correspondiendo el título de gran maestro al cabeza de la Casa de Borbón.

Tanto Isabel II como Alfonso XIII evitaron concederla mientras estuvieron en el exilio. Pero no así Don Juan, que otorgó seis; mientras que su hermano mayor, Jaime el sordomudo, que le disputaba el privilegio de ejercer como cabeza de la Casa Borbón y como aspirante a la Corona de Francia y de España, también lo distribuyó con generosidad un número de veces que no se ha podido determinar, entre otros a los astronautas norteamericanos Bormah, Lovell y Anders, que parece que no dieron respuesta; y al mismo Franco, tras la boda de su hijo con la nieta del dictador, que esta vez sí lo aceptó aunque nunca se lo puso. Así pues, no se sabe cuántos hay circulando por el mundo en estos momentos.

Juan Carlos lo otorgó a doce personas en un día. Uno de ellos fue, en 1985, para el emperador Hiro Hito, que, en otro viaje oficial a España diez años más tarde, lo metió en una maleta que Iberia le extravió y nunca más se supo nada. Ésta es la versión oficial, aunque quizás, como Franco, Hiro Hito conociera las leyendas.

Probablemente, diez Toisones han acabado en la casa Spink de Londres o en otra similar: y, sin duda, no hará falta esperar a que los dueños mueran para que los devuelvan.

CAPÍTULO 6

UNA BODA Y CUATRO HIJOS

Bodas «reales» e irreales

Las bodas en las familias reales siempre representan un problema, y más en el caso de los Borbones, por aquello de las enfermedades congénitas de las cuales pueden ser portadores algunos miembros aunque no las padezcan personalmente, como la hemofilia. A menudo, por lo que hace especialmente a las representantes femeninas de la estirpe, han tenido que renunciar a la pretensión de casarse con personas de sangre real, que no sólo es el ideal sino un requisito imprescindible por poder mantenerse en la lista de los herederos al trono, aunque sea en segundo, tercer, cuarto o quinto lugar, tras el primogénito varón u otros escogidos por designio casi divino.

La hermana mayor del actual rey Juan Carlos, Pilar, sumaba a todos los inconvenientes borbónicos naturales el de tener mal carácter, ser poco agraciada físicamente y, además, desgarbada hasta el punto de que, llegado el momento en que su padre ya estaba preocupado por si se casaría, la obligó a comprar un pintalabios y se los pintó él mismo.

La ex-reina Victoria Eugenia, abuela de la joven, desde Lausana no desistía de su interés por casarla a expensas de lo que fuera. Como Pilar no conseguía encontrar pareja por sí misma entre tanto aristócrata exiliado en Estoril, Victoria Eugenia pensó en Balduino de Bélgica, que también llevaba su cruz por su carácter pesaroso y por la ausencia total de atractivo físico, aun cuando era, eso sí, un rey coronado.

Preparó con mucho cuidado el encuentro entre los dos y, como en aquella época era costumbre que las infantas viajaran con una dama de compañía, le dio instrucciones para que fuese «la menos vistosa» de sus amigas. Siguiendo estos consejos, lo peor que pudo encontrar fue Fabiola de Mora, tan poquita cosa tras aquellas gafas gruesas de pasta negra. Sin embargo, la tragicomedia planeaba de nuevo sobre los Borbones. De aquel viaje juntas a la Corte de Bruselas nació la historia de amor entre Balduino y Fabiola, que tantas páginas de la prensa rosa ocupó en su día y, como sabe todo el mundo, terminó en boda. Estaba claro que eran el uno para el otro, y el destino se había encargado de unirlos. Pilar consiguió casarse unos cuantos años más tarde, en 1967, aunque no lo hizo con un aristócrata. La elección recayó en Luis Gómez-Acebo, abogado que trabajaba como secretario general de la compañía de cemento Asland. Y siguiendo la línea de humildad que siempre ha caracterizado a los Borbones, la boda congregó a más de 20.000 personas curiosas a las puertas de la iglesia, aunque sólo se podían considerar invitadas 5.000, entre las cuales había 200 representantes de casas reales. Celebraron el banquete en el Hotel Estoril, y el aperitivo lo amenizó la tuna de Valencia.

La otra hermana de Juan Carlos, la infanta Margarita, ciega de nacimiento y de carácter un poco «ingenuo» y peculiar, todavía lo tenía más difícil. Le gustaba perderse sola por los alrededores de Estoril, ir al rastro de Carcavelos y regatear con los gitanos para comprar calzoncillos a su hermano, una costumbre que todavía conserva hoy. Una de las anécdotas de juventud que se cuentan de ella es que, cuando ya estaba en edad de merecer, en algún momento posterior a 1961, un día, mientras tomaba un café en una terraza de Estoril, conoció a un americano que, después de una breve conversación, pidió la mano de la infanta. Margarita, emocionada, le explicó a un amigo que pensaba huir con el americano a los Estados Unidos, y que ni siquiera quería pasar por Villa Giralda para no tener que dar explicaciones a la familia. Cuando le describió al presunto novio, le dijo que era un americano muy simpático y «un poco maricón». En la cena familiar de aquel mismo día, con el amigo confidente como invitado, Margarita accedió a contárselo a sus padres, y anunció muy seria: «Mamá, me voy a casar». En el comedor se hizo un silencio espeso, pero aquello no debió coger demasiado por sorpresa a los condes de Barcelona. Muy tranquilo, aunque fastidiado por tanta tontería, Don Juan, que era un hombre de carácter, dijo a su invitado: «Anda, explícale a Margarita la diferencia entre un hombre y un maricón». Él se lo explicó como pudo, al comprobar sobre la marcha que, en efecto, era tan ingenua que no lo sabía. Naturalmente no hubo fuga romántica.

Unos cuantos años después consiguieron casarla con el doctor Zurita, en 1972, y al parecer fueron muy felices. El matrimonio de Juan Carlos no resultó más fácil de conseguir que el de sus hermanas. En su caso, no se podía renunciar con tanta facilidad a casarlo con alguien de sangre real.

Y tampoco había demasiado donde escoger.

La primera candidata oficial fue la princesa María Gabriela de Saboya, nieta del ex-rey Víctor Manuel e hija de Humberto, aspirante al trono de Italia, que, al igual que los Borbones, disfrutaba de vacaciones indefinidas en Portugal con toda su familia. Juan Carlos y Gabriela, «Ene» para las personas más íntimas, se conocían desde que eran niños y no se sabe dónde empezó y dónde acabó su noviazgo, puesto que habitualmente salían juntos con una pandilla desde siempre. Tanto el conde de Barcelona como el aspirante Humberto estaban de acuerdo con aquel emparejamiento y, de hecho, estuvieron a punto de formalizarlo más de una vez, la primera abortada trágicamente por la muerte de Alfonso, en 1956. Se sabe que ella fue a visitar a Juan Carlos mientras estaba en España y fue invitada a comer al palacio de Montellano, en 1955. Durante su estancia en la Academia Militar de Zaragoza, con 18 y 19 años, se escribían y el príncipe incluso tenía un retrato suyo en la mesilla de noche, hasta que un día el director de la Academia le dijo «¡Alteza, quite esa foto! El Caudillo podría disgustarse caso de que viniera a hacer una visita a la Academia».

María Gabriela, que entonces tenía 15 ó 16 años, no gustaba demasiado a Franco, en primer lugar por la separación de hecho de Víctor Manuel y su esposa, que vivía en Suiza y tenía fama de alocada, y por la fama de homosexual del yerno de su padre, Humberto de Saboya. Pero, además y sobre todo, no le gustaba que su príncipe se casara con una princesa sin trono. Quería para él una familia real de las de verdad, de las que reinaban. Aun con aquella oposición poco convencida del dictador, la cosa pudo haber tenido éxito. No se sabe demasiado bien por qué no acabó de cristalizar tras tantos años de relación casi oficial. Probablemente tuvieron mucho que ver los amores pasajeros simultáneos del príncipe, que eran vox populi, incluso en los momentos más comprometidos y escandalosos, en concreto a finales de 1959, año en que precisamente la relación con Gabriela se enfrió definitivamente.

Después de Juan Carlos, Gabriela tuvo otros novios. También salió con Nicky Franco, el hijo del embajador y sobrino del Caudillo. Pero se acabó casando —y después divorciando— con Robert Balkany. Actualmente vive con su madre en Merlinge, a 20 kilómetros de Ginebra, y se dedica principalmente a su gran afición, el juego y los casinos.

Una hija sin padre

De manera simultánea al noviazgo casi oficial con Gabriela de Saboya, Juan Carlos mantenía otras relaciones menos aristocráticas y formales. Se habló de flirteos con una noble madrileña y de otros amores fugaces en Zaragoza, apadrinados por Trevijano, en una época en que el único y verdadero amor del príncipe era un prototipo de coche deportivo de lujo de la marca Pegaso. Pero, sobre todo, se habló mucho sobre sus relaciones con la condesa italiana Olghina de Robiland, a quien había conocido en Portugal en 1956, pocos meses después de que muriera su hermano Alfonso, cuando ya le había pasado el disgusto y no se perdía ni un sarao. El amor a simple vista entre Olghina y Juan Carlos se produjo en una cena en el restaurante Muxaxo, junto a la playa del Guincho, organizado por un grupo de altezas reales: la «fiesta de los exiliados».

Olghina frecuentaba los círculos aristocráticos de Estoril cuando iba a visitar a su tía Olga, que tenía un palacete en Sintra. Y en aquel sarao coincidió con Juan Carlos, que no tardó en tirarle los tejos y sacarla a bailar. Él tenía 19 años, y ella 23. «Me gustas muchísimo, Olghina, te mueves como las olas…», le dijo. Y aquella misma noche consiguió llevarla a casa con el «escarabajo» negro que utilizaba para hacer desplazamientos cortos, después de haber aparcado un rato en un punto elevado mirando al Atlántico. Los asientos traseros de aquel coche fueron un punto de encuentro habitual durante ese verano.

Para Olghina, Juan Carlos era «iluso y un poco tonto», pero alto, rubio, de ojos azules…, y, sobre todo, sano, a diferencia de muchos de sus familiares. Pese a su juventud, le gustaba la «virilidad adulta» que tenía. La Robiland ya había recorrido mil caminos, incluyendo dos abortos de por medio. Sabía de la vida. Pero está claro que Juan Carlos supo ganársela. «Le encantaba sorprenderme y dejarme con la boca abierta», recuerda. Al parecer, que él fuera un príncipe heredero influyó poco en el hecho de que se enamorara. De hecho, entonces le consideraba uno candidato muy distante e improbable a un trono inexistente. Y, por otro lado, nunca tenía dinero y a menudo tenía que pagar ella cuando salían a cenar o iban a un hotel. No fue una relación clandestina en absoluto. Él iba a buscarla a su casa y hablaba con su tía. Pero eso sí, tenía la firme convicción de que estaba llamado por el destino, «ya jugaba a ser rey», y le dejó claro desde el comienzo que de casarse nada. La candidata oficial seguía siendo Gabriela de Saboya. Olghina era… otra cosa, más carnal. En las cartas que le enviaba le decía: «Te quiero más que a nadie ahora mismo, pero comprendo y, además es mi obligación, que no puedo casarme contigo y por eso tengo que pensar en otra. Y la única que he visto, por el momento, que me atrae, física, moral, por todo, muchísimo, es Gabriela» (mayo de 1957). Ella creía, y discutió el tema con él, que podía competir con Gabriela en cuanto a genealogía.

Pero él no lo veía así, ni, desde luego, sus padres. Nunca fue considerada un partido a la altura. Y, además, era una libertina: "Me gusta dar todo lo que tengo, y como sólo me tengo a mí misma…

Puede que en mi caso la generosidad no sea una virtud", decía de ella misma. Toda su vida estuvo atada a escándalos y sus propios padres le volvieron la espalda.

De todos modos, aceptando las condiciones que se les imponían, tuvieron una relación larga, si bien intermitente, de más de tres años. Y él escribió muchas cartas, en una extraña mezcla de francés, inglés, italiano y, sobre todo, español, a la «Olghina de mi alma, de mi cuerpo y de mi corazón». Intercalaba letras de sus rancheras favoritas, a falta de mejores poemas para llenar el papel, porque nunca fue amante de la buena literatura. Pero, como era obligado, también incluyó algunos párrafos gloriosos de creación propia que brindó a la historia (puesto que las cartas se hicieron públicas a finales de los años ochenta): «Esta noche en mi cama he pensado que estaba besándote, pero me he dado cuenta de que no eras tú, sino una simple almohada, arrugada y con mal olor (de verdad desagradable), pero así es la vida. La pasamos soñando una cosa mientras Dios decide otra» (1 de marzo de 1957).

Tan libertino como Olghina —aunque más protegido de la maledicencia popular—, Juan Carlos, además de mantener la relación semioficial con la de Saboya y la aventura off the record con la Robiland, a la vez tenía otros flirteos. En concreto, uno muy sonado con una bailarina brasileña a quien había conocido cuando estaba embarcado en el Juan Sebastián Elcano. A esta también le escribió decenas de cartas apasionadas. Para que llegaran más rápido, se las enviaba mediante la representación diplomática española en Río de Janeiro. Pero no recibía respuesta ninguna, pese a las «simpatías» que ella le había mostrado. Entonces Franco le llamó un día para decirle de manera contundente: «¡basta ya de aventuras!», y recomendarle que se fuera buscando de una vez una novia aristocrática. Y le puso encima de la mesa todas las cartas que había enviado a la brasileña y que el embajador del Brasil, lacayo fiel, había interceptado sólo para sus ojos (los del dictador).

Con Olghina siguió encontrándose, lejos de Estoril. En 1957, en una escala del Elcano, se vieron en Portofino y pasaron juntos unos cuantos días felices. Después, más veces, a lo largo de 1958, sin que al príncipe le importara lo más mínimo el último lío de la Robiland, el de Rugantino, por el que Olghina tuvo incluso un proceso judicial y fue estigmatizada por la alta sociedad. Todo había sido porque su fiesta de aniversario, en noviembre de 1958, en un club nocturno del Trastevere, había acabado con el striptease integral de una bailarina turca, un instante captado por un paparazzi que escandalizó a la buena sociedad en aquella Italia de la dolce vita.

Y continuaron así hasta que la relación entró en una zona oscura en 1959, con cartas cada vez más distanciadas y frías. Instalada en Italia, Olghina trabajaba entonces como periodista, haciendo crónica social y entrevistas a personajes famosos para Lo Spechio, un diario fascista; y como actriz ocasional cuando caía algo. Precisamente tuvo un papel en una obrita teatral (para la que la habían contratado, más que por sus dotes interpretativas, porque su nombre atraía al público), cuando se dio cuenta de que estaba embarazada por tercera vez.

Esta vez se negó a abortar. Sabía perfectamente quién era el padre y quiso tener al hijo de cualquier manera, pese a la mala situación económica en que se encontraba. Marchó de Roma para dar a luz discretamente. Paola de Robiland nació a finales de aquel año cerca de París. Olghina no le dijo nada entonces a su querido Juan Carlos. Pero sí que lo hizo en agosto de 1960, casi un año después, cuando se lo encontró en el Club 84, acompañado de Clemente Lecquio (el padre del famoso Dado Lecquio). Tras librarse del acompañante, se fueron juntos a la pensión Paisiello y, justo al día siguiente, por la mañana, Juan Carlos le confesó que estaba prometido con Sofía de Grecia. Incluso tuvo el mal gusto de enseñarle el anillo que le había comprado. Fue entonces cuando Olghina le puso al corriente respecto a Paola. Se sabe muy poco de aquella conversación, salvo que él escuchó «con distanciamiento borbónico» y dijo poca cosa; y que Olghina tuvo que pagar la habitación y el taxi, razón por la cual se justificó más tarde que Juan Carlos le enviara un cheque, firmado por él mismo, por una suma indeterminada de dinero.

Públicamente, Olghina ha dado versiones contradictorias sobre la identidad del padre de su hija Paola. Por ejemplo, en la versión española de sus memorias, publicadas por Grijalbo en 1993, desmintió categóricamente que el padre fuese «un hombre alto». A sus padres no les dijo ni tan siquiera que había sido madre hasta que lo descubrieron por su cuenta tres años después. Además, pretendía que se conformaran con el cuento de que el padre de la niña había muerto. Pero no se lo tragó nadie. El 17 de agosto de 1961, el padre de Olghina, el conde Carlo Nicolis di Robiland, le escribió una carta en la que le pedía explicaciones satisfactorias, puesto que su madre se había enterado de la verdad que toda Roma comentaba: el padre de la niña no había muerto, sino que, bien al contrario, tenía pensado casarse con otra mujer próximamente. En este párrafo de la carta (que publicó unos cuantos años más tarde la prensa italiana), había una anotación al margen que decía: «con SAR Sofía de Grecia» (y las fechas coinciden, porque Juan Carlos y Sofía se casaron en febrero de 1962). Por su parte, Carolina de Kent, su madre, la fue a ver personalmente y tuvieron una discusión en la que acabó diciéndole textualmente: «Yo sé quién es el padre de esta niña. No seguiré diciendo que está muerto. Es el príncipe Juan Carlos de España. Un día él lo sabrá y también lo sabrá Paola. Porque ella tiene derecho a tener un padre. Y yo haré que esto ocurra». De este modo comenzó una trifulca familiar que acabó en los juzgados, tras muchos años durante los cuales los padres de Olghina siempre la habían ignorado, absolutamente despreocupados por los problemas, económicos o de otra clase, provocados por el hecho de que pudiera tener un hijo.

Ahora, sorprendentemente, pasaban a interesarse muchísimo por su nieta. En las tertulias se comentaba que al fin y al cabo respondían a una generosidad bien calculada, puesto que la niña en cuestión «podría convertirse en la gallina de los huevos de oro». Los padres de Olghina, abuelos de Paola, iniciaron un proceso judicial para conseguir la custodia de la niña, que ganaron sin dificultad a comienzos de 1962, con el argumento de que Olghina estaba en la indigencia y no podía atenderla.

La ex-amante del príncipe se hundió. Se sentía humillada, desesperada… y rompió definitivamente las relaciones con sus padres, él un alcohólico y ella una manipuladora. En estos meses de depresión profunda, en febrero y marzo de 1962, que coincidieron con la pérdida de su hija y la boda de Juan Carlos y Sofía, escribió un diario para desfogarse. Juan Carlos figura como el verdadero protagonista de manera muy significativa, reapareciendo una y otra vez en alusiones constantes, aunque ya no se veían ni mantenían correspondencia. El 28 de febrero de 1962 escribió que su tía Olga, «por esnobismo inverso al de mi madre», estaba aterrada con la idea de que Olghina se pudiera presentar con la niña en Estoril, cosa que provocaría una tensión límite con los Borbones.

También escribió: «He sabido que Juan Carlos se ha declarado escandalizado (con los primos Torlonia) por mi maternidad clandestina, ¡¡¿Precisamente él?!! ¡Es la monda! A menudo me pregunto por qué me hago la heroína y encubro las meteduras de pata de las malas personas». «¡Si supieras cuánto me debes!», escribía el 3 de marzo refiriéndose a él. Paola de Robiland vive hoy en Nueva York. Es profesora en la Universidad de Columbia, y no quiere saber nada de su madre, ni mucho menos de la prensa rosa griega.

La alternativa griega

Para entender cómo Juan Carlos llegó a comprometerse con Sofía de Grecia es necesario retroceder en el tiempo. Ya se ha dicho que en 1954 se vieron por primera vez, en un crucero del Agamenón, uno de aquellos viajes por las islas griegas que organizaba la reina Federica de Grecia para promocionar el turismo y, de paso, facilitar las relaciones entre las personas de sangre azul de todo el mundo. Pero no hubo nada. En aquella ocasión Gabriela acompañaba al príncipe.

Juan Carlos y Sofía no se volvieron a ver hasta cuatro años después, en 1958, esta vez en el castillo alemán de Althausen, con motivo del casamiento de una hija de los duques de Württemberg. El general Armada fue testigo de aquel encuentro: «ese baile fue donde conocí a la princesa Sofía. Estaba monísima. El príncipe me la presentó y confieso que, mientras bailaban, me pareció que hacían una pareja colosal». Pero esta vez tampoco hubo nada especial entre ellos.

Precisamente aquel año Sofía estaba muy concentrada en Harald de Noruega, heredero del trono de aquel país. Se estuvieron publicando cosas sobre su presunto noviazgo durante dos años. Pero todo se derrumbó cuando se hizo pública la cantidad fijada para la dote de Sofía. El rey Pablo había pedido para la ocasión 50 millones de francos antiguos, pero sólo concedieron 25. Corrió el rumor de que a la familia real noruega la cifra le pareció demasiado exigua. Hubo negociaciones. La reina Federica estaba dispuesta a conceder de manera anticipada su herencia personal en favor de Sofía para incrementar la suma. Pero la cosa no prosperó. Entre otros razones, de aquéllas que la razón no entiende, porque Harald se quería casar con Sonia Haraldsen, que no era de sangre real. Y lo consiguió seis años más tarde. Sofía quedó desconsolada.

Los futuros reyes de España volvieron a coincidir en 1960, en el mismo castillo, también para una boda (la de la princesa Diana de Francia con el heredero del ducado de Württemberg, en este caso).

Pero la pareja de baile de Juan Carlos seguía siendo Gabriela de Saboya. Y, aparte de Gabriela, en aquella época ya era público que se entretenía con La Chunga, una bailaora española, aunque sólo era la favorita de sus pasiones. Había más amantes, incluyendo a Olghina, con quien todavía mantenía algún vis-a-vis ocasional.

Tras tanto desencuentro con la princesa griega, sin embargo, al cabo de muy poco tiempo, en mayo de aquel mismo año, surgió por arte de magia un enamoramiento repentino. Por aquellas fechas los Borbones viajaron a Nápoles para asistir a la Semana de Vela de los Juegos Olímpicos de Roma, partiendo desde Cascais a bordo del Saltillo con unos amigos (por cierto, incluyendo a la omnipresente Gabriela). Se alojaron en el mismo hotel donde estaban los reyes de Grecia y su familia, y allí —sí, tuvo que ser justo allí— Cupido finalmente consiguió hacer diana.

Nadie se dio cuenta, pero cuando volvió a Estoril, Juan Carlos le confesó a un amigo (Bernardo Alonso, Maná) que se había hecho novio de Sofía y le mostró una pitillera que ella le había regalado. Si se lo explicaba, era porque quería un favor: que él le acompañara para decírselo a su padre. Tenía motivos para pensar que sería una buena noticia, pero no se atrevía a ir solo. En aquellos momentos, las relaciones entre el Pardo y Estoril eran más tensas que nunca y, de rebote, también entre padre e hijo. Tras lo que le había pasado a Alfonso, Juan Carlos se dedicaba a jugar la baza de los franquistas que se querían saltar a Don Juan como heredero legítimo, y aquello, digamos, no agradaba demasiado a su padre.

Maná y Juan Carlos fueron a ver al enojado Don Juan a su despacho, y Juan Carlos, como quien larga una bomba de consecuencias imprevisibles, le dijo: «Vengo para darte una noticia. Papá, ¿sabías que en las Olimpiadas de Italia me he hecho novio de Sofía de Grecia?». Don Juan se levantó y lo abrazó. Estaba contento, muy contento. Y Juan Carlos respiró aliviado. La satisfacción del conde de Barcelona no era tanto porque Gabriela no le gustara, que le gustaba, ni por cómo le encantaba Sofía… que tampoco era el caso. Más bien venía porque enseguida adivinó que a Franco la noticia le sentaría como una patada en el hígado. Precisamente un año antes el Caudillo había rechazado taxativamente a las hijas de los reyes de Grecia como candidatas, en una conversación con uno de los tutores del príncipe, por el hecho de que eran de religión ortodoxa, y su padre «un masón». Por ello, el anuncio del noviazgo era todo un regalo que Don Juan podría utilizar como quisiera para afirmarse frente a Franco. Juan Carlos acababa de inaugurar, quizás inconscientemente, la etapa más difícil de sus relaciones con el dictador, que duró aproximadamente dos años.

Pese a que sabía la importancia que el Caudillo daba a la elección de una compañera adecuada, Don Juan lo mantuvo al margen del noviazgo, y sólo le comunicó la noticia por radio cuando estaba en el Azor. El Caudillo se quedó en blanco durante un par de minutos, hasta que recuperó el habla, de lo cual Don Juan disfrutó enormemente. Y también disfrutó imaginando su enfado, cuando el 13 de septiembre decidió anunciar oficialmente el compromiso sin consultarlo antes, en Lausana, en casa de la reina Victoria Eugenia. Poco tiempo antes, los felices novios se habían presentado públicamente como pareja, cuando coincidieron en Londres en la boda del duque de Kent.

Pero Don Juan no quería hacer enfadar demasiado Franco, sobre todo tras el «Contubernio de Múnich», y aprovechó la ocasión de invitarlo oficialmente a la boda para ofrecerle el Toisón de Oro. El dictador estaba tan disgustado que, aparte de la condecoración famosa, también declinó la invitación a la boda, incluso cuando el mismo Juan Carlos le visitó en marzo de 1962 para pedírselo personalmente.

Los problemas con el Vaticano para solucionar el conflicto religioso entre la pareja fueron toda una complicación que tardó varios meses en resolverse. Pero en enero de 1962, cuando la reina Federica viajó a Portugal con sus dos hijas, Sofía e Irene, para que se reunieran las dos familias y pudieran organizar una boda que se preveía muy difícil, no dudaron en celebrarlo a base de bien. Lo festejaron tanto que varios restaurantes de la zona todavía hoy se disputan el honor de haber sido el local en que tuvo lugar la petición de mano. Cosas de hosteleros, por lo demás atontados por el hecho de que los Borbones decidieran hacer de cada ágape una fiesta, y repartir un trozo de pastel a cada uno de ellos.

Eso sí, nuevamente hubo problemas con el tema de la dote, aun cuando los pretendientes españoles no estaban realmente en condiciones de pedir demasiado. La reina Federica y el rey Pablo pidieron un aumento al Parlamento y, ante el peligro de que se estropeara otra boda y la princesa se les quedara soltera, el Parlamento se hizo de rogar, pero al final aprobó la concesión de una cantidad algo superior a la que había autorizado para el frustrado compromiso con Harald. Al cambio, eran aproximadamente 20 millones de pesetas de 1962, una cantidad que a la izquierda griega le pareció excesiva y a la que los Borbones no pusieron pegas.

El 14 de mayo de 1962 se casaron, en Atenas, Juan Carlos y Sofía de Grecia, príncipes de Asturias, título que les identificaba como sucesores de un supuesto rey: Don Juan. Finalmente, Franco no asistió, pero envió al embajador en Grecia, Juan Ignacio Luca de Tena y, en representación suya, al ministro de Marina, el almirante Abárzuza, al frente del barco insignia de la escuadra española, el crucero Canarias.

También recibió autorización para asistir Alfonso Armada, que se había convertido en un servidor inseparable del príncipe. El testigo del novio fue Alfonso de Borbón y Dampierre, su presumible competidor por la Corona. Juan Carlos prefería tenerlo cerca y hacerle objeto de deferencias.

Siempre se han quejado mucho de que no tenían dinero ni para pagar la luna de miel, pero lo cierto es que estuvieron cinco meses de viaje, visitando «casas de amigos». Comenzaron en aguas griegas, a bordo del yate que el armador Niarchos les había dejado. Después, tuvieron la deferencia de pasarse por Madrid a visitar al Caudillo, para lo cual se puso a su disposición un avión de las Fuerzas Armadas. El encuentro fue breve. Comieron en el Pardo y al día siguiente continuaron el viaje de novios. Pero, por culpa de aquella visita, que no le gustó nada a Don Juan, cesaron al duque de Frías como jefe de la Casa del Príncipe.

Las siguientes paradas fueron Roma y el Vaticano, donde fueron recibidos por el papa Juan XXIII.

Después, Mónaco, donde visitaron a los príncipes Gracia y Rainiero; Jordania, para ver a su amigo el rey Hussein; el Japón, donde saludaron al emperador Hiro Hito; Tailandia; la India; y, finalmente, como fin de fiesta, los Estados Unidos, país en el que las principales atracciones fueron la visita al presidente Kennedy en Washington, y la excursión a Hollywood para ver de cerca y saludar a los famosos de moda.

Cuando volvieron debían de estar agotados, pero todavía tuvieron que continuar la diáspora durante un tiempo. Primero estuvieron un tiempo en la casa que se les concedió en Grecia. Después se instalaron en Estoril, en una villa propiedad de Ramón Padilla, la Carpe Diem. Pero el destino definitivo fue La Zarzuela, en Madrid. Don Juan no quería que volviera a España, más que por el hecho de estar cerca, por una simple cuestión política. Pero como tenerlo al margen tampoco le servía de mucho y el príncipe no soportaba bien la vida monótona y aburrida de Estoril, en una casa pequeña y prestada, Don Juan cedió. Ya no era tiempo de sostener entrevistas con el dictador.

Esta vez se conformó con escribirle una carta sencilla, fechada el 8 de febrero de 1963, en la que continuaba la línea de pelotilleo que ya había iniciado con la carta del Toisón: «[…] No ha pasado por mi imaginación suspender la presencia del Príncipe de Asturias en España y, mucho menos, por una decisión mía».

Aquel mismo mes de febrero volvieron a Madrid y se instalaron en el palacio de La Zarzuela, en gran parte a propuesta del Pardo. Las relaciones con Franco se habían deteriorado mucho desde la boda, que había sido a medias entre el rito ortodoxo y el católico, cosa que no podía ser bien vista por alguien a quien le gustaba pasearse bajo palio a la mínima ocasión. Pero lentamente fueron recuperando el buen tono, merced a la presión de los hombres del Opus, que siempre supieron anteponer lo que realmente importaba a sus convicciones de integrismo católico. Y en gran medida también a los esfuerzos de Sofía, que sabía muy bien por qué estaba en España e hizo todo lo posible para irse ganando al dictador. No le faltaron ocasiones para demostrar que era una «profesional» bien capacitada, educada para hacer cualquier sacrificio por una razón de Estado, aunque fuera tragándose la saliva por un marido que se iba de picos pardos a la mínima ocasión.

En sustitución del malparado duque de Frías, se encargó de la dirección de la Casa del Príncipe el duque de Alburquerque, aunque siempre realizaba todas sus funciones extraoficialmente Nicolás Cotoner, el marqués de Mondéjar, que ocupó formalmente su puesto a partir de 1964. Casi al mismo tiempo, el propio príncipe reclamaba a Alfonso Armada para el cargo de secretario. Los dos, Mondéjar y Armada, formaban un equipo de militares muy próximos afectivamente al príncipe desde los tiempos del palacio de Montellano, cuando Juan Carlos preparaba su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza. Mondéjar había sido su profesor de equitación y se había ido convirtiendo, a falta de uno mejor, en un auténtico padre, a quien todos los días, cuando se incorporaba a trabajar con él, antes de nada le daba un beso. Armada con el tiempo llegó a ser uno de los mejores amigos de Sofía, con quien la afinidad ideológica y de carácter se manifestó desde el comienzo. A Franco le parecían bien los dos, porque eran buenos franquistas. Y a Don Juan también, porque además eran monárquicos. Una combinación nada infrecuente en aquel ambiente.

De manera que los dos apoyaron los nombramientos. A lo largo de la década de los sesenta, el príncipe visitaba a Franco una vez al mes como media, una o dos horas cada vez. Y, por otro lado, Franco estaba bien informado de todo lo que sucedía en La Zarzuela a través del personal de la casa, muy especialmente de Alfonso Armada, que no le escondía ninguna gestión ni ninguna visita.

Pero aunque aparentemente todo iba por el buen camino, de la pareja real nunca se pudo decir aquello de que fueron felices y comieron perdices. No hacía ni un año que estaban casados cuando en Atenas —nunca en España, naturalmente— la prensa comenzó a decir que no se llevaban bien y que era mucho más que probable que se separaran. Los rumores incluso llegaron al Parlamento griego, donde el diputado Elias Bredimas quiso saber qué pasaría con la dote de la princesa si se rompía el matrimonio.

Dos hijas y un heredero

Como las bodas, los hijos de la realeza son una cuestión de Estado. Y quizás por esto la primera persona a quien los príncipes anunciaron el primero embarazo de Sofía fue Laureano López Rodó.

La infanta Helena nació el 20 de diciembre de 1963 en la clínica privada Nuestra Señora de Loreto, lo más lejos posible de la Seguridad Social. Pero pese a la enorme expectación que había despertado el acontecimiento, más en el círculo político que en el familiar, todo el entusiasmo se derrumbó de pronto. No solamente por el hecho de que fuese una niña. La recién llegada difícilmente podría ser considerada heredera alguna vez, con ley sálica o sin ella. Aun así, hubo celebraciones. Y para el bautizo, el 23 de diciembre, incluso vinieron de Estoril los condes de Barcelona, si bien no les dejaron entrar en Madrid y se alojaron en Algete, en la finca de Soto, del duque de Alburquerque.

Cuando tuvo lugar el segundo embarazo, los círculos políticos de los tecnócratas del Opus ya estaban escarmentados y, por lo general, el tema tuvo un tratamiento mucho menos entusiasta y más discreto por parte de la prensa, por si las moscas. Apenas hay información sobre el nacimiento de la segunda niña, Cristina, que siempre ha pasado bastante desapercibida, cosa que seguramente ha agradecido. Ésta sí que nació sana, pero se trataba de otra niña, por lo que el acontecimiento tampoco era para echar demasiados cohetes.

Cuando llegó el tercer embarazo, los príncipes ya estaban sinceramente preocupados. Sofía tenía miedo de que, por las dificultades que había tenido en los partos anteriores, no pudiera tener más hijos. Para acabarlo de rematar, el período de gestación estuvo rodeado de noticias tan malas para ellos como la pérdida del trono de su hermano Constantino de Grecia, que tuvo que huir con lo puesto a Roma, donde Juan Carlos tuvo el detalle de enviarle un poco de ropa suya para ir tirando.

La cuestión de la sucesión era más complicada de lo que nadie habría podido prever.

No solamente habrían tenido que hacer que una mujer pudiera heredar el trono. Aparte de esto, hacía falta saltarse a la primera de las hijas, algo bastante complejo para unos pretendientes tan dudosos por sí mismos. Pero para su tranquilidad, en 1968 finalmente nació un niño, un pequeño príncipe.

El bautizo, el 7 de febrero, fue todo un acontecimiento social que requirió no sólo la presencia de los abuelos, sino también la de la ex-reina Victoria Eugenia, recibida en Madrid en olor de multitudes. Volvía después de haber salido apresuradamente el 15 de abril de 1931, para reencontrarse con un pueblo que la primera vez, el día que se casó con Alfonso XIII, la había recibido con un ramo de flores explosivo, brindado por Mateo Morral desde un balcón de la Calle Mayor. Pero desde entonces habían pasado muchas cosas, muchas muertes, y una película, Dónde vas Alfonso XII, producto de la propaganda monárquica para las masas que había conmovido al populacho, convenciéndole de que Victoria Eugenia, aunque no salía en la película, como personaje de aquel universo debía ser algo así como la «Sissí emperatriz» española. La Policía calculó que la habían salido a recibir 150.000 personas. Don Juan también notó el afecto de las masas franquistas en cada uno de los movimientos que hacía, en especial cuando visitó el Valle de los Caídos y se paró ante la tumba de José Antonio Primo de Rivera. Pero en la iglesia sólo Franco entró bajo palio.

Los hijos de Juan Carlos llevarían como segundo apellido por parte de madre «y Grecia», a falta de uno mejor. La futura reina no tenía apellido. Quien se lo quiso buscar llegó a la conclusión de que tenía que corresponderse con la dinastía danesa, de la cual procedía la familia real griega, por lo que Sofía se apellidaría algo así como Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Pero el mismo Ministerio danés de Justicia emitió un comunicado en el que declaraba que no podían usar aquel nombre. Así pues, «y Grecia» fue el equivalente de «de Dios» en España para algunos casos.

CAPÍTULO 7

EL JURAMENTO COMO SUCESOR

«Don Juan ya no sirve»

El franquismo no quería demasiado ruido en los años sesenta. Las luchas obreras empezaban a adoptar la actitud de un movimiento social de ámbito estatal y permanente, con un impulso en dos direcciones: ya no estaban comprometidas sólo con la consecución de salarios más altos y mejores condiciones de trabajo, sino que ahora también querían libertades democráticas. Y esto el Régimen no lo podía tolerar. En estas cuestiones se unían los movimientos estudiantiles y los nacionalistas de Cataluña y Euskadi. La sociedad por lo general estaba demasiado agitada, cuando en 1966 las Comisiones (origen de CCOO) decidieron salir a la luz. Sólo duraron un año antes de que el Tribunal Supremo las declarara ilegales, cosa que abrió una oleada de represión que tan sólo sirvió para crear más inestabilidad social.

Con estos asuntos bregaba el Régimen de Franco, cuando los coqueteos de Don Juan con la izquierda —pese a todos los esfuerzos que hizo, con cartas que pretendían apagar incendios— llevaron a Franco a exclamar: «Don Juan ya no sirve». La única baza segura era Juan Carlos. El desenlace se produjo antes de la designación oficial como sucesor, aunque el conde de Barcelona no se quisiera dar por enterado. La cosa había quedado lo suficientemente clara cuando, a finales de 1965, la Agencia EFE difundió unas declaraciones del entonces ministro de Información, Manuel Fraga Iribarne, al prestigioso Times, en las que aseguraba que, si algún día la monarquía volvía a España, sería con Juan Carlos. La noticia pilló a Don Juan en Suiza, donde pasaba unos días con su madre, y su irritación recorrió todas las fronteras hasta llegar a Estoril, donde todo su equipo, entonces constituido por 62 consejeros, se sintió solidariamente molesto. La primera cosa que hicieron fue exigir una nota de repulsa y una reacción por parte del príncipe que, naturalmente, no consiguieron. Juan Carlos se limitó a visitar a Franco para explicarle que Fraga le había puesto en un compromiso, debido al cual resultaba difícil poder mantener su papel de buen hijo. El Caudillo no le hizo demasiado caso: «Pero ¿por qué tanta preocupación? Si eso lo ha dicho un ministro…». En realidad los dos eran perfectamente conscientes de que Fraga no improvisaba, sino que estaba muy bien orientado.

«Tu hijo te quiere arrebatar el trono», le dijeron las personas más próximas a Don Juan. Y para compensar su consternación, el consejo privado propuso celebrar un acto público de lealtad al conde, con un documento firmado por todos los consejeros y encabezado por Juan Carlos. A esto sí que se avino el príncipe, en principio. Se fijó como fecha el 5 de marzo de 1966. Para asegurarse que Juan Carlos asistiría, que era lo que verdaderamente tenía relevancia del acontecimiento, Pemán y el duque de Alba lo visitaron en La Zarzuela el viernes 4. No había duda. El príncipe incluso les enseñó el billete de avión. Pero al día siguiente, cuando todo estaba ya preparado para la comida en el Hotel Palace, hacia las 12 de la mañana sonó el teléfono en Villa Giralda. Era Juan Carlos, que en el último momento alegaba molestias en el vientre para excusar su presencia. En aquel momento había varios consejeros, que pudieron seguir perfectamente la conversación entre padre e hijo desde el salón, merced al elevado tono de voz con que Don Juan, en el despacho y con la puerta abierta, le respondió: «No tienes ningún derecho a ponerte enfermo. Y menos hoy… El día que me casé con tu madre yo también estaba hecho una mierda y aguanté hasta el discurso de Pemán sin desmayarme. Tuve que joderme y por la noche cumplir, a pesar de todo, con tu madre».

Fue un discurso memorable que todas las personas presentes, entre las cuales estaba el mismo Pemán, recodaron durante años. Don Juan no se creyó nunca que la cagalera de su hijo fuera real; y eso que nunca supo que aquel mismo día había tenido la osadía de visitar a Franco acompañado de la princesa para decirle que no le gustaba asistir a aquella reunión política, aunque su padre tenía un interés especial, episodio que el dictador explicó algunos días después a uno de sus colaboradores más fieles, Pacón. Tampoco supo que al cabo de pocos meses el príncipe asistió a una reunión con políticos reformistas en casa de Joaquín Garrigues Walker (la ventanilla a los Estados Unidos), para presentarse como alternativa a la incompatibilidad entre su padre y Franco. Dominando su ira, sin dar más explicaciones, Don Juan y sus consejeros decidieron continuar como si nada el acto que tenían previsto, haciendo de tripas corazón, sobre todo Pemán, que pronunció, pese a todo, un florido discurso. Llegada la noche, de manera reservada, el conde de Barcelona se reunió en Villa Giralda para cenar con un grupo de consejeros, el mismo Pemán, Yanguas, Sainz Rodríguez, Gamero, Andes, Martínez Almeida, Fanjul y Ansón. Y tras tomar el café en el salón, les anunció solemnemente: «El príncipe ha salido hoy de mi autoridad. La unidad de la Dinastía, queridos míos, está rota». Sainz Rodríguez, que ya nadaba entre dos aguas (y con anterioridad había escrito una carta a Franco en que le pedía volver a Madrid con el objetivo de colaborar en el nombramiento del príncipe como sucesor), le explicó a Don Juan que aquello era una cosa que todos, menos él, habían visto venir desde la entrevista del Azor. «Don Juanito tiene que jugar su papel en España y lo que ha hecho hoy era inevitable». También le dijo que él veía muy claramente que la única oportunidad que el conde de Barcelona tenía de ser rey de España desde 1946 era que Franco se muriera, en un accidente o en un atentado. Y Don Juan se quedó de una manera muy especial con aquella parte del discurso, que resonó en su cabeza un año después, cuando tuvo noticias de que el Generalísimo acababa de sufrir una lipotimia mientras cazaba en Cazorla.

«Su bajeza»

El mes de octubre de 1967, durante el transcurso de una cacería en la sierra de Cazorla, Franco se puso enfermo de manera repentina. Una lipotimia. Los mecanismos del Régimen actuaron inmediatamente para que la noticia no trascendiera, pero aun así Don Juan consiguió enterarse a través de un amigo inglés, un marino que estaba participando en la montería. Don Juan tuvo una visión de sí mismo con la corona puesta. Si Franco se moría de pronto, como había dicho Sainz Rodríguez, ésta era su oportunidad. Hacía falta moverse rápido y discretamente y pensó que lo mejor era telefonear a Antonio García Trevijano, que estaba en Madrid, para que hiciera las gestiones oportunas. Y, naturalmente, Trevijano las hizo. Una vez enterado del asunto, el primer paso fue entrar en contacto, a través de mediadores de la banca, con el director general de seguridad de Franco, el coronel Blanco, que se quedó un poco sorprendido de que Trevijano estuviera al tanto: «¿Quién más lo sabe?», preguntó asustado. Intercambiaron datos y hablaron del tema. La verdad era que lo de Franco no había sido nada. Una falsa alarma.

Pero de todos modos pensaron que lo mejor era ponerse a trabajar sobre la hipótesis, de cara al futuro. «Y si a Franco le pasa algo algún día… ¿qué hacemos?, ¿cómo nos organizamos?». El plan de Trevijano consistía en mandar un avión militar a Lisboa que trajera a Don Juan para presidir los funerales. Si en vida a Franco no se le ocurría dar ningún paso hacia la vía sucesoria, tal y como estaban las cosas esto sería lo más lógico y lo más natural. Así le pareció también al coronel Blanco y, de este modo, el proyecto quedó establecido. Pero no solamente entre ellos dos. Como se puede suponer, no lo consultaron a Franco pero, en cambio, los meses siguientes sí que pusieron al tanto, a través de conversaciones secretas, a banqueros como Valls Taberner y Alfonso Escámez, mandos militares, representantes de la oposición, etc… Cuando Don Juan llegó a Madrid para el bautizo de Felipe, un año después, Trevijano le facilitó varios encuentros, algunos en su despacho de la plaza de Cristo Rey y otros en el mismo palacio de La Zarzuela, con Díez Alegría, con Escámez, con gente de Comisiones Obreras, con curas, con militantes de partidos clandestinos… De todo un poco.

Quien no intervino en absoluto fue el príncipe Juan Carlos. No se contó con él para nada, en principio porque los planes eran en gran medida secretos, pero también porque su participación, en caso de que los planes se llevaran a cabo, sería nula.

Con lo que no contaban era que Juan Carlos a aquellas horas ya estaba trabajando en sus propios proyectos, reclutando también a adeptos muy próximos al grupo de Don Juan. Incluso de dentro. El mismo Valls Taberner, no se sabe exactamente cuándo, se pasó del bando juanista al juancarlista.

Ni que decir tiene que se ocupaba de la economía de Juan Carlos desde 1962, es decir, desde su boda con Sofía.

Pero como buen banquero, procuraba estar a bien con todo el mundo. A la vez que ayudaba a Trevijano a hacer las primeras gestiones para contactar con el coronel Blanco, también ayudaba a Pedro Sainz Rodríguez a conseguir un pasaporte especial para viajar a Madrid a entrevistarse en secreto con Juan Carlos y decirle que, si le proponían ser el sucesor, debía aceptarlo sin dudar.

El príncipe no tuvo fortuna del todo en algunos de los movimientos que hizo. Sobre todo, cuando se le acudió recurrir al mismo Trevijano para que en Estoril sondeara a alguien que no sabía si estaba con él o con su padre. El príncipe estaba dejando ver muy clara y transparentemente que había una diferencia de intereses entre los dos, precisamente delante de quien, pese a haber compartido tantas chicas en los tiempos de Zaragoza, estaba ciertamente con el conde. Trevijano fue a Estoril y rápidamente visitó a Don Juan para contárselo. Fue Sainz Rodríguez quien, cínicamente, se mostró más escandalizado por lo que oía. «Si esto es así, yo dejo de llamarle al príncipe su alteza y a partir de hoy le llamaré «su bajeza»», dijo.

Pero Don Juan tampoco llegaba a hacer diana con sus iniciativas. En noviembre de 1968, los juanistas consiguieron colar, en la revista francesa Point de Vue, especializada en familias reales, una entrevista en la que el príncipe declaraba rotundamente: «Nunca aceptaré la Corona mientras mi padre siga vivo». En realidad se trataba de una frase que Juan Carlos había pronunciado años antes, en otra entrevista realizada en 1965 y publicada en enero de 1966 en la revista norteamericana Times. Los adláteres de Don Juan pretendían que Juan Carlos se viera obligado a confirmarla. Pero no les salió bien. La conmoción que aquellas declaraciones causaron en el Pardo provocó una reacción contraria en el príncipe. Tras múltiples desmentidos por parte de sus colaboradores más próximos (López Rodó, Mondéjar y Armada), él mismo pidió visitar Franco para explicarle la verdad de la historia. Franco le aconsejó que no rectificara: «Las familias reales no pueden discutir en la prensa. Hay que salir al paso indirectamente». Se les ocurrió sacar rápidamente otra entrevista para la prensa española. Resultó tan brillante que hoy se pelean por tener la paternidad Manuel Fraga (que sostiene que ayudó a redactarla de manera definitiva), Gabriel Elorriaga, cabeza de su gabinete que después la llevó a La Zarzuela, donde el príncipe la aprobó y añadió dos líneas de propia mano, y Alfonso Armada (que dice que la escribió él mismo a partir de unas notas concisas que le había dado el príncipe). El caso es que el director de la Agencia EFE, Carlos Mendo, fue designado para firmar la entrevista y distribuirla a la prensa. La posición del príncipe quedaba clara: lo aceptaba todo y, si Franco le nombraba, sería sucesor a título de rey tras jurar los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales. Se publicó en varias revistas y en el diario Pueblo, en portada y con grandes titulares: «Declaraciones a tumba abierta». En La Zarzuela se recibieron más de 20.000 felicitaciones.

La designación

Todo estaba ya más que dispuesto para cuando Franco quisiera dar el paso último y definitivo.

Apenas quedaban cuatro cositas, cuatro condiciones previas, que no tardaron más de un año en cumplirse. El 5 de enero de 1968, el que todavía era considerado príncipe de España (en cuanto heredero de Don Juan) cumplía 30 años, la edad fijada por la Ley de 1947 para poder ser designado sucesor a título de rey. Pocos días después visitó a Franco, que le recomendó: «Tenga mucha tranquilidad, alteza. No se deje atraer por nada. Todo está hecho». Antes de que acabara el mes, el día 30, nació su primero hijo varón, Felipe. Ya había heredero. Segundo problema resuelto. Pero todavía quedaban un par de detalles. Franco temía tanto la intransigencia de la ex-reina como la del frustrado rey que nunca lo fue, sobre todo de cara al exterior, si se negaban a asumir la irregularidad que se produciría en la línea sucesoria, y no quería dejar cabos sueltos. Tenía que garantizar que tendrían una reacción razonable, por el modo que fuese.

El caso de Victoria Eugenia se resolvió apenas unos meses después, de la manera más natural. Se murió el 15 de abril de 1969. Cuando paseaba con sus perros por los alrededores de Vielle Fontaine, su casa de Lausana, cayó y se hizo una herida en la cabeza. Tenía 81 años. Don Juan se dio cuenta enseguida de las repercusiones que podía tener aquello y adoptó una actitud abiertamente arisca hacia su hijo. No se lo comunicó hasta tres días más tarde, después del entierro; y cuando finalmente se vieron, lo único que hicieron fue discutir. Lo cierto era que tenían poca cosa que decirse tras las declaraciones de la Agencia EFE. Juan Carlos insistió en el hecho de que, si estaba en España, era para aceptar lo que había. Y Don Juan le replicó categórico: «Sí, pero no para suplantarme a mí». El príncipe volvió a Madrid al día siguiente, para asistir junto con Franco a otro funeral por la ex-reina. Se celebró en San Francisco el Grande, se cantó la Misa de Perosi y Franco entró en el templo bajo palio, como privilegio suyo otorgado por la Iglesia española al Caudillo de la Cruzada Nacional Católica.

De todos modos, las cosas no podían quedar así con su padre. La misión de Juan Carlos era conseguir, en la medida de lo posible, su apoyo. Y con este objetivo le pidió a Alfonso Armada que le acompañara a Estoril —nunca se las había arreglado bien solo —, para explicar al conde de Barcelona cómo estaban las cosas una vez más. Armada le habló de la España oficial, del punto de vista del Ejército, de las presiones de un grupo importante de ministros (Carrero, López Rodó, Alonso Vega, López Bravo, etc.)… Y acabó diciéndole que tenía el convencimiento personal de que Franco nombraría sucesor a su hijo. Pero Don Juan no se lo creyó. «Juanito», le dijo el conde de Barcelona, «si te nombran, puedes aceptar; pero puedes estar seguro de que esto no sucederá». En la misma línea, el 8 de mayo, Don Juan, incauto al máximo, escribió una carta a Franco en la que le proponía una reunión para tratar «sobre aquellos puntos en donde convergen nuestros desvelos por España. Y con esta mira tan alta, ¿no parece evidente, mi General, la conveniencia nacional de que hablemos con sosiego y corazón abierto?». No hubo respuesta.

No se sabe exactamente con qué anticipación empezó a trabajar el equipo de Juan Carlos para tratar de conseguir la aprobación sin problemas de su nombramiento por parte de las Cortes. Pero desde el mes de noviembre tenían preparada la «Documenta», una especie de currículum, resumen de las actividades del príncipe, que el día del juramento distribuirían a los procuradores y a la prensa.

También con meses de antelación, con el propósito de asegurarse el voto de la Falange, Juan Carlos se reunió con su representante más destacado, Antonio Girón de Velasco, en una comida en el restaurante Mayte Comodoro. Juan Carlos intentó ser simpático y le preguntó si le podía tratar de tú. «Mientras no me insulte, usted me puede llamar como quiera». Girón se desahogó explicándole las escenas del Movimiento Nacional y, cuando acabó, el príncipe soldado también hizo su párrafo: él era un militar y como militar asumía el patriotismo y muchos de los postulados de Girón. Eso sí, como él no era el Generalísimo Franco, dijo un poco de broma, tenía que ir a mear. Y es que la continencia de Franco, que no se movía de la mesa del Consejo de Ministros durante todo una mañana, era uno de los tópicos del Régimen. En definitiva, la reunión fue un éxito. Juan Carlos le había caído francamente bien y Girón decidió apoyarle. Al cabo fue fundamental el «sí» rotundo del primer falangista de España, como motor que arrastró a todos los otros. A mediados de junio, Juan Carlos viajó de nuevo a Portugal para pasar unos días en familia. Antes de marcharse, había pasado por el Pardo para despedirse del Generalísimo. «Venid a verme cuando regreséis, porque tengo algo importante que deciros», le había anunciado. Y, todavía antes, había hablado con López Rodó, que, por su parte, le había adelantado que estuviera preparado. Pero en Estoril no dijo nada de estas conversaciones. Bien al contrario, le aseguró a Don Juan que todavía no sabía absolutamente nada de la sucesión y que, si quería, se iba a Portugal con Sofía y los niños, apuntando, eso sí, que si seguía en España y Franco lo proponía como sucesor, no le quedaría otro remedio que aceptarlo, porque si no, Franco nombraría a Alfonso de Borbón y Dampierre.

Claro está que, en todo caso, no fue lo suficientemente rotundo porque, una vez en Madrid, Juan Carlos le dijo a López Rodó que no había podido adivinar cuál sería la actitud de su padre cuando se produjera el hecho. El problema siguió así hasta que, en julio, Sainz Rodríguez tuvo la trascendental y decisiva entrevista secreta con Juan Carlos en Madrid, que le aseguró: «No se preocupe por su padre. De su buena reacción me encargo yo».

Apenas unos días después, el 12 de julio de 1969, Juan Carlos recibió la esperada llamada telefónica de Franco. Durante la cita, tras la comida en el Pardo el dictador le comunicó finalmente su decisión de designarlo como sucesor, así como las fechas previstas a tal objeto. «De acuerdo, mi general, acepto». Franco sonrió imperceptiblemente y le dio un abrazo. Cuando el príncipe salió del despacho, pudo ver que ya estaba allí el embajador de España en Lisboa, a quien acto seguido Franco entregaría una carta que ya tenía preparada para Don Juan, para que la llevara inmediatamente a Estoril.

No bien Juan Carlos llegó a La Zarzuela, llamó por teléfono a Villa Giralda, pero no se atrevió a decir nada, ni siquiera a su madre, y se limitó a anunciar que Nicolás Mondéjar salía aquella noche para llevarle una carta a su padre. La carta de Franco para Don Juan, encabezada por «Mi querido Infante», le anunciaba la decisión y añadía: «Quiero comunicároslo y expresaros mis sentimientos por la desilusión que pueda causaros, y mi confianza de que sabréis aceptarlo, con la grandeza de ánimo heredada de vuestro augusto padre D. Alfonso XIII». Y, aparte, se permitía prevenirle «contra el consejo de aquellos seguidores que ven defraudadas sus ambicionas políticas». Cuando la leyó, Don Juan exclamó: «¡Qué cabrón!». Y rápidamente, igual que para todas las misiones sensibles, prácticamente en secreto, a espaldas de sus consejeros oficiales, llamó por teléfono a Trevijano para decirle: «Lo peor ha sucedido».

Trevijano salió en su propio coche a toda velocidad y al cabo de pocas horas se presentó en Villa Giralda. Cuando llegó, Don Juan le enseñó la carta de Franco, que le provocó todavía más indignación que a Don Juan. Sentenció que era necesario responder.

Don Juan le encargó que redactara él mismo la respuesta. Al día siguiente, con Trevijano todavía clandestinamente en Villa Giralda, a Don Juan le llegó una carta de su hijo: «Como por teléfono no se puede hablar, me apresuro a escribirte estas líneas […]». Con el recuerdo de los últimos enfrentamientos todavía vivo, aquel acto de adhesión al que no había ido, cuando murió la abuela… no se atrevía a hablar personalmente. «Rogando a Dios que mantenga por encima de todo la unidad de la Familia», le decía en la carta, mientras esperaba la reacción a una distancia más que prudente, «quiero pedirte tu bendición». Esta carta todavía le sentó peor a Don Juan que la de Franco. Y también a Trevijano, que, lleno de cólera, le dijo que, aparte de las razones familiares, tenía que salvar su posición ante la historia: «Esta carta tiene que ser contestada con un documento para que conste». Y Don Juan lo aceptó: «Paso a limpio la carta a Franco para que salga ahora mismo, y prepárame otra para mi hijo». El texto que escribió Trevijano decía: «¿Qué Monarquía salvas? ¿Una Monarquía contra tu padre? No has salvado nada. ¿Quieres salvar una Monarquía franquista?… Ni estoy de acuerdo, ni daré mi acuerdo nunca, ni aceptaré jamás que tú puedas ser rey de España sin el consentimiento de la Monarquía, sin pasar a través de la dinastía». Cuando estuvo acabada, Don Juan la firmó y la lacró, y se aseguró de que, junto con la que iba destinada al dictador, saliera enseguida hacia Madrid.

Pero con otros consejeros (en concreto, Areilza y Sainz Rodríguez), Don Juan redactó otro documento, un manifiesto bastante más suave que las cartas, que fue el que se dio a conocer a la opinión pública: «[…] Para llevar a cabo esta operación no se ha contado conmigo, ni con la voluntad libremente manifestada del pueblo español. Soy, pues, un espectador de las decisiones que se hayan de tomar en la materia y ninguna responsabilidad me cabe en esta instauración», decía.

Quedaba claro que no pensaba abdicar, pero tampoco se enfrentaba abiertamente con su hijo. Los consejeros le habían recomendado que no lo diera todo por perdido y que se mantuviera como candidato de la oposición al Régimen, como alternativa.

Cuando creyó que el temporal había pasado, Juan Carlos telefoneó insistentemente, pero Don Juan no se quiso poner. Seguramente lo hizo su madre, Doña María, y más de una vez. Se dice que durante estos días intervino en favor de su hijo tanto como pudo, calmando los ánimos e intentando evitar que se produjera una situación de ruptura irreversible. Entre ella, Sainz Rodríguez y los otros consejeros, consiguieron que Don Juan prácticamente se retirara, y le arrancaron el compromiso: «Yo contra mi hijo no voy a hacer una guerra civil, no voy a enfrentarme. Yo eso no lo hago». Eso sí, prohibió a los miembros de la familia real asistir al acto de juramento en las Cortes y exigió a su hijo que devolviera la insignia de Príncipe de Asturias. En vísperas de la designación, el príncipe se había quedado sin título. López Rodó con Carrero Blanco, por una parte, y Juan Carlos, con Sofía y el marqués de Mondéjar en La Zarzuela, por la otra, tuvieron que ponerse a pensar deprisa y a salto de mata en lo que podría ser a partir de entonces. Al parecer, fue Sofía quien, inspirándose en su propio apellido, sugirió el de «Príncipe de España», del cual no había ningún precedente histórico. Y a todos los pareció bien. ¿Qué otra cosa podían hacer?

El juramento en las Cortes

Unos cuantos días antes, con la colaboración de sus ayudantes Mondéjar y Armada, con la de Torcuato Fernández Miranda, que no se lo quiso perder, y con el asesoramiento de Carrero Blanco y López Rodó, Juan Carlos preparó su discurso. Después lo leyó dos veces al dictador para que lo aprobara definitivamente. Todo estaba preparado para el gran momento de quien, a partir de entonces, sería proclamado Príncipe de España: la ceremonia del juramento, un acontecimiento de una relevancia histórica enorme, aun cuando la falta de previsión (o la premeditación, no se sabe) del mismo Franco al fijar la fecha hizo que coincidiera, nada más y nada menos, que con el alunizaje de Armstrong, Collins y Aldrin, acontecimiento que, como es natural, restó un poco de protagonismo al Príncipe en los medios de comunicación.

El 23 de julio de 1969, Juan Carlos de Borbón y Borbón juró en una ceremonia solemne, como sucesor a título de rey del Generalísimo Franco, los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales, una especie de compendio, a la manera de una constitución, de todas las disposiciones legales del franquismo. «Mi pulso no temblará para hacer cuanto fuera preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar», declaraba en el discurso posterior, que fue muy bien acogido por la audiencia franquista. Sólo mostraron su desacuerdo los carlistas ausentándose de la sala, así como algunos juanistas, que votaron un «no» sonoro al príncipe. En total fueron cuatro minutos de discurso y doce de aplausos. «Ya hay un estado monárquico decidido: la Monarquía del Movimiento», publicaba exultante el diario Informaciones en portada dos días después. Don Juan aquel día navegaba por aguas portuguesas con el Saltillo. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre si había ido hacia el norte (rumbo a Figueira da Foz), o hacia el sur (al Algarve). Pero lo que importa es que consiguió desembarcar a tiempo para buscar un sitio donde poder seguir la retransmisión de la televisión española: «Qué bien ha leído Juan Carlos», dijo al acabar la ceremonia. Por la noche, en aquella fecha ya legendaria, los recién estrenados «Príncipes de España» cenaron en La Zarzuela con sus colaboradores más próximos. Había una alegría generalizada. Se respiraba este ambiente cuando en un momento de euforia, sin poder reprimirse, Sofía alzó la copa y dirigiéndose a Armada dijo: «Hoy tomamos el mejor vino y yo brindo por usted, Alfonso».

A partir de entonces, las visitas de Juan Carlos al Pardo pasaron de mensuales a semanales. Todos los lunes, a las cinco de la tarde, se sentaba con el dictador para comentar los temas que Armada le había preparado previamente en unas notas y que, al volver a La Zarzuela, trataba con él otra vez.

La sufrida ciudadanía, años después, tuvo que aguantar mucho cuando a los padres de la Transición los dio por querer convencernos con estudios sensatos de que todo aquello no había sido, en realidad, nada más que una broma pesada. Juan Carlos, el defensor de la democracia, a la sazón ya tenía absolutamente decidido liquidar el Régimen de Franco, según ellos. Vamos, que había jurado los Principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales con los dedos cruzados. E incluso después de que, en 1993, el mismo Juan Carlos hubiera declarado públicamente: «No lo comprenderá todo el mundo… Pero si uno lo piensa bien… A menudo me he preguntado si la democratización de España hubiera sido posible al finalizar la guerra civil». Y a continuación aseguraba que la victoria de Franco había logrado «una paz que me transmitió unas estructuras en las que me pude apoyar».

CAPÍTULO 8

LOS ÚLTIMOS PASOS HASTA LA META

Aburrido de esperar

Desde la designación de Juan Carlos hasta 1972, Don Juan no lo quiso ni ver. El reencuentro tuvo lugar con motivo de la boda de la infanta Margarita con el doctor Carlos Zurita, el 12 de octubre, en Estoril. Aun así, con ambiente de fiesta y todo, el conde evitó que le fotografiaran con su hijo.

Fueron años difíciles para el príncipe, sobre todo porque, mientras esperaba al igual que millones de españoles —aunque cada cual con sus motivaciones particulares— que Franco se muriera de una vez, se aburría. «Estoy aburrido», dijo una vez. «He pensado en poner una granja en La Zarzuela. Estoy cansado de esta situación. Quiero saber de una vez y para siempre qué voy a hacer. Si voy a ser carpintero, que me lo digan».

De las escasas actividades que llevaba a cabo durante su jornada laboral, la más entretenida era ir al Pardo una vez por semana. Para la ocasión, Armada le preparaba, con bastante reflexión sistemática, unas notas. Pero lo cierto era que aquellos despachos, que duraban una hora, normalmente los lunes tras la comida, eran mucho más fascinantes para Armada que para el príncipe, puesto que aprovechaba para apuntar los temas sobre los cuales le interesaba conocer la opinión de Franco. El príncipe era ya lo bastante adulto para no tener «tutores», pero a lo largo de toda su vida será una constante llevar el apelativo «Juanito», o «don Juanito», y tener a alguien a su lado para orientar sus pasos en la dirección adecuada en cada momento. Irá sustituyendo a uno por otro, según lo que le conviniera más. En esta etapa en concreto, esta persona era Alfonso Armada, su secretario particular. Le consultaba todo. Le informaba de todo, se dejaba aconsejar en todo…

Aunque, poco a poco, conforme se iba acercando el momento de asumir responsabilidades como rey, Juan Carlos fue dejando que este lugar de influencia, de tutoría política, lo fuera ocupando Torcuato Fernández Miranda, rodeado por un equipo más o menos coordinado y bien avenido de políticos jóvenes.

Aparte de las reuniones de adoctrinamiento con Franco, sus «tutores» franquistas creyeron que era conveniente que se formara un poco en el conocimiento de la Administración pública, pasando por varios ministerios para estudiar las competencias y el funcionamiento de cada uno, aunque se hace difícil imaginar qué podía hacer exactamente en estos sitios en el horario que se le organizó, entre las 5 y las 8 de la tarde, unas horas en que difícilmente quedaba alguien en las oficinas públicas. El resto del tiempo, recibía visitantes insignes en La Zarzuela, como los ministros López Rodó y López Bravo. También solía recibir comunicaciones, informes y encargos del Ejército, de falangistas, intelectuales, empresarios, periodistas…

En fin… todo muy aburrido. Así, pues, para hacerlo más ameno, Franco le aconsejó que empezara a viajar por toda España, para que el pueblo le fuera conociendo. Aquello sí que era emocionante, sobre todo para sus acompañantes. En una localidad cercana a Valladolid, a la que fue escoltado por el ministro de Agricultura, la gente les lanzó patatas cuando pasaron en coche. El ministro estaba horrorizado y el príncipe se vio obligado a tranquilizarlo: «Cálmese, señor ministro, a quien se las tiran es a mí, no a usted». Otro día, en Valencia, cuando iba andando por la calle con el capitán general de la región, vio a un hombre que se los acercaba a salto de mata. Instintivamente, en lugar de andar más rápido, el príncipe dio un paso atrás y el golpe de tomate fue a parar al capitán general, que se había quedado en medio. «Gajes del oficio, como hubiera dicho mi abuelo don Alfonso XIII», le dijo Juan Carlos para consolarlo. También le lanzaron tomates cuando visitó Granada. Y en un viaje oficial a Canarias, el sucesor de Franco se quedó bloqueado durante varios minutos a medio discurso, porque no entendía la letra de quien se lo había escrito. Fue al presidente del Ayuntamiento, que había tenido que negociar la presencia del príncipe con comunistas y socialistas, todavía en la clandestinidad, quién tuvo que aguantar el chaparrón.

Eso sí, donde no se podían permitir tonterías era en los viajes al extranjero, y muy especialmente en los Estados Unidos. Cuando en enero de 1971 fue invitado por Nixon, con motivo del despegue del Apolo-14, durante la retransmisión en directo por televisión fue capaz de improvisar, sin papel y en un inglés perfecto, ante las preguntas de un periodista de la televisión norteamericana, supuestamente por sorpresa: «La influencia que tiene en las generaciones contemporáneas la concepción del universo obliga a los hombres a salir de su aldea y procurarse una visión de la vida más amplia que la que tuvieron las gentes de épocas anteriores». La actuación brillante del príncipe se destacó en la prensa como prueba inequívoca de que no era tan tonta como parecía, cosa que no le fue nada mal para lavar su imagen. Ya estaba bastante quemado, e incluso había dicho: «Ya estoy harto de que aquí venda todo el mundo a chuparme el culo y luego me consideren tonto».

Preparando el terreno

Mientras Juan Carlos esquivaba tomates y visitaba los edificios vacíos de los ministerios, los hombres de la «Operación Lolita» continuaban la dura empresa de preparar el terreno para lo que vendría tras Franco. La decisión del dictador de nombrarlo sucesor a lo grande había sido fruto del trabajo tenaz de Laureano López Rodó. A partir de 1969, él y los demás continuaron su estrategia por otros caminos. Para liberalizar la economía y poner fin a la autarquía, tenían que pasar necesariamente por una sensible apertura a las libertades políticas, y eran perfectamente conscientes de ello. El mismo López Redondo votó a favor de la Ley para la Reforma Política de 1976 y a favor de la Constitución de 1978. Para trabajar en este terreno, necesitaban algo más que un sucesor colocado en La Zarzuela. Hacía falta que Franco, al menos, se desprendiera de la función de presidente del Gobierno en favor de una persona que asegurara la entronización política de Juan Carlos cuando muriera el dictador. Sobraban argumentos para hacerlo a la mayor brevedad posible, sobre todo cuando ETA empezó a actuar, en 1968, matando en agosto al guardia civil José Pardines y al policía Melitón Manzanas, primeros de una larga lista que el Régimen no consiguió frenar. A comienzos de los años setenta, se sucedían las movilizaciones de protesta en Euskadi y los juicios del Tribunal Militar de Burgos contra nacionalistas vascos. También fue un impulso el derrame cerebral que inmovilizó al dictador portugués Oliveira Salazar, al caer de una silla, el 7 de septiembre de 1968. El caso era para tomar nota. Aquí podría pasar algo parecido en cualquier momento. Aunque estaba muy aferrado al poder, Franco acabó cediendo en junio de 1973, designando como presidente del Gobierno a su asesor, el almirante Luis Carrero Blanco. Fernández Miranda se convirtió en su vicepresidente, ministro secretario general del Movimiento, y, además, cada vez con más fuerza, fue el hombre de confianza política del príncipe Juan Carlos.

Completando el trabajo de los tecnócratas del Opus, durante estos años los Estados Unidos intervinieron en una dirección similar, si bien desde una óptica más amplia. La inestabilidad política de los setenta era lo que más les preocupaba. Consideraban que, tras la purga que había hecho Franco a lo largo de 30 años, España ya estaba lo bastante preparada para iniciar el camino hacia una transición pacífica. Con una módica inversión político-monetaria, pusieron en marcha sus planes para financiar y proteger a grupos de diversa denominación previstos para la Transición, escogidos para organizar partidos políticos que serían legalizados cuando concurrieran las circunstancias. Los partidos que se iban a crear, o recrear, fueron diseñados como si se tratara de sucursales de un centro estratégico supranacional, con cuadros que se tenían que constituir en gestores-delegados territoriales. Al electorado se le reservaba la función de simple consumidor del producto, para cuyo voto un grupo de partidos especialmente escogidos competiría en un régimen de oligopolio. Las «marcas», eslóganes y campañas de los partidos mencionados serían fabricadas con técnicas importadas de los Estados Unidos por personajes formados y teledirigidos para esta función: como Julio Feo para lanzar y hacer llegar al poder a Felipe González, el candidato fundamental que desmontaría los partidos de izquierdas y haría que España entrara en la OTAN.

De acuerdo tanto con los planes de la «Operación Lolita» como con los de los norteamericanos, en torno a la Casa del Príncipe empezaron a confluir una serie de personas de su generación.

Constituyeron algo no muy diferente del consejo privado que tenía su padre en Estoril, aunque nunca se reunían todos juntos. De uno en uno, o de dos en dos, pasaban por La Zarzuela a hablar con Juan Carlos, cuya principal función venía a ser la de servir de núcleo y correa de transmisión entre unos y otros. Se trataba fundamentalmente de jóvenes que ya estaban introducidos en el sistema político del Régimen, como Miguel Primo de Rivera y Urquijo (que era consejero nacional), José Joaquín Puig de la Bellacasa (segundo de Fraga en la Embajada de Londres), Jaime Carvajal (amigo y compañero de estudios de Juan Carlos desde la infancia, e introducido en el mundo de la banca), Nicolás Franco Pascual de Pobil (hijo del que fue embajador en Portugal, sobrino de Franco y consejero nacional) y Jacobo Cano (ayudante de Alfonso Armada en la Secretaría de la Casa del Príncipe), entre otros. Y lo que tenían que hacer, su trabajo, era contactar con personas de diversos sectores, en especial de la oposición, para ir explicándoles todos los planes del príncipe de cara al futuro.

