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Introducción

El destino de este continente, Europa, está lejos de ser fácil. Es muy sencillo dar cuenta de todas las guerras y escaramuzas que ha sufrido. Y cada siglo trae consigo nuevas pruebas, nuevos retos y nuevas guerras al suelo de este continente. Varias veces se han hecho intentos para detener esta cadena de trágicos acontecimientos, pero ahora nuestros esfuerzos pueden y deben dar sus frutos. Han pasado casi diez años y, por primera vez en la historia, los pueblos de Europa están unidos por valores democráticos comunes. Todos nosotros.

BORÍS YELTSIN , presidente de la Federación Rusa, en la Cumbre OTAN-Rusia de París, 27 de mayo de 1997.

A sí se pronunciaba el líder ruso, Borís Yeltsin, en un momento clave de la historia europea. Moscú llamaba a las puertas de Occidente y sus valores comunes con la firma del Acta Fundacional sobre Relaciones Mutuas, Cooperación y Seguridad entre Rusia y la OTAN. La caída del bloque socialista desplegaba todo un mundo de posibilidades para el liberal internacionalismo. Junto a ello se abría una estrecha ventana de valores comunes, que fue desaprovechada, para construir un orden de seguridad europeo que no trajera de vuelta fantasmas oscuros del pasado. ¿Por qué Rusia no fue integrada en el orden liberal occidental? ¿A qué ha conducido la política de seguridad de la OTAN desde entonces? ¿Había límites para la expansión de Estados Unidos hacia los escombros que dejó la Guerra Fría? ¿Es Ucrania el último actor desestabilizado que Rusia ya no podía permitirse perder en favor de Occidente o solo el primer paso en la reconstrucción de algo mayor? ¿Cómo se ha llegado, en el siglo XXI, a una nueva guerra en Europa? ¿Se pudo haber evitado la guerra de Ucrania?

Esta obra pretende dar todas las perspectivas en torno a estas preguntas para que los lectores construyan sus propias interpretaciones sobre la competición de grandes potencias, aparentemente silenciada para el público occidental durante las décadas de momento unipolar, pero siempre presente en la medida de las capacidades de cada actor. El epicentro del tumulto que la motiva es, en este caso, una Ucrania entre multitud de factores culturales, históricos, políticos, diplomáticos, económicos, demográficos, geoestratégicos o militares. Pero la guerra de Ucrania va mucho más allá de Ucrania. Desde la relación nacional entre los pueblos eslavos hasta la intensa actividad diplomática y militar que precedió al precipicio en el que cayeron las décadas de unipolaridad. Para entender el conflicto hace falta ir bastante más atrás de 2022 e incluso 2021. Hasta la guerra del Donbás, la revuelta del Maidán, la conformación de una Ucrania independiente con distintas identidades nacionales o la consolidación de un Estado ucraniano fuera del enfoque nacional.

¿Se encuentra el mundo ante una nueva Guerra Fría? ¿Cómo se configura un mundo multipolar? ¿Qué papeles pueden cumplir la Ucrania moderna, la Ucrania post-Maidán y la Ucrania de la posguerra ruso-ucraniana? ¿Por qué es tan importante el conflicto político para entender el estallido de una guerra en Europa? Nada se entrega a la casualidad. En esta obra todo tiene explicaciones y recorrido. Como caracteriza a Descifrando la guerra, la forma de entender el mundo se desentraña mediante el seguimiento profundo pero accesible y la atención a todos los puntos de vista, los contextos y los análisis que observan la realidad sin imponer cómo deben ser las cosas. Todo lo que necesitas saber sobre Rusia, Occidente y, por supuesto, Ucrania, para tratar de entender qué se ha puesto en juego y por qué no se solucionó cuando se pudo. La guerra convencional no es, ni de lejos, una excepción en el siglo XXI . Pero la Guerra Fría tampoco.

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¿QUIÉN ES EL HEREDERO DE LA RUS DE KIEV?

P ara entender la construcción nacional de muchos estados es necesario repasar la historia de sus pueblos, a menudo empleada por las élites para canalizar emociones en torno a una u otra identidad que justifique posiciones políticas. En el caso de los pueblos ruso y ucraniano, el punto de debate nacional parte de un origen común en torno a una entidad: la Rus de Kiev.

Los debates sobre el origen común de Rusia y Ucrania han sido una fuente constante de controversias entre los círculos intelectuales y políticos de ambos estados. Las llamadas tesis normandistas afirman que la fundación de este primer Estado tiene su origen en poblaciones vikingas escandinavas, frente a las antinormandistas que, a grandes rasgos, defienden que el origen de la Rus de Kiev es eslavo. Este debate constituye una buena muestra de las divisiones existentes a la hora de interpretar la fundación de Rusia y Ucrania. Es innegable que los dos países comparten una vinculación histórica y un punto de referencia primigenio que es la monarquía feudal fundada en el siglo IX : la Rus de Kiev. La conformación de este proto-Estado no está exenta de discusiones entre los propios historiadores ya que la fuente histórica más antigua, la Crónica de Néstor , no existe hoy en día.

Según los restos arqueológicos, el territorio que actualmente se divide entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia estaba habitado por una serie de tribus eslavas: eslovenos, polianos, drevlianos, dregoviches, viatiches, severianos y radimiches, así como pueblos que provenían de las estepas. En el siglo IX comienzan a desarrollarse numerosas metrópolis, siendo las ciudades más importantes Nóvgorod, Pereyáslav, Chernígov, Smolensk, Palotsk, Vladímir y Kiev. A estas sociedades urbanas se unirían los varegos, un pueblo proveniente de Escandinavia que habría penetrado en el territorio que abarcarían la Rusia y Ucrania modernas. Según la Crónica de Néstor , tras varias disputas entre eslavos y varegos, finalmente las tribus eslavas le habrían pedido a los varegos —vinculados con la identidad vikinga o normanda— que se hiciesen cargo del gobierno de estos territorios debido a la imposibilidad de los habitantes de establecer un poder estable. En aquel momento llegaron un grupo de varegos, proveniente de Escandinavia, encabezado por Rúrik, que aceptó la misión de gobernar aquellas tierras y se convirtió en el fundador de la dinastía que gobernó la Rus de Kiev y los diversos principados surgidos hasta la llegada de los Romanov.

En torno al año 882 Oleg, el hijo de Rúrik, reemplazó el gobierno conjunto instaurando la dinastía Rúrikovich y constituyendo así el primer proyecto de unión de los diferentes principados. Los príncipes de Kiev delegaron la regencia de las ciudades más importantes —Pereyáslav, Palotsk o Vladímir— en los miembros de su familia, quedando Kiev y Nóvgorod bajo su autoridad. Las diversas disputas entre los líderes de la dinastía ruríkida comenzaron a perfilar la división en el territorio y con ello los principados de Vladímir-Súzdal, Nóvgorod o Smolensk tomaron protagonismo frente a Kiev. Asimismo, los principados de Galitzia y Volinia, situados en el oeste de la futura Ucrania, comenzaron a forjar relaciones con sus vecinos más cercanos, como Polonia o Lituania, y acabarían cayendo bajo su poder e influencia.

La invasión de los mongoles en el año 1237 fue otro punto clave que sentenció el destino de la Rus de Kiev. La monarquía medieval prácticamente desapareció y, tras la batalla de Kulikovo (1380), en la que los eslavos vencieron a la Horda de Oro, se concretó el inicio del fin de la dominación de los mongoles y supuso que Moscú y Nóvgorod se constituyesen como importantes poderes que serían clave para la delineación de la identidad de Rusia. Mientras, los territorios de la parte oeste del primer Estado de los eslavos pasarían a estar influenciados por los poderes que emanaban de Polonia y Lituania. Los avatares históricos y las diferentes guerras que se desarrollaron en el área que posteriormente ocuparía el Estado de Ucrania provocaron que estuviese bajo la influencia de poderes distintos: Mancomunidad Polaco-Lituana, Imperio Austrohúngaro o Imperio Ruso. Los acontecimientos históricos han sido interpretados por la incipiente intelligentsia ucraniana del siglo XIX para intentar establecer unos precedentes que configuren la identidad de la nación ucraniana separada de Rusia.

Si se parte de la premisa de que «la nación es una realidad social que existe científicamente solo en la medida en que sus integrantes están convencidos de su existencia», hay otros acontecimientos que marcaron la historia de estos territorios que serán empleados por unos y otros para sostener sus ideas sobre la identidad conjunta de Rusia y Ucrania o la diferencia entre ambos. Los cosacos son una parte fundamental de la identidad ucraniana. Aunque los orígenes de esta comunidad tampoco están del todo claros. Tras la rebelión de los cosacos de Zaporiyia, capitaneada por el hetman (líder) Bogdan Jmelnitsky contra el poder y la dominación de la Mancomunidad Polaco-Lituana, se declara la creación del Hetmanato. Jmelnitsky, en guerra contra la Mancomunidad, busca apoyo en el zar Alejo I de Rusia. Ambos llegan a un acuerdo en Pereyáslav. La interpretación del Tratado de Pereyáslav —firmado en 1654—, fue para los historiadores ucranianos una mera alianza militar, mientras otras corrientes señalan que esta cooperación traía implícito un juramento de lealtad al poder de Moscú.

Cuando los bolcheviques triunfaban con su revolución y la guerra civil rusa comenzaba a dar sus primeros coletazos, se proclamaría la República Independiente de Ucrania en 1917. Las aspiraciones territoriales de sus dirigentes, tal y como se dispuso en la Conferencia de Paz de París de 1918, abarcaban áreas más amplias que el futuro Estado ucraniano. Las luchas internas provocaron un golpe de Estado de Pavló Skoropadski y la creación del II Hetmanato. Finalmente se establecerá la República Socialista Soviética de Ucrania con los límites territoriales que se mantendrían hasta 2013. Debido a la posición geográfica de Ucrania podrían concretarse varias distinciones territoriales: la parte occidental bajo dominio de los Habsburgo en el siglo XIX ; Bucovina y la zona subcarpática vinculadas a la tradición rumana, otomana y húngara; o la Ucrania central y su pertenencia a la Mancomunidad Polaco-Lituana. El sur, poblado por campesinos rusos, y el este del país y su importante tradición minera hicieron que se convirtiese en destino de muchos trabajadores rusos. Durante la Unión Soviética, la RSS de Ucrania fue de las repúblicas más sobresalientes. Varios líderes de la URSS tenían origen ucraniano —como Leonid Brézhnev— y ocuparon importantes puestos en el Estado y el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS).

Con la llegada de los bolcheviques tuvo lugar un intento de alfabetización de todos los territorios. Cada república integrante de la URSS tenía un estatus oficial y, en el caso de Ucrania, una lengua, que hasta el siglo XIX no estaba muy desarrollada, pero que entonces comenzó a enseñarse. La idea de los bolcheviques, en un primer momento, fue enfatizar que las naciones eslavas tenían una relación de hermandad y se ponían de manifiesto sus distintas realidades. Los diferentes liderazgos del PCUS no siguieron esta línea de forma tan explícita y el idioma ruso terminó siendo el prioritario.

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LA LIBERTAD NO PUEDE SER DETENIDA

«L a libertad no puede ser detenida» fue una de las consignas que durante aquel mes de noviembre de 2004 resonaban en la Plaza de la Independencia de Kiev (Майдан Незалежності en ucraniano). Las protestas contra lo que se consideró un fraude electoral —por parte de las organizaciones como la OSCE y otros actores internacionales e internos— desembocaron en la mayor movilización social de Ucrania desde su independencia de la URSS. La Revolución Naranja supuso un hito en la política ucraniana del momento, y para muchos ciudadanos significaba el comienzo de una nueva etapa para el joven país. Pero esta efervescencia inicial se fue apagando con el paso del tiempo. Los protagonistas de esta contienda política, Víktor Yúshchenko y Víktor Yanukóvich, habían ostentado el cargo de primer ministro con el mismo presidente, Leonid Kuchma. Sus destinos políticos se mantuvieron unidos incluso tras la revolución que consiguió arrebatar la presidencia a Yanukóvich.

La inestabilidad que experimentó Ucrania en 2004 tiene rasgos comunes con otros países del espacio postsoviético. Las denominadas «revoluciones de colores» se desarrollaron a través de grandes movilizaciones contra gobiernos acusados de autoritarismo que habrían cometido fraude electoral. La oposición ucraniana se inspiró en procesos políticos similares a los que consiguieron derrocar a Eduard Shevardnadze en Georgia (Revolución de las Rosas, 2003) y Slobodan Milošević en Serbia (2000). La similitud entre estos movimientos no es casual debido a una serie de rasgos comunes que compartían algunos estados: regímenes híbridos que no habían completado las transiciones hacia la democracia liberal, división territorial vinculada a la identidad y susceptibilidad a la influencia de actores externos.

La conformación del Estado ucraniano y su identidad nacional es una cuestión compleja que fue usada por las élites políticas y económicas, los denominados oligarcas, en sus luchas internas. El gobierno semi-autoritario de Leonid Kuchma ya había sido contestado por parte de la sociedad civil y la oposición con importantes movilizaciones, incapaces en aquel momento de forzar su salida del poder. Sin embargo, el camino hacia la Revolución Naranja y la victoria de Víktor Yúshchenko comenzó precisamente en ese periodo. El 28 de noviembre del 2000 estalló un escándalo mayúsculo en Ucrania: el «Kuchmagate» o Escándalo del Casete. El líder del Partido Socialista de Ucrania (SPU por sus siglas en ucraniano), Oleksandr Moroz, mostró al público una grabación en la que Kuchma pedía al ministro de Interior, Yuri Kravchenko, que «tratara» con el periodista del popular medio opositor Ukrayinska Pravda , Georgiy Gongadze. El periodista había desaparecido en septiembre y encontraron su cuerpo decapitado el 5 de noviembre. Tras la publicación de esta grabación se produjo una protesta. El lema principal era «Ucrania sin Kuchma», pero solo una parte de los partidos opositores se movilizaron y mostraron su apoyo a los manifestantes: Yulia Timoshenko y el SPU. Yúshchenko era el primer ministro y se posicionó a favor de Kuchma llegando a calificar a los manifestantes como «fascistas». Pocos meses después, en abril de 2001, fue destituido de su cargo. Ese mismo año funda la organización «Nuestra Ucrania», con el fin de crear un bloque común de partidos nacional-demócratas y liberales contra Kuchma. La tensión siguió en aumento tras las elecciones parlamentarias de 2002. El partido de Yúshchenko consiguió ser la primera fuerza de la Rada, pero la oposición, todavía desunida, obtuvo buenos resultados. Sin embargo, gracias a la influencia de Víktor Yanukóvich, finalmente se articula una mayoría favorable a Kuchma.

La sociedad ucraniana había mostrado su malestar ante la situación del país, pero no estaba del todo vinculada a la actividad política. Esta actitud iría cambiando en los dos años siguientes. Precisamente durante el segundo aniversario de la muerte del periodista Georgiy Gongadze tendría lugar otra gran protesta y los manifestantes demandaban elecciones presidenciales anticipadas. En 2004 se celebraron los comicios presidenciales. Víktor Yúshchenko, popular en el país, consiguió unir a la oposición y se presentó con unos postulados pro-occidentales, mientras el bloque oficialista eligió a Víktor Yanukóvich, que tenía el respaldo de Moscú. Yanukóvich, líder del Partido de las Regiones, era oriundo de Donetsk, siendo el Donbás una de las zonas más pobladas del país, y muchos oligarcas locales apoyaron a este candidato ante el temor de la pérdida de privilegios si Yúshchenko tomaba el poder. Pero el candidato oficialista no gozaba de la popularidad de su adversario por sus relaciones con el oligarca Rinat Ajmétov, su mal dominio del ucraniano y sus antecedentes penales. A esto se unía el cambio de actitud de una parte de la sociedad ucraniana, reflejado en varias encuestas de la época, dispuesta a movilizarse si se cometía fraude electoral.

La primera vuelta electoral se celebró el 31 de octubre de 2004 y Yúshchenko consiguió un 39,87% frente a Víktor Yanukóvich, que alcanzó el 39,32%. Era una ventaja mínima, pero los seguidores de Yúshchenko consideraron que la victoria final de su candidato sería posible en la segunda ronda. La espontaneidad no fue una de las características de la Revolución Naranja. Tanto la oposición como el gobierno de Kuchma ya habían dado muestras de estar preparándose para una posible revuelta. Por un lado, Yulia Timoshenko advirtió de que organizaría y lideraría «actos de desobediencia civil» en caso de fraude electoral, mientras desde el Ministerio del Interior y los Servicios Secretos (SBU) emitieron comunicados en los que afirmaban tener «evidencias que indican que las fuerzas políticas de la oposición están preparando actualmente diversos y peligrosos actos destinados a desestabilizar el país». Tres días antes de que los ucranianos votasen, Yúshchenko pidió a sus seguidores que salieran a las calles en caso de fraude electoral y, al día siguiente, su formación presentó varias solicitudes para realizar protestas a partir del día 21 de noviembre. Finalmente, Yanukóvich obtendría la victoria, pero las irregularidades comenzaron a hacerse públicas y muchos de los seguidores de Yúshchenko salieron a la calle. El despliegue de carpas y demás infraestructura para posibilitar que los manifestantes pudieran mantenerse en la plaza central de Kiev a pesar de las bajas temperaturas sería decisivo para que el movimiento tuviera continuidad. El color naranja se convirtió en el principal indicativo de los partidarios del cambio de régimen. «Oriente y Occidente juntos» era otro de los lemas que los manifestantes coreaban, aunque la participación en las protestas fue más seguida por ciudadanos procedentes del centro y el oeste del país, con mayor porcentaje de gente que hablaba en ucraniano. Por otro lado, los habitantes del este de Ucrania consideraron que la Revolución Naranja era un golpe de Estado.

La presión en las calles, unida al apoyo internacional y el soporte mediático hacia los manifestantes, provocó que el Tribunal Supremo convocase una repetición de las elecciones en la que Yúshchenko terminaría ganando. Sin embargo, días antes, el presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró convencido de que no se llevaría a cabo dicha repetición. Los manifestantes de la Revolución Naranja fueron financiados por pequeñas y medianas empresas de Ucrania, pero también recibieron financiación internacional. Estados Unidos, en virtud de la Ley de Apoyo a la Libertad de 1992 —diseñada para la financiación de la promoción de la democracia en el espacio postsoviético—, proporcionó a Ucrania 34,11 millones de dólares en 2004. No obstante los miembros de la organización juvenil Pora (Es hora) cooperaron con diversas ONG occidentales y recibieron capacitación de los líderes de las protestas en Serbia.

No podemos aceptar este resultado como legítimo, porque no cumple con los estándares internacionales y porque no ha habido una investigación de los numerosos y creíbles informes de fraude y abuso. (Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos [2001-2005], sobre la victoria de Víktor Yanukóvich).

Aunque Yanukóvich no consiguió la presidencia, llegaría a ser el primer ministro del presidente Yúshchenko tras las elecciones parlamentarias de 2006. El Partido de las Regiones consiguió un amplio apoyo, quedando el partido de Yúshchenko como tercera fuerza. La reforma de la Constitución auspiciada por Kuchma y el propio Yanukóvich en 2004 establecía un menor poder para el presidente y fue finalmente adoptada por su oponente político. Yanukóvich alcanzaría la presidencia de Ucrania en 2010 frente a Yulia Timoshenko e iniciaría el proceso para adoptar la Constitución de 1996, mediante la que Ucrania volvía a ser una república presidencial parlamentaria, causando de nuevo un profundo malestar en la sociedad.

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MAIDÁN. ¿REVOLUCIÓN, GOLPE O INTERVENCIÓN?

E l discordante acuerdo de asociación que Ucrania pretendía firmar con la Unión Europea llevaba varios años estancado en conversaciones, desde 2008, lo cual implica necesariamente que la inmensa mayoría de su periodo negociador y su tramitación fueron llevados a cabo por la Administración Yanukóvich (2010-2014). No se trataba solo de un problema de órbita económica ya que, como era habitual en el espacio postsoviético, Ucrania apostaba por mantener unos fuertes lazos con Rusia mientras se diversificaba en torno a un enorme mercado como el de la UE, visto como una oportunidad desde multitud de países postsoviéticos no miembros de la UE como Georgia, Bielorrusia o la misma Ucrania. De hecho fue la propia UE la que advirtió, como en todo proceso de integración, de que eran necesarias reformas políticas para que dicho acuerdo fructificara. Lo que se señalaba desde Bruselas era un espinoso asunto, como el juicio por corrupción, malversación y abuso de poder contra Yulia Timoshenko, entre otros. Timoshenko había sido destituida de su puesto de primera ministra tras una sola semana de presidencia de Yanukóvich mediante una moción de censura en marzo de 2010. Su condena a siete años de prisión llegó en 2011 a causa del contrato de gas que habría acordado con Rusia durante su periodo de gobierno con Yúshchenko. Este caso elevó acusaciones contra Yanukóvich por su posible motivación política. Y fue este punto el que hizo emerger en la Unión Europea las principales suspicacias con el gobierno ucraniano ya en 2011. El acuerdo de asociación era el arma de presión para que Kiev realizase reformas políticas, porque era un texto del interés de su gobierno. Posteriormente, Rusia comenzó a endurecer su presión para que Ucrania no apostase por la vía europea, mediante la limitación indefinida de sus exportaciones en 2013. Entonces Yanukóvich congeló el acuerdo para evitar el colapso comercial ucraniano, con visos de retomar lo que llevaban años negociando con Bruselas una vez lograsen un balance comercial mayor con la UE que compensase la caída de la producción industrial y del comercio con Rusia y su entorno económico. El final abrupto con Rusia se consideraba un desastre económico para Ucrania, es decir, un acuerdo con Rusia se veía también como una posibilidad para retrasar el acuerdo con la UE mientras se aceleraba la diversificación económica ucraniana.

Durante meses fueron emergiendo diferentes movimientos de protesta, con origen en el descontento de Kiev por la congelación del acuerdo con la UE, lo que daría el pistoletazo de salida al Maidán —por el nombre de la plaza kievita— o, desde la perspectiva europea, Euromaidán. No se puede entender el Maidán sin comprender el contexto ucraniano, al menos, desde la Revolución Naranja. El hecho de que el supuesto fraude contra Yúshchenko despertase los ánimos en las zonas oeste y central del país iba más allá del simple rechazo a Yanukóvich. Hay que recordar que después Yúshchenko gobernó con el mismo Yanukóvich como primer ministro tras su ruptura con Yulia Timoshenko. La verdadera revolución del movimiento naranja había sido abrir la puerta a un cambio de régimen, tras el tono autoritario de Kuchma, y a un giro hacia Occidente. Estas claves habían sido canalizadas entonces sobre el apoyo electoral a Yúshchenko. Pero en el Maidán no había ningún fraude electoral sobre el que discutir y con cuya subversión se pudiera apaciguar a los manifestantes. El cambio de orientación geopolítica sería rápidamente canalizado por los movimientos liberales que comenzaron reclamando la simple firma del acuerdo de cooperación con la UE. El desbordamiento de las protestas llegaría en enero de 2014 con la toma de varias ciudades como Leópolis (Lviv), Chernivtsí y Úzhgorod, las dos primeras en sus oblast (provincias) homónimos y la tercera en Transcarpatia (oblast de Zakarpatia). Todas ellas se encontraban en el oeste de Ucrania, con Leópolis como una de las más importantes del país. Sin embargo, la composición político-social de Ucrania no sería tan sencilla como pensar en términos de proeuropeo o prorruso. El componente nacionalista a ambos lados del río Dniéper, que dividía el país por el centro, vendría ligado a la historia común con los pueblos de los que provenían los territorios de un Estado con una consolidación tan reciente como la Unión Soviética. Es decir, en aquel momento el sentimiento de acercamiento a Europa sería más fuerte en los pueblos cuya historia estaba ligada a la herencia de naciones como la polaca, la rumana o la húngara. Con la salvedad de la población húngara, el oeste de Ucrania había sido paulatinamente asimilado a la identidad ucraniana, especialmente durante el último siglo, por lo que los movimientos nacionalistas que en el Maidán emergieron en favor del cambio de orientación geopolítica ya representaban un nacionalismo ucraniano en contraposición a la identidad rusa, aún muy implantada en el este del país.

En Kiev se habían formado importantes unidades de autodefensa armadas entre los movimientos de protesta, que se batían con las fuerzas de seguridad en unos enfrentamientos que escalaron hasta el mes de febrero. Decenas de muertos en los choques servirían para encender aún más los ánimos de las protestas, especialmente tras la masacre del día 20 de febrero. Ante tal cantidad de muertes, algunos aliados de Yanukóvich decidieron apostar por un acuerdo con la oposición. Por un lado, se llegó a la aprobación de una resolución para la retirada de las fuerzas de seguridad. Estas no tardarían en acatar la decisión, viendo que se dirigía a Kiev un cargamento de los manifestantes con cientos de armas desde el feudo proeuropeo de Leópolis. Tras lo sucedido en el oeste y el número de bajas entre las fuerzas de seguridad, se temían un posible levantamiento armado en Kiev. Ante la amenaza de la extensión de esta insurrección armada a Kiev, donde ya se habían producido importantes enfrentamientos el día 20, entre las fuerzas de seguridad empezó a cundir el temor. Ya no solo a un enfrentamiento armado, sino a que Yanukóvich aceptara pactar con la oposición procesar la actuación policial y quedaran en la estacada. Por esta razón, al día siguiente de que se aprobara la resolución parlamentaria que pedía retirar las fuerzas de seguridad repentinamente muchas de estas abandonaron sus puestos. Un total de 34 diputados del partido del propio presidente habían votado a favor, este parecía perder todos los apoyos, el ambiente había cambiado por completo y todo indicaba que el Partido de las Regiones y las fuerzas de seguridad ya no apoyaban a Yanukóvich.

El acuerdo político entre el sector de Yanukóvich y los líderes opositores sería para realizar cambios constitucionales que devolvieran el ordenamiento de 2004 y para adelantar las elecciones en un intento de lograr el desarme y cese de las protestas, contra las que iba a intervenir el ejército. Sin embargo, algunos líderes de las protestas no aceptaron el acuerdo impulsados por el punto crítico del día 20, y Víktor Yanukóvich, junto a parte de su gobierno, se marchó a Járkov. Una vez logrado el vacío de poder, el parlamento ucraniano, la Rada Suprema, se vio con las manos libres para destituir al presidente por «abandono de sus funciones». Su puesto le sería asignado de manera interina a Oleksandr Turchínov, exviceprimer ministro de Yulia Timoshenko, sin seguirse desde la Rada la sucesión constitucional en su elección y sin la firma ni presencia de Yanukóvich durante la reinstauración de la Constitución de 2004. Este documento reformado de la Constitución de 1996 había sido derogado por el Tribunal Constitucional en 2010, aunque dicho proceso se enmarcó en las acusaciones contra Yanukóvich de presiones políticas para la salida de varios magistrados. La vuelta a este marco se había cerrado en el acuerdo que Yanukóvich firmó con la oposición para una tregua en las protestas, pero su derrocamiento suponía la salida opositora de lo acordado. La oposición justificaba su destitución en su ausencia constitucional para firmar la legislación. La cuestión es que Yanukóvich, tras su paso por Járkov, aparecería en Rusia el día 28 asegurando haber sido obligado a marcharse, por lo que su firma el día 22 no era posible y, sin pasar dicha reforma, no se podía cambiar el procedimiento presidencial por uno parlamentario necesario para que Turchínov pudiera tomar el poder. Además, la metodología empleada para la destitución posterior a su ausencia en la firma de la vuelta a la Carta Magna de 2004 tampoco habría podido pasar el escrutinio constitucional. Dicha Constitución establece que solo se puede terminar el mandato del presidente de Ucrania por una serie de supuestos concretos: dimisión, inhabilitación por motivos de salud, por el procedimiento de destitución o muerte. El proceso de destitución contemplado en el texto de 2004 requería 2/3 de apoyo parlamentario al inicio de un juicio político, la creación de una comisión para su investigación, la devolución de los cargos a la cámara para una nueva votación con 3/4 de apoyo a la destitución y la decisión posterior del Tribunal Constitucional sobre la legitimidad del proceso. El proceso debía haber llevado mucho más tiempo que un único día, el 22 de febrero de 2014. Por todo ello se puede afirmar que el proceso de destitución fue, sin duda alguna, convertido en un golpe de Estado.

Nadie me echó, fui obligado a dejar Ucrania por las amenazas contra mi vida y la vida de gente cercana a mí. (Víktor Yanukóvich, presidente de Ucrania [2010-2014], desde Rusia el 28 de febrero de 2014).

Parece claro que la masacre del día 20 sirvió de catalizador para que ciertos sectores de las protestas no aceptaran el marco acordado entre el presidente y la oposición el día 21. Sin embargo, posteriormente se sabría que en aquel día, aunque las fuerzas de seguridad iban armadas, también había manifestantes con armas de gran calibre y muy organizados —lo que podría responder en parte al precedente de la Revolución Naranja—. Además, varios de los tiradores se encontraban en un edificio controlado en ese momento por la organización extremista Pravy Sektor (Sector Derecho). A pesar de la confirmación de la existencia de otros francotiradores en el edificio del Banco Central, se vería que algunos de los fallecidos eran policías, los cuales no habrían sido disparados por estos. A pesar de existir especulaciones, no se sabe quién se encontraba detrás de los francotiradores opositores. Y la información parecía ser conocida por altos cargos europeos como la alta representante de Exteriores de la UE entre 2010 y 2014, Catherine Ashton.

Es realmente perturbador que la nueva coalición no quiera investigar exactamente lo que pasó. Cada vez está más claro que tras los francotiradores no estaba Yanukóvich, sino alguien de la nueva coalición. (Urmas Paet, ministro de Exteriores de Estonia [2005-2014)] en una conversación filtrada con Catherine Ashton en marzo de 2014).

Por otro lado, la injerencia extranjera en el caso del Maidán también fue muy evidente: sobre el terreno durante la revuelta del Maidán se encontraban Victoria Nuland, alto cargo de la Secretaría de Estado del gobierno de Barack Obama, y John McCain, senador de Estados Unidos y candidato republicano a la presidencia del país en 2008. De hecho, también habría habido conversaciones de Nuland con el embajador de Estados Unidos en Ucrania, filtradas semanas antes del golpe en las que hablaban sobre quién debía conformar el futuro gobierno tras la caída de Yanukóvich.

Creo que Yats (Arseniy Yatseniuk) es el tipo que tiene la experiencia económica y de gobierno. Es él. Lo que necesita es a Klitsch (Vitali Klitschko) y Tyahnybok (Oleh Tyahnybok) desde fuera. Necesita hablar con ellos cuatro veces por semana. Solo pienso que Klitsch dentro… Va a estar al nivel trabajando para Yatseniuk. No funcionaría. […] [Jeffrey Feltman] ha logrado que tanto [Robert] Serry como Ban Ki-moon acepten que Serry venga el lunes o el martes. Sería genial que la ONU ayude a pegar esto y, ya sabes, que se joda la UE. […] Cuando escribí a [Jake] Sullivan, vino a mí diciendo «necesitas a [Joe] Biden» y yo le dije «probablemente mañana» […] Así que Biden está dispuesto. (Victoria Nuland, secretaria de Estado Asistente para Asuntos Europeos y Euroasiáticos [2013-2017], en una supuesta conversación filtrada con Geoffrey Pyatt, embajador de Estados Unidos en Ucrania).

Joe Biden fue vicepresidente de Estados Unidos durante la Administración Obama (2009-2017) y pasó a ser presidente en 2021. Ban Ki-moon fue secretario general de la ONU (2007-2016). Jeffrey Feltman fue vicesecretario general de la ONU para Asuntos Políticos (2012-2018) y pasó a ser el enviado especial para el Cuerno de África de la Administración Biden. Robert Serry es un diplomático neerlandés y fue coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz de Oriente Medio (2007-2015). Jake Sullivan fue asesor de Seguridad Nacional para la Vicepresidencia (2013-2014) durante el periodo de Biden y pasó a serlo para la Presidencia una vez Biden obtuvo el poder. Victoria Nuland fue secretaria de Estado Asistente para Asuntos Europeos y Euroasiáticos (2013-2017) y pasó a ser vicesecretaria de Estado para Asuntos Políticos de la Administración Biden. Según la conversación, Serry, que había sido embajador de Países Bajos en Ucrania, tuvo un papel mediador en la decisión de la formación del futuro gobierno ucraniano post-Maidán junto a Nuland y Pyatt, con el impulso de Feltman y el beneplácito de Joe Biden. La conversación fue reproducida por la BBC tras su filtración en internet. No se conoce exactamente cuándo habría tenido lugar este contacto, pero apunta a los intentos de involucrar a la ONU en las conversaciones bajo el interés de numerosos pesos pesados estadounidenses en torno a la política de Estados Unidos para situar un nuevo gobierno en Ucrania, en detrimento de los intereses de la Unión Europea que, en 2014, no quería un escenario de ruptura con Rusia. Tras el Maidán, efectivamente, Arseniy Yatseniuk, sería nombrado primer ministro (2014-2016) del gobierno interino de Oleksandr Turchínov y, posteriormente, del gobierno pleno de Petro Poroshenko. Siguiendo con lo dispuesto, Vitali Klitschko tendría un fuerte peso externo al gobierno central, yendo a la alcaldía de Kiev y a la gobernación del estado de la Ciudad de Kiev desde el año 2014. Oleh Tyahnybok tuvo un peso simbólico muy fuerte en el devenir de los grupos de extrema derecha a nivel político, liderando el partido Svoboda desde 2004, pero no obtuvo un gran desempeño electoral. Los tres líderes opositores ucranianos habían sido los firmantes del acuerdo con Víktor Yanukóvich del día 21 de febrero.

Finalmente el Maidán contendría todos los elementos: protesta liberal, protesta nacionalista, protesta de extrema derecha, golpe de Estado, intervención política extranjera, revuelta civil, revolución de color y revolución político-social. Pero a lo que abriría las puertas al final todo este proceso sería a la ruptura del enormemente frágil equilibrio político que representaban los Yanukóvich, Yúshchenko y Timoshenko tras la salida del presidente Kuchma. Esta ruptura sería extensible al equilibrio territorial debido al resquebrajamiento social, territorial y político. Ucrania se asomaba a un periodo donde nunca volvería a ser la misma y en el que cada actor quiso llevar el espíritu del Maidán por su lado, creando disonancias entre los movimientos nacionalistas y los liberales. La extrema derecha, presente en muchos grupos nacionalistas, protagonizaría importantes posiciones de la Ucrania post-Maidán. Y la reacción desde las áreas prorrusas no solo era algo esperable sino que era necesaria para los marginados en el nuevo reparto político del país.

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EL FINAL DE UCRANIA TAL Y COMO LA CONOCÍAMOS

L a caída del gobierno ucraniano sería el primer paso hacia el final de todos los encajes de equilibrismo político construido durante años. Las protestas contrarias al espíritu del Maidán también se habían vivido, pero no se catapultarían hasta la marcha de Yanukóvich. La consecuencia de dicho cambio político sería el apoyo necesario de los liberales y los nacionalistas sobre la extrema derecha. Aunque esta fuera aún minoritaria a nivel político, era muy importante su papel social a nivel organizativo en las calles.

La primera decisión tomada por el nuevo régimen parlamentario sería la suspensión de la ley sobre principios de la política lingüística estatal, es decir, la ley que había dado la apertura a oficializar idiomas distintos al ucraniano si eran hablados por más de un 10% de la población en sus regiones. Yanukóvich había tratado de reforzar la convivencia de ambas lenguas oficiales en el país —ruso y ucraniano—, dado el mayor apoyo que obtenía en el este, lugar donde se encontraba su Donetsk natal. Pero esta ley podía afectar también a otras etnias como a los húngaros de Transcarpatia. Incluso el presidente Turchínov se negó a firmar tal procedimiento aprobado por la Rada, pero varios parlamentarios llevaron la ley de lenguas anterior al Tribunal Constitucional —en 2018 este les daría la razón y se apostaría por una nueva ley de preeminencia del ucraniano como lengua estatal—. En la misma dirección iría la ley de educación. Las políticas buscaban distinciones entre lenguas de pueblos indígenas, como los tártaros de Crimea, y pueblos externos, como serían los rusos.

La cuestión lingüística es un asunto peliagudo en Ucrania, hay disparidad de análisis sobre el peso de la lengua rusa. Para empezar cabría analizar los datos demográficos, pero no existe un censo válido en Ucrania desde el año 2001, con la consiguiente desactualización esperable tras movimientos poblacionales tan fuertes como los que se suscitarían en el país. Por un lado, el espacio post-Pacto de Varsovia estaba sufriendo una caída generalizada a nivel demográfico. En el caso de Ucrania habría pasado de 52,2 millones de personas en 1993 a 48,9 millones en 2001. Estos datos suponían una caída poblacional del 6,3% en menos de una década y seguía en perspectiva descendente, lo cual presumiblemente se aceleraría con la pérdida de Crimea (dos millones de personas) y Sebastopol (300.000 personas), con la guerra del Donbás, la pérdida de control sobre las ciudades de Donetsk y Lugansk y sobre su territorio circundante en torno a la frontera rusa de ambos oblast. Datos del gobierno ucraniano situarían la caída hasta los 41 millones para 2021, pero no se había realizado un nuevo censo, por lo que la proyección debía ser tenida en cuenta con precaución a causa de factores como la propia desintegración del Estado. De hecho, de esa proyección se infería la caída en un sustancial 21% de la población en Ucrania entre 1993 y 2021 —más de un quinto de su población—, además de situar el peso demográfico de la ciudad de Donetsk en 900.000 personas y el de Lugansk en 400.000. Todos estos datos oficiales debían ser descontados de los 41 millones, así como el dato asociado a Crimea y Sebastopol. La caída poblacional de Ucrania era una de las más notables de todo el antiguo espacio del este, con el punto de inflexión claro de la caída del socialismo en los años ochenta y noventa: Letonia perdía en torno a un 29% de su población de 1990 a 2021, Lituania un 25% de 1991 a 2020, Bulgaria un 25% de 1973 a 2021, Moldavia un 20% de 1990 a 2014, Rumanía un 17% de 1990 a 2021, Estonia un 15% de 1990 a 2021, Albania un 11% de 1989 a 2020, Hungría un 9% de 1980 a 2021, Bielorrusia un 8% de 1993 a 2020 y Rusia un 2% de 1992 a 2021. Otros países como Polonia, Eslovaquia o República Checa no perderían población de manera sustancial, aunque hay que comprender los enormes cambios territoriales sufridos por una cantidad reseñable de estados en el este y tomar estas estimaciones propias como una simple contextualización. Ucrania ocupa un lugar destacado dentro del desplome poblacional posterior al Pacto de Varsovia en Europa.

Por otro lado, la migración asociada a la discriminación contra las etnias, a la violencia del Maidán, a la violencia de la guerra del Donbás y a las políticas de nacionalización de países vecinos como Rusia —pero también Hungría— debían afectar a esas cifras. Los datos del censo de 2001 mostraban una proporción de rusos de apenas un 17% (8,3 millones) frente al 78% de ucranianos (37,5 millones). A pesar de que las proyecciones para 2021 reducían ese dato a unos 7,2 millones de rusos, el de Ucrania seguía siendo el mayor asentamiento de la diáspora rusa a nivel mundial. El dato de rusófonos ascendía a un 25-30%, pues en el censo de 2001 hasta 5,5 millones de ucranianos declararon hablar ruso. Pero si se atendía a la distribución regional, se podía observar su concentración en el territorio históricamente ligado a Rusia o a Novorrusia —zona sureste del país—, siendo mayoría en Crimea, Sebastopol, Donetsk y Lugansk, así como representando una proporción muy importante en Zaporiyia, Járkov, Odesa y, en menor medida, en Dnipropetrovsk, Jersón y Mykolaiv. Las siguientes lenguas más habladas en Ucrania eran el bielorruso, el moldavo y rumano, el tártaro de Crimea, el búlgaro y el húngaro.

El caso de los tártaros de Crimea era especialmente controvertido. Una de las reclamaciones revisionistas de los nacionalistas apuntaba a reparar históricamente los crímenes que suponían las deportaciones masivas que la Unión Soviética realizó contra los tártaros. El estallido social contra el nuevo régimen post-Maidán se daría el mismo 23 de febrero de 2014 contra las caídas de Yanukóvich y la ley de lenguas, con epicentro en las ciudades de Sebastopol y Simferópol en Crimea. La reacción al Maidán se extendió por el sur de Ucrania, pero el punto clave fue la península de Crimea, con el izado de la bandera rusa en el ayuntamiento de Sebastopol un día después de la caída de la ley lingüística. Durante los días siguientes, vista la pérdida de todo equilibrio político en Kiev, Rusia actuó rápidamente para minimizar las pérdidas y mantener un territorio absolutamente estratégico para sus intereses como es Crimea, que alberga la flota del mar Negro rusa. No pasaría ni un mes desde que aparecieran supuestos militares rusos sin identificar, conocidos como «hombrecitos verdes», en torno a los edificios gubernamentales de Sebastopol hasta que Crimea y la ciudad de Sebastopol aprobasen su unión a la Federación Rusa. En el proceso los efectivos rusos habrían presionado para que nuevas autoridades locales apoyasen la celebración de un referéndum para la reunificación con Rusia. Esta fue la opción vencedora en el proceso del 16 de marzo, frente a la alternativa de permanecer como parte de Ucrania aunque restaurando la Constitución de la República de Crimea de 1992. Con más del 95% de los votos a favor, la península sería aceptada en la Federación Rusa a los pocos días mediante el Tratado de Acceso de la República de Crimea a Rusia, tras barajar varias posibles salidas legales desde la Duma rusa para la agilización de los procesos de incorporación a la federación, aprobándose la Ley sobre Nuevos Territorios Federales. De esta manera Crimea obtenía el estatus de República de Crimea, y Sebastopol el de Ciudad federal de Sebastopol —al nivel de Moscú y San Petersburgo—. A pesar de que la anexión fue un proceso notablemente pacífico en un contexto de tumulto general y, además, fue respaldada por una mayoría de la población, aunque pueda no alcanzar ese 95% oficial, no es menos cierto que no contó con la legalidad de un acuerdo con Kiev, el reconocimiento internacional y la supervisión reguladora.

Este proceso se venía advirtiendo desde febrero de 2014, cuando diversas autoridades locales, como el presidente del Parlamento crimeo, declararon la posibilidad de apostar por la secesión de la República Autónoma de Crimea si la situación seguía deteriorándose en el contexto del Maidán. Cabe señalar que este estatus autónomo de encaje para Crimea en Ucrania se logró tras un compromiso con las autoridades de Kiev en 1992 que frenó el intento de consolidar la autoproclamada República Autónoma Socialista Soviética de Crimea.

