Sergio Bitar es ingeniero, economista y político. Sirvió a Chile como ministro en el gabinete del presidente Salvador Allende. Después del golpe de Estado fue preso político y, posteriormente, exiliado. Más tarde fue senador, líder del Partido por la Democracia y ministro en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Es presidente de la Fundación por la Democracia de Chile y director del programa Tendencias Globales y el Futuro de América Latina del Diálogo Interamericano. Tiene un Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard.

Abraham F. Lowenthal, profesor emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California, fundó el programa sobre América Latina del Centro Woodrow Wilson, el Diálogo Interamericano y el Consejo del Pacífico sobre Política Internacional. Sus publicaciones abordan la política latinoamericana, las relaciones interamericanas, la gobernanza democrática y la política exterior estadounidense. Es doctor por la Universidad de Harvard.

Este libro ofrece por primera vez el testimonio y las experiencias de trece expresidentes y primeros ministros de nueve países –dos de África, dos de Asia, dos de Europa y tres de América Latina– que contribuyeron al éxito de las transiciones desde regímenes autoritarios hacia la gobernanza democrática: Fernando Henrique Cardoso (Brasil); Patricio Aylwin y Ricardo Lagos (Chile); Felipe González (España); Fidel V. Ramos (Filipinas); John Kufuor y Jerry Rawlings (Ghana); B. J. Habibie (Indonesia); Ernesto Zedillo (México); Aleksander Kwasniewski y Tadeusz Mazowiecki (Polonia); y F. W. de Klerk y Thabo Mbeki (Sudáfrica). A través de conversaciones reveladoras con cada uno de ellos –auspiciadas por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional)– los editores, Sergio Bitar y Abraham F. Lowenthal, muestran el papel que desempeñaron estos líderes, los retos a los que se enfrentaron, los objetivos que persiguieron, las estrategias que adoptaron así como las diferencias entre las oportunidades actuales para la democratización y las que existían en su época.

Cada entrevista va acompañada de un ensayo introductorio, escrito por un destacado especialista en cada país, en el que se analiza la experiencia única de cada nación así como los retos recurrentes a los que se enfrentan todas las transiciones, una lista de momentos clave, una pequeña reseña biográfica de cada uno de los líderes y una selección de lecturas recomendadas sobre cada caso. Georgina Waylen analiza en un capítulo el papel de las mujeres líderes, a menudo poco valorado. El prólogo del expresidente de la República de Túnez, Mohamed Moncef Marzuoki, destaca la importancia de este libro para el norte de África y Oriente Medio.

Por último, las conclusiones de los editores arrojan nueva luz sobre cómo se han llevado a cabo y pueden realizarse transiciones democráticas en un mundo en constante cambio, enfatizando la importancia del liderazgo político.

Edición al cuidado de María Cifuentes

Publicado por:

Galaxia Gutenberg, S.L.

Av. Diagonal, 361, 2.º 1.ª

08037-Barcelona

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Edición en formato digital: enero 2016

© IDEA Internacional, 2016

© Galaxia Gutenberg, S.L., 2016

Imagen de portada: © Estudio Pep Carrió, 2016

Conversión a formato digital: Maria Garcia

ISBN Galaxia Gutenberg: 978-84-16495-65-8

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SOBRE IDEA INTERNACIONAL

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) es una organización intergubernamental que tiene como objetivo apoyar la democracia sostenible en todo el mundo. Los objetivos del Instituto son brindar apoyo para lograr instituciones y procesos democráticos más sólidos y democracias más sostenibles, efectivas y legítimas.

¿Qué es IDEA Internacional?

IDEA Internacional es la única organización intergubernamental cuyo único mandato consiste en apoyar la democracia. La meta de IDEA Internacional es convertirse en el principal agente mundial de intercambio de conocimientos comparados y experiencias en pro de la democracia.

¿Qué hace IDEA Internacional?

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IDEA pone sus conocimientos al servicio de los agentes nacionales y locales que trabajan en las reformas democráticas y facilita el diálogo necesario para lograr el cambio democrático.

En sus tareas, IDEA tiene como objetivo:

•Aumentar la capacidad, legitimidad y credibilidad de la democracia.

•Lograr una participación más inclusiva y una representación responsable.

•Establecer una cooperación democrática más efectiva y legítima.

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El trabajo de IDEA no es prescriptivo e IDEA adopta un enfoque imparcial de colaboración en la cooperación por la democracia. Hace hincapié en la diversidad dentro de la democracia, la participación política equitativa, la representación de mujeres y hombres en la política y en la toma de decisiones, y ayuda a impulsar la voluntad política necesaria para el cambio.

El Instituto aúna toda una serie de entidades políticas y líderes de opinión. IDEA facilita el intercambio de conocimientos y experiencias a nivel mundial, regional y nacional mediante seminarios, conferencias y talleres de construcción de capacidades.

¿Dónde actúa IDEA Internacional?

IDEA Internacional actúa en todo el mundo. El Instituto tiene su sede en Estocolmo, Suecia, y cuenta con oficinas en las regiones de África, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, Asia Occidental y el norte de África.

IDEA Internacional es Observador Permanente ante las Naciones Unidas.

Índice

Prólogo

Prefacio

Introducción

Capítulo 1. Brasil

La transición en Brasil: de una liberalización limitada a una democracia vibrante, por Frances Hagopian

Reseña biográfica de Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil (1995-2003)

Entrevista al presidente Fernando Henrique Cardoso

Momentos clave en la transición democrática de Brasil

Lecturas recomendadas sobre Brasil

Capítulo 2. Chile

El éxito de la transición de Chile: de una intensa polarización a una democracia estable, por Genaro Arriagada

Reseña biográfica de Patricio Aylwin, presidente de Chile (1990-1994)

Entrevista al presidente Patricio Aylwin

Movilización social

Reseña biográfica de Ricardo Lagos, Presidente de Chile (2000-2006)

Entrevista al presidente Ricardo Lagos

Momentos clave en la transición democrática de Chile

Lecturas recomendadas sobre Chile

Capítulo 3. Ghana

El tortuoso camino a la democracia, por Kwame A. Ninsin

Reseña biográfica de John Agyekum Kufuor, presidente de Ghana (2001-2009)

Entrevista al presidente John Agyekum Kufuor

Reseña biográfica de Jerry John Rawlings, presidente de Ghana (1993-2001)

Entrevista al presidente Jerry John Rawlings

Momentos clave en la transición democrática de Ghana

Lecturas recomendadas sobre Ghana

Capítulo 4. Indonesia

El emprendimiento democrático de Indonesia: problemas, perspectivas y desafíos pendientes, por Bahtiar Effendy y Mutiara Pertiwi

Reseña biográfica de B. J. Habibie, presidente de Indonesia (1998-1999)

Entrevista al presidente B. J. Habibie

Momentos clave en la transición democrática de Indonesia

Lecturas recomendadas sobre Indonesia

Capítulo 5. México

La democratización gradual de México: un proceso descendente y ascendente, por Soledad Loaeza

Reseña biográfica de Ernesto Zedillo, presidente de México (1994-2000)

Entrevista al presidente Ernesto Zedillo

Momentos clave en la transición democrática de México

Lecturas recomendadas sobre México

Capítulo 6. Filipinas

Filipinas: el movimiento Poder del Pueblo, una transición turbulenta y la buena gobernanza, por Mark R. Thompson

Reseña biográfica de Fidel V. Ramos, Presidente de Filipinas (1992-1998)

Entrevista al Presidente Fidel V. Ramos

Momentos clave en la transición democrática de Filipinas

Lecturas recomendadas sobre Filipinas

Capítulo 7. Polonia

El gran experimento polaco: la creación de la democracia a través de las protestas, la represión, la negociación, las elecciones y la política del zigzag, por Jane L. Curry

Reseña biográfica de Aleksander Kwasniewski, presidente de Polonia (1995-2005)

Entrevista al presidente Aleksander Kwasniewski

Reseña biográfica de Tadeusz Mazowiecki, primer ministro de Polonia (1989-1991)

Entrevista al primer ministro Tadeusz Mazowiecki

Momentos clave en la transición democrática de Polonia

Lecturas recomendadas sobre Polonia

Capítulo 8. Sudáfrica

La democracia como subproducto: la transición negociada de Sudáfrica, por Steven Friedman

Reseña biográfica de F. W. de Klerk, presidente de Sudáfrica (1989-1994)

Entrevista al presidente F. W. de Klerk

Reseña biográfica de Thabo Mbeki, presidente de Sudáfrica (1999-2008)

Entrevista al presidente Thabo Mbeki

Momentos clave en la transición democrática de Sudáfrica

Lecturas recomendadas sobre Sudáfrica

Capítulo 9. España

España: transición por transacción, por Charles Powell

Reseña biográfica de Felipe González, presidente del Gobierno de España (1982-1996)

Entrevista al presidente Felipe González

Momentos clave en la transición democrática de España

Lecturas recomendadas sobre España

Capítulo 10. Mujeres activistas en las transiciones democráticas, por Georgina Waylen

Reseñas biográficas de las entrevistadas

Referencias de las entrevistas

Referencias y lecturas recomendadas

Capítulo 11. Del régimen autoritario a la gobernanza democrática: aprender de los líderes políticos para construir el futuro

Agradecimientos

Acerca de los editores y colaboradores

Editores

Colaboradores

Bibliografía

Prólogo

El 17 de diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi, un joven tunecino sin empleo, se prendió fuego y abrió los ojos de sus compatriotas y del mundo a la lamentable situación de los derechos humanos en Túnez. El régimen político gobernante vendía la imagen de un país feliz, cuyos ciudadanos apenas tenían preocupaciones sobre su vida, su futuro y su libertad, y donde todos gozaban de oportunidades gracias al crecimiento económico y la prosperidad. Era una burda mentira. El levantamiento popular que tuvo lugar entre el 17 de diciembre de 2010 y el 14 de enero de 2011 surgió en un clima de represión invisible. Túnez era un país en el que la oposición política «legal» estaba diezmada por sempiternas divisiones y proyectos y ambiciones muy limitados. Además, la oposición «ilegal» estaba encarcelada o bien había tenido que abandonar el país por un periodo de tiempo ilimitado.

El régimen se derrumbó rápidamente. No obstante, 330 personas fallecieron en los acontecimientos que sucedieron al 17 de diciembre de 2010, mientras las estructuras estatales trataban de resistir las oleadas revolucionarias simulando introducir cambios, algunos razonables, pero otros abusivos.

La revolución tunecina no fue únicamente un fenómeno local; fue el punto de partida de una corriente amplia que alteró la realidad de toda la región. Desde finales de 2010, momento en que el pueblo de ese país decidió tomar las calles y realizar una apuesta decidida para recuperar la dignidad y construir la democracia, una oleada de transiciones democráticas ha recorrido la región árabe. Los ciudadanos de Egipto, Libia y Yemen, al igual que los tunecinos, derrocaron a viejos dictadores y abrieron de ese modo una ventana de esperanza para una población joven asolada por la frustración y la falta de oportunidades. Sin embargo, desde el principio se hizo evidente que algunas de esas dictaduras no estaban dispuestas a escuchar a su pueblo, y que opondrían una resistencia tenaz, aumentando así el sufrimiento humano.

Una vez disipada la euforia inicial de las generaciones jóvenes sedientas de libertad, los reformistas de la región descubrieron que construir la democracia es una tarea mucho más compleja, difícil y multifacética de lo que creían. Al caer los dictadores, la gente se dio cuenta de que estos no eran tan poderosos como parecían ser, y que había sido solo el miedo el que les había hecho creer que los dictadores lo controlaban todo. Además, los ciudadanos descubrieron en ese momento que el dictador no era el único culpable de sus males.

Derrocar al dictador no es más que el primer paso de un proceso mucho más largo hacia el cambio real. El camino a la transición democrática se allana al producirse un cambio en los conceptos, las mentalidades, los valores y las conductas. Estos aspectos han resultado fundamentales, especialmente en la región árabe, y si no se le presta la debida atención, la implantación de una gobernanza democrática que satisfaga las aspiraciones del pueblo, otorgue espacio a todos y sea capaz de consolidarse y mantenerse puede ser tan solo una ilusión.

En este contexto, la libertad de expresión franca y libre es esencial. Aquellos que forman parte del grupo dirigente de un país durante una transición difícil tienen que defender su libertad de expresión y aprovecharla para decir la verdad. Deberían estar dispuestos a hacer autocrítica, y a criticar a sus aliados para corregir el curso de los acontecimientos que puede estar determinado por una situación social y de seguridad complicada. Han de anticiparse al futuro de la nación y anteponer los intereses de esta. Independientemente de las dificultades a las que han de hacer frente, deben evitar crear expectativas demasiado altas. Es su deber desde el punto de vista ético y, además, es lo más sensato para mantener su credibilidad ante el pueblo, que espera que la revolución propicie resultados inmediatos.

No obstante, la buena voluntad, la dedicación y los sacrificios de numerosos líderes y ciudadanos no son suficientes. Es indispensable llevar a cabo un trabajo sistemático a fin de identificar, introducir y ejecutar reformas que se conviertan en las raíces sólidas de una sociedad democrática. Para ello es preciso desarrollar y utilizar diversas habilidades y técnicas que puedan beneficiarse ampliamente de las experiencias acumuladas por otras personas que se enfrentaron con anterioridad al mismo conjunto de desafíos, aunque hay que ser conscientes de las importantes diferencias de cada contexto.

Como líder del primer eslabón de la cadena de transiciones en la región de Oriente Medio y el norte de África considero que Transiciones democráticas: las enseñanzas de los líderes políticos es una publicación apasionante, en la que se recogen opiniones y reflexiones de líderes preeminentes que han desempeñado un papel fundamental en las transiciones de sus respectivos países hacia una gobernanza democrática real. Contiene entrevistas en profundidad con 13 líderes mundiales de transiciones que tuvieron lugar en las últimas cuatro décadas, quienes recuerdan los dilemas a los que se enfrentaron, las decisiones que tomaron, las consecuencias de sus resoluciones más importantes y lo que consideran sus logros capitales.

Esta obra innovadora es una contribución única y muy oportuna al debate actual sobre cómo se debe promover, inspirar y gestionar una transición pacífica desde el autoritarismo a la democracia. Su contenido será de gran utilidad para los líderes que en este momento dirigen procesos de transición, así como para los movimientos democráticos y la comunidad preocupada por la construcción democrática.

Hay un mensaje muy valioso en este libro: aunque las movilizaciones populares pueden desencadenar una transición, se requiere un liderazgo capaz, firme y sensible a largo plazo para conciliar contextos políticos y sociales fragmentados, desarrollar las competencias de las instituciones del Estado y orientar a un país en el decisivo periodo de transición.

Este libro es especialmente importante para la región de Oriente Medio y el norte de África, dado que las lecciones que pueden extraerse de los dirigentes entrevistados son de un valor excepcional para todos aquellos que se esfuerzan por consolidar los cimientos democráticos, la inclusividad y la dignidad de esta región. A ese grupo pertenecemos nosotros; formamos parte de un mundo árabe que lleva siglos padeciendo una verdadera carencia de experiencias democráticas pertinentes. Los posibles beneficios de estas lecciones son de gran alcance y, de hecho, pretenden ayudar a las personas que trabajan para construir la democracia en cualquier parte del mundo.

Los derechos humanos se están convirtiendo en la ideología de nuestra época. Creo que lo que la humanidad necesita en realidad es un mundo donde todos los individuos puedan gozar de sus derechos básicos como seres humanos. La región de Oriente Medio y el norte de África se está abriendo a una nueva era en la historia de la humanidad, en la que debe demostrar que el camino democrático está abierto a todos, cualesquiera que sean su cultura o su historia. No hay ninguna cultura que rechace o sea capaz de resistirse al ferviente deseo popular del cambio hacia la democracia. En todos los países y culturas, el pueblo aspira por lo general a elegir a sus gobernantes, sin imposiciones ni represión.

MOHAMED MONCEF MARZOUKI

Expresidente de la República de Túnez

Prefacio

Este año el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) celebra su vigésimo aniversario, cumpliendo dos décadas de apoyo al fortalecimiento de las instituciones y los procesos democráticos en todo el mundo. En estos 20 años hemos brindado información técnica de utilidad a aquellas personas que trabajan para construir democracias sostenibles en el planeta. Hemos elaborado y divulgado ampliamente conocimientos comparativos sobre la organización y la celebración de elecciones, pero también sobre la construcción constitucional, la evaluación de la democracia y de los partidos políticos. Lo que ni nosotros ni otros habíamos ofrecido hasta ahora es el testimonio de primera mano de líderes políticos destacados acerca de la consecución de la transición a la democracia en diversos continentes. Ese es el vacío fundamental que este apasionante libro pretende llenar.

Los líderes políticos desempeñan un papel esencial en los resultados que arrojan los periodos de transición. Aunque la democracia se basa en procesos inclusivos, las transiciones democráticas también consisten en una serie de decisiones críticas que, en última instancia, corresponden a la persona al mando. Esas decisiones normalmente dependen de una única persona porque los procesos de transición suelen ser disruptivos. Lo son porque no encajan en los marcos y procedimientos establecidos para la toma colectiva de decisiones, porque se vinculan a un problema que no había surgido antes, y porque el peso y la envergadura de la situación, así como el reto que plantea, pueden impedir que otras personas responsables de las decisiones asuman tal responsabilidad. Y, lo que es más importante, son disruptivas porque alteran el curso de la historia.

Dichos dilemas y retos hacen que el líder político se enfrente a la quintaesencia del liderazgo y la responsabilidad: responder, decidir, dirigir en función de una evaluación personal acertada de la situación, de los pros y contras de cada alternativa, del interés público en juego y, otro aspecto importante, de un conjunto de valores en el que se sostiene su compromiso.

Esos momentos decisivos de auténtico liderazgo exigen visión de futuro, una valentía para hacer frente a las resistencias y asumir riesgos personales, y paciencia para aguardar los resultados positivos, todo ello mostrando sensibilidad y responsabilidad con respecto a los ciudadanos del país y sus representantes.

Así pues, IDEA Internacional se enorgullece de presentar este libro, en el que se recogen las experiencias de 13 líderes políticos que se enfrentaron a este tipo de retos. Transiciones democráticas: las enseñanzas de los líderes políticos analiza la importancia fundamental del liderazgo político en la promoción y consecución de la transición democrática, y brinda a los líderes contemporáneos experiencias comparativas para un amplio conjunto de asuntos de importancia capital en la transición hacia la gobernanza democrática.

Muchas personas excelentes han contribuido a esta publicación, en especial los líderes políticos que han compartido sus experiencias únicas. Mi mayor agradecimiento, sin embargo, debe ser para mi predecesor, Vidar Helgesen, que tuvo la visión y la convicción de que era necesario compartir las experiencias de los líderes que ayudaron a lograr el cambio democrático. También quiero dar las gracias al exsenador y exministro Sergio Bitar y al profesor Abraham Lowenthal, que redactaron y realizaron las entrevistas, y aportaron la sagacidad intelectual y la perspicacia política necesarias para sacar adelante este proyecto. Valoramos enormemente su compromiso, energía y capacidad.

En IDEA Internacional albergamos la esperanza de que esta obra sea fuente de inspiración, reflexión y orientación en las próximas décadas para una nueva generación de líderes que dirija la transición desde un gobierno autoritario y excluyente a otro democrático.

YVES LETERME

Secretario General

IDEA Internacional

Introducción

Sergio Bitar y Abraham F. Lowenthal

El presente libro devela cómo 13 expresidentes y primeros ministros de nueve países –dos de África, Asia y Europa, respectivamente, y tres de América Latina– contribuyeron al éxito de las transiciones desde regímenes autoritarios hacia la gobernanza democrática. No sabemos de ninguna otra fuente comparable que tenga la información práctica y los juicios meditados respecto a los desafíos que tales transiciones plantean, y la manera en que estas se han abordado.

Entre enero de 2012 y junio de 2013, entrevistamos a Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; Patricio Aylwin y Ricardo Lagos, de Chile; Felipe González, de España; Fidel V. Ramos, de Filipinas; John Kufuor y Jerry Rawlings, de Ghana; B. J. Habibie, de Indonesia; Ernesto Zedillo, de México; Aleksander Kwasniewski y Tadeusz Mazowiecki, de Polonia; y F. W. de Klerk y Thabo Mbeki, de Sudáfrica. Las entrevistas ofrecen una exposición exhaustiva sobre el papel que desempeñaron estos líderes en esas transformaciones históricas.

Estas entrevistas abarcan una serie de transiciones desde diversos regímenes autoritarios que propiciaron una gobernanza democrática sostenida que, hasta la fecha, no se ha revertido.1 Cada transición es única, como también lo es la función de sus respectivos líderes. De Klerk, Habibie y Zedillo fueron figuras clave en regímenes autocráticos de naturaleza diversa que contribuyeron a que sus países progresaran hacia una democracia legítima. Aylwin, Cardoso, González, Kufuor, Lagos, Mazowiecki y Mbeki fueron figuras destacadas en los movimientos de oposición que ayudaron a poner fin a los regímenes autoritarios y, posteriormente, contribuyeron a construir las democracias que ocuparon su lugar. Kwasniewski, Ramos y Rawlings fueron figuras puente, a medio camino entre la autocracia y la democracia. Todos ellos contribuyeron de forma significativas a la transición democrática en sus países.

Las entrevistas resultan fascinantes porque arrojan luz sobre lo que hicieron estos líderes ejecutivos y sus motivaciones. Comentan el origen y las características de acciones que resultaron eficaces tanto para poner fin al autoritarismo, como para construir la gobernanza democrática. Nos revelan cómo entendieron y afrontaron los principales retos que tuvieron que superar, qué objetivos específicos perseguían, qué estrategias y tácticas desarrollaron y cómo fueron evolucionando.2 Explican las decisiones críticas –y, en algunos casos, angustiosas– que se vieron obligados a tomar. Y reflexionan sobre las lecciones que cabe extraer de sus experiencias y que pueden resultar útiles en transiciones presentes y futuras, así como sobre las diferencias entre las oportunidades actuales para la democratización y las que existían en su época.

Las conversaciones que reproducimos más adelante ponen de manifiesto que este tipo de transiciones obligan a abordar numerosas cuestiones de importancia constante: cómo organizar y unir a fuerzas políticas y sociales divididas para hacer frente a un régimen autoritario; cómo reforzar el movimiento en favor de la apertura política en el seno de un régimen autoritario; cómo forjar acuerdos viables, tanto entre los grupos opositores como, si es posible, entre estos y ciertos elementos del régimen anterior; y por qué (y cómo) se deben fortalecer los partidos políticos y crear instituciones democráticas. Los líderes reflexionan sobre la influencia de las organizaciones de la sociedad civil y los agentes internacionales, así como sobre las limitaciones en sus respectivas funciones.

Los personajes entrevistados abordan asimismo temas espinosos como la manera de promover el control civil de las Fuerzas Armadas, la Policía y los servicios de inteligencia; cómo conciliar la necesidad de la justicia de transición y reparadora con el imperativo de coexistir con los antiguos adversarios; cómo impulsar la confianza y atraer inversiones del sector empresarial al tiempo que se responde a las demandas populares y se satisfacen las expectativas de equidad y redistribución; y cómo fomentar el consenso en torno a los principios constitucionales y los procedimientos electorales. En sus propias palabras, estas figuras extraordinarias ofrecen algo de lo que carecen la mayoría de los estudios sobre las transiciones democráticas: sabiduría política fundamentada en la experiencia.

No son solo las élites políticas, o quizá ni siquiera principalmente, las que consiguen la transición hacia la democracia. Los movimientos de masas, las organizaciones de la sociedad civil y sus instrumentos –huelgas, protestas, manifestaciones y otras formas de presión desde la base– han sido esenciales en prácticamente todas las transiciones. En diferentes formas y grados, así ha sido en cada una de estas nueve transiciones –desde la demanda de Diretas já en Brasil, al Poder del Pueblo en Manila; desde las manifestaciones multitudinarias contra Soeharto en Indonesia, hasta las huelgas generales del movimiento obrero Solidaridad (Solidarność)en Polonia y las protestas estudiantiles en México de 1968. Los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos feministas, los estudiantes, las asociaciones profesionales, las organizaciones religiosas y la presión internacional contribuyeron al cambio en estos países. Las estructuras socioeconómicas, las realidades demográfica y geopolítica, y la historia y la cultura de cada nación también determinaron la demanda de democracia y los obstáculos que hubo que superar para alcanzarla.

No obstante, estas entrevistas demuestran de manera convincente que el liderazgo político también es importante. Los individuos fueron clave en todas las etapas de esos movimientos desde el autoritarismo hacia la democracia. Es imposible imaginar la transición sudafricana sin Nelson Mandela, F. W. de Klerk, Oliver Tambo y Thabo Mbeki. También lo es entender la transición en Indonesia para dejar atrás el prolongado régimen de Soeharto sin el decisivo papel de B. J. Habibie; comprender la transición chilena sin las aportaciones singulares de Patricio Aylwin y Ricardo Lagos; valorar la transición española sin tener en cuenta la importancia crucial del rey Juan Carlos, Adolfo Suárez y Felipe González; o estudiar el logro de la democracia en Polonia sin analizar el destacado papel de Lech Walesa, Wojcieck Jaruzelski, Tadeusz Mazowiecki y Aleksander Kwasniewski. Las estructuras son importantes, pero también lo son los agentes humanos. Los expertos en ciencias políticas suelen minimizar la importancia del liderazgo; este libro la enfatiza.3

El núcleo del presente libro son las propias entrevistas. Para preparar estas conversaciones, que tuvieron una duración de entre dos y cinco horas y media, nos empapamos de lecturas y consultamos a expertos de cada país. Nos centramos en temas y problemas comunes, así como en las circunstancias especiales más importantes de cada caso. No nos ceñimos a un cuestionario, sino que preferimos entablar conversaciones dinámicas con los líderes políticos, guiándonos por nuestro deseo de entender las transiciones de sus países y de animarlos a reflexionar sobre cómo se llevaron a cabo y qué enseñanzas cabe extraer de sus experiencias.

Con la aprobación de los entrevistados, editamos las transcripciones para suprimir repeticiones innecesarias, organizamos sus observaciones por temas y resumimos nuestras propias preguntas y comentarios. En dos casos (Fidel Ramos y B. J. Habibie) hemos incluido pasajes relevantes de obras de los entrevistados, a fin de exponer con más detalle algunos temas que se mencionan brevemente en la entrevista. También hemos recurrido a los epígrafes y la negrita para facilitar la lectura; se han añadido breves aclaraciones entre corchetes y se facilita una lista de lecturas recomendadas sobre cada caso, así como de la literatura comparativa y teórica que consideramos más útil. Proporcionamos también una lista de momentos clave para que el lector pueda identificar con mayor facilidad las referencias concretas a líderes, otras personas, partidos y acontecimientos, y hemos elaborado una pequeña reseña biográfica de cada uno de los líderes. Preceden a las entrevistas ensayos redactados por destacados académicos especializados en cada país, que describen el contexto de la transición correspondiente y la actuación de cada líder.

Lamentablemente, no vive ninguna mujer que asumiera un papel de liderazgo en estas transiciones, y pocos entrevistados aportan información sobre la participación de las mujeres en ellas. IDEA Internacional, a petición nuestra, solicitó a Georgina Waylen, de la Universidad de Manchester, que preparase un capítulo independiente sobre la cuestión. El capítulo se basa en las entrevistas que la autora ha realizado a lo largo de varios años y en nuevas entrevistas con mujeres activistas que desempeñaron papeles significativos en esos nueve países, aunque no a nivel ejecutivo superior.

Nuestro propio ensayo final destila algunos de los principios más importantes sobre el modo en que se puede poner fin al autoritarismo y construir la gobernanza democrática. Las transiciones del autoritarismo a la democracia afrontan desafíos recurrentes. Las lecciones extraídas de estos casos son muy pertinentes para los líderes y activistas del futuro. Este libro debería resultar útil a los líderes políticos presentes y futuros, así como a los ciudadanos de todo el mundo que siguen luchando por establecer la gobernanza democrática; a los activistas de las organizaciones de la sociedad civil; a los medios de comunicación y a la comunidad internacional; y a todos aquellos que desean entender, impulsar, dirigir y apoyar las transiciones democráticas.

Realizar estas entrevistas y reflexionar juntos sobre lo aprendido ha sido una experiencia maravillosa, fundamentalmente porque los temas que hemos tratado siguen siendo importantes y porque las personas a las que hemos entrevistado tienen experiencias y cualidades humanas extraordinarias. Nuestra inveterada amistad se ha fortalecido a medida que recurríamos a los valores que compartimos y a nuestras distintas experiencias vitales para elaborar este trabajo.

Con la mayor gratitud hacia IDEA Internacional por poner en marcha y respaldar este proyecto, y un profundo agradecimiento a los líderes políticos que nos permitieron indagar en sus recuerdos, animamos a los lectores a seguir nuestros pasos y aprender de ellos.

1. Dado que el proyecto no se puso en marcha hasta 2012, no hemos podido entrevistar a personajes históricos tan relevantes en estos nueve casos como Nelson Mandela, Corazón Aquino, Wojcieck Jaruzelski o Ulysses Guimarães. Tampoco ha sido posible incluir a líderes destacados de otras transiciones democráticas notables del mismo periodo, tales como Václav Havel o Raúl Alfonsín.

2. Por supuesto, los argumentos de los líderes políticos (u otras personas) para explicar retrospectivamente sus decisiones y valorar las consecuencias de estas no tienen por qué ser plenamente ciertos. Aunque realizan un esfuerzo sincero por ser totalmente francos, es posible que no recuerden con exactitud ciertas situaciones que vivieron hace años, o el modo en que percibían las circunstancias en aquel momento y cómo estas determinaron sus acciones; también es posible que no valoren acertadamente las fuerzas que intervinieron en el proceso. Sin embargo, consideramos que estas entrevistas son verosímiles y ofrecen perspectivas valiosas que por lo general no pueden obtenerse de ninguna otra fuente. Es posible que en ellas se minimicen los errores y se haga hincapié en los logros, pero en cualquier caso explican decisiones y acciones que a veces otros métodos de análisis no permiten esclarecer. No hay mejor forma de aprovechar esta fuente única que las entrevistas en profundidad.

3. Resulta sorprendente que exista tan poca literatura académica sobre el liderazgo político, quizá debido a que es muy difícil de captar con los instrumentos e indicadores de la ciencia política moderna. Una excepción ejemplar la hallamos en Juan J. Linz, «Innovative Leadership in the Transition to Democracy and a New Democracy: The Case of Spain» [Liderazgo innovador en la transición a la democracia y una nueva democracia: el caso español], en Gabriel Sheffer (ed.), Innovative Leadership in International Politics [Liderazgo innovador en la política internacional], Albany, N. Y.: State University of New York Press, 1993. Véase también el último volumen de Archie Brown, The Myth of the Strong Leader: Political Leadership in the Modern Age [El mito del líder fuerte: liderazgo político en la Edad Moderna], Londres: Bodley Head y Nueva York: Basic Books, 2014. Brown señala que aquellas figuras políticas que él define como líderes «redefinidores» o «transformacionales» son la excepción, no la norma, pero pueden marcar una gran diferencia. Aunque hace hincapié en los peligros que conlleva la fe en un «hombre fuerte», ofrece argumentos en favor del liderazgo colegiado e inclusivo. En su correspondencia personal, Brown indica que este tipo de liderazgo resulta especialmente necesario en las transiciones, una observación que se corrobora en estas entrevistas. Marshall Ganz aporta otra perspectiva en «Leading Change: Leadership, Organization and Social Movements» [Liderar el cambio: liderazgo, organización y movimientos sociales], en Nitin Nohria y Rakesh Khurena (eds.), Handbook of Leadership and Practice [Manual de liderazgo y práctica], Boston: Harvard Business Press, 2010. Ganz define el liderazgo como «asumir responsabilidades para crear condiciones que permitan a otros alcanzar objetivos comunes en situaciones de incertidumbre». La mayoría de los líderes entrevistados en este volumen encarnan ese concepto.

CAPÍTULO 1

Brasil

LA TRANSICIÓN EN BRASIL: DE UNA LIBERALIZACIÓN LIMITADA A UNA DEMOCRACIA VIBRANTE

Frances Hagopian, Universidad de Harvard

Las Fuerzas Armadas gobernaron en Brasil entre 1964 y 1985; durante la mitad de ese periodo, la oposición siguió paciente las normas establecidas por el régimen en una larguísima transición a la democracia. La didáctica experiencia de Brasil en materia de democratización ofrece ejemplos sobre las decisiones estratégicas, adoptadas tanto por los autócratas como por los demócratas, que pueden dar pie a una transición pacífica. Asimismo, demuestra que, con el paso del tiempo, se pueden superar las limitaciones a la verdadera gobernanza democrática impuestas por los acuerdos institucionales y de fondo.

Democracia y dictadura

A finales del siglo XIX se estableció en Brasil un sistema político pluralista. No obstante, durante decenios el régimen oligarca privó a la gran mayoría de los brasileños del ejercicio efectivo de sus derechos de ciudadanía. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial –cuando el sistema político se abrió a una participación política más amplia y a una mayor competencia–, las clases bajas de las zonas urbanas estaban estrictamente controladas, no se permitía a los trabajadores rurales organizar sindicatos y los analfabetos no tenían derecho de voto. Si bien el país prosperó a finales de la década de 1950 con las inversiones en infraestructura, la sustitución de importaciones para impulsar la industrialización y la construcción de una nueva capital nacional en Brasilia, la presión sobre el sistema político comenzó a aumentar. La debilidad institucional –ejemplificada en un sistema de partidos políticos altamente fragmentado y un Congreso ineficaz– apenas contribuyó a apaciguar los miedos de las élites amenazadas por la movilización de las masas campesinas, los avances electorales de un partido laborista populista y la retórica izquierdista del presidente João Goulart.

En abril de 1964, en plena Guerra Fría, los militares brasileños, azuzados por los miedos de la insurrección de signo comunista y la guerra civil, reaccionaron a la tormenta perfecta generada por una inflación disparada y unas reservas en divisas cada vez más mermadas, las exigencias de una reforma agraria, la ineptitud aparente de los dirigentes civiles y los disturbios sindicales y estudiantiles cada vez más intensos. Ese mes llevaron a cabo un golpe de Estado que impuso un régimen militar autoritario. Los dirigentes militares procedieron a estabilizar la economía, fortalecer el Estado y ampliar su papel en la economía, abolieron los partidos políticos y se tornaron brutalmente represivos, suspendiendo el hábeas corpus, instaurando la censura en los medios de comunicación y aplicando el estado de sitio. Al igual que otros gobiernos militares de América Latina, durante ese periodo el régimen brasileño sometía a sus enemigos, reales e imaginarios, a detenciones arbitrarias, torturas, exilio e incluso a la muerte. Sin embargo, aun durante la época más dura de la represión, fue menos cruel que sus vecinos. Los tribunales militares emitían habitualmente veredictos exculpatorios y solo unos 500 dirigentes perdieron sus derechos políticos, incluido el derecho a ostentar un cargo público (en comparación con 15.000 de Uruguay), y el gobierno «solo» fue responsable de 333 muertes, una cifra de víctimas per cápita entre 50 y 100 veces inferior a las registradas en Chile y Argentina, respectivamente.

Como menciona Fernando Henrique Cardoso, fue clave que el régimen militar brasileño se aferrara a un velo de legalidad, organizara periódicamente elecciones legislativas y municipales y permitiera el funcionamiento de instituciones representativas (incluido el Congreso y un partido de oposición oficial y progubernamental). Si bien el régimen suprimió las elecciones a gobernador de los estados y a la alcaldía de las capitales estatales, manipuló las leyes electorales y le restó a los cargos públicos todo poder constitucional significativo, en última instancia fueron elecciones competitivas las que abrieron el particular camino de Brasil hacia la democratización.

La transición política

La transición de Brasil a la democracia fue gradual. Comenzó desde arriba y toleró una limitada movilización cívica y partisana. La apertura a la liberalización política se creó mediante una fisura entre las facciones más duras de los militares (que creían que Brasil necesitaba un régimen militar de duración indefinida para lograr su pleno potencial) y los más moderados (que entendían que el régimen militar custodiaba de forma temporal el poder y temían perder en el futuro el apoyo civil a las Fuerzas Armadas como institución si no se restringía el poder represivo del sector más duro). A principios de 1974, un nuevo presidente moderado, el general Ernesto Geisel, anunció que «relajaría» el régimen militar, reduciría la censura de la prensa y permitiría mayor libertad de expresión y de decisión. Tras siete años de tasas de crecimiento de dos dígitos, estabilidad política y social y una oposición tan desanimada que se había planteado disolverse en 1972, le dio la confianza suficiente para que Geisel creyera que el régimen ganaría elecciones competitivas.

La oposición se enfrentó a un dilema que les resultaba familiar: boicotear unas elecciones que de ningún modo darían pie a la transferencia incondicional del poder, o emplear el espacio que les brindaba el régimen para organizarse, propagar ideas y movilizar apoyos para una apertura democrática. Optaron por la segunda vía. Frente a las acusaciones de que estaban legitimando la dictadura, Cardoso y otros miembros de la oposición argumentaron hábilmente que la participación desde dentro del sistema y el uso del mismo a su favor era el camino más seguro para lograr un cambio democrático. Demostraron tener razón. Inmediatamente, la oposición obtuvo 16 de los 22 escaños en juego en el Senado en 1974, aumentó su presencia en la Cámara Baja, del 28 al 44%, y se hizo con el control de cinco gobiernos estatales más. Los resultados fueron una dolorosa derrota para el gobierno. Cardoso señala que no se debió a una sed popular de democracia, sino a una campaña eficaz de la oposición que protestaba por cuestiones económicas cotidianas, especialmente la erosión del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores en un contexto de auge económico. Con el transcurso del tiempo, su participación en las elecciones mejoró la capacidad de la oposición para movilizar votantes y ejercer presión sobre el gobierno con el objetivo de que continuara con la apertura política. Siguiendo la lógica expresada por Cardoso –es decir, que la transición no se daría mediante un asalto frontal a la fortificación del régimen, sino sitiándola hasta que los de adentro estuvieran listos para negociar–, la oposición se mantuvo firme a pesar de que el régimen cambiaba hábilmente las normas una y otra vez para manipular el proceso político a su favor en las elecciones municipales (1976), legislativas (1978) y, al final, generales (1982). La oposición también entendió que los cambios estructurales y el tiempo jugaban a su favor. El crecimiento económico y la industrialización empujaron a millones de brasileños a las ciudades, crearon una clase media fuerte capaz de consumir toda una serie de productos no perecederos, desde frigoríficos hasta automóviles, y aumentó el volumen de la clase trabajadora hasta casi un 30% de la población.

También surgió una sociedad civil vibrante en el espacio creado con la apertura política. Los sectores influyentes de las élites ideológicas fueron los primeros en expresar sus reservas en torno al régimen autoritario. En particular, la jerarquía de la Iglesia Católica condenó la represión, guardó registro de los asesinatos del Estado y de la violencia en las zonas rurales, cobijó a trabajadores en huelga, acogió la democracia y fomentó los grupos de base en los que se fomentaron normas de participación. La muerte en octubre de 1975 del prominente periodista judío Vladimir Herzog bajo custodia de la Unidad de Inteligencia del Segundo Ejército en São Paulo provocó que la Orden de Abogados de Brasil, que solía ser dócil, publicara una declaración en la que acusaba al gobierno de tortura. Además, el cardenal Evaristo Arns tuvo el valor de celebrar una ceremonia católica y judía en homenaje a Herzog en la catedral de São Paulo, que se convirtió en la primera protesta masiva contra el régimen militar. Un grupo de empresarios importantes también libró una valiente campaña en contra del estatismo en 1974 y, unos años después, equiparó un Estado intervencionista y fuerte con una forma de gobierno arbitraria, manifestándose a favor de la democracia como única solución cuando el Estado controla a una sociedad en vez de lo contrario.

A medida que se abría el espacio político, los grupos religiosos de base, las asociaciones de vecinos y un poderoso movimiento de mujeres presionaron por sus intereses específicos y en pro de una mayor libertad política. A finales de la década de 1970, Luiz Inácio da Silva, Lula, dirigió un nuevo movimiento sindical receloso de la intervención del Estado, que extraía sus fuerzas no de la relación con los patrones estatales sino de su vínculo con las bases de trabajadores, y que logró movilizar de forma impresionante a miles de personas del corazón industrial de São Paulo en una huelga a favor de un aumento salarial y de los derechos de negociación colectiva. La movilización de la sociedad civil entre las élites, las calles, las fábricas y las encuestas de opinión pública fortaleció el poder negociador de la oposición. Todo esto se daba en el contexto de un régimen militar que nunca había perdido una guerra ni un plebiscito, y que había negociado su salida desde una posición de fuerza. Pero la tendencia irrefrenable del fervor democrático empoderó a la oposición democrática.

La transición se aceleró con las elecciones de gobernadores en 1982. En un intento de dividir a la oposición para revertir la calidad plebiscitaria que habían cobrado las elecciones desde 1974, el régimen permitió la creación de partidos nuevos a partir de 1979. Como era de esperar, la oposición se dividió en cinco partidos, desde el Partido de los Trabajadores de Lula (PT) a la izquierda, hasta un partido moderado de derecha de corta duración (se disolvió en 1981 cuando el gobierno impuso otra serie de normas que prohibía las alianzas electorales). Sin embargo, la decisión de la oposición de participar en los comicios pese a la flagrante manipulación de las normas electorales arrojó una vez más sus frutos. Con una aguda inflación anual superior al 200% y la economía en una profunda recesión causada por los costes de mantenimiento cada vez más altos de la deuda externa, los partidos de la oposición lograron elegir a diez gobernadores en los estados más industrializados y desarrollados de Brasil, que representaban tres quintos del electorado nacional y tres cuartas partes del Producto Interior Bruto (PIB), entre los que se contaban São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Después, la escueta mayoría de la oposición en la Cámara Baja obligó al gobierno a negociar leyes polémicas e incluso algunos gobernadores oficialistas terminaron rindiendo más cuentas a sus electores que al propio gobierno militar.

Aun después de esos reveses electorales, los militares estaban convencidos de que el candidato del régimen prevalecería en un colegio electoral atestado con miles de alcaldes y parlamentarios de los estados favorables al régimen, por lo que mantuvo el rumbo fijo para las elecciones de 1985 que terminaron depositando el poder en manos de un presidente civil. En 1984, con el objetivo de aprobar una reforma constitucional que forzaría las elecciones presidenciales directas, la oposición creó una campaña que condujo a millones de personas a las calles al grito de «Elecciones directas ya» en las principales capitales de los estados brasileños, manifestaciones masivas que habían comenzado en São Paulo en enero. Los militares no interfirieron. A la oposición le faltó muy poco para lograr la mayoría de dos tercios en el Congreso que necesitaba para reformar la Constitución y, aun así, optó por participar en las elecciones indirectas. El partido del régimen nombró a un candidato presidencial muy polémico, lo que precipitó una avalancha de defecciones en la clase política que contribuyó a que el candidato de la oposición, Tancredo Neves (el gobernador moderado del importante estado de Minas Gerais y un político con gran autoridad capaz de crear consensos), ganara las elecciones.

La construcción de la democracia:
el papel de Fernando Henrique Cardoso

La transición de Brasil a la democracia continuó tras el traspaso del poder de los militares a manos de un presidente civil en 1985, y los brasileños se enfrentaron a graves dificultades para construir un régimen democrático. La primera dificultad consistió en establecer el control civil del estamento militar sin desencadenar una reacción violenta por su parte. Los militares no deseaban tener que rendir cuentas ante la justicia por las violaciones de los derechos humanos. Era un miedo que compartían con todos los militares de la región tras el precedente de Argentina, donde el gobierno enjuició a los principales oficiales militares. Además, pretendían conservar el control sobre los asuntos militares (como ascensos, presupuestos y adquisición de armas) y seguir desempeñando funciones constitucionales como «garantizar el orden interno». Si bien ningún oficial militar se sentó en el banquillo de los acusados, con el paso del tiempo, los gobiernos civiles abrieron los archivos de la represión militar y compensaron a las familias de 265 víctimas asesinadas o desaparecidas durante el régimen militar. Los gobiernos civiles también frenaron las ambiciones de los militares en cuanto a la seguridad nacional en el Amazonas, restringieron los comentarios políticos de los oficiales en activo, suspendieron las adquisiciones de cazas a reacción y detuvieron el programa nacional de enriquecimiento de uranio con fines nucleares. Lo más importante es que, al final de su primer mandato como presidente, en una brillante secuencia de maniobras explicada en su entrevista, Cardoso logró reducir definitivamente el poder de los mandos militares en el equipo de gobierno al abolir tres ministerios independientes y nombrar a un civil a la cabeza del nuevo Ministerio de Defensa.

Los dirigentes democráticos también tuvieron que equilibrar las reivindicaciones a favor de la redistribución económica y la justicia, con la necesidad de establecer los derechos de propiedad y disipar los temores de las élites económicas. La reforma agraria y los derechos de propiedad eran temas particularmente espinosos, ya que era frecuente que los miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) expropiaran con una violencia brutal parcelas pertenecientes a las élites agrícolas y ganaderas. Finalmente, los asuntos relacionados con la redistribución y los derechos se zanjaron en el Congreso, donde (en calidad de Asamblea Constituyente) se elaboró, debatió y promulgó una nueva Constitución democrática en 1988. La derecha logró inclinar la balanza en contra de la reforma agraria en el Congreso, pero otros derechos sí se consagraron en la Constitución, como los derechos laborales, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho universal de todos los ciudadanos a los servicios de salud, que se convirtieron en compromisos permanentes de la democracia de Brasil. Al fin, en 1989, se eligió a un presidente mediante votación popular.

Durante la transición, Fernando Henrique Cardoso fue el dirigente intelectual de la oposición y uno de los críticos más contundentes e influyentes del régimen militar. En un punto intermedio entre los radicales y los moderados, Cardoso contribuyó a evitar la escisión de la oposición. Apoyó las huelgas y la liberación de Lula, que se encontraba en prisión, pero contuvo a la oposición para que no se precipitara. Admiraba el modelo de la transición española. Asimismo, fue desde el principio la figura visible en la campaña por las elecciones directas (él hizo el discurso clave de la oposición en el Senado a favor de la reforma constitucional). Convenció a la oposición para que no se retirara de las elecciones –ya que tenía la firme convicción de que cabía la posibilidad de vencer al candidato del gobierno a pesar de todos los obstáculos–, así como a Ulysses Guimarães, un importante dirigente de la oposición, para que contribuyera a coordinar la campaña de Tancredo Neves. Cardoso también desempeñó un papel importante en la redacción de la Constitución democrática de 1988 como ponente del Comité de Normas Internas y de la Comisión de Sistematización. En 1993, en calidad de ministro de Hacienda, trabajó con un equipo de académicos expertos en economía para elaborar el Plan Real destinado a reducir la inflación y, a continuación, hizo gala de su gran capacidad de persuasión para lograr que se adoptara, aplicara y aceptara en un momento en el que, como él confiesa, el Congreso era débil. En 1994, Cardoso fue elegido presidente por un electorado agradecido por su papel en el control de la inflación. Las reformas económicas emprendidas durante su gobierno sentaron las bases de la estabilidad económica y democrática.

Cabe admitir que la transición brasileña hacia una verdadera gobernanza democrática fue en cierta medida más ardua que la de otros países, como en Argentina, donde la derrota militar en Las Malvinas socavó la credibilidad de las Fuerzas Armadas. En todo caso, la compleja estructura social de Brasil, su sociedad eminentemente urbana y una cultura política modelada por su historia político-electoral hicieron que la presión para lograr una democratización progresiva mediante elecciones fuera perfectamente viable. La oposición democrática aceptó las normas y el ritmo dictados por el régimen y realizó innumerables concesiones en el camino. Es imposible saber si esas concesiones prolongaron de forma innecesaria la transición, como esgrimían algunas voces en aquella época. Lo que sí es evidente al mirar atrás es que no hicieron mella en la democracia de forma permanente. Se estableció un control civil inequívoco sobre las fuerzas militares, se ampliaron de manera significativa las disposiciones relativas al bienestar social, se obtuvo un crecimiento económico más equitativo y, hoy, la democracia en Brasil es vibrante, innovadora y está profundamente enraizada.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, PRESIDENTE DE BRASIL (1995-2003)

Fernando Henrique Cardoso comenzó su reputación profesional como sociólogo. Su tesis y su primer libro versaban sobre temas raciales en Brasil. Pronto demostró su talento político y administrativo en el gobierno de la Universidad de São Paulo. Después de que el régimen militar lo privase de su puesto de catedrático, Cardoso se exilió en Chile, donde fue coautor de una publicación famosa sobre la dependencia y el desarrollo. Rechazó puestos académicos internacionales de gran interés para volver a Brasil en 1968. Con la ayuda de la Fundación Ford participó en la creación del CEBRAP, un centro independiente de investigación en ciencias sociales, donde dirigió estudios sobre el São Paulo urbano centrados en la distribución de la renta y otros temas con implicaciones políticas que ponían en tela de juicio al régimen militar.

Cardoso comenzó su carrera política en los comicios legislativos de 1978, que fueron parcialmente libres; a partir de ahí, empezó a cobrar cada vez mayor peso en el Congreso como miembro de la oposición y cofundador del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Como uno de los líderes de la oposición en la transición progresiva de Brasil, Cardoso tendió puentes entre los oponentes al régimen militar y, más adelante, en los sucesivos gobiernos democráticos del país. Ejerció como ponente en los comités del Congreso que dieron vida a la Constitución de 1988. A partir de 1993, en calidad de ministro de Hacienda, utilizó sus conocimientos académicos para contener la inflación con el Plan Real y conquistó el apoyo de la opinión pública mediante la elaboración de un nuevo enfoque económico dirigido al conjunto de la ciudadanía. El éxito del Plan Real contribuyó de manera importante a su elección como presidente en 1994. Cardoso utilizó su capacidad de construir relaciones y sus habilidades personales para forjar una coalición de gobierno. También aprovechó el amplio historial militar de su familia para comprender las tradiciones de los miembros de las Fuerzas Armadas brasileñas y ganarse su apoyo con el fin de realizar importantes reformas, incluido el establecimiento de un Ministerio de Defensa civil. Ejerció dos mandatos presidenciales, supervisó las reformas económicas destinadas a lograr la apertura de los mercados, optó por una diplomacia internacional activa y, a continuación, dirigió una impecable transición del poder al tradicional dirigente de izquierda y líder sindical Luiz Inácio da Silva, Lula, elegido en 2002, quien continuó y amplió muchas de las políticas económicas y sociales de Cardoso.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

¿Cuáles son, a su juicio, los principales hechos de la transición brasileña que tienen valor universal y pueden ser útiles a nuevas transiciones a la democracia, entendiendo la especificidad histórica y la cultura de cada una?

Primero hay que tener en cuenta que la transición brasileña tuvo lugar en la época de la Guerra Fría, con el mundo dividido en dos. El golpe militar del 31 de marzo de 1964 no se explicaría de otro modo. A su vez, el deshielo de la Guerra Fría ayudó a la transición. Dicho de otra manera, las circunstancias internacionales cuentan, aunque no sean el factor esencial.

Los factores más importantes son los internos. La experiencia de Brasil muestra la importancia de combinar la presión social con la ocupación de los espacios institucionales, incluso si estos son muy reducidos en un principio. Las Fuerzas Armadas de Brasil mantuvieron el Congreso en funcionamiento, excepto durante un breve periodo. No prohibieron los partidos políticos: liquidaron los partidos preexistentes y crearon dos partidos nuevos al tiempo que establecieron los mecanismos habituales de un gobierno arbitrario. Según el decreto de Seguridad Nacional, los militares no podían ni querían alejarse de la imagen de las instituciones liberales. La existencia de estas instituciones fue clave para la dinámica de la transición. La presión social pudo encauzarse en las elecciones. A su vez, esas conquistas, aunque parciales, reforzaron la presión social contra el régimen.

Durante ese proceso se fue fraguando gradualmente una nueva sociedad, que creó nuevas formas de luchar sin armas. La lucha armada fue una catástrofe y se utilizó como justificación para el peor periodo de represión política del régimen militar, que tuvo lugar entre 1968 y 1973.

Movilización social

¿Cómo comenzó a involucrarse en el proceso político?

Me lancé a la batalla corriendo grandes riesgos. Pasé de la sociedad civil a la política. En 1973 comencé a tener una voz pública más fuerte. La Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), que era una especie de conglomerado de personalidades independientes de la oposición –profesores, científicos y otros intelectuales que criticábamos el régimen–, fue un foro de debate muy importante para socavar el régimen.

El Centro Brasileño de Análisis y Planificación (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP) también fue un gran vehículo de movilización intelectual. Creamos ese centro con el apoyo de la Fundación Ford, lo que suscitó un debate interno considerable, ya que se trata de una organización estadounidense. La gente tenía dudas sobre si era legítimo o no que una fundación norteamericana nos apoyara, pero yo ya había trabajado en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y no compartía esas dudas. El CEBRAP se convirtió en un núcleo importante y muchos de los que más tarde tuvieron peso en la vida intelectual brasileña pasaron por ahí, incluidos Pedro Malan, José Serra y Luciano Coutinho [quienes después fueron, respectivamente, ministro de Finanzas, gobernador de São Paulo y candidato presidencial, y presidente del Banco Nacional de Desarrollo]. No pertenecíamos a ningún partido, pero sí aceptábamos a gente que salía de la cárcel a condición de que ya no estuviera vinculada a la lucha armada. Allí trabajábamos junto con la Iglesia, especialmente con el cardenal de São Paulo, don Paulo Evaristo Arns. Yo di muchas charlas en conventos y escribí un libro en 1975 con otros investigadores del CEBRAP titulado São Paulo 1975: crescimento e pobreza [São Paulo 1975: crecimiento y pobreza], en el que denunciaba la situación social de Brasil en aquel entonces.

Si bien el país crecía un 7% al año, la situación social empeoraba debido a la migración interna y al enorme crecimiento demográfico. El Estado no tenía medios para proporcionar más servicios de salud, educación o transporte públicos. Además, había una política de mano dura para mantener bajos los salarios de los trabajadores.

¿Cómo se despertó la sensación de libertad y cómo conectó con los movimientos sociales? ¿Cómo comenzaron a organizarse las fuerzas políticas?

Había espacio político para la crítica social, contra la tortura, por ejemplo, y la Iglesia Católica hizo mucho al respecto. El obispo Paulo Evaristo Arns era un hombre muy activo que se oponía a la tortura. En 1975 celebramos una manifestación muy numerosa cuando mataron al director de TV Cultura, Vladimir Herzog. Don Paulo fue muy valiente al decidir que celebraría una misa de protesta con el rabino Henry Sobel y el pastor presbiteriano James Wright. El gobernador de São Paulo (nombrado por el presidente Ernesto Geisel, 1974-1979), Paulo Egídio Martins, era amigo nuestro y tenía una posición más liberal conservadora. Don Paulo envió a un mensajero a hablar con el secretario de Interior, que le respondió: «Usted sabe que puede causar una masacre», así que don Paulo me llamó y conversamos. Al final, tomó la decisión de celebrar la misa, y esa fue la primera movilización popular en contra del régimen. Pronunció una homilía muy contundente; participó el cardenal Helder Cámara, y yo presencié la misa con los sacerdotes desde el altar.

Construir una coalición

Cuando llegó el año 1974, ya se había producido un cambio importante en la oposición. El líder era un diputado llamado Ulysses Guimarães, un hombre extraordinario del antiguo Partido Social Democrático (PSD), el principal partido de gobierno antes del golpe militar. Ulysses era conservador, pero poco a poco se fue erigiendo como uno de los líderes de la redemocratización. Quería insuflar aire fresco en el Movimiento Democrático Brasileño (Movimento Democrático Brasileiro, MDB), el único partido legal de la oposición a la dictadura. En 1974 se celebraban elecciones y vino a verme al CEBRAP con su amigo, otro diputado. Ulysses había leído mis artículos, donde mencionaba que había llegado el momento de un acercamiento de la izquierda al MDB. Para muchos en aquel entonces esa propuesta era pecado. Según los compañeros teníamos que ser puros, la verdadera oposición no debía entrar en contacto con la otra oposición, la que contaba con la aprobación del régimen. En un artículo yo argumentaba que no era posible quebrar la red militar sin establecer una alianza entre varios sectores. Ulysses Guimarães vino a mi despacho sin saber en qué consistía el CEBRAP; éramos un centro de investigación, no una organización política. Para que tomáramos acciones políticas, había que preguntar quién estaba dispuesto a participar. Algunos de mis colegas aceptaron preparar un programa de campaña para el MDB en 1974. Entre los que colaboraron estaban Francisco Weffort y Francisco de Oliveira, que años después se afiliaron al Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores, PT); Bolivar Lamounier; la profesora Maria Hermínia Tavares de Almeida; y Paulo Singer, que sigue en el PT hasta la fecha. Ese programa fue la matriz de los programas futuros. No bastaba con criticar la violencia y la tortura y hablar de democracia; era necesario tratar también los asuntos relacionados con las mujeres, los negros, los indígenas, la sociedad civil y los sindicatos, y había que dar respuesta a la intensa presión social que exigía la reparación de los agravios. Era un programa socialdemócrata.

Crear un consenso para el cambio

En aquella época algunos miembros de nuestro grupo creían que la socialdemocracia era una traición. Sin embargo, en la práctica yo ya no pensaba eso. Ulysses Guimarães nos invitó a Chico Oliveira y a mí a Brasilia a presentar el programa a los dirigentes del MDB, que eran los antiguos jefes políticos que habían peleado con el gobierno militar, Tancredo Neves y André Franco Montoro, entre otros. No creíamos que fueran a aceptar el programa pero, para nuestro asombro, todos lo suscribieron. Para ellos lo más importante era incluir a más gente en la oposición, el programa no les preocupaba en demasía, salvo a Ulysses Guimarães.

Las elecciones llegaron en 1974. La oposición ganó 16 de los 22 escaños en juego en el Senado y eligió a 161 diputados de la Cámara, menos que el partido de gobierno, pero muchos más que en las elecciones de 1970. Estos resultados fueron una verdadera sorpresa para el régimen. Las cosas le resultaron bien a la oposición porque la situación económica de las masas era mala, no porque se opusieran al régimen. Entonces comenzó la apertura. Golbery do Couto e Silva era el principal ministro político de Geisel, aunque era militar. En 1964 había creado el Servicio Nacional de Informaciones (SNI), que desempeñó un papel clave en la represión. Aun así, Golbery volvió al gobierno preocupado por limitar el poder de la extrema derecha y del aparato represor.

Geisel tenía una actitud ambigua. En una ocasión la Policía llegó al CEBRAP y arrestó a varios investigadores. A pesar de que no tenían nada que ver con los movimientos subversivos, fueron torturados en la comisaría de policía de São Paulo. Cuando los liberaron, los llevé a casa de un amigo mío que entonces era ministro de Geisel, llamado Severo Gomes, y que más tarde fue senador por el partido de la oposición. Severo me pidió que le escribiera una carta a Geisel en la que relatase lo sucedido, y se la llevó. Geisel le dijo a Severo que yo también era comunista. «¿Qué quieres decir con que es “comunista”?», le respondió Severo. Geisel era una persona dura, pero estaba influido por Golbery do Couto e Silva.

Con una cierta relajación del régimen, la prensa comenzó a asumir más riesgos. Había un diario llamado la Gazeta Mercantil que estaba influenciado por antiguos comunistas, algunos de los cuales eran intelectuales destacados. Creo que fue en 1977 cuando crearon un foro integrado por los diez líderes empresariales más importantes de Brasil, que comenzaron a criticar el excesivo gigantismo del «Estado empresarial». Fue una cosa curiosa, como que la prensa había inventado un liderazgo que, en realidad, estaba disperso. No se trataba de un liderazgo de las patronales, sino que eran líderes empresariales individuales importantes, gente fuerte económicamente.

La voz de la prensa tuvo repercusión en el gobierno. Los dos principales diarios de São Paulo influyeron en este proceso. Desde el Acto Institucional Número 5 de 1968 (AI-5),1 el diario O Estado de São Paulo protestaba contra la censura de la prensa publicando versos del poeta Luís de Camões en lugar de los artículos que el gobierno había censurado. La movilización contra la censura (y a favor de la impugnación del AI-5) cobró fuerza. Fue Golbery, principalmente, quien percibió que era necesario un movimiento de liberalización del régimen. La idea era llevar a cabo una liberalización bajo el eslogan «lenta, gradual y segura». Sin embargo, nosotros nos oponíamos a eso; queríamos que fuera rápida, aunque no fuese tan segura. La transformación no fue lineal; hubo momentos en que Geisel estaba sometido a una fuerte presión y otros en los que gozaba de mayor margen de acción para liberalizar.

En 1977 se dieron otros movimientos interesantes. Ulysses había sido el candidato presidencial frente a Geisel en el colegio electoral, que estaba controlado por la dictadura. Al mismo tiempo comenzaba a emerger un movimiento de obreros sindicales que no estaban vinculados al Partido Comunista ni a ninguna izquierda preexistente. Entonces aparece Lula: era el secretario general y, posteriormente, el presidente del sindicato de São Bernardo. Lula no tenía ninguna formación política y se oponía a la idea de los partidos políticos, pero tenía una gran capacidad de oratoria. Como no provenía de la izquierda, su perspectiva no era la habitual. Con el apoyo de los sindicatos alemanes, que eran muy fuertes en la industria automotriz, organizaron huelgas en torno a reivindicaciones económicas, sin un programa político de mayor envergadura. No obstante, los reclamos económicos se convirtieron en una reivindicación de derechos. Un grupo de abogados asociados con los sindicatos, entre ellos Almir Pazzianotto, que fue ministro de Trabajo de Sarney, desempeñaron un papel muy importante en ese sentido. Con ese nuevo enfoque, estos sindicatos fueron creciendo.

En 1977 me afilié al MDB. Al año siguiente acudí al sindicato de Lula por primera vez, como precandidato al Senado. Lula me envió un mensaje para decirme que quería apoyarme. Me quedé impresionado, porque su aparato era muy poderoso. Los sindicatos empezaron a politizarse. Algunas huelgas de Lula, especialmente en 1978 y 1979, movilizaron a la gente, a la Iglesia, a los intelectuales y a una parte del MDB.

Acabar con el sistema autoritario desde dentro

En 1978 se celebraron de nuevo elecciones al Congreso. La oposición no logró la mayoría ni en la Cámara de los Diputados ni en el Senado (en 1977, el gobierno había introducido la figura conocida como «senador biónico», que se elegía de forma indirecta para evitar perder la mayoría en el Senado). Sin embargo, la oposición obtuvo bastantes votos, sobre todo en los estados y localidades más dinámicos desde el punto de vista social y económico. Se planteó la idea de presentar a un miembro disidente del Ejército a las elecciones como sucesor de Geisel. Sabíamos que teníamos pocas posibilidades de ganar el colegio electoral. A pesar de que la oposición había cobrado peso en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, el régimen tenía controlado el colegio electoral, incluidos, entre otros, a los representantes de las asambleas legislativas de las provincias. Nuestro objetivo no era ganar, sino demostrar nuestra fuerza ante el régimen en su propio terreno.

Estaba en Río con Severo Gomes, que ya había dimitido del gobierno y pasado a la oposición, y me propuso que fuéramos a casa del general Euller Bentes Monteiro, que parecía oponerse al candidato del gobierno, el general João Batista de Figueiredo. En esa primera reunión, el general Euller Bentes nos dijo que aceptaría ser candidato de la oposición y Severo nos pidió que lo consultáramos con Ulysses Guimarães. La reacción de Ulysses fue fría, porque estaba promoviendo otra candidatura civil, la del exgobernador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, que se había apartado del régimen y había empezado a tener una posición distinta. Ulysses quería que Magalhães fuera el candidato porque era civil y, si bien era muy cercano al régimen, representaba a la oposición interna. Más tarde, cuando yo era senador, Magalhães me llamó. Me preguntó si sabía que nuestros hijos estaban saliendo juntos y me dijo que no quería que nadie lo supiera. Después, mi hijo se casó con su hija. Más tarde se divorciaron, pero mis nietas son también nietas de Magalhães.

Ulysses estaba con la idea de abrir una brecha en el régimen utilizando a Magalhães, y de pronto se presenta ese general que también quería la candidatura. Yo prefería al general porque desquebrajaría el régimen desde sus pilares. Pasaba el tiempo y Ulysses no tomaba decisión alguna. Me llamó y me preguntó: «¿Usted qué piensa realmente de este general?». Le respondí: «Yo pienso que usted se está retrasando en apoyarlo». Mi respuesta no le gustó lo más mínimo, y me dijo: «Pero usted sabe que São Paulo es civilista». «Es verdad –respondí–, lo que ocurre es que esto es un régimen militar y esta es la primera vez que un oficial en activo de cuatro estrellas cambia de lado, y nosotros no vamos a ganar sin quebrarlos desde dentro.»

Mi idea siempre fue que la transición no se iba a producir sin un choque frontal. Yo utilizaba siempre la siguiente expresión: ellos son una fortaleza, nosotros tenemos que rodearla, y si formamos un cerco fuerte, los de adentro van a tener hambre y vendrán a buscarnos. Entonces la transición se dará como consecuencia de una especie de confluencia de fuerzas que se alejan del gobierno para unirse a la oposición. No será la oposición sola. No obstante, para muchos mi visión podía terminar beneficiando al régimen.

Yo creo que mi visión acabó ganando. Euller fue el candidato, pero perdió; no se trataba de que ganase, no tenía cómo hacerlo, pero la brecha se mantuvo.

¿Cuál fue la estrategia de los militares y cómo actuaron para contrarrestar una oposición cada vez más fuerte?

Al principio, Golbery quería una transición lenta. Los votos que obtuvo la oposición en 1974 y 1978 fueron una sorpresa. La reacción del gobierno fue retrasar la vuelta a los gobiernos estatales electos, que se había anticipado para 1978. Ello puso fin al acuerdo político bipartidista en 1979. El objetivo de esta medida era dividir el frente de la oposición. En este contexto empezó a cobrar fuerza el PT. Al principio, el gobierno miraba con buenos ojos el nuevo movimiento sindical. Nunca antes un líder sindical había acaparado tantas portadas como Lula. Porque Lula era diferente, no estaba vinculado a la Guerra Fría ni a la vieja izquierda, representaba algo nuevo. Los sectores más moderados del MDB también trataron de crear otro partido llamado Partido Popular (PP) con el apoyo del gobierno, al mando de Tancredo Neves. Olavo Setúbal, a quien Geisel había nombrado alcalde de São Paulo, era un banquero importante que también se unió al partido. El PP no duró mucho, la mayoría de sus dirigentes volvieron al MDB, que pasó a llamarse PMDB.

¿Cómo se activó la lucha por la democracia en esa nueva fase de la transición?

En aquella época comenzaron a surgir otros movimientos: un movimiento muy fuerte por la amnistía, incluso al final del gobierno de Geisel, y las huelgas de Lula. Curiosamente, Lula no apoyó la amnistía porque decía que la verdadera amnistía para los obreros sería terminar con la legislación laboral de Vargas, que vinculaba el Estado con los sindicatos. Los nuevos líderes sindicales tenían una visión más independiente, con una influencia más católica y no estatista. La posición del nuevo sindicalismo aspiraba a quebrar los vínculos con el gobierno. Querían un sindicato más autónomo. Nosotros participamos en la lucha por una amnistía política. El gran adalid de esa lucha fue el senador Teotônio Vilela, un pariente de mi madre. Él también apoyaba al régimen pero cambió de opinión al final. La gente empezó a cambiar de posición. Teotônio se convirtió en un héroe de la oposición. El nombre de la fundación de mi partido es Teotônio Vilela, aunque él fue miembro de la Alianza Renovadora Nacional (Aliança Renovadora Nacional, ARENA), el partido de gobierno durante el sistema bipartidista.

En esa época se aprobó la Ley de Amnistía. La vuelta de los exiliados tuvo repercusiones en la formación de los nuevos partidos, en particular del PT y del Partido Democrático Laborista (Partido Democrático Trabalhista, PDT), el partido creado por Leonel Brizola (los militares lograron quitarle el antiguo PTB; lo dejaron en manos de Ivete Vargas, la sobrina nieta del presidente Getúlio Vargas). Golbery y el gobierno movieron hilos por ella, no por Brizola, para que llevara el estandarte simbólico del PTB.

La experiencia del exilio

En muchas transiciones hay tensiones entre los exiliados y los líderes de la oposición en el país. ¿Qué lecciones se pueden extraer de la experiencia de Brasil sobre esta cuestión?

Siempre hay cierta tensión entre los agentes que están en el país en contra del régimen y los que están fuera, los exiliados. Yo estuve fuera y dentro en distintos periodos. Quienes están dentro, como viven la situación de forma cotidiana, son más conscientes de lo que está aconteciendo en las distintas fases del proceso, pero a su vez menosprecian a los que están fuera.

Me acuerdo muy bien de una conversación que tuve en París con Brizola. Él insistía en que, apenas volviera él a Brasil, el MDB se convertiría en el PTB, que era el antiguo partido al que Getúlio Vargas y él pertenecían. Él no creía en la continuidad del MDB y sostenía que el PTB iba a retornar con la fuerza de antaño. El tiempo pasó y volvió a Brasil tras la amnistía. Fuimos a casa de un periodista llamado Claudio Abramo, a una reunión de gente joven y no tan joven, con Brizola. De pronto, un señor se levantó y le corrigió una serie de cosas a Brizola sobre el movimiento sindical. Brizola, un poco irritado, le dijo: «¿Usted qué sabe de eso? ¿Quién es usted?». Resultó ser el abogado del sindicato de Lula, Almir Pazzianotto. Brizola veía el mundo sindical de su época, no se percataba de que esta era otra época; creía que, al volver, lo iba a retomar todo. Pudo retomar algo, pero nunca fue igual, y el MDB era mucho más fuerte que el partido de Brizola.

Por otra parte, recuerdo que Ulysses Guimarães, el gran líder del movimiento de la redemocratización, menospreciaba a Brizola y a Arraes, que eran los antiguos políticos que estaban en el exilio. Ulysses viajaba a Europa y no iba a hablar con ellos. Había una cierta tensión entre el liderazgo de la oposición acá con el de la de allá y, como yo pertenecía a las dos, de algún modo hacía de puente. Una vez me llamó Ulysses y me dijo que iba a volver Arraes, que (según Ulysses) era el jefe del Partido Comunista. Siempre existió ese desencuentro y no fue fácil lograr que ambos grupos trabajaran juntos.

¿Cómo llegó usted a senador y Franco Montoro a gobernador?

Yo fui candidato al Senado en las elecciones de 1978. Había serias dudas sobre si las autoridades electorales permitirían mi candidatura. El AI-5 me había expulsado de la universidad en 1969. Me forzaron a jubilarme; yo tenía treinta y siete años y era catedrático de la Universidad de São Paulo. La ley no permitía mi candidatura. Eso me sirvió de argumento para convencer a mi mujer de que para mí se trataba de una mera protesta y no del comienzo de una carrera política.

En aquel entonces había un sistema para incorporar las elecciones internas de los partidos en las elecciones generales, el sistema de lemas. Al igual que en Uruguay, cada partido político podía nombrar hasta tres candidatos para el Senado y los votos de esos candidatos se sumaban para decidir cuál era el partido ganador; el que más votos obtuviera de los tres ganaría el escaño. El objetivo de mi candidatura era aumentar los votos para el MDB atrayendo a los más jóvenes, los intelectuales, los artistas, entre otros. De tal modo, celebraron una reunión en casa de un amigo mío, José Gregori, que posteriormente fue ministro de Justicia durante mi mandato. En aquel momento él era miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia. Los allí presentes llegaron a la conclusión de que el único que tenía una cierta presencia en la sociedad era yo, aunque tampoco era tan evidente en aquel entonces, puesto que yo ni era diputado ni tenía vida política. Los tribunales locales de São Paulo rechazaron mi candidatura y la Corte de Apelación también. Finalmente, solo quince días antes de las elecciones, la aceptó el Supremo Tribunal Federal. Un juez llegó a la conclusión de que una cátedra universitaria es para toda la vida y nadie puede ser condenado a perder sus derechos políticos de por vida.

Yo obtuve 1.300.000 votos, más que el candidato de ARENA y menos que Montoro. Por lo tanto, de 1978 en adelante, inventaron que yo era senador suplente. Ese cargo no existía. Cuando nos presentaron, Montoro tenía un suplente y yo otro; el mío fue elegido por Lula. Mi suplente era Maurício Soares, que estaba vinculado al sindicato de trabajadores de la metalurgia. El de Montoro era el alcalde de Campinas.

En 1982, Montoro pasó a ser gobernador y yo lo reemplacé como senador. En ese momento, yo estaba en Berkeley como profesor visitante y el catedrático Robert Bellah me llamó para ofrecerme un puesto fijo en la universidad. Lo rechacé porque había decidido volver a Brasil para ser senador.

La campaña para la elección directa del presidente

Otro momento en la lucha por la redemocratización comenzaba, una batalla en las calles: la campaña por las «Elecciones directas ya» (Diretas já). Esto sucedió porque en las elecciones de 1982 (en las que por primera vez desde 1965 se elegían también los gobernadores estatales), la oposición ganó en São Paulo con Montoro, en Minas con Tancredo y en Río con Brizola.

El movimiento por las elecciones directas surgió en ese contexto. El régimen funcionaba desde las trincheras de Brasilia, con gobernadores aliados en los estados en los que había menos movilización social y dinamismo económico. En cambio, la oposición había conquistado nuevas bases de poder: los puestos de gobernador de los tres estados más importantes de Brasil. André Franco Montoro, gobernador de São Paulo, fue la pieza clave en la campaña Diretas já.

Con Montoro como gobernador electo de São Paulo, yo pasé a ser senador en 1982. También me convertí en el presidente del PMDB en São Paulo, porque Montoro nombró alcalde de São Paulo al presidente en funciones, que era Mário Covas (las elecciones directas de los gobiernos estatales comenzaron antes que las elecciones directas de los alcaldes en las capitales). Yo era el presidente del MDB en la época de la campaña por las elecciones directas, y les cuento eso para reiterar hasta qué punto fue importante Montoro. A finales de 1983, Montoro me llamó para decirme que había llegado el momento de celebrar un gran mitin a favor de las elecciones directas a la presidencia de la República. Yo le dije que creía que las condiciones todavía no eran las adecuadas. Consulté con el partido y el Comité Ejecutivo decidió por unanimidad que era una locura, que íbamos a exponernos. Entonces le sugerí a Montoro que habláramos con otros partidos. Busqué al PT, pero el PT quería hacerlo solo, se oponían a las alianzas en aquel entonces.

El PT celebró un mitin en octubre o noviembre de 1983 a favor de las elecciones directas, y yo asistí. No me silbaron cuando pedí un minuto de silencio por el fallecimiento de Teotônio Vilela. Fue un mitin muy pequeño, una cosa muy sectaria del PT. Montoro quería hacer algo mucho más amplio, con Brizola, Lula, Ulysses y todos los líderes de los partidos de la oposición al gobierno. Así, convocó a un mitin de distintos grupos de la oposición el 25 de enero de 1984 en la plaza de la Catedral de São Paulo.

El 25 de enero es la fecha de la fundación de la ciudad de São Paulo y de su universidad, así que acudí en calidad de profesor a la celebración de la universidad. Estábamos allí cuando José Gregori, que entonces era diputado, me llamó por teléfono desde la plaza de la Catedral y me dijo: «Vente porque aquí hay verdaderas masas». Los altavoces no eran suficientes para toda la gente y, aunque empezó a llover, la muchedumbre seguía creciendo. Fuimos hasta allí y nos sorprendió la inmensa cantidad de gente que había. Fue el primer gran mitin, pero después hubo otros. Todos se juntaron allí: Lula, Montoro, Tancredo. La gente atacaba los automóviles de la cadena de televisión Globo. La Globo tardó mucho en darle a la campaña una cobertura proporcional a su relevancia y tamaño. Después hubo esa enorme campaña en apoyo a una enmienda constitucional para volver a establecer las elecciones directas a la presidencia de la República, la llamada Dante de Oliveira, que era el nombre del diputado del PMDB de Mato Grosso que la presentó.

En abril de 1984 se votó la enmienda en el Congreso. En la Cámara de Diputados obtuvimos una gran mayoría, pero no lo suficientemente amplia para modificar la Constitución. De modo que nos preguntamos qué podíamos hacer ahora. Pasaron unas cuantas semanas.

¿Cómo reaccionaron al no conseguir la aprobación de las elecciones presidenciales directas?

Yo fui al Senado e hice un discurso con el mensaje «Cambio ya», lo cual significaba que íbamos a pelear desde el Congreso en pro de la elección de un nuevo presidente. Tendríamos que aceptar las elecciones indirectas de nuevo. No fue fácil. Queríamos utilizar los instrumentos del régimen para cambiarlo; pero si no lo conseguíamos, estaríamos ayudando al régimen a cobrar legitimidad. En una cena que tuvimos cuatro o cinco personas, incluido Ulysses, yo le dije que, entre los que estábamos presentes, quien había pagado el precio más alto bajo el régimen militar había sido yo, porque fui al exilio, perdí mi puesto en la universidad, estuve en prisión y fui objeto de amenazas. Los otros no habían pasado por eso. Les dije que no estaba dispuesto a presenciar esa situación durante más tiempo en Brasil, que yo creía que había una oportunidad de ganar a través de las elecciones indirectas y lograr así un cambio. Ulysses, a quien admiro profundamente, me dijo que la decisión estaba en nuestras manos, pero que él no iba a seguir por esa vía; él continuaba pensando que teníamos que seguir movilizándonos para apoyar las elecciones directas.

Nuestro candidato para las elecciones directas era Ulysses, pero en las indirectas no podía ser él porque había peleado mucho con los militares, era más duro en sus críticas y tenía menos votos en el Congreso. Montoro o Tancredo podían lograr la aprobación del Congreso. Nosotros queríamos elecciones directas, pero una vez perdida esa batalla, decidimos pelear en el Congreso. Ahí empezó una nueva etapa: ¿cómo lograr que un candidato de la oposición ganara en el colegio electoral? ¿Quién sería el candidato? Había dos opciones posibles: Montoro o Tancredo.

Montoro era el gobernador de São Paulo y tenía más votos populares que Tancredo, pero Tancredo tenía más posibilidades de lograr los votos en el Congreso. Su visión incluso era más aceptable para los militares, y era una persona más amena que Ulysses. Una vez, cuando yo todavía era presidente del partido en São Paulo, Ulysses vino a verme a la sede, que era una casa enorme. Nos acercamos a la ventana, próxima a un gran árbol. Me preguntó qué me parecía que Montoro le hubiera pedido a su secretario de Gobernación que diera una entrevista a la revista Veja donde dijo que apoyaría a Tancredo. «¿Crees que Montoro también apoya a Tancredo?», me preguntó. «Bueno –le dije–, yo creo que sí; para ganar ha de ser Tancredo.» No le gustó mi respuesta, pero era un gran hombre. Me preguntó: «¿Qué te parece que debo hacer?». Le contesté que debía apoyar a Tancredo y dirigir la campaña. Él me dijo que quería escuchar eso directamente de Montoro.

Tuvimos una cena terrible en el palacio –a la que asistimos Montoro, su secretario del Interior, Roberto Gusmão, Ulysses, y yo–, donde Ulysses exigió que todo el mundo dijera lo que realmente pensaba. Ulysses se dio cuenta de que era el momento de Tancredo. Era un tipo formidable y asumió plenamente la campaña de Tancredo. Para ganar en el Congreso se requería un apoyo más fuerte de otras facciones de los que estábamos con el gobierno. Así que se formó un grupo llamado Frente Liberal, una escisión del partido de gobierno. Ya había cambiado de nombre cuando se estableció el multipartidismo. El partido que antes era conocido como ARENA pasó a llamarse Partido Democrático Social (PDS) y, a continuación, se fraccionó llamándose Partido del Frente Liberal (PFL).

Nosotros queríamos que el candidato a la vicepresidencia fuera Aureliano Chaves o Marco Maciel, pero el PFS presentó el nombre de José Sarney. Este acababa de dejar el puesto de presidente del PDS. Para nosotros no era muy aceptable. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Si queríamos el apoyo del Frente Liberal, debíamos aceptar a Sarney, por lo que en la papeleta estuvieron Tancredo-Sarney. Fue muy difícil aprobarlo en nuestro partido, el PMDB. Más de 100 de los 500 votantes en la convención que aprobó la candidatura estaban en contra. En enero de 1985, Tancredo fue elegido presidente en el colegio electoral.

Ulysses tuvo un peso considerable en la selección de los ministros del presidente electo Tancredo. Yo tenía muy buenas relaciones con ambos. En un momento dado, entre enero y marzo, cuando el nuevo presidente tenía que asumir sus funciones, Tancredo me llevó a su despacho en la Fundación Getúlio Vargas en Brasilia y me dijo, muy en su línea: «Tengo cuatro ministros de São Paulo y si te nombrara a ti, tendría un quinto». Le respondí que no aspiraba a ser ministro. Para mí hubiera sido difícil dejar mi escaño en el Senado y yo quería ser el líder del PMDB en el Senado si se confirmaba el nombramiento como ministro del otro senador que era candidato a líder del Senado, Pedro Simon. Tancredo nombró a Simon y el miembro de mi partido que iba a ser presidente del Senado, Humberto Lucena, perdió las elecciones, pero quiso seguir a la cabeza del partido. Por eso Tancredo me pidió que dejara el puesto.

Dos o tres días antes de ceder las riendas del partido, me llamó Ulysses para decirme que Tancredo acababa de nombrarme líder de las fuerzas progubernamentales del Congreso. Me sorprendió, porque ese puesto no existía, por lo que fui a hablar con Tancredo. Estaba en su granja con Miguel Arraes. Acabó de hablar con Arraes y vino a verme. Le pregunté por el nombramiento y me dijo: «No te preocupes, que ya llamé al Senado y les dije que derrumbaran unas paredes para que tu despacho sea el más grande. Así todos sabrán que tú mandas. Es más importante ser líder que ministro». Y fuimos a almorzar Tancredo, su mujer, Arraes y yo. Arraes era un líder de la izquierda, pero muy amigo mío y buen amigo de Tancredo también.

Contratiempos

La enfermedad y el fallecimiento repentino del presidente electo Tancredo Neves debió de ser un revés para el proceso de transición democrática. ¿Qué sucedió cuando hubo que reemplazar a Neves como primer presidente civil tras el régimen militar?

En la víspera de la inauguración yo estaba en la Embajada de Portugal con Mario Soares [primer ministro y presidente de Portugal], Ulysses Guimarães y varios dirigentes políticos cuando nos avisaron por teléfono de que Tancredo estaba en el hospital. Algunos fuimos a ver qué estaba ocurriendo. Había una sala de espera. El médico iba a realizar una intervención quirúrgica y existía una gran incertidumbre. Se entabló entonces una discusión sobre quién iba a reemplazar a Tancredo temporalmente. Sarney, que era muy hábil, dijo que no sería él, que tenía que ser Ulysses, porque todavía no había jurado el puesto de vicepresidente y, en la línea sucesoria, le correspondía al presidente de la Cámara, que entonces era Ulysses. Sin embargo, Ulysses decía que tenía que ser Sarney el que ocupara la presidencia hasta que se recuperara Tancredo. La conversación tuvo lugar en el hospital. Allí decidieron ir a casa del ministro de Gobernación, Leitão de Abreu, un jurista ultraconservador del sur de Brasil, pero un hombre muy correcto. Fue quien posteriormente, siendo magistrado en la Corte Suprema, dictó la sentencia que me permitió ser candidato al Senado en 1978.

Ulysses, José Fragelli (presidente del Senado), el general Leônidas (ministro nombrado por el Ejército) y yo llegamos a la una de la mañana. Leitão de Abreu estaba durmiendo. Se levantó y se vistió, con corbata y todo, muy formal, y comenzamos a hablar. Él también creía que Ulysses debía asumir la presidencia temporalmente. Yo me había acordado de que otro presidente electo, Rodrigues Alves, que falleció antes de jurar el cargo, había sido reemplazado por su vicepresidente en 1918, pero no sabía en qué circunstancias. La decisión, que adoptaron prácticamente Ulysses y Leitão de Abreu con el visto bueno del presidente del Senado, estaba clara: José Sarney reemplazaría a Tancredo Neves.

Nos fuimos de casa de Leitão de Abreu y nos dirigimos al Congreso. Nos reunimos en la oficina del presidente del Senado. Vinieron también otros diputados y políticos. En mi partido estaban furiosos porque querían a Ulysses, no a Sarney. Recuerdo que el discurso de Afonso Arinos fue decisivo. Arinos era un reputado constitucionalista, además del biógrafo de Rodrigues Alves. Declaró que tenía que ser Sarney. No sé por qué Ulysses quería a Sarney. La gente dice que era porque, si él asumía la presidencia, no podría presentarse a las próximas elecciones presidenciales. La verdad es que nadie sabía que Tancredo iba a fallecer, para nosotros era un asunto de una semana. No estábamos hablando de quién iba a ser el futuro presidente de Brasil, hablábamos de quién podía ocupar ese puesto temporalmente causando el menor daño posible. En realidad a Ulysses no le preocupaban las siguientes elecciones, pero tenía miedo de provocar una reacción muy fuerte en los militares. Tenía muchas confrontaciones con los uniformados; era un tipo grandioso, por lo que las cuestiones que se debatían nunca eran una cosa menor.

Les cuento esto como ejemplo de la incertidumbre de la transición. Estábamos acercándonos a la sucesión de los militares y todavía teníamos mucha cautela. Las transiciones son muy complicadas; hay que hacer muchos cálculos porque nunca se sabe qué va a ocurrir al día siguiente. Hay que tener una visión de conjunto y apuntar siempre al objetivo principal. Y este era ganar el poder, pero ¿cómo? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo? ¿Cuáles son las condiciones previas para que se pueda gobernar? ¿Con quién es aceptable una alianza y con quién no? ¿Cómo hacerlo? Nunca se tiene certeza. En nuestro caso, Tancredo falleció y Sarney se convirtió en el primer presidente no militar; él, que había sido uno de los dirigentes políticos del régimen autoritario militar. La situación era delicadísima, y lo siguió siendo durante todo el periodo que Sarney estuvo en el poder. Sarney heredó un consejo de ministros que había compuesto Tancredo en colaboración con Ulysses. Ulysses era el gran líder, Sarney no tenía fuerza efectiva en el Congreso, al menos no al principio de su mandato.

¿Cuáles fueron las decisiones más importantes que tomó Sarney y cómo logró mantenerse la cohesión de las fuerzas democráticas?

Cuando Sarney ya se había convertido en presidente, Ulysses celebró una cena en su casa con todos los ministros excepto Francisco Dornelles, ministro de Finanzas, que no era miembro del PMDB. Yo fui a casa de Dornelles para explicarle que no era una reunión en su contra. Ulysses reunió a todos los ministros, por lo que era casi un desafío a Sarney. Durante un tiempo Sarney no sabía qué hacer y mientras Tancredo estuvo vivo fue dificilísimo. Sarney estaba al mando pero al mismo tiempo no lo estaba, y llegó un momento en que empezamos a decirle que comenzase a gobernar porque Tancredo no iba a volver. Pero él estaba muy indeciso y nosotros teníamos miedo. Sarney era muy hábil. Yo renuncié a mi posición ficticia de líder del Congreso y Sarney me pidió que no lo hiciera, porque si me iba, parecería que él estaba perdiendo gente, sobre todo porque necesitaba personas para dialogar con la izquierda. Me quedé un año como líder de Sarney en el Congreso. Fue muy difícil debido a las tensiones políticas entre Sarney y Ulysses. Cada vez que había una crisis, Sarney llamaba a los militares. Era muy cercano a ellos, conocía bien a los generales.

Constitución y sistema de gobierno nuevos

Bajo presión, pero por decisión propia, Sarney convocó la Asamblea Nacional Constituyente. Este había sido uno de los objetivos de la oposición: quebrar realmente el régimen anterior y la Constitución aprobada por los militares. Fue un momento muy importante para el país. La Asamblea duró casi dos años, desde principios de 1987 hasta finales de 1988. La mayor parte de la antigua oposición quería una constitución muy socialdemócrata, donde se garantizaran plenamente los derechos y las libertades y se expandieran los derechos sociales. Sarney organizó un grupo más conservador.

En cuanto a los asuntos políticos, el tema de debate más importante era decidir si el sistema presidencial se sustituiría por un sistema parlamentario. Una parte del PMDB creía en el parlamentarismo, los que después formamos el PSDB. Ulysses era presidencialista, como Sarney y los militares, a quienes intenté explicar cómo funcionaría el sistema parlamentario (recuerdo una pelea muy intensa con el ministro del Ejército). El debate sobre el sistema de gobierno se mezclaba con el debate sobre la duración del mandato de Sarney. Según la Constitución anterior, el mandato duraba seis años. Sarney no quería que la Asamblea cambiara la duración de su mandato, pero la mayoría de la oposición proponía cuatro años. Sarney consiguió organizar el apoyo suficiente para conseguir un mandato de cinco años. Su ministro de Comunicaciones, Antonio Carlos Magalhães, fue clave a este respecto. Al igual que Sarney, ACM, como llamábamos a Magalhães, había sido una figura política importante durante el régimen militar.

Los militares fueron razonables. Nombraron asesores para seguir el proceso constitucional. Si uno lee la Constitución, hay un solo punto sobre los militares. El gran debate giró en torno a saber si las Fuerzas Armadas se limitarían a la defensa del orden externo, de las fronteras y el territorio, o si también se ocuparían de mantener el orden interno. El texto aprobado en la Asamblea establece que las Fuerzas Armadas se ocupan de la defensa territorial y, cuando las autoridades establecidas constitucionalmente lo soliciten, son responsables de mantener el orden interno. El estado de sitio, por ejemplo, solo lo puede decretar el presidente previa consulta con el Consejo de la República y con la autorización del Congreso.

Derechos políticos y sociales

Logramos avanzar en los derechos políticos y sociales. El resultado fue una buena Constitución, a pesar de ser estatal-nacionalista en lo económico y que, por lo tanto, no incluyera ningún esfuerzo por mantener el equilibrio presupuestario. Hubo muchas locuras en la Asamblea. Se garantizaban varios beneficios sociales sin tener la base fiscal para financiarlos. Por ese motivo fue necesario introducir enmiendas a la Constitución durante mi gobierno. Sin esas enmiendas, no hubiera sido posible la estabilización ni la modernización de la economía. En todo caso, la Constitución de 1988 representa logros políticos y sociales. Dudo de que hubiéramos logrado una Constitución tan socialdemócrata con Tancredo como presidente. Él era más conservador. Sarney también, pero no tenía la fuerza política para hacer frente a la mayoría de la antigua oposición en sus esfuerzos por «pagar la deuda social» del régimen militar.

Primeras elecciones presidenciales directas

Las primeras elecciones directas a la presidencia de la República se celebraron en 1989, en condiciones económicas poco favorables para el gobierno. Al final de la administración de Sarney, estábamos al borde de la hiperinflación. El gobierno estaba muy debilitado políticamente. Frente a él estaban Lula y el PT y Brizola y el PDT; el apoyo de Sarney en el PMDB era escaso. Franco Montoro, Mário Covas, José Serra (que había sido elegido diputado federal en 1986) y yo dejamos el PMDB el año anterior para fundar el PSDB. Incluso desde el PMDB, habíamos luchado por el parlamentarismo y un mandato de cuatro años para Sarney. Vimos que el PMDB, a medida que se acercaba al Estado, se convertía cada vez más en una fuerza política tradicional. Con el PSDB queríamos construir una alternativa, un partido socialdemócrata. A Serra y a mí, en particular, nos preocupaba el aislamiento del país en relación con las transformaciones de la economía internacional. Por eso, juntos escribimos un documento que tuvo una función importante en la campaña de Mário Covas, nuestro candidato en las elecciones de 1989. Se llamaba «El choque capitalista» y defendía la integración de Brasil en el mundo.

Sin embargo, las elecciones las ganó Fernando Collor de Melo. Ganó en la segunda vuelta, contra Lula. El PSDB decidió apoyar al PT en la segunda vuelta. A mí me tocó llevar a cabo las negociaciones con el PT sobre el programa. Ellos tenían trece puntos importantes. Mis interlocutores eran José Dirceu y Plínio Sampaio, a quienes conocía bien. Ellos abogaban por la reforma agraria directa, sin intervención del gobierno, y proponían que los periódicos estuvieran dirigidos por un comité de redactores. Eran propuestas tan radicales que fui a hablar con el antiguo dirigente João Amazonas, presidente del Partido Comunista de Brasil y miembro de la coalición que apoyaba a Lula, para decirle que se trataba de unas elecciones, no de una revolución. No logramos llegar a un acuerdo, así que la decisión de mi partido fue que votaríamos por Lula, a pesar de que no estábamos comprometidos con el programa. Estábamos ilusionados porque, si ganaba Lula, formaríamos parte del gobierno. Pero ganó Collor. Fue una suerte para todos. Incluso Lula lo dijo en más de una ocasión. Tuvo suerte de perder porque no podría haber gobernado con las ideas que tenía entonces.

¿Así que una constante durante toda transición es la gran dosis de suerte y sorpresa?

Sí. Cuando se acerca lo inevitable, surge lo inesperado. Yo digo eso siempre. La política es así, la vida es así. Collor era un tipo muy curioso. Había intentado ser candidato a la vicepresidencia con Cobas. Ahora es más cauto, pero por aquel entonces cometió errores muy graves. Hace poco, Collor, que ahora es senador, le dio un consejo a nuestra actual presidenta Dilma Rousseff: «No haga lo que yo hice; yo desprecié al Congreso».

Collor quería gobernar sin los partidos. Tenía roces con su hermano menor que, a mediados de 1992, lanzó graves acusaciones de corrupción en contra del gobierno. En el Congreso se creó una comisión liderada por el PT para estudiar el asunto. Con la prensa en su contra y sin el apoyo del Congreso, se abrió un proceso de destitución contra Collor. El PSDB votó a favor de la destitución. No me imaginaba que ese iba a ser el resultado. En algún momento durante esa época dije que el proceso de destitución era como una bomba atómica: mejor no usarlo. Pero la situación de Collor era insostenible.

Collor era muy joven. Llevó a cabo la apertura de la economía de una manera abrupta, realizó cambios drásticos sin entablar ninguna negociación. Todos lo criticamos, pero yo creo que, de no haber sido así, la economía brasileña no se hubiera abierto nunca. Cuando fui ministro de Finanzas después de Collor, estábamos sometidos a la presión de los industriales de São Paulo y de los economistas, que abogaban por un Estado más fuerte, más protección, más subsidios. Esa es la cultura todavía predominante, pero no tiene en cuenta la modernización necesaria. Collor realizó cambios y desarticuló totalmente la administración pública. Tenía ideas innovadoras pero insensatas, ya que no era consciente de la realidad. Los cambios no se producen mediante rupturas súbitas; hay que acumular fuerzas para ganar. Collor quería cambiar el país de repente, pero fracasó. Perdió el apoyo del Congreso y fue destituido.

Entonces, Itamar Franco, el vicepresidente de Collor asumió la presidencia (1992-1995). Era un personaje raro. Había sido opositor de Tancredo en Minas Gerais. No quiso votar en el colegio electoral por Tancredo. Era del PMDB, pero no seguía al partido; votaba por su cuenta y, cuando todos pensábamos que iba a apoyar a Covas, respaldó a Collor. Sin embargo, era un hombre de buena fe y organizó una coalición de gobierno. El Partido del Frente Liberal (PFL) y el PT se quedaron en la oposición. Una mujer con mucho peso en el PT aceptó ser ministra y, como consecuencia, la expulsaron del partido.

Itamar Franco, un hombre con una visión nacionalista que en aquel tiempo sentía admiración por mí, me llamó a su oficina cuando se supo con certeza que la Cámara de los Diputados iba a abrir un proceso de destitución contra Collor. Cuando se inició el proceso, el presidente salió y el vicepresidente ocupó su lugar. A Itamar le asustaba São Paulo porque era de Minas. Durante nuestra conversación en su oficina me preguntó qué pensaba de él la gente de São Paulo. Le dije que yo pensaba que era un testarudo, insistente en sus ideas y que quería estar involucrado en todo siempre. Me preguntó si lo consideraba un tonto grave. Le respondí que no, pero que creía que era testarudo. Entonces empezamos a conversar y él me autorizó a dar una entrevista a un periódico en São Paulo para transmitir la idea de que él sería un presidente sensato.

Responder a la crisis económica

Con el primer presidente muerto y el segundo procesado, debe haber sido muy difícil estabilizar la economía y consolidar la transición. ¿Cómo consiguió afrontar los problemas económicos el nuevo presidente?

En primer lugar me nombró ministro de Relaciones Exteriores y, siete meses después, ministro de Finanzas, el cuarto en siete meses. La situación era complicada: la inflación se estaba acelerando y el gobierno no encontraba su camino. Cuando asumí Finanzas se generaron nuevas expectativas. Sabía –y así lo manifesté– que la prioridad era luchar contra la inflación, pero no estaba dispuesto a adoptar un nuevo paquete de estabilización, con controles de precios, congelación salarial, entre otras cosas. Teníamos que elaborar una alternativa.

Formé un pequeño equipo de economistas cercanos a mí. Entre ellos existía bastante escepticismo respecto a si podríamos hacer algo más que limitarnos a gestionar la situación. No estaban dispuestos a repetir los «errores del pasado» y temían que Itamar no pudiese resistirse a la tentación de adoptar un nuevo plan de choque contra la inflación. Además, el Congreso estaba sufriendo su propia crisis, ya que a mediados de 1993 estalló un escándalo en la poderosa comisión de presupuestos en el que estaban implicados numerosos partidos y diputados. Por ejemplo, ¿cómo sería posible aprobar medidas de ajuste fiscal sin contar con un apoyo firme del presidente y de los líderes de los partidos que estaban a la defensiva a consecuencia de un escándalo del que no se sabía cómo (ni cuándo) terminaría?

Traté de convencer a los economistas de que la crisis nos ofrecía la oportunidad de aprobar un programa de medidas que el Congreso no aceptaría en circunstancias normales. En lo que a Itamar se refiere, era un político impredecible, pero habíamos sido colegas en el Senado. Nos llevábamos bien, sabía cómo era y cómo pensaba, y él confiaba en mí. También contaba con el apoyo de mi partido, sobre todo de Mário Covas y Tasso Jereissati, y esto también fue decisivo a la hora de convencer a los economistas para que vinieran a trabajar conmigo en un programa de estabilización. No era una quimera dada la situación.

Asumí el cargo en mayo, pero hasta diciembre de 1993 no anunciamos al país un programa que estableciera un ajuste fiscal de emergencia y un innovador mecanismo monetario de transición a una nueva moneda. La innovación consistía en que, por primera vez, se haría un esfuerzo por estabilizar la economía sin sorpresas y con total transparencia en el proceso. El éxito dependía de que el Congreso aprobara el ajuste fiscal y de que los agentes económicos se incorporaran de forma voluntaria al mecanismo monetario que conduciría a la emisión de la nueva moneda.

Entre mayo y diciembre hubo muchos problemas. La inflación seguía alta y mostrando una tendencia ascendente. La presión del gobierno y de la sociedad para obtener respuestas inmediatas del ministro de Finanzas aumentaba constantemente. Itamar se enfadó con el presidente del Banco Central por un asunto sin importancia y lo despidió. Aproveché esa ocasión para ampliar mi equipo y convencí al presidente de que designase a Pedro Malan para el puesto. Itamar también tuvo un problema con el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES) y lo convencí de que designase a Persio Arida en su lugar.

Persio era considerado uno de los «padres» del Plan Cruzado, que había aportado una importante popularidad al gobierno de Sarney durante un año, pero que finalmente fracasó. Puede que Itamar viese en Persio una señal de que yo podría estar dispuesto a volver a emitir un plan como el Cruzado. Por eso no se opuso al nombramiento de Persio como presidente del BNDES. Yo no sabía que Persio era muy crítico con el Plan Cruzado, pero él y André Lara Resende jugarían un papel fundamental, junto con Edmar Bacha, en la formulación teórica del mecanismo que hizo posible la transición hacia la moneda conocida como real. De mí dependía dirigirme al país, explicar qué pretendíamos hacer; convencer a Itamar de que había riesgos, pero que estábamos en el camino correcto, y negociar la aprobación de las medidas de ajuste fiscal con los partidos políticos.

Aprobamos las medidas de ajuste fiscal en febrero y posteriormente avanzamos en la transición hacia la nueva moneda. No establecimos una fecha para su emisión. No estaba definida y dependía del grado de confianza que tenían los agentes económicos en la Unidade Real de Valor (URV), una protomoneda, sin inflación. Los precios de los bienes y servicios se establecían en URV, pero se pagaban en cruzeiros, la moneda vinculada a la inflación, cuyo valor se ajustaba a diario. Acabamos con la inflación con su propio veneno. Sin embargo, no sabíamos cuánto tiempo tardaría en conseguirse la plena aceptación de la URV y, por ley, yo debía dejar el ministerio en abril para poder ser candidato presidencial. Temía que una salida demasiado temprana pudiese comprometer la confianza en el éxito del programa de estabilización.

Durante este proceso comenzó a formarse una alianza entre el PSDB y el PFL que sería la clave de mi candidatura a la presidencia. Itamar quería que yo fuese candidato. Al principio me resistí firmemente, pero él estaba en lo cierto. Que el programa se quedase políticamente huérfano habría sido fatal para la iniciativa de estabilización. Lula, que era el favorito en todas las encuestas, se oponía frontalmente al programa. Él, su partido y los sindicatos vinculados a la Central Única de los Trabajadores (Central Única dos Trabalhadores, CUT), calificaron el Plan Real como una «estafa electoral». Fue un grave error que les costó la presidencia de la República en octubre de 1994.

Control civil de las Fuerzas Armadas

¿Cómo manejó su relación con los militares antes y durante su gobierno para subordinarlos a las autoridades civiles?