Cada uno hizo una lista de personas con la que le parecía interesante hablar, y sobre la cual se pusieron a trabajar. Jacobo Cano, por ejemplo, facilitó los primeros contactos con el PSOE, a través de los hermanos Javier y Luis Solana. Pero no tuvo tiempo de hacer mucho más. Murió cuando apenas había empezado, en agosto de 1971, cuando el coche en el que iba se estrelló contra un autobús de la Guardia Civil, precisamente en una de las curvas de la carretera de acceso a La Zarzuela, y se partió el cuello. El papel principal de aquellos contactos lo tomó Jaime Carvajal, que trabajaba en el Banco Urquijo con Luis Solana. Luis Solana acabó siendo él mismo un asiduo de La Zarzuela, a la que iba en moto y entraba sin quitarse el casco, para que no lo reconocieran. Al grupo del príncipe le interesaba especialmente porque, siendo un buen chico de la burguesía, tenía el lustre de haber estado en prisión por vinculación con la Asociación Socialista Universitaria, y mantenía algunas relaciones, aunque no eran orgánicas, con el Partido Socialista. Su hermano Javier (el que acabaría siendo secretario general de la OTAN en el momento del bombardeo de Yugoslavia), sí que estaba mucho más encajado en el organigrama del partido, y también estaba enterado de las conversaciones, aunque no participaba personalmente. Aparte de «establecer contactos», el entorno del príncipe, como buen gabinete de relaciones públicas, se ocupaba de ir construyendo una buena imagen del futuro monarca. Esta idea ya surgió en la época en que Carrero Blanco era presidente del Gobierno, un poco preocupado por el hecho de que tantos tomatazos no eran una buena señal.

Precisamente fue aquí donde Adolfo Suárez trabajó por primera vez con Juan Carlos, desde su puesto de director general de Televisión. Se encargó personalmente de crear una filmoteca con imágenes de Juan Carlos y Sofía, en favor de la causa monárquica juancarlista, y de suprimir todas las apariciones de Carlos Hugo y de Don Juan.

Otra tarea imprescindible consistía en estudiar mediante qué mecanismos, y en qué condiciones exactamente, se podría desarrollar la evolución hacia la monarquía. Ya habían empezado antes de 1969, con iniciativas como la creación de una comisión de seis militares, nombrados por el Estado Mayor Central, la Sección de Planes y Proyectos, con Alfonso Armada y Emilio Alonso Manglano entre otros. A esta comisión se le había encargado que estudiara el tema «Ideas básicas que deben ser mantenidas a ultranza por las Fuerzas Armadas». Se trataba de descubrir algo así como el alma del Ejército, o las razones por las cuales estaría dispuesto a iniciar otra guerra civil. Todo había de estar «atado y bien atado». El informe, una vez terminado, fue entregado en La Zarzuela.

Al príncipe le gustó mucho. Los años siguientes se hicieron muchos más estudios de prospección, sobre todo de los sectores sociales, como los informes FOESSA dirigidos por el profesor Juan Linz, sobre la realidad política y social de España. En la encuesta que esta fundación realizó en 1970, se llegaba a la conclusión de que el sistema preferido para suceder al de Franco era la república (para un 49% de la población, mientras que el Régimen tan sólo contaba con el 29,8% de apoyo, y la monarquía, con el 20,8%). Así, pues, quedaba mucho trabajo por hacer.

También se encargaron análisis sobre las posibilidades de cambio político respetando la legalidad franquista. En 1973, una serie de jóvenes «progres», entre otros Luis Solana, cada uno de los cuales puso una cantidad, financiaron el dictamen del catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban. Cuando estuvo acabado, entregaron los borradores al príncipe.

Torcuato Fernández Miranda no sólo escribió un libro, sino que también elaboró su propio plan. Éste fue fácil de entender para Juan Carlos, porque no tuvo que leerlo. Ya se lo explicó su viejo profesor. Así, pues, el plan que le gustó fue el de Torcuato, que se convirtió en el hombre clave del cambio. Merced a los estudios y las encuestas, sabían que el patrón diseñado se ajustaría al cuerpo político de España.

La muerte de Carrero

El 20 de diciembre de 1973, el Dodge negro del almirante Carrero Blanco voló por los aires en la calle Claudio Coello de Madrid. Cuando se dirigía, como cada día desde hacía años, siempre siguiendo el mismo itinerario, a la misa de una iglesia de Serrano, enfrente de la Embajada de los Estados Unidos, de pronto subió como un cohete a gran altura para ir a caer al patio interior de un convento de jesuitas. Con una travesía como aquélla, el almirante, el chófer y el escolta personal murieron en el acto.

La princesa Sofía se enteró antes de que el príncipe y que la mayoría de los españoles, cuando iba en el coche para llevar a los niños al colegio, porque tenía por costumbre escuchar por radio la frecuencia de la Policía. Cuando llegó a La Zarzuela, fue a decírselo rápidamente a Juan Carlos a su despacho. En aquel momento le llamaban por teléfono para darle la noticia Los príncipes quisieron ir enseguida al hospital, pero Armada no estaba demasiado seguro de que fuera prudente, y decidió enviar antes una «avanzadilla», en misión de exploración, porque no se sabía si era un hecho aislado o si era una acción coordinada de manera más amplia. Al final, les dio permiso y los príncipes marcharon en un coche que conducía el mismo Juan Carlos, aunque ya no había heridos que visitar.

Después, al volver a La Zarzuela, el príncipe habló con Franco, y llegaron al acuerdo de que acudiría a presidir el entierro en representación suya, vestido con el uniforme de la Marina para honrar al almirante.

El atentado contra Carrero tenía el claro objetivo de desactivar, o como mínimo entorpecer, los mecanismos que había puesto en marcha el Régimen para facilitar la transición de poderes a Juan Carlos cuando Franco muriera; es decir, la perpetuación del mismo Régimen. Pero curiosamente, las revisiones recientes sobre la Transición se han negado a entenderlo así. Según la excéntrica nueva versión que han elaborado periodistas del calibre de Victoria Prego (relanzada últimamente a la actualidad con su célebre frase «¡A por ellos!», en la Puerta del Sol de Madrid), ETA prácticamente pretendía boicotear el camino hacia la democracia, encarnada en el mismo Carrero Blanco, un demócrata de toda la vida como sabe todo el mundo y, para complicar más la peripecia, los servicios secretos de los Estados Unidos debían haber colaborado en el atentado con ETA, pese a que los padres de la nueva versión de la historia no pueden aclarar con qué intención exactamente.

Sobran comentarios críticos sobre estas versiones de martingalas palaciegas. La falta de rigor está protegida por la constante desinformación de los medios de comunicación, con una especial relevancia del puro espectáculo televisivo en que los informativos se han transformado.

La única cosa cierta es que la muerte de Carrero supuso un trastorno importante para los planes ya elaborados por el grupo concreto de tecnócratas monárquicos del Opus involucrados en la «Operación Lolita». Más que nada, para que Franco, ya en plena decadencia física, inexplicablemente aprovechar para hacer un cambio en la línea de gobierno, probablemente influenciado por su familia. Ante la sorpresa general, nombró presidente del Gobierno a Carlos Arias Navarro, un falangista, cuando lo más lógico habría sido que a Carrero le sucediera el vicepresidente, Torcuato Fernández Miranda. Arias era precisamente el político responsable de la catástrofe del atentado, como ministro de la Gobernación (Interior). Conocido popularmente con el apodo de «El carnicero de Málaga» (denominación que se había ganado en su época de represor, como fiscal militar de Málaga durante la posguerra), no se podía decir que fuese un hombre especialmente carismático. Y nadie entendió su nombramiento. Pero tampoco la enigmática frase «no hay mal que por bien no venga», que dijo el Caudillo al referirse a la muerte de Carrero, en su discurso, surrealista, de fin de año. Que sus decisiones fueran comprendidas o entendidas no era una de las mayores preocupaciones de Franco.

Lo único que ocurrió fue que Franco siguió los consejos de lo que se conocía como «el búnker» o «aparato del Pardo», un grupo muy próximo a él que integraban su señora, Carmen Polo; su yerno, el marqués de Villaverde; su médico, Vicente Pozuelo; y sus ayudantes, el general José Ramón Gavilán y el capitán de Marina Antonio Urcelay. Arias Navarro representaba para ellos la garantía de que podrían seguir allí, mandando, en el futuro. Para el grupo «Lolita» todo se derrumbó momentáneamente. Los seguidores del almirante fueron destituidos en cadena: Gregorio López Bravo, José María López de Letona, Gonzalo Fernández de la Mora… Torcuato Fernández Miranda, que también pronunció un simpático discurso en aquella época, como despedida de su cargo, en el que hablaba de «nubarrones» y otros fenómenos atmosféricos que padecía España, fue prácticamente expulsado de la vida política y tuvo que refugiarse en la residencia del Banco de Crédito Local. Laureano López Rodó tuvo más suerte, con un nuevo destino en Viena, como embajador. Pero ellos y los demás volvieron después, con la subida al trono de Juan Carlos.

Por lo demás, que Arias estuviese al frente no sería tan trascendental. Quizás no era tan hábil como Fernández Miranda, lo que podría haber dificultado el cambio pacífico y sin ruptura. Pero los planes USA siguieron adelante con él. En el entorno del príncipe no hubo cambios.

El trabajo de sus colaboradores continuó en la misma línea. Y Arias, a su manera, elaboró el borrador de su propio plan de transición pacífica. El 12 de febrero de 1974 lo expuso ante las Cortes en un memorable discurso, que retardaba un poco el ritmo sobre el plan de los del Opus, pero no introducía cambios sustanciales. Su programa, como el de aquéllos, rechazaba toda «ruptura», opción por la que se luchaba en los movimientos populares. La diferencia entre Arias y los tecnócratas estaba en el hecho que el aperturismo proyectado se basaba en la modificación de las Leyes Fundamentales no por la vía de la reforma, como en el plan del Opus, sino por la vía de la interpretación. Igual que la «Operación Lolita», el «Espíritu del 12 de octubre» de Arias Navarro consistía en «vestir al muñeco» del franquismo con un nuevo disfraz, sin cambiar la esencia. Para poner su plan en marcha, el 16 de diciembre de 1974, Arias aprobó el Estatuto de las Asociaciones Políticas, de tan corto alcance que les pareció ridículo hasta a los mismos falangistas.

Con la «Operación Lolita» o sin ella, fuese como fuese, el Régimen pudo recomponer la situación política sin excesivos problemas tras la muerte de Carrero. Esto no quiere decir que, en un principio, no supusiera en efecto un momento especialmente peligroso, por el hueco momentáneo de poder que implicaba, para la estabilidad. Así lo creyeron, entre otros muchos, Trevijano y Don Juan, que vieron entonces una oportunidad, apoyándose en la oposición democrática, para provocar la ruptura con la finalidad particular, en el caso del conde de Barcelona, de recuperar la corona que había perdido su padre y que ahora le quería quitar su hijo.

Esta vez fue Trevijano quien telefoneó a Don Juan, y no al revés, tan pronto tuvo noticias de lo que había pasado. Y le organizó en París, en el Hotel Meurice, una entrevista con todos los exiliados, con los intelectuales, con la gente del Ruedo Ibérico… La idea era que Don Juan hiciera unas declaraciones al diario francés Le Monde, la biblia del progresismo europeo, en las que se manifestara en contra de todo lo que significaba la dictadura. Naturalmente, las declaraciones eran fruto de la creatividad de Trevijano, y se resumían en doce puntos clave, que incluían la amnistía, la legalización de todos los partidos políticos, un referéndum para decidir si se quería monarquía o república, el reconocimiento de los derechos de las diversidades nacionales del Estado, el establecimiento completo de las libertades y derechos civiles, la libertad sindical y de prensa, la independencia del poder judicial y la separación entre Iglesia y Estado. Tras las declaraciones, los diversos partidos políticos y grupos de la oposición se fueron sumando en cadena, apoyando la declaración, para crear una situación irreversible de ruptura con el Régimen. Todos aceptaron el proyecto. Don Juan se hizo demócrata para la ocasión y también accedió. La publicación estaba prevista para el día 28 de junio. Pero cuando ya estaba todo listo, la intervención de Juan Carlos y de los consejeros tradicionales de Don Juan estropeó el asunto en el último momento. Aunque estaba claro que la iniciativa suponía la ruptura, a la vez que con Franco, con su hijo, Don Juan tuvo la ocurrencia de consultárselo en una entrevista en Palma de Mallorca, adonde había ido a reparar su barco. Como prueba de que tras la muerte de Carrero no veía la cosa tan mal como Fernández Miranda y los otros, el príncipe hizo todo lo que pudo para sacarle la idea de la cabeza. Por otro lado, los consejeros del conde insistieron en el hecho de que la Restauración sólo se podía hacer con el apoyo del Ejército, y que aquello supondría el fin de la monarquía, cuestión en la que, probablemente, tenían toda la razón. Y, finalmente, muy cerca ya del día 28, en la segunda quincena de junio, el secretario de Don Juan telefoneó a Trevijano para decirle que no podía hacer las declaraciones. Don Juan no se atrevía, decía que estaba abandonado por todo el mundo, que no contaba ni con el apoyo familiar ni con el de los monárquicos, que el único que creía en él era el mismo Trevijano… Sin darse por vencido, Trevijano no tuvo más remedio que seguir adelante sin él. Transformó el texto de las respuestas de Don Juan en los doce puntos de la declaración programática de la Junta Democrática, una nueva plataforma que agrupaba a varios sectores de la oposición, que se reunió por primera vez el 25 de julio de 1974 en el Hotel Intercontinental de París.

Éste sí que fue el final definitivo de Don Juan. Éste, que siempre se daba cuenta un poco tarde de las cosas, en julio de 1974 todavía hacía declaraciones de cariz liberal, como si aún estuviera a tiempo de algo: «Concibo la monarquía como garantía de los derechos del hombre y sus libertades…». Cuando las hizo, se le prohibió poner los pies en España y Juan Carlos tuvo que pedir disculpas, deplorando sus palabras delante de Franco, que le dijo: «No se preocupe. Otras veces hemos superado circunstancias parecidas». El príncipe, emocionado, le abrazó efusivamente.

Suresnes y otras desgracias de la oposición

Más inquietante todavía para el Régimen que la muerte de Carrero, que al fin y al cabo era sustituible, fue el estallido de la Revolución de los Claveles, en abril de 1974, en el vecino Estado portugués. Y no solamente para los españoles residentes, que vieron cómo los radicales incendiaban la residencia del embajador. Aquello podía ser contagioso.

Después se vio que no había para tanto. Los principios revolucionarios iniciales fueron traicionados y, poco a poco, la situación se fue calmando y retrocediendo, hasta situarse dentro de los parámetros de las democracias europeas. En la comunidad de exiliados aristocráticos de Estoril, algunos habían huido al extranjero a toda velocidad, preocupados sobre todo por sus propiedades. Pero otros no sólo se quedaron, sino que aprovecharon la situación para comprar barato a los que salían a salto de mata del país. Como el duque de Braganza, pretendiente a la Corona lusa, que se hizo una finca y un palacio romántico en Sintra, que hoy valen más de 30 veces lo que le costaron entonces. Don Juan también se quedó y, muy dignamente, dijo: «Le debo tanto a Portugal, que prefiero la inseguridad y el riesgo antes que dañarle lo más mínimo». En realidad, Mário Soares le había garantizado la seguridad de Villa Giralda y de sus ocupantes.

Pero, pese a tener un éxito rotundo, la Revolución de los Claveles significaba un precedente muy malo, una situación nueva que hacía falta aprender a controlar. Un mes tras el estallido, la Comisión Trilateral ya se reunió para estudiar medidas políticas que evitaran el acceso al gobierno por la vía electoral-parlamentaria de la izquierda, en Portugal y en los diversos países en peligro, entre ellos España, que se preveía que se convertiría en «democrática» en un futuro muy próximo. La Trilateral era —y es— un consorcio de empresas transnacionales y de bancos, una especie de gobierno mundial en la sombra, impulsado desde el grupo económico Rockefeller.

Primero tuvo éxito dirigiendo el mundo de manera informal, pero después, en octubre de 1973, instituyó una organización formal, la Comisión Trilateral. Representaba la concentración más grande de riqueza y de poder económico que se haya podido reunir nunca en la historia, y tenía tres oficinas principales —en Nueva York (núcleo de la zona de Norteamérica), París (para la Europa Occidental) y Tokyo (para el área asiática)—, hecho de donde proviene su nombre.

Las conclusiones fundamentales de su reunión de 1974 se recogieron en un informe, que coincide inequívocamente con los diversos pasos que se fueron siguiendo en España en los últimos años de la dictadura y los primeros de la Transición. Entre las medidas que se proponían estaba, por ejemplo, la de suprimir las leyes que prohibían la financiación de los partidos políticos por parte de las grandes empresas. Por lo general, se trataba de no dejar el funcionamiento democrático al azar, y establecer una especie de Pacto Atlántico en el terreno ideológico, que contuviera la excesiva voluntad de cambio de los países. Los partidos tenían que depender de los «inversores capitalistas» y transformarse en una especie de empresa, con una plantilla de producción política según el «mercado». La financiación ilegal y la corrupción no son más que una parte de la mecánica descubierta posteriormente.

En España, en una primera fase, antes de la muerte de Franco fue fundamental el apoyo político y financiero de organizaciones asentadas en la República Federal de Alemana (las internacionales democristiana, socialdemócrata y liberal), para recrear los partidos políticos que tendrían el poder unos años más tarde. En julio de 1974, se convocó en Suresnes (Francia), con mucha urgencia y con la financiación del partido en el Gobierno de la RFA, un cónclave de jóvenes escindidos dos años antes del tronco del PSOE, situados al frente del equipo de Felipe González, los socialdemócratas de la baza norteamericana disfrazados de izquierdistas.

Los colaboradores de Juan Carlos intensificaron los contactos con la oposición controlable.

José Joaquín Puig de la Bellacasa, que justo antes de entrar al servicio de Juan Carlos había estado en la Embajada de Londres con Fraga, se encargó fundamentalmente de ayudar al príncipe a mantener contactos con la prensa, sobre todo con la extranjera, y con algunos políticos de la oposición. Había sido miembro fundador de un grupo que se denominaba Asociación Española de Cooperación Europea, que reunía a monárquicos, democristianos y liberales (como Íñigo Cavero, Fernando Álvarez de Miranda y Leopoldo Calvo Sotelo), y se ocupó especialmente de este sector.

Pero también trajo a La Zarzuela a gente como Fernando Morán, José Pedro Pérez Llorca, Manuel Villar Arregui, Jordi Pujol y algunos nacionalistas vascos de derechas. Otro colaborador de Juan Carlos, Nicolás Franco Pascual, sobrino del dictador, se encargó de hacer otra lista con las cincuenta personas que consideraba tenían más peso en el arco político y social del país, desde la derecha establecida en el poder hasta la izquierda que se refugiaba en la clandestinidad. Y se dedicó a entrevistar, uno por uno, a los que había apuntado. Lo que le interesaba saber al juancarlismo, con tanta exactitud como fuera posible, era el grado de flexibilidad política existente en la España que Franco traspasaba a Juan Carlos.

Querían tener controlado hasta dónde serían capaces de sacrificarse, tanto los que estaban en el poder como los que estaban en la oposición, para conseguir el consenso de una reforma pacífica.

A finales de 1974 tuvieron lugar sus encuentros con Santiago Carrillo y Felipe González. No era una cosa que se hiciera a espaldas de Franco, ni mucho menos. De hecho, prácticamente se anunció en la prensa.

En abril de 1975, la revista Cambio 16 publicó una entrevista con el sobrino del dictador, con su foto en la portada, en la que se declaraba «demócrata». Entre otras cosas, decía que era «urgente dar voz legal y el voto correspondiente a la izquierda». Y añadía: «No tiene por qué haber presos políticos. Es absurdo seguir pensando en la existencia de delitos de opinión». Y todo esto, sin que se produjera ningún escándalo, después de que el entrevistado leyera las galerades enviadas por la revista y lo comentara con Franco.

Con Santiago Carrillo ya había habido algunos intentos de contacto previos, antes de Nicolás Franco. En una rocambolesca operación, Juan Carlos había enviado a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal a Rumanía para solicitar la mediación del presidente Ceaucescu, a quien el príncipe había conocido en las fiestas conmemorativas del Sha de Irán, en Persépolis. Cuando acababa de poner los pies en Bucarest, a pesar de la carta de presentación que traía, Prado no pudo evitar que lo encerraran durante dos días. Después de aclarar su situación, fue recibido por Ceaucescu, pero la enrevesada gestión sirvió más bien de poco. El presidente rumano intentó organizar una entrevista entre Carrillo y el general Díaz Alegría, que al final no se pudo llevar a cabo y, además, le costó el puesto al entonces jefe del Alto Estado Mayor del Ejército.

La aproximación del sobrino de Franco en verano de 1974 salió mucho mejor. Viajó personalmente a París para reunirse con el líder del PCE, y comieron juntos en el Vert Galan con el visto bueno del Régimen. El PCE era el partido más importante de la oposición y se pensaba que legalizarlo evitaría que el PSOE aglutinara a toda la izquierda. El representante del príncipe sacó una «impresión positiva y constructiva de la reunión». De hecho, Carrillo comprometió al PCE a no mover ni un dedo hasta que Juan Carlos fuese coronado rey, y a reconocer a la monarquía a cambio de legalizar el partido. No se podía pedir más.

Al cabo de poco tiempo, Nicolás se entrevistó con Felipe González en Madrid en una cena en casa de José Armero, en Pozuelo. De esta entrevista salió todavía más contento. El Partido Socialista giraba hacia el electorado socialdemócrata, para lo cual asumía que habría de abandonar una serie de dogmatismos inflexibles. Todo iba saliendo tan bien, de acuerdo con las directrices marcadas desde la Trilateral y los Estados Unidos, que prácticamente parecía que hubiera telepatía. Un colaborador del presidente Ford, después de entrevistarse en Madrid el mayo de 1975 con Juan Carlos, declaraba a Le Monde: «La transición gubernamental en España se efectuará en el transcurso de los próximos cinco años». En septiembre, Felipe González decía al diario sueco Dagem Nyheten: «Espero la instauración de la democracia en España de aquí a cinco años».

Eso sí, hasta 1976 —para algunos detalles como el tema de la OTAN, todavía más tiempo—, tanto Carrillo como González postularon en público exigencias que entraban en contradicción con los compromisos que ya habían adquirido en nombre de sus partidos, todavía secretos incluso para su propia militancia de base. Que continuaran hablando de la formación de un gobierno provisional, la amnistía, las libertades, el referéndum sobre monarquía o república, sólo era una cuestión de imagen, puro teatro para las masas.

El último obstáculo borbónico

«Sí dos tetas valen más que una carreta, imagínate seis tetas a la vez… Vamos a ver qué pasa», dijo Juan Carlos a más de uno en su despacho de La Zarzuela, cuando vio que en el equipo del búnquer de E1 Pardo se alistaba, pisando fuerte, María del Carmen Martínez-Bordiú, la nietísima, tras casarse con Alfonso de Borbón y Dampierre. La boda de su madre ya había incorporado una pieza de artillería, el marqués de Villaverde. Pero el Dampierre era el más peligroso de todos. El hijo de Jaime, el hermano mayor de Don Juan, era el preferido de los falangistas para suceder a Franco desde hacía años y aunque no era fácil que el dictador pudiera volverse atrás en el nombramiento de Juan Carlos, la cosa tenía su peligro. El príncipe lo pudo percibir claramente cuando, tras la ceremonia nupcial, celebrada el 8 de marzo de 1972 en la capilla de Pardo, Doña Carmen Polo, señora de Franco, se inclinó reverencialmente ante su nieta como si fuera una reina. Otro detalle que no le gustó nada fue que el infante Don Jaime regalara al dictador un Toisón de Oro, asumiendo el papel de cabeza de la Casa de Borbón; y mucho menos que Franco la aceptara —aunque no lo usó nunca —, después de haber rechazado el que le había ofrecido su padre diez años antes.

Poco tiempo después, en el mes de julio, cuando coincidieron en Estocolmo, Alfonso le dijo a López Rodó: «Reconozco la instauración del 22 de julio y a mi primo en tanto respete los Principios fundamentales. Si no los respetara, dejaría de reconocerle». El ex-ministro del Opus informó a Juan Carlos de esto y, poco después, en octubre, del hecho de que su primo había pedido a Franco que lo nombrara príncipe. Al parecer, Carrero había defendido el asunto como mejor había podido, diciéndole a su Caudillo que esto sólo se tenía que hacer a petición de Juan Carlos. Y Franco no vio el problema por ninguna parte: le dijo a Carrero que redactara un borrador de la solicitud para que su sucesor lo firmara inmediatamente. Fue un mal trago para el príncipe, que quería seguir ostentando el título en solitario. Si oficialmente había dos príncipes, era como si hubiera dos sucesores. Era ponérselo más fácil al Dampierre. Pero no se podía enfrentar con Franco. Aquello era una trampa.

Para solucionarlo, Juan Carlos fue a ver al Generalísimo el día 20, tras el funeral por Primo de Rivera en el Valle de los Caídos. Pero no se atrevió a decírselo cara a cara, y le entregó «una nota», que le habían preparado sus colaboradores con mucha cordura, «negociando» una salida al conflicto.

Argumentaba que la coincidencia de títulos produciría confusión y que, además, aquello de «Príncipe de Borbón» (que era el que Alfonso había sugerido) sonaba «muy francés». Proponía como compensación que se le concediera el tratamiento de alteza real y el título de duque de Cádiz.

Y Franco aceptó, cosa que supuso una victoria moral para Juan Carlos. El 22 de noviembre, coincidiendo con el nacimiento del primero bisnieto del Caudillo, que también lo era de Alfonso XIII, dictó un decreto por el cual, «a petición de su Alteza Real el Príncipe de España», concedía a Alfonso de Borbón y Dampierre las dos distinciones propuestas.

El último obstáculo borbónico parecía que se había superado felizmente. Mientras vivió, Franco no dejó ver nunca que dudara lo más mínimo de la decisión que había tomado en 1969. De hecho, no se preocupó de atender a su casi consuegro, el infante Don Jaime, durante los últimos años de su vida, en los que, siempre escaso de dinero, incluso tuvo que dejar su casa en Rueil-Malmaison porque no podía pagar el alquiler. Al Caudillo no le caía bien. Después de haberse divorciado de Manuela Dampierre, se le había ocurrido casarse (un matrimonio no reconocido por el Estado español) con Carlota Tiedeman, una prusiana alcohólica, cantante de cabaret. En marzo de 1975, en París, durante una violenta discusión con Carlota, Jaime cayó y se golpeó en la cabeza.

Murió al cabo de unos cuantos días, el 22, tras ser trasladado al hospital Saint-Gallo de Suiza.

Cuando Don Jaime murió, Alfonso de Borbón y Dampierre asumió a partir de entonces que él era la cabeza de la Casa de Borbón. Aunque hubiera reconocido la renuncia de su padre al trono, que no era el caso, esto no tendría por qué haber supuesto una renuncia implícita también a este otro honor, que le correspondía como primogénito de Alfonso XIII. Como una cosa era Franco y otra cosa el búnquer, él y su familia política continuaron intrigando para desplazar a Juan Carlos durante los meses escasos que le quedaban al decrépito dictador, que vivía su último otoño. Y como estaba tan enfermo que pasaba inconsciente la mayor parte del tiempo, Juan Carlos volvió a preocuparse por su suerte, ante la posibilidad de que el aparato del Pardo o los falangistas dieran un golpe de timón a última hora.

«¿Qué debo decirle a Franco?», le preguntó Juan Carlos al doctor Pozuelo, sin saber lo que tenía que hacer. Y el médico del Pardo le sugirió, sobre todo, que le tratara con afecto. «Dígale que le quiere más que a su padre, porque su padre quiere quitarle el reino y él, en cambio, quiere dárselo». Y también, mientras Sofía asentía con la cabeza: «Juegue usted mejor sus cartas, Alteza. ¿No se da cuenta de que los hijos del duque de Cádiz se pasan aquí todo el día llamándole abu, abu, sin parar? Yo le recomiendo que venga usted todos los días, aunque sea un rato, y que traiga a sus hijos para que estén con él, para que sienta el afecto que le tenéis». Obediente, Juan Carlos visitó al Caudillo más a menudo con los niños y dejó para la historia escenas entrañables de toda la familia unida acudiendo al Pazo de Meirás a ver al «abuelito». Cuando hubo entablado la última y decisiva batalla, venció a su primo sin demasiados problemas.

Sin embargo, como si realmente hubiera logrado la Corona de Francia —que era otra de sus pretensiones como Borbón, después heredada por su hijo Luis Alfonso—, Alfonso de Borbón y Dampierre tuvo el honor de morir decapitado por un cable que se interpuso en su camino mientras esquiaba en Beaver-Creak, Colorado, el 30 de enero de 1989.

Rey interino

Antes de que Franco acabara de morir, cosa que le llevó varios meses de agonía, el príncipe tuvo ocasión de establecerse interinamente en el puesto de rey durante un tiempo y, de este modo, demostrar, a él mismo y a todos los españoles, de lo que era capaz.

La primera vez fue en julio de 1974, cuando el Caudillo se puso enfermo por una flebitis en la pierna derecha y tuvo que ser ingresado. Ya veía venir la parca y comenzó a decir: «Esto es el principio del fin». Llamó al presidente Arias y mandó que se preparara el Decreto bisiesto de poderes para aplicar el artículo 9 de la Ley orgánica… «por si acaso».

Y antes de que se hiciera el trámite mencionado, el 18 de julio, Juan Carlos le sustituyó presidiendo en La Granja la recepción que Franco acostumbraba a ofrecer cada año para conmemorar una fecha golpista tan importante, y que aquel año, entre las atracciones, contaba con un montaje sobre la vida de Boquerini en la corte de los Borbones, escrito por Antonio Gala para la ocasión.

Los días siguientes, Franco no mejoraba. Y Juan Carlos, probablemente aconsejado por quien sabía más, era contrario a asumir la interinidad. «Contentaos con esperar», le decían los de su entorno, que movieron todos los hilos para intentar retrasarlo tanto como pudieron. Se preparaban para algo más importante: aprovechar la enfermedad del Caudillo para declarar directamente rey a Juan Carlos, y que fuese rey del todo, un rey con las manos libres. Pío Cabanillas, entonces ministro de Información y Turismo, fue uno de los que participaron en aquel contubernio, y la cabeza de turco que pagó la maniobra monárquica con su cargo, del cual fue cesado en octubre.

Juan Carlos iba a ver al Caudillo al hospital todos los días y le decía amablemente que su enfermedad no era lo bastante grave para justificar el traspaso de poderes. Pero no pudo ser. Un día Franco fue víctima de una fuerte hemorragia y los médicos que le cuidaban se mostraron pesimistas.

Era necesario actuar ya. Y el príncipe, el 20 de julio de 1974, decidió asumir la jefatura del Estado, aunque fuera de manera interina. «¡Vaya, buen servicio que has hecho a ese niñato de Juan Carlos!», le dijo enfadado Villaverde al doctor Gil cuando se enteró. Todo el «búnquer» estaba que mordía.

Aquel mismo día, el príncipe llevó a cabo el primer acto oficial de su mandato interino: la firma de una declaración conjunta para prorrogar el tratado de ayuda mutua con los Estados Unidos. Y su cargo ya no dio mucho más de sí. No le gustó nunca renunciar a sus vacaciones y no se perdería el veraneo en Mallorca sólo porque fuera jefe del Estado en funciones. Franco salió del hospital el 30 de julio y volvió al Pardo, donde Juan Carlos fue en visita relámpago desde las islas Baleares, para presidir un consejo de ministros el 8 de agosto.

Después, a mediados de mes, Franco se reunió con su familia en el Pazo de Meirás para pasar la convalecencia. Y otra vez tuvo que ir volando Juan Carlos, esta vez un poco más lejos, a Galicia, para presidir otro consejo el día 30. Cuando visitó al Caudillo, lo encontró francamente recuperado, paseando por el jardín, pero tan sólo consiguió que le dijera: «Alteza, creedme, lo estáis haciendo muy bien. Continuad». Aquella misma noche el príncipe cogió el avión hacia Palma de Mallorca.

Pero Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, que además de marqués era doctor, había formado un equipo de médicos muy bien elegidos para garantizar que el Caudillo se curase inmediatamente a cualquier precio. Y no tardaron en conseguirlo. Menos de 50 días (43 exactamente) fue lo que duró el cargo de rey interino, antes de que el aparato del Pardo consiguiera que dieran el alta a Franco y éste llamara de nuevo a Arias para anunciarle: "Arias, ya estoy curado.

Prepara los papeles". La mayor parte del tiempo Juan Carlos se lo había pasado de vacaciones en la playa. De todos modos, aquello de la recuperación milagrosa de Franco no se lo creyó nadie, ni él mismo. En la primavera de 1975 visitó España el general Walters, un peso pesado de la CIA. Se reunió con el Generalísimo y, tras hablar un rato de cosas intranscendentes, Franco le preguntó abiertamente: «¿Usted viene a saber qué pasará en España el día que yo muera? Pues voy a decírselo: reinará el príncipe don Juan Carlos, que es lo establecido, y se hará lo que el pueblo español quiera. De los políticos no me fío». Walters también se reunió con personal de La Zarzuela, concretamente con Armada, que le aseguró que, igual que el aparato había funcionado para la interinidad, funcionaría después. Un poco más adelante visitó España el presidente Ford. Unas visitas tan reiteradas de los norteamericanos desvelaban que el final no podía estar muy lejos.

Utrera Molina, que era el ministro secretario general del Movimiento, un día osó decirle a Franco que el príncipe podría no estar «sinceramente identificado» con la continuidad del Régimen. Ante este comentario, Franco cambió de color, abrió los ojos desmesuradamente y con un desagrado patente exclamó: «Eso no es cierto y es muy grave lo que me dice». Utrera, y cualquier otro que hubiera podido tener alguna duda, no tuvieron que esperar mucho para comprobar que quien tenía razón era Franco. Tras el verano de 1975 se celebraron varios consejos de guerra y fueron condenados a penas de muerte once presos políticos. Seis fueron indultados, y el 27 de septiembre se cumplió la sentencia de los otros cinco: tres miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico) y dos de ETA. El rechazo internacional fue considerable. Se asaltaron las embajadas españolas en toda Europa, incluso algunas fueron saqueadas, y en el interior varios países retiraron a sus representantes. El 1 de octubre, en la Plaza de Oriente, tras los fusilamientos, el príncipe apareció al lado de Franco en el balcón del Palacio Real. La manifestación, el último acto de masas del franquismo, tenía como objetivo mostrar la adhesión al Caudillo para compensarlo de las múltiplos condenas internacionales que habían provocado los fusilamientos. El dictador habló, delante de centenares de miles de personas congregadas, de la subversión comunista y el complot judeomasónico, la canción de los últimos cuarenta años, para acabar diciendo: «Evidentemente, el ser español vuelve a ser una cosa sería en el mundo». Juan Carlos posó impasible a su lado mientras el gentío gritaba consignas como «No queremos apertura, sino mano dura», «Muera el comunismo», etc. Mientras lanzaba su arenga, cinco miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, el mismo número que los fusilados, morían en un atentado de los GRAPO.

Los últimos días de octubre Franco volvió a ponerse enfermo. Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, que era cabeza de los servicios de cardiología de la clínica de la Paz, insistió en el hecho de que no se trasladaría del Pardo. Reunió a un equipo de médicos elegidos por él para que vigilaran permanentemente su salud, con el material suficiente para montar una UVI e, incluso, operar si hiciera falta. El día 17 Juan Carlos telefoneó a Fernández Miranda para decirle: «El viejo está mal. Quiero verte el lunes a las 7:30». Durante esta segunda y definitiva enfermedad, intensificaron los contactos que mantenían desde 1960 de una manera más o menos permanente.

Desde 1973 Torcuato era el candidato de la monarquía para ser el presidente del primer Gobierno.

Pero antes de que llegara este momento, Juan Carlos tuvo que asumir una vez más el puesto de jefe del Estado interino, para resolver un problema que no podía esperar.

La posición española en el Sáhara, una de sus últimas colonias, estaba sentenciada por los organismos internacionales y por la organización política de los saharauis, el Frente Polisario, partido que buscaba la independencia Pero la oportunidad la aprovechó Marruecos, que quería anexionarse el reino alauita. El rey Hassan ya había dictado sentencia sobre el conflicto, en la que reconocía a los habitantes, bajo control español, el derecho de autodeterminación. Pero España hacía tiempo que retrasaba sin motivo el referéndum popular que había prometido para que el pueblo saharaui pudiera decidir por sí mismo. A finales de octubre, el rey Hassan II, aprovechando la situación de vacío de poder, organizó la Marcha Verde, una especie de invasión civil para ocupar la zona norte del territorio.

Empezó con una concentración cerca de la frontera de 200.000 personas dispuestas a marchar en un único frente hacia Al-A'yun. La Marcha Verde empezó el 1 de noviembre de 1975. Aquella misma fecha, Juan Carlos, tras pensárselo mucho (aunque hacía unos días que Franco estaba inconsciente), asumió la jefatura del Estado. El Caudillo, que ya había redactado la despedida a los españoles, esta vez ni siquiera se enteró de la sustitución.

Unos días antes, el príncipe se había reunido en La Zarzuela con los jefes militares, presa del pánico y con la tensión por las nubes, hasta el punto de que necesitó asistencia médica. Fue la princesa Sofía quien dijo: «Los generales deben estar con sus tropas». Y le pidió que como regalo de aniversario (que era el 2 de noviembre) le ofreciera ir al Sáhara. La idea no gustó a Mondéjar, aunque Armada intentó explicarle que el riesgo era mínimo. En realidad, ya se había pactado con el rey Hassan II. Y el casi rey, «heroicamente», acabó aceptando hacer el viaje. En realidad, en la visita relámpago lo que hizo fue representar una comedia para los militares que estaban destinados en la zona (que ni siquiera habían estado provistos de munición para repeler la invasión) y con una conferencia, un desfile, una comida en el casino, una ceremonia de condecoraciones, unas copa con los jefes y oficiales… se organizó una retirada «honorable». Pero el viaje fue considerado todo un éxito y, cuando volvió, justo al día siguiente, le esperaban en el aeropuerto, para recibirlo a bombo y platillo, Milans del Bosch y los mandos de la División Acorazada.

Cuando volvió a La Zarzuela, recibió una llamada telefónica del rey Hassan II. Según la versión oficial, su viaje le había dejado tan impresionado que abortaría la Marcha Verde. Lo cierto es que el Estado Español evacuó las tropas y dejó a los saharauis abandonados a la invasión marroquí y mauritana, cosa que no resolvió el conflicto, aunque el príncipe dio el asunto por acabado. Después de esta brillante operación, Juan Carlos continuó haciendo visitas diarias a Franco, hasta que éste murió el 22 de noviembre de 1975. Poco antes, tuvieron una emotiva despedida. El príncipe se acercó a la cabecera y el dictador le cogió la mano, se la apretó muy fuerte y le dijo en un suspiro: «Alteza, la única cosa que os pido es que mantengáis la unidad de España».

TERCERA PARTE

EN NOMBRE DE LA SANTA TRANSICIÓN

CAPÍTULO 9

POSTFRANQUISMO CORONADO

«¡Muera el rey fascista!»

Aparte del tema sagrado de la unidad de España, Franco, con su «atado y bien atado» famoso, había dejado a Juan Carlos bien atado al trono de la jefatura del Estado.

Villaverde y su equipo de médicos habían hecho todo lo posible para mantenerlo con vida, obsesionados por el hecho de que no muriera antes del 26 y pudiera renovar el mandato de Alejandro Rodríguez Valcárcel, que expiraba aquel día, aunque fuera con un pie en la tumba. Pero no lo consiguieron. Murió en algún momento durante la noche del 20 de noviembre, aunque oficialmente se retrasó hasta dos cuartos de las seis de la madrugada para que los operativos militares que tenían que garantizar el orden público se pudieran organizar.

Tras hacerlo oficial, el ya rey de facto telefoneó a Torcuato Fernández Miranda: «Ha muerto. No te muevas de casa». Al día siguiente, Arias Navarro leyó lloroso por televisión la despedida que había dejado preparada el Generalísimo, su testamento político. «Os pido que preservéis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado». Y en La Zarzuela se reunieron Juan Carlos y Torcuato con Sofía, Mondéjar y Armada.

Lo que le preocupaba más era preparar el discurso de coronación, que se celebraría dos días después, rodeado por un fuerte movimiento de oposición desde la izquierda, con un lema que decía: «¡Muera el rey fascista!». Desde la prensa extranjera los líderes de izquierdas no habían podido hacer mucho más que seguir el torrente de euforia del pueblo por la muerte del dictador, y hasta Santiago Carrillo y Felipe González mantenían aún una falsa actitud de oposición a Juan Carlos, con declaraciones como ésta de Carrillo: «El príncipe es una marioneta que Franco mueve como quiere, un pobre hombre incapaz de toda dignidad y sentido político, un simplón que se ha metido hasta el cuello en una aventura que le costará cara. ¿Qué posibilidades tiene? A lo sumo, ser rey durante unos meses». Un tiempo después, cuando en 1976 la periodista que le había entrevistado para El Europeo, Oriana Fallaci, recopiló sus trabajos de esta época en un libro, Carrillo le pidió que esta frase y otras igual de brillantes desaparecieran sin dejar rastro, cosa que la periodista cumplió.

En aquellos momentos todavía continuaba habiendo sectores de oposición a la monarquía desde la ortodoxia franquista, así como de los estudiantes falangistas del SEU (el sindicato estudiantil del Movimiento), que durante un tiempo siguieron insistiendo en su lema: «¡No queremos reyes idiotas!»

Y en este entorno social, lo único verdaderamente importante era que la celebración del acto se llevara a término. Pero no estaba todo controlado. El Ejército había puesto en marcha inmediatamente la «Operación Lucero», para encargarse de las cuestiones de orden público y seguridad hasta el entierro del Caudillo en el Valle de los Caídos, con los máximos honores, escoltando el cadáver un flamante nuevo rey. Y después se aplicó la «Operación Albada» para la fase de transmisión de poderes, también con medidas para garantizar el orden público, y para organizar el desfile militar y la ceremonia de coronación.

En las Cortes, el discurso de coronación del rey se interrumpió varias veces con ovaciones.

Cuarenta segundos de aplausos con todo el hemiciclo en pie cuando hizo referencia a Franco.

Cuarenta segundos más en la referencia a Gibraltar. Cuando habló del progreso económico, veinte segundos, y en la mención a su padre, apenas una docena de procuradores en pie consiguieron arrancar un aplauso de ocho a diez segundos. En un estilo retórico que después fue consolidando a lo largo de los años, con una ambigüedad rebuscada, repartió un poco para todo el mundo. Y también habló de la concordia nacional, de la integración de las diversas opiniones, de las libertades. «Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, los medios de información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional», decía Torcuato por boca del nuevo monarca. En este punto, en cambio, en el hemiciclo hubo silencio. Todo el mundo estaba como en misa.

Pero en la calle no se le hizo ningún caso a aquel discurso. De hecho, se escuchó con más atención el que pronunció inmediatamente después Vicente Enrique y Tarancón, cardenal arzobispo de Madrid, en la misa de la coronación, que habló explícitamente de los «derechos humanos» y la «libertad». El del rey no había aclarado nada, y los que tenían alguna duda sobre lo que pasaría tuvieron que esperar a que viajara a los Estados Unidos, en junio de 1976, donde le prepararon un speech un poco más directo para ser pronunciado en un acto ante el Congreso. Entonces habló de algo así como una reforma «que asegure el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados».

Era la primera señal de que habría algo parecido a una democracia. Pero, de todos modos, demostró inmediatamente que no sería lo que realmente se conoce por un sistema de libertades. Para ilustrar las informaciones sobre aquel viaje, Cambio 16, que acababa de aparecer, incluyó un dibujo de Dodot + Ortega (Joaquín Rodríguez Gan y Enrique Ortega), en la discreta página 11, en el que el rey salía vestido de frac y bailando claqué al estilo de Fred Astaire. Una inocente caricatura sin más fondo político que, sin embargo, el Gobierno presidido por Arias Navarro consideró tremendamente ofensiva. La revista fue secuestrada, se le abrió un expediente y finalmente sólo consiguió seguir abierta gracias a la presión de los artículos editoriales de publicaciones extranjeras, como Le Monde y el Washington Post, entre otros.

Con el título de «Rey de España», Juan Carlos asumía, además, todo lo que corresponde a la Corona (confirmado más tarde como legítimo por la Constitución de 1978), que forma lo que tradicionalmente se denomina el «título grande de su majestad», compuesto por: Majestad Católica; Rey de Castilla y León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, de las Islas y tierra firme del Mar Oceánico; archiduque de Austria; duque de Borgoña, de Brabante, de Milán, de Atenas y de Neopatria; conde de Habsburgo, de Flandes, del Tirol, de Barcelona, de Goceano, y del Rosselló y la Cerdeña; señor de Vizcaya y de Molina; y marqués de Oristán.

Todo esto era Juan Carlos sin que su padre, que ya no se sabía si seguía siendo conde de Barcelona o no, hubiera abdicado. Naturalmente, Don Juan no fue a la coronación de su hijo. Continuó viviendo en Estoril y, a partir de 1975, cuando viajaba a Madrid por alguna razón, prefería alojarse en casas de amigos antes que en La Zarzuela. Sólo unos años más tarde, en 1982, se decidió a instalarse definitivamente en España, en una casa del barrio residencial de Puerta de Hierro, en la capital del Estado, que también llamó Giralda, aunque tuvo su residencia en Estoril durante un tiempo.

Reinventar la monarquía

Tras la transmisión de poderes, para dar los primeros pasos, el equipo del rey seguía necesitando como el aire que respiraba —quizás más que nunca— encuestas y estudios de prospección que les indicaran por dónde habían de ir. Hacía falta reinventar la monarquía para ponerla en marcha. Juan Carlos le explicó una vez a Santiago Carrillo que durante veinte años había tenido que «hacer el idiota, lo que no es fácil». No se refería al hecho de que hubiera fingido adrede ser un mal estudiante ni nada parecido, sino que se había visto obligado a dar a entender que estaba con el Régimen, y lo cierto es que lo había hecho tan bien que todo el mundo había creído que era un fascista de verdad. Ahora era necesario rectificar. Pero si, como decía, no le había resultado fácil hacer el idiota, a estas alturas sería mucho menos fácil convencer España de que no lo era.

No había ninguna certeza de que el pueblo aceptara a ojos cerrados la monarquía. Pero las encuestas no sólo servían para valorar cómo estaba la situación sino también para modificar las circunstancias. Los reyes se habían de comportar de acuerdo con los deseos de la opinión pública.

Todas las actividades oficiales y privadas que llevaran a término se programarían en función de esto. Y para conseguirlo, en La Zarzuela contaban con un equipo de sociólogos que trabajaron en estrecha colaboración con la Secretaría General. Estaba Jorge Miquel, del Instituto Gallup, y Juan Díez Nicolás, que tuvo varias empresas de sondeos de opinión y fue un precursor de estas técnicas aplicadas a la política. Uno tras otra se tomaban muestras de opinión para examinar cómo iba evolucionando la valoración de la institución, en función de los acontecimientos de la Transición.

En este contexto también tuvo una relevancia especial el GODSA (Gabinete de Orientación y Documentación SA). En la Comisión de Estudios, uno de sus departamentos, los técnicos preparaban, entre otros cosas, informes de temas de interés y entrevistas a políticos que después entregaban a la prensa, sin tener que contar con los políticos, y ni mucho menos con los periodistas que después las firmarían. Pero la tarea del GODSA no se limitaba a un simple «trabajo intelectual». Iba mucho más allá. El «GODSA político-militar», como lo han denominado algunas personas, era un invento de Fraga en la época de «la calle es mía» como ministro de la Gobernación. Y su función primordial era luchar, en una especie de continuación de la «Operación Lucero», contra los riesgos que planeaban sobre la monarquía parlamentaria de la primera fase: fundamentalmente, el terrorismo, el separatismo y el republicanismo. Aglutinaba a un selecto grupo de políticos, juristas e intelectuales; pero, sobre todo, contaba con militares vinculados a los servicios de inteligencia del Alto Estado Mayor y del SECED (entre otros, Javier Calderón, que más tarde sería director general del CESID, y José Cortina, mando del CESID implicado en el 23-F en 1981). La vida oficial del GODSA fue breve. Cuando se nombró presidente a Suárez, desapareció formalmente, aunque continuó en la práctica y se convirtió en el embrión de Reforma Democrática, el primer partido de Fraga, con el que después se integraría en Alianza Popular. La mayoría de los militares acabaron destinados en el CESID. Aparte de estos apoyos políticos oficiosos, la monarquía de Juan Carlos en los primeros tiempos llevó a cabo su política oficial a través de un gobierno presidido por Arias Navarro. La «Operación Lolita» del Opus había previsto que Torcuato Fernández Miranda ocupara este lugar. Lo necesitaban para que ellos se pudieran colocar en los puestos de poder. Pero fue el mismo Torcuato quien lo estropeó. El 27 de noviembre ya lo tenía claro. Cuando se reunió con la gente de la operación, que insistía en el hecho de que tenía que ser el presidente, Torcuato se escudó en el rey: «Yo, lo que el rey quiera». Aun cuando ellos le decían: «Es que el rey hará lo que tú digas». Lo que pasaba era que a Torcuato se le había ocurrido sobre la marcha un plan mucho mejor que la «Operación Lolita», para el que tenía que mantener provisionalmente a Arias. Él, mientras tanto, sería el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, sitio que quedaba vacante en aquel momento. Desde allí podría maniobrar para poner en marcha su programa de reformas. Después —ya lo veremos —, hizo todo lo posible para sustituir a Arias, más que por un hombre de confianza suyo, por alguien dispuesto a seguir sus instrucciones. De este modo, él lo controlaba todo y no necesitaba a nadie más de su antiguo equipo.

Como, en efecto, Juan Carlos hacía lo que le decía Torcuato, Carlos Arias mantuvo su sitio y Torcuato Fernández Miranda consiguió lo que quería el 2 de diciembre de 1975. En el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno, Carlos Arias afirmó que seguía «perseverando en el Espíritu del de febrero». Pero el organismo que propuso la iniciativa fue el que se constituyó el 31 de enero de 1976, una comisión mixta del Gobierno y el Consejo del Reino de Torcuato. La tarea de esta comisión era estudiar propuestas sobre el programa de reformas, y las bases para modificar las Leyes Fundamentales. Comenzaron a trabajar sobre los trabalenguas de la Transición: «Los principios fundamentales del Movimiento son inmutables pero no irreformables», «hay que hacer la reforma sin reformar los principios», «una reforma dentro de la continuidad», «una reforma sin aire revisionista», etc. Lo importante era calcular cómo se podía impedir que la derecha no perdiera nunca el poder. Y las dificultades se materializaban en problemas de orden público, en la oleada sin tregua del movimiento obrero y la oposición de izquierdas para hacerse oír, que había empezado el 6 de enero con una huelga en el Metro de Madrid y continuó el 12 con otra, esta vez general, también en Madrid, con más de 100.000 personas apoyando a los desempleados (del metal, funcionarios de Correos, empleados de Telefónica…). Por lo general, las reivindicaciones consistían en la petición de aumentos salariales, 30 días de vacaciones al año, jornada laboral de 40 horas… Las asambleas a menudo se celebraban en iglesias. El sindicato vertical de Franco se había hecho añicos y se había revelado que existía un sindicalismo paralelo perfectamente organizado, con claros objetivos políticos, y no solamente laborales.

La idea de la evolución del sistema de Torcuato era que hacía falta «integrar» a la izquierda sin potenciarla. Y calculaba que sólo se integraría si se sabía débil. El mecanismo para llegar a una cosa tras otra era la represión pura y dura. El 6 de febrero se dictó la Ley Antiterrorista. El 3 de marzo, la Policía abrió fuego contra una manifestación obrera en Vitoria, y mató a cuatro manifestantes e hirió a otros muchos. En aquel momento, Adolfo Suárez estaba como ministro interino de la Gobernación sustituyendo a Fraga, de viaje por Alemania. Alrededor de las 5 de la tarde se había celebrado una enorme asamblea de huelguistas en una parroquia de las afueras de Gasteiz. La Policía echó botes de humo en el interior de la iglesia para obligarles a que salieran. Pero afuera también había un gran número de manifestantes concentrados. La Policía no dudó en utilizar las armas de fuego contra ellos. Aun así, tuvieron que pedir contingentes de refuerzo a Burgos, Logroño, Donostia e Irún para «apaciguar» la situación. El 5 de marzo se celebraba en Gasteiz el funeral por los muertos, con una nueva manifestación masiva. El rey siguió todos los acontecimientos de cerca: «Noche dura la de anteayer, Alfonso. ¿Estuvo Suárez tan bien como dicen?», preguntó a Alfonso Osorio, que, naturalmente, le confirmó que el ministro interino había estado formidable. Por primera vez el rey se fijó en Suárez.

Por su parte, la oposición de izquierdas seguía luchando por la ruptura. Aunque tanto los líderes del PCE como los del PSOE, entre otros, ya habían pactado con la Corona una clase de rendición a cambio de ciertas cuotas de poder, todavía no habían podido controlar a su militancia de base, que no sabía nada de las conversaciones secretas ni de los compromisos que habían adquirido sus dirigentes. Haciendo un papelón indecente, se sumaron a los otros en la Coordinación Democrática, más conocida como «Platajunta». La coordinadora unía, en una sola organización, a la Junta Democrática (en la que estaba el PCE y otros partidos, la mayoría a la izquierda de éste) y la Plataforma de Convergencia Democrática (con el PSOE como epicentro). El 29 de marzo se reunieron en el despacho de Antonio García Trevijano, apasionado impulsor de la Platajunta, representantes de todos los grupos: Comisiones Obreras, Movimiento Comunista, Partido Carlista, Partido Comunista, Partido Socialista Demócrata, Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Popular, Partido del Trabajo y Unión General de Trabajadores. Y al finalizar, entregaron un documento a la prensa que se podía resumir en una idea básica: «Coordinación Democrática se opone a la continuidad del Régimen». Solicitaba la liberación inmediata de los presos y detenidos políticos, sin exclusión, el regreso de los exiliados, la plena libertad sindical, los derechos y libertades políticas de las diversas nacionalidades, apertura de un periodo constituyente… Y el manifiesto lo firmaron todos los grupos asistentes, excepto los democristianos de Joaquín Ruiz-Jiménez. La Policía hizo acto de presencia en el despacho de Trevijano y detuvo allí mismo a los reunidos. Pero no todos recibieron el mismo trato. Raúl Morodo y Javier Solana (el de la OTAN), por ejemplo, dos de los que fueron detenidos aquel día, tuvieron buenos padrinos para conseguir salir a la calle inmediatamente. Iñigo Cavero, Fernando Álvarez de Miranda y otros ministros se interesaron por ellos y fueron puestos en libertad. Quedaron detenidos, en cambio, Marcelino Camacho, Nazario Aguado, José Álvarez Dorronsoro y Antonio García Trevijano. Trevijano, Tono para los amigos, había acertado cuando aquella vez, hacía más de diez años, se lo había adelantado al entonces príncipe Juan Carlos. El primer Gobierno del rey le había enchironado sólo cuatro meses tras la coronación. Juan Carlos, compungido, le envió un mensaje a Carabanchel a través de un emisario: «¡Hay que ver, Tono, que estoy de rey y no puedo hacer nada!»

El 4 de abril, en Madrid se convocó una manifestación proamnistía, que Fraga prohibió terminantemente. Aun así, se llevó a cabo y, sorprendentemente, el PCE fue uno de los grupos que la convocaron. Está claro que esto facilitó que la Policía detuviera a los comunistas que consideraba más peligrosos, con la idea de dejarlos encerrados por lo menos hasta el 1 de mayo, previendo las movilizaciones que se podrían organizar aquel día. De este modo consiguieron que el día de los trabajadores se registrara una «baja conflictividad», en gran medida gracias al PCE, que buscaba la respetabilidad para incorporarse de lleno a la transición pactada. En el ámbito del nacionalismo vasco, sin embargo, los problemas no remitían. El 5 de abril se produjo una fuga masiva de presos políticos de la prisión de Segovia. Aun cuando la mayor parte fueron detenidos al día siguiente, la reacción represiva no se hizo esperar. El día 8 la Policía abatió a disparos a dos militantes de ETA, el 25 a uno más y, en menos de 40 días, se produjeron 140 detenciones. Otro acontecimiento importante en este período fue el de Montejurra el 9 de mayo, también con Suárez de ministro interino (de nuevo sustituyendo a Fraga, que andaba por Venezuela). Se trataba de un acto de un sector de los carlistas, los de Carlos Hugo, que apoyaban la ruptura desde una postura nacionalista.

El suceso se quiso presentar como un enfrentamiento entre esta sección carlista y otra sección, la que apoyaba a otro Borbón, Sixto. Pero en realidad eran miembros de la ultraderecha quienes, apostados en un terraplén, dispararon sobre la multitud que subía hacia el monasterio de Iratxe, cerca ya de la cumbre de Montejurra. Hubo un muerto y varios heridos, pero a José Luis Marín García-Verde, más conocido como «el hombre de la gabardina», que fue fotografiado allí mismo pistola en mano, no se le juzgó nunca. Hoy vive como jubilado en Huelva. Fue un toque de atención a quienes querían salirse del redil, del camino que iba marcando la Transición. Y la manera como se resolvió, sin que la sangre llegara al río, pacíficamente y sin historias vengativas, era un mérito más que Suárez podía apuntar en su historial, de cara a un futuro ascenso que no tardaría en llegar.

El problema de Arias

El 26 de enero de 1976 se había prorrogado la legislatura de las Cortes hasta el 30 de junio de 1977.

Entonces todavía no había prisa por hacer cambios; en el Gobierno de Arias tampoco. Los primeros meses de Arias fueron útiles porque permitieron ganar tiempo sin crear excesivas tensiones, e hicieron posible desplegar los mecanismos necesarios para controlar las instituciones. En el gabinete de Arias estaban representados quienes se consideraban «reformistas», como Manuel Fraga y Antonio Garrigues Díaz-Cañabete; Alfonso Osorio y José María de Areilza eran, además, monárquicos; y también hombres fieles a los Principios del Movimiento, como Adolfo Suárez, que era el secretario general. Suárez en aquel momento era, además, un hombre de Torcuato Fernández Miranda, y jugaba a su favor, manteniéndole al tanto de todo lo que pasaba en el seno del Gobierno, de los comentarios y actitudes de Arias. Gracias a él a la Zarzuela tenían noticias puntuales de todas las frases fuera de tono que pronunciaba el presidente, como aquélla de «el rey no dice más que tonterías».

Arias, un franquista de la Falange, ascendido gracias al apoyo del búnquer del Pardo, no podía evitar sentir desprecio por el nuevo monarca. Le gustaba «escarmentar al Borbón», como él decía.

Un día le comentó a Rodríguez Valcárcel, uno de sus amigos, cuando todavía era presidente de las Cortes (el cargo que después ocupó Torcuato): «Yo, con un niño, no sé hablar más allá de diez minutos. Después no sé qué decirle y me aburro. Algo así me pasa con el rey». Con esta actitud, las relaciones entre el rey y Arias se fueron deteriorando a pasos agigantados durante los primeros meses de la monarquía. El presidente tenía una irritación cada vez más agresiva contra Juan Carlos.

«Estoy atornillado en este sillón por ley y contra esto nada puede hacer el rey», dijo a más de un ministro, cuando se empezó a hablar de su dimisión. Exigirle la dimisión, que era una manera más fina de cesarlo, era una sugerencia en la que Torcuato insistía cada vez más. Pero no la aconsejaba nadie más. Juan Carlos se desahogaba de sus abusos en las reuniones que mantenía con sus colaboradores, Mondéjar y Armada, en la Zarzuela, a las cuales también asistía la reina. Todos intentaban calmar su desesperación. Pero la Casa se oponía a que lo cesara y, en concreto, Armada le dijo: «Torcuato será un gran profesor, pero de político, nada. Como político es incapaz». En una de aquellas reuniones, a la reina Sofía se le ocurrió meter la nariz en alguna cuestión que sacó de quicio al monarca, cuyos gritos resonaron de tal modo que ella tuvo que salir de la sala, llorando como una Magdalena. Después él fue a pedirle disculpas. Cuando se lo explicó a Torcuato, echó la culpa a la tensión que le provocaban los conflictos con Arias: «Lo que más me irrita es que pienso que Arias me puede. Y esto, cojones, no es así, tú lo sabes».

La actitud un poco de perdonavidas con el rey de Carlos Arias, que le aseguraba cada dos por tres que «sin mí, el poder estaría arrojado a la calle», arrancaba de un famoso incidente que se había producido unos días antes de que Franco muriera, cuando el uno era presidente y el otro jefe del Estado interino. Se habían enfrentado por un conflicto de poderes: «Tú no me informas de lo que haces», «yo soy el que tengo que informar a Franco y no tú», etc. Y acabó con Arias poniendo su dimisión sobre la mesa y con Juan Carlos literalmente «acojonado» por lo que podía suponer aquello. El que entonces todavía era príncipe pidió perdón a Arias, le rogó que no presentara la dimisión, envió al marqués de Villaverde a darle explicaciones, suplicó… Y, está claro, Arias no solamente no se fue, sino que quedó reforzado en su sitio, convencido de que tenía perfectamente controlado a aquel «niñato». Conversando con Torcuato, su viejo profesor, el rey confesaba: «He usado toda mi cordialidad y tengo que decir que es contraproducente. La verdad es que no sé cómo tratar a Arias… No me deja hablar, no quiere o no sabe escuchar, y me da la sensación de que no necesita contar conmigo; es como si creyera que está absolutamente seguro, que es presidente por cinco años, que yo no puedo más que mantenerle…»

Estaba desesperado. Pero no se podía reducir todo a un simple problema personal, a una incompatibilidad de caracteres. Como trasfondo estaban las visitas constantes de los embajadores de Estados Unidos y de la República Federal Alemana a Torcuato Fernández Miranda, durante los últimos meses de 1975 y los primeros de 1976. La vía de la represión para controlar a la oposición no era suficiente. Era necesario tomar otras medidas más políticas. Sobre todo a partir de la formación de la Platajunta, empezaron a darle vueltas a la idea de crear un partido gubernamental.

Era imprescindible de cara a una futura legalización de otros partidos. Pero Arias no les valía para este proyecto. Se lo tenían que quitar de encima. Madurando aquella idea del partido gubernamental y otras sugerencias para la reforma política tomadas de los informes de la Trilateral, por iniciativa de la Casa Real se celebró el 4 de mayo una reunión con las figuras más destacadas del mundo financiero. Las gestiones para organizarla las hicieron, como hombres del rey, Camilo Mira y Miguel Primo de Rivera. Como miembros del Gobierno estaban Alfonso Osorio y Adolfo Suárez.

La reunión y la cena, para hablar de una reforma política, «una reforma sin riesgo», se celebró en casa de Ignacio Torta. Los financieros eran Pablo Garnica, Juan Herrera, Arne Jessen, Emilio Botín, Jaime Carvajal, Ignacio Herrero, Jaime Castell, Alfonso Fierro, Pedro Gamero, Carlos March… Se comentó, sobre todo, que la multiplicidad de partidos políticos podía tener consecuencias graves en el futuro. Y Osorio les rogó que sólo apoyaran financieramente a quienes se agruparan en partidos más amplios, con lo cual se tendería un puente al bipartidismo. Así les resultaría más fácil negociar la conformación del partido gubernamental, de derechas, que querían; y forzarían a la izquierda a unirse alrededor de los líderes que ya tenían de su lado, en especial Felipe González. Esta segunda parte no convenció demasiado a los banqueros. Hablaron de cómo el marxismo podía infectar la vida política. Aunque Jaime Carvajal apuntó que la identificación socialismo-marxismo no era exacta, Pablo Garnica dijo: «Eso es lo mismo que decir que como tu tía no tiene trolebús, no es un tranvía». No se puede decir que aquella reunión sirviera para mucho más que establecer las bases mínimas de actuación. Pero era un principio.

El paso siguiente continuaba siendo conseguir la dimisión de Arias, que no habría podido ser nunca un líder de la derecha capaz de vencer en las urnas. Y seguir adelante con el proyecto de un partido de derechas gubernamental. Torcuato insistía cada vez más ante el rey, pero Juan Carlos no podía: «No sé cómo hacerlo. Continuamente dice que él es el presidente porque así lo quiso el Caudillo, que él pensó dejarlo y que yo he sido quien le ha comprometido en una tarea que ahora tiene que concluir.., y que él no dimite, que si lo creo conveniente que le dé el cese… Todo esto me cabrea».

La cuestión era saber si, en un momento tan delicado, el Consejo del Reino se podía meter en una decisión así. Armada decía que sería un error muy grave, que más bien complicaría las cosas en lugar de resolverlas. El rey, dominado por una irritación creciente, no dormía, tenía la tensión por las nubes… En abril, Arias continuaba hablando por televisión, que era su foro favorito para dirigirse directamente al pueblo, para decir: «Estamos en la vía de la reforma». ¿Qué se podía hacer?

La solución acabó llegando de los Estados Unidos. Después de un viaje oficial a este país, iniciado a finales de mayo, el rey volvió reconfortado y con la decisión del cese de Arias, dispuesto a enfrentarse con las consecuencias que podría tener. Además, ya venía con una parte del trabajo hecho. En una entrevista concedida al Newsweek, calificó a Arias de a unmitigated disaster («un desastre sin paliativos»). Era el primer paso para forzar la dimisión. En total, Arias estuvo siete meses en el cargo. La escena del cese en el Palacio de Oriente fue muy violenta. Llegaron a forcejear físicamente cogiéndose de la solapa. Pero oficialmente fue una dimisión, firmada el 1 de julio de 1976 por el mismo Arias. Al día siguiente, como compensación, el rey le otorgó por decreto el título de marqués con «Grandeza de España», un envoltorio para sacarlo de la política y aparcarlo en el museo de cera de la historia del ascenso al poder del propio rey.

Desde febrero, Torcuato y el rey ya habían empezado a pensar en el sucesor de Arias. Los nombres que más sonaban eran los de Manuel Fraga y José María de Areilza, dos políticos competentes del Régimen y comprometidos en los nuevos planes de la reforma. Pero a Fernández Miranda no le gustaban. Fraga tenía sus propios recursos de poder y para Torcuato era más un adversario político que un posible candidato. Areilza también tenía su personalidad e ideas propias. No habría sido nunca un segundo de Torcuato. Como condición fundamental, según Fernández Miranda, el nuevo presidente tenía que ser un servidor leal de un proyecto ajeno —el suyo —, alguien «disponible» y «abierto a las ideas directivas», en palabras suyas. Incluso sugirió al rey que tendría que hacer —fuese quien fuese— un pacto, un acuerdo formal mediante el cual el presidente del Consejo del Reino (Torcuato) y el futuro presidente se comprometerían ante el rey a desarrollar un plan político concreto (el suyo). Al Borbón, con esa intuición para advertir situaciones que pusieran en peligro su poder que lo caracterizó siempre, este punto le pareció un poco excesivo. Prefirió mantenerlo todo en un terreno informal: «El pacto lo acabamos de hacer tú y yo», dijo a Torcuato. El hombre escogido fue Adolfo Suárez. Vieron en él ambición y capacidad política para la acción. Juventud, encanto y «carisma para ganar elecciones», la fórmula yanqui de la «democracia», una patente exportable que funcionaría como una franquicia. Suárez estaba manifiestamente dispuesto a dejarse llevar por Torcuato, o por lo menos eso había estado demostrando durante los últimos meses, como «submarino» del presidente de las Cortes en el Gobierno de Arias Navarro. Y era una persona aceptada por la banca, por el Movimiento, del cual era secretario general, y por el Ejército, profundamente satisfecho por sus actuaciones en Vitoria y Montejurra como ministro interino de la Gobernación. Es decir, prácticamente perfecto. Después les fallaría, cuando —como decía Torcuato— «quiso volar solo». Pero esto por el momento no lo preveían.

Torcuato Fernández Miranda tuvo que hacer una compleja maniobra política para introducirlo en la terna de candidatos que el Consejo del Reino tenía que presentar al rey, junto con Federico Silva y López Bravo. El mérito, al parecer, consistía en conseguirlo sin que adivinaran que Suárez sería el escogido. Pero aquello de la terna era, al fin y al cabo, una pura formalidad heredada de Franco, que solía dictar los nombres que quería que salieran en las listas sin el menor asomo de problema. El rey habría podido hacer lo mismo, sin que Torcuato se hubiera tenido que esforzar tanto por mantener la intriga hasta el último momento.

CAPÍTULO 10

EL GOBIERNO DE SU MAJESTAD

La Reforma de Torcuato

Cuando Suárez fue incluido en la terna, se le tomó por un relleno insignificante, casi como un gesto protocolario para que los falangistas estuvieran representados, el sustituto de su candidato natural, Alejandro Rodríguez Valcárcel. Los otros dos que le acompañaban en la lista parecían tener muchas más posibilidades de ser escogidos. Federico Silva Muñoz y Gregorio López Bravo, los dos de posiciones continuistas, con una larga experiencia en política, significaban la garantía de la supervivencia del Régimen. Torcuato había salido del Consejo del Reino con la terna en la mano, sin desvelar nada de los tres nombres, y diciendo: «Estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido». Todos pensaron en Areilza, que era el más monárquico de los ministros. Pero el 3 de julio de 1976, Televisión Española daba la noticia de la designación de Adolfo Suárez, cosa que dejó a todo el país con la boca abierta.

Para su primer Gobierno, Adolfo Suárez nombró vicepresidente a Alfonso Osorio. Era del clan, había colaborado en el nombramiento del nuevo presidente y esto era lo que le correspondía, en cumplimiento del pacto que habían hecho. Pero después tuvo problemas para poder completar la lista. Fraga, muy enfadado por el hecho de no haber sido escogido por el rey, anunció que se iba del Gobierno. Le siguieron José María de Areilza y Antonio Garrigues, entre otros, y después muchos más no aceptaron ocupar los puestos. No había sido intención del rey ni de Torcuato apartarlos del Gobierno. Los necesitaban. Mondéjar fue enviado a casa de Manuel Fraga para tratar de convencerle de que continuara. Pero Fraga no cedió. Al final, casi no tenían a nadie y tuvieron que escoger a gran parte de los ministros entre los hombres democristianos del grupo «Tácito» (la antigua Asociación Católica Nacional de Propagandistas), a quienes propuso Alfonso Osorio, aunque eran jóvenes perfectamente desconocidos. Sin embargo, algunos de ellos, como Rodolfo Martín Villa, elegido como ministro de la Gobernación, se hicieron famosos enseguida. Era el primer Gobierno verdaderamente de Su Majestad. El plan de acción que seguiría este Gobierno estaba perfectamente diseñado por Torcuato. Los primeros pasos eran aprobar la reforma del Código Penal para empezar a legalizar partidos, abordar una amnistía política simbólica, elaborar una ley de reforma y organizar un gabinete especial para asesorar al Gobierno, sobre todo en política económica, siguiendo la línea iniciada en la etapa anterior para «reinventar» la monarquía.

Empezando por el último aspecto, Alfonso Osorio creó la Dirección General de Prospectiva, al parecer a iniciativa de la reina, muy interesada en esta clase de estudios. El primer director fue Jesús Montero, que había sido propuesto por Nicolás Mondéjar. Respecto a la oposición, el Gobierno tenía claras, al menos, tres cosas: que no convocaría un referéndum para darle la oportunidad de que votara a favor de la república; que la reforma de las Leyes Fundamentales la harían ellos solos, a su manera (en el Consejo de Ministros del 24 de agosto tomaron la decisión de declarar materia reservada todos los asuntos relacionados con la reforma política); y que las elecciones generales se producirían dentro de un sistema de representación proporcional.

