El 4 de marzo de 2018 el Ayuntamiento de Barcelona retiró de su pedestal la réplica de una estatua que se había levantado originalmente en 1884 para honrar la figura de Antonio López y López. Esta decisión estuvo marcada por la polémica. Para los que aplaudieron la iniciativa municipal, López era un negrero y la ciudad no debía honrar su memoria en un espacio público. Quienes se opusieron a la resolución consideraban que no sólo no estaba claro que López se hubiera dedicado al comercio de esclavos, sino que se trataba, por encima de todo, de un empresario excepcional y un destacado mecenas, cuya figura merecía ser recordada.

¿Quién fue Antonio López? ¿Por qué, más de un siglo después de su muerte, este personaje genera tanta controversia? ¿Estuvo realmente implicado en el tráfico de esclavos durante sus años de estancia en Cuba? ¿Qué negocios fueron decisivos para que amasara una enorme fortuna y cómo articuló el mayor holding empresarial de la economía española a finales del siglo XIX? Esta extraordinaria biografía da respuesta a preguntas como éstas a través del relato más completo en torno a la vida del primer marqués de Comillas. Un libro que revela de forma progresiva pasajes decisivos de la trayectoria vital de López y nos ofrece a su vez una aproximación sin parangón a un período clave en la historia colonial de España.

Martín Rodrigo y Alharilla

Un hombre, mil negocios

La controvertida historia de Antonio López, marqués de Comillas

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Titivillus 19.03.2022

Martín Rodrigo y Alharilla, 2020

Editor digital: Titivillus

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La polémica de la estatua o una estatua polémica

La mañana del domingo 4 de marzo de 2018, en un acto tan festivo como político, unos operarios retiraron de su pedestal la estatua de Antonio López y López, primer marqués de Comillas (1817-1883), situada hasta entonces en la homónima plaza de Barcelona. Al hacerlo, ejecutaban una decisión adoptada por el equipo de gobierno municipal, integrado exclusivamente por concejales de Barcelona en Comú y encabezado por la alcaldesa Ada Colau. Al retirar dicha estatua del espacio público, los responsables del Ayuntamiento de Barcelona aplicaban escrupulosamente una de las promesas del programa electoral con el que Barcelona en Comú se había presentado a las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, según el cual habían tomado el compromiso de «impulsar una revisión completa del nomenclátor y los espacios de memoria de la ciudad para garantizar que éste quede libre de referencias apologéticas en la memoria del esclavismo, el franquismo y el fascismo». En este caso, al verdadero Antonio López, en cuyo honor se había levantado aquella estatua en 1884, se le acusaba de haber estado vinculado, mientras vivió en Santiago de Cuba, al mundo de la esclavitud, en general, y al comercio de africanos esclavizados, en particular.

No es menos cierto que la decisión de retirar aquella estatua recogía también una demanda planteada por algunos sectores de la sociedad civil barcelonesa, quienes llevaban tiempo pidiendo que la plaza de Antonio López, allí donde se alzaba la polémica estatua, cambiase de nombre. En el año 2014, sin ir más lejos, la entidad SOS Racisme había planteado su propuesta de rebautizar aquel lugar como plaza de Nelson Mandela. Y algo después, el 7 de octubre de 2015, en el marco de la conmemoración de la Jornada Mundial por el Trabajo Digno, un buen número de delegados y de dirigentes de las tres principales organizaciones sindicales catalanas (Comissions Obreres, Unió General de Treballadors y Unió Sindical Obrera de Catalunya) se concentraron junto a la susodicha estatua para afirmar que era «vergonzoso» que la capital catalana tuviese una plaza y un monumento dedicados a «un conocido esclavista que, ciertamente, no merece ningún espacio en la ciudad». En aquel acto, los líderes sindicales que tomaron la palabra pidieron rebautizar aquel emblemático espacio como Rana Plaza, con el objeto de que sirviese para recordar un edificio de la localidad de Savar, en Bangladesh, cuyo derrumbe, acaecido el 24 de abril de 2013, había provocado la muerte de 1.127 trabajadores del sector textil, los cuales trabajaban en condiciones extremadamente precarias y habían pagado con su vida el afán de producir bienes de bajo precio, en el marco del actual proceso de globalización capitalista.

Más allá de SOS Racisme y de los sindicatos CC. OO., UGT y USOC, otras entidades habían pedido también la retirada de la estatua y el cambio de nombre de la plaza. Así lo habían propuesto, por ejemplo, la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, el Espacio del Inmigrante o el Movimiento Panafricanista de Barcelona. Por otro lado, la campaña «Cerremos los CIE» (o sea, los Centros de Internamiento de Extranjeros) había insistido en que aquella emblemática plaza debía dejar de honrar la figura de Antonio López para recordar a un joven guineano llamado Idrissa Diallo, quien había fallecido con apenas veinte años, el 5 de enero de 2012, tras haber sido internado en el barcelonés CIE de la Zona Franca. Al honrar al joven Diallo, los promotores de aquel cambio de nombre de la plaza Antonio López querían denunciar las condiciones en que se internaba a las personas inmigrantes en los polémicos CIE, así como evidenciar las consecuencias mortales derivadas de las políticas migratorias de España y de la Unión Europea.

Más allá del amplio número de barceloneses que solicitaron expresamente al ayuntamiento que retirase del espacio público la estatua de Antonio López y que cambiase el nombre de la susodicha plaza, hubo también muchas otras voces que se opusieron a dichas demandas y que pidieron, sin éxito, a la corporación municipal que dejase las cosas como estaban. No en vano y al hilo de las propuestas enfrentadas sobre lo que convenía hacer con la estatua del primer marqués de Comillas, lo cierto es que Barcelona ha conocido en los últimos veinte años una abierta polémica entre detractores y defensores de su figura. Entre los argumentos defendidos por los primeros destacaba, como señalé, la afirmación de que se trataba de alguien directamente vinculado con el tráfico de esclavos durante los años que vivió en la isla de Cuba, razón por la cual aquella estatua debía ser retirada. Quienes le han defendido han insistido en que no resulta conveniente juzgar con ojos del siglo XXI conductas del siglo XIX y, sobre todo, en que la trayectoria del primer marqués de Comillas, como empresario y como mecenas, merecía ser recordada por las generaciones presentes y futuras de barceloneses manteniendo en pie la citada estatua en un espacio público. Algunos han añadido, además, que no se debe calificar a López como «negrero», dado que no hay pruebas documentales que sustenten dicha afirmación.

La controversia entre defensores y detractores del empresario Antonio López y López no era nueva, sino que venía de lejos. Valga recordar aquí que el coordinador general de la formación política Esquerra Unida i Alternativa, el economista y abogado Antoni Lucchetti, firmó, el 19 de mayo de 1999, una Tribuna en la edición de El País en Cataluña titulada «Barcelona no se merece la plaza de Antonio López». En la misma se puede leer que López emigró de joven a Santiago de Cuba y que allí «pronto se dedicó, como tantos ilustres catalanes, a la compraventa de esclavos, actividad que entonces (casi tanto como ahora) era muy remuneradora. Su cuñado, Francisco Bru, afirmó que López se entendía con los capitanes negreros que llevaban clandestinamente esclavos de África a las cercanías de Santiago» y luego él los reenviaba a otros puntos de la Isla. Aquélla era la razón principal por la que dicho autor afirmaba que la capital catalana no debía mantener la estatua. Y acababa sugiriendo: «Habría que promover una suscripción popular para derrocar ese monumento, sustituirlo por otro dedicado a la diversidad y cambiar el nombre de la plaza por otro; por ejemplo, plaza del Inmigrante». En consecuencia y en el marco de la campaña previa a las elecciones municipales de Barcelona del 13 de junio de 1999, la candidatura de Esquerra Unida i Alternativa en Barcelona realizó un acto electoral durante el cual cubrieron dicha estatua con bolsas de basura negras.

Fue en aquel contexto cuando María del Mar Arnús publicó, el 5 de junio de 1999 y también en la edición catalana de El País, un texto donde aparecían ya algunos de los argumentos que se irían repitiendo en los años ulteriores en defensa del empresario nacido en Comillas. Aquella autora consideraba que la figura de Antonio López era, por encima de todo, la de un «indiano protector de las artes y las letras». Y afirmaba también que «el monumento a López simboliza el del más famoso de los emigrantes, que vuelve rico y se establece en la única ciudad española moderna capaz de generar riqueza». En su alegato hagiográfico, María del Mar Arnús consignaba que López era «el personaje que mejor ilustra la proyección internacional (finanzas, comercio, marina, emigración, mecenazgo) de la economía y la sociedad catalana del siglo XIX», y atribuía las críticas hacia su persona a la «historia negra» que se acostumbra a tejer en torno a cualquier «personaje que acumula tanto dinero y poder en un corto período de tiempo». Una leyenda negra que tenía, según ella, una única fuente: un cuñado del cuestionado empresario llamado Francisco Bru, al que María del Mar Arnús caracterizó como «resentido y acomplejado» y al que definió como «la oveja descarriada de la familia». Con aquellos adjetivos, dicha autora quiso desautorizar la veracidad de las afirmaciones que Pancho Bru había vertido en su famoso libro La verdadera vida de Antonio López y López. Un polémico texto, publicado poco después de la muerte de López, en el que dicho autor dejó escritas frases como las que siguen: «¿Quiere saberse ahora el comercio que el insigne D. Antonio López hacía? Traficaba en carne humana; sí, lectores míos. Era comerciante negrero. López se entendía con los capitanes negreros, y a la llegada de los buques, compraba todo el cargamento, o la mayor parte de él […] Compraba en Santiago de Cuba negros a bajo precio y los enviaba a La Habana y a otros puntos de la isla donde los vendía con más o menos ganancias, pero siempre con una ganancia muy alta». Y en otro fragmento, añadía: «Santiago de Cuba no había visto jamás a un negrero más duro, más empedernido, feroz y bárbaro» que López; para concluir: «con razón podrá llamarse a aquella plaza, la Plaza de los Negreros, porque será la rehabilitación monumental y la apoteosis radiante de todos los comerciantes de carne humana» (Bru, 1885: 62-65). A diferencia del testimonio de Francisco Bru Lassús, María del Mar Arnús publicó en su artículo en El País que «hoy hay varios estudios que avalan su no participación en el tráfico de esclavos». En su nota no citaba, sin embargo, ninguno de aquellos estudios.

Casi veinte años después, el 4 de marzo de 2018, la misma autora volvió a publicar en la prensa un escrito con idénticos argumentos. En aquel caso, el medio que se prestó a dar publicidad a sus tesis fue La Vanguardia. Afirmaba en esta ocasión María del Mar Arnús haberse preocupado en sus investigaciones por «indagar sobre la carrera meteórica del mecenas Antonio López, primer marqués de Comillas, sobre el que pesaba el sambenito de traficante de esclavos», añadiendo que «tras revolver archivos y consultar a historiadores ingleses, catalanes y cubanos, comprobé que no existía ningún documento serio que avalase esa tesis», más allá de los «libelos» publicados por su cuñado Francisco Bru. Tampoco entonces nombró a ninguno de aquellos historiadores a los que se refería como fuente de autoridad. Afirmaba, además, dicha autora que en Cuba «a López se le reconoce como liberador de esclavos y promotor de la escuela moderna», por lo que consideraba «denigrante que le tilden de negrero en tantos medios». María del Mar Arnús publicó, por cierto, ambas notas en El País y en La Vanguardia firmándolas como «historiadora y crítica de arte». No quiso presentarse, sin embargo, como descendiente de Evaristo Arnús y Ferrer (1820-1890), financiero catalán coetáneo de Antonio López, de quien fue socio y buen amigo. Tan amigo que el primer marqués de Comillas tenía, sobre su mesa de trabajo, un busto de su colega Evaristo Arnús. Tampoco quiso presentarse como la cuarta condesa de Sert, título que ostenta desde hace años merced a su matrimonio con Francisco de Sert y Welsch, tataranieto a su vez de Claudio López y López (1818-1888), es decir, del hermano y socio del primer marqués de Comillas. Resulta legítimo pensar, no obstante, que la vehemencia que María del Mar Arnús ha mostrado, en los últimos veinte años, en su defensa de la figura de Antonio López y de su estatua, puede explicarse, al menos en parte, si tenemos en cuenta dichos vínculos familiares.

A favor de mantener la estatua intervino también en el debate otra descendiente de López. Me refiero a Isabel Güell López, a quien El País le quiso prestar sus páginas para dar publicidad a sus argumentos, lo que hizo el 16 de abril de 2016. Escrita en formato epistolar y en primera persona, destilando un humor muy fino y simulando que el autor de la nota era, en realidad, el difunto Antonio López, Isabel Güell no quiso hacer ninguna mención explícita a la supuesta implicación del primer marqués de Comillas en el tráfico de africanos esclavizados, aunque en su texto se diría que acepta que dicha implicación fue cierta. En todo caso, lo que parece proponer es cierta disculpa moral sobre la misma basándose en la idea de que los valores que son aceptables en un momento histórico pueden dejar de serlo más adelante sin que debamos caer en el error de analizarlos bajo cierto presentismo histórico. De hecho, aquella carta, presuntamente escrita por López, concluía preguntando: «¿Con qué criterio se ha de juzgar a nuestros antepasados?». Antes, en su nota, Isabel Güell había compartido las siguientes reflexiones, puestas en la pluma del primer marqués de Comillas: «Únicamente añadiré una reflexión tan obvia como necesaria a la hora de juzgar el pasado. A cada época le toca vivir su estupor, estupor más o menos retrospectivo, vergüenza que asoma tarde o temprano. A los jóvenes de mi generación […] nos tocó aterrizar en un lugar y una época enraizada en la relación de amos y esclavos: relación, además de legal, vivida como natural, lo que conlleva impunidad no sólo ante la ley sino ante uno mismo y ante la eternidad». Y si Isabel Güell López aprovechó la tribuna que le brindó El País para sugerir esa especie de disculpa moral sobre la vinculación de López con la institución de la esclavitud y con el comercio de esclavos, quiso así mismo resaltar los legados positivos que el difunto marqués de Comillas había legado a la capital catalana: «¿Qué sería de Barcelona sin nuestras aportaciones?», hacía preguntar a su augusto antepasado, quien inmediatamente respondía: «Desde luego, no sería esa capital de Catalunya que tanto interés despierta. Entre otros notables emprendedores [Juan Güell y Antonio López] fundamos las primeras industrias [y] descubrimos y protegimos a los principales artistas catalanes de la época», para concluir que sin aquellos dos ilustres mecenas «el modernismo catalán no existiría».

En su nota, Isabel Güell López citaba, de forma explícita y laudatoria, a la profesora Anna Caballé, responsable de la Unidad de Estudios Biográficos de la Universitat de Barcelona, quien había publicado previamente otra nota titulada «Dos homes i un nomenclàtor». Un escrito tan extenso como interesante que salió a la luz en el Quadern de la edición catalana de El País, el 24 de febrero de 2016. Cabe leer aquel texto como una reacción al anuncio realizado doce días antes por el comisionado de Memoria del Ayuntamiento de Barcelona, el historiador Ricard Vinyes, en el que expresaba la voluntad de la corporación de proceder al cambio de nombre de la plaza de Antonio López. En su largo artículo, Caballé aportaba ex cathedra una serie de argumentos a favor de las figuras de López y de Güell y en contra de los cambios en el nomenclátor barcelonés anunciados por Vinyes. Cuestionaba, de entrada, «la orgía de pureza histórica que vivimos», a la que situaba además en el marco de «la tradicional furia catalana por acabar con lo poco que hemos hecho». Se había desatado, a su juicio, una verdadera «caza de brujas» contra «dos hombres de negocios que fueron decisivos para el desarrollo de la Cataluña financiera, industrial y cultural de la segunda mitad del siglo XIX». Caballé se rebelaba, precisamente, contra dicha caza de brujas reivindicando las figuras de López y de Güell, a los que caracterizaba como «hombres audaces, fundadores de las primeras industrias, de los primeros bancos y compañías de navegación que tuvo nuestra doble nación y sin las cuales la capital catalana no sería como es, y el modernismo catalán no existiría porque ellos y sus hijos financiaron las obras de los mejores artistas de su tiempo». Aunque aseguraba también que «hay pocas dudas de que algunas de sus empresas fueron turbias, ya que su enriquecimiento fue muy rápido», señalaba las dificultades de poder probar determinadas acusaciones y de poderlas analizar por «la falta de documentación», ya que «tanto Güell como López dejaron atrás los papeles que podían acreditar la índole de sus negocios y ninguna de las dos familias posee archivos patrimoniales». Siendo esto así, la conclusión de Anna Caballé resulta evidente: «Ahora —decía en 2016— vamos contra ellos sin pruebas, sólo con el resentimiento ideológico, clasista y sectario».

En defensa de la figura de Antonio López y, sobre todo, criticando a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (a quien acusaba de hacer unas «reinterpretaciones populistas de la historia» y de «juzgar realidades del pasado con ojos del presente»), alzó también su pluma un colaborador habitual de La Vanguardia, el economista Francesc Granell. En un texto publicado cinco días después de la retirada de la polémica estatua, dicho autor consignaba que «retirar el monumento de López bajo la acusación de que fue un traficante esclavista es simplemente una inaceptable reinterpretación histórica». Así lo sostenía mientras afirmaba que «la esclavitud en las Antillas españolas solamente fue prohibida en 1886 […] con esto quiero significar que, aunque López hubiera hecho tráfico esclavista en Cuba, aquella era una actividad legal en la época, por lo que reinterpretar ahora la historia acusándolo de delincuente traficante de seres humanos es un sinsentido». De todas formas y a diferencia de María del Mar Arnús, Granell no sólo no negaba expresamente una eventual dedicación del joven Antonio López al comercio de esclavos, sino que prefería situarlo en un marco más general. Su defensa del controvertido personaje (y de su estatua) se basaba, pues, en dos argumentos: la legalidad del tráfico y el hecho de que no hubiera sido el único empresario catalán implicado en tal actividad.

Llegados a este punto, me siento obligado a puntualizar una cuestión: no es cierto, como afirma Granell, que la prohibición del tráfico de esclavos se diera, en la legislación española, en 1886. Aquel año desapareció, en efecto, la esclavitud en Cuba (en Puerto Rico lo había hecho trece años antes, en 1873, y en la España peninsular aún antes, en torno a 1837) pero el comercio transatlántico de africanos esclavizados había sido prohibido por España mucho antes. De hecho, mediante un tratado bilateral firmado con Gran Bretaña el 27 de septiembre de 1817, la Corona española había declarado ilegal tal actividad; una ilegalización que debía producirse en dos fases y que debía ser completa a partir de junio de 1820. Sabemos, no obstante, que pese a dicha prohibición, el comercio de esclavos africanos hacia Cuba continuó vigente, aunque de forma ilegal, hasta 1867, año en que desembarcó clandestinamente el último esclavo africano en la mayor de las Antillas (y en cualquier otro punto de América). Siendo así, en el caso de que Antonio López hubiera estado implicado de alguna manera en la trata africana durante los años en que estuvo viviendo en Santiago de Cuba, o sea, entre 1844 y 1856, lo habría hecho en el marco de una actividad ilegal y perseguida por la justicia española e internacional. Tampoco es cierta, por lo tanto, la afirmación que María del Mar Arnús había realizado años antes, en 1999, al consignar que «pese al decreto de abolición de la esclavitud de 1824 [sic ] […] el comercio de esclavos estaba autorizado». Como acabo de señalar, para los españoles el comercio de esclavos había pasado a ser una actividad completamente ilegal a partir realmente de 1821.

Más lejos aún de donde quiso llegar el economista Francesc Granell en su defensa de Antonio López lo había hecho otro de los tataranietos del primer marqués de Comillas. Me refiero al empresario José Joaquín Güell de Ampuero, quien el 14 de junio de 2017 había publicado una extensa nota, también en La Vanguardia, en la que afirmaba que la controversia sobre la retirada o no de la estatua escondía, en realidad, un debate más profundo y, sobre todo, más ideológico. A un lado, Güell situaba a una «izquierda infantil» cuyos «ojos […] no alcanzan a ver más allá de la caricatura del magnate», o sea, a unos izquierdistas que «desdeñan al rico, al poderoso, al opresor» por el mero hecho de serlo, sin matices, y que apuestan por retirar la susodicha estatua «porque Antonio López encarna todo lo que ella [Ada Colau] y los suyos desprecian y temen. Desprecian la verdadera lucha del hombre contra su destino, que no consiste en organizar protestas y lamentar el éxito de los demás, sino en trabajar, arriesgar y sí, si es posible, triunfar. Capitalismo sin subvenciones, capitalismo salvaje».

En defensa de la persona de su tatarabuelo y de la estatua que lo glorificaba, José Joaquín Güell de Ampuero se situaba en el otro lado de esa trinchera ideológica, sublimando los valores propios del capitalismo y decididamente enfrentado a Ada Colau y a esa «izquierda infantil» a la que criticaba de manera abierta. Para él, el primer marqués de Comillas fue no sólo, y «con diferencia, el empresario más importante de la historia de Cataluña», sino que también fue, «junto a su familia, el mecenas más importante de la historia moderna de Cataluña». Añadía, por otro lado, que su figura debe analizarse como la del «charnego, avant la lettre, más importante de la historia de la ciudad y [como] el máximo exponente de la celebrada y languideciente sociedad civil catalana», y que Antonio López debía juzgarse como alguien que «hizo más por el renacimiento de las letras y las artes catalanas que el Departament de Cultura de la Generalitat en las últimas cuatro décadas». Teniendo en cuenta que los méritos del primer marqués de Comillas fueron, a su juicio, abrumadores (empezando por su condición de «hombre-hecho-a-sí-mismo» por haber nacido en un hogar pobre y haber acabado sus días con un inmenso patrimonio) nada debía justificar la retirada de su estatua, más allá de razones ideológicas. Cabe añadir que el 16 de mayo de 2018, la Asociación de Antiguos Becarios de La Caixa, o sea, de la principal entidad financiera catalana, le dio a este tataranieto de López la oportunidad de defender sus argumentos en público, en una sesión titulada significativamente «Emprendedores que cambiaron Barcelona: indianos del siglo XIX». Se trataba de un diálogo a dos voces en el que se equiparaba a Antonio López (a quien los convocantes describían como «probablemente el empresario más destacado de su época») y a otros indianos de la capital catalana como José Xifré o los hermanos Alejo y Manuel Vidal Quadras con los actuales fundadores de Google, Facebook, Amazon o Apple.

Sea como fuere, las voces que criticaron al Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, por su decisión de retirar la estatua del primer marqués de Comillas fueron amplias y diversas, y tuvieron eco en diversos medios de información y de comunicación. Parece bastante claro que tanto El País en su edición de Cataluña como La Vanguardia prestaron sin problemas sus páginas para dar publicidad a los argumentos de quienes defendían a López y se oponían a la retirada de su estatua. No fueron, sin embargo, los únicos medios que así lo hicieron. Hubo igualmente otros diarios, editados en Madrid, que aprovecharon dicha polémica para arremeter contra la alcaldesa de Barcelona. Así sucedió con el periódico ABC, que publicó, el mismo día en que bajaban de su pedestal la estatua de López, un artículo titulado «De los Mas a los Cambó, otros Antonio López de Barcelona que Colau no tiene intención de tocar». Un texto en el que su autor sugería a Ada Colau, a la que acusaba de no ser coherente, que retirase también el monumental busto que hay de Francesc Cambó en la barcelonesa Vía Layetana, porque dicho político había ayudado a financiar, «como gran parte de la burguesía catalana, al bando nacional durante la guerra civil de 1936», y proponía también que hiciese lo propio con la estatua de Cristóbal Colón.

Otro medio igualmente madrileño, Okdiario, utilizó la crónica del acto de retirada de la controvertida estatua para cargar contra quienes gobernaban la ciudad de Barcelona. El titular de aquella crónica, redactada por Agustín de Grado, condensaba muy bien y en pocas palabras su contenido: «Colau, como los talibán [sic ], derriba la estatua de un mecenas del XIX acusado sin pruebas de esclavismo». Al comparar, sin embargo, a la alcaldesa de la capital catalana con los talibanes afganos, aquel periodista olvidaba que aquella mañana la estatua del marqués de Comillas no se había destruido, sino que, simplemente, se había bajado de su pedestal y se había llevado hasta un almacén municipal. Por otro lado, la presentación de Antonio López como mecenas (y no, por ejemplo, como empresario) parece responder al deseo de presentar la cara más amable de dicho personaje; y al afirmar que éste había sido «acusado sin pruebas de esclavismo» no sólo le exoneraba de su eventual participación en una actividad moralmente condenable (además de ilegal), sino que le convertía en víctima de una arbitrariedad política más de un siglo después de su muerte. Entre los testimonios, por cierto, que citaba aquel periodista, contrarios en su mayoría a la retirada de la estatua, estaban los de los portavoces municipales del PP y de Ciudadanos, además de María del Mar Arnús, José Joaquín Güell y la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante. Y es que han sido varios, ciertamente, los capitanes mercantes que han alzado sus voces y sus plumas contra la retirada de la polémica estatua.

Uno de los más beligerantes ha sido Juan Zamora Terrés, quien expresó su oposición a la decisión del Ayuntamiento de Barcelona en el blog Naucherglobal, del cual es su editor. Cuando los responsables municipales, Ada Colau y Ricard Vinyes, hicieron pública la decisión de retirar la susodicha estatua, en febrero de 2016, Zamora hizo públicas dos notas de opinión en las que hacía suyos los argumentos de Anna Caballé. Hablaba, por ejemplo, de «la caza de brujas iniciada por el comisionado [Ricard] Vinyes y el Ayuntamiento que dirige la señora [Ada] Colau» y consideraba que se trataba de una decisión absurda, de un despropósito basado en el presentismo histórico. Afirmaba que era cierto que Antonio López «transportó esclavos en sus buques entre puertos de la isla de Cuba y entre éstos y los Estados Unidos, pero nunca “traficó” con esclavos cazados en África y conducidos a América. No es difícil distinguir entre tráfico negrero y transporte; y fácil es comprender que la existencia legal de la esclavitud hacía imprescindible la existencia de servicios de transporte» de las personas esclavizadas. Para él, Antonio López y López era, por encima de todo, «el emprendedor cántabro que, con esfuerzo y tesón, partiendo de la nada, supo construir la mayor naviera del país», o sea, la firma Antonio López y Compañía, fundada en 1857 y transformada en 1881 en la Compañía Trasatlántica SA, cuyo domicilio social se estableció en la capital catalana. Y por esa razón, proponía Juan Zamora, la figura de López merecía ser recordada, en Barcelona, con una plaza y una estatua en su honor.

Apenas dos días después de haberse retirado la estatua del primer marqués de Comillas del espacio público barcelonés, otro capitán mercante llamado Eugenio Ruiz Martínez publicó en el citado blog Naucherglobal una nota valorando aquel acto, tan cargado de rasgos significantes políticos como materializado de forma festiva. Lo hizo con el significativo título de «Antonio López, Pisarello y otros payasos». Se trata de un escrito preñado de juicios de valor y de intenciones, en el que su autor calificaba el acto, en sí, como «una injusta payasada y un monumental error», y en el que afirmaba que, en su desarrollo, la presunta relación de López con el comercio de esclavos había sido irrelevante: «Lo de menos era la esclavitud en la Perla del Caribe. No seamos ingenuos, ni siquiera se molestaron en presentar ni una sola prueba de que fuera negrero». A su juicio, «quitar por las bravas la estatua» obedecía tan sólo a una decisión tan «vergonzante» como gratuita, y es que la «defenestración simbólica de López» debía explicarse básicamente «por el motivo no explícito de ser en Barcelona el conspicuo símbolo de la Restauración borbónica, conservadora y centralizadora». Cabe señalar, en relación con el primer marqués de Comillas y su estatua, que Eugenio Ruiz Martínez ha sido un autor prolífico y que ha publicado en los últimos años numerosos textos, reivindicando siempre la figura de dicho empresario naviero y criticando a la vez la decisión de retirar su estatua.

También el presidente de la Real Liga Naval Española, Juan Díaz Cano, publicó en el mismo blog Naucherglobal el 26 de marzo de 2018, o sea, tres semanas después de la retirada de la estatua, una nota muy crítica con los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, a los que calificó como «la progresía común/podemos de Barcelona». Afirmaba que no había pruebas sobre la dedicación de Antonio López a la trata esclavista («Se le acusa de negrero y de traficante de esclavos sin aportar un solo documento o dato que justifique tal afirmación») y que «lo único cierto es que el naviero cántabro fue hijo de la sociedad y de la época que le tocó vivir». Díaz Cano deploraba que la estatua del primer marqués de Comillas se hubiera bajado de su pedestal y lo hacía porque así desaparecía otra de las muestras del pasado glorioso de la marina mercante del país, la del fundador de la célebre Compañía Trasatlántica. Y concluía, en tono lapidario: «Dentro de algunos años, cuando, de seguir así, la Marina mercante española tan sólo sea un brumoso recuerdo en la conciencia de una sociedad española tan poco dada al reconocimiento ajeno, la figura de Antonio López no será otra cosa que la figura del naviero que nunca existió».

Sus argumentos no eran muy diferentes de los que habían aparecido en el duro comunicado elaborado por la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante en los días previos a que tuviese lugar la retirada efectiva de aquella polémica estatua. En dicho escrito se afirmaba que, con su decisión, «el equipo del actual gobierno municipal satisface así su obsesión por destruir la escasísima memoria histórica del mundo marítimo y empresarial que queda en la ciudad». Negaba, por otro lado, dicha entidad la «falacia» de que Antonio López se hubiera dedicado, en Cuba, a la trata africana, diciendo que se trataba de una acusación «simplemente falsa», y aseguraba, en consecuencia, que «el ayuntamiento [de Barcelona] no tiene ningún informe que demuestre la aseveración de que Antonio López era un negrero, pues la falsedad procede exclusivamente de un panfleto del cuñado de Antonio López dedicado, sin prueba alguna, a denigrar su memoria, despechado por el reparto de la herencia que había decidido su padre», o sea, el suegro del primer marqués de Comillas, Andrés Bru Punyet. En su nota, la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante afirmaba que «Antonio López fue un gran emprendedor, mecenas del arte y la cultura (Verdaguer y Gaudí trabajaron con él casi de forma exclusiva)» y citaba al «historiador Francesc Cabana», quien en su libro La burgesia emprenedora había caracterizado al primer marqués de Comillas como «uno de los pocos no catalanes protagonistas de la transformación del país». Por todas aquellas razones, dicha entidad solicitaba públicamente al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona que reconsiderase su decisión de retirar de su pedestal la susodicha estatua.

El mero repaso a los textos de los diversos autores que participaron, de una u otra forma, en la citada controversia permite llegar a ciertas conclusiones. Se puede concluir, por ejemplo, que, aunque han pasado más de ciento treinta y seis años de la muerte del primer marqués de Comillas, su figura sigue estando muy presente entre nosotros. Así lo prueba el interés que dicho personaje ha despertado, como hemos visto, en los últimos veinte años. No todos los empresarios de su generación, con quienes López pudo compartir vivencias y experiencias, resultan tan conocidos en la actualidad por sectores tan amplios de las sociedades barcelonesa, catalana o española como Antonio López. Y son pocos, muy pocos, los hombres de su tiempo cuya trayectoria vital ha sido capaz de inspirar tanto interés y tanta literatura. Las notas que acabo de recoger demuestran igualmente que el primer marqués de Comillas ha provocado sentimientos encontrados. La controversia, de hecho, entre admiradores y detractores de su figura parece arrancar, cuando menos, desde el mismo momento de su deceso, acaecido en 1883, y transcurrir durante todo el siglo XX, hasta llegar a nuestros días. Una controversia expresada en torno a la idoneidad, o no, de mantener en el espacio público un monumento en su honor. No hay que olvidar que el 5 de marzo de 2018 no fue la primera vez que la estatua que glorificaba la memoria de López se retiraba de su pedestal. Muchos años antes, en el verano de 1936, o sea, coincidiendo con los inicios de la guerra civil española, un nutrido grupo de barceloneses derribó la estatua original levantada en 1884 en honor de Antonio López, obra del escultor Venancio Vallmitjana. El bronce de aquella primera estatua acabó sirviendo, por cierto, para su uso como material de guerra en la defensa de la República frente a los militares que acababan de sublevarse para subvertir el orden legal y los valores democráticos.

Tuvieron que pasar ocho años hasta que en 1944, siendo alcalde de Barcelona el franquista Miguel Mateu Pla, una nueva estatua volviese a colocarse en el pedestal original, aunque situada a unos pocos metros de su primer emplazamiento. Sobre el citado pedestal se colocó una pieza no de bronce sino de piedra, al parecer de Montjuïc, esculpida por Federico Marés. Ésa sería la estatua que setenta y cuatro años más tarde, siendo alcaldesa Ada Colau, volvería a bajarse de su pedestal para ser depositada en un almacén municipal. El pedestal original, eso sí, se mantuvo (y ahí sigue aún) en la plaza de Antonio López, cuyo nombre sigue conservándose también de manera oficial. Tampoco hay que olvidar que muchos años antes de que empezase la guerra civil, en junio de 1902, la satírica revista La Campana de Gràcia publicaba un auca, motivada por la reciente defunción de Jacint Verdaguer (quien había sido sacerdote particular de los marqueses de Comillas entre 1876 y 1895), en la que proponían sustituir la estatua del empresario López por la del poeta Verdaguer y «convertir en bronce la estatua desbancada para dedicarla a la caridad hacia los pobres». El afán iconoclasta de unos (expresado de formas distintas en 1902, en 1936 o en 2018, entre otros momentos de nuestro pasado reciente) y la acérrima defensa que otros han realizado, tanto de la trayectoria y de los valores que representó Antonio López como de la necesidad de glorificar en público su memoria con un conjunto monumental, se han ido confrontando prácticamente desde el mismo momento de su muerte hasta la actualidad.

Una controversia marcada por un elemento central, fundamental: la implicación directa (o no) del primer marqués de Comillas en el comercio transatlántico de africanos esclavizados. Una pregunta ha sobrevolado (y sigue, de hecho, sobrevolando) las numerosas aproximaciones realizadas en relación con su persona: ¿fue Antonio López un negrero? Quienes han promovido la retirada de su estatua consideran que la respuesta a dicha pregunta es afirmativa. Arguyen, además, que nuestra sociedad ni puede ni debe mantener en pie un monumento que se levantó en su día para glorificar a las personas que, como López, estuvieron directamente implicadas en la trata africana, es decir, en ese «odioso comercio» del que hablaba el historiador británico David Murray. Consideran, en definitiva, que no debe haber espacio para la glorificación pública del comercio de esclavos, tampoco en la ciudad de Barcelona.

Entre quienes se han opuesto a la retirada de la susodicha estatua (es decir, entre quienes han defendido a la persona de López por sus trayectorias vital y empresarial, así como también los valores que se aprecian en ellas) no existe una respuesta unánime sobre su eventual dedicación a la trata. Sirva realizar, a título de ejemplo, un nuevo y breve repaso sobre lo que han dicho al respecto los autores analizados. Para María del Mar Arnús, Juan Zamora Terrés, Eugenio Ruiz Martínez o la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante, no hay pruebas que acrediten la actividad negrera de Antonio López. Coinciden en afirmar que tan sólo hay una especie de leyenda negra sobre el personaje; una leyenda que nace del único testimonio de su cuñado, Pancho Bru Lassús, a quien creen que no debe darse ningún tipo de credibilidad. Otros defensores de López admiten, sin embargo, cierta sombra de duda sobre dicha cuestión. Así lo han hecho Isabel Güell López y Anna Caballé, ambas de forma más o menos implícita. Esta última señalaba, por ejemplo, que algunas empresas desarrolladas por López fueron ciertamente «turbias», en lo que puede tal vez ser leído como una aceptación tácita del hecho en cuestión. Entre los defensores de mantener la polémica estatua sobre su pedestal podemos distinguir también un tercer grupo integrado por quienes, al hilo de la polémica, han destacado que no parece justo centrar en una sola persona la reflexión y la evaluación críticas sobre las vinculaciones de Barcelona, de los barceloneses y de los catalanes con el comercio de esclavos, cuando resulta que este último fue un fenómeno mucho más amplio. El presidente de la Real Liga Naval Española, Juan Díaz Cano, señalaba, por ejemplo, que «a su pretendida fama de negrero contribuyó seguramente la existencia de famosos negreros de origen catalán con trayectorias paralelas a la del propio marqués de Comillas como Salvador Camps, Juan Barceló, Pablo Simón, Juan Milá, Majín Masó y Girar, Pedro Vivó, Ramón Mascaró o Manuel Pascual». Y Francesc Granell afirmaba, por su parte, que «muchos empresarios de los que financiaron el Eixample de Barcelona tras la caída de las murallas y el plan Cerdà, y que hicieron grande a Catalunya y a Barcelona, habían hecho dinero con el tráfico de esclavos». Ni uno ni otro consideraban, sin embargo, que aquella realidad justificase la actitud iconoclasta del Ayuntamiento de Barcelona, concentrada en la estatua de Antonio López.

De hecho, sea cual sea su respuesta a la pregunta de si dicho personaje se dedicó, o no, a comerciar con esclavos, los defensores de su figura coinciden en que retirar la susodicha estatua del espacio público parte de un absurdo presentismo histórico, o sea, de una visión que juzga el pasado con ojos del presente. Y, más allá de resaltar las virtudes del controvertido personaje, entienden que su eventual dedicación al tráfico de africanos esclavizados no justifica, en ningún caso, la decisión de desmontar su estatua ni de rebautizar, con otro nombre, la plaza de Antonio López.

Quiero dejar claro que este libro no nace exclusivamente para dar respuesta a la pregunta de si el primer marqués de Comillas participó, o no, en el comercio ilegal de africanos esclavizados mientras vivió en Cuba. Nace, eso sí, con la voluntad de ofrecer una aproximación completa sobre las múltiples aristas que conformaron la vida y los legados de un personaje que hoy día sigue despertando tantas pasiones, a favor y en contra. Ahora bien, aunque no tengo pensado centrarme en su eventual implicación en la trata africana, no es menos cierto que en este libro voy a abordar esa espinosa cuestión. Y que pienso hacerlo desde el rigor y más allá de debates ideologizados o de controversias de uno u otro signo. Unas polémicas, eso sí, que me han llevado a la conclusión de que resulta necesaria una nueva biografía de Antonio López y López. Mi relato transcurrirá, de hecho, en los tres escenarios principales de su vida: su villa natal, Comillas; la isla de Cuba, donde acumuló los primeros capitales que pudo después invertir en la Península y que le permitieron convertirse, en definitiva, en un dinámico empresario; y, cómo no, Barcelona, la ciudad que convirtió en el epicentro de sus negocios tras su marcha de Cuba y su regreso definitivo a la Península en 1855.

Mi interés por Antonio López precede, de hecho, a la reciente controversia desatada por la conveniencia, o no, de retirar su estatua. Arranca, cuando menos, del otoño de 1992, cuando, recién licenciado en Filosofía y Letras por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), presenté un proyecto de investigación centrado en la trayectoria vital y empresarial del primer marqués de Comillas para la concesión de una beca predoctoral en la citada universidad que finalmente me fue concedida. En enero de 1993 me incorporé al Departamento de Economía y de Historia Económica de la UAB y cursé también por aquel entonces el Máster Interuniversitario en Historia Económica impartido conjuntamente por la Universitat de Barcelona y la UAB entre 1992 y 1994. En 1995 obtuve el título de magíster en Historia Económica tras presentar una tesina titulada Antonio López y López (1817-1883), primer marqués de Comillas. Un empresario y sus empresas, dedicada no sólo (o al menos no tanto) a la trayectoria vital de dicho personaje, sino a la historia de las empresas que había fundado. Al año siguiente, el programa de Historia Económica de la Fundación Empresa Pública la publicó en su colección de working papers. Tras trabajar en ella durante varios años bajo la dirección de Josep Maria Delgado Ribas, acabé presentando mi tesis en la UAB en abril del año 2000 con el título Empresa, política y sociedad en la Restauración: el grupo Comillas (1876-1914). En ella amplié mi interés inicial por Antonio López abordando también la trayectoria vital de su hijo, Claudio López Bru (1853-1925), segundo marqués de Comillas, junto con las historias de las empresas que ambos habían fundado o dirigido a lo largo de un extensísimo período cronológico (1844-1925). Asimismo pretendí situar la labor empresarial de aquellos dos influyentes personajes en un contexto más amplio, o sea, abordé además su dimensión política en el marco de la historia española de su tiempo, con una atención especial al período de la Restauración. Al optar por aquella estrategia, las trayectorias vitales de los dos primeros marqueses de Comillas quedaron subsumidas (tal vez, hasta cierto punto, escondidas) en el estudio de sus múltiples empresas, el análisis de las cuales articuló la arquitectura propia de dicha investigación. Mi tesis doctoral, ampliada con algunos aspectos que había tratado previamente en mi tesina de máster, fue elegida como finalista del cuarto Premio de Biografía Empresarial, instituido por la madrileña editorial LID, lo que implicó su publicación en forma de libro, a finales del año 2000, de mi monografía Los marqueses de Comillas, 1817-1925. Antonio y Claudio López. En aquella obra reuní los resultados de una investigación que me había ocupado los siete años anteriores y volqué todo el conocimiento que había podido acumular en torno a ambos personajes.

Llegados a este punto, resulta legítimo preguntarse: ¿tiene sentido publicar ahora, veinte años después, una nueva biografía sobre Antonio López? Y, más aún, ¿tiene sentido que sea el mismo autor quien la haya elaborado? Mi respuesta a ambas preguntas es claramente afirmativa por varias razones. En primer lugar, porque aquel libro editado en el 2000 está agotado y, además, descatalogado desde hace varios años. En segundo lugar, porque el análisis que ahora presento está centrado en exclusiva en la trayectoria vital de Antonio López, o sea, que no tiene por objeto abordar la de su hijo Claudio (ni la de su hija Isabel o la de su yerno, Eusebio Güell Bacigalupi), más allá del tiempo que una y otros compartieron con su padre. En tercer lugar, porque en esta nueva monografía he optado por ofrecer un relato eminentemente cronológico en torno a la vida del primer marqués de Comillas, o sea, una narración en la que repasaré los hitos fundamentales de su vida tal como se fueron produciendo. Y, last but not least, porque en estos veinte últimos años han aparecido nuevas fuentes documentales, cuya consulta me ha permitido describir mejor algunos pasajes de la vida de Antonio López que apenas fueron objeto de análisis (o al menos no con la misma intensidad) en el libro que publiqué hace casi cuatro lustros. Así sucede, por ejemplo, con el tiempo que nuestro personaje vivió en Santiago de Cuba, una época que aparece tratada en mi primer libro de forma demasiado sucinta. De hecho, visto el interés por la figura del primer marqués de Comillas y particularmente por sus años de residencia en Cuba (así como la polémica sobre su vinculación en la Isla con la institución de la esclavitud y con el comercio de esclavos), he querido abordar aquí esa etapa de su vida con cierta extensión y profundidad. Lo he hecho movido por la voluntad de dar luz sobre el aspecto más sombrío, más cuestionado también, de su trayectoria vital. Ahora bien, mi perspectiva va más allá, es más general, y mi deseo no es otro que intentar dar cumplida respuesta a una sola pregunta: ¿quién fue, en definitiva, Antonio López y López, primer marqués de Comillas?

2

De Comillas a Santiago de Cuba, pasando por Lebrija, México y La Habana

Antonio López y López nació el 12 de abril de 1817. Fueron sus padres María López de Lamadrid Fernández y Santiago López Ruiz del Piélago, nacidos en 1794 y 1795, respectivamente. Antonio fue el segundo de los tres hijos habidos en dicho matrimonio, siendo sus hermanos Genara (la mayor, nacida el 29 de septiembre de 1813) y Claudio (el más pequeño, quien hiciera lo propio el 15 de octubre de 1818). Los tres hermanos López y López nacieron en la villa cántabra de Comillas, donde también había nacido, años antes, su madre. Su padre, sin embargo, había abierto por primera vez los ojos en Ruiloba, una aldea que distaba apenas seis kilómetros de la costera villa de Comillas, hacia el interior de la región. Cabe señalar que la familia paterna del pequeño Antonio respondía perfectamente al prototipo de jándalos, es decir, de cántabros establecidos en la baja Andalucía. Aquella saga de los López de Ruiloba llevaba tiempo viviendo con una pierna en el occidente de Cantabria y la otra en Cádiz. En dicha ciudad andaluza había fallecido, por ejemplo, el 6 de junio de 1785 su bisabuelo paterno, Santiago López de Cabiedes. El propio padre de los hermanos López y López, o sea Santiago López Ruiz del Piélago, vivió también a caballo entre Comillas y la bahía de Cádiz. Así, para poderse casar tuvo que presentar la preceptiva «licencia de matrimonio al haber acreditado su libertad y soltería en el tiempo que residió en Isla León (Cádiz)», según consta en el correspondiente registro parroquial. El enlace nupcial entre Santiago López Ruiz del Piélago y María López de Lamadrid Fernández tuvo lugar en Comillas, donde vivía la novia, el 30 de noviembre de 1812[1]. Al casarse los contrayentes debían de tener unos diecisiete o dieciocho años, como mucho.

Cabe señalar que Antonio López y López apenas llegó a conocer a su padre, quien falleció, precisamente en Cádiz, el 8 de octubre de 1819, cuando él sumaba dos años y medio de edad. Aquella inesperada muerte dejó viuda a su joven madre con apenas veinticinco años y con tres hijos pequeños a su cargo. Los diferentes biógrafos de Antonio López, así como también los de su hijo Claudio, han coincidido en resaltar la pobreza del hogar en el que se criaron los hermanos López y López. Según Constantino Bayle, María López de Lamadrid «quedó viuda muy joven, sin otra hacienda que sus brazos, una huerta llamada La Cardosa […] y un prado cerca del mar» (Bayle, 1928: 1). Eduardo Regatillo afirmaba, por su parte, que la madre de los hermanos López «vivía en tanta pobreza que se la veía llamar a las puertas de la familia Trassierra […] implorando un poco de sopa», mientras que Giorgio Papàsogli ha dejado escrito que «otra familia pudiente» de Comillas, «los Fernández de Castro, la proveían de ropas ya usadas para que pudiera vestir a sus niños» (Regatillo, 1950: 7; Papàsogli, 1984: 13). Por otro lado, alguien que le trató durante años, uno de sus futuros cuñados, Ramón Bru Lassús, confirma dichas afirmaciones al escribir: «Es indudable […] que en el hogar de López reinaba a su nacimiento y durante sus mocedades una escasez que rallaba [sic ] en la miseria» (Bru, 1885: 43).

Más allá de ese tipo de informaciones, más o menos generales, poco sabemos de la infancia y de la adolescencia de Antonio López. Y las noticias que han recogido en sus publicaciones sus diferentes biógrafos resultan, en alguna medida, contradictorias. Sabemos que, en un momento determinado e imitando a su padre, López abandonó Comillas para instalarse en la baja Andalucía y ayudar a algún familiar en algún pequeño negocio. En su libro Pequeña historia de una grandeza, el aristócrata Gabriel Maura Gamazo, primer duque de Maura, afirmaba que antes de cumplir los diez años María López de Lamadrid envió a su hijo Antonio a trabajar en una «tienda de montañés» que un familiar suyo gestionaba en Jerez de la Frontera y que allí estuvo López hasta que cumplió doce años. Abandonó entonces aquella localidad andaluza para regresar a su villa natal, donde vivió otros dos años hasta alcanzar las catorce primaveras (Duque de Maura, 1949). Distinta es la versión que recoge, sin embargo, a partir de testimonios orales transmitidos por descendientes directos de los López, el banquero José María Ramón de San Pedro, quien, en un interesante manuscrito inédito titulado Notas sobre el marqués de Comillas, consignó lo siguiente: «La versión de hechos que siempre escuché, fue la de que Antonio salió de su pueblo próximo a cumplir 14 años. Y que hasta entonces se dedicó a ayudar a su madre, alternando la escuela con trabajos circunstanciales en la campiña que rodea a Comillas. De manera que, para esta historia comentada, el futuro primer Marqués [de Comillas] a los 14 años se hallaba ya en Lebrija (Provincia de Sevilla) en la “tienda de montañés” que tenía un hermano de su difunto padre» (Ramón de San Pedro, sf). Bien pudo ser que el pequeño Antonio López trabajase en Lebrija para un hermano de su padre, como apunta Ramón de San Pedro, pero me inclino a pensar que lo hizo en un establecimiento regentado por una prima de su madre llamada María del Rosario Fernández Pasos. Así lo creo porque muchos años después, en su último testamento válido, otorgado en Lebrija en abril de 1871, la tal Rosario nombró como su heredero universal a su primo Antonio López y López, quien de aquella manera heredó cuando menos una casa en la propia localidad de Lebrija y otra en la calle Escuela, en Jerez de la Frontera[2].

Sea como fuere, parece bastante claro que en su adolescencia Antonio López se convirtió en un verdadero jándalo, como antes lo habían sido su propio padre y, al menos, uno de sus bisabuelos. Su trayectoria encajaba, de hecho, con un perfil relativamente frecuente entre sus convecinos. Sin ir más lejos, en el padrón municipal de Comillas de 1841 constan un total de 47 individuos ausentes (el 6,2 por ciento de una población total de 753 habitantes), quienes vivían entonces en alguna localidad de la región comprendida entre Sevilla, Cádiz, Jerez y Sanlúcar de Barrameda. Los otros destinos elegidos por los comillanos emigrantes eran, entonces, Manila (cinco individuos), La Habana (cuatro) y diversas ciudades de la América continental (ocho, en total[3]). Sabemos también que tras su experiencia andaluza el joven Antonio López buscó en tierras americanas unos nuevos horizontes que le permitiesen mejorar su fortuna, pero desconocemos algunos datos sobre dicha elección: ¿cuándo cruzó exactamente el charco Antonio López para instalarse en el Nuevo Mundo? ¿Y desde qué puerto zarpó, de Cádiz o de Santander? O, lo que es más importante, ¿cuál fue su primer destino en América?

Algunos biógrafos afirman que, como buen jándalo, López zarpó rumbo al Nuevo Mundo desde Cádiz (el puerto marítimo más cercano a Lebrija y a Jerez), mientras que otros consignan que lo hizo desde Santander (el más cercano a Comillas, adonde López habría regresado durante un tiempo). En esa línea y siguiendo con los testimonios orales pienso que vale la pena reproducir aquí una historia que se ha ido transmitiendo de generación en generación entre los descendientes de Ignacio Fernández de Castro. Este último fue un rico y dinámico naviero instalado en Cádiz aunque nacido en Comillas, cuyos buques se dedicaban al comercio marítimo transoceánico, conectando la tacita de plata con diferentes puertos de América y de Asia. Una descendiente de Ignacio, Carmen Fernández de Castro, redactó un trabajo, todavía inédito, titulado La familia Fernández de Castro. Allí recoge una historia tan turbia como curiosa que tiene precisamente como principal protagonista al joven López: «Estando [el naviero Ignacio Fernández de Castro] en Comillas tuvo ocasión de salvar en un momento muy difícil de su vida a un mozo, marinero, llamado Antonio López. Perseguido por la justicia, acudió el muchacho a D. Ignacio, que lo conocía desde niño por ser su madre lavandera de la casa, y muy apreciada por los señores, confiándole sinceramente el peligro en que se veía. D. Ignacio[] que sabía muy bien que era bueno el mozo[] mandó enganchar en el acto su coche y montando en él con Antonio salió a toda prisa camino de Santander, donde una de sus fragatas estaba a punto de zarpar para Cuba. Presentó el mozo al Capitán, encargándole con gran empeño que lo tuviese bien escondido hasta salir de las aguas jurisdiccionales y que lo llevase a América» (Cózar, 1998: 58).

Más allá de los testimonios recogidos por Carmen Fernández de Castro, la historia oral transmitida de generación en generación entre los descendientes de Antonio López vendría a confirmar esa anécdota, aunque añadiendo un novedoso e interesante matiz. Recogiendo precisamente el testimonio de un bisnieto de López, José María Ramón de San Pedro consigna que el motivo de la precipitada huida del joven cántabro a tierras americanas tuvo que ver con su deseo de evitar que le pudieran llamar a filas en plena guerra civil o carlista. Y apunta dicho autor, además, un dato desconocido por la mayor parte de los biógrafos del primer marqués de Comillas: según Ramón de San Pedro, el primer destino del joven López en América fue México y no Cuba, como se ha venido diciendo y repitiendo hasta el momento. Dejémosle hablar:

Pasó que, transcurridos 3 años en Lebrija, con 17 años de edad o próximo a cumplirlos, vio llegar la edad de quintas —con 5 años de servicio por delante— con riesgo de que el reclutamiento fuera forzoso, no por sorteo, sin exenciones, salvo por gravosa redención «a dinero» que él no podía estar en disposición de aportar. Esto ocurriría a fines de 1834, para sostener la Guerra Carlista de los 7 años […] Ante aquella trágica perspectiva, Antonio había decidido emigrar […] Y para ello entró en trato con los hermanos Fernández de Castro, paisanos de Antonio, armadores que eran de un par de bergantines que, por contrata con el estado, llevaban la correspondencia a Costa firme y seno Mejicano. Le admitieron a bordo como gambucero [o sea, despensero] ocasional, hasta desembarcarle en Campeche, puerto de la Península de Yucatán, donde existía un pequeño núcleo de montañeses. Salió [Antonio López] de España, con un gran baúl de ropas, llevando por toda fortuna una onza de oro (pelucona llamaban a esa moneda que valía 320 reales) […] Todo esto me lo contó D. Juan Antonio Güell y López, tercer marqués de Comillas, segundo conde de Güell, cuando en los años 1951 y 1952 le visitaba en Francia (Ramón de San Pedro, sf).

El propio José María Ramón de San Pedro confesaba su sorpresa al tener conocimiento de este hecho: «La versión de que D. Antonio [López] pasó por Méjico, antes de situarse en Santiago de Cuba, donde ya se pueden documentar actividades desde 1838 (o séase, sobre 3 años después de emigrar), me sorprendió» (Ramón de San Pedro, sf). ¿Cabe dar por bueno ese testimonio ofrecido por el tercer marqués de Comillas sobre la vida de su bisabuelo? No conozco ningún otro documento o testimonio que pueda corroborarlo, si bien creo que la existencia de un relato familiar que fue pasando, de generación en generación, entre los López y los Güell merece ser cuando menos considerada. No sabemos nada, por lo mismo, sobre la fase mexicana del joven Antonio López. De ser cierta, eso sí, la cronología que apunta en sus notas José María Ramón de San Pedro, López debió vivir en México entre 1834 y 1838, es decir, que allí debió llegar con diecisiete años y debió marchar con veintiuno. Dicho autor lo sitúa en Cuba ya en 1838. En una breve historia de la vida de Antonio López, publicada dos días después de su muerte, La Crónica de Cataluña consignaba: «La juventud de D. Antonio López pasa para nosotros desapercibida, envuelto en las brumas de su modesta posición; sólo sabemos, como muchos saben, que llevado de su afán y de su feliz estrella fue al nuevo continente, ejerciendo de dependiente el año 38, en uno de los comercios de la Habana» (Homenaje que la ciudad…, 1883: 22). En la primera biografía publicada sobre el primer marqués de Comillas, su autor, José Antonio del Río, coincide con dicho relato al señalar que, cuando llegó a la mayor de las Antillas, el joven Antonio López se instaló inicialmente en su capital, La Habana. Llegó a dicha ciudad, según Del Río, «provisto […] de algunas cartas de recomendación» y allí «adquirió bien pronto un puesto de dependiente en un establecimiento» (Del Río, 1883: 15). Nada dice, sin embargo, de cuál pudo ser aquel establecimiento ni qué géneros vendía. Me inclino a pensar que el joven López empezó a trabajar en La Habana para el catalán Serafín Romeu Casañes, quien allí regentaba un almacén de productos textiles. Lo hago porque muchos años después, en 1870, en un testamento que otorgó en Barcelona, el de Comillas quiso regalar graciosamente a dicho empresario catalán las dos mujeres esclavizadas cuya propiedad aún conservaba en la capital cubana. Era su deseo legar «a D. Serafín Romeu de la Habana y a su esposa D.ª Josefa Robato las dos negras de mi propiedad que hoy tienen en su casa, entendiéndose que si alguno de ellos me premuriese será este legado para el otro que me haya sobrevivido y si ambos estuviesen premuertos pertenecerán las dos negras a las hijas solteras, una o más, que aquellos hubiesen dejado» (véase apéndice 4). Una forma de expresar agradecimiento, es probable, hacia quien le había acogido y le había dado trabajo años antes, a su llegada a La Habana.

De una forma u otra, parece que López estuvo en Cuba (seguramente en La Habana) durante tres años, entre 1838 y 1841. En aquella época debió ahorrar, probablemente, sus primeros caudales, lo que le permitió enviar fondos a su madre, quien seguía viviendo en Comillas. Tal como recogería años más tarde un buen amigo de López, el periodista e intelectual catalán Juan Mañé y Flaquer: «Le oímos decir que el más pingüe de sus negocios no le causó tanta alegría que el contemplar la letra con que enviaba a su madre el primer dinero que ganó en Cuba» (Homenaje que la ciudad…, 1883). Está claro que la isla de Cuba, en general, y la ciudad de La Habana, en particular, eran entonces buenos espacios para la acumulación de capitales o, por decirlo en forma proverbial, para hacer las Américas. A la altura de 1838, cuando López llegó a La Habana, dicha localidad era la cuarta ciudad más poblada de toda América, sólo superada por las dos antiguas capitales virreinales hispanas (Ciudad de México y Lima) y por la pujante ciudad de Nueva York en los Estados Unidos de América. Para España, la reciente pérdida, precisamente, de su vasto imperio continental en el Nuevo Mundo había otorgado una mayor relevancia a la insular colonia de Cuba y, de manera singular, a su capital, La Habana. Una isla y una ciudad que habían conocido un espectacular crecimiento económico sobre todo en las cuatro décadas anteriores a la llegada de López, podríamos decir a partir de 1790, gracias a dos poderosos motores: la caña de azúcar y la llegada forzada de miles de africanos esclavizados. Dos motores que aparecían unidos en forma de un solo binomio, y es que sin la mano de obra esclava no se podían cultivar los campos de caña ni producir el azúcar o sus derivados para su ulterior venta en los mercados internacionales.

Antonio López y López llegó a Cuba en unos años en los que, por decirlo en palabras de Roland T. Ely, allí reinaba «Su Majestad el Azúcar». No en vano, la española colonia de Cuba era entonces el principal productor de dulce del mundo, un hecho que permitía a diferentes agentes económicos (hacendados, comerciantes, navieros…) obtener pingües ganancias. Gracias al azúcar Cuba se convirtió, en las primeras décadas del siglo XIX, en un dinámico territorio cuya economía no paraba de crecer y crecer, y cuya capital, La Habana, se convirtió a su vez en un verdadero emporio. Valga señalar como ejemplo del dinamismo, económico y de todo tipo, que registraba entonces la Isla, que fue precisamente allí donde se construyó el primer ferrocarril de toda la América Latina. Me refiero al camino de hierro que sirvió para unir la ciudad de La Habana con Güines, una localidad enclavada en una zona insular productora de caña. Aquella primera línea ferroviaria de América Latina se inauguró en noviembre de 1837, es decir, apenas unos meses antes de que un joven Antonio López hubiera llegado a la Gran Antilla dispuesto a hacer las Américas.

En aquel entonces, la riqueza de la isla de Cuba superaba en mucho a la de su pobre y perturbada madre, la España peninsular, que estaba sufriendo en aquellos años una sangrienta y destructora guerra civil, un conflicto del cual había huido precisamente nuestro hombre hasta acabar recalando en la Gran Antilla. La peculiar relación entre la colonia de Cuba y su metrópoli España se aprecia mejor si entendemos la importancia de que se construyese antes un ferrocarril en una colonia (La Habana-Güines, en Cuba, en 1837) que en su metrópoli (Barcelona-Mataró, en España, en 1848). Nada parecido había pasado ni llegaría a pasar, por ejemplo, en los casos británico, francés u holandés. Y es que tras la irremediable pérdida de su imperio continental en América, a España le quedaba todavía un pequeño imperio insular (en las Antillas, el mar de la China, Oceanía y el golfo de Guinea) en el que destacaba singularmente la isla de Cuba, el territorio colonial más rico y capaz de producir más prosperidad de todas las colonias del momento.

No hay que olvidar que la otra cara de aquella opulencia cubana venía dada por la explotación de miles y miles de africanos esclavizados. Sin esclavos no había azúcar y sin azúcar no había riqueza. Fueron, precisamente, los brazos y los cuerpos de aquellos miles y miles de cautivos llevados a Cuba desde África contra su voluntad los que hicieron posible la acumulación de tantos y tantos capitales en la Isla. A la mayor de las Antillas no sólo llegaron, sin embargo, forzados cautivos africanos, convertidos en Cuba en esclavos y cuyo sudor regaría los campos de caña para multiplicar las ganancias de sus dueños, sino que también lo hicieron de manera voluntaria muchos jóvenes inmigrantes peninsulares en busca de fortuna. El caso que representa Antonio López no fue, ni mucho menos, único. Como él, muchos otros jóvenes españoles emigraron en aquellos años a Cuba, otros también a Puerto Rico, con la esperanza de hacer las Américas, y algunos de ellos en efecto lo consiguieron. Estos jóvenes provenían de prácticamente todos los rincones de la geografía peninsular y uno entre tantos fue Juan Güell y Ferrer. Había nacido, en 1800, en la localidad costera de Torredembarra, cerca de Tarragona, y era, por lo tanto, diecisiete años mayor que Antonio López. Güell llegó a La Habana en 1818, o sea, cuando López sumaba apenas unos meses y vivía con su madre en su Comillas natal. Y aunque poco conocemos de la actividad de Juan Güell en aquel tiempo en Cuba, sabemos que supo acumular en la Isla unos capitales que le permitieron impulsar años después, en su Cataluña natal, una gran fábrica de tejidos de algodón y luego convertirse en un influyente empresario y economista.

No parece que Juan Güell y Antonio López llegasen a coincidir en La Habana, pues el primero debió de abandonar Cuba para regresar a la Península en torno a 1835, mientras que el segundo parece que arribó a la Isla tres años más tarde. Quienes sí coincidieron en aquellos años con López en la capital cubana fueron, entre otros, tres jóvenes empresarios nacidos también en la España peninsular. Tres jóvenes emprendedores que acabarían consiguiendo, como el propio Antonio López, hacer las Américas en Cuba. Me refiero a Juan Manuel de Manzanedo, Julián Zulueta Amondo y Manuel Calvo y Aguirre. Los tres tenían en común (entre sí y también con López) haber nacido en la Península (en Santoña, en 1803; en Anucita, en 1814; y en Portugalete, en 1816, respectivamente); tenían asimismo en común, salvo tal vez Zulueta, el hecho de haber nacido en familias de escasos recursos económicos; compartían también su apuesta vital por mejorar su fortuna en la mayor de las Antillas, así como, por último, su intensa dedicación en dicha isla al comercio ilegal de esclavos. Cabría también añadir un cuarto individuo, nacido en su caso en Cuba, en 1823: me refiero a Pedro Sotolongo Alcántara. Los cuatro coincidieron en La Habana cuando allí residía también el joven Antonio López y López. Y sus respectivos periplos vitales acreditan muchos puntos de contacto, como iremos viendo, con la trayectoria vital del de Comillas. Valga traer a colación lo que señala una nota necrológica del vizcaíno Manuel Calvo sobre cómo fueron sus primeros años en la Gran Antilla: «Muy joven, el Sr. Calvo marchó a Cuba donde trabajó sin descanso y sin flaqueza en oficios humildes, primero, en modestos negocios mercantiles luego, en grandes negocios […] En su juventud fue piloto y ejerció algún tiempo la profesión, y su padre también era del oficio; después se hizo naviero»[4]. Un recorrido similar al que transitaría, también en Cuba, el joven cántabro Antonio López, como veremos enseguida.

Apenas hay testimonios que nos ayuden a conocer hasta qué punto aquellos cinco jóvenes se llegaron a tratar en La Habana. Aun así, las pocas noticias que tenemos invitan a pensar que probablemente López, Manzanedo, Zulueta, Sotolongo y Calvo se conocieron entonces, siendo bien jóvenes, y que en La Habana tejieron una serie de lazos personales y de confianza que les acompañaron durante su madurez vital y hasta el final de sus días. En su último testamento válido, por ejemplo, el portugalujo Manuel Calvo Aguirre quiso convertir a Claudio López Bru, segundo marqués de Comillas, en su heredero universal, aunque no les unía ningún lazo de sangre. Al nombrarlo, justificó su decisión afirmando que lo hacía «por lo que le debo de cariños y atenciones durante su vida y por ser hijo del mejor amigo que conté en el mundo», en referencia precisamente a Antonio López y López[5].

Los diferentes biógrafos de Antonio López coinciden en señalar que fue en 1841 cuando López realizó su primer viaje a la Península desde su marcha al Nuevo Mundo. Tenía entonces veinticuatro años. Según José Antonio del Río, «en 1841 vino a España con el fin de visitar a su adorada patria y abrazar a su madre, a la que quería con frenesí; pasó aquí un verano y regresó a la Isla de Cuba, donde aprovechándose de algún dinero que pudo adquirir y del crédito […] se trasladó de la Habana a Cienfuegos, Trinidad y [Santiago de] Cuba con pacotillas de valor de 5.000 a 6.000 pesos, que vendió con facilidad y buen lucro» (Del Río, 1883: 38). Un relato similar lo ofrece José María Ramón de San Pedro, quien afirma que «en el año 1841, terminada la 1.ª guerra carlista pasó un mes largo en Comillas, acompañando a su madre feliz [y] viendo a sus amigos de infancia […] Y antes de regresar a la Gran Antilla, se fue a embarcar en Burdeos donde compró mercancía francesa (novedades para Señora y Caballero) dejando nombrado allí a un agente de compras», pensando en el futuro abastecimiento de sus ulteriores negocios (Ramón de San Pedro, sf: 20).

Con aquellos géneros comprados en Francia, López regresó a Cuba y recorrió distintos puertos del sur de la Isla (pasando probablemente por Cienfuegos y por Trinidad), dedicado a su venta ambulante, hasta que acabó instalándose en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada de la Isla. Aquello debió de ser en 1842 o 1843. Y en dicha ciudad vivió de forma ininterrumpida durante un lustro, hasta la primavera de 1848. Según dejara escrito el propio Antonio López, en noviembre de aquel último año: «Que ha estado últimamente cinco años en Cuba en donde había ya estado pero viniendo largas temporadas a España, que hacen seis meses que salió de allí [o sea, en mayo de 1848] y [que] ha venido directamente a esta ciudad [sic ]» de Barcelona, desde Santiago de Cuba[6]. Alguien que le conoció bien en aquellos años fue su futuro cuñado Francisco Bru, quien quiso dejar un breve testimonio sobre cómo había sido la llegada y la instalación del joven Antonio López en la capital del oriente cubano allá por 1843. Aunque Bru afirmaba desconocer, de entrada, «de qué modo adquirió sus primeros […] ahorros», añadía que, con ellos, López «apareció en Santiago de Cuba en equipaje más que modesto, estableciendo en dicha ciudad un insignificante baratillo». Y añadía, en una nota a pie de página, una definición de baratillo, según la cual se trataba de «una tienda de toda clase de inferior calidad». Bru concluía su nota afirmando por si había alguna duda: «Como su nombre indica, en el baratillo se vende todo barato sin fijarse en la calidad de lo vendido. Es el baratillero un buhonero de puesto fijo» (Bru, 1885: 44-45).

Más allá del tono que destila el texto de Pancho Bru, parece bastante claro que, a la altura de 1843, Antonio López había conseguido dejar de ser un mero empleado, a sueldo de otros individuos como Serafín Romeu Casañes, para convertirse en alguien que trabajaba para sí mismo. Aunque parece igualmente claro que, todavía entonces, su desempeño como hombre de negocios era modesto. Tan modesto como el almacén que había conseguido abrir en Santiago de Cuba. Resulta, por otra parte, bastante lógico si pensamos que se trataba de un joven huérfano de padre que apenas sumaba veintiséis años y que había emigrado a América prácticamente con lo puesto. Fue, unos meses después, en concreto en marzo de 1844, cuando Antonio López y López se inscribió en la matrícula de comerciantes de Santiago de Cuba, a punto de cumplir veintisiete primaveras[7]. Podemos considerar, en cierta manera, que fue a partir de aquel momento cuando verdaderamente empezó la singladura empresarial de quien acabaría siendo primer marqués de Comillas.

En aquel tiempo, por cierto, López tuvo una hija natural a la que quiso reconocer. Una hija que nació el 2 de abril de 1845 y que varias semanas después fue bautizada en la parroquia del Espíritu Santo de La Habana. Tal como aparece de forma literal en la inscripción número 374, en el folio 125 del libro 37 de «bautismos de blancos» de dicha parroquia, el 10 de junio de 1845 el sacerdote Andrés Avelino de la Torre bautizó «solemnemente a una niña que nació el día 2 de abril último, hija de D. Antonio López y López, natural de la villa de Comillas[] y de madre reservada. A cuya niña puse de nombre Consuelo». En dicha partida de bautismo se cita también a los abuelos paternos de la recién nacida, o sea, a «D. Santiago López, Conde de La Madrid, y a D.ª M.ª López Fernández». Tuvo aquella niña como único padrino a un tal Baltasar Gelabert y Cardell, quien acostumbraba a ejercer como tal en similares ceremonias de dicha parroquia[8]. Muy poco sabemos de la trayectoria vital de Consuelo López y López, la hija mayor del futuro marqués de Comillas, a la que reconoció como hija natural pero a la que nunca quiso legitimar, privándola por lo tanto del derecho a percibir una parte de su herencia paterna. El único de los biógrafos de López que supo de la existencia de aquella hija natural fue José María Ramón de San Pedro. En sus Notas sobre el marqués de Comillas dicho autor afirmaba que «Consuelo López y López vivió hasta 1896, dejando fama de haber sido muy piadosa. Fue enterrada en el Cementerio de Santa Ifigenia de Santiago [de Cuba], la ciudad donde creció y vivió, al cuidado de sus padrinos de pila. Don Antonio la asignó un holgado vitalicio. Consuelo casó en 1867 y tuvo un hijo único: Manuel Pardo y López. La descendencia de este, sin derecho ni provecho alguno, intentó un pleito en 1954. Se hicieron representar por el abogado barcelonés Díez Jarque, intentando conseguir parte en el “fideicomiso” del Marquesado. La revista cubana Carteles, de gran circulación entonces, publicó un extenso reportaje divulgando documentalmente el caso (25 abril 1954)» (Ramón de San Pedro, sf).

Un mes y medio después de que la primera hija de Antonio López naciera en La Habana, su hermana Genara López y López se casaba en Comillas con el único notario de dicha villa, el también cántabro Florencio Cacho Herrera. La boda se celebró el 21 de mayo de 1845. El hecho de que Genara, quien sumaba entonces treinta y un años, se casara con todo un señor notario (dos años más joven que ella, por otro lado) podría poner en cuestión, en cierta manera, la presunta pobreza extrema del hogar familiar en el que habían nacido y crecido los hermanos López, en Comillas. De todas formas, aquella unión duró poco, ya que Genara López falleció, sin hijos y sin haber otorgado testamento, apenas diez meses después de haberse casado. Mientras tanto, en Santiago de Cuba su hermano Antonio se dedicaba preferentemente a gestionar su propia y modesta tienda, un establecimiento abierto en los bajos de un edificio situado en la santiaguera calle de Santo Tomás, número 25, propiedad de un destacado hombre de negocios catalán llamado Andrés Bru Puñet.

Nacido en La Selva del Camp, una pequeña localidad cercana a Reus, Andrés Bru había emigrado a Cuba, como tantos otros catalanes de su generación, y se había instalado en la capital oriental de la Isla. Allí se casó con una viuda llamada Luisa Lassús Ganné. Nacida en Santiago de Cuba aunque de ascendencia francesa, Luisa Lassús se había casado, en su ciudad natal y en primeras nupcias, con un catalán apellidado Camps, con quien tuvo al menos dos hijos varones (uno de los cuales fue José Camps Lassús), los cuales le dieron, a su vez, al menos dos nietas: Isabel Camps Echevarría y María Luisa Camps Rocha. Al casarse en segundas nupcias con el también catalán Andrés Bru Puñet, Luisa Lassús aportó en dote al matrimonio la respetable cantidad de 11.400 pesos fuertes[9]. En su segundo matrimonio, Luisa Lassús Ganné alumbró otros cinco hijos más, o sea, los hermanos Andrés, Ramón, Luisa, Caridad y Francisco Bru Lassús, naturales todos de Santiago de Cuba. Cabe señalar que dicha ciudad había acogido a un número importante de colonos franceses, como los Lassús, los cuales habían llegado huyendo de la cercana colonia de Saint Domingue (luego Haití) a raíz de la revuelta de esclavos iniciada en agosto de 1791. Estos colonos contribuyeron notablemente al crecimiento económico de la región oriental de Cuba en las primeras décadas del siglo XIX. Su papel resultó fundamental, por ejemplo, en el fomento de la actividad cafetalera en el oriente cubano. Entre los múltiples franceses arribados desde Saint Domingue a Santiago de Cuba vale la pena nombrar a los Moreau y a los Lafargue. Y si entre los primeros quiero destacar la figura de Amalia Moreau (la cual se casaría, en 1843, con el emigrante catalán Facundo Bacardí Massó, fundador de la reputada destilería Bacardí), entre los segundos quiero fijarme en Paul Lafargue. Nacido en Santiago de Cuba, en 1842, Pablo o Paul Lafargue vivió en la Gran Antilla durante sus primeros nueve años de vida, aunque luego se trasladó con su familia a Francia. En Europa, y con el tiempo, Lafargue se convertiría en un destacado dirigente socialista, recordado no sólo por su propia trayectoria como líder revolucionario sino por haberse convertido, en 1868, en yerno de Karl Marx y por haber escrito su famoso ensayo El derecho a la pereza.

Igual que los Moreau y que los Lafargue, los Lassús eran originarios de la francesa colonia de Saint Domingue, de donde también provenían los Coulange, con quienes estaban emparentados. Y si en Santiago de Cuba Luisa Lassús Ganné se acabaría casando, de manera sucesiva, con sendos hombres de negocios catalanes (apellidados Camps y Bru, respectivamente), su prima Cecilia Coulange haría lo propio con otro comerciante también catalán llamado Magín Masó, con el que llegó a tener dos hijos y dos hijas, llamados Magín, José, Cecilia (esposa del militar José Galiand) e Isabel (casada con el empresario toledano Benito Rubio López de Bocanegra) y apellidados Masó Coulange. De aquella manera, los catalanes Andrés Bru y Magín Masó acabaron emparentando en Santiago de Cuba con las criollas de ascendencia francesa Luisa Lassús y Cecilia Coulange, con las que formaron sendas familias. Uno y otro impulsaron, además, diferentes negocios. La familia Masó-Coulange se centró, por ejemplo, en el mundo de la agricultura y fomentó una plantación de caña llamada Abundancia, en la que trabajaban varias decenas de esclavos. Andrés Bru dedicó, por otro lado, parte de su tiempo al recién nacido cuerpo de bomberos de Santiago de Cuba, creado como tal en agosto de 1839 y del cual él fue su primer comandante. Pudo comprar, mientras tanto, varias fincas urbanas en dicha ciudad, una de las cuales arrendó precisamente a Antonio López, es probable que en la primavera de 1844.

Aquel hecho permitió al joven cántabro entablar relaciones tanto con su casero como con su familia. Éstas se hicieron cada vez más estrechas y permitieron al joven López seducir al veterano Andrés Bru, lo que facilitó el paralelo cortejo que empezó a realizar entonces a la mayor de sus dos hijas, la santiaguera Luisa Bru Lassús. Dos años después de haberle alquilado su casa en la calle de Santo Tomás y al preparar su inminente marcha con su familia a Barcelona, Andrés Bru Puñet tuvo que nombrar unos apoderados que se encargasen de administrar sus propiedades y de velar por sus intereses en la Isla en su ausencia. Así, el 27 de marzo de 1846 otorgó poderes: a favor del abogado Tomás Segura, en primer lugar; del joven Antonio López y López, en segundo lugar, y del hermano de este último, Claudio, en tercero[10]. No cabe duda de que al nombrar a los hermanos López como dos de sus tres apoderados en la mayor de las Antillas, Andrés Bru expresaba su profunda confianza en ambos jóvenes, tanto en su honestidad e integridad como en su capacidad para tomar las mejores decisiones posibles en cada momento.

Mucho tiempo después de aquella fecha uno de los hijos de Andrés Bru Puñet, Francisco Bru Lassús, escribiría un libro lleno de vituperios sobre la persona de Antonio López, a quien trató y conoció muy bien. Aun así, en una monografía tan crítica Pancho Bru no tuvo ningún problema en reconocer que López siempre había acreditado tener dos «cualidades naturales necesarias al gran comerciante»: «la memoria que bien puede calificarse de excelente y la actividad que es justo convenir [que] era extraordinaria y hasta asombrosa» (Bru, 1885: 33). Fue en Santiago de Cuba, en la primavera de 1844, cuando el joven Antonio López empezó su carrera como hombre de negocios, contando sólo con aquellas dos armas: «memoria» y, sobre todo, «actividad». Para desarrollar sus iniciativas con garantías de éxito a López le faltaba, sin embargo, un tercer ingrediente: capital. El joven comillano necesitaba, de hecho, caudales suficientes para materializar sus proyectos. Sin apenas peculio propio, López buscó y encontró una solución tan imaginativa como audaz: se puso de acuerdo con otro empresario, quien disponía de un patrimonio superior al suyo y se mostró dispuesto a financiar sus iniciativas. De aquella manera, Antonio López y López se asoció con un empresario asturiano instalado en la ciudad de Guantánamo (o Saltadero) y llamado Domingo Antonio Valdés, un individuo con posibilidades de desprenderse de sus propios caudales en forma de préstamo. Valdés acreditaba tener una plena confianza en Antonio López y en sus iniciativas. Tal como había hecho Andrés Bru, en marzo de 1846, en diciembre de aquel mismo año, el empresario asturiano convirtió a Antonio López en su principal apoderado, favoreciéndole con amplísimos poderes[11].

Aunque todavía con poco patrimonio propio, no cabe duda de que apenas dos años y medio después de haberse instalado en Santiago de Cuba el joven López había conseguido tejer alianzas con acaudalados empresarios de dicha ciudad, como Bru o como Valdés, quienes no dudaron en confiarle sus caudales o la administración de sus bienes en su ausencia. Para el cántabro, aquélla fue también una vía para la obtención de nuevas ganancias. Sabemos que durante tres años y medio, entre marzo de 1844 y septiembre de 1847, Valdés llegó a prestar a López un mínimo de 20.132 pesos con 8 céntimos, una cantidad respetable que superaba el valor que tenía entonces el almacén de la calle Santo Tomás del joven comillano, cifrado en torno a los 12.000 pesos. De aquella manera, Antonio López había podido contar con fondos ajenos (los préstamos de Valdés) para conseguir llegar adonde no habría conseguido hacerlo con tan sólo sus limitados recursos propios. Al acabar, sin embargo, el verano de 1847, Domingo A. Valdés y Antonio López creyeron llegado el momento de reformular sus relaciones empresariales. Estaba claro que el primero tenía una gran confianza en el segundo, a quien, de no ser así, no hubiera prestado tal cantidad de dinero pero también lo estaba que, ante un eventual problema de insolvencia por parte de López, el empresario asturiano hubiera tenido problemas para recuperar todos los caudales que había comprometido en los negocios emprendidos por el joven de Comillas. Es más, aquella reformulación de sus acuerdos les permitió a los dos dar un nuevo impulso a sus negocios en común, como ahora veremos.

Así, el 18 de septiembre de 1847 ambos constituyeron en Santiago de Cuba la sociedad Valdés y López. Una empresa que, tal como consignaron sus promotores en su escritura fundacional, «se entiende sucesora de la que ha regido hasta ahora bajo la razón de Don Antonio López y López, y, en este concepto, se hará cargo de la liquidación de sus negocios». De hecho, la nueva «sociedad de Valdés y López —decían sus socios fundadores— se dedicará a los mismos negocios en que se ocupaba el Don Antonio, abrazando además los de consignación y otros que estimen los socios [sic ]». Tres fueron, de hecho, aquellos socios fundadores, a saber: el cántabro Antonio López y López, su hermano menor Claudio y el asturiano Domingo Valdés. Este último aportó las dos terceras partes del capital de la empresa, o sea, 40.000 pesos sobre un total de 60.000. La tercera parte restante del capital fundacional corrió a cargo de los hermanos López de la siguiente manera: el mayor, Antonio, aportó en especie el «establecimiento que hasta ahora ha corrido bajo su nombre», al que dieron un valor contable de 12.000 pesos oro, mientras que el hermano menor, Claudio, entregó al constituir la sociedad 8.000 pesos fuertes en efectivo. En la escritura fundacional el asturiano Domingo A. Valdés consignó, por su parte, que «habiendo ya entregado en crédito a favor de la casa 20.132 pesos 8 cts. entregará el resto hasta los 40.000 pesos en febrero o marzo próximo», o sea, durante el invierno de 1848. La constitución de aquella nueva empresa permitió, por lo tanto, a Valdés convertir las cantidades que había prestado a Antonio López en parte de su capital en la misma, a la vez que le permitía, como veremos, intervenir directamente en la administración de los negocios de la sociedad.

La nueva firma Valdés y López contó, de hecho, con sólo dos socios gerentes: Domingo A. Valdés y Claudio López. El tercero, Antonio, ingresó en la empresa con el carácter de socio comanditario, o sea, como alguien que arriesga sus capitales en la empresa y que tiene derecho a participar en las ganancias pero que no interviene, en principio, en su dirección. Y digo «en principio» porque, en este caso, a Antonio López le reservaron sus dos socios una parcela concreta en la gerencia de la empresa. Pactaron así que: «La dirección de la casa estará a cargo de los socios colectivos, sin que el comanditario Don Antonio tenga otra intervención que la de tratar con los corresponsales amigos de Ultramar negocios convenientes a los intereses comunes. Sólo si hubiese en cada uno o en los dos colectivos algún mal manejo, facultan al comanditario para que en semejante caso haga lo que fuere más conveniente a sus intereses y a los de la masa». Añadieron, eso sí, por último: «Téngase entendido que D. Antonio López puede vivir en la casa el tiempo que dure la sociedad»[12].

A partir de la constitución de la firma Valdés y López quiero sugerir tres líneas de reflexión: la primera, que al crear la nueva sociedad y, sobre todo, adquirir la condición de socio comanditario, Antonio López y López consiguió asegurarse la continuidad de sus actividades empresariales en Santiago de Cuba a la par que se permitía (preparar, primero, y realizar después) un viaje más o menos largo a la Península; la segunda, que el propio Antonio López pudo entonces dar entrada, por otro lado, en la gestión de sus asuntos y negocios a su hermano menor, Claudio, quien había seguido sus pasos al emigrar desde Comillas a Santiago de Cuba, y la tercera y última, que al pasar de girar como comerciante bajo su nombre propio (Antonio López y López) a hacerlo bajo una escritura de sociedad mercantil (Valdés y López) pudo incorporar una nueva línea de negocio o actividad, la única que aparece expresamente recogida como tal novedad en su escritura fundacional, la consignación de buques. Esta última le permitió dar un salto en su actividad como comerciante: sin abandonar la gestión de su antiguo almacén, López y sus socios pasaron a participar de manera directa, a partir de entonces, en actividades de comercio marítimo. Valga sugerir, a título meramente hipotético, que el pronto viaje que Antonio López realizó a la España peninsular y la referencia a que su intervención en la administración de la nueva sociedad debía limitarse a «tratar con los corresponsales amigos de Ultramar negocios convenientes a los intereses comunes» pudieron estar relacionados de manera directa con esa novedad. Y valga también añadir que fue precisamente a principios de aquel año de 1847 cuando empezó la intensa dedicación de Antonio López y López (y de su empresa Valdés y López) al comercio ilegal de esclavos.

Según Emilio Bacardí, fue en enero de 1848 cuando se inscribieron en la matrícula de comerciantes de Santiago de Cuba los tres socios de la nueva Valdés y López, es decir, «Don Claudio López y López, Don Domingo Antonio Valdés [y] Don Antonio López y López» (Bacardí, 1925). El libro de Matrícula de Comerciantes de Santiago de Cuba confirma que fue el 3 de febrero de 1848 cuando el cabildo ordinario de dicha ciudad acordó formalizar la inscripción de «Dn. Domingo Antonio Valdés, natural de Asturias, y Dn. Claudio López y López, natural de Santander, ambos solteros y de este vecindario dedicados al comercio por mayor en un establecimiento de mercería situado en la calle de Santo Tomás en sociedad bajo la razón y firma de Valdés y López: de la cual es socio comanditario Dn. Antonio López y López, natural de Santander y vecino también de esta ciudad»[13]. Debió de ser unas semanas después de haberse registrado en la matrícula de comerciantes de la ciudad, entre febrero y marzo de 1848, cuando Domingo A. Valdés pudo cumplimentar su compromiso de aportar casi 8.000 pesos, en efectivo, a la caja de la nueva sociedad Valdés y López. Y dos meses más tarde, en mayo de 1848, fue cuando su único socio comanditario, Antonio López, zarpó desde Santiago de Cuba rumbo a la Península. Uno de los objetivos del joven cántabro era reencontrarse, precisamente, con su casero Andrés Bru Puñet. Para ello se dirigió hacia la capital catalana, adonde llegó, al parecer, en junio de 1848. Recurro de nuevo al testimonio de Francisco Bru Lassús para describir el reencuentro, en Barcelona, entre López y su futuro suegro:

Una noche llaman a nuestra puerta, entra el criado de una fonda de primera clase y nos entrega una tarjeta respaldada. Todos nos quedamos estupefactos. Antonio López nos anunciaba su llegada y que iría a vernos al día siguiente […] En efecto, López se presentó vestido de caballero en nuestra casa y con un lujo que nos dejó más parados que su tarjeta. Mi padre recibió a López con los brazos abiertos pero mi madre y nosotros con la misma frialdad de antes (Bru, 1885: 51-52).

Antonio López y Andrés Bru conversaron largo y tendido, en aquel y en otros encuentros, sobre temas diversos. Según da cuenta Pancho Bru, el primero «expliconos la historia de su naciente fortuna […] Decía que tenía proyectos colosales, ideas inauditas, planes inmensos. Estaba en vísperas de hacer una gran fortuna. Él iba a enseñar a los españoles cómo se hacen los negocios» (Bru, 1885: 53-54). Aquel viaje suyo y aquellas visitas suyas a la residencia de la familia Bru-Lassús hicieron posible que Andrés Bru accediese a la petición de mano de su hija Luisa. El enlace debió de acordarse en el otoño de 1848, si no antes. El 14 de noviembre de 1848 Antonio López se dirigió al obispado de Barcelona para iniciar los trámites para el matrimonio canónico. Según decía en su instancia:

Conoció y trató en Cuba, en donde vivía el recurrente, a D.ª Luisa Carlota Bru, soltera, vecina que fue de allí y residente de más de dos años en esta ciudad. El que expone siguió en Cuba hasta cinco meses a esta parte que vino a esta ciudad con el objeto de celebrar el matrimonio que había convenido con la expresada Srta. No sabiendo el recurrente los requisitos necesarios en esta Curia para la celebración del mismo, vino sin otros documentos que su fe de pila. Y siendo indispensable comprobar su libertad y soltería por el tiempo que residió en Cuba y teniendo en esta ciudad testigos que le han visto y conocido y tratado allí lo mismo que a su futura esposa solicitaba que se tomase declaración a los citados testigos para que certificaran su estado de soltería[14].

López quiso, por otro lado, acelerar los trámites canónicos de su boda, pues decía que necesitaba «celebrar cuanto antes su proyectado matrimonio por llamarle sus negocios tan perentorios en el comercio fuera de esta ciudad». Y añadía en tono alarmista que «si no podía llevar a su compañía a su prometida podrían ocasionárseles graves perjuicios y tal vez deshacerse este enlace que se ha convenido con tanta satisfacción de ambas familias». Aquella estrategia urdida por el de Comillas tuvo sus frutos. Apenas un día después de haber presentado dicha solicitud, el vicario general de la diócesis de Barcelona accedió a las dispensas que solicitaba López; y tres días más tarde, el 18 de noviembre, el novio acudió acompañado de tres testigos, quienes dieron fe de su soltería. Uno era Salvador Montané, «del comercio, vecino de Cuba, residente en la actualidad en Barcelona, de edad 38 años», quien dijo testificar con conocimiento de causa «por haber residido en Cuba de 21 años a esta parte conoce a D. Antonio López al que trató allí con particular intimidad, habiendo salido de Cuba en el mismo día»; otro testigo fue Ramón Bofill, comerciante de 42 años, el cual afirmaba haber vivido en Cuba «por espacio de 18 años hasta algún tiempo ha que regresó a esta ciudad»; y el tercero y último fue el joven Francisco Veranes, de 21 años, que declaró ser «natural de Cuba y haber residido siempre allí hasta poco tiempo ha que vino a esta ciudad» y declaró también que «conoció y trató allí a D. Antonio López constándole por la intimidad con que le ha tratado que es y se ha mantenido siempre soltero y libre». Gracias a dichos tres testimonios (así como al de la novia, Luisa Carlota Bru, quien dijo «que hace dos años que reside en esta ciudad y antes siempre en Cuba»), las autoridades eclesiásticas libraron la preceptiva licencia matrimonial el 20 de noviembre de 1848, apenas seis días después de su solicitud[15].

La ceremonia nupcial se celebró, en Barcelona, el 29 de noviembre de 1848 aunque los capítulos matrimoniales no se firmaron hasta cuatro semanas después, el 1 de febrero de 1849. Aquel día Andrés Bru consignó haber entregado a su hija como dote la suma de diez mil pesos fuertes, o duros, de los cuales nueve mil habían sido en efectivo y el resto en joyas y alhajas. Inmediatamente, la novia hizo donación de aquellos diez mil pesos a Antonio López «a fin de que el mencionado su esposo pueda tener y poseer la referida dote haciendo propios los productos o réditos de la misma, para mejor soportar las cargas del matrimonio». López acudió, por cierto, a la firma de las citadas capitulaciones sin la compañía de su madre, la cual debía seguir en Comillas. En la firma del contrato tampoco estuvo presente, extrañamente, la madre de la novia, Luisa Lassús, pese a vivir en Barcelona. ¿Cabe interpretar aquella ausencia como una muestra de su rechazo a la boda de su hija homónima con Antonio López? Hasta el día de hoy, no he obtenido una respuesta a dicha pregunta pero no cabe descartar esa posibilidad.

Sin apenas patrimonio, el novio no pudo ofrecer entonces a la novia cantidad alguna en forma de esponsalicio o aumento de dote, como se acostumbraba a hacer en esos casos. Sólo pudo prometer donarle, como hizo aquel día, en forma de «aumento de dote y esponsalicio, el quinto de todos sus bienes presentes y futuros», añadiendo: «De cuya quinta parte podrá disponer libremente [Luisa Bru Lassús] tanto si muera como no con hijos del presente matrimonio»[16]. Antonio López se quedó todavía tres meses más en Barcelona. No partió para Santiago de Cuba hasta finales de abril o principios de mayo de 1849. Me inclino a pensar que López viajó solo de vuelta, o sea, sin la compañía de su joven esposa. Y lo hago porque Luisa Bru de López otorgó poderes, en Barcelona y el 24 de abril de 1849, a favor de su cuñado Claudio López y López, y de Joaquín de Eizaguirre, ambos vecinos de Santiago de Cuba, para que pudieran tomar inventario de los bienes de su marido. Luisa Bru otorgó dichos poderes «por el esponsalicio que el citado su marido la hizo; y como este tenga que salir dentro de breves días para la Isla de Cuba, al solo fin de que en el mismo su marido falleciese durante la travesía»[17]. Un día después, el 25 de abril, el propio Antonio López entregó un testamento cerrado ante un notario de Barcelona y se dispuso a viajar a Santiago de Cuba para atender sus negocios en la Isla. Llevaba entonces un año fuera de Cuba.

A las pocas semanas de su arribo a la ciudad de Santiago, el 24 de julio de 1849, tuvo lugar la disolución de la sociedad Valdés y López. La dote que Antonio López había obtenido merced a su matrimonio con Luisa Bru Lassús le permitió prescindir de su antiguo socio Domingo Valdés para recuperar el pleno control y la propiedad tanto de su antiguo almacén de ropas como del resto de sus negocios. La escueta escritura de disolución de Valdés y López no ofrece mucha información sobre el valor de dicha empresa ni tampoco sobre el capital de sus socios o los beneficios que había generado. Tan sólo nos informa de que la susodicha compañía se disolvió «retirando Valdés su capital y utilidades, y quedando a cargo de los dos primeros [Antonio y Claudio López] el establecimiento para seguirlo regentando en la forma que más adelante les parezca más conveniente». También nos dice que la desconocida cantidad que correspondía a Domingo A. Valdés se le abonaría de la siguiente manera: «quince mil pesos en efectivo y el resto en créditos»[18]. Y nada más.

Sea como fuere, el 24 de julio de 1849 empezó a girar en Santiago de Cuba una nueva empresa, bajo la razón social de Antonio López y Hermano. Una compañía que contaba con sólo dos socios, ambos gerentes: los hermanos Antonio y Claudio López y López, quienes sumaban treinta y dos y treinta y un años, respectivamente. Una empresa que se dedicaba a la gestión del mismo almacén que el primero había abierto, en marzo de 1844, en la santiaguera calle de Santo Tomás, pero que también se dedicaría (y cada vez más) a otro tipo de negocios. Y aunque los dos únicos socios fundadores de aquella nueva razón social fueron los hermanos López, sabemos que ambos fueron incorporando con posterioridad nuevos socios a su empresa, hasta llegar a seis en total. Se sumaron a la sociedad, probablemente por este orden, Andrés Bru Puñet, Andrés Bru Lassús, Patricio Satrústegui y José Gayón. Aquellas cuatro incorporaciones se realizaron a partir de acuerdos privados entre los socios de la compañía Antonio López y Hermano, de manera que no hay constancia pública (o sea, rastro notarial) del momento concreto en que se pudieron producir. Las incorporaciones del suegro de Antonio López, Andrés Bru Puñet, y de su joven cuñado, Andrés Bru Lassús, debieron ser en el momento mismo de creación de la sociedad o muy poco después. El primero lo hizo en calidad de socio comanditario, comprometiendo solamente sus capitales pero sin participar en la gestión de la compañía, mientras que su hijo primogénito parece haberse incorporado como socio industrial, al menos al principio. Un «socio industrial» participaba en la cotidiana administración de la empresa pero no aportaba capitales y su participación en los beneficios provenía de su trabajo o «industria». Más tarde, el joven Andrés Bru Lassús acabaría convirtiéndose también en socio capitalista de la razón Antonio López y Hermano, con un capital probablemente prestado por su padre.

Vale la pena traer aquí el testimonio que dejó escrito Francisco (o Pancho) Bru Lassús, hijo, hermano y cuñado de los socios de dicha empresa. Con evidente exageración, afirmaba que, al llegar a Barcelona para casarse con su hermana, «López nos había hecho creer que había fundado una casa de comercio, lo cual era falso. Pero esa casa de comercio iba él a fundarla entonces, porque si antes no disponía de capitales, ahora contaba con todos los necesarios» (Bru, 1885: 59). Lo cierto es que, merced a su boda, Antonio López pudo ampliar efectivamente su patrimonio al contar, de entrada, con los 9.000 pesos fuertes en metálico que su esposa había recibido como dote al casarse y que ella le había entregado de inmediato. Más aún, López consiguió que su suegro le convirtiese en su principal apoderado en Santiago de Cuba, o sea, en el responsable de administrar los bienes que aún conservaba en la Isla. Tal como relataba Pancho Bru, Antonio López le planteó lo siguiente a su recién estrenado suegro: «Puesto que mi padre tenía en Santiago de Cuba la mayor parte de su fortuna en inmuebles al cuidado de un apoderado [probablemente el abogado Tomás Segura] ¿no sería más discreto entregarle a él poderes para cuidar de ella?». Le propuso también llevar consigo hasta la Isla a dos de sus jóvenes cuñados para adiestrarles en el manejo de los negocios. «Mi padre se entusiasmó —relataba Francisco Bru—. Tenía razón López. Nadie mejor que él para cuidar de la hacienda que allí teníamos. Los apoderados no se interesan por nada […] En cuanto a llevarse a los chicos, era otra ganga […] Mi padre dio a Antonio [López] los poderes que éste quiso, y en la forma que los indicó: amplios, absolutos, ciegos por decirlo así» (Bru, 1885: 57-58).

Siendo así, tanto el joven Andrés Bru Lassús como su padre, el veterano empresario Andrés Bru Puñet, pronto se incorporaron como socios a la firma Antonio López y Hermano. El primero quiso aportar una parte de su fortuna en forma de capital, contribuyendo así a financiar las iniciativas empresariales impulsadas por su dinámico yerno. Otro de los socios que acabó incorporándose a la susodicha sociedad fue José Gayón. Nacido en Cabezón de la Sal (Cantabria) y primo carnal de los hermanos Antonio y Claudio López, Gayón llegó a Santiago de Cuba para incorporarse precisamente a la gestión de la citada empresa familiar. No puedo precisar en qué fecha se instaló en la capital del oriente cubano pero sí afirmar que allí se encontraba en enero de 1852: aquel mes José Gayón otorgó poderes a favor de Claudio López y López para que pudiera vender dos esclavos de su propiedad[19]. De los cinco socios que acompañaron a Antonio López y López en la firma que llevaba su nombre, cuatro tenían vínculos familiares con él (su hermano, su suegro, su cuñado y su primo); sólo uno no tenía vínculos familiares con el resto: me refiero al ingeniero guipuzcoano Patricio Satrústegui Bris. La alianza entre los hermanos López y Satrústegui arranca, al parecer, de una de las principales iniciativas llevadas a cabo por la sociedad Antonio López y Hermano: la concesión de una línea regular de vapores para unir las ciudades de Guantánamo y de Santiago de Cuba.

Fue el 24 de enero de 1851 cuando Antonio López y su antiguo socio Domingo Valdés consiguieron el preceptivo permiso, otorgado por el capitán general de Cuba, José Gutiérrez de la Concha, para explotar un servicio de buques de vapor que permitiese una comunicación regular entre aquellos dos puertos del oriente cubano. Al efecto de comprar un vapor que posibilitase explotar la susodicha línea y en la medida que López apenas tenía conocimientos técnicos sobre esas modernas embarcaciones, el cántabro no dudó en encargar a Patricio Satrústegui que adquiriese, en su nombre, dicho buque. Aquel ingeniero guipuzcoano se desplazó hasta la ciudad de Filadelfia, en uno de cuyos astilleros, el de Ambrose W. Thompson, acabó comprando un moderno buque de vapor de hélice con casco de madera al que acabaron bautizando General Armero. Si hacemos caso a Francisco Bru, a partir de aquella primera operación se estableció una sólida alianza empresarial entre Antonio López y Patricio Satrústegui que se basaba en una relación de simbiosis casi perfecta, capaz de combinar las habilidades del uno y del otro:

López, dotado de un cerebro activo siempre caldeado por el afán de lucro, concebía osadamente los proyectos; pero a causa de su educación primitiva e ilustración nula así como de sus escasas cualidades naturales […] los concebía defectuosos […]; pero concebido y bosquejado groseramente el proyecto, lo entregaba a Satrústegui y este, ducho en legislación mercantil, bien enterado del estado financiero de las diversas plazas, poseyendo el raro don de saber escoger el momento preciso en que aquel debía plantearse y gran conocedor de los resortes sociales […] revestíalo de atractivos irresistibles para la cándida multitud de los accionistas y lo devolvía a López, vigilando tras la cortina su ejecución (Bru, 1885: 36-37).