En otras regiones movilizadas durante ese mes, como las zonas sureñas y orientales, el sentimiento identitario ruso no era tan fuerte como en Crimea, pero sí había un fuerte componente lingüístico cercano a la identidad rusa. En ese contexto, los sectores políticos rusófonos, expulsados del concierto ucraniano de la coalición post-Maidán, trataron de capitalizar el descontento en estas regiones. En Donetsk se había alcanzado el control administrativo durante un breve lapso, con su correspondiente izado de la bandera rusa y la declaración de un gobierno popular, pero esto fue subvertido por el SBU a los pocos días. En Lugansk también se alcanzó a proclamar un gobierno popular poco después. En Odesa se intentó la toma de su administración local, pero no arrojó resultados favorables para las protestas. En Dnipro había más división, pero las manifestaciones pro-Maidán fueron más numerosas. En Járkov se dieron intensos enfrentamientos que dejaron varios muertos tras días de protestas demandando un referéndum sobre una reforma federal de Ucrania y en defensa de la lengua rusa. El SBU también logró detener a las autoridades autoproclamadas en Lugansk mientras moría un manifestante progubernamental en Donetsk. El gobierno central ucraniano y los distintos movimientos de protesta se contestaban mutuamente sobre quién tenía el control de cada administración, especialmente en Lugansk y Donetsk, mientras las acciones de Kiev seguían encendiendo los ánimos con el cierre de canales de televisión rusos. Las protestas de los movimientos rusófonos tenían como pretensión inicial la reconversión de Ucrania en un régimen federal, por lo que su proceder pasaba por la organización de referéndum y de gobiernos populares no rupturistas. De hecho la propuesta de federalización se expandió a Mykolaiv y llegó a contemplar la posible entidad federada de Novorrusia. En Odesa, como en otros puntos del este, se clamaba por la legitimidad de Víktor Yanukóvich.

Ya en abril se intensificarían las expectativas con demandas de independencia y de unión a Rusia ante el fracaso de forzar la vía federal con Kiev. Diversos asaltos a las sedes del SBU en Donetsk y Lugansk precedieron a la proclamación de sendas repúblicas. Sin embargo, aún no tenían el control territorial efectivo. Pronto se darían levantamientos para tomar infraestructura esencial en diversas localidades de la región. Existe polémica a causa de la presencia de ciudadanos rusos en las revueltas que habían permitido la toma de infraestructura institucional. El gobierno de Kiev decidió lanzar una operación militar para retomar el control sobre el Donbás el 7 de abril, con el pretexto de la lucha «antiterrorista», contando con el apoyo de milicias paramilitares. El día 17 se trató de organizar un acuerdo en Suiza para la desescalada entre Ucrania, Rusia, la UE y Estados Unidos, pero fue rechazado por las autoridades del este al no habérseles hecho partícipes. El gobierno central logró avances en el frente, como la recuperación del control sobre Kramatorsk o el entorno de Sloviansk, ambas en el oblast de Donetsk. Las movilizaciones continuaron con grandes disputas en Járkov y Odesa, viviendo esta última el 2 de mayo uno de los episodios más trascendentes cuando decenas de manifestantes federalistas fueron superados por los unionistas y masacrados por el grupo neonazi Pravy Sektor mediante el incendio de su campamento y de la Casa de los Sindicatos donde se refugiaron. El 9 de mayo, tanques y tropas del gobierno de Kiev entraron en Mariúpol, en el oblast de Donetsk, y atacaron a las fuerzas de seguridad locales y a las protestas que apoyaban el federalismo. Tanto Donetsk como Lugansk darían el salto hacia su secesión formal el día 11 con la celebración de sus respectivos referéndums de independencia y en los que, sin posibilidad de supervisión, habría ganado abrumadoramente el apoyo a favor. La conformación de entidades rebeldes daría paso a otra fase de la guerra iniciada con la operación militar ordenada desde Kiev para recuperar el control del Donbás. En junio, el nuevo gobierno de Kiev, ya con Petro Poroshenko, y milicias como el Batallón Azov declararon su victoria en la batalla de Mariúpol. Durante el mes de julio desde Kiev se intensificaron los bombardeos, el uso de artillería y los avances en el frente del Donbás, hasta quedar cerca de la frontera con Rusia en el mes de agosto, gracias al apoyo de milicias como Pravy Sektor, el Batallón Azov o el Batallón Aydar.

Había acusaciones referentes al grado de apoyo de Rusia, si era indirecto, con servicios secretos, con mercenarios o incluso con infantería y artillería. A partir de agosto Rusia habría intensificado su apoyo, coincidiendo con la contraofensiva de los rebeldes, que lograron importantes victorias de resistencia, como se vio en la batalla por Ilovaisk, una localidad del oblast de Donetsk. En este episodio las tropas ucranianas no consiguieron recuperar su control y los prorrusos, que venían perdiendo terreno durante meses, frenaron dicho avance para darle la vuelta a la tendencia. Ucrania asoció su derrota con la presencia, por primera vez, de tropas rusas en defensa de los grupos que le eran favorables. Los separatistas avanzaron en septiembre hasta alcanzar el oblast de Zaporiyia, lograron rodear Mariúpol, tomaron el aeropuerto de Donetsk y dejaron estancado el frente de las fuerzas de Kiev que pretendía tomar Debáltsevo (Donetsk). Tras llegar a Mariúpol se lograría la presión suficiente para la firma del Protocolo de Minsk y del Memorándum de Minsk, acuerdos de alto el fuego para la guerra. Su incumplimiento fue constante por ambas partes y, poco después de su firma, daba comienzo una batalla por el aeropuerto de la capital de Donetsk, último reducto de la localidad en manos del gobierno ucraniano. Los combates en el aeropuerto de Donetsk se extendieron hasta enero de 2015, pero las fuerzas de la República de Donetsk lograron hacerse finalmente con el control del aeropuerto de la ciudad homónima. Al tiempo que se cerraba esta batalla, daba comienzo la batalla de Debáltsevo, tomada por las fuerzas pro-Kiev en julio de 2014 y cuyas derrotas en enero de 2015 llevaron a un atrincheramiento en este punto. Los avances de las fuerzas de las repúblicas de Donetsk y Lugansk en este cruce de fronteras terminaron con la retirada ucraniana en febrero de 2015. La concatenación de derrotas del gobierno de Poroshenko conduciría a la firma del Conjunto de Medidas de Minsk, un nuevo acuerdo de alto el fuego. Desde entonces habría batallas esporádicas, pero esencialmente la guerra pasó a una larga fase de baja intensidad hasta 2022.

Sin embargo, no se puede decir que la guerra terminase y el Donbás pasase a ser un conflicto congelado. Las numerosísimas violaciones del alto el fuego certificadas por la OSCE así lo atestiguaban. La línea de contacto del Donbás se convirtió en un punto caliente de incidentes. Los Acuerdos de Minsk apostarían por una reunificación en términos favorables para Donetsk y Lugansk en una reforma con potencial federal, pero no hacían extensible esa posibilidad a los lugares que lo demandaban en 2014. El fracaso de Járkov y Odesa para implantar sus propias repúblicas populares, a pesar de los intentos, había aislado el conflicto al Donbás. La conveniencia del alto el fuego es controvertida y es que aunque las repúblicas tenían el momentum de la guerra, por lo que el acuerdo les era más favorable que a Kiev, no dejaban de haber sufrido retrocesos importantes desde mediados de 2014. En ese momento y hasta la reanudación de una fase de alta intensidad, las repúblicas quedaron encalladas en el control efectivo de apenas una tercera parte de ambos oblast, cuyo territorio completo reclamaban en sus Constituciones. A pesar del cese de la hostilidad a esos niveles de intensidad entre Rusia y Ucrania, siguieron ocurriendo incidentes como el del estrecho de Kerch en 2018. Rusia disparó y detuvo a tres buques militares ucranianos que pretendían cruzar desde el mar Negro al mar de Azov para llegar a Mariúpol pocos meses después de la finalización del puente de Crimea, que conectaba la península con Rusia por el estrecho de Kerch dado el bloqueo que Ucrania podía imponer desde Jersón. La defensa del estrecho de Kerch sería esencial para Rusia como elemento integrador con Crimea, como elemento de dominio del mar de Azov y como elemento de advertencia a Ucrania. Cabe comentar que en 2017 caería en un supuesto golpe interno el líder de la República Popular de Lugansk, Igor Plotnitsky, así como en 2018 hacía lo propio el de Donetsk, Aleksandr Zajárchenko en un asesinato con una bomba. Serían sucedidos por Leonid Pasechnik y Denis Pushilin, respectivamente, más leales al Kremlin como puede verse por su afiliación al partido oficialista Rusia Unida.

La relevancia que los grupos de extrema derecha consiguieron en la nueva Ucrania durante el Maidán no hizo sino que ampliarse durante la guerra del Donbás. Los elementos más nacionalistas favorecen por su moral la fortaleza militar y, entre ellos, se encontraban multitud de elementos de extrema derecha nacional e incluso neonazi. Al tiempo que se llevaba a cabo la política revisionista de «descomunización» para borrar el legado soviético y de «desrusificación» para asentar la identidad nacional ucraniana, se dio amparo o incluso apoyo a movimientos de extrema derecha. Por un lado la política nacionalista ucraniana se vería consolidada desde la cartera de Interior, donde el ministro Arsén Avákov mantendría con su presencia entre 2014 y 2021 grandes vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha y neonazis como Pravy Sektor o el Batallón Azov. La Guardia Nacional fue restituida como grupo de reserva de las fuerzas armadas, que había sido disuelto durante los recortes del gobierno de Kuchma, y se incluyó en ella, bajo dirección del Ministerio de Interior, al neonazi Batallón Azov, renombrado como Regimiento Azov. La simbología de este grupo emplea el wolfsangel de las Waffen-SS de la Alemania nazi, así como el Schwarze Sonne (Sol Negro) empleado también por las SS. Numerosos grupos de extrema derecha neonazi como Azov o Pravy Sektor —caracterizado por el uso de color rojo y negro— crecieron al calor de estos años de permisividad hasta 2019, cuando este último se presentó a las elecciones en la lista conjunta con los partidos Svoboda y Corpus Nacional. Svoboda tenía su origen en el Partido Social-Nacional de Ucrania, que también empleaba el wolfsangel de las Waffen-SS y se reconvirtió al nombre posterior (Libertad), deshaciéndose de parte de la simbología nazi, pero manteniendo un ideario de partido de extrema derecha. A pesar de todo, se suele considerar que su símbolo de los tres dedos además de un emblema por la independencia de Ucrania (Tryzub) también hace referencia al gesto de Waffen-SS Galitzia compuesta por ucranianos. No obstante, es común entre estos grupos de extrema derecha nacionalista el empleo en su simbología de modificaciones del Trybuz con una espada o unas alas, o incluso el empleo de la Totenkopf (calavera usada en Alemania por las SS-Totenkopfverbände) entre los miembros neo-nazis. El partido Corpus Nacional, por su parte, fue creado como brazo político de Azov y disponía de esa rama armada, dividida en un sector paramilitar y otro parapolicial. Otro grupo escindido de Svoboda fue C14/Sich, cuyo nombre proviene del 14 de octubre, fecha de creación del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) en 1942, organización colaboracionista con la Alemania ocupante, ligada a Stepan Bandera y la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN). Posteriormente esta fecha sería consagrada como fiesta nacional por el presidente Poroshenko. Mientras C14 sería integrado en las fuerzas de seguridad, otros grupos paramilitares como el Batallón Dnipro también seguirían el mismo camino. El Batallón Donbás seguiría el camino de Azov integrándose en la Guardia Nacional, y el Batallón Aydar en el ejército regular ucraniano. Los miembros de estos otros grupos eran nacionalistas pero no necesariamente neonazis, a diferencia del Cuerpo de Voluntarios Ucranianos, que fue integrado al ejército y estaba vinculado a Pravy Sektor. Todas estas integraciones de milicias en instituciones oficiales se realizaron a expensas de la depuración de cuadros previos y algunas de ellas, como el Batallón Dnipro y el Batallón Donbás, recibieron financiación de oligarcas como Igor Kolomoisky, futuro mecenas de Volodímir Zelenski. Sin embargo, no es menos cierto que, aun con su peso en las calles, su transformación en fuerzas políticas institucionales no fue tan notoria, y que los prorrusos también habían contado con el apoyo de grupos de extrema derecha en el Donbás, conformando varios batallones. Entre los voluntarios se encontraban el importante Ejército Ortodoxo Ruso en Donetsk o la Guardia Nacional Cosaca, pero en general había una compleja amalgama de movimientos nacionalistas rusos de derecha, extrema derecha, socialistas y ortodoxos. En menor medida, desde ese lado se recibió el apoyo de grupos abjasios, osetios, armenios, nacionalistas húngaros, nacionalistas búlgaros y chetniks serbios, entre otros voluntarios.

La «descomunización» de Ucrania se interpretó por un lado como la eliminación del legado soviético por su asociación con la identidad rusa. Por ello también serían eliminadas estatuas y símbolos de homenaje a líderes del Imperio Ruso. El borrado soviético fue más evidente, como se veía en la remoción de simbología comunista asociada a la identidad de la URSS, miles de estatuas de Lenin y homenajes a otros líderes soviéticos. Pero por otro lado, el giro hacia apoyos de extrema derecha aprovecharía este revisionismo histórico para restaurar a figuras colaboracionistas con la Alemania nazi como Stepan Bandera, Yaroslav Stetsko y Roman Shukhevych, que pasaron a ser vistos como luchadores por la democracia y la independencia de Ucrania. No obstante, Víktor Yúshchenko ya había condecorado en 2010 a Bandera como héroe de Ucrania a título póstumo, lo cual fue anulado en 2011, pero allanaba lo que sería una tendencia revisionista en Ucrania. Este tipo de blanqueo bajo el nuevo «estatus legal y honor de los combatientes por la independencia de Ucrania en el siglo XX » fue auspiciado por el Instituto Nacional de la Memoria de Ucrania, acusado de eliminar «la historia racista y sangrienta del país, los pogromos y la limpieza étnica de los archivos oficiales». Entre los grupos colaboracionistas con Alemania que fueron rehabilitados a nivel histórico se encontraban la OUN y el UPA, involucrados en las masacres contra judíos, polacos y rusos durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso un país tan hostil con Moscú como Polonia expresó su enérgica queja ante los homenajes a este tipo de personajes históricos.

Además de la cuestión histórica, la legislación de «descomunización» abarcó la ilegalización de partidos políticos como el Partido Comunista de Ucrania, el Partido Comunista de Ucrania (Renovado) y el Partido Comunista de Obreros y Campesinos. En julio de 2014, el Ministerio de Justicia de Ucrania presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de Kiev para solicitar dicha prohibición bajo la premisa de «la comisión de acciones dirigidas a la violación de la integridad territorial de Ucrania». La congelación práctica de las actividades de partidos socialistas, socialdemócratas o el Partido de las Regiones de Yanukóvich llevaron al vaciado del nicho y la creación de la Plataforma de Oposición-Por la Vida, que trató de recoger demandas contra la política nacionalista ucraniana. Uno de los líderes de este partido, Víktor Medvedchuk, sería detenido en 2021 tras su acusación por traición y mantener vínculos económicos que suponían un «robo de recursos nacionales en la Crimea ucraniana».

En 2015, la Rada ucraniana reconoció la deportación de los tártaros de Crimea a Asia Central como un acto de genocidio, por la cantidad de ellos que habrían fallecido y la limpieza cultural. Aunque el argumento soviético se sustentaba en el colaboracionismo de grupos tártaros con la Alemania nazi durante su ocupación de Crimea, lo cierto es que las deportaciones resultaron en una limpieza étnica contra los tártaros. El interés de las nuevas autoridades ucranianas en reconocer estos hechos como genocidio residía en su política de confrontación con Rusia y la identidad rusa, por lo que los tártaros de Crimea, en el contexto de la anexión de la península a Rusia, eran esenciales para remarcar la identidad ucraniana primigenia de la región —dentro de lo que se entendía por identidad ucraniana en el siglo XX —. En esa carrera por la identidad el gobierno ucraniano señalaba en más de 800.000 los pasaportes rusos que Moscú había repartido en el Donbás a fecha de 2022. Las acusaciones contra Hungría no serían mucho más fiables. Kiev había acusado a Budapest de entregar hasta un millón de pasaportes en Transcarpatia, pero la población húngara residente allí, según el censo de 2001, apenas superaría los 150.000 individuos. Las autoridades ucranianas también habrían introducido a 20.000 personas de origen húngaro ucranianas en la lista de amenazas potenciales para Ucrania.

La cuestión magiar tendría sus ecos en toda la Europa central tras la caída del Imperio Austrohúngaro y la atomización del pueblo húngaro con el Tratado de Trianón (1920) después de la Primera Guerra Mundial. Con el paso de las décadas, uno de los antiguos territorios húngaros, la Rutenia transcarpática, fue cambiando de manos. Primero fue transferido a Checoslovaquia, donde se acabó con la política de asimilación magiar y se permitió el uso de la lengua ucraniana para la importante población rutena o rusina, que eran un pueblo sin Estado de origen eslavo aislado en los Cárpatos. Con la invasión de Checoslovaquia por Alemania, el territorio fue dividido entre la Hungría colaboracionista y un Estado eslovaco títere. Rutenia declararía su independencia en la breve República de Cárpato-Ucrania (1939), hasta que fue anexionada por Hungría, país que ya se había adjudicado una pequeña parte de la región rutena antes de anexionarla por completo. Así que esta mezcla étnica fue abordada por el gobierno de Checoslovaquia en el exilio, quien ordenó la deportación de 2,6 millones de ciudadanos a Alemania, Austria y Hungría mediante los Decretos de Beneš. Tras la guerra, Checoslovaquia quedaría como un Estado más homogéneo étnicamente como consecuencia de la limpieza étnica. Sin embargo, el territorio habitado por eslavos fue anexionado por la Unión Soviética dentro del oblast de Zakarpatia (Transcarpatia) de la República Socialista Soviética de Ucrania. Dentro de la construcción del Estado ucraniano, la población rusina, como pueblo eslavo, fue asimilada a esa nueva identidad ucraniana. Poco menos del 1% de la población sigue considerando su identidad rusina como algo diferente de la ucraniana. A pesar de que el choque posterior por la región se centraría entonces en la población húngara remanente, es importante señalar que varios países consideran a los rusinos una etnia diferenciada. Sin embargo, existe controversia aún sobre la adscripción de esta etnia y su estatus dentro de los pueblos eslavos. La relevancia actual de la cuestión rusina reside en el creciente nacionalismo ucraniano desde antes de la caída de la URSS. Ucrania reconocía la etnia rusina, pero desde 2008 se viven choques en pro de la «integridad territorial ucraniana».

En la historia reciente, el conflicto con la población húngara ha seguido coleando, pues la principal oposición al ingreso de Ucrania en las instituciones internacionales occidentales ha venido de parte de Hungría. La eliminación de los derechos lingüísticos de las minorías tras el Maidán afectó a la minoría húngara de Transcarpatia. Un combativo Víktor Orbán vio su oportunidad de situar la defensa de los húngaros en torno a su figura y su nacionalismo sería espoleado, como sería más evidente y llamativo en el caso de la Transilvania rumana de población húngara. También hubo protestas desde Rumanía y Bulgaria, con minorías nacionales en Ucrania al norte (Bucovina) y al sur (Odesa) de la Besarabia (Moldavia) histórica, respectivamente. En 2018 se hizo público un vídeo en el que se veía al consulado de Hungría en Transcarpatia entregando pasaportes a ciudadanos ucranianos de origen húngaro, recomendando no informar a la propia Ucrania de la doble nacionalidad. Aquel momento supuso un nuevo foco de tensiones entre Ucrania y Hungría, ya que el gobierno amenazó con expulsar al cónsul húngaro. En este contexto, Budapest ha estado bloqueando el acceso de Ucrania a las estructuras de la OTAN al menos entre 2017 y 2020. Ese año se sumó un nuevo pulso en las tensiones, tras producirse el registro de algunas instituciones húngaras en Transcarpatia por parte del SBU ucraniano, entre ellas la Federación Cultural Húngara de Transcarpatia y la vivienda de su presidente. Hungría llamó a consultas al embajador ucraniano y lo consideró una intimidación «inaceptable» contra la minoría húngara. Por su parte, el SBU ucraniano aseguró que querían corroborar la «participación extranjera en actividades destinadas a violar la soberanía de Ucrania», como podía suponer la promoción de ideas sobre la Gran Hungría y de una autonomía étnica en Transcarpatia. Durante los años post-Maidán habría otros episodios menores, pero, sin ir más lejos, apenas unas semanas antes de la invasión rusa de Ucrania, Hungría volvía a vetar el acceso de Ucrania al Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN, obteniendo como respuesta de Kiev el calificativo para Hungría de «socio entre comillas».

Por otro lado, la eliminación del legado ruso no se limitaría solo a la lengua sino que se orientó hacia el otro gran elemento aglutinador: la Iglesia ortodoxa rusa. Petro Poroshenko realizó una fuerte campaña para oficializar el estatus autónomo —autocefalia— de la Iglesia ortodoxa ucraniana, dado el habitual carácter nacional de las iglesias ortodoxas estatales. Durante el periodo posterior a la caída de la URSS coincidirían hasta tres iglesias ortodoxas en Ucrania: una dependiente del Patriarcado de Moscú, otra dependiente de un autoproclamado Patriarcado de Kiev y otra declarada autocéfala. La primera llevaba desde el año 1686 con jurisdicción sobre el territorio que entonces ocupaba Ucrania o, mejor dicho, sobre el antiguo Patriarcado de Kiev y todas las Rus antes de su traslado a Moscú durante la conquista de los mongoles en el año 1240. Tras el Maidán, se fomentó la división religiosa en Ucrania para decantarse por el abandono de la Iglesia ortodoxa dependiente del Patriarcado de Moscú y todas las Rus, que fue cayendo en número de fieles. En el año 2018, se unificaron la Iglesia ortodoxa ucraniana autocéfala y la Iglesia ortodoxa ucraniana dependiente del Patriarcado de Kiev —no reconocido por ninguno de los demás patriarcados ortodoxos— de cara a recibir una autocefalia oficial en 2019. El patriarca ecuménico de Constantinopla concedía ese año dicha autonomía oficial a la Iglesia ucraniana. Ante este tensionamiento sin precedentes a nivel religioso, el Patriarcado de Moscú —el más importante del mundo ortodoxo— rompió con el de Constantinopla —el considerado «primero entre iguales»—, causando un cisma histórico en la Iglesia ortodoxa. Ante el reconocimiento de la autocefalia de la Iglesia ortodoxa ucraniana, el Patriarcado de Moscú ha tenido que romper relaciones también con la Iglesia ortodoxa de Grecia, la Iglesia ortodoxa de Chipre y el Patriarcado de Alejandría y toda África. El componente político del cisma se hizo evidente al presionar el Kremlin al Patriarcado de Moscú y al presionar Estados Unidos y Ucrania, con Petro Poroshenko a la cabeza, al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla para lograr sus objetivos políticos, favorecidos por el efecto de un componente religioso de este calibre sobre el nacionalismo ucraniano con elementos de nuevo cuño.

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LOS ACUERDOS DE MINSK

A ntes de avanzar en el efecto que la ruptura de la Ucrania moderna pudo tener en la crisis con Rusia es necesario entender cómo se logró el salto a una fase de baja intensidad durante 2015. Y cómo su fracaso llevaría a una nueva intensificación e internacionalización paulatina hasta 2022. En los márgenes de una conmemoración del famoso desembarco aliado durante la Segunda Guerra Mundial, y en medio de la descomposición ucraniana, surgió el «formato de Normandía», creado el día 4 de junio de 2014, suponiendo el primer gran encuentro entre Vladímir Putin y Petro Poroshenko desde la crisis. El formato fue conformado entre Francia, Alemania, Rusia y Ucrania. Y sería empleado para buscar una solución diplomática a la guerra del Donbás. De los encuentros en este marco se firmarían los Acuerdos de Minsk (Protocolo de Minsk del 5 de septiembre de 2014 y Memorándum de Minsk del 19 de septiembre de 2014, conocidos como Minsk I, y Conjunto de Medidas de Minsk del 12 de febrero de 2015, denominado Minsk II), útiles para frenar la fase de alta intensidad de la guerra en Ucrania pero violados continuamente. El alto el fuego sería monitoreado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), pero solo supuso el salto a una etapa de baja intensidad en la inacabada guerra tras la firma del Acuerdo Minsk II y hasta las grandes escaladas de 2021. El formato de Normandía quedó fuera de los focos entre 2016 y 2019, cuando llegó Volodímir Zelenski al poder en Ucrania y apostó por este espacio de nuevo como única posibilidad pacífica.

Minsk I estaba constituido por 12 puntos firmados por la representante de la OSCE, el embajador ruso en Ucrania como parte de la delegación de Moscú, el expresidente Leonid Kuchma como parte de la delegación de Kiev y los líderes de las repúblicas autoproclamadas del Donbás, Zajárchenko y Plotnitsky. El texto apostaba por un inmediato alto el fuego, la descentralización del poder mediante una ley temporal de autogobierno para «distritos particulares de los oblast de Donetsk y Lugansk», en referencia a las regiones controladas por las repúblicas, y la liberación de los detenidos en ambos bandos. Con Minsk I se pretendía un primer acercamiento para el cese de las hostilidades, al menos en la intensidad del momento (septiembre de 2014), para después continuar con las negociaciones sobre un verdadero arreglo político, ya que solo se hacía referencia a una administración autónoma «temporal» antes de acordar un estatus definitivo no señalado en el documento. No obstante, sí llegaba al compromiso de que se debían realizar elecciones locales «según la ley ucraniana del autogobierno temporal» mencionada previamente. A la liberación de presos se unía el compromiso de no realizar persecuciones legales, en una especie de amnistía, así como la apuesta por medidas humanitarias y de reconstrucción económica en el Donbás. En cuanto al futuro de la guerra, Minsk I acordaba la retirada de los mercenarios, equipos militares y grupos armados ilegales de Ucrania. Este vago compromiso nunca se concretó.

En el memorándum de seguimiento acordado a las pocas semanas se especificaban pasos como la prohibición de las ofensivas militares y de los vuelos de aviones de combate sobre una zona de seguridad. Por último, la desescalada debía implicar la retirada de los «mercenarios extranjeros» y del «armamento pesado a 15 kilómetros de la línea de contacto, creando una zona de amortiguación de 30 kilómetros». Sin embargo, ninguno de los dos textos tuvo éxito en la paralización de la guerra, aun sin implicar casi ningún compromiso político, y se desataron los importantes episodios de la batalla del Aeropuerto de Donetsk y la batalla de Debáltsevo.

Minsk II se acordó en febrero de 2015 con 13 puntos, los mismos firmantes que Minsk I y la intención de especificar los pasos necesarios no solo para garantizar, esta vez sí, el cese de los combates, sino también un arreglo político que allanase el camino a un acuerdo de paz:

Implementación estricta de un alto el fuego en «ciertas áreas de Donetsk y Lugansk» desde el día 15 de febrero de 2015.

Retirada del armamento pesado de ambas partes hacia una zona de seguridad de, al menos, 50 kilómetros para los sistemas de artillería de un calibre mayor a 100 mm, de 70 kilómetros para los MLRS (Sistemas de Lanzamiento Múltiple de Cohetes) y de 140 kilómetros para los sistemas de misiles Tochka, Tornado-C, Uragan y Smerch.

Garantía de monitorización y verificación del alto el fuego y la retirada de armamento pesado por la OSCE desde el primer día.

Apertura de un diálogo sobre las elecciones locales de acuerdo con la legislación ucraniana y la ley del «autogobierno local interino en ciertas áreas de Donetsk y Lugansk» y sobre el futuro régimen de estas áreas. Adopción, en no más de 30 días, de una resolución por la Rada Suprema especificando las áreas que se acogerían al régimen especial en base al Memorándum de Minsk (Minsk I).

Garantía de amnistía promulgando una ley que prohíba la persecución de los implicados.

Garantía de liberación e intercambio en 5 días de todos los detenidos y rehenes.

Garantía de un salvoconducto para la ayuda humanitaria.

Definición de los métodos para reanudar las relaciones socioeconómicas, incluyendo transferencias sociales como pensiones, pagos e impuestos dentro del marco legal de Ucrania. Para tal fin Ucrania deberá reinstalar el segmento de control del sistema bancario de las áreas afectadas.

Recuperación por el gobierno de Ucrania del control de la frontera del área de conflicto desde el día siguiente a las elecciones locales, finalizando para 2015 el arreglo político basado en las elecciones locales y la reforma constitucional según lo dispuesto en el artículo 11 y la implementación de un acuerdo con los representantes de «ciertas áreas de Donetsk y Lugansk» en el marco del Grupo de Contacto Trilateral.

Retirada de todas las formaciones militares extranjeras, equipo militar y mercenarios del territorio de Ucrania. Desarme de grupos ilegales.

Proceso de reforma de la Constitución de Ucrania antes de terminar 2015 con la descentralización como elemento central, incluyendo referencias a las especificidades de «ciertas áreas de Donetsk y Lugansk» acordadas con sus representantes, y adopción de legislación permanente sobre el estatus de estas áreas en línea con las señaladas a pie de página (derecho a la autodeterminación lingüística, participación de las instituciones con autogobierno en la selección de su personal judicial, cuestiones de desarrollo socioeconómico y cultural, apoyo estatal a su desarrollo socioeconómico, apoyo estatal a la cooperación en la frontera con Rusia y creación de unidades policiales populares locales).

Acuerdo en el marco del Grupo de Contacto Trilateral con los representantes de «ciertas áreas de Donetsk y Lugansk» sobre las elecciones locales según la ley ucraniana y la monitorización de la OSCE.

Intensificación del Grupo de Contacto Trilateral en la conformación de grupos de trabajo para la implementación de aspectos relevantes de los Acuerdos de Minsk.

Para empezar, el alto el fuego inmediato no se cumplió en el momento señalado en el texto, con unos días aún por delante para el cierre de la batalla de Debáltsevo por parte de los secesionistas. Además, grupos nacionalistas como Pravy Sektor advirtieron sobre la posibilidad de continuar las batallas y no acatar el alto el fuego. El hecho de ofrecer fechas concretas que no se cumplieron, como en el caso del arreglo político para 2015, dejaba en el aire la continuidad de su validez más allá. Como adición a los puntos de Minsk II se hacía necesaria la concreción de un mecanismo de aplicabilidad que, como señalaba el artículo 9, debía realizarse de acuerdo con los representantes de Donetsk y Lugansk en el marco del Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la OSCE). Ucrania criticaba la pretensión de Moscú de propuesta directa de cambios en su ordenamiento legal y constitucional para dar el encaje deseado al Donbás, a pesar de que Minsk II señalaba que debían realizarse cambios constitucionales para dar lugar a dicho encaje. Rusia, por su parte, criticaba que Kiev se negase a un diálogo directo con las repúblicas del Donbás y trasladase toda posible concreción al Grupo de Contacto Trilateral, pero, al mismo tiempo, no tolerase propuestas rusas a nivel político, en tanto que injerencistas. Las repúblicas no aceptarían ninguna modificación a Minsk II ni acuerdos tomados sin su presencia como podrían representar los salidos del Grupo de Contacto Trilateral ante la negativa de Kiev a negociar con ellas de manera directa. Y Francia y Alemania no proporcionaban mecanismos específicos para dichas concreciones más que el diálogo Rusia-Ucrania, por lo que acabaría surgiendo la fórmula Steinmeier —en referencia a su creador, Frank-Walter Steinmeier, nombrado presidente de Alemania en 2017—. Esta fórmula proponía la realización de elecciones locales en el Donbás bajo legislación ucraniana y supervisión de la OSCE, para aprobarse después un estatus de autogobierno especial para la región. Sin embargo, Kiev pedía primero retomar el control de la frontera con Rusia, y Moscú era partidaria de que la reintegración y el control ucraniano completo se produjeran una vez aprobado el nuevo estatus y una reforma constitucional que lo garantizase.

El principal problema para lograr la descongelación política del conflicto ucraniano y evitar una nueva escalada hacia una guerra de alta intensidad sería la no implementación de los acuerdos ni en fecha ni en fondo. Ante esto, Ucrania apostó por su compromiso con lo firmado, pero no bajo la interpretación rusa, que le era notablemente desfavorable al haber sido firmado en un momento de debilidad militar y adolecer de un desbalance interno en favor de los nacionalistas. No se daría ningún paso sustancial desde Kiev para la implementación de la sección política y los siete años siguientes serían tiempo ganado para avanzar en la senda euroatlántica y rearmarse esperando congelar el conflicto del Donbás hasta un momento que les fuera más favorable que 2015. Rusia, por supuesto, era el primer interesado en dicha implementación y ha ido pidiendo a Kiev su compromiso para ello, pasando a presionar a París y Berlín primero para hacer lo propio con Washington después, al considerarles los verdaderos actores detrás del «títere», según Moscú consideraba al gobierno ucraniano. De ahí su negativa a reconocer la independencia de las repúblicas durante ocho años. De ahí su falta de paciencia eterna ante el fracaso de la diplomacia y el riesgo que veían en que Kiev empezase una nueva ofensiva como en 2014. Y de aquellos barros, estos lodos.

Según el Conjunto de Medidas de Minsk, se suponía que un diálogo sobre el futuro régimen y el estatus del Donbás como parte de la Ucrania posterior al conflicto habría comenzado el día después de la retirada del armamento pesado. Esta retirada se completó el 8 de marzo de 2015. El diálogo debería haber comenzado oficialmente el 9 de marzo, mientras que las enmiendas a la Constitución redactadas durante este diálogo y coordinadas con el Donbás, así como una ley permanente sobre el estatus especial, deberían haber entrado en vigor a finales de 2015. A esto deberían haberle seguido unas elecciones locales, celebradas de acuerdo con este estatus, y la resolución del conflicto, con la puesta de la frontera ruso-ucraniana bajo el control de Ucrania. (Dmitri Kozak, subjefe de Gabinete del Kremlin, certificando los incumplimientos de los Acuerdos de Minsk en 2022).

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POLÍTICA EN LA UCRANIA POST-MAIDÁN

P etro Poroshenko se convirtió en el quinto presidente de Ucrania el 25 de mayo de 2014, después de conseguir más del 54,7% de apoyo en las primeras elecciones presidenciales tras el Maidán. Poroshenko prometió llevar la paz a Ucrania, lo que incluía un diálogo con Rusia, acabar con la corrupción y mejorar la economía, además de asegurar el rumbo euroatlántico del país. El nuevo líder ucraniano llegaba al poder en un contexto complejo. La división de la sociedad, la guerra incipiente en el este del país con una «operación antiterrorista» en marcha desde abril de 2014, eran los principales retos que se presentaban ante el nuevo presidente ucraniano.

Poroshenko, un exitoso empresario, considerado por muchos como un oligarca, consiguió desde los años noventa, con la disolución de la URSS, una gran fortuna gracias al comercio de cacao, motivo por el cual fue designado popularmente como el «rey del chocolate». Si bien es cierto que su labor empresarial se amplió a más sectores, sobre él se ha mantenido la sospecha de que parte de sus ganancias han sido posibles gracias al acceso a informaciones que circulaban entre las élites políticas del país. Mientras sus negocios abarcaban nuevos sectores y, en consonancia, sus ganancias se incrementaban, Poroshenko también participó en la vida política del país. Financió tanto la Revolución Naranja como el Maidán y su lealtad política se fue acomodando a las diversas circunstancias por las que atravesaba Ucrania; incluso llegó a ser uno de los padres fundadores del Partido de las Regiones de Yanukóvich. En 1998 fue elegido diputado de la Rada y tuvo varios cargos políticos durante las presidencias de Leonid Kuchma, Víktor Yúshchenko y Víktor Yanukóvich. Fue ministro de Exteriores entre 2009 y 2010 bajo el gobierno de Yúshchenko y titular del Ministerio de Comercio Exterior y Desarrollo Económico en 2012, cuando Yanukóvich ostentaba la presidencia. Su paso por la política no estuvo exento de polémicas y acusaciones de corrupción, como cuando en 2003 dirigía el comité de presupuestos del Parlamento y varios partidos pidieron su renuncia tras la desaparición de casi 9 millones de dólares.

Mientras se desarrollaba su campaña electoral muchos ucranianos confiaron en él, precisamente por ser un empresario millonario que no tendría necesidad de robar de las arcas públicas. Los efectos de la guerra en el este de Ucrania tendrían una consecuencia directa en el desarrollo del país, sobre todo en el ámbito económico. Las ayudas que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el camino elegido por Poroshenko para conseguir la estabilidad económica, había destinado a Ucrania exigían una serie de reformas, algunas de ellas muy impopulares para la sociedad civil. A finales de 2015 el gobierno ucraniano congeló las pensiones y los salarios y se produjo un aumento de las tarifas y precios, provocando un éxodo masivo en busca de mejores condiciones laborales que se mantendrá hasta la actualidad. La salida de trabajadores de Ucrania acentuaría otro problema común con muchos de los países que pertenecieron al espacio socialista, el comentado descenso demográfico. La mejora de la situación económica a partir de 2017 no consiguió elevar la popularidad de Poroshenko y varias encuestas mostraban que una de las mayores preocupaciones de los ucranianos era, precisamente, la subida de precios.

En junio de 2014 Ucrania había firmado y ratificado el acuerdo de asociación con la Unión Europea. La posición pro-occidental de Ucrania quedaría consagrada en la Constitución del país en 2019, cuando la Rada aprobó que «la ley adoptada incluirá en el preámbulo de la Carta Magna ucraniana la identidad europea de los ucranianos y la irreversibilidad del curso europeo y euroatlántico». La nueva legislación, aprobada antes de las elecciones presidenciales en las que Volodímir Zelenski conseguiría una histórica victoria, fue apoyada por la mayoría de los políticos, entre ellos, el próximo líder del país. La vinculación con los organismos e instituciones occidentales y la determinación del liderazgo ucraniano en proseguir el camino hacia la integración en el espacio euroatlántico exigirían cambios para paliar la corrupción rampante en las estructuras estatales. Otro de los puntos pendientes era la reforma completa del poder judicial para garantizar su independencia. Era necesario que los jueces y fiscales pudieran desarrollar investigaciones sobre todos los actores, incluidos aquellos vinculados a cargos políticos, que cometiesen abusos de poder u otro tipo de delitos económicos. Cuestión que chocaba de frente con las redes clientelares político-económicas que se habían forjado en Ucrania desde su independencia de la Unión Soviética. Petro Poroshenko tendría pendiente la transformación radical del país para no defraudar las promesas que se hicieron a los manifestantes del Maidán, como ya antes había pasado con Yúshchenko y la Revolución Naranja.

En las elecciones parlamentarias anticipadas del 26 de noviembre de 2014 —en las que no participaron partes importantes de las regiones secesionistas de Donetsk y Lugansk ni Crimea y Sebastopol— la mayoría de los partidos pro-occidentales consiguieron formar un gobierno de coalición. El Bloque Petro Poroshenko y el Frente Popular de Arseniy Yatseniuk, considerado una escisión de Batkivshchyna (partido Patria de Yulia Timoshenko), fueron los partidos más votados con porcentajes que superaron el 20%, con una ligera ventaja del partido del primer ministro Yatseniuk sobre la formación de Poroshenko. Les seguían Samopomich (Autoayuda), liderado por el alcalde de Leópolis, Andit Sadovy; Batkivshchyna, de Timoshenko; y el Partido Radical, calificado como populista de derechas, de Oleh Lyashko. El acuerdo de gobierno incluía la reforma de la ley electoral, cambios constitucionales como cuestiones referentes a la descentralización, y temas al respecto de la independencia del poder judicial. En el ámbito económico destacaban los «incentivos para las empresas de alta tecnología, la liberalización de los controles de divisas, la reducción de los trámites burocráticos para las empresas y la reducción del número de impuestos a nueve». La privatización no terminó de llevarse a cabo y la economía de Ucrania se consideraba «sobrerregulada». El gobierno presidido por Poroshenko y el primer ministro Yatseniuk se rompió tan solo dos años después, en 2016, cuando Yatseniuk renunció al cargo y fue acusado de incapacidad para frenar la corrupción e introducir las reformas que exigían las organizaciones internacionales, como el FMI. El nuevo primer ministro, Volodímir Groisman, era un exsocio comercial de Poroshenko y había desempeñado el cargo de presidente de la Rada. Durante su presidencia fue común la designación de personas leales en cargos públicos de relevancia dentro del Estado. Un ejemplo de ello fue el cambio de legislación para poder designar a un fiscal general sin la titulación de derecho ni experiencia en el sector judicial que, posteriormente, también sería acusado de abuso de poder.

Bajo la presión de los socios internacionales, como la Unión Europea, se crearon organismos para luchar activamente contra la corrupción: la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción, la Fiscalía Especial Anticorrupción y la Oficina Nacional Anticorrupción cuya principal misión sería la investigación de los delitos de los presidentes, fiscales, jueces, ministros y gobernadores anteriores y actuales. Se introdujeron leyes para controlar el capital y las fuentes de ingresos de los funcionarios y hubo una participación importante de la sociedad civil en la elaboración de todas ellas. Sin embargo, los escándalos continuaron sucediendo. Quizás uno de los más mediáticos fue el juicio de Roman Nasirov, jefe del Servicio Fiscal de Ucrania y cercano a Poroshenko, destituido de su cargo y bajo investigación por haber desviado unos 2.000 millones de grivnas del Estado hacia el diputado ucraniano Oleksandr Onyshchenko, huido de la justicia. Además, la imagen del presidente también se puso en cuestión cuando apareció vinculado a los Papeles de Panamá y ser titular de tres sociedades offshore creadas en 2014.

Las reformas también llegaron al ejército y a las fuerzas de seguridad. El ministro de Interior, Arsén Avákov, había restituido la Guardia Nacional, en la que terminaría integrando a miembros de Avoz, y también impulsó una reforma policial en un primer momento bien recibida por la población. Pero finalmente continuaron los casos de corrupción y la aprobación de este cambio solo contaría con un 20% de apoyo social años después. Además, muchos de los policías y miembros de seguridad del Estado que fueron despedidos durante la renovación del cuerpo por su vinculación con casos de tortura y violencia, volvieron a sus puestos. La renovación y reforma del ejército fue otra de las tareas del presidente Poroshenko, que comenzó por ampliar el número de efectivos y profesionalizar las fuerzas armadas. Destinó un mayor presupuesto estatal para su modernización, con el objetivo final de crear las condiciones para un ejército que cumpliese con los estándares de la OTAN en el año 2020, propuesta ambiciosa que no llegó a concretarse. A pesar de algunas mejoras, en el año 2018 todavía quedaban cuestiones por resolver en este ámbito, como la «falta de coordinación interna entre estructuras, falta de supervisión civil y parlamentaria de las fuerzas armadas, integración incompleta de voluntarios en el ejército regular, impunidad y comportamiento abusivo en la zona de conflicto, corrupción sistémica y falta de transparencia de los presupuestos, especialmente en el monopolio de la industria de defensa de propiedad estatal Ukroboronprom».