En el mes de agosto, empezaron los contactos con la oposición para ver cómo se podía ajustar la ley para legalizar lo que estaban dispuestos a conceder. Pero siempre con conversaciones a nivel individual, por separado con cada líder político, sin que el Gobierno aceptara una negociación política, que era lo que proponía la Platajunta. Aparte de las conversaciones del Gobierno, desde aquel mismo mes Joaquín Garrigues Walker, representante de la Trilateral en España, se reunió con varios líderes de la oposición para ir tanteándolos. Las reuniones se celebraron en su casa de Aravaca y, entre otros, habló con Raúl Morodo, Miquel Roca, Joan Reventós, Alejandro Rojas-Marcos, Antonio García Trevijano, Francisco Fernández Ordóñez, José María Armero…

Por su parte, Suárez se trabajaba fundamentalmente al PSOE, que, tras los primeros contactos que había tenido con él en el entorno del príncipe antes de la muerte de Franco, ya estaba de rebajas, en la línea de la junk politic («política basura», de inspiración yanqui). El día 10 de agosto se entrevistó en secreto con Felipe González, en casa de Fernando Abril Martorell, el ministro de Agricultura, que era ya la mano derecha del presidente; y, otra vez, el 2 de septiembre. En estas reuniones Felipe González se mostró dispuesto a reconocer la monarquía a cambio de ciertos compromisos de apoyo al PSOE, con menoscabo del Partido Comunista. Eso sí, anunciaba que, de cara al exterior, seguirían defendiendo la república como forma política del Estado, en una actitud testimonial, porque no podían hacer otra cosa ante su militancia, por el momento. A la vez, otros dirigentes del PSOE (los hermanos Solana, Enrique Múgica y Luis Gómez Llorente) maniobraban para presionar al entonces ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, a fin de que no legalizara el PCE, al cual veían como un fuerte competidor. El 8 de septiembre, Suárez convocó a los capitanes generales y a la cúpula militar para explicarles los planes de reforma, ya con el proyecto de ley en la mano, y para hablarles de la legalización de los partidos. Supuestamente, en este último punto ya se incluía el PCE, y el presidente tenía que decírselo y convencerles de que no pasaba nada. Pero respecto a este punto hay versiones discrepantes. Suárez aseguró después, en los momentos previos a la legalización efectiva, que sí se había tratado el tema y que a los militares les había parecido bien.

Según la versión de Armada, sin embargo, cuando un alto mando militar le preguntó si legalizaría el Partido Comunista, la respuesta de Suárez fue que, con los estatutos que el partido tenía en aquel momento, era imposible legalizarlo, con lo que se sintieron aliviados. Esta versión es más coherente con lo que se sabe de los acuerdos a los que Suárez había llegado días antes con los socialistas, y con lo que se podía esperar de los militares. De ahí que tenga más aire de ser la versión auténtica.

Fuera como fuese, el presidente tuvo un éxito personal muy grande, lo cual era bastante extraordinario, puesto que muchos de aquellos militares habían acudido a la cita dispuestos a dar guerra. Les explicó tan bien las cosas, que un coronel acabó aclamando a Suárez con un «¡Viva la madre que te parió!». Dos días después, el Consejo de Ministros aprobaba el texto definitivo del Proyecto de ley para la reforma política, cuya redacción se atribuye a Torcuato Fernández Miranda.

Con ella, el rey consiguió desembarazarse de las Leyes Fundamentales, a las que había jurado fidelidad en 1969. Pero antes tenía que conseguir que la aprobaran las Cortes de Franco, teniendo en cuenta que supondría que se tendrían que disolver. El viejo profesor de Juan Carlos trabajó sin cesar, intrigando con unos y con otros para conseguir los votos, negociando casi uno por uno. Y fue consiguiendo los votos que necesitaba de los procuradores, alentados por la esperanza de conservar un sitio de privilegio en el nuevo sistema de poder que se estaba estableciendo.

Fue difícil, pero no tanto como podía parecer a simple vista. Al fin y al cabo, todos sabían que, si las Cortes hacían fracasar el proyecto del Gobierno con una votación negativa, el rey y el Consejo del Reino podrían suspender la prórroga aprobada en enero de 1976, cuando Arias todavía era presidente, y disolverlas inmediatamente. Y pasaría lo mismo si tras el debate se introducían más enmiendas de la cuenta. Fernández Miranda ya lo había advertido claramente en una entrevista publicada en la prensa, como aviso para asegurar los votos de los despistados. Todo estaba «atado y bien atado». Así, pues, no hubo sorpresas, puesto que el 18 de noviembre de 1976 la Ley se aprobó con una única enmienda. El siguiente trámite, imprescindible para poder modificar las Leyes Fundamentales e ir «de ley en ley», como quería Torcuato, era que el pueblo español la confirmara en referéndum. Esto era un «más difícil todavía», que requería un trabajo mucho más serio y delicado. Se fijó como fecha el 15 de diciembre y se puso en marcha la campaña. En primer lugar, era necesario mantener a la oposición democrática en silencio. El ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, empezó por reunirse con gobernadores civiles, y después les envió una circular: «En el orden público se actuará con prudencia en cuanto se refiera al campo de las ideas, pero se impedirá, en todo caso y con la máxima energía, cuanto atente a la unidad de España, a la forma monárquica del Estado o a las Fuerzas Armadas». La intervención del carismático Adolfo Suárez por televisión el mismo día que el Proyecto de ley había sido aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre, y la subsiguiente campaña en la prensa, ya habían conseguido que más de la mitad de la población considerara satisfactorios los contenidos. Era cuestión de seguir insistiendo.

Pero la actitud que escogieron mantener públicamente los «amigos» del PSOE supondría un trastorno importante. Sin atreverse a defraudar públicamente a las bases tan pronto, el Partido Socialista llevó a cabo una campaña verosímil a favor de la abstención. La abstención, y no el rechazo directo, fue todo lo que consiguió arrancarles el Gobierno de Suárez. A Luis Solana lo detuvo la Guardia Civil en Majadahonda, junto con Rodríguez Colorado (que conforme pasaron los años acabó siendo director general de la Policía y se vio salpicado por el escándalo de los fondos reservados), mientras colgaban carteles que decían: «Sin libertad, abstenerse». Su mujer, Cuca, tuvo que hablar con Manolo Prado para que se lo dijera al rey, que se hallaba en Palma, en Miravent, y le telefoneó a casa para interesarse por el hecho. En un deliberado juego de ambigüedades, muy cerca ya del referéndum, entre el 5 y el 8 de diciembre, el PSOE celebró su primer congreso en España desde la República, con la autorización implícita del Gobierno, en un hotel de lujo de Madrid.

Contó con la presencia de importantes figuras del socialismo mundial (Willy Brandt, François Mitterrand, Olof Palme, Michel Foot), algunos de los cuales fueron recibidos por Suárez y por el rey. Aunque en las conclusiones del congreso se siguiera manteniendo la recomendación de la abstención activa en el referéndum, en el discurso de inauguración Felipe González afirmó: «El PSOE está dispuesto a negociar con el Gobierno el proceso de tránsito a la democracia…». Y en la conferencia de prensa posterior dijo: «No vamos a hacer toda nuestra lucha en función de la legalidad del Partido Comunista». Ya se iniciaba el trabajo de desgaste y disolución del PC para integrarlo en otro grupo socialdemócrata del mismo PSOE, tarea que continúa en la actualidad con lo que queda del naufragio reformista. Con todo, el momento estrella de la convención, sin duda, fue la aparición de un joven espontáneo con una bandera republicana enorme, que arrancó gritos incontenibles de «España, mañana, será republicana» entre los asistentes. Los mismos líderes del PSOE lo sacaron de allí como pudieron y empezaron a cantar la Internacional, al mejor estilo de los bailes y danzas del franquismo, para acallar el griterío. Espectáculo político y catarsis, los que quisieran; cambio político y poner en entredicho al rey no eran en los planes de los dirigentes socialistas.

Tras todos los problemas y dificultades, sin embargo, finalmente el Gobierno y el rey pudieron respirar tranquilos, cuando el 15 de diciembre ganaron el referéndum con un amplio número de votos afirmativos. Curiosamente, la Ley para la reforma política se publicó en el BOE, pocos días después, como la «Octava Ley Fundamental».

La legalización del PCE

A comienzos del año siguiente, el proceso de Transición entró en una nueva etapa. La sucesión del Régimen franquista se había iniciado mientras Kissinger estaba en el ministerio yanqui de Asuntos Exteriores, a cuyas directrices tanto el Gobierno de Arias Navarro como el de Suárez se ajustaron a la perfección Sólo se pretendía un cambio político muy limitado en cuanto al fondo y las formas.

Pero una vez inaugurada la Administración Carter, en enero de 1977, el postfranquismo se readaptó enseguida. Fundamentalmente supuso una aceleración del ritmo de legalización de los partidos políticos y los sindicatos que aceptaban el cambio programado, y el reconocimiento de las autonomías como «apagafuegos» de los conflictos nacionalistas. Todo ello, siguiendo un modelo que ya se había probado antes, en la Europa de la Guerra Fría, tras la Segunda Guerra Mundial, que limitaba el arco de opciones políticas. El nuevo sistema español dejaría fuera a los exponentes republicanos y a los nacionalistas de izquierdas vascos, gallegos y catalanes. No se les reconocería ninguno de sus derechos políticos hasta que, mucho después de las primeras elecciones, el espacio electoral y el Parlamento estuvieran ocupados por los comprometidos con la reforma pactada.

Hasta diciembre de 1976, Suárez no dio ni un paso sin consultarlo previamente con Torcuato. Pero a partir de entonces empezaron a producirse desavenencias entre ellos. También entre Armada y el presidente. Ninguno de los dos amigos del rey estaba de acuerdo con la aceleración que Suárez estaba imponiendo. Pero no se trataba de un capricho, sino de una imposición de hecho, y el rey Juan Carlos sí que estuvo de acuerdo y le apoyó en todo. Uno de los primeros movimientos complicados, cuya responsabilidad hubo de asumir el presidente, fue la legalización del PCE. Los acontecimientos que tenían lugar en la calle ayudaron a que la decisión se tomara muy pronto.

Enero fue un mes de movilizaciones y conflictos. El 23 moría, asesinado por el pistolero de extrema derecha Jorge Cesarsky, el joven Arturo Ruiz en una manifestación en Madrid. Al día siguiente, en un acto de protesta la joven universitaria Mari Luz Nájera resultó herida gravemente por el impacto de un bote de humo, y finalmente murió. De manera simultánea a las manifestaciones de a pie, varios grupos de lucha armada activos en aquel momento, ETA y GRAPO, encadenaban una acción tras otra. Cuando Antonio María Oriol, ex-presidente del Consejo del Reino, ya estaba secuestrado por los GRAPO, el mismo día 24 también fue secuestrado el teniente general Emilio Villaescusa.

Pero la gota que colmó el vaso fue la acción de un grupo de pistoleros de extrema derecha que dependía del golpista del 23-F García Carrés, entonces presidente del sindicato vertical franquista de Transportes, que aquel mismo día asaltaron un despacho de abogados laboralistas en la calle Atocha, y abatieron a disparos a cinco miembros del Partido Comunista y de Comisiones Obreras.

El funeral por las víctimas constituyó el primero acto masivo del Partido Comunista, todavía clandestino. Y la tensión del rey subió a unos niveles de riesgo tan altos que puso en peligro la poca salud «coronaria» que le quedaba. Los contactos del Gobierno con el embajador de los Estados Unidos, Wells Stabler, se intensificaron para tratar sobre la situación. Suárez repetía a sus colaboradores, interrogándose a sí mismo en voz alta: «Y si los comunistas ocupan un día la calle, pero no pacíficamente como en el entierro de Atocha, ¿qué hacemos? ¿Los disolvemos por la violencia?; y si insisten, ¿los ametrallamos?; y si se presentan masivamente en las comisarías alardeando de su militancia, ¿los detenemos a todos?»; tenía que decidirse enseguida y acabó planteando la legalización del PCE abiertamente.

Como ya hemos visto, a primeros de septiembre se había reunido con el Consejo Superior del Ejército para explicarles la reforma política. Y Suárez se apoyó en el éxito de aquel encuentro para argumentar que el vicepresidente para asuntos de Defensa, Gutiérrez Mellado, y él mismo, tenían al Ejército controlado y no había peligro de involución. Pero Alfonso Armada tenía información directa conseguida por otras vías, a pesar del compromiso de mantenerla en secreto por parte de los asistentes. Y elaboró un informe respecto a este asunto que después entregó al rey. Su valoración no coincidía en absoluto con la de Suárez: Armada estaba convencido de que, si se legalizaba el PCE, la irritación de los militares se desbordaría. Ante la discrepancia en las versiones de lo que había pasado, el rey convocó a los dos a su despacho y discutieron al intentar aclarar si Suárez realmente les había dicho que legitimaría el comunismo a los militares, que acabaron la reunión aplaudiéndole. Suárez aseguraba que sí, que el Ejército estaba completamente al lado del Gobierno y que era muy favorable a la legalización del PCE. Las apreciaciones de Armada sólo eran imaginaciones suyas. En medio de la discusión incluso llegó a atribuir a la extrema derecha los secuestros de Antonio Oriol y el general Villaescusa (en poder de los GRAPO), que tenían, según él, la intención de desestabilizar el sistema para evitar la habilitación legal de los comunistas. A Armada le costó contenerse ante una herejía tan grande. En definitiva, fue imposible que se pusieran de acuerdo. El rey, al menos en ese momento, no tomó partido por ninguno de los dos.

Pero creyera o no el relato de su presidente, asumió que en todo caso los militares serían controlables. Se legalizaría el PCE. Entonces ya hacía tiempo que Carrillo entraba y salía del Estado español cuando le parecía, con el truco de la peluca. Sin embargo, ya hacía meses que no se molestaba en ponerse la ridícula peluca que no engañaba a nadie. A finales de año había sido detenido y conducido con toda clase de respetos a la prisión de Carabanchel, prácticamente bajo palio. Traía un pasaporte francés falso. Pero una semana después ya había salido en libertad bajo fianza. En febrero de 1977, poco antes de la legalización, tuvo una larga reunión de seis horas con Adolfo Suárez, en la que acordaron los últimos detalles de su pacto. El Partido Comunista sería legalizado y podría acudir a las elecciones generales.

A comienzos de marzo, como si ya fuese un hecho, se celebró en Madrid la reunión cumbre eurocomunista, que contó con la presencia de Enrico Berlinguer, el secretario general del PC italiano, y George Marchais, su homólogo francés. En Semana Santa, a primeros de abril, Suárez se reunió con Gutiérrez Mellado y con Alfonso Osorio, los dos vicepresidentes de su Gobierno; con Landelino Lavilla, ministro de Justicia, y con el de Interior, Rodolfo Martín Villa. Les dijo que era necesario encontrar a la mayor brevedad posible un apoyo jurídico para justificar a los ojos del país —y sobre todo de los militares— la legalización del Partido Comunista. El 9 de abril el fiscal general del Reino constató que nada probaba el carácter ilícito del partido de Carrillo. Y el sábado siguiente —Sábado Santo— la prensa informó a los españoles de que el PCE acababa de ser legalizado. La noticia cogió por sorpresa a los menos iniciados en la tramoya política que se cocía. Rápidamente, se organizó una reunión en La Zarzuela, con el rey, Suárez, Mondéjar y Armada. Fue otra discusión entre Armada y el presidente de las que hacen época, con el general gritando que había puesto en peligro la Corona. Pero Suárez ganó. Lo había hecho y los tanques no habían salido a la calle. En cambio, Armada recibió un mensaje claro, a través de Mondéjar, de que tenía que ir pensando en abandonar La Zarzuela. Pero pasaron varios meses antes de que esto sucediera. La mayoría de los ministros, de vacaciones de Semana Santa, se enteraron por la radio de que el PCE ya era legal. El de Marina, almirante Pita de Veiga, presentó la dimisión inmediatamente; y cuatro más amenazaron con hacerlo, aunque al final desistieron «por lealtad a la Corona». El martes 12 de abril se reunió el Consejo Superior del Ejército y difundió un comunicado público en el que expresaba la repulsa general que había causado en todos los cuarteles, aun cuando admitían disciplinadamente la legalización como un hecho consumado. Aparte de esto, redactaron un escrito más extenso y diferente en el que, al parecer, iban más allá, con ataques a Suárez y a Gutiérrez Mellado, y se lo enviaron al rey. Y eso fue todo. No hubo nada más. Con el tiempo, los militares se calmaron, sobre todo cuando vieron el pésimo resultado que el PCE obtenía en las primeras elecciones generales, en las que sólo tuvieron un 9% de los votos, gracias a la tarea de destrucción llevada a cabo implacablemente por Santiago Carrillo de los principios que el PCE había mantenido vivos durante todo el franquismo. En 1977, Carrillo ya asistía a las recepciones oficiales del monarca como si nada y presumía además, de que los camareros de Comisiones Obreras le reservaban los mejores canapés. El rey y «Don Santiago» (como Juan Carlos le llamaba afectuosamente, incumpliendo excepcionalmente la borbónica costumbre de tratar de tú a todo el mundo) se acabaron haciendo amigos. «Tendría usted que rebautizar a su partido y llamarlo Real Partido Comunista de España», le dijo un día el monarca. «A nadie le extrañaría». Carrillo le reía las gracias al rey como cualquier otro personaje palaciego.

Ni qué decir tiene que los partidos nacionalistas de derechas también obtuvieron la legalización sin problemas, a tiempo para las elecciones, tan pronto como hubieron aceptado las condiciones que les imponía la Transición. Una de las primeras iniciativas en este sentido (aparte de las conversaciones secretas con Jordi Pujol y los nacionalistas vascos, ya antes de la muerte del dictador) fue hacer venir a Josep Tarradellas de su exilio en Saint-Martin-le-Beau. Un avión fue a buscarlo a París y el 28 de junio Juan Carlos le recibió en la Zarzuela. El republicano y el rey se entendieron a las mil maravillas. «A mí lo que me gustaba de él», dice el monarca, «era la distancia que sabía tomar con los problemas a los que no veía solución… En eso Tarradellas se parecía a Franco». Cuando ya cogía el avión que lo traería a Barcelona, Tarradellas le preguntó al representante del Gobierno que le acompañaba si tenía alguna garantía de que no lo fusilarían como a su predecesor en la Generalitat de Cataluña. «Tiene la garantía personal de don Adolfo Suárez, señor presidente», le contestaron. «En el fondo», comentaría Tarradellas, «la única garantía que quiero es la de que me eviten hacer el ridículo». Hay discrepancia de opiniones sobre si lo consiguió o no.

Otro éxito político importante de esta etapa de Suárez fue la abdicación de Don Juan, el padre del rey. También fue el presidente quien asumió esta responsabilidad en nombre del monarca. Todos, incluyendo al mismo Don Juan, le atribuyeron el hecho de haber impedido que la ceremonia se hiciera en el Palacio Real, como quería el conde, con la solemnidad que merecía el hecho de renunciar a los derechos dinásticos de Alfonso XIII. Se celebró en la Zarzuela, casi en la intimidad, el 14 de mayo de 1977, un mes antes de las elecciones generales. Don Juan leyó un breve discurso y, al acabar, se cuadró delante de su hijo e inclinó la cabeza «¡Majestad, por España, todo por España, viva España, viva el rey!». Pero, hasta el final de su vida, nunca tuvo una relación cordial con Juan Carlos.

Las primeras elecciones

Las primeras elecciones generales se convocaron para el 15 de junio de 1977. Fue una auténtica sopa de letras. Pero el bosque de siglas distraía la atención respecto a las que faltaban: las de los partidos que no se habían legalizado. Salían como favoritos, no necesariamente por este orden, el PSOE, con la financiación de Alemania; la Alianza Popular de Manuel Fraga, en la que se habían unido varios grupos de derechas que se autoproclamaban «reformistas» y «democráticos», con el apoyo de la banca y, desde luego, la UCD de Suárez. La Unión de Centro Democrático respondía a la idea que había empezado a desarrollar Torcuato Fernández Miranda de un «partido gubernamental» y de la monarquía, que, en principio, tenía que haber unido a toda la derecha, ocupando el mismo espacio que AP. Si no fue así, se debió a dos razones: la primera la incompatibilidad manifiesta entre Suárez y Fraga, que quiso impulsar la creación de su propio grupo desde el comienzo de la legislatura de Suárez, primero a través de Reforma Democrática y, después, uniéndose con otros en AP; la segunda y fundamental, la aceleración en el ritmo que Suárez estaba imprimiendo a las reformas, impuesto desde los Estados Unidos, con el cual muchos falangistas —aunque favorables al conjunto de la Transición— no estaban de acuerdo, ni siquiera los más próximos a la Zarzuela, como Armada o Torcuato Fernández Miranda. Armada se puso del lado de AP, donde era candidato su propio hijo, en el puesto 27 de la lista por Madrid. Suárez, en otra alucinación argumental delante de Armada, le acusó de haber enviado cartas con el sello de la Casa Real en las que pedía el voto para esta formación política, pero no se probó nunca nada. A Torcuato no le valía el liderazgo de Fraga, no le habría aceptado nunca. Pero su ruptura con Suárez ya era manifiesta. Y 15 días antes de las elecciones, presentó su dimisión como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino y se fue a casa. Preveía que la UCD y Alianza Popular obtendrían un número de votos muy igualado, y que ninguno de los dos conseguiría la suficiente mayoría para gobernar. Y tenía planes para que, como Suárez y Fraga no querían pactar entre ellos, el rey encargara a un independiente —él mismo— la presidencia de un gobierno de centro-derecha. En aquellos momentos, sí que habría aceptado ser presidente del Gobierno, cargo que había rechazado cuando el rey se lo ofreció tras la muerte de Franco. Aun así, esta vez sus proyectos políticos no le salieron nada bien.

La UCD renunciaba a la derecha más dura, y se presentaba como un partido de centro incorporando a grupos de socialdemócratas, democristianos y liberales. Tuvo el apoyo del rey, absolutamente deslumbrado con los encantos de Suárez que ya se había ganado, de golpe, el sitio en el corazón del monarca que hasta entonces había ocupado su viejo profesor, Torcuato Fernández Miranda. En un principio, el proyecto de UCD no fue comprendido por la gran banca franquista, que puso toda clase de dificultades antes de dar el apoyo económico que necesitaba para preparar la campaña. Suárez, con su verborrea, fue el único que consiguió convencer a los representantes de las finanzas españolas en una cena memorable en casa de Ignacio Torta, el banquero que se acabó suicidándose unos años más tarde a causa de sus deudas. Pero, además, contaba con otros apoyos. Hay pruebas de que, por lo menos para preparar las elecciones que vendrían a continuación, las municipales, se pidió dinero a los países árabes. A la corte de Teherán, en concreto, llegó una carta del rey de España, fechada el 22 de junio de 1977, en la que se pedían 10 millones de dólares para apoyar al partido de su primer ministro, Adolfo Suárez, en las elecciones que se celebrarían al cabo de seis meses. Quien firmaba la carta, el rey Juan Carlos, explicaba a sus «hermanos árabes» que el PSOE contaba con la ayuda plena de la Internacional Socialista, especialmente de la riquísima socialdemocracia alemana; y que hacía falta contrarrestar esta situación y buscar apoyos para que un gobierno de centro-derecha, como el de Adolfo Suárez, se pudiera sostener y, así, proteger a la institución monárquica de la amenaza marxista. La monarquía saudí (en aquel momento se trataba del rey Halid, y Fahd era el primer ministro), que se sepa, respondió favorablemente con la concesión de un crédito por un importe de 100 millones de dólares (unos 10.000 millones de pesetas), mucho más de lo que se había pedido, que la Casa Real tenía que devolver en un plazo de diez años sin intereses.

Respecto a otros grupos legalizados para participar en las elecciones, es preciso señalar que no jugaban en igualdad de condiciones en cuanto a la financiación ni en cuanto a las oportunidades de obtener representación parlamentaria. Merced al sistema proporcional establecido por el Gobierno de Su Majestad, se favorecía a los partidos que obtuvieran más votos, con la intención de dejar fuera del parlamento a la oposición, despreciándola, y favoreciendo el bipartidismo según el modelo yanqui. Además, todos se tuvieron que avenir a varias condiciones previas. Tenían acceso a la televisión para los breves espacios electorales, igual que hoy día, pero había temas intocables: el rey, las Fuerzas Armadas, la bandera y la unidad de España. Para el PSOE, el PCE y el PSP de Tierno Galván, que también se había reunido varias veces con Suárez para pactar su legalización, esto no suponía ningún problema. Lo aceptaron sin poner objeciones. Para otros fue un poco más complicado, pero también acabaron pasando por el aro. En particular, el espacio televisivo que había preparado la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) fue materia de discusión. Su líder, el sociólogo Jaime Pastor, salía ante el Palacio Real diciendo, más o menos: «La grave crisis de miedo que atraviesa España tiene un máximo responsable: el inquilino de este palacio, el rey, que ha sido impuesto por Franco». Para afrontar esta clase de casos se había formado una comisión gubernamental, encargada de pasar revista a la propaganda electoral y censurar lo que hiciera falta.

En esta comisión estaba, como subsecretario del Ministerio de Información, precisamente Fernández Campo, que muy poco tiempo después fue secretario general de la Casa del Rey. Y fue él quien más se opuso a que se emitiera el vídeo de la LCR. Jaime Pastor criticó duramente a los miembros del PCE, del PSOE y del PSP por «tragarse las exigencias antidemocráticas» del Gobierno, pero no tuvo más remedio que retirar el anuncio.

Con Suárez saliendo por televisión cada dos por tres, las paredes empapeladas con carteles electorales, las ciudades invadidas por grises para disolver con pelotas de goma las manifestaciones de la oposición, y de fachas armados con cadenas para intentar impedir que los militantes de izquierdas hicieran propaganda en la calle… el resultado de las elecciones del 15 de junio fue el único posible. Adolfo Suárez ya sabía qué sucedería y se pasó las semanas previas anunciando a diestro y siniestro «¡barreremos!». Los de AP en general y, entre éstos, Torcuato Fernández Miranda en particular, fueron los únicos a quienes sorprendió el resultado: cómoda victoria de la UCD, aunque sin mayoría absoluta, seguida del PSOE y, sólo en tercer lugar Alianza Popular, con escaños. Uno de los primeros trofeos fue la cabeza de Alfonso Armada. Suárez se plantó delante del rey aprovechando la ocasión, dos días tras las elecciones, y le dijo: «O él o yo». Y el rey tenía perfectamente claras sus prioridades en aquel momento. Armada pidió que se dijera que abandonaba la Zarzuela voluntariamente con objeto de mandar tropas y completar su carrera militar.

También puso como condición que le sustituyera Sabino Fernández Campo, porque tenía el mejor concepto de él desde que se conocieran en la Secretaría del Ministerio del Ejército en tiempos de Franco. Cuando Mondéjar escribió al vicepresidente Gutiérrez Mellado, solicitando un destino para Armada en la Escuela Superior del Ejército, dejó constancia, además, de que el ex-secretario general de la Casa se iba, y que seguiría prestando servicios a la Zarzuela: «[…] Deseo utilizar de forma esporádica la colaboración del general Armada, que lleva muchos años en esta Casa y conoce particularmente algunos asuntos».

Suárez, a partir de aquel momento, puso en marcha su política de consenso, palabra clave en todo el proceso de la Transición, que consistía básicamente en pactarlo prácticamente todo y tomar las decisiones importantes por unanimidad de facto, como precedente de lo que hoy en día llamaríamos el establecimiento de un «pensamiento único». En los famosos «Pactos de la Moncloa», Suárez negoció muy hábilmente con las otras fuerzas políticas que estaban dentro del sistema, cediendo parcelas de poder a cambio de concesiones. Pero se fue quemando poco a poco con esta técnica que, al final, no dejaba satisfecho a nadie, ni a los suyos ni a los otros. La necesidad de una Constitución no era un tema que se hubiera tratado ampliamente; los partidos no habían hablado de ella en sus campañas electorales. Por ello, tenía que ser la legislatura encargada de elaborar una Constitución acorde con los nuevos tiempos. Los diputados y senadores elegidos tuvieron la ocasión de pactar por su cuenta lo que les dio la gana, sin tener que dar ninguna explicación a los electores ni tener que someter a referéndum el conjunto global, sin dar opción a debatir aspectos concretos ni hacer modificaciones. La Casa Real, desde luego, tenía ideas propias para este gran proyecto y, aparte de contar con información privilegiada sobre el proceso de gestación de la criatura, con el Gobierno y con todos los diputados de la UCD, se proveyó de otros apoyos. Siguiendo la tradición heredada de Franco de nombrar directamente a una cuota de procuradores (llamados los «cuarenta de Ayete»), en la legislatura constituyente de 1977-1979 Juan Carlos nombró a 41 senadores reales, escogidos por su real dedo. Formaron un grupo parlamentario y a veces actuaron corporativamente, al servicio de La Zarzuela, con la que mantenían contactos frecuentes, sobre todo a través de Sabino Fernández Campo. Desde la Secretaría General de la Casa se les rogaba que plantearan o no, dependiendo del caso, determinados temas, pero siempre con suma discreción para evitar implicar a la Corona directamente, porque oficialmente no podía parecer que los senadores la representaban. En la lista, que se hizo pública en junio de 1977, había políticos, militares, intelectuales, banqueros, falangistas y empresarios (puede verse la lista completa en el apéndice). No estaba Armada, aunque sí había figurado en los borradores provisionales. Juan Carlos reclutó personalmente a cada uno. Julián Marías, por ejemplo, uno de los escogidos, cuenta que unos meses antes, un día le telefonearon a casa y le dijeron «espere un momento que le va a hablar el rey». Y se puso Juan Carlos directamente, con su familiaridad habitual, para decirle cuánto le había gustado el último artículo de prensa del afamado ensayista y para citarlo en La Zarzuela. Era el primer contacto que tenían. La mayoría de los «escogidos» se sintieron tan halagados con esa clase de llamadas telefónicas del rey que, por lo que se sabe, nadie se negó. Ni siquiera Justino Azcárate, que había sido ministro en la República y desde el exilio había fundado la Agrupación al Servicio de la República; ni el prestigioso economista y escritor José Luis Sampedro, que había tenido que abandonar la universidad, en la que era catedrático en 1969, a raíz de unas declaraciones. Ni mucho menos, obviamente, gente como Camilo José Cela, el galleguista Domingo García Sabell, el empresario Luis Olarra, el banquero Alfonso Escámez o el abogado Antonio Pedrol Ríos. Teniendo en cuenta el papel que desempeñarían, es necesario destacar especialmente quiénes eran del entorno más inmediato del rey, en cuyo equipo ya hacía tiempo que trabajaban: Manuel Prado y Colón de Carvajal, Jaime Carvajal, Miguel Primo de Rivera y Torcuato Fernández Miranda. Como grupo, los senadores reales tenían de todo: ideólogos de la Transición, intrigantes profesionales, gabinete jurídico, poder económico, profesionales de la manipulación, mandos militares y, para que no faltara nada, los amos de la prensa: José Ortega Spottorno (presidente de Prisa, editora de El País), Víctor de la Sierra (ex-presidente de Prensa Castellana, editora de Informaciones), Guillermo Luca de Tena (presidente de Prensa Española, editora de ABC) y Fermín Zelada (presidente de Editorial Católica, editora de Ya).

La Constitución

Durante la elaboración de la Constitución de 1978, los senadores reales tuvieron algunas iniciativas, fundamentalmente para reforzar el españolismo. Y seguramente también, aunque no está confirmado, para poner su granito de arena en uno de los puntos más controvertidos que afectaba directamente a la Corona, la sucesión, que se abordó en el artículo 57. Por razones absolutamente particulares, que afectaban a la familia de Juan Carlos, se estableció un orden en el que siempre sería preferible «el varón a la mujer». Algo, para empezar, inconstitucional, teniendo en cuenta el artículo 13 (Capítulo Segundo, Derechos y Libertades) de la misma Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Para resolver esta contradicción, Juan Carlos tuvo que hablar en secreto y sin tapujos con los miembros de la Comisión Constitucional del Congreso, los padres de la criatura, como padre de otra criatura: la infanta Elena. El problema era que, si no se establecía que los hijos varones tenían preferencia, según el orden de primogenitura le tocaría ser princesa de Asturias a ella, y esto no podía ser, puesto que había nacido «enferma», como todo el mundo sabe aunque haya sido a lo largo de los años el tema tabú de todos los que han rodeado a la familia real española. La Casa Real tenía pánico de tener que admitirlo públicamente, cosa que obligaría a la infanta a ceder el puesto a su hermana, Cristina, que sí era sana y no habría tenido ningún problema para reinar. La enfermedad —que no se ha querido nombrar nunca, y a la que se ha dado el apellido de «psicosomática» off the record— de la infanta podía poner en peligro una institución recién estrenada, que se apoyaba en privilegios de nacimiento difíciles de explicar, y con más motivo en el caso de Juan Carlos, que ya se había saltado a la torera a su padre y a la línea de su tío por el hecho de ser sordomudo, y que sólo llegó al cargo mediante una imposición del franquismo. Los padres de la Constitución de 1978 entendieron la postura de Su Majestad, y el tema de la discriminación de sexos ni siquiera se llegó a discutir en las Cortes. Silencio total, como si nadie se hubiera dado cuenta de la incongruencia que, ahora sí, aflora en los foros internacionales y crea problemas que apuntan hacia una reforma de la Constitución inmediatamente después de que herede Felipe, que con un poco de suerte tendrá una descendencia que no dará nuevos disgustos a la Casa Borbón, aunque… no se sabe nunca. También está creando conflictos en los foros internacionales el artículo 56.3 (junto con el 64 y el 65), que dice: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Es decir, que no se le puede juzgar, haga lo que haga o diga lo que diga. Otro regalo constitucional al monarca, en contradicción nuevamente con el artículo 14, al que el Estado español tendrá que renunciar, revocándolo, si quiere firmar los acuerdos para crear un Tribunal Penal Internacional (ya se ha hablado de esto en la introducción).

Aparte de los artículos específicos sobre la Corona, la Constitución de 1978 recogió el espíritu de la letra de los principios establecidos en el informe de 1975 sobre la «democracia» elaborado por la Comisión Trilateral: un sistema electoral proporcional (artículo 68), para poder limitar el acceso al gobierno por la vía electoral-parlamentaria de grupos políticos indeseables; descentralización de la Administración pública, pero sin dar poder político real a las comunidades autónomas (capítulo Tercero del Título VIII), cosa que convierte a los parlamentos en órganos más técnicos y menos políticos; supresión de las leyes que prohibían la financiación de los partidos por parte de las grandes empresas, que se sumaría a la financiación con fondos públicos; exaltación de los mitos de la «libertad de empresa» y la «economía de mercado», elevándolos a rango constitucional (artículo 38), etc. Pero lo más importante era establecer que la forma política del Estado español sería la monarquía parlamentaria (artículo 2), en un orden político que sería protegido por el Ejército (artículo 8), cuyo mando supremo correspondería al rey (artículo 62).

Aunque el PSOE y el PCE, entre otros, habían engañado al pueblo haciéndole creer que defendían el sistema republicano, todo estaba pactado de antemano, sin dejar cabos sueltos. Atendiendo a lo que habían dicho en la campaña electoral, lo que hicieron después fue un fraude, pero sólo se preocuparon de camuflarlo un poco. La Comisión Ejecutiva socialista decidió que el voto republicano se mantuviera hasta el debate de la Comisión Constitucional del Congreso, el 11 de mayo de 1977, para que lo defendiera Luis Gómez Llorente en rueda de prensa. El PSOE quiso aparentar que no abjuraba de su ideología, sino que había sido derrotado ante una mayoría constituida por la UCD, AP y los nacionalistas de derechas. Gómez Llorente lo dijo así en su discurso: «Nosotros aceptaremos como válido lo que resultó en este punto del Parlamento constituyente. No vamos a cuestionar el conjunto de la Constitución por esto. Acatamos democráticamente la ley de la mayoría. Si democráticamente se establece la monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella». Después, en el referéndum, pidieron abiertamente el sí a la Constitución. El 6 de diciembre de 1978, el Estado planteó a los españoles una elección entre lo malo o lo peor. O monarquía o nada. Y, mayoritariamente, la Constitución fue aprobada. En opinión de quienes estaban en el poder, la victoria ya valía como si el pueblo hubiera dado un sí rotundo a Juan Carlos.

El final de una etapa

El período constituyente, de 1977 a 1979, fue glorioso para Adolfo Suárez. El rey estaba absolutamente deslumbrado: «¡Es un fenómeno!», comentó un día en La Zarzuela, «mirad qué artículo segundo de la Constitución ha hecho para solucionar la grave cuestión de las autonomías y, al mismo tiempo, manteniendo la unidad de España». Pero el encantamiento estaba a punto de empezar a deshacerse. Los problemas llegaron, sencillamente, porque Suárez se había quemado. Su tarea había terminado y lo cierto es que al rey Juan Carlos nunca le preocupó demasiado tener que echar, de golpe, a quien le había servido bien, tan pronto como hubiera acabado su misión. Lo mismo que ya había sucedido con Torcuato Fernández Miranda pasaba ahora con Suárez y después con Sabino Fernández Campo, el sustituto en el corazón del monarca. El general Fernández Campo acababa de entrar en La Zarzuela para ocupar el sitio que había dejado vacante Alfonso Armada y rápidamente se convirtió en mucho más que un secretario: en un consejero que el mismo rey acabó nombrando «jefe». El PSOE, que tanta carne había puesto en el asador de la Transición, quería cobrar accediendo a la presidencia. Lo intentó en las primeras elecciones generales tras la Constitución, las de 1979. Pero era demasiado pronto. No conseguiría vencer a la UCD de Suárez, muy de mal grado, mientras esta formación continuara contando con todo el apoyo de la banca y de la Casa Real. Y en aquel momento todavía tenía a los dos de su lado. Se la ayudaba en todo, incluso haciendo coincidir la investidura de Suárez, el 30 de marzo, con la campaña de las elecciones municipales, previstas para el 3 de abril de 1979, para que la UCD se pudiera beneficiar de la atención que habían prestado al presidente los medios de comunicación. En el siguiente congreso del PSOE, al cabo de unos meses, en mayo, Felipe González decidió, por una inspiración cuyo origen es deducible, que el partido dejaría de ser marxista. Se tenía que ganar la confianza de la banca como fuera, y si lo que querían los banqueros y los yanquis era esto, pues se tenía que hacer.

No querían más cartas del monarca en las que hablara de la amenaza marxista como argumento para apoyar a Suárez. «Hay que ser socialista, antes que marxista», dijo Felipe al congreso, con una frase que recordaba los trabalenguas de la Transición: la reforma sin reformar lo que era inmutable, que, sin embargo, no era irreformable. Dejó desconcertado a su partido, que le tomó por loco y se negó a acatarlo. Pero González estaba dispuesto a ir hasta el final. Presentó la dimisión, una dimisión táctica para ejercer presión. Y en septiembre volvió, cosa que consolidó su autoridad personal.

Quedaba convencer a la banca de que lo decía en serio.

Aparte del PSOE, AP también deseaba desligarse de la UCD, que le había quitado el sitio que le correspondía. Fraga, convertido en «demócrata de toda la vida», creía que lo natural sería que los partidos mayoritarios fueran el suyo y el de los socialistas, un bipartidismo perfecto. Y los mismos varones de la UCD se sumaron a la campaña de demolición de Suárez, acercándose unos a AP y otros al PSOE. Joaquín Garrigues Walker, Francisco Fernández Ordóñez y Landelino Lavilla conspiraron con ellos para apoyar una moción de censura contra el presidente, presentada por el PSOE en mayo de 1980, que no prosperó. Otro factor que es necesario tener en cuenta era el «malestar» de las Fuerzas Armadas. Suárez, impulsado por el mismo monarca a imprimir ritmo a las reformas, aunque asumiendo él toda la responsabilidad, se había convertido en el enemigo número uno del Ejército. Era como el juego del policía bueno y el policía malo. Primero Suárez actuaba de malo y, después, los militares pasaban por La Zarzuela a quejarse al rey, que era el bueno. El 28 de noviembre de 1979 Milans del Bosch fue recibido en audiencia privada y, poco después, también acudiría al palacio una amplia representación de la División Acorazada, presidida por el general Torres Rojas. Lo que les más les enojaba era la política de depuración del Gobierno, que había enviado a destinos alejados de los centros de poder a los más adeptos al antiguo Régimen, para poner a mandos nuevos e ir lavando la cara de las Fuerzas Armadas. Y, desde luego, el tema de las autonomías, con aquel famoso «café para todos», que veían como una desmembración de facto de la sagrada unidad de la patria. Con todos estos factores de por medio, las relaciones del monarca con Adolfo Suárez comenzaron a ponerse tensas hasta llegar a un punto sin retorno.

Juan Carlos escuchaba a Felipe, Fraga, Armada, Milans… en su papel de «árbitro» de España, para intermediar entre ellos y el presidente. Y acabó con un impulso que le dieron desde el exterior (como en prácticamente todas sus decisiones políticas importantes), que inclinó la balanza a favor de los primeros. Juntos comenzaron a elucubrar posibles soluciones al problema, a hacer planes que acabaron cristalizando el 23 de febrero de 1981. Suárez solía decir en privado: «El rey a mí no me borbonea». Y prefirió presentar él mismo la dimisión cuando lo creyó oportuno, para que Juan Carlos no tuviera la oportunidad de utilizarlo cuando más le conviniera. Pero todo esto no se podría entender fuera del contexto de la preparación del golpe del 23-F. Sólo hace falta decir, por el momento, que su salida de la Moncloa fue dura, aparte de los 200 millones de pesetas que le dio el Estado, a propuesta del mismo Juan Carlos, para paliar su delicada situación económica. Cuando Suárez presentó su dimisión, en algún momento de la conversación que mantuvieron, de la cual se desconocen bastantes detalles, el rey le prometió además un ducado. Después, lo consideró excesivo y quiso volverse atrás, pero Suárez insistió y evitó que pudiera retirar la oferta. A diferencia de otros (como Arias Navarro o, posteriormente, Sabino Fernández Campo), lo utilizó profusamente, e incluso se hizo bordar en las camisas una corona ducal. Suárez también quería el Toisón, que pensaba que se merecía por lo menos tanto como Torcuato Fernández Miranda, pero no se lo dieron. Quizás para humillarlo, Juan Carlos le otorgó, en cambio, el penoso José María Pemán (el 20 de mayo de 1981), por los servicios prestados y la lealtad a la institución monárquica. Suárez desapareció del mapa político, pese a los vanos intentos por volver a la cumbre con un partido nuevo, el Centro Democrático y Social (CDS), que hoy en día lidera otro fracasado con respecto a las relaciones con el monarca, Mario Conde. Pero Suárez, desde 1981 hasta ahora, ha seguido cumpliendo un papel de mediador, de hombre con influencia en las altas esferas, gracias al poder que dan años de secretos compartidos. Cuando se fue, el rey le escribió una carta de despedida: «Para Adolfo, Amparo y sus hijos, y para la Historia…», en la que se justificaba por el hecho de haberlo abandonado. Unos años más tarde, cuando Suárez negociaba con una editorial la publicación de sus memorias, el rey le telefoneó: «¡A ver lo que vas a escribir!». No se volvió a hablar de las memorias nunca más. Al parecer, Suárez tiene todos sus documentos microfilmados y depositados en la caja fuerte de un banco suizo.

CAPÍTULO 11

TURISTA ACCIDENTAL EN GERNIKA

Una, «grande» y monárquica

Poco antes del golpe de Estado del 23-F, los reyes hicieron su primera visita oficial a Euskadi. Y esto es de lo que, cronológicamente, toca tratar ahora, aunque sea brevemente. Pero antes tenemos que retroceder un poco en el tiempo, para entender lo que aquel viaje significó en su momento. La obsesión de Franco por la sagrada «unidad de la patria» («una, grande y libre», lema acuñado en cada una de las pesetas que pasaban por las manos de los españoles) fue traspasada intacta al monarca. El dictador asumió, aparentemente sin más problemas, que tras morirse se llevarían a cabo reformas que tenderían a una democracia formal, tal como quedó demostrado, por ejemplo, cuando consintió la entrevista a Cambio 16 de su sobrino Nicolás Franco, colaborador del entonces príncipe, en la que hablaba del tema y se declaraba a sí mismo «demócrata». En cambio, se esforzó al máximo, en los últimos tiempos de vida, ya moribundo, en recordar a su sucesor una sola razón de Estado que tenía que ser básica y guiar sus pasos en el futuro. De hecho, las últimas palabras «coherentes» que Juan Carlos recuerda haber oído de él fueron: «Alteza, la única cosa que os pido es que mantengáis la unidad de España». En esencia, a nivel simbólico, éste es el pretexto de la monarquía como sistema político: «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia», como se recogió en la Constitución de 1978 (primer artículo referido a la Corona, número 56). El tópico de la unidad territorial es el que más se ha repetido en sus discursos a lo largo de sus ya 25 años de reinado, sobre todo en los mensajes navideños retransmitidos por televisión, en los que no faltó ni un solo año, casi siempre acompañando las críticas a los «nacionalistas exacerbados». A veces, con párrafos— quién sabe quién los escribía —dignos de ser recogidos en la antología «nacional» del disparate. Como este del discurso del día de la Hispanidad de 1983, repleto de contradicciones: «Los Reyes Católicos crearon un Estado moderno, fundamentado en las ideas de unidad y de libertad, es decir, del derecho a la diversidad. Para ello no dudaron en reducir a los que alzaban sobre los intereses nacionales sus egoísmos y sus pequeños intereses de campanario derribando, cuando fuera preciso, sus castillos».

En la intimidad, las conversaciones de los reyes con sus colaboradores sobre la cuestión todavía debían ser peores, por lo que sabemos. Un día de 1976 en que los miembros de la Casa discutían en el comedor de la Zarzuela si era conveniente o no hacer de inmediato una visita oficial al País Vasco, alguien opinó que quizás sería mejor dejar pasar el tiempo hasta que mejorara la situación.

Entonces Mondéjar dijo: «Si no, se les da la independencia y ya está». Aunque naturalmente, era una broma, la reina, que solía participar activamente en aquellas reuniones políticas, replicó alarmada que esta solución era impensable. Mondéjar continuó la broma añadiendo: «Se les da la independencia, después se les declara la guerra y, finalmente, se les conquista». Y todos se rieron mucho. Al margen de las elucubraciones más o menos graciosas, nadie sabe a ciencia cierta todo lo que hubo —o se discutió que podía haber— en los primeros pasos de la monarquía para solucionar un tema que se planteaba difícil, muy especialmente en Euskadi. El «GODSA político-militar» (del que ya se ha hablado en el capítulo 9), el Gabinete de Orientación y Documentación creado por Manuel Fraga en su etapa de ministro de la Gobernación, estrechamente vinculado con el CESID, aparte de «orientar» y «documentar» para ir en la dirección adecuada, pasaba una parte del tiempo elaborando planes que para ser ejecutados requerían algo más que unos artículos en la prensa. Jorge Vestrynge, el cachorro de Fraga (a quien años más tarde se le destiñó el azul y se volvió de izquierdas como quien se hace un vestido), forjó su carrera política en el GODSA, donde se enteró de algunos de aquellos proyectos. Una vez, en los primeros años de la monarquía, Antonio Cortina (el militar que, destinado más tarde en el CESID, participó en el golpe del 23-F) le sondeó respecto a una posible intervención militar. Cortina quería saber si la reciente Alianza Popular podría colocar a 30.000 personas en Burgos (AP tenía entonces unos 20.000 afiliados). El plan que estaban estudiando en el GODSA era concentrarlas en la ciudad castellana, y desde allí hacerlas avanzar a pie en una columna, con Fraga al frente, hasta el País Vasco. Preveían que, cuando pasaran, saldrían a recibirles contramanifestantes, conforme se acercaran a Gasteiz, y entonces —según lo que le explicó Cortina— un helicóptero del Ejército trasladaría a Fraga a Madrid para que no estuviera en peligro. El plan reproducía el golpe de la Rue de Isly durante la Batalla de Argel. En aquella operación, los extremistas del OAS organizaron una manifestación multitudinaria profrancesa que avanzó por aquella calle hacia un barrio musulmán controlado por los independentistas del Frente de Liberación Nacional argelino. Después de que el Ejército francés se interpusiera, algunos francotiradores escondidos dispararon contra los musulmanes para que éstos respondieran del mismo modo, con lo cual querían provocar a las tropas de interposición. Aun así, los militares franceses no cayeron en la trampa y acabaron disolviendo a los suyos a tiros. Cuando Vestrynge, que siempre fue una persona muy excéntrica políticamente, se dio cuenta de lo que le estaba diciendo Cortina, se lo explicó a Fraga un poco alarmado, y éste dijo que él mismo sería el único que contactaría con Cortina a partir de entonces. Por la manera como se desarrolló la historia, sólo fue un proyecto que no se llevó a término. Pero no dejan de llamar la atención las coincidencias del plan con lo que pasó —o estuvo a punto de pasar— hace unos pocos años en Madrid. Con motivo de la muerte del concejal Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, el CESID convocó en la capital una manifestación «espontánea» multitudinaria, con una nueva consigna que había creado para la ocasión: «ETA no, vascos sí». Durante todo el día los canales de televisión modificaron las programaciones habituales para dedicar todo el espacio a retransmitir los acontecimientos conforme se producían, hecho que provocó una catarsis colectiva sin precedentes. Telemadrid, en concreto, hizo llamamientos para que la gente fuera a la manifestación y siguió, minuto a minuto, cómo iba creciendo el número de gente que se convocaba en la Plaza de Colón. Los locutores de telenoticias llegaron al extremo de llorar en directo, mientras daban la noticia de la muerte del concejal. Cuando la manifestación terminó, en la Puerta del Sol, todavía había de llegar uno de los platos fuertes, con la periodista Victoria Prego ensalzando a las masas desde un podio con su famoso «¡A por ellos!»

En un momento concreto, el acto se dio por acabado. Pero las masas que se habían concentrado estaban demasiado exaltadas, enfurecidas, fanatizadas… No estaban dispuestas a disolverse. Un grupo de extrema derecha se sumó con banderas españolas para dirigir una marcha a pie hacia Euskadi, a la cual se habría de ir sumando gente de otras regiones a lo largo del camino. Iban a liberar las Vascongadas. Como en el caso del golpe de la Rue de Isly, no llegaron a salir, afortunadamente. La Policía fue contra los suyos, contra los manifestantes de las «manos blancas», y los disolvió con los antidisturbios. Sin embargo, permanece como un inquietante precedente, como aviso para caminantes de la disidencia.

Pero volvamos a los primeros años de la Transición. En agosto de 1976, el primer Gobierno de Adolfo Suárez y el rey se sentó a discutir qué podía hacerse con el problema vasco. Tenían sobre la mesa una carta-informe que les había enviado el presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta, en la que les proponía una serie de «medidas de gracia» para tranquilizar los ánimos. En concreto, Unceta pensaba que era necesario devolver a Vizcaya y Guipúzcoa los conciertos económicos que habían sido derogados por Franco, en un decreto ley de julio de 1937 que castigaba la actitud de las dos provincias por no haberse sumado al Movimiento Nacional. La devolución no era una cuestión de justicia, sino de habilidad política. Había otra propuesta, curiosamente de la Dirección General de la Guardia Civil, que tenía la misma intencionalidad, puesto que se sugería no solamente restablecer los conciertos sino también legalizar la ikurriña. El plan era que el rey fuera personalmente a Gernika a llevar la buena nueva y, particularmente, estaba dispuesto a hacerlo.

Pero a Suárez el plan no le pareció bien, porque creía que aquello era «defender a los capitalistas vascos que no querían pagar impuestos».

Para que no se calentaran más de lo que debido, en otoño ETA presentó la alternativa KAS en una rueda de prensa. «Pocas o ninguna son las reivindicaciones de libertades que pueden obtenerse por la negociación burocrática con los gobiernos reformistas de la Monarquía juancarlista», decía el manifiesto. «KAS declara que la obtención de las aspiraciones democráticas y nacionales aquí expuestas no pueden realizarse más que por un proceso de lucha popular que debilite y rompa cualquier fórmula que signifique la continuidad del fascismo y del poder oligarca». El Gobierno de Suárez había perdido la iniciativa. Lo que pensaban que podían resolver con una bandera y unas concesiones fiscales se había complicado enormemente porque, aparte de las reivindicaciones nacionalistas (el derecho de autodeterminación, el establecimiento inmediato a título provisional de un Régimen autónomo para Euskadi Sur, el bilingüismo, etc.), también exigían «las medidas económicas que llevan a la nacionalización de los sectores de base de la economía, con la socialización del suelo y de la industria». Y, naturalmente, libertades democráticas, la disolución de todos los cuerpos represivos y la amnistía. El nacionalismo de izquierdas vasco se había convertido en una contundente oposición al Régimen juancarlista, con la cual ya no sería posible intentar hacer pactos de medias tintas. Todavía en enero de 1977, a causa de los disturbios causados por la muerte de una joven de 15 años en una manifestación pro-amnistía en Sestao, Suárez le dijo a su vicepresidente Alfonso Osorio: «O tomamos pronto algunas medidas de gracia para distraer la situación en el Norte o el País Vasco se belfastiza [de Belfast]». Estaba a punto de empezar una política, fracasada desde su inicio, de concesiones autonómicas que se materializarían en la Constitución de 1979, y que sólo sirvieron para enganchar en el sistema al nacionalismo de derechas (del PNV, Convergencia y Unión y otros similares), lo que a la larga se ha demostrado ineficaz para sus propósitos.

Medidas de gracia constitucionales

La política autonómica de Suárez consistió en un «café para todos» que otorgaba los mismos derechos a todas las comunidades, sin tener en cuenta la identidad nacional. Con esto se pretendía difuminar los conflictos vasco, catalán y gallego en un maremágnum de descentralización administrativa. «¡Es un fenómeno!», dijo el monarca entusiasmado refiriéndose a Adolfo Suárez, cuando leyó el artículo 2 de la Constitución «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». La defensa de este principio se encargó a las Fuerzas Armadas, en el artículo 8, que reproducía sin grandes cambios el artículo 38 de la Ley orgánica del Estado de Franco. El texto de 1978, además, dejaba claro que, para garantizar el cumplimiento, el rey podría intervenir no sólo utilizando al Ejército como mando supremo de las Fuerzas Armadas, sino también como moderador. El rey «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones», dice el artículo 56, lo que le otorga una prerrogativa que, como se ha discutido recientemente (el ya ex-jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, lo aseguró en una conferencia pronunciada en el año 2000), se podría aplicar si, por ejemplo, un hipotético gobierno legítimo —con mayoría o en minoría— asumiera una actitud separatista. Dicho de una manera más clara, si el Gobierno autónomo vasco se manifestara a favor de la independencia, el rey podría ordenar la disolución del parlamento o nombrar un gobierno provisional y, si se lo ponían difícil por las buenas, ordenar la intervención del Ejército. El sistema autonómico, tal y como quedó establecido en el Título VIII de la Constitución, suponía descentralizar la Administración pública, pero los parlamentos quedaban limitados a las competencias más técnicas y menos políticas. Además, también se especificaba que «en caso alguno se admitirá la federación de Comunidades Autónomas». Y, desde luego, se estableció que serían legalmente incompetentes en todo aquello que hiciera referencia a posibles cambios en las relaciones de producción e intercambio, en todo el ámbito económico. Por no poder, ni siquiera podían expropiar. En cambio, sí que podían endeudarse con el exterior. Para conseguir que la redacción de la Constitución recogiera estos principios colaboraron todos, aunque al comienzo se especuló sobre varias alternativas en el modelo a seguir, que eran variaciones sobre el mismo tema y tenían un mismo objetivo. Los senadores reales, de común acuerdo, al inicio del proceso constitucional defendieron una enmienda para reconocer, de forma diferente a como había llegado del Congreso, los derechos forales del País Vasco. Incluso estuvieron de acuerdo los senadores militares (los generales Díez Alegría y el almirante Gamboa), siempre más reticentes a reconocer diferenciaciones territoriales. El rey seguía con la vieja idea, sugerida por el gobernador civil Augusto Unceta y la Dirección general de la Guardia Civil, de ganarse de manera muy particular el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Los senadores hablaron varias veces con Sabino Fernández Campo sobre esta enmienda. Y tres de ellos, Carlos Ollero, Alfonso Osorio y Luis Olarra (este último, próspero empresario vasco próximo al Opus Dei, muy activo en la lucha contra ETA), se encargaron de discutirlo con los senadores del PNV, que dieron el visto bueno a la enmienda.

Pero al final la iniciativa no prosperó, debido a la firme oposición del vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril Martorell, en la línea que unos años antes ya había manifestado Adolfo Suárez.

Abril Martorell defendió, en una violenta discusión en el Senado, el principio de que la soberanía popular radicaba en las Cortes, negándose a admitir que se fragmentara en virtud de un pacto entre la Corona y los vascos, y finalmente consiguió imponer su criterio. Otro de los senadores reales, Julián Marías, republicano durante la República y monárquico durante el franquismo, había sido reclutado por La Zarzuela en enero de 1977, como buen articulista, para escribirle los discursos al rey… y otros cosas. Durante el proceso de gestación de la Constitución, Marías colaboró fundamentalmente con un artículo que publicó El País, en el que objetaba que en el primer anteproyecto no se utilizara la palabra nación para hablar de España, lo cual le parecía «una monstruosidad increíble». A Suárez le gustó tanto el artículo que hizo fotocopias para todo el Gobierno, para toda la ponencia constitucional y para todos los dirigentes de los partidos en el Parlamento. Y la palabra Nación, con una mayúscula enorme, apareció como por arte de magia en el glorioso artículo 2, al hablar de «la indisoluble unidad de la Nación española». Curiosamente, en la peculiar manera que tenían los padres de la Constitución de entender el nacionalismo español, no se hizo demasiado caso a las cuestiones que tenían que garantizar la independencia de España frente a influencias o injerencias de otros países o centros de poder. Así como no se reconocía la soberanía de los pueblos catalán, vasco y gallego, tampoco se tenía la intención de devolver la soberanía interior y exterior a los ciudadanos del Estado, secuestrada durante la dictadura. En este sentido, se siguió una línea sólo comparable a las leyes que los aliados impusieron tras la Segunda Guerra Mundial a Alemania e Italia.

La Constitución de 1978 posibilita a una mayoría coyuntural del Congreso la cesión, a través de tratados internacionales, de competencias propias de la soberanía popular, en todo lo que hace referencia a los ámbitos militar y político, sin que sea obligatorio someterla a referéndum de los ciudadanos (artículo 93). El Parlamento puede aprobar la firma de un tratado que obligue a modificar las leyes propias, en cualquiera materia, y las leyes internacionales siempre prevalecerán respecto a las españolas en caso de contradicción. Para los tratados que afecten a cuestiones económicas, incluso se prescinde del trámite de que tengan que ser aprobados por las Cortes. Un gobierno podría ceder, o abandonar, o dejar en concesión a entidades extranjeras, sectores neurálgicos del patrimonio económico común, sin ningún problema. Puede que este aspecto, más que ningún otro, sirva para explicar la animadversión del poder establecido, ya antes de la Transición, hacia los nacionalismos, cuando a los nacionalistas los daba por hablar de «soberanía popular», «derecho de autodeterminación» y todas estas cosas.

Gernika

Esperaron y esperaron a que el problema vasco se solucionara, pero en este contexto político, sencillamente, no había solución posible. En febrero de 1981 ya no lo podían retrasar más. Los reyes estaban a punto de hacer, al fin, su primer viaje oficial a Euskadi. La reina, siempre muy presuntuosa y con fama de vehemente en temas políticos, se solía manifestar a favor de dar la cara, o al menos a favor de que la dieran otros. Cuando, en enero de 1979, ETA ejecutó al gobernador militar de Madrid, el general Ortín Gil, Suárez le escatimó los honores militares en un entierro casi a escondidas, invocando la «necesidad de no cargar las tintas fúnebres». La extrema derecha solía aprovechar aquellos entierros para dar vivas a Franco y pedir un golpe de Estado. Pero los militares, que ya demostraban públicamente su «malestar» hacia el Gobierno, acabaron por convertir el entierro, a pesar de los pesares, en una manifestación multitudinaria por el centro de Madrid. Los más exaltados acudieron a insultar a Gutiérrez Mellado. Otros se emperraron en llevar el ataúd y se lo quitaron a los oficiales que lo sacaron del Cuartel General del Ejército. Hubo empujones, golpes y carreras para recuperar el féretro. Fue un suceso del que se habló mucho. La reina también tenía algo que decir —eso sí, en la intimidad —, y echó la culpa al equipo de Suárez: «Tendría que haber asistido el Gobierno en pleno… eso entra dentro de sus sueldos». Aun así, aquel viaje a Euskadi la preocupaba. «Fue un momento de esos en los que no sabías qué va a ser de ti…», explicó después. «El rey y yo fuimos a aquel acto muy sobre aviso y muy alertas: nos dijeron que había algo preparado, algo contra nosotros».

La visita real había despertado un interés singular en los medios de comunicación, y los días previos, mientras se preparaba, ya ocupó las páginas de los diarios, que anunciaban que podría ser conflictiva. No había para menos. Coincidía con el telón de fondo de la crisis de Gobierno y un clima de cierta tensión provocada por el secuestro del ingeniero José María Ryan y un atentado fallido contra el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. Pero, sobre todo, con una fuerte campaña contra la visita misma, efectuada por la izquierda nacionalista, que comenzó el sábado 31 de enero y continuó durante toda la semana. Se hicieron pintadas —en las que se podía leer «Erregeak kampora»[3] («Reyes, a joder al campo»)[4], «¿A qué vienen?», «Tomemos la calle, los reyes a casa», «Rey, no», etc.— y manifestaciones. Hubo enfrentamientos con la Policía en los que se usó abundando material antidisturbios y pelotas de goma. Los manifestantes destrozaron coches, lanzaron cócteles molotov e hicieron barricadas en las calles. En la zona de Orereta se convocó una huelga general y en varios ayuntamientos se presentaron mociones de repulsa a la visita real.

CAPÍTULO 12

23-F. EL GOLPE

Secretos de dominio público

Del golpe «de efecto» del 23-F había gente que tenía conocimiento previo y gente que no. En círculos militares, evidentemente, la filtración era mayor. En los servicios secretos del CESID, con más razón. Y en otros sectores sociales con deferencia informativa por parte de los ámbitos del poder, o generalmente bien informados, indudablemente, con más o menos difusión y profundidad.

Y este simple hecho hace plantearse si la Casa Real (el rey), por alguno de estos canales, tenía conocimiento o no, información previa de alguna clase, y en qué medida; y una serie respetable de cuestiones sobre la información que se filtró o que los estamentos armados y civiles tenían la responsabilidad de pasar a la Casa Real. De hecho, el presente análisis se propone desarrollar las piezas de la versión según la cual la Casa Real conocía lo que se podía producir, tanto si lo creía posible como si no.

Y para hacerlo, no hay nada como acoplar las piezas del rompecabezas, basándose en los hechos y en los testigos. El 23 de febrero de 1981, a las 18:22 horas, el teniente coronel Antonio Tejero, al frente de 288 guardias civiles, irrumpió violentamente en el Congreso de los Diputados, interrumpiendo la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno.

Poco después, en Valencia, el teniente general Jaime Milans del Bosch sacaba a la calle los tanques y las tropas que tenía bajo su mando en la III Región Militar y decretaba el toque de queda; y la División Acorazada Brunete tomaba los puntos clave de Madrid, entre otros RTVE y varias emisoras de radio. Se trataba de la puesta en escena para el verdadero golpe de Estado, que tendría lugar —según los planes—, cuando el general Armada, en nombre del rey, abortara el alzamiento militar y formara un gobierno de «salvación nacional» encabezado por él mismo. Nadie ha planteado, y ni mucho menos se ha podido demostrar nunca, la participación del rey Juan Carlos I en el golpe. Bien al contrario, la mayor parte de las interpretaciones sitúan al monarca como el salvador de la patria Su intervención en los acontecimientos del 23 de febrero supuso la consagración definitiva para la monarquía española. Fue, sin duda, el más beneficiado. Al pueblo se le hizo ver que el riesgo de golpe de Estado estaba latente y que sólo el rey tenía poder para desactivarlo. Sin duda, fue el momento álgido de la «democracia coronada». Periodistas e intelectuales de tradición de izquierdas y republicana (como Francisco Umbral, Manuel Vázquez Montalbán o Manuel Vicent) se sumaron fervorosamente a las filas del «juancarlismo» y escribieron apasionadas defensas de su papel en la Transición. El rey acababa de salvar la democracia.

Es cierto que los silencios que rodearon el caso fueron tan ruidosos como el mismo golpe. Hay muchos papeles que no han salido a la luz: la supuesta nota manuscrita del rey a Pardo Zancada; el telegrama interceptado desde el CESID por el teniente coronel Álvaro Gaitán, responsable del departamento de comunicaciones, enviado al general Milans del Bosch desde la Zarzuela; el informe de veinte folios escrito y firmado de propia mano por el general Armada, con todos los detalles del golpe y los nombres completos del futuro Gobierno; la carta escrita por el mismo general Armada antes del juicio, fechada el 23 de marzo de 1981, en la que pedía al monarca «por el honor de mis hijos y de mi familia» permiso para utilizar durante el consejo de guerra una parte del «contenido de nuestra conversación, de la cual tengo nota puntual», que habían mantenido días antes del golpe, cuando los reyes volvieron del entierro de la reina Federica de Grecia; el «informe Jáudenes» del CESID, elaborado un mes y pico tras el intento para evaluar las responsabilidades de la Casa, en el que se citan 8 agentes directamente implicados; y quién sabe cuántos más. Pero, con todo y a pesar de todo, atendiendo a los datos objetivos de que se dispone, y muy particularmente a los que contiene el sumario del proceso (las declaraciones de los encausados y las conclusiones del fiscal, principalmente), sin añadir más datos, se llega fácilmente a la conclusión de que el rey Juan Carlos I sí que podía haber participado activamente en el golpe. Son secretos de dominio público que tuvo contactos previos con una parte de los implicados. Por otro lado, el día clave las iniciativas desde La Zarzuela no pueden considerarse en sí mismas capaces de abortar la conjura, tal y como estaba programada. El famoso mensaje televisivo que aseguraba que se habían tomado «las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente» se emitió en el mismo momento en que el general Armada estaba en el Congreso para «restablecer» el orden constitucional con un gobierno de «salvación nacional», presidido por él mismo, que era el que estaba previsto desde el comienzo. Pero como se ha transmitido una interpretación tan radicalmente diferente de éste, merced a mentiras demostrables en la sentencia judicial y a una campaña propagandística muy efectiva, ahora es necesario volver a repasar, aunque sea un poco por encima, datos que en realidad conoce todo el mundo. Como en todo caso Su Majestad, según lo que establece la Constitución, es irresponsable penalmente de sus actos, por mucho que se pueda demostrar su participación no se le puede juzgar por ello. Del mismo modo, y justamente por esto, especular sobre su participación no deja de ser un juego que no se podría tener en cuenta en absoluto como un intento de inculpación.

Los «móviles» del golpe

Una de las claves para poder entender el 23-F se encuentra en el análisis de los «móviles» del crimen contra el pueblo. La conflagración de 1981 pretendía solucionar varios conflictos. El primer móvil era defender la unidad de la patria Los militares involucionistas reaccionaban contra las acciones de ETA. Y esto, teniendo en cuenta que la actividad terrorista no tenía una intensidad particular los meses precedentes al 23-F, o que por lo menos no era superior a la de períodos anteriores. Más bien la novedad era la actitud de las fuerzas de seguridad: el 13 de febrero de 1981, por primera vez tras la muerte de Franco, un detenido político, Joseba Arregui, había sido torturado hasta la muerte por la Policía. De todos modos, la amenaza golpista era una cosa que siempre estaba presente desde el comienzo de la Transición. En 1978 los servicios de seguridad del Estado ya habían abortado la «Operación Galaxia», llamada así porque los conjurados se reunían en una cafetería con este nombre, montada por el mismo teniente coronel Tejero y por el capitán Sáenz de Ynestrillas.

Otra de las motivaciones del golpe de Estado era el «malestar» de algunos mandos de las Fuerzas Armadas por la política de ascensos y castigos que el Gobierno Suárez había iniciado. A mediados de abril de 1979 había puesto a un hombre de su confianza, José Gabeiras, en el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército, en un ascenso irregular de general de división a teniente general, con lo cual se saltaba los candidatos lógicos por antigüedad, uno de los cuales era precisamente Jaime Milans del Bosch, uno de los conjurados del 23-F. Era el segundo agravio, porque Milans ya había sido trasladado, en octubre de 1977, de la División Acorazada Brunete de Madrid a la Capitanía de la III Región Militar, con sede en Valencia. El general Luis Torres Rojas, otro de los conjurados, también había sido desplagado recientemente, en La Coruña, en enero de 1980, cuando presidía la Brunete, cargo en que fue sustituido por el general José Justo Fernández, impuesto por Gutiérrez Mellado. Y Armada, el «brazo político» del golpe, había sido enviado a Lleida después de que Suárez, como se sabe, forzara su cese, en octubre de 1977, como secretario de la Casa Real. Todos se la tenían jurada.

Además de los militares, existían problemas con la oposición, incluso con algunos miembros del Gobierno de la UCD (como ya se ha visto en la última parte del capítulo 10). Todos estaban hartos de Suárez y negociaron con el rey la mejor forma de hacer que se fuera. En abril de 1980, el monarca recibió en la Zarzuela a Felipe González y a Manuel Fraga, y en junio a Santiago Carrillo.

Todos coincidían en el hecho de que había una sensación creciente de desgobierno, una pérdida de confianza en las instituciones democráticas, una inminente crisis de Estado… hacían responsable a Suárez y abogaban ante el rey, como única solución al problema, por alguna clase de gobierno de coalición, en el que cada uno tendría su trozo del pastel.

Para acabar, es necesario señalar que los acontecimientos del 23-F coincidieron con el conflicto en torno a la entrada de España en la OTAN, una cuestión que no puede descartarse como una más que probable cuarta e importante motivación para la acción golpista. El empujón militar del 23-F podría haber tenido como objetivo forzar el ingreso con urgencia. Poco después de ganar las elecciones de 1980, el presidente norteamericano Ronald Reagan (según datos y documentos que el KGB hizo circular en aquella época) escribió una carta en la que instaba al rey Juan Carlos a «actuar con diligencia para eliminar los obstáculos que impiden el ingreso de España en la OTAN», aludiendo a un misterioso grupo de «pacifistas del Opus Dei». No se sabe quiénes podrían formar este misterioso grupo, ni hay certeza de que aquella carta no fuera una falsificación, como aseguró la Casa Real. Pero sí es cierto que a Adolfo Suárez se le reprochaba que diera largas al asunto durante cuatro años al frente del Gobierno. Suárez no lo veía claro y descuidaba la transición exterior, con lo que manifestaba un cierto anti-americanismo. Es difícil decir hasta qué punto la Corona se sentía presionada por los Estados Unidos, amenazada por las acciones de ETA, o convencida de la conveniencia del nuevo reparto de poder que proponían los grupos de la oposición parlamentaria.