Entre las habilidades acreditadas por Patricio Satrústegui y ausentes en la persona de Antonio López, cabe señalar una a la que no hace, sin embargo, referencia Pancho Bru. Me refiero a su perfecto dominio del inglés. Quien sí dio cuenta de dicha realidad fue José María Ramón de San Pedro, el cual ofreció en su día un breve bosquejo de la trayectoria vital de dos jóvenes liberales guipuzcoanos, los hermanos Joaquín y Patricio Satrústegui Bris. Según dicho autor, la represión registrada tras el abrupto final del Trienio Liberal y la ocupación de España por las tropas de los llamados Cien Mil Hijos de San Luis convirtieron a ambos hermanos en exiliados en Londres, donde el segundo cursó y acabó estudios de Ingeniería. «Y, como tiempo pasando —añade dicho autor—, después de los unos acaban casi siempre volviendo los otros, ocurrió que catorce años más tarde (en 1835), al venir a España la “legión británica” en ayuda de los “liberales” contra los “carlistas” el joven D. Joaquín Marcos de Satrústegui y Briz vino de intérprete del mando inglés. Y con él su hermano menor Patricio.» A la definitiva victoria de las tropas liberales en 1839, tras el famoso Abrazo de Vergara, sucedió el «reparto de premios que siguió a la paz». En él «a D. Joaquín Satrústegui, merecidamente, le correspondió integrarse en el Cuerpo Diplomático español», en el que se mantuvo durante varias décadas, ejerciendo diferentes cargos como el de cónsul general de España en Londres, en el que se jubilaría (Ramón de San Pedro, sf: 42).

Dicho autor señalaba que en aquel reparto de premios a Patricio Satrústegui Bris le tocó uno menor. Afirmaba que aquel guipuzcoano «criado en Inglaterra […] había llegado a La Habana, contando con la base de un destino administrativo secundario, que le permitió dedicarse a otras actividades. Al principio representó a fábricas inglesas de maquinaria» y luego pasó a dedicarse «a la compra venta de tabaco en rama. Y [como] la compañía en la que tenía asegurados los almacenes quebró» y Satrústegui no pudo hacer frente a sus pagos, también él acabó quebrando y «quedó arruinado». Fue entonces cuando «a Don Manuel Calvo se le ocurrió que si a la inteligente capacidad de gestión que Antonio López poseía se unían los conocimientos técnicos de Satrústegui, más la influencia de [Joaquín] Eizaguirre cerca de la Administración […] cabría hacer bueno un proyecto de comunicaciones marítimas entre Santiago y La Habana, circunnavegando la Gran Antilla. Lo venía proponiendo D. Antonio desde un par de años antes […] Se trataba de introducir en Cuba la navegación moderna pasando de la vela al vapor, y, de la mecánica de la navegación a vapor, Satrústegui sabía más que bastante» (Ramón de San Pedro, sf: 40).

Si damos por bueno el relato de José María Ramón de San Pedro, la iniciativa que acabaría llevando a la explotación del vapor General Armero tendría cuatro protagonistas principales, de los cuales dos habían nacido en el País Vasco (Manuel Calvo y Patricio Satrústegui) y los otros dos en Cantabria (Antonio López y Joaquín Eizaguirre). ¿Qué podemos decir de este último? Sabemos que había nacido en Santander y que había llegado a Santiago de Cuba unos años antes que su paisano Antonio López con un flamante título de ingeniero de minas bajo el brazo. Y sabemos también que era primo segundo del también ingeniero Patricio Satrústegui. En abril de 1839, Joaquín Eizaguirre se empleó a fondo en los trabajos necesarios para poner en explotación las minas de hierro de Sigua. Atendiendo a que era el único ingeniero civil de minas de toda la jurisdicción oriental de la Isla, el Cabildo de la catedral de Santiago de Cuba le transmitió, el 24 de septiembre de 1842, un encargo especial para que reconociese el techo de la catedral y para que indicase «las reformas convenientes que en él deben hacerse para evitar las chorreras que tienen a consecuencia de los temblores» o seísmos que la ciudad había registrado en mayo y en septiembre de aquel año (Bacardí, 1925).

El hecho de que Joaquín Eizaguirre fuera el único ingeniero civil de minas de la ciudad le acabó convirtiendo, por cierto, en el inspector oficial de minas de toda la jurisdicción de Santiago de Cuba. Su amistad con su paisano Antonio López venía de los tiempos en los que el de Comillas se mantenía soltero. No en vano, al preparar su viaje a Barcelona, el 28 de marzo de 1848, López otorgó un poder generalísimo «a la sociedad de Valdés y López, de este comercio, y al Sr. Dn. Joaquín de Eizaguirre, también vecino, de mancomun et insolidum», para que actuasen en su nombre durante su ausencia[20]. Y cuando, ya casada, Luisa Bru Lassús otorgó poderes, en Barcelona y en abril de 1849, lo hizo a favor tanto de su cuñado Claudio López como de Joaquín Eizaguirre[21]. La mujer, por cierto, de este último, Luisa Bravo, era hija de Tomás Bravo y de Francisca López de Ayala. A la muerte de su padre, ella y su hermano Emilio recibieron en herencia la mitad de un cafetal en el partido de La Güira, así como de cinco caballerías de tierra en el partido de la Amistad (en la Sierra Maestra), además de veinticinco esclavos, unas propiedades que ambos herederos se acabaron repartiendo de forma amigable en junio de 1853[22].

Según José María Ramón de San Pedro, los vínculos entre Antonio López y Joaquín Eizaguirre se tejieron, precisamente, a partir de la previa amistad de sus respectivas esposas. A Luisa Bravo la define como «una muchachita habanera, hija de muy buena familia —perteneciente a casa noble titulada— [la cual] había sido compañerita de Colegio, en Santiago, de Doña Luisa Bru y Lassús» (Ramón de San Pedro, sf). Dicho autor basa sus afirmaciones en el testimonio directo de un sobrino nieto de Joaquín Eizaguirre, el naviero cántabro Ángel Pérez Eizaguirre, quien escribió un texto para «narrar el origen de la actividad naviera» de Antonio López. En su manuscrito Pérez explica que Luisa Bravo, amiga y tocaya de Luisa Bru, «casó con don Joaquín de Eizaguirre, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la Jefatura de Santiago. Esto debió ocurrir hacia 1847 y algunos meses más tarde llegó a Cuba, como viajante de maquinaria agrícola, don Patricio Satrústegui, que se alojó en casa de don Joaquín (primo segundo suyo) quien le presentó a López. Hiciéronse entrambos íntimas confidencias y el montañés dijo al guipuzcoano: “Mi ilusión es ser naviero de buques de vapor pero desconozco su maquinaria. Tengo a mi nombre algún dinero y crédito suficientes en la Habana para reunir el capital indispensable. Usted, por el contrario, conoce a fondo esa industria pero no dispone aún de fondos bastantes. Vámonos a la Habana. Yo animaré a mis amigos ricos, trataré con el General Armero […] acerca de la conveniencia de establecer un servicio de correos por el litoral y confío en poder acompañar a usted a Filadelfia, y adquirir allí lo que deseamos”» (Duque de Maura, 1949: 40-41). Ramón de San Pedro completa, por su parte, dicha narración afirmando que «en 1849, [Joaquín] Eizaguirre ascendió a ser Ingeniero Director del puerto de La Habana, pasando a tener gran influencia en el mundo oficial administrativo de la capital de Cuba» y que, en consecuencia, «Don Antonio López mejoró su ámbito de relación en ella, empezando a pasar largas temporadas en La Habana», alojándose siempre en casa de su buen amigo, el portugalujo Manuel Calvo Aguirre (Ramón de San Pedro, sf: 39).

Tal vez aquellas relaciones facilitaron la obtención de la citada concesión de la línea regular entre Guantánamo y Santiago de Cuba. El nombre elegido para el nuevo vapor (General Armero) hacía referencia a quien era entonces comandante general del Apostadero de La Habana, Francisco Armero Peñaranda, alguien que se convertiría, unos años después, en ministro de Marina y, aún más tarde, en primer marqués de Nervión. Pero no adelantemos acontecimientos. Lo cierto es que a partir de su amistad con Joaquín Eizaguirre y también de su alianza empresarial con el primo segundo de éste, Patricio Satrústegui, Antonio López pudo fletar su primer vapor, en Santiago de Cuba, y gestionar una línea naviera regular en la Isla.

Parece bastante claro que a su regreso a Cuba, tras su boda en Barcelona, Antonio López y López amplió rápidamente tanto el capital como las actividades de su santiaguera casa de comercio, y que supo ampliar también su círculo de relaciones empresariales y políticas. Pudo, de aquella manera, emprender nuevos y variados negocios y registrar, en unos pocos años, un sensible incremento patrimonial. Si en el momento de casarse, en noviembre de 1848, López no había podido aportar a la nueva sociedad conyugal cantidad alguna en forma de esponsalicio, casi ocho años después, en septiembre de 1856 y al otorgar testamento, reconocía expresamente «que el dote de diez mil duros que trajo mi esposa al tiempo de nuestro matrimonio, ha ganado desde entonces otra suma igual» y añadía, por si fuera poco, «que durante mi matrimonio y secundado por ella [mi esposa] en todos mis asuntos he adquirido la mayor parte de mis capitales»[23]. Vale la pena, por lo tanto, repasar cuáles fueron las diferentes líneas de actividad de aquella sociedad Antonio López y Hermano (y aún antes de su predecesora, la sociedad Valdés y López), o sea, las líneas de negocio que sustentaron aquel rápido incremento patrimonial experimentado por Antonio López y que cimentaron los orígenes de las fortunas con las que tanto él como sus socios más cercanos (en especial su hermano Claudio y su aliado Patricio Satrústegui, pero también su primo José Gayón) regresaron a la Península para emprender una exitosa carrera empresarial. Empezaré por dar respuesta a una pregunta, en torno a una posible línea de actividad y de negocio: ¿estuvieron realmente implicados Antonio López y sus socios en el comercio de esclavos durante sus años de estancia en Santiago de Cuba?

3

Antonio López y el comercio ilegal de esclavos

James Forbes, cónsul británico en Santiago de Cuba, denunció que en octubre de 1850 y bajo el mando del capitán Baltasar Pujol la goleta española Deseada había desembarcado clandestinamente unos 280 esclavos en la ensenada de Juragua, un pequeño puerto natural situado unas pocas millas al este de la ciudad de Santiago. Sabían que aquella goleta venía cargada de cautivos procedentes de África porque, antes de llegar a Cuba, la Deseada había anclado frente a la isla holandesa de Curaçao para conseguir agua y víveres. Sus tripulantes tuvieron, sin embargo, que levar anclas y salir urgente e inopinadamente de allí al ver que se les acercaba un bergantín holandés. Fue entonces cuando, abandonado por los suyos, el único marinero de la goleta que había bajado a tierra para negociar las compras acabó revelando el carácter negrero de la expedición[1]. Aquella denuncia provocó que tanto José Gutiérrez de la Concha, quien acababa de iniciar su mandato como capitán general de la Isla, como el entonces teniente gobernador de la plaza de Santiago, José MacCrohon, se viesen obligados a abrir sendas investigaciones para averiguar la veracidad de estas informaciones. Se incoaron sendos expedientes que, una vez finalizados, acabaron llegando a Madrid hasta el ministro español de Estado, Manuel Bertrán de Lis.

Según los informantes del cónsul Forbes, una vez descargados en Juragua, se llevó inmediatamente a aquellos africanos hasta Santiago de Cuba y al menos quince de ellos (otras fuentes hablaban de cincuenta e, incluso, de setenta) se embarcaron pronto en el vapor Cárdenas para ser conducidos hasta el puerto de Batabanó, primero, y La Habana, después. Impelido por aquella denuncia, el general MacCrohon ordenó que tomasen declaración a los dos sospechosos de haber participado en el alijo de la citada goleta: la firma Vinent Hermanos y el joven cántabro Antonio López y López. Interrogado por las autoridades militares, López afirmó desconocer la existencia de dicho desembarco. Reconoció sin ambages, eso sí, haber enviado «no quince sino setenta y nueve negros [a Batabanó], los cuales no eran sin embargo bozales», sino criollos, decía. Declaró también que la empresa de la que era socio (es decir, Antonio López y Hermano, antes Valdés y López) «se dedicaba al tráfico de este tipo de negros desde hacía cuatro años [o sea, desde 1846], enviándolos a aquellas partes de la Isla donde sacaba más provecho» y que los setenta y nueve «esclavos en cuestión los había comprado Francisco Ventosa, un comerciante de La Habana, a quien él [Antonio López] se los había enviado»; éstos, en ningún caso, habían venido desde África en la goleta Deseada, sino que habían sido previamente adquiridos por López a diferentes individuos en la propia ciudad de Santiago[2]. Por otro lado, el capitán general de la Isla ordenó identificar y retener de manera preventiva a aquellos setenta y nueve esclavos enviados por López pero enseguida optó por dejarlos en manos de sus nuevos dueños, pues, según dijeron los funcionarios encargados del asunto, llevaban «sus pasaportes en regla, con expresión de sus nombres cristianos, por lo que no podían considerarlos bozales»[3]. Así, únicamente con las declaraciones autoexculpatorias de los acusados y con la mera revisión ocular de unos pasaportes, las autoridades españolas dieron pronto carpetazo al asunto[4].

A partir de casos como el de la goleta Deseada, los funcionarios británicos desplazados en La Habana acusaron pronto al capitán general Gutiérrez de la Concha de estar en «inteligencia» con los «interesados en el tráfico de esclavos en la Isla»[5]. En enero de 1851 y mientras avanzaban aquellas investigaciones ordenadas por MacCrohon y por Concha, el propio cónsul Forbes daba cuenta de que la susodicha goleta Deseada se había vendido en almoneda pública y con cambio de nombre incluido (Costera). Y añadía que «el ostensible propietario es ahora Dn. Pablo Bergas, un catalán panadero de esta ciudad [Santiago de Cuba], quien es muy sabido, intenta otra vez destinar el buque al tráfico de esclavos». No cabe duda de que los espías que conformaban la red del cónsul británico en Santiago de Cuba estaban bien informados. De otro buque negrero, el Paquete de Guantánamo, escribió Forbes, el 19 de enero de 1851: «este último buque es bien sabido que está destinado a un viaje de esclavos y está mandado por el notorio [capitán negrero menorquín] José Vendrell (quien era capitán de la goleta Atrevida capturada y condenada en la costa de África en el año de 1847)»[6]. Forbes acabó denunciando, de hecho, que en unos pocos días, entre finales de enero y principios de febrero de 1851, hasta tres veleros diferentes acabarían zarpando de Santiago de Cuba rumbo a las costas africanas en busca de más esclavos: hablaba de las goletas María del Carmen, Paquete de Guantánamo y, nuevamente, de la Deseada (o Costera). Y se lamentaba de que José MacCrohon no hubiese hecho nada por evitarlo. Por eso, el 10 de abril de 1851 el cónsul general británico en La Habana, Jos T. Crawford, denunció ante el capitán general de Cuba la pasividad de los funcionarios y militares españoles dedicados a la represión de la trata en la región oriental de la Isla, «especialmente en el año último cuando contando casi con la sanción y la connivencia del gobernador Mac Crohon [sic ], se llevó a efecto el tráfico hasta el más alto grado, alistándose en el distrito [oriental de Cuba] aun muy recientemente varios buques que se hicieron a la vela dedicados conocidamente al tráfico de negros»[7].

¿Cómo interpretar las diferencias entre la actitud y las afirmaciones de los cónsules británicos en La Habana (Crawford) y en Santiago de Cuba (Forbes), por un lado, y las del capitán general de la Isla (Gutiérrez de la Concha) y el teniente gobernador de Santiago (MacCrohon), por otro? ¿Eran ambos altos funcionarios (y militares) españoles cómplices de la trata ilegal de esclavos, como denunciaban los diplomáticos británicos, o, por el contrario, estos últimos exageraban la realidad dando por ciertas noticias falsas y acusando injustamente a honrados comerciantes a partir de meros e infundados rumores? Hay evidencias suficientes para afirmar que tanto MacCrohon como Gutiérrez de la Concha hicieron todo lo posible (tanto por acción como por omisión) para favorecer la arribada clandestina de nuevos esclavos a la Isla. También existen bastantes pruebas de que los funcionarios británicos estaban bien informados y de que, cuando se abría una investigación de verdad (y no para cubrir el expediente) para determinar la veracidad (o no) de sus denuncias, se acababa verificando la fiabilidad de sus informaciones. Sirva como ejemplo que aquella famosa goleta Deseada (la misma que en octubre de 1850 había traído esclavos para Antonio López y sus socios) volvió en efecto a zarpar desde Santiago de Cuba rumbo a África el 25 de enero de 1851, como denunciara Forbes. Y allí, concretamente frente a las costas de Nuevo Calabar, acabaría siendo capturada el 4 de julio de 1851 por el crucero británico Bloodhound. Eso sí, para evitar la captura y el juicio posterior por parte de los ingleses tanto de los oficiales como los tripulantes de aquel buque negrero lo habían abandonado dejándolo sin bandera ni papeles, aunque con diez africanos a bordo y plenamente equipado para completar una carga de 300 cautivos[8].

Tal como reconoció de forma abierta Antonio López a finales de 1850, no cabe duda de que su firma Antonio López y Hermano se dedicaba a comprar y vender un gran número de esclavos criollos (algo que era entonces completamente legal), para lo cual los adquirían en Santiago de Cuba (donde su precio era menor) y los enviaban a otros lugares del centro y, sobre todo, el occidente de la Isla, donde su precio acostumbraba a ser más alto. Y aquel margen entre ambas operaciones contribuía a alimentar la cuenta de ganancias de la citada empresa. De su actividad como intermediarios en las operaciones de compraventa de esclavos no cabe duda. Así lo recogió la prensa de la ciudad. En El Redactor de Santiago de Cuba del 8 de junio de 1851 se publicó, por ejemplo, el siguiente anuncio: «Compran negros de ambos secsos [sic ] en partidas y sueltos al contado; los Sres. Antonio López y Hermano, calle de la Marina número 38»[9]. Pero tampoco cabe duda de que la razón Antonio López y Hermano actuó como firma consignataria de un número indeterminado de expediciones negreras arribadas de manera clandestina a la región oriental de Cuba, como sucediera en 1850 con la goleta Deseada. En ese sentido, la permisividad con la trata ilegal por parte de MacCrohon debió favorecer directamente a la santiaguera firma de los hermanos Antonio y Claudio López y López.

Es más, la forma como el primero resolvió aquella especie de encuesta abierta en el otoño de 1850 tras la denuncia del cónsul Forbes por el alijo de la goleta Deseada ilustra muy bien el modus operandi de su empresa. De la citada investigación se deduce que el quid de la cuestión reposaba en dos puntos complementarios: por un lado, en la pasividad (o, si se prefiere, la connivencia) de unos funcionarios españoles que, una vez abierta alguna investigación (si es que ésta tenía lugar y siempre a raíz de una denuncia de los funcionarios británicos), se limitaban a formular las preguntas de rigor, ante las cuales los interesados, como hiciera López, negaban la mayor, es decir, su participación en la trata sabiendo que esos mismos funcionarios no iban a ir más allá de transcribir sus respuestas autoexculpatorias. Y reposaba también, y sobre todo, en la venalidad de aquellos o de otros funcionarios, quienes facilitaban a López o a sus socios, a cambio de dinero, la documentación necesaria para hacer pasar por ladinos (o criollos) a unos esclavos bozales recién traídos desde África. Fue aquélla una práctica habitual entre los comerciantes negreros, como lo muestran, por ejemplo, los términos de la denuncia que el embajador británico en Madrid transmitió al director general de Ultramar, en octubre de 1855, contra otro alijo negrero clandestino realizado al oeste de La Habana. Según lord Howden:

Parece ser que el mismo día o cerca del 5 de agosto pasado, 510 negros bozales fueron puestos en tierra en San Cayetano, pueblo situado como vd. sabe 40 ó 50 millas al oeste de Ortigosa. En el momento en que llegaron a tierra les proveyeron de cédulas o billetes de protección y certificados de bautismo y fueron conducidos impunemente al interior con circunstancias que demuestran un decidido menosprecio de la autoridad y de las órdenes del Capitán General [José Gutiérrez de la Concha], siendo enseguida conducidos a las minas de cobre de Don José Suárez Argudín, el cual, con Don Lorenzo Pedro y otros se dice haber sido las personas interesadas en la expedición y que esperan la llegada de algunos otros barcos negreros[10].

La investigación abierta ante otro alijo de esclavos realizado cerca del castillo de la Punta, o sea casi en el mismo puerto de La Habana, el 17 de septiembre de 1857, revela la forma y la facilidad con la que los consignatarios de las expediciones negreras conseguían las preceptivas cédulas. En aquel caso se llegó a descubrir que el funcionario que había sustraído y firmado varias de ellas para facilitárselas a uno de los individuos implicados en aquella expedición era un joven empleado llamado Miguel Velázquez, «escribiente de la Comisaría del primer distrito» de La Habana. Interrogado por uno de los comisarios de policía de la ciudad, Velázquez no supo qué decir sobre su actuación y se inventó una excusa harto peregrina. Según su declaración:

Se le presentó un hombre llamado D. Ramón Suárez y Gómez de parte de D. Federico Fernández suplicándole le facilitase las cédulas viejas para confrontar con las nuevas sin conocimiento del Comisario, en el concepto de que bajo palabra de honor se las devolvería dentro de media hora y que habiendo transcurrido aquel día y otro sin que el individuo hubiese vuelto con las cédulas empezó a hacer diligencias en secreto ignorando cual [sic ] sea su paradero. Añadió que no se había dirigido a D. Federico Fernández para indagar si había mandado buscar dichas cédulas para no hacer pública su falta y con la esperanza de encontrar a Suárez Gómez para recogerlas de este[11].

¿Qué tipo de pena pidió el fiscal para aquel venal funcionario por su participación en aquel ilegal negocio? Pues no solicitó ni un solo peso como multa. Según planteó en sus conclusiones finales: «Se considera autor de la entrega de las cédulas a una persona a quien no conocía […] pero el fiscal, atendida la edad de D. Miguel Velázquez, que sólo cuenta 20 años pide que se considere compurgada su culpa con la prisión [preventiva] sufrida y que sufra hasta la conclusión de la causa siendo además de su cargo una décima parte de las costas». Tuvo más castigo, eso sí, que alguno de los implicados directamente en la expedición, como el panadero catalán José Lluch, considerado culpable de haber vendido al menos dos de aquellos esclavos bozales a un tercero y quien nunca pisó la cárcel. El fiscal se limitó a pedirle una «multa de 100 pesos y al pago de la décima parte de las costas»[12].

Uno de los familiares políticos de López, su cuñado Francisco Bru Lassús, testigo de excepción de aquella realidad en tanto que vecino de Santiago de Cuba y, sobre todo, como meritorio de la firma Antonio López y Hermano, acabaría resumiendo muy bien años después en qué eslabón concreto de la larga cadena de la trata ilegal se incardinaba la participación del cántabro en aquel suculento aunque clandestino negocio. Según consignara Pancho Bru en un libro editado en Barcelona, en 1885, tras la muerte de López y en forma de denuncia pública: «¿Quiere saberse ahora el comercio que el insigne D. Antonio López hacía? Traficaba en carne humana; sí, lectores míos. Era comerciante negrero. López se entendía con los capitanes negreros, y a la llegada de los buques, compraba todo el cargamento, o la mayor parte de él […] Compraba en Santiago de Cuba negros a bajo precio y los enviaba a La Habana y a otros puntos de la isla donde los vendía con más o menos ganancias, pero siempre con una ganancia muy alta». Y para concluir decía que «Santiago de Cuba no había visto jamás a un negrero más duro, más empedernido, feroz y bárbaro» que López (Bru, 1885: 62-65).

Parece bastante claro que la participación de Antonio López y López y de su hermano Claudio en el comercio ilegal de esclavos africanos cobró un notable impulso merced a su alianza con el asturiano Domingo Valdés, quien acreditaba una larga dedicación a dicha actividad. Sabemos que el 22 de marzo de 1838 Valdés había otorgado, desde Matanzas, el mando de su bergantín Tejo (antes llamado Fortuna) al portugués António Joaquim Brito. Y también conocemos que, poco después, dicho velero zarpó desde aquel puerto cubano, con bandera y papeles portugueses, rumbo a las costas africanas y con el propio Domingo Valdés a bordo. No en vano, el asturiano ejercía como responsable de una expedición que pretendía cargar unos 400 cautivos africanos para su ulterior venta como esclavos en Matanzas. Aquel bergantín Tejo fue apresado, sin embargo, por un crucero británico el 31 de enero de 1839, mientras estaba anclado en la desembocadura del río Gabón con 116 cautivos a bordo. Valdés no llegó a ser detenido, pues en el momento de la captura estaba en tierra, encargado de comprar más y más africanos. Llevado dicho bergantín negrero a Sierra Leona, acabó siendo juzgado y condenado por el Tribunal Mixto hispano-británico, el 20 de marzo de aquel año[13]. Domingo Valdés pudo regresar poco después a Cuba para acabar instalándose en Saltadero (actual Guantánamo), en el extremo oriental de la Isla. No cabe duda de que desde allí siguió dedicándose a la trata africana, tanto a título particular como, a partir de 1847, también desde la firma Valdés y López.

Como señalé antes, al ser interrogado en diciembre de 1850 en relación con el alijo de la goleta Deseada, Antonio López declaró que se venía dedicando a la compra y venta de esclavos desde hacía cuatro años, o sea, desde diciembre de 1846. Quiero señalar que la primera referencia documental que he encontrado relativa a su participación en dicha actividad viene a confirmar sus aseveraciones. El 13 de enero de 1847 Antonio López acudió ante un notario de Santiago de Cuba para hacer constar la venta a favor de «Gabriel Pons, vecino de esta ciudad, para sí y sus sucesores [de] un negro que me pertenece en pleno dominio nombrado Francisco, casta luango, como de 25 años» a cambio de 500 pesos fuertes. Ocho meses después, el 19 de agosto de 1847 Antonio López volvió a acudir ante el mismo notario para retirar los poderes que había conferido previamente «al Lic. Don Joaquín Galain, y ha estado desempeñando este en los autos con Doña Petrona López sobre remate de unos esclavos», para otorgarlos, de nuevo y en su lugar, a favor del «otro Licenciado Don Hilario de Cisneros Saco, residente en la Ciudad de La Habana»[14]. Aunque no dispongo de más información sobre dicho litigio, no hay duda de que antes de configurar la firma Valdés y López, Antonio López había participado en al menos una subasta de personas esclavizadas en Santiago de Cuba. Tal vez lo había hecho como postor o subastador. Su actividad en dicho ramo empezó a crecer, no obstante, al poco tiempo de haberse constituido la sociedad Valdés y López, nacida legalmente en septiembre de 1847. Apenas tres meses después, el 7 de diciembre de 1847, Antonio López y López compró, en persona y por 250 pesos, a un esclavo de unos veinticinco o treinta años al que llamaban Pedro. Diez días más tarde hizo lo propio con otros dos más, llamados Tomás y Andrés, ambos de veinticuatro años y por los que pagó 700 pesos. Y un día después, el 18 de diciembre de 1847, acudió ante el mismo notario santiaguero que había registrado la creación de su sociedad con Domingo A. Valdés para otorgar poderes a favor del comerciante Ramón Valdés, vecino de Matanzas, quien debía vender allí aquellos tres jóvenes esclavizados[15].

A partir de aquella primera operación, formalizada en diciembre de 1847, se empezaron a repetir, sin solución de continuidad y de forma creciente, múltiples referencias notariales que acreditan la notable participación de los tres socios de la firma Valdés y López en numerosas operaciones de compraventa de esclavos. De hecho, aquella firma impulsada y participada por Antonio López supo aprovechar bien los huecos o contradicciones entre las leyes relativas a la esclavitud en Cuba. Y es que si bien el comercio transatlántico de esclavos —bozales— africanos estaba ilegalizado desde el verano de 1820, la institución de la esclavitud seguía siendo entonces legal en Cuba. Y continuaría siéndolo varias décadas hasta su definitiva abolición en 1886. No cabe duda de que una parte de la actividad de la firma Valdés y López entraba dentro de los parámetros de la legalidad del momento: a los esclavos se les consideraba (como a los bueyes o a los caballos, por ejemplo) una «propiedad semoviente» y, como tales, podían ser vendidos y comprados sin apenas limitaciones o restricciones. Ahora bien, tampoco cabe duda de que Antonio López, su hermano Claudio y su socio Domingo Valdés aprovecharon la legalidad de la institución de la esclavitud en la Isla para «legalizar» la introducción en Cuba de unos esclavos traídos clandestinamente desde África. El procedimiento era tan sencillo como eficaz: me refiero al acto mediante el cual un individuo (diríamos que en calidad de testaferro del propio López o de sus socios) acudía ante un notario y otorgaba poderes primero a favor de la razón Valdés y López (o de la firma Antonio López y Hermano, después) o de cualquiera de sus socios para que, en su nombre, pudieran vender un cierto número de esclavos supuestamente de su propiedad. De aquella manera, con una sola escritura notarial se podían legalizar desde un solo esclavo bozal hasta varias decenas de africanos esclavizados recién descargados. Con aquellos poderes notariales en sus manos resultaba mucho más fácil acudir a un funcionario venal para obtener los correspondientes pasaportes. Sólo así puede entenderse que la firma Antonio López y Hermano pudiera vender cuarenta y siete esclavos de una tacada, todos de la supuesta propiedad de Juan de Mena Garibaldo, según los poderes que éste les otorgó el 15 de mayo de 1850; o cuarenta y dos esclavos más que los hermanos López vendieron en marzo de 1851, también de una sola tacada (de la presunta propiedad, en aquel caso, de Luisa Cassard de Giraudy), así como otros veintiún esclavos más, vendidos por Claudio López cumpliendo las supuestas órdenes de Ramón Couroneau, en mayo de 1851[16].

El volumen de esclavos comprados y vendidos por la sociedad Valdés y López, primero, y por su sucesora, la firma Antonio López y Hermano, después, alcanzó unas proporciones más que notables. A tenor de la documentación registrada en sus protocolos por los diversos notarios que ejercieron en aquellos años su actividad en Santiago de Cuba, aquellas dos sucesivas compañías impulsadas por Antonio López debieron hallarse entre las empresas más destacadas en el ramo de la compraventa de esclavos que operaban en la capital del oriente de la Isla, o sea, entre las firmas propiamente especializadas en intermediar en las operaciones de compra y de venta de esclavos tanto ladinos (o criollos) como bozales (africanos). Sus principales competidores fueron dos comerciantes santiagueros (Ramón Cuervo Arango y José Valdés Díaz) y las delegaciones en dicha ciudad de dos firmas habaneras (Fontanils y Llanusa, y Martínez Rico y Hermano). Sirva a título de ejemplo de la intensa actividad de la sociedad Valdés y López que, a lo largo de 1848 y según quedó registrado en una sola escribanía (la de Soler y Regüeiferos), dicha sociedad vendió treinta y cuatro esclavos y recibió poderes para vender otros veintitrés esclavos más. Los registros de esa misma escribanía nos dicen que en 1849 los socios de dicha compañía recibieron poderes de diferentes particulares para vender setenta y dos esclavos (amén de vender, por su cuenta, otros ocho más). El número de poderes recibidos por los hermanos López para vender esclavos aumentó en 1850: aquel año vendieron, al menos, ciento dieciséis (según consta en los manuales de Juan Giró y de Rafael Ramírez). Y aumentó muchísimo más el año siguiente: en 1851 Antonio o Claudio López recibieron poderes para vender un total de trescientas noventa y nueve personas esclavizadas (según quedó igualmente recogido en las escribanías de Giró y de Ramírez).

Cabe señalar que una parte importante del negocio de los hermanos López en la compraventa de personas esclavizadas tuvo que ver con su capacidad para adquirir esclavos en el oriente cubano y mandarlos, para su inmediata venta, a diversas ciudades del occidente de la Isla. Se sirvieron, a tal efecto, de una pequeña red de colaboradores y de corresponsales. Una red basada, por un lado, en Francisco del Villar, capitán del vapor Guadalquivir, un buque que comunicaba regularmente dicha ciudad con otros puertos insulares, así como, por otro lado, en determinados comerciantes que operaban en algunas ciudades portuarias de la Gran Antilla, como fueron Ramón Valdés y Antonio Zuznárregui (ambos en Matanzas), el cántabro Ángel Bernardo Pérez (en Cienfuegos) y Eladio Rubira, en La Habana[17]. El 29 de enero de 1847, por ejemplo, Antonio López y López, como socio y en nombre de la firma Valdés y López, otorgó poder a favor de Ramón Valdés para que «pueda vender y venda en la ciudad de Matanzas, donde reside, doce negros pertenecientes a la indicada sociedad, por los precios y condiciones que previamente le comunicase». Unas operaciones que sólo tendrían lugar en el caso de que Francisco del Villar no hubiese podido vender antes dichos doce esclavos «en cualquiera de los otros puntos de la isla en que debe tocar como Capitán del vapor Guadalquivir», tal como se recogía en la pertinente escritura[18].

Tres años y tres meses después, el 27 de abril de 1850, una tal María Josefa Villada acudió ante los tribunales locales de justicia de Santiago de Cuba obligada por una rocambolesca historia. Decía que su esposo, Juan Guilhemane, «por perjudicarme vendió todos mis bienes, dejándome sumida en la mayor miseria», y que entre dichos bienes usurpados había una esclava criolla, a la que llamaban Balbina, así como los hijos pequeños de la misma. Balbina era, pues, una esclava doméstica que su marido había vendido sin su permiso a Joaquín Planas, el cual, a su vez, «la ha vendido o ha conferido poder para que lo haga a Don Antonio López y Hermano, de este comercio». Villada solicitaba al alcalde mayor de Santiago de Cuba que, mientras se le dejaba demostrar la veracidad de lo que acababa de relatar, se celebrara un juicio de conciliación y se anulara preventivamente la venta de dicha esclava de su propiedad. Y le exhortaba también a que librara «oficio al Señor Administrador de la Renta de Aduanas para que no extienda póliza de venta de la mulata Balbina y [diera] orden a los Escribanos públicos para que no otorguen escritura de venta de ella, ni tampoco poder». Algo desesperada, la interesada volvió a acudir ante dicho alcalde mayor un día más tarde pidiéndole que actuase con urgencia dado que «el día de pasado mañana [30 de abril de 1850] sale de este puerto el vapor Guadalquivir, en donde seguramente llevarán esa esclava a Cienfuegos, para venderla»[19]. La abrupta finalización de aquel expediente invita a pensar que la tal Villada no consiguió su objetivo y que la firma Antonio López y Hermano consiguió embarcar a la esclava Balbina en el citado vapor para su venta en Cienfuegos. Y revela también que todavía entonces, en la primavera de 1850, la firma de los hermanos López y López se servía de aquel vapor Guadalquivir para trasladar esclavos hasta Cienfuegos, Matanzas o la propia Habana.

El joven empresario que acostumbraba a operar en Cienfuegos por orden y delegación de Antonio y de Claudio López era su paisano Ángel Bernardo Pérez y Pérez, quien había nacido en Ruiloba (Cantabria), o sea, en la aldea natal del padre de los hermanos López. El 10 de enero de 1848 Antonio López le remitió a dicha ciudad en nombre de la sociedad Valdés y López un primer esclavo. Y tras su marcha a Barcelona fue su hermano menor, Claudio, quien asumió la dirección cotidiana del negocio familiar en Santiago de Cuba, el encargado de mantener el contacto con su paisano Pérez. El 30 de noviembre de 1848, apenas un día después de que Antonio López se hubiera casado en Barcelona con la joven Luisa Bru, era precisamente su hermano Claudio quien otorgaba poderes en la capital del oriente cubano «a favor de D. Ángel Bernardo Pérez vecino y del comercio de Cienfuegos, para que venda allí o en cualesquiera otros puntos de la Isla, todos los siervos que con tal carácter le remita, por los precios y plazos que privadamente le vaya comunicando». Y tres meses más tarde, en febrero de 1849, era Domingo A. Valdés quien confirmaba dichos poderes, también a nombre de la firma Valdés y López y «a favor de Ángel Bernardo Pérez, vecino de Cienfuegos, para que le venda todos los negros que con tal carácter le ha mandado y remitiere en lo sucesivo»[20].

Otro de los principales corresponsales de los hermanos López en Cuba fue Ramón Valdés. Se trataba, tal vez, de un familiar del asturiano Domingo A. Valdés residente en Matanzas y, con toda probabilidad, del único yerno del reputado empresario y político catalán Jaime Badia Padrines (1796-1863), un individuo cuya trayectoria ha merecido el interés de diversos historiadores que han escrito diferentes biografías suyas. Valga señalar que, tras haberse enriquecido en Matanzas y haber visitado los Estados Unidos, Badia regresó a Cataluña, donde emprendió una fecunda carrera política y empresarial: se convirtió, por ejemplo, en el primer administrador del recién creado Banco de Barcelona además de tomar asiento como diputado en las Cortes españolas, en la órbita de la fracción progresista del liberalismo español. El tal Ramón Valdés, apoderado de la firma Valdés y López en Matanzas, parece haber sido el único yerno de Jaime Badia, gracias a su matrimonio con su hija Florencia Badia Aranguren.

La fama de la empresa Valdés y López, primero, y sobre todo de su sucesora, la firma Antonio López y Hermano, después, trascendió los límites de la ciudad de Santiago de Cuba e incluso de la región oriental de la Isla. Quienes en La Habana, en Matanzas o en Cienfuegos necesitaban comprar un número relativamente crecido de esclavos sabían que podían conseguirlos en Santiago de Cuba a través de los hermanos López. Así lo hizo, por ejemplo, el habanero Antonio de la Torriente, quien consiguió comprar de golpe un total de cincuenta y cinco personas esclavizadas (provenientes, en este caso, de la sucesión del difunto empresario cafetalero Tomás Bravo, suegro de Joaquín Eizaguirre) en la primavera de 1853, gracias precisamente al encargo formal que había hecho de forma previa a la sociedad Antonio López y Hermano[21].

Antes señalé que el número de esclavos vendidos por la sociedad Antonio López y Hermano se disparó en 1851. Me inclino a pensar, aunque no pueda ser más que en forma de hipótesis, que aquel notable aumento tuvo que ver con un nuevo negocio llevado a cabo por Antonio López y por su antiguo socio Domingo Valdés: como antes señalé, el 24 de enero de 1851 ambos consiguieron el preceptivo permiso, otorgado por el capitán general de Cuba, José Gutiérrez de la Concha, para explotar un servicio de buques de vapor que facilitase una comunicación regular entre los puertos de Guantánamo y de Santiago de Cuba. Ambos compraron, a tal efecto, un buque de vapor con casco de madera, construido en unos astilleros de Filadelfia; una embarcación que fue, según algunos autores, «el primer buque de hélice de la marina mercante española» (Condeminas, 1923: 321). El nombre que López eligió para su primer vapor fue el de General Armero, en honor de Francisco Armero Peñaranda, quien era entonces (lo venía siendo, de hecho, desde 1848) el comandante general del apostadero de La Habana y, como tal, el principal responsable «de las fuerzas navales destacadas en las Antillas, uno de cuyos cometidos consistía en la persecución de los barcos negreros». Tal como consignó, en su día, José Antonio Piqueras: «Sin admitir la corrupción de los Comandantes de marina resulta imposible explicar el reducido número de expediciones esclavistas apresadas […] Tal vez en agradecimiento por la colaboración prestada, el negrero mudado a naviero Antonio López renombra en 1850 [sic ] el primer vapor que destina a una línea regular como General Armero» (Piqueras, 1992: 279).

Sabemos, de hecho, que aquel vapor General Armero no limitó sus viajes a la línea Santiago de Cuba-Guantánamo, sino que navegaba también por aguas relativamente lejanas del litoral insular. Y conocemos también que acostumbraba a llevar a bordo a personas esclavizadas. Valga como muestra la instancia que los socios de la firma Antonio López y Hermano presentaron, en enero de 1854, ante el entonces capitán general de Cuba, Juan González de la Pezuela. En dicha petición exhortaban a la máxima autoridad insular a que se dirigiese al «gobierno de Su Majestad Británica» para que éste a su vez «ordenase la captura y devolución a dichos señores de tres negros de su propiedad que a consecuencia del naufragio en la costa de la Isla del Agua del vapor mercante General Armero habían logrado ocultarse sustrayéndose al dominio de sus dueños». Los hermanos López consiguieron que el capitán general transmitiese, efectivamente, su demanda ante el gobierno británico a través de la embajada española en Londres, pues aquel alto mandatario colonial «considera[ba] justas las razones alegadas por los interesados y juzga[ba] procedente la reclamación». Al elevar la petición de Antonio López y Hermano, De la Pezuela se mostraba sin embargo pesimista, pues era consciente de que dicho gobierno británico «profesa el principio de que en el hecho son libres cuantos esclavos pisan su territorio»[22].

Sea como fuere, si antes los hermanos López se habían servido de los vapores Guadalquivir y Cárdenas para remitir decenas y decenas de esclavos desde Santiago de Cuba hasta diferentes ciudades de la Isla, cabe suponer que disponer de un vapor de su propiedad (el General Armero) debió facilitarles no sólo el mantenimiento de dicha actividad, sino que es probable que el aumento de la misma. No hay que olvidar, por otro lado, que era relativamente frecuente que los buques negreros que llegaban a Cuba desde las costas africanas cargados de cautivos desembarcasen su humana carga en algunos de los múltiples cayos o islotes que rodeaban la isla de Cuba. Y que a éstos acudían, después, otros buques para allegar la carga hasta la Gran Antilla, repartida a menudo en lotes más pequeños. El vapor General Armero pudo servir, de hecho, para dicho cometido, o sea, para recoger los cautivos y llevarlos a tierra. Ésta era una práctica hasta cierto punto extendida en la Isla y que apenas dejó constancia documental, más allá de algunas denuncias de los funcionarios británicos cuando tenían conocimiento de algún caso concreto.

Sin salir del oriente cubano sabemos, por ejemplo, que la firma francesa instalada en Santiago de Cuba Ducorau y Cía., en sociedad con el comerciante Ramón Cuervo Arango, utilizarían años más tarde otro buque de vapor, el Maysí, para la distribución de esclavos bozales por distintos puntos de la Isla. Dicho barco tomaba a los cautivos africanos recién descargados en Baracoa y desde allí los llevaba hasta Guantánamo y Santiago de Cuba e incluso hasta La Habana[23]. Y sabemos también que en el otro extremo de la Isla, en la región de Vuelta Abajo, los gerentes de la Empresa de Navegación y Fomento de la Costa del Sur hacían exactamente lo mismo con los vapores de su empresa y durante los años que Antonio López y Hermano se dedicaba a la trata en Santiago de Cuba. Hay constancia de que sus vapores Concha y Cubano acudían con cierta frecuencia a la isla de Pinos para recoger a los cautivos que allí habían dejado los buques que venían desde África y llevarlos después hasta la región occidental de Cuba. Uno de los principales accionistas, por cierto, de aquella poderosa Empresa de Navegación y Fomento de la Costa del Sur era un buen amigo de Antonio López, el portugalujo Manuel Calvo Aguirre, de quien hemos hablado antes (Barcia, 2017). Otros socios capitalistas de la misma fueron el destacadísimo negrero cántabro Joaquín Gómez y el comerciante catalán José Canela Raventós. Este último se convertiría, años después, como el propio López en un rico indiano de Barcelona, ciudad en la que se instalaría y en la que coincidiría con el de Comillas en diferentes empresas e iniciativas.

El 29 de julio de 1853 hubo un balance casi definitivo para la liquidación de la sociedad Antonio López y Hermano. Como analizaré más adelante, no pudo tratarse del balance final de la empresa, el que hubiera certificado su definitiva disolución, porque a dicha firma le quedaban todavía una serie de flecos por resolver. Uno de ellos tenía que ver con alguna o algunas expediciones negreras todavía en curso en dicho verano de 1853 y que acabaron liquidándose con pérdidas. Así, el último y definitivo balance de la sociedad Antonio López y Hermano, protocolizada en Barcelona diez años después, recogió el importe de las pérdidas de dicha empresa, entre las que destacaban, singularmente, los 5.030 pesos perdidos «en las expediciones que estaban pendientes de cuenta mitad con E. da Guarda, de La Coruña»[24]. Aquel apunte contable se limitaba a recoger esa breve frase que nada nos dice sobre el tipo de «expediciones» de las que se trataba ni sobre el tipo de «mercancías» que pudieron producir tales pérdidas. Teniendo en cuenta, no obstante, que el comercio transatlántico de africanos esclavizados era una actividad ilegal (cuyos partícipes evitaban, por lo tanto, dejar cualquier rastro documental que los delatase) y tomando también en consideración los antecedentes empresariales tanto de la cubana firma Antonio López y Hermano como los de su socio gallego, Eusebio da Guarda, me inclino a afirmar que aquel apunte recoge precisamente las pérdidas provocadas por alguna expedición de un buque negrero organizada desde La Coruña que no consiguió llegar a su destino en el oriente cubano. ¿Quién era, por cierto, aquel socio de López llamado Eusebio da Guarda?

Eusebio da Guarda había nacido en La Coruña en 1824. Tras culminar sus estudios en la Escuela de Náutica obtuvo el título de piloto justo antes de cumplir los dieciocho años. Aunque pronto empezó a navegar, su vida de oficial a bordo de veleros mercantes duró al parecer poco, dado que en unos años pasó a trabajar como empleado de la coruñesa casa de comercio de Juan Menéndez. Luis Alonso Álvarez ha calificado a Menéndez como un «empresario que reunió una gran fortuna personal en el tráfico de negros hispano-cubano» e incluso ha llegado a identificar alguno de los buques de la flota de su casa de comercio dedicado al comercio de esclavos, como el bergantín Vigilante. La fortuna acumulada por aquel negrero coruñés apellidado Menéndez, senador vitalicio desde 1848, llegó a ser cuantiosa. Al morir en 1852, el patrimonio de Juan Menéndez Fuertes fue valorado en más de tres millones de pesetas (Alonso, 1994). Fue precisamente en la casa de comercio del susodicho Menéndez donde Eusebio da Guarda empezó a trabajar de bastante joven. Se incorporó «al final del decenio de los años 40» del siglo XIX. Su biógrafo, Antonio Meijide Pardo, resume bien cómo la incorporación de Da Guarda a la casa de Menéndez significó un cambio notable en su trayectoria vital: «A raíz de entrar al servicio de aquel destacado empresario, vemos cómo [Eusebio da Guarda] se inicia con paso firme en los negocios comerciales y se revela, año tras año, como hombre muy activo, inteligente y de gran honestidad. Y en 1854, dos años después del fallecimiento de Menéndez, contrae matrimonio con su viuda, D.ª Modesta Goicuría. A partir de aquí dirigirá personalmente Da Guarda, con extraordinaria capacidad y eficacia de gestión, los negocios de la tan acreditada y pluralista firma mercantil creada por Menéndez, para enriquecerlos todavía más» (Meijide, 1991: 22).

La mujer de Eusebio da Guarda, o sea, la viuda de Juan Menéndez, había nacido, por cierto, en La Habana y formaba parte de una importante saga de prohombres de la Isla, los Goicuría, algunos de cuyos miembros se implicaron en la importación de mano de obra forzada a Cuba. A mediados de la década de 1850, por ejemplo, la habanera casa Goicuría Hermanos obtuvo una contrata oficial con el mexicano general Santa Anna que les permitió importar a varios miles de indígenas yucatecos destinados a trabajar en Cuba codo a codo con los esclavos africanos. A partir de 1854 Eusebio da Guarda asumió la dirección de la coruñesa casa de comercio que se había dedicado al tráfico de esclavos y que cabe presumir que seguiría haciéndolo bajo su administración. Volviendo, como digo, al balance final de la sociedad Antonio López y Hermano (aprobado en Barcelona en junio de 1863) se hablaban de esas «expediciones» que no se habían podido liquidar diez años antes y que figuraban entonces, en 1853, como «pendientes». Éstas aparecían, además, «por cuenta mitad» (o sea, que habían sido de responsabilidad compartida entre la santiaguera firma de Antonio López y la coruñesa firma Viuda de J. Menéndez) y seguramente tenían que ver con el comercio transatlántico (e ilegal) de africanos esclavizados. Las expediciones se saldaron al final con unas pérdidas superiores a los 5.000 pesos fuertes, a causa probablemente del apresamiento de alguno de aquellos buques negreros por la armada británica. Aquel resultado tan negativo no fue, sin embargo, óbice para que Antonio López y Eusebio da Guarda mantuviesen y aumentasen, como veremos, sus relaciones empresariales, una vez el primero hubo regresado a la Península.

La intensa dedicación de los hermanos López a la compraventa de esclavos (desde, al menos, 1846), así como a la trata ilegal de éstos, por un lado, y las exigencias de la ulterior explotación de su vapor General Armero (a partir de 1851), por otro, les quitaron el tiempo que necesitaban para gestionar en condiciones los dos almacenes que ambos habían abierto sucesivamente en Santiago de Cuba, ubicado el primero en el número 25 de la calle Santo Tomás y el segundo en el número 63 de la calle Enramadas. En un primer momento, Antonio y Claudio López quisieron mantener la propiedad de dichos almacenes, aunque cedieron su cotidiana administración al empresario Santiago García Pinillos, repartiéndose con él los beneficios obtenidos. Nacido en Mopox (Colombia), García Pinillos había llegado joven a la capital oriental de Cuba, donde acabó asociándose con el cántabro Manuel Solórzano y creando la firma Pinillos y Cía. Un acuerdo privado, precisamente, entre las empresas Pinillos y Cía. y Valdés y López convirtió a la primera sociedad en la firma gestora de ambos almacenes. En agosto de 1848, sin embargo, mientras Antonio López estaba en Barcelona cortejando a su futura esposa, Claudio López y López (en nombre de Valdés y López) y Santiago García Pinillos (en representación de Pinillos y Cía.) acordaron la venta de aquel segundo almacén a los tutores del menor Pablo Galofré. Así, el 28 de agosto de 1848 se formalizó la venta de «un establecimiento de ropa titulado Botafuego, sito en la calle de las Enramadas, 63, con todas sus dependencias por la cantidad de 7.500 pesos», a pagar en tres plazos iguales que culminaban en septiembre de 1850. En aquella escritura de venta, Claudio López y Santiago García Pinillos declararon «que el mencionado establecimiento pertenece a nuestras respectivas sociedades» y que ambas se repartirían el importe de la venta. A partir de aquel momento, Pinillos y Cía. pudo concentrarse en la gestión del almacén ubicado en la calle Santo Tomás, 25; es decir, en la primera tienda que abriera Antonio López en Santiago de Cuba, ubicada en los bajos de un inmueble propiedad de Andrés Bru Puñet. Tiempo después, probablemente el 23 de julio de 1853, la firma Pinillos y Cía. acabó quedándose con la nuda y total propiedad de dicho almacén, cuya gestión mantuvo todavía durante otros cuatro años más. Al final, el 23 de julio de 1857, Santiago García Pinillos vendió «todas las existencias en mercancías del almacén de ropas de la sociedad de Pinillos y Compañía, situado en la calle de Santo Tomás, número 25» a Antonio Ferrer y Cía. y a la sociedad Raventós Hermano y Cía., uno de cuyos socios era el catalán Jaime Raventós. El precio de aquella venta se fijó entonces en 77.175 pesos fuertes, una cantidad ciertamente respetable y que sirve para calibrar la importancia que había ido alcanzando, con los años, el pequeño baratillo abierto allí por Antonio López en 1844[25].

En aquel tiempo, por cierto, Santiago García Pinillos se había destacado ya como un respetado hombre de negocios de la ciudad. Ese mismo año, por ejemplo, ejerció como tesorero de la Caja de Ahorros de Santiago de Cuba, a la par que contribuyó a la creación del Banco Mercantil y Agrícola de Santiago de Cuba. Cabe pensar, por otro lado, que la alianza empresarial tejida entonces en la Gran Antilla durante las décadas de 1840 y 1850 entre Santiago García Pinillos y los hermanos López debió acabar de forma satisfactoria para todos. Sólo así puede entenderse que unos años después, en Barcelona, ciudad en la que acabarían instalándose tanto los hermanos López como García Pinillos, este último se limitase a actuar como un rentista, invirtiendo buena parte de su fortuna en las empresas impulsadas o participadas por sus antiguos socios (Rodrigo, 2000: 124-125).

Mientras los hermanos López se desentendían de la gestión de sus dos almacenes de ropas en la ciudad de Santiago (y después también de su propiedad), ambos iniciaron en paralelo una actividad hasta cierto punto frenética, adquiriendo diversas fincas rústicas en el oriente cubano. Empezó en diciembre de 1850 y se acabaría convirtiendo, a la postre, en una fuente de sensibles disgustos y, sobre todo, de largos y costosos litigios, aunque también de notables ganancias. En apenas tres años y un mes, la sociedad Antonio López y Hermano (o a veces su socio principal, a título particular) llegó a comprar hasta ocho fincas rústicas diferentes, o sea, cuatro ingenios y otros tantos cafetales diseminados en la región cercana a Santiago de Cuba, cuyo valor de compra superó los 200.000 pesos fuertes, es decir, más de un millón de pesetas. La primera de aquellas compras fue la del cafetal Dulce Unión, una finca propiedad de José Justo de Hechavarría, cuya extensión era de 8,7 caballerías de tierra (unas 117 hectáreas) y cuya dotación era de 65 esclavos. El precio de aquella finca, situada en el partido de Morón, se fijó en 24.000 pesos, de los que la firma Antonio López y Hermano pagó 10.000 al contado en el momento de formalizar su compra, el 18 de diciembre de 1850. Dos meses después, en febrero de 1851, Antonio López remató a su favor, a título particular y en una subasta pública, el ingenio San José de las Yaguas, una finca que contaba con una extensión total de 30 caballerías, es decir, superior a las 400 hectáreas. Y aún dos meses más tarde, el 11 de abril de 1851, Antonio López compró a Domingo Justiz del Valle el ingenio Armonía (más el cercano potrero La Luz), con su dotación de 82 esclavos (de los cuales uno estaba huido), 82 bueyes, 58 mulos «y algunos caballos», por 40.000 pesos fuertes (cantidad que se comprometió a pagar en cinco plazos anuales, de 8.000 pesos cada uno, entre mayo de 1852 e igual mes de 1856[26]).

A finales de 1851, Patricio Satrústegui se trasladó a Madrid para concertar la compra del ingenio Santa Ana y de los cafetales Soledad y Carmen con Ricardo Bell Irady, rico hacendado de Santiago de Cuba, de origen irlandés, que había trasladado su domicilio a la capital española en marzo de ese mismo año. El contrato verbal se cerró en la Nochebuena de 1851 y por el mismo la sociedad Antonio López y Hermano compraba las tres fincas mencionadas «con las tierras, edificios, máquinas, esclavos y demás que respectivamente les pertenecían por el precio de 63.500 pesos». En esas mismas fechas, en concreto el 7 de enero de 1852, aquella empresa participada por los hermanos López ampliaba sus propiedades con la compra de una nueva finca, situada en el partido judicial de La Candelaria. Me refiero al cafetal Pilón, propiedad de Juan Santiago (o Jean-Jacques) Ducase, vecino entonces de Burdeos, una finca que Antonio López compró, en nombre de su empresa Antonio López y Hermano, «con todas sus plantaciones, cosecha actual y 137 esclavos de dotación» por 48.000 pesos, pagados en efectivo y al contado[27]. Aquella operación pone de relieve un par de cosas. Revela, en primer lugar, que el valor principal de las fincas rurales en el oriente cubano lo representaba su dotación de esclavos (en aquel caso, por ejemplo, aquellos ciento treinta y siete hombres y mujeres esclavizados que trabajaban en dicho cafetal se valoraron en 47.950 pesos, una cifra que prácticamente totalizaba el cien por cien del valor de la finca); y revela también, en segundo término, el músculo financiero alcanzado entonces por la sociedad Antonio López y Hermano, capaz de pagar 48.000 pesos a tocateja en una sola operación.

Todavía en enero de 1853 Antonio López compró, al parecer a título particular, una finca más. Me refiero a la «hacienda de caña» San José del Naranjo, un ingenio ubicado en el partido de Maroto, con su extensión de 21 caballerías, con todos sus establecimientos y con una dotación de veinticinco esclavos. El precio de compra de aquella finca se fijó en 18.000 pesos, que López se comprometió a pagar en tres plazos iguales, entre octubre de 1853 e igual mes de 1855. Aquella operación parece revestir un carácter especial, diferente a las anteriores: el vendedor de la finca no era otro que José Camps Lassús, hermano uterino de Luisa Bru Lassús. Y lo primero que hizo Camps, una vez cerrada la operación, fue ceder todos sus derechos sobre aquellos 18.000 pesos a favor de Francisco de Paula Salazar. Parece claro, por lo tanto, que lo que hizo entonces Antonio López fue facilitar los recursos necesarios (aunque aplazados) a su cuñado José Camps Lassús para que éste pudiese afrontar sus acuciantes problemas financieros. Sea como fuere, seis meses después, el 24 de julio de 1853, al liquidar (siquiera de forma provisional) la sociedad Antonio López y Hermano, dicha empresa optó por liquidar anticipada y completamente aquella deuda[28].

No cabe duda de que, tras su boda con Luisa Bru, a Antonio López le cambió por completo la vida. El salto que dieron entonces sus negocios en Cuba fue tan notable como rápido. López actuaba secundado activamente por su hermano Claudio, así como por su nuevo socio Patricio Satrústegui y su primo segundo José Gayón, además de contar con el importante apoyo financiero de su suegro. Y mientras no dejaba de emprender nuevos negocios, el empresario comillano fue creando junto con su mujer un hogar lleno de niños. En Santiago de Cuba nacieron, de hecho, tres de los cuatro hijos del matrimonio López-Bru, dos féminas y un varón. La primera en ver la luz fue María Luisa López Bru, quien fuera amamantada por una nodriza africana, esclava de su tía abuela Cecilia Coulange de Masó, llamada Silvina. En agradecimiento precisamente de aquel hecho, la tal Cecilia quiso otorgar graciosamente, en abril de 1851, la libertad al hermano de leche de la pequeña Luisa, a su esclavo criollo Luis, de apenas dos años, «cuya gracia le hace en remuneración de los buenos servicios que le ha prestado a su madre en la lactancia de su hija María Luisa de López y Bru», según hizo constar en su carta de libertad[29].

A Luisa López Bru le siguió su hermana menor, Isabel, nacida el 2 de noviembre de 1850. Aquella segunda hija de Antonio López y de Luisa Bru fue bautizada en la catedral de Santiago de Cuba el 15 de diciembre de 1850 con los nombres de Isabel María Ana, siendo sus padrinos su tío paterno Claudio López y López y su abuela materna Luisa Lassús y Ganné. Como ésta vivía entonces en Barcelona, ejerció en su nombre y por poderes su tía Cecilia Coulange de Masó. Un año después, el 22 de diciembre de 1851, nació el primero de los dos hijos varones alumbrados por Luisa Bru. Me refiero a Antonio López Bru, quien fue bautizado siguiendo el rito católico, también en la catedral de su ciudad natal, el 7 de enero de 1852. Fueron sus padrinos los cónyuges Joaquín Eizaguirre y Luisa Bravo, una buena muestra de la amistad que unía a dicho matrimonio con el matrimonio conformado por Antonio López y Luisa Bru[30]. Unos meses después, por cierto, en octubre de 1852, Joaquín Eizaguirre quiso otorgar «poderes [generales] a la sociedad Antonio López y Hermano y, en particular a [su primo segundo] Don Patricio Satrústegui», cerrando una especie de triángulo de confianza delimitado por tres vértices, encarnados en los hermanos López, en Joaquín Eizaguirre y en Patricio Satrústegui.

En aquellos fructíferos años de estancia en Santiago de Cuba y más allá de los vínculos de confianza establecidos con sus socios, Antonio López tejió también relaciones personales y empresariales con la numerosa colonia de catalanes que se dedicaban al comercio en dicha ciudad. Y es que la capital del oriente cubano era una ciudad donde residían numerosos catalanes, quienes destacaban sobre todo en el mundo de los negocios. Según apuntara en su día Jordi Maluquer de Motes, los catalanes representaban el 77 por ciento del conjunto de comerciantes españoles registrados en la capital del oriente cubano en la década de 1840 (Maluquer, 1988: 96). No es extraño que en Santiago de Cuba se crease, según Emilio Bacardí a principios de 1848, «la asociación de Beneficencia Catalana, por los señores D. Miguel Estorch, D. José Amell, D. Francisco Padró, D. Francisco Bertrán y D. José Bonastra, naturales todos de Cataluña» (Bacardí, 1925). Vale la pena destacar los nombres propios de varios individuos con los que luego López acabaría reencontrándose en Barcelona. Uno de ellos era precisamente José Amell Bou, o sea, uno de los principales impulsores de dicha sociedad local de beneficencia. Nacido en Sitges, Amell había llegado a la capital del oriente cubano unos años antes que López. En 1833 estaba asociado a Juan Busquets, natural de Viladecans, en una empresa mercantil dedicada al comercio interior y exterior, o sea, a «la exportación de productos agrícolas, además de la distribución de mercancías» (Sonesson, 1995: 67). Su matrimonio con la viuda Rita Robert le permitió ascender un peldaño más en la escala social santiaguera. No en vano su suegro, Francisco Robert Jové, había formado parte del selecto grupo de doce individuos que constituyeron la Junta Electoral para elegir a los diputados a Cortes por la ciudad de Santiago de Cuba en 1836 (Bacardí, 1925: vol. II, 289). Con su familia política, el suburense Amell conformó la sociedad Amell Robert y Cía., una empresa que aparece en la documentación de la época como una compañía de «consignadores de buques y giradores de letras», y que se dedicaba tanto a funciones de intermediación en la compra y venta de mercancías como a actividades propiamente bancarias.

No cabe duda de que el catalán José Amell Bou formaba parte de la élite santiaguera. El mismo año en que Antonio López constituyó la sociedad Antonio López y Hermano, en 1847, Amell ejercía como caballero regidor del Ayuntamiento de Santiago de Cuba y en 1848 formó parte de la primera junta directiva de la Empresa del Teatro Reina Isabel II, nacida aquel año[31]. Tras el fallecimiento de su suegro tuvo lugar la liquidación de la firma Amell Robert y Cía. y José Amell pasó a girar con su nombre propio y de manera individual, bajo su exclusiva cuenta y riesgo. Incorporó, no obstante, a su casa de comercio a varios de sus hijastros, apenas menores que él, y especialmente a Miguel Bou Robert, quien recibió amplísimos poderes en 1851. Aunque seguía dedicándose al comercio marítimo de todo tipo (sirva recordar, a título anecdótico, que gracias a sus intensas relaciones con diversos comerciantes de Cádiz era el encargado de contratar en dicha ciudad andaluza a las cuadrillas de toreros que acudían a la plaza de toros de Santiago de Cuba), lo cierto es que José Amell Bou se fue dedicando cada vez más a la refacción de algunos ingenios. Es decir, a prestar dinero a los hacendados a cambio de un alto tipo de interés (entre el 12 y el 18 por ciento al año, según los contratos), asegurándose además la comercialización exclusiva del azúcar producido en dichos ingenios (como fueron, por ejemplo, los llamados Boniato y Sacrafamilia). Amell hizo lo mismo, por cierto, con los propietarios de algunas fincas cafetaleras de la región, tal que el cafetal San Isidro[32]. Con el capital acumulado en Santiago de Cuba merced a su actividad como hombre de negocios, José Amell Bou acabó regresando a Cataluña en su plenitud vital, a mediados de la década de 1850. Se instaló en Barcelona e inició inmediatamente una intensa actividad empresarial y política. Años después, en 1869, acabaría siendo, por ejemplo, el primer presidente de la recién creada Junta de Obras del Puerto de Barcelona. Como veremos más adelante e igual que sucediera en Santiago de Cuba, también en Barcelona se volverían a cruzar los caminos de Antonio López y de José Amell, aunque sus relaciones no parecen haber sido nunca de una especial confianza.

Otros empresarios catalanes instalados en Santiago de Cuba con los que Antonio López debió tejer entonces ciertas relaciones fueron los hermanos Alejo y Manuel Vidal Quadras. Ambos habían nacido, como Amell, en Sitges y se habían instalado en la capital oriental de Cuba en enero de 1821, tras su huida de Maracaibo a resultas de la conquista de aquella localidad por las tropas bolivarianas. Valga señalar que otro de los empresarios catalanes avecindados en Maracaibo que salió igualmente entonces de dicha ciudad venezolana para acabar instalándose en Cuba (en su caso, en La Habana) fue Miguel Biada Buñol, futuro promotor del primer ferrocarril de la España peninsular, el Camino de Hierro de Barcelona a Mataró. Finalmente, los hermanos Vidal Quadras optaron por instalarse en Santiago de Cuba en 1821, donde iniciaron una fecunda actividad empresarial durante las tres décadas siguientes, hasta el definitivo regreso del último miembro de la familia a Cataluña en la primavera de 1850. Allí se dedicaron a la actividad mercantil y, cada vez más, financiera, aunque también gestionaron alguna que otra finca agraria. Pronto iniciaron un lento y gradual proceso de transferencia de sus caudales a Cataluña. En Barcelona y en una subasta pública celebrada el 11 de abril de 1839 ambos hermanos se hicieron, por separado, con sendos solares de más de 8.000 palmos cuadrados cada uno en los terrenos de la antigua muralla de mar de la ciudad. Allí mandaron levantar sendos edificios, pronto numerados con el 2 y el 4 en el Paseo de Isabel II, cuya construcción les costó cerca de 500.000 pesetas y que estuvieron acabados en mayo de 1844 (justo dos meses después, por cierto, de que un joven Antonio López se hubiese inscrito en la matrícula de comerciantes de Santiago de Cuba para gestionar su humilde baratillo). Apenas unos días más tarde de la recepción de aquellos dos suntuosos inmuebles, la joven Carolina Vidal Ramon, hija de Manuel Vidal Quadras, se casaría en Barcelona con un joven empresario catalán con un futuro prometedor llamado Manuel Girona Agrafel, quien era ya entonces el principal impulsor del Banco de Barcelona y quien sería, años después, alcalde de la ciudad, senador y tantas otras cosas.

No hay duda de que Antonio López trabó relación en Santiago de Cuba con los hermanos Alejo y Manuel Vidal Quadras, así como también con los hijos de este último, los hermanos Manuel y Alejo Vidal Quadras Ramon, quienes pertenecían a su misma generación: el primero había nacido, en Maracaibo (Venezuela), en 1818, mientras que el segundo había abierto por primera vez los ojos en Santiago de Cuba, en 1826. Cabe señalar, por otro lado, que además de con empresarios catalanes instalados en Santiago de Cuba, como los Vidal Quadras o como José Amell Bou, López tuvo igualmente contacto con catalanes dedicados a otro tipo de actividades y avecindados también en dicha ciudad, como el entonces arzobispo de Santiago de Cuba, Antonio María Claret, fundador de la orden de los claretianos, el cual acabaría siendo canonizado por la Iglesia católica como beato en 1934 y como santo en 1950. Con cierta frecuencia el padre Claret visitaba la casa de Antonio López, como gustaría recordar con afecto su esposa, Luisa Bru Lassús, y como repetirían tiempo después sus nietos y bisnietos: «La futura 1.ª Marquesa de Comillas contaba […] que el gran prelado, en los tiempos que paraba en Santiago, era visita edificante del hogar López-Bru, algún domingo “para almorzar en familia”. Y que siendo ya madre de dos hijas y de un hijo, estando en cinta [sic ] de D. Claudio, poco antes de emprender la familia el viaje definitivo a España, ante las inconveniencias de la travesía atlántica que les aguardaba, la piadosa Doña Luisa le pidió una bendición especial para lo que habría de nacer en Barcelona. El Santo Arzobispo procedió a bendecirla, y con dilecta premonición, dijo a la madre gestante: “que llegarían con bien a destino y que el niño sería tan bueno como un santo”» (Ramón de San Pedro, sf: 33-34). Aquello sucedió en pleno embarazo de Luisa Lassús del que sería, a la postre, su cuarto y último hijo. Un vástago que fue engendrado en Santiago de Cuba pero que nació, finalmente, en Barcelona, la ciudad a la que acabaron trasladándose todos los miembros de la familia López-Bru.

4

Un accidentado retorno a España, entre pleitos mercantiles y discusiones familiares

Un político, escritor y erudito santiaguero de origen catalán, Emilio Bacardí Moreau, recopiló durante su vida infinidad de hechos de todo tipo acontecidos en su ciudad natal. Todas aquellas notas se publicaron en 1925, tres años después de su muerte, en unas célebres Crónicas de Santiago de Cuba, editadas en un total de diez volúmenes. Allí se recogen, por ejemplo, noticias en torno a los seísmos que sacudieron la región oriental de la Gran Antilla en el verano de 1852. Se dice que «a las ocho y media de la mañana [del viernes 20 de agosto] un fuerte terremoto atemoriza a la población; las gentes se echan a la calle, y solo se oye el grito ¡¡Misericordia!! Desde esa hora hasta las dos de la madrugada nueve sacudimientos se suceden después de los tres primeros fuertísimos, en junto doce temblores. Hasta el día 25 se van sucediendo temblores de menor intensidad hasta el día 31 que se hizo sentir uno tan fuerte como el primero, siguiéndolo fuertes aguaceros y vientos huracanados». Desde aquellos primeros temblores del 20 de agosto, la situación en Santiago de Cuba pasó a ser dantesca, infernal. Un diario local llamado El Orden consiguió sacar una edición el domingo 22 de agosto que refleja bien dicha situación: «La ciudad presenta por todas las calles escombros de paredes, cornisas ya, aún edificios caídos. Todas, todas las casas se han resentido más o menos, muchas se hayan [sic ] en malísimo estado y muchas también inhabitables. Las gentes se han refugiado en las estancias y haciendas inmediatas, en los buques […] pues todos huyen de los edificios que ven desmoronar» (Bacardí, 1925, vol. III: 34-30). Aunque por fortuna aquellos temblores apenas provocaron muertos (fallecieron solamente un niño y una mujer anciana), sí que provocaron cuantiosos daños materiales que se cifraron en torno a los dos millones de pesos.

Tras aquellos violentos terremotos, lo peor estaba sin embargo por llegar. Desde La Habana enviaron a varias decenas de hombres para contribuir a la reconstrucción de la ciudad. Uno de ellos, al parecer un culi chino, llevaba consigo el virus del cólera morbo, que acabó provocando una epidemia mortal en la capital oriental de Cuba durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1852. Algunas notas que Emilio Bacardí recogió en sus célebres Crónicas resultan muy ilustrativas de la magnitud de dicha pandemia: «Los particulares se niegan a cargar cadáveres por ningún dinero, y hay que comprar carretillas y mulos, y hacerlos manejar por presidiarios»; o bien, «en el cementerio de Santa Ana quedan porción de cadáveres insepultos más de 24 horas por falta de sepultureros». La jornada que hubo más muertos a causa del cólera fue el 3 de noviembre de 1852: aquel día se registraron un total de 94 fallecidos. A partir de entonces el número de éstos fue descendiendo paulatinamente y a principios de enero de 1853 la epidemia pudo darse por finalizada. En términos de vidas humanas, el balance de aquella epidemia de cólera fue terrible: en Santiago de Cuba murieron, en menos de cuatro meses, 2.734 personas. Mientras tanto, por cierto, pequeñas pero insistentes réplicas habían seguido sacudiendo el suelo de dicha ciudad, además de verse afectada por un par de tormentas tropicales. Fue, precisamente, aquel desolador panorama el que empujó a Luisa Bru Lassús a huir a la Península.

No puedo precisar la fecha exacta en la que la mujer de Antonio López marchó de su ciudad natal, encinta y con sus tres pequeños hijos, rumbo a Barcelona, pero no cabe duda de que debió de ser entonces, tras los primeros seísmos y en plena epidemia de cólera. Tal vez zarpó desde la capital oriental de la Isla en septiembre o en octubre de 1852 y arribó varias semanas después a Barcelona. De Cuba vino acompañada de, al menos, dos antiguas esclavas reconvertidas en criadas en la España peninsular. Una se llamaba Eloísa y la otra Dorita. Ambas dejaron, por cierto, un profundo recuerdo entre los descendientes del matrimonio López-Bru: «En Puertaferrisa, y en Comillas, se recordaba la vida larga de una negra llamada Dorita, criada-negra que había sido en Santiago de la futura primera marquesa de Comillas. Ella quería mucho a “Su amita” y ésta mucho a Dorita, cuyo principal quehacer, además de cuidar la guardarropía de su Señora, consistía en guardar y acercarle los cigarros puros que Doña Luisa fumaba y fumó hasta poco antes de morir». Esa anécdota la recoge en sus Notas José María Ramón de San Pedro, quien da igualmente cuenta de cuál fue la primera residencia de la familia López Bru en la capital catalana: «Para alojar a su familia en Barcelona (ciudad que en 1857 pasaba por tener 175.000 habitantes) Don Antonio alquila a los Vidal Quadras un 2.º piso, con vistas a la Avda. de Isabel II, frente a la medieval monumental Casa Lonja de Mar. El gran inmueble de los Vidal Quadras se compone de varias casas adosadas formando un amplio bloque, que tiene diversos portales de acceso, a lo largo de anchas escaleras […] Entre ambos bloques media la no amplia pero regular calle de Llauder. Por ésta, portal señalado con el n.º 2, tenía acceso el primer domicilio de la familia López Bru, en Barcelona […] Y en el [sic ] nació, en mayo de 1853, el último vástago de la familia», o sea, Claudio López Bru (Ramón de San Pedro, sf: 47).

Frente a lo que da a entender dicho autor, me inclino a pensar que Antonio López no viajó con su mujer y sus hijos desde Santiago de Cuba a Barcelona, en septiembre u octubre de 1852, sino que lo hizo casi un año más tarde. Me consta, por ejemplo, que el 13 de enero de 1853 compró, en persona y ante un notario de Santiago de Cuba, la hacienda cañera El Naranjo, con sus veinticinco esclavos de dotación. El vendedor de aquella finca no era otro que el hermano uterino de su mujer, José Camps Lassús. Asimismo, el 28 de enero de 1853 vendió presencialmente al norteamericano August Barthelemy su ingenio San José de las Yaguas y, el 23 de julio del mismo año, Antonio López vendió, en persona y también en la capital oriental de la Isla, el ingenio Armonía «con los 102 negros de su dotación». En aquel caso, el notario que autorizó aquella operación consignó en la preceptiva escritura una frase significativa, pues anotó que Antonio López y López estaba «próximo a emprender viaje a Ultramar», lo que venía a significar Europa[1].

Seis días después de haber vendido aquel ingenio Armonía, o sea, el 29 de «julio del año mil ochocientos cincuenta y tres hizo un último balance la casa de Antonio López y Hermano de Santiago de Cuba y se entregó a los socios el noventa por ciento del capital y ganancias que tenían en ella». Del activo de aquella empresa quedó, sin embargo, «pendiente de liquidación sólo el diez por ciento en créditos y efectos», o sea, unos flecos que impedían disolver completamente la susodicha empresa. Hubo, además, un segundo obstáculo a la pronta disolución de la compañía: me refiero al «pleito pendiente que sobre la validez de la compra que la misma casa de Antonio López y Hermano había hecho en mil ochocientos cincuenta y uno a Dn. Ricardo Bell de las haciendas Santa Ana, Soledad y Carmen», una sucesión de demandas cruzadas que estaban todavía sin resolver en el verano de 1853. Y que tardarían otros nueve años más en solventarse.

Aquella compleja y complicada historia había empezado en Madrid, como antes señalé, en diciembre de 1851. Allí Patricio Satrústegui acordó con Ricardo Bell la venta de dichas fincas a cambio de 63.500 pesos fuertes. No obstante, cuando éste regresó a Santiago de Cuba, en febrero de 1852, dispuesto a formalizar la preceptiva escritura de venta de estas haciendas se encontró con que el apoderado de Ricardo Bell en dicha ciudad, Joaquín Baralt, se negó a elevar a escritura pública el contrato privado de compra firmado en Madrid. Afirmaba este último que acababa de vender, tomando en consideración sus poderes, las tres fincas en cuestión y que dicha transacción debía prevalecer sobre el contrato privado acordado en Madrid el 24 de diciembre de 1851.

La negativa del apoderado de Ricardo Bell en Santiago de Cuba a firmar la escritura de venta de aquellas tres fincas obligó a la firma Antonio López y Hermano a acudir a los tribunales. La primera resolución judicial al respecto la dictó, el 11 de enero de 1853, el alcalde mayor de Santiago de Cuba y fue claramente favorable a la demanda interpuesta por López y sus socios. No obstante, Baralt recurrió enseguida dicho fallo ante la Audiencia de Puerto Príncipe e impidió así que la firma compradora pudiese tomar posesión de las fincas. Dicho tribunal dictó, en un primer momento, una sentencia que daba la razón a Joaquín Baralt y que anulaba el contrato privado de venta firmado por Patricio Satrústegui y Ricardo Bell, en Madrid, el 24 de diciembre de 1851. Aquélla era la situación el 29 de julio de 1853, cuando se reunieron los socios de la firma Antonio López y Hermano para recuperar su capital y repartirse las ganancias obtenidas. Aun así, aquel mismo día los socios de esta empresa optaron por aportar «un capital de cien mil duros a fin de constituir un fondo destinado al pago de las mismas haciendas y de los gastos del pleito y demás que pudieran ocurrir», pues habían decidido seguir litigando contra Joaquín Baralt para tomar posesión del ingenio Santa Ana y de los cafetales Soledad y Carmen.

No dispongo, lamentablemente, del balance de la sociedad Antonio López y Hermano formalizado y firmado en Santiago de Cuba el 29 de julio de 1853. Sí tengo, sin embargo, la «cuenta de liquidación del 10 por 100 del capital que quedó pendiente en Santiago de Cuba de la extinguida casa de Antonio López y Hermano», según la escritura que se acabó formalizando en Barcelona diez años más tarde. Por dicha última «cuenta de liquidación» sabemos que seis habían sido los socios de la susodicha casa de comercio: Antonio López y López (que representaba el 50 por ciento de su capital), su hermano Claudio López y López (el 19 por ciento), su suegro Andrés Bru Puñet (el 16 por ciento), su amigo Patricio Satrústegui Bris (el 9 por ciento), su primo José Gayón (el 4 por ciento) y su cuñado Andrés Bru Lassús (el 2 por ciento restante). Aquel 10 por ciento del capital social que no se había podido liquidar en julio de 1853 sumaba un total de 11.997 pesos, una cifra que invita a pensar que el capital total de la sociedad Antonio López y Hermano debía situarse en torno a los 120.000 pesos. Al no disponer del balance de dicha empresa, formalizado en Santiago de Cuba el 29 de julio de 1853, no podemos conocer cuáles fueron las ganancias que se repartieron sus socios aquel día, más allá de haber recuperado el 90 por ciento de su capital. Lo que sí sabemos es que todos ellos (excepto el joven Andrés Bru Lassús) contribuyeron solidariamente al fondo de 100.000 pesos creado aquel día y «destinado al pago de las mismas haciendas [Santa Ana, Soledad y Carmen] y de los gastos del pleito» en cuestión. Antonio López y López aportó la mitad, o sea, 50.000 pesos; su suegro Andrés Bru aportó un 20 por ciento de dicho fondo (20.000 pesos); su hermano Claudio ingresó 15.000 pesos mientras que Patricio Satrústegui y José Gayón aportaron 10.000 y 5.000 pesos, respectivamente.

Sabemos también, por último, que la liquidación de aquel 10 por ciento de capital pendiente de la empresa fundada por Antonio López «se encargó a la razón de los Sres. Vinent y Compañía», del comercio de Santiago de Cuba, «auxiliada por D. José Andrés Fernández Gayón», a quien se entregaron los «libros, papeles y todo lo concerniente a la extinguida casa de Antonio López y Hermano». Unos días antes, de hecho, de haberse producido aquella primera liquidación del 90 por ciento del capital de la susodicha firma, Antonio López, en su condición de «socio principal de la sociedad conocida en esta ciudad bajo la razón de López y Hermano», ya había otorgado poderes generales para administrar los negocios de dicha empresa a su hermano Claudio, en primer lugar, y a la firma Vinent y Compañía, en segundo término[2]. Cabe preguntarse entonces qué empresa era aquella sociedad Vinent y Compañía a quien López y sus socios confiaron la administración de los flecos de su empresa en Santiago de Cuba.

Hablamos de una compañía cuyo socio principal era el menorquín Antonio Vinent y Ferrer. Nacido en Mahón, Vinent se había instalado en Santiago de Cuba en 1805 para ejercitarse como comerciante y hombre de negocios. Once años después, en 1816, contrajo matrimonio con Ana Gola Palacios, con la que llegó a tener dos hijas y dos hijos. Las primeras se casaron, en el otoño de 1837, con sendos nobles y militares españoles: la mayor, Ana Vinent Gola, lo hizo con José de la Pezuela (hijo de un militar ayacucho llamado Joaquín de la Pezuela, quien fuera último virrey del Perú y primer marqués de Viluma); mientras que la segunda, Micaela Vinent Gola, casó con Alfonso de Ciria Gaona, quinto marqués de Villaytre. La hija mayor, por lo tanto, de Antonio Vinent Ferrer era cuñada de Juan de la Pezueña Ceballos, quien ocuparía el rango de capitán general de Cuba entre 1853 y 1855, o sea, en los mismos años en que la sociedad Vinent y Compañía se ocupaba de representar a la firma Antonio López y Hermano. Por otro lado, también el mayor de los hijos varones de Antonio Vinent Ferrer, o sea, Santiago Vinent Gola acabaría siendo ennoblecido. La vía que éste utilizó para ello fue la restauración de un viejo título castellano del siglo XVII, el de marqués de Palomares del Duero, el cual empezó a utilizar en 1858.

Los respectivos matrimonios de sus hijos e hijas revelan el estatus al que había llegado el menorquín Antonio Vinent Ferrer gracias a su desempeño como comerciante. No en vano había formado parte de la reducida Junta Electoral, de apenas doce individuos, que se constituyó en 1836 para nombrar a los diputados que debían representar a Santiago de Cuba en las Cortes españolas. Por otro lado, y además de sus responsabilidades en el Real Consulado de Comercio de dicha ciudad, cabe señalar que Vinent ejercería como regidor del Ayuntamiento de Santiago de Cuba en diversos momentos, e incluso algún año, como en 1838, llegó a ser el alcalde de dicha ciudad. Unos cargos que también acabaría detentando, años después, su propio hijo Santiago Vinent Gola, marqués de Palomares del Duero.

En el ámbito de los negocios, Antonio Vinent Ferrer encabezó algunos de los principales proyectos empresariales que surgieron durante aquellos años en Santiago de Cuba, tanto en el sector minero como en el ferroviario o el financiero. Vinent fue, por ejemplo, el principal impulsor y primer presidente del Banco de Cuba, el primer banco domiciliado en Santiago de Cuba, creado en marzo de 1857. También lo fue de la Empresa Minera de San José, de la sociedad anónima Ferrocarril del Cobre, de la empresa del Ferrocarril y Almacenes de Depósito de Santiago de Cuba y del Crédito Fomento y Seguros de Cuba, entre otras[3]. Por otro lado, su casa Vinent y Compañía actuaba igualmente como la empresa que representaba en Santiago de Cuba a dos poderosas firmas habaneras, la de Samá y Cía. y la de Noriega Olmo y Cía. Ambas casas de comercio eran, por cierto, las mismas empresas en las que Antonio López y López había abierto sendas cuentas corrientes para poder gestionar sus asuntos en La Habana.

El hecho de que la poderosa sociedad mercantil Vinent y Compañía aceptase actuar, desde el verano de 1853, como firma representante y liquidadora de la sociedad Antonio López y Hermano, revela hasta qué punto Antonio López y sus socios habían conseguido cierto prestigio entre los principales hombres de negocios de la ciudad, pese a su relativa juventud. Tres años antes, en la primavera de 1850, la firma Vinent Hermanos había aceptado, por ejemplo, un cometido similar a partir de la petición de los hermanos Alejo y Manuel Vidal Quadras, quienes les habían encargado la completa liquidación de todas las sociedades de comercio y de banca que ambos habían conformado, dirigido y administrado en Santiago de Cuba, desde su instalación en dicha ciudad, en 1821, hasta la marcha definitiva del último de sus miembros a Barcelona (o sea: Manuel Vidal, Vidal Hermano y Cía., Vidal Hermanos e Hijo, Vidal y Cía., Fabars Vidal y Cía., Manuel Vidal hijo y Vidal Hermanos[4]).

Todo parece indicar, por lo tanto, que Antonio López no pudo zarpar rumbo a España hasta, por lo menos, el mes de agosto de 1853, una vez hubo liquidado la mayor parte de los negocios de la sociedad Antonio López y Hermano. No pudo estar presente, por lo tanto, en el nacimiento de su último hijo, Claudio López Bru, el cual había nacido en Barcelona el 14 de mayo de 1853. López aún regresaría a Santiago de Cuba al menos dos veces más, aunque por poco tiempo. Así lo hizo en la primavera de 1857 y nuevamente en la misma estación de 1858. En un primer momento y a título particular, López dejó como su apoderado en la Isla a su hermano Claudio. A él le correspondió vender, como otro de los socios de la firma Antonio López y Hermano, el cafetal Dulce Unión en una operación formalizada el 27 de agosto de 1853. Los compradores de la finca, José Espinach y Gerónimo Puente, pagaron entonces 4.000 pesos por la misma[5]. Sin embargo, unos meses después, probablemente en febrero de 1854, Claudio López y López abandonó también Cuba para regresar a la Península. Había tenido que sustituir antes los poderes que le había otorgado su hermano mayor en la persona del abogado Gonzalo Villar[6]. De todas formas, al igual que hiciera Antonio López a mediados de 1857, y de nuevo de 1858, también Claudio López volvería unos años después, en 1862, a pasar una corta temporada en la capital oriental de la Isla. Mientras tanto, y tras la marcha de los hermanos López y López, quien quedaría realmente encargado de administrar los negocios (y de seguir los pleitos) de la firma Antonio López y Hermano entre su primera liquidación, en abril de 1853, y su segunda y definitiva liquidación, en 1863, fue su primo José Gayón. Precisamente él se mantuvo al pie del cañón, en Santiago de Cuba, mientras se acababa de dirimir, en la Villa y Corte, el litigio en torno a la propiedad y la posesión de las tres fincas que les había vendido Ricardo Bell Irady.

Y es que tras las dos sentencias consecutivas dictadas por la Audiencia de Puerto Príncipe y favorables ambas a Joaquín Baralt, la firma Antonio López y Hermano (o lo que quedaba de ella) tuvo que recurrir en defensa de sus derechos a la última instancia posible, el Tribunal Supremo de Madrid, adonde acudieron a finales de 1854. Tras año y medio de proceso, la Corte Suprema española acabó otorgando finalmente la razón jurídica a la sociedad Antonio López y Hermano. Así, al no haber una instancia superior ante la que acudir, la empresa santiaguera impulsada y participada por Antonio López pudo, por fin, tomar posesión de las fincas en disputa. Así lo hizo en el segundo semestre de 1856. La más grande y productiva de aquellas tres fincas era el ingenio Santa Ana, una plantación de caña ubicada a 30 millas del embarcadero más cercano y que contaba con una superficie cultivada de caña de 6 caballerías, a las que cabría añadir 34 caballerías más de terreno, lo cual suponía una extensión total de 40 caballerías, es decir, unas 537 hectáreas, unas dimensiones que pueden considerarse cercanas a la superficie media que alcanzaban los ingenios en la región de Santiago de Cuba. Los productos de las seis zafras llevadas a cabo entre 1857 y 1862 quedaron en manos de Antonio López y de sus socios, y por ellas la empresa obtuvo unos ingresos de 64.116 pesos. La cosecha de 1859, en concreto, supuso una producción total de 327 toneladas netas de azúcar. La de 1860 representó, por su parte, un aumento del 28,5 por ciento sobre la del año anterior y se situó en las 420 toneladas.

Tal como señaló en su día Manuel Moreno Fraginals, «durante los primeros 40 años del siglo XIX [Cuba] fue la exportadora mundial número uno de café, superada sólo a momentos por Brasil» (Moreno, 1978, vol. 3: 10). Y en aquel tiempo Santiago de Cuba era el principal municipio caficultor de toda la Isla. En 1846, por ejemplo, la producción de café en el partido judicial de Santiago alcanzó las 3.756 toneladas, lo cual significaba las dos terceras partes de todo el que se cultivó en el Departamento Oriental en la misma fecha y un 19 por ciento del total de Cuba. Como antes indiqué, muchos franceses que se habían refugiado en la zona oriental de la Isla a resultas de la insurrección de Haití fueron los impulsores de la producción de café y de su comercialización a gran escala, y dieron así una mayor prosperidad económica a los distritos cercanos a Santiago de Cuba o a Guantánamo. En aquel contexto no debe resultar extraño que la empresa de Antonio López hubiese adquirido varios cafetales. El cultivo, sin embargo, de los cafetales Soledad y Carmen les produjo ingresos que apenas representaban el 45 por ciento de los alcanzados por la explotación del ingenio Santa Ana. Quizá dicho dato debe considerarse como una muestra de que, a pesar de la importancia que había adquirido el cultivo de café en Cuba en la primera mitad del XIX, en las décadas centrales de dicho siglo su producción comenzó a decaer claramente. Doria González ha señalado cómo los valores de la producción y de la exportación cafetaleras cubanas se redujeron a resultas del descenso de los precios del café en el mercado mundial (y a la imposibilidad de compensarlo aumentando la producción en igual o mayor medida), así como a la menor rentabilidad de la explotación cafetalera respecto a la azucarera (González, 1989). Y es que, en palabras nuevamente de Manuel Moreno Fraginals, «en Cuba la expansión azucarera robó sus esclavos al café» (Moreno, 1978, vol. 3: 285).

Aun así y pese a los cinco años de litigios, la operación de compra, explotación y ulterior venta de las haciendas de Ricardo Bell no pudo ser más provechosa para Antonio López y sus socios. Los beneficios brutos obtenidos alcanzaron los 279.753 pesos (o duros), de los que restando los 116.229 pesos del coste de su compra y explotación, resultan unos beneficios netos de 163.524 pesos. Si ponderamos estos beneficios por los seis años transcurridos entre la toma de posesión de las haciendas y la venta de las mismas, resulta que la tasa media anual acumulativa de beneficios netos obtenidos se situaría en el 17,5 por ciento. La razón principal que explica tal nivel de ganancias no debe imputarse tanto a los productos obtenidos por las cosechas de las tres fincas (64.116 pesos entre 1857 y 1862 por la venta del azúcar y 11.873 pesos entre 1859 y 1862 por la venta del café) cuanto al décalage existente entre el precio que pagaron por su compra y el que obtuvieron con su venta. Mientras que el primero de junio de 1856 Antonio López y Hermano debió pagar 78.166 duros por la propiedad y posesión de las tres fincas (63.500 pesos como precio fijado con Ricardo Bell más 14.666 por intereses), cuando vendió el ingenio a los hermanos Pedro y Joaquín Griñán, en diciembre de 1862, obtuvo un total de 179.712 duros. Por otro lado, los dos cafetales se habían vendido en agosto de dicho año por 17.000 pesos. En suma, la diferencia entre los ingresos por las ventas y el coste de las compras significó un beneficio neto de 118.456 duros, equivalentes a unas ganancias netas del 151 por ciento.

Un nivel tan alto de ganancias no puede explicarse únicamente por una eventual revalorización de las fincas rurales acaecida en el oriente cubano a lo largo de aquellos seis años, sino que obedece más bien a una operación de carácter especulativo basada en comprar las fincas a un precio inferior a su valoración real para venderlas con posterioridad por una cantidad más ajustada a su verdadero valor de mercado. De hecho, la oposición de Joaquín Baralt a firmar la escritura de venta de las tres fincas se debió, precisamente, al hecho de que consideraba que su principal, Ricardo Bell, había acordado con Satrústegui un precio anormalmente bajo y por eso buscó un socio que se prestase a quedárselas también por poco dinero. Si en aquellos años hubiera habido un incremento generalizado en el precio de la tierra en Cuba, me vería obligado a matizar mi hipótesis. Aunque desconozco la evolución que tuvo el precio de la tierra en la Isla en aquel tiempo, utilizo como proxy la evolución de la producción azucarera: en los once años transcurridos entre diciembre de 1851, cuando se pactó el precio de compra, y diciembre de 1862, mes en el que se vendieron, la producción cubana de azúcar había crecido en un 24 por ciento. Y si tomamos como referencia el año de 1856, la producción y exportación cubanas de azúcar había aumentado sólo un 9 por ciento: ambas cifras están muy lejos del 151 por ciento de diferencia entre el precio de venta y el de compra de las tres haciendas. Otro dato que avala mi hipótesis es que la sociedad de Antonio López y Hermano, en liquidación, procedió a la venta de dichas fincas inmediatamente después de que hubiesen cesado por completo todos los pleitos sobre las mismas, los cuales se alargaron hasta diciembre de 1862[7].

En el tiempo que transcurrió entre la toma de posesión del ingenio Santa Ana y de los cafetales Soledad y Carmen, y su ulterior venta, Antonio López tenía fijada ya su residencia en la capital catalana. Aun así, en aquel tiempo viajó varias veces entre Barcelona y Santiago de Cuba. Debo señalar que entre agosto de 1853 (cuando Antonio López marchó de la segunda ciudad, tras la primera liquidación de su firma Antonio López y Hermano) y junio de 1855 (cuando me consta fehacientemente su presencia en Barcelona) no he podido recoger noticia alguna sobre su paradero o las actividades que pudo llevar a cabo. Más allá del tiempo que pudiese haber durado su viaje entre Cuba y España, me inclino a pensar que pasó en algún momento por su localidad natal, Comillas, a visitar a su madre y que tal vez pudo también viajar, en el ínterin, por diferentes puntos de España o de Europa. Sea como fuere, en aquel lapso de tiempo cercano a los dos años López no dejó rastro documental que nos permita seguirle la pista. No cabe duda, por otro lado, de que debió aprovechar todo aquel tiempo para estudiar en qué sectores concretos de la economía peninsular podía invertir los caudales que había conseguido acumular durante sus años de estancia en la Gran Antilla. Lo que sí puedo afirmar es que López estaba en Barcelona en la primavera de 1855. El 11 de junio de aquel año la junta directiva de la fundición de José Nogués y Cía. autorizaba a su único director, José Nogués, a recibir cantidades en préstamo del empresario nacido en Comillas. Era aquélla una empresa que se había creado en noviembre de 1853 para dedicarse a la fundición de metales de todo tipo y, especialmente, a la construcción de tubos de plomo. Su promotor y único director, José Nogués, había conseguido convencer a ocho socios comanditarios, quienes invirtieron sus caudales en dicha empresa. Al menos dos de ellos eran indianos enriquecidos en Cuba: me refiero al riojano Manuel de Lerena, que había vivido en La Habana, y al suburense José Amell Bou, antes residente en Santiago de Cuba. Este último acababa de regresar, como el propio López, del oriente cubano y pudo ser él quien facilitó el contacto entre el empresario comillano y la compañía José Nogués y Cía.

Sea como fuere, el capital fundacional de dicha firma industrial se dedicó íntegramente a la construcción de un taller de fundición en el paraje llamado Lo Carner, cerca de la Creu Coberta, cuyas obras finalizaron en junio de 1855. Necesitado de más recursos monetarios para poner en marcha la actividad de su compañía, José Nogués convenció aquel mismo mes a los socios capitalistas de la misma de la necesidad de sumar 10.000 pesos adicionales para hacerla funcionar. Y la persona de la que consiguieron precisamente dichos caudales fue «D. Antonio López y López, propietario, natural de Santander y vecino de la ciudad de Santiago de Cuba», quien accedió a prestar «la cantidad de diez mil duros», una parte en efectivo y otra en talones del Banco de Barcelona, a cambio de un 6 por ciento de interés. El plazo de devolución de la cantidad prestada era bastante corto: Nogués se comprometía a retornarle a López sus diez mil pesos antes de que acabase aquel año. Al firmar la preceptiva escritura de dicho crédito, el prestamista no sólo obtuvo como garantía de cobro la hipoteca de los talleres de fundición de la empresa, sino que su administrador consignó que «quedará al arbitrio del señor López el exigir el reintegro de la cantidad prestada y sus réditos o introducirlos como capital en la citada sociedad de J. Nogués y Cía.», incorporándose así como un nuevo socio comanditario de la misma. Lo cierto es que aquella firma industrial no acabó de funcionar bien y apenas tres meses después de que López hubiese accedido a financiarla, a finales de septiembre de 1855, sus socios acordaron disolverla y subastar sus instalaciones al mejor postor. Al hacerlo, el de Comillas pudo recuperar, sin problemas, sus diez mil pesos mientras que aquellos ocho socios capitalistas sufrieron cierto quebranto, pues no pudieron recuperar todo su capital comanditario. López tuvo que esperar, eso sí, al 5 de enero de 1856 para recuperar su dinero[8].

Sabemos, por lo tanto, que López pasó las navidades de aquel año en la capital catalana con su familia. Y que ahí seguía en enero de 1856, cuando se acabó de liquidar aquella primera inversión suya llevada a cabo en Barcelona y realizada por un indiano recién llegado y, hasta cierto punto, desconocido, enriquecido en Santiago de Cuba. Unos meses después de haber recuperado sus diez mil pesos, enfermó su suegro Andrés Bru Puñet y fue precisamente López quien se ocupó de su traslado a las afueras de Barcelona, buscando una mejora en su estado de salud. Según relata su cuñado, «López alquila en Sarrià la Torre del Marqués de Sardañola y participa a mi madre que el médico ha ordenado el traslado del enfermo a aquel pueblo» (Bru, 1885: 107). Cabe señalar que, en aquellos meses, el guipuzcoano Patricio Satrústegui había llegado a Barcelona para conversar tranquilamente con su socio comillano y para decidir, entre ambos, los posibles negocios a emprender de manera conjunta en la Península[9]. Por otro lado, al final de aquel verano, exactamente el 17 de septiembre de 1856, tanto Antonio López como su mujer, Luisa Bru, acudieron a un notario de Barcelona para otorgar sendos testamentos. El de Comillas designó entonces como sus albaceas a su propia esposa, «a mi buen hermano Claudio López y López y a mis amigos D. Patricio Satrústegui y D. Joaquín Eizaguirre para que todos o los que puedan estar presentes» ejecutasen sus últimas voluntades cuando falleciese. Tras ordenar que se cancelasen, en primer lugar, todas sus deudas, se acordaba enseguida de su madre, a la que señalaba una pensión vitalicia diaria, equivalente a un duro: «Deseando que se perpetúe en lo posible el respeto y cariño que he tenido siempre y tengo a mi Sra. madre D.ª María López de López, ordeno que le sean pasados por durante su vida veinte reales de vellón diarios, de mis bienes», dejó entonces escrito. Declaraba también, a continuación, «que el dote de diez mil duros que trajo mi esposa al tiempo de nuestro matrimonio ha ganado desde entonces otra suma de la que podrá también disponer sobre mis bienes libremente» y aunque reconocía los derechos de legítima de sus cuatro hijos legítimos (cuyas edades oscilaban entre los tres y los seis años) optaba por nombrar heredera de todos sus bienes a su esposa. Lo hacía agradecido por su «singular bondad» y también porque «durante mi matrimonio y secundado por ella en todos mis asuntos he adquirido la mayor parte de mis capitales». Cabe señalar, por último, que si bien López revocaba de manera explícita el testamento que había entregado cerrado unos años antes a otro notario de Barcelona, su tocayo Antonio Alsina («aunque contenga palabras derogatorias, pues de ellas me arrepiento»), nada señalaba en su nuevo testamento respecto a su hija natural, Consuelo, la cual sumaba entonces once años y vivía probablemente en Cuba, lejos de su padre[10].