Yo tenía una buena relación con los ministros militares de Itamar. Permítanme contar una anécdota muy ilustrativa. Durante el carnaval de febrero de 1994, Itamar fue a Río para ver el desfile de las escuelas de samba. Un diputado malintencionado hizo entrar al palco en el que el presidente estaba viendo el espectáculo a una mujer provocativamente disfrazada de policía. Se trataba de algo ya preparado. Los periodistas, que se encontraban bajo el palco presidencial, fotografiaron a la mujer junto al presidente. Itamar se enamoró de ella. Al día siguiente estaba incluso dispuesto a llamarla por teléfono ante las cámaras de televisión.

Yo me encontraba en Brasilia y el general Cahim, ministro de Administración, fue a buscarme para decirme que estaba allí en nombre de sus compañeros militares. Estaban escandalizados por el comportamiento del presidente y me dijo que él y sus colegas eran partidarios de reemplazar a Itamar en el Congreso. Consideraban que existían mecanismos legales para sustituirlo por el senador Jarbas Passarinho, un hombre respetable, excoronel y conservador. Querían saber si estaba dispuesto a continuar en el ministerio dadas las nuevas circunstancias. Pero puse fin a esta situación y nunca le hablé a Itamar sobre el plan de sus ministros militares para destituirlo. En aquel momento, los militares ya no gozaban del poder que habían tenido en la época de Sarney, a comienzos del regreso a la democracia. Sugerí a Itamar que hiciese más averiguaciones sobre qué estaba sucediendo en el ámbito militar, que la situación era difícil debido a la fotografía y a la llamada telefónica, que valía la pena investigar si había militares implicados en la trampa que le habían tendido en Río. No hizo nada, pero tampoco dimitió. Era una buena persona y, después de todo, la gente sabía que era un ingenuo y que no había actuado con maldad.

Cuando fui elegido presidente de la República decidí crear el Ministerio de Defensa. Llamé a cada uno de los militares a los que iba a nombrar ministros de la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército y el Estado Mayor Conjunto, y les dije que los nombraría con la condición de que colaborasen en la creación del nuevo Ministerio de Defensa. Tardamos tres años en crearlo. Únicamente tuve un problema. Creo que fue en 1998, durante la fase final de la puesta en marcha del Ministerio de Defensa, cuando estaba eligiendo a los comandantes de las ramas de las Fuerzas Armadas que prestarían servicio a las órdenes del ministro de Defensa, que sería un civil. El viceministro de Marina solicitó hablar conmigo en mi residencia oficial; acudió uniformado. Quería ser comandante de la Marina. Le dije que no lo nombraría, ya que quería nombrar al número dos en la Marina, al almirante Lacerda. El general Alberto Cardoso, jefe de la casa militar, invitó a Lacerda en mi nombre, pero dijo que no aceptaría el puesto. Así que volví a llamar a Cardoso y le dije: «Vamos a nombrar al tercer almirante, Sergio Chagastelles. Si también dice que no, encarcélelos a los tres, ya que se trata de desobediencia, no de rechazo». El tercer candidato aceptó el puesto.

En 1999, una vez establecido el Ministerio de Defensa, cesé al ministro de la Fuerza Aérea, el teniente brigadier Walter Brauer, por hacer unas declaraciones ante la cadena Globo que dieron la impresión de que cuestionaba la autoridad del ministro civil de Defensa. Llamé al jefe del Alto Mando de la Fuerza Aérea y le dije que había cesado a Bauer por lo que había dicho a los reporteros. No pasó nada; no hubo ninguna reacción por parte de los militares en servicio activo. Como muestra de solidaridad, algunos militares jubilados celebraron un almuerzo en su honor.

Justicia y reconciliación

Al comienzo de mi mandato, en 1995, cené en la casa del ministro de la Marina con los demás ministros militares y con el general Alberto Cardoso. Éramos cinco generales y yo, e íbamos a brindar por la democracia. Les conté que había sido prisionero por un día durante la Operación Bandeirantes, una iniciativa clandestina de la dictadura en la que se torturaba a los encarcelados. Les comenté que había visto gente torturada y que los derechos humanos para mí no eran una mera cuestión retórica. Les hablé también de mi intención de crear una comisión para hacer reparaciones y pedir disculpas en nombre del gobierno brasileño por la violencia practicada por el Estado.

Creé la comisión para revisar las penas impuestas durante la dictadura sin ningún tipo de juicio. Muchas personas que demandaban reparaciones las recibieron, hasta que llegó el momento de ascender a un militar ya fallecido que respondía al nombre de Carlos Lamarca. Había luchado en la guerrilla y matado a un militar, pero posteriormente fue asesinado. Su familia ya recibía una pensión, pero la comisión pretendía ascenderlo a coronel, lo cual era una exageración. Así que el representante de las Fuerzas Armadas en la comisión, un general ya jubilado, pidió tener una conversación conmigo en mi casa. Me dijo que estaba en la comisión de reparaciones, pero que sus opiniones nunca salían adelante. Comentó que pese a que la comisión tenía un prejuicio, él seguía desarrollando su labor en ella y que además había abierto un comité político a mi favor en su ciudad durante mi campaña. Me expresó el enorme respeto que sentía hacia mí, pero que no podía continuar si se ascendía a Lamarca. Le indiqué que en el momento de crear la comisión le había otorgado plenos poderes y que acataría las decisiones de esta. En lo personal consideraba que la promoción de Lamarca a coronel era una exageración, pero si la comisión la aprobaba yo la llevaría a cabo. Sin embargo, su dimisión me habría provocado un importante daño político. El general fue tan correcto conmigo que no dimitió de la comisión, pese a que se aprobó el ascenso de Lamarca.

El único oficial en activo que protestó por la decisión de la comisión fue un general que estaba al mando del Ejército en el noreste. Lo relevamos del comando sin hacer ruido. Posteriormente pasó a la reserva sin ningún incidente importante. Dicho de otro modo, los militares pasaron a obedecer y siguieron así con Lula y también en la actualidad con la nueva presidenta, que ha establecido una Comisión de la Verdad para aclarar las responsabilidades por actos que se produjeron durante el régimen militar. La transición a la democracia fue lenta, gradual e insegura, pero en la actualidad ya no existe el fantasma del golpe militar. Los miembros de las Fuerzas Armadas tenían la costumbre de celebrar el 1 de abril, fecha que ellos denominaban «la revolución» y nosotros, «el golpe». Esto se acabó durante mi mandato. Los militares dejaron de hablar sobre su papel en la «recuperación de la democracia», y durante mi gobierno este tipo de referencias o celebraciones dejaron de existir.

La transición brasileña duró varios años y la relación entre las Fuerzas Armadas y el gobierno civil tardó décadas en funcionar. En el Egipto actual sería muy difícil aceptar que se tardará 25 años en resolver la cuestión militar. ¿Podría haber sido posible ganar terreno más rápidamente en este sentido en Brasil? ¿Esto habría hecho peligrar el proceso?

Lo que hay que destacar en este caso es que no hubo una victoria de la oposición sobre las Fuerzas Armadas. Se produjo un cambio interno, dentro del régimen, y otro externo, en la sociedad. En Argentina y Uruguay, los militares se resquebrajaron. En Chile las Fuerzas Armadas tampoco fueron derrotadas. Pinochet se mantuvo durante ocho años [como comandante en jefe del Ejército después del retorno a la democracia]. Aquí el proceso fue gradual. En ningún momento se produjo una ruptura. La primera señal de ruptura fue la Asamblea Constituyente de 1987-1988, ya que hasta entonces la transición se desarrolló básicamente en consonancia con las normas del régimen autoritario, aunque modificadas por la presión cada vez mayor de la oposición.

Quedaba una cuestión por resolver: la amnistía recíproca. La Ley de Amnistía se aprobó en el Congreso en 1979, pero todavía estaba el régimen militar, sin derecho a voto, sin libertad plena. Hoy existe una polémica respecto de la amnistía para todos, respecto de los responsables de tortura y de los torturadores. Hace unos dos años la Corte Suprema decidió que la amnistía los cubría a todos ellos. El tema volvió a calentarse nuevamente con el establecimiento de la Comisión de la Verdad. Para que los militares se tranquilizasen, se decidió que la comisión aclararía los hechos, pero no impondría sanciones a los responsables.

¿En algún momento se temió que la interferencia de los militares pudiera provocar una vuelta atrás? ¿Qué papel desempeñaron las organizaciones sociales para impedir la intervención militar?

Una vez que Tancredo Neves fue elegido presidente, una de las primeras medidas que adoptó fue nombrar ministro del Ejército a un general que seguramente nos protegería y nos defendería ante una posible reacción de los militares. Ya he mencionado al general Leônidas Pires Gonçalves. No era de línea dura, pero era un militar típico y de alguna manera aseguró a Sarney, tras la muerte de Tancredo, que no iba a haber ningún retroceso. También el jefe del servicio de información –un cargo clave– era un hombre equilibrado. De ahí en adelante, cuando la Asamblea Constituyente comenzó a deliberar ya teníamos la convicción de que no había marcha atrás. La Asamblea pasó a actuar como si hubiese plena libertad, y de hecho así fue.

Los militares nunca habían asumido una ideología autoritaria, siempre dijeron que gobernarían por poco tiempo, para garantizar una democracia futura. También fue duro para ellos. Estar en el poder generó problemas para las Fuerzas Armadas como institución. Geisel trató de restablecer el control sobre los sectores más relacionados con la tortura, que habían ganado fuerza durante el periodo más brutal de la represión. Consiguió restablecer la jerarquía militar. Sin embargo, esto no fue el fin de la resistencia interna a la apertura. En 1980 y 1981 la extrema derecha realizó varios ataques con la participación directa de miembros de las Fuerzas Armadas.

Sarney desempeñó un importante papel para garantizar que no volvieran a repetirse, ya que era un liberal conservador y había servido al régimen militar. De pronto comenzó a reunirse abiertamente con representantes de la izquierda. Los recibía en el palacio, por ejemplo. Este tipo de gestos fue importante para transmitir la idea de que los años de las pistolas y las balas habían quedado atrás. Entonces, en 1989 cayó el Muro de Berlín y la Guerra Fría llegó a su fin. Tanto es así que, cuando Lula se presentó a la presidencia contra Collor, los movimientos de los trabajadores y de otro tipo estaban muy lanzados y ya no había miedo a un golpe militar.

Son muchas las transiciones que tienen problemas con los aparatos policiales y de seguridad heredados de regímenes militares. ¿Cómo fue la experiencia de Brasil en este sentido?

Durante el régimen militar la Policía estatal quedó bajo el control directo del Ejército. Así que la Policía militar de cada uno de los estados –algunas muy poderosas, como la de São Paulo y la de Minas– se mantuvo en manos del Ejército. Esta influencia siguió existiendo incluso tras la elección directa de los gobernadores en 1982. Estos no recuperaron el control de la Policía militar de sus respectivos estados hasta que así se estableció legalmente con la aprobación de la nueva Constitución de 1988.

¿Criticó la gente a la Policía y pidió que se persiguiera a quienes participaron en la represión? ¿Cuál fue la solución?

Sí, claro. Aquí radica toda la polémica sobre la Ley de Amnistía. No se introdujeron cambios en la ley. Pero en la actualidad, cada vez que alguien que perteneció a los grupos represivos es nombrado para un puesto, existe una gran presión en su contra. La prensa y los grupos de defensa de los derechos humanos están muy atentos, por lo que no pueden producirse nombramientos ni promociones de estos oficiales sin que se aplique un minucioso escrutinio. No han ido a la cárcel, pero sus carreras se han visto más o menos frenadas.

¿Cómo lo miraban a usted los militares, considerando que era un político hijo y nieto de militares? ¿Le sirvió esto para entender su dinámica?

Sí, mis antecedentes familiares me ayudaron a entender los códigos. Yo les otorgué una gran consideración a los militares. Querían una mejora salarial y material bélico, como cañones, aviones, etc. Yo no tenía dinero para estos fines, ni siquiera para mejorar sus salarios ni para comprar gran cosa. Ellos querían atención, así que yo asistía a las celebraciones de las fechas importantes de las Fuerzas Armadas. Asistía con frecuencia a maniobras navales con la Marina. Fui a la selva a dormir con ellos para ver su entrenamiento y, cada vez que un oficial era ascendido a general, asistía con mi mujer. Esta es una alta distinción, porque ellos también asistían con sus mujeres. Pronunciaba un breve discurso, dándoles algunas instrucciones, y de este modo empezamos a crear una estrategia brasileña de defensa, ya que ésta no existía.

¿Lo consideraban parte de la familia militar?

De alguna manera, sí. No era algo explícito, pero sabían que en mi familia había diez o doce generales, dos o tres de ellos ministros de las Fuerzas Armadas. Había tradición en ese sentido, pero mi familia también había sido muy progresista, desde mi abuelo hasta mi padre. Desde la guerra con Paraguay, los militares se opusieron a la esclavitud y participaron en la campaña contra esta. Se sentían una especie de «padres de la patria», responsables del país. Los militares siempre mantuvieron la distancia con la empresa: el Estado sí, el mercado no. Además de ser militar, mi padre era abogado.

Ruth, mi mujer, que era de São Paulo y muy antimilitar, fue invitada a la academia militar a impartir una clase. Quedó encantada, porque se dio cuenta de lo mucho que habían cambiado, que las Fuerzas Armadas se habían modernizado. También habían cambiado mucho desde un punto de vista técnico, sobre todo la Marina, ya que enviaron a mucha gente a estudiar a Estados Unidos. Las mujeres y los hijos de los militares fueron a la universidad. Las relaciones con sus mujeres y sus hijos cambiaron gradualmente la mentalidad de los militares. Dudo que hoy exista un segmento militar que tenga un pensamiento político autoritario, o que se considere por encima de los demás como únicos defensores de la pureza de la patria.

Reforma constitucional

¿Creó usted una Asamblea Constituyente? ¿Cuáles fueron los problemas políticos más importantes a los que se enfrentó? ¿Qué cambios se introdujeron en el sistema electoral?

Hubo una gran discusión sobre si sería una Asamblea Constituyente específica o una Asamblea normal con capacidad constituyente. Finalmente se optó por lo segundo. La diferencia es un poco sutil, porque en ambos casos los representantes son elegidos, pero en la Asamblea normal se otorgan atribuciones constituyentes a las personas que al mismo tiempo están pensando en su reelección.

Esta fórmula se decidió durante el gobierno de Sarney y contó con la aprobación del Congreso. Dicho de otro modo, se declaró lo siguiente: en las próximas elecciones (1986) los diputados y senadores elegidos tendrán un mandato constitucional para aprobar la nueva Constitución originaria por mayoría simple (50% más uno).

Los grandes temas políticos en el Congreso con atribuciones constituyentes tenían que ver con la cuestión federal. La preocupación radicaba en que los militares habían centralizado todo, incluido el sistema de impuestos, y sofocaron la vida federal y municipal. Incluso antes de la Asamblea Constituyente, bajo el mandato de Figueiredo, ya existía una fuerte presión municipalista y se asignaron ciertos tributos a los gobiernos locales para que los municipios contaran con más ingresos. El proceso descentralizador de los ingresos se acentuó con la nueva Constitución. La base impositiva de los gobiernos municipales y estatales creció, y también aumentó la proporción de impuestos federales destinados a los gobiernos subnacionales. La mitad de los ingresos obtenidos de los dos principales impuestos federales se distribuyeron a los gobiernos estatal y municipal en función de su población y sus ingresos. La cuestión de cómo distribuir los impuestos fue un importante tema de debate en la Asamblea.

En cierto momento, el entonces presidente Sarney dio un discurso en el que decía que Brasil se volvería ingobernable debido a que la nueva Constitución había descentralizado los ingresos pero no había transferido proporcionalmente las responsabilidades. Toda la seguridad social continuaba en manos del gobierno central, ahora ampliada por los derechos sociales creados por la Asamblea Constituyente. Durante mi gobierno, esto nos obligó a aumentar los impuestos federales que no se compartían con los estados y los municipios. La presión tributaria aumentó.

Sistema electoral y de gobierno

La Constitución también definió el sistema electoral. Se mantuvo la representación desproporcionada de los estados en la Cámara de Diputados federal, un legado del régimen democrático de 1946-1964 que fue acentuado por los militares. São Paulo solo cuenta con 70 diputados en la Cámara, pero debería tener más de 100 si el sistema respetase el principio de «una persona, un voto». El sistema otorga una sobrerrepresentación a los estados más atrasados, en los que la sociedad y el electorado cuentan con escasa autonomía en comparación con los poderes municipales de facto.

Creo que habría sido positivo insistir, como mínimo, en reducir las distorsiones de la representación proporcional. Si se analiza, creo que lo mejor habría sido introducir un sistema de votos por distritos. El sistema basado en distritos no gozaba de gran consideración por parte de las fuerzas «progresistas» dentro de la Asamblea Constituyente. Pensaban que esto reforzaría el mandato de los dirigentes políticos municipales. No se daban cuenta de que con la migración de las zonas rurales a las ciudades este razonamiento ya no estaba tan bien fundamentado. Si la votación se hiciese por distritos y fuese proporcional a la población, los habitantes de las zonas urbanas del país (en las que vive más de un tercio de la población y en donde la gente es más «progresista») tendrían una mayor representación política. En la actualidad, la Constitución prohíbe la votación basada en distritos. Pero la votación debe ser proporcional.

También se abordó el sistema de gobierno. En la comisión encargada de debatirlo se aprobó el parlamentarismo, pero fue rechazado en el pleno de la Asamblea. Pudimos establecer que en el plazo de cinco años se celebrase un plebiscito sobre el sistema de gobierno. En 1993, el PSDB defendió el parlamentarismo con un sistema mixto basado en distritos, como el alemán. Sin embargo, cuando se pidió al electorado que votase al respecto, ganó el presidencialismo.

Volviendo a la Asamblea Constituyente, creamos un instrumento inspirado en el sistema parlamentario italiano, que es la medida provisoria que sustituía a los decretos de la dictadura. Nos preocupaba darle al ejecutivo un instrumento con el que actuar y no verse a expensas de los puntos muertos que se produjesen en el Congreso. Esto habría tenido sentido en un sistema parlamentario, y se creó basándose en la hipótesis de que en última instancia se aprobaría el parlamentarismo. Pero no fue así y las medidas provisorias acabaron en el sistema presidencial. Este otorgaba un poder de agenda excesivo al presidente, uno de los factores que provocó el debilitamiento del Congreso. Si el Congreso se tomase en serio el poder que posee, tendría mucha más iniciativa. De hecho, cada vez que se quiere debatir sobre la responsabilidad de los ministros, sí se produce un debate, y la mayoría de los diputados prefieren canjear favores que ejercer su labor de supervisión sobre el ejecutivo.

Hoy sería muy difícil gobernar con el parlamentarismo. En un sistema federal con municipios tan fuertes, una población dispersa –con tanta desigualdad y con tantos intereses enfrentados–, el presidente prácticamente se limita a ser un poder moderador. En última instancia, el presidente de Brasil es como un monarca que debe evitar la fragmentación. La gente vota a un presidente o presidenta, lo que le otorga una gran fuerza simbólica y efectiva. Diría que el presidente de Brasil tiene mucho más poder que el presidente de Estados Unidos para establecer la agenda política.

Mecanismos de reforma constitucional

¿Cómo funcionó otorgar poderes al Congreso para la elaboración de la Constitución? ¿Qué aprendió de esa experiencia?

El presidente de la Cámara, Ulysses Guimarães, que fue elegido también presidente de la Asamblea Constituyente, me nombró para que redactase las reglas que definirían su funcionamiento. Era muy difícil establecer normas, ya que los diputados consideraban que ellas reducirían su poder. La actitud que mostraba la mayoría de los diputados me recordaba a mi época de profesor en Francia en 1968, cuando se hablaba mucho sobre «prohibido prohibir», hasta el punto de considerar que se debía partir de cero prohibiciones y plenas libertades. Se rechazó el borrador preliminar que elaboró un grupo de la élite del Congreso bajo las órdenes de Afonso Arinos, un gran jurista que, tras dirigir la comisión del gobierno encargada de preparar el borrador preliminar de la Constitución, fue elegido senador por Río de Janeiro.

Seguimos el modelo de Portugal. Se crearon ocho comisiones: derechos y garantías, organización de las ramas del gobierno y el orden político, el orden económico, el orden social y los derechos sociales, etc. Y hubo 24 subcomisiones. Esto definió el modelo de la Constitución desde un punto de vista formal. Cada partido nombró a sus miembros en estas comisiones y subcomisiones (en proporción con el número de escaños con que contaban en la Asamblea Legislativa). Además se estableció una comisión para sistematizar y aunar las propuestas de las distintas Comisiones. El senador Bernardo Cabral fue elegido relator general de la constitución, encargado de elaborar una propuesta más organizada. Esta comisión fue la esencia de la nueva Constitución. Se dice que la Constitución, con casi 250 artículos, es muy larga. Y lo es. Sin embargo, no debemos olvidar que habría tenido otros 2.000 artículos más de haberse basado en todos los textos aprobados en las comisiones y subcomisiones. La comisión de sistematización tuvo que hacer una labor titánica para reducir las cientos de propuestas a un formato más razonable.

Para presidir la comisión de sistematización elegimos a un jurista liberal y parlamentarista, el senador Afonso Arinos de Mello Franco. El senador Jarbas Passarinho y yo, junto con un diputado de Río de Janeiro, fuimos nombrados vicepresidentes ejecutivos ad hoc. La primera propuesta del relator general fue parlamentarista. Votamos al respecto en la comisión de sistematización, en la que ganó el parlamentarismo.

Equilibrio de poderes

Esta victoria provocó una enorme confusión nacional, ya que Sarney no quería un sistema parlamentario. En cierto momento se propuso un mandato presidencial más corto, de cinco años, con la condición de que el presidente nombrase a un primer ministro parlamentario. El líder de mi partido en aquel momento, Mário Covas, no aceptó la propuesta, que habría hecho posible el parlamentarismo. En respuesta a esto, Sarney organizó y creó un grupo llamado Centrão o «centro amplio». Este grupo fue el más conservador de la Asamblea Constituyente, lo que supuso el fin del parlamentarismo. En última instancia se sometió a votación el sistema presidencialista, que resultó elegido. Sin embargo, como ya he dicho, la introducción de la medida provisoria, unida al presidencialismo, otorgó al presidente un enorme poder de decisión.

Esta medida permite al presidente, ante un asunto muy importante o urgente, tomar la decisión que desee hasta que el Congreso manifieste su punto de vista. El Congreso cuenta con 30 días para establecer una comisión encargada de evaluar si la medida provisoria corresponde con los criterios de urgencia y relevancia. Sin embargo, nunca se ha establecido ninguna comisión para evaluar las cientos de medidas provisorias remitidas por el ejecutivo. Al final de mi gobierno, el Congreso trató de limitar la réplica de medidas provisorias (por ejemplo, la principal medida provisoria correspondiente al Plan Real fue replicada durante siete años hasta que obtuvo la aprobación legislativa). Se decidió que la medida provisoria estaría vigente durante un máximo de 60 días y que, a partir del 45º día, la agenda del Congreso quedaría bloqueada hasta que se votasen las medidas provisorias pendientes. Sin embargo, en lugar de aumentar la iniciativa del Congreso, este cambio aumentó el poder de decisión del ejecutivo. Así que, en la práctica, el presidente de la República es el que legisla. Esto ha llegado a tal punto que, en la actualidad, la Corte Suprema ha obligado al Congreso a que establezca comisiones que deben votar para permitir que las medidas provisorias se mantengan.

Los contrapesos efectivos al ejecutivo son la rama judicial y el Ministerio Público [el cuerpo de fiscales que trabajan en el contexto estatal y federal], ambos reforzados en la Constitución de 1988. La Corte Suprema se ha convertido realmente en un tribunal constitucional, y su papel no se limita a ser pasivo con respecto a la revisión de la Constitución. Tiene el poder de obligar al Congreso a tomar decisiones cuando considera que la ausencia de estas impide, en la práctica, la aplicación de una disposición constitucional. Además, la Constitución otorga total autonomía a la fiscalía. Sus miembros se encargan de defender los amplios derechos de la sociedad. Pueden investigar y acusar a un gobernador, presidente o ministro, y llevarlo ante la justicia para que responda ante las acusaciones. Y lo hacen con total independencia del ejecutivo, lo cual es positivo y funciona. Inicialmente estaban muy politizados. Prácticamente eran una rama del PT, que entonces se encontraba en la oposición. Pero en los últimos años la fiscalía ha evolucionado. Constituye un importante componente del sistema de contrapesos, necesario debido al gran poder del ejecutivo brasileño.

Tenemos un sistema complejo que otorga considerable poder al presidente, al tiempo que crea otros mecanismos que someten a los políticos a un importante escrutinio judicial. El Congreso aprueba una ley, pero puede hacerlo en vano, ya que cualquiera puede apelar al tribunal y decir que incumple la Constitución. El sistema de toma de decisiones en su conjunto es muy engorroso.

Contexto económico

¿Qué papel desempeñó la situación económica en la transición brasileña? ¿En qué medida contribuyó a la movilización social? ¿En qué medida debilitó al gobierno militar? ¿Supuso un riesgo para la transición?

Inicialmente las organizaciones del sector productivo pidieron que se respaldara el golpe. En 1964 el primer presidente militar, el general Castelo Branco, hizo importantes reformas económicas para promover una nueva fase de crecimiento: se redujo la inflación, se mejoró el sistema impositivo y se establecieron nuevos mecanismos de financiación del gobierno y de sus empresas. Los resultados pudieron verse durante el segundo gobierno militar, entre 1968 y 1973, cuando se produjo el denominado milagro económico. El crecimiento era espectacular, pero sus beneficios se concentraban de forma desproporcionada en manos de las clases propietarias y las clases medias.

El comienzo de la relajación de las tensiones por parte del régimen coincidió con el fin del milagro económico. La primera crisis del petróleo [1973] afectó muy duramente a Brasil, ya que importábamos prácticamente todo el petróleo que consumíamos. A pesar de esto, la economía siguió creciendo debido a que el gobierno decidió recurrir a la deuda en el extranjero, aprovechando la disponibilidad de los denominados petrodólares, y aplicó un ambicioso programa de inversiones. Este programa provocó la primera gran reacción negativa del sector empresarial hacia el régimen. Un sector más liberal consideraba que el gobierno –en aquel momento bajo el mandato del general/presidente Ernesto Geisel– se había vuelto demasiado estatista. Algunas de estas personas se acercaron a la oposición. No les gustaba la combinación de estatismo económico y autoritarismo político. En este periodo de crecimiento se aceleró rápidamente la deuda externa. Esto comenzó a debilitar el poder adquisitivo de los salarios, lo cual insufló nueva vida al movimiento sindical y se reflejó en los resultados de las elecciones al Congreso de 1974 y 1978, para beneficio del partido de la oposición.

La situación económica entró en una nueva etapa con la segunda crisis del petróleo y la brusca subida de las tasas de interés en 1979. La inflación se disparó a más del 100% anual y el crecimiento cayó de forma drástica. En 1981 Brasil entró en recesión por primera vez desde mediados de la década de los sesenta, lo que alentó las campañas de los partidos opositores a los cargos de gobernadores. Las luchas a favor de la democracia y para recuperar el crecimiento económico y los salarios empezaron a estar vinculadas. En 1982 Brasil solicitó ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) porque ya no podía hacer frente al pago de los intereses de su deuda externa. La ayuda del FMI tuvo un alto coste político para el gobierno. Recuerdo que detuvimos la aprobación de un decreto sobre reducciones salariales impuesto por el FMI y remitido por el ejecutivo al Congreso. Otro senador de la oposición y yo nos apresuramos a convencer al presidente del Senado, Nilo Coelho, del partido del gobierno, para que aprobase la decisión de la Cámara de Diputados de votar en contra del decreto. Este fue un golpe decisivo. Una semana después, el presidente del Senado sufrió un grave ataque cardíaco; la situación política era tan dramática que le costó la vida.

Después de 1982 el régimen perdió claramente su principal fuente de legitimidad: el crecimiento económico. La clase empresarial ya no tenía miedo a la izquierda armada; había sido reprimida y derrotada entre 1968 y 1976. Sin el miedo a que se produjesen desórdenes, por un lado, y sin perspectivas de crecimiento, por otro, la clase empresarial estaba dispuesta a apostar por el fin del régimen militar. Pero a excepción de los más liberales y valientes, en general, los líderes empresariales fueron los últimos en sumarse.

En sus comienzos muchos gobiernos democráticos nuevos se han enfrentado a graves dificultades económicas. La inflación vuelve a dispararse una vez más, haciendo que la gente piense que la democracia no sirve para mejorar la economía. ¿Sucedió eso?

Sí y no. Es cierto que la democracia no logró una mejora de la situación económica, sino todo lo contrario, la inflación continuó aumentando y solo se vio interrumpida temporalmente por los sucesivos planes de estabilización, que en ningún caso lograron controlarla. Sin embargo, la política continuó generando nuevas agendas y nuevas esperanzas, como con la Asamblea Constituyente, la vuelta a la elección directa del presidente de la República y el procesamiento de destitución del primer presidente electo.

La inflación era terrible, pero no alteró por completo la economía ni la sociedad. Brasil tuvo la experiencia única de tener una hiperinflación controlada, por así decirlo. Se produjo una «indexación» de los activos [activos y salarios estaban ajustados] por medio de una corrección de los depósitos y las deudas basada en un indicador oficial de la inflación. La hiperindexación de la economía posibilitó cierto grado de «normalidad», aunque inestable, ya que dificultó el crecimiento y fue regresiva en lo que a distribución se refiere. Comprender esta «extraña normalidad» de la situación social y económica –y la posibilidad de superarla– fue fundamental para crear el Plan Real.

Movilización social

¿Cómo se relacionaron los movimientos sociales –las comunidades de base católicas, los abogados, los trabajadores, el grupo empresarial, las mujeres– con los partidos políticos que llevaron a cabo la transición? ¿Y qué sucedió tras la transición a las elecciones directas a la presidencia? ¿Se debilitaron estas organizaciones sociales?

Durante la transición el conjunto de la sociedad civil se mostró muy activo y los partidos buscaron tener contacto con todos esos grupos. Posteriormente, los partidos trataron de controlarlos. Eso es lo que hizo el PT, y controló tanto a los movimientos que acabó con ellos. Muchos de los grupos de la sociedad civil pasaron a estar subordinados al proyecto político del partido, pasaron a formar parte del aparato del partido y se burocratizaron. Cuando el PT consiguió la presidencia, se beneficiaron de más recursos públicos a costa de su autonomía. Algunas de estas organizaciones prácticamente se han convertido en organizaciones estatales. El Movimiento de los Trabajadores sin Tierra, que se radicalizó, es en parte una excepción.

Los sindicatos perdieron la capacidad de movilización, sobre todo en el sector productivo, en parte por motivos estructurales y en parte por ser utilizados por el Estado. Lula pretendía reforzar la autonomía de los sindicatos frente al Estado. Una vez que adquirió importancia como líder sindical, su principal lema era poner fin al impuesto obligatorio a los sindicatos y el requisito de que estos deben estar reconocidos por el Estado para poder existir oficialmente. Como presidente mantuvo el impuesto obligatorio a los sindicatos, destinó parte de los ingresos obtenidos de este a las federaciones sindicales y transformó el Ministerio de Trabajo en una herramienta para garantizar el apoyo político a través del reconocimiento de nuevas organizaciones sindicales.

¿Los movimientos de las mujeres tuvieron un papel durante la transición?

Sí, las mujeres desempeñaron un importante papel, sobre todo en las campañas a favor de la amnistía y las elecciones directas. Muchos de los intelectuales y artistas involucrados eran mujeres. Pero las mujeres continuaron teniendo una escasa presencia en los partidos políticos y los sindicatos del sector productivo. Los sindicatos de trabajadores industriales son muy machistas.

Ahora los partidos tratan de reflejar mejor el papel de la mujer en la sociedad. Cada vez hay más mujeres que son cabeza de familia y ha aumentado considerablemente la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Existe una ley que exige a los partidos políticos contar con un porcentaje mínimo de mujeres en sus listas de candidatos al Congreso.

Sin embargo, el cambio de leyes y de políticas es lento, mucho más lento que el de la sociedad. La presidenta Rousseff podría acelerar este proceso de cambio con su propio ejemplo y dado que ha nombrado a muchas mujeres para puestos importantes del Estado.

Transiciones contemporáneas

¿Qué opinión tiene de las actuales tendencias democratizadoras en el mundo árabe y en otros lugares? ¿Qué efecto tendrán las nuevas tecnologías de la comunicación? ¿Cómo cree que afectan las fuerzas dominantes a las transiciones hoy en día? ¿Y qué lecciones son útiles de cara al futuro?

Las nuevas tecnologías permiten que la gente se exprese. El problema de todo esto es que es fácil movilizar para destruir, pero es más difícil reconstruir. Las nuevas tecnologías no bastan por sí solas para dar el paso adelante. Las instituciones son necesarias y también lo es la capacidad para comprender, procesar y ejercer un liderazgo que perdure. No está claro cómo pueden utilizarse las nuevas tecnologías para construir algo nuevo. Cuando un país está cerrado, es autoritario y además tiene problemas económicos, es fácil movilizarlo. Para nosotros, la televisión fue fundamental. Cuando la cadena Globo comenzó a anunciar la movilización a favor de las elecciones directas, todo cambió. Ahora no es necesaria la televisión, actualmente Internet facilita la movilización. Pero ¿qué se hace a continuación?

Se trata de un momento complicado, porque estamos viviendo una enorme crisis del sistema capitalista, con distintos grados de profundidad y de recuperación. Existe cierta fascinación por el modelo chino, que es autoritario. China, Chávez, entre otros, representan una especie de estatismo. Chávez no contaba con un sistema unipartidista, pero le habría gustado tener uno. Así que no existe un único modelo. Hay quienes piensan que la democracia capitalista occidental ha llegado a su fin. Esa no es mi opinión, no solo porque valoro el liberalismo político, sino también porque creo que la recuperación económica se producirá como consecuencia de la apertura a nuevas fuentes de inversión, tecnología e innovación. Creo que, en la actualidad, Estados Unidos tiene un mayor potencial de creación y de innovación que Europa o China. Sin embargo, hasta que no se produzca un cambio económico, los gobiernos autoritarios están ganando cierto grado de prestigio.

En Brasil ha habido cierto retroceso hacia una mayor centralización, con menos confianza en la sociedad civil y más en el Estado. La regulación es siempre necesaria, pero en ocasiones puede convertirse en intervencionismo político, lo cual es perjudicial. Argentina es un ejemplo de ello.

No creo que sea suficiente defender la democracia. Quizá las grandes cuestiones son la justicia y la igualdad. Llega un momento en el que la distancia entre los políticos en el poder y el pueblo es tan grande que se produce un malestar general. La situación empeora cuando existen diferencias culturales y étnicas. Aquí en Brasil hemos podido reducir la pobreza de forma considerable y la desigualdad en cierta medida. En algunos países no ha cambiado nada y sigue siendo difícil promover la democracia sin un sentido concreto de mayor respeto hacia los demás, hacia sus derechos como ciudadanos, y una mayor igualdad.

La situación en África es preocupante en ese sentido. Aunque el continente está mejorando en gran medida desde el punto de vista económico, todavía queda mucho por hacer en otros sentidos. Lo que está sucediendo en Sudáfrica me asusta, porque existe un racismo negro, una enorme corrupción y tribalismo. Mandela fue excepcional porque fue capaz de manejar a su pueblo y de crear un sistema que respetaba los derechos de la minoría étnica blanca, pese a que esta perdió el poder.

No existe un sendero iluminado hacia el progreso y la democracia. Deshacerse del régimen autoritario es más fácil que establecer una cultura y prácticas verdaderamente democráticas.

Principios fundamentales

Si, por ejemplo, alguien de Rusia que quiere promover la democracia viene a conversar con usted y le dice: «En Rusia, algunos creemos firmemente en las ideas liberales demócratas con la esperanza de tener un futuro mejor; ¿qué consejo nos daría para mejorar nuestras posibilidades de lograr lo que ustedes han logrado en Brasil?», ¿qué le diría?

Que tenga mucha paciencia y que se dé cuenta de que el cambio llega poco a poco, porque lleva tiempo que la democracia se asiente y que el mercado se vaya haciendo más sofisticado. El problema es que en Rusia la economía está creciendo con monopolios y oligopolios, y eso podría empeorar con el tiempo. Es difícil prever qué curso seguirá la historia. Si lo analizamos a día de hoy, da la impresión de que las puertas están cerradas, pero debemos recordar que la Unión Soviética se desintegró muy rápidamente. Así que conviene decir que mantenga la esperanza en la posibilidad de una situación mejor. ¿Quién se habría imaginado lo que ha sucedido recientemente en el mundo árabe?

Respecto a Rusia, no crea que se puede tener la ilusión de que todo el mundo vaya a volverse demócrata liberal. El error de George Bush fue seguir adelante cuando tenía que haberse parado, tenía que haber frenado más que intentar avanzar. No es el momento de avanzar en la causa de la democracia liberal, sino que estamos en un momento de defensa.

Dada la gran diversidad existente en las distintas transiciones y las diferentes personalidades implicadas, ¿qué lecciones considera que pueden extraerse de transiciones anteriores que puedan ser relevantes tanto en la actualidad como en el futuro?

En Brasil el cambio no se produjo de forma repentina. No hubo un «Día D», se trató de un proceso. Fue una transición pactada, sin acuerdos formales, pero con negociaciones. Se produjo una lucha política y negociaciones, hubo presencia en la sociedad y en los espacios institucionales, y existió confrontación con el régimen y un acercamiento a los sectores que no estaban contentos con este. Arrancamos como un único frente de oposición. Este frente se fragmentó en el camino y fue el fin del bipartidismo. Pese a la pluralidad de puntos de vista y de intereses de los distintos partidos de la oposición que surgieron, pudimos ponernos de acuerdo en los objetivos principales. De este modo se reforzó la cultura de negociación mutua y de diálogo como característica de la democracia brasileña. Pero esto puede deteriorarse y derivar en cooptación y en la adaptación de intereses y el debilitamiento de la política democrática, lo que genera desaliento en la ciudadanía y compromete la capacidad del Estado para participar en la acción republicana. El estilo de la transición condiciona la gobernanza democrática, para bien o para mal.

Influencia internacional

¿Qué efecto tuvieron los factores internacionales en la transición brasileña?

Al principio España fue la principal referencia. Posteriormente lo fue Chile, justo en el momento de reforzar la gobernanza democrática. Observamos lo que sucedía con la Concertación en ese país. En Brasil no tuvimos una única y gran coalición como la Concertación, pero el PT y el PSDB se dieron cuenta, a partir de mi gobierno, de que ambos eran parte de un único proceso de democratización y modernización, pese a sus fuertes disputas. ¿Y quiénes surgieron como nuevo fenómeno tras la dictadura? Lula y yo. Nuestros partidos han peleado por algo muy simple: quién de los dos asumirá el poder. La lucha es política; gira alrededor de quién controlará el ejecutivo.

¿Los partidos difieren sobre qué camino tomar, cómo responder mejor a la globalización y al Brasil moderno?

Sí, en cierta medida. Existen diferencias porque, por ejemplo, el PT tiene una perspectiva centrada en el Estado y en el partido. En el PSDB somos más pluralistas y menos jerárquicos. Pero ambos partidos tienen una fuerte tendencia socialdemócrata. Y en lo que respecta a cuestiones macroeconómicas, no existen diferencias radicales. Ellos nos acusaron de ser neoliberales, aunque nunca lo hemos sido; nosotros los acusamos de ser estalinistas, aunque nunca lo hayan sido.

Es una pena que Lula se dejase absorber por la cultura política tradicional brasileña. Aceptó demasiado la dinámica política. Yo, que provengo de un contexto más tradicional, hice un esfuerzo por modificar la cultura política. Cuando salí del gobierno, los grupos oligárquicos habían perdido fuerza; Sarney y Antonio Carlos Magalhães estaban debilitados y enfrentados a mí. Lula los volvió a introducir en la política y cuando terminó su segundo mandato se fue a São Paulo en el mismo avión que Sarney, que era el símbolo de la oligarquía. En ese sentido hubo una vuelta atrás durante su presidencia. Pero la democracia brasileña ha venido para quedarse, no se volverá a un régimen autoritario.

MOMENTOS CLAVE EN LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA DE BRASIL

Marzo de 1964: Acuciado por las manifestaciones masivas y la alta inflación, el presidente João Goulart anuncia «reformas básicas» de redistribución que desatan la ira de las facciones políticas conservadoras, incluida gran parte de los militares. En respuesta, las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado contra Goulart el 31 de marzo.

Octubre de 1965: El régimen militar celebra elecciones a gobernador, pero los resultados que obtiene son peores a los esperados. Las facciones más duras de los militares presionan para prohibir los partidos existentes y establecer el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) como único partido legal de la oposición.

Marzo de 1967: El general Artur da Costa e Silva, de línea dura, es elegido presidente en el Parlamento dominado por los militares con el apoyo de la cuasi oficial Alianza Renovadora Nacional (Aliança Renovadora Nacional, ARENA). Más adelante es reemplazado por otro militar de línea dura, el general Emílio Garrastazu Médici. La represión alcanza su punto álgido con estos dirigentes.

Diciembre de 1968: El gobierno militar promulga el Acto Institucional N.º 5 que otorga al presidente el poder de forzar el receso de las cámaras legislativas nacionales y estatales, asumir el poder legislativo, censurar la prensa y suspender el hábeas corpus para delitos de «motivación política».

Marzo de 1974: El poder legislativo elige presidente al general moderado Ernesto Geisel. Anuncia la distensão (una tímida liberalización política).

Noviembre de 1974: Con una campaña centrada en los aspectos económicos, el MDB obtiene 16 de los 22 escaños en juego en el Senado, el 44% de la Cámara Baja y cinco cámaras legislativas estatales más. Los resultados corroboran la polémica decisión de participar en las elecciones.

Octubre de 1975: Fallece el periodista Vladimir Herzog bajo custodia militar tras ser torturado. Los líderes religiosos celebran un funeral ecuménico que se convierte en la primera manifestación contra el régimen militar. Geisel ordena frenar la represión y destituye al general responsable de la muerte de Herzog.

Abril de 1977: El gobierno aprueba el «paquete de abril» que termina con la elección directa de un tercio de los escaños del Senado, limita el acceso de la oposición a los medios de comunicación antes de las elecciones y da un peso desproporcionado en el Congreso a los estados federales más partidarios del gobierno.

Mayo de 1978: El movimiento sindical Novo Sindicalismo, dirigido en parte por Luiz Inácio, Lula, da Silva, convoca a huelgas masivas en contra del régimen y del sistema laboral.

Noviembre de 1978: Se celebran elecciones al Congreso. La oposición gana el voto popular en el Senado, pero no consigue controlar ninguna de las Cámaras a causa del «paquete de abril».

Marzo de 1979: El general moderado João Figueiredo es nombrado presidente por un Colegio Electoral dominado por los militares. El general disidente Euller Bentes Monteiro se enfrenta a Figueiredo en las elecciones, poniendo de manifiesto las desavenencias entre los militares. Una vez en funciones, Figueiredo promueve una política de apertura.

Agosto de 1979: Figueiredo anuncia la amnistía, también para delitos cometidos por los militares. Los dirigentes de la oposición comienzan a volver del exilio.

Noviembre de 1979: El gobierno acaba con el sistema electoral bipartidista y permite que todos los partidos participen en las elecciones. El MDB se convierte en el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y ARENA en el Partido Democrático Social (PDS). Surgen nuevos partidos, como el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) dirigido por Lula y el Novo Sindicalismo.

Diciembre de 1980: Un numeroso grupo de campesinos sin tierra ocupa y exige la redistribución de los terrenos agrícolas. Así comienza el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, que se constituye oficialmente y crece a un ritmo vertiginoso durante las dos décadas siguientes.

Agosto de 1982: La crisis de los bancos mexicanos alcanza a Brasil dañando gravemente la economía y suscitando el descontento de la población; además, genera una inflación que a los sucesivos gobiernos les resulta difícil controlar.

Noviembre de 1982: En las elecciones generales la oposición obtiene la mayoría del voto popular en la Cámara de los Diputados y el gobierno de los estados más importantes, lo que obliga al régimen a negociar en cuestiones legislativas. Pero la oposición no logra el control del Senado ni del Colegio Electoral.

Enero de 1984: La campaña «Directas Ya» (Diretas já) a favor de las elecciones presidenciales directas convoca protestas a lo largo de todo el año, a menudo con el apoyo de los gobernadores de la oposición. La reforma constitucional para garantizar las elecciones directas no consigue la mayoría cualificada necesaria en el Congreso.

Enero de 1985: Una facción del PDS deserta durante las elecciones presidenciales indirectas y forma el Partido del Frente Liberal (PFL), que crea una alianza con el PMDB para elegir al líder y respetado político de Minas Gerais, Tancredo Neves, presidente de Diretas já, y a José Sarney, del PFL, vicepresidente.

Marzo de 1985: Neves cae gravemente enfermo en la víspera de jurar el cargo. Sarney toma posesión de la presidencia en funciones y la asume de pleno derecho tras el fallecimiento de Neves poco después.

Mayo de 1985: El Congreso promulga la legislación que habilita la elección directa del cargo de presidente, extiende el derecho de voto a los ciudadanos analfabetos y facilita el registro de partidos políticos.

Noviembre de 1986: Se celebran elecciones a ambas cámaras, que se reunirán conjuntamente en calidad de Asamblea Constituyente. El PMDB obtiene la mayoría de los escaños.

Octubre de 1988: La Asamblea Constituyente, con el senador Fernando Henrique Cardoso de São Paulo como ponente, promulga una nueva Constitución tras más de un año de deliberaciones. En virtud del nuevo texto, se amplían los derechos políticos y sociales, se descentraliza el poder, se restringen las funciones del Ejército en materia de seguridad nacional, se establecen tribunales sólidos y se mantiene el sistema presidencial.

Diciembre de 1989: Fernando Collor de Mello, gobernador de un estado pequeño, derrota al PT de Lula en las elecciones presidenciales directas con el apoyo de los círculos empresariales y de los medios de comunicación. Collor de Mello introduce, con poco éxito, políticas para contener la inflación.

Diciembre de 1992: Collor de Mello presenta su dimisión en lugar de hacer frente a una probable sentencia de destitución por presunta corrupción en su gobierno. Lo sustituye el vicepresidente Itamar Franco.

Abril de 1993: En un referéndum los votantes deciden mantener el sistema presidencial en lugar de adoptar un sistema parlamentario.

Diciembre de 1993: Franco y el ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, introducen el Plan Real, una nueva política macroeconómica que consigue frenar la inflación.

Octubre de 1994: Cardoso es elegido presidente con el apoyo de Franco; obtiene el 54% de los votos y vence al PT de Lula, que consigue el 27%.

Diciembre de 1995: Cardoso firma una ley que reconoce las responsabilidades del gobierno por las muertes acaecidas durante el régimen militar y establece la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos para ofrecer compensaciones a las familias de las víctimas.

Junio de 1997: El Congreso aprueba una reforma constitucional que permite la reelección del presidente. Cardoso cabildea en el Congreso para obtener su aprobación.

Octubre de 1998: Cardoso es reelegido con el 53% de los votos. Lula, su principal opositor, obtiene el 32%.

Julio de 1999: Cardoso crea un Ministerio de Defensa único y civil, aboliendo así los ministerios controlados por personal militar.

Abril de 2001: El gobierno federal adopta el aplaudido programa de bienestar social Bolsa Escola que ofrece a las familias pobres dinero en efectivo a cambio de mandar a sus niños a la escuela.

Octubre de 2002: Lula vence al candidato apoyado por Cardoso en las elecciones presidenciales y obtiene el 61% de los votos en la segunda vuelta. Durante la campaña electoral Lula modera algunas de sus opiniones precedentes, como el plan para imponer condiciones al pago de la deuda externa.

LECTURAS RECOMENDADAS SOBRE BRASIL

CARDOSO, Fernando Henrique, «Entrepreneurs and the Transition Process: The Brazilian Case» [Empresarios y el proceso de transición: el caso de Brasil], en Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead (eds.), Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives [Transiciones de regímenes autoritarios: perspectivas comparativas], Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1986.

CARDOSO, Fernando Henrique, «A Arte da Politica: A História que Vivi» [El arte de la política: la historia que viví], Río de Janeiro, Brasil: Civilização Brasileira, 2006 [véanse también unas memorias más cortas en inglés: The Accidental President of Brazil [El presidente accidental de Brasil], de Brian Winter].

CARDOSO, Fernando Henrique, «Reconciling the Brazilian Military with Democracy: The Power of Alfred Stepan’s Ideas» [Reconciliación de los militares brasileños con la democracia: el poder de las ideas de Alfred Stepan], en Douglas Chalmers y Scott Mainwaring (eds.), Problems Confronting Contemporary Democracy: Essays in Honor of Alfred Stepan [Problemas de la democracia contemporánea: ensayos en honor a Alfred Stepan], Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2012.

D’INCAO, Maria Ângela y MARTINS, Hermínio (eds.), «Democracia, Crise, e Reforma: Estudos Sobre a Era Fernando Henrique Cardoso» [Democracia, crisis y reforma: estudios sobre la era Fernando Henrique Cardoso], São Paulo, Brasil: Paz e Terra, 2009 [véanse en particular los capítulos de Hurrell y Whitehead].

FISHLOW, Albert, Starting Over: Brazil Since 1985 [Volver a empezar: Brasil desde 1985], Washington D. C.: The Brookings Institution, 2011.

GASPARI, Elio, A Ditadura Derrotada [La dictadura derrotada], São Paulo, Brasil: Companhia das Letras, 2004 [cuarto volumen de la historia acreditada del régimen militar en el que se trata la distensão y la abertura].

HAGOPIAN, Frances, Traditional Politics and Regime Change in Brazil [La política tradicional y el cambio de régimen en Brasil], Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 1996.

HUNTER, Wendy, Eroding Military Influence in Brazil [La erosión de la influencia militar en Brasil], Chapel Hill, N. C.: University of North Carolina Press, 1997.

HUNTER, Wendy, The Transformation of the Workers’ Party in Brazil, 1989–2009 [La transformación del Partido de los Trabajadores en Brasil, 1989-2009], Nueva York: Cambridge University Press, 2010.

HURRELL, Andrew, «The International Dimension of Democratization in Latin America: The Case of Brazil» [La dimensión internacional de la democratización de América Latina: el caso de Brasil], en Laurence Whitehead (ed.), The International Dimensions of Democratization: Europe and the Americas [Las dimensiones internacionales de la democratización: Europa y las Américas], Oxford, Reino Unido: Oxford University Press, 1996.

KINGSTONE, Peter R. y POWER, Timothy J. (eds.), Democratic Brazil: Actors, Institutions, and Processes [El Brasil democrático: actores, instituciones y procesos], Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 2000.

LAMOUNIER, Bolivar y MENEGUELLO, Rachel, Partidos Políticos e Consolidação Democrática: o Caso Brasileiro [Los partidos políticos y la transición democrática: el caso brasileño], São Paulo, Brasil: Editora Brasiliense, 1986.

MOISÉS, José Álvaro, Os Brasileiros ea Democracia: Bases Sócio-Políticas da Legitimidade Democrática [Los brasileños y la democracia: bases sociopolíticas de la legitimidad democrática], (São Paulo, Brasil: Attica Press, 1995.

PAYNE, Leigh A., «Working Class Strategies in the Transition to Democracy in Brazil» [Estrategias de la clase trabajadora en la transición a la democracia en Brasil], Comparative Politics, 23/2 (1991), pp. 221-238.

SKIDMORE, Thomas, The Politics of Military Rule in Brazil, 1965-1985 [La política del régimen militar en Brasil, 1965-1985], Nueva York: Oxford University Press, 1988.

SOLA, Lourdes, «The State, Structural Reform, and Democratization in Brazil» [El Estado, la reforma estructural y la democratización en Brasil], en William C. Smith, Carlos H. Acuña y Eduardo A. Gamarra (eds.), Democracy, Markets, and Structural Reform in Latin America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile and Mexico [Democracia, mercados y reforma estructural en América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México], Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1994.

STEPAN, Alfred, Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone [Repensando la política militar: Brasil y el Cono Sur], Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1988.

STEPAN, Alfred (ed.), Democratizing Brazil: Problems of Transition and Consolidation [Democratización de Brasil: problemas de transición y consolidación], Nueva York: Oxford University Press, 1989.

WEYLAND, Kurt, Democracy without Equity: Failures of Reform in Brazil [Democracia sin equidad: fallos de la reforma en Brasil], Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 1996.

1. Le daba al presidente el poder de forzar el receso del Congreso, asumir el poder legislativo, censurar la prensa y suspender el hábeas corpus para delitos de «motivación política».

CAPÍTULO 2

Chile

EL ÉXITO DE LA TRANSICIÓN DE CHILE: DE UNA INTENSA POLARIZACIÓN A UNA DEMOCRACIA ESTABLE

Genaro Arriagada

En 1970 Chile tenía una población de aproximadamente nueve millones de habitantes y la tercera renta per cápita más elevada de América Latina. Contaba con una sociedad desarrollada desde el punto de vista político y su maduro sistema de partidos políticos, dividido en tercios prácticamente iguales, era un reflejo de sus grandes influencias europeas. En la izquierda existían dos partidos marxistas-leninistas. El mayor de ellos, el Partido Comunista prosoviético, era el tercer partido comunista más grande del mundo occidental, tras los de Italia y Francia. El segundo era el Partido Socialista. La fuerza predominante en el centro eran los demócrata cristianos, que se situaban más a la izquierda que sus homólogos europeos y tenían un peso comparable a sus colegas de Italia y Alemania. La derecha tenía una tradición democrática y sus partidos estaban mejor organizados que los de la derecha política de otros países latinoamericanos. Hacía tiempo que las Fuerzas Armadas estaban bajo un férreo control civil.

En ese contexto en 1970 Salvador Allende logró la victoria electoral con la alianza política Unidad Popular. Allende accedió a la presidencia con el 36% de los votos, pero su coalición de partidos estaba en minoría en ambas cámaras del Congreso. Los observadores todavía discrepan sobre la verdadera naturaleza del proyecto de Allende. Sus detractores lo veían como un intento de establecer el «socialismo real». Para muchos de sus partidarios se trataba de un proyecto sin precedentes que pretendía construir un modelo de transición al socialismo alternativo y pluralista. Para otros, el experimento chileno no hubiera podido eludir las «leyes del socialismo científico», incluido el inevitable periodo de «dictadura del proletariado». Fuera cual fuese la intención del gobierno de Allende, Chile comenzó a inclinarse hacia la intolerancia; se agudizaron los conflictos sociales y políticos (y la violencia), tanto de palabra como en las calles.

La ruptura de 1973

La intervención militar dirigida por el general Augusto Pinochet, que concluyó con el derrocamiento y la muerte de Allende el 11 de septiembre de 1973, fue de una violencia extrema. A pesar de que no se ofreció resistencia armada, cientos de personas fueron asesinadas en los primeros días, la gran mayoría en ejecuciones sumarias. Las cárceles se llenaron de presos políticos y se crearon varios campos de concentración. No menos de 100.000 personas tuvieron que partir al exilio. Decenas de miles perdieron sus puestos de trabajo en la administración pública, las universidades, las escuelas y las empresas públicas y privadas. La tortura se convirtió en un instrumento imprescindible para el régimen.

El gobierno disolvió el poder legislativo, los sindicatos y los partidos políticos. Quemó los censos de votantes e intervino las universidades nombrando rectores a oficiales en activo de las Fuerzas Armadas. Cerró los periódicos que consideró que no respaldarían incondicionalmente al gobierno y estableció la censura de la prensa y los libros. Los diarios y las revistas nuevos debían recibir la autorización del Ministerio del Interior. Impuso el toque de queda durante más de una década.

Un golpe de Estado de semejante brutalidad debería haber provocado el rechazo tajante de un país con un pasado democrático como Chile. Pero no fue así. La sociedad se había polarizado enormemente y el odio político y social habían empapado todo el tejido social. Los altercados en las calles durante el gobierno de la Unidad Popular estaban al orden del día y todas las partes organizaban manifestaciones multitudinarias. Las fábricas, las universidades y las tierras estaban ocupadas por grupos que querían, o bien que estas pasaran a manos del Estado, o bien salvarlas de este.

Una parte significativa de la población consideró que el golpe militar era una solución, una vuelta al orden, y le brindó su apoyo incondicional y estrábico (es decir, con un ojo veía el orden y cierta prosperidad económica, mientras que con el otro no veía las atrocidades contra los derechos humanos que se estaban produciendo). La clase empresarial apoyó a los golpistas, en primer lugar agradecidos porque se les devolvieran las empresas nacionalizadas u ocupadas y, en segundo lugar, por la aplicación de una política económica neoliberal muy ortodoxa. No obstante, no sería correcto afirmar que el apoyo social al régimen terminaba ahí, puesto que, en distintos grados, abarcaba a todas las clases sociales.

Un arduo camino para la oposición

La atrocidad del golpe de Estado tuvo como consecuencia la ruptura de la alianza entre los militares y los demócrata cristianos que se oponían a Allende. La magnitud de las violaciones de los derechos humanos y el odio del dictador por los partidos políticos condujo a los demócrata cristianos a oponerse al régimen a finales de 1973. La respuesta de Pinochet fue ilegalizar el partido y confiscar sus propiedades y oficinas. Aun así, su reacción no acabó con el antagonismo entre los demócrata cristianos y la alianza entre socialistas y comunistas. Al contrario, ambos siguieron enredados en una dura polémica sobre quién era responsable de la ruptura de la democracia.

Por tanto, los primeros años del régimen militar se caracterizaron por una oposición dividida: el Partido Demócrata Cristiano era el más fuerte del país, mientras que los socialistas y los comunistas eran la fuerza dominante entre los chilenos en el extranjero. Al mismo tiempo, se estaba produciendo una confrontación interesante entre la junta militar y la oposición. El mecanismo de inteligencia militar, sobre el que no se ejercía ningún tipo de control moral o jurídico, era muy fuerte, pero un número creciente de organizaciones de derechos humanos comenzaron a informar de los delitos que cometía. El gobierno se había hecho con el control absoluto de las universidades, pero los grupos de estudio de la oposición, cada vez más numerosos, aglutinaban a una gran parte de la comunidad intelectual. Asimismo, el gobierno había creado un movimiento sindical «amarillo» tras la disolución de los sindicatos, pero no podía eludir la influencia de los dirigentes de los trabajadores asociados a la izquierda y los demócrata cristianos, que gozaban de legitimidad dentro y fuera de las fronteras chilenas. Los partidos, si bien asfixiados por la represión, conservaron parte de sus estructuras. La Iglesia Católica, con la aquiescencia de los obispos y párrocos, servía de paraguas para proteger a los abogados de los derechos humanos y a toda una serie de organizaciones de la sociedad civil.

Varios factores contribuyeron a que la oposición pudiera organizarse mejor a partir de 1980. El debate sobre qué grupo era responsable de la caída de la democracia dio paso a un reconocimiento de las culpas de cada partido. Los intelectuales de distintos frentes auspiciaron ese cambio de tendencia. No obstante, el factor más importante fue que, en el seno de las organizaciones opuestas al régimen militar, los que habían sido enemigos políticos durante las décadas de 1960 y 1970 comenzaron a reunirse. Si bien persistían las diferencias políticas de los primeros tiempos, estas perdieron importancia ante la tarea concreta de salvar vidas, denunciar abusos, organizar manifestaciones contra el régimen y financiar comedores comunitarios para alimentar a las familias de los desempleados.

En 1980 el régimen convocó a un plebiscito para aprobar una nueva Constitución, pero sin levantar el estado de sitio, sin censos, foros, debates ni publicidad. La oposición tachó el proceso de fraudulento, pero la iniciativa del gobierno brindó una oportunidad a los socialistas y a los demócrata cristianos para trabajar juntos. Durante ese periodo se vivió un reajuste, en Chile y en el extranjero, que cambió la naturaleza de la oposición. Una facción mayoritaria del Partido Socialista se escindió del campo «socialista» internacionalista dirigido por la Unión Soviética y estrechó lazos con los partidos socialdemócratas europeos. Al mismo tiempo, el Partido Comunista de Chile dio un giro en dirección opuesta y propuso construir una forma avanzada de socialismo por medios políticos y mediante acciones militares y paramilitares, incluidos actos terroristas. Surgió una nueva correlación de fuerzas dentro de la oposición. A un lado se encontraba el Partido Comunista; al otro, el creciente terreno común entre los demócrata cristianos y los socialistas, que argumentaban que había que vencer al régimen mediante la movilización social pacífica y una mejor organización de los partidos y la sociedad civil que obligaría a negociar una transición a la democracia.

Bajo esas nuevas condiciones, el sector moderado de la oposición redobló su activismo y fundó la Alianza Democrática y la Asamblea de la Civilidad. La Alianza era un pacto entre varios partidos políticos organizado en torno a socialistas y demócrata cristianos. La Asamblea era un acuerdo social entre gremios profesionales, sindicatos, organizaciones estudiantiles y grupos de defensa de los intereses de las pequeñas empresas. Unos años después, en 1985, la Iglesia Católica convino un Acuerdo Nacional que incluía a algunos representantes de la derecha que habían colaborado con la dictadura. Todas esas iniciativas contaron con el apoyo de un programa moderado que podía obtener el apoyo más amplio de la sociedad, con la única excepción de los comunistas, que seguían reivindicando «la validez de todas las formas de lucha», incluida la violencia.

En la primera mitad de la década de 1980, la oposición cosechó notables victorias, pero no consiguió ocultar dos grandes fracasos. El primero fue su incapacidad para incorporar sectores significativos de la derecha. La derecha liberal, que había sido una fuerza constante durante la historia de Chile durante la República, se había diluido desde el golpe de Estado de 1973 y se había sustituido por una mezcla de militaristas civiles e integristas católicos que no confiaban en la democracia y algunos neoconservadores cuyo liberalismo se limitaba a los aspectos económicos. La segunda dificultad tuvo su origen en el choque entre las estrategias de la Alianza Democrática y los comunistas, que dividió a la oposición. El discurso moderado y la invitación a una solución pacífica a la crisis se contradecían constantemente con los actos de violencia, que iban desde los excesos en las manifestaciones callejeras hasta la explosión de torres de alta tensión e intentos de asesinato.

Esa dañina contradicción se manifestaba en las protestas, celebradas una vez al mes a principios de 1982. Durante el día se realizaban manifestaciones pacíficas y, al caer la tarde, los golpes ensordecedores de cazuelas y sartenes provenientes de barrios de todo tipo llenaban la ciudad de un ruido atronador. En cambio, por la noche, los grupos extremistas se enfrentaban a la Policía causando enormes daños materiales y la muerte de jóvenes, casi siempre de los sectores más pobres. La extrema izquierda, mientras tanto, parecía implicada en el asesinato de policías, la colocación de bombas en el metro y la comisión de actos de vandalismo. La respuesta del gobierno fue brutal: hubo asesinatos, incluido el del líder sindical Tucapel Jiménez; tres profesores universitarios comunistas fueron degollados, y en una protesta una patrulla militar roció de gasolina a dos estudiantes y les prendió fuego. Las facciones más radicales del régimen estaban complacidas por ese clima de violencia, ya que intentaban justificar «la mano dura» como el único método para lograr la gobernabilidad y el orden, al tiempo que tildaban a toda la oposición de ser una fuerza anárquica sin hacer ningún tipo de distinciones.

A pesar de las circunstancias, la oposición moderada siguió desplegando todos sus esfuerzos para unificar y adoptar acuerdos más amplios. En cambio, la estrategia del Partido Comunista sufrió un revés. En la segunda mitad de 1986 se descubrió en una playa remota del norte de Chile un enorme arsenal que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el brazo armado del Partido Comunista, había hecho llegar de contrabando desde Cuba. Un mes más tarde, el FPMR intentó asesinar a Pinochet. No lo lograron, pero murieron cinco de los guardaespaldas del dictador. Así, 1986 concluyó con un régimen reforzado: Pinochet con el control absoluto de las fuerzas armadas y la estrategia comunista en la cuneta. No obstante, la alianza entre los socialistas y los democristianos, remando contra corriente en un contexto de polarización y violencia, fue suficientemente fuerte para proseguir con su estrategia de movilización social con el apoyo de la sociedad civil y los partidos políticos revitalizados.

El principio de la transición

En 1987, cuando la dictadura celebraba su 14º aniversario en el poder, la situación se complicó todavía más. El gobierno y la oposición habían logrado un equilibrio de poder provisional. Pinochet seguía teniendo mucha fuerza, sobre todo estatal y militar. Era un jefe de un Estado que funcionaba bien y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sobre las cuales ejercía un poder absoluto: unidas, obedientes, sin injerirse en asuntos políticos y leales a su comandante en jefe. También contaba con el apoyo de la clase alta y la clase empresarial.

Pero las cosas no iban mal para la oposición. Una de sus características distintivas era la fuerza de sus instituciones, lo que significaba que la dirección era colectiva, en lugar de reposar únicamente sobre algunas personalidades carismáticas. Tenía poder político, social e internacional. Los partidos, si bien eran ilegales, estaban suficientemente bien organizados como para convocar manifestaciones que movilizaban a cientos de miles de personas. La oposición también se basaba en organizaciones independientes del Estado, como iglesias, sindicatos, asociaciones estudiantiles, colegios profesionales, organizaciones de mujeres y asociaciones vecinales. Gozaba de la solidaridad de la opinión internacional y la simpatía casi unánime de los gobiernos de Europa y de América del Sur y del Norte. También contaba con la presencia de personalidades fuertes que desempeñaron un papel fundamental para reunir a la oposición y diseñar estrategias. Entre ellas se contaban Patricio Aylwin y Ricardo Lagos, que se perfilaron como figuras clave en la oposición a Pinochet y contribuyeron a construir la cooperación entre los partidos centristas y de izquierda. Ambos fueron posteriormente presidentes de Chile una vez restaurada la democracia.

En la década de 1980 Chile se asentó en un equilibrio catastrófico. Pinochet tenía bastante fuerza para mantenerse en el poder, pero no el suficiente para acabar con sus adversarios. A su vez, la oposición era bastante fuerte, a pesar de las intensas presiones –incluido el estado de sitio–, para seguir controlando a la sociedad civil y la política, pero no lo suficiente para cambiar el gobierno.

En la segunda mitad de los años ochenta la habilidad política de los dirigentes de la oposición logró definir la agenda y se negó a perder de vista sus objetivos. La oposición decidió participar en el plebiscito programado para finales de 1988, y que constaba en la Constitución política que Pinochet había promulgado en 1980, con el objetivo de causar una confrontación decisiva.

El voto a favor en el referéndum de 1988 perpetuaría la dictadura por otros ocho años; el voto en contra exigiría la convocación de elecciones. Si bien la oposición aceptó el calendario de 1988, se debatió insistentemente para sustituir ese plebiscito por unas elecciones abiertas. Cuando el gobierno informó de su decisión irrevocable de celebrar únicamente un plebiscito, la oposición aceptó los términos oficialistas por miedo a que unas elecciones competitivas plantearan dificultades para las que todavía no estaban completamente preparados (como la elección de un candidato y una plataforma únicos), pero también porque tendrían más oportunidades de conservar la unidad si se limitaban a luchar por una negativa a la continuación del régimen de Pinochet. No obstante, la oposición advirtió que, de no reunirse las condiciones mínimas para un plebiscito justo, se retirarían y denunciarían el fraude nacional e internacionalmente.

A continuación, hubo que organizar la campaña por el NO en el plebiscito, que requería aunar una gran fuerza política y social. La campaña partía del concepto de una transición pacífica a la democracia, alejándose de la idea de una revolución o de una confrontación polarizada y, en lugar de pretender una «victoria aplastante», prometía construir «una patria para todos» en la que todo el mundo (excepto los culpables de delitos) tendría «un lugar bajo el sol», es decir, los mismos derechos y respeto de su dignidad.

El 5 de octubre de 1988 triunfó la oposición. El NO obtuvo el 56% de los votos, lo que puso en marcha la cuenta atrás para la dictadura. En diciembre de 1989, en elecciones abiertas a la jefatura de Estado y a ambas cámaras del Congreso, Patricio Aylwin fue elegido presidente de la República. Diez años después, fue elegido Ricardo Lagos.

Una transición difícil (pero exitosa)

La transición chilena presenta una curiosa contradicción. Sus comienzos fueron tan difíciles que parecía condenada a no obtener más que exiguos resultados. No obstante, hoy se considera como una de las transiciones más exitosas.

Desde la perspectiva política, el punto de partida fue tremendamente desfavorable. En 1988 Pinochet había perdido en las urnas, pero aun así había obtenido el 44% de los votos. El antiguo régimen todavía tenía poder, con un Ejército unido incondicionalmente al dictador y con el apoyo militante de dos partidos políticos que también habían obtenido el 44% de los votos en las primeras elecciones legislativas. La derecha contaba con el apoyo casi total de la clase empresarial, una de las más conservadoras de América Latina. A pesar del fuerte apoyo de sus partidarios, el régimen militar dio un paso atrás habiendo logrado un éxito económico. Chile iba a ser el modelo de la reforma económica neoliberal.

El marco institucional era incluso peor. Según la Constitución, Pinochet seguiría siendo comandante en jefe del Ejército por otros ocho años: el doble que el mandato presidencial de Patricio Aylwin. El sistema electoral «binominal» garantizaba un empate en la representación entre el gobierno y la oposición que solo podía romperse en los distritos en los que una de las coaliciones obtuviera el doble de votos que la otra, es decir, al menos el 67% de las papeletas. El empate en el Congreso se deshizo en el Senado a favor de las fuerzas del antiguo régimen cuando Pinochet nombró a ocho de sus partidarios como senadores vitalicios. Además, la Constitución exigía un quórum especial para la aprobación de todas las leyes importantes, lo que hacía imposible enmendar la legislación sin el acuerdo de la oposición. Durante su último año, el régimen militar nombró a 14 de los 17 miembros de la Corte Suprema y se concedió la amnistía por todo delito cometido contra los derechos humanos.

Si la política se hubiera circunscrito a lo que permitía el marco institucional, la transición chilena hubiera fracasado de antemano. En la lucha por «desempatar» el marco heredado, la calidad, la unidad y la fuerza de la Concertación, que fue el instrumento político de la transición, fueron fundamentales. La Concertación logró sus objetivos porque constituía la alianza política más significativa que había existido en Chile desde hacía más de un siglo. Fue la coalición de gobierno de mayor duración en Chile y logró elegir cuatro presidentes seguidos: Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. La Concertación participó, unida, en todas las elecciones presidenciales, legislativas y municipales durante 20 años. Sus dirigentes, desde los presidentes de la República hasta las bases, compartían un único programa y enfoque político, lo que permitió a las sucesivas administraciones dar continuidad a las acciones básicas para lograr la transición a la democracia y, más adelante, dar pie a su consolidación.

En cuanto a las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, el primer gran objetivo consistió en reconocerlas oficialmente. La creación por parte del presidente Aylwin de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación fue fundamental, puesto que demostró la magnitud colosal de los crímenes cometidos por la dictadura para que todo el país supiera lo sucedido. Años después, el presidente Lagos creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que documentó más de 30.000 casos de abusos de los derechos humanos. Las repercusiones de esos informes fueron enormes y confirieron un aval moral a las administraciones democráticas.

Un esfuerzo similar se realizó para eliminar los «enclaves autoritarios», que se habían creado con el objetivo expreso de reducir la representación de los demócratas de la Concertación a una minoría institucional, pese a que tenían mucho más apoyo electoral que las fuerzas del antiguo régimen.

Durante el mandato de Aylwin y los primeros años de su sucesor, Eduardo Frei, se presentaron tres reformas constitucionales. Todas fueron rechazadas. Si bien la derecha consiguió bloquear esas reformas, era evidente que la legitimidad de los enclaves autoritarios se estaba debilitando. Al final tuvieron que aceptar varias rectificaciones: la derogación de la disposición constitucional que ilegalizaba el Partido Comunista; la reducción del quórum necesario para aprobar leyes; y una restricción progresiva de los poderes del Consejo de Seguridad Nacional que, según la Constitución de Pinochet, podía imponerse a la autoridad del presidente con el concierto de apenas dos comandantes en jefe. Las reformas más significativas se lograron finalmente bajo el gobierno de Ricardo Lagos en 2005; a saber, se puso fin a la disposición relativa a los senadores designados y a la prohibición de que los presidentes destituyeran a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía durante sus cuatro años de mandato.

Puesto que Pinochet siguió siendo comandante en jefe del Ejército después de 1990, a la Concertación le costó instaurar la justicia de transición. Durante el mandato de Aylwin, Pinochet sacó las tropas a las calles en uniforme de combate para intimidar a las autoridades civiles. También se impugnó la decisión del gobierno de Frei de encarcelar al general Manuel Contreras, exjefe de la Policía política secreta de la dictadura durante los años de mayor represión, tomada mientras Pinochet seguía siendo comandante en jefe.

Desde Aylwin en adelante, los gobiernos de la Concertación insistieron en subordinar las Fuerzas Armadas al control civil y al Estado de derecho. Tuvieron cuidado de respetar la carrera de los oficiales que no habían participado en la política o en los abusos contra los derechos humanos en el pasado y de financiar adecuadamente a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, al mismo tiempo se prohibió la intervención militar en la política. Eran dos decisiones complementarias: el respeto de la profesión militar exigía que esta estuviera subordinada a la autoridad política civil.

Las políticas económicas de la transición chilena también fueron eficaces. Se gestionaron adecuadamente el crecimiento, las inversiones, las exportaciones, el equilibrio macroeconómico y las políticas sociales. Chile pudo extraer lecciones de la transición en otros países, algunos de los cuales se habían dejado llevar por políticas populistas que desembocaron en una hiperinflación desatada. Desde los primeros días de Aylwin hasta los últimos del primer gobierno de Michelle Bachelet, la disciplina fiscal de la Concertación no impidió que se tomaran acciones tajantes para afrontar las demandas sociales de los sectores más pobres, la mayoría de las cuales se habían acumulado durante la dictadura. Aylwin hizo hincapié en la idea del «crecimiento con equidad». El crecimiento con igualdad sería después el eslogan principal de la campaña presidencial de Lagos. Un gran logro fue reducir el número de personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza, del 44 al 13,7% en los 20 años de gobierno de la Concertación. El gobierno de Aylwin adoptó y llevó a cabo una nueva estrategia económica: definir claramente las reglas del juego, tranquilizar a las empresas para no reavivar sus alianzas con las Fuerzas Armadas y forjar acuerdos entre empresas y trabajadores para promover reformas fiscales y laborales. Se negociaron varios acuerdos de libre comercio para facilitar el repunte de las exportaciones. La producción, la inversión y el empleo aumentaron a un ritmo sostenible y contribuyeron al éxito de la transición.

Los dirigentes de la Concertación se cuidaron de conservar la imagen ética que los acompañó durante su ascenso al poder. Aplicaron políticas con un sentido de proporción y justicia, tolerancia y convergencia. Las decisiones de la Concertación se basaban en la ética de la responsabilidad más que en la ética de la convicción, puesto que otorgaban prioridad a los resultados. Sus dirigentes veían la política como un instrumento para alcanzar la libertad, la seguridad y la prosperidad para el conjunto de la sociedad, y no como un medio para salvar almas, curar corazones o remediar el tedio y el malestar.

Al final de los gobiernos de la Concertación, es decir, 20 años después del inicio de la transición, Chile parecía ser el país más desarrollado y estable de América Latina. Sus ingresos per cápita se multiplicaron por tres hasta convertirse en los más altos de la región, y la tasa de crecimiento durante los cuatro gobiernos de la Concertación dobló a la media obtenida durante el régimen militar en sus 17 años. Estas altas tasas de crecimiento produjeron un cambio drástico en la sociedad chilena. Chile tenía el índice de desarrollo humano más alto de América Latina. El porcentaje de población que vivía por debajo del umbral de la pobreza era el más bajo. Según Transparencia Internacional, se contaba entre los países menos corruptos del mundo. En la clasificación de Freedom House, que tiene en cuenta tanto la observancia como la calidad de los derechos políticos y las libertades civiles, se encuentra en la categoría más alta junto con Uruguay y Costa Rica. Si se examinan evaluaciones más complejas (como las del Banco Mundial o de la Bertelsmann Stiftung), que incluyen el respeto a la ley, la gobernabilidad, las libertades políticas y la calidad del Estado, de nuevo Chile aparece en lo más alto de las clasificaciones de América Latina.

Estos avances económicos y sociales llegaron a la par que la satisfacción de dos elementos básicos de toda transición. El primero de ellos, la relación con los militares. A pesar de las dificultades de los primeros tiempos, diez años después del fin de la dictadura las Fuerzas Armadas chilenas volvieron a estar totalmente bajo el control civil, según los principios de profesionalidad, obediencia, no deliberación y sumisión a las autoridades legítimas. Entre otras cosas, esto se debe a la rehabilitación que hizo el Ejército con todos los honores del general Carlos Prats, el comandante en jefe que precedió a Pinochet, asesinado en Buenos Aires en 1974 por la Policía política del régimen, y al ascenso a la cabeza de las Fuerzas Armadas de una generación de oficiales que, si bien no se opuso a Pinochet, al menos no estaba vinculada con él ni con su gobierno.

El segundo elemento básico de la transición fue el tratamiento de los abusos de los derechos humanos cometidos en el pasado. Durante la transición chilena se hizo un esfuerzo ingente por esclarecer la verdad, hacer justicia, ofrecer reparaciones y recuperar la memoria histórica de esos crímenes. A mediados de la década de 2000, se habían presentado cargos contra más de 100 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos los generales que habían ejercido de jefes de seguridad de la dictadura. En ninguna transición se ha logrado una justicia plena para las víctimas de un régimen autoritario, pero los esfuerzos constantes de Chile por lograrlo destacan entre las transiciones de otros países de América Latina, pero también de Europa Meridional y Central, Asia y África, por haber obtenido uno de los mejores resultados.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE PATRICIO AYLWIN,
PRESIDENTE DE CHILE (1990-1994)

Patricio Aylwin es abogado constitucionalista y catedrático de Derecho con una amplia experiencia política como dirigente del centrista Partido Demócrata Cristiano. Fue presidente de su partido, senador y presidente del Senado chileno antes de que los militares se hicieran con el poder. Fue conocido por su oposición al presidente socialista Salvador Allende en las negociaciones políticas infructíferas que precedieron al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. A pesar de su apoyo inicial al golpe militar, Aylwin terminó siendo una figura fundamental para acercar posturas entre las principales facciones de la oposición a Pinochet, profundamente divididas. Contribuyó a dirigir la Concertación de Partidos por el NO, que venció a Pinochet en el plebiscito de 1988, abriendo así el camino a la transición hacia un régimen democrático civil en 1990.

Moderado y refinado en sus modales, Aylwin logró los apoyos necesarios para obtener acuerdos estratégicos que aunaron al centro, el centro izquierda y el centro derecha. Representaba una firme adhesión al Estado de derecho y las tradiciones políticas democráticas de larga data de Chile. Como dirigente y primer presidente de la Concertación que ganó las elecciones presidenciales de 1989 y todas las elecciones presidenciales hasta 2010, Aylwin tomó medidas destinadas a ejercer un control civil sobre las Fuerzas Armadas frente a las disposiciones constitucionales impuestas por Pinochet en 1980, que lo dificultaban sobremanera. Hizo lo posible por estabilizar la economía y ganarse la confianza de las empresas, además de prestarle mayor atención a la justicia social. Aylwin actuaba como el capitán de un equipo y casi siempre consultaba a sus asesores de confianza. Aun así, asumió personalmente la responsabilidad de insistir, en contra del juicio de su equipo político, en el establecimiento de una comisión plural y representativa para esclarecer la verdad con respecto a las ejecuciones y «desapariciones» políticas ocurridas durante el régimen autoritario, para lograr que «en la medida de lo posible» se hiciera justicia. Esa decisión y la resultante Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (conocida como Comisión Rettig) dotaron de legitimidad y estabilidad a la transición democrática, dejando abierta la puerta para avances futuros en la justicia.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE PATRICIO AYLWIN

La transición chilena desde la dictadura de Pinochet hacia un periodo prolongado de gobernanza democrática y desarrollo económico suele considerarse un modelo. De todas las decisiones que tomó para dirigir el proceso, ¿puede citar las dos o tres más importantes?

Previamente le diría que, más allá de esas decisiones, la historia del país fue muy importante para la transición. Chile es, tal vez, el país latinoamericano que gozó de mayor estabilidad democrática tras la independencia. Y cuando perdimos la democracia, su recuperación pasó a ser la tarea fundamental de nuestro proceso. Quienes luchamos por el retorno de la democracia –tanto desde la izquierda como desde el centro, al que yo pertenecía–, lo que nos unía, más allá de un espíritu de cambio y la búsqueda de una sociedad más justa, fue una sed de democracia.

Cuando hablo de la tradición democrática chilena, creo que también nos favoreció que, a diferencia de muchos países latinoamericanos donde los militares han intervenido permanentemente en la política, Chile tuvo una gran estabilidad y las Fuerzas Armadas se mantuvieron sometidas al poder civil, salvo excepciones. Aun en los tiempos de grandes cambios sociales, las tentativas totalitarias no lograron una base de apoyo muy sólida en la sociedad chilena.

Pero para responder directamente a su pregunta, creo que una decisión importante fue intentar derrotar al régimen militar siguiendo sus propias reglas del juego. En general, lo que ocurría en los países latinoamericanos era que las fuerzas opositoras intentaban derrocar a los gobiernos totalitarios con otro golpe de Estado. Una dictadura se derrocaba con otra dictadura. Nosotros finalmente derrotamos a Pinochet con la institucionalidad que él mismo creó, sin alterar demasiado ni comprometer lo que pudiéramos llamar la convivencia pacífica entre los chilenos. Fue difícil. En realidad fue bastante complejo.

Para ello tuvimos que aprender a actuar con los pies en la tierra. Si no lo hubiéramos hecho así, nos habríamos pegado un costalazo tremendo. El adversario no era solo Pinochet, que no tenía un pelo de tonto. Era hábil y contaba con el apoyo de una parte de la población y, sobre todo, con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas de Chile: Ejército, Armada y Aviación. Ellos creían –y pienso que siguen creyendo– que cumplieron su deber para con Chile al derrocar a Allende. Ese era el sentimiento que tuvieron durante el golpe militar y a lo largo de todo el proceso de recuperación de la democracia en Chile.

Construir oposición a partir de la confianza

Usted fue, en un primer momento, bastante crítico del presidente Allende, pero en los años ochenta logró obtener la confianza de gente que lo había apoyado. ¿Cómo logró trabajar con los que habían sido sus adversarios?

Fuimos adversarios en un momento de gran división política y confrontación. No es frecuente en la historia que partidos que han sido adversarios logren ponerse de acuerdo pocos años después. Durante el mandato del presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) los socialistas fueron duros adversarios nuestros y durante el gobierno de Allende (1970-1973) nosotros hicimos una fuerte oposición, porque veíamos que la Unidad Popular intentaba instaurar el socialismo por la vía de los hechos. Incluso cuando se produjo el golpe militar, muchos consideramos que este había sido la consecuencia inevitable de la situación en que se había puesto el gobierno, con un país al borde de una guerra civil. Entonces nos acusaban de haber apoyado el golpe militar.

Pero la dictadura fue tan dura que fuimos encontrándonos en la defensa de valores fundamentales, empezando por la defensa de los derechos humanos.

También hubo iniciativas políticas que congregaron a personalidades dentro y fuera de Chile para reflexionar sobre cómo reconstruir la democracia. Una de las primeras iniciativas fue el llamado Grupo de los 24. Era un grupo de personas, la mayoría abogados o juristas, que formamos una especie de academia para analizar los problemas de Chile y buscar un regreso a la democracia, y eso era un desafío al gobierno. En este grupo coexistieron personas de distintas visiones, en un espectro que iba desde el viejo Partido Liberal hasta el socialismo, e incluso hubo comunistas que se adhirieron.

El genio creador del Grupo de los 24 fue Edgardo Boeninger. Al principio éramos un grupo de amigos y nos reuníamos en nuestras casas. Casi todos éramos académicos, aunque la mayoría ya no estábamos en la universidad, porque las universidades estaban intervenidas y sometidas por la autoridad militar. Lo integraban académicos como Luis Izquierdo, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile; el historiador Sergio Villalobos, que fue Premio Nacional de Historia; Manuel Sanhueza, que fue ministro de Justicia de Allende; Sergio Teitelboim, que era comunista y hermano de un alto dirigente de ese partido. Y muchos abogados.

Estudiamos una nueva Constitución, cómo debía ser la nueva democracia. El grupo tenía un carácter más bien académico. Se instaló una oficina en el centro de Santiago, a plena vista y tolerada por el gobierno. Todo el mundo lo sabía, teníamos sesiones semanales. En ese proceso fuimos construyendo confianzas entre quienes habíamos sido adversarios.

Creo que también fue importante que, desde nuestras distintas posiciones, fuimos asumiendo la cuota de responsabilidad que teníamos. Hasta los socialistas empezaron a reconocer los errores del gobierno de Allende y a revalorizar la democracia. Y los demócrata cristianos, también.

Por último, hubo factores de amistad que favorecieron este reencuentro. Por ejemplo, yo tenía mucha amistad desde muchacho con algunos socialistas, como con Clodomiro Almeyda, ministro de Relaciones Exteriores de Allende. Cuando volvió del exilio, mi antigua amistad con él ayudó a integrar la facción más dura del socialismo a la naciente concertación de los partidos democráticos.

¿La experiencia de trabajo en el Grupo de los 24 contribuyó a establecer relaciones de respeto mutuo y confianza entre personas de ideas muy diferentes? ¿Cómo lograron ese acercamiento?

Exactamente, es cierto. Fue un proceso largo. Yo he hablado del «reencuentro de los demócratas». Escribí un libro con ese título sobre cómo se produjo ese acercamiento. Hubo muchas maneras de encontrarnos. Surgieron círculos de diálogo, se realizaron seminarios dentro y fuera de Chile donde se producía el encuentro entre los exiliados y los que estábamos en el país. La reflexión en conjunto nos permitió derribar prejuicios y construir confianzas.

El tema de los derechos humanos fue muy importante, porque unió a personas en defensa de la dignidad humana más allá de las diferencias ideológicas. Los abogados de derechos humanos éramos demócrata cristianos, radicales, liberales y comunistas, y nos encontrábamos defendiendo causas en los tribunales. Varias veces alegué a su favor, cuando exiliaron a Jaime Castillo [antiguo ministro de Justicia y conocido dirigente demócrata cristiano] y también a favor de amigos socialistas que habían sido expulsados del país. Hubo una ocasión, no recuerdo en qué causa, en que la sala de audiencias se hizo demasiado pequeña y la Corte Suprema autorizó que se pusieran micrófonos afuera y, entonces, en los pasillos de los tribunales se podían oír los alegatos. Pero perdíamos casi todos los juicios.

Posteriormente se fueron gestando las alianzas políticas. Primero la Alianza Democrática y luego el Acuerdo Nacional y la Asamblea de la Civilidad, que fueron el germen de la Concertación de Partidos por la Democracia. Hubo un gran movimiento social de apoyo a las demandas democráticas: trabajadores y sindicatos, estudiantes universitarios y mujeres, que ejercieron un papel unitario defendiendo los derechos humanos y ciudadanos. Las organizaciones de mujeres fueron muy activas, también muy valientes. Fueron las primeras en salir a las calles y en actuar unidas pese a provenir de partidos que habían sido adversarios.

MOVILIZACIÓN SOCIAL

La crisis económica y las reformas neoliberales de comienzos de los años ochenta generaron una pobreza considerable, dejaron muchos heridos en el camino y contribuyeron a acentuar el creciente descontento. Entre 1983 y 1986 la movilización de la sociedad civil, apoyada por los partidos políticos que estaban proscritos pero que existían, fue erosionando el apoyo del régimen militar. Las movilizaciones desgastaron a la dictadura, hasta que se produjo el atentado contra Pinochet en 1986.

Hubo una fuerte discusión sobre cómo poner término a la dictadura mediante un plebiscito. El Partido Comunista sostenía que debía producirse a través de una movilización social amplia, sin excluir la lucha armada. ¿Qué opinaba usted?

La movilización social era impulsada por los partidos democráticos. El Partido Comunista y su frente armado apoyaban una estrategia en la que se emplearían todas las formas de lucha, incluido el uso de la violencia. Los partidos democráticos creíamos en la movilización pacífica, aunque fuéramos reprimidos. El punto límite se produjo cuando los comunistas introdujeron de contrabando armas en el país, y fueron descubiertos, y cuando realizaron el fallido atentado contra Pinochet. La represión se recrudeció y vimos claramente que teníamos que dedicarnos a trabajar por una vía no violenta para lograr un amplio apoyo.

Fue un debate tenso y todos teníamos dudas. Yo soy muy pacifista y soy un hombre de derecho. Aunque en ese momento no podía apostar a que nos iba a ir bien, creía que la vía pacífica era lo más acorde, no solo con la historia de Chile, sino también con la mentalidad y el modo de ser del común de los chilenos, con la idiosincrasia nacional.

Había dos tesis también en el interior de los partidos que después formamos la Concertación: los que insistían en que el gobierno de Pinochet iba a caer como consecuencia directa de la movilización social y los que llegamos a la conclusión de que podía ser más efectivo introducirse en la Constitución de Pinochet, participar en el plebiscito previsto en ella y derrotarlo por dentro.

Yo coincidía con esta última tesis. La estrategia de la movilización social había erosionado el régimen, pero veíamos con preocupación que insistir en un intento de revolución social y una movilización de las bases iba a tener un fin muy trágico, porque las Fuerzas Armadas tenían la capacidad de represión. Ambas tesis rechazaban la estrategia del Partido Comunista, pero a este último le convenía más intensificar la movilización social.

Acabar con el sistema autoritario desde dentro

Cuando se votó la Constitución de 1980 en un plebiscito, denunciamos la ilegitimidad del procedimiento –sin libertad y sin lista electoral, porque la había destruido el dictador– y, por ende, de esa Constitución. Sin embargo, en 1984 ya algunos empezamos a plantear dejar de lado la discusión sobre la legitimidad de la Constitución y aceptarla como una realidad de facto. La idea era inscribir a los partidos políticos en la ley de partidos de Pinochet, que no nos gustaba, participar en el plebiscito, que tampoco nos gustaba, y derrotar al régimen con sus propias reglas.

Esa fue la estrategia que finalmente triunfó. De hecho, fui elegido presidente del Partido Demócrata Cristiano defendiendo la inscripción del partido como partido político conforme a la ley de la dictadura. En nuestro mismo partido había gente que se oponía a ello. Luego luchamos por las elecciones libres, inscribimos a nuestros partidos y logramos que se inscribieran siete millones de chilenos en los registros electorales. Finalmente, vino la campaña por el NO y el plebiscito en el que derrotamos a Pinochet.

Control civil de las Fuerzas Armadas

Usted dijo que la tradición histórica de las Fuerzas Armadas ayudó, porque el Ejército chileno obedece históricamente a las autoridades civiles. La experiencia chilena es única porque en ninguna transición ha permanecido el dictador como comandante en jefe del Ejército durante ocho años tras dejar el cargo de presidente. ¿Cómo se llevó a cabo esta relación con los militares? ¿Cómo se negocia con los militares? ¿Qué lecciones cabe extraer y qué problemas tuvo?

En mi primera reunión con Pinochet como presidente electo, yo le dije que creía que era mejor para Chile que dejara la función de comandante en jefe. [Sonríe e imita a Pinochet:] «Se equivoca, presidente, nadie lo va a defender mejor que yo». Él tenía mucha influencia en las Fuerzas Armadas y es probable que su permanencia haya evitado asonadas de coroneles como las que hubo en otras transiciones.

La relación con él fue compleja. Al final se sometió a un marco institucional que no le gustaba, pero lo respetó porque lo había creado él. Quería saltarse muchas cosas. Por ejemplo, la primera reunión que tuve con él en La Moneda, siendo ya presidente, me dijo: «Yo me voy a entender directamente con usted y no con el ministro de Defensa».

Entonces le mostré la Constitución y le dije: «Mire, general, la Constitución hecha por usted dice que usted depende del ministro de Defensa, así que lo siento pero tiene que entenderse con él». Él trataba de saltarse al intermediario, pero lo tuvo que aceptar y a partir de ese momento le presentaba los informes al ministro de Defensa.

Contratiempos

Durante su gobierno se produjeron algunos incidentes inesperados dirigidos a descarrilar la transición y que tuvieron profundas consecuencias, incluido el asesinato del senador Jaime Guzmán, un dirigente de la derecha, y el secuestro del hijo de Agustín Edwards, editor de El Mercurio, el diario más importante. ¿Qué respuesta dio a esos incidentes?

Yo diría que lo tomé como parte de la tensa situación que vivíamos. Estábamos metidos en una situación que no sabíamos cómo iba terminar, había grandes riesgos, había acciones terroristas. Incluso sabíamos que teníamos funcionarios o personas infiltradas que seguían trabajando, como quien dice, «a la mala». De eso tengo un recuerdo muy vago, pero se descubrió que había unas conexiones entre La Moneda (el palacio presidencial) y un edificio de la Policía secreta, que intervenía los teléfonos.

Vivíamos muchas tensiones. Recuerdo que una vez en Punta Arenas me reuní con los jefes de las Fuerzas Armadas de la zona, una de las más militarizadas, y les dije que quería reunirme con los oficiales como demostración de mi voluntad de ser presidente de todos los chilenos, civiles y militares. Me pusieron todo tipo de trabas y dijeron que era muy difícil convocarlos para el día siguiente. Entonces les señalé: «¿Cómo es eso? ¿Y si hay una guerra, ustedes no pueden juntar a los oficiales de un rato a otro?». Así, me reuní con los oficiales y les hablé sobre la transición. Fue una reunión bastante representativa con oficiales de la Armada, el Ejército y la Aviación. Eso fue en Magallanes.

¿Cómo reaccionó a los dos incidentes en los que las tropas del Ejército ejercieron presiones palpables en 1990 y 1993 con la aparente intención de intimidar al gobierno para que dejara de investigar las supuestas irregularidades financieras del hijo de Pinochet? ¿Pinochet controlaba a las Fuerzas Armadas?

Pinochet estaba al mando del Ejército, pero las Fuerzas Armadas no lo siguieron en todo. Por ejemplo, cuando se produjo el llamado «ejercicio de enlace» en 1990, ese día era la graduación y entrega de reconocimientos a los mejores oficiales del Ejército. Por ese motivo hubo una ceremonia y un almuerzo en La Moneda en los que participó Pinochet como comandante en jefe del Ejército. Cuando Pinochet salió de La Moneda le facilitaron el diario La Segunda y contenía una información sobre una investigación a propósito de unos cheques girados por su hijo, los llamados «pinocheques», por compras de armas durante el gobierno militar. Esa tarde se acuarteló el Ejército y salieron a la calle vestidos de uniforme de campaña.

Ese mismo día, en la tarde, yo tenía la ceremonia de graduación de oficiales de Carabineros y, estando allí, me avisaron de la situación que se estaba produciendo. Bueno, me dije, vamos a ver qué está pasando. Pero la ceremonia de Carabineros transcurrió normalmente y no se plegaron las otras ramas de las Fuerzas Armadas. Pinochet tenía la intención de que el gobierno parara la investigación sobre las actividades de su hijo. Eso demuestra que su influencia estaba limitada al Ejército, ya que la Armada, la Aviación y los Carabineros (la Policía) no se sumaron a la acción.

La segunda vez que Pinochet intentó algo similar fue estando yo de visita en el extranjero. Los motivos fueron similares, pero se agregó el tema de las investigaciones en causas de derechos humanos, que lo tenían inquieto. Tampoco en esta ocasión tuvo apoyo de las otras ramas.

Afortunadamente, los intentos de intimidación del Ejército no prosperaron, porque lo cierto es que ya se había anclado en la conciencia nacional el compromiso con la democracia. Por tanto, ya no era tan fácil hacer retroceder las cosas. En el país ya estaba instalada la idea de que Chile había recuperado su democracia.

Justicia y reconciliación

Pero las mayores tensiones con Pinochet fueron a propósito del tema de los derechos humanos. Cuando convocamos la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar las desapariciones de personas durante la dictadura, Pinochet me dijo: «¿Para qué hace esto, presidente? Eso es como cuando una familia ya está tranquila y viene alguien a reclamar la herencia, se arma una pelea familiar». Le respondí: «Lo vamos a hacer». Después, cuando se dio a conocer el informe, hubo mucha tensión. Convocaron al Consejo de Seguridad Nacional, pero no lograron más que eso.

¿Cómo tomó usted la decisión de crear la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación? ¿Qué reacción esperaba de los militares?

La comisión se formó para investigar los crímenes de la dictadura. La convoqué al inicio de mi mandato. Fue fundamentalmente una iniciativa mía. Yo creía que era necesario, pero el primer esfuerzo que tuve que hacer fue convencer a mis colaboradores. Ni Edgardo Boeninger ni Enrique Correa, mis principales asesores políticos, creían que fuera una buena decisión, pero yo estaba convencido de que era el camino para abrir puertas. Si quería que los militares se abrieran a una salida, tenía que ser franco, pero al mismo tiempo prudente; entonces la frase que usé, buscar la «justicia en la medida de lo posible» –por la que he sido muy criticado– correspondía a un mínimo de prudencia, porque si la justicia iba a ser pura y simplemente total, eso significaba procesar a Pinochet y a toda su gente e iba a haber una guerra civil. «En la medida de lo posible» fue un camino viable, porque hubo procesos, pero no un descabezamiento ni una acción agresiva contra los que seguían teniendo el poder de las armas.

Pinochet había dicho que iba estar alerta, que no le tocaran a ninguno de sus hombres, pero el informe de la comisión fue de un impacto enorme porque todavía había muchos que no creían esa verdad, la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos. El informe de la comisión fue una especie de confirmación oficial. Y luego vinieron otros pasos, y avanzamos en verdad y justicia más que muchas otras transiciones.

¿Y cómo se formó la Comisión? ¿Usted mismo escogió a sus integrantes?

Llamé una por una a las personas que a mi juicio tenían prestigio y representaban visiones distintas, intentando que la comisión tuviera legitimidad. La presidió don Raúl Rettig, un conocido jurista, gran líder del radicalismo chileno. Además, habíamos sido muy cercanos. Él había sido uno de los integrantes del Grupo de los 24. Era un hombre que trascendía porque era muy respetado en la derecha, pero igualmente respetado en la izquierda.

Recuerdo que yo tenía mucho interés en que un venerable dirigente del conservadurismo chileno, Francisco Bulnes, formara parte de la comisión, porque gozaba de gran respeto entre la derecha tradicional. Incluso fui hasta su casa a pedírselo, pero me dijo que no. Me costó encontrar a personas de la derecha que aceptaran. Finalmente, aceptó el historiador Gonzalo Vial, que había sido ministro de Educación de Pinochet. También integramos a personas vinculadas a los derechos humanos, como José Zalaquett. Todos eran muy prestigiosos.

Reforma constitucional

Otro momento crucial antes de que usted fuera presidente, en 1989, fue la negociación con la dictadura para realizar reformas constitucionales. Muchos pensaron que los cambios logrados no fueron suficientemente significativos. Ahora, mirando atrás, ¿cuál es su análisis? ¿Deberían haber insistido en cambios más profundos en aquel momento?

Bueno, esa frase que a muchos no les gusta pero que yo la considero muy realista, «en la medida de lo posible», refleja que fuimos avanzando de forma gradual. Esas reformas fueron un primer paso, no todo lo que queríamos, pero claramente un avance, considerando que Pinochet en ese momento era el dictador y que seguiría siendo el comandante en jefe del Ejército detentando un poder muy grande.

Han pasado muchos años y muchas de las cosas se me pueden haber olvidado, pero yo diría que no guardo interrogantes: «¿Habré hecho bien?, ¿habré hecho mal?». No, yo creo que hicimos lo que debíamos hacer y afortunadamente todo salió bien, pero pudo haber fracasado también. Significó renunciar a ciertas cosas e impulsar otras. Por ejemplo, en el programa de gobierno de la Concertación estaba derogar la Ley de Amnistía, pero cuando llegamos al gobierno no pudimos hacerlo porque requeríamos una mayoría cualificada en el Congreso que no teníamos. Recordemos que Pinochet había legado los senadores designados (que había nombrado en virtud de la Constitución de 1980) y nosotros no teníamos en el Congreso los votos para terminar con esos enclaves autoritarios. Por eso creamos la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Fue un paso importante para avanzar en la reconciliación del país y una base fundamental para alcanzar la justicia.

Construir una coalición

Un aspecto central de toda transición exitosa es construir una coalición sólida. Usted tuvo un apoyo firme de los partidos. ¿Hasta qué punto se debió a la elaboración de un programa de gobierno convenido con los partidos?

Yo creo que el programa concertado era la carta de navegación y tratamos de actuar dentro del programa. Yo recuerdo que era una materia de la que me gustaba conversar con los dirigentes de los partidos: «¿Cómo ven ustedes lo que estamos haciendo en relación con lo que le prometimos al país?». Había grandes expectativas, pero nos preocupamos de no hacer grandes promesas que podrían causar desilusiones. Teníamos un programa ambicioso en lo económico y social para ese momento, pero era razonable. Quienes estuvieron a cargo de ejecutarlo fueron los mismos que habían participado en su elaboración. Ahora, siempre hubo aspiraciones que no pudimos cumplir, porque teníamos un sistema político con senadores designados por Pinochet que nos obligaba a negociar, especialmente en los temas políticos.

La derecha ha dicho que la Concertación continuó aplicando el mismo modelo económico de Pinochet. Sin embargo, cuando se observa lo realizado en Chile –tratados internacionales, lucha contra la pobreza, infraestructura, inversiones–, lo que se llamó en su gobierno «desarrollo con equidad», quizá el suyo fuera un enfoque distinto. ¿Cuál fue su enfoque económico? ¿Cuán importante era la política económica para sostener su gobierno?