El plan

Pero las circunstancias políticas en que se encontraba hicieron exclamar a la reina, mucho más «militarona» (sobre todo, por su experiencia griega de connivencia de la monarquía con una Junta Militar), la última vez que Armada fue a los Pirineos con los reyes, al despedirse: «¡Alfonso, sólo tú puedes salvarnos!». El plan, que atendía a los intereses de los Estados Unidos, consistía en dar «un golpe de timón», pero sin salirse del marco constitucional. Si no se actuaba así, España no podría ingresar en la OTAN, formada presuntamente por países democráticos. Éste era un requisito sine qua non. Pero a alguien se le ocurrió que se podían unir las fuerzas de todos los «motivados», en una acción que utilizara en su favor tanto los impulsos de los golpistas más clásicos como los de los representantes del poder establecido legalmente. El plan de actuación que acabaron decidiendo combinaba la acción de Tejero (fiel a su espíritu de la «Operación Galaxia», de golpe puro y duro para «meter al país en cintura»), con la idea de un golpe suave, al estilo de De Gaulle (inicialmente respetuoso con la Constitución y disfrutando de toda la complicidad de los principales partidos políticos con los militares), propugnado por Armada. Y añadía un elemento que parecía estar inspirado en el golpe de los coroneles griegos de 1967, bien conocido por la reina, en el sentido de que los rebeldes contaran con el apoyo del rey. Como explicaron a Tejero, sin que lo acabara de entender del todo, dentro de España la crisis se arreglaría… a la española aun cuando, eso sí, los países de fuera querrían seguir viendo la Democracia y la Corona.

Por los datos de que se dispone (entre otras pistas, algunas declaraciones de Suárez posteriores al golpe), fue un destacado socialista el primero en sugerir al general Armada la idea de un gobierno civil de coalición presidido por un militar. En principio, además de Armada, se especuló sobre varios nombres, entre otros el del mismo Sabino Fernández Campo. En el verano de 1980, un documento secreto llegó a manos del rey. Le había llegado de Madrid, y se trataba de un informe anónimo, aunque por el lenguaje parecía de autores civiles, según fuentes de la Zarzuela. Se hacía un análisis muy crítico de la gestión de Adolfo Suárez y acababa con una propuesta, de la que no se conocen todos los detalles. Se trataba de derrocar al presidente, eso sí que se sabe, y proponer como candidato alternativo a un militar o a un civil independiente de prestigio. En la versión oficial que se ha dado del informe, la vía propuesta para lograr un objetivo como aquél era presentar una moción de censura, pero esta idea parece poco verosímil, puesto que ya se había intentado sin éxito el mes de mayo de 1980. Todo parece indicar que lo que se estaba proponiendo realmente era lo que después se llamó «la solución Armada», cuyo leitmotiv fundamental era que las acciones se habían de enmarcar dentro de los límites constitucionales, en una clase de renacimiento del famoso lema de Fernández Miranda, «de ley a ley» (para hacer el tránsito del franquismo a la democracia parlamentaria dentro del contexto de las Leyes Fundamentales). Pero con el paso previo imprescindible de la tentativa de «golpe duro», que después el rey se encargaría de reconducir. A nivel operativo, para la tentativa de golpe duro, todas las acciones militares planificadas, y después llevadas a término, respondían a un plano único que gravitaba sobre cuatro puntos neurálgicos: el Congreso de los Diputados, la Capitanía de la III Región Militar (Valencia), la sede de la División Acorazada Brunete (de Madrid), y el palacio de La Zarzuela. Algo falló en el complejo entramado.

El primer elemento discordante lo puso Sabino Fernández Campo en La Zarzuela, con dos iniciativas muy simples, que ha asumido públicamente, y que al comienzo no resultaron demasiado trascendentales. En primero lugar, insistió en el hecho de que Armada no actuara desde la Zarzuela, para no comprometer demasiado a la Corona, aun cuando mantuvieran contacto telefónico durante toda la noche del 23-F. En segundo lugar, con la misma intención, intentó evitar que se involucraran los nombres del rey y de la reina, de la manera tan explícita en que se estaban utilizando, para hacer la llamada al alzamiento. Si quisiéramos creer que la Zarzuela estaba al tanto del golpe del 23-F desde el comienzo, no solamente el rey, sino también su secretario general, Sabino Fernández Campo, las iniciativas de este último sólo habrían sido una precaución para proteger al rey en caso de que saliera mal algo, o incluso tan sólo una cuestión de forma. No se puede olvidar que, pese a la propaganda institucional para presentarlo como el gran defensor de la democracia la noche del 23-F, casi más efectiva con respecto a Fernández Campo que al mismo rey, Sabino no ha brillado nunca precisamente como «progre». Sólo hace falta señalar, por el momento, las declaraciones que ha hecho recientemente, en el verano del año 2000 (en una conferencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo), en las que afirmaba que el rey, como moderador y también como necesario mando supremo de las Fuerzas Armadas, «debería intervenir en el caso de que las prerrogativas concedidas por un hipotético Gobierno en minoría a un partido separatista amenazaran la integridad de España». Estaba defendiendo nada menos que una intervención militar en Euskadi, que apoyaba en consideraciones jurídicas sobre el artículo 8 de la Constitución. En la línea constitucionalista de Armada, se le habría podido ocurrir algo parecido en febrero de 1981.

En todo caso, las de Sabino fueron iniciativas que, en sí mismas, nunca habrían evitado el golpe. El elemento verdaderamente distorsionador fue Tejero. Uno de los puntos más débiles del plan era que, con un estilo similar al que Suárez había utilizado para legalizar el PCE, sin informar del todo a los militares, esta vez se había utilizado a Tejero sin decirle toda la verdad del plan. Y en el momento crucial, Tejero fue quien realmente abortó el golpe.

Ajustando las piezas

Independientemente del hecho de que se ejecutara bien o mal, antes del fracaso —sólo relativo— del desenlace final, el golpe del 23-F pasó por un proceso más o menos largo de preparación, con multitud de reuniones y actuaciones previas de los implicados, de las cuales hay confirmación oficial y que no ponen en entredicho el alcance de la conjura. Se tiene constancia de que, ya en el mes de julio de 1980, se reunieron el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, Pedro Mas (ayudante de campo del general Milans del Bosch en la III Región Militar de Valencia) y el civil Juan García Carrés, para comenzar a planificar el operativo que tenía que tomar las Cortes. El rey en aquellos momentos se hallaba en una ronda de conversaciones con los dirigentes de la oposición (Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carrillo…). Aunque hay pocos datos sobre estas entrevistas, se sabe que se hablaba fundamentalmente de la crisis institucional y de una posible salida con un gobierno de coalición, de «salvación nacional». Según fuentes muy diversas, Suárez era casi el único ausente de la «operación Armada». Pese a aquel digno gesto de no quererse echar atrás, Carrillo parece que sí estaba en la operación, porque sabía que era la única manera de que hubiera un ministro comunista. Además, se sabe que, aparte de sus audiencias con el rey, se reunió varias veces con Sabino Fernández en su casa de los apartamentos Colón.

Tras el verano, comenzaron a aparecer en prensa comentarios en torno al hecho de que, desde el entorno de Felipe González, se promovía a un general para presidir un gobierno de coalición. Y los rumores circulaban de manera más extensa entre los políticos. El 22 de octubre de 1980, los socialistas Enrique Múgica y Joan Reventós se reunieron con Armada, en casa del alcalde de Lleida, el también socialista Siurana. Trascendió que hablaron de la disposición favorable del general Armada a formar un gobierno de coalición entre la UCD y los grupos de la oposición parlamentaria, presidido por un independiente, presumiblemente militar. En noviembre, los dirigentes de los partidos de la oposición volvieron a pasar por La Zarzuela para hablar con el rey en una nueva ronda de consultas. Ya de vacaciones en Baqueira, también llegó Suárez para conversar; éste se negó a aceptar un gobierno de coalición con ningún partido de la oposición. Pero las referencias en la prensa «seria» o convencional (El País, ABC…) acerca de esta idea «en una situación de extrema gravedad», en «una eventual emergencia peligrosa para la democracia», se hicieron constantes. Además, el 17 de diciembre, el diario más leído en los cuarteles, El Alcázar, publicó un artículo sobre la preparación de una conspiración de militares firmado por el «colectivo Almendros». Aquel mismo mes, Tejero se empezaba a preparar, comprando, a través de mediadores, los seis autobuses que trasladarían a los guardias civiles que asaltaron el Congreso.

Quedaron depositados en una nave industrial de Fuenlabrada (Madrid), alquilada a tal objeto.

En una fecha indeterminada, a finales de año, Armada, temiendo que le espiaran, encargó a Aseprosa (una empresa de seguridad que servía de tapadera del CESID, controlada por Antonio Cortina, hermano de José Luis, el jefe de la AOME) una intervención de sus teléfonos, que fue efectuada por técnicos del CESID. El general todavía estaba destinado en Lleida, desde donde se pudo constatar que, sólo en el mes de diciembre, habló con el rey como mínimo tres veces. El día 18, cuando fue de vacaciones a Madrid, lo visitó en La Zarzuela. Aparte de aprovechar para citarse el 3 de enero en Baqueira, revisaron juntos el discurso que el rey iba a pronunciar en Nochebuena.

Armada conserva una fotocopia de las cuartillas con retoques de su propia mano. El 24 de diciembre, el rey lanzó aquel mensaje navideño lleno de ideas sugerentes, por primera vez sin la familia delante de las cámaras, sentado ante su mesa de trabajo: «La Monarquía que en mí se encarna […] impulsora de una acción de todos para todos». Dirigiéndose a los políticos, dijo: «Consideremos la política como un medio para conseguir un fin y no como un fin en sí mismo. Esforcémonos en proteger y consolidar lo esencial si no queremos exponernos a quedarnos sin base ni ocasión para ejercer lo accesorio». Y al pueblo en general: «No podemos desaprovechar, con inútiles vaivenes, compromisos y disputas, esta voluntad de transformar y estabilizar España…». Dos días después de la entrevista que había concertado con Armada, debido a la cual el general hubo de adelantar el final de las vacaciones, el rey pronunció otro discurso. Esta vez el de Pascua, dirigido a los militares, que acababa así: «Yo tengo la certeza de que si permanecéis unidos, entregados a vuestra profesión, respetuosos con las normas constitucionales en las que se basa nuestro Estado de derecho, con fe y confianza en los mandos y en vuestro Jefe Supremo, y alentados siempre por la esperanza y la ilusión, conseguiremos juntos superar las dificultades inherentes a todo período de transición y alcanzar esa España mejor en la que ciframos nuestra felicidad».

El 10 de enero de 1981, Armada viajó a Valencia para encontrarse con el general Milans del Bosch.

Una semana después, el día 18, fue Milans quien viajó a Madrid para reunirse, en un piso del coronel Mas, con éste y otros conspiradores (en concreto, Tejero, Torres Rojas y el civil García Carrés), e informarles de la entrevista con Armada. Fue en esta reunión donde se estableció el plan de ocupar el Congreso, derrocar por la fuerza al Gobierno y formar uno de nuevo que encarrilara la democracia. Estimaron que la operación no se tenía que llevar a cabo hasta que Armada no fuera nombrado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, hecho previsto para próximas fechas. De este modo se realizaría sin violencia. Incluso se habló de un procedimiento constitucional y político.

Al día siguiente, el coronel Ibáñez, del Estado Mayor de Milans y enlace suyo, fue hacia Lleida para comunicar a Armada el resultado de la entrevista anterior. Cuando el 22 de enero el presidente Suárez se enteró del futuro ascenso de Armada, todos estos militares ya tenían noticias del mismo.

Se lo comunicó el rey, en una reunión en La Zarzuela que acabó con una acalorada discusión entre los dos. Ni Suárez ni Gutiérrez Mellado estaban de acuerdo, pero el rey impuso su criterio.

Se continuaban insertando nuevos artículos en El Alcázar con el pseudónimo «colectivo Almendros», y otros textos entregados a otras publicaciones, alusivos al golpe, momento en el que Suárez decidió dimitir, el 26 de enero. Lo comunicó a los miembros de su Gobierno antes que a nadie. Dice que tuvo la precaución de anunciarlo a ellos antes que al rey, para que el monarca no se pudiera apuntar el tanto de haber sido quien le había pedido que dimitiera. «A mí no me hace lo que a Arias», comentó al parecer. Sólo al día siguiente, el 27, fue a La Zarzuela a informar al rey.

Suárez siempre ha dado a entender que estaba enterado del hecho de que se planeaba un golpe de Estado para destituirlo y que dimitió para evitarlo. En la larga conversación que mantuvo con el rey, le dijo que lo hacía «como única manera de evitar a Vuestra Majestad el riesgo político de resolver la crisis que se anuncia». En otro contexto explicó, además, que en aquellos momentos tenía la obligación de «defender al rey, incluso del rey mismo». Y el 29 de enero lo explicó en un mensaje televisado bastante claro para todo el mundo: «Dimito porque no quiero que el sistema democrático, tal como nosotros lo hemos deseado, sea, una vez más, un simple paréntesis en la historia de España». Tras todas las tensiones y discusiones con el monarca, no tanto para conseguir que Suárez presentara la dimisión como para intentar llevarlo a su terreno en política internacional (en el tema del ingreso en la OTAN fundamentalmente); tras negarse repetidamente a formar un gobierno de coalición con la oposición; tras todos los planes que habían hecho, hablando y hablando en los medios de comunicación de una inevitable crisis institucional para preparar el terreno, con objeto de dar el «golpe de timón» previsto con la excusa de que Suárez no dimitía… Tras todo esto, la intempestiva decisión del presidente pilló al monarca por sorpresa. Su primera reacción, que ofendió profundamente a Suárez, fue recurrir a Sabino para preguntarle qué tenía que hacer. Con el consejo de su secretario, decidió tomarse un poco de tiempo, aprovechando que el congreso de la UCD que se tenía que celebrar en Mallorca se retrasaba por una huelga de controladores aéreos. El mismo partido habría de escoger un nuevo candidato para proponerlo a las Cortes, sin prisa. La dimisión de Suárez supuso un revés. Aparentemente, se habían quedado sin excusa para actuar.

Pero los objetivos reales del golpe iban mucho más allá de conseguir un simple cambio de presidente, los planes ya estaban en marcha y ahora no se volverían atrás. Bien al contrario, se decidió acelerarlo.

Al día siguiente del anuncio público de la dimisión, Emilio Romero publicaba en el ABC un artículo en el que ya se hablaba explícitamente de la «solución Armada». El 3 de febrero el rey telefoneó a su ex-secretario para darle la noticia de su nombramiento y la enhorabuena, desde el aeropuerto de Barajas, donde esperaba que se abriera el de Vitoria para iniciar su primer viaje oficial al País Vasco (el famoso y accidentado viaje a Gernika). Este mismo día Armada también habló con el coronel Ibáñez, que acudió a Lleida personalmente desde Valencia para entrevistarse con el general, y valorar juntos la nueva situación que se había creado tras la dimisión de Suárez. El 6 de febrero los reyes, que estaban en Baqueira para descansar tras los acontecimientos de la Casa de Juntas de Gernika, se citaron con Armada para cenar en un restaurante de Artíes. La cena en el restaurante se tuvo que suspender cuando recibieron la noticia de que la madre de la reina, Federica, estaba gravísima en la clínica de la Paloma, en Madrid. En realidad, ya había muerto. Sofía salió rápidamente en helicóptero hasta Zaragoza, desde donde cogió un DC-9 con destino a Madrid. Pero la entrevista del rey con Armada no podía posponerse, de manera que, independientemente de cómo estuviera su suegra, el rey se quedó a cenar con el general, una cena improvisada por la infanta Elena en casa, a base de ensalada y tortilla francesa. Estuvieron juntos hasta las tres de la madrugada. A esta hora, el mismo Juan Carlos, que conducía su coche, lo dejó en el parador del Valle de Arán.

Tras la celebración del II Congreso de la UCD, el día 10 el rey finalmente propuso a Calvo Sotelo en las Cortes para la presidencia del Gobierno. De nuevo, se quiso reunir con Armada. Cuando éste pasó por La Zarzuela al día siguiente, para los oficios religiosos ortodoxos en memoria de la madre de la reina, a los cuales asistían familiares y amigos todas las tardes, tuvieron la ocasión de hablar brevemente en un aparte. El rey le dijo que le interesaba mucho verlo, y lo citó para el día 13, a las 10:30. Llamó a Sabino para que lo apuntara en el libro de visitas, y Sabino le advirtió de que no había horas libres, pero el rey insistió en el hecho de que retrasara la hora a quien hiciera falta (que en este caso fue Alfonso de Borbón, citado a aquella hora). Ninguno de los dos ha revelado nunca el contenido de la conversación que mantuvieron en aquella cita extraordinaria. Alfonso Armada solicitó permiso por escrito a Juan Carlos para darla a conocer como prueba que le favoreciera en su juicio. Pero no se lo autorizaron y Armada cumplió la orden al pie de la letra.

Una vez escogido el candidato a presidente, el rey tuvo que mantener una nueva ronda de consultas con los líderes políticos, preceptiva constitucionalmente. Con González, Fraga, Carrillo… con todos los líderes. Pero estos días hubo muchas más reuniones. El 16 de febrero se celebró una nueva entrevista en Madrid entre Ibáñez (el segundo de Milans) y Armada, concertada previamente por teléfono por el mismo Milans del Bosch. El 17, otro contacto del rey y Armada, en un aparte de un acto en la Escuela Superior del Ejército. Al fin, el día 18, Ibáñez establecía con Tejero, en una conversación telefónica, la fecha definitiva para la «Operación Congreso». Se había pensado en el viernes 20, con ocasión de la votación de investidura del nuevo presidente del Gobierno. Pero Tejero puso dificultades y acordaran que podría ser el lunes 23, puesto que se repetiría la votación y, nuevamente, el pleno del Congreso de los Diputados volvería a estar reunido y todos los miembros del Gobierno presentes. Apenas quedaban unos cuantos días para el día señalado, cuando José Luis Cortina Prieto, jefe de la Agrupación Operativa de Medios Especiales (AOME) del CESID, se encontró con el entonces embajador de los Estados Unidos en Madrid, Terence Todman, y con el nuncio del Vaticano, monseñor Antonio Innocenti. Cortina también se reunió, el día 21 por la noche, en Madrid, con Antonio Tejero, Alfonso Armada y Vicente Gómez Iglesias (su mano derecha en el CESID). Fue en esta reunión en la que Armada se descubrió personalmente delante de Tejero como jefe de la operación. Cortina le indicó al guardia civil que los socialistas no darían nada de guerra, que aceptarían lo que les propusiera, que también veían la necesidad de un golpe de timón. Se le explicó, al parecer no demasiado bien, que su operación en el Congreso se tendría que reconducir hacia el objetivo político de Armada. Según la declaración que hizo en el juicio, a Tejero en aquel momento le dieron a entender que el nuevo gobierno sería sólo de militares; y que el verdadero jefe era el rey, que lo apoyaba totalmente. Armada, en concreto, le explicó: «La monarquía necesita robustecerse, por ello Su Majestad me ha encargado esta operación». Matizó, además, que «la Corona y la Democracia seguirían incólumes… aunque ya hay preparados varios decretos que entrarán inmediatamente en vigor». También le revelaron que tanto el Vaticano como el Gobierno norteamericano habían sido sondeados y que la Administración Reagan les había prometido ayuda. En vísperas del 23 de febrero, el comandante Pardo Zancada, de la División Acorazada (DC) Brunete, viajó a Valencia para entrevistarse con Milans del Bosch, el verdadero jefe militar de toda la operación. Milans también conversó por teléfono con Armada.

Día de autos, autobuses y tanques

A primeras horas de la mañana del 23 de febrero, los oficiales del Estado Mayor de la III Región Militar (Valencia) ultimaban los planes de movilización de tropas. A las 10:20, Milans se reunió con sus mandos y les informó de que en Madrid se podría producir un hecho «grave e incruento» que se conocería por la radio, que el rey estaba enterado y que el general Armada daría las instrucciones oportunas desde el palacio de La Zarzuela. Pero el ministro de Defensa español, interpelado en el Congreso de los Diputados el 17 de marzo de 1981, no pudo desmentir que las primeras tropas en ponerse en situación de alerta, tarea que ya habían empezado el día anterior, fueron las de la base aérea de los Estados Unidos en Torrejón, a 6 kilómetros de Madrid. Con algo más de retraso respecto a Milans y los americanos, alrededor de la 1 del mediodía, Tejero seleccionaba improvisadamente a los guardias civiles que le acompañarían a tomar el Congreso, sin darles demasiadas explicaciones sobre dónde iban y qué harían. Tras comer, en la Comandancia Móvil de la Benemérita, en Valdemoro (Madrid), les repartieron los fusiles y les hicieron subir a los autobuses.

Cuando ya habían pasado las 5 de la tarde, el gobernador militar de la Coruña, el general Torres Rojas, se presentó inesperadamente en el recinto de la División Acorazada, en Madrid. Quienes ya estaban informados del golpe (Pardo Zancada, entre otros) aprovecharon el momento para compartir su secreto con los otros mandos militares. A estas horas, Armada hacía vida normal, despachaba como era habitual con el general Gabeiras, su superior inmediato, en el Cuartel General del Ejército, el JEME, en el palacio de Buenavista. Hacia las 6, Tejero conducía sus hombres a las Cortes con los seis autobuses previstos para la ocasión. Varios agentes de la SEA (Sección Especial de Agentes, unidad operativa del CESID creada por Cortina meses antes), todos ellos guardias civiles (Rafael Monge, Miguel Sales y Moya), ayudaron a los asaltantes, conduciéndoles hacia el Congreso. Uno de los coches se quedó aparcado allí, entre los autobuses, en la calle Fernanflor, y Salas tuvo que ir a recuperarlo más tarde. A las 6 y 22 minutos Tejero y quienes le acompañaban entraban en el Congreso disparando tiros al aire y pronunciando frases famosas para la historia: «¡Se sienten, coño!». Como bien había anunciado Milans, la irrupción se pudo seguir en directo por la radio y la televisión.

A Su Majestad el ruido de los disparos le pilló en chándal, preparándose para jugar un partido de squash con Ignacio Caro y Miguel Arias, que le esperaban con Manuel Prado y Colón de Carvajal.

Cuando la reina oyó (no se sabe si por radio o televisión) aquel discurso del capitán Muñecas a los diputados del hemiciclo («no va a ocurrir nada, pero vamos a esperar que venga la autoridad militar competente…»), se le escapó: «¡Ése es Armada!»

Mientras Milans decretaba el estado de sitio en Valencia, con un bando calcado al del 18 de julio de 1936, aunque explicando a los más próximos que no se trataba de proclamar el estado de guerra porque todo estaba dentro de la Constitución, en Madrid la DC Brunete empezaba a ponerse en marcha. El general José Juste Fernández, cabeza de la DC y próximo al Gobierno de Suárez acababa de enterarse de los planes golpistas. Aparte de otros detalles, Pardo Zancada y los otros le dijeron que Armada dirigiría la operación desde La Zarzuela. Para asegurarse de que la información que le estaban dando era correcta, cuando apenas habían pasado dos cuartos de set intentó contactar con él en la Casa Real. Pero como no estaba, le pasaron al secretario, Sabino Fernández Campo.

Según la versión oficial, Sabino desmintió con una seguridad sorprendente que Armada hubiera de aparecer: «Ni está ni se le espera». No se sabe a ciencia cierta de qué hablaron ni en qué tono, pero, a resultas de esto, Sabino se enteró de algunos detalles que no le hicieron gracia. Muy en particular, que los golpistas estaban invocando a la Corona con frases poco afortunadas («el rey está al tanto de todo», «contamos con las simpatías de la reina»…). Hombre cauto por naturaleza, se sintió un poco alarmado, y fue rápidamente a hablar con el rey. Juste, a su vez, aunque supuestamente ya había sido informado de que el rey no apoyaba al golpe —según la versión oficial, se había sentido aliviado («¡menos mal!») —, permitió que la DC Brunete, que seguía bajo su mando, empezara a movilizarse para ocupar militarmente los puntos clave de Madrid, entre otros la sede de Radio Televisión Española, con tres escuadrones, y varias emisoras de radio. Por otro lado, continuó haciendo gestiones para localizar a Armada fuese donde fuese. Cuando Sabino fue a hablar con el rey, se lo encontró al teléfono con Armada, en el momento en que este le decía: «Recojo unos documentos y voy para allá». El secretario le hizo gestos al monarca para que si le era posible interrumpiera la comunicación un momento y, en un aparte, lo convenció de que no era nada aconsejable que Armada se presentara en La Zarzuela, en medio de tanta confusión. Y el monarca, como tantas otras veces, aceptó la tutela de Sabino.

A las 7 de la tarde, las emisoras locales de Valencia empezaron a transmitir el bando de Milans y los tanques salían a la calle. Tras más de una hora intentándolo, el jefe de la DC, el general Juste, finalmente conseguía contactar con Armada en el Cuartel General del Ejército. No se sabe de qué hablaron, pero la DC no retiró sus tropas. También habló con el ex-secretario del rey, el general Aramburu, director general de la Guardia Civil, que estaba en el Hotel Palace en un improvisado Cuartel General de mandos militares para vigilar desde el exterior lo que sucedía en el Congreso.

Aramburu reclamaba a Armada con urgencia, para hacer de intermediario con los asaltantes: «¡Alfonso, vente para acá, porque a mí no me obedecen!». Desde las 8 de la tarde, Sabino Fernández Campo prácticamente no se desenganchó del rey. Decidieron conjuntamente, como forma de cautela, evitar la entrada del general Armada en La Zarzuela, aunque mantuvieron contacto telefónico permanente. Y telefonearon a todas las capitanías generales, zonas marítimas y regiones aéreas, para sondear la situación. La orden que les transmitieron fue que nadie tenía que hacer nada sin consultarles antes. La reina Sofía desveló años más tarde que la actuación del rey con los militares en el 23-F fue un «juego voluntariamente ambiguo», y que les había hecho creer que estaba con ellos.

Entre las muchas cosas raras que pasaron aquel día, se encuentra el hecho de que un miembro de la Guardia Real había conseguido entrar desde el primer momento en el Congreso. Fue aquel guardia el que telefoneó a La Zarzuela para facilitar el número de teléfono a través del cual Sabino podría hablar con Tejero y preguntarle qué pretensiones tenía. Pero la gestión no fue posible, porque Tejero se negó a hablar con el secretario de la Casa (el rey ni lo intentó), y anunció que sólo recibiría órdenes de Milans del Bosch. Con Milans del Bosch, en cambio, la primera conversación (aproximadamente a las 8 de la tarde) la tuvo Juan Carlos, y todas las demás a lo largo de aquella noche. No había para menos, teniendo en cuenta que Milans era el militar más monárquico de España, y amigo personal de Juan Carlos desde hacía muchos años. Había asistido al bautizo del príncipe Felipe, y recibido al rey interino en el aeropuerto de Barajas para felicitarlo cuando volvió de la campaña en Al-A'yun… El rey nunca había tenido motivos para dudar de su lealtad.

Otra cosa rara, difícil de casar con la versión oficial que niega la participación del rey en el golpe, fue que, sorprendentemente, las líneas telefónicas de La Zarzuela no se cortaron. La centralita se saturó de llamadas. El mismo rey le comentó a Villalonga años después para su biografía autorizada, cuando ya estaba tan metido en el papel de salvador de la patria que no controlaba lo que decía: «Si yo fuera a llevar a cabo una operación en nombre del rey, pero sin el consentimiento de éste, la primera cosa en la que habría pensado sería en aislarle del resto del mundo impidiéndole que se comunicara con el exterior. Y bien, esa noche yo hubiera podido entrar y salir de La Zarzuela a mi voluntad y, en cuanto al teléfono, ¡tuve más llamadas en unas pocas horas que las que había tenido en un mes! De mi padre, que se encontraba en Estoril —y que se sorprendió también mucho de poder comunicarse conmigo —, de mis hermanas que estaban las dos en Madrid e, igualmente, de los jefes de Estado amigos que me llamaban para alentarme a resistir». Sabino, que era más listo, se encargó de que este párrafo fuera suprimido de la edición española del libro, en el momento en que se dio cuenta de que el rey había desvelado importantes detalles. Que se sepa, además de la familia, también telefonearon primeros ministros y reyes para preocuparse por la situación; y los presidentes de los gobiernos autónomos del País Vasco y de Cataluña, Carlos Garaikoetxea y Jordi Pujol. Juan Carlos los tranquilizó a todos, en concreto a Pujol con la frase que después recogió la prensa: «Tranquilo, Jordi, tranquilo». La gente de Comisiones Obreras también telefoneó varias veces y preguntó al monarca: «¿Quemamos nuestros archivos y nos tiramos al monte?». El rey les respondió: «¡Sobre todo, no hagáis eso! ¡Tengo el asunto controlado!». En cambio, Alexander High, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, cuando conoció las noticias en Washington se limitó a declarar: «Es un asunto interno de los españoles… Yo no tengo nada que decir».

Armada fue al Cuartel General de Tierra en las horas siguientes, también dedicado a cambiar impresiones con unos y con otros, por teléfono o personalmente. A las ocho y media, de nuevo expuso los planes del Gobierno presidido por él a los generales que estaban reunidos allí, para lo cual pidió un ejemplar de la Constitución, con objeto de poder señalarles con toda precisión cómo era aquello de que se podía dar un golpe de Estado dentro de la legalidad, basándose en el artículo 8. Al fin y al cabo, según él, «no había situación más anticonstitucional que la existente en aquel momento». También habló con Milans por teléfono. Y, aproximadamente a las 9, otra vez con el rey. El rey le pasó el teléfono a Sabino y éste tuvo una larga conversación con Armada. Después de esta última charla, Armada habló con el general Gabeiras, su superior, momento en que le propuso abiertamente el plan de ir al Congreso. Le explicó, como a los otros generales, que el Ejército estaba dividido, que la situación era peligrosa, que contaba con el apoyo de los socialistas y… en fin, que consentía en sacrificarse ofreciéndose para presidir el Gobierno. Hablaron también de la posibilidad de ofrecer un avión para que Tejero y sus oficiales salieran de España. Y Gabeiras, aunque no había estado en la conjura en el primer envite, quedó convencido de que lo que tenía que hacer era aquello. Pero antes de tomar ninguna resolución definitiva, tenía que volver a hablar con La Zarzuela. Así lo hizo, y a las diez menos cuarto Sabino confirmó que entre los partidarios de la «solución Armada» ya se hallaba también Gabeiras, que le aseguró, además, que estaba dispuesto a acompañar a Armada en su misión. El secretario de la Casa Real le recomendó que no lo hiciera, porque aquello significaría implicar a la JUJEM (Junta de Jefes del Estado Mayor del Ejército).

Pero transmitió el consentimiento real para que Armada fuera al Congreso, aunque precisando que cualquier propuesta tendría que hacerla a título personal, sin hablar del apoyo del rey, y de acuerdo con su conciencia. Aquello era, según lo que preveían, el final de la aventura. No dudaban que todo quedaría resuelto con la visita de Armada a las Cortes, y en La Zarzuela empezaron a trabajar en la redacción del mensaje del rey a los españoles, que sería transmitido por televisión.

Sabino Fernández Campo pidió a RTVE que enviaran un equipo de grabación y otro de filmación, pero se encontró con el problema de que las tropas de la DC Brunete que habían tomado las instalaciones de Prado del Rey no dejaban salir al equipo. Sólo aceptaban órdenes de Armada.

Afortunadamente, éste todavía no se había ido, y no tuvo ningún problema en telefonear al coronel del Regimiento Villaviciosa para decirle que obedeciera a Sabino. De acuerdo con la iniciativa que acababan de decidir llevar a término, diseñaron un discurso que ponía énfasis en la «fórmula constitucional» como salida al problema militar. Éste es un buen momento para repasar aquellas palabras: «Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente: Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse, deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum». También entonces se redactó el que sería el primer comunicado público de la JUJEM, también perfectamente de acuerdo con la «solución Armada», y mientras éste todavía estaba en el Cuartel General del Ejército: «La JUJEM manifiesta que, ante los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, se han tomado las medidas necesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y restablecer el orden que la misma determina». Se transmitió a las capitanías generales hacia las 11 de la noche. Aproximadamente a la misma hora, Televisión Española empezaba a anunciar la alocución del rey a la nación, sin fijar la hora. Y acto seguido, el rey volvió a telefonear al teniente general Jaime Milans del Bosch. Le pidió que hablara con Tejero para convencerle de que siguiera las instrucciones de Armada.

A las 23:30 la unidad móvil de RTVE llegó al palacio, con los periodistas Pedro Erquizia y Jesús Picatoste. Y un cuarto de hora más tarde Armada salió del despacho de Gabeiras, que le despidió con un abrazo y un «¡A tus órdenes, presidente!», cuadrándose delante de él. Varios generales todavía insistieron en acompañarlo, pero acabaron acordando que fuera solo para no dar la sensación de coacción. No hay una explicación oficial sobre cómo Armada llegó a conocer la contraseña para entrar en el edificio, «Duque de Ahumada».

A media noche, el rey se vistió de militar para el vídeo, con uniforme de media gala: camisa blanca, corbata negra, faja con grandes borlas de oro. En la grabación estaban presentes las dos infantas, el príncipe Felipe y la reina, sentados en el suelo delante de él; mientras Sabino, varios ayudantes y Manuel Prado iban y venían. Al parecer este último introdujo una palabra en el mensaje real como recuerdo de su presencia en aquellos momentos trascendentales, pero no se sabe cuál fue. Se hicieron dos copias del vídeo, que media hora después, a las 00:30, salían en coches y recorridos diferentes hacia Prado del Rey.

Prácticamente a la misma hora, a las 00:35, Armada llegaba al Congreso. Había tardado 50 minutos, casi una hora, en llegar desde el palacio de Buenavista, sede de la JUJEM, a Vitrubio 1, que está a minutos escasos. El fiscal Claver Torrente no pareció nada interesado en conocer cómo se invirtió este lapso de tiempo. Se hacen cábalas sobre la posibilidad de que hubiera pasado por La Zarzuela, para hablar con el rey y con Sabino de lo que diría a Tejero y a los diputados. O incluso para estar presente en la grabación del mensaje real… Pero respecto a este hecho, no se sabe nada. Lo que sí está probado es que antes de entrar en el Parlamento hizo una breve escala en el Palace, convertido en puesto de mando de los generales que mandaban los cuerpos militarizados que rodeaban el Congreso. Armada les volvió a largar el discurso que hacía horas que repetía: que algunas capitanías podrían estar a favor de Milans, que el Ejército estaba dividido… Y expuso su oferta de un gobierno de transición. Le dieron vía libre. El general Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, y el general Sáenz de Santamaría, jefe de la Policía Nacional, le acompañaron hasta la puerta del Congreso. Armada entró en el Congreso tras dar la contraseña convenida por los golpistas para recibir la «autoridad militar» que esperaban, el «elefante blanco»: «Duque de Ahumada». Habló con Tejero en un despacho acristalado, desde donde los guardias armados no podían oírlos, pero sí que los veían discutir acaloradamente, mientras Armada agitaba en el aire un ejemplar de la Constitución de 1978 que había traído para explicar algo a Tejero. Su propuesta fundamentalmente consistía en el hecho de que se retiraran los guardias, le dejaran pasar al hemiciclo y permitieran que el mismo Congreso deliberara y acordara una fórmula para constituir un gobierno de solución a la situación creada, para que todo volviera a la normalidad. Después el Congreso presentaría su propuesta al rey, a fin de que todo fuera constitucional. En la versión de Tejero, que Armada no confirmó, los diputados ya estaban preparados, y el futuro gobierno pactado: la presidencia para él; la vice-presidencia para Felipe González; y dos o tres carteras para cada partido, con socialistas y comunistas moderados como Enrique Múgica y Solé Tura, éste como ministro de Trabajo. Armada, además, le habló del tema del avión para que él y sus hombres salieran de España. El enfado de Tejero fue monumental. Aquello no era lo que él esperaba, no era lo que le habían dicho… Insistió en que el rey tenía que promulgar unos decretos que disolvieran las Cortes, que Milans tenía que estar en el Gobierno, que nada de comunistas. Y, naturalmente, no se pusieron de acuerdo. A la 1:20 de la madrugada Tejero daba por finalizada la conversación con Armada, y ordenaba a dos guardias que lo condujeran a la salida e impidieran que volviera a entrar sin su permiso. Y Armada salió del Congreso desolado. ¡Quién sabe qué le debía pasar por la cabeza en aquel momento…!

Adentro, Tejero se quedó comentando la conversación con sus oficiales, lleno de ira. Manifestó que estaba dispuesto a no darse por vencido e improvisaron un manifiesto. Intentarían que se difundiera por radio, pero los militares del exterior consiguieron evitarlo. A la 1:23 se emitió el mensaje del rey por televisión. En La Zarzuela todavía no sabían que el plan de Armada había fracasado en aquel momento. Armada ni siquiera había podido seguirlo. Según sus declaraciones, le es imposible concretar dónde estaba en aquel instante preciso: «Yo debía de estar hablando con Tejero en el Congreso», «creo que estaba en el Hotel Palace, cuando se emitió», «me parece que debió darse el mensaje por televisión cuando yo iba en el coche del gobernador civil». En efecto, éste fue el recorrido que hizo al salir. Del Congreso fue directamente a rendir cuentas al Palace de lo que había pasado, y de allí fue conducido al Ministerio del Interior (donde se había constituido una comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, el siguiente grado por debajo de los ministros, un organismo civil que tuvo un valor más simbólico que otra cosa, puesto que en toda la noche no tomaron ninguna decisión sin consultarla con La Zarzuela). Fue desde Interior que Armada habló con la Casa Real por primera vez. Pero el mensaje sí que lo habían visto millones de ciudadanos, que esperaban despiertos y expectantes. Entendieron lo único que podían entender: que el golpe había sido abortado por el monarca.

¿A quién se le podía ocurrir pensar en un desenlace «constitucional» tan rocambolesco como el que habían previsto en realidad? La mayor parte de la población se sintió aliviada y se fue a dormir.

Pero en La Zarzuela se echaban las manos a la cabeza pensando «y ahora… ¿qué hacemos?». Con los insurrectos no se había pactado nada para que depusieran su actitud por las buenas, ni se habían tomado medidas militares para reducirlos. El comandante Pardo Zancada, que no quería ni podía aceptar que todo se quedara así, salió de la División Acorazada Brunete con una columna de hombres hacia las Cortes para apoyar a Tejero, como primera reacción al fracaso de Armada. Nadie interceptó la marcha y entró en el Congreso sin dificultad. Un poco más tarde, todavía llegó el capitán de navío Menéndez Tolosa, con la misma intención. Y tampoco tuvo problemas para entrar.

A las 2 de la madrugada, cuando ya todos los implicados estaban bien enterados del fracaso de Armada, los golpistas de la rama dura seguían insistiendo. Todavía pensaban que, si se sumaban más batallones del Ejército a la insurrección, se podría forzar la situación. Y reclamaban que el rey tomara la iniciativa, apoyándolos abiertamente y nombrando presidente a Armada por anticipado y a riesgo suyo, sin Constitución ni hostias. Pero el Borbón siempre ha sabido medir muy bien los riesgos. La experiencia de un golpe de este estilo ya la había tenido su abuelo, Alfonso XIII, con Primo de Rivera… y no le había salido bien. Además, aquello no era lo que querían los americanos.

No, no podía ser. Como le dijo a Milans, ya era demasiado tarde, ya no se podía hacer nada. Tejero había abortado el golpe de Estado que él mismo había iniciado. A Milans parecía que no le llegaba el mensaje de que tenía que retirar sus tropas y ordenar a Tejero que se rindiera sin más historias, de manera inmediata. En un momento determinado, incluso pensó que si el rey no se ponía de parte suya, tendría que abdicar e irse. Pero lo cierto es que, gracias a la cautelosa gestión desde La Zarzuela, no contaba con los suficientes apoyos en las capitanías generales. Juan Carlos, que casi nunca había sabido imponerse verbalmente en una discusión, y prefería recurrir a Sabino o a una nota escrita, se lo transmitió por télex: «Confirmando conversación telefónica acabamos de tener, te hago saber con toda claridad lo siguiente: 1. Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente; después de este mensaje ya no puedo volverme atrás. 2. Cualquier golpe de Estado no puede escudarse en el Rey, es contra el Rey. 3. Hoy más que nunca estoy dispuesto a cumplir el juramento de la bandera muy conscientemente, pensando únicamente en España; te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido. 4. Te ordeno que digas a Tejero que deponga su actitud. 5. Juro que no abdicaré de la Corona ni abandonaré España; quien se subleve está dispuesto a provocar una guerra civil y seré responsable de ella. 6. No dudo del amor a España de mis generales; por España primero, y por la Corona después, te ordeno que cumplas cuanto te he dicho». Al poco de recibirlo, Milans comunicó a La Zarzuela que cumpliría sus órdenes. Ya no había salida. Pero advirtió que el teniente coronel Tejero no le obedecía y la situación del Congreso era muy peligrosa.

A las 4 de la madrugada, las tropas se retiraban de las calles de Valencia y se dictaba un bando que anulaba el anterior. A dos cuartos de set Milans se retiraba de su tabla de mando y se iba a dormir sin preocuparse demasiado por la situación en que quedaba Tejero, que todavía estaba encerrado en las Cortes. De todos modos, el teniente coronel de la Guardia Civil empezaba a comprenderlo.

Hasta el comandante de la División Acorazada que había ido a apoyarle cuando ya todo estaba perdido, Pardo Zancada, le aconsejaba que se rindiera, mientras sus guardias huían por las ventanas.

Por la mañana, todos veían tan claro el final, que el mismo líder de Alianza Popular, Manuel Fraga, se puso de pie en el hemiciclo y lanzó un memorable discurso antigolpista: «¡Quiero salir porque esto es un atentado contra la Democracia y la Libertad!… ¡Esto no favorece ni al rey, ni a España, ni a la Guardia Civil!… ¡Prefiero morir con honra que vivir con vilipendio!». Lo secundaron los diputados Óscar Alzaga, Fernando Álvarez de Miranda e Iñigo Cavero, que se abrieron las chaquetas de par en par: «¡Dispárenme a mí!». Todo un show como fin de fiesta.

Antes de entregarse, Tejero exigió la presencia de Armada. Sólo pactaría la rendición con él. Un gesto entre militares y en su lenguaje, para dejar patente su traición y humillarlo públicamente. A la una menos cuarto del 24 de febrero, tras hablarlo con el rey, Armada firmó a la puerta de las Cortes, sobre el capó de un coche, la «nota de capitulación» con las condiciones de Tejero. Los guardias que todavía quedaban dentro subieron a sus vehículos y salieron hacia los acuartelamientos respectivos.

Después salieron los diputados, rodeados de cámaras y micrófonos de periodistas. A las dos y media del mediodía, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Gabeiras, telefoneó a Milans del Bosch y le ordenó que acudiera inmediatamente a Madrid. A las siete en punto de la tarde, Milans entró en el Ministerio de Defensa, donde fue detenido inmediatamente. Aquella misma tarde, la Junta de Defensa, reunida en La Zarzuela, con Suárez todavía de presidente en funciones, ordenaba a Gabeiras que también arrestara a Armada. Gabeiras giró la cabeza hacia el rey, entre sorprendido y alarmado, e hizo exclamar a Suárez: «¡No mire al rey, míreme a mí!»

Maquillaje morado

La inmensa mayoría de los casi 300 guardias civiles y más de 100 soldados que ocuparon el Parlamento nunca fueron juzgados. En total, sólo fueron encarcelados y procesados 32 militares y un civil, y ni siquiera todos resultaron condenados después. El juicio empezó en febrero de 1982, en un antiguo almacén de papel del Servicio Geográfico del Ejército, habilitado para la ocasión, en la zona militar madrileña de Campamento.

Sabino y varios funcionarios e instituciones se esforzaron mucho para intentar dejar a Juan Carlos al margen del procedimiento judicial. Los abogados defensores mantuvieron la tesis de que los militares insurrectos habían actuado «por obediencia debida» al rey. Y pretendieron que Juan Carlos prestara declaración como testigo, como mínimo por escrito, teniendo en cuenta el protagonismo que había tenido la noche y la madrugada del golpe de Estado. Pero no hubo manera. En lugar suyo, declaró Sabino. De todos modos, el rey acabó saliendo como implicado en las declaraciones de la mayor parte de los encausados. No en la de Armada, que se comprometió en un pacto de silencio que no pudo romper nadie. Los otros coincidieron en el hecho de que el rey estaba enterado de todo y que participó en el plan de actuación. Aquellos meses tuvieron que ser amargos para el monarca, aunque una multitud enfervorizada de columnistas y políticos intentaron paliarlo en la medida de sus posibilidades, con una sólida campaña en defensa de la Corona. La Junta de Andalucía llegó a hacer una declaración oficial de adhesión al rey el marzo de 1982 durante el juicio.

El 3 de junio se dictó una sentencia que no gustó a nadie. De los 33 encausados, 11 resultaban absueltos, a Armada sólo le caían 6 años y, aunque a Milans y a Tejero se les aplicaba la pena máxima (30 años), el mismo Tribunal Militar anunciaba que solicitaría el indulto al Gobierno. El entonces presidente, Calvo Sotelo, expresó su disconformidad y anunció la intención gubernamental de recurrir en contra de la sentencia. Con esto, la causa pasó a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia. El 6 de abril de 1983 se abría la vista de los recursos en la Sala Segunda. Pero cuando se dictó sentencia firme, el 28 del mismo mes, se pudo ver que los cambios eran poco significativos, excepto en el caso de Armada, que ahora salía con 30 años de condena. Para suavizarlo un poco, el Tribunal especificaba que «si el Consejo Supremo de Justicia Militar persiste en su propósito, pronunciada la sentencia, de dirigirse al Gobierno para que se ejercite el derecho de gracia respecto al teniente general Milans y al teniente coronel Tejero, deberá hacerlo extensivo, para evitar agravio comparativo, al general Armada». Milans, Tejero y Armada fueron los únicos con una condena superior a 12 años. Con más de 3, sólo fueron condenados ocho de los encausados. Aunque el número de absueltos se redujo sólo a tres, a la mayoría les correspondieron penas de l a 3 años, tras los cuales se podrían reincorporar nuevamente a sus puestos en el Ejército. Uno de los condenados, éste a 5 años, fue el capitán Jesús Muñecas, cuya brillante actuación televisiva, anunciando al hemiciclo la llegada inminente de una «autoridad militar», también merecería haber sido premiada con un Oscar. Otros que tuvieron la suerte de no salir por la tele se pudieron salvar con mucha más facilidad. Los coroneles Valencia y Arnáiz, por ejemplo, que se encargaron de tomar RTVE y varias emisoras de radio, no fueron encausados y al poco del 23-F los dos resultaron ascendidos a general.

Gracias a los esfuerzos no se sabe muy bien de quiénes, las referencias al rey desaparecieron en la sentencia, y Sabino ocupó su lugar como responsable de algunas de sus actas. Por ejemplo, se atribuyó al secretario de la Casa la conversación que el rey había tenido con Armada, a las 18:30 aproximadamente, en la que el general se «ofrecía» para ir a La Zarzuela. Y esto teniendo en cuenta que esta novísima versión no se correspondía con ninguna de las declaraciones que habían tenido lugar durante el juicio: ni con la de Fernández Campo, ni con la de Gabeiras, ni con la de Armada.

Después el mismo rey también se encargó de desmentirla en las conversaciones que tuvo con Villalonga para su biografía autorizada. No fue la única vez que metió la pata en aquellas largas entrevistas, en qué, además, se permitía descalificar a los golpistas, con exclamaciones como «¡Verdaderos amateurs!», o «¡Era un golpe de Estado montado sin sentido común!». Exclamaciones que le habrían podido valer que fieles como Armada le perdieran el respeto y rompieran el pacto de silencio, pero que Sabino, siempre más atento a los detalles que el monarca, se encargó de que fueran suprimidas en la edición española del libro.

El que salió peor parado de todo el proceso, sin duda, fue Tejero. Le tocó comerse casi todo el marrón. Aparte de los 30 años, fue condenado a pagar al Estado 1.076.450 pesetas por los destrozos que había causado en el Parlamento. Además, como se le había expulsado del cuerpo, toda su familia tuvo que desalojar el piso de la Guardia Civil en que vivía. Su castigo aumentó cuando fue trasladado al Castillo de Santo Ferran, en Figueres, una fortaleza del siglo XVIII, en la que fue prácticamente el único inquilino de 1983 a 1991. Actualmente continúa en prisión, en la de Alcalá de Henares, pero disfruta de régimen abierto.

A Milans del Bosch le fue algo mejor. El Ejército empezó por mostrarle su apoyo concediéndole la medalla de sufrimientos por la patria, a finales de 1981, aunque después el Gobierno consiguió anularlo, porque aquello era demasiado descarado. Con una condena de 30 años a la espalda, pasó por varias prisiones (Algeciras, Alcalá de Henares, Figueres y la Prisión Naval de Carranza, en el Ferrol de su Caudillo). No quiso pedir nunca el indulto, pero el 1 de julio de 1990, después de haber cumplido la tercera parte de la condena (dicen, aunque las cifres no cuadran: desde febrero de 1981 sólo habían pasado 9 años), fue puesto en libertad. Se instaló en un chalé de La Moraleja, un barrio residencial de lujo, en Madrid, y murió en 1997, al parecer de un tumor cerebral. Le enterraron como a un héroe en la cripta del Alcázar de Toledo, por su condición de defensor del recinto durante la Guerra Civil.

El asunto de Armada, que sólo cumplió 7 años de prisión en total, se puede decir que fue una ganga.

A finales de 1987 el Consejo Supremo de Justicia Militar ya le había rebajado la pena a 26 años, 8 meses y 1 día. Pero la libertad definitiva la obtuvo el 24 de diciembre de 1988 cuando el Gobierno socialista de Felipe González le indultó por razones de salud y por «acatar la Constitución». Ahora vive en Galicia, en una casa solariega, donde se dedica a cultivar camelias.

Con respecto al CESID y a su papel en el 23-F, igual que en todo lo que hace referencia al monarca, también hubo una campaña de silencio, adoctrinamiento y destrucción de pruebas. Entre los documentos desaparecidos en los días siguientes, de los cuales sólo queda el recuerdo en la mente de los agentes que entonces estaban activos, se citan el informe «Delta sur» (que evaluaba la actitud de cada mando del CESID respecto a un cambio de régimen), unos edictos y decretos que se tenían que difundir una vez hubiera triunfado el golpe, e informes de vigilancia que incluían fotos de reuniones conspirativas celebradas en varios puntos de Madrid. Después se elaboró el «informe Jáudenes», «acerca de la posible participación de miembros de la AOME [Agrupación Operativa de Medios Especiales, cuyo jefe era José Luis Cortina] en los sucesos de los días 23 y 24 de febrero pasado». Fue encargado al teniente coronel Juan Jáudenes el 31 de marzo de 1981, cuando ya no quedaban pruebas. Pero todavía se pudieron reunir testigos que implicaban a unos ocho agentes (García Almenta, Monge, Sales y Moya, entre otros). De todos modos, ninguno fue denunciado por el CESID.

Si Cortina llegó a ser procesado, fue en base a las imputaciones de Tejero. Pese a que el fiscal le pedía 12 años, por actuar de enlace de Armada en Madrid y dar apoyo logístico a Tejero para que tomara el Parlamento, fue absuelto de manera poco convincente por falta de pruebas. No dejó el Ejército. Desde 1983 tuvo diversos destinos: el Regimiento de Infantería Jaén 25, el Polígono de Prácticas de Carabanchel y, para terminar, en 1985, el Cuartel General del Ejército, en el departamento MASAL (Mando de Apoyo Logístico), ascendido a coronel de Estado Mayor. En 1990 le fue concedida la Cruz Militar con distintivo blanco y la placa de San Hermenegildo.

Después, su suerte dio un vuelco: todavía con el PSOE en el poder, en 1991 fue expedientado y destituido por negligencia en la custodia de documentos secretos. Pero esta es otra historia.

Gómez Iglesias fue el único agente del CESID condenado por implicación directa en el asalto al Congreso. El Tribunal Militar sólo le impuso una pena de 3 años, aunque después el Supremo la amplió a 6. Pero los otros ni siquiera atestiguaron en el juicio.

El «informe Jáudenes» fue incorporado a la causa 2/81 y después devuelto. En los 13.000 folios del sumario no se hace ninguna mención del Rey. En cuanto a la implicación de políticos, y muy especialmente de los socialistas que estaba probado que se habían reunido con Armada, hace falta decir que también tuvieron mucha suerte en el juicio. Tanto ellos como el grupo de La Zarzuela, incluyendo a Armada, cumplieron el compromiso de no implicarse mutuamente. Un equipo de abogados entrenó a Múgica durante mucho tiempo para que su declaración como testigo se ajustara a los intereses del PSOE, que consistían en desvincularse de Armada. Al cabo de los años, Múgica no ha modificado su disciplina y todo lo que reconoce es que hablaron de la cría de mulas para el transporte de las unidades de artillería de montaña. Cuando salió la sentencia, Felipe González, que ya era presidente del Gobierno, declaró en el Congreso: «Esta sentencia cierra un capítulo importante y doloroso de la historia de España». Empezaba a entrenarse en la disculpa de que se enteraba de las cosas por la prensa, cuando, recalcando «la absoluta independencia entre el poder judicial y el ejecutivo», dijo: «Yo me he enterado a media mañana del contenido de la sentencia, por una nota manuscrita del portavoz del Gobierno». Para que la historia lo juzgue, permanece la anodina sentencia del Supremo, que a lo largo de los considerandos puntualizaba que la rebelión habría existido incluso con el supuesto «impulso regio». Se decía literalmente: «No sobra razonar que si, hipotéticamente y con los debidos respetos a Su Majestad, tales órdenes hubiesen existido, ello sin perjuicio de la impunidad de la Corona que proclama la Constitución, no hubiera excusado, de ningún modo, a los procesados, pues tales órdenes no entran dentro de las facultadas de Su Majestad el Rey, y, siendo manifiestamente ilegítimas, no tenían por qué haber sido obedecidas».

El triunfo del golpe

El golpe del 23-F, al fin y al cabo, acabó triunfando de cualquier modo. No solamente por la sesión de maquillaje a que fue sometida la versión oficial. La pasividad popular fue el éxito más importante. Consiguieron que toda España se quedara clavada ante el televisor esperando las palabras del monarca, con una representación regia digna del sainete del «gobierno de salvación nacional». Su éxito recogía los frutos de los primeros años de la Transición, con los partidos defraudando las expectativas y las reivindicaciones populares. Como consecuencia, se habían producido altas tasas de abstención en las elecciones, multiplicada por dos y por tres entre 1977 y 1980, bordeando el 70%; y, paralelamente, la desafiliación casi en masa de militantes de los partidos Comunista y Socialista (superior al 50% entre 1977 y 1980). El cénit fue el 23-F. Unos días después, el 27 de febrero, hubo una multitudinaria y pacífica manifestación en Madrid que inauguraba la nueva etapa política, con los «héroes» del 23-F (Felipe González, Carrillo y hasta el mismo Fraga Iribarne) encabezando la promovida concentración de masas y dando vivas al rey.

Por otra parte, el ingreso de España en la OTAN fue inmediato. En octubre de 1981, Juan Carlos se reunió con Reagan en visita oficial a Washington y, unos meses después, en mayo de 1982, Calvo Sotelo consiguió que las Cortes la aprobaran. Por lo general, hubo un vuelco hacia la derecha en todo el Estado, con la LOAPA como estandarte antinacionalista. En este marco, AP ganó las elecciones autonómicas de Galicia (el 20 de octubre), cosa que suponía pisar por primera vez el poder en la Transición. Y en las andaluzas (el 23 de mayo), el PSOE barrió al PCE. En todas partes bajaba en caída libre la UCD, a la cual se hacía responsable de lo que se estuvo a punto de perder.

El golpe de Estado había mostrado que las libertades existentes eran frágiles. Incluso el PCE, algunos sectores del cual habían mantenido hasta entonces reservas críticas hacia la política de concentración democrática, reconocía que había subestimado los riesgos de involución.

Cuando en agosto se convocaron elecciones generales para octubre, el PSOE ya estaba preparado para cambiar su discurso, no preocupar a la banca ni a los poderes fácticos, y apoyar a la monarquía sin complejos. El 23-F fue la coartada perfecta. Fue la definitiva domesticación de las bases del partido. El 28 de octubre ganó por mayoría absoluta con el 48% de los votos, con promesas de salir de la OTAN, crear 800.000 puestos de trabajo y consolidar las libertades. En el discurso de apertura del nueve Parlamento, en noviembre, el antes republicano Peces-Barba se permitió el lujo de decir que «Monarquía y Parlamento no son términos antitéticos, sino complementarios, y su integración en la monarquía parlamentaria, tal como se dibuja en nuestro texto constitucional, produce una estabilidad, un equilibrio y unas posibilidades de progreso difíciles de encontrar en otras formas de Estado». Cuando Juan Carlos firmó el decreto de nombramiento de Felipe González, el 3 de diciembre, dijo emocionado a Peces-Barba: «Si mi abuelo hubiera podido tener esta relación con Pablo Iglesias, habríamos evitado la guerra civil». Y Gregorio le contestó: «Quizá, señor, para llegar a esto tuvimos que pasar por aquello». Y por el 23-F, podríamos añadir, también, sin duda.

CUARTA PARTE

GALIMATÍAS RESERVADOS

CAPÍTULO 13

EL REY DE LOS SOCIALISTAS

Encantado con los dirigentes del PSOE

Cuando en 1982 el PSOE accedió al poder, empezó una etapa de gran prosperidad para la monarquía. El presidente Felipe González, sobre todo en los tres primeros años de mandato, llegó a tener una íntima amistad con Juan Carlos, fascinado por su gracia andaluza. Aunque institucionalizaron despachar todos los martes, hablaban por teléfono y cambiaban o ampliaban sus encuentros muchas veces. A menudo los dos matrimonios salían a cenar juntos y después veían películas en La Zarzuela hasta la madrugada. Al final, Felipe se pasaba por La Zarzuela cuando quería, sin avisar. El presidente se desvivía por atender los deseos del rey, con un planteamiento gubernamental que se podría resumir en la recomendación siguiente: «Señor, no se preocupe, nosotros nos ocupamos de todo: ¡diviértase Vuestra Majestad!». Y Juan Carlos estaba encantado con los socialistas, capaces de llegar hasta la frivolidad o el derroche para proporcionarle cualquier capricho: aviones, helicópteros, barcos, automóviles, la práctica de los deportes más caros, viajes a los sitios de moda internacional… y, sobre todo, vacaciones, muchas vacaciones. El día de su santo se celebraron grandes saraos en los jardines del Campo del Moro, con más de 4.000 invitados de la beautiful people, esta nueva casta social de «isabelitas preysler» y ministros del nuevo Régimen que habían ido a más, bien nutridos por el mamoneo del PSOE.

En el terreno estrictamente político, apenas había desavenencias. Quizás la única situación crítica entre el rey y Felipe González derivó de las declaraciones que Juan Carlos hizo a Jim Hoagland, del Washington Post, en 1986, como adelanto del viaje oficial que tenía que hacer a los Estados Unidos. El jefe del Estado discrepaba de la forma en que el Gobierno español llevaba las negociaciones para desmantelar las bases militares norteamericanas, y se alineaba sin reservas con el dispositivo de defensa de Washington. Daba la impresión de que el rey enviaba mensajes al presidente a través de la prensa norteamericana, cosa que no era correcta en absoluto. Más bien se trataba de que los norteamericanos enviaban el mensaje a través del monarca al Gobierno socialista, y éstos lo captaron inmediatamente.

Las fricciones entre la Casa Real y La Moncloa no llegaron más allá. Por lo general, había una sintonía perfecta entre ellos, hasta el punto de que en mayo de 1983, en el transcurso de una visita oficial de Su Majestad al Brasil, éste pronunció un discurso ante la cámara legislativa de la República Federativa prácticamente idéntico a un artículo que había publicado Felipe González en Le Monde Diplomatique, en la edición en lengua española para Iberoamérica, el mismo mes. La conferencia del rey, que trataba sobre los valores democráticos, había sido unánimemente alabada por toda la prensa: «El Rey Juan Carlos explicó como en España, con independencia del partido que gobierne, la proyección americana es uno de los objetivos fundamentales de la política exterior, un compromiso encarnado por la Corona que está reflejado en la Constitución», decía la crónica de Diario 16. Sin embargo, no se tardó en descubrir que se habían repetido párrafos literales del artículo del presidente González. En total, ocho partes del discurso del rey se correspondían exactamente, incluso en los puntos suspensivos, con ocho partes del artículo de Felipe, y a la prensa le faltó tiempo para criticarlo. «Bochornoso patinazo», «metedura de pata», «refrito», «desliz», fueron algunas de las expresiones con que se calificó el hecho. Eso sí, apuntando directamente al Gobierno. El rey no es criticable de ninguna de las maneras. El director general de la Oficina de Información Diplomática (OID), Fernando Schwartz, pidió disculpas públicamente. Por su parte, Felipe González lamentó lo que había pasado, y el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, se irritó. Pero a quien le costó el cargo fue a Carlos Miranda, entonces director general para Asuntos de Latinoamérica. La Casa Real no se pronunció. Según las explicaciones que en aquel momento se dieron a la prensa, es habitual que los discursos de los viajes oficiales o de visita del rey se encarguen al ministerio correspondiente. En este caso, el encargo había pasado a un funcionario de la Sección de Latinoamérica de Asuntos Exteriores. Entre la documentación facilitada se hallaba el borrador del famoso artículo de Felipe González. Tras el funcionario, el discurso había pasado por varias manos: el director general de Latinoamérica (Carlos Miranda), el ministro de Asuntos Exteriores (Fernando Morán), la Presidencia del Gobierno, y después, para acabar, por las manos de la Casa Real, donde se revisó de nuevo y se pulió la redacción (no mucho, al parecer). Total, que todo había sido algo así como el error informático de Ana Rosa Quintana en la novela-plagio Sabor a hiel. A pesar de los pesares, parece que a nadie le llamó la atención el hecho de que el artículo de Felipe González —como se podía deducir fácilmente del episodio en el que su «borrador» aparecía en manos de un funcionario— tampoco lo hubiera escrito él mismo. Ni se puso en duda quién intervenía en la redacción de los discursos institucionales. Y si nadie dudó del presidente, mucho menos del rey, que años después, en su biografía autorizada, firmada por José Luis de Villalonga, seguía manteniendo respecto a sus discursos, sin el menor asomo de vergüenza, que «El presidente del Gobierno sabe lo que voy a decir (no sería leal por mi parte ocultárselo), pero no sabe qué términos voy a expresar… Las líneas maestras de mis mensajes son siempre obra mía. Luego las discuto aquí, en palacio, con mis colaboradores más íntimos. Después, según el tema que tengo que tratar, hago que me aconsejen juristas, sociólogos, a veces el ministro de Asuntos Exteriores, incluso militantes… Pero no hay en España un speech writer como en los Estados Unidos o como en Inglaterra». Tan poca importancia dan a lo que pueda pensar la gente respeto a esta cuestión, que Sabino Fernández Campo, el secretario, ni siquiera se preocupó de «censurar» esta parte del libro, cosa que sí hizo con otros párrafos que ya hemos comentado que desaparecieron en la edición española (sobre todo los que hacen referencia al 23-F).

Golpes que no fueron de Estado

A lo largo del «reinado» del PSOE, mientras el rey se divertía en Mallorca, en Baqueira, en Suiza o donde fuese, su valoración en las encuestas registraba los índices más elevados de popularidad, por encima del 80%, que crecían de manera imparable. Y los únicos inconvenientes eran los golpes que con «real» torpeza se daba de vez en cuando, mientras jugaba a alguno de sus juegos favoritos, que le obligaban a estar de baja durante largos períodos. Aunque esto nadie lo podría atribuir a los socialistas. Antes, en julio de 1981, ya había tropezado con una puerta de vidrio cuando se dirigía a la piscina de La Zarzuela, y le tuvieron que escayolar un brazo. Pero después vinieron muchos accidentes más, que no pillaban nunca al monarca trabajando. En enero de 1983, durante las vacaciones navideñas en Gstaad, tuvo uno de los accidentes más graves. Resbaló con una placa de hielo, cosa que le produjo una fisura en la pelvis. Fue un susto importante que casi le costó un testículo. Tras ser atendido en Suiza, fue trasladado rápidamente a Madrid. Cuando Sabino Fernández Campo, el secretario de la Casa Real, fue a recibirlo y lo vio postrado en la litera en que lo bajaban del avión, pálido, demacrado, despeinado.., vaya, hecho un asco, no pudo dejar de exclamar: «Señor, con todo respeto, tengo que decirle que un rey sólo puede tener ese lamentable aspecto si viene de las cruzadas». La recuperación de don Juan Carlos duró dos meses, pero le dejó como secuela un hematoma interno que originó una fibrosis reactiva («brida fibrótica pelviana periuretral que ejerce presión sobre el uréter izquierdo»), que tuvo que ser operada dos años después. En la intervención se le extirpó la fibrosis y parte del testículo izquierdo. Los médicos le recomendaron entonces que pusiera las partes al sol para favorecer la cicatrización, y fue cuando tuvo la mala suerte de que un paparazzi le fotografiara desnudo sobre la cubierta del yate Fortuna en aguas de Mallorca, como si fuera un «naturista», cuando sólo lo hacía por prescripción facultativa.

En 1988 se dio un cacharrazo cazando en Suecia. Cuando perseguía alborotado una pieza, una rama le dio un golpe en el ojo a traición. En diciembre de 1989, durante unas vacaciones en la estación de Courchevel (los Alpes franceses), otra trompada le produjo contusiones y heridas en la cara. El 28 de diciembre de 1991, esquiando en Baqueira, se cayó otra vez, mientras bajaba por una pendiente muy empinada, y se hundió el disco tibial de la rodilla derecha, por lo que tuvieron que intervenirle quirúrgicamente una vez más. Tuvo que traer muletas hasta el mes de abril. La Casa Real, preocupada por el hecho de que los españoles pudieran empezar a pensar que tantos golpes no eran una cosa normal, difundió la versión de que el accidente había sido contra otro esquiador que cruzó el camino que seguía él. El misterioso obstáculo no fue identificado nunca, aunque las redacciones de algunas revistas se llenaron de espontáneos que se querían atribuir el honor.

En manos del Gobierno

El Gobierno idílico del PSOE y el Rey empezó a entrar en una zona oscura cuando los escándalos de corrupción que afectaban al Gobierno empezaron a aparecer en la prensa y acabaron salpicando a la Corona. En un primer momento, la unión no se rompió. En 1990, cuando la oleada de escándalos apenas había empezado, la Casa Real y La Moncloa se aliaron para tirar de las orejas a la prensa.

Ya habían salido a la luz, en cuanto al PSOE, los primeros episodios de corrupción, especialmente los casos de la renovación de la flota de Iberia y el asunto Juan Guerra. Y, con respecto al rey, dos publicaciones, el semanario Tribuna y el diario El Mundo, en el mes de agosto, habían osado publicar varios reportajes críticos sobre los «líos de la corte de Mallorca», con titulares como «Así se forran los amigos del rey».

En el discurso de aquel año el rey pronunció las palabras siguientes: «Si la libertad de expresión implica por parte de todos la capacidad para aceptar las críticas y las opiniones diversas, el derecho a la información veraz exige de los medios de comunicación social la máxima profesionalidad y responsabilidad en el ejercicio de su tarea. Si hay que pedir comprensión ante las críticas a quienes las reciben, es legítimo pedir también mesura y respeto a la verdad a quienes las hacen». Sus palabras no gustaron nada a la prensa y se empezó a difundir el rumor de que el párrafo en cuestión había sido una imposición de La Moncloa. Se dijo que el mismo Felipe González lo había incluido de propia mano, en contra incluso del entonces máximo responsable de la política de la Casa Real, Sabino Fernández Campo. Curiosamente, El País fue el único diario que no se sumó a las críticas al mensaje navideño. Cuatro días después (el 28 de diciembre) se publicó una felicitación del rey por la celebración de los primeros 5.000 números del diario, en la que decía: «Siempre he estado seguro de que, como Rey, podría contar con El País en cada ocasión en que la historia reciente lo requería, es decir, cotidianamente, en los momentos más graves y en los más livianos». Pero éste no fue el final de la historia, ni mucho menos. Unos meses después, en el transcurso de un viaje oficial a Granada, en junio de 1991 el rey, evidentemente aconsejado por otras personas, se refirió por primera vez a la corrupción: «Es lógico que… queráis romper con la desidia y la corrupción que han malogrado tantas cosas en España», dijo en un contexto en el que el caso Guerra estaba muy calentito. Y sus palabras, dichas como quien no quiere la cosa en medio de un discurso bastante largo, fueron destacadas por toda la prensa menos, sospechosamente, por los noticiarios de Televisión Española. Al Gobierno le sentaron como una patada en el hígado. Algunos incluso las calificaron como «injerencias» en asuntos políticos que no le correspondían.

A pesar de los pesares, en la complicada etapa política que el PSOE todavía tenía que atravesar, al rey también le tocó sufrir un poco. Al poco tiempo del asunto de Granada, pareció involucrarse él mismo en un nuevo lío mediático, provocado por el inocente Felipe González, como un pequeño aviso del hecho de que si caían ellos caerían todos. Fue en 1992. Empezó cuando el presidente, «sin querer», le dijo a un periodista que el rey no estaba en España. Los primeros en publicarlo fueron los de El País, pero después toda la prensa se dio cuenta de que aquello era muy irregular, porque no se tenía constancia oficial de su ausencia, y su firma figuraba en decretos como si no hubiera abandonado el Estado. Para complicarlo aún más, se acabó filtrando que estaba de vacaciones en Suiza… ¡con una amante! Fue un escándalo terrible, que acabó costándole la cabeza, en un juego de intrigas complicadísimo, no a Felipe sino a Sabino Fernández Campo.

En el mensaje de 1994, el rey volvió a hacer referencia al tema de la corrupción, pidiendo que se corrigieran «con firmeza los abusos cometidos». Tenía que salvar la cara como fuese, después de que, aparte de miembros importantes del PSOE, varios amigos íntimos (Miguel Arias, Manuel Prado, el príncipe Tchokotua, Pedro Sitges, Mario Conde…) empezaran a pasar por los juzgados. Le habría costado poco dejarlos tirados a todos en aras de la monarquía para seguir adelante impoluto y en solitario. Pero ¡alerta!, que el PSOE de Felipe González no estaba dispuesto a bajar solo al infierno, cosa que sí habrían aceptado algunos de sus íntimos, siguiendo el modelo de su fiel Armada, por ejemplo. Y es necesario no olvidar que el mismo rey era escuchado por el CESID al menos desde 1990. En este sentido, no se sabrá nunca hasta qué punto y con qué clase de secretos el PSOE lo tenía en sus manos. En octubre de aquel año, como se supo después, el CESID le había captado de forma «casual» en el sistema de boy escouts hablando desde el coche, cuando se dirigía a «una cita». «¡Vaya por Dios! A ver… A ver, qué ha dicho éste…», se alarmó Manglano cuando le trajeron la cinta. A partir de este momento, la actividad adquirió una gran importancia, traspasada a otro sector, controlado directamente por Manglano, porque «con estos bobones nunca se sabe».

Mientras el rey jugaba al squash, se iba a esquiar a los Alpes o a las regatas de Mallorca, el PSOE se había dedicado, durante años, a través de los servicios secretos, a grabar y archivar sus conversaciones privadas con sus amigos (Manuel Prado, Carlos Perdomo, Tchokotua…). Cuando se supo en 1995, tuvieron que dimitir el vicepresidente del Gobierno, el ministro de Defensa Narcís Serra, Julián García Vargas; y el jefe del CESID, el general Manglano. Pero el mal ya estaba hecho.