La actitud de Antonio López respecto a su hija natural contrasta con viveza con la que tuvo otro indiano nacido en Cantabria respecto a su propia hija ilegítima, nacida también en La Habana, en su caso en 1835. Me refiero a Juan Manuel de Manzanedo, enriquecido asimismo en Cuba y cuya trayectoria vital se cruzaría diversas veces con la de Antonio López. A diferencia del de Comillas, Manzanedo quiso en todo momento asumir la tutela y custodia de su hija natural, Luisa Manzanedo Intentas, a la que llevó consigo a la Península cuando retornó desde Cuba. Y, también a diferencia de López, se ocupó no sólo de legitimarla sino que le otorgó, además, una altísima dote (1.500.000 francos) cuando Luisa se casó, en París, con el hijo de un rico banquero catalán asentado en la capital francesa, Francisco de Paula Mitjans Colinó. El comillano Antonio López dejó, por el contrario, a su hija natural, Consuelo López, en su Cuba natal y nada quiso decir sobre ella en aquel su primer testamento abierto, otorgado en la capital catalana el 17 de septiembre de 1856. Ni tampoco en los otros testamentos que iría otorgando sucesivamente.

Aquel mismo día, Luisa Bru Lassús otorgó también sus últimas voluntades ante el mismo notario barcelonés. Legaba, en su caso, a su esposo «el usufructo de todos mis bienes […] exonerándole de dar cuentas, prestar caución, fianza, toma de inventario y demás seguridades que pudieren exigírsele, pues tengo en el mismo la confianza más ilimitada», aunque añadía, a continuación: «Queriendo que para después de su muerte los distribuya en su última disposición o entre vivos a favor de nuestros [cuatro] hijos […] y demás que hubiere al tiempo de mi muerto, a los cuales nombro herederos» a partes iguales[11]. La decisión de Antonio López y de Luisa Bru de otorgar sendos testamentos, el uno a favor de la otra y viceversa, parece tener que ver con el grave estado de salud del suegro de López, Andrés Bru Puñet. Aunque de manera hasta cierto punto sorprendente Luisa Bru quiso nombrar entonces a su padre como el segundo de sus ejecutores testamentarios, acompañando en dicha función al primero, su propio marido, lo cierto es que Andrés Bru Puñet estaba entonces enfermo de gravedad. Hasta el punto de que acabaría falleciendo, en Sarrià, apenas once días después de que su hija y su yerno otorgaran testamento, exactamente el 28 de septiembre de 1856.

En su lecho de muerte, también Andrés Bru Puñet quiso otorgar testamento. Lo hizo cuatro días antes de morir en la casa donde vivía, en la calle Cardeñas, de Sarrià. Junto a él, su mujer, la cubana Luisa Lassús Ganné, hizo lo propio, otorgando también un nuevo testamento. Ambos se nombraron mutuamente albaceas y designaron también como segundo albacea a su yerno, Antonio López y López. Andrés Bru le nombró, además, único «consultor testamentario» de su esposa, la cual no debía tomar decisiones (ni a corto plazo, en relación con el reparto del caudal testamentario, ni a medio o largo plazo en cuestión de negocios) sin contar con el visto bueno de su yerno[12]. Aquel nombramiento sorprendió a los hijos varones del moribundo Andrés Bru, pues no acababan de entender que su padre hubiera optado por otorgar toda su confianza a un yerno antes que designar como albacea a cualquiera de ellos. El joven Francisco Bru Lassús recordaría años después aquel día, sugiriendo que todo había sido el resultado de una conspiración urdida por su cuñado Antonio López, con la complicidad del escribano en cuestión:

Tenía Antonio López amistad muy íntima con un notario llamado Ramón de Miquelerena, hombre que se había hecho una reputación muy especial en la Audiencia, donde se decía de él que servía para ciertos actos también muy especiales […]. Un día a últimos de setiembre [de 1856], don Ramón de Miquelerena se presentó [en la finca de Sarrià] y preguntó por López. [Tras una conversación entre ambos] salió Miquelerena con unos papeles en la mano acompañado de López […] Pronto supimos que mi padre acababa de hacer testamento […] Así pues, atendido el carácter apocado y casero de mi madre, atendida la falta de carácter y mundo de mi hermano mayor, su misma juventud, y la niñez de los demás hermanos, toda la familia quedaba en poder de López y todos nuestros bienes caían en sus zarpas (Bru, 1885: 109-113).

Aquella acusación tiene, cuando menos, un punto de exageración. De hecho, en sus nuevos testamentos, tanto Andrés Bru Puñet como su mujer, Luisa Lassús Ganné, habían mantenido a sus tres hijos y a sus dos hijas como sus herederos universales. Una voluntad a la que todos debían sujetarse, empezando por el propio Antonio López. No obstante, aquel inopinado cambio de testamento, firmado en su lecho de muerte por el patriarca de la familia Bru, acabó convirtiéndose, como veremos, en el primer eslabón de una cadena de desencuentros familiares. Andrés Bru Puñet falleció cuatro días después de haber expresado sus últimas voluntades en aquella finca alquilada en Sarrià, a las afueras de Barcelona. Apenas una semana después, López se presentó ante el susodicho escribano para notificarle «debidamente la defunción del mismo, acaecida en veinte y ocho del mes anterior», requiriéndole para que publicase el testamento en cuestión, lo que Miquelerena realizó de inmediato. Y sólo un día después, el 8 de octubre de 1856, la viuda y el yerno de Andrés Bru Puñet tomaron inventario formal de los bienes que el difunto indiano había dejado al morir.

La acusación que su hijo Francisco Bru lanzaría tiempo después contra su cuñado sugería que aquel inventario post mortem no era más que una de las tantas patrañas urdidas por Antonio López para aumentar su propio patrimonio, a costa del de su suegro y sus cuñados. Afirmaba que éste, Patricio Satrústegui y Ramón de Miquelerena «hicieron un inventario falso, haciendo constar que no se había hallado más que lo que dejaban y cargando entre los tres con los cuartos y demás efectos, lo sacaron por la noche para llevarlo a buen recaudo» (Bru, 1885: 115). Fuera o no cierta aquella sustracción de caudales, sí que lo es que, tres días después de haberse verificado el susodicho inventario notarial de los bienes dejados por el difunto Andrés Bru Puñet, su viuda, Luisa Lassús Ganné, en su condición de usufructuaria de la herencia, apoderó a José Gayón, vecino y del comercio de Santiago de Cuba, para que administrase aquellos bienes e intereses que radicaban en dicha ciudad[13]. No cabe ninguna duda de que aquella elección de Gayón, familiar y socio de los hermanos López, era una decisión adoptada por Antonio López, quien tomó de manera directa las riendas en todo lo que tenía que ver con el patrimonio de su familia política inmediatamente después de la muerte de su suegro.

Unas semanas más tarde de haber sido nombrado albacea testamentario por Andrés Bru Puñet, López volvería a asumir la misma responsabilidad en el caso de una tía de su mujer, María Bru Puñet, la rica viuda del empresario Juan Baradat Rius. Nacido en Altafulla (Tarragona), Juan Baradat había emigrado a la Gran Antilla con el deseo de hacer las Américas, un objetivo que efectivamente consiguió alcanzar. En abril de 1825 y en Santiago de Cuba compró, por ejemplo, una casa en la esquina de las calles Gallo y Enramadas, donde fijó su residencia y el escritorio de su casa de comercio. Emilio Bacardí consigna que once años después, en 1836, tuvo lugar la inscripción de la sociedad Baradat y Sobrino en la matrícula de comerciantes de dicha ciudad (Bacardí, 1925, vol. II: 286). Aunque dicho autor no informa del nombre y apellidos del susodicho «sobrino» que era socio de Juan Baradat, me inclino a pensar que se trataba de José Clot Baradat, el hijo de su hermana María. La constitución, en Santiago de Cuba, de Baradat y Sobrino (transformada años después en Clot, Espina y Cía.) debió ser el último paso para preparar el definitivo retorno a Cataluña de Juan Baradat Rius y de su esposa María Bru Puñet. Es más, el 24 de octubre de aquel mismo año Baradat se hizo, en pública subasta, con 10.784 palmos cuadrados edificables en parte del terreno ocupado hasta hacía muy poco por la antigua muralla de mar de Barcelona. Un solar por el que pagó poco más de 7.000 duros en 1836 y en el que mandó levantar un edificio de cuatro pisos. Las obras del inmueble, que se ubicaba en el número 6 de la actual calle Reina Cristina, finalizaron tres años después, en 1839. Al fallecer, en Barcelona y en septiembre de 1845, Juan Baradat Rius convirtió a su viuda, María Bru, en la usufructuaria de sus bienes. El primer inventario que se hizo de su herencia cifraba su patrimonio en 422.235 pesetas, una cantidad ciertamente respetable. Ambos acordaron que el reparto de dicho cuerpo patrimonial sólo tendría lugar cuando falleciese María Bru. Y que entonces la mitad de dicho caudal se repartiría entre la familia Baradat y la otra parte entre la familia Bru, o sea, entre los sobrinos de uno y otro lado.

Uno de los hermanos, por cierto, de Juan Baradat Rius, llamado Martín, se enriqueció también en tierras americanas antes de regresar a su Cataluña natal, aunque no lo hizo, en su caso, en Santiago de Cuba sino en Kingston, la capital de Jamaica, ciudad en la que nacieron sus tres hijos varones (los hermanos Juan, Andrés y Martín Baradat Vera), en la década de 1820. Hablamos, de hecho, de diferentes hombres de negocios (los Baradat, los Bru, los Clot o los Espina), oriundos de varias localidades del campo de Tarragona (como Altafulla o La Selva del Camp) e integrantes de distintas sagas familiares. De diferentes familias que se vincularon entre sí mediante enlaces matrimoniales y que compartieron además su común experiencia caribeña. Volviendo al caso que nos ocupa, quiero señalar que fue el 14 de noviembre de 1856 cuando María Bru modificó sus últimas voluntades, designando como albaceas a su sobrino carnal Jaime Espina Bru y a su sobrino político Antonio López y López. La elección de este último fue públicamente contestada por Pancho Bru, el cual, al airear sus diferencias con su cuñado, volvió a hacer gala de sus innegables dotes para la exageración. Vale la pena, no obstante, reproducir sus palabras para conocer su versión de los hechos. Según él, tras la muerte de su tía María Bru Puñet, «López se presentó con un testamento de Miquelerena, diciendo que la difunta había cambiado el anterior, que aquellos últimos días, había hecho aquel delante de siete testigos y que le dejaba a él amplios poderes de administrador absoluto». Y más adelante insistía: «El testamento de mi padre lleva la fecha de Sarriá, 24 de setiembre de 1856. El de mi tía está fechado en Barcelona, el día 14 de noviembre de 1856. Fíjese bien el lector en las fechas. Las haciendas y demás patrimonio de mi padre y de mi tía rehicieron a Antonio López, quien inmediatamente pudo disponer de un capital de cinco millones de pesetas». Bru quiso culminar su narración afirmando que, poco después, López «coge una copia del testamento atribuido a mi padre, se embarca sigilosamente para Cuba, desembarca en Santiago, se pone de acuerdo con un notario de una índole parecida a Miquelerena y […] mete en venta todas nuestras fincas, las despacha, cobra el dinero y regresa a España» (Bru, 1885: 117 y 125).

Vamos a intentar analizar qué puede haber de verdadero y qué no en el relato publicado en 1885 por Francisco Bru Lassús. Es cierto, por ejemplo, que el inventario post mortem realizado el 8 de octubre de 1856 por Antonio López sobre los bienes de su difunto suegro fue bastante impreciso. Se hablaba de manera genérica de «varios créditos principalmente en Santiago de Cuba que no se pueden designar en este acto por falta de noticias». Resulta ciertamente extraño que un rico y experimentado hombre de negocios como era Andrés Bru Puñet no tuviera anotados, en sus libros particulares, todos los datos relativos a dichos créditos, tanto los pasivos como sobre todo los activos. Cabe añadir, por otro lado, que en el susodicho inventario, López y su suegra no otorgaron valor monetario alguno a los bienes inmuebles del caudal hereditario del difunto Andrés Bru, como hubieran debido realizar por la existencia de herederos menores de edad. Es cierto también, como señala Pancho Bru, que Antonio López embarcó a los pocos meses para Santiago de Cuba, donde en efecto se ocupó, como veremos, de los bienes de la herencia de su difunto suegro. Ahora bien, aquel viaje le impidió, precisamente, participar en la descripción de los bienes de la difunta María Bru Puñet. O sea, en la protocolización del inventario de sus bienes que el otro albacea, Jaime Espina Bru, verificó en sendas escrituras, de 18 de marzo y de 8 de abril de 1857, acompañado de Luisa Lassús Janné, de su tío Martín Baradat Rius y de su primo José Clot Baradat. Antonio López tampoco estuvo presente, por otro lado, cuando se produjo un primer reparto del caudal hereditario dejado por María Bru Puñet (y por su difunto esposo, Juan Baradat Rius) porque seguía en la Gran Antilla. O sea que difícilmente pudo haber manipulado el caudal hereditario del matrimonio Juan Baradat-María Bru en provecho propio, tal como le acusaba Pancho Bru.

Sin embargo, es cierto que su tía María Bru de Baradat modificó sus últimas voluntades el 14 de noviembre de 1856, apenas seis semanas después de que su hermano Andrés hubiera fallecido. Y también lo es que lo hizo ante el mismo notario. Aquel día entregó a Ramón de Miquelerena un testamento cerrado mediante el cual otorgaba un poder casi ilimitado a su sobrino político, Antonio López, en todo lo relativo a la administración de su fortuna. María Bru había decidido convertir a su cuñada Luisa Lassús en la usufructuaria de la mitad del patrimonio acumulado por su esposo Juan Baradat Rius y por ella misma, «por durante su vida y manteniéndose viuda de su esposo D. Andrés Bru Puñet» dejándola expresamente libre de «toda caución y fianza». Ahora bien, había añadido a sabiendas una cláusula que convertía prácticamente a dicha cuñada suya en rehén de su yerno López. Lo hizo al decir que, mientras disfrutase del usufructo de dicha herencia, Luisa Lassús, viuda de Andrés Bru, estaba «obligada a obtener el consentimiento expreso de D. Antonio López y López para resolver cualquier asunto de importancia referente al usufructo de dicha señora y a la propiedad dejada a los hijos de la misma después de su muerte». Es más, llegado el momento de repartir entre sus sobrinos carnales la susodicha mitad de su patrimonio, María Bru Puñet había añadido otras instrucciones escritas, igualmente claras, que reafirmaban el poder de su sobrino político. La viuda de Juan Baradat había señalado su voluntad de «que no fuere de propiedad» de sus sobrinos menores de edad «la mitad de los bienes raíces sino la mitad del caudal que resultare, realizada la partición o ventas, y dejando la inversión de los caudales al exclusivo cargo del [sic ] D. Antonio López y López con la usufructuaria y a cargo del primero su guarda o depósito»[14]. No cabe duda de que, a tenor de lo que expresaron literalmente en sus testamentos, tanto su suegro Andrés Bru, primero, como la tía carnal de su mujer María Bru de Baradat, después, quisieron confiar a Antonio López la administración de sus respectivos patrimonios y su ulterior reparto entre sus herederos.

Aquel asunto de la gestión y el reparto de las herencias de los hermanos Andrés y María Bru Puñet, sobre el que volveré más adelante, coincidió con la culminación del gran proyecto empresarial que Antonio López había estado madurando en los últimos años: la creación de una gran firma naviera dedicada a la gestión de varios buques de vapor en servicios de línea regular. Apenas tres meses y medio después del fallecimiento en Barcelona de Andrés Bru Puñet, en enero de 1857, tuvo lugar en Madrid el acta formal de constitución de la sociedad Antonio López y Compañía, o sea, de la empresa que con el tiempo se convertiría en la principal firma naviera española. Y tres meses después, exactamente el 3 de abril de 1857, López participó en persona en la constitución de una nueva empresa llamada La Mallorquina. Se trataba de una firma aseguradora con domicilio en Barcelona, dedicada en exclusiva al ramo de los seguros marítimos y que había nacido a iniciativa de la Sociedad Catalana General de Crédito y de su administrador, Policarpo Aleu Arandes. Además del soporte que le prestaba su banco matriz, La Mallorquina contaba también con el apoyo financiero de sus veinte accionistas fundadores, seis de los cuales residían en Palma de Mallorca y los otros catorce en Barcelona. Entre estos últimos se encontraban algunos de los individuos más ricos de la ciudad (como Lamberto Fontanellas), así como algunos de los que lo acabarían siendo unos años más adelante, como Evaristo Arnús o José Vidal Ribas. Este último se dedicaba también, por cierto desde Barcelona, al comercio ilegal de esclavos, siendo copropietario de una factoría negrera administrada por Domingo Mustich (Sanjuan, 2017). Entre los fundadores de La Mallorquina estaba también el asturiano Francisco Noriega, representante en Barcelona de la importante casa de comercio de La Habana Noriega Olmo y Cía, igualmente dedicada a la trata africana.

Antonio López suscribió entonces el número máximo de títulos que se permitía a los accionistas particulares (150 títulos de 1.250 pesetas cada uno), debiendo afrontar un primer desembolso del 6 por ciento de su valor nominal, o sea, 11.250 pesetas en total[15]. Aunque la iniciativa partió de la Sociedad Catalana General de Crédito no cabe duda de que Antonio López tuvo, desde el primer momento, un protagonismo destacado en aquella nueva firma aseguradora. No en vano formó parte, junto con Tomás Coma, Agustín Robert y Ramón Comas, de la «Junta provisional de la Sociedad Mallorquina de Seguros Marítimos», una reducida comisión cuya primera función fue tramitar la preceptiva aprobación de los estatutos sociales, tal como se exigía en la Ley de Sociedades Anónimas de 1848.

Poco pudo hacer, sin embargo, Antonio López en persona durante aquellas primeras semanas. No pudo asistir, por ejemplo, a una segunda reunión de los accionistas promotores de La Mallorquina, celebrada el 15 de junio de 1857, porque estaba lejos de Barcelona. Lo hizo, en su lugar y representándolo, su amigo y socio Patricio Satrústegui, quien seguía entonces en la capital catalana[16]. Debió ser, por lo tanto, en abril o mayo de 1857 cuando López zarpó de Barcelona para regresar a Santiago de Cuba. Viajó entonces a la Isla con un doble cometido: uno, avanzar en la definitiva liquidación de la sociedad Antonio López y Hermano, y dos, tomar posesión del patrimonio perteneciente a su difunto suegro, vendiendo, si fuera el caso, alguno de sus bienes. Aun así, supo aprovechar su estancia en la Isla para tomar parte en alguna nueva sociedad, como detallaré. En relación con los bienes pertenecientes a la difunta María Bru de Baradat, López consiguió vender «como apoderado de Luisa Lassús de Bru a la razón social de los Sres. Casadevall Marió y Cía. […] una casa en la calle del Gallo número siete esquina a la de las Enramadas número ciento cincuenta y dos, por cuyo contrato se pagaron los Reales derechos en once de julio» de 1857[17]. El precio de aquella venta fue de diez mil pesos fuertes, pagados al contado por los compradores, y que Antonio López depositó en la habanera casa de Noriega Olmo y Cía.

Estando en la Isla, López tomó parte directa en la creación de una nueva y magna entidad financiera domiciliada en Santiago de Cuba llamada Crédito Fomento y Seguros de Cuba. Cabe señalar que aquel año, la Gran Antilla estaba registrando una verdadera fiebre de creación de sociedades anónimas, y aunque el epicentro de aquella ola se situaba en La Habana, el resto de las ciudades de la Isla también tomaron parte, de una u otra manera, en un fenómeno que acabó tan rápidamente como había llegado, con una pronta y profunda crisis financiera que acabaría llevándose por delante la mayor parte de aquellas empresas de nueva creación. El momento álgido de aquella fiebre inversora coincidió con el breve regreso de Antonio López a Cuba. Así, el de Comillas pudo participar directa y personalmente en la fundación de aquel Crédito, Fomento y Seguros de Cuba, creado en Santiago de Cuba el 29 de julio de 1857 a partir de la iniciativa de catorce individuos o empresas, en su mayor parte de dicha ciudad, aunque contaba también con la presencia de alguna firma habanera. Junto con Antonio López, entre la nómina de fundadores de aquel nuevo banco santiaguero figuraba su primo José Gayón y su abogado Gonzalo Villar, así como diversas empresas participadas por empresarios catalanes, tal que Raventós Hermano y Cía., Casadevall Marió y Cía., Bueno Baralt y Cía., Salvador Lletjós y Cía. o la habanera Revuelta Demestre y Cía. El capital de aquella nueva empresa era ciertamente exorbitado (se fundó con un capital nominal de cuatro millones de pesos aunque estaba previsto que lo pudiese doblar hasta alcanzar los ocho millones de pesos, es decir, cuarenta millones de pesetas) y sus funciones eran tan amplias como diversas. De hecho, aunque la mayor parte de sus líneas de actuación previstas eran de carácter financiero (contratación de empréstitos con empresas o con la Administración, préstamos a particulares, crédito refaccionista, descuento de letras y de pagarés, recepción de cantidades en depósito y apertura de cuentas corrientes…), sus fundadores habían contemplado también el desarrollo de otras líneas de negocio vinculadas, por ejemplo, a la compra de fincas urbanas y rústicas, a la posibilidad de «promover, auxiliar y llevar a cabo empresas de inmigración y colonización con la aprobación del gobierno», así como al ramo de los «seguros y reaseguros de esclavos del Departamento Oriental» de Cuba, de los seguros de incendios y de los seguros marítimos[18]. Una magna empresa, sin duda, que no obstante no acabaría de funcionar, arrastrada por la crisis financiera desatada en Cuba a finales de 1857.

Una semana después de haber firmado la escritura de constitución del Crédito, Fomento y Seguros de Cuba, exactamente el 5 de agosto de 1857, Antonio López volvió a acudir ante el mismo escribano, en aquel caso para otorgar poderes para pleitos a favor del abogado Vicente Villar, del colegio de La Habana, hermano de su abogado de confianza en la ciudad de Santiago. Y dos días más tarde, el 7 de agosto, López firmó una nueva escritura mediante la cual cedía el privilegio que había obtenido unos años antes de la Capitanía General de Cuba para la explotación de una línea regular de vapores en el oriente de Cuba. Lo hizo a favor de cuatro empresarios de la ciudad: el catalán Manuel Masforrol, Carlos Ducorau, Ramón del Gallego y José Nariño, socio este último de la veterana firma santiaguera Brooks y Cía. Cuatro individuos que se habían asociado para explotar conjuntamente el vapor Guatemala. En la citada escritura, Antonio López solicitaba la máxima celeridad a los funcionarios de la Real Aduana de Santiago de Cuba «por lo urgente que necesita el despachar cuanto antes este negocio en razón de tener que ausentarme el día 10 para La Habana en el vapor Cuba»[19]. Sabemos, por lo tanto, que tras haber realizado diferentes gestiones López zarpó de Santiago de Cuba el 10 de agosto de 1857, aunque no se fue de manera directa a la Península, sino que antes pasó por la capital cubana.

Probablemente, Antonio López y López se quedó en La Habana durante varias semanas. O tal vez meses. Sea como fuere, no me consta que estuviese en Barcelona hasta fines de noviembre de 1857. El 27 de aquel mes compareció ante el notario barcelonés Ramón de Miquelerena y dijo que «autorizó antes de marcharse a América a la referida D.ª Luisa Lassús de Bru [su suegra] para proceder» a la partición de la herencia de Juan Baradat Rius y de su viuda, María Bru Puñet, añadiendo entonces «que al regresar de América se ha enterado de dicha escritura de partición con la detención debida» y que la aprobaba «en todas sus partes»[20]. Fue aquélla, sin embargo, la última escritura que López y su suegra firmaron amistosamente. A partir de entonces, las relaciones entre ambos se rompieron de manera inexorable. En algún momento del mes de diciembre de 1857 Luisa Lassús de Bru perdió por completo la confianza en su yerno y apoderado Antonio López. No aprobó, tal vez, las gestiones que éste había realizado en Santiago de Cuba con alguno de los bienes propiedad de su difunto esposo o de su difunta cuñada. Lo cierto es que, el 29 de diciembre de 1857, la viuda Luisa Lassús de Bru, en su nombre propio y, además, como tutora y curadora de su menor hijo Ramón, acompañada de sus otros hijos Andrés y Caridad Bru Lassús, otorgó poderes a favor de Francisco Bru Lassús, quien vivía entonces en Santiago de Cuba, para que pudiera «administrar sus bienes, negocios y dependencias» en aquella ciudad y, singularmente, aquellos bienes que procedían de la herencia de su difunto marido. Y dos días más tarde, el 31 de diciembre de 1857, Luisa Lassús volvió a acudir ante el mismo notario para otorgar sendas escrituras. La primera era una escritura de poderes generales a favor de su otro yerno, Rafael Masó Ruiz de Espejo, el marido de su hija Caridad, mientras que la segunda era para anular y revocar los poderes que había otorgado, un año antes, a favor de Antonio López. Le pidió también, entonces, al escribano en cuestión que notificase al de Comillas la retirada de aquellos poderes[21].

Dos días después, el notario Montserrate Corominas se acercó, en efecto, al domicilio de Antonio López para informarle de dicha revocación. La respuesta del de Comillas fue ciertamente altiva y el tono que utilizó muestra a las claras el grado de enfrentamiento a que unos y otros habían llegado. Le dijo López al notario que aquella revocación era del todo «innecesaria pues él fue el primero que manifestó a la referida D.ª Luisa Lassús de Bru su firme y decidida resolución de renuncia a los poderes, lo cual en tanto es así como que ha estado instándola constantemente hace algún tiempo para que nombrara otra persona debidamente autorizada para entenderse con él a fin de proceder a lo que correspondiere en virtud de aquella irrevocable resolución del que contesta». Apenas cinco días después, Rafael Masó Espejo quiso comunicarse con su cuñado Antonio López y lo hizo a través de un nuevo requerimiento notarial. Le dijo entonces que, en aplicación del testamento de su común suegro, Andrés Bru Puñet, la viuda «D.ª Luisa Lassús de Bru debió emposesionarse de los bienes que integran la herencia de su difunto marido y usufructuarlos, mas no se ha verificado así porque Vd., Sr. D. Antonio López y López, se ha incorporado de la herencia y se resiste a entregarla, pues habiéndose presentado al efecto de recogerla el legítimo apoderado de D.ª Luisa Lassús de Bru que a Vd. Requiere [o sea, él mismo] y habiéndosele instado por otros medios de disolución, Vd. sin embargo con sus excusas permite que pasen días y días, va ganando tiempo, y no verifica como debe la entrega de una herencia que tan injustamente retiene. Han llegado las cosas a un estado, que se consideran inútiles los medios amistosos», decía Rafael Masó, para añadir a modo de velada amenaza: «Necesario será molestar la preciosa atención de los Tribunales para reducir a Vd. por medio de la justicia». Le decía también que si no lo había hecho hasta entonces era por «las relaciones sociales y hasta de parentesco que entre nosotros median», unos vínculos que habían «podido contener hasta ahora el estrepito [sic ] de un juicio», pero que no servirían para contenerlo a partir de entonces[22].

La respuesta que Antonio López dio a aquel nuevo y amenazante requerimiento resulta harto significativa. El de Comillas se escudaba, nuevamente, en la voluntad de su difunto suegro (expresada, cabe recordar, en su lecho de muerte y, para algunos, de forma sospechosa) para resistirse a entregar lo que se le pedía. Parece bastante claro que, cuando menos, aquel conflicto que acabó de estallar en las navidades de 1857 escondía abismales diferencias de criterio entre lo que convenía hacer con el caudal hereditario, según unos u otros. Tal como dejara escrito entonces López:

desde su regreso de América para entregar dichos valores que ha sido el primero en manifestar no quererlos conservar por más tiempo en su poder, pero como en cumplimiento del deber sagrado que le impone la confianza en él depositada por dicho D. Andrés Bru en el testamento que se cita en el requerimiento, en el que le nombra albacea junto con su esposa, y después consultor de ésta de manera que no pueda tomarse resolución alguna sobre la inversión y distribución de sus bienes sin la aprobación de él, haya reclamado que se inviertan dichos valores con seguridad para que no se realicen los temores ni las consecuencias perjudiciales que dicho D. Andrés Brú previó y quiso cortar. D.ª Luisa Lassús de Brú, mal influida y peor aconsejada, lo ha resistido, y esa resistencia a la voluntad de su esposo ha sido causa de no haberse podido verificar aquella entrega como el que contesta deseaba, habiéndose visto en el caso de acudir a los Tribunales poniéndose a disposición de estos los susodichos valores.

López se resistía a verificar dicha entrega porque sospechaba «que no se quiere dicha entrega para invertir los valores en el modo dispuesto por el testador sino para ceder a exigencias que solo pueden contar con buen éxito abusando de la debilidad de dicha señora». Por esa razón, Antonio López pensó que la mejor defensa era un buen ataque: quiso devolverles la pelota a su cuñado y a su suegra requiriendo «nuevamente a D.ª Luisa Lassús de Bru para que respete las facultades al mismo concedidas por D. Andrés Bru relativamente a la inversión y distribución de sus bienes»[23]. Agotada, pues, la vía de una eventual conciliación, las diferencias entre unos y otros pasaron entonces a dirimirse en los tribunales de Barcelona.

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿quién era Rafael Masó Ruiz de Espejo? ¿Quién era aquel otro yerno de Andrés Bru y de Luisa Lassús que no dudó en enfrentarse a su cuñado Antonio López a causa del profundo diferendo familiar que se había abierto por la susodicha cuestión hereditaria? Nacido en Santiago de Cuba, Rafael era hijo de la criolla cubana Teresa Ruiz de Espejo Castellano y del catalán Rafael Masó Pascual. Este último había nacido en Sitges, al igual que su hermano menor Gaudencio Masó Pascual, y también como éste había emigrado, joven y soltero, a la isla de Cuba con el objetivo de hacer fortuna. Empezó, de hecho, los trámites para marchar al poco de acabar la ocupación francesa de Cataluña, exactamente el 18 de marzo de 1815. Aquel día solicitó permiso para trasladarse a Santiago de Cuba «a la compañía de su padre [Rafael Masó Font], comerciante en la ciudad de ese nombre», una licencia que le fue pronto concedida por el Consejo de Indias[24]. Me consta que dieciséis años después, en septiembre de 1831, era su hermano menor Gaudencio Masó Pascual el que obtuvo del Juez de Arribadas de Barcelona el preceptivo pasaporte y la preceptiva «licencia para pasar a Santiago de Cuba»[25]. En aquella ciudad cubana ambos hermanos Masó Pascual pudieron efectivamente abrirse paso en el difícil mundo de los negocios con cierto éxito. Así lo consiguieron a diferencia de su común padre, Rafael Masó Font, quien acabó falleciendo en su Sitges natal en 1835, con un escaso patrimonio valorado en apenas 6.250 duros y conformado por dos casas y una viña de dos jornales[26].

Pasados unos años en Cuba, tanto Gaudencio como Rafael Masó Pascual regresaron a su Cataluña natal para instalarse, en su caso, en Barcelona y con sus respectivas familias. El primero firmaba en otoño de 1838 como «del comercio que fue de Santiago de Cuba en América, de poco tiempo a esta parte recién llegado a esta ciudad de Barcelona»[27]. Me consta, por otro lado, que Rafael Masó Pascual vivía también en la capital catalana en la primavera de 1843, si no antes: el 12 de abril de aquel año otorgó poderes para pleitos por razón de unas diferencias que le enfrentaban a Jacinto Ferran firmando la escritura de apoderamiento como «vecino de la presente ciudad» de Barcelona[28]. Uno y otro mantuvieron sus bienes e intereses en la región oriental de Cuba mientras paralelamente emprendían una intensa carrera empresarial en la capital catalana, gracias sobre todo a la inversión de una parte de sus capitales americanos. En octubre de 1845, por ejemplo, Gaudencio Masó Pascual vendió desde Barcelona su mitad del cafetal Unión y Santa Úrsula, una finca ubicada en el partido de Enramadas y a unas tres leguas de Santiago de Cuba cuya propiedad compartía con Santiago Gandarias[29]. Mientras tanto, la antigua casa de comercio santiaguera de Rafael Masó y Compañía se rebautizó y convirtió en la nueva Masó Primos y Cía., probablemente cuando su socio principal, Rafael Masó Pascual, abandonó Santiago de Cuba para instalarse en Cataluña[30]. Aquella compañía le sirvió precisamente para seguir manteniendo sus intereses en la Isla, bajo la administración de sus socios y familiares.

Mientras tanto, su propio hermano Gaudencio Masó Pascual optó por crear, en Barcelona y en enero de 1850, la firma mercantil Gaudencio Masó Pascual y Cía. Lo hizo expresamente para facilitar el retorno a Cataluña de cuatro comerciantes catalanes instalados hacía años en Santiago de Cuba: José Antonio Rosell, José March Pascual, Salvador Carbonell Vilanova y Manuel Vilardell, socios todos ellos de la santiaguera casa de comercio Rosell y Cía. Tal como consta en la escritura de constitución de dicha empresa: «Don Gaudencio Masó, dispuesto como se halla a admitir en su casa de comercio establecida en esta capital no sólo los intereses de los señores Rosell y Compañía de Cuba, si [sic ] que también los individuos que forman aquella sociedad a medida que se trasladen a esta», optaba por abrir su casa de comercio a dichos cuatro empresarios, facilitando así su ulterior retorno a Cataluña e inserción en el competitivo mundo de los negocios de Barcelona[31]. Aquel mismo mes, por cierto, su hermano Rafael Masó Pascual supo aprovechar las dificultades económicas que atravesaba el corredor real de comercio Jaime Costa para comprarle su lujosa y céntrica casa, ubicada «en la Rambla frente al Teatro principal, esquina a la calle de Escudellers», a cambio de 25.000 duros. Se trataba de un edificio de varias alturas levantado sobre un solar de 332 metros cuadrados que contaba con siete puertas exteriores en su fachada de la icónica Rambla de Barcelona[32].

En aquella céntrica y lujosa casa vivía, precisamente, junto con sus padres el joven Rafael Masó Ruiz de Espejo justo antes de casarse con Caridad Bru Lassús y de convertirse, por lo tanto, en cuñado de Antonio López y López. No hay duda de que el enlace matrimonial entre el hijo de Rafael Masó Pascual y la hija de Andrés Bru Puñet expresaba la unión entre dos ricas sagas familiares catalanas (originarias de Sitges y de La Selva del Camp, respectivamente) enriquecidas ambas en Santiago de Cuba y que disponían de patrimonios hasta cierto punto equivalentes en la Barcelona de mitad del siglo XIX. Otra saga empresarial vinculada del mismo modo, como hemos visto, a la familia política de Antonio López fue la de los Baradat, originarios de Altafulla y enriquecidos en Jamaica y en Santiago de Cuba. Todos conformaron un extenso y complejo entramado familiar y empresarial, compuesto por indianos catalanes que habían conseguido, efectivamente, hacer las Américas y con el cual se acabó vinculando el comillano Antonio López tras su enlace nupcial con Luisa Bru Lassús.

En los preceptivos capítulos matrimoniales, Andrés Bru Puñet prometió dotar a su hija Caridad con 12.000 pesos fuertes. A primera vista, podría parecer que la joven Caridad Bru Lassús tuvo una dote superior a la que había percibido al casarse su hermana Luisa, cifrada en 10.000 pesos fuertes, en febrero de 1849. En términos crematísticos no hubo, en realidad, tal discriminación, sino más bien la contraria. Al celebrarse el enlace de Luisa Bru con Antonio López, la novia había recibido 9.000 pesos fuertes en metálico (y los otros 1.000 pesos más en joyas), mientras que cuando su hermana Caridad se casó con Rafael Masó la cantidad que ésta recibió, también en metálico, fue tan sólo de 4.000 pesos. Hubo, eso sí, la promesa de que más adelante la joven Caridad Bru recibiría aquellos otros 8.000 duros, con cargo a la herencia y como parte de su legítima, si era necesario. Fue precisamente, de hecho, Antonio López y López quien se encargaría de entregar a sus cuñados Masó-Bru dichos 8.000 pesos tras la muerte de su suegro. Lo hizo en dos momentos diferentes: 3.000 duros al poco de su fallecimiento, a fines de 1856; y los 5.000 duros restantes en agosto de 1863, una vez se hubo definitivamente liquidado la sociedad Antonio López y Hermano, de Santiago de Cuba, de la cual había sido socio comanditario su difunto suegro[33].

Entre una y otra fecha estallaron, sin embargo, las diferencias en la familia Bru. Un conflicto que se hizo evidente, como antes señalé, en las navidades de 1857. Francisco Bru Lassús recordaría, años después, aquellos momentos de tensa ruptura familiar en su famoso libro. Al hacerlo se otorgó un papel más protagonista del que sin duda merecía: «Yo era el único que había tenido la fortuna de escapar de las garras de aquella fiera, y por consiguiente me resentía menos de su nefasta influencia y era el más apto para hacerle frente. Así, pues, aunque no tenía más allá de diez y ocho años, determiné ponerme a la cabeza de la familia [para enfrentarme a López]» (Bru, 1885: 113). Más allá de su clara exageración, lo cierto es que al joven Francisco Bru Lassús, quien estaba en Santiago de Cuba cuando su madre optó por romper abiertamente con López, le correspondió desandar el camino que había recorrido dicho su cuñado en su breve estancia en Cuba para enfrentarse, además, con José Gayón. Sabemos que el 4 de marzo de 1858 Pancho Bru consiguió que «José Gayón, del comercio de Santiago de Cuba», escribiese una carta renunciando a los poderes que Luisa Lassús de Bru le había otorgado año y medio antes, el 11 de octubre de 1856[34]. Y sabemos también que en su condición de representante de su madre y de sus hermanos, Pancho Bru delegó sus poderes para pleitos a favor de sendos procuradores santiagueros. Así lo verificó el 10 de marzo y lo confirmó el 8 de abril de 1858[35].

Unos y otros, tanto en Santiago de Cuba como en Barcelona, hicieron todo lo posible para impedir que acabasen de culminar, con éxito, las gestiones que López había realizado en la Isla durante el verano de 1857, en especial las relativas a la venta de algunos bienes integrantes del patrimonio de los difuntos hermanos Andrés y María Bru Puñet. Aquellas hostilidades salpicaron directamente a diferentes actores, tanto en Cuba como en Cataluña. El 3 de marzo de 1858, por ejemplo, la santiaguera sociedad Casadevall Marió y Cía. (la cual había comprado, como antes señalé, una casa a Antonio López) se vio obligada a otorgar poderes a favor de Manuel Vidal Quadras, socio de la barcelonesa firma Vidal Quadras Hermanos, para conseguir, «como es justo, la escritura de venta [de dicha casa] en toda regla». Con aquellos poderes en su mano, Manuel Vidal Quadras intimó al notario Ramón de Miquelerena para que éste, a su vez, requiriese a Antonio López con objeto de que firmase le susodicha escritura. Éste le respondió, el 14 de abril de 1858, diciendo que «aunque considera muy justa la pretensión de los mismos Sres. Casadevall, Marió y Cía. de que se les otorgue la escritura pública de dicho contrato no puede verificarlo en calidad de apoderado de la referida D.ª Luisa Lassús de Bru en razón a que ya no tiene esta calidad, habiéndosele retirado el poder» el último día de 1857. López seguía pensando que aquélla había sido una buena operación, especialmente para los intereses de su suegra, dado que Luisa Lassús de Bru se había adjudicado aquella casa, como parte de la herencia de María Bru Puñet, con un valor contable de cinco mil pesos mientras que él había conseguido venderla por el doble, o sea, por diez mil pesos. Añadía, eso sí, de que en el caso de que Luisa Lassús se negase a firmar dicha escritura, él no tendría «reparo alguno […] en dar orden para que se devuelvan a los Sres. Casadevall Marió y Cía. los 10.000 duros del precio». Informada inmediatamente, por otro lado, Luisa Lassús de las pretensiones de los compradores, ella se limitó a pedirles que se entendiesen con su nuevo apoderado, su hijo Francisco Bru[36].

En el verano de 1858 la suegra de Antonio López parece haber dado un giro a su estrategia de enfrentamiento abierto con éste. Aquel camino de hostilidades por el que había empezado a transitar desde hacía varios meses no le había permitido, como era su intención, asumir el control de la herencia dejada por su difunto esposo. Entre tanto, un tribunal había dado la razón a López en el enfrentamiento con su suegra y sus cuñados. Me refiero al litigio que Luisa Lassús había iniciado contra él «sobre aprobación de la cuenta vendida por aquel de los fondos que este había puesto en su poder y de los actos ejecutados en Santiago de Cuba». En el fallo de dicho juicio «se declararon aprobadas las cuentas producidas por D. Antonio López» y «se dispuso que los caudales depositados y todos los valores se entregasen a D. José Amell, apoderado de la propia señora». Siendo así, a la viuda de Andrés Bru no le quedó más remedio que acatar dicho fallo. Debió asumir entonces que ni le convenía ni tenía sentido mantener la tensión con su yerno y parece que fue entonces cuando empezó a plegar velas en busca de acuerdos más amplios. Así, el 4 de agosto de 1858 Luisa Lassús otorgó poderes a favor de su «sobrino carnal», Magín Masó Coulange, vecino y comerciante de Santiago de Cuba, para que administrase sus bienes en la Isla y, sobre todo, para que saldase las cuentas pendientes con José Gayón. Y tres días después la viuda de Andrés Bru otorgó poderes similares a favor de José Amell Bou, de Barcelona, a quien nombró su administrador en sus asuntos particulares y, en especial, en todo aquello que tenía que ver con la herencia de su difunto esposo[37]. Lo hizo sin retirar explícitamente los poderes que había dado meses atrás a su hijo Francisco Bru y a su yerno Rafael Masó pero otorgando, a la vez, su confianza a aquellos dos empresarios, quienes pudieron facilitar el entendimiento con Antonio López. Fue así, durante el otoño de 1858, cuando se produjo el definitivo acercamiento entre la viuda de Andrés Bru y su yerno.

Obligada por aquel fallo judicial, Luisa Lassús no tuvo más remedio que aprobar las operaciones de venta de varias fincas, procedentes de la herencia de su esposo o de su cuñada, que López o Gayón habían realizado tiempo atrás en Santiago de Cuba y dio su conformidad el 9 de diciembre de 1858. Se trataba de la venta de la casa ya citada de la calle Gallo, comprada por Casadevall Marió y Cía. por 10.000 pesos; pero también del inmueble sito en el número 27 de la calle Santo Tomás, vendido a Santiago Maury por 10.000 pesos; de una extensión de tierra montuosa en el partido de Maroto, vendida a un tal Girant por 4.500 duros; de una estancia en el Paso del Purgatorio, vendida a José Camps por 3.000 pesos; y de un colgadizo, por último, ubicado en el matadero viejo, vendido a Antonio Patrié por 3.000 pesos. El importe total de aquellas ventas sumaba la respetable cifra de 30.500 pesos[38]. En aquella escritura una y otro requirieron formalmente a los hermanos Bru Lassús para que todos aprobasen también las susodichas ventas y así lo hicieron de inmediato Luisa, Ramón y Caridad Bru Lassús. Esta última afirmó que su actitud se explicaba por su deseo de «conservar con su señora madre la armonía que siempre ha existido». Quien se opuso, sin embargo, al principio a validar aquellas operaciones de venta de inmuebles fue Andrés Bru Lassús. Lo hizo movido por su deseo, decía, de que se cumpliese «estrictamente la voluntad de su padre, quien quiso que la viuda usufructúe y no que venda». Por esa razón, «no sólo niega su consentimiento [añadía de manera literal] sino que se reserva pedir la responsabilidad contra quien corresponda». Tampoco pudo rubricar entonces aquel convenio su otro hermano Francisco, quien todavía seguía viviendo en Santiago de Cuba. La inicial oposición de uno (Andrés) y la ausencia de otro (Francisco) contribuyeron a dilatar la conclusión del proceso de liquidación y reparto de los bienes de la herencia. No obstante, Andrés Bru cambió de parecer en unas pocas semanas y se adhirió pronto al acuerdo rubricado entre su madre y su cuñado. Así, a mediados de febrero de 1859 quiso firmar, junto con su hermano Ramón y sus hermanas Luisa y Caridad, una escritura en la que los cuatro afirmaban que «se conforman con la aprobación de las cuentas presentadas por D. Antonio López y López, y de todas las ventas ajustadas por éste y por D. José Gayón»[39]. Aunque faltaba todavía el acuerdo explícito de Francisco Bru, quien seguía en la Isla, López creyó llegado el momento de entregar a su suegra y cuñados la administración del caudal hereditario correspondiente a la mitad de la herencia de la difunta tía de su mujer, María Baradat de Bru. Y así lo hizo en dos fases. Primero, el 24 de marzo de 1859, hizo entrega de dicho caudal a su suegra, mujer y cuñados, y dos meses más tarde, el 27 de mayo de 1859, se pusieron todos de acuerdo con el otro coheredero, Jaime Espina Bru, quien aprobó también las cuentas presentadas por López sobre aquella mitad del patrimonio Baradat-Bru que le correspondía usufructuar a su suegra. Una mitad cuyo valor se cifró entonces en más de 37.000 duros[40]. A López ya sólo le faltaba conseguir el visto bueno de su cuñado Francisco Bru, quien acabó sumándose a la concordia familiar unos meses más adelante, desde Sevilla, donde se hallaba de regreso de Cuba. En la capital andaluza y el 3 de noviembre de 1859 Francisco Bru Lassús otorgó poderes a favor del abogado Melchor Ferrer para que le representase en esas cuestiones. Y un mes después, el 5 de diciembre de 1859, el propio Ferrer hizo constar fehacientemente la aprobación que daba su principal de las susodichas operaciones de venta de los bienes de la herencia de Andrés y de María Bru Puñet enajenados por López y por Gayón. Todos los implicados en aquel asunto otorgaron aquel día nuevos poderes a «José Gayón, vecino de Santiago de Cuba», confiriéndole «todas las facultades o poderes necesarios» para que «pueda proceder a la otorgación de las escrituras de venta de las expresadas fincas». Y por si había alguna duda, también aquel mismo día Ferrer hizo constar que su principal Francisco Bru ratificaba todas las escrituras otorgadas por su familia en Barcelona mientras él estaba fuera[41].

En aquel mismo año de 1859 y mientras conseguía que su suegra y sus cuñados aprobasen sus gestiones en relación con las herencias de Andrés y de María Bru Puñet, Antonio López inició el proyecto de construcción de la que sería su primera residencia, en propiedad, en Barcelona. Fue el 4 de marzo de 1859 cuando compró un extenso solar de 11.152 palmos cuadrados edificables, equivalente a 582 metros cuadrados, situado en la plaza Duque de Medinaceli, esquina a la calle Dormitorio de San Francisco. Dicho solar había formado parte del antiguo conjunto «de la Iglesia, convento y huerto de los religiosos de San Francisco de Asís», desamortizado hacía varios lustros. El vendedor no era otro que Juan Bautista Clavé, socio de la casa de comercio Girona Hermanos Clavé y Compañía. De hecho, quien firmó la venta de dicho solar en nombre de Clavé fue, precisamente, el principal socio de dicha compañía, Manuel Girona Agrafel, alma mater y director del Banco de Barcelona. Para hacerse con el susodicho terreno, López debió pagarle a Clavé, por mediación de Girona, la importante cantidad de 122.672 pesetas[42].

El de Comillas estaba dispuesto a levantar, en dicho terreno, un lujoso edificio de varias alturas en el que instalar su futura residencia. Encargó el diseño del proyecto a uno de los más reputados arquitectos de la Barcelona de entonces, José Oriol Mestres. Diplomado por la Real Academia de San Fernando, Mestres había sido uno de los dos arquitectos que habían levantado el edificio del Gran Teatro del Liceo de Isabel II, culminado en 1848, y el que también había proyectado los jardines de los Campos Elíseos, en el actual paseo de Gracia. Cuando López le encargó la construcción de su nueva vivienda, Mestres ejercía desde hacía varios años como arquitecto de la catedral de Barcelona. Las obras del edificio de la plaza Duque de Medinaceli, número 8, se demoraron más de tres años y Mestres estuvo auxiliado en todo momento por el maestro de obras José Nolla. El coste final ascendió a 267.370 pesetas, lo que muestra no sólo la calidad de los materiales sino también que López no quiso escatimar en el lujo y los detalles de su futura residencia. López y Mestres hicieron traer, por ejemplo, «adornos de chimenea, un farol y un pomo, y planchas de cristal» desde Marsella; «108 vidrios» de La Coruña (por un valor total de 721 duros); así como diferentes «útiles de hierro, plomo, cobre, hierro colado, latón y betum» manufacturados en Barcelona por los Talleres Nuevo Vulcano, por La Maquinista Terrestre y Marítima y por la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas. Si al importe del solar y de las obras le sumamos el importe de la preceptiva licencia de obras, veremos como el coste total de aquel edificio de cinco alturas debió situarse en las 400.000 pesetas, una cantidad ciertamente remarcable. Debió ser, por cierto, tres años y medio después de haber comprado el solar, en septiembre de 1862, cuando allí se instaló la familia López-Bru, quienes habían recibido el edificio completamente acabado un poco antes, el 25 de agosto[43].

Cuando trasladaron su residencia a la plaza Duque de Medinaceli, puede decirse que las relaciones de los López-Bru con sus cuñados Bru-Lassús se habían normalizado. Los acuerdos que unos y otros confirmaron en diciembre de 1859 sentaron finalmente las bases para la concordia familiar y el amigable reparto de los bienes de las herencias de Andrés Bru Puñet y de su hermana María. Aun así, faltaba todavía mucho camino para recorrer. De hecho, el reparto total del caudal hereditario dejado a su muerte por Andrés y por María Bru Puñet a favor de los cinco hermanos Bru-Lassús se alargaría durante otros cinco años más y no culminaría hasta noviembre de 1864. Una buena muestra, eso sí, de la normalización de las relaciones familiares es que años después y en su último testamento válido, otorgado también en su lecho de muerte, la propia Caridad Bru Lassús designó como sus únicos albaceas, y por este orden, a su cuñado Antonio López y López y a sus sobrinos, carnal y político, Claudio López Bru y Eusebio Güell Bacigalupi. Las viejas heridas abiertas tras la muerte de los hermanos Andrés y María Bru Puñet se habían cerrado completamente. No sucedería lo mismo, sin embargo, con Francisco Bru Lassús, quien mantuvo la misma actitud hostil frente al marido de su hermana Luisa durante toda su vida.

La demora en el definitivo reparto del patrimonio de Andrés Bru Puñet y de su hermana María entre los hermanos Bru-Lassús se explica por varias razones: hemos visto, por un lado, algunos de los problemas derivados de las disputas sobre lo que convenía hacer con la herencia, los cuales enfrentaron a López con el resto de la familia; cabe destacar, por otro lado, el hecho de que se trataba, en realidad, de dos cuerpos hereditarios diferentes (fundidos, al final, en uno solo), lo que añadía una mayor complejidad jurídica al asunto; pero hubo también un tercer factor que contribuyó del mismo modo a dilatar en el tiempo el completo reparto de la herencia de Andrés Bru Puñet entre sus cinco hijos: me refiero precisamente a su participación como socio capitalista de la firma Antonio López y Hermano, de Santiago de Cuba. A la altura de julio de 1853 Bru tenía invertidos un total de 21.911 pesos fuertes en dicha sociedad, la cual no podía disolverse completamente por los dilatados pleitos aún abiertos por la propiedad y la posesión de su ingenio Santa Ana y de sus cafetales Soledad y Carmen. Hubo que esperar, cuando menos, a la definitiva liquidación de la sociedad Antonio López y Hermano (que se produjo, en Barcelona, en junio de 1863 y también ante el escribano Ramón de Miquelerena) para que se despejase uno de los obstáculos que impedían el reparto completo del caudal hereditario dejado por Andrés Bru Lassús a sus tres hijos y dos hijas. Un reparto que no se acabó de completar hasta noviembre de 1864, o sea, ocho años y dos meses después de su fallecimiento. En dicho mes tuvo lugar la última y definitiva valoración del patrimonio de Andrés Bru Puñet (71.963 duros), así como de la porción de la herencia dejada por María Bru Puñet a sus sobrinos Bru-Lassús (41.412 duros). La propia mujer de Antonio López, por ejemplo, Luisa Bru Lassús, acabaría percibiendo tranquilamente, tras su definitiva instalación en Barcelona, unos 25.000 duros o pesos fuertes, resultado de sumar su hijuela paterna a la hijuela que le acabó correspondiendo como parte del patrimonio acumulado, en vida, por sus tíos Juan Baradat y María Bru. Una cantidad en absoluto despreciable que sirvió a su esposo, a Antonio López, para acometer y financiar alguna de las iniciativas empresariales que había emprendido, en Barcelona, desde 1855.

5

La naviera Antonio López y Compañía y la sociedad de Crédito Mercantil

Tras haberse instalado, en 1855, en Barcelona, Antonio López empezó a invertir buena parte de sus caudales en diversos sectores de la economía española. Algunas de sus inversiones tuvieron por objeto impulsar nuevas empresas (como la aseguradora La Mallorquina y, sobre todo, la sociedad A. López y Cía., a la que me referiré enseguida), mientras que otras nacieron de una mentalidad claramente rentista. Estando precisamente en Madrid para firmar la escritura social de su firma naviera, en enero de 1857, López aprovechó para negociar la compra de un censo creado en 1779, un proceso que tardó en culminarse unas cuantas semanas. Así, de regreso a Barcelona, el 18 de febrero de 1857, Antonio López y López pudo otorgar poderes a favor del madrileño Pedro Elvira López «para que realice la adquisición que por cuenta y orden del señor compareciente tiene concertada verbalmente, de un censo de cien mil reales de capital con réditos del tres por ciento al año, constituido sobre varias tierras, casas y otros bienes situados en la Villa y término de la Universidad de Agost, provincia de Alicante»[1]. En otras ocasiones, hubo algún miembro de su familia política que acudió precisamente a Antonio López en búsqueda de dinero. Así, por ejemplo, López llegó a prestar a Benito Rubio López de Bocanegra, quien estaba casado con una prima de su mujer llamada Isabel Masó Coulange, la respetable cantidad de 84.000 duros, equivalentes a 420.000 pesetas. El prestatario utilizó dicha cantidad en «parte para satisfacer las obras hechas en la casa que ha edificado en Madrid y el resto para los negocios de especulación a que se ha dedicado». En una escritura firmada en Barcelona el 13 de febrero de 1861, el toledano Benito Rubio confesaba haber recibido dicha cantidad «en diferentes épocas en buena moneda de oro y plata, como consta por algunos recibos», y se comprometía entonces a devolvérsela a López en el plazo máximo de un año. Mientras tanto, el de Comillas se aseguraba un rédito del 6 por ciento sobre dichos 84.000 duros, así como garantizaba el principal de dicho préstamo con la fianza hipotecaria de las dos terceras partes de un ingenio de fabricar azúcar llamado Abundancia, situado en el partido de San Andrés, cerca de Santiago de Cuba[2].

En el plano de la promoción empresarial cabe recordar que una de las primeras compañías en cuya fundación había participado Antonio López tras su instalación en Barcelona fue, como vimos, La Mallorquina de Seguros Marítimos. Aunque aquella firma aseguradora se constituyó en marzo de 1857, la autorización gubernamental con la preceptiva aprobación de sus estatutos no llegó hasta nueve meses después. Lo hizo el último día de 1857, mediante una Real Orden expedida por el Ministerio de Fomento. Acto seguido, y tras una nueva junta general de accionistas celebrada el 14 de febrero de 1858, la junta directiva de aquella empresa aseguradora empezó a exigir a los accionistas que desembolsasen el 10 por ciento del capital nominal de sus títulos. Pronto se encontraron, no obstante, con que algunos de ellos no lo quisieron hacer y dicha junta directiva tuvo que actuar contra los mismos judicialmente. Los problemas arrancaban, de hecho, de la crisis financiera internacional que había estallado en 1857, la cual se había hecho notar, en Barcelona, a partir de mayo de dicho año y que acabaría afectando principalmente a las compañías de seguros marítimos ya constituidas que cotizaban en la oficiosa bolsa de Barcelona. La caída en la contratación de acciones de las aseguradoras reflejaba la pérdida de confianza de los capitalistas catalanes en el sector, lo que acabaría provocando una devaluación de dichos títulos. La multiplicación, por otro lado, de nuevas compañías de seguros se había traducido en sobreinversión y en competencia excesiva. Con este panorama, La Mallorquina de Seguros Marítimos acabaría finalmente optando por no comenzar su actividad. No fue aquélla, sin embargo, la principal iniciativa empresarial financiada en la España peninsular en 1857 por el cántabro Antonio López y López, sino la firma naviera que llevó su nombre: la sociedad Antonio López y Compañía, una empresa catalana cuya acta de nacimiento se formalizó, no obstante, en Madrid.

El 11 de enero de 1857 Antonio López y López, Patricio Satrústegui Bris y los hermanos Joaquín y Carlos Eizaguirre Bailly se dieron cita en el despacho madrileño del escribano Sebastián Garamendi. Los tres primeros se conocían, como antes señalé, en virtud de sus años previos de estancia en Santiago de Cuba mientras que el cuarto, Carlos Eizaguirre, participaba en aquel acto dada su condición de hermano del ingeniero Joaquín Eizaguirre. Aquel día los cuatro comparecientes afirmaban haber «tratado y conferenciado extensamente acerca de la utilidad y conveniencia que habrá de reportarles el establecimiento de dos casas de comercio, una en dicha ciudad de Barcelona y otra en Alicante, con objeto de dedicarse a negocios de comisión y los demás que estimen ventajosos a los intereses comunes, a cuyo fin han resuelto constituirse en sociedad juntamente con D. Joaquín Marcos de Satrústegui, domiciliado en la actualidad en Huelva, y D. Claudio López y López, residente actualmente en Santiago de Cuba, con quienes se hallan de acuerdo los aquí comparecientes en virtud de correspondencia recíproca». En consecuencia, aquel día los cuatro formalizaron en Madrid, y ante dicho notario, la escritura de creación de una única sociedad, con el nombre de A. López y Cía., encargada de gestionar dichas dos casas de comercio o delegaciones, domiciliadas respectivamente en Barcelona y Alicante[3].

De los seis fundadores de la nueva empresa, los hermanos Eizaguirre optaron por asumir la condición de socios comanditarios, limitándose a aportar sus capitales pero sin participar en la dirección de la empresa. Los otros cuatro socios, o sea, los hermanos Satrústegui y los hermanos López, asumieron la condición de gerentes de aquella nueva sociedad. No lo hicieron, sin embargo, por igual, sino que reconocieron el liderazgo en la empresa a Antonio López y López, a quien definieron como «el jefe de las casas» de Alicante y de Barcelona. A él le reservaron, individualmente, importantes atribuciones: le dejaron decidir, por ejemplo, el momento concreto para la incorporación de un nuevo socio: «Si D. Antonio López y López desease y resolviese en cualquier tiempo que su sobrino D. José Gayón ingrese en la sociedad como socio gerente, se le admitirán hasta cuatrocientos mil reales de capital y por industria se le asignará un cinco por ciento»; y le confiaron también la responsabilidad de «la liquidación definitiva de la sociedad» cuando venciera su plazo, establecido entonces en cinco años. El capital fundacional de aquella nueva sociedad A. López y Cía. fue de un millón de pesetas, que aportaron los seis socios fundadores repartidos de la siguiente manera: Antonio López, 400.000 pesetas; Carlos Eizaguirre, 250.000 pesetas; Claudio López, 100.000 pesetas; Joaquín Eizaguirre, 100.000 pesetas; Patricio Satrústegui, 75.000 pesetas; y Joaquín Marcos de Satrústegui, 75.000 pesetas[4]. Se acordó también que la sociedad tendría una duración de cinco años, a contar desde el día en que diesen inicio sus actividades, y que los beneficios se repartirían anualmente de la siguiente manera: una mitad en proporción al capital aportado y la otra mitad por igual entre los cuatro socios gestores. De aquella manera, a Antonio López debían corresponderle un 32,5 por ciento de todos los beneficios líquidos que pudiese generar la citada compañía.

La casa de Alicante de la sociedad A. López y Cía. empezó a funcionar, como estaba previsto, el 2 de marzo de 1857. Apenas ocho días después sus responsables se vieron obligados, por cierto, a protestar su primera letra de cambio ante el impago de la misma por la casa de Puig y Puigcarbó[5]. Al firmarse, por otro lado, la escritura de sociedad de A. López y Cía. quedó en el aire la fecha exacta de apertura de la casa de Barcelona. Así fue porque su principal responsable, Antonio López, tenía previsto regresar en breve a Santiago de Cuba. Mientras tanto, la gestión inmediata de la casa de Alicante había quedado en manos de Patricio Satrústegui. Fue desde dicha ciudad desde donde la firma Antonio López y Compañía organizó la explotación de su primera línea regular de vapores, la que unía aquel puerto con Marsella, con escalas en los puertos intermedios. Para la explotación de esa línea del Mediterráneo encontraron, no obstante, la competencia de otras navieras: al menos siete empresas diferentes con un total de veintisiete vapores ofertaban los mismos servicios regulares que empezó a ofrecer la naviera impulsada por López. O sea, las sociedades Navegación e Industria (con seis vapores), Bofill Martorell y Cía. (con cinco), la Hispano-Alemana de Vapores (con tres buques) —las tres firmas domiciliadas en Barcelona—, al lado de la compañía de los Vapores de Sevilla a Marsella (con dos vapores), de los Vapores-postas franceses y de los Vapores franceses entre Francia y Argelia (con cuatro y tres vapores, respectivamente). (Vila, 1858: 461-462). Para abrirse mercado, el de Comillas ideó una de sus jugadas de ingenio: negoció con la Compañía del Ferrocarril de Madrid a Alicante el establecimiento de un servicio combinado de trenes y vapores que enlazasen la capital española con París.

Atento a las oportunidades que surgían para Alicante con el ferrocarril, el cual se abriría a la explotación comercial el 1 de marzo de 1858, además de instalar allí su casa de comercio, López apostó por ofrecer un billete combinado que permitiese a los interesados trasladarse desde Madrid hasta París en tan sólo 72 horas. Pronto logró el acuerdo con José de Salamanca, el impulsor de aquella línea ferroviaria; y así consiguió vender billetes para sus vapores no sólo en sus oficinas de Alicante, sino también en el despacho central de los ferrocarriles de Madrid[6]. No hay que olvidar que, desde la puesta en servicio del ferrocarril Madrid-Alicante, la capital levantina era el puerto mejor comunicado con la corte y su salida ferroviaria hacia el Mediterráneo. De esta manera la naviera A. López y Cía. pudo ofrecer un servicio diferente al resto de sus competidoras, lo que le permitió abrirse mercado en una línea difícil.

Tras su fundación, y durante los primeros meses de su actividad, la firma impulsada por Antonio López tuvo que alquilar varios buques para poder prestar el susodicho servicio, pero ante la próxima puesta en explotación del ferrocarril optaron por adquirir algunos vapores. Para ello, el ingeniero Patricio Satrústegui se trasladó a Londres, donde compró el vapor Madrid en enero de 1858 por 110.000 pesos fuertes y el mes siguiente el vapor Alicante[7]. Ambos buques fueron abanderados inicialmente en la matrícula de La Coruña, para lo que contaron con la colaboración de un viejo conocido de los hermanos López y del propio Patricio Satrústegui. Me refiero al empresario coruñés Eusebio da Guarda, con quien los tres habían compartido intereses en varias expediciones negreras a las costas de África, como antes señalé.

Al inaugurar Isabel II, a finales de mayo de 1858, la línea ferroviaria entre Madrid y la ciudad levantina, el único vapor de la marina mercante que acompañó a los buques de la armada en las paradas militares que se realizaron fue el Alicante. Desde aquella moderna embarcación de la naviera Antonio López y Compañía, las autoridades políticas, los diputados a Cortes y provinciales, el consejo de administración del ferrocarril y el propio José de Salamanca pudieron contemplar plácidamente las maniobras de los buques de la armada (Vila, 1858: 32). Fue en aquel mismo mes, por cierto, cuando el diplomático Joaquín Marcos de Satrústegui se retiró de la citada empresa Antonio López y Compañía, la cual pasó a tener sólo cinco socios.

Desde su inauguración, los vapores de la naviera López cubrían la susodicha línea del Mediterráneo con dos viajes semanales pero el 17 de febrero de 1859 la citada sociedad compró, también por 110.000 pesos, un tercer vapor al que dieron el nombre de Marsella[8], un buque que permitió a dicha empresa programar tres viajes semanales entre Alicante y Marsella. No cabe duda de que la apuesta de los hermanos López, los hermanos Eizaguirre y Patricio Satrústegui no sólo cumplía sus expectativas sino que empezaba a dar sus primeros frutos. Fue entonces cuando la susodicha naviera tuvo una primera y gran oportunidad para obtener grandes beneficios en un período corto de tiempo. Fue gracias a la llamada guerra de África, entre 1859-1860. Para la campaña militar relámpago que el gobierno de la Unión Liberal desencadenó contra Marruecos necesitó el concurso de vapores mercantes que transportasen tropas, municiones y víveres hasta las costas africanas. El gobierno contó para ello con el apoyo interesado de la naviera de López desde los primeros días del conflicto. El Marsella salió de Alicante siete días después del inicio de la guerra, el 29 de octubre de 1859; el Madrid hizo lo propio al día siguiente mientras que varios días más tarde zarpó el vapor Alicante[9]. Aquellos tres vapores resultaron, sin embargo, insuficientes para dar abasto y la naviera de López tuvo que alquilar al menos ocho buques a diversas compañías de Barcelona con los que efectuar viajes entre España y Marruecos, en uno y otro sentido: fueron los vapores América, Duero, Barcelona, Cataluña, Pelayo, Wifredo y Tharsis. En contraste con los primeros meses de funcionamiento de la naviera, cuando López no dudó en marcharse a Cuba para arreglar sus asuntos, fue el futuro marqués de Comillas el que dirigió en persona desde sus barcos todas aquellas operaciones mientras duró el conflicto militar, e incluso llegó a trasladarse él mismo hasta la costa norte de África.

Aquel conflicto se cobró muchas vidas. Algunas propiamente a causa de las acciones militares; otras como efecto de una letal epidemia que se desató durante aquella guerra. El propio Antonio López enfermó entonces de gravedad. Tan mal se sintió que, el 10 de febrero de 1860 y a bordo del vapor América, quiso dirigir a su mujer unas palabras de despedida. Lo hizo mediante una carta que luego recogió y publicó el jesuita Eduardo Fernández-Regatillo y que, al parecer, rezaba así: «Querida de mi alma: Si, como es probable, recibes ésta después de haberme perdido, sírvate de consuelo primero que absolutamente no he carecido de ningún consuelo espiritual ni temporal. Muero lleno de amor por ti y por esos cuatro hijos y mi último pensamiento será pedir a Dios perdón por mis faltas, [y] felicidad para ti y para tus hijos». López no sólo no sucumbió a la enfermedad sino que pudo aumentar su fortuna con las ganancias que su empresa obtuvo merced a la susodicha guerra de África. Más aún, dicho conflicto no sólo representó para López una primera oportunidad de conocer lo beneficioso que resultaba contratar negocios con el Estado sino que además, tal como señaló en su día Elena Hernández Sandoica, pudo abrirle las puertas para el contrato de conducción de la correspondencia a las Antillas (Hernández Sandoica, 1988: 54).

Ya en marzo de 1858 la naviera había elevado una petición al gobierno de turno ofreciéndose a conducir la correspondencia en sus vapores por el Mediterráneo a cambio de «las exenciones de derechos de sanidad, tonelaje, faros y demás que gozan los vapores-correos de Barcelona y Valencia a Palma, así como la gracia de preferencias en los despachos de oficinas y visitas, fondeo, etc., que son de costumbre en casos análogos» (Llorca, 1990: 25). Aunque finalmente aquella solicitud no acabó prosperando, su mera formulación demuestra el interés de López y los suyos por conseguir para su naviera una relación privilegiada con el Estado desde primera hora. Casi un año después de haber planteado aquella solicitud, el 3 de febrero de 1859, la firma A. López y Cía. se presentó a la subasta convocada por el gobierno para contratar el servicio de conducción de la correspondencia a Cuba y Puerto Rico. De las cuatro ofertas presentadas, la suya era la más baja, ofreciéndose a realizar cada viaje de ida y vuelta por 1.200.000 reales de vellón (Garay, 1987, vol. II: 172). Superaba, sin embargo y de forma amplia, la subvención ofrecida por el gobierno, que era de 900.000 reales, y la subasta fue declarada desierta. El gobierno convocó dos nuevas y sucesivas subastas para el 12 de agosto de 1859 y el 20 de enero de 1860, a las cuales no se presentó licitador alguno. Optaron entonces por autorizar al director general de Ultramar la contratación directa del susodicho servicio, aunque atendiendo al pliego de condiciones de la última subasta convocada. Tampoco aquel procedimiento tuvo éxito y el director general de Ultramar se vio obligado a declarar al gobierno, en febrero de 1861, que no podía «aceptarse ninguna de las proposiciones presentadas, por lo que somete a la resolución del mismo lo que proceda» (Garay, 1987, vol. II: 173).

Después de casi cinco años desde la primera licitación, habiéndose convocado cinco subastas sin resultado positivo y habiendo sido incapaces de contratar el servicio directamente, los responsables de la Dirección General de Ultramar no quisieron arriesgarse a un nuevo fracaso[10]. Aunque volvieron a convocar una nueva subasta, prevista para el 10 de octubre de 1861, iniciaron los contactos pertinentes con la empresa de López para tener asegurado el éxito de la misma. En sus gestiones pesó probablemente el hecho de que la oferta de A. López y Cía. hubiera sido la más ajustada entre las presentadas a la licitación de febrero de 1859. Pero lo que pesó mucho más, sin duda, fue la colaboración decidida de López en la aventura norteafricana de la Unión Liberal.

El gobierno fijó un tope máximo de subvención de 35.000 pesos fuertes, es decir, 700.000 reales por viaje redondo. Se presentaron dos ofertas: una representada por la misma asociación de navieros catalanes que habían competido con López en 1859, y que se ofrecía a hacer el servicio por 675.000 reales; y la otra, presentada por Carlos Eizaguirre a nombre de A. López y Cía., por 590.000 reales. El servicio de conducción de la correspondencia a las Antillas les sería adjudicado a los segundos por un tiempo de cinco años, a contar desde febrero de 1862, cuando se iniciaron efectivamente los viajes, y con una subvención total de 590.000 reales por viaje redondo. Dicha cantidad, aunque representaba apenas la mitad de la propuesta de la propia naviera en febrero de 1859, suponía tan sólo 6.000 reales menos de los que cobraba la empresa que se estaba haciendo cargo de forma provisional del servicio[11]. El gobierno era consciente de que mediante esa cantidad pretendidamente ajustada la naviera A. López y Cía. no sólo podría cubrir el déficit calculado por el Ministerio de Marina, sino que obtenía un superávit neto de al menos 2.728.000 reales cada año[12].

En el momento de la concesión del servicio solamente dos vapores de la naviera tenían las condiciones necesarias para realizar travesías transatlánticas: el París y el Ciudad Condal. Ambos habían sido comprados de segunda mano en Amberes por Patricio Satrústegui en febrero de 1861, al precio de 650.000 francos los dos[13]. El contrato firmado con el gobierno, sin embargo, obligaba a tener un total de ocho vapores para realizar los veinticuatro viajes redondos al año. La empresa inició una frenética actividad de compra de nuevos buques para poder hacer frente a las exigencias contraídas: en pocos meses adquirieron los vapores España, Santo Domingo, Isla de Cuba, Puerto Rico, Cantabria y Canarias[14]. El esfuerzo inversor en aquellos meses superó el capital de la naviera A. López y Cía. y cabe pensar que dicha compañía debió de solicitar créditos para hacer frente a las compras necesarias. O tal vez hizo uso de los beneficios acumulados en los años anteriores en forma de conversión de las ganancias en capital social.

La prestación del servicio oficial de conducción del correo a las colonias españolas en las Antillas (por aquel entonces Cuba, Puerto Rico y también Santo Domingo) obligaba a la naviera prestataria a disponer de una delegación en Cádiz, puerto oficial de salida de dicha línea. Para salir del paso, la firma A. López y Cía. habilitó, a finales de 1861, como sus primeros representantes en aquel puerto andaluz a la casa de comercio Abárzuza Hermanos, cuyos socios eran José y Fernando Abárzuza Imbrechts. Ambos habían nacido en Cádiz pero habían pasado su juventud y parte de su madurez vital en La Habana, donde habían ejercido como comerciantes. Entre sus diversas actividades cabe destacar su intensa dedicación a la trata africana, a la que habían querido dedicar algunos de sus buques (como las goletas Nueva Amable Salomé o Magdalena, detenida esta última por los británicos en diciembre de 1839). Los Abárzuza llegaron a tener, incluso, una factoría negrera propia en la africana región de Gallinas, administrada en sociedad con Miguel Azopardo (Nerín, 2015: 44). Es más, incluso después de regresar a Cádiz los hermanos Abárzuza Imbrechts siguieron dedicándose al comercio transatlántico de esclavos. Apenas un año antes de haberse convertido en los apoderados gaditanos de la naviera A. López y Cía. habían empleado su vapor Quevedo en una expedición a las costas africanas que consiguió cargar unos 1.250 cautivos en el Congo para desembarcarlos después en el norte de Cuba (Rodrigo, 2018: 211).

No obstante, aquella elección de la firma Abárzuza Hermanos fue únicamente una solución de urgencia. Forzados por las obligaciones del contrato oficial de conducción del correo a las Antillas, lo que hicieron fue crear una nueva sociedad, que quedó encargada de todo lo relativo al despacho de los buques en el puerto de Cádiz. Ésta adoptó el mismo nombre que su casa matriz, o sea, Antonio López y Compañía, pero tenía personalidad jurídica propia. La escritura social de la nueva firma A. López y Cía., de Cádiz, se firmó en Madrid el 6 de diciembre de 1862. En ella consta que sus principales objetivos eran «la consignación de los vapores de los Sres. A. López y Compañía de Alicante [y el] suministro de carbones a los mismos», así como que su capital fundacional fueron 500.000 pesetas. La mitad de su capital lo aportó la casa matriz, la naviera A. López y Cía. (de Alicante y de Barcelona), mientras que la otra mitad la aportaron, a partes iguales, dos socios comanditarios: el menorquín Antonio Vinent Vives y el sevillano Ramón Armero Peñaranda[15].

Este último era hermano del exministro de Marina Francisco Armero, futuro primer marqués de Nervión, cuya persona había inspirado el nombre del primer buque de vapor matriculado por Antonio López en Santiago de Cuba, el General Armero. Vinent era, por su parte, un antiguo capitán de la marina mercante perteneciente a una saga de hombres de mar naturales de Mahón, en Menorca, muy vinculados al comercio atlántico de esclavos. El propio Antonio Vinent había ejercido como capitán de varios buques mercantes en diferentes expediciones negreras a las costas africanas (como, por ejemplo, del velero Tres Hermanas, en 1831; y de la corbeta Grande Antilla o Gloria, en 1840), antes de instalarse en Cádiz, en 1842 (Nerín, 2015: 244; Rodrigo, 2018: 211-219). En dicha ciudad andaluza vivió durante los dieciocho años siguientes hasta que, en 1860, optó por mudarse a Madrid. Fue apenas dos años después, y desde la Villa y Corte, cuando Vinent quiso aportar cien mil pesetas al capital fundacional de la nueva A. López y Cía., de Cádiz. Aquélla resultó ser la primera sociedad participada, a la vez, por Antonio López y López (futuro marqués de Comillas) y por Antonio Vinent Vives (futuro marqués de Vinent), pero no la última. Al contrario, a partir de aquella primera alianza formal ambos hombres de negocios vinculados por igual a la trata africana, los dos volverían a coincidir, como veremos, en diferentes proyectos empresariales como la sociedad civil para la construcción de una nueva plaza de toros en la capital española, la Compañía para la Venta y Explotación de Inmuebles en Madrid en el Barrio de Salamanca, el Banco Hispano Colonial, el Banco de Castilla o el Crédito General de Ferrocarriles.

Quien quedó al frente de la nueva casa de comercio A. López y Cía., de Cádiz, fue José Gayón, el cual debió abandonar sus negocios en Santiago de Cuba para regresar a la Península. Gayón se situó al frente de la casa de Cádiz a mediados de 1863 y mantuvo su carácter de gerente durante los tres años siguientes. Tras su temprana muerte, ocurrida el 15 de enero de 1867, fue un hermano de su mujer (y cuñado además de Patricio Satrústegui), Carlos Barrié Labrós, quien pasó a asumir la intendencia de la empresa A. López y Cía. en la tacita de plata. La labor de José Gayón, primero, y de Carlos Barrié, después, resultó fundamental para el buen desempeño de dicha firma naviera como contratista oficial del correo entre España y sus tres colonias caribeñas. Este contrato supuso el inicio de una relación privilegiada con el Estado que se alargaría, tras varios concursos, hasta 1932, en tiempos de la Segunda República, o sea, hasta treinta y cuatro años después de la pérdida de las últimas colonias ultramarinas españolas. En vida de Antonio López hubo dos renovaciones del contrato: la primera tuvo lugar en 1868, y la segunda diez años más tarde. De aquella relación privilegiada con el Estado, la naviera A. López y Cía. obtuvo, eso sí, importantes beneficios por diversas vías que a medio plazo compensarían con creces el esfuerzo inversor realizado para la compra de aquellos seis vapores en unos pocos meses. Cabe señalar, de entrada, que aquella subvención de 29.500 duros por viaje redondo suponía para la empresa unos ingresos fijos y garantizados. Al principio, dicha sociedad realizaba dos viajes de ida y vuelta cada mes, es decir, veinticuatro viajes anuales, lo cual implicaba que entre 1862 y 1868 la naviera percibió del Estado un total de 3.540.000 pesetas cada año. A partir de 1868 y hasta 1877 la subvención por cada viaje redondo subió a 30.250 duros, y entre 1868 y 1872 los ingresos debieron rondar los 3.630.000 pesetas. Desde principios de 1873 el gobierno autorizó un tercer viaje mensual más con origen y destino en Santander, y así entre 1873 y 1877 la cantidad percibida por la conducción del correo a Cuba y Puerto Rico rondaría los 5.445.000 pesetas cada año. Con la subasta de 1878 la subvención se redujo, como consecuencia de la caída internacional del precio de los fletes, a 20.000 duros por viaje redondo, y así, a partir de esa fecha, la naviera percibiría del Estado 3.600.000 pesetas.

Estas cantidades suponían para A. López y Cía. unos ingresos fijos que le permitían afrontar con mayor seguridad el resto de las actividades propias de una empresa naviera privada, especialmente el transporte de pasajeros y de carga hacia las Antillas. Sin embargo, no eran la única fuente de beneficio que la compañía tendría de su contrato con el Estado. Merced a dicho acuerdo, la naviera contaría con la exención de los derechos de abanderamiento y matrícula, hecho que suponía unos gastos menores para la empresa. Tendría acceso también a algunos beneficios que se negaban a otras empresas navieras sin relación con el Estado: sus buques podían utilizar, por ejemplo, los diques que la armada disponía en La Carraca, en Cartagena o en Ferrol; en febrero de 1868 se les cedió gratuitamente un terreno en la playa del arsenal de San Juan de Puerto Rico para almacenar carbones para los buques; desde 1869 se eximió a sus vapores de pasar la cuarentena en caso de epidemia; y, a mediados de agosto de 1872, el Ministerio de la Guerra les cedería 18 hectáreas de terreno en la bahía de Cádiz para que edificasen un dique, el dique de Matagorda (Rodrigo, 2000: 30-33).

En los sucesivos contratos firmados entre A. López y Cía. y el Estado, además de la conducción del correo se preveía que los buques de la empresa podían transportar cualquier tipo de efectos a requerimiento del gobierno. Durante los primeros seis años el Estado pagaba el cien por cien del precio del flete, como cualquier particular, aunque en el pliego de condiciones de 1868 impuso una rebaja de un 10 por ciento justificada por el volumen de mercancías que proporcionaba a la compañía. Los ejemplos más significativos de efectos transportados serían tabaco, de Cuba a la Península, y sobre todo monedas de oro y plata, y metales preciosos no amonedados para su acuñación en la Gran Antilla, desde España a las colonias: las primeras remesas se enviarían en octubre de 1863, mes en el que los buques de A. López y Cía. trasladaron 3.500.000 pesetas en monedas de oro y plata. Los envíos irían creciendo en intensidad, y así, entre abril y octubre de 1880, el Estado utilizaría los vapores de la naviera para mandar el equivalente a 27.000.000 de pesetas en oro. Además de oro, plata y tabaco, los buques transportarían otras mercancías por encargo del Estado. A título anecdótico cabe señalar que en mayo de 1864 el vapor Príncipe Alfonso trasladaría a Cuba y Puerto Rico las colecciones de pesas y medidas del sistema métrico decimal.

Pero sin duda la principal actividad derivada del contrato y que generaba importantes beneficios para la empresa era el transporte de tropas. No en vano, desde antes de empezar el servicio la naviera era consciente de las posibilidades que se le abrían por este concepto y, ya el 1 de enero de 1862, el delegado de la empresa en Madrid se interesaba por las condiciones y el precio del transporte de los soldados a Ultramar. Desde el primer momento, el Estado utilizó los vapores de la naviera para transportar los quintos con destino a Ultramar. La guerra de Santo Domingo (1863-1865), primero, y sobre todo la guerra de los Diez Años de Cuba (1868-1878), después, dispararon el número de soldados y oficiales transportados a las Antillas, hasta el punto de que la compañía hubo de fletar en numerosas ocasiones vapores en viaje extraordinario.

Cuando los militares utilizaban un viaje ordinario de los vapores-correos, el Estado debía pagar solamente el coste estipulado por el pasaje, pero cuando era necesario fletar un vapor en viaje extraordinario pagaban, además del coste por los soldados y oficiales, la cantidad que estipulase el contrato vigente para los vapores ordinarios. En ocasiones, los viajes a las Antillas llevaban aparejado el transporte previo de los soldados desde los depósitos en otros puertos (Barcelona, Málaga, Santander, La Coruña) hasta el de Cádiz. También estos traslados por el litoral suponían un ingreso adicional para la empresa. En 1862, por ejemplo, la naviera cobraba 166 reales por oficial y 66 reales por soldado transportado desde Málaga a Cádiz. Al organizar el Estado, en 1864, una subasta para contratar los traslados de los soldados desde los diferentes depósitos hasta Cádiz, puerto de cabecera de la línea de las Antillas, ésta quedó desierta y el Estado se vio obligado a contratar directamente con A. López y Cía. Además, en los dieciocho días que duraba la travesía atlántica, los soldados consumían en las cantinas de los buques. Según Hernández Sandoica, cada viaje de tropa le proporcionaba a la compañía entre 60.000 y 70.000 pesetas por este concepto (Hernández Sandoica, 1982: 81). Cuando la empresa se vio obligada a subarrendar algunos viajes extraordinarios en tiempo de guerra a otras compañías, como la Olano, Larrínaga y Cía., se reservó para sí la explotación de las cantinas, lo cual demuestra la importancia que tenían para la A. López y Cía. los ingresos por esta vía.

No cabe duda de que la obtención de aquel contrato oficial de conducción del correo y de las tropas entre España y sus colonias antillanas significó un acontecimiento trascendental en la trayectoria vital y empresarial de Antonio López, o sea, tanto para su actividad como hombre de negocios cuanto, sobre todo, para su ulterior enriquecimiento. Un contrato conseguido, como vimos, en una subasta pública que se celebró en Madrid el 10 de octubre de 1861 pero que no entró en vigor hasta cuatro meses después, en febrero de 1862. En tanto que empresario, la etiqueta que mejor definía entonces al de Comillas era la de «naviero». Una vez la firma Antonio López y Compañía hubo conseguido aquel contrato, su principal gerente no quiso limitar, sin embargo, su dimensión como hombre de negocios a la gestión de una única empresa, ni siquiera aunque se tratara de la sociedad que acabaría convirtiéndose en la principal firma naviera española. López quiso emprender, además, nuevos proyectos empresariales. El primero de ellos se dio en el sector financiero, de manera que el de Comillas pudo pronto añadir un nuevo epíteto a su definición como hombre de negocios: a partir de 1863, además de «naviero», López pasó a ser también «banquero». No en vano se convirtió aquel mismo año en el primer vicepresidente de un banco que se creó entonces en Barcelona.

Al principiar la década de 1860, en el mapa del sector financiero barcelonés destacaban un banco, dos cajas y dos sociedades de crédito. El primero, el Banco de Barcelona, se había creado en 1844 y había obtenido el monopolio de emisión de moneda en la capital catalana, del cual disfrutaría durante los siguientes treinta años. Actuaban también entonces en la capital catalana la Caja Barcelonesa de Giros, Descuentos, Préstamos y Cuentas Corrientes (nacida en 1855), así como la Caja Catalana Industrial y Mercantil (creada un año después, en 1856). En enero de ese último año y en el marco del bienio progresista, el Congreso de los Diputados español aprobó la llamada Ley de Sociedades de Crédito, que regulaba un nuevo tipo de entidad financiera cuya única diferencia con los llamados «bancos» era su incapacidad para emitir billetes. No obstante, al atribuir a dichas sociedades de crédito una extensa gama de competencias, dicha ley les permitía cubrir prácticamente todos los campos propios de la actividad bancaria. A rebufo de aquel nuevo marco legal, en aquel mismo año de 1856 se crearon en Barcelona dos instituciones financieras de ese tipo: la Sociedad Catalana General de Crédito y el Crédito Mobiliario Barcelonés. Y unos años después, entre 1863 y 1864, se registró una oleada de creación de nuevas sociedades de crédito a lo largo y ancho de la geografía española.

Un verdadero boom que afectó también a la capital catalana, donde llegaron a crearse, en muy poco tiempo, hasta tres nuevas sociedades de crédito: El Comercio, El Ensanche y Mejora de Barcelona, y la sociedad de Crédito Mercantil. Fue en la creación de esta última entidad financiera en la que participó precisamente, y de forma destacada, Antonio López y López. Su constitución tuvo lugar el 12 de abril de 1863. Aquel día se dieron cita un total de veinticinco hombres de negocios de Barcelona, quienes fueron los fundadores del nuevo banco. El capital nominal de aquella nueva sociedad de Crédito Mercantil se fijó en veinticinco millones de pesetas y estaba dividido en 50.000 acciones de 500 pesetas cada una. Así, cada uno de aquellos veinticinco accionistas fundadores debió suscribir 2.000 de aquellos títulos, con un desembolso inicial efectivo del 25 por ciento de su valor nominal. Así, para poner en marcha aquel nuevo banco el propio López se comprometió a aportar, de entrada, 250.000 pesetas. Vale la pena hacer hincapié en que ocho de aquellos veinticinco hombres de negocios que crearon entonces el Crédito Mercantil (o sea, el 32 por ciento de sus socios fundadores) eran indianos enriquecidos en América, en diversos puertos del Gran Caribe. Me refiero al propio Antonio López, José Amell Bou y Manuel Vidal Quadras Ramon (enriquecidos los tres en Santiago de Cuba), a Juan Güell Ferrer, José Canela Raventós y José Samá Mota (en La Habana), a Antonio Morera Buxó (en Puerto Rico), así como a Andrés Anglada Goyeneche (enriquecido en Veracruz). Una nueva y buena muestra del peso que los indianos enriquecidos en América (y de forma singular en Cuba), como el propio Antonio López, tuvieron en el seno de la burguesía barcelonesa de mediados y finales del siglo XIX.

Es más, sin ser propiamente un indiano, otro de los fundadores del Crédito Mercantil estaba muy relacionado con Cuba. Me refiero a José Ferrer Vidal, cuya mujer, Concepción Soler, había nacido en Matanzas, capital de uno de los distritos azucareros más importantes de la Isla. Sus inicios, por otro lado, como administrador de una próspera empresa algodonera de Vilanova i la Geltrú no pueden explicarse si no es a partir de su relación con el indiano Sebastián Gumá, padre de Francisco, Casimiro y Joaquín Gumá Ferran, socios de la importante casa comercial Gumá Hermanos de Matanzas. Por otro lado, el tío paterno de José Ferrer Vidal, el capitán mercante Juan Ferrer Roig, había sido capitán de buques negreros en varias expediciones que rindieron viaje en Cuba. Otro indiano vinculado también al Crédito Mercantil fue el comerciante Francisco Jaurés Gualba. A pesar de que no pudo participar en su creación, precisamente porque seguía viviendo en la mayor de las Antillas, Jaurés acabaría incorporándose dos años después, en 1865, al consejo de administración de dicho banco, una vez retornó a Cataluña desde la Isla.

Aunque su reunión fundacional tuvo lugar el 12 de abril de 1863, el Crédito Mercantil no recibió la preceptiva autorización gubernamental para iniciar su actividad hasta el mes de enero de 1864. Fue entonces cuando dicho banco pudo abrir sus puertas e iniciar su actividad. El primer presidente del Crédito Mercantil fue el industrial nacido en Moià Tomás Coma Miró, mientras que su primer vicepresidente fue Antonio López y López. Los dos habían coincidido, por cierto, en el fallido intento de crear, unos años antes, una sociedad aseguradora llamada La Mallorquina, de cuya primera junta directiva ambos formaron parte. Es más, todo indica que a López y a Coma les unía una relación de profunda confianza, tal vez incluso de amistad. No en vano, en el testamento que este último otorgó en agosto de 1863, o sea, apenas cuatro meses después de haberse constituido el Crédito Mercantil, Tomás Coma nombró a Antonio López como uno de sus albaceas[16].

Quiero señalar que, desde su fundación y en tanto que institución financiera, la principal característica del Crédito Mercantil fue su ausencia de especialización. Hablamos de una entidad que se dedicó a las operaciones propias de la banca comercial aunque también mostró las características propias de un banco industrial o de negocios, sin olvidar, en ningún momento, su especial preocupación por la actividad inmobiliaria en el Ensanche de Barcelona. Prácticamente desde su fundación, los recursos ajenos a dicho banco fueron superiores a sus recursos propios, lo que le permitió ejercer bien su función como intermediario entre ahorradores e inversores, transformando los depósitos bajo su custodia en créditos a corto y medio plazo, y financiando así el capital circulante de las empresas comerciales e industriales. Se dedicó también al descuento de efectos comerciales y al préstamo sobre valores admitidos en pignoración. Y aunque la ley que regulaba las sociedades de crédito no establecía ningún tipo de coeficiente de caja, en el caso del Crédito Mercantil y en sus dos primeros ejercicios el líquido en caja estuvo siempre por debajo del 12 por ciento (y, en ocasiones, del 7 por ciento), lo que indica una baja proporción de recursos ociosos y un uso intensivo de sus recursos, propios y ajenos. Valga señalar que en 1864 el movimiento medio diario de caja se situó en torno a 1.400.000 pesetas. Con esa actividad, resulta comprensible que el Crédito Mercantil fuese una empresa financiera capaz de generar beneficios y de repartir dividendos entre sus accionistas. En su primer ejercicio social (1864) repartió un dividendo de 25 pesetas por acción, equivalentes al 20 por ciento del valor desembolsado por sus títulos, mientras que en el siguiente ejercicio (1865) el dividendo fue de 20 pesetas por título, o sea, del 16 por ciento de la inversión. No puedo señalar, con precisión, cuántas acciones mantuvo su vicepresidente, Antonio López y López, bajo su propiedad en aquellos dos años aunque supongo que fueron, cuando menos, las mismas 2.000 que había suscrito cuando se fundó. Si así fuera, en menos de dos años el de Comillas debió de percibir unos dividendos por un valor total de 82.000 pesetas, una cantidad ciertamente notable. Pudieron ser, tal vez, superiores y es que sabemos que siete años después de la fundación del Crédito Mercantil López había multiplicado por seis el número de títulos bajo su propiedad, que se situaban entonces, en 1870, en 12.000 acciones (un 24 por ciento del total). Sea como fuere, parece bastante claro que su participación en dicho banco permitió a Antonio López seguir aumentando su fortuna.

Además de sus funciones como banco comercial, el Crédito Mercantil desarrolló también una notable actividad inmobiliaria. El 9 de enero de 1864 sus impulsores se pusieron de acuerdo con Jaime Safont para comprarle la mitad de los terrenos que éste disponía en torno al futuro paseo de Gracia, en los llamados Campos Elíseos. Y el 12 de marzo de 1864 crearon, con el propio Safont, una sociedad civil cuya única finalidad era gestionar la venta de dichos terrenos, tanto de la mitad cuya propiedad se había reservado Safont como de la mitad que acababan de comprarle. El momento para vender aquellos terrenos no podía ser más propicio. En general, durante el primer lustro de la década de 1860 tuvo lugar una gran expansión edificatoria en la ciudad de Barcelona, resultado de la entrada de los solares del Ensanche en el mercado inmobiliario. En el año anterior, 1863, no sólo fue cuando el trazado vial del Ensanche de Barcelona tomó un carácter definitivo sino, además, cuando la actividad constructora en Barcelona llegó a su máximo en relación con los quince años anteriores. En aquel año de 1863 el 55,7 por ciento de todas las viviendas construidas en la capital catalana se edificaron en el Ensanche y la zona mejor situada era la central, donde se ubicaban aquellos Campos Elíseos. Fue el 6 de mayo de 1864 cuando sacaron a subasta los mejores terrenos disponibles del Crédito Mercantil, es decir, los más cercanos al núcleo antiguo de Barcelona, situados en el mismo paseo de Gracia. Curiosamente o no, las únicas ofertas que se recibieron entonces fueron las que hicieron tres miembros de su junta de gobierno (Tomás Coma, Agustín Robert y José Ferrer Vidal), así como uno de sus fundadores, Evaristo Arnús. El importe total de aquellas ventas se fijó entonces en 1.548.560 pesetas.

Aunque Antonio López no se presentó a aquella subasta realizada por el Crédito Mercantil el 6 de mayo de 1864, seis meses después, el 7 de noviembre, un tal Juan Mata Vendrell, alto empleado de Tomás Coma, reconoció y declaró ante un escribano público «que su principal Don Tomás Coma y Miró fue y concurrió a la subasta […] en nombre propio y en el del Excelentísimo Señor Don Antonio López y López, y por encargo especial suyo». Siendo así, por lo tanto, debía entenderse que tanto la puja como el remate final verificado por Coma se había realizado «a cuenta y por mitad de ambos». En el otoño de 1864 López adquirió, de aquella manera, un solar de 2.293 metros cuadrados (equivalentes a 60.702 palmos cuadrados) a razón de 14,125 reales cada palmo. Un solar situado en el mismo paseo de Gracia, en la manzana que daba también a las calles Aragón, Valencia y Pau Claris. El precio que se comprometió a pagar entonces fue de 223.995 pesetas.

De la misma manera que el presidente del Crédito Mercantil acabó cediendo al vicepresidente del banco, Antonio López, la mitad del terreno edificable que había adquirido en la subasta del 6 de mayo, los otros tres postores hicieron lo propio con parte de sus respectivos solares. José Ferrer Vidal, por ejemplo, cedió a su hermano Rafael la mitad del terreno que se había adjudicado, mientras que Agustí Robert cedió 112.581 palmos cuadrados a Dominga Juera, Francisco Jaurés y Manuela Xiqués. Evaristo Arnús, por su parte, hizo lo propio cediendo 90.000 palmos de terreno a Manuel Torres Venecia y a Santiago García Pinillos. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que aquellos cuatro hombres y dos mujeres que acabaron comprando solares de los Campos Elíseos eran todos indianos. Tanto Dominga Juera como Manuela Xiqués, viudas de José Vilar y de Roque J. Llopart, respectivamente, como Rafael Ferrer Vidal, Francisco Jaurés Gualba, Manuel Torres Venecia o Santiago García Pinillos se habían enriquecido en la Gran Antilla antes de instalarse en Barcelona. Este último lo había hecho en concreto en Santiago de Cuba y, tal como describimos en el capítulo 3, durante unos años y a través de su empresa Pinillos y Cía. había gestionado en dicha ciudad, conjuntamente con la firma Antonio López y Hermano, dos almacenes de ropa, ubicado uno en la calle Enramadas y el otro en la calle Santo Tomás. Rafael Ferrer Vidal, por otro lado, se había enriquecido en la ciudad de Matanzas, donde había sido uno de los impulsores del Banco de San Carlos de Matanzas, así como también de su prestigioso Teatro Esteban (o Sauto), institución cultural que contribuyó a que esta urbe acabara siendo conocida como la Atenas de Cuba. También en aquella dinámica ciudad cubana se había enriquecido Francisco Jaurés, quien tras su regreso a Cataluña se había incorporado, por cierto, como uno de los seis socios gerentes a la poderosa casa de comercio José Canela y Compañía, fundada en Barcelona en 1861.

Para completar con éxito aquella gran operación inmobiliaria en la mejor zona del Ensanche de Barcelona, el Crédito Mercantil necesitaba vender el resto de los terrenos de los antiguos Campos Elíseos. Así, una vez reservados a sus principales accionistas los mejores solares de los susodichos terrenos, el banco pudo acordar la venta del resto de ellos con un único comprador, el empresario madrileño José de Salamanca Mayol. El 2 de agosto de 1865 el futuro marqués de Salamanca compró, en efecto, los terrenos restantes de los Campos Elíseos a razón de 8 reales el palmo cuadrado, lo que significaba un importe total de 3.765.576 pesetas. Al pagarlo, sin embargo, en diez plazos anuales se acordó un interés anual del 6 por ciento, lo que elevaba así el importe total que el comprador debía abonar al Crédito Mercantil hasta 4.286.907 pesetas. Con aquella magna operación se cerraba una compleja obra de ingeniería especulativa que había situado al Crédito Mercantil como una de las principales sociedades en la gestión de los terrenos del Ensanche de Barcelona. No obstante, mientras que el resto de las firmas inmobiliarias que allí operaron (como, por ejemplo, La Constructora Catalana, el Fomento del Ensanche de Barcelona o El Ensanche y Mejora de Barcelona) incorporaban entre sus actividades, además de la compra del suelo, la realización de obras de urbanización y de servicios, así como también la construcción de los inmuebles, el Crédito Mercantil se limitó a especular con los susodichos y céntricos solares. O sea, a comprárselos a Safont con un precio a la baja para venderlos ulteriormente en la búsqueda de amplias plusvalías.

El anterior propietario de los Campos Elíseos, Jaime Safont Lluch, formaba parte de una familia de dinámicos empresarios catalanes cuyos intereses se repartían a lo largo y ancho de la geografía española. Originarios de Vic, los Safont se habían convertido en los principales compradores de bienes desamortizados de toda España. Tanto su padre, José Safont Casarramona, como su hermano José habían operado desde Madrid, ciudad a la que habían trasladado su residencia en 1830. Jaime Safont se mantuvo, por su parte, en Barcelona y acumuló una notable fortuna. En 1852 era, sin ir más lejos, el mayor contribuyente de la capital catalana. Ahora bien, unos años después, a partir de 1859, sus negocios empezaron a hacer aguas y se vio obligado a vender algunas de sus muchas fincas y a recurrir al crédito para sortear los problemas. Conscientes de su delicada situación financiera, los promotores del Crédito Mercantil planificaron así la operación de compra y venta de los Campos Elíseos, la cual se desarrolló en apenas dos años, entre enero de 1864 y agosto de 1865. Y que culminó con amplias plusvalías para López y sus socios en dicho banco.