Pinochet aplicó una política neoliberal a ultranza. Nosotros mantuvimos la apertura de la economía, incluso la acrecentamos, y tuvimos una política fiscal responsable. Pero es muy distinto al modelo económico de la dictadura. Impulsamos una política de crecimiento con equidad. En mi gobierno hicimos reformas importantes en el ámbito laboral y tributario, entre otras. Creamos políticas para la reducción de la pobreza, mejoramos las remuneraciones y aumentamos la inversión del Estado en salud y educación. Redujimos la inflación, que dejó de ser un problema para Chile. En fin, los resultados de la política económica y social de la Concertación que iniciamos en mi gobierno están a la vista. Modestia aparte, creo que lo hicimos bien, que cumplimos nuestra tarea, que era lo que correspondía hacer, y que no cometimos muchos errores graves. Algunas cosas debemos de haber hecho mal, pero creo que en general hicimos un buen gobierno y la prueba es que tuvo continuidad. Si se hace mal en el gobierno, lo más probable es que a la vuelta venga la oposición y triunfe. Nosotros tuvimos 20 años, cuatro gobiernos de la Concertación.

El caso chileno revela mucha autocontención de la gente en sus demandas sociales, por ejemplo, las reivindicaciones de aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. ¿Qué respuesta le dio y cómo canalizó usted esas demandas?

Pienso que el éxito de mi gobierno y de los gobiernos de transición en general se debe no solo a las políticas seguidas por las autoridades, sino también al gran apoyo de la comunidad nacional. Yo nunca sentí que estuviéramos acorralados, que la oposición fuera más que nosotros. Al mismo tiempo, nos cuidamos de tratar bien a la oposición. Es decir, hicimos lo posible por entendernos con la oposición, por tomarlos en cuenta, por que no se sintieran marginados, por explicarles lo que nosotros estábamos haciendo para que lo entendieran. Eso me ayudó a tener apoyo para las políticas que emprendimos. De hecho, cuando empezamos las primeras giras internacionales, invitábamos a empresarios, dirigentes sindicales, parlamentarios de la oposición y del gobierno para que hicieran equipo. Eso también generaba encuentros, porque por las noches se juntaban a comer y se hacían más amigos. Fue una manera de construir amistad cívica.

¿Qué papel desempeñaron las mujeres en la transición y en su gobierno?

La lucha de las mujeres por la democracia fue muy importante. Fueron muy valientes. Hubo organizaciones como Mujeres por la Vida y Mujeres de Detenidos Desaparecidos que se movilizaron incansablemente buscando a sus familiares, denunciando las violaciones de los derechos humanos y demandando libertad y justicia. Por otra parte, las mujeres se organizaron en las comunidades locales buscando formas solidarias de responder a la crisis económica de comienzos de los años ochenta. Proliferaron las «ollas comunes» (comedores comunitarios) para alimentar a los desempleados. Al mismo tiempo las mujeres fueron planteando los temas que les preocupaban, como la violencia intrafamiliar o las desigualdades en el campo laboral y la legislación civil. Durante mi gobierno, si bien no tuvimos una alta representación de mujeres en la política, se creó el Servicio Nacional de la Mujer; su directora tiene rango de ministro. Desde allí se impulsaron cambios en la legislación civil y penal y se abordó el problema de la violencia intrafamiliar. Se sentaron las bases para que en los gobiernos siguientes se pudiera modernizar de forma importante la legislación sobre la familia y se avanzara en la eliminación de las diferencias de género.

Apoyo internacional

Chile es un caso muy interesante e importante para estudiar el papel de la comunidad internacional en una transición. ¿Podría hablarnos un poco de este aspecto?

Chile contó con mucho apoyo internacional. Fue muy importante para nosotros. De hecho, iniciamos el gobierno con la presencia de mandatarios de América Latina, Europa y también de importantes figuras de Estados Unidos. Nos propusimos integrar Chile a la comunidad internacional más allá de la apertura económica, porque políticamente habíamos estado muy aislados durante la dictadura. Hubo mucha solidaridad internacional con nosotros. Fue un gran respaldo para un gobierno que se iniciaba en una situación dificultosa.

¿Hasta qué punto tuvo en cuenta las transiciones anteriores para decidir cómo lograr la transición chilena? Por ejemplo, en Brasil la transición fue lenta y comenzó desde arriba, con los militares. En Argentina los militares estaban totalmente desacreditados y, por tanto, fue fácil deshacerse de ellos, pero la inflación se disparó, la economía se debilitó y el presidente Raúl Alfonsín, el primer presidente democrático, tuvo que dimitir. ¿Fueron las experiencias de otros países de América Latina un referente para su análisis?

Como Chile fue el último país en recuperar su democracia en la región, nos sirvió para aprender de las experiencias de los demás. El caso de Argentina con Alfonsín, que terminó mal, fue una enseñanza de las dificultades que debíamos enfrentar. La democracia traía consigo muchas expectativas y era necesario un gran control para que no terminaran desbordándose. Por otra parte, tuvimos una especial preocupación por estrechar lazos con los gobiernos de América Latina, en particular con Argentina. Con el presidente Carlos Menem avanzamos en resolver prácticamente todos los problemas limítrofes que teníamos. Con México firmamos el primer acuerdo de libre comercio.

Una de las decisiones que tomamos, especialmente mirando el caso argentino, fue emprender reformas sociales, pero lo hicimos buscando acuerdos con los sindicatos para encauzar las demandas sociales y también generando acuerdos entre trabajadores y empresarios. En eso debemos mucho a líderes sindicales como Manuel Bustos, que entendieron la complejidad del proceso de transición a la democracia.

Principios fundamentales

¿Cómo se manejó para poder tomar decisiones equilibradas y rectas ante tantos desafíos complejos y difíciles y con tantas personas y grupos de ideas tan distintos?

Buena pregunta. Yo soy una persona que me comprometo mucho con las cosas en las que creo, por las cuales me la juego, pero que tengo algo así como una especie de resorte que me dice: «Ten cuidado, no te dejes guiar solo por tu ímpetu, por tu entusiasmo». Eso ha significado en toda mi vida política que siempre he trabajado bien en equipo y he construido buenas relaciones humanas. Podría simbolizar esto mi relación con Edgardo Boeninger. Él venía del mundo académico y había sido rector de la Universidad de Chile. No se había metido en política pero, con motivo del golpe, ingresó a la Democracia Cristiana. Trabajamos muy bien juntos.

Creo que también me ha ayudado mi capacidad para dormir bien y tomar distancia de las cosas. Siempre he procurado tener tiempo para leer y hacer una vida normal. Me gustaba manejar mi auto. Recuerdo que una vez, siendo presidente, iba manejando con los escoltas en un auto detrás del mío y, de improviso, nos pararon los carabineros. Los carabineros le abrían camino a Pinochet. ¡Iba con una escolta mucho mayor que la mía!

Transiciones contemporáneas

¿Cuál sería su consejo general para un líder político del mundo árabe, o de alguna otra parte del mundo, que quisiera ayudar a su país para hacer una transición desde un gobierno autoritario hacia uno democrático?

No me atrevería a improvisar. A uno le cuesta irse formando una idea clara de lo que debe hacer en su propio país, así que menos puede opinar sobre una realidad que está tan distante. Pero tal vez, tras periodos de mucha división, una recomendación general sería poner énfasis en buscar más lo que une que lo que divide. De ese modo nosotros pudimos ponernos de acuerdo. Personas que habíamos estado en bandos opuestos, como el ministro Sergio Bitar, que participó en el gobierno de Allende y estuvo detenido y exiliado, con políticos que estuvimos en contra de Allende. Nos pusimos de acuerdo en defender cosas esenciales: la lucha por la libertad y la lucha por la dignidad de las personas. También buscamos consensos con muchos de los que habían sido partidarios de Pinochet. Buscar la unidad era difícil después de años en que lo más claro era aquello que nos dividía. En ese sentido, los gobiernos de la Concertación, comenzando con el mío, lograron un mayor grado de convergencia entre el gobierno y la oposición y entre los distintos sectores políticos de lo que ocurría en las décadas anteriores.

Otro aspecto que se debe destacar es que no hay que partir de cero. Es mejor hacer los cambios a partir de lo que hay. Esa fue la idea cuando propusimos derrotar a Pinochet desde su propia Constitución, en lugar de decir «vamos a cambiar la Constitución». Fuimos cambiando las reglas del juego desde adentro. Nosotros fuimos muy realistas al definir nuestra política; teníamos grandes sueños, el sueño de reconstruir la democracia, de lograr la unidad de los chilenos, pero las acciones eran realistas. En ese sentido, creo que hicimos lo que debíamos. Y es interesante, porque aunque dijimos «justicia en la medida de lo posible», pocas transiciones han tenido con los años tanta justicia como la chilena: lo posible va cambiando con el tiempo; no se puede hacer todo a la vez.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE RICARDO LAGOS,
PRESIDENTE DE CHILE (2000-2006)

Ricardo Lagos fue dirigente de la federación de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en la década de 1960. Con formación asimismo en Economía, Lagos se forjó una carrera profesional en el mundo académico y en las organizaciones internacionales. Su primera incursión en la política fue de la mano del Partido Radical y, a continuación, en el Partido Socialista. Salvador Allende lo nombró embajador en la Unión Soviética, cargo que nunca ocupó a causa del golpe de Estado de 1973. En los años que siguieron al golpe, vivió primero en Estados Unidos para volver después a Chile al servicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lagos se convirtió en un personaje respetado de la oposición, conocido por sus incisivos análisis. Cobró fama como representante socialista en el Acuerdo Nacional multipartidista y fue arrestado durante un breve periodo tras el intento de asesinato de Pinochet en 1986. Ganó peso por su disposición a hacer frente a Pinochet directamente, en particular en una memorable aparición televisiva donde se erigió en portavoz de la insatisfacción nacional largamente reprimida.

Lagos tomó las riendas de la fundación del Partido por la Democracia, que contribuyó a la cooperación entre la izquierda moderada y los demócrata cristianos y desempeñó un papel importante en la Concertación de Partidos por el NO que venció a Pinochet en el plebiscito de 1988 y en la subsecuente Concertación de Partidos por la Democracia. Rechazó la candidatura a presidente en 1989 porque consideraba que la Concertación era demasiado frágil para correr el riesgo de dividir a los electores y que el país no estaba todavía preparado para un candidato de la izquierda. Ese año se presentó al Senado y perdió. Lagos ejerció de ministro de Educación y, a continuación, de Obras Públicas en los dos primeros gobiernos de la Concertación. Fue elegido presidente en 2000, puesto que ocupó hasta 2006. Durante su gobierno se transformó la infraestructura chilena, se lograron importantes reformas constitucionales que redujeron las características antidemocráticas de la Constitución de 1980 y se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que profundizó la justicia de transición.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE RICARDO LAGOS

Hay cuatro aspectos de la transición chilena que tienen especial pertinencia para las transiciones contemporáneas: en primer lugar, la convergencia de las fuerzas sociales y políticas que permitieron poner fin a la dictadura y entablar la coalición más duradera de las democracias occidentales; en segundo lugar, la negociación para convencer a los militares de que debían volver a sus cuarteles y asumir sus responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos; en tercer lugar, el proceso parcial y gradual de reforma constitucional; y en cuarto lugar, la aspiración a un desarrollo económico en condiciones de igualdad, que dio pie a un gran crecimiento y a la reducción de la pobreza. En ese contexto, ¿cómo se consiguió que las fuerzas opuestas al régimen de Pinochet, altamente polarizadas y hostiles entre sí, se reunieran, colaboraran y vencieran y destituyeran juntas al general?

Habría que comenzar explicando cómo se logró que, en un país tan polarizado como el Chile de 1973, las fuerzas políticas y sociales consiguieran ponerse de acuerdo de manera general. La ruptura de la democracia en Chile hizo que los chilenos entendieran que los asuntos que nos dividían en el pasado tenían cada vez menos peso a medida que se prolongaba la dictadura.

Puedo darles un ejemplo de mi propia experiencia personal. En 1975, cuando era profesor en Chapel Hill, en Carolina del Norte (Estados Unidos), recibimos la visita del antiguo presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva. Ese día le dije al catedrático Federico Gil que al día siguiente iba a estar enfermo y no podría ir a clase. No me apetecía hablar con Frei Montalva. Eso fue un año y medio después del golpe de Estado.

Cuando volví a Chile en abril de 1978 las cosas estaban cambiando y mi propia actitud para con los demócrata cristianos y el antiguo presidente Frei Montalva también iba evolucionando. Lo primero que hice fue reunirme con Enzo Faletto, un excelente sociólogo y miembro del Partido Socialista, para acudir a las protestas del día del trabajo el Primero de Mayo. Se suponía que Faletto sabía dónde se iba a celebrar la protesta, pero cuando salimos nos encontramos con un grupo de hombres que pertenecían, sin ninguna duda, a la Policía de Pinochet. No veíamos a nadie manifestándose en las calles. Esa noche vimos en la televisión que las manifestaciones se habían congregado en otra parte. Ni siquiera Faletto, que estaba muy bien informado, sabía dónde iban a ser las manifestaciones porque, si lo hubiera sabido mucha gente, Pinochet se habría anticipado y las habría reprimido. En una situación de desamparo tal, nos dimos cuenta de que sería mejor reunirnos con los demócrata cristianos para debatir lo que era posible hacer en un futuro.

En pocas palabras, para que se diera un diálogo como el que se intentó entablar en 1973 entre los demócrata cristianos (DC) y Allende, no podía caber ninguna duda sobre las consecuencias en caso de fracaso, no solo sobre las ventajas del éxito. Los DC establecieron un diálogo con Allende con la idea de que seis meses después, si hubiera un golpe de Estado, volverían a asumir el poder. Nosotros nos embarcamos en ese diálogo pensando que, si fracasaba, la dictadura persistiría durante mucho tiempo, con todo lo que eso significaba. Así que todo lo que se hizo no fue suficiente para llegar a un acuerdo. Esa es mi interpretación de cómo se precipitaron los acontecimientos en 1973, lo que ayudó a los que estaban a favor de un golpe de Estado militar.

Los DC solo comenzaron a replantearse su enfoque una vez que se dieron cuenta de que la dictadura iba a durar mucho tiempo, que el régimen tenía «objetivos y no plazos fijos», como dijo Pinochet, y que no les iba a dejar cabida alguna.

Poco después de mi vuelta a Chile en 1978, Tomás Reyes –un antiguo senador muy influyente en el Partido Demócrata Cristiano que se ocupaba de la coordinación con la izquierda– me invitó a cenar y comenzamos a reunirnos con frecuencia.

En 1981 escribí un artículo titulado «El precio de la ortodoxia», en el que analizaba los costes de la crisis de 1929 para Chile. En el examen de la crisis critiqué directamente la manera en que el gobierno de Pinochet estaba gestionando la crisis de 1981-1982. Para mi sorpresa, recibí una llamada del antiguo presidente Frei para felicitarme por el artículo y acordamos vernos para hablar después de la operación quirúrgica a la que debía someterse. Hacía seis años que me negaba a reunirme con él. Lamentablemente, no llegamos a vernos, porque falleció. Siempre me arrepentiré de no haber ido a verlo en Chapel Hill.

La experiencia del exilio

Eso demuestra cuántos años fueron necesarios para crear la confianza personal y la convergencia política. ¿Qué otros factores son importantes para explicar cómo germina la cooperación tras un periodo de polarización?

Otro factor que favoreció la formación de nuestra coalición es que muchos socialistas que fueron al exilio al otro lado de la Cortina de Hierro se dieron cuenta de que el sistema allí instaurado no era la democracia que nosotros habíamos imaginado. En Alemania Oriental solo la élite tenía derecho de entrar y salir del país. El resto, incluidos los chilenos exiliados, debían solicitar una autorización que concedía o denegaba el jefe político. No estábamos acostumbrados a eso en Chile.

Los que estaban en Chile en aquella época, como me dijo en una ocasión el economista chileno Aníbal Pinto, solo podían tener dos posturas políticas: los moderados, que solicitaban el respeto del hábeas corpus [el derecho a recuperar la libertad en caso de detención arbitraria y a no sufrir una encarcelación prolongada sin que se presenten cargos de forma oficial], y los extremistas, que reivindicaban elecciones libres. Cuando vives en una dictadura, estás contento si se respeta el hábeas corpus. Por eso yo siempre digo que «la democracia es como el aire que respiramos; hay que estar contentos porque hay democracia». Cuando yo nací se respiraba aire limpio en Chile. La democracia es lo mismo: cuando la tienes, la das por sentado. El periodo de Pinochet dio pie a que muchos socialistas reevaluaran la democracia, bien porque estaban en el exilio o bien porque vivían en Chile bajo la represión.

Esas circunstancias también desencadenaron un debate sobre el «socialismo real» en sus distintas formas. En 1978 y 1979 comenzó un debate interno sobre el proceso de renovación socialista. En 1980 se celebraron varias reuniones sin precedentes. Durante ocho o diez meses nos reunimos desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche para debatir sobre la renovación del socialismo. La primera vez fue en un retiro del grupo religioso Schoenstatt. Éramos diez o doce personas que pertenecíamos a los partidos de aquel entonces, el Partido Socialista-Almeyda (PS-Almeyda), el Partido Socialista renovado, la Izquierda Cristiana, las distintas facciones del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), entre otros. Germán Correa [miembro del PS-Almeyda que más adelante sería presidente del Partido Socialista y ministro de Transportes durante el gobierno de Aylwin y ministro del Interior durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle] redactaba las actas detalladas que se distribuían en la siguiente sesión para su aprobación. A mediados de 1980 se elaboró un documento en ese foro sobre la convergencia socialista, como empezamos a llamar este proceso.

En esas reuniones clandestinas a veces era divertido debatir, por ejemplo, lo que haríamos con los bancos si llegáramos al poder, si los nacionalizaríamos o si aceptaríamos los bancos privados. Lanzábamos temas polémicos de esa índole entre nosotros.

Diferencias en el seno de la oposición

¿Podría explicar las diferencias que persistieron entre los sectores socialistas y qué fue necesario superar para crear una alianza más amplia?

Cuando volví a Chile en mayo de 1978 trabajaba para la ONU. Como toda actividad política estaba prohibida y era clandestina, no rompí ninguna norma de la ONU al dedicarme a la política nacional, ya que nadie podía saber que me dedicaba a la política una vez concluida mi jornada laboral. Así, participé en la fase de la división socialista. Estaban los socialistas de Carlos Altamirano (secretario general del PS durante el gobierno de Allende) y los socialistas de Almeyda, dependiendo de quién los encabezaba; ambos grupos estaban en el extranjero. Los socialistas partidarios de Altamirano se reformaron rápidamente y los partidarios de Almeyda siguieron unidos al Partido Comunista (PC). Cuando se produjo la escisión, yo formaba parte de un grupo de socialistas de Vector, un pequeño grupo de reflexión que habíamos creado para pensar sobre la izquierda, porque había otro grupo llamado CIEPLAN, dirigido por Alejandro Foxley [un economista que después ejerció de ministro de Hacienda de 1990 a 1994 en el gobierno de Aylwin, y ministro de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de Michelle Bachelet], que estaba asociado con el Partido Demócrata Cristiano. Teníamos una oficina pequeña y Enzo Faletto, Eduardo Trabuco, Eduardo Ortiz, Rodrigo Alvayay y Heraldo Muñoz [todos destacados intelectuales socialistas] se dejaban caer por allí. Un día, Germán Correa vino a informarnos de que se iba a realizar un congreso socialista y quería tener en cuenta nuestras opiniones. Le explicamos la situación y supusimos que la información llegaría a su destino. Tres meses más tarde, Correa volvió para decirnos que el congreso había concluido con la escisión del partido. Le pedí que nos explicara qué implicaciones tenía eso y le pregunté cómo íbamos a hacer frente a Pinochet si estábamos divididos. Me preguntó si aceptaría las instrucciones de Almeyda y mi respuesta fue que no las aceptaría mientras estuvieran divididos. Mi grupo de Vector compartía mi opinión.

Cuando viajé a México unos meses después por mi trabajo con la ONU, lo primero que hice fue llamar a Hortensia Bussi, la viuda de Allende, que me había invitado a almorzar a su casa con un grupo numeroso de chilenos. Me presentó y me pidió que les informara de los últimos acontecimientos. Entonces me preguntó qué opinaba de la escisión socialista. Le expliqué lo que me habían dicho los socialistas de Almeyda y que los de Vector nos negábamos a aceptar la división y, por tanto, no íbamos a decantarnos por ninguna de las dos facciones. Entonces me dijo que yo era como los suizos, «neutral». No me lo había planteado en esos términos, solo dije que no podíamos dividirnos. A partir de ese momento, a nosotros [los que no reconocíamos a los líderes de las facciones escindidas] nos llamaban «los suizos».

Durante mucho tiempo, «los suizos» fuimos una facción más entre las múltiples islas que componían el archipiélago de los socialistas, divididos en varias facciones. Más adelante se formó el Comité Político de Unidad (CPU) con el acuerdo de reconstruir un único partido socialista con seis facciones: los renovados de Ricardo Núñez, los de Almeyda, los seguidores de Raúl Ampuero, los que seguían al órgano coordinador de las secciones regionales, otra más y nosotros «los suizos». Yo participé en la CPU. Se acordó la creación de un Comité Central y cada facción nombraría a diez miembros. Informé al grupo «suizo» de que teníamos un problema: solo éramos siete personas. Al final, seis de nosotros formamos parte del Comité Central. Enzo Faletto, que era nuestro líder intelectual, dijo que si había un Comité Central, eso significaba que «ese órgano ostenta poder y, por respeto a mi ascendiente anarquista, no aceptaré un puesto en el poder». Así que estábamos nosotros seis en nombre de «los suizos» en un Comité Central con 36 miembros, seis por facción.

Entre 1982 y 1983 se pusieron en marcha dos procesos: la convergencia socialista (la incorporación de las dos ramas del MAPU y la Izquierda Cristiana) y las iniciativas de los demócrata cristianos, dirigidas por Gabriel Valdés tras el fallecimiento de Frei Montalva. Valdés comenzó a ponerse en contacto con los sectores de la derecha, como Hugo Zepeda y Armando Jaramillo; primero Luis Bossay y luego Enrique Silva, del Partido Radical; y al final, invitó a los socialistas.

Construcción de una coalición

Muchos otros grupos políticos intentaron terminar con la dictadura. ¿Cómo lograron reunir a todos los sectores y unirlos en torno a una plataforma común?

El 15 de agosto de 1983 se fundó la Alianza Democrática en la sede del club Círculo Español con un discurso de Gabriel Valdés [la Alianza Democrática pretendía representar a todos los partidos y las personas independientes que se oponían a Pinochet y rechazaban la lucha armada. En un principio estaba compuesta por la DC, radicales, algunos socialistas, el MAPU, la Izquierda Cristiana y algunas personalidades de la derecha]. Nuestro Comité Político para la Unidad socialista designó a los representantes en la Alianza Democrática de la facción de Almeyda (Julio Stuardo y Akin Soto) y de la facción de Núñez (Hernán Vodanovic). Esos nombramientos desencadenaron disputas entre los partidarios de Almeyda. Los que estaban fuera de Chile rechazaban la Alianza Democrática, porque lo veían como un grupo dispuesto a negociar con Pinochet, cuando ellos creían que el camino correcto consistía en seguir ofreciendo batalla y llegar a un entendimiento con los comunistas. Al PC no se le invitó a unirse a la Alianza Democrática porque apoyaba el uso de la violencia. A final, la facción de Almeyda decidió no participar, pero Julio Stuardo y Akin Soto decidieron quedarse y formaron parte del CPU, mientras que otros se mantuvieron al margen del Comité.

La Alianza Democrática tomó sus primeras decisiones en esos días. Definió que la presidencia sería alterna y cambiaría cada mes. Al principio, en octubre, la asumió Gabriel Valdés; en noviembre la debían asumir los radicales, con Enrique Silva Cimma; y en diciembre les tocaba el turno a los socialistas. Akin Soto y Julio Stuardo, de la facción de Almeyda, me preguntaron si estaba dispuesto a ser el representante de los socialistas que presidiera la Alianza. Les dije que no, que mi participación era clandestina, ya que yo trabajaba con la ONU. Después recibí la visita de dos socialistas del sector de los renovados, Julio Stuardo y Hernan Vodanovic, que insistían en que yo debía presidir la Alianza. Así que tomé una decisión muy difícil. Le dije a mi familia que iba a dejar mi puesto en la ONU y en diciembre asumí la presidencia de la Alianza.

El 4 de septiembre de 1983 (una fecha simbólica porque es la fecha en la que se había elegido tanto a Salvador Allende como a todos los presidentes chilenos anteriores) se informó al país de la unificación de los socialistas en un Comité Central con 36 miembros. Me sorprendió muchísimo la enorme atención que acaparó el Partido Socialista «renovado». Concedí numerosas entrevistas a diarios y revistas y empecé a entender que la política innovadora podía ser el resultado de la acción colectiva, ya que a través de mí se expresaban ideas debatidas en reuniones previas. Era evidente que el Partido Socialista estaba cambiando. También estaba la influencia de los partidos socialistas de la zona del Mediterráneo. Felipe González llevaba en el gobierno desde 1982, y François Mitterrand había ganado en Francia.

Apoyo internacional

El largo periodo que precedió al fin de la dictadura concedió tiempo para reflexionar desde el exilio sobre lo sucedido en Chile y para aprender de otras experiencias. ¿Cómo veían los socialdemócratas europeos la nueva coalición y su estrategia, que también contaba con el apoyo de los demócrata cristianos?

Recuerdo que, cuando Mitterand asumió la presidencia de Francia en mayo de 1981, entró en el Panteón con la viuda de Allende a su derecha. Quisiera subrayar el efecto de Allende y del golpe de Estado en el mundo de la izquierda europea. Si uno hubiese hablado con Olof Palme [de Suecia], o hablara ahora con Gerhard Schröder [de Alemania] o con Tony Blair [del Reino Unido], le dirán que entraron en la política motivados por la experiencia de Allende. Todos los europeos que conocía me decían que saldrían a la calle para manifestarse por Chile. También recuerdo cuando estuve en Chantilly y en Burdeos en dos reuniones sobre la convergencia socialista en el extranjero, donde los chilenos exiliados nos escuchaban con gran respeto porque vivíamos en Chile. Ahí se reunían los que vivían en Estocolmo, Milán o París. En esos foros se veía la influencia de lo que los rodeaba, los hombres y las mujeres renacentistas que llegaban directamente de Italia, y los provenientes de Suecia, con una mentalidad escandinava. Era increíble. Nadie ha escrito nada acerca del impacto de la experiencia en el exilio sobre la cultura política. El proceso por el que las fuerzas democráticas de Chile llegaron a un acuerdo se dio sobre un telón de fondo de ideas cambiantes que provenían de distintos orígenes.

Recuerdo mi visita a la toma de posesión del presidente Raúl Alfonsín en diciembre de 1983 en Argentina. Yo era el presidente de la Alianza Democrática porque, como ya he explicado, los socialistas tenían la presidencia ese mes. Conmigo estaban Valdés, Silva Cimma y Armando Jaramillo. Nos reunimos con Felipe González, presidente del Gobierno de España; Pierre Mauroy, primer ministro de Francia, y con Bettino Craxi, presidente del Consejo de Ministros de Italia. Les presentamos nuestro extraordinario programa: un gobierno provisional, Pinochet fuera, Asamblea Constituyente, una nueva Constitución y se convocan elecciones. Se lo explicamos a Felipe González y nos dijo: «Eso no es un programa. Con ese plan, van a seguir mucho tiempo en la universidad. ¿Cómo pueden decir que es un gobierno provisional? ¿Pinochet se va a marchar? ¿Y cómo van a nombrar un gobierno provisional? Imaginemos que las cosas van bien y Pinochet dimite. Se quedan sin discurso. Antes de hacer nada de todo esto, tienen que salir del fondo del pozo». Esa reunión tuvo un impacto importantísimo. Fue esclarecedora y muy útil.

Entonces nos reunimos con Pierre Mauroy, que nos dijo: «Yo los recibo como camaradas, compañeros de lucha, pero no puedo hacer gran cosa por ustedes porque las relaciones se dan entre gobiernos: los intereses de Francia, los intereses de Chile, etc. Tienen todo mi apoyo como camarada, pero como primer ministro, no hay mucho que pueda hacer». Cuando dejó de ser primer ministro, Mauroy me llamó y me dijo: «Ahora ya puedes contar conmigo; cuando vaya a Chile voy a trabajar contigo». Y así lo hizo, antes y durante el plebiscito que derrocó a Pinochet. Estábamos aprendiendo a hacer política.

A continuación nos reunimos con Craxi. Hicimos nuestro discurso y nos dijo: «Esto es muy fácil. Primero necesitamos una vía de comunicación; después, como estamos en Argentina, mañana le pedimos a Alfonsín que nos deje un sitio en los Andes del lado argentino. Yo financiaré una gran antena y, desde ahí, emitiremos a Chile». Al día siguiente, Craxi fue a hablar con Alfonsín, que intentó explicarle que para él era muy difícil instalar una antena, porque acabaría teniendo que luchar con Pinochet. Esto muestra las mentalidades tan diferentes de esos tres dirigentes políticos.

Alfonsín era muy importante para nosotros. Le pedimos que intercediera con los cubanos para asegurarnos de que sus amigos de Chile [el Partido Comunista] no cometieran ninguna locura, ya que si iban a colocar bombas, nos eliminarían. Y lo hizo. Desempeñó un papel muy importante entre bambalinas para explicar a los dirigentes cubanos nuestra estrategia para vencer a Pinochet.

En conclusión, había un debate entre los que abogábamos por la movilización y la protesta social y los partidarios de «todas las formas de lucha», incluida la violencia. En ese contexto llegamos a 1986, que pensábamos que sería el año decisivo.

Acabar con el sistema autoritario desde dentro

La Alianza Democrática fue un importante paso adelante, pero Pinochet y su dictadura seguían siendo bastante fuertes. ¿Cómo habían previsto acabar con la dictadura? ¿Qué papel tenían las organizaciones de la sociedad civil?

Pensamos que podríamos intentar echar a Pinochet en 1986. De lo contrario, tendríamos que enfrentarnos a él en el plebiscito previsto para 1988, como decretaba la Constitución de Pinochet de 1980. El plebiscito se celebraría para decidir si Pinochet seguiría gobernando. En la Constitución de 1980 Pinochet había previsto estar en el poder 16 años más, pero su ministro del Interior, Sergio Fernández, le dijo: «¿No cree que 16 años son demasiados? ¿Por qué no celebramos un plebiscito a la mitad de ese periodo? Así luego podrá seguir en el poder ocho años más. Usted será el candidato en el plebiscito». ¿Y quién le nombraría candidato? La Junta formada por cuatro comandantes en jefe. Así sea, dijo Pinochet, y se acordó que al cabo de ocho años la Junta nombraría candidato a Pinochet.

Aylwin ayudó a crear el Grupo de Estudios Constitucionales o Grupo de los 24 en 1978, con Manuel Sanhueza como presidente. Ese grupo elaboró una Constitución alternativa en la época en que Pinochet hablaba de redactar una nueva Constitución, la cual acabó imponiendo en un referéndum en octubre de 1980. En 1984 celebré un debate público con Aylwin. Participamos en un seminario organizado por el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, una institución de demócrata cristianos que contaba con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Aylwin dijo que teníamos que aceptar la Constitución de Pinochet para cambiarla más adelante. Dijo que la Constitución era ilegítima por sus orígenes y que lo repetiría hasta el fin de sus días, aunque aceptaba que otros la consideraran legítima. Expuso que Pinochet no podía obligarlo a decir que la Constitución era legítima, pero que Pinochet tenía derecho a decir que sí lo era. La diferencia entre Pinochet y él era que Pinochet contaba con las fuerzas militares. Aylwin no quería debatir sobre la legitimidad de la Constitución, porque argumentaba que nunca llegaríamos a un acuerdo entre nosotros sobre esa cuestión. Dijo que entendía que cuando un carabinero ponía una multa por exceso de velocidad, lo hacía obedeciendo una orden institucional que comenzaba en la Constitución de Pinochet y acababa en el derecho de poner esa multa. La Constitución de Pinochet era un hecho que existía y se aplicaba. Por tanto, si esa era la situación de facto, se podía intentar cambiar esa Constitución sin por ello acordarle legitimidad alguna.

Yo no estaba en absoluto de acuerdo con él en ese punto. Sin embargo, él insistía en decir que aceptaba la Constitución de Pinochet, aunque la considerara ilegítima, y que la cumplía porque era el orden que emanaba del uso de la fuerza; era un hecho.

Movilización social

Hubo varios intentos de terminar con la dictadura a través de la movilización social y las acciones políticas. En lo que respecta a la movilización social, las protestas en Chile comenzaron en mayo de 1983, organizadas por la Federación de Trabajadores del Cobre y un dirigente sindical al alza, Rodolfo Seguel. Nos reuníamos en el edificio Carlos V, en el centro de Santiago, donde los DC tenían oficinas en un bufete de abogados. Les dijimos a los trabajadores del cobre que podían hacer huelga, pero que no creíamos que nadie más se uniría a esta. Nosotros, los dirigentes de la Alianza Democrática, junto con los líderes de las minas de cobre, nos convencimos de que era mejor organizar una protesta más moderada. En la convocatoria de la protesta pedíamos que ese día nadie mandara a los niños a la escuela y que los trabajadores tampoco almorzaran en el trabajo. Había que trabajar, pero despacio. Importamos esa idea de Argentina, trabajar sin ponerle muchas ganas, pero acudir al trabajo y trabajar. Allí lo llamaban «trabajo a reglamento», una huelga de celo. Por ejemplo, si ibas al banco a ingresar un cheque, a un banco grande en el que seguro que había fondos, te decían: «Voy a ver si hay fondos»; después decían que tenían dudas sobre la firma. Al final te ingresaban el cheque pasados 15 minutos y hacían eso con todo el mundo. Era una locura.

Alguien propuso que hiciéramos ruido con sartenes y cacerolas. La gente de los barrios de clase alta con tendencias derechistas había hecho eso cuando hubo escasez de bienes durante el gobierno de la Unidad Popular. Ese día, el 11 de mayo de 1983 a las ocho de la tarde, de los edificios de apartamentos de los sectores de clase media, como la comuna de La Reina, comenzó a surgir un ruido ensordecedor de cacerolas y sartenes. Fue una gran sorpresa y yo tuve la sensación de que algo había sucedido en Chile. Pinochet sacó los tanques a las calles y encarceló a los dirigentes que habían convocado la protesta. En una manifestación posterior, Gabriel Valdés imprimió unos carteles para que la gente saliera a la calle; los encontraron y lo arrestaron con los demás.

En 1985 se jubiló nuestro respetado cardenal Raúl Silva Henríquez y el Vaticano nombró al cardenal Juan Francisco Fresno como sucesor, quien constató que el clima entre el gobierno y la oposición estaba muy polarizado. Así que propuso un gran Acuerdo Nacional. Ese acuerdo implicaba reunir a representantes de la izquierda y la derecha de la Alianza Democrática. Se invitó a participar a Luis Maira, que provenía de la Izquierda Cristiana y formaba parte del Movimiento Democrático Popular (MDP), pero también a representantes de la derecha, como Fernando Léniz, que había formado parte del gabinete de Pinochet. El MDP era una agrupación política que reunía a gente del PC, PS-Almeyda y otros grupos, partidarios de «todas las formas de lucha».

El Acuerdo Nacional fue un intento de lograr una solución política amplia más allá de la Alianza Democrática. Era importante, puesto que por primera vez se analizaba lo que había que cambiar en la Constitución de Pinochet, y eso significaba la aceptación implícita de esa Constitución.

La Iglesia Católica desempeñó una función clave, las iglesias en general, pero la Iglesia Católica en particular. Nos reuníamos en sus lugares de culto; la iglesia significaba protección. Las mujeres fueron muy importantes, porque bajo el lema de la «igualdad de género», también pedían igualdad en la lucha contra la dictadura. Entonces se planteó la idea de que «la libertad tiene un rostro humano», lo cual es muy cierto y fue un elemento importante. No cabe duda de que los movimientos sociales cumplieron una función destacada.

En 1986 los dirigentes sindicales y las agrupaciones profesionales (como la asociación de profesores y el colegio de médicos) crearon la Asamblea de la Civilidad, que fue muy relevante. Una vez que se unieron los médicos, las cosas se pusieron serias y también se sumaron los camioneros. La asamblea la organizó el doctor Juan Luis González, presidente del Colegio Médico y miembro del Partido Demócrata Cristiano. Todo el mundo se involucró.

Contratiempos

La Alianza Democrática también elaboró un plan para acabar con la dictadura en 1986, que se llamó el año decisivo. ¿Qué pasó entonces?

Ese año [1986] fue, efectivamente, decisivo, pero no como lo habíamos imaginado. Resultó ser mucho más decisivo, porque descubrieron las armas de contrabando en Carrizal que demostraron que «todas las formas de lucha» [es decir, el uso de la violencia] estaban todavía vigentes para derrocar a Pinochet, y eso tuvo un efecto durísimo. La operación estaba bien financiada: una empresa pesquera con dos barcos y una empresa de extracción para explotar una mina abandonada. Las armas provenían de alta mar. Las dos empresas eran lícitas, con gestores, vendían la pesca y, de vez en cuando, se les encontraba con armas. Se dijo que el soplo llegó de Perú. Lo que sí se sabe es que se descubrió la operación de Carrizal y que las armas llegaban al país en número considerable.

Cuando se descubrió el arsenal, todo apuntaba a que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez pretendía darle un golpe de acelerador a su plan B, es decir, asesinar a Pinochet. Lo intentaron el 7 de septiembre de 1986, pero no mataron a Pinochet, aunque murieron varios de sus guardaespaldas. La operación estaba bien organizada, pero su fracaso, junto con el caso de Carrizal, implicó que 1986 terminó siendo un año decisivo, pero no a favor de la oposición. A mí me encarcelaron, como a otros, entre ellos a Germán Correa, un miembro del sector socialista que mantenía una alianza con el PC. Le pregunté si él estaba al corriente del intento de asesinato y me dijo que no tenía ni idea. Así que le dije que sus socios no habían sido justos con él porque no le habían dicho nada al respecto. Me di cuenta de que estaba muy enojado. Muchos chilenos perdieron la vida en manos de la Policía secreta de Pinochet durante los días posteriores al 7 de septiembre.

En la Alianza Democrática habíamos creado un comité político privado en el que participaban los demócrata cristianos y el Partido Radical, con Valdés y Silva Cimma, junto con el Partido Socialista. Nos reuníamos con el MDP en un lugar determinado para hablar de operaciones específicas; por ejemplo, cómo organizar la siguiente protesta sin acciones violentas que pudieran servir de excusa para la represión; cómo evitar que la gente tuviera que ocultar el rostro y cómo asegurarnos de que no se quemarían ruedas ni se bloquearían calles ni se produjeran otras disrupciones de esa índole.

¿Cómo se organizaron los partidos para el plebiscito de 1988 que decidiría si Pinochet conservaría el poder un mandato más?

Teníamos que registrarnos con las autoridades electorales para aparecer en las listas para el plebiscito de 1988 sobre la renovación del mandato de Pinochet. La decisión del Tribunal Constitucional de que era necesario crear un nuevo censo de votantes que sustituyera el destruido tras el golpe militar para celebrar un plebiscito fue muy importante. Así se estableció la necesidad de inscribir a los votantes. A partir de ahí, se creó el Comité por las Elecciones Libres y el Comité de Izquierda por las Elecciones Libres, porque nosotros, la izquierda democrática, no participábamos en el primero. Tuvimos que establecer nuestra presencia y reforzar la alianza de los grupos políticos a favor del plebiscito.

No se revocó el artículo 81 hasta después del plebiscito, así que no pudimos presentarnos como Partido Socialista. Nos inscribimos bajo el nombre de Partido por la Democracia (PPD). Al final, el Partido por la Democracia se convirtió en el Partido Socialista renovado; incluía un grupo que se estaba escindiendo del Partido Radical y a otro grupo de liberales de la derecha republicana, además de algunos independientes, porque el PS-Almeyda todavía no estaba inscrito.

En aquel momento, el MDP acuñó la consigna «inscripción es traición». La Alianza Democrática ya no existía o estaba desapareciendo para convertirse en la Concertación. En ese momento el MDP empezó a cambiar. Se llamó Izquierda Unida, en un esfuerzo por mantener reunidos al PS-Almeyda, con el PC y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Recuerdo ir con Arturo Valenzuela, un politólogo chileno-estadounidense, a la comuna de Renca el 15 de agosto de 1987. Fuimos a un mercado a decirles que tenían que ir a inscribir a la gente para que pudieran votar. Nos seguía un grupito que gritaba «inscripción es traición». Eran del PC. Me dirigí a los que conocía y les dije que estábamos haciendo todo lo posible. Les pedí que no nos provocaran, que podían ponerse en la otra acera si querían. Propusieron que nos viéramos esa tarde con sus colegas para hablar de la cuestión de la inscripción. Nos vimos en la iglesia y el colega comunista pronunció un discurso para explicar por qué la inscripción era una traición. Cuando yo tomé la palabra les pregunté si sabían lo que había previsto Pinochet para mantenerse en el poder. Antes lo mantenía por la fuerza, pero ahora tenía que ganar el plebiscito. Si tenemos observadores, podemos ganar a Pinochet, siempre y cuando los nuestros estén inscritos como votantes.

¿Qué cuentas hacíamos? Ocho millones de chilenos tenían derecho a voto; Pinochet no podría obtener más del 40% y todos sus partidarios iban a estar inscritos. De hecho, el primero en inscribirse fue Augusto Pinochet. Por tanto, ellos contaban con 3,2 millones de votos, el 40% de ocho millones. Para ganar, teníamos que conseguir que al menos siete millones de chilenos se inscribieran. Recuerdo cuando Ricardo Núñez declaró: «Hoy se ha inscrito la persona número siete millones; vamos a ganar a Pinochet». Era la lógica de las matemáticas, pero si había un boicot y nuestra gente no se inscribía, estábamos perdidos.

Y sucedió: el PPD se pudo inscribir como partido y el gobierno desplazó a Clodomiro Almeyda de Chile Chico a Santiago, acusándolo con arreglo al artículo 8 de la Constitución de Pinochet. Lo visité en la cárcel de Capuchinos, donde me dijo: «Tenemos buenas noticias: el MDP se va a inscribir para las elecciones». Le dije que teníamos que formar un partido político, teníamos que crear el PPD, porque si no teníamos partido, ¿quién se iba a asegurar de que las elecciones transcurrían adecuadamente y los recuentos se realizarían sin injerencias? ¿Solo los demócrata cristianos? Los partidos designarían a los apoderados de mesa y yo no quería que los demócrata cristianos fueran los únicos que supervisaran los recuentos. Quería estar ahí contando los votos también. No pude convencer a Almeyda para que formara parte del PPD. Solo el PPD y el Partido Humanista tenían apoderados para contar los votos por parte de la izquierda. Al perder Pinochet el plebiscito, el gobierno tenía que convocar a elecciones presidenciales y legislativas en 1989 y Almeyda y ese sector de la izquierda formaron el Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS) para presentar candidatos a las elecciones.

Lo recuerdo bien porque cuando Aylwin se presentó a presidente descubrimos que únicamente el candidato presidencial podía designar a los candidatos y los apoderados de mesa, así que le suplicamos que delegara esa autoridad y responsabilidad en nuestra gente. Al final, conseguimos tenerlos porque pudimos nombrar a los apoderados para los candidatos a senador y diputados.

Les cuento estos acontecimientos para demostrar que la creación de esa coalición, la Concertación, fue el resultado de una acumulación sucesiva de fuerzas durante un largo periodo de tiempo, no el fruto de una decisión puntual.

Fomento de la confianza en la oposición

El movimiento de la oposición tenía que superar la desconfianza y la fracturación de la política interna para poder trabajar conjuntamente. ¿Cuáles fueron los momentos y las decisiones clave que encaminaron a la oposición a vencer a Pinochet?

Lo primero fue la decisión del Partido Socialista de colaborar con la Democracia Cristiana, aunque muchos de nosotros creíamos que ellos habían llamado a las puertas de los cuarteles militares para provocar el golpe de 1973. No estoy diciendo que eso fue lo que sucedió, pero muchos miembros de la coalición Unidad Popular creían que la DC había favorecido y contribuido al golpe militar. Ese era un obstáculo para la cooperación. Teníamos que superar una profunda desconfianza para lograr nuestras metas democráticas, y lo logramos.

La segunda cuestión problemática era la participación en el plebiscito y, por consiguiente, la aceptación de la Constitución de Pinochet, al menos en ese sentido, además de todos los riesgos derivados de un posible fraude electoral. La decisión se adoptó a finales de 1986 y principios de 1987, cuando otros intentos de acabar con el régimen militar habían fracasado y la gente se dio cuenta de que el plebiscito estaba a la vuelta de la esquina.

En febrero de 1987, cuando Clodomiro Almeyda volvió a Chile, fui a verlo con mi cuñado Pedro Durán a Chile Chico, un pueblo recóndito de la Patagonia, para decirle que había que inscribir al Partido Socialista para las elecciones. Llegamos a Balmaceda a medianoche. El autobús en el que viajábamos llegó a un puesto de Policía y nos hicieron bajar. En esos puestos, la Policía podía realizar interrogatorios y registros. No sabíamos si nos iban a mandar de vuelta a Santiago, porque no había libertad de movimiento.

La decisión de inscribirnos en el censo y en el registro electoral de Pinochet fue muy importante, y es que ¿quién iba a imaginarse que se iría porque había perdido un plebiscito? Me di cuenta de que involucrar a Almeyda simplificaría las cosas, porque al llegar a Chile de incógnito, ¿qué iba a hacer? Acudió a los tribunales para evitar la expulsión y, al hacerlo, aceptó en los hechos el marco institucional de la dictadura. Él creía que dentro de ese marco institucional no lo matarían. Efectivamente, lo encarcelaron y lo enviaron a 1.400 kilómetros de Santiago mientras pensaban qué hacer con él. Era el presidente declarado del Partido Socialista, pero los socialistas estaban prohibidos según la Constitución de Pinochet, así que el gobierno tenía que decidir qué hacer con él. Lo más fácil era optar por el confinamiento. Se podía ir a hablar con él, porque se le permitía desplazarse dentro de los límites de ese pueblito, pero no podía salir de ahí. Era importante inscribirse para las elecciones y contar con el apoyo de la facción de Almeyda. No conseguí promesa alguna durante esa visita. «Necesito más tiempo para tomar esa decisión en el partido», me dijo.

Y la tercera decisión, como resultado de la anterior, fue fundar el PPD. En 1987, Patricio Aylwin ganó las primarias organizadas en la DC e hizo dos promesas fundamentales. En primer lugar, se comprometió a crear una pequeña coalición sin los socialistas, como le pedía Adolfo Zaldívar [uno de los dirigentes del partido], que dijo que solo lo apoyaría si no incluía a los socialistas. Y en segundo lugar, Aylwin prometió que el Partido Demócrata Cristiano se inscribiría. Cuando vi lo que había prometido, hablé con él y le dije: «Si formas una pequeña coalición, tú serás Adolfo Suárez y yo seré Felipe González». Se lo dije así porque una vez, saliendo de una reunión, Gabriel Valdés me dijo: «Yo no voy a ser Adolfo Suárez para que tú seas Felipe González. Vayamos juntos al gobierno porque hay que adoptar muchas medidas difíciles». [Por aquel entonces, González era el presidente del Gobierno de España y Adolfo Suárez, el primer presidente tras la muerte de Franco, ya había dimitido en 1981. Tras la salida de Suárez, el Parlamento español nombró presidente a Leopoldo Calvo-Sotelo hasta las elecciones de 1982, en las que el partido de González, el PSOE, ganó por una amplia mayoría.]

Así que, si bien no le manifesté a Aylwin mi desacuerdo con la pequeña coalición, sí lo interrogué sobre la inscripción de su propio partido. Sin embargo, le dije que no lo aceptaba porque no se podía inscribir el Partido Socialista ya que la Constitución lo había proscrito. Cuando Aylwin dijo que iba a inscribir su partido, fui a hablar con Enrique Silva Cimma, del Partido Radical, para preguntarle qué iba a hacer él. Me dijo: «Si los demócrata cristianos se inscriben, yo también». Así, hice un llamamiento a la solidaridad de los demócratas chilenos para con el Partido Socialista. En ese momento, propuse la creación de un partido aglutinante, el PPD, que representara a todo el mundo. Yo me propuse inscribir el PPD. En una entrevista al diario El Mercurio en enero de 1987 dije que había que formar un gran partido, el PPD, para reunirnos todos. Expuse la idea porque estábamos a punto de inscribir el partido. Aylwin me dijo que, para ganar las elecciones presidenciales, tenía que decir que el Partido Demócrata Cristiano se iba a inscribir. Pero añadió que podía estar tranquilo porque no lo haría hasta que no se revocara el artículo 8, para que nosotros también pudiéramos inscribirnos. Si no se revocaba, entonces formaríamos un partido único.

Control civil de las Fuerzas Armadas

Chile es el único caso de transición en el que el antiguo dictador permaneció otros ocho años como comandante en jefe del Ejército, un gran obstáculo para abordar las violaciones de los derechos humanos y lograr que los militares volvieran a los cuarteles. ¿Qué lecciones cabe extraer de su experiencia en el trato con las Fuerzas Armadas?

La política relacionada con las Fuerzas Armadas tiene que basarse en principios claros:

Primero, el Ejército y las Fuerzas Armadas son instituciones permanentes de la República y, por tanto, tendrán el pleno apoyo de las autoridades civiles electas, en tal calidad.

Segundo, eso significa que la decisión de utilizar la fuerza militar y en qué momento hacerlo –puesto que tienen el monopolio del uso de la fuerza– debe tomarse en la esfera civil.

Tercero, a cambio, la esfera civil debe darles a los militares el monopolio del uso de la fuerza y las garantías de que se cubrirán sus necesidades técnicas y financieras, de modo que puedan desempeñar su tarea de defender al país de amenazas externas.

Cuarto, el resto de los beneficios o las ventajas que los militares puedan haber obtenido mientras gobernaban en dictadura deben extinguirse. Las instituciones de la República pertenecen al conjunto del país y debe eliminarse todo beneficio especial que el dictador otorgase a los militares.

Quinto, y más importante todavía, puesto que las fuerzas militares tienen armas, no pueden participar en la vida política. Si uno quiere participar en la política, tiene que quitarse el uniforme y vestir de civil. A continuación, ya puede acudir ante las cámaras de televisión y debatir, sin armas, para ver quién tiene la razón.

Esos son los principios básicos que se deben respetar desde el inicio. Ahora es fácil decirlo, pero fue difícil que los comités centrales de nuestros partidos asumieran la idea. No era nada fácil cuando había tanta gente que quería castigar a los militares por su participación en las violaciones de los derechos humanos.

Cuando Pinochet se retiró al cargo de comandante en jefe del Ejército en 1990, se sabía que sería por un periodo determinado. Cuando yo fui presidente, Pinochet ya había vuelto de Londres, donde lo habían arrestado, y en Chile lo estaban juzgando por violaciones de los derechos humanos. Un día, pocas semanas después de mi toma de posesión, los cuatro comandantes en jefe fueron a almorzar juntos a un restaurante de Santiago para dar una muestra pública de unidad y solidaridad con Pinochet. Yo estaba furioso. Pero, aunque era el presidente, todavía no tenía el poder de destituirlos. Lo primero que pregunté fue quién pagó la cuenta. Me dijeron que había sido el comandante de los carabineros (la Policía). Lo llamé y me lo confirmó. Le dije lo mismo que les repetí a cada uno por separado: «¿Alguna vez ha visto usted a todos los comandantes en jefe entrar en la Casa Blanca? ¿O a los tres comandantes yendo a ver al primer ministro de Noruega o de los Países Bajos o de cualquier otro país democrático por iniciativa propia? Con ese almuerzo han dañado la posición de Chile en el mundo. No volveré a aceptar una demostración de ese tipo y, la próxima vez, emitiré un llamamiento desde el balcón de La Moneda [el palacio presidencial] para que se les suspenda de sus funciones y ya veremos quién manda en Chile. Y voy a aprovechar para decirles otra cosa: el día que decidan convocar al Consejo Nacional de Seguridad por su cuenta, tendrán que buscarse un sitio para la reunión, porque yo, como presidente de la República, no participaré y por tanto no se reunirán en La Moneda. No pienso acudir». Con conversaciones de ese tipo empezamos a entendernos poco a poco. Más adelante decidí pedir la dimisión de un comandante en jefe por sus antecedentes en materia de derechos humanos. No me desafió. Aunque yo no tenía la autoridad constitucional para destituirlo, no me dijo que no podía pedir su dimisión. La situación cambió, pero fue cambiando con el tiempo. Al final, la oposición de derecha votó en 2005 a favor de eliminar la disposición constitucional que establecía que el presidente no podía destituir a los comandantes en jefe durante su mandato de cuatro años. De todos modos, todo el mundo sabía que esa cláusula ya era cosa del pasado, en la práctica.

Justicia y reconciliación

¿Cómo se puede explicar que Chile lograra avanzar más que ningún otro país en materia de justicia de transición, a pesar de que el antiguo dictador siguió ejerciendo de comandante en jefe durante ocho años más tras el retorno a la democracia?

Es importante definir cómo se impartió la justicia durante la transición, teniendo en cuenta que se violaron los derechos humanos. ¿Cómo se explica a los militares que la búsqueda de la verdad y la justicia no es una revancha, al tiempo que se asegura a los ciudadanos que no se negarán los hechos para no tener que volverlos a vivir? Hay que decir a los militares que no queremos revancha, pero para asegurarnos de que no se repite la historia no podemos negar lo sucedido. El proceso [de búsqueda de justicia y reconciliación] que nos condujo a las reformas de la Constitución de Pinochet fue a veces lento, pero avanzaba a un ritmo sostenible.

El presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle tuvo una iniciativa exitosa, la llamada Mesa de Diálogo (1999-2001). Esa mesa tenía cuatro lados: estaban los generales, representados por las autoridades de mayor rango de las Fuerzas Armadas, al frente estaban los abogados de derechos humanos; en otro lado la Iglesia y otras instituciones morales del país y, por último, un grupo de personas que representaban el espectro político de Chile. Había gente del centro, de la izquierda y de la derecha y no estaban ahí nombrados por los partidos, sino por el presidente de la República. El diálogo comenzó en torno a esa mesa. Comenzó con un gesto simbólico. Un general del Ejército se acercó a la abogada Pamela Pereira, cuyo padre había desaparecido, y le tendió la mano. Pereira no le dio la mano. Le dijo: «General, le daré la mano cuando concluya el diálogo». Dicho de otro modo, cuando haya resultados concretos, no antes. Al final, se dieron la mano.

Yo mantuve la Mesa de Diálogo, que concluyó durante mi mandato. El hecho de que los militares se sentaran a esa mesa implica que asumían algo de responsabilidad. Llevó su tiempo llegar hasta ahí. Las mujeres podían ir con fotos de sus seres queridos que habían sido detenidos-desaparecidos.

Moisés Naim, un notable analista político latinoamericano, me preguntó una vez cuál había sido la decisión más difícil durante mi gobierno. La decisión más difícil fue elaborar un informe sobre prisión política y tortura, porque supuso echar la vista atrás y abrir la caja de Pandora de las violaciones de los derechos humanos. Eso ocurrió 13 años después de la victoria y 11 años después de que Aylwin estableciera la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que investigó las muertes y desapariciones por motivos políticos en 1991. Más tarde, ese informe serviría de ejemplo a Mandela. Ahora bien, los que habían estado en la cárcel seguían argumentando que nadie les reconocía lo que les había pasado. Cuando pedían los certificados de antecedentes, constaba que habían sido encarcelados y tenían que explicar que lo habían sido por sus ideas políticas. Al final, decidí crear la Comisión Valech.2 Fueron decisiones difíciles. Me dirigí al país al obtener las conclusiones del informe sobre prisión política y tortura, donde se reconoció que más de 29.000 chilenos y chilenas habían sido encarcelados o torturados y se indicaban los lugares de encarcelamiento y los tipos de tortura. Su lectura fue un viaje al infierno. Sin embargo, el Ejército no lo contestó, al contrario de lo sucedido con el Informe Rettig de Aylwin. Ahora aceptaban lo sucedido durante el régimen militar y pedían perdón.

Con la vuelta de la libertad suelen plantearse reivindicaciones sociales que pueden complicar las primeras fases políticas de una transición. ¿Actuaron con responsabilidad los movimientos sociales chilenos? ¿Ayudaron a contener las expectativas para asegurarse de que el cambio político lograba avanzar?

Les contaré una anécdota que ejemplifica bien la situación durante la transición. Estaba yo en el Ministerio de Educación [cuando era el titular de esa cartera] y un día la secretaria me dice que he recibido una carta manuscrita de un sitio cerca de Valdivia, en el sur de Chile. La remitente primero me recordaba que había pasado por su pueblo durante las campañas y luego me explicaba su problema. Decía: «Somos un grupo de comuneros y sabemos que el régimen fusiló y enterró a nuestros parientes. Ahora queremos ir al juez a solicitar la exhumación de los cadáveres porque queremos darles cristiana sepultura. Sin embargo, algunos pensamos que todavía no hay que hacerlo, que es demasiado pronto, porque puede que los militares se enojen y vuelvan a dar un golpe de Estado. Otros pensamos que ya vivimos en democracia y se puede hacer. Hemos esperado casi 17 años y, como todavía no nos hemos puesto de acuerdo, porque no acabamos de saber del todo lo que está pasando en el país, hemos decidido pedirle consejo. Haremos lo que usted nos diga». Esa carta me marcó mucho. Me pareció conmovedora.

Le llevé la carta a Aylwin. Me preguntó qué hacer y le dije que teníamos que decirles que fueran a ver al juez. Aylwin estuvo de acuerdo. Envié a mi jefe de gabinete a decírselo. Fueron al juez y ordenó la exhumación. Excavaron y encontraron algunos huesos y unos botones. Los militares ya se habían llevado los restos. Este ejemplo muestra que no estaban pidiendo un aumento salarial, que sería de esperar, sino derechos humanos y políticos básicos, y eso tiene mucho peso. Cuento esta anécdota como ejemplo del miedo y la responsabilidad de los ciudadanos chilenos.

Miedo del pasado

¿Sabe cuándo me di cuenta de que podía perder las elecciones al Senado? Como dije antes, no quise presentarme a la presidencia en 1989, aunque tenía bastante apoyo. Es verdad que en aquella época los sondeos no eran tan precisos como los de hoy, pero era consciente de que, si me presentaba como candidato, podía haber otro golpe de Estado. Me di cuenta de que podía perder cuando en Huechuraba, una comuna pobre cerca de Santiago, estaba pronunciando un discurso ante más de 20.000 personas y vi que una señora mayor me miraba como si fuera Dios. Cuando me iba a marchar, la mujer se acercó a la tarima, que estaba en alto. Me di cuenta de que no llegaría hasta mí, así que bajé de un salto. La gente abrió el camino y me acerqué a darle un abrazo. Estaba conmovida y me dijo: «Me has convencido, voy a votar por ti. Yo apoyaba a Allende, pero iba a votar a Zaldívar porque pensé que si ganabas tú, los militares igual volvían y yo sufrí mucho». Me impresionó tanto que pedí que alguien fuera a hablar con esa señora al día siguiente. Le contó lo que le había sucedido con las fuerzas militares. Ahí es cuando me di cuenta de que podía perder las elecciones. Era el miedo: aunque ella me apoyaba, pensó que tenía que votar por otro candidato para asegurarse de que los militares no volvieran, siempre y cuando también estuviera en contra de Pinochet. Eso demuestra la madurez de las personas, y esa madurez puede facilitar la transición.

Por ahora hemos hablado de la relación con los militares. ¿Qué papel desempeñó la rama política de la derecha civil que apoyó a Pinochet?

En Chile, los militares querían el perdón, pero la derecha política nunca persiguió ese fin. Muchos de los partidarios de la derecha siguen insistiendo en que el golpe de Estado era necesario y justifican la violación de los derechos humanos. Eso sigue siendo un factor de desconfianza, un obstáculo para la reconciliación y el logro de acuerdos más amplios.

El sistema electoral

Durante la transición chilena se abrió una oportunidad importante tras el plebiscito de 1988 para enmendar la Constitución de 1980, pero las modificaciones fueron relativamente superficiales y dejaron sin cambios muchos enclaves autoritarios. ¿Qué sucedió entonces y cuál es su balance hoy?

La transición requiere que todos los grupos entiendan que no pueden exigir todas sus reivindicaciones. Eso es una transición: hablar con los que no piensan como tú, aunque hayan perdido, y trabajar mucho sobre los objetivos comunes, ganar el plebiscito, negociar con el gobierno, revocar el artículo 8, etc.

La Constitución de Pinochet establecía un sistema electoral binomial: en cada distrito se eligen dos representantes. La derecha descubrió que ese sistema era fundamental para su mera existencia, ya que conduce al estancamiento político. Tú obtienes el 60% y yo el 40 y estamos empatados, tú eliges uno y yo otro. El sistema electoral binomial también tiene unas repercusiones profundas en las coaliciones, porque leves cambios en el seno de una coalición pueden dar lugar a la elección de todos los candidatos demócrata cristianos y ninguno del PPD, o viceversa. Esto, además del altísimo quórum necesario para aprobar cambios en el poder legislativo (que sigue vigente), otorga en la práctica a la coalición de la oposición la capacidad de veto. Veinte años después, ya no hace falta. El ciclo político de la derecha con derecho a veto hace que llevemos 20 años gobernando con una mayoría obtenida en las elecciones, pero sin mayoría suficiente para cambiar lo que queremos, porque no conseguimos reunir el quórum o porque estamos en punto muerto. Eso se tiene que acabar. ¿Cómo salir de ese callejón sin salida? No lo sé, porque el sistema binomial sigue vigente [en abril de 2015, el Congreso chileno aprobó la ley que pone fin a ese sistema de elección legislativa y lo sustituye por uno más proporcional]. Aunque ganáramos las próximas elecciones presidenciales, no tengo muy claro lo que se va a hacer para cambiarlo.

Me parecía que había que anularlo, pero no pudimos conseguirlo. La negociación final la celebró Aylwin con Jarpa, de Renovación Nacional por la derecha, junto con la Concertación de Partidos por el NO, que en aquel entonces se había convertido en la Concertación de Partidos por la Democracia. Ya habíamos ganado el plebiscito, pero no pudimos cambiar el sistema binomial.

Reforma constitucional

La Constitución de Pinochet tenía una laguna. Establecía un alto quórum para introducir enmiendas: las cuestiones importantes requerían una mayoría de cuatro séptimos y la enmienda de algunos títulos de la Constitución exigía una mayoría de dos tercios. Paradójicamente, el título que hacía referencia a la reforma de la Constitución no se encontraba entre los que requerían una mayoría cualificada, es decir, se podía reformar ese título con una mayoría simple y cambiar así el quórum necesario para reformar la Constitución. Era el único as que teníamos en la manga. La cuestión era si utilizarlo o no, y eso la dictadura ya lo sabía. La alternativa era entrar en un enfrentamiento directo. Los militares podrían decir que nos estábamos burlando de ellos y responder con otro golpe de Estado. Así, presentarlo en la primera sesión del Congreso era muy arriesgado. Al final, los militares accedieron a una serie de cambios, como la derogación del artículo 8 y otros. A cambio, se impuso un quórum especial para reformar la Constitución. Dicho de otro modo, nos cerraron la única vía disponible para introducir en la Constitución de 1980 cambios que considerábamos importantes. Para el público en general se trataba de una cuestión muy técnica y me di cuenta de que no íbamos a llegar a ninguna parte.

Recuerdo que llegó el momento de tomar la decisión definitiva sobre si aprobar los pocos cambios constitucionales [que se habían podido negociar con los militares]. Aylwin sabía que yo no estaba de acuerdo. Esa fue la única vez que lo vi enojarse, porque nos enfrentamos en un debate. Llegados a ese punto, tenía que pedir que votaran «no» en el nuevo plebiscito para cambiar la Constitución que se estaba negociando con Pinochet. No podíamos llevar la iniciativa porque las reformas constitucionales, en esa época, solo podía proponerlas la Junta Militar y debían aprobarse en un plebiscito. Así que yo tenía que pedir que se votara «no».

Aylwin estaba claramente a favor del «sí». Insistió en que, juntos, cambiaríamos el sistema electoral binominal más adelante. Cuando Aylwin terminó su ponencia le pregunté: «¿Qué garantías tenemos?». Me respondió que al día siguiente iríamos a casa de Ricardo Rivadeneira, el abogado de Renovación Nacional [partido de derecha], que estaba redactando la reforma. Al día siguiente fuimos a casa de Rivadeneira, pero Jarpa, el jefe político de la derecha, no acudió y no se pudo hacer nada.

La segunda diferencia entre nosotros se planteó cuando Aylwin ya era el presidente electo. Yo era uno de los posibles ministros del gabinete. Había perdido las elecciones al Senado y en una conversación privada le pregunté: «¿Cuál va a ser la primera medida que tomes?». Me dijo que no lo había pensado y me preguntó si yo tenía alguna idea. Le dije que sí, que tenía que pedir la dimisión de Pinochet. Me respondió que Pinochet no iba a dimitir. Entonces le dije que tenía que presentar inmediatamente una propuesta de reforma constitucional al poder legislativo y anunciar que había decidido destituir a Pinochet y le había pedido que presentara su dimisión, pero que no la presentaba porque la Constitución dice que no tiene por qué hacerlo. Empezamos a discutir sobre el asunto hasta que le dije que no había mencionado el argumento más elocuente para acabar con esa diferencia de opiniones. Me preguntó cuál era y le dije: «Podrías decirme: “Mira, Ricardo, con esa forma de ser que tienes, acabas de convertirte en ministro del gabinete y yo, en presidente”». Era absurdo que un ministro le dijera qué hacer como presidente. Nos reímos y ahí quedó esa «discusión».

¿Cómo consiguió la Concertación ponerse de acuerdo sobre los candidatos? También se debatían y preparaban los programas para el nuevo gobierno. ¿Qué importancia tenía esa práctica?

Más difícil que la transición de la dictadura a la democracia es lo que queda cuando se va el dictador. Por ejemplo, llegar a un acuerdo sobre quién será el candidato a presidente.

Muchos pensaron en mí como candidato. Para mí estaba claro que era imposible. Hubiera sido como poner un capote rojo delante de un toro. Por eso, dos días después del plebiscito anuncié que no sería candidato presidencial. La transición exige que algunos renuncien a sus aspiraciones legítimas. Recuerdo que, después del plebiscito, el consejo general del PPD quería nombrarme candidato. Armando Jaramillo y otros estaban entusiasmados. Yo se los agradecí, pero les expliqué que mi candidatura sería dañina para la transición. Propuse que apoyáramos a Enrique Silva Cimma como candidato del PPD y, al final, todos apoyamos a Patricio Aylwin como candidato de la Concertación. Y el resto es historia.

Establecimiento de prioridades políticas

Al principio no éramos conscientes de que habría otra transición mucho más difícil: de país pobre a país desarrollado. Teníamos que preguntarnos qué tipo de sociedad queríamos. No se puede hacer todo de inmediato, así que hay que establecer prioridades de gobierno.

Les daré un ejemplo. Una vez ganado el plebiscito, estábamos seguros de que Aylwin ganaría las elecciones presidenciales. Un día me llegó una llamada de la Conferencia Episcopal para preguntar si el gobierno de Aylwin iba a presionar para obtener una ley sobre el divorcio. Le dije que no, porque había cosas más importantes que hacer. Le expliqué que en un segundo mandato aprobaríamos la Ley del Divorcio. Bueno, pues eso tampoco lo logramos. Cuando yo era presidente, el cardenal me preguntó: «¿Y el divorcio»?». «Esta vez, sí», le dije. Así que me preguntó si me podía pedir un favor. «¿Por qué no lo deja en manos del ministro de Justicia, así puedo discutir de esto con él y no con usted?» Eran conscientes de que las condiciones políticas eran adecuadas y no se podía bloquear el cambio. La Ley del Divorcio se adoptó en 2005.

Nos poníamos de acuerdo en las prioridades, que se detallaban en un programa preparado durante cada una de las campañas presidenciales. Esos programas consensuados nos permitieron conservar la unidad. Toda transición tiene prioridades políticas principales: cambiar el sistema político y garantizar las elecciones, la libertad y el respeto de los derechos humanos. A continuación comienza un segundo proceso de cambios económicos y sociales. Cuando se propone crecimiento con igualdad para todos y se intenta que todos se beneficien de ese crecimiento, es necesario elaborar políticas públicas nuevas e integrarse en el mundo del libre comercio. Todo ello requiere una gran mayoría. Por tanto, obtener una gran mayoría para vencer a Pinochet fue la parte fácil; la gran mayoría para que Aylwin fuera presidente fue fácil; lo difícil fue esa otra transición, la que no tiene un impacto en la opinión pública comparable al momento en el que el dictador se quita la banda presidencial para cedérsela a un nuevo presidente que ha sido elegido por el pueblo.

Ningún partido político firmó un acuerdo oficial [tras la elección de Aylwin como presidente]. Todos funcionábamos partiendo de la base de que teníamos que seguir juntos. Íbamos a ganar las elecciones y gobernar durante ocho años, porque ese era el mandato presidencial establecido en la Constitución de 1980. De buen grado lo redujimos a cuatro años. Pensamos que no íbamos a estar juntos más de cuatro años y luego cada uno se iría por su lado y podríamos volver a pelearnos.

Los cuatro años pasaron volando y tuvimos que volver a ponernos de acuerdo para nombrar a un candidato común. Lo hicimos con unas primarias a mitad de mandato que nos inventamos con Eduardo Frei Ruiz-Tagle [el hijo del antiguo presidente Frei Montalva] para asegurarnos la victoria y seguir gobernando. Creo que ese fue un momento muy importante, cuando te das cuenta de que la unidad para derrocar a la dictadura debe pasar a otra fase, a un programa común para el cambio político, económico y social. Si echamos la vista atrás, en la década anterior al plebiscito, tuvimos diez años para reflexionar. Así que lo que Alejandro Foxley hizo después como ministro de Hacienda y las políticas económicas y sociales que aplicó para expandir la economía y reducir drásticamente la pobreza fueron el fruto de una reflexión común.

La transición chilena fue bastante especial. Pinochet ejerció de comandante en jefe durante ocho años una vez instaurada la democracia y, lógicamente, fue difícil gobernar con el dictador en un cargo tan importante. Algunos empezaron a anticipar nuevos problemas de gobernanza y maneras de solucionarlos. Por ejemplo, Edgardo Boeninger, que desempeñó un papel muy importante en la transición, me dijo: «Ahora hay que hacer que los movimientos sociales no sigan tan activos, de lo contrario, ¿cómo vamos a gobernar si cada día nos piden más? ¿Cómo podemos controlar las expectativas?».

Gestión económica para el desarrollo

El caso de Chile es todo un éxito desde el punto de vista económico. ¿En qué medida contribuyó la política económica a la transición política?

En el mundo moderno, la gestión de la economía debe ser una empresa seria y responsable. No es una cuestión de izquierda o derecha; hay que encontrar la mejor manera de gestionar la economía. Además, en épocas de transición en los países en desarrollo donde hay pobreza, la gestión económica es fundamental porque es necesario generar crecimiento para satisfacer las demandas de los sectores desfavorecidos. Es necesario adoptar políticas públicas sólidas que orienten el gasto allí donde es necesario para que la gente vea un cambio. Si la gente no siente que sus vidas están cambiando para bien, se desencantará con el régimen democrático. Muchos pueden pensar que si la democracia no ofrece resultados, ¿para qué sirve? Así que el crecimiento era un elemento clave de nuestra política. El o la dirigente de todo gobierno en transición es la principal referencia del país, y esa persona debe explicar lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y si el país ha crecido lo suficiente o no. La democracia es una planta que hay que regar todos los días. Cuanto mayores son los ingresos, mayor es el número de reivindicaciones que se pueden satisfacer.

Apoyo internacional

Además de la solidaridad de los socialistas de otros países, ¿Chile recibió más asistencia internacional?

Todos dependíamos del apoyo internacional de un modo u otro y este fue crucial. Recuerdo que algo cambió en la segunda administración de Ronald Reagan, cuando George Shultz fue tan importante. El nuevo embajador, Harry Barnes, fue a Chile y dijo: «Quiero reunirme con la Alianza Democrática». Armando Jaramillo era el presidente y le preguntó al embajador Barnes cuándo podía visitarlo. Pero él dijo que no, que él vendría a visitarnos a nosotros. Teníamos una oficina muy pequeña, y allá fue el embajador. Esa visita impresionó mucho a Pinochet; era un importante cambio político. También recuerdo que nos invitaron a nosotros y a otros con Sergio Bitar a un seminario en el Departamento de Estado en 1985 y allí estuvimos con Elliott Abrams. Era evidente que el gobierno de Estados Unidos apoyaba la vuelta a la democracia y estaba tomando distancia de Pinochet.

La represión y el control causan miedo y pueden paralizar la lucha social y la acción política. Era necesario presentarle batalla al miedo. Ese es el motivo por el que la campaña por el NO en 1988 se centró en la alegría y en el futuro: «La alegría ya viene». ¿Qué lecciones cabe extraer sobre cómo hacer frente al miedo en la lucha contra una dictadura?

La campaña por el NO, que se ha considerado un ejemplo en todo el mundo, también tuvo la influencia de amigos de Estados Unidos. Cuando los expertos en relaciones públicas nos dijeron que íbamos a aterrorizar a la gente con todos los informes sobre las violaciones de los derechos humanos y demás, resultó evidente que proponían que, para ganarnos a la gente, teníamos que ofrecer una mirada positiva del futuro y no quedarnos anclados en el pasado. La campaña por el NO fue muy importante, no cabe duda, y esa fue una lección trascendental.

Transiciones contemporáneas

Con su experiencia, ¿cómo ve las transiciones de hoy en día?

Lo más importante es que las transiciones de hoy son distintas de las de ayer, porque ahora existen Twitter y Facebook. Cuando yo asumí la presidencia de la Alianza Democrática por segunda vez, en noviembre de 1984, hubo una protesta y Pinochet declaró el estado de sitio. Se nos marginaba y no podíamos comunicarnos. Estaba prohibido entrevistarnos, dejamos de ser nosotros mismos. A Enrique Silva Cimma, el jefe del Partido Radical, se lo calificaba únicamente como el excontralor general. Cuando se hablaba de Gabriel Valdés, jefe del Partido Demócrata Cristiano, se referían a él como el antiguo ministro de Relaciones Exteriores y yo era solo el economista Ricardo Lagos. No se nos podía nombrar por el puesto que ocupábamos dentro de un partido político. Un día, enojado, di una conferencia de prensa a sabiendas de que no aparecería nada en los medios de comunicación. Tras mi presentación, una persona me hizo dos preguntas para el New York Times. «¡Qué más me da a mí el New York Times si mi problema es el “Santiago Times”!, respondí, y luego pedí disculpas. Ese arrebato mío se debió a la frustración que sentía por el cordón de silencio que Pinochet nos había impuesto.

Recientemente, el gobierno de Sebastián Piñera prohibió una marcha convocada por Camila Vallejo, una dirigente estudiantil, que se celebraba todos los jueves. Una noche dijo en Twitter que todo el mundo debería llevar cacerolas y sartenes y golpearlos para hacer ruido esa noche. Si se compara con las transiciones anteriores, las redes sociales de hoy en día son espectaculares pero, al final, hay que bajar a la plaza. Twitter y Facebook son herramientas que dotan de poder a los movimientos sociales, no me cabe la menor duda. Una vez estás en el gobierno, usan Twitter para pedirte que cumplas tus promesas, te dicen: «Yo te voté y mira cómo nos trata el gobierno».

¿Podría resumir brevemente algunos de los puntos más importantes para la transición de un régimen autoritario hacia la democracia de modo que se recojan los principios básicos que se deben entender y recordar?

En primer lugar, en los inicios de una transición hay que entender que el punto de partida es que la gente tiene miedo de volver a la dictadura y a la represión. En segundo lugar, hay que construir una coalición lo más amplia posible, porque hay que acumular todo el poder que se pueda para romper con el pasado. En tercer lugar, no hay que olvidar nunca que solo en la teoría se puede hacer y decir lo que uno quiere. En política, haces lo que puedes, y lo tienes que hacer con pasión, con fuerza, para que la gente vea que de verdad crees en lo que dices. Cuando los discursos están cargados de demagogia e intereses personales, la gente lo siente y pierdes su apoyo.

MOMENTOS CLAVE EN LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA DE CHILE

Septiembre de 1970: La izquierda gana las elecciones presidenciales con Salvador Allende a la cabeza, pero no la mayoría. En esas circunstancias, el Congreso debe elegir al presidente entre los dos candidatos más votados. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, ordena a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que socave a Allende.

Octubre de 1970: René Schneider, el comandante en jefe del Ejército conocido por su respeto a la Constitución, es asesinado durante un fallido intento de secuestro preparado con el apoyo de la CIA para bloquear la elección de Allende. El Congreso elige a Allende presidente.

Noviembre de 1970: Allende empieza a nacionalizar las minas de cobre propiedad de empresas estadounidenses, acelera la reforma agraria y amplia las prestaciones sociales, polarizando así la sociedad.

Noviembre de 1971: Fidel Castro realiza una visita de 40 días a Chile, lo que acentúa la polarización.

Octubre de 1972: Tras un largo periodo de inestabilidad nacional y una gran huelga, apoyada secretamente por la CIA, Allende nombra un nuevo gabinete que incorpora a altos oficiales militares.

Agosto de 1973: El Congreso y la Corte Suprema acusan a Allende de gobernar ilícitamente al ritmo de decretos, desoír las decisiones de los tribunales y tolerar los grupos armados de la izquierda.

Septiembre de 1973: Las Fuerzas Armadas, encabezadas por el comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, realizan un golpe de Estado y una Junta Militar asume el poder. Allende muere en La Moneda. La Junta proscribe los partidos y los sindicatos, cierra el Congreso, tortura y «desaparece» a muchos partidarios de la izquierda y encarcela a la mayoría de los miembros del gabinete. Muchos dirigentes de la oposición huyen y se van al exilio.

Septiembre de 1974: El general Carlos Prats González, ex comandante en jefe del Ejército y ministro del Interior de Allende, es asesinado en Buenos Aires, uno de varios asesinatos cometidos por el servicio de inteligencia chileno.

Abril de 1975: En respuesta al escaso crecimiento y a la excesiva inflación, el gobierno introduce reformas de liberalización de los mercados dirigidas por los economistas conocidos como los «Chicago Boys». El Producto Interior Bruto (PIB) desciende en un 15% durante ese año y aumenta el desempleo.

Enero de 1976: A instancias del cardenal Raúl Silva Henríquez la Iglesia Católica establece la Vicaría de la Solidaridad para proporcionar asistencia jurídica, documentar abusos de los derechos humanos y publicar una revista crítica al gobierno.

Septiembre de 1976: Orlando Letelier, exembajador y ministro del gabinete de Allende, es asesinado en Washington D. C. junto a su asistente. El gobierno de Estados Unidos acusa al gobierno de Chile del asesinato.

Septiembre de 1980: Se celebra un referéndum en Chile para aprobar una nueva Constitución que extenderá el mandato de la Junta hasta 1990 y convocará un plebiscito en 1988 para prolongar el régimen hasta 1998. En medio de la censura, el fraude y la prohibición de los partidos políticos, la nueva carta fundamental es aprobada en ese referéndum. La oposición lo rechaza como ilegítimo.

Junio de 1982: La economía chilena se contrae en un 17% entre 1982 y 1983 y la tasa de desempleo asciende al 23%. Aumenta el descontento con Pinochet, lo que le obliga a moderar sus políticas económicas.

Mayo de 1983: La oposición celebra sus primeras manifestaciones de peso en colaboración con el sindicato de mineros, comenzando así varios años de protestas.

Agosto de 1983: Un amplio abanico de partidos de la oposición establece la Alianza Democrática, comprometida con el cambio pacífico y democrático. Se producen las primeras protestas sociales masivas en contra del régimen militar.

Marzo de 1985: El asesinato de tres profesionales comunistas a manos de una división de comunicaciones de Carabineros (la Policía chilena) da lugar a una investigación de la Corte Suprema. Varios oficiales terminan condenados; el director de Carabineros, miembro de la Junta, dimite.

Agosto de 1985: 11 partidos firman el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, una estrategia respaldada por la Iglesia Católica para emprender reformas políticas graduales con la participación del régimen.

Enero de 1986: Se forma la Asamblea de la Civilidad, una coalición de grupos de la sociedad civil a favor de la democracia.

Agosto de 1986: Las fuerzas de seguridad encuentran un enorme arsenal de armamentos en Carrizal Bajo, en el desierto del norte de Chile. El gobierno declara que se trata de un plan de la izquierda para derrocar el régimen y lo utiliza como excusa para recrudecer la represión y desacreditar a la extrema izquierda.

Septiembre de 1986: El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una guerrilla urbana que es el brazo armado y clandestino del Partido Comunista, intenta asesinar a Pinochet y se cobra la vida de cinco guardaespaldas. Ese ataque ahonda la división de la oposición sobre el uso de la violencia y suscita una sangrienta ofensiva del gobierno.

Abril de 1987: El Papa Juan Pablo II visita Chile, donde critica la dictadura y emite un llamado a favor de la democracia.

Septiembre de 1987: El gobierno nombra candidato presidencial a Augusto Pinochet para el plebiscito de 1988, legaliza la publicidad política y comienza el registro de votantes.

Enero de 1988: La oposición decide participar en el referéndum, a pesar de las dudas sobre la equidad, y forma la Concertación de Partidos por el NO. Su profesionalidad sorprende al gobierno y recibe un amplio apoyo internacional. El embajador de Estados Unidos y otros presionan por un plebiscito justo.

Octubre de 1988: Los votantes rechazan prolongar el mandato de Pinochet, con un 56% de los votos frente a un 44. El gobierno negocia reformas constitucionales menores con la oposición, pero insiste en que Pinochet siga siendo comandante en jefe del Ejército durante ocho años más, antes de pasar a ser senador vitalicio.

Julio de 1989: Tras intensas negociaciones se aprueban las reformas constitucionales en una votación libre. A través de ellas se modifica el procedimiento de enmienda de la Constitución, se restringe el ejercicio de las facultades excepcionales, se permite que los tratados prevalezcan por encima de la legislación chilena y se amplía el pluralismo político, aunque se mantiene la autonomía militar.

Diciembre de 1989: Se celebran elecciones generales libres en Chile. La Concertación de Partidos por la Democracia, el movimiento sucesor de la Concertación de Partidos por el NO, obtiene la mayoría en el Congreso. Patricio Aylwin, demócrata cristiano y líder de la Concertación, logra la presidencia frente al ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi.

Marzo de 1990: El gobierno lanza un plan para combinar las políticas macroeconómicas de la era Pinochet con nuevas medidas destinadas a reducir la pobreza, aprobar una reforma fiscal y fomentar una mayor inversión pública.

Abril de 1990: Aylwin convoca la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para informar de los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen de Pinochet. En su informe publicado en 1991 se identifican 2.279 asesinatos políticos y «desapariciones».

Abril de 1991: El senador Jaime Guzmán, aliado de Pinochet y uno de los ideólogos de la Constitución de 1980, es asesinado por un grupo de la izquierda radical. Otros secuestros y actos de violencia contra la derecha aumentan la polarización y convencen al gobierno de que es necesario fortalecer los servicios de inteligencia.

Octubre de 1992: Se celebran las primeras elecciones municipales desde 1973.

Diciembre de 1993: Eduardo Frei Ruiz-Tagle, un demócrata cristiano de la Concertación e hijo del expresidente Frei Montalva, es elegido presidente. La Concertación mantiene el control del Congreso.

Mayo de 1995: Manuel Contreras, antiguo jefe de la inteligencia militar durante los años de mayor represión en la década de 1970, es acusado de conspiración en el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Termina siendo condenado por graves violaciones de los derechos humanos.

Marzo de 1998: Pinochet deja el mando del Ejército. Como antiguo presidente, se convierte en senador vitalicio con inmunidad.

Octubre de 1998: Pinochet es arrestado en Londres en virtud de una orden internacional de detención por violaciones de los derechos humanos. El gobierno de Frei Ruiz-Tagle solicita la extradición a Chile y un magistrado chileno lo procesa.

Enero de 2000: Ricardo Lagos, dirigente de la centro izquierda que ejerció de ministro de Educación durante la presidencia de Aylwin y ministro de Obras Públicas en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, es elegido presidente.

Marzo de 2000: Pinochet es extraditado a Chile. El Congreso le otorga inmunidad, pero le retira su escaño en el Senado. Numerosos casos judiciales disputan su inmunidad.

Mayo de 2004: Lagos convoca una comisión para identificar y compensar a las personas encarceladas y torturadas durante el régimen de Pinochet. El llamado «Informe Valech» se publica seis meses después.

Septiembre de 2005: El Congreso reforma la Constitución y elimina la figura de los senadores no electos, además de permitir al presidente destituir a los comandantes militares y policiales.

Enero de 2006: La socialista Michelle Bachelet, candidata de la Concertación e hija de un general de la Aviación que se opuso al golpe de Estado, es elegida la primera mujer presidenta de Chile.

Diciembre de 2006: Pinochet muere a los noventa y un años, siendo todavía objeto de investigaciones judiciales.

Enero de 2010: Sebastián Piñera, empresario y político de centro derecha, es elegido presidente. La Concertación pierde la presidencia por primera vez desde el retorno a la democracia.

Enero de 2014: Michelle Bachelet gana las elecciones presidenciales y vuelve al gobierno, esta vez con una coalición llamada Nueva Mayoría, que es la antigua Concertación más el Partido Comunista.

LECTURAS RECOMENDADAS SOBRE CHILE

ARRIAGADA, Genaro, Pinochet: The Politics of Power [Pinochet: la política del poder], Boston, Mass.: Unwin Hyman, 1988 [del Director Ejecutivo de la Concertación de Partidos por el No].

AYLWIN, Patricio, El reencuentro de los demócratas: Del golpe al triunfo del No, Santiago, Chile: Ediciones Grupo Zeta, 1998.

AYLWIN, Patricio, SERRANO PÉREZ, Margarita, CAVALLO, Ascanio y Niklander, El poder de la paradoja: 14 lecciones políticas de la vida de Patricio Aylwin, Santiago, Chile: Grupo Editorial Norma, 2006.

BARAHONA DE BRITO, Alexandra, Human Rights and Democratization in Latin America: Uruguay and Chile [Los derechos humanos y la democratización en América Latina: Uruguay y Chile], Oxford, Reino Unido: Oxford University Press, 1997.

BITAR, Sergio, Transición, Socialismo y Democracia: La Experiencia Chilena, México: Siglo Veintiuno Editores, 1979.

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FOXLEY, Alejandro, «Lessons from Chile’s Development in the 1990s» [Lecciones del desarrollo de Chile en la década de 1990], en Timothy Besley y Roberto Zagha (eds.), Development Challenges in the 1990s: Leading Policymakers Speak from Experience [Problemas de desarrollo en la década de 1990: la voz de la experiencia de los grandes legisladores],Washington D. C. y Nueva York: Banco Mundial y Oxford University Press, 2005 [del dirigente del grupo de reflexión demócrata cristiano y ministro de Hacienda de Aylwin].

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HUNEEUS, Carlos, The Pinochet Regime [El régimen de Pinochet], Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 2007.

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1. El artículo 8 de la Constitución de Pinochet de 1980 establecía que las personas podían incurrir en responsabilidad penal por sus ideas: «Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundado en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por las actividades de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales». Esa disposición daba pie a que el gobierno justificara la represión eludiendo el sistema judicial.

2. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, llamada Comisión Valech, estaba presidida por el obispo católico Sergio Valech, que también presidía la organización de derechos humanos La Vicaría de la Solidaridad, activa durante el régimen de Pinochet.

CAPÍTULO 3

Ghana

EL TORTUOSO CAMINO A LA DEMOCRACIA

Kwame A. Ninsin, Universidad de Ghana

Ghana obtuvo la independencia del dominio colonial británico en 1957. Fue el primer país del África subsahariana en lograrlo. El presidente Kwame Nkrumah y su Partido de la Convención del Pueblo administraron la transición del dominio colonial a la independencia, así como la transformación de Ghana en una República. El gobierno de Nkrumah supervisó una serie de importantes avances sociales, políticos y económicos, pero experimentó una deriva autoritaria hasta que, en febrero de 1966, el Ejército derrocó al régimen. A partir del primer gobierno militar (1966-1969), Ghana tuvo muy breves periodos de gobierno civil, apenas tres meses en 1979 y entre 1981 y 1992.

Los dos últimos gobiernos militares fueron dirigidos por el capitán de aviación Jerry J. Rawlings. El Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Rawlings, derrocó al gobierno militar de 1972-1979, que se había corrompido y destacaba por su mala gestión económica y la violación de las libertades políticas y civiles. Tras apenas dos años y seis meses de orden constitucional, el Consejo Provisional de Defensa Nacional (PNDC) derrocó al gobierno electo del Partido Nacional Popular, liderado por el doctor Hilla Limann, el 31 de diciembre de 1981.

En los periodos de dominio militar surgieron en la sociedad civil ghanesa varios grupos de tendencias políticas diversas que ejercieron presión para restaurar el orden constitucional en un clima de represión generalizada. A la cabeza de esos grupos estaban normalmente organismos profesionales, tales como profesores universitarios, una agrupación de iglesias cristianas y asociaciones de trabajadores y estudiantes. Las élites sucesivas de los partidos políticos ilegalizados también se mostraron activas en la demanda de un retorno al orden constitucional y el Estado de derecho. A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, la comunidad de donantes occidentales presionó a su vez en favor de la política multipartidista en Ghana, y las instituciones financieras internacionales, entre ellas el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), condicionaron cada vez más sus préstamos y ayudas a la mejora de la gobernanza democrática.

Llamadas a la democracia constitucional después de 1982

Cuando Rawlings arrebató el poder al gobierno electo de Limann, contrapuso la administración «revolucionaria» de su PNDC a lo que describía como una élite política y económica corrupta y explotadora. Rechazó la democracia liberal multipartidista, que consideraba una imposición de un Occidente que había dado la espalda a Ghana, e intentó crear lo que en su opinión era una forma de democracia genuinamente ghanesa que tenía sus raíces en el modelo de gobernanza tradicional, basado en el consenso y la participación de la comunidad. Era necesario otorgar poder al pueblo por medio de estructuras de autogobierno locales no partidistas que abordaran los problemas comunes de la comunidad. Tales estructuras constituirían la base del orden político nacional.

Al igual que los regímenes militares anteriores, el gobierno de Rawlings hizo caso omiso de la presión inicial en favor de la restauración del orden constitucional, encabezada por el Colegio de Abogados de Ghana, la Asociación de Organismos Profesionales Reconocidos, el Sindicato Nacional de Estudiantes y las principales iglesias cristianas. Para consolidar su dominio, el gobierno asumió el control de la administración del Estado y creó nuevas organizaciones públicas, tales como el Comité de Examen de los Ciudadanos, el Comité Nacional de Investigación y los tribunales públicos. El régimen se sirvió de los comités de investigación y los medios de comunicación para acusar a las élites opositoras del país de presuntos delitos económicos contra el Estado, con la consiguiente humillación e intimidación de la oposición, cuya legitimidad se vio mermada. El régimen también organizó comités de defensa de los trabajadores y comités de defensa del pueblo en los centros de trabajo y los vecindarios (en 1984 todos ellos se agruparon en los Comités para la Defensa de la Revolución). Liderados por organizaciones políticas radicales afines al gobierno del PNDC, los comités de defensa intervenían en la producción y distribución de bienes y servicios y resolvían controversias locales relativas a los títulos de propiedad sobre las tierras, las rentas y los precios de los bienes de consumo. A fines de 1983, las violaciones de los derechos humanos eran flagrantes y la clase política y sus organizaciones habían sido suprimidas y marginadas de los ámbitos económico y político del país.

En 1983, ante el deterioro continuado de la economía y alejándose bruscamente de su inicial política económica de carácter populista, Rawlings emprendió una serie de programas de ajuste estructural recomendados por las instituciones financieras internacionales: los llamados «programas de recuperación económica». De este modo, Ghana pudo beneficiarse de los créditos financieros y los flujos de ayuda internacionales. La siguiente oleada de peticiones de reforma política llegó en la segunda mitad de la década de 1980, después de años de políticas de austeridad económica prescritas por las instituciones financieras internacionales. Las consecuencias sociales de esas políticas movilizaron a un amplio frente de fuerzas contra el régimen. La Confederación Sindical de Ghana, el Sindicato Nacional de Estudiantes, el Colegio de Abogados, las iglesias cristianas y otros grupos exigieron la restauración del orden constitucional, el respeto de los derechos humanos, la revocación de las leyes represivas y el restablecimiento del Estado de derecho. El gobierno de Rawlings, no obstante, se mantuvo impermeable a las presiones internas. De hecho, siguió afianzando la política «sin partidos» mediante la creación de asambleas de distrito (órganos locales de gobierno), sustentadas en elecciones locales no partidistas que se celebraron entre 1988 y 1989. El gobierno presentó las asambleas de distrito como componentes básicos del órgano legislativo nacional.

La formación del Movimiento por la Libertad y la Justicia, en agosto de 1990, cambió la dinámica de las demandas de orden constitucional. Era un «movimiento nacional amplio y abierto para promover el restablecimiento del orden democrático» en el país.1 Se componía de «un grupo de hombres y mujeres ghaneses con espíritu cívico en el que estaban representadas todas las tendencias políticas, ideológicas y religiosas de diversos contextos sociales, de clase, profesionales y étnicos…».2 Sus líderes procedían de dos de las principales tradiciones políticas del país –la de Nkrumah y la de Danquah-Busia–, así como de nuevas agrupaciones. Al Movimiento por la Libertad y la Justicia se sumó una red de fuerzas prodemocráticas, algunas de las cuales ya habían manifestado ruidosamente su deseo de un orden constitucional; entre ellas estaban la Confederación Sindical, el Sindicato Nacional de Estudiantes, el Colegio de Abogados, los Guardianes de la Revolución de Kwame Nkrumah, el Nuevo Movimiento Democrático, el Comando de la Juventud Africana, el Consejo de Iglesias Cristianas y la Conferencia Episcopal Católica. Las actividades de esta amplia coalición de grupos cívicos inflamaron un movimiento social en favor del orden democrático. Así, la década de 1980 concluyó con una presión política intensa para que el PNDC iniciara una reforma constitucional. La comunidad internacional de donantes, sobre todo los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea (UE), también ejercieron presión en favor de una reforma política y constitucional que pusieron como condición para la concesión de ayudas.

Rawlings y la transición

A pesar de las reservas de Rawlings acerca de la democracia multipartidista, a partir de 1991 el gobierno del PNDC dio señales de que estaba respondiendo a las presiones internas y externas en favor de una reforma política. El 1 de enero de 1991, en su mensaje de Año Nuevo a la nación, Rawlings esbozó una serie de reformas que sugerían movimientos en esa dirección. Anunció que la Comisión Nacional para la Democracia, a la que se había encargado que realizara consultas a nivel nacional sobre la forma de democracia y gobernanza, presentaría su informe a finales de marzo. Una vez recibido el informe, se nombraría a un comité de especialistas en derecho constitucional para que elaboraran un borrador constitucional basado en dicho informe y en las constituciones de 1957, 1960, 1969 y 1979. Por último, se convocaría una Asamblea Consultiva a fin de deliberar y votar una nueva carta fundamental para el país, que también se inspiraría en el informe de la Comisión Nacional para la Democracia y en las constituciones anteriores, un aspecto significativo, dado que tres de ellas se basaban en los principios de la democracia liberal.

Sin embargo, en ese mensaje de Año Nuevo también resultaba evidente que Rawlings no había descartado por completo su programa original para sustituir las instituciones políticas liberales del país por otras de carácter democrático populista, basadas en un concepto de democracia directa exento de partidos. Declaró que su gobierno se centraría a partir de ese momento «en el camino hacia el establecimiento de un nuevo orden constitucional en Ghana» coherente con «los procesos democráticos que se pusieron en marcha el 4 de junio de 1979 y el 31 de diciembre de 1981». Se refería al objetivo inicial del PNDC, que consistía en instaurar un sistema democrático en el que las clases bajas de la sociedad ghanesa pudiesen participar en los procesos de toma de decisiones a través de sus propias instituciones políticas; primero fueron los comités de defensa y, posteriormente, las asambleas de distrito. En cualquier caso, Rawlings mantuvo un férreo control del proceso de reforma política y constitucional, y no consultó en demasía a los grupos de la sociedad civil que habían presionado para llevar a cabo la reforma. Es más, después del trabajo del comité de expertos y la Asamblea Consultiva en la redacción del texto constitucional, pero antes de someterlo a referéndum, el PNDC insertó una serie de cláusulas de inmunidad referentes a los cambios en el gobierno (es decir, a los golpes de Estado) y a cualquier acto u omisión del PNDC o de los cargos nombrados por este durante su mandato; de ese modo, el partido se protegía de cualquier acción legal que pudieran emprender los gobiernos posteriores.

A finales de 1991, el PNDC había demostrado bastante habilidad para mantener el control frente a la oposición creciente de las fuerzas prodemocráticas. Sin embargo, la comunidad internacional también había intensificado sus mensajes coordinados en favor de la reforma. En el plano nacional, la red de asociaciones cívicas se amplió y creó una coalición mayor –el Comité de Coordinación de las Fuerzas Democráticas, en el que participaban unos 11 grupos– para impulsar más reformas políticas y constitucionales. La nueva Constitución, de signo liberal, fue aprobada por mayoría en un referéndum celebrado el 28 de abril de 1992. A continuación se aprobó una nueva Ley de Partidos Políticos, por la que se legalizaron las actividades de estas organizaciones (mayo de 1992); se derogó la restrictiva Ley de Concesión de Licencias de Prensa de 1985, y se creó la Comisión Electoral Nacional Provisoria, encargada de registrar a todos los partidos políticos.

En vista de esta enorme apertura, las asociaciones cívicas prodemocráticas se dispusieron a transformarse en partidos políticos. Entre abril y agosto de 1992, 11 partidos se inscribieron en las elecciones multipartidistas, programadas para noviembre de 1992 (las presidenciales) y diciembre de 1992 (las parlamentarias).

Para entonces, Rawlings ya tenía cierta reputación de «demócrata a su pesar», de ahí que los líderes de los partidos políticos se mostraran cautelosos. Formaron la Alianza de Fuerzas Democráticas para luchar por una reforma constitucional y política profunda. La Alianza3 demandó al gobierno por las disposiciones de la Ley de Partidos Políticos, que restringía el uso del nombre, los símbolos y los eslóganes de los partidos que los anteriores regímenes militares habían ilegalizado. También acudió a los tribunales para defender las reformas relacionadas con los derechos humanos. Entretanto, se crearon numerosos periódicos privados que se convirtieron en los portavoces extraoficiales del movimiento en favor de la democracia y contribuyeron, de ese modo, a acelerar el proceso de reforma.

A lo largo de 1992 parecía que las reformas políticas seguían una trayectoria irreversible. Anticipándose a la futura transición a un orden democrático liberal, Rawlings formó el partido del Congreso Democrático Nacional (NDC), que lideró como candidato presidencial en las elecciones de noviembre. También se empeñó en usar un censo de votantes obsoleto, haciendo oídos sordos a los consejos de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y a las protestas de los partidos de la oposición. A pesar de esas maniobras políticas, las elecciones presidenciales y parlamentarias tuvieron lugar en noviembre y diciembre de 1992, respectivamente.

La Comisión Electoral Nacional Provisoria declaró a Rawlings vencedor de las elecciones presidenciales con un 58,3% de los votos emitidos. El candidato del Nuevo Partido Patriótico (NPP), el profesor A. Adu-Boahen, fue segundo con un 30,4%. Los partidos de la oposición rechazaron los resultados y denunciaron un fraude generalizado. El posterior boicot a las elecciones parlamentarias por parte del NPP y otros partidos de la oposición dejó el camino libre al NDC y sus aliados, que se impusieron con rotundidad. Rawlings y el NDC se hicieron con la presidencia y formaron el primer gobierno de la Cuarta República; además, se aseguraron el control del Parlamento al conseguir 189 de los 200 escaños.

Institucionalización de la política democrática

El boicot de la oposición a las elecciones parlamentarias puso de manifiesto los desencuentros y las sospechas que rodeaban el proceso de transición. La Cámara Nacional de jefes y líderes de los principales organismos religiosos –tanto cristianos como musulmanes– intervinieron para superar la parálisis. Su objetivo era dejar atrás los conflictos y recuperar una actividad política ordenada. Cuando esa tentativa no dio frutos, el NPP, el mayor partido de la oposición, tomó la iniciativa de poner fin a la autoexclusión de los partidos opositores de la incipiente actividad política democrática. El NPP anunció su intención de «hacer negocios» con el gobierno del NDC y, conjuntamente con otros partidos opositores, formó un gobierno en la sombra, ajeno al Parlamento, y se enfrentó al gobierno en los tribunales respecto a una serie de cuestiones políticas. La ineficacia de la estrategia de boicotear las elecciones parlamentarias se hizo evidente muy pronto, pues el ejecutivo de Rawlings y el Parlamento controlado por el NDC gobernaban la nación sin oposición. En aquel momento quedó claro que la única forma de participar activamente en la gobernanza del país era salir elegido.