Los líos económicos se convirtieron en moneda de chantaje contra la Corona utilizados por los que tenían acceso a la información. Sobre todo cuando el PP llegó al Gobierno, el rey tuvo que dejar de estar permanentemente de vacaciones para intervenir en varios asuntos que requerían su atención, en favor del Gobierno que durante tantos años le había dado una vida regalada.

CAPÍTULO 14

FORTUNA PERSONAL

Espíritu de negociador

El rey reconoce que hizo el primer mal negocio de su vida cuando tenía cinco o seis años. Fue en Lausana. Un español que había ido a visitar a su padre le regaló una pluma de oro. Justo delante del Hotel Royal, donde vivían entonces, había una tienda donde los niños solían comprar caramelos y chocolate. Como «Juanito» no tenía ni un céntimo en el bolsillo, tuvo la idea luminosa de vender la pluma al portero del Hotel por cinco francos, e ir a salto de mata a gastárselos en golosinas. Cuando Don Juan se enteró, fue a ver al portero y tuvo que compensarle con diez francos para recuperar la pluma. «¡Me has hecho perder cinco francos!», riñó al hijo que, con el tiempo, le haría perder muchísimo más. Siempre tuvo espíritu de negociador, que afloraba a la mínima ocasión. Cuando ya era adulto, continuó demostrando un talento escaso para los asuntos económicos, y hacía tratos poco afortunados, como cuando le cambió al periodista Jaime Peñafiel, habitual en La Zarzuela, una cámara fotográfica Nikon moderna que éste tenía, por una valiosa Leika-Flex con motor propiedad de la Casa Real.

Dicen quienes le conocen que desde que era niño se ha preocupado de proveerse de cierta seguridad económica, para librarse de los fantasmas de las penurias del pasado, cuando su pobre padre tenía que «mendigar» yates, palacios y Bentleys a los amigos para poder vivir sin renunciar a los «dry Martinis». Y se señala como un rasgo característico de su carácter una brusca obsesión compulsiva para no perderse las oportunidades que ve alrededor. El editor José Manuel Lara fue testigo en una ocasión. Hacía ya no se sabe cuántos años que perseguía al ex-secretario del rey, Sabino Fernández Campo, para conseguir con sus memorias lo que sería uno de los best sellers más importantes de la historia editorial española. Pero Sabino siempre lo rechazaba, alegando que «lo interesante no lo puedo contar y lo que puedo contar, no tiene ningún interés», lo que era un argumento muy honrado por su parte. De todos modos, Lara no dejaba de insistir, y un día que coincidieron en un restaurante, se lo recordó nuevamente y llegó a ofrecerle un cheque en blanco. Y Juan Carlos, que comía con Sabino, dijo de pronto: «Pero yo quito una parte, ¿eh?»

Pese a no tener una gran agudeza para los negocios, Juan Carlos ha sabido rodearse toda la vida de buenos colaboradores que le han ayudado en este terreno; igual que otros lo han hecho en el ámbito político. Al margen de que algunas operaciones poco sutiles fueron fracasos sonoros, por lo general la cosa no le ha ido mal. La etapa del Gobierno del PSOE fue especialmente fructífera. Aunque él no figurara oficialmente, sus amigos íntimos no se quedaron fuera prácticamente de ningún gran acontecimiento: Ibercorp, Expo 92, KIO, etc. Después todo les explotó en las manos. Pero, por lo que se sabe, no tuvieron que devolver ni una peseta. Con talento o sin él, casi siempre utilizando mecanismos —como veremos— muy simples, Juan Carlos ha conseguido ir amasando a lo largo de los años una modesta fortuna personal, con la cual, como su vida está sometida al control de la opinión pública, no puede hacer gran cosa. De todos modos, el Estado le paga casi todos los gastos.

Pero al parecer sí que ha tenido la previsión de colocarla en bancos extranjeros, cosa que no había hecho Alfonso XIII y de ahí los problemas que tuvo que padecer su hijo Don Juan. Algún día, si las cosas se tuercen en el Estado y tiene que salir por piernas, tanto él como su familia tendrán las espaldas cubiertas con el dinero ahorrado, depositado en bancos suizos, que actualmente se calcula que es de unos 6.000 millones de pesetas.

Liquidando las propiedades de Alfonso XIII

La República, que hizo salir a salto de mata a Alfonso XIII en 1931, permitió que se enviaran las joyas personales a la antigua reina Victoria Eugenia en los estuches correspondientes. Pero se quedó con sus propiedades en España, entre las cuales había varios palacios, la mayoría oficialmente para pasar el verano: uno en Santander, otro en Donostia, una isla en la ría de Arousa… Como ya hemos visto en los primeros capítulos, aquello supuso un duro trastorno para los Borbón en el exilio.

Siempre se ha dicho que la Casa Real española es pobre, y no sólo en comparación con casas reales como la británica, una de las fortunas más grandes del planeta, sino con muchas de las familias de la alta burguesía española, por no hablar de la aristocracia bancaria. Y necesitaron la ayuda continuada de una serie de nobles para seguir adelante durante los primeros años del exilio. Pero ya antes de que Juan Carlos accediera al trono, la situación se les fue arreglando bastante. Desde 1947, cuando Franco convirtió oficialmente a España en un reino, el Gobierno les empezó a pasar una renta anual, cuya cifra inicial, aquel año, fueron 250.000 pesetas, entregadas a Victoria Eugenia como reina viuda. Además, en 1939 Franco ya les había devuelto oficialmente las propiedades confiscadas por la República, que cuando murió Alfonso XIII pasaron, aunque con algunos problemas, a Don Juan de Borbón. Alfonso de Borbón y Dampierre, el hijo de Don Jaime, siempre se ha quejado con resentimiento no sólo por el tema sucesorio, sino por el hecho de que Don Juan, según él, le había «robado mi patrimonio. Se ha quedado con todo».

Cuando murió Franco, con su hijo ya coronado, lo primero que hizo Don Juan fue poner en orden sus asuntos y empezó a vender palacios muy aprisa, como si tuviera miedo de que lo de la monarquía no fuera a durar demasiado. El palacio de Miramar, en Donostia, fue la operación más sencilla. Don Juan ya había tomado posesión oficialmente cuando en los primeros años cincuenta había enviado a sus hijos «Juanito» y Alfonso a estudiar, y nadie había puesto en entredicho la propiedad. La venta del palacio de la Magdalena en Santander resultó un poco más conflictiva. El palacio había sido regalado por los habitantes de Santander a Alfonso XIII en 1912 para residencia de verano. Lo construyeron al estilo inglés para halagar a su esposa, con las aportaciones populares de algunos miembros de la nobleza y de empresarios de la ciudad. Los reyes veranearon en él de 1913 a 1930. Pero después, con la República, recuperado por el pueblo, se dedicó a otros fines. El poeta Pedro Salinas fundó la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (la UIMP), de la que fue el primero rector y, aunque Salinas —como tantos otros— se fue al exilio tras la guerra, durante todo el franquismo la Magdalena no se dejó de utilizar como sede de actividades académicas. Pero en 1977 Don Juan no tuvo complejos a la hora de exigir lo que consideraba suyo. El Ayuntamiento negoció la compra para no tener que desalojar la UIMP, tanto del palacio como de la península (28 hectáreas de terreno, que también pertenecían teóricamente a Don Juan). La oposición municipal protestó por la decisión del alcalde, Juan Ormaechea. Consideraban que la compra era improcedente y se creó un organismo de partidos, centrales sindicales y asociaciones de ciudadanos para revocar el acuerdo. Pero no hubo nada que hacer. Eso sí, como estaba claro que aquello era muy anómalo, sólo dieron a Don Juan una cantidad simbólica de 150 millones de pesetas, por la que el Ayuntamiento se tuvo que endeudar con un crédito del Banco de Santander de Botín. El trato se firmó el 25 de noviembre. Poco después empezaron a planificar la remodelación del palacio, que tardó más de 10 años en ejecutarse y estuvo llena de irregularidades. Acabó costando más de 6.000 millones de pesetas, aun cuando el presupuesto inicial aprobado en la adjudicación de la obra era tan sólo de 895 millones. De nuevo, se dispuso de créditos del Banco de Santander, gestionados por el Gobierno municipal del PP. Y cuando el palacio estuvo listo, lo fue a inaugurar el rey Juan Carlos, en 1995. Dejaron una placa de mármol en la sala de ordenadores como reconocimiento al que había sido el fundador, Pedro Salinas.

Por lo menos en la Magdalena los reyes de España habían pasado algunos veranos, que era lo que querían en su momento quienes se los regalaron, a fin de atraer el turismo a la zona. Pero en la isla de Cortegada, en la ría de Arousa, sólo disfrutaron de la visita real un día de septiembre de 1907, el tiempo justo para que Alfonso XIII, a bordo de una canoa, tomara posesión y volviera a marcharse por no volver nunca más. Cortegada había sido expropiada a los vecinos de Carril (Galicia) a principios de siglo para regalarla al rey, con la misma idea que tuvieron los ciudadanos de Santander muy poco después con mayor éxito. Querían que Alfonso XIII construyera su palacio de verano, una idea del empresario local Daniel Poyán, que consideraba que sería un gran negocio para Galicia. A su proyecto se unieron terratenientes, hombres de fortuna amasada en las Américas, empresarios, banqueros adeptos a la causa… Para aceptar el regalo, Alfonso XIII, como si les estuviera haciendo un favor, puso varias condiciones: la primera, que la donación se transformara en escritura de propiedad en favor suyo con todas las garantías; y la segunda, que se le diera la isla íntegramente. El Ayuntamiento aceptó las dos cosas, y como en aquella época había propietarios y familias de mariscadores, hubo que expropiarlos a todos y obligarlos a abandonar la isla. Pese a que en la concesión se planteaba la pertenencia de la isla a la Corona a perpetuidad, con el objetivo de que la familia real instalase su residencia de verano, cosa que no hizo nunca, setenta años más tarde, en 1978, el regalo real fue vendido por su heredero, Don Juan de Borbón. De nuevo, fue una venta irregular. Esta vez los compradores eran miembros de su propio «consejo», encabezados por Ramón Pais Ferrín, a través de la inmobiliaria Cortegada SA, constituida a tal objeto. El precio establecido, ridículo pero cierto, fue de tan sólo 60 millones de pesetas. La empresa compradora todavía hoy es la propietaria legal, aunque toda su existencia ha estado rodeada de circunstancias oscuras, que hacen que esté perdida en medio de un rosario de procesos contencioso-administrativos. Pero lo último que se sabe es que la Xunta de Manuel Fraga quiere recomprar la isla con dineros públicos para devolvérsela al pueblo. Cortegada SA reclama como compensación 20.000 millones, en calidad de perjuicios por no haber podido explotarla para el turismo como quería, en una demanda que actualmente se halla en el Tribunal Supremo.

Don Juan, en años sucesivos, todavía continuó vendiendo propiedades, sin que se sepa qué necesidad tenía de tanta liquidez. En 1990, el alemán Klaus Saalfel, empresario y abogado de patentes en Múnich, propietario de una tipografía en Lisboa, le compró su querida Villa Giralda de Estoril, a través de su testaferro, Nils Peter Sieger. Un palacio que también había sido un regalo, esta vez de los nobles que querían ayudar a Don Juan y su familia en el exilio. Una vez más, el precio establecido fue una cifra irrisoria: 85 millones de escudos por un palacio que ahora, sólo 10 años después, el actual propietario quiere vender a la Fundación Conde de Barcelona, formada en parte por los mismos que se lo habían regalado en primero término, por un precio tres o cuatro veces superior. O Don Juan fue un negociador pésimo, o algo hay detrás de todas estas ventas extrañas en las que prácticamente regaló palacios y propiedades que en realidad eran de titularidad más que dudosa. Pero nadie con capacidad legal para hacerlo se ha preocupado de investigar este asunto. Aunque hizo un mal negocio, teniendo en cuenta el volumen y la calidad de las ventas, al fin y al cabo sumó, sólo con respecto a lo que se ha repasado aquí, casi 300 millones de pesetas, una cantidad que muchas personas no habrían considerado despreciable. Pero ha sido todo tan confuso y oscuro, que incluso se ha llegado a publicar que, cuando Don Joan murió, no tenía dinero para pagar la clínica, y que en el testamento sólo dejaba dos millones de pesetas.

Por otro lado, para acabar con el conde de Barcelona, señalaremos que, según distintas fuentes, era uno de quienes estaban en la lista de los «perdonados» fiscalmente por el PSOE, a los que se refería en enero de 1997 el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, cuando anunció que el Estado había dejado de ingresar 200.000 millones de pesetas en impuestos, de cerca de 600 personas físicas y jurídicas, fundamentalmente instituciones financieras. Después de estallar el escándalo, el Gobierno del PP no pudo o no quiso identificarlos, y la duda sigue flotando en el aire.

El comienzo de la fortuna personal del rey

Oficialmente, Juan Carlos llegó a España literalmente con lo que llevaba puesto. Para viajar a Atenas a visitar a su novia tenía que pedir dinero a su padre, que a su vez vivía de lo que le daban los amigos nobles leales a la monarquía. Estos mismos nobles tuvieron que sufragar el viaje de novios. Se cuenta, como si hubiese sido una gran tragedia, que cuando hicieron escala en Tailandia, la entonces princesa Sofía se enamoró de un zafiro que vio en un escaparate de Bangkok, y que Juan Carlos estaba avergonzado porque no se lo podía regalar. Por este y otros detalles, nadie se rasgó las vestiduras cuando se descubrieron los primeros movimientos del príncipe para empezar a consolidar un pequeño patrimonio propio. Su ambición, como la de cualquier españolito medio, era ser económicamente independiente. Desde 1962, es decir, desde que se casó con Sofía, el banquero Luis Valls Taberner empezó a administrar una «subscripción popular» que aportaría liquidez económica a los recién casados, en la cual colaboraban, además de otros banqueros, muchos nobles y empresarios del franquismo. Valls Taberner fue un juanista fiel hasta que se dio cuenta que el futuro era Juan Carlos, y se pasó al bando de éste. Entonces intentó convencer también a los otros para que hicieran lo mismo. En concreto, según explican algunas fuentes, Calvo Serer se resistió bastante, no ya en cuestiones de apoyo económico, sino político, a través del diario Madrid que dirigía. Y, al parecer, aquella desavenencia tuvo bastante que ver con el cierre del diario, en 1973, una decisión que Valls, con gran influencia en el Régimen, ayudó muy activamente a tomar.

Durante aquellos años comenzaba a despuntar en la vida económica del Estado español un Ruiz Mateos todavía en potencia, que improvisaba como mejor sabía lo que tenía que hacer para estar cerca del poder. Su padre había sido alcalde de Jerez en la época de Franco, pero él no sabía demasiado de política. Era perito mercantil, y lo único que sabía hacer bien era ganar dinero. Se le ocurrió ir a hablar con Luis Valls Tabemer y Gregorio López Bravo para que le asesoraran.

Comentó con ellos que ya hacía tiempo que iba a ver Don Juan a Estoril, como primera medida.

Pero Valls y López Bravo le dijeron que estaba perdiendo el tiempo y el dinero. «Tú lo que tienes que ser es amigo de Juan Carlos». Y Ruiz Mareos tomó nota y entró en contacto con La Zarzuela inmediatamente. La relación empezó cuando Juan Carlos todavía era príncipe y continuó después, cuando ya era rey. Ruiz Mateos ha contado —varias veces y a más de uno— que, al estilo de como se hacían las cosas en aquella época, le llevaba a Juan Carlos grandes cantidades de dineros en maletas de Loewe, directamente al palacio, donde los guardias de seguridad no se esforzaban demasiado en revisar lo que pasaba o dejaba de pasar por el control de la entrada. Ponía la maleta sobre la mesa del despacho de Juan Carlos, éste la arrojaba a un rincón y caía exactamente siempre en el mismo sitio. «¡Cuánto ha tenido que practicar!», decía Ruiz Mateos. No había ninguna cantidad estipulada ni nada que semejante, y Juan Carlos tampoco le pedía nada, como cualquiera puede suponer.

Sencillamente, le telefoneaba y se lamentaba como quien no quiere la cosa de las dificultades económicas que estaba pasando: «¡Es que no tengo ni para pagarle al servicio!». O bien: «Esto no puede ser, Constantino me cuesta mucho dinero… son unos inútiles, no ganan dinero… No puedo más». Y Ruiz Mateos rápidamente le tranquilizaba: «No se preocupe usted de nada, Alteza. Usted dedíquese a los problemas de España, que para lo demás ya estamos nosotros, estoy yo». A veces, Juan Carlos también recurría al empresario del Opus para que «diera un golpe de mano» a alguna amiga. Una vez le llamó por teléfono para decirle que le iría a ver una «señora» de parte suya: «Se trata de una persona que se dedica a la beneficencia, que no tiene sede…». Y Ruiz Mateos, aunque la señora en cuestión no tenía el aspecto de pertenecer al club de la madre Teresa de Calcuta, pues le compraba un piso. Alguna vez, el empresario de Jerez también había hecho transferencias importantes desde Nueva York. De estas operaciones sí que conserva los papeles. Y aquello sí que preocupó a la Casa Real cuando, tras la expropiación de Rumasa, Ruiz Mateos, prófugo de la justicia, que había huido a Londres, los quiso utilizar como presión para que el monarca no le dejara tirado. La intervención del Banco de España supuso un cacharrazo que no se acababa de creer. Pero el monarca, en plena euforia socialista, no le hizo caso. Ruiz Mateos acusó entonces al rey de haber recibido 1.000 millones de pesetas, con lo cual José María había pensado que tendría las espaldas bien cubiertas ante cualquier acción del Gobierno. Se entrevistó con el entonces secretario general de UGT de la Banca, Justo Fernández, y le pasó toda la documentación respecto a este hecho. Pero cuando Justo Fernández volaba en avión hacia Madrid, ya estaban esperándole en el aeropuerto personas nunca identificadas para explicarle cómo estaban las cosas. Y algo bastante fuerte debieron decirle, porque se olvidó del asunto para siempre. Ruiz Mateos todavía siguió insistiendo por su cuenta durante un tiempo y el fiscal general del Estado acabó acusándole de un delito de injurias al jefe del Estado. Pronto comprendieron, sin embargo, que aquello sería un callejón sin salida. Este juicio se habría podido convertir en un auténtico circo y Ruiz Mateos se escapó no se sabe muy bien cómo. El Estado prefirió olvidar el tema y archivó la causa basándose en tecnicismos.

Otro empresario muy relacionado con el monarca desde los tiempos de éste como sucesor de Franco fue Camilo Mira, el introductor de la cultura de la hamburguesa en España como pionero de la instalación de los restaurantes McDonald's. El granadino Camilo Mira había conocido a Armada a través del general Juan Castañón de Mena, ministro del Ejército con Franco. Además de presidente de La Unión y el Fénix, Camilo Mira entonces era socio, en una empresa inmobiliaria, de Florentino Martínez, cuya hija, Maita, estaba casada con Juan Castañón hijo. En 1969, aprovechando las conexiones en La Zarzuela, consiguió que el príncipe acudiera a inaugurar el selecto Club Las Lomas, una urbanización de lujo. El difícilmente explicable apoyo del príncipe garantizó el éxito de la promoción de la urbanización. Además de don Juan Carlos, asistieron los ministros más influyentes en aquel momento, como por ejemplo López Rodó y Silva Muñoz. Mira se convirtió en un visitante asiduo de La Zarzuela a partir de entonces y congenió especialmente bien con Armada, que lo intentó meter en el equipo de la Casa varias veces, sin conseguirlo. Se dedicó de lleno a los negocios, pero siguiendo todos los avatares políticos de cerca.

Los gastos de La Zarzuela

En La Zarzuela tienen 25 perros y alrededor de una docena de gatos, atendidos por un cuidador especializado e instalados en modernas perreras con todos los adelantos. Esto no es excesivo, teniendo en cuenta que una vez, hace algunos años, además tuvieron un guepardo. Cuando los reyes estaban de viaje particular en Etiopía, el que entonces era secretario de la Casa, Alfonso Armada, recibió un télex que le anunciaba: «Vamos con un guepardo, prepara alojamiento». No era una broma y Armada tuvo que telefonear al zoológico de Madrid para pedir ayuda a la hora de recibirlo.

Se informó bien sobre la clase de comida que necesitaba y, en fin, todo lo que interesaba saber para cuidar bien al animal más veloz de la fauna terrestre. El guepardo vivió en palacio varios años, paseándose por los salones y los pasillos como si nada, hasta que murió de viejo. No fue antes de que Sabino Fernández Campo sustituyese a Armada en el cargo de secretario. El primer día que fue a trabajar a La Zarzuela, no le habían avisado y el guepardo le dio un susto de muerte cuando entró a su despacho con toda naturalidad. Lo que más le preocupó no era que pudiera atacarlo, sino que pudiera estar teniendo alucinaciones.

Quienes han mantenido, durante los 13 años como príncipes y 25 años como reyes, el lujo africano de Juan Carlos y Sofía en La Zarzuela han sido los impuestos de los contribuyentes de a pie, a través de una partida especial de los Presupuestos Generales del Estado. Esta partida para los gastos de la Casa del Rey no está sometida por ley al control del Tribunal de Cuentas. La Constitución de 1978 permite al monarca disponer de estos dineros sin tener que explicar en qué se los gasta, ya sea en guepardos, o en motocicletas, o en lo que le dé la gana. El primer año que se fijó una cantidad (antes el rey cobraba el sueldo de capitán general, y los gastos los llevaban desde el ministerio correspondiente), en 1980, el Gobierno le asignó 200 millones de pesetas. El incremento anual se suponía que tenía que ser el del índice de precios al consumo (IPC), pero no se sabe muy bien cómo, a lo largo de los años, el presupuesto ha ido aumentando hasta los 1.122 millones en el año 2000. Por otro lado, hay un acuerdo con la Organización Nacional de Loterías según el cual el rey juega en todos los sorteos al número 00000, pero todavía no le ha tocado nunca, sólo unos cuántos reintegros. Del presupuesto oficial de la Casa del Rey salen los sueldos del rey, de la reina, del príncipe y de las infantas, el mantenimiento de la Casa, los coches, los ágapes, los regalos, toda clase de material y el pago de los empleados. Juan Carlos dispone de dos ayudantes de cámara para vestirlo por las mañanas, y la reina de dos doncellas. En total, incluyendo a los guardias, chóferes y hasta el cuidador de los perros, en La Zarzuela trabajan unas 160 personas. Pero la mayor parte es personal funcionario, cuyos sueldos están a cargo del Ministerio de Administraciones Públicas. Los gastos de los viajes, recepciones y actos oficiales también se pagan aparte, al margen del presupuesto de la Casa. Otras pequeñeces, como el mantenimiento del yate Fortuna o del Palacio Real, son anticipados por el Patrimonio Nacional, organismo autónomo que depende del Ministerio de la Presidencia del Gobierno.

A partir del momento en que se estableció un presupuesto anual para la Casa tras la Constitución, también se pensó en la necesidad de que el rey hiciera la declaración de la renta para que fuese un ciudadano más. Se consultó con el Ministerio de Hacienda para que aconsejara lo que se tenía que hacer, y entendieron que lo mejor era que el rey se asignara a sí mismo una cantidad como sueldo, que serían sus ingresos para calcular los impuestos que tenía que pagar. El sueldo del rey, que no se suele hacer público, se rige por un convenio especial entre la Casa y el Ministerio de Hacienda y se materializa en una nómina en la que figuran los ingresos correspondientes, los rendimientos del patrimonio personal y las retenciones del IRPF. Lo que no se acostumbra a contabilizar son los regalos que recibe, a veces multimillonarios… en todo caso totalmente fuera de control. Algunos de ellos especialmente significativos, como el último yate Fortuna, obsequio de un grupo de empresarios de Mallorca y cuyo precio estimado es de aproximadamente 14.000 millones de pesetas, se han puesto legalmente a nombre del Patrimonio Nacional, a fin de que este organismo se haga cargo de los gastos de mantenimiento.

La Zarzuela, que en su origen era un pequeño chalé para las cacerías de los últimos Borbones escogido por Franco como residencia de los príncipes porque estaba muy cerca del Pardo, ha sido rehabilitada varias veces desde que la ocuparon por primera vez en 1962. La primera rehabilitación, poco después de que Juan Carlos fuera proclamado rey, fue una pequeña ampliación; y la segunda, más ambiciosa, se llevó a cabo entre 1987 y 1988. Aprovechando el desnivel en que está ubicado el palacio, se construyeron 128 nuevas plantas para despachos, salones de reuniones, oficinas, archivos, salas de visitas y un salón de audiencias… La nueva superficie construida ocupa 2.660 metros cuadrados en la planta principal y 1.540 en el semisótanao. En total, 4.200 metros. La parte antigua y la moderna se comunican a través de dos largos túneles que van por debajo del jardín y la piscina de la familia real. La construcción es noble, de granito y mármol principalmente. Los muebles y la decoración son una combinación entre clásica y funcional, con piezas procedentes del Patrimonio. En aquella última remodelación también se construyó un refugio antinuclear y se instaló un moderno sistema informático y de comunicaciones, que dispone incluso de un pequeño estudio de televisión desde el cual el rey se puede dirigir al país cuando quiera. Irene, la hermana de la reina, tiene su propio apartamento en La Zarzuela. Y es que los reyes, aparte de hacerse cargo de los gastos de su propia familia, también se ocupan de los de la familia real griega, puesto que, al parecer, no tienen con qué ganarse la vida. Irene, en concreto, se dedica a hacer buenas obras, a través de una ONG suya que se dedica a repoblar la India de vacas lecheras, y que tiene un despacho en la calle Barquillo cedido por el Banco Central Hispano. El ex-rey Constantino vive en el exilio en Londres desde hace unos treinta años, al parecer también con el apoyo de Juan Carlos.

Su hijo Pablo fue a estudiar a los Estados Unidos con el príncipe Felipe a comienzos de los noventa en una universidad prestigiosa y carísima, pero rentabilizó los gastos al emparejarse allí con la rica heredera americana Marie Chantal Miller (hija del fundador y propietario de la cadena de tiendas libres de impuestos de los aeropuertos, las duty free, más importante del mundo), con la cual se casó poco después. El rey Juan Carlos también se ocupó, hasta que murieron, de su padre y su madre. Y, cuando fue necesario, de sus hermanas Margarita y Pilar. Esta última, la hermana mayor del rey, cuando se murió su marido, Luis Gómez-Acebo, tuvo que hacerse cargo de una deuda que éste había dejado como herencia. Para solucionarlo de una manera discreta, el rey avisó a Mario Conde, y a Conde se le ocurrió que, como perdonarle la deuda sin más quedaría bastante mal y la opción de pagar se descartaba, lo mejor era darle un cargo en la Fundación, para que fuera abonando lo que debía con su pequeño sueldo. Y a Pilar se le dio un despacho, sin ningún trabajo que hacer, claro está.

Rodeado de buenos amigos

Se dice a menudo que la corte española es «una corte sin cortesanos», y es cierto que los reyes nunca han sido demasiado amantes de aliarse con la aristocracia. En lugar de esto, han preferido empresarios, banqueros y nuevos ricos en general. Las amistades de la reina, fuera de su querido Rostropovic y de Alfonso Armada, son poco conocidas. Salía mucho con la esposa del constructor Mario Caprile. De las del rey se ha hablado mucho más. Al margen de Manolo Prado y Mario Conde (que son dos casos muy especiales), de todos los «tutores» (Torcuato Fernández Miranda, Mondéjar, Armada, Sabino Fernández Campo…), y de sus colaboradores políticos (Puig de la Bellacasa, Nicolás Franco, etc.), se va de copas y habla de cosas de hombres con dos grupos o clanes de amigos, que tienen en común el hecho de dedicarse a «sus negocios» de una manera que muchas veces les ha llevado ante los tribunales. En primer lugar, destaca el conocido como «clan de Las Cuatro Estaciones», nombre del restaurante de Miguel Arias, situado en la calle General Ibáñez del Ibero 5, donde Arias tiene, además, un apartamento que el rey también frecuenta. En este grupo de amigos estaban, entre otros, Miguel Arias, Joaquín Vázquez Alonso y Cardenal Pombo. Aparte de reunirse para comer, hacían negocios juntos, sobre todo en el sector inmobiliario, en el que tenían muchos asuntos turbios. Algunos también se vieron implicados en la trama Ibercorp. Los asuntos de unos están tan mezclados con los de otros, que resulta realmente complicado explicar el historial de cada uno de ellos por separado. Para centrar un poco a los personajes, que después irán saliendo cuando tratemos, a lo largo del capítulo, algunos episodios concretos, por el momento tendremos bastante con unos breves apuntes.

Miguel Arias es el propietario de la estación de esquí de Navacerrada, y tiene además varios restaurantes en Madrid y en Mallorca. Pero también participa en negocios inmobiliarios y le gusta jugar a la bolsa sin riesgo. Jaime Cardenal Pombo es socio de Arias en el restaurante Las Cuatro Estaciones y fue, además, socio de Borja Prado (hijo de Manuel Prado, el amiguísimo del rey), en el sector armamentístico. Joaquín Vázquez Alonso fue el constructor que remodeló en su día el palacio de La Zarzuela, y socio de Cardenal Pombo y de Miguel Arias Molino en varios negocios inmobiliarios. Próximo a este grupo de amigos, estaba Francisco Sitges, ex-presidente de Asturiana de Zinc, y ex-propietario de los astilleros Mefasa. Merced a su amistad con el rey, Mefasa recibió la adjudicación del Patrimonio del Estado para construir el segundo yate Fortuna. Pero Sitges estaba tan bien relacionado que en Mefasa también se construyeron el Blue Legend, de Javier de la Rosa, y el Alejandra, de Mario Conde. Mefasa acabó siendo mayoritariamente del Conde, que cuando entró en declive lo arrastró consigo, y lo llevó a la quiebra y al banquillo de los acusados.

Otro sector de amigos del rey completamente diferente es el clan de Mallorca, mucho más aristocrático. Una de las figuras clave de este grupo es el príncipe Zourab Tchokotua, «Zu» para los amigos, un aristócrata georgiano que Juan Carlos había conocido en el internado de Friburgo. A este personaje el rey le debe favores importantes. Fue Tchokotua quien, en 1973, hizo de intermediario para que la Diputación Provincial de Mallorca cediera a Juan Carlos el palacio de Marivent, de manera totalmente gratuita, siguiendo el modelo de las cesiones que en su día hicieron a Alfonso XIII distintas poblaciones. El edificio pertenecía, por donación del coleccionista de arte griego Juan de Saridakis, a la Diputación. Pedro Salas, un adinerado prohombre del franquismo, que había sido presidente de la Diputación y suegro de Tchokotua, casado con Sara Salas, convenció al organismo oficial de que lo cediera al futuro rey para que lo disfrutara durante sus vacaciones.

Al margen de estas gestiones, Tchokotua es conocido desde que en 1978 un juzgado mallorquín ordenó su procesamiento e ingreso en prisión en relación con una presunta estafa inmobiliaria. En septiembre de 1992 se sentó de nuevo en el banquillo con una acusación similar junto con su socio Oliver Matan, otro amigo de Juan Carlos del clan de Mallorca. Pero estas menudeces no han conseguido que se rompa su amistad con el monarca. «Zu» fue para Juan Carlos un relaciones públicas excelente. En su casa organizaban cenas a las cuales asistían, junto con el rey, Manuel Prado, Javier de la Rosa, Jaime Enseñat, el multimillonario argentino Carlos Perdomo, Rodolfo Bay (presidente de la compañía Spantax, muerto en accidente de tráfico), Bartholomew Tummy Beslard (cónsul de los EEUU en Palma), Giovanni Agneli (el rey de la Fiat) o Raul Gardini, ex-presidente de Montedison, la empresa química más importante de Europa, al que Juan Abelló vendió su laboratorio Antibióticos con la ayuda de Mario Conde. El rey fue fotografiado con él y con Agnelli el 7 de agosto de 1990 en Puerto Portales, pocos años antes de que se suicidara, en 1994, al ser implicado por los jueces italianos en asuntos de corrupción.

En el mismo círculo de amigos hay un grupo selecto de empresarios hosteleros: José Escaño (dueño del restaurante San Marino), Alejandro Arroyo (cuñado de Mario Conde, y propietario del restaurante El Capricho, en Puerto Portales), y José Oliver Rodríguez (propietario de varias discotecas). Y también en este entorno Juan Carlos entró en contacto con Marta Gayá, una decoradora catalana muy amiga de Marieta Salas, la mujer de «Zu», con quien vivió una larga aventura, y mentora de José Luis de Villalonga cuando éste escribió su biografía autorizada del rey.

También presume de su amistad con el monarca en Mallorca Pedro Serra. Serra explica con orgullo que una vez que no se encontraba bien y no pudo asistir a una de las recepciones que en verano organizan en Marivent, Juan Carlos preguntó. «¿Dónde está el amo de Mallorca?». Y es que a Sierra se le conoce popularmente como el Ciudadano Kane de esas islas. Tiene un grupo empresarial, Grupo Serra, que controla el 90% de la información en la comunidad autónoma: los diarios Ultima Hora, Diario de Baleares (cuya cabecera y patrimonio inmobiliario compró por un precio irrisorio a la cadena de medios de comunicación del Movimiento), Mallorca Daily Bulletin y Mallorca Magazin, todo el accionariado del semanario Sóller y una importante participación en otros publicaciones de la «parte foránea»; emisoras radiofónicas (como Ultima Hora-Radio y Top-Radio); la adjudicación de las emisiones locales de Antena 3 y la televisión local Telenova. Como al monarca no le faltan amigos, la lista sería inacabable si contáramos todos los que han hecho méritos para tener tal título.

Cuando Juan Carlos cumplió 50 años, un grupo de catalanes con posibles le regalaron un Porsche Carrera de 24 millones. Entre ellos estaba Javier de la Rosa, Alberto Folch, José María Esteve, Mariano Puig y Pedro Mir. El grupo fue recibido en palacio para entregar el regalo. Alucinaron con el garaje. La casa BMW regala al rey todos los modelos de alta cilindrada cuando salen al mercado.

Estos obsequios no entran en su declaración de la renta.

Dentro del sector de la realeza, uno de los mejores amigos del rey es Simeón de Bulgaria, que ha actuado muchas veces de intermediario o embajador personal de Juan Carlos ante otros reyes, como Hassan de Marruecos, amigo personal suyo, o Hussein de Jordania. Y, desde luego, Karim Aga Khan, el príncipe ismaelita a quien cada pocos años sus fieles entregaban su peso en oro, y a quién el rey Juan Carlos conoció, como a «Zu», en el internado de Friburgo. Actualmente veranea de manera asidua en Mallorca, donde se ven a menudo.

Manuel Prado, el amiguísimo

Pero ninguno de todos estos personajes llega al nivel de amistad que Manuel Prado y Colón de Carvajal tiene con el monarca. Descendiente directo de Cristóbal Colón, Manuel Prado es manco y tiene 7 años más que Juan Carlos, características todas que le han rodeado de una cierta aura de leyenda a los ojos del rey. Se conocieron por primera vez cuando su madre, muy monárquica, le llevaba a ver al príncipe durante la primera estancia suya en España, en aquellos «besamanos» que los fieles a la Corona le organizaban en la finca de Las Jarrillas. Pero no hicieron amistad hasta unos cuántos años más tarde, cuando en 1961 el duque de Calabria, Carlos de Borbón y Dos Sicilias, un día lo llevó a cenar con su primo Juan Carlos al Nuevo Club. La velada se prolongó hasta la madrugada y allí nació una amistad indestructible entre los dos. Pero son mucho más que amigos. Prado se define a sí mismo como «intendente general de don Juan Carlos I», o «administrador de los dineros privados de Su Majestad». Pese a que tiene su residencia establecida en Lausana (Suiza), fue nombrado por designación real embajador at large, es decir, sin embajada en ningún país, pero con un pasaporte diplomático que le permite viajar con más libertad de movimiento y más protección oficial, para que pueda realizar gestiones en el extranjero en nombre del monarca. Su gran amistad con el rey se ha extendido prácticamente a todos los miembros de la familia real. Con la reina tiene relación a través de la Fundación de Ayuda contra la Droga, que ella preside y con la que él colabora. Precisamente en esta actividad, en una reunión del Patronato, en 1992 conoció a Mario Conde, con quien después hizo negocios en el asunto del Castillo de los Gracianos. Por otro lado, su hijo Borja es amigo de Jaime de Marichalar y de la infanta Elena, que visitó varias veces su finca El Toñanejo, próxima a Medina Sidonia, propiedad de la ex-mujer de Prado, Paloma Eulate, y que fue donde se celebró la boda de Borja.

El hijo, como su padre, se dedica en cuerpo y alma al mundo de los negocios de alto nivel. Fue consultor en España de la Union des Banques Suisses (UBS), que es uno de los bancos suizos más grandes y rentables, regido por la ley del secreto. Fuera de esto, nadie sabe el número de sociedades más o menos fantasma que maneja. Como hombre de negocios, nadie ha podido distinguir nunca lo que Manolo Prado hace en nombre propio y lo que hace como administrador del rey, excepto en los casos en que sus asuntos se complicaron hasta llegar a los tribunales. Entonces, oficialmente, siempre es cosa suya y el monarca queda al margen. Entre las múltiples y variadas actividades que Prado lleva a cabo, actúa como asesor de empresas, a las cuales facilita los trámites legales necesarios para funcionar en España. Henry Ford II, presidente de la multinacional norteamericana del mismo nombre, en marzo de 1974 recibió una afectuosa carta del que entonces era príncipe de España, en la que recomendaba encarecidamente a su amigo Manuel Prado como la persona adecuada para necesidades de esta clase. El empresario norteamericano en aquel momento estaba preparando su viaje al Estado español para colocar en Almussafes (Valencia) la primera piedra de la factoría de Ford. Juan Carlos de Borbón se despedía dejando constancia de que una respuesta positiva sería adecuadamente valorada en un futuro próximo. También actúa como una especie de secretario personal de Juan Carlos para asuntos económicos, puesto que redacta cartas con el sello de la Casa Real para pedir dinero a entidades financieras o gobiernos extranjeros, según los casos, con varios fines. Pidió dinero, por ejemplo, para salvar a la democracia ayudando a financiar las campañas electorales de la UCD (como cuando solicitó dinero a Arabia Saudí, en 1977), para que pudieran utilizar las bases españolas en sus operaciones militares (como el caso de Kuwait en la guerra del Golfo), etc. De estos asuntos, estaba enterado sólo en parte el resto del personal de la Casa que más de una vez se sorprendió, sobre todo en los tiempos en que Fernando Almansa era un recién llegado, al recibir lo que parecían respuestas a cartas que no constaban en el registro de salida. Almansa se dirigía al mismo monarca para aclarar la aparente confusión: «Señor, ha llegado una carta del Rey de Arabia Saudí diciendo que en contestación a la carta de mi hermano de fecha tal… ¿Sabe a qué carta alude?» «Sí, sí, no te preocupes, ésa la escribió Manolo Prado».

A menudo, además, ha ocupado cargos públicos. Con los gobiernos de Adolfo Suárez, por ejemplo, Prado fue presidente de Iberia, cosa que suscitó especulaciones sobre el hecho de que se podría estar aprovechando de la capacidad de carga y circulación de los aviones por todo el mundo. No se probó nada. De esta época es el origen de la corona que lucen los aviones de Iberia, que Prado intentó rebautizar como Reales Líneas Aéreas Españolas. También fue presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana (IC1). De este cargo lo destituyó José Pedro Pérez Horca, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Calvo Sotelo, en 1982, a causa de unas declaraciones que hizo al semanario Tiempo, en las que criticaba la política exterior gubernamental. El ministro meditó lo que suponía cesar a un amigo del rey, pero no tuvo otra opción para seguir siendo respetado. Pero enseguida llegó al poder el PSOE y Prado volvió a ocupar cargos importantes. Fue comisario de la Expo 92, consejero de la Sociedad Estatal V Centenario en representación del Ayuntamiento de Sevilla, y también trabajó como impulsor del proyecto Cartuja 93, un parque temático de ocio, creado a partir de los restos de la Expo de Sevilla. En un principio, con el PSOE tuvo sus pros y sus contras en un proceso de tira y afloja que hizo fracasar algunos de sus proyectos inmobiliarios, como el del Hotel Los Bordales, a causa de intereses enfrentados con algunos líderes socialistas.

Pero las cosas se fueron arreglando poco a poco, sobre todo cuando entró en contacto con Enrique Sarasola, que es para Felipe González algo parecido a lo que Prado es para el rey. Los últimos años las empresas de Sarasola compartían sede con las de Prado, en el número 31 del Paseo de la Castellana, en el edificio Pirámide.

En 1995, sus hombres de confianza (Álvaro Álvarez por parte de Sarasola, y Jesús Sainz por parte de Prado) estaban juntos en el consejo de administración de Hilo, una empresa ubicada en Barcelona que se dedica a actividades inmobiliarias y de asesoramiento y promoción. En el complejo entramado de empresas de Prado, la principal es la sociedad instrumental suiza Trebol SA. A su vez, esta firma participa en la sociedad española Trebol Internacional, con domicilio en Madrid, en la que Prado está rodeado de importantes socios (entre otros, el príncipe georgiano Tchokotua y el rey Simeón de Bulgaria). En la filial sevillana de ésta, Trebolquivir, constituida en 1987, Prado tiene como hombre fuerte a Arturo Moya, ex-diputado de la UCD por Granada; el secretario es Jesús Bores, amigo personal de Felipe González y de su cuñado, Francisco Palomino.

A través de estas empresas, Prado consigue contratas para obras en terceros países, a menudo financiadas con créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo). En 1989, por ejemplo, consiguió la contrata para construir un hospital en Yemen del Sur por 25 millones de dólares, y un crédito FAD para llevar a cabo el proyecto, negociado con Germán Calvillo y Gloria Barba (esposa del entonces ministro Carlos Solchaga), en aquel momento responsables de la empresa pública Focoex. Y a veces combina esta actividad con la antigua de asesor a terceros. En 1991, por citar un caso, fue contratado por la empresa pública Indra (a través de Atlas Internacional, que forma parte del grupo Trebol), para ofrecer servicios como consultor y promotor de un contrato con Venezuela para obras aeroportuarias, que eran de adjudicación directa. Indra y Atlas Internacional pactaron una comisión del 3%, cosa que suponía casi 1.000 millones de pesetas. Prado consiguió para Indra que el Consejo de Ministros del 22 de diciembre de 1993 aprobara la concesión de un crédito FAD de 10.000 millones para modernizar todos los aeropuertos de Venezuela. Después la cosa salió mal, porque en Venezuela hubo elecciones y con el cambio de poder se acabaron las adjudicaciones a dedo. Otra de las facetas de Prado es dedicarse a los negocios inmobiliarios, aunque en este ámbito las cosas no siempre le han salido bien. En orden a la especulación inmobiliaria de la Expo 92, se metió en negocios ruinosos, como el de las parcelas de Expovillas SA, que acabó implicando a De la Rosa, y al complejo turístico de Castillo de los Gracianos de Jerez (en el que, además de De la Rosa, también involucró a Mario Conde).

Al contrario de lo que pasó con otros amigos, colaboradores, asesores financieros o como se los quiera denominar, como Javier de la Rosa o Mario Conde, la relación del rey con Manolo Prado es intocable, como si hubieran firmado alguna clase de pacto de sangre capaz de superar todos los malos momentos; que no han faltado. El más grave, hasta ahora, ha sido el de KIO. Pero cuando las cosas se ponen realmente graves, Prado acostumbra a ponerse muy enfermo. Coincidiendo con la fase judicial del escándalo «Tibidabo», en el que el amigo del rey estuvo imputado en una expansión del problema iniciado con KIO, a mediados de mayo de 1999, la enfermedad pasó por uno de sus episodios más violentos en la Clínica de la Luz de Madrid. Casi se le dio por muerto, pero revivió como lo hacía el ave Fénix de entre las cenizas, superó una tromboflebitis y se le implantaron dos válvulas coronarias. Tras pasar unos días de recuperación en el Hotel Villamagna, donde reside habitualmente cuando está en Madrid, el 28 de mayo volvió a Sevilla.

Negocios oscuros

Con Manuel Prado, o con otras personas, Juan Carlos se ha visto involucrado a lo largo de sus 25 años de reinado en varios negocios dudosos, aunque quienes figuraban oficialmente en los papeles siempre eran sus «amigos». Se ha movido en diferentes sectores, a los que conviene pasar revista por separado.

PETRÓLEO

Una de las primeras formas conocidas que Juan Carlos de Borbón utilizó para ir ganando un pequeño capital personal fueron las comisiones del petróleo. Todavía en tiempo de Franco, hubo una crisis petrolífera que afectó a España de manera importante. Entonces Barrera de Irimo, que era ministro de Economía, se le ocurrió ir a ver al príncipe y pedirle que hiciera de intermediario con el príncipe Fahd, de Arabia Saudí, uno de los productores de crudo más importantes, para conseguir una rápida remesa de petróleo. Juan Carlos envió a un emisario y la respuesta fue inmediata: «Decida mi hermano el príncipe don Juan Carlos, que le enviaremos todo el petróleo que España necesite». A cambio de estos servicios de mediación, el príncipe cobraba una comisión, cosa que a todo el mundo le parecía muy normal. El mismo Juan Carlos ha explicado que su habilidad para tratar con los árabes se debe a que los sabe comprender mejor que nadie: «Sólo los que sabían tomárselo con paciencia llegaban a veces a hacer el negocio de su vida», dijo una vez.

Probablemente el emisario real fue en aquella ocasión el mismo Manuel Prado (aunque no lo hemos podido confirmar), puesto que habitualmente era él quien se encargaba de esta clase de asuntos.

Alfredo Pardo, director de flota de CEPSA, lo pudo comprobar cuando tuvo que suspender un viaje a Kuwait que tenía programado para firmar un contrato multimillonario de compra de petróleo al emirato, que le dejaría un beneficio abundante de dos centavos por barril en concepto de regalía para el comprador. Cuando ya estaba a punto de irse, le avisaron para decirle que no fuera, que la firma del contrato sería a cargo de don Manuel Prado y Colón de Carvajal, cosa que le sorprendió.

Y coincide que el entonces emir de Kuwait, el jeque Zayed, de Abu Zabi, era como Fahd, un gran amigo del rey. «¡Un personaje extraordinario!», solía decir de él Juan Carlos. Supuestamente, a finales de los setenta el Gobierno de Suárez había adoptado un acuerdo para que un porcentaje pequeño de las transacciones comerciales petrolíferas realizadas por España con otras monarquías del mundo se desviara hacia el patrimonio privado de los Borbones. Estas transacciones comerciales estaban gestionadas por Manuel Prado y Colón de Carvajal.

A principios de los ochenta, e incluso más tarde, continuaban saliendo a la luz escándalos sobre los dineros que el rey debía a otros monarcas por el pago de comisiones a intermediarios para conseguir aquellas transacciones (compra de petróleo) en condiciones muy ventajosas para España. Aparte de las comisiones por el petróleo, que muchos justifican como perfectamente razonables e incluso legales, no se sabe si el rey Juan Carlos tiene otros negocios en el sector, aunque hay indicios de que sí. Como amigo de los países árabes, ha actuado en calidad de mediador político para ayudar a resolver los problemas del Oriente Medio. Y también sirvió de mediador en otros conflictos particulares, por los que estuvo mucho más interesado de lo que se podría esperar.

Podríamos citar como ejemplo el caso del Itzarra. El petrolero Itzarra (con tripulación española, aunque con bandera de conveniencia panameña) fue detenido por las autoridades nigerianas el 19 de junio de 1984, cuando pretendía llegar a las aguas internacionales, tras cargar ilegalmente en Nigeria una partida de gasoil. Las autoridades retuvieron dos meses a toda la tripulación, pero después se contentaron con procesar y condenar a muerte al capitán Luis Peciña, por contrabando de gasoil. La detención se produjo en un contexto en que el contrabando de crudo estaba costando al país africano más de 500 millones al día, a la vez que producía una escasez acuciante en el mercado interior de los productos derivados, a pesar de ser uno de los máximos productores del mundo. Los contrabandistas compraban gasoil subvencionado para la pesca en Nigeria a mitad de precio, y lo llevaban a Canarias, donde se llegaban a mover más de 30.000 toneladas anuales. Al parecer, los armadores griegos habían sido los primeros en introducirse en este peculiar negocio, con la compañía naviera Lavinia.

Pero tras el golpe de Estado de diciembre de 1983, el nuevo Gobierno militar presidido por Muhammad Buhari había centrado sus esfuerzos en poner fin a la corrupción, para lo cual detuvo y procesó, en sólo 6 meses, a 474 altos cargos del Régimen civil derribado. Y en su lucha contra los barcos extranjeros que participaban en el negocio, había caído el Itzarra. Las autoridades nigerianas acusaron inmediatamente al armador y gerente José María López Tapia como verdadero responsable del delito, para que diera cuentas ante la justicia nigeriana. Pero López Tapia nunca mostró ningún interés por acudir a Nigeria. Ni siquiera interrumpió sus vacaciones en Bermeo. Ni tampoco su hermano y socio, Gregorio, que curiosamente navegaba por aguas mallorquinas en yate.

López Tapia ya había estado implicado en marzo de 1980 en la quiebra de la naviera Letasa y sobre él pesaban diversas denuncias judiciales por presuntos delitos monetarios (evasión de divisas, estafa de fondos públicos…). Antes del golpe de Estado del 30 de diciembre de 1983, él y su hermano tenían, a través de unos intermediarios, negocios en la construcción y en el sector de hidrocarburos de Nigeria. Y desde entonces se encargaban de transportar crudo a Canarias con una flota de tres petroleros, uno de los cuales ya había sido detenido poco tiempo antes en Nigeria. Ante el conflicto, el Estado español no hizo nada para facilitar el traslado del más que dudoso López Tapia a Nigeria.

Y tampoco mostró el menor asomo de solidaridad con los procesos anticorrupción que habían emprendido en el país. Bien al contrario, el Gobierno se dedicó a hacer declaraciones sobre la falta de garantías jurídicas, en las que exigía que se pusiera en libertad a Peciña de manera inmediata.

Las gestiones, y aquí entramos en la zona oscura del asunto, llegaron al nivel más alto. Las hijas y la mujer de Peciña fueron a pedir ayuda al rey Juan Carlos, y las debió encontrar muy conmovedoras, porque el monarca a partir de aquel momento mostró un interés inusitado por el caso. Para empezar, la Embajada española contactó con el prestigioso abogado nigeriano Oduba, que cobraba más de medio millón de pesetas por día de trabajo, para que llevara la defensa de Peciña, que se centró en las buenas relaciones entre España y Nigeria. La mayoría de los países occidentales que en aquel momento tenían ciudadanos en prisiones nigerianas (por diferentes delitos, desde el contrabando hasta el tráfico de cocaína) quedaron perplejos ante la actitud del Estado español, que consiguió que al detenido que estaba en el centro penitenciario de Puerto Harcourt le enviaran cada día la comida desde el mismo hotel en que se alojaba su mujer, a cuenta de la Embajada, durante los dos años que duró el proceso. Además, en la prisión había varios presos comunes que trabajaban para Peciña como asistentes. Cuando se publicó la sentencia de pena de muerte, en diciembre de 1984, el rey de España envió una carta al presidente nigeriano en la que solicitaba el indulto y la inmediata libertad del capitán del Itzarra, pero no se sabe en qué argumentos se basaba para solicitar una gracia de aquella clase. La carta la llevó personalmente un emisario del monarca, nada menos que Manuel Díez Alegría, que había sido jefe del Alto Estado Mayor del Ejército, miembro del Consejo del Reino y senador real en la legislatura constituyente, además de haber colaborado con Juan Carlos, cuando todavía era príncipe, mano a mano con Manuel Prado, en aquella rocambolesca operación rumana para contactar con Santiago Carrillo en 1974. El 17 de diciembre de 1984, Diez Alegría, vestido impecablemente con el uniforme de teniente general del Ejército español, renqueante y cojeando levemente a sus 78 años, se reunió durante diez minutos con el presidente nigeriano Buhari. Le entregó la carta del rey y también hablaron de una próxima visita oficial del monarca al país, que se había aplazado sine die a raíz del golpe de Estado. Salió satisfecho del encuentro; y afirmó que la carta del rey había tenido «un impacto claro». Pero no consiguieron todo lo que querían: sólo la conmutación de la pena de muerte por una condena de 25 años de prisión. No era suficiente, y las instituciones españolas continuaron haciendo gestiones. Al fin, cuando el general Buhafi fue derribado, en agosto de 1985, por otro golpe de Estado, esta vez dirigido por el general Babangida, se acabó la campaña anticorrupción. El nuevo presidente nigeriano decidió personalmente anular la sentencia de Peciña, que fue puesto en libertad el 19 de julio de 1986. El Estado español se había gastado 70 millones reconocidos para defenderlo, más los gastos de su familia. En la prisión, curiosamente, Peciña había engordado unos cuantos kilos. No se sabe qué deben opinar de todo esto los familiares de otros presos españoles en prisiones extranjeras, pero el asunto, a simple vista, suena bastante extraño y no es difícil imaginar por qué varias personas llegaron a la conclusión de que el monarca tenía algo que ver con los negocios de los López Tapia. Tres años después, en 1991, el armador López Tapia reclamaba al país africano 45 millones de dólares, a través de un proceso admitido a trámite por la Audiencia Nacional, por piratería contra el Gobierno que había encabezado Buhari, por haberse quedado con el Itzarra ilegalmente.

TRÁFICO DE ARMAS

Otro de los sectores con los que se han relacionado «amigos íntimos» del rey es el tráfico de armas.

En la década de los setenta Manuel Prado ya estaba al frente de la sociedad Alkantara Iberian Export, una mercantil mixta impulsada por los gobiernos de España y de Arabia Saudí para canalizar, en principio, la venta de bienes de equipo a Riad. En la empresa participaron Focoex y el INI, por parte española, y Triad International (la sociedad de Adhnan Kashogui) por parte saudí, en la que, además, trabajaba Borja Prado, el hijo del mejor amigo del rey. Alkantara más tarde se reconvirtió para canalizar la venta de armamento.

En la época del PSOE, la intendencia del Ejército pasó a ser controlada por las autoridades civiles del Ministerio de Defensa. Desde aquel momento, la compra de armamento y las dotaciones se dictaron con intereses gubernamentales, que a veces no entendía ni el mismo Ejército. Una de las empresas que hizo buenos negocios en esta etapa fue Simulación, Mando y Control SA, que tenía por objeto elaborar programas informáticos aplicables a aviones de combate y barcos de guerra.

Compartían capital Mario Conde y Borja Prado Eulate (hijo de Manuel Prado), a través de BTA Internacional (que se dedica a vender tecnología para la defensa, es decir, armamento); y era consejero Juan Alfonso Cardenal Pombo (hermano de Jaime, el socio de Miguel Arias en el restaurante Las Cuatro Estacionas, íntimo amigo del rey).

ESPECULACIÓN FINANCIERA

Es difícil clasificar otras actividades económicas de los «amigos» del rey, que para la gente común se fundamentarían básicamente en «manejar millones»: operaciones de bolsa, gestión de créditos, fondos de inversión especulativa…, para las cuales hace falta disponer de un capital, o mejor dicho, que no son aptas para pobres. Juan Carlos, en principio, no tenía dinero para jugar a este juego tan divertido. Pero tan pronto ocupó el trono después de que muriera el dictador, Manuel Prado se dedicó a remitir una serie de misivas reales a otros tantos monarcas reinantes, especialmente del mundo árabe, para pedirles dinero en nombre del rey de España. Y después el mismo Prado invertía, especulaba, gestionaba aquellos fondos de la manera más conveniente. En concreto, de la corte de Arabia Saudí (en aquel momento se trataba del rey Halid, y Fahd era el primer ministro) recibieron la nada despreciable cantidad de 100 millones de dólares (unos 10.000 millones de pesetas), como crédito a devolver en diez años sin intereses (no podían ser usureros entre hermanos), en respuesta a una carta, fechada el 22 de junio de 1977, en la que sólo se solicitaban 10 millones para apoyar al partido de Adolfo Suárez en las elecciones municipales y, de este modo, proteger a la monarquía. Manuel Prado, encargado de administrar los dineros del rey, invirtió la suma como mejor le pareció. Y al cabo de unos años, la Casa Real dijo que no tenía dinero para pagar el crédito. Pero los saudíes, en contra de lo que Prado habría podido pensar, estaban decididos a recuperarlo, y de la tarea de reclamar la devolución se encargó un hermano del rey Fahd, que tenía una espléndida mansión en la Costa del Sol.

En Mallorca se cuentan divertidas anécdotas de esta época. Al parecer, una vez que el príncipe saudí fue a comer con el rey a Palma, quienes le habían ido a recibir, Prado y Tchokotua, se equivocaron de aeropuerto. En su lugar recibieron a los duques de York en el aeropuerto militar, mientras en el aeropuerto civil, al ver que no le había ido a recibir nadie, el hermano del rey Fahd volvió a Marbella muy enfadado. Cuando se enteró, el rey tuvo uno de sus fantásticos ataques de ira, rompió sillas y muebles del Patrimonio Nacional en Marivent, pero consiguió arreglar el asunto pidiendo disculpas al príncipe y, al final, le dieron cinco años más para devolver el dinero. Como cuando venció el plazo, en 1996, Prado insistía en el hecho de que no había dinero, Conde le facilitó un crédito de 3.500 millones, los cuales se justificaron oficialmente como si se hubieran destinado a solucionar los problemas de la ruinosa urbanización de Castillo de los Gracianos. No se sabe si al final Prado pagó o no pagó, o si el tema todavía está pendiente. Por Palma de Mallorca, durante bastante tiempo, corrió de boca en boca una frase chistosa sólo para iniciados: «¡Que viene el moro cabreado y quiere cobrar!»

Tampoco se sabe dónde pudieron ir a parar los 100 millones de dólares gestionados por Prado. Fue una época en la que los negocios especulativos eran la monda, la edad dorada del «clan de la beautiful», cuando los más listos del PSOE pusieron las bases de la cultura del pelotazo, con Miguel Boyer como ministro de Economía y Hacienda y Mariano Rubio como gobernador del Banco de España. Y en aquella época, en las que denominaban «cenas de amor», el rey solía acudir como invitado de lujo. Alrededor del monarca se sentaban Antonio Garrigues Walker, Claudio Boada, Plácido Arango, José Antonio Ruiz de Alda, Mariano Rubio, José María Entrecanales, Manolo de la Concha, José María Echevarría, Carlos Bustelo, Rafael Pino, Carlos Solchaga, Juan Tomás de Salas y unos cuantos más. Como se debe recordar, durante el escándalo de la trama Ibercorp acabó saliendo a la luz una lista trucada de beneficiarios por la venta de acciones de Sistemas Financieros, en la que figuraban muchos de los asistentes a aquellas cenas, como Mariano Rubio, Miguel Boyer y Leopoldo Calvo Sotelo, entre otros. Y, también, la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey, y un tal «Arias y Rey», que resultó que era Miguel Arias Molino, el dueño del restaurante Las Cuatro Estaciones. Nunca se encontraron pruebas de que el rey, personalmente, tuviera más implicaciones en la trama de Manuel de la Concha.

NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Para acabar, es preciso destacar un sector de la actividad económica en el que ya habían dado los primeros pasos Alfonso XIII y Don Juan, el conde de Barcelona, aprovechando los regalos que les hacían los súbditos: el sector inmobiliario. El rey tenía buenos contactos en el mundillo de la construcción, desde los tiempos de Camilo Mira y su urbanización de Las Lomas. Otro buen amigo suyo era Joaquín Vázquez Alonso, el constructor que remodeló en su día el palacio de La Zarzuela, emprendió a su vez varias obras en el de La Moncloa, y también se encargó de construir la finca Los Carrizos de Mario Conde. Joaquín Vázquez era, además, socio de Borja Prado Eulate (hijo de Prado) y Jaime Cardenal Pombo (el copropietario, con Miguel Añas, de Las Cuatro Estaciones) en Spengler SA. Esta pequeña inmobiliaria consiguió que le adjudicaran por las buenas la remodelación de todas las fachadas de las sucursales de (un negocio de 1.058 millones), en los mejores tiempos de la amistad entre Mario Conde y el rey. Luis Roldán también le adjudicó la construcción de dos cuarteles de la Guardia Civil.

En la década de los noventa, el Ayuntamiento de Monachil (Granada), por un acuerdo en pleno, reservó para la estación de esquí de Sierra Nevada una parcela de la empresa pública Promonevada, de 1.113 metros cuadrados, con el fin de construir una residencia para don Juan Carlos. Como tantos otros municipios que antes habían probado suerte con Alfonso XIII, querían que la presencia del monarca sirviera para atraer el turismo. El rey no se negó y aceptó agradecido el obsequio por escrito. Pero en una extraña operación, Promonevada acabó vendiendo la parcela a la sociedad Pequeños Hoteles de Montaña por una cantidad ridícula, 60 millones, y en lugar de la residencia real se construyó el Hotel Lodge. La operación fue avalada por la sociedad Daude, de Miguel Arias Molino. Pequeños Hoteles de Montaña, creada con este fin en 1992, era propiedad de Vázquez Alonso y Cardenal Pombo. Miguel Arias Molino también tenía unas cuantas acciones.

Otro de los negocios inmobiliarios relacionados con el rey fue el de Castillo de los Gracianos, un proyecto urbanístico faraónico en Jerez de la Frontera ideado por Manuel Prado, para aprovechar el que sería el boom en el sur de la Expo 92. Prado compró la finca a través de su empresa Trebolquivir a la familia Calle Vergara, y el alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, le dio todas las facilidades. A comienzos de 1990 se hizo socio Javier de la Rosa, con quien firmó un acuerdo a través de Prima Inmobiliaria. En las 200 hectáreas de terreno, Prado quería construir chalés, un hotel y hasta un campo de golf de 28 agujeros, en una zona castigada por la sequía. El desastre se veía venir y, en efecto, el negocio acabó resultando ruinoso. Tras la guerra del Golfo, en 1992, las deudas de Prima Inmobiliaria (que formaba parte del imperio de KIO) eran de más de 45.000 millones. Aquí empezaron los problemas entre Prado y De la Rosa, que acabaron como el rosario de la aurora con el contencioso del grupo KIO. Conde acabó facilitándole un crédito de 3.500 millones para solucionar los problemas de Castillo de los Gracianos, que no solucionaron nada, puesto que, al parecer, los millones fueron a parar a otro sitio. Al final, ante la ruina del proyecto, la propiedad acabó en manos de Banesto, que vendió el complejo a la sociedad belga que la explota actualmente.

CAPÍTULO 15

FORTUNAS Y AVENTURAS DEL «BRIBÓN»

Pasión por el mar

El rey de España tiene tanta afición por los barcos, que se merece todo un capítulo para hablar de ella. Su amor por el mar y los deportes náuticos está muy relacionado con las frecuentes escapadas de fin de semana a Palma de Mallorca, en cualquier época del año y, si es posible, sin la reina, que, en cambio, prefiere Londres (donde, al parecer, se ha comprado una casita que está amueblando). Y también con su pasión por la velocidad, ya legendaria en el rey, que abarca todas las modalidades: tierra, mar y aire. Su colección de coches de gran cilindrada es digna del magnate más caprichoso, aunque el monarca se la ha hecho gracias a regalos de los súbditos o de los mismos fabricantes.

BMW, por ejemplo, le suele regalar los modelos nuevos que va sacando; los que están a su altura, claro está, porque los utilitarios a Juan Carlos no le interesan. Y también le regalan motos, otra de sus pasiones. Le gusta salir de La Zarzuela a gran velocidad, con el anonimato que le proporciona el casco. Presume de que nunca le han puesto una multa «porque la Policía no llega a alcanzarme», aunque ya hemos explicado en otro capítulo un incidente en el que, cuando todavía no tenía carné, atropelló a un ciclista, y si no lo detuvieron fue porque se escaqueó pagando una cantidad al herido.

De todos modos, todo el mundo pudo ver su falta de habilidad en aquel polémico documental de la familia real, de producción británica y firmado por la periodista Salina Scott, en 1992, que tanto disgustó a Sabino Fernández Campo, en el que el rey salía al jardín de La Zarzuela llamando a los mecánicos porque no sabía poner en marcha una moto a la que no le pasaba nada. Dice su amigo Mario Conde que es como si siempre estuviera huyendo de algo, o persiguiendo un más allá inalcanzable, casi como una manía patológica. De la vela, por ejemplo, no le gustan los paseos, como la mayor parte de los forofos. Tan sólo le atraen las regatas, la competición. Y, en todo caso, prefiere los yates para poder correr. El que tiene ahora lo suele estirar al máximo, forzando la velocidad a 70 nudos hasta que las turbinas no resisten más. En esto consisten básicamente los paseos que hace por aguas mallorquinas: a llegar lo más pronto posible a las costas de San Conillera, con un viento en la cara que no invita en absoluto a disfrutar del mar, para llegar, pararse brevemente y volver al puerto de Palma a toda pastilla.

Todos los años participa en la regata Copa del Rey a bordo del Bribón, y algunos años su tripulación gana, como en 1994, y le dan el trofeo a él para que la prensa pueda sacar bonitos titulares: «El Bribón del rey gana su propia copa». Es un deporte para ricos, que se basa fundamentalmente en tener un barco caro, al cual también son aficionados otros miembros de la familia real. El príncipe Felipe ha participado varias veces, a bordo de la Aifos de la Armada española, y la infanta Cristina es habitual en la tripulación de un velero que hace publicidad de una conocida marca de colonia (aunque también tiene un barco propio, de tipo familiar —con dos camarotes, baño, cocina y salón —, adquirido en diciembre de 1997 al Salón Náutico de Barcelona por 26 millones de pesetas). También participa ocasionalmente, con su velero Fram, el rey Harald de Noruega, el primer novio de la reina Sofía, que suele seguir las regatas a cierta distancia, cómodamente instalada en el yate Fortuna. A toda la familia la afición le viene, sin duda, de Don Juan, que, como marino de carrera, siempre sintió una gran atracción por la vela, de la que pudo disfrutar al máximo en sus largos años de exilio portugués.

A sabiendas perfectamente de cómo podía hacerlo feliz, cuando el banquero Juan March fue a ver a Don Juan a Estoril en marzo de 1946, le ofreció el barco Saltillo para que disfrutara un poco de la vida en familia. Era un velero de dos palos, de 30 toneladas y 26 metros de eslora, propiedad de Pedro Galíndez Vallejo, que, gracias a las gestiones de March, se lo dejó todos los veranos, con tripulación y con todos los gastos pagados. En la que sería su última travesía, en la primavera de 1962, el Saltillo salió de la bahía de Cascais rumbo al puerto griego de Turkolimans para asistir a la boda de Juan Carlos y Sofía, terminado de embellecer con velas nuevas de dacró que sustituían a las viejas de lona. Posteriormente, el conde de Barcelona lo devolvió, después de haber disfrutado durante 17 años, cuando ya estaba para el desguace, y su legítimo propietario lo cedió a la Escuela Náutica de Bilbao para que durmiera su último sueño atracado en el puerto. El mismo año que se quedó sin el Saltillo, unos amigos regalaron a Don Juan un barco de regatas que había sido construido en Dinamarca y que bautizaron como Giraldilla. Pero, pasado un tiempo, llegaron a la conclusión de que era muy pequeño para una persona tan importante. Entonces un grupo de monárquicos se asociaron para hacer una colecta y comprar otro más grande. Al parecer, los dineros no llegaron y Don Juan acudió a Franco, y le dijo que, si no le ayudaba, el barco tendría que traer bandera extranjera, puesto que matricularlo en España, para un hombre como él que vivía en el exilio, resultaba prohibitivo. Con un argumento de esta clase, el Caudillo no tuvo más remedio que resolverle el asunto. El nuevo barco se llamó Giralda, sin diminutivo. Siempre muy apañado, el conde vendió el anterior, la Giraldilla, a unos amigos (Bernardo Arnoso, Manolo Lapique y Rodolfo Bay), por 2.700.000 pesetas, que le fueron de gran ayuda para sufragar los gastos de la reciente boda de su hijo Juan Carlos.

Cuando en septiembre del año 2000 el rey, acompañado por Fraga Iribarne, visitó el Real Club Náutico de Sanjenjo (Pontevedra) para la presentación oficial del equipo español de la Sardinia Cup, se emocionó al ver que habían trasladado el viejo velero Giralda de su padre, que llevaba dos años atracado en la Escuela Naval de Marín. Aquel viaje por las costas gallegas no fue memorable sólo para él. También emocionó a los habitantes de la isla de Ons durante la visita real de 48 horas, gracias a la cual pudieron disfrutar de suministro eléctrico durante dos días completos. En un principio, con la novedad, los vecinos sintieron extrañeza y curiosidad. El último día que Juan Carlos estuvo con ellos, esperaron hasta las 2 de la madrugada para ver qué pasaba. Pero 7 horas después de que el rey se hubiera ido, cortaron el suministro de nuevo. Ante las protestas, Medio Ambiente explicó que el regalo no había sido para los isleños, sino para atender a las necesidades de seguridad de las autoridades, siguiendo las recomendaciones de la Casa Real. Díez Yañez, el conselleiro responsable, dijo: «No somos ni Fenosa, ni una compañía eléctrica». Y es que la isla de Ons, a una hora en barco desde Bueu, tiene unas 80 viviendas, cuyos habitantes sólo disfrutan de ocho horas diarias de luz eléctrica, y el resto del tiempo se las han de apañar con generadores privados, lámparas de gas o velas. Durante mucho tiempo desearon que el monarca volviera.

Del primer velero al penúltimo yate

El primer barco que tuvo Juan Carlos, el Sirimiri, se lo trajeron los Reyes Magos en 1947, el primer año que pasó en Estoril. En realidad, como el mismo Juan Carlos descubrió años más tarde, los reyes magos no existen y el pequeño crucero de regata, construido aquel mismo año por Udondo, había sido un regalo de los monárquicos de Bilbao a Don Juan, que lo cedió a sus hijos para que fueran aprendiendo a navegar y acostumbrándose a eso de recibir regalos caros.

Una vez adulto y ya coronado, en 1976, cuando empezó a veranear en aguas mallorquinas, Juan Carlos estrenó su primer Fortuna, que a duras penas era una barcaza en comparación con los barcos de otros ilustres veraneantes de la isla, como los magnates Giovanni Agnelli o Raul Gardini, y, sin duda, con el del rey Fahd de Arabia Saudí. Precisamente con este último el rey de España ya había empezado a «intermediar» en negocios petroleros y otros asuntos; el saudí, que se dio cuenta de que a Juan Carlos se le ponían los dientes largos cuando veía su barco, le regaló el segundo Fortuna en el año 1979. Había sido construido en Estados Unidos y disponía de todos los adelantos técnicos del momento. Tan apañado como su padre, Juan Carlos vendió el primero a quien entonces era jefe de la Casa Real, el marqués de Mondéjar. El regalo del rey Fahd no figuró en la declaración de Hacienda, que ya en aquella época el monarca empezaba a presentar como un español más, porque oficialmente el barco era de titularidad del Patrimonio Nacional, la institución que se hacía cargo de mantenerlo. Este segundo Fortuna dio mucho juego durante casi diez años, pero en 1988 ya empezó a presentar pequeños problemas. El 13 de agosto, con Carlos de Inglaterra a bordo, cuando viajaban de Maó a Palma, tuvo una avería y tuvieron que remolcarlo dos pesqueros. Aquello no daba una buena imagen de la monarquía y a partir de entonces ya empezaron a pensar en sustituirlo. Pero, a falta de otro regalo de Fahd, que entonces lo que quería era cobrar el famoso crédito de 100 millones de dólares, la cosa se planteaba difícil.