Cabe señalar, por otro lado, que el Crédito Mercantil se implicó también en el negocio ferroviario. Y lo hizo prácticamente nada más nacer. De hecho, en la junta de accionistas de la Compañía del Ferrocarril de Zaragoza a Pamplona reunida en mayo de 1864 se daba cuenta del inicio de unas conversaciones para estudiar su fusión con otra empresa ferroviaria, la Compañía del Ferrocarril de la Compañía de Barcelona a Zaragoza. Y sabemos que varios consejeros del Crédito Mercantil, entre ellos el propio Antonio López, tuvieron un papel destacado en dichas negociaciones. Sabemos también, gracias a los trabajos de Pere Pascual, que tres años antes, en 1861, se hizo evidente que la Compañía del Ferrocarril de Barcelona a Zaragoza no obtendría, ni siquiera a medio plazo, beneficios suficientes que le permitiesen hacer frente a los intereses de sus obligaciones. Y que a la altura de 1864 dicha empresa ferroviaria estaba a punto de suspender pagos. La opción que le permitiría evitar su quiebra pasaba por sacrificar su independencia y aceptar su fusión con la compañía que gestionaba la línea desde Zaragoza hasta Pamplona. El pacto de fusión entre ambas empresas ferroviarias se firmó el 13 de diciembre de 1864. Entre las condiciones del mismo cabe destacar que se convino que el Crédito Mercantil iba a ser la institución financiera que garantizaba la conversión de los empréstitos pendientes de la Compañía del Ferrocarril de Barcelona a Zaragoza en obligaciones de la Compañía del Ferrocarril de Zaragoza a Pamplona. Nació entonces una nueva empresa ferroviaria, fruto de la unión de las dos anteriores, llamada Compañía del Ferrocarril de Zaragoza a Pamplona y Barcelona, que reservó tres asientos de su primer consejo de administración a tres hombres del Crédito Mercantil: su gerente, Francisco Sepúlveda Ramos; uno de sus consejeros, Agustín Robert Gorgoll; y su vicepresidente, Antonio López y López. Así empezó, en diciembre de 1864, la incorporación del futuro marqués de Comillas al negocio ferroviario.

No hacía todavía diez años que López se había instalado definitivamente en Barcelona y ya se había ganado un puesto destacado en el competitivo mundo empresarial de dicha ciudad. Por un lado había conseguido levantar, a sus expensas, un lujoso edificio en la plaza del Duque de Medinaceli, adonde había trasladado su residencia en septiembre de 1862. Por otro lado, a su condición de socio principal de la naviera Antonio López y Cía. le había sumado, a partir de 1863, su implicación en el mundo financiero de la ciudad (en tanto que vicepresidente-fundador del Crédito Mercantil), así como, un año después, en el mundo de la explotación ferroviaria, en tanto que consejero de la Compañía del Ferrocarril de Zaragoza a Pamplona y Barcelona. López tenía entonces cuarenta y seis años, y toda una vida por delante. Debía echar en falta, no obstante, la posesión de uno de los elementos que definía y distinguía a la gran burguesía de la ciudad. Me refiero a la propiedad de un palco en el Liceo. Pues bien, apenas dos meses después de haberse firmado el convenio de fusión entre la Compañía del Ferrocarril de Barcelona a Zaragoza y su homóloga de Zaragoza a Pamplona, exactamente el 17 de febrero de 1865, Antonio López consiguió adquirir, por fin, un palco en dicho teatro. Quien firmó la escritura de compra fue, de hecho, su mujer, Luisa Bru Lassús. Lo hizo «en calidad de procuradora que para las infrascritas cosas se halla ser legítimamente constituida por su esposo, el Excmo. Sr. D. Antonio López y López». También la vendedora del susodicho palco fue una mujer, María del Carmen de Gispert y Ferrer, viuda de Ramón Puigmartí Matas, la cual vendió al matrimonio López-Bru el palco número 6 del primer piso del Gran Teatro del Liceo de Isabel II a cambio de 11.200 duros. Quien fungió, por cierto, como testigo de aquella operación fue el industrial Tomás Coma, el cual no sólo era el presidente del Crédito Mercantil sino también un buen amigo de Antonio López[17]. Adquirido, por fin, un palco en el Liceo, al de Comillas y a su familia sólo les faltaría un elemento importante para seguir las pautas habituales en su clase: disponer de una finca de recreo cerca de Barcelona. No les faltaba mucho, por cierto, para conseguirla.

Mientras tanto, en aquel año de 1865 y a pesar de la acordada fusión entre aquellas dos firmas ferroviarias con origen o destino en la capital aragonesa, las deudas de la antigua Compañía del Ferrocarril de Barcelona a Zaragoza no dejaron de crecer. En virtud de los compromisos adquiridos en el pacto de fusión, fue el Crédito Mercantil la entidad financiera que tuvo que facilitar la liquidez necesaria para que dicha empresa pudiese cubrir tanto la amortización como el pago de los cupones de sus obligaciones. Por esa razón, al acabar aquel ejercicio de 1865 la susodicha firma ferroviaria debía al Crédito Mercantil una cantidad ciertamente respetable: un total de 993.624 pesetas. La economía catalana estaba, entonces, a las puertas de una nueva y profunda crisis financiera vinculada precisamente a la falta de rentabilidad de las compañías ferroviarias autóctonas. Una crisis que acabaría estallando, a modo de verdadero pánico financiero, en mayo de 1866. Tal como ha señalado Pere Pascual, «el fracaso de la Compañía del Ferrocarril de Barcelona a Zaragoza […] fue lo que desencadenó el pánico entre los accionistas y obligacionistas de las compañías ferroviarias catalanas, el cual determinó que la crisis de 1866 tuviera en Barcelona características dantescas» (Pascual, 1983: 1907). Ahora bien, las crisis pueden ser también una puerta a nuevas oportunidades de negocio, en especial para quienes tienen un patrimonio robusto. Así sucedió con Antonio López y López, quien supo aprovechar dicha crisis como la mejor palanca para culminar un viejo proyecto. Lo hizo inmediatamente, en aquel mismo mes de mayo de 1866, aprovechándose de nuevo de las dificultades financieras que seguían aquejando a Jaime Safont Lluch.

Antonio López tenía la intención de disponer de una finca de recreo a las afueras de Barcelona, como venía siendo habitual entre quienes integraban la alta burguesía de la capital catalana en su generación. La oportunidad le vino dada, precisamente, con una finca llamada Cuadra de la Mogoda, una heredad que Jaime Safont Lluch tenía en el vecino municipio de Santa Perpètua de Mogoda. Ambos firmaron el contrato de arras en Barcelona, el 11 de mayo de 1866, y su definitiva escritura apenas dos semanas después. El precio de la venta se fijó en 125.000 duros (o sea, en 625.000 pesetas) aunque, en realidad, Safont apenas percibió entonces un 20 por ciento de dicha cantidad, o sea, 25.000 duros. Las otras 500.000 pesetas se las reservó López para cancelar una hipoteca que pesaba sobre dicha finca, la cual estaba vinculada a un préstamo de igual cantidad, al 6 por ciento de interés, que su propietario había suscrito dos años antes, en concreto el 12 de marzo de 1864. ¿Quién le había prestado aquella abultada cantidad? Pues había sido precisamente el Crédito Mercantil, del cual López era accionista y vicepresidente. Si nos fijamos, además, en la fecha de concesión de dicho préstamo observaremos que se trataba del mismo día en que Jaime Safont y el Crédito Mercantil constituyeron una sociedad civil para la venta de los terrenos del primero en el Ensanche, o sea, de los antiguos Campos Elíseos. Ambas operaciones parecen estar vinculadas y nacieron de la necesidad de Safont de obtener liquidez para evitar, o al menos aplazar, su bancarrota. Dos años después, en mayo de 1866, el de Vic no había conseguido resolver sus problemas financieros y se vio obligado a desprenderse de su finca en Santa Perpètua al ser incapaz de retornar el principal del crédito.

López tomó entonces la posesión de dicha finca pero se negó, de entrada, a abonar al Crédito Mercantil las 500.000 pesetas a las que se había comprometido con Safont para cancelar el préstamo que éste había contraído con dicha entidad en 1864. Dicho de otra manera, habiendo pagado apenas 125.000 pesetas, el de Comillas pudo disfrutar de una finca cuyo verdadero valor era muy superior. No quiso abonar dicha cantidad porque un hermano del vendedor, Miguel Safont Lluch, y una de sus sobrinas, Josefa Safont Parellada, se negaban a ratificar la escritura de venta de la Cuadra de la Mogoda. Aquel hecho demoró la adquisición de la plena y nuda propiedad de dicha finca pero no su posesión, que López tomó aquel mismo mes de mayo de 1866. Hablamos de una finca que «consta[ba entonces] de una casa grande o principal con capilla, varias dependencias, jardín, huerto y frutal cerrado de paredes […], cuadras, corrales, cabañas, quince casas pequeñas para colonos, un molino harinero de tres muelas con sus enseres, aparejos y útiles correspondientes y casa para el molinero», además de terrenos de cultivo hasta sumar un total de 229 hectáreas. López compró también «la mina con el agua que lleva», desde la cercana riera de Caldes, «cuya agua sirve de motor al molino y para el riego de las tierras» de la susodicha finca[18]. Debo advertir que López no compró entonces la antigua Cuadra de la Mogoda al completo sino sólo sus dos terceras partes. El otro tercio era propiedad de los hermanos Gil Serra, o sea, de los hijos del dinámico empresario Pedro Gil Babot, fundador de la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas, entre otras muchas empresas. Los hermanos Gil disponían, de hecho, de 108 hectáreas de terreno, contiguas a las tierras que Antonio López compró, en Santa Perpètua, en mayo de 1866. Y una y otra porción de la misma finca se había dedicado a las tareas agrarias.

Aquella crisis financiera desatada en mayo de 1866 que obligó a Jaime Safont a desprenderse de sus tierras y casas en Santa Perpètua de Mogoda no parece haber afectado a la economía de Antonio López ni tampoco a la marcha de su empresa naviera. Sirva como muestra la escritura de disolución de la casa de comercio A. López y Cía., de Cádiz, aquella sociedad que se había creado, en diciembre de 1862, para atender el despacho de los vapores en la línea de las Antillas y que contaba con dos socios comanditarios: el militar Ramón Armero y Peñaranda y el hombre de negocios Antonio Vinent Vives. El plazo de duración de dicha compañía se había fijado en cinco años, los cuales terminaban el 31 de diciembre de 1867. Llegado aquel día, sus socios no quisieron prorrogar la vigencia de dicha contrata y optaron por liquidarla. Hubo que devolver, entonces, el capital que unos y otros habían invertido, así como repartirse los beneficios acumulados en su quinto y último ejercicio social, correspondiente al año natural de 1867. De esa manera, tanto Ramón Armero como Antonio Vinent se reintegraron de las 125.000 pesetas que cada uno había aportado cinco años antes como capital comanditario y, además, de 32.710 pesetas como «utilidades líquidas obtenidas por la casa de A. López y Compañía de Cádiz en el año próximo pasado de 1867». Si tenemos en cuenta que, a la hora del reparto de beneficios, cada uno de los dos socios comanditarios recibía solamente el 20 por ciento de las ganancias de la susodicha empresa, resulta que el beneficio neto total de la misma en aquel ejercicio ascendió a 163.550 pesetas, lo que significa una tasa de rentabilidad superior al 32 por ciento. Más aún, teniendo en cuenta que ni Ramón Armero ni Antonio Vinent recuperaron efectivamente su inversión inicial hasta junio de 1868, o sea, seis meses después de la disolución de aquel contrato de sociedad «y como prueba también de la buena amistad y cordial inteligencia que ha reinado y reina entre todos […] los Señores A. López y Compañía [de Alicante y Barcelona] pagarán a los señores Vinent y Armero» 40.000 pesetas más, a modo de dádiva graciosa. Una cantidad que Vinent y Armero debían percibir el 31 de diciembre de 1868 pero que percibieron de forma anticipada, el 9 de noviembre de aquel año[19]. Una generosidad que obviamente fue posible por la buena marcha de la naviera López.

Y si el 31 de diciembre de 1867 se dio por finalizado el contrato y la razón social de la firma A. López y Cía., de Cádiz, apenas un día después, el 1 de enero de 1868, la empresa homónima A. López y Cía., de Alicante y Barcelona, se incorporó como socia comanditaria de la firma habanera Samá Sotolongo y Cía, de La Habana. Se trata de la empresa que se encargaba de la consignación de los buques de la naviera López a su llegada a la capital cubana. Teniendo en cuenta quiénes eran los socios que integraban aquella firma y la relación que algunos acabaron teniendo tiempo después con Antonio López, vale la pena hacer una breve referencia a la historia de dicha compañía, la cual nace de la actividad del catalán Salvador Samá Martí. Nacido en Vilanova i la Geltrú, Samá marchó a Cuba en 1811, cuando contaba apenas catorce años, para emplearse en el negocio familiar: el comercio al por mayor de cualquier tipo de género, pero principalmente de vinos y de esclavos. A la muerte de sus tíos Pablo Samá Parés (1832) y Juan Samá Vilardell (1838), Salvador les sucedería al frente del negocio familiar. Aquel mismo año fundó la razón social Samá y Hermano, participada también por sus hermanos Juan, Jaime y Manuel Samá Martí, este último hasta su muerte, en 1844. Dos años antes, en 1842, una de las sobrinas de Salvador Samá, Francisca Samá Mota, hija de su hermano Jaime, se casaba en La Habana con un joven y prometedor empresario nacido en el País Vasco. Me refiero a Julián Zulueta Amondo, cuya trayectoria vital y empresarial se cruzaría con la de Antonio López en diferentes ocasiones. Un hermano de Francisca, por cierto, llamado José Samá Mota se incorporó, en enero de 1851, como socio gerente de aquella habanera firma de los Samá, la cual pasó entonces a denominarse Samá y Compañía. Y con este nombre giró aquella empresa durante los siguientes siete años, hasta que se transformó, en febrero de 1858, en la nueva Samá Sotolongo y Cía. (Rodrigo, 1998).

Fue entonces cuando los Samá dieron entrada en la administración de su empresa familiar a un criollo llamado Pedro Sotolongo Alcántara, el cual sumaba entonces treinta y cuatro años. Sotolongo asumió la condición de socio industrial de la susodicha compañía y su protagonismo en la dirección de la misma debió crecer poco después cuando el único socio gerente de Samá Sotolongo y Cía., José Samá Mota, trasladó su residencia desde La Habana a Barcelona. Lo hizo tras la muerte de su padre, Jaime Samá Martí, quien falleció en la capital catalana el 21 de enero de 1859. Valga recordar que José Samá Mota acabaría siendo, como antes señalé, uno de los veinticinco socios fundadores de la sociedad de Crédito Mercantil, iniciativa que compartió, entre otros, con Antonio López. De una forma u otra, en enero de 1861 se reformó la escritura de sociedad de la firma habanera Samá Sotolongo y Cía., empresa que contaba entonces con un capital de 300.000 pesos fuertes. El cubano Pedro Sotolongo Alcántara se mantuvo como socio industrial de una empresa que un año después, en 1862, pasó a ser la firma consignataria de los vapores de la A. López y Cía. a su llegada en La Habana, así como la compañía encargada de despacharlos también rumbo a Cádiz. La prensa cubana recogía numerosos anuncios que daban cuenta de las fechas de salida de los buques de la naviera López en La Habana, unas partidas que tenían lugar los días 15 y 30 de cada mes. Y también de los precios, que, para un viaje La Habana-Cádiz, se situaban en 200 pesos fuertes (para un viajero de primera clase), en 140 pesos (para uno de segunda) y en 60 pesos (para quienes fueran en tercera clase). El domicilio de la firma consignataria, o sea, de Samá Sotolongo y Cía., se situaba entonces en el número 2 de la habanera calle Baratillo[20].

Dos años después de que los vapores de la naviera A. López y Cía. hubieran empezado a arribar a La Habana, en 1864, Sotolongo alcanzó por fin la condición de socio gerente, o colectivo, de la empresa que llevaba su nombre. La muerte, sin embargo, de Salvador Samá Martí, primer marqués de Marianao (acaecida en la capital cubana, el 24 de junio de 1866), así como el previo fallecimiento de su sobrino José Samá Mota (que se había producido en Barcelona el 14 de mayo de 1866), tuvieron consecuencias directas en la antigua empresa familiar de los Samá. En enero de 1868 hubo una profunda renovación de la estructura societaria de la firma Samá Sotolongo y Cía. De sus cinco socios anteriores, en la nueva contrata sólo se mantuvieron dos: el socio industrial Joaquín Freixas y el socio gerente Pedro Sotolongo. Se incorporó entonces un nuevo gerente, Antonio Samá Urgellés, el único miembro de la familia Samá entre aquellos cinco socios. Y se incorporaron también dos nuevos socios comanditarios, los cuales aportaron parte de sus caudales a la susodicha empresa pero sin poder intervenir de forma directa y ulterior en su administración. Uno de ellos fue, precisamente, el alavés Julián Zulueta Amondo, mientras que el otro lo constituía la naviera Antonio López y Compañía. Los 300.000 pesos fuertes de capital de la nueva Samá Sotolongo y Cía. (equivalentes a un millón y medio de pesetas) se repartieron de la siguiente manera: Sotolongo y Zulueta aportaron 100.000 pesos cada uno, mientras que Antonio Samá Urgellés y A. López y Cía. comprometieron la mitad de dicha cantidad, o sea, 50.000 pesos fuertes cada uno.

A partir de aquella fecha (enero de 1868) y durante casi nueve años (hasta su disolución, en diciembre de 1876), la firma Antonio López y Compañía se mantuvo como socia comanditaria de Samá Sotolongo y Cía., percibiendo así una parte de las notables ganancias generadas por aquella importante casa de comercio cubana. En tan sólo dos años, en el bienio 1868-1869, dicha firma habanera alcanzó unos beneficios netos equivalentes al 72 por ciento de su capital, o sea, 215.100 pesos, una parte de los cuales (exactamente 17.925 pesos o, lo que es lo mismo, 89.625 pesetas) engrosó de forma directa la cuenta de ganancias de la firma A. López y Cía. Ahora bien, la incorporación de esta última como socia comanditaria de su casa consignataria, en La Habana, hizo posible algo más. Le permitió a su principal gerente, Antonio López, estrechar sus relaciones con sus socios en dicha compañía y, de manera singular, con Pedro Sotolongo y con Julián Zulueta. Este último era uno de los empresarios más ricos e influyentes de la Isla. Había llegado a Cuba, en 1832, reclamado por uno de sus tíos, Tiburcio Zulueta, y una vez en La Habana se había implicado directamente en el comercio transatlántico de africanos esclavizados. En pocos años se convirtió, de hecho, en uno de los grandes negreros de Cuba, así como, más adelante, en uno de los principales impulsores del tráfico de culis chinos, llevados a Cuba desde el Imperio celeste. Zulueta llegó a fomentar también un total de cinco ingenios de fabricar azúcar, llamados Álava, Habana, Vizcaya, España y Zaza. Cinco plantaciones de caña en las que llegaron a trabajar a la vez más de 1.700 esclavos (Marrero, 2008). El cubano Pedro Sotolongo se convirtió, por su parte, en el hombre de confianza de Antonio López en La Habana. En marzo de 1872, por ejemplo, recibió poderes directamente del de Comillas, como «jefe de la casa que corre bajo el nombre de Antonio López y Compañía […] para que pueda vender y venda a las personas, empresas, sociedades y establecimientos con quienes ajuste, y por el precio, pactos y condiciones que considere más útiles y ventajosas a la Casa, los vapores denominados Marsella, Alicante y Madrid», es decir, los tres primeros vapores de la firma A. López y Cía., encargados de servir la línea regular entre Alicante y Marsella, pasando por Barcelona[21]. Un año después, el 21 de julio de 1873, Antonio López volvió a apoderar a Pedro Sotolongo «para que en nombre del señor otorgante pueda vender y venda dos negras que de su propiedad tiene en dicha ciudad de la Habana, por el precio, pactos y condiciones que mejor estime»[22]. Unos poderes que López otorgó, por cierto, apenas unos meses después de que el gobierno de la Primera República española hubiera abolido la esclavitud en Puerto Rico y otorgado la libertad a los esclavos que vivían en dicha Isla. Tal vez actuó movido por el temor de perder una propiedad sin indemnización alguna.

La incorporación de la firma A. López y Cía. a la habanera sociedad Samá Sotolongo y Cía. se produjo el 1 de enero de 1868. Y cuatro meses después tuvo lugar una profunda reforma en la escritura social de la firma Antonio López y Compañía. Fue en Alicante, el 28 de abril de 1868. Aquel día se encontraban los hermanos Antonio y Claudio López y López junto a Patricio Satrústegui. No estuvo presente, sin embargo, Carlos Eizaguirre, quien había dado, sin embargo, su visto bueno a la reforma. Encargaron a Antonio López y López la realización de «un balance general abonando a cada socio y a los herederos de Don José Andrés Fernández Gayón que era socio y falleció en Cádiz el quince de enero de 1867, lo que les corresponda». Acordaron que la firma continuaría «desde el día siguiente [1 de mayo de 1868] bajo la misma razón de Antonio López y Compañía y el mismo capital de doce millones de reales», de los que Claudio López aportaba un millón, Patricio Satrústegui y Carlos Eizaguirre, dos millones cada uno, y los siete millones restantes iban a cargo de Antonio López. Eizaguirre mantenía su condición de socio comanditario, mientras que los tres socios presentes seguirían ejerciendo como gerentes. Hicieron constar también que habían «acordado pasar el domicilio de la sociedad a Barcelona, cesando de girar en Alicante cuando lo determine el Jefe Don Antonio López y López», y que habían convenido «no fijar término alguno a la sociedad, reservando ese derecho al Jefe Don Antonio López y López, que hará la liquidación y quien además podrá libremente separar a cualquiera de los socios sin motivarlo». Como puede verse con facilidad, López concentraba un poder casi absoluto en la firma que llevaba su nombre. Es más, aunque en su condición de gerentes tanto su hermano Claudio como Patricio Satrústegui disponían del uso de la firma social de la empresa, acordaron igualmente que Antonio López, y sólo él, podía otorgar «poder para firmar por la sociedad a las personas que tenga por conveniente y lo revocará del mismo modo». A él le correspondía, por último, presentar el balance anual de la empresa cada 31 de diciembre[23].

Valga señalar que el capital de la naviera se fijó entonces en doce millones de reales o, lo que es lo mismo, en tres millones de pesetas. Una cifra que triplicaba el millón con el cual se había constituido dicha empresa en 1857. Significa, por lo tanto, que además de los beneficios repartidos entre sus socios en aquellos once primeros ejercicios sociales, entre enero de 1857 y abril de 1868, la firma Antonio López y Compañía había conocido un incremento patrimonial del 300 por ciento en apenas once años, un innegable indicador de la buena marcha de la empresa. Mientras tanto, su socio principal tenía que afrontar otras preocupaciones. Una de ellas tenía relación con la finca que había comprado en Santa Perpètua de Mogoda, en mayo de 1866. Tras tomar posesión de aquellas tierras, López mantuvo el uso agrario de las mismas pero quiso, además, realizar urgentes y profundos trabajos en la finca. En apenas dos años invirtió un total de 25.317 duros en una serie de obras de mejora dirigidas por el prestigioso arquitecto José Oriol Mestres Esplugas, padre por cierto del dibujante y escritor Apeles Mestres. Se trataba del mismo que años atrás había levantado, por encargo de López, el inmueble de la plaza Duque de Medinaceli. Tal como declaró Mestres en 1868:

Las indicadas obras [en la finca] han sido en gran parte necesarias puesto que ha sido preciso hacer una limpieza general de la misma […], recorrer todas las cubiertas que se hallaban en un estado lamentable, reparar la generalidad de los edificios y particularmente de la casa principal, haciendo en ella una habitación decente y dotándola de agua potable, así como establecer la debida independencia entre la indicada casa principal, la de los colonos y habitación del mayordomo; y que las otras obras han sido de utilidad y verdadera mejora puesto que han consistido en la construcción de una vaquería para utilizar los pastos y obtener abono en más abundancia; utilizar algunas tierras que no lo estaban en los términos como debían serlo; convertir en regadío otras que eran de secano y erial; reducir a cultivo y regables terrenos enteramente arenales; dotar a la heredad de una plantación nueva en puntos de que carecía y dar a la propiedad, en general, una distribución que hiciese más fácil la administración de la misma.

Entre los trabajos realizados quiero destacar, por cierto, la plantación de un total de 5.300 árboles de diferentes especies[24].

José Oriol Mestres firmó la preceptiva carta de pago por las obras realizadas en la Cuadra de la Mogoda el último día de 1868. Tres semanas antes, de hecho, López había acudido ante el juzgado de primera instancia del distrito de San Pedro, en Barcelona, planteando una demanda contra el hermano y la sobrina de Jaime Safont (o sea, contra Miguel Safont Lluch y Josefa Safont Parellada), ante su reiterada negativa a ratificar las escrituras de arras y de compraventa de la finca, firmadas en mayo de 1866. En medio de aquel litigio sucedió un hecho cuando menos curioso. El 16 de enero de 1869 el entonces gerente del Crédito Mercantil, Policarpo Aleu, se dirigió mediante un requerimiento notarial a uno de los miembros del consejo de administración de dicho banco, Antonio López y López, «para que satisfaga a la misma sociedad del Crédito Mercantil la referida suma de cien mil duros con los intereses que se estén debiendo o desampare usted la casa hipotecada». A pesar de dicho requerimiento, López siguió sin hacer ni lo uno ni lo otro. Se negó a abonar dicha cantidad, amparándose en unos pactos incluidos en la escritura de arras y en la de venta, a la par que acusaba a Jaime Safont y a su familia de «falta de formalidad». Y mientras continuaba sin pagar consiguió, en mayo de 1869, que el vendedor reconociese que todas aquellas obras dirigidas por el arquitecto Mestres habían sido «necesarias y útiles», por lo que Jaime Safont asumía como deuda propia el importe de su coste total, o sea, 25.317 duros[25].

Para concluir con el litigio planteado por López, tanto Miguel Safont Lluch como su hija Josefa Safont Parellada acabaron aceptando, en febrero de 1870, la validez del contrato de venta «a favor de D. Antonio López y López, de toda aquella hacienda llamada Cuadra de la Mogoda […] prometiendo como prometen no impugnarlo». Una aceptación a la que se tuvieron que ir sumando, expresa y públicamente, las otras hijas de Miguel Safont, una vez alcanzaban la mayoría de edad civil. Así lo hizo, por ejemplo, María Safont Parellada unos meses después, en julio de 1870, así como, cuatro años más tarde, en abril de 1874, su hermana Emilia[26].

Antonio López no dudó en pleitear contra aquellos que se oponían a sus deseos. También supo ser, no obstante, un buen amigo de sus amigos. Como puede verse en los amplísimos poderes que sus consocios le otorgaron, en abril de 1868, al renovar la escritura social de la firma A. López y Cía., López no sólo se mostró capaz de provocar el aplauso de sus socios más cercanos sino de incitar también la confianza de otros individuos. Fueron varios, por ejemplo, los empresarios que le convirtieron en su apoderado, o sea, en su hombre de confianza en Barcelona. Así lo hizo, por ejemplo, desde París y en junio de 1868, Baltasar Mitjans Ricart.

Nacido en Vilanova i la Geltrú, en 1798, Baltasar Mitjans había emigrado a La Habana con apenas trece años, en plena guerra de la Independencia. Y allí, en la capital cubana, residió durante veintitrés años, dedicándose con éxito a la actividad comercial. Fue también en La Habana donde se casó con la francesa Catalina Colinó, con la que tuvo dos hijas y dos hijos, nacidos todos en dicha ciudad. Habiendo hecho fortuna en la Isla, en 1834 Mitjans decidió terminar su aventura americana para regresar a Europa. No se instaló, sin embargo, en Barcelona ni en ninguna otra ciudad española, sino que lo hizo en París. Y allí abrió, aquel mismo año, una casa de comercio y banca, que pronto se acabaría convirtiendo en una de las más importantes casas de banca españolas que había en la capital francesa. Una empresa que también acostumbraba a trabajar, y mucho, con la isla de Cuba. Una de sus hijas, Amalia Mitjans Colinó, se casó en 1853 con un paisano de Antonio López llamado Antonio Sánchez de Movellán. Tal vez aquel hecho sirvió para que se estrechasen los vínculos entre ambos indianos enriquecidos en Cuba, Baltasar Mitjans y Antonio López. Sea como fuere, al fallecer su hermano José Mitjans, en diciembre de 1866, quien le había nombrado su universal heredero, Baltasar Mitjans Ricart se vio obligado a contar con un apoderado que le representase en Barcelona y que administrase los bienes que acababa de heredar. Y eligió precisamente a Antonio López. Como acostumbraba a hacer en casos similares, una vez que López tuvo la escritura con los poderes a su favor, los transmitió de inmediato a uno de sus hombres de confianza (en aquel caso a Francisco Sepúlveda Ramos, administrador entonces del Crédito Mercantil), en quien delegó su eventual participación en cualquier asunto relativo a los Mitjans, «confiriéndole las mismas facultades que a él le habían sido dadas y conferidas» previamente[27]. López y Sepúlveda apenas ejercieron un año, sin embargo, como apoderados de Baltasar Mitjans en Cataluña, dado que dicho banquero falleció, cerca de París, el 29 de julio de 1869. Al morir dejó, por cierto, un patrimonio valorado en 5.931.479 francos, una verdadera fortuna. Un rico banquero de París, como era el caso de Mitjans, no podía escoger a un hombre de negocios cualquiera para que administrase sus bienes en Cataluña y así optó por elegir a uno de los más ricos y reputados empresarios de Barcelona, Antonio López.

6

Negocios y política en tiempos del sexenio democrático

La muerte, en su casa de Montgeron, de Baltasar Mitjans acaeció en el verano de 1869, unos meses después de que Antonio López hubiese mostrado un destacado papel en el impulso y organización de la llamada empresa de los Voluntarios Catalanes en Cuba. Para entender qué fue aquella «empresa» debemos situarnos, primero, en el otoño de 1868. En unas pocas semanas coincidieron, entonces, la llamada «revolución gloriosa» (en España), que entre otras cosas sirvió para destronar a Isabel II, con el llamado Grito de Yara, que dio inicio, en Cuba, a su primera guerra por la independencia. Aquella coincidencia provocó el temor de sectores notables del empresariado catalán y español por la suerte de la Isla, temerosos como estaban tanto ante un eventual triunfo de los insurrectos como de la concesión de reformas por las nuevas autoridades metropolitanas. Una vez las elecciones municipales celebradas en España en diciembre de 1868 ayudaron a despejar el panorama político local en Barcelona, un número destacado de comerciantes e industriales de la capital catalana creyeron llegado el momento de organizarse para conseguir que la Diputación Provincial se implicase de forma directa en el conflicto cubano. Uno de los líderes de aquel movimiento fue, precisamente, Antonio López.

Así, el viernes 8 de enero de 1869 se reunieron en la capital catalana un total de ciento veintiocho hombres de negocios de la ciudad, entre los cuales el propio López. Alarmados por «las noticias que sucesivamente se reciben» de Cuba, decían, y que «aumenta[ba]n [su] inquietud al considerar comprometidos los grandes intereses de este país [en la isla], las vidas de nuestros hermanos a la vez que la honra de nuestro pabellón», los participantes en la reunión acordaron exigir, más que pedir, a la Diputación de Barcelona que impulsase rápidamente iniciativas concretas en contra de la insurrección independentista que había estallado en el oriente cubano meses antes. Enterada la corporación provincial, citó a una representación de los peticionarios para el lunes siguiente, día 11 de enero. En esa reunión, diputados provinciales y delegados de los firmantes del exhorto decidieron, de común acuerdo, que lo que convenía era organizar «un cuerpo de voluntarios» catalanes con destino a la Isla. Unos y otros se comprometieron entonces a cubrir «todos los gastos del enganche […] [mediante] una suscripción patriótica y nacional que iniciaría la Diputación», a la par que solicitaban al gobierno que se comprometiese a «equipar, transportar y mantener [al batallón de voluntarios] mientras dur[as]e la insurrección, licenciándolo después». Con tal motivo ese mismo día dirigieron un telegrama a Víctor Balaguer, residente entonces en Madrid (a quien presentaron la propuesta como una iniciativa que había surgido de una demanda «de las principales casas y familias de Barcelona»), para que éste, a su vez, la presentase al gobierno[1].

La primera respuesta de las autoridades de Madrid no fue del agrado de los catalanes. Mediante un lacónico telegrama en el que se agradecía la iniciativa de la Diputación de Barcelona, el gobierno español les decía que «las noticias de la Isla no tienen la gravedad que se las [sic ] quiere dar» y rechazaba, en consecuencia, la oportunidad de la propuesta. Y es que, frente a la belicosidad mostrada desde Barcelona, el gobierno confiaba en las gestiones pacificadoras que Domingo Dulce, nombrado capitán general de la Isla tras la Gloriosa, debía realizar en Cuba. Ahora bien, las presiones recibidas desde la capital catalana forzaron al gobierno de Prim a acabar aceptando, un mes después, la iniciativa acogida por la Diputación de Barcelona. No le tembló entonces la pluma a Joan Mañé i Flaquer, intelectual orgánico de los conservadores catalanes, para señalar la debilidad y el desacierto del gobierno al «no consentir que se hiciesen los alistamientos» de los voluntarios, al «no permitir que el espíritu patriótico de Cataluña[…] se manifestara vivo y ardiente de manera que el eco de estas manifestaciones llegase hasta los rebeldes de Cuba y les convenciera de que España está dispuesta a todo linaje de sacrificios para conservar a sus preciosas Antillas»[2]. Y es que, según las palabras del director del Diario de Barcelona, «un mes perdido vale por diez acciones de guerra ganadas por los sublevados»[3].

Tras obtener el beneplácito del gobierno, la Diputación de Barcelona se puso a trabajar rápidamente. El 18 de febrero de 1869, el pleno de la institución tomó el acuerdo de organizar «un batallón de Voluntarios de Cataluña» compuesto por mil hombres, de entre veinte y cuarenta años, bajo el mando de jefes y oficiales del ejército. Los soldados percibirían un jornal de cuatro pesetas diarias, mientras que «para facilitar el enganche» de los voluntarios, así como «para aliviar el desamparo de sus familias» la Diputación les entregaría, además, ciento sesenta pesetas[4]. La propia institución abrió rápidamente una suscripción económica para disponer de fondos suficientes y, en apenas tres días, llegó a captar cien mil pesetas. De hecho, la recaudación total ascendió, sólo en la ciudad de Barcelona, a más de doscientas mil pesetas (a las que cabría añadir las cantidades aportadas por otras localidades costeras de Cataluña que abrieron, motu proprio, suscripciones paralelas[5]).

El alistamiento de los voluntarios principió el lunes 22 de febrero en la sede de la Diputación, en la entonces plaza de la Constitución (hoy plaça de Sant Jaume). Las colas fueron numerosas, especialmente en los primeros días, y se produjeron incluso, tanto en las oficinas de la institución como fuera de ellas, problemas de orden público. De hecho, la Diputación de Barcelona había recibido diferentes «telegramas de los alcaldes de poblaciones tan importantes como Tarragona, Reus, Manresa y otras manifestando que se le [sic ] presentan jóvenes para alistarse en el cuerpo de voluntarios», jóvenes que acabaron trasladándose a la capital catalana para formalizar su alistamiento. Así, en apenas doce días se habían alistado un total de 830 voluntarios[6]. Sabemos que al menos una tercera parte de quienes se alistaron no alcanzaban todavía la edad mínima inicialmente prevista, siendo por lo tanto menores de veinte años[7]. No le importó a la Diputación de Barcelona alistar adolescentes con tal de enviarlos a sofocar la sublevación cubana. En general, los voluntarios alistados eran, en su mayoría, hijos de familias humildes, atraídos no sólo por las remuneraciones prometidas y por la prima de enganche sino, sobre todo, por la posibilidad de emigrar a la Gran Antilla, donde labrarse un futuro mejor, sin tener que pagar el siempre costoso pasaje[8]. De hecho, en las condiciones del alistamiento, la Diputación había consignado expresamente que «concluida la guerra, estos voluntarios […] obtendrán su licencia absoluta con la facultad […] de permanecer en Cuba si les conveniere […] [recibiendo] por vía de gratificación, el importe íntegro de un mes de haber». Así, mientras recibían los uniformes y esperaban zarpar, algunos de esos voluntarios se procuraron en Barcelona «cartas de recomendación para respetables casas de comercio de aquella Antilla»[9]. Dichos jóvenes recibieron entonces, además, promesas verbales de que, al acabar la guerra, recibirían un empleo público, fuese en la isla de Cuba o en la Península[10].

En el solemne acto de entrega de la bandera, celebrado en la plaza de la Constitución el miércoles 24 de marzo de 1869, cuatro días antes de que el primer batallón zarpase para La Habana, fue cuando más claramente se hizo uso de una intencionada retórica histórica que vinculaba aquella empresa de los Voluntarios Catalanes en Cuba con el antiguo imperio medieval catalán en el Mediterráneo. El diputado provincial Narciso Gay, presidente de la Comisión que había gestionado la iniciativa, se dirigió a los jóvenes voluntarios con una apasionada arenga que no tenía nada que envidiar a la que Tirant lo Blanch pudo hacer en Constantinopla, según la imaginación de Joanot Martorell: «Catalanes sois y catalanes fueron los que en remotas edades llevaron triunfantes nuestras armas en Mallorca y en Ibiza, en África y en Sicilia; y en Grecia, y en Cerdeña, y en Italia», dijo. Y acabó reproduciendo «las textuales palabras que profirió el padre del príncipe general D. Alfonso cuando al partir para la conquista de Cerdeña le entregó el estandarte de los Condes de Barcelona que en las guerras se llevaba». A Gay le sucedió en el uso de la palabra el presidente en ejercicio de la Diputación (aunque formalmente vicepresidente), el progresista Aniceto Mirambell, quien aclaró a los Voluntarios «que les hablaba en catalán porque catalanes eran todos […] y porque la empresa era catalana», insistiendo además en que «no se ha acabado aún el valor catalán, como lo evidenció la [reciente] guerra de África»[11].

Mirambell cerraba de esta manera un hilo argumental que pretendía unir un pasado lejano, protagonizado en el Mediterráneo oriental por los míticos almogávares, con un pasado reciente, encarnado por los Voluntarios Catalanes y sus acciones en Marruecos en la denominada guerra de África, que enfrentó a España con Marruecos entre 1859 y 1860. De hecho, en el telegrama que la Diputación de Barcelona envió el 11 de enero de 1869 al gobierno español, presidido por el general Prim, se presentaba la iniciativa afirmando: «Se desea que Cataluña, como sucedió cuando la guerra de África, levante un cuerpo de voluntarios»[12]. Así, en el acto de entrega de la bandera, tanto Aniceto Mirambell como el resto de los oradores pronunciaron sus discursos «desde el balcón donde se hallaba colocado el cuadro de la batalla de Tetuán», obra del pintor Mariano Fortuny por encargo, precisamente, de la Diputación de Barcelona. Y el propio Narciso Gay acabó su perorata «señalando el cuadro que estaba expuesto en el balcón» y diciendo a los Voluntarios: «a la vista tenéis el inolvidable recuerdo de otras brillantes proezas en Castillejos y Tetuán». No en vano, el primer llamamiento de la Diputación catalana no sólo había vinculado la iniciativa con «los laureles ganados por nuestros antepasados en los campos del Asia» sino también con las gestas de «nuestros hermanos en las playas del África», mientras que el capitán general de Cataluña, Ramón Nouvilas, quiso por su parte despedir rumbo a Cuba al primer batallón de Voluntarios Catalanes recordándoles «que eran catalanes, que las barras de Cataluña se han paseado siempre triunfantes por Europa, por Asia y por África, y que ellos eran los primeros que iban a pasearlas por América»[13].

El transporte de aquellos voluntarios se hizo en buques de la naviera A. López y Cía. El día del embarque del primer batallón, y desde el vapor España, el capitán general de Cataluña, Ramón Nouvilas, acompañado por la Diputación en pleno, tomó juramento a los Voluntarios con la pregunta: «¿Juráis a Dios y a la nación […] defender esta bandera en paz y en guerra, hasta derramar la última gota de sangre, y ser fieles a vuestros jefes?», a la que contestaron, como cabía esperar, de forma afirmativa. Cuando estaban todos embarcados «les dirigió una alocución [final] en catalán recordándoles las frases que habían oído en el acto de jurar la bandera […] y les repitió las palabras que el Rey don Jaime el Conquistador dirigía a sus soldados»[14]. A continuación, Nouvilas acudió junto con el gobernador civil y los diputados provinciales al banquete de gala que el armador del barco, o sea, Antonio López, ofreció en su honor en dicha embarcación. Tras dar cuenta del almuerzo, regresaron todos a tierra firme mientras que los 1.003 voluntarios de ese primer batallón pudieron marchar finalmente a Cuba, a jugarse la vida.

Fue aquél sólo el primer batallón de los Voluntarios Catalanes a la Gran Antilla. A lo largo del año hubo otros dos más. En total, el número de Voluntarios Catalanes que salieron en 1869 de Barcelona rumbo a Cuba fue de unos 3.600. Esa cifra multiplicaba por siete los 475 voluntarios embarcados nueve años antes para la guerra de África, lo que nos da una idea de la magnitud de la operación y justifica que autores como Borja de Riquer hayan destacado el «gran éxito de la iniciativa» de los Voluntarios Catalanes de Cuba (Riquer, 1987: 208). Por ese motivo, el significado de dicha empresa debe analizarse por su contribución al incremento de los efectivos del ejército español desplazados a la Gran Antilla. De hecho, el contingente de los Voluntarios Catalanes de 1869 triplicó el número de jóvenes que correspondía enviar a la Isla en relación con los municipios de la provincia de Barcelona en la quinta de ese año (1.164 soldados) y sumaba el equivalente al 15 por ciento de los jóvenes quintados en el conjunto de España. Es más, los 3.600 voluntarios alistados en Barcelona representaron el 10,4 por ciento del total de efectivos militares que se enviaron desde la Península, entre noviembre de 1868 y diciembre de 1869, para sofocar la rebelión cubana.

La organización de los tres batallones de Voluntarios Catalanes había corrido a cargo de la Diputación de Barcelona, pero su financiación se había materializado mediante aportaciones particulares. De hecho, la iniciativa de formar el primer batallón no había salido, en realidad, de la institución provincial sino de «una solicitud suscrita, entre otros, por numerosos representantes de las principales casas de comercio» de la ciudad mientras que el segundo y el tercer batallón pudieron materializarse «nuevamente gracias a la ayuda económica de importantes hombres de negocio con intereses en Cuba»[15]. El proceso en otros puntos de la geografía peninsular, como Bilbao o Santander, no fue muy diferente. Al analizar la implicación de la sociedad civil, así como de las autoridades catalanas, en la empresa de los Voluntarios de Cuba es preciso señalar la importante presencia de individuos enriquecidos en la Isla aunque residentes en Barcelona, empezando obviamente por Antonio López. De hecho, entre los particulares que impulsaron y firmaron la primera instancia que exhortaba a la Diputación a intervenir en defensa de la españolidad de Cuba estaban numerosos indianos enriquecidos en la Isla. Entre los indianos firmantes, y sus empresas, cabe señalar a José Canela Reventós (Canela y Cía.), Antonio López (A. López y Cía.), José Amell Bou, Alejo y Manuel Vidal Quadras (Vidal Quadras Hermanos), Jaime Taulina (Hijos de Taulina), José Antonio Salom, José Clot Baradat (Clot Hermanos), Santiago García Pinillos, José Munné, Pedro Sallés, Cayetano Casamitjana, José P. Taltavull, Manuel y Miguel Roig Estalella (Hijos de Roig y Rom) y José Oswaldo Amell Robert, todos enriquecidos previamente en Cuba[16]. Algunos de ellos, como el propio Antonio López, se incorporaron a alguna de las dos «comisiones de particulares» (la de enganche y la de suscripción) nombradas poco después por la Diputación de Barcelona para asegurar el éxito de la operación de los Voluntarios[17]. Pero no sólo encontramos indianos entre los particulares que lanzaron dicho envite a la institución provincial. También entre los diferentes diputados provinciales que asumieron la organización de los tres batallones para la mayor de las Antillas se encontraban algunos individuos vinculados directamente a Cuba. Dos de ellos, sin ir más lejos, habían nacido en La Habana. Me refiero a los «propietarios» José de Jesús Puig y Pedro Collaso Gil, incorporados a la institución el 2 de octubre de 1868 merced a su designación por la Junta Revolucionaria de la capital catalana. Un tercer diputado, el «comerciante» Antonio Ferratges de Mesa, futuro primer marqués de Montroig, había nacido en Santiago de Cuba, ciudad donde su padre había hecho la fortuna que permitió a la familia asentarse y vivir con holgura en Barcelona. Y otros dos diputados provinciales habían acumulado su fortuna en la Isla, donde habían residido largo tiempo: el «capitalista» Antonio Samá Urgellés, futuro primer marqués de Casa Samá, y el «comerciante» Francisco Jaurés Gualba, vecino de Matanzas. Cabe señalar que estos dos últimos eran socios de Antonio López: con Antonio Samá, López era copartícipe en la firma Samá Sotolongo y Cía., de La Habana, mientras que con Francisco Jaurés compartía asiento en el consejo de administración del Crédito Mercantil. Para todos aquellos indianos que mantenían intereses y propiedades en Cuba, la insurrección, en sí misma, era un verdadero problema. Máxime si tenemos en cuenta que los mambises habían optado por una estrategia militar basada en parte en la quema de cañaverales y de almacenes de azúcar para intentar ahogar la economía insular.

Si la Diputación de Barcelona había querido inmortalizar las gestas de los Voluntarios Catalanes en la guerra de África, en 1860, encargando a Mariano Fortuny un cuadro épico de grandes dimensiones, fue otro pintor catalán, Ramon Padró, el que decidió tomar durante la larga ceremonia del embarque y «desde una lancha un apunte de aquel momento histórico». Esbozo que «presentado al cabo de unos días a la Diputación le valió de esta Corporación el encargo de hacer del asunto una gran tela al óleo, que fue una de las obras más notables de aquel» pintor (Pich, 1994: 20). No fue éste el único cuadro que inmortalizó la empresa de los Voluntarios Catalanes de Cuba. Aquel acontecimiento debió ser tan importante y de tan grato recuerdo para la familia López que muchos años después, muerto ya Antonio López, su hijo Claudio López Bru quiso decorar el salón de recepciones del familiar palacio de Sobrellano, en Comillas, con una obra mural, pintada al óleo y sobre tela, entre 1889 y 1892, por Eduardo Llorens Masdeu y dedicada al Embarque de Voluntarios de la isla de Cuba. Este trabajo muestra una bucólica escena con decenas de voluntarios (ataviados, por supuesto, con barretina, faja, polainas y espardenyes o alpargatas) cantando alegremente mientras se dirigen al vapor Santander, fondeado en el puerto de la capital catalana. Una escena presidida por la montaña de Montjuïc y el castillo homónimo en la que aparece, en primer término, una niña besando tiernamente a un oficial del batallón, mientras le entregan la bandera del cuerpo (García-Martín, 1993: 175 y 201).

Volviendo a 1869, cabe señalar que, además de atender a su naviera y al resto de las empresas en las que tenía participación, fue aquel año cuando López dio un importante y significativo salto en su actividad de beneficencia. Lo hizo en favor de sus paisanos pobres de Comillas. Cuatro años antes, en 1865, López había comprado una casa en su localidad natal, llamada de Ocejo, y en 1868 empezó a disfrutar allí, por primera vez, de sus vacaciones de verano. El 7 de julio de ese mismo año, sin ir más lejos, su hermano Claudio y él apoderaron ante el notario de Comillas, Florencio Cacho Herrera, a su común amigo y socio Carlos Eizaguirre, vecino de Madrid, para que pudiera otorgar en su nombre «la correspondiente escritura de cancelación, rescisión y separación de la sociedad que han tenido con el Excmo. Sr. Don Antonio Vinent y Vives y el Señor Don Ramón Armero, vecinos de la propia Corte, en cierto negocio mercantil». Y López siguió en Comillas durante, al menos, un mes y medio, pues el 22 de agosto otorgó otra escritura, también de poderes, en relación con la liquidación de la participación de su difunto primo José Gayón en el capital de la naviera A. López y Cía.[18]. Vale la pena señalar que dicho notario había sido, más de veinte años antes, el esposo de su difunta hermana Genara López y López. Sea como fuere, a partir de 1868 López repetiría sus veraneos en Comillas año tras año, decidido como estaba a convertirse en un comillano tan ilustre como magnánimo con sus paisanos. Aquel joven pobre que treinta años antes había marchado de su villa natal para hacer las Américas regresaba entonces para convivir algunas semanas con sus antiguos convecinos, rodeado, eso sí, de una gran fortuna.

Antonio López había decidido convertir, de hecho, Comillas en un selecto lugar de veraneo. Una operación en la que le acompañó su hermano Claudio, quien había comprado la vecina casa de la Covaduca, así como también su socio Patricio Satrústegui, quien adquirió la llamada casa de Llano. Más adelante, a finales de 1870, un joven Eusebio Güell mandó allí levantar otra magnífica casa, conocida como Las Cabaducas, aun antes de haberse casado con Isabel López Bru y de convertirse en el primer yerno de Antonio López. En ese contexto, este último decidió emprender, en la primavera de 1869, actividades paternalistas y de beneficencia a favor de sus paisanos comillanos. El primer paso lo dio el 2 de mayo de 1869. Aquel día compareció ante su notario de confianza en Barcelona para consignar que deseaba «hacer una fundación privada en favor de los pobres de la villa de Comillas de donde es natural». A tal efecto López dio entonces «el poder más amplio y cual de derecho necesario sea al capellán Sr. Don. Carlos Fernández de Castro, natural y vecino de dicha villa, para que pueda otorgar y firmar la correspondiente escritura […], determinando el capital de la Fundación, modo, forma, tiempo y cuantía de los socorros, así como sus cláusulas, salvedades y condiciones». Aquel cura párroco de Comillas debía actuar, eso sí, conforme a las instrucciones que López le había dado, y él prometía: «Tendrá por válida la dicha escritura de fundación como si en persona el mismo la otorgara y firmase». Un mes después, el 3 de junio, López volvió a acudir ante el mismo notario para concretar su iniciativa en términos económicos. Afirmó «que movido del amor a su país natal y de conmiseración hacia sus paisanos y convecinos pobres, a quienes desea favorecer lo posible en su suerte desgraciada» había decidido constituir «una renta anual de quince mil reales vellón, a favor de la villa de Comillas». A tal efecto había creado un fondo con «el capital de quinientos mil reales vellón en títulos de la Deuda Diferida del tres por ciento […] que pasará a ser Consolidada en el año 1870». El reglamento que informaba de las «reglas generales de gobierno» de la susodicha renta se acabó de elaborar, en Comillas, el 3 de octubre de 1869 y fue publicado en Barcelona unos meses después. Allí se establecían dos tipos de «socorros» a los pobres: los «transitorios» y los «permanentes». Se apreciaba también, por otro lado, una gran preocupación no sólo contra los alcohólicos sino, en general, también contra los bebedores ocasionales. Para la obtención de «socorros permanentes» quedaban excluidos, de hecho, «los que sean notados públicamente por el vicio de la embriaguez». Más aún, respecto a quienes disfrutaban de donativos periódicos se establecía lo siguiente: «Si el que estuviere recibiendo un socorro permanente entrase a beber en la taberna, se le amonestará por la primera vez, en la segunda se le suspenderá el socorro por ocho días, y si a pesar de esto reincidiese, se le privará de él». Quiero llamar la atención, por otro lado, a que una quinta parte de todos los donativos, o sea, 3.000 reales de vellón (o, lo que es lo mismo, 750 pesetas cada año) se reservaban «para auxiliar hasta donde alcance esta cantidad a los jóvenes que deseen dedicarse al comercio en Ultramar». Éstos tenían que «haber cumplido catorce años y no ser mayores de veinte», y podían beneficiarse de auxilios económicos sólo «en el pago del pasaje y ropas». Se notaba aquí, sin duda, la mano directa de un Antonio López que había conseguido labrarse su fortuna precisamente en Ultramar[19].

Más allá de la institución de aquella fundación a favor de sus convecinos pobres, durante aquel año de 1869 López tuvo también la oportunidad de hacer una «buena obra» en favor de su ilustre paisano, el comerciante y naviero Ignacio Fernández de Castro. Nacido en Comillas, en 1793, Ignacio había ejercido como marino mercante, realizando en su juventud varios viajes en buques mercantes hasta América. Se instaló, durante unos años, en México, donde se casó con la criolla Concepción Bustamante Padilla y donde nació el primero de sus once hijos. Al regresar a la Península se instaló inicialmente en Santander, ejerciendo allí como consignatario y como naviero, si bien en 1839 optó por trasladar su residencia y el domicilio de su casa de comercio a Cádiz. En dicha ciudad andaluza vivió Ignacio Fernández de Castro durante más de treinta años, desarrollando allí una notable y poliédrica actividad como hombre de negocios. El empresario comillano destacó, sobre todo, como naviero y lo hizo, especialmente, gracias a sus intensas relaciones con Manila y con otros puertos del sudeste asiático como Macao o Cantón, donde su empresa Ignacio Fernández de Castro y Cía. tenía sendas delegaciones. Dicha compañía acabó sufriendo, sin embargo, los efectos de la crisis económica de 1866 y tuvo que declararse en suspensión de pagos ante su falta de liquidez con fecha, en Cádiz, el 19 de mayo de 1867. Para poder hacer frente a sus deudas, Fernández de Castro tuvo que ir realizando poco a poco los bienes que conformaban el activo de su compañía para así poder pagar a sus acreedores. Vendió primero sus buques y puso después en venta buena parte de sus bienes muebles, aunque no siempre fue fácil encontrar compradores. En ese contexto, y tal como recoge María del Carmen Cózar, «la coyuntura económica del momento, caracterizada por la escasez de numerario, entorpecía las ventas». Quien le apoyó en aquel momento fue, precisamente, «Antonio López [el cual] ayudará a la sociedad familiar comprando la mayor parte de sus bienes» (Cózar, 1998: 219).

En efecto, Antonio López dio órdenes a su socio Patricio Satrústegui para que la firma A. López y Cía. comprase diferentes bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos, e incluso algunas embarcaciones, a la empresa Ignacio Fernández de Castro y Cía., facilitándole así la liquidez necesaria para hacer frente a los pagos contraídos con sus acreedores. El 4 de enero de 1869, la naviera compró la finca de la gaditana calle Ahumada número 7 por 60.000 pesetas, mientras que el 20 de mayo de ese mismo año hizo lo propio con una viña, situada en el municipio de El Puerto de Santa María, por 125.000 pesetas (Cózar, 1998: 218). El último día del año Patricio Satrústegui, en nombre de la sociedad A. López y Cía., compró a la sociedad Ignacio Fernández de Castro y Cía. cuatro distintas propiedades por una suma total de 35.000 pesetas: por un lado, la finca Pinar del Carpio, en Puerto Real, por 17.500 pesetas, además de una casa, en dicha localidad, por otras 5.000 pesetas más; y también una huerta en el mismo casco urbano de Puerto Real a cambio de 2.500 pesetas, así como la balandra Montañesa por 10.000 pesetas más[20]. Aquellas compras no tuvieron una razón propiamente económica sino que se hicieron para ayudar a salvar el honor del comerciante Ignacio Fernández de Castro. ¿A qué se debe la generosidad de Antonio López con su paisano? La historiadora gaditana María del Carmen Cózar recoge las razones que le impulsaron a comportarse así: «La tradición familiar de los Fernández de Castro atribuye la relación entre ambos a la ayuda que el fundador de la Trasatlántica habría recibido de Ignacio Fernández de Castro para emigrar a Cuba, en circunstancias no esclarecidas, pero al parecer difíciles para el joven comillano». Y reproduce, a continuación, una cita del trabajo inédito que Carmen Fernández de Castro escribió en Cádiz, en 1991, sobre La familia Fernández de Castro, fragmento que reproduje en el segundo capítulo (Cózar, 1998: 58). Según dicha autora, había sido precisamente Ignacio Fernández de Castro el que había querido embarcar en uno de sus buques al joven Antonio López rumbo a América, facilitando su huida de la justicia. Muchos años después, en 1869, López quiso devolverle aquel favor a su paisano de esta manera.

Fuera o no aquélla la razón que explica la ayuda que Antonio López prestó a su paisano en apuros, lo cierto es que en 1869 su empresa A. López y Cía. compró aquellas fincas en distintas poblaciones de la provincia de Cádiz. Y no es menos cierto que el propio Antonio López y López desarrolló durante los dos años siguientes, en 1870 y 1871, una intensa actividad de adquisición de bienes inmuebles, tanto urbanos como forestales, invirtiendo sumas elevadas. De hecho, en un testamento que López otorgó entonces, en concreto el 27 de enero de 1870, daba expresas instrucciones a sus albaceas y a sus herederos para que invirtieran precisamente en bienes raíces todo el capital y los beneficios que pudieran obtener a partir de una eventual liquidación de la casa de comercio A. López y Cía. Les decía: «Si la sociedad actual se liquidare, se invertirá en fincas el capital a medida que se realice, y lo mismo encargo por lo tocante a los beneficios que hubiere producido posteriormente a mi fallecimiento» (véase apéndice 4).

Antonio López se aplicó a sí mismo, como digo, aquel consejo. De hecho, en apenas un año, entre junio de 1870 y mayo de 1871, adquirió un lujoso palacio en las Ramblas de Barcelona, un hotelito en el paseo de Gracia y más de 12.000 hectáreas de terreno, mayoritariamente forestal, en Navalmoral de la Mata. Desconozco las razones que le impulsaron a invertir tanto dinero en bienes raíces en tan corto período de tiempo. Tal vez tuvo que ver con la suspensión de pagos que había afectado poco antes a la casa de comercio de su paisano Ignacio Fernández de Castro y que significó un descenso brutal en su estatus económico. O tal vez fue el resultado de su desconfianza en el futuro de España tras la democratización del voto que siguió a la revolución gloriosa, sumada a los efectos de una destructora guerra que se alargaba y se alargaba en Cuba. Sea como fuere, también el inestable marco político que atravesaba entonces Europa (y que pronto provocaría la guerra francoprusiana, primero, y la Comuna de París, después) pudo animarle en su decisión de invertir en bienes raíces una parte notable de su fortuna. Lo que sí es cierto es que tanto la compra de aquel inmueble en pleno paseo de Gracia como de aquellas dehesas en Extremadura tuvieron que ver con su participación en el Crédito Mercantil, un banco que sufrió la crisis financiera desatada en 1866 y que sería incapaz de repartir dividendos entre sus accionistas en 1868, 1869 y 1870. Cabe señalar que la explicación a su incapacidad para generar beneficios debe buscarse no tanto en una incorrecta gestión del Crédito Mercantil en su esfera propiamente bancaria, cuanto en el fracaso de la operación especulativa en el Ensanche de Barcelona. Y es que a partir de 1866 el negocio de los Campos Elíseos empezó a hacer aguas: José de Salamanca, gravemente perjudicado por dicha crisis, tan sólo fue capaz de abonar dos de los diez pagarés firmados por la compra del terreno del Ensanche y pronto dejó de hacer frente a sus deudas con el Crédito Mercantil. El banquero madrileño se mostró incapaz, además, de devolver un préstamo recibido de dicho banco con la garantía de su finca de Vista Alegre, en Carabanchel, ampliada en marzo de 1869 a sus dehesas en Navalmoral de la Mata.

La insolvencia de Salamanca provocó, precisamente, la delicada situación del Crédito Mercantil, que se habría vuelto insostenible a finales de 1868: en esa fecha el empresario madrileño adeudaba al banco nada menos que 5.012.689 pesetas. Tras casi cuatro años de morosidad y negociaciones, Salamanca no tuvo otra opción que la de devolver al Crédito Mercantil, en enero de 1870, el terreno que le había comprado cinco años antes a ambos lados del paseo de Gracia, incluyendo las nueve lujosas casas que había construido en dicha vía[21]. Con dicha devolución no canceló, sin embargo, más que una parte de sus deudas y el 22 de marzo de 1870 el Crédito Mercantil ejecutó la hipoteca que tenía sobre sus propiedades en Navalmoral de la Mata, unas fincas de más de 12.000 hectáreas valoradas en 1.602.867 pesetas. Más aún, en el verano de 1871 se adjudicó tres casas construidas por Salamanca en la madrileña calle de Serrano, para cancelarlas definitivamente[22].

El Crédito Mercantil finalizó el ejercicio de 1869 con unas pérdidas totales de 346.160 pesetas. Fruto de esta situación, tuvo lugar en 1870 una importante retirada de depósitos: las cuentas corrientes de la entidad, que en diciembre de 1869 ascendían a 10.064.560 pesetas, se situarían un año más tarde en 6.021.110 pesetas. Esa pérdida de confianza en el Crédito Mercantil se refleja en el accionariado: la mayor parte de los fundadores de dicho banco, o bien se habían retirado del todo, o bien habían reducido de manera significativa su participación accionarial. En aquel contexto, el principal accionista del Crédito Mercantil, la empresa A. López y Cía. (que tenía en propiedad el 24 por ciento de los títulos) y, más concretamente, su principal gerente, Antonio López, intentó forzar su liquidación. En la junta de accionistas de marzo de 1871 el presidente del Crédito Mercantil, el indiano José Amell, informaba de que «señores accionistas, poseedores de un número importante de acciones, han venido instando con insistencia para que se llevase la Sociedad a la liquidación […] argumentaban que una Sociedad que no distribuye dividendo durante tres ejercicios […] no tiene razón plausible de existir». La mayor parte de la junta de gobierno se mostró, sin embargo, partidaria de continuar aduciendo que «las liquidaciones en épocas tan agitadas como la presente son siempre desastrosas y que es conveniente aguardar tiempos más propicios». Como síntesis entre ambas visiones se alcanzó un compromiso que acabaría beneficiando, por un lado, al futuro marqués de Comillas, a la vez que permitiría reducir significativamente el capital del banco, por el otro.

Así, en enero de 1871 dicha sociedad de crédito vendió las 12.121 hectáreas de terreno sitas en el partido judicial de Navalmoral de la Mata (Cáceres) a la sociedad A. López y Cía. a cambio de las 12.000 acciones del Crédito Mercantil que eran propiedad de dicha naviera[23]. Cabe señalar que mientras que el valor de dichas dehesas era de 1.602.867 pesetas, el de los títulos era sensiblemente inferior: desde diciembre de 1865 las acciones del Crédito Mercantil venían cotizando bajo par. Es más, cuando López propuso el canje de las tierras por las acciones de su naviera, hacía tres años que la sociedad del Crédito Mercantil no repartía dividendos. Así, el día en que la junta de gobierno acordó dicha venta, sus acciones cotizaban en Barcelona a 15,4, lo cual quiere decir que aunque el valor desembolsado de las 12.000 acciones ascendía a 1.500.000 pesetas, el real reflejado en su cotización era tan sólo de 924.000 pesetas[24]. Indudablemente, resultaban más seguras las 12.121 hectáreas y edificios anejos que las 12.000 acciones del Crédito Mercantil[25]. Lejos de negociar su participación en dicha sociedad en la bolsa de Barcelona, López optó por el canje con las fincas y, así, el premio que obtuvo al desprenderse de las mismas fue muy superior al quebranto que le hubiese ocasionado negociar sus acciones en el mercado de valores: el beneficio por la operación para A. López y Cía. fue superior a las 600.000 pesetas.

Aquel proceso acabó, paralelamente, con el intercambio de participaciones entre la naviera de López y el Crédito Mercantil, y se retiraron de la circulación otras 14.000 acciones que representaban «la participación [de dicho banco] en la Empresa de Vapores Trasatlánticos» de A. López y Cía.[26]. También el precio de las casas construidas por Salamanca y rematadas en subasta a favor de miembros de la junta de gobierno del Mercantil fue abonado en títulos del banco: de aquella manera, 4.412 acciones más se retiraron de la circulación. El volumen total de dicho banco se redujo, merced a dichas operaciones, a sólo 19.588 títulos a principios de 1871, restando en autocartera un total de 30.412 acciones. Fue aquel doble proceso (de recuperación y venta de los terrenos en el Ensanche, por un lado, y de reducción de su capital, por otro) el que permitió la obtención de beneficios y el reparto de dividendos entre los accionistas del Crédito Mercantil a partir de 1871.

Si bien el negocio inmobiliario fue la causa principal de los malos resultados del Crédito Mercantil en aquellos años y estuvo a punto de forzar su liquidación, no se puede decir lo mismo en el caso particular de Antonio López, el cual obtuvo por el mismo claros beneficios. Fue, de hecho, a partir de 1870 cuando su participación en las actividades relacionadas con el Ensanche de Barcelona empezó a ofrecer resultados: cuando se subastaron las nueve casas que el marqués de Salamanca había construido en el paseo de Gracia, López se adjudicó una casa de 411 metros cuadrados que hacía esquina con la calle Córcega por 40.500 pesetas[27]. Los gastos de construcción de dicho «hotelito» habían ascendido a 35.570 pesetas, de lo cual se derivaba que López tuvo que pagar sólo la ridícula cantidad de 1,75 reales por cada uno de los 10.879 palmos del solar[28]. Debo añadir además que el precio se hizo efectivo no en metálico sino en títulos de la sociedad, profundamente depreciados para esas fechas. Y quiero insistir en que entre los otros compradores de los «hotelitos» construidos por el marqués de Salamanca en el paseo de Gracia se encontraban su hermano Claudio, así como Agustín Robert, con dos inmuebles, y José Ferrer Vidal y su mujer, Concepción Soler, con otros dos. Se repitió entonces la estrategia de reservar los mejores bienes para los directivos del Crédito Mercantil y sus familiares, como había ocurrido unos años antes con la subasta de los mejores terrenos de los Campos Elíseos.

También en títulos depreciados del Crédito Mercantil se hizo efectivo, como he señalado, el precio de las haciendas en Extremadura, y A. López y Cía. obtuvo por esta operación unos beneficios superiores a las 600.000 pesetas. Por otro lado, la manzana de 2.293 metros cuadrados situada entre el paseo de Gracia y las calles Aragón, Valencia y Pau Claris, subastada en 1864 y que en junio de 1868 había pasado a ser plena propiedad de López, fue revendida al también indiano Francisco Gumá Ferran en junio de 1872, y el futuro marqués de Comillas obtuvo unos beneficios netos de 31.005 pesetas (que representaban un 13,85 por ciento más de la cantidad que había pagado por su compra) sin que en esos cuatro años hubiese realizado ningún tipo de mejora en las parcelas[29].

Tan sólo una semana después de haberse realizado la subasta que le permitiría adquirir una casa en el paseo de Gracia, o sea, el 9 de junio de 1870, Antonio López se hizo con la propiedad de una de las construcciones más representativas de la arquitectura dieciochesca de Barcelona, el Palau Moja. López se lo compró a los albaceas testamentarios de Josefa de Sarriera y de Copons, marquesa de Moja, a cambio de 770.000 pesetas, que pagó íntegramente en el momento de su adquisición[30]. Con una superficie total de 2.227 metros, dicho palacio estaba y está situado en la parte alta de las Ramblas o, como ha escrito Juan José Lahuerta, «en el mejor de los lugares posibles de la antigua Barcelona». No resulta exagerado afirmar, como lo hace también dicho autor, que, al adquirir la casa Moja, «López compraba más que un palacio» (Lahuerta, 1993: 29). A las pocas semanas de su adquisición, López encargó a Eduardo Llorens la restauración de las pinturas al fresco que decoraban las fachadas exteriores de dicho palacio, reforzando de aquella manera el elemento más público y notable del mismo. Y a Agustín Rigalt le encargó dos cuadros para la capilla del palacio, con motivos de la vida de santa Isabel y del martirio de san Claudio (Alcolea, 1987).

La adquisición, primero, y las ulteriores reformas y modificaciones realizadas en el Palau Moja, después, coincidieron en el tiempo con una fallida negociación en la que se vio implicado Antonio López. Fue a mediados de 1871 cuando los hermanos Leopoldo y José Gil Serra intentaron que el empresario de Comillas les comprase sus 108 hectáreas de terreno, ubicadas también en la antigua Cuadra de la Mogoda y, por lo tanto, contiguas a su finca de Santa Perpètua. Los Gil tenían necesidad de liquidez y pensaron realizar uno de sus activos inmuebles, dando por supuesto que su rico vecino podía estar interesado en comprarlo. Pero Antonio López era un empresario duro y correoso, y a Leopoldo Gil Serra le tocó sufrirlo en primera persona. De hecho, los hermanos Gil tuvieron que desistir de su intento al comprobar que el potencial comprador les ofrecía una cantidad ridícula. Así reflexionaba otro hermano, José Gil Serra, desde Córdoba, al recibir de su hermano Leopoldo la noticia del fracaso en las negociaciones: «Todo lo quiere muy barato y cree que han de ir en busca de él. Hechos análogos al caso nuestro me han hecho nacer esta opinión que también es de otras personas. Digo esto para que sepas cuál es el carácter del individuo, para que obres en consecuencia […] Yo también siento que el asunto no se haya realizado toda vez que con ello se hubiesen llenado nuestros deseos, pero no por esto desespero de que se haga el negocio, al contrario, si realmente [López] tiene ganas de la finca comprenderá de que [sic ] para adquirirla ahora es preciso que pague su precio»[31]. Una confesión de tal tenor, compartida en privado entre hermanos, resulta de gran valor para conocer cómo veían a López algunos de sus coetáneos. José Gil Serra lo describe como un individuo que negociaba siempre a la baja los precios de compra y que prefería, en cualquier caso, que fuesen los otros quienes fuesen a buscarlo. Gil daba a entender también que no se trataba sólo de una impresión personal, siempre subjetiva, sino compartida con otros individuos.

Valga añadir, por otro lado, que quien se encargó de aquellas fallidas negociaciones con Antonio López, Leopoldo Gil Serra, se había casado, en el monasterio de Montserrat y el 8 de diciembre de 1859, con Carmen Llopart Xiqués, la cual había nacido en la capital cubana en 1838 y era hija del connotado comerciante de esclavos Roque J. Llopart Azúa y nieta del no menos destacado negrero de La Habana Lorenzo Xiqués Gudumá. Otra muestra del peso que los indianos enriquecidos en Cuba y vinculados a la esclavitud y a la trata tenían en el seno de la burguesía catalana del siglo XIX. Y si el indiano Antonio López y su mujer, la criolla Luisa Bru, habían podido cumplir en 1866 con su deseo de disponer de una finca de recreo en el barcelonés municipio de Santa Perpètua de Mogoda, el matrimonio Gil-Llopart había hecho lo propio unos años antes, en 1861, al comprar la finca de Can Catà, en la vertiente de la sierra de Collserola que pertenecía al municipio de Cerdanyola del Vallés. Una finca que se compró directamente, por cierto, con caudales remesados desde Cuba. Por su parte, otro indiano enriquecido en la Gran Antilla, Juan Güell, había invertido también una parte de su fortuna al adquirir una finca de recreo, en su caso en el Pla de Barcelona. Me refiero a la propiedad que éste quiso comprar en 1859, en el vecino municipio de Les Corts, y que fue ampliando posteriormente. Muchos años antes otros dos indianos enriquecidos en La Habana habían adquirido también sendas propiedades cerca de Barcelona a modo de fincas de recreo. En el otoño de 1824, por ejemplo, Isidro Inglada Marqués había comprado la llamada Granja Vella (hoy finca Martí-Codolar) en el municipio de Horta, mientras que José Xifré Casas se haría tiempo después con una extensa finca en el municipio de Sant Martí de Provençals, que acabó conociéndose como Torre Xifré. Unos terrenos que fueron vendidos, por cierto, tras su muerte por sus herederos, y en los cuales se acabaría levantando el monumental hospital de Sant Pau.

Volviendo al Palau Moja, adonde se instalaron en 1871 Antonio López y López y su familia, cabe señalar que fue en su capilla donde se celebró la boda de su hija Isabel con el joven empresario Eusebio Güell Bacigalupi. Un enlace que tuvo lugar el 29 de noviembre de 1871, coincidiendo con el vigésimo segundo aniversario de bodas de Antonio López y Luisa Bru. Aquel matrimonio sellaba la firme alianza empresarial del naviero nacido en Comillas con uno de los más destacados burgueses e industriales de la Cataluña de entonces, con Juan Güell y Ferrer. Si lo simbólico fue el determinante principal que empujó al futuro marqués de Comillas a la compra del Palau Moja, por encima de cualquier otro tipo de necesidades o consideraciones, la boda de su hija Isabel con Eusebio Güell significaba la sanción definitiva que incorporaba a López al restringido núcleo de la alta y selecta burguesía catalana. Y apenas un mes después de que se hubieran casado sus hijos, Juan Güell y Antonio López serían elegidos presidente y vicepresidente, respectivamente, de una entidad que se constituyó entonces para impedir cualquier tipo de reformas en la isla de Cuba, el Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona. Antes de analizar, sin embargo, la participación del de Comillas en dicha entidad vale la pena hacer mención a un nuevo y magno proyecto empresarial que López impulsó precisamente entonces, coincidiendo con la boda de su hija Isabel.

Hablo de un proyecto llevado a cabo en la bahía de Cádiz por su naviera A. López y Cía. y que acabaría convirtiéndose, unos años después, en unos astilleros dedicados a la reparación y a la construcción naval. Aquella iniciativa no nació, sin embargo, en el otoño de 1871 sino que lo había hecho unos años antes, concretamente en 1864, cuando dicha naviera solicitó al gobierno que les señalase un lugar concreto en la bahía de Cádiz donde situar un dique flotante para servicio de sus buques y otros de la marina mercante. Tras la autorización del gobierno de turno, el cual llegó a definir incluso su emplazamiento en noviembre de aquel año, la sociedad A. López y Cía. encargó a la casa Denny Hermanos, de Dumbarton (Escocia), un proyecto para la construcción del susodicho dique. Sin embargo, y a pesar de que la casa escocesa remitió el proyecto definitivo en la primavera de 1865, A. López y Cía. acabaría desechando al año siguiente la idea del dique flotante, dada la catástrofe que por esas fechas se había producido con el hundimiento del dique flotante de Java. Dos años más tarde, en 1868, la naviera de López ofreció a La Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona participar en la creación de otro dique, ubicado en aquel caso en la ciudad condal, si el gobierno le renovaba el contrato del correo. Tampoco aquella segunda tentativa tuvo, sin embargo, éxito.

Fue, como digo, a finales de 1871 cuando la empresa A. López y Cía. reemprendió en Cádiz las gestiones, ahora para la construcción de un dique seco. Y así, en enero de 1872, el Ministerio de Fomento cedió a perpetuidad a la compañía un terreno de 8 hectáreas en las playas de Matagorda. Las obras empezaron en el segundo semestre de aquel año y, en abril de 1873, el Estado le cedió aún más terreno, hasta completar un total de 18 hectáreas, para construir una vía que uniese el futuro establecimiento con la estación del ferrocarril de Sevilla al Trocadero, así como para establecer los depósitos de materiales y los accesorios necesarios. Las obras del susodicho dique, que alcanzó los 171 metros de longitud, se alargaron durante varios años y supusieron un desembolso total para la empresa cercano a los cinco millones de pesetas. Su inauguración tuvo lugar, de hecho, en julio de 1878. Dos años antes, en 1876, A. López y Cía. había comprado, además, a la viuda del indiano Carlos Drake del Castillo el islote de Fort-Luis en la bahía de Cádiz por un importe de 550.000 pesetas[32]. Las instalaciones de dicho islote incluían también un pequeño varadero de rampa para carenar veleros y pequeños vapores, que sería utilizado no sólo por la naviera de López sino que además sería alquilado a otros buques mercantes.

Y si fue a finales de 1871 cuando se dio el pistoletazo de salida a la construcción del futuro dique de Matagorda, también entonces tuvo lugar la fundación del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona, una entidad cuyo primer vicepresidente fue Antonio López y López y cuyo primer presidente fue su único consuegro, Juan Güell Ferrer. La reunión constitutiva de dicho grupo de presión tuvo lugar en la Casa Lonja de Barcelona, el 28 de diciembre de 1871. Cabe señalar que un mes antes, en noviembre, se había creado en Madrid el primer Círculo Hispano Ultramarino de toda España, una entidad que quedó bajo la presidencia de Juan Manuel de Manzanedo, primer marqués de Manzanedo.

Vale la pena hacer algún breve apunte biográfico sobre la persona del primer presidente del Círculo Hispano Ultramarino de Madrid, un individuo cuya trayectoria vital tuvo bastantes puntos en común con la de Antonio López. Como él, Manzanedo había nacido en una localidad costera de Cantabria, en su caso en Santoña, y también había emigrado en su juventud a Cuba con la intención de hacer fortuna. Cabe señalar, sin embargo, que Juan Manuel de Manzanedo tenía catorce años más que Antonio López y que, por lo tanto, su aventura cubana había empezado también un tiempo antes que la del marqués de Comillas. Una vez en Cuba, Manzanedo se dedicó al comercio marítimo y, singularmente, al tráfico ilegal de africanos esclavizados. Desarrolló dicha actividad en sociedad con José Abrisqueta, con el cual conformó la firma Manzanedo y Abrisqueta, una empresa que compartió los riesgos y beneficios de algunas expediciones a las costas africanas con Francisco Riera. Los testimonios de la dedicación a la trata en La Habana por parte del cántabro Manzanedo son ciertamente numerosos. Uno de los veleros que la habanera sociedad Manzanedo y Abrisqueta empleó en dicha actividad tan ilegal como remunerativa fue la goleta Manuelita, un buque que habían comprado, por cierto, a un notorio traficante de dicha ciudad, de origen catalán, llamado Roque J. Llopart Azúa, y cuya primera expedición a las costas africanas en beneficio de Manzanedo fue en 1836. Luego vinieron otras embarcaciones asimismo negreras como las goletas Florida y Constancia o como los bergantines Galgo y Gabriel (a) Dos Amigos, las cuales realizaron diferentes expediciones entre Cuba y las costas de África. Unos años después, probablemente a mediados de la década de 1840 y con los caudales acumulados en Cuba, Manzanedo regresó a España y se convirtió así en uno de tantos indianos enriquecidos en la Gran Antilla. Al igual que hiciera algo después Antonio López, el de Santoña optó por no instalarse en su Cantabria natal sino en una gran ciudad española. Eligió, en su caso, la capital del país y en Madrid desarrolló Manzanedo una intensa actividad empresarial.

Su única hija se casó, por cierto, en 1857 y en París, con Francisco de P. Mitjans Colinó, hijo de un banquero catalán avecindado en aquella ciudad llamado Baltasar Mitjans Ricart. Se trata del mismo Baltasar Mitjans que se había enriquecido también en Cuba, antes de instalarse en la capital francesa, y que años después convertiría precisamente a Antonio López en su apoderado en Barcelona. Las trayectorias vitales de López y de Manzanedo volvían, así, a cruzarse una nueva vez. Así sucedió de nuevo, a finales de 1871, al formarse los Círculos Hispano Ultramarinos de Madrid y de Barcelona. En aquellas fechas, y tal como afirman sus biógrafos, los historiadores Ángel Bahamonde y José Cayuela, Juan Manuel de Manzanedo era el hombre más rico de la capital española. Según sus palabras: «A la altura de 1870 la fortuna del marqués de Manzanedo era la más elevada del Madrid de aquella época y posiblemente de toda España, superior al patrimonio del duque de Alba y solo igualada por la casa de Medinacelli» (Bahamonde y Cayuela, 1987: 139).

Aquel madrileño Círculo Hispano Ultramarino, nacido en noviembre de 1871, animó enseguida a la creación de círculos o casinos similares en las principales ciudades españolas. Y un buen puñado de prohombres de la capital catalana no dudaron en acudir a dicho llamamiento. En aquella reunión constitutiva del círculo de Barcelona se dio lectura, precisamente, a un telegrama enviado por dicho primer marqués de Manzanedo, quien quiso recordar de manera expresa la empresa de los Voluntarios Catalanes, llevada a cabo dos años atrás, en 1869, en la que, como vimos, López tuvo una participación destacada. Lo hizo al señalar que Cuba «recuerda agradecida que Cataluña fue la primera en enviar sus hijos en auxilio de sus hermanos de América». Resaltaba así Manzanedo el innegable hilo de continuidad entre aquella iniciativa del embarque de unos 3.600 voluntarios rumbo a Cuba, desarrollada en 1869, y la ulterior creación de los Círculos Hispano Ultramarinos, dos años después. En dicha asamblea y tras los discursos de rigor, tuvo lugar la elección de la primera junta directiva del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona. Una selecta junta integrada por veintidós individuos, empresarios en su práctica totalidad.

Quiero insistir, tal como señalara el primer marqués de Manzanedo, en el evidente hilo conector que vinculaba aquella empresa de los Voluntarios Catalanes de Cuba, de 1869, con la creación del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona, en diciembre de 1871. Máxime si tenemos en cuenta que siete de los diecisiete miembros que habían conformado la comisión cívica que impulsara el embarque de los Voluntarios, en 1869, acabarían tomando parte, dos años después, en la constitución del Círculo Hispano Ultramarino. Me refiero a Antonio López, José María Serra, José Amell, José Canela, Juan Jover Serra, José Antonio Salom y José Ferrer Vidal. También resultan más que evidentes las conexiones americanas (especialmente cubanas) del núcleo fundador del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona. Al menos tres de sus miembros habían nacido en América (José María Serra, en Chile; Nonito Plandolit, en México, y Carlos E. Sivatte, en Cuba) mientras que otros trece, como mínimo, se habían enriquecido previamente en tierras americanas: uno en Chile (Salvador Vidal), otro en Puerto Rico (Sebastián Plaja) y otros once en la isla de Cuba. De estos últimos once, seis lo habían hecho residiendo en La Habana (Güell, Salom, Canela, Gassol, Telarroja y Rafecas), dos en Santiago de Cuba (López y Amell), uno en Matanzas (Gumá), otro en Sagua la Grande (Ribalta) y un último en Gibara (Munné). Cabe señalar también, para acabar, las intensas conexiones cubanas de José Ferrer Vidal, quien estaba casado con la matancera Concepción Soler, cuyo hermano Rafael Ferrer Vidal se había enriquecido también en Matanzas y cuyo tío paterno, Juan Ferrer Roig, había sido capitán de buques negreros.

La elección de Juan Güell como primer presidente de la nueva entidad estaba relacionada, sin duda, con el contenido de un folleto que había publicado apenas hacía unos meses, en Barcelona y en 1871, bajo el significativo título de Rebelión cubana y en el que vinculaba la defensa de la españolidad de Cuba con la apuesta proteccionista. Para aquel senador, enriquecido en su juventud en La Habana, las colonias españolas eran «la base de nuestras relaciones comerciales con otros pueblos y contribuyen a mantener y acrecer nuestra importancia política entre las demás naciones». Añadía además que «la Isla de Cuba, española y rica», era «el principal mercado exterior de nuestros productos agrícolas y tal vez industriales […] el centro de donde irradia todo nuestro comercio marítimo», hasta el punto de que, para Güell, «la pérdida de la Isla de Cuba arrastraría no sólo la de los grandes capitales españoles que radican en la propiedad urbana y rural de la misma, los comprometidos en caminos de hierro, sociedades, empresas comerciales y los invertidos en los buques nacionales, sino [que deploraba además] lo mucho que se resentirían los capitales peninsulares con la falta del principal mercado para sus productos». La conclusión era clara: «la irreparable pérdida de la Isla de Cuba reduciría de más de la mitad la importancia política y económica de España» (Güell, 1871).

Que el Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona se destacó no sólo por su oposición a las reformas en política colonial en las Antillas, en términos generales, sino también por la defensa de la institución de la esclavitud, en particular, resulta indudable (Maluquer, 1974). Así se aprecia, por ejemplo, en la intensa actividad que dicha entidad realizó entre octubre de 1872 y marzo de 1873, mientras se discutía en las Cortes españolas el proyecto de abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Cabe situar el punto de partida de aquella dura campaña opositora en la primera reunión conjunta de los representantes de los diversos Círculos Hispano Ultramarinos de diferentes ciudades españolas. Un encuentro que se celebró en Madrid, el 14 de octubre de 1872, a iniciativa del Círculo Hispano Ultramarino de la capital española, y de su presidente, el marqués de Manzanedo. Allí se encontraron representantes de los círculos de Málaga, Bilbao, Avilés, Ampuero, Cáceres, Cádiz, Santander, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca y, por supuesto, Barcelona. Aquel día, Juan Manuel Manzanedo expuso un informe en el que alardeaba, de entrada, del carácter conspirativo de aquel recién nacido movimiento («formamos, pues, la conspiración más santa: conspiramos por el bien de España»). Repasaba después, y de forma general, las diferentes cuestiones que afectaban tanto a Cuba como a Puerto Rico y a Filipinas, así como a su relación con España. No se atrevía a señalar, sin embargo, qué tipo concreto de políticas debía proponer al gobierno un movimiento que empezaba a dar sus primeros pasos. Su discurso estaba plagado, más bien, de múltiples preguntas sobre diversas cuestiones a las que unos y otros debían pronto encontrar respuestas, asumidas después colectivamente. Proponía, eso sí, la configuración de aquel «movimiento conspirativo» de los Centros Hispano Ultramarinos para que se organizaran de manera reticular como un verdadero grupo de presión («Es urgente anticiparnos a la lucha, prepararnos para ella, influir en la opinión, en la prensa contradecir sin descanso los arteros escritos de nuestros enemigos […], luchar en todas partes, luchar siempre»); como un influyente grupo de presión capaz, eso sí, de tener representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado («lograr que en nuestras Cámaras se alce enérgica la voz de elocuentes oradores en defensa de esa causa que nos preciamos de servir»[33]).

Entre los temas que repasó entonces el primer marqués de Manzanedo estaba «un problema de grandes consecuencias», una cuestión «que reclama preferente examen: la abolición de la esclavitud». Al abordar dicha cuestión, el presidente del Círculo Hispano Ultramarino de Madrid empezaba expresando una afirmación tan categórica como vana o retórica. Afirmó, de entrada, sobre la abolición: «Exijenla los tiempos; la exijen los compromisos contraídos; [y] la exijen la seguridad y el porvenir de las Antillas españolas [sic ]». Y si digo que Manzanedo no pasó de la retórica es por la segunda parte de aquella frase, cuando añadió: «pero al lado de esas razones poderosas, se alzan otras que reclaman cordura, acierto en el modo de resolver tan delicado asunto». Y añadió enseguida una serie de motivos que justificaban que «esa emancipación sea lenta, conciliando los intereses todos, respetándose los derechos todos» y respetando también, por supuesto, el sacrosanto derecho a la propiedad de los dueños de esclavos. Manzanedo hablaba, por ejemplo, de «la ignorancia de esas razas, que hoy están en dependencia; [de] su absoluta carencia de elementos para subsistir» y además de «otras mil causas más» para justificar su oposición a la emancipación de los esclavos, sin más. Consideraba, de hecho, que «lanzar» a la libertad a los esclavos de Puerto Rico o de Cuba significaba situarlos «en un modo de ser para el que no están preparados»[34].

Aquella primera reunión celebrada en Madrid sirvió para acordar una serie de resoluciones que pronto enviaron, el 25 de noviembre de 1872, al presidente del Consejo de Ministros. Quienes firmaron aquellas resoluciones en nombre del círculo de Barcelona fueron su secretario, Diego Alonso Martínez, y uno de sus vocales más activos, José Munné Nugareda. No lo hizo, sin embargo, su primer presidente. Y no pudo porque acababa de fallecer en Barcelona. El industrial y político Juan Güell Ferrer cerró, en efecto, definitivamente sus ojos el 22 de noviembre de 1872. Una fatal coincidencia hizo que su muerte se produjese mientras su nuera, Isabel López Bru, estaba de parto. Así, apenas unas horas después de que Güell falleciera nació precisamente la primera de sus nietas, bautizada enseguida como Isabel Güell López, a la que su abuelo paterno no llegó a conocer. Hablamos de la que fue también la primera nieta, legítima al menos, de Antonio López y López, así como de su mujer, Luisa Bru Lassús. Aquella cruel casualidad reflejaba muy bien la rueda de la vida: unos fallecían mientras que otros nacían, asegurándose así la continuidad en la familia a través del necesario relevo generacional.

El fallecimiento de Juan Güell y el nacimiento de su nieta coincidieron, además, con la discusión en las Cortes españolas de aquel proyecto de ley que tenía por objeto la abolición de la esclavitud en la isla de Puerto Rico. Fue, precisamente, dicha iniciativa la que desató aquella intensa y dura campaña de oposición llevada a cabo por los Círculos Hispano Ultramarinos como el de Barcelona. Vale la pena centrarse en uno de los elementos que conformaron la susodicha campaña en la capital catalana. Me refiero a un largo manifiesto fechado en Barcelona el 8 de enero de 1873 y dirigido al entonces presidente del Consejo de Ministros, Manuel Ruiz Zorrilla. Lo firmaban un total de 238 mujeres, las cuales eran todas «nacidas en las islas de Cuba y Puerto Rico y residentes en esta capital», Barcelona. Un número tan relativamente alto de mujeres nacidas en ambas Antillas y residentes en la ciudad condal revela la importancia que tenía, en aquellas fechas, el amplio colectivo de los indianos (nacidos o enriquecidos en Cuba o en Puerto Rico) en el seno de la burguesía de la ciudad. En la redacción de aquel manifiesto, las firmantes se identificaban «como cristianas» que, por haber nacido en Cuba o en Puerto Rico, conocían «mejor sin duda» que los «hombres de Estado» la cuestión de «la mal llamada esclavitud». Justamente por eso querían que su voz se tuviese entonces en cuenta. Aquella carta la firmaba, en primer lugar, la mujer del vicepresidente del Círculo Hispano Ultramarino, Antonio López y López. O sea, Luisa Bru Lassús, nacida en Santiago de Cuba. No cabe duda del papel central que uno y otra, Antonio López y Luisa Bru, jugaron entonces en aquella férrea defensa de la institución de la esclavitud en las Antillas españolas. Suscribieron también aquel manifiesto las mujeres de algunos de los más ricos empresarios de Cataluña como, por ejemplo, Concepción Soler (esposa de José Ferrer Vidal), Isabel López Bru (esposa de Eusebio Güell Bacigalupi), Estanislaa Digat Irarramendi (esposa de Agustín Goytisolo Lezarzaburu), Rita Robert (esposa de José Amell Bou) y Clara Baró Jiménez (esposa de Leandro Soler Morell). Se sumaron también a la iniciativa algunas ricas viudas de Barcelona nacidas en La Habana, como Manuela Xiqués de Llopart o Dominga Juera de Vilar, entre muchas otras[35].

Lisa Surwillo ha realizado un interesante análisis sobre el contenido de dicho documento. Entre otras muchas ideas ha destacado que la citada carta nacía de la suma o combinación de tres ingredientes principales: nacionalismo, proesclavitud y género. Que partía de un claro ideal de la moralidad doméstica o, más propiamente, de un determinado ideal de la domesticidad femenina (desde la «tranquilidad del hogar»), así como, también, desde la religiosidad propia de sus firmantes. Y que resaltando el hecho de haber nacido en Cuba o en Puerto Rico, las susodichas firmantes querían expresar una defensa racializada, blanca, de la «integridad nacional» española, incluyendo por supuesto a ambas Antillas, frente a la imagen popular de los agitadores mambises que seguían levantados en armas contra España (Surwillo, 2012). El susodicho manifiesto fue entregado enseguida a su destinatario, Manuel Ruiz Zorrilla, y de su contenido se hizo también eco la prensa madrileña. La Época señalaba, por ejemplo:

Muchas señoras naturales de Cuba y Puerto Rico, que accidentalmente residen en Barcelona, han dirigido una exposición al presidente del Consejo de Ministros contra los peligros que amenazan a las provincias donde vieron la luz. No hablan en nombre de la política, sino en el del sentimiento y de la religión, y el sentimiento y la religión de consuno les dicen que se labra la desdicha de seres que necesitan ser guiados mientras su educación no se perfeccione. Estas señoras, que hablan el lenguaje de la fe y del patriotismo, porque también a ellas les interesa la integridad de la patria, no habían oído hasta ahora que la humanidad fuera la cara de Dios […] y por eso se limitan a protestar contra indignas imposiciones extranjeras[36].

Los argumentos utilizados en aquel manifiesto impulsado por el Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona y firmado por mujeres de la burguesía de la ciudad no diferían, en lo esencial, de los argumentos que hacían servir entonces los líderes integristas en Cuba. En otro manifiesto, por ejemplo, aparecido en La Habana aquel mismo mes de enero de 1873, en el cual se hacían públicas las bases para crear una Asociación de Hacendados y Propietarios de Esclavos en la isla de Cuba, se mostraba idéntica defensa de la esclavitud frente a las doctrinas abolicionistas, con argumentos similares: «A la propaganda abolicionista destructora, que se ingiere hasta en las esferas oficiales, en los gobiernos y en la prensa europea y americana, debemos oponer la propaganda mesurada de la razón, de la verdad de nuestras aspiraciones conciliadoras, de nuestros derechos incuestionables, de nuestra abnegación y patriotismo». Y en otro fragmento se afirmaba que la abolición de la esclavitud significaría la inmediata ruina de Cuba: «¿Qué sería del Departamento Occidental y de la Isla toda, si la cuestión social que bajo una forma inmediata se proyecta resolver en Puerto Rico, viniera inesperadamente aplicada a Cuba, sin estar preparados a recibir y remediar cambio tan trascendental en la servidumbre?». Puestos a destacar, por cierto, algunos nombres propios, vale la pena señalar que el principal impulsor (y futuro presidente) de aquella Asociación de Hacendados y Propietarios de Esclavos era Julián Zulueta y que entre los vocales de su primera junta directiva encontramos a Pedro Sotolongo. Hablamos de dos individuos estrecha y personalmente vinculados tanto al Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona como, en especial, a su vicepresidente Antonio López y López, con quien compartían intereses en la habanera casa de comercio de Samá Sotolongo y Cía.[37].

Para dar un mayor alcance a su campaña de oposición a la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, tanto el Círculo Hispano Ultramarino de Madrid como su homólogo de Barcelona impulsaron una nueva entidad, o grupo de presión, a la que llamaron Liga Nacional. Su manifiesto fundacional se presentó en la Villa y Corte, el 10 de enero de 1873, y un mes más tarde tuvo lugar la reunión constitutiva de aquella nueva entidad en la capital catalana. Hablamos de una multitudinaria agrupación que tuvo también un marcado carácter antiabolicionista y proesclavista. En su reunión fundacional y convocados por el Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona se congregaron, tal como recogía con gran alborozo la prensa conservadora madrileña, «más de 3.000 personas pertenecientes a todas las clases de la sociedad y de las más importantes de aquella industriosa población». Destacaba también, por cierto, La Época que la capital catalana estaba entonces «unida con la grande y la pequeña Antilla por los lazos de un continuado tráfico, por relaciones industriales y mercantiles que constituyen una de las mayores fuentes de riqueza de Barcelona. Por esta razón no acudieron sólo a la Casa Lonja grandes navieros y grandes comerciantes sino que fueron también a prestar su apoyo al pensamiento de la Liga Nacional modestos industriales que saben que la exportación para las Antillas proporciona los mayores lucros a su industria [además de] artesanos […], individuos de la nobleza, propietarios, hacendados y personas dedicadas a las carreras literarias». A todos les unía la convicción de que la aplicación de las reformas en estudio para ambas Antillas iba a significar «la pérdida de aquellas islas […] sin que se hubiesen alcanzado tampoco los resultados que de sus proyectos esperan los partidarios de la inmediata abolición de la esclavitud». La reunión terminó con la elección de «una Junta compuesta de la directiva del Círculo Hispano Ultramarino y de 72 personas elegidas en este acto que pertenezcan a las diversas clases sociales de la ciudad», lo que verificaron entonces. Al hacerlo, la asamblea se limitó a ratificar «por aclamación» la lista propuesta por los convocantes de la misma, presentada igualmente por el portavoz del Círculo Hispano Ultramarino, «una lista de dignísimas personas pertenecientes a todas las clases de la sociedad, nobleza, clero, ejército, exdiputados y senadores, hacendados y propietarios, navieros, comerciantes, clases literarias, Bellas Artes, periodistas, comercio al por menor, industriales y operarios»[38].

No sólo el segundo presidente del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona (José Antonio Salom) resultó elegido primer presidente de la Liga Nacional en la ciudad, sino que todos los dirigentes del círculo antiabolicionista integraron la Comisión Ejecutiva de la nueva organización. Quedaba patente, en definitiva, tanto la vinculación y continuidad entre ambas iniciativas como, sobre todo, la capacidad de liderazgo sobre las fuerzas conservadoras catalanas por parte de aquellos que se habían organizado previamente para impedir cualquier tipo de modificación o reforma del statu quo colonial en las Antillas españolas. De hecho, la reunión constitutiva de la Liga Nacional en Barcelona coincidió con la abdicación de Amadeo de Saboya y con la proclamación de la República, el 11 de febrero de 1873. A pesar de sus intensas presiones, ni el movimiento de los Círculos Hispano Ultramarinos ni la nueva Liga Nacional consiguieron paralizar la aprobación de la ley que otorgó la libertad a los esclavos en Puerto Rico, aprobada finalmente por el Congreso de los Diputados el 22 de marzo de 1873[39]. Tras la proclamación de la República, Antonio López valoró que la situación política en España se había vuelto insegura, tal vez incluso peligrosa, de manera que aquel mismo mes de marzo marchó junto con su familia a la ciudad de Toulouse, en Francia. Aquello impidió a sus dos hijos varones, Antonio y Claudio López Bru, terminar con normalidad sus estudios universitarios en la capital catalana.

No obstante y a pesar de las dificultades, fue en 1873 cuando los hermanos Antonio y Claudio López Bru acabaron sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y cuando pudieron solicitar sus correspondientes títulos de licenciados en Derecho Civil y Canónico. De hecho, aunque se llevaban un año y medio, ambos habían iniciado y culminado a la vez sus estudios universitarios. Es más, ambos hermanos habían cursado todos sus estudios conjuntamente, desde su más tierna infancia. Según Sebastián J. Arbó, Antonio y Claudio López Bru «fueron criados en una disciplina austera […], tenían el orden de vida determinado; las diversiones, como los estudios, reglamentados. Tenían prohibido jugar con muchachos que no fuesen de su condición, pues el viejo marqués, como todos los que han subido con rápida fortuna, se mostraba especialmente intransigente en este punto» (Arbó, 1970: 217). Añade Eduardo Regatillo que «una institutriz inglesa dio a los dos hermanos lecciones de francés e inglés», y que, más adelante, «para el bachillerato, tenían profesores en casa, casi todos sacerdotes» (Regatillo, 1950: 12-13). En efecto, en el primer curso de sus estudios de enseñanza secundaria, entre 1863 y 1864, no quisieron sus padres que estudiasen en colegio alguno sino que optaron por contratar a diferentes profesores particulares. Al acabar aquel primer curso Antonio y Claudio López Bru tuvieron que examinarse por libre en el Instituto Provincial de Barcelona, habilitado a tal fin por la llamada Ley Moyano de 1857. Las dos materias que cursaron fueron Principios y Ejercicios de Aritmética y el Curso Primero de Latín, las cuales superó con sobresaliente Claudio López Bru, con once años recién cumplidos. En el segundo curso estudiaron por su cuenta tres asignaturas (Francés, Doctrina y Curso Segundo de Latín) mientras que otras dos (Geografía y Principios de Geometría) las cursaron en el «colegio del Sr. Artigas». Seis fueron las materias que estudiaron en tercer curso, entre el otoño de 1865 y el verano de 1866. Las dos asignaturas de lenguas clásicas (Griego y Latín) las estudiaron ambos hermanos con profesores particulares mientras que aprendieron las otras cuatro materias (Historia General, Historia Particular de España, Aritmética y Álgebra) en el «colegio del Sr. Galavoti». Tal como resume el expediente personal de Claudio López Bru, entre 1866 y 1867 «probó en esta propia forma [enseñanza doméstica] y Escuela con igual calificación de Sobresaliente las [asignaturas] de Retórica [y] Psicología, con aprobación por asistencia en la Doctrina que juntas cursó en el Colegio Peninsular. Y de 1867 a 68 probó asimismo con igual calificación de Sobresaliente la Lógica, Historia de España, Física y Química, y Doctrina, que había cursado en el último de los citados colegios», o sea, en el llamado Colegio Peninsular. En el sexto y último curso de la enseñanza secundaria, entre 1868 y 1869, ambos hermanos superaron Ética, Historia Natural y Fisiología e Higiene. El menor de los dos, Claudio López Bru, lo hizo «con nota de aprobado». Culminado con moderado éxito aquel último curso, ambos hermanos obtuvieron el 24 de mayo de 1869 el grado de Bachiller en Artes, según el título que expidió el Instituto Provincial de Lleida[40].