En marzo de 1994 los partidos de la oposición aceptaron de inmediato una invitación para formar parte del Comité Asesor entre Partidos, que la Comisión Electoral puso en marcha con la idea de crear una plataforma para el diálogo, la consulta y la formación de consenso entre partidos. Bajo la presidencia de la Comisión Electoral, el Comité se convirtió en una plataforma en la que los principales partidos trataban de consensuar las reformas necesarias para aumentar la confianza en el proceso electoral y mejorar su integridad. El resultado del diálogo y la formación de consenso se puso de manifiesto en las elecciones generales de 1996. El NDC se impuso en las elecciones presidenciales y obtuvo también la mayoría de los escaños parlamentarios. En esa ocasión, la élite política dio muestras de una cultura democrática creciente. John Kufuor, candidato presidencial del NPP, reconoció sin reservas la derrota y felicitó al presidente Rawlings por su victoria en los comicios. En su discurso de aceptación, este también expresó su agradecimiento a Kufuor por asegurar una elección pacífica, libre y justa, y un «procedimiento democrático sin incidentes».

En su presidencia, Rawlings «infra-utilizó su capacidad coercitiva e invirtió en las instituciones democráticas».4 Nuevos avances promovidos por las presiones internas e internacionales contribuyeron al crecimiento de la cultura democrática. En 2000, Rawlings demostró su compromiso con las normas y los procedimientos democráticos al respetar el límite de dos mandatos presidenciales que imponía la Constitución. John Atta Mills reemplazó a Rawlings como candidato presidencial del NDC en las elecciones generales de ese año. Kufuor se presentó de nuevo como candidato del NPP y ganó las elecciones presidenciales en una segunda ronda en la que obtuvo el 56,9% de los votos (Atta Mills recibió el 43,1). El NPP también se hizo con el control del poder legislativo al obtener 100 escaños parlamentarios frente a los 92 del NDC. Atta Mills y su partido reconocieron la derrota. De ese modo, el NDC se convirtió en el primer partido político de la historia poscolonial de Ghana en perder el poder por vía democrática.

Kufuor y la consolidación de la democracia

Aunque la transición se desarrolló de forma pacífica, la sociedad ghanesa estaba polarizada entre el NDC de Rawlings y el NPP de Kufuor –una división que aún persiste–, y la competencia política se ha caracterizado por una intensa confrontación. El pasado autoritario y deficiente en el respeto de los derechos humanos de Rawlings y el NDC no hacía sino ahondar la división política. Surgía también el problema de la libertad de los medios de comunicación. A pesar de que el gobierno del NDC de Rawlings había revocado la Ley de Concesión de Licencias de Prensa en mayo de 1992, los medios de comunicación seguían siendo procesados en virtud de leyes autoritarias que databan de antaño y que ponían trabas a la libertad de prensa.

El presidente Kufuor tomó medidas para cicatrizar las heridas políticas y unificar la nación. En primer lugar, asignó varios cargos ministeriales a miembros de la coalición de partidos políticos opuesta al NPP. Sin embargo, esa política de gobierno inclusivo no se extendió a las filas del partido derrotado, el NDC, lo que evitó que se convirtiera en un precedente persuasivo para futuros gobiernos. Al contrario, su exclusión legitimó una actitud conforme a la cual el ganador se lo lleva todo, es decir, monopoliza el poder y los privilegios asociados a los cargos políticos.

En segundo lugar, el gobierno del presidente Kufuor creó una Comisión de Reconciliación Nacional encargada de «buscar y promover la reconciliación nacional entre los ciudadanos de este país recomendando medidas de reparación adecuadas para aquellas personas que hayan sufrido lesiones, violencia, daños, injusticias o que de cualquier otro modo hayan sido víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos a raíz de actos u omisiones de las instituciones públicas o cargos públicos en los periodos de gobierno inconstitucional». La hostilidad inicial del grupo de Rawlings se fue suavizando con las actuaciones de la Comisión, sobre todo cuando se hizo evidente que no tenía carácter inquisitorial y que trataría de equilibrar la búsqueda de «la paz, la democracia, la equidad social y el Estado de derecho con la justicia penal, en aras de los intereses de una nación que tenía una necesidad acuciante de cohesión y estabilidad».5 Rawlings fue citado a declarar brevemente ante la Comisión de Reconciliación Nacional. Es difícil determinar si la Comisión logró una reconciliación real, pero la voluntad política del presidente Kufuor sirvió a la causa del Estado de derecho y fomentó la confianza en el poder judicial.

El gobierno del NPP de Kufuor también impulsó la libertad de los medios de comunicación, al derogar la Ley de Difamación para que los medios gozaran de libertad, en conformidad con la Constitución. Muchos ghaneses se animaron a crear medios electrónicos e impresos que cumplían la función, fundamental en democracia, de vigilar a la clase gobernante, divulgar sus excesos y obligarla a rendir cuentas. Sin embargo, la repentina ráfaga de libertad también dio pie a un uso irresponsable de la libertad de expresión por parte de algunos medios.

El poder judicial ha seguido disfrutando de la independencia tradicional consagrada en la Constitución y ha protegido los derechos de los ciudadanos con sentencias socialmente responsables. Existieron, no obstante, algunos procesos judiciales en los que el presidente Kufuor intervino. Por ejemplo, al asumir la presidencia nombró a nuevos jueces del Tribunal Supremo, y posteriormente designó a un magistrado adicional de dicho tribunal para llevar el caso del Fiscal General (n.º 2) contra Tsatsu Tsikata (expresidente de la Corporación Petrolera Nacional de Ghana). Aunque no era ilegal, su decisión se percibió como un intento de influir en el tribunal en favor del gobierno. En cualquier caso, en general el comportamiento del poder judicial ha contribuido a que la clase política ghanesa se muestre más dispuesta a resolver sus disputas en los tribunales, por ejemplo en relación con los derechos individuales, los resultados de las elecciones y la creación de nuevos distritos y cuerpos electorales.

Al igual que el poder judicial, los organismos de seguridad han sido instrumentos fiables de protección y defensa del orden democrático. Han velado junto a la Comisión Electoral por la integridad de las elecciones, han protegido los derechos de los ciudadanos y, por lo general, han mantenido la paz, el orden y el Estado de derecho. En concreto, el Ejército se ha sometido al control civil, en conformidad con la Constitución y en el marco de un proceso de re-profesionalización iniciado por el gobierno del NDC de Rawlings. Para consolidar el equilibrio entre lo civil y lo militar, las autoridades de ambas esferas reciben formación para la «gestión democrática del sector de la seguridad», a fin de que dispongan de la capacidad adecuada para desempeñar sus respectivas funciones con eficacia.6 El sometimiento de los militares a la autoridad civil se puso a prueba en 2008, tras los controvertidos resultados electorales, y en 2012, después del repentino fallecimiento del presidente Atta Mills. En ambas ocasiones, los militares respetaron la Constitución y a la autoridad civil para facilitar una transferencia pacífica de poder.

Las elecciones de 2012 también corroboraron el crecimiento de la cultura democrática de Ghana. A pesar de la preocupación generalizada en torno a la paz y la estabilidad del país, los comicios transcurrieron sin incidentes. El presidente de la Comisión Electoral declaró presidente electo a John Mahama, exvicepresidente y candidato del NDC, con un 50,7% de los votos válidos emitidos. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, del NPP, obtuvo el 47,7. Aunque el NPP no aceptó el resultado de las elecciones, Mahama juró el cargo como quinto presidente de Ghana el 7 de enero de 2013, tal como prevé la Constitución. La aceptación de los resultados electorales por parte de los observadores foráneos y locales, así como de los gobiernos extranjeros, ayudó a calmar los ánimos. Numerosas organizaciones de la sociedad civil, tales como organismos religiosos y líderes tradicionales, alzaron la voz en demanda de paz y cohesión nacional. Esas súplicas hicieron más patente la necesidad de que se impusiera la cultura cívica. La decisión del NPP de impugnar el resultado de las elecciones presidenciales en el Tribunal Supremo es una muestra del crecimiento de la cultura democrática en Ghana.7

No era la primera vez que el partido político derrotado impugnaba el resultado de las elecciones presidenciales. En 2004, destacados miembros del NDC interpusieron un recurso contra el resultado de las elecciones presidenciales ante el Tribunal Supremo, pero perdieron. Posteriormente, en 2008 el candidato presidencial del NPP, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, se negó a reconocer su derrota hasta que un grupo de religiosos y algunos líderes de la sociedad civil lo convencieron de que debía reconsiderar su postura. En todos estos casos, tanto las instituciones del Estado, fundamentales para una gestión eficiente de las elecciones, como las disputas relativas a estas superaron la prueba.

Conclusiones

La sostenibilidad de la transición democrática de Ghana se fundamenta en las instituciones democráticas independientes del país y en el respeto que le brinden sus partidos y líderes políticos. La Comisión Electoral desempeña una función esencial desde 1992 y ha gestionado las sucesivas elecciones con destreza y diligencia. En un plano más general, la integridad del proceso electoral ha hecho posible que los ciudadanos confíen más en los órganos de gobierno. El Ejército ha cumplido la función que le asigna la Constitución: se ha sometido a la autoridad civil y se ha mantenido al margen del proceso político. La clase política, por su parte, ha demostrado estar comprometida con las normas y los criterios democráticos y ha resuelto sus conflictos mediante el diálogo y los procedimientos pertinentes previstos en la legislación.

No obstante, en el camino democrático de Ghana siguen alzándose obstáculos. Aunque los partidos políticos han aceptado los mecanismos establecidos para llegar a acuerdos en materia electoral, sigue existiendo un elevado grado de desconfianza entre ellos, y no han logrado alcanzar un consenso sobre un programa común de desarrollo nacional. A consecuencia de esa animadversión, los políticos no gozan del mismo nivel de confianza ciudadana que las instituciones democráticas. El poder judicial se percibe en gran medida como un árbitro neutral, pero el sistema de justicia también se considera un proceso costoso fuera del alcance del ciudadano de a pie. A pesar de esos problemas, los ghaneses han aceptado que la construcción de un orden democrático que funcione es responsabilidad de todos y la única manera de garantizar la paz social y el desarrollo.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE JOHN AGYEKUM KUFUOR, PRESIDENTE DE GHANA (2001-2009)

John Agyekum Kufuor, abogado de linaje real perteneciente al grupo étnico ashanti, mayoritario en Ghana, tenía experiencia nacional e internacional en los ámbitos empresarial y financiero y, además, había desempeñado importantes funciones tecnocráticas como líder de la oposición. Fue ministro en el gobierno de la Segunda República de Kofi Busia (1969-1972); parlamentario en la oposición en la Tercera República, durante la presidencia de Hilla Limann (1979-1981); y secretario de gobierno local durante el régimen militar del Consejo Provisional de Defensa Nacional (PNDC) de Jerry Rawlings. Kufuor fue miembro fundador del Nuevo Partido Patriótico (NPP), al que preparó para presentarse a las elecciones democráticas a mediados de la década de 1990. Fue candidato presidencial de dicho partido en las elecciones de 1996, en las que fue el vencedor. El ascenso de Kufuor a la presidencia supuso la primera transferencia de poder entre gobiernos elegidos democráticamente desde que Ghana declaró su independencia en 1957. En 2004, fue reelegido presidente, cumplió los dos mandatos que permite la Constitución y traspasó el poder al nuevo presidente electo, John Atta Mills, del Congreso Democrático Nacional (NDC), con lo que se consolidó la democracia liberal en Ghana. Kufuor reforzó las instituciones democráticas del país, reduciendo significativamente las restricciones a la libertad de prensa y creando una comisión para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en los regímenes anteriores a 1992. En su calidad de jefe de un partido político con una extensa tradición en la defensa de la democracia liberal y el mercado libre, Kufuor aplicó de forma sistemática políticas económicas de libre mercado que impulsaron la integración de Ghana en la economía mundial.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE JOHN AGYEKUM KUFUOR

Ciclos de intervención militar

A nivel internacional, Ghana proyecta la imagen de una transición exitosa hacia un sistema en el que ha habido elecciones libres y justas, alternancia en el poder, instituciones electorales que funcionan correctamente, prensa libre, separación de poderes y gobernanza democrática real. ¿Se ajusta la reputación internacional de la democracia ghanesa a la realidad? Si es así, ¿cómo lo han logrado?

La reputación internacional de la democracia ghanesa se ajusta bastante a la realidad, pero está lejos de ser perfecta. La democracia no surge espontáneamente. Mucho depende de las personas, de su temperamento e incluso de su cultura. Diría que el temperamento de los ghaneses, tanto entre las tribus de la costa como en las zonas más septentrionales, de este a oeste, nos hace propensos a alcanzar acuerdos. La gente que visita Ghana comenta que somos muy amables, tranquilos, respetuosos de la ley y religiosos. Con este temperamento y nuestra historia hemos convivido felizmente desde tiempos antiguos; se celebran matrimonios mixtos y ese tipo de cosas.

Con estos antecedentes y buenas constituciones que consagran la democracia, cabría imaginar que la instauración de la gobernanza democrática ha sido sencilla, pero en Ghana no ha resultado nada fácil. Ghana fue el primer país de África subsahariana en lograr la independencia, en 1957. Sin embargo, la nación tuvo que superar un periodo bastante prolongado de intromisiones militares y golpes de Estado. En los 50 años de independencia, el pueblo ghanés ha conocido diversos tipos de gobierno. La primera Constitución era democrática, pero el gobierno de Kwame Nkrumah se fue alejando de ella hasta crear un sistema unipartidista en el que se detenía por motivos políticos y sin someterlas a juicio a aquellas personas que criticaban al régimen. Así pues, en 1966, cuando se produjo el alzamiento militar, muchas personas habían sido detenidas sin juicio ni justicia. La gente no estaba contenta y los soldados intervinieron, pero implantaron una dictadura militar que tampoco agradó al pueblo. Los militares permanecieron en el poder alrededor de tres años antes de dar paso al gobierno del profesor Busia, en 1969, en el que adquirí experiencia. Por lo tanto, los militares permitieron que los civiles asumieran el mando y gobernaran de acuerdo con una Constitución democrática.

El régimen civil solo duró dos años y tres meses. Los soldados regresaron, alegando que el gobierno los había privado de una parte de sus privilegios. Habían probado las mieles del poder y parecían creer que estas les pertenecían. Los militares gobernaron durante los ocho años siguientes. Destruyeron la economía de Ghana y había tanta corrupción que la gente ansiaba la vuelta del régimen civil y la democracia constitucional.

Al final de ese periodo se produjo una sublevación dentro del Ejército. Derrocaron a su propio gobierno y, posteriormente, un joven oficial [Jerry J. Rawlings] lideró un segundo golpe. Mataron a los generales, entre ellos a tres exjefes de Estado, antes de entregar el poder a los civiles. Eso sucedió en 1979. Así empezó la Tercera República. El régimen civil [con el presidente Hilla Limann a la cabeza] facilitado por los militares salientes también duró tan solo dos años y tres meses. Hubo un nuevo golpe, en la noche de Fin de Año [el 31 de diciembre de 1981], cuando todo el país celebraba las fiestas navideñas. Se abrogó la Constitución democrática, de manera que los soldados pudieran imponer de nuevo su voluntad, esta vez afirmando que iban a limpiar la corrupción desde los establos y ese tipo de cosas. Los soldados permanecieron en el poder unos diez años. Instauraron una dictadura militar sin paliativos. El país no conocía la paz. Se impuso el toque de queda durante tres años. La vida social se vio alterada y la economía no funcionaba. No se permitía crecer al sector privado, de manera que la pobreza consumía al país y al pueblo.

Transformación del sistema autoritario desde dentro

Hacia finales de la década de 1980, el mundo experimentó cambios. Cayó el Muro de Berlín y con él desapareció la polarización entre Este y Oeste, que también había afectado a África. Cierto espíritu de liberalización se dejó notar por todas partes. Entre tanto, la economía ghanesa estaba patas arriba. El descontento de la gente y la presión internacional propiciaron la adopción de la Constitución de la Cuarta República, el sistema vigente en este momento, que es muy democrático. En 1992, el pueblo aprovechó su oportunidad, y desde entonces se ha mostrado muy paciente. El gobierno introdujo la Constitución actual, que establece la separación de poderes; el respeto de los derechos humanos fundamentales; la inclusión con independencia de la pertenencia a una tribu, religión o sexo; y el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil. La Constitución consagra el Estado de derecho y la supervisión judicial, la libertad de los medios de comunicación y el sistema multipartidista, entre otros principios. Ese es el régimen constitucional que intentamos desarrollar.

Desde 1992, año en que se adoptó el nuevo sistema, en Ghana se han llevado a cabo con éxito varias transferencias de poder. Hemos celebrado cinco elecciones [hasta septiembre de 2012]. En 2000, la oposición ganó las elecciones y la entrega de poder se produjo sin incidentes; fue entonces cuando tomé posesión del cargo. En 2008 hubo elecciones de nuevo y mi partido perdió por un margen muy estrecho. Con un electorado de nueve millones de votantes, perdimos por tan solo 40.000 votos. Esto habría provocado agitación en muchos lugares, pero aquí aceptamos el resultado.

El sistema no es perfecto, ni siquiera la Comisión Electoral. Si le echa un vistazo a la prensa de hoy [septiembre de 2012], verá que muchos sectores están llamando la atención a dicha Comisión por su deseo de crear nuevos cuerpos electorales tan solo dos meses antes de las elecciones, cuando el registro electoral ya está cerrado. Uno de los defectos de la Constitución, sin embargo, es que la Comisión Electoral no debe rendir cuentas al pueblo, de manera que ahora surge este problema, y la gente puede criticarlo gracias a la libertad de los medios. Los jueces lo están criticando, al igual que los partidos de la oposición y la Confederación Sindical, pero parece que el gobierno apoya la Comisión.

Por tanto, sí, creo que nuestro trabajo en favor de la democracia está mejorando. En todo caso, una gran parte del mérito corresponde al pueblo, cuyo temple y antecedentes favorables a la negociación, a «vivir y dejar vivir», resultan fundamentales para la democracia. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado que libertad y democracia no son lo mismo. No conozco a nadie que no ame la libertad. Creo que la libertad es consustancial al ser humano; todos queremos espacio para expresarnos. Sin embargo, aunque tengamos libertad, si carecemos de cultura democrática –algo que hay que cultivar y alimentar–, es posible que reine el caos, o que una camarilla de listillos se abra paso hasta el poder y después arrebate la democracia al pueblo.

Dice que los ghaneses son, por historia y carácter, conciliadores, abiertos y poco aficionados a los enfrentamientos, que prefieren arreglar las cosas. Sin embargo, es muy difícil que ese tipo de personas trabaje en bloque para promover el cambio. Se requieren procesos, instituciones y líderes.

Las masas no pueden construir las instituciones, de ahí la importancia del liderazgo.

Influencia internacional

Ha mencionado a un oficial subalterno, Jerry Rawlings, que derrocó a sus compañeros del Ejército y pasó por distintas fases. ¿Cómo llegó ese hombre a liderar un proceso con el resultado democrático que usted ha descrito?

La caída en 1989 del Muro de Berlín desencadenó una oleada de libertad en todo el mundo, hasta entonces dominado por un sistema bipolar, por la división ideológica entre el Este y el Oeste. En 1989, las fuerzas del liberalismo se hicieron predominantes y las instituciones de Bretton Woods y el resto de las organizaciones internacionales empezaron a ejercer presión en todas partes, también aquí. Creo que así fue como el régimen militar al mando de ese joven oficial, que llevaba vigente diez años, se vio obligado a responder a las presiones de los donantes internacionales. Los medios de comunicación libres que se manifestaban en todo el mundo se impusieron a los dictadores del continente. Aquí, la gente también se animó a decir lo que pensaba, y los elementos del propio régimen se dieron cuenta de que aquello les incumbía y empezaron a hablar de la posibilidad de introducir una nueva Constitución. Las cosas no sucedieron gracias a la bondad de ciertos elementos del régimen militar, sino debido a la presión internacional. La economía no iba bien, y los donantes y acreedores de Ghana empezaron a imponer condiciones.

Lo mismo sucedió en muchos países africanos. En torno a la década de 1990, incluso el apartheid empezó a ceder ante las presiones internacionales. En otros lugares, los hombres fuertes también se fueron retirando. Es posible que Ghana, acostumbrada a marcar el ritmo del continente africano, fuese el primer país en dejar atrás una dictadura militar para emprender la transición de 1992. Pero lo más curioso es que el joven oficial no abandona el cargo cuando cae la dictadura militar, sino que, de algún modo, se quita el uniforme, se convierte en civil, forma un partido [el Congreso Democrático Nacional] y se presenta como candidato a la presidencia. Antes del cambio se había aprobado la Constitución y designado a los miembros de las instituciones que establecía, por ejemplo, la Comisión Electoral, que el régimen saliente había creado y dejado fracasar.

Movilización social

Los sucesos que culminaron en la Constitución de 1992 demuestran que un proceso implícito o explícito de negociación puede propiciar una transformación no violenta hacia la democracia. ¿Cómo contribuyeron los movimientos sociales a presionar al gobierno de Rawlings para que aceptara un cambio fundamental que no deseaba?

En 1988, el profesor de Historia Adu Boahen impartió una conferencia en conmemoración de la persona a quien se atribuye la introducción de la política partidista en Ghana en 1947: J. B. Danquah. Danquah invitó a Kwame Nkrumah [primer presidente de Ghana, 1960-1966] a regresar al país en 1947. Una vez aquí, Nkrumah dejó su trabajo en la Convención para la Unidad de Costa de Oro (United Gold Coast Convention) a fin de crear el primer partido político del país. Nkrumah dirigía ese primer grupo, de modo que en los sucesos políticos que dieron lugar a la independencia encabezaba al partido mayoritario. Entretanto, aquellos que lo habían invitado a venir se pasaron a la oposición. En 1960, cuando Ghana decidió convertirse en una República, J. B. Danquah, conocido como el decano de la política ghanesa, se enfrentó a Nkrumah como candidato a la presidencia. En 1964 Nkrumah ordenó su arresto. Por desgracia, Danquah murió en prisión en 1965. Justo un año más tarde, Nkrumah fue derrocado por un golpe militar. La conferencia conmemorativa se pronuncia en Ghana desde el fallecimiento de Danquah. En 1988 el profesor Adu Boahen impartió una charla titulada «The Ghanaian Sphinx – Culture of Silence» [La esfinge ghanesa: cultura de silencio], en la que denunció que el país vivía atemorizado por una cultura del silencio. Verdaderamente, parecía que todo el país estuviera amortajado por el régimen. La gente no se atrevía a hablar. La economía no iba bien, pero el pueblo no podía expresarse con franqueza. Habían destruido el sector privado. Habían anulado el secreto bancario. El gobierno tenía derecho a confiscar activos. Así que no fue una época feliz para el país. En 1988, al dar esta charla, Adu Boahen abrió la caja de Pandora. Todo el mundo se animó a hablar y se convirtió en un héroe de inmediato. Aunque no era un político de masas, aquella conferencia lo catapultó a mi partido, con el que optó a la presidencia en las elecciones de 1992, en las que se enfrentó a Rawlings. Los miembros de la Comisión Electoral intentaron evitar su candidatura.

Reforma constitucional

El principal asesor de Rawlings, Justice Daniel F. Annan, contribuyó de manera decisiva a la creación de las instituciones previstas en la Constitución, como la Comisión Electoral, la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa y la Comisión de Educación Cívica. El pueblo tenía tantas ganas de liberarse de las garras de los militares que el referéndum constitucional fue aprobado, aunque la Constitución incluía disposiciones transitorias que concedían inmunidad a los perpetradores del golpe [artículo 34]. A pesar de que en teoría eran transitorias, siguen formando parte de la Constitución. ¿Por qué? Porque la gente estaba dispuesta a lo que fuera con tal de librarse de los militares. En cualquier caso, sigue considerándose una cuestión de importancia menor frente a la esencia de la Constitución, en la que se habla de Estado de derecho, separación de poderes, etc.

Las primeras elecciones democráticas

Así pues, Rawlings pasó a ser un civil para presentarse como candidato a la presidencia con su partido. Parecía que el resultado estaba decidido de antemano. A pesar de todo, mi partido participó en las elecciones. Los resultados que se anunciaron eran inaceptables para nosotros, así que escribimos The Stolen Verdict [El veredicto robado, un informe sobre las elecciones presidenciales de 1992 publicado por el Nuevo Partido Patriótico –NPP, fundado en 1992–, en el que se reunían pruebas de fraude electoral]. Teníamos la sensación de que los resultados no se correspondían con el sentir del país, y el partido decidió boicotear las elecciones parlamentarias, pues no se celebraban el mismo día que las presidenciales. Por consiguiente, mi partido pasó todo ese periodo fuera del Parlamento.

¿Cuál es su valoración del boicot de la oposición a las elecciones parlamentarias de 1992?

Hubo sectores que no estuvieron de acuerdo con el boicot, pero en el seno de mi partido el apoyo fue generalizado, todos sentíamos que nos habían estafado en las elecciones presidenciales.

En 1996, cuando me presenté contra Rawlings, sin duda lo beneficiaba estar en el poder. Yo no tenía patrocinadores. Tuve que vender algunas propiedades para financiar mi campaña. A pesar de que contábamos con menos recursos, los comisionados electorales anunciaron que la oposición había recibido un 39% de los votos sin vehículos, sin dinero, sin apoyo de los medios de comunicación. Después pasaron cinco días sin que se hicieran públicos los resultados, y la gente se preguntaba a qué se debía el retraso. El comisionado electoral solicitó protección. La pregunta era: ¿a quién temía? Cuando finalmente anunciaron los resultados, hubo ciertos elementos que trataron de convencerme de declarar un nuevo boicot. Pero me negué, era necesario que estuviéramos en el Parlamento, ya que la Constitución –que el presidente había firmado– establece un máximo de dos mandatos. Por aquel entonces, Rawlings ya había agotado uno de sus mandatos de cuatro años, y nos preguntábamos si violaría la Constitución que él mismo había creado.

En las elecciones parlamentarias de 1996, mi partido obtuvo 61 escaños y el partido gobernante 133. En las elecciones presidenciales de 2000, John Atta Mills, que había sido vicepresidente con Rawlings, fue designado candidato del Congreso Democrático Nacional [NDC, creado en julio de 1992 como sucesor del PNDC]. Yo me presenté como candidato del NPP. Me impuse en la segunda ronda de votación y, ante la atenta mirada del mundo, Rawlings reconoció la derrota de su partido.

Lo que quiero decir es que, aunque llegue la democracia, debemos limar las aristas de las instituciones. La Constitución es, en esencia, democrática. Hay quien se queja de que las disposiciones transitorias han durado demasiado, pero también quien defiende que los beneficiarios de tales disposiciones siguen ahí y que no es recomendable eliminarlas porque podrían producirse agitaciones sociales. Tampoco pretendemos barrer los problemas debajo de la alfombra. Contamos con los medios de comunicación para promover el debate. Los beneficiarios de la transición se hacen mayores y se están adaptando al espíritu liberal del país, incluso Rawlings. Por tanto, la democracia está creciendo, y no creo que la gente quiera volver atrás.

Justicia y reconciliación

Su gobierno puso en marcha una Comisión de Verdad y Reconciliación. ¿Cómo valora la experiencia ghanesa en los ámbitos de la reconciliación y la justicia?

Desarrollar una nación es un proceso largo. Hay pocas naciones en el mundo que no hayan sido gobernadas en algún momento de su historia por dictadores prepotentes. Lo más importante es hallar el momento de trazar una línea y convencer a la gente de que mire hacia delante; entonces, se empieza a construir sin olvidar el pasado. Uno nunca olvida, pero no hay que dejar cosas pendientes que puedan volverse en nuestra contra y generar represalias. Por ejemplo, cuando salí elegido, ordené que exhumaran los cadáveres de los generales fusilados por Rawlings para que sus familiares pudieran enterrarlos. Los habían fusilado y enterrado en lugares sin identificar. En el marco del proceso de reconciliación, sus familias pidieron para ellos un entierro digno. Y eso fue lo que hicimos, creo que con acierto.

Creamos una Comisión de Verdad y Reconciliación en la que participaron líderes religiosos y muchas personas ajenas a mi partido. Intentamos que todo el mundo tuviera la oportunidad de decir qué se había hecho mal en tiempos pasados; el trabajo de la Comisión no se circunscribió al periodo de Rawlings. Se permitió que se aportaran pruebas de presuntos hechos ilícitos incluso de la época de Kwame Nkrumah, y a partir de los informes de la Comisión se confiscaron bienes y objetos que se devolvieron a las familias. Esta actividad se fundamentó en el poder ejecutivo, si bien siguiendo las recomendaciones de la Comisión, que tenía atribuciones parecidas a las del Tribunal Supremo. La Comisión indicaba si se debían restituir los bienes y ofrecer indemnizaciones, que las hubo. Así pues, el gobierno hizo todo lo que estaba en su mano.

¿Qué opinión le merece ahora el trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación? ¿Iría un paso más allá si tuviera que acometer nuevamente esa tarea?

Tengo la conciencia muy tranquila. Me parece que el problema está resuelto. No creo que queden asuntos pendientes que algún gobierno deba retomar. La Comisión celebró sesiones públicas durante mucho tiempo y animó a la gente a acudir y manifestar lo que sentía. Incluso invitaron a Rawlings y a personas sospechosas de haber cometido actos ilícitos en el pasado. Se les dio la oportunidad de ir y hablar. Hubo quien no aprovechó la oportunidad para contar su versión de lo ocurrido; otros sí lo hicieron. El gobierno actuó exclusivamente en función de los informes de la Comisión.

Transiciones contemporáneas

Ha mencionado la contribución del contexto internacional y la presión de los gobiernos, las organizaciones internacionales y otras entidades a la transición en Ghana. ¿Qué directrices pueden establecerse a partir de la experiencia ghanesa para los actores internacionales interesados en respaldar procesos democráticos?

Por lo general, la historia de la participación internacional ha generado dudas, incluso en torno a las mejores intenciones. En Oriente Medio, por ejemplo, Estados Unidos y las antiguas potencias coloniales como Gran Bretaña y Francia casi siempre levantarán sospechas en Siria y otros países. Es su historia. Pero para poner en marcha la democratización hay que cultivar y alimentar la democracia. En el caso de Ghana, cuando aumentó la presión, disponíamos de alternativas al régimen militar que se había transformado en un partido civil. Es necesario desarrollar partidos, pues la alternancia en el poder es fundamental para consolidar el gobierno democrático. En Ghana la Constitución establece que los partidos políticos son instituciones esenciales para la democracia. En el norte de África no se ha cuidado debidamente a los partidos. Cuando Mubarak se fue, con la excepción de los Hermanos Musulmanes, ¿dónde estaban los partidos? Los líderes egipcios no se habían organizado en partidos ni habían ofrecido al pueblo una visión o un objetivo por el que trabajar, una visión como alternativa a Mubarak e incluso como alternativa a los Hermanos Musulmanes.

Los actores internacionales tienen que entender y hacer hincapié en la importancia de los partidos políticos para organizar a la gente, instruirla sobre los derechos que debería defender y prepararla para hallar alternativas a los sistemas dictatoriales cuando llegue el momento. Sin partidos, cuando el dictador se va es posible que haya libertad, pero ¿libertad para qué? ¿Para que reine el caos? ¿O para que una banda de listos se haga con el poder en las primeras elecciones y encuentre el modo de debilitar la democracia? En Ghana tuvimos la suerte de que nuestro partido siempre había participado en la contienda política. Se fundó en 1947 y tiene una dilatada tradición en Ghana, a pesar de que el régimen militar se prolongó durante 19 años.

Control civil de las Fuerzas Armadas

¿Qué medidas tomaron su gobierno y el anterior para evitar que los militares perturbaran los procesos democráticos?

¿Cómo se define correctamente la función del Ejército? No nos enemistamos con los militares; de hecho, cuando surgió la oportunidad, tratamos de inspirarles orgullo por su trabajo, intentamos que se enorgullecieran de ser soldados. Juran defender la nación de los ataques externos y obedecer las órdenes del presidente, que es comandante en jefe, pero no tienen derecho a usar su poder para ponerse al frente del gobierno. ¿Qué hicimos? Nombré a mi hermano, el doctor Kwame Addo-Kufuor, ministro de Defensa.

En el pasado, los políticos utilizaban a los soldados profesionales. Cuando Rawlings llegó al poder, por ejemplo, no incorporó al gobierno a los oficiales regulares, pero la institución estaba excesivamente politizada. Así pues, el soldado de a pie tenía la impresión de que su oficio se había corrompido.

Lo que hicimos para mantenerlos en los cuarteles fue tratarlos correctamente. Por ejemplo, Ghana participa desde hace mucho tiempo en varias misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en todo el mundo. El complemento salarial por acudir a las misiones de paz era pequeño: 32 dólares diarios. Cuando llegué al gobierno, los soldados no recibían más que la mitad, unos 15 o 16 dólares. Mi gobierno aumentó el complemento a 27 dólares porque los soldados arriesgaban la vida en esas misiones. Lo agradecieron. Nos ocupamos del mantenimiento de sus instalaciones. Construimos el que quizá sea el mayor centro público de Acra [capital de Ghana]. Está en los cuarteles, es el Burma Hall. Lo reconstruimos para crear un centro precioso, muy moderno. También levantamos centros de tecnología de la información y las comunicaciones para formar a los soldados. Nos hemos esforzado para que se sientan orgullosos de su trabajo, y ellos se han dado cuenta de que su función no los convierte en políticos. Hemos logrado que los soldados entiendan que deben ceñirse a su propio ámbito y que han jurado servir al presidente –su comandante en jefe, un civil–, y deben respetar ese juramento.

Parece que sigue dando resultado. El gobierno no intenta ganarse indebidamente a los militares para que hagan cosas que no deberían en un sistema civil.

Principios fundamentales

¿Qué lecciones le interesa transmitir de su experiencia?

Viajé a Nigeria hace poco y me preguntaban por qué acepté el resultado, tan indeterminado, de las elecciones de 2008, cuando con nueve millones de votantes y tres rondas de votación la Comisión Electoral declaró un ganador por un margen de tan solo 40.000 votos. Lo cierto es que ya preveía el resultado. Después de la segunda ronda, un distrito no había votado por un contratiempo técnico; ahí se iban a decidir las elecciones. De hecho, acudí para apoyar a mis compañeros y descubrí que mi candidato se encontraba en el juzgado solicitando un requerimiento para evitar que el comisionado electoral llevara a cabo la votación en ese distrito. Y solo disponíamos de unos diez días desde la cita electoral hasta la toma de posesión del presidente electo. Por supuesto, la fecha en que debe efectuarse el traspaso de poder la fija la Constitución: el 7 de enero. De haberme puesto del lado de mi candidato, me habría visto obligado a declarar el estado de emergencia, era la única manera de posponer la fecha de la toma de posesión dentro del orden constitucional. Sopesé la cuestión y, en conciencia, no coincidí con mi candidato. Le dije: «Acudiste al juzgado sin consultarme porque sabías que te lo habría desaconsejado; estaba seguro de que teníamos posibilidades. Si el juzgado desestima tu petición y las elecciones siguen su curso, nuestra derrota es segura». Por tanto, no pude hacer campaña. En su lugar, anuncié sin rodeos a mis compañeros que me disponía a hacer una declaración a la nación para comunicar mi disposición a ceder el poder a la persona que la Comisión Electoral declarase vencedora. El juzgado no confirmó la solicitud de mi candidato y la Comisión siguió adelante con las elecciones en el resto de los cuerpos electorales. Declaró vencedor al NDC por tan solo 40.000 votos de diferencia.

Actué como me dictaba mi conciencia. La Constitución establece que hay que ceder el poder al presidente electo, y así lo hice. Hay que respetar la Constitución. La nación necesita una buena Constitución que prescriba el respeto de los derechos humanos, el voto secreto, la independencia de la Comisión Electoral y la independencia del poder judicial. Con todos estos elementos se logra la paz, porque el pueblo siente que participa de verdad en el gobierno. Si lo privas de esa sensación, te encuentras con una Primavera árabe; antes o después, la gente reclama sus derechos. Así que, allá donde voy, siempre les aconsejo que redacten una buena Constitución. El gobierno debe jurar la Constitución, respetarla y dejar que el pueblo se exprese, garantizar la libertad de los medios de comunicación. También debe rendir cuentas. De ese modo, si alguien quiere usurpar el poder, carecerá de justificación.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE JERRY JOHN RAWLINGS, PRESIDENTE DE GHANA (1993-2001)

Jerry John Rawlings fue piloto y capitán de la Fuerza Aérea de Ghana. Junto a otros dos oficiales subalternos, en 1979 derrocó al gobierno electo del país. El golpe conllevó la ejecución de varios oficiales de alto rango, entre ellos tres exjefes de Estado. Rawlings facilitó la celebración de elecciones nacionales en 1979, tres meses después de su ascenso al poder. El 31 de diciembre de 1981, Rawlings, muy crítico con el gobierno electo de Hilla Limann y su presunta defensa de los privilegios de las élites, derrocó al nuevo régimen. Gobernó el país bajo la forma de una dictadura militar hasta 1992, año en que accedió a reformar la Constitución ante las demandas de las organizaciones de la sociedad civil ghanesa y de la comunidad internacional, y apoyó la celebración de elecciones multipartidistas.

Rawlings supervisó la aprobación de la nueva Constitución, en la que se establecía la Cuarta República y que fue aceptada en referéndum a principios de 1992. Constituyó el partido del Congreso Democrático Nacional y se presentó como candidato a la presidencia en las elecciones multipartidistas de 1992 y 1996, en las que se impuso. La Constitución de la Cuarta República establecía una serie de instituciones no partidistas encargadas de supervisar las elecciones, la educación cívica, los medios de comunicación y la protección de los derechos humanos. En su primer mandato como presidente electo (1993-1996), Rawlings puso en marcha esas instituciones, a las que confirió atribuciones considerables. En 2000, al alcanzar el límite de mandatos y ante el escrutinio y la presión internacional, Rawlings dimitió después de que el candidato de su partido fuera derrotado por John Agyekum Kufuor, líder de la oposición. De ese modo, Ghana se consolidó en el camino hacia la democracia liberal. Desde entonces, el país ha celebrado varias elecciones competitivas y traspasos de poder; las últimas elecciones tuvieron lugar en diciembre de 2012 y resultaron muy reñidas.

Aunque no era un demócrata constitucional por convicción personal ni experiencia, Rawlings dio un vuelco a la seudodemocracia oligárquica que regía Ghana antes de su llegada al poder. Conectó con las aspiraciones populares mediante la movilización política y con medidas socialmente inclusivas que sirvieron para que las regiones del norte de Ghana, antes marginadas, se incorporaran al proceso de desarrollo. Rawlings fue recabando apoyos políticos, primero de los trabajadores urbanos y posteriormente de los campesinos, y ayudó a dirigir la política ghanesa hacia una gobernanza democrática más incluyente e institucionalizada.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE JERRY JOHN RAWLINGS

Usted llega a la política siendo un joven oficial de la Fuerza Aérea, participa en el derrocamiento de dos gobiernos y dirige su país como líder militar no electo durante cerca de un decenio. Sin embargo, a finales de la década de 1990 decide convocar elecciones competitivas multipartidistas, acepta el límite de mandatos presidenciales, reconoce la victoria de su principal oponente político en las elecciones de 2000 y lleva a cabo el traspaso de poder de manera pacífica, lo que contribuye en gran medida a la institucionalización de la democracia constitucional en Ghana. ¿Cómo explica su evolución y sus decisiones relativas a la instauración y el fortalecimiento de la gobernanza democrática?

Me gustaría explicar en primer lugar la situación que llevó a mi gobierno militar, los problemas, los hechos y mis esfuerzos, que culminaron en la institucionalización de la democracia constitucional en Ghana.

Ciclos de intervención militar

El levantamiento de oficiales subalternos que encabecé en 1979 fue fruto de la indignación, algo que el pueblo no había podido hacer por sí solo. En 1979 Ghana empezaba a parecer una cocina al rojo vivo. Ningún soldado habría apoyado a los oficiales si iniciaban un golpe, porque en aquel momento, después de siete años de gobierno militar, las tropas detestaban a los oficiales superiores. Recuerdo decir a mis compañeros, dos años antes de 1979, que teníamos que hacer algo. Cuando nos decidimos, el grado de corrupción de los mandos militares que derrocaron al primer ministro Kofi Busia [1969-1972] en 1972 había enfurecido a la población hasta tal punto que ni siquiera la ejecución de tres jefes de Estado corruptos entre los generales sació a un país sediento de sangre.

En el momento en que se produjo la sublevación militar, en 1979, la situación política era tan mala que bastaba con prender una cerilla y arrojarla en la habitación. En las sociedades modernas, cuando la presión aumenta, las instituciones tienen suficiente integridad y capacidad para abordar los problemas. De ese modo, la presión nunca alcanza el punto de explosión. El temor a que la situación degenere y estalle no debería estar en el aire, pero existe, y su mera existencia indica que algo no funciona en los procesos y las instituciones políticos. En nuestro caso, cuando la situación explotó, no analizamos qué había generado aquella tensión insoportable; solo nos preguntamos quién había prendido la cerilla.

Tres meses más tarde, después de las elecciones, cedimos el poder al régimen de Limann [Hilla Limann, presidente, 1979-1981], que anunció mi retiro. Entonces yo ya sabía cuáles eran las intenciones de su gobierno: querían acabar conmigo porque me había negado a abandonar el país. Bastaba con que desobedeciera el anuncio de mi retiro. Lo escuché en la radio. Podía haberlo desobedecido, regresar directamente al campamento y seguir trabajando. Pero se habría generado una situación espantosa para el gobierno. Podría haber sido el principio del fin, porque el levantamiento [que Rawlings dirigió contra el régimen militar anterior] era más popular que el gobierno [de Limann]. Así que, cuando el gobierno anunció mi retiro, me quedé en casa para volver a dar credibilidad y autoridad a la palabra dada, pues se había abusado tanto de ella que desde hacía tiempo había perdido su credibilidad. Todavía estaba empeñado en ayudar al gobierno y me quedé en casa. Aquellos tres meses, la gente estaba tan enojada [con las élites políticas, económicas y militares, a las que consideraban corruptas y explotadoras] que no estaba dispuesta a escuchar segundas opiniones.

Cuando regresamos el 31 de diciembre de 1981 [derrocando al presidente Limann], la indignación del pueblo ya se había disipado un poco.

Descentralización

Lo que quedaba de aquella energía se canalizó de manera constructiva, y esa fue la parte bonita del proceso dirigido entre 1981 y 1992 por el gobierno del Consejo Provisional de Defensa Nacional (PNDC). Debíamos canalizar todo el poder político de los ciudadanos, que había despertado de nuevo, hacia una estructura formal de gobernanza local descentralizada. Preferimos la descentralización a la transferencia de poder, porque no queríamos limitarnos a ceder el poder a las élites locales, sino dejar la toma de decisiones en manos del pueblo. Con ese fin creamos más de 40 asambleas de distrito a partir de las diez dependencias administrativas subnacionales existentes, toda una vía abierta a la expresión democrática popular. El concepto de la asamblea de distrito [el órgano político y administrativo superior de cada distrito] era ajeno a los partidos, no había partidos políticos por aquel entonces. Seguimos adelante con la convocatoria de elecciones sin partidos a las asambleas de distrito [que se celebraron por fases en las diversas regiones entre diciembre de 1988 y febrero de 1989]. Así, en todos los casos, se elegía a la gente en función de sus valores, de a quién y qué representaban, y del respeto que inspiraban en la comunidad.

Reservé el 30% de los escaños de las asambleas a personas que se designarían directamente. Creábamos así la oportunidad de buscar a personas íntegras, y eso fue lo que hicimos: consultamos a los jefes y los líderes de opinión y designamos para las asambleas a personas íntegras de base. Los miembros de las asambleas de distrito también podían elegir a sus presidentes. Creo que alrededor del 90% de los presidentes pertenecía al grupo de los miembros designados.

En 1979 y en la década de 1980, durante mis primeros diez años como líder del país, teníamos un consejo que yo presidía. Luchamos contra las injusticias en los sistemas político, económico y cultural. Intentamos racionalizar la economía y eliminar las actividades de extracción de rentas, porque algunas personas se dedicaban a explotar las instituciones, las reglas y las normativas comerciales del Estado para enriquecerse a costa del pueblo. El consejo también estableció tribunales que ocuparon el lugar de los juzgados occidentales convencionales. Estos tribunales estaban supervisados por líderes de opinión (un consejero de los jefes, una mujer de buena reputación, etc.) y presididos por abogados. Casos que normalmente se prolongaban durante cinco, diez o 15 años se resolvían en cuestión de semanas.

Significado y atractivo popular de la democracia

En nuestra etapa en el poder, a finales de la década de 1980, el Departamento de Estado de Estados Unidos nos empujó, en cierto sentido, a instaurar un sistema multipartidista. En realidad, en este país ya conocíamos el multipartidismo, así como el unipartidismo de Kwame Nkrumah [el primer presidente de Ghana, 1960-1966], el capitalismo, el socialismo y los golpes de Estado. Ninguno de esos regímenes rindió cuentas al pueblo. No obstante, de algún modo el levantamiento de oficiales subalternos que encabecé en 1979 en contra del régimen militar que había derrocado al gobierno de Kofi Abrefa Busia generó un cierto sentido de responsabilidad y una expresión creativa de la libertad, tanto mental como física. Debíamos proteger ese aspecto, que sacaba lo mejor de nosotros. Las potencias occidentales tachaban de antidemocrático nuestro sistema de gobierno bajo el PNDC y empezaron a considerarlo «democrático» cuando aprobamos el orden constitucional y el sistema multipartidista en 1992. Sin embargo, en aquellos diez años [1981-1991] hubo democracia; solo nos faltaba una Constitución formal.

El Congreso Democrático Nacional [NDC, creado en julio de 1992 como sucesor del PNDC] ganó las elecciones presidenciales multipartidistas de 1992 sin demasiadas dificultades, porque seguíamos gozando de una gran popularidad a pesar de que ya habían pasado diez años desde la «revolución».

Tras la instauración del orden constitucional en 1992, la gente decía de mí: «Tenía el poder y pudo aferrarse a él». Pero, aunque hubiera querido, no habría sido capaz. Una vez que cedes responsabilidades al pueblo, y este conoce la libertad y la justicia, es complicado arrebatárselas. En el llamado «mundo en vías de desarrollo», en África, la democracia se abría paso. El poder del pueblo iba cobrando impulso y a los líderes africanos ya no se les toleraban estupideces ni que se empecinaran en desoír a la gente. Creía mucho en lo que estaba haciendo. Opté por la opción más fácil, la más sensata, y al menos a mí me parecía que no había otro camino, que no había alternativa a la celebración de elecciones libres y la renuncia después de mi segundo mandato presidencial. Creo en la democracia, en la libertad y en la justicia. Y, sinceramente, eso es lo que la mayoría de los seres humanos quiere en su vida. La cultura democrática ya formaba parte de mi estilo de liderazgo y de la forma de vida de los ciudadanos antes de la instauración del orden constitucional, así que su institucionalización en el país resultó muy sencilla.

¿Cómo vivió los cambios que se produjeron en Ghana a finales de la década de 1970?

No fue una situación tan compleja como la pintaron los observadores externos, e incluso los internos. Los que la vivimos sabemos que encontrar la solución no era tan complicado. En aquel momento, Ghana ansiaba un cambio. Podría haberse llevado a cabo mediante reformas, pero los dirigentes no se daban cuenta de lo que sucedía. Así pues, la sublevación se convirtió en la única salida [contra el jefe de Estado, general Frederick Akuffo, 1978-1979]. No fue un golpe de Estado, sino un movimiento revolucionario que pretendía poner fin a los alzamientos y a los elementos esenciales de la explotación y el abuso de autoridad. Surgió la duda de si debíamos permitir que la sublevación cobrara impulso, que siguiera su curso, o si por el contrario debíamos refrenarla. Compartimentamos la situación para analizar en qué ámbitos debíamos permitir que la sublevación se desarrollara plenamente y en cuáles se podían efectuar reformas. Lo más importante, en todo caso, era dejar que el espíritu humano impregnara el ambiente.

Algunas personas afirman que la democracia multipartidista es la auténtica democracia. No, hay distintas formas de democracia, entre ellas la democracia participativa. La democracia multipartidista no dio buen resultado en Ghana en el pasado. En nuestra historia ya hemos conocido la democracia multipartidista. La hemos vivido, al igual que hemos vivido bajo un sistema unipartidista. La filosofía económica socialista, la filosofía capitalista, los golpes de los generales, etc. Ninguno de ellos rindió cuentas ante nuestro pueblo. Finalmente, esa falta de responsabilidad provocó la sublevación de 1979.

¿Cómo es posible que en un país africano que ha logrado la independencia, un país como Ghana, liderado de forma inspiradora por el doctor Kwame Nkrumah, que nos ofreció la independencia y nos guio durante diez años, se derroque al presidente y, 13 años después, el país esté a punto de estallar hasta el punto de tener que ejecutar a tres exjefes de Estado y cinco generales? Y, a pesar de todo, el país seguía pidiendo que rodaran cabezas. Todas las sociedades crecen y se fundamentan en la ética, la moral, un sentido de justicia, libertad, etc. Cuando estos elementos desaparecen, surgen tensiones. Por ejemplo, que una hija o un hijo peguen a su madre es una ofensa grave, pero la peor ofensa se produce cuando el padre regresa del campo y no hace nada al respecto. Es ahí donde surge la crisis moral, donde el tejido social empieza a desmoronarse. Es posible que el mecanismo correctivo exista, pero los líderes se niegan a intervenir.

En cuanto obtuvimos la victoria, nos propusimos ondear la bandera de la libertad. No es posible ondear la bandera de la libertad si el asta de la justicia no tiene fuerza suficiente para sostenerla. En este momento, en Ghana, disfrutamos de cierta forma de libertad, pero no hay justicia. Y la gente es consciente de ello. Así que ha llegado la hora de superar la prueba y nos sentimos asustados, preocupados. La libertad y la justicia se dan por supuestas en los países occidentales, porque son conceptos con los que no se juega. Los gobiernos caen a causa de la economía. Pero aquí, en África, los gobiernos caen en función del grado de libertad y justicia que están dispuestos a aceptar.

La transición como culminación de un proceso

En 1992 decidió convocar un referéndum para aprobar una nueva Constitución en la que se preveía la creación de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, se garantizaba la independencia de la Comisión Electoral y se promovían otras reformas favorables a la transición democrática. ¿Se había producido algún cambio importante en Ghana que hizo posible o ineludible esta transición?

La redacción de la Constitución y la celebración de elecciones en 1992 no tuvieron nada de extraordinario. Fue un proceso: la Comisión Nacional para la Democracia realizó consultas sobre el futuro de la democracia ghanesa, y estas propiciaron la formación de las asambleas de distrito. Posteriormente, dando continuidad al proceso electoral para la composición de las asambleas de distrito que habíamos instituido y puesto en marcha, la Comisión organizó otro conjunto de consultas públicas. En aquel momento, el FMI y el Banco Mundial nos prestaban apoyo económico para la construcción de carreteras, el abastecimiento de agua, etc., y, si le soy sincero, no creo que estuvieran dispuestos a esperar a que diéramos con la fórmula correcta para sostener la nueva cultura democrática [populista, de base] de nuestro pueblo. El Departamento de Estado también presionó en favor del multipartidismo.

Después de poner en práctica durante diez años el poder popular, ni mi esposa ni yo permanecíamos ociosos en el palacio [Osu Castle, la antigua residencia presidencial]. Ella viajaba durante días y semanas por todo el país. De ese modo, desmitificábamos la imagen cuasi celestial del jefe de Estado en su atalaya. Desmitificar la presidencia ayudó a facultar al pueblo. La mentalidad había cambiado. Y tampoco es que ofreciéramos nada nuevo a los ciudadanos; nos limitamos a sacar a la luz el lado bueno de la gente, nuestro estilo de liderazgo sacaba lo mejor de ellos. No obré ningún milagro, el milagro lo hizo el pueblo. Sin importar su raza ni su procedencia. Con los líderes adecuados, el pueblo hace milagros; el mérito no fue mío.

Oposición social y política

¿Qué efecto tuvo la movilización de los trabajadores, los estudiantes, los partidos y el Movimiento por la Libertad y la Justicia en la transición política en Ghana?

La sociedad civil y la oposición eran débiles, carecían de la fuerza suficiente para que el pueblo los reconociera. En el seno del PNDC había una diversidad de opiniones y posturas sobre varios temas, entre ellos la dirección del gobierno. Las críticas dentro del PNDC eran lo suficientemente fuertes como para abordar los retos de gobernanza. No reconocíamos ninguna clase de oposición institucionalizada en representación de ningún partido, porque la crítica y la democracia internas ya eran muy sólidas. En el gobierno había miembros del Ejército de mentalidad democrática, civiles con ideas progresistas y personas de distintos grupos étnicos. El poder militar resultó útil para instaurar el orden público y estabilizar la situación, pero el poder correspondía al pueblo.

Transformación en un líder electo

Usted y el NDC tenían el respaldo de los ciudadanos de todo el país cuando tomó la decisión de convocar elecciones. De hecho, se impuso en las elecciones presidenciales de 1992 y fue reelegido en 1996. ¿Qué le empujó a presentarse como candidato tras el retorno de la política multipartidista?

A diferencia de aquellos que se duermen en los laureles cuando ascienden al poder, nosotros estábamos cansados. Llevábamos diez años gestionando un gobierno revolucionario, promoviendo reformas para ceder el poder al pueblo y superar la crisis económica: una tarea agotadora. Me sentía cansado. Hasta que no escuché los cuentos de esos tipos de la oposición que nos calumniaban, no me había dado cuenta de que teníamos que formar el NDC y seguir trabajando. Esa es la cruda realidad. Por tanto, no nos mantuvimos activos en política por gusto, sino por deber. Entendí que debíamos seguir adelante, no podíamos tolerar que se arrojase por la borda aquello por lo que la gente había trabajado tanto.

Tenía la esperanza de poder proteger lo que habíamos creado junto al pueblo. Esa fue la misión que me propuse. Construimos más carreteras. Abastecimos de electricidad y agua. Recuerdo que queríamos que las vacunaciones se llevaran a cabo con mucha rapidez para prevenir la meningitis cerebroespinal. Un año, antes de que me desplazara al norte del país para colaborar en la movilización, los médicos llegaron con las vacunas. En aquella época mi esposa y yo habíamos dedicado mucho tiempo a hablar sobre la planificación familiar y el sida, de manera que cuando surgió el problema de la meningitis y enviamos los medicamentos refrigerados, y las enfermeras estaban listas para poner inyecciones, se encontraron con una multitud que se resistía a formar una fila. Nadie se decidía a ponerse en la fila. Estaban asustados, por lo que les pregunté qué sucedía, debíamos darnos prisa. Creo que lo que pasaba era que tenían miedo de que les pusiéramos inyecciones para esterilizarlos, porque llevábamos mucho tiempo hablando del sida y la planificación familiar. No me quedó otra alternativa que colocarme el primero en la fila, arremangarme y ponerme una segunda inyección. Al verme, todo el mundo se colocó en la fila y todo fue muy rápido, sin problemas.

Jamás pensé que vería en práctica la planificación familiar. Me siento un privilegiado por ello. Una de las organizaciones más formidables de este país es el Movimiento Femenino 31 de Diciembre [una organización dedicada a mejorar la situación social y económica de la mujer], que dirigía mi esposa, y la planificación familiar es uno de sus ámbitos de actuación prioritarios. Siempre que hablo en público, invito a tomar el micrófono a todo aquel que quiera expresar una opinión o plantear una duda. En una ocasión, una señora se ofreció a decir algo. Subió al estrado y animó a todo el mundo, explicando que tenía dos hijos y no necesitaba más, puesto que las seis enfermedades mortales estaban controladas gracias a las vacunas.

No sé cuándo debo olvidar el altruismo y ser un poco egoísta, no sé ponerme límites. Creo que he ofrecido bastante de mí y de mi vida a los que me rodean, a mi gente, y que ahora debería centrarme en mí mismo. Quiero enseñar a otras personas a hallar su camino y ponerse al día, a crecer, para poder irme. Lo que quiero decir es que no es justo que las personas que tienen el poder y la clase política se aprovechen de la inocencia de la gente, de su ignorancia, y la manipulen como han hecho hasta ahora, una y otra vez, gobierno tras gobierno. Hay que dirigir al pueblo, no manipularlo. Crear el entorno para que dé lo mejor de sí.

En este país hemos utilizado la lengua inglesa para reprimir la causa de la democracia, la libertad y la justicia, porque adoptamos este hermoso idioma sin adoptar la integridad con que se usa en los países donde es la lengua materna. ¿Quiere decir esto que carecemos de integridad? Somos tan íntegros como los demás, como descubrirá en nuestras lenguas locales y patrones de conducta; pero al adoptar la lengua colonial, dejamos la integridad al margen de nuestra cultura política. Las clases cultas, que hablan inglés correctamente, se ponen a sí mismas en un pedestal y utilizan el idioma para manipular a los demás. Hablar inglés correctamente no implica que se esté más cualificado que otro, que se vayan a tomar buenas decisiones o se sea más desinteresado; eso es falso y merma la integridad de los políticos.

Contexto internacional

¿Cómo influyó el contexto internacional en sus decisiones políticas?

Hay un momento de nuestro pasado reciente en que Estados Unidos cometió un terrible error. Fue durante el gobierno de George H. W. Bush, cuando Washington decidió lidiar con Saddam Hussein tras la invasión de Irak a Kuwait [agosto de 1990 a febrero de 1991]. En aquella época, con el fin del mundo bipolar, Estados Unidos despuntaba como única autoridad y potencia en un mundo unipolar. Más adelante, Estados Unidos puso fin al régimen de Saddam. No tuvieron la paciencia necesaria para esperar su salida. Por el mero hecho de intervenir provocaron estragos, y se impuso el derecho del poder al poder del derecho y al sentimiento antibelicista del resto del mundo. En ese instante, algo rompió el vínculo entre el ejercicio del poder y el ejercicio de la autoridad.

La autoridad conlleva una actitud ética. En el momento en que se impuso un poder ilegítimo en Irak, algunas personas con poder en África siguieron el ejemplo. En mi caso, decidí que el ejercicio de la autoridad debía responder a una potestad legítima: un poder con ética y legitimidad. Como jefe de Estado, podría haber recurrido a la fuerza militar (al «derecho del poder») que tenía a mi disposición, pero opté por ceder el poder al pueblo (el «poder del derecho»). Escuché al pueblo y de ese modo ejercí mi autoridad de una forma ética.

Aparte del ejercicio del poder político carente de ética, como hizo Estados Unidos con Irak, otro aspecto se hizo notar en África: la ferocidad del capitalismo. En las economías avanzadas, el capitalismo está sometido a controles, y hallan el modo de que el sistema sea competitivo. En Estados Unidos uno se enriquece gracias a sus méritos, a su capacidad. Aquí, para ganar dinero hay que ser influyente.

Cuando iba a la escuela había un escritor, Ayi Kwei Armah, que escribió un libro que se titula The Beautyful Ones Are Not Yet Born [Los bellos aún no han nacido]. Adoraba ese libro. Muchos años después, cuando empezaba a adquirir conciencia política, caí en la cuenta de que el título del libro es erróneo. En mi opinión, los bellos ya han nacido. Están aquí. El problema es que la situación política no permite que las personas que tienen las cualidades adecuadas asuman el protagonismo. La situación los reprime. A las personas que tienen sentido de la justicia, que tienen ese tipo de cualidades, les da siempre mucho miedo subirse a una tribuna política, porque las han monopolizado personas sucias, que difunden falsedades en su nombre, y para evitarlo se mantienen al margen. De ese modo, solo quedan los delincuentes, los delincuentes económicos que se aprovechan de la política y las empresas, por lo que el mérito no cuenta en una sociedad; así es como se socavan las raíces del desarrollo.

Después del régimen del PNDC, las potencias occidentales y los medios de comunicación se dedicaron a limpiar la imagen del gobierno. Ghana se había convertido en una celebridad democrática y, sobre todo con el ascenso al poder de John Kufuor [quien ganó las elecciones presidenciales de 2000 y gobernó hasta 2008] y el Nuevo Partido Patriótico [NPP, fundado en 1992], daba la impresión de que Occidente necesitaba proyectar una imagen de éxito del país en África y el resto del mundo, a modo de ejemplo. Así que los medios occidentales encubrieron las corruptelas del gobierno de Kufuor. Las cosas no son como se quiere hacer creer a la gente de afuera.

Gobernanza tradicional

Al oírle hablar de la Ghana de hoy, no parece que la cultura política actual se corresponda con los valores y hábitos que usted atribuye al pueblo ghanés. ¿A qué se debe, en su opinión, esa divergencia?

Habrá quien no coincida conmigo, pero creo que hoy en día hay menos limitaciones a las conductas ilícitas o nocivas para la sociedad. En los viejos tiempos había respeto. No era extraño que tu propia gente te obligara a rendir cuentas ante el jefe tradicional si hacías algo mal, y acababas pagando algún tipo de multa. Pero cuando el país se independizó, creo que uno de los desaciertos de Nkrumah en su intento de reivindicar la condición de Estado de la nación, su autoridad y estructura como Estado, fue acabar con el poder de los jefes tradicionales y su capacidad para castigar las fechorías. El Estado no dispone de policías uniformados en todas las aldeas del país y ya no se reconoce tanto a la autoridad tradicional. Con nuestros pequeños errores hemos ido destruyendo el sentido social de responsabilidad y disciplina. Entretanto, estamos completando un ciclo, de manera que volvemos a valorar la autoridad tradicional, que no precisa de policías ni soldados para hacerse respetar.

Cuando reformamos el sistema de gobernanza, surgieron discrepancias entre dos escuelas de pensamiento en torno a los sistemas de gobierno tradicionales. Una de ellas defendía que esos sistemas de base pueden enseñarnos a ejercer la autoridad de manera apolítica y sin partidos, y que ese conocimiento puede servir para impulsar el curso del desarrollo. Otra, de orientación más izquierdista, afirmaba que los jefes son anacrónicos, instituciones feudales que ya no resultan pertinentes en un entorno de poder popular debidamente establecido. Este enfrentamiento impidió que al estructurar la descentralización tuviéramos realmente en cuenta la capacidad de movilización y la autoridad moral de los jefes a nivel de las bases. Por tanto, su función en la estructura de gobernanza de base no se definió ni aprovechó adecuadamente. No supimos eliminar los aspectos que considerábamos negativos del sistema tradicional para extraer el auténtico valor de su integración en el sistema de gobernanza, a pesar de que los jefes no habrían sustituido en ningún caso a la autoridad ejecutiva.

Para que se entienda la importancia que todavía tienen las creencias tradicionales, les contaré una anécdota. En mi último año en el poder sufríamos el acoso de la oposición. Estábamos en año electoral y acusaron a uno de nuestros ministros regionales de hacer algo que yo no creía posible. Así pues, invité a este ministro regional a Acra y le pregunté si había hecho aquello de lo que le acusaban; él lo negó. Entonces, le pedí que lo jurara por sus dioses tradicionales. No hay muchas personas capaces de jurar en falso por sus dioses. Hay integridad en nuestras lenguas y conductas tradicionales. Me dijo que estaba dispuesto a hacerlo, así que prestó juramento y retó a aquellas personas a hacer lo propio y repetir sus acusaciones. Nadie volvió a acusarlo nunca más.

Apoyo internacional

En relación con el papel de la comunidad internacional en Ghana, ha comentado que el Departamento de Estado de Estados Unidos presionó a Ghana para que convocara elecciones multipartidistas. ¿Pueden las organizaciones internacionales y otros países democráticos promover con eficacia las instituciones de gobernanza democrática?

Me gustaría conceder a la comunidad internacional el beneficio de la duda y pensar que ansía verdaderamente una cultura democrática mundial, pero es posible que el modo en que aborda algunas de estas cuestiones vaya en contra del objetivo que persigue.

Pensemos, por ejemplo, en el problema palestino con Israel y el apartheid en Sudáfrica, dos atrocidades que copaban las pantallas de todo el mundo. El apartheid ya es historia, de manera que toda la atención se centra en el conflicto entre Palestina e Israel, porque vemos cosas horribles. Cuando privas a una persona de toda oportunidad de defensa, no es sorprendente que esté dispuesta a arriesgar su vida para luchar contra ti.

Cualidades de liderazgo

En estos últimos 30 años de trabajo en la política nacional, ¿qué le ha sorprendido? Si pudiera, ¿qué haría de manera diferente?

Es una pregunta que suelen hacerme: «¿Qué haría de manera diferente?». Siempre respondo que no cambiaría nada. Hice siempre lo que las circunstancias permitían. Cuando me vi obligado a volver [en 1981], las tropas lo esperaban por la persecución que el presidente Limann había emprendido contra ellas. El gobierno de Limann difundía falsedades sobre los soldados y avivaba tensiones étnicas. Eso habría podido provocar una implosión en el seno de las Fuerzas Armadas. A mí me respetaban y esperaban que interviniera y detuviera el deterioro al que estaban condenando al país.

No podía aceptar sus tonterías en nuestra sociedad. Entré en la academia militar con 19 años, más o menos. Provengo de un entorno humilde, aunque me crie con sirvientes. En aquella época se hacían las tareas del hogar, se tuvieran sirvientes o no, así que al final formábamos todos una gran familia. También trabajaba durante las vacaciones. He trabajado con jornaleros, con la llamada «gente de a pie», y con personas de diversas tribus. En mi tribu no hay oro ni cacao, así que mucha gente de mi zona se enrolaba en el Ejército o la Policía. El Ejército es una institución en la que no hay tribalismo ni conflictos étnicos, es un lugar estupendo.

Una de las lecciones importantes que he aplicado en la vida es que hay que hacer las cosas con seguridad, pero que el exceso de confianza puede ser peligroso. Si no te sientes seguro, aprende de nuevo. Aplícate hasta recuperar la confianza. Cometí varios errores por los que estuve a punto de estrellarme, y aquello me impresionó mucho. Algunas personas pensaron que dimitiría y dejaría la Fuerza Aérea. Tuve que empezar de cero hasta recuperar la confianza. No permití que el ego me embriagara. Uno tiene que afrontar la realidad, conocer sus limitaciones. ¿Sabe cuántos generales me insistieron en que debía ascenderme a mí mismo? ¿Me toman por estúpido? No hay nada mejor que ser sincero con uno mismo.

La jefatura de Estado exige un alto grado de integridad, y hay que asegurarse de que los subordinados también observen esa exigencia. Es la integridad la que genera tanta creatividad, tanto desarrollo y tanta energía creativa. Ahora todo eso se sustituye con dinero. El dinero está ocupando el lugar del respeto.

El papel de las mujeres

¿Puede describir el papel que las mujeres ghanesas desempeñaron en la construcción de la democracia?

Las mujeres son la columna vertebral del país. Fueron ellas quienes se organizaron y, literalmente, asediaron las viejas fortalezas coloniales para que liberaran a Nkrumah. Los hombres no hemos apreciado ni respetado como se merecen el poder y el valor de nuestras mujeres. Durante mi último mandato fueron asesinadas 34 mujeres, y creo que los asesinatos tuvieron una motivación política para generar inseguridad.

Las mujeres no necesitaban dinero para unirse a la campaña, para echarse a la carretera. A las cinco de la mañana ya estaban listas. Llegaba la revolución de los desposeídos, de los desfavorecidos y, seamos sinceros, el nivel más bajo de la sociedad lo ocupaban los musulmanes, las gentes del norte, las mujeres y los niños. Nos estábamos ganando la libertad y las mujeres nos acompañaron.

No recuerdo si fue en las elecciones de 1992 o en las de 1996, el caso es que llegué a una aldea y, al terminar mi discurso, pregunté al jefe y a la gente si alguien quería comentar o preguntar algo. Nadie dijo nada hasta que una joven levantó la mano. Le hice señas inmediatamente para que se acercara al micrófono. Señaló un pozo de cemento que se alzaba tras ellos y me preguntó si el gobierno podía repararlo. En aquel momento me pregunté: «¿Por qué ha tenido que dar un paso al frente esta mujer? ¿Por qué ha planteado esta cuestión? ¿Por qué ningún hombre lo ha comentado? ¿Por qué no han dicho nada los consejeros ni el jefe?». Porque ellos no tienen que levantarse a las cuatro o las cinco de la mañana y recorrer más de tres kilómetros para recoger agua cuando el pozo no funciona. Las mujeres se encargan de eso.

¿Qué no han soportado las mujeres de este país, de este continente? El día en que la situación de las mujeres de África empiece a mejorar, sabré que ha llegado la hora del cambio en el continente. Enseñé a volar a una niña de 13 años –mi propia hija– y lo hice por motivos políticos. Lo hice deliberadamente, quería transmitir un mensaje: «Dejen de subestimar el potencial y las facultades intelectuales de las jóvenes y las niñas». Cuando el doctor Nkrumah creó la Fuerza Aérea, los hombres pensamos: «Bah, son para el hombre blanco. Solo los blancos pueden hacerlo». Tuvo que venir a buscarnos. En aquella época nos creíamos superiores a las mujeres; él vino a buscarnos y enseñó a volar a dos mujeres antes de que los hombres abriéramos los ojos. Entonces pensamos que si las mujeres eran capaces, nosotros también.

¿Ha habido un porcentaje elevado de mujeres en el Parlamento de Ghana?

Por desgracia, la dirección de los partidos políticos tiene muchas deficiencias, y a pesar de haber muy buenos motivos para ello, no hemos cedido suficiente espacio a las mujeres. De manera egoísta, las estamos apartando. Sin embargo, en campaña electoral para tener éxito es imprescindible que las mujeres se echen a la calle y apoyen a los candidatos. Con la participación de los hombres, las campañas son como camiones, coches o bicicletas; cuando las mujeres se involucran, la campaña es como un tren al que todos quieren subirse.

MOMENTOS CLAVE EN LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA DE GHANA

Marzo de 1957: Ghana se independiza de Gran Bretaña. Kwame Nkrumah, líder del poder legislativo colonial y del movimiento independentista, se convierte en primer ministro con el apoyo del Partido de la Convención del Pueblo, de inclinación populista de izquierda. En los años siguientes, Nkrumah se consolida en el poder, limita la libertad de expresión e ilegaliza la oposición.

Febrero de 1966: El Ejército derroca a Nkrumah, que se exilia y fallece posteriormente fuera del país, aunque sigue siendo objeto de cierta devoción popular.

Agosto de 1969: Se celebran elecciones. El oponente de Nkrumah, Kofi Abrefa Busia, del Partido del Progreso, sale vencedor pero es derrocado tres años más tarde. A lo largo de la siguiente década, la economía, controlada por el Estado y dependiente de las exportaciones, se deteriora.

Junio de 1979: El teniente de aviación Jerry Rawlings encabeza un golpe de Estado contra el gobierno militar. Permite la celebración de las elecciones programadas, aunque advierte del peligro que entraña la irresponsabilidad de los políticos civiles. Mantiene su rango como oficial de la Fuerza Aérea hasta 1992.

Septiembre de 1979: El Partido Nacional Popular, cercano a Nkrumah y liderado por Hilla Limann, gana las elecciones democráticas. Posteriormente tiene dificultades para enfrentarse a la inflación y el déficit presupuestario.

Diciembre de 1981: Rawlings encabeza un golpe de Estado, crea el Consejo Provisional de Defensa Nacional (PNDC) e ilegaliza los partidos políticos y los medios de comunicación independientes. El PNDC anuncia una «revolución popular» de cuadros locales, paramilitares y tribunales públicos extrajudiciales.

Abril de 1983: Debido a las dificultades económicas, el PNDC adopta repentinamente una serie de políticas orientadas al mercado diseñadas por el Banco Mundial. A lo largo del decenio siguiente, dichas medidas se asocian al crecimiento económico del país e impulsan la popularidad de Rawlings. Las instituciones financieras internacionales se convierten en una fuente principal de financiación del Estado.

Enero de 1985: Rawlings crea la Comisión Nacional para la Democracia a fin de valorar una posible restauración del orden constitucional. La Comisión se mantiene fundamentalmente en un segundo plano durante los cinco años posteriores.

Julio de 1987: Rawlings propone la creación de asambleas locales no partidistas, formadas tanto por miembros electos como por miembros designados directamente; al mismo tiempo, tacha a la democracia liberal de ser una opción elitista y basada en el conflicto. A pesar de las críticas de la oposición, se crean las asambleas y se celebran elecciones sin partidos en los dos años siguientes.

Julio de 1990: Rawlings, ante las presiones de Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales para que democratice el país, propone convertir las asambleas locales en una Comisión Electoral.

Agosto de 1990: La oposición cercana a Nkrumah (populistas de izquierdas) y a Busia (liberales) forma el Movimiento por la Libertad y la Justicia, liderado por Albert Adu Boahen y crítico con la democracia sin partidos. El Movimiento organiza protestas en las ciudades que no logran un seguimiento masivo.

Marzo de 1991: La Comisión Nacional para la Democracia organiza actos públicos para exponer su plan democrático sin partidos. La oposición burla los controles gubernamentales en esos actos para denunciar el carácter antidemocrático de la propuesta.

Mayo de 1991: Un conjunto de encuestas confidenciales indican que Rawlings sería el favorito en unas elecciones presidenciales libres, en parte, gracias a la buena situación económica. Rawlings retira su propuesta de democracia sin partidos, propone la celebración de elecciones multipartidistas directas y designa un comité para la redacción de una nueva Constitución.

Abril de 1992: Más del 90% de los votantes apoya el nuevo texto constitucional, aunque se imponen restricciones en la campaña para el referéndum. La Constitución establece que tanto el presidente como el Parlamento serán electos.

Mayo de 1992: El PNDC deroga la prohibición de los partidos políticos. Los nuevos partidos, entre los que se encuentran el Nuevo Partido Patriótico (NPP, afín a Busia), los partidos cercanos a Nkrumah y el Congreso Democrático Nacional de Rawlings, inician la campaña. El NPP defiende políticas económicas de corte liberal, a las que los herederos de Nkrumah se oponen.

Noviembre de 1992: Rawlings es elegido presidente. El NPP se convierte en el primer partido de la oposición. Los partidos afines a Nkrumah obtienen malos resultados. Aunque el NDC se beneficia de los recursos estatales, las elecciones son bastante limpias. La oposición rechaza los resultados y amenaza con boicotear las elecciones legislativas.

Diciembre de 1992: El NPP lleva a cabo el boicot y el NDC consigue 189 de los 200 escaños en las elecciones legislativas. Los observadores internacionales describen las elecciones como justas, pero el NPP publica un informe de presuntos fraudes que los expertos internacionales encuentran parcialmente hiperbólico.

Junio de 1993: Rawlings nombra a un comisionado independiente de derechos humanos y justicia administrativa tras las protestas de la oposición en contra de una designación anterior.

Julio de 1993: El Tribunal Supremo establece que los medios de comunicación públicos deben dedicar el mismo tiempo a la oposición que al partido en el poder, y que se pueden celebrar protestas sin autorización previa.

Noviembre de 1993: El NPP pone fin al boicot y empieza a tratar con el gobierno; resuelve sus controversias con él en el sistema jurídico y anuncia su intención de participar en las siguientes elecciones.

Febrero de 1994: El NPP amenaza con boicotear las elecciones a causa de los procedimientos de registro de votantes. La embajada de Estados Unidos resuelve la disputa al asumir el costo de la mejora de las tarjetas de identificación de los votantes.

Marzo de 1994: La Comisión Electoral crea un Comité Asesor entre Partidos formado por miembros de los partidos y de la sociedad civil. El Comité fomenta la confianza entre los partidos y mejora la credibilidad de la Comisión Electoral designada por Rawlings.

Abril de 1995: La oposición organiza protestas contra la propuesta de impuesto sobre el valor añadido. Los enfrentamientos entre antiguos miembros de los cuadros del PNDC y los manifestantes se saldan con cuatro muertes y el gobierno retira el plan.

Diciembre de 1996: Rawlings y el NDC se imponen en las elecciones legislativas y presidenciales. El NPP se consolida como principal partido de la oposición. Los observadores internacionales e internos declaran justos los comicios; la oposición acepta el resultado.

Junio de 1998: Demostrando su intención de respetar el límite de mandatos que establece la Constitución, Rawlings respalda a John Atta Mills, abogado y excomisionado del Servicio de Impuestos Internos, como futuro candidato presidencial.

Diciembre de 2000: John Kufuor, del NPP, se impone a Atta Mills en las elecciones presidenciales. Los comicios son en su mayor parte justos, a pesar de algunos abusos de los recursos públicos y de que el NDC insinúa una posible intervención militar. Una vez en el cargo, Kufuor fortalece las instituciones democráticas, refuerza las políticas económicas orientadas al mercado, atrae inversores extranjeros y supervisa la continuidad del crecimiento económico.

Julio de 2001: El Parlamento, controlado por el NPP, revoca la Ley de Difamación a fin de defender la independencia de los medios.

Diciembre de 2001: El Parlamento crea la Comisión de Reconciliación Nacional para investigar las violaciones de derechos humanos durante el régimen militar. La Comisión puede recomendar indemnizaciones, pero no iniciar acciones judiciales.

Diciembre de 2004: Kufuor y el NPP son reelegidos en unas elecciones democráticas mayoritariamente limpias.

Junio de 2007: El descubrimiento de grandes yacimientos petrolíferos en aguas territoriales ghanesas mejora las perspectivas económicas del país, pero hace temer que los ingresos del petróleo disparen la corrupción.

Diciembre de 2008: Se celebran elecciones. Kufuor no puede presentarse, al haber agotado los dos mandatos previstos en la Constitución. Atta Mills y el NDC ganan los comicios. El NPP se niega en un primer momento a aceptar el resultado, pero cede ante la presión de la sociedad civil.

Julio de 2012: Atta Mills fallece durante su mandato, que completa el vicepresidente John Dramani Mahama.

Diciembre de 2012: Mahama es elegido presidente. El NPP se niega en un primer momento a aceptar el resultado, pero los observadores electorales y la sociedad civil convencen al partido de que es preferible interponer un recurso judicial a echarse a las calles.

LECTURAS RECOMENDADAS SOBRE GHANA

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1. Movimiento por la Libertad y la Justicia, Statement, 1990.

2. Ibid.

3. Entre sus líderes cabe destacar al profesor A. Adu-Boahen, B. J. da Rocha, el doctor Hilla Limann (presidente de la Tercera República derrocado por Rawlings en el golpe de Estado del 31 de diciembre de 1981), Kojo Botsio, el doctor Kwame Safo-Adu, Alhaji Mohmmed Farl y Bawa Dy-Yaka, que pertenecían a las tradiciones políticas de Danquah-Busia y Kwame Nkrumah.

4. Steven Levitsky y Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War [Autoritarismo competitivo: regímenes híbridos tras la Guerra Fría], Nueva York: Cambridge University Press, 2010.

5. Kwame Boafo-Arthur, «The Quest for National Reconciliation in Ghana: Challenges and Prospects» [La búsqueda de la reconciliación nacional en Ghana: retos y perspectivas], en Kwame Boafo-Arthur (ed.), Voting for Democracy in Ghana: The 2004 Elections in Perspectives [Votar por la democracia en Ghana: perspectivas sobre las elecciones de 2004] (Thematic Studies) [Estudios temáticos], Tomo 1, Acra: Freedom Publications, 2006, p. 136.

6. Eboe Hutchful, Democratic Governance of Security: Facing Up to Ghana’s Fragility [Gobernanza democrática de la seguridad: hacer frente a la fragilidad de Ghana], Accra: IDEG, 2007, p. 23.

7. El artículo 64 (1) de la Constitución permite impugnar los resultados electorales hasta 21 días después de su anuncio. El 29 de septiembre de 2013, el Tribunal Supremo, después de aproximadamente ocho meses de tortuosa deliberación, decidió «por mayoría» que John Mahama era el presidente debidamente electo de Ghana. El candidato del NPP, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, y los demás codemandantes aceptaron el fallo, según señalaron por su compromiso con los principios democráticos y el Estado de derecho.

CAPÍTULO 4

Indonesia

EL EMPRENDIMIENTO DEMOCRÁTICO DE INDONESIA: PROBLEMAS, PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PENDIENTES

Bahtiar Effendy y Mutiara Pertiwi,
Universidad Islámica Estatal de Yakarta

Indonesia es un Estado que se sitúa en un archipiélago que comprende más de 13.000 islas divididas tanto por la geografía como por etnicidad, religión y clase social. En el país conviven 366 grupos étnicos diferentes. El islam es la religión predominante: el 87% de los indonesios la profesan. Existen también comunidades católicas, protestantes, hindúes, budistas y confucionistas. Debido a las divisiones de carácter étnico y religioso, alcanzar un consenso nacional y lograr una autoridad legítima ha resultado difícil en Indonesia.1

El primer encuentro democrático

Cuando Soekarno [a veces también transcrito como Sukarno en español] y Mohammad Hatta proclamaron la independencia de Indonesia en 1945, el sentimiento de las élites era, por lo general, favorable a adoptar la democracia como sistema de gobierno. La Constitución de 1945 se inclinaba hacia el ejecutivo, pero también cumplía algunos principios democráticos elementales. Su preámbulo hacía hincapié en el humanitarismo, los procesos consultivos y la justicia social. De acuerdo con la Constitución, la soberanía residía en el pueblo, representado en el Consejo Representativo Popular (CRP) y la Asamblea Consultiva Popular (ACP).2 Además, la Constitución establecía los principios de regla de la mayoría, separación de poderes y libertad de religión. Estos principios también se reconocían en la ideología del Estado (Pancasila), a partir de cinco principios entre los que se incluía la representación democrática. El Estado no se vinculaba a ninguna religión en particular.3 La preferencia por la democracia se vio reforzada por un plan para celebrar elecciones generales en enero de 1946. Con ese propósito, el gobierno hizo pública en 1945 la Declaración X, en la que animaba a los ciudadanos a crear partidos políticos.4

Por desgracia, el plan nunca se llevó a cabo. Incluso hubo que suspender la actividad gubernamental rutinaria cuando Indonesia se vio obligada entre 1945 y 1949 a defender su independencia ante la amenaza de una posible vuelta al colonialismo holandés. Esa lucha finalizó en diciembre de 1949 cuando, tras una serie de negociaciones, los Países Bajos accedieron a reconocer la soberanía de Indonesia. El nuevo Estado, con un sistema parlamentario de gobierno, pudo formular entonces sus leyes fundamentales, de conformidad con los principios de la democracia. Las inclinaciones democráticas del país se hacían especialmente patentes en el carácter liberal del Parlamento, cuyos miembros gozaban de una libertad casi absoluta en su función de representantes del pueblo.

Esta etapa del trayecto democrático culminó con las elecciones generales de 1955.5 Al menos 34 partidos políticos y candidatos individuales se disputaron los escaños parlamentarios (CRP) y de la Asamblea Constituyente.6 De todos ellos, solo 28 partidos y candidatos individuales obtuvieron algún escaño en el Parlamento. El Partido Nacionalista Indonesio, Masyumi, Nahdlatul Ulama y el Partido Comunista Indonesio (PKI) surgieron como los cuatro partidos mayoritarios al obtener, respectivamente, el 22, el 21, el 18 y el 16% de los votos; los demás partidos recibieron entre el 0,1 y el 2,9%.7

A pesar de que las elecciones fueron libres y justas, ni el gobierno ni la Asamblea Constituyente funcionaron bien. Entre diciembre de 1949 (mucho antes de las elecciones de 1955) y marzo de 1957, hubo al menos ocho cambios de gabinete o de gobierno en un momento en que fue necesario abordar la cuestión de la unidad nacional, en detrimento de los graves problemas sociales, económicos y políticos del país. La Asamblea Constituyente tampoco redactó la Constitución ni decidió si debía adoptarse la Pancasila, el islam o la socioeconomía como ideología del Estado.

Para superar la parálisis, el presidente Soekarno emitió en 1959 una serie de decretos que establecieron la recuperación de la Pancasila y la Constitución de 1945, así como la disolución de la Asamblea Constituyente. Dado que la Constitución de 1945 otorgaba un gran poder al ejecutivo, Soekarno pudo gobernar con mano firme. Con el apoyo del general Nasution, quien con frecuencia dio muestras de su aversión (y la de los militares) hacia los políticos civiles, Soekarno y los militares se convirtieron en los actores dominantes de la política indonesia entre 1959 y 1966. A fin de contrarrestar la importancia del estamento militar en la esfera política, Soekarno invitó al PKI a formar parte de su gobierno.

Quiebra de la democracia

Los decretos de Soekarno de 1959 supusieron la quiebra del primer experimento democrático de Indonesia. En el apogeo de su poder, entre 1957 y 1966, Soekarno limitó las libertades públicas y encarceló a sus rivales políticos sin garantías procesales.

El gobierno de Soekarno, llamada «Democracia Guiada», finalizó con un golpe de Estado el 30 de septiembre de 1965 tras el asesinato de seis altos generales del Ejército. Conocido como el Movimiento del 30 de septiembre, el golpe lo dirigió el teniente coronel Untung Samsuri, comandante de batallón del regimiento de élite Cakrabirawa, que custodiaba a Soekarno.8 Junto a fuerzas sociales y políticas anticomunistas, entre ellas los musulmanes, el Ejército encabezó una violenta purga que causó un elevado número de víctimas entre los miembros del PKI y sus supuestos simpatizantes.9

Bajo la dirección del general de división Soeharto (también transcrito como Suharto), excomandante del Comando de Reserva Estratégico del Ejército que sofocó el golpe y se puso al mando de la situación en septiembre, se formó el gobierno del Nuevo Orden con el propósito de abordar las deficiencias del régimen anterior, el Viejo Orden, pues así se denominó al periodo entre 1950 y 1965. El nuevo régimen rechazó tanto el periodo de democracia liberal (1950-1957) como el de democracia guiada (1957-1966), a los que tachó de ineficaces para satisfacer las demandas de la ciudadanía en cuanto a estabilidad y crecimiento económico.

El gobierno del Nuevo Orden persiguió la estabilidad por encima de una profundización de la democracia. Entre 1966 y 1998, el gobierno de Soeharto desalentó la competencia política e instauró un «régimen represivo-desarrollista».10 Mediante una hábil ingeniería política, puso freno a las libertades políticas, limitó el número de partidos y redactó una ley electoral que restringía la competencia y controlaba los resultados de las elecciones. Las funciones del CRP quedaron reducidas a una simple formalidad. Muchos integrantes de la sociedad indonesia y de la comunidad internacional empezaron a pensar que el gobierno de Soeharto era tan autoritario como el régimen de Soekarno, cuyo lugar había ocupado en 1966.11

Para ocultar su naturaleza autoritaria, el gobierno del Nuevo Orden celebró elecciones parlamentarias con regularidad (1971, 1977, 1982, 1987, 1992 y 1997). El Golkar, el partido en el poder, siempre ganó esas elecciones. La mayoría de los votantes se sentían demasiado intimidados por la represión para escoger las papeletas de otros partidos; de ese modo, el Golkar obtenía entre el 60 y el 70% de los votos.

En contraste con su postura política antiliberal (y con la ideología estatista de la etapa de Soekarno), el Nuevo Orden adoptó una política económica liberal. El giro hacia una economía de mercado permitió al gobierno atraer inversiones extranjeras y obtener el apoyo de las instituciones financieras internacionales. Durante muchos años, Indonesia fue uno de los «hijos predilectos» del Banco Mundial.12

Transición a la democracia

En marzo de 1998 Soeharto fue reelegido por la ACP para su séptimo mandato de cinco años. Sus partidarios afirmaban que el país precisaba su liderazgo, pero Soeharto se hallaba en una posición difícil. La crisis monetaria asiática había golpeado con fuerza Indonesia y la devaluación de la rupia en agosto de 1997 fue la principal causa del desplome de la economía del país, que se contrajo en un 18%.13 Los disturbios y el derramamiento de sangre resultantes provocaron cuantiosos destrozos en la capital, Yakarta, así como en otras ciudades como Medan, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Padang y Banyuwangi.14 A su vez, la crisis financiera desencadenó otras crisis que sacaron a la luz los problemas sociales, políticos y económicos de Indonesia. El último mandato de Soeharto solo duró tres meses, desde marzo hasta mayo de 1998.

Soeharto había trabajado arduamente para atajar la crisis. El 14 de mayo de 1998, justo una semana antes de renunciar a su cargo, asistió a la cumbre del G15 en El Cairo para solicitar apoyo político y económico de Estados Unidos y otras potencias internacionales, a fin de resolver los problemas más acuciantes. Trazó un plan para reorganizar el gabinete con la incorporación de varios líderes reformistas y activistas de organizaciones no gubernamentales (ONG). Sin embargo, sus esfuerzos por controlar la situación no recibieron demasiados apoyos. Hasta los ministros más leales, con quienes llevaba tantos años compartiendo el poder, se negaron a formar parte del nuevo gabinete. En tales circunstancias, Soeharto no tuvo otra alternativa que abandonar el cargo que había ocupado durante más de tres décadas.

Después de la dimisión de Soeharto, el 21 de mayo, su vicepresidente, B. J. Habibie prestó juramento como tercer presidente de Indonesia. No obstante, la toma de posesión de Habibie fue acogida con ambivalencia. Sus partidarios, la mayoría musulmanes modernistas vinculados a la Asociación de Intelectuales Musulmanes de Indonesia, sostenían que el nombramiento de Habibie era conforme con la Constitución. Sus oponentes, por el contrario, lo consideraban un confidente cercano a Soeharto y, por tanto, parte del problema. Por consiguiente, demandaban la renuncia de Habibie.

Ante la falta de un apoyo amplio, Habibie cayó en la cuenta de que debía tomar decisiones estratégicas para garantizar su permanencia en el cargo.15 Una de sus decisiones clave fue establecer el control civil sobre las Fuerzas Armadas, que llevaban décadas actuando como guardia pretoriana del Estado. Fue una medida decisiva, pues al parecer Soeharto había hecho ciertos preparativos por si Habibie no era capaz de restaurar el orden nacional. El general Wiranto, ministro de Defensa y comandante de las Fuerzas Armadas, conservaba una orden no revelada de Soeharto para rescatar la nación «por todos los medios necesarios» en caso de emergencia política. El propio Wiranto reveló a Habibie la existencia de tal orden, y Habibie le permitió mantenerla por si la situación empeoraba; de ese modo demostró que confiaba en la integridad de Wiranto y se ganó su lealtad.16

La confianza de Habibie en el general Wiranto se afianzó cuando el ministro de Defensa comunicó un movimiento sospechoso de tropas que se dirigían hacia Yakarta bajo el mando del general Prabowo Subianto, jefe del Comando de Reserva Estratégica del Ejército y yerno de Soeharto.17 El presidente Habibie reaccionó ordenando a Wiranto que retirara de su puesto a Prabowo, con lo que de hecho evitó un golpe militar.18 Al separar a Prabowo de sus tropas, Habibie protegió su presidencia de un más que probable desafío militar. Asimismo, otros cambios en la jerarquía militar le aseguraron los apoyos adecuados.

Algunos oponentes de Habibie lo acusaban de ser incapaz de dirigir el gobierno y de corrupción para favorecer los intereses de los allegados de Soeharto.19 Otros afirmaban que la presidencia de Habibie era ilegal, dado que la transferencia de poder requería una sesión especial de la ACP.20 Las críticas se intensificaron cuando Habibie anunció su nuevo gabinete. Uno de sus mayores críticos fue el Frente Nacional (Barisan Nasional o Barnas), formado por exministros del gobierno de Soeharto, oficiales militares retirados, como Ali Sadikin y Kemal Idris, y figuras civiles, como Megawati Soekarnoputri (hija de Soekarno, que años después sería presidenta), Rizal Ramli y Marsilam Simanjuntak. Otro grupo influyente era Nahdlatul Ulama, la mayor organización sociorreligiosa islámica de Indonesia. La encabezaba Abdurrahman Wahid (también conocido como Gus Dur), que se situó en la oposición moderada al gobierno.21

Sin embargo, la oposición a Habibie carecía de unidad. En la sesión especial de la ACP de noviembre de 1998, las protestas estudiantiles exigieron la renuncia de Habibie, pero ni Megawati ni Abdurrahman Wahid les brindaron su apoyo.22 Habibie se las ingenió para tratar con cada grupo a fin de dividir a la oposición y hacerla así más manejable.

La presidencia de Habibie

Con un apoyo fragmentado a su mandato y escasa legitimidad, Habibie luchaba para mantenerse en el cargo. Entretanto, los inversores no se decidían a regresar y la rupia seguía siendo débil (1 dólar equivalía a entre 14.000 y 17.000 rupias). Alrededor de 79 millones de personas (el 39% de la población) vivían por debajo del umbral de pobreza en julio de 1998; y según las previsiones, esa cifra ascendería hasta los 96 millones antes del final de ese año.23 En junio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que la economía indonesia se contraería otro 10% a lo largo del año. En las calles seguían celebrándose protestas multitudinarias de vez en cuando, y el país no gozaba, en modo alguno, de estabilidad política. Los movimientos separatistas de Timor Oriental, Aceh y Papúa aún no se habían resuelto y se complicaron con los conflictos comunales de Maluku y Poso. La fase temprana de la transición se caracterizó, en palabras de Richard Robison, por «un mercado caótico y una democracia desorganizada».24

Al contrario de lo que Soekarno y Soeharto habían hecho en 1959 y 1966, Habibie decidió empezar por garantizar las libertades en lugar de imponer el orden. Así, el 22 de mayo anunció su gabinete de Desarrollo Reformado, al que asignó la responsabilidad de llevar a cabo una reforma democrática de la economía, la política y el sistema jurídico del país. En los 18 meses de gobierno de Habibie, Indonesia aprobó al menos 68 leyes nuevas, tres normas gubernamentales que sustituyeron a otras leyes, 109 normas gubernamentales, 248 decretos presidenciales y 31 instrucciones presidenciales.25

Reforma política

El presidente Habibie no gozó de un amplio respaldo durante su mandato. Sin embargo, actuó con determinación para relajar el clima político. El 25 de mayo liberó a 15 presos políticos, entre los que se encontraban Sri Bintang Pamungkas y Mukhtar Pakpahan, dos de los que habían criticado más abiertamente a Soeharto. Al final de su mandato, Habibie había liberado a unos 150 presos políticos, algunos de ellos conocidos comunistas.26 Estableció la libertad de prensa y revisó todas las normativas que se consideraban impedimentos a la promoción de la libertad de expresión.

Otro avance político significativo en los primeros días de Habibie en el cargo fue la transformación del Golkar en un partido político común. De ese modo, ya no podría movilizar el apoyo de la burocracia o los militares, como sucedía en la etapa de Soeharto, sino que tendría que competir con el resto de los partidos políticos para conservar su influencia en el Parlamento. La reforma interna del Golkar rompió el vínculo institucional entre el partido y los militares [este cambio se anunció y aceptó formalmente en el congreso del Golkar de julio de 1998].

En junio Habibie puso fin a las restricciones a la creación de partidos políticos, con miras a que las siguientes elecciones en Indonesia se celebraran en el marco de un sistema multipartidista liberal. En un plazo de seis meses se inscribieron 181 partidos. Para garantizar la celebración de elecciones libres y justas, Habibie creó una comisión electoral independiente y un comité de supervisión (Bawaslu).

Dentro de su programa de reforma política, en respuesta a la demanda popular y en negociación con los líderes parlamentarios, Habibie adelantó la fecha de las elecciones generales de 2002 a 1999. Sin el compromiso personal de Habibie con la reforma, no habría habido ninguna garantía de que las primeras elecciones posteriores a Soeharto se celebrarían tan pronto, menos de 18 meses después de la llegada de Habibie al poder.

Los esfuerzos de Habibie por poner freno al papel preponderante de los militares en la esfera política fueron fundamentales para su programa de reforma. Poco a poco, retiró al personal uniformado del ámbito político y lo envió a los cuarteles para desempeñar su función como soldados profesionales. El 1 de septiembre anunció, y el general Wiranto reiteró, que «la función social y política de las Fuerzas Armadas se atenuará de manera sistemática y automática, de la mano del crecimiento de nuestra sociedad civil».27 El 1 de abril de 1999, la Policía Nacional se separó de las Fuerzas Armadas con el propósito de distinguir claramente entre las funciones de orden público y de defensa. En los años siguientes se fueron adoptando otras medidas necesarias para asegurar el control civil sobre el estamento militar.

A fin de establecer cimientos democráticos sólidos, el presidente Habibie apoyó una propuesta realizada en la sesión especial de noviembre de la ACP para poner en marcha el proceso de reforma de la Constitución de 1945. El proceso se inició después de las elecciones generales de 1999. Una de las decisiones relevantes consistió en establecer un máximo de dos mandatos de cinco años para el presidente.

La relajación del clima político también facilitó la concientización de las mujeres y la promoción de su activismo político. Habibie se reunió con un grupo de activistas e intelectuales feministas para hablar sobre las mujeres víctimas durante los disturbios de mayo.28 Accedió a pedir perdón en nombre del gobierno y prometió crear un órgano independiente, la Comisión Nacional sobre la Violencia contra la Mujer, dedicado a la defensa de los intereses y la protección de la mujer.29

Descentralización (autonomía regional)

En la etapa del Nuevo Orden, el Estado indonesio estaba muy centralizado y el presidente trataba a los jefes de los gobiernos regionales como subordinados administrativos, tanto a nivel burocrático como político. A pesar de que varias provincias, como Yakarta, Yogyakarta y Aceh, gozaban de un estatus especial, las regiones no ejercían una autonomía real en la gestión de sus asuntos.

Habibie se comprometió a promover la descentralización. La Ley de Autonomía Regional (n.º 22/1999) autorizó a las regiones a administrar sus propios asuntos, a excepción de aquellos relacionados con exterior, defensa y seguridad, cuestiones monetarias y jurídicas, y religión, que seguían siendo competencia del gobierno central.30 En las provincias donde había movimientos separatistas activos, como Aceh, Papúa y Timor Oriental, el gobierno adoptó distintas políticas. En Aceh, el plan consistió en conceder a la provincia el estatus de autonomía especial, aunque esta medida no resolvió sus problemas con Yakarta; de hecho, aumentó la popularidad de la organización secesionista, el Movimiento Aceh Libre, liderada por Hassan Tiro.31

Al igual que en Aceh, el estatus especial para Timor Oriental no pareció contentar a gran parte de los timorenses. Habibie decidió celebrar un referéndum en el que pudiesen decidir su propio futuro; el resultado fue la separación de Timor Oriental de Indonesia. El problema de Papúa aún no se ha resuelto por completo. La provincia se dividió en Papúa y Papúa Occidental, disfrutando ambos territorios de una autonomía formal amplia. Sin embargo, algunos papúes siguen siendo partidarios de la separación.

Promover la independencia del Banco Central

La crisis asiática dirigió la atención hacia la necesidad de mejorar la gestión de la política monetaria de Indonesia. Tras la experiencia de vivir en Alemania durante 20 años, el presidente Habibie creía que contar con un Banco Central independiente era fundamental para diseñar una política monetaria sólida, ajena a los intereses políticos. Soekarno y Soeharto habían infringido ese principio, pues ambos se sirvieron del banco para financiar sus programas de gobierno.32 Habibie consultó a sus asesores económicos e invitó a exejecutivos del Deutsche Bundesbank, tales como los doctores Josef Ackermann, Helmut Schlesinger y Wolfgang Kartte, a que participaran en la redacción de la nueva legislación que debía garantizar la independencia del Banco Central.33

Promoción de la democracia

De conformidad con lo dispuesto en la sesión especial de la ACP de noviembre de 1998, en abril de 1999 se celebraron elecciones parlamentarias. Habibie desempeñó un papel esencial, al promulgar una serie de normas que garantizaron elecciones competitivas, libres y justas. Entre tales normas cabe destacar la que eliminaba el derecho a voto de los miembros del Ejército, así como la que eximía a los funcionarios de la obligación de votar por el Golkar. También atribuyó al comité de supervisión electoral la autoridad para vigilar, mediar en controversias y emprender acciones legales ante cualquier violación de las normas electorales. Ese fue un avance importante; en la etapa de Soeharto, una institución parecida no era más que un elemento adicional del equipo ganador del Golkar.

Las elecciones de 1999 fueron relativamente competitivas, democráticas y pacíficas. En ellas participaron 48 partidos políticos. El Partido Democrático de Indonesia por la Lucha (PDI-P), liderado por Megawati, obtuvo la mayoría en el Parlamento con 153 escaños. El Golkar fue el segundo partido más votado, con 120 escaños, seguido de cuatro partidos islámicos o de inspiración musulmana, a saber, el Partido Unido para el Desarrollo, con 58 escaños; el Partido del Despertar Nacional, con 51; el Partido del Mandato Nacional, con 34; y el Partido de la Estrella Creciente, con 13 escaños.34

De acuerdo con la Constitución de 1945, en esas elecciones se elegía a los miembros del Parlamento (CRP). El presidente y el vicepresidente son elegidos por la ACP, la instancia más alta con derecho a evaluar –y destituir– al presidente, reformar la Constitución y formular las líneas directrices generales de la política estatal. La ACP se componía de miembros del CRP, un grupo de profesionales designados por el presidente y los representantes designados por los gobiernos regionales. En la etapa del Nuevo Orden, «las designaciones se llevaban a cabo en procesos controlados por Soeharto y, por tanto, daban lugar a una asamblea dispuesta a plegarse a los deseos del presidente».35 Todo eso cambió con Habibie en el poder. No obstante, no todos sus esfuerzos obtuvieron recompensa.

Su discurso de rendición de cuentas en la sesión de la ACP celebrada en octubre de 1999 fue rechazado por un margen inferior a 50 votos, lo que equivalía a perder el voto de confianza del Parlamento. Aún no se ha explicado de manera convincente por qué su discurso fue rechazado. Las intrigas políticas asamblearias y las ambiciones enfrentadas fueron quizá los factores más importantes. También existía descontento entre la población con lo que se percibía como una falta de compromiso por parte de Habibie para llevar a Soeharto ante la justicia, así como por su responsabilidad en el resultado del referéndum de Timor Oriental. Además, algunos consideraban que Habibie permanecía indiferente ante las violaciones de los derechos humanos en las que participaban los militares.36

En cualquier caso, Habibie tenía claro que no contaba con suficiente respaldo político en el Parlamento recién elegido. Así pues, decidió no presentarse como candidato a la presidencia en octubre de 1999. Una coalición amplia de partidos islámicos y el Golkar eligió a Abdurrahman Wahid como cuarto presidente de Indonesia. Megawati, líder del partido vencedor (PDI-P), fue nombrada vicepresidenta.