Si el Maidán había provocado una herida profunda en la sociedad ucraniana, algunas de las políticas que pusieron en marcha la Rada y Poroshenko afianzaron esta división. Las leyes sobre la «descomunización» fueron un intento de instaurar una visión propia de la historia ucraniana durante el siglo XX , prohibiendo algunos símbolos nazis y comunistas y penando «la negación pública de la naturaleza criminal del régimen totalitario comunista de 1917-1991». La intensificación de la guerra en el este del país, que el gobierno ucraniano seguía denominando como una «operación antiterrorista», dejó importantes derrotas militares en 2014 y 2015, siendo la derrota de la estratégica ciudad de Debáltsevo el 18 de febrero de 2015 a manos de los rebeldes apoyados por Rusia, un duro golpe para todo el ejecutivo del país. Poroshenko, que había firmado pocos días antes los Acuerdos de Minsk II con un rechazo importante por parte de la sociedad ucraniana, señaló que lo ocurrido en Debáltsevo había sido un «ataque cínico» contra el marco diplomático alcanzado en la capital bielorrusa el 12 de febrero.

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«Soy solo una persona que vino a romper el sistema», afirmaba Volodímir Zelenski antes de convertirse en el sexto presidente de Ucrania. El apoyo a su candidatura fue masivo y consiguió más del 73% de sufragios a su favor. Una victoria contundente que lo llevaría, como también había hecho antes su predecesor, a convocar elecciones parlamentarias anticipadas en las que lograría consolidar su poder en la Rada. Su formación política, bautizada como la serie televisiva que aumentó su popularidad años antes, agrupó a sus amigos de la infancia y a los colaboradores de su productora Kvartal 95. La irrupción de Zelenski en el panorama político de Ucrania no era del todo nueva. Su carrera artística como actor y comediante lo había llevado a la mayoría de los hogares ucranianos gracias a la serie Servidor del Pueblo , en la que interpretaba a un profesor cansado de la corrupción y del sistema oligárquico, que terminaba llegando a la presidencia del país. Hay que destacar que parte de sus trabajos artísticos se realizaron en Rusia, como sucedió con Poroshenko, que también realizó allí algunas de sus actividades empresariales. Si bien la campaña no estuvo exenta de jugadas sucias por parte de su rival, Petro Poroshenko, Zelenski supo conectar con la audiencia y convertirlos en votantes potenciales. El manejo de las redes sociales para comunicarse con los sectores más jóvenes de la sociedad y su apuesta por la paz y la mejora de las condiciones de vida del país, así como su posición sobre el respeto al idioma ruso y la política exterior que debería llevar a cabo el país, fueron puntos clave que convencieron a los ucranianos. Zelenski prometió que acabaría con la guerra en Ucrania durante el primer año de la presidencia. Este reto incluía, tal y como manifestó el propio Zelenski, la necesidad de un diálogo directo con Rusia. Si bien es cierto que en los últimos meses de Poroshenko se estableció en la Constitución ucraniana la continuación de la senda hacia la integración en la Unión Europea y la OTAN, Zelenski siempre se había mostrado partidario de esta vía. Pero su posición llegó a oscilar sobre la realización de un referéndum que determinase el sentir popular sobre la cuestión, para finalmente pedir que se acelerasen los trámites para la membresía en ambas instituciones. Aunque desde el primer momento Zelenski ya había sentenciado que Ucrania no estaría llamando a las puertas de la UE y la OTAN eternamente.

Una de las principales consignas de Zelenski era su lucha contra la oligarquía del país. Su posición antisistema era resaltada siempre por el candidato para tratar de diferenciarse de la clase político-económica que había gobernado Ucrania desde su independencia. La postura de Zelenski, en realidad, era un tanto ambigua, pues su exitosa serie televisiva se emitía en el canal de Igor Kolomoisky, un oligarca ucraniano acusado, entre otras cuestiones, del desfalco de Privatbank, uno de los mayores bancos del país. La relación entre ambos llegó a ser criticada incluso por la asesora de la Casa Blanca, Fiona Hill, señalando ante funcionarios de la Administración Biden que estaba «extremadamente preocupada» por la relación entre Kolomoisky y Zelenski. El propio oligarca, tras financiar a diversos batallones extremistas en 2014, cambió radicalmente su postura durante la presidencia de Zelenski para abogar por un acercamiento a Rusia. No fueron pocos los comentarios en la prensa ucraniana en los que se afirmaba que el presidente Zelenski «era una marioneta» de Kolomoisky.

El actor convertido en presidente también mencionaba la necesidad de proteger a todos los ruso parlantes del país; incluso el mismo Zelenski habla mejor el ruso que el ucraniano. La cuestión de unir a la sociedad que había quedado resquebrajada tras el Maidán y la administración de Poroshenko fue otra de las tareas que tendría que asumir Zelenski. La posición a favor de la paz y sus declaraciones sobre la necesidad de buscar una solución para las disputas sobre la identidad nacional de Ucrania fueron duramente criticadas por sectores nacionalistas e incluso lo llegaron a acusar de ser prorruso y «débil». Las fuerzas armadas del país no confiaban mucho en él y desde Rusia tampoco se percibió un especial respeto por el nuevo mandatario. Durante la primera semana de Zelenski en el poder, Vladímir Putin, presidente de la Federación Rusa, firmó un decreto para simplificar la obtención del pasaporte ruso para los residentes del Donbás.

Las grandes exceptivas puestas en el nuevo presidente de Ucrania se fueron convirtiendo poco a poco en decepciones, y su nivel de aprobación por parte de la sociedad ucraniana fue en descenso hasta el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Algunos de sus principales logros consistieron en derogar las leyes sobre la inmunidad de los cargos públicos y comenzar a establecer la legislación pertinente que abría la posibilidad de destituir al presidente. Se intentó llevar a cabo la mejora de las carreteras y automatizar procesos burocráticos. Pero las otras promesas no llegaron a cumplirse: la guerra en el este continuaba, la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía seguía postergándose, mientras la deuda ucraniana se incrementaba en consonancia con la dependencia financiera del FMI. Ante el temor de una bancarrota debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 en 2020, según señalaba Zelenski, Kiev se vio obligada a ejecutar modificaciones de la ley bancaria y la retirada de bancos insolventes del mercado —que no podrían ser devueltos a sus dueños—, así como una reforma agraria que permitiera la venta del Chernozem (tierra negra), que son un tipo de tierras de cultivo con un suelo especialmente fértil y unas características muy escasas en el mundo. Miembros de la oposición política mostraron su rechazo por la reforma agraria. La corrupción en el sector público seguía siendo uno de los principales quebraderos de cabeza de Zelenski, con unas reformas que no conseguían poner fin a este grave problema. La lucha contra la oligarquía se estaba transformando en una tarea difícil para la nueva administración.

Si por algo se podría caracterizar la presidencia de Zelenski fue por el cambio constante de ministros y responsables de los principales organismos estatales. Destaca la renuncia del primer ministro Oleksiy Honcharuk tan solo seis meses después de su designación. Honcharuk presentó su renuncia dos veces, la primera de ellas se debió a la filtración de un vídeo en el que criticaba la estrategia y visión económica de Zelenski. Su sustituto fue Denys Shmyhal, vinculado en el pasado con los negocios de otro importante oligarca, Rinat Ajmétov. La designación de Iryna Venediktova como fiscal general de Ucrania se atisbaba como una continuación del cambio en el sistema judicial. Ella había defendido que la ley de amnistía para los manifestantes del Maidán debía ser cancelada, abriendo la posibilidad de llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes cometidos por ambas partes, tanto prorrusos como pro-occidentales. Esta decisión también fue criticada. Venediktova sustituyó a Ruslan Riaboshapka, que desde agosto de 2019 había comenzado un proceso de depuración de la Fiscalía despidiendo a gran parte de los fiscales por su incompetencia. Además había intensificado las investigaciones sobre el caso de Privatbank de Kolomoisky, pero finalmente fue destituido por presiones políticas del oligarca, según declaraciones del exfiscal general. La salida de Riaboshapka de la Fiscalía General causó la alarma en el G7 y Estados Unidos. Otra de las decisiones criticadas desde Occidente fue la destitución del presidente de la Rada, Dmitri Razumkov, un cargo de vital importancia al tratarse de un sistema parlamentario-presidencialista. Se considera que las desavenencias entre Zelenski y Razumkov surgieron a raíz de la legislación para luchar contra el poder de los oligarcas en el país. Según sus críticos, la norma solo terminaría afectando a algunos oligarcas favoreciendo a otros, ya que sería el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania el que crearía un registro de las personas designadas con tal categoría. Una de las condiciones para aparecer en esa lista era ser propietario de medios de comunicación y participar en la vida política del país.

La relación de Zelenski con los medios de comunicación se fue tornando tensa y negativa al imponer sanciones contra varios canales de televisión, algunos de ellos propiedad de diputados del principal partido de la oposición, Plataforma de Oposición-Por la Vida. Se les acusaba de ser responsables de reproducir la propaganda rusa en Ucrania. Sin embargo, el cerco a los medios no solo se quedó ahí, ya que el tradicional medio pro-occidental Kyiv Post , escrito en inglés y crítico con el gobierno, se vio obligado a cerrar. Muchos consideraron que la mano del presidente ucraniano estaba detrás del cierre. El gobierno, y en particular Zelenski, comenzaba a recibir críticas del sector de los medios de comunicación debido a sus intentos por controlarlo. El proyecto de ley «sobre la lucha contra la desinformación y la regulación de la actividad de los medios» fue duramente rechazado por el Sindicato de Periodistas de Ucrania, alegando que se legalizaba la intervención estatal en el sector periodístico. Mientras las críticas sobre el creciente autoritarismo de Zelenski se vertían desde varios sectores de la sociedad civil y los medios, se abrieron casos penales contra los principales opositores: Víktor Medvedchuk o el expresidente Petro Poroshenko. La confianza de los ucranianos en Zelenski continuaba descendiendo cuando otro escándalo se desató en el país tras aparecer su nombre en los Papeles de Pandora. La investigación periodística internacional lo vinculaba a una red de compañías offshore , de las cuales también eran propietarios algunos de sus amigos personales y socios en su productora de televisión, Kvartal 95.

La división social se mantuvo hasta 2022 ya que Zelenski siguió adelante con la ley de «ucranización total» —como se conocía popularmente—, que preveía establecer el idioma ucraniano como la lengua del Estado, dejando al ruso en una posición menor. Aunque esta legislación venía de los tiempos de Poroshenko, finalmente se terminó aplicando. Otro proyecto polémico fue la legislación sobre las diferentes minorías según la cual se debían definir como «una comunidad étnica autóctona que se ha formado en el territorio de Ucrania, es portadora de un idioma y una cultura distintivos, tiene órganos tradicionales, sociales, culturales o representativos, constituye una minoría étnica en su población y no tiene una formación estatal propia fuera de Ucrania», lo que excluía a los rusos étnicos de ser considerados como tal, desatando fuertes críticas desde Moscú. Los problemas de Zelenski se agudizaban en la Rada, ya que a pesar de tener la mayoría en el Parlamento ucraniano, desde enero de 2022 se cuestionaba la capacidad de su partido para sacar adelante importantes proyectos de ley. Las destituciones de cargos que habían sido leales a él, como Razumkov, y los diversos intereses de las diferentes facciones auguraban la búsqueda de nuevos equilibrios para intentar contentar a los legisladores necesarios y así mantener la gobernabilidad. Antes de la guerra, Zelenski no había podido dar solución a importantes problemas que heredó de administraciones anteriores, como la lucha efectiva contra la corrupción, la mejora económica y el final de la guerra del Donbás.

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LOS LOCOS AÑOS NOVENTA EN RUSIA

T erminada la Guerra Fría, Estados Unidos y la OTAN se erigieron como los grandes garantes del nuevo orden liberal internacional mediante el establecimiento de un concierto unipolar. La competición estratégica entre Estados Unidos y la Unión Soviética llegaba a su fin con la derrota del segundo. Como ocurriera tras la Segunda Guerra Mundial, el devenir geopolítico sería escrito por los vencedores. Si en el anterior proceso se decidió el destino de Austria o Finlandia, durante los noventa iría sentenciándose el horizonte de los países del bloque socialista prácticamente por todo el mundo, pero con un importante foco en Europa del este: el Pacto de Varsovia, la alianza militar oriental, desaparecía el 1 de julio de 1991. Para entender la expansión de la OTAN es imperioso acudir primero a lo accidentado de la caída de los países socialistas, cuyo fin venía gestándose durante décadas.

El final del socialismo llegaría entre el auge de los nacionalismos en prácticamente todos los estados y la apertura económica, con el paradigma del no alineamiento de Yugoslavia. La Primavera de Praga y las reformas económicas checoslovacas, así como la ruptura de Albania con el bloque tras la invasión de Checoslovaquia sentaron un nuevo precedente que alejó a Tirana, Bucarest y Praga de la órbita soviética. La deriva soviética solo se vio acentuada durante el periodo de Mijaíl Gorbachov con la llegada de la perestroika , su proyecto de apertura económica, y la glásnost , su proyecto de apertura política. La apertura política soviética permitió profundizar en una «desestalinización» ya avanzada y, entre la presión sobre los sectores izquierdistas, tendría lugar el Putsch de Moscú, un intento de golpe de Estado contra Gorbachov en agosto de 1991. Los putschistas tratarían de recuperar el poder para los sectores socialistas, pero su fracaso supondría el fin definitivo de la Unión Soviética y del bloque socialista que aún viraba, a duras penas, en torno a ella. Los derechistas de Borís Yeltsin se hicieron desde las instituciones rusas con un impulso mayor aún para desplazar a los ortodoxos del PCUS y terminar con el periodo socialista, incluso desplazando el perfil de Gorbachov, cerrando el servicio de inteligencia KGB y aprobando un programa neoliberal para poder ingresar en el Fondo Monetario Internacional (FMI). El nacionalismo ruso y el regreso de la Iglesia ortodoxa rusa al centro social serían la tónica tras años de auge de ambos, por lo que la prioridad geopolítica se mantuvo en la relación histórica y cultural con Bielorrusia y Ucrania, una vez se habían consolidado durante ese siglo como estados en su forma del momento.

La caída de la superpotencia dejó abierto el proceso de desarme nuclear, una vez había terminado la Guerra Fría, y George H. W. Bush (Bush padre) vio llegar una supremacía que abría una etapa en la historia. Por un lado, Yeltsin se opuso a la incorporación a la OTAN de los países del antiguo Pacto de Varsovia, que habían ido virando al capitalismo en tromba: Polonia, Hungría, Alemania Democrática (oriental) o Checoslovaquia (dividida en República Checa y Eslovaquia). Aunque muchos también sucumbirían ante movimientos nacionalistas liberales que devendrían en anticomunismo y reforma política. Los casos de Rumanía, Albania, Bulgaria y Yugoslavia seguirían otros derroteros. Bulgaria, seguidora de las políticas de Moscú desde hacía décadas, era reticente a aplicar las reformas soviéticas de apertura, por lo que tras la caída del Muro de Berlín contó con presión interna para la renovación desde el partido, y su mutación posterior llegó con el beneplácito de los liquidadores soviéticos. Rumanía y Yugoslavia se habían mantenido en posición díscola con Moscú. Pero el cambio de régimen llegaría a Bucarest entre la tensión social de una malinterpretación de las protestas durante un discurso televisado de Ceauș escu en el caso rumano. La Albania socialista acabaría rompiendo con todos sus aliados por su alejamiento de diversas corrientes socialistas: Enver Hoxha, líder albanés, se mantuvo del lado de la URSS ante la ruptura con Yugoslavia acusando a Tito de anticomunista por sus «particularidades de mercado» y apoyó a China en la ruptura sino-soviética ante la «desestalinización» de Jrushchov. Hoxha criticó la intervención en Checoslovaquia y rompió con el Pacto de Varsovia, la URSS y sus aliados, convirtiéndose en una excepción contestataria frente a la URSS al estilo de Ceauș escu en Rumanía. A la muerte de Mao Zedong, Albania y China romperían su idilio diplomático en 1978, a causa de la deriva aperturista adjudicada a Deng Xiaoping. Albania se quedaría sola, sin recursos y enfrentada a este y oeste. El caso yugoslavo fue desangrado durante toda la década con el apoyo occidental a las sucesivas escisiones étnicas y entrelazaría los futuros nacionalismos de Albania, Serbia, Croacia o Bulgaria, entre otros. Es relevante entender el contexto de Albania, Yugoslavia, Checoslovaquia o Rumanía para comprender la deriva de la influencia de la URSS en Europa del este y la importancia de la ruptura sino-soviética. Y es que, efectivamente, la relación con China sería una de las grandes claves que se pondrían en juego desde Estados Unidos, con un Joe Biden, por aquel entonces senador, señalando a Rusia como Estado sin alternativa a Occidente tras la pérdida de Europa del este y la crisis sino-soviética.

Decían [los rusos] que no querían esta expansión de la OTAN. Saben que no está entre sus intereses de seguridad y dijeron: «Bueno, si hacéis eso, podríamos mirar hacia China». No pude sino decir: «Ya sabéis. Buena suerte. Y si eso no funciona, probad con Irán». […] Y lo saben. Yo lo sé, ellos lo saben, todos sabemos que esto no es una opción. Todo el mundo sabe que cada uno de los líderes acepta y necesita [la expansión de la OTAN]. Y ellos lo rechazan. Pero necesitan mirar hacia Occidente. Y la pregunta es dónde está esto diseñado para callarles, no en términos de si es una amenaza militar y de seguridad directa o no. […] Como parte de esta incertidumbre, la mayoría de los líderes rusos están preocupados por la marginación de su país. […] La oposición pública del Kremlin a esta ampliación es una cuestión psicológica asociada con la pérdida de un imperio. Un orgullo herido. Y lo más importante, una incertidumbre sobre el lugar de Rusia en el mundo del siglo XXI . (Joe Biden, senador de Estados Unidos en 1997, hablando sobre Rusia y la futura incorporación a la OTAN de Hungría, Polonia y República Checa de 1999).

En un primer momento, la política de desarme nuclear de la URSS y Estados Unidos sería acordada entre Mijaíl Gorbachov y Ronald Reagan en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START I), aunque sería firmado por Bush padre en 1991. La desintegración de la URSS hizo necesario implicar a los herederos nucleares del ente soviético: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania. Sin embargo, Ucrania no había ratificado aún ese acuerdo cuando, en 1993, se firmaba el START II para prohibir los misiles balísticos intercontinentales de cabezas múltiples. Ucrania acabaría cerrando este episodio, con grandes implicaciones en el futuro, con la firma en 1994 del Memorándum de Budapest sobre Garantías de Seguridad. Este acuerdo concluiría la cuestión nuclear de Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania con su entrega definitiva de las armas nucleares a Rusia a cambio de garantías de seguridad que suplieran su capacidad disuasoria. Desde 1994, esas garantías de seguridad marcarían la buena relación de estos países con Moscú sin necesidad de un documento que asegurase su no incorporación a la OTAN. Y es que en dicho marco se garantizaría que los firmantes —Estados Unidos, Reino Unido y Rusia— no usarían la presión económica con ánimo de influencia política ni la fuerza contra la independencia y la soberanía de Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán, que debían ser respetadas bajo las fronteras de 1994. Tanto Bielorrusia como Ucrania verían en los firmantes la ruptura de algún punto en las diversas crisis entre 2013 y 2022.

Con la marcha forzada de Gorbachov y el fortalecimiento incontestable de Yeltsin, su figura llevaría a Rusia hacia Occidente. Yeltsin desplazaría la incorporación del este a la OTAN, incluida Rusia, a una nueva esfera. Y es que ante la mejoría de relaciones con Estados Unidos, el secretario de Estado norteamericano con Bill Clinton, Warren Christopher, se reunió con el Kremlin en 1993, apuntando a la apertura de una fórmula para permitir la participación de los países del este, incluida Rusia, en la OTAN. La portavocía rusa señalaría que Yeltsin habría mostrado su apoyo a la expansión de la OTAN hacia el antiguo bloque del este mientras Washington normalizaría sus relaciones comerciales con Moscú retirando las restricciones que pesaban desde la época soviética. A pesar de ello, desde Rusia se ha insistido en una cuestión con respecto a los encuentros de alto nivel Rusia-Estados Unidos y Rusia-OTAN: la OTAN se habría comprometido a no expandirse sobre el este. Aunque Washington había ofrecido procesos de consultas, maniobras y contratos, rechazó ofrecer garantías legales sobre este punto. Pero la incorporación de Rusia a la OTAN nunca se había contemplado realmente. Ese propósito de convertir la OTAN en una organización de seguridad como lo que finalmente acabaría siendo la OSCE, no funcionó. El objetivo de la Organización Atlántica desde la Guerra Fría había sido la contención de la influencia rusa en el Viejo Continente y así debía seguir siendo, con la oportunidad de ampliación sobre la gran llanura europea ante la debilidad de Moscú. Dicha debilidad sería fomentada desde el gabinete de Clinton fortaleciendo a Yeltsin tras el Octubre Negro de 1993, apuntalada después con la marginación rusa durante las guerras de los Balcanes y sentenciada con la incorporación de los países bálticos a la senda euroatlántica; tres acontecimientos que serían clave para comprender los procesos de la Rusia actual.

El Octubre Negro fue un periodo de gran tumulto social a raíz de la disolución del poder legislativo, tal y como era concebido hasta entonces, por parte de Borís Yeltsin para consolidar su poder. Los parlamentarios rusos, con un importante apoyo social, reaccionaron tratando de destituir a Yeltsin, lo que desató todo un conflicto que acabaría con una operación militar que destruyó la Casa Blanca —así se denomina el edificio sede del Parlamento ruso—, en la que estaban atrincherados los políticos díscolos, produciéndose cientos de víctimas. El nivel de autodestrucción de Moscú durante la década de 1990 llegaba a tal punto que los acontecimientos del Octubre Negro pudieron acabar en una guerra civil.

Se nos ha dado la misión de tomar la Casa Blanca. Nuestra unidad está especializada en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Pero vosotros no sois terroristas, sois diputados elegidos por el pueblo, y no queremos asesinar a personas desarmadas. Pero nos han dado la misión de atacar, así que lo mejor que podéis hacer es rendiros. Nadie nos mandó a negociar: hemos sido nosotros los que hemos decidido dar este paso. (Vladímir Kolejsaev, teniente coronel del Grupo Alfa, encargado de la toma del Parlamento).

Si algo se logró con la victoria de Yeltsin durante el Octubre Negro fue el auge del Partido Liberal Democrático de Vladímir Zhirinovsky, quien con los años se convertiría en un ultranacionalista ruso, y la aprobación de una nueva Constitución que cimentaría el poder presidencial de Yeltsin en el nuevo sistema político ruso. Precisamente estos movimientos, que acrecentaron el poder autoritario presidencial, fueron apoyados por Occidente en general, como hicieran con cualquier movimiento nacionalista y anticomunista en Europa del este, y por Bill Clinton en particular, sin atender a las consecuencias que podría tener dicha promoción iliberal en un orden liberal-internacionalista en construcción. La llegada de Vladímir Putin en 1999 bajo este nuevo sistema constitucional de autoridad presidencial habría contado, por tanto, con el beneplácito y el impulso abierto de Occidente.

Por otro lado, los países bálticos supusieron la primera gran pérdida rusa después de la fallida intervención en Lituania. La espontaneidad de la resistencia pacífica de Vilna resultó estar auspiciada por asesores estadounidenses y el fracaso de la intervención soviética permitió que Lituania se decantase hacia Occidente una vez se desintegró la Unión Soviética. Tallin y Riga irían detrás del ejemplo de unilateralidad lituano, con apoyo de la Rusia de Yeltsin frente al poder soviético, para realizar finalmente un referéndum una vez fracasó la intervención en Lituania. Pero Estonia y Letonia, con hasta un tercio de su población de origen eslavo, siguieron una vía propia en la búsqueda de un Estado-nación basado en la limpieza étnica de los eslavos (rusos, bielorrusos y ucranianos) mediante la no-ciudadanía.

Algo similar ocurriría en Eslovenia, donde se intentó borrar la identidad de serbios y yugoslavos con la no concesión de la nacionalidad si no se reconocían las nuevas instituciones en pleno conflicto entre Belgrado y Liubliana. Más allá de lo ocurrido en las guerras de Croacia y Bosnia, donde cada grupo luchaba por un bando étnico, Rusia se vería implicada más tarde en un conato de choque con la OTAN por su estrategia para el caso serbokosovar durante el incidente de Pristina. En la guerra de Kosovo, a mediados de 1999, Rusia trataría de garantizar su porción de influencia en la resolución del conflicto kosovar con el establecimiento de dos zonas de paz diferenciadas en el territorio. Aunque Kosovo acabase quedando controlado por albanokosovares en su mayoría, y por serbokosovares al norte de Mitrovica y el río Ibar, en su momento la OTAN rechazó dicha posibilidad. Así que, en resumen, tropas rusas destinadas a un contingente para el mantenimiento de la paz en Bosnia y Herzegovina cruzaron la frontera de Kosovo y tomaron el aeropuerto de la capital, Pristina. Rusia era esencial para alcanzar un acuerdo con Serbia y, ante la posible represalia serbia, las tropas occidentales no quisieron entrar antes del momento acordado. Efectivos británicos y noruegos acabarían entrando, con parte de los primeros planteando la posibilidad de bloquear las pistas del aeropuerto de Pristina. Dicho bloqueo fue denegado en favor de un simple aislamiento del aeropuerto desde el mando británico para evitar una guerra mundial por el posible choque derivado entre Rusia y la OTAN. Los rusos se negarían a abandonar sus posiciones si no era por orden de su propio mando nacional pero el cierre del espacio aéreo de Rumanía, Hungría y Bulgaria impidió el traslado de tropas rusas hasta Kosovo, por lo que se acabó negociando que el contingente ruso se distribuyera por Kosovo de manera independiente al de la OTAN pero sin establecer una zona de paz propia. Este episodio tuvo una significación destacada como gran pico de tensión concentrado en los últimos coletazos que sufrirían los Balcanes tras una desarticulación integral de Yugoslavia, donde la OTAN había podido bombardear Belgrado, la capital de la «hermana menor» rusa, sin que Moscú lo evitase.

Finalmente, Hungría, Polonia y República Checa se adherirían a la OTAN en 1999. Estonia, Letonia y Lituania entrarían en la alianza militar liderada por Estados Unidos en 2004 junto a Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Croacia y Albania ingresarían en la OTAN en 2009, Montenegro en 2017 y Macedonia del Norte en 2020. Georgia y Bosnia y Herzegovina expresaron su interés en seguir dicha senda ya que, durante mucho tiempo, los ingresos en la Unión Europea y la OTAN llegaban de la mano. Una vez roto ese tabú, Serbia apostaría decididamente por la Unión Europea mientras Kosovo, además, lo hacía por la OTAN. Rusia veía así cómo hasta el más reducido de sus vecinos había virado sustancialmente en sus pretensiones estratégicas desde el shock geopolítico que supuso el colapso del bloque del este a finales de los ochenta y principios de los noventa del siglo XX , dando comienzo a un periodo de reordenación unipolar que duraría, al menos, década y media.

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RUSIA O EL AUGE DE UNA VIEJA POTENCIA

L a continua expansión de la OTAN hacia el este chocaría con los intereses de Rusia desde los años noventa, pero una vez se integró todo el antiguo Pacto de Varsovia, así como todo lo asimilable de la antigua Yugoslavia —salvo Serbia-Kosovo y Bosnia y Herzegovina—, e incluso parte de la antigua URSS —las repúblicas del Báltico—, Moscú temía que los siguientes pudieran ser países fronterizos con mucho mayor vínculo de manera directa donde se pudieran instalar bases, desplegar misiles y otras infraestructuras, o realizar ejercicios militares. La supuesta promesa de no expansión en dirección al este se habría incumplido insistentemente. Suecia y Finlandia cada vez arrojaban una demoscopia más favorable a romper con su neutralidad militar en favor de Washington y su alianza militar. Pero las claves, una vez los bálticos se habían convertido en reductos no estratégicos para Moscú, seguirían residiendo en los países de la órbita postsoviética. La posibilidad de que estos territorios ingresasen en la OTAN no representaba un riesgo significativo hasta que se instalaron gobiernos antirrusos en sus capitales. Entonces la OTAN era vista como una oportunidad de escapar del yugo que representaba para ellos la influencia de Moscú, por el paraguas militar que ofrecía para poder desplegar políticas revisionistas contra la identidad y el legado ruso sin cortapisas ni amenazas de Moscú. Durante los años posteriores a que los bálticos llevasen a cabo sus primeros posicionamientos revisionistas con respecto al periodo soviético, Occidente seguiría apostando por promocionar cambios políticos en Georgia, Ucrania o Moldavia. Estos puntos ya serían, en diferente grado, intolerables para Moscú.

Por si fuera poco con el contexto de la desintegración de la Unión Soviética, la recientemente constituida Federación Rusa no lograba consolidarse en zonas étnicamente delicadas por su heterogeneidad, como el Cáucaso norte. Una vez cerrada la negativa a la institucionalización de la República de Tartaristán, restaba el caso de Chechenia. Entre 1994 y 1996 tendría lugar la Primera Guerra de Chechenia, tras la declaración de independencia de la república y la respuesta de Yeltsin sobre la capital, Grozni. La intención de tomar rápidamente el territorio fue en vano, dada la falta de entendimiento cultural que sostuvo con los civiles y el movimiento insurgente checheno, así como la inadaptación al contexto geográfico y militar. Posteriormente a la derrota rusa, entre 1999 y 2009 se trataría de cerrar el conflicto de la república de facto independiente y que ya trataba de invadir a la vecina Daguestán en su ánimo expansionista con el objetivo nacional de abarcar gran parte del Cáucaso norte, incluyendo Ingusetia —que habían perdido en 1992— u Osetia del Norte. Sin embargo, ya con Vladímir Putin en el Kremlin, se apostó por una estrategia de contrainsurgencia con participación local chechena y se logró instalar un gobierno favorable en Grozni. La división del movimiento nacionalista en un pujante sector islamista de corte fundamentalista ayudó a dividir a los chechenos. Durante estos conflictos la capital había quedado diezmada, sentando precedente sobre lo que podía suponer un escenario como el de Grozni. Todas estas lecciones serían importantes en sucesivos conflictos.

A pesar de todo lo sucedido en la periferia rusa, el momento unipolar estadounidense sería un espejismo. Rusia no se encontraría tan débil como en los noventa durante mucho tiempo. Y la promoción de revoluciones de colores desde Occidente había pasado a ser algo habitual. Las sucesivas administraciones norteamericanas se sentían con las manos libres para seguir socavando los intereses de un hasta entonces debilitado actor ruso. Tras el 11-S, la Administración Bush anunció el lanzamiento de la operación militar que buscaba combatir a los talibanes que surgieron, precisamente, de la insurgencia que los norteamericanos habían nutrido para torpedear a la Unión Soviética y al gobierno de Afganistán. En 2002, George Bush abandonaba unilateralmente el Tratado sobre Misiles Antibalísticos (ABM) y anunciaba un escudo antimisiles para Europa, que acabaría asentándose en Polonia como punta de lanza. Rusia, como respuesta a la ruptura del ABM, se retiró del nunca implantado tratado START II, retomando la posibilidad de apostar por misiles balísticos intercontinentales de cabezas múltiples. Así, comenzaba a responder a la unilateralidad estadounidense, pero no en la magnitud de años posteriores puesto que la salida del START II se daría ya con un nuevo marco sobre la mesa y sin poder evitar la instalación de un sistema de misiles antibalísticos en su frontera europea. Así que también en 2002 George Bush y un recién llegado Vladímir Putin firmaban el Tratado entre Estados Unidos y Rusia para las Reducciones Ofensivas Estratégicas (SORT) o Tratado de Moscú, que serviría para establecer limitaciones solo sobre armamento estratégico, como el nuclear. Bush seguiría el patrón unipolar en 2003 con el inicio de la invasión de Irak junto a sus aliados, importante acontecimiento para entender otras operaciones posteriores de diferente proceder y en las que Estados Unidos se aventuraría, pero ya sin obtener la misma capacidad de imposición, como en Siria.

Antes de ello, Rusia afrontaría aún varias crisis en su entorno más cercano. Moscú intentaría atajar la cuestión de Transnistria, territorio independiente de facto desde 1991, donde disponía de tropas. Más allá de la idiosincrasia genuina del conflicto transnistrio, la importancia de este territorio para la posterior crisis de Ucrania se representaría en sus enseñanzas. Transnistria, con una sustancial proporción poblacional de rusos y ucranianos —eslavos— apostaba por su independencia o, como medio de negociación, una confederación con Moldavia —población predominante de moldavos o rumanos— donde ambas entidades tuvieran el mismo peso y capacidad de veto. Rusia acabaría proponiendo en 2003, en el Memorándum Kozak, la creación de una federación asimétrica donde el nuevo Estado moldavo concediera un estatus especial a Transnistria, permitiese su veto en cuestiones esenciales y, lo que era más polémico, ampliase el estacionamiento militar ruso por veinte años para garantizar su seguridad hasta que se modificase la Constitución y se consolidase el nuevo estatus. Aquella propuesta decaería a pesar de la sintonía existente con el líder moldavo del momento, Vladímir Voronin, debido a las presiones que este enfrentó a nivel interno y externo desde Occidente. Transnistria nunca sería reconocida como país independiente por parte de Rusia incluso aun teniendo tropas en el territorio, con una clara intención de emplear el arreglo político moldavo para influir notablemente sobre el destino geopolítico de toda Moldavia. La franja al este del río Dniéster que apenas controlaba el territorio no era, en absoluto, estratégica por sí sola para Moscú —de hecho muestra dependencia de Rusia— sino por las puertas políticas que abre en Chisinau. En la propuesta rechazada, por cierto, el peso de la región autónoma moldava de Gagauzia y de la propia Transnistria pretendía ser suficiente para contrapesar un giro geopolítico moldavo. Gagauzia es un territorio poblado por los gagaúzos, un pueblo túrquico cristiano ortodoxo de la región histórica de Besarabia, en Moldavia y la zona suroccidental del oblast ucraniano de Odesa.

A pesar de la incapacidad de Rusia para amarrar un arreglo en Moldavia, donde sí apostó por el rupturismo fue en Georgia. Otra lección sobre las implicaciones que luego se verían en Ucrania. La cuestión georgiana guarda ciertos paralelismos con la ucraniana, con una revolución pro-occidental en 2003, la Revolución de las Rosas, que llevaría al poder a Mijaíl Saakashvili, furibundo otanista. La negativa de la OTAN a aceptar a Georgia sería evidente manteniendo dos territorios independientes de facto desde la guerra civil de la década anterior: Abjasia y Osetia del Sur. Tras los intentos de Saakashvili por retomar por la fuerza el control de Osetia del Sur en 2008, el entonces presidente ruso, Dmitri Medvédev, ordenó una entrada militar en estos territorios. Un argumento esgrimido por Medvédev sería el supuesto genocidio que Georgia realizaría en Osetia del Sur. Una vez lograda la salvaguarda de ambas repúblicas, las tropas rusas acordarían su retirada bajo mediación francesa y, ahora sí, reconocerían su independencia. Si la entrada militar rusa en Osetia del Sur y Abjasia antes del reconocimiento podía constituir una invasión es otra disquisición. Pero en aquel momento se firmó un acuerdo de asistencia militar mutua entre Rusia y las repúblicas, permitiendo ofrecer garantías de seguridad para ambas de que nunca volverían a recibir una agresión armada, como la georgiana, sin respuesta por parte de Rusia.

A pesar de la condena a la operación militar de Rusia en Georgia, los puentes seguirían aún tendidos entre las dos grandes potencias. La Administración Obama firmaría con la Rusia de Dmitri Medvédev el tratado START III, renombrado como New START dado que el START II no había llegado a entrar en vigor a causa de la ruptura estadounidense del ABM. Esta firma llegaría en el año 2010 y sustituiría al Tratado SORT, que iba a expirar en 2012, pero no cubriría los límites de los tratados anteriores para la reducción del arsenal nuclear, cuyo ámbito de actuación contemplaba bombarderos, submarinos y misiles balísticos intercontinentales no desplegados en proporciones menores. A pesar de los acuerdos, Estados Unidos seguía con una notable capacidad ofensiva, como se hizo patente en las Primaveras Árabes y la desestabilización posterior de Siria y Libia, en el apoyo tácito a la guerra de Yemen o en el Maidán ucraniano. La novedad de este periodo sería la capacidad de reacción rusa durante la segunda década del siglo XXI , pudiendo ofrecer una respuesta defensiva dentro de su menguada área de influencia hasta los puntos de inflexión que supondrían las caídas de Libia en 2011 y de Ucrania en 2014. Sin embargo, en este periodo se apostaría por una reacción, como fue la operación por la anexión de Crimea y Sebastopol, no dejando caer un área estratégica para albergar su flota del mar Negro. Rusia no podía permitirse una revolución de color en el corazón de su historia, con las interpretaciones de la Rus de Kiev que se hacen desde el lado ruso; protagonizada y capitalizada por elementos neonazis, con lo movilizador que resulta este elemento en el imaginario nacional soviético; y patrocinada directamente por personalidades estadounidenses sobre el terreno como el republicano John McCain y la demócrata Victoria Nuland, lo cual advertía del cambio geopolítico en ciernes y el posible desembarco inminente de la OTAN en Ucrania. El Maidán sirvió como elemento movilizador de apoyo a las decisiones del Kremlin para salvaguardar el territorio ucraniano donde habitase la mayor proporción de población rusa o rusófona, a pesar de que los objetivos fuesen políticos y no humanitarios, como se vería reflejado en la crucial importancia que se otorgaría al protocolo político de los Acuerdos de Minsk.

Una de las consecuencias de la competición entre potencias durante el periodo de Trump fue la salida unilateral estadounidense de importantes acuerdos internacionales, algunos de ellos para renegociar una mejor contrapartida como en casos de disputa comercial, pero en otros para poder establecer una escalada o confrontación estratégica. Este último escenario sería el de casos como la ruptura del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) o el Acuerdo nuclear de Irán en 2018, el del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF) o tratado sobre misiles de corto y medio alcance en 2019 y el del Tratado de Cielos Abiertos (TCA) en 2020 —Rusia se marcharía también ante la negativa de Biden de revertir la decisión de Trump—. Además, Donald Trump planteó dificultades para la renovación del New START de 2021 a 2026, que tendría que esperar hasta que Joe Biden, esta vez sí, aceptase dicha extensión.

Sin duda, tras años de tira y afloja con Occidente, el año clave para la restauración de un poder geopolítico sustancial en Moscú sería el 2020. Bielorrusia, el último gran país cercano al Kremlin del espacio postsoviético, se enfrentaba a una serie de importantes protestas poselectorales contra el fraude. No era la primera vez que su líder, Aleksandr Lukashenko, era acusado de fraude electoral o que ganaba con la oposición principal, que encarnaba Víktor Babariko, encarcelada. Ante ese panorama, las protestas lideradas por Svetlana Tijanovskaya, la candidata opositora más apoyada, pedían una repetición electoral tras una depuración de las autoridades reguladoras. La situación fue tomando un cariz verdaderamente peligroso para Lukashenko cuando Tijanovskaya, ya desde Lituania, cambió su reclamo por el del cambio de régimen, apoyó huelgas que aún no tenían un gran peso y declaró la creación de un consejo transicional para el país. En otros procesos electorales había habido protestas, pero la base social de Lukashenko estaba, por primera vez, en entredicho con el aumento de las huelgas. La prensa occidental se encargó de magnificar el calado de las protestas, pero también la rusa, al menos inicialmente. Esa suspicacia con la falta de apoyo ruso provocaría sendas llamadas entre Lukashenko y su aliado, Vladímir Putin. El bielorruso, haciendo comparaciones con el Maidán, había puesto en la picota la pervivencia de todo el espacio postsoviético si Bielorrusia caía. Sus advertencias a Rusia se fundaban en sus declaraciones sobre una movilización de tropas de la OTAN que estaría teniendo lugar cerca de sus fronteras. En ese contexto, Rusia movería ficha y pasaría a ofrecer asistencia militar a Bielorrusia en caso de ser solicitada y siguió apoyando la necesidad de impulsar el Estado de la Unión. En ese momento, todo quedaría sentenciado para un Lukashenko que venía de mantener importantes cuitas con Putin a causa de las maniobras fiscales de Moscú contra Minsk y su diversificación económica con la UE. Rusia había estado desplazando de su mercado interno energético a Bielorrusia, lo que encareció sus precios, y le impuso una maniobra fiscal que consistía en acarrearle a la importación de petróleo los impuestos de exportación desde Rusia, lo que perjudicaría gravemente a la parte bielorrusa. Desde que Putin le ofreció un salvavidas y la UE rompió duramente con Minsk mediante su política de sanciones, Lukashenko llevó a Bielorrusia al mayor periodo de integración con Rusia desde la Unión Soviética, solventando sus disputas por la maniobra fiscal y los precios de gas o petróleo mediante acuerdos en el marco del Estado de la Unión. Numerosos han sido los ejemplos económicos, políticos, militares o energéticos que negociarían, entre ellos el refuerzo de instituciones de integración y su tensión con Ucrania. Cabe señalar que Rusia se había comprometido en el Memorándum de Budapest a no emplear la coerción económica para lograr réditos políticos contra Bielorrusia o Ucrania, como había hecho durante la paralización de las exportaciones ucranianas en medio de la negociación del acuerdo de cooperación con la UE en 2013. Y que esto había sido uno de los detonantes del Maidán.