Con dieciséis y diecisiete años, Claudio y Antonio López Bru se matricularon en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Lo hicieron ambos el mismo día, el 30 de octubre de 1869. En estas aulas pasaron los dos hermanos buena parte de los cuatro años siguientes, en pleno sexenio democrático. Su rendimiento académico parece haber sido bastante mediocre, pues sólo aprobaron tres de las once asignaturas cursadas con «sobresaliente» mientras que las otras ocho las superaron con un mero «aprobado». Si miramos por cursos, resulta que todas las notas de primero, de segundo y de cuarto fueron «aprobados» raspados mientras que las tres asignaturas de tercero, correspondientes al período 1871-1872, merecieron sendos «sobresalientes». Como antes indiqué, cabe tener en cuenta que el último curso universitario de los hermanos López Bru, el que transcurrió entre octubre de 1872 y junio de 1873, resultó para ellos bastante movido. Su vida estuvo marcada, de hecho, por la proclamación de la República española, el 11 de febrero, y por la inmediata decisión de su padre, Antonio López y López, de trasladar su residencia a Toulouse. El propio Claudio López Bru se lo contó a su buen amigo Antonio Sánchez de Movellán Mitjans a través de una carta: «Salimos emigrados de Barcelona en marzo con motivo de la desorganización en que aquello se hallaba» (Faes, 2009: 40). Siendo así, el 8 de marzo de 1873, los jóvenes Antonio y Claudio López Bru presentaron una solicitud al rector de la Universidad de Barcelona «deseando ser examinados de la asignatura de Práctica Forense en la Universidad de Gerona, única que le falta en su carrera». Aunque aquella instancia no consta en sus respectivos expedientes universitarios, sí que consta que dicho rector aprobó una petición que «los interesados fundan […] en interés de familia», según consignaba. Finalmente, ambos hermanos consiguieron examinarse en Gerona y superaron dicha asignatura. Un representante de Claudio y de Antonio López Bru, tal vez Manuel Buch Forés, presentó sendas instancias ante el mismo rector de la Universidad de Barcelona, el 1 y el 9 de junio de 1873, para que «se le señalen el día y hora para los ejercicios correspondientes» al duro y exigente examen final de carrera[41].

Giorgio Papàsogli afirma que Claudio López Bru consiguió culminar sus exámenes finales presentando una tesis sobre los «Defectos que en sus orígenes y en su desarrollo presenta la Iglesia oriental», un trabajo que demuestra el profundo interés del joven Claudio por las religiones cristianas, desde una acérrima defensa de la Iglesia católica, romana (Papàsogli, 1984: 33). Superada la fase formativa, Claudio López Bru completó «su educación en viajes por Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, acompañando a su hermano mayor don Antonio, bajo la vigilancia de profesores escogidos y con algunos amigos de su edad, como don Lorenzo Sánchez de Movellán, y otros, hijos de familias emparentadas con la suya» (Gascón, 1925: 33). En dicho viaje ambos hermanos fueron recibidos en Roma por Pío IX y visitaron también Holanda, Bélgica, Suiza y Austria. Finalmente, ambos hermanos se instalaron en Burdeos, en enero de 1874, y allí tuvieron «otro período de prácticas», para lo que debieron «organizar su propia vida, conocer al mismo tiempo el tráfico de un puerto atlántico y practicar el francés». Meses después, Antonio y Claudio López Bru pasaron «a Inglaterra para perfeccionarse en el inglés» a la vez que «visitaban casas comerciales, fábricas y minas». Ambos pudieron, por casualidad, supervisar personalmente la reparación del vapor España, uno de los que formaban parte de la naviera A. López y Cía. y «que se encontraba en el puerto de Belfort», acompañados igualmente por los hermanos Lorenzo y Antonio Sánchez de Movellán (Papàsogli, 1984: 44-46). Aun tuvieron tiempo de conocer Escocia e Irlanda antes de regresar a España.

Fue en marzo de 1873, o sea, en el mismo mes en que Antonio López trasladó de forma provisional su residencia al sur de Francia, cuando los vapores-correo de su naviera pasaron a hacer tres viajes mensuales entre España y sus colonias antillanas y no dos, como hasta entonces. Dos de aquellos trayectos seguían igualmente saliendo desde el puerto de Cádiz mientras que el tercero debía hacerlo desde Santander. Antonio López nombró como su consignatario en este último a un viejo conocido suyo, al armador Ángel Bernardo Pérez y Pérez. Sus relaciones se remontaban, cuando menos, a la estancia de ambos en Cuba: entre 1848 y 1852 Ángel Bernardo había actuado como agente de la sociedad Antonio López y Hermano en Cienfuegos, donde vendía los esclavos que éstos le remitían desde Santiago de Cuba. De regreso en Santander creó en 1853 la sociedad Pérez y García, una casa de comercio especializada en la importación de maderas y bacalao de Noruega, primero en bergantines noruegos e ingleses, y a partir de 1858 en sus propios veleros[42]. Se casó en 1861 con Carolina Eizaguirre, hermana de Joaquín y de Carlos Eizaguirre, socios fundadores de la naviera A. López y Cía. Y dos años después de haber contraído matrimonio, en 1863, empezó a actuar como consignatario de buques de otras casas de comercio, a la par que se incorporaba como consejero del Ferrocarril de Isabel II y del Crédito Cántabro.

La quiebra de la casa Ortiz Vega, en 1865, a punto estuvo de arrastrar a Pérez y García a la suspensión de pagos. Y aunque sus dos socios pudieron resolver aquella delicada situación, no es menos cierto que tardaron varios años en regularizar los balances de su casa de comercio. La incorporación de Santander como puerto de salida de los vapores de A. López y Cía., a partir de 1873, dio una nueva dimensión a la empresa dirigida por Ángel Bernardo Pérez. De hecho, Antonio López evitó tener que abrir una casa propia en el puerto cántabro, como había hecho años antes en Cádiz, al delegar todas sus funciones en la empresa de Pérez. Lo hizo tras haber acordado con él una reforma de la escritura social: el otro socio gerente, José García Álvaro, pasó entonces a ser comanditario (con una participación de 200.000 pesetas) y, junto con Ángel Bernardo Pérez y Pérez, también con 200.000 pesetas, se incorporaron como nuevos socios Eduardo Pérez de la Riva y el futuro yerno de López, Joaquín del Piélago, ambos con un capital de 100.000 de pesetas. Las 400.000 pesetas restantes, hasta completar el millón escriturado, venía representado por la comandita de A. López y Cía.[43].

Ángel Bernardo Pérez era, ya entonces, un miembro destacado de la burguesía local: regidor del Ayuntamiento y vocal del consejo de administración de la sucursal santanderina del Banco de España desde su creación en 1875, cuando años más tarde se funde la Compañía Arrendataria de Tabacos, Ángel B. Pérez y Cía. se acabaría haciendo cargo de su representación en Santander, consiguiendo asimismo la custodia y venta del papel timbrado y los sellos de correos para la provincia. Ya antes de la constitución de aquella sociedad participada por la firma A. López y Cía., Ángel B. Pérez había gestionado la compra de unos terrenos para la naviera de López en el muelle de Maliaño[44]. A finales de 1872 A. López y Cía. había acondicionado una parte del puerto de Santander para facilitar el atraque de sus vapores y, dos años después, en noviembre de 1874, el joven Joaquín del Piélago solicitó llevar a cabo el relleno de la costa norte de la bahía de Santander para instalar allí los muelles, depósitos, talleres y almacenes necesarios para la actividad de los vapores de la naviera López, así como para otros buques igualmente consignados a Ángel B. Pérez y Cía. La petición no fue aprobada, sin embargo, hasta tres años más tarde.

A finales de la década de 1870, no obstante, los esfuerzos de la firma A. López y Cía. se concentraban en finalizar el dique e iniciar las obras del astillero en la bahía de Cádiz, con lo cual la expansión de su actividad en Santander pasó a un segundo plano. No fue hasta mayo de 1880 cuando iniciaron «las obras necesarias para la construcción de los muelles, embarcaderos y almacenes» en la Ensenada del Promontorio, en el puerto cántabro; unas obras que seguían todavía en curso cuando la naviera se acabó transformando en sociedad anónima, en un proceso que analizaré más adelante[45].

Hay que destacar la buena salud de la firma Ángel B. Pérez y Cía.: el reparto anual de beneficios en vida de Antonio López no fue en ningún año inferior al 25 por ciento de su capital social y se llegó a alcanzar en algún ejercicio una tasa de ganancias superior al 33 por ciento. El desglose de su cuenta de ganancias y pérdidas nos indica, por otro lado, cuáles eran las partidas que proporcionaban más utilidades a dicha firma cántabra. La importancia de la consignación de los buques de la naviera de López resulta clara: entre el 30,7 por ciento en 1881 y el 58,2 por ciento en 1882, pasando por el 34,5 por ciento de 1883, de las utilidades de Ángel B. Pérez y Cía. se generaban directamente por la consignación de los vapores-correo de la casa A. López y Cía. (Rodrigo, 2000: 110-113).

La fundación de la sociedad Ángel B. Pérez y Cía. en 1873 coincidió con el traslado temporal de la residencia de la familia López Bru a Toulouse. No puedo precisar, sin embargo, la fecha de su regreso a Barcelona. Tuvo que ser, en cualquier caso, no más tarde de enero de 1874. El abrupto final de la República, causado por el golpe de Estado del general Manuel Pavía, el 3 de enero de 1874, debió indudablemente tranquilizar al futuro marqués de Comillas y al resto de los dirigentes del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona. A algunos de ellos, como al propio López, les acercó, incluso, al poder. En el listado, por ejemplo, que el gobernador civil publicó en febrero de 1874 nombrando a los diputados provinciales que debían renovar la Diputación de Barcelona aparecen varios dirigentes del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona, empezando por Antonio López y López, «hacendado, director de la compañía trasatlántica de los vapores-correo» y siguiendo por José Antonio Salom, «ex-concejal y fabricante», por José Canela Raventós, «ex-alcalde [de Barcelona], vocal de la Junta directiva del centro hispano-ultramarino y del comercio» y por Melchor Ferrer, «vice-presidente de la Comisión provincial y decano del colegio de abogados de Barcelona»[46]. Para hombres de orden, como todos ellos, el final de la República fue una buena noticia.

Una vez conjurado el peligro que había significado, para los hombres de orden como el propio Antonio López, la existencia de la República el Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona reemprendió con fuerza sus actividades. En septiembre de 1874, por ejemplo, nombraron socio de honor de dicha entidad al escritor gallego José Ferrer de Couto, «ilustrado y bizarro director de El Cronista de Nueva York», sumándose así a «las muestras de aplauso y simpatía a que su españolismo le hace acreedor»[47]. El homenaje que el círculo barcelonés hizo entonces a aquel periodista gallego se basaba en un libro suyo publicado diez años antes, en plena guerra civil norteamericana, dedicado a convencer a los estadounidenses de que no debían acabar con la esclavitud en los estados del Sur de la Unión. Una interesante monografía titulada Los negros en sus diversos estados y condiciones; tales como son, cómo se supone que son y cómo deben ser, en la cual su autor se negaba a hablar de esclavitud (prefería hablar de «institución organizada del trabajo forzoso de los negros») y calificaba el comercio transatlántico de esclavos como una actividad propiamente humanitaria que permitía «rescatar» a los africanos para conducirlos a América, salvándolos así de la barbarie y el canibalismo.

Más allá de este tipo de homenajes (eminentemente simbólicos pero con una evidente carga ideológica), una de las primeras líneas de actuación llevadas a cabo entonces por el Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona tuvo que ver con su exigencia en la necesidad de aumentar el contingente militar español desplazado a Cuba. Y es que después de seis años de un mortífero conflicto bélico en la Isla, el ejército español había sido incapaz de vencer a las tropas mambisas. Para los dirigentes del círculo integrista catalán no había duda de que la única forma posible de acabar con aquella guerra colonial, de una vez por todas y sin concesiones, era enviando más soldados y oficiales a la mayor de las Antillas. En dicha demanda consiguieron el expreso apoyo de las principales organizaciones patronales catalanas, tanto las industriales (Fomento de la Producción Nacional e Instituto Industrial de Cataluña) como la agraria (Instituto Agrícola Catalán de San Isidro), las cuales se sumaron a su petición. Fue a principios de noviembre de 1874 cuando el representante del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona en la Villa y Corte, Diego A. Martínez, entregó en mano al presidente del Consejo de Ministros «una razonada y respetuosa exposición», igualmente respaldada por «varios respetables comerciantes» de la capital catalana, «sobre el tan traído y llevado envío de refuerzos a la isla de Cuba». Además de las consideraciones políticas, la exigencia de que se enviasen más tropas a Cuba tenía también una motivación económica, tal como recogía la prensa madrileña de obediencia canovista:

Obsérvese la subida que el oro y los cambios van experimentando en La Habana a medida que el tiempo pasa, sin que el cable transmita la ansiada nueva del embarque de los 12.000 soldados solemnemente ofrecidos, y calcúlese lo que sucederá indefectiblemente si nuestras sufridas y generosas hermanas, fundadas en solemnes y elevadas promesas, ven convertidos en humo sus inmensos sacrificios. La sola noticia de que el correo del 30 de octubre no llevaba refuerzos hizo subir el oro a 96 por 100 y a 126 las libras esterlinas. No queremos pensar lo que sucederá si pasa noviembre sin que sean embarcados los 9.000 hombres que faltan para el completo de los 12.000 ofrecidos[48].

Aquella petición impulsada por el Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona tuvo lugar unas pocas semanas antes de que Arsenio Martínez Campos diese, en Sagunto, el golpe de Estado con el cual se aceleró la Restauración monárquica y dinástica en España, en la persona de Alfonso de Borbón. El nuevo hombre fuerte del nuevo régimen político en España, en la llamada Restauración, fue el malagueño Antonio Cánovas del Castillo, quien se encontró con varios problemas para resolver. Una de las cuestiones más importantes que debía afrontar el nuevo gobierno tenía que ver, precisamente, con la guerra en Cuba. En ese sentido, no cabe ninguna duda de que tanto Cánovas del Castillo como sus nuevos ministros fueron muy sensibles a las peticiones de los hombres del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona. En febrero de 1875 una delegación de su junta directiva viajó desde la capital catalana hasta Madrid para entrevistarse con los ministros de la Guerra y de Ultramar, Joaquín Jovellar y Adelardo López de Ayala, respectivamente. Cabe recordar que este último había sido el redactor del manifiesto fundacional de la Liga Nacional en Madrid. Podían esperar, por lo mismo, cierta afinidad en materias ultramarinas. Dicha delegación se reunió también con el recién nombrado capitán general de Cuba, el general Blas de Villate, conde de Valmaseda, quien estaba a punto de marchar rumbo a La Habana. Dos fueron las peticiones que la entidad barcelonesa trasladó entonces a unos y a otro: la necesidad de profundizar en la solución militar para derrotar a los cubanos alzados en armas, enviando más y más soldados a la Gran Antilla, así como la de acabar con la corrupción en la administración insular (especialmente en el orden fiscal). Y a ambas peticiones se mostraron sensibles los ministros Jovellar y López de Ayala, quienes se comprometieron «al inmediato embarque de 3.000 hombres» para Cuba. Por esa razón y por una evidente sintonía política, la delegación del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona prometió entonces al primer gobierno de la Restauración «todo el apoyo moral y material que en la esfera de su acción puedan prestarle las asociaciones por ellos representadas». Siendo así, los dirigentes del Círculo Hispano Ultramarino regresaron a Barcelona con los objetivos cumplidos, como publicó la prensa conservadora madrileña: «Nos consta que vuelven satisfechos de la acogida que han encontrado en los señores ministros, no solo por sus circunstancias personales sino por lo que significa el importante Círculo que representan»[49].

Quienes remaban en el mismo sentido que los miembros del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona seguían siendo los dirigentes del Casino Español de La Habana y, singularmente, Julián Zulueta, Pedro Sotolongo y Manuel Calvo. Hablamos de tres hombres que eran, precisamente, socios y buenos amigos de Antonio López. Los dos primeros compartían desde 1868 con él intereses y capital en la firma habanera Samá Sotolongo y Cía. mientras que Manuel Calvo se acabaría convirtiendo tiempo después, a partir de 1877, en el consignatario de los vapores de la naviera A. López y Cía. en La Habana, lo que hizo al sustituir, precisamente, a la casa Samá Sotolongo y Cía. El 25 de septiembre de 1875 los tres (Calvo, Zulueta y Sotolongo) se reunieron en Madrid con el ministro de Ultramar[50]. Y enseguida empezaron aquellos embarques masivos de soldados rumbo a Cuba que unos y otros venían reclamando desde hacía tiempo. Apenas dos meses antes, por cierto, el joven monarca Alfonso XII había ennoblecido al negrero vasco Julián Zulueta con los títulos de marqués de Álava y vizconde de Casa Blanca. Y aquel mismo día, en julio de 1875, había igualmente otorgado al otro comerciante negrero de La Habana, el catalán José Baró, el título de vizconde de Canet de Mar. La España de la Restauración premiaba así a aquellos integristas «por los servicios prestados a la causa española en Cuba»[51].

7

El Banco Hispano Colonial

Una vez sofocada la guerra carlista en la España peninsular, la paz en Cuba era la principal asignatura pendiente para el nuevo gobierno de la Restauración. Decidido a acabar con un conflicto que hacía siete años que duraba, y haciendo efectivas las peticiones tanto de los sucesivos capitanes generales de Cuba como de los sectores integristas de dicha Isla, el gobierno presidido por Antonio Cánovas del Castillo optó por incrementar los efectivos del ejército desplazados a la Isla. Al adoptar dicha política seguía también las demandas planteadas en la España peninsular y, desde diciembre de 1871, por el movimiento de los Círculos Hispano Ultramarinos. Los embarques masivos de tropas se iniciaron en septiembre de 1875, de manera que en apenas tres años, entre esta fecha y 1877, más de 71.000 soldados cruzaron el Atlántico para defender la soberanía española sobre la Gran Antilla. Aquel multiplicado esfuerzo bélico pronto tropezó con las dificultades que aquejaban a la Hacienda española. El crónico déficit del erario público impedía al gobierno tener recursos suficientes para acabar con la guerra. La primera y única solución que ensayó éste para hacer frente al aumento de los gastos militares fue procurarse un préstamo. Y así tenemos que, al iniciarse el verano de 1876, Cánovas solicitó el concurso de Antonio López y López: se trataba de conseguir un total de setenta y cinco millones de pesetas, que venían a representar el 10,26 por ciento del total de ingresos ordinarios del Estado en aquel ejercicio fiscal, susceptibles de ser ampliados en cincuenta millones más. López implicaría en el proyecto a dos de sus socios: el vizcaíno Manuel Calvo Aguirre, en La Habana; y el menorquín Antonio Vinent Vives, en Madrid. Y así, el empréstito se acabaría reuniendo a partes iguales entre Barcelona, Madrid y Cuba.

Como hemos visto, López se había consolidado como un catalizador capaz de integrar en sus iniciativas a algunos de los más destacados indianos radicados en la Península, primero en su naviera A. López y Cía. y más adelante en el Crédito Mercantil. Aquellos importantes intereses indianos se habían expresado, asimismo, en la creación del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona en diciembre de 1871. La adscripción de la mayor parte de los hombres que se organizaron en dicho centro a la causa alfonsina es innegable. La composición de la Diputación de Barcelona, renovada en enero de 1875 tras la Restauración monárquica, lo refleja claramente: hombres como Antonio López, José Ferrer Vidal, José Antonio Salom, José Canela y Melchor Ferrer, miembros todos ellos de la junta directiva del Círculo Hispano Ultramarino, fueron nombrados diputados de la nueva corporación. Junto a ellos, otros indianos como Francisco Jaurés, Manuel Vidal Quadras e incluso Antonio Samá Urgellés (socio de Samá Sotolongo y Cía., de La Habana) se incorporaron también a la nueva Diputación. De hecho, Melchor Ferrer y José Antonio Salom, dos destacados dirigentes del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona, fueron nombrados presidente y vicepresidente de la Diputación Provincial de Barcelona. Es una muestra más del hilo de continuidad entre la oposición a las reformas en las Antillas y el movimiento alfonsino.

Al dirigirse a Antonio López para la consecución del citado empréstito, Cánovas del Castillo no sólo agradecía el soporte de aquel importante sector de la burguesía catalana en la apuesta alfonsina sino que volvía a solicitar su apoyo a la resolución de la guerra de los Diez Años. Como cabía esperar, no hubo problemas para captar los veinticinco millones de pesetas que debía aportar la plaza de Barcelona para auxiliar al gobierno en la resolución del conflicto en Cuba:

FUNDADORES CATALANES DEL BANCO HISPANO COLONIAL

A. López y Cía.

5.250.000

Crédito Mercantil

2.500.000

Banco de Barcelona

2.500.000

Catalana General de Crédito

2.500.000

Evaristo Arnús

1.875.000

Manuel Girona

1.000.000

Luis de Navás

750.000

J. M. Serra e hijo

525.000

Juan Jover y Serra

500.000

Francisco Torruella

500.000

José Taltavull

500.000

Otros

6.600.000

Ahora bien, más allá de su innegable labor como líder de un poderoso grupo de empresarios catalanes, en buena medida enriquecidos en América, los cuales contribuyeron a la creación del Banco Hispano Colonial, Antonio López también garantizaba una conexión directa con los intereses integristas cubanos, los cuales se habían articulado políticamente en torno a lo que se había venido en denominar partido español. Con este objetivo, López delegó en su viejo amigo y socio Manuel Calvo Aguirre la suscripción de la parte del capital que correspondía a Cuba.

Nacido en 1816 en Portugalete (Vizcaya), Calvo había emigrado a La Habana a finales de 1834, donde se colocó como dependiente de una ferretería. En 1840 pudo adquirir una goleta para el cabotaje en las costas cubanas, con cuyos ingresos, y tras la muerte del dueño de la ferretería, se haría cargo del negocio en 1843; poco después se casaba con Rosario Caballero, la viuda. Ampliaría sus actividades empresariales participando en 1850 en la fundación de la Empresa de Fomento de la Costa del Sur, una sociedad dedicada al transporte del tabaco de Vuelta Abajo hacia La Habana, y que contaba como socios a notables empresarios habaneros tal que Rafael Rodríguez Torices y José Pla y Monge, si bien Calvo era el principal accionista. Sería, junto con el catalán José Canela, artífice de la fusión de esta empresa con una de similares características para dar pie a la Empresa de Fomento y Navegación de la Costa del Sur, cuyo capital ascendería a 2.500.000 de pesetas en 1857. Un reciente libro coordinado por María del Carmen Barcia ha puesto de relieve la importancia de aquellas dos empresas, participadas por Calvo, Canela, Gómez y Pla, en el comercio ilegal de africanos esclavizados en la región cubana de Vuelta Abajo (Barcia, 2017). Aquel mismo año Calvo contribuyó a crear la llamada Compañía General del Tabaco. A título particular, compraría también fincas rústicas, como el potrero Feliz Casualidad, y especialmente el ingenio Portugalete, ambos en la jurisdicción de Jaruco.

A Calvo, el estallido de la guerra de los Diez Años le cogió en París, de manera que al poco establecería su residencia en Madrid, destacado por el sector integrista cubano para presionar al gobierno en pro de una solución de fuerza contra los intentos independentistas. La actitud política de Manuel Calvo resume, de hecho, en sí misma la del sector integrista cubano. Quizá el mejor testimonio de su comportamiento nos lo ofrece el capitán general Caballero de Rodas cuando, en el verano de 1870, proponga para Calvo la Gran Cruz de Isabel la Católica: «Entre estos hombres de que España puede enorgullecerse han descollado cuatro que, siempre al lado de la autoridad, han puesto en juego constante su influencia y su capital donando al Gobierno y arbitrando por suscrición [sic ] cantidades de grandísima consideración, levantando empréstitos y rindiendo en los consejos, en las juntas y en la milicia servicios personales de valía»[1]. Uno de aquellos cuatro patriotas españoles de Cuba era Manuel Calvo. Los otros tres eran Julián Zulueta, Pedro Sotolongo y Mamerto Pulido, curiosamente vinculados todos a la firma Samá Sotolongo y Cía., la empresa que ejercía, desde 1863, como consignataria de los vapores de A. López y Cía. en La Habana. El exmilitar Mamerto Pulido, el único que no era socio de dicha empresa, participó de hecho en las sucesivas escrituras de prórroga de Samá Sotolongo y Cía. como apoderado de uno de sus socios, Antonio Samá Urgellés, residente en Cataluña. Todos ellos, junto con otros destacados líderes integristas de la Isla, tal que José Baró y Francisco F. Ibáñez, participaron en la creación del Banco Hispano Colonial, como se aprecia en el siguiente listado:

FUNDADORES CUBANOS DEL BANCO HISPANO COLONIAL

A. López y Cía.

5.250.000

Banco Español de La Habana

2.500.000

José Baró

2.500.000

Julián Zulueta

1.500.000

Moré Ajuria y Cía.

1.500.000

Manuel Calvo

1.000.000

Francisco F. Ibáñez

750.000

Samá Sotolongo y Cía.

500.000

Mamerto Pulido

500.000

Ramón de Herrera

500.000

Francisco Durañona

500.000

Banco del Comercio

500.000

Otros

7.500.000

Tal y como acabo de describir, no sólo en Barcelona sino también en La Habana la creación del Banco Hispano Colonial estuvo muy vinculada a la empresa A. López y Cía. En Madrid, asimismo, el dinamizador inicial de aquella nueva entidad financiera fue un antiguo socio de dicha casa de comercio. Me refiero a Antonio Vinent y Vives, primer marqués de Vinent, quien había participado como socio comanditario de la razón social A. López y Cía., de Cádiz, entre 1863 y 1868. Tres años después de haberse disuelto dicha sociedad, Vinent se convirtió en uno de los tres administradores de una nueva entidad financiera creada en Madrid, el Banco de Castilla. Aquel nuevo banco se constituyó en la capital española, el 8 de abril de 1871, con un capital social de diez millones de pesetas[2]. La mitad de dicho capital, cinco millones, lo aportó entonces el Banco de París, que había participado en un empréstito con el Estado firmado el 26 de marzo de 1870 por valor de 250 millones de pesetas. Aquella operación, que resultó desastrosa para el gobierno, había sido, por el contrario, muy beneficiosa para el prestamista. Martín Niño ha señalado cómo en un solo día, dicho banco francés pudo llegar a ganar más de dieciocho millones de pesetas (Martín Niño, 1972: 75-85).

El 18 de marzo de 1871, es decir, un mes antes de la fundación del Banco de Castilla, se produjo la rescisión del contrato entre el banco parisino y el gobierno, con una indemnización de 10.417.000 pesetas a favor de los prestamistas. Cabe pensar que la fundación del Banco de Castilla se explica por el interés del Banco de París en dedicar una parte de sus beneficios en dicha operación a consolidar una cierta infraestructura en la ciudad de Madrid. Para ello se asoció con tres banqueros privados: el propio Antonio Vinent Vives, el malagueño Rafael Cabezas Montemayor y el catalán Jaime Girona Agrafel. Este último era, por cierto, hermano de Manuel Girona, alma mater del Banco de Barcelona y socio de Antonio López en varios negocios. Cabe señalar que Cabezas, Girona y Vinent se convirtieron en los únicos tres administradores del nuevo Banco de Castilla desde el momento mismo de su fundación.

No hay que olvidar, por otro lado, que Antonio López compartió con dicho Banco de Castilla participación en sendas empresas inmobiliarias centradas en el ensanche de Madrid, como analizaré más adelante: la sociedad civil para la construcción de una nueva plaza de toros en Madrid (a partir de 1872) y la Compañía para la Venta y Explotación de Inmuebles en Madrid en el Barrio de Salamanca (desde 1874). Los vínculos de Antonio López con Antonio Vinent, primero, y con el Banco de Castilla, después, ayudan a entender por qué la suscripción madrileña del préstamo a la Hacienda para la guerra en Cuba fue asumida en su totalidad por dicha entidad financiera. Hablamos de veinticinco millones de pesetas que, poco después, se repartirían entre sus accionistas y otros particulares. Así, cuando se acabó de constituir de manera formal aquel Banco Hispano Colonial, el Banco de Castilla asumiría prácticamente su representación en la Villa y Corte. Además, Antonio Vinent y Jaime Girona, administradores ambos del Banco de Castilla, fueron nombrados presidente y vicepresidente, respectivamente, de su Comité Delegado en Madrid.

Fue el 5 de agosto de 1876 cuando se firmó el convenio provisional entre el gobierno y «Don Antonio López y López, en representación propia y de varios establecimientos de crédito y particulares de Barcelona, D. Manuel Calvo y Aguirre, en representación de La Habana, y el señor Marqués de Vinent y Don Rafael Cabezas, en representación del Banco de Castilla»[3]. En virtud de dicho convenio, López, Calvo y Vinent se comprometieron a facilitar al gobierno un mínimo de 75 y un máximo de 125 millones de pesetas, en diferentes plazos que se iniciaron aquel mismo mes de agosto. Cabe señalar que si bien el trámite posterior cubrió todas las formalidades públicas que garantizaban la supuesta libre concurrencia, en realidad únicamente se pretendió dar barniz legal a un acuerdo realizado sin luz ni taquígrafos. El día 28 de agosto se publicó en la Gaceta de Madrid dicho contrato provisional, junto a una Real Orden de la Presidencia mediante la que se convocaba un concurso público a celebrar dos días más tarde. Aquel 30 de agosto de 1876 y al lado de la oferta de López-Calvo-Vinent aparecieron en la licitación otras dos proposiciones, una presentada por el banquero Juan Llasera y Garrido (quien finalmente la retiró) y otra por el primer marqués de Campo, empresario valenciano. Si bien la resolución definitiva tardó un mes en llegar, el día siguiente, el 31 de agosto, ya se había completado la suscripción de la parte correspondiente a Cuba en una reunión celebrada en La Habana y presidida por el entonces capitán general de la Isla, Joaquín Jovellar.

También antes de la firma del convenio definitivo, los promotores del empréstito habían entregado al gobierno 3.750.000 pesetas, buena parte de ellos antes incluso de la celebración del concurso público. Quedaba claro que la suerte estaba echada: mediante una Real Orden de 30 de septiembre de 1876 se hizo público que «el Gobierno de S. M. después de una detenida deliberación acordó por unanimidad aceptar como más beneficiosa para los intereses generales del Estado la proposición ampliada y mejorada de los repetidos Señores López, Calvo y Banco de Castilla», con lo que se desestimaba la oferta del recién ennoblecido José Campo. Vale la pena resumir cuáles fueron los cuatro elementos esenciales del convenio definitivo entre los prestamistas y el Ministerio de Ultramar que se acabaría firmando en Madrid el 12 de octubre de 1876:

) Un elevado tipo de interés. El tipo de interés efectivo al que el Banco Hispano Colonial prestó el dinero al Estado fue del 12 por ciento, muy por encima de la media que regía en los préstamos a particulares con garantía hipotecaria, así como por encima del tipo de interés de la deuda pública española en aquellos años.

) La recaudación de las aduanas cubanas como garantía. El cobro de intereses, así como la amortización del capital prestado, se garantizaba con los productos de la renta de aduanas en la Gran Antilla. Para ello se ensayó una forma de cogestión que otorgaba un gran poder al banco: en el susodicho convenio se acordó que no podían «alterarse los actuales Aranceles de la Isla de Cuba, sin que previamente se ponga el Gobierno de acuerdo con la Sociedad», así como se le reconocía al banco el derecho a proponer los empleados de las aduanas, sin perjuicio del derecho último de nombramiento del gobierno. En virtud del convenio, algunas de las atribuciones propias del Estado, como son la política arancelaria y la gestión de las aduanas, quedaron en manos del banco, condicionando así uno de los principales elementos de cualquier política colonial, como es la apropiación de excedentes por medio de la fiscalidad.
Adicionalmente se reconocía que, en el caso de conseguirse que la recaudación de dichas aduanas fuese superior al promedio registrado entre junio de 1873 y el mismo mes de 1876, el banco percibiría un porcentaje importante del plusproducto, que llegaría al 50 por ciento cuando el empréstito alcanzase los 125 millones de pesetas. Es decir, se reconocía la posibilidad de obtener beneficios adicionales por encima del interés pactado. En efecto, en los tres primeros ejercicios (de noviembre de 1876 a octubre de 1879) el banco ingresó por este concepto 8.445.790 pesetas, una cantidad que mejoró sensiblemente su cuenta de resultados y permitió repartir mayores dividendos entre sus accionistas.

) El patrimonio del Estado como hipoteca. Uno de los pactos del convenio de 5 de agosto de 1876 obligaba al gobierno a dar «cuenta a las Cortes en una de sus primeras sesiones del presente contrato y pedir la garantía nacional para la amortización e intereses del anticipo, en el caso de que las rentas de la Isla no alcancen a cubrirla». Como resultado de ese compromiso, el gobierno acabaría promulgando la Ley de Garantía Eventual de la Nación, el 13 de enero de 1877, cuyo único artículo decía: «La Nación española garantiza eventualmente la amortización e intereses del anticipo de quince a veinticinco millones de pesos, con destino a las atenciones de la isla de Cuba […] en el caso de que los recursos propios y las rentas públicas de dicha Isla no fueran suficientes al efecto». Al hipotecar el patrimonio del Estado, los prestamistas se aseguraban el negocio al margen de posibles contingencias en Cuba, como una hipotética pérdida de la guerra.

) La consideración de las acciones del banco como efectos públicos. Si el Hispano Colonial se había asegurado un alto tipo de interés, la recaudación de las aduanas cubanas como fuente de ingresos y el patrimonio del Estado como hipoteca, el siguiente paso fue conseguir del gobierno que las acciones del banco se considerasen análogas «por completo a los demás efectos del Estado». Por boca del marqués de Vinent, el banco se quejaba de «la situación anómala en que se ha colocado a dicho Banco, por las disposiciones que se marcan para la Cotización Oficial de sus acciones y porque se ve precisado a circunscribir su esfera especulativa únicamente a las plazas españolas»[4]. A causa de dicha razón, Vinent solicitaba el estatus de título del Estado para sus acciones como compensación. Cuando el gobierno accedió, en julio de 1877, la simbiosis entre el Banco Hispano Colonial y el Estado español se había consumado totalmente, eso sí, con absoluta seguridad y amplia rentabilidad para los accionistas del primero.

Con aquellas ventajosas condiciones, el siguiente paso dado por Antonio López y sus socios en aquella nueva aventura empresarial fue transformar jurídicamente el susodicho empréstito en un banco, el Hispano Colonial, una nueva entidad financiera que se fundó de manera formal en Barcelona el 30 de octubre de 1876. De aquella manera, cada uno de los suscriptores podía transformar su participación en el empréstito en acciones que podían venderse en bolsa. La peculiaridad de aquella nueva institución financiera llamada Banco Hispano Colonial (un rasgo que, como veremos, dejaría de ser tal a partir de 1880) radicaba en que su única finalidad era la gestión del préstamo al gobierno por la guerra de Cuba.

Tal como ha señalado Enrique Faes, «el verano [y el otoño, añado yo] de 1876 trajo consigo para la familia de López una de cal y otra de arena». Se refiere dicho autor a la contraposición entre el indudable «éxito económico» alcanzado con la negociación de aquel remunerativo empréstito y la «pérdida funesta» de uno de los hijos de Antonio López y López, acaecida aquel mismo año. Y es que mientras la familia veraneaba en Comillas, el joven Antonio López Bru enfermó gravemente «y falleció poco después, en octubre, pese a los esfuerzos de última hora por salvar su vida trasladándolo a Madrid» (Faes, 2009: 50). Apenas tenía entonces veinticuatro años. Su muerte significó un duro golpe para todos los miembros de la familia y, en especial, para su padre, quien había depositado en su hijo homónimo todas sus esperanzas para la futura gestión de sus empresas. Necesitados de consuelo, también espiritual, la católica familia López Bru contrató precisamente como capellán particular, aquel otoño de 1876, a un sacerdote catalán llamado Jacint Verdaguer Santaló, el cual entró al servicio de la familia el 25 de noviembre de 1876, es decir, apenas cuatro semanas después de que se hubiera acabado legalmente de constituir el susodicho Banco Hispano Colonial.

Los órganos directivos de aquel nuevo banco fueron: el consejo de administración, el Comité Delegado en Madrid y la Junta Delegada en La Habana. El primero estaba compuesto por un presidente, un vicepresidente, dieciséis vocales propietarios y doce vocales suplentes. Tan sólo uno de sus miembros (Manuel Calvo) tenía su residencia en Cuba, mientras que los otros veintinueve consejeros directivos residían en la Península: diecinueve en Barcelona y los diez restantes en Madrid. De hecho, la operatividad del banco radicaba en Barcelona, donde tenía su domicilio social. Como era de esperar, su primer presidente fue Antonio López y López, mientras que como vicepresidente encontramos al banquero catalán más importante del siglo XIX, Manuel Girona y Agrafel. Fundador del Banco de Barcelona en 1844 y director del mismo hasta su muerte, en 1905, Girona era alcalde de la capital catalana cuando se constituyó el Hispano Colonial.

La presencia del negocio colonial estaba muy presente, por otro lado, en un buen número de directivos catalanes de aquel nuevo banco presidido por Antonio López. Seis de los fundadores de dicha entidad lo habían sido, por ejemplo, también del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona. Este interés por mantener intacta la soberanía española en Cuba no nos debe resultar extraño, y más si tenemos en cuenta que no sólo el presidente del Hispano Colonial era un reconocido indiano enriquecido en Cuba: otros vocales como José P. Taltavull García, José Canela y Raventós y Rafael Ferrer y Vidal habrían iniciado, asimismo, sus actividades mercantiles en dicha Isla. Llama la atención, por cierto, la forma en la que la prensa canovista de Madrid difundió la creación de aquel nuevo banco domiciliado en la capital catalana. Al publicar la noticia el diario La Época, la presentó de la siguiente manera: «La constitución de la sociedad titulada Banco Hispano Colonial, para cuyo domicilio se ha escogido la mercantil ciudad de Barcelona, que tantas y tan estrechas relaciones mantiene con la isla de Cuba, ha sido para aquella ciudad y para el país un hecho de grandísima importancia». En una sola frase dicho periódico recoge y resume de forma bien clara la evidente centralidad que tenía entonces la ciudad de Barcelona en las relaciones de todo tipo entre España y Cuba. En un tono marcadamente nacionalista, aquel diario destacó también que la creación del Hispano Colonial se había producido «sin que haya sido necesaria la cooperación extranjera» y definía a aquel nuevo banco presidido por Antonio López como «la asociación mercantil quizá más poderosa de nuestros días»[5].

No cabe ninguna duda de que aquel empréstito al Ministerio de Ultramar de setenta y cinco millones de pesetas (susceptible de ser ampliado en cincuenta millones más, hasta los ciento veinticinco millones de pesetas), negociado y materializado en 1876, representó para Antonio López tanto una nueva oportunidad de negocio como una fuente de ganancias seguras. Y de que la transformación del susodicho empréstito en una nueva y potente entidad financiera, la cual quedó bajo su presidencia, significó un nuevo paso adelante en su trayectoria empresarial. Hay que señalar, por otro lado, que una parte de los fondos que el Banco Hispano Colonial prestó al Ministerio de Ultramar para hacer frente a los gastos de la guerra de Cuba sirvió, precisamente, para abonar a la firma naviera A. López y Cía. el coste del traslado de las varias decenas de miles de soldados embarcados en España para combatir a los independentistas en Cuba. Tanto para Antonio López y López como para sus socios más cercanos aquella guerra que asolaba los campos cubanos desde el otoño de 1868 se estaba convirtiendo en una verdadera fuente de ganancias. Y todo bajo un ropaje pretendidamente patriótico.

Vale la pena señalar un efecto indirecto para la actividad de dicha naviera, derivado de la creación del Hispano Colonial. Una vez se hubo constituido dicho banco, Antonio López ofreció la gerencia del mismo al cubano Pedro Sotolongo, quien aceptó su propuesta. Aquella decisión obligó a este último a trasladar su residencia desde la capital cubana a la catalana y a disolver la firma habanera Samá Sotolongo y Cía., de la cual la naviera A. López y Cía. era socia comanditaria. La disolución de aquella empresa, participada también por Julián Zulueta, se produjo con efectos del 31 de diciembre de 1876. A partir del día siguiente, 1 de enero de 1877, el delegado de la naviera López en La Habana pasó a ser otro viejo amigo del de Comillas, el empresario portugalujo Manuel Calvo Aguirre[6]. Hablamos de quien había sido, como acabamos de ver, uno de los principales impulsores del Banco Hispano Colonial y que ejercía como presidente de su Comité Delegado en La Habana. La razón social M. Calvo y Cía. empezó a girar aquel primer día de enero de 1877 y la firma A. López y Cía. interesaba una comandita de 500.000 pesetas (es decir, el 50 por ciento de su capital[7]). No es casual que cuando, años después, la naviera A. López y Cía. se transforme en Compañía Trasatlántica, Manuel Calvo acabara siendo su primer vicepresidente.

Fue, por cierto, a finales de 1877 cuando el rey Alfonso XII decidió conceder a Antonio López un título nobiliario en agradecimiento a su acendrado patriotismo. Le premió con el título de marqués de Comillas. Su nombramiento se acordó finalmente en un Consejo de Ministros que presidió el monarca y que se celebró en Madrid, el 29 de enero de 1878, si bien Alfonso XII no firmó el preceptivo despacho real hasta unos días después, el 6 de febrero de 1878. López fue ennoblecido a la par que otros cinco individuos, dos de ellos civiles y tres militares. Estos tres últimos fueron el brigadier Joaquín de la Gándara, el cual recibió entonces el título de marqués de Gándara; el teniente general José Lemery Ibarrola, que pasó a ser marqués de Baroja; y el almirante de la armada Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba, quien recibió la dignidad de marqués de Rubalcaba. Por otro lado, Felipe Padierna de Villapadierna y Muñiz recibió entonces el título de conde de Villapadierna, mientras que Fermín de Muguiro y Azcárate fue nombrado primer conde de Muguiro. De aquellos seis nuevos nobles los dos únicos que procedían del ámbito de la actividad empresarial eran el empresario agrario Muguiro y el naviero y banquero López. El ennoblecimiento de este último se justificaba, precisamente, como el premio y «recompensa de los servicios que la compañía [naviera Antonio López y Cía.] ha prestado al país y de lo mucho que ha hecho y hace para resucitar la grandeza comercial de España»[8].

Aquel mismo año, por cierto, en que Antonio López recibió el título que lo convertía en primer marqués de Comillas culminó también, y con bastante éxito, una de las líneas de negocio que le habían ocupado en los seis años anteriores. Me refiero a su actividad como empresario inmobiliario en la capital española. Antes vimos cómo, a través del Crédito Mercantil y a partir de 1864, López se había interesado en el sector propiamente inmobiliario en el Ensanche de Barcelona. Aquella experiencia debió de parecerle positiva porque unos años después pasó a invertir una parte de sus caudales en el mismo sector, aunque centrado entonces en la ciudad de Madrid. Lo hizo a partir de 1872 y en dos sociedades diferentes, relacionadas ambas con el ensanche de la capital del país. Dos empresas que acabaron proporcionándole beneficios similares a los que había obtenido en Barcelona.

La Diputación de Madrid, propietaria de los terrenos de la antigua plaza de toros de la capital española, estaba decidida a promover la construcción de un nuevo coso taurino. Así, el 4 de septiembre de 1872 sacó a subasta las obras de construcción de la nueva plaza, que debía construirse a 1.500 metros de la anterior, siguiendo la actual calle de Alcalá. Aunque el rematante de dichas obras fue el marqués de Salamanca, éste cedió sus derechos a otro banquero madrileño, Manuel Salvador López, quien era entonces el tercer mayor contribuyente de la capital. Este empresario no quiso realizar solo el negocio en cuestión y pronto inició contactos con otros capitalistas para que se interesasen por el mismo. Fue, finalmente, el 6 de noviembre de 1872 cuando se constituyó en Madrid una sociedad civil entre varios particulares y entidades financieras con un capital de 1.875.000 pesetas para gestionar la construcción de la nueva plaza[9].

Entre los socios de aquella sociedad civil destacan, además del promotor Manuel Salvador López, Joaquín de la Gándara, el Crédito Mobiliario Español, el Banco de Castilla y el propio Antonio López y López. El objetivo de aquella nueva sociedad era claro: al construir la nueva plaza se podía derribar el antiguo coso taurino y los terrenos que había ocupado quedarían en propiedad de la misma y libres para su edificación. Se trataba de un total de 26.361 metros cuadrados junto a la Puerta de Alcalá, situados en el mejor lugar del ensanche nordeste de la capital, entre la plaza de la Independencia y las calles de Serrano y Claudio Coello, y la actual calle de Alcalá. La suma del importe del terreno donde se construiría la nueva plaza, de menor valor por estar más lejos del núcleo habitado de Madrid, más el coste de su construcción sería sensiblemente inferior al valor de los terrenos de la antigua plaza que se adjudicaría la sociedad. La diferencia serían los beneficios de aquella madrileña sociedad civil participada por Antonio López.

El 28 de noviembre de 1874 finalizaron las obras de la nueva plaza, que se acabaría permutando por la anterior en julio de 1875. Poco después la susodicha sociedad civil procedió al derribo del viejo coso y a la división y reparto de los terrenos resultantes entre sus socios. Al final, en abril de 1877 Antonio López pasó a ser pleno propietario de dos parcelas de 779 y 1.044 metros cuadrados, respectivamente, junto a la calle de Claudio Coello, en una zona inmejorable del nuevo barrio de Salamanca. Aquella participación de Antonio López en una nueva operación especulativa, en este caso en Madrid, se saldaría igualmente con éxito. En noviembre de 1872 había aportado 61.482 pesetas y a lo largo de 1873 completó las 63.518 restantes hasta completar las 125.000 pesetas que interesaba en el negocio. Y cuatro años más tarde pasó a ser propietario de un total de 57.784 palmos cuadrados de terreno en una zona privilegiada, lo cual significa que el palmo cuadrado le había resultado a 8,65 reales, o lo que es lo mismo, 57,26 pesetas el metro cuadrado, una cantidad sensiblemente inferior al valor del suelo en zonas similares de Madrid, e incluso inferior a los 14,125 reales por palmo que había pagado por los terrenos en el paseo de Gracia de Barcelona[10]. Rafael Mas ha señalado cómo alguno de los participantes en la susodicha sociedad obtuvo amplias plusvalías al vender pronto su parte del terreno a 247,9 pesetas el metro cuadrado (Mas, 1978: 63).

La participación de López en el ensanche de Madrid no se limitó, sin embargo, a la sociedad civil para la nueva plaza de toros. En 1874 pasó a ser uno de los accionistas de la llamada Compañía para la Venta y Explotación de Inmuebles en Madrid en el Barrio de Salamanca. Dicha sociedad había sido creada por el marqués de Salamanca en diciembre de 1873 con el objetivo de atraer capital que le permitiese salvar las hipotecas, y vender en las mejores condiciones los terrenos que tenía y las construcciones que estaba realizando en el barrio que llevaba su nombre. Sus fundadores fueron el propio José de Salamanca Mayol, sus hijos Fernando y María Josefa, el marqués de Urquijo, Fausto Saavedra, Isidoro Gómez Aróstegui y dos de los socios de López en el negocio de la plaza de toros: Manuel Salvador López y el Banco de Castilla[11]. En su escritura fundacional la citada compañía se obligaba, por cierto, a abonar el 12 por ciento de interés anual a las acciones, lo cual se reveló pronto como un objetivo inalcanzable y motivaría, a la postre, que aquella sociedad impulsada por el marqués de Salamanca tuviera una vida efímera.

Como antes señalé, en 1874 López pasó a interesar 285.000 pesetas en aquella compañía, apenas un 4 por ciento de su capital en acciones. Consciente, como otros socios, de la incapacidad de dicha sociedad para abonar el prometido 12 por ciento y conocedor de las dificultades por las que el marqués de Salamanca atravesaba desde hacía varios años, Antonio López promovió la creación de una comisión liquidadora de la compañía. Las gestiones para conformarla impidieron la celebración de la junta general de accionistas que debería haber tenido lugar en febrero de 1875 y forzaron la convocatoria de una asamblea extraordinaria, celebrada en Madrid el 10 de septiembre de aquel mismo año, en la que se discutió y acordó la inmediata liquidación de la compañía. A pesar de que Salamanca controlaba el 75 por ciento de las acciones, López y los otros socios, quienes poseían tan sólo el 25 por ciento restante, consiguieron efectivamente que se aprobase entonces su disolución. Para proceder a la misma se nombró una comisión liquidadora, de la que formaron parte Antonio López y López, Manuel Girona y Agrafel (alma mater del Banco de Barcelona), su hermano Jaime Girona (administrador del Banco de Castilla), el propio Banco de Castilla, Manuel Salvador López y Guillermo Rolland[12]. El objetivo de aquella comisión estaba claro: al ser inviable la realización de los activos inmuebles de la sociedad debía procederse al reparto de los mismos entre los diferentes accionistas. De manera similar a lo que había ocurrido con los Campos Elíseos en Barcelona, Salamanca volvió a ser entonces el gran perjudicado.

El empresario madrileño, que había formado precisamente la susodicha compañía para atraer capital con el cual poder salvar casas y solares, acabó perdiendo la mayoría de sus fincas en el ensanche madrileño. En una primera fase de la disolución se adjudicaron aquellas no hipotecadas a los poseedores de las 10.000 partes beneficiarias de la sociedad. Posteriormente se gestionó la venta de las casas y solares hipotecados. Pero, como era previsible, el producto de las pocas ventas realizadas fue insuficiente para devolver el capital más el 12 por ciento de interés. La salida calculada pasaba por pagar en casas y solares a los miembros de la comisión liquidadora. Fue en junio de 1877 cuando finalizó la operación de liquidación de la citada compañía[13]. Excepto Guillermo Rolland, que cobró la totalidad de su participación en metálico, el resto de los miembros de la comisión liquidadora tuvo que combinar la adjudicación de casas o solares con el reintegro de una parte del capital, sin olvidar en absoluto el prometido 12 por ciento de interés sobre el capital invertido. Para Antonio López y López, por ejemplo, la jugada no pudo resultar más beneficiosa: había aportado a dicha sociedad, en 1874, un total de 285.000 pesetas y cuando tres años después, en 1877, tuvo lugar su liquidación definitiva recibió un total de 39.267 pesetas en concepto de intereses, además de tres casas y un solar en la calle de Claudio Coello por un valor total de 290.381 pesetas[14]. Un año más tarde López vendió a Jaime Girona uno de aquellos inmuebles y su correspondiente solar anexo por la misma cantidad por la que se la había adjudicado en la liquidación: 138.667 pesetas que recibió en metálico[15]. Con el producto de dicha venta pudo seguramente cancelar las hipotecas que pesaban sobre los otros dos edificios y así pasó a ser su propietario pleno. De aquella manera, y habiendo desembolsado no más de 245.733 pesetas, López alcanzó la propiedad de dos inmuebles en el ensanche de Madrid que ocupaban respectivamente 1.108 y 1.142 metros cuadrados edificados. Desconozco el coste de construcción de dichos edificios, pero sé que siete años antes el valor de una casa de aproximadamente la mitad de superficie que éstas y situada en la misma calle y zona era de 153.750 pesetas[16]. Con estos datos pienso que queda claro que también de esta operación inmobiliaria obtuvo el de Comillas beneficios importantes; y comparto la opinión de Rafael Mas cuando afirmaba que «los beneficios otorgados a los accionistas componentes de la Comisión liquidadora se pueden considerar elevados» (Mas, 1978: 65).

El mismo año en que finalizó con buenos resultados su participación en la compañía del madrileño barrio de Salamanca, en 1878, Antonio López tuvo la oportunidad de aparecer ante sus vecinos barceloneses como un verdadero mecenas, difundiendo la obra del sacerdote y poeta Jacint Verdaguer. Así, gozó de la ocasión de practicar un generoso mecenazgo que contribuía a su búsqueda de prestigio personal. De hecho, en su trayectoria vital encontramos, entre otras, dos importantes constantes: su tendencia al lujo y a la suntuosidad, por un lado, y el fino cuidado de las apariencias, por el otro. Dos constantes vitales que jugaron un rol importante en su búsqueda, primero, y en la consecución, después, de prestigio y de poder. La mera riqueza no era un atributo suficiente si se buscaba, como era el caso, la admiración de sus contemporáneos. En esa misma línea cabe interpretar tanto su actividad benéfica y paternalista, especialmente respecto a sus convecinos de Comillas, institucionalizada a partir de una fundación en 1869, como su nada discreta labor de mecenazgo. En dicho sentido merece la pena rescatar, como digo, su actividad de protección del sacerdote y poeta catalán Jacint Verdaguer, el cual había empezado a trabajar como capellán en los vapores de la naviera A. López y Cía. a finales de 1874. Entró en dicha empresa merced a la recomendación del también clérigo Antonio Estalella, quien había ejercido como preceptor de los dos hijos varones de Antonio López cuando eran niños (Torrent, 1952: 33; Arbó, 1970: 193).

Jacint Verdaguer realizó su primer viaje transatlántico a bordo del vapor Antonio López, embarcándose en Cádiz el 30 de diciembre de aquel año. En total, acabaría realizando nueve viajes de ida y vuelta entre la Península y Cuba a lo largo de sus casi dos años de trabajo en dicha naviera. Sin embargo, la muerte de Antonio López Bru, hijo del primer marqués de Comillas, hizo que Verdaguer dejase de oficiar misa en dichos barcos para pasar a ser el capellán particular de la familia López Bru. Así lo recogería el propio sacerdote: «Una circunstancia, triste y penosa para mí, facilitó la ejecución de mi plan. D. Antonio López perdió a su hijo mayor, y a instancias del segundo, D. Claudio, fui propuesto para celebrar en su casa diariamente la santa misa en sufragio del alma de aquel». Más adelante quiso recordar cuándo empezó en sus nuevas funciones: «En 25 de noviembre de 1876 tomé posesión de mi capellanía» (Verdaguer, 1895: 17). Apenas cuatro meses después, Verdaguer entregó al consistorio de los Juegos Florales el original de una poesía en la que había estado trabajando durante varios años. Un magno poema épico que había podido finalizar, precisamente, mientras viajaba a bordo de los vapores de la naviera A. López y Cía. y que tituló L’Atlàntida. En aquellas fechas hacía más de diez años que el sacerdote de Folgueroles había ganado los primeros premios en los Juegos Florales de Barcelona. No obstante, su técnica poética había mejorado hasta tal punto que L’Atlàntida mereció entonces, en 1877, un triunfo mucho más clamoroso. Verdaguer no sólo recibió el premio más importante del certamen y el reconocimiento unánime del público sino que aquel poema suyo se convirtió enseguida en un mito, en un símbolo.

A despecho de las primeras iniciativas, surgidas en círculos literarios, de publicar el poema, Antonio López decidió financiar personalmente la edición definitiva de L’Atlàntida, a la que añadió por su expresa voluntad una traducción castellana del poema, obra de Melcior de Palau. Como afirma Juan José Lahuerta, «con su gesto López ofrecía a la cultura catalana la versión definitiva de una obra que, desde el momento mismo de ser premiada, había adquirido ya un valor simbólico y referencial para esa misma cultura, y con la traducción castellana garantizaba su conocimiento en el resto de España […]. Así López, en cierto modo, se apropiaba […] del símbolo, lo hacía suyo» (Lahuerta, 1993: 27-28). La edición del poema, que su autor quiso precisamente dedicar a Antonio López, vio la luz en el otoño de 1878, apenas unos meses después de que, en reconocimiento a su fidelidad monárquica y en premio a su labor en el embarque de tropas para Cuba, Alfonso XII otorgase a López el título de marqués de Comillas. Junto a su innegable solidez patrimonial, éste había alcanzado un incuestionable poder también en el plano simbólico; su búsqueda de prestigio estaba dando frutos más que evidentes.

Muy poco después, a principios de 1879, Antonio López intentó comprar el Diario de Barcelona. Pensaba, sin duda, que le convenía tener el control directo del diario conservador por excelencia de la ciudad, el cual era, además, el medio de información y de opinión de mayor difusión entre los hombres de negocios de la capital catalana. López intentó adquirir dicho periódico justo tras la muerte de su propietario, Antonio Brusi Ferrer, quien había cerrado definitivamente sus ojos en Barcelona el 30 de diciembre de 1878. El flamante primer marqués de Comillas se puso en contacto enseguida con el director del diario, Juan Mañé y Flaquer, a quien convenció para que le secundase en su intento. Y fue precisamente éste el encargado de proponer al heredero universal del difunto Antonio Brusi Ferrer, su primogénito Antonio María Brusi Mataró, una generosa operación de compra de la cabecera y de la imprenta del Diario de Barcelona. La historia la recogió, en sus memorias, otro de los hijos del difunto Brusi:

A la muerte de mi padre —relataba José Antonio Brusi Mataró—, quiso Mañé adueñarse del Diario y escribió a mi hermano una carta en la que le proponía la compra, dejando a mi hermano el negocio de imprenta. Que Mañé, dada su honradez acrisolada, no contaba con fondos propios para la compra es indudable, máxime cuando le proponía, si así quería mi hermano, quedarse con el edificio donde se acababa de instalar la imprenta en la calle de las Tapias, local que entre la compra y arreglo había costado bastante más de 50.000 duros. Era pues persona adinerada con la que contaba Mañé; creo poder afirmar sin que haya lugar a dudas que se trataba de D. Antonio López y López, que dejando la parte política a Mañé, aspiraría a servirse del Diario para sus empresas y negocios.

¿Y cómo acabó aquel intento de compra del Diario de Barcelona promovido por el marqués de Comillas y secundado por su director, Mañé y Flaquer? Nos lo ha explicado en fechas recientes otro descendiente de los Brusi, Miguel Canals Elías-Brusi: «Antonio María [Brusi Mataró] se negó rotundamente a la venta y se aprestó a defender su Diario como fuera. Quizá fuera la firme postura de la Casa Brusi o porque, como afirmaba José Antonio Brusi, Antonio López —un hombre duro que no toleraba oposición— se hubiese dado pronto cuenta de que no iba a poder manejar a Mañé como a otros debido a su rectísimo carácter, lo cierto es que la oferta no llegó a prosperar» (Elías, 2010: 223).

Ciertamente, el marqués de Comillas no consiguió su objetivo y el longevo Diario de Barcelona siguió manteniéndose bajo el control de los Brusi. Su nuevo propietario, el mismo que había hecho fracasar aquel intento de compra por su parte, tenía, por cierto, notables relaciones familiares con el mundo cubano. De entrada, sus abuelos paternos, José Mataró y Javiera Larumbe, se habían casado, en junio de 1821, en la iglesia del Santo Cristo de La Habana, donde ambos vivían y donde el primero se había dedicado durante años al desempeño de su oficio de capitán de veleros mercantes, en general, y de patrón de varias expediciones a las costas de África, en particular. Por otro lado, el propio Antonio María Brusi Mataró se había casado cinco años antes de la muerte de su padre, en 1873, con la gaditana Concha García Losada, sobrina nieta del militar y luego senador Manuel Pastor Fuentes, quien fuera ennoblecido por Isabel II como primer conde de Bagaes en 1853. De un Manuel Pastor que había acumulado una notable fortuna en sus largos años de residencia en La Habana, dedicado como había estado al comercio ilegal de esclavos.

Quiero llamar la atención sobre la caracterización que José Antonio Brusi Mataró realizó entonces de la persona del primer marqués de Comillas, la misma que recogió en su libro Miguel Canals. Según el primero, Antonio López era «un hombre duro que no toleraba oposición». Una descripción que recuerda las palabras que le había dedicado, unos años antes, José Gil Serra tras la fallida operación de compra de una finca en Santa Perpètua de Mogoda: éste había advertido a su hermano Leopoldo sobre «el carácter del individuo» diciéndole que «todo lo quiere muy barato y cree que han de ir en busca de él». No eran dos opiniones amables, precisamente, a la hora de describir la forma de actuar del primer marqués de Comillas. Invitan a pensar que López era un buen amigo de sus amigos pero, a la vez, poco partidario de confraternizar con quienes no integraban sus más cercanos círculos de relación, fuesen en el plano empresarial o de vínculos personales.

Tanto la edición de L’Atlàntida y la dedicatoria a su favor firmada por Jacint Verdaguer como las fracasadas negociaciones para ampliar su finca en Santa Perpètua de Mogoda coincidieron con los primeros años de actividad del Banco Hispano Colonial. Volviendo precisamente al empréstito contratado en 1876 con el gobierno español, cabe señalar que las necesidades de las Haciendas española y cubana hicieron pronto insuficientes los primeros 75 millones de pesetas. Así, el gobierno presidido por Antonio Cánovas del Castillo se vio obligado a acudir al Hispano Colonial en demanda de mayor cantidad de numerario. En octubre de 1877 reclamaron al banco los 25 millones de pesetas previstos en una primera ampliación y, cinco meses más tarde, en marzo de 1878, obtuvieron otros 25 millones más hasta llegar a los 125 millones de pesetas previstos en la operación. El consejo de administración del Banco Hispano Colonial decidió, no obstante, que no iba a ampliar su capital; antes al contrario, optó por obtener fondos de terceros para hacer frente a las exigencias del convenio. La primera ampliación la resolvieron mediante una emisión de obligaciones, mientras que la segunda la cubrieron esencialmente con la contratación de dos préstamos: uno con el indiano marqués de Manzanedo y otro con el Banco de París y de los Países Bajos (o Paribas), una entidad financiera que había sido, como hemos visto, fundadora y accionista del Banco de Castilla.

En 1878, o sea; catorce años después de que Isabel II le hubiera nombrado marqués de Manzanedo y tres más tarde de que Alfonso XII le otorgara, además, el título de duque de Santoña, aquel veterano empresario de origen cántabro recibió de Antonio López la invitación a participar del negocio del Banco Hispano Colonial. Pudo aportar así varios millones de pesetas que invirtió en la segunda ampliación del empréstito original, según el contrato firmado tres años antes entre dicho banco y el Ministerio de Ultramar. Hubo también entonces, por cierto, una aportación millonaria por parte del Banco de París y de los Países Bajos. Debo señalar, no obstante, que la emisión de obligaciones que el Hispano Colonial lanzó al mercado en el otoño de 1877, para la primera ampliación del empréstito, cubrió solamente 15 millones de pesetas y que los dos préstamos firmados unos meses después con el Paribas y con el marqués de Manzanedo sumaron otros 21 millones de pesetas. Los 14 millones restantes los aportó el propio banco, reinvirtiendo así una parte de sus primeros beneficios en acrecentar la cantidad prestada. Además, el consejo de administración procuró amortizar los préstamos del banco francés y de Manzanedo antes de tiempo y, en todo caso, lo hicieron en fechas previas a octubre de 1879 resultando así que con un capital de 75 millones de pesetas en acciones y de otros 15 millones en obligaciones pudieron hacer frente a un empréstito de 125 millones de pesetas. Y, lo que me parece más significativo, pudieron repartir además sustanciosos dividendos entre sus accionistas. En ese sentido, los datos son tremendamente elocuentes:

Beneficios

Dividendo

por acción

Porcentaje

sobre el capital

desembolsado

1.er ejercicio

(noviembre 1876-octubre 1877)

9.268.874 pts.

280 pts.

11,2 %

2.º ejercicio

(noviembre 1877-octubre 1878)

12.948.185 pts.

280 pts.

11,2 %

3.er ejercicio

(noviembre 1878-octubre 1879)

18.917.075 pts.

360 pts.

14,4 %

4.º ejercicio

(noviembre 1879-octubre 1880)

21.177.050 pts.

550 pts.

22 %

En sus cuatro primeros ejercicios en funcionamiento, o sea, entre octubre de 1876 y el mismo mes de 1880, la cantidad total que el Hispano Colonial repartió entre sus accionistas en forma de dividendos ascendió a 62.311.184 pesetas. Dicha cifra supone casi el 83 por ciento del capital fundacional de esta entidad financiera, que había sido, como antes vimos, de 75 millones de pesetas. Dicho de otra manera, en tan sólo cuatro años los accionistas del banco presidido por Antonio López habían podido recuperar cerca del 83 por ciento de su inversión inicial, manteniendo mientras tanto bajo su propiedad los títulos que habían suscrito en el momento de su fundación y los cuales podían vender, en bolsa, en cualquier momento para recuperar su inversión. Cabe añadir que, según el mandato estatutario, solamente un 80 por ciento de los beneficios líquidos generados por el Banco Hispano Colonial podía dedicarse al reparto de dividendos entre sus accionistas; el 20 por ciento restante se dedicaba a remunerar al consejo de administración y a gratificar los servicios de los altos empleados ejecutivos del banco, así como la colaboración leal de los funcionarios que prestaban sus servicios en las aduanas de Cuba. No cabe duda de que, para sus accionistas, el empréstito estaba resultando un negocio excepcional con un riesgo mínimo. El propio Antonio López obtuvo unas destacadas ganancias gracias al Hispano Colonial en aquellos cuatro primeros ejercicios de su actividad, tanto en su condición de gran accionista del mismo como por su remuneración como presidente de dicha entidad. Fue desde entonces, a partir de 1880, cuando el Banco Hispano Colonial aprovechó para dejar de ser el mero gestor de un empréstito al gobierno para hacer frente a una guerra colonial y se convirtió en un banco industrial, promotor y financiador de diferentes iniciativas empresariales.

8

Alfonso XII veranea en Comillas

La fracasada operación de compra de la cabecera y de la imprenta del Diario de Barcelona coincidió en el tiempo con la boda de la segunda de las hijas del marqués de Comillas, María Luisa López Bru. El nuevo yerno de Antonio López era Joaquín del Piélago y Sánchez de Movellán y, aunque su enlace canónico con la joven Luisa López debió de celebrarse en los primeros días de enero de 1879, cabe pensar que la boda se había acordado varios meses antes. No en vano y tal como hemos visto, en la reforma de la escritura social de la firma A. López y Cía. producida en mayo de 1878 se sancionó la incorporación tanto del hijo de Antonio López, Claudio López Bru, como de su futuro yerno, Joaquín del Piélago, en tanto que nuevos socios industriales de dicha empresa. ¿Quién era aquel joven Del Piélago que mereció la confianza de Antonio López, como socio y como yerno? Cabe señalar que cinco años antes de haberse incorporado como socio industrial de la naviera López, o sea, en 1873, y sumando apenas veinticinco años Joaquín del Piélago había participado en la fundación de la casa de comercio Ángel B. Pérez y Cía. como uno de sus tres socios gerentes, tal como antes describí. Hablamos de la empresa que se encargaba de la consignación de los buques de la naviera López en Santander, una firma en cuya fundación también participó, como hemos visto, la sociedad A. López y Cía., que aportó 400.000 pesetas a su capital fundacional, el 40 por ciento del total. El joven Joaquín del Piélago era, por otro lado, sobrino de un viejo amigo de Antonio López, su tocayo y paisano Antonio Sánchez de Movellán. No en vano, en junio de 1864 López había cedido a éste casi una sexta parte del capital que interesaba entonces en su firma naviera (en concreto, 300.000 pesetas[1]). Aunque en aquel entonces vivía en París, Antonio Sánchez de Movellán acabaría trasladando poco tiempo después su residencia a su Comillas natal, donde coincidiría, sobre todo en verano, con su amigo Antonio López. Y allí ejercería, también y en varios momentos, como su apoderado. En febrero de 1871, por ejemplo, Sánchez de Movellán recibió poderes de López para otorgar en su nombre un préstamo a favor de una paisana de Comillas con la garantía hipotecaria de las propiedades que ésta tenía en Jerez[2].

Está claro que Joaquín del Piélago y Sánchez de Movellán no era ningún desconocido para Antonio López. Se trataba, al contrario, de un joven empresario vinculado a su familia por distintas vías. Quiero señalar que los preceptivos capítulos matrimoniales se rubricaron cuando ya se había celebrado su boda con María Luisa López Bru. La firma de aquel contrato tuvo lugar, en Barcelona, el 16 de enero de 1879. Aquel día Antonio López cedió a su hija, en forma de dote, un total de 500.000 pesetas «como capital social en el negocio que el mismo sigue bajo la denominación de Empresa trasatlántica de vapores de A. López y Compañía, de la que es único jefe el propio señor D. Antonio López», una cantidad que a la novia le servía «en pago a cuenta de los derechos de legítima que puedan corresponderle en los bienes de su señor padre». La diferencia patrimonial entre la novia y el novio se hizo evidente en la aportación de este último a la nueva sociedad conyugal: Joaquín del Piélago no pudo aportar más que 125.000 pesetas, en la acostumbrada forma de esponsalicio. De esa manera y sin sumar el valor de los «muebles ropas y alhajas» que formaban el ajuar de María Luisa (cifrado en otras 50.000 pesetas), las diferencias patrimoniales entre la novia y el novio quedaron fijadas en una escala de cuatro a uno a favor de la hija de López[3]. Un contraste más que notable. Cabe señalar, además, que la dote que recibió entonces María Luisa López Bru doblaba exactamente el valor de la que su hermana Isabel había recibido siete años antes al casarse con Eusebio Güell Bacigalupi. Un hecho que cabe interpretar como una muestra del incremento patrimonial que había registrado Antonio López y López entre una y otra fecha, enero de 1872 y el mismo mes de 1879. Podríamos interpretar, incluso, que de la misma manera que en aquellos siete años se había doblado el valor de una dote respecto a la otra, en dicho período había aumentado también en la misma medida y proporción el valor de la fortuna del matrimonio López-Bru.

Una vez se hubo casado su hija María Luisa, el marqués de Comillas siguió manteniendo su acostumbrada y ajetreada actividad pública. En su calidad de único albacea vivo de su difunto amigo Tomás Coma (y de único tutor vivo del hijo de éste, Martín Coma Stagno) tuvo que ocuparse, por ejemplo, de la transformación de la firma industrial Sucesores de Don Tomás Coma en la nueva Cuadras, Feliu y Compañía, Sucesores de Don Tomás Coma, un proceso para el que contó con la ayuda del empresario José Carreras Xuriach y que se sustanció entre febrero y agosto de 1879. En marzo de 1879, por otro lado, López decidió prorrogar, por un año más, sendos préstamos que por un valor total de 40.000 pesetas había otorgado en Madrid a favor del empresario José Porcel Goicolea, en marzo de 1875 y en mayo de 1876. Y tres meses después, en junio de 1879, el marqués de Comillas apoderó a su hombre de confianza en Madrid, Francisco Sepúlveda Ramos, «para que pueda prestar al Excmo. Sr. D. Antonio Ros de Olano, marqués de Guad-el-Gelú [sic ], Teniente General de los Ejércitos Nacionales, cien acciones del Ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Alicante de valor nominal cada una 2.000 reales, propias del Sr. poderdante y son procedentes de las 200 acciones que el Excmo. Sr. otorgante compró al Sr. Marqués de Salamanca, cuyo préstamo podrá estipular al Excmo. Sr. apoderado por el tiempo o plazos y demás condiciones que convengan con el Excmo. Sr. General, aceptando la hipoteca sobre un inmueble de su propiedad»[4]. No cabe duda de que aquella operación pretendidamente financiera no tenía tanto una motivación económica cuanto en realidad política: se trataba de una maniobra que permitió sellar aún más las relaciones del marqués de Comillas con aquel veterano espadón de dilatada trayectoria política y avecindado en Madrid. Sirva decir que el general Ros de Olano había alcanzado la dignidad de senador vitalicio el 10 de abril de 1877, exactamente el mismo día en que la habían obtenido dos viejos amigos y socios de Antonio López como eran Antonio Vinent y Julián Zulueta. Mantener una buena relación con dicho político siempre podía ser útil.

Valga señalar que en la primavera de aquel mismo año Antonio López aceptó incorporarse como vocal de la junta general de beneficencia de Barcelona. Una entidad que se constituyó el 6 de mayo de 1879 bajo la presidencia de un buen conocido suyo llamado Perfecto Manuel de Olalde. Hablamos de quien fuera gobernador civil de Valencia justo antes de la revolución gloriosa, o sea, de quien abandonara dicho cargo, en el otoño de 1868, para incorporarse al cargo de secretario del Crédito Mercantil. Nos referimos también a quien acabaría siendo cinco años después, en 1873, socio gerente de D. Ripol y Cía., la empresa consignataria de los vapores de A. López y Cía., en el puerto de Barcelona. Y de quien era además cuñado de Patricio Satrústegui, gracias a su enlace nupcial con Inés Satrústegui Bris. Además de López y de su presidente, Olalde, entre los vocales de aquella junta general de beneficencia de Barcelona se encontraban otros destacados empresarios de la ciudad como Manuel Girona, Ramón Estruch, Fernando Puig, Joaquín de Cabirol, Salvador Badia y Juan Codina[5]. Ahora bien, la dimensión caritativa del rico marqués de Comillas en relación con la capital catalana no se agotaba con su participación en dicha entidad. López acostumbraba también a aportar fondos en las distintas colectas que se hacían para mitigar la situación de pobreza de algunas familias de Barcelona. El 6 de diciembre de 1879 se hizo público, por ejemplo, que Antonio López había aportado la suma de 250 pesetas «para aliviar las necesidades de los obreros sin trabajo» en una colecta organizada por una entidad llamada Asociación de Amigos de los Pobres[6]. Poco podía imaginar entonces el primer marqués de Comillas que muy pronto, antes de acabar aquel mes y año, le tocaría sufrir una nueva desgracia familiar.

En plenas navidades, a las tres de la madrugada del domingo 28 de diciembre de 1879 murió en su casa de Les Corts su hija María Luisa López Bru. Luisa falleció sin haber tenido hijos, sin haber alcanzado la treintena y sin haber cumplido ni un año de casada. Su desaparición volvió a teñir de dolor a la familia de los López, apenas tres años después de la muerte del varón Antonio López Bru. El entierro tuvo lugar el día siguiente y fue, al parecer, bastante multitudinario. Allí se dieron cita, sobre todo, los más destacados empresarios de Barcelona, tal como recogió en una breve nota La Publicidad: «Ayer mañana fue llevado a la última morada el cadáver de la hija del conocido naviero don Antonio López y López. El cortejo fúnebre fue numeroso y compuesto de las clases más elevadas del comercio, de la industria y de la banca»[7]. Puede verse, de hecho, que en su nota el cronista no quiso o no supo citar el nombre de la joven difunta. Seguramente no le importaba tanto quien fuera la persona que había fallecido sino su condición de hija de un «conocido naviero» de la ciudad, al que sí que citaba por su nombre.

Tan sólo seis días después del fallecimiento de María Luisa López Bru, exactamente el 3 de enero de 1880, tuvo lugar en Barcelona una nueva junta de accionistas del Banco Hispano Colonial. Aquella reunión sirvió no sólo para certificar la buena marcha de la empresa presidida por el marqués de Comillas sino, sobre todo, para que dichos accionistas autorizasen formalmente a su consejo de administración a renegociar el contrato que los vinculaba con el Ministerio de Ultramar desde el 12 de octubre de 1876. Ese mismo acuerdo que había permitido, como antes vimos, unas amplísimas ganancias para los accionistas y directivos del Banco Hispano Colonial. Los directivos de dicha entidad financiera no estaban dispuestos, por lo tanto, a dejarse arrebatar un bocado tan apetitoso y aprovecharon las atribuciones y el poder que les confería aquel primer convenio suyo con el Estado para obtener las mejores condiciones posibles. Dado que la solución definitiva debía adoptarse de común acuerdo, el proceso de negociación fue largo y acabaría culminando con la reforma de los estatutos sociales del banco, acordada en la junta extraordinaria de accionistas del 25 de octubre de 1880. La propuesta del gobierno se centraba en la emisión de unos nuevos títulos de deuda pública, los llamados billetes hipotecarios del Tesoro de la Isla de Cuba, mediante los cuales el Estado obtendría unos ingresos que le permitirían devolver al Hispano Colonial la cantidad adeudada.

El consejo de administración del Banco Hispano Colonial entró a negociar con los altos funcionarios del Ministerio de Ultramar con el mandato de perder las mínimas prebendas posibles. De hecho, las conversaciones sólo se desbloquearon cuando Cayetano Sánchez Bustillo accedió a la cartera de Ultramar, el 19 de marzo de 1880. Y es que, amén de su actividad política, éste tenía intereses compartidos con destacados dirigentes del Banco Hispano Colonial, especialmente en el Banco Hipotecario de España. A imagen y semejanza del Banco de Castilla, aquella nueva entidad financiera se había creado, en 1872, como una iniciativa del Banco de París y de los Países Bajos. Entre sus accionistas fundadores se encontraban el Banco de Castilla (y en su representación Antonio Vinent y Jaime Girona) y entre sus primeros vocales se hallaba Rafael Cabezas (vocal, a su vez, del Comité Delegado en Madrid del Banco Hispano Colonial). Cayetano Sánchez Bustillo fue, por otro lado, el primer gobernador (interino, pero en ejercicio) de aquel nuevo Banco Hipotecario de España. Una muestra de su relación con este grupo se expresa con la propuesta que Sánchez Bustillo realizó, en abril de 1873, sugiriendo que Lope Gisbert fuera el primer subgobernador de dicho Banco Hipotecario. Hablamos del mismo Lope Gisbert que acabaría convirtiéndose en una pieza clave en las actividades del Banco Hispano Colonial, en Cuba, primero, y en la implantación de la Compañía General de Tabacos de Filipinas en dicha colonia española, después.

Con un interlocutor como Cayetano Sánchez Bustillo los negociadores del Hispano Colonial consiguieron un nuevo contrato con condiciones ventajosas. Y Antonio López se lo supo agradecer, como veremos, al nombrarlo, pocos meses después, vocal de la nueva Compañía General de Tabacos de Filipinas. El principal cambio de aquel nuevo convenio con el Ministerio de Ultramar, firmado el 12 de junio de 1880, respecto al primero, rubricado el 12 de octubre de 1876, consistía en que el Hispano Colonial perdió entonces su capacidad de vetar cualquier reforma arancelaria en Cuba. No obstante, aquel nuevo convenio establecía unas condiciones igualmente ventajosas para el banco presidido por Antonio López: de entrada, merced a la liquidación del contrato anterior, el banco acabó recibiendo no sólo el capital que se le adeudaba sino, además, un 10 por ciento adicional, así como el porcentaje que le correspondía del aumento en la recaudación de las aduanas cubanas[8]. Paralelamente, para la emisión de los nuevos títulos de Deuda del Tesoro de Cuba se le otorgó al Hispano Colonial una función análoga a la que tenía el Banco de España en la emisión de títulos del Estado. Así lo expresó, literalmente, el propio ministro de Ultramar, Cayetano Sánchez Bustillo, en la exposición de motivos que acompañó a la publicación del susodicho convenio en la Gaceta de Madrid: «El Gobierno de Vuestra Majestad, así como para la creación de valores en la Península ha servido de intermediario entre el público y el Tesoro el Banco de España, ha creído que al tratar de crear valores de la isla de Cuba debió desempeñar una misión análoga a la del Banco de España, el Banco Hispano Colonial»[9]. De aquella circunstancia el banco presidido por López obtuvo asimismo beneficios. De entrada, el Ministerio de Ultramar le abonó un 0,25 por ciento de comisión por el importe efectivo de todos los títulos adjudicados. Un privilegio que compartió, por cierto, con el Banco de Castilla y el Hipotecario. Además, el Hispano Colonial iba a seguir gestionando la recaudación de las aduanas de Cuba para poder atender el «servicio de intereses, amortizaciones de los Billetes hipotecarios y demás gastos». Precisamente, para remunerar este servicio, se acordó abonar al banco domiciliado en Barcelona una comisión de un 2,5 por ciento sobre la cantidad que resultase del pago de intereses y de la amortización de los títulos.

Sin poder precisar su número exacto, resulta evidente que un número importante de los billetes hipotecarios de Cuba quedó en manos del Banco Hispano Colonial o de sus accionistas. En su primera junta tras la emisión de dichos títulos, celebrada en Barcelona el 25 de octubre de 1880, el consejo de administración informó que «si la rescisión del contrato de esta Sociedad había de efectuarse en buenas condiciones, era de indispensable necesidad no sólo que el COLONIAL facilitara al Gobierno de S. M. los medios de realizar una operación de crédito, sino que interesara en ella para inspirar mayor confianza al público y a las entidades que habían de tomar parte en la emisión». Y así tenemos que en sus oficinas se suscribió el 33,7 por ciento del total de billetes emitidos. En total, en las plazas de Madrid y Barcelona, donde el Hispano Colonial contaba con infraestructura propia, se domiciliaron el 90 por ciento de los billetes emitidos. Aquella primera emisión fue un éxito total, pues habiéndose ofrecido 520.500 (del total de 750.000 billetes previstos) se habían recibido peticiones para suscribir 1.356.667 títulos, consecuencia lógica de una operación cuyo tipo de suscripción había sido del 83 por ciento.

Con buena parte de aquellos primeros billetes hipotecarios del Tesoro de la Isla de Cuba en cartera, el banco catalán siguió manteniendo en sus manos el control total de las aduanas cubanas, como se ratificaba en el nuevo contrato: «El Banco Hispano-Colonial, por medio de los empleados del Gobierno, recaudará los productos de las rentas de Aduanas de la Isla de Cuba […], designará su Delegado en la Aduana de la Habana y en las demás de la isla, en su caso, los cuales percibirán de los empleados del Gobierno la recaudación diaria». Parece incuestionable que la entrada en vigor del nuevo convenio con el Ministerio de Ultramar, firmado en junio de 1880, marcó un antes y un después en la marcha del banco presidido por Antonio López. Se cerró entonces una primera etapa, marcada por una sola actividad (la gestión de un empréstito al Estado) y que se saldó con amplias ganancias, y se abrió otra nueva.

Lo más significativo, de hecho, del proceso de conversión del empréstito de 1880 no fueron tanto los beneficios obtenidos en el nuevo convenio con el Ministerio de Ultramar cuanto que dicho acuerdo permitió una amplia transformación del Hispano Colonial. La liquidación del inicial convenio de 1876 modificó de manera radical la línea de actuación de una entidad financiera que pronto dejó de ser la mera gestora de un préstamo al Estado para convertirse en un banco de negocios. El consejo de administración lo supo resumir claramente ante sus accionistas en la junta celebrada el 25 de octubre de 1880: «constituida antes la Sociedad con un objeto especial, que absorbía todo su capital, no era dable emprendiera otras negociaciones de importancia. Desligada hoy del contrato de 1876, puede dedicar su capital y su actividad a toda clase de operaciones»[10]. Aquel mismo día López y los suyos consiguieron que se aprobase una ambiciosa reforma de los estatutos del banco, que introdujo cambios verdaderamente significativos: se amplió entonces su plazo de vigencia hasta 1905; se amplió también su capital nominal hasta los ciento cincuenta millones de pesetas, representado a partir de entonces por 60.000 acciones; y, por último y lo más importante, se reconocieron como su objeto social «toda clase de operaciones financieras, agrícolas, industriales, comerciales, hasta inmobiliarias, y toda empresa de obras públicas». Aquella completa refundación de un Banco Hispano Colonial que dejó de ser el mero gestor de un préstamo hipotecario al Estado para convertirse en un verdadero banco de negocios permitió a su principal impulsor y primer presidente, el marqués de Comillas, servirse de la potencia financiera de dicha entidad para emprender nuevas iniciativas empresariales. Para llevarlas a cabo creó, en primer lugar, un potente grupo financiero, con una pierna en Madrid (el Banco de Castilla) y dos en Barcelona (el Banco Hispano Colonial y el Crédito Mercantil).

No hay que olvidar que la barcelonesa sociedad de Crédito Mercantil había representado para Antonio López un primer intento de crear una plataforma financiera a su medida. Antes vimos cómo los efectos de la crisis de 1866 condujeron a dicho banco a una larga apatía que acabó provocando, incluso, la salida de López de su junta directiva. No obstante, a partir de 1875 y habiéndose incorporado de nuevo el marqués de Comillas como consejero de dicha sociedad, el Crédito Mercantil volvió a recuperar destacados niveles de beneficio: entre esa fecha y 1878 sus accionistas percibieron dividendos equivalentes al 12 por ciento del capital desembolsado. Para explicar este proceso es preciso contemplar el impulso que recibieron los negocios de López con la Restauración, singularmente a partir de la creación del Hispano Colonial, banco en cuya fundación participaría el Crédito Mercantil con la suscripción del 10 por ciento de todo el capital aportado en la plaza de Barcelona. Los buenos resultados del Banco Hispano Colonial, cuyos dividendos oscilaron, como hemos visto, entre el 11 y el 22 por ciento en sus primeros años, debieron repercutir, sin duda, en la cuenta de resultados del Crédito Mercantil.

El nuevo contrato de 1880 entre el Hispano Colonial y el Ministerio de Ultramar, que permitía al banco presidido por el marqués de Comillas realizar cualquier tipo de actividad financiera, comportó indirectamente que el Crédito Mercantil pasase a tener una posición subalterna con respecto al primero. Desde entonces, las principales iniciativas emprendidas por el Crédito Mercantil se vincularían todas con el Hispano Colonial y con las demás empresas impulsadas por el primer marqués de Comillas. En marzo de 1878, por ejemplo, su junta de accionistas había decidido retirar de la circulación 10.000 acciones, las cuales desde esa fecha y hasta principios de 1881 pasaron a formar parte de su autocartera. Pues bien, solamente cuando el marqués de Comillas transformó el Hispano Colonial en un banco industrial, o de negocios, dichas acciones volvieron a la circulación: 5.000 de aquellos títulos (que representaban un 10 por ciento del capital del Crédito Mercantil) fueron comprados precisamente por el Banco Hispano Colonial, a razón de 225 pesetas cada uno, muy por encima de las 125 pesetas de su valor nominal, según el acuerdo de la junta extraordinaria de accionistas del Crédito Mercantil celebrada a principios de 1881[11]. De aquella manera López, que poseía a título particular 4.400 acciones de dicho banco, se aseguraba el control del 18 por ciento de la sociedad de crédito. El fallecimiento, a mediados de 1881, del entonces presidente del Crédito Mercantil, el indiano José Canela, vocal a su vez del Banco Hispano Colonial, permitió reforzar aún más, si cabe, los vínculos entre ambos bancos: el primer marqués de Comillas pasó a presidir entonces también el Crédito Mercantil.

Bajo su presidencia, y en plena febre d’or, el Crédito Mercantil decidió el 22 de diciembre de 1881 doblar su capital social, creando 50.000 nuevas acciones de 500 pesetas, a las que se exigió un desembolso del 25 por ciento. La coyuntura no podía ser más favorable: tanto en 1880 como en 1881 el Crédito Mercantil había registrado beneficios notables que le permitieron repartir sustanciosos dividendos. En 1880, por ejemplo, el beneficio alcanzado había sido de 937.268 pesetas, lo que les permitió distribuir un dividendo de 20 pesetas por acción; al año siguiente, por su parte, se repartieron 30 pesetas por cada acción, lo cual suponía un beneficio del 24 por ciento sobre el capital desembolsado (Voltes, 1963). Así y merced a las iniciativas de Antonio López y López, el capital efectivo del Crédito Mercantil pasó en pocos meses de cinco millones a doce millones y medio de pesetas. Además, al hacerse con el dominio del Crédito Mercantil, el Hispano Colonial pasó también a controlar una sociedad aseguradora creada en 1880 a iniciativa de dicho banco: me estoy refiriendo a La Previsión.

Al finalizar la década de 1870, el ramo de los seguros sobre la vida en España estaba prácticamente en manos de dos compañías norteamericanas, La Equitativa y La New York, que no por casualidad eran las dos aseguradoras más importantes del mundo en ese sector. En la plaza de Madrid, por ejemplo, dos compañías de seguros solventes como La Unión (creada en 1856) y El Fénix Español (fundada en 1864 a iniciativa de los hermanos Péreire) optaron por fusionarse en 1879 y constituir La Unión y el Fénix Español, no sólo para aumentar su cuota de mercado, sino sobre todo para poder competir con aquellas dos compañías estadounidenses.

Al poco de la creación de La Unión y El Fénix en Madrid, los administradores del Crédito Mercantil se cercioraron de las posibilidades que podía tener una compañía aseguradora radicada en Barcelona y dedicada exclusivamente al ramo de los seguros de vida. Su consejo de administración puso a trabajar una comisión, que culminó su labor en las primeras semanas de 1880; y así el 30 de marzo dicho consejo dio el visto bueno a los estatutos de la nueva sociedad, que recibió el nombre de La Previsión[12]. No había más que esperar a la asamblea constitutiva de la nueva empresa, que se acabó celebrando, en Barcelona, el 2 de junio de 1880: con un capital de cinco millones de pesetas (un 50 por ciento del cual estaba en manos del Crédito Mercantil), la nueva aseguradora tomaba su domicilio cerca de dicha sociedad de crédito, en la misma plaza del Duque de Medinaceli, pero en el número 8, ocupando la que fuera residencia de Antonio López entre 1861 y 1871.

Que aquella nueva aseguradora era una iniciativa que surgía del entorno del marqués de Comillas y del Banco Hispano Colonial se expresa tanto en la composición de su accionariado como en su primera junta de gobierno. De los quince miembros de dicho consejo de administración, tres eran a su vez vocales del Banco Hispano Colonial y del Crédito Mercantil (José Amell, José Canela y José Carreras), dos eran vocales del Hispano Colonial (Eusebio Güell e Isidoro Pons) y otros dos del Crédito Mercantil (Camilo Fabra y Lorenzo Pons), mientras que Roberto Robert se incorporaría en 1881 a la junta de gobierno del Mercantil y, en 1882, al consejo de administración del Hispano Colonial. Sólo seis vocales de La Previsión no figuraban en los equipos directivos de dichos bancos. Por supuesto, el primer presidente de La Previsión fue el otrora presidente del Crédito Mercantil, y vocal fundador del Hispano Colonial, José Ferrer Vidal. Entre los primeros consejeros de dicha firma aseguradora encontramos también al yerno de Antonio López, Eusebio Güell Bacigalupi. Vale la pena, asimismo, destacar a los muchos indianos que contribuyeron con su capital a la financiación de la nueva aseguradora: Canela, Amell, Jaurés, Telarroja, Taltavull y Rafael Ferrer Vidal, todos ellos accionistas fundadores de La Previsión, habían iniciado su ciclo de acumulación en Cuba.

La buena marcha de La Previsión en los primeros meses de su andadura confirmaba las expectativas de sus fundadores. En apenas medio año, la cartera de capitales asegurados en dicha compañía ascendía ya a 1.196.990 pesetas. Fueron precisamente dichas expectativas las que alumbraron, a principios de 1881, una aseguradora rival con domicilio también en Barcelona, el Banco Vitalicio de Cataluña. Una compañía que, dieciséis años más tarde, se uniría a La Previsión para dar lugar al Banco Vitalicio de España, firma aseguradora cuyo primer presidente sería, no por casualidad, el segundo marqués de Comillas.

Volviendo a la empresa matriz de La Previsión, o sea, al Crédito Mercantil, cabe señalar que tener, como era el caso de López y su grupo, una clara hegemonía entre sus accionistas comportaba también disponer del control de su cartera, la cual, en el período 1880-1885, no bajó de los diez millones de pesetas (entre un 15 y 30 por ciento del total de su activo) y que estaba compuesta por valores del Hispano Colonial (desde 1876), de Caminos de Hierro del Norte de España (desde 1879), de La Previsión (desde 1880) y de las Compañías Trasatlántica y General de Tabacos de Filipinas (desde 1881), amén de un buen número de billetes hipotecarios del Tesoro de Cuba, vendidos precisamente por el Hispano Colonial. De hecho, con el pleno control del Crédito Mercantil el primer marqués de Comillas sumó al Banco Hispano Colonial un nuevo instrumento financiero, conformando a partir de ambas entidades los cimientos que debían permitirle construir un grupo empresarial cuya gestación ya empezaba a concebir en su cabeza. Pero para que dicha iniciativa acabase de germinar era preciso reforzar sus vínculos con Madrid y con el capital madrileño nucleado en torno al Banco de Castilla.

Antes señalé cómo el Banco de Castilla había asumido por entero la representación del Hispano Colonial en Madrid desde 1876. Sus propias oficinas eran, en consecuencia, la sede del Comité Delegado del banco catalán en la Villa y Corte, y dos de sus tres administradores (Antonio Vinent y Jaime Girona) fueron, respectivamente, presidente y vicepresidente de dicho comité. La nueva reorganización del Hispano Colonial, materializada en 1880, dejaba sin embargo sin sentido tanto la existencia de una Junta Delegada del banco en La Habana como de un Comité Delegado en Madrid. Pero mientras que la nueva escritura social del Banco Hispano Colonial certificó, en efecto, la defunción de la Junta Delegada de La Habana, los vínculos entre el banco presidido por Comillas y el Banco de Castilla se reforzaron a partir de 1880. De hecho, apenas un mes después de que el Hispano Colonial hubiese modificado sus estatutos, el banco madrileño hizo lo propio para ampliar su capacidad operativa: el 30 de noviembre de 1880 el Banco de Castilla multiplicó por 2,5 su capital social, que pasó así de diez a veinticinco millones de pesetas. El Banco Hispano Colonial aportó entonces diez millones de pesetas convirtiéndose en su principal accionista, con un 40 por ciento de sus títulos[13]. Su entrada en el accionariado del banco madrileño permitió al marqués de Comillas sellar asimismo su alianza con otro de los accionistas del Banco de Castilla, el Banco de París y de los Países Bajos.

No obstante, aquella importante participación del Banco Hispano Colonial en el Banco de Castilla fue menguando a lo largo de 1881, año en que la entidad catalana fue colocando, junto con otros títulos, sus acciones del banco madrileño en el mercado de valores. No en vano, los 38.407.918 pesetas a que ascendía la cartera del Hispano Colonial en diciembre de 1880 se acabarían convirtiendo en menos de cinco millones sólo un año más tarde. Pero las relaciones entre el Hispano Colonial y el Banco de Castilla, lejos de disminuir, se reafirmarán en aquel año de gracia de 1881, singularmente merced a la constitución del Crédito General de Ferrocarriles.

Aquella nueva empresa surgió, de hecho, como una iniciativa tripartita del Banco de Castilla, su verdadero impulsor, de la familia Girona y del propio Antonio López. Con un capital escriturado de cien millones de pesetas, y en plena febre d’or, el Crédito General de Ferrocarriles se constituyó en Madrid, en noviembre de 1881, con un objeto único pero a la vez amplio: cualquier tipo de negocio relacionado con el mundo ferroviario. En palabras de sus fundadores, el objeto social del Crédito General de Ferrocarriles pasaba por «verificar en España, Islas adyacentes, posesiones de Ultramar o donde lo crea conveniente, por sí propia o por cuenta de tercero, todas las operaciones relacionadas con la industria de los caminos de hierro y tranvías; principalmente obtener concesiones, adquirirlas, venderlas o ejecutarlas y explotar los ferrocarriles y tranvías»[14]. La composición de su accionariado recoge la participación de notables capitalistas radicados en diferentes puntos de la geografía peninsular (en Madrid, en Cataluña y en el País Vasco, singularmente), al lado de empresas financieras como el Crédito Mobiliario Español, el Banco de Barcelona, el Banco de Bilbao y, por supuesto, los bancos Hispano Colonial y de Castilla. Junto a ellos, se registró también una pequeña participación de algunas casas de comercio y banca con domicilio en Londres y París. Si sumamos, eso sí, el capital de los diversos miembros de la familia Girona, y añadimos los títulos en manos del Banco de Barcelona (presidido y representado por Manuel Girona Agrafel), aparece con claridad el control de casi una tercera parte del capital fundacional por dicha familia; así se explica que en el primer consejo de administración de la sociedad, de un total de doce vocales, tres fuesen miembros de dicha saga familiar: los hermanos Jaime y Manuel Girona, y el hijo del primero, Jaime Girona Canaleta. A su lado se hallaban otros vocales en representación de los bancos que financiaron dicha iniciativa: éste fue el caso, por ejemplo, de Juan Barat, en nombre del Crédito Mobiliario Español; de Rafael Cabezas, administrador del Banco de Castilla; y de Pedro de Sotolongo, gerente del Hispano Colonial; e incluso de Luis Ussía, socio de la casa Urquijo Hermanos.

El control efectivo del Crédito General de Ferrocarriles estuvo, no obstante, en manos del Banco de Castilla. No sólo porque su domicilio social era el mismo de dicho banco, la famosa y recién comprada Casa de las Siete Chimeneas, sino porque tanto los tres administradores del mismo (Vinent, Cabezas y Girona) como su secretario (Ricardo Sepúlveda) se sentaban en su consejo de administración. No debe extrañar que el primer presidente de aquel Crédito General de Ferrocarriles fuese un viejo amigo y socio de López, el primer marqués de Vinent.

Junto con los administradores del Banco de Castilla, empero, una pieza clave para analizar el devenir del Crédito General de Ferrocarriles fue su director-gerente, cargo revestido de unas amplísimas atribuciones estatutarias que sería ocupado en todo momento por Joaquín Angoloti. Nacido en Madrid en 1836, Angoloti había llegado al mundo de la empresa de la mano de su carrera funcionarial en la Administración, donde había ejercido destinos como la Inspección General de Hacienda o la Dirección General de Hacienda del Ministerio de Ultramar. Había sido consejero fundador del Banco Hispano Colonial en 1876 y vocal de su Comité Delegado en Madrid hasta su disolución en 1880. A Angoloti le correspondería ejecutar la estrategia empresarial del Crédito General de Ferrocarriles. Lo primero que hizo fue operar en el mercado inmobiliario de Madrid, haciendo que dicha empresa comprara y vendiera diferentes solares al norte de dicha ciudad, movida más por un espíritu especulativo que propiamente constructivo. Pronto, además, tanto el Crédito General de Ferrocarriles como buena parte de sus accionistas participaron en la creación de la sociedad Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao, constituida en esta última ciudad en diciembre de 1882. Aquella nueva empresa siderúrgica nacía a partir de la adquisición de dos fábricas obsoletas, propiedad de la familia Ybarra (quienes también eran, por cierto, accionistas del Crédito General de Ferrocarriles), por parte de un numeroso grupo de particulares y de bancos, que conformarían al efecto una nueva sociedad anónima. De un total de 24.950 acciones en que se dividió el capital fundacional de aquella firma siderúrgica domiciliada en Bilbao, el madrileño Banco de Castilla interesó 1.950; el propio Crédito General de Ferrocarriles, 1.200; su presidente, el marqués de Vinent, 700; los otros dos administradores del Banco de Castilla, Jaime Girona y Rafael Cabezas, 1.000 y 300 acciones respectivamente; el gerente del Crédito General de Ferrocarriles, Joaquín Angoloti, 200 acciones… Y junto a ellos, suscribieron también títulos de la nueva empresa otro núcleo de capital francés y madrileño que tomaba parte también en el Crédito General de Ferrocarriles a partir del Crédito Mobiliario Español: Juan Barat fue, por ejemplo, el máximo accionista fundador de Altos Hornos de Bilbao al suscribir 2.000 títulos, mientras que los hermanos Péreire se hicieron con 1.800 acciones y el propio Crédito Mobiliario Español con otros 500 títulos (González Portilla, 1985). Sin negar la importancia del capital vasco en Altos Hornos de Bilbao, cabe señalar que los títulos en poder del grupo madrileño nucleado en torno al Banco de Castilla, y que en las juntas de accionistas estaba representado por Jaime Girona o por Joaquín Angoloti, le confirmaban como el principal accionista de dicha empresa siderúrgica.