El legado democrático de Habibie

Habibie perdió la batalla política inmediata en su breve mandato como presidente debido a que sus aportes no se valoraron plenamente en aquel momento. Sin embargo, teniendo en cuenta los problemas que heredó y los recursos de los que disponía, Habibie realizó una labor notable al ayudar a crear las instituciones y prácticas fundamentales para el funcionamiento de la democracia en Indonesia. Instauró las libertades públicas, la libertad de prensa y la libertad de expresión, y facilitó la creación de partidos políticos y la celebración de las primeras elecciones verdaderamente democráticas en 44 años. Lo que es más importante, Habibie logró mantener relativamente intacto el Estado nación de Indonesia ante la amenaza de desmembramiento, redujo la influencia política de las Fuerzas Armadas y convirtió el Golkar –el partido que había servido de vínculo institucional entre las Fuerzas Armadas y el Estado– en un partido más dentro de un sistema competitivo multipartidista.

Sus sucesores se beneficiaron enormemente de los sólidos cimientos que Habibie había establecido, aunque todavía quedaba mucho por hacer cuando abandonó el cargo. El trabajo para enmendar la Constitución de 1945 no había hecho más que comenzar; aún no se había instaurado la elección directa del presidente y el vicepresidente, y las mujeres seguían al margen de la esfera política. No obstante, Habibie contribuyó a que la transición a la democracia en Indonesia se desarrollase de manera relativamente pacífica, y promulgó reformas duraderas que han resultado eficaces y legítimas. Estas fueron un valioso legado para los presidentes Abdurrahman Wahid, Megawati y Susilo Bambang Yudhoyono, que las aprovecharon para proseguir el desarrollo de la democracia indonesia hasta convertirla en un sistema de gobernanza eficaz.

La democracia ya se ha consolidado en Indonesia. Los sucesores de Habibie han logrado y mejorado muchas cosas. Los partidos políticos siguen siendo el elemento central de la democracia en el país. Pero en comparación con los primeros años de la transición, en la actualidad menos partidos políticos participan en las elecciones y tienen representación en el Parlamento. La Constitución de 1945 se ha reformado cuatro veces para integrar con mayor rigor los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como los controles y equilibrios entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. No obstante, muchos han denunciado su falta de coherencia y proponen una nueva ronda de enmiendas. Desde 2004, los titulares de cargos públicos –entre ellos el presidente, los gobernadores, los jefes de distrito y los alcaldes– se eligen de manera directa. Las fuerzas policiales y militares ya no tienen representación en el Parlamento, y sus miembros no pueden votar.

En Indonesia la democracia parece ser un proyecto muy caro. Para presentarse a casi cualquier cargo público hay que disponer de una gran cantidad de fondos. Esa es una de las posibles razones, o así se percibe, por las que la corrupción sigue imperando en el país, a pesar del enérgico trabajo de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción. Un número significativo de titulares de cargos públicos –incluidos ministros, gobernadores, jefes de distrito, alcaldes, parlamentarios y funcionarios– han sido juzgados y condenados por malversación.

Todavía queda mucho por hacer para que la democracia indonesia cumpla plenamente sus promesas: por un lado, orden, estabilidad y seguridad; por el otro, decencia pública y prosperidad. En cualquier caso, se ha avanzado de manera considerable, especialmente en los años de la presidencia de B. J. Habibie y posteriores.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE B. J. HABIBIE,
PRESIDENTE DE INDONESIA (1998-1999)

En su juventud, B. J. Habibie tuvo una estrecha relación personal con Soeharto, presidente autoritario del país durante 32 años. Habibie viajó a Alemania a principios de la década de 1950 y trabajó allí 20 años como ingeniero aeronáutico y ejecutivo. Soeharto lo convocó en 1974 para dirigir la empresa aeroespacial estatal y asesorar al gobierno sobre cómo promover la tecnología. Entre 1978 y 1998, Habibie ejerció de ministro de Estado de Investigación y Tecnología. Soeharto le fue asignando responsabilidades más amplias y delicadas hasta que lo nombró vicepresidente en 1998. Habibie fue miembro del Golkar, el partido en el gobierno, y presidente de la Asociación de Intelectuales Musulmanes. Conocía los mecanismos de poder de la Indonesia de Soeharto, aunque no disponía de una base de poder propia excepto en la burocracia relacionada con la Asociación de Intelectuales Musulmanes; además, por lo general no gozaba de popularidad entre los militares y la oposición.

Cuando la crisis financiera asiática de 1997-1998 golpeó a la hasta entonces floreciente economía indonesia, la oposición a Soeharto se organizó con rapidez hasta que las manifestaciones masivas lo obligaron a dimitir en mayo de 1998. Habibie llegó a la presidencia por medio de una sucesión constitucional, respaldada por el Parlamento, que evitó una peligrosa lucha de poder entre los altos cargos de las Fuerzas Armadas. De inmediato, controló personalmente a los militares, liberó a la mayoría de los presos políticos, reconoció a los sindicatos y puso fin a la censura y a las restricciones de la libertad de prensa. Asimismo, autorizó la creación de nuevos partidos políticos, adelantó en tres años la fecha de las elecciones nacionales y destituyó del Parlamento a los partidarios de la familia Soeharto y a varios oficiales militares. Acometió un programa de descentralización política y administrativa, nombró a un ministro civil de Defensa por primera vez en 50 años y accedió a la celebración de un referéndum que conllevó la independencia de Timor Oriental. Además, actuó principalmente de acuerdo con sus convicciones, reforzadas por sus creencias religiosas, y asesorado por un grupo de académicos y funcionarios. Creía que Indonesia necesitaba una reforma fundamental que los centros de poder en contienda aceptarían a cambio de la oportunidad de competir pronto en unas elecciones. Habibie abandonó la presidencia en 1999 después de que la Asamblea Consultiva Popular rechazara por un estrecho margen su informe de rendición de cuentas. Los cambios que introdujo se han mantenido, en líneas generales, en el largo proceso de construcción de la gobernanza democrática de Indonesia.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE B. J. HABIBIE

Fin del régimen autoritario

Después de 32 años en el poder, el gobierno del presidente Soeharto llegó a su fin en 1998. ¿Cuáles fueron los factores más decisivos en la caída del régimen? Como vicepresidente, ¿cuáles consideró que eran sus mayores retos en aquel momento?

El gobierno de Soeharto degeneró porque el presidente actuaba cada vez más en función de los intereses de individuos y familiares afines, y perdió el contacto con los intereses de la mayoría.

Tras la desregulación del sistema bancario a finales de 1988, los bancos creados por empresas privadas empezaron a conceder préstamos a corto plazo que no eran rentables, y esto generó incertidumbre económica. En julio de 1997, cuando el baht tailandés empezó a devaluarse, aumentó la demanda de dólares estadounidenses para abonar las cuotas del principal y los intereses de los préstamos del país en los mercados de capital internacionales, y el valor de la rupia indonesia en relación con el dólar empezó a caer. A medida que la incertidumbre aumentaba, la caída libre de la rupia se aceleró. Se dispararon la inflación y los intereses, y los artículos de primera necesidad comenzaron a escasear. Los alumnos de estudios secundarios y universitarios y las organizaciones juveniles se sumaron a las multitudinarias manifestaciones en las calles y ante la Asamblea Consultiva Popular. La situación financiera agravó la incertidumbre y dio pie a problemas económicos cada vez mayores que llevaron a las fuerzas sociales, políticas y militares de Indonesia a forzar la dimisión de Soeharto.

Nunca me interesó ser presidente del país. Ni siquiera me interesaba ser ministro. Mi única ambición era introducir en Indonesia tecnología para fabricar aviones. Hice un trato con Soeharto. En 1974 acepté volver de Alemania para fabricar un avión indonesio en una empresa propiedad del gobierno, pero que se dirigía como si fuera privada. Lo hice y cumplí los plazos establecidos.

En los primeros meses de 1998, cuando el presidente Soeharto me pidió que participara en su campaña como candidato a vicepresidente, le dije que no me era posible porque mi esposa estaba muy enferma. Pero me pidió que me presentara con el Golkar para ganar las elecciones, y accedí. Fui nombrado vicepresidente por los miembros de la Asamblea Consultiva Popular, que se dividía en cinco facciones: el Partido Democrático de Indonesia de Megawati; los islámicos (el Partido Unido para el Desarrollo); el Golkar, mi partido; las personas que representaban a las provincias, es decir, el Consejo Representativo Regional (Utusan Daerah); y los militares.

Soeharto impuso una norma que establecía que cada facción podía proponer un candidato a vicepresidente, así que podían presentarse hasta cinco. Primero se elegía al presidente y después al vicepresidente. Los candidatos a la vicepresidencia se presentaban de uno en uno al presidente electo, quien debía aceptar al vicepresidente. Para evitar que el debate se dilatara, antes de proponer un candidato a vicepresidente, cada grupo hablaba con el presidente para preguntarle con quién consideraba que podría trabajar. Estaba convencido de que el presidente se tomaría en serio mi deseo de no formar parte del gabinete, así que no me planteé en ningún momento la posibilidad de ser vicepresidente. Ya le había anunciado que no quería entrar en el gabinete. Él me respondió que había que dejarlo en manos de Dios. Así que yo no presioné para conseguir el cargo, como hacían los demás candidatos. Lo único que me interesaba era mi trabajo de ingeniería. Pero las cosas no salieron como pensaba. Las personas hacemos nuestros planes, pero es Dios quien decide.

Dos semanas antes de las elecciones, el jefe de las Fuerzas Armadas, Feisal Tanjung, un general de cuatro estrellas, habló con el presidente. Según la Constitución, él era responsable de garantizar la seguridad del presidente y del nuevo vicepresidente. Para prepararse y llevar a cabo su tarea, deseaba saber quién sería vicepresidente, así que presentó la lista de nombres a Soeharto.

Tras su encuentro con Soeharto, Tanjung llegó a la conclusión de que el vicepresidente iba a ser yo. Le sorprendió, pues yo ya había manifestado que no me interesaba entrar en el gabinete. Pero Soeharto insistió y señaló mis logros.

Tanjung llamó a mi personal de seguridad. En aquel momento yo ya era coordinador y presidente electo de una coalición de tres facciones: las Fuerzas Armadas, el Golkar y los representantes de las provincias. Desempeñaba esa función desde 1993.

Establecer prioridades políticas

La oposición a Soeharto creció hasta el punto de no dejarle otra alternativa que abandonar el poder. Usted asumió en ese momento la presidencia sin el apoyo del régimen de Soeharto, sin el apoyo de la oposición, ante el recelo de las Fuerzas Armadas y sin una base de poder independiente. Tenía fama de progresista –una persona entendida en tecnología e industria que tenía una estrecha relación con la Asociación Indonesia de Intelectuales Musulmanes–, pero no era un líder político con un respaldo amplio. Sin embargo, fue capaz de emprender numerosas reformas. ¿Cómo lo logró? ¿Qué lecciones cabe extraer de su experiencia que puedan resultar útiles en otros lugares?

Está usted en lo cierto. Jamás dispuse de una red política como la de Soeharto, quien controló y construyó una red política durante 32 años. Yo nunca dirigí a los militares como él. Todos los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y de la Policía eran antiguos ayudantes de campo suyos, dada su dilatada permanencia en el poder, desde 1966 a 1998. Por tanto, él controlaba esa red y era consciente de que yo no contaba con un respaldo semejante. Yo solo disponía de mi inteligencia y mi falta de ambición por convertirme en presidente o vicepresidente. Ya había satisfecho mis ambiciones con lo que había hecho en mi trabajo de ingeniería.

Pero de pronto me vi empujado a asumir esta posición de liderazgo. La primera vez que me di cuenta claramente de lo que supone la presidencia fue cuando empezaron a entregarme un montón de informes de inteligencia: del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía, del centro nacional de inteligencia, del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio del Interior y del Golkar. Leía aquellos informes tan minuciosos y no coincidían. ¿Cómo averiguar cuál decía la verdad?

Reparé en la fuerza de la gente que se manifestaba, en el «poder del pueblo», y opté por darles libertad para expresarse, para manifestarse, e instauré también la libertad de prensa. Cuando tomé esas decisiones, el ministro encargado de la coordinación de los asuntos de política y seguridad –y exjefe de las Fuerzas Armadas–, el general Faisal Tanjung, protestó. Decía que me matarían. Le contesté que no me importaba, porque la única manera de equilibrar todos esos datos tan confusos era recurrir a la ayuda de los propios ciudadanos. Por eso, a las 24 horas de convertirme en presidente, decidí instaurar la libertad de prensa.

De pronto, empecé a recibir una gran cantidad de información y consejos contradictorios. De haber seguido aquellos consejos, habría estallado una revolución violenta. Los más perjudicados por una revolución así habrían sido los ciudadanos inocentes que solo ansiaban una vida normal; no podía tolerarlo.

Tales consideraciones me llevaron a abolir las leyes que restringían la libertad de prensa. Instaurar la libertad de expresión me permitió obtener información fidedigna sobre la opinión que la población tenía de mi gestión. Lo hice porque quería devolver el poder del Estado a su auténtico dueño: el pueblo de Indonesia. No a una familia, ni a un hombre, ni a mí ni a mis hijos, sino al pueblo.

También decidí liberar a todos los presos políticos y reservar las cárceles para los delincuentes, no para aquellas personas cuyo único delito era criticar al presidente de turno. El general Wiranto y el fiscal general del Estado me advirtieron de que era peligroso, que habría manifestaciones y, quizá, planes para asesinarme. Pero estaba seguro de que solo moriría si así lo quería Dios.

El jueves 21 de mayo de 1998, a las diez de la mañana, Soeharto dimitió. Tuve que asumir el poder. Empecé a formar mi gabinete esa misma tarde. Pasé la noche en vela. El viernes por la mañana presenté el nuevo gabinete. Antes de hacerlo llamé a las Fuerzas Armadas para comunicar que yo era el presidente y que debían cumplir mis órdenes.

Respuesta a la crisis económica

¿Qué estrategia adoptó para adquirir legitimidad y ganarse el apoyo de la población, así como para controlar a las Fuerzas Armadas y otros elementos que podrían querer restaurar el régimen autoritario?

Mi mayor prioridad fue resolver los problemas económicos y políticos, tomando decisiones con rapidez y mejorando la transparencia mediante la buena gobernanza. Quería ofrecer a los ciudadanos libertad y los valores de los derechos humanos, la responsabilidad y los principios de la economía social de mercado, y para ello opté por introducir y acelerar la evolución y las reformas en lugar de una revolución.

El principal problema con que nos encontramos fue la imprevisibilidad de casi todas las áreas de la economía y los sectores financieros: la alta inflación, la caída libre del valor de la moneda indonesia, el aumento del desempleo, la fuga de la inversión directa extranjera y la escasa disponibilidad de artículos de primera necesidad.

Estudiamos los consejos y las propuestas de instituciones nacionales e internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial, otras entidades bancarias, las leyes antimonopolio e instituciones para el desarrollo democrático, sobre todo estadounidenses y alemanas. Tratamos de ser pragmáticos en todo momento. Creíamos que la legislación debía fundamentarse en la Constitución y aprobarse en el Parlamento y la Asamblea Consultiva Popular. En ese sentido, tenía la ventaja, antes de las elecciones de mayo de 1999, de contar con el apoyo de más del 80% de los escaños del Parlamento todavía en funciones.

Actuar con rapidez

Tomé varias decisiones importantes para abordar los retos más inmediatos. Declaré la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Lo primero que hizo la gente fue salir a la calle y manifestarse en mi contra, lo cual me pareció correcto. Debido a mi estrecho vínculo con Soeharto, había quien se oponía a mi presidencia y ponía en duda mi legitimidad. En el país había mucha incertidumbre sobre lo que iba a suceder sin Soeharto, y hubo quien pidió mi dimisión. Pero yo no quería entrar en un debate público.37 Era consciente de que, para reforzar mi posición, mis acciones debían ceñirse a la Constitución y a la legislación de Indonesia, y de que tenía que actuar con rapidez.38

En relación con la seguridad, ordené al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que se encargara de la seguridad del expresidente y su familia. Dejé de recibir a los comandantes y jefes de Estado Mayor sin una solicitud del jefe de las Fuerzas Armadas. Leía todos los informes de inteligencia (del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio del Interior y el Organismo Coordinador de Inteligencia del Estado) y los comparaba detenidamente con los datos de la prensa libre.

También ofrecí los artículos de primera necesidad a un precio de mercado asequible, por medio de subsidios y controles.

Asimismo, adopté numerosas medidas a medio y largo plazo para impulsar la buena gobernanza. Combatí la corrupción y defendí el Estado de derecho. Las leyes deben aplicarse a todos por igual, incluido el presidente. Aprobé leyes contra la corrupción y el monopolio, y creé una institución anticorrupción, la Comisión para Erradicar los Delitos de Corrupción [la actual Comisión Anticorrupción, que goza de más atribuciones, se creó en 2002].

Otorgué más independencia al Banco de Indonesia para que dejara de estar controlado por el presidente. En el ámbito económico abordé, entre otras cuestiones, la reestructuración de la deuda, las pequeñas y medianas empresas, la agricultura, los recursos naturales, la competencia empresarial y la protección de los consumidores, y la reestructuración de las empresas de propiedad estatal.39 Tomé la iniciativa para impulsar la ratificación de todos los principios de la OIT, lo cual fue posible porque controlaba el Parlamento [el Golkar era el partido mayoritario en el Parlamento en aquel momento].

Reforma del sistema electoral

Surge también la cuestión de las elecciones libres. Yo no interferí en ellas. Abrí la puerta a las ONG extranjeras y solicité al expresidente estadounidense Jimmy Carter que nos ayudara como observador. Acudieron europeos, estadounidenses y japoneses. Mi predecesor siempre colocaba a su gente en la Comisión Electoral. Yo di instrucciones al ministro del Interior de que en la Comisión no debía haber ningún funcionario del gobierno ni afiliados de partidos políticos; solo figuras de la sociedad que gozaran de credibilidad. Se quejaron de que perdería las elecciones, pero les dije que no me importaba. El ministro de Inteligencia afirmó que aquello era un indicio de que iba a perder al partido. De nuevo, le dije que me daba igual, lo que quería era que ganara el pueblo, que lo representaran las personas que ellos eligieran. Creé el sistema. Dejemos que el sistema haga su labor.

Autonomía regional

Quería que las provincias tuvieran autonomía para gobernarse a sí mismas. Antes, las autoridades locales, a nivel provincial y de distrito, estaban sometidas al control central. Las personas que perderían capital, dinero y poder a raíz de la descentralización se opusieron. Algunas provincias disponían de una gran riqueza natural y contribuían al Producto Interior Bruto (PIB) nacional, a pesar de que un elevado porcentaje de la población seguía viviendo en situación de pobreza. En otras provincias con menos recursos naturales no había tantas personas en la misma situación gracias a que se habían dedicado a desarrollar sus recursos humanos y la infraestructura económica. Al otorgarles más autonomía, las provincias podrían distribuir de forma más equitativa las inversiones en educación, oportunidades y riqueza. En 1999 se aprobaron una serie de leyes que devolvieron amplias competencias a los gobiernos locales, a los que se dotó también de una estructura de financiación. Se introdujo la elección directa de los miembros de los parlamentos locales. Con la aplicación de las leyes de descentralización, un gran número de los funcionarios fueron transferidos desde la administración central a las administraciones locales.

Fui partidario de conceder a Aceh una autonomía especial que reconociera y aceptara sus valores enraizados en la cultura, la religión y la tradición. La legislación que reconoció la autonomía de Aceh se aprobó en 2001. Debía intensificar y acelerar el proceso de distribución equitativa de oportunidades, ingresos y acceso a la justicia.

Reforma de la administración pública
y de las fuerzas de seguridad

Hice hincapié en que la burocracia debía estar libre de corrupción, colusión y nepotismo (en Indonesia se suele hablar de KKN, abreviatura de korupsi, kolusi, nepotisme). La burocracia y la administración pública deben ser objetivas, profesionales, transparentes y proactivas para favorecer la productividad mediante la mejora de la profesionalidad, la resiliencia cultural y la aplicación de los valores de los derechos humanos y la responsabilidad en el marco de los cinco principios básicos de la Pancasila [los principios filosóficos del Estado indonesio]. También prohibí que los funcionarios estuviesen afiliados a los partidos políticos, a fin de que desempeñaran sus tareas con imparcialidad [el Golkar se opuso enérgicamente a este decreto; durante el gobierno del presidente Soeharto, los funcionarios estaban obligados a votar por el Golkar].

Sabía que el estamento militar estaba politizado y carecía de unidad, y que varios grupos con ambiciones competían entre sí por el liderazgo nacional. Responsabilicé al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía de la seguridad del país y del expresidente. De ser preciso, yo, como presidente, recibiría solo al comandante en jefe en cualquier momento.

En el sistema del Nuevo Orden, los militares y la Policía tenían grupos propios en el Parlamento, así como en la Asamblea Consultiva Popular. Los líderes militares podían tratar de hacer realidad su visión a través de su propia facción, de otros partidos políticos y de la prensa libre.

¿Creía posible que se produjera un alzamiento militar?

Sin duda. Cuando me desplacé a Istana Merdeka [residencia oficial del presidente] en la mañana del viernes posterior a la dimisión de Soeharto, ya había formado mi gabinete, al que pretendía dar a conocer a la opinión pública. El general Wiranto me estaba esperando y quiso hablar conmigo en privado de inmediato. Me dijo que el jefe del Comando de Reserva Estratégica del Ejército, el teniente general Prabowo, y sus tropas estaban llegando a Yakarta y que miembros de la Fuerza Aérea de las provincias volaban hacia allí. Wiranto me advirtió que tanto yo como mi familia estábamos en peligro, que las tropas de Prabowo habían rodeado mi residencia en Kuningan. Así pues, reunió a mi familia en Istana Merdeka. Mi mujer y mis hijos también estaban allí, donde en teoría yo debía recibir a Prabowo. La situación era muy tensa. El general Wiranto se puso a mis órdenes, por lo que supe que el teniente general Prabowo estaba actuando sin su aprobación. Ordené a Wiranto que destituyera a Prabowo antes de la puesta de sol y que el nuevo comandante retirara las tropas. Se mostró reacio, pero insistí. Al preguntarme sobre la persona que debía ocupar el cargo, dejé la decisión en sus manos.

El teniente general Prabowo es yerno de Soeharto, a quien también eran afines todas las tropas que me rodeaban. Afortunadamente, contaba con un aliado, un joven que también era teniente general: un cristiano llamado Sintong Panjaitan. Sintong había tenido problemas con Soeharto debido al conflicto en Timor Oriental. Su familia había venido a pedirme ayuda muchos años antes, y lo contraté como ayudante. Aunque soy fundador de la Asociación Indonesia de Intelectuales Musulmanes, mi familia no tiene fama de inflexible, sino más bien de musulmanes practicantes, así que tomé la iniciativa de incluir en mi círculo de confianza a una persona no musulmana. En aquel momento no lo sabía, pero Sintong permaneció todo el tiempo conmigo. Durmió aquí. Nunca me dejó solo. Cuidó de toda la familia.

Intentaron que aplazara la decisión, ya que el yerno de Soeharto, Prabowo, estaba bien relacionado y era influyente, pero me negué. Prabowo vino a verme. Sintong lo desarmó antes de acceder a mi despacho. El general Prabowo suplicó para conservar su puesto, pero me mantuve firme.

El viernes, menos de 24 horas después de asumir la presidencia, pedí al fiscal general que liberase de inmediato a todos los presos políticos. Los problemas se amontonaban, todo era muy confuso. Me reuní con los manifestantes, pero no con el propósito de ganar popularidad para salir elegido. No, no me interesaba ser presidente. Lo único que quería era evitar una revolución en la que podían morir muchos ciudadanos inocentes. Solo tenía un interés: devolver el poder al pueblo.

Entretanto, me preocupaba la seguridad de mi familia. Las tropas de Prabowo me rodeaban y era muy consciente de lo que podía suceder.

Esa era la situación. Me pregunta usted si sabía que podía haber un golpe de Estado. Por supuesto que sí. Pero tenía una ventaja. Destituí al yerno del expresidente –una persona con contactos– en menos de 24 horas. Actué con determinación cuando lo consideré necesario, y fue de gran ayuda. Me disponía a nombrar ministro de Defensa a un civil, y no a un general en activo ni retirado. Y nunca dejé la Policía y las Fuerzas Armadas al mando de un único comandante en jefe o ministro.

Respuesta a la crisis política

Todo sucedía muy deprisa. Soeharto renunció el martes. El viernes, anuncié el nuevo gabinete y la decisión de liberar a todos los presos políticos. Ese mismo día hice frente a Prabowo. El sábado tomé juramento a los nuevos miembros del gabinete.

Esa noche, a las ocho, recibí aquí a siete personas: Amien Rais, Emil Salim, Buyung Nasution y otros líderes opositores de la sociedad civil. Me pidieron que convocara elecciones parlamentarias en un plazo de tres meses, antes de que acabara agosto. Les dije que no, que planeaba convocar las elecciones un año después, pero que no esperaría a la fecha prevista, en 2003, es decir, cuatro años más tarde. Reiteraron que esperar un año era un error. Por fortuna para mí, estaban acostumbrados a temer al presidente y yo me aproveché de ello. Solo llevaba tres días de presidente. Si hubiera pensado en mí o en mi partido, habría aceptado su propuesta. Los votantes me conocían desde hacía 30 años y a los nuevos partidos no les habría dado tiempo a consolidarse. Pero el derrotado habría sido el pueblo. La celebración de elecciones en un plazo de tres meses, como me aconsejaban, habría tenido un efecto desestabilizador en los ámbitos político y económico, y habría sido perjudicial para la transición.

Una vez que el gabinete prestó juramento, ordené al ministro del Interior que anunciara que cualquiera que lo deseara podía crear un partido político; es decir, introduje el sistema multipartidista. Me respondió que aquello iba contra la Constitución, pero le dije que la cambiaríamos. Así pues, la Asamblea Consultiva Popular emitió un decreto para autorizar los partidos. Establecí el límite de dos mandatos presidenciales. Todas estas medidas mostraban a la gente que no era un charlatán; estaba poniendo en práctica la buena gobernanza y la transparencia.

Celebrábamos una sesión del gabinete todos los días. Escuchaba y tomaba decisiones con rapidez. Aprobamos un promedio de 1,3 nuevas leyes y normativas cada día.

Función del poder legislativo

¿Apoyó el Parlamento sus iniciativas?

Sí, usé mi poder en el Parlamento para hacer muchas cosas, pero no hice mal uso de él. En la siguiente sesión de la Asamblea rendí cuentas de mis acciones como presidente.

Pero la Asamblea rechazó su discurso de rendición de cuentas. ¿Por qué?

Antes de leer mi discurso, algunos miembros de la Asamblea me indicaron que no lo iban a aceptar. Sin embargo, anuncié al pueblo que pronunciaría mi discurso, según lo establecido, y que si la Asamblea lo aprobaba, entonces me presentaría a la reelección. De lo contrario, no optaría al cargo. Hice muchos cambios para resolver un sinfín de problemas, estaba convencido de haber hecho todo lo que estaba en mi mano. Previamente, me reuní con personas influyentes de la Asamblea, las Fuerzas Armadas y distintos sectores, que me dijeron que, aunque se rechazara mi discurso de rendición de cuentas, yo tendría opciones de ser candidato a la presidencia. Pero mis opositores sabían que no me presentaría si no se aceptaba el discurso, así que anunciaron que lo rechazarían. Los nuevos partidos lo rechazaron sin ni siquiera leerlo. Finalmente, el 48% aceptó mi discurso de rendición de cuentas, y el 52% lo rechazó. Mi esposa me preguntó si de verdad iba a renunciar a la presidencia. Mi respuesta fue: «Sí. Solo el mejor merece ocuparla, y parece que no soy el mejor». Que fueran objetivos o no es lo de menos.

Relación con los militares

La relación entre lo civil y lo militar es un elemento importante del proceso de transición de muchos países. Ha declarado alguna vez que las Fuerzas Armadas y la Policía deberían centrarse en la legítima defensa y la seguridad, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, y mantenerse al margen de la política y los asuntos sociales. Resulta fácil decirlo y plasmarlo en el papel, pero si las Fuerzas Armadas se niegan a aceptarlo, ponerlo por escrito no cambia demasiado las cosas. ¿Qué aprendió entonces sobre la relación entre lo civil y lo militar que pueda resultar útil para otros países en el futuro?

Después de que Indonesia declarara su independencia en 1945, el pueblo tuvo que luchar con la antigua metrópoli para que lo reconociera como Estado y sociedad independiente. En aquel momento no habían fuerzas militares profesionales, todos ellos eran miembros de la sociedad civil indonesia, la denominada «generación de 1945». Algunos entraron posteriormente en las Fuerzas Armadas o la Policía. Soeharto aprovechó la doble función de los militares para mantener el poder.

Siempre he subrayado que los militares deberían considerarse tecnócratas: se especializan en el desarrollo y la aplicación de tecnologías para evitar la guerra y, si esto no es posible, de vencer dicha guerra ante cualquier enemigo que altere el desarrollo social y económico de Indonesia. Los miembros de la generación de 1945 están desapareciendo, y con ellos la doble función de los uniformados, que formaba parte de su tradición. Hay ciertos miembros del estamento militar a los que interesa mantener esa doble función, pero tratar a los militares como tecnócratas, dar a conocer la historia de las Fuerzas Armadas y los motivos de su existencia, puede evitar que lo consigan.

Creo que aquellas personas que lideren una transición de un régimen autoritario a una democracia tienen que demostrar –no con palabras, sino con hechos– la importancia del control civil sobre los militares, como hice yo con Prabowo. Y lo hice con la ayuda de alguien que no formaba parte de la sociedad intelectual islámica ni era musulmán.

Efectuamos reformas para impedir que los miembros de las Fuerzas Armadas participaran también en la administración pública y redujimos su número de escaños en el Parlamento, a fin de atenuar su influencia política.

En los momentos clave, el pueblo titubea. El líder debe demostrar que está dispuesto a actuar. Por ejemplo, el general Wiranto me preguntó qué debía hacer con el decreto de Soeharto que lo autorizaba a tomar las medidas que estimara necesarias para defender los intereses de la nación: prácticamente una autorización para deponer al presidente. Era presidente desde hacía tan solo unas horas. Le dije que lo guardara. ¿Por qué? No sabía qué iba a sucederme. Si algo me pasaba, él tendría que dar un paso al frente.

¿Tienen las Fuerzas Armadas alguna función o influencia política en la Indonesia actual? ¿Gestionan una parte del presupuesto de manera independiente?

No tienen un grupo en el Parlamento ni gestionan una parte del presupuesto de manera independiente. Cuando asumí la presidencia sí, pero se reformó la Constitución. Ahora cambiar la Constitución resulta muy complicado, porque ninguna facción acapara el 80% de los votos.

El dinero en la política

Desde su mandato, Indonesia es un país muy diferente al de los últimos años de gobierno de Soeharto. Sin embargo, a pesar de la gobernanza democrática y del papel de contrapeso que ejerce la prensa libre, a pesar de todos los controles y equilibrios, Indonesia tiene la reputación de enfrentarse a un gravísimo problema de corrupción. ¿Por qué no ha logrado el sistema político del país establecer procesos de rendición de cuentas que dificulten mucho más la persistencia de la corrupción?

La corrupción es un problema que afecta a todos los sistemas, autoritarios o democráticos, en que las personas ansían el liderazgo y el control, porque hace falta dinero para obtener (y conservar) el poder político.

Soeharto y Soekarno, ambos líderes autoritarios, necesitaban dinero. ¿Y dónde obtiene dinero un líder político? O bien lo obtiene fuera del país, o bien del oligarca local y su red, y de ese modo el líder político se convierte en un títere.

Pasó usted muchos años en Alemania. Los dirigentes políticos germanos también necesitan dinero. ¿Cree que allí impera la corrupción en la misma medida?

En cierto modo, sí, y también en Estados Unidos, no hay excepciones. Así funciona el sistema. Si celebras un mitin, alguien tiene que financiarlo.

Yo tuve suerte. Nunca me financiaron de esa forma, y todo lo que gané fue de manera muy transparente. Pagué mis impuestos. Por eso estoy aquí sentado. Después me convertí en presidente. No me interesaba la presidencia porque sabía que nunca podría reunir el dinero necesario para ser presidente. ¿Para qué?

Hay tanta gente que ansía ser presidente, ministro o gobernador. Recaudan dinero, la gente los financia. Pero esa gente quiere que su inversión genere un rendimiento, quiere que le devuelvan su dinero. Ese es el mecanismo que rige todo tipo de democracias.

Ahora, en el mundo se suceden las revoluciones. No solo a causa de la corrupción, sino porque la gente tiene acceso a las redes sociales a través de Internet, como Facebook, Twitter, etc. En Oriente Medio se han usado esas redes sociales en las revoluciones, pero no fueron los primeros. Los primeros que lo hicieron fueron los indonesios en 1998, cuando se sirvieron de los teléfonos móviles. Por ese motivo decidí permitir la libertad de expresión.

Ese es el problema, el problema de la humanidad. ¿Cómo se lucha contra eso? Promoviendo la justicia, promoviendo la transparencia, promoviendo la productividad. Preocupándose más por las personas u organizaciones que de verdad crean valor en la sociedad. Cuando se fabrica un avión, se añade valor; cuando se otorga un préstamo no productivo, se retira valor a la sociedad. Uno puede hacerse multimillonario y después perderlo casi todo en un momento. Es como un juego de azar. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en Europa y Estados Unidos, debemos ir con cuidado para que no vuelva a pasar en Indonesia.

En 1974 puse en marcha una industria estratégica aeroespacial con 20 personas. En 1998 tuve que dejarla en manos de otra persona porque se trata de una empresa pública y el vicepresidente no puede asumir otras funciones. Transferí a más de 48.000 personas, con una facturación de 10.000 millones de dólares. Había firmado contratos para crear cadenas de montaje en el extranjero.

Sin embargo, surgió un problema debido a préstamos dudosos; no fue culpa mía, hubo mucha manipulación. ¿A quién se debían esos préstamos no rentables? A empresarios privados con proyectos artificiales, personas que manipulan las reglas y viven de eso, de los intermediarios.

Teníamos un acuerdo con el FMI. ¿Qué podía hacer? Era el presidente, pero no podía anular el acuerdo porque lo hubiera firmado mi predecesor. No supe nada del asunto cuando se firmó, no me informaron. Pero si cambiaba el acuerdo, tendría problemas a nivel internacional y nacional. Podría haber provocado una revolución. Mucha gente esperaba que lo hiciera, pero no anulé el acuerdo. Decidí que, si ese era el precio que teníamos que pagar, lo pagaríamos. No podía desencadenar una revolución. La mayoría de los ciudadanos son pobres e inocentes, y ellos serían las víctimas; no podía permitirlo.

Gestión económica para el desarrollo

Usted puso en marcha una nueva política económica y, al mismo tiempo, creó una red de seguridad social. ¿Qué importancia tuvieron esas medidas para el movimiento de democratización?

La clave reside en la formación de capital. ¿Por dónde empezar? Una de las opciones es adoptar un enfoque descendente. Adoptar leyes y normativas para que un grupo de personas muy capacitadas controle el capital y genere empleo. En el sistema capitalista el único mecanismo para promover una distribución equitativa de los ingresos y las oportunidades es la educación. La otra opción es el método ascendente. Se puso a prueba en la Unión Soviética; este planteamiento lleva a la quiebra. Sin embargo, el enfoque descendente casi supone la quiebra en este momento, y sabemos que existe mucha manipulación. Un ejemplo lo encontramos en el modo en que se manipulan los tipos de interés interbancarios, empezando por el tipo de interés del mercado interbancario de Londres.

En mi opinión, esa gente que comercia con el llamado capital riesgo y demás no son más que intermediarios. Se mueven muy rápido y se llevan una comisión. Están exentos de pagar impuestos, pero no crean riqueza. Para lucrarse hacen un mal uso de la riqueza que otros crean. Y cuando estas empresas se meten en un lío, el gobierno de turno acude al rescate con el dinero de los contribuyentes. La mayoría se ve obligada a inyectar capital para rescatar a los multimillonarios, que son los que siempre ganan.

No soy anticapitalista. Tengo mi propio planteamiento, que parte de un término medio. Hay que cuidar a la clase media, tirar de aquellas personas que viven por debajo del umbral de pobreza y empujar hacia la cima a las personas que lo merecen: una sociedad de tirones y empujones. Me parece un modelo factible. Me gusta el nombre que le dan en Alemania: «Economía social de mercado».

Partidos políticos

Su llegada a la presidencia fue un accidente histórico, aunque usted estaba preparado para entrar en acción. Sin embargo, para que la democracia funcione se necesitan partidos políticos sólidos, y aquí los partidos están muy fragmentados. ¿Qué función cree que desempeñan los partidos en la política?

Soeharto diseñó el sistema así a propósito. Solo permitía la existencia de dos partidos en el país [aunque el Golkar también se presentaba a las elecciones, además de los dos partidos políticos autorizados], y él tenía el poder. Se lo arrebató al doctor ingeniero Soekarno y pasó a controlarlo todo. Era presidente del país y presidente de la coalición parlamentaria. Declaró que solo admitiría dos fuerzas: una que se ocupara del presente y otra que se ocupara de la vida después de la muerte. Bautizó a uno de los partidos como Partai Demokrasi Indonesia, el Partido Democrático de Indonesia. Al que se ocupaba de la vida tras la muerte lo denominó Partai Persatuan Pembangunan, el Partido Unido para el Desarrollo, encargado de la construcción de la nación en un sentido amplio. Creó además un tercer grupo, que no clasificó como partido político; era un colectivo profesional. Lo llamó Golkar (Golongan Karya). Golongan significa «grupo»; Karya, «los que trabajan». Defendía que a los que creen en el islam había que dejarles rezar y hacer lo que les pareciera, sin problemas. Los otros son una mezcla de islam, cristianismo, extrema izquierda, extrema derecha, activistas sociales, etc. De vez en cuando pelean entre sí y no ganan nunca. Inteligente. Solo ganan los que pertenecen al grupo de los hacedores, los que trabajan. Por consiguiente, después de las elecciones incorporaba a los hacedores –los profesionales– y a las dos minorías. También creó, por así decirlo, una facción militar. El presidente de ese grupo en el Parlamento y la Asamblea Consultiva Popular estaba bajo las órdenes del jefe de las Fuerzas Armadas, según una fórmula determinada. El grupo de las provincias no tenía representación en el Parlamento, solo en la Asamblea Consultiva Popular. Con este sistema de representación, Soeharto tuvo la mayoría durante más de 30 años.

Además, este sistema de partidos contribuía a la estabilidad del régimen, pero había que financiarlo. ¿Cómo? Soeharto me informó de que contaba con un sistema transparente de recaudación de fondos para financiar el partido, cuyos gastos generales ascendían al 10%. Cuando eres transparente, la gente está dispuesta a colaborar a contigo. Soeharto se quedaba con el 10% de los fondos; el resto era para el partido. Pudo hacerlo hasta que sus hijos se hicieron adultos. Cuando estos se casaron y crearon sus propios intereses empresariales y círculos, Soeharto perdió el control del proceso. Su intención de poner trabas a la corrupción era genuina, estoy convencido de ello. Pero luchaba contra los elementos.

Esa es una de las principales razones por las que mi primera decisión como presidente fue establecer un límite de dos mandatos presidenciales. La idea la aprendí de Estados Unidos. Algunas personas querían hacer un estudio de viabilidad, pero no era necesario. Estados Unidos demuestra que la medida funciona. Pude aplicarla porque tenía la mayoría, controlaba el 80% del Parlamento. Eso me permitía dar órdenes que había que cumplir.

¿Considera que la fragmentación de los partidos políticos dificulta la transición y la consolidación democráticas? ¿Cree que la legislación sobre los partidos políticos es eficaz?

Contamos con una buena ley de partidos políticos. Por supuesto, todo es mejorable. Dejé claro que cualquiera puede crear un partido político, siempre que este acepte la Constitución y respete la legislación vigente. Existe una vía democrática para mejorar la Constitución: a través de las leyes y políticas vigentes; pero la calle no es el Parlamento. Las manifestaciones permiten a la sociedad civil expresarse de forma democrática, pero los líderes políticos han de respetar las reglas del juego y transmitir sus propuestas de cambio por medio de la prensa libre o del Parlamento.

En este momento, solo los partidos políticos pueden proponer candidatos a la presidencia. Uno de los cambios que yo haría sería establecer un mecanismo para que las organizaciones de la sociedad civil también puedan proponer candidatos. Deberíamos crear un sistema que lo permita. Esta medida promovería la participación electoral. Por ejemplo, en la primera ronda de las últimas elecciones para el cargo de gobernador de Yakarta, el 40% de las personas con derecho a voto no acudió a las urnas. Tenemos que convencer a la gente de que tiene que votar. Creo que no lo hace porque no se siente representada por los partidos, y la baja participación electoral es mala tanto para ellos como para Indonesia.

Movilización social

Los estudiantes desempeñaron un papel importante en la caída del gobierno de Soeharto, tras la cual parecieron desvanecerse. ¿Qué sucedió con esos estudiantes y su movimiento? ¿A qué se dedican los líderes de aquellas organizaciones estudiantiles?

Históricamente, desde el primer momento, los estudiantes han sido precursores del cambio en Indonesia. Y lo siguen siendo.

¿Qué pasó cuando ascendió usted al poder? ¿Suspendieron su movilización?

Los estudiantes se reunieron conmigo e intercambiamos opiniones, pero no suspendieron su movilización. Algunos dieron muestras de una gran hostilidad hacia mí. Los escuché. Otros me expresaron su apoyo. Me limité a escuchar.

Nunca me he considerado un político, pero sobrevivo en este ámbito. No es que no entienda la política; la comprendo muy bien. Pero no es el medio para llegar a ser lo que quiero. Ese medio, en mi caso, es la ingeniería; fabricar aviones y barcos.

Promover la igualdad
entre los géneros

Las transiciones son periodos que pueden contribuir a redefinir el papel y el trato que recibe la mujer. ¿Cuál fue su planteamiento en relación con los derechos de la mujer?

Tenemos organizaciones de defensa de los derechos humanos, como cualquier otro país. En Indonesia, esas organizaciones defienden los derechos humanos de todos, mujeres y hombres. Pero las mujeres están en situación de desventaja en muchos ámbitos. Nadie se preocupa por las mujeres que sufren violaciones, y en la etapa de la transición muchas mujeres fueron violadas. Por eso creé la Comisión Nacional sobre la Violencia contra la Mujer (KOMNAS Perempuan).

También indiqué al presidente del Parlamento que era necesario prestar atención a este grupo, que engloba como mínimo al 50% de la población de Indonesia; no deberíamos ignorarlo.

Apoyo internacional

¿Contó con ayuda de otros países para desarrollar y aplicar su programa?

Los países que de verdad me ayudaron –no solo con declaraciones, sino con acciones– fueron Estados Unidos, por ejemplo a través del expresidente Jimmy Carter, que encabezó a las ONG que acudieron a observar las elecciones; y Alemania, que envió al antiguo presidente del Deutsche Bundesbank, el doctor Schlessinger, para ayudarnos a reestructurar el Banco de Indonesia.

¿Qué papel cree que deben desempeñar los actores externos en los procesos de transición a la democracia?

Los organismos internacionales, los gobiernos y las organizaciones transnacionales deben mostrarse proactivos para ayudar a mejorar la atención social y de salud, la educación y la infraestructura económica, pero no deberían inmiscuirse en la política del país. Los actores internacionales buscan su propio interés. El pueblo indonesio es el único que debe resolver los problemas sociales, políticos y socioeconómicos de Indonesia. Los actores internacionales deberían intervenir únicamente si se les pide que lo hagan, y a partir de una cooperación beneficiosa para todos.

Religión y democracia

Su mandato, que no duró ni dos años –517 días–, cambió el curso de la historia de Indonesia. Se trata del país musulmán más grande que ha llevado a cabo una transición a la democracia. Se ha debatido mucho sobre la relación entre islam y democracia. También se afirma que Indonesia es diferente debido a la Pancasila y a la tradicional convivencia de todas las religiones, y a la unidad de la nación. ¿Qué lecciones cabe extraer de Indonesia con respecto al papel de la religión, y cómo puede impulsarse el proceso democrático en países con una fuerte influencia del islam?

La democracia es la respuesta. Yo le abrí la puerta en Indonesia. Se lo he dicho a mis colegas turcos Necmettin Erbakan y Abdullah Gül. Gül y yo organizamos juntos el Foro Islámico Internacional para el Desarrollo de Recursos Científicos, Tecnológicos y Humanos. En aquella época, Gül tenía problemas con los militares. Le aconsejé que fortaleciera la democracia. En democracia, es el pueblo quien decide.

Hoy en día, en cualquier parte del mundo, la gente está más al tanto de lo que pasa y tiene más capacidad para hacer su propio análisis a partir de la verdad y del acceso libre a la información. Antes, las decisiones se tomaban a base de estimaciones y suposiciones. Por eso, los retos que han surgido en Oriente Medio, la llamada Primavera árabe, no son un problema islámico. Es un problema relacionado con la justicia y la distribución equitativa. Alguna gente se aprovecha de los extremistas islámicos para obtener atención, dinero y control.

En Indonesia hemos abierto la puerta a que los extremistas participen en las elecciones. Sin embargo, ninguno de esos grupos, sean islámicos o de otro tipo, tiene apoyos suficientes para entrar en el Parlamento.

Los problemas los crean las personas, no la religión, así que son las personas quienes deben resolverlos. La cultura influye en el modo en que la gente resuelve sus problemas, y la cultura es mucho más antigua que la religión. Hoy nos ciegan los enfoques religiosos, tendemos a usarlos para reafirmar valores universales y a veces nos olvidamos del bagaje cultural. Los valores islámicos no siempre coinciden con la cultura y los valores árabes.

Los líderes musulmanes y de otras confesiones deben asumir que Indonesia no es un Estado islámico, aunque se trata de una sociedad muy religiosa que observa los principios rectores de la Pancasila. Esta filosofía hace hincapié en cinco principios:

–Monoteísmo y religiosidad

–Humanidad justa y civilizada

–Unidad de Indonesia

–Justicia social para el conjunto de la población de Indonesia

–Bienestar social

Es posible que otras personas del mundo musulmán puedan aprender algo de nuestra experiencia en la Asociación Indonesia de Intelectuales Musulmanes. Hemos debatido sobre convicciones y creencias que tenemos en común, y nunca empezamos discutiendo nuestras diferencias. Este tipo de planteamientos nos ha permitido conocernos y desarrollar una mayor tolerancia para debates futuros. Indonesia es un país de una gran diversidad religiosa. Por lo general, los indonesios de distintas confesiones conviven en paz y contribuyen a la identidad de la nación, y se sienten partícipes de ella.

Transiciones contemporáneas

¿Cuáles son, en su opinión, las lecciones y los principios clave que la experiencia indonesia ofrece a los líderes de países que están encabezando transiciones democráticas complejas en la actualidad?

En primer lugar, si es necesario, deben reformar la Constitución para poder poner en práctica su programa de reformas de conformidad con la legislación y el texto constitucional. Además, los líderes han de aceptar que las manifestaciones son una herramienta democrática. Por supuesto, los asesinatos y la destrucción de bienes públicos deben tratarse como delitos, y el Parlamento no puede convertirse en una extensión de lo que sucede en las calles, pero las propias manifestaciones son una forma de expresión importante.

–El presidente debe ser elegido de manera directa y proceder con firmeza y resolución. Debe mostrar un talante inclusivo (no excluyente) y formar inmediatamente un gabinete que le ayude a resolver los problemas más acuciantes de la sociedad. Es recomendable que en el gabinete haya miembros de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento, con un peso proporcional, así como miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.

–Hay que liberar a los presos políticos y establecer la libertad de expresión y la libertad de prensa.

–Es fundamental aumentar la estabilidad y la predictibilidad en los ámbitos político y económico, aunque es posible que ello exija tomar decisiones impopulares.

–Una vez que la situación política se estabilice, es posible que haya que convocar elecciones. Cualquier persona debe tener la posibilidad de crear partidos políticos con libertad y participar en las elecciones, siempre que cumpla los criterios pertinentes y respete la Constitución.

–El presidente debe tratar a las Fuerzas Armadas y a la Policía como tecnócratas a fin de limitar su peso en el plano político.

–Sobre todo, el presidente debe ser consciente de que su función más importante, en la que debe centrarse, consiste en resolver los problemas más inmediatos de la sociedad, y no en mantener el poder y el control. El presidente ha de responder ante todo el pueblo, no solo ante su partido. La clave reside en la transparencia y la buena gobernanza.

¿Cree que la experiencia indonesia es pertinente en Myanmar?

Sin duda. Myanmar e Indonesia tienen ciertas similitudes culturales. La cultura de Indonesia, la javanesa, se fundamenta en el Ramayana, el Mahabharata, etc. El islam y el cristianismo son posteriores. La convivencia de culturas y religiones en Indonesia puede ser un buen ejemplo para Myanmar. También pueden fijarse en cómo superamos de forma pacífica un sistema dominado por los militares.

En Myanmar hace falta una persona que entienda el poder, con un bagaje sólido, formada en la civilización occidental, etc. Son muchas las fuerzas que intentan influir en la política: familias poderosas, los militares, los partidos políticos e individuos ricos, todos tratan de ejercer cierta influencia. Pasé 25 años observando esta dinámica y aprendí. Sin previo aviso, Dios me colocó en el centro del tablero. Estaba rodeado, pero no ciego. Sabía lo que la gente buscaba.

MOMENTOS CLAVE EN LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA DE INDONESIA

Agosto de 1945: Indonesia declara su independencia de los Países Bajos; estalla una guerra que dura cuatro años. Una Asamblea provisional elige al líder nacionalista Soekarno y a Mohammed Hatta como presidente y vicepresidente, respectivamente, y promulga una Constitución basada en la Pancasila, una ideología nacionalista.

Diciembre de 1949: Los Países Bajos reconocen la soberanía de Indonesia. El país se convierte en un Estado democrático unitario con un sistema parlamentario.

Septiembre de 1955: Indonesia celebra sus primeras elecciones parlamentarias; en diciembre se celebran las elecciones a la Asamblea Constituyente.

Marzo de 1957: Soekarno declara la ley marcial en respuesta a las rebeliones regionales; de este modo comienza la «democracia guiada», de signo autoritario.

Julio de 1959: Soekarno disuelve la Asamblea Constituyente y reinstaura la Constitución de 1945, que le concede amplio poder ejecutivo, aunque la Pancasila se mantiene como ideología estatal.

Octubre de 1965: Intento de golpe de Estado del Movimiento del 30 de septiembre, sofocado por el general Soeharto, por aquel entonces jefe del Comando de Reserva Estratégica del Ejército. Junto a las fuerzas contrarias al Partido Comunista de Indonesia, incluidos los musulmanes, los militares realizan una violenta purga en la que mueren centenares de miles de comunistas y supuestos simpatizantes.

Marzo de 1966: Ante el deterioro del orden público, Soekarno concede a Soeharto mayor autoridad para estabilizar el país. Este hace una purga entre los aliados de Soekarno y poco a poco se va haciendo con el poder durante los dos años siguientes, hasta finalmente someter a Soekarno a arresto domiciliario y dar inicio al régimen del Nuevo Orden. El gobierno, con el respaldo de militares y tecnócratas, aplica una serie de políticas para impulsar la exportación y logra crecimiento económico en las décadas siguientes.

Julio de 1971: Se celebran elecciones al Consejo Representativo Popular. El Golkar, partido afín a Soeharto, consigue una victoria aplastante en comicios marcados por la represión y el fraude.

Enero de 1973: Soeharto obliga a los partidos de la oposición a fusionarse en el Partido Democrático de Indonesia (PDI), de corte nacionalista, y el Partido Unido para el Desarrollo (PPP), vinculado al islam. Solo estos partidos y el Golkar pueden participar en las elecciones.

Marzo de 1978: Soeharto nombra ministro de Ciencia y Tecnología a B. J. Habibie, director de la industria aeronáutica estatal y antiguo ejecutivo de ingeniería en Alemania.

Diciembre de 1984: Nahdlatul Ulama (NU), el mayor grupo islámico del país, se retira del PPP. Abdurrahman Wahid, jefe del NU, explica que el grupo quiere centrarse en el trabajo religioso y social, y dejar de lado la política práctica.

Noviembre de 1990: Soeharto autoriza la fundación de la Asociación Indonesia de Intelectuales Musulmanes, con Habibie de presidente, para fomentar la solidaridad entre musulmanes piadosos. Muchos reformistas musulmanes «modernistas», vinculados a Muhammadiyah y al futuro líder Amien Rais, se suman a la iniciativa; la mayoría de los reformistas «tradicionalistas» vinculados a Wahid y el NU la rechazan.

Diciembre de 1993: Megawati Soekarnoputri, hija de Soekarno, es elegida jefa del PDI en una plataforma de reforma laica que cuenta con el apoyo de una parte del Ejército.

Junio de 1996: Una facción del PDI afín al gobierno celebra una convención de liderazgo, destituye a Megawati y toma la sede del PDI, lo que desata grandes protestas lideradas por Megawati.

Julio de 1997: Estalla la crisis financiera asiática. La moneda indonesia, la rupia, se devalúa con rapidez, y su desplome provoca que aumenten los precios al consumo, la deuda externa y el coste de los créditos.

Octubre de 1997: Soeharto accede a reformar el sistema bancario como condición para obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). El posterior cierre de bancos merma la confianza pública en la moneda y la economía del país.

Enero de 1998: El tipo de cambio sigue cayendo en picado. Soeharto obtiene nuevos créditos del FMI; a cambio, accede a poner fin a los monopolios y el nepotismo, pero las reformas se retrasan. La oposición exige a Soeharto que dimita o acceda a negociar.

Marzo de 1998: La Asamblea Consultiva Popular (ACP) reelige a Soeharto y confirma a Habibie como vicepresidente. Soeharto forma un nuevo gabinete en el que figuran familiares y amigos del presidente. Durante una sesión de la ACP comienzan las grandes protestas estudiantiles, que piden la renuncia de Soeharto.

Abril de 1998: Las protestas de los estudiantes se intensifican y se producen enfrentamientos con la Policía. El líder de Muhammadiyah, Amien Rais, se suma a las protestas. Los militares, con el general Wiranto a la cabeza, hacen un llamado al diálogo.

Mayo de 1998: Crecen las protestas, que se extienden fuera de los campus y se hacen más violentas, exacerbadas por la muerte de algunos manifestantes y el alza del precio de los combustibles debido a instrucciones del FMI. El NU y la Asociación Indonesia de Intelectuales Musulmanes piden a Soeharto que dimita. Los militares permiten a los manifestantes irrumpir en el Parlamento y comunica que no abrirá fuego contra ellos. Los miembros del gabinete amenazan con dimitir, el poder legislativo amenaza con la destitución y Soeharto no logra formar un nuevo gobierno de coalición.

Soeharto dimite y cede el poder a Habibie, con la aprobación de Wiranto. Habibie forma una coalición en la que participan el Golkar, el PPP, el PDI y varios líderes reformistas y militares. Degrada al general Prabowo Subianto, yerno de Soeharto, para evitar un posible golpe de Estado.

Junio de 1998: El gobierno de Habibie libera a la mayoría de los presos políticos, acaba con la censura, legaliza los sindicatos y los partidos políticos, y adelanta la fecha de las elecciones. El país sigue sumido en el descontento y la violencia sectaria.

Diciembre de 1998: El órgano legislativo aprueba una ley electoral de representación proporcional que conserva una serie de escaños no electos. Habibie convoca un referéndum sobre la independencia de Timor Oriental. Se producen ataques de grupos paramilitares respaldados por las Fuerzas Armadas a personas partidarias de la independencia.

Mayo de 1999: El gobierno promulga una ley que refuerza las competencias de los gobiernos regionales.

Junio de 1999: Se celebran elecciones parlamentarias que los observadores internacionales califican de libres. El PDI-P de Megawati recibe el 33% de los votos; el Golkar, el 22; y el PKB de Wahid, el 12.

Agosto de 1999: Timor Oriental vota mayoritariamente a favor de la independencia. Los ataques paramilitares provocan la muerte de más de 1.000 personas y el desplazamiento de casi un tercio de los timorenses. La ONU despliega a tropas de paz, pero los militares indonesios retrasan su llegada; mientras, la violencia persiste.

Octubre de 1999: La ACP rechaza el discurso de rendición de cuentas de Habibie en una reñida votación; se trata, de hecho, de una moción de censura y algunos legisladores del Golkar se oponen a Habibie. La ACP nombra presidente a Wahid, con el respaldo del Golkar y los islámicos moderados, y se inicia un proceso de cuatro años para reformar la Constitución de 1945.

Enero de 2000: La Comisión Nacional de Derechos Humanos acusa a Wiranto de crímenes en Timor Oriental. Wahid destituye del gabinete a Wiranto y otros oficiales en activo.

Agosto de 2000: La ACP reforma la Constitución para limitar el peso militar en la seguridad interna y la propia ACP, así como para promover los derechos humanos y la autonomía regional.

Octubre de 2000: Un tribunal condena por corrupción a Tommy, hijo de Soeharto, anulando así una absolución anterior. Tommy huye con la complicidad de la Policía.

Febrero de 2001: La ACP censura a Wahid en relación con un presunto cohecho en el órgano estatal de logística, un primer paso de cara a su destitución. El tribunal libera a Soeharto del arresto domiciliario, con la justificación de su mal estado de salud; a su vez, encarcela a Bob Hasan, aliado de Soeharto, por corrupción.

Julio de 2001: La ACP destituye a Wahid, cuyo cargo ocupa la vicepresidenta Megawati. Wahid intenta declarar la ley marcial y disolver el Parlamento, pero los militares lo rechazan.

Noviembre de 2001: La ACP establece un Tribunal Constitucional, una Comisión Judicial independiente y un Consejo Representativo Regional. Tommy Soeharto es detenido y posteriormente encarcelado.

Julio de 2002: La ACP establece la elección directa del presidente y elimina del Parlamento todos los escaños no electos; de este modo se concluyen las reformas importantes de la Constitución de 1945.

Diciembre de 2002: Se crea la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, que combate el problema con eficacia.

Septiembre de 2004: El exgeneral Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) se impone a Megawati en elecciones presidenciales directas. El gobierno de SBY aprueba reformas judiciales y anticorrupción, así como reformas parciales de las Fuerzas Armadas que se llevarán a cabo a lo largo de sus dos mandatos.

Agosto de 2005: El gobierno firma con los separatistas de Aceh un acuerdo de paz y sobre la autonomía de la provincia.

Septiembre de 2009: SBY es reelegido por un amplio margen. Su partido triplica sus escaños en el Parlamento.

Mayo de 2012: Se aprueba un conjunto de modestas reformas electorales de cara a las elecciones de 2014, que elevan el umbral electoral y los requisitos de elegibilidad del 2,5 al 3,5%, y establecen la representación obligatoria de las mujeres en la dirección de los partidos.

LECTURAS RECOMENDADAS SOBRE INDONESIA

ASPINALL, Edward, Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia [La oposición a Soeharto: acuerdo, resistencia y cambio de régimen en Indonesia], Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2005.

ASPINALL, Edward y MIETZNER, Marcus, «Economic Crisis, Foreign Pressure, and Regime Change» [Crisis económica, presión exterior y cambio de régimen], en Kathryn Stoner y Michael McFaul (eds.), Transitions to Democracy: A Comparative Perspective [Transiciones democráticas: una perspectiva comparada], Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 2013.

BILVEER, Singh, Habibie and the Democratisation of Indonesia [Habibie y la democratización de Indonesia], Sídney: Book House, 2001.

CHANDRA, Siddharth y KAMMEN, Douglas, «Generating Reforms and Reforming Generations: Military Politics in Indonesia’s Democratic Transition and Consolidation» [Generar reformas y reformar generaciones: política militar en la transición y la consolidación democrática en Indonesia], World Politics, 55/1 (2002), pp. 96-136.

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VAN KLINKEN, Gerry, Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars [La violencia entre comunidades y la democratización en Indonesia: pequeñas guerras de ciudad], Abingdon, Reino Unido: Routledge, 2007.

1. R. William Liddle, «Indonesia’s Democratic Past and Future» [Pasado y futuro democrático de Indonesia], en R. William Liddle, Leadership and Culture in Indonesian Politics [Liderazgo y cultura en la política indonesia], Sídney: Allen & Unwin, 1996, p. 181; Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia [El declive de la democracia constitucional en Indonesia], Ithaca: Cornell University Press, 1962, p. 27.

2. Como órgano superior, la ACP cuenta con miembros del CRP, representantes de las regiones, asociaciones profesionales y el estamento militar. Sus tareas principales son 1) elegir al presidente y al vicepresidente; 2) evaluar al presidente; 3) enmendar la Constitución; y 4) determinar las líneas generales de la política estatal.

3. La Pancasila, introducida por Soekarno el 1 de junio de 1945, consta de cinco principios básicos: 1) creencia en un Dios; 2) humanidad justa y civilizada; 3) unidad de Indonesia; 4) democracia guiada por la sabiduría interior unánime dimanante de la deliberación entre los representantes del pueblo; y 5) justicia social para todo el pueblo de Indonesia.

4. Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia [El declive de la democracia constitucional en Indonesia], Ithaca: Cornell University Press, 1962.

5. Las elecciones generales se celebraron los días 29 de septiembre y 15 de diciembre de 1955. En la primera fecha se eligió a los miembros del Parlamento (CRP), y en la segunda a los miembros de la Asamblea Constituyente. Véase Herbert Feith, The Indonesian Elections of 1955 [Las elecciones indonesias de 1955], Ithaca: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1951.

6. La función de la Asamblea Constituyente era formular la ideología estatal y redactar la Constitución.

7. Herbert Feith, The Indonesian Elections of 1955 [Las elecciones indonesias de 1955], pp. 58-59.

8. Hamish McDonald, Suharto’s Indonesia [La Indonesia de Soeharto], Blackburn, Victoria: The Dominion Press, 1980.

9. El número de fallecidos varía según las distintas versiones, desde 80.000 a tres millones de muertos. Una cifra aproximada puede estar en torno a los 500.000. Véase Robert Cribb (ed.), The Indonesian Killings 1965-1966: Studies From Java and Bali [Las matanzas indonesias de 1965 y 1966: estudios de Java y Bali], Clayton, Victoria: Monash University, Centre for Southeast Asian Studies, 1990; Douglas Kammen y Katherine McGregor, The Contours of Mass Violence in Indonesia, 1965-1968 [Contornos de la violencia de masas en Indonesia, 1965-1968], Singapur: National University of Singapore Press, 2012.

10. La frase procede de Herbert Feith, «Repressive-Developmentalist Regimes in Asia: Old Strengths, New Vulnerabilities» [Regímenes represivo-desarrollistas en Asia: viejas fortalezas, nuevas vulnerabilidades], Prisma, 19 (1980), pp. 39-55.

11. John Bresnan, Managing Indonesia: The Modern Political Economy [Dirigir Indonesia: la economía política moderna], Nueva York: Columbia University Press, 1993.

12. Andrew Macintyre, «Power, Prosperity and Patrimonialism: Business and Government in Indonesia» [Poder, prosperidad y patrimonialismo: empresa y gobierno en Indonesia], en Andrew Macintyre (ed.), Business and Government in Industrializing Asia [Empresa y gobierno en una Asia en vías de industrialización], St. Leonard, NSW: Allen & Unwin, 1994, p. 244.

13. Richard Mann, Economic Crisis in Indonesia: The Full Story [La crisis económica en Indonesia: la historia completa], Singapur: Times Books, 1998.

14. Véanse los ensayos pertinentes en Geoff Forrester y R. J. May (eds.), The Fall of Soeharto [La caída de Soeharto], Singapur: Select Books, 1999.

15. Bacharuddin Jusuf Habibie, Detik-detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi [Momentos decisivos en el largo camino de Indonesia a la democracia], Yakarta, The Habibie Center Mandiri, 2006, pp. 55-58, 78-80.

16. «Wiranto: Tidak Ada Perintah Menarik Pasukan», Tempo, 25 de mayo de 2003; Bacharuddin Jusuf Habibie, Detik-detik yang Menentukan, p. 61.

17. «Current Data on the Indonesian Military Elite» [Datos actuales sobre la élite militar indonesia], Indonesia, 67 (abril de 1999), pp. 136-139; Geoffrey Forrester, «Introduction» [Introducción], en Forrester y May, The Fall of Soeharto [La caída de Soeharto], pp. 19-22.

18. El 22 de mayo surgió el rumor de que el Ejército se disponía a asaltar el Parlamento. Véase Geoffrey Forrester, «A Jakarta Diary, May 1998» [Diario de Yakarta, mayo de 1998], pp. 55, 58-64.

19. Bacharuddin Jusuf Habibie, Detik-detik yang Menentukan, pp. 149-156.

20. Marcus Mietzner, «Between Pesantren and Palace: Nahdlatul Ulama and Its Role in the Transition» [Entre la escuela islámica y el palacio: Nahdlatul Ulama y su papel en la transición], en Forrester y R. J. May, The Fall of Soeharto [La caída de Soeharto], p. 197.

21. Bacharuddin Jusuf Habibie, Detik-detik yang Menentukan, p. 151.

22. «Mampukah Habibie Menjinakkan», Tempo, 24 de noviembre de 1998.

23. En 1998, la población total era de 204.000 millones. Véase Badan Pusat Statistik, Tabel Laju Pertumbuhan Penduduk [Cuadro de crecimiento demográfico], Yakarta: 2012, disponible en <http://bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=2>; y Badan Pusat Statistik, Penduduk Indonesia [Cuadro de población de Indonesia], Yakarta: 2012, disponible en <http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1>.

24. Richard Robison, «Indonesia After Soeharto: More of the Same, Descent into Chaos or a Shift to Reform?» [Indonesia después de Soeharto: ¿más de lo mismo, hundimiento en el caos o cambio hacia la reforma?], en Forrester y May, The Fall of Soeharto [La caída de Soeharto], p. 229.

25. Bilveer, Singh, Habibie and the Democratisation of Indonesia [Habibie y la democratización de Indonesia], Sídney: Book House, 2001, p. 131.

26. Geoffrey Forrester, «A Jakarta Diary, May 1998» [Diario de Yakarta, mayo de 1998], p. 61.

27. Bilveer, Singh, Habibie and the Democratisation of Indonesia [Habibie y la democratización de Indonesia], pp. 94-97.

28. Hubo varias denuncias de violaciones a mujeres chinas en Yakarta y otras ciudades durante los disturbios de mayo. Para obtener más información, véase «Peta Amuk di Kota Hantu», Tempo, 19-25 de mayo de 2003; véase también Komnas Perempuan Publication, «The May 1998 Tragedy in the Course of the Nation’s Journey: In Denial» [La tragedia de mayo de 1998 en la historia de la nación: un proceso de negación], Yakarta: Komnas Perempuan, 2003, disponible en <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/08/in-denial.pdf>.

29. Este organismo ahora se conoce como Komisi Nasional Perempuan (Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos de la Mujer). En 1999 Habibie ratificó asimismo el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Véase el Independent Report of Non-Government Organizations Concerning the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in Indonesia [Informe independiente de ONG sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Indonesia], Yakarta: Iniciativa del Grupo de Trabajo sobre la CEDAW, 2007.

30. Benjamin Smith, «The Origins of Regional Autonomy in Indonesia» [Los orígenes de la autonomía regional en Indonesia], en Journal of East Asian Studies, 8/2, mayo/agosto de 2008, pp. 221-223.

31. La cuestión separatista en Aceh se resolvería finalmente por medio de otro acuerdo durante el gobierno de Susilo Bambang Yudhoyono y Jusuf Kalla. En agosto de 2005, con la mediación de Martti Ahtisaari, expresidente de Finlandia, el gobierno y el GAM alcanzaron un acuerdo de paz bajo la iniciativa y dirección del vicepresidente Jusuf Kalla. Tal acuerdo establece que Aceh sigue formando parte del Estado unitario de Indonesia, si bien la provincia goza de autonomía para administrar sus asuntos de conformidad con la ley islámica. Véase Fachry Ali, Suharso Monoarfa, Bahtiar Effendy, Kalla & Perdamaian Aceh, Yakarta: Lspeu Indonesia, 2008.

32. Fachry Ali, Bahtiar Effendy, Umar Juoro y Musfihin Dahlan, The Politics of Central Bank [La política del Banco Central], Yakarta: Lspeu Indonesia, 2003, pp. 14-54, 76-77.

33. Fachry Ali et al., The Politics of Central Bank [La política del Banco Central], pp. 72-73.

34. Kamarudin, Partai Politik Islam di Pentas Reformasi [Partidos políticos islámicos en la era de la reforma], Yakarta: Visi Publishing, 2003, p. 143.

35. R. William Liddle, «Indonesia’s Unexpected Failure of Leadership» [La imprevista carencia de liderazgo en Indonesia], en Adam Schwarz y Jonathan Paris (eds.), The Politics of Post-Suharto Indonesia.

36. “Pertanggungjawaban Habibie”, Tempo, 11-17 de octubre de 1999.

37. Habibie, Bacharuddin Jusuf, Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi [Momentos decisivos: el largo camino de Indonesia hacia la democracia], Yakarta, Indonesia: THC Mandiri, 2006, p. 127.

38. Ibíd.

39. Ibíd., pp. 345-353.

CAPÍTULO 5

México

LA DEMOCRATIZACIÓN GRADUAL DE MÉXICO:
UN PROCESO DESCENDENTE Y ASCENDENTE

Soledad Loaeza, El Colegio de México

Desde 1940 hasta 1982, en un contexto de crecimiento económico rápido y cambios sociales drásticos, México mantuvo la estabilidad política bajo un único partido dominante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que controlaba todas las ramas del gobierno a escala nacional, estatal y municipal. A fines de la década de 1970, el presidente del país, todos los gobernadores estatales, todos los senadores y al menos el 80% de los diputados de la Cámara de Diputados pertenecían al PRI. México se diferenciaba del resto de los estados autoritarios porque celebraba elecciones de forma periódica y disponía oficialmente de una separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), así como de derechos civiles estipulados en la Constitución. No obstante, en la práctica, el poder ejecutivo se ejercía con muy pocas restricciones, los resultados electorales estaban fijados de antemano y los derechos rara vez se observaban.

Tras las movilizaciones estudiantiles y la violenta represión de 1968, entre la sociedad mexicana se propagó la idea de que se necesitaban reformas políticas. El presidente Luis Echeverría (1970-1976) intentó retomar la tradición populista, pero el camino hacia la transición democrática comenzó con la reforma electoral de 1977, introducida por el presidente José López Portillo (1976-1982) con la explosión de los precios del petróleo como telón de fondo. A partir de ese momento, los distintos sectores y partidos impulsaron un proceso de cambio que se demoró varias décadas y que culminó durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000).

En 1982 el régimen autoritario del partido hegemónico en México se vio afectado por una grave crisis financiera y económica causada por la excesiva deuda externa y el desmedido gasto público. La crisis contrarió al conjunto de la población, que aceptaba con cierta pasividad el autoritarismo, y desencadenó una serie de acontecimientos que, con altibajos, lograron implantar gradualmente la gobernanza democrática en México. El aumento de la movilización política y la participación electoral, junto con las reformas políticas verticales adoptadas como respuesta a las crisis recurrentes, pusieron en tela de juicio al gobierno y redujeron el control que había ostentado tradicionalmente sobre los procesos electorales. El autoritarismo se fue desmantelando a lo largo de dos decenios en un contexto de crecimiento económico lento y de reformas económicas orientadas a los mercados. En esos años, la economía y el sistema político mexicano experimentaron transformaciones profundas, si bien progresivas y pacíficas.

Ernesto Zedillo fue el último presidente que ascendió al poder durante el régimen en que el PRI fue el partido dominante. En la misma línea que su predecesor, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Zedillo profundizó la liberalización económica de México y su integración en la economía mundial. También contribuyó a la apertura del sistema político al reducir la intervención del Estado, contener la autoridad presidencial y aceptar los avances políticos de la oposición, además de proteger la integridad e imparcialidad institucional de las elecciones presidenciales del año 2000.

El régimen autoritario

Durante la mayor parte del siglo XX, México gozó de continuidad y estabilidad política (sin recurrir al uso de la fuerza militar), al tiempo que guardaba las apariencias democráticas. Este sistema autoritario dominado por civiles contrastaba radicalmente con muchos países de América Latina, donde los militares solían desempeñar un papel fundamental.

La continuidad del sistema político fue posible gracias a la fortaleza de las instituciones: un Estado coherente, una presidencia con amplios poderes y el dominio prácticamente indiscutible de un partido estrechamente vinculado al Estado. Ese acuerdo se introdujo en 1929, cuando se creó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) para representar a la élite revolucionaria. En 1938, lo sustituyó el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), dirigido por sindicatos y agrupaciones campesinas de la izquierda. En 1946, el PRM fue a su vez sustituido por el PRI, que nació como una organización nacionalista e interclasista, que representaba y perseguía las metas y los objetivos de la Revolución mexicana de 1910.

La Constitución de 1917, que establecía un Estado federal gobernado por un régimen presidencial y sometido al principio de la separación de poderes, quedaba en entredicho debido a la estructura gubernamental altamente centralizada que reforzaba la tendencia del ejecutivo a invalidar las decisiones de las ramas legislativa y judicial. La centralización del poder también contradecía los principios del federalismo.

El autoritarismo mexicano se caracterizaba por un Estado de derecho débil y funcionarios públicos arbitrarios, en particular en cuanto al cumplimiento de la ley. Los mexicanos nunca sabían si las leyes se aplicarían o no. No obstante, los presidentes debían ceñirse a algunas normas que determinaban sus decisiones y limitaban su poder. Por ejemplo, la Constitución prohibía la reelección presidencial, que fue, y sigue siendo, una norma de oro del sistema político mexicano; todos los presidentes la han respetado. Esa norma ha evitado que algún político extremadamente ambicioso se perpetúe en el poder y se convierta en un dictador permanente, además de mitigar las expectativas de los posibles candidatos.

Los poderes oficiales del presidente aumentaron con el poder extraoficial que le concedió el PRI. El partido extendió la autoridad presidencial más allá de los límites constitucionales; por ejemplo, el presidente designaba a los candidatos para los cargos electos a nivel local, estatal y nacional. Esa prerrogativa le daba el control para renovar la élite política y, lo que es más importante, le otorgaba el control del Congreso. El partido era la base de las redes clientelistas que constituían los cimientos del régimen autoritario. También era el vehículo de la presencia simbólica del presidente en todos los niveles de la sociedad. Gracias al conjunto de poderes oficiales y extraoficiales, el presidente de México podía gobernar prácticamente sin oposición alguna durante un mandato de seis años.

A pesar de su gran poder, el PRI era en cierto modo una organización débil. Su autonomía era limitada y su dominio dependía del apoyo del presidente y de los recursos públicos para mantener sus distintos mecanismos de control, desde la coacción hasta la corrupción. Las decisiones sobre el liderazgo del partido las tomaba personalmente el jefe de Estado. La influencia del partido en la elaboración de políticas estaba acotada, ya que estaba subordinado a las necesidades y prioridades políticas del jefe del Gobierno. Sus principales funciones consistían en movilizar los apoyos para las decisiones del gobierno y desmovilizar a la oposición.

La estructura corporativista del PRI solía organizar y controlar la participación y la representación de los grupos de trabajadores, campesinos y de la clase media de las ciudades. La hegemonía del partido se basaba en parte en las altas tasas de abstención electoral, que facilitaban el control de la representación –y, cuando era necesario, del fraude y la manipulación de los resultados–, para otorgar al PRI mayorías de más del 75%, que legitimaban el régimen presidencial arbitrario. Sin embargo, el desarrollo económico contribuyó a crear una sociedad urbanizada, formada y diversa, que no podía controlarse con tanta facilidad. Así, a fines de la década de 1960, el régimen del PRI comenzó a ser menos eficaz y, como demostró la movilización estudiantil de 1968, los mexicanos empezaron a recurrir a formas de participación no electorales. Ese fenómeno motivó en gran medida a los presidentes sucesivos a seguir llevando a cabo reformas políticas.

Incipiente competencia entre los partidos políticos

El proceso de democratización de México siguió un patrón basado fundamentalmente en las elecciones, en lugar de uno definido por las protestas y movilizaciones callejeras dirigidas por los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil. Ello indica que, si bien es posible que las elecciones en la época autoritaria no determinaran el poder político, sí inculcaron los valores y las normas de la democracia en la opinión pública mexicana. El gobierno alentó la existencia de partidos de la oposición que representaban tendencias minoritarias. Nunca hubo más de cuatro partidos en la oposición y, durante décadas, no fueron muy sólidos, ya que no podían competir con los recursos casi ilimitados del partido oficial. Su participación sistemática en las elecciones contribuyó a mantener las apariencias democráticas que diferenciaban el sistema mexicano de las dictaduras puras. Los partidos de la oposición funcionaban como grupos de interés restringidos, en lugar de actuar como verdaderos partidos políticos.

No obstante, con el paso del tiempo la competitividad electoral de los partidos de la oposición fue aumentando poco a poco. Durante muchos años, el Partido de Acción Nacional (PAN) fue la única organización política verdaderamente independiente. Fue fundado en 1939 por un grupo de profesionales de clase media de Ciudad de México –muchos de ellos pertenecientes a organizaciones católicas– en respuesta a las políticas radicales del presidente Lázaro Cárdenas, como la distribución de las tierras y la educación obligatoria de orientación socialista. El PAN representaba la oposición conservadora a la revolución. A la luz de sus escasos recursos y de la implacable hostilidad del PRI, durante muchos años el PAN sobrevivió a duras penas. En las elecciones presidenciales de 1976, el PAN no presentó a ningún candidato debido a los conflictos internos, lo que dio pie a unas elecciones en las que prácticamente no hubo competencia que pusieron de manifiesto la vacuidad de un voto sin opción alternativa.

El presidente entrante, López Portillo, estaba preocupado por conservar la legitimidad política y ofrecer modos de canalizar la disidencia. En 1977 introdujo una reforma electoral que relajaba las condiciones generales para el registro de partidos y reforzó la representación política mediante la concesión de escaños cubiertos por representación proporcional a partidos minoritarios en función de sus resultados electorales a nivel nacional. En el Congreso de 1979 existió una representación de siete partidos, incluido el Partido Comunista. La reforma se adoptó en una época en que las dictaduras militares proliferaban en América del Sur, y México hacía frente a organizaciones guerrilleras incipientes, lo que hizo que la legitimidad democrática revistiera aún más importancia para el régimen.

La reforma electoral convergió con potentes tendencias sociales de larga data: urbanización, secularización y diversificación de la sociedad mexicana. La expresión política de esos cambios fue el surgimiento del pluralismo y la articulación de las reivindicaciones a favor del reconocimiento de los derechos de los ciudadanos a la participación y sindicación independiente.

El PAN fue el primer partido en beneficiarse del debilitamiento del PRI. A lo largo de los años ochenta, el PAN siguió aprovechando los pasos en falso del partido oficial, que reproducía el mismo patrón de forma recurrente: las crisis suscitaban reformas que abrían espacios para la oposición. La primera crisis fue la expropiación repentina de los bancos comerciales por el gobierno de López Portillo en septiembre de 1982, lo que suscitó una oposición frontal de la clase media. En los estados norteños, como Baja California, Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua, los candidatos del PAN ganaron las elecciones locales entre 1982 y 1985, símbolo de la erosión de la influencia del PRI entre los grupos con mayores recursos económicos de la sociedad mexicana.

Sin embargo, el principal desafío a la hegemonía electoral del PRI se originó en el seno mismo del partido. En 1987, cuando se aproximaba la sucesión presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas –un miembro distinguido del PRI e hijo del venerado presidente Lázaro Cárdenas–, antiguo gobernador del estado de Michoacán, senador y vicesecretario de Agricultura, exigió transparencia en la selección del candidato presidencial del partido oficialista. Antes, su designación era una prerrogativa del presidente titular. En ese momento, Cárdenas y otros miembros del PRI querían abrir la candidatura presidencial a concurso y debate público para modificar la dirección del gobierno. Rechazaban las políticas económicas neoliberales del presidente Miguel de la Madrid, como la adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (el GATT, precursor de la Organización Mundial del Comercio, OMC) y su decisión de aceptar las victorias del PAN en varias elecciones municipales. Las voces críticas reclamaban una vuelta a las tradiciones y las políticas económicas nacionalistas de la Revolución mexicana que, según ellos, el PRI había abandonado durante el gobierno del Miguel de la Madrid (1982-1988).

El apoyo electoral de Cárdenas era especialmente elevado en Ciudad de México, donde tuvieron lugar dos grandes sismos el 19 de septiembre de 1985. Esos trágicos acontecimientos, en los que al menos 10.000 personas perdieron la vida, desencadenaron un sentimiento contrario al PRI, ya que el gobierno de De la Madrid pareció quedar paralizado ante la catástrofe. La población de la capital recurrió a las ONG independientes y el mensaje de Cárdenas llegó a los votantes de la capital que, hasta ese momento, habían sido fieles al partido oficialista.

Cárdenas fue expulsado del PRI y, en 1987, fundó el Frente Democrático Nacional (FDN), una coalición precursora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que reunió a varias corrientes del centro-izquierda en 1989.

La democratización mexicana después de 1987:
el auge del PRD

Las elecciones presidenciales de 1988 estuvieron marcadas por el surgimiento de un nuevo e importante competidor, el «cardenismo», organizado en el FDN, y por una imprevista y elevada participación electoral independiente que no se podía gestionar con los mecanismos históricos de control del PRI.

Cárdenas realizó una campaña basada en temas nacionalistas tradicionales. Hizo hincapié en los costes sociales de las políticas de ajuste económico y se centró en la pobreza y la desigualdad. Sus seguidores hablaban de «carisma», y su apellido era en sí mismo una plataforma del partido. Se dirigió a los desfavorecidos y compitió con el PRI por el respaldo de los sectores de ingresos medios y bajos. El FDN constituía una grave amenaza a la hegemonía del partido oficial, ya que ambas fuerzas políticas se disputaban el legado de la Revolución de 1910.

En los dos últimos meses de campaña, Cárdenas, a pesar de sus escasos recursos, hizo gala de una capacidad de movilización de la opinión pública superior a la del resto de los candidatos. La cobertura televiva de su campaña era prácticamente inexistente y los medios de comunicación rara vez mencionaban su nombre, pero iba acumulando apoyos.

Los resultados oficiales de fines de 1988, cuestionados por un gran número de observadores, otorgaron a Cárdenas el 30% de los votos, frente al 50% de Salinas de Gortari y el 16% de Manuel Clouthier, el candidato del PAN. La concurrencia de votantes alcanzó el 49%, una cifra baja en comparación con las elecciones anteriores, pero se reconoció en términos generales la tasa excepcionalmente elevada de participación independiente. Las elecciones estuvieron plagadas de irregularidades y acusaciones de fraude. Muchos mexicanos y otros observadores afirmaron que Cárdenas obtuvo en realidad la mayoría de los votos. Incluso según los resultados oficiales, su coalición logró 108 de los 500 escaños de la Cámara de Diputados. En aquel momento, Cárdenas desempeñó un papel decisivo para convertir su coalición en un partido y situó al PRD como partido dominante de la izquierda. El auge del PRD, junto con la consolidación del PAN, alteró el panorama político de México. Por primera vez desde la fundación del PRI en 1946, su hegemonía se vio seriamente amenazada y no logró las grandes mayorías que solía obtener en el Congreso.

El PRD incorporaba a miembros del antiguo Partido Comunista y numerosos priístas desencantados. Al nuevo partido le llevó cierto tiempo ajustarse a las normas de la política parlamentaria y la competencia de partidos. Sin embargo, la existencia de partidos de la oposición más fuertes y más diversos fue transformando con el tiempo las relaciones entre el poder ejecutivo y legislativo en México, y dio pie a que la efectividad de los mecanismos de división de poderes aumentara de manera significativa.

Tras las elecciones de 1988 las reformas de liberalización económica y política iniciadas por el presidente Salinas, y profundizadas más tarde por el presidente Zedillo, transformaron el país. Las reformas económicas se oponían a la tradición intervencionista del PRI, al tiempo que las reformas políticas iban cediendo paulatinamente poder político a la oposición. La primera derrota reconocida por el PRI fue el éxito del PAN en las elecciones gubernamentales de 1989 en Baja California. El código electoral de 1990, llamado COFIPE, fue el precio que el PAN fijó para aceptar la elección de Salinas en 1988. La característica más importante del código era la creación del Instituto Federal Electoral (IFE). El IFE era un órgano autónomo permanente con su propio presupuesto y personal administrativo profesional responsable de la organización y gestión del proceso electoral. En 1992 el IFE introdujo una tarjeta de votante con fotografía, que pronto se convirtió en el documento de identidad oficial más importante y seguro para todos los mexicanos.

El radical programa de reformas económicas del presidente Salinas contrastaba con la timidez de sus reformas políticas. El IFE fue un paso adelante, pero la fórmula utilizada para asignar los escaños de representación proporcional constituyó una regresión que favoreció al partido mayoritario, ya que introducía una cláusula denominada «de gobernabilidad», la que concedía al partido con mayor presencia en la Cámara de Diputados escaños adicionales hasta controlar el 60% de la representación. Las reformas constitucionales de Salinas contaban con el apoyo del PAN, pero él nunca escondió su animadversión hacia el PRD. Durante su gobierno, Baja California, Chihuahua y Guanajuato eligieron a gobernadores panistas, mientras que nunca se reconocieron las aparentes victorias del PRD.

Las elecciones de 1994

Varios acontecimientos extraordinarios sucedidos en 1994 contribuyeron a la debilitación del PRI. En enero, el movimiento campesino Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN, también conocido como «los zapatistas») declaró la guerra al gobierno de México en el estado sureño de Chiapas; al principio, en nombre del socialismo, pero rápidamente hizo hincapié en la defensa de las comunidades indígenas y sus derechos. En marzo, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado durante la campaña en Tijuana, lo que creó un ambiente de incertidumbre.

Salinas solo tenía dos opciones para nombrar a un nuevo candidato de su entorno de renovadores para reemplazar a Colosio: Pedro Aspe (el secretario de Hacienda) y Ernesto Zedillo, quien había hecho la mayor parte de su carrera en el sector de las finanzas de Estado y había ejercido más recientemente de secretario de Planificación y Presupuesto y secretario de Educación Pública. No podía elegir a Aspe, porque los candidatos presidenciales debían dimitir de los puestos ministeriales seis meses antes de las elecciones. Zedillo cumplía el requisito, puesto que había dejado el gobierno para gestionar la campaña de Colosio.

Ernesto Zedillo era un candidato presidencial atípico. Era conocido como tecnócrata con vocación de servicio público, pero impaciente con los embrollos de la política. No obstante, había motivos para creer que continuaría con las reformas económicas de Salinas, al contrario de otros aspirantes presidenciales, como el presidente del PRI Fernando Ortiz Arana, o Francisco Rojas, el director ejecutivo de la petrolera estatal Pemex. Salinas, además, probablemente pensó que Zedillo sería un presidente timorato que necesitaría de su asesoramiento y apoyo político.

El papel de Ernesto Zedillo

Unos 35 millones de mexicanos (el 78% de los votantes registrados) acudieron a las urnas en 1994, una cifra sin precedentes. La alta participación fue, con toda probabilidad, una respuesta tanto a la posible propagación de la violencia política, como a los considerables cambios en los procedimientos electorales. Para contrarrestar el posible atractivo del movimiento zapatista, todos los partidos políticos habían acordado en enero de ese año, 1994, enmendar la ley con miras a mejorar la credibilidad de las elecciones mediante una mayor participación del poder legislativo en el proceso electoral, en detrimento del ejecutivo. Así, los consejeros del IFE fueron sustituidos por seis «consejeros civiles», elegidos por una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados, a partir de una lista elaborada por los partidos políticos. El nuevo documento de identificación con fotografía aumentó la confianza de los votantes en los comicios.

Ernesto Zedillo asumió la presidencia en un contexto de alivio general. Los resultados de las elecciones fueron claros e indiscutibles, aceptados por la oposición y la opinión pública. Tres candidatos presidenciales obtuvieron el 92% de los votos nacionales: Zedillo obtuvo el 49; Diego Fernández de Cevallos del PAN, el 26; y Cuauhtémoc Cárdenas, el 16. En agosto el secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, murió de un disparo, pero la investigación esclareció que su asesinato estaba relacionado con una disputa personal. Eso dañó todavía más la imagen de su partido, pero la violencia política se había frenado en gran medida y parecía que todo había vuelto a la normalidad.

No obstante, menos de tres semanas después de la toma de posesión, una repentina crisis económica y financiera precipitó la devaluación del peso mexicano, que perdió el 40% de su valor en solo un mes. La inflación y los tipos de interés se dispararon a principios de 1995, y la economía se encogió sobremanera. Millones de mexicanos vieron desaparecer sus ahorros e inversiones, y muchos fueron incapaces de devolver los préstamos. Las circunstancias recordaron a un gran número de ciudadanos la crisis de 1982, quienes culparon de nuevo al PRI. No solo se tachaba al partido de corrupto y antidemocrático, sino también de incompetente. La recuperación llegó con relativa rapidez, gracias en parte a un paquete de medidas fiscales de rescate provenientes de Estados Unidos aprobadas por el presidente Bill Clinton. Pero el daño ya estaba hecho, como demostrarían las elecciones federales celebradas a mediados de 1997.

En ese complejo contexto político, el presidente Zedillo también tuvo que afrontar los efectos polarizadores de las ambiciosas reformas económicas realizadas por Carlos Salinas, que habían hecho tambalear los cimientos del tradicional nacionalismo económico de México. Salinas había suscrito el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos, privatizando numerosas industrias y reformando dos herencias sagradas de la Revolución mexicana: el fin del ejido, una forma de propiedad colectiva de la tierra, y los artículos anticlericales contenidos en la Constitución. Esas discontinuidades históricas alienaron a muchos priístas. Los antagonismos entre el partido y la élite gobernante eran una parte del legado que Salinas dejó a Zedillo; y los antagonismos personales también hicieron acto de presencia, en particular tras el encarcelamiento del hermano del antiguo presidente, Carlos Salinas de Gortari, acusado de corrupción y participación en la conspiración para asesinar a Ruiz Massieu.

El objetivo del programa político de Ernesto Zedillo consistía en lograr la «normalidad democrática»; es decir, en establecer límites al poder presidencial, marcar distancias entre la presidencia y el PRI, y asegurar la vigencia de la división de poderes. En diciembre de 1994, justo después de su toma de posesión, Zedillo presentó una reforma constitucional en el Congreso para reducir el número de magistrados de la Suprema Corte de Justicia, modificar el proceso de elección de sus miembros y redefinir sus mandatos en aras de garantizar la independencia judicial. El proyecto político del presidente Zedillo también pretendía que todos los partidos estuvieran en igualdad de condiciones en cuanto al acceso al financiamiento y a los medios de comunicación durante las campañas electorales.

Asimismo, Zedillo declaró que establecería una «distancia saludable» entre el PRI y el gobierno. En la práctica, eso implicaba que el partido ya no gozaría de acceso privilegiado al presidente ni a los recursos del Estado para mantener su hegemonía. Zedillo intentaba construir una presidencia democrática basada única y exclusivamente en la Constitución.

Entre 1994 y 2000 la relación entre el gobierno y el PRI adolecía de tensiones y desconfianza mutua. El nuevo presidente parecía más determinado ideológicamente con las reformas económicas que Salinas. Tenía la firme convicción de que la intervención directa del Estado en la economía era una fuente de corrupción y escasa productividad, y prefería la regulación a la intervención directa del gobierno. Zedillo desconfió del PRI desde un principio, lo que quedó patente cuando nombró como procurador de la República a un activo dirigente del PAN, responsable de la investigación del asesinato de Colosio. La relación entre el presidente y la élite del PRI también era tensa, porque Zedillo había realizado un esfuerzo importante para entablar un diálogo con el PRD en lugar de rechazarlo, como había hecho Salinas. Sin embargo, el presidente Zedillo esperaba que los miembros del PRI actuaran con disciplina y le brindaran su apoyo. Sus votos en el Congreso le permitieron ejecutar el doloroso programa de estabilización en respuesta a la crisis de 1994-1995, y el partido ofreció a Zedillo el apoyo legislativo que necesitaba para continuar con el proceso de reforma económica.

Zedillo esquivó al PRI y negoció su programa político con los partidos de la oposición. Apoyó otra reforma electoral en 1996 para fortalecer la autonomía de las autoridades electorales. El consejo general del IFE constaría de ocho miembros y, a su cabeza, el secretario de Gobernación sería sustituido por un «miembro de la sociedad civil» elegido en la Cámara de Diputados a propuesta de los partidos políticos. Esa reforma también modificó la relación entre el financiamiento público y privado de las campañas electorales e incorporó el Tribunal Electoral al poder judicial, en lugar de vincularlo a la rama ejecutiva.

En las elecciones federales de 1997, que la gran mayoría consideró justas, el PAN y el PRD juntos obtuvieron una mayoría de 247 representantes en la Cámara de Diputados, frente a los 239 escaños del PRI. Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en el primer alcalde electo de Ciudad de México y el PRD logró la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fue una derrota estratégica para el PRI, porque en la capital se concentran los recursos económicos, financieros, políticos y culturales de México.

Entre 1994 y 2000 el PRD ganó las elecciones a gobernador de Baja California Sur, Tlaxcala y Zacatecas, mientras que el PAN ganó en Jalisco, Aguascalientes, Querétaro y Nuevo León, y conservó Baja California y Guanajuato. El diverso mapa político de México se vio enriquecido con la proliferación de coaliciones políticas que incluían partidos pequeños como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

El impulso reformista del presidente llegó hasta el PRI, que eligió a su candidato presidencial para las elecciones de 2000 en unas primarias internas sin precedentes y en las que la participación de Zedillo fue limitada. Francisco Labastida, antiguo secretario de Energía y gobernador de Sinaloa, resultó elegido candidato oficial del partido en diciembre de 1999; no obstante, para entonces ya estaba muy por detrás de Vicente Fox, exgobernador de Guanajuato, que llevaba un año de campaña a la cabeza del PAN y gozaba de una gran popularidad. Fox logró encarnar el cambio y atraer a un electorado más amplio.

En la noche de las elecciones presidenciales de julio de 2000, el presidente del IFE anunció en la televisión nacional que, en consideración de los votos escrutados y según pronósticos meticulosos, Fox había ganado las elecciones. El presidente Zedillo felicitó de inmediato al presidente electo, incluso antes de que Labastida admitiera la derrota.

Hoy México goza de una gobernanza democrática multipartidista en la que los presidentes, los diputados, los gobernadores estatales y los alcaldes se eligen en elecciones libres y justas administradas con independencia, profesionalidad y honestidad. La alternancia entre partidos se da a todos los niveles del gobierno. En 2012 el PRI recuperó la presidencia en las urnas tras dos gobiernos del PAN: Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).

Para gobernar, el presidente debe negociar con centros de poder relativamente independientes del Congreso, los estados y los municipios. La considerable concentración de poder en manos privadas –a saber, grandes empresas (a menudo oligopolios), grupos de interés sectoriales, sindicatos, imperios mediáticos y cárteles– hace de la gobernanza un proceso complejo, pero hoy en día México dispone de una división de poderes cada vez más eficaz.

Todavía queda mucho por hacer para fortalecer y profundizar la democracia mexicana. Los tres partidos principales han acordado oficialmente emprender una profunda reforma política. En la actualidad se están debatiendo propuestas que permitirían las candidaturas independientes y la iniciativa legislativa ciudadana; regular los partidos políticos, el financiamiento de las campañas y la propaganda del gobierno; introducir una segunda ronda en las elecciones presidenciales, y facilitar gobiernos de coalición. Sea cual sea el resultado de las negociaciones, son una muestra de que la democracia actual en México es cada vez más dinámica.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE ERNESTO ZEDILLO,
PRESIDENTE DE MÉXICO (1994-2000)

Ernesto Zedillo cursó la educación primaria y secundaria en Mexicali, en la frontera entre México y Texas. Concluyó sus estudios universitarios en el Instituto Politécnico Nacional de Ciudad de México y, a continuación, obtuvo una beca de la Universidad de Yale, donde realizó un doctorado en Economía y entabló contacto por primera vez con miembros de la élite mexicana, compañeros de estudios. Al volver a México, Zedillo trabajó en el sector de las finanzas públicas, donde cosechó una excelente reputación, más por su notable pericia técnica que por su actividad política. Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gotari (1988-1994) ejerció de secretario de Programación y Presupuesto y, posteriormente, de secretario de Educación Pública. A principios de 1994 presentó su dimisión para ocupar el cargo de director de campaña de Luis Donaldo Colosio en las presidenciales, un norteño como él. Cuando Colosio fue asesinado durante la campaña, Zedillo era el único miembro del gabinete del partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que podía presentarse a las elecciones; la ley mexicana exige que los miembros del gabinete dimitan de sus cargos meses antes de comenzar la campaña electoral.

Zedillo fue elegido presidente en agosto de 1994, en las elecciones con mayor participación de la historia de México. Se propuso contribuir a que México se convirtiera en una «democracia normal», mediante reformas destinadas a fortalecer el poder judicial y el Congreso, distanciar el gobierno del PRI y consolidar las instituciones electorales independientes. A pesar de la grave crisis económica que se desencadenó apenas unas semanas después de su toma de posesión, Zedillo reformó las normas de financiamiento y el acceso a los medios de comunicación de las campañas electorales. Asimismo, aceptó que la oposición obtuviera el control de Ciudad de México y del Congreso nacional. Instó a la instauración de una «distancia saludable» entre el gobierno y el PRI y promovió el primer proceso de primarias internas en el partido para la selección de candidatos. La decisión de su gobierno de enjuiciar a Raúl Salinas, hermano del expresidente, acabó con el precedente de impunidad de los presidentes anteriores y sus parientes cercanos. El gobierno de Zedillo también reforzó la liberalización de la economía mexicana iniciada por Miguel de la Madrid y acelerada por Salinas, e introdujo un programa innovador de reducción de la pobreza basado en el desempeño, Progresa, que ofrecía transferencias de dinero a cambio de cumplir con ciertas condiciones.

La noche de las elecciones de 2000, Zedillo felicitó al candidato de la oposición, Vicente Fox, por su victoria, antes incluso de que el candidato del PRI hubiera reconocido la derrota. Desde entontes, Zedillo ha continuado con su carrera fuera de México, donde ha ejercido de director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale y ha participado en una serie de comisiones de políticas, juntas de empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE ERNESTO ZEDILLO

Reformar el sistema desde dentro

¿Qué lecciones cabe extraer de la democratización gradual de México para los líderes que intentan lograr avances democráticos en otros países?

Primero hay que distinguir entre procesos como el mexicano y otros procesos en los que es necesario pasar de un régimen totalmente autoritario a un régimen más abierto o democrático. Ese no fue el caso de México. Oficialmente, México tenía una democracia con elecciones periódicas desde hacía muchos años y ciertas reglas para la competencia política. En el momento en que fui elegido presidente de México, ya había gente de la oposición que había ocupado puestos en otros niveles de gobierno y ciertamente en el Congreso. Además, se habían dado una serie de pasos previos hacia una reforma electoral progresiva, encaminada a hacer posible la participación de otros partidos, no solo del partido en el poder [el Partido Revolucionario Institucional, PRI]. Entonces ya existía un proceso significativo, yo diría, de aprendizaje.

Algunos piensan que ese proceso fue lento; otros consideran que fue muy rápido. Desde mi punto de vista, había sido lento. La ciudadanía estaba lista desde hacía tiempo para vivir en una democracia plena. El gran reto, para mí y para todos los actores políticos, era acelerar el paso en la construcción de las bases de esa democracia competitiva, moderna, plena.

Una de las primeras cosas que dije a mis compañeros de partido [PRI] después de las elecciones de 1994 fue que los comicios habían sido legales, nos habíamos conformado a las reglas vigentes y el escrutinio se había realizado correctamente. Pero las elecciones no fueron justas porque las condiciones de la competencia política todavía no eran justas en México.

Yo podía hacer ese tipo de comentarios porque no tenía ningún problema de legitimidad; el partido había tenido resultados satisfactorios, no solo en la elección a la presidencia, sino también en la elección al Congreso. El partido fue receptivo a ese mensaje. No hubo nadie que se levantara y me dijera que estaba equivocado, y a mí me animó mucho no encontrar una reacción negativa de los miembros del partido, así que pensé que podíamos seguir adelante.

El día que tomé posesión como presidente, anuncié mi intención de trabajar con todos los partidos políticos en favor de algo que llamé la «normalidad democrática». El país tenía que alcanzar una normalidad democrática, incluidos mecanismos reales de separación de poderes y eso solamente se puede lograr de manera democrática.

Hacía muchos años que no solo yo, sino también muchos otros, estábamos preocupados; porque si no procedíamos de forma ordenada para lograr una mayor apertura y mayor competencia políticas, algún día podrían plantearse esas reivindicaciones tal vez de una manera desordenada o caótica, lo que sería, por lo menos en el corto plazo, malo para el país y ciertamente malo y quizá mortal para el partido.

Yo tengo que admitir que esa preocupación siempre estaba presente y seguramente se acentuó en otras personas. Después de lo que pasó a fines de la década de 1980 en Europa Oriental, los que pensábamos así tuvimos un argumento más: teníamos que llevar las riendas del proceso en lugar de dejarnos llevar por él. Oponer resistencia a una mayor democracia sería un error, porque más tarde o más temprano, simplemente por el nivel de desarrollo económico que estaba alcanzando el país, hubiera sido imposible mantener una autocracia con una ciudadanía alerta y demandante que, además, ya aspiraba a la democracia.