Al mes siguiente de la crisis bielorrusa, el espacio postsoviético vivía el estallido de una nueva crisis: la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj entre armenios y azeríes. Rusia no formaría parte integral del conflicto, como haría Turquía indirectamente, pero sí de su resolución gracias a la mediación del Kremlin entre sus vecinos. En mes y medio, Azerbaiyán recuperaba todo el territorio internacionalmente reconocido como propio que estaba bajo ocupación armenia. En cuanto al territorio en disputa de la República de Artsaj, la parte sur pasaría a estar bajo control azerí, con la importante ciudad de Shusha a la cabeza; mientras la presencia de tropas rusas sería una de las garantías obtenidas por Armenia para asegurar la zona del Nagorno-Karabaj norte, que incluiría Stepanakert, capital de Artsaj. Del mismo modo, se preveía la creación de dos corredores con presencia militar rusa: el corredor de Lachín para conectar el territorio de Artsaj con Armenia y el corredor de Zangezur para conectar la región azerí de Najicheván con el resto de Azerbaiyán sobre la frontera Armenia-Irán. Aunque el conflicto quedaría sin resolver mediante un acuerdo de paz, la firma del acuerdo de alto el fuego contó con el rol imprescindible de Rusia. Armenia siguió una estrategia propagandística durante la guerra destinada a forzar una internacionalización del conflicto, pudiendo llamar a Rusia en el marco de sus alianzas militares. Rusia no accedió en inicio a entrar en la guerra para apoyar a Armenia. Y es que, como sucedía con Bielorrusia, existían tiranteces entre Moscú y Ereván desde la Revolución de Terciopelo (2018) que llevó al poder a Nikol Pashinyan, con un discurso antirruso. Una vez terminado el conflicto, Armenia se abrazó a Rusia desandando el camino de dos años y solicitaba su ayuda militar para la delimitación de las nuevas fronteras en las continuas escaramuzas que aún tendrían lugar durante los siguientes años.

2020 terminaba con el regreso de tropas rusas al Cáucaso sur por primera vez desde la época soviética y con la garantía de seguridad mediante tropas rusas de Bielorrusia si Lukashenko lo demandaba. Esto acabó teniendo lugar con importantes picos en la crisis migratoria con Polonia de 2021 y los ejercicios militares que antecederían al despliegue en torno a las fronteras con Ucrania. Cabe señalar que, a pesar de estos éxitos rusos, 2020 acababa con un gobierno proeuropeo en Moldavia tras la victoria presidencial de Maia Sandu, que desencadenaría una crisis política en la que también lograría controlar el Parlamento en 2021. La falta de un arreglo político en Transnistria impedía la entrada de Moldavia en la UE o la OTAN sin abrir un conflicto militar por la presencia de tropas rusas. Otra opción en el camino euroatlántico de Moldavia sería la apertura de un conflicto político con Rusia si esta se decidiera a aplicar un escenario georgiano de reconocimiento y ruptura, pudiendo apostar Moldavia por tratar de tomar por la fuerza el territorio rebelde como hizo en 1992, del mismo modo que Georgia en Osetia del Sur en 2008 o Ucrania en 2014 en el Donbás. También podría apostarse por la ruptura total, con el reconocimiento de independencia que permitiese la anexión a Rusia que demandan las autoridades transnistrias tras las elecciones de 2016 y la entrada del resto de Moldavia a las instituciones occidentales. Aunque esta última opción es muy improbable, es importante señalar que cualquier ingreso en la UE cuenta con la oposición de la región de Gagauzia, integrada en Moldavia, pero con la amenaza de ruptura ante tal escenario. Desde los noventa del siglo XX hasta 2022, Rusia ha ido cambiando sus estrategias en función de los intereses que cada región le ofrecía en términos de influencia política en los estados postsoviéticos. Es prioritario estudiar los casos de Abjasia, Osetia, Artsaj, Transnistria, Crimea y Sebastopol para entender las múltiples estrategias que se barajarían en el Donbás o en Ucrania en su conjunto y el porqué de la elección de cada escenario, así como el distinto momento de fortaleza y asertividad rusas durante cada conflicto.

Pero el impulso ruso, aun ganando peso geopolítico, no se circunscribiría solo a tratar de recuperar el espacio postsoviético. El incremento de lazos con países seleccionados de Asia, Europa, América Latina y Oriente Medio tendría como punto de inflexión la guerra de Siria, al lograr, con numerosas dificultades, sostener al gobierno de Bashar al-Ásad, uno de los primeros grandes tropiezos estadounidenses. Las intervenciones, en distinta forma, de Occidente habían logrado derribar gobiernos en Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia o Ucrania, pero no consolidar su influencia en todos los escenarios. Rusia pudo mantener unos excelentes vínculos con Armenia o Serbia y no entrar en el colapso occidental en Kabul gracias a su política de pragmatismo, a pesar de los cambios de color que sufrirían los tres países. África merece mención aparte por la evolución de la política que Rusia había mostrado al mundo en Siria. Aunque había perdido posiciones en Libia, el vacío creado por las potencias interventoras —Francia a la cabeza— permitió la llegada de Turquía y de combatientes privados rusos. El papel de las empresas de seguridad privadas (PMC por sus siglas en inglés) rusas como Wagner, cercanas al Kremlin, sería clave en el proceso de recuperación de la influencia. Si Libia había sido abandonada en una guerra civil una vez se logró el derrocamiento de Muamar el-Gadafi, no sería distinto lo que ocurriría en el Sahel con el yihadismo surgido como consecuencia de la desestabilización de Libia. Rusia ha podido ganar importantes posiciones en la región con la llegada de combatientes a Libia, República Centroafricana, Sudán o Mozambique, especialmente tras el éxito de las dos primeras en los objetivos pretendidos. República Centroafricana se ha convertido en un feudo de la influencia rusa y se ha podido ver en su apoyo durante la crisis de Ucrania. Desde allí se daría el salto a Malí, tras el golpe de Estado de 2021 y el movimiento antifrancés, con visos de aumentar su influencia en otros países de la región si era requerido, como Burkina Faso, en detrimento de Francia. De gran importancia sería la amistad arraigada a nivel político desde Rusia con países como Sudáfrica y Argelia o líderes destacados en Uganda, Libia y Sudán. Además, Rusia ha incrementado su cooperación con países como Etiopía o Eritrea. Uno de los puntos clave del ascenso ruso en África sería el anuncio en 2020 de la futura apertura de una base militar en Port Sudan, la ciudad sudanesa que daba acceso al mar Rojo.

A raíz del fortalecimiento ruso en todo el mundo, Moscú pudo ofrecer reacciones incluso ofensivas en la tercera década del siglo, como la paradigmática invasión de Ucrania de 2022. Poco tiempo antes del estallido ucraniano, Rusia acababa de lograr su propio cierre de filas en torno a su alianza militar, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO por sus siglas en inglés). Gracias a la crisis de Kazajistán de enero de 2022, donde el gobierno caería entre un realineamiento de élites, protestas multifactoriales y la toma de Alma Ata —la principal ciudad del país— por parte de un levantamiento armado, el presidente Tokayev se asentaría en el poder y en su relación con el Kremlin. La CSTO realizaba solo un mes antes de la guerra ruso-ucraniana su primera intervención militar de la historia, con el objeto de sofocar las protestas kazajas. Todos los países de la CSTO (Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Tayikistán, Kazajistán y Rusia) se alineaban así en torno a la alianza, que también trataría de mediar en el conflicto fronterizo tayiko-kirguís. La calidad de la sintonía entre Rusia y Bielorrusia en 2022 era impensable antes de la ruptura occidental con Minsk en 2020, lo mismo aunque en menor medida que con Armenia antes de la guerra de Nagorno-Karabaj en 2020 o con los países centroasiáticos en los años noventa. Pero Ucrania era parte del espacio postsoviético, los lazos eran potentes en cuanto a su historia conjunta y no se daría una unidad de acción, pasando la iniciativa al Estado de la Unión entre Rusia y Bielorrusia, los más alineados. El ascenso de Rusia, entre la debilidad percibida sobre los países europeos y el momento unipolar estadounidense, estaba listo para saltar de una política asertiva pero defensiva a una ofensiva definitivamente.

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DESPLIEGUE MILITAR PREVIO A LA TEMPESTAD

L a crisis del Donbás permanecería irresoluta durante años, entre las complicaciones asociadas a la política exterior rusa en su «patio trasero» durante años convulsos como 2018 con la Revolución de Terciopelo que cambió el color político de Armenia y 2020 con los intentos de Polonia y Lituania por promocionar otro viraje capitalizando ciertas figuras políticas bielorrusas. La sensación en Moscú es que la remilitarización de Ucrania podía terminar por estallar en un conflicto para retomar el Donbás por la fuerza desde Kiev, rompiendo los Acuerdos de Minsk, e incluso en una operación militar por Crimea. Durante el año 2020, Rusia pidió a Francia y Alemania, garantes de dichos acuerdos en el marco de Normandía, que se comprometieran con su implementación por parte de Kiev. Pero durante años, Kiev evidenciaba que su firma se había producido únicamente para no perder más terreno en el contexto de la guerra del Donbás, sin posibilidad real de implementar un estatus especial para Donetsk y Lugansk que no pasase por una autonomía sin el poder de veto ni la federalización del país. De hecho, se esperaba que el relanzamiento de la diplomacia sirviera también para devolver Crimea a la mesa de negociaciones, cuestión que durante 2021 apenas sería respaldada entre los sectores occidentales aunque de iure todos los países del mundo, salvo Rusia, consideraban la península como parte integral de Ucrania.

Todos los acuerdos puntuales a los que se iba llegando en el formato de Normandía quedaban en papel mojado uno tras otro, con la salvedad del intercambio de prisioneros y un entendimiento preliminar por el paso gasístico —al tiempo que Rusia apostaba por trasladar su foco de tránsito al Báltico—. No habría alto el fuego efectivo antes de 2020, como se acordó a finales del año anterior, igual que no lo hubo previamente a pesar de hallarse el conflicto en una fase de baja intensidad bélica y sin movimientos en la línea de contacto. Aparentemente, el conflicto estaba congelado, pero no era así debido a la certificación de las violaciones del alto el fuego que la OSCE registraría continuamente hasta el estallido de la guerra abierta en 2022. De hecho, Zelenski no contemplaba la posibilidad de mantener un conflicto congelado en Ucrania y ya en 2019 hablaba de ello en esos términos. Además, su entorno realizaba declaraciones que iban al mismo tiempo en dirección a encontrar una salida para el conflicto del Donbás cuanto antes y a que si no había acuerdo con Rusia, podrían dar por rotos algunos compromisos. En ese momento Rusia reclamaba un diálogo directo entre Kiev y las repúblicas del Donbás, mientras Ucrania apostaba por una legislación sobre el periodo de transición para Crimea y el Donbás. Dicho periodo apostaría por una desmilitarización y desarme completo de las milicias del Donbás antes de que se pudieran realizar elecciones. El Acuerdo de Minsk contemplaba ambos pasos y, de hecho, Ucrania manifestaba su disposición a la organización de comicios locales en todo el país, pero seguía posponiendo el estatus especial y los escaños de las regiones no controladas quedaban desiertos en las elecciones parlamentarias.

No me gustaría tener otra Abjasia u otra Transnistria […] Lo único diferente en nuestro conflicto es el hecho de que todavía hay algunos disparos. (Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania).

La claridad sobre el ánimo de incumplimiento de Minsk por ambas partes era cristalina ya en 2020. Rusia tenía una baza con reconocimiento legal internacional para poder influir en una Ucrania reunificada —sin Crimea— ya que el estatus del este y la necesaria reforma constitucional le granjeaban una serie de garantías de seguridad sobre la dificultad de que el nuevo concierto político del país siguiera la estela euroatlántica que supuestamente recorrería el Maidán. Ucrania, por su parte, se aseguraba, por un lado, el fin de las hostilidades en una guerra civil en el este y, por otro, la influencia de los nacionalistas ucranianos en la política mientras los prorrusos quedasen fuera del concierto, en una temporalidad que se prorrogaba legalmente hasta el infinito. Y mientras este esquema legal, aparentemente favorable a ambas partes, no era cumplido por ninguna en su conjunto, Ucrania seguía dando pasos hacia la OTAN y se militarizaba ante un horizonte de desequilibrio donde podría retomar el Donbás unilateralmente. De hecho, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, criticó a Francia y Alemania por no haber reaccionado ante las palabras de Zelenski sobre su necesidad de tomar el control de la frontera con Rusia en el Donbás. Lavrov había pasado muchos años construyendo una diplomacia desde Rusia que se veía en riesgo si Minsk se resquebrajaba. Pero el periodo presidencial de Donald Trump en Washington sí logró servir como paréntesis. Ucrania no recibía apoyo significativo estadounidense. De hecho, la principal crisis concerniente a Ucrania sería el pedido de un impeachment al propio Donald Trump entre las filtraciones de presiones para investigar los potencialmente corruptos negocios del hijo de su rival demócrata, Hunter Biden, en la mayor gasística privada del país, Burisma Holdings. Pero la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca revolvería el tablero ucraniano, con la esperanza de que su política de «Estados Unidos ha vuelto [a Europa]» llevase a una renovación del papel de la OTAN, que hasta entonces se encontraba en estado de «muerte cerebral» durante la Era Trump, según Emmanuel Macron.

La gente quiere paz, una buena vida y no estar en guerra. Y vosotros [Estados Unidos], nos estáis forzando a estar en guerra, sin darnos siquiera el dinero para ello. (Igor Kolomoisky, oligarca ucraniano y principal apoyo de Volodímir Zelenski al comienzo de su carrera política).

Biden trataría de cambiar muchas cosas en un mundo que ya no era el mismo al de la Era Obama. No podría influir en conflictos nuevos como los de Myanmar o Etiopía ni aun amenazando con sanciones. No podría conservar los fuertes lazos que Trump entabló con Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Israel, al menos a esos niveles de amistad estratégica. No podría torcer a las autoridades bielorrusas y las empujaría en brazos de Moscú, sobre todo por el rechazo de Bruselas a entablar contactos operativos con Minsk hasta la crisis migratoria con Polonia. No podría mantener el orden en la OTAN entre la propuesta de autonomía estratégica europea de Francia y la tensión creciente con Turquía por el conflicto de Nagorno-Karabaj, el reconocimiento del genocidio armenio y las sanciones anunciadas por la compra de los sistemas de defensa antiaérea rusos S-400. El papel de Estados Unidos estaría más orientado hacia su interior y hacia el Indo-Pacífico, como reflejaría el anuncio del AUKUS con Australia y Reino Unido, tocando de nuevo fibras sensibles en París, y el refuerzo del Quad con Australia, India y Japón. En definitiva, Biden no tenía tiempo para cuestiones como Europa y Oriente Medio. Se aceleraron las salidas de Afganistán y, parcialmente, de Irak, así como no se revirtió la salida de Somalia. Ucrania estaba en manos de los europeos, pero Moscú no veía pasos tangibles en París ni en Berlín.

Así que ya desde marzo de 2021, Ucrania pediría a Estados Unidos su adhesión al formato de Normandía, esperando un compromiso más fuerte con el país ahora que había llegado a la Casa Blanca un líder con vocación de restaurar los lazos con Europa y esperando que ese movimiento acercase a Kiev a la OTAN. Pero Biden enfrentó crisis que enmascararon el comienzo del órdago ruso durante 2021. Los talibanes venían cobrando protagonismo en la política internacional desde febrero, pero Rusia realizaría un primer e importante despliegue militar en marzo sobre las fronteras ucranianas. Zelenski consideraba que ese aumento numérico tenía ánimo de presionar sobre las negociaciones y estaban «siempre preparados para las provocaciones». Tras no lograr que Francia y Alemania se comprometiesen con una implementación de la parte política de Minsk por parte de Ucrania, no lograr que Kiev mantuviese un diálogo directo con las repúblicas y no lograr que Washington se implicase en una cuestión tan concreta de seguridad en Europa dentro de su agenda asiática, Rusia lanzó ese primer despliegue masivo. Además, ese año Kiev lanzaba la Plataforma Internacional para la Desocupación de Crimea (Plataforma de Crimea) con la intención de promover el mantenimiento de las sanciones contra Rusia —llevar a Moscú ante la justicia por sus crímenes—, la protección de los derechos humanos en Crimea —con especial énfasis en los tártaros de Crimea—, la superación del impacto en el medio ambiente de la ocupación —en relación a las restricciones de agua que Ucrania estaba imponiendo a Crimea— y la garantía de libre navegación en el mar Negro y el mar de Azov.

La tensión de abril de 2021 logró llamar la atención de los países occidentales sobre la importancia de volver a negociar en torno a Ucrania, cuestión que llevaba años sin tomarse en serio para Rusia. Seguían viendo cómo su vecino se militarizaba al tiempo que discriminaba a las minorías étnicas —con la salvedad de los tártaros de Crimea, que recibían una atención especial— y mantenía un conflicto latente con un territorio de mayoría rusófona, por lo que temían que la no implementación de Minsk supusiera una reintegración del Donbás por la fuerza. A esto hay que añadir que el cambio geopolítico encontraba su mayor ventana de oportunidad desde la Administración Obama, con el resurgir presumible de la OTAN. El día 1 de abril, Ucrania solicitaba la realización de ejercicios militares y patrullas aéreas conjuntas con la OTAN. El camino atlántico solo avanzaba un paso más tras el incremento de compra de armamento y la puesta en marcha de ejercicios militares con Reino Unido que Ucrania ya venía realizando. Rusia justificaba su despliegue en la frontera ruso-ucraniana como respuesta a la mayor actividad de la OTAN cerca de sus fronteras. Y es que la OTAN había anunciado que aumentaría su presencia militar en el mar Negro apenas unos meses después de que Ucrania ofreciese a la alianza atlántica el uso del espacio aéreo de la zona de Simferópol, que incluía la península de Crimea al completo. La posibilidad de que una administración norteamericana más atlantista que la pretérita se acercase a Kiev motivó que Rusia acudiera directamente a Washington, y no a París o Berlín, para lograr el compromiso con los Acuerdos de Minsk. Ucrania seguiría su deriva contraria a los Acuerdos de Minsk creando marcos legales que acabarían persiguiendo a perfiles partidarios de un entendimiento con Rusia como el líder opositor Víktor Medvedchuk o al mismo expresidente Petro Poroshenko, líder de Solidaridad Europea, acusado de alta traición durante su negociación de los Acuerdos de Minsk y de financiación del terrorismo por sus tratos comerciales para conseguir carbón del Donbás. La Rada tramitó varios proyectos de ley que buscaban la inhabilitación y encarcelamiento de los «colaboracionistas» y los «quintacolumnistas», así como la creación de un organismo, el Centro para Contrarrestar la Desinformación y la Propaganda, que tendría la función de promover «narrativas positivas» sobre Ucrania, lo cual se vería como un nuevo intento de controlar a la prensa. Además, Estados Unidos apoyó las sanciones contra Medvedchuk, que mantendría negocios con los territorios no controlados, y apoyó el bloqueo de los tres primeros canales de televisión opositores por tratarse de «un esfuerzo por contrarrestar la influencia maligna rusa». Teniendo en cuenta la escalada interna que se vivía en Ucrania, comenzaron a escucharse las primeras preocupaciones a ambos lados: el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania miraba con escepticismo los ejercicios militares Zapad 2021 que Rusia y Bielorrusia planeaban —con participación de India—, y Rusia advertía a Washington de que debería preocuparles la actitud ucraniana y su falta de compromiso con los Acuerdos de Minsk. De hecho, Zelenski insistiría en la necesaria aceleración del proceso de adhesión de Ucrania a la OTAN. Por lo tanto, quedaban claras las intenciones de ambos: Ucrania quería integrarse en la OTAN para obtener cobertura militar ante cualquier operación para recuperar el Donbás y Crimea o para considerar su inmediata toma por la fuerza dada la situación técnica de invasión; mientras que Rusia quería la implementación de un acuerdo político ya firmado años atrás con Ucrania para dar un encaje a los sectores poblacionales cuya influencia política mantendría a Ucrania presumiblemente alejada de la OTAN. Ya en abril, Alemania rechazaba la membresía de Kiev en la organización atlántica mientras Lituania la apoyaba.

En aquel momento, Ucrania ya hablaba de 80.000 efectivos rusos en zonas cercanas tanto a la frontera oriental ucraniana como en Crimea. Y con ese nivel de presión rusa, Estados Unidos accedió a un primer contacto virtual. El día 13 de abril se mantenía el primer encuentro entre Vladímir Putin y Joe Biden de manera telemática. Pero solo sería el primero de los intentos por llamar la atención de Biden para que forzase a Kiev a implementar los Acuerdos de Minsk, tema sobre el que puso el foco en dicho momento. La reunión fue un éxito ruso ya que no estaba en la agenda exterior de Estados Unidos destinar sus esfuerzos sobre esta región y en junio se encontrarían presencialmente en Suiza, pero la distensión solo alcanzaría aspectos como el control de los ciberataques. La presión de Moscú sería tal que ya se empezarían a realizar declaraciones como las vistas el año siguiente. El líder del Comité de Defensa de la Duma afirmó que el regreso de las tropas rusas a sus bases tendría una interrelación con las decisiones de Ucrania, descartando que se pudiese tratar de meros ejercicios militares. Sin embargo, la posibilidad de lanzar una operación en la primera mitad de 2021 contra Ucrania fue descartada con la esperanza puesta en un sincero acercamiento de Biden a las negociaciones. Comenzaría el escenario del órdago ruso. Varios diputados del partido oficialista ucraniano, Servidor del Pueblo, ya pedirían entonces la ruptura de relaciones diplomáticas con Rusia, el llamado a los reservistas y a la movilización, y la solicitud de armamento y tropas a los miembros de la OTAN. La crisis parecía definitiva debido a las estimaciones de que serían 100.000-110.000 los efectivos rusos ya en la frontera para finales de abril por parte de Bruselas y Kiev, respectivamente. De nuevo, Zelenski volvía a mostrarse receloso con respecto a la validez de Minsk, el único acuerdo que garantizaba el impasse político Rusia-Occidente, con lo que su propuesta de cambio de documento resultaba peligrosa. Además, volvería a pedir la inclusión en el formato de Normandía de Estados Unidos, pero esta vez junto a Canadá y Reino Unido. Y cada bloque veía una amenaza en los ejercicios militares del contrario, especialmente por el tamaño del despliegue ruso frente a las fronteras ucranianas y por la posibilidad de que los miembros de la OTAN aprovechasen los ejercicios con Ucrania para entregarle armamento útil que apoyase su fuerte pretensión de modernización militar. De hecho, a finales de octubre, el incremento de las hostilidades incluiría el primer uso registrado de un dron de combate de fabricación turca Bayraktar TB2 por parte del ejército ucraniano contra posiciones del Donbás. Francia y Alemania entonces mostrarían su preocupación, Turquía echaría balones fuera al no ser titular de los drones y Rusia presionaría a Ankara por su potencial papel desestabilizador en el frente. La guerra llevaba ocho años en curso y los ataques cruzados, contados por cientos y miles, en la línea del Donbás no eran algo nuevo en absoluto, aunque no lograrían ni de lejos el altavoz mediático que una campaña rusa. De hecho, Rusia apuntaba a que se estaría preparando un escenario de agresión al Donbás comparable al de Osetia del Sur en 2008, a lo que Rusia respondería.

Observamos una situación similar en Georgia en vísperas de los acontecimientos de 2008. Entonces [Mijeíl] Saakashvili trató de destruir a las fuerzas de paz rusas y a la población civil de Osetia del Sur. Le costó caro. (Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, noviembre de 2021).

Ya en noviembre se encendería la maquinaria de alerta desde la OTAN por la concentración de tropas rusas en su frontera con Ucrania, incluso pasados los ejercicios Zapad 2021 del mes de septiembre. Estados Unidos habría alertado a Ucrania de una operación militar rusa durante el invierno, lo cual posteriormente sería matizado para situarla en torno a finales de enero o principios de febrero, según el jefe de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Sin embargo, durante esta primera etapa de alerta, la tensión se caracterizaría por las filtraciones sin pruebas desde medios estadounidenses y británicos, así como la vigilancia de la situación desde los estamentos militares norteamericanos. Desde el lado ruso se señalarían dos líneas compatibles: por un lado las acusaciones que alertaban de una invasión eran falsas y buscaban exacerbar la tensión existente en el Donbás para justificar envíos de armas a Ucrania; por otro lado se acusaba a Kiev de no cumplir los Acuerdos de Minsk y planear una operación militar para retomar el control sobre las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. La posición de Ucrania no distaba mucho de este escenario: las informaciones sobre la operación rusa eran falsas y, al principio, incluso se consideraba que la acumulación de tropas rusas era falsa, pero Volodímir Zelenski reconocería la presencia de unos 100.000 soldados rusos cerca de la frontera. Si bien era innegable la acumulación de efectivos importantes y de manera creciente en los meses de noviembre y diciembre, algunas agrupaciones numerosas se darían primero en puntos más cercanos a Bielorrusia, como la localidad de Yelnia. Durante aquellos meses la presencia de tropas rusas se haría evidente, como se podía comprobar en las ingentes pruebas visuales que desbordaban las redes sociales, pero eso no implicaba necesariamente una invasión inminente. La postura ucraniana negando tal posibilidad se extendió casi hasta el final. Esta posibilidad siempre estuvo sobre la mesa y, en base a algunos factores, en esta ocasión debía tomarse más en serio que en las otras acusaciones recurrentes que llevaban dándose desde 2015 hasta el despliegue de abril de 2021.

Hay una desinformación consciente a toda la sociedad. Solo digamos que lo que escriben allí [en Occidente] no es cierto. Hoy no es cierto. […] Esto es desinformación y no nos queda claro por qué lo están haciendo. (Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, sobre las alertas occidentales de operación militar rusa en Ucrania).

Rusia veía una amenaza en la opción militar ucraniana para retomar el Donbás y en la insistencia de Kiev para llevar a la OTAN a ejercicios conjuntos y rearmes. Aunque la entrada de Ucrania en la OTAN sería altamente improbable mientras tuviera conflictos territoriales con presencia de tropas rusas, como en Crimea, ya que el paraguas militar de la OTAN lo convertiría en un casus belli instantáneo; la entrada de la OTAN en Ucrania sí sería una realidad, y se sentía desde Moscú con ánimo más amenazante especialmente desde la llegada de Joe Biden. Por lo tanto, el propósito ruso pasaba por una solución política acuciante para evitar un rearme. En esa empresa situó Moscú las esperanzas de su órdago. La operación militar, fuera una entrada completa o limitada, sería una opción real, pero se planteaba como último recurso, apostando por que el despliegue militar sirviera de coacción para forzar una nueva etapa de intensa actividad diplomática de alto nivel, como ocurrió con el primer encuentro telemático Biden-Putin del mes de abril. La diferencia en esta ocasión residiría en los detalles: el número de tropas seguiría incrementándose incluso durante la etapa diplomática que vendría después, la procedencia de los grupos tácticos de batallones (BTG) indicaba un despliegue muy caro y logísticamente complejo para tratarse de una simple coacción, el final de los ejercicios militares de septiembre no supuso una desescalada significativa y por lo tanto Rusia se veía enfocada en llevar la crisis hasta el final.

La cuestión ucraniana debía ser solucionada definitivamente tras ocho años de guerra. Rusia no estaba dispuesta a dilatar más la solución al conflicto. Si el despliegue servía para forzar las conversaciones, la primera opción sería la diplomacia. Si el despliegue no servía para devolver la crisis a la mesa de negociaciones o dicho proceso fracasaba, entonces las tropas estarían preparadas para entrar y forzar un nuevo escenario político. Es decir, no se trataría de un despliegue técnico, de un ejercicio militar, de una simple amenaza ni de un farol —por las características de su composición—, pero eso no significa que la guerra ruso-ucraniana fuese el primer escenario, ni mucho menos. En el balance ruso se debía contrapesar si compensaba más iniciar cuanto antes una guerra —carísima, impredecible y sin garantía de arreglo político sin ocupación territorial— o soportar el incumplimiento que mantenía en el statu quo la posibilidad de que la guerra ocurriese de todos modos, pero fueran actores ucranianos los que decidieran cómo y cuándo.

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SEGURIDAD SIN GARANTÍAS

L a situación de Volodímir Zelenski en aquellos momentos sería de notable debilidad. La pérdida de apoyos internos seguía después del punto de inflexión que supondría la dimisión del ministro de Interior, Arsén Avákov, del gabinete en julio de 2021. Este perfil, imprescindible para el contacto con grupos paramilitares, había servido como conexión con el Batallón Azov o Pravy Sektor. De hecho, durante ese año y tras la caída electoral que sufrieron estos grupos en 2019, se dieron enfrentamientos entre Corpus Nacional —brazo político de Azov— y las fuerzas de seguridad de Ucrania. En 2021, tras la salida de Avákov, continuaron las tensiones con la detención de varios miembros de Corpus Nacional y del Batallón Aydar —uno de sus integrantes trató de volar con una granada el edificio del Gabinete de Ministros en Kiev—. A la dimisión del ministro de Interior se sumaba la del ministro de Defensa, Andriy Taran, y se apostaba por reintegrar a sectores extremistas como el antiguo líder de Pravy Sektor, Dmytro Yarosh, como nuevo asesor del comandante en jefe de las fuerzas armadas. Toda una declaración de intenciones. La debilidad ante unos grupos nacionalistas fuera de control, ante un mundo occidental que seguía sin abrirles la puerta de la membresía a sus instituciones principales —UE y OTAN— y ante una Rusia que quería amarrar cuanto antes el final de un conflicto político de ocho años, dispuesta al uso de la fuerza si no se llegaba a un acuerdo, ponía contra las cuerdas a Zelenski. En noviembre apenas contaba con un 18% de intención de voto, según la encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, seguido muy de cerca (17%) de la Plataforma de Oposición-Por la Vida, cuyo líder Víktor Medvedchuk permanecía bajo arresto. De hecho, a finales de mes, Zelenski denunciaba públicamente la posibilidad de que a principios de diciembre se diera un golpe de Estado en su contra con el apoyo de Rusia y el oligarca opositor Rinat Ajmétov. Lo relevante de este estado de cuestionamiento interno era que Zelenski no podía permitirse apostar por un acuerdo político ni por la implementación de los firmados Acuerdos de Minsk tan fácilmente si no quería un golpe de timón nacionalista a corto plazo; necesitaba fortalecer su papel y encumbrarse con una causa nacional. Por lo tanto, la tensión con Rusia le podía perjudicar de cara al endurecimiento de su oposición interna, pero también le podía servir si sus socios extranjeros le ofrecían ayuda material real o, idealmente, una entrada en la OTAN.

Rusia llegaría con la diplomacia en el momento de mayor fragilidad ucraniano, pero también en el que más riesgo veía, precisamente a causa de dicha fragilidad, de que los grupos fuera de control de Kiev tratasen de retomar el Donbás e incluso Crimea por la fuerza. Por lo pronto, la OSCE certificaría el despliegue de tanques y piezas de artillería desde el lado controlado por Kiev, así como el Ministerio de Exteriores ruso situaría en torno a 125.000 el número de efectivos de Kiev —la mitad de su ejército— en la línea del Donbás. Más allá de la posibilidad de verificación de estas cifras, la realidad menos contada es que el refuerzo militar se dio en ambos lados de la frontera: Rusia reforzaba enormemente su presencia militar tras los ejercicios de septiembre y Ucrania hacía lo propio en torno al Donbás. El escenario más factible a nivel bélico era que, una vez fracasasen las negociaciones, Rusia hiciera una entrada limitada al Donbás para subir la presión por una cesión política que nunca llegaba. No obstante, el despliegue sin precedentes a lo largo de toda la frontera apuntaba a que la apuesta, no reconocida por nadie salvo las acusaciones sin pruebas de Estados Unidos y Reino Unido, podría ir más allá. Serguéi Lavrov, tras hablar con Antony Blinken, apuntaba a que un despliegue de la OTAN cerca de las fronteras rusas obligaría a Rusia a tomar medidas de represalia que endurecieran el equilibrio estratégico militar. Fue entonces cuando se aprobaría la segunda reunión telemática del año entre Vladímir Putin y Joe Biden, tras la primera de abril. Ante el éxito ruso de atraer a la mesa de negociaciones sobre Ucrania a Estados Unidos, al más alto nivel y contra su agenda geopolítica de viraje al Indo-Pacífico, resurgirían las viejas propuestas de control de la expansión de la OTAN hacia el este. Las promesas de Borís Yeltsin no sirvieron en los noventa y los grandes problemas rusos tras la caída de la Unión Soviética solo facilitaron que un Washington espoleado por su momento unipolar atrajera a más de una decena de países adicionales a su zona de influencia. La retórica otanista vendía el discurso de que ya no existían las zonas de influencia ni los espacios de seguridad en torno a potencias, pero esto solo era un reflejo de ese supuesto final de la historia. El mundo había cambiado, pero la pax americana en la que los europeos habían puesto sus esperanzas, con la reducida inversión en Defensa, solo había sido un impasse de alivio distraído para los occidentales durante dos décadas, tres como máximo.

Rusia llegaría al tablero con una serie de propuestas para aliviar la tensión militar en torno a acuerdos políticos y técnicos. Vladímir Putin, mucho más fuerte que al inicio de su mandato, quería garantías de seguridad sólidas, confiables y a largo plazo. En el centro de todas ellas se encontraba la no expansión de la OTAN hacia el este, tolerando todo el terreno avanzado desde los noventa, pero limitando su extensión futura, con especial énfasis sobre lo que quedaba del espacio postsoviético. En ese sentido las demandas serían inferiores a las presentadas durante los noventa, pero teniendo en cuenta que Rusia había perdido gran influencia en Europa del este, muchas de las demandas seguían siendo consideradas maximalistas por su complejidad de aprobación entre los más furibundos de la organización atlántica. He aquí el motivo por el que se apostaría por un doble formato: las negociaciones Rusia-OTAN y las negociaciones Rusia-Estados Unidos. Y es que aunque la clave de la seguridad residía en Ucrania, disputa que quería cerrar con Washington ante la falta de señales de vida en París y Berlín durante años, las garantías que iban más allá de las injerencias en su entorno debían contar también con países europeos. De todos modos, era mucho más complicado que los países de la Europa oriental asumieran cualquier escenario de apaciguamiento con Rusia, por lo que el foco se puso en el socio mayor de la OTAN y en su capacidad para presionar a los socios menores, donde se añadirían Kiev y su necesidad de acuerdo político. Por ello, se buscaba que Estados Unidos fuera el actor clave en ambos escenarios: frenar su entrada e injerencia en el área de influencia rusa, por un lado, y forzar a sus socios a cumplir con unos estándares de seguridad que satisficieran a Moscú y permitieran una buena relación con el resto de Europa.

Tras la reunión de Joe Biden y Vladímir Putin del día 7 de diciembre del 2021, el estadounidense quiso contar con la participación lateral en el proceso diplomático —sin presencia en las conversaciones con Rusia— de sus aliados de la OTAN más destacados: Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Tradicionalmente el peso de Francia en la OTAN había contado de soslayo, tras la retirada de Charles de Gaulle del mando militar, hasta el periodo entre los mandatos de Nicolas Sarkozy, con un fuerte peso en la guerra de Libia, y Emmanuel Macron. Marine Le Pen y Eric Zemmour apoyaban la salida de Francia del mando militar de nuevo, mientras mostraban su admiración por Vladímir Putin. El líder de la Francia «insumisa», Jean-Luc Mélenchon, directamente apostaba por el abandono de la OTAN. Por su lado, Alemania siempre había sido la díscola entre los países que aportaban al presupuesto en Defensa, con peticiones constantes de Estados Unidos para que alcanzase el 2% del PIB en dicha partida. Italia había pasado varios años centrado en gobiernos populistas de izquierda y derecha, algunos sectores incluso euroescépticos, pero desde la llegada de Mario Draghi y su gobierno de cuasi-concentración, la firma del Tratado del Quirinal con Francia les devolvió al centro occidental. El caso de Reino Unido no era nuevo, y es que Londres había constituido la vanguardia de la política europea antirrusa antes del Brexit, continuando su papel —de enemistad histórica desde, al menos, la época del Imperio Británico— desde su fortaleza en la OTAN y la mejoría de relaciones con Estados Unidos tras la llegada de Boris Johnson a Downing Street. Otras figuras europeas, incluyendo algunas ucranianas, reclamarían estar en los formatos donde se pudiera decidir su destino. Sin embargo, si algo parecía claro entre las filas estadounidenses sería la imposibilidad de un despliegue militar en Ucrania en caso de invasión, como ya entonces afirmaba Biden.

Según señalaba el Kremlin, un despliegue de misiles en Ucrania reduciría el tiempo de vuelo a Moscú a una horquilla entre 7 y 10 minutos para el impacto, 5 minutos en el caso de armas hipersónicas —aunque estas aún no estarían entre las posibilidades de despliegue real—. El despliegue ruso seguía creciendo día tras día mientras se preparaba el terreno diplomático para una negociación a la que algunos actores occidentales no estaban dispuestos. Rusia, en palabras de su jefe del Estado Mayor, aseguraba estar preparada para responder a un ataque ucraniano al Donbás y señalaba directamente a Occidente por el envío de armas a un país donde, dada la diversidad de grupos en el frente, cabía el riesgo de descontrol rápido. El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Ryabkov, amplificaría las comparaciones de un potencial despliegue con la crisis de los misiles de Cuba de 1962, sentando las bases para buscar una no expansión de la OTAN. Y es que, aunque la militarización ucraniana a marchas forzadas estuviera ocurriendo, el punto de no retorno para Moscú seguía siendo la entrada del país en el bloque dirigido por Estados Unidos. Este ingreso sería una equivalencia inmediata a un despliegue incluso aunque no se produjera porque arrojaría legitimidad a Washington para trasladar sus misiles a una distancia menor a los 500 kilómetros de Moscú. Pero igualmente podría ser escenario abierto para despliegues de tropas, ejercicios, bases militares o incluso, por qué no, el traslado de armas nucleares si se terminase de romper el tabú de la frontera en Alemania Oriental o Polonia. De hecho, el presidente Zelenski trasladaba a la Rada ucraniana por aquellas fechas un proyecto de ley que permitiría el despliegue de tropas extranjeras para participar en ejercicios militares durante 2022. Esta posibilidad, junto a los envíos de armas, acercaba a Kiev más a la OTAN aunque esta no se atreviera a formalizarlo, evitando un choque con Rusia por su presencia, por ejemplo, en Crimea. El proyecto fue aprobado por la Rada con la única negativa de la Plataforma de Oposición-Por la Vida.

Cualquier provocación de Ucrania para resolver los problemas del Donbás por la fuerza será reprimida. (Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de Rusia).

El día 17 de diciembre llegaría el primer punto de inflexión real: Rusia publicaba los borradores de sus propuestas para nuevos tratados de seguridad con Estados Unidos y la OTAN. En buena medida se recogía en ellos una serie de objetivos de largo recorrido de Rusia para el orden europeo, con escasas posibilidades de ser aceptados por Occidente, especialmente por los elementos más antirrusos en su seno.

Estados Unidos, efectivamente, sabía que Rusia podía realizar una invasión puesto que, esta vez sí, las capacidades militares, técnicas, médicas o de apoyo habían ido llegando. No eran unos ejercicios. Pero a Rusia y a Ucrania no les convenía económicamente una guerra. Si se planteaba llegar hasta el final desde Moscú en caso de cerrazón diplomática en Washington y Kiev era porque consideraban que Ucrania acabaría lanzando una operación militar que desencadenaría tarde o temprano una guerra, pero cuanto más se retrasase la ruptura de la baraja, más peligroso sería el escenario para Moscú. El tiempo jugaba en su contra en ese escenario. Estados Unidos era consciente de ello y por eso se había abierto a apoyar la implementación de los Acuerdos de Minsk, apostaba por sanciones que dejasen muy lejos a las de 2014 y mostró una sensatez dialogante que no se encontraba en la OTAN durante las negociaciones con Rusia. El problema residía en que, aunque Estados Unidos pareciera comprender la gravedad de lo que estaba en juego, no estaba dispuesto a conceder a Rusia ninguno de los pasos políticos que requería dicha desescalada. Esa cesión habría supuesto la práctica desarticulación del orden unipolar de manera definitiva por la inutilización del papel de la OTAN en buena parte de Europa del este, la declaración del fracaso de la potente injerencia que iniciaron en el Maidán y la tolerancia de proyectos de cooperación entre Bruselas y Moscú que iban en contra de los intereses estadounidenses, con especial foco en Berlín.

Como se podía ver, eran claves para Moscú las cuestiones de la militarización ucraniana y de la cada vez mayor libertad estadounidense para relanzar una carrera armamentística que no había cesado y una considerable tensión internacional, especialmente tras las rupturas unilaterales desde Washington de los acuerdos y tratados ABM, START II —con la dilatación en la aprobación del New START—, JCPOA, INF y TCA. De hecho, el mismo día siguiente a la presentación de los borradores de garantías de seguridad rusos, Moscú abandonaba también el TCA. La forma en que acuerdos tan completos pudieran redundar en un nuevo orden de seguridad requería más voluntad por la parte política que por la técnica, por eso se enfatizaría la base de los principios de «seguridad indivisible» en el artículo 1 de cada uno de ellos. Para comenzar hay que señalar que, incluso en el caso del borrador Rusia-OTAN, se trataba de un documento con intención de establecer principios bilaterales Moscú-Washington, considerando que la participación de otros actores solo embarraría el debate ad aeternum , como señalaría el viceministro Ryabkov. En el texto se apuntaba a la imposibilidad de utilizar el territorio de un tercero para preparar ataques o acciones desestabilizadoras entre los firmantes —curiosamente Rusia emplearía el territorio bielorruso para su posterior operación en Ucrania—, lo cual pasaría por una primera concreción de la propuesta de límite de seguridad: no solo abarcaba la preparación de un ataque sino una afectación severa para la seguridad. Al no establecerse un límite geográfico, bajo una interpretación maximalista en teoría podría entenderse el fin de las guerras proxy, las injerencias políticas y las alianzas militares que, evidentemente Rusia no contemplaba para con la CSTO.

Las Partes no utilizarán los territorios de otros Estados con perspectiva de preparar o llevar a cabo un ataque armado contra la otra Parte u otras acciones que afecten los intereses fundamentales de seguridad de la otra Parte. (Artículo 3 del borrador para el Tratado entre los Estados Unidos de América y la Federación Rusa sobre garantías de seguridad).

También se señalaban ciertas obligaciones que Estados Unidos adoptaría para evitar la expansión de la OTAN, con especial énfasis en el espacio postsoviético, aunque renunciando desde Moscú abiertamente a Estonia, Letonia y Lituania. Los noventa quedaban lejos y aún pesaban. Al señalar al «este» también se estaba renunciando a Austria, Irlanda y, según interpretaciones, a los Balcanes y los nórdicos. Rusia enfocaba su objetivo en que, aun desde fuera de la OTAN, los países del espacio postsoviético no pudieran albergar bases militares de Estados Unidos e incluso cooperar en aspectos militares con ellos.

Estados Unidos se comprometerá a evitar la expansión hacia el este de la OTAN y denegar la adhesión a la Alianza a los Estados de la antigua URSS. Estados Unidos no establecerá bases militares en el territorio de los Estados de la antigua URSS que no son miembros de la OTAN, usará su infraestructura para ninguna actividad militar o desarrollará una cooperación militar bilateral con ellos. (Artículo 4 del borrador para el Tratado entre los Estados Unidos de América y la Federación Rusa sobre garantías de seguridad).