La compra de solares y la fundación de Altos Hornos de Bilbao no impidieron al Crédito General de Ferrocarriles cerrar la primera operación relacionada con el verdadero objeto de la empresa: entre mayo de 1882 y enero de 1883 celebraron un convenio con los herederos de Pedro Gómez Rubio (concesionario desde 1876 del ferrocarril de Murcia-Lorca-Águilas) al objeto de hacerse con dicha concesión. Al ser incapaz Gómez de cumplir con sus compromisos de construcción de la línea, sus herederos acabaron cediéndola al Crédito General de Ferrocarriles, el cual, tras la Real Orden de 20 de febrero de 1883, se convertiría en el dueño de la misma. Pero aquella línea ferroviaria, que daría finalmente pie a la compañía del Ferrocarril de Alcantarilla a Lorca, no fue el único (ni desde luego el más importante) caso de participación del primer marqués de Comillas en el negocio ferroviario. Al crearse el Crédito General de Ferrocarriles, López era uno de los tres vicepresidentes de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España y, además, su principal accionista. Empresas ambas, por cierto, con domicilio en Madrid.

De todas formas, de las diferentes iniciativas empresariales que Antonio López impulsó a partir de 1881, o sea, gracias a la transformación del Banco Hispano Colonial, las dos más destacadas no tuvieron su domicilio en la capital española sino, como cabía esperar, en Barcelona. Me refiero a: primero, la transformación de la vieja sociedad regular colectiva Antonio López y Compañía, fundada en 1857, en una nueva sociedad anónima bajo el nombre de Compañía Trasatlántica y, segundo, a la creación de una nueva empresa, también con domicilio en Barcelona, llamada Compañía General de Tabacos de Filipinas. Fue asimismo en aquel año de 1881 cuando se casó Claudio López Bru y cuando el joven monarca Alfonso XII aceptó la invitación realizada por Antonio López para pasar sus vacaciones de verano en Comillas. Y fue también en 1881 cuando el rey, agradecido con su anfitrión, añadió el título de grande de España al marquesado de Comillas. Para Antonio López aquel año fue, de hecho, una especie de annus mirabilis.

Antes de describir, sin embargo, el proceso de creación de la Compañía Trasatlántica quiero detenerme en un hecho. A la altura de 1880 tanto Antonio López como su hermano Claudio quisieron aumentar su vinculación con su tierra natal, Cantabria. El 8 de junio de 1880 se hizo público, por ejemplo, que Antonio López había aportado 50.000 pesetas a la comisión que se había creado poco antes con el objetivo de llevar agua desde el río Pisueña hasta la ciudad de Santander. Tal como narraba El Boletín de Comercio de aquella ciudad, el marqués de Comillas no tenía «aquí más interés para que el proyecto de traída de aguas se realice que el ser hijo de esta provincia». Valoraba aquel medio de información local que López había aportado tal cantidad «siguiendo el impulso generoso de sus sentimientos, como buen montañés», y que el marqués de Comillas había hecho saber que estaba dispuesto a aumentar dicha cantidad, aunque de forma condicionada: López sólo lo haría si «viera que los propietarios y capitalistas de la localidad [de Santander], a quienes en primer término interesa el asunto, se suscribieran por las cantidades que la posición y las circunstancias de cada uno parece indicarles»[15]. Sea como fuere, tanto él mismo como su hermano Claudio acabaron comprando unos meses después, el 10 de marzo de 1881, un amplio edificio en el muelle de Calderón, en la ciudad de Santander. Quienes les vendieron aquel inmueble fueron Ángel González del Rivero, marqués de Montecastro, y las hermanas Guillermina y Josefa Calderón González de la Riva. Una vez comprado dicho edificio, los hermanos López lo demolieron y ordenaron levantar un nuevo y amplio inmueble, aprovechando el amplio solar resultante, de 669 metros cuadrados. Con aquella compra, la ciudad de Santander pasó a sumarse a las localidades en las que Antonio López disponía de una residencia donde alojarse.

Apenas dos semanas después de haber comprado, junto con su hermano, aquel amplio inmueble en Santander, exactamente el 23 de marzo de 1881, el matrimonio formado por Antonio López y López y Luisa Bru Lassús asistió, con sumo agrado, a la boda de su hijo Claudio con la joven María Gayón. Tras las dolorosas muertes de sus otros dos hijos, Antonio y María Luisa, acaecidas en 1876 y en 1879, respectivamente, el matrimonio López-Bru tuvo, por fin, algo que celebrar en el plano familiar y no sólo en el ámbito empresarial. La ceremonia canónica tuvo lugar en el oratorio particular que la familia disponía en su residencia del Palau Moja y fue celebrada por el entonces arzobispo de Barcelona, José María Urquinaona. Fungieron como testigos de aquel enlace un tío del novio, Claudio López y López, y uno de la novia, Patricio Satrústegui Bris. La diferencia de edad, por cierto, entre ambos novios era de diez años, y es que Claudio sumaba entonces veintisiete primaveras mientras que la novia sólo tenía diecisiete. En palabras de Enrique Faes, María Luisa Gayón Barrié era

Dama de Honor de la Reina, hija de la montañesa Marta Barrié, ahijada de los primeros marqueses de Comillas, sobrina de Patricio Satrústegui y huérfana de padre desde los tres años, cuando falleciera su progenitor José Andrés [Fernández] Gayón, que había sido socio de don Antonio desde los tiempos de sus negocios en Cuba. Es decir, que la boda fue un nuevo enlace endogámico y cerró el círculo diseñado por el patriarca para integrar en una sola cosa empresa y familia, aunque en esta ocasión el matrimonio no tuvo el valor añadido de procurarles a los López más patrimonio o prestigio —como ocurriera en la unión a los Güell— porque, básicamente, la familia de la novia poco tenía que ofrecer en este sentido (Faes, 2009: 56).

A sus diecisiete años, la joven María Gayón llevó a su matrimonio un lujoso ajuar, cuyo valor se cifró en un cuarto de millón de pesetas. Sus joyas y alhajas se valoraron en doscientas diez mil pesetas mientras que su ropa y vestidos fueron valorados en otras cuarenta mil pesetas más. Con motivo de su enlace, la novia recibió, de hecho, lujosos regalos de todos aquellos que conformaban el núcleo familiar y empresarial más cercano a la casa Comillas: de su novio, Claudio López Bru; de su suegro, Antonio López y López; de su suegra, Luisa Bru Lassús; de su cuñada, Isabel López Bru; de su cuñado, Eusebio Güell Bacigalupi; de Carlos Eizaguirre; del hijo de éste, Manuel Eizaguirre; de Joaquín del Piélago y Sánchez de Movellán; de la madre de éste, Ángeles Sánchez de Movellán; del hermano de ésta, Antonio Sánchez de Movellán; del gerente del Banco Hispano Colonial, Pedro Sotolongo; del delegado de la naviera A. López y Cía. en Cádiz, Manuel Villaverde, así como de otros familiares directos suyos (José Antonio Gayón, Carlos Barrié, Enrique Barrié y José B. de Barrié), y, en general, de amigos cercanos a ambas familias (como la marquesa de Escalambra, María Gallostra, Luisa Lanosas, María Olalde, Camilo Castro y Juan Mendy). La nómina de aquellos individuos, hombres y mujeres, que quisieron favorecer a la joven María Gayón con un regalo en el día de su boda ofrece un listado de quienes conformaban el núcleo más cercano a la pareja de recién casados.

Y mientras los novios disfrutaban de su luna de miel se acabó de diseñar, tanto jurídica como societariamente, el proceso de conversión de la antigua sociedad regular colectiva Antonio López y Cía. en una nueva sociedad de responsabilidad limitada. El pistoletazo de salida a dicho proceso se dio el 1 de junio de 1881, cuando se reunieron en Barcelona solamente tres individuos: Antonio López y López, Pedro Sotolongo Alcántara y José Carreras Xuriach. Consignaron los tres

que se habían propuesto fundar una sociedad anónima con el principal objeto de establecer y explotar para sí o por cuenta de un tercero, por sí o en participación con otros establecimientos o personas en España, en Ultramar o en el Extranjero, toda clase de empresas marítimas relacionadas o no con servicios del gobierno. Añadieron que al objeto de que la referida Sociedad comience sus operaciones de una manera adecuada a la importancia de su capital empleándolo en el desarrollo de una empresa de grande utilidad para el país, se había convenido entre los fundadores de la misma que la razón social Antonio López y Compañía al entrar a formar parte de ella, aporte como capital por la cantidad de diez y nueve millones de pesetas, la concesión que tiene hecha por el Gobierno a su favor, de la línea de Vapores correos y las Islas de Cuba y Puerto Rico, previa la debida autorización del Gobierno de su Majestad, y toda aquella parte de su haber social destinada a dicho servicio».

En los estatutos que aprobaron aquel mismo día López, Sotolongo y Carreras, la nueva Compañía Trasatlántica consignó que su principal objeto social era la actividad naviera, aunque quiso dejar abierta la posibilidad de abordar un amplio abanico de negocios de distinto tipo. Consignaron, literalmente, que dicha empresa «podrá además dedicarse en todos los puntos y bajo las condiciones antes mencionadas a toda especie de operaciones financieras, agrícolas, comerciales, industriales, hasta inmobiliarias y a toda empresa de obras públicas». Y aunque establecieron su domicilio social en Barcelona, añadieron que la empresa podría «trasladar el domicilio a Madrid, Cádiz o Santander cuando lo estime conveniente la Junta de Gobierno a propuesta del Presidente.»[16]

Aquel mismo día hicieron constar los tres cuál iba a ser la composición del consejo de administración (o junta de gobierno) de la nueva sociedad anónima. Dieciséis fueron los vocales de aquella primera junta de gobierno de la Compañía Trasatlántica, de los que nueve ejercieron como «vocales propietarios» y los otros siete como consejeros suplentes. El primer presidente de la empresa fue, como no podía ser de otra manera, Antonio López y López mientras que su primer vicepresidente fue un viejo amigo suyo: el portugalujo Manuel Calvo Aguirre, vecino de La Habana y consignatario desde hacía cuatro años de los vapores de la naviera en la capital cubana. Entre los otros siete consejeros titulares de la Trasatlántica encontramos, en primer lugar, al hijo de su primer presidente (o sea, a Claudio López Bru), también al gerente del Banco Hispano Colonial (el habanero Pedro Sotolongo Alcántara), así como al primer marqués de Vinent (el banquero Antonio Vinent Vives), al político conservador Francisco Romero Robledo y a tres empresarios que habían compartido con López diferentes negocios, en Barcelona, en los últimos veinticinco años; me refiero a José Carreras Xuriach, a Agustín Robert Gorgoll y a Isidoro Pons Roura, yerno y socio este último del rico empresario catalán nacido en Chile José María Serra Muñoz. Entre los siete vocales suplentes de aquella nueva Compañía Trasatlántica encontramos a tres de los fundadores de la firma Antonio López y Compañía (o sea, a Claudio López y López, Patricio Satrústegui Bris y Carlos Eizaguirre Bailly), a otro de los socios capitalistas de dicha sociedad regular colectiva (al comillano Antonio Sánchez de Movellán), así como al consignatario de los vapores de la empresa en Santander (Ángel Bernardo Pérez Pérez) y también a Manuel Arnús y a José de Ulloa. Todos tomaron posesión de sus cargos aquel 1 de junio de 1881.

Teniendo en cuenta que el capital inicial con el que debía empezar a caminar aquella nueva sociedad anónima denominada Compañía Trasatlántica se cifró en veinte millones de pesetas (un capital que se dividió en 16.000 acciones, cada una con un capital desembolsado de 1.250 pesetas), resulta que el activo de la antigua naviera A. López y Cía., que incluía explícitamente el contrato oficial de conducción del correo a las Antillas españolas, representaba el 95 por ciento de dicho capital. De aquella manera, la firma A. López y Cía. se quedó, para sí, 15.200 acciones de la nueva Trasatlántica mientras que Sotolongo y Carreras se repartieron entre sí las 800 acciones restantes a partes iguales. Llama la atención que, como veremos más adelante, en el último balance de la firma A. López y Cía., fechado seis meses después, o sea, el 31 de diciembre de 1881, el valor líquido de dicha empresa se cifrara en 7.393.246 pesetas. De aquella cantidad, 5.000.000 correspondían propiamente al capital de la compañía y el resto, o sea, 2.393.246 pesetas, a los beneficios que había generado para sus seis socios. Aquellos únicos seis socios se repartieron entonces aquella cantidad, tanto la que correspondía al capital como a las ganancias netas. ¿Cómo interpretar entonces que una empresa cuyo valor real era de 7,4 millones de pesetas se valorase en 19 millones en el momento de transformarla en sociedad anónima? ¿Qué mecanismo de ingeniería financiera permitió más que doblar el valor de una naviera únicamente con la transformación de su forma societaria? ¿Cómo explicar un aumento de su valor en un 257 por ciento? Cualquier respuesta que se nos pueda ocurrir para alguna de esas tres preguntas remite a una fórmula que permitió a Antonio López y López (de quien no hay que olvidar que disponía del 60 por ciento del capital de la naviera A. López y Cía.) y, de paso, a sus tres viejos socios Claudio López y López, Patricio Satrústegui Bris y Carlos de Eizaguirre, registrar un grandísimo incremento patrimonial en un cortísimo período de tiempo. Al quedarse, o al vender, aquellas 15.200 acciones de la nueva Compañía Trasatlántica en la proporción que hubiera correspondido a cada uno de los socios de la vieja A. López y Cía., obtuvieron todos unos ingresos que multiplicaban el valor de su anterior participación en la susodicha firma naviera. Y todo en cuestión de unos pocos meses. Por decirlo en términos vulgares, aquella operación diseñada en 1881 fue un auténtico pelotazo.

Si el acta jurídica de constitución de la nueva Compañía Trasatlántica SA tuvo lugar, en Barcelona, el primero de junio de 1881, la firma de los capítulos matrimoniales entre Claudio López Bru y su joven esposa María Gayón se produjo cinco semanas más tarde. Unas capitulaciones que se formalizaron, también en Barcelona, el 9 de julio de 1881, o sea, tres meses y medio después de que se hubiera celebrado su unión civil y canónica. Cabe pensar que entre una y otra fecha los jóvenes novios habían estado disfrutando de su luna de miel. Aquel 9 de julio de 1881 Antonio López y López prometió solemnemente beneficiar en su testamento a su hijo Claudio con un fideicomiso, que quiso vincular expresa y directamente al título de marqués de Comillas, por el valor de una tercera parte de su fortuna. En realidad, López sólo podía disponer libre y personalmente de las cuatro quintas partes de todos los bienes que integraban la sociedad conyugal López-Bru, dado que el quinto restante estaba sujeto a la libre disposición de su mujer, Luisa Bru Lassús, en virtud del acuerdo al que ambos habían llegado en el momento de casarse. Fue por eso que la propia Luisa Bru debió hacer entonces lo propio y prometió también beneficiar a su hijo con una tercera parte de aquel quinto de los bienes conyugales que quedaban bajo su libre disposición. Además de establecer aquel fideicomiso, Antonio López y López y su mujer Luisa Bru Lassús hicieron «constar haber entregado a su señor hijo Don Claudio López Bru la cantidad de 1.050.000 pesetas en efectivo metálico a cuenta de su futura herencia». Añadían, eso sí, que se trataba de la misma cantidad que habían dado previamente a su hija Isabel López de Güell. La diferencia patrimonial entre los contrayentes se aprecia si comparamos el esponsalicio del novio, cifrado en 1.050.000 pesetas, con la dote aportada por la novia: Marta Barrié Labrós quiso beneficiar a su hija con mitades indivisas de cuatro fincas rústicas, repartidas entre Gorga (Alicante), Cabezón de la Sal (Cantabria) y El Puerto de Santa María (Cádiz), cuyo valor sumaba 185.492 pesetas, o sea, en torno a un 17 por ciento del valor del esponsalicio aportado por el novio[17]. Parece claro que para los López aquel enlace nupcial de Claudio López Bru con la joven María Gayón no nacía de un frío cálculo mercantil.

Coincidiendo con la firma de los preceptivos capítulos matrimoniales, Antonio López y López y los suyos supieron que el jefe del Estado, el joven rey Alfonso XII, había decidido que pasaría sus vacaciones en Comillas, hospedado precisamente por el presidente de la nueva Compañía Trasatlántica. La noticia se hizo pública, de hecho, justo un día antes de que se firmasen las susodichas capitulaciones matrimoniales[18]. A partir de aquel momento todos empezaron a correr, sin apenas margen de tiempo, con el objetivo de conseguir que aquel veraneo regio fuera todo un éxito, tanto para el real huésped como para sus anfitriones. De hecho, aquella decisión del rey de pasar sus vacaciones de 1881 en la villa natal de Antonio López permitió a su flamante anfitrión convertir dicho veraneo en un escaparate público que le ayudó a aumentar su proyección y popularidad, a lo largo y ancho de la geografía española. Pudo así mostrarse ante toda España como un «opulento capitalista» de gustos refinados que no escatimaba en gastos para atender a la «augusta familia real» española. A todo ello contribuyeron, en primer término, las extensas crónicas que publicaron diferentes diarios de distinto signo, editados en su mayoría en Madrid. Así lo hicieron prácticamente desde el mismo momento en que los reyes llegaron a Comillas en la tarde del sábado 6 de agosto de 1881.

Acompañados de todo su séquito, Alfonso de Borbón y María Cristina de Habsburgo habían bajado aquella misma mañana del tren en Torrelavega para disfrutar en dicha ciudad de un «lindo almuerzo en el hotel del general Ceballos». Al acabar dicha comida, sobre las cuatro de la tarde, la comitiva real partió de Torrelavega con destino a Comillas, adonde llegó apenas una hora y media después. Justo a la entrada de dicha villa la familia real se encontró con un arco, concebido como una «alegoría de la labranza, construido por los habitantes del pueblo, que lo dedican a Su Majestad la reina» María Cristina, tal como relataba el cronista de La Iberia, periódico vinculado al entonces presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta. Un periodista quiso añadir: «Desde este punto dio [el pueblo de Comillas] una ovación difícil de describir»[19]. Vale la pena reproducir la crónica que dicho periódico publicó sobre la entrada del rey, su familia y su cortejo en Comillas, entre otras cosas por las continuas referencias que aparecen en torno al «opulento capitalista» Antonio López:

Sabíamos ya que Comillas preparaba un recibimiento suntuoso al rey, hace un mes que no se hablaba por aquí de otra cosa que de los preparativos que ha hecho el opulento capitalista López para dar a los reyes de España una morada digna de su posición y de su capital. Y cuando nos dirigíamos a Comillas queríamos formarnos una idea aproximada pero confieso que la realidad excedió a todas las esperanzas […]. El ruido de los cohetes, de las campanas, los vivas nutridos y entusiastas que salían de todas las bocas, el agitar de los pañuelos, las flores que se arrojaban desde los balcones y las expresiones de afecto y entusiasmo que brotaban espontáneamente de aquellos honrados aldeanos formaban un efecto magnífico y grandioso en medio de su sencillez. De todos los detalles e incidente de aquella entrada […] me limitaré a decir lo más notable o lo que llamó más la atención, siendo lo primero el coro de niñas de la población, vestidas de blanco que esperaban a la puerta de la iglesia, y desde donde ofrecieron flores […] cantando canciones que conmovían doblemente al brotar de entre aquellos labios infantiles, y el canto del Te Deum, acompañado de un órgano magnífico y del que todo lo que le diga a V. es poco.

Este órgano lo regaló a la iglesia del pueblo, que tiene algunos retablos dignos de verse, D. Antonio López, así como el púlpito y la pila bautismal y es de un efecto indecible la impresión que produce. Hecho conforme a los últimos adelantos, imita con rarísima perfección las voces de tiple, de bajo, de tenor y de barítono, y tiene un cambio de voces sorprendente que produce en el oído la ilusión de una a varias distancias. A la salida de la iglesia del pueblo, los reyes y las infantas se dirigieron, atravesando a duras penas la multitud que los aclamaba frenéticamente[] al hotel de D. Antonio López, que les ha servido de estancia anoche y donde vivirán a la vuelta del Ferrol […]. Ya dentro del hotel, que no es más que la casa paterna de la familia López, donde el opulento capitalista se crio como hijo de unos pobres labradores, los reyes y las dos infantas descansaron un momento, y luego con comitiva subieron a visitar el panteón de la familia López.

En este paseo pude contemplar el parque y comprender perfectamente toda la fuerza de una voluntad enérgica cuando está reforzada con el elemento poderoso del dinero. Hace poco más de dos semanas aquel parque donde hay tres palacios [los de Antonio López, su hermano Claudio y Patricio Satrústegui] se componía de unos cuantos jardines pequeños y de poco valer, comparados con el de hoy, jardines que separaban los diversos hoteles de la familia. En este tiempo han caído las cercas, se ha variado por completo el trazado de los paseos, se han puesto árboles, se han improvisado bosquecillos y se ha constituido como por encantamiento un lujoso jardín donde el gusto más exquisito y más exigente no echa nada de menos, ni aún toda clase de juegos para recreo de las infantas. Cuando por la noche, durante la comida de las regias personas, se iluminó el jardín con ocho luces eléctricas alumbradas por una poderosa máquina de vapor, cuyo coste y mantenimiento pasa de medio millón de reales, con el ruido armonioso de música militar y la agradable temperatura que se disfrutaba, creíamos encontrarnos en una mansión de delicias donde el genio de las hadas parecía haber reunido todos los encantos soñados por una imaginación calenturienta.

López no ha escaseado esfuerzos de ningún género y ha tenido que emplear a casi toda la gente de la población y traer trabajadores, carpinteros, tapiceros y una porción de artistas de Santander, de Barcelona y de París. Deseando que todo fuera regio, hasta en los más pequeños detalles, hizo proposiciones, según he oído, a la casa Lhardy para que diariamente trajese desde Madrid la comida de la familia real a Comillas, y habiéndose enterado el rey de este proyecto, aunque costosísimo, no es más lujoso ni más caro que otros ha realizado, se opuso a tal pensamiento, determinando que, como es costumbre, la cocina real se encargase de este servicio […]. El magnífico panteón de familia que se levanta en una altura, a un extremo del parque […] es una obra, o mejor dicho, una riquísima joya del arte arquitectónico, de estilo gótico y en la que con lujo inusitado se despliegan en abundancia todas las bellezas de aquel género. Más que panteón, es un templo[20].

Alfonso de Borbón y María Cristina de Habsburgo-Lorena marcharon tan sólo un día después, el domingo 7 de agosto, rumbo a Galicia. En tierras gallegas estuvieron, de hecho, hasta el 25 de dicho mes, cuando regresaron a la villa natal de Antonio López para iniciar sus verdaderas vacaciones. En Comillas pasaron los siguientes veintidós días, alojados junto a su comitiva en tres hoteles distintos: los reyes en la residencia particular de Antonio López (la casa de Ocejo), las infantas en la de su hermano Claudio y el personal de servicio de la familia real en el palacete de Patricio Satrústegui. Pudieron así los reyes asistir al acto litúrgico de inauguración de la capilla panteón que su generoso huésped había hecho construir en Comillas. En dicha ceremonia, oficiada el 28 de agosto por el obispo de Santander y en presencia del obispo de Zamora, estuvieron también presentes otros miembros de la comitiva real, como el entonces ministro de Marina, Francisco de Paula Pavía, o como los generales Rafael Echagüe y Emilio Terrero, así como el marqués de Nájera y la condesa de Llorente. Aficionado como era a los toros, aquella misma mañana Alfonso XII embarcó en el llamado vapor Auxiliar de la naviera A. López y Cía. rumbo a Santander para así ver la corrida que se celebró aquella tarde en la plaza de toros de dicha ciudad. Regresó después para asistir, en la noche, al concierto de una orquesta dirigida por el célebre Ruperto Chapí, que López había querido llevar expresamente a Comillas para solaz real[21].

Una de las decisiones que Antonio López y López tomó para agasajar y sorprender a los reyes, y a toda su comitiva, durante su estancia en Comillas fue el establecimiento de «una instalación eléctrica en el parque [realizada] a costa de grandes dispendios». Hablamos de una de las primeras ocasiones en que se pudieron ver y apreciar, en España, las potencialidades de aquella nueva fuente de energía, es decir, de la generación industrial de electricidad. Y la primera vez que se utilizaron en nuestro país focos y proyectores incandescentes. Una verdadera maravilla de la modernidad de la que disfrutaron los reyes en la villa natal de Antonio López y que rápidamente se pudo conocer urbi et orbi gracias a las diversas crónicas periodísticas que describieron dicho acontecimiento. Veamos, por ejemplo, cómo lo recogió La Ilustración Española y Americana, ad maiorem López gloriam:

El marqués [de Comillas], al recibir la noticia de la próxima visita de SS. MM. encargó los aparatos necesarios para instalar la luz eléctrica de la Sociedad Española de Electricidad, domiciliada en Barcelona, el 16 de julio último, y todo el material, así el de la fuerza motriz como el eléctrico, fue terminado apresuradamente y remitido a su destino, llegando a Comillas el 27 y quedando montado y ensayado el 2 de agosto último. Desde esta fecha funciona todas las noches sin interrupción. La máquina de vapor, semifija, de alta y baja presión, es un bien acabado modelo de la reputada casa Alexander Hº de Barcelona, y puede desarrollar hasta veinte caballos efectivos, aunque utilizan sólo quince. El material eléctrico se compone de dos máquinas Gramme, nuevo tipo de división de la luz eléctrica, fabricadas en los talleres de la Sociedad Española de Electricidad, y cada una de estas máquinas pone en actividad cinco lámparas, todas dentro de un solo circuito. Otra máquina Gramme, tipo normal, fabricación de la casa Francisco Dalmau e Hijo, también de Barcelona, completa el material de generadores de electricidad y a esta última máquina se aplica, para el mejor alumbrado, un poderoso proyector de luz, sistema Mangin, semejante al que posee la acorazada Sagunto, y sirve para alumbrar hasta 30 lámparas, sistema Swan, de división de la luz eléctrica por incandescencia […]. En conjunto, este magnífico alumbrado posee una intensidad equivalente a 1.500 mecheros Carcel, y es el primero en importancia que se ha instalado en España, pues el sistema de incandescencia se ha inaugurado en Comillas por primera vez en nuestro país. La brillante luz eléctrica que irradian aquellos poderosos aparatos ilumina el parque, los hoteles y la villa, en una extensión de seis kilómetros, y no es, por cierto, la luz pálida y temblorosa que hemos visto en Madrid sino luz vivísima, blanca, fija, como la de la luna, que no ofende la vista con oscilaciones ni con reflejos opacos[22].

Resulta cuando menos curioso que el entonces ministro de Ultramar, el canario Fernando León y Castillo, remitiese al rey, para su firma, el real decreto por el que se traspasaba «el servicio de los vapores correos de Cuba de la A. López y Cía. a la sociedad de Navegación [sic ] Trasatlántica, fundada en Barcelona en junio último, bajo la presidencia del señor marqués de Comillas» el 30 de agosto de 1881, es decir, mientras Alfonso XII estaba veraneando en Comillas, alojado precisamente por Antonio López[23]. Aquello que podía parecer un mero trámite administrativo fue lo que, en última instancia, permitió materializar con éxito la estrategia que antes describí y que a la postre permitiría un notable incremento en la fortuna del primer marqués de Comillas.

La redacción de aquel importante real decreto tuvo lugar tres días después de que Antonio López hubiera obsequiado a sus reales huéspedes con un curioso espectáculo. Y es que el 27 de agosto de 1881 López había hecho coincidir en la bahía de Comillas hasta siete vapores de su naviera, llegados en su mayoría expresamente desde Cádiz, en una vistosa y célebre parada sólo enturbiada por el mal tiempo. Así lo recogió otro de los periodistas que cubría las vacaciones regias, el que publicaba sus notas en La Correspondencia de España:

A las cuatro de la tarde, con un temporal de viento, chubascos y niebla, se presentaron al rey en estas aguas seis vapores grandes de la compañía López y el [vapor] Auxiliar. Los vapores eran el Alfonso XII, López, España, Condal, Gijón y Puerto-Rico, sumando en junto de 14.000 toneladas [sic ]. El espectáculo no podía ser más grandioso e imponente, viendo los siete buques en medio del mar, con un temporal deshecho y una niebla densa, maniobrar y hacer los saludos de ordenanza a sus majestades, que en unión de toda la familia real presenciaban el acto. La familia real y servidumbre, desde un kiosco construido por el Sr. López ad hoc, sobre una altura titulada meseta Cruz Verónica, dominaban el mar y las demás alturas se encontraban coronadas por la multitud que puede decirse era toda la población. Por el mal tiempo no pudo llevarse a cabo el proyecto de que SS. MM. y AA. visitaran todos los buques, lo cual se ha sentido extraordinariamente porque hubiera sido una verdadera tarde de placer al par que un cuadro vistosísimo, pues además de estar empavesados todos los buques, había muchas lanchas salvavidas y la escampavía Nervión, todas adornadas con objeto de conducir a todas las autoridades e infinidad de personas deseosas de embarcarse y conocer los magníficos buques. SM el rey, cuyo vivo interés por la marina de guerra y mercante es bien notorio, ha quedado altamente complacido.

Aquel mismo día, por cierto, dicho cronista anunciaba que el regreso del rey a Madrid se había previsto para el 17 de septiembre y que «el señor marqués de Comillas no economiza medio alguno (por dispendioso que sea) para hacer más grata a la familia real su corta estancia en estas montañas»[24].

El relato que de aquella inusual parada naval publicó el diario La Época, órgano del conservadurismo canovista, fue mucho más detallado y extenso, aunque no lo vamos a reproducir aquí. Sí consignaremos las lecturas o valoraciones políticas que su redactor, un tal J. Gil, hizo de aquel acontecimiento:

Notable es, efectivamente, el acto realizado en la tarde de ayer por el Sr. López. Puede un gobierno sacar de los puertos o distraer de su ruta seis de sus buques más importantes para reunirles en un punto dado; una empresa o un particular, no puede hacer otro tanto sino a costa de grandes sacrificios y venciendo inmensas dificultades. El marqués de Comillas, que no se ha detenido ante unos y otros, ha dado con esto la medida de sus acendrados y entusiastas sentimientos monárquicos dinásticos, quizá más que en ninguna otra de las muchísimas ocasiones en que los puso de manifiesto. Al demostrar cómo sabe honrar a los Reyes, se honra a sí mismo, honra a su patria que debe enorgullecerse tanto o más que de sus eminencias políticas, literarias o artísticas, de los hombres eminentes del trabajo y de la industria, y honra, en fin, a nuestra marina mercante, menos considerada de lo que merece, y que encierra en sí vigor suficiente para llegar a ser lo que fue en gloriosas épocas, el día en que una legislación más favorable le dispense la protección que merece[25].

El mismo diario había informado días antes de otra de las actividades realizadas por el rey, acompañado en aquel caso por el joven Claudio López Bru: «A pesar del mal tiempo que tenemos, y que promete continuar todo el día a juzgar por el aspecto nada tranquilo que el cielo presenta, el Rey ha pasado parte de la tarde en el tiro de pichón, acompañado del marqués de Alcañices, general Echagüe, coronel Barcáiztegui, capitán Monleón, Sr. López (hijo) y doctor Camisón». Y añadía, a continuación: «Se anuncia que el Sr. López piensa obsequiar a sus majestades y altezas con un almuerzo a bordo de uno de los magníficos barcos que posee, indicándose que éste será el Alfonso XII. No dudo que el almuerzo se efectúe, porque el Sr. López no perdona medio de hacer más agradable la estancia en esta de sus ilustres huéspedes»[26].

Otro periodista que escribió aquellas semanas diversas crónicas sobre la estancia regia en Comillas para el diario canovista La Época fue Enrique Sepúlveda Planter. Hablamos de alguien cuyo padre, el salmantino Francisco Sepúlveda Ramos, había ejercido durante unos años como administrador del Crédito Mercantil antes de convertirse, en octubre de 1868, en representante personal de Antonio López (y de la naviera A. López y Cía.) en Madrid, ciudad a la que tuvo que trasladar su residencia. Las relaciones entre Francisco Sepúlveda Ramos y Antonio López eran tales que el primero le había nombrado su albacea en un testamento que otorgó en Barcelona quince años antes de que tuviese lugar la primera visita real a Comillas. El plumilla Enrique Sepúlveda era, por lo tanto, un hombre muy cercano a la familia López, como supo mostrar en sus escritos en la prensa. Aprovechó, así, sus crónicas para ensalzar la figura de Antonio López y López tanto como para destacar la valía de sus empresas. Al dar cuenta, por ejemplo, del ágape que el primer marqués de Comillas había ofrecido, el viernes 2 de septiembre, a los reyes en uno de los vapores de su firma naviera, escribió:

El vapor Antonio López no es el mayor de los que forman la escuadra trasatlántica […] pero es el más elegante, el de construcción más correcta, el de máquina más afinada, hasta el punto de que en la Exposición de París [de 1878] alcanzó su modelo medalla de oro, habiendo sido premiado también en otras dos exposiciones. La cámara es la más suntuosa y rica, no sólo de los vapores de López sino de los que conocemos de otras empresas, como que el constructor, míster Denis, queriendo hacer un obsequio digno de él y a la persona a quien iba dedicado, gastó en la construcción y decorado de dicha cámara más de 20.000 duros. Se comprende el aspecto que en cámara semejante presentaría el almuerzo dispuesto, que SS. MM. y AA. se dignaron aceptar. Con decir que al maestro en estas cosas, al práctico y experimentado conde de Sepúlveda, le pareció todo muy bien arreglado, muy en carácter, habremos hecho el más cumplido elogio del comedor flotante donde las reales personas pasaron la mayor parte del día 2 de septiembre.

Y tras ensalzar precisamente la figura de Atanasio de Oñate, conde de Sepúlveda y uno de los empleados civiles de mayor rango en la casa real, el plumilla Enrique Sepúlveda Planter añadió una especie de coda final a su panegírica nota para realzar aún más la figura del primer marqués de Comillas:

Después de hablar del conde de Sepúlveda, encajaba perfectamente el retrato del marqués de Comillas, ese otro infatigable trabajador, jefe de una familia ejemplar, a quien la fortuna ha permitido ofrecer regia hospitalidad a un soberano. Pero hacia el Sr. D. Antonio López me une un afecto entrañable, que haría parecer sospechoso de adulación lo que dijera. De ese afecto participa V., señor director, y lo único que nadie nos negará es que unos cuantos hombres del temple y de las cualidades del marqués de Comillas serían necesarios para regenerar este país encanijado[27].

Valga señalar, por último, que Antonio López quiso incorporar precisamente a Atanasio de Oñate, conde de Sepúlveda y antiguo inspector de los Reales Palacios, al primer consejo de administración de la recién creada Compañía Trasatlántica SA. Puede interpretarse, tal vez, como una muestra de agradecimiento a su labor durante la estancia regia en Comillas y, en cualquier caso, como una vía para mantener sus estrechas relaciones personales con Alfonso XII e institucionales con la casa real.

En una nota fechada el 3 de septiembre, un día después del copioso ágape celebrado a bordo del vapor Antonio López, el cronista del diario gubernamental La Iberia informaba a sus lectores: «La corte continúa en Comillas disfrutando del suntuoso alojamiento preparado por el Sr. López, llevando una vida tranquila completamente distinta a la agitada y bulliciosa Madrid. Aunque se han hecho muchos preparativos para la expedición a los Picos de Europa y para una caza de osos, no me atrevo a asegurarle que las dos excusiones se verifiquen porque el rey ha manifestado el deseo de aprovechar los días que va a permanecer en las playas cantábricas tomando los baños». Y concluía consignando: «En Comillas se espera el lunes o martes a los señores Sagasta y Martínez Campos»[28]. Daba cuenta de una llegada que debió producirse algo antes porque a las ocho y media de la mañana del lunes 5 de septiembre de 1881 Alfonso XII se reunió en Comillas con el presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta, y con los responsables de las carteras de Guerra y de Marina, Arsenio Martínez Campos y Francisco de Paula Pavía y Pavía, respectivamente, en una especie de reducido Consejo de Ministros que sirvió tanto para un intercambio de impresiones sobre la política del momento (Sagasta «dio cuenta [ante el rey] de la cuestión electoral y de la seguridad de gobernar desahogadamente en el Parlamento») como para que Alfonso XII firmase una serie de decretos y de nombramientos (de senadores, de altos cargos de la Administración colonial en Cuba y en Filipinas, y de miembros de varios consejos consultivos). Una reunión que también sirvió, por último, para que el rey rubricase «la ratificación del tratado de extradición entre España y la República Argentina»[29].

Coincidiendo con su estancia en Comillas y como una forma de agradecer la forma con la que Antonio López y López había agasajado a la familia real, Alfonso XII quiso regalarle una nueva dignidad nobiliaria: a su condición de marqués de Comillas optó por sumarle un nuevo título, el de grande de España. Los rumores sobre dicho nombramiento llegaron a Madrid mientras los reyes seguían disfrutando tranquilamente de su veraneo en tierras cántabras. Así, el 7 de septiembre de 1881 La Correspondencia de España reproducía de forma literal un texto sacado, según decían, de «un periódico conservador: Parece que será agraciado el marqués de Comillas con la grandeza de España. Lo celebraremos; que quien por su amor al trabajo ha conquistado la alta posición de que goza en la banca y en las empresas industriales de su país y quien además se ha manifestado siempre tan buen monárquico y tan amante de sus reyes es acreedor de la alta distinción para que se le indica». El mismo medio recogió otro rumor parecido. Según consignaban: «Otros [diarios] sostienen que será el ducado la merced real que se le otorgará a D. Antonio López»[30]. El tono que utilizó la prensa republicana cuando dio cuenta de aquel rumor era muy distinto. El diario La Discusión recogía brevemente la noticia añadiendo: «Es natural, de alguna manera había de recompensar España al Sr. López, después de haberse gastado en un quítame allá estas pajas, tres millones de reales»[31].

Antonio López había conseguido, de hecho, que en su villa natal se alojasen por unos días no sólo Alfonso XII y la familia real sino también destacados políticos y militares españoles. López convirtió también a Comillas en el lugar donde se dieron cita varios ministros, empezando por el presidente del Consejo, quienes allí tomaron o rubricaron algunos acuerdos de gobierno. Cabe señalar que, más allá de aquella reunión, Sagasta y Martínez Campos quisieron disfrutar de dos días más en Comillas y que no llegaron a Madrid hasta el jueves 8 de septiembre[32]. Llegaron el mismo día en que los reyes fueron a visitar la cercana villa de San Vicente de la Barquera, aprovechando así sus vacaciones en Comillas para conocer determinados lugares de la región. Sin ir más lejos, tres días más tarde, el 11 de septiembre, visitaron la villa de Suances y un día después la de Santoña. Las infantas tenían, eso sí, su propia agenda. Así, el 7 de septiembre «la infanta doña Isabel, acompañada de los generales Echagüe y Terreros, marqueses de Nájera, Sres. de López, Miralles, Monleón e ingeniero naval Sr. Fernández de Haro, fue a visitar a la antiquísima villa de Santillana del Mar, notable por muchos conceptos», aprovechando también dicha excursión para conocer las famosas y cercanas cuevas de Altamira[33]. A punto de terminar su estancia en Comillas, sin la compañía de la reina aunque sí de su hermana mayor, la infanta Isabel de Borbón, Alfonso XII quiso conocer los Picos de Europa. Hacia allí salió desde Comillas en la mañana del miércoles 14 de septiembre y no regresó a la casa de Ocejo hasta dos días después. El objetivo de aquella excursión era puramente cinegético y el rey salió para satisfacer uno de sus deseos: la caza de rebecos y de osos.

Tras dormir dos noches fuera, Alfonso XII regresó de dicha cacería a las dos de la mañana del 16 de septiembre de 1881. Lo hizo con el tiempo justo para salir rumbo a Madrid, y es que a las dos y media de aquella misma tarde la numerosa comitiva real salió definitivamente de Comillas rumbo a Torrelavega, ciudad en la que cogieron todos el tren que les iba a llevar hasta la estación del Norte de la capital española. Terminó entonces para el rey y para la familia real una agradable experiencia en tierras cántabras, la cual había servido, por otro lado, para que el marqués de Comillas se diera a conocer aún más en España y para que pudiera estrechar sus vínculos con la familia real. Alfonso XII acabó, por su parte, tan contento con aquella su primera estancia en Comillas que no sólo otorgó efectivamente a Antonio López y López la grandeza de España de primera clase sino que quiso, además y como veremos en el siguiente capítulo, repetir la experiencia en el verano de 1882. Entre el primer y el segundo veraneo real, eso sí, el primer marqués de Comillas desarrolló una intensísima labor empresarial, destacando la promoción de nuevos proyectos como el de la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Y adquirió también su condición de senador por derecho propio.

9

La Compañía General de Tabacos de Filipinas

El Real Decreto mediante el cual Alfonso XII otorgaba la grandeza de España a Antonio López está fechado, en Madrid, el 31 de octubre de 1881. Hablamos de un texto en el que el monarca afirmaba falsamente refrendar la iniciativa que de manera supuesta y previa había tenido el entonces ministro de Ultramar, el canario Fernando León y Castillo. El rey le otorgaba dicho título, le decía a López en primera persona, «en consideración a las especiales circunstancias que concurren en vos y a vuestros distinguidos méritos y relevantes servicios a la Nación como Armador y Naviero», aunque también «queriendo daros una prueba de Mi Real aprecio». Por todo ello, según rezaba el susodicho decreto: «declaro ser mi expresa voluntad que desde ahora en adelante vos, el referido Don Antonio López y López, Marqués de Comillas, y vuestros hijos y sucesores legítimos, habidos en constante y legítimo matrimonio, varones y hembras, por el orden de sucesión regular, cada uno en su respectivo tiempo y lugar, perpetuamente podáis usar y uséis el título de Marqués de Comillas con la Grandeza de España a él unida, y así os podáis llamar y titular […] cuya honra se conserve en todos vuestros descendientes legítimos». Sólo hizo falta que López pagase el impuesto especial establecido en aquellas ocasiones (unas tasas que, en su caso, ascendieron a 15.960 pesetas) para que Alfonso XII confirmase definitivamente la adición de la grandeza de España al título de marqués de Comillas, lo que rubricó en el Palacio Real de Madrid, el 27 de diciembre de 1881[1].

Aquel nombramiento le permitió a López convertirse en senador por derecho propio, una prebenda que la Constitución de 1876 reservaba a los grandes de España y que nuestro hombre que no quiso desaprovechar. A tal efecto y apenas tres semanas después de haberse confirmado su incorporación al selecto grupo de «grandes de España», el 19 de enero de 1882 el primer marqués de Comillas solicitó a un notario de Madrid que diese fe de dicho nombramiento. Tuvo además que acreditar su condición de propietario, lo que hizo aportando certificados de la contribución territorial que pagaba sobre algunos de sus bienes en Madrid y en Navalmoral de la Mata. Reunidos todos aquellos documentos, López los presentó ante la comisión permanente de Actas y Calidades del Senado a finales de marzo. Comprobada su idoneidad, el 3 de abril de 1882 la Cámara Alta aprobó admitir a Antonio López y López «al ejercicio del referido cargo» de senador por derecho propio. Sólo faltaba un trámite para hacer efectiva su incorporación a la Cámara Alta: el preceptivo juramento, que López realizó el 6 de mayo de 1882. Fue aquel día cuando adquirió definitivamente el cargo de senador[2], aunque sólo consta de su participación una única vez. Fue con motivo de la ratificación por las Cortes del tratado de comercio entre España y Francia, al que se opuso con su voto por razones eminentemente proteccionistas. Lo hizo, de hecho, porque lo «consideraba de funestos resultados para la industria patria». La descripción que hizo La Época de su participación en dicha votación tiene un tono épico, casi heroico: «Entonces vino [a la Cámara Alta], aunque enfermo y acongojado por la enfermedad de su hijo, a cumplir con su deber»[3]. Se refería, por cierto, aquel periodista a los crónicos problemas de salud que aquejaban a Claudio López Bru, quien se vio obligado a visitar diferentes balnearios en aquel mismo año de 1882.

Todos aquellos trámites que culminaron con la incorporación de Antonio López al Senado español coincidieron, de hecho, con dos acontecimientos relevantes en su actividad empresarial, los cuales voy a repasar a continuación. Me refiero a la liquidación, por un lado, de la antigua sociedad regular colectiva Antonio López y Compañía; y a los trámites de creación, por otro, de la nueva Compañía General de Tabacos de Filipinas. La escritura de disolución de la firma A. López y Cía. se rubricó, precisamente, unos días antes de que el marqués de Comillas presentara ante la Cámara Alta la documentación pertinente para ser confirmado como senador por derecho propio. Fue en Barcelona, el 21 de marzo de 1882, cuando se reunieron Antonio López y López, su hermano Claudio, su hijo Claudio López Bru, su antiguo yerno Joaquín del Piélago y Sánchez de Movellán, así como Carlos Eizaguirre Bailly, con el objetivo de disolver de manera formal la susodicha razón social. No estuvo físicamente presente en aquella reunión Patricio Satrústegui, cuyos intereses estuvieron representados por Claudio López Bru y por Carlos Eizaguirre. Aquel día, todos los asistentes hicieron constar que en su condición de «únicos socios de la sociedad Antonio López y Compañía» habían mandatado al primer marqués de Comillas para que elaborara un inventario de los bienes que conformaban el activo de la empresa. Según aquel balance, fechado a 31 de diciembre de 1881, el valor líquido de la firma Antonio López y Cía. se cifraba en 7.393.246 pesetas 275 milésimas, «esto es, 1.000.000 de duros o 5.000.000 de pesetas por capital y 478.649 duros 255 milésimas o sean 2.393.246 pesetas 275 milésimas por beneficios, representado el total haber en su mayor parte por valores o efectos y una pequeña parte en metálico; correspondiendo dicho haber líquido a los señores socios en las porciones siguientes»:

CAPITAL

BENEFICIOS

Antonio López y López

3.000.000

1.166.707

Claudio López y López

500.000

269.240

Patricio Satrústegui

750.000

329.071

Carlos Eizaguirre

750.000

329.071

Claudio López Bru

—

149.577

Joaquín del Piélago

—

149.577

TOTAL

5.000.000

2.393.243

Tal como aclaraban a continuación, el metálico asignado a Claudio López Bru y a Joaquín del Piélago debía entenderse «en concepto de beneficios solamente, así como el de los demás, por razón de capital y beneficios». De hecho, desde su incorporación, el 2 de mayo de 1878, como socios industriales de la naviera A. López y Cía., tanto a Joaquín del Piélago como al hijo de Antonio López se les había asignado una participación del 6,25 por ciento de las ganancias netas totales de la naviera. La modificación de la escritura social acordada entonces había fijado también que Antonio López debía quedarse con casi la mitad de las ganancias netas de la empresa que llevaba su nombre (exactamente, con un 48,75 por ciento del total), de los cuales debía recibir un 18,75 por ciento del total como remuneración por su trabajo y el otro 30 por ciento como beneficios generados por su porción en el capital social de la empresa. De este modo, al liquidar la sociedad regular colectiva Antonio López y Cía., el primer marqués de Comillas no sólo recuperó todo su capital en la misma (3.000.000 de pesetas) sino, además, unas ganancias netas de 1.166.707 pesetas. López recibió, en total, 4.166.707 pesetas: una verdadera fortuna. En aquella solemne reunión los participantes declararon completamente disuelta «la sociedad que tenían constituida bajo la razón de A. López y Cía.», aunque optaron por añadir que «teniendo en consideración […] los múltiples negocios en que ha tomado parte la sociedad que se disuelve, y que quizá algún día por razón o consecuencia de los mismos sea necesario que dicha compañía tenga un representante legal […] nombran con el carácter de liquidador al Excelentísimo Señor Don Antonio López y López», al que mandataban también para usar la razón social de «Antonio López y Compañía, en liquidación», si fuera necesario[4].

Apenas seis días después de haberse firmado la escritura de disolución de aquella sociedad, el principal apoderado de López en Barcelona, Emeterio Alcobé, acudió a las oficinas del mismo notario que había dado fe de ella para firmar una escritura de arras con Rafael Vallet Piquer, vecino de Sarrià. Aquel 27 de marzo de 1882 Vallet se comprometió a vender al primer marqués de Comillas un monte denominado Común de Lagartera, situado en el toledano pueblo de Lagartera, «con todas las huertas, edificios, servidumbres activas y pasivas que contenga» a cambio de 875.000 pesetas, de las que recibió entonces casi una cuarta parte, exactamente 210.000 pesetas. No hay duda de que Antonio López quiso invertir en bienes rústicos una buena parte de las ganancias que acababa de recibir gracias a la disolución de la razón social A. López y Cía. La escritura de venta de aquellos montes en cuestión no se firmó, sin embargo, hasta seis semanas después. Tuvo lugar exactamente el 6 de mayo de 1882 y tampoco aquel día estuvo presente López. Actuó en su nombre el rico empresario José Carreras Xuriach, propietario entonces del Palau de la Virreina. Entre la firma de aquella primera escritura de arras y la de la definitiva venta de las fincas, López pagaría al vendedor otras 125.000 pesetas más, hasta alcanzar la suma de 335.000 pesetas. Y como no tenía problemas de liquidez, aquel 6 de mayo de 1882 le pagó a Vallet, a tocateja, el resto del precio pactado, las 540.000 pesetas restantes hasta alcanzar las 875.000 que habían acordado semanas antes. López lo hizo sin diferir parte del pago y sin financiarlo tampoco. No le resultaba necesario. En mayo de 1882 el marqués de Comillas se hizo, en definitiva, con más de 2285 hectáreas de terreno rústico, en su mayoría de uso forestal, procedentes del antiguo monte público de Lagartera y de una parte del antiguo monte público de la Calzada de Oropesa, en la provincia de Toledo, ampliando así de manera notable sus bienes inmuebles.

Unas semanas después, exactamente el 22 de junio de 1882, tuvo lugar en Barcelona la primera junta de accionistas de la nueva Compañía Trasatlántica. Bajo la presidencia de Antonio López, se informó en dicha reunión de que habían culminado con éxito los largos y complejos trámites legales para materializar la subrogación del negocio naviero de la antigua sociedad regular colectiva A. López y Cía. en favor de la nueva sociedad anónima. Se dio cuenta, por lo mismo, de que todo el activo de aquella empresa recién extinguida vinculado a su negocio naviero (lo que incluía todos sus buques, así como también sus instalaciones, portuarias y no portuarias, vinculadas con la entrada y salida de sus vapores) se había traspasado, sin problemas, a la nueva Compañía Trasatlántica. Y de que el gobierno había aceptado que el contrato oficial vigente para la conducción del correo (y del ejército) entre España y sus colonias de Cuba y de Puerto Rico que había obtenido la firma A. López y Cía. tres años antes, en 1878, se pudiera también subrogar en la nueva compañía, sin necesidad de abrir un nuevo concurso público. Los accionistas presentes supieron oficialmente que la junta de gobierno de dicha naviera había nombrado al joven Joaquín del Piélago Sánchez de Movellán para el cargo de gerente, así como a Manuel L. Villaverde y a Manuel Eizaguirre como los responsables de la delegación de la Compañía Trasatlántica en Cádiz, ciudad andaluza desde la cual salían la mayor parte de sus vapores rumbo a América.

Antonio López aprovechó también aquella primera junta de accionistas de la Compañía Trasatlántica para ampliar su consejo de administración, o junta de gobierno. Se incorporaron entonces tres nuevos consejeros: su yerno (Eusebio Güell Bacigalupi), el vicepresidente del Banco Hispano Colonial y presidente del Banco de Barcelona (Manuel Girona Agrafel), así como el segoviano Atanasio de Oñate, primer conde de Sepúlveda. Este último había sido, como vimos, el encargado de supervisar, en nombre del rey y de la casa real, los preparativos del veraneo de Alfonso XII en Comillas, el año anterior, y su incorporación como consejero de la Trasatlántica permitió sellar una relación personal que se debió tejer entonces, en aquel verano de 1881, así como mantener y profundizar los vínculos del primer marqués de Comillas con la familia y la casa del rey, a través de su persona. Aquella primera junta de accionistas de la Trasatlántica sirvió también, y por último, para certificar la buena salud de dicha empresa: en los seis últimos meses de 1881 aquella naviera presidida por Antonio López había tenido la capacidad de generar 1.768.003 pesetas de ganancias netas. En términos porcentuales, aquellos beneficios equivalían a una tasa anual del 17,68 por ciento. Tales ganancias permitieron a sus administradores no sólo repartir un generoso dividendo (de 50 pesetas por acción) sino también dedicar 950.000 pesetas al fondo de reserva de la naviera. No en vano, la irremediable depreciación del valor de sus vapores exigía decisiones financieras basadas en la prudencia, en previsión de ulteriores reparaciones de sus buques y de compras de otros vapores nuevos para que reemplazasen a los viejos y amortizados[5].

Cabe añadir que el proceso de disolución de la razón social Antonio López y Compañía (y de la transformación de su actividad naviera en la Compañía Trasatlántica), registrado entre junio de 1881 y el mismo mes de 1882, coincidió en el tiempo con el impulso definitivo de un nuevo y magno proyecto empresarial impulsado igualmente por Antonio López. Me refiero al proceso de creación de la que sería, a la postre, la primera firma multinacional española: la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Un proyecto cuya materialización coincidiría también con los dos sucesivos veraneos de Alfonso XII en Comillas, hospedado por Antonio López. El proceso que alumbró, sin embargo, la creación de aquella firma tabacalera habría que situarlo un par de años atrás. Habría que partir, al menos, del verano de 1879. Fue entonces cuando el Ministerio de Ultramar decidió abordar los problemas que venían aquejando a la administración de la renta del tabaco en Filipinas. Una renta estancada que se había instituido en 1782 y que se había convertido en la piedra de bóveda en la que reposaría la hacienda colonial en dicho archipiélago durante buena parte del siglo XIX. Ahora bien, la creciente demanda de tabaco en rama por las factorías españolas, especialmente a partir de la década de 1860 y sin apenas contrapartidas para el lado filipino, fue colocando el tesoro del archipiélago en una situación cada vez más comprometida. Las dificultades estallaron al poco de que José Malcampo asumiese, en marzo de 1874, la Capitanía General del archipiélago. De hecho, a mediados de 1874 la hacienda filipina debió suspender sus pagos tanto a los cosecheros de tabaco como a los intermediarios que surtían al monopolio público. La situación no acabó de mejorar en los ulteriores años, lo que forzó al Ministerio de Ultramar a intervenir en busca de una solución a los problemas. Lo hizo, como se verá, atendiendo las reclamaciones de diferentes particulares y empresas interesados en acabar con el monopolio del tabaco en Filipinas. A tal efecto creó, a mediados de 1879, una comisión de notables encargada de analizar la situación y de elevar al ministro de Ultramar propuestas concretas de reformas. Cabe insistir en que tanto el trabajo de dicha comisión como las gestiones del ministerio tuvieron lugar a espaldas del Parlamento. Si algún calificativo puede definir dicho proceso es, por lo tanto, el de opaco. De hecho, a pesar de su diferente color político, los tres ministros de Ultramar que participaron en el proceso, Salvador Albacete, Cayetano Sánchez Bustillo y Fernando León y Castillo, compartieron idéntica tendencia a la oscuridad. Todo se hizo sin luz ni taquígrafos.

A finales de julio de 1879 el diputado José Luis Retortillo, marqués de Retortillo, se quejaba explícitamente ante el Congreso de la falta de información por parte del gobierno. Afirmaba haberse enterado por la prensa «de que se había constituido una Junta encargada de proponer reformas que están relacionadas con el cultivo y el fomento del tabaco en las islas Filipinas». El entonces ministro de Ultramar, Salvador Albacete, debió reconocer ante la Cámara que había nombrado efectivamente tal comisión con el fin de que sus miembros «examinasen los antecedentes que existen sobre el cultivo del tabaco en las islas Filipinas, y las proposiciones hechas por varias personas con el objeto de alterar ese estado»[6]. Reconocía, en definitiva, que dicha comisión, sobre cuya composición nunca se informó al Congreso, nacía a partir de «las proposiciones hechas por varias personas» para acabar con el estanco del tabaco en el archipiélago.

Albacete abandonó el ministerio en diciembre de 1879 y le sustituyó Cayetano Sánchez Bustillo en un nuevo gabinete conservador presidido por Antonio Cánovas del Castillo. Unos meses después, en marzo de 1880, era otro diputado, el liberal Manuel Becerra, el que interpelaba también en el Congreso al nuevo titular de la cartera de Ultramar. Becerra exhortaba a Sánchez Bustillo «para que a la mayor brevedad posible se traiga a la mesa del Congreso el expediente que se ha formado para tratar del arriendo de los tabacos de Filipinas». El ministro conservador le respondió que dicho expediente no estaba «en estado de traerlo al Congreso porque hay una Comisión nombrada para informar acerca de este asunto […] [y] parece que hay dictámenes contradictorios [entre sus distintos componentes] y estos dictámenes no se han presentado todavía» al ministro. Con buenas palabras, Sánchez Bustillo se comprometió a continuación a que «cualquier documento que exista en este expediente o que en lo sucesivo pueda venir a él […] vendrá [al Congreso] en cuanto Su Señoría lo reclame»[7]. Manuel Becerra entonces, como meses antes el marqués de Retortillo, afirmaba que, dada la opacidad ministerial, sus fuentes de información provenían de los periódicos: «Sabía yo —afirmaba el diputado liberal en marzo de 1880—, por voz pública y por la prensa, que había deliberado la Comisión […] y sabía también por la prensa que había un voto particular». En la misma sesión, el diputado por Mayagüez (Puerto Rico), Luis Torres de Mendoza, fundaba asimismo sus informaciones en la lectura de la prensa política y acusaba al gobierno de actuar en connivencia con un conocido banco. Torres de Mendoza denunciaba la «circunstancia, que es pública y [de la que] se han hecho cargo […] los periódicos, de que hace un año o dos una sociedad de crédito bastante conocida ha[bía] enviado una comisión que está de regreso, compuesta de tres personas entendidas a Filipinas, para estudiar sobre el terreno el arriendo de dichos tabacos, añadiéndose que dicha sociedad gestiona este negocio cerca del gobierno». ¿Sería el Banco Hispano Colonial «aquella sociedad de crédito bastante conocida»? La cortesía parlamentaria nos impide saberlo con certeza aunque todo indica que así era. A continuación, un tercer diputado, Antonio Vivar, electo por el puertorriqueño distrito de Ponce, interpeló asimismo a Sánchez Bustillo expresando su «deseo [de] que venga al Congreso la Real Orden por la cual se dispuso la creación de una Junta que había de informar sobre los tabacos, porque tengo entendido que esa Real Orden no se publicó en la Gaceta» de Madrid. Interpelado de tal manera, el ministro de Ultramar se comprometió con relación «al expediente relativo al arriendo de los tabacos de Filipinas [que] ese expediente vendrá» al Congreso de los Diputados[8]. Tal como recogió la prensa, «de las lacónicas respuestas del Señor Sánchez Bustillo sólo ha resultado lo que ya era sabido, esto es, que hay una comisión compuesta de exministros de Ultramar y de otras personas para que estudien y den dictamen sobre lo que se podrá hacer en beneficio público con los tabacos de Filipinas, y que hay una empresa que desea el arriendo de la actual renta»[9].

En realidad, lo que se estaba discutiendo entonces, en la primavera de 1880, no era tanto el arriendo de la renta del tabaco filipino como su privatización. Como había reconocido el entonces capitán general del archipiélago, Domingo Moriones, unos días antes del debate parlamentario, «sostenida hoy en principio la ventaja del desestanco del tabaco, sabido es que se lucha para llevar al terreno de la práctica esta medida» (Paniagua, 1988: 172). Fue durante el mandato de Cayetano Sánchez Bustillo como ministro de Ultramar, en un gabinete presidido por Cánovas del Castillo, cuando el gobierno optó definitivamente no por la reforma ni por el arriendo de la renta del tabaco en el archipiélago sino por su privatización. De hecho, amén de su actividad política, Sánchez Bustillo tenía intereses compartidos con algunos de los empresarios que acabarían impulsando la creación de la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Él había sido el primer gobernador del Banco Hipotecario de España, una entidad creada en 1872 a iniciativa del Banco de París y de los Países Bajos. Y él había propuesto a Lope Gisbert (el cual acabaría siendo, como veremos, el comisionado especial para la implantación de la tabacalera en Filipinas) para el cargo de subgobernador del Banco Hipotecario. No es casual que Cayetano Sánchez Bustillo acabase ocupando, tras su paso por el ministerio, uno de los asientos del comité de Madrid de aquella firma que nació con la voluntad de cubrir el hueco del estanco, Tabacos de Filipinas.

En febrero de 1881, una crisis política acabó con el gabinete presidido por Cánovas del Castillo. Tras más de seis años de hegemonía conservadora, los liberales de Sagasta accedían, de nuevo, al gobierno. El canario Fernando León y Castillo sustituyó entonces a Cayetano Sánchez Bustillo al frente del Ministerio de Ultramar. El Parlamento cerró sus puertas a la espera de la convocatoria de nuevas elecciones. Así lo acordó el Consejo de Ministros en su reunión del 23 de junio de 1881, días antes de que la corte se trasladase al palacio de la Granja, primero, y a Comillas, después. El 25 de junio de 1881 la Gaceta de Madrid publicó, en efecto, un calendario electoral que fijaba para el 21 de agosto la elección de diputados a Cortes y para el 2 de septiembre la de senadores. Ese mismo día la Gaceta publicaba otros decretos que quedaron, en principio, eclipsados por la convocatoria electoral. Como recogía la prensa: «Además de este decreto que por su importancia política eclipsa a los demás que aparecen en la Gaceta de hoy, no puede menos de fijarse la atención en el que establece el desestanco del tabaco en Filipinas, cuya justicia intrínseca no se puede negar, ni tampoco la gran trascendencia que ha de tener en el porvenir de aquel archipiélago». Aun saludando el contenido de dicho decreto, el periodista daba cuenta del mismo «sin entrar en el espíritu constitucional de la medida que podría dar lugar a muy amplio debate»[10]. Con notable finura dejaba entrever la dudosa oportunidad de una medida que acababa de un plumazo con un monopolio público casi centenario mediante un mero decreto ministerial, sin haber informado al Parlamento (cerrado desde hacía varios meses) y aprovechando la interinidad política y el inicio de las vacaciones estivales. Todo ello el mismo día en que se convocaban elecciones a Cortes.

Aquel decreto de 25 de junio de 1881 no sólo determinaba la completa libertad de la industria tabaquera en el archipiélago sino que establecía, además, las diferentes fases de un proceso que debía culminar el primer día de 1883. El primer marqués de Comillas, Antonio López y López, secundado por uno de sus hombres de confianza, Pedro Sotolongo (ambos eran, como sabemos, los respectivos presidente y gerente del Banco Hispano Colonial), pudieron culminar entonces un proyecto que habían ido madurando y concretando mientras se debatía y materializaba el desestanco: la creación de una gran compañía privada nacida con el objeto de cubrir el hueco que la hacienda colonial iba a dejar en el ramo del tabaco filipino. Apenas tres meses después de la promulgación del desestanco, en septiembre de 1881, Pedro Sotolongo escribió, en nombre del Hispano Colonial, una carta al ministro de Ultramar en la que afirmaba que dicho banco, «que por su constitución y su índole está llamado a llenar una importante misión en el desenvolvimiento de los problemas económicos que hay en las provincias de Ultramar», tras haber comprendido «que la manera más práctica de secundar el propósito del Gobierno de S. M. al dictar el Real Decreto de 25 de junio era establecer una sociedad con un gran capital que pudiera ir a aquel archipiélago a desarrollar en gran escala» el negocio del tabaco, había ya «convenido con otros establecimientos de crédito muy respetables los términos de llevar a cabo la indicada Sociedad»[11]. Aquella carta se envió, por cierto, pocos días después de que Alfonso XII hubiera terminado su primer veraneo en Comillas y, también, de que el rey hubiera tomado la decisión de convertir a Antonio López en grande de España de primera clase.

El primer marqués de Comillas, a título individual, y el Hispano Colonial, actuando como un verdadero banco industrial, por otro lado, fueron dos de los cuatro socios promotores de aquella nueva empresa tabaquera que Sotolongo anunciaba al ministro de Ultramar. Ahora bien, para cumplimentar su objetivo, López y sus colegas del Banco Hispano Colonial necesitaron del concurso financiero de otros dos bancos, de capital mayoritariamente francés. Dos entidades que habían compartido con anterioridad diversos negocios con el marqués de Comillas: el Banco de París y de los Países Bajos (o Paribas), con sede en la capital francesa, y el Crédito Mobiliario Español, con sede en Madrid. El Hispano Colonial compartía intereses con el Paribas en el madrileño Banco de Castilla hasta el punto de que ambas entidades eran sus principales accionistas. Por otro lado, los dos grupos de accionistas más destacados de la principal compañía ferroviaria española, Caminos de Hierro del Norte de España, se articulaban precisamente alrededor del Crédito Mobiliario y del Hispano Colonial.

Así, en el otoño de 1881 y una vez se había sellado aquella alianza entre el banco catalán presidido por López y las dos entidades francesas, se desencadenó un febril proceso para crear la nueva firma tabacalera. El 26 de noviembre de 1881 los socios fundadores de dicha empresa comparecieron ante el notario barcelonés Luis G. Soler Pla para constituirla, así como para aprobar sus estatutos. Ese mismo día presentaron una copia de la escritura social al gobernador civil de Barcelona. Y dos días después, el 28 de noviembre, mientras hacían llegar a Madrid idéntica documentación al ministro de Fomento, en Barcelona se reunía por primera vez el consejo de administración, con la asistencia de sólo siete miembros: Antonio López, su hijo Claudio López Bru, su yerno Eusebio Güell Bacigalupi, Manuel Girona Agrafel, José Ferrer Vidal, Isidoro Pons Roura y José Carreras de Argerich (estos dos últimos en representación del Paribas y del Crédito Mobiliario Español, respectivamente). En dicha reunión y «por aclamación unánime nombró [el Consejo] por su Presidente al Excmo. Sr. D. Antonio López y López»[12]. Una semana después, el 5 de diciembre de 1881, la Gaceta de Madrid publicaba la constitución de la firma tabacalera mientras que el día 7 hacía lo propio el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. Para que aquella nueva empresa pudiera empezar a funcionar sólo cabía esperar el certificado de un juzgado de primera instancia con la autorización pertinente. Un certificado que se expidió unas semanas más tarde, el 31 de diciembre de 1881.

A instancias de su primer presidente, Antonio López y López, la estructura de decisión de la nueva Compañía General de Tabacos de Filipinas se constituyó entonces como una gradación jerárquica de responsabilidades articulada por tres figuras clave: la del propio presidente, la del vicedirector y la del administrador general de dicha firma (inicialmente, el comisionado especial) en el archipiélago. Esta estructura centralizó la mayor parte del poder de decisión (y concentró, desde luego, las decisiones cotidianas) de la nueva empresa, al margen incluso de los diferentes órganos directivos contemplados en los estatutos sociales, como fueron los inoperativos comités de Madrid y de París (que debía recoger la participación de los accionistas franceses) y la Junta Delegada de Manila. Los cargos de director y de secretario de la nueva empresa fueron ocupados, respectivamente, por el cubano Pedro Sotolongo y por el vasco Arístides de Artiñano, es decir, por quienes ocupaban idéntica responsabilidad en el Hispano Colonial. Aquella coincidencia vuelve a mostrar hasta qué punto Tabacos de Filipinas debe considerarse como una empresa filial de aquel importante banco catalán, impulsado y presidido por el marqués de Comillas.

La identificación entre dicha entidad y la nueva firma tabacalera se aprecia asimismo en la composición de la primera Comisión Ejecutiva de la misma: Pedro Sotolongo, Isidoro Pons y José Carreras (gerente y vocales, respectivamente, del Hispano Colonial) eran sus únicos miembros. La aportación de los dos bancos franceses a la nueva compañía impulsada por López y su grupo debe entenderse, de hecho, como una mera inversión financiera. Tanto el Paribas como el Crédito Mobiliario Español confiaban plenamente en el talento empresarial de Antonio López, así como en su capacidad para generar dividendos. El domicilio social de Tabacos de Filipinas se fijó, como cabría esperar, en la ciudad de Barcelona. Y su primer consejo de administración estaba compuesto por veinticuatro consejeros, de los cuales once residían en la capital catalana. El lugar de residencia de los otros trece consejeros se repartía entre Madrid (siete vocales) y París (los seis restantes). Las decisiones de calado en la empresa las tomaba, de hecho, el núcleo de Barcelona, ya que la asistencia de los consejeros no catalanes a las reuniones era bastante escasa: en la escritura de fundación, por ejemplo, el Banco de París y de los Países Bajos estuvo representado por Isidoro Pons y el Crédito Mobiliario Español, por José Carreras, empresarios ambos muy vinculados a Antonio López.

Otra muestra evidente de la filiación de Tabacos de Filipinas con su banco matriz, el Hispano Colonial, es que el responsable de la implantación de dicha empresa en el archipiélago asiático fue un alto empleado de dicho banco. Me refiero al murciano Lope Gisbert García-Tornel, quien había empezado a trabajar para el tándem López-Sotolongo en julio de 1878 cuando el consejo de administración del Banco Hispano Colonial le había nombrado su administrador general en la isla de Cuba. Gisbert arribó a La Habana el 9 de noviembre de 1878, convertido en uno de los principales responsables de la gestión y explotación de las aduanas cubanas, o sea, de la gran fuente de ingresos del banco. Tanto López como Sotolongo y los otros consejeros de dicha entidad financiera debieron quedar satisfechos de la labor gerencial de Gisbert en Cuba, pues optaron por convertirle en el responsable principal de la implantación de la nueva Compañía General de Tabacos de Filipinas en aquella otra colonia insular española. Así, al constituirse dicha empresa, a finales de 1881, le nombraron comisionado especial para la instalación de la misma en el archipiélago. Y tres días después de haber conseguido la confirmación judicial de la legalidad de la nueva empresa, el 3 de enero de 1882, el consejo de administración de Tabacos de Filipinas le ordenó que embarcara rumbo a Manila, acompañado del primer administrador general de la compañía en el archipiélago, Andrés López de Vega. Ambos arribaron a la ciudad de Manila a mediados de marzo de 1882 y, al poco de llegar, se reunieron con las principales autoridades de la ciudad, como el director del Banco Español Filipino y, por supuesto, con el capitán general del archipiélago, Fernando Primo de Rivera. Al poco, este último escribió a la dirección de la firma tabacalera, en Barcelona, participándoles de la buena impresión que López de Vega y Gisbert le habían causado y afirmando que «la elección de estos señores es la mayor garantía de los favorables resultados que esa sociedad obtendrá en provecho propio y en bien general del país»[13].

Para llevar adelante su importante labor in situ Lope Gisbert contaba con un notable respaldo financiero. Y es que el capital nominal de la Compañía General de Tabacos de Filipinas se había fijado en 75 millones de pesetas, repartido entre 150.000 acciones de un valor nominal de 500 pesetas cada una. De entrada sólo emitieron 80.000 de aquellas acciones. Unos títulos que fueron suscritos en partes alícuotas por los cuatro socios fundadores, a los que se exigió un desembolso inicial del 25 por ciento. Contando con aquel respaldo financiero, Gisbert inició en Filipinas una febril actividad de compra de diferentes activos. Al poco de llegar adquirió, por ejemplo, un gran solar en Manila donde mandó levantar una nueva fábrica. Una factoría que acabaría llevando el nombre de una de las marcas de la firma tabacalera, la cual se conserva en la actualidad: La Flor de la Isabela. El ejecutivo murciano se ocupó también de comprar amplias extensiones de tierras para plantar allí las matas de tabaco. Se puso pronto en contacto con Antonio Casal, un «rico propietario residente en Filipinas», el cual «había obtenido la concesión en la isla de Luzón de grandes extensiones de terreno» gracias a la aplicación del Reglamento para la composición de terrenos realengos detentados por particulares en las Islas Filipinas, promulgado el 25 de junio de 1880. Tras «laboriosas negociaciones» Casal y Gisbert cerraron una operación que permitió a la Compañía General de Tabacos de Filipinas hacerse con 10.125 hectáreas de terreno. Se trataba de terrenos de buena calidad, situados en zonas inundables, a ambos lados del río Grande de Cagayán, por los que la firma tabacalera pagó un millón de pesetas en efectivo y cedió al vendedor, además, mil acciones de la empresa con sus correspondientes cédulas de fundador. Aun antes de conseguir el visto bueno a la operación desde Barcelona (que llegó en agosto de 1882) Gisbert tomó posesión del terreno acometiendo, en primer lugar, los trabajos de preparación y desmonte previos a la siembra. Con la asistencia de las principales autoridades locales, la compañía inauguró el 1 de julio de 1882 las haciendas San Antonio y San Rafael (de 1939 y 1295 hectáreas, respectivamente), ubicadas junto al pueblo de Ilagan, y días después hicieron lo propio con las haciendas Santa Isabel (de 2180 hectáreas, cerca del pueblo de Tumauini), La Concepción (de 2189 hectáreas) y San Luis (de 1622 hectáreas), éstas frente al pueblo de Cauayán.

La compra de aquellas tierras y la inauguración de aquellas cuatro haciendas, al norte de la isla de Luzón, se produjeron mientras Alfonso XII y otros miembros de la familia real veraneaban de nuevo en Comillas, hospedados igualmente por Antonio López. En aquel verano de 1882 al rey no le acompañó la reina, María Cristina de Habsburgo-Lorena, la cual estaba encinta por segunda vez y prefirió quedarse en el real palacio de La Granja, en Segovia, al cuidado también de la pequeña princesa de Asturias. Cinco días antes de la llegada del jefe del Estado a Comillas, el periódico La Época calentaba motores sobre la futura visita del augusto huésped publicando: «Tratándose del marqués de Comillas, cuyo amor a la dinastía es bien conocido y cuya lealtad es indudable, nadie extrañará que el recibimiento que don Alfonso tenga este año en el domicilio del opulento naviero exceda con magnificencia al del año pasado. D. Antonio López es así, no le gusta hacer dos veces la misma cosa, cada vez lo hace mejor». El cronista de aquel diario canovista, Juan Gil, pudo visitar «las habitaciones que ha de ocupar nuestro joven monarca» y publicar, así, que el marqués de Comillas había querido sorprender al rey trayendo expresamente desde Barcelona la cama en la que había dormido el joven monarca por primera vez en suelo español y como jefe del Estado, apenas unos días después de que Arsenio Martínez Campos hubiese dado en Sagunto el golpe de Estado que hizo posible su regreso desde el exilio. Una cama adornada con una placa cuya leyenda resultaba significativa: «En esta cama descansó por vez primera, Monarca en sus Estados, D. Alfonso XII, cuando proclamado Rey de España desembarcó en Barcelona el día 9 de enero de 1875». Fue aquélla una simbólica forma de recordar el apoyo que los conservadores catalanes, con López a la cabeza, habían dado siete años antes a la restauración dinástica en la persona de Alfonso de Borbón. El plumilla de La Época añadía, para concluir, «que de Madrid y Barcelona han llegado numerosas cajas conteniendo porcelanas, cristalería, tapices, colgaduras, cuadros y muebles que alhajarán espléndidamente la casa real»[14].

Alfonso XII llegó al final a Comillas el 26 de julio de 1882. Las crónicas hablaban de su intención de permanecer en dicha localidad durante veinte días aunque, al final, se quedó un total de veintinueve. Dos habían sido los individuos encargados de diseñar los preparativos de aquella segunda estancia del rey en la casa de Ocejo: uno actuó en nombre y representación del marqués de Comillas (su yerno Eusebio Güell Bacigalupi) y otro intervino en nombre de la casa real. Este último fue el «activo oficial de la inspección de palacio, D. Javier Gil Becerril»[15]. Aquélla debió ser la primera vez que aquel joven abogado segoviano, nacido en 1857, entró directamente en contacto con los Comillas. La experiencia tuvo que ser positiva porque hablamos de alguien que acabaría siendo más adelante uno de los hombres de confianza de Claudio López Bru. De hecho, siete años después de aquel verano, en 1889, el abogado Javier Gil Becerril empezó a trabajar en la delegación de la Compañía Trasatlántica en Madrid, a las órdenes de Francisco Sepúlveda Ramos. Y cuando éste falleció, en 1894, le sucedió como responsable de dicha delegación, cargo que conservó durante toda su vida. Javier Gil Becerril se acabaría casando, por cierto, con Isabel de Biedma Oñate, nieta de Atanasio de Oñate, conde de Sepúlveda, quien había supervisado la estancia de Alfonso XII en Comillas el verano anterior. De los numerosos descendientes de aquel matrimonio Gil-De Biedma quiero destacar a uno de sus bisnietos, el poeta Jaime Gil de Biedma, y a una de sus tataranietas, la política Esperanza Aguirre Gil de Biedma.

Además de diseñar los preparativos, a Eusebio Güell le correspondió estar pendiente del real huésped Alfonso de Borbón durante el mes que permaneció en Comillas. Su cuñado, Claudio López Bru, no pasó aquel verano por la familiar casa de Ocejo sino que optó por quedarse en el balneario de Panticosa, cuidando de su maltrecha salud. Y su suegro, Antonio López y López, no llegó a Comillas hasta el 2 de agosto, una semana después de que lo hiciera el rey, aunque volvió a marcharse tan sólo cuatro días más tarde. La ausencia de López fue aprovechada por otros dos ricos e insignes veraneantes en Comillas para agasajar al rey: me refiero al matrimonio formado por Fermín Riera y Agustina Mitjans. Vale la pena, por lo tanto, resumir aunque sea brevemente sus trayectorias vitales.

Fermín Riera Alsina había nacido en Mataró, en 1815, y había pasado buena parte de su infancia y toda su juventud en tierras americanas. Cuando tenía siete años, su padre, Jaime A. Riera, obtuvo carta de vecindad en la danesa isla de Saint Thomas. Y aunque su padre falleció allí en 1837, Fermín Riera mantuvo junto con su madre y durante unos años más su residencia en dicha isla caribeña. Allí vivía, por ejemplo, en 1841 (Sonesson, 1995: 78). Fermín Riera debió regresar a Europa unos años después, en plena década de 1840, y se instaló en la ciudad de París. En la capital francesa contrajo matrimonio con Agustina Mitjans Colinó, la cual había nacido en La Habana y era hija del catalán Baltasar Mitjans Ricart. Al casarse, por cierto, la fortuna que ya había conseguido acumular era considerable: 923.654 francos. Gracias a su matrimonio, Fermín Riera pudo incorporarse como socio de la casa de banca que su suegro había abierto años atrás en la ciudad de la luz. Debió hacerlo en 1849, cuando dicha empresa adoptó la razón social de Baltasar Mitjans y Compañía. No hay que olvidar que aquélla era la entidad financiera que utilizaba Antonio López y López para operar en París y que otra de las hijas de Baltasar Mitjans, Amalia Mitjans Colinó, se había casado en 1853 con el comillano Antonio Sánchez de Movellán, socio capitalista de la naviera A. López y Cía. Debió ser precisamente su cuñado Sánchez de Movellán quien hizo conocer a Riera la villa de Comillas y quien, tal vez, le animó a construirse un magnífico palacete para disfrutar allí de sus veraneos frente al mar Cantábrico: la célebre casa La Coteruca. Llegados a este punto, vale la pena añadir que uno de los cuñados de Fermín Riera, igualmente socio de la banca Mitjans, o sea, Francisco de Paula Mitjans Colinó, se había casado, también en París y en 1857, con Luisa Manzanedo Intentas, hija única del indiano cántabro Juan Manuel de Manzanedo, primer marqués de Manzanedo. Luisa era hija no sólo de quien había promovido, en 1871, el movimiento de los Círculos Hispano Ultramarinos sino de quien había participado también en el remunerativo negocio del Banco Hispano Colonial con las aduanas cubanas, como antes indiqué.

La fiesta que Fermín Riera y Agustina Mitjans ofrecieron en su suntuoso palacete de Comillas en honor de Alfonso XII empezó a las diez de la noche del sábado 5 de agosto de 1882 y el baile no terminó hasta justo después del amanecer del día siguiente, domingo. La crónica que publicó el diario madrileño El Imparcial permite que nos hagamos una idea de la magnitud de aquel sarao:

La noche ha sido deliciosa. La Coteruca es una linda mansión. Un artista pagaría a peso de oro la peor de las habitaciones de las Torres, desde donde se descubre un panorama indescriptible: mucho cielo, mucho mar, mucha montaña. La casa está alhajada con exquisito gusto. En todas las habitaciones hay objetos de arte y muebles de valor. S. M. ha bailado los primeros rigodones con la señora de Riera, su sobrina y la señora de Güell (doña Isabel López). Por las habitaciones, perfectamente iluminadas, discurrían las señoras y señoritas de López Quijano, Movellán, Flores Calderón, Cuevas, García y otras; el capitán general de Burgos, Sr. Moltó, el alcalde de Comillas, toda la comitiva real, los jefes y oficiales del ejército y la armada, el diputado provincial Sr. Lanuza, D. Eusebio Güell, Gil Becerril y las principales familias de la localidad. La belleza del sitio, el espléndido thé servido con profusión; los acordes del vals a cuyas voluptuosas cadencias servía de compás el lejano rumor del Océano; la afabilidad de los dueños de la casa, todo ha contribuido a hacer breves las horas pasadas, rindiendo culto a Terpsícore. El cotillón ofreció el atractivo de bailarse en el parque, a la luz misteriosa de los primeros resplandores del alba. Terminada ésta, subimos a la Torre de Oriente para ver salir el sol por detrás de las montañas cantábricas. Este espectáculo grandioso no tiene semejante […]. Cuando el sol se hizo dueño de todo el horizonte, izáronse en las torres de la Coteruca las banderas austríaca y española, y se tocó una animadísima Diana[16].

Quien escribió aquella nota fue el escritor Enrique Sepúlveda Planter, el cual había participado del primer veraneo real en Comillas, en 1881, como antes vimos. En aquella nueva ocasión, en 1882, Sepúlveda tuvo claro desde el primer momento que iba a convertir sus notas periodísticas, escritas en forma de unas «Cartas desde Comillas» que dirigía al director de El Imparcial, en el material que iba a configurar un libro. Una monografía que sería, a la postre, el primero de una larga serie de libros escritos por él. Sepúlveda se dedicó, por lo mismo, a redactar extensas glosas sobre Comillas y su comarca. Las descripciones que formuló al informar del veraneo real en 1882 fueron, así, mucho más que unas meras crónicas periodísticas; fueron escritas en un tono eminentemente literario y con notable esmero, tanto desde un punto de vista formal como estilístico. He aquí un claro ejemplo, tomado de una sintética descripción de la villa de Comillas escrita por Sepúlveda:

Un cementerio de musgosas paredes hasta las cuales el mar parece que quiere llegar algunas veces; una fábrica de minerales; una iglesia que guarda veneradas y artísticas imágenes; un pequeño puerto al que se une un pequeñísimo muelle; playa limpia y de gran extensión; infinidad de pintorescos pueblecillos; fantásticas grutas; los palacios del marqués de Comillas y familia; la magnífica Coteruca, los hoteles o Villes de Bustamante, Güell, Satrústegui, Movellán, Carranceja; los dos palacios de la aristocrática familia montañesa de Trasierra; el mar que por todas partes ofrece variadas perspectivas; un cielo azul y diáfano: todo esto y algo más es Comillas[17].

No cabe duda de que con sus literarias crónicas y con su libro, Sepúlveda trató de contribuir a la promoción y consolidación de la villa natal de Antonio López como un centro de vacaciones para selectos veraneantes, o sea, de apuntalar con su pluma un proyecto que había partido, en definitiva, del propio marqués de Comillas y que habían secundado dos de sus socios en su firma naviera: su hermano Claudio y su amigo Patricio Satrústegui. Lo hizo mientras insistía en destacar, precisamente, la figura de Antonio López.

En una carta, por ejemplo, fechada el 27 de julio, el día siguiente de la arribada del rey a Comillas, Sepúlveda quiso centrar su texto más en el anfitrión que en su real huésped: «Como entonces [en 1881] el espléndido hijo de la montaña, el acaudalado capitalista español, marqués y Grande por sus eminentes servicios, ha reunido en la mansión real todo el primor de las artes, todas las maravillas del lujo y del confort». Se dedicó también a resaltar, a continuación, la suntuosidad de la casa de Ocejo, destacando el «mobiliario de nogal tallado del tiempo de Luis XIII», una «mesa de ébano incrustada de marfil, reproducción de la del palacio Pitti», diversos «bronces de Dubon, originales», sus «vajillas de porcelana y plata», así como diferentes lienzos y acuarelas originales de pintores catalanes contemporáneos como Modest Urgell o Josep Llovera (Sepúlveda, 1882: 61-63).

Enrique Sepúlveda destacó, por otro lado, determinados aspectos del viaje real mientras que optó por soslayar otros. Describió con detalle, por ejemplo, la llegada de Antonio López a Comillas, acaecida el 2 de agosto de 1882: «Al volver a palacio os aguardaba el respetable señor Marqués de Comillas, recién llegado de Vichy, y esperaba al Rey a la entrada del parque […]. Antes, el vecindario del pueblo que ama al Marqués de Comillas como a su providencia, había salido a recibirle al camino y lo había acompañado hasta su morada con las demostraciones más sencillas del afecto cordial que se tiene a los padres» (Sepúlveda, 1882: 86). También dedicó dicho autor varias de sus crónicas a describir la preparación y el desarrollo de una segunda cacería real por los Picos de Europa, la que tuvo ocupado al rey en sus últimos días en Comillas. Así, por ejemplo, el 10 de agosto de 1882 firmó una nueva carta «Desde Comillas» (en realidad, desde San Vicente de la Barquera) en la que señalaba que había preferido ir «a contemplar los Picos de Europa» en vez de acompañar al rey en su visita a la cueva de Altamira. Pudo así proporcionar a sus lectores una extensa descripción de aquellas montañas, o sea, del «teatro de la acción donde en breve se verificará la última excursión de la jornada de Comillas» para Alfonso XII. En dichas notas no quiso dejar de recordar la excursión real del año anterior, también a los Picos de Europa: «El rey tuvo bastante destreza para hacer el verano último la ascensión a uno de los más escarpados [picos] y en él comió, y sobre la dura peña descansó, y desde él hubiera cazado reses si los osos y rebecos no anduvieran a la sazón al merodeo de las ricas frutas y verduras de los valles de la costa». Sepúlveda utilizó, por cierto, aquellas cartas para evocar una determinada visión histórica que permitía enlazar la figura de Alfonso XII con la de los primeros reyes cristianos del lugar, vencedores de los árabes musulmanes en la mítica batalla de Covadonga. Lo hizo al comparar al joven Alfonso de Borbón con Favila, hijo de Don Pelayo y segundo monarca del reino de Asturias, el cual falleció, según cuenta la leyenda, por el ataque de un oso en aquellas mismas montañas durante una cacería: «No deja de ser curioso el ver al cabo de los siglos un rey joven, vestido con cazadora de terciopelo y polainas de gamuza, armado con escopeta de dos cañones y cuchillo de monte lanzarse animoso a la caza de fieras, en el mismo sitio quizá que murió D. Fabila [sic ] destrozado por un oso»[18]. Altar, monarquía y cacerías aparecen como los tres vértices de un sólido triángulo que sustentaba una determinada y recurrente idea de nación española, sin solución de continuidad.

La segunda cacería real por los Picos de Europa principió el 16 de agosto de 1882. Tras haber tomado un baño en la playa de Comillas, a las siete y media de la mañana, Alfonso XII subió al coche que le acabó acercando a dichas escarpadas montañas: «Acompañan a su majestad —telegrafió aquel mismo día Sepúlveda a Madrid— sus ayudantes, generales Terrero, Goicoechea y Mirasol, el hijo político del marqués de Comillas, Sr. D. Eusebio Güell, Barcaistegui, Hinestrosa, Camisón [y] Santoyo»[19]. Dos días después y en una aldea llamada Casetón de las Minas (o de Andara), Sepúlveda volvió a tomar su pluma para narrar la marcha de la cacería en primera persona: «Declaro por mi cuenta porque lo veo, y lo que se ve no se debe ocultar, que el rey va delante de todos, que no se cansa nunca, que salta con bota y polainas cual pudiera hacerlo un cabrero del país y que tira siempre con acierto». Insistió entonces, de nuevo, en sus analogías históricas: «Me recuerda D. Alfonso a los reyes cazadores de la dinastía de D. Pelayo, que comían castañas pilongas y pan duro del zurrón del pechero, y se acostaban en una piel de oso, en medio de su pueblo»[20]. Aquel 18 de agosto la comitiva real subió a la zona de Peña Vieja «por camino dificilísimo y abrupto, por sendas interrumpidas por desprendimientos de piedras, a 2600 metros de elevación». En aquellas alturas pudieron cazar unos dieciocho rebecos «y como el rey estaba en la vanguardia del acecho, disparó y mató a los dos primeros». Aquel día avistaron, al parecer, un solo oso, que supo cambiar su rumbo y desaparecer cuando oyó los primeros disparos. Por orden de Alfonso XII fueron las gentes del lugar, aquellos aldeanos que acompañaban a la comitiva real, los que dieron buena cuenta de la carne de los rebecos cazados. Dicha comitiva llegó a Potes a las nueve de la noche y «unas horas después a San Vicente de la Barquera», desde donde partieron hasta Comillas[21].

Los últimos párrafos de la última de las crónicas escritas por Sepúlveda en torno a aquella real cacería tuvieron por único objeto ensalzar la persona de Eusebio Güell, a quien su suegro había encargado atender de forma permanente al rey en su nombre y ausencia. Su buen hacer quedó en especial de manifiesto durante aquella cacería:

No daré fin a esta carta sin dedicar un aplauso al Sr. D. Eusebio Güell. Yo no he conocido a nadie que llene más ampliamente los deberes de anfitrión. Donde quiera que ha sido menester, su diligente solicitud ha provisto a todo. Su lema ha sido: «Que no falte nada a nadie», y nada ha faltado de lo que se pudiera necesitar, de lo que constituye el confort de la vida elegante y forma el regalo de los salones de lujo. Hemos tenido lunchs y banquetes en el Casetón de las Minas, en las Cuevas de Aliva, en los riscos al aire libre, en Potes y en todos aquellos puntos donde nos sorprendió la hora sacra de almorzar y comer. No puede darse mayor esplendidez, ni más esmero, ni más refinamientos. La cacería era un obsequio a la majestad del rey y el marqués de Comillas se ha conducido en este particular, como en todos los demás, hidalgamente, como anfitrión opulento, que sabe cuáles son sus obligaciones. No es extraño, por tanto, que desde el rey hasta el último individuo de la comitiva, hayamos quedado todos altamente satisfechos de la cortesía, buen tono y delicadeza con que el señor Güell, representando al marqués de Comillas, su padre político, ha salido al alcance de las necesidades de todos y hasta de los menores caprichos[22].

Fueran o no exageradas aquellas palabras del periodista de El Imparcial, lo cierto es que los lectores de aquel diario madrileño leyeron unas crónicas que ensalzaban la figura del joven Güell, así como la de su suegro, el primer marqués de Comillas, anfitriones ambos de Alfonso XII. En 1882, como sucediera un año antes, las crónicas periodísticas de Sepúlveda resultaron tremendamente funcionales en el empeño compartido por publicitar las bondades de Comillas como lugar de veraneo, por identificar dicha villa y sus habitantes con el primer marqués de tal nombre (y con su familia) y para sacralizar tanto la figura de Antonio López y López como la de sus dos hijos, el natural y el político, o sea, de Claudio López Bru y de Eusebio Güell Bacigalupi. Apenas unos días después, por cierto, de que Alfonso XII diese por terminada su segunda estancia en Comillas, Enrique Sepúlveda Planter entregó a la madrileña imprenta de Tello un libro que tituló Desde Comillas. Crónica del viaje regio en 1882 y que se puso inmediatamente a la venta. Así lo recogió el diario La Época en una fecha tan temprana como el 14 de septiembre de 1882[23]. Hablamos de un libro dedicado expresamente por su autor a Antonio López y López, de una monografía que empezaba con una significativa dedicatoria: «Muy respetable señor mío: Permita usted que le dedique, como homenaje de adhesión y cariño, estas cartas» y que seguía con un explícito agradecimiento a «sus atenciones prolijas y su esplendidez, no igualada ni usada entre los Grandes de otras edades» (Sepúlveda, 1882: 5-6). Los lectores de aquel libro se sumaron a los de El Imparcial, y unos y otros recibieron aquella lluvia de informaciones y de valoraciones escritas por Enrique Sepúlveda tan favorables al marqués de Comillas.

El libro con el cual Enrique Sepúlveda narraba por completo el veraneo de Alfonso XII en Comillas, en 1882, empezó a venderse cuando la madre de Alfonso de Borbón, la otrora reina Isabel II, así como dos de sus hermanas seguían veraneando en el pueblo natal de Antonio López, hospedados igualmente por él. Y es que la reina madre había llegado a Comillas el 23 de agosto de 1882. Había viajado desde París, donde tenía fijada su residencia desde el otoño de 1868, a modo de dorado exilio, tras la revolución gloriosa. Isabel II había dormido la noche anterior en el tren, había entrado a España por Irún y, tras pasar después por San Sebastián y por Vitoria, acabó encontrándose con sus hijas, las infantas Paz y Eulalia, en Venta de Baños y con su hijo, el rey Alfonso XII, en Torrelavega. Desde allí viajaron por carretera los cuatro, junto con su séquito, hasta Comillas, adonde llegaron a las once y donde tuvieron un magno recibimiento. Según El Imparcial, «la entrada de la familia real en Comillas» había tenido lugar «sin aparato, pero con grande ovación. Las familias de López, Movellán, Piélago, Riera, todas las más principales de la villa, han salido en carruajes descubiertos a esperar a los augustos viajeros, por entre arcos y guirnaldas». La Época completaba la descripción de aquella escena añadiendo: «A la llegada de las reales personas se cantó un Te Deum, por los obispos de Santander y de León, al que asistieron aquéllas, siendo aclamadas por la población». En las crónicas de la susodicha recepción no podía faltar una alusión a la familia de su opulento huésped: «Los marqueses de Comillas, con sus hijos y nietos, esperaban a la puerta de Palacio la llegada de sus majestades y AA. […]. La Reina se aloja en el mismo hotel que ha ocupado el Rey, y las infantas en el de D. Claudio López, hermano del marqués de Comillas, donde estuvieron el año pasado». Cabe señalar, por cierto, que la madre y las hermanas de Alfonso XII llegaron a Comillas acompañadas por diferentes miembros de la nobleza española como los marqueses de la Merced, la duquesa de Medina de las Torres y la condesa de Llorente, quienes participaron del veraneo real y se alojaron también en la casa de Claudio López y López[24].

Al día siguiente de la llegada de Isabel de Borbón a Comillas, su hijo Alfonso finalizó definitivamente sus vacaciones en dicha villa y marchó a encontrarse con su mujer en el real palacio de La Granja. El mal tiempo acompañó, por cierto, los primeros días de la estancia de la reina madre en la localidad natal de Antonio López, la cual no pudo bañarse tanto como quería. En todo momento recibió, eso sí, la atención por parte de su opulento anfitrión y de su familia, quienes le acompañaron con frecuencia. Sin ir más lejos, el 25 de agosto, «día de San Luis, asistieron la Reina y las infantas a la misa que dio el padre Verdaguer en la capilla de D. Antonio López y S. M., que aún no había visto el interior del templo, quedó encantada de su bellísima arquitectura y de las preciosidades artísticas que encierra. Después de la misa, D. Eusebio Güell enseñó a S. M. las alhajas y ornamento del culto, en los que se admira, a la par que la riqueza, el buen gusto que ha precedido a su confección»[25]. Tres días después, el 28 de agosto, el banquero catalán Fermín Riera Alsina y su mujer, la habanera Agustina Mitjans Colinó, organizaron para Isabel II una gran fiesta, al estilo de la celebrada para su hijo tres semanas antes. En su espléndido palacete de la Coteruca se dieron cita todos los que veraneaban entonces en Comillas al calor de la familia real: «La concurrencia [fue] tan numerosa y distinguida como en el baile anterior: [asistieron] las damas de S. M. y AA., las señoras de Angulo, Güell, Santero; señoritas de López, Movellán, Quijano, Robledo, señora de Flores Calderón e hija, señores y señorita de Incenga, Pérez de la Riva, Omedo, Cuevas y otras muchas personas […]. También asistió al baile el gobernador de Santander, Sr. Fragoso, con su hijo, D. Eusebio Güell, el coronel Salinas, Monleón, Portillo y otros varios». La cena no se sirvió hasta la una de la madrugada y el núcleo que se sentó a la mesa junto con la reina destronada fue mucho más reducido y se limitó a los anfitriones, las dos damas de honor de la reina Isabel (la duquesa de Medina de las Torres y la marquesa de la Merced) y la hija de Antonio López, o sea, Isabel López Bru. El resto de los invitados tuvo que cenar, de pie y a modo de bufet, sólo cuando la otrora reina hubo terminado de hacer lo propio. Por otro lado, la tarde del día siguiente, 29 de agosto, la reina madre y las dos infantas la dedicaron a conocer el convento de Ruiloba. Lo hicieron acompañadas, entre otros, por «la familia de D. Antonio López, que constantemente proporciona a sus regios huéspedes medios de distracción y cuanto puede hacer agradable la vida de campo», según recogían las crónicas[26].

Buena parte de aquellos días de estancia de Isabel II, y de sus dos hijas, en la villa natal de Antonio López transcurrieron siguiendo una cierta rutina. Por la mañana, las tres acudían a tomar los baños a la playa de Comillas, utilizando una magnífica caseta cubierta que su anfitrión había instalado frente al mar, especialmente cuando el tiempo era desapacible. En aquellos días de mal tiempo, Eulalia de Borbón acostumbraba a tocar el piano mientras que su hermana Paz pintaba lienzos, asesorada por su profesor, el pintor valenciano Rafael Monleón. Después, «a la hora de almorzar» regresaban las tres «a Palacio, y entonces los marqueses de Comillas tienen dispuesta alguna expedición que proponer a sus regios huéspedes para pasar agradablemente la tarde: ya es una excursión por mar, ya una pesquería, ya un paseo en carruaje hasta dar vista a la linda villa de la Barquera, al precioso valle de Ruiseñada o al no menos pintoresco de Ruiloba». El domingo 3 de septiembre acudieron a la misa que el obispo de León ofició en la capilla particular del marqués de Comillas. Y luego, por la tarde, «organizaron los Sres. de López —publicó el diario monárquico La Época— una pesquería, que fue afortunadísima. La ocasión no podía estar mejor escogida: era la hora de la marea viva, y las aguas, al estrellarse con fuerza contra las rocas, arrastran a las concavidades multitud de peces, saperos, que caían en seguida en el anzuelo de los hábiles pescadores. Sólo las infantas doña Paz y doña Eulalia lograron reunir más de trescientos de aquellos peces». La experiencia fue tan divertida y gustó tanto a las dos hermanas del rey que volvieron a repetirla un día después. Como venía siendo habitual, en ambas excursiones, las dos infantas estuvieron acompañadas, «además de [por] las personas de su servidumbre, por la familia del Sr. López, que obsequió a las reales personas con un lunch, [y por] las señoritas del Piélago y Movellán». Al igual que había hecho en 1881 y 1882 con Alfonso XII, el marqués de Comillas puso a disposición de la otrora reina Isabel y de las infantas Paz y Eulalia el pequeño vapor Auxiliar, de la Compañía Trasatlántica. Gracias a dicha embarcación, las tres pudieron visitar conjuntamente varias villas costeras de Cantabria, empezando por las de Suances y San Vicente de la Barquera. Tal como recogiera el plumilla Juan Gil, con ínfulas líricas, «desde la playa es de bellísimo efecto ver al Auxiliar salir empavesado de la rada, cortando con rapidez las aguas y dejando tras sí blanco penacho de humo en el espacio, y en el mar dilatada estela que lentamente se ensancha y desvanece. Sus hábiles marinos lo conducen a lo largo y muy cerca de la costa, sin temor a los arrecifes que la pueblan. Y de este modo pueden S. M. y AA. deleitarse al propio tiempo en las bellezas del mar y de la tierra»[27].