Hace 40 o 50 años, democracia no era un término que figurara como una demanda generalizada de la población; pero hace 20 o 25 años era evidente que ya había una conciencia en la ciudadanía. Se decía: «Queremos libertad política, queremos participación, representación y democracia».

Cada uno lo expresaba de una manera distinta, pero en el fondo era eso. ¿Por qué no tenemos democracia si creemos en ella, la ciudadanía está lista y tenemos particos políticos organizados? Yo creo que la gran diferencia entre México y otros países que han atravesado cambios similares es que el gobierno entendió que tenía que ser parte del proceso. No podíamos ser el obstáculo, sino al contrario, nosotros teníamos que contribuir con nuestra capacidad política e intelectual para que el proceso de democratización se diera de manera ordenada y adecuada para el país.

Sin duda en aquel momento hubo mucha gente que entendió que el PRI tenía que responder de un modo u otro al clamor a favor de una mayor democracia, pero quería que el PRI mantuviera el control. Lo que usted describe no consiste en gestionar la presión y mantener la hegemonía del PRI al mismo tiempo, sino en una verdadera apertura del sistema político. Son dos conceptos muy distintos. ¿Puede describir el proceso mediante el cual usted y los líderes políticos mexicanos (del PRI y de otros partidos) pasaron de un concepto a otro?

No me cabe duda de que en el partido hubo visiones o interpretaciones distintas de lo que significaba en aquel momento avanzar en la construcción de la democracia real, efectiva, normal en México. Seguramente había personas a las que les preocupaba, e incluso se preguntaban para qué avanzar, sobre todo después de ganar claramente una elección. Decían: «¿Para qué hacemos algo ahorita? No tenemos ningún problema de legitimidad». Otros quizás opinaban que teníamos que modular la presión, cambiar para que nada cambie. Pero había muchos otros que pensaban y decían: «¿Por qué no, si nosotros tenemos con qué plantar esta batalla democrática, si tenemos con qué competir?». Había confianza en que no solo el país estaba listo, sino que el PRI estaba listo para competir también bajo nuevas reglas. Fui yo quien ganó la presidencia, así que creo que tenía no solamente la responsabilidad, sino el derecho de representar esa corriente más moderna del partido. No fue traumático para el país ni para el partido, porque en realidad había personas en el partido que estaban de acuerdo con eso, aunque algunos no lo han querido reconocer.

Se habla a veces del PRI como si hubiera sido la gran oposición a la democracia que se construyó en la década de 1980 y 1990 en México. El PRI fue parte de ese proceso y desempeñó un papel muy activo al que se le tiene que dar gran mérito, como siempre se ha dado mérito a los otros partidos y a los movimientos ciudadanos que ejercieron un papel muy importante.

Movilización social

¿Qué papel desempeñaron en ese proceso de apertura las fuerzas políticas y sociales que estaban empujando en esa dirección?

Si me obligan a identificar cuál fue el momento en que un grupo de ciudadanos –y algunos de ellos eran muy jóvenes– expresó con gran fuerza cívica, aunque no necesariamente con gran claridad, que había inconformidad con la manera en que funcionaba el sistema político mexicano, me remitiría a 1968 [cuando comenzó un movimiento de protesta estudiantil que fue acallado con una violenta represión de las fuerzas de seguridad del gobierno].

Ningún partido político, oficialmente reconocido o no, se puso claramente del lado de los estudiantes en 1968. Algunos de los militantes del proscrito Partido Comunista apoyaron al movimiento, pero ninguno de los partidos se puso del lado del movimiento estudiantil. Por tanto, creo que quienes participaron en él lo reivindicarían como el primer movimiento ciudadano que cuestionó el funcionamiento del sistema político.

Por desgracia, como muchas otras cosas que ocurrieron durante la Guerra Fría, un movimiento de esta naturaleza –visto con la óptica de aquellos años y desde una perspectiva que yo describiría como miope por parte de mucha gente– fue descalificado. Y desafortunadamente el gobierno actuó como si el movimiento estudiantil de 1968 fuera uno de los muchos que había en aquellos años, como si fuera una amenaza detrás de la cual se movían fuerzas oscuras emanadas del otro lado de la Cortina de Hierro. Algunos querían verla como una amenaza y fue el argumento que se usó frecuentemente para inhibir la participación de nuevos actores políticos en México.

A lo mejor sí había en el movimiento gente que tenía su corazoncito en el otro lado de la Cortina de Hierro, pero básicamente era un movimiento por la libertad, de rechazo al autoritarismo, a la represión. Fue un movimiento de jóvenes, y cuando las cosas las hacen los jóvenes no debe uno esperar que haya un alto grado de articulación y de sofisticación ideológica o conceptual. Hubiera sido ideal que como primer punto se hubiera pedido al gobierno más democracia, pero yo creo que en el fondo había eso y también: «¿Por qué no podemos participar? ¿Por qué no podemos opinar? ¿Por qué en cuanto marchamos se nos dice que somos comunistas, que estamos conspirando contra la estabilidad del país?».

En realidad era un movimiento por la libertad política, así que creo que la construcción democrática de México surgió de un movimiento ciudadano: el movimiento estudiantil de 1968.

Durante muchos años ha existido la percepción de que el movimiento fracasó porque fue reprimido, porque no llegó a nada concreto en términos de lo que demandaban los estudiantes y porque hubo un alto coste humano, social (y probablemente político) en el corto plazo. Al cabo de estos 45 años desde que empezó ese movimiento en julio de 1968, yo puedo decir que el movimiento triunfó, y ojalá un día se valore como se merece. En aquel momento yo era estudiante del Politécnico; era muy joven, tenía dieciséis años.

¿Cómo marcó su vida ese hecho histórico?

Definitivamente. Yo ya participaba muy modestamente en la política estudiantil en la Vocacional, tenía quince o dieciséis años. Había visto que no podíamos celebrar elecciones en la escuela con reglas justas, porque aparecían plantillas financiadas por alguien que no sabíamos quién era. Eso era en 1967.

Una vez concurrimos y pensábamos que habíamos ganado, pero descubrimos que los votos no se habían contado bien y que habíamos perdimos. Aun así, nosotros estábamos muy seguros de que habíamos ganado, creíamos que éramos mucho más atractivos que nuestra competencia. Obviamente, cuando llegó el movimiento estudiantil y se dio esa reacción del gobierno, para mí se confirmó que algo estaba muy mal y que lo que el gobierno decía sobre ellos no era consecuente con lo que yo veía en mis compañeros. Simplemente era gente que se estaba formando, que quería expresarse, igual que queríamos expresarnos en otros ámbitos de la vida, en el gusto musical o por la literatura o en nuestras relaciones personales en un sentido emocional y físico, pero el entorno era totalmente represivo. Sin embargo, donde acabó doliendo más fue en lo político, porque la represión política normalmente viene acompañada de dos cosas: manipulación y violencia, y eso es lo que sucedió en 1968.

Pasó un buen tiempo desde el movimiento de protesta estudiantil de 1968 hasta el primer cambio político tangible con el presidente José López Portillo [1976-1982]. ¿Qué avances se lograron de 1968 a 1978?

Así es. Yo creo que ese lapso tan considerable fue lo que ayudó a crear ese sentimiento de fracaso, de que no se había logrado nada. El movimiento estudiantil contribuyó a que se fuera gestando dentro del sistema la idea de que se tenía que hacer algo. No es casualidad que entre las personas, de dentro del gobierno, que expresaron una opinión distinta (yo diría hasta disidente) de cómo se manejó el movimiento por parte del gobierno en 1968 está Jesús Reyes-Heroles, que era director de Pemex [Petróleos Mexicanos, la petrolera propiedad del Estado]. Unos años después, Reyes-Heroles fue secretario de Gobernación y el hombre clave del presidente López Portillo para promover la ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE). Para que vean que mi hipótesis sobre la relación entre el 1968 y el avance político del país tiene más de una prueba.

Partidos políticos

¿Hubo presión de otros sectores sociales?

Yo opino que la hubo, pero también de los partidos, dentro y fuera del PRI. No puedo restarle ningún mérito al Partido Acción Nacional [PAN], que es casi tan antiguo como el PRI. El PAN siempre jugó según las reglas, digamos precarias, de aquella democracia oficial, pero claramente imperfecta. Una de sus vertientes de acción siempre fue reclamar más democracia. En todo momento lo hicieron de manera civilizada, siempre alentaron la participación. No podemos minimizar el papel del resto de los partidos distintos al PRI; no se puede decir que el Partido Comunista creía en la democracia, porque ese no era uno de sus principios; en la izquierda la historia es distinta. Les llevó más tiempo elaborar su postura formal a favor de la democracia, pero yo diría que fue igualmente decisiva, y en algunos momentos incluso más que la de otros actores políticos, porque ellos desplegaron esfuerzos enormes. Yo diría que en 1968 el corazón de la mayoría de los estudiantes palpitaba por la izquierda.

Los estudiantes no decían «queremos este movimiento para ser como la Unión Soviética»; decían «queremos tener libertad, no un gobierno represivo; queremos tener un gobierno que nos escuche».

¿Dónde situaría al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en ese contexto?

El PRD no existía como tal hasta su fundación en 1989. Después de la primera reforma democrática del presidente López Portillo, se crearon algunos partidos de izquierda con algunos líderes históricos, por ejemplo el partido liderado por Heberto Castillo. Existían varios grupos y luego partidos; estaban los herederos de la izquierda más ortodoxa en el Partido Popular Socialista, que se fundó antes. A fines de la década de 1980, un grupo de disidentes de mi partido creó un frente (el Frente Democrático Nacional, FDN) para participar en las elecciones. Al frente se le unieron otros grupos y algunos de los partidos de izquierda. Con el tiempo, esa agrupación se convirtió en el PRD. Pero en realidad quienes han resultado ser sus personajes más importantes hasta ahora proceden del PRI, y quizá del ala más conservadora del PRI, al menos en lo que respecta a la política económica.

En el PRD hay gente que siempre militó en la izquierda, gente que estuvo en el movimiento de 1968 y gente que contribuyó a crear partidos políticos en la época de la primera reforma política importante durante el gobierno de López Portillo; gente que, además, sigue trabajando dentro de su partido, y yo considero que se les debe dar todo el mérito.

El contexto internacional

Entre los múltiples acontecimientos importantes ocurridos en el mundo en 1968 se cuenta la intervención soviética en Checoslovaquia. Para muchos en la izquierda fue un escándalo. ¿Afectó ese incidente a la izquierda mexicana?

Supongo que sí, aunque nunca tuve una relación estrecha con sus dirigentes. Yo era muy joven, pero lo que sí recuerdo muy bien es que en los momentos de la Primavera de Praga teníamos reuniones en mi escuela. Recuerdo por lo menos una de ellas en la que reinaban un gran entusiasmo y una gran alegría, y donde se manifestaban dos sentimientos: unos decían «ya ven, los rusos no son tan malos como dicen, los rusos sí permiten esto» y otros decían «ya los checos están haciendo algo».

Después vino la represión. No sé qué sentirían quienes estaban utilizando la Primavera checa para decir «ya ven, los rusos no son tan malos como los pintan los estadounidenses o como los pinta mucha gente aquí en México». Yo quiero pensar, pero no tengo ninguna prueba, que lo que pasó en Praga en aquel entonces animó a algunos compañeros a reflexionar un poco más sobre lo que significaba el régimen soviético.

¿Qué otros cambios políticos importantes ocurrieron después del gobierno de López Portillo y culminaron durante su periodo presidencial?

También hubo una reforma muy importante en la época del presidente Miguel de la Madrid [1982-1988], cuando se introdujeron nuevas fórmulas para aumentar la representación proporcional en el Congreso y darle más espacio a las minorías [1986]. Pasamos a un sistema de representación proporcional clásico y, después, el presidente Carlos Salinas [1988-1994] dio algunos pasos más, en particular en cuanto a la manera de organizar las elecciones. Se creó un órgano electoral especializado para garantizar una gestión profesional de las elecciones y se introdujeron otras características importantes en la ley. Sin embargo, desde mi punto de vista existían todavía grandes oportunidades para construir un sistema mejor.

Papel de las fuerzas sociales

En muchos países, la clase intelectual –profesores universitarios, comentaristas, ensayistas y la Iglesia Católica– suele situarse en la vanguardia y entiende que la apertura del sistema es necesaria. No obstante ¿sería correcto afirmar que los intelectuales mexicanos en general defendían el sistema antiguo?

En términos generales, yo diría que sí; pero también se puede decir que tenemos, o teníamos, intelectuales que se encontraban muy a la vanguardia. El caso más evidente es Octavio Paz, que ya en la década de 1950 se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética; organizó sus ideas, las dejó madurar y las expresó. Durante la década de 1960 constató que era necesario y urgente instaurar una democracia real en nuestro país. Empezó a ser más activo en las décadas de 1970 y 1980.

Algunos intelectuales notables fueron más tímidos a la hora de reivindicar una mayor democracia, se centraron más en la justicia social. Se oponían al autoritarismo, pero les llevó un tiempo afirmar que se trataba de construir una democracia real.

No hablaré en su nombre, pero supongo que tenían todavía la esperanza de poder construir una sociedad justa, independientemente de que se tuviera o no democracia. El modelo de Cuba era muy atractivo para muchos en aquella época. Creo que eso fue parte del problema. Hoy hablamos de Cuba, al menos los que intentamos entenderlo, como un proyecto que no consiguió traer consigo la justicia social, el progreso y el bienestar para el pueblo cubano. Pero hace 40 años todavía se pensaba que estaba sucediendo algo bueno, y no solo en Cuba. Había otros casos. Algunos decían que lo más importante no era la democracia, sino la justicia social y, al final, eso acabó inhibiendo a algunos. Pero llegaron, y llegaron bien. Muchos de ellos han contribuido a sentar las bases intelectuales del México actual.

Las prioridades de la reforma

Durante su presidencia se presentó un conjunto de iniciativas coherentes, incluida la reforma judicial, la reforma electoral, los cambios en los tribunales electorales, la reforma constitucional para la elección del gobernador de Ciudad de México, el fortalecimiento del poder legislativo y la reducción del poder de financiamiento discrecional del presidente. Hay quienes sostienen que esas reformas formaban parte de una tendencia a largo plazo y que hubieran tenido lugar de todos modos. No obstante, hay experiencias en todo el mundo que apuntan a que, si no hay un liderazgo que ponga en marcha las acciones, en la mayoría de los casos no se realizan las reformas importantes. ¿Fue usted adaptándose gradualmente a cada problema o hubo una planificación y coordinación previa de las reformas?

No hacía falta ser un genio para imaginar qué medidas debían adoptarse, incluso tras haber ganado las elecciones con más del 50% de los votos, y con un número de votos que no fue superado durante muchos años. Si bien el número de votantes aumenta progresivamente en México, tuvieron que pasar 18 años hasta que otro candidato obtuviera más votos que nosotros en 1994. Yo no tenía ningún problema de legitimidad y nadie dijo que las elecciones no fueran legales ni nada por el estilo.

Sin embargo, estaba claro que existían al menos tres problemas, algunos reales y otros de percepción. El primer problema era la igualdad de condiciones de la competencia política. Si se analizan las reformas anteriores a la de 1996, es evidente que el partido en el gobierno tenía muchas ventajas frente al resto de los partidos en cuanto al financiamiento, el acceso a los medios de comunicación y la transparencia de los recursos utilizados en las campañas políticas. Ese era uno de los asuntos pendientes en la democracia mexicana.

Debió haber una gran oposición en el PRI para cambiar eso.

Desde luego que hubo oposición, pero nunca lo suficientemente rotunda como para evitar un acuerdo o como para que alguien se opusiera a ello durante esos meses. El PRI tenía mayoría en el Congreso y el PRI apoyaba la reforma. Yo sé que la gente dice que probablemente en el PRI había gente que no estaba a favor, pero la mayoría sí lo estaba. Estaban allí y apoyaron la reforma, que se aprobó en 1996. No se hizo todo de golpe. Se habían dado pasos y todavía quedaban más por delante. Se puede debatir si se podrían haber dado antes. Me hubiera gustado que hubieran llegado 20 años antes, pero como no había sido así, había que hacerlo en ese momento.

El sistema electoral

El otro problema era saber si el recuento de votos se hacía correctamente. Para entonces ya teníamos un sistema electoral sólido; esa había sido una de las reformas emprendidas antes de mi gobierno. No obstante, el sistema tenía un pecado original, a saber, el órgano electoral seguía estando supeditado al poder ejecutivo. En un país con antecedentes de sospechas en las elecciones, con un partido que había estado en el poder durante tantos años, que el órgano electoral fuera un organismo oficial del gobierno federal lógicamente impedía que se superaran las suspicacias y la desconfianza. No hacía falta ser un genio para ver que era necesario crear un órgano del Estado mexicano, no un órgano de ciudadanos al margen del Estado, pero que estuviera gobernado de tal manera que se garantizara su independencia del ejecutivo y del legislativo. Debía estar integrado por personas que, por un lado, contaran con el apoyo de los partidos y, por otro, tuvieran el prestigio de probidad. Eso haría que fuera menos probable que se cuestionaran sus acciones. Además, ello contribuiría a garantizar el correcto financiamiento estatal para el desempeño de sus funciones.

El último problema es identificar quién califica la legalidad del proceso. Además, si hay controversias, ¿quién las zanja? En el sistema anterior, el Congreso juzgaba las elecciones, pero ahí había claramente un conflicto de intereses, ya que estaban los partidos representados en el Congreso, una de las máximas expresiones de representación y de competencia de los partidos políticos por sus propios intereses. Así que, en mi opinión, era totalmente absurdo pedirle al Congreso que tomara decisiones sobre las elecciones.

Reforma judicial

Han mencionado la reforma judicial. El segundo día de mi gobierno dirigí un mensaje a la nación para decir que, si queríamos un equilibrio de poderes y justicia en México, era necesario realizar una reforma en profundidad del poder judicial para que fuera verdaderamente independiente. Les dije que con eso no bastaba, pero que sí era una parte importante de la solución.

Esa reforma se logró en el primer mes de mi gobierno y se adoptó con el consenso de todos los partidos. Apenas unas semanas después de la presentación de la iniciativa, habíamos fortalecido el poder judicial federal para servir a la ciudadanía y, además, habría que evaluar los avances para que la judicatura pudiera autogobernarse y autocontrolarse. También era necesario tomar decisiones categóricas para garantizar la legalidad de las elecciones y dejarlas en las manos del poder judicial a través de un tribunal especializado. Me parecía importante avanzar en ese sentido. No fueron actos aislados. Todo esto se planteó muy pronto, no solo por iniciativa del presidente de la República, sino también por iniciativa de los partidos.

Construcción de una coalición para la reforma

Las grandes aspiraciones y grandes líneas de la reforma se plantearon desde un principio. Vivimos 18 meses arduos, con muchas interrupciones, porque en medio del esfuerzo por realizar una reforma política estábamos lidiando con una grave crisis económica y seguíamos celebrando elecciones bajo el sistema antiguo. Así, era perfectamente comprensible, aunque lamentable, que los partidos políticos recurrieran a cualquier excusa para abandonar la mesa de negociación.

Por eso tardamos 18 meses en negociar un cambio que parecía tan obvio, porque el país atravesaba una situación difícil y el proceso de negociación de la reforma política a menudo era secuestrado por muchos otros intereses de menor importancia o irrelevantes en comparación con las grandes reformas políticas. Tuve que pelearme mucho para seguir avanzando con esas reformas.

Recuerdo que una vez uno de los partidos más importantes abandonó la negociación porque había una controversia en torno a las elecciones en una municipalidad del estado de Puebla. Acusaban al gobernador de haber intervenido en las elecciones y dijeron que si estábamos negociando la gran reforma política, primero había que resolver ese problema para evitar que se repitiera ese tipo de situaciones o al menos para darles una solución de forma clara y transparente. Si uno se levanta de la mesa por cuestiones como esa, en fin, los problemas no se acaban de solucionar nunca. Y volvían a la mesa. Al final, un año y medio después, se firmó un gran acuerdo político que luego se tradujo en la reforma constitucional y normativa que nos dio el andamiaje legal e institucional para las elecciones de 1997 y 2000.

Es importante disponer de un mecanismo para supervisar las elecciones de modo que se eviten problemas de credibilidad. Pero hay algo más: para que haya una democracia, debe haber demócratas, y eso es algo que todavía estamos formando en México. A pesar de que contamos con instituciones muy sólidas para organizar, celebrar y calificar elecciones, ha habido grandes controversias. Así que cuando la gente pregunta qué pasó o si las instituciones fallaron, les digo que no, que todo lo contrario. Si no fuera por esas instituciones, las consecuencias de las malas conductas de algunos actores políticos, que reivindican victorias que no han obtenido en las urnas, hubieran sido catastróficas para el país. Puede que las instituciones funcionen bien, pero si los actores políticos no se comportan como demócratas, otros lo harán en su lugar.

Separación de poderes

Una vez establecida la alternancia en el poder tras las elecciones del año 2000, algunos observadores mexicanos parecían mantener una postura ambivalente. Querían la democracia, pero también estaban impacientes en cuanto al proceso político y sentían que un régimen elegido democráticamente tenía que ser muy eficaz para resolver los problemas. No tenían en cuenta hasta qué punto es necesario negociar para gobernar en un sistema con separación de poderes. ¿Qué opina de esa impaciencia?

Hay mucha gente, y no solo en México, que dice que si tuviéramos un sistema en el que el presidente pudiera hacer las cosas más rápido, se solucionarían muchos problemas. Yo creo que se equivocan. También me lo han dicho mis amigos de Asia, que opinan que nuestro problema es que queremos forjar una democracia al estilo de Estados Unidos o de Europa, pero que así no vamos a salir del subdesarrollo. Yo les respondo que durante más de 200 años intentamos hacer lo que ellos hacen y nunca nos salió bien. Cuando se ha dado una concentración de poder y no ha habido división de poderes, el fracaso ha sido estrepitoso, el fracaso económico, político y, sobre todo, humano.

En América Latina somos expertos en ese tipo de fracaso. La concentración de poder no ha traído nada bueno a América Latina y podemos contar las vidas e incluso el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que nos ha costado. Así que esa vía tiene que quedar descartada. La única vía posible es la democracia, la vía de la división de poderes entre las distintas ramas del Estado, y aprender para que dé sus frutos.

Octavio Paz dijo que la democracia es una servidora del desarrollo y la justicia social. La democracia no arroja buenos resultados automáticamente; ofrece una forma de gobierno que los ciudadanos, los partidos y los dirigentes deben utilizar para lograr el desarrollo. De lo que estoy seguro es de que cada vez que no hemos establecido una división de poderes y un sistema de rendición de cuentas en América Latina, porque el poder estaba demasiado concentrado, hemos fracasado. Hay ejemplos antiguos, recientes y actuales.

La democracia es un derecho de los latinoamericanos. En un futuro demostraremos (todavía faltan años para lograrlo) que funcionamos mucho mejor en democracia que en el autoritarismo. No está en nuestro espíritu funcionar bien en el autoritarismo, va en contra de nuestra naturaleza, contra mucho de lo que somos. Lamentablemente, no se nos dio la oportunidad de hacerlo tras nuestra independencia. Si se nos hubiera dado, hoy seríamos una región plenamente desarrollada.

Conflicto civil

¿Qué repercusiones tuvo el movimiento zapatista [un movimiento en el estado sureño de Chiapas que declaró la guerra al gobierno mexicano en enero de 1994, invocando una retórica socialista pero que pronto se centró en los derechos de los pueblos indígenas] en la reforma política de México y en el proceso de democratización? ¿Qué consecuencias tuvo en la sociedad en general y en los partidos políticos?

La cuestión de Chiapas fue importante. También se trató con los partidos, pero la situación de Chiapas no condicionó nuestras acciones. Llegamos a un acuerdo sobre lo que, en mi opinión, es un buen diagnóstico de la situación allí. En primer lugar, el movimiento de Chiapas no era en sí una rebelión armada, era una manifestación de descontento social. Si bien es cierto que esas personas planteaban un discurso revolucionario, recurriendo incluso a la violencia en un principio, era evidente que no se trataba de una cuestión de orden militar. Se trataba de una inconformidad social y el gobierno entendió que lo mejor que podía hacer era ponerse manos a la obra para resolver los problemas sociales de Chiapas.

No obstante, no estaba claro con quién hablar, ya que en teoría esas personas actuaban desde la clandestinidad. Una vez identificados los orígenes y la naturaleza del movimiento, se entabló un diálogo serio. Lamentablemente, nunca se logró la incorporación de ese grupo a la vida política oficial del país. Lo que sí está claro es que la situación social en Chiapas seis años después era considerablemente distinta porque habíamos trabajado mucho. Fue uno de los lugares donde más tiempo pasé como presidente para tratar los problemas sociales tanto en condiciones de normalidad como en circunstancias excepcionales. Entre otras cosas, hubo al menos dos desastres naturales muy graves en Chiapas y había que afrontarlos sin demora, como con otros desastres naturales sucedidos bajo mi mandato.

Sin embargo, les diré que mi determinación para lograr la reforma política hubiera sido la misma con o sin Chiapas. Mejor dicho, Chiapas era un asunto en sí, que merecía su enfoque y estrategia propios, igual que la reforma política era un asunto independiente, por eso llegó a buen puerto.

Respuesta a la crisis económica

En México, la reforma política se llevó a cabo en medio de una crisis económica. Si tuviera que comentar la experiencia de México a partir de la relación entre el cambio político y la política económica, ¿qué lecciones cabría extraer?

Puede que el caso de México sea particular, porque antes de asumir la presidencia ya habíamos dicho que trabajaríamos con los partidos políticos para realizar la reforma política. Cuando dijimos eso no teníamos ni idea –al menos yo no tenía ni idea– de que íbamos a tener que hacer frente a una crisis económica como la que nos acabó azotando. Al principio del gobierno de Salinas, yo era secretario de Programación y Presupuesto y, a partir de 1992, secretario de Educación Pública.

Pero durante la campaña, cuando ya era candidato presidencial, ¿usted y sus asesores no sospecharon que pudiera desencadenarse una crisis de esa envergadura?

No. Pues si lo hubiéramos pensado, no hubiera ocurrido. Las crisis ocurren por eso, porque nadie las espera, al menos no de la magnitud de la crisis mexicana. Les daré un ejemplo contemporáneo: nadie predijo que en 2008 estallaría una crisis de unas proporciones de las que hasta ahora seguimos sufriendo. Es cierto, algunos dijeron que el sistema bancario era muy vulnerable; otros que los desequilibrios macroeconómicos globales podían conducir a una crisis financiera. Pero no es cierto que alguien predijera la magnitud y la gravedad de la crisis que sufrimos desde 2008, en realidad desde 2007, cuando estalló el mercado de las hipotecas de alto riesgo.

Lo mismo sucedió con la crisis mexicana. Nadie la previó, porque si hubiéramos sido capaces de verla venir, los que estaban en el gobierno y los que no lo estábamos en aquel momento, hubiéramos podido hacer algo para evitarla.

La crisis mexicana fue la primera gran crisis financiera en esta nueva era de globalización financiera y mercados emergentes. Fue muy distinta de la crisis de la deuda de 1982. Fuimos el primer conejillo de indias de la globalización financiera. Ni critico ni apoyo la globalización financiera. Es solo que cuando se escriba su historia, habrá que decir que su primera crisis se produjo cuando hubo una reversión súbita de entradas de capital y postró a un país, México, a finales de 1994 y principios de 1995. Nunca hubo otro caso como este antes; la crisis asiática, la crisis rusa y, más adelante, la crisis brasileña llegaron después de la nuestra.

Teníamos un compromiso y un objetivo en cuanto a la reforma política. El gobierno empezó con una gran crisis económica y financiera y había que tomar una decisión muy importante: ¿debe esta crisis económica retrasar la reforma política para que nos concentremos en las cuestiones económicas?

Algunos dijeron que no podíamos tratar más que los asuntos económicos en ese momento. Yo no estaba de acuerdo. Dije que teníamos que intentar hacer ambas cosas, y eso por dos motivos. Primero, porque nos habíamos comprometido a hacerlo y porque era lo que necesitaba el país; formaba parte de la estrategia de desarrollo nacional. Y segundo, debo admitir, por motivos tácticos. Yo pensaba que iba a ser muy complicado conseguir que el resto de las fuerzas políticas nos apoyaran si nos limitábamos a tratar los asuntos económicos.

Si bien al principio fue muy difícil, pensé que aumentaríamos las probabilidades de éxito en la gestión económica si abríamos el espacio de negociación política. A mi entender, así fueron precisamente las cosas. Me da la sensación de que, una vez más, no hacía falta ser un genio para entender por qué era importante. Si los partidos de la oposición saben que, debido a la desigualdad de las leyes electorales, están condenados a seguir en la oposición, ¿por qué implicarse en la solución de, por ejemplo, los problemas a corto plazo? Su sesgo es ser negativos. Era importante decirles «miren, tenemos que lograr la recuperación económica. Es una crisis muy grave, pero tiene solución. Podemos recuperarnos. Y vamos a decidir por vías democráticas quién se va a ocupar de esta casa dentro de tres años en el Congreso y dentro de seis en la presidencia».

Incluso hubo gente de la oposición que dijo que no había que hablar de la reforma política en ese momento porque habría muchos chantajes, pero se logró la reforma porque redundaba en el interés de todos. Para el gobierno revestía un interés de índole táctica, pero validar la estrategia de recuperación económica tenía también un valor estratégico, o así debería haber sido, para el resto de los partidos políticos.

Instituciones independientes

Al principio de su gobierno nombró a una persona de la oposición, del PAN, como procurador de la República. Algunos afirmaron que su objetivo era debilitar a su partido. ¿Puede explicar cómo diseñó la composición de su equipo de gobierno?

El nombramiento del procurador de la República fue una decisión que tomé deliberadamente y que la gente no suele tener en cuenta plenamente. Mi primer procurador de la República no era una persona que yo conociera personalmente, ni había cruzado nunca una palabra con él hasta que lo llamé para que lo considerara. Era el líder del PAN en la Cámara de Diputados. Cuando lo nombré, le dije que era un procurador totalmente independiente. Le anuncié que solo tendría dos actos importantes con él: nombrarlo y, en caso de que no fuera suficientemente competente desde mi punto de vista, despedirlo. Le dije que era libre para desempeñar sus funciones. Cuando dejó su puesto, nombré a otro hombre al que sí había conocido pero que nunca fue cercano a mí y que había sido nombrado por mi predecesor a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Pero yo no tenía ningún vínculo con él. Gozaba de una excelente reputación como jurista y de una gran probidad, así que cuando se fue el primer procurador de la República, le ofrecí el puesto. Durante toda mi presidencia tuve un procurador de la República independiente, que también es importante, igual que la cuestión del poder judicial. Algunos críticos dijeron que me había atado de pies y manos, que, además de pretender la independencia del poder judicial, había nombrado también a un procurador de la República independiente.

A la luz de la dramática situación que atravesaba el país en aquel momento, era táctica y estratégicamente importante hacer dos cosas. Lo digo porque, con el paso del tiempo, algunas personas muy frívolas lo han criticado. El sistema judicial era independiente y el procurador de la República era independiente, y eso es algo de lo que me siento muy orgulloso porque creo que era necesario desde el punto de vista táctico. Asimismo, creo que el poder del presidente debe estar acotado, que el presidente ya no debe tener un poder imperial, que sus competencias deben estar limitadas a lo establecido en la Constitución. Yo fui un paso más allá de la Constitución en el caso del procurador, porque a mi entender el procurador de la República debía gozar de la libertad necesaria para llevar a cabo sus funciones.

Algunos afirmaron en aquel entonces que una persona del PAN habría tenido más autonomía para investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 [el candidato a la presidencia del PRI]. ¿Ese fue su razonamiento?

Pues yo quería un procurador de la República que fuera independiente. No quería que hubiera ningún sesgo, no nombré a un activista desordenado. Nombré a un jurista reputado por su seriedad, con muchas recomendaciones. Una vez más, era una cuestión de credibilidad: ¿cómo podemos reconstruir la credibilidad de las instituciones? Las fuerzas del orden y el sistema judicial estaban totalmente desacreditados, así que quería ver cómo dar un paso adelante para comenzar a reconstruir la credibilidad de las fuerzas de seguridad y demostrar que el sistema judicial funcionaba.

Hay varias interpretaciones sobre su decisión de anunciar los resultados de las elecciones de 2000 que, si no me equivoco, todavía no habían sido presentados al pueblo mexicano por el IFE (Instituto Federal Electoral, el órgano de gestión electoral).

No, el IFE anunció los resultados primero. El primero en anunciarlos fue el presidente del IFE. Para mí eso estaba muy claro, porque era una decisión institucional. El presidente del IFE, con quien había hablado solo en tres ocasiones en mi vida, no se hizo camino en el IFE por ser amigo mío, sino porque era una persona con una reputación intachable. Una de las pocas veces que hablamos fue esa noche. Me dijo: «Señor presidente, el conteo de acto (en referencia al programa de recuento rápido del IFE) apunta a que el candidato del PAN, [Vicente] Fox, ha ganado y el IFE considera que tiene bases sólidas para anunciar los resultados de las elecciones».

Yo le respondí: «El IFE tiene que hacer lo que dicta la ley, así que tiene todo mi respeto para anunciarlo». Le informé de que unos minutos después del anuncio del IFE haría una declaración para apoyarlo porque confiaba en la institución que él representaba. Además, las encuestas a pie de urna que me estaban mostrando indicaban lo mismo.

Y eso hice. José Woldenberg [presidente del IFE, 1996-2003] hizo su anuncio y unos minutos después salí yo a decir lo que tenía que decir. O sea, no me adelanté al IFE, eso hubiera sido un error. Hubiera vaciado por completo el sentido de la reforma, que requería respetar la independencia del IFE para decir lo que tenía que decir. Felicité al presidente electo, por eso la gente se acuerda más. Pero el presidente del IFE hizo el anuncio antes que yo.

Pero sus actos se malinterpretaron, ¿no es cierto?

Sí, porque algunos han creado todo un mito en torno a ese mensaje. Se les olvida que, de nuevo, no hacía falta ser un genio. Era bastante evidente lo que había que hacer, era lo más lógico. Si disponemos de un órgano electoral que puede anunciar el resultado de las elecciones presidenciales con gran certitud, con certeza, ¿por qué el presidente no puede salir a felicitar al siguiente presidente?

¿No se temía que el PRI tuviera dificultades para aceptar los resultados? ¿Quiso el PRI retrasar el anuncio?

Bueno, yo creo que todos los partidos querían asegurarse de que no habían perdido, es normal que bajo la presión del momento dijeran que quizá los resultados se modificarían a medida que avanzara el recuento. Sin embargo, con la mente fría, si se conoce la metodología estadística, se sabe que no había forma de que cambiaran; hubiera sido necesario un patrón totalmente increíble para que cambiara el sentido de la votación.

Por tanto, no es cierto que el PRI se opusiera a que hiciera una declaración y a los hechos me remito: el candidato del PRI tuvo un comportamiento irreprochable esa noche. Entiendo que algunos hubieran querido esperar hasta disponer de más datos, más resultados, para tener algo más de tiempo, pero en ese momento estaba muy claro.

Hay muchos mitos sobre esa noche y algunos me conceden más méritos o me critican más de lo que merezco. Comparecer como lo hice no fue un acto de magia.

Llevábamos seis años trabajando con todos los partidos políticos para que, ganara quien ganara, el PRI, el PRD o el PAN, las cosas fueran bien. Esa era la normalidad democrática. La normalidad democrática consistía en celebrar elecciones sin que hubiera peleas en las calles al día siguiente por culpa de los resultados. ¿Y qué sucedió? Logramos la normalidad democrática. Yo utilicé el término «normalidad democrática» el 1 de diciembre de 1994 y ¿qué tuvimos en las elecciones casi seis años después? Normalidad democrática. No solo para mí, sino para todo el mundo.

Políticas sociales

Progresa [programa de transferencias monetarias condicionadas a logros en educación, salud y alimentación] fue un programa social innovador, el primero de ese tipo en Latinoamérica, encaminado a mitigar las consecuencias sociales de los ajustes macroeconómicos y reducir la pobreza. ¿Puede explicarnos sus objetivos y los resultados obtenidos?

Progresa tiene una historia muy interesante. Cuando estaba en campaña, dije que teníamos que empezar a reflexionar sobre la cuestión de la pobreza y la educación de forma más rigurosa, más científica. El hueso duro de roer era que habían grupos de población que disponían de escuelas, maestros, a veces libros de texto, un apoyo especial para los docentes, y había suficiente de todo eso para que los niños completaran la educación primaria y secundaria. Y, sin embargo, no lo hacían.

Pregunté quién había pensado en examinar el vínculo entre la educación y la pobreza y me dieron el nombre de Santiago Levy. También llamé a un amigo mío muy inteligente, doctor en demografía, José Gómez de León, y les pedí por separado que empezaran a trabajar en algunas ideas. Se hicieron pruebas piloto. Gastamos el equivalente de diez millones de dólares en investigación y experimentos para configurar las características básicas del programa.

La ventaja de contar con José Gómez de León en nuestro equipo era que había desarrollado un diseño de aplicación del programa pionero en las ciencias sociales. Tenía una población de prueba y una población experimental para comprobar si la intervención estaba obteniendo el resultado deseado después de un tiempo.

Los candidatos de otros partidos criticaron Progresa y dijeron que lo retirarían si llegaban al gobierno. Decían que era un programa con fines políticos. Justo antes del final de mi mandato invitamos a científicos sociales de gran prestigio a evaluar el programa Progresa. Llegaron a la conclusión de que el programa estaba logrando resultados: mejoró la salud de los niños, redujo la tasa de abandono escolar y el sesgo que introdujimos en favor de las niñas estaba funcionando. A la luz de ese análisis, el siguiente gobierno mantuvo el programa.

Liderazgo

Antes de su elección en 1994 no se le veía como un dirigente político, sino más bien como un técnico de gran pericia. Si se entiende el liderazgo político como la capacidad de comprender las tendencias y fuerzas subyacentes y cómo entran en juego, con una visión de cómo mejorar las condiciones y la voluntad y la capacidad de facilitar un cambio positivo, usted desempeñó, sin duda alguna, un papel de liderazgo político de suma importancia. ¿Qué lo preparó para ejercer ese liderazgo?

En primer lugar, no estoy seguro de haber sido un líder político importante, solo fui presidente de México y antes había ejercido otras responsabilidades importantes en el gobierno de mi país. Pero déjenme decir algo antes sobre esta distinción un tanto artificial entre políticos y tecnócratas. Cuando la gente habla de políticos, en realidad no sé qué características les atribuyen. Si me dicen que por «político» se entiende alguien con un claro gusto por el poder y el ejercicio de la autoridad, entonces me pueden tachar de la lista porque yo nunca tuve ningún afecto ni necesidad de ostentar poder ni autoridad. Si por «político» se refieren a alguien que se siente atraído por los aspectos superficiales del poder político, el aparato, la maquinaria, la gente a tu alrededor que te dice que sí a todo, entonces yo no soy un político.

Si se refieren a alguien que siempre interactúa con mucha gente en público, bueno, yo soy muy tímido de nacimiento, así que me cuesta mucho, pero lo hago, y, efectivamente, en parte ahora me gano la vida así, hablando con la gente.

Ahora bien, si me dicen que un político es alguien con vocación de servicio público, sí que encajo en esa definición; si un político es alguien que piensa más en el interés general, soy político; si es alguien que disfruta de la competencia política, sí, yo la disfruto.

Me parece que la distinción entre políticos y tecnócratas es muy artificial y, además, no cuenta con argumentos históricos. Hay algunos grandes políticos que no lograron gran cosa y otros, que no parecían tener madera de políticos, resultaron ser grandes dirigentes. Creo que fue Carlos Solchaga, ministro de Economía en la época de Felipe González [presidente del Gobierno de España, 1982-1996], quien dio una definición de tecnócrata: un político que sabe algo, que fue a la escuela.

Quizá yo fuera uno de esos tecnócratas. Ahora hace ya 12 años que no soy ni tecnócrata ni político. Fui tecnócrata y no me ofendo, igual que tampoco me ofendo cuando la gente dice que todos los políticos son malos y me dicen «es que usted es político». Les digo que sí, porque la política es uno de los grandes inventos de la humanidad. Hay dos cosas que nos permitieron dejar de ser salvajes: primero, la política, y segundo, la diplomacia que se deriva de la política. Sin política ni diplomacia, probablemente seguiríamos viviendo en cuevas, matándonos los unos a los otros.

El tecnócrata es alguien que entiende la naturaleza de un problema y lo que se debe hacer, pero no siempre cuenta con las capacidades o las funciones sociales para aunar las diversas fuerzas en pos de una visión común. Eso es precisamente lo que hace un líder político. Se trata de cualidades diferentes. Es difícil ser bueno en cualquiera de las dos, pero es especialmente difícil ser un buen dirigente político. ¿Qué le podría decir a una persona joven que desee contribuir a los cambios democráticos sobre las cualidades, capacidades o actitudes que son necesarias y deben cultivarse para ser un dirigente político?

Casi todos los semestres doy clases en las que uno o dos, a veces, hasta tres jóvenes se me acercan para decirme que al terminar sus estudios desean dedicarse a la política y me piden mi opinión. Lo primero que les digo es que están bien encaminados, porque están obteniendo una buena educación. Pero deben recordar que la formación es necesaria pero no suficiente.

En segundo lugar, además de la educación, es necesario tener la convicción de que se desea estar al servicio de la ciudadanía sin esperar nada a cambio, porque eso es la política. Si eres un político honesto puedes tener tu salario o no, pero tienes que tener una convicción de servicio total y servir de verdad. Porque, por ejemplo, un banquero ofrece un servicio, pero cobra por su servicio y cobra muy bien. Quien está en el servicio público debe tener ganas de servir por servir, por hacer algo por el bien colectivo. Si tu ambición tiene más que ver con la notoriedad, con el reconocimiento, búscate otro ámbito de actividad. La vocación de servicio público es fundamental.

Y tercero, como vivimos en democracia en este país y en muchos otros, se debe entender que la política es como la ruleta de la fortuna: a veces se está arriba y otras veces se está abajo; a veces estás en el gobierno, y otras en la oposición. Así que cada uno tiene que analizar si tiene aguante para estar arriba y abajo, porque no todo el mundo lo tiene. Hay gente que prefiere la seguridad, la estabilidad, lo predecible y la recompensa inmediata y, en la política, en la vida pública, no siempre se encuentra todo eso.

Aun así, el elemento de preparación es muy importante; hoy hay genios que lo pueden hacer muy bien en la política, en el gobierno, tienen el instinto o el sentido común y la experiencia ayuda a hacerlo bien. Sin embargo, es un riesgo enorme tener en cargos de responsabilidad a personas que no tienen bases intelectuales bien estructuradas. Es un gran riesgo para esa persona y para los ciudadanos, y hay casos así tristes y patéticos.

Contexto internacional

Numerosas transiciones estaban concluyendo en Latinoamérica en ese momento. ¿Se examinaron esas otras experiencias en México?

No. En ese sentido creo que de nuevo México fue un caso especial. Es cierto que, en vista de las circunstancias de finales de los años ochenta y principios de los años noventa, se podría haber argumentado que la democracia mexicana estaba más avanzada que la brasileña o la argentina. La verdad es que nosotros nunca nos comparamos con Brasil o Argentina porque, oficialmente, nunca dejamos de tener una democracia, elecciones periódicas y cambios de poder. Además, hay algo muy importante en la conciencia del país: cada vez que algún país latinoamericano tenía que sufrir esas dictaduras militares, México era el lugar donde la gente podía encontrar un sitio para vivir y para expresarse. Y no solo de Latinoamérica, sino también en el caso de España. Así que nosotros nunca sentimos que estuviéramos en el mismo club que nuestros hermanos argentinos, brasileños o chilenos. Hubiera sido una ofensa para ellos, porque nosotros disfrutábamos de muchísimas libertades que nuestros hermanos del Cono Sur simplemente no conocían. Y es cierto que había restricciones, había manipulación, controles y en algunos momentos hubo represión en México, pero es algo que no tiene nada que ver con las dramáticas experiencias de América del Sur.

Entonces, si en 1990 alguien hubiera querido comparar la democracia mexicana con la brasileña, habría dicho que en Brasil estaban en pañales, porque en México habíamos tenido cambios ordenados, regulares y periódicos de gobierno, elecciones, habíamos tenido una gran libertad de prensa; en otras palabras, cosas que tristemente no existían hasta hace poco tiempo en América del Sur. Todavía en ese momento no sabíamos qué iba a suceder en Chile. Ahora sabemos que fue algo extraordinario. Después de 20 años se logró la normalidad democrática, pero la verdad es que nos preguntábamos qué tal si el señor Pinochet decide pasado mañana que no [abandonaría la presidencia], porque además disponía de los mecanismos adecuados si lo hubiera intentado. Es decir, no nos servían de referencia.

Transiciones contemporáneas

En las transiciones que se están llevando a cabo en estos momentos se constata que las tecnologías de comunicación, la expansión de la clase media y los altos niveles de educación tendrán repercusiones sobre los nuevos procesos de democratización. ¿Qué opina de la futura democratización?

En muchos lugares del mundo seguimos en transición, y persisten grandes dudas sobre si esos procesos se cristalizarán, al menos en un plazo razonable de tiempo. En los últimos diez años, en parte gracias a una mejora en los términos comerciales de muchos países africanos y también al peso cada vez mayor de la economía china en la economía mundial, los países africanos están logrando un mejor desempeño económico y, en algunos casos, eso viene acompañado de mejores sistemas políticos. No obstante, todavía hay incertidumbre sobre si será posible mantener esa tendencia en países con un marco institucional increíblemente frágil. Si esos países pueden extraer una lección de Latinoamérica es que, tal vez, deberían comenzar por construir el marco institucional como principal prioridad porque, sin un marco institucional sólido, el riesgo de adoptar políticas inadecuadas o de que se dé marcha atrás es muy elevado. Hasta cierto punto ese es el problema también en Latinoamérica. No se puede negar que ha habido algunos retrocesos y que, en algunos países, ha habido una concentración de poder que ha anulado en la práctica la división de poderes y limitado, tal vez de forma sutil y no tan brutal, la libertad de expresión. Es demasiado pronto para cantar victoria.

Creo que estamos en un camino azaroso y no hay que bajar la guardia. No obstante, confío en que lo que se ha logrado en cuanto a la sensibilización de los ciudadanos –es decir, que la gente no solo sepa cómo ejercer sus derechos, sino también cómo disfrutarlos, que haya aprendido a aplicar las reglas del juego– hace que sea más difícil que se vuelva a formas de gobierno más autoritarias o menos democráticas, pero la tentación siempre existe.

Crisis de la democracia

También hay problemas muy graves en las democracias maduras. El ideal de democracia es más fuerte que nunca en la historia de la humanidad. Ahora bien, si me pregunta si el modelo para alcanzar ese ideal de democracia es suficientemente sólido, le diría que no, que no lo es, ni siquiera en los países desarrollados. Cuando miro a mi alrededor, incluso en una democracia como la de Estados Unidos, aprecio enormes debilidades; veo flancos en los que puede que el ideal democrático esté cediendo a la influencia de determinados intereses privados o sectoriales en la configuración del poder político, en la organización de los mecanismos de toma de decisiones. Es muy preocupante, y pienso que el modo en que funciona la democracia en Estados Unidos hoy por hoy no se corresponde con el ideal democrático.

La idea es tener un gobierno de la gente para la gente. Y hoy ¿quién es la gente? ¿Los que pueden influir en los resultados de las elecciones al contribuir con dinero al proceso político? En el caso de Estados Unidos, eso es legal; en otros países no lo es, pero en ambos casos sucede. A largo plazo, no me importa demasiado que sea legal en Estados Unidos. Simplemente me parece que es nocivo para la salud de la democracia estadounidense, igual que me parece atroz cuando sucede, como sucede, de manera ilegal en muchos otros países del mundo, incluida Latinoamérica.

Relación con Estados Unidos

¿Quisiera agregar algo sobre su relación con el presidente Bill Clinton cuando apoyó con ayuda financiera a México durante la crisis de 1994-1995?

Disfruté de las ventajas de tener a un hombre tan inteligente y visionario como el presidente Clinton como mi homólogo en Estados Unidos. La primera vez que le mencioné que teníamos graves problemas, yo ya estaba convencido de que no era una crisis como las demás. Le dije que no se trataba de una mera cuestión de ajuste fiscal o monetario; había elementos de pánico, pero podía ser algo mucho mayor, podía ser sistémico. Él no tenía suficiente información y todavía no había llegado a esa conclusión. Me dijo que hablaría con sus asesores sobre la cuestión, el secretario del Tesoro, Robert Rubin, y su subsecretario, Larry Summers. Dos o tres días después me llamó y me dijo: «Dicen que puede que tenga razón, y yo creo que la tiene. Esto es distinto. Tienen que hacer su trabajo, pero también necesitan el apoyo de la comunidad internacional, empezando por su principal socio». Clinton tardó literalmente apenas dos días en darse cuenta, y estaba dispuesto a ayudar. Así que fue una verdadera suerte que fuera mi homólogo.

¿Pueden los actores internacionales ayudar a construir la gobernanza democrática de manera satisfactoria?

Es evidente que las sacudidas geopolíticas del mundo y los acontecimientos internacionales influyen en la obtención o no de avances democráticos. No se puede negar que la tecnología de la información influye en la rapidez con que la gente obtiene noticias sobre lo que sucede en el mundo; eso debe tenerse en cuenta y afecta el curso de los acontecimientos. Con respecto a si las organizaciones o instituciones que promueven la democracia en todo el mundo pueden ejercer cierta influencia, yo diría que sí, pero sinceramente es bastante limitada. Si las condiciones, las aspiraciones, los movimientos y el liderazgo en aras de la democracia no existen en el país, prácticamente nada de lo que venga de afuera cambiará las cosas. Ahora bien, si las condiciones internas tienden a cristalizarse, no cabe duda de que la comunidad internacional puede desempeñar un papel positivo. Sin embargo, en mi opinión ese papel siempre será accesorio y secundario, un complemento. Además, hay que ser muy cauto porque en ocasiones los intentos de intervención pueden terminar siendo contraproducentes para la construcción democrática.

Nunca hay que subestimar el nacionalismo de ningún país. No es que yo crea firmemente en el nacionalismo, pero es una realidad. El nacionalismo, creado en algunos casos por motivos políticos o culturales de forma artificial, es un factor real. Además, hay una historia de imperialismo, de intervencionismo, de dobles raseros, de gobiernos que por un lado dicen que van a intervenir para apoyar la democracia y al mismo tiempo apoyan a regímenes autoritarios, así que hay que ser muy cautos al respecto. Para mí la idea clave es que lo que no nace de adentro, no prospera.

Yo creo en el internacionalismo y la cooperación. Creo que los países que están intentando trabajar para lograr un futuro mejor deben tener apoyos, pero no se les puede apoyar en contra de su voluntad; la gente adentro tiene que encontrar su propio camino hacia la democracia.

MOMENTOS CLAVE EN LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA DE MÉXICO

Febrero de 1917: La Constitución de México, adoptada durante la Revolución mexicana, consagra la democracia y amplios derechos sociales.

Marzo de 1929: El presidente saliente Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario (PNR), una amplia coalición de revolucionarios que domina las elecciones a todos los niveles. En 1946, el PNR pasa a ser el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de similares características.

Septiembre de 1939: Los conservadores que se oponen a las políticas izquierdistas y anticlericales del PRI fundan el Partido Acción Nacional (PAN). Si bien en un principio el PAN no gana muchas elecciones, se convierte en el mayor partido de la oposición en los decenios siguientes.

Octubre de 1968: Tras dos meses de protestas estudiantiles a favor de la libertad de expresión y la rendición de cuentas del gobierno, los militares disparan contra los manifestantes en Ciudad de México y causan muchas víctimas mortales.

Julio de 1976: Las rencillas internas del PAN impiden que presente un candidato a las elecciones presidenciales y el candidato del PRI, José López Portillo, sale elegido sin oponente.

Diciembre de 1977: El PRI aprueba una reforma electoral que facilita el registro de partidos de la oposición e introduce un sistema de representación proporcional más favorable para los partidos pequeños.

Septiembre de 1982: López Portillo nacionaliza los bancos; la clase media reacciona enérgicamente en contra de la decisión.

Septiembre de 1985: Un gran terremoto golpea Ciudad de México. La respuesta del gobierno del PRI es ampliamente criticada por su lentitud; surgen numerosos grupos cívicos que ofrecen servicios sociales y de socorro.

Julio de 1986: Las pruebas apuntan a que el PAN gana legítimamente las elecciones a gobernador de Chihuahua, pero el PRI manipula los resultados. El PAN comienza a hacer campaña sin ambages a favor de unas elecciones justas.

Marzo de 1987: Cuauhtémoc Cárdenas, un político del PRI con tendencias izquierdistas e hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, hace un llamado en favor de la democracia interna para hacer frente a la tendencia económica neoliberal del PRI.

Octubre de 1987: Cárdenas queda excluido de la carrera hacia la candidatura presidencial a favor de Carlos Salinas de Gortari, un economista formado en la Universidad de Harvard y antiguo secretario de Programación y Presupuesto. Cárdenas lanza una campaña presidencial al margen del PRI en la que critica el autoritarismo y las políticas económicas neoliberales del partido oficialista.

Julio de 1988: Los primeros resultados electorales sugieren la derrota del PRI y conceden la presidencia a Cárdenas, pero el PRI conserva el control tras un corte en el suministro eléctrico que afecta a todo el territorio nacional y obliga a proceder a un escrutinio manual. A pesar del manifiesto fraude electoral, los votos obtenidos por el PRI en el recuento oficial de las presidenciales descienden del 74 al 51%; el partido oficial solo obtiene 260 de los 500 escaños de la Cámara de Diputados.

Diciembre de 1988: Salinas toma posesión de la presidencia. Una vez en funciones, promueve reformas económicas liberales y programas de bienestar social. Algunas reformas requieren el apoyo de la oposición para reformar la Constitución. Salinas pone en marcha una serie limitada de reformas políticas mediante negociaciones con el PAN: una comisión electoral independiente, una cobertura mediática más equitativa y el reconocimiento oficial de la Iglesia.

Mayo de 1989: Cárdenas y sus correligionarios fundan el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). Son objeto del constante hostigamiento del gobierno en los años siguientes.

Julio de 1989: El PAN sale vencedor en las elecciones a gobernador en el estado de Baja California Norte; es la primera vez que un partido de la oposición gana el gobierno de un estado.

Junio de 1990: Comienzan las negociaciones oficiales del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) promovido por Salinas. Algunos dirigentes estadounidenses proponen que incluya mejoras en los derechos políticos y laborales mexicanos.

Agosto de 1991: Salinas obliga a dimitir a varios candidatos del PRI ganadores de las elecciones a gobernador acusados de fraude. Nombra a sus sucesores mediante negociaciones con el PAN. La tendencia se prolonga durante un decenio, lo que otorga al PAN el control de algunos estados.

Enero de 1994: El TLCAN entra en vigor. Comienza la guerrilla indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de tendencia izquierdista. Salinas promete reformar el sistema electoral y de financiamiento de las campañas políticas a cambio de que la oposición condene al EZLN.

Marzo de 1994: El candidato presidencial Luis Donaldo Colosio es asesinado durante la campaña electoral. Pocos dirigentes del PRI cumplen los requisitos para presentarse en su lugar; Salinas elige al antiguo secretario de Programación y Presupuesto y de Educación Pública, Ernesto Zedillo (que había sido director de campaña de Colosio), como nuevo candidato.

Agosto de 1994: Zedillo resulta elegido presidente con el 49% de los votos en unos comicios con una histórica participación electoral. El PAN obtiene el 26% y el PRD de Cárdenas, el 17. En general, se consideran unas elecciones justas, aunque el PRI se beneficia de un gran número de recursos estatales.

Septiembre de 1994: El secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, es asesinado. Una investigación posterior revela que su asesinato fue orquestado por el hermano de Carlos Salinas, Raúl; la condena de Raúl Salinas acabará con el precedente de inmunidad de los miembros destacados del PRI.

Diciembre de 1994: Tras jurar su cargo, Zedillo promete reformas electorales, presenta una reforma constitucional para fortalecer la independencia judicial y nombra procurador de la República a Fernando Antonio Lozano Gracia. Al cabo de tres semanas, el valor del peso se desploma, se reducen las reservas de divisas y el gobierno se ve obligado a aplicar duros recortes presupuestarios.

Febrero de 1995: El gobierno de Clinton reúne 50.000 millones de dólares en préstamos.

Marzo de 1995: El Congreso crea una comisión multipartidista, en la que se incluye al PAN y al previamente marginado PRD, para negociar con el EZLN.

Noviembre de 1996: La negociación sobre las reformas electorales prometidas en 1994 llega a punto muerto. El PRI aprueba unilateralmente numerosas propuestas de reformas: leyes más equitativas sobre el financiamiento de las campañas y los medios de comunicación, una comisión electoral más independiente y las elecciones directas a la jefatura de Gobierno (alcaldía) de la Ciudad de México.

Julio de 1997: En elecciones a mitad de periodo relativamente justas, el PRD y el PAN obtienen juntos la mayoría en el Congreso, lo que les concede el control del presupuesto fiscal. Zedillo amplía la cooperación con ambos partidos. Cuauhtémoc Cárdenas es elegido jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Agosto de 1997: El gobierno de Zedillo lanza Progresa, un ambicioso programa de lucha contra la pobreza. Cuenta con una administración independiente, selecciona a los beneficiarios de forma transparente y se somete a evaluaciones periódicas, lo que hace difícil que se pueda manipular con fines políticos.

Julio de 1998: El PRI recupera la gobernación del estado de Chihuahua en manos del PAN tras llevar a cabo un proceso de selección de candidatos mediante la celebración de elecciones primarias, las primeras de su historia. La victoria ayuda a los reformistas del PRI a convencer al partido para que se convoquen primarias presidenciales al año siguiente.

Julio de 2000: El candidato presidencial del PAN y gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, le gana a Cárdenas (PRD) y a Francisco Labastida (PRI), y se convierte en el primer presidente en 70 años que no pertenece al PRI ni a sus precursores. Andrés Manuel López Obrador, del PRD, es elegido jefe de Gobierno de Ciudad de México.

Agosto de 2000: La Suprema Corte de Justicia emite un fallo de referencia que limita el poder del ejecutivo.

Julio de 2006: Felipe Calderón, del PAN, gana por un estrecho margen a López Obrador en las elecciones presidenciales; el PRI es la tercera fuerza política. López Obrador se niega a aceptar los resultados, argumentando un fraude electoral.

Julio de 2012: El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, es elegido presidente frente a López Obrador. El PAN es tercero en número de votos.

LECTURAS RECOMENDADAS SOBRE MÉXICO

AGUAYO QUEZADA, Sergio, «Electoral Observation and Democracy in Mexico» [Observación electoral y democracia en México], en Kevin J. Middlebrook (ed.), Electoral Observation and Democratic Transition in Latin America [Observación electoral y transición democrática en Latinoamérica], Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1998 [de un importante activista de la sociedad civil].

ARISTEGUI, Carmen y TRABULSI, Ricardo (eds.), Transición: Conversaciones y retratos de lo que se hizo y se dejó de hacer por la democracia en México, Ciudad de México: Random House Mondadori, 2010.

BECERRA, Ricardo, SALAZAR, Pedro y WOLDENBERG, José (eds.), La mecánica del cambio político en México: elecciones, partidos y reformas, Ciudad de México: Editorial Aguilar, 2000.

BRUHN, Kathleen, LEVY, Daniel C. y ZEBADÚA, Emilio, Mexico: The Struggle for Democratic Development [México: la lucha por el desarrollo democrático], Berkeley, Calif.: University of California Press, 2006.

CENTENO, Miguel Ángel, Democracy Within Reason: Technocratic Revolution in Mexico [Democracia dentro de los límites de lo razonable: la revolución tecnócrata en México], University Park: Pennsylvania State University Press, 1994.

EISENSTADT, Todd A., Courting Democracy in Mexico: Party Strategies and Electoral Institutions [En busca de la democracia en México: las estrategias de los partidos y las instituciones electorales], Nueva York: Cambridge University Press, 2004.

FOX, Jonathan, «The Difficult Transition from Clientelism to Citizenship: Lessons from Mexico» [La difícil transición del clientelismo a la ciudadanía: lecciones de México], World Politics, 46/2 (1994), pp. 151-1884.

GREENE, Kenneth F., Why Dominant Parties Lose: Mexico’s Democratization in Comparative Perspective [Por qué pierden los partidos dominantes: la democratización de México desde una perspectiva comparada], Nueva York: Cambridge University Press, 2007.

LOAEZA, Soledad, El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1999.

LUJAMBIO, Alonso, El poder compartido: un ensayo sobre la democratización mexicana, Ciudad de México: Océano, 2000.

MAGALONI, Beatriz, Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and its Demise in Mexico [Votar por la autocracia: supervivencia de un partido hegemónico y su caída en México], Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2008.

MAZZA, Jacqueline, Don’t Disturb the Neighbors: The United States and Democracy in Mexico, 1980-1995 [No molesten a los vecinos: Estados Unidos y la democracia en México, 1980-1995], Nueva York: Routledge, 2002.

MIDDLEBROOK, Kevin J. (ed.), Dilemmas of Political Change in Mexico [Dilemas del cambio político en México], Washington D. C.: Brookings Institution Press, 2004, [véanse especialmente los capítulos de Ai Camp sobre el ejército y de Lawson sobre los medios de comunicación].

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TREJO, Guillermo, Popular Movements in Autocracies: Religion, Repression, and Indigenous Collective Action in Mexico [Movimientos populares en autocracias: la religión, la represión y la acción colectiva indígena en México], Nueva York: Cambridge University Press, 2012.

CAPÍTULO 6

Filipinas

FILIPINAS: EL MOVIMIENTO PODER DEL PUEBLO,
UNA TRANSICIÓN TURBULENTA Y LA BUENA GOBERNANZA

Mark R. Thompson, Universidad de la Ciudad de Hong Kong

El Poder del Pueblo derrocó al dictador Ferdinand E. Marcos en Filipinas hace casi 30 años y colocó a ese país de Asia Sudoriental en el punto de mira internacional. Las manifestaciones que congregaron a millones de filipinos de todos los estratos sociales –quienes lograron contener de forma espectacular la agresión militar del gobierno– se retransmitieron en directo por televisión en todo el mundo entre el 22 y el 25 de febrero de 1986. El levantamiento, conocido en Filipinas como EDSA (por el nombre de la gran avenida en la que se celebraron las mayores concentraciones), influyó en numerosos alzamientos contra dictadores en Asia y otros lugares. Los activistas surcoreanos en 1987-1988, los manifestantes birmanos en 1988 y los estudiantes chinos en 1989 se inspiraron en el ejemplo filipino. Incluso Václav Havel, el ídolo revolucionario del levantamiento checoslovaco de 1989 y posterior presidente de la República Checa, dijo durante una visita a Filipinas en 1995 que el Poder del Pueblo había sido una inspiración para él y sus compañeros disidentes de Europa Oriental. El Poder del Pueblo se ha convertido en el símbolo de una revuelta pacífica, espontánea y popular que logró derrocar una dictadura inflexible. También puso en entredicho las publicaciones en materia de democratización, que se centraban en ejemplos extraídos de América del Sur y Europa y hacían hincapié en la importancia de los pactos de transición entre los miembros menos ortodoxos del régimen y los moderados de la oposición. El Poder del Pueblo demostró que era posible expulsar a un gobernante autoritario e impopular sin mediar una revolución violenta.

Si bien acabó siendo un dictador, Marcos asumió el poder como presidente electo, ya que ganó las elecciones en 1965 y fue reelegido en 1969, no sin cierta controversia. La ley marcial que impuso en septiembre de 1972, poco después de que finalizara su segundo mandato, puso fin a la tradición electoral más longeva de Asia. A finales del siglo XIX, durante la etapa colonial española, se celebraron algunas elecciones locales y durante el breve periodo de independencia de la Primera República Filipina (1899-1901) hubo un presidente y un poder legislativo. En 1907 se celebraron elecciones legislativas nacionales, poco después de que Estados Unidos conquistara Filipinas, en un experimento poco habitual de «democracia colonial». Al margen del periodo de ocupación japonesa (1942-1945), se celebraron elecciones periódicas hasta su independencia en 1946. En 1935 Estados Unidos estableció la Mancomunidad Filipina, que venía acompañada de la convocatoria de comicios para elegir a un presidente y un Congreso bicameral. En el proceso de independencia posterior a la Segunda Guerra Mundial se celebraron elecciones presidenciales cada cuatro años y elecciones legislativas cada dos. Los dos principales partidos políticos, los Nacionalistas y los Liberales, competían por el poder político en elecciones justas (si bien a veces violentas y en general costosas); la presidencia pasaba con frecuencia de un partido a otro. Sin embargo, ambos partidos eran débiles, altamente clientelistas y sin plataformas sólidas. Los políticos solían cambiar de bando justo antes de las elecciones. Después de que Marcos declarara la ley marcial, un periodista describió Filipinas como «un escaparate roto de la democracia».

Las consecuencias de la ley marcial

Asimismo, el surgimiento del régimen autoritario tuvo lugar en un momento en que el país parecía listo para el despegue económico. Marcos –al igual que su homólogo autoritario de Corea del Sur, Park Chung-hee, que también declaró la ley marcial en 1972– prometió un desarrollo económico rápido. Sostenía que para mejorar la economía era necesario reinstaurar en el país la «paz y el orden» que se había roto a finales de la década de 1960. Tras el declive de la insurgencia comunista Hukbalahap (los denominados Huks) en la década de 1950, se formó un nuevo partido comunista con tendencias maoístas, el Partido Comunista de Filipinas (PCF), con su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), que comenzó una guerra de guerrillas en las áreas rurales periféricas. En la capital, Manila, unos estudiantes radicales, algunos vinculados al Partido Comunista, organizaron protestas violentas contra el gobierno; la más conocida tuvo lugar en 1970, llamada Tormenta del Primer Trimestre. En el suroeste del país, donde se concentra la minoría musulmana, daba sus primeros pasos un movimiento secesionista islámico dirigido por el Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN). Una vez declarada la ley marcial, se desencadenó en Mindanao una guerra brutal, de la que se dispone de escasa información, que llegó a cobrarse hasta 100.000 vidas. Los militares filipinos realizaron bombardeos generalizados y lanzaron una sangrienta campaña contra la insurgencia antes de acordar un alto el fuego temporal en el polémico acuerdo de Trípoli de 1976. El PCF-NEP fue expulsado en gran medida de las ciudades y se retiró a la defensiva en las zonas rurales.

Marcos también neutralizó a sus rivales políticos de la oligarquía acomodada, encabezada por los hermanos López (Fernando López fue vicepresidente de Marcos hasta su destitución y Eugenio López era uno de los potentados más adinerados de Filipinas). En la élite de la oposición también se encontraba Benigno S. Aquino Jr., que era hijo de un famoso político (vicepresidente durante la ocupación japonesa) y estaba casado con Corazón Cojuangco Aquino, la heredera de una de las mayores plantaciones de azúcar del país. Benigno Aquino se había convertido, desde su escaño de joven senador de la oposición, en la principal voz en contra de Marcos antes de la ley marcial. Aquino y toda una serie de políticos influyentes de la oposición fueron encarcelados en virtud de la ley marcial, y Marcos confiscó las empresas de varios de sus oponentes oligarcas, incluidos los hermanos López. Otros políticos y grandes empresarios decidieron rápidamente que era mejor colaborar con Marcos que oponerse a su régimen autoritario.

La República de Filipinas obtuvo rápidamente beneficios económicos en los primeros años de autoritarismo. Las exportaciones crecieron, ya que Marcos alentó la inversión extranjera. Los tecnócratas estabilizaron la economía, lanzaron una importante campaña de infraestructura y elaboraron planes para realizar 11 grandes proyectos industriales diseñados con el objetivo de dar al país un empujón hacia la industrialización y convertirlo en el siguiente tigre asiático. También comenzó la tan necesaria y esperada reforma agraria. Para pagar todas estas ambiciosas iniciativas, Marcos tomó a voluntad préstamos en los mercados internacionales, inundados de petrodólares tras el aumento de los precios del crudo en 1973. La deuda externa de Filipinas ascendió de 3.800 millones de dólares en 1975 a 12.700 millones en 1980.

No obstante, pronto resultó evidente que Marcos no era un dirigente «autoritario desarrollista» del calibre de Park en Corea del Sur. Marcos era más un jurista político que un soldado nacionalista y no se distanciaba de sus partidarios; en última instancia, los favorecía por encima de sus tecnócratas. Pese a los estrechos vínculos entre el Estado y el mundo empresarial, en lugar de utilizar criterios rigurosos para garantizar el desempeño de las exportaciones (como había hecho Park al ofrecer subvenciones estatales a los conglomerados gigantes [chaebols] de su país), Marcos entregaba grandes sectores de la economía a su familia y amigos (o «amigotes»). La mayor parte de sus amigos resultaron ser unos capitalistas ineptos que acumulaban deudas en empresas mal gestionadas. La reforma agraria se estancó mientras los monopolios del azúcar y el coco empobrecían a muchos agricultores. La fuga del banquero Dewey Dee en 1981, con 700 millones de pesos en deudas incobrables, reveló la fragilidad de la economía, basada en el amiguismo. El régimen de Marcos comenzaba a resquebrajarse.

El asesinato de Aquino y el auge de la oposición

El asesinato del líder de la oposición Benigno Aquino en agosto de 1983 en el aeropuerto de Manila, cuando intentaba regresar del exilio, convirtió el declive económico en un hundimiento financiero de grandes dimensiones. El descubrimiento de que el Banco Central había falsificado los registros financieros del país (lo mismo que se descubriría en Grecia 25 años más tarde), dio pie a una fuga de capitales que causó el desplome del peso filipino, una inflación disparada y la petición del gobierno de una moratoria de la deuda, que en ese momento ascendía a 25.000 millones de dólares. El gobierno se vio obligado a aceptar un programa de austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un rescate. El resultado fue una grave contracción económica: el Producto Interior Bruto (PIB) se contrajo en un 15% en apenas dos años.

Las protestas contra el gobierno proliferaron, comenzando por el funeral multitudinario de Aquino, al que se calcula que acudieron dos millones de personas. La primera manifestación en el distrito financiero de Manila, Makati, a mediados de septiembre de 1983, en la que participaron 100.000 empleados de oficina bien vestidos, puso de manifiesto el descontento de la comunidad empresarial con el régimen de Marcos. Las grandes empresas, antaño partidarias de Marcos, habían comenzado a tornarse en su contra con el auge del amiguismo y mostraron señas claras de hostilidad tras la profunda crisis financiera que siguió al asesinato de Aquino. Los empresarios colaboraban estrechamente con los obispos católicos, encabezados por el arzobispo de Manila, el cardenal Jaime Sin, quien comenzó a criticar categóricamente las violaciones de los derechos humanos después de que la Iglesia abandonara su política de «colaboración esencial» con el régimen. A ellos se unieron los políticos que se oponían a Marcos antes de la ley marcial y los recién fundados grupos de la sociedad civil para la defensa de causas específicas dirigidos por activistas de la clase media. Los grupos de mujeres también tenían un peso significativo en las protestas, aunque solía haber divisiones ideológicas entre las activistas moderadas y las de izquierda. Además, había «organizaciones de masas» bajo el liderazgo del PCF, que, tras haber sobrevivido a la dura represión del primer periodo de ley marcial, logró una rápida expansión entre los combatientes rurales y los activistas urbanos. Después del asesinato de Aquino surgieron medios de comunicación impresos y radiofónicos alternativos que burlaban la censura. Incluso el gobierno de Estados Unidos, que había apoyado firmemente a Marcos debido a su postura anticomunista y a las dos grandes bases militares que tenía en el país, comenzó a tomar distancia del régimen.

Elecciones anticipadas y la caída de Marcos

Marcos no estaba dispuesto a dimitir ni a organizar una transición hacia la democracia, como, por ejemplo, habían hecho los dirigentes de regímenes militares más institucionalizados de Sudamérica, como Brasil. Así, la oposición comenzó a buscar una nueva estrategia. Un grupo, formado por políticos que contaban con el respaldo de la Iglesia Católica y de grandes empresas, decidió concurrir a las elecciones legislativas a mediados de 1984 a pesar de los antecedentes de manipulación electoral de Marcos. Si bien hubo fraudes con numerosos candidatos, un número sorprendentemente elevado de opositores ganó, lo que les dio un impulso moral, aunque el poder que tenían como minoría en la Asamblea Nacional era limitado. Otro grupo había boicoteado los comicios y trataba de unificar los grupos de la sociedad civil. No obstante, debido a la insistencia de los comunistas en un liderazgo leninista del «parlamento de las calles», esos esfuerzos fracasaron a mediados de 1985, lo que condujo a una escisión entre las fuerzas de la oposición comunistas y no comunistas. Cuando Marcos, bajo presión de Estados Unidos y de los constantes problemas económicos del país, convocó a elecciones presidenciales anticipadas en febrero de 1986, los principales grupos de la oposición nacionales decidieron participar, con la excepción de los comunistas.

Esas elecciones anticipadas tomaron por sorpresa a la oposición, que estaba dividida en partidos, coaliciones de partidos (la mayor de ellas dirigida por el futuro candidato a vicepresidente de Aquino, Salvador Doy Laurel) y grupos de activistas. La Iglesia Católica y las grandes empresas presionaban a la oposición para que lograra una unidad. En ese contexto, Corazón Cory Aquino, (la viuda de Benigno Aquino) fue elegida candidata presidencial, pese a su falta de experiencia política. Gozaba del «capital moral» de ser una «mera ama de casa» que prometía continuar con la «lucha en favor de la justicia y la democracia» iniciada por su marido. Al igual que muchas dirigentes dinásticas de Asia (como Aung San Suu Kyi en Birmania o Megawati Soekarno en Indonesia) que heredaron el carisma de sus padres o esposos «mártires», Cory tenía una imagen de política menos egoísta, libre de las lides maquiavélicas típicas de sus homólogos varones. Millones de personas acudieron a los mítines que celebró durante la campaña en todo el país, desafiaron a los matones del gobierno y esperaron horas para depositar sus votos el día de las elecciones debido a las demoras intencionadas en las urnas. El Movimiento Nacional de los Ciudadanos por unas Elecciones Libres (National Citizens’ Movement for Free Elections, NAMFREL), un grupo de control electoral respaldado por grandes empresas que movilizó a cientos de voluntarios, la Iglesia Católica y grupos de la sociedad civil, supervisó la votación y presentó un recuento electoral independiente que indicaba que Aquino había ganado las elecciones. La flagrante manipulación de los resultados finales propiciada por Marcos contrarió a los votantes, quienes se sintieron ultrajados y, a partir de ese momento, se les pudo movilizar fácilmente contra el régimen.

La revolución del Poder del Pueblo que derrocó a Marcos fue desencadenada por un intento fallido de golpe de Estado ejecutado por unos militares sublevados a los que irritaba la personalización que Marcos había instituido en las Fuerzas Armadas (había ascendido a su primo y antiguo conductor, Fabián Ver, a jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas). Enfrentándose al aniquilamiento de los soldados y tanques del gobierno, cientos de miles de manileños, con el apoyo de la Iglesia Católica y de los grupos de la sociedad civil, se manifestaron en torno a los militares insurrectos. Los disidentes estaban encabezados por dos desertores del gobierno de Marcos, el ministro de Defensa, Juan Ponce Enrile, y el director de la Policía Nacional filipina y jefe adjunto del Estado Mayor, el general Fidel V. Ramos, que más adelante sería el segundo presidente de la era posterior a Marcos. Después de cuatro días de estancamiento, Marcos huyó de Filipinas en helicópteros facilitados por Estados Unidos como última medida en un esfuerzo concertado para lograr que el presidente filipino abandonara el poder (posteriormente, Marcos aduciría que fue secuestrado por los estadounidenses). El levantamiento dejó al margen a la oposición comunista, que había boicoteado los comicios y no participó en el Poder del Pueblo. Cory Aquino juró el cargo de presidenta al día siguiente del levantamiento y asumió facultades excepcionales tras la huida de Marcos, abolió su Constitución, sustituyó a los funcionarios de las administraciones locales y gobernó por decreto. Organizó una comisión constitucional para redactar una nueva ley fundamental que restituyera un sistema presidencial fuerte con amplios poderes ejecutivos, pero también con claras garantías para las libertades civiles. El borrador de Constitución se aprobó por referéndum y Aquino convocó elecciones legislativas locales y nacionales (con un Parlamento bicameral como en la época previa a la ley marcial) en mayo de 1987.

Cory Aquino y una transición a la democracia
llena de sobresaltos

El nuevo gobierno de Cory Aquino se vio desestabilizado por el derrumbe de la coalición entre los políticos de la oposición y los militares sublevados, que se volvieron en su contra. Los miembros de la facción de Enrile y el Movimiento de Reforma de las Fuerzas Armadas (RAM, por sus siglas en inglés), que habían intentado derrocar a Marcos, sentían que Aquino y los políticos civiles de su equipo de gobierno les habían escamoteado el poder y les enfurecía la apertura hacia los comunistas y los grupos rebeldes musulmanes. La promesa realizada al principio del gobierno de Aquino de investigar las violaciones de los derechos humanos también constituía una amenaza, ya que varios dirigentes del RAM habían sido notorios torturadores. Hubo en total nueve intentos de golpe de Estado contra el gobierno de Aquino. Una rebelión militar encabezada por el RAM casi consigue derrocar al gobierno en diciembre de 1989. Aquino sobrevivió al adoptar una tendencia más inclinada hacia la derecha en materia de seguridad, derechos humanos y asuntos sociales; atenuó la reforma agraria y la Policía abrió fuego contra una marcha pacífica de campesinos que se dirigía al palacio presidencial en enero de 1987. También se apoyó ampliamente en el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (y posterior ministro de Defensa), Fidel Ramos, para que congregara el apoyo militar al régimen civil. El gobierno de Cory intentó recuperar la riqueza que había robado Marcos y prometió respetar el principio de buena gobernanza. Poco a poco, la economía fue estabilizándose gracias a las reformas macroeconómicas emprendidas por los tecnócratas para desmantelar los monopolios amiguistas, reducir la inflación y gestionar la carga de la deuda del país. Las elecciones legislativas de 1987, si bien estuvieron plagadas de violencia y dominadas por las dinastías políticas, fueron en general libres y justas, y reintrodujeron a políticos de distintas tendencias en el panorama electoral, incluidos los seguidores de Marcos. En las elecciones al Congreso de 1987, el 62% de los representantes electos tenía parientes en cargos electivos. En los comicios de 2001 el número de políticos procedentes de alguna dinastía en la Cámara Baja había ascendido al 66%. Los límites a los mandatos establecidos en la Constitución de 1987 no acabaron con el poder de los clanes, ya que era habitual elegir como sucesores a las esposas y los hijos de los principales políticos. Las elecciones son onerosas y en general violentas, sobre todo las locales. Si bien reciben bastante atención pública, los caciques políticos siguen siendo un fenómeno relativamente aislado, y la compra de votos no es común. Las elecciones filipinas son competitivas y los votantes son independientes; las familias políticas conocidas pierden con frecuencia en elecciones locales o nacionales si cae su popularidad. Sin embargo, incluso los presidentes posteriores a Marcos provienen principalmente de dinastías políticas: Gloria Macapagal-Arroyo era hija de un presidente, y el presidente actual, Benigno Noynoy S. Aquino III, es hijo de la presidenta Cory Aquino.

Consolidación democrática bajo el gobierno de Ramos

La presidencia de Ramos condujo a la consolidación de la democracia filipina. Fue un logro significativo dada su ajustada victoria en las elecciones presidenciales de 1992, en las que obtuvo menos de un cuarto de los votos. Si bien Aquino lo había elegido sucesor, Ramos fue incapaz de asegurarse la candidatura presidencial del que entonces era el principal partido político, Lucha de los Filipinos Democráticos (Laban ng Demokrating Pilipino), dirigido por el presidente del Senado, Ramón Mitra. En su lugar fundó su propio partido, lo que contribuyó a debilitar aún más el ya fragmentado sistema de partidos del país. Atrajo a los votantes por su profesionalidad militar, su lealtad al gobierno de Aquino y la promesa de llevar a cabo más reformas. Su rival más próximo resultó ser una representante de la lucha acérrima contra la corrupción, Miriam Defensor-Santiago, lo que puso de manifiesto que la inquietud popular se había distanciado del miedo al autoritarismo para centrarse en el aumento de la corrupción en las nuevas instituciones democráticas del país.

Ramos instauró una serie de reformas económicas basadas en la desregularización y en la privatización de activos estatales poco rentables –muchos economistas le atribuyen a esto que Filipinas retomara la vía del crecimiento económico– más orientadas al floreciente sector terciario, que a la industrialización. Ramos también restableció la estabilidad política mediante un acuerdo de paz firmado con el FMLN y las negociaciones con los insurgentes comunistas y los rebeldes militares. La imagen reformista de Ramos era tan sólida que ni siquiera un escándalo de corrupción (el llamado acuerdo PEA-Amari) consiguió dañar significativamente su popularidad. Si bien la crisis financiera asiática de 1997-1998 no afectó a Filipinas tanto como a otros países de la región, sí revirtió toda una serie de beneficios económicos obtenidos durante el gobierno de Ramos.

Inestabilidad renovada durante las presidencias
de Estrada y Arroyo

Aunque el sucesor de Ramos, el actor convertido en político Joseph E. Estrada, conocido como Erap («colega»), ganó las elecciones presidenciales de 1998 sin dificultades, su presidencia demostró ser mucho más agitada que la de Ramos. Estrada había logrado seducir a la «masa» filipina (estratos pobres de la población) con una imagen forjada durante sus años de estrella de acción, al trasladar su personaje de defensor de los pobres a la escena política. Su oratoria populista de amigo de los pobres excluidos fue la base del lema de su campaña, «Erap para los pobres». Estrada extrajo su fuerza de lo que había sido el punto débil de Aquino y Ramos: la incapacidad para mejorar de forma palpable el nivel de vida de la gran mayoría de los filipinos, que seguían siendo pobres. Pese a que la economía había mejorado en términos macroeconómicos, la pobreza era generalizada y las tasas de desempleo (y de subempleo) eran consistentemente elevadas. No obstante, sus discursos populistas a favor de los pobres, sus vínculos con el antiguo gobierno de Marcos, su mal inglés y su estilo de vida francamente «inmoral», provocaban la animosidad de las élites y la mayoría de la clase media. La Iglesia Católica y el sector empresarial, además de gran parte de la prensa, se convirtieron en los principales críticos de su gobierno. Un enorme escándalo de apuestas hizo que muchos grupos de la sociedad civil dieran la espalda a Estrada, lo que dio pie a su destitución en la Cámara Baja. No obstante, cuando el Senado no pudo declararlo culpable se formó un segundo movimiento del Poder del Pueblo; aunque en esta ocasión estaba formado casi exclusivamente por manifestantes de clase media y se dirigía directamente contra un presidente electo en comicios libres y justos. La eufemística «retirada de apoyo» de los militares suscitó un «golpe de Estado del Poder del Pueblo», que fue sancionado por el Tribunal Supremo en un fallo no exento de controversia. Cuando unos meses después la sucesora de Estrada en la presidencia, la antigua vicepresidenta Gloria Macapagal-Arroyo, ordenó su arresto por corrupción, cientos de miles de simpatizantes pobres se congregaron para otra sublevación del Poder del Pueblo. Esta «venganza de las masas» tuvo que ser reprimida por las fuerzas militares, lo que salvó al gobierno de Arroyo pero puso de manifiesto su frágil legitimidad.

Arroyo, economista de formación, se basó en las reformas macroeconómicas de Ramos para inaugurar un periodo de gran crecimiento económico que ha continuado durante más de un decenio hasta la fecha en que se redactan las presentes líneas. Sin embargo, el buen rendimiento económico de su gobierno no le valió mayor popularidad entre los menos favorecidos. La situación llegó a un punto crítico cuando Fernando Poe Jr., amigo de Estrada y también actor, anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de 2004. Se enfrentó a Arroyo quien, rompiendo la promesa que había hecho de no concurrir a la presidencia, presentó su candidatura para defender las reformas que había emprendido. Si bien los medios de comunicación de la élite y la clase media se burlaban de Poe, igual como lo hicieron con Estrada, este gozaba de una gran popularidad entre los filipinos de a pie. La mayor parte de los filipinos acomodados acogieron con gran alivio la victoria de Arroyo por más de un millón de votos. No obstante, un año después, el escándalo llamado Hello Garci, en el que aparecieron unas grabaciones de Arroyo en las que hablaba de la manipulación electoral de los comicios nacionales de 2004 con el entonces responsable de la Comisión Electoral, Virgilio Garcillano, puso de manifiesto el alcance del fraude electoral. La credibilidad de Arroyo se volvió a ver afectada por varios escándalos de gran resonancia, muchos de ellos relacionados con su esposo. Algunos miembros reformistas de su gabinete dimitieron y los activistas de la sociedad civil tomaron las calles para que cesara su mandato en la presidencia. Se confabularon varios golpes de Estado militares. Su popularidad se desplomó hasta alcanzar un nivel más bajo que ningún otro presidente de la era posMarcos. Arroyo solo sobrevivió porque utilizó sus redes de clientelismo político para impedir los intentos de destitución, porque agasajó a los altos cargos militares y porque se ganó a los obispos católicos clave, cuya determinación estaba mermada debido a las divisiones internas, los escándalos sexuales y los privilegios materiales otorgados a varios clérigos importantes apodados «los obispos de Malacañang», en referencia al palacio presidencial.

El último año de Arroyo en la presidencia estuvo empañado por el asesinato de 57 personas, incluidos 34 periodistas, que acompañaban a la esposa de un político de la oposición a inscribir la candidatura de su marido al puesto de gobernador. La masacre de Maguindanao, organizada por el conocido clan político Ampatuan, sucedió lejos de Manila, en el sur, en Mindanao. Sin embargo, rápidamente se relacionó con el gobierno de Arroyo por el apoyo que había brindado a esa familia dentro de una campaña contra la insurgencia de los secesionistas musulmanes y porque los Ampatuan habían desempeñado un papel fundamental en la manipulación de las urnas que condujo a la reelección de Arroyo en los comicios presidenciales de 2004.

De casta: la presidencia de Noynoy Aquino

El sentido duelo nacional tras la muerte de Cory Aquino a consecuencia de un cáncer de colon en 2009 dio lugar a la sorprendente emergencia de su hijo, Benigno Aquino III, Noynoy, hasta el momento un discreto senador primerizo, como principal candidato de la oposición a la presidencia. Aunque la Constitución prohibía que Arroyo se presentara a la reelección, Noynoy Aquino utilizó el gobierno de su madre como guía para su campaña presidencial, prometiendo que si se eliminaba la corrupción, también desaparecería la pobreza. Tras una fácil victoria en las elecciones presidenciales de 2010, Noynoy prometió una buena gobernanza, contribuyó a mejorar la reputación de Filipinas en el exterior (incluso logró que grandes agencias de calificación mejoraran la valoración del país en relación con las inversiones) y mantuvo altos niveles de popularidad en las encuestas. Ni Aquino ni su familia cercana han estado vinculados a ningún escándalo notorio. Aquino ha permanecido soltero en la presidencia, por tanto, sin pareja que atraiga acusaciones de corrupción, como Imelda Marcos o Mike Arroyo. No obstante, la conducta ilícita sigue siendo endémica en el gobierno, el contrabando se ha acentuado y los grupos de poder locales siguen prosperando. Al mismo tiempo, importantes problemas estructurales, como el crecimiento sin empleo, altas tasas de pobreza (a pesar de programas de transferencias condicionadas) y el declive relativo de la manufactura, siguen sin abordarse de manera suficiente. En 2013 un gran escándalo de malversación de fondos públicos sembró la duda sobre si Aquino no sería preso de sus propias palabras: promete reformas al tiempo que recurre al clientelismo para aprobar sus medidas reformistas. Parece ser que incluso los grandes logros de Aquino, como la destitución por cargos de corrupción del alto magistrado del Tribunal Supremo, Renato Corona, solo fueron posibles mediante generosos favores presidenciales a los legisladores. No obstante, Aquino conserva el apoyo de grupos estratégicos de la sociedad filipina: la Iglesia Católica, las grandes empresas, muchos activistas de la sociedad civil y gran parte de los medios de comunicación y de las Fuerzas Armadas. Sus índices de popularidad se han mantenido relativamente altos y no se han desplomado bruscamente como le sucedió a Arroyo tras una serie de escándalos.

¿De una transición dificultosa a la buena gobernanza?

El movimiento del Poder del Pueblo filipino, en el que manifestaciones masivas a favor de una rebelión militar derrocaron la dictadura de Marcos tras el robo de las elecciones de 1986, dio lugar a una dificultosa transición a la democracia. Los disidentes de las Fuerzas Armadas, opuestos al gobierno de Cory Aquino, hicieron que este se tambaleara. Fidel Ramos consiguió someter a los militares al control civil, pero una vez concluido su mandato comenzó otro periodo de inestabilidad. Joseph Estrada fue derrocado por una repetición del Poder del Pueblo dirigida por la élite, aunque en esta ocasión se tornaba contra un presidente electo que gozaba de popularidad entre las clases más pobres. La sucesora de Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo, sufrió una crisis de legitimidad tras asumir el poder al margen de la Constitución y, a continuación, manipular las elecciones presidenciales de 2004 para «vencer» al amigo y compañero actor de Estrada, Fernando Poe Jr., reconvertido en político. Sin embargo, la impopular Arroyo sobrevivió a varios intentos de golpe de Estado y logró concluir su mandato. Sobre ese telón de fondo se celebraron las elecciones de 2010, en las que Noynoy Aquino obtuvo una victoria aplastante. Se trata probablemente de las elecciones presidenciales más libres y justas de Filipinas desde la caída de Marcos.

Noynoy Aquino obtuvo la presidencia bajo la promesa de devolver al país a la senda de la buena gobernanza y cumplir las promesas del Poder del Pueblo, encarnadas en su madre Cory Aquino. No cabe duda de que, tras tres décadas de transición democrática en Filipinas, la gobernanza ha mejorado en cuanto a la adopción de políticas macroeconómicas estables y al despliegue de esfuerzos considerables para reducir la corrupción, aunque en su mayoría de efecto limitado. Las funciones de los tecnócratas han aumentado, el crecimiento económico ha sido rápido, la inflación es baja y se ha reducido la carga de deuda del país. Ha surgido un nuevo grupo de magnates con inversiones concentradas en el próspero sector terciario, que hace sombra a la antigua oligarquía cuya riqueza se basaba en las tierras y las industrias básicas.

Sin embargo, la gobernanza económica de la era posterior a Marcos no ha logrado reducir la pobreza y el desempleo. Por ese motivo, incluso un presidente reformista de éxito puede ser sucedido por un populista, como ocurrió cuando Estrada asumió la presidencia tras Fidel Ramos, cuyo periodo a la cabeza del país suele calificarse como la era de oro de la reforma política después de Marcos. El fuerte apoyo de Estrada entre los votantes pobres que lo llevó a la presidencia en 1998 fue la consecuencia de la incapacidad de Ramos de hacer algo, a pesar de sus reformas, por la mayoría empobrecida de filipinos. El derrocamiento de Estrada atestigua el grado de desconfianza de la élite por su populismo. Parece que las clases media y alta de Filipinas están preparadas para tolerar demandas populistas de poder. Ello puede conducir al establecimiento de ciclos electorales en los que las medidas para aumentar la eficiencia económica mediante la estabilidad macroeconómica y la buena gobernanza compitan con los esfuerzos para reducir la desigualdad mediante la creación de empleo y bienestar social como principales objetivos políticos del sistema político democrático de Filipinas.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE FIDEL V. RAMOS,
PRESIDENTE DE FILIPINAS (1992-1998)

Fidel Ramos es un militar profesional que ejerció altas responsabilidades en las Fuerzas Armadas y la Policía durante la larga dictadura de Ferdinand Marcos, su primo lejano, que gobernó el país bajo el imperio de la ley marcial de 1972 a 1986. Formado en la academia militar estadounidense de West Point y con un máster en ingeniería civil de la Universidad de Illinois, Ramos prestó servicio en el Ejército filipino y luchó en Corea y Vietnam. Su papel en la transición filipina emanó de su propia influencia en las Fuerzas Armadas y del oportuno apoyo que prestó a Corazón Aquino y al movimiento Poder del Pueblo (que en 1986 se alzó en protestas contra el régimen de Marcos, cada vez más represivo y corrupto), así como de su estrecha relación con Estados Unidos, en particular con el Pentágono, donde lo llamaban Steady Eddie («Eddie, el inmutable»), y su excelente reputación entre la comunidad empresarial filipina.

Primero como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y, después, como ministro de Defensa de Aquino, el general Ramos trabajó entre bambalinas para reprimir varios intentos de golpes militares contra ella. En 1992 fue elegido presidente como sucesor designado de Aquino con solo el 24% de los votos en unos comicios con siete candidatos. Pero rápidamente cosechó un mayor apoyo popular gracias a sus programas de desarrollo e infraestructura, como la construcción de nuevas centrales eléctricas que acabaron con los frecuentes apagones en Manila. Ramos otorgó amnistía a los dirigentes de los golpes militares, derogó la Ley de 1981 contra la Subversión, con lo que legalizó el Partido Comunista, y entabló conversaciones con los insurgentes, tanto comunistas como musulmanes. Del mismo modo, se adaptó al clientelismo filipino tradicional al tiempo que respetaba la legitimidad cultural nacional de las instituciones democráticas.

Filipinas ha logrado acumular 20 años de elecciones competitivas y generalmente justas, con alternancia en el gobierno, si bien no se han producido cambios de calado en su idiosincrasia; a saber, una estructura oligárquica, partidos e instituciones políticas débiles y una corrupción profunda. Algunos filipinos critican la tolerancia de Ramos con la corrupción e insubordinación militar, así como la vuelta a la vida política de la familia de Marcos y otros oligarcas tradicionales. Sin embargo, la mayor parte de los filipinos le conceden el mérito de reducir la violencia política del país, fortalecer los procesos democráticos establecidos por Cory Aquino y fomentar el sólido crecimiento económico.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE FIDEL V. RAMOS

En países de todo el mundo con pasados autoritarios se están realizando esfuerzos para instaurar una gobernanza democrática. ¿Qué puede extraer la gente de esos países de la experiencia de Filipinas?

¿La gente de Oriente Medio y el norte de África están dispuestos a escuchar? Tienen su propia mentalidad y cultura. Si analizamos la situación actual de Siria, y antes la de Libia y Egipto, observamos que era imposible que aprendieran nuestras «lecciones» en 24 horas. Allí siguen luchando sus propias batallas.

En Filipinas logramos cambiar de régimen en cuatro días y de manera pacífica. No murió nadie. Intentamos que se recuerde en nuestro beneficio propio. Los que vienen después siempre deben aprovechar las lecciones extraídas y aprender de los éxitos (incluso de los fracasos) de sus predecesores. Eso es lo que pretendo conseguir desde la Fundación para la Paz y el Desarrollo Fidel Ramos (Ramos Peace and Development Foundation, RPDEV). Nuestro principal aporte es un programa editado en forma de libro. Una vez que dejé la presidencia, me propuse escribir todo lo posible sobre mi experiencia o recurrir a amigos para que la consignaran en beneficio de los más jóvenes.

Liderazgo

Es difícil encapsular todas esas cosas, pero la buena gobernanza y el liderazgo ilustrado deben ser autóctonos, porque no pueden externalizarse. No podíamos importar a Mahathir de Malasia [primer ministro, 1981-2003] para dirigir el gobierno de Filipinas, igual que él tampoco me podía exportar a mí. Tampoco podía importar a Patricio Aylwin desde Chile [presidente, 1990-1994].

Los principios generales son la buena gobernanza y el liderazgo ilustrado, o liderazgo visionario; ellos deben guiar el camino con un punto de mira situado al menos a 25 años vista. No se puede hacer todo lo que hay que hacer durante el mandato de seis años de un presidente de Filipinas, ni durante los ocho años de un presidente de Estados Unidos que ha sido reelegido. Son mandatos demasiado cortos para llevar a término todo lo que se tiene que hacer. Hay que visualizar las cosas, ser activo e imaginativo y trazar un plan para lo que pueda suceder con el agua, con la energía, con las infraestructuras, con la educación, etc. En eso consiste ser un líder del cambio, alguien que consigue inspirar a la gente con su visión para lograr un «cambio audaz, transformador».1 Las crisis se pueden convertir en «un punto de inflexión en la vida de una nación».2

Así veía yo la situación, porque llevaba en el gobierno desde 1946. Llegué al gobierno cuando era cadete en la Academia Militar de Estados Unidos, como representante de Filipinas, a los dieciocho años. Era una época profundamente marcada por la guerra. El sur de Manila quedó totalmente destruido durante la liberación de la ciudad; los japoneses la defendían y, por supuesto, los aliados (sobre todo Estados Unidos) y las guerrillas filipinas la atacaron. Ahí comenzó mi carrera en el servicio público. Me retiré de las Fuerzas Armadas cuando me presenté a la presidencia de Filipinas, tras haber ejercido de ministro de Defensa [1988-1992].

En el plano personal, utilizo palabras de moda muy sencillas para resumir mi planteamiento en tres conceptos: dar, compartir y atreverse por los demás. Cubre las necesidades de tu familia al tiempo que te preocupas, compartes y das la cara por los demás y por el país. Atreverse significa dar más de lo que recibes: osar sacrificarse por el bien común. ¿Cuánta gente se atreve a hacerlo? Para muchos, los intereses de la familia siguen prevaleciendo sobre el bienestar de la gente y de la nación.3 Los dirigentes deben atreverse a tomar las decisiones difíciles que la burocracia no tomará y abrir el camino.4 Los dirigentes deben atreverse a crear unidad para cambiar las cosas. Por tanto, los dirigentes deben lograr que la oposición se una a ellos para que haya un único frente nacional. Cuando se habla del interés nacional y de nuestra visión de un futuro mejor para Filipinas, incluso la oposición debe participar; para algunas cosas, debemos ser un equipo. Igual que en el deporte, también en la política se pueden celebrar competiciones internas. Cuando se trate de proteger nuestros intereses, vayamos todos a una. Me refiero a tener un objetivo común, una nación, un gran equipo nacional y solidaridad con respecto a los valores de honestidad, trabajo duro, amor al país, amor a Dios, amor al prójimo, amor al entorno.

Es importante que los dirigentes posean una ética profesional sólida. Trabajar las 24 horas del día y los siete días de la semana no es suficiente; yo hablo de 25 horas y ocho días. Llevo 13 años jubilado y todavía trabajo los sábados por la tarde. ¿Cómo se puede trabajar más de 24 horas al día los siete días de la semana? Hay que hacer malabarismos, hacer muchas cosas a la vez: Mindanao, el mar de China Meridional, la economía, los trabajadores en el extranjero, las masacres, los robos, la ONU, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). El problema es que algunos dirigentes no hacen lo suficiente, no dedican el tiempo necesario a sus obligaciones, cuando en realidad podrían cubrirlas todas. Están en la cuerda floja y terminan cayendo, y se llevan al país con ellos. Aquí ya nos ha pasado dos veces.

Usted comenzó su carrera como cadete cuando era muy joven y su carrera profesional, antes de convertirse en presidente, transcurrió en las Fuerzas Armadas y en la Policía; además, ejerció muchos cargos de alta responsabilidad como jefe del Estado Mayor y ministro de Defensa de unas Fuerzas Armadas profesionales, bien entrenadas, en las que los ascensos se lograban por los méritos. ¿Cómo conservó su independencia para lograr la apertura y tomar un rumbo nuevo?

Sí, así transcurrió mi carrera, para mi suerte. Puedo confesar abiertamente que cuando era coronel, creo, el nuevo presidente resultó ser un primo segundo mío, el señor Marcos. No obstante, antes había ascendido en el escalafón de la manera más profesional posible, dirigiendo a las tropas y sirviendo en peligrosos destinos en el extranjero, en Corea y Vietnam. Cuando alcancé el rango de general, Marcos ya era presidente, pero no lo logré por sus favores. Él era el comandante en jefe, pero yo me rebelé en su contra porque a algunos de nosotros no nos gustaba su línea de acción, es decir, imponer la ley marcial y violar los derechos del pueblo.

El papel de los militares

Usted ha dicho que se rebeló, lo que plantea otra pregunta: ¿cómo puede someterse el estamento militar al control civil? En Filipinas hubo muchas conspiraciones militares durante las presidencias de Corazón Aquino y Gloria Macapagal-Arroyo. ¿Cómo gestionó usted las fuerzas militares? ¿Cómo logró generar cambios en las relaciones cívico-militares?

Lo más importante para mí mientras estuve en las Fuerzas Armadas fue ser siempre un profesional y no permitir que la política interfiriera en mis decisiones, aunque había mucha presión. A medida que fui ascendiendo, las presiones de los políticos aumentaron, incluidas las provenientes de la oficina del Presidente, pero yo recibí una formación muy profesional y supe mantener la calma. Estaba a cargo de todo un servicio, la Policía Nacional. En aquel momento las Fuerzas Armadas se componían de cuatro ramas: el Ejército, la Marina, la Aviación y la Policía Nacional. Durante mi presidencia y debido a la Constitución promulgada por Cory Aquino, hubo que crear un servicio distinto para la Policía Nacional, bajo control civil, responsabilidad del Ministerio del Interior y de la administración local. Se convirtió en la Policía Nacional de Filipinas, un organismo independiente de las Fuerzas Armadas.

Así, yo estuve a cargo de la Policía Nacional y, al mismo tiempo, era el segundo comandante en jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Estábamos supeditados a las decisiones políticas de nuestro líder reconocido en la rebelión [1986], que era el ministro de Defensa Juan Ponce Enrile. Ahora es presidente del Senado.