Entonces era ministro de Defensa Narcís Serra, y cuando el rey le habló del asunto del barco, lo primero que se le ocurrió fue la peregrina idea de pagarlo con 1.000 millones de los fondos reservados. Pero aquel pensamiento no gustó y no prosperó. Lo de los fondos reservados estaba bien para los GAL, pero era necesario no mezclar las cosas. De todos modos, ese mismo año el Patrimonio Nacional decidió vender el barco y construir otro nuevo con cargo al Estado. Se llegaron a editar folletines para la venta del Fortuna, gestionada por una compañía británica, con un precio que se había establecido en 900 millones de pesetas. El 19 de julio de 1989 Patrimonio adjudicó a los astilleros Mefasa (Mecanización y Fabricación SA), la naviera de Avilés propiedad de Paco Sitges, amigo íntimo del rey, la construcción del nuevo yate, presupuestado oficialmente en 1.200 millones de pesetas. Eran los años dorados de Mefasa, que a la vez estaba construyendo el Alejandra, de Mario Conde, en el mismo astillero que el del rey. El barco que se había proyectado para la familia real era una embarcación de lujo, diseñada por el británico Don Shead, el mejor del mundo, con un motor de 9.200 caballos y capaz de lograr 45 nudos de velocidad. El mismo rey viajaba a menudo a Avilés para supervisar la construcción y también la reina, encargada de elegir las tapicerías.

Pero cuando ya estaba prácticamente acabado, en junio de 1991, la Casa Real anunció por sorpresa que renunciaba a adquirirlo. Nunca se pudo aclarar la razón, aunque circularon varias versiones. La oficial fue que, previendo la crisis económica que se acercaba, ante los gastos fastuosos de la Expo 92 y los Juegos Olímpicos de Barcelona, Juan Carlos renunciaba voluntariamente al yate como un gesto de sobriedad. Según otra, se atribuía a Sabino Fernández Campo, que ya era jefe de la Casa Real, la recomendación de hacerlo, para mejorar la imagen de placer y derroche que el monarca había dado durante los últimos tiempos en Mallorca, que el verano anterior había salido a la luz en algunos reportajes periodísticos inusualmente críticos. Pero hubo más versiones, que también llegaron a las páginas de varios medios de comunicación. En una tercera explicación, se decía que Juan Carlos se había tenido que adaptar de mal grado a un presupuesto oficial apretado, que el barco se le hacía pequeño antes de estrenarlo, y que había preferido posponer la compra para una ocasión mejor; es decir, aguantar con el viejo hasta que se pudiera comprar el que realmente quería.

El cuarto relato completaba el anterior, e iba un poco más allá, ya que incorporara nuevos datos sobre unos créditos blandos de Mario Conde a Mefasa. El banquero, que en aquellos años disfrutaba de la plena confianza y amistad del monarca, muy de mal grado del jefe de la Casa del Rey, a quien no le cayó bien nunca, prácticamente había comprado los astilleros de Francisco Sitges en marzo de 1990. Y, según especulaban algunos medios, a partir de entonces la construcción del barco del rey había pasado a tener una serie de añadidos (en concreto unas turbinas que aumentarían la velocidad de la embarcación) que no estaban incluidos en el presupuesto, y que, sin embargo, no se reflejaban en las cuentas oficiales. Como aquello era muy irregular y les podía estallar en las manos en cualquier momento, la Casa del Rey obligó a que se renunciara al barco.

Según una quinta y última versión, simplificación y compendio de la anterior, Mario Conde habría querido regalar el nuevo yate Fortuna al rey, con la intención de ganarse su amistad. Y el monarca habría declinado el ofrecimiento con cortesía. Fuera como fuese, Patrimonio Nacional acabó vendiendo el barco nuevo en lugar del viejo, por 1.235 millones que se destinaron al pabellón Real de la Expo y a las obras del Palacio Real y La Zarzuela. Lo compró una empresa británica (Boxing Investments Limited), y lo rebautizó como Corona del Mar. En principio se tenía que destinar a yate de alquiler para millonarios que se pudieran permitir pagar más de un millón de pesetas diarias.

Pero, al parecer, inmediatamente pasó, casi desde el mismo astillero, a las manos de una adinerada gallega que residía en Miami, viuda del propietario de las conservas Pescanova. El viejo Fortuna, que tras el episodio de la venta fallida todavía parecía más viejo a los ojos del monarca, continuó teniendo averías varios años. Fueron especialmente escandalosas las de Semana Santa y el verano de 1995, con explosiones de los motores y humaredas en el sistema propulsor. Pero fue reparado en los Estados Unidos, con cargo al Patrimonio Nacional, y la familia real tuvo que ir tirando con el mismo barco un poco más.

El último «Fortuna»

Para el que sería el último yate del rey, por el momento, los planos (y los planes) existieron mucho antes que el dinero necesario para pagarlo. Juan Carlos estaba dispuesto a hacerlo de su propio bolsillo sí hacía falta y en 1993 empezó por encargar el diseño. Pero aquello no podía ser, entre otras cosas porque habría que explicar de dónde procedía el capital. Oficialmente, podía decir que era herencia de Don Juan… Pero esto era imposible, porque aquella herencia no era nada: un piso en Estoril y un par de millones. Otra opción era aceptar la oferta de una serie de empresarios mallorquines del sector turístico, que se lo querían regalar, repitiendo el modelo de quienes habían regalado palacios a su abuelo, para que veraneara en las zonas respectivas y fuese un reclamo para el turismo. Esta idea, que ya era vieja, había sido rechazada en su día taxativamente por Sabino Fernández Campo, como jefe de la Casa Real, que entendía que aceptar esta clase de obsequios suponía una deuda con los empresarios que el monarca, como jefe de Estado, no podía asumir. Pero una vez que Sabino salió de La Zarzuela, la alternativa volvió a cobrar vida. Al parecer a Mario Conde se le ocurrió pulir un poco las formas, e hizo que las aportaciones de los empresarios se canalizaran a través de una tasa creada por ley por el Gobierno balear; de este modo, el regalo tendría el aspecto de una «cesión pública», como lo era el palacio de Marivent, la residencia de la familia real en Palma, cedido por la Diputación provincial. Pero tras la pérdida de influencia de Conde, a consecuencia de la intervención del Banesto, la idea fue retomada sin él de una manera bastante marrullera.

En la primavera de 1996 diversos medios de prensa empezaron a preparar el ambiente para el cambio de yate con la publicación de reportajes sobre el calamitoso estado del Fortuna, cada vez más propenso a tener averías en alta mar absolutamente impropias de la categoría del rey de España. Las malas lenguas dicen que el capitán del barco, el inglés Richard Cross, que llegó a España recomendado por el ex-rey Constantino de Grecia, hermano de Sofía, también había tenido bastante que ver con todos aquellos contratiempos tan oportunos, que acabaron de convencer a España de que le tenía que comprar un barco nuevo al rey. La gota que colmó el vaso fue la avería, real o inventada, con el matrimonio Clinton a bordo, mientras estaban en Palma de Mallorca, visita relámpago antes de acudir a la reunión cumbre de la Alianza Atlántica que se tenía que celebrar en Madrid a continuación. Renovados los votos de los empresarios turísticos de la comunidad balear, los Escarrer y otros constituyeron la denominada Fundación Turística y Cultural Isla de Baleares, que reunió a 26 socios con el compromiso de que cada uno aportara 100 millones de pesetas para el barco del rey. En total, 2.600 millones, a los cuales se sumarían 460 más provenientes de fondos públicos, a iniciativa del entonces Gobierno del PP en Mallorca. En una oscura operación que se ocultó a la opinión pública, pero que fue denunciada un tiempo después por la oposición autonómica de IU, el entonces presidente, Jaume Matas, había obligado a las entidades de Fomento del Turismo de Mallorca, Menorca e Ibiza a subscribir acuerdos que contribuyeran a pagar el barco, con unas cantidades que después les serían devueltas mediante subvenciones del Ejecutivo regional durante los cuatro años siguientes. Con todo, la colecta de más de 3.000 millones de pesetas se quedó corta, ante un presupuesto disparado hacia una cifra casi cinco veces superior, tras dos años de obras, cambios, remodelaciones y más cambios. Como los empresarios de Mallorca no habían previsto que el presupuesto subiera tanto, tuvieron que acabar participando la mayor parte de los bancos y grandes empresas del país (Repsol y BBV, entre muchos otras). Los motores del nuevo barco fueron financiados, al parecer, por una sociedad instrumental de Aga Khan. Se construyó en los astilleros de Bazán, en Cádiz. Esta vez no se recurrió a Mefasa, porque el presidente, el gran amigo del monarca Paco Sitges, en aquellos momentos se sentaba en el banquillo de los acusados del caso Banesto y no era cuestión de asociarlo con el nombre del monarca.

El Fortuna III, estrenado finalmente en verano del año 2000, tiene 41,3 metros de eslora y una anchura de 9,2 metros, todo ello multiplicado por los tres niveles de cubiertas. Para diseñarlo no se ha utilizado tecnología ni ingeniería estatal. La empresa norteamericana L. Blount and Associates ha sido la encargada de este aspecto tan importante y de controlar uno de los aspectos más cuidados del nuevo barco real: la velocidad. El casco del Fortuna se ha tratado de una manera especial para que las turbinas de la nave le proporcionen una velocidad de 70 nudos (alrededor de 130 km/h), cifra que envidiaría cualquiera de las patrulleras de la Guardia Civil o del servicio de Vigilancia Aduanera a la hora de perseguir narcotraficantes, y que ni mucho menos puede lograr el más moderno de los barcos de la Armada que la habrán de escoltar. El reto de la seguridad es precisamente el que más preocupó a la Policía, la Guardia Civil y la seguridad del Ministerio de Defensa durante el tiempo en que se construía. Antes de que empezaran las operaciones, el personal de Bazán que se había de ocupar de la obra fue seleccionado minuciosamente y todo obrero sospechoso de posiciones políticamente incorrectas fue destinado a tareas menos prestigiosas. La obsesión por la seguridad llegó hasta tal punto, que cotidianamente el personal de la Casa Real controlaba a los obreros que accedían a la embarcación para trabajar, y registraban las cajas de herramientas, las partidas de piezas e, incluso mediante un circuito cerrado de televisión, los alrededores del hangar donde se construía el barco. Lo que en principio fue considerado un privilegio por los trabajadores del astillero, ser los encargados de construir un barco de élite que podría atraer a posteriores armadores y de este modo combatir la precariedad económica de la factoría, poco a poco provocó un gran malestar en la plantilla. Los continuos cambios de opinión del rey y la reina causaron retrasos y estorbos en un trabajo que se ha prolongado dos años innecesariamente. Por ejemplo, todo el sistema de conducción del agua, que en principio era de acero inoxidable, se tuvo que cambiar por decisión real a PVC y, después, se volvió a la idea originaria. También se cambió varias veces la moqueta que cubre el suelo, diseñada y proporcionada igual que todos los elementos estéticos (incluyendo las fundas de los colchones, bordadas con escudos reales), por la firma italiana de llantas Celeste. No se han escatimado ni lujos ni tecnología. Los pasamanos de las barandillas de cubierta son de titanio y están valorados en más de 9 millones de pesetas. Todo el barco está insonorizado, los vidrios son blindados y dispone, además, de varias cámaras de televisión, dos de ellas submarinas, que permiten controlar a distancia todo lo que se acerque. A partir de la colocación del primer tornillo, todas las piezas que se fueron incorporando han sido rigurosamente pesadas por un operario de alta cualificación, de manera que en cada momento los encargados de la seguridad real sabían el peso de la embarcación. De este modo se podía descartar que se incorporaran elementos no deseados. Lo que hasta ahora no ha trascendido es cómo calibrarán los expertos del servicio de inteligencia el peso de las algas, el plancton y otros elementos marinos que se adhieren diariamente a toda embarcación flotante.

CAPÍTULO 16

DE AMORES Y OTRAS BATALLAS

Siguiendo la tradición de los Borbones

Allá cada cual con sus aventuras, que el propósito de este libro no es moralizar en cuestiones de cama. Pero la historia de los amores de Juan Carlos todavía es más larga y compleja que la de sus barcos. En el capítulo 6 ya hemos visto la primera parte de los que se podrían considerar «romances» de juventud —dicho de manera fina —, poco antes del matrimonio con la princesa Sofía de Grecia. Ahora veremos la segunda parte, que se corresponde con la etapa de casado. Aun cuando, insistía, lo que interesa no es en absoluto repasar su vida privada con espíritu de escándalo de prensa rosa (en su caso, azul). Es una revisión de la hipocresía con que se incumplen algunas normas esenciales de la monarquía. Los fundamentos monárquicos incluso han llegado al diccionario, invadiendo acepciones de términos como «bastardo», «morganático»… Y de esto tienen que responder. Se agradecería, por ejemplo, la sinceridad a la hora de asumir responsabilidades con respecto a los hijos. Aunque Juan Carlos no se haya querido pronunciar respecto a su presunta hija ilegítima con Olghina de Robiland, al fin y al cabo está perfectamente asumido que en las casas reales haya algún hijo bastardo. El mismo Don Juan, por ejemplo, no tuvo demasiados problemas en reconocer públicamente un secreto de dominio público, al invitar a su hermano ilegítimo cuando cumplió 80 años, celebrados en el Pardo, Leandro Ruiz de Moraga, que con propiedad se habría de llamar Leandro Borbón Ruiz, que era hijo de Alfonso XIII y una actriz de teatro, Carmen Ruiz Moraga, de la cual el monarca había sido amante durante años; era, por lo tanto, tío del rey Juan Carlos I.

Al margen de esto, el pueblo español ha demostrado suficientes veces que no se escandaliza de la legendaria promiscuidad que a lo largo de los siglos ha caracterizado, como si fuera un mal genético, tanto a los representantes masculinos como a los femeninos de los Borbones. Carlos III ya advertía a su hijo, el futuro Carlos IV: «Hijo mío, las princesas también pueden ser putas».

Precisamente a la que sería su esposa, su prima María Luisa de Borbón, «mujer que buscaba a los gallardos guardias recién llegados para satisfacer sus apetitos», se le atribuyó una larga lista de amantes, en la que figuraron, entre muchos otros, Manuel Godoy, el conde de Teba y Agustín de Lancaster. El hijo y sucesor de Carlos IV, Fernando VII, también fue famoso por sus «muchos y desordenados apetitos», aunque no le gustaba solazarse con las damas de la corte y prefería salir disfrazado por la noche en compañía del duque de Alagó, «siendo las hembras con quienes el amanolado monarca gustaba de platicar y juntarse mozas de rompe y rasga, de mucho trapío y poco señorío, que en los barrios bajos gozaban de renombre», según cuentan las crónicas de la época. La vida adúltera de su hija y sucesora al trono, Isabel II, también fue tema de lavadero para todo el mundo, y está probado que los rumores no se debían siempre a la maledicencia. Alfonso XII también salía muchas veces de palacio, acompañado del inseparable duque de Sesto, a recorrer burdeles. Y dejó el legado de su fogosidad a Alfonso XIII, que, al poco tiempo de haber empezado a reinar, apareció en los papeles, en un semanario parisiense, por los primeros pasos de una relación amorosa con una soprano llamada Genoveva Vix. El caso de Juan Carlos no hace sino continuar una tradición familiar.

Resulta prácticamente imposible presentar una nómina completa de las distinguidas por los favores reales. Tal y como explican las personas más próximas, como las ocasiones de conocer gente que tiene el monarca son más bien escasas, suele quedar deslumbrado por las mujeres que ve en televisión y, cuando esto sucede, solicita a mediadores que se las presenten. Esto de ser rey parece que, por lo general, funciona bastante bien, y el éxito de la operación suele estar asegurado. Sus aventuras, casi siempre poco exclusivistas, suelen durar poco tiempo. O bien se mantienen durante años pero de manera intermitente, intercalándose las unas con las otras. Fueron frecuentes desde los primeros años de casado, pero el ímpetu sexual del monarca no disminuyó con los años y continuó en plena madurez, y todavía hoy, aunque ya tenga edad de disfrutar de una plácida jubilación.

Preocupado por mantener una buena imagen, a partir de los 50 años empezó a tapar su incipiente calvicie con dos pequeños postizos intercambiables que le cubrían la tonsura, y se sometió a varios tratamientos de rejuvenecimiento y embellecimiento (sobre todo, para arreglar unos dientes incisivos superiores demasiado pequeños que entenebrecían su sonrisa), combinados con ejercicio físico para mantenerse en forma.

El resultado global de todo esto lo pudo comprobar casi todo el mundo, cuando el 20 de mayo de 1995 la revista italiana Novel 2000 publicaba las fotos del rey desnudo sobre la cubierta del yate Fortuna, cuando tenía 57 años, «en espléndida soledad». Las instantáneas se habían tomado, según la revista, tras la boda de la infanta Elena (en marzo de 1995), cuando el monarca se relajaba del trasiego cotidiano en el mar después de habérselo quitado todo menos la gorra; aunque, según otras fuentes, eran más antiguas (de 1989, concretamente). Los paparazzi ya habían pillado antes a unos cuantos príncipes herederos (entre otros, Alberto de Mónaco), pero nunca antes ni después a un rey coronado. Y como demostraba un bronceado uniforme, estaba habituado a hacerlo, aunque a la Casa Real le faltó tiempo para decir que era «por prescripción facultativa» para exponer al sol las cicatrices de la intervención quirúrgica que en 1985 le había extirpado parte del testículo izquierdo como consecuencia de un golpe. De todos modos, en las imágenes no se veía tan detalladamente.

Más bien se ofrecían con bastante pudor, y a mucha distancia, «las reales rotundidades a los besos del sol», como decía el texto del reportaje.

Y pese a que el semanario atizaba el morbo anunciando que Juan Carlos mostraba «las joyas más escondidas de la Corona española» cuando maniobraba para cambiar de postura, los más mirones no pudieron satisfacer su curiosidad para comprobar si, también en este aspecto, don Juan Carlos era comparable a su antepasado Fernando VII, llamado el Deseado, que, como se sabe, «asustaba a sus cónyuges con el desproporcionado volumen de sus atributos». En España no se pudieron ver las fotos porque la misma agencia que las vendió en Italia a Novel 2000 las cedió por una abundante cantidad a un semanario que prefirió guardarse la exclusiva en un cajón, vaya usted a saber por qué.

Pero el tema trascendió de todos modos y hubo reacciones para todos los gustos. Algunos entusiastas juancarlistas, guiados más por la imaginación que por la comprobación de lo que la revista italiana había publicado realmente, escribieron comentarios halagadores sobre el miembro viril de nuestro rey. Antonio Burgos, por ejemplo, se dejó llevar y dijo: «Con estas fotos hemos podido comprobar, así, fehacientemente, que don Juan Carlos tiene la entrepierna tan bien amueblada como demostró el 23-F». Francisco Umbral exclamaba en una columna suya: «¡Albricias con el desnudo real! El Rey ha demostrado tener el mandato condicional». Y hasta el ultraconservador Jaime Campmany recitaba en la Cope: «Dicen que el Rey en las fotos / sale con muy buena cara, / y tres palmos más abajo / lo que viene da la talla […] así que al ver la bandera / que el Fortuna quita izada / salió de la espuma Venus / exclamando: ¡Viva España!»

Pero dejémonos de frivolidades, porque la entrepierna y las amantes del rey sólo interesan en este libro en relación con la vida política del país, que ahí es nada. Por un lado, porque la falta de discreción real ha podido llevar alguna vez secretos de Estado, ocultos con mucho cuidado a la opinión pública, al dormitorio de las amantes que, además, tuvieron la precaución de dejar constancia de los detalles en cintas de vídeo o de cassette. Por otro lado, en un plano más general, por los episodios de censura ilegal, por diferentes mecanismos, que han rodeado a las aventuras del monarca, y que pongan de relieve la clase de democracia que la monarquía nos quiere ofrecer.

Una esposa «profesional»

Si Sofía no sabía cómo era Juan Carlos antes de casarse —cosa improbable, porque seguro que la fama lo precedía, y más en la etapa desmesurada de «chungas», «gabrielas» y «olghinas», incluyendo escándalos de paternidades no deseadas, justo antes de la boda —, enseguida tuvo la oportunidad de descubrirlo. Como ya hemos comentado, no hacía ni un año que se habían casado cuando el Parlamento griego empezó a preguntarse si había hecho un buen negocio con la dote de la princesa, ante lo que se anunciaba como una separación inminente. Pero Sofía siempre fue, como dice de ella el rey, en una expresión que a ella no le gusta porque suena a otra cosa, una «gran profesional». Esto era lo que le gustaba a Franco de la princesa: que se lo tragaba todo, con un sufrimiento silencioso, como una reina, educada para soportar cualquier sacrificio por razones de Estado. Y además, sabía estar en las audiencias privadas del rey con sus colaboradores, e incluso meter baza para apoyar las decisiones más militarotas que Juan Carlos haya tomado nunca, sobre todo en la etapa de Alfonso Armada, con quien Sofía supo conectar tan bien, en la Secretaría de La Zarzuela.

Llevaba la realeza en la sangre. Hija de rey y hermana de rey, en su árbol genealógico hay dos emperadores alemanes, ocho reyes de Dinamarca, cinco reyes de Suecia, siete zares de Rusia, un rey y una reina de Noruega, una reina de Inglaterra y cinco reyes de Grecia. La monarquía, sea cual sea, es su verdadera patria. Y, además, siempre se ha sentido un poco extranjera, incluso en su propio país de origen. En el palacio real ateniense nunca se habló griego. Sofía aprendió el alemán como primera lengua y el inglés como segunda. Y sólo en tercer lugar, el griego. Ahora bien, España no es un país que le guste especialmente y cuando quiere estar a gusto, coge un billete de Iberia, su paquete de sandwiches vegetales preparados en La Zarzuela, porque no le gusta la comida de avión, y se va a Londres, donde se siente mucho más cómoda. Con el tiempo, la pareja real se avino a una relación poco ruidosa, formal y «profesional» para las cosas importantes. En un viaje oficial que hicieron a Chile, en octubre de 1990, un diario local (el Fortín Mapocho) dedicó la portada a destacar que les habían tenido que reservar dos habitaciones diferentes en el Hotel Crown Plaza de Santiago en el que se alojaban: «Los reyes harán tuto (sic) camas separadas», decía el titular. Aquí también se ha publicado que, desde hace años, en La Zarzuela disponen de aposentos bastante alejados el uno del otro. Ella duerme en la segunda planta, y él en un apartamento en la primera. Por no compartir, ni siquiera comparten aficiones, y mucho menos con respecto a la música. Juan Carlos, al parecer, disfruta de las rancheras y de la canción italiana marchosa al estilo de Rafaella Carrá, o la latina de Paloma San Basilio; mientras que a ella le gusta la música clásica, sobre todo cuando el intérprete es de peso. Siempre había sentido una especial debilidad por Rostropovic, que, a sabiendas del aprecio que le tiene la reina, siempre que pasaba de gira por Madrid, cumplía como un rito el homenaje privado de ofrecerle, al final del concierto, la partitura para violoncelo en sí menor de Dvorak. Una vez, Sofía llegó a interrumpir un viaje oficial a California (EEUU), para asistir a una lección magistral que el maestro daba en la capital del Estado español. Un avión especial de Los Angeles fue a recogerla, mientras el rey se quedaba en su sitio continuando la visita.

Con todo, aunque el pacto de la prensa siempre vistió al matrimonio de armonía, y ellos interpretaron el papel de cónyuges felices con discreción, a lo largo de los ya cerca de 40 años de matrimonio la tormenta ha estallado unas cuantas veces. Sofía ha declarado alguna vez que no recuerda que él le hubiera dicho nunca «te quiero». La primera bronca conocida de Juan Carlos y Sofía tuvo lugar al cabo de pocos meses de la coronación, a comienzos de 1976. En aquella ocasión la cosa trascendió porque a Sofía se le ocurrió coger a los niños e irse con bastante ajetreo a Madrás (India), donde en aquel momento residían su madre, la ex-reina Federica, y su hermana Irene. El viaje se justificó oficialmente por motivos de salud de Federica. Otra fuga sonada de la reina se produjo en vísperas de su aniversario de boda, el 14 de mayo de 1991, cuando se fue a los Andes bolivianos con su prima Tatiana Radziwill, que precisamente había sido dama de honor en la boda.

La prensa publicó una foto en la que se la veía cabalgando en una mula. Pero sería difícil, casi imposible, intentar enlazar estos sucesos con lo que se sabe de las relaciones extramatrimoniales de Juan Carlos en cada uno de estos momentos históricos. En la lista inacabable se cruzan las unas con las otras. Al parecer, a finales de los setenta y principios de los ochenta, tuvo una aventura con una conocida vedette de Totana (Murcia), que le había presentado el entonces presidente Adolfo Suárez.

Pero también, simultáneamente o alternándolas, con otra rubia famosa, procedente de Italia, que entonces triunfaba en la televisión española. Después vino, en los primeros ochenta, el flirteo con una popular cantante española, a quien iba a visitar en moto a su casa, en Majadahonda, cerca de Madrid. Pero con la de Totana no había roto del todo, y retomó la relación a comienzos de los noventa, época en que rompieron definitivamente, cosa que provocó una violenta reacción por parte de la vedette.

Poco antes de aquella ruptura, el rey inauguró otra relación con una decoradora catalana, que duró varios años y, al parecer, fue más seria que las otras. Aunque al mismo tiempo, en otros líos amorosos suyos, tuvo un breve encuentro con una periodista extranjera, que iba a La Zarzuela y se sentaba encima de la mesa tan vivaracha y con unas minifaldas tan cortas, que la reina se irritó hasta el punto de marcharse en medio de una entrevista que la familia real había concedido a la intrépida reportera.

En medio de todo este sacramental, en 1992 se desencadenó la crisis matrimonial que estuvo a punto de traspasar el ámbito familiar para convertirse en una cuestión de Estado. Se ha escrito mucho sobre la supuesta conjura para derribar a Juan Carlos y obligarlo a abdicar en favor de su hijo, el príncipe heredero Felipe. Y no faltaron veladas alusiones a que el jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, en connivencia con la reina Sofía, apoyaba la idea. A Sabino, algunas personas —Mario Conde fundamentalmente, pero no sólo él— le acusaron explícitamente de filtrar información comprometida a la prensa para dinamitar la imagen pública del rey. De la reina no se dijo tanto, pero sí que estaba a punto de hacerle perder la paciencia, aunque lejos de la historia de un ataque de nervios. Sofía mantenía la suficiente frialdad para no olvidar los deberes del Estado y sustituir al monarca en actos oficiales como la apertura de la reunión de la Cumbre Iberoamericana de Guadalupe, Cáceres, mientras la prensa publicaba que él se divertía de vacaciones en Suiza. Y también para ocuparse de gestiones tan delicadas como la censura del diario Claro, que el mes de agosto pretendía publicar cómo ella misma había frustrado el noviazgo de Isabel Sartorius con el príncipe Felipe, al enterarse de que un hermano de la joven había estado detenido en Argentina por consumo de cocaína, y que la madre de los dos había sido investigada en relación con el narcotráfico por el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren. El tema de la conjura todavía continuó varios años por otras razones (al margen del entorno de La Zarzuela, con José María Ansón de protagonista), antes de deshincharse definitivamente. Por ahora es un tema tabú del cual ni los más atrevidos osan decir nada. Fuera como fuese, Juan Carlos y Sofía tuvieron la oportunidad de rehacer su imagen llorando juntos en los entierros y en contadas apariciones públicas en que se los veía cogidos del brazo.

Fantasmas del pasado

Corría el año 1986 cuando ciertos fantasmas del pasado vinieron a sitiar al rey nuevamente. La relación amorosa con la condesa italiana Olghina de Robiland ya hacía muchos años que se había acabado, pero este año, al parecer abrumada por problemas económicos, Olghina reapareció. Ahora bien, no fue a ver el monarca, que se sepa, sino a Jaime Peñafiel, ex-director de la revista Hola, reportero especializado en la familia real para viajes oficiales y otros saraos y, en aquellos momentos, que era lo que interesaba a la Robiland, director de La Revista, una nueva publicación que luchaba por hacerse sitio en la prensa del corazón. Olghina tenía para vender una serie de 47 cartas del monarca escritas de puño y letra, fechadas entre los años 1956 y 1960. Decía que lo importante era que aquellos documentos no se perdieran para la historia, que el pueblo español tenía derecho a conocer una de las facetas más tiernas y encantadoras de su monarca. Según la descripción de Peñafiel, que no fue precisamente piadoso con ella, la condesa ya tenía sesenta años largos y era, a estas alturas de la vida, «poco agraciada físicamente, de aspecto desaliñado y con una miopía que la obligaba a utilizar gafas como culos de vasos». Le costaba imaginar qué era lo que su rey podía haber visto en ella, pero por las cartas no había ninguna duda.

Cuando el periodista recibió la oferta, se puso en contacto con Sabino Fernández Campo, que estaba en Oviedo y volvió pitando a Madrid para ver qué contenían aquellas cartas. Sabino y Peñafiel ya habían tenido algunos contactos anteriormente, porque el secretario de la Casa Real se ocupaba personalmente de tratar con los periodistas, sobre todo para negociar qué clase de cosas se podían publicar sobre el rey, y cuáles otras resultaban del todo inconvenientes. Y Sabino, tras leer las cartas, llegó a la conclusión de que aquélla era una de las cosas que no se podían publicar de ninguna manera. Cuando informó a Juan Carlos, que confirmó la autenticidad de los documentos y de la historia que explicaba la condesa, Sabino pidió a Peñafiel que las comprara, pagando lo que pedía, 8 millones. Pero no para publicarlas, sino para hacerlas desaparecer del mapa. Aunque, claro está, esto último no lo debía contar a la condesa. Siempre dispuesto a hacer un servicio a la patria, Peñafiel cerró el trato con la Robiland 24 horas después, en el apartamento del mismo Sabino en el Centro Colón. Pero, naturalmente, el patriotismo de Peñafiel no llegaba al extremo de querer hacerse cargo de los gastos de la operación. El dinero, en fajos de billetes de cinco mil pesetas, los había sido entregado previamente al periodista por Prado y Colón de Carvajal. En cuanto cobró, Olghina se fue a Roma con los dineros en la maleta y Peñafiel envió las cartas a La Zarzuela. Sin embargo, la ex-amante del rey se sintió frustrada porque las cartas no salieron a la luz; así, pues, poco después las volvió a vender (esta vez, las fotocopias que había hecho antes del trato con Peñafiel) a la revista italiana Oggi, que publicó una serie de cuatro capítulos sobre el tema, añadiendo fotografías de la hija que supuestamente había tenido con el entonces príncipe, y hacía constar otros documentos a los que había tenido acceso la revista, como un diario íntimo de Olghina y un cheque firmado por Juan Carlos por una cantidad indeterminada de dinero, aun cuando no especificaba mucho más sobre el asunto. Pero parece que esto no la contentó lo suficiente, y la condesa de Robiland, poco después, en 1991, publicó un libro de memorias, que se tituló Sangue blue, en el que todavía iba un poco más allá con respecto a los detalles de la aventura con «don Juanito».

Marta y los decretos falsos

Aparte de las supuestas maniobras, nunca probadas, para impulsar la renuncia de Juan Carlos al trono, aquel año 1992 —de triste recuerdo para la reina— dejó el nombre propio de Marta Gayá grabado en las páginas impresas de varios medios de comunicación, que por primera vez hablaron de una amante del rey con una tranquilidad inusitada, cosa que provocó otros turbulencias políticas de alcance diverso. Tras 30 años de matrimonio y una lista de amantes a la cual nadie se aventura a poner cifras, el rey perdió la cabeza por la catalana Marta Gayá, reputada decoradora, divorciada de un importante empresario productor de galletas de quien tiene un hijo, alta y esbelta, de ojos verdes, siete años más joven que el rey y residente en la isla de Mallorca todo el año, en un lujoso chalé en La Mola, península para ricos y famosos. Se conocieron en 1990, aproximadamente, y pasaron juntos muchos fines de semana y otros períodos no vacacionales en que el monarca empezó a descuidar las obligaciones familiares e, incluso, las oficiales. En un principio sus encuentros eran protegidos con gran cautela, pero el enganche que tenían el uno por el otro se volvió tan intenso que el secreto duró poco. Sofía fue de las primeras personas en enterarse el viernes 29 de junio de 1990, en una cena que ofrecía el rey, en el Beach Club de Mallorca en honor de Karim Aga Khan y de Alberto de Mónaco, con ocasión de las regatas de la Copa del Rey. Asistían al convite unos 200 comensales, y cuando todos estaban ya sentados, como manda el protocolo, llegaron el rey, la reina y sus invitados ilustres. Pero todavía había una mesa vacía. Cuando estaban casi a los postres, se presentaron descortésmente tarde José Luis de Villalonga, Marta Gayá y el príncipe Tchokotua con su mujer, Marieta Salas. En lugar de enfadarse, el rey se levantó de la silla y fue a saludarles efusivamente, cosa que humilló a la reina. Los presentes comentaron que aquello había de estar previsto, y que era una clase de prueba del amor de Juan Carlos, quizás para hacer más o menos pública la relación con Marta Gayá. Porque no se podía explicar de otro modo la falta de delicadeza que había mostrado con la reina.

Por cierto, ésta fue la etapa en la que el rey decidió que Villalonga fuera su «biógrafo autorizado», aunque el escritor Baltasar Porcel ya tenía decenas de horas de conversación grabadas con el mismo propósito. El monarca interrumpió inesperadamente las conversaciones en La Zarzuela con Porcel y le pidió las cintas sin demasiadas explicaciones. Pero la aventura con Marta Gayá empezó a ser un problema más tarde. En primer lugar, porque las relaciones del monarca siempre habían sido más breves e intermitentes, y ésta empezaba a durar demasiado. Marta, una profesional seria, una señora respetable, no se prestaba fácilmente a una aventura pasajera. La relación parecía una cosa formal, y podía poner en peligro incluso la estabilidad del matrimonio real en un momento difícil a la edad de Juan Carlos, la cincuentena. Pero, sobre todo, se convirtió en un conflicto serio cuando las escapadas del rey empezaron a tener consecuencias políticas. Las turbulencias se iniciaron gracias a Felipe González, cuando el 18 de junio un periodista de El País le preguntó sí había consultado con el rey el nombramiento del ministro que sustituiría en Asuntos Exteriores a Francisco Fernández Ordóñez, tras la muerte de éste, y el presidente le contestó: «No he podido hacerlo porque el rey no está». Pero no había ningún viaje previsto en la agenda. El País publicó entonces que el monarca estaba en Suiza para someterse a un chequeo rutinario, pero Fernández Campo desmintió la noticia al día siguiente en la radio, y dijo literalmente sobre el viaje: «Bueno, lo que yo creo y lo que se me ha dicho es que está descansando, un pequeño descanso, descanso de montaña que le viene muy bien». La expresión «lo que se me ha dicho» desveló suspicacias de toda clase. Sabino habló por teléfono con el rey para que volviera a España a la mayor brevedad posible. Juan Carlos volvió apresuradamente el sábado 20 de junio por la mañana. Despachó con Felipe González antes del mediodía y comió en privado con el presidente de Sudáfrica, Fredierik De Klerk, que estaba en Madrid de visita oficial. Pero, aunque se perdía la celebración familiar del último aniversario de Don Juan, que cumplía 69 años, por la tarde ya estaba de nuevo en Suiza, en una localidad próxima a Saint-Moritz. La reina fue sola a cenar a la residencia del conde de Barcelona en Puerta de Hierro, y al día siguiente presidió, sustituyendo al monarca, la apertura de la Cumbre Iberoamericana. En suma, el rey fue a Suiza del 15 al 23 de junio, víspera de su santo, que tampoco contó con la tradicional celebración en el Campo del Moro. El rey no estaba por la labor. Ni siquiera fue a la tradicional reunión de la Asociación de la Prensa. Y, encima, el príncipe Felipe tampoco aparecía por ninguna parte. Según la explicación oficial, se estaba entrenando con el equipo olímpico de vela, pese a que otros relacionaban su ausencia con el gran disgusto que le había provocado la ruptura con Isabel Sartorius.

Y la polémica no se detuvo. Por el contrario, unos cuantos días después El Mundo destacó que, como consecuencia de la escapada, se había incurrido en un presunto delito de falsificación de documento público. En efecto, según el BOE el rey había firmado una ley en Madrid (la sanción real de la ley de creación de la Universidad de La Rioja) el día que estuvo en Suiza (el 18 de junio).

«O el lugar es falso, o la fecha es falsa o la firma es falsa», afirmaba El Mundo. Y además advertía que, aunque el rey no está sujeto a responsabilidad según la Constitución, el presunto delito se correspondía, atendiendo al Código Penal, con una pena de entre 6 y 12 años de prisión mayor. El columnista Javier Ortiz daba el golpe de gracia: «Lo mismo va la gente y se cabrea, y le da miedo pensar que tal vez un presidente de la República podría salirle más económico. No sería la primera vez que este país hiciera, por así decirlo, Borbón y cuenta nueva». Cuando parecía que ya todo se había calmado, en agosto la revista francesa Point de Vue publicaba la historia del rey con Marta Gayá. A raíz de lo que había publicado el diario español, Point de Vue había telefoneado a la clínica en la que el rey había estado supuestamente descansando en Suiza y les colgaron el teléfono apresuradamente. Estirando el hilo del secreto que se quería guardar, citaron fuentes próximas al monarca (del personal de La Zarzuela) para hablar, en concreto, de Marta Gayá como explicación del misterio; y también hacían referencia al asunto del príncipe con Sartorius, que «envenena desde hace tres años la atmósfera madrileña». Al día siguiente, lo reproducía El Mundo en una nota de portada, ampliada con más información en el interior. La nueva tormenta política esta vez se centró en la preocupación por descubrir la fuente que había filtrado la historia a la prensa. La cosa se iba enredando, y se citaban y se culpabilizaban unos a otros.

La primera en publicar algo, muy solapadamente, sobre el amor mallorquín del rey, había sido la revista Tribuna en 1990; el empujón siguiente lo habían dado Felipe González y El País en junio de 1992 y El Mundo se había hecho eco de la polémica; Point de Vue había tirado del hilo, y la historia había rebotado de nuevo en el Mundo, y después otra vez en Tribuna… En medio de todo este lío, y con la mayor rapidez posible, El Mundo eliminó la nota de la primera página en la segunda edición, y también suprimió algunos párrafos de la información del interior, lo que suavizaba y matizaba sus comentarios. Por ejemplo, la referencia de que Point de Vue era «la revista sobre la realeza más prestigiosa de Europa» se convirtió en algo más discreto: «La revista monárquica francesa». Pero Pedro J. Ramírez no se libraría así como así de la responsabilidad. De pronto y por sorpresa, el 19 de agosto, Diario 16 difundió en su portada que el culpable de las filtraciones había sido Mario Conde. Y el rey habló personalmente con el banquero, que dijo que no tenía nada que ver. El rey también telefoneó a su amigo Giovanni Agnelli, presidente de Fiat y máximo accionista del grupo Rizzoli, propietario de la revista Oggi y del 45% del accionariado de El Mundo. Y Agnelli habló con el presidente de Rizzoli, y éste con Unidad Editorial, matriz empresarial del diario El Mundo, pidiendo la cabeza de Pedro J.. El director del diario madrileño salvó la piel de milagro, en una comida de conciliación entre Conde y el rey, en la que el mismo Pedro J. llegó cuando estaban a los postres, el 12 de septiembre de 1992. Para que la Casa Real le perdonara, Pedro J. Ramírez, a instancias de Mario Conde, se vio obligado a asegurar que en realidad quien había filtrado la información había sido Sabino Fernández Campo, cosa que después sirvió a Conde para insistir en recomendar al rey que lo cesara del cargo. Conde también pudo evitar que los socios italianos vendieran su paquete de acciones y abandonaran El Mundo. Y todo quedó solucionado, aunque nada se aclaró, porque después, el 24 de septiembre, la revista italiana Oggi todavía volvió a publicar un completo reportaje en el que explicaba otra vez toda la historia de Marta Gayá: «El rey de los juegos olímpicos es sorprendido en fuera de juego». Citaba a Point de Vue y adornaba el texto con numerosos comentarios críticos, sobre un monarca que estaba siendo «poco reflexivo», «menos diligente en sus obligaciones», «tan enamorado que parece un niño», etc. Está claro que la prensa extranjera no se rige por las mismas normas. Aquí, los artículos de El Mundo sobre el rey no aparecieron en el suplemento resumen de los principales temas publicados en los cinco primeros años de vida del diario y, desde luego, la aventura de publicar insensateces sobre el monarca no se repitió nunca jamás. Tribuna, a su vez, sustituyó al director, Julián Lago, por Fernando García Romanillos, que entendió que los temas de la Casa Real no hacían incrementar el número de lectores y, en cambio, le hacían perder publicidad. Y Sabino Fernández Campo salió por la puerta falsa de La Zarzuela muy poco después.

Historia de un chantaje

Bárbara Rey, reapareciendo como Olghina de un pasado esta vez no tan lejano, en 1997 protagonizó otro de los episodios más oscuros en la complicada trama de las aventuras amorosas del rey. La historia ya se ha publicado, dividida en diferentes partes, en libros y revistas diversos. Si bien todos los autores, atendiendo a las dificultades de un tema del cual en España sencillamente es mejor no hablar, han preferido no identificar a la vez a los dos protagonistas: o bien se hablaba de «el rey y la vedette », o bien de «Bárbara Rey y una alta personalidad del Estado». Una precaución que no hace sino poner en evidencia la escasez de libertades en que nos vemos obligados a movernos, y la hipocresía de un poder que establece normas ridículas de censura encubierta que no engañan a nadie. Aun cuando sea vox populi y, sin duda, todos los medios de comunicación dispongan de información sobrada, llena de pruebas y testigos, no por ello se publica. La historia de Bárbara Rey con el monarca comenzó en los primeros tiempos de la Transición. Se hicieron «amigos» por medio de Adolfo Suárez, en una etapa en que la vedette apoyaba al líder de UCD como mejor sabía (pidiendo el voto para la formación política en las campañas electorales). A Juan Carlos siempre le habían gustado las mujeres de rompe y rasga y, al parecer, aparte de sus largas piernas, disfrutaba especialmente de las delicias culinarias que la valenciana le preparaba en la barbacoa de su chalé.

La relación había continuado de manera intermitente a lo largo de los años, hasta que un buen día, el mes de junio de 1994, el rey, con frases amables, le hizo saber que la historia había acabado. Pero Bárbara no estaba dispuesta a pasar página tan fácilmente. Para lo cual disponía de todo un arsenal de grabaciones, filmaciones y fotografías obtenidas en varios encuentros. Por alguna razón desconocida, la vedette siempre había tenido la afición de dejar constancia de las conversaciones privadas con sus parejas. En la televisión, una vez (a primeros de marzo del año 2000, en el programa en directo Crónicas Marcianas), ya salió en antena la grabación de una discusión entre ella y su ex-marido, Ángel Cristo, que su hija Sofía puso vía telefónica a los telespectadores. La intención de Sofía Cristo era hacer quedar mal a su padre, que en la cinta, sin que se supiera a santo de qué, insultaba a Bárbara diciéndole a grito pelado que era una puta. Pero consiguió el efecto contrario cuando el domador de tigres en decadencia, presente en el plató, soltó un lastimoso «Si esta señora ha sido capaz de chantajear a uno de los hombres más importantes de nuestro país, cómo no va a tratar de destruir a un pobre y humilde hombre de circo como yo».

Al parecer, la discreción no es uno de los dones de Juan Carlos, y con su amante hablaba sin tapujos de todos sus problemas, incluyendo aspectos íntimos sobre la reina. Cuando los cómplices de Bárbara Rey en el chantaje que tenía previsto vieron y escucharon algunos ejemplos de lo que tenía grabado, se asustaron de la sangre fría de la vedette. Lo que es verdaderamente preocupante son las conversaciones en las que el monarca había comentado como si nada cuestiones de política nacional y, muy especialmente, algunas frases relativas a los sucesos del golpe de Estado del 23-F. Por otro lado, también había material gráfico abundante. «Algunos recuerdos», según Bárbara, entre los cuales estaban fotos amateurs hechas por su hijo Ángel desde el jardín, mientras la pareja disfrutaba de una paella. Pero además se supo que, desde 1993, asesorada por un proveedor de materiales de espionaje, en su chalé de Boadilla del Monte (Madrid) había montado todo un nido de «vigilancia» que disponía incluso de una camera de vídeo camuflada en las cortinas del dormitorio. Y había hecho copias de los materiales grabados, que tenía repartidas tanto en España como en el extranjero.

Según sus cómplices, Ramón Martín Ibáñez entre otros, Bárbara le echó imaginación y se inventó que había recibido un paquete en casa suya, con algunas copias del material gráfico. Lo único que hizo ella, según su versión, fue entrar en contacto con la persona correspondiente, para avisarla del peligro. Martín entraría en escena a continuación encarnando a quien da la cara como supuesto chantajista, para solicitar nada menos que 12.000 millones de pesetas. Pero el montaje no funcionó.

Por cómo era de delicado el material del que se trataba, sobre todo en el ámbito político, Palacio, que ya había informado de todo al CESID, encargó el asunto a Manuel Prado y Colón de Carvajal. Y Prado dudó de Bárbara desde el primero momento, convencido de que lo había hecho ella misma.

Ante la negativa de Prado de negociar con los chantajistas, la vedette intentó ponerse en contacto directamente con el rey, pero no lo consiguió. Y en los tiras y aflojas del asunto, los cómplices acabaron quedando fuera de la negociación. Todo parecía que entraba en vía de solución gracias a un programa de TVE que arregló el entonces director del Ente, Jordi García Candau, y que hizo volver fugazmente a Bárbara Rey a la fama de la pequeña pantalla. Por otro lado, se le entregó un sobre cerrado con el estipendio mensual (unas fuentes dicen que de un millón de pesetas, otras que más), a lo largo de 1995 y parte de 1996. Pero la preocupación principal de Prado seguía siendo recuperar el material comprometedor.

El 23 de febrero de 1996 la vedette padeció una extraña enfermedad en medio de la grabación del programa Esto es espectáculo. Le acababan de dar la noticia de que personas no identificadas estaban buscando en casa de sus padres, en Totana (Murcia), las grabaciones. Ya no se fiaban de ninguna manera de su palabra. A partir de entonces todo empezó a ir mal, sobre todo cuando no le renovaron el contrato en televisión. El programa desapareció de la parrilla por falta de audiencia y Bárbara, muy enfadada, empezó ahora a presionar otra vez exigiendo un aumento de la asignación (hasta los dos millones mensuales). Algunas personas, a pesar de los pesares, aseguran que lo que de verdad quería la vedette era volver a estar en la tele, satisfacer su ego; pero los encargados de negociar con ella no lo entendieron así.

El asunto se complicó sin remedio y en 1997 se puso en marcha la fase más dura del chantaje.

Comenzó con dos denuncias presentadas en comisaría por Bárbara Rey (una del 25 de mayo y otra del 1 de junio del mismo año), cuyo motivo era el robo de «tres cintas de cassette, cinco de vídeo y veinte diapositivas», de contenido comprometido para una «alta personalidad». Se endureció poco después con una tercera denuncia (del 13 de junio), en la que se hablaba de amenazas de muerte contra ella y sus hijos, e interpuesta, explícitamente, contra Manuel Prado y Colón de Carvajal. La noticia se difundió primero de manera anónima, escrita en un informe de siete folios que se dio a la prensa, de la cual el Rey dijo no saber nada, aun cuando nunca desmintió ni una palabra del contenido. El documento narraba la historia con toda clase de detalles, e incluía una copia de la última denuncia. La prensa sólo se atrevió a explicarlo entre dientes, pero la Casa Real tuvo que intervenir directamente cuando la misma Bárbara pretendía ir a explicarlo todo en directo al programa Tómbola (líder de audiencia en la televisión valenciana, Telemadrid y Canal Sur). Se le vetó la presencia en el último momento, pero nadie pudo impedir, en primer lugar, que ella cobrara lo que le correspondía por la intervención fallida en el programa; y, en segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, que por lo menos se diera a conocer que se había impuesto la censura desde la Casa Real, cosa que ya era bastante grave por sí misma. Después de aquello las cosas finalmente se arreglaron, con una nueva negociación, al parecer esta vez llevada por Fernando Almansa, actual jefe de la Casa Real. En lugar de una asignación mensual, se optó por comprar el material por una única suma, que unas fuentes sitúan en 4 millones de dólares (unos 600 millones de pesetas), y otras en 40. En todo caso, se trataba de una cantidad más que suficiente para que Bárbara no volviera a tener problemas económicos en su vida y pudiera dejar que su asunto con el rey descansara en la paz del silencio y el olvido. Si lo hicieron bien, y no se les escapó ninguna copia escondida en un rincón, esta última operación debe haber cerrado el caso definitivamente… Y nos quedaremos sin escuchar la famosa cinta sobre el 23-F.

CAPÍTULO 17

DE SABINO A CONDE, Y DE CONDE A POLANCO

Sabino, el censor del rey

Ni el rey ni la reina fueron al entierro del hijo de Sabino Fernández Campo cuando murió en accidente de tráfico en 1994. En lugar suyo, como representación, enviaron a la persona que había sustituido a Sabino un año antes en la jefatura de la Casa Real, Fernando Almansa. Con esta frialdad el monarca se dignó acabar sus relaciones con quien durante casi 20 años había estado a su servicio en La Zarzuela. Sabino, el «jefe», como le llamaba el rey, fue un personaje fundamental en la historia de la monarquía española, puesto que aportó habilidad política para resolver situaciones difíciles en múltiples ocasiones, y transfirió a la Corona su propia imagen de prudencia que no se correspondía en realidad con las decisiones que Juan Carlos tomaba por su cuenta. Sabino corregía sus deslices, ocultaba informaciones comprometedoras, dirigía los pasos que tenía que hacer… actuando casi siempre, más que como secretario, como un «tutor» y un «apagafuegos» en barrabasadas políticas. Pero no nos engañamos: de todo esto Juan Carlos habría de estar agradecido, pero no un país al cual colaboró a engañar con el único objetivo de perpetuar el sistema monárquico, con censura, mentiras y operaciones de lavado de imagen, en temas tan serios como el 23-F.

Sabino Fernández Campo inició su carrera de militar en la Guerra Civil, cuando se alistó como voluntario —del lado de los «nacionales», claro está —, y fue alférez y teniente provisional en la «defensa» de Oviedo. Aunque estudió Derecho, ya no abandonó nunca el Ejército, donde destacó por su formación académica y, en general, por sus capacidades intelectuales. Entre 1957 y 1961 tuvo uno de sus primeros destinos en la Comisión de Enlace con la Misión Americana, donde coincidió con Alfonso Armada. Y a comienzos de los sesenta completó su formación realizando el curso «The Economics of National Security» («La economía de la seguridad nacional»), de la International College de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Años después visitó las academias militares norteamericanas más legendarias y prestigiosas. De 1960 a 1963 fue interventor de la Casa Militar de Franco y después tuvo varios cargos, en intendencia, en el Ministerio del Ejército, junto a diferentes ministros del franquismo. El paso a cargos políticos lo dio en 1975, con el apoyo de Alfonso Armada, que le conocía desde hacía años y le recomendó para el cargo de subsecretario de la Presidencia, incluyéndolo en el equipo que el mismo Armada, Camilo Mira y Alfonso Osorio habían formado para ir preparando el acceso de Juan Carlos al trono después de que Franco muriera.

Tras la muerte del dictador, con el primer Gobierno de Suárez, Sabino fue llamado —nuevamente con la recomendación de Armada— a la Secretaría del Ministerio de Información y Turismo. Un sitio fundamental durante los meses clave de la Transición, cuando se comenzó a desmantelar la Cadena de Prensa y Radio del Movimiento y hacía falta disponer de gente muy hábil, capaz de organizar el control sobre los medios de comunicación en un nueve contexto. El tratamiento informativo de temas como la amnistía política, la autoliquidación de las Cortes franquistas, el referéndum para la reforma política, la legalización de los partidos políticos o la renuncia de Don Juan no se podía dejar en manos de cualquiera. Formó parte de la comisión gubernamental encargada de pasar revista a la propaganda electoral en las primeras elecciones generales de 1977, para censurar cuanto hiciera falta, y su papel no fue precisamente poco beligerante. Y, por lo general, sus encuentros y despachos tanto con el rey como con Adolfo Suárez, con respecto a la televisión, fueron frecuentes durante esta etapa. Cuando Armada fue cesado como secretario de la Casa Real, por imposición del presidente Suárez, recomendó a Sabino para el cargo. El 31 de octubre de 1977 tomó posesión oficialmente. De su competencia dependían en La Zarzuela el protocolo, la intendencia, los servicios que tramitan el derecho de petición, el estudio de los programas de actividades, el archivo general, la programación de visitas oficiales, la preparación de los despachos con el presidente del Gobierno… es decir, prácticamente todo. Pero Sabino prestó atención sobre todo a las relaciones con los medios de comunicación, en un momento político en que, como hemos visto en los capítulos correspondientes, construir una buena imagen de la monarquía en función de estudios de opinión era el objetivo fundamental de la Casa. La mano izquierda del secretario para tratar asuntos delicados y negociar con la prensa se hizo legendaria.

Según el parecer de muchas personas, su técnica consistía en ofrecer información a cambio de silencios. «No publicas esto y te doy información sobro esto otro». Pero como trasfondo había mucho más. Esto sólo valía para tratar con quienes ya estaban bien predispuestos, los «buenos chicos» de la prensa, que aceptaron sin problemas un «pacto entre caballeros» para no atacar la figura del rey. Aunque la aprobación de la Constitución supuso el reconocimiento legal del derecho a la información y la libertad de expresión, los casos de censuras y sanciones por supuestas injurias al rey se fueron sucediendo año tras año, aunque los conflictos fueron quedando relegados cada vez más a sectores casi marginales o alternativos. Por citar sólo algunos ejemplos, el 13 de febrero de 1981 fue secuestrada la revista Punto y Hora; en noviembre de 1985, la revista satírica El Cocodrilo; en noviembre de 1987 el Tribunal Supremo condenó a seis años de prisión al periodista Juan José Faustino Fernández Pérez, de la revista Punto y Hora (aunque en el año 1990 el Constitucional suspendió la condena); y en febrero de 1990, condenó a un año al articulista Iñaki Antigüedad, por la publicación de una columna titulada «¡Juan Carlos fuera!». En todos los casos el presunto delito era el de «injurias al rey».

Pero la obra clave de Sabino fue, sin duda, la manera en que solucionó el problema de las acusaciones de José María Ruiz Mateos, tras la expropiación de Rumasa en el año 1983. Aun cuando el mismo Ruiz Mateos aportaba documentación sobre pagos mediante transferencia a la Casa Real, no hubo manera de que ningún medio de comunicación se atreviera a publicarlo, ni que ningún grupo político solicitara una investigación, ni nada de nada. Al parecer, para un tema tan delicado, no valía presentar denuncias por injurias e hizo falta llevar la negociación siguiendo otra modalidad. También es destacable el episodio, que ya se ha relatado, en que intervino para comprar las cartas de la condesa Olghina de Robiland, en 1985, con el fin de evitar su publicación. Con una edad idónea (20 años mayor que el rey), con todo lo que sabía y teniendo en cuenta además todos los líos que le había solucionado, Sabino llegó a representar una verdadera autoridad moral en La Zarzuela, suficiente para permitirse actuar como «tutor» del monarca. Como cuando Juan Carlos volvió en litera de unas vacaciones y Sabino le dio un respetuoso tirón de orejas dialéctico, con aquello de que «un rey sólo puede volver así de las cruzadas». Por otro lado, se preocupaba de «aconsejarle» que no se metiera en aventuras como la de dejarse regalar un barco o un reloj, etc.

Sería difícil valorar hasta qué punto esta actitud de Fernández Campo sirvió para salvar a la monarquía o, al menos, para ayudar a consolidarla. Pero a Juan Carlos llegó a cansarlo. A partir de 1992, sobre todo, cuando otras influencias ya estaban bien instaladas a su alrededor, Sabino empezó a perder puntos a pasos agigantados y empezaron a trascender las discrepancias entre ellos. Una de las primeras decisiones que el rey tomó en franca oposición a las indicaciones de Sabino fue dejarse entrevistar por la periodista británica Selina Scott para un reportaje de la cadena ITV. Al jefe de la Casa Real la idea no le había gustado desde el comienzo. Y después de que se hubiera hecho el reportaje, a pesar de los pesares, intentó que se censurara la emisión en España por el sistema de evitar que ninguna cadena comprase los derechos. Pero la polémica suscitada a su alrededor ya había levantado demasiada expectación y el semanario Tiempo finalmente distribuyó copias en vídeo. Poco después también se emitió por televisión. Cuando se vio el reportaje, nadie acababa de entender a qué venía tanta historia. El rey mostraba su poca traza al intentar poner en marcha una moto sin éxito, rompía el protocolo tirando a Selina entre bromas a la piscina, pero poca cosa más.

Era casi un espot publicitario de la monarquía, en la que, sobre todo, se mostraba cómo era de campechana la familia real. En realidad el problema era por qué y cómo la periodista británica había conseguido la entrevista, que a tantos periodistas españoles les habría encantado hacer. Al parecer, la atractiva y joven reportera consiguió la gran exclusiva a través del cuñado del rey, Constantino de Grecia, del cual era amiga. Y, también, merced a la simpatía personal que le tenía el monarca.

Otra discrepancia importante entre el monarca y su secretario fue el asunto de la biografía real.

Primero había empezado a trabajar en ella el escritor mallorquín Baltasar Porcel, amigo personal de Juan Carlos. Grabaron largas conversaciones. Pero finalmente, no se consideró conveniente publicar el libro y Porcel, persona ponderada, aceptó la decisión sin causar el menor problema. Lo mismo sucedió con Miquel de Grecia, un primo de la reina, que también tuvo el privilegio de entrevistar el monarca extensamente, para una serie de reportajes destinados a publicaciones europeas.

Igualmente le dijeron que se tenía que suspender la publicación y lo aceptó. Pero en el verano de 1991 José Luis de Villalonga, un polémico aristócrata que había combatido la opción al trono de Juan Carlos desde la Junta Democrática al exilio en París y después se había convertido en un entusiasta juancarlista, coincidió con el rey en Palma de Mallorca. Tenían en común una buena amiga, Marta Gayá, que al parecer fue su mentora cuando el rey decidió conceder a Villalonga el honor de ser su biógrafo autorizado. Sabino se opuso, pero Juan Carlos dijo que su compromiso con Villalonga era irreversible y no discutió más. A comienzos de 1992 se iniciaron las entrevistas. El resultado fue la recopilación de más de setenta horas de grabación. El rey se había desahogado con una gran sinceridad y un cierto descontrol. Villalonga, marqués de Castellvell, entregó el original a La Zarzuela y, al leerlo, Sabino puso el grito al cielo. Aun así, siempre dispuesto a hacer un servicio a la Corona, se puso a colaborar para que ésta saliera tan bien parada como fuera posible, armado con unas tijeras. Entre el original que Villalonga entregó en palacio y la edición que salió a la calle, había unas diferencias abismales. Y eso que mientras Sabino estaba en plena tarea de corrección le llegó el cese y tuvo que acabar su trabajo el nuevo jefe de la Casa, Fernando Almansa, y el historiador Javier Tusell. Como se hizo con cierta prisa, después también se tuvieron que introducir algunos cambios entre las ediciones francesa e inglesa y la edición española, a consecuencia de los cuales desaparecieron varios párrafos y fragmentos entrecomillados sobre el 23-F.

La salida de La Zarzuela de Fernández Campo no fue amigable y se debió en gran medida a la influencia de quien entonces empezaba a ser el verdadero «hombre fuerte» en palacio. El mismo Sabino lo ha dicho claramente, no sin resentimiento: «Yo salí por una puerta, y por otra entró Mario Conde». Fernández Campo ya había pedido varias veces y por escrito que lo relevaran, y había hablado con el rey de posibles sustitutos. Cuando en enero de 1990 se jubiló Nicolás Cotoner, marqués de Mondéjar, y Sabino fue ascendido a jefe de la Casa, propuso para el cargo de secretario al diplomático José Joaquín Puig de la Bellacasa, con vistas a que en un futuro próximo fuera su sucesor. Puig se incorporó prácticamente a los preparativos de la estancia veraniega de la familia real en Marivent, pero apenas sobrevivió en el cargo más allá del verano. No había química entre el rey y él. Salió enseguida. Al parecer, Puig de la Bellacasa, que era un hombre profundamente religioso y de moral estricta, se escandalizó con la conducta del monarca en Mallorca, y no supo o no quiso disimularlo. Aquello era precisamente lo que Juan Carlos no quería, ya harto de tener un tutor, casi un inquisidor, en Sabino. En otoño ya había decidido cesarlo. Para sustituirlo se nombró secretario general a Joel Casino, antes secretario de despacho en La Zarzuela, como una solución de trámite. El 30 de abril de 1992, el rey otorgó a Sabino Fernández Campo el título de conde de Latores (su pueblo natal). Y Sabino, que ya tenía 74 años, supo que se acercaba la despedida. Este tipo de distinciones solían coincidir casi siempre con el cese. Juan Carlos tenía la delicada costumbre de compensar de este modo a las personas que se quitaba de encima. Así había sido, por ejemplo, en los casos de Arias Navarro (nombrado marqués de Arias Navarro tras su dimisión), Torcuato Fernández Miranda (nombrado duque de Fernández Miranda) y Adolfo Suárez (nombrado duque de Suárez). Al menos, Sabino agradeció que el nombramiento se hiciese con cierta antelación. Su cese definitivo todavía tardó unos cuantos meses en llegar. Pero Mario Conde trabajaba sin cesar para conseguir que no se retrasara demasiado. Los argumentos que Conde utilizó para convencer el rey fueron diversos. Lo que más molestó a Sabino fue que dijera que padecía trastornos mentales, algo así como el «síndrome del sirviente» que se rebela contra su amo.

Pero lo más efectivo ante Juan Carlos fue la acusación de que Sabino estaba filtrando información comprometida a la prensa, con la intención de perjudicarlo. Precisamente él, que había trabajado tanto a lo largo de los años para hacer todo el contrario. Lo cierto era que, desde finales de la década de los ochenta, varias publicaciones ya habían empezado tímidamente a romper el pacto de silencio ¿Se daba por clausurada la Transición y la etapa en que la monarquía tenía que ser protegida? La primera publicación que había roto el hielo había sido el semanario Tribuna, dirigido entonces por Julián Lago, un periodista formado en Interviu y mucho más interesado en vender y ganar dinero que en ninguna otra cosa (unos años después se hizo famoso en la televisión con La máquina de la verdad). En julio de 1988, el semanario publicó un escandaloso reportaje titulado «Así se forran los amigos del rey. Sus fortunas y negocios», con el cual vendió un montón de ejemplares. Un par de años después, en verano de 1990, repitió el éxito con otro semejante: «Líos de la corte de Mallorca: aristócratas, financieros y políticos rodean a la familia Real». En un tono forzosamente más suave, también aquel mes de agosto, El Mundo se atrevió a publicar algunas cosillas, bastante escondidas, en su magazín de fin de semana, sobre la temporada estival del monarca. Al rey no le gustó nada el atrevimiento de la prensa, aunque, desde el punto de vista de Sabino, las críticas eran un «correctivo» poco dramático que no le venía mal, para que aprendiera a comportarse. El verano siguiente, el de 1991, merced a la amenaza de la prensa, Sabino consiguió que se contuviera un poco cuando estaba de veraneo y en otros saraos de invierno. Fue el primer año, por ejemplo, que no hizo la habitual verbena en el Campo del Moro para celebrar su santo, y se llevó la fiesta a Sevilla para impulsar la última fase de los preparativos de la Expo 92, con muchos menos invitados. Esto llevó a Tribuna a elaborar otra portada con el título: «El Rey rectifica».

Pero en 1992 se volvió a desencadenar la tormenta, iniciada cuando el rey se perdió en Suiza en el mes de junio y la prensa difundió su aventura con Marta Gayá. El desmentido de Fernández Campo a la radio, con aquel tan sospechoso «lo que se me ha dicho es que está descansando», dio pie a Mario Conde para relacionar al jefe de la Casa Real con el origen de las filtraciones a la prensa. Y lo cierto es que Sabino nunca había estado tan poco hábil a la hora de desmentir algo. En favor de quienes pensaban que el jefe de la Casa Real había tenido algo que ver con la publicación de aquellas informaciones, además estaba la confirmación de que no había perdido su poder sobre la prensa en las ocasiones en que sí quería ejercer el control. Demostró su poder, por ejemplo, cuando consiguió evitar que el 7 de agosto de 1992 el diario Claro saliera a los quioscos. De esta fecha es la última edición, en la que el periodista José Ayala había escrito el artículo titulado «Drogas, la razón por la que Isabel Sartorius nunca será reina de España». Contaba cómo la reina Sofía había frustrado el noviazgo con el príncipe Felipe, al enterarse de que un hermano de ésta había estado detenido en Argentina por consumo de cocaína y que la madre de los dos había sido investigada en relación con el narcotráfico por el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren. Aunque también corrió el rumor de que la filtración había sido culpa de Mario Conde, en las informaciones de Point de Vue y Oggi sobre el romance mallorquín del rey se citaban fuentes anónimas del «personal de La Zarzuela». Y, para dar el golpe de gracia, Pedro J. reconoció ante el rey algo así como que el mismo Sabino le había dicho alguna vez que consideraba que hacía falta sugerir al monarca, a través de la prensa, que estaba vigilado. Como trasfondo de la acusación de filtrar información inconveniente, había otra más grave, en la que se sugería que con esto Sabino pretendía provocar la abdicación del rey a favor de su hijo; una idea con la que también estaba de acuerdo la reina. No se pudo probar nada, y Sabino lo negó rotundamente.

De lo que no cabe duda es de que tenía muy buenas relaciones con Sofía. Ya en 1991, con la excusa de los reportajes sobre los veraneos del rey que Tribuna y El Mundo habían publicado el verano anterior, la reina y el secretario general habían «conspirado» juntos para intentar que pasara una parte de las vacaciones en Santander, lejos de las islas del pecado. Pero al final, no lo pudieron conseguir y los amigos de Mallorca se alegraron mucho. Conde acabó de convencer al monarca de la presunta falta de lealtad de Sabino en un ágape con Pedro J. Ramírez, en el que los tres se rieron mucho pensando en cómo había sido de oportuno el título de conde de Latores («delator es»), considerando las circunstancias. Y a partir de aquí, el relevo se precipitó traumáticamente. Sin que se llegara a acordar un sustituto con Sabino, ni esperar la jubilación prevista tan sólo para unos meses después, el jefe de la Casa Real y la reina se enteraron por sorpresa, a la vez, del cese inmediato. Fue en el transcurso de una comida de los reyes con Sabino, en que precisamente se celebraba el aniversario de éste, cuando Juan Carlos dijo de pronto, como si nada: «¡Oye, Sofía, que éste se nos va!». La reina se quedó tan sorprendida como el mismo Fernández Campo, y bastante afectada, puesto que en los últimos tiempos se había convertido en confidente y en la persona que enjugaba sus lágrimas. Antes que Sabino y que la reina, ya habían sido informados el presidente Felipe González, el vicepresidente Narcís Serra y el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana.

Y, al menos, compartían el secreto el presidente del Banesto, Mario Conde; el amigo del rey, Manuel Prado y Colón de Carvajal; el jefe del CESID, el general Alonso Manglano; su sustituto, el diplomático Fernando Almansa; el nuevo secretario general de la Casa Rafael Spottorno; el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y el empresario Francisco Sitges.

El cese del jefe de la Casa del Rey fue oficial el 8 de enero de 1993. Tres días después, el 13, en La Zarzuela se brindó en honor suyo, con todo el personal de palacio, y ya con la presencia de su sustituto, Fernando Almansa. Sabino pronunció unas breves palabras de despedida, aunque se disculpó por el hecho de que «la explicable y acertada celeridad» con que habían tenido lugar los acontecimientos no le hubiera permitido «disponer de las dos semanas que, según Mark Twain, son imprescindibles para realizar una buena improvisación». El chiste de Mario Conde sobre el título de conde de Latores («delator es») había hecho tanta gracia al rey que no perdió la oportunidad de explicarlo una y otra vez hasta gastarlo y, desde luego, acabó llegando al mismo Sabino. Éste no renunció al título, pero no lo utilizó nunca. El único que figura en sus tarjetas es el de marqués de la Ensenada, que es la calle en la que vive.

Mario Conde, delirios de grandeza

Si Sabino Fernández Campo padeció el «síndrome del sirviente», Mario Conde, por su parte, pecó de «delirios de grandeza». Sus ansias de aproximarse al monarca formaban parte de una estrategia general para llegar a convertirse en el hombre más poderoso de España. Y durante el breve período que estuvo en las alturas, casi lo consiguió, aunque no había partido de una especial posición de privilegio. Más bien era lo que los americanos llamarían un self-made man, un hombre que se hace a sí mismo, paradigma del éxito en la sociedad capitalista de las oportunidades para aquéllos que demuestran tener menos escrúpulos.

Mario Conde conoció a Juan Carlos a través de su socio Juan Abelló, con quien había dado el primer pelotazo económico importante de su vida con la venta de Antibióticos, uno de los pocos laboratorios farmacéuticos autorizados en España para elaborar productos derivados del opio. Lo vendieron a Raul Gardini, entonces presidente de Montedison, la empresa química más importante de Europa. Gardini veraneaba en Mallorca y era amigo personal del rey hasta que, en 1994, se suicidó tras ser implicado por los jueces italianos en temas de corrupción. Se ha escrito que fue la amistad que había crecido entre Don Juan, el padre del rey, y Mario Conde la que facilitó la aproximación del banquero a Juan Carlos. Pero difícilmente pudoxxds haber sido así, teniendo en cuenta que Don Juan y su hijo nunca tuvieron buenas relaciones. Habían pasado demasiadas cosas entre ellos: la muerte del infante Alfonso, el hecho de que Juan Carlos aceptara la designación como sucesor de Franco, saltándose a su padre a la torera, la poco elegante ceremonia de renuncia a sus derechos que le habían organizado en La Zarzuela… En fin, que no eran precisamente camaradas.