Al igual que hiciera en agosto de 1881 para agasajar a Alfonso XII, Antonio López volvió a llevar a su casa de Ocejo, también en septiembre de 1882, al maestro Ruperto Chapí y a su orquesta, quienes ofrecieron un concierto en honor de la reina madre. A él «asistieron, previamente invitadas por S. M. la Reina Isabel, la señora marquesa de Comillas, los señores de Güell, los señores de Riera y otras personas»[28]. Ahora bien, si hubo un elemento que acabó desluciendo la estancia de Isabel II y de sus dos hijas en Comillas fue la meteorología. La mayor parte de los días que allí pasaron, alojadas y acompañadas por Antonio López y por su familia, la madre y las hermanas del jefe del Estado tuvieron que sufrir un clima tan desapacible como lluvioso. Finalmente, aquel mal tiempo provocó que las tres abandonasen Comillas antes de lo previsto. En su edición del 13 de septiembre La Época recogía que «un telegrama recibido por la Agencia Express dice que siguen los temporales en la costa Cantábrica, a pesar de lo cual continúan en Comillas tomando los baños S. M. la reina Isabel y SS. AA. las infantas». Y añadía: «Si las borrascas continúan con la persistencia de estos días es probable que las personas reales abandonen la montaña» antes de lo previsto. Y seis días después, el 19 de septiembre, el mismo diario confirmaba que la madre y las hermanas de Alfonso XII habían decidido adelantar su viaje al segoviano palacio de La Granja para encontrarse allí con el rey y con su mujer embarazada, María Cristina de Habsburgo-Lorena: «La Reina Isabel anticipa su regreso por efecto de la desagradable temperatura que reina en Comillas», informaba la prensa[29].

La reina destronada y las infantas Eulalia y Paz esperaron pacientemente en las casas de los hermanos López y López hasta que allí acabó llegando la otra hermana del rey, la infanta Isabel. Y en la mañana del 27 de septiembre de 1882 las cuatro juntas pudieron finalmente salir desde la localidad natal de Antonio López hasta Torrelavega, y allí coger el tren que las llevó a la meseta. Aquel día fue el último del veraneo de la familia real en Comillas, el cual había inaugurado dos meses antes el rey Alfonso XII. Durante aquellas ocho semanas, y tal como había sucedido en 1881, la villa de Comillas volvió a estar en el centro de la vida oficial española. Y todo gracias a uno de sus hijos, al «opulento naviero» Antonio López y López, primer marqués de Comillas.

Una vez hubo finalizado el susodicho veraneo regio en Comillas, Antonio López pudo regresar a Barcelona para así retomar la dirección de sus proyectos empresariales. Su labor en aquel otoño de 1882 estuvo, de hecho, marcada por el desarrollo de dos magnas iniciativas, impulsadas ambas por él. La primera estaba materializándose a varios miles de kilómetros de distancia de la capital catalana, en el archipiélago filipino, mientras que la segunda tenía un escenario algo más cercano. Éste se ubicaba en Asturias, no muy lejos de su localidad natal, aunque también en Santander. Y es que no contento con las tres diferentes iniciativas empresariales que había liderado en los dos años inmediatamente anteriores, entre 1880 y 1882 (la transformación del Banco Hispano Colonial en un verdadero banco industrial y de negocios, la conversión de la sociedad regular colectiva Antonio López y Cía. en una nueva sociedad de responsabilidad limitada, y la creación y puesta en marcha de la Compañía General de Tabacos de Filipinas), Antonio López y López había decidido que quería entrar con fuerza en otro importante sector de la economía española, el de la minería de carbón. Se fijó, a tal efecto, en una empresa llamada La Montañesa y domiciliada en Santander. Una firma minera que se había creado el 17 de enero de 1876 a iniciativa de Víctor García y de Eduardo García de los Ríos.

Los beneficios de la explotación hullera de La Montañesa no cumplieron, sin embargo, las expectativas de sus propietarios, los cuales decidieron poner las minas en venta cinco años después de haberlas comprado. Contaban entonces en el activo de dicha empresa con las preceptivas concesiones para explotar treinta y cinco minas de carbón de hulla, repartidas entre los términos municipales de Aller y de Mieres, con quince trozos de tierra de pequeña cabida, repartidos también entre ambos municipios asturianos, así como con «un ferrocarril económico de vía estrecha y de servicio de las minas, construido en su mayor parte, que arranca de la superficie de la mina Turca […] y va a empalmar o concluir en el ferrocarril general de León a Gijón, en las inmediaciones de la Estación de Ujo». La valoración que los propietarios de aquel vasto complejo minero realizaron sobre el mismo se cifró en 1.750.000 pesetas, una cantidad que acabó siendo su precio final de venta[30]. Hay que tener presente que el interés de Antonio López por aquellas asturianas minas de hulla tenía que ver, fundamentalmente, con su condición de principal accionista (y de vicepresidente) de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, cuyas locomotoras necesitaban mucho carbón para moverse. Y también con su doble condición de presidente y de principal accionista de la Compañía Trasatlántica, firma naviera cuyos vapores también funcionaban gracias al consumo de carbón. La adquisición, por lo tanto, de unas minas de carbón de hulla en Asturias, directamente enlazadas con una línea ferroviaria que las conectaba, por un lado, con la meseta y, por otro, con el mar Cantábrico, a través del puerto de Gijón, debe entenderse como un ejemplo de integración vertical entre tres diferentes empresas del grupo Comillas (una naviera, otra ferroviaria y, la tercera, minera).

Aun antes de convenir la firma de la escritura de compra de aquellas minas, el marqués de Comillas realizó una nueva adquisición. Entonces no podía saberlo pero aquélla sería, a la postre, su última compra de un bien inmueble. El 30 de diciembre de 1882 López adquirió, a título particular y con la mediación de un apoderado, la casa que se ubicaba en el número 3 de la calle Isabel la Católica en la portuaria ciudad de Cádiz. Se trataba de un inmueble de varias alturas levantado sobre un amplio solar de 785 metros cuadrados y que antes había sido propiedad del naviero y comerciante José Matía Calvo. Nacido en Llodio (Álava), en 1806, Matía había marchado joven a Manila, parece que en 1821, y allí se ejercitó como comerciante con notable éxito. En la capital filipina y asociado a José de Menchacatorre acabó fundando la firma Matía Menchacatorre y Cía., empresa que acabaría construyendo un puente colgante sobre el río Pásig para facilitar la comunicación de la vieja Manila intramuros con sus arrabales de Tondo, Binondo y Santa Cruz. Dejó a su socio al cuidado de los negocios en Filipinas y él se avecindó en Cádiz, probablemente en 1841. En dicha ciudad andaluza se encargaría de despachar buques a Manila y de recibirlos cuando regresaban a la Península desde Filipinas. José Matía falleció en Cádiz sin hijos en el verano de 1871, habiendo acumulado una notable fortuna cercana a los dos millones y medio de pesetas. Un patrimonio integrado, en parte, por diversos bienes inmuebles, entre los cuales aquel edificio situado en la gaditana calle de Isabel la Católica que acabaría siendo comprado, como digo, por Antonio López once años después de su muerte.

Dos semanas después, por cierto, de haberse firmado, en Cádiz, la escritura de la compra de dicho inmueble tuvo lugar en Barcelona la primera junta general de accionistas de la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Una asamblea que se celebró el lunes 15 de enero de 1883, bajo la presidencia del primer marqués de Comillas. En aquel entonces, el capital de dicha compañía estaba repartido entre un grupo relativamente reducido de empresas y de empresarios, españoles y franceses. Cabe recordar que cuando se constituyó, en el otoño de 1881, el capital inicial de Tabacos de Filipinas se había repartido a partes iguales entre sus cuatro socios impulsores: el Banco de París y de los Países Bajos (París), el Crédito Mobiliario Español (Madrid), el Banco Hispano Colonial (Barcelona) y el primer marqués de Comillas, quien actuó no sólo como presidente de esta última entidad sino también, y sobre todo, a título particular. Cada uno de aquellos cuatro socios fundadores pudo, no obstante, traspasar una porción de su parte alícuota a otras empresas o empresarios, es decir, ceder o vender una parte de sus acciones. De esa manera, Antonio López y López y el Banco Hispano Colonial cedieron una parte de sus títulos al Crédito Mercantil, a la Compañía Trasatlántica y a diferentes empresarios vinculados al selecto grupo de confianza del marqués de Comillas, quienes pudieron así convertirse en accionistas de la nueva firma tabacalera. De cualquier forma, un año después de la constitución de la Compañía General de Tabacos de Filipinas el grado de concentración de su capital en pocas manos seguía siendo muy alto, como se aprecia en la siguiente relación tomada de la primera junta de accionistas de la empresa:

LOS QUINCE PRINCIPALES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE TABACOS DE FILIPINAS (1883)

Tenedor

Número

de acciones

Porcentaje

Banco de París y de los Países Bajos

17.170

21,46

Crédito Mobiliario Español

15.130

18,91

Banco Hispano Colonial

13.084

16,35

Antonio López y López

11.802

14,75

Crédito Mercantil

4.234

5,29

Compañía Trasatlántica

1.895

2,36

José Carreras Xuriach

1.330

1,66

Ernest Pollack

1.100

1,37

Familia Péréire

1.100

1,37

Eusebio Güell Bacigalupi

1.000

1,25

Evaristo y Manuel Arnús

1.000

1,25

Duque de Decazes

800

1,00

Manuel y Jaime Girona Agrafel

780

0,97

Francisco de Sepúlveda

725

0,90

Pedro Sotolongo

500

0,72

TOTAL

71.650

89,51

En aquella primera junta de accionistas de Tabacos de Filipinas estuvieron representados una amplísima mayoría de los títulos de la empresa, o sea, 78.159 acciones sobre un total de 90.000. Si en términos políticos aquellos 78.159 títulos se traducían en 1563 votos, en esos mismos términos se aprecia a las claras el incuestionable ascendente del marqués de Comillas y de su grupo sobre la firma tabacalera: López disponía directamente de 691 de aquellos votos, cifra a la que habría que sumar los 271 votos de Pedro Sotolongo (en su mayoría, por las acciones propiedad del Banco Hispano Colonial), los 84 votos del Crédito Mercantil (representados por José Ubach) y los 37 votos de la Compañía Trasatlántica (a través de su gerente, Joaquín del Piélago). La suma de sus respectivas representaciones daba un total de 1083 votos; el 69,3 por ciento de los votos posibles estaban controlados por Antonio López. No hay duda de que su dominio sobre la nueva Compañía General de Tabacos de Filipinas era total.

En su condición de presidente de dicha empresa, a Antonio López le tocó dirigir aquella primera junta y presentar, en nombre de su consejo de administración, la preceptiva memoria ante sus accionistas. Del redactado de la misma se aprecia que aquella firma tabacalera apenas estaba empezando a funcionar. Explicaban, eso sí, que se habían emitido 10.000 acciones más, hasta alcanzar la cifra total de 90.000 títulos en circulación. Y que en todos ellos se había pasado del inicial desembolso del 25 por ciento de su valor nominal al 50 por ciento. De esa manera, cuando se reunió por primera vez su junta de accionistas el capital efectivo de la empresa había pasado de los iniciales diez millones de pesetas a veintidós millones y medio. Hablamos, por cierto, de unas acciones que cotizaban entonces tanto en las bolsas de Barcelona y de Madrid como en la de París. En dicha memoria informaban también de que habían utilizado parte de aquel capital en la compra y el fomento de cuatro haciendas diferentes, ubicadas todas junto al río Grande de Cagayán, y de que habían calculado que serían «necesarias unas cuatro mil familias [de colonos] para constituir la total población de las Haciendas». Por dicha razón se habían dedicado a «procurar la inmigración de los naturales de [la vecina provincia de] Ilocos, que son los más apropiados e inteligentes en la plantación del tabaco», los cuales se convertirían en los nuevos colonos que plantarían y cosecharían las matas de tabaco en las haciendas de la empresa. Aquella memoria daba también cuenta de que habían arrendado «las fábricas de Cavite, Meisic y la Princesa de Malabón, pertenecientes al Estado, y los llamados Camarines de la Macaria, propiedad de un particular», en cuyas instalaciones hacían trabajar a unos diez mil empleados. Harían uso de aquellas cuatro factorías hasta que terminasen las obras de construcción de su propia fábrica en Manila, «un gran edificio que, por su magnitud y especiales condiciones, será una fábrica modelo», decían. Y explicaban también, por último, que la empresa había contratado y enviado «a Filipinas oportunamente, operarios de la Isla de Cuba, de los más hábiles y experimentados en el cultivo, preparación y elaboración del tabaco, con tan buen éxito que se piden ya en mayor número». Entre los acuerdos adoptados en aquella junta estuvo el abono a sus accionistas del interés del 7 por ciento anual fijado en los estatutos, lo que quería decir un dividendo de 13,75 pesetas por título. Así, el propio marqués de Comillas, propietario de 11.802 acciones de la Compañía General de Tabacos de Filipinas, debió percibir, de golpe y gracias a dicho acuerdo, un total de 162.277 pesetas[31].

Y si aquel nuevo proyecto empresarial impulsado por López en el archipiélago filipino generaba dividendos, también lo seguía haciendo su vieja compañía naviera, una vez transformada en una sociedad de responsabilidad colectiva. Eso sí, los resultados de los dos ejercicios que median entre la creación de la Compañía Trasatlántica y la muerte del primer marqués de Comillas se pueden considerar destacados aunque no excepcionales. En 1881 los beneficios netos de la naviera ascendieron a 1.768.003 pesetas (un 8,9 por ciento de su capital), de los cuales se repartieron 800.000 pesetas como dividendos y se destinaron 950.000 a un fondo de reserva para posibles contingencias. En 1882 los beneficios fueron de 2.023.769 pesetas y, al dedicar una parte menor al fondo de reserva (622.000 pesetas), pudieron repartir 87,5 pesetas por acción, es decir, un 7 por ciento de su capital efectivo. En su madurez plena, López continuaba siendo una especie de rey Midas que seguía convirtiendo en oro todo lo que tocaba.

No hay que olvidar, por último, el interés del marqués de Comillas por el mundo ferroviario, el cual vehiculó no sólo a partir del Crédito General de Ferrocarriles sino, aún antes, a partir de la Compañía del Ferrocarril de Zaragoza a Pamplona y Barcelona, a cuyo primer consejo de administración se incorporó en 1865. Nacida de la fusión entre dos empresas ferroviarias con problemas, dicha compañía no acabó sin embargo de resultar rentable. Y así, el mismo año en que López recibió su título de marqués de Comillas, en 1878, esta empresa desapareció como tal al ser absorbida por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. Fue entonces cuando Antonio López se incorporó al consejo de administración de la firma absorbente con el rango de vicepresidente. No quiso limitarse, sin embargo, a sentarse en dicho consejo de administración sino que empezó a adquirir más y más acciones de la compañía. Si en 1878 sus acciones apenas alcanzaban el centenar, un año más tarde, tenía ya 4100 títulos en su poder. En 1880 eran 9163 sus acciones y 21.980 acciones en 1881. En la junta de accionistas de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España celebrada en 1882, meses antes de su muerte, Antonio López acreditaba la inverosímil cifra de 51.510 títulos. De hecho, según consta en el acta de dicha reunión, López tenía un 43,9 por ciento de las acciones presentes en la misma, porcentaje que se dispara al 50 por ciento si incluimos los títulos de otros empresarios catalanes vinculados directamente con el marqués de Comillas (o, de manera indirecta, a través de su relación con Manuel Girona).

La incorporación de Antonio López y de otros empresarios catalanes a la propiedad de Caminos de Hierro del Norte debió hacerse de acuerdo con el hasta entonces gran accionista de dicha compañía, el Crédito Mobiliario Español, sociedad que pasó de tener 35.000 acciones en 1878 a solamente 10.000 el año siguiente. El grupo francés de accionistas de Norte, articulado en torno al Crédito Mobiliario y liderado por la familia Péréire, fue perdiendo peso, aunque no influencia, en el conjunto de la sociedad. En 1879 más de la mitad de las acciones de Norte estaban en manos del grupo Péréire y, tres años más tarde, ese porcentaje había bajado a menos de una tercera parte. En aquellos años el marqués de Comillas había madurado, al parecer, el proyecto de unificar el mayor número posible de empresas ferroviarias españolas en una sola compañía (Norte), si bien para abordar definitivamente su plan quiso esperar a que la recién creada Compañía General de Tabacos de Filipinas empezase a rodar. Fue en ese contexto en el que negoció la compra de las asturianas minas de carbón de la firma La Montañesa, con el objetivo de aprovisionar de carbón dicho conglomerado ferroviario, además de su propia naviera. El que era entonces secretario del Banco Hispano Colonial, el polígrafo vasco Arístides de Artiñano Zuricalday, informó de las intenciones que López tenía, a finales de 1882, en relación con la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte, afirmando que «caminaba al logro de una aspiración tan levantada, que de realizarla como se proponía en breve, España entera hubiera colmado de alabanzas a su dignísimo hijo» (Homenaje que la ciudad…, 1883: 49). Antonio López no llegó a tiempo, sin embargo, de materializar sus proyectos porque la muerte pronto se cruzó en su camino.

Acabada felizmente la primera junta de accionistas de la Compañía General de Tabacos de Filipinas, celebrada en Barcelona el lunes 15 de enero de 1883, el marqués de Comillas regresó a su casa. Allí pasó también el día siguiente. Aquel martes López estuvo tal vez ocupado en hacer avanzar sus proyectos ferroviarios y mineros. No obstante, como no acababa de encontrarse bien, decidió acostarse un rato a media tarde. Y ya no volvió a levantarse. En el Palau Moja descubrieron su repentina e inesperada muerte a las diez de la noche de aquel mismo 16 de enero de 1883. A sus sesenta y cinco años, Antonio López y López, primer marqués de Comillas y grande de España de primera clase, había cerrado definitivamente sus ojos.

10

Antonio López y López, el empresario más rico de Cataluña

La noticia de la muerte de Antonio López corrió como la pólvora por Barcelona y pronto los diferentes medios de la ciudad se hicieron eco del luctuoso suceso, fuera cual fuese su orientación ideológica o línea editorial. Así lo recogió, por ejemplo, el diario republicano El Diluvio, en su edición de la tarde del día siguiente, 17 de enero de 1883:

Durante la noche anterior ha fallecido repentinamente en su casa de esta ciudad el Excmo. señor don Antonio López y López, marqués de Comillas y jefe de la casa naviera que lleva su nombre. Pocos ejemplos podrían citarse que tuvieran similitud con el finado. Hombre de humilde cuna, comenzó en América su fortuna vendiendo en ambulancia y llegando con la fuerza de su voluntad, su trabajo y su inteligencia clara para el comercio a obtener una fortuna colosal. Fruto de su iniciativa es la línea de vapores trasatlánticos que desde larguísimos años hacen tres viajes mensuales a la Isla de Cuba. «El Banco Colonial» y la «Compañía de Tabacos de Filipinas» fueron pensamientos suyos. La noticia del fallecimiento de don Antonio López y López se ha extendido rápidamente por toda la ciudad siendo comentada y muy sentida tan irreparable pérdida ya que él era de aquellas personas que saben captarse todo género de simpatías. Con este sensible fallecimiento el comercio de Barcelona pierde una de las figuras más importantes y las letras uno de sus más entusiastas admiradores. Dígalo si no la protección decidida que el señor López prestó al poeta lírico catalán Reverendo D. Jacinto Verdaguer y la lujosa edición de L’Atlàntida costeada por él[1].

También el órgano oficioso del liberalismo sagastino en Barcelona, La Vanguardia, se interesó por la funesta noticia. La tarde siguiente al fallecimiento del marqués de Comillas, el diario de la familia Godó quiso informar a sus lectores de cómo habían sido las últimas horas del empresario. Según decían, «a las siete de la noche» del martes 16 de enero, López se había retirado de un encuentro familiar anunciando «que volvería allí al objeto de jugar un rato al tresillo; pero no pudo cumplirlo por habérsele agravado la indisposición, aun cuando no ofreció, ni de mucho, ningún síntoma alarmante». Y seguía con la narración de los hechos: «Parece que a las once y media se apercibieron que había fallecido; esto es, al cabo de hora y media que era ya cadáver»[2]. El decano de la prensa de la ciudad, el Diario de Barcelona, siguió igualmente y desde el primer momento las novedades sobre aquella repentina muerte del primer marqués de Comillas. Fue, eso sí, el único periódico de la capital catalana que hablaba de un inconcreto problema de salud del naviero: «De algún tiempo a esta parte se sentía el Sr. López y López algo molesto, pero nada hacía presentir su próximo fin que sorprendió anoche a su familia y amigos, pues como hemos indicado falleció a las diez y media casi repentinamente». Y un día después ampliaba dicha información: «Por haber tenido que visitar a un individuo de su familia, le vio pocas horas antes de su muerte el facultativo de la casa, sin que notara señal alguna que pudiese hacer temer por su existencia. El señor López y López parece que se acostó sintiéndose ligeramente molesto y que falleció a la media hora o a los tres cuartos de hallarse en la cama». Al conservador Diario de Barcelona le interesó, por cierto, resaltar su afinidad política e ideológica con el monárquico López, del cual decía: «De ideas conservadoras en política, figuró entre los más decididos partidarios de la restauración de S. M. el Rey D. Alfonso XII (Q. D.G.)». Valga decir que un día después de su muerte, el 17 de enero de 1883, tenía previsto reunirse en el Ayuntamiento de Barcelona la «Comisión central ejecutiva del Monumento a Cristóbal Colón», de la cual formaba parte el primer marqués de Comillas. Su inesperado fallecimiento obligó, sin embargo, a aplazar dicho encuentro[3]. Mientras tanto, el cadáver de Antonio López había sido embalsamado por el catedrático de la Facultad de Medicina de Barcelona, Dr. Ramón Coll Domenech, quien intervino auxiliado por el joven médico Francisco Beltri y Amigó[4].

El entierro de Antonio López tuvo lugar tres días después de su muerte, en la mañana del viernes 19 de enero de 1883. Fue, al decir de las crónicas que lo describieron, «suntuosísimo cual pocos se han verificado en Barcelona, tal vez ninguno». El cadáver del difunto marqués de Comillas salió a las diez de la mañana del Palau Moja, en medio de un largo cortejo que abrían dos guardias municipales montados a caballo. A dichos policías les «seguían los niños del Asilo Naval y los de la Casa de Caridad, en número de más de trescientos entre unos y otros, los ancianos albergados en la Casa de las Hermanitas de los pobres y en la Casa provincial de Caridad». Delante de aquellos niños y niñas desfilaban las monjas encargadas de su cuidado mientras que justo detrás de los abuelos y abuelas pobres lo hacían las Hermanas de San Vicente de Paúl. Desfilaban a continuación «los empleados y dependientes de los Caminos de hierro del Norte francos de servicio», así como los empleados «de las sociedades de que era presidente el finado y las tripulaciones de los buques de la Compañía trasatlántica de vapores y de los de la de Tabacos de Filipinas». Y a continuación marchaba «la escolanía de la Casa de Caridad, que junto con los demás monacillos con hacha ascendían a ciento. Precedían a la Cruz de la Santa Iglesia varios seminaristas con sobrepelliz y hacha, y venía detrás el Excmo. Cabildo y Clero Catedral». Todo aquel cortejo precedía, como digo, el cadáver de Antonio López, que iba dentro de «una lujosísima caja mortuoria de ébano», a hombros de «ocho marineros del vapor trasatlántico Antonio López que por rara coincidencia» estaba anclado entonces en el puerto de Barcelona[5].

En el plano civil, quienes presidían el duelo eran el gobernador civil de la provincia de Barcelona, el alcalde de la ciudad y «un coronel del ejército en representación del Excmo. Señor Capitán General» de Cataluña, mientras que en el plano religioso lo hacían tres sacerdotes: el cura párroco de la parroquia de Belén, donde se inscribía el Palau Moja; el sacerdote particular de la familia López Bru, Jacint Verdaguer, y el superior jesuita padre Antonio Goberna. Cabe señalar que cuando el cadáver pasó «frente al Palacio episcopal se agregó al duelo el Excmo. e Ilmo. Señor Obispo». Detrás de ellos desfilaron «representaciones de todas las sociedades y corporaciones a que había pertenecido el difunto marqués de Comillas y una concurrencia notable por lo distinguido y numeroso». En la cola de aquella larga comitiva iban, por último, el coche mortuorio y el de la familia López, así como «un sin número de coches de lujo […] que pasaba mucho de ciento, entre los cuales se hallaban los de las principales familias de esta capital». Hora y media tardó aquel larguísimo cortejo en completar el recorrido entre el Palau Moja y la catedral de la ciudad, donde tuvo lugar una ceremonia religiosa que principió a las once y media de aquella mañana[6].

Según La Vanguardia, la comitiva que seguía al féretro de Antonio López se componía «por lo menos de unas 2000 personas entre las que figuraban todas las notabilidades del comercio, ciencias, artes y letras de Barcelona, confundidas, sin distinción de clases ni matices políticos, y cuyos nombres no citamos para no incurrir en olvidos involuntarios». De hecho y tal como publicó aquella misma tarde el Diario de Barcelona: «Este entierro ha sido para Barcelona un verdadero acontecimiento, tanto por la suntuosidad del acto como por el inmenso gentío que llenaba la Rambla y la calle de Fernando VII, plaza de la Constitución y alrededores de la Catedral». La presencia, de hecho, de una verdadera multitud de personas tuvo consecuencias tan inesperadas como indeseadas, tal como describía el mismo periódico: «Como los municipales no han podido detener la oleada de gente que ha entrado en la Catedral apenas ha llegado el cadáver, una gran parte del duelo no ha podido asistir a los divinos oficios». Dicho medio resaltó que la iluminación de la catedral de Barcelona era «idéntica a la que hay el Jueves y el Viernes Santo, produciendo magnífico efecto los centenares de blandones que hay en las blandoneras de las naves laterales, en las palmatorias de las columnas, en las arañas de bronce y en las barandillas de la cripta de Santa Eulalia». La Vanguardia completó, por su parte, la descripción de aquel solemne acto religioso concelebrado por el obispo de la diócesis, José María Urquinaona, afirmando que «el oficio a canto llano en la Catedral, profusamente iluminada […] fue cantado por gran número de sochantres, terminando poco antes de la una. En dicha hora, doblaron nuevamente las campanas de la santa iglesia, y emprendida la marcha por la calle del Obispo, plaza de la Constitución, calle de Jaime I, plaza del Ángel, calles de la Princesa y Ronda», donde volvió a parar la comitiva. Allí, o sea, «en las inmediaciones del parque y jardines de la Ciudadela, se cantó un responso, después del cual se retiró el clero y se disolvió el acompañamiento, colocándose el féretro en el coche mortuorio de lujo y ocupando los acompañantes los coches para dirigirse al cementerio» del Este, de Barcelona, donde el cadáver de Antonio López acabó siendo inhumado[7].

No sólo en Barcelona sino también en Madrid hubo una ceremonia religiosa en honor del difunto Antonio López, unos «funerales por el eterno descanso» de su alma celebrados apenas diez días después de su deceso, el 26 de enero de 1883. Aquella solemne ceremonia de duelo tuvo lugar en la Real Colegiata de San Isidro y estuvo presidida por el cardenal arzobispo de Toledo, además de por el vicepresidente primero del Senado, el segoviano Telesforo Montejo Robledo, por los tres fundadores del Banco de Castilla (Antonio Vinent Vives, Jaime Girona Agrafel y Rafael Cabezas Montemayor) y por José Osorio Silva, marqués de Alcañices y antiguo preceptor del rey Alfonso XII. Entre los más ilustres asistentes a dicha ceremonia cabe destacar a algunos de los principales políticos del país, como el entonces presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta, así como a Francisco Romero Robledo, Cayetano Sánchez Bustillo, Fernando León y Castillo y José Posada Herrera. En dicha ceremonia hubo también una nutrida representación de la nobleza española, con la asistencia de los marqueses de Guad-el-Jelú, Valdeiglesias, Monte Virgen, Molins y Orovio, los condes de Montarco, Bernar y Morphy o el vizconde de Campo Grande, entre otros. Y estuvieron también presentes militares de la más alta graduación, tanto del ejército de tierra como de la armada. Según recogió la prensa madrileña, además de aquellos ilustres hombres de la Restauración habían «asistido en masa [al funeral de López en Madrid] los empleados de los ferrocarriles del Norte de España, de Asturias, Galicia y León, y de Lérida a Reus y Tarragona, del Banco Hispano Colonial, del de Castilla y Compañías General de Tabacos de Filipinas y Trasatlántica». No en vano, aquella céntrica Colegiata de San Isidro estaba por completo abarrotada y «la concurrencia llenaba literalmente la iglesia». El templo madrileño presentaba un aspecto «imponente y magnífico» con «soberbias colgaduras de terciopelo negro, galoneado de oro y con preciosos bordados del mismo metal, que cubrían literalmente sus paredes. La profusión de luces era tal que hasta en los puntos más elevados se veían dibujando todas las líneas de la iglesia»[8]. Mientras tanto, en la ciudad de Cádiz su ayuntamiento decidió enaltecer la memoria del difunto marqués de Comillas dedicándole una calle: acordó así, apenas unos días después de su muerte, «variar el nombre de la calle de la Cruz de la Madera por el de Antonio López, en prueba del testimonio de admiración que aquella ciudad ha tenido siempre al que fue en vida el primer naviero español», relataba La Vanguardia[9].

Volviendo a Barcelona, quiero resaltar que todos los medios escritos de la capital catalana se hicieron eco de cómo el fallecimiento de Antonio López había provocado un rápido y notable descenso en la cotización de las acciones de aquellas compañías que conformaban su holding empresarial. Apenas un día después de haberse difundido la noticia de dicho deceso, el Diario de Barcelona publicaba: «La muerte del distinguido naviero ha causado profunda impresión en esta ciudad, particularmente en los círculos mercantiles, habiendo afectado a los valores de algunas de las sociedades en cuya gestión intervenía», mientras que la nota de La Vanguardia era bastante más concreta: «El fallecimiento de don Antonio López y López produjo gran sensación en la Bolsa. Las acciones del Banco Hispano-Colonial bajaron ayer desde 80 á 75, terminando luego a 76,25; y las de la Compañía general de tabacos de Filipinas, que se cotizaban á 76, descendieron a 72»[10]. Aquel hecho obligó a los consejeros del Banco Hispano Colonial, del Crédito Mercantil y de las compañías Trasatlántica y General de Tabacos de Filipinas a actuar con rapidez para evitar males mayores. Así, tres días después de haber informado sobre el descenso en la cotización de las acciones, el mismo Diario de Barcelona publicaba:

Ayer [20 de enero de 1883] se supo en los círculos comerciales de esta ciudad que se había tomado el acuerdo de llenar las vacantes producidas por la muerte del Excmo. Señor D. Antonio López y López en las importantes sociedades que presidía. El hijo del finado, Sr. D. Claudio López y Bru, ha sido nombrado para suceder a su señor padre en todos los referidos cargos, siguiendo por lo demás estas sociedades con las mismas personas que figuraban a su frente. La noticia fue muy bien recibida ayer en la Bolsa, mejorando notablemente los cambios en los valores de dichas sociedades, que estos últimos días han sufrido una fuerte depreciación[11].

Tanto la inmediata reacción de muchos inversores catalanes, quienes pusieron a la venta sus acciones, como la rápida respuesta de los consejos de administración de las empresas presididas por el primer marqués de Comillas revelan hasta qué punto la persona de Antonio López se identificaba con las mismas. De la misma manera que su joven hijo Claudio, quien apenas sumaba veintinueve años, iba a sucederle como marqués de Comillas, también al mismo le correspondió «en herencia» presidir aquellas cuatro grandes empresas domiciliadas en Barcelona: la Compañía Trasatlántica, el Crédito Mercantil, el Banco Hispano Colonial y la Compañía General de Tabacos de Filipinas.

Tras la muerte, por otro lado, del primer marqués de Comillas, una parte de la prensa catalana y española se llenó de descripciones hagiográficas sobre su persona. En Madrid le definieron, por ejemplo, como «uno de esos genios a cuya voluntad nace el oro en todas partes, prosperan las industrias y se extiende la riqueza como si fuese obra de un poder sobrenatural o maravilloso»[12]. Y en Barcelona hubo quien resaltó su «clara intuición de los negocios». Fue el mismo periodista que afirmaba que «Don Antonio López y López […] estaba dotado de una voluntad de hierro para llevarlos a cabo. Como hombre de negocios los abordaba de frente y en grande escala sin arredrarle las naturales contrariedades que siempre pueden dificultarlo». Aquel periodista culminó dicha panegírica nota consignando: «Su genio mercantil reconocíanlo cuantos le trataron. Y con él estuvieron relacionados íntimamente los principales banqueros de las más importantes plazas de Europa»[13]. La Ilustración Católica dedicó, por su parte, el grabado central de su número publicado el 15 de febrero al marqués de Comillas, a quien definió como «decidido y valioso bienhechor de la Iglesia». Aprovechó para publicar asimismo una semblanza biográfica del finado, con especial atención a su dimensión empresarial. Un retrato que culminaba identificando la persona del marqués de Comillas con el mundo catalán de los grandes negocios: «D. Antonio López por sus excepcionales condiciones absorbía en sí la representación de cuantos negocios se emprendían por su iniciativa o con su consejo. De ahí que era considerado como la personificación del grupo catalán, que es como los grandes mercados de Europa llaman a Barcelona, y de ahí también su notoria influencia en cuanto se relacionaba con los intereses españoles». Aunque lo que más quiso destacar aquel informado medio católico fue una de las últimas decisiones tomadas por López en el plano benéfico, la que daría pie a la creación de la futura Universidad Pontificia Comillas. Lo hacía al informar del «donativo de dos millones de reales que poco antes de morir hizo para el establecimiento de un Colegio de Jesuitas en su villa natal de Comillas»[14].

De hecho, aquel firme compromiso de Antonio López de financiar generosamente un seminario de nueva construcción para la formación de futuros sacerdotes, en la villa de Comillas y bajo el estricto control de la Compañía de Jesús, provocó que la principal autoridad de la Iglesia católica le concediese una bula con la que le perdonaba todos sus pecados. Hay que decir que ésta se fechó, de manera harto sospechosa, el domingo 15 de enero de 1883, es decir, el día inmediatamente anterior a la defunción del generoso mecenas. La prensa de Barcelona recogió muy pronto una noticia filtrada, sin duda, por la propia familia del marqués de Comillas. Apenas cuatro días después de haber enterrado a Antonio López, su familia recibió un telegrama enviado desde Comillas, fechado el 22 de enero, que decía: «Su Santidad había concedido precisamente día 15 indulgencia plenaria y bendición apostólica hora muerte Antonio y familia. Padre Gómez te remite documento correo hoy. Todos admiramos esta consoladora coincidencia providencial»[15]. Aquel telegrama hacía referencia al jesuita Tomás Gómez Carral, el verdadero impulsor de este seminario, quien había intermediado para la concesión de la susodicha bula firmada por León XIII mediante la que se le perdonaba cualquier pecado que hubiera cometido en vida. Lo cierto es que la construcción de aquel seminario comenzó cuatro meses después de la muerte de López. Así, el 24 de mayo de 1883 el diario madrileño El Imparcial pudo informar a sus lectores de que «con asistencia del señor Arzobispo de Burgos se ha[bía] colocado la primera piedra del Seminario que en la altura de Cardoza [sic ] en Comillas va a edificarse por cuenta de los herederos de D. Antonio López y López»[16].

Entre las múltiples semblanzas que loaban la figura del primer marqués de Comillas puede destacarse la que publicó Eugenio Martínez Vallejo en La Ilustración Española y Americana. Se sirvió dicho autor de numerosos epítetos, todos positivos, para calificar a Antonio López, a quien definió como «patricio insigne», «caritativo magnate», «noble caballero», «buen cristiano», además de «inteligente y afortunado comerciante» y de «opulento y patriótico naviero». Por todas aquellas virtudes hacía público dicho autor su deseo de «hacer imperecedero el nombre del marqués de Comillas», quien se había «ganado el más legítimo derecho a la aureola de la inmortalidad». Reclamaba así, de hecho, la necesidad de levantar algún tipo de estatua o de elemento conmemorativo que perpetuase la memoria del difunto Antonio López: «es preciso algo que revele a las generaciones venideras la existencia de aquel varón esclarecido, que sirva de estímulo a los que le sucedan, que sea testimonio perenne de la gratitud de un pueblo», consignó Martínez Vallejo[17]. La misma idea tuvieron, como veremos enseguida, algunos coetáneos del primer marqués de Comillas, quienes impulsaron con distinto éxito la construcción de cuatro conjuntos monumentales, tres de ellos coronados con estatuas, en Comillas, Santander, Cádiz y Barcelona.

De hecho, mientras se sucedían las muestras de duelo, en Barcelona, Madrid y otros puntos de la geografía española, en torno al difunto Antonio López se publicaron también diversos libros sobre su figura en forma de homenaje. La primera biografía sobre el personaje se publicó en Santander. Su autor, José Antonio del Río, firmó y fechó su manuscrito el 1 de marzo de 1883, o sea, apenas seis semanas después de su muerte. Paralelamente, tanto en la capital española como en la catalana se publicaban sendos libros con un idéntico formato. Hablo del Homenaje nacional a la memoria del Excmo. Señor D. Antonio López y López, primer Marqués de Comillas, fallecido en Barcelona el día 16 de enero de 1883 y del Homenaje que la ciudad de Barcelona tributó a la memoria del Excmo. Sr. D. Antonio López y López, marqués de Comillas. Ambas monografías se publicaron muy rápidamente. El mismo día en que se cumplía el primer mes de su desaparición La Vanguardia daba cuenta: «Se está preparando en Madrid la impresión de un magnífico libro dedicado a la memoria del Excmo. señor don Antonio López y López. Contendrá un excelente retrato del finado, la biografía, lo que han dicho, con motivo del fallecimiento, los periódicos de Madrid, provincias y extranjero, etc.». Y para que quedase claro que no era una iniciativa comercial, concluía: «Este libro no se pondrá a la venta»[18].

Y mientras se celebraban funerales públicos y se editaban dichos libros, la familia del finado empezó con los trámites de la transmisión hereditaria de su patrimonio. Unas gestiones que inicialmente recayeron en el único yerno del difunto más que en su propio hijo. Así, el miércoles 24 de enero de 1883 el juez de primera instancia del distrito barcelonés de San Beltrán procedió a abrir el último testamento válido otorgado por Antonio López[19]. Y un día después, Eusebio Güell Bacigalupi acudió ante el notario de la familia, Luis Gonzaga Soler Pla, para que lo publicase (véase apéndice 2). Se trataba de un testamento que el primer marqués de Comillas había redactado el 9 de marzo de 1880 y que había entregado, convenientemente cerrado, al veterano notario Ramón de Miquelerena unos días después.

Apenas tres semanas más tarde de haberse publicado el susodicho testamento, el 15 de febrero de 1883, Eusebio Güell y su cuñado, Claudio López Bru, acogieron en el Palau Moja al notario Luis G. Soler y a sus ayudantes, quienes empezaron a tomar inventario de los bienes dejados por el difunto. Aquel día se limitaron a describir, con mucho detalle eso sí, una pequeña parte de los «muebles y efectos existentes en la casa habitación del testador». Una descripción que incluía, por ejemplo, un cuadro al óleo antiguo con marco dorado sobre Cristóbal Colón, ubicado «en el ante-salón o pieza que sigue al recibidor», así como «dos columnas de mármol blanco sosteniendo dos bustos también de mármol, de Don Antonio López y Doña Luisa Bru», situados «en el gran salón». Dejaron pendiente, para más adelante, acabar aquella compleja y extensa relación de bienes. Antes de poderlo verificar, el 23 de marzo, Eusebio Güell acudió nuevamente ante el mismo notario para que publicase diversas memorias testamentarias dejadas por su suegro, tal como éste había anunciado en su último testamento. Se trataba de una serie de legados, escritos de su puño y letra en diferentes papeles, redactados después de haber entregado sus últimas voluntades al notario Miquelerena. Algunas de aquellas mandas las escribió López el 3 y el 4 de abril de 1880, otras las dejó escritas el 23 de junio de 1882 y las últimas las añadió mientras tomaba las aguas en el balneario francés de Vichy el 19 de julio de 1882.

Finalmente, el inventario de bienes acumulados en vida por Antonio López se acabó de protocolizar los días 13 y 14 de abril de 1883 (véase apéndice 2). Allí se describen, con bastante detalle, todos los bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, que pertenecían al marqués de Comillas en el momento de su muerte. Unos bienes que se repartían entre los municipios de Barcelona, Gràcia, Santa Perpètua de Mogoda, Madrid, Santander, Comillas, Jerez de la Frontera, Cádiz, Lebrija, Navalmoral de la Mata, Lagartera y Oropesa. Lamentablemente, quienes realizaron aquel inventario de bienes no ofrecieron una tasación monetaria sobre el valor de mercado de todos y cada uno de dichos bienes inmuebles, lo que hace más difícil conocer cuál pudo ser el montante final de la fortuna acumulada en vida por Antonio López. Sus albaceas tampoco quisieron ser nada concretos a la hora de detallar cuál era la composición de su cartera de acciones y obligaciones, y menos aún su valor de mercado. Se limitaron a describir que el difunto marqués de Comillas disponía de 14.395.241 pesetas como capital de su casa de comercio. Y añadieron, además, que López había comprado títulos de deuda pública francesa e inglesa, que se valoraban respectivamente en 2.637.500 pesetas y en 2.540.625 pesetas. La suma de aquellas tres cifras nos dice que la fortuna acumulada por Antonio López fue, cuando menos, de 19.573.366 pesetas. A esa cifra habría que sumarle el valor de su inmenso patrimonio inmobiliario. Y aunque en el inventario post mortem del difunto marqués de Comillas sus albaceas no quisieron indicar, como acabo de señalar, cuál era el valor monetario de dichos bienes inmuebles mis cálculos sugieren que no pudo ser, en ningún caso, inferior a 4.415.446 pesetas. Se trata, eso sí, de un cálculo realizado voluntariamente a la baja. En primer lugar, porque se limita a sumar el valor de adquisición (o de construcción) de la mayor parte de aquellos bienes inmuebles en el momento de su compra o de su finalización, y que no tiene en cuenta, por lo tanto, su eventual revalorización ulterior. Y en segundo lugar porque no contabiliza el coste de compra de algunos de aquellos bienes, que me resulta desconocido. Sea como fuere, según esas cifras el valor del patrimonio acumulado por Antonio López y López no fue, en ningún caso, inferior a 23.988.812 pesetas. O, por decirlo en números redondos, veinticuatro millones de pesetas.

Con esas cifras en la mano, no cabe duda de que Antonio López y López fue el empresario catalán más rico de su generación. Fue, de hecho, la primera fortuna de la Cataluña de fines del siglo XIX. Y si medimos el éxito de un empresario capitalista por su capacidad de acumulación de riqueza, deberíamos concluir que fue también el de mayor éxito. El valor del patrimonio acumulado por el primer marqués de Comillas superaba la fortuna de los más ricos individuos de su generación. Al menos de aquellos que, como él, vivieron y murieron en Barcelona. Su consuegro Juan Güell, por ejemplo, había fallecido en 1872 dejando una fortuna valorada en 7,2 millones de pesetas. El rico comerciante y naviero José María Serra había muerto unos meses antes que su socio Antonio López con un patrimonio situado en torno a los 5,3 millones de pesetas. Tres años después de su muerte, en 1886, tuvo lugar la desaparición del también indiano Agustín Goytisolo Lezarzaburu, quien dejó una fortuna de 7,2 millones de pesetas. Otro opulento indiano catalán, enriquecido asimismo en Cuba, Tomás Ribalta Serra, propietario del suntuoso Palau Marc, falleció en 1887 dejando un patrimonio valorado en 14,6 millones de pesetas. Incluso la fortuna del ínclito Manuel Girona Agrafel, quien cerraría definitivamente sus ojos veintidós años después que su socio Antonio López, era inferior: se situó, en su caso, en 17,6 millones de pesetas. El marqués de Comillas fue, por lo tanto, más rico que todos ellos. Mucho más rico.

No debe extrañarnos, por lo tanto, que su persona haya sido objeto de múltiples representaciones, tanto en vida como después de su muerte. Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera ha dedicado un trabajo tan extenso e interesante como bien documentado a analizar, precisamente, la presencia de la imagen de Antonio López y López «en pinturas, esculturas, grabados y fotografías», lo que incluye tanto «retratos para el uso privado» en sus diferentes residencias familiares como «retratos con función propagandística distribuidos entre las sedes de sus empresas». Dicho artículo recoge, por lo mismo, la profusión de imágenes de distintos tipos y formatos que se realizaron sobre la persona del primer marqués de Comillas, tanto durante su vida como también después de su muerte. A partir de dicho trabajo, quiero fijarme solamente en las cuatro iniciativas que se tomaron para levantar otras tantas estatuas que honrasen y perpetuasen la memoria de Antonio López en cuatro lugares distintos de la geografía peninsular española: en Comillas, en Cádiz, en Santander y en Barcelona.

La primera de aquellas cuatro iniciativas partió del pueblo natal de López, cuyo ayuntamiento acordó, apenas siete días después de su muerte, la erección de un monumento dedicado a tan «ilustre prócer», el coste del cual debía ser sufragado mediante una suscripción popular. Tardaron, no obstante, más de siete años en culminar dicho proyecto, de manera que la estatua que representaba la efigie del difunto Antonio López no se colocó hasta el 20 y el 21 de noviembre de 1890. Hablamos de una creación esculpida en Barcelona y obra del afamado escultor catalán Agapito Vallmitjana. El responsable, no obstante, de todo aquel conjunto monumental donde se alzaba dicha efigie fue el arquitecto, también catalán, Lluís Domènech i Montaner. Tal como describe el profesor Aramburu-Zabala: «El monumento a Antonio López en Comillas se alza escenográficamente mirando al mar, sobre una columna y la proa de la nave, que tiene su fuente de inspiración en la “Victoria de Samotracia” conservada en el Louvre, monumento conmemorativo de una victoria naval en la época helenística. De este modo, el monumento representa la victoria de Antonio López como creador de una gran empresa marítima» (Aramburu-Zabala, 2018).

También el Ayuntamiento de Santander se dio prisa en acordar, en su caso el 1 de febrero de 1883, la construcción de «un monumento que a las generaciones futuras recuerde constantemente los preclaros méritos de don Antonio López, y los singulares servicios que a su país prestara». Acordó también financiar los costes de su erección mediante una suscripción popular, al parecer con escaso éxito. Así, siete años después de haber adoptado aquel acuerdo, en concreto el 21 de abril de 1890, la corporación municipal de Santander tuvo que desistir expresamente de su proyecto, como nos ha recordado también Aramburu-Zabala. Dicho autor ha dado cuenta además de que aquella iniciativa acabaría dando paso a la instalación de un busto en 1905 a la entrada del recién construido edificio del Monte de Piedad de Alfonso XIII y Caja de Ahorros de Santander, levantado precisamente en dicha ciudad con fondos legados por Antonio López en su último testamento, así como con otros caudales añadidos por su hijo Claudio y con los fondos donados por Modesto Tapia (Aramburu-Zabala, 2018).

En la bahía de Cádiz acabaría levantándose, para honrar también la memoria del difunto marqués de Comillas, un grupo conmemorativo de varios edificios compuesto por una iglesia, una escuela, una estación de socorro y, cómo no, una estatua. La ubicación de aquel conjunto se situó junto al dique de Matagorda, levantado por la Compañía Trasatlántica, como antes vimos, en el gaditano municipio de Puerto Real. La iniciativa surgió de los delegados de dicha empresa en Cádiz, Manuel Lucas Villaverde y Manuel Eizaguirre Bravo, y su coste se financió con aportaciones voluntarias del personal de la citada naviera. En medio de todo aquel conjunto destacaba una estatua de bronce representando a Antonio López, obra de Agapito Vallmitjana y copia de la misma estatua que dicho escultor había preparado para la villa de Comillas. La efigie gaditana del marqués de Comillas se instaló sobre un pedestal de mármoles y jaspes de diferentes colores, en 1891.

Ahora bien, de todas aquellas iniciativas que surgieron al poco de la muerte de Antonio López para honrar su figura y su memoria, la primera que culminó efectivamente fue la que se había programado en la ciudad de Barcelona. Hablamos de un conjunto monumental que fue diseñado por el veterano arquitecto José Oriol Mestres, quien había levantado, entre 1859 y 1862, la primera residencia que tuvieron los López-Bru en propiedad en Barcelona, así como más adelante las obras de reforma en su Cuadra de la Mogoda. Dicho arquitecto escribió un interesante folleto donde describe dicha estatua y conjunto monumental, así como también cuál había sido el proceso de creación. Informaba así de que el protagonismo, tanto en la iniciativa como en su ejecución, le había correspondido a una «Comisión Ejecutiva promotora del monumento», presidida por Manuel Girona Agrafel, vicepresidente del Banco Hispano Colonial. Ésta se había encargado, además, de la captación de las ciento sesenta y cinco mil pesetas que se necesitaron para financiar dicha magna obra, lo que hicieron por medio de una suscripción abierta. En aquella captación de donativos tuvieron en Barcelona más suerte que en Comillas o en Santander y la primera piedra del futuro monumento pudo colocarse el 25 de septiembre de 1883, apenas ocho meses después de la defunción de Antonio López. También el ayuntamiento de la ciudad, presidido entonces por Francisco de P. Rius y Taulet, quiso contribuir a honrar la memoria del difunto indiano y acordó la cesión del solar que ocupaba el monumento «y dio a la plaza de San Sebastián el nombre de plaza de Antonio López y López, queriendo así contribuir al enaltecimiento de aquel ciudadano ilustre» (Mestres, 1884). Hubo, por lo tanto, un cambio en el nomenclátor barcelonés, basado en una clara desacralización: una plaza que se había dedicado hasta ese momento a honrar la figura de un santo católico (recordado por su carácter pretendidamente sanador frente a las mortales epidemias de peste que habían asolado a la capital catalana con cierta frecuencia) se renombraba entonces para encumbrar, en su lugar, a un empresario cuya persona resumía, como pocas, la nueva y pujante burguesía comercial y financiera de la ciudad. A un individuo a quien se le iba a dedicar, además, una estatua en bronce encargada al escultor Venancio Vallmitjana, quien lo quiso representar con levita y galán.

Dicho conjunto monumental se inauguró, finalmente, el 13 de septiembre de 1884. Y aquel hecho acabó provocando, indirectamente, la publicación de un conocido libro, sobre el cual he ido haciendo frecuentes referencias a lo largo de esta biografía. Me refiero a la monografía titulada La verdadera vida de Antonio López y López por su cuñado Francisco Bru, publicada en Barcelona dos años después de la muerte del marqués de Comillas, en 1885. Según cuenta su autor, la publicación, primero, del volumen Homenaje de la ciudad de Barcelona al Excelentísimo Sr. D. Antonio López y López, donde se recogían en un solo volumen las múltiples crónicas que diferentes medios habían publicado loando su figura, y la decisión, después, de levantar la susodicha estatua en la antigua plaza de San Sebastián llevó a Pancho Bru a escribir y a publicar dicho libro. Una obra de la que decía que no era «una venganza ni una especulación», sino «principalmente un castigo»: «Son estas páginas un justo castigo a la orgullosa insolencia, a la necia fatuidad, a los perversos sentimientos de su familia y principalmente de su hijo y continuador, mi sobrino Claudio» (Bru, 1885: 5-6). Con la publicación de aquella monografía nació también una visión abiertamente crítica sobre la figura de Antonio López. Una interpretación sobre la trayectoria de aquel rico empresario catalán, nacido en Comillas y enriquecido en Cuba, que se confrontaba de manera premeditada con el punto de vista cuasi hagiográfico que había justificado la erección de varias estatuas en su recuerdo. Así, prácticamente desde que se acabó de inaugurar aquella efigie levantada en Barcelona en memoria de Antonio López, su oportunidad fue puesta en cuestión. La opinión pública de la capital catalana aparecía así dividida entre los defensores y los detractores del primer marqués de Comillas. Y de su estatua.

El conjunto monumental situado en la rebautizada plaza de Antonio López fue objeto de discordia prácticamente desde su inauguración. Lo fue entonces, a finales del siglo XIX; lo siguió siendo, durante buena parte del siglo XX; y lo ha vuelto a ser ahora, a principios del siglo XXI. Este último renacer de la polémica en torno al monumento barcelonés de Antonio López se ha producido mientras tenían lugar, en los Estados Unidos de América, debates muy parecidos en torno a la oportunidad de mantener en pie y en el espacio público aquellos símbolos que seguían glorificando la historia y la memoria de la Confederación esclavista del sur del país, como por ejemplo las estatuas en honor de Robert E. Lee, tal como ha señalado y estudiado Akiko Tsuchiya. Vale la pena tener en cuenta, precisamente, las reflexiones de dicha autora sobre la oportunidad de aprovechar ese tipo de controversias para abordar el reconocimiento de representaciones más inclusivas en las diferentes historias nacionales, tanto en Norteamérica como, en el caso que nos ocupa, en Cataluña y en España (Tsuchiya, 2019). Sólo así podremos corregir la dulce y autocomplaciente visión que sobre la figura de los negreros se ha recogido y proyectado en los distintos medios literarios y culturales catalanes y españoles, en los siglos XIX y XX, como bien ha señalado y demostrado Lisa Surwillo (Surwillo, 2014). Bienvenida sea, pues, la controversia si sirve, cuando menos, para alimentar un mejor conocimiento de nuestro pasado, con sus claros, sus oscuros y sus claroscuros. Y si sirve también para abrir el debate sobre las necesarias políticas de memoria en torno a la cuestión de la esclavitud y del comercio de esclavos, en Barcelona, en Cataluña y en España.

Imágenes

Retrato de Antonio López y López, primer marqués de Comillas (1817-1883). © Prisma/Álbum.

Retrato de Antonio López y López en su madurez. © Prisma/Álbum.

Retrato de Claudio López Bru, segundo marqués de Comillas (1853-1925), con uniforme de gala. © Álbum.

Retrato de Eusebio Güell Bacigalupi (1846-1918), yerno de Antonio López y primer conde de Güell. © Documenta/Álbum.

Vista del paseo de Colón con Montjuïc al fondo, a finales del siglo XIX. © Prisma/Álbum.

Visión panorámica del puerto de Barcelona en 1856. Se aprecia la coexistencia de veleros con los primeros buques de vapor. © Álbum.

Vapor Antonio López, propiedad de la Compañía Trasatlántica (1882). © Prisma/Álbum.

Visión de La Habana (mediados del siglo XIX), con la entrada a la bahía y el castillo del Morro. © Oronoz/Álbum.

Palacio Moja, en las Ramblas de Barcelona. Residencia particular de la familia López desde 1871. © Institut Amatller d’Art Hispànic.

Palacio de Sobrellano, levantado a iniciativa de Antonio López en su villa natal, Comillas (Cantabria). © Miquel Rauroch/Álbum.

Conjunto monumental levantado en 1884 en honor a Antonio López. Incluye una réplica de la estatua original, obra de Frederic Marés (1944). © Oronoz/Álbum.

Retirada de la estatua de Antonio López el 4 de marzo de 2018 por decisión del Ayuntamiento de Barcelona. © Aymara Arreaza R.

Preparación del traslado de la estatua al almacén municipal. © Aymara Arreaza R.

Apéndices

1

Capítulos matrimoniales por razón del enlace nupcial entre Antonio López y López y Luisa Bru Lassús, otorgados ante el notario de Barcelona Antonio Tomás y Alsina el 1 de febrero de 1849.

En la Ciudad de Barcelona a primero de febrero de mil ochocientos cuarenta y nueve. En Nombre de Dios. Sépase por esta pública escritura que en razón del matrimonio celebrado ya entre partes de D. Antonio López y López, del comercio de Santiago de Cuba y en el día en la presente ciudad hallado, hijo legítimo y natural de D. Santiago López, difunto, y de D.ª María López, viviente, vecinos que fueron de la villa de Comillas en la Provincia de Santander, de una; y D.ª Luisa Bru y Lassús, hija legítima y natural de D. Andrés Bru, del comercio de esta Ciudad, y de D.ª Luisa Lassús vivientes, de otra, se han pactado, convenido y firmado los capítulos matrimoniales siguientes.

Primeramente el nombrado D. Andrés Bru por el amor que profesa a su hija y por causa y contemplación del expresado matrimonio: Espontáneamente por él, sus herederos y sucesores cualesquier que sean da y por título de donación pura, perfecta, simple e irrevocable llamada entrevivos, concede a la nombrada su hija D.ª Luisa Bru y Lassús presente a este acto y bajo aceptante, la cantidad de nueve mil pesos fuertes de un partido, y mil de otro a que asciende el valor de las joyas y alhajas entregadas a la misma; cuyo importe tiene satisfecho ya el otorgante a los referidos consortes D. Antonio López y D.ª Luisa Bru, y de cuyo total podrá disponer su hija a sus libres voluntades; queriendo que la presente donación se entienda sin perjuicio de la parte que a la misma corresponda por razón de su legítima materna y demás que pueda pretender en los bienes de su referida madre, y sin perjuicio también de lo demás que tal vez les señale el otorgante ya sea entre vivos o en últimas voluntades. Esta donación hace como mejor decir y entenderse pueda, prometiendo y jurando que la tendrá siempre por firme y valida, que no la revocará por causa ni motivo alguno, ni en razón de ingratitud, necesidad, u ofensa, ni por otra cualquier causa o razón, renunciando a cualquier ley y beneficio tal revocación permitiendo y a cualquier otra de su favor.

La nombrada D.ª Luisa Bru de López: Espontáneamente da, constituye y aporta en dote al predicho su esposo D. Antonio López, de un partido, los nueve mil pesos fuertes que se le han entregado en dote, y donado por su señor padre en el próximo antecedente capítulo, y de otro las alhajas y joyas que en cantidad de otros mil pesos también tiene recibidos; cuya constitución dotal hace concesión de todos daños y acciones a fin de que el mencionado su esposo pueda tener y poseer la referida dote haciendo propios los productos o réditos de la misma, para mejor soportar las cargas del matrimonio, el cual finido, y en el caso que a la restitución de dote hubiese lugar, la otorgante y los suyos lo recobrarán sin contradicción de persona alguna. Esta constitución hace concesión y mandato de derechos y acciones, constitución de derechos y demás conveniente. Y por tanto la referida D.ª Luisa Bru es menor de veinte y cinco años, mayor empero de veinte y tres debidamente cerciorada por mí el autorizante notario jura que tendrá esta constitución dotal por firme y válida, y que no la contravendrá por causa ni motivo alguno, y mucho menos en razón de su menor edad, antes bien mediante el mismo juramento, renuncia al beneficio de ella, lesión, facilidad o ignorancia, y a cualquier otra ley y derecho de su favor, restitución en entero pidiendo.

El nombrado D. Antonio López y López aceptando la precedente constitución dotal que acaba de hacerle su esposa en el próximo antecedente capítulo, espontáneamente hace firma y carta dotal de espoleo a la misma de todo lo por ella al otorgante en dote constituido; en compensación de lo que le hace el aumento de dote y esponsalicio del quinto de todos sus bienes presentes y futuros, y de cuya quinta parte podrá disponer libremente tanto si muera como no con hijos del presente matrimonio. Esta donación y aumento de dote hace como mejor decir y entenderse pueda prometiendo que la tendrá siempre por firme y válida y que no la revocará por causa ni motivo alguno.

Los expresados consortes D. Antonio López y López, y D.ª Luisa Bru y Lassús: Espontáneamente confiesan y reconocen a D. Andrés Bru su suegro y padre respectivamente, en el modo indicado, les ha entregado y satisfecho de un partido nueve mil pesos fuertes moneda española, y de otro varias alhajas y joyas de valor mil pesos que les sirven por el adote señalado en los presentes capítulos a la expresada D.ª Luisa. El modo de pago de dichos diez mil pesos es que confiesan haberlos recibido del nombrado su suegro y padre D. Andrés Bru a sus libres voluntades; por lo que renunciando a las excepciones del dinero no contado ni recibido, leyes de la entrega y demás de su favor le otorgan de dicha cantidad la correspondiente carta de pago.

Queda convenido expresamente entre los nombrados consortes D. Antonio López y D.ª Luisa Bru que el sobre viviente de los dos deba quedar usufructuario de los bienes del premuerto, relevados de toda caución con la obligación no obstante que se impone y acepta D.ª Luisa Bru de que en caso de premorir ella a su marido deberá pasar a la madre de éste, D.ª María López, treinta duros cada mes, durante su vida y mientras posea el usufructo que deberá entenderse tan solo mientras uno y otro de los dos se mantengan viudos, y no pasen a contraer nuevo enlace.

Finalmente los referidos otorgantes y ratificando los antecedentes capítulos, y lo en cada uno de ellos contenido se prometen recíprocamente cumplirlos y observarlos bajo las mismas obligaciones y renuncias en los mismos contenidos. Confesando quedar advertidos que de esta escritura ha de tomarse la razón en el oficio de hipotecas dentro del término prevenido en las Reales órdenes vigentes. En cuyo testimonio conocido del autorizante Notario, lo otorgan y firma en la referida ciudad y día precitado; siendo presentes por testigos D. Manuel Olzina y D. Carlos Maniés en la misma Ciudad residentes.

Le siguen las rúbricas de Andrés Bru, de Antonio López y López y de Luisa Bru de López.

2

Testamento abierto otorgado por Antonio López y López el 17 de septiembre de 1856 ante el notario Ramón de Miquelerena.

En el nombre de Dios amén. D. Antonio López y López, del comercio, natural de la villa de Comillas, provincia de Santander, vecino de esta ciudad, hijo legítimo y natural de D. Santiago López Ruiz del Piélago, difunto, y D.ª María López Conde de la Madrid, viviente, y gozando buena salud de cuerpo y entendimiento, queriendo disponer de mis bienes, ordeno el presente testamento, del cual elijo albaceas a mi querida esposa D.ª Luisa Bru de López, a mi buen hermano D. Claudio López y López y a mis amigos D. Patricio Satrústegui y D. Joaquín Eizaguirre, para que todos o los que puedan estar presentes lleven a cumplimiento la parte correspondiente a los sufragios que se celebren por mi alma y entierro de mi cuerpo que dejo a su elección.

Primeramente: quiero que mis deudas sean satisfechas. Deseando que se perpetúe en lo posible el respeto y cariño que he tenido siempre y tengo a mi Sra. madre D.ª María López de López, ordeno que le sean pasados por durante su vida veinte reales de vellón diarios, de mis bienes, pagaderos por trimestres adelantados o atrasados, cuya cantidad se considerará pagada después de la muerte de mi referida madre, no pudiendo reclamarse por su heredero más suma que media anualidad adelantada o atrasada, si no existiese resguardo alguno que justifique haberse satisfecho oportunamente.

Declaro que el dote de diez mil duros que trajo mi esposa al tiempo de nuestro matrimonio, ha ganado desde entonces otra suma igual, de la que podrá también disponer sobre mis bienes libremente.

Lego a cada uno de mis hijos D. Antonio, D. Claudio, D.ª María Luisa y D.ª Isabel y demás que tuviere del presente matrimonio, los derechos de legítima que les correspondan en mis bienes; dejando a cargo de su madre el aumentarlos y distribuirlos según su comportamiento y en las épocas que considere más a propósito.

Reconocido a la singular bondad de mi esposa y a que durante mi matrimonio y secundado por ella en todos mis asuntos he adquirido la mayor parte de mis capitales, nombro en heredera de todos los demás bienes míos, muebles y sitios, presentes y futuros, derechos y acciones a mi apreciada consorte D.ª Luisa Bru de López a sus libres voluntades, deseando que los bienes que cobraren de mi patrimonio al tiempo de su fallecimiento los distribuya entre nuestros hijos en su última disposición. Y para el caso de que la misma no lo efectuara o no dispusiera de dichos bienes sobrantes, instituyo en ellos por partes iguales a mis citados hijos.

Nombro en tutores y curadores de los mismos a mi citada esposa y a mi hermano D. Claudio, exonerándoles de prestar caución, fianza ni otra seguridad por tener en ellos la más fundada confianza. Y para el caso de faltar mi citado hermano, deseo que mi esposa tome manejo en los asuntos arduos de la tutela y curatela del amigo D. Patricio Satrústegui.

Esta es mi última voluntad que quiero que valga por testamento, codicilo o por aquella especie de última voluntad que mejor en derecho valer pueda, con el cual revoco todos los anteriormente hechos, aunque contengan palabras derogatorias, pues de ellas me arrepiento, incluso el testamento que autorizó D. Antonio Alsina, notario de esta ciudad, queriendo que el presente a todos prevalga en el mejor modo que en derecho haya lugar.

Fue hecho en la ciudad de Barcelona a diez y siete de setiembre de mil ochocientos cincuenta y seis. Y el testador, conocido del infrascrito notario lo firma siendo testigos D. José Carbó y D. Plácido Villaverde, de esta vecindad. [Sigue la rúbrica de] Ant.º López y López. Ante mí, Ramon de Miquelerena.

3

Testamento abierto otorgado por Antonio López y López el 6 de junio de 1861 ante el notario Ramón de Miquelerena.

En la ciudad de Barcelona a seis de junio de mil ochocientos sesenta y uno. En nombre de Dios amen. Yo, D. Antonio López y López, del comercio, natural de la villa de Comillas, provincia de Santander, y vecino de esta ciudad, hijo legítimo y natural de D. Santiago López Ruiz del Piélago, difunto, y D. María López Conde de la Madrid, viviente, hallándome con perfecta salud y claro entendimiento y queriendo disponer de mis bienes, ordeno este mi testamento con el cual elijo albaceas a mi querida esposa D.ª Luisa Bru de López, a mi hermano D. Claudio López y López y a mis amigos D. Patricio de Satrústegui, D. Antonio Sánchez de Movellán, a mi sobrino D. José Gayón y D. Tomás Coma, para que todos o los que puedan estar presentes lleven a efecto lo que hallaren por mí ordenado que es lo siguiente:

Primeramente: quiero que mis deudas sean satisfechas, si alguna dejare, averiguada que sea la verdad de las mismas. Elijo mi sepultura en el panteón de mi propiedad que he adquirido en el cementerio de la presente ciudad para depositarse en la misma mis restos y los de mi familia. Dejo el entierro y funerales a discreción de mis albaceas, encargándoles eviten toda pompa y ostentación, y que hagan celebrar quinientas misas de limosna, ocho reales una, a saber: ciento en la parroquia y las restantes cuatrocientas en la iglesia de la villa de Comillas, provincia de Santander, en sufragio de mi alma y que me acompañen hasta el cementerio con cirios, dándoles un duro a cada uno de cien pobres de la Casa de Caridad y otros cien mendigos que se presenten; y si el número de estos últimos no se encontrare, se complementará con los de dicha Casa de Caridad.

Dispongo que en el día veinte y nueve de noviembre, por ser el mismo en que contraje matrimonio, se celebren cada año para el descanso de mi alma, de las de mis mayores y de las de mi esposa, cuando Dios la hubiere llamado a su seno, dos aniversarios, cada uno de limosna de diez duros, el uno en la parroquia de esta ciudad donde ocurriere mi fallecimiento o donde tuviere mi habitación, si por acaso falleciere en otro punto, y el otro en la parroquia de la villa de Comillas donde fui bautizado, cuya obligación impongo a mis herederos en el modo y por el tiempo que lo permita la legislación vigente en la época de mi fallecimiento o la que se promulgare después. Y en seguridad del pago de la indicada limosna gravo, en cuanto esté permitido, la casa que poseo en la plaza de Medinaceli de esta ciudad señalada actualmente con el número ocho que forma esquina a la calle del Dormitorio de S. Francisco, y dado caso que en algún tiempo no pudiere subsistir esta carga en la expresada forma, encargo a mis albaceas y herederos que voluntariamente hagan celebrar dichos aniversarios o en su defecto misas que juntas sean de igual limosna, en las mencionadas iglesias y en el día arriba señalado.

Deseando que se perpetúe en lo posible el respeto y cariño que he tenido siempre y tengo a mi señora madre D.ª María López de López, ordeno que le sean pasados por durante su vida veinte reales vellón diarios de mis bienes, pagaderos por trimestres adelantados, cuya cantidad se considerará satisfecha después de la muerte de mi madre sin poderse reclamar por su heredero más suma que media anualidad si se debiere, aunque no exista resguardo alguno que justifique haberse pagado los semestres anteriores.

Dejo y lego a mi hermano D. Claudio López cinco mil duros para que los distribuya como le tengo ordenado de palabra. A mi criado Francisco Bru su carta de libertad y trescientos duros por una sola vez. A la negra Eloísa doscientos duros. A mi sobrina y ahijada los dos mil quinientos pesos fuertes por que la tengo suscrita en la sociedad La Tutelar de Madrid y las rentas que hayan producido. A los pobres, quinientos duros.

Lego a mi muy amada esposa D.ª Luisa Bru de López todo el ajuar, ropas, joyas, alhajas, muebles y demás efectos de la habitación donde yo viviere al tiempo de mi fallecimiento y de cualquier otra que tuviere propia o alquilada para casa de campo y/u otro objeto de comodidad y recreo; declarando para evitar dudas, que no entran en este legado las partidas de dinero, acciones, obligaciones, pagarés, títulos u otro papel del Estado, ni demás valores destinados a producir renta ni los documentos de crédito que se encontraren en dicha habitación o habitaciones.

Dispongo que luego de seguida mi muerte, mi esposa con intervención de cualquiera de mis demás albaceas tome inventario de mis bienes, queriendo que sobre su consistencia se la crea por su sólo dicho, sin podérsela molestar sobre el particular pues tengo en ella la más ilimitada confianza, y prohíbo se formen autos de testamentaria ni otro expediente judicial acerca de mi sucesión o disposiciones.

Quiero que la referida mi estimada esposa D.ª Luisa Bru de López, a más del usufructo pactado en favor de la misma por durante su vida y conservarse viuda en la escritura de capítulos matrimoniales que otorgamos en poder del notario de esta ciudad D. Antonio Alsina a primero de febrero de mil ochocientos cuarenta y nueve, por cuyo usufructo no deberá prestar caución alguna, y a más del quinto de mis bienes presentes y futuros de que en la propia escritura le hice aumento de dote y esponsalicio disponible a su libre voluntad, tenga también la facultad que le concedo de disponer de mis bienes hasta la cantidad de veinte mil pesos fuertes, ya sea para mejorar a cualquiera de los hijos ya para señalar una pensión vitalicia a su madre D.ª Luisa Lassús de Bru, si quedare sin recursos para subsistir, la cual no debe pasar de dos duros diarios, ya para cualquier otro objeto a su voluntad y tanto por acto entre vivos como por última disposición.

A cada uno de mis hijos Antonio, Claudio, María Luisa e Isabel y demás que dejare nacidos o póstumos, señalo la cantidad de diez mil pesos fuertes que le será entregada cuando cumpla los veinte y cinco años o antes si mi esposa lo cree conveniente, cuya cantidad servirá a cada uno de ellos a cuenta de su porción de herencia y hasta tanto que se les haga dicha entrega deberán ser mantenidos y educados en la casa y en compañía de mi esposa o donde ella destine. Así mismo dejo a discreción de mi esposa y demás albaceas el determinar la época de retirar los fondos que tengo impuestos a nombre de mis hijos en La Tutelar así como la de hacerles entrega de su respectiva porción y de los beneficios o aumentos que hubiere producido, todo lo que recibirán a cuenta de su porción de herencia.

Faculto a mi esposa y albaceas para que tomen la resolución de que sigan la casa o casas de comercio que yo dejare establecidas o para crear otras, con el capital que tuvieren por conveniente, quedando obligados a las resultas de los negocios los bienes que constituyan la herencia de mis hijos, pues el objeto que me propongo al conceder esta autorización es el de que estos puedan seguir la carrera mercantil, por lo que en tal caso se debería poner la casa en nombre de Herederos de D. Antonio López y López, ya sea solos ya en compañía con otros, empero prohíbo siga en nombre de mi esposa, por no querer que esté sujeto a las resultas de los negocios lo que a la misma pertenezca en virtud de los mencionados capítulos matrimoniales y de esta mi testamentaria disposición. En el caso de no considerarse conveniente la continuación del comercio, mi esposa, con intervención de los albaceas, colocará en fincas a nombre de mis herederos o en otros valores que produzcan renta y sean de su satisfacción, y salvo siempre su derecho de usufructo, los capitales que fueren realizándose.

En lo restante de mis bienes, muebles y sitios presentes y futuros, derechos y acciones que por cualquier título me competan, finido el usufructo correspondiente a mi esposa, instituyo herederos míos universales a mis queridos hijos Antonio, Claudio, María Luisa e Isabel y a los demás nacidos o póstumos que tal vez dejare, por iguales partes y a sus libres voluntades con tal que lleguen a la edad de diez y seis años, si con las hembras, y veinte años los varones, pues a cualquiera de ellos que falleciere antes de esta edad le substituyo los demás hijos míos y hermanos suyos que le sobrevivan, y en caso de que todos fallecieran antes de la expresada edad, sustituyo al último de ellos y heredero mío, instituyo a mi apreciado hermano D. Claudio López y López, si viviere, y en caso de que hubiere premuerto a sus hijos por iguales porciones, salvo siempre el usufructo y demás correspondiente a mi esposa en el modo dicho.

Nombro tutores y en su caso curadores de mis hijos a mi amada esposa D.ª Luisa Bru de López, a mi hermano D. Claudio López y López, y a los amigos D. Patricio de Satrústegui, D. Antonio Sánchez de Movellán, D. José Gayón y D. Tomás Coma, relevándoles de prestar caución y queriendo que en cualquier asunto de los expresados en este mi testamento, para cuya resolución les he facultado o en cualquier otro, sea de la importancia que fuere, el voto de mi esposa con tal de unírsele el de alguno de dichos sujetos prevalezca y se siga en un todo. Y después del fallecimiento de mi esposa o de cesar su usufructo por contraer segundas bodas, dispongo que la administración de mis bienes se ejerza por dicho mi hermano D. Claudio, consultando en los asuntos arduos y de importancia a los demás tutores, a quienes recomiendo que para las cuestiones de derecho tomen consejo de mi letrado D. Francisco Barret, facultando también a estos para que en ausencia de mi esposa o siendo menores los que debieren entrar a pacer mis bienes puedan emposesionarse de estos sin intervención de tribunal, usando así de las facultades que me conceden los artículos mil doscientos sesenta y cuatro y cuatrocientos siete de la ley de enjuiciamiento civil.

Esta es mi última voluntad que quiero valga por testamento, codicilo o por aquella especie de última voluntad que mejor en derecho valer pueda, con el cual revoco todos los anteriormente por mí hechos aunque contengan cláusulas o palabras derogatorias de que deba de hacer mención expresa, inclusos el que entregué cerrado al notario Dn. Antonio Alsina y el que otorgué posteriormente en poder del autorizante, pues quiero que el presente a todos los demás prevalga en el mejor modo que en derecho haya lugar. Y el testador, conocido del infrascrito notario, lo firma siendo testigos Dn. Ignacio Mas y D. Plácido Villaverde de esta vecindad. Valen los enumerados. [Sigue la rúbrica de Antonio López y López.] Ante mí, Ramón de Miquelerena.

4

Testamento abierto otorgado por Antonio López y López en Barcelona el 27 de enero de 1870 ante el notario Ramón de Miquelerena.

En la ciudad de Barcelona, a veinte y siete de enero de mil ochocientos setenta. Ante D. Ramon de Miquelerena, notario público del colegio del territorio de esta Audiencia, vecino de la presente ciudad. En nombre de Dios amen. Yo Dn. Antonio López y López, del comercio, natural de la villa de Comillas, provincia de Santander y vecino de esta ciudad de Barcelona, hijo legítimo y natural de D. Santiago López Ruiz del Piélago, difunto, y de D.ª María López Conde de la Madrid, viviente, hallándome con perfecta salud y claro entendimiento y queriendo disponer de mis bienes, ordeno este mi testamento, por el cual elijo en albaceas a mi muy querida esposa D.ª Luisa Bru de López, a mi estimado hermano D. Claudio López y López y a mis apreciados amigos D. Antonio Sánchez de Movellán y D. Patricio de Satrústegui, quienes o los que de ellos se hallaren presentes cumplirán en lo concerniente a dicho cargo lo que por mí ordenado en las cláusulas que hacen a los mismos referencia.

Primeramente quiero que mis deudas sean pagadas si algunas dejare, averiguada que sea la verdad de las mismas.

Elijo mi sepultura en el panteón de mi propiedad en el cementerio de la presente ciudad, pues lo adquirí con la mira de que se depositaran en él mis restos y los de mi esposa y de nuestra querida familia, queriendo por consiguiente que cuando y donde quiera que ocurra el fallecimiento de alguno de nosotros dos sean sus restos trasladados a aquel lugar de descanso inmediatamente, o tan pronto como pudiese hacerse, así como podrán disponerlo mis hijos para los suyos y de su familia cuando Dios los llame a su seno.

Dejo el entierro y funerales a discreción de mis albaceas encargándoles eviten toda pompa y ostentación pero que en el acompañamiento haya un número de niños y ancianos de los establecimientos de beneficencia a quienes se retribuirá del modo que bien parezca a dichos albaceas.

Encargo a estos que en sufragio de mi alma hagan celebrar quinientas misas de la limosna de ocho reales una, de las cuales las cien se celebrarán en la iglesia de la parroquia donde hubiere fallecido y las restantes cuatrocientas en la iglesia de la villa de Comillas.

Lego a mi muy estimada y respetada madre la pensión anual de doce mil reales por durante su vida, pagadera por trimestres adelantados y a cargo de mi usufructuaria en lugar de los treinta duros mensuales que esta hubiera debido pasarle en virtud de la escritura matrimonial de la que se hablará después.

Lego a mi estimado hermano D. Claudio la cantidad de diez mil duros a fin de que la distribuya como le tengo encargado de palabra pero sin deber dar a nadie cuentas de su inversión. Si él me premuriese, se entregará aquella cantidad a D. Patricio de Satrústegui para el mismo objeto que también le tengo manifestado y sin deber tampoco dar cuenta de la inversión de la misma.

Lego a D. Antonio Sánchez de Movellán la cantidad de mil quinientos duros para el objeto que le tengo indicado de palabra y de cuya cantidad nadie podrá pedirle cuenta.

Lego a D. Serafín Romeu de la Habana y a su esposa D.ª Josefa Robato las dos negras de mi propiedad que hoy tienen en su casa, entendiéndose que si alguno de ellos me premuriese será este legado para el otro que me haya sobrevivido y si ambos estuviesen premuertos pertenecerán las dos negras a las hijas solteras, una o más, que aquellos hubiesen dejado.

Lego a mi criada Eloísa López, si al tiempo de mi fallecimiento estuviese aún a mi servicio y continuare al de mi esposa hasta que su salud le permita trabajar, la pensión de seis reales diarios desde el día en que se hubiere imposibilitado de trabajar hasta el de su muerte.

Lego a mi antiguo criado, el negro Francisco, residente en Cuba, quinientos duros por una sola vez.

Lego a mi criado Raymundo Cotero, si aún me sirviere en el día de mi fallecimiento, trescientos duros por una sola vez.

Lego a mi otro criado Fosé Ribas en el mismo caso de que aún me sirva en el día de mi fallecimiento doscientos duros por una sola vez.

A los demás criados y criadas que estén sirviendo en mi casa en la época de mi fallecimiento, les dejo y lego cien duros a cada uno, también por una sola vez.

Lego a mi prima Rosario Fernández la pensión anual de cien duros durante su vida pero a condición de lo que según mis asientos me adeuda su marido y obligue la finca que tiene en Lebrija en favor de mis herederos para que estos puedan reclamarlo y cobrarlo después del fallecimiento de la misma.

Lego a mi otra prima Ramona Fernández quinientos duros por una sola vez.

Lego a D. Juan José Doblado, vecino de Lebrija, la cantidad de quinientos duros, la cual será entregada a mi hermano D. Claudio para que este se encargue de ponerla en sus manos y le dispenso además de lo que me estuviere debiendo al tiempo de mi fallecimiento.

Mi amigo D. Agustín Díaz, mi hermano D. Claudio y mis otros amigos D. Antonio Sánchez de Movellán, D. Patricio de Satrústegui, D. Carlos de Eizaguirre, D. Evaristo Arnús y D. Francisco Sepúlveda y Ramos, escogerán de entre los objetos de mi uno, el que cada uno de ellos desee poseer, pues quiero que lo tengan y conserven en memoria del cariño y aprecio que les profeso.

Relevo a mis hermanos políticos D.ª Caridad Masó y D. Ramón Bru de satisfacer a mis herederos lo que actualmente me están debiendo en el caso de que en todo o en parte no me haya sido satisfecho durante mi vida. Igual relevación de lo que acredito de D. José y D. Juan Camps dispongo en favor de estos y aunque perdono con todo mi corazón y como debe todo buen cristiano las ofensas y disgustos que me han causado algunos de mis parientes por afinidad, encargo no obstante a mi esposa e hijos que se abstengan de tener negocios o relaciones de interés con los mismos.

Lego la cantidad de quinientos duros con destino a hacer mejoras en el cementerio de Comillas, pueblo de mi naturaleza.

Recomiendo a mi muy amada esposa y a mis queridos hijos que miren por la fundación que hice con escritura otorgada en junio de mil ochocientos sesenta y nueve en poder del notario de esta ciudad D. Miguel Martí y Sagristá para socorro de los pobres y para instrucción de niños y niñas de dicho pueblo de Comillas. Y seguro como estoy de sus buenos sentimientos y de su respeto a mi voluntad, dejo a su cuidado y discreción que atiendan según las circunstancias lo exigieren a que se cumpla aquel objeto para el cual destiné y entregué los valores que consideré suficientes, mas con esta recomendación no entiendo imponerles ninguna obligación legalmente exigible ni gravar en manera alguna los bienes que de mí heredarán, a no ser que se encuentre alguna disposición por mí escrita o firmada en la que tuviere a bien señalar otras cantidades o valores con aquel objeto.

Declaro que las cantidades que he recibido pertenecientes a mi amada esposa, D.ª Luisa Bru, incluso el dote que me aportó en los capítulos matrimoniales firmados en poder del notario de esta ciudad D. Antonio Alsina y Tomás a primero de febrero de mil ochocientos cuarenta y nueve ascienden a veinte y seis mil trescientos ochenta y dos duros, pero como de una parte de esta cantidad, a saber, de catorce mil cuatrocientos once duros se debe satisfacer y estoy satisfaciendo a su madre D.ª Luisa Lassús, viuda de Bru, en virtud del usufructo dejado a la misma por su difunto esposo D. Andrés Bru el interés anual de seis por ciento al año, será obligación de dicha mi esposa el pago de los intereses a su referida madre en caso de que esta me sobreviva.

Lego a la referida mi esposa en prueba de mi cariño la cantidad que sea necesaria para que con los veinte y seis mil trescientos ochenta y dos duros que acredita según lo acabo de declarar, y con el importe del quinto de todos mis bienes que la hice de aumento de dote y esponsalicio en la mencionada escritura de capítulos matrimoniales, tenga doscientos cincuenta mil duros y por consiguiente con esta suma deberá darse por satisfecha no sólo de dichos veinte y seis mil trescientos ochenta y dos duros, si que también de lo que pudiere importar el referido quinto de mis bienes, pero los expresados doscientos cincuenta mil duros no le serán entregados en metálico sino que en pago de los mismos le lego la heredad nombrada la «Moguda» con todas sus pertenencias, que poseo en el término de Santa Perpetua, la cual estimo en ciento cincuenta mil duros, y la casa que poseo en la Plaza de Medinaceli de esta ciudad esquina a la del Dormitorio de San Francisco, que estimo en cien mil duros, con la prevención sin embargo de que si la misma mi esposa no dispusiese de estas dos fincas entre vivos o en última voluntad en favor de uno o más de nuestros comunes hijos, podrán estos quedarse dichas dos fincas o cualquiera de ellas mediante entregar a su madre o a quien esta hubiere dispuesto las respectivas cantidades en que las he estimado, de cuya facultad podrán aquellos, bien sea juntos, bien uno o más que lo desearen en el caso de que no todos no quisieren utilizarla.

Lego también a mi amada esposa todo el ajuar, ropas, alhajas, muebles, carruajes y demás efectos de la habitación donde yo viviera al tiempo de mi fallecimiento y de cualquiera otra que tuviere propia o alquilada, para casa de campo u otro objeto de mi comodidad y recreo, declarando para evitar dudas que no entran en este legado las partidas de dinero ni ningún valor destinado a producir renta.

En atención a que en la citada escritura de capítulos matrimoniales fue convenido que mi esposa en caso de sobrevivirme quedaría usufructuaria de mis bienes, relevada de toda caución y con la condición de conservarse viuda, es mi voluntad que tenga dicho usufructo por el tiempo y con la condición establecida en aquella escritura, pues se lo hubiera legado también por este testamento si hubiera sido menester.

Prelego a cada uno de mis cuatro amadísimos hijos Antonio, Claudio, María Luisa e Isabel y a los demás nacidos o póstumos que tal vez dejare la cantidad de cincuenta mil duros que les será entregada cuando tomen estado si lo hicieren a gusto y con aprobación de mi esposa y en su defecto con el beneplácito de mi hermano D. Claudio o en su falta con el de uno de los curadores por el orden con que los designaré, pudiendo sin embargo los curadores en la ocasión de tomar estado cualquiera de mis hijos, resolver que en lugar de entregársele desde luego la referida cantidad de cincuenta mil duros se le pase anualmente la de dos mil quinientos duros como rédito al cinco por ciento de aquel capital.

Dispongo que luego de seguida mi muerte, mi esposa con intervención de las personas nombradas para tutores o curadores, o de su mayor parte, o si esta no se pudiere reunir, con la de cualquiera de los mismos, tome inventario de mis bienes, queriendo que sobre su conciencia se la crea por su solo dicho sin podérsela molestar sobre el particular, pues tengo en ella la confianza más ilimitada.

Prohíbo se formen autos de testamentaria u otro expediente judicial acerca de mi sucesión y disposiciones pues es mi voluntad que todo se practique buenamente por las personas a quienes incumba según este mi testamento y en los términos en el mismo prevenidos. Y a fin de que no pueda ocurrir la menor dificultad para la realización de cualesquiera letras de cambio, pagarés, acciones, obligaciones, títulos o documentos de la deuda pública de cualesquiera nación que sean, y demás valores de toda especie, aunque no estén aquí expresados, faculto a mi esposa en unión de uno de los demás tutores y curadores sea este cual fuere para canjear, cobrar, retirar, vender, o en otra manera disponer de dichos valores, bastando sus dos solas firmas para la seguridad de los establecimientos, oficinas o personas de donde los retiraren y para la de todos aquellos a quienes los vendieren o negociaren según mejor les parezca. Y así mismo podrán invertir las cantidades que por razón de dichos valores fueren realizando cuya inversión harán en fincas en nombre y a utilidad de mi herencia.

Si mi casa de comercio continuare en la época de mi fallecimiento con las condiciones que la escritura social hoy contiene, quiero que sean sus jefes con las mismas facultades que me competen por dicha escritura mi hermano D. Claudio López y mi amigo D. Patricio de Satrústegui, por tener en ellos la más cumplida confianza. Ellos decidirán si alguno de mis hijos deberá dedicarse al comercio, en cual caso lo colocarán en la casa en la situación y con las condiciones que fijaren, señalándole de los beneficios la parte que tuvieren a bien. Si llega este caso recomiendo dichos mis hijos muy particularmente a mi íntimo amigo Satrústegui, de quien no dudo que los mirará con el mismo interés y cariño con que mira a los suyos, es mi deseo empero que aun cuando por inclinación de mis hijos y por creerlo dichos sujetos conveniente se determinare que uno de ellos o ambos se dediquen al comercio, no dejen por esto de concluir la carrera que hoy siguen.

Si la sociedad actual se liquidare, se invertirá en fincas el capital a medida que se realice, y lo mismo encargo por lo tocante a los beneficios que hubiere producido posteriormente a mi fallecimiento, empero de estos beneficios se aplicarán a mi esposa mientras dure su usufructo y como réditos de este los equivalentes al cinco por ciento anual sobre el capital que represento en dicha sociedad de Antonio López y Compañía, quedando los restantes en aumento de mi herencia.

En lo restante de mis bienes, muebles y sitios presentes y futuros derechos y acciones que por cualquier título me competan, finido empero el usufructo correspondiente a mi esposa, instituyo herederos míos universales a mis muy queridos hijos Antonio, Claudio, María Luisa e Isabel y a los demás nacidos o póstumos que tal vez dejare, por iguales partes y a sus libres voluntades.

Nombro tutores y en su caso curadores de mis hijos, a mi estimadísima esposa D.ª Luisa Bru de López, conservándose viuda, a mi hermano D. Claudio López y López, a D. Antonio Sánchez de Movellán y a D. Patricio de Satrústegui, a quienes y a la mayor parte de los mismos faculto y autorizo ampliamente para el desempeño del cargo. En falta de la primera no será reemplazada, desempeñando únicamente aquel cargo desde entonces los tres restantes o la mayor parte de los mismos, pero cualquiera de estos que falleciere, será reemplazado por uno de mis apreciados amigos D. Carlos de Eizaguirre, D. Francisco de Sepúlveda y Ramos y D. Evaristo Arnús, por el orden con que acabo de mencionarlos, de manera que siempre haya al menos tres tutores o curadores, aunque para cualquier acto bastará la mayoría de ellos y si por su fallecimiento no quedare el número de tres tutores o curadores, no por esto se reemplazarían los que hubiesen fallecido, bastando entonces para el ejercicio de dicho cargo los que quedaren, aun cuando fuere uno solo. Y les relevo a todos de prestar fianza queriendo que en cualquier asunto que interese a mi herencia y bienes reales de la importancia que fuere, el voto de mi esposa con tal de unírsele el de alguno de dichos sujetos baste o prevalezca y se siga en un todo, y que en caso de cesar el usufructo de aquella se ejerza la administración de mis bienes por mi hermano D. Claudio, sin perjuicio de que en la resolución de los asuntos arduos y de importancia y para la inversión de los fondos concurrirán los demás de manera que se suma el voto de la mayoría que según tengo arriba dispuesto, ha de ser bastante para el desempeño del cargo.

Esta es mi última voluntad que no dudo será respetada y cumplida por mis idolatrados esposa e hijos y por las demás personas queridas a quienes incumbe, debiendo todos ellos estar persuadidos de que es la verdadera expresión de mi mucho cariño hacia todos, de que si más no he hecho en favor de los últimos ha sido por no ofender su delicadez y por creer que lo más adecuado a sus sentimientos era que tuviesen una memoria, así como si no he seguido la costumbre de este país de instituir heredero a mi primogénito Antonio ha sido no sólo obedeciendo a un sentimiento de justicia, si que también por conocer y apreciar los de su noble corazón respecto a sus hermanos de quienes será siempre el amigo y consejero en cambio del afecto con que estos le corresponderán, teniendo todos el mayor y más respetuoso cariño a su excelente madre de manera que después de mis días continúe siendo mi familia un modelo de los mejores y mereciendo todos mi bendición. Y dicha mi última voluntad quiero que valga por testamento, codicilo o aquella especie de disposición que mejor en derecho valer pueda con el cual revoco todos los anteriormente hechos, aunque contengan cláusulas o palabras derogatorias, inclusos el que entregué cerrado al notario de esta ciudad D. Antonio Alsina y los que posteriormente otorgué ante el infrascrito notario en diez y siete setiembre de mil ochocientos cincuenta y seis y seis junio de mil ochocientos sesenta y uno y cualesquiera otras disposiciones testamentarias mías. En cuyo testimonio lo otorga siendo presentes por testigos D. José de Viala y D. Rafael Elías, vecinos de esta ciudad, los que han declarado no tener tacha legal que se lo impida; a quienes y al testador he leído este testamento íntegramente según previene la ley, no habiendo querido usar de la facultad que esta les concede después de advertidos de la misma. Y el testador, cuya persona, posición y vecindad doy fe conocer, lo firma con los testigos. Así lo aprueba y firma el testador. [Y siguen las cuatro rúbricas.]

5

Testamento otorgado por Antonio López y López en Barcelona el 9 de marzo de 1880. Fue entregado dentro de un sobre cerrado al notario Ramón de Miquelerena el 27 de marzo de 1880 y abierto por el notario Luis Gonzaga Soler y Pla el 25 de junio de 1883.

En la ciudad de Barcelona a veinte y siete Marzo de mil ochocientos ochenta. Constituido en mi despacho el Excelentísimo Señor D. Antonio López y López de sesenta y un años de edad, hacendado y del comercio, casado, vecino de esta capital, según cédula personal del número veinte y dos, quien declarando y apareciendo tener la capacidad legal debida para este acto me ha hecho entrega de esta plica cerrada, diciendo que contenía un testamento, el que quería valiere por tal o por aquella especie de última voluntad que mejor en derecho pueda valer, con el cual revoca todos los anteriormente por el mismo señor hechos aunque contengan palabras derogatorias y me requirió para que levantase este auto que firma conocido de mí el infrascrito Notario con los testigos instrumentales D. Jaime Farré y D. José Carbó vecinos de Barcelona, llamados y rogados por el propio excelentísimo señor testador. De todo doy fe. A. López. Jaime Farré testigo. José Carbó testigo. Ramón de Miquelerena.

En nombre de Dios Todopoderoso, Amen. D. Antonio López y López del comercio natural de la Villa de Comillas, provincia de Santander y vecino de esta ciudad de Barcelona, hijo legítimo y natural de D. Santiago López y Ruiz del Piélago y de D.ª María López, de la de Madrid, difuntos, ordeno este testamento en el cual nombro Albaceas a mi amada esposa D.ª M.ª Luisa Bru de López y a mis queridos hijos D. Claudio, D. Eusebio Güell y D. Joaquín del Piélago, a mi querido hermano D. Claudio López, a mis buenos amigos D. Patricio de Satrústegui y D. Antonio Sánchez de Movellán, para que juntos o los que de ellos podrán intervenir, ejecutar lo por mí dispuesto en lo concerniente a dicho cargo en las cláusulas que hacen a los mismos referencia.

Quiero que mis deudas sean pagadas si alguna dejare, averiguada que sea la verdad de la misma.

Elijo en sepultura la Capilla-Panteón que al efecto erigí en Comillas con la mira de que se depositaran en él los restos de mi Madre, de mi Hermano y los de mi hijo Antonio, los míos, los de mi amada Esposa y los de nuestra familia, queriendo por consiguiente que cuando y donde quiera que ocurra el fallecimiento de algunos de nosotros dos, sean sus restos trasladados a aquel lugar de descanso inmediatamente o tan pronto como pudiese hacerse; así como podrán disponerlo mis hijos para los suyos y los de su familia cuando Dios los llamare a su seno.

Dejo el entierro y funerales a discreción de mis Albaceas, encargándoles eviten toda pompa y ostentación, pero que en el acompañamiento haya un número de niños y ancianos de los establecimientos de beneficencia a quienes se retribuirá del modo que bien parezca a dichos albaceas. Encargo a éstos que en sufragio de mi alma hagan celebrar quinientas misas de la limosna de ocho reales una, de las cuales las cien se celebrará en la Iglesia de la parroquia donde hubiere fallecido y las restantes cuatrocientas en la Iglesia de la Villa de Comillas.

Lego a cada uno de mis queridos hijos Claudio e Isabel aquella suma que respectivamente les faltare para completar su respectiva legítima en la época de mi muerte, debiéndose imputarse en ella las cantidades que les han sido dadas a cuenta de futura herencia.

Declaro que las cantidades que he recibido pertenecientes a mi amada esposa incluso el dote que me aportó en los capítulos matrimoniales firmados en poder del notario de esta ciudad D. Antonio Alsina y Tomás a 1 de Febrero de 1849 ascienden a 26.382 duros. Declaro igualmente que pertenecen a mi amada esposa el quinto de todos mis bienes; pero deseo que este quinto en cuanto afecta a los bienes inmuebles que han de formar el fideicomiso de que luego hablaré, sea representado en dinero, a fin de que no se establezca condominio en ellos y se sitúe su valor en el restante cuerpo hereditario. Confirmo el título en que dicho quinto fue otorgado.

En testimonio que profeso a mis hijos políticos D. Eusebio Güell y D. Joaquín del Piélago, deseo escojan para sí y en memoria mía un objeto de su uso. Igual muestra de aprecio reciban mi hermano D. Claudio López y mis amigos D. Antonio Sánchez de Movellán y D. Patricio de Satrústegui, quienes espero escogerán en memoria mía un objeto de mi uso personal.

Lego a mi nieto Juan Antonio Güell cincuenta mil duros, a Isabel Güell y López como expresión de cariño por ser mi primera nieta le dejo por vía de legado, veinte mil duros y a cada uno de los demás hermanos Güell diez mil duros. Estos legados les serán entregados con sus intereses a Juan Antonio y a los demás varones cuando llegaren a su mayor edad si sus padres lo creen conveniente, y a las hembras cuando tomen estado, si lo hacen a gusto de sus padres.

A la persona que por hallarse ser mi heredero tenga la casa de mi habitación sita en la calle de la Puertaferrisa de esta ciudad, quiero que permita vivir en uno de los segundos pisos de dicha mi casa y por durante su vida y sin pago de alquiler, a mi apreciable hijo D. Joaquín del Piélago mientras se conserve viudo y la ocupe viviendo en Barcelona. Igualmente quiero puedan continuar viviendo el otro segundo piso mi hermano D. Claudio y su esposa, pagando el alquiler que actualmente paga; o sin pago de alquiler si la situación de su fortuna no se lo permitiese.

Declaro que con escritura otorgada en el mes de junio de 1869 en poder del notario de esta ciudad D. Miguel Martí y Sagristá, ordené una fundación piadosa, que trato de ampliar en vida, mas para el caso de que falleciere antes de realizarla, la llevará a efecto mi heredero, completándola con una suma en renta de cuatro mil duros efectivos todos los años, que sitúo sobre mis bienes inmuebles de Navalmoral de la Mata, de Comillas, y de mi casa de Santander, a saber, tres mil y quinientos duros en Navalmoral, y hasta el completo en las demás fincas de Comillas y Santander, de modo que si la una no produjera la renta suficiente, que vaya a la otra. Dicha fundación tendrá por objeto: 1.º Sostener el culto de la Capilla Panteón de Comillas en donde se ha de celebrar cuando menos una misa diaria por el descanso del alma de mis Padres, la de mi hijo Antonio; la de mi hija M.ª Luisa, la de mi hermana, la nuestra o sea la de mi esposa y la mía, la de nuestros hijos y por último la de todos los que estén enterrados en él que han de ser precisamente de la familia, en la que incluyo a D. Joaquín del Piélago. Para atender al culto se emplearán anualmente veinte y cuatro mil reales con los cuales serán dotados dos capellanes, un sacristán y el culto. Los capellanes deberán vivir en la casa pegada a la Capilla y serán preferidas las personas que sean de la familia. Además de ofrecer las misas en favor de las almas de los difuntos enterrados en la Capilla según lo antes determinado, practicarán los demás actos religiosos que les sugiera su buen celo, y cuidarán de instruir a los muchachos del pueblo en la buena moral, preparándoles para la carrera que deseen seguir siempre que esté dentro de sus conocimientos. 2.º objeto: Destinar mil duros anuales para hacer limosnas a los ancianos pobres del pueblo de Comillas que no puedan trabajar y para los enfermos crónicos hijos del pueblo que no sean admitidos en el Hospital de Comillas. 3.er objeto: Destinar quinientos duros anuales para dotar cinco hijas muchachas del pueblo de Comillas y de padres pobres y honrados, entregándoles al casarse lo que corresponda a cada una. 4.º objeto: Destinar también quinientos duros para enseñar oficios a los muchachos pobres, debiendo ser todos los favorecidos hijos del pueblo de Comillas. 5.º objeto: Destinar doscientos duros anuales para aumentar la dotación del Maestro de Escuela de Comillas, siempre que sea el agraciado del gusto de mi heredero. 6.º objeto: Destinar cien duros anuales para aumentar la dotación del Maestro de primeras letras del pueblo de Ruiseñada; con la misma condición que el anterior. 7.º objeto: Destinar doscientos duros anuales para la maestra de niñas de Comillas con la misma condición arriba expresada. 8.º objeto: Destinar trescientos duros anuales para aplicar al mejor culto de la Iglesia de Comillas, con la obligación de que el organista vaya a tocar a la Capilla cuando lo pidan mis capellanes o mi heredero. Este podrá alterar dentro de su conciencia la forma de distribución de fondos, aumentando o disminuyendo las dotaciones según las necesidades, pero no la cantidad de mil doscientos duros que señalo para el culto de la Capilla Panteón, que deseo sean los primeros que se paguen. Si en carta separada altero en todo o en parte esta fundación establecida, quiero se observe lo que en ella dispusiese. Será Patrono de esta fundación aquel de mis herederos que tenga el Marquesado de Comillas y en su desempeño oirá el consejo del Cura Párroco de Comillas, quien podrá velar si se hace en una u otra forma piadosa o caritativa la inversión anual de los cuatro mil duros, y caso de no hacerse, le recomiendo requiera el cumplimiento de mi voluntad caritativa y piadosa; mas con esta recomendación no entiendo imponer al patrono ninguna obligación legalmente exigible, antes quiero, que en el caso de que se entrometiera a disponer de los bienes de dicha fundación cualquiera autoridad o personalidad distinta a la de mi sucesor en el título de Marqués de Comillas, en quienes tengo mi absoluta y exclusiva confianza, recobre en el acto dicho mi sucesor la facultad de anularla y de disponer libremente de mis bienes gravados.