Y ante la dificultad por introducir en un tratado internacional una propuesta política que afecta a terceros países, Rusia entra en el aspecto técnico-militar. Los siguientes puntos proponen prohibir los despliegues militares en cualquier formato en el ambiguo espacio que pueda ser «percibido como una amenaza por la otra parte» salvo en sus propios territorios, lo que en principio liberaría los territorios del despliegue ruso en torno a Ucrania y áreas adyacentes entre Rusia y Estados Unidos como el estrecho de Bering. Sin embargo, el artículo 6 incluye también la prohibición en territorio nacional de los despliegues si son de misiles de rango intermedio, en referencia a la ruptura del INF por Estados Unidos, lo cual iría más allá de un simple compromiso a no desplegar misiles de corto y medio alcance en Ucrania. Además, esta disquisición relanzaría la importancia menguada de los territorios internacionalmente reconocidos como soberanos, pero no complicaría necesariamente el caso de un despliegue en Crimea ya que la propuesta sobre misiles de rango intermedio también tendría una afectación bilateral. La prohibición dentro del territorio nacional solo afectaría a este tipo de misiles —aunque el borrador OTAN-Rusia buscaría hacerlo extensible a todos los miembros de la organización—, pero se señalaría a los bombarderos y buques de guerra como elementos vetados en territorio no soberano donde puedan atacar a la otra parte, incluso en casos de despliegue bajo una coalición internacional o alianza. Este punto garantizaría en la práctica parte del control ruso del océano Ártico ruso o del mar Negro, incluso aunque no se reconociera Crimea como rusa ya que la presencia de buques estadounidenses en el mar Negro estaría prácticamente vedada. Una disposición en concreto apuntaría la necesidad de acordar distancias máximas de acercamiento entre buques y aeronaves de cada país.

Las Partes se abstendrán de desplegar sus fuerzas armadas y armamentos, incluso en el marco de organizaciones internacionales, alianzas o coaliciones militares; en áreas donde dicho despliegue pudiera ser percibido por la otra parte como una amenaza para su seguridad nacional, con la excepción del interior del territorio nacional de las Partes. Las Partes se abstendrán de volar bombarderos pesados, equipados con armamento nuclear o no nuclear, o desplegar buques de guerra superficiales de cualquier tipo, incluso en el marco de organizaciones internacionales, alianzas o coaliciones militares; en áreas fuera del espacio aéreo nacional y las aguas territoriales nacionales, respectivamente, desde donde pudieran atacar objetivos en el territorio de la otra Parte. (Fragmento del artículo 5 del borrador para el Tratado entre los Estados Unidos de América y la Federación Rusa sobre garantías de seguridad).

El artículo 7 ampliaría las restricciones de uso de territorio extranjero a las armas nucleares. Aunque claramente Estados Unidos sería el interpelado en cuanto a la desescalada nuclear —único país de la historia en usar su armamento nuclear contra ciudades enteras y en pleno uso del mecanismo de compartición nuclear de la OTAN—, cabe señalar que ya por aquellas fechas Bielorrusia mencionaba la posibilidad de un futuro despliegue nuclear en su territorio. Y es que el referéndum de reducción del poder presidencial en Minsk previsto para febrero de 2022 como resultado de la crisis electoral de 2020 incluía el fin del estatus «no nuclear» del país. La escalada de Rusia con respecto a sus aliados seguiría un camino similar al operado por la OTAN hasta entonces si Estados Unidos se negaba a un acuerdo al respecto. Por lo pronto, la firma de este artículo implicaría el retiro inmediato de las armas nucleares que Estados Unidos mantenía en Turquía, Alemania, Italia, Países Bajos y Bélgica; y el fin de cualquier ejercicio o entrenamiento en su manejo.

Por su parte, el borrador para un acuerdo Rusia-OTAN comenzaba buscando una vía de comunicación entre ambos para la solución de las disputas, un cambio en la consideración de «adversarios» y un enfoque prioritario en la seguridad de la frontera báltica y el mar Negro. El punto clave sería el artículo 4 al situar el límite de actuación en los países que formaban parte de la alianza en 1997, antes de la entrada de Europa del este en el espacio occidental. Según lo previsto, ninguno de los miembros presentes antes de 1997 podrá desplegar fuerzas o armamento en ningún otro país de Europa, lo cual sería un gran cambio de paradigma ya que ningún país de Europa occidental o Estados Unidos podría desplegar tropas ni armamento en Europa del este, Balcanes, Irlanda, Suecia, Finlandia, Austria, Suiza o Chipre. La autorización de un despliegue en cualquier país europeo —esté o no en la OTAN— necesitaría el apoyo de todos los firmantes, incluida Rusia. Turquía ya disponía de tropas en Chipre antes de 1997 así que Grecia no podría desplegarlas en la isla sin autorización de Turquía, por ejemplo. La fecha escogida por Rusia coincide con la firma entre Moscú y la OTAN del Acta Fundacional sobre Relaciones Mutuas, Cooperación y Seguridad.

La Federación de Rusia y todas las Partes que fueran Estados miembros de la OTAN el 27 de mayo de 1997 no desplegarán fuerzas militares y armamento en el territorio de ninguno de los otros Estados de Europa, más allá de las fuerzas ya estacionadas en ese territorio para el 27 de mayo de 1997. Con el consentimiento de todas las partes, tales despliegues pueden tener lugar en casos excepcionales para eliminar una amenaza para la seguridad de una o más Partes. (Artículo 4 del Acuerdo en medidas para garantizar la seguridad entre la Federación Rusa y los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte).

Por último, en lo que concierne a la OTAN, se explicita la obligación de sus miembros a contener cualquier ampliación de la alianza, ya sin hacer referencia al este sino de manera categórica. Aun así, se menciona literalmente a Ucrania entre los vetados a pesar de haberse señalado el cierre completo del rango de actuación de cualquier proceso de ampliación. Además, se menciona que los miembros de la OTAN tampoco podrían realizar «ningún tipo de actividad militar en el territorio de Ucrania y otros estados de Europa del este, el Cáucaso sur o Asia central», sin especificar que Rusia no deba hacer lo propio en la región; así como se declararía una zona de amortiguación a partir de la cual no se podrán realizar ciertos ejercicios militares cerca de las fronteras con Rusia y sus países aliados a nivel militar. Esto es de especial importancia, ya que la frontera donde no se podrían hacer ejercicios militares incluiría la de Bielorrusia o Armenia, como parte de la CSTO, reduciendo de manera sustancial, potencialmente total, la capacidad occidental de realizar ejercicios militares en los países bálticos, así como en un área relevante de Polonia o Turquía —por la pertenencia de Armenia a la alianza militar rusa—. Por un lado, Rusia conseguiría que ningún país del flanco oriental de la OTAN dispusiera de infraestructura significativa de la alianza, ejercicios militares ni misiles desplegados contra su territorio, incluyendo los países bálticos y Polonia, pero por otro lado garantizaría que Rusia no podría hacer lo propio en su flanco occidental —ni oriental como garantizaba el anterior acuerdo con Estados Unidos.

Moscú está extremadamente decepcionado por las señales provenientes de Estados Unidos y la OTAN con respecto a las propuestas rusas sobre garantías de seguridad. […] Me gustaría señalar que ambos textos no están dibujados bajo un principio de menú en el que usted es libre de elegir entre las opciones, son complementarios entre sí y deben considerarse como un paquete. […] Espero que los estadounidenses no subestimen cuánto ha cambiado todo. […] No hay señales de que estén listos para abandonar sus propios patrones. (Serguéi Ryabkov, viceministro de Exteriores de Rusia).

Las primeras reacciones en esta diplomacia, con un fuerte carácter coercitivo debido al deliberado mensaje de la disposición al uso de la fuerza, no supondrían un cambio significativo en la actitud de Occidente a hablar sobre el orden que instauraron tras la Guerra Fría. El tiempo que llegaría tras la presentación del órdago ruso correspondería a discusiones internas entre los líderes occidentales sobre la conveniencia de conformar un paquete de sanciones para la eventualidad de un ataque ruso sobre Ucrania. Estos signos, entre los cuales se hablaba de puntos delicados para Rusia, apuntaban a una negativa al diálogo sobre las propuestas concretas. Por su parte, los viceministros rusos de política exterior más beligerantes en el contexto, Serguéi Ryabkov y Alexander Grushko, apuntaban a una rápida ruptura del formato diplomático. Por su parte, Serguéi Lavrov, cabeza del Ministerio de Exteriores, buscaba una aproximación para negociar más duradera. Las declaraciones en todas las direcciones atronaron el discurso durante, al menos, un mes, pero Rusia reincidía en su órdago militar y técnico-militar.

Todos en la OTAN son conscientes de que, por fuerte que sea la alianza, es necesario tomar medidas políticas concretas, porque la respuesta militar y técnico-militar de Rusia sería la única alternativa. (Konstantin Gavrilov, líder de la delegación rusa en la negociación de Seguridad Militar y Control de Armas de Viena).

En medio de todo ello se encontraba el decisor, Vladímir Putin, por lo que la manera más relevante para desenredar el entuerto diplomático era atendiendo a las declaraciones del Kremlin. El propio Putin señalaba a dichas medidas técnico-militares, como lo hacían los viceministros, puesto que consideraba que el rearme de Ucrania por Occidente podría llegar al punto del despliegue de armas hipersónicas en un futuro no tan lejano. La tensión de la retórica seguiría creciendo hasta que se lograse llevar de manera clara a Estados Unidos a la mesa de negociación.

El ministro de Defensa ruso se sumaba a los sectores que advertían de la ruptura incipiente aunque, al igual que su contraparte estadounidense, no ofrecía ninguna prueba de sus acusaciones. El juego de la propaganda daría mucho de sí desde ambos lados, pero lo relevante obliga a saltar hasta el concierto efectivo de los contactos diplomáticos de alto nivel. Y estos llegarían en el mes de enero. Había dudas en ambos campos y la inteligencia de los dos lados señalaba la falta de voluntad real del contrario, abocando a Ucrania a la guerra abierta, quizá más allá del Donbás. Para comenzar, desde Occidente se señalaba el carácter intolerable de muchas propuestas rusas y se veía como un pretexto para que, una vez rechazado por su imposibilidad de aprobación local, Rusia obtuviera su justificación de iniciar una operación militar. Desde Rusia se apuntaba de nuevo al órdago, si no se les concedía una negociación seria, estaban dispuestos a iniciar dicha operación. Y el carácter del despliegue demostraba que, a diferencia de muchas otras veces, en esta ocasión el riesgo era serio. Rusia ejemplificaba sus dudas con respecto a la sincera comprensión estadounidense o sobre si, siendo conscientes como eran según los reportes no desclasificados de inteligencia, veían conveniencia en una guerra ruso-ucraniana, pues el portavoz Peskov ponía el límite en el tiempo. No era aceptable si la parte norteamericana solo quería retrasar las negociaciones, congelando el proceso del Donbás, o si se unía a los contactos sin intención de negociar, permitiendo enfangar a Moscú en diplomacia sin perspectiva para que se perdiera la ventana de oportunidad ideal para el inicio de un ataque militar ruso. Por lo tanto, habría una nueva oportunidad para la diplomacia. Pero solo una más.

Debemos estar preparados para la posibilidad de que la diplomacia fracase. (Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN).

El 30 de diciembre tendría lugar una segunda llamada en menos de un mes entre los líderes Biden y Putin para preparar el terreno a las conversaciones diplomáticas que vendrían a tratar todo lo dispuesto en el mes de enero. Tal y como se preveía, fueron actores de peso en Europa los que mantuvieron una postura mucho más cerrada que Estados Unidos a la posibilidad de concertar un nuevo orden de seguridad con Rusia. Los principales países que se unirían a los contactos que Estados Unidos mantenía con Francia, Alemania, Italia o Reino Unido serían Polonia o Rumanía. Estonia rechazaría cualquier cesión y apresuraría el envío de armas que se generalizaría posteriormente en toda la Unión Europea de manera conjunta y en casi toda de manera particular. Suecia y Finlandia se unirían a las voces por el derecho a elegir sus propias estrategias de seguridad, lo cual se traduciría en presiones internas por un significativo acercamiento a la OTAN. El caso finlandés no era tan sencillo como podría parecer al ser miembro de la UE y es que su frontera con la región de Leningrado no era muy distinta a la del caso ucraniano.

Y en enero llegarían las grandes cumbres: Rusia-Estados Unidos el día 10, Rusia-OTAN el día 12 y en el marco de la OSCE el día 13. Las reuniones tendrían lugar en Ginebra, Bruselas y Viena, respectivamente, y arrojarían un saldo aparentemente positivo para ambas partes puesto que se mostrarían dispuestos a nuevos encuentros, pero no se traducirían en escritos tangibles sobre el objeto de deseo. En la semana siguiente no llegarían aún las respuestas a las demandas rusas, pero sí se concretaría una nueva e importante reunión entre el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el viernes 21 en Ginebra. A pesar de que Lavrov representaba un ala más diplomática que la de los sectores del entorno del Ministerio de Defensa o los viceministros de Exteriores Alexander Grushko, en Bruselas, y Serguéi Ryabkov, en Ginebra, tras la falta de concreción de las tres primeras reuniones, Lavrov pasó a ofrecer una posición ligeramente más dura. Este cambio discursivo en Lavrov debió encender las alarmas.

La paciencia de Rusia con las acciones de Occidente ha llegado a su fin, hemos estado durante mucho tiempo, ahora es el momento de irse. (Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia).

Estados Unidos se seguía negando a ofrecer pruebas de la inminencia de una invasión, incluso enzarzándose en discusiones con periodistas de la agencia Associated Press que dudaban de que la palabra del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, por sí sola fuera ya una prueba de la desclasificación de los famosos reportes. En cualquier caso, la decisión del devenir de la crisis se encontraría, sin duda, en la figura de Vladímir Putin, por lo que también sería relevante lo expresado por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El portavoz negaba las acusaciones de estar organizando falsas banderas y urgía a la carrera contra el tiempo para obtener una respuesta, volviendo a la necesidad de no agotar la paciencia rusa tras décadas de promesas no cumplidas y no dilatar más la negociación sobre seguridad que comentó Lavrov. Los últimos grandes encuentros discurrirían entre Kiev y Moscú, recibiendo a los ministros franceses o alemanes, entre otros. Ambos se mostrarían comedidos en torno a la posibilidad de enviar armamento a Ucrania y de sancionar ciertas infraestructuras clave, pero eso se entenderá más adelante por los cambios internos entre el SPD y Die Grünen (Los Verdes) o los cambios externos en la relación UE-OTAN. Reino Unido, Canadá y República Checa comenzaban a anunciar el envío de fuerzas especiales para el entrenamiento a efectivos ucranianos en armamento que ellos mismos enviarían, especialmente los británicos. Posteriormente se sumaría el anuncio de Letonia. Mientras los países occidentales procedían a reducir personal diplomático en Kiev, evacuar familiares o llamar a la salida de sus ciudadanos del país, se anticipaba el final de la diplomacia. Estados Unidos prometió en el segundo encuentro de Ginebra el envío de una respuesta escrita y una nueva reunión con Lavrov, pero lo fue retrasando hacia finales de mes. Esa respuesta sería clave para entender la ruptura rusa. Al mismo tiempo, los países occidentales fortificaban el área de Europa del este con despliegues militares en torno a las fronteras rusas, el mar Mediterráneo, el mar Negro o el mar Báltico; pero dado el rechazo a hacer lo propio en Ucrania y concentrarse en el espacio euroatlántico, la presión añadida no serviría como disuasión. La decisión se tomaría en base a otros factores como la posibilidad real de concertar una negociación de carácter político. Y la primera carta que Rusia plantearía para la ruptura sería el reconocimiento de las repúblicas del Donbás, cuyo debate sería pospuesto de nuevo hasta conocer la respuesta occidental a la propuesta diplomática.

Las relaciones de Rusia con la OTAN se acercaron a la línea roja debido al apoyo militar de la alianza a Ucrania. (Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin).

El documento de respuesta a Rusia no fue publicado por ninguna de las partes; la filtración tendría lugar al diario español El País . La OTAN y Estados Unidos se coordinaron para ofrecer respuestas que, en buena medida, recogieran las expresiones llamando a la desescalada rusa previa a la negociación de aspectos técnicos, que los líderes occidentales ya habían expresado en público, pero existían diferencias de enfoque entre ambas. La OTAN consideraba que Moscú había roto la confianza de los países occidentales en materia de cooperación al ofrecer un desafío a la arquitectura de seguridad global euroatlántica, lo cual requería de un retroceso en la escalada militar de manera inmediata antes de plantear un avance sustancial en cualquier negociación. Estados Unidos, por su parte, se mostró dispuesto a la contemplación escrita y firma de acuerdos con Rusia sobre aspectos técnicos, como evitar despliegues de misiles tierra-aire en Ucrania y debatir sobre las interpretaciones del concepto de «indivisibilidad de la seguridad», aunque siempre manteniendo las puertas abiertas de la OTAN y con una desescalada rusa previa.

La posición del Gobierno de Estados Unidos consiste en que solo se podrán alcanzar progresos en estos asuntos [desarme y medidas de confianza] en un entorno de desescalada de las acciones amenazantes de Rusia hacia Ucrania. (Fragmento de la respuesta a las propuestas de seguridad de Rusia).

A priori habían llamado más la atención los artículos de los borradores centrados en la política armamentística y la estructura de seguridad europea, pero con el tiempo se había visto la relevancia del concepto de «indivisibilidad de la seguridad», considerando Moscú que Estados Unidos había adoptado el marco conceptual de la OSCE únicamente sobre la sección orientada a la libertad de cada Estado a su soberanía en materia de seguridad, ignorando lo señalado sobre que esa seguridad es indivisible y no podrá desarrollarse a expensas de los demás. La parte rusa recalcó que la OTAN no tuvo en cuenta las «preocupaciones fundamentales de Rusia» y que Estados Unidos no había respondido sobre cómo garantizaría la aplicación de la «indivisibilidad de la seguridad». Serguéi Lavrov, además, afirmaba estar avergonzado por quienes hubieran escrito la respuesta de la OTAN. Moscú consideraba que se había ignorado toda consideración a nivel político, lo que representaba la evasión al núcleo de las demandas, y se pretendía desviar la atención hacia interpretaciones convenientes para la OTAN como la distensión en las fronteras rusas y, como máxima contrapropuesta, la reducción de armamento de mediano alcance —eventualmente llegando a una zona de amortiguación sobre Ucrania—. El documento aquejaba la falta de compromiso con las demandas de no expansión de la OTAN —retirada del documento de Bucarest—, la no presencia en infraestructura militar oriental de los países de la OTAN anteriores a 1997 —fecha de la Cumbre OTAN-Rusia en París— o la implementación de los Acuerdos de Minsk. Rusia se abría a un abordaje al asunto INF, acuerdo que había roto Washington en 2019, pero siempre que se tomase el paquete de propuestas como un conjunto y no como un menú, como había señalado previamente el viceministro Serguéi Ryabkov.

Todo Estado participante goza de igual derecho a la seguridad. Reafirmamos el derecho inherente a todos y cada uno de los Estados participantes de elegir o cambiar libremente sus acuerdos de seguridad, así como sus tratados de alianza, conforme evolucionen. Cada Estado goza además del derecho a la neutralidad. Todo Estado participante respetará los derechos al respecto de los demás Estados y no fortalecerá su propia seguridad a expensas de la de otros Estados. (Carta sobre la seguridad europea. Documento de Estambul. OSCE, 1999).

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EL PORQUÉ DEL RECONOCIMIENTO TARDÍO DEL DONBÁS

No vamos a atacar primero.

DENIS PUSHILIN ,
jefe de Estado de la República Popular de Donetsk.

A nte la constatación de la negativa occidental a negociar cuestiones de calado en materias de seguridad y política, Rusia sentenciaría en su respuesta: llegarían las medidas de carácter técnico-militar. Desde el despliegue de misiles como escalada para forzar un arreglo técnico el reconocimiento de las repúblicas autoproclamadas del Donbás, como escalada para forzar un arreglo político. Todo había sido barajado. Dada la respuesta estadounidense abriéndose a una distensión en aspectos armamentísticos, al menos en Ucrania, pero con potencial para restaurar un acuerdo INF, el asunto diana sería el político. Las palabras y actos expresados durante los meses de diplomacia habían mostrado que Rusia tenía la capacidad y la voluntad para forzar una solución a ese objetivo mediante el uso de su despliegue militar en Ucrania. Las palabras de Pushilin incidían en que, como había mencionado el Ministerio de Exteriores ruso previamente, el refuerzo militar ucraniano también se encontraría en torno a los 120.000 efectivos en la línea de contacto del Donbás. Poco después aumentaría la estimación hasta los 150.000 efectivos. Ante esos supuestos volúmenes, Pushilin anticipaba que podrían pedir ayuda militar a Moscú, pero no se encontraba en su mano la exigencia de asistencia, ya que no disponían de un acuerdo de cooperación en defensa mutua. Las recíprocas acusaciones de falsa bandera en el frente podían allanar ese camino hacia el relato de necesidad sobre el inicio de operaciones supuestamente defensivas a gran escala desde cualquiera de los bandos, con especial énfasis en el descontrol de algunas milicias nacionales. En cualquier caso, sin reconocimiento oficial desde Moscú de la independencia de las repúblicas, no existiría un amparo legal paralelo para ninguna clase de intervención en el marco de la asistencia militar mutua.

La cuestión del estatus del Donbás era un asunto muy delicado en Rusia. Y no solo por tratarse del Donbás en sí mismo, sino por la apuesta por un proceso como Minsk que implicaba mantener la integridad territorial —al menos para esta región— de Ucrania. Moscú no había apostado hasta el momento por su reconocimiento, a diferencia de lo ocurrido con Abjasia u Osetia del Sur, con una justificación de defensa muy similar en la guerra de Georgia a la que pedían Donetsk y Lugansk. Pero no se trataba solo de Donetsk y Lugansk. La estrategia con la parte no estrictamente esencial de Ucrania —más allá de Crimea y Sebastopol— pasaba por el amarre de un buen arreglo político para los intereses rusos sin la carga del coste político de ser el que inicia la ruptura diplomática para la recompensa de una región no estratégica. Por lo tanto, si Rusia iniciaba dicha ruptura cabía la posibilidad de que fuera como un nuevo órdago, ya mediante la fuerza directa, para restaurar un arreglo favorable; o para que dicha partida obtenida a cambio del coste político de la ruptura fuera sustancialmente mayor que Donetsk y Lugansk. Para ello, habrá que fijarse en el discurso oficial ruso en el momento de la ruptura, si iba más allá del Donbás o no. Pero antes de llegar a aquello, es importante comprender el camino hacia la ruptura.

Si dentro del debate nacional se toma la línea sobre la común identidad cultural de los pueblos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia —con el ruso como lengua principal—, obviamente también lo serían los territorios en disputa. Numerosos han sido los intentos de la oposición por endurecer el mensaje en torno a Moldavia, Ucrania o las repúblicas del Cáucaso y por restaurar parte de los territorios del Imperio Ruso. El paralelismo con la Unión Soviética sería menos acertado dada la federación junto a Rusia y no dentro de ella, aun con el componente nacional ruso, pero el área de influencia en sí se ha ido diluyendo desde la decadencia política de los noventa, sufriendo cambios apoyados por Occidente en Lituania, Georgia, Ucrania, Armenia o Moldavia. Ante este escenario, Rusia había ido reconociendo algunas de las repúblicas y territorios que iban surgiendo de los conflictos que no había conseguido cerrar: Abjasia, Osetia del Sur, Crimea y Sebastopol. La cuestión de relieve es que la política de Rusia con respecto a estos puntos fue asertiva, pero insuficientemente resolutiva —salvo en el caso crimeo—, aunque puede considerarse realista hasta cierto punto. La oposición parlamentaria real a Rusia Unida apostaba por intervenciones revisionistas en el Cáucaso, Ucrania e incluso Finlandia —en el caso del Partido Liberal Democrático— para anexionar el territorio tradicional del Imperio Ruso. Entre ellos se encontraba también el Partido Comunista de la Federación Rusa (KPRF), que había apostado por el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk en varias ocasiones. Pero el sentimiento de causa nacional, contrariamente a lo señalado desde Occidente, era general: Alexéi Navalni, activista opositor con cierta base social en urbes como Moscú, tampoco renegaba de la anexión de la República de Crimea y la ciudad federal de Sebastopol a Rusia.

El Donbás, por el contrario, representaba una región más deprimida económicamente, menos defendible y más problemática a nivel de inversiones desde Moscú de lo que parecían sugerir los partidarios de su anexión. No era un objetivo de Rusia la anexión del Donbás hasta entonces, por lo que un potencial reconocimiento no había sido un paso necesario como sí lo fue en Crimea y Sebastopol, cuya congelación no se contemplaba al tratarse de territorio mucho más vinculado a Rusia y estratégico para la flota del mar Negro. La decisión del no reconocimiento del Donbás respondía, por lo tanto, a intereses de la élite rusa sobre la influencia y sección de control político sobre Ucrania, cuyo interés iba más allá de los derechos lingüísticos de los rusos o los ucranianos rusófonos. Se establecía así un compromiso entre el rédito que se pudiera obtener en una nueva Ucrania independiente y parcialmente unida bajo el marco de Minsk o el que se pudiera obtener con un Donbás satelital independiente, pero con el presumible mayor peso nacionalista ucraniano en Kiev que otorgaría la ruptura definitiva de Minsk. A priori , Rusia ganaba más influencia con el primer planteamiento. De hecho, las interpretaciones rusas sobre la aplicabilidad de los Acuerdos de Minsk daban cabida a la posibilidad de una garantía mayor de neutralidad geopolítica para Ucrania que cualquier acuerdo con Estados Unidos. Antony Blinken había reconocido la imposibilidad de ofrecer garantías a este respecto a largo plazo debido a la idiosincrasia de su sistema democrático, donde Trump pudo revertir un acuerdo de gran calado como el JCPOA, por ejemplo. Un poder de veto y/o de fuerte influencia política para la población del este de Ucrania, con la debida reforma constitucional para el encaje —reconocida en el marco de Minsk— podría llegar a facilitar esas garantías. Este era un escenario que, antes de la ruptura, se acercaba más al planteamiento de Bosnia y Herzegovina o de Transnistria —si hubiera sido aceptado el memorándum ruso— que a Georgia, por ejemplo. Si la neutralidad fuese aprobada constitucionalmente las garantías de su pervivencia no serían definitivas, como mostrarían los casos de Finlandia, Suecia o Austria; pero sí podían ofrecer un mayor rédito a corto plazo a Moscú para imponer una desmilitarización y para descartar el salto a la OTAN, sin depender de promesas de los actores occidentales.

Este documento, los Acuerdos de Minsk, no se relaciona con las tropas rusas en la frontera ni con los problemas de Crimea. El documento es mediocre. Está diseñado para que, inicialmente, estemos en una posición perdedora y más débil. (Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, en febrero de 2022).

Durante años, Rusia había apostado por no romper ese encuadre y decantarse por una futura influencia en una Ucrania unida al Donbás. Pero la cada vez menor viabilidad de una implementación de los Acuerdos de Minsk y la decisión rusa de solventar, contemplando el uso de la fuerza, el problema político, llevarían a dar pasos hacia el final del Acuerdo de Minsk. Según Zelenski, los aspectos políticos del acuerdo estaban detallados en proyectos de ley que se podrían debatir en el Grupo de Contacto Trilateral (Ucrania, Rusia y la OSCE). A finales de enero el gobierno ruso fue requerido internamente para permitir que los numerosos ciudadanos de Donetsk y Lugansk con pasaporte ruso pudieran acogerse a beneficios sociales a través de instituciones estatales de Rusia. Tras la última de las peticiones del KPRF, se retrasaría hasta febrero el debate parlamentario sobre el reconocimiento del Donbás, asumiendo el fin de los Acuerdos de Minsk. La última llamada Putin-Biden antes de la ruptura, el día 12 de febrero, no lograría desatascar las negociaciones a pesar de que la respuesta de Estados Unidos a las demandas rusas hubiera sido ligeramente más constructiva que la de la OTAN. Después, Putin acudiría a una reunión con Serguéi Lavrov para consultar las posibilidades que restaban a la diplomacia, y con Serguéi Shoigu para conocer el estado de los últimos ejercicios militares a gran escala y a nivel conjunto con Bielorrusia —anunciados varios meses antes— en el contexto de la duración que el despliegue pudiera requerir en la frontera.

El reconocimiento de Rusia de las llamadas «repúblicas populares de Donetsk y Lugansk» será equivalente a su retirada deliberada de los Acuerdos de Minsk. […] No tendrá implicaciones legales. Rusia no logrará enmascarar la ocupación rusa en los territorios temporalmente ocupados de las regiones de Lugansk y Donetsk como «entidades independientes», u ocultar su propia implicación como parte en el conflicto armado en el Donbás. (Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania).

La Duma estatal rusa aprobaba el proyecto presentado por los comunistas en detrimento de un segundo presentado por el oficialismo de Rusia Unida. Por una parte, esto significaba la unidad entre los partidos políticos rusos para avanzar en una acción que implicaría el quiebre de los Acuerdos de Minsk y, por otra, la apuesta por el proyecto del KPRF implicaba la vía rápida al reconocimiento del Donbás. Y es que el texto aprobado por 351 votos a favor de 450 suponía un salto directo a la presidencia para su ratificación. Solo restaba la firma del presidente Putin, que seguía insistiendo de palabra en el marco de Minsk. Si se daba un reconocimiento, ya no habría vuelta atrás. Desde el Donbás se anticipaba un deterioro de la situación y se organizaron evacuaciones hacia Rusia que pretendían tener un carácter masivo. Macron y Scholz intentaron los últimos grandes esfuerzos de mediación sobre Rusia para que intercediera entre las repúblicas, y sobre Ucrania para que dialogara con ellas así como implementara los Acuerdos de Minsk, infructuosamente. Y en aquel punto llegarían dos momentos que, por sus implicaciones en el devenir del continente europeo, resultarían históricos: el Consejo de Seguridad de Rusia y el posterior discurso de Putin realizando el anuncio de su decisión al respecto.

El día de autos sería el 21 de febrero de 2022. Un día que será recordado. Los principales líderes rusos se reunían para una consulta definitiva previa a la decisión de Vladímir Putin con respecto al reconocimiento del Donbás. Al mismo tiempo, los líderes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk solicitaban de manera pública desde Rusia no solo su reconocimiento, sino además la firma de acuerdos de cooperación en seguridad. Esta clase de acuerdos, al estilo georgiano, serían el primer objetivo de cara a una operación militar ulterior para la cual el reconocimiento solo sería un medio necesario. La rupturista formalización de interlocutores se acordaría de manera casi unánime entre los líderes presentes, aunque aún había quienes apostaban por el enésimo órdago.

Lavrov abrió la exposición bajo petición de Putin. Su explicación sobre la situación de la diplomacia abarcó las respuestas occidentales a las propuestas de seguridad rusas, el porqué de su descontento con el tratamiento sesgado que de las mismas se daba en Occidente y cuáles serían los siguientes pasos, concretamente la disposición que Estados Unidos había manifestado a seguir negociando. El presidente, antes de dar paso a otros líderes destacados, quiso conocer también el estado de las negociaciones en Normandía con el enviado ruso, Dmitri Kozak. Su punto de vista orientaba las negociaciones de Normandía a un atolladero, donde nadie había apostado por desencallar los procedimientos de negociación, dado el cariz problemático de integrar políticamente a los sectores cercanos a Rusia.

El secretario de Estado, Antony Blinken, me llamó para decirme que había leído nuestro documento y que estaba listo para reunirse para discutirlo y transmitir la reacción estadounidense. Con su consentimiento [Sr. Putin], la reunión se programó para esta semana, el 24 de febrero, en Ginebra. (Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, en el Consejo de Seguridad de Rusia, febrero de 2022, sobre la reunión que, finalmente, sería cancelada tras el estallido de la guerra).

Es completamente obvio que ni Ucrania ni Occidente necesitan el Donbás, no quieren resolver el conflicto; al contrario, quieren congelarlo. Entran en estupor cuando escuchan cualquier pregunta hipotética sobre si les gustaría reintegrar el Donbás en Ucrania, para que el gobierno de Ucrania recuperase el control sobre él con algunas condiciones. No saben cómo responder a esta pregunta, y simplemente guardan silencio y desvían la mirada. […] Nunca [cumplirán los Acuerdos de Minsk] si los acontecimientos siguen su curso normal. Es evidente que no quieren, con o sin Minsk, reintegrar al Donbás a Ucrania. (Dmitri Kozak, subjefe de Gabinete del Kremlin, en el Consejo de Seguridad de Rusia, febrero de 2022).

Tras Lavrov y Kozak irían compareciendo distintos cargos políticos: Alexander Bortnikov, director del Servicio de Seguridad Federal, sobre la inestabilidad de la frontera en el momento; Serguéi Shoigu, ministro de Defensa, sobre la situación de los bombardeos y ataques en el Donbás; Dmitri Medvédev, expresidente ruso, sobre el ejemplo que marcó durante su periodo con la guerra de Georgia; Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma (Cámara Baja), sobre la petición del Parlamento; Valentina Matviyenko, presidenta del Consejo de la Federación (Cámara Alta), sobre el conjunto del problema ucraniano; Nikolai Patrushev, presidente del Consejo de Seguridad, sobre el papel preponderante de Estados Unidos en la crisis; Mijaíl Mishustin, primer ministro, sobre los riesgos de enfrentar severas consecuencias técnicas; Serguéi Naryshkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior, sobre el proceso que se abrió en Crimea hacía ocho años; Vladímir Kolokoltsev, ministro de Interior, sobre el contraste de que los que bombardearon Irak les ofrecieran diálogo; Igor Shchegolev, enviado presidencial plenipotenciario al Distrito Federal Central, sobre los problemas políticos internos de Ucrania; y Víktor Zolotov, director del Servicio Federal y comandante en jefe de la Guardia Nacional, sobre el papel de Alemania, Francia o Estados Unidos sobre Kiev.

Llamó especialmente la atención el tono de la líder senatorial, Valentina Matviyenko, muy duro con la política de Kiev, hablando de genocidio y amparo del neonazismo. Patrushev sorprendió por adherirse a la política del nuevo órdago, al proponer el ofrecimiento de dos o tres días a los norteamericanos para actuar en serio sobre el conflicto; del mismo modo que haría Mishustin, más enfocado en el día a día de la gestión del gobierno ruso y en las consecuencias económicas que una decisión rupturista podría suponer, y Naryshkin, quien confundió el proceso de reconocimiento con el de anexión. Aunque estos tres líderes apostaban por el reconocimiento si el ultimátum fracasaba, todos los demás apoyaban el proyecto sin fisuras o incluso con mayor vehemencia que la expresada en la Duma. Por ejemplo, el ministro de Interior mencionó la necesidad de reconocer las repúblicas en sus «fronteras históricas», incluyendo territorio no controlado como Mariúpol.

Recuerdo bastante bien el 2008, así que puedo hablar en base a experiencias, ya que tuve que tomar una difícil decisión al reconocer Osetia del Sur y Abjasia como sujetos independientes. […] Hubo un gran número de dificultades y problemas. Al mismo tiempo, está bastante claro que permitió salvar la vida de cientos de miles de personas que vivían dentro de este territorio y, en cierta medida, fue una lección para la OTAN y un número de países europeos, una lección de que nadie puede hacer esto a la Federación Rusa. […] [Hoy] es más complicado, porque la escala del potencial conflicto es incomparable a lo que enfrentamos en 2008. […] Por otro lado, en cierto modo nos resulta más fácil, porque en aquel entonces no sabíamos cuál sería la respuesta. Hubo todo tipo de conversaciones. Hubo conversaciones y el Sr. Putin (primer ministro) también habló con el presidente Bush. Ahora sabemos lo que sucederá, somos conscientes de todos los problemas y dificultades, así como de las propuestas relativas a las sanciones. (Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, en el Consejo de Seguridad de Rusia, febrero de 2022).

De nuevo, resonaba ante toda Rusia el ejemplo de Medvédev, el político que decidió lanzar una operación en territorio no reconocido como independiente con el pretexto de la salvaguarda para la población osetia y abjasia. Además del ejemplo que podía suponer Medvédev al servicio de una operación en Ucrania, reincidió en el tema identitario, la lucha contra un exterminio étnico, acusaciones de genocidio mediante, y el cambio geopolítico del país mediante levantamientos antirrusos. No obstante, el caso ucraniano ofrecía diferencias, ya que ningún escenario es exactamente asimilable. Algunas de ellas decantarían el balance en contra de la intervención rusa, como que el gobierno ucraniano no estaba iniciando una campaña militar contra el Donbás de mayor calado que la guerra de relativa baja intensidad, a diferencia de lo ocurrido en Osetia del Sur en 2008. Por otro lado, se inclinaba a favor de la intervención el pretexto parcialmente cierto de la presencia de elementos neonazis y de la discriminación sistemática contra la identidad rusa, así como la construcción pretendida de un ordenamiento legal previo a la intervención —reconocimiento y cláusulas de apoyo militar— a diferencia de lo ocurrido en Georgia, que tuvo lugar después de la operación militar. El escenario georgiano, de todos modos, sería aplicable si Kiev iniciaba una nueva campaña como la de la fase de 2014-2015. Para ello sería imprescindible o una agresión desde el lado controlado por Kiev o una falsa bandera.

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PUTIN. UN DISCURSO PARA LA HISTORIA

E l presidente ruso, Vladímir Putin, dijo tras el Consejo de Seguridad que ese mismo día tomaría una decisión. Pero en vista de su discurso, el más importante de todos los vividos el día 21, la cuestión iba mucho más allá del Donbás, al que se le dedicaron solo los últimos minutos. La declaración se dirigía de manera clara a Ucrania en su conjunto, así como en sus relaciones con Rusia, y la fortísima crítica al periodo socialista de la URSS por su apaciguamiento de los sectores nacionalistas en la creación de una estructura administrativa que, según él, iba contra la Rusia histórica. En ese primer fragmento del discurso seguía apuntando hacia la Unión Soviética, que en muchas ocasiones realizó intercambios territoriales que, una vez afloraba el nacionalismo, resultaban en choques étnicos y políticos que han llegado hasta el siglo XXI . En ese momento abordaba la «descomunización» que Ucrania había llevado a cabo durante los años post-Maidán. Putin fijaba su discurso en la velada amenaza que podría suponer para Ucrania una verdadera reversión del periodo soviético.

La Ucrania moderna fue creada completamente por Rusia, o por ser más precisos, por la Rusia comunista bolchevique. Este proceso comenzó prácticamente al acabar la revolución de 1917. Lenin y sus socios actuaron de manera extremadamente dura para Rusia, al separar y cercenar la tierra histórica rusa. Nadie preguntó a los millones de personas que vivían allí qué pensaban. Después, tanto antes como después de la Gran Guerra Patria [Segunda Guerra Mundial], Stalin incorporó a la URSS y transfirió a Ucrania algunos territorios que anteriormente pertenecían a Polonia, Rumanía y Hungría. […] En 1954, Jrushchov arrebató Crimea a Rusia por algún motivo y se la entregó a Ucrania. Así es como el territorio de la Ucrania moderna se creó. […] Los bolcheviques se propusieron crear un nuevo Estado. Tenían serios desencuentros sobre esto. Stalin […] propuso crear el país bajo los principios de la autonomía, lo que sería otorgar a las repúblicas y futuras entidades territoriales y administrativas amplios poderes tras unirse a un Estado unificado. Lenin criticó este plan y propuso hacer concesiones a los nacionalistas, que él entonces llamaba «independientes». Las ideas de Lenin de lo que en esencia equivalía a una confederación y el derecho de las naciones a la autodeterminación y la secesión, se establecieron en la base del Estado soviético. […] ¿Por qué era necesario apaciguar a los nacionalistas? ¿Qué sentido tenía transferir a las administraciones recién formadas, a menudo de forma arbitraria, vastos territorios que no tenían que ver con ellas? […] ¿Por qué era necesario hacer tales generosos regalos, más allá de los sueños más salvajes de los nacionalistas y, por encima de todo, darle a las repúblicas el derecho a la secesión del Estado unificado sin condiciones? […] No estoy tratando de culpar a nadie. La situación del país entonces, antes y después de la Guerra Civil, era extremadamente complicada; era crítica. Lo único que quiero decir es que así fue como ocurrió. Es un hecho histórico. […] La Ucrania soviética es resultado de la política de los bolcheviques y puede ser calificada legítimamente de «la Ucrania de Vladímir Lenin». […] Y hoy su «agradecida progenie» ha derribado los monumentos a Lenin en Ucrania. Lo llaman descomunización. ¿Quieren descomunización? Muy bien, esto nos viene bien. ¿Pero por qué quedarse a medio camino? Estamos listos para mostrar qué significaría una descomunización real para Ucrania. (Vladímir Putin, presidente de Rusia, el 21 de febrero de 2022).

Tras deslegitimar la conformación de Ucrania a nivel histórico, el líder ruso comenzó a analizar las traiciones que veía en Kiev desde la caída de la Unión Soviética, con el foco puesto en el Maidán y sus consecuencias para las relaciones Rusia-Ucrania. Aunque después de criticar la corrupción endémica de Ucrania, Putin reconocería que es un mal común en muchos países, incluida Rusia.

Rusia se comprometió a pagar todas las deudas soviéticas y cumplió su promesa al completar este proceso en 2017. A cambio, los nuevos estados independientes tendrían que entregar a Rusia parte de los activos soviéticos en el extranjero. En diciembre de 1994 se llegó a un acuerdo a tal efecto con Ucrania. Sin embargo, Kiev no ratificó estos acuerdos y luego simplemente se negó a cumplirlos exigiendo una parte del Tesoro de Diamantes, las reservas de oro, así como propiedades de la antigua URSS y otros activos en el exterior. […] No es sorprendente que la sociedad ucraniana se enfrentara al ascenso del nacionalismo de extrema derecha, que rápidamente se convirtió en rusofobia agresiva y neonazismo. […] Nunca se ha desarrollado un Estado estable en Ucrania; sus procedimientos electorales y políticos solo sirven como tapadera para la redistribución del poder y la propiedad entre varios clanes oligárquicos. […] Según los informes, la Embajada de Estados Unidos aportó un millón de dólares al día para apoyar el llamado campamento de protesta en la Plaza del Maidán en Kiev. Además, se transfirieron descaradamente grandes sumas directamente a las cuentas bancarias de los líderes opositores, decenas de millones de dólares. Pero las personas que realmente sufrieron, las familias de los que murieron en los enfrentamientos provocados en las calles y plazas de Kiev y otras ciudades, ¿cuánto obtuvieron al final? Mejor no preguntar. Una ola de violencia barrió las ciudades ucranianas, incluida una serie de asesinatos de alto perfil impunes. Uno se estremece al recordar la terrible tragedia de Odesa, donde manifestantes pacíficos fueron brutalmente asesinados y quemados vivos en la Casa de los Sindicatos. Los criminales que cometieron esa atrocidad nunca han sido castigados, y nadie los está buscando siquiera. Pero nosotros sabemos sus nombres y haremos todo lo posible para castigarlos, encontrarlos y llevarlos ante la justicia. El Maidán no acercó a Ucrania a la democracia y el progreso. Tras lograr un golpe de Estado, los nacionalistas y las fuerzas políticas que los apoyaron llevaron a Ucrania a un impasse , empujando al país al abismo de la guerra civil. Ocho años después, el país está dividido. Ucrania está luchando contra una crisis socioeconómica aguda. (Vladímir Putin, presidente de Rusia, el 21 de febrero de 2022).