Más bien, la confraternidad de Mario Conde con los dos al mismo tiempo suponía un problema para el monarca, que más de una vez discutió con el banquero: «¡Tienes que entender que rey sólo puede haber uno!», le decía a Conde. La relación con Don Juan había surgido en un momento diferente y por otros vías, a través de José Antonio Martín (el apellido completo es Martín y Alonso Martínez), un antiguo marino mercante que acabó siendo asesor de imagen de Mario Conde. Martín había invitado una vez a cenar a su domicilio madrileño a quien entonces ya era presidente del Banesto, para que conociera al padre del rey. Congeniaron inmediatamente porque a los tres les unía la pasión por el mar (desde un punto de vista muy diferente al de Juan Carlos, que no disfrutaba del reto de la vela, sino de la velocidad, cosa que los tres criticaban). Además siempre corrió un rumor, con bastantes aires de veracidad, sobre la pertenencia de Don Juan y Mario Conde a la misma logia masónica, cosa que, sin duda, les habría unido mucho más. Sobre todo en los últimos años de su vida, el conde de Barcelona, apartado del protocolo de la Casa Real y abandonado por los «amigos» que se habían movido a su alrededor durante años con ambiciones políticas que ya no tenían sentido, se sentía bastando solo. Y Mario Conde le divertía, le acompañaba… y, sobre todo, le halagaba prestándole tanta atención. El banquero, a su vez, pensaba un poco en sí mismo. Al fin y al cabo él, que no era nadie, que había partido de la nada, era considerado por todos como el mejor amigo de un casi rey, cosa que le llenaba de orgullo desde el punto de vista más íntimo. Don Juan fue su primer «Éxito» social con mayúsculas. Cuando en el verano de 1992 el conde de Barcelona tuvo que ser ingresado, el banquero no dejó de ir a visitarle asiduamente, sin aspavientos y hasta con elegancia, entrando en la Clínica Universitaria de Navarra por la puerta trasera para no ser detectado por la prensa. El mismo Juan Carlos —que viendo próxima la muerte de su padre tuvo, como tantos hijos, un último pronto de amor filial mezclado con sentimientos de culpa— se dio cuenta y potenció abiertamente las visitas de Conde: «Mario, ven a ver a papá. Dice que se aburre con todos menos contigo. No quiere verme a mí, ni al príncipe, ni a las infantas», le decía el rey.

Después se comentó, además, que Mario Conde se había encargado de pagar la factura de la clínica, cosa que, si fuera cierta, sería un regalo muy generoso por su parte, pero en ningún caso justificado por la falta de fondos del padre del rey, como se ha querido presentar.

Pero volviendo a su amistad con Juan Carlos… Desde que en 1987 Conde se hizo cargo de la presidencia del Banesto —elegido por las familias propietarias para hacer frente a los tradicionales competidores del Bilbao y del Vizcaya, que habían intentado absorber el banco —, dio un paso más en su camino hacia La Zarzuela. Uno de sus hombres de confianza, y vicepresidente del Banesto, era Ricardo Gómez Acebo («Ricky»), marqués de Deleitosa, cuñado de la hermana mayor del rey y asesor financiero de la familia real desde hacía años. También en estos años Conde llegó a la Fundación de Ayuda contra la Droga (FAD), presidida por la reina. Un curioso club que algunas personas han calificado de «poder en la sombra», del cual formaban parte los prohombres más influyentes del Estado, muchos de ellos íntimamente conectados con La Zarzuela (entre otros José María López de Letona, Ricardo Martí Fluxá, Eduardo Serra, Plácido Arango, José María Entrecanales y Manuel Prado), a los cuales se irían uniendo los nuevos ricos del PSOE (Enrique Sarasola, Jesús Polanco, etc.). Y precisamente en una reunión del patronato, Conde conoció a Manuel Prado, el amiguísimo del rey, con el que más tarde hizo negocios.

El objetivo de Mario Conde durante estos años no era ganar dinero. O, al menos, no era sólo ganar dinero. Lo que quería era poder. Su ambición se puso de manifiesto en las conocidos operaciones que llevó a cabo para conseguir influencia en los medios de comunicación. Intentó entrar en el accionariado de Prensa Española (editora de ABC), para lo cual recurrió a la ayuda de Don Juan.

Pero, a pesar de los pesares, Ansón no permitió ni siquiera que se aproximara. También tuvo escaso éxito en sus intentos de hacerse con La Vanguardia. En lugar de esto, adquirió acciones de lo que pudo: de El Mundo (oficialmente, alrededor del 4% del capital del diario), y de Época (el semanario derechista por excelencia, en el que consiguió ejercer el control mayoritario). Bueno, él personalmente no. Mario Conde no era un capitalista chapado a la antigua. Más bien utilizaba el capital para sus operaciones, que es como en los últimos tiempos se hacen las cosas en los círculos de poder económico: quien manda es el directivo, no necesariamente el propietario de un gran paquete de acciones. Se juega con los dineros de otras personas (los pequeños accionistas), que son quienes al final pagan el pato cuando hay un descalabro. Por otro lado, como sabía que el grupo más importante y poderoso era Prisa —y allí sí que no tenía ninguna posibilidad de entrar —, hizo todo lo posible para aproximarse a Jesús Polanco. «Si no puedes con ellos, únete a ellos», como dice el refrán. Y, en su momento, le hizo algunos favores. Pese a que era uno de los hombres más poderosos de todo el Estado, Polanco no tenía relaciones con el rey, ni buenas ni malas, hasta que en 1990 Mario Conde le introdujo en palacio. Pero, como le pasa a casi todo el mundo, Mario no supo comprender la confusa relación de Prisa con el PSOE, en la cual no es fácil distinguir realmente quién manda más. Conde pensaba ingenuamente que podría llegar a aliarse con Polanco, incluso contra Felipe González, y su osadía acabó costándole cara.

El banquero y el rey se solían reunir a menudo en La Zarzuela o en casa de Paco Sitges para intercambiar impresiones. Charlaban, se tuteaban, se decían que se apreciaban e incluso se les escapaba alguna lagrimita cuando, ya tras muerte, recordaban al malagueño Don Juan. «Todo mi afecto pasado hacia Don Juan es hoy para el rey», dijo a Juan Carlos, llevado por la emoción, su amigo Mario, en una de las primeras entrevistas que mantuvieron tras el fallecimiento del conde.

Pero todo esto no era un mero entretenimiento. Lo que la amistad del rey podía ofrecer a Conde era, sobre todo, información. Juan Carlos recibía a todo el mundo y después se lo contaba todo a Conde.

Si Narcís Sierra estaba a favor del relevo de Solchaga, si Felipe González estaba pensando en disolver las cortes y convocar elecciones, si sus relaciones con la reina iban de mal en peor… El peligro consistía en el hecho de que, igual que se lo contaba todo a él, cuando salía por la puerta también largaba todo a quien viniera después: «Mario me ha dicho…», «Mario opina…», «Mario quiere…». Y le iba colocando, sin darse cuenta muy bien de lo que hacía, en su estilo habitual, en una situación muy difícil, buscándole más enemigos de los que se podía permitir. Además de información, Conde anhelaba influir a un nivel mucho más efectivo y real sobre el monarca, con el fin de intervenir en la vida pública. Y, tras ganarse su confianza, pasó a aconsejarle tanto como pudo sobre lo que tenía que hacer respecto a Felipe González, Aznar, Sabino… En un momento determinado, a comienzos de los noventa, se emperró en que tenía que ponerse fin a la corrupción.

Paradojas de la vida. Formaba parte de una campaña de cambio de imagen personal, para la cual había adecuado su discurso en una línea crítica con la denominada cultura del pelotazo, en claro declive desde el final del boom económico con la guerra del Golfo. Declaró ante muchas personas, por ejemplo, que era «peligroso instalar la cultura de que hay que ganar mucho dinero en el menor tiempo posible». Él estaba más por otro estilo, menos marrullero, más fundamentado en grandes operaciones económicas de un capitalismo salvaje, pero lejos del choriceo cutre del socialismo, de los escándalos de pésimo gusto como el de Juan Guerra. Y, curiosamente, su peculiar cruzada coincidió con las polémicas palabras del rey en Granada, pronunciadas en su viaje oficial del 26 de junio de 1991, en las que hablaba de «la desidia y la corrupción que han malogrado tantas cosas en España». Era la primera vez que se refería a la corrupción, y la prensa no tuvo ninguna duda del cambio de actitud frente al Gobierno: «El aguijón del rey para con el PSOE ha sido evidente», se publicó. El PSOE salió mal parado de aquella campaña.

Pocos meses después del discurso del rey, Alfonso Guerra anunció su dimisión aunque, como se debe recordar, el presidente Felipe González hacía un año que repetía hasta la saciedad que esta dimisión no se produciría y que, si se producía, dimitiría él mismo («tendrán dos por el precio de uno»), cosa que, desde luego, no hizo. Con todo esto, para poder trabajarse al rey, Conde se veía obligado a bregar casi cada día con su secretario, Sabino Fernández Campo, cosa que resultaba realmente incómoda. Desde sus primeros intentos de aproximación a La Zarzuela, Sabino se había colocado en una postura de franca oposición al banquero, la cual no requiere profundos análisis para entender a cuento de qué venía. Sencillamente, quería proteger a la Corona de una influencia externa que pretendía utilizarla en beneficio propio con las peores mañas. El fiel Sabino no lo podía consentir. En 1988, después de que el consejo de administración de Banesto fuese recibo en audiencia oficial, Conde envió al rey (pagado por Banesto, claro está) un valioso reloj de oro, un Patek Phillippe modelo Nautilius, valorado en medio millón de pesetas, según la versión del banquero; aunque, según la de Sabino, se trataba de un reloj de bolsillo, una valiosa pieza de coleccionista adquirida en una subasta de Londres, que el tasador de palacio había valorado en unos tres millones de pesetas. Fuera como fuese, el precio no tenía ninguna importancia. El rey ya había aceptado otros regalos bastante más caros con el consentimiento de Sabino. Precisamente este mismo año, en enero, con motivo de su aniversario, un grupo de empresarios catalanes (entre los que estaba Javier de la Rosa) le habían regalado un Porsche Carrera de 24 millones, sin más problemas ni escándalos. Pero lo de Sabino con Conde era un asunto personal, y prácticamente obligó al rey a rehusar el obsequio. El mismo secretario general de la Casa se encargó personalmente de devolverlo, para lo cual acudió al despacho de la presidencia de Banesto, que entonces ocupaba Conde, en el Paseo de la Castellana. El rey prefería, según él, las pruebas de amistad que no tuvieran valor económico. En aquella entrevista firmaron la declaración de guerra.

Mientras intentaba librarse de Sabino, Conde ya se había convertido en el banquero de confianza del monarca, desplazando a quien hasta entonces había desempeñado ese papel, Alfonso Escámez, entonces presidente del Banco Central Hispano.

El 27 de diciembre de 1992 el Consejo de Ministros ratificaba la decisión real de otorgar a Escámez el marquesado de Águilas, un gesto claro de despedida. Conde ya había vencido también al secretario, y consiguió intervenir en la redacción del mensaje del monarca que se retransmitiría por televisión, introduciendo algunas ideas suyas sobre «la gran política que necesitamos». Más de una cuarta parte del discurso estaba dedicada a defender una Europa «sin obsesiones ni precipitaciones», que era el último leitmotiv del banquero, con evidentes similitudes con la alocución que él mismo pronunció poco después, en su investidura como doctor honoris causa. Pero aunque creía que, a quienes cortaban el bacalao en política, este tema les provocaría menos inquietudes que las cuestiones de economía interna, Conde se había metido en un terreno muy resbaladizo al hablar de Europa. Tenía planes para presentar una lista civil a las elecciones de 1994 al Parlamento europeo, y hablaba también de la necesidad de hacer un referéndum sobre el euro. Demasiado para un hombre que patinaba en sus desavenencias privadas con el PSOE y no dominaba lo más mínimo la política internacional. Su medida estaba más bien en la guerra que había iniciado (contra el jefe de la Casa Real). En su batalla más victoriosa consiguió no solamente librarse de Sabino, sino, además, introducir a un hombre suyo en el puesto de Fernández Campo. No fue una tarea fácil, aunque en aquella época el rey le consultaba prácticamente todo. Cuando se había tomado la decisión del relevo de Sabino, el monarca le pidió: «Hazme un perfil del hombre que necesitamos». Y entre Manolo Prado, Paco Sitges y Conde acordaron en principio que fuera un diplomático, para romper la tradición de que siempre fueran militares.

El mes de diciembre de 1992 fue el momento oportuno para forzar un cambio que se hizo efectivo el 8 de enero de 1993. Mario había pensado en su amigo Fernando Almansa, un diplomático con título de vizconde del Castillo de Almansa, hijo de quien había sido representante granadino de la causa juanista. En aquel momento ocupaba la subdirección general de la Europa Oriental del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque pensaba abandonar pronto este destino para incorporarse a la Embajada de España en Washington como número dos de la legación diplomática española.

Aparentemente era perfecto para el cargo. Conde, unos meses antes, había empezado a darlo a conocer en fiestas y saraos de la jet. Después había tenido que vencer la resistencia de Manolo Prado, que, por su cuenta, intentaba colocar en La Zarzuela a uno de los suyos, el marqués de Tamarón. Conde ganó la partida a Prado en una cena en su casa de Sevilla, a la que también asistía el rey. Los tres sólo trataron del tema. Los argumentos de Conde ante el monarca para defender su candidato resultaron definitivos: «Si es una persona a la que no conozco, yo no puedo comprometerme a ayudarte», dijo más o menos al rey. Y asustado ante la posibilidad que Mario dejara de ser su consejero político favorito, Juan Carlos decidió nombrar a Almansa en aquel mismo momento. Para el cargo de secretario general de la Casa se escogió a Rafael Spottorno, recomendado por Jesús Polanco, con quien Mario Conde intentaba llevarse todo lo bien que podía.

Spottorno era un hombre próximo al Gobierno socialista, que entonces ocupaba la jefatura del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana. Y como jefe de Protocolo se nombró a otro diplomático, Ricardo Martí Fluxá, que formaba parte de la fundación de la reina Sofía contra la droga.

La coronación de Conde, en la plenitud de su éxito, tuvo lugar el 10 de junio de 1993, cuando fue investido doctor honoris causa por la Universidad Complutense en una ceremonia presidida por el rey, a la que también asistieron otros destacados representantes de los Borbón, como el primo del monarca, Carlos de Borbón y Dos Sicilias, y su hermana Margarita de Borbón, acompañada de su marido, Carlos Zurita. Conde todavía lo estaba celebrando cuando el 16 de agosto, el núcleo central de la familia real, con las niñas, la reina y el príncipe, le visitaron en su barco, el Alejandra, en la isla de San Conillera. Pero aquel verano iba a ser el último de su edad dorada. Los rumores de su entrada en la política fueron cada vez más fuertes en septiembre. Los delirios de grandeza habían llevado a Conde a pensar que podría sustituir a Felipe González en La Moncloa. Estaba tan exaltado que ya creía que el rey, en caso de que en las siguientes elecciones generales ni Aznar ni González lograran la mayoría absoluta, resultado previsible teniendo en cuenta el clima político, podría querer nombrar a un presidente independiente que pusiera fin a la etapa de crispación. Tras Torcuato Fernández Miranda (en 1977) y Alfonso Armada (en 1981), era el tercero que alimentaba el sueño de presidir un «gobierno de salvación nacional» sin pasar por las urnas. El rey estaba muy preocupado por la decadencia de Felipe, por los escándalos del PSOE, no conectaba con Aznar… Y Mario estaba convencido de que al rey le habría extasiado que él fuera presidente del Gobierno.

Llegó incluso a tratar con Suárez y con Miquel Roca la posibilidad de organizar una opción de centro. El sueño se desvaneció después de un viaje de Juan Carlos a los Estados Unidos, en el mes de octubre. Al volver dejó claro que, si en algún momento había considerado los planes políticos de Mario Conde, el encantamiento ya se había roto sin remisión. Aznar fue recibido en La Zarzuela el 25 de octubre, el 28 se reunió para cenar en La Moncloa con el presidente González, y los días siguientes la prensa (tanto El País como ABC) publicaba que se había sellado un pacto entre ellos para tranquilizar la tensión, en el cual parecía que el monarca había hecho de intermediario. Conde todavía tuvo la oportunidad de reunirse con Juan Carlos (trascendió una cena con él y con Prado el 29 de noviembre), pero el rey ya no hablaba mal del PP. La suerte de Mario Conde estaba echada.

El 28 de diciembre de 1993, día de los Santos Inocentes, el Banco de España intervino. Parece que Conde intentó todo el día hablar con el rey, pero no consiguió que se pusiera al teléfono hasta el día siguiente, en que se hizo pública la intervención. Juan Carlos estaba en Baqueira Beret, jugando al mus, preocupado pero sin perder del todo la concentración en el juego. «Es que Mario se había transformado en un personaje incómodo para mucha gente», se le oyó decir. El 11 de enero de 1994, Conde acudía a una rueda de prensa con una gran sonrisa de circunstancias, en la que se dedicó a desmentir las acusaciones del Banco de España. El rey le telefoneó por la noche para felicitarle por su discreción: «Te has comportado como se esperaba de ti, porque tú no podías convertirte en un nuevo Ruiz Mateos». Unos cuantos meses después, el 23 de diciembre, fue trasladado para que ingresara en la prisión de Alcalá-Meco, tras prestar declaración en el Juzgado de Delitos Monetarios, acusado de estafar más de 7.000 millones. Aunque 39 días después salió en libertad bajo fianza de 2.000 millones, había caído en desgracia definitivamente. Y como ya había hecho con otras personas anteriormente, el rey no movió ni un dedo para evitarlo. «Bueno, Mario, yo te llamo, y cuando te digo yo, ya sabes quién soy yo, para decirte que estamos contigo plenamente y que ánimo», le había dicho Manuel Prado por teléfono para levantarle la moral, un día antes de que lo metieran en la cárcel. «Palabras, palabras, palabras…», que diría Shakespeare.

«Jesus del gran poder»

Jesús Polanco, conocido popularmente como «Jesús del gran poder», tuvo una relación con el rey completamente diferente, que ni siquiera se tuvo que disfrazar de amistad para llegar a ser mucho más efectiva en la práctica que la de Mario Conde. Se le había empezado a recibir en La Zarzuela en 1990, precisamente por mediación de Conde. Pero fue después, en 1994, coincidiendo con la caída en desgracia del banquero, que pasó a ser una influencia decisiva. Mario Conde, sin proponérselo, tuvo bastante que ver en el ascenso de Polanco.

Todo empezó tras el ingreso en prisión del presidente del Banesto. Alcalá-Meco se había convertido en la sede de un selecto club del más alto nivel. Allí Conde tuvo noticias de lo que tramaba Javier de la Rosa. El banquero se enteró de que Manuel Prado, el amiguísimo del rey, había cobrado 100 millones de dólares de KIO gracias al financiero catalán, que pensaba utilizar la información, involucrando directamente a la Corona, para conseguir librarse de sus problemas con la justicia.

Muy preocupado, al salir de prisión Conde telefoneó a Fernando Almansa con la intención de informarle del caso. Pero el jefe de la Casa, como si el asunto no fuera con él, le remitió a la Asesoría Jurídica Internacional. «Pero ¿tú eres bobo?», le dijo Conde, que empezaba a dudar si había acertado al escoger a Almansa. El banquero consiguió hablar directamente con el monarca y, poco después, con el mismo Prado (en marzo de 1995, en el Hotel Villamagna). Pero Prado no quería que Conde se metiera donde no le llamaban y se limitó a negarlo todo. Se trataba de una mentira grosera nacida de la imaginación de Javier de la Rosa. Mario Conde, que todavía no se acababa de creer que el rey se hubiera olvidado de su amistad tan repentinamente, quería hacerle un favor previniéndole contra Manolo Prado. Pero no consiguió nada. Nadie podía hacer nada contra Prado en el entorno del monarca. Es la única persona de quien Juan Carlos, hasta ahora, no se ha desentendido, llegada la ocasión, para salvar su propio pellejo. Y, en cambio, Conde se ganó la enemistad del embajador real, que, por su parte y a su estilo, ya estaba dedicado a hacer gestiones para librarse de la inculpación en el caso KIO, de modo bastante marrullero, por cierto.

Por el momento, lo que interesa es que Prado buscó el apoyo de quien creyó que podía tener más poder para ayudarle: Jesús Polanco, con su potente aparato mediático, el grupo Prisa. Pero el paraguas del grupo de comunicación más influyente de España no era gratuito. Prado tuvo que ponerse en manos de Polanco, y le pasaba información de toda clase. El escándalo KIO sirvió en bandeja al amo de Prisa la posibilidad de convertirse en el verdadero poder fáctico del Estado, porque a partir de aquel instante dispuso de los secretos mejor guardados del monarca. Juan Carlos se había convertido en su patrimonio informativo de futuro. El PSOE, desde entonces, no tuvo complejos en lanzar veladas amenazas contra el monarca para resolver sus conflictos. La técnica consistía, básicamente, en atribuir a Mario Conde, o a otras personas, presuntos intentos de intimidación a la Corona, para sacar a la luz que disponía de información contra el rey sobre los mismos temas en que la opinión pública atacaba al Gobierno en aquel momento. Era una especie de advertencia de que, si caían ellos, también caería el rey. En septiembre de 1995, El País publicó que Mario Conde había pretendido dar un ultimátum al Gobierno con los centenares de microfilms que el coronel Perote se había llevado del CESID (que demostraban la íntima relación entre el Gobierno del PSOE y los GAL), y dejaba entrever que el rey también estaba en peligro. Poco después, el 10 de noviembre de 1995 (esta vez a través de Diario 16, pero con información que sólo podría haber aportado Manuel Prado), se lanzaba una nueva historia de «Chantaje al rey», por parte de Javier de la Rosa y, nuevamente, de Mario Conde, en una segunda entrega de lo que se interpretó como una conspiración para derrocar al Gobierno y a la monarquía.

Por ahora, es suficiente decir que la información con que el PSOE desafiaba indirectamente al monarca se podría resumir en dos ideas fundamentales: que el rey no era ajeno a la actividad de los GAL, y que el rey estaba involucrado en casos de corrupción económica (en particular, en el caso KIO). Aparte del apoyo incondicional del rey al PSOE en las batallas políticas que le tocó entablar, como consecuencia de los ases informativos que se guardaba en la manga, Polanco consiguió, además, que la Casa Real interviniera en su favor en el caso de Sogecable, convirtiéndolo en una cuestión de Estado. Hace falta recordar que el juez Javier Gómez de Liaño había abierto diligencias contra la sociedad (del grupo Prisa) por presunta estafa con los depósitos de los abonados de Canal Plus. Pero cuando en mayo de 1997 citó a declarar a Juan Luis Cebrián, responsable directo como consejero delegado de Sogecable, Aznar empezó a recibir llamadas telefónicas del rey, muy preocupado por el asunto. Aznar y su equipo no tenían ningún interés, desde luego, en ayudar a Prisa (de hecho, Polanco y su entorno no han dejado de quejarse de que era el Gobierno del PP quien tenía interés en meterlos en prisión), pero cedieron a las presiones. El vicepresidente Álvarez Cascos fue el encargado de hacer las gestiones oportunas con la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, y de avisar al fiscal general del Estado para parar el tema. Y lo pararon. Las cosas funcionan así. El juez acordó suspender la comparecencia y pedir el amparo del Consejo General del Poder Judicial alegando coacciones. Y, como todo el mundo sabe, lo que consiguió fue acabar él mismo condenado por prevaricación. Tras quitarse de encima a Mario Conde (y de paso, a Francisco Sitges, otro buen amigo del rey, inculpado con el banquero en el caso Banesto), y con Prado completamente en sus manos, Polanco se ha convertido en la nueva influencia a tener en cuenta en el entorno del monarca.

Al parecer, también hubo un intento de desembarazarse de Fernando Almansa, en 1995, porque era amigo y testigo de Mario y podía seguir siéndole fiel. Pero al final, tras tratar con él, creyeron que no hacía falta. En efecto, Conde no había acertado demasiado a la hora de escoger. A pesar de su éxito fulgurante, el banquero, con su caída, acabó descubriendo que en realidad no contaba con ningún incondicional sincero. Los últimos años, los reyes se han hecho asiduos de las cenas y saraos organizados por Jesús Polanco. En uno de estos saraos, a finales de junio de 1999, celebrado en casa de Plácido Arango, íntimo amigo de Polanco, Juan Carlos y Sofía bailaron tras la cena, agarrados los dos como en los mejores tiempos, una ranchera lenta.

CAPÍTULO 18

MANIOBRAS REALES EN LA GUERRA DE LOS GAL

Primera intervención real

Si nunca se ha podido llegar a establecer, al menos en el terreno judicial, la participación de Felipe González en los GAL, mucho menos se ha podido decir de la responsabilidad del rey Juan Carlos.

Sin embargo, se ha especulado sobre la posibilidad de que el monarca hubiera estado enterado desde el comienzo de las acciones del grupo terrorista organizado desde el Gobierno, y existen datos sobre su intervención, fundamentalmente dirigida a parar el proceso de investigación sobre algunas de las acciones llevadas a cabo por los GAL. El presente capítulo, en este sentido, es poco ambicioso. Si realmente existieran pruebas contundentes que involucraran el monarca, estarían en los juzgados correspondientes. Y no existen. Decimos esto de antemano para advertir que lo único que se pretende aquí es revisar algunos datos, conocidos y probados, para que el lector saque sus propias conclusiones. Hay «rumores» que helarían la sangre del más monárquico, pero son sólo eso: rumores.

La primera cuestión que ha preocupado a quienes han investigado la trama del GAL, con respecto al rey, ha sido descubrir si Juan Carlos sabía lo que estaba pasando, y desde cuándo lo sabía. En este sentido, es importante señalar que el inicio de la guerra sucia de los GAL se sitúa en octubre de 1983, en una reunión del entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, con la Junta de Jefes del Estado Mayor (JUJEM), integrada por los jefes del Estado Mayor de cada una de los ejércitos y por un presidente, que era Álvaro Lacalle, en la que con toda probabilidad se habló de los GAL. Según las declaraciones de Serra en el juicio por el secuestro de Segundo Marey, la JUJEM, a raíz del atentado contra el capitán Martín Barrios, pidió intervenir directamente contra ETA. Algunas fuentes sostienen que aquella reunión estuvo presidida por el rey, extremo que ha sido desmentido por La Zarzuela. Formalmente no tenía por qué presidirla, aunque el monarca había de estar enterado a la fuerza, según la cadena de mando, porque el rey es el jefe supremo de la Junta de Jefes del Estado Mayor, la máxima autoridad, el último escalón. Además, hay un acta de aquella reunión y está confirmado por lo demás, que fue «cubierta» por el CESID, que sacó una copia sonora de lo que se dijo. En todo caso, el monarca tenía que conocer, a través de los despachos semanales que mantenía con el presidente del Gobierno, Felipe González, cualquier operación antiterrorista que hubiera en marcha incluyendo las planificadas para «responder al terrorismo etarra con sus mismas armas», como han descrito la actividad de los GAL algunos implicados, si es que lo eran.

Por otro lado, Jesús Gutiérrez declaró en el juicio por el secuestro de Segundo Marey que, cuando volvió a España tras ser excarcelado en Francia el 8 de diciembre de 1983, recibió miles de telegramas y cartas de felicitación, «de altos cargos, de alguien del Tribunal Supremo, de la familia real…». Una declaración que, si bien parece que no tiene demasiado sentido ni verosimilitud, cuando menos se puede interpretar como un intento por parte de Gutiérrez de señalar los niveles de responsabilidad en la trama de la guerra sucia. Jesús Gutiérrez Argüelles había participado el 18 de octubre de 1983 en la segunda operación de los GAL, junto con otros policías de la Jefatura Superior de Bilbao (con el comisario Francisco Álvarez al frente de la operación). Habían intentado secuestrar a José María Larretxea Goñi en Francia pero todo había salido mal. Empezaron por atropellar a Larretxea con el coche en que iban y, después, cuando intentaban recoger el cuerpo e introducirlo al vehículo, fueron sorprendidos por un gendarme francés, que los detuvo a todos. A Larretxea lo llevaron a un hospital, y los cuatro funcionarios españoles fueron encarcelados. El entonces ministro de Interior, José Barrionuevo, dijo literalmente respecto a aquella operación: «Se trataba simplemente de una acción humanitaria destinada a salvar la vida del capitán Barrios», en aquel momento secuestrado por ETA. La responsabilidad de los hechos la asumió públicamente el comisario Francisco Álvarez, jefe superior de la Policía de Bilbao, y sus cuatro policías fueron puestos en libertad el 8 de diciembre tras comprometerse por escrito y «por su honor» a volver a Francia para comparecer en el juicio en contra suyo. Pero el 12 de junio se tuvo que celebrar sin su presencia, y los funcionarios españoles fueron condenados por rebeldía a 18 meses de prisión. El Gobierno español no los cesó ni los entregó nunca a la justicia francesa.

Es necesario advertir además, para los más incrédulos, que el rey suele estar enterado en realidad de muchas más cosas de las que, en principio, parece que le corresponden. Se sabe, por ejemplo, que en los años noventa la Casa Real negoció una mediación con ETA. Javier Abasolo, un empresario vasco relacionado con los socialistas de Vizcaya, tuvo contactos con miembros de la organización armada mientras cumplía condena en prisiones francesas por intentar cobrar un pagaré sin fondo. Y Perote, amigo y ex-socio de Abasolo, más tarde le hizo llegar una propuesta de mediación en nombre de la Casa Real española en el tema de ETA. Parece que de aquellas negociaciones, que continuaron durante años, surgió finalmente la tregua de 1999, según reivindica el mismo Perote.

Como mínimo, en 1987 el rey se tendría que haber enterado por la prensa, como Felipe González, de que los GAL estaban formados por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Fue entonces cuando varios diarios empezaron a revelar datos sobre la participación de José Amedo y Michel Domínguez. Además, ya se había publicado también que los GAL habían desaparecido tras los acuerdos entre los ministerios del Interior de España y Francia (dato que fue información de primera página de Diario 16 en junio de 1986), cuando ya habían perpetrado 29 asesinatos. Estaba claro que su objetivo había sido colaborar en la política gubernamental frente al Estado francés, y que lo habían conseguido. Primero fueron las deportaciones; después, los confinamientos, las entregas inmediatas y las extradiciones; más tarde, el aumento del control de la gendarmería sobre los refugiados. Y, al final, Francia había exigido la desaparición de los GAL. Es lógico pensar que el presidente y el rey debían haber tratado de todos estos temas en sus audiencias semanales.

En 1989, cuando el juez Baltasar Garzón empezó a instruir la investigación inicial de los GAL (en el proceso contra Amedo y Domínguez), explicó delante de doce personas, en un ágape en el restaurante Y'Hardy de Madrid, que el rey le había llamado a La Zarzuela y le había dicho: «Yo de ti no avanzaba eso del GAL. Hombre, los dos sabemos que es un tema de Estado…». Cuando Garzón se dio cuenta de cómo reaccionaban todos ante lo que les estaba explicando, se despidió apresuradamente y sin postre. Un mes después, hablando nuevamente del tema GAL, delante de algunas de las mismas personas que habían estado en aquella mesa, Garzón comentó: «Yo no creo que en el GAL estuvieran ni Felipe González ni el rey». Sus contertulios le recordaron entonces lo que había explicado la otra vez, y el juez lo negó rotundamente: «¡Yo nunca he dicho tal cosa!» hecho que sorprendió a todo el mundo. Fuera como fuese, Felipe González en aquella fase del proceso consiguió neutralizar a Garzón, convirtiéndole en su inseparable número dos de cartel electoral y prometiéndole una brillante carrera política en el Ministerio del Interior. Aunque después no resultó. En 1991, durante el juicio contra Amedo y Domínguez, los altos cargos de Interior (Vera y Barrionuevo) mantuvieron siempre que los GAL habían sido grupos inconexos, no terroristas, que eran contratados de atentado en atentado. Y Amedo y Domínguez no desmintieron entonces su versión. De este modo, consiguieron que ellos fueran los únicos condenados, a 108 años de prisión.

Pero después se supo que, durante el tiempo que estuvieron en chirona, habían estado cobrando cantidades millonarias mensuales de los fondos reservados de Interior. El Gobierno les había prometido, además (a través de José Luis Corcuera, Juan de Justo y los abogados Jorge Argote y Gonzalo Casado), que pasarían poco tiempo en prisión, que la condena sería leve, porque el Supremo rebajaría la sentencia, y que serían indultados en un plazo breve (una cosa similar a lo que había pasado con el general Alfonso Armada tras el juicio por el golpe de Estado del 23-F, que en total sólo pasó siete años en prisión pese a haber estado condenado a la pena máxima).

«Sólo La Zarzuela puede pararlo»

Pero el Supremo ratificó la sentencia y, después de unos cuantos años en prisión, el indulto se retrasó. A Amedo y Domínguez les seguían diciendo que era cuestión de semanas, que no se preocuparan. Pero los policías se empezaron a poner nerviosos. Felipe González había nombrado ministro de Interior y Justicia a Juan Alberto Belloch, cosa que sorprendió a todo el mundo, convencido de que podría solucionar el caso GAL y el caso Roldán. No se supo nunca por qué medios Belloch pretendía conseguirlo, porque sus gestiones fueron un fracaso. Lo que sí quedó claro es que no tuvo complejos a la hora de hacer lo que hiciera falta a expensas de los antiguos subordinados de González. Belloch ya había demostrado su estilo cuando era juez en Bilbao y quiso encarcelar a Julián Sancristóbal (entonces gobernador civil de Vizcaya). En sus primeras decisiones como ministro, en 1994, cerró el grifo de los fondos reservados, dejó de pagar el sueldo que recibían las esposas de Amedo y Domínguez y, a la vez, siguió demorando el indulto. En noviembre de 1994, tres ex de la lucha antiterrorista, Juan Alberto Perote, Francisco Álvarez y Julián Sancristóbal, se reunieron en el Hotel Tryp de Madrid. Los tres ya estaban trabajando para la empresa privada, sin cargos oficiales, pero estaban preocupados por las consecuencias que pudieran tener las decisiones del ministro Belloch. Sancristóbal, en concreto, recibía presiones de José Amedo y Michel Domínguez, que amenazaban con hablar. Se jugaban el cuello y necesitaban convencerles —tanto a ellos como a otros policías relacionados con los GAL— de que era necesario que siguieran callados. Pero esto no sería posible si alguien no frenaba a Belloch. Julián Sancristóbal, asustado, pidió perdón a Perote: «Juan, dile a Manglano», que era el director del CESID, «que esto va a estallar y que sólo la Zarzuela puede pararlo. Ya sabes que Felipe no quiere oír hablar de este tema y lo que nos pase a nosotros le importa un bledo».

Pero el rey, al parecer, no pudo o no quiso hacer nada en aquel momento. El ex-secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, también estaba preocupado, y, por su parte, intentó conseguir el apoyo del rey cuando vio que la cárcel sería inevitable. Empezó a mover todos los hilos para que Juan Carlos le recibiera. Incluso recurrió al general Sabino Fernández Campo para que le gestionara la audiencia, aunque éste ya había sido cesado de su cargo en la Casa Real y ni podía ni tenía ningún interés en ayudarlo. De todos modos, por otras vías (no se sabe cuáles), Vera acabó siendo recibido en La Zarzuela. Pero tampoco consiguió la ayuda del monarca. Como resultado, en diciembre de 1994, Amedo y Domínguez relataron a El Mundo el principio y el fin de los GAL y empezaron a colaborar con el juez Garzón, que volvía a encargarse del caso, tras romper relaciones con Felipe González (aunque el sumario del secuestro de Segundo Marey ya lo había reabierto antes el juez García Castellón, a instancias del fiscal Ignacio Gordillo, cuando Garzón todavía estaba en Interior). Gracias a las declaraciones de los dos policías, Garzón empezó a llevar a cabo una serie de arrestos en cadena de toda la cúpula del Ministerio del Interior: Rafael Vera, Julián Sancristóbal, Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, Justo, Damborenea… En otra de sus brillantes actuaciones, el ministro Juan Alberto Belloch consiguió traer a Luis Roldán a España, en una rocambolesca operación en la que lo engañaron con unos papeles falsos donde se negociaba su extradición.

Curiosamente, la primera comparecencia en los tribunales de Roldán, que había jurado «tirar de la manta», coincidió con el descubrimiento de los restos de José Lasa e Ignacio Zabala, los dos jóvenes secuestrados el 16 de octubre de 1983, y después torturados y asesinados por miembros de la Guardia Civil, en la que fue la primera acción de la guerra sucia. El caso GAL seguía adelante.

Por otro lado, el coronel Perote y otros no estaban dispuestos a aceptar que sólo pagaran unos pocos. Juan Alberto Perote, en concreto, había abandonado el CESID tres años antes, coincidiendo con su ascenso a coronel, y había pasado a ser asesor de seguridad de Repsol. Pero, antes de irse, había limpiado su despacho de papeles y disponía de 1.245 folios, que se correspondían con 23 microfilms del CESID, entre los cuales se hallaba el «acta fundacional» de los GAL. En 1995, en prisión por segunda vez a causa de sus propios problemas, que no tenían nada que ver con los GAL, Mario Conde contactó en Alcalá-Meco con Julián Sancristóbal, quien lo puso al corriente de algunos detalles de la trama GAL. En marzo, justo tras salir de prisión, el banquero se entrevistó con Perote. Al ex-agente del CESID le interesaba la influencia de Conde en los medios de comunicación (en particular El Mundo) para dar caña al tema GAL en favor de sus amigos; y Conde no estaba dispuesto a desaprovechar la oportunidad de conseguir una valiosa información.

Tras varias reuniones, pensaron que los «papeles del CESID» que poseía Perote quizás no tenían valor judicial, pero, en cambio, sí podían servir para presionar. Perote y Conde acordaron hacer «frente común», aunque por motivos diferentes, a la hora de utilizar los papeles ante el Gobierno del PSOE. La intención de Perote era que «no dejaran tirada a la gente». Amenazando con hacer pública aquella información, pretendía obligar al Gobierno de Felipe González a hacer algo efectivo para que no condenaran a sus amigos (Paco Álvarez, Julián Sancristóbal, etc.). Una de dos, o solucionaban la cuestión como fuese, o todos tendrían que rendir cuentas ante la justicia (o, al menos, ante la opinión pública). Y con respecto a Conde, pretendía solucionar sus asuntos pendientes. Consideraba que lo más justo era volver a la situación en la que se encontraba antes de la intervención de Banesto (había sido propietario de un total de siete millones de acciones, que con la cotización de aquel momento, a 2.000 pesetas cada una, suponían una cifra de 14.000 millones de pesetas). A punto de entregarle los papeles del CESID, Perote, que conocía la amistad de Conde con el monarca, le preguntó: «Hay una cosa que no entiendo bien. ¿Cómo es posible que el rey no haya podido evitar que las cosas hayan llegado hasta donde están?». Conde contestó: «Ése es un tema difícil de explicar… Lo único que se me ocurre decirte es que Su Majestad no tiene la libertad que algunas veces quisiéramos y así lo tenemos que aceptar».

Sin embargo, fue el rey quien facilitó la negociación de estos dos con La Moncloa. A estas alturas Conde ya no tenía unas vías de acceso fáciles a La Zarzuela, y recurrió a Adolfo Suárez para que pusiera al monarca al corriente del asunto. Después, una vez que informó de que aquello iba en serio y de la necesidad de negociar, Juan Carlos recomendó a Felipe González que recibiera a Conde. En primer lugar, en mayo de 1995, Perote hizo llegar a Barrionuevo un informe-resumen sobre los GAL, redactado por él mismo basándose en la documentación del CESID que tenía en su poder. Quería provocar una guerra de nervios. En aquel momento Julián Sancristóbal y el comisario Miguel Planchuelo estaban en la cárcel de Guadalajara, y Barrionuevo fue a visitarlos muy agitado, porque creyó que las informaciones provenían de ellos. Sobre todo, estaba inquieto por la idea de que el informe, igual que le había llegado a él, pudiera llegar a Garzón. Sancristóbal y Planchuelo negaron que tuvieran nada a ver. Barrionuevo seguramente salió ya de aquella reunión con la idea de que el informe provenía de Perote y Conde. El informe de Perote circuló por los canales previstos hasta que llegó a La Moncloa y provocó la ira de Felipe González. Era lo que quería Perote para preparar el terreno. Felipe tenía que conocer la dimensión de lo que ellos tenían para avenirse a pactar algo. En un principio, González quiso solucionarlo por la vía expeditiva. El general Santiago Bastos, jefe de la División de Interior del CESID, se dirigió a Perote con amenazas más o menos explícitas. Pero entonces el rey intervino para que Felipe González recibiera a Santaella, el abogado que habían designado Conde y Perote para llevar el asunto, y para que negociara con él. El mismo González lo reconoció implícitamente un poco más tarde, cuando, para justificar su reunión con Jesús Santaella, dijo: «Yo creía que era interesante desde el punto de vista de la seguridad del Estado haber hecho esta reunión. No sólo lo creí yo, sino también personas a las que tengo mucho respeto» («personas», en plural). La reunión con Santaella, en La Moncloa, tuvo lugar el 23 de junio de 1995. Pero la negociación no fue bien. Felipe González no podía o no quería hacer nada por sus subordinados. Alguien tenía que cargarse el muerto y, desde luego, no sería él.

En septiembre las negociaciones con La Moncloa se dieron por rotas y enseguida se volvieron a utilizar otros métodos más resolutivos y decididos. El País publicó aquel mes que Mario Conde y Juan Alberto Perote habían pretendido chantajear al Gobierno y al rey con información reservada que el ex-agente había robado del CESID. Se trataba de intentar neutralizar el potencial de la documentación que podría meterlos a todos en prisión, convirtiéndola en ilegal. El coronel Perote ingresó en prisión aquel mismo mes, el día 29 (dos años después, en julio de 1997, el Tribunal Militar Central le acabó condenando a siete años de prisión por haber revelado secretos militares).

Pero otro de los objetivos de González, no menos importante, era presentar las investigaciones en torno a la trama GAL como una conjura para acabar con el Gobierno… y la monarquía. De paso, se hacía una velada advertencia al monarca —y a todo aquél que pudiera estar interesado en seguir con el asunto —, puesto que nada menos que el rey era también susceptible de ser objeto de un chantaje con los papeles del CESID, cosa que daba a entender que estaba involucrado en la trama. Si caía Felipe, también caería la monarquía. Poco después, el 10 de noviembre, esta vez a través de Diario 16, se lanzaría una nueva historia de «Chantaje al rey», por parte de Javier de la Rosa y, nuevamente, de Mario Conde, en una segunda entrega de lo que se interpretó como una conspiración para derrocar al Gobierno y la monarquía, ahora relacionada con escándalos económicos.

El tema de los papeles del CESID trajo cola unos cuantos años. Pero adelantemos ya que, aunque acabaron en los medios de comunicación (al menos, una parte importante), no fueron desclasificados porque podían ser utilizados como prueba en un juicio. Los últimos de la fila del tema GAL no recibieron más ayuda por parte del rey que unos cuantos gestos de buena voluntad.

Pero cuando la justicia intentara elevar el listón de las responsabilidades, entonces sería distinto. El rey ya estaba advertido.

El «apagafuegos» real logra poner punto y final

Tras la primera ronda de detenciones (Sancristóbal, Álvarez, Planchuelo, Vera, etc.), la cosa se empezó a complicar de verdad. El siguiente que podía caer era el ex-ministro de Interior, José Barrionuevo, que ya constituía una pieza de caza mayor. El 12 de octubre de 1995, en la recepción en el Palacio Real del día de la Hispanidad, el rey le cogió del brazo e interrumpió el curso del besamanos. «Pepe, ¿cómo te encuentras?». Contestó la mujer del ex-ministro: «Bien, Majestad, muchas gracias». Barrionuevo ya estaba convencido de que sería procesado y condenado y, en cierto modo, lo tenía asumido. Pero su círculo familiar, en especial su mujer, Esperanza Huélamo, le presionaba para que no se dejara hundir en el fango ni involucrara a González; y el presidente ya sabía lo que estaba dispuesto a hacer. Aquella fue una etapa de grandes gestos y muy buenas palabras para conseguir evitar que la moral del ex-ministro se derrumbase. Pero era necesario hacer más cosas. Las complicaciones aumentaron cuando, el 3 de marzo de 1996, el Partido Popular ganó las elecciones generales. Aznar ya había pactado antes con Felipe González un final «pacífico» a los escándalos del PSOE, incluyendo el tema GAL, en las conversaciones que mantuvieron en otoño de 1993, impulsadas por el rey, en las que entre los dos se pusieron de acuerdo para quitarse de encima a Mario Conde. Pero habían pasado muchas cosas desde entonces. Entre otras, la aparición de los papeles del CESID, que el nuevo partido en el Gobierno se había manifestado partidario de entregar a la justicia durante la campaña electoral. Precisamente, uno de los que habían defendido públicamente esta idea, Rafael Arias-Salgado, era el candidato del PP para ocupar la cartera de Defensa y a primeros de abril ya había empezado a visitar el Ministerio, cuando todavía era titular Gustavo Suárez Pertierra, para ir poniéndose al día, por ejemplo, del envío de tropas a Bosnia.

Cuando se supo, González le pasó el encargo a Juan Carlos por medio de Adolfo Suárez, que se reunió con el rey en La Zarzuela el 9 de abril para tratar el tema. Y allí mismo, delante de Suárez, Juan Carlos telefoneó a Aznar para citarlo al día siguiente por la mañana.

Aclaremos, por si con tanta martingala se llega a crear confusión, que el rey no tiene ninguna clase de autoridad para imponer a un ministro ni vetar a otro. Y recordemos que Aznar llegó al poder con promesas de «regenerar España tras más de una década de corrupción». Por lo tanto, si el líder del PP aceptó las presiones del monarca, lo hizo por su cuenta y riesgo, aunque a un cierto sector de la población le pueda resultar comprensible e incluso aceptable que lo hiciera para salvar a la monarquía de una quema segura y no, sin duda, para echarle una mano a Felipe González. El pueblo español ha tenido durante muchos años la dudosa fortuna de tener esta clase de salvadores de la patria, para que decidan por él lo que conviene o no conviene defender. Y Juan Carlos ha salido beneficiado de esto muchas veces a lo largo de su reinado. Dicho lo anterior, volvamos a la narración de los hechos.

Tras su audiencia con el rey en La Zarzuela, el mismo día 10 de abril al mediodía, José María Aznar se reunió en La Moncloa con Felipe González y Adolfo Suárez. La noticia se filtró a la prensa con bastante ajetreo, sobre todo porque Leopoldo Calvo Sotelo, como ex-presidente, se sintió marginado, puesto que era el único que faltaba en la reunión y el único que no sabía por qué. La prensa no dijo de qué hablaron. Como después fue quedando claro, Aznar había negociado nombramientos importantes que afectaban a Defensa, Interior y el CESID. La cartera de Defensa fue para Eduardo Sierra, que ya había sido subsecretario a las órdenes de Narcís Sierra en el mismo Ministerio y era, además, un hombre de confianza en La Zarzuela. Jaime Mayor Oreja ocupó, como estaba previsto, el cargo de ministro del Interior. Pero su segundo, el secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, procedía de la Casa Real (había sido el jefe de Protocolo). El nuevo director general del CESID, el general Javier Calderón, había compartido con Eduardo Sierra la dirección de la Fundación de la reina Sofía contra la Droga, en la que también militaba Martí Fluxà. Y el 2 de agosto, al amparo del verano para no llamar la atención, el nuevo Gobierno decidió no desclasificar los papeles del CESID. Arias-Salgado fue compensado con la cartera de Transportes y Comunicaciones donde, en lugar de protagonizar una brillante cruzada contra la guerra sucia, tuvo la oportunidad de lucirse dando explicaciones, durante la etapa más desastrosa de los aeropuertos españoles, ante hordas de pasajeros que se amotinaban contra las tripulaciones de los vuelos. Pero en el tema de los GAL todavía no se podían lanzar las campanas al vuelo. El punto álgido fue el juicio del caso Marey, el ciudadano francés secuestrado por los GAL en Hendaya el 4 de diciembre de 1983… por error.

El juez Garzón estaba fuera de control. En 1996, con su habitual falta de discreción, el monarca, con Julio Anguita y delante de una botella de vino de Moriles, expresó como si nada su opinión de que el instructor del principal sumario de los GAL era «un fantasma», con demasiadas ansias de protagonismo y notoriedad. Más adelante su comentario trascendió y Garzón, muy ofendido, comenzó a decir a diestro y siniestro: «¡Parece mentira! ¡Con los favores que yo le he hecho…!»

Inmediatamente, Juan Carlos telefoneó a Garzón para «aclarar» las cosas, pedirle disculpas, y certificarle lo mucho que se le quería en La Zarzuela… para que, al menos, las cosas no empeoraran.

Como preparación del juicio, en el que estaban encausados el ex-ministro de Interior José Barrionuevo y el ex-secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, hubo de todo. Entre otras cosas, la denuncia de una tercera conspiración para derrocar al Gobierno y la monarquía, esta vez centrada en transmitir la idea de que el tema GAL había sido una maquinación periodística. Para ello contaron con la ayuda inestimable de Luis María Ansón, por lo que el episodio fue bautizado popularmente como «la ansonada». En enero de 1998, Ansón concedió una entrevista a un presunto periodista, hermano del ex-ministro Juan Alberto Belloch, que se publicó en el semanario Tiempo.

Relataba que Felipe González había sido víctima de una conspiración para poner fin al Gobierno que presidía, en la cual él mismo había participado junto con un grupo de periodistas de varios medios de comunicación (entre los cuales figuraban Pedro J. Ramírez, Antonio Herrero, Pablo Sebastián, Manuel Martín Ferrand y otros). Siguiendo la tradición de los dos intentos de chantaje denunciados anteriormente a la prensa, incluyó también a un personaje de carácter. Si antes los protagonistas habían sido Mario Conde y Javier de la Rosa, esta vez le tocó el turno a Antonio García Trevijano. Y, desde luego, también en la línea de las anteriores conjuras contra el Gobierno, aseguró que el anhelo último era derrocar a la monarquía. Se tenía que destacar tantas veces como hiciera falta que los destinos de Felipe González y el rey Juan Carlos estaban indefectiblemente unidos. Esto en concreto daba un toque un poco surrealista a la historia, viniendo de un monárquico redomado como Luis María Ansón; pero el director de ABC no ahorró detalles, hasta fijar el escenario de las reuniones en su propio despacho, para dar verosimilitud al relato.

Más tarde se supo que «la ansonada», una epopeya que casi nadie se llegó a creer nunca, había sido en realidad urdida durante un ágape en el restaurante El Cenador de Salvador, al cual asistieron Ansón, Vera, Barrionuevo y Corcuera, poco antes de la publicación de la entrevista. Por lo menos hacía un año que los antiguos dirigentes de los GAL presionaban por todos lados para conseguir un trato favorable en el juicio que tenían pendiente, chantajeando a varios personajes públicos con vídeos sexuales y otras pruebas documentales que tenían contra ellos. Según varias fuentes (que constan en un sumario instruido por el juez Garzón en 1998), entre estas personas estaba incluso el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja. Aunque, sin duda, el caso más conocido fue el de Pedro J. Ramírez, porque parece que no se dejó chantajear y el famoso vídeo del corsé rojo acabó saliendo a la luz. El vídeo del director de El Mundo, filmado unos meses antes, se había distribuido por correspondencia en octubre de 1997 y después circularon copias de mano en mano por toda España.

Pero también aparecieron fotos en el diario Ya, entonces dirigido por el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni, entrevistador del falso Anglés, víctima de un intento de asesinato por encargo de su propia esposa y gran amigo de Rafael Vera, a quien se ha visto en fiestas en su chalé junto al adivino Rappel y a Jorge Argote (abogado del Ministerio del Interior), entre otros especímenes del zoológico privado de don Emilio.

Nunca se ha sabido con qué argumentos fue presionado Luis María Ansón para colaborar con Vera y Barrionuevo. Ni se sabrá, como es lógico suponer, tras el alto precio en prestigio personal que el periodista tuvo que pagar. Para los artífices del invento, la peripecia tuvo su pequeña compensación cuando la teoría de la conspiración salió a la luz durante el juicio en el Tribunal Supremo por el secuestro de Segundo Marey. En su declaración como testigo, Narcís Serra, ex-ministro de Defensa, dijo: «Luis María Ansón me advirtió que iba a comenzar una campaña para obligar a González a dejar el Gobierno y con la monarquía como objetivo final». Pero tampoco sirvió de mucho.

Consciente de que aún estaba todo en el aire, Felipe González redobló sus esfuerzos los meses previos a la vista de la causa, enviando múltiples mensajes al monarca por diversos conductos. Y todavía continuó infatigablemente durante el juicio, que se celebró a lo largo de los meses de junio y julio de 1998.

En la vista, Vera y Barrionuevo no perdieron los papeles y dejaron a sus superiores fuera de todo el asunto. Al margen de esto, fue un verdadero circo en el que no faltó de nada. Fuera de la sala del Tribunal Supremo también se sucedían las comparecencias de unos y otros, en más de una docena de entrevistas de dos en dos, en diversos escenarios: entre González y Sabino Fernández Campo (uno de los canales que utilizó el ex-presidente por encargo del rey); entre Aznar y el rey; entre González y el rey; entre Aznar y la ministra de Justicia… Todas orientadas a ver cómo se solucionaba todo aquello. El compromiso definitivo lo sellaron Juan Carlos y José María Aznar, una vez finalizado el juicio, en agosto, en lo que se conoció como el «pacto de Marivent». El gran defensor del respeto a las decisiones judiciales, Aznar, acudió a un despacho oficial en Mallorca con el árbitro y moderador del buen funcionamiento de las instituciones, Juan Carlos, y al parecer, el encuentro fue un poco tenso. Aun así, acabaron llegando a un acuerdo.

La sentencia se conoció el 10 de septiembre. Rafael Vera y José Barrionuevo habían sido condenados a 10 años de prisión cada uno, y Felipe González los despidió a la puerta de la prisión de Guadalajara pocos días después. Pero ni el ex-secretario de Estado para la Seguridad ni el ex-ministro de Interior se quedaron demasiado tiempo haciendo footing en el patio del módulo que tenían para ellos solos. No había acabado el año 1999 cuando les llegó el indulto.

CAPÍTULO 19

EL CASO KIO, UN EXPEDIENTE ABIERTO

Javier de la Rosa acusa

En la actualidad, una de las preocupaciones más grandes que intranquilizan el ánimo del rey Juan Carlos es el expediente abierto del caso KIO. Ya era una inquietud por lo menos desde 1993, debido a la implicación en el caso de su querido amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal. Sosteniéndose por un hilo como se sostenía la cabeza de su querido Manolo, era lógico pensar que el rey se preocupara por sí mismo, sobre todo teniendo en cuenta que al ex-embajador real los problemas con la justicia le llegan en un momento delicado de salud. Al final, los tribunales quieren amargarle los últimos momentos. Esto a un amigo de verdad le tiene que doler en el alma, tanto como si el afectado fuera él mismo. Sin embargo, por ahora, la cosa está bastante peor desde que Javier de la Rosa, el 26 de octubre del año 2000, presentara en la Audiencia Nacional una declaración en la que involucraba directamente al monarca. El caso KIO fue la obra máxima del sistema de corrupción imperante en el Estado español durante la etapa de Gobierno del PSOE. Las cifras que se manejaron no tenían ni punto de comparación con las de otros casos famosos. Ni tampoco la categoría de los personajes involucrados. Aquí es imposible hablar de inculpados de «última fila». No hay sicarios ejecutores que puedan pagar el pato por sus superiores. Como una pieza clave en un rompecabezas misterioso e invisible, el caso KIO los va reuniendo a todos, aunque algunos sólo estén relacionados de una manera marginal o sólo participen como «enterados» de lujo: Manuel Prado, De la Rosa, Sarasola, Felipe González, Juan Carlos de Borbón, Ruiz Mateos, Sabino Fernández Campo, Mario Conde, Luis María Ansón… Quienes acusan, los perjudicados, no están bajo el control de las instituciones del Estado español, son extranjeros. Es necesario recordar, una vez más y antes de empezar a narrar los hechos, que el rey es inmune. Javier de la Rosa ha acusado formalmente a Juan Carlos de haber hecho de intermediario en el pago de 100 millones de dólares de KIO (unos 15.000 millones de pesetas entregados a Manuel Prado y Colón de Carvajal, entre 1990 y 1992). Para ello ha presentado un voluminoso escrito de 68 folios ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, en el que la jueza Teresa Palacios investiga el caso Torras-KIO. Antes, en mayo de 1997, Manuel Prado ya había reconocido el cobro ante los tribunales. El dinero, como aclaró la investigación judicial, había sido depositado en dos cuentas de la SGA (Sociedad General Alsaciense) en Suiza, donde Prado tiene fijada su residencia oficial desde 1985. Lo que no se acabó de explicar fue por qué, qué se pretendía pagar con una suma tan elevada. Prado pretendió justificarlo como pago por sus dictámenes y trabajos de asesoría realizados para el catalán, pero nadie le ha creído y las investigaciones siguen adelante cada vez más enmarañadas.

Hacía unos cuántos años que Javier de la Rosa se quería aproximar a La Zarzuela, cuando tuvieron lugar estos hechos. En 1988, se unió a un grupo de empresarios catalanes para regalar al rey un Porsche Carrera de 24 millones para su aniversario. Pero las relaciones empezaron a ser más próximas y personales desde que hizo negocios con Prado, en 1990. Entre otras cosas, Prado llegó a ser vicepresidente de Gran Tibidabo, el gran proyecto de De la Rosa para Cataluña. Y fue Prado quien introdujo a De la Rosa en palacio. El financiero catalán, gracias a él, fue recibido en privado con su mujer y sus hijos por el rey, que les invitó a comer. Uno de los hijos de De la Rosa hizo fotos como recuerdo. Y después De la Rosa presumió mucho en todas partes de su gran amistad con el monarca, cosa que aprovechó para sus negocios. En fechas próximas a las de las peripecias relacionadas con el cobro de los 100 millones de dólares, Sabino Fernández Campo, cuando todavía era secretario de la Casa Real, a petición del monarca acudió un día al piso que Javier de la Rosa solía utilizar durante sus estancias en Madrid, en el Paseo de la Castellana, para transmitirle un mensaje: «Dile que, de parte del rey, todo está arreglado y que muchas gracias». Esta entrevista fue confirmada por el mismo Sabino, después de que lo publicaran varios medios, cuando el ex-secretario fue llamado a declarar, aunque se limitó a decir que había ido por motivos personales. De la Rosa también asegura que tiene un vídeo, filmado en el Hotel Claridge de Londres, en el que don Juan Carlos le da las gracias en privado por los dineros de KIO. Que se vieron en ese hotel está confirmado, aunque el vídeo no lo vio nunca nadie. Claro está que, en un cacheo a Javier de la Rosa después de que ingresara en prisión por el caso Tibidabo, se le encontró mucha «documentación comprometedora», que el juez Joaquín Aguirre ordenó destruir y es posible que, si alguna vez existió, ya no exista.

Una guerra muy rentable

El caso KIO tuvo su origen en la invasión de Kuwait por el ejército de Saddam Hussein (agosto de 1990), que motivó la intervención norteamericana y británica para expulsar a los iraquíes. El interés de las grandes potencias en el conflicto no era altruista. Kuwait suministraba el 6% del petróleo que se consumía en Occidente. Aquel mismo mes de agosto, De la Rosa habló con Enrique Sarasola (el amigo de Felipe González) y con Carlos Solchaga (entonces ministro de Economía) para poder desbloquear las cuentas de KIO y operar con sus fondos, puesto que el grupo quería colaborar en los gastos de la guerra de su país (para comprar armamento, contratar mercenarios…). Y, desde luego, obtuvo carta blanca. A muchos se les pusieron los ojos como platos pensando en el enorme pastel que había para repartir. Las guerras suelen resultar muy rentables para unos cuantos. Y ésta no iba a ser menos. Pero, del dinero que manejaba De la Rosa, se le perdió el rastro a una suma considerable. Tras el conflicto armado en el Golfo, a los de KIO no les cuadraban las cuentas.

Descubrieron que habían desaparecido unos 60.000 millones de pesetas de las cuentas que la Kuwait Investment Office (KIO) tenía en su filial española, el grupo Torras.

En octubre de 1992 empezaron las querellas en Londres y Madrid contra los responsables de KIO en Kuwait, y contra De la Rosa en España. Aparte de todos los detalles sobre dónde había ido a parar el dinero, querían que éste les fuera devuelto. Uno de los beneficiados había sido Manuel Prado y Colón de Carvajal. Sus negocios con De la Rosa habían empezado poco antes, con el proyecto del Castillo de los Gracianos (un negocio ruinoso para el que Prado necesitaba financiación; un complejo urbanístico de 200 hectáreas con campo de golf, chalés y un hotel en Jerez de la Frontera). A comienzos de 1990, Prado se había hecho socio de Javier de la Rosa, con quien firmó un acuerdo a través de Prima Inmobiliaria (que formaba parte del imperio de KIO). En la versión que ahora ha presentado a la Audiencia Nacional, el financiero catalán dice que Prado le había pedido que hiciera un favor al «patrón» (en referencia al rey), adquiriendo una finca en Jerez por 1.500 millones de pesetas, un valor muy superior al del mercado. Tras la guerra del Golfo, en 1992, las deudas de Prima Inmobiliaria acabaron siendo superiores a los 45.000 millones. Pero el pago de KIO propiamente dicho, lo que ahora investigan los tribunales, se corresponde con una nueva petición que Prado le hizo en 1990, ya iniciada la guerra, cuando la élite del poder económico se puso a hacer cuentas para ver qué podrían sacar de los kuwaitíes aprovechando la ocasión, con la ayuda de De la Rosa. Según la reciente versión que el financiero catalán ha dado en los juzgados, Prado le pidió que tramitara una petición a KIO de 100 millones de dólares «como pago por sus servicios». El dinero estaría destinado a liquidar el famoso crédito del rey Fahd, concedido por la familia real saudí 10 años antes. KIO parece que rechazó la petición, y entonces intervino directamente el rey. Según De la Rosa, en agosto de 1990 recibió una llamada telefónica de Juan Carlos desde Marivent, en la que lo citaba para cenar en Londres al día siguiente. La supuesta cena tuvo lugar en el Hotel Claridge, y en el transcurso de la misma el rey le pidió personalmente que hiciera de intermediario en la petición de dinero a KIO. De la Rosa contó más tarde en los juzgados de Londres que la desaparición de fondos de la caja del grupo Torras (la filial de KIO en España) se justificó ante los kuwaitíes diciéndoles que se había utilizado, en buena parte, para el pago de favores políticos realizados en pro de la liberación del emirato. Según el financiero catalán, para que la aviación norteamericana pudiera disponer como quisiera de las bases aéreas españolas de Rota y Torrejón, había hecho falta «untar» a los políticos y Javier de la Rosa se había encargado de hacerlo. Una parte del dinero, según sus declaraciones a los tribunales británicos, fue a parar precisamente a Sarasola, el amigo de Felipe González. Otra parte, a Manuel Prado.

Independientemente de los argumentos utilizados ante los kuwaitíes, finalmente, tras todos los trámites, Prado recibió una primera entrega de 80 millones, en octubre de 1990. Entre 1991 y 1992, De la Rosa dice que recibió «constantes llamadas del señor Prado y, en algunas ocasionas, de Su Majestad el Rey, normalmente en mi despacho de Barcelona, urgiendo que se completara la cifra total pedida inicialmente, a la que Su Majestad el Rey se refería siempre como "la cuenta" pendiente». Prado acabó recibiendo los 20 millones que faltaban en junio de 1992, el mismo día que De la Rosa dejaba la vicepresidencia ejecutiva del holding. Cuando empezaron los problemas en los juzgados de Londres, la primera medida de De la Rosa fue hablar con Prado para que devolviera su parte. Pero Prado no estaba por la labor. Se le ocurrió, en cambio, que podrían ir trampeando la situación si maquillaban los pagos y luchaban poco a poco en los tribunales. La demanda civil en la capital británica se llevaba con calma. Ninguno de los implicados llamaba a testigos para declarar y el tema se dilataba hasta que quedó prácticamente parado.

Pero los kuwaitíes seguían acosando a De la Rosa. De todos modos, cuando De la Rosa se enfadó de verdad, con Prado y con el resto, fue cuando cayó en desgracia por el caso Gran Tibidabo. Aquí empezaron los verdaderos problemas para todos. Prado también estaba implicado. Aparte del caso de Castillo de los Gracianos y de los 100 millones de dólares limpios de KIO, estos años el ex-embajador real había tenido más negocios confusos con De la Rosa. Entre otros, a través de Expovillas SA había vendido a Gran Tibidabo (el gran proyecto catalán de De la Rosa), con derecho a recompra (es decir, que aquello era un préstamo), unas fincas en Dos Hermanas (Sevilla), de otro de sus negocios inmobiliarios: la urbanización Las Palmeras de Condequinto. La operación se acercaba a los 1.600 millones de pesetas, aunque Prado había adquirido los terrenos apenas dos años antes por tan sólo 125 millones. El negocio era muy favorable a Prado, pero Gran Tibidabo necesitaba que les guardaran las espaldas en las altas esferas. Con la operación, De la Rosa creía que estaba comprando apoyo político. Y para asegurarse bien, nombró a Manuel Prado vicepresidente de Gran Tibidabo. De la Rosa, que no se fiaba demasiado del ex-embajador real, en la fecha de venta firmó una carta ante notario en que decía: «[…] quiero declarar que ninguna compraventa será firmada en esta operación, si el citado don Manuel de Prado y Colón de Carvajal deja dicha vicepresidencia de Gran Tibidabo». Ya veía venir que podría traicionarlo en cualquiera momento y de hecho, seis días después de la venta, el 27 de diciembre de 1992, llegó la carta de dimisión de Prado. Prado ponía como excusa que le habían propuesto la presidencia de Partecsa, filial de Cartuja 93, y no podía compatibilizar ambas cosas. El 14 de abril de 1993 su dimisión quedó recogida en un acta de Gran Tibidabo y Prado rompió relaciones con De la Rosa oficialmente. Fue francamente oportuno, porque se salvó por los pelos del estallido de uno de los escándalos económicos más sonados de los últimos tiempos, principio del fin de Javier de la Rosa.

Aunque Prado tampoco pudo evitar salir salpicado. Una auditoría de Ernst & Young, correspondiente a 1993, reveló un agujero de entre 6.000 y 11.000 millones de pesetas en Gran Tibidabo. No se sabe muy bien quién impulsó el asunto contra el financiero catalán, aparte de los pequeños accionistas afectados. Pero el PP, todavía en la oposición, lo aprovechó para cargar contra Convergencia i Unió, y pidió que se creara una comisión de investigación en el Parlamento catalán.

También se presentaron denuncias en los juzgados, y el fiscal jefe de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo, acabó viendo por lo menos tres delitos en las actuaciones de Javier de la Rosa: estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

Gestiones y amenazas

Javier de la Rosa había tenido negocios con todo el mundo y había repartido dinero a todo el mundo: bufetes de abogados, periodistas, consultores, asesores, banqueros, políticos estatales y autonómicos… Presumía de tenerlos enganchados a todos, y hablaba mucho, que era lo peor. En cualquier sitio explicaba, por ejemplo, que había sido recibido en el Vaticano por Juan Pablo II, que le había dicho: «La Iglesia está pasando dificultadas financieras, no sé si lo sabe… Yo le pido a usted que nos ayude». De la Rosa también aseguró que había dado dinero a Adolfo Suárez para pagar la sede del CDS, a Convergencia i Unió; que había entregado una maleta de dinero a un dirigente del PP, y un largo etcétera. De manera que, si de una parte quienes habían cobrado habían de estar contentos, por la otra estaban atemorizados por la verborrea desmesurada del financiero. Lo cierto es que, cuando cayó en desgracia, todos pasaron de él.

El verano de 1993, el abogado de De la Rosa, Joan Piqué Vidal, siguiendo sus instrucciones, se entrevistó con Manuel Prado en el aeropuerto de Barajas y le pidió, sin tapujos, que intercediera ante el rey para que paralizara las diligencias del sumario en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, relacionado con el proyecto Gran Tibidabo. Piqué le dijo claramente que De la Rosa estaba decidido a llevarse por delante a todo el que hiciera falta, incluso al mismo rey, si acababa en prisión. En la primavera de 1994, Manuel Prado acudió a la calle Génova para hablar con Aznar.

Pero el líder del PP no se mostró receptivo y, al parecer, le aseguró que en caso de crisis institucional, el Partido Popular nunca le apoyaría en un escándalo de corrupción económica que salpicase la Corona, o si el rey no actuaba como garante de la unidad de España. La gestión del ex-embajador real, en definitiva, no sirvió de nada, pero De la Rosa continuó amenazando y presionando. Fue entonces cuando declaró ante el juez sobre los dineros evaporados de KIO: «Este dinero se empleó en comprar voluntades políticas para crear un clima favorable a la causa kuwaití».

No pudo, empero, evitar ingresar en la prisión de Can Brians el 17 de octubre de 1994.

Inmediatamente después, se ordenó el cacheo de su domicilio pero no se encontró nada. En un segundo cacheo (una semana después) en la casa de Arturo Piñana Bono, uno de sus hombres, en Sant Just Desvern, sí que aparecieron cintas, informes, falsificaciones bancarias y documentación comprometedora para mucha gente; el juez Joaquín Aguirre, incomprensiblemente, ordenó la destrucción (para no dañar la imagen de terceros). Al cabo de un mes de estar en chirona, al parecer sirviéndose de la mediación del cura de la prisión que diariamente daba la comunión al recluso, De la Rosa dio instrucciones a su esposa, Mercedes Misol, para que enviara telegramas al rey, a Jordi Pujol y a Aznar, en los que les recordaba: «Ha pasado uno más y todavía sigo aquí». También intentó sin éxito que el rey la recibiera en La Zarzuela; pero, tras numerosas gestiones, no lo consiguió. Si la situación continuaba, De la Rosa advertía que rompería su silencio. Pero nadie movía ni un dedo por él. Cuando el financiero catalán salió de prisión el 22 de febrero de 1995, tras depositar una fianza de 1.000 millones de pesetas, pesaba 22 kilos menos y estaba muy enfadado: «Lo que han hecho conmigo no tiene nombre. Les he convertido en ricos a todos y el que acaba en el talego soy yo. ¡No te jode!»

Las gestiones de De la Rosa a partir de este momento fueron múltiples y diversas. Por ejemplo, se reunió con un alto cargo policial del Ministerio de Justicia e Interior, Gabriel Fuentes, enviado por el ministro Belloch, un par de semanas después de salir de prisión, en un conocido restaurante gallego de Barcelona. Después, siguieron en contacto a través de otros mediadores (Alfredo Fraile, por parte de De la Rosa). De la Rosa amenazaba con revelar supuestos favores prestados a políticos y empresarios, con una explosiva carta que había escrito en prisión. También entró en contacto con Mario Conde, que no se perdía ni una y no podía faltar en este lío. Entre diciembre de 1994 y enero de 1995, Javier de la Rosa le explicó el asunto de los 100 millones de dólares que Manuel Prado había cobrado de KIO. Más tarde, cuando ya estaba fuera, se lo confirmó enseñándole los documentos de la cuenta suiza que demostraban el ingreso. Como ya hemos explicado en otro capítulo, Conde hizo gestiones para poner al rey al corriente del caso, sin conseguir que el monarca tomara medidas contra su ex-embajador.

Prado, a su vez, también estaba dedicado en cuerpo y alma a hacer gestiones para librarse de las imputaciones que se le hacían, y de una manera bastante marrullera, por cierto. Entre sus brillantes iniciativas, sostuvo una conversación telefónica de más de seis horas con el emirato kuwaití. Les pedía documentación con la que pudiera inculpar definitivamente a Javier de la Rosa, ya fuese en los juzgados o en la prensa. En concreto hablaba de El País, que citaba como el único diario decente. En estos momentos Prado ya estaba en el bando de Felipe González y Polanco. Pero no se sabe cómo las grabaciones acabaron en manos de Javier de la Rosa, que también estaba negociando a título individual con los de Kuwait. Y el financiero catalán, en su habitual estilo desbocado, hizo circular las cintas por medio mundo. También las pasó al Ministerio del Interior, cuyos laboratorios certificaron que la voz que se escuchaba era realmente la de Manuel Prado y Colón de Carvajal. En aquellas conversaciones, en perfecto francés, Prado apelaba al rey, denominándolo «mon patron», «mon ami le patron», «sa majesté», «il connais tout»… Además, detallaba la existencia de unas cuentas comprometedoras en Liechtenstein; y citaba la numeración (letras y números). Y también decía que el Gobierno del PSOE estaba al corriente.