Creo que lo que faltó en Oriente Medio y el norte de África es que el movimiento civil que generó el levantamiento, los jóvenes, las organizaciones no gubernamentales (ONG), los académicos y los sindicatos, no lograron atraer el favor de las Fuerzas Armadas. Nada de eso estaba previsto en esos países, pero muchas de las fuerzas militares sublevadas fueron, una por una, unidad por unidad, sumándose a ellos más adelante. Así sucedió en Libia y así está ocurriendo en Siria. Sin embargo, en nuestro caso, los militares sublevados estaban del lado de los civiles desde un principio. En realidad, los civiles se unieron a los militares sublevados, digámoslo así. Los militares fueron los primeros que retiraron el apoyo al gobierno del presidente Marcos en mitad de la campaña electoral, cuando Cory Aquino era la principal candidata de la oposición. Realmente no es que la prefiriéramos a ella, simplemente retiramos nuestro apoyo al señor Marcos.

Tuvimos suerte, en el sentido de que Marcos podría habernos dominado con gran facilidad. Éramos mucho menos numerosos que sus Fuerzas Armadas. Él tenía los tanques, los helicópteros, los aviones caza de combate, la artillería, los marines. Nosotros solo éramos un puñado de oficiales que queríamos ir en contra del régimen. El ministro Enrile y yo decidimos repartirnos las funciones y la dirección de las operaciones. Le pedí que se ocupara de las cuestiones políticas y civiles relacionadas con la retirada de nuestro apoyo al señor Marcos. Él se ocuparía de hablar con los medios de comunicación, los líderes políticos y los partidos políticos. Yo me encargaría de las operaciones militares. Y así fue. Por supuesto nos solapábamos en muchas áreas. El ministro Enrile también trataba con parte del personal militar, ya que entre sus seguidores en provincias se contaban algunos soldados. Es evidente que yo, como general de larga data, también tenía un número considerable de seguidores. A grandes rasgos, así nos dividimos el trabajo.

¿Cómo conseguimos la lealtad de la gran mayoría de los 110.000 policías nacionales y otros 120.000 soldados del Ejército, la Marina y la Aviación? Nuestras Fuerzas Armadas no son muy numerosas. Aprendí a hacerme gran amigo de los comandantes desde que ocupaban puestos muy inferiores. Nos llamábamos por nuestros nombres de pila, jugábamos al tenis y al golf, buceábamos juntos, hacíamos carreras de autos y competíamos en distintos deportes. Además, realizamos un gran número de proyectos juntos, porque en muchos se necesitaban a todos los servicios a la vez. Es decir, manteníamos un espíritu de equipo que permaneció hasta mi mandato en la presidencia; seguimos jugando a golf y reuniéndonos; además, seguimos hablando en la actualidad de muchas cuestiones que no se han resuelto.

En nuestro caso, todo había terminado al mediodía del cuarto día del levantamiento (que comenzó a última hora de la tarde del 22 de febrero de 1986). Entonces Cory Aquino juró su cargo a la presidencia de Filipinas ante los magistrados del Tribunal Supremo. El 25 de febrero nombró ministro de Defensa al señor Juan Ponce Enrile, y a mí, el teniente general Fidel V. Ramos me concedió una estrella más y me nombró jefe del Estado Mayor. Las Fuerzas Armadas siempre han estado bajo control de las autoridades civiles. Durante la presidencia de Aquino dirigí los esfuerzos para inculcar los valores de unas «Nuevas Fuerzas Armadas de Filipinas», lo que significaba que serían apolíticas y no partidistas y desempeñarían sus funciones para mantener el orden público. Intentamos reconciliar y unificar los rangos de los oficiales, centrándonos no en el pasado, sino en el futuro y respetando lealmente la Constitución. Una reforma importante que introdujimos en ese momento fue la homogeneización de los ascensos y los nombramientos. No hicimos distinciones entre los partidarios de Marcos y los de Aquino; los nombramientos se decidían en función de los méritos y las competencias.5

Dicho así parece muy sencillo, pero a nuestro entender hubo múltiples intentos de golpe de Estado. ¿Por qué?

Que sepamos, hubo nueve intentos de golpe de Estado entre 1986 y 1990 contra Cory Aquino. Había varios grupos militares, no solo un grupo homogéneo. Los más jóvenes, que tenían rango de capitán, habían pasado muchos años en terreno en circunstancias extremadamente peligrosas y es probable que no se les diera el reconocimiento ni la remuneración debidos. Luego estaban los coroneles jóvenes, como Gregorio Honasan que ahora es senador, que claramente querían dirigir el espectáculo, pero no podían porque todavía había algunos generales como yo por encima. Como jefe del Estado Mayor al principio y como ministro de Defensa después, tenía que contenerlos a todos. Los vencimos a todos, pero yo también tenía la responsabilidad de conservar la «unidad de las Fuerzas Armadas».6 Habíamos prometido reconocer a Aquino como la presidenta electa de Filipinas.

En marzo de 1986 Cory Aquino promulgó la Proclamación n.º 3, la «Constitución de la Libertad» provisional que establecía el orden para la transición. Entre febrero de 1986 y febrero de 1987 estuvimos gobernados por una administración revolucionaria. No había una Constitución firme en vigor y ella gobernaba por decreto. Se abolió el Congreso durante ese periodo. En todo caso no hubo grandes movimientos ni rebeliones durante ese año, excepto el intento fallido de los seguidores de Marcos que ocuparon el hotel Manila.

Los militares estaban divididos tras la revolución en función de los intereses de cada grupo de edad. Los capitanes jóvenes, los coroneles, muy activos y ambiciosos, y luego los generales viejos como yo, que querían mantener el statu quo y dar al gobierno civil la oportunidad de actuar en conformidad con la Constitución de 1987. Cuando me llegó el turno de aspirar a la presidencia, mi propia gente dentro de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa me dijo que no hacía falta que concurriera a las elecciones, que bastaba con que la reclamara y ellos me apoyarían. Pero yo les dije que no. Podría haberme hecho con la presidencia y haberme mantenido en el poder durante quizá tres años, pero no hubiera podido conservarlo más tiempo porque el pueblo filipino no lo hubiera permitido. Así somos aquí.

He observado que en Oriente Medio y el norte de África las dinastías, las familias ricas y los dictadores conservan el poder durante un tiempo, pero no es duradero, porque la gente no lo permite. Quizá gobiernen durante 10, 20, 30 o incluso 40 años, como Gadafi, pero al final la gente no lo permite.

¿Por qué tras su gobierno siguió habiendo conspiraciones contra la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo? ¿No se podían detener?

Después de mi presidencia volvieron las rebeliones militares bajo el gobierno del presidente Estrada. Solo duró dos años y medio debido a la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Fue derrocado en enero de 2001 por su imagen ofensiva y de persona corrupta. Restringía sus actividades e influencia a un grupo elegido de amigotes. No nos gustaba su actitud y los civiles salieron a manifestarse. La Iglesia, el mundo académico, los sindicatos, las ONG y los militares apoyaron las protestas. Los civiles fueron los primeros en rebelarse y, después, los militares y la Policía les brindaron su apoyo.

A continuación, Gloria Macapagal-Arroyo asumió la presidencia. Durante los tres primeros años de su mandato se la veía como una heroína. Teníamos muchas esperanzas depositadas en ella, pero rompió una promesa tras otra. De nuevo, las Fuerzas Armadas estaban tremendamente insatisfechas, pero no hubo una revolución militar contra Arroyo. Estuvo nueve años en el poder. Fue una pena, porque al principio era muy eficiente y trabajadora. Sigue siendo muy trabajadora, pero sus intereses dieron un giro cuando empezó a disfrutar del poder; creo que eso es lo que les pasa a los dictadores y déspotas en todo el mundo. Al principio están llenos de buenas intenciones y luego, cuando han probado el sabor del poder, les gusta tanto que quieren aferrarse a él y no dejarlo ir nunca, cueste lo que cueste.

Cuando fui presidente quería enmendar las secciones de la Constitución sobre las disposiciones económicas y la forma de gobierno. Estaba a favor de una forma de gobierno parlamentaria en la que las Fuerzas Armadas y la Policía no tuvieran que optar por un líder político u otro en caso de un golpe de Estado. En un sistema parlamentario basta un simple voto de censura de los miembros del Parlamento para expulsar al gobierno. Ese es el sistema que queremos, porque los militares y policías son profesionales y no deberían verse involucrados en luchas políticas internas. Esa es mi experiencia en el periodo entre 1987 y 1990. En aquella época yo ya estaba al mando y, naturalmente, no quería que nada afectara a la integridad de las Fuerzas Armadas y la Policía.

En 1989 la presidenta Cory Aquino convocó la Comisión Davide [presidida por Hilario Davide Jr., que entonces encabezaba la Comisión Electoral] para investigar los intentos de golpe de Estado durante su gobierno. En 2003 se creó la Comisión Feliciano [presidida por el magistrado del Tribunal Supremo, ya jubilado, Florentino Feliciano] que investigaba los movimientos de protesta en la época de Gloria Macapagal-Arroyo y concluyó que las reivindicaciones de los militares eran legítimas. Había favoritismos en los niveles más altos en cuanto a los ascensos y nombramientos, y los rangos inferiores estaban mal remunerados, sobre todo los cabos y los soldados rasos. Además, existían injerencias políticas en muchos de los procedimientos militares, incluidas las adquisiciones. Es decir, había tráfico de influencias y corrupción, en un principio proveniente de los superiores políticos, pero los mandos militares acabaron contagiándose y también se corrompieron.

En octubre de 1990 hubo un altercado relacionado con la secesión de Mindanao. Los confabuladores, que decían ser cristianos, musulmanes e indígenas de Mindanao (lumads, como los llamamos nosotros), querían constituir la República Federal de Mindanao, que sería independiente de la República de Filipinas. Las hostilidades solo duraron cinco días. Hubo algunas víctimas, pero todo se solucionó de forma relativamente pacífica y se evitó que se transformara en una guerra de mayor envergadura gracias a nuestras intervenciones, las de los miembros del Estado Mayor en aquella época.

Como decía, hubo nueve intentos de golpe de Estado durante el gobierno de Aquino y, en enero de 2001, hubo una acción conjunta de los civiles y los militares que derrocó a Estrada. Después, durante la época de Arroyo, hubo tres intentos de golpe de Estado. Primero el incidente Oakwood, aquí en Makati [un barrio de Manila], en 2003; después en 2006, algo muy parecido, esta vez provocado por militares insatisfechos y dirigido por oficiales de rangos más altos que intentaron ocupar el distrito financiero de Makati y hacer que el gobierno capitulara ante ellos, pero tampoco prosperó; y luego el incidente del Hotel Península Manila en noviembre de 2007. No hubo ningún movimiento de protesta de los militares durante mi mandato entre 1992 y 1998 y yo ya no estaba en servicio durante los periodos de Estrada y Arroyo.

Reforma constitucional

¿Diría usted que la Constitución, las instituciones democráticas y la lealtad hacia ambas están firmemente consolidadas?

El problema hoy es que hay algunos frentes con mucho poder que han impedido toda enmienda a la Constitución de 1987. Son los seguidores del fallecido cardenal Jaime Sin, los partidarios y descendientes de la presidenta Cory Aquino y algunos de los autores de la Constitución de 1987. Esa Constitución no se basaba en un proceso electoral, como las anteriores constituciones de 1935 y 1972, en las que el pueblo elegía a los delegados de las asambleas definidas en la Constitución. En 1986 la presidenta Aquino seleccionó a los 50 filipinos más brillantes para ser delegados. Era un tanto elitista, pero estaban representados varios sectores, incluidos los empresarios, los terratenientes, los sindicatos, las mujeres, la comunidad musulmana y los grupos de la extrema izquierda; además, había representación de las diferentes áreas geográficas del país. La Constitución se aprobó en referéndum con un 76% de los votos. La nueva carta fundamental limitó la presidencia a un mandato único de seis años.7

Los descendientes de todos ellos han frenado cualquier intento de reforma de la Constitución, por muy limitados que fueran los cambios, como si estuviera grabada en mármol y no pudiera modificarse. Nosotros citamos la Constitución de Estados Unidos. ¿Cuántas veces se ha enmendado? Ha habido 27 enmiendas en los últimos 200 años. Es un promedio de una gran enmienda cada diez años. En nuestro caso, yo recomendé enmendar las disposiciones económicas que establecen una norma de 60/40 en cuanto a la explotación de los recursos naturales y la propiedad de los servicios públicos [la titularidad extranjera está limitada al 40% de las empresas], lo que ha tenido unas consecuencias muy negativas sobre la inversión extranjera directa y, por tanto, sobre el crecimiento económico.8 La otra enmienda que propuse estaba relacionada con el sistema parlamentario, pero en esa no insistí demasiado porque a la gente le iba a llevar un tiempo aceptar que no elegirían directamente al presidente. Señalamos que si bien en Estados Unidos se vota por el presidente, no se decide quién gana las elecciones contando cada voto individual; al presidente lo elige el Colegio Electoral. Ahora hay que cambiar la mentalidad de la gente para que acepte un sistema de gobernanza que logre una representación justa, aunque no sea mediante un sistema de elección directa.

La otra enmienda que defendí con uñas y dientes fue en contra de las dinastías. En la Constitución ya existe una disposición que prohíbe las dinastías políticas en conformidad con lo estipulado en la ley. Pero ¿dónde está la ley que lo regula? Los que se benefician de las dinastías políticas son los mismos que están en el Congreso y que llevan desde 1987 sin aprobar una ley, a pesar de que se haya intentado en algunas ocasiones. Yo sugerí, en resumen, que se enmendara la Constitución para que la prohibición se incorporara en el propio texto constitucional y no dependiera de la legislación aplicable. ¿Y dónde sí sucede? Se encuentra en otras disposiciones de la propia Constitución. Estas disponen que el presidente de Filipinas no puede nombrar para cargos del poder ejecutivo a personas con las que tenga un parentesco por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grado.9 Deberíamos utilizar ese mismo texto para prohibirlo en las elecciones a cargos públicos y evitar así la creación de dinastías políticas. Es muy sencillo.

Partidos políticos

El otro aspecto de esa cuestión son los cambios de partido, porque son asuntos relacionados. Si se permite cambiar de partido político con facilidad, se están plantando las semillas para que germinen las dinastías políticas. Yo podría haber creado una dinastía. Mi padre era político, pero falleció antes de que yo entrara en la política. Solo me presenté una vez, eso es todo. No quiero fracasar como político. Mi hermana fue senadora antes de que yo me presentara a la presidencia. Ella es educadora, una diplomática, pero hacía bien su trabajo por mérito propio y después se retiró de la política. Tuvo un hijo que se presentó a las elecciones provinciales, o sea, que no es una dinastía propiamente. Solo hay 24 parlamentarios en el Senado de Filipinas y, en las elecciones de 2013, solo se eligieron la mitad de los escaños porque la otra mitad se elegirá en 2016. Es decir, los votantes tienen poco donde elegir porque la mayoría de los posibles candidatos pertenece a una u otra dinastía política. ¿Dónde queda la democracia entonces? Ese sistema dinástico debe corregirse en el seno de la propia Constitución; nunca se conseguirá que el Congreso adopte una ley para hacerlo, ya que estaría tirándose piedras contra su propio tejado.

Los presidentes del Congreso y del Senado, Feliciano Belmonte y Juan Ponce Enrile, respectivamente, han presentado una moción para reformar la Constitución progresivamente, comenzando por la norma del 60/40 y quizá aprovechen para añadir alguna definición. La enmienda verdaderamente importante es la de la forma de gobierno. En la actualidad la Constitución de 1987 establece un sistema presidencial y un sistema multipartidista. Son dos características que no calzan entre sí. Tenemos unos 272 grupos partidistas en nuestro sistema presidencial y eso causa confusión en la gente.

Existen muchos partidos políticos en Filipinas y usted formó uno propio, Lakas, cuando se presentó a la presidencia. En su opinión, ¿esa profusión de partidos es un problema para la democracia de Filipinas?

Fundamos la Unión Nacional de Demócratas Cristianos y Demócratas Musulmanes (Lakas) con siete miembros en diciembre de 1991 y, cuando llegó la hora de inscribir a los candidatos en febrero de 1992, teníamos unos 1.000 dirigentes. Hasta ese punto cobramos peso en poco tiempo.

Me preguntan cómo lo hice para ganar. Suelo explicar que es como la teoría de la mancha de petróleo. Una gota de petróleo se expande tanto en un lago que varios miles de gotas cobran cierta importancia. Yo conseguí que 10.000 ONG me ayudaran. No eran partidos políticos, sino movimientos, asociaciones, organizaciones. Tenía operativos por todas partes, porque había trabado amistad con muchas de esas personas durante mis primeros años en el mundo militar, porque nuestro objetivo era el desarrollo de las comunidades.

La cantidad de partidos políticos existentes es un gran problema en estos momentos, y el presidente debe hacerse cargo de ello. En 2012 el Congreso dijo que era necesario incluir alguna enmienda y el presidente consideró que no era el momento adecuado; todavía están peleándose en los medios de comunicación sobre esa cuestión. Los partidos políticos no son estables; giran en torno a personas concretas, así que no hay ninguna «continuidad en las políticas públicas».10 Una medida que podría apoyar la formación de partidos estables sería la creación de un sistema de financiamiento público.11 La reforma constitucional para instaurar un sistema parlamentario también reforzaría los partidos y reduciría el papel de los «líderes políticos personalistas».12

Construcción de una coalición

Si durante su presidencia la gran cantidad de partidos políticos no fue problemática, ¿por qué lo es ahora?

Para mí no era un problema porque, en conformidad con los mecanismos jurídicos del Consejo Asesor del Poder Legislativo y Ejecutivo para el Desarrollo (LEDAC), nosotros, los dirigentes, debatíamos sobre los problemas existentes todos los miércoles durante la sesión del Congreso, en el desayuno, así que había una cooperación productiva entre el poder ejecutivo, el legislativo y el sector privado.13 Eso significa que nos reuníamos como una gran familia unos 35 miércoles durante el año. El presidente, el presidente del Congreso y unos cinco miembros del gabinete, en función del orden del día, nos reuníamos con los portavoces de los partidos mayoritarios y minoritarios del Senado y el Congreso, y también con ONG, líderes sectoriales, mujeres, jóvenes, personas de edad avanzada, veteranos de guerra, académicos, sindicatos, pescadores y trabajadores en el extranjero, y hablábamos como si fuéramos todos de la misma familia. Así conseguimos desarrollar un proceso de consulta y consenso entre el poder ejecutivo y el legislativo.

Yo también convocaba reuniones de gobierno sobre el terreno. Por ejemplo, si el tema más importante era la energía en Mindanao, enviaba antes a cinco equipos dirigidos por un viceministro –de Obras Públicas, Energía, Administración Local, quizá Defensa y tal vez Ciencia y Tecnología–. Son un equipo. Tú vas por aquí. Tú vas por carretera. Tú vas en transbordador hasta Davao. Yo iba con otro equipo de viceministros, puede que de Educación o de Transporte, e íbamos en los aerotaxis que volaban entre las islas. Mientras viajábamos, el equipo debía comprobar el avance de los proyectos y reunirse con la gente de las capitales de provincia o los ayuntamientos y dialogar. Les daba unos tres días para llegar al destino donde se iba a celebrar la reunión de gobierno. Acababa celebrando una sesión matutina con ellos. Aprendía de ellos, junto con algunos de los miembros más importantes del gabinete, como el secretario ejecutivo o el vicepresidente. Nos explicaban lo sucedido durante esos viajes. Yo recibía unos cinco informes distintos y después del almuerzo celebrábamos la reunión de gabinete. El gobernador local y el alcalde también estaban presentes. Participaban en el debate cuando llegaba el punto del orden del día que les concernía. Y antes de irme, quizás a las cinco de la tarde, tomaba una decisión y ellos estaban ahí para entender lo que implicaba para su provincia, su región y su isla. A última hora de la tarde nos íbamos, lo cual era a veces bastante peligroso, porque en muchos sitios no hay aeropuertos bien acondicionados y despegábamos ya de noche. Así hacíamos las cosas en mi gobierno, «con las manos en la masa».

¿Esas reuniones periódicas entre el poder ejecutivo, el legislativo y los dirigentes sectoriales solo se celebraron durante su gobierno? ¿Cómo se gestionaba durante el gobierno de Aquino?

Sí, fue solo durante mi mandato. En la época de la presidenta Cory Aquino se aprobó una ley por la que se creaba el LEDAC, pero la vetó supuestamente porque su hermano era vicepresidente del Congreso y ella se relacionaba con la Cámara, que tiene 250 miembros, únicamente a través de su hermano. En el Senado estaba su cuñado, Butz Aquino, y ella trataba directamente con él. No le gustaba compartir el poder. Cuando me enteré de esto en 1991, yo ignoraba por completo este funcionamiento interior. Yo propuse reinstaurar ese proyecto de ley vetado y esa fue la primera ley que aprobamos durante mi gobierno. Fue la primera ley que firmé, en diciembre de 1992.

Yo quería consultas y consenso, y así fue durante mis seis años en el gobierno. Aprobamos 229 reformas o leyes estructurales en seis años, es decir, una cada nueve días: sobre agricultura, industria, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, educación, empoderamiento, zonas económicas, inversiones, banca, de todo. Ahora tenemos un proyecto de ley sobre salud reproductiva que todavía no se ha aprobado [promulgada en diciembre de 2012], pero es una cuestión estrechamente relacionada con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.14 Hace 12 años que se debate un proyecto de ley sobre la libertad de información y todavía no se ha tomado ninguna acción presidencial. Durante mi gobierno tuvimos cuatro años de superávit fiscal porque abrimos la economía. Y eso me lleva de nuevo a lo que dije al principio: la buena gobernanza y el liderazgo ilustrado no se pueden externalizar, tienen que ser autóctonos.

Empoderamiento social

Ha mencionado que durante su presidencia celebraba reuniones de consulta con los legisladores y representantes de la sociedad civil. ¿Qué papel desempeñó la sociedad civil durante su gobierno?

Bueno, yo siempre quise empoderar a la gente. No hice hincapié en el «poder del pueblo». Yo hice todo lo posible por aumentar las capacidades de cada individuo, niño, niña, anciano, joven, bebé, ciudadano naturalizado o residente en el extranjero, para que fueran capaces de hacer mejor las cosas, vivir más tiempo y tener más energía. Para mí eso es empoderar. La gente es el mayor activo del planeta. No es la tierra ni el mar. No es la capacidad militar. Es la gente.

Las ONG abarcan muchos grupos, incluida la Iglesia. Durante mi mandato podía, según la Constitución, nombrar a seis representantes sectoriales a la Cámara Baja que después debían ser confirmados por la Comisión de Nombramientos. Después se eliminó esa disposición porque solo era temporal. En todo caso, había representantes de las mujeres, los jóvenes, los trabajadores en el extranjero, los veteranos de guerra, el mundo académico y el sector empresarial. Los elegía su propia comunidad y, a continuación, me informaban de los nombres oficialmente. Yo los nombré porque habían sido elegidos por sus electores y me reuní con ellos durante seis años, dos mandatos en la Cámara Baja. En el segundo mandato, algunos representantes cambiaron, pero los más jóvenes siguieron.

¿Las organizaciones de mujeres estaban presentes en las consultas? ¿Fue la Iglesia Católica un actor político importante?

Sí, durante mi presidencia y también durante la de Aquino. Ella organizó varios consejos. Yo convocaba reuniones periódicas con las mujeres y los jóvenes. Había un Consejo Nacional sobre la Mujer de Filipinas y una Comisión Nacional de la Juventud; el director de ambos tenía rango de ministro. Nos reuníamos con las líderes de las mujeres cada dos meses, una reunión de verdad, todo el mundo traía los deberes hechos y había una secretaría y se levantaban actas.

Nuestro porcentaje de mujeres en el poder legislativo es el más elevado de todos los países de la región del Sudeste Asiático. Las mujeres son muy activas y no dudan en alzar la voz. Hay gran cantidad de grupos de reflexión y ONG dirigidos por mujeres. Ahora estoy escribiendo sobre uno de ellos, el Movimiento de Reconstrucción de las Filipinas Rurales (Philippine Rural Reconstruction Movement), que sigue existiendo y se centra en la educación de los pobres y en el desarrollo de las zonas rurales. En particular, suministra agua potable, tres comidas al día y asistencia médica a los necesitados, y son casi todas mujeres las que están al mando.

Incluso en la época en la que éramos una colonia de España, las mujeres ya luchaban contra los españoles. Tuvimos varias generales que dirigían organizaciones municipales y, por supuesto, escritoras y filósofas que fueron muy locuaces en los periódicos españoles. Cuando llegaron los estadounidenses, las mujeres se liberaron todavía más. El sufragio femenino, o el derecho de las mujeres a votar y ocupar cargos políticos, se ratificó en nuestro país ya en 1936. Del mismo modo, existía la Comisión Ecuménica Nacional, en la que estaban representados los católicos, los protestantes, los musulmanes, los ateos, la Iglesia de Cristo (Iglesia ni Kristo) y las iglesias independientes. El liderazgo de esa comisión rotó cada año durante ese sexenio. Nosotros mantuvimos el diálogo con ellos. Ahora ya no existe esa institución.

Principios fundamentales

Ha descrito muchos principios y prácticas que usted aplicó como presidente, pero parece ser que las prácticas políticas habituales en Filipinas no coinciden en demasía con los principios en los que usted cree y que afirma haber practicado cuando era presidente.

Sí, desde luego, lo siento mucho. Es uno de mis fallos, como ve. Nosotros intentamos hacer lo que creemos que es correcto, y estamos dejando constancia por escrito y hablamos de ello.

Pero ¿por qué hay una brecha tan grande entre los principios y la práctica en la política?

La gente aprende lo que quiere, pero lo que no son capaces de digerir o practicar habitualmente, porque no es de su agrado, lo dejan de lado. Aun así, lo que estoy diciendo es que la construcción de una nación no consiste en la suma de éxitos y fracasos de una serie de presidentes o primeros ministros. Se trata de un proceso ascendente constante y nadie puede quedar a la zaga. Cada responsable debe hacerlo mejor que su predecesor, de tal manera que su sucesor deba hacerlo mejor que él.

Volvamos a la construcción nacional. En el día a día no todo son errores, aunque así lo parezca. Hay todo tipo de fracasos. Son cosas que pasan. Creo que en Estados Unidos dicen lo mismo y, si analizamos sus últimos 225 años de historia, han ido al alza, pero también con altibajos. En mi opinión, es igual en todos los países que han crecido. Se podría decir lo mismo aquí, porque hace 20 años no teníamos rascacielos ni trenes eléctricos ni grandes avenidas ni enormes centros comerciales. No existían las zonas económicas especiales de Clark y Súbic, bajo control civil; todavía eran bases militares de Estados Unidos.

Influencia internacional

¿Cómo valoraría el papel del gobierno de Estados Unidos, que tiene una presencia de larga data en el país, y de otros actores internacionales en la transición democrática de Filipinas?

En general, me atrevería a decir que nuestra experiencia como colonia de Estados Unidos fue muy positiva para nosotros. No obstante, todavía queda esa sensación recelosa, y no solo en los más ancianos, de que nos robaron nuestra independencia. Cuando ya habíamos declarado la independencia y estábamos a punto de hacernos con Manila, los estadounidenses llegaron e hicieron un trato con los españoles. Verá, fue un trato para evitar la destrucción de Manila, de lo contrario podría haberse producido una lucha entre los españoles y los rebeldes. En el Tratado de París de 1898 España se deshizo de Filipinas vendiéndosela a Estados Unidos por 20 millones de dólares. Cuba era parte del lote. La realidad es que pasamos a ser una colonia de Estados Unidos. Así que aún persiste esa duda.

Les agradecemos que nos enseñaran la democracia representativa, las elecciones, empezando por que se diese preferencia a los estratos más capacitados para su candidatura o nombramiento a la representación en las dos Cámaras (el Senado y el Congreso); tenemos el mismo sistema que Estados Unidos, también en el poder judicial. Les agradecemos que nos enseñaran inglés y nos dotaran de una enseñanza pública. Yo me beneficié de todo eso, porque crecí en esa época y fui a una escuela pública. Ese sistema era mejor que el que tenemos ahora. Sin embargo, persiste la idea de que Estados Unidos explotó a Filipinas en los primeros años y no nos permitieron crecer desde el punto de vista industrial. Y estamos muy por detrás de otras antiguas colonias como Malasia. Tailandia nunca fue colonizada, pero están muy por delante de nosotros en PIB per cápita.

¿Se inspiró en la experiencia de otros países como España o Portugal o de países de Latinoamérica durante la transición de Filipinas?

No, solo pensábamos como filipinos y nos jugábamos el todo por el todo. O ganábamos a Marcos o no; y si no le ganábamos nos encarcelarían o asesinarían. Por supuesto, la idea de un golpe de Estado o una rebelión contra Marcos llevaba unos tres años gestándose entre los militares. El Movimiento de Reforma de las Fuerzas Armadas (RAM) lo empezó todo. Más tarde, algunos nos sumamos porque el RAM pidió nuestro apoyo. Les aconsejé que fueran despacio porque todavía no estaban preparados, pero los apoyamos en las reformas. El régimen de Marcos ya había ido demasiado lejos en cuanto a los derechos humanos y el desarrollo económico. Había una oligarquía y sus miembros eran los únicos que tenían acceso a los negocios, que distribuían exclusivamente entre sus amigos. Las esposas de los oficiales eran muy extravagantes. Marcos tenía buenas relaciones con el sha de Irán, Gadafi y otros dictadores de larga data.

El problema que acabó con él fue la enorme brecha entre ricos y pobres. A medida que fuimos obteniendo más apoyos, también empezamos a pensar en la gobernanza y llegamos a un acuerdo: si ganábamos, el gobierno debía volver a manos de los civiles, a los dirigentes políticos. Ahora bien, los coroneles jóvenes no cumplieron ese acuerdo, querían dirigir ellos mismos el gobierno. Eso sí, algunos de nosotros nos opusimos a esa idea.

Quizá vimos otros movimientos insurgentes de América Latina parecidos al nuestro. Los movimientos de liberación encabezados por los sacerdotes, por ejemplo. Los sacerdotes aquí también se oponían al gobierno, pero se habían aliado con los comunistas. Hubo movimientos muy similares en Centroamérica, con los estudiantes jóvenes. Y en Chile, donde la situación era horrible, porque los propios militares ejercían el poder. En nuestro caso, los civiles siempre estuvieron al mando, con el apoyo militar.

Gestión económica para el desarrollo

¿Cuáles fueron sus prioridades económicas y de desarrollo?

Uno de los problemas más apremiantes en aquella época era la energía. Había apagones frecuentes, lo que iba en detrimento de la economía y la calidad de vida. Así, en diciembre de 1992 se creó el Ministerio de Energía para planificar y gestionar el suministro y uso energético. Se elaboraron planes a corto, medio y largo plazo para hacer frente a la crisis energética y se resolvió el problema antes de lo previsto. El sector privado fue un socio importante para solucionar esa crisis.15 Con el fin de aumentar la inversión y la competencia, otra prioridad fue la liberalización de las industrias de las telecomunicaciones y la banca.16

La corrupción es un agujero negro para la economía. Intenté solucionarlo al limitar las funciones del Estado en la economía mediante una desregularización, abriendo así la economía a la inversión extranjera y a la competencia.17 Deberíamos permitir que «el sector privado haga lo que hace mejor que el gobierno».18 Una mayor competencia nacional hará que Filipinas sea competitiva a escala mundial y promoverá el crecimiento económico. No obstante, para crear una mayor competencia interna, hay que acabar con los monopolios y cárteles que acaparan ciertos sectores de la economía.19 La creación de empleo provendrá de las pequeñas y medianas empresas, que generan más puestos de trabajo que las grandes inversiones de capital.20

La debilidad de nuestra infraestructura también frenaba el crecimiento y desarrollo, además de desalentar la inversión extranjera. Las inversiones destinadas a mejorar la infraestructura eran (y siguen siendo) importantes, y eso incluye las energías limpias.21 Construimos más de 6.000 kilómetros de carreteras y puentes nuevos.22 Se trata de inversiones a largo plazo que requieren una amplia planificación.

Existe una enorme brecha entre ricos y pobres en Filipinas. La proporción del presupuesto de educación que invertimos en la educación universitaria es demasiado elevada y los pobres no sacan el mismo provecho de ello que la clase media.23 Ahora bien, la educación es el motor que sacará a la gente de la pobreza y aumentará la competitividad de Filipinas, así que hay que destinarle más recursos, como también a la atención primaria de salud, en particular para los que se encuentran en los niveles más bajos de ingresos.24 Todo ello contribuirá a la aplicación de un «enfoque ascendente y descendente simultáneamente», que reducirá esa disparidad de ingresos.25

La gestión de múltiples procesos de paz

¿Cómo gestionó los numerosos conflictos internos que existían cuando asumió la presidencia?

La paz y la reconciliación fueron prioritarias para mí desde el inicio de mi presidencia.26 Iniciamos las negociaciones con los tres grupos armados disidentes incluso antes de comenzar mi mandato: el RAM, que eran los «rebeldes militares»; los separatistas del Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN), en el sur de Filipinas; y el Nuevo Ejército del Pueblo (Bagong Hukbong Bayan, NEP), el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas.27 En julio de 1992 anuncié la creación de la Comisión Nacional de Unificación, compuesta de nueve miembros, que tenía por objetivo elaborar y proponer un programa de amnistía y un proceso de paz mediante un proceso consultivo.28 La Comisión realizó consultas en 71 provincias con aquellos que estaban luchando contra del gobierno, con sus familias y con los líderes de sus comunidades en torno a un abanico de problemas, incluidas las causas de los conflictos armados, el tipo de políticas y programas necesarios para alcanzar una paz duradera y las contribuciones que los propios sectores y las comunidades estaban dispuestos a aportar. A partir de esas consultas, la Comisión elaboró sus propuestas para un proceso de paz integral.29

Uno de los principios del proceso de paz era que no se pretendía «acusar o lograr la rendición, sino restablecer la dignidad de todas las partes». No bastaba con acabar con la violencia, sino que había que atajar las condiciones que habían propiciado los conflictos.30 «La paz y el desarrollo siempre deben ir de la mano; el desarrollo sostenible de las áreas afectadas» por los conflictos era una prioridad.31 Solo conseguiremos un desarrollo sostenible como nación si hay «paz y progreso» en todas las regiones.32 En 1993 creé la Oficina del Asesor a la Presidencia sobre el Proceso de Paz, que supervisaba la ejecución del plan de la Comisión. En 1994 se declaró una amnistía general para los grupos armados que luchaban en contra del gobierno. La Comisión Nacional de Amnistía recibió más de 7.000 solicitudes de amnistía y numerosos insurgentes encarcelados fueron liberados. Se crearon tres grupos de paz para gestionar los procesos con el RAM, el FMLN y los comunistas.33

Las primeras negociaciones oficiales con los comunistas se celebraron en 1986 durante el gobierno de Aquino, pero no llegaron a buen puerto. El diálogo se restableció en 1992 y el Partido Comunista fue legalizado en 1993. En 1998 se firmó un conjunto de acuerdos, pero los avances se estancaron a partir de 2001.34

Tras nueve intentos de golpe de Estado contra el gobierno de Aquino, en 1992 comenzaron las negociaciones con el RAM, con un acuerdo preliminar de «cese de hostilidades».35 En mayo de 1995 se firmó un acuerdo con las fuerzas leales a Marcos llamadas ALTAS.36 En octubre del mismo año se firmó un acuerdo general de paz. El acuerdo de paz con el FMLN se firmó en septiembre de 1996, tras décadas de enfrentamientos y disturbios.37 El apoyo internacional a las negociaciones con el FMLN data de principios de la década de 1970, incluido el papel clave desempeñado por la Organización de la Conferencia Islámica.38 En virtud del acuerdo de paz de 1996 se estableció el Consejo de Paz y Desarrollo de Filipinas Meridional, dirigido por el líder del FMLN Nur Misuari, para supervisar los proyectos de desarrollo.39 En el acuerdo se otorgaba autonomía regional, se ofrecía una amnistía general y se integraba a los combatientes cualificados en las Fuerzas Armadas y cuerpos de Policía Nacional.40

Hubo un incidente grave cuando yo era presidente. Estábamos de campaña en Mindanao para obtener la ratificación de nuestro acuerdo de paz con el FMLN en el Congreso. Teníamos que conseguir que se ratificara y al final así fue. Pero en la época de la campaña, uno de los funcionarios de más alto rango de Estados Unidos, el jefe de USAID, estaba conmigo. El embajador de Estados Unidos estaba en otro automóvil. Los cristianos de Mindanao estaban muy enojados conmigo. No les gustaba el acuerdo porque, según ellos, limitaba su influencia, aunque no fuera verdad. En todo caso, no estaban de acuerdo y convocaron a grandes manifestaciones; ocuparon toda la carretera desde el aeropuerto hasta la ciudad General Santos, a unos cinco kilómetros. Saqué la cabeza por la ventanilla. No me escondí en el auto. Los miré de frente e intentaron golpearme, así que yo se lo devolví. Después me tiraron tomates. No pasa nada. Tiren tomates, no granadas de mano. Ese fue uno de los periodos más difíciles de mi mandato, el acuerdo de paz en Mindanao, pero lo logramos. «La lección que extraje es que, en todo esfuerzo de paz, el dirigente debe fijar la vista en el largo plazo […] –la visión estratégica de la paz y el desarrollo […]– y negarse a tomar decisiones precipitadas debido a la presión táctica que ejercen los enemigos del proceso de paz.»41

El filósofo chino Sun Tzu dijo que «es mejor ganar sin luchar» y yo lo comparto. Entiendo lo que significa luchar, pero «el enfrentamiento violento debe ser el último recurso de un presidente democrático». En democracia hay que aspirar a resultados beneficiosos para todos en cualquier negociación. Cuando todo el mundo sale ganando en una negociación, las conclusiones suelen «llevarse a la práctica por sí solas», en lugar de verse socavadas por la parte que se siente estafada.42

En 1994, Filipinas, junto con Brunei, Indonesia y Malasia, creó la Zona de Crecimiento de la ASEAN Oriental (BIMP-EAGA) para acelerar el desarrollo económico de las regiones contiguas designadas, que en Filipinas incluía a Mindanao. La cooperación para fomentar la complementariedad y el crecimiento en distintos sectores, como la agricultura, la pesca, el turismo, la marina mercante y la energía, formaba parte de un plan para el desarrollo de Mindanao, con lo que se afianzaría el proceso de paz mediante el impulso y el empoderamiento de la región. El BIMP-EAGA es uno de los «dividendos de la paz» para Mindanao.43

¿Los militares no se opusieron al acuerdo de paz con los insurgentes?

De hecho, los militares cooperaron plenamente. Ellos ejecutaron las políticas del gobierno.

Referencias

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MOMENTOS CLAVE EN LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA DE FILIPINAS

1521: Arriba el explorador portugués Fernando de Magallanes, que cae en la batalla de Mactán a manos del líder de la tribu Lapu-Lapu.

1565-1898: Régimen colonial español. El territorio es bautizado con el nombre de Las Islas Filipinas en honor al rey Felipe II de España.

Agosto de 1896: Comienza el levantamiento anticolonial contra España.

Diciembre de 1896: El famoso novelista, académico, médico y activista político José Rizal es ejecutado por los españoles.

Diciembre de 1898: España cede Filipinas a Estados Unidos tras la guerra hispano-estadounidense. Los combatientes filipinos por la independencia, liderados por el presidente Emilio Aguinaldo, siguen la lucha armada contra la ocupación estadounidense. Mueren más de 4.000 soldados estadounidenses y más de 12.000 efectivos del Ejército de la República de Filipinas, además de al menos 200.000 civiles filipinos.

Marzo de 1901: Aguinaldo es capturado.

Julio de 1901: William Howard Taft, futuro presidente de Estados Unidos, se convierte en el primer gobernador civil de Filipinas y Estados Unidos consolida su control sobre el territorio.

Septiembre de 1935: Tras casi 30 años de elecciones legislativas comienzan las elecciones presidenciales bajo el régimen de Estados Unidos. Se instaura un sistema bipartidista estable, aunque plagado de corrupción.

Julio de 1946: Filipinas obtiene la independencia de Estados Unidos, que conserva derechos comerciales ventajosos y bases militares en el país.

Noviembre de 1965: Ferdinand Marcos es elegido presidente en elecciones mayoritariamente libres. Nombra a sus familiares y amigos para ocupar puestos militares y de gobierno, excluye del poder a otras facciones del partido e incurre en una ingente deuda nacional para financiar proyectos vinculados a sus redes de influencia.

Marzo de 1969: El Partido Comunista de Filipinas (PCF) funda un brazo militar con el apoyo encubierto de otros grupos de la oposición. Se convierte en el principal frente de insurgencia junto con el separatista Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN).

Noviembre de 1969: Marcos es reelegido en unas elecciones inusualmente fraudulentas, con votos comprados e intimidación militar a la oposición.

Agosto de 1971: Marcos suspende el hábeas corpus tras haber bombardeado un mitin de la oposición. El senador Benigno Aquino Jr., de una importante familia filipina, se convierte en una de las principales voces en contra de Marcos.

Septiembre de 1972: Marcos declara la ley marcial y encarcela a Aquino, entre otros oponentes. Presiona a las familias de sus opositores para que vendan las empresas a sus amigos y modifica la legislación para el beneficio de sus aliados. Nombra a tecnócratas y refuerza los derechos de los inversores, lo que le gana los elogios y la ayuda del gobierno de Estados Unidos.

Noviembre de 1972: Mediante sobornos y chantajes, Marcos consigue que la Convención Constitucional (convocada antes de la ley marcial) sustituya al Congreso con un sistema parlamentario sin límites en los mandatos. Se disuelve el Congreso sin que se celebren elecciones.

Abril de 1978: En las elecciones parlamentarias, la oposición pierde estrepitosamente en un clima de fraude y violencia; muchos llaman al boicot, pero Aquino se presenta a la cabeza de una coalición regional con el PCF. El día antes de los comicios, la oposición invita a los ciudadanos a una gran manifestación para protestar haciendo ruido.

Octubre de 1980: Un grupo que cuenta con el respaldo de Aquino hace fracasar una reunión de la Conferencia Mundial del Turismo en Manila, lo que atrae la atención internacional. Marcos acepta entablar conversaciones indirectas con Aquino y se compromete a levantar la ley marcial y celebrar elecciones; la oposición las boicotea por considerar injusto el procedimiento electoral. En los meses siguientes se detienen a miembros de grupos militantes.

Enero de 1981: El nuevo gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos comienza a hostigar a los exiliados filipinos en ese país, minimiza la importancia de los abusos de los derechos y resiste a las presiones para cortar las ayudas al régimen de Marcos.

Agosto de 1981: Marcos nombra a su aliado Fabián Ver jefe de las fuerzas militares. Ver tiene roces con los generales Juan Ponce Enrile y Fidel Ramos, que tienen una imagen más profesional e independiente.

Febrero de 1983: Desde la Conferencia Episcopal los obispos católicos, con Jaime Cardinal Sin a la cabeza, hacen un llamamiento por la democracia.

Agosto de 1983: Aquino vuelve del exilio. Es asesinado por un miembro de los cuerpos de seguridad del gobierno al descender del avión. Estallan las protestas, apoyadas por la clase media, las empresas y la Iglesia. La viuda de Aquino, Corazón Cory Aquino, se convierte en líder de las protestas. Los bancos internacionales dejan de conceder préstamos al gobierno debido a la inestabilidad, lo que le obliga a restringir las importaciones y el comercio de divisas.

Mayo de 1984: Se celebran elecciones legislativas. La oposición no comunista concurre a los comicios y obtiene numerosos escaños en las zonas urbanas y las regiones originarias de sus dirigentes, a pesar de los fraudes y la violencia.

Octubre de 1984: La investigación del gobierno sobre la muerte de Aquino acusa a Ver de dirigir la trama.

Enero de 1985: Reagan, siguiendo el consejo del Departamento de Estado y de la CIA, finalmente pide a Marcos que retire los controles económicos, designe un sucesor y castigue a Ver.

Marzo de 1985: Los oficiales aliados de Enrile, con el apoyo encubierto de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, fundan el Movimiento de Reforma de las Fuerzas Armadas (RAM) en contra de Marcos y Ver.

Noviembre de 1985: Desde la televisión estadounidense, Marcos convoca elecciones presidenciales supervisadas por la sociedad civil y la prensa extranjera. La oposición apoya la candidatura de Aquino a la presidencia.

Febrero de 1986: El Movimiento Nacional de los Ciudadanos por unas Elecciones Libres (NAMFREL), un grupo de control electoral, concede la victoria a Cory Aquino, pero la Comisión Electoral declara ganador a Marcos; los observadores de Estados Unidos, la Iglesia y el personal de la Comisión Electoral denuncian los resultados oficiales.

El gobierno revela un plan de golpe de Estado organizado por el RAM; Enrile y Ramos huyen a las bases militares de la avenida Epifanio de los Santos (EDSA) y respaldan a Cory Aquino. Cory y sus aliados de la Iglesia y los medios de comunicación organizan manifestaciones, conocidas como el Poder del Pueblo. Los manifestantes rodean las bases militares en señal de apoyo, se hacen con algunos puntos clave e invisten bajo juramento a Cory presidenta. Estados Unidos retira el apoyo a Marcos, que huye con ayuda estadounidense a Hawái.

Ya en la presidencia, Cory nombra a su equipo de gobierno, en el que incluye a Enrile y a Ramos. Libera a los líderes del PCF a pesar de las objeciones del servicio de inteligencia de Estados Unidos y de algunos miembros de su gabinete, crea comisiones sobre violaciones de los derechos humanos y la gestión de activos ilícitos, y disuelve el Parlamento y la Constitución de la era Marcos.

Julio de 1986: Los partidarios de Marcos intentan dar un golpe de Estado. El RAM, molesto por su limitada influencia y las negociaciones con el PCF, apoya secretamente el intento de golpe. Los partidarios de Marcos lo volverán a intentar hasta tres veces más.

Noviembre de 1986: Cory Aquino concede a Ramos el control de la Policía militar; este detiene el intento de golpe de Estado del RAM y Enrile abandona el gabinete. El RAM intenta dar dos golpes de Estado más.

Febrero de 1987: En un referéndum, los votantes ratifican la Constitución respaldada por Cory Aquino. En ella se establece un sistema presidencial unitario con autonomía regional y se limitan las funciones militares en la seguridad nacional y política.

Mayo de 1987: Aquino crea una alianza para ganar las elecciones legislativas. Las listas apoyadas por Marcos, Enrile y el PCF obtienen malos resultados. El fraude y la violencia siguen persistiendo, pero en mucho menor grado.

Septiembre de 1991: El Senado filipino vota en contra del mantenimiento de las bases militares de Estados Unidos en el país.

Octubre de 1991: El poder legislativo delega nuevos poderes en las administraciones locales.

Mayo de 1992: Fidel Ramos, el sucesor que había designado Cory Aquino, es elegido presidente por un estrecho margen con el 24% de los votos en unas elecciones con siete candidatos.

Septiembre de 1996: Ramos firma un acuerdo de paz con el FMLN. Algunas facciones persisten, incluido el Frente Moro Islámico de Liberación (FMIL).

Septiembre de 1997: Ramos propone un sistema de gobierno parlamentario. Sus oponentes se manifiestan en contra de la propuesta que aboliría los límites a los mandatos; se juzga inconstitucional y se retira.

Mayo de 1998: El vicepresidente y actor de cine Joseph Estrada es elegido presidente por un amplio margen. Ramos y otras élites consideran que Estrada es un populista peligroso y se oponen a él.

Enero de 2001: Comienzan las protestas contra Estrada cuando sus afines en el Senado obstaculizan la investigación de los casos de corrupción. Cory Aquino, Sin y Ramos piden la dimisión de Estrada, y muchos miembros de las fuerzas militares se unen a la petición. Estrada dimite, pero tilda su destitución de ilegítima.

Mayo de 2004: Macapagal-Arroyo es elegida para ocupar el cargo durante un mandato completo. Hay denuncias de compra de votos, pero los intentos de destitución en el Congreso no prosperan durante su gobierno.

Agosto de 2009: Fallece la expresidenta Corazón Aquino.

Octubre de 2008: Las negociaciones de paz con el FMIL llegan a punto muerto cuando el Tribunal Supremo bloquea el pacto de autonomía, argumentando que obliga ilegalmente al gobierno a enmendar la Constitución.

Mayo de 2010: Benigno Aquino III, Noynoy, hijo de Benigno Jr. y Cory Aquino, es elegido presidente. Macapagal-Arroyo anuncia en el último minuto nombramientos al poder judicial que después se considerarán inconstitucionales.

Noviembre de 2011: Macapagal-Arroyo es detenida por cargos de corrupción y fraude electoral; comienzan los procedimientos de destitución contra el presidente del Tribunal Supremo que ella había nombrado y que concluirán con su destitución.

Octubre de 2012: El FMIL y el gobierno de Noynoy firman un acuerdo marco de paz.

LECTURAS RECOMENDADAS
SOBRE FILIPINAS

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1. Ramos, 2012, p. 23.

2. Ibíd.

3. Ramos, 2011, p. 50.

4. Ramos, 2012, p. 59.

5. Velasco, 2012, pp. 183-185.

6. Ramos, 2012, p. 25.

7. Velasco, 2012, p. 182.

8. Ramos, 2008, p. 114.

9. En el artículo XII de la sección 13 de la Constitución de 1987 de Filipinas se establece que el cónyuge de la persona que ostenta la presidencia y sus parientes por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grado no podrán durante su mandato ser designados miembros de ninguna de las comisiones constitucionales o de la oficina del Defensor del Pueblo ni ministros, viceministros, presidentes o jefes de oficinas o departamentos, incluidas las empresas estatales o de control público y sus filiales.

10. Ramos, 2012, p. 12.

11. Ramos, 2012, p. 12.

12. Ramos, 2008, p. 116.

13. Ramos, 2012, p. 46.

14. Ramos, 2011, p. 53.

15. Velasco, 2010, p. 103.

16. Velasco, 2012, p. 293.

17. Ramos, 2011, p. 112.

18. Ibíd., p. 115.

19. Ibíd., p. 54.

20. Ibíd., p. 115.

21. Ibíd., p. 17.

22. Velasco, 2012, p. 291.

23. Ramos, 2011, p. 114.

24. Ibíd., p. 65.

25. Ibíd., p. 55.

26. Velasco, 2010, p. 76.

27. Ramos, 2012, p. 41.

28. Velasco, 2010, pp. 76-77.

29. Ramos, 2008, pp. 145-146.

30. Velasco, 2010, pp. 76-77.

31. Ibíd., p. 91.

32. Ramos, 2011, p. 49.

33. Velasco, 2010, pp. 76-78.

34. Ramos, 2008, p. 149.

35. Ibíd., p. 147.

36. Ibíd., p. 147.

37. Ramos, 2012, p. 41.

38. Ramos, 2008, p. 142.

39. Velasco, 2012, p. 266.

40. Ibíd., p. 83.

41. Velasco, 2010, p. 84.

42. Ramos, 2012, p. 29.

43. Velasco, 2012, pp. 283-284.

CAPÍTULO 7

Polonia

EL GRAN EXPERIMENTO POLACO:
LA CREACIÓN DE LA DEMOCRACIA A TRAVÉS
DE LAS PROTESTAS, LA REPRESIÓN, LA NEGOCIACIÓN,
LAS ELECCIONES Y LA POLÍTICA DEL ZIGZAG

Jane L. Curry, Universidad de Santa Clara

La transición de Polonia del comunismo autoritario a la democracia de libre mercado fue lenta, compleja y paulatina. Comenzó mucho antes de 1989 y transcurrieron casi diez años hasta que se pudo aprobar una Constitución definitiva. Fue necesario algo más que transferir el poder de un grupo a otro. El proceso exigió la separación entre la economía y el sistema político, la eliminación del Partido Comunista como institución central de la Constitución, el establecimiento de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil independientes y legales, y dejar de ser un satélite de la Unión Soviética para formar parte de Europa. A medida que el proceso avanzaba, tras las negociaciones de la Mesa Redonda de 1989, se produjo una transformación en el mundo que rodeaba a Polonia: el control soviético de Europa Central y Oriental llegó a su fin, los países colindantes se fragmentaron en siete nuevos estados independientes, cayó el Muro de Berlín, se disolvió la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia quedó anulado. Con la ayuda de Occidente, Polonia se transformó y pasó a formar parte de Europa Occidental tras ingresar en la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Entre el colapso de 1989 y la aprobación de la nueva Constitución de 1997 se celebraron cuatro elecciones nacionales y el país tuvo tres presidentes distintos.1 Fueron muchos los acontecimientos imprevistos que tuvieron lugar en esos años: se disolvieron varias coaliciones políticas y el poder pasó de un bando ideológico al contrario, al tiempo que la economía y la política cambiaban de forma drástica. No fue hasta 2007 cuando surgió el sistema bipartidista.

Contexto histórico

El pasado de Polonia contribuyó tanto a facilitar como a complicar el cambio hacia la democratización. El comunismo siempre había sido menos rígido y represivo en Polonia que en otros países. Ya en 1956 las granjas privadas predominaban en el sector agrícola, se permitían los pequeños negocios y el comercio, y los polacos miraban cada vez más hacia Occidente en términos culturales y sociales. Las protestas comenzaron y, tras el fracaso de la represión, se llevaron a cabo algunas reformas que hacían pensar que el régimen cedería ante la presión popular. La lista de candidatos al Parlamento de cámara única, el Sejm, no solo estaba formada por el Partido Comunista sino también por el Partido Campesino y un Partido Demócrata para pequeñas empresas, así como por dos grupos «católicos»: un grupo católico intelectual, Znak, y una organización más favorable al comunismo, Pax. Los votantes podían tachar nombres de la lista, aunque eso no afectaba realmente a los resultados. También se formaron grupos en la oposición, ilegales en su mayoría. Los grupos profesionales siguieron estando bajo el control del Estado, aun cuando defendían sus intereses. En consecuencia, existían portavoces y expertos conocidos que podían trabajar juntos en las negociaciones entre los grupos de la oposición y el régimen.

Se permitió participar a la Iglesia Católica de Polonia, de tradición nacionalista, que contaba con representantes de sus grupos laicos en el Parlamento y organizó diversas agrupaciones. Aunque el Estado había intentado retirarle algunos privilegios, su poder creció desde mediados de la década de 1950. Cuando el cardenal polaco Karol Wojtyla fue elegido Papa en 1978 y visitó Polonia en 1979, el poder de la Iglesia aumentó todavía más, al igual que la sensación de los polacos de que podían actuar con independencia del Estado, lo cual fomentó la acción popular. Cuando Lech Walesa –líder del sindicato Solidaridad– firmó públicamente los acuerdos de Gdansk de 1980 que pusieron fin a las huelgas del sindicato, utilizó un bolígrafo de la primera visita del Papa en 1979.

A pesar de la represión de las manifestaciones multitudinarias de trabajadores en 1956, 1970 y 1976, que protestaban en contra de las subidas de los precios, en todos los casos el gobierno accedió a las exigencias de ponerles fin y mejorar las prestaciones de los trabajadores. En dos ocasiones, en 1956 y en 1970, el primer secretario del Partido Comunista polaco fue sustituido a consecuencia de las protestas.

De cada una de las manifestaciones surgieron grupos de intelectuales. En 1976 los intelectuales asentados en Varsovia constituyeron el Comité de Apoyo a los Trabajadores para ayudar a los obreros encarcelados durante las manifestaciones y a sus familias. Dicho comité se amplió para organizar debates, en su mayoría al margen de la ley, editar miles de publicaciones ilegales y dirigir la «Universidad Volante», acciones que ocuparon los vacíos que dejaban la censura y el control del gobierno.

Dentro del Partido Comunista se formó un ala reformista que contribuyó a la aprobación de reformas económicas y a la apertura del sistema político. A finales de la década de 1970, y con el fin de importar bienes y equipos industriales, Polonia había pedido prestado a Occidente más dinero del que en realidad podía asumir y devolver. Los acreedores occidentales presionaban para conseguir un aumento de los precios, lo cual desencadenó la ocupación de los astilleros de las ciudades bálticas en 1980 y provocó la exigencia de contar con un sindicado libre (Solidaridad), el derecho de huelga y una mayor transparencia y apertura en los medios de comunicación. Después de que el gobierno cediese mediante los acuerdos de Gdansk a las demandas de los trabajadores de los astilleros, las manifestaciones de Solidaridad por toda Polonia consiguieron que las concesiones se ampliasen a otros grupos del país, incluidos los campesinos, los estudiantes y los intelectuales.

Las demandas radicales que exigían libertades políticas y sociales –y que la economía proporcionase bienes de consumo, pagase salarios adecuados y se modernizase– aumentaron en la década de 1980, ya que el gobierno no podía suministrar bienes ni alimentos de primera necesidad. El 13 de diciembre de 1981, en respuesta a la presión soviética y a fin de contener la radicalización de Solidaridad ante el deterioro de la situación económica (y la necesidad de evitar un pago importante de los préstamos de Occidente que no podía asumir), el gobierno declaró la ley marcial. Los líderes y los activistas de Solidaridad (así como los líderes del gobierno y de los principales partidos responsables del desastre económico de la década de 1970) fueron encarcelados, la Policía y el Ejército ocuparon sus puestos y las calles de Polonia, y se cortaron completamente las comunicaciones nacionales e internacionales. El gobierno estadounidense de Ronald Reagan condenó la declaración de la ley marcial e impuso sanciones que impedían a los aviones polacos aterrizar en Estados Unidos; congelaban los préstamos a Polonia y prohibían el comercio. Los países de Europa Occidental no sancionaron a Polonia hasta más tarde, aunque condenaron los ataques de forma inmediata.

Durante los siete años siguientes se fueron reduciendo las restricciones de la ley marcial: se restauraron las comunicaciones, se liberó a las personas encarceladas, se produjo una lenta apertura de la vida política y los medios de comunicación, y el gobierno experimentó con la liberalización de la economía para aumentar la producción. Aun así, nada de eso logró erradicar la huella de la ley marcial.

La fase final

A finales de los años ochenta, la situación económica de Polonia había mejorado y la mayor parte de los bienes de primera necesidad ya no se racionaban, como ocurría a principios de la década. A pesar de que las sanciones impuestas por Occidente habían llegado a su fin, que las fábricas disfrutaban de mayor autonomía y que los salarios de los trabajadores habían aumentado, la mayoría de los polacos consideraba que su situación personal había empeorado. El porcentaje de la población que manifestaba tener esperanza en el futuro se había reducido drásticamente, pasando del 42% a principios de la década de 1980 al 16% en febrero de 1988.2 El Estado no disponía de fondos suficientes para satisfacer sus obligaciones básicas y estaba sometido a las presiones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como a las de Estados Unidos y Europa Occidental, para que restructurase su economía.

La consecuencia fue el distanciamiento popular y unos fracasos económicos aún más profundos. La liberación gradual de más de 1.000 activistas de Solidaridad que llevó a cabo el partido, el fin de las sanciones, el aumento de la privatización de la economía y las invitaciones hechas a oponentes moderados para que trabajasen con el gobierno, no consiguieron poner fin al estancamiento político. En 1988 la gravedad de la situación era tal que al Partido Comunista y al gobierno no les quedó otra opción que iniciar «conversaciones sobre conversaciones» con la oposición política y la Iglesia Católica, a fin de obtener su apoyo para realizar nuevas reformas económicas. Esa iniciativa era importante para Solidaridad porque, a pesar de que todos sus presos políticos habían sido puestos en libertad en 1986, el movimiento no se había legalizado y podía hacer poco más que participar en huelgas y manifestaciones.

Las negociaciones

En 1988 los líderes de la Iglesia Católica actuaron como intermediarios al reunirse por separado con Lech Walesa y con el general Wojciech Jaruzelski –antiguo jefe de las Fuerzas Armadas y primer secretario del Partido Comunista, quien había impuesto la ley marcial– para iniciar el diálogo sobre cómo diseñar las negociaciones. Los líderes de menor rango de ambas partes se reunían regularmente. El gobierno dejó claro que legalizaría Solidaridad e incluso le concedería tiempo en televisión y el derecho a publicar su propio periódico. Aleksander Kwasniewski, ministro de Juventud y Deporte del que sería el último gabinete comunista, y uno de los negociadores designados para las conversaciones preliminares, lanzó un «globo sonda» al convocar unas elecciones parcialmente libres en las que el 35% de los escaños del Sejm quedaría abierto a candidatos que no hubiesen pertenecido al Partido Comunista ni a sus órganos subsidiarios; el 65% de los escaños restantes se reservaría a los candidatos del Partido Comunista, incluida una lista nacional con los 60 principales reformadores del partido; así como un nuevo Senado elegido libremente y un presidente elegido por ambas cámaras. En lo que parecía una concesión al Partido Comunista, que ya tenía preparados a sus trabajadores electorales, se acordó que las elecciones se celebrarían poco después de que finalizasen las conversaciones de la Mesa Redonda. Solidaridad aceptó la oferta como base para un nuevo sistema; y el gobierno y el Partido Comunista hicieron lo propio.

Cada una de las tres «mesas» que conformaban las negociaciones de la Mesa Redonda estaba presidida por un representante de Solidaridad y otro del gobierno. Estas, a su vez, estaban formadas por una serie de grupos de trabajo o «submesas» compuestas por unos 500 expertos y activistas. Cada grupo de trabajo estaba dirigido por un especialista de Solidaridad y otro especialista que representaba a los partidos en el poder. Elaboraron propuestas económicas y sociales que estudiarían los diputados tras los comicios y alcanzaron acuerdos sobre una nueva estructura de gobierno y un plan sobre cómo se celebrarían las elecciones, incluidas las elecciones libres al Parlamento y las presidenciales que tendrían lugar cuatro años después de las de 1989. Otra concesión que consiguió Solidaridad fue que la nueva Constitución no se aprobase hasta que hubiese una Asamblea Nacional elegida libremente.

Los acuerdos se firmaron el 4 de abril de 1989 y el 4 de junio se celebraron las elecciones. En la primera ronda, los candidatos de Solidaridad ganaron todos los escaños destinados a diputados no pertenecientes al partido. En la lista del Partido Comunista, únicamente tres candidatos consiguieron la mayoría en sus distritos y solo dos de la lista nacional se hicieron con la mayoría en la primera ronda. Esa situación fue una sorpresa para ambos bandos, a los que pilló desprevenidos. Solidaridad no se había presentado con una plataforma dispuesta a dar los siguientes pasos y los candidatos del Partido Comunista estaban preparados para compartir el poder, no para perderlo. La derrota fue todavía más drástica cuando el antiguo Partido Campesino y el Partido Demócrata se unieron a Solidaridad, con lo que la nueva coalición acaparó una mayoría del 65%.

Los dirigentes del Partido Comunista polaco aceptaron esa abrumadora derrota, al igual que el líder reformista soviético Mijaíl Gorbachov. Los líderes de Solidaridad mantuvieron su acuerdo secreto de que la Asamblea y el Senado elegirían presidente a Jaruzelski haciendo que algunos diputados no se presentasen a la votación y reduciendo así el quórum. Asimismo, Solidaridad accedió a que hubiese un gobierno de coalición que cumpliese las expectativas soviéticas al conceder los ministerios de Interior, Defensa, Comercio Internacional y Transporte Internacional a reconocidos funcionarios comunistas. En aquel momento no sabían que poco después se desmoronaría el comunismo en otros países y se produciría la caída del Muro de Berlín.

Proceso de cambio

Tadeusz Mazowiecki, miembro de la oposición católica, fue propuesto por Lech Walesa para ocupar el cargo de primer ministro nombrado por el presidente Jaruzelski. Había sido editor jefe y diputado católico, así como uno de los líderes de Solidaridad en las negociaciones de los acuerdos de Gdansk y las conversaciones de la Mesa Redonda. Mazowiecki dejó claro que solo ocuparía el cargo si podía realizar sus propios nombramientos y tomar decisiones. Su «gabinete de la gran coalición» incluía a 12 miembros de Solidaridad, siete de los dos partidos que desertaron del Partido Comunista y cuatro del Partido Comunista. Únicamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, que pretendía dirigir el Partido Comunista, recayó en un experto que no pertenecía a ningún grupo.

Mazowiecki puso de manifiesto desde su presentación inicial ante el Sejm y el Senado, en septiembre de 1989, que Polonia se centraría en el presente y no en el pasado, entre los que trazaría una «línea gruesa», y que haría hincapié en el progreso mediante la reforma del sistema político, la estabilización y privatización de la economía y el «ingreso en Europa». Eso implicaba no investigar ni castigar a las personas por los actos cometidos en el pasado. Era algo necesario, ya que los comunistas formaban parte del gobierno y seguían controlando el Ejército y los servicios de seguridad. En su lugar, la legislación prestó una atención especial a la recuperación de los símbolos del Estado previos a la toma del poder, la creación de leyes electorales para unas elecciones libres y el comienzo de la redacción de la nueva Constitución.

Los miembros del gabinete tenían criterios muy distintos acerca que cómo había que proceder y sus reuniones se prolongaban durante horas para llegar a un consenso incómodo. En el Parlamento la drástica derrota sufrida por los candidatos del Partido Comunista los dejó relegados, con pocas esperanzas de influir en la política. El resultado fue que casi todos los diputados de ambos grupos votaron a favor de Mazowiecki como primer ministro, de sus opciones para el gabinete y de las leyes planteadas por su gobierno.

Ante la derrota electoral el Partido Comunista (PC) se disolvió casi cuatro meses después de que se formase la gran coalición. La mayor parte de sus miembros se unieron al Partido Socialdemócrata de Polonia, que heredó las propiedades y los fondos del PC. Kwasniewski fue uno de sus miembros fundadores y su presidente. Comenzó a reagruparse para las elecciones parlamentarias de 1991 como la Alianza de la Izquierda Democrática (SLD), siguiendo muy de cerca al partido de Mazowiecki, llamado Unión Democrática. En 1993 ese legado del Partido Comunista, junto con el Partido Campesino, lideró el Sejm, debido a que Solidaridad se había fragmentado en numerosos partidos pequeños que no alcanzaron el umbral de votos requeridos para ocupar escaños. Entonces, solo seis años después de la debacle electoral del Partido Comunista de 1989, Kwasniewski ganó las elecciones presidenciales como candidato de la SLD frente a Walesa, a pesar de que los recursos de su partido habían sido confiscados y de los ataques de la prensa y otros políticos.

El ingreso en Europa resultó sencillo, especialmente después de la caída del Muro de Berlín. Se abrieron las fronteras y los polacos pudieron viajar libremente. El Papa Juan Pablo II se involucró en el proceso y ayudó a convencer a otros estados de que aceptasen la entrada de Polonia en los órganos europeos. El país recibió la invitación para ingresar en el Consejo Europeo en 1990. Hasta la caída de la Unión Soviética y la reunificación formal de Alemania, no existían posibilidades reales de que Polonia ingresase en la OTAN o formase parte de la Unión Europea (UE). Sin embargo, cuando se produjo la disolución de la Unión Soviética, en 1991, la colaboración de Occidente era suficiente para que Polonia avanzase hacia esos objetivos.

El rescate y la transformación de la economía era un reto más complejo. El último gobierno comunista había intentado hacerse con el respaldo popular concediendo aumentos salariales significativos y permitiendo a las empresas estatales subir los precios. Esas políticas, junto con el aumento de la carga que representaba el pago de la gran deuda de Polonia desde la década de 1970, dieron lugar a una tasa de inflación del 55% en octubre de 1989.3 Los prestamistas públicos y privados de Occidente, así como las instituciones internacionales, inundaron Polonia de expertos en economía y gobernanza y todos ellos abogaron por una reforma económica urgente y profunda. Con el fin de reestructurar la economía, en diciembre de 1989 el Sejm votó mayoritariamente a favor del plan propuesto por el ministro de Economía Leszek Balcerowicz. Ese «tratamiento de choque» tuvo como consecuencia un aumento del 572% de los precios, mientras que los salarios reales disminuyeron un 24% respecto al año anterior, pese a que Polonia recibió una entrada considerable de inversiones y ayuda extranjera, incluido un «fondo de estabilización» de 1.000 millones de dólares financiado por Estados Unidos y Europa Occidental. Las ayudas y el comercio, así como las «donaciones» de alimentos y las importaciones de comida y bienes de consumo, mantuvieron a flote la economía polaca. Pero también debilitaron los negocios agrícolas y la industria, ya que los bienes occidentales eran más baratos, estaban mejor envasados y resultaban más atractivos para los polacos.

El gobierno disponía de poco dinero para hacer frente a los problemas sociales que trajeron consigo esos cambios. La situación perjudicó a la base electoral de Solidaridad porque no existía una red de seguridad social efectiva para los más afectados por el cierre o la venta de las explotaciones agrícolas y las industrias estatales. Para otros, lo verdaderamente aterrador era la pérdida de poder adquisitivo y la inseguridad acerca de lo que podía ocurrir cuando la privatización aumentase y el gobierno redujese su «presencia».4 El resultado fue una pérdida radical de apoyo para Mazowiecki y su gobierno, y la fragmentación de Solidaridad.

Transformación mediante elecciones

Esa fragmentación provocó que Jaruzelski cediese ante la presión y dimitiera para que Polonia pudiese celebrar elecciones anticipadas y tener un presidente elegido democráticamente. En su campaña, Lech Walesa atacó a Mazowiecki y los intelectuales por haber hundido la economía polaca y por ser demasiado blandos con los comunistas. Mazowiecki le plantó cara, argumentando la postura errática de Walesa. Al final, un desconocido empresario polaco procedente de Canadá ganó a Mazowiecki, pero perdió ante Walesa en la segunda vuelta. Ese fue el principio de lo que sería una división todavía más amarga de Solidaridad. También sentó las bases de los ataques de Walesa contra otros políticos y su desobediencia a las disposiciones constitucionales que limitaban el poder del presidente.

Inicialmente, la finalidad de las elecciones parlamentarias de 1991 era garantizar la aprobación de una Constitución en un Parlamento elegido libremente. También reflejaban la necesidad internacional de Polonia de ponerse al día con los estados de Europa Oriental, cuyo proceso de democratización comenzó más tarde, cuando se sintieron menos abrumados por el temor a los límites que podían imponer los soviéticos. Dado que sus primeras elecciones fueron libres, cumplieron antes que Polonia los requisitos para elegir representantes al Parlamento Europeo.

Los resultados de esas primeras elecciones parlamentarias libres de 1991 fueron desastrosos para la estabilidad política. Solidaridad se había fragmentado en numerosos partidos; de entre ellos, los más fuertes eran populistas y de signo nacionalista-religioso. Tras una pugna relativa a la normativa electoral, se establecieron unos umbrales tan bajos que más de 111 partidos cumplían los requisitos para presentarse; 29 superaron el umbral del 5% para obtener escaños en el Sejm y 22 llegaron al Senado. No había ningún partido o coalición que tuviese una mayoría amplia. Ese resultado, junto con el deseo de Walesa de controlar todas las decisiones, provocó constantes luchas respecto a los nombramientos y un encarnizado debate sobre la eliminación de la «línea gruesa». Polonia había dejado de tener un gabinete con distintos puntos de vista que adoptase una postura unificada en las cuestiones políticas fundamentales y un Parlamento que respetase las decisiones del gobierno.

El Sejm se vino abajo después de que los radicales próximos al ministro del Interior acusasen a destacados miembros del gobierno y del Sejm, así como a Lech Walesa, de ser agentes de la Policía secreta. Cuando se disolvió el Sejm, se aprobó una nueva «Pequeña Constitución» de carácter provisional, en la que se especificaban las funciones de las diversas instituciones y se establecía un umbral más elevado para obtener escaños en la Cámara. En las elecciones anticipadas celebradas en 1993 a consecuencia de esa situación, la derecha estaba tan dividida que fueron pocos los partidos que alcanzaron el umbral para ocupar escaños. La SLD obtuvo un nuevo respaldo electoral por haberse quedado al margen de los conflictos y por su reputación de «modernizadores racionales»; también la apoyaron aquellos que recordaban las ventajas del comunismo y los que fueron atacados por su implicación en el régimen comunista. El Sejm quedó dominado por la SLD y el Partido Campesino.

Dos años más tarde, Kwasniewski derrotó a Walesa en las elecciones presidenciales. Durante su mandato se aprobó una nueva Constitución en la que se recogían las lecciones extraídas de los siete años precedentes. En ella se circunscribían los poderes del presidente y se otorgaba todo el poder legislativo a las dos Cámaras del Parlamento, incluida la competencia para anular el veto presidencial. El presidente únicamente conservó competencias limitadas para disolver el Parlamento. Polonia ingresó en la OTAN y, más tarde, en la UE tras recibir una cuantiosa ayuda para satisfacer las normas de adhesión a la UE y adaptar las Fuerzas Armadas y su equipamiento de la época del Pacto de Varsovia a los requisitos de la OTAN.

Aunque con la nueva economía muchas personas seguían sufriendo estrecheces, Polonia pasó a ser un miembro próspero de la Unión Europea. No obstante, los abusos de su pasado comunista seguían pendientes de resolución y generando inquietudes. Las demandas y reconvenciones –y la exposición de lo que había hecho la Policía secreta– se convirtieron en los instrumentos de la derecha radical. Hasta la aprobación en 1998 de una legislación que establecía un Instituto de la Memoria Nacional, las revelaciones de la «depuración salvaje» sobre quién había sido agente y a quién espiaba constituyeron el centro del debate político y crearon una profunda inestabilidad. Los fantasmas del pasado siguen vivos en Polonia a día de hoy, minando a la Iglesia con declaraciones de sacerdotes que actuaron como agentes y debilitando el respeto que siente la población por el Sejm y –durante las presidencias de Walesa y Kaczynski– por el presidente. La atención se ha centrado en quién ha hecho qué (y cuándo) en lugar de en cómo resolver los problemas actuales.

El interés de los ciudadanos polacos en castigar a las personas por el pasado fue mucho menor que el de los políticos. Los juicios que comenzaron en 2006 contra Jaruzelski y su entorno por haber impuesto la ley marcial y atacado a los manifestantes en 1970 no despertaron un interés real entre la población. La candidatura a un cargo público y los nombramientos políticos exigen que la persona admita haber sido agente (en su caso); sin embargo, muchas de las personas cuya confesión se hizo pública en las mesas electorales han resultado elegidas.

Lecciones extraídas

Cuando los líderes del Partido Comunista recurrieron a Solidaridad en 1988 para diseñar un modo de incluir a la oposición en el sistema, los empujaba la necesidad de hacer partícipe a ese movimiento en lo que sabían que iban a ser unos cambios económicos difíciles. Después de todo, a pesar de las reformas y la apertura del sistema, la declaración de la ley marcial en 1981 no se había olvidado ni perdonado.

Optaron por una vía diferente que incluía desde la participación de los líderes de la Iglesia Católica como partidarios de las negociaciones, hasta conversaciones informales con los defensores intelectuales de Solidaridad y, a continuación, un proceso formal de Mesa Redonda. Para los líderes de Solidaridad las negociaciones de la Mesa Redonda constituyeron una oportunidad para resurgir como organización legal que podía atribuirse ciertas mejoras en la vida de los ciudadanos. El proceso se llevó a cabo porque Solidaridad contaba con una base de negociadores y expertos que eran conocidos por su trabajo en la oposición; los miembros de ambos bandos se conocían y podían trabajar juntos. Asimismo, los líderes del gobierno y el partido que defendieron el cambio eran las mismas personas que habían declarado la ley marcial y controlado los servicios de seguridad; por tanto, no se trataba de una oposición real en la retaguardia del antiguo régimen comunista. El proceso fue público desde el principio. Una vez que comenzaron las conversaciones, los debates corrían a cargo de expertos que representaban a ambos bandos y se centraban no solo en cómo abrir y reestructurar el sistema, sino también en los problemas sociales y económicos, que incluían desde la reforma educativa hasta los derechos de los trabajadores, cuestiones que importaban directamente a la población.

Los resultados de las elecciones, imprevistos para ambas partes, modificaron el proceso. Pero como los dirigentes comunistas habían diseñado las normas electorales, sus líderes no tuvieron otra opción que asumir la derrota y la deserción de sus aliados. Ninguno de los bandos sabía qué iba a ocurrir a continuación. Así que los líderes de Solidaridad reunieron a todos los partidos en el gabinete y aquellos que se habían presentado como miembros del Partido Comunista votaron a favor de los cambios profundos en materia política y económica.

Dado que ninguna de las partes tenía previstas las acciones que se debían llevar a cabo, fue posible realizar cambios drásticos e irreversibles de carácter político y económico. Sin embargo, esos cambios también provocaron una amarga fragmentación de Solidaridad y luchas irresolubles acerca de cómo afrontar el pasado. El sistema político de Polonia evolucionó partiendo de la base de aquello que había funcionado (y lo que no) en la primera década de la transición. Estas lecciones quedaron reflejadas en su Constitución de 1997.

Aunque Polonia llevó a cabo su propia transformación, los actores exteriores desempeñaron un papel importante. El fin del control soviético en Europa Central y Oriental en 1989, y la disolución de la Unión Soviética en 1991, abrieron las puertas a cambios difíciles de imaginar hasta entonces. La colaboración de Occidente con Polonia desde mediados de la década de 1950 hizo ver a los polacos que había alternativas mejores que el comunismo y que el exterior se preocupaba por ellos. Los vínculos económicos con Occidente ejercieron presión sobre los dirigentes polacos para que reformasen el sistema político y económico.

Para el nuevo gobierno, los asesores occidentales, así como los préstamos y la ayuda de los gobiernos de Occidente y las instituciones internacionales, desempeñaron un papel apreciable a la hora de determinar la dirección de la reforma económica y mantener la economía cohesionada después de la transformación. El proceso de cambio económico y político se vio acelerado por el hecho de ser «europeos». Eso, junto con el ingreso en la OTAN y la UE, también legitimó el nuevo sistema a los ojos de la población, si bien muchas personas habían padecido las reformas en un principio.

Al final, la colaboración occidental y el apoyo proporcionado, así como las primeras medidas irreversibles tomadas para transformar las estructuras económicas y políticas del antiguo sistema, permitieron que Polonia se convirtiese en el que quizá sea el país más estable y próspero de los estados poscomunistas. Sirve como ejemplo de uno de los casos más exitosos de transición de un régimen autoritario a la democracia. La economía de Polonia ha logrado mejores resultados que la de la mayor parte de Europa durante la crisis posterior a 2008, y la política polaca ha sobrevivido a los periodos de agitación para pasar a ser democrática e institucionalizada de forma permanente.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE ALEKSANDER KWASNIEWSKI, PRESIDENTE DE POLONIA (1995-2005)

Aleksander Kwasniewski, político de carrera, ascendió en el Partido Obrero Unificado Polaco (Partido Comunista) hasta un puesto menor en el gabinete del último gobierno comunista. Fue un actor importante en la transición desde un régimen comunista autoritario a uno de gobernanza democrática y de economía de mercado, y condujo a los comunistas reformadores al éxito electoral, lo que lo llevó a desempeñar el cargo de presidente durante dos legislaturas en un sistema semipresidencial.

Comenzó como dirigente de la organización estudiantil comunista en Gdansk en 1976 y posteriormente fue editor jefe de las dos revistas estudiantiles de tirada nacional del partido. Durante los últimos años del régimen comunista, de 1985 a 1990, Kwasniewski fue nombrado ministro de Juventud y Deporte y, más tarde, jefe del comité sociopolítico del gobierno desde finales de 1988 hasta 1989. En 1989 fue copresidente, junto con Tadeusz Mazowiecki, del grupo de la Mesa Redonda que se ocupaba de las cuestiones sindicales.

Tras la disolución del Partido Comunista en 1990, Kwasniewski fue cofundador y presidente de su sucesor, el Partido Socialdemócrata, y su grupo parlamentario, la Alianza de la Izquierda Democrática (SLD). Durante su liderazgo la SLD obtuvo buenos resultados en las primeras elecciones plenamente libres de Polonia en 1991 y ganó las elecciones parlamentarias de 1993. Kwasniewski se encargó entonces de dirigir la coalición de gobierno. Esa victoria electoral y su triunfo posterior frente a Lech Walesa en las elecciones presidenciales de 1995 fueron, por una parte, consecuencia del descontento público con el programa económico polaco de «tratamiento de choque» y, por otra, del énfasis de Kwasniewski en un liderazgo político eficaz no ideológico, centrado en la transformación económica.

Concentrándose en un gobierno eficaz, Kwasniewski fue capaz como presidente de salvar las distancias que separaban a la izquierda y la derecha en su primera legislatura, cuando la SLD era la coalición en el poder y, más tarde, después de que la SLD perdiese ante la derecha en 1997. Ese año se hizo con el beneplácito del Parlamento y la aprobación popular de una nueva Constitución –con competencias presidenciales limitadas– que sustituía a la «Pequeña Constitución» instaurada tras la transición. Prosiguió la transición económica hacia el capitalismo, llevó a Polonia hasta la OTAN y la Unión Europea (UE) y consiguió ser reelegido presidente en 2000. En 2001, Kwasniewski ayudó a la SLD a recuperar el poder parlamentario en coalición con el Partido Campesino Polaco, aunque la SLD desaparecería en 2006.

Durante su presidencia y después de ella, Kwasniewski fomentó la cooperación entre los países de Europa Central y Oriental, y estimuló la democratización en toda la región. Lideró los esfuerzos de mediación que pusieron fin en 2004 a la Revolución Naranja en Ucrania y dirigió las delegaciones de observadores de los posteriores juicios a los dirigentes políticos ucranianos acusados de violaciones de los derechos humanos. También ha impartido numerosas conferencias.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE ALEKSANDER KWASNIEWSKI

La transición de Polonia se ha descrito como uno de los casos más fructíferos de cambio de un aparato estatal represivo y una economía ineficiente controlada por el Estado a una economía de mercado y un sistema político democrático. ¿Por qué obtuvo Polonia ese éxito relativo?

Estoy de acuerdo en que Polonia es un ejemplo de éxito. Incluso durante la reciente crisis económica, la economía de Polonia ha seguido creciendo y la estabilidad política ha sido constante. A su vez, el país mantiene relaciones bien reguladas con todos sus vecinos.

El problema de los vecinos es importante, porque casi nadie tiene en cuenta que Polonia no ha modificado las fronteras con el paso de los años, mientras que todos los países de nuestro alrededor sí lo han hecho. Antes teníamos tres vecinos y ahora tenemos siete. Hemos conseguido establecer buenas relaciones con todos ellos. Durante los últimos 20 años Polonia ha exportado estabilidad a la región.

¿Por qué fue posible conseguir una transición duradera a la democracia? En cuanto a la actividad política de la población, los cambios dentro del Partido Comunista y los primeros intentos de reformar el sistema anterior, no cabe duda de que Polonia estaba mejor preparada para los cambios que otros países de la zona. Asimismo, Polonia tenía más vínculos con Occidente que otros países de la región por la diáspora polaca y los contactos personales. Un ejemplo serían las becas internacionales para polacos que ayudaron a personas que, posteriormente, desempeñarían un papel crucial en las reformas.

En Polonia existía un factor adicional que fomentó el diálogo y mitigó los comportamientos extremos: la Iglesia Católica. Durante prácticamente todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, Polonia sufrió constantes crisis políticas que se repetían cada diez años; la primera fue en 1956, la segunda en 1970 y la siguiente en 1976. Las crisis pasaron factura al Partido Comunista. Después, entre 1980 y 1981, entró en escena el movimiento Solidaridad.

En términos generales, el comunismo polaco cambió para mejor tras cada una de esas crisis. En 1956, finalizó el estalinismo y se introdujo una trayectoria nacional polaca, liderada por Wladyslaw Gomulka [líder comunista y líder de facto de Polonia entre 1945-1948 y 1956-1970]. Se le pueden recriminar muchas cosas, pero su trabajo ayudó a que Polonia tuviera cierta independencia de la Unión Soviética. Gomulka cayó en 1970, y en esa década llegó una liberalización parcial del sistema político y una mayor apertura hacia Occidente con Edward Gierek [líder del Partido Comunista, 1970-1980]. Gierek modernizó Polonia. Claro está, se le puede criticar por los préstamos que asumió, pero por otra parte fue el periodo en que Polonia consiguió dar un salto hacia la modernización. Puede parecer gracioso, pero este año se celebra el 40º aniversario de la producción del primer Fiat mini polaco, que se convirtió en el coche típico de Polonia. También fue mi primer coche. Fue un gran paso porque, gracias a ello, Polonia se convirtió en una sociedad en la que la población conducía.

El año 1980 marcó el final del periodo de Gierek y el nacimiento del movimiento Solidaridad, algo sin precedentes en el bloque soviético. Fue la prueba definitiva de que la sociedad no esperaba la «democratización», sino la «democracia», y de que no bastaba con medias tintas. Ya no se aceptaba el eslogan que el partido había repetido durante años: «Sí al socialismo, no a la distorsión».

Movilización social

¿Podría explicar la diferencia entre lo que ha denominado «democratización» y la «democracia plena»?

La democratización significa que todavía tenemos una democracia parcial, algo que se acerca a la democracia, pero que sigue sin serlo. En Polonia teníamos un sistema que se describía como una democracia: «democracia socialista». En la época había un chiste muy conocido: «¿Cuál es la diferencia entre una democracia y una democracia socialista? La misma que entre una silla y una silla eléctrica». Una palabra cambia la esencia de la idea. Y ese fue el principal reto que planteó Solidaridad al sistema entre 1980 y 1981, porque la llegada de una nueva generación, con mejor formación, la gente de las grandes ciudades e incluso de la clase trabajadora, significó que los opositores del Partido Comunista no eran intelectuales; no eran profesores de universidades ni disidentes. Los principales opositores del Partido Comunista y su programa eran trabajadores que debilitaban los alegatos del partido. El partido situó a la clase trabajadora en el centro de todo lo que representaba. Por tanto, el periodo entre 1980 y 1981 fue muy importante.

Naturalmente, la revolución del movimiento de Solidaridad está vinculada de forma muy estrecha a la elección del Papa Juan Pablo II en 1978. La primera visita del Papa a Polonia en 1979 contribuyó a ese gran movimiento. Millones de personas asistieron a sus misas y encuentros. Todo estaba organizado, pero no por el gobierno ni por las estructuras oficiales, sino por el pueblo, mediante la propia organización de la sociedad. Por primera vez durante el periodo del comunismo, la población finalmente se dio cuenta de que podía hacer algo por sí sola, y algo grande como un acto para millones de personas.

En 1980 el clima había cambiado mucho. La mayor parte de la gente de Solidaridad no hablaba acerca de cambiar el sistema porque seguía siendo demasiado arriesgado. Leonid Brezhnev [secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, 1964-1982] seguía en el Kremlin. Sin embargo, era una lucha por la dignidad, una lucha por la libertad, una lucha por la democracia como tal, no solo por la democratización. Sin soluciones parciales. La gente pedía soluciones reales. Y lo hicieron en una época de crisis económica profunda.

Debilitamiento del sistema autoritario

¿Cuál fue la respuesta del Partido Comunista polaco a las demandas generalizadas de apertura democrática y progreso económico dentro del contexto de las restricciones impuestas por la Unión Soviética?

En la caída del comunismo hubo dos elementos decisivos en términos políticos y sociales. El primero fueron los sucesos de Praga en 1968 y la posterior invasión soviética en respuesta a las reformas propuestas por el Partido Comunista checo. Fue el principio del deterioro ideológico del sistema, porque si hay líderes comunistas que hablan de reformas y es necesario recurrir a soldados para detenerlos, significa que el sistema no funciona ideológicamente. El segundo elemento decisivo para la caída del comunismo fue Solidaridad, un movimiento de diez millones de personas, en su mayoría formado por trabajadores polacos que luchaban contra el sistema.

En 1981 la respuesta de [Wojciech] Jaruzelski, primer secretario del Partido Comunista de Polonia por aquel entonces [1981-1989], fue la ley marcial. La instauración de la ley marcial fue una de las decisiones más dramáticas de la historia de Polonia. Si hoy preguntamos a los polacos qué opinan sobre esa decisión, las respuestas están muy divididas. El 50% está seguro de que fue necesaria, porque la situación era extremadamente peligrosa y existían muchas probabilidades de una invasión soviética, y el otro 50% considera que no fue necesaria y que Jaruzelski no estudió otras posibilidades para encontrar una solución. Si me pregunta a mí, estoy convencido de que el miedo a una invasión soviética era muy, muy fuerte. Es bastante probable que si la situación en Polonia hubiese continuado así, los soviéticos, o las tropas del Pacto de Varsovia, hubiesen decidido intervenir en cuestión de un mes. No cabe duda de que habría sido un tipo muy especial de «invasión», porque por entonces ya había 200.000 soldados soviéticos en suelo polaco. No habría sido necesario enviar tropas desde Vladivostok a Varsovia. Habría bastado con recurrir a los soldados de Rembertow, a 20 km del centro de la ciudad.

Por tanto, la década de 1980 fue una época de grandes problemas para Jaruzelski y para Solidaridad. Por primera vez la sociedad estaba profundamente dividida. Tras la imposición de la ley marcial, la mayoría de los polacos estaba decepcionada, frustrada y con una actitud pasiva. La posición del Partido Comunista, del gobierno, era débil. A pesar de las reformas la economía no marchaba bien. Polonia tenía problemas con todos sus socios occidentales: no tenía dinero ni crédito ni relaciones normales. La situación de la Unión Soviética se deterioraba y no podía ofrecer ningún tipo de ayuda a Polonia.

Establecer las bases para el diálogo y la negociación

La situación era bastante trágica y Jaruzelski tenía cada vez más claro que necesitaba un verdadero avance. Era preciso mantener cierto diálogo con la oposición y, ciertamente, pidió primero a la Iglesia que iniciara el diálogo, porque para Jaruzelski la Iglesia Católica polaca era una representación de la sociedad a principios de la década de 1980. En mi opinión sobrevaloró el papel y la posición de la Iglesia. Yo tenía la impresión de que Jaruzelski, que tenía buenos contactos en la Iglesia, estaba seguro de que colaborar con ella sería suficiente para encontrar una solución. Pero no lo fue, porque muchos grupos políticos de la oposición no estaban vinculados a la Iglesia.

Los cambios que tuvieron lugar en la Unión Soviética fueron otro factor importante, cuando Gorbachov puso en marcha la perestroika en 1986. Hasta ese año, en cualquier país comunista era muy difícil concebir un diálogo más abierto con la oposición. Después de 1986 Gorbachov dio luz verde a Jaruzelski. Le dijo: «Está bien, si quiere hacer más reformas, respetando siempre las ideas y los valores socialistas, adelante». Las ideas de Gorbachov no eran tan avanzadas al principio. Sabía que era necesario hacer algo, pero tenía el problema de explicar la necesidad de la perestroika y otros cambios.

A finales de la década de 1980, Jaruzelski estaba completamente convencido de que los problemas de Polonia solo podían resolverse mediante el diálogo. El calendario no le favorecía en absoluto porque las siguientes elecciones de Polonia se celebraron en 1989. Evidentemente no fueron unas elecciones democráticas normales, porque todos los candidatos habían sido aprobados por el Partido Comunista. El problema real fue la participación. El nivel de participación electoral indicaba el grado de apoyo al partido. En muchos casos las cifras publicadas se inventaron, pero los líderes sabían perfectamente cuáles habían sido los resultados reales de las elecciones. El partido tenía claro que en las próximas elecciones no iba a ser posible superar una participación del 30% o el 40%. Una baja concurrencia sería una señal de que ya no se aceptaba el sistema y de que la gente quería un cambio.

La convergencia de esos factores –la economía, la sociedad dividida, las próximas elecciones– convenció a Jaruzelski de entablar un diálogo con la oposición. Las primeras negociaciones discretas tuvieron lugar en 1988 y empezamos oficialmente las negociaciones de la Mesa Redonda en 1989, de febrero a abril. Después de aquello, el sistema cambió.

El por qué del éxito de la transición polaca

Volviendo a la pregunta principal sobre cuál fue el origen del éxito, en primer lugar creo que Polonia estaba mejor preparada que otros países para las reformas. Las crisis «permanentes» de Polonia habían modificado el sistema comunista y en ciertos aspectos era un país más liberal que otros del bloque oriental. En Polonia contábamos con una oposición muy fuerte y ya hacía bastante tiempo que existía un movimiento de oposición tradicional. En 1956 el Partido Comunista tenía algunos disidentes y después surgieron organizaciones de oposición muy sólidas, como el Comité para la Defensa de los Trabajadores (Komitet Obrony Robotników) en 1976 con Jacek Kuron, destacado líder de la oposición democrática, entre otros. La postura de Gierek fue lo suficientemente liberal como para tolerar esos grupos que desarrollaron su actividad a finales de la década de 1970. Y, por supuesto, había una oposición amplia y firme con Lech Walesa como líder de Solidaridad, además de muchas otras personas. Por tanto, en la década de 1980 Polonia estaba muy dividida, pero la parte no comunista de la sociedad estaba bastante bien organizada, especialmente el movimiento Solidaridad, aunque también lo estaban otros grupos pequeños. Esos movimientos establecieron una infraestructura organizativa adecuada, reconocieron a las organizaciones políticas alternativas, nombraron a líderes de la oposición y fueron los grandes representantes de los años en los que se mantuvieron debates acerca de cómo se debía gobernar el país durante los cambios que estaban por venir.

El siguiente elemento importante es que había personas preparadas para liderar e implementar los cambios. Habían recibido una formación muy buena aquí en Polonia, contaban con cierta experiencia en Occidente, y todos ellos estaban a finales de la treintena o principios de la cuarentena, que es la mejor edad para asumir un cargo político e iniciar ese tipo de reformas. Muchos habían estudiado en el extranjero, especialmente en Occidente. Y cuando tuvieron la oportunidad, estaban preparados para proponer reformas. Un buen ejemplo es Leszek Balcerowicz [vice primer ministro y ministro de Economía, 1989-1991 y 1997-2000, arquitecto de las reformas económicas del «tratamiento de choque» conocidas como el plan Balcerowicz], quien había pasado un tiempo en Estados Unidos en la Universidad de St. John. Marek Belka [primer ministro, 2004-2005, ministro de Economía, en 1997 y 2001-2002], gobernador del Banco Central en la actualidad, también había estudiado en Estados Unidos.

Además, en el último gobierno comunista, Mieczyslaw Rakowski –famoso editor jefe de Polityka, un excelente periódico polaco, y último primer secretario del Partido Comunista [1989-1990]– fue primer ministro [1988-1989] antes de la transición. Su gobierno, del que formé parte, presentó numerosas reformas importantes y nuevas leyes que ayudaron en gran medida a la economía de Polonia. La más importante fue la denominada ley Wilczek. Mieczyslaw Wilczek fue ministro de Industria y su propósito era crear un clima propicio para los empresarios. En mi opinión, todo lo que propuso Wilczek hace 25 años era mucho mejor que lo que propone nuestro gobierno en la actualidad. Así que en términos fiscales, burocráticos, entre otros, disponíamos de un clima mejor para las empresas que otros países comunistas. No cabe duda de que la situación económica de Polonia en aquella época era terrible; pero aun así tuvimos el valor y la determinación suficientes para llevar a cabo esas reformas.

Las lógicas y equilibrios de la Mesa Redonda

En cuanto al modo en que los actores clave abordaron las negociaciones, por ejemplo las conversaciones de la Mesa Redonda, gran parte depende de su peso relativo. En algunos casos, existe un gobierno fuerte y una oposición débil, o al revés. Ha explicado que Jaruzelski tomó la iniciativa, pero había un actor principal en la oposición: Solidaridad. ¿Cómo se desarrollaron los debates entre los comunistas duros y los reformistas?

Puede haber un gobierno fuerte con una oposición débil o un gobierno débil con una oposición fuerte. La mejor situación, que es la que se dio en Polonia, es tener socios más débiles en ambos bandos y no socios más fuertes. Antes de las negociaciones de la Mesa Redonda, los dos socios principales estaban completamente debilitados. El Partido Comunista carecía de fuerza y no había planificado qué hacer ni cómo gestionar la ineficacia de la economía. Para la gran mayoría de las personas, e incluso para muchas del Partido Comunista, la necesidad de reformas políticas de gran calado era algo incuestionable. La posición de Solidaridad también era bastante débil. No era la Solidaridad de 1980 y 1981 con diez millones de miembros. Habían pasado diez años, era una Solidaridad agotada y sin popularidad. Creo que el éxito de la Mesa Redonda polaca fue posible porque teníamos dos bandos que no eran demasiado fuertes, pero ambos estaban firmemente convencidos y sentían la responsabilidad de que era el momento de realizar algo importante para el futuro, ya que la situación no podía continuar así. Ese es un elemento clave. A mi juicio, si uno de los bandos es fuerte y el otro débil, es imposible alcanzar un acuerdo. Es lo que observamos en la actualidad en el conflicto entre Israel y Palestina, por ejemplo.

El Partido Comunista de Polonia estaba formado por dos millones de personas, con varias tendencias en su seno, pero con dos grupos principales. Estaba el grupo de los «reformistas», que era consciente de que el cambio era necesario y de que sin una transformación verdaderamente profunda no tendríamos ninguna oportunidad. Entre los reformistas, sin duda, había personas más moderadas, otras más radicales y otras más valientes. El líder de ese grupo era Jaruzelski; si él no hubiera estado convencido de la necesidad de las reformas, no habría ocurrido nada. Los demás líderes de los partidos comunistas de la región nunca aceptaron las reformas. Erich Honecker [secretario general del Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania, 1971-1989] y Gustáv Husák [presidente de Checoslovaquia, 1975-1989] no las aceptaron; solo lo hizo János Kádár [secretario general del Partido Socialista Obrero Húngaro, 1956-1988]. Jaruzelski consideró que la ley marcial era necesaria a principios de la década de 1980, pero después de su instauración se dio cuenta de que su única opción era el diálogo. Ya no le quedaba otro modo de ser más riguroso, fuerte o represivo. Para él, la única forma de avanzar era convertirse en un líder más liberal, no más represivo. Naturalmente, algunos miembros del partido estaban en contra de las reformas y advertían el enorme riesgo que implicaban. Su principal argumento era que si continuábamos con ellas, el Partido Comunista perdería poder. En la actualidad, ya a posteriori, podemos afirmar que tenían razón. Los reformistas estaban equivocados acerca del futuro del partido. Cuando comenzaron las reformas –Gorbachov con la perestroika y Jaruzelski aquí en Polonia– resultó ser el principio del fin del partido.

Creación del consenso para el cambio

Jaruzelski decidió proseguir con las negociaciones de la Mesa Redonda y las reformas en el último tramo de la década de 1980. Contó con el ánimo y el apoyo de Gorbachov, lo cual era importante para él. La situación era tensa. Durante un debate muy acalorado en una de las reuniones del Comité Central, los duros comenzaron a atacar a Jaruzelski por el diálogo de la Mesa Redonda, afirmando que era muy fuerte y que destruiría al partido. Fue la única vez en su larga carrera política en que Jaruzelski decidió utilizar una especie de chantaje. Afirmó que sabía que muchos de sus camaradas estaban en contra del diálogo, por lo que dimitiría y podrían elegir a un nuevo primer secretario. Algunos de sus colaboradores más próximos anunciaron que también dimitirían. Por supuesto, el Politburó decidió acatar la decisión del Comité Central. El resultado de la votación fue que Jaruzelski debía quedarse y, de ese modo, se aceptaba la línea pro-reformista del partido. En los partidos comunistas, esas situaciones dramáticas, con amenazas de dimisiones y revueltas, sencillamente no tienen lugar. La puesta a disposición del cargo fue una señal muy importante de la determinación de Jaruzelski y de su equipo de llevar a cabo esas reformas.

Por aquel entonces yo tenía treinta y uno o treinta y dos años, era el ministro más joven del gobierno polaco, porque había sido nombrado ministro de Juventud y Deporte cuando solamente tenía treinta y un años. Era joven, contaba con una buena educación y había viajado por todo el mundo. En 1976 pasé tres meses estudiando en Estados Unidos. A mí me resultaba bastante sencillo comprender lo que era comparar el comunismo y la Unión Soviética con Occidente, con los países desarrollados. Sin duda, era una constatación decepcionante y una situación muy frustrante. También pasé algún tiempo en Alemania Occidental como estudiante. En aquella época era terrible comparar Polonia con Alemania Occidental. No había punto de comparación; Polonia estaba muy subdesarrollada.

Para mi generación, era muy evidente que Polonia requería un cambio, necesitábamos modernizarnos. Queríamos formar parte de ese mundo mejor y desarrollado. El problema era cómo conseguirlo. ¿Cuál debía ser el planteamiento? Mis compañeros de universidad y yo teníamos dos o tres posturas generales. La primera, que era mi postura, consistía en que debíamos hacer todo lo posible para apoyar las reformas y cambiar el sistema lo máximo posible. Sin embargo, también debíamos aceptar el hecho de que teníamos el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética, todas esas limitaciones que eran fruto de la Segunda Guerra Mundial y que no podíamos cambiar. Algunos compañeros de la oposición (y la oposición era bastante activa en esa época de finales de la década de 1970) afirmaban que no era posible reformar el sistema. Consideraban que era necesario luchar contra él, aunque tuviésemos que pagar un precio muy elevado.

La tercera postura, que respaldaban muchos de mis compañeros, era que ninguna de las estrategias anteriores iba a funcionar. No estábamos preparados para cambiar ni reformar el sistema desde dentro. No estábamos preparados para pagar el elevado precio de ser nuevos revolucionarios ni de ser encarcelados por disidentes. La única opción era marcharse. Fueron muchos los que abandonaron Polonia a principios de la década de 1980, y esa ola de inmigración polaca, sobre todo después de la ley marcial, fue bastante grande. Gran parte de esos polacos siguen en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y en otros países europeos.

Fui miembro del Partido Comunista y ministro del gobierno, y para mí todo lo que ocurrió durante los últimos años de la década de 1980, antes de las conversaciones de la Mesa Redonda, fue fascinante, una oportunidad de hacer algo que se aproximaba a mi forma de pensar. Participé en todos estos procesos desde el principio, porque una de las primeras decisiones que tomó Rakowski para cambiar la situación y para llevar a cabo algunas reformas políticas fue debatir la Ley de Asociaciones con la Iglesia y la oposición. A finales de la década de 1980 esa nueva ley permitió que varios tipos de asociaciones se pudiesen organizar al margen del control estatal. Fue un gran paso adelante.