En este fragmento, Putin daba una señal más de que la cuestión en juego no era en absoluto el Donbás. Se seguía deslegitimando cualquier gobierno nacionalista, con especial énfasis en el resultado político del Maidán: la división social, la caída en una guerra civil, el reparto del poder entre oligarcas y nacionalistas, el golpe de Estado apoyado desde el extranjero (Estados Unidos) y la fuerza de los extremistas que reventaron las calles. Entre estos casos, destaca la explícita mención a la masacre de Odesa, territorio sustancialmente más al oeste que el Donbás. Del discurso, se deduce que se necesitaría una intervención mucho mayor para poder siquiera plantear la persecución de los responsables de dicha masacre. Y los acuerdos que se planteaban firmar en el caso del reconocimiento no eran distintos a los formulados en los casos de Abjasia y Osetia del Sur, por lo que la intervención militar, aunque parecía garantizada en cumplimiento de sus cláusulas de asistencia mutua, apuntaba a circunscribirse a los territorios de las repúblicas que se reconocían, independientemente de si luego podía escalar. Pero la sucinta referencia previa a Odesa era un punto para tener en cuenta, y dejaba entrever el pretexto de la lucha contra el radicalismo político. Después, Putin pasaría a dibujar un relato sobre la marginación política y social que los rusos estaban viviendo desde el Maidán en Ucrania, señalando con todo lujo de detalles técnicos, en los que no se va a ahondar, los mecanismos que la OTAN estaba poniendo en práctica para su asimilación, su rearme, el impulso de sus programas militares y los puntos acordados entre Rusia y la OTAN, también en el marco de la OSCE.

[El gobierno] ya no actúa con capacidad nacional y empuja constantemente a Ucrania a perder su soberanía. La política para erradicar la lengua y cultura rusas y promover la asimilación continúa. La Rada ha generado un flujo constante de proyectos de ley discriminatorios, y la ley sobre los llamados pueblos indígenas ya entró en vigor. Las personas que se identifican como rusas y quieren preservar su identidad, idioma y cultura están recibiendo la señal de que no son deseadas en Ucrania. [...] Bajo las leyes de educación y con el idioma ucraniano como idioma estatal, el idioma ruso no tiene cabida en las escuelas ni en los espacios públicos. [...] Ucrania ha superado a sus amos occidentales al inventar sanciones contra sus propios ciudadanos, empresas, canales de televisión, otros medios de comunicación e incluso miembros del Parlamento. Kiev continúa preparando la destrucción de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú. [...] En marzo de 2021, se adoptó una nueva estrategia militar en Ucrania. Este documento está dedicado casi en su totalidad a la confrontación con Rusia y establece el objetivo de involucrar a estados extranjeros en un conflicto con nuestro país. […] Establece los contornos de una potencial guerra que debería terminar, según los estrategas de Kiev, «con la asistencia de la comunidad internacional en términos favorables para Ucrania», así como, escuche con atención, por favor, «con apoyo militar extranjero en la confrontación geopolítica con la Federación Rusa». De hecho, esto no es más que una preparación para las hostilidades contra nuestro país, Rusia. […] Ya se ha dicho hoy que Ucrania tiene la intención de crear sus propias armas nucleares. […] Ucrania tiene la tecnología nuclear creada en la época soviética y los vehículos de transporte para dichas armas, incluidas las aeronaves, así como los misiles tácticos de precisión Tochka-U de diseño soviético con un alcance de más de 100 kilómetros. [...] Solo podemos reaccionar ante este peligro real. [...] Ya se ha adoptado una ley que permite que las tropas extranjeras vengan a Ucrania en 2022 para participar en ejercicios. Se trata principalmente de tropas de la OTAN. Este año están previstos al menos diez de estos ejercicios conjuntos. [...] Permítanme recordarles que en la cumbre de la OTAN de Bucarest de abril de 2008, Estados Unidos impulsó una decisión según la cual Ucrania y, por cierto, Georgia se convertirían en miembros de la OTAN. [...] Intentan convencernos una y otra vez de que la OTAN es una alianza pacífica y puramente defensiva que no representa una amenaza para Rusia. Una vez más, quieren que creamos en su palabra. Pero somos muy conscientes del valor real de estas palabras. En 1990, cuando se discutió la unificación alemana, Estados Unidos prometió a los líderes soviéticos que la jurisdicción o la presencia militar de la OTAN no se expandiría ni una pulgada hacia el este y que la unificación de Alemania no conduciría a la expansión de la organización militar de la OTAN hacia el este. Esto es una cita. [...] Además, voy a decir algo que nunca he dicho públicamente, lo diré ahora por primera vez. Cuando el entonces presidente saliente de Estados Unidos, Bill Clinton, visitó Moscú en el año 2000, le pregunté cómo se sentiría Estados Unidos al admitir a Rusia en la OTAN. No revelaré todos los detalles de esa conversación, pero la reacción a mi pregunta fue, digamos, bastante contenida, y la verdadera actitud de los estadounidenses ante esa posibilidad se puede ver en sus pasos posteriores con respecto a nuestro país. Me estoy refiriendo al apoyo abierto a los terroristas en el Cáucaso norte [Chechenia], el desprecio por nuestras demandas y preocupaciones de seguridad, la continua expansión de la OTAN, la retirada del Tratado ABM, y demás. Esto plantea la pregunta: ¿por qué? ¿De qué trata todo esto, cuál es el propósito? Está bien, no quieres vernos como amigos o aliados pero, ¿por qué convertirnos en enemigos? Solo puede haber una respuesta: no se trata de nuestro régimen político ni nada por el estilo. Simplemente no necesitan un país grande e independiente como Rusia alrededor. Esta es la respuesta a todas las preguntas. (Vladímir Putin, presidente de Rusia, el 21 de febrero de 2022).

Quedaba clara la retórica de Putin con respecto a la expansión de la OTAN y la negativa a una amistad Rusia-OTAN, incluso en un periodo de fuerte transformación política y económica en la Rusia de los noventa de la mano de Occidente. Sin embargo, Putin apuntaba a calificar de «terroristas» a los grupos que Occidente pudiera plantearse apoyar en Chechenia, Crimea o el Donbás para lograr sus objetivos políticos. Que Estados Unidos tuviera sus objetivos e intereses en la desintegración del espacio postsoviético más allá de donde se produjo en los noventa, no implica la necesaria vinculación de cualquier movimiento nacionalista, a pesar de la existencia de islamistas verdaderamente fundamentalistas, con el «terrorismo». Esta es, con derecho propio, la etiqueta por excelencia para señalar sin mayores explicaciones políticas a los adversarios internos y externos no solo en Rusia. Pero es preciso entender cómo Rusia se sentía agredida no solo desde las revoluciones de colores, sino también desde la connivencia estadounidense con un problema tan grave como suponía una guerra dentro de su propio territorio, en referencia a la insurgencia de Chechenia. Por otro lado, el papel de títere en el que se sitúa a Ucrania no sería sino una estrategia discursiva rusa: ciertamente Ucrania se lanzó en brazos de la OTAN incluso aunque le negasen la adhesión, pero la influencia de los actores occidentales en Kiev tenía unos límites bien concretos, como se pudo ver en la negativa a implementar los Acuerdos de Minsk en términos de negociación directa con las repúblicas o de estatus especial para el Donbás. Tampoco se ajusta a las evidencias la afirmación de que Ucrania tuviera la intención de iniciar un rearme nuclear, aunque sí tendría las facilidades mencionadas. Tal posibilidad se barajaría en una eventual ruptura del Memorándum de Budapest que, aunque mencionado, no se puso realmente sobre la mesa, por lo que hay que entender las palabras rusas como muestra de que el temor a un posible ataque ucraniano sobre el Donbás, con visos de internacionalización si se permitía la relación Ucrania-OTAN, era real. En esto se asienta la «amenaza a la seguridad», tan denostada en Occidente, pero que debe entenderse desde la óptica rusa si se quiere hacer un análisis serio del porqué del estallido militar. La prueba de que no se trata, bajo ningún concepto, de una guerra fruto de las apetencias personales de un líder político está en la dilatación de los plazos hasta los ocho años desde la firma de Minsk, cuando todo pudo haberse realizado en el marco de la guerra del Donbás, reconvirtiendo el campo en un escenario georgiano. Rusia se negó a reconocer a las repúblicas entonces y, tras años de congelación diplomática que han permitido a Ucrania ganar tiempo en su rearme, se abordaba finalmente esta cuestión, con un amplísimo apoyo parlamentario, con estas palabras finales dentro de un discurso que evidenciaba que la crisis en ningún momento fue solo sobre el Donbás. Se ponía en jaque a toda Ucrania o, al menos, la existencia del Estado ucraniano moderno.

En el siglo XVIII , las tierras del litoral del mar Negro, incorporadas a Rusia como resultado de las guerras con el Imperio Otomano, recibieron el nombre de Novorossiya (Novorrusia o Nueva Rusia). […] Con respecto al Donbás, vemos que las élites gobernantes de Kiev nunca cesan de dejar clara públicamente su falta de voluntad para cumplir con el Paquete de Medidas de Minsk para resolver el conflicto y no están interesadas en una solución pacífica. Al contrario, están tratando de orquestar una blitzkrieg (guerra relámpago) en el Donbás, como fue el caso en 2014 y 2015. [...] Rusia ha hecho todo lo posible para preservar la integridad territorial de Ucrania. Todos estos años, ha presionado persistente y pacientemente por la implementación de la Resolución 2.202 del Consejo de Seguridad de la ONU del 17 de febrero de 2015, que consolidó el Paquete de Medidas de Minsk del 12 de febrero de 2015, para resolver la situación en el Donbás. Todo fue en vano. [...] En este sentido, considero necesario tomar una decisión largamente retrasada y reconocer de inmediato la independencia y soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Me gustaría pedir a la Asamblea Federal de la Federación Rusa que apoye esta decisión y luego ratifique el Tratado de Amistad y Asistencia Mutua con ambas repúblicas. Estos dos documentos serán preparados y firmados en breve. (Vladímir Putin, presidente de Rusia, el 21 de febrero de 2022).

Así terminaba el histórico discurso de Vladímir Putin del día 21, exactamente ocho años después de la salida que comenzó el golpe de Estado contra Víktor Yanukóvich que provocó su salida del país el 21 de febrero de 2014. Más allá de que es evidente que Rusia, por apoyar el marco de Minsk, no estaba buscando garantizar la integridad territorial de Ucrania, sino sus intereses políticos en un territorio unificado o no, y que no dudó en anexionar Crimea ante la posible pérdida de dichos intereses, no deja de ser relevante leer estos fragmentos seleccionados de entre un extenso y denso discurso que abarcaría en torno a una hora de declaraciones de intenciones —referencia a la herencia novorrusa—, política, intereses, guerra e historia.

El siguiente paso, realizado prácticamente tras la publicación del vídeo del discurso en diferido, sería firmado, de hecho, al mismo tiempo que los reconocimientos de independencia: el Tratado de Amistad y Asistencia Mutua. Desde el momento en que se reconocía la independencia de los territorios ya no había vuelta atrás. El reconocimiento traía muchas incertidumbres y solo dos certezas: el final de los Acuerdos de Minsk, al menos en su forma conocida hasta entonces, y el inminente estallido de una fase diferente y posiblemente superior de la guerra en el Donbás. La asistencia mutua se firmaba para dar una base legal a la entrada de tropas rusas en Donetsk y Lugansk, especialmente cuando los líderes rusos, tras un periodo de ambigüedad, decidieron asegurar que el espacio reconocido abarcaba la totalidad de los oblast de Donetsk y Lugansk. La aprobación de los acuerdos fue unánime entre los parlamentarios presentes. Esto significa que las tropas rusas podían y debían, de ser llamadas, entrar en ambos territorios para protegerlos de la presencia extranjera no deseada, en este caso la ucraniana.

La Rada ucraniana, por su parte, condenó el reconocimiento de las repúblicas, apremió a desconectar a Rusia del sistema de pagos internacional, pidió ayuda a Occidente para el fortalecimiento de su capacidad defensiva —un mayor armamento—, llamó a que ningún país reconociera a las repúblicas, señaló a Rusia como parte del conflicto y como agresor, y recalcó la integridad territorial ucraniana llegando a Crimea y al Donbás. Ciertas figuras relevantes solicitaron romper las relaciones diplomáticas con Rusia. Durante los días de «entreguerras» —permítase la licencia—, entre el 21 y el 24, los líderes del Donbás harían sendos llamados a la retirada de Ucrania no solo del territorio controlado por las repúblicas que hasta el momento reivindicaban, sino de la totalidad de los oblast.

El día 22, el presidente Putin pedía al Consejo de la Federación Rusa (Cámara Alta) una autorización para una operación militar. Los senadores concedieron el permiso, de nuevo por unanimidad, para el despliegue de las fuerzas armadas fuera del territorio de Rusia, otorgando a Putin autoridad absoluta para decidir el número de tropas, el lugar de su despliegue y la duración de este. No se sabía exactamente cuándo ni en qué escala, pero ahora sí que sería inminente la invasión.

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DESMONTANDO LA OPERACIÓN MILITAR

L a construcción de un pretexto legal paralelo al que sostenía sobre el papel el resto de la comunidad internacional otorgaría a Rusia una legitimación interna para el ingreso de tropas en las repúblicas del Donbás, del mismo modo que en el caso de Crimea los procedimientos legales de anexión solo habían sido reconocidos hasta entonces por Moscú —con apoyos a la validez del referéndum desde varios puntos más—. Ningún país del mundo seguía a Rusia en el reconocimiento de Donetsk y Lugansk, aunque algunos mostraban su apoyo al movimiento de reconocimiento ruso y se abrían a seguirles en el mismo, con Siria y Bielorrusia a la cabeza. El hecho de que esta dinámica se diese en solitario situaba a Moscú ante tres opciones: una operación militar limitada, una operación extendida a la totalidad del territorio ucraniano o una entrada en territorio no controlado por Kiev, que abría el debate acerca de si se estaba ante una invasión. Y Rusia no podía contar con un apoyo externo a nivel militar tras las dudas expresadas desde Asia Central y la que sería una escalada con Occidente sin precedentes desde la Guerra Fría. Por lo tanto la firma de los Tratados de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre Rusia y las repúblicas, como accesorio en los documentos de los reconocimientos, sería el punto clave que pasaría de soslayo pero daría la certeza de que, ahora sí, tendría lugar una intervención militar rusa, al menos, en el Donbás. No sería extraña la firma de este tipo de acuerdos dada la similitud terminológica que se estaba empleando en los documentos con respecto a los rubricados con Osetia del Sur y Abjasia. Además, Azerbaiyán firmaría esa misma semana un acuerdo de alianza —al margen de la CSTO donde figuraba Armenia— que incluía cláusulas de asistencia. Existían dudas con respecto a la intervención en el Donbás, el que parecía el siguiente paso lógico, especialmente en torno al cariz estratégico de esta operación: Rusia, en su ordenamiento bilateral con el Donbás y paralelo a lo que la comunidad internacional reconocía, disponía de un mandato para defender Donetsk y Lugansk. Sin embargo, ambas repúblicas no controlaban la totalidad del territorio que reconocían en sus respectivos textos constitucionales: la totalidad de los oblast reconocidos por Ucrania. Esto abría la posibilidad a, al menos, tres escenarios bélicos:

Rusia intervendría en el territorio controlado por las repúblicas de Donetsk y Lugansk como parte de su acuerdo de asistencia militar cruzada. La simple entrada podría ser calificada de invasión por cualquier país que reconociera la integridad territorial de Ucrania bajo las fronteras anteriores a 2014. Sin embargo, este escenario podría no implicar una escalada de la guerra si se interpretaba que se estaba ingresando en territorio no controlado por Kiev. La escalada desde este escenario debía llegar por un ataque ucraniano o por un salto al segundo escenario por parte de Rusia.

Rusia intervendría en el territorio controlado por las repúblicas de Donetsk y Lugansk como parte de su acuerdo de asistencia militar cruzada para avanzar y defender todo el oblast, como indicaba el mandato de defensa de la integridad territorial contemplado en el acuerdo en referencia al suelo reconocido por sus respectivas constituciones. En este contexto, Lugansk y Donetsk llamarían a las fuerzas centrales de Ucrania a retirarse del territorio que reclamaban en el oblast los días 22 y 23 de febrero, respectivamente. Si Rusia entraba en el Donbás para ampliar las fronteras de la línea de contacto, su pretexto legal paralelo serviría para iniciar una guerra limitada con Ucrania. Tres serían las ciudades importantes en juego en este escenario: Kramatorsk, Sloviansk y Mariúpol (todas en Donetsk). La presumible respuesta bélica o interpretativa del alcance de esta operación podría fácilmente llevar a una guerra abierta entre Ucrania y Rusia, puesto que entraría en juego territorio controlado por Kiev. La retórica de respuestas cruzadas, incluso a nivel de las rupturas del alto el fuego registradas durante el último año, podría servir perfectamente como pretexto para una invasión a gran escala. En este escenario sería necesaria la ruptura explícita de los Acuerdos de Minsk y, potencialmente, una ruptura de relaciones entre ambos países y una declaración de guerra tras cualquier choque inicial, movimiento del frente o ataque cruzado —incluso con falsas banderas—.

Rusia intervendría en el territorio controlado por las repúblicas de Donetsk y Lugansk, pero también en territorio no controlado por las mismas dentro y fuera del Donbás. Una invasión a más territorio ucraniano fuera del Donbás quedaría fuera del mandato legal paralelo que se concedieron Rusia y las repúblicas. Por lo tanto, debía ir acompañada de una declaración de guerra con el componente propagandístico adecuado si no se traducía previamente en un ataque ucraniano sobre territorio ruso. Tras varias acusaciones sin demostrar de bombardeos contra el oblast ruso de Rostov el día 19 de febrero, tampoco se habría accionado esta estratagema. La estrategia de apostar por una intervención en territorio reconocido por Rusia como ucraniano hasta ese momento incluía diversas posibilidades subsidiarias, destacando la toma completa del país —con o sin ocupación—, la toma parcial del este del país, la toma parcial del sur del país y la toma parcial del sur y el este del país. Tres serían, entre muchas otras, las ciudades más importantes en juego en este escenario: Kiev, Járkov y Odesa; así como el territorio de Jersón para solventar problemas de conexión de Crimea. La dificultad de este escenario se escenificaba en la división poblacional interna —a falta de un censo fiable desde 2001—, representando el oeste la mayor resistencia a una posible ocupación rusa.

En ningún caso se podía decir que la invasión rusa de Ucrania comenzase en 2022 si se apostaba por un reconocimiento de la soberanía de Kiev sobre Crimea, Sebastopol, Donetsk y Lugansk. Lo que comenzaba era una nueva dimensión y escala de dicha invasión. Dado que, a pesar de las declaraciones de Aleksandr Lukashenko, ningún país del mundo había reconocido la soberanía rusa de Crimea —ni la del Donbás—, cualquiera de los tres escenarios acarrearía una extensión de la invasión y no un inicio. Incluso para Rusia no podría ser negada la concepción de la invasión al no haberse producido en el marco de su reconocimiento de los cuatro territorios —dos anexionados y dos de reciente reconocimiento no anexionados—, sino en el contexto de una enmienda no formalizada a la totalidad del Estado ucraniano. Dicha enmienda fue expresada con extenso detalle en el histórico discurso de Vladímir Putin del día 21 de febrero. Finalmente, Rusia apostaba por el tercer escenario, pero bajo el paraguas legal del reconocimiento, que servía para los dos primeros escenarios. De modo que la operación militar requería de una vuelta sobre la estrategia del reconocimiento. No se apostaba por una justificación en base a la situación del Donbás, mencionado apenas en los minutos finales del discurso de Putin el día 21. Se apostaba por ir más allá del pretexto del que se servía Moscú a cuenta del supuesto genocidio que estarían constituyendo los, por otra parte ciertos, ataques masivos del gobierno de Ucrania. Las fuerzas de Kiev llevaban años realizando, junto a grupos nacionalistas y grupos de extrema derecha ataques contra las repúblicas del Donbás, negándose al mismo tiempo a dialogar con cualquier interlocutor proveniente de ellas y a implantar los acuerdos firmados en Minsk. Otro pretexto de Rusia sería la «desnazificación» de Ucrania. Este elemento sería engañoso. Efectivamente, la Ucrania post-Maidán había amparado y tolerado, incluso espoleado, a grupos neonazis, había integrado parcialmente a milicias de extrema derecha en la Guardia Nacional o el ejército regular, había eliminado elementos históricos del pasado soviético y tolerado homenajes a colaboracionistas nazis. Pero no es menos cierto que Rusia también se había apoyado en grupos nacionalistas y de extrema derecha durante la guerra en el Donbás y que su retórica durante el discurso del día 21 fue eminentemente anticomunista. De hecho, el líder del Partido Comunista de la Federación Rusa, Guennadi Ziugánov, criticaba al día siguiente la persecución en Rusia contra los miembros de su partido, líder de la oposición. El movimiento por la «desnazificación» de Ucrania buscaba un apoyo interno con un mensaje visceral que calase entre la población rusa, que tenía imbuida la lucha heroica de la Unión Soviética contra la Alemania nazi en el imaginario colectivo. A pesar de las imágenes que se verían de banderas soviéticas en la operación, no simbolizaban el socialismo e internacionalismo obrero, sino el nacionalismo soviético e, incluso, el nacionalismo ruso.

¡Es necesario detener la caza de brujas! […] Continúan las detenciones de nuestros compañeros en todo el país. ¡Es una política estúpida […] seguida por personas anticomunistas y antisoviéticas! (Guennadi Ziugánov, líder del Partido Comunista de la Federación Rusa).

La clave de la construcción del pretexto, una vez se apostaba por que el relato fuera eminentemente interno, sería la desmilitarización de Ucrania. Esto se debía traducir en una claudicación del gobierno de Kiev, ya fuera mediante su caída y sustitución por otro más proclive a la negociación de los puntos propuestos por Rusia o mediante un acuerdo. Los términos de un posible acuerdo para parar la guerra se podrían negociar solo bajo una cesión mayor al sector que lleve el momentum de la guerra en dicho punto de las conversaciones. Si la superioridad militar rusa permite que Moscú disponga de dicho momentum en el caso de llegar a un acuerdo, este les sería más beneficioso que Minsk II.

Rusia negó su intención de ocupar Ucrania y aseguró que se retiraría una vez alcanzase sus objetivos políticos, que le fueron negados con la no implementación de los Acuerdos de Minsk y con la negativa de Estados Unidos a ofrecer un paquete político más allá de las propuestas técnicas y conceptuales de enero y febrero. Sin embargo, la ocupación de Ucrania, aunque fuera durante el tiempo que durase la consecución de dichos objetivos, sería inevitable al menos en importantes zonas del sur o el este del país. De hecho, como se pudo ver, cuando se produjo el levantamiento del Donbás contra la Ucrania del Maidán se intentarían constituir organismos similares a la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk en Járkov y Odesa. En los primeros estadios de la guerra, Zelenski se abriría a tratar cuestiones como la neutralidad, al tiempo que se exigirían altos al fuego, retirada de tropas y, desde Occidente, se produciría un apoyo armamentístico sin precedentes.

El pretexto de la entrada se gestaba ya desde el discurso de Vladímir Putin, cuando hizo referencia a perseguir a los perpetradores de la masacre de Odesa durante el Maidán. Teniendo en cuenta la situación excéntrica de Odesa en torno al mar Negro y la frontera con Transnistria, la vía sur parecía una posibilidad. Todo ello retrotraía a un pensamiento barajado desde la escalada retórica del conflicto y la misma presentación de los borradores de acuerdo por un nuevo concierto de seguridad entre Rusia y la OTAN, así como entre Rusia y Estados Unidos en diciembre de 2021. Y ese precepto se movería en torno a que el conflicto iba más allá del Donbás. La enmienda a la totalidad se reflejaba en el cuestionamiento que tanto Vladímir Putin el día 21, como Serguéi Lavrov el día 22 argumentaban en referencia al derecho a la soberanía de Ucrania.

El derecho a la soberanía debe observarse solo en relación con los estados que representan a todas las personas que viven en su territorio. Ucrania no ha sido uno de ellos desde 2014. (Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia).

Esta mención velada a la discriminación institucional y sistemática de los gobiernos nacionalistas ucranianos post-Maidán hace referencia a cómo evolucionó dicho apoyo de los acérrimos a la causa nacional desde la época del Movimiento Naranja y el gobierno de Yulia Timoshenko hasta el cisma ortodoxo en la autocefalia de la Iglesia ortodoxa ucraniana o las leyes lingüísticas. En este sentido, Rusia adoptó la posición de ilegitimidad ucraniana con respecto a la gobernanza de su pueblo por hacer un enfoque nacional frente a uno estatal entre el mismo. Al quedar fuera del contrato social los ciudadanos de habla rusa, húngara y otras minorías, Rusia consideró un nuevo pretexto para confrontar al gobierno ucraniano el mantenimiento de un sistema de poder ilegítimo desde 2014. Durante los primeros estadios de la guerra, incluso se llegaría a llamar desde Moscú a un golpe de Estado militar para derrocar a Zelenski y apostar por un perfil que pudiera servir de interlocutor válido en el arreglo político, entendido este como un perfil de enfoque estatal para toda la población de Ucrania y no solo para los étnicamente ucranianos. Además, en el contexto de la guerra del Donbás, Rusia señalaría una polémica interpretación de las víctimas del lado de las repúblicas de Donetsk y Lugansk: el genocidio. Evidentemente el contexto étnico, en tanto que lingüístico y cultural, sería el detonante de una guerra que respondía a los violentos cambios de poder centrales y a una política discriminatoria contra las minorías desde el primer día de gobierno del Kiev post-Maidán. Pero no por tener orígenes culturales y diferencias étnicas se puede establecer una correlación con que haya evidencias de persecución por este motivo a las víctimas del bando prorruso, más allá de la cuestión política. Menos claro aún quedaría si se tomaba en consideración que eran interpretaciones rusas las que no hacían tan sustanciales las diferencias culturales, atendiendo al pretendido sentimiento de pueblo único ruso, bielorruso y ucraniano. La ruptura del Donbás en dos bandos ya diferenciados política y militarmente, también mediante milicias nacionales, producía muertes que sí se establecían por bandos culturales, pero su persecución mutua era ya una cuestión política que intentaría solucionarse mediante los Acuerdos de Minsk. Y estos acuerdos eran eminentemente políticos y militares. Si el arreglo político podía frenar los choques, el conflicto era eminentemente político, detrás de un fuerte pretexto étnico con base en realidades político-sociales. A pesar de la discriminación cultural y política, no hay evidencias de que la motivación de Kiev fuera un exterminio de la población rusa o rusófona ucraniana. Del mismo modo, aunque las muertes del lado controlado por Kiev sucedían igualmente durante los ocho años de guerra en el Donbás, no sería hasta la entrada rusa cuando oficialmente Ucrania denunciaría un genocidio por parte de Moscú. De nuevo, ambas aseveraciones encajarían, al menos, en aquel estadio de la guerra, en la propaganda interna. Las muertes en un conflicto bélico no tienen por qué conllevar un ánimo de exterminio. De hecho, en los años de lucha del Donbás se produjeron periodos de baja intensidad y al situarse el frente en mitad de dos oblast, quedaron familias separadas. No es una situación comparable, por ejemplo, al genocidio de la región de Tigray, Etiopía, donde las persecuciones tenían un claro enfoque étnico incluso contra elementos a ambos lados del frente pero con correspondencia a la entidad nacional rival. En ese escenario cabían interpretaciones más amplias sobre un exterminio o, al menos, una limpieza étnica. Tampoco sería comparable por aquel entonces a los procesos de discriminación étnica de Cisjordania, más asimilables a una limpieza étnica. Pero siguiendo esa línea, independientemente del saldo final de víctimas que dejase la guerra de Ucrania, el ánimo de entrada de Rusia no parecía ser el exterminio. Rusia adoptó inicialmente una política alejada de su doctrina militar basada en el uso masivo de la artillería y la aviación, no apostó por numerosos contingentes en las grandes ciudades y quiso evitar imágenes de masacres civiles que supusieran la ruptura definitiva a nivel social, porque el escenario posterior podía requerir algún tipo de ocupación temporal. La apuesta era de avance desorganizado, asedio de los principales núcleos urbanos y negociación de una rendición que, según los planes iniciales, sería temprana simplemente ante la imagen de la invasión y el avance veloz. Es importante entender que, aunque la maquinaria occidental lograse llevar a Putin a los tribunales internacionales, una masacre no tiene por qué constituir un genocidio. Así que, aunque posteriormente, con el estancamiento de las perspectivas rusas en el conflicto, se cambiase la estrategia militar hacia una intensificación que retrajo el fantasma de devastación total de Grozni, el ánimo del exterminio no estaba entre los objetivos. El pretexto de que Ucrania estaba perpetrando un genocidio en el Donbás tampoco se correspondía con los hechos. Y la banalización del concepto del genocidio continuaría después de la grave crisis política que se vivía en países como Bosnia y Herzegovina por su uso político durante la posguerra.

Una vez expuestos los pretextos de la militarización, la «nazificación», la discriminación étnica y lingüística y el genocidio, cabe señalar que, como se ha visto durante el intenso periodo diplomático de los meses anteriores, el factor decisivo que planteaba Moscú para frenar la escalada no era necesariamente un cambio en el paradigma mundial. Aunque la línea roja se había situado desde el Kremlin en la no expansión de la OTAN hacia el este, y Rusia no se contentaba con la contrapropuesta técnico-conceptual de Washington, había una demanda no escrita en los borradores que habría permitido desescalar sustancialmente mientras se posponía el debate de la presión atlantista en todo el entorno ruso. Y esa demanda no escrita realmente llevaba varios años firmada por los países que debían implementarla: los Acuerdos de Minsk. El pretexto de la militarización ucraniana estaba estrechamente relacionado con esto. Este es el único de los motivos que realmente había sido mencionado durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, mientras los demás comenzarían a coger fuerza en febrero de 2022.

Entre las propuestas de un nuevo concierto de seguridad para el este se encontraban algunas de difícil consecución, como la práctica desarticulación de la infraestructura militar de los países que formaban parte de la OTAN previamente a 1997, en el territorio de los que entraron a formar parte después, o la posibilidad de despliegues de los primeros en los segundos. Este práctico desmantelamiento de la OTAN, cuya razón de ser seguía residiendo, como en la Guerra Fría, en frenar la influencia rusa en el Viejo Continente, fue apoyado por China. Esta propuesta en torno a un nuevo concierto de seguridad en Europa del este, así como la no expansión de la OTAN, era casi imposible que fuese garantizada, como señalaba el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. Estados Unidos lanzaba un peligroso mensaje de incertidumbre e incredibilidad. Sin embargo, Rusia cometía un error al plantear que Kiev era un títere de Washington. La apuesta final de febrero por que las propuestas de seguridad fueran entendidas como un paquete, y no seleccionadas a conveniencia desde la Casa Blanca, se interpretó como cerrazón rusa en torno a su carácter maximalista y no a lo que de verdad representaba, el ánimo de que se incluyera una respuesta política. Y esa respuesta política podía ser Minsk, ya que era un marco válido tanto para Moscú como para París y Berlín. Ante la ineficacia de las capitales europeas en avanzar con su implementación —quien debía hacerlo era Kiev—, Moscú acudía directamente a Washington, considerando a Kiev poco menos que un títere. Ahí residía el error. Washington no se comprometió con un arreglo político entrando en los formatos garantes de Minsk, pero aunque lo hubiera hecho si la invasión no hubiera llegado, era Kiev quien tenía que implementarlo. Y Kiev no iba a implementarlo. El gobierno ucraniano no podía permitirse aplicar los Acuerdos de Minsk «bajo la interpretación rusa», como ellos mismos decían poco antes de la invasión. Kiev tenía sus particularidades e intereses locales, sobre los que Washington podía presionar, pero cuyo resultado no podía subvertir. Si Kiev aplicaba unas elecciones locales en el Donbás y les daba un poder de veto, con un nuevo estatus —potencialmente federal— y consagrado en la Constitución, los nacionalistas habrían vuelto a las calles. Por lo tanto, el pretexto de la invasión no sería necesariamente político, pero los verdaderos motivos y objetivos que subyacían sí serían de carácter político.

El cumplimiento de los Acuerdos de Minsk significaría la destrucción del país. Cuando fueron firmados bajo el cañón de un arma rusa —y los alemanes y franceses mirando— estaba claro para todas las personas racionales que era imposible implementar esos documentos. […] Si insisten en el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk según están, será muy peligroso para nuestro país. Si la sociedad no acepta esos acuerdos, eso podría llevar a una situación interna muy difícil y Rusia cuenta con ello. (Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania).

Una vez visto que la implementación de los acuerdos era prácticamente imposible desde Kiev, al menos en su vertiente política y bajo lo que denominaban «interpretación rusa» de los mismos, cabe señalar que una interpretación «ucraniana» que supusiera la reintegración de las repúblicas con mayor autonomía, pero no un poder de veto federal, no habría impedido que los rusos y rusófonos ucranianos recuperasen el derecho al voto e influencia política. En una Ucrania con los prorrusos —o partidarios de mantener buenas relaciones con Rusia— integrados en su sistema político-social se corría el riesgo de que, como durante la pugna entre Víktor Yúshchenko y Víktor Yanukóvich, se rechazase el acercamiento a la OTAN y la UE tras unas elecciones democráticas. Kiev no se podía permitir prescindir de los prorrusos ni integrarles en el sistema político. El peso político de Donetsk y Lugansk, sumado al de otras regiones como Járkov, Odesa o Crimea podía servir para esa clase de balances, incluso con gobiernos en cohabitación como el Yúshchenko-Yanukóvich tras la ruptura Yúshchenko-Timoshenko en su primer gobierno. Pero Crimea en ningún caso estaba en las negociaciones para la reintegración y, sin estos sectores, los nacionalistas ucranianos tenían garantizada la primacía política. Tanto Petro Poroshenko como Volodímir Zelenski prometieron el fin de la guerra con el este, pero ambos acabaron necesitando ampliar su base política apoyándose en los nacionalistas. Esto se demuestra con la pervivencia en ambos gobiernos del ministro de Interior, Arsén Avákov, quien tenía un trato directo con los grupos paramilitares nacionalistas. Ucrania es un país muy complejo, y se desequilibra si cae una de las piezas. Y con el Donbás ya se habían caído tres piezas del lado rusófilo. Grupos nacionalistas, mucho más radicalizados tras el Maidán, presionaban por la no implementación de los Acuerdos de Minsk, pero también por la no concesión de la independencia al Donbás, sino por una reintegración —incluso por la fuerza, componiendo la vanguardia del frente en la línea de contacto— sin cambiar la política nacionalista que había llevado a la ruptura del contrato social este-oeste. Esto se podía traducir en que los nacionalistas ucranianos querían la sumisión de los rusos y los ucranianos rusófonos.

Ante esta flagrante constatación de que los Acuerdos de Minsk no se cumplirían, con el empuje nacionalista aún fuerte y el riesgo de Rusia de encontrarse con el enésimo conflicto congelado en sus fronteras, Moscú tomó la decisión de apostar cuanto antes por el final de este problema. En 2021 comenzó a presionar cada vez más, con tropas desde los ejercicios de abril, y de nuevo en diciembre hasta lograr, exitosamente, que Joe Biden cambiara sus prioridades geopolíticas de pivotar cuanto antes hacia Asia-Pacífico para reunirse con Putin a hablar de la seguridad de Europa. Ante la creciente asertividad occidental, la militarización de Ucrania y la modernización que proponía entre sus fuerzas armadas; Rusia mostraba temor con un posible vuelco en la situación del Donbás por una operación como la que Kiev lanzó en 2014, una posible intervención de este calado también en Crimea e incluso la posibilidad creciente de que se promocionase una revolución de colores en la misma Rusia. Esa guerra que, bajo la óptica de Moscú, podía llegar más tarde o más temprano, debía ser atajada en un periodo en el que Putin aún no tuviera que realizar su trascendental transición en el poder, por la lejanía del periodo electoral y, donde muy probablemente, se despediría de la política. En Rusia existe un miedo a las transiciones convulsas por los desastres sociales que han desatado históricamente, desde la Smuta del siglo XVII hasta el Putsch de Moscú en el siglo XX . La desmilitarización, por lo tanto, sí era un pretexto realista dentro de que el objetivo inmediato seguía siendo ese arreglo político —certificado muerto por las autoridades ucranianas— y el objetivo de fondo sería un concierto de garantías de seguridad para Europa que nadie podía realmente asegurar a Moscú en un tratado más que la propia Ucrania mediante su cambio interno.

Vladímir Putin había realizado las comentadas consultas con sus ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov, para saber si cabían aún posibilidades diplomáticas, y de Defensa, Serguéi Shoigu, para conocer el estado de los ejercicios militares. Tras la respuesta estadounidense a los borradores y la consecuente apuesta de Rusia por entender su propuesta como un paquete, el día 21 se reconocía la independencia del Donbás y, mientras los días 22 y 23 se esperaba y cocinaba una entrada de tropas de carácter potencialmente limitado, Rusia tomaba la decisión definitiva: la invasión de Ucrania.

Se ignoró la naturaleza del paquete de las propuestas rusas, de las cuales se eligieron deliberadamente temas «convenientes», que, a su vez, fueron «retorcidos» en la dirección de crear ventajas para Estados Unidos y sus aliados. (Respuesta de Rusia a la propuesta de Estados Unidos tras analizar los borradores sobre garantías de seguridad Estados Unidos-Rusia y OTAN-Rusia).

Ucrania cambió rápidamente la retórica de la no invasión que sostuvo durante meses contra las «falsificaciones» de la prensa occidental, hacia una línea dura de confrontación con Rusia. El día 23 declaraba el estado de Emergencia en todo el territorio —con la imposibilidad de su aplicación en territorios no controlados— para un mes prorrogable, llamaba a 36.000 reservistas, se pedía la salida de sus ciudadanos de Rusia de manera inmediata y se imponían restricciones a los civiles ucranianos. En las regiones fronterizas con Rusia y Bielorrusia se introducían prohibiciones como la libre circulación civil —salvo seguridad o agricultura— de vehículos fuera de las vías registradas hacia la frontera. Se prohibían eventos masivos, huelgas, producción y difusión de información desestabilizadora, con normas especiales para internet, y se autorizaban, de resultar necesarios, los toques de queda —de especial importancia en zonas limítrofes con Rusia y Bielorrusia— y las restricciones a la libre circulación. En la noche del día 23, Rusia publicaba que las repúblicas de Donetsk y Lugansk habían solicitado la tan anunciada asistencia militar a Moscú para «repeler la agresión de Ucrania». Y es que tras el reconocimiento, tanto Lugansk (día 22) como Donetsk (día 23) habían solicitado a Kiev que retirase sus fuerzas del territorio mayoritario que controlaban en el resto de los oblast. Desde ese momento, la entrada de tropas o «invasión», limitada o no, sería cuestión de tiempo. Reportes indicaban que se habría dado la orden a los soldados de las repúblicas de cortar el uso de comunicaciones convencionales, apostando por líneas seguras, según fuentes rusas. Tras ese momento, desde Donetsk llegaban reportes de cortes de las telecomunicaciones o la energía, potencialmente a causa de guerra radioelectrónica rusa. Poco tiempo después se cerraba el aeropuerto de Járkov, ante la posible interceptación de aviones de combate. Más tarde se cerraban las cámaras en Crimea y Belgorod —limítrofe con Járkov—, las entradas y salidas del aeropuerto de Dnipropetrovsk y se redirigían vuelos del este a Kiev, con el cierre sucesivo de aeropuertos menores como los de Zaporiyia y Jersón. Pero la noticia clave en la madrugada del día 24 sería el cierre de todo el espacio aéreo de la frontera entre Rusia y Ucrania por parte de Moscú hasta el 18 de mayo, lo cual indicaría que la guerra podría no limitarse al Donbás, sino abarcar todo el territorio ucraniano o, al menos, circunscribirse a un área del este o del sur más amplia que los oblast de Donetsk y Lugansk. La madrugada del día 23 al 24 de febrero de 2022, Vladímir Putin anunciaba la operación militar en Ucrania.

Las tropas rusas penetraban por, al menos, cuatro frentes que, posteriormente, se dividirían durante las siguientes semanas. Por el norte se entraba desde Bielorrusia hacia Kiev, con una fase intermedia de batalla por Chernígov al este del río Dniéper y otra —más exitosa con el paso de los primeros días— por Prípiat, Chernóbil e Ivankov en el margen oeste del río. Por el sur se entraba desde Crimea hacia el oblast de Jersón, con dirección a Mykolaiv por el oeste, a Zaporiyia por el norte y a Mariúpol por el este, con batallas por Melitópol y Berdiansk durante la primera semana. Por el noreste se entraba desde Bélgorod hacia Járkov y se abrían frentes que lo conectasen con Sumi y con Lugansk, estancándose inicialmente, para ir después hacia Brovary, en la periferia de Kiev desde el este. Y por el este se entraba desde el Donbás, con un frente en Lugansk que a duras penas conseguía rodear inicialmente algunas ciudades que aún no controlaban —Sievierodonetsk, Kramatorsk y Sloviansk— y otro en Donetsk que presionase al oeste hasta asediar Mariúpol. Uno de los objetivos clave de la ofensiva sería la toma de Járkov y de Odesa por el importante peso sobre la Ucrania con población de habla rusa, así como la toma de Kiev como llave maestra para el cambio de gobierno e incluso de régimen político. Es decir, los avances debían ir en consonancia no solo con una ocupación, sino con una implementación forzada de un arreglo político con posterior salida de las tropas rusas. Moscú negó su intención de realizar una ocupación del territorio ucraniano más allá de que se hubieran situado nuevas líneas rojas en torno al no retorno de Crimea y de la independencia del Donbás. La estrategia de Moscú de una victoria rápida, por asedio y rendición de las principales ciudades, encalló parcialmente.