Javier de la Rosa «ofreció» las cintas al rey Juan Carlos, pero el rey no las quiso. Seguía junto a Prado. Lo que hizo, en cambio, fue pedir al príncipe Felipe que escribiera una carta dirigida al príncipe heredero de Kuwait, en la que se comentara la necesidad de «arreglar las cosas entre nuestros dos pueblos hermanos…», misiva de la cual, al parecer, dio cuenta la televisión kuwaití.

Luis María Ansón, que es otro que tampoco se pierde ni una, tuvo también la oportunidad de escuchar las cintas y pensó que hacía falta prever la posibilidad de que el escándalo, si llegaba a estallar, se llevara por delante a don Juan Carlos I. Viajó a Sevilla para entrevistarse con Prado y conminarle a que firmara un documento que al parecer el periodista había redactado, una especie de declaración o manifiesto a la nación que si era necesario se haría público. Se separaban sus negocios de las finanzas de la Casa Real, y Prado se hacía personalmente responsable de lo que había pasado, eximiendo al monarca de toda responsabilidad. Además, pretendía que Prado abandonara España para instalarse definitivamente en Lausana. Ansón no consiguió nada, pero un poco más tarde sacó una espectacular primera página en ABC, con el titular «Trifulca entre financieros», y con un artículo editorial que recogía las ideas básicas de su escrito. Solicitaba a Prado que «cuando sea oportuno haga una declaración escrita, pública, completa y rigurosa diciendo la verdad: que todo este asunto empieza y termina en él».

Mientras tanto, Londres continuaba presionando a De la Rosa para que concretara los nombres de los beneficiarios de los dineros de KIO. En mayo de 1995 le dieron el ultimátum. De las múltiples acusaciones que había afrontado previamente, los tribunales británicos mantuvieron dos: el pago de 100 millones de dólares a Prado, y la transferencia de 27 millones de dólares a Sarasola. Felipe González aprovechó todo esto para reforzar sus tesis de una conspiración contra el Gobierno y la Corona por parte de Javier de la Rosa y Mario Conde.

El 10 de noviembre de 1995, Diario 16 sacó la famosa portada «Chantaje al Rey», acompañándola de un capítulo del libro El saqueo de España, de Díaz Herrera e Isabel Durán. Manuel Prado había sido la principal fuente de información, convencido de que esto era lo mejor para él. El mismo día, El País publicaba las cartas con el sello de la Corona que se habían enviado a KIO, en las que se agradecía a Kuwait la supuesta remisión de cantidades millonarias. Y se decía que habían sido falsificadas por Javier de la Rosa para coaccionar al rey. La publicación de las cartas en El País fue una manera de neutralizarlas. Dos días después, el domingo 12 de octubre, Juan Carlos se reunió con Felipe González en La Zarzuela. La tormenta periodística era de mil demonios. El caso estaba en su punto álgido. Lo que se publicaba era, sin el menor asomo de duda, escandaloso y salpicaba a la Corona, lo quisieran o no. Pero, al final, sirvió para lo que pretendían: neutralizar las acusaciones de De la Rosa enmarcándolas en un episodio de chantaje.

Cortando flecos judiciales

Pese a las graves acusaciones que se habían publicado en Diario 16 (contra De la Rosa por el hecho de querer chantajear al rey; y contra Prado y el rey porque habían cobrado, si la versión de De la Rosa era cierta, por intervenir en la decisión política de apoyar a Kuwait en el conflicto armado con Irak), la Fiscalía General del Estado no formuló ninguna denuncia por tales hechos. Tan sólo ordenó la incoación de diligencias informativas, en el transcurso de las cuales prestaron declaración De la Rosa, Prado, y los periodistas Isabel Durán y Díaz Herrera. Pero el 25 de noviembre de 1995 el fiscal general, Carlos Granados, aseguró que don Juan Carlos I y la Casa Real estaban al margen de los negocios privados de De la Rosa y Prado e informó que no estaba previsto practicar nuevas diligencias en relación con este asunto. Por su cuenta y riesgo, como cualquier ciudadano podría haber hecho, José María Ruiz Mateos presentó primero una denuncia, y después una querella contra Javier de la Rosa y Manuel Prado. Quería, sencillamente, que la justicia española no evitara la apertura de diligencias y se personase en el ejercicio de la acción popular. Naturalmente, detrás debía haber intereses políticos o ideológicos. Hace años que Ruiz Mateos se presenta como acusación particular en los casos que afectan al PSOE. Pero esto no significa que tenga razón. En este asunto en concreto, el empresario de Jerez consideraba, como por lo demás consideraría cualquier persona que lo hubiera leído, que lo que se había publicado era muy grave: en primer lugar, que había una apropiación indebida de entre 12.000 y 60.000 millones de pesetas; en segundo lugar, que se habían producido o bien «injurias» al rey, o bien una intervención ilegítima por su parte, con motivación económica de por medio; en tercer lugar, se había acusado a De la Rosa de maniobrar con la intención de provocar la abdicación del rey, cosa que supone un delito de alta traición. Al margen de las informaciones periodísticas, Ruiz Mateos aportaba como indicios otras cosas. Pero el juzgado de la Audiencia Nacional le denegó «la admisión como prueba de determinadas grabaciones de conversaciones entre personas cuya identidad no tiene objeto revelar en esta resolución, que decía haber adquirido en un mercadillo». Denegó además que se personara en el caso, con curiosos fundamentos jurídicos: «Resulta, cuando menos, sorprendente que sea precisamente el señor Ruiz Mateos quien quiera constituirse en parte procesal acusadora en defensa del honor de Su Majestad el Rey […]», decía el escrito del 9 de enero del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. «No se discute el abstracto derecho a hacerlo por cualquier ciudadano, pero sí que sea precisamente él, que se encuentra procesado por el tipo de delito que ahora imputa a otros». ¡Como si un ladrón no tuviera derecho a presentar una denuncia si alguien le roba!

Sobre los delitos de De la Rosa, en la misma resolución se aseguraba: «Los pensamientos no delinquen y los comentarios, aun groseros, en ocasión de la salida de la cárcel de De la Rosa […] deben quedar en dicho ámbito y al margen de todo reproche penal». El 10 de enero, el juez Bueren resolvió sobreseer y archivar el caso, dictaminando que no se tendría por parte querellante a Ruiz Mateos si no depositaba una fianza de 100 millones de pesetas. Al día siguiente, Carlos Bueren dejaba la Audiencia Nacional y se iba a trabajar al bufete de Aurelio Menéndez y Rodrigo Uría, casado con Mónica Prado y Colón de Carvajal, sobrina de Manuel Prado, en la plaza que acababa de dejar vacante Jaime Alfonsín al ser nombrado secretario del príncipe Felipe.

Pero tras el intento en vano de Ruiz Mateos, todavía quedaban asuntos judiciales que iban a traer cola durante varios años. Ya en la etapa del PP, el Gobierno de Aznar colaboró con el rey para cortar algunos flecos, sobre todo cuando Sabino Fernández Campo fue llamado a declarar sobre la entrevista que había tenido con De la Rosa. Este episodio llegó a los juzgados porque Javier de la Rosa había presentado una querella contra el periodista Ernesto Ekaizer (por un libro, Banqueros de rapiña, en el que, entre otras cosas, daba cuenta de aquella entrevista). En noviembre de 1996, Sabino recibió la citación del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Madrid para declarar como testigo e inmediatamente informó al rey. Unos días después, el ex-jefe de la Casa Real recibió una llamada telefónica de Francisco Álvarez Cascos para pedirle amablemente que pasara por su despacho en La Moncloa. Cascos explicó que el presidente había tenido noticia de una citación judicial y que el Gobierno quería ayudarlo «porque el asunto es delicado». Delante del mismo Sabino, Cascos telefoneó al abogado del Estado y después le dijo que el letrado opinaba que lo mejor era no ir a declarar; que no pasaba nada… en todo caso una multa. Había que ganar un poco de tiempo mientras pensaban cómo podían solucionar el lío. También telefoneó a Sabino Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), «de parte de la ministra Mariscal de Gante», para insistir en lo mismo: «Nosotros arreglaremos el asunto… La ministra invoca razones de Estado», le dijo Ramón Rodríguez. Fernández Campo acabó por aceptar quedarse en casa y lo justificó con un informe médico de una amenaza de gripe. Naturalmente, hubo una nueva citación (y una nueva llamada telefónica del monarca, un nuevo contacto con el vicepresidente del Gobierno, etc.). Pero se había ganado el suficiente tiempo y, cuando al fin prestó declaración, admitió que habían estado reunidos, por cuestiones privadas, y la cosa quedó aquí. El juez no quiso profundizar en el asunto, y Sabino no tenía nada más que declarar.

Una de las abogadas de la acusación quería saber de qué se había tratado en la conversación si llevaba un mensaje… Pero el juez la cortó por lo sano: denegó la pregunta. Y extendiendo el acta de su declaración, ordenó a Fernández Campo: «A ver, firme ahí. Ya puede irse».

Pero la cosa continúa…

Javier de la Rosa volvió a ingresar en prisión en 1998 por el caso KIO y, mientras estaba allí, acabó la instrucción del caso Gran Tibidabo. El fiscal le pidió 14 años en chirona. Prado, al contrario que Javier de la Rosa, no ha ingresado nunca en prisión, todavía. Se libró por los pelos a finales de 1995, cuando el juez Aguirre, encargado de la instrucción del caso Gran Tibidabo, le impuso una fianza de 150 millones de pesetas, que se vio obligado a pagar aunque en principio tuvo la obligación de enviar al juzgado una relación de bienes por un importe de 2 millones.

El 13 de mayo de 1997 Prado comparecía de nuevo, esta vez ante la jueza Teresa Palacios, encargada del caso Torras-KIO en la Audiencia Nacional. Prado siguió insistiendo en desvincular al monarca, y en las comparecencias judiciales y los comunicados públicos declaró que su relación con De la Rosa era mercantil y personal, y siempre en el extranjero. El 22 de enero de 1998, la jueza Palacios, atendiendo a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, impuso a Prado una nueva fianza de responsabilidad civil de 2.000 millones de pesetas, que tuvo que depositar para evitar que le embargaran los bienes. Los 2.000 millones se correspondían con una parte de los 12.000 que había recibido de De la Rosa, la parte que en este momento investigaba la jueza en lo que se entendió que había sido una operación de «sustracción a través de una factura falsa emitida por la sociedad Wardbase». Y es que el cobro se había justificado como una factura por un contrato del asesoramiento que Prado (a través de Wardbase) ofrecía al grupo Torras; es decir, por unos informes técnicos que en realidad no existieron nunca. Mientras la cosa se vaya solucionando con unos cuantos miles de millones de fianza no hay problema, al menos para él. No es lo mismo para las 40.000 personas despedidas que generó la suspensión de pagos del grupo Torras. No se han calculado los costes sociales de la quiebra de la sociedad Gran Tibidabo, que se hizo efectiva en los juzgados el 18 de octubre de 1999.

Pero desde este otoño el caso ha cobrado nuevos aires, con las últimas declaraciones de Javier De la Rosa en la Audiencia Nacional. El tema sigue adelante y al parecer lo peor todavía está por llegar.

Mientras su amigo pone la barba a remojo, el rey Juan Carlos escucha y calla. Preocupado por el cariz que están tomando las cosas últimamente, en unas recientes declaraciones ante un grupo de periodistas se dejó llevar por la nostalgia al afirmar que, por ahora, ya no podría volver a colaborar en un libro como el de Villalonga de 1993, basado en conversaciones con el monarca, «porque ya no hay cosas que se puedan contar».

QUINTA PARTE

¿LA MONARQUÍA VA BIEN?

CAPÍTULO 20

EL REY CON EL PP

Tras una larga y azarosa etapa de reinado con el PSOE que todavía colea, el rey Juan Carlos entró en una nueva fase política con el Partido Popular. En un principio, mucho más pacífica. Tras tantos escándalos, sobre todo en torno al eje neurálgico del complicado 1992, la familia real volvía a reinar en el papel couché con sus mejores galas, en bodas, bautizos y funerales. Tras la fastuosa boda de la infanta Elena en Sevilla, en 1995, la Casa Real se dio cuenta de que aparecer en la portada del Hola disparaba los índices de popularidad de la institución mucho más que mil artículos del ABC, y desde entonces lo tuvo claro. Las infantas dejaron de aprovechar la ropa vieja de mamá y se dedicaron a lucir con la mejor planta posible modelitos de los diseñadores de más alto vuelo. La imagen de Elena de Borbón con grandes pamelas, y la de su nuevo esposo con extravagantes pantalones que dieron mucho que hablar en Tómbola, se prodigaron cada vez más en actos mundanos de toda clase.

A la infanta Cristina también le llegó el turno, cuando se anunció un compromiso que parecía casi como el del resto de la humanidad, aunque el novio, Iñaki Urdangarín, se lo había robado a otra que no era princesa. No podía haber escogido nada mejor que un jugador de élite, aunque fuera de balonmano, en una etapa en que las «anitas obregón» del mundo perseguían a futbolistas, que, junto con los toreros, se convirtieron en la última década del siglo en la especie más perseguida por las aspirantes a famosas. La boda de Cristina en Barcelona, realizada para Televisión Española por Pilar Miró, que antes ya se había encargado de la de la infanta Elena, fue un nuevo éxito de audiencia. Un espectáculo en toda regla. Después vinieron los hijos de las dos, y los profesionales de la prensa tuvieron que hacer horas extras para no perderse ni un minuto de la larga espera ante las clínicas privadas en las que nacieron. El pueblo español no se podía perder los primeros mohínes de Froilán, el pequeño Juan Urdangarín y Victoria Federica, y las cadenas de televisión interrumpían sus emisiones habituales para anunciar en directo tan buenas noticias.

La muerte de la madre del rey, María de las Mercedes, condesa de Barcelona, en enero de 2000, acabó de dar la última capa de barniz de humanidad a la familia real, que tanto necesitaba ésta tras varias tentativas del PSOE de conjurar a la Corona. En el funeral, como ya habían hecho en el de Don Juan, el rey y la reina aparecieron juntos, llorando emocionados, y nuevamente la prensa dio un eco desproporcionado al gesto, como si llorar la muerte de una madre fuese un hecho extraordinario. Francisco Umbral, entregado en los últimos años a explicar al país cómo era de humano el rey «que no quiso ser Franco» (cosa que se podría entender en un doble sentido, sin la mayúscula en Franco, aunque no era la intención del escritor), publicó en su columna diaria en El Mundo: «Este Rey Juan Carlos, que tanto ha enseñado a reír a los ásperos españoles, es un hombre que llora cuando le pasan cosas. A la gente le gusta saber eso». Aunque también decía: «El Rey llora con un ojo, pero me mira con el otro…». El monarca miraba a su alrededor, como diciendo «¡A ver qué pasa…!». Y es que la llegada al poder de Aznar le tenía que haber devuelto a las actividades deleitosas de las vacaciones con el yate y los casorios, sin más preocupaciones. Pero todavía no se podía bajar la guardia. Hizo falta seguir todavía varios años, hasta el día de hoy, con un ojo abierto para vigilar lo que pasaba en el desenlace final de todos los sumarios que se instruían en los juzgados. El PSOE había dejado demasiado rastro. Antes de conseguir llegar a La Moncloa, pese a los escándalos del PSOE que trabajaban a su favor (sobre todo el tema GAL, que en el modelo favorito del poder político establecido en España, el de los Estados Unidos, habría acabado con la dimisión de Felipe González mucho tiempo antes), el Partido Popular no lo tuvo nada fácil. No porque contara o dejara de contar con la confianza de la banca o la CEOE, o con la simpatía o antipatía del monarca. Es que ante los españoles defraudados por los presuntos socialistas, la derecha no era realmente una alternativa. Desencantarse por el choriceo del PSOE y huir hacia el PP sólo se les podía ocurrir a los que estaban atrapados en la sensación de huir del fuego para caer en las brasas que el sistema democrático de la monarquía parlamentaria había conseguido consolidar a lo largo de los años. En el PP lo sabían y se esforzaron en hacer una campaña para moverse hacia el centro, aunque fuera a costa de unos cuantos jefes —«cráneos privilegiados», que diría Valle Inclán— del PP más recalcitrante.

Pero antes de ganar las elecciones en 1996, por pura desesperación de un electorado cuya alternativa era abandonarse a la abstención en masa, a Aznar le pusieron la zancadilla unas cuantas veces. Al rey Juan Carlos, muy en particular, le costaba bastante aceptar el hecho previsible de que el PP llegara al Gobierno un día no muy lejano. Se había sentido demasiado cómodo con Felipe González y, sobre todo, atado a él por los secretos compartidos. Durante la campaña electoral de 1993, en un debate en directo con el líder del PSOE en Antena 3, José María Aznar dijo algunas cosas que todo el mundo tenía ganas de oír acerca de los escándalos de corrupción económica y la guerra sucia. Viniendo de él, no era para lanzar las campanas al vuelo, pero ya era algo, y aparte de ser un éxito de audiencia, el debate dio al líder del PP como claro ganador. Pero inmediatamente después, mientras el público esperaba impaciente la segunda entrega, que debía tener lugar en el plató de Telecinco entre los mismos adversarios, Aznar recibió una llamada telefónica con el consejo real de no tensar demasiado la situación. «Menos crispación», era la consigna. El 31 de mayo de 1993, toda España estaba enganchada a Telecinco como si fueran a emitir la final de la liga… O más, porque el debate preelectoral logró unas cifras de audiencia que no fueron superadas ni por los momentos más calientes de Gran Hermano. Fue el récord de la cadena en toda su historia, nunca batido hasta el día de hoy. Sin embargo, Aznar desaprovechó la oportunidad y defraudó. El público se quedó perplejo ante la imprevisible y anodina desaparición de las referencias a la corrupción. El PP redujo la ventaja que había adquirido en el debate anterior. Acabó perdiendo las elecciones. Con todo, los ocho millones de votos que obtuvo en la derrota de 1993, la falta de otras alternativas, el punto de vista del Gobierno yanqui sobre el contencioso… ya situaban a Aznar como inevitable futuro presidente de cara a las siguientes elecciones.

Como ya hemos comentado en otro capítulo, en círculos próximos al monarca se especulaba sobre la posibilidad de una «tercera vía» con Mario Conde al frente para dar salida a la situación, pero esta opción quedó descartada definitivamente después de un viaje de Juan Carlos a los Estados Unidos, en octubre de 1993. Cuando volvió, Aznar fue recibido en La Zarzuela y después se reunió en la Moncloa con Felipe González para empezar una especie de «traspaso de poderes» de antemano, con varios acuerdos para desembarazarse de Mario Conde de manera definitiva (el 28 de diciembre siguiente el Banco de España intervino) y pactar un punto final para el tema GAL. El 3 de marzo de 1996, el Partido Popular ganó las elecciones generales. Pero, para la tranquilidad del PSOE, Aznar se avino a negociar, por mediación del monarca, importantes nombramientos que afectaban a los ministerios de Defensa (con Eduardo Sierra al frente) e Interior (con Ricardo Martí Fluxá como segundo de Mayor Oreja), y también al CESID (con el general Javier Calderón como nuevo director. Después, el 2 de agosto, decidió no desclasificar los papeles del CESID. Y, tras el juicio del caso Marey celebrado en verano de 1998, concedió el indulto a Vera y José Barrionuevo, que no llegaron a pasar ni un año en prisión. El Gobierno del PP también ayudó a Polanco y Cebrián en el caso Sogecable a petición del rey. Con respecto al caso KIO, Aznar había empezado por explicar a Manuel Prado, cuando recurrió a él por primera vez, en una entrevista que tuvieron en la primavera de 1994, que el PP no se mojaría por el rey en un escándalo de corrupción económica (o si el rey no actuaba como garante de la unidad de España). Pero no se debe olvidar que uno de los destinatarios de los telegramas que Javier de la Rosa envió desde prisión en noviembre de 1994, junto con el rey y Jordi Pujol, fue José María Aznar. No se sabe a ciencia cierta qué podría significar una advertencia de aquella clase, aunque De la Rosa ha hablado alguna vez de una «maleta de dinero» entregada a un dirigente del PP. Fuera como fuese, tras las elecciones de 1996, en noviembre de aquel mismo año, el Gobierno de Aznar ya colaboraba con el rey cuando Sabino Fernández Campo fue llamado a declarar sobre la entrevista que había tenido con De la Rosa, a través del vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos. Se sigue diciendo que «no hay química» entre el rey y el líder del PP, aun cuando la primera dama, Ana Botella, se esfuerce en resultar simpática. Delante de testigos, Juan Carlos ha criticado y ridiculizado a Aznar en múltiples ocasiones («¡Pero qué corto, qué hombre tan corto!», dicen que exclamó). Aparte de esto, el monarca no se ha contenido lo más mínimo y se ha comportado descaradamente varias veces. Como cuando anunció el compromiso matrimonial de la infanta Cristina el mismo día en que Aznar era recibido por el presidente Clinton; o cuando abrazó efusivamente a Felipe González ante una muchedumbre de fotógrafos, después de un sobrio apretón de manos con Aznar, en la recepción para celebrar su santo en los jardines del Campo del Moro, en junio de 1998. Pero todo esto deja de tener importancia cuando, en lo que realmente cuenta, reina la armonía. Aznar ya había advertido a Manuel Prado, en 1994, que lo que más le importaba, como Franco, era la «unidad de la patria». Y en este punto, por lo que se ve, el rey se está comportando.

Al margen de una breve etapa, ya superada, en la que la tregua de ETA parecía que anunciaba una negociación final al conflicto (que, según algunas fuentes, podría haber sido potenciada en cierto modo por el secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, el segundo de Mayor Oreja en Interior en esta etapa, y antes jefe de Protocolo de la Casa Real), el Gobierno del Partido Popular vuelve a estar donde quería estar. Como todo el mundo sabe muy bien de qué va la cosa, para lo cual los telediarios están todos los días con el mismo tema, sobran las explicaciones. Eso sí, el «nacionalismo» español de Aznar sigue con las mismas características curiosas que siempre tuvo en las distintas etapas políticas de la Transición. Durante su Gobierno se han dado impulsos importantes y decididos para la «integración» del Estado español en organismos internacionales como la OTAN y la Europa comunitaria, con decisiones vinculantes que afectan a la defensa y la independencia económica del Estado, naturalmente sin hacer ninguna consulta popular; ¿para qué?

Precisamente estas cuestiones provocaron la única crítica al rey desde los foros políticos institucionalizados que se haya podido constatar en los 25 años que hace que reina. Se la lanzó Julio Anguita, y no precisamente como un requiebro, justo antes de que la campaña de «acoso y derribo» contra él le costara la cabeza. «Lo que tiene que hacer el rey es callarse», afirmó Anguita en septiembre de 1996 en una rueda de prensa, dos días después de haber hablado, además, en el mitin de la tradicional fiesta anual del PCE en Madrid, de la República, el federalismo y el derecho de autodeterminación de los pueblos (incluyendo el español). Estas palabras eran una réplica a varios discursos en los que el monarca se había referido a la OTAN y a Maastricht. El rey había dicho sin tapujos que la renovación de la OTAN tendría que permitir la plena participación de los países que la componían y abogaba por una reforma que facilitara la plena integración de España en la Alianza. Fue en el discurso que pronunció en la sede de la OTAN, en Mons, Bélgica, el 25 de abril de 1996, redactado inicialmente por José de Carvajal Salido, entonces director general de Seguridad y Desarme, y después terminado de pulir en La Moncloa (Felipe González todavía era presidente en funciones, pero el discurso real, por cortesía, tuvo lugar en la sede del PP). Juan Carlos también había tratado el tema de Europa en diversas alocuciones públicas (entre otras, la del 30 de agosto de 1996, con motivo del Consejo de Ministros presidido por él mismo en La Zarzuela), en las que defendía los acuerdos de Maastricht: «Los objetivos que, a plazo fijo, España desea alcanzar en el seno de la Unión Europea exigirán decisiones importantes por parte del Gobierno y un esfuerzo considerable de todos los ciudadanos…», dijo aquel día. Y todo esto provocó que el entonces líder de Izquierda Unida dijera: «El Rey, con el tema de la OTAN lo mejor que podía hacer era callarse. Y, en el tema de Maastricht, callarse. Y si no se calla en estos temas, hombre, que le eche una mano a la justicia en el sentido de todo lo que está pasando. Pero yo creo que es mejor que se calle, cumpliendo su papel constitucional». Lo de «que se calle» de Anguita no lo tuvieron que contestar ni Aznar ni el rey, porque ya se encargó gente como Felipe González o Cristina Almeida (que dijo que Anguita estaba «hablando de otro mundo»). Convirtieron sus reacciones ante las palabras del comunista en una defensa de la monarquía. El tema del papel del Estado español en los organismos internacionales ni se debatió. Pero, eso sí, durante semanas las tertulias radiofónicas polemizaron sobre si se podía criticar públicamente al rey o no. Y naturalmente llegaron a la conclusión de que, en todo caso, aunque se pudiera, no se tenía que hacer. Para ampliar sus informaciones sobre el tema, la COPE encargó una encuesta a la empresa Sigma Dos sobre la opinión de los españoles respecto, entre otras, a la cuestión: «¿Es, por lo general, aconsejable o desaconsejable el hecho de que se le planteen críticas al rey?». El mero hecho de ponerlo en entredicho resultaría objetable en un Estado que establece la libertad de opinión y de expresión como derechos fundamentales; pero sólo el 15,8% de los consultados entendieron que sí estaba bien analizar, y reprobar si hacía falta, las actuaciones del rey. Una agobiante mayoría daba la razón a las consignas del pensamiento único.

CAPÍTULO 21

Y TRAS JUAN CARLOS, ¿QUÉ?

La enrevesada lista de herederos

En una guía de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones, colectivos, etc., editada en Madrid en 1999, «por un error tipográfico», según han asegurado sus autores, se situaba la Fundación Institucional Española (FÍES) en el apartado de «ecologistas», como entidad especializada en la «protección de especies en extinción». Fue un error curioso, teniendo en cuenta que la FÍAS en realidad es una fundación cultural privada, creada en 1976, que tiene como objetivo «la difusión de las ventajas de la Institución Monárquica» (es decir, que tampoco tiene nada que ver con los presos del Fichero de seguimiento Especial). Su trabajo se materializa en proyectos de «educación ciudadana», en los que colaboran económicamente, entre otros, entidades como el Banco Herrero, el Club Internacional del Libro, Falomir Juegos, Uniarte, El Corte Inglés, Marks & Spencer, o el grupo de negocios inmobiliarios Masa. Editan una revista, organizan el concurso infantil anual «¿Qué es un rey para ti?» y, además, dan premios de periodismo a quienes han destacado por su tarea de apoyo a la monarquía. Hasta ahora los galardonados han sido Fernando Ónega, Antonio Burgos, José María García Escudero, Baltasar Porcel, Pilar Cernuda, Francisco Umbral, Sabino Fernández Campo (¿periodista?), la revista Hola, Alfonso Ussía, Manuel Hidalgo y Carmen Henríquez (esta última, en representación de los servicios informativos de TVE que cubren a la familia real).

Este año seguro que la fundación de propaganda monárquica no le da el premio ni a Jaime Peñafiel, ni a Juan Balansó, ni a Pedro J. Ramírez, personas declaradas no gratas por el hecho de publicar cosas que no le gustan (aunque es necesario aclarar que la última de las personas mencionadas, el director de El Mundo, ya vivió mejores épocas con la FÍES, cuando en los ochenta trabajó con Ramón Pino y Pilar Cernuda en el libro de encargo que saldría al mercado con el título Todo un rey). Actualmente la preocupación más lógica de la FÍES tendría que ser empezar a «promocionar» al sucesor, puesto que los estudios de opinión que manejan les han advertido que, si bien el «juancarlismo» está consolidado, no hay nada firme en cuanto al apoyo popular a sus continuadores.

España sigue sin ser monárquica. Pero, curiosamente, éste es un tema tabú. Han recibido la consigna de la Casa Real de que cualquier cosa que se publique sobre el tema de los herederos, sea la que sea, es mala. Y cuanto menos se hable del príncipe Felipe, mejor… al menos mientras no se case. Y es que la cuestión sucesoria, que con el nacimiento de Felipe en 1968 parecía definitivamente solucionada, podría entrar de nuevo en un periodo de incertidumbres si el príncipe, que ya tiene 32 años, no garantiza la continuidad con un hijo. Ésta es su función más vital, no lo olvidemos. Ningún problema sería más serio. Veamos el ejemplo de Carlos de Inglaterra, que ha pasado por los escándalos de su divorcio e infidelidades mutuas; conversaciones grabadas, como la famosa del támpax con su amante; la muerte en extrañas circunstancias de Lady Di; y hasta ha tenido que soportar que se publique que el segundo hijo de su ex-esposa no es suyo. La monarquía británica lo puede resistir todo porque sabe que, en última instancia, Carlos podría abdicar en su hijo e Inglaterra, incluso, saldría ganando. Aquí, en cambio, si Felipe fallara, ¿qué? Tras el anómalo acceso al trono de Juan Carlos como sucesor de Franco y no de su padre, de las renuncias poco claras de los hermanos mayores de Don Juan, de la exclusión de las hermanas de éste en función de sus bodas con hombres que no eran de sangre real, de la postergación de las mujeres en favor de los hombres… ya nadie sabe de cierto a quién correspondería heredar el trono si no fuese Felipe el tocado por el dedo de Dios.

Haremos un breve repaso de las que se supone son las normas vigentes para regular los derechos sucesorios de los Borbón. Felipe V, el primer Borbón, promulgó en 1713 la ley sálica española, en la que establecía que en España no podrían reinar mujeres. Pero como aparte de esta norma la ley contenía además otras que no le convenían, Carlos III la abolió en 1789 y estableció, convocando las Cortes y aprobándola sin debate, la Pragmática Sanción, que es semisálica, puesto que establece que los herederos masculinos sólo tienen preferencia. Pero no la publicó ni se aplicó hasta que en 1830, Fernando VII, casado por cuarta vez con María Cristina de Nápoles, pensó en lo que podría pasar si sólo tenía descendencia femenina. Eso permitió que, al morir él, heredara el trono su hija de sólo tres años, Isabel II. Su hermano Carlos nunca la aceptó y se alzó en armas, se autoproclamó Carlos V y, así, empezó la primera guerra carlista. En la Convención Internacional de Nueva York del 18 de diciembre de 1979 se estableció la «eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer». Pero el tratado se firmó un año después de ser promulgada la Constitución de 1978, en la que se consagraba la preferencia dinástica del hombre. Cuando el Estado español ratifica la Convención, en 1983, se hizo la expresa excepción de que sus disposiciones no afectarían a las normas constitucionales en materia de sucesión de la Corona.

Ahora bien, si se respeta la Pragmática Sanción de Carlos III con respecto a dar prioridad a los hombres, haría falta respetar también el principio que establece que sus príncipes o princesas tienen que casarse con alguien de sangre real. Una norma que siempre ha coexistido con las distintas constituciones españolas. Teóricamente Felipe de Borbón puede elegir entre una treintena de princesas (que ya es bastante; Juan Carlos sólo tenía a dos para escoger). Pero nunca a una plebeya, o quedaría excluido del trono. Si esta norma se rompiera con él, entonces haría falta retroceder en el tiempo para que las hermanas de Alfonso XIII también recuperaran sus derechos dinásticos, y sus descendientes pasarían a ocupar un sitio en la lista de posibles sucesores. Por ahora, tampoco está claro si las niñas, casadas las dos con plebeyos, han desaparecido de esta lista o no. De los hijos de la infanta Elena, y de ella misma, se suele hablar como de posibles herederos, pese a su matrimonio morganático con Jaime de Marichalar. En fin, que es un caos del cual nadie consigue sacar nada en claro. Si Felipe de Borbón muriera sin tener un descendiente, la sucesora de Juan Carlos sería, en principio, la infanta Elena, y el siguiente en la lista sería su hijo Froilán y después su hija Victoria Federica. La siguiente en el orden sucesorio sería la infanta Cristina, y su hijo Juan y el que venga.

Después seguirían sus tías, aunque tampoco se casaron con príncipes, Pilar de Borbón y su descendencia (Gómez-Acebo, Juan, Bru, Beltrán, Fernando, Simoneta y sus hijos…), y la hermana pequeña de Juan Carlos, Margarita (y sus hijos, Zurita, Alfonso, María, etc.). Después vendrían los descendentes de los hermanos de Alfonso XIII. De una parte, la dudosa línea de Jaime, el sordomudo, que se retractó de su renuncia al trono, iría a parar al bisnieto de Franco, Luis Alfonso de Borbón-Dampierre Martínez-Bordiú. Y por la otra, la de la infanta Beatriz, casada con Alessandro Torlonia, a través de su primogénita, Sandra, acaba en Alessandro Lecquio y sus descendientes: el hijo que tiene con Antonia Dell'Atte y el que tiene con Ana Obregón si, según la legislación vigente, se equipara a los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Esto último nos llevaría, además, a tener en consideración la línea del hermano ilegítimo de Don Juan, Leandro Ruiz de Moraga, hijo de Alfonso XIII y la actriz Carmen Ruiz Moraga y, por lo tanto, tío del rey Juan Carlos I, con prioridad a la línea femenina de la infanta Beatriz. Y, por otra parte, se debería introducir en una posición inmediatamente anterior a la que ocupa la infanta Elena, es decir, inmediatamente tras el príncipe Felipe, a Paola de Robiland, la presunta hija ilegítima del rey Juan Carlos, si se demostrara la paternidad, puesto que es la mayor.

Como cualquier persona puede suponer, ante este caos, es mejor no pensar siquiera en la posibilidad de que el príncipe Felipe pudiera renunciar al trono, de que no tuviera hijos o muriera prematuramente. En este capítulo, sin embargo, nos centraremos en los tres hijos reconocidos del rey Juan Carlos, como descendientes más posibles e inmediatos.

Elena, más chistes que el Lepe

Sólo la prensa extranjera se atreve a hablar de la enfermedad de la primera hija de los reyes. Y lo hace con cierta naturalidad: «La infanta Elena nació enferma, como muchos de sus antepasados, y todavía hoy se tiene que someter a continuas terapias», publicaba la monárquica revista italiana Oggi en 1988. En España es un tema tabú y, cuando se habla de él, es en la estricta intimidad y en secreto. Claro está que, para compensarlo, la crueldad popular se ha provisto de infinidad de bromas. Esto es lo que la Casa Real ha conseguido con su secretismo: que la infanta Elena cuente por ahora con más chistes que el Lepe, cuya antología —suponemos— no se podrá publicar en menos de 100 años. El conocido colaborador de televisión catalán Quim Monzó ya sufrió en su día la censura, a raíz de un programa emitido con motivo de la boda de su hermana en Barcelona.

La «infanta amazona», como la llama la prensa, siente en efecto una gran pasión por los caballos, aunque no es demasiado diestra. Desde su primer embarazo, empero, ya no se la ve practicar como antes. Hace años lo hacía con frecuencia, para lo cual acudía a las caballerizas de la Guardia Real en el Pardo. Una vez, delante de multitud de testigos, mostró su genio con la fusta sobre los lomos de un joven corcel, en uno de los ataques de ira a que tiene acostumbradas a las personas más próximas. La irascibilidad colérica, combinada a ratos con una gran cordialidad y familiaridad, es un rasgo característico que muchos historiadores han detectado en el temperamento borbónico. Y al parecer, la niña lo ha heredado de su padre, a juzgar por lo que algunos autores han escrito sobre las iras domésticas del monarca, de las cuales se dice que fue testigo, y muchas veces incluso víctima propiciatoria, su ayudante de cuarto, Blas Leyva Moreno, y que fueron motivo de que más de una doncella de la reina abandonara el servicio en La Zarzuela, sin que la Casa Real lo haya desmentido hasta ahora.

Aunque siempre ha estado bajo la atenta mirada de una psicóloga argentina (y del mismo Sabino Fernández Campo, que acudía a su consulta por encargo real para monitoritzar los progresos de la joven princesa), Elena hizo Magisterio, estudios que finalizó con titulación oficial. Incluso después hizo algunas prácticas en el colegio privado Santa María del Ando, situado en Puerta de Hierro (Madrid), en la época en que era directora Isabel Carvajal Urquijo (hermana de Jaime, ex-compañero de estudios del rey desde sus primeros años en España y colaborador político suyo en los últimos años del franquismo y los primeros de la Transición). Finalizada su etapa de formación, Elena se dedicó, como la infanta Cristina, a colaborar en actos oficiales que requerían la presencia de algún representante de La Zarzuela. Los asuntos culturales se los dejó a su hermana y ella se especializó en temas de educación y en niños discapacitados, aunque con algunas reservas.

En 1991, Elena, con su mejor intención, aceptó de motu propio la presidencia de los Juegos Paralímpicos españoles. Pero cuando la Casa Real se enteró, no lo encontró nada oportuno. Según la versión oficial, había varios grupos de poder introducidos en este organismo y no era aconsejable que un miembro de la familia real se mezclara. Parece que el entonces presidente del Consejo Superior de Deportes, Javier Gómez Navarro, tuvo que intervenir personalmente para deshacer el entuerto. Sabino Fernández Campo exigió que, a partir de ese momento, la Casa Real tuviera constancia de toda clase de actividades del príncipe y de las infantas. Y que no se aceptara nada sin consultar. En 1994 se anunció el compromiso oficial de la infanta con Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada, un chico de buena familia, el hijo más feo del conde de Ripalda, sin el menor asomo de titulación universitaria, sólo el bachillerato, y empleado de banca en París. La boda de la infanta, que se celebró en Sevilla el 18 de marzo de 1995, fue todo un acontecimiento en las revistas del corazón, que disparó de nuevo la popularidad de la familia real en las encuestas de opinión pública, después de haber pasado por instantes muy bajos. Por ello, no le tuvieron en cuenta al pueblo sevillano que rebautizara popularmente su Hospital Infanta Elena como «La Tonta», ni que hicieran bromas sobre si el rey dudaba entre otorgarle el título de duquesa de Lugo o el de condesa de Formentera. Cosas de la grasia andaluza. Incluso pasaron por alto que, en Madrid, determinados barrios Populares como Las Ventas se llenaran de pintadas firmadas por un tal «Comando Mateo Morral», que decían: «Basta de experimentos genéticos. No a las bodas reales».

Después de una breve estancia en París, Marichalar y Elena se instalaron en Madrid, donde viven actualmente. Y ya tienen dos hijos: Felipe Juan Froilán, que con cierta precocidad ha sido admitido en una antigua institución histórico-nobiliaria de la Rioja, y la recién nacida Victoria Federica.

Cristina, la infanta lista

Desde que nació, Cristina tuvo poco protagonismo en la vida pública. «Ay, qué rica… es niña. Bueno, ya llegará el niño, ya llegará», dijo la entonces princesa Sofía, con mucha tranquilidad, cuando se la trajeron. Don Juan ni siquiera fue a su bautizo. Según algunos historiadores, es «la infanta más lista de los Borbones». Disfruta de óptima salud y fue una estudiante poco problemática, que complementaba sus estudios con clases de piano en casa y la práctica de deportes, sobre todo la vela, a la que es una gran aficionada. Estudió en el colegio de Los Rosales, y después en el de Santa María del Ando. Más adelante hizo la carrera de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, sin planes de estudios especiales ni ningún otro privilegio salvo el de poder escoger los profesores que le gustaran más. Como la de Elena, su vida pública de infanta se basa en asistir a varios actos y, en su caso particular, a apadrinar desde Regimientos de Ferrocarriles hasta aviones de Iberia y corbetas de la Armada.

La prensa rosa no dejó de atribuirle novios que, a excepción del empresario Pepe Barroso, eran todos de sangre real, o casi: Felipe de Bélgica, Cayetano de Alba, el príncipe de Noruega, Demetri de Yugoslavia… Pero estos supuestos noviazgos, si es que existieron, no cristalizaron. Y tal vez tuviera algo que ver la maldición de la hemofilia, que afecta a la línea femenina de su familia, como posibles transmisoras, desde que la introdujo su bisabuela Victoria Eugenia de Battenberg, que desde entonces las ha convertido a todas en «malos partidos» para la aristocracia.

Sea como sea, Cristina acabó escogiendo para casarse a todo un atleta, capaz de regenerar él solo toda la sangre de la familia: Iñaki Urdangarín, plebeyo, aunque con un antepasado obispo y mártir a manos de los mandarines (San Valentín de Berriotxoa, canonizado en 1988 y hoy patrón de Vizcaya), y una estrella del deporte pese a sus problemas de oído, que le incapacitaron para hacer el servicio militar obligatorio. Se casó el 4 de octubre de 1997 en Barcelona, ciudad donde ella ya residía antes por su trabajo en la Caixa. Como pareja, ostentan el título de duques de Palma y ya van por el segundo hijo. El primero, a quien pretendían poner un nombre sencillo, por cuestiones de protocolo lo tuvieron que llamar Felipe Juan Alfonso Pablo de Todos los Santos Urdangarín de Borbón. Ofició el acto religioso el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Rouco, con agua traída expresamente del río Jordán, como se hace para todos los bautizos de la Casa Real.

Felipe, el príncipe soltero

El príncipe Felipe no cuenta con el arsenal de chistes y gracietas de su hermana Elena. Un solo chiste fue suficiente para que la Casa Real mostrara su profundo desagrado, por lo que el director del diario en el que apareció, Pedro J. Ramírez, olvidó dar explicaciones y pedir disculpas públicamente. En la viñeta de El Mundo, firmada por Ricardo y Nacho, que en palacio causó un gran enojo, el príncipe salía anunciando al rey, su padre: «Papá, ahora que está a punto de casarse Cristina quiero darte dos noticias, una buena y otra mala… La buena es que he encontrado pareja… Y la mala es que es Alberto de Mónaco». Aunque el príncipe acababa haciendo un guiño a su padre —«¡Que era broma, hombre!»—, lo único que le faltaba al soltero de oro era que la corte se empezara a burlar de él en el mismo tono en que se hablaba de su colega, el heredero de Mónaco, siempre rodeado de modelos espatarrantes y de rumores incesantes sobre su homosexualidad, una condición absolutamente respetable pero complicada e incluso peligrosa para alguien que tiene como único objetivo en la vida garantizar la continuidad de la dinastía. El problema del príncipe Felipe es que pasan los años y se sigue resistiendo a encontrar una compañera. Y eso que la revista norteamericana People lo seleccionó en 1993 como uno de los 10 hombres más atractivos del mundo, y a pesar de la multitud de novias que se le atribuyen para disipar cualquier rumor.

Entre las aristócratas se le ha relacionado prácticamente con todas las posibles, incluyendo algunas primas o parientes próximas como María Pilar de Orleans-Borbón, Carolina de Borbón y Parma, Alexia de Grecia o Victoria de Borbón y Dos Sicílies. En la lista de las plebeyas hay un poco de todo. Chicas de buena familia, como Vicky Carvajal o Gabriela Sebastián de Erice; y otras de dudosa reputación, como la modelo noruega Eva Sannum o la camarera Alice Krejlova. Pero las dos únicas con las cuales ha sido fotografiado en actitud cariñosa, sin la distancia entre ellos que pudiera ponerlo en entredicho, fueron Isabel Sartorius y Gigi Howard. En ambos casos es necesario destacar el lío de intrigas y de presiones a la prensa que rodeó las aventuras, al más puro estilo de las peripecias protagonizadas por su padre en diferentes momentos de la vida del monarca, con algunas de sus conocidas ex-amantes, y con Sabino Fernández Campo de «apagafuegos» real.

Isabel Sartorius, hija de los marqueses de Mariño, fue la que más cerca estuvo de ser la novia oficial de Felipe de Borbón. Su relación se desarrolló entre 1989 y 1991, aunque algunas fuentes aseguran que se siguieron viendo en secreto unos cuantos años más. La joven se ganó enseguida el corazón de la prensa rosa española, que la bautizó como la «novia de España». No era de sangre real. Aún más, era sobrina del conocido ex-comunista Nicolás Sartorius, el mismo que, cuando en octubre de 1960 el entonces príncipe Juan Carlos intentaba acudir «de incógnito» a sus clases en la Facultad de Derecho, participaba en las protestas para que se volviera por donde había venido, a su Casita del Escorial. Pero todo aquello era ya agua pasada. Cuando fue nombrado rey, Juan Carlos quiso relacionarse con sus condiscípulos, incluyendo a los díscolos, en unas cenas mensuales que se encargó de organizar uno de sus amigos más discretos, el consultor Antonio Álvarez Couceiro. Y Sartorius, ya en otra línea, fue un asiduo de aquellos encuentros; y de otros en casa de su tío, el embajador Manuel Bermúdez de Castro, en los que los reyes confraternizaban con un grupo de militantes de izquierda, entre los cuales estaban, aparte de Nicolás Sartorius, Antonio Gutiérrez, Cristina Almeida, Diego López Garrido y Antonio Elorza. Pero, por otros motivos, La Zarzuela no aceptó a Isabel. Como ya comentamos en otro momento, a la reina y Sabino Fernández Campo se les atribuye el hecho de haber roto la pareja, en 1992. En aquel mes de junio en que el rey estaba desaparecido en Suiza y no se presentaba a sus obligaciones oficiales, tampoco se hallaba disponible el príncipe Felipe, que, según se dijo, estaba demasiado afectado por el gran disgusto que le había provocado la ruptura con Sartorius, aunque la explicación oficial de su ausencia fue que estaba entrenando con el equipo olímpico de vela. Después Sabino, el mes de agosto del mismo año, tuvo que ocuparse de los asuntos del hijo como ya tantas veces lo había hecho con los del padre, para conseguir evitar que el diario Claro sacara el historial con las drogas de la madre y el hermano de Isabel Sartorius, motivo por el cual, presuntamente, la reina había impedido que el compromiso de la pareja prosperara. La discreta Isabel Sartorius lloró en silencio sus penas de amor, y en 1995 se trasladó a Londres. Desde allí se informó un día de que estaba embarazada, aunque la prensa, que nunca había dejado de acosarla, no le conocía ninguno novio. Meses después se casó con el aristócrata Javier Soto, un matrimonio que todos los medios interpretaron como «de conveniencia» y del cual nunca se llegó a tener documentación legal. En 1997 volvió a España para dar a luz su hija Mencía. Unos días después anunció su separación matrimonial.

Otro embrollo grotesco del príncipe Felipe fue el que protagonizó con su novia norteamericana, la multimillonaria Gigi Howard, con la que le sorprendieron en actitud cariñosa en una idílica playa de la isla de Saint Martin, en el Caribe. Se habían conocido mientras el príncipe estudiaba un máster en los Estados Unidos, no lo bastante lejos de los paparazzi de la prensa rosa española. Después de haberlos cazado en Saint Martin, Hugo Arriazu (el mismo reportero que había descubierto a la infanta Elena en su secretísima luna de miel) continuó el seguimiento de la pareja, cosa que acabó provocando su ingreso en prisión en junio de 1995, en una trama al estilo del cine negro americano.

Acusaron al periodista de espionaje telefónico por haber pinchado, supuestamente, las líneas de la Howard, acción que, en cambio, había efectuado un confidente de la Policía norteamericana que no resultó acusado de nada. En el juicio, la acusación contra Arriazu se basó en el testimonio del agente Hunker de la Policía yanqui. Pero estuvo rodeado de contradicciones y zonas oscuras. Por ejemplo, el juez interrumpió la declaración de Hunker cuando los abogados de Arriazu intentaban averiguar quién le había ordenado controlar los movimientos del periodista, incluso su cuenta corriente, antes de los hechos que se le imputaban. Lo único que al final quedó claro fue que, a instancias de no se sabe quién, la Policía norteamericana había colaborado activamente en el acoso al reportero, que al final tuvo que ser absuelto. Y así están las cosas a comienzos del nuevo siglo, mientras el «campechano» rey de España continúa asegurando como si nada que su hijo se casará «cuando le dé la gana».

Aventuras sentimentales aparte, otros datos interesantes en su biografía pasan por la promulgación del decreto que le proclamaba príncipe heredero, siete meses después de las primeras elecciones generales, en enero de 1978, cuando estaba a punto de cumplir diez años. En septiembre de 1987, Juan Carlos mencionó por primera vez, en una entrevista con Jim Hoagland, del Washington Post, que llegaría el día en que cedería el trono al príncipe de Asturias. Y unos años después, en 1992, llegarían las tensiones surgidas en la pareja real que, presuntamente, llevaron a la reina a pensar en la abdicación del rey en favor de su hijo, como una manera de liberar a su marido de las servidumbres que impone la institución. Los rumores se difundieron justo en los momentos previos a la salida de Sabino de la Casa Real, coincidiendo también con la célebre conjura «republicana», más adelante revelada por José María Ansón en su famosa «ansonada». Pero es dudoso que el príncipe tuviera ni siquiera conocimiento de todo esto en su día. A lo largo de todos estos años, su actividad se centraba en su formación académica y militar. En la Escuela Naval de Galicia, siguiendo la tradición del centro, compartía habitación con tres camaradas que cambiaban regularmente, cosa que permitía que todos los alumnos de la Marina se conocieran entre ellos.

Después dio la vuelta al mundo en el Juan Sebastián Elcano, como ya había hecho su padre, y todavía se lo pasó mejor, de escándalo. Fue su segundo año de formación militar y era el benjamín de su promoción. Con 72 compañeros de promoción, hizo una travesía de cinco meses de duración, pasando por las Canarias, Río de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, El Salvador, Santo Domingo y Baltimore, hasta acabar su recorrido en Cádiz.

La preparación académica de Felipe —bajo la atenta mirada de su tutor, cargo que ocupó el general Alcina durante diez años (de 1984 a 1994), al cual muchos conocían familiarmente como «la niñera»— pasó en primer lugar por un colegio de la burguesía madrileña y, después, por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, con un plan de estudios especial. A continuación se consideró conveniente que completara su formación con períodos de estudios en universidades extranjeras. Primero convalidó el COU en Lakefield (Canadá) y después hizo un máster de Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown (Washington), centro regentado por jesuitas donde se prepara a la clase dirigente norteamericana y de los principales países desarrollados. Allí estudiaron, por ejemplo, el ex-presidente Bill Clinton y varios miembros de la familia Kennedy. Aparte de su perro Puskis, el diplomático Enrique Pastor como tutor y los escoltas (que aprovecharon para hacer un curso de inglés y recibieron sus diplomas al mismo tiempo que el príncipe), le acompañó su primo Pablo de Grecia, que conoció allí a su actual esposa, la rica heredera Marie Chantal Miller, íntima amiga de Gigi Howard, por cierto. Además de estudiar, Felipe practicó la vela, y en 1992 fue designado miembro del equipo español que representó a España en los Juegos Olímpicos de Barcelona, y provocó tiernas lágrimas de emoción en su hermana Helena cuando se paseó como portabandera en la ceremonia inaugural. Y además siente pasión por la ecología, que hoy en día vende mucho y le llevó a protagonizar la serie La España salvaje de TVE que, pese a su presencia, fue un fracaso rotundo de audiencia.

Actualmente, en su profesión de heredero, para la cual fijó desde 1995 su residencia en Madrid, cuenta con la ayuda de la Secretaría del Príncipe, organismo oficial que depende de la Casa del Rey.

El secretario general es Jaime Alfonsín Alfonso (antes socio en el bufete de Aurelio Menéndez y 203 Rodrigo Uría, casado con Mónica Prado y Colón de Carvajal, sobrina de Manuel Prado). Y tiene tres «ayudantes de campo», los comandantes de Tierra, Mar y Aire, Emilio Tomé de Vega, Juan Ruiz Casas y Francisco López Sillero; y varios administrativos asignados. Entre las actividades a que dedica el día, Felipe, al parecer, gasta mucha tinta en sus discursos, y los retoca una y otra vez hasta que quedan a su gusto. La Constitución no determina un papel oficial para el heredero y, para resolverlo, el Ministerio de Asuntos Exteriores firmó tras el verano de 1995 un acuerdo con la Casa Real por el cual se le asignaba en la práctica el papel de algo así como un embajador de lujo, a quien corresponde de manera permanente la representación del Estado en las tomas de posesión de los jefes de Estado de Iberoamérica y Portugal.

En el ámbito empresarial le va mejor. Felipe de Borbón y Grecia es el presidente de la empresa «Sociedad Española de Estudios para la comunicación fija a través del Estrecho de Gibraltar SA». De esta misma compañía eran consejeros su abuelo Juan de Borbón y Battenberg y otros ilustres personajes, como Muhammad Kabbaj, Alí Benbouchta, Azeddine Guessous (embajador de Marruecos) o Antonio de Oyarzabal Marchesi (embajador de España en Dinamarca, en Quito, ex-director general de Cooperación Técnica Internacional, gobernador de Guipúzcoa, de Tenerife, y director de la OID).

CAPÍTULO 22

EL «PUDRIDERO REAL»

El rey Juan Carlos sabe contar los años, siente la Parca más cerca, y quiere unas vacaciones permanentes. Muchas personas próximas a él aseguran que sus deseos actuales están encaminados a «jubilarse» y disfrutar de la vida antes de lo inevitable. Dicen que en el fondo de su corazón existe el espíritu de un funcionario de Estado y que ya ha cumplido su período de ejercicio. Ahora quiere pasar a las clases pasivas. Se habla de su deseo de abdicar a favor de Felipe, aunque la soltería de éste y la carencia de candidata para continuar la descendencia no dejan demasiado margen de juego al relevo. Unos apuntan que se instalará permanentemente en Mallorca; otros piensan que residirá con la reina Sofía en Londres, adonde ella viaja frecuentemente, y donde vive desde hace 20 años su hermano, el ex-rey Constantino II. Sería, en los dos casos, una manera tranquila de acabar y, además, sin dar tiempo a que el problema sucesorio, o cualquier otro, llegara a poner en peligro la pervivencia de la monarquía en España.

No podemos olvidar que la institución, por lo general, está en claro retroceso en la historia de los países adelantados, por mucho que una buena lista de aspirantes a restaurar coronas se emperren en mantener la ilusión contraria. Insisten en reinar, aunque no han llegado a convencer sobre los beneficios que pueden aportar a sus regias patrias, entre otros, Oto de Habsburgo (para revitalizar el Imperio austrohúngaro) Miquel Romanov (la solución viviente a la caída de la Unión Soviética), Víctor Manuel de Saboya (para devolver a Italia el antiguo esplendor del Imperio romano), Alejandro I (para solucionar los conflictos étnicos reunificando la derrota Yugoslavia), o el mismo Luis Alfonso de Borbón-Dampierre Martinez-Bordiú (primo del rey Juan Carlos, bisnieto de Franco, neofascista y aspirante al palacio de Versalles y, si fuera posible, también al de España).

Sólo la octava parte de los países del mundo cuentan hoy con un Régimen monárquico como sistema político. Claro está que a la mayoría es mejor no sacarlos a pasear mucho por la ONU, porque son capaces de pedir que los súbditos vuelvan a llevar cadenas en los pies. Swazilandia, Bután, Tonga, Camboya, Lesotho, Marruecos, el Nepal, Omán o Tailandia son ejemplos que hacen desear algo mejor para sus pueblos. Un pequeño grupo son paraísos fiscales más que países, como, por ejemplo, Mónaco o Liechtenstein. Y otros, filiales de las multinacionales del petróleo, como Brunei, la Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Kuwait.

En la Europa occidental todavía quedan unos cuantos reinos sólidamente consolidados (Bélgica, Dinamarca, Suecia, el Reino Unido…). Pero nada es eterno. La dinastía española de los Borbón es la más antigua, puesto que ha reinado desde el año de gracia de 1700, pero, como es bien sabido, su recorrido histórico ha pasado por toda clase de avatares, incluyendo a cuatro regias figuras que salieron por piernas del país mientras el pueblo hacía fiesta en las calles. Carlos IV, sitiado por las masas, abdicó en favor de su hijo Fernando VII. Se fue al exilio, de donde ya no volvió. Murió en Nápoles en 1819. Ya antes, en 1808, su sucesor, Fernando VII, también había sido expulsado. Dejó el trono a su hija Isabel II. Con ella el pueblo fue más severo: no permitió que dejara a otro Borbón en su puesto cuando tuvo que salir escopetada, en 1868, e instauró la primera República. Poco 205 después, sin embargo, Alfonso XII volvió a restablecer la monarquía en olor de multitudes: fue en 1874 y el joven Borbón tuvo una acogida tan apoteósica en Madrid que, inclinándose sobre su caballo, dijo a un hombre que le aclamaba: «Gracias, gracias». A lo cual el hombre respondió: «Esto no es nada. ¡Sí hubieseis visto cómo gritábamos cuando echamos a su madre!». Alfonso XII aguantó en el trono hasta que murió, cuando a una edad temprana, según rumores que corrían por Madrid y que fueron recogidos por los historiadores, estaba «hecho polvo de tanto joder». Y dejó «la menor porción posible de rey», en palabras de Sagasta, porque se trataba de una cosita que apenas tenía unos meses, pero que era un rey al fin y al cabo. Fue la madre de Alfonso XIII, María Cristina, quien le guardó el trono como regente hasta que tuvo la mayoría de edad, dejando que Cánovas y Sagasta se alternaran en el poder, fiel a los últimos consejos de su esposo, que, ya agonizante, le dijo en su lenguaje castizo: «Cristina, guarda el coño, y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas». Pero Alfonso XIII también fue expulsado, como su abuela, en 1931, con la declaración de la Segunda República. Antes, el abuelo de Juan Carlos todavía tuvo tiempo de apostar por el general golpista Primo de Rivera. Después se fue deprisa y corriendo y llegó tan cerca de Dios como pudo, ante el Vaticano, esperando que el designio divino le devolviera al Palacio de Oriente tras un nueve golpe de Estado. No llegó a consumarse en favor suyo, y su puesto lo ocupó el Caudillo, que, marchando bajo palio y con el brazo incorrupto de Santa Teresa en las manos para demostrar que él también tenía el designio divino de su parte, actuó como regente de Juan Carlos hasta su muerte.

No hay nada que pueda hacer pensar en una nueva caída de la monarquía, por ahora. Aunque ya decía Miguel Maura, aquel monárquico que fue ministro de Interior del primer Gobierno de la República en 1931, cuando ofrecía consejo a un eventual nuevo rey de España: «¡Que no deshaga las maletas! No vaya a ser que no tenga tiempo de volver a hacerlas si las cosas se estropean». José Luis de Villalonga se lo recordó una vez al rey Juan Carlos, para ver cómo reaccionaba ante la impertinencia. Respondió de manera imperturbable: «Procede de un pesimismo que ya no tiene fundamento. Miguel Maura no podía imaginarse que nuestra actual monarquía sería del gusto de muchos republicanos de toda la vida». A esta afirmación se podría añadir, empero, que sólo los reyes son capaces de provocar el fervor republicano. Sea como sea, y aunque sea sin república ni cambio de régimen, ni siquiera con jubilación de por medio, algún día llegará un final para el reinado y la vida de Juan Carlos. Puesto que este libro es una biografía que por su fecha histórica se ha quedado necesariamente inacabada, sin ánimo de ser morbosos y mucho menos agoreros, adelantaremos algunos datos de lo que, como desenlace, podemos prever que pasará.

Juan Carlos I ocupará, como el resto de los Borbones de su dinastía y algunos Austrias, un sitio en lo que se ha erigido como monumento fúnebre en el monasterio de San Lorenzo del Escorial.

Adentro, en el Panteón de Reyes, están enterrados los monarcas. Se trata de una pequeña joya del barroco, un aposento octogonal que apenas tiene 10 metros cuadrados, cubierta de mármol, donde hay 26 urnas sepulcrales sostenidas por zarpas de león de bronce dorado. Se encuentra en el subsuelo de la Basílica, concebida por Felipe II como una parte del monumento representativo de su poder, puesto que entonces reinaba sobre un imperio que tenía su leyenda negra pero en el que no se ponía el sol. Allí reposan los restos de todos los reyes de España desde Carlos I (con sus esposas, si habían sido madres de un rey, puesto que si no, lo tenían vetado). Y sólo faltan dos: Felipe V, que encontraba lúgubre El Escorial y prefirió ser inhumado en La Granja de San Ildefonso; y Fernando VI, que escogió la iglesia de Las Salesas para estar junto a su esposa, Bárbara de Braganza, que no había tenido descendencia. Incluso para morir hay clases, al menos con respecto al envoltorio. Y tan importante es para la monarquía este monumento, que una de las grandes preocupaciones de Alfonso XIII desde que se exilió en Roma en 1931, tras proclamarse la segunda República, fue qué pasaría con los sepulcros.

Miguel Pinto, marqués de Bóveda de Limia, uno de los primeros generales que entraron en Madrid al frente de las tropas de Franco, tuvo que desplazarse al Escorial antes que a su casa para informar al monarca exiliado de que las tumbas no habían sido profanadas. Ignoramos de qué clase de ostentación, cuando llegue el momento, pueda revestirse la ceremonia en honor de Juan Carlos I.

Podría, como él mismo adivinó, estar llena de muchos republicanos de boquilla, de los que llevan años adulándolo, a falta de una corte aristocrática de verdad, que nunca se ha trabajado demasiado en vida, en la que ha mantenido un distanciamiento manifiesto del estamento nobiliario. Y eso que en los últimos tiempos ha redoblado los esfuerzos por conseguir su afecto, presidiendo la última asamblea de la Diputación de la Grandeza (celebrada en marzo del 2000). Esta entidad es algo así como el sindicato de la nobleza, que vela por su integridad y pureza, y que actualmente reconoce unos 2.700 títulos vigentes (entre señorías, baronías, vizcondados, condados, marquesados, ducados y «grandes de España»). Una lista que el rey Juan Carlos ha ayudado a agrandar, integrando, además de sus yernos, a más de 20 plebeyos a los cuales ha otorgado títulos. Entre otros, en este censo están Carmen Polo, Josep Tarradellas, Alfonso Escámez, José Manuel Lara, Camilo José Cela… No están, en cambio, porque consideraron que el título no les encajaba y rehusaron el honor, Severo Ochoa y Pedro Laín Entralgo. También Franco había asumido por decreto (del 4 de junio de 1948) el derecho de otorgar títulos, y lo hizo 38 veces, procurando que los elegidos vistieran el uniforme del rango militar más alto. Casi todos fueron generales de la Guerra Civil (Mola, Moscardó, Queipo de Llano, Carrero Blanco…), o falangistas (como por ejemplo Julio Arteche o José Antonio Primo de Rivera).

Quizás el dicho de «nobleza obliga» la aplicaron los dos, Franco y el rey, como modo de asegurarse la fidelidad de los ascendidos a condes y duques a última hora. Llegado el momento, quienes no podrán rendir honores ante el rey, aunque quisieran, serán algunos de sus mejores amigos. A lo largo de toda su vida y de su reinado, para Juan Carlos ha sido una constante el hecho de contar con alguien a su lado, como consejero o colaborador, a veces como tutor. Pero también ha sido una constante ir sustituyéndolos a unos por otros, en función del que más le conviniera según los tiempos, y dejarlos en manos del destino como juguetes rotos cuando finalizaba la etapa. Así pasó con Torcuato Fernández Miranda (su tutor universitario y tutor político durante los primeros años de la Transición, ahora muerto), Alfonso Armada (su secretario particular y gran amigo hasta el 23-F), Adolfo Suárez (su primer presidente y fiel colaborador hasta que se cansó de él), Sabino Fernández Campo (su director de escena en la representación teatral de la monarquía durante muchos años), Mario Conde (que acabó en los tribunales por delitos económicos sin que su amigo de La Zarzuela pudiera hacer nada por evitarlo), Francisco Sitges (en las mismas circunstancias), Javier de la Rosa (benefactor del monarca hasta que se sintió traicionado y se convirtió en su espada de Damocles), el príncipe Tchokotua (que se pasa por los tribunales de vez en cuando como encausado en algún caso de malversación de fondos, pese a su larga relación de afecto con el rey), Manuel Prado (hoy con un pie en la prisión por delitos en los que también puede involucrar a su amigo más íntimo), etc. A todos, uno detrás de otro, Juan Carlos los fue dejando en la cuneta, en el mejor de los casos con un título nobiliario, en el peor en la cárcel, asumiendo responsabilidades que presuntamente habían compartido. Claro está que él es impune y esto lo sabe todo el mundo. No hay ninguna razón, pues, para que algunos se hayan sentido traicionados. Hablando sobre la amistad, el mismo rey Juan Carlos matizaba: «En España empleamos la palabra "amigo" con demasiada ligereza. Termina por no querer decir nada».

Volviendo al destino que espera al monarca en el Escorial, hace falta explicar, aunque pueda resultar un poco desagradable, que antes de ser trasladados al Panteón, los cadáveres de los reyes pasan un tiempo en el «Pudridero Real». Se trata de un aposento todo hecho de piedra, con el suelo de granito y el techo abovedado, de unos 16 metros cuadrados, distribuido en tres cuartos a manera de alcobas, sin luz ni el menor rastro de ventilación. Un descanso, si no eterno, al menos pleno. Allí se depositan los cadáveres para que entren en real descomposición, durante un tiempo prudencial, de 20 a 40 años. Lo que se estime necesario para que culmine el proceso biológico de su reducción natural. Unos tardan más y otros menos. Alfonso XII, por ejemplo, sólo esperó 13 años (de 1885 a 1898) antes de pasar al Panteón Real. Se pudrió enseguida. Y Alfonso XIII ni siquiera llegó a pasar.

Había muerto en Roma en 1941 y transcurrieron 40 años hasta que fue trasladado a España, en 1980. Sin embargo, planteó problemas. Como estaba embalsamado, no cabía en la urna y hubo que romperle las piernas en una ceremonia que le tocó presidir al entonces jefe de la Casa Real, el marqués de Mondéjar. No debía ser precisamente una fiesta y no es extraño que el príncipe Felipe, en una entrevista, cuando le preguntaron qué le había impresionado más en su vida, recordara aquel momento: «En El Escorial, cuando la transferencia de las cenizas de Alfonso XIII…»

Para facilitar la descomposición de los cuerpos, se depositan en una caja dentro del cuarto, sobre cuatro falcas de madera que la sostienen a dos o tres pulgadas del suelo. El féretro se apoya sobre una bandeja de cal tras hacerle unos agujeros en la base para que salga la materia orgánica y se desinfecte en contacto con esta sustancia. Y fuera se coloca una sencilla lápida de mármol negro con el nombre de aquél a quien pertenecen los restos. Allí se quedan hasta que, cuando se ha consumido la humedad y ya no dan olor, se trasladan al Panteón en una urna más pequeña (apenas de l metro de largura y 40 centímetros de anchura).

No hay ningún documento que recoja la fecha de creación del Pudridero Real, aunque seguramente fue próxima a la del Panteón (inaugurado en 1654, bajo el reinado de Felipe IV). El primer testimonio de su existencia es de 1854. Estaba custodiado por una comunidad de padres agustinos, un colectivo de 51 miembros religiosos en la actualidad, que lleva los asuntos entre Dios y sus designados para reinar, y que guardan el monasterio desde 1885. Entrar al Pudridero está prohibido para cualquiera otra persona (los 700.000 turistas que cada año visitan el mausoleo, por ejemplo), y en cuanto a permanecer dentro, no hace falta ni decirlo. Ni siquiera tiene puerta. Cada vez que se accede, los albañiles tienen que derribar un tabique, y volverlo a levantar después. Si todo esto tiene importancia aquí y ahora es porque el Pudridero Real será, con toda probabilidad, el destino definitivo del rey Juan Carlos I, puesto que en la cripta octogonal no queda espacio para nadie más.

El 8 de noviembre de 2000 se trasladó, desde el Escorial hasta la catedral de Santa María la Real de Almudena, a María de las Mercedes, la primera esposa de Alfonso XII (la de las películas y la copla de Juan Ignacio Luca de Tena ¿Dónde vas Alfonso XII?). Pero el traslado de sus restos mortales no significa que se haya hecho espacio en el Panteón Real para un nueve inquilino, puesto que ella estaba enterrada en la Basílica, hasta que llegara la hora en que se pudieran cumplir los deseos de Alfonso XII.

Actualmente en el Pudridero hay tres cadáveres en descomposición, en espera de plaza definitiva: el de la reina Victoria Eugenia, abuela de don Juan Carlos (muerta en 1969 y trasladada en 1985 al Escorial procedente de Lausana); el de Don Juan, conde de Barcelona (desde su muerte, en abril de 1993, y que no fue rey pero será enterrado como tal por expreso deseo de su hijo); y el de la condesa de Barcelona, madre del rey (que murió el 4 de enero de 2000). Con el paso de estos tres cadáveres al Panteón, el aposento quedara completo. De todas maneras, la entrega del cuerpo al Pudridero Real no está exenta del ceremonial digno de un rey, cosa que no sucede con el traslado habitual desde allí al sepulcro definitivo. Este traslado se hace normalmente en la intimidad, exceptuando la presencia de un miembro de la comunidad agustina como testigo, de un arquitecto del Patrimonio Nacional que dirige la operación, de dos operarios, y de un médico que es testigo de que el proceso de descomposición ha finalizado. A la ceremonia del Pudridero, en cambio, asiste hasta el ministro de Justicia, que tiene que pronunciar las palabras: «Padre prior y padres diputados, reconozcan vuestras paternidades el cuerpo del señor/señora… que conforme al estilo y la orden de su majestad que ha sido dado voy a entregar para que lo tengáis en vuestra guarda y custodia».

Después el prior y los ancianos padres agustinos presentes contestan: «Lo reconocemos». Se cierra el féretro, se levanta un acta de la entrega y los agustinos se hacen cargo de la llave del ataúd. La tradición también manda que se den tres fuertes golpes en la caja del monarca difunto, y se lo llame por su nombre, tras lo cual el jefe de la Casa Real tiene que declarar solemnemente: «Puesto que el rey no responde, está muerto».

NOTAS DEL EDITOR DEL PRESENTE EPUB

[1] Sobre quién está detrás de este seudónimo existen diversas teorías (Pepe Rei, Amadeo Martínez Inglés, Jesús Cacho), pero ninguna de ellas ha podido ser probada, incluso algunos de los presuntos autores lo ha negado taxativamente. Otras hablan de una autoría colectiva de periodistas vinculados con la izquierda. <<

[2] Editado en 2000 por Ardi Beltza, apenas se vendió en librerías y, fundamentalmente, se distribuyó entre los circuitos próximos a la izquierda abertzale, hasta que se agotó. Otras pequeñas editoriales/revistas de los mismos circuitos (Arakatzen, Miatzen, Kale Gorria, Gráficas Lizarra) lo volvieron a editar en pequeñas tiradas, estando igualmente agotadas.

Hoy en día, aunque el libro no está oficialmente censurado, es casi imposible conseguirlo, salvo en préstamo en algunas bibliotecas públicas del País Vasco. En cambio, es fácil encontrarlo en formato PDF en muchas páginas de Internet. <<

[3] Mal escrito en euskera (vascuence). En este idioma no se ponen «m» antes de «b» o «p», por tanto debería decir: «Erregeak kanpora». <<

[4] Traducción incorrecta. El termino «kanpo» no significa «campo», sino «fuera» y, declinado en nora? (¿a dónde?), se traduciría como «afuera». Por tanto debería decir: «Afuera los Reyes» o «Fuera los Reyes». Similar a la expresión inglesa Go home (p.e. la conocida Yankees Go Home), «Iros a casa», dando a entender como: «Iros de aquí, que no sois de aquí y aquí no se os ha perdido nada, y no sois bien recibidos». <<