Lego varios vitalicios en codicilo o en codicilos separados y quiero que los legados que fueren continuados en cualquiera memoria que se hallare en el cajón de mi escritorio, sean cumplidos y ejecutados, bastando para la autenticidad de dicha memoria que sea firmada de mi puño y letra.

Reconocido a la singular bondad de mi esposa y a que durante mi matrimonio ha hecho mi felicidad, secundando todos mis actos, con lo cual ha contribuido a que adquiriera la fortuna que hoy tengo, quiero honrarla y favorecerla nombrándola heredera de todos mis títulos y de todos mis bienes, en la conformidad que expreso en este capítulo y en los que luego redactaré. Deseo que el título de Marqués de Comillas con que he sido agraciado por el Rey nuestro Señor quede arraigado en mi familia e instituyo heredera del mismo a dicha mi amada esposa, con el gravamen empero de traspasarlo después de sus días a nuestro hijo Claudio, y si dicho hijo Claudio la premuriese, ruego lo traspase a los hijos de nuestro Claudio, no a todos juntos, sino el uno después del otro de mayor a menor con preferencia de varones a hembras, pudiendo mi hijo Claudio preferir a cualquiera de sus hijos o sus hijas en la sucesión de este fideicomiso en el testamento que otorgare o hubiese otorgado, pero quiero subsista el fideicomiso en los grados que paso a establecer. Si mi hijo Claudio muere con hijos, aquel de estos que siendo heredero de fideicomiso muera con hijos, podrá elegir en testamento de entre ellos el sucesor del fideicomiso, y no haciendo testamento o haciéndolo no dispusiere de la sucesión a favor de uno solo, quiero vaya el fideicomiso a dichos hijos de mayor a menor, con preferencia de varones a hembras, teniendo el derecho de representación los hijos del hermano o hermana premuertos, y si este fideicomiso llega a uno de mis bisnietos por disposición de su padre, aunque sea premuerto, o por la mía en sustitución, en este último caso quiero que el varón de más edad y de este al otro sucesivamente, hasta que agotado el orden de varones pase al de las hembras también de mayor a menor, pudiendo aquel o aquella de mis bisnietos que muera siendo heredero con hijos disponer del fideicomiso a favor de uno cualquiera de sus hijos o hijas, y en falta de tal disposición, nombro de ellos al tataranieto de mayor edad y de este al otro sucesivamente y después a sus hermanas una por una de mayor a menor, pudiendo aquel tataranieto o tataranieta que muera siendo heredero con hijos, disponer libremente entre sus hijos y no existiendo tales hijos, pase el fideicomiso al hermano o hermana que le corresponda teniendo presente que los hijos del premuerto tienen el derecho de representación, pero subordinado al testamento de su respectivo padre premuerto en la elección de uno cualquiera de sus hijos o hijas para heredar este fideicomiso, y en falta de disposición electiva en los términos expresados, entrará la sucesión por orden de sexo y de edad guardadas las preferencias por mí establecidas. Si mi hijo Claudio me premuriese sin dejar sucesión legítima y natural, o dejándola, se extendiera hasta el cuarto grado respecto de mi persona, pasará el fideicomiso a favor de mi hija Isabel y ésta siendo heredera o premuerta dejando hijos, pasará a estos hijos en el modo que su Madre hubiese dispuesto en su testamento, mientras sea guardada en cabeza de uno solo la integridad de este fideicomiso y en otro caso por orden de sexo y de edad, y no habiendo tales hijos o habiéndolos muriesen todos sin dejar hijos legítimos y naturales, pasará la herencia a los hijos de mi hermano D. Claudio con las condiciones que luego diré. Si algunos de los hijos de mi hija Isabel siendo heredero muriese con hijos pasará a estos hijos en el modo que su padre o madre hubiese dispuesto en su testamento, guardada la integridad del fideicomiso y en otro caso por orden del sexo y de edad y si muriese sin tales hijos pase el fideicomiso sucesivamente de hermano a hermano hasta alcanzar a las hembras entre quienes correrá el fideicomiso del mismo modo, teniendo siempre el derecho de representación los hijos o hijas del premuerto subordinado empero a la preferencia de sexo y de edad, a no ser que hubiese otro orden establecido por el padre o madre premuertos que será preferido mientras se conserve la integridad del fideicomiso en uno solo de sus hijos o hijas, cuyo derecho de elección entre hijos e hijas sin necesidad de preferir los primeros a las segundas, lo extiendo a mis bisnietos. Entre estos se observará el propio régimen sucesorio, a saber, que aquel o aquella que siendo heredero muera con hijos o hijas podrá elegir de entre ellos el que haya de suceder en este fideicomiso y si habiéndolos no eligiere a uno de ellos para heredar íntegramente este fideicomiso en este caso llamo a sus hijos uno por uno de mayor a menor con preferencia de sexo, y en el otro caso que muera sin hijos, pasará la herencia de este fideicomiso al hermano o hermana que le corresponda, teniendo los hijos de este hallándose premuerto el derecho de representación; pero no todos juntos, sino que será preferido el elegido por su padre o madre para heredar este fideicomiso, guardada la integridad del mismo y en otro caso seguirá las reglas de preferencia por mí establecidas. Entre mis tataranietos se observará igual sistema, pero aquel de ellos que siendo mi heredero muera con hijos, podrá disponer libremente, cuidando de proveer a la conservación de mi Casa y Titulo. Y si al tiempo de mi muerte no hubiese sucesión legitima y natural de mi hijo Claudio y ni de mi hija Isabel, o habiéndola se extinguiera antes de traspasar mi cuarta generación en una y otra rama, haga este fideicomiso o tránsito a los hijos de mi hermano D. Claudio, también de mayor a menor, con preferencia de varones o hembras, teniendo los hijos e hijos de hijos de cada uno de los llamados el derecho de representación por el orden gradual preferente establecido por su Padre o Madre respectivo y en falta de esta elección, por el que dejo establecido comúnmente, esto es con preferencia de sexo y de edad, cuyo sistema se guarde hasta la cuarta generación de mi hermano D. Claudio de modo que si llega a su tataranieto y este muere con hijos, disponga dicho tataranieto libremente en el cuidado de conservar mi Casa y Titulo.

Si mi esposa me premuriese instituyo heredero en el Título de Marqués de Comillas a mi hijo Claudio con el gravamen de restitución a favor de alguno de sus hijos o hijas, aquel que eligiere en su testamento, y si este también me hubiese premuerto dejando hijos, o no habiéndome premuerto no utilizare el derecho de elección, o premuerto sin proveer a ella, se aplicarán entre sus hijos y descendientes legítimos y naturales las reglas del fideicomiso anteriormente dichas, debiendo aplicarse extinguida la rama de mi hijo Claudio antes de que salga de su cuarta generación, las reglas anteriores del fideicomiso en cabeza de mi hija Isabel hasta mi cuarta generación, y si esta rama se extinguiera antes de salir de mi cuarta generación, entiendo llamada al fideicomiso la sucesión legítima y natural de mi hermano D. Claudio del mismo modo establecido en el anterior capítulo.

Formarán el cuerpo propio del fideicomiso establecido en los dos anteriores capítulos que irá anexo al título de Marqués de Comillas, todas mis propiedades de Comillas que las componen; la mitad de la casa Materna de la Capilla Panteón, la casa que estoy edificando, la casa comprada a Moro, tres casitas más compradas últimamente, la mitad de las tierras y prados procedentes de la herencia de mi Madre, el Portazgo de la Rabia y todo lo demás que en Comillas posea a la época de mi muerte; mi casa en construcción de Santander, mi Hacienda de Navalmoral de la Mata con toda su ganadería y demás en ella existente, mi Hacienda de la Moguda, mi casa de la calle de la Puertaferrisa, mi casa sita en la Plaza de Medinacelli, mi casa de la calle de Córcega de la inmediata villa de Gracia, mi casa de Lebrija, el palco del Liceo, mis solares de Madrid y todas las referidas casas con su mobiliario, alhajas y demás que no sean valores efectivos en oro o plata o títulos de crédito, de acciones u obligaciones; las cuales cosas comprendidas en este fideicomiso quiero estén libres del quinto perteneciente a mi amada esposa, a cuyo efecto en el cap. 5.º ya he ordenado que su valor se sitúe en el restante cuerpo hereditario. Los bienes constitutivos de este fideicomiso deberán representar un valor igual a la tercera parte de mi herencia antes de deducirse el quinto de mi esposa, y no alcanzando los antes expresados bienes este tipo con respecto al valor total de la herencia sin deducción del quinto, quiero sea complementado con otros bienes raíces. Los valores de mis bienes serán los que consten en mi libro-balance y respecto de los bienes no valorados en él, se pasará por lo que diga mi hijo Claudio. Quiero que la masa de bienes constitutiva del fideicomiso sea irresponsable de las operaciones de mi casa, formando patrimonio separado para responder a todos los llamamientos y disposiciones que dejo formuladas. Irá anejo al Título de Marqués de Comillas para que se perpetúe con él, la fundación que dejo dispuesta en el anterior capítulo noveno, de modo que aquel sea el Patrono, que lleve el título de Marqués de Comillas. Prohíbo la detracción de la trebeliánica sobre los bienes de este fideicomiso y no subsistirá en los bienes referidos otro gravamen que el vitalicio dispuesto a favor de mi hijo D. Joaquín del Piélago, de mi hermano y de su esposa, sobre mi casa de la Puertaferrisa.

Instituyo heredera de los demás bienes, o sea de los dos tercios de mi universal herencia después de deducidos de ellos el quinto de la totalidad a mi muy amada esposa, para que haga de ellos en su vida lo que quiera sin limitación y le ruego que después de sus días traspase los que le queden a nuestros queridos hijos Claudio e Isabel por partes iguales, teniendo el derecho de representación los hijos respectivos de cada uno de los dos nombrados, pero en el modo y forma como su respectivo Padre o Madre hubiese dispuesto de su herencia. Si mi esposa me premuriese nombro herederos por partes iguales en dichos dos tercios a mis hijos Claudio e Isabel, con igual derecho de representación a favor de sus respectivos hijos y en el modo antes expresado.

Como pudiera suceder que en la época de mi muerte y por la premoriencia de mi amada esposa, interesasen en mi herencia, menores de edad, prohíbo se formen autos de testamentaria, inventario u otro expediente judicial acerca de mi sucesión y disposiciones, pues es mi voluntad que todo se practique buenamente por las personas a quienes incumba, que serán los respectivos padres, tutores o curadores de dichos menores, y a fin de que no pueda ocurrir la menor dificultad para la realización de cualesquiera letras de cambio, pagarés, acciones u obligaciones, títulos o documentos de la deuda pública de cualesquiera nación que sean y demás valores de toda especie, aunque no estén aquí expresados. Faculto a los padres, a los tutores o curadores en su caso, de los respectivos menores para canjear, cobrar, retirar, vender o en otra manera disponer de dichos valores, bastando la sola firma de los mismos para la seguridad de los establecimientos, oficinas o personas de donde los retirasen y para la de todos aquellos a quienes los vendieren o negociaren según mejor les parezca.

Si mi casa de comercio subsistiera en la época de mi fallecimiento, autorizo a mi heredero, y si lo es mi esposa, poniéndose de acuerdo con mi hijo Claudio, para liquidar o continuar con las condiciones que la escritura social tenga, siempre que no vengan a los riesgos de la casa los bienes inmuebles que tengo declarados para el fideicomiso, porque no quiero de ninguna manera que éstos corran los azares del negocio.

Para el caso de quedar menores directamente interesados en mi herencia, y de haber fallecido sus respectivos Padres sin la designación de tutores o curadores, o que dicha designación hubiese recaído en mi persona, nombro en tales casos tutor y curador a mi hijo Claudio y en su defecto a Don Eusebio Güell y a Don Joaquín del Piélago, relevándoles de toda prestación de fianza.

A todos mis hijos les recomiendo el mayor respeto y veneración hacia su excelente madre, mi carísima esposa, correspondiendo de este modo a mi cariño, que ha sido y es el móvil de mis desvelos y disposiciones encaminadas a levantar la dignidad de la familia, fomentar en ella los intereses morales, y conservar los materiales, para cuyos fines saludables he instituido la Fundación y el Fideicomiso unidos al Marquesado de Comillas y encargo especialmente a los que vayan sucediéndome en dicho Marquesado, después de mi amada Esposa, que procuren imitarme en el afecto que a los hijos profeso, conservando todos nuestro buen nombre y dignidad y haciéndose merecedores de la estimación de los hombres y de las bendiciones de Dios, que invoco para que acompañe a la mía, que del fondo del corazón a todos ellos envío.

Revoco todos los testamentos y demás especies de voluntad hasta aquí por mí otorgadas, sean inter líberos, revoco los testamentos otorgados ante el Not.º de esta ciudad Don Antonio Alsina a 25 de Abril de 1849 y ante el Not.º también de la misma Don Ramón de Miquelerena, de fechas si mal no recuerdo, de 17 de Setiembre de 1856, de 6 de Junio de 1861 y de 27 de Enero de 1870, o en pues aún los demás que tal vez hubiera otorgado por privilegiados que sean, quiero que no valgan. También doy por retirado el que otorgué cerrado a los 8 de Mayo de 1878, que entregué al Not.º Sr. Miquelerena.

Este es mi testamento que quiero valga por tal, o por aquella especie de última voluntad, que mejor en derecho tener y valer pueda, dándose después de mi muerte las copias que se pidieren.

Nota 1.ª Aumenta hasta cien mil duros el legado que dejo a mi nieto Juan Antonio Güell en el capítulo 7.º, pero esta manda en su favor es sólo para el caso que no se verifique en él el Fideicomiso, pues si se verificara quiero que estos cien mil pesos se repartan entre sus hermanos y hermanas en la forma siguiente, treinta mil para mi nieta Isabel Güell, y los setenta mil restantes prorrateados entre los que vivan.

Nota 2.ª Si bien en el cap. 9.º he dispuesto que el cura párroco de Comillas pueda celar si se hace la inversión anual de los cuatro mil duros, y caso de no hacerse le recomiendo requiera a mi heredero el cumplimiento de mi voluntad, pero sin imponer al patrono ninguna obligación legalmente exigible; en cuanto a los veinte y cuatro mil reales que anualmente se han de aplicar al culto de la Capilla, le doy poder y facultad para exigir legalmente su cumplimiento, para lo cual se le pasará copia testimoniada de esta cláusula y la de n.º 9 de este testamento.

Así lo otorgo en Barcelona, marzo 9 1880. A. López y López.

6

Memorias testamentarias ológrafas de Antonio López y López, a modo de codicilo, escritas en diferentes momentos y publicadas por el notario Luis Gonzaga Soler y Pla el 23 de marzo de 1883.

Relación de los legados a que me refiero en mi testamento del 9 de Marzo de 1880. Vitalicios: 1.º El de 1.200 $ a D. Caridad Bru de Masó. 2.º A D.ª Carmen Martínez de la Haba, de 1.200 pesos. 3.º A mi criada Eloísa, 2 duros diarios o sean 730 al año. 4.º a D. José Doblado de Lebrija, 300 pesos al año. 4.º A mi tía M.ª Agustina, de Ruiloba, 200 pesos. 5.º A D. Ant.º Pereda de Madrid, 400 pesos idem. 6.º A la negra criandera de mi hijo Ant.º 200 pesos. 7.º A la negra Narcisa 200 pesos. Estas dos negras están en Cuba.

Mandas por una sola vez. La de 40.000 pesos que se le entregarán a D. Patricio de Satrústegui y a D. Santiago G. Pinillos para que le den la aplicación que les tengo ordenada, sin dar a nadie conocimiento de esta inversión; $ 3.000 a D. Ramón Bru y su esposa D.ª Javiera; A D.ª Josefa Cuevas de Quijano y sus hijos, 3.000 $; A mi prima D.ª Nicolasa o sus hijos, 3.000 $; A mi primo Máximo Quijano como memoria 2.000 $; A mi criado Fco. Ojo si está a mi servicio 2.000 $; A las hijas que vivan de mi hermano 4.000 $ para cada una y 3.000 $ para cada uno de sus hijos. Si me ocurre hacer alguna otra manda, la continuaré en este pliego. Barcelona, Abril 3 de 1880. Continúa. Lego además la cantidad de 200 duros para cada uno de los criados y criadas que estén en mi servicio el día de mi fallecimiento y la de 1.000 a mi cochero Narciso si lo es ese día. Lego la cantidad de 500 $ a cada uno de los dependientes que estén en esta casa. Y la de $ 4.000 para los establecimientos de caridad de Barcelona. Para mi amigo D. Manuel Calvo dejo como memoria una prenda u objeto de mi uso, y otro para D. Fco. Sepúlveda, otra para Movellán, Patricio, Arnús, Moreno. Abril 4 de 1880. A. López y López. Dejo un legado para el Ayuntamiento de Comillas de 6.000 pesos que se invertirán en papel de rentas del Estado y su producto se ha de invertir precisamente en mantener la policía del pueblo. Barcelona, Junio 23, 82. A. López y López. Dejo un legado de 12 mil pesos al Ayuntamiento de Santander para que los invierta en alguna mejora en la población. Barcelona, Junio 23, 82. A. López y López. Dejo un legado de 2.000 pesos para que se inviertan en el altar mayor de la Iglesia que se está construyendo en el pueblo de Ruiloba. Barcelona, 23 Junio, 82. A. López y López. Mando para mi fallecimiento a mi querida hija política e ahijada María Gayón de López, la cantidad de 50 mil pesos ciento mil por una sola vez, por el gran amor que tiene a mi hijo. Y ruego a mis albaceas y herederos que le den cumplimiento a esta manda aunque no se encuentre escrita entre los papeles del cajón que menciono en mi testamento porque la escribo estando en Vichy el 19 de Julio de 82. A López y López. Nota para mi codicilo. Si quiere Dios que mi hijo herede el fideicomiso que establezco en mi último testamento y premuriese a su actual esposa, dejándola hijos, quiero que esta continúe viviendo durante sus días la casa de la Puertaferrisa que forma parte del fideicomiso. Vichy, Julio, 19, 82. A. López y López.

7

Resumen del inventario post mortem de bienes de Antonio López y López.

El 13 de abril de 1883 Claudio López Bru (en su nombre propio y en el de su madre) junto con Eusebio Güell Bacigalupi (en nombre de su esposa) iniciaron el inventario de los bienes que había dejado al morir Antonio López y López. Un inventario que continuaron y terminaron el 14 de abril de 1883. El primer día describieron detalladamente el ajuar del Palau Moja (Barcelona), así como también el ajuar y las pertenencias del palacio de las Cabezas (Navalmoral de la Mata) y de la Cuadra de la Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda). De todas aquellas pertenencias destaco:

En el Palacio de las Cabezas, partido judicial de Navalmoral de la Mata […].

Semovientes. 42 cabezas de ganado caballar; 35 cabezas de ganado vacuno, bretón; 841 cabezas de ganado vacuno, del país; 2.514 cabezas de ganado lanar, del país; 1.260 cabezas de ganado lanar (manchego) […]

Muebles y enseres existentes en la hacienda Cuadra de Moguda, término de Santa Perpetua de Moguda, partido de Tarrasa […]: En el lago: dos lanchas con sus remos; dos casitas de madera; en la vaquería: varios enseres, escalera, carros, etc.; dos vacas de leche; dos terneros; una ternera; en la caballeriza y cochera: una caja, un banco y un cubo de madera; un coche de familia; un gasómetro completo para el alumbrado de la casa; varios aperos de labranza.

Barcelona

Un palco número 6, del primer piso del Gran Teatro del Liceo de esta ciudad, con el gabinete de entrada, mobiliario y con derecho a una entrada libre de pago. Está afecto dicho palco a la pensión anual de 41 duros 8 reales, que debe satisfacerse a la Sociedad de Propietarios de dicho teatro.

El día siguiente, 14 de abril de 1883, continuaron y finalizaron dicho inventario de bienes:

INMUEBLES

Barcelona.

Una casa-palacio con su jardín, galería decorada y cinco plumas de agua de pié [sic ], conocida antiguamente por «Casa Moya», sita en la calle de la Puerta Ferrisa de esta ciudad haciendo esquina con la Rambla de Estudios […] una superficie total de 2.637 metros 149 milímetros cuadrados […]

Otra casa compuesta de sótanos, planta baja y cuatro pisos altos con terrado, situada en la Plaza del Duque de Medinaceli esquina a la calle del Dormitorio de San Francisco de esta ciudad, señalada en dicha plaza con el número 8 y en la expresada calle también de número 8 […] cuya casa ocupa una superficie total de 421 metros y 9 decímetros cuadrados […].

Gracia. Partido judicial de Barcelona.

Una casa con su jardín y un cuarto de pluma de agua de pie y demás anexo a la misma, que consta de sótanos, plan terreno, pisos primero y segundo, azotea y antepecho, ocupando un solar de […] 411 metros 7 centímetros cuadrados, situada en la calle de Córcega, Ensanche de Barcelona y término municipal de la Villa de Gracia, señalada con el número 163 […] que al tiempo de su adquisición se llamaba la Gran-vía […].

Santa Perpetua de Moguda. Partido judicial de Tarrasa.

Una heredad llamada Cuadra de la Moguda […] compuesta de la segunda y tercera suertes de las tres en que fue dividida por el Ramo de amortización de donde procede el todo de dicha heredad, consta de una casa grande o principal, con capilla, varias dependencias, jardín, huerto y frutal cercado de paredes, de cabida tres cuarteras de tierra, cuadras, corrales, cabañas, 15 casas pequeñas para colonos, un molino harinero de tres muelas con sus enseres, aparejos y útiles correspondientes, y casa para el molinero, y 609 cuarteras de tierra que con las 24 cuarteras de la pieza de tierra de «Camp Ciutat» forman 633 cuarteras […] Debe saberse que además existen dentro dicha heredad otras 38 casitas más para colonos, señaladas del número 22 al 59, construidas por cuenta del Excelentísimo señor testador, de las cuales las 27 se hallan a continuación de las 15 antes expresadas y las otras 11 formando ángulo con las anteriores. También existe otra casa señalada de número 60, que antes servía de posada, situada en el cruce de la carretera de Barcelona a Vich y a Caldas, cuya casa asimismo fue construida por cuenta del Excelentísimo señor testador […].

Una suerte de tierras junto con una casa solar en el centro de ellas, llamada Casa Folguera, señalada de número 1 […] ocupando dicha casa una superficie de 33.272 palmos aproximadamente y las referidas tierras que la incluyen unas 80 cuarteras […] equivalentes a 2.400 áreas […].

Describen también las 27 dehesas de Navalmoral de la Mata, así como una casa en la calle Trujillo, 23, levantada sobre un extenso terreno de 2.715 metros cuadrados, ubicada en la carretera general de Extremadura. Describen también la dehesa del Pinarral «procedente de los propios de la villa de Cuacos» que Antonio López compró a Evaristo Arnaola de Sebastián el 15 de octubre de 1870.

Puente del Arzobispo.

Una finca rústica compuesta del monte llamado Lagartera y de una parte del monte titulado de la Calzada de Oropesa, situada parte en dicho término del pueblo de Lagartera y parte en el de la Calzada de Oropesa, correspondientes ambos al partido judicial de la villa de Puente del Arzobispo, siendo la cabida total de dicha finca 4.176 fanegas iguales a 2.285 hectáreas […] Pertenecía dicho monte al Excelentísimo señor testador por título de compra venta a su favor otorgada por Don Rafael Vallet y Piquer, con escritura ante el notario que suscribe, en 6 de mayo de 1882 […].

Cádiz.

Una casa situada en la […] calle de Ahumada, señalada con los números 5 antiguo y 7 moderno, ocupando una superficie o área de […] 324 metros.

Otra casa sita en dicha ciudad de Cádiz y calle llamada antes del Camino hoy de Isabel la Católica, señalada de número 87 antiguo y 3 moderno ocupando una área de 785 metros cuadrados […] La compró a «Claudio de Menchacatorre y Ageo, como único albacea testamentario de Don José Matía y Calvo, según escritura autorizada por Don Ramón María Pardillo y Martínez, notario de Cádiz, en 30.12.1882».

Lebrija. Partido judicial de Utrera.

Una casa situada […] calle de Arcos, señalada número 2 de gobierno, haciendo esquina a la Plaza de la Constitución. Mide una superficie de 295 metros cuadrados […].

La mitad indivisa de una casa en la calle de Tetuán esquina a la Plaza de la Constitución de dicha villa de Lebrija, señalada en dicha calle de número 1, midiendo una total superficie de 261 metros cuadrados […].

Jerez de la Frontera.

La mitad indivisa de una parte de la casa enclavada en la manzana número 96 de la ciudad de Jerez de la Frontera, calle de las Escuelas, señalada con los números 587 antiguo, 4 moderno y 8 novísimo […].

Madrid.

Una casa sita en la Villa y Corte de Madrid, distrito judicial de Buenavista, barrio de la plaza de Toros, en la manzana 209 del Ensanche, señalada con el número quince en la calle de Claudio Coello, a la que hace fachada por Oriente […] Tiene una superficie de 1.108 metros 46 decímetros […].

Otra casa en la misma Villa y Corte y barrio que la anterior, manzana 208 del Ensanche de dicha capital, señalada con el número 3 de la calle de Claudio Coello a la que hace fachada por Oriente […]. La forma del solar que ocupa es la de un hexágono irregular, que contiene un área plana de 1.142 metros 22 decímetros […] Ambas fincas están libres según expresan los señores otorgantes de toda carga y gravamen intrínseco y extrínseco, y pertenecían al Excelentísimo señor testador por haberle sido adjudicadas entre otras en pago del haber que resultó corresponderle como otro de los interesados en la disuelta Compañía para la venta y explotación de inmuebles en Madrid en el barrio de Salamanca […].

Una parcela designada con el número 6, que comprende los solares números 40 y 44, y forma parte de la manzana 230 del proyecto del Ensanche de Madrid, distrito de Buenavista, barrio de Salamanca, conocido también por de la plaza de Toros, cuya parcela se encuentra limitada por la carretera de Aragón y calles de Claudio Coello, Columela y Lagasca. Dicha parcela afecta la forma de un polígono irregular de siete lados […] siendo la superficie total de dicho perímetro 1.404 metros 63 decímetros […].

Otra parcela designada con el número 6 A, que comprende el solar número 31 y forma parte de la manzana 230 A duplicada del proyecto del Ensanche de Madrid, barrio y distrito antes expresado, hallándose limitada por las calles de Claudio Coello, de Columela y de Lagasca, y la del Conde de Aranda. Dicha parcela tiene en proyección horizontal la forma de un cuadrilátero […] cuyo perímetro comprende la superficie de 779 metros 72 decímetros […]. A las referidas parcelas, según aseguran los señores otorgantes, no se les conoce carga alguna intrínseca ni extrínseca. Pertenecían dichas parcelas al Excelentísimo Señor testador, por haberle sido adjudicadas en la división a que procedió con el Excelentísimo Señor Don Manuel Salvador López y Díaz de siete solares que poseían en común, procedentes de la antigua plaza de Toros y en el barrio de Salamanca […] cuyos siete solares habían sido adjudicados a dichos Excelentísimos Señores Don Antonio López y López y Don Manuel Salvador López y Díaz, en la división que […] se practicó entre los partícipes de la Sociedad civil de los terrenos adquiridos de Don José de Salamanca y los procedentes de la antigua plaza de Toros […].

Santander.

La mitad indivisa de una casa en construcción, en el solar que ocupaban las casas números 11 y 12 modernos, y 21 y 2 antiguos, componiendo una de las primeras manzanas del Muelle de Calderón de la ciudad de Santander, de extensión 8.760 pies cuadrados, de figura rectangular […] Pertenecía al Excelentísimo Señor testador dicha finca, en común y pro-indiviso, con su Sr. hermano Don Claudio López y López, por título de compra-venta a su favor otorgado del expresado solar, por los Señores Don Ángel González del Rivero, marqués de Montecastro, y Don Guillermo y Doña Josefa Calderón González de la Riva […].

La tercera parte indivisa de una casa, señalada de número 36, en el Muelle de Calderón, de dicha ciudad de Santander, cuyas demás circunstancias no constan.

Comillas. Partido judicial de San Vicente de la Barquera.

Una casa-habitación. Una casa-habitación compuesta de piso suelo o bajo y otro alto, marcada con el número 32 de Gobierno, con su corral al frente, radicado en el barrio de Sobrellano, sitio de la Torre, término de la villa de Comillas […] linda al Norte y Sur con casas de la misma herencia del Señor testador […] Pertenecía al Excelentísimo Señor testador por venta que a su favor otorgó Don Máximo Crespo y Gómez verbalmente, cuya venta fue ratificada por la viuda de aquel Doña María Díaz y Pérez […] en cuatro de noviembre de 1882 […].

Otra casa en el barrio de Sobrellano, sitio de la Torre, término de Comillas, señalada con el número 33, es de planta alta y consta de piso suelo o cuadra, principal, sin altillo y sin desván […].

Una casa en el mismo sitio y barrio, señalada con el número 31, es de planta baja y se compone de piso suelo o cuadra, principal y desván […].

Una casa-palacio en construcción, con sus jardines de recreo, situada en el barrio de Sobrellano, cuya superficie no consta por falta de datos, lindando por todos lados con honores de la herencia del Excelentísimo Señor testador. El terreno ocupado por dicho palacio y jardines constituían antes las fincas siguientes […] Pertenecían al Excelentísimo Señor testador por venta que de ellos y otras fincas le otorgaron Don Francisco de Asís González y del Villar, con intervención de su madre y curadora ad bona Doña Juana del Villar y Yebra, mediante autorización judicial, con escritura ante Don Florencio Cacho de Herrera, en 28 de agosto de 1882 […]; la designada en tercer lugar por venta que al Excelentísimo Señor testador le otorgó Doña María Noriega con escritura ante dicho Notario Sr. Pérez en 19 de mayo de 1880 […]; la designada en cuarto lugar, por venta que le otorgó a dicho Excelentísimo Señor testador, Don Urbano Fernández y Doña Carolina de Cos y Alonso, en 16 enero de 1879, mediante documento privado; la designada en quinto lugar, por venta que asimismo le otorgó Doña María Antonio López, en 17 febrero de 1879, en documento privado; y la designada en último lugar por la venta que le otorgó Doña Isabel Fernández, en 19 de febrero de 1882, también mediante documento privado […]. [Le siguen cinco «tierras labrantía», diez prados y cuatro helgueros, diseminados entre diferentes lugares del municipio de Comillas]: Pertenecían al Excmo. Sr. Don Antonio López y López por título de compra-venta a su favor otorgada por Don Juan Antonio González Ruiz, como apoderado de Don Francisco de Asís González y del Villar, con intervención de su madre y curadora ad bona Doña Juana del Villar y Yebra, mediante autorización judicial, según escritura ante Don Florencio Cacho de Herrera, notario de Comillas, en 28 de agosto de 1882 […].

Una casa habitación compuesta de piso bajo, alto, desván y cuadra, en el sitio de la Rabia del pueblo de Tresvía, señalada de número 54 […] procedente también de la herencia de Don Manuel de Celis.

Una casa dedicada a portal en el mismo sitio de la Rabia y punto que dicen las Areñas, señalada con el número 55; consta de piso suelo y techo con sus entradas […].

Un cierro de prado sobre sí en el sitio de las Areñas, de 74 áreas 40 centiáreas […] [junto a] la casa portal antes descrita.

Un corral de bolos en el citado sitio de la Rabia que mide 83 centiáreas y linda al norte con la casa habitación antes descrita, al sur con terreno común y al oeste con huerto de la herencia de que se trata […]. Pertenecían al Excmo. Sr. Don Antonio López y López por la venta a su favor otorgada por Doña Josefa, Doña Lorenza y Doña Benita de Celis y Santos de Lamadrid, Don Benito y Doña María Tomasa de Celis y Ruiz, con escritura ante Don Anacleto Pérez, notario de la villa de Comillas, en 9 de febrero de 1881 […].

Dos casas unidas, sin número, situadas en la calle de los Arzobispos de la villa de Comillas, ocupando una superficie de 234 metros aproximadamente […] Dichas casas ocupan el lugar en que antes radicaban cuatro distintas casas que fueron derribadas en dicha calle de los Arzobispos, y otra casa en la plazuela de Ibáñez, las cuales adquirió el Excmo. Sr. testador por venta que a su favor le otorgó Doña Teresa del Piélago y Vasa, con escritura ante Don Anacleto Pérez, notario de Comillas, en 1.º de febrero de 1880 […].

Una huerta cerrada frente a las casas antes descritas que ocupa una superficie de […] 35 centiáreas […].

Una casa-habitación en el barrio de la Aldea, plazuela de Ibáñez, señalada con el número 8 de Gobierno, se compone de entresuelo, cuadra, dos pisos y desván, ocupando una superficie de 154 metros […] Pertenecía al Excelentísimo Sr. Don Antonio López y López, por venta que a su favor le otorgó Don Evaristo Moro y Obregón […] en 1.º de febrero de 1880 […]. Le siguen un prado de 99 áreas, comprado el 23 de septiembre de 1870; así como sendas piezas de tierra labrantía que compró el 28 de diciembre de 1875.

Una capilla panteón, emplazada sobre parte de los terrenos procedentes de la herencia de la madre del Excmo. Sr. testador, cuyos terrenos radicados en el término de Comillas consisten: primero, en un prado en la mies de Grañón, de cabida doce carros de tierra; segundo: en otro prado en la misma mies de Grañón, de cabida cinco carros; tercero, en otro prado en la Calleja de la Escoria, de cabida cuatro carros; […] quinto: en otro prado en la mies de Salatorre denominado La Menina, de diez y ocho carros de cabida; […] y séptimo, en otra tierra en la mies de Rubárcena, de ocho carros de cabida.

Una casa en la calle de Ocejo número 1.

Una huerta de frutales en el sitio de Cardosa que mide de cabida 70 carros. Estas dos fincas, situadas en Comillas, proceden también de la herencia de la señora madre del Excelentísimo Sr. testador.

Los puentes denominados de la Rabia y de Trapedo, sitos en término de Comillas y del inmediato Ayuntamiento de Valdáliga, y el derecho de recaudación de pontazgo, cuya concesión fue hecha por ochenta años que empezaron a correr en primero enero de 1857 […].

Derechos reales.

El derecho real de hipoteca constituido por el Excmo. Sr. Don Antonio Ros de Olano y Perpigná, Marqués de Guad-el-Gelú, para responder de la cantidad de 50.000 pesetas, que representan las 100 acciones del Ferro-carril de Madrid a Zaragoza y Alicante, que en calidad de préstamo le entregó el Excmo. Sr. D. Antonio López y López, a quien se obligó aquel a devolvérselas siempre que se las reclamase, cuya hipoteca grava una Dehesa denominada de Muelas de Carcelén, situada en término de la villa del mismo nombre, partido judicial de Casas Ibáñez […].

El derecho real de hipoteca por la cantidad total de 42.500 pesetas que acreditaba el Excelentísimo señor Don Antonio López y López de Don José Porcel y Goscolea, constituida por este sobre la porción que le corresponde de la nuda propiedad de la Dehesa de las Lomas, término municipal de la Talayuela, partido judicial de Navalmoral de la Mata.

Capital de la casa de comercio del Excelentísimo señor testador.

La cantidad de 14.395.241 pesetas 675 milésimas.

100.000 francos de renta del 3 por 100, en una inscripción en el Gran Libro de la Deuda francesa, a nombre de Don Antonio López y López, cuyos cien mil francos de renta representan un capital nominal de 3.333.333 francos 33 céntimos que al cambio de 79 12’5 por ciento según cotización del día 17 de enero último en París valen 2.637.500 pesetas.

3.000 Libras esterlinas de renta del 3 por 100, en 14 transferencias a nombre de Don Antonio López y López comprendiendo un capital nominal de 100.000 libras del 3 por 100 inglés, depositadas en el Banco de Inglaterra, cuyas 100.000 libras al cambio de 101 cinco octavos según cotización del 17 de enero de este año valen 2.540.625 pesetas.

Cuyos bienes declaran los señores otorgantes ser los únicos que saben de pertenencia del Excelentísimo señor testador.

Cronología

Principales hitos en la trayectoria vital y familiar de Antonio López y López

1812

30 de noviembre

Se casan en Comillas sus padres María López de Lamadrid Fernández y Santiago López Ruiz del Piélago.

1813

29 de septiembre

Nace en Comillas su hermana mayor, Genara López y López.

1817

12 de abril

Nace en Comillas Antonio López y López.

1818

15 de octubre

Nace en Comillas su hermano menor, Claudio López y López.

1819

8 de octubre

Fallece en Cádiz su padre Santiago López Ruiz del Piélago.

1831

Emigra con catorce años a Lebrija (Sevilla) para trabajar en la tienda de una prima de su madre, Rosario Fernández Pasos.

1834

Otoño

Emigra a México para evitar ser llamado a filas en plena guerra carlista.

1838

Primeras noticias de su presencia en Cuba, en la ciudad de La Habana.

1841

Realiza un primer viaje desde Cuba a España. Regresa a la Isla desde Burdeos y se dedica a recorrer diferentes localidades de la Gran Antilla (Trinidad, Cienfuegos…).

1843

Se instala en Santiago de Cuba.

1844

Marzo

Se inscribe en la matrícula de comerciantes de Santiago de Cuba.

1845

2 de abril

Nace en La Habana su hija natural, de madre desconocida, Consuelo López y López.

21 de mayo

Su hermana Genara se casa con el notario Florencio Cacho Herrera.

1846

20 de marzo

Su hermana Genara fallece en Comillas.

27 de marzo

A punto de regresar a Cataluña, Andrés Bru Puñet convierte a Antonio López y a su hermano Claudio en dos de sus tres apoderados en Santiago de Cuba.

1847

18 de septiembre

Constituye en Santiago de Cuba la sociedad Valdés y López, junto con su socio Domingo A. Valdés.

1848

Mayo

Zarpa desde Santiago de Cuba y se dirige a Barcelona.

28 de noviembre

Se casa en Barcelona con Luisa Bru.

1849

1 de febrero

Se firman los capítulos matrimoniales entre Antonio López y Luisa Bru.

25 de abril

Otorga testamento cerrado ante un notario de Barcelona, justo antes de regresar a Santiago de Cuba.

24 de julio

Disuelve la sociedad Valdés y López y crea, en su lugar, la sociedad Antonio López y Hermano.

1850

Octubre

Declara ante el teniente gobernador de Santiago de Cuba, acusado de estar detrás del reciente desembarco de 280 africanos esclavizados en la ensenada de Juragua, transportados en la goleta Deseada.

2 de noviembre

Nace en Santiago de Cuba su hija Isabel López Bru.

18 de diciembre

Compra el cafetal Dulce Unión, de 117 hectáreas, con una dotación de 65 esclavos.

1851

24 de enero

Obtiene permiso del gobernador general de Cuba para explotar un servicio regular de buques de vapor entre Guantánamo y Santiago de Cuba. Febrero Adquiere en subasta el ingenio San José de las Yaguas, de más de 400 hectáreas.

11 de abril

Adquiere el ingenio Armonía, con su dotación de 82 esclavos.

22 de diciembre

Nace en Santiago de Cuba su hijo Antonio López Bru.

24 de diciembre

Su socio Patricio Satrústegui cierra en Madrid la compra del ingenio Santa Ana y de los cafetales Soledad y Carmen, propiedad de Ricardo Bell Irady.

1852

7 de enero

Compra el cafetal Pilón, con su dotación de 137 esclavos.

Otoño

En plena epidemia de cólera, Luisa Bru Lassús abandona Santiago de Cuba y se dirige a Barcelona con sus tres hijos.

1853

13 de enero

Compra el ingenio San José del Naranjo, de 288 hectáreas, con su dotación de 25 esclavos.

28 de enero

Vende el ingenio San José de las Yaguas.

14 de mayo

Nace en Barcelona su hijo Claudio López Bru.

23 de julio

Vende el ingenio Armonía, con su dotación de 102 esclavos.

29 de julio

Primera liquidación en Santiago de Cuba del 90 por ciento del capital de la sociedad Antonio López y Hermano.

Agosto

Sale de Santiago de Cuba para acabar dirigiéndose a la España peninsular.

27 de agosto

Su hermano Claudio vende en Santiago de Cuba el cafetal Dulce Unión.

1855

11 de junio

La junta directiva de la fundición José Nogués y Cía. (Barcelona) autoriza a su director a recibir de Antonio López y López un préstamo de 10.000 pesos.

1856

Julio

Tras cuatro años de pleitos, la sociedad Antonio López y Hermano toma posesión del ingenio Santa Ana y de los cafetales Soledad y Carmen, vendidos en diciembre de 1851 por Ricardo Bell.

17 de septiembre

Antonio López y Luisa Bru otorgan sendos testamentos en Barcelona.

28 de septiembre

Fallece en Sarrià su suegro Andrés Bru Puñet.

8 de octubre

Se toma un primer inventario del cuerpo de bienes de la herencia de Andrés Bru Puñet.

1857

11 de enero

Se escritura en Madrid el contrato de sociedad de la firma Antonio López y Cía., con casas abiertas en Alicante y en Barcelona.

18 de febrero

Adquiere un censo de 100.000 reales en la alicantina villa de Agost.

3 de abril

Participa en Barcelona en la creación de la sociedad de seguros marítimos La Mallorquina.

Abril o mayo

Zarpa de nuevo para Cuba, donde estará unos meses.

29 de julio

Participa personalmente en la creación de la sociedad Crédito, Fomento y Seguros de Cuba (Santiago de Cuba).

7 de agosto

Cede el privilegio de explotación de una línea regular de vapores entre Guantánamo y Santiago de Cuba.

31 de diciembre

Estalla el conflicto familiar por la administración de la herencia de Andrés Bru Puñet. Su suegra, Luisa Lassús, le retira su confianza.

1858

9 de diciembre

Forzada por resoluciones judiciales desfavorables, Luisa Lassús firma un primer acuerdo con Antonio López.

1859

4 de marzo

Compra un solar de 582 metros cuadrados en la plaza Duque de Medinaceli.

1861

13 de febrero

Benito Rubio López de Bocanegra reconoce haber recibido 420.000 pesetas prestadas por Antonio López, hipotecando como garantía su ingenio Abundancia.

6 de junio

Antonio López y Luisa Bru otorgan sendos testamentos en Barcelona.

6 de diciembre

Se escritura en Madrid el contrato de sociedad de la casa de comercio A. López y Cía., de Cádiz.

1862

25 de agosto

El arquitecto José Oriol Mestres entrega el edificio que ha construido en la plaza Duque de Medinaceli, 8.

12 de noviembre

Se firma en Madrid la escritura de prórroga y reconstitución de la firma A. López y Cía., de Barcelona y Alicante.

6 de diciembre

Se firma en Madrid la escritura de constitución de la firma A. López y Cía., de Cádiz.

1863

12 de abril

Se constituye en Barcelona la sociedad de Crédito Mercantil, de la cual fue su primer vicepresidente.

2 de junio

Segunda y definitiva liquidación, realizada en Barcelona, de la sociedad Antonio López y Hermano, de Santiago de Cuba.

1864

6 de mayo

Adquiere un solar de 2.293 metros cuadrados, situado en los antiguos Campos Elíseos (paseo de Gracia), subastado por el Crédito Mercantil.

9 de junio

Cede una parte de su capital en A. López y Cía. a su paisano Antonio Sánchez de Movellán, vecino de París.

7 de noviembre

El Crédito Mercantil le vende un solar de 2.293 metros cuadrados en el Ensanche (entre paseo de Gracia, Aragón, Valencia y Pau Claris) por 223.995 pesetas.

13 de diciembre

Se firma el pacto de fusión entre dos compañías ferroviarias para crear la Compañía del Ferrocarril de Zaragoza a Pamplona y Barcelona, y López se incorpora como consejero de la nueva empresa.

1865

17 de febrero

Luisa Bru Lassús compra, en nombre de su marido, el palco número 6 del primer piso del Liceo por 56.000 pesetas.

1866

11 de mayo

Escritura de arras para la compra de la hacienda Cuadra de la Mogoda por 625.000 pesetas.

1867

15 de enero

Fallece en Cádiz su sobrino y socio José Gayón. 26 de febrero Domingo Dulce Garay, marqués de Castellflorite y antiguo capitán general de Cuba, nombra a Antonio López uno de sus albaceas y de los tutores de su única hija Luisa Dulce Tresserra.

1868

14 de marzo

Antonio López y Luisa Bru otorgan poderes a favor de Patricio Satrústegui y Georgina Barrié para que les sustituyan como padrinos de bautismo del nasciturus de Marta Barrié (y José Gayón).

30 de abril

Se firma en Alicante una escritura de reconstitución de la sociedad Antonio López y Compañía.

15 de junio

Baltasar Mitjans Ricart, banquero catalán establecido en París, le nombra su apoderado en Barcelona.

16 de junio

Patricio Satrústegui remata a su favor y a favor de los hermanos Antonio y Claudio López siete dehesas situadas en Baños (Jaén), procedentes de la quiebra de Gómez Hemas y Cía.

8 de julio

Se rescinde el contrato de sociedad de la casa de comercio A. López y Cía., de Cádiz.

1869

8 de enero

Participa destacadamente en la creación de la comisión que impulsará el embarque de unos 3.600 voluntarios catalanes para luchar en la guerra de Cuba contra los insurrectos.

Febrero

Fallece su amigo el industrial Tomás Coma, quien le ha nombrado su albacea y tutor de su único hijo Martín Coma Stagno.

3 de junio

Constituye una renta anual de 3.750 pesetas a favor de los pobres de Comillas.

27 de septiembre

Empieza la compra de todas las acciones de los puentes de la Rabia y de Zapedo, para evitar el pago de los derechos de pontazgo a los vecinos de Comillas.

1870

27 de enero

Antonio López otorga en Barcelona un nuevo testamento abierto.

3 de junio

Adquiere por 40.500 pesetas un hotel en el paseo de Gracia, esquina calle Córcega, construido por el marqués de Salamanca.

9 de junio

Compra el Palau Moja, en las Ramblas de Barcelona (esquina calle Puertaferrisa), por 770.000 pesetas.

15 de julio

Adquiere en subasta del Crédito Mercantil un palacete en el paseo de Gracia.

1871

27 de mayo

La sociedad A. López y Cía. compra al Crédito Mercantil las dehesas en Navalmoral de la Mata (antes propiedad del marqués de Salamanca), valoradas en 1.602.867 pesetas y a cambio de 12.000 acciones de dicho banco.

29 de noviembre

En el aniversario de boda de sus padres, su hija Isabel López Bru se casa con Eusebio Güell Bacigalupi.

28 de diciembre

Nace el Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona, cuyo primer vicepresidente fue Antonio López.

1872

8 de febrero

Se produce una ampliación de capital de A. López y Cía. hasta los 5.000.000 de pesetas.

15 de junio

Vende a Francisco Gumá Ferran su solar de 2.293 metros cuadrados en el paseo de Gracia por 255.000 pesetas.

28 de octubre

Acepta la herencia de su prima Rosario Fernández Pasos, con bienes en Lebrija y en Jerez de la Frontera.

6 de noviembre

Participa en la creación de la sociedad civil formada en Madrid para la creación de una nueva plaza de toros en dicha ciudad. Lo hace aportando 125.000 pesetas, un 6,6 por ciento de su capital.

22 de noviembre

Nace su primera nieta, Isabel Güell López.

1873

21 de junio

Otorga poderes a Pedro Sotolongo (La Habana) para que venda las dos esclavas de su propiedad.

1874

Se incorpora a la Compañía para la Venta y Explotación de Inmuebles en Madrid en el Barrio de Salamanca con una aportación de 285.000 pesetas.

21 de julio

Acuerda la compra de los inmuebles de la calle Puertaferrisa 7 y 9 con su propietario Ignacio María de Despujol, marqués de Palmerola, por 500.000 pesetas.

6 de octubre

Compra a la sociedad A. López y Cía. todas las dehesas de Navalmoral de la Mata por 800.000 pesetas.

1875

19 de enero

La sociedad A. López y Cía. se incorpora como socio comanditario de la firma industrial Parellada Flaquer y Cía., empresa cuyo socio principal es Eusebio Güell Bacigalupi, aportando 250.000 pesetas.

10 de septiembre

Como accionista de la Compañía para la Venta y Explotación de Inmuebles en Madrid en el Barrio de Salamanca aprueba su escritura de disolución y bases para su liquidación.

1876

Octubre

Fallece Antonio López Bru.

30 de octubre

Se firma en Barcelona la escritura de constitución del Banco Hispano Colonial.

25 de noviembre

Jacint Verdaguer se convierte en capellán particular de la familia López-Bru.

1877

19 de abril

Se convierte en propietario de tres solares en Madrid (de 1.823 metros cuadrados), procedentes del derribo de la antigua plaza de toros.

5 de mayo

Como albacea de Juan Güell Ferrer, toma parte en la división del patrimonio dejado por su difunto consuegro entre sus dos hijos y herederos, Eusebio y Josefa Güell Bacigalupi.

12 de junio

Al liquidarse la Compañía del Barrio de Salamanca se queda con los edificios de la calle Claudio Coello, 3, 15 y 38, este último con un solar anexo, por un valor total de 329.650 pesetas.

15 de octubre

Compra la dehesa del Pinarral, ubicada en los pueblos de Casa Tejada y Toril (Toledo).

1878

Febrero

La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España absorbe a la Compañía del Ferrocarril de Zaragoza a Pamplona y Barcelona. López se incorpora como vicepresidente de Norte.

2 de mayo

Encarga la construcción de una capilla particular en la Braña de Sobrellano, en Comillas, siguiendo los planos del arquitecto barcelonés Juan Martorell.

2 de mayo

Se firma en Barcelona una escritura de reconstitución de la sociedad A. López y Cía., que permite la incorporación como socios industriales de su hijo Claudio López Bru y su futuro yerno Joaquín del Piélago Sánchez de Movellán.

3 de julio

Alfonso XII le otorga el título de marqués de Comillas.

Otoño

Primera edición de L’Atlàntida, de Jacint Verdaguer, dedicada a su protector, Antonio López.

16 de diciembre

Vende a Jaime Girona Agrafel su inmueble y solar de la calle Claudio Coello, 38, por 138.667 pesetas.

1879

16 de enero

Se firman los capítulos matrimoniales por el enlace ya realizado entre su hija María Luisa y Joaquín del Piélago.

21 de junio

Presta 100 acciones del Ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Alicante al general Antonio Ros de Olano, primer marqués de Guad-el-Jelú.

28 de diciembre

Fallece su hija María Luisa López Bru.

1880

13 de enero

Nombra a Francisco Sepúlveda Ramos su representante en Madrid, así como apoderado de A. López y Cía. en la capital española.

9 de marzo

Entrega cerrado al notario Ramón de Miquelerena su último testamento válido.

1881

Es elegido presidente del Crédito Mercantil.

15 de enero

Finalizan las obras de la capilla en la Braña de Sobrellano, que le han costado 60.000 pesetas. 4 de abril Compra la casa de la calle Ahumada, 7, de Cádiz (antes propiedad de A. López y Cía.), por 40.000 pesetas.

1 de junio

La sociedad regular colectiva Antonio López y Compañía inicia el proceso de transformación en una sociedad anónima, por acciones, con el nombre de Compañía Trasatlántica.

4 de junio

Compra una casa de planta baja y tres pisos en la plaza Universidad de Barcelona por 136.500 pesetas. Poco después permutará esa misma finca con el inmueble situado en la calle Puertaferrisa, 3, valorado en 134.750 pesetas.

20 de junio

Compra la heredad de Can Folguera (Santa Perpètua de Mogoda) por 105.000 pesetas.

9 de julio

Se firman los capítulos matrimoniales entre Claudio López Bru y María Gayón Barrié.

29 de julio

Colocación de la primera piedra del futuro palacio de Sobrellano (Comillas).

6 de agosto

Los reyes Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo llegan para veranear en Comillas y son alojados por Antonio López en su casa de Ocejo.

28 de agosto

El obispo de Santander consagra la capilla-panteón familiar en Comillas, en presencia de Alfonso XII.

31 de octubre

Real Decreto de Alfonso XII otorgando a López el título de grande de España de primera clase, que se incorporará al título de marqués de Comillas, también para sus sucesores.

26 de noviembre

Nace en Barcelona la Compañía General de Tabacos de Filipinas, cuyo primer presidente fue Antonio López.

1882

2 de febrero

Convierte a Emeterio Alcobé en su principal apoderado en Barcelona.

21 de marzo

Se firma en Barcelona la escritura de disolución de la sociedad Antonio López y Compañía.

27 de marzo

Se firma en Barcelona la escritura de arras para la compra del monte Común de Lagartera y de una parte del monte de la Calzada de Oropesa (Toledo), de 2.285 hectáreas de extensión, por 875.000 pesetas. La venta efectiva tuvo lugar el 6 de mayo de 1882.

6 de mayo

Jura su cargo como senador por derecho propio en su condición de grande de España.

19 de julio

Mientras veranea en un balneario de Vichy firma unas mandas testamentarias.

26 de julio

Alfonso XII llega a Comillas para iniciar su segundo veraneo, hospedado nuevamente en la casa de Ocejo.

23 de agosto

La reina destronada Isabel II llega a Comillas para pasar unos días de vacaciones junto a sus hijas, las infantas Paz y Eulalia, hospedadas en la casa de Claudio López y López.

30 de diciembre

Compra la casa de la calle Isabel la Católica, 3, procedente de la herencia del naviero José Matía Calvo.

1883

15 de enero

El papa León XIII firma una bula donde le perdona todos los pecados que haya podido cometer.

16 de enero

Fallece repentinamente en el Palau Moja.

Agradecimientos

El conocimiento no nace del trabajo individual de un solo investigador. Nunca. Si algo nos hace humanos es, de hecho, nuestra condición de seres sociales. No hay que olvidar que las sociedades humanas no han sido, ni son, meras agregaciones de individuos. Todos somos, de hecho, lo que somos y quienes somos gracias a las personas que nos han rodeado y que nos siguen rodeando, aquellas con las que nos hemos formado colectiva y socialmente. Por esa razón, no puedo decir que este libro haya nacido del resultado exclusivo de mi trabajo individual, sino que siento, más bien, lo contrario. Han sido muchos los colegas, muchas las personas, que me han ayudado en su elaboración. Algunas lo han hecho de forma directa, aportando información que me ha sido relevante. Otras de una manera más indirecta, ayudándome a formarme como historiador, como estudioso del pasado, enseñándome con sus trabajos o con su ejemplo. No me cabe duda de que son muchos los y las colegas que han contribuido a modelarme como historiador y que son, por lo tanto, coautores en cierta medida de esta monografía. A todos les quiero agradecer sus enseñanzas y las experiencias compartidas.

A riesgo de dejarme algunos, quiero agradecer expresamente las aportaciones e influencias recibidas en estos últimos años de mis colegas Antonio Acosta, Íñigo Aguilar, Óscar Álvarez, Alejandro Andreassi, Miguel Ángel Aramburu-Zabala, Carles Badenes, Imilcy Balboa, Carmen Barcia, Manuel Barcia, José Luis Belmonte, Yolanda Blasco, Lorena Bou, Gerardo Cabrera, Álex Coello, Claudia Contente, Carmen Cózar, Daniele Cozzoli, Lizbeth Chaviano, Josep Maria Delgado, Yolanda Díaz, Lola Elizalde, Quique Faes, Leida Fernández, Josep Maria Fradera, Alejandro de la Fuente, Albert García, Enric García, Mercedes García, José Antonio González-Cuevas, María Dolores González-Ripoll, Xavier Huetz de Lemps, Marial Iglesias, Stephen Jacobson, Javier Laviña, Maricel Losada, Jorge Luengo, Ruth de Llobet, Eloy Martín, Juan Francisco Martínez, Joaquín Miras, Chelo Naranjo, Gustau Nerín, Josep Pich, José Antonio Piqueras, David Pretel, Alberto Prieto, Inés Roldán de Montaud, Amparo Sánchez, Jordi Sant, Ulrike Schmieder, Lisa Surwillo, Joan Tafalla, Akiko Tsuchiya, Enric Ucelay, Carlos Valmaseda, Ricard Vinyes, Nando Zamorano, Óscar Zanetti y Michael Zeuske.

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Siglas

ACA

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Ilustre Colegio Notarial de La Coruña

MMB

Museu Marítim de Barcelona

MARTÍN RODRIGO Y ALHARILLA (Sabadell, Barcelona, España 1968) es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra y académico de la Academia de la Historia de Cuba. Sus campos de investigación se centran en la historia de los intereses económicos españoles en Cuba y Filipinas en el siglo XIX.

Entre sus publicaciones pueden destacarse Los marqueses de Comillas, 1817-1925. Antonio y Claudio López (2000), Indians a Catalunya.

[1] Agradezco los datos genealógicos relativos a Antonio López y a su familia al generoso e infatigable genealogista cántabro Íñigo Aguilar Sánchez. <<

[2] AHPB, Miguel Martí Sagristá, manual de 1872, primera parte, 13 de mayo de 1872. <<

[3] Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Documentación del Valle de Alfoz de Lloredo, legajo 109. Padrones y vecindarios, villa de Comillas, 1704-1869. <<

[4] Vida Marítima, núm. 81, 30 de marzo de 1904, p. 173. <<

[5] Fundación Manuel Calvo, «Copia de varios particulares de la escritura de protocolización del testamento ológrafo del señor Don Manuel Calvo y Aguirre». <<

[6] Archivo Diocesano de Barcelona, Expedientes matrimoniales, noviembre de 1848: «Matrimoni entre Don Antoni López, solter […] Ab D. Lluïsa Bru, soltera». <<

[7] En el Archivo Nacional de Cuba, fondo Intendencia General de Hacienda, legajo 971, número 39, se conserva la Matrícula de Comerciantes de Santiago de Cuba. Se han perdido, no obstante, los primeros 850 registros. En sus Crónicas de Santiago de Cuba, Emilio Bacardí (1925, vol. II: 357), basándose en la matrícula completa, recogió la fecha exacta de la inscripción de Antonio López como comerciante. <<

[8] Archivo del Arzobispado de La Habana, Parroquia del Espíritu Santo, Libro 37 de Bautizos de Blancos, folio 125, inscripción número 374. <<

[9] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1856, segunda parte, 24 de septiembre de 1856, fol. 149 y ss. <<

[10] AHPSC, Escribanía de Juan Giró, manual de 1846, fol. 145, 27 de marzo de 1846. <<

[11] AHPSC, Escribanía de Soler y Regüeiferos, manual de 1846, fol. 230, 19 de diciembre de 1846. <<

[12] AHPSC, Escribanía de Soler y Regüeiferos, manual de 1847, fol. 237 y ss., 18 de septiembre de 1847. <<

[13] ANC, Intendencia General de Hacienda, legajo 971, número 39: Inscripción número 969. <<

[14] Archivo Diocesano de Barcelona, Expedientes matrimoniales, noviembre de 1878: «Matrimoni entre Don Antoni López, solter […] Ab D. Lluïsa Bru, soltera». <<

[15] Ibid. Archivo Diocesano de Barcelona, Expedientes matrimoniales, noviembre de 1878: «Matrimoni entre Don Antoni López, solter […] Ab D. Lluïsa Bru, soltera». <<

[16] AHPB, Antonio Tomás y Alsina, protocolo 3129, manual de 1849 y 1850, 1 de febrero de 1849. <<

[17] AHPB, Antonio Tomás y Alsina, protocolo 3129, manual de 1849 y 1850, 24 de abril de 1849. <<

[18] AHPSC, Escribanía de Soler y Regüeiferos, protocolo 603, manual de 1849, 24 de julio de 1849, fol. 132 y ss. <<

[19] AHPSC, Escribanía de Rafael Ramírez, protocolo 532, manual de 1852, 17 de enero de 1852, fol. 12. <<

[20] AHPSC, Escribanía de Soler y Regüeiferos, protocolo 601, manual de 1847, 9 de octubre de 1847, fol. 254; protocolo 602, manual de 1848, 28 de marzo de 1848, fol. 93. <<

[21] AHPB, Antonio Tomás y Alsina, protocolo 3129, manual de 1849 y 1850, 24 de abril de 1849. <<

[22] AHPSC, Escribanía Real de Manuel Caminero, 104, 30 de junio de 1853, fol. 280 y ss. <<

[23] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1856, segunda parte, 17 de septiembre de 1856, fols. 130-132. <<

[1] AHN, Estado, legajo 8044, doc. 11. <<

[2] House of Commons Parliamentary Papers, Slave Trade, Class B Correspondence with British Ministers and Agents in Foreign Countries and with Foreign Ministers in England, relating to Slave Trade, From April 1, 1851, to March 31, 1852, Londres, 1852, Bertrán de Lis to lord Howden, 27 de marzo de 1851. <<

[3] Ibid. House of Commons Parliamentary Papers, Slave Trade, Class B Correspondence with British Ministers and Agents in Foreign Countries and with Foreign Ministers in England, relating to Slave Trade, From April 1, 1851, to March 31, 1852, Londres, 1852, Bertrán de Lis to lord Howden, 27 de marzo de 1851. TEXTO_ADICIONAL: Bertrán de Lis to Lord Howden, 20 de marzo de 1851. <<

[4] Según la traducción al inglés de la nota que el ministro español de Estado envió el 27 de marzo de 1851 al embajador británico en Madrid, lord Howden: «After the most scrupulous investigations into the subject, no evidence was found of the correctness of the denunciation»; cfr. House of Commons Parliamentary Papers, Slave Trade, Class B Correspondence with British Ministers and Agents in Foreign Countries and with Foreign Ministers in England, relating to Slave Trade, From April 1, 1851, to March 31, 1852, Londres, 1852, Bertrán de Lis to Lord Howden, 27 de marzo de 1851. <<

[5] AHN, Estado, legajo 8044, doc. 10 (6). <<

[6] AHN, Estado, legajo 8044, doc. 11 (17) y (21). <<

[7] AHN, Estado, legajo 8044, doc. 10 (10). <<

[8] House of Commons Parliamentary Papers, Slave Trade, Class A. Correspondence with the British Commissioners at Sierra Leone, Havana, The Cape of Good Hope, Jamaica, Loanda and the Cape Verde Islands; and Reports from British Vice-Admiralty Courts and from British Naval Officers, relating to Slave Trade, From April 1, 1851, to March 31, 1852, Londres, Commodore Bruce to the Secretary to the Admiralty, 31 de julio de 1851. <<

[9] Agradezco esta referencia a Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera. <<

[10] En aquel caso la respuesta oficial de las autoridades españolas, tras haber realizado la pertinente investigación, resultó ser idéntica a la que habían ofrecido cinco años antes en el desembarco de la goleta Deseada. Decía el teniente general Juan de Zabala, entonces director general de Ultramar, tras la lectura de los correspondientes informes: «convencerme hasta la evidencia de que semejante desembarco no llegó a verificarse», cfr. AHN, Estado, legajo 8048, doc. 10 (2). <<

[11] ANC, Miscelánea de Expedientes, legajo 3740 A. <<

[12] ANC, Miscelánea de Expedientes, legajo 3740 A. <<

[13] House of Commons Parliamentary Papers, Slave Trade, Class A. Correspondence with the British Commissioners relating to Slave Trade, 183940, Londres, «Report of the case of the Brig. “Tejo”, Antonio José Brito Master». <<

[14] AHPSC, Escribanía de Soler y Regüeiferos, protocolo 601, manual de 1847, 13 de enero de 1847, fol. 10, y 19 de agosto de 1847, fol. 212 y ss. <<

[15] AHPSC, Escribanía de Soler y Regüeiferos, protocolo 601, manual de 1847, 7 de diciembre de 1847, fol. 296; 17 de diciembre de 1847, fols. 303-304; y 18 de diciembre de 1847, fol. 307. <<

[16] AHPSC, Escribanía de Rafael Ramírez, protocolo 532, manual de 1850, 15 de mayo de 1850; protocolo 531, manual de 1851, 18 de marzo de 1851, fol. 66, y 14 de mayo de 1851, fol. 119 y ss. <<

[17] En relación con los vínculos de los socios de Valdés y López con Antonio Zuznárregui, cfr. AHPSC, Escribanía de Rafael Ramírez, protocolo 531, manual de 1851, fol. 22 y ss., 22 de enero de 1851: Poder especial de Antonio López y López, como apoderado de Domingo Valdés, a favor de Antonio Zuznárregui (Matanzas) para vender 83 esclavos; Escribanía de Juan Giró, protocolo 281, manual de 1851, fol. 25 y ss., 22 de enero de 1851: Antonio López, «como apoderado general de D. Domingo Antonio Valdés, natural de Asturias y vecino del pueblo de Saltadero», sustituye sus poderes a favor de Antonio Zuznárregui, de Matanzas, para que pueda vender 83 esclavos. Y en relación con los vínculos de Antonio López con Eladio Rubira, cfr. AHPSC, Escribanía Real de Manuel Caminero, protocolo 103, manual de 1852, fol. 315 y ss., 29 de noviembre de 1852. <<

[18] AHPSC, Escribanía de Soler y Regüeiferos, protocolo 602, manual de 1848, fol. 23 y ss., 19 de agosto de 1848. <<

[19] ANC, Audiencia de Santiago de Cuba, legajo 1256, número 42.248. <<

[20] AHPSC, Escribanía de Soler y Regüeiferos, protocolo 602, manual de 1848, fol. 4 y ss., 10 de enero de 1848; fol. 310 y ss., 30 de noviembre de 1848; y protocolo 603, manual de 1849, fol. 22 y ss., 10 de febrero de 1849. <<

[21] AHPSC, Escribanía Real de Manuel Caminero, protocolo 104, manual de 1853, 25 de marzo de 1853, fols. 105-106. <<

[22] AHN, Estado, legajo 8047, doc. 17. <<

[23] House of Commons Parliamentary Papers, Slave Trade, Class B. Correspondence with British Ministers and Agents in Foreign Countries and with Foreign Ministers in England, relating to Slave Trade, From January 1 to December 31, 1861, Londres, Crawford to the Captain-General of Cuba, 10 de diciembre de 1860. <<

[24] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1863, primera parte, 2 de junio de 1863, fols. 281-298. <<

[25] AHPSC, Escribanía de Soler y Regüeiferos, protocolo 602, manual de 1848, 28 de agosto de 1848, fol. 233 y ss.; protocolo 603, manual de 1849, 11 de junio de 1849, fol. 60; protocolo 604, manual de 1850, 19 de septiembre de 1850, fol. 125; Escribanía Real de Manuel Caminero, protocolo 108, manual de 1857, 23 de agosto de 1857, fol. 218 y ss. <<

[26] AHPSC, Escribanía de Rafael Ramírez, protocolo 531, manual de 1851, 12 de abril de 1851, fol. 92 y ss.; 16 de diciembre de 1851, fol. 303 y ss; Escribanía de Juan Giró, protocolo 281, manual de 1851, 12 de abril de 1851, fol. 92 y ss. <<

[27] AHPSC, Escribanía de Rafael Ramírez, protocolo 532, manual de 1852, 7 de enero de 1852, fol. 5 y ss. <<

[28] AHPSC, Escribanía de Juan Giró, protocolo 283, manual de 1853, 13 de enero de 1853, fol. 11; Fondo Anotaduría de Hipotecas, Libro 38 (1852-1857), fol. 20. <<

[29] AHPSC, Escribanía de Rafael Ramírez, protocolo 531, manual de 1851, 16 de abril de 1851. <<

[30] Catedral de Santiago de Cuba, Libro de Bautismo de Blancos, Libro 17, fol. 243r, inscripción número 199; Libro 18, fol. 41v, inscripción número 18. <<

[31] Bacardí (1925), vol. II, p. 418; AHPSC, Escribanía de Soler y Regüeiferos, protocolo 602, fol. 190; Escribanía de Juan Giró, protocolo 279, fol. 203. <<

[32] ANC, Audiencia de Santiago de Cuba, legajo 729, número 16.645; legajo 911, número 3177; AHPSC, Escribanía de Rafael Ramírez, protocolo 528, fol. 105 y ss.; Escribanía de Juan Giró, protocolo 279, fol. 175 y ss.; Escribanía de Juan Giró, protocolo 283, fol. 138 y ss. <<

[1] AHPSC, Escribanía de Juan Giró, manual de 1853, protocolo 283, 13 de enero de 1853, fol. 11; 28 de enero de 1853, fol. 26; y 23 de julio de 1853. <<

[2] AHPSC, Escribanía Real de Manuel Caminero, manual de 1853, fols. 309 y 310, 23 de julio de 1853. <<

[3] ANC, Gobierno General, legajo 464, expediente 22910; Gobierno Superior Civil, legajo 1017, expediente 35379; AHPSC, Escribanía Real de Manuel Caminero, manual de 1847, 29 de julio de 1857, fol. 223 y ss.; 8 de agosto de 1857, fol. 238 y ss.; manual de 1860, 19 de octubre de 1860, fol. 316. <<

[4] AHPSC, Escribanía de Juan Giró, manual de 1850, 28 de marzo de 1850, fol. 98. <<

[5] AHPSC, Escribanía de Juan Giró, manual de 1853, protocolo 283, 27 de agosto de 1853, fol. 508. <<

[6] AHPSC, Escribanía de Rafael Ramírez, manual de 1854, protocolo 105, 26 de enero de 1854, fol. 12. <<

[7] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1862, segunda parte, 12 de diciembre de 1862, fol. 210. <<

[8] AHPB, Magín Soler y Gelada, manual de 1855, 7 de julio de 1855 y 8 de octubre de 1855. <<

[9] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1856, segunda parte, 25 de septiembre de 1856, doc. 327. <<

[10] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1856, segunda parte, 17 de septiembre de 1856, fols. 130-131. <<

[11] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1856, segunda parte, 17 de septiembre de 1856, fols. 132-133. <<

[12] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1856, segunda parte, 24 de septiembre de 1856, fols. 146-151. <<

[13] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1856, segunda parte, 7 de octubre de 1856, doc. 345; 8 de octubre de 1856, fol. 188 y ss.; 11 de octubre de 1856, fol. 196. <<

[14] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1857, primera parte, fols. 227r-228v, 18 de marzo de 1857; fols. 262r-263v, 8 de abril de 1857; y fols. 497r-520v, 27 de junio de 1857. <<

[15] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1857, primera parte, 3 de abril de 1857. <<

[16] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1857, primera parte, fols. 497r-520v, 15 de junio de 1857. <<

[17] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1858, primera parte, fol. 189, 13 de abril de 1858. <<

[18] AHPSC, Escribanía Real de Manuel Caminero, manual de 1857, 23 de julio de 1857, fol. 223 y ss. <<

[19] AHPSC, Escribanía Real de Manuel Caminero, manual de 1857, 7 de agosto de 1857, fol. 234 y ss. <<

[20] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1857, segunda parte, 27 de noviembre de 1857. <<

[21] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1856, segunda parte, 24 de noviembre de 1856; AHPB, Montserrate Corominas, manual de 1858, 29 de diciembre de 1857 y 31 de diciembre de 1857. <<

[22] AHPB, Montserrate Corominas, manual de 1858, 2 de enero de 1858 y 7 de enero de 1858. <<

[23] AHPB, Montserrate Corominas, manual de 1858, 9 de enero de 1858. <<

[24] AGI, Ultramar, legajo 329, documento 43 (7). <<

[25] AHPB, Escribanía de Marina, manual de 1831, fol. 422r, 5 de septiembre de 1831. <<

[26] AHPB, Jaime Rigalt Alberch, manual de 1863, segunda parte, fols. 555-556, 4 de septiembre de 1863. <<

[27] ACA, Real Audiencia, Tribunal de Comercio, 5613. <<

[28] ACA, Real Audiencia, Tribunal de Comercio, 1321. <<

[29] AHPB, Jaime Rigalt Alberch, manual de 1845, fol. 362, 31 de octubre de 1845. <<

[30] AHPB, Jaime Rigalt Alberch, manual de 1845, fol. 317, 26 de septiembre de 1845. <<

[31] AHPB, Jaime Rigalt Alberch, manual de 1849, fols. 313-316, 21 de septiembre de 1849; ANC, Gobierno General, legajo 464, número 22910, escritura de poderes a 21 de mayo de 1849 ante José Ramón Chacón de José Antonio Rosell (socio gerente de Rosell y Cía.) a José March Pascual: «que teniendo tal sociedad proyectado reunirse en su giro mercantil con el de Don Gaudencio Masó y Pascual, vecino y del comercio de Barcelona, en término de hacer una fusión de las dos casas». <<

[32] AHPB, Jaime Rigalt Alberch, manual de 1850, fols. 40-47, 25 de enero de 1850. <<

[33] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1863, segunda parte, folio 511, 4 de agosto de 1863. <<

[34] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1858, segunda parte, 4 de agosto de 1858, fol. 59 y ss. <<

[35] AHPSC, Escribanía de Juan Giró, manual de 1858, 10 de marzo de 1858, fol. 112, y 8 de abril de 1858, fol. 144. <<

[36] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1858, primera parte, 13 de abril de 1858, fols. 189-190; 14 de abril de 1858, fols. 191 y ss.; 19 de abril de 1858, fol. 199 y ss. <<

[37] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1858, segunda parte, 4 de agosto de 1858, fol. 59 y ss.; y 7 de agosto de 1858. <<

[38] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1858, segunda parte, 9 de diciembre de 1858, fol. 274 y ss. <<

[39] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1859, primera parte, 18 de febrero de 1859. <<

[40] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1859, primera parte, fol. 154, 24 de marzo de 1859; y fol. 279, 27 de mayo de 1859. <<

[41] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1859, segunda parte, 5 de diciembre de 1859. <<

[42] AHPB, José Manuel Planas Compte, manual de 1859, 4 de marzo de 1859. <<

[43] AHPB, José Manuel Planas Compte, manual de 1862, segunda parte, 25 de agosto de 1862. <<

[1] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1857, primera parte, 18 de febrero de 1857. <<

[2] AHPB, Ramón de Miquelerena, manual de 1861, primera parte, 13 de febrero de 1861; segunda parte, 3 de octubre de 1861, fol. 179. <<

[3] AHPNM, Sebastián Carbonell, manual de 1857, 26.338, 11 de enero de 1857, fols. 7-11. <<

[4] Ibid. AHPNM, Sebastián Carbonell, manual de 1857, 26.338, 11 de enero de 1857, fols. 7-11. TEXTO_ADICIONAL: La escritura de aceptación de su incorporación a la nueva empresa por parte de Joaquín M. Satrústegui se firmó dos semanas después, cfr. AHPNM, Sebastián Carbonell, manual de 1857, protocolo 26.338, 24 de enero de 1857, fol. 63. <<

[5] AHPA, Protocolos Notariales, José Cirer Palou, manual de 1857, 1.ª parte, 10 de marzo de 1857, fol. 541. <<

[6] Vila (1858: 462-463, y 491). Para una visión anecdótica de las entrevistas entre López y Salamanca, véase Regatillo (1950), p. 12. <<

[7] AHPA, Protocolos Notariales, José Cirer y Palou, manual de 1857, 31 de diciembre de 1857; manual de 1858, 27 de enero de 1858; Francisco Rovira y Serrante, manual de 1858, 27 de abril de 1858. <<

[8] ICNC, Protocolos Notariales, Vicente Cereijo Varela, manual de 1859, 17 de febrero de 1859 y 18 de febrero de 1859. <<

[9] González Echegaray (1971: 21). DdeB, 3 de noviembre de 1859 tarde: «Alicante 30. Acaban de embarcarse los generales Ros de Olano, Turon y Quesada a bordo del vapor Madrid, con muchos oficiales, 400 individuos de tropa y tiendas de campaña» (p. 159); «El vapor Alicante que debe llegar inmediatamente a este puerto [de Alicante] procedente de Marsella trae gran cantidad de cajas con legumbres en conserva y hornos económicos para el ejército espedicionario [sic ]» (p. 156). <<

[10] AHN, Ultramar, Leg. 5453. <<

[11] La asociación de las tres navieras catalanas mencionadas se había hecho cargo del servicio desde el 6 de junio de 1850. Garay (1987), vol. II, p. 178. <<

[12] AHN, Ultramar, Leg. 5453: El gobierno realizó un «cálculo aproximado de ingresos y gastos que tendrá la empresa de correos trasatlánticos», incluyendo en la cuenta de explotación de un año de la empresa no sólo los gastos ordinarios, sino también la amortización anual de la inversión inicial a razón del 4 por ciento y el interés anual del 6 por ciento de la misma cantidad. Según ese cálculo el déficit anual era de 11.432.000 reales. La subvención aprobada, no obstante, era de 14.160.000 reales, lo que suponía para la empresa los beneficios netos señalados de 2.728.000 reales —es decir, 682.000 pesetas— cada año. <<

[13] AHPA, Protocolos Notariales, Francisco Rovira y Serrante, manual de 1861, 10 de abril de 1861. <<

[14] MMB, Compañía Trasatlántica, Reales Órdenes y Oficios 7, 8, 9, 13, 15, 16, 23 y 28. <<

[15] AHPNM, León Muñoz y Miguel, manual de 1862, 6 de diciembre de 1862. <<

[16] AHPB, José Umbert de Soler, manual de 1869, primera parte, 4 de marzo de 1869. <<

[17] AHPB, Miguel Martí Sagristá, manual de 1865, primera parte, 17 de febrero de 1865. <<

[18] AHPB, Miguel Martí Sagristá, manual de 1866, primera parte, 11 de mayo de 1866 y 26 de mayo de 1866. <<

[19] AHPB, León Muñoz y Miguel, manual de 1868, 8 de julio de 1868 y 9 de octubre de 1868. <<

[20] La Aurora del Yumurí, 30 de abril de 1865, anuncio de A. López y Cía. <<

[21] AHPB, Miguel Martí y Sagristá, manual de 1872, primera parte, 11 de marzo de 1872. <<

[22] AHPB, Miguel Martí y Sagristá, manual de 1873, primera parte, 21 de junio de 1873. <<

[23] AHPA, Protocolos Notariales, José Cirer Palou, manual de 1868, 28 de agosto de 1868. <<

[24] AHPB, Miguel Martí Sagristá, manual de 1868, segunda parte, 31 de diciembre de 1868. <<

[25] AHPB, Miguel Martí Sagristá, manual de 1869, primera parte, 16 de enero de 1869, 17 de enero de 1869 y 8 de mayo de 1869. <<

[26] AHPB, Miguel Martí Sagristá, manual de 1870, primera parte, 21 de febrero de 1870 y 8 de junio de 1870; segunda parte, 11 de julio de 1870; manual de 1874, primera parte, 15 de abril de 1870. <<

[27] AHPB, Miguel Martí Sagristá, manual de 1868, primera parte, 30 de mayo de 1868. <<

[1] Arxiu de la Diputació de Barcelona, legajo 3.543, exp. 3. <<

[2] Diario de Barcelona, 18 de febrero de 1869, pp. 1.539-1.540. <<

[3] Diario de Barcelona, 18 de febrero de 1869, pp. 1.539-1.540. <<

[4] Diario de Barcelona, 19 de febrero de 1869, p. 1.585. <<

[5] Diario de Barcelona, 21 de febrero de 1869, p. 1.561; 14 de marzo de 1869, p. 2.461. En Sant Feliu de Guíxols recaudaron, por ejemplo, 6.035 pesetas mientras que en Lloret de Mar aportaron otras 5.285; cfr. Diario de Barcelona, 10 de marzo de 1869 y 24 de marzo de 1869, p. 2.856. <<

[6] Diario de Barcelona, 22 de febrero de 1869, p. 1.690; 23 de febrero de 1869, p. 1.706; 25 de febrero de 1869, p. 1.771; 3 de marzo de 1869, p. 2.017; 4 de marzo de 1869, pp. 2.050 y 2.073. <<

[7] Moreno Masó (1993: 66-67). También el cónsul estadounidense de Barcelona hablaba de voluntarios de entre quince y cuarenta años, cfr. USNA, Consulate (Barcelona), Despatches from U. S. Consuls in Barcelona, Spain. <<

[8] Piqueras (1992: 303-304) ha señalado, por otro lado, que las remuneraciones ofrecidas eran equivalentes a las que «alcanza[ba]n sólo los trabajadores muy especializados», en un contexto de alto desempleo, lo que explicaría el «aliciente mercenario» y el éxito de la operación. No obstante, buena parte de los alistados no eran desempleados sino que, como señalaba Timoteo Capella, uno de los impulsores de la operación, en una carta dirigida a Víctor Balaguer, «cuasi todos han dejado las colocaciones que ocupaban, contando muchos de ellos que en acabando allí [en Cuba] la campaña encontrarán todos buenas colocaciones», recogido por García (1995: 95). <<

[9] Diario de Barcelona, 19 de febrero de 1869, p. 1585; 3 de marzo de 1869, p. 2.041. <<

[10] Arxiu de la Diputació de Barcelona, legajo 560, exp. 2. <<

[11] Diario de Barcelona, 25 de marzo de 1869, p. 2.890. Mientras se alistaban más jóvenes para el Segundo y el Tercer Batallón de Voluntarios Catalanes, en el otoño siguiente, la prensa conservadora de la ciudad seguía insistiendo en que «la Patria tendrá en estos entusiastas voluntarios, tercios tan aguerridos como aquellos que inmortalizaron el nombre catalán en Oriente», cfr. Diario de Barcelona, 14 de noviembre de 1869, p. 11.375. <<

[12] Arxiu de la Diputació de Barcelona, legajo 3.543, exp. 3. El énfasis en la cita es mío. <<

[13] Diario de Barcelona, 19 de febrero de 1869, p. 1.585; 28 de marzo de 1869, p. 2.890. A la prensa conservadora le interesaba hacer ver que entre los primeros alistados destacaban quienes habían participado en el cuerpo de voluntarios catalanes de la guerra de África o en alguna milicia de corte democrático: «hay muchos voluntarios de la libertad, un gran número de licenciados del ejército, [y] varios individuos del cuerpo de voluntarios catalanes que pasó a África», cfr. Diario de Barcelona, 23 de febrero de 1869, p. 1.706. Consta, en otros casos, la presencia de algún alistado para Cuba cuyo padre «había muerto siendo voluntario en la campaña de África», cfr. Diario de Barcelona, 24 de noviembre de 1869, pp. 1.726-1.727. <<

[14] Diario de Barcelona, 28 de marzo de 1869, pp. 2.995-2.996; 25 de marzo de 1869, p. 2.890. <<

[15] Janué (2002), para las citas cfr. pp. 129 y 132. El énfasis en las citas es mío. <<

[16] Arxiu de la Diputació de Barcelona, legajo 3.543, exp. 3. <<

[17] Ibid. Arxiu de la Diputació de Barcelona, legajo 3.543, exp. 3. <<

[18] Notaría de San Vicente de la Barquera, Florencio Cacho Herrera, manual de 1868 a 1869, 4 de julio de 1868, 19 de julio de 1868 y 2 de agosto de 1868. <<

[19] En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Reglamento por el que se ha de regir la constitución de una renta de rs. 15.000, hecha por el Excmo. Sr. D. Antonio López y López para el socorro, protección y fomento de las clases pobres de esta villa, Barcelona, N. Ramírez y Cía., 1870. <<

[20] AHPC, Protocolos Notariales, Ramón María Pardillo, manual de 1869, 31 de diciembre de 1869, fols. 4187-4213. <<

[21] AHPNM, Manuel Caldeiro, 13 de noviembre de 1868. AHPB, Miguel Martí y Sagristá, manual de 1869, segunda parte, 22 de diciembre de 1869; y manual de 1870, primera parte, 15 de enero de 1870. <<

[22] AHPNM, Manuel Caldeiro, 22 de marzo de 1870; AHPB, Martí y Sagristá, manual de 1871, primera parte, 13 de junio de 1871; y segunda parte, 17 de agosto de 1871. <<

[23] AHPB, Miguel Martí y Sagristá, manual de 1871, primera parte, 27 de mayo de 1871. <<

[24] El acuerdo se adoptó en la junta del gobierno del Crédito Mercantil de 23 de enero de 1871. Diario de Barcelona, 24 de enero de 1871, mañana. Durante los veinte días anteriores las acciones se habían venido cotizando entre un 14 y un 15,6 por ciento de su valor nominal, muy por debajo del 25 por ciento desembolsado. <<

[25] Aunque el Crédito Mercantil canjeó las tierras por las acciones propiedad de la sociedad A. López y Cía. ésta acabaría traspasando las mismas a Antonio López y López a título particular en febrero de 1873. AHPB, Miguel Martí y Sagristá, manual de 1874, segunda parte, 6 de octubre de 1874. <<

[26] Memoria leída en la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad de Crédito Mercantil de marzo de 1871. <<

[27] AHPB, Miguel Martí y Sagristá, manual de 1870, primera parte, 3 de junio de 1870. <<

[28] AHPB, Miguel Martí y Sagristá, manual de 1870, primera parte, 15 de enero de 1870 y 3 de junio de 1870; y segunda parte, 15 de julio de 1870. <<

[29] AHPB, Miguel Martí y Sagristá, manual de 1872, primera parte, 15 de junio de 1872. <<

[30] AHPB, Miguel Martí y Sagristá, manual de 1870, primera parte, 9 de junio de 1870. <<

[31] Archivo Privado Leopoldo Gil Nebot, caja 4, carpeta «Correspondencia de José Gil Serra, cartas de 1869 a 1873», carta de José Gil Serra (Córdoba) a su hermano Leopoldo (Barcelona), a 7 de agosto de 1871. <<

[32] AHPNM, Miguel García Noblejas, manual de 1876, 15 de diciembre de 1876. <<

[33] Memoria que presenta a la Junta de Sres. Delegados de los Centros Hispano-Ultramarinos peninsulares el Excmo. Sr. Marqués de Manzanedo, presidente del Centro Hispano-Ultramarino de Madrid, Madrid, Imprenta de Dos Orejas, 1872. <<

[34] Ibid. Memoria que presenta a la Junta de Sres. Delegados de los Centros Hispano-Ultramarinos peninsulares el Excmo. Sr. Marqués de Manzanedo, presidente del Centro Hispano-Ultramarino de Madrid, Madrid, Imprenta de Dos Orejas, 1872. TEXTO_ADICIONAL: p. 21. <<

[35] AHN, Ultramar, Cuba, Gobierno, legajo 3553, documento 3 (30). <<

[36] La Época, 18 de enero de 1873, p. 2. <<

[37] A los hacendados y dueños de esclavos de la isla de Cuba, la Junta Delegada, La Habana, 1873. <<

[38] La Época, 16 de febrero de 1873, p. 2. <<

[39] Gaceta de Madrid, 26 de marzo de 1873, tomo I, p. 979. <<

[40] Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona, Expedientes personales de Antonio López Bru y de Claudio López Bru. <<

[41] Ibid. Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona, Expedientes personales de Antonio López Bru y de Claudio López Bru. <<

[42] Ángel F. Pérez (1944): Historial de la sociedad Pérez y Cía. S. C., manuscrito inédito. <<

[43] Libro mayor número 2 de Ángel B. Pérez y Cía. <<

[44] AHPB, Miguel Martí Sagristá, manual de 1873, primera parte, 5 de marzo de 1873. <<

[45] MMB, fondo Compañía Trasatlántica, Real Orden 707 bis; AHPB, Luis Gonzaga Soler y Pla, manual de 1880, quinta parte, 30 de octubre de 1880. <<

[46] La Época, 8 de febrero de 1874, p. 4. <<

[47] La Época, 24 de septiembre de 1874, p. 2. <<

[48] La Época, 4 de noviembre de 1874, p. 3. <<

[49] La Época, 17 de febrero de 1875, p. 4. <<

[50] El Imparcial, 26 de septiembre de 1875, p. 3. <<

[51] El Imparcial, 24 de julio de 1875, p. 3. <<

[1] AHN, Ultramar, legajo 4725. <<

[2] AHPNM, Rafael de Casas, manual de 1871, 8 de abril de 1871. <<

[3] AHPNM, Luis González Martínez, manual de 1876, 12 de octubre de 1876. <<

[4] AHN, Ultramar, legajo 4760. <<

[5] La Época, 3 de noviembre de 1876, p. 2. <<

[6] ANC, Miscelánea de expedientes, n.º 1673 At: «Expediente relativo a la disolvencia de la sociedad empresaria de Vapores correos Trasatlánticos de Samá Sotolongo y Comp.ª, y a la formación de otra de igual clase por los Sres. Don Manuel Calvo, Don José Olano y Don Francisco Torres». <<

[7] ANC, Protocolos Notariales, manual de Nicolás Villageliu, 1876, segunda parte, fol. 1226 y ss. <<

[8] El Siglo Futuro, 30 de enero de 1878, p. 2; La Época, 12 de febrero de 1878, p. 4, y 27 de septiembre de 1878, p. 1. <<

[9] AHPNM, José García Lastra, manual de 1872, 6 de noviembre de 1872; AHPB, Miguel Martí Sagristá, manual de 1872, segunda parte, 29 de octubre de 1872. <<

[10] AHPNM, Rafael de Casas, manual de 1875, 21 de julio de 1875; y manual de 1877, 19 de abril de 1877; José García Lastra, manual de 1876, 7 de junio de 1876 y 14 de junio de 1876. <<

[11] AHPNM, Manuel Caldeiro, manual de 1873, 20 de diciembre de 1873. José de Salamanca y sus dos hijos legítimos representaban el 70 por ciento del capital-acciones de dicha compañía. <<

[12] AHPNM, José García Lastra, manual de 1875, 10 de septiembre de 1875; La Época, 10 de septiembre de 1875, p. 2; 17 de octubre de 1875, p. 4. <<

[13] AHPNM, Rafael de Casas, manual de 1877, 12 de junio de 1877. <<

[14] ANCa, Fondo Güell-Comillas, sección empresas. <<

[15] AHPNM, Cipriano Pérez Alonso, 16 de diciembre de 1878. <<

[16] AHPNM, José Gonzalo de las Casas, manual de 1869, 10 de noviembre de 1869. <<

[1] AHPB, Miguel Martí Sagristá, manual de 1864, 9 de junio de 1864. <<

[2] AHPB, Miguel Martí Sagristá, manual de 1871, primera parte, 22 de febrero de 1871. <<

[3] AHPB, Luis Gonzaga Soler y Pla, manual de 1879, primera parte, 16 de enero de 1879, fols. 139-145. <<

[4] AHPB, Luis Gonzaga Soler y Pla, manual de 1879, primera parte, 22 de febrero de 1879 y 27 de febrero de 1879; segunda parte, 18 de marzo de 1879; tercera parte, 21 de junio de 1879; Miguel Martí Sagristá, manual de 1879, segunda parte, 23 de agosto de 1879. <<

[5] La Publicidad, 7 de mayo de 1879, p. 3. <<

[6] El Diluvio, 6 de diciembre de 1879, p. 7.319. <<

[7] La Publicidad, 30 de diciembre de 1879, p. 3. <<

[8] AHPNM, Luis González Martínez, manual de 1880, 14 de junio de 1880. <<

[9] Gaceta de Madrid, 15 de junio de 1880. <<

[10] Memoria leída, del 25 de octubre de 1880. <<

[11] Almanaque del Diario de Barcelona para 1881, p. 110. <<

[12] AHPB, Miguel Martí Sagristá, manual de 1880, primera parte, 19 de abril de 1880, fols. 975-982. <<

[13] AHPNM, Cipriano Pérez, manual de 1880, protocolo 34.526, 30 de noviembre de 1880 y 1 de diciembre de 1880. <<

[14] AHPNM, Cipriano Pérez, manual de 1880, protocolo 34.526, 22 de noviembre de 1880, fols. 6366 y ss. <<

[15] La Crónica de Cataluña, 11 de junio de 1880, p. 3. <<

[16] AHPB, Luis Gonzaga Soler y Pla, manual de 1881, tercera parte, fols. 2730-2777, 1 de junio de 1881. <<

[17] AHPB, Luis Gonzaga Soler y Pla, manual de 1881, cuarta parte, 9 de julio de 1881. <<

[18] La Época, 8 de julio de 1881, p. 2. <<

[19] La Iberia, 11 de agosto de 1881, pp. 1-2. <<

[20] Ibid. La Iberia, 11 de agosto de 1881, pp. 1-2. <<

[21] La Época, 28 de agosto de 1881, p. 3. <<

[22] La Ilustración Española y Americana, 8 de septiembre de 1881, p. 3. <<

[23] La Correspondencia de España, 30 de agosto de 1881, p. 3. <<

[24] Ibid. La Correspondencia de España, 30 de agosto de 1881, p. 3. <<

[25] La Época, 6 de septiembre de 1881, p. 2. <<

[26] La Época, 30 de agosto de 1881, p. 3. <<

[27] La Época, 8 de septiembre de 1881, p. 2. <<

[28] La Iberia, 5 de septiembre de 1881, p. 2. <<

[29] La Época, 6 de septiembre de 1881, p. 2. <<

[30] La Correspondencia de España, 7 de septiembre de 1881, p. 3. <<

[31] La Discusión, 8 de septiembre de 1881, p. 1. <<

[32] La Época, 11 de septiembre de 1881, p. 2. <<

[33] La Época, 14 de septiembre de 1881, p. 3. <<

[1] Archivo del Senado, expediente del senador Antonio López y López. <<

[2] Ibid. Archivo del Senado, expediente del senador Antonio López y López. <<

[3] La Época, 18 de enero de 1883, p. 1. <<

[4] AHPB, Luis Gonzaga Soler Pla, manual de 1882, primera parte, 21 de marzo de 1882. <<

[5] Compañía Trasatlántica. Memoria leída en la Junta General de Accionistas celebrada en Barcelona el día 22 de junio de 1882, Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1882. <<

[6] Diario de Sesiones de Cortes-Congreso, Legislatura de 1879-1880, núm. 45, sesión 24 de julio de 1879, pp. 847-849. <<

[7] Ibid. Diario de Sesiones de Cortes-Congreso, Legislatura de 1879-1880, núm. 45, sesión 24 de julio de 1879, núm. 130, sesión de 31 de marzo de 1880, p. 2.455. <<

[8] Ibid. Diario de Sesiones de Cortes-Congreso, Legislatura de 1879-1880, núm. 45, sesión 24 de julio de 1879, núm. 130, sesión de 31 de marzo de 1880, p. 2.494; pp. 2.456-2.457 y pp. 2.461-2.462; núm. 131, 1 de abril de 1880, pp. 2.4952.496. <<

[9] Diario de Barcelona, 2 de abril de 1880, pp. 3937-3938. <<

[10] Diario de Barcelona, 28 de junio de 1881, p. 7703. <<

[11] ANCa, Fondo Compañía General de Tabacos de Filipinas, 01.01, caja 1. <<

[12] AHPB, Luis G. Soler Pla, Manual de 1881, sexta parte, 26-XI1881; y Manual de 1882, primera parte, 19 de enero de 1882. <<

[13] ANCa, Fondo Compañía General de Tabacos de Filipinas, 01.01, Documentación Constitutiva 1881-1882. <<

[14] La Época, 22 de julio de 1882, p. 2. <<

[15] El Imparcial, 1 de agosto de 1882, p. 2. <<

[16] El Imparcial, 9 de agosto de 1882, p. 2. <<

[17] El Imparcial, 6 de agosto de 1882, p. 2. <<

[18] El Imparcial, 12 de agosto de 1882, p. 2. <<

[19] El Imparcial, 17 de agosto de 1882, p. 2. <<

[20] El Imparcial, 21 de agosto de 1882, p. 1. <<

[21] El Imparcial, 23 de agosto de 1882, p. 2; 24 de agosto de 1882, p. 2. <<

[22] El Imparcial, 24 de agosto de 1882, p. 2. <<

[23] La Época, 14 de septiembre de 1882, p. 4. <<

[24] La Época, 24 de agosto de 1882, p. 2; El Imparcial, 25 de agosto de 1882, p. 2. <<

[25] La Época, 28 de agosto de 1882, p. 2. <<

[26] La Época, 1 de septiembre de 1882, p. 3. <<

[27] La Época, 10 de septiembre de 1882, p. 3. <<

[28] La Época, 6 de septiembre de 1882, p. 3; 16 de septiembre de 1882, p. 3. <<

[29] La Época, 13 de septiembre de 1882, p. 2, y 19 de septiembre de 1882, p. 2. <<

[30] AHPNM, José García Lastra, manual de 1883, tercera parte (protocolo 35063), 28 de julio de 1883, fols. 3880-3895. <<

[31] Compañía General de Tabacos de Filipinas. Primer ejercicio social. Memoria leída en la Junta General Ordinaria de Accionistas del 15 de enero de 1883 presidida por el Excmo. Sr. D. Antonio López y López, presidente del Consejo de Administración, 2.ª edición, Barcelona, Tipografía de Luis Tasso, 1899. <<

[1] El Diluvio, 17 de enero de 1883-tarde, p. 2. <<

[2] La Vanguardia, 17 de enero de 1883-tarde, p. 1. <<

[3] Diario de Barcelona, 17 de enero de 1883-tarde, pp. 729-730; 18 de enero de 1883, p. 739. <<

[4] Diario de Barcelona, 20 de enero de 1883, p. 860. <<

[5] Diario de Barcelona, 19 de enero de 1883-tarde, pp. 849-850. <<

[6] Ibid. Diario de Barcelona, 19 de enero de 1883-tarde, pp. 849-850. <<

[7] Diario de Barcelona, 20 de enero de 1883, p. 859. <<

[8] La Época, 2 de marzo de 1883, p. 2. <<

[9] La Vanguardia, 24 de enero de 1883, p. 5. <<

[10] Diario de Barcelona, 18 de enero de 1883-tarde, p. 739; La Vanguardia, 18 de enero de 1883, p. 1. <<

[11] Diario de Barcelona, 21 de enero de 1883, p. 907. <<

[12] La Época, 28 de enero de 1883, p. 4. <<

[13] Diario de Barcelona, 18 de enero de 1883, p. 739. <<

[14] La Ilustración Católica, 15 de febrero de 1883, pp. 8-9. <<

[15] Diario de Barcelona, 24 de enero de 1883, p. 1.026. <<

[16] El Imparcial, 24 de mayo de 1883, p. 3. <<

[17] La Ilustración Española y Americana, 30 de enero de 1883, pp. 58-59. <<

[18] La Vanguardia, 16 de febrero de 1883, p. 1. <<

[19] Diario de Barcelona, 25 de enero de 1883, p. 1.074. <<