Las negociaciones, entre la previsión de un mayor aunque más lento avance ruso, amenazarían con aumentar sus pretensiones políticas si no había un acuerdo a tiempo. Cada oblast que se pudiera tomar podría suponer la declaración de nuevas repúblicas si la intención del Kremlin fuera ampliar una potencial Novorrusia reunida o si fuera de su interés certificar el cercenamiento de la Ucrania postsoviética. Y si así fuera, serían prioritarias áreas estratégicas donde ya se hubiera izado la bandera rusa de la ocupación, empezando por Jersón, esencial para asegurar que Crimea no volvería a tener los problemas con el suministro del agua que sufrió durante años por el bloqueo ucraniano hasta la toma de la capital en marzo de 2022. Sin duda la estrategia de Rusia, hubiera o no intento de secesión, pasaba por demostrar a la población local de las regiones ocupadas que podían ofrecer unas condiciones mejores que Ucrania, de cara a lo que pudiera venir en el futuro. Ahí entrarían los envíos de ayuda humanitaria, la propaganda o los ofrecimientos de la restauración de servicios en condiciones ventajosas con Rusia. La guerra duraría más de lo previsto, pero las posiciones estratégicas quedarían claras hacia la segunda semana, tras ver los movimientos de ambos bandos entre los conatos de negociación de un alto el fuego, que comenzarían en Bielorrusia. Aquí residiría una de las claves: la disposición para pactar. Aunque la invasión ya suponía una ruptura con Minsk y los marcos establecidos, aún cabía margen amplio de escalada. La demanda rusa amenazaba con ir más allá de Crimea, Donbás, la desmilitarización y la neutralidad si Kiev no accedía cuanto antes a dichos términos. En ese escenario, Rusia planteaba la posible escalada en aplicación de su doctrina militar, como se vería pronto en la intensificación artillera en Járkov Chernígov o, especialmente Mariúpol. Rusia incluso aseguraba haber estrenado su capacidad de ataque con armas hipersónicas sobre Ucrania. La necesidad de no causar grandes bajas civiles ni destrucción masiva al estilo de Grozni era imperiosa para Moscú si quería poder establecer un poder político favorable a sus términos una vez terminada la guerra, por lo que sería de primordial interés ruso la consecución de los corredores humanitarios para disminuir el coste de un asalto con víctimas civiles. En frente tendría a los sectores nacionalistas ucranianos, que buscarían dificultar cualquier medida que facilitase un avance ruso, incluso las negociaciones y rendiciones. Sin embargo, el fracaso de una operación rápida volvía a poner, como en Chechenia, el incremento artillero sobre la mesa. Rusia debía considerar puntillosamente las ventajas que podría obtener de la destrucción de Járkov, Kiev o Mariúpol si se pretendía establecer la más mínima influencia en el Estado de posguerra, sea cual sea la forma que adopte. Kiev, por su lado, mantendría originalmente posiciones también con un cariz maximalista en las negociaciones, como era la salida rusa de todo el territorio, incluso de Crimea. Una vez sus capacidades armamentísticas se resintieran y Occidente siguiera denegando la posibilidad de un apoyo de la OTAN o un ingreso en la organización —si no podía ser durante la siguiente década, Ucrania pedía garantías bilaterales temporales—, la negociación política, especialmente sobre neutralidad, podría ser tomada más en serio desde Kiev.

Si Ucrania no tenía la posibilidad de acceder a apoyo militar directo extranjero, más allá de voluntarios y armamento ligero, su falta de disposición a negociar podría parecer contradictoria con su debilidad militar relativa. Pero la estrategia de Ucrania pasaba por dilatar y encarecer cualquier victoria rusa. La resistencia de las grandes ciudades del bando de Kiev, con fuerte apoyo de los sectores más nacionalistas, propició el estancamiento y posterior reorganización de Rusia para la realización de asaltos urbanos. La utilización de infraestructura civil como militar, elemento habitual en muchas guerras, les acarreó acusaciones de uso de los civiles como escudo humano. En ese punto, Rusia no dudó en atacar la infraestructura civil de manera muy intensa. Este escenario permitía a Ucrania ganar tiempo para internacionalizar el conflicto —pedidos de armamento pesado y zonas de exclusión aérea—, para incrementar la dureza y los efectos de las sanciones en dirección a una ruptura Rusia-Occidente y para evidenciar que Rusia intensificaría sus ataques sobre infraestructura civil. En esta empresa, el gabinete de Volodímir Zelenski jugaría un papel crucial con el resurgimiento de los grupos nacionalistas y con el apoyo de grupos neonazis como el Batallón Azov en Járkov o en el sitio de Mariúpol; el nombramiento de un gobernador del Batallón Aydar en Odesa para evitar negociaciones con Rusia o el asesinato de perfiles políticos y civiles proclives a las conversaciones con Moscú calificados de «traidores» o «equidistantes». Esta estrategia de dilatación de la guerra daría impulsos estratégicos a Kiev y a sus contactos occidentales, pero su vulnerabilidad armamentística recordaría que un escenario de victoria frente a Rusia seguiría siendo una posibilidad mínima espoleada por la prensa que aun así insuflaba ánimos en el frente. A pesar de los esfuerzos, la estrategia de encarecer cualquier victoria rusa hacía pensar en represalias si se producía la ocupación, ya que, como desvelaba el Washington Post , Estados Unidos estaba contemplando planes de contingencia para trasladar el gobierno de Kiev al exilio en Polonia, después de que Zelenski rechazase su marcha a Leópolis, en el oeste. De hecho, una de las opciones para crear sustento legal a dicha reclamación de legitimidad desde el exilio sería la resolución de la ONU contra la presencia rusa. Cada vez más voces en Occidente defendieron la conveniencia de apostar por un combate posterior a la guerra regular, más difícil de ganar sin posibilidad de intervención directa, y de que dicha posibilidad se tradujera en la financiación de una insurgencia ucraniana frente a la ocupación o de unas posteriores autoridades cercanas a Moscú. La formación de guerrillas rebajaría la ventaja relativa rusa y serían muy apropiadas para la guerra urbana y la insurgencia.

Habrá una guerra partisana, habrá resistencia. Así que, incluso si cae Kiev, eso no significaría el final de la guerra. (Artis Pabriks, ministro de Defensa de Letonia).

A pesar de que la guerra no empezase en 2022, sino que supusiese una nueva fase internacional de la guerra desatada tras el Maidán, el final de la operación rusa tampoco tendría por qué suponer el final de la guerra. La paralización de las hostilidades sin un arreglo político implantado de manera efectiva fue un balón de oxígeno a nivel bélico en 2015, pero fue un error cometido por las partes en los Acuerdos de Minsk, ya que no terminaría el problema. Un final de la guerra ruso-ucraniana sin un nuevo contrato político y social en Ucrania, en la forma que esta tome a continuación, convertiría en continuo un periodo de insurgencia y desestabilización hasta un siguiente estallido. Uno de los escenarios de escalada trataba de ser sorteado con la OTAN no ofreciendo un apoyo cerrado a una insurgencia ni a medidas militares que supusieran el más mínimo choque directo con Rusia, ante el riesgo de desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, el impulso belicista dado por el cierre de filas occidental, alentaba algunas posibilidades mencionadas como la consideración polaca de una intervención ante el uso de armas químicas o la financiación de una insurgencia que pudiera ganar la guerra en el estadio de resistencia durante una ocupación o un potencial gobierno satelital prorruso. Entre ellos, Hillary Clinton representaba una época, la del momento unipolar de intervenciones como la de Yugoslavia durante el periodo presidencial de su marido y la de Libia durante su etapa como secretaria de Estado ya plenamente en funciones. A pesar de haber reconocido previamente sus errores en la financiación descontrolada de grupos que devendrían en Al-Qaeda y sus múltiples marcas, Clinton justificaba dicho tipo de armamento de insurgencias por su éxito en el derribo del gobierno socialista de Afganistán y el atolladero en que la Unión Soviética encallaría para dar apoyo a los sectores que le eran favorables en el gobierno. Dicha intervención fue calificada de invasión, pero el modelo de desestabilización insurgente, cuyo éxito sentó cátedra en el operativo estadounidense, permitiría analizar situaciones posteriores bajo un prisma similar, como si el mundo no hubiera cambiado en décadas y los contextos fueran comparables. El descontrol posterior de los movimientos insurgentes no parece ofrecer menoscabo a las pretensiones de victoria política inmediata. Y así se sigue expresando el liberal internacionalismo intervencionista que representa Clinton para Ucrania ante el descarte de una intervención directa de la OTAN o alguno de sus miembros.

Los rusos invadieron Afganistán en 1980. Y aunque ningún país entró, contaron con muchos países suministrando armas […] para combatir a Rusia. No acabó bien para los rusos. Como sabemos, hubo otras consecuencias indeseadas. Pero el hecho es que una insurgencia motivada, financiada y armada básicamente expulsó a los rusos de Afganistán. […] Creo que ese es el modelo que la gente está mirando ahora. Y si puede haber suficiente armamento para ingresar —y debería poder entrar por alguna de las fronteras con Ucrania— y mantener tanto a los militares como a los ciudadanos ucranianos abastecidos, eso podría obstaculizar a Rusia. (Hillary Clinton, secretaria de Estado entre 2009 y 2013).

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UCRANIA VENDIDA

Quiero ser claro: defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN con todo el poder de una OTAN unida y galvanizada. Pero no libraremos una guerra contra Rusia en Ucrania. Una confrontación directa entre la OTAN y Rusia sería la Tercera Guerra Mundial. Y es algo que debemos esforzarnos por evitar.

JOE BIDEN , presidente de Estados Unidos, marzo de 2022.

H ay una diferencia muy clara en la estrategia de armamento occidental a Ucrania en función del momento de la crisis. Mientras que los grandes envíos han ido llegando para fortificar la política de armamento que, también desde el lado ucraniano, se estaba llevando a cabo en el Donbás, muchos países occidentales daban apoyo bajo una actitud retóricamente calificada de «defensiva». En pleno proceso diplomático, mientras Rusia apostaba por la coerción durante las conversaciones, Occidente se decidía por subir la apuesta. Desde diciembre llegarían esos primeros grandes paquetes dentro del marco de la crisis de 2021-2022, especialmente desde países como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, pero también desde República Checa, Estonia o Lituania. Países centrales europeos trataron de impulsar la diplomacia entre los sectores belicistas rusos y occidentales, con Polonia y los bálticos a la cabeza. En ese escenario Alemania bloqueó el envío de armamento en distintos procesos europeos. Francia, por su parte, había tenido una larga relación comercial armamentística con Rusia. Pero una vez se dio el salto hacia la guerra ruso-ucraniana y los sectores otanistas se apoderaron de la política exterior y de defensa europea, Alemania comenzó no solo a desbloquear envíos de armas con componentes patrios en otros países sino a enviar armamento propio. El giro de Alemania también sería clave para entender la política de sanciones. Pero como el propio Joe Biden demostraba, lo único que podía hacer Occidente era elevar hasta los cielos el nivel de las sanciones, la ruptura ruso-occidental, armar a Ucrania sin entrar en tabúes como el armamento pesado y apostar por la defensa férrea del espacio euroatlántico, en su momento más reforzado desde la Guerra Fría. Ucrania y su envalentonamiento inicial chocaron con la realidad de que Occidente se negaba a convertir el conflicto en una guerra mundial, pero su apuesta lógica era la internacionalización como baza frente a Rusia, pudiendo ganar peso en las negociaciones o en la disuasión de una escalada aún mayor que la toma del sur y este del país.

Nos hemos quedado solos. No veo quién esté listo para luchar por nosotros. […] Pregunté directamente a los miembros de la OTAN: «¿Nos aceptarían en la alianza?». Nadie respondió. Todo el mundo tiene miedo. No quieren llevarnos a la OTAN. […] ¿Quién está listo para luchar con nosotros? Honestamente, no los veo. (Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, el 25 de febrero de 2022, un día después del comienzo de la guerra ruso-ucraniana).

El abandono que sufrió Ucrania puede entenderse desde varias vertientes; por un lado, atendiendo a la fase previa de escalada militar, por otro lado, a la órbita militar y, por último, en el plano de las sanciones, ámbito en el que sí recibiría más apoyo del anunciado. La escalada previa al estallido se caracterizó por las quejas continuas de políticos ucranianos del sector de Zelenski, así como del mismo Zelenski, contra los reportes occidentales de la inminencia de la invasión. El presidente veía cómo la diplomacia tenía lugar sin ellos en la mesa, se daban conversaciones en torno a documentos que proponían cambiar el orden geopolítico de terceros países, la inversión extranjera se marchaba de Kiev al tiempo que lo hacían las aerolíneas, los oligarcas y las sedes diplomáticas. Y entre todo esto, Ucrania solo recibía armamento —de gran diversidad en su tiempo de vida y utilidad para las tropas ucranianas— así como mucho ruido sobre fechas que, sistemáticamente, no se transformaban en una invasión. El gobierno ucraniano, harto, pedía ser informado de esos reportes tan concretos que hablaban de fechas de invasión desde Occidente. El líder del grupo parlamentario del partido oficialista Servidor del Pueblo en la Rada, David Arakhamia, cifraba entre 2.000 y 3.000 millones de dólares lo que costaba a Ucrania la «histeria» occidental, como él lo definía, cada mes. Además clamaba contra lo que calificaba como «información de medios occidentales peor que la de los rusos», apuntando directamente a CNN, Bloomberg y el Wall Street Journal . La guerra llegaría, pero esa fase sentó muy mal en el gobierno de Kiev que, como Moscú, negaba la inminencia y veía cómo la OTAN elevaba el tono contra Rusia, pero no a favor de las pretensiones de Ucrania. Además, todo este ruido era peligroso para Zelenski, que estaba muy debilitado en ese momento.

El envío de armas fue el punto clave con el que Occidente trató de volcar sus muestras de apoyo a Ucrania en el marco de la guerra y, como se ha mencionado, en la fase previa al conflicto. Misiles y lanzamisiles antitanque —destacando los NLAW y los Javelin—, antiaéreos, anti-búnker, lanzagranadas, rifles de francotirador y antimaterial, fusiles de asalto, ametralladoras, algunos elementos de artillería —obuses D-30— o granadas de mano. Todo esto, en un amplio desglose dentro de cada tipo, se anunciaría en camino a Ucrania. El envío de armamento pesado sería uno de los tabúes en los que Occidente se enredaría, véase el sainete de la aviación MiG entre Estados Unidos, Polonia, Eslovaquia y Bulgaria; pero Estonia trataría de romperlo con su anuncio de un envío muy limitado de obuses alemanes. Cada equipo tenía una procedencia distinta, calibres diferentes, diversos y difíciles recambios, una vida útil muy dispar y al límite —cuando no fuera de ella—, un requerimiento de conocimientos para su uso diferente y, en ocasiones, fuera del alcance de un sector militar importante ucraniano. Por ejemplo, los misiles antitanque Javelin, de origen estadounidense, eran los únicos que permitían apuntar a más de 1 kilómetro de distancia, pero su uso quedaría limitado por la dificultad técnica a las fuerzas especiales. En torno a 2.000 misiles antitanque NLAW británicos y a 1.700 Javelin estadounidenses habrían llegado aproximadamente antes de la invasión a Ucrania, según datos del Washing ton Post , pero se multiplicarían durante la campaña militar debido al valor que se le otorgó a estos elementos en particular. El Reino Unido confirmaría que, durante la primera quincena de guerra, casi habrían duplicado la cifra de misiles NLAW y comenzarían a enviar Javelin. Solo hasta diciembre de 2021, Zelenski cifraba el volumen de apoyo británico en un montante de 3.500 millones de libras, entre inversiones, comercio y seguridad.

Es un hecho que [Ucrania] no es un miembro de la OTAN, así que es altamente improbable que nadie vaya a enviar tropas a Ucrania para confrontar a Rusia. Creo que he sido claro. No deberíamos engañar a la gente y los ucranianos son conscientes de ello. (Ben Wallace, secretario de Defensa de Reino Unido).

Antes de la guerra con Rusia, Estados Unidos habría propuesto a Israel la exportación de algunas baterías antiaéreas del sistema Cúpula de Hierro, tras la atención suscitada por Kiev después de la guerra de Gaza de 2021. Sin embargo, Tel Aviv acabaría rechazando dicha posibilidad, dada la tensión que podría crear con Moscú y la necesidad de Washington del visto bueno israelí al tratarse de un proyecto conjunto. Otro de los grandes sistemas de defensa antiaérea con misiles tierra-aire, el Patriot norteamericano, quedaba fuera del cálculo por la dificultad técnica de su entrenamiento. Las posibilidades de enviar misiles bajo los sistemas Cúpula de Hierro y Patriot decaerían. De modo que las fuerzas ucranianas tendrían que emplear material antiguo, entre el que estarían algunos misiles tierra-aire FIM-92 Stinger estadounidenses, los misiles antiaéreos 9K34 Strela-3 disponibles de la época soviética y algunos sistemas S-300 rusos. Sin embargo, parte del envío de los Strela-3 desde Alemania sería defectuoso, como desvelaría Der Spiegel , y los enviados desde Lituania estarían fuera de su vida útil.

[Las baterías de misiles tierra-aire Patriot] no vienen empaquetadas con una llave Allen. Necesitas años de entrenamiento y toda una infraestructura para mantenerlas. Ahora mismo eso no es una opción. (Miembro del Departamento de Estado estadounidense, bajo condición de anonimato, para el Washington Post ).

La cuestión del envío de aviación y artillería sería muy polémica por la escalada que podría suponer de la propia guerra. Así que, ya durante la guerra ruso-ucraniana, se vería cómo también Polonia rechazaba la posibilidad de enviar cierto armamento pesado a Ucrania. Solo Polonia, Eslovaquia y Bulgaria disponían en el bando otanista de la aviación de origen soviético que Ucrania necesitaba en términos de entrenamiento y capacidades. Sofía y Bratislava rechazaron la posibilidad ante su escasez y problemas de suministro de piezas. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, reconocía las conversaciones con Varsovia para facilitar que enviasen aviación a Ucrania, como los MiG-29 soviéticos o los cazabombarderos soviéticos Su-22. Kiev referenciaba un acuerdo para la entrega de 56 MiG-29 y 14 Su-25. Pero las dificultades de Ucrania para disponer de aeródromos en funcionamiento, así como las asociadas a la logística de traslado por la frontera hacían que Polonia tuviera que asumir la responsabilidad señalada por Rusia por el despegue de aviones de combate desde su territorio para realizar ataques contra sus posiciones. De modo que, tras el rechazo de la OTAN a apostar por una zona de exclusión aérea —que significaría la guerra con Rusia con el mandato del derribo de su aviación sobre Ucrania—, sería Polonia la que, a pesar de su beligerancia, rechazaría el envío de aviación a Ucrania incluso a cambio de supuestos intercambios ventajosos. Entre ellos se contemplaba la posibilidad de que Estados Unidos ofreciera a Polonia excedentes de cazas F-16 —cuya producción realmente iba con retraso y dejaría a Polonia sin disponibilidad hasta que se terminasen los envíos pendientes a Taiwán—, y aviones A-10, que realmente nunca se han exportado y tendrían difícil encaje en las fuerzas armadas polacas. Sin embargo, esto no llegaría a materializarse aunque fuera de interés de Washington que los pilotos ucranianos, acostumbrados a material soviético, pudieran acceder a los MiG-29 para defender su espacio aéreo sin una zona de exclusión. Polonia proponía el traslado de los MiG-29 a Alemania bajo custodia estadounidense para que Washington se encargase de hacerlos llegar a Ucrania. Estados Unidos lo rechazó. El envío de armamento procedente de programas de excedentes no sería algo extraño en todo el proceso, con el añadido de que Ucrania requería elementos que sus fuerzas supieran manejar, como podían ser los que los países del antiguo Pacto de Varsovia tuvieran de la época soviética. De ahí la relevancia de los MiG-29, aunque previo a su envío debían retirar parte de sus actualizaciones con software occidental. No cualquier cosa servía a los intereses de Kiev.

La perspectiva de que aviones de combate a disposición del Gobierno de los Estados Unidos de América partan desde una base de Estados Unidos o la OTAN en Alemania para volar en espacio aéreo disputado con Rusia sobre Ucrania plantea serias preocupaciones para toda la alianza de la OTAN. (John Kirby, secretario de Prensa del Pentágono, en marzo de 2022).

La calidad de los envíos era muy desigual y algunas partidas de las que se enviaban eran, prácticamente, cualquier cosa, como las ametralladoras Ameli que facilitó España. Estas, además de emplear munición occidental, eran tan poco útiles que Reino Unido devolvió a España las que había encargado en su momento. El armamento ligero de infantería y el material militar básico no serían suficientes para una ofensiva ucraniana, por lo que el efecto defensivo podría servir mientras la enorme diversidad de los materiales bélicos enviados no se agotase, puesto que sería complejo, si no imposible, alcanzar a obtener ciertos repuestos. Algo similar a lo sucedido con los MiG-29 ocurriría con los sucesivos intentos de enviar armamento pesado como los antiaéreos, entre los que se incluirían los mencionados sistemas S-300. De nuevo, era necesario que cualquier envío procediera de países que tuvieran material ruso-soviético como, en este caso, serían Eslovaquia, Bulgaria o Grecia. Atenas rechazó la posibilidad de enviar a Ucrania sus sistemas de misiles porque aún los necesitaban para su defensa. También se planteaba la posibilidad de enviar drones kamikaze estadounidenses Switchblade y otros sistemas móviles de defensa antiaérea, pero el problema con esto seguía siendo el mismo: la logística de los envíos a Ucrania sin correr el riesgo de una guerra con Rusia. Continuamente surgirían propuestas poco realistas o realizables que normalizaban el discurso belicista en Occidente y permitían justificar el incremento del gasto en Defensa que se convertiría eventualmente en el nuevo paradigma europeo. Por ejemplo, Canadá lo justificó con el agotamiento de su inventario militar a causa de los envíos a Ucrania. Y esto solo sería el principio. Debía parecer que se seguía considerando la aplicación de nuevas medidas, a cada cual más dura, siempre que Rusia siguiera en Ucrania. Si no había confrontación militar, era necesario mantener el tono de confrontación económica y política, e incluso el amago de estar dando un apoyo armamentístico sin igual a Ucrania, como mensaje interno y para no poner en peligro el cierre de filas en torno a la tan esperada remilitarización de Occidente. Ucrania bien valía un pretexto tanto para confrontar decididamente a Rusia, objetivo de fondo de la OTAN, como para la militarización social y el realineamiento sobre los objetivos de Estados Unidos, especialmente en Europa.

La propaganda también era importante desde Occidente, parte en el conflicto como actor ausente, y entre las muchas aventuras belicistas, Polonia propuso crear una operación militar en Ucrania, que contó con el apoyo de Dinamarca. Aun con todo, los países bálticos seguían siendo los más insistentes en la necesidad de establecer una zona de exclusión aérea. A la hora de la verdad, estos mensajes serían de consumo interno europeo. De lo contrario la escala de la guerra todavía presentaba margen de agravamiento y nadie quería ser el responsable de iniciar un choque armado con Rusia porque se había pintado en dicho paso una línea roja mucho más intensa que en la invasión de Ucrania. Y Rusia consideraba que una acción destinada a derribar su aviación, como podría ser la zona de exclusión aérea o a bombardear sus posiciones —con origen fuera de Ucrania— sería, sin duda, un casus belli . Por ello costaría mucho a los países de la OTAN, comprometidos mutuamente, organizar una logística en torno al envío de armamento pesado a Ucrania, dadas sus posibilidades de desencadenar una guerra mundial entre bloques de alianzas militares. Así que la escalada debía avanzar por derroteros económicos y políticos.

La OTAN no va a enviar tropas a Ucrania o a situar sus aviones en el espacio aéreo ucraniano. (Jens Stoltenberg, secretario General de la OTAN, durante su visita a Polonia en marzo de 2022).

Mientras Occidente armaba a Ucrania antes de la invasión, Rusia continuaba con su despliegue, incluso cuando se decía lo contrario. Las tropas occidentales sobre el terreno serían simplemente para adiestramiento con determinado armamento que se les entregaría, como el caso británico con los misiles antitanque. Pero no sería la primera vez que se daría esta clase de encuentros y, según Declassified UK , varios comandantes británicos se reunieron en el marco de su misión de adiestramiento de las fuerzas armadas regulares ucranianas, con miembros de la Guardia Nacional en 2021, en la que están integrados los efectivos del neonazi Batallón Azov. Las tropas británicas y canadienses se marcharían, Estados Unidos e Israel aseguraban que no podrían evacuar a sus ciudadanos nacionales en caso de invasión, para evitar choques con Rusia, y la propaganda seguía en marcha. Josep Borrell anunciaba el inicio de los bombardeos, a pesar de los ocho años que ya llevaba la guerra en el Donbás, la intensificación durante 2021 y la falta de datos de la OSCE en aquel momento. La amplificación de su relato por la prensa llevaría a culpar directamente a Rusia, a pesar de no tratarse de algo extraordinario aún ni de haberse implicado el ejército ruso más que con las milicias del Donbás. Y es que Ucrania consideraba que Rusia formaba parte del conflicto ya que, al repartir, según sus datos, 800.000 pasaportes entre la población del Donbás, estos pasaban a formar parte del bando ruso ya directamente. De hecho, esta misma justificación se utilizaba desde Kiev para no realizar elecciones locales, como expresara Oleksiy Danilov, el secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional ucraniano. Por su parte, en los días previos a la ruptura definitiva, y a pesar del retiro anunciado de las tropas pertenecientes al Distrito Militar Occidental y el Meridional tras los ejercicios, Rusia en ningún caso emprendería una desescalada, como se vería días más tarde. Lo mismo ocurriría con el supuesto retiro de tropas desde Crimea, que realmente se situarían aún más cerca de la frontera con Ucrania de lo que ya se encontraban. La retirada de determinados lugares y el desmantelamiento de campamentos como el de Yelnia, solo acercaba a las tropas a puntos que se encontrasen más próximos a la frontera.

Los bombardeos han comenzado. (Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el 17 de febrero de 2022).

Por si fuera poco, Bielorrusia se acercaba al referéndum constitucional que terminaría con su estatus de país «no nuclear». Este cambio sería muy significativo en un momento en el que esta podría unirse a la invasión terrestre de Ucrania, aunque este acontecimiento había quedado en un segundo plano por las propuestas que respondían al proceso político interno desatado en 2020. Esta crisis política impulsaba un cambio en el poder presidencial, cediendo importantes prerrogativas a una asamblea de nuevo cuño: la Asamblea Popular de Bielorrusia. Aunque se especularía también con la posibilidad de una invasión de Ucrania por Bielorrusia, la reacción por un despliegue nuclear encajaría en un escenario más cercano a la crisis Rusia-Occidente que al escenario ucraniano. La política de sanciones contra Bielorrusia no solo no había derrocado al presidente Lukashenko, sino que le lanzó en brazos de Moscú, cuando antes de aquella crisis de 2020 ya se habían dado acusaciones de fraude electoral, pero al no accionar esta medida, Bielorrusia pudo mantener sus cuitas con Rusia negociando con la Unión Europea. Los pasos hacia el este, impulsados en este caso por Lituania y Polonia, habían chocado con su aparente límite. La reacción de Minsk a una crisis general del modelo unipolar podría llevar a callejones complejos para la diplomacia.

Lo cierto es que ese 27 de febrero de 2022, con un 65% de votos a favor y, lo que es más importante, una participación del 79% (se requería el 50%), Bielorrusia aprobó cambiar su Constitución para poder almacenar armas nucleares. De este modo se sentenciaría el camino, si es que aún quedaba algún bloqueo, hacia un proceso similar a una nueva Guerra Fría. «Crisis de los misiles» no sería un concepto foráneo en la etapa que se iniciaba. De todos modos, este armamento ya estaba en manos de bastantes países, incluyendo a las principales potencias, y su efecto sería de tensión-disuasión. A pesar de todo ello, siempre cabe señalar la obviedad de que las armas nucleares ya han sido empleadas en el pasado. Pero el siglo XXI ofrecía un escenario en el que el efecto disuasorio estaría más asentado que durante las masacres estadounidenses de Hiroshima y Nagasaki, momento en el que el poder armamentístico estaba muy desequilibrado.

Si es necesario, si nuestros rivales y oponentes toman pasos tan estúpidos y sin sentido, desplegaremos no solo armas nucleares sino súper-nucleares y las que vengan para proteger nuestro territorio. (Aleksandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia).

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LA SOLEDAD DE LA RUSIA PARIA

Putin está solo y la mayoría del mundo está con Ucrania. Esa unidad se tiene que demostrar desde el punto de vista de las sanciones económicas y desde el punto de vista de la respuesta que tenemos que dar desde la comunidad internacional aislando completamente a Putin.

PEDRO SÁNCHEZ , presidente de España.

L a respuesta a los movimientos rusos fue considerablemente más dura de lo anunciado. Terminaron los debates sobre la exclusión en los paquetes de medidas de gran calado que tuvieran un fuerte impacto también sobre los sancionadores. La Unión Europea y la OTAN se vieron alineadas en torno a los objetivos de política estadounidense, menos expuestos a los efectos colaterales de las sanciones que los europeos. Aun así, el cambio de discurso sería total y se ejemplificaría con especial crudeza en Bruselas y Berlín. Las sanciones irían escalando al ritmo de la crisis, con un llamado de Zelenski a imponer sanciones preventivas antes de la ruptura, como disuasión sin precedentes. Con el reconocimiento del Donbás llegarían las primeras medidas, ya rupturistas con la negativa de los meses anteriores a tocar materias sensibles. Y con el estallido de la guerra, se avanzaría directamente hacia el precipicio de las relaciones Rusia-Occidente, con medidas que, aun teniendo un fuerte efecto en los países europeos, dañasen gravemente la economía rusa. El punto que se había situado aparentemente como limitante era la sanción de elementos clave dentro del sector bancario ruso, aunque sin afectar necesariamente a su sistema de pagos. Pero las sanciones serían muy superiores. Sin entrar a detallar un proceso que, muy probablemente, será de largo recorrido, las principales líneas iniciales de actuación occidental se distribuirían entre sanciones personales contra oligarcas y líderes rusos, congelación de activos de bancos rusos, cierre del espacio aéreo, cierre seleccionado de prensa oficialista rusa, controles comerciales, reducción de la dependencia energética, corte parcial del sistema de pagos internacional, penalización de la compra de deuda soberana rusa, exclusión de eventos culturales y embargo energético parcial. Cabe señalar que cada país o bloque de países adoptaría variantes de este listado de sanciones, siendo algunas de las medidas también extensibles a Bielorrusia. Se delinearán las principales.

Debería haber sanciones preventivas […] para excluir un escenario de escalada [por parte de Rusia] en cualquier región. (Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania).

Desde Alemania se anunciaba la suspensión indefinida de la certificación técnica pendiente para el gaseoducto Nord Stream 2, a lo cual seguiría la confirmación de su final, por el momento, con la cancelación de sus aseguradoras. El paso dado sobre el Nord Stream 2 supondría un terremoto en Alemania, otrora acusada de apaciguadora y cuyo papel durante el envío de armamento previo al estallido había sido duramente criticado por Ucrania, Polonia o Letonia, al haber bloqueado los comentados envíos de cargamentos con componentes alemanes. Una vez roto el tabú sobre el Nord Stream 2 llegarían varios pasos más significativos aún, ya que dicho gaseoducto ni siquiera estaba en funcionamiento, aunque la construcción de la infraestructura se hubiera completado. Aun así, esta decisión afectaría a socios de la rusa Gazprom que habían participado en el gaseoducto, como importantes empresas británicas, neerlandesas, austriacas, francesas y alemanas. Si el proyecto no es reconducido, en función del curso de la guerra, estas podrían reclamar compensaciones a Alemania, dado el carácter político de la decisión de su parálisis. Las consecuencias que traspasarían los límites de inversión a futuro, como podían ser los intereses de estas empresas o de las autoridades de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, corresponderían a las derivadas de la superposición de estrategia de la UE con la OTAN. La primera de ellas sería la decisión de enviar armas y apoyar la participación indirecta en el conflicto ruso-ucraniano, lo cual terminaba con el programa de Olaf Scholz respecto a su Ostpolitik (Política del [acercamiento al] este) y devolvía el impulso de hacía unos meses al partido verde Die Grünen y la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock. La otra gran consecuencia que tendría la compra del marco de la ruptura energética desde Alemania sería la propuesta de Bruselas para reducir drásticamente los flujos de gas ruso. Esa transformación tendría un impacto superior en países expuestos al este como Alemania. El Nord Stream 1 seguía en funcionamiento, pero la intención de un gobierno que ya venía clamando por un giro «verde» sería la apuesta decidida por las energías alternativas, llamadas renovables. La Alemania del gobierno semáforo se había opuesto con notable vehemencia al impulso que Polonia quería dar al sector nuclear. La llegada de Baerbock a Exteriores había puesto negro sobre blanco el giro que venía desde Berlín, con un enfoque menos pragmático-comercial y uno más geopolítico alineado con la OTAN. El semáforo alemán estaba en verde. Antes de la crisis ruso-ucraniana, Baerbock había soliviantado a empresarios alemanes, cuadros del SPD e incluso de la CDU democristiana —antiguo partido de Angela Merkel— por su endurecimiento de la postura frente a China y Rusia. Olaf Scholz serviría como interlocutor, rebajando tensiones y tomando las riendas de la diplomacia durante los meses más intensos de conversaciones con Rusia, prácticamente desautorizando las amenazas de Baerbock sobre el Nord Stream 2. El semáforo alemán se ponía en rojo socialdemócrata. La propia ministra terminaría rechazando en Moscú la posibilidad de enviar armas a Ucrania. Sin embargo, con el estallido que hizo resonar la invasión en toda Europa, el semáforo volvió al color verde. Varios bancos rusos quedaban excluidos del sistema de pagos internacional de la Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), aunque dejando aún viabilidad para seguir comerciando el tránsito energético. El semáforo alemán se paró en un verde tan intenso que Estados Unidos obtendría no solo sus objetivos inmediatos con respecto al Nord Stream 2 y el sistema de pagos internacional, sino también objetivos a largo plazo como reflejaría el anuncio de Scholz de aumentar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB en 2024.

Necesitamos el suministro de energía de Rusia para la estabilidad de precios y la seguridad energética. […] Me pronunciaría en contra [del embargo energético a Rusia] porque estamos poniendo en peligro la paz social en la república [de Alemania]. […] Que tengamos que contar con un nivel de precios más alto es muy, muy probable. […] Si quieres dañar a Putin, ahorras energía. (Robert Habeck, vicecanciller de Alemania y ministro de Economía y Protección Climática, miembro de Die Grünen).

Una vez quedaba atrás el Rubicón del SWIFT, Rusia debía demostrar que había preparado su sistema financiero para las represalias, ya que se llevaba hablando de esta posibilidad desde 2014, incluyendo los últimos meses antes de la invasión. Moscú contaría aún con varios salvavidas, incluso para superar el «botón nuclear» que suponía el corte del SWIFT. Para empezar, dos de los principales bancos, asociados a las matrices de Sberbank y Gazprombank, con enormes vínculos con el Estado ruso y la gasística Gazprom, respectivamente, quedarían excluidos de esos cortes por su carácter esencial para el comercio energético. Desde Estados Unidos se había abierto la puerta a exenciones negociadas con los países europeos, fuertemente presionados, para permitir el comercio energético, el comercio agrícola, el comercio médico y los vuelos de emergencia. A Corea del Sur se le concedieron ciertas exenciones en el uso de licencias estadounidenses para el comercio con Rusia de tecnología dentro de sectores como la telefonía y los automóviles. Además, Rusia contaba con el importante precedente iraní, pues incluso con el corte del SWIFT para Teherán desde Washington, la Unión Europea pudo encontrar vías alternativas para comerciar con Irán. Rusia contaba con una fortaleza sustancialmente mayor a la iraní, con una guía del Departamento del Tesoro estadounidense sobre cómo organizar pagos mediante terceros países, y con varios sistemas propios que llevaba desarrollando años, tras el mencionado conato de Crimea. El Banco Central ruso había puesto en marcha el sistema de pagos nacional MIR que, aunque apenas contaba con unos años de vida, había logrado hacerse con un nicho de mercado, y que solo crecería con la salida de Mastercard y Visa. Del mismo modo, la salida de estas empresas hacía prever otro escenario chino: durante la guerra comercial, Estados Unidos sancionó o apostó por la ruptura con varios sectores estratégicos chinos, especialmente en el ámbito tecnológico. La salida de operadores extranjeros de sectores estratégicos tendría un efecto dañino inicial, pero serviría para acelerar la necesidad de consolidar una vía propia y autosuficiente. Las sanciones se mueven en un complejo debate sobre su utilidad real para modificar conductas indeseadas o para apuntalar gobiernos incómodos sobre ciertos intereses estratégicos y en brazos de otras potencias, como ocurrió con Bielorrusia, Venezuela o Irán. Por su parte, Rusia podía aprovechar la colaboración del operador UnionPay chino para acelerar una sustitución de Visa y Mastercard, mientras el desarrollo de su propio sistema internacional de pagos avanzaría a un ritmo impensable sin la salida apresurada del SWIFT. El Sistema para la Transferencia de Mensajes Financieros (SPFS) ruso constituía la alternativa del Banco Central de Rusia al SWIFT, mientras desde China se hacía lo propio con el Sistema de Pagos Internacionales Chino (CIPS). La pretensión de Moscú y de Pekín era conectar eventualmente los sistemas SPFS y CIPS en los márgenes de la ruptura acelerada de la globalización.

El viraje de la Unión Europea en general, pero de Austria y Alemania en particular, para dar su apoyo a medidas fuertemente contestadas como el Nord Stream 2 o el corte del sistema SWIFT llegaría en el marco de las presiones, denunciadas por Serbia, pero que habrían logrado el cierre de filas de países no tan alineados en origen como Suecia o Finlandia, e incluso supuestamente neutrales como Suiza. Hungría, cercano al Kremlin, cedió en el tránsito de armas y tropas por su territorio, pero al principio solo apuntaría a su circunscripción a países OTAN. Turquía, miembro de la organización atlántica, también rechazó la invasión, pero, más que posicionarse, trató de mediar entre Ucrania y Rusia, ya que ambos países serían de gran cercanía para Ankara en el campo militar —venta de drones a Kiev— y estratégico —disposición conjunta de escenarios como en Libia, Azerbaiyán o Siria, aunque con grandes diferencias—. Turquía decidió, además, cerrar los pasos del Bósforo y los Dardanelos, los dos canales que conectan el mar Mediterráneo con el mar Negro. Turquía controla estos estrechos clave para el flujo de buques a uno de los grandes escenarios de la guerra, dada la importancia que tendrían los puertos de Odesa, Mariúpol y Sebastopol. Según la Convención de Montreaux de 1936, Turquía debía garantizar la libre circulación por ambos estrechos en tiempos de paz, pero en caso de estallido bélico —como el ruso-ucraniano—, el artículo 19 prohibiría el tránsito de buques de guerra al mar Negro, salvo para el retorno a sus bases en caso de pertenecer a regiones de dicho mar. Aunque el cierre afectaría también a las naves de países externos al mar Negro, realmente los buques de guerra pertenecientes a estados foráneos no podían permanecer más de 21 días en su interior bajo lo contemplado en las restricciones de los artículos 14 y 18 de la Convención de Montreaux. Además, Ankara en todo momento se ofreció como mediador, albergando reuniones de calado como el Foro de Diplomacia de Antalya o llamando a reuniones de alto nivel entre los actores en liza. El ser miembro de la OTAN y socio de Rusia, especialmente en la última década, le obligaba a adoptar un perfil bajo o, al menos, diplomático.

Desde el ataque ruso hemos evaluado el asunto con expertos, militares y juristas. Esto se ha convertido en una guerra. No es un movimiento militar, es una guerra en toda regla […] Si un navío militar de un país implicado en la guerra vuelve a su base, entonces no se le puede impedir el paso. Está claro si un barco está registrado en una base o no. Tampoco se debe abusar de esto. Si [un buque] dice que va a su puerto y pasa por el Bósforo, tampoco debe luego participar en la guerra. (Mevlüt Çavusoglu, ministro de Exteriores de Turquía).

Pero la posición ambivalente de países como Israel, Turquía o China no significaba necesariamente ambigüedad. Israel trató de intervenir con visitas y llamadas de urgencia a los actores rusos y ucranianos así como mediante propuestas para la mediación. El entendimiento de la postura rusa los habría llevado a mencionar la necesidad de un pronto acuerdo para Ucrania, evitando el incremento de demandas que vendría. En un contexto de apuesta cerrada por la resistencia, ese llamado al pragmatismo israelí sería entendido desde Kiev como una solicitud de rendición intolerable. En parte así sería, pero Ucrania, abierta a negociar algunos aspectos, podía perder su propia entidad si no accedía a negociar lo que Israel, por cierto, negaba haber señalado. China se había mostrado en contra de la política de sanciones y se abstuvo en la votación de la Asamblea General de la ONU una vez cambiaron el término «condena» por un repudio. La resolución no tenía un peso político vinculante pero sí una fuerza simbólica. Aun así Pekín no podía permitirse no apoyar la integridad territorial de Ucrania sin ambages, dado su contubernio interno con los secesionistas de Taiwán, pero al mismo tiempo apoyaba las demandas de garantías de seguridad de Rusia en Europa del este, criticando el papel de cerco de la OTAN y haciéndolo extensible a Asia-Pacífico. Todo esto quedaría claro en el comunicado conjunto que Xi Jinping y Vladímir Putin emitirían en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. En cualquier caso, la situación de Taiwán y la de Ucrania no sería, en modo alguno, equiparable. Siendo el caso de que la práctica totalidad del mundo reconocía a Pekín como representante de toda China —incluyendo la región de Taiwán—, pero independientemente de quién fuera reconocido como representante, Pekín o Taipéi, existía una cuestión que no se daba en ningún conflicto postsoviético: un consenso, el de 1992, que garantizaba el «principio de una sola China».

La situación en la que quedaba Rusia en el mundo no podría estar más lejos del ostracismo a pesar de que desde Bruselas, Londres y Washington se arrojasen la representatividad de la «comunidad internacional». Países donde Rusia había demostrado influencia comercial, militar o política se pondrían de perfil hasta que pasase la tempestad, o intentarían encarecer un posible apoyo a Estados Unidos: Siria, Venezuela, India, República Centroafricana, Corea del Norte, Sudáfrica, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Sudán, Serbia, Azerbaiyán, Turquía, Irán o Israel, entre otros. Lo mismo ocurriría en los países CSTO como Armenia, Kazajistán, Kirguistán o Tayikistán. Bielorrusia seguiría un camino alternativo mediante un apoyo a la invasión desde su frontera con Ucrania, máxime cuando la presencia de numerosos grupos opositores bielorrusos en Ucrania ponía más en juego la posición de Lukashenko ante una posible insurgencia de vuelta. El caso de Emiratos Árabes sería un simple intercambio de intereses en la intención de Abu Dabi por calificar a los hutíes yemeníes de «terroristas». Por un lado Arabia Saudí y Emiratos Árabes mantuvieron un conato de equidistancia cuando no quisieron acceder a los contactos buscados por la Casa Blanca en el contexto de su embargo petrolero a Rusia. El saudí Mohamed bin Salmán y el emiratí Mohamed bin Zayed habrían rechazado hablar con Biden, según el Wall Street Journal , aunque habían accedido a mantener contactos con Putin, a pesar de la sustancial mejoría de relaciones con Estados Unidos durante la década anterior. Sin duda, el perfil de Biden y su intención de convertir a Arabia Saudí en «un país paria» frenaban la euforia con la Casa Blanca. Si Washington quería un salvavidas árabe que pudiera hundir los balances petroleros rusos con un incremento de la producción, le costaría cambios geopolíticos importantes o un acercamiento mayor a Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Si no, Joe Biden podría atenerse al efecto que la supervivencia energética rusa pudiera tener en las midterm estadounidenses, con un Partido Republicano cada vez más enfrascado en sus dilemas «trumpistas» con vistas a 2024. Arabia Saudí seguiría, según el Wall Street Journal , profundizando sus contactos con China y planteándose la posibilidad de realizar las exportaciones de crudo hacia China en yuanes en lugar de en dólares. Para desencallar el contacto occidental, no obstante, habría de realizarse una visita presencial de Boris Johnson a Mohamed bin Zayed. El compromiso de cuota de producción alcanzado con Rusia y la OPEP no parecía aún estar en peligro. Pero otros casos como el de Venezuela serían interesantes por el acercamiento de Estados Unidos ante el cierre petrolero que impondrían sobre Moscú, lo cual podía cambiar drásticamente el embargo que aún pesaba sobre Caracas. El acuerdo nuclear con Irán, en ciernes desde unos meses antes del estallido de la guerra, recorrería un camino difícil, especialmente desde la llegada al poder del sector «principalista» de Ebrahim Raisi tras su victoria en las elecciones de junio de 2021. Este nuevo gobierno sería visto como una línea más dura frente a los moderados de Hassan Rouhani y su acercamiento a Estados Unidos. Sin embargo, Rusia trataría de coser la aprobación de un nuevo acuerdo nuclear heredero del JCPOA con tal de que se diera en condiciones de igualdad para todos los miembros de este. Estados Unidos no parecía contemplar una valoración seria de dicha petición ya que se trataba de sancionar precisamente la actividad económica rusa a nivel internacional, pero sería uno de los últimos escollos a superar para renovar el JCPOA iraní. Washington estaba acudiendo a todos los mercados posibles para obtener una alternativa a Moscú después de incluir entre las sanciones el embargo energético, incluyendo la prohibición de importar petróleo y gas natural. Reino Unido buscaría seguir una senda similar a Washington durante 2022. Sea como fuere, cualquier intento de golpear a Rusia con el petróleo podía tener fortísimas implicaciones geopolíticas en otros actores por el mundo.

Muchos de nuestros aliados y socios europeos pueden no estar en condiciones de unirse a nosotros [en el embargo energético a Rusia]. Estados Unidos produce más petróleo que todos los países europeos juntos. Nosotros podemos dar este paso cuando otros no pueden. (Joe Biden, presidente de Estados Unidos).

Era evidente de nuevo que las sanciones energéticas estadounidenses tampoco supondrían un golpe definitivo sobre Rusia, dado su bajo peso relativo en las importaciones. Pero los socios europeos no podían permitirse ese corte comercial, de ahí que el SWIFT no rompiese con los bancos rusos en lo que a las transacciones energéticas se refería. Una cosa era la cuestión, ya de por sí trascendental, que suponía la suspensión del Nord Stream 2 y otra era el suicidio energético de un continente no preparado para suplir el gas con energías verdes, receloso de programas nucleares —sin contar el modelo francés— y con el cierre del carbón como meta y objeto de sanciones en caso de incumplimientos como el de Polonia. Catar y Noruega habrían negado la posibilidad de suplir los volúmenes de gas natural necesarios para cortar la interdependencia UE-Rusia. Por lo tanto, aunque el tránsito de gas no fuese a incrementarse mediante el Nord Stream 2, que en el fondo aún no se encontraba operativo, Europa siguió acudiendo al gas ruso vía Ucrania hasta niveles superiores a los anteriores a la invasión. Aun así Alemania seguiría su acercamiento con Doha. La intención comunitaria era reducir a medio y largo plazo la exposición al gas ruso, al menos en un 50%, pero evitando un corte inmediato que perjudicase a los países más expuestos como Alemania. Cabe señalar que, ya en 2021, Hungría habría llegado a un acuerdo con la empresa rusa Gazprom que evitara el suministro de gas por Ucrania al considerar el tránsito prioritario desde Serbia y Austria; lo cual también soliviantó los ánimos en Kiev. En este escenario, Argelia estaba llamada a ser una de las esperanzas europeas, a lo que Italia y España no tardaron en acudir, como dos socios fuertemente vinculados a Argel. La exposición de España al gas ruso no era comparable con la de Alemania, pero el modelo de precios energéticos europeo perjudicaba a todos en caso de desestabilización, como la que la guerra de Ucrania representaba en esos momentos. En el caso de una apuesta por el gas licuado, especialmente el estadounidense, España disponía de una importante posición con la presencia de plantas regasificadoras y pretendía convertirse en un nuevo hub energético, pero adolecía de una conexión sustancial con Francia. Por ello y por el éxito de España y Portugal para topar el precio de la energía con respecto a los mercados gasísticos en Bruselas, la Península Ibérica podría desviar parte de la crisis en una «isla energética» en Europa. Mientras tanto, el cambio de postura español con respecto al proceso de descolonización del Sáhara Occidental y su alineamiento con la propuesta de autonomía marroquí favorecían que Italia pudiera posicionarse mejor en la relación con Argelia. Cabe señalar que España también había accedido a revertir el flujo de gas por el gaseoducto de Tarifa hacia Marruecos contra los deseos de Argel, tras su ruptura formal de relaciones diplomáticas en 2021. A pesar de las tensiones entre Francia y Argelia, el peso de esta como alternativa no podía soslayarse, ya que no todos los países tenían la capacidad o la voluntad de recuperar su soberanía energética mediante energía nuclear. Tanzania no dudó en aprovechar la situación para proponerse como alternativa para el envío de gas en un contexto de búsqueda desesperada de nuevas fuentes. Y Nigeria, a pesar de ser exportador de gas, sufriría cortes energéticos severos por el alto coste sobrevenido por la guerra y la priorización del comercio externo frente al mercado interno desde que se privatizó el sector, algo que recordaba en parte a la crisis de Kazajistán de enero de 2022 con la liberalización económica.

Tenemos que deshacernos de los combustibles fósiles rusos lo más rápido posible. Estamos apoyando y, de hecho, financiando la guerra de Rusia comprando gas y petróleo. (Sanna Marin, primera ministra de Finlandia).

Sin embargo, esta tendencia anunciada por Bruselas reflejaría más un paso adicional en la construcción de polos a nivel mundial que una sanción efectiva contra Rusia. Ese plazo que los europeos se daban también suponía un balón de oxígeno para Moscú. Y es que no hay que olvidar que durante la crisis energética anterior a la producida por las sanciones y la guerra, ya hubo un sustancial aumento de demanda en el flujo de gas ruso tanto desde la Unión Europea como desde China. En medio de aquel incremento de precios de la energía de 2021, durante la crisis migratoria de Polonia y Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko comentó la posibilidad de cortar el gaseoducto Yamal-Europa que atravesaba Polonia. Aunque aquello no se materializaría en una transformación del modelo energético en aquel momento, China entró en una compra a largo plazo de mayores volúmenes de gas ruso —desde el Lejano Oriente ruso a la China nororiental— y de petróleo —por Kazajistán—, lo que, de paso, les ayudaría en su propia crisis de precios de la energía. En ese momento volvería a entrar en juego el proyecto de ampliación de los suministros orientales mediante la construcción del gaseoducto Power of Siberia 2, que pretendería duplicar las exportaciones gasísticas a China a partir de su puesta en marcha estimada para 2031. Mientras tanto, dicho flujo se iría aumentando hasta 2025, cuando se esperaba que el Power of Siberia 1 alcanzase su pico de tránsito, y se comenzaría a proyectar el gaseoducto Soyuz Vostok, como paso que conectase el Power of Siberia 2 con Mongolia. El Power of Siberia 1 sería una de las grandes vías gasísticas de Rusia hacia China, junto con el papel de los envíos de gas natural licuado. Adicionalmente se plantearía añadir una escapatoria para trasladar gas destinado a vías occidentales hacia oriente. También India ampliaría sus compras de petróleo a partir de los meses siguientes al estallido de la guerra ruso-ucraniana y, aunque las conversaciones llevaban varios años, el acuerdo se cerró después de la invasión. El tiempo que la Unión Europea buscaba para su transición también lo ganaba Rusia y le permitiría acudir a China, India y otros actores en diversas formas, no solo en las cuestiones comerciales, sino en la aplicación de alternativas paliativas para las grandes joyas de las sanciones: la energía y los pagos financieros.

El volumen de gas que necesita la Unión Europea no puede ser reemplazado por nadie unilateralmente sin interrumpir los suministros a otras regiones del mundo. (Saad al-Kaabi, ministro de Asuntos Energéticos de Catar).

La crisis inflacionaria desatada en las exportaciones alimentarias provendría de varios puntos, pero entre ellos se encontraba el coste adicional de la energía por un lado, y el descontrol de Ucrania a nivel general, con énfasis en el sector portuario del mar Negro en particular. Rusia y Ucrania son dos de los grandes exportadores de trigo y, aunque las reservas norteamericanas cayeran, China seguía aumentando sus previsiones de compra del cereal a Rusia. De nuevo en los márgenes de los Juegos Olímpicos de 2022, Pekín anunciaba que levantaría las restricciones a la importación de trigo desde Rusia —con origen en motivos fitosanitarios—. Los acuerdos con China serían clave, siguiendo la lógica del gas, para garantizar por un lado la satisfacción de una ya de por sí potente demanda china, y por otro la venta y exportación de materias primas como el trigo a un socio confiable de Moscú como es China, tratando de minimizar las pérdidas en los mercados occidentales. También Argelia recibía trigo ruso en 2021 por primera vez desde 2016, y Pakistán, comprador de trigo ucraniano, anunciaba poco después de la invasión un acuerdo para importar trigo ruso. Además, mientras la exportación de aceite de girasol ucraniano decaía durante la guerra por el parón de la producción y el acceso al transporte, sobre todo por el mar Negro, los países compradores comenzaban un racionamiento o una competición por importar otros aceites en una cadena de suministros ya dañada durante los años anteriores. El foco se trasladaría a Indonesia, productor de aceite de palma, o a Brasil, productor de soja y maíz. Pero los precios y racionamientos de ciertos productos seguirían incrementándose. Y es que Indonesia impuso restricciones a la exportación, con la consiguiente subida de precios, y no podía proveer tales volúmenes de aceita de palma. Brasil, por su parte, vivía una fuerte sequía junto a otros productores de soja como Paraguay y Argentina. A pesar de la oportunidad y los riesgos que se abrían al mismo tiempo para China, Pekín quiso incrementar su normalización con Estados Unidos —en provisional Fase 1 del acuerdo para frenar la guerra comercial— y había anunciado, precisamente, compras sustanciales de maíz y soja estadounidense en lugar de acudir a Brasil. Pero precisamente el líder brasileño acudiría a Moscú poco antes de la invasión para garantizar el flujo de fertilizantes a su país, de gran importancia dada la producción desde Rusia y Bielorrusia. La visita de Bolsonaro a Putin llegaría en pleno contexto de restricciones de Rusia y China a la exportación de fertilizantes, pero se buscaba una exención para países como Brasil o India. La guerra escondía algo que se sentiría posteriormente y algunos trataban de evitar: una crisis inflacionaria o de desabastecimiento. Las consecuencias económicas de cualquier conflicto podían tener repercusiones en todo el mundo, especialmente en los peor posicionados. De hecho, India y China serían países con línea comunicativa esencial con Rusia durante la guerra de Ucrania, permitiendo anticipar evacuaciones como las de los ciudadanos indios en Járkov. Asimismo, India evitaría emitir una condena abierta a la invasión rusa de Ucrania incluso ante la presión de sus socios del Quad: Japón, Estados Unidos y Australia.

En un momento en el que el mundo estaba buscando la imposición de sanciones adicionales contra Rusia, se han aliviado las restricciones al comercio de trigo ruso en China… Eso es simplemente inaceptable. (Scott Morrison, primer ministro de Australia).

Otra posible salida energética era Azerbaiyán, precisamente otro de los implicados en el nuevo e intenso proceso diplomático de Putin. El líder azerí, Ilham Aliyev, firmaba apenas un día antes de la invasión de Ucrania una alianza formal, la Declaración sobre la Cooperación Aliada entre Rusia y Azerbaiyán, contemplando la asistencia militar mutua con Rusia —al margen de la CSTO—, el suministro de armamento o tecnología militar y la cooperación entre sus fuerzas armadas. Claramente se trataba de un acuerdo de la importancia suficiente como para suponer la culminación de un regreso de Rusia al Cáucaso sur tras la guerra de Nagorno-Karabaj en 2020, pero quedaría opacado por los sucesos que solo un día después darían comienzo a la invasión de Ucrania. La UE no vería en la guerra de Nagorno-Karabaj un factor rupturista como sí vería en la de Ucrania, por lo que las sanciones, más que un sentido disuasorio de carácter humanitario, tenían una evidente intencionalidad política con Rusia. La situación de los países de la Unión Económica Euroasiática (UEE) sería ventajosa en torno a Rusia dentro de la respuesta que Moscú emitió sobre la prohibición de exportar temporalmente más de 200 artículos tecnológicos, médicos, vehículos, maquinaria agrícola o de telecomunicaciones. Y es que mientras Rusia trataba de reforzarse internamente, el proyecto con sus socios de la UEE —Bielorrusia, Armenia, Kirguistán y Kazajistán— quedaría exento de las restricciones. El fortalecimiento de la UEE y de la CSTO —mismos miembros junto a Tayikistán— podía seguir sirviendo de ejemplo para países que, sin tener necesariamente las mismas sensibilidades geopolíticas, se encontraban en la misma órbita comercial y/o militar, especialmente Azerbaiyán o Uzbekistán, que pidió el cese de las hostilidades. A quien sí afectaría sensiblemente la prohibición de exportaciones rusas sería a los países ajenos a la UEE, ya que aunque a los miembros de la UEE se les cortó las exportaciones de importantes cereales, estos ya habían comprado sus volúmenes de cereales libres de impuestos, según Rusia. El cierre de los mencionados puertos del mar Negro se uniría a factores exógenos, como la mala cosecha de trigo que se preveía en China, y a factores endógenos, como las sanciones a Rusia y Bielorrusia, cuyo boicot comercial podía afectar a la ya de por sí dañada cadena de suministros. La crisis global de microchips se podría ver endurecida ante la limitación del acceso al neón —importante peso de Rusia y Ucrania— para los semiconductores, así como en otros sectores existiría riesgo con las limitaciones del paladio, platino, titanio, níquel o aluminio.

Con respecto al posicionamiento geopolítico de Ucrania, Occidente parecía abrir las puertas de la Unión Europea mientras cerraba las de la OTAN. En Kiev se terminarían de enfriar los ánimos atlantistas, como reconocía el propio Zelenski, para centrar sus intenciones en Bruselas, que también disponía de un articulado de asistencia para los miembros en caso de «agresión armada en su territorio», en una considerable menor medida que el de la OTAN, con su cláusula de defensa mutua vigente desde 2009 en el apartado 7 del artículo 42 del Tratado de la Unión Europea. Sin embargo, cumplir con las garantías de un país con los estándares de democracia liberal tan dudosos como Ucrania sería complejo mediante el procedimiento habitual. Albania, Serbia, Montenegro y Macedonia del Norte llevaban en torno a una década dando pequeños pasos procedimentales mientras que la resolución que pedía la incorporación de Ucrania llegaría desde el Parlamento Europeo, cuando esta prerrogativa reside en un Consejo Europeo donde, además, se requiere unanimidad. Georgia y Moldavia llegarían después con ánimos similares. Cabe recordar que Hungría es un país que había bloqueado durante años el acceso de Ucrania a las estructuras de la OTAN precisamente por su carácter discriminatorio contra diversos grupos étnicos, no solo rusos sino también húngaros. Los problemas étnico-lingüísticos, las maniobras judiciales, la detención de los opositores, el cierre de partidos políticos o de prensa dejaban en una difícil situación el ingreso a la UE de Ucrania si no se decidían a saltarse todos los procedimientos oficiales. Además, los estándares democráticos no mejoraron durante la guerra. Si el gobierno de Putin penaba la información sobre la invasión y endureció su presión mediática, Zelenski aprovechó la ley marcial para acallar críticas en televisión —como las cercanas a Poroshenko— al forzarles a una emisión conjunta y continua de noticias. Kiev también ordenó suspender a más de una decena de partidos políticos por sus «lazos con Rusia», dada su posición favorable a negociar. De esta manera, el principal partido de la oposición de Ucrania, Plataforma de Oposición-Por la Vida, vería prohibida su actividad durante esta suspensión. Junto a este partido con presencia parlamentaria, serían suspendidos el Partido Shariy, el Bloque de Oposición, el partido Nashi (Nuestro), la Oposición de Izquierdas, la Unión de Fuerzas de Izquierda, el partido Derzhava (Estado), el Partido Socialista Progresista de Ucrania, el Partido Socialista de Ucrania, el partido Los Socialistas y el Bloque de Volodímir Saldo. Es importante recordar que las leyes del periodo post-Maidán ya habían ilegalizado al Partido Comunista de Ucrania, al Partido Comunista de Ucrania (Renovado) y al Partido Comunista de Obreros y Campesinos.

La UE dio un fuerte y claro mensaje de que el destino de Ucrania está en Europa. […] Tenemos que enviar una señal fuerte, pero debemos permanecer vigilantes. ¿Podríamos establecer un proceso [de adhesión] excepcional con un país en guerra sin cumplir con los criterios? La respuesta es no. ¿Debemos cerrar la puerta y decir que «jamás»? Eso sería injusto. ¿Tenemos que olvidar los equilibrios de la región? Hay que tener cuidado. (Emmanuel Macron, presidente de Francia, sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea).

Desde otro prisma, países como Sudáfrica y México prefirieron no apoyar las sanciones contra Rusia mientras Alberto Fernández, presidente de Argentina, venía de realizar una visita, casi al tiempo que Bolsonaro, a Vladímir Putin y Xi Jinping. En esa gira se reincidió en el impulso a los BRICS, grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, herido como proyecto desde que la victoria de Bolsonaro le realineó con los Estados Unidos de Donald Trump. Este impulso era algo ya comentado entre Rusia y China, y Fernández obtuvo su aquiescencia para su acceso a dicha institución, además de una declaración china de apoyo a la soberanía argentina de las Malvinas. Poco después, Putin apoyaba de nuevo el ingreso de Brasil al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro permanente junto a otros países como India. La crítica generalizada a la invasión rusa de Ucrania y la condena rusa al ostracismo no deben inferirse de la resolución de la ONU para la salida de las fuerzas rusas de Ucrania, pues cada país contaba con intereses propios e incluso Serbia, «hermana menor» eslava de Rusia, votó a favor por cuestiones de integridad territorial. El presidente de Serbia, Aleksandar Vuč ić , afirmaba antes de la invasión que condenaría el reconocimiento ruso de Donetsk y Lugansk solo si Zelenski condenaba la agresión de la OTAN contra Serbia en 1999. Además, la creciente influencia mencionada de Rusia en África se hizo notar con la visita a Moscú de uno de los principales líderes del régimen militar sudanés, Mohamed Dagalo Hemeti, durante la intensa semana de la invasión; así como con el llamado de Cyril Ramaphosa, líder sudafricano, a la mediación de la ONU para considerar las preocupaciones de seguridad de Rusia, sin mencionarles como agresores. De hecho, entre las abstenciones de la ONU se encontrarían países como República Centroafricana, Malí, Sudáfrica, Argelia, Zimbabue, Sudán o Uganda, entre otros. Incluso contaría con el voto en contra de Eritrea, cuya cooperación con Rusia se ha venido fortaleciendo, especialmente en el marco de las amenazas de sanciones estadounidenses por su papel en la guerra de Etiopía. Sin duda parece que la «comunidad internacional» va mucho más allá de Occidente.

Somos un país pequeño […] y no decidimos de ninguna manera sobre el destino de Ucrania. Pero si este es el caso, hago un llamado al Sr. Aleksandrovich [embajador de Ucrania en Serbia] para que se dirija al presidente de su país, el Sr. Zelenski, y le pida que condene la terrible y trágica agresión contra Serbia llevada a cabo por los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y otros países [en 1999]. Estoy seguro de que lo hará. Tan pronto como lo haga, con mucho gusto aceptaré la invitación y responderé a sus solicitudes [de condenar el reconocimiento ruso de Donetsk y Lugansk]. (Aleksandar Vuč ić , presidente de Serbia, el día 22 de febrero).

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EL MOMENTO GEOPOLÍTICO. ¿HACIA UNA NUEVA GUERRA FRÍA?

D écadas de cambio político en Europa, esencialmente en Europa oriental, avisaban del «fin de la historia» cuando realmente querían decir «el establecimiento de un orden unipolar» tras la Guerra Fría. Estados Unidos quedaba como única superpotencia tras la caída de la Unión Soviética y a falta del ascenso de China, aún en sintonía con Washington para contrapesar la influencia de Moscú tras la ruptura sino-soviética.

Uno de los primeros escenarios clave para comenzar a entender el destino de este momento geopolítico unipolar llega en 2001, apenas una década después del «fin de la historia», en referencia al titular del politólogo Francis Fukuyama sobre el triunfo definitivo del sistema democrático liberal. En 2001, daría comienzo el periodo de las «guerras interminables», como lo calificaría Donald Trump, tras los atentados del 11-S y con Afganistán como paradigma. También en 2001 daría comienzo el periodo de demostración de que los regímenes iliberales tenían un futuro aún prometedor. A finales de año, China accedía a la Organización Mundial del Comercio (OMC), entendiéndose que la cercanía de Occidente con un Jiang Zemin que había acercado a los burgueses al Partido Comunista de China (PCCh) podía lograr la democratización china mediante el aperturismo económico. Tras años de distintos tipos de liberalismo económico, a muchos países de la antigua órbita socialista también llegaban revoluciones o movimientos dentro de los herederos de dicho periodo con ánimo transformador hacia un liberalismo político. Estados Unidos y los países occidentales siguieron poniendo múltiples esfuerzos en su promoción, incluso tras la Guerra Fría. Sin embargo, los distintos esfuerzos, como el ejemplificado en el acceso de China a la OMC, no calarían en una reforma política, a pesar de que por aquel entonces aún existían sinergias geopolíticas. Y los intentos de acercamiento a Occidente de países donde sí se había dado una fuerte reforma económica y política, como Rusia, habían sido denegados, no solo en los intentos mencionados de la década de 1990 sino en las sucesivas propuestas de Rusia sobre el establecimiento de nuevos conciertos de seguridad a medida que la OTAN seguía acercándose a sus fronteras tras los cambios políticos de los países de su entorno. Las crisis económicas sucesivas terminaron de dañar la fortaleza de Occidente desde 2008, aunque aún se lograrían varias intervenciones como las de algunos procesos derivados de la Primavera Árabe, con especial foco en Siria y Libia. Tras varios síntomas de alejamiento de países como China, India, Rusia, Irán o Venezuela —cuya promoción del cambio político sería infructuosa más allá del cambio económico—; quizá la guerra de Ucrania podría ser el síntoma definitivo de la ruptura entre las democracias liberales y los países que no habían quedado integrados en el nuevo concierto político mundial. La promoción de movimientos pro-occidentales por el mundo no siempre había llegado de la mano del liberalismo ortodoxo de Bruselas sino más bien de un fuerte nacionalismo liberal que, especialmente en el caso de países socialistas, revestía un tono étnico que contrastaba con su propia conformación político-social interna. Estos nuevos regímenes nacionalistas se irían fortaleciendo a medida que las crisis del mundo unipolar llegaban a Occidente. La caída de Kabul en agosto de 2021 y la caótica salida occidental de Afganistán sería un duro escaparate para certificar el fracaso de las «guerras interminables». El estallido de la guerra de Ucrania, sin duda, vendría caracterizado, como todo conflicto, por su propio contexto político local y regional, pero el fortalecimiento de los discursos nacionales a ambos lados de la frontera ayudaría al colapso de la diplomacia.

Estamos terminando la era de las guerras interminables […] para resolver antiguos conflictos en tierras lejanas de las que mucha gente ni siquiera ha oído hablar. (Donald Trump, presidente de Estados Unidos en 2020).

La posibilidad de una intervención militar occidental en Ucrania fue negada continua y persistentemente desde la Casa Blanca y desde la misma OTAN en un hilo que corría paralelo a la escalada entre Rusia y Ucrania. De modo que Rusia conocía de antemano la negativa occidental a una intervención. El mundo había cambiado. Una zona de exclusión aérea sobre Ucrania —como sí se aplicó en Libia— no solo sería inviable con Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, salvo unilateralidad, sino que además supondría un casus belli con Rusia en cuanto hubiera cualquier ataque sobre la fuerza aérea rusa. El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló en la NBC dos semanas antes de la operación rusa, al advertir a sus ciudadanos que abandonasen Ucrania cuanto antes, que no podrían mandar efectivos a evacuarles como en Afganistán, puesto que si había choques entre tropas estadounidenses y rusas en Ucrania, eso sería «una guerra mundial». Ucrania recibiría ayuda armamentística masiva, aunque notablemente dispar a nivel técnico y potencialmente de difícil manejo para sus fuerzas armadas —mucho más para sus civiles—, pero ya había quedado fuera de todo cálculo una intervención militar directa sin poner en juego una guerra mundial. El artículo 5 de la OTAN permitiría dicha protección de ciudadanos de países miembros en otros escenarios, pero Rusia también disponía de su propia alianza militar, la CSTO, reforzada desde el cierre de filas en torno a Kazajistán en enero de 2022. La reapertura de un canal como el teléfono rojo, la situación de alerta de las fuerzas nucleares rusas, las posibilidades de despliegues y comparaciones con la crisis de los misiles habían resonado, no en vano, durante semanas. El referéndum de Bielorrusia para el cambio político prometido tras las protestas poselectorales de 2020 contemplaba en febrero el cambio del país de su estatus «no-nuclear». Igualmente, Ucrania, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2022 señalaría la posibilidad de «cuestionar» el Memorándum de Budapest por el que se consagró su entrada a la lista de países que apostaban por el Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT). Este cuestionamiento debía enmarcarse en las continuas negativas de la OTAN a ofrecer un cronograma claro a Kiev para su adhesión a la organización. De nuevo, la entrada de países como Ucrania, Georgia o Moldavia a la OTAN era un tabú debido a que mantenían disputas territoriales con entidades cercanas a Rusia. La búsqueda de un nuevo marco de seguridad para Ucrania, como suponía el Memorándum de Budapest, requeriría la llegada de nuevos actores garantes, tras la ruptura con Rusia. Kiev aún tendría que intentarlo a nivel bilateral con los socios occidentales más dispuestos a apoyarles. Sin embargo, aunque en 2022 el momento geopolítico impedía a los occidentales lanzarse a una absorción de estos países por el riesgo real de desatar una guerra con Rusia, cosa que no sucedería con los bálticos en 2004, no habían tenido los mismos reparos cuando se dio la bienvenida a Kiev y Tiblisi en la Cumbre de Bucarest de 2008. El mundo, definitivamente, había cambiado. Ofrecer un paraguas militar a países que podían involucrar a ambos bloques militares en una guerra mundial era un escenario por evitar. Ese medidor de tensión mundial, con una potencial guerra continuamente a las puertas, pero evitada por todos los medios mientras se escalaba en distintas carreras como la armamentística, era efectivamente lo que abría las puertas de una nueva Guerra Fría. Aunque como todos los procesos históricos, este periodo tendría sus propias características y caminaría para construir su propio paradigma diferenciado de la competición entre bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética.

La OTAN da la bienvenida a las aspiraciones euroatlánticas de Ucrania y Georgia para su membresía en la OTAN. Acordamos hoy que estos países se convertirán en miembros de la OTAN. (Declaración de la Cumbre de Bucarest de la OTAN, artículo 23, publicada el 3 de abril de 2008).

Los bloques no parecían tan inamovibles, y quizá no lo fueran en el nuevo escenario, por la falta de un cariz ideológico incompatible entre ambos como ocurriría en la Guerra Fría. Pero habría múltiples factores que ayudarían a reconstruir una «desglobalización» previa a la aparición de un nuevo «telón de acero»: las distintas guerras comerciales —entre las que destacan las que desató Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump—, las consecuencias de las crisis económicas a nivel industrial entre múltiples deslocalizaciones de la producción, las crisis de abastecimiento postpandemia, los aumentos de los precios de los alimentos y la energía y la ruptura de la confianza en la cesión de sectores estratégicos a mercados internacionales como consecuencia de las sanciones, entre otros. Todo esto llevaría a que muchos países tratasen de incrementar su soberanía industrial, energética y alimentaria. Rusia, por ejemplo, llevaba años aumentando la producción nacional de alimentos, creciendo del 60% al 80% entre la imposición de sanciones por la anexión de Crimea y el año 2020. Además se amplió la cantidad de productos que debían estar garantizados en régimen de autosuficiencia. Uno de los efectos analizados sobre las sanciones es, aparte del refugio geopolítico en torno a países que precisamente se busca evitar, sin duda, la apuesta de los distintos países por su soberanía industrial, energética, alimentaria y, si es posible, de materias primas. La interdependencia existente en el mundo globalizado hace que el desacople inmediato no sea una opción si se quieren evitar derrumbes como reacción consecuente. Es decir, para cortar los lazos con países del calibre suficiente como para ser considerados estratégicos en esa interconexión global, hace falta un trabajo largo y costoso de recuperación soberana de un segmento sustancial de la cadena de suministros. La gravedad de los hechos acaecidos en Ucrania llevó a los países occidentales, especialmente a los europeos, a poner sus nuevos y urgentes objetivos geopolíticos por delante de la seguridad energética o alimentaria, que ya de por sí venían dañadas. Si esta priorización se mantiene en el tiempo y no logra encontrar una alternativa a Rusia, los daños serán cuantiosos por la contestación de base una vez arrecien las consecuencias materiales. En cualquier caso, se logre o no reconstruir segmentos de la cadena de suministros tanto desde el lado occidental como desde el ruso, el encarecimiento de no emplear la cadena existente con los países vecinos parece asegurado. Al menos la no inmediatez de todo el montante rupturista sobre la mesa de ambos bandos da una oportunidad para que el desacople global sea algo más ordenado de lo que debería implicar una política de sanciones con supuesto ánimo disuasorio.

Especialmente sintomáticas fueron las reacciones de Rusia a las sanciones por la anexión de Crimea en 2014 y las de China a los intentos de desconexión a gran escala de sectores estratégicos durante la guerra comercial, como el del sistema operativo chino y otra clase de software esencial. Desde entonces, ambos países fueron dando pasos para mejorar sus capacidades técnicas en el caso de una ruptura entre bloques. Entre ellos, una de las claves se encontraría en la exclusión del sistema de pagos internacionales SWIFT, para el que Rusia había desarrollado el sistema de pagos internacionales SPFS como alternativa y China el CIPS, con posibilidad de una futura conexión estable, como ya se ha señalado. Aunque la exclusión del SWIFT a Irán pudo ser sorteada mediante alternativas que contaban con el visto bueno de Europa, el cierre de filas de la UE sobre la OTAN en el caso de la crisis ucraniana hacía presagiar la construcción de un nuevo telón de acero, al menos a nivel técnico. La dureza inusitada de las sanciones contra Rusia también abría la puerta a una escalada de reciprocidad que retroalimentase dicho desacoplamiento y «desglobalización», como el cierre del espacio aéreo, las sanciones sobre la compra de deuda soberana rusa o la exclusión de Rusia de una variada amalgama de instituciones internacionales, que ya había comenzado con su salida del G8 tras las sanciones por la anexión de Crimea. La salida de Rusia del Consejo de Europa seguiría esa no tan lejana estela de la ruptura del G8 y allanaría sobremanera el camino al trato de espaldas entre bloques aún en construcción. Lo cual aún tendría un largo recorrido, probablemente por décadas, independientemente de cuándo acabase la guerra de Ucrania.

El nombre de Rusia ha sido dañado durante décadas por el asesinato sin escrúpulos de sus hermanos y hermanas en Ucrania. (Annalena Baerbock, ministra de Exteriores de Alemania).

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UCRANIA A FUTURO

L a presión por negociar una salida política antes de una capitulación completa por la caída del gobierno o su traslado al oeste no triunfaría ni con el ejército ruso a las puertas de las grandes ciudades orientales, con lo que Putin señalaba que dichas negativas tras una semana de operación solo llevarían a más demandas rusas. Volodímir Zelenski apostaría por fortificar plazas clave como Odesa con un gobernador del batallón ultranacionalista Aydar, más belicista y menos proclive a una solución pactada. Estos movimientos apuntaban a una fortificación del órdago ucraniano: si Rusia quería la victoria, no bastaría con asedios y pactos, debían apuntar a batallas urbanas. Este escenario representaría un peligro mayor para la imagen rusa de la que ya suponía la invasión, pues abonaba el terreno a las guerrillas, las ventanas de oportunidad estratégicas para los nacionalistas y las insurgencias en escenarios de ocupación. Y todo eso llevaría inevitablemente un mayor dolor sobre los civiles. Ucrania tensaba la cuerda para encarecer al máximo el órdago ruso y fortalecer su mano, aun estando en minoría. Si nadie desde Occidente acudía a una intervención militar y Kiev no estaba dispuesta a negociar, se confiaba en debilitar la carta rusa y espolear resistencias locales, con los nacionalistas y ultranacionalistas de nuevo en la vanguardia. A pesar de todo, cuanto mayor fuera la resistencia de las autoridades a negociar una rendición o un acuerdo político, también mayores serían las demandas rusas. Rusia también subía la apuesta para debilitar la postura ucraniana mediante la amenaza de que si no pactaban cuanto antes —evitando caer en las batallas que planteaba Ucrania en las plazas que fortificaba—, las demandas irían mucho más allá de la soberanía de Crimea, la independencia del Donbás, la desmilitarización y la neutralidad. Además, desde Kiev y los sectores más nacionalistas se señalaba a los alcaldes dispuestos a negociar con Rusia como traidores.

No sería extraña, por tanto, la ruptura total del tejido político ucraniano, ya dañado severamente desde el Maidán, con la velada referencia a Novorrusia en el histórico discurso de Vladímir Putin el día 21 de febrero. La República de Donetsk ya planteó no solo el proyecto de constitución de una Novorrusia o Rusia Nueva sino también de una Malorrusia o Rusia Menor. Aunque ambas entidades tienen un importante recorrido histórico en la enciclopedia común de bielorrusos (Rusia Blanca), rusos (Rusia Grande) y ucranianos (unión de varios estados); todos estos entes han variado enormemente sus fronteras conceptuales en numerosas ocasiones durante la historia. Las identidades ucraniana, rusa y bielorrusa servirían para diferenciar las nuevas concepciones de Estado, sobre todo desde la época soviética, y su conversión en realidades nacionales desde la segunda mitad de vida de la Unión Soviética, pero con su cénit en la actualidad. Por lo tanto, del mismo modo que la identidad ucraniana absorbió a los pueblos eslavos novorrusos, malorrusos o rusinos de Rutenia (Transcarpatia), entre otros, la necesidad de las nuevas autoridades del Donbás de apostar por una nueva identidad política en base a la historia requería acudir a la historiografía. De hecho, el viceprimer ministro de Donetsk, Aleksandr Timofeev, apuntaba al carácter plurinacional de la nueva entidad, con el malorruso (ucraniano) y el ruso como lenguas oficiales, en un intento de marcar distancias con la política lingüística de Kiev. Sin embargo, esta forma de reinterpretar la historia apuntada desde Donetsk en 2017 chocaría con Lugansk y con su realidad sobre el mapa histórico: Malorrusia ha representado durante gran parte de su historia territorio polaco-lituano y las zonas oeste, central o norte de Ucrania, pero no el Donbás, que se circunscribiría a la Nueva Rusia o Novorrusia, abarcando el sur y este. No obstante, cabe señalar que el proyecto de construcción de una renovada Novorrusia nació en 2014 con ánimo confederal entre Donetsk y Lugansk, pero quedó congelado en 2015.

Partimos del hecho de que la República Popular de Donetsk, junto con la República Popular de Lugansk, siguen siendo los únicos territorios de Ucrania, además de Crimea, donde se ha conservado el poder legal. El estado de Ucrania en la forma en que fue, no se puede recuperar. (Aleksandr Zajárchenko, jefe de Estado de la República Popular de Donetsk entre 2014 y 2018).

La posibilidad de un nuevo revisionismo histórico llevaría a Ucrania a una ruptura conceptual no vista desde el fin de la Revolución Rusa, ya de manera determinante en el curso de la guerra de Ucrania, y sería sin duda una de las salidas políticas a un atolladero irresoluto desde que el Maidán dio el pistoletazo de salida a la imposibilidad de una convivencia cultural. Para entender esta cuestión hay que repasar brevemente de nuevo el precario equilibrio político pre-Maidán entre Yúshchenko, Timoshenko y Yanukóvich para manejar todas las sensibilidades en gobiernos conjuntos. Una vez quebrado este contrato político, llegaría el quiebre del contrato social con el Maidán. Sin el oeste o sin el este del país integrados en el mismo, el otro lado controlaría decididamente la política. En aquel escenario, las salidas de Crimea y el Donbás serían los game changer de la nueva Ucrania, inevitablemente, en este caso, en manos del oeste:

Incluso si Rusia hubiera logrado la claudicación ucraniana en torno a Crimea y la reintegración del Donbás en Ucrania mediante los Acuerdos de Minsk, resultaba difícil imaginar el retorno al equilibrio pre-Maidán ante la pérdida de una importante proporción oriental (Crimea y Sebastopol) y una radicalización nacionalista ucraniana.

Una vez rotos los Acuerdos de Minsk con el reconocimiento de las repúblicas del Donbás por Rusia, la posibilidad de imaginar un retorno al equilibrio pre-Maidán de gobernabilidad para Ucrania ya pasaba a ser quimérica sin Crimea y el Donbás, decantando aún más la balanza hacia el oeste.

Toda vez que Ucrania rechazaba reconocer la soberanía rusa sobre Crimea y la independencia del Donbás, incluso con las tropas rusas en plena invasión, las demandas rusas crecían de nuevo. Y Ucrania se enrocaba así en posicionamientos lógicamente más defensivos, poniendo en juego las batallas urbanas como paso imprescindible para que Rusia impusiera sus criterios de la futura Ucrania. En este escenario, Rusia debía llegar hasta Kiev para poder erigir su nueva hoja de ruta o rebajar sus pretensiones. Y esto llevaba de nuevo al tablero la posibilidad de restar más terreno a Ucrania, evocando el conato de Donetsk y Lugansk de conformar una entidad conjunta que uniera a varias repúblicas populares: Novorrusia. Esta región sin Estado representaría las secciones sureña y oriental del país con mayor proporción rusa o rusófona. Cuanto mayor fuera el alcance de una eventual Novorrusia o de los distintos satélites, no necesariamente unificados, que se pudieran conformar en el sur y en el este, menor posibilidad quedaba de reconciliación en torno a un equilibrio pre-Maidán.

La anexión de Crimea ya significaba el fin del equilibrio en Ucrania en cualquier escenario, incluso con la improbable depuración del Maidán. Sin embargo, era también una respuesta lógica ante el éxito más radical de los nacionalistas del Maidán. Independientemente de quién empezase la ruptura de la viabilidad de un equilibrio político este-oeste en Ucrania, el hecho es que no había posibilidad de implementar Minsk de manera voluntaria por los nacionalistas. La viabilidad del mismo Estado moderno ucraniano se ponía en duda a futuro sin la posibilidad de retornar a ese equilibrio. Por eso desde Rusia, certificando el fin de Minsk, se volvía a hablar antes de la guerra sobre la enmienda a la totalidad del Estado ucraniano, su origen en decisiones políticas soviéticas y la existencia de una tierra novorrusa. Se debía crear un nuevo equilibrio político. Reintegrar Crimea y Donbás quedaba fuera de todo cálculo salvo que Rusia perdiese contundentemente la guerra, por lo que el nuevo equilibrio político sería más sencillo de alcanzar mediante una división este-oeste o la federación forzada en, al menos, dos estados —modelo bosnio—. Pero plantear un nuevo equilibrio político sin los nacionalistas resultaba muy complejo si no se restauraban las fronteras previas a 2014, e incluso en ese escenario.

Descartado el efecto disuasorio a corto plazo de las fuertes sanciones occidentales, la guerra continuaría sus derroteros hasta convenir un nuevo contrato político, ya sea por acuerdo o por rendición. Solo el tiempo diría si el final de la guerra se reflejaría en una ardua Ucrania reunificada en torno a sus fronteras pre-Maidán —con Crimea y Donbás— tratando de restaurar aquel equilibrio político; si se reflejaría en una difícilmente gobernable Ucrania prorrusa —sin Crimea ni Donbás— donde Rusia tratase de influir y enfrentase, a buen seguro, una dura resistencia por el desequilibrio tras la pérdida del este; o si se reflejaría en una división en varios estados, donde Rusia pudiera tener influencia directa o incluso soberanía en, al menos, los más cercanos a la entidad de Novorrusia. En cualquier caso, la Ucrania resultante de la guerra se encontrará con un contexto distinto en torno a un nuevo paradigma regional y mundial, ya sea de neutralidad o de parcialidad entre la ruptura Occidente-Rusia, y el terremoto que se materialice en las consecuencias geopolíticas del conflicto en un mundo sumido en una crisis palpable en la realidad material de múltiples esferas conectadas. Posiblemente esta sea la única certeza sobre el tablero ucraniano.

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