Presidí el diálogo con la Iglesia. Recuerdo reunirme con algunos obispos y sus asesores. Uno de los asesores del episcopado era Jan Olszewski [primer ministro, 1991-1992]. Estaban tremendamente sorprendidos por la juventud del equipo. La primera reacción de nuestros interlocutores fue bastante negativa, porque estaban convencidos de que era una broma de Rakowski, de que no podía actuar en serio al enviar a ministros tan jóvenes a debatir la Ley de Asociaciones. Para mi generación fue una oportunidad magnífica; para nosotros no suponía un problema que nuestro antiguo partido ya no fuese capaz de mantenerse activo en la nueva era.

Proceso y mecanismo de negociación

¿Cómo se plantearon el general Jaruzelski y su equipo la situación de cara a las conversaciones de la Mesa Redonda?

El líder del equipo de Jaruzelski para las conversaciones de la Mesa Redonda era el ministro del Interior, Czeslaw Kiszczak [1981-1990]. Fue muy buena idea que el ministro del Interior, la persona más odiada por la oposición, fuese el líder del gobierno en las conversaciones, porque la oposición podía ver en él a un hombre capaz de tomar decisiones. Era la persona más próxima a Jaruzelski y, como principal opresor, en ese momento era responsable de la democracia y la liberalización. Por tanto, desde el punto de vista tanto psicológico como político, considero que fue una decisión muy acertada. En el equipo también estábamos Florian Siwicki, ministro de Defensa, el primer ministro Rakowski, tres miembros del Politburó (Stanislaw Ciosek, Wladyslaw Baka y Janusz Reykowski) y yo.

Nunca formé parte del Politburó; únicamente era miembro del gobierno, un ministro del gobierno de Rakowski, pero fui uno de los copresidentes de los tres grupos de la Mesa Redonda. En la estructura general de la Mesa Redonda todos los delegados se sentaban alrededor de una mesa; en las reuniones había dos presidentes, Kiszczak y Walesa. Había tres comisiones que se encargaban de todos los documentos y las decisiones. En la que yo copresidía con Mazowiecki, debatíamos sobre los sindicatos y sobre cómo legalizar Solidaridad. Reykowski, miembro del Politburó, y el profesor Bronislaw Geremek, eran los copresidentes de la comisión de política. El tercer grupo se encargaba de la economía; los copresidentes eran [Wladyslaw] Baka, miembro del Politburó, y el profesor Witold Trzeciakowski, miembro de la oposición. Ese fue el equipo con el que trabajó Jaruzelski y su papel fue absolutamente clave.

A mi parecer, en el planteamiento de Jaruzelski confluían varios elementos. El primero era que, tras la ley marcial, era muy importante buscar una solución nueva, ya que organizar algo parecido a lo que ya existía sería un desastre; la situación era totalmente distinta. Creo que Jaruzelski tenía un interés especial en la idea de la democratización y la liberalización. No estoy tan seguro de que pensase en una democracia plena, sino que su objetivo se aproximaba más a la democratización. Sin embargo, siento un gran respeto por su determinación, porque la vi. Es uno de los pocos políticos que comenzó su carrera con la ley marcial y la acabó con diálogo y una transición pacífica del sistema político. Es mucho más habitual tener un presidente o un primer ministro elegido democráticamente que acaba imponiendo una ley marcial u otro tipo de medida represora. Creo que es una persona muy especial entre los dictadores o cuasi dictadores.

¿Cuál fue la estrategia del Partido Comunista para afrontar las conversaciones de la Mesa Redonda?

La idea era muy sencilla: invitar a la oposición y proponerle compartir el poder y la responsabilidad. Inicialmente creíamos que el proceso de transición tardaría cuatro años como mínimo, pero evidentemente nos equivocamos. Y de acuerdo con la Constitución las elecciones se celebrarían en 1989. Las elecciones de 1989 no fueron completamente democráticas. La idea era otorgar el 35% de los escaños del Parlamento a la oposición en elecciones libres, y reservar el 65% restante para el Partido Comunista y sus aliados. Posteriormente se celebrarían elecciones presidenciales y (aunque nunca lo debatimos oficialmente) desde el principio todos tuvimos claro que el candidato durante el periodo de transición sería Jaruzelski. Propuse organizar un Senado, una segunda cámara del Parlamento. La oposición manifestó su total desacuerdo al afirmar que podían aceptar elecciones al Parlamento que no fuesen totalmente democráticas, pero se preguntaban cuántas más tendrían que aceptar. Entonces propuse elecciones estrictamente libres al Senado, y se aceptó la propuesta. Fue una sorpresa para los líderes de la oposición y para mis compañeros, pero les expliqué que el partido, que había gobernado el país durante casi 50 años, debía estar preparado para participar en elecciones plenamente libres al Senado. Aunque el 100% de los senadores perteneciesen a la oposición, seguiría existiendo una mayoría reducida para elegir a Jaruzelski presidente. Mi argumentación fue demagógica, ya que dije: «Miren, si este partido no está ni siquiera preparado para llevar a cabo un experimento menor, significa que no es un partido político. Y, por tanto, tendremos que admitir que nuestro partido no es capaz de ganar nada. ¿Cómo vamos a decir que estamos preparados para gobernar el país, pero que no nos interesa hacer un ejercicio así con las elecciones?». Yo no era tan pesimista, claro está. Estaba seguro de que en las elecciones al Senado, al menos el 30 o el 35% de los escaños se quedaría en manos del Partido Comunista. Con Jaruzelski como presidente, incluso con un Senado elegido libremente, seguiríamos teniendo el control de la mayoría del Parlamento y habría funcionado para la fase siguiente [libre elección de órganos cuatro años más tarde].

Todo cambió después de las elecciones de junio. Era imposible ignorar los resultados, que favorecieron a la oposición. Una vez más, Jaruzelski tuvo una actitud muy responsable, porque muchos miembros del Partido Comunista, sobre todo de los partidos de coalición –algunos grupos minoritarios y, sobre todo, los vinculados a la Iglesia– lo presionaron para que declarase las elecciones ilegales y nulas. Se negó, dijo que era necesario asumir los resultados e incluso aceptar que era un mal resultado para el Partido Comunista y que, por tanto, debíamos considerar nuevas soluciones para el futuro. Las elecciones aceleraron el proceso, aunque con el tiempo habría sucedido de todos modos.

El papel de los líderes autoritarios
en la promoción de la transición

No siempre es necesario que alguien haya sido demócrata toda su vida para que desempeñe un papel importante en la materialización de la democracia. ¿Está de acuerdo con que el general Jaruzelski sería un buen ejemplo de esta afirmación?

Desde luego. Entre todos los líderes del bloque soviético, Jaruzelski destaca por su inteligencia, su buena educación, su cultura y su dignidad. Su planteamiento era muy pragmático. Sabía que si no había diálogo ni cambios, no tendría ninguna posibilidad de hacer algo por la economía ni de incorporar las opiniones de la oposición. Sin duda, Gorbachov fue otro elemento importante, porque Jaruzelski mantenía un trato muy correcto y cercano con él. La relación personal entre ellos era muy buena y creo que, quizá, para Gorbachov, Jaruzelski y Polonia fueron un laboratorio muy importante en el que ver cómo funcionaban ciertos experimentos.

Jaruzelski es un hombre de numerosas paradojas. Nació en el seno de una familia de la nobleza polaca. Antes de la guerra acudió a escuelas católicas, incluida la escuela de Marianów, profundamente católica aquí en Varsovia. Perdió a su padre durante la Segunda Guerra Mundial; murió en algún lugar de la Unión Soviética, porque la familia fue deportada a Siberia cuando la Unión Soviética invadió Polonia. Allí pasó los años de la guerra. Después comenzó su carrera en el Ejército polaco, vinculado al gobierno comunista. Llegó a ser general, ministro de Defensa y, por último, primer ministro.

Nadie es perfecto; cometió muchos errores y su vida también estuvo plagada de oportunismo. Pero un elemento muy especial que me gustaría destacar es su firme patriotismo. Es un hombre de profundos sentimientos hacia el Estado polaco. Su sentido de la responsabilidad en todo lo que hizo y su patriotismo tuvieron, a mi modo de ver, una enorme importancia en él y en sus decisiones, especialmente las últimas que tomó. En 1989 cuando fue elegido presidente por un solo voto de diferencia en la Asamblea Nacional, abandonó el cargo un año más tarde. Tuvo claro que su tiempo se había acabado y dimitió como presidente de un modo totalmente pacífico. Gracias a eso fue posible organizar las elecciones generales de 1990 y Walesa fue elegido para sucederlo. Si preguntamos a las personas que trabajaron con Jaruzelski en aquella época, como Mazowiecki, todos dirán que su colaboración era de una lealtad extrema. Seguía teniendo mucha influencia en el Ejército y en algunos ámbitos del Ministerio del Interior, pero nunca la utilizó para imponer su voluntad. Fue completamente leal al nuevo primer ministro y a su sucesor, Walesa. En realidad eso fue el final de su vida política porque dimitió un año más tarde, pero demuestra que es posible comenzar como dictador y terminar como un hombre de Estado de convicciones democráticas.

Creación de nuevos partidos políticos

¿Por qué decidió usted que debía avanzar, dejar el antiguo partido y crear uno nuevo?

Decidí organizar el nuevo partido porque me di cuenta de que el Partido Comunista de Polonia formaba parte del pasado. Pertenecía a un sistema represor sin reglas democráticas. El partido (e incluso su ideología) se había vuelto del todo ineficaz y, para ser sinceros, inaceptable en la nueva era democrática. Una de las primeras declaraciones de los documentos del nuevo partido, Socialdemocracia de la República Polaca (SdRP), fue que queríamos tener una representación política que fuese proporcional al apoyo con el que contábamos, que respetábamos las reglas de la democracia. Si obteníamos un 5% de los votos, ese sería nuestro papel: un 5%. Si obteníamos el 55%, tendríamos mayoría y seríamos responsables del país.

La primera coalición que organicé con Wlodzimierz Cimoszewicz [candidato a la presidencia en las elecciones de 1990 y primer ministro, 1996-1997] fue la SLD (Sojusz Lewicy Demokratycznej), la Alianza de la Izquierda Democrática. El partido formó parte de la coalición Socialdemocracia de la República Polaca [que se convirtió en el partido de herencia poscomunista]. Me siento orgulloso de que, en estos 23 años, el partido no haya provocado ningún conflicto democrático. Se trata de uno de los partidos más limpios y defensores de la democracia y acepta todos los aspectos de un sistema democrático.

¿Cuando comenzaron las negociaciones preveía usted la necesidad de contar con un nuevo partido?

No, no exactamente. Durante las negociaciones, nadie habló de nuevos partidos porque el proceso era muy frágil. Éramos buenos negociadores, pero no profetas. Ninguno de nosotros era capaz de prever la caída de la Unión Soviética, la reunificación alemana y el colapso del Partido Comunista polaco. Para ser sinceros, quizá fue mejor así. No habría sido muy útil tener demasiados objetivos durante unas negociaciones de ese tipo, porque ¿qué significaría un cambio así?

Gracias a Dios no debatimos la reunificación alemana. Nos limitamos a analizar cómo cambiar el sistema político y la economía de Polonia. Durante un debate largo y agotador con la oposición, les dije: «Miren, sé que las luchas por el poder son complicadas. Pero ¿por qué es tan difícil renunciar al poder?». Para mí era evidente que el diálogo entre la oposición y el Partido Comunista suponía que, como mínimo, compartiríamos el poder y la responsabilidad. La oposición estaba participando en la política y eso era lo importante. En las elecciones de junio de 1989, Solidaridad ganó de forma espectacular; se hicieron con 99 de los 100 escaños del Senado. En mi opinión, el resultado estaba claro: el Partido Comunista polaco formaba parte del pasado y no tenía ninguna posibilidad de ser un elemento eficaz y respetado en la nueva Polonia democrática.

Reforma económica

El periodo clave para nuestro éxito fue posterior a las elecciones de 1989. El nuevo gobierno de Tadeusz Mazowiecki [el primero no comunista en ocupar el cargo de primer ministro, 1989-1991] era, en términos formales, un gobierno de coalición, porque el Parlamento contaba con representación de todos los grupos políticos. El Parlamento elegido en 1989 no había salido de unas elecciones totalmente democráticas, pero se dedicó por completo a realizar esas reformas. Su modo de enfocar todas las cuestiones era muy bipartidista.

El gobierno de Mazowiecki y Balcerowicz utilizó el clima favorable de la transición, esa explosión de esperanza y expectativas positivas, para aplicar un «tratamiento de choque» a la economía. El tratamiento incluía medidas económicas muy duras, por lo que la población perdió dinero y, en muchos lugares, también su trabajo. Cerramos numerosas grandes fábricas. El desempleo aumentó mucho. No obstante, para recurrir a un tratamiento de choque es necesario encontrar el momento oportuno; si no se aplica en el momento adecuado, no funciona. En algunos países, decidieron aplicar las medidas de choque dos o tres años después de reinstaurar la democracia. Pero para entonces ya era demasiado tarde, porque la población no tenía el mismo entusiasmo y estaba menos dispuesta a hacer sacrificios.

También existían factores sociales destacables. En este nuevo contexto, los polacos demostraron algo que nos sorprendió incluso a nosotros: su fuerte espíritu emprendedor. Era increíble. En la actualidad, Polonia es probablemente una de las sociedades de Europa más orientada a la iniciativa empresarial. Tenemos aproximadamente dos millones de pequeñas y medianas empresas para las que trabajan entre siete y ocho millones de personas. Son empresas muy flexibles, lo que nos ha permitido gestionar la reciente crisis económica con tanta eficacia. Si cuentas con dos o tres empresas grandes y tienes problemas con el comercio, al gobierno le resultará complicado hacer frente a la situación. Si tienes dos millones de empresas pequeñas, puede que no sepas a qué se dedican, pero sabrán encontrar su nicho. El auge de los pequeños empresarios fue muy positivo para Polonia.

Descentralización

El siguiente cambio importante que contribuyó a nuestro éxito fue la descentralización. Uno de los principales errores de muchos países poscomunistas es que tienen un problema de descentralización. Decidimos cambiar el sistema y conceder más prerrogativas a las autoridades locales y regionales. Organizamos las primeras elecciones locales plenamente democráticas en mayo de 1990, 11 meses después de las primeras elecciones parcialmente libres al Parlamento. Así que podemos afirmar que en mayo de 1990, en Polonia contábamos con un Estado mucho más descentralizado con numerosas competencias nuevas y nuevos fondos para los municipios, las regiones y las provincias.

¿Qué efectos tuvo esa decisión? En primer lugar, había mucha más energía en el ámbito local, porque las personas que querían hacer algo ahora podían hacerlo. Contaban con los instrumentos y los fondos. En segundo lugar, la población podía elegir a sus líderes locales, personas muy conocidas en la ciudad o la región. Tenían sus propios alcaldes, sus propios líderes en los consejos, etc. La descentralización también fue muy significativa para controlar mejor los problemas de corrupción. No cabe duda de que la corrupción sigue siendo un problema en todas partes, pero con una estructura estatal descentralizada resulta más fácil controlarla. De entrada, la burocracia no está tan desarrollada. Para tomar una decisión no es necesario pasar por innumerables oficinas y niveles. La toma de decisiones está más próxima a las personas y a los ciudadanos. Y comunidades locales fuertes pueden supervisar lo que ocurre con esas autoridades locales. Es fácil darse cuenta de si el alcalde de la ciudad tiene un vehículo modesto un año y al año siguiente tiene un automóvil muy costoso. Aunque es una simplificación, sirve para ilustrar el mecanismo.

Por último, en cualquier análisis que explique los motivos del éxito en Polonia es importante señalar que en los primeros 20 años fue posible alcanzar un consenso político amplio acerca de los principales elementos de la estrategia política polaca. Aquí se incluyen los cambios democráticos de 1989 a 1991, el plan Balcerowicz y el ingreso en la OTAN, que fue fundamental para la seguridad de Polonia. Llegamos a un consenso general en cuanto a la nueva Constitución que se adoptó por referéndum en 1997. Más tarde, conseguimos ganar el referéndum para el ingreso en la UE con un 75% de los votos a favor. Esa fue, probablemente, la última vez que obtuvimos un consenso tan amplio y que hubo bipartidismo.

Cuándo aplicar un tratamiento de choque a la economía

En todas las transiciones el motor impulsor es de carácter político y los líderes adoptan la política económica en función de sus efectos en la evolución política de la transición. En algunos países los cambios económicos se llevaron a cabo gradualmente para evitar una reacción violenta. Sin embargo, en Polonia aplicaron el tratamiento de choque. ¿Por qué tomaron esa decisión?

Puede que el elemento esencial sea dar con el momento oportuno, aunque conviene recordar que no existe una única respuesta para todas las situaciones de todo el mundo. Sería fantástico disponer de dos o tres recetas, como si fuésemos a la farmacia, y tener soluciones para los problemas de Cuba, Myanmar u otros países, pero eso es imposible. Si queremos analizar el caso polaco, es fundamental recordar que teníamos una situación económica tan mala, tan dramática, que había margen para tomar decisiones arriesgadas. Sufríamos hiperinflación y teníamos una enorme deuda externa. Las reformas radicales fueron el modo de avanzar hacia una situación mejor. No obstante, creo que tuvimos suerte de que el gobierno se considerase obligado a hacer algo con la economía. Encontraron al hombre adecuado y a las personas correctas; un grupo bastante grande de gente que trabajaba con Balcerowicz y que estaba preparada, profesional e intelectualmente, para llevarlo a cabo. En ocasiones es necesario realizar una cirugía de urgencia, pero si no cuentas con buenos médicos, puede terminar en tragedia. En Polonia encontramos buenos «médicos», especialistas con una gran determinación. Durante los primeros meses de la nueva democracia, la situación política estaba llena de comprensión mutua. Había representantes del antiguo Partido Comunista en el Parlamento. El ambiente estaba cargado de responsabilidad, se comprendía plenamente la necesidad de la situación y del futuro. Desde entonces, hemos tenido varios parlamentos elegidos democráticamente, pero si pregunta qué Parlamento fue el mejor, muchas personas responderán que el del periodo entre 1989 y 1991; aunque este primer Parlamento no fue elegido de un modo totalmente democrático, sí existía un ambiente especial de comprensión y compromiso.

Esa combinación de cambios importantes en el sistema político y decisiones bastante difíciles en materia económica fue factible durante los dos primeros años; después habría sido completamente imposible. Las primeras elecciones totalmente democráticas al Parlamento de 1991 se organizaron sin el umbral del 5%, de forma que cualquier partido, incluso uno que solo ganase el 1% de los votos, tenía la posibilidad de obtener escaños. La consecuencia fue que el Parlamento estaba formado por 23 partidos políticos diferentes. ¿Cabe imaginar que esos 23 partidos políticos llegarían a un acuerdo para apoyar un programa tan duro y complejo que se cobraría puestos de trabajo y crearía pobreza en algunas regiones? Habría sido imposible. Por lo tanto, el momento oportuno es decisivo. La población del norte de África y de otros lugares lucha actualmente por la libertad, la democracia, la dignidad, por todo. Es evidente que no están preparados para aceptar, ni tan siquiera para debatir, determinados problemas económicos muy complejos. Y, por supuesto, cuando el sistema cambie y lleguen al poder, la primera reacción será más partidos políticos, menos diálogo y más conflictos. Es muy difícil encontrar esa pequeña oportunidad para realizar reformas económicas necesarias pero dolorosas; en mi opinión, ese es el principal reto de las transiciones democráticas, tanto en términos prácticos como teóricos.

Por tanto, ¿cómo se combinan estos dos elementos: un nuevo sistema político con una explosión de expectativas (en ocasiones muy poco realistas) y un planteamiento económico pragmático? ¿Cómo se genera el apoyo y la comprensión de esas difíciles reformas por parte de los nuevos líderes políticos, los numerosos partidos políticos nuevos y la gente de a pie?

Lo que sé de otros países de la región es que cuando decidieron ir paso a paso, sin tratamiento de choque (y muchos líderes estaban, desde el punto de vista programático, totalmente en contra de ese tipo de políticas), ocasionaron numerosos problemas, porque seguía siendo necesario tomar decisiones muy dolorosas. Es semejante a lo que ocurre con la cirugía: podemos aceptar una operación compleja y arriesgada durante un tiempo muy limitado, pero sería intolerable someternos a una operación menos dolorosa aunque desagradable todos los meses durante cinco o siete años. Un caso similar en la actualidad sería el de Grecia, por ejemplo.

Reforma constitucional

En la mayoría de las transiciones es fundamental elaborar una nueva Constitución y un nuevo pacto social. En Polonia se realizaron algunos cambios a la Constitución en 1989 y otros en 1992 con la «Pequeña Constitución». Durante su presidencia, Walesa no fue capaz de aprobar una reforma constitucional sustantiva, pero usted sí lo hizo en 1997. ¿Cuál fue el proceso que permitió a Polonia alcanzar el consenso para aprobar una nueva Constitución?

La adopción de la nueva Constitución era imprescindible a la vez que muy difícil. Francamente, la situación de Polonia se aproximaba a la de Chile [que carecía del consenso político para sustituir la Constitución de Pinochet]. Nosotros teníamos la Constitución del antiguo comunismo cada vez más enmendada, ya que era difícil obtener una mayoría constitucional de dos tercios en la Asamblea Nacional. De hecho, es más fácil conseguir apoyos en un referéndum. En Polonia el motivo para luchar por una nueva Constitución estaba claro: nuestra antigua carta fundamental era de la década de 1950, se había enviado a Moscú y la había revisado Stalin. Por ello, para muchos polacos resultaba completamente natural y necesario cambiar la que parecía ser una Constitución estalinista. Era importante modificarla desde un punto de vista político, aunque también por su contenido.

Mi predecesor en el cargo de presidente de la Comisión Constitucional del Parlamento fue el profesor Geremek, una persona extremadamente inteligente y respetada. No triunfó porque era difícil completar la tarea en los parlamentos de 1991 a 1993, debido a que estaban formados por demasiados partidos políticos con opiniones diferentes. En las elecciones de 1993 decidimos aceptar un umbral del 5% para que los partidos pudiesen entrar en el Parlamento. Con el umbral y dada la desintegración de las fuerzas de la derecha, ningún partido de extrema derecha obtuvo representación en el Parlamento. La SLD junto con nuestro socio de coalición, el Partido Campesino Polaco [Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL] se hizo con la mayoría en el Sejm. Y yo [como líder de la SLD] fui nombrado presidente de la Comisión Constitucional. Enseguida invité a un partido de la oposición muy favorable a la Constitución, el partido de Mazowiecki y Geremek, Unión por la Libertad, a que formase parte de esa mayoría constitucional y comenzamos a trabajar juntos.

Cuando un Parlamento se plantea proyectos de ley justo antes de que finalice su mandato, corre el riesgo de que se rechacen en la siguiente sesión, ya que el nuevo Parlamento no está obligado a debatir los proyectos de ley de la legislatura anterior. Ocurría lo mismo con la Constitución. Teníamos cinco o seis proyectos muy útiles, algunos de ellos elaborados por los partidos conservadores, que no estaban en el nuevo Parlamento. Pero decidí que trabajaríamos con todos estos proyectos.

La idea era analizar y debatir todos los proyectos y las propuestas. Claro está que nos llevó mucho tiempo, pero controlábamos la agenda porque contábamos con la mayoría. Después, comenzamos a hablar con la Iglesia Católica, que era un actor muy importante. Nuestro diálogo con ella fue positivo y finalmente redactamos una nueva propuesta de Constitución. Fui elegido presidente en 1995. En 1997 sometimos a votación la nueva propuesta de Constitución en un referéndum nacional en el que resultó aprobada. Nunca había ocurrido algo así en Polonia. Creo que si no lo hubiésemos hecho en aquel momento, entre 1993 y 1997, hubiese sido muy difícil redactar una Constitución nueva, porque los parlamentos que se eligieron después no contaban con mayorías constitucionales.

Sistema de gobierno

Parece que Polonia es el único país de Europa Oriental que tiene un sistema semipresidencial. En su propio gobierno, con Jerzy Buzek como primer ministro [1997-2001], se produjo una especie de «cohabitación»[cuando el presidente y el primer ministro pertenecen a partidos políticos o coaliciones diferentes]. ¿Qué opina del sistema semipresidencial? ¿Está satisfecho con el sistema en la actualidad?

Sí, bastante. ¿Por qué un sistema semipresidencial? Es una historia muy larga, pero para abreviar, teníamos dos posibilidades. La primera opción era organizar un sistema de gobierno parlamentario, pero había argumentos muy sólidos en su contra, sobre todo porque sería inestable a consecuencia de la desintegración del sistema de partidos polaco. ¿Cómo íbamos a conceder todo ese poder al Parlamento y a los partidos políticos, si en el primer Parlamento democráticamente electo había 23 partidos? Sufríamos crisis de gobierno cada seis meses y cambiamos de primer ministro en numerosas ocasiones. Habría sido una completa irresponsabilidad.

Así que, ¿por qué no organizar un sistema presidencial en Polonia? Ante todo, conociendo nuestra historia y la de los países vecinos, teníamos miedo de un sistema presidencial con una elevada centralización y, siendo sinceros, contábamos con el ejemplo extremadamente negativo de la presidencia del señor Walesa. La calidad de su mandato fue tan deficiente, que nos parecía que conceder a un presidente más prerrogativas y más poder sería peligroso.

Dada nuestra experiencia durante esos años en Polonia, de 1993 a 1995, decidimos proponer un sistema semipresidencial. No era algo del todo desconocido; ya existe en Francia y Finlandia, por ejemplo. En mi opinión, el sistema está bien; estoy convencido de que es el mejor que podemos proponer para el país. Sería muy cauteloso a la hora de cambiarlo. Trabajé cuatro años en «cohabitación» con el señor Buzek y resultó bastante eficaz y viable. De hecho, en ocasiones tenía la impresión de que era más fácil trabajar con un gobierno ajeno que con uno propio.

En los últimos años hemos vivido verdaderos conflictos, incluido el que mantuvieron Lech Kaczynski [presidente, 2005-2010] y Donald Tusk [primer ministro, de 2007 a la actualidad]. No se trataba de un problema constitucional, sino de un conflicto político entre dos personas. Mi experiencia me dice que si cuentas con personas buenas y responsables en los cargos más altos del Estado, incluso una Constitución imperfecta puede funcionar. Pero si tienes la mejor de las constituciones y a las personas equivocadas en esos puestos, el sistema no funcionará. La calidad de la Constitución es de gran relevancia, pero no es suficiente. Es muy importante que exista una relación positiva entre las personas que están a cargo del país. Si quieren luchar entre ellas, una Constitución perfecta no servirá de nada, ya que la utilizarán a su antojo.

Creo que este sistema semipresidencial es totalmente adecuado para Polonia. Ha creado un equilibrio de poderes, más que en algunos sistemas unilaterales. Cuando tenemos un gobierno sólido con mayoría parlamentaria, es mejor que el presidente no pertenezca al mismo partido. A veces, ese elemento de equilibrio es necesario para frenar las ideas equivocadas que propone el gobierno, que tiene mucho poder en nuestro sistema. En nuestro sistema semipresidencial, tanto el papel del gobierno como el del primer ministro tienen mucha fuerza. Por ejemplo, para deponer al primer ministro es necesario algo más que una moción de censura. Para disolver un gobierno, los oponentes del primer ministro deben contar con un número de votos que les permita elegir a su propio candidato, lo cual no es fácil. La responsabilidad del presupuesto corresponde por completo al gobierno y a la mayoría parlamentaria; el presidente no tiene nada que ver con él. El presidente puede vetar un proyecto de ley, pero su veto se puede anular con una mayoría de tres quintas partes del Parlamento. Es posible reformar algunos elementos de la Constitución, y quizá se deberían cambiar algunos, pero en términos generales la Constitución es muy eficaz. Estabiliza la situación política de Polonia y del Estado.

Mi mensaje para los numerosos diputados que se estrenan en el Parlamento es que, si quieren reformar la Constitución, deben plantearse si es mejor realizar cambios o luchar por la continuidad y la estabilidad. Después de todo, la estabilidad de la Constitución es un valor en sí mismo. En Ucrania, por ejemplo, reforman la Constitución prácticamente cada tres o cuatro meses. La suya es un trozo de papel, no una Constitución. Es importante que los ciudadanos respeten la Constitución, que exista una cultura constitucional como ocurre en Estados Unidos. Solo se puede crear una cultura así si no se cambia cada año o en cada legislatura.

La influencia internacional

Usted llevó Polonia a la OTAN y la UE. Pocos años antes, Felipe González [1982-1996] había conducido a España a la Comunidad Económica Europea [predecesora de la UE] y su permanencia en la OTAN. ¿Le sirvió como modelo la experiencia española?

Los consejos de Felipe González me resultaron muy útiles. Nos reunimos por primera vez junto con Rakowski durante los últimos días de la República Popular de Polonia. Creo que visitamos a González en 1988 y, más tarde, en 1989 cuando era presidente del Gobierno; y resultó muy instructivo hablar con él. Posteriormente, me volví a reunir con él varias veces cuando yo era presidente del Partido Socialdemócrata y, después, como presidente de Polonia. España era un ejemplo muy inspirador, porque existían numerosas similitudes con nuestro caso. Ambos vivimos una dictadura, luego una transición pacífica y en la actualidad una democracia que se desarrolla de forma tranquila, sin venganzas. González nos explicó cómo había sido posible en España. Por ejemplo, describió los Pactos de la Moncloa [un acuerdo alcanzado en 1978 entre los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales para abordar la inflación, el desempleo y las fugas de capital, y así facilitar la transición]. Recuerdo que también debatimos con González por qué no le había interesado abrir la caja de Pandora que representaba la historia y revisar los conflictos entre los republicanos y los demás.

También analizamos la incorporación a la UE. Para nosotros aquel fue un motivo importante para respetar a España. En ese momento, durante la década de 1990, España era sin duda el mejor país europeo. González me dio un consejo valioso. Comentamos lo que la UE denomina «deberes», las reformas que todos los países candidatos deben llevar a cabo para formar parte de la Unión. Oyes tantas veces «deberes, deberes, deberes...» que te sientes como un niño y odias esa descripción. En una ocasión le dije a González: «Felipe, estamos tan cansados de todos estos deberes. Todo el mundo habla de los deberes». Y me dijo algo muy importante. «Es totalmente cierto, lo entiendo. Puede que esté cansado, pero, mire, si hace bien los deberes, obtendrá sus beneficios antes y podrá disfrutar de más beneficios tras la adhesión. Si no hace bien los deberes, tendrá muchos problemas para poder acceder a los fondos y las ayudas, todo lo que llega de la UE tras la incorporación.» Y tenía toda la razón. Es uno de los motivos por los que Polonia se encuentra bien en la actualidad, porque hicimos los deberes casi a la perfección. Durante nuestros primeros seis años en la UE recibimos aproximadamente 30.000 millones de euros. Estamos a la espera de recibir los siguientes 30.000 millones de euros, lo cual supone una inyección fantástica para nosotros, para la modernización, para todo. Y ese fue un gran consejo de González. Lo que está ocurriendo en Grecia es consecuencia de deberes mal hechos, que han generado malos resultados. Si no estás preparado, el sistema no tiene capacidad de absorción y no tienes la oportunidad de pertenecer a la UE de forma efectiva.

¿Cómo influyó el ingreso en la UE en la transición democrática de Polonia?

El ingreso en la UE fue muy importante porque trajo consigo muchas consecuencias para la economía, la modernización del país, la apertura de las fronteras y el comercio. Sin embargo, desde un punto de vista político, la adhesión a la UE implicó que, finalmente, después de tantos años, Polonia formaba parte de Europa. Nos costó mucho trabajo. El acuerdo de asociación se firmó en 1991, organizamos un referéndum en 2003, en el que el 75% votó a favor del ingreso en la UE, y nuestra adhesión entró en vigor formalmente el 1 de mayo de 2004.

Esas adhesiones contribuyeron a reforzar nuestra transición democrática. Otro factor importante fue la posición regional, porque a nuestro alrededor todo había cambiado. Pasamos de tener tres vecinos fronterizos a tener siete, y se produjo un durísimo conflicto muy cerca de nosotros, en los Balcanes. Nuestro planteamiento consistía en encontrar el modo de mantener buenas relaciones con todos ellos; firmar nuevos tratados y, en general, crear un ambiente de comprensión, amistad y cooperación, ser un buen vecino.

Creo que uno de mis logros es que conseguí entablar buenas relaciones con los vecinos, incluidos por supuesto Alemania, Lituania y Ucrania, entre otros. Seguimos teniendo algunos problemas con los rusos, pero esa es otra historia. El siguiente objetivo era cómo gestionar la nueva situación en la región para establecer contactos y exportar estabilidad. Durante el primer periodo tras la transición, nuestra región fue un ejemplo fantástico de diálogo, cooperación y estabilidad. Pero no fue algo fácil ni natural; si tomabas un avión de Varsovia a Belgrado a principios de la década de 1990, podías apreciar la guerra de los Balcanes, en la que hubo limpieza étnica y miles de víctimas. Por tanto, pueden observarse dos regiones muy próximas entre sí, ambas pertenecientes al antiguo bloque soviético, con dos situaciones totalmente diferentes. Aquí la estabilidad y las buenas relaciones, y allá, la guerra y el drama.

¿Cómo siguió influyendo primero la Unión Soviética y luego Rusia –que históricamente había sido una importante influencia para Polonia– en la transición polaca?

Por muchos motivos, Gorbachov era importante desde el punto de vista estratégico. El primero era la seguridad. En Polonia el problema de la seguridad es muy delicado porque nuestra historia está plagada de guerras. Hablando claro, estar situados entre Alemania y Rusia no ha sido fácil. A principios de la década de 1990 se debatió qué sería lo mejor para nosotros, mantener nuestra neutralidad, como Finlandia, o ingresar en la OTAN. En ese momento todavía existía la Unión Soviética y estaba totalmente en contra de que Polonia ingresase a la OTAN. El problema era aún más complejo porque, durante el debate de las superpotencias celebrado entre 1989 y 1990 acerca de la reunificación alemana, Thatcher, Mitterrand, George H. W. Bush y otros prometieron que no se ampliaría la OTAN. Pero la situación cambió y la elección entre la neutralidad y la OTAN se resolvió por mayoría en Polonia. Se decidió que solicitásemos el ingreso en la OTAN porque para nosotros, en esta parte del mundo, ser neutrales significa mantenerse en una especie de zona gris, sin garantías ni aliados. En Finlandia la historia fue distinta durante muchos años porque su ubicación no es tan estratégica, y la neutralidad tanto de Finlandia como de Austria resultaban muy útiles a los soviéticos y a los estadounidenses. Pero ¿qué significaba ser neutral en la década de 1990?

Cuando decidimos ser parte de la OTAN, comenzamos a mantener conversaciones muy difíciles con el señor Yeltsin. Nosotros sosteníamos que era posible ampliar la OTAN debido a la caída del bloque soviético; todas aquellas promesas de las superpotencias se habían hecho a la Unión Soviética. Ahora que ya no existía la Unión Soviética, podíamos hablar de ampliar la OTAN. Evidentemente, Rusia se oponía tajantemente. Sin embargo, los estadounidenses y los europeos se mantuvieron en la postura de que la ampliación de la OTAN era posible y necesaria. Polonia estaba en el primer grupo de miembros nuevos, junto con Hungría y la República Checa.

En 1997 asistí a una reunión en el Kremlin. Allí las salas son grandes y Yeltsin tiene una voz fuerte. Me dijo en ruso: «¿Por qué quiere ingresar en la OTAN? No la necesita. Le puedo dar todas las garantías necesarias. ¿Por qué quiere hacerlo?». En ese momento le expliqué el porqué y fue una discusión muy intensa. Al final, pregunté: «Boris Nikolayevich, dígame, ¿cómo son sus relaciones con Alemania?».

–Muy buenas.

–¿Y con Italia?

–Fantásticas.

–¿Y con el Reino Unido?

–Espléndidas.

–¿Y con Holanda, Dinamarca y otros?

–Estupendas.

–¿Y con Polonia, la República Checa y Hungría?

–Malas, porque quieren entrar en la OTAN. ¿Por qué quieren irse a la OTAN?

Y yo le respondí: «Mire, señor Yeltsin, he mencionado a todos los miembros de la OTAN y mantiene con ellos unas relaciones fantásticas, espléndidas, estupendas, excelentes y muy buenas, y solo tiene problemas con Polonia, Hungría y la República Checa. Le prometo que si pasamos a formar parte de la OTAN, tendremos las mismas relaciones espléndidas, estupendas, fantásticas y excelentes». Se echó a reír y, finalmente, aceptó que prosiguiésemos con el ingreso en la OTAN.

Respetaba mucho a Yeltsin, porque fue uno de los pocos líderes rusos con verdadero instinto democrático. Se encontró en una situación extrema y cuando tuvo que elegir si tomar una dirección mucho más democrática, por lo general optó por esa dirección. Con la OTAN, nos ayudó mucho.

Así pues, Polonia ingresó en la OTAN en 1999, lo cual fue enormemente importante para nosotros por tres razones. La primera fue la seguridad, porque la pertenencia a la OTAN es la mejor forma de garantizar nuestra seguridad frente a los países más fuertes del mundo. La segunda fue la imagen de Polonia en el extranjero: la condición de miembro de la OTAN nos ayudó a atraer más inversión extranjera. Y el tercer elemento histórico de la decisión fue que por primera vez, después de 1.000 años, Polonia y Alemania se encontraban en la misma alianza militar y política. Si conoce nuestra historia, las guerras, los conflictos, la ocupación, todos los complejos problemas entre Polonia y Alemania, sabrá que eso era muy importante.

¿Cuál fue el papel de Estados Unidos en la transición democrática de Polonia?

Tras la caída de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría, el mundo era unilateral, con Estados Unidos a la cabeza. Sé que se critica mucho esa unilateralidad estadounidense y sus políticas arrogantes, con acciones militares en Irak, Afganistán, etc.; pero desde el punto de vista de Europa Central y Oriental, ese periodo fue muy positivo. Los estadounidenses ya nos habían ayudado al principio, al apoyar a Solidaridad y nuestras ambiciones democráticas. Y después de la transición, nos respaldaron mediante inversiones en Polonia, nos ayudaron a ingresar en la OTAN y recomendaron encarecidamente a sus socios europeos –los más importantes como el Reino Unido, Alemania y Francia– que ampliasen la UE. Y no era tan fácil, porque estábamos hablando de una ampliación de diez países, siete de los cuales procedían del antiguo bloque soviético. La situación en los estados bálticos todavía era más compleja. Polonia era un país postcomunista, pero Lituania, Letonia y Estonia eran repúblicas postsoviéticas, no eran países independientes sino que formaban parte de la Unión Soviética. No cabe duda de que fue un éxito de Estados Unidos ofrecer a esos países su ingreso en la OTAN y la UE, contra la férrea resistencia de Rusia. Bill Clinton ofreció un gran respaldo como presidente. En su equipo contaba con Madeleine Albright como secretaria de Estado, una persona que conocía muy bien la región, y su papel fue absolutamente decisivo.

Transiciones contemporáneas

Imagínese que va a reunirse con tres jóvenes líderes de Cuba, Jordania y Myanmar, y acuden a usted porque, debido a su reputación, se ha convertido en una figura similar a la de Felipe González, alguien que ha vivido una transición y posee un punto de vista y unos conocimientos valiosos. Se acercan a usted y le dicen: «Sabemos que no es un experto en Cuba, Jordania o Myanmar, pero sí lo es en transiciones y nos gustaría saber, en términos generales, qué consejo nos daría acerca de nuestra responsabilidad a medida que avanza el proceso». ¿Qué les diría? ¿Sería lo mismo para todos?

Lo primero que haría sería repetir que no hay una única vía, no hay una única receta para todas esas situaciones. Creo que es un error que vengan personas de otros países y digan: «Esto es lo que funcionó bien en Polonia, así que deberían hacerlo y todo saldrá bien». No. Es muy importante comprender los factores locales y la situación concreta. Pero entiendo que los jóvenes que acuden a mí conocen sus propios países y saben que son responsables de comprender lo que ocurre en ellos.

Así que les diría: «Bien, echemos un vistazo a su situación. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los obstáculos?». En segundo lugar les diría: «Deben tener una estrategia, porque si quieren cambiar sus países, es necesario tener una meta. Y el objetivo no puede limitarse a llegar al poder o querer dirigir el país. Ese elemento está ahí, pero no puede ser el fin principal. La meta debe ser la libertad, la democracia, la justicia social, el Estado de derecho, la paz, las buenas relaciones con los vecinos, etc.». Es extremadamente importante contar con una meta y una estrategia. Polonia tuvo mucha suerte porque contaba con una estrategia, y no era solo la estrategia de una de las partes. Para la mayoría de la población, era la libertad, la seguridad, la europeización, la modernización del país, la democracia.

El tercer elemento tiene que ver con el método. El diálogo es el mejor de los métodos en política. Es necesario mantenerlo, incluso con los oponentes, incluso con los enemigos. Desde luego, la idea de diálogo es más fácil de aceptar para la oposición que para los gobiernos autoritarios, pero sin duda el diálogo es la base de casi todo, porque sin él no hay posibilidades de avanzar.

Mi cuarto consejo sería comprender las diversas posiciones de aquellos con los que tratamos. Es necesario entender que, incluso dentro de nuestro grupo, y especialmente cuando se empieza a hablar con los demás, nos encontraremos con tipos de pensamiento distintos, con experiencias diferentes y con sensibilidades dispares. En este mundo plural, somos diferentes; es preciso reconocerlo y respetar todas esas disimilitudes, no nos pueden sorprender ni decepcionar.

El caso de Cuba, más concretamente, me resulta más cercano porque sé lo que significa una transición tras el comunismo. Creo que en Cuba la situación es similar, en cierta medida, a lo que encontramos en muchos países europeos, porque el primer reto es desarrollar una estrategia y que la oposición esté más unida. La ideología de Castro fue tan inspiradora que no solo motivó a millones de cubanos, sino también a muchos millones de personas de todo el mundo. Pero hoy, después de tantos años, esa ideología se ha quedado prácticamente vacía. Las posibilidades de Cuba dependen en gran parte de si disponen de grupos reformistas dentro del Partido Comunista. En mi opinión todo lo que ocurra en Cuba en los próximos años dependerá principalmente de lo que está ocurriendo en el seno del partido y no tanto de las relaciones entre el partido y la oposición. La experiencia desde nuestra parte del mundo es que es necesario trabajar con grupos integrados en el gobierno y en el partido que sean más abiertos y estén preparados para las reformas y la transición. No sería una gran sorpresa que el sucesor de Castro fuese uno de los generales más jóvenes de fuerte carácter reformista. La diáspora cubana también puede desempeñar un cometido importante. No obstante, yo sería muy cauteloso con ella, porque considero que los que deben decidir acerca de la transición son en primer lugar quienes viven en el país. La diáspora puede apoyar algunos procesos, pero no puede sustituir a la población local.

El papel de los militares

En la mayor parte de las transiciones, los militares han cumplido un papel importante. ¿Qué se puede aprender de la experiencia polaca en lo referente a las fuerzas militares y policiales durante la transición?

Las estructuras militares representan una parte poderosa de un régimen autoritario. Si el régimen se vuelve más débil ideológica y económicamente, aumenta el poder de las fuerzas de seguridad, especialmente de la Policía secreta. Ese es el motivo de que cada vez haya más generales en todos los organismos políticos, como el Politburó. También se suele dar el caso de que la situación económica es mala y la población está decepcionada. Cuando numerosos sectores de la sociedad están desorganizados, los militares y otras estructuras de seguridad sirven como contrapunto: cuentan con orden, disciplina, trabajo duro. Existe un componente psicológico que suele utilizarse para demostrar que el Ejército es el verdadero pilar del sistema, el pilar del Estado, que a su vez es el pilar de todo lo demás. La Policía secreta es la más peligrosa porque está muy bien organizada, bien pagada y motivada para resistirse al cambio. En todas las dictaduras la Policía secreta solo tiene un billete de ida, porque sus manos están tan manchadas de sangre que solo puede avanzar volviéndose más agresiva.

Sin embargo, la situación del Ejército es muy distinta. Los ejércitos son organizaciones gigantescas, y en los buenos encontramos a muchas personas con algún tipo de opinión positiva en favor del Estado. No les gusta participar en acciones militares contra la oposición, pero se sienten en parte responsables del futuro y la seguridad del país. En casi todos los países la mayoría de los miembros del Ejército proceden de familias humildes. No son hijos de aristócratas; son chicos de hogares corrientes, trabajadores, campesinos, empleados. Por lo tanto, el Ejército se encuentra más próximo a la vida normal de la gente. Las Fuerzas Armadas en los sistemas autoritarios pueden desempeñar una función muy negativa si los líderes políticos así lo deciden. La experiencia polaca es que en los militares encontramos a muchas personas preparadas para las reformas y la transición.

En cuanto a los consejos acertados para los líderes de la oposición, en Polonia teníamos dos planteamientos. Si un día el representante de la oposición se convierte en el nuevo primer ministro o el nuevo presidente del país, no puede cambiar el papel del Ejército de la noche a la mañana. No puede decir que el antiguo Ejército está acabado y organizar uno nuevo, o que la Policía ya no pinta nada y que va a crear unas nuevas fuerzas de seguridad. «Transición» significa que es necesario encontrar cierto equilibrio entre el sistema antiguo y el nuevo, pero no es fácil. Es necesario anunciar desde el primer momento: «Miren, lo primero que esperamos de todas las estructuras es lealtad al nuevo gobierno, al nuevo presidente electo» y, después, poco a poco, es posible realizar cambios y transformar las instituciones. Creo que no sería eficaz llevar a cabo una revolución desde el principio. En Polonia contamos con un grupo amplio de políticos, Kaczynski y sus compañeros, por ejemplo, que están plenamente convencidos de que el error de este país fue que, después de las conversaciones de la Mesa Redonda y las elecciones, no tuvo lugar una revolución. En todas las transiciones existe un elemento de revolución, un elemento de venganza, un deseo de sancionar a los representantes del ancien régime para poder sentir que sí se ha producido un cambio de verdad. Estoy muy en contra de ese tipo de planteamiento. A mi modo de ver, la evolución, aunque requiera más tiempo y en ocasiones salga bastante cara, es mejor que la revolución. Sobre todo ahora con las comunicaciones modernas, la evolución puede funcionar muy bien. La transición puede resultar viable y sus resultados, al final, pueden ser muy positivos.

El significado y el atractivo popular de la democracia

En su opinión, ¿qué es lo que impulsa la transición a la democracia en países tan diversos como Polonia y Chile, España y Sudáfrica, Indonesia y Brasil?

Me entrevisté con Gorbachov cuando aún estaba convencido de que la perestroika era una buena idea y de que la Unión Soviética debía seguir existiendo. De hecho, él fue la última persona que creyó en la Unión Soviética. Le dije: «Mijaíl, debe aceptar que si se dirige al pueblo, debe hablar de libertad, democracia y dignidad (en realidad, la perestroika consistía en todos esos valores). Solo puede tener dos situaciones. En una, las puertas están cerradas; en otra, están abiertas. Si su idea es abrir las puertas a todos esos valores, a todas esas expectativas y a todas esas necesidades de la población, deberá abrirlas de par en par. No puede limitarse a abrirlas un poquito. Pasado un tiempo, tendrá que abrirlas por completo, porque si no lo hace, la gente entrará a la fuerza, ya que se trata de valores muy sólidos que animan a las personas, especialmente a los jóvenes». Después hablamos largo y tendido sobre todas las crisis del Partido Comunista en Polonia. Estábamos de acuerdo en que Polonia necesitaba más democratización, pero que no era suficiente. En 1989 los polacos dijeron: «Por favor, no hablen de democratización, queremos una democracia auténtica, no una democracia socialista, ni ningún otro tipo de democracia, queremos una democracia real». Aunque su nivel educativo no fuese muy elevado, sabían de forma intuitiva lo que significaba la democracia: que podemos votar, que asumimos las normas democráticas, que disponemos de medios de comunicación libres y podemos acceder a ellos, etc. Podemos preguntar a cualquier persona de la calle qué significa la democracia y seguro que lo sabe.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE TADEUSZ MAZOWIECKI,
PRIMER MINISTRO DE POLONIA (1989-1991)

Tadeusz Mazowiecki desempeñó un papel destacado en la oposición católica de Polonia desde la década de 1950 hasta el fin del comunismo en 1989, y posteriormente fue la primera persona en ejercer como primer ministro no comunista del país. Estudió derecho, pero su trayectoria profesional transcurrió como editor jefe y activista católico. Tras la liberalización de Polonia en 1956, fue uno de los fundadores de la organización intelectual católica laica Znak y editor jefe de su publicación mensual, Wiez, hasta 1981. En la década de 1960 fue diputado en el Parlamento hasta que solicitó que se investigasen los asesinatos de los trabajadores de los astilleros que se manifestaron en 1970. También contribuyó a la creación del Comité de Apoyo a los Trabajadores, que reunió a intelectuales de la oposición católica y no católica para luchar en favor de los derechos humanos y laborales. En 1980, Mazowiecki asesoró a Lech Walesa durante las manifestaciones del astillero de Gdansk, permaneció como asesor de Solidaridad y se encargó de dirigir su publicación semanal. Cuando el general Jaruzelski declaró la ley marcial en diciembre de 1981, Mazowiecki estuvo en prisión durante meses y la publicación semanal se cerró.

Ocho años más tarde, Mazowiecki se convirtió en representante de Solidaridad y en su principal negociador en la sección de reformas políticas de las negociaciones de la Mesa Redonda. Tras la sorprendente derrota de los comunistas en las elecciones parcialmente libres de 1989, y por recomendación de Lech Walesa, Mazowiecki fue la primera persona en ejercer de primer ministro no comunista de Polonia. Se encargó de supervisar la transición del régimen comunista a la democracia multipartidista, las reformas económicas necesarias para una economía de mercado, el giro del país hacia Occidente y la OTAN, y las reformas iniciales de las instituciones políticas. Diseñó y dirigió su gabinete para que incluyese los puntos de vista de todos los grupos que se hicieron con escaños en las elecciones de 1989; recurrió a los comunistas para los Ministerios de Defensa, Interior y Transporte, así como a activistas de Solidaridad y a expertos. Su estilo de liderazgo se caracterizó por escuchar respetuosamente las opiniones divergentes para después adoptar decisiones difíciles.

Las consecuencias negativas inmediatas para muchos polacos de la rápida liberalización económica socavaron la popularidad de Mazowiecki, quien perdió ante Lech Walesa en las elecciones presidenciales de 1990. Su compromiso personal de «trazar una línea gruesa» respecto al pasado en lugar de castigar a los antiguos miembros del régimen facilitó la primera transición democrática del bloque soviético, si bien también dio lugar a que las recriminaciones por el pasado persiguiesen a los políticos polacos durante muchos años. Mazowiecki siguió siendo diputado del Sejm hasta 2001. Desempeñó el cargo de relator especial de la ONU sobre derechos humanos para la antigua Yugoslavia, puesto del que dimitió en 1995 como protesta por la débil respuesta internacional ante las atrocidades cometidas en Bosnia. Siguió manteniendo una influencia política y moral hasta su muerte en 2013.

ENTREVISTA AL PRIMER MINISTRO TADEUSZ MAZOWIECKI

Principios fundamentales

¿Qué lecciones puede extraer de sus experiencias y las de Polonia un joven líder político de un país que se encuentre en proceso de transición de un régimen autoritario a la democracia? ¿Qué deberían comprender los líderes sobre las transiciones democráticas para poder desempeñar un papel positivo en la historia de sus países?

No cabe duda de que quienes deseen aprender de nuestra experiencia deberán decidir qué es importante para ellos. Quizás el mensaje más importante que podría transmitir a un joven líder que se encuentre en esa situación es que en el momento de introducir el cambio uno no puede limitarse a ocupar el puesto de las personas a las que ha derrocado, asumir el poder y continuar en la misma línea. Dicho de otro modo, se trata de intentar cambiar el curso de la historia y no de reemplazar un gobierno por otro; eso no es una solución. Con frecuencia, al hablar con personas de los países de la Primavera árabe observamos que en algunos de ellos un tipo de persecución simplemente se ha sustituido por otro. No creo que eso pueda considerarse un verdadero cambio, por eso les aconsejaría que no se limiten a ocupar el puesto de aquellos a los que derrocan. Si se desea hacer un cambio histórico, el cambio debe ser radical. La segunda lección importante que puede extraerse es que en Polonia hicimos los cambios de forma pacífica.

Movilización social

¿Cómo fue posible hacer cambios tan profundos de forma pacífica?

Ciertamente, no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, sino que se trató de un proceso complejo. Hubo muchos intentos de cambiar la situación en Polonia, pero el más importante fue la creación de Solidaridad (Solidarność) en 1980, no solo como sindicato independiente, sino también como una forma de movimiento de independencia nacional. Fuimos el primer país del bloque soviético en organizar la resistencia al gobierno comunista a gran escala. No podíamos ganar por la fuerza, ¿verdad? Pese a la instauración de la ley marcial, Solidaridad luchó contra el régimen autoritario únicamente por medios pacíficos. La paz constituía nuestra única vía hacia la victoria. Solidaridad se formó cuando Leonid Brezhnev [secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética] estaba todavía en el poder y el peligro de una intervención militar soviética en Polonia era real. El general Jaruzelski impuso la ley marcial entre diciembre de 1981 y julio de 1983, y posteriormente las autoridades comunistas no deseaban la restitución de Solidaridad. Pero para nosotros la condición previa fundamental para participar en las negociaciones de la Mesa Redonda [1988-1989] era que Solidaridad volviese a ser legal. Esas eran nuestras condiciones; de no ser así no nos sentaríamos en la Mesa Redonda. Para el gobierno fue difícil aceptar algo así. Dedicaron mucho tiempo a eludir esa condición y no querían aceptarla, pero para nosotros constituía un requisito fundamental.

Derrotar al sistema autoritario desde adentro

Solidaridad volvió a ser legal por medios pacíficos a consecuencia de las negociaciones de la Mesa Redonda. Se nos devolvió el derecho a participar en la vida política. Accedimos a lo que se denominaron las «elecciones pactadas» al Sejm, la Cámara Baja del Parlamento. El partido en el poder y sus partidos satélites tenían garantizada la mayoría, por lo que únicamente podíamos obtener un 35%. No obstante, iban a celebrarse elecciones totalmente libres a la Cámara Alta (el Senado), que no había existido con el comunismo pero iba a restablecerse en ese momento. Asumimos que seguiríamos en la oposición, pero los acontecimientos se precipitaron. Estaba claro que el Partido Comunista no podría formar un gobierno capaz de sacar al país de su terrible situación económica. La inflación era altísima y el contexto económico, pésimo. El Partido Comunista fue incapaz de constituir un gobierno y sus dos partidos satélites se distanciaron. Así fue posible crear una nueva mayoría parlamentaria.

Cuando Lech Walesa, líder de Solidaridad, me ofreció el puesto de primer ministro, mi respuesta fue que era él quien debía asumir el cargo, pero no quiso. Le comenté que esperaba contar con su apoyo y que Solidaridad sirviese de protección al gobierno. También le aseguré que sería un verdadero primer ministro, no un títere. Esta parte es importante, ya que en el sistema comunista el Politburó era el que poseía el poder real y el gobierno tenía una función meramente administrativa. Añadí que si asumía ese papel y me convertía en el jefe de un gobierno encargado de hacer cambios tan importantes –los primeros de su clase en el bloque oriental–, el centro de poder debía residir en el gobierno. Tenía claro que no sería un primer ministro marioneta, es decir, que ningún nuevo Politburó, ni siquiera el nuestro, sería quien moviera los hilos. Anuncié que sería un auténtico primer ministro y que el gobierno sería un gobierno de verdad, y así fue. Es cierto que con el tiempo Walesa y yo comenzamos a tener nuestras diferencias, pero en esa fase inicial me proporcionó un gran apoyo.

Durante varios meses fuimos el único país del bloque oriental que introdujo cambios tan importantes. Posteriormente nos siguieron otros países. Sabía que nuestros cambios afectarían la situación de esos países, pero no esperaba que sucediera tan rápido, ni que los cambios en los demás países fueran tan profundos. Pensé que durante un tiempo seríamos el único país del bloque oriental que haría cambios así.

También se debe tener presente que en aquel momento en Polonia el Partido Comunista tenía 2,5 millones de afiliados y los partidos satélites aproximadamente medio millón. Por ello pensé que el gobierno debía estar formado por todos los partidos con representación en el Parlamento. El Partido Comunista no podía estar en la oposición. No era una opción, ya que tenían una influencia decisiva sobre el aparato de seguridad y las Fuerzas Armadas. Imagínese una oposición que tenga el control sobre los militares, eso sería algo nunca antes visto. Por ello consideré que también debían formar parte del gobierno. Todos los poderes representados en el Parlamento tenían que estar en el gobierno. En algún momento me di cuenta de que sería un gobierno de cambios fundamentales en tres ámbitos principales: el establecimiento de un Estado democrático; la transformación del sistema económico: nos enfrentamos a la cuestión de si recomponer el ineficaz sistema existente de economía centralizada o pasar a una economía de mercado (optamos con firmeza por esta segunda opción); y reconducir la política exterior y abrirnos a Occidente.

Establecer las bases para el diálogo y la negociación

Un elemento común en muchas de las transiciones que han tenido éxito es la oportunidad de desarrollar la confianza entre los distintos bandos y que estos se conozcan mutuamente. ¿Cómo crearon ustedes esas condiciones de confianza y diálogo antes de las conversaciones de la Mesa Redonda?

Un elemento esencial es que sabíamos que los cambios únicamente podrían llevarse a cabo si vinculábamos el restablecimiento de Solidaridad con un cambio en la situación económica del país. Ese fue el factor crucial. Es muy difícil hablar de confianza. No había confianza. Hubo un elemento que garantizó que no habría engaños: la Iglesia. En nuestro caso resultó ser muy importante que existiera un actor así en las negociaciones entre quienes estaban en el poder y la oposición. Hasta poco antes de que concluyeran las conversaciones de la Mesa Redonda, no estaba seguro de si se establecerían condiciones para la restitución de Solidaridad que consideraríamos inaceptables. Cuando te sientas a negociar, tu socio descubre tus capacidades y tú las suyas; qué pueden y qué no pueden hacer. Conocer las capacidades del otro va cobrando gradualmente más importancia.

Justicia y reconciliación

¿Qué reformas políticas fundamentales fueron prioritarias al comienzo de su mandato como primer ministro? ¿Qué proyecto tenía y qué medidas adoptaron usted y su gobierno?

De entrada debo decir que yo quería que todo el mundo aceptase los cambios y por eso afirmé que trazaríamos una línea gruesa con el pasado y que únicamente responderíamos por lo que hiciésemos a partir de ese momento. Sabíamos que el pasado pesaría sobre nosotros durante un tiempo, pero queríamos responsabilizarnos solo de nuestras acciones. Quisiera destacar que inicialmente todo el mundo estuvo de acuerdo. Más tarde se convirtió en un pretexto para criticarme, al aducirse que supuestamente no quería exigir responsabilidades a los comunistas por sus acciones del pasado. Sí quería que rindiesen cuentas, pero consideraba que era una cuestión de debate histórico, y también que, respecto de los crímenes cometidos, correspondía a los tribunales decidir. No creía que fuera un problema del gobierno. Mi idea era que la función del gobierno consistía en ofrecer la democracia para todos.

Como ya he dicho, la experiencia más importante que podría compartir es que no hay que limitarse a sustituir a los predecesores. Ese es el corazón del asunto. En el sistema anterior, a nosotros como católicos, gente de fe, se nos trataba como ciudadanos de segunda clase en comparación con los miembros del partido. Por eso no queríamos comenzar a tratar a los miembros del Partido Comunista del mismo modo, porque creíamos que la democracia significaba democracia para todos, que la libertad era libertad para todos, y que únicamente podría conseguirse un avance histórico si se seguían esas normas. Ese es el supuesto fundamental y decisivo en el que se basó mi gobierno para aplicar las reformas: ofrecer democracia para todos. Lo que yo decía, literalmente, es que a partir de aquel momento habría un nuevo comienzo. En el fondo el mensaje era que todo el mundo tenía un futuro en la democracia. Esto formó una parte importante de esas políticas, y posteriormente generó numerosas controversias, pero sobre todo garantizó que la transición fuera evolutiva.

Determinar las prioridades políticas

En lo que se refiere a los cambios esenciales, diría que prácticamente todo requería una transformación, en todos los ámbitos. Pongamos las universidades como ejemplo. Las instituciones de enseñanza superior querían que les diésemos autonomía y libertad. Pero también era necesario establecer la libertad de educación, introducir cambios muy importantes en la enseñanza de la historia, por ejemplo, lo cual afectaba a las escuelas. No había un solo segmento en el que no fuese necesario hacer modificaciones. Yo quería incluir a todo el mundo.

Una de las principales reformas de mi gabinete fue la reforma del gobierno local, que dio pie a la introducción de la democracia local. Las primeras elecciones locales democráticas totalmente libres se celebraron en la primavera de 1990. La larga tradición de democracia local había sido machacada por el sistema comunista. Ya no existía, así que tuvimos que empezar desde el principio.

Derechos políticos y sociales

La segunda cuestión era garantizar la libertad de prensa y la libertad de reunión. En el momento de formar mi gobierno, había varias organizaciones políticas de la oposición que no eran legales, pero yo hablé con ellas como si lo fuesen. Podría decirse, en cierto modo, que estaba legalizándolas en la práctica. Los cambios constitucionales no los llevamos a cabo hasta 1997. Antes ya lo había intentado el Parlamento. Quizá fue un error, pero yo pensaba que lo más importante era acometer un cambio fundamental que, a su vez, propiciaría la reforma de la Constitución. No obstante, los cambios básicos que efectuamos fueron democráticos.

Otra esfera decisiva era la economía. Teníamos que abordar la inflación galopante y, al mismo tiempo, aprobar leyes que cambiasen las bases del sistema económico. Se hizo mediante la aprobación de una serie de leyes. Los cambios se aplicaron entre 1989 y 1990.

Influencia internacional

¿Cuál era su estrategia en política exterior? ¿Cómo influyeron las circunstancias y los actores externos en la transición de Polonia?

En materia de política exterior era muy importante que nos reorientásemos hacia Occidente, aunque teníamos que contar con nuestros vecinos del Este, que por entonces tenían bases militares en Polonia con unos 200.000 soldados soviéticos. Pero ya era una etapa distinta, era la era de Gorbachov y la perestroika. El señor Vladímir Kryuchkov, jefe del KGB [Comité de Seguridad del Estado, principal organismo de seguridad de la Unión Soviética], vino a Varsovia de improviso. Yo ya había sido nombrado primer ministro, pero todavía no se había formado el gabinete. Me dijeron que sería positivo que me reuniera con él, que su visita formaba parte de un intercambio previo que le permitía venir, así que lo recibí. Para mí era importante que transmitiese a Gorbachov la esencia de nuestra conversación: que seríamos un país amigo, pero que las decisiones se tomarían aquí, en Varsovia. Ese era el mensaje principal.

Quise que mi primera visita al extranjero fuese al Papa Juan Pablo II en Roma. Fue algo muy significativo para mí. Cuando estábamos dentro del sistema comunista los líderes viajaban a Moscú, pero yo fui a Roma. Fue algo simbólico en parte porque no viajé a Moscú, pero su importancia fue aún mayor porque fui a visitar al Papa. Lo que es más, la primera llamada que hice desde la oficina del primer ministro fue al Papa. Fue cuando el Parlamento me nombró primer ministro, pero antes de la constitución del gabinete. Me pasaron con monseñor Dziwisz y, para mi sorpresa, me dijo: «Espere un momento, por favor»; y el Papa se puso al teléfono. Me sorprendió que se pusiera al teléfono. Hoy los papas tienen presencia en Twitter, pero por aquel entonces yo no estaba acostumbrado. El predecesor del cardenal Wojtyla [el Papa Juan Pablo II] fue el cardenal Sapieha, del que sabía que nunca se ponía al teléfono; por eso me sorprendió que Wojtyla sí lo hiciera. Sabía que el Parlamento me había designado para que formase gobierno, y tuvimos una breve pero muy sentida conversación.

En esta transición la Iglesia jugó un papel muy importante. Durante la ley marcial se impartieron clases en edificios de la Iglesia, por ejemplo. Cuando se celebraron las conversaciones de la Mesa Redonda también participaron representantes de la Iglesia. Para nosotros fue muy importante que estuvieran allí, porque de algún modo aportaban credibilidad a las negociaciones. Hasta cierto punto su presencia era una garantía para nosotros. Por tanto, el papel de la Iglesia fue muy importante para nuestra transición.

Juan Pablo II respaldó a Solidaridad cuando fue prohibida. Hablaba sobre la idea de la solidaridad en los sermones que hacía en distintos países y distintos continentes. Por ello, su papel fue muy importante para mí, para nosotros, para Polonia. Los periodistas extranjeros me han preguntado en numerosas ocasiones cuál considero que fue el principal factor desencadenante de nuestra transición: el papel del Papa, el de Reagan, el de Gorbachov o el de Solidaridad. Siempre he afirmado que todos esos elementos contribuyeron a aquel momento histórico en que la transformación se hizo posible. Respecto al papel del Papa quedémonos con la famosa ocurrencia de Stalin: «¿Cuántas divisiones tiene el Papa?». El Papa no tenía ninguna división, pero sí una enorme fuerza moral. El hecho de que fuese polaco dio una gran fuerza moral a esta nación, la mantuvo viva, mantuvo su ánimo, hizo que la gente creyese que todo tenía sentido. Y en eso nunca flaqueó. En enero de 1982, durante mi encarcelamiento, le escribí secretamente al Papa. En el campo de prisioneros figura una reproducción de la tarjeta que me envió el Papa. Dice: «He leído su carta varias veces. Comparto sus ideas». Le había escrito que no podría producirse ningún cambio considerable si no se restauraba lo que la nación había conseguido en 1980. Cabe destacar que el Papa, a diferencia de algunos obispos, no retiró en ningún momento su apoyo a Solidaridad. Sabíamos que podíamos confiar en él; era como una roca. Por tanto, eso fue muy importante.

Podría decirse que el presidente Reagan [1981-1989] ganó la carrera tecnológica y que la Unión Soviética no podía seguirle el ritmo. Gorbachov fue muy importante. Fue una época de grandes esperanzas y grandes cambios, el tiempo de la perestroika. Ya no era la etapa de Brezhnev. La perestroika creó un clima nuevo. Algo más que puedo añadir sobre lo que sucedió entonces son las impresiones de mi primera visita a la Unión Soviética. Pude observar la resistencia que había a la perestroika. Y nada habría sido posible sin Solidaridad, que fue el movimiento que respaldó esos cambios y luchó por ellos en Polonia. Por eso digo que todos esos elementos tuvieron un efecto.

Así que, retomemos el tema del cambio. Había dejado claro a la Unión Soviética que seríamos un país amigo, pero que las decisiones se tomarían aquí. Seguíamos siendo parte del Pacto de Varsovia, pero nuestra postura quedó clara en mi primer discurso: el Pacto de Varsovia no podía utilizarse para jugar con lo relativo a nuestros asuntos internos. El pacto todavía existe en cierto modo. Creíamos que Europa cambiaría, que los acontecimientos de Polonia también transformarían a Europa. No obstante, también pensamos que era un proceso gradual, por eso la idea era que las relaciones con nuestro vecino del Este no causasen problemas. Con el tiempo, la política exterior de Polonia dio lugar al establecimiento de relaciones diplomáticas no solo con Moscú, sino también con Vilna [Lituania], Tallin [Estonia], Riga [Letonia] y Kiev [Ucrania]. Poco a poco entablamos relaciones con las repúblicas soviéticas que posteriormente se independizaron.

En lo que respecta a Occidente, en aquel momento Europa avanzaba hacia la consolidación, al tiempo que nosotros veíamos una posibilidad de expansión. Por supuesto, en aquel momento ni siquiera se mencionaba la incorporación a la Unión Europea. Sin embargo, existían distintos conceptos e ideas sobre cómo dar forma a Europa. Nos limitamos a reconstruir nuestras relaciones con los países democráticos de Occidente y les mostramos que nuestro objetivo consistía en crear un sistema plenamente democrático.

Reforma económica

Si reflexiona sobre ese periodo, ¿cuáles fueron las decisiones más difíciles que tuvo que tomar? ¿Y por qué lo fueron?

Hubo decisiones difíciles tanto de carácter muy general como muy concretas. En lo referente a las decisiones generales, sin duda una muy importante y complicada fue la de optar por una economía de mercado, lo que supuso un cambio radical del sistema. Mis convicciones me empujaban hacia las soluciones de signo socialista humanista, pero entonces tuve que enfrentarme al reto de reinstaurar el capitalismo. Nadie había dado un paso atrás así en el pasado. Sin embargo, mis asesores me convencieron de que teníamos que hacer un cambio fundamental hacia el sistema probado de la economía de mercado. Mientras se ejecutaba el cambio, me di cuenta de que esas grandes creaciones del socialismo, esos grandes establecimientos industriales, quebrarían, ya que no serían competitivos. Y sin embargo constituían la base sobre la que se asentaba Solidaridad. Por tanto, desde el punto de vista moral, fue una decisión muy dura para mí. Asumí que a medida que se desarrollase la economía y una vez que estuviese reparada podríamos prestar más atención a las cuestiones sociales, aunque los costes de la transición fueron incuestionables. Este es un ejemplo de una decisión de carácter general que fue muy difícil para mí desde el punto de vista moral. Sin duda hubo otras decisiones más específicas. En cierto momento se desataron las protestas y se bloqueó una carretera internacional. Tuve que recurrir a la Policía para despejarla. No sucedió nada grave, pero me resultó difícil tomar esa decisión.

¿Si tuviera que volver a hacerlo, cambiaría alguna decisión o criterio?

Una decisión muy difícil que tomamos fue la de clausurar las granjas estatales. No habrían sido capaces de sobrevivir, ya que estaban subvencionadas a través del presupuesto del Estado y esos subsidios eran insostenibles. Tuvimos que cerrarlas. Teníamos la esperanza de que los trabajadores agrícolas estuviesen dispuestos a hacerse con la tierra. Sin embargo, resultó que no querían adueñarse de ella, no la sentían como propia; se sentían jornaleros. No tenían mentalidad de productores. Lo mismo sucedió en Checoslovaquia. La consecuencia fue una transición realmente dura para esas familias, esos grupos de personas, sobre todo del norte y el oeste de Polonia, donde existían muchas granjas de ese tipo. Así que, no cabe duda de que me hubiera gustado saber por entonces lo que me enseñaría esa experiencia. Creo que nos faltó un programa para motivar a esas personas, pero todo era muy complicado. En ese sentido todavía tengo cierto remordimiento.

¿Qué lecciones cabe extraer de la experiencia polaca en lo referente a los cambios económicos?

En materia de asuntos económicos e introducción de cambios en el sistema, las decisiones deben tomarse rápidamente en la fase inicial del gobierno. Cuanto más se pospongan esos cambios, más difícil será ejecutarlos. Son decisiones difíciles, pero hay que abordarlas con resolución y al comienzo.

Principios fundamentales

Son muchos los líderes que siguen los consejos de sus asesores en la mayoría de las cuestiones, ya que estos cuentan con una mayor especialización. Otros no consultan demasiado a la hora de tomar decisiones difíciles. ¿Cómo abordaba usted las decisiones complejas?

Creo que en mi caso había dos factores complementarios: mis convicciones y mi disposición para escuchar opiniones distintas. En lo que respecta al credo religioso, puedo decir que en la enseñanza social católica existe el concepto de estado de gracia; significa que si alguien asume una responsabilidad importante, recibe cierto tipo de ayuda. Debo decir que sentí esa ayuda, también en un sentido estrictamente físico. Nunca antes había sido capaz de desconectarme durante el día, relajarme un momento y después retomar el trabajo; siempre me limitaba a trabajar hasta que estaba agotado. Sin embargo, mientras fui primer ministro, podía desconectarme durante media hora, descansar y volver al trabajo más despejado. Puede que sea un ejemplo trivial, pero es muy importante para mí.

Solían criticarme porque las reuniones de gabinete eran muy largas; se prolongaban hasta bien entrada la noche. Siempre programaba las reuniones de gabinete para los lunes. Comenzaban por la tarde y se prolongaban hasta avanzada la noche. Era porque dejaba a los ministros manifestar sus opiniones. Quería que fueran realmente conscientes de la responsabilidad que se les había confiado. Contaba con un pequeño grupo de asesores estratégicos: un asesor económico, uno político y otro en materia de asuntos exteriores. Tenía un contacto muy próximo con el vice primer ministro Balcerowicz y con Jacek Kuron, ministro de Trabajo, que fue muy relevante porque conectaba de forma fantástica con la gente. Creía que todo el gobierno debía ser consciente de su responsabilidad. Para mí era importante que las reuniones de gabinete no se limitasen a ser una sesión informativa, sino que también generasen consenso en el gobierno. Eso era fundamental. Aunque, por supuesto, yo tuviera la última palabra como primer ministro.

Partidos políticos

Solidaridad cumplió una función muy destacada como movimiento opositor, pero después tuvo problemas para gobernar. Al principio, usted contó con el apoyo de Walesa, pero luego se produjo la escisión, cuando usted se presentó como candidato a la presidencia. ¿Cuál es la diferencia entre funcionar bien como movimiento opositor y funcionar bien como gobierno? ¿Por qué no lograron Solidaridad y Walesa convertir su papel de movimiento opositor en un buen líder de coalición que estabilizase el gobierno?

Como ya he dicho, Solidaridad no solo era un sindicato; también era un gran movimiento de independencia nacional. Nos dimos cuenta de que en el seno de Solidaridad existían diferencias de opinión enormes. Contaba tanto con facciones de izquierda como de derecha. Sabíamos que el espectro era muy amplio. Infravaloré la necesidad de formar partidos políticos pronto. Yo no creé ningún partido político, pero comenzaron a surgir a mi alrededor. Durante un tiempo creímos que la división tradicional en partidos políticos no se produciría de forma rápida y que Solidaridad seguiría existiendo como un movimiento coherente durante bastante tiempo. Sin embargo, comenzaron a aparecer diferencias y empezaron a surgir movimientos políticos.

Para nosotros, las reformas que aplicábamos eran por el bien de todo el país. Antepusimos lo que era positivo para Polonia. Nuestro primer pensamiento era el Estado, no el partido. El hecho de que no creásemos un sistema de partidos fue tanto una ventaja como un inconveniente para nosotros. Fue una ventaja porque se antepusieron los intereses del Estado a los del partido. Como primer ministro era consciente de la debilidad del país y de que era necesario reforzarlo. Me di cuenta de que los intereses del Estado eran más importantes que los de los distintos partidos. Me sentía muy obligado a seguir ese camino. Nunca me habría presentado a las elecciones a la presidencia contra Walesa si no hubiese atacado el programa político del gobierno, e incluso entonces tuve muchas dudas, pero temía que lo destruyese. Por ello decidí presentarme a la presidencia, para defender el programa de gobierno, que era un programa para todo el país, no solo para una facción política. Además, creía que Walesa era un líder popular excelente, pero no necesariamente la mejor persona para ponerse al frente del Estado. Aunque no cabe duda de que el problema de Walesa era real. Nadie niega la importancia del papel que representó, pero encontrar el lugar adecuado para él en esa nueva estructura se convirtió en un gran problema.

El papel del líder autoritario
en la promoción de la transición

¿Cómo valora usted los cambios que se produjeron en el Partido Comunista y el papel de Jaruzelski?

El general Jaruzelski como presidente fue un socio leal. Nunca estuve de acuerdo con su decisión de imponer la ley marcial en Polonia. Cuando nos reuníamos –yo en calidad de primer ministro y él de presidente– solía hacer referencia a ese asunto. Decía que quería hablar sobre el tema, porque él fue quien impuso la ley marcial y yo quien fue encarcelado. Le dije que nuestras opiniones al respecto eran discrepantes, ya que yo seguía pensando que él podría haber hecho algo más por evitar la instauración de la ley marcial. No obstante, es cierto que tenía miedo a la intervención soviética. Y como presidente fue un socio leal a mí. Sin duda se dio cuenta de que el poder recaía en el gobierno y no en el presidente. Transigió y comprendió el sentido de los cambios y fue muy leal. El partido se desmoronó y algunos de sus antiguos integrantes crearon uno nuevo. Las transformaciones internas de mayor alcance llevaron mucho tiempo y no siempre se aplicaron en ese partido poscomunista, pero indudablemente comprendieron la importancia de la transición y desempeñaron su papel.

Reformando las fuerzas de seguridad

Las fuerzas de seguridad cumplieron una función importante durante el régimen autoritario polaco. Más tarde, el país experimentó una transición hacia un nuevo sistema político democrático y abierto, pero una democracia también necesita fuerzas de seguridad. ¿Cómo abordó usted la reforma de las fuerzas de seguridad?

La estructura inicial del gobierno mantuvo el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional [y a sus ministros, que inicialmente permanecieron en sus puestos hasta mediados de la década de 1990]. Pero yo también quería tener influencia en esos ministerios. La idea de partida consistía en crear una comisión política formada por civiles, pero pronto me di cuenta de que eso era más que nada una pantalla. Por tanto, en la primavera de 1990 designé viceministros para cada uno de esos ministerios: Krzysztof Kozlowski para el Ministerio del Interior y Janusz Onyszkiewicz y Bronislaw Komorowski (actual presidente) para el Ministerio de Defensa. Fue algo completamente nuevo para ellos, ya que no tenían ninguna experiencia en ese ámbito. La única ayuda que podía brindarles eran instrucciones generales que ellos debían establecer por su cuenta, averiguar qué estaba sucediendo e introducir cambios de forma gradual.

Permítame centrarme un momento en los servicios de seguridad. Los cambios propuestos por el general Kiszczak [ministro del Interior, 1981-1990] eran simplemente para la galería y no estábamos satisfechos. El gabinete los rechazó. A mediados de 1990 el general Kiszczak se fue y Krzysztof Kozlowski fue designado ministro del Interior, lo que de por sí constituía un cambio fundamental. Cuando Kozlowski asumió el puesto sustituimos los servicios de seguridad existentes por la Oficina de Protección del Estado (Urząd Ochrony Państwa, UOP) e hicimos una selección de agentes. Unos 16.000 agentes abandonaron el servicio; algunos se jubilaron y otros no superaron el proceso de selección. Las filas de la UOP se componían de algunos miembros del servicio de seguridad de la era comunista y otros nuevos, jóvenes sin experiencia que rápidamente la adquirieron. Y así fue como iniciamos la transformación del ministerio.

En lo que al Ejército se refiere, eliminamos el grupo de oficiales políticos que era típico del sistema soviético. Recuperamos varios elementos tradicionales y, al remitirnos a las tradiciones del Ejército polaco, profundamente conectado con la nación, progresivamente cambió la moral del Ejército. Hicimos una introducción gradual del control civil del Ejército; no queríamos limitarnos a intercambiar un militar por otro. La introducción del control civil fue un proceso duro, porque nunca se había hecho antes. Entre las dos guerras mundiales no hubo control civil del Ejército. Por entonces eran los militares los que se metían en política, y no al revés. Por eso el proceso tardó más tiempo en completarse.

En general optamos por revisar los servicios se seguridad y apartar a las personas que se habían desacreditado, sobre todo en la lucha contra la oposición y la Iglesia. Preferimos contar con gente nueva.

¿Tuvo miedo a una intervención militar durante su gobierno?

No. Lo que me daba miedo en aquel momento como primer ministro era que hubiera algún tipo de provocación. Durante el sistema anterior se había cometido un crimen atroz. El sacerdote Jerzy Popieluszko había sido secuestrado y asesinado brutalmente por dos oficiales de los servicios de seguridad. Temía ese tipo de provocaciones en nuestra contra, que podían ir dirigidas a mí o a sus propios líderes, quienes se habían sentado en la Mesa Redonda con nosotros. Así que mantuve al general Kiszczak a la cabeza del Ministerio del Interior porque pensaba que era un sello de garantía contra la provocación. Puede que usted piense: «Bueno, vale, pero el Partido Comunista ya se había desmoronado». Sí, ya se había desmoronado, pero su influencia en el Ejército seguía siendo muy fuerte y debíamos tenerlo en cuenta. Él asumió la responsabilidad de los acuerdos de la Mesa Redonda en nombre del estamento militar. Sin embargo, no esperaba que reformase su Ministerio. Sabía que eso tenían que hacerlo mis representantes, mi gente. Y eso fue lo que pasó.

Reforma constitucional

¿Cuál fue su planteamiento de la reforma constitucional?

Las reformas de la Constitución se introdujeron entre 1989 y 1990. Todas las disposiciones propias de un Estado totalitario se eliminaron de la Constitución. Es necesario comprender algo. Las constituciones de los países del bloque soviético eran muy buenas y democráticas sobre el papel, pero la práctica era totalmente distinta, ya que existían fuerzas superiores: el Partido Comunista y por encima el «hermano mayor», la Unión Soviética. Así que eliminamos todas las disposiciones antidemocráticas. A finales de diciembre de 1989 ya habíamos eliminado todas las disposiciones características del satelitismo o que representaban una legislación antidemocrática. Reformamos la Constitución existente y por tanto la reforma constitucional se llevó a cabo de forma inmediata. Sin embargo, no aprobamos una nueva Constitución, aunque había planes para hacerlo. Además, no apresuré la adopción de la Constitución porque temía que si aquel Parlamento –que todavía no se había elegido de forma plenamente democrática– la aprobaba, siempre habría quejas relativas a que no era una Constitución adecuada. Por ello consideré que debíamos posponer la elaboración y la aprobación de una nueva carta fundamental hasta que se celebrasen elecciones totalmente democráticas.

Sistema de gobierno

¿Se le plantean dudas por haber optado por el sistema semipresidencial en lugar de por el sistema parlamentario o presidencial?

Nuestro sistema da la ventaja al gobierno, aunque existe un equilibrio entre sus funciones y las del presidente. Pese a que suele haber críticas, creo que el sistema funciona, siempre que exista ánimo de cooperación. Si no es así, no hay legislación que pueda sustituirlo. Quisiera señalar que todos los sistemas presidenciales introducidos en países poscomunistas no tardaron en degenerar fácilmente en una oligarquía. Nosotros conseguimos evitarlo. Aquí, nuestras bases democráticas están firmemente establecidas. También creo que hemos conseguido acceder con éxito a estructuras democráticas occidentales como la UE y la OTAN. No obstante, eso sucedió más tarde y en mi época la idea consistía en abrirse hacia los estados democráticos de Occidente y crear un sistema democrático. Al mismo tiempo, los líderes occidentales temían que pudiéramos entorpecer las transformaciones de la Unión Soviética y la perestroika de Gorbachov. Esa era una de las principales inquietudes. Acogimos de muy buen grado las reformas de Gorbachov. No pretendíamos obstaculizarlas, pero resultó que las transiciones eran demasiado para que él las gestionara.

MOMENTOS CLAVE EN LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA DE POLONIA

Diciembre de 1970: Los trabajadores de los astilleros protestan por el alza de precio de los productos básicos. La Policía, siguiendo las órdenes del gobierno del Partido Obrero Unificado Polaco (PZPR), reprime violentamente las manifestaciones.

Junio de 1976: Los trabajadores se manifiestan contra las nuevas subidas del precio de los alimentos. Los intelectuales de Varsovia establecen el Comité para la Defensa de los Trabajadores destinado a ayudar a los activistas presos y, posteriormente, a editar publicaciones clandestinas.

Octubre de 1978: El cardenal polaco Karol Wojtyla se convierte en el Papa Juan Pablo II, primer pontífice no italiano en 455 años. El Papa se manifiesta en contra de la represión tanto en Polonia como en el resto del mundo.

Junio de 1979: Juan Pablo II hace su primer viaje a Polonia como Papa, organizado por la Iglesia local y sus partidarios. Consigue atraer a multitudes de personas y telespectadores, lo que genera confianza en mucha gente sobre sus propias capacidades para organizarse al margen del gobierno.

Agosto de 1980: El gobierno sube los precios, lo que provoca un encierro en los astilleros Lenin en Gdansk, liderado por el obrero activista Lech Walesa, al que se unen los trabajadores de las empresas próximas. Los huelguistas y sus asesores demandan una baja de los precios, la mejora de las prestaciones, el derecho a huelga, constituir un sindicato (Solidaridad) y una mayor libertad de los medios de comunicación. El régimen negocia los acuerdos de Gdansk, en los que cede a las demandas de los manifestantes. Entre los huelguistas y sus asesores se encuentra el futuro primer ministro Tadeusz Mazowiecki, intelectual católico y editor jefe de una publicación.

Septiembre de 1980: Por toda Polonia se crean delegaciones de Solidaridad. La afiliación al sindicato aumenta rápidamente y llega a los diez millones ese otoño. Nacen las publicaciones de Solidaridad y los medios de comunicación oficiales amplían su cobertura. Estallan conflictos relativos a la legalización de los sindicatos de estudiantes y campesinos, que provocan huelgas y protestas convocadas por Solidaridad. Edward Gierek, líder del PZPR, es derrocado.

Octubre de 1981: El general Wojciech Jaruzelski, primer ministro y excomandante del Ejército, es nombrado líder del PZPR en un contexto de continuas huelgas y de presión soviética para prohibir Solidaridad. Jaruzelski se reúne con los líderes de Solidaridad y de la Iglesia, pero las huelgas continúan.

Diciembre de 1981: Jaruzelski impone la ley marcial a causa de las presiones soviéticas. Se prohíbe Solidaridad, sus líderes son encarcelados y se cortan las comunicaciones internas y externas del país. En respuesta, Estados Unidos impone sanciones económicas a Polonia.

Junio de 1983: El Papa hace un llamamiento a la calma durante su visita a Polonia y se reúne con los líderes del gobierno y con Walesa.

Julio de 1983: La ley marcial llega a su fin, aunque muchos de los líderes de la oposición permanecen en la cárcel. El PZPR inicia varias reformas políticas y económicas, entre las que se incluye la reducción de las restricciones impuestas a la Iglesia.

Marzo de 1985: Mijaíl Gorbachov se convierte en líder de la Unión Soviética. Liberaliza el sistema político y económico, y relaja el control soviético sobre Europa Oriental y Central.

Septiembre de 1986: Jaruzelski declara la amnistía total para los presos políticos. Reaparecen los líderes de Solidaridad, aunque el sindicato sigue siendo ilegal. El gobierno introduce nuevas reformas económicas orientadas al mercado.

Mayo de 1988: Comienza la mayor oleada de huelgas y protestas desde 1981, que se prolonga durante el verano, aunque con objetivos y líderes poco definidos y escasos.

Agosto de 1988: El gobierno inicia el diálogo con Solidaridad y la Iglesia actúa de intermediaria. Jaruzelski se reúne con Walesa. El ministro del Interior Czeslaw Kiszczak mantiene conversaciones sobre cómo llevar a cabo las negociaciones.

Enero de 1989: Jaruzelski, Kiszczak y otros ministros destacados del PZPR obligan a los líderes de su partido a que respalden las negociaciones bajo amenaza de dimisión.

Febrero de 1989: Se inician las negociaciones de la Mesa Redonda entre los representantes de las autoridades y Solidaridad. En su primera declaración, el gobierno anuncia la legalización de Solidaridad.

Abril de 1989: Concluyen las negociaciones de la Mesa Redonda con un acuerdo general para incluir a los representantes de Solidaridad, que permite que los candidatos no pertenecientes a la era comunista compitan por el 35% de los escaños en el Sejm (Cámara Baja) y reserva el 65% restante a los miembros del PZPR y sus partidos filiales; se establece la libre elección del Senado, abierta a todos los candidatos; y una presidencia no partidista elegida por los miembros de ambas cámaras. La mayoría de las cuestiones económicas y sociales que se debaten en las conversaciones de la Mesa Redonda se dejan en manos del Parlamento y el gobierno siguientes.

Junio de 1989: Se celebran elecciones legislativas parcialmente libres en Polonia. Los candidatos respaldados por Solidaridad ganan de forma arrolladora y obtienen 99 de los 100 escaños del Senado y el 35% de los escaños del Sejm reservados a los candidatos que no habían pertenecido a partidos de la era comunista.

Agosto de 1989: Los partidos filiales del PZPR desertan para unirse a Solidaridad. Después de que el PZPR fracasa en su intento de formar una gran coalición, Tadeusz Mazowiecki, perteneciente a Solidaridad, asesor de Walesa y del sindicato, y líder en la Mesa Redonda, se convierte en la primera persona no comunista elegida primer ministro en el Pacto de Varsovia. Solidaridad mantiene su promesa inicial y permite que Jaruzelski acceda a la presidencia. Durante el mandato de Mazowiecki se introducen profundas reformas políticas y económicas.

Noviembre de 1989: Cae el Muro de Berlín; Mijaíl Gorbachov deja claro que la Unión Soviética no intervendrá en apoyo a los regímenes comunistas aliados. El régimen comunista llega a su fin en toda Europa Oriental a finales de año.

Enero de 1990: Bajo la dirección del ministro de Economía Leszek Balcerowicz comienza el «tratamiento de choque» (el denominado plan Balcerowicz), un programa de liberalización orientado al mercado para estabilizar la economía y preparar la privatización, que da lugar a una devaluación considerable de la moneda polaca y de los salarios.

Enero de 1990: Se disuelve el PZPR. Muchos políticos reformistas del PZPR se unen posteriormente a la Alianza de la Izquierda Democrática (SLD) dirigida por Aleksander Kwasniewski, antiguo líder de uno de los subgrupos de la Mesa Redonda.

Mayo de 1990: Los candidatos de Solidaridad ganan por una arrolladora mayoría las elecciones locales libres. Comienza la escisión en la cúpula de Solidaridad debido al aumento de las tensiones entre Mazowiecki y Walesa.

Diciembre de 1990: Tras la dimisión de Jaruzelski se celebran elecciones presidenciales directas. Solidaridad se divide; Walesa derrota con facilidad tanto a Mazowiecki como al resto de los candidatos y se hace con la presidencia.

Octubre de 1991: Se celebran las primeras elecciones parlamentarias libres. 29 partidos obtienen escaños; tanto los conservadores populistas como los poscomunistas consiguen buenos resultados.

Diciembre de 1991: Jan Olszewski es elegido primer ministro tras las elecciones parlamentarias. Walesa y Olszewski se enfrentan por la designación de los cargos militares y por la manera de abordar los abusos del pasado, hasta que Olszewski dimite al año siguiente. Polonia y la Unión Europea (UE) firman un Acuerdo de asociación, un importante paso hacia su condición de miembro.

Agosto de 1992: Tras la salida de Olszewski, el Sejm aprueba una «Pequeña Constitución» que define las competencias del presidente y el primer ministro y aumenta el umbral para que los partidos puedan optar a escaños en el Sejm.

Septiembre de 1993: La SLD y el Partido Campesino Polaco (PSL), antiguo partido filial de los comunistas, ganan las elecciones anticipadas al Parlamento, en parte debido a la fragmentación de la derecha derivada de la escisión de Solidaridad. El líder del PSL, de menor tamaño (aunque menos controvertido), accede al cargo de primer ministro.

Noviembre de 1995: La SLD de Kwasniewski derrota por un ajustado margen a Walesa en las elecciones a la presidencia.

Abril de 1997: Se aprueba la nueva Constitución. En ella se mantienen la mayoría de las instituciones políticas existentes, aunque se eliminan los escaños del Parlamento que previamente se elegían a escala nacional y se limita el poder del presidente.

Julio de 1997: Polonia es invitada a incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ofrecimiento que cuenta con el firme apoyo de Kwasniewski. El país acepta y se adhiere a la organización tras dos años de conversaciones.

Octubre de 2000: Kwasniewski sale reelegido tras derrotar a una oposición muy fragmentada.

Mayo de 2004: Polonia se incorpora a la UE tras celebrar un referéndum; es la única economía de la UE que crece inmediatamente después de la crisis económica internacional de 2008.

Septiembre de 2005: La SLD se desploma, plagada de escándalos. Los partidos de centro derecha y de centro izquierda que surgen tras Solidaridad ganan apoyos.

Octubre de 2005: Lech Kaczynski, exalcalde de Varsovia, es elegido presidente. Kwasniewski no puede presentarse a la reelección debido a los límites establecidos al mandato presidencial.

Abril de 2010: Kaczynski, otros altos funcionarios y 15 diputados fallecen en un accidente de avión. Sus sucesores asumen los respectivos puestos sin complicaciones y se convocan elecciones a la presidencia.

LECTURAS RECOMENDADAS SOBRE POLONIA

ASH, Timothy Garton, The Polish Revolution: Solidarity [La revolución polaca: Solidaridad], New Haven, Conn.: Yale University Press, 1983.

BERNHARD, Michael, The Origins of Democratization in Poland [Los orígenes de la democratización en Polonia], Nueva York: Columbia University Press, 1993.

BLEJER, Mario I. y CORICELLI, Fabrizio, The Making of Economic Reform in Eastern Europe: Conversations with Leading Reformers in Poland, Hungary, and the Czech Republic [La gestación de la reforma económica en Europa del Este: conversaciones con los principales reformadores de Polonia, Hungría y la República Checa], Brookfield, Vt.: Aldershot, 1995.

CASTLE, Marjorie, Triggering Communism’s Collapse: Perception and Power in Poland’s Transition [El detonante del colapso del comunismo: percepción y poder en la transición polaca], Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2003.

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1. Wojciech Jaruzelski, 1989-1990; Lech Walesa, 1990-1995; Aleksander Kwasniewski, 1995-2005.

2. Dudek, Antoni, Historia Polityczna Polski 1989-2012, Cracovia: Wydawnictwo “Znak”, 2013, p. 75.

3. Ibíd., p. 77.

4. Kowalik, Tadeusz, From Solidarity to Sellout [De Solidaridad a la claudicación], Nueva York: Monthly Review Press, 2011.

CAPÍTULO 8

Sudáfrica

LA DEMOCRACIA COMO
SUBPRODUCTO: LA TRANSICIÓN
NEGOCIADA DE SUDÁFRICA

Steven Friedman,
Universidad de Johannesburgo

El trayecto recorrido por Sudáfrica desde la oligarquía racial hasta el sufragio universal difiere notablemente de la mayoría de las transiciones a la democracia (si no todas): no se trataba de que un régimen autoritario diera paso a un orden democrático, sino de que toda la población accediera a los beneficios de la ciudadanía que ya disfrutaba una minoría racial.

Por tanto, aunque ambos lados insistían en que valoraban la democracia, esta no era el objetivo primordial de ninguno de ellos. Al igual que los blancos de otras excolonias británicas, la minoría racial sudafricana disfrutaba de una democracia multipartidista. El compromiso con la «democracia de los blancos» era un aspecto importante en los cálculos del último presidente blanco, F. W. de Klerk, como se refleja en la entrevista aquí publicada. Sin embargo, el objetivo principal de los líderes blancos era proteger los derechos de la población blanca, no la democracia. La resistencia liderada por los negros buscaba poner fin al dominio blanco: la democracia no era una condición irrenunciable. Muchos dirigentes del Congreso Nacional Africano (CNA), que lideró la lucha contra el apartheid, eran demócratas convencidos, pero en el movimiento había leninistas y nacionalistas africanos, más interesados en derrotar al poder blanco que en lograr la democracia. Las negociaciones dieron lugar a una Constitución democrática porque ese pareció el resultado más tolerable para ambas partes. Así pues, la transición se ajustó a la tesis de Dankwart Rustow, según la cual la democracia surge de la negociación entre partidos que no la ven como su primera opción pero que se conforman con la que consideran la mejor opción posible.1

La democracia nació de un compromiso entre organizaciones políticas que representaban a grupos bien definidos: De Klerk dirigía un Partido Nacional (PN) que los blancos reelegían de forma rutinaria, mientras que el CNA (en cuyo nombre negociaba Mbeki) era el «movimiento de liberación» más antiguo del mundo, en el que la mayoría de los sudafricanos negros confiaba desde hacía casi un siglo. Los dos bandos asumieron que el CNA se impondría en unas elecciones libres, por lo que la transición recordó a un conflicto laboral cuyo resultado viene determinado por el poder de negociación de las partes. Faltaba el «velo de ignorancia» de John Rawls, que explica que las partes de una constitución desconocen por completo quién saldrá victorioso y, por tanto, protegen al «derrotado» por si fueran ellas las que necesitaran protección. Esta ausencia dificultó la transición, aunque también dio pie a la disposición de los distintos grupos a alcanzar acuerdos. Asimismo, impidió que la sociedad civil, que no fue irrelevante ni mucho menos, participara directamente en las negociaciones formales que propiciaron la democracia.

El proceso

La transición de Sudáfrica fue el resultado de una lucha prolongada entre los colonos blancos y la población indígena negra. El conflicto comenzó con la llegada de los blancos en 1652. En 1910, las élites blancas crearon el Estado moderno de Sudáfrica, desoyendo las demandas de los negros. En 1948, el PN se impuso en unas elecciones en las que solo votaron los blancos e introdujo el apartheid, un sistema que negaba los derechos de ciudadanía a la población negra en el 87% del territorio del país reservado a los blancos. El CNA, creado para luchar contra la desposesión de la población negra a raíz de la fundación del Estado, lideró la resistencia al apartheid. Fue ilegalizado en 1960, con lo que se lo condenó a la clandestinidad y el exilio. Una década antes se había ilegalizado el Partido Comunista de Sudáfrica, que posteriormente se convertiría en aliado del CNA. Entre 1960 y 1990, el CNA trabajó en la clandestinidad, con sus líderes encarcelados o fuera del país.

El Estado contaba con un poder militar suficiente para aplastar a la resistencia negra, pero el apartheid resultó insostenible. El sistema empezó a resquebrajarse a finales de la década de 1960, cuando la escasez de trabajadores blancos no dejó otra alternativa al gobierno que autorizar a las empresas a contratar a trabajadores negros para puestos más cualificados. De ese modo, ya no fue posible tratar a los negros como extranjeros en las ciudades, y los trabajadores adquirieron el poder de negociación que concede un estatus superior. En 1973 las huelgas propiciaron una serie de reformas que culminaron en el reconocimiento, en 1980, del derecho de negociación de los sindicatos negros. En 1976 los estudiantes del distrito segregado de Soweto, en las afueras de Johannesburgo, se rebelaron contra la enseñanza en afrikáans, la lengua de la mayoría de los blancos. Se inició así un proceso de reforma con el que el gobierno trató de abandonar ciertos aspectos periféricos del apartheid con la esperanza de preservar el predominio político blanco. Cada concesión, sin embargo, era una retirada y a la larga se impuso la regla de la mayoría. La intensificación de la resistencia en la década de 1980 convirtió los distritos segregados (donde se obligaba a vivir a la población negra) en campos de batalla y llevó al gobierno a declarar dos estados de emergencia con la intención de sofocar la sublevación. La presión internacional contra el apartheid aisló a la sociedad blanca, las empresas empezaron a cuestionar la viabilidad del sistema y surgieron dudas en la clase dirigente afrikáner.

El presidente P. W. Botha, alarmado ante la resistencia cada vez mayor, cedió el poder del PN al aparato de seguridad, a fin de resistir a la presión. Sin embargo, el reconocimiento por parte del gobierno de que la estabilidad requería el consentimiento de la población negra cambió los parámetros en los que se movían los dirigentes blancos: tal consentimiento sería imposible mientras el apartheid existiera, y los intentos de obtenerlo obligaron a nuevas retiradas. Ningún político negro con respaldo negociaría hasta que el CNA y su líder, Nelson Mandela, pudieran participar. Así pues, las reformas no apuntalaron el sistema, sino que dividieron a las élites y facilitaron nuevas oportunidades a la resistencia. En público, el CNA denunciaba las reformas. Lejos de los micrófonos, el aparato de seguridad de Botha y los estrategas del CNA establecían sus primeros contactos.

El fin del principio

Los contactos entre los funcionarios de seguridad del Estado y las delegaciones del CNA lideradas por Thabo Mbeki comenzaron a mediados de la década de 1980 y se prolongaron durante un decenio. Las conversaciones iniciales dieron paso a reuniones secretas facilitadas por la empresa minera Consolidated Goldfields. A partir de 1985, cuando una delegación de empresarios blancos viajó a la capital de Zambia, Lusaka, para reunirse con el CNA, se hizo cada vez más habitual que las élites sudafricanas blancas se reunieran con ese partido. Frederick van Zyl Slabbert, sociólogo blanco afrikáner convertido en líder de la oposición blanca en el Parlamento, dimitió en 1986 para fundar un instituto dedicado a facilitar el contacto entre figuras clave de la sociedad blanca y el CNA. De ese modo se aumentó la legitimidad para la negociación. El CNA realizó una declaración en 1987 en la que aceptaba negociar el fin del apartheid; al mismo tiempo, el PN empezó a reconocer que la población negra debía gozar de derechos políticos, siempre que los blancos mantuvieran el derecho a veto. Se intensificaron las demandas para la liberación de Mandela y otros presos políticos.

La posibilidad real de alcanzar un acuerdo se topó con Botha, cuyo programa de reformas había alcanzado su límite. El bloqueo se superó cuando en 1989 Botha sufrió un derrame cerebral y fue sustituido por De Klerk. El relevo propició que la toma de decisiones dejara de depender del aparato de seguridad y retornara al PN, base de poder de De Klerk. La estrategia estaba ahora en manos de los pensadores políticos nacionalistas afrikáners. Ese nacionalismo se había originado en la lucha contra el colonialismo británico, de modo que tenía cierta veta igualitaria que asumía que los miembros de una comunidad política debían tener los mismos derechos; por ese motivo se negaba a los negros el acceso a la comunidad. Una vez establecido el principio de interdependencia racial, resultó aceptable, desde un punto de vista teórico, que la población negra solicitara la ciudadanía. De Klerk estaba abierto a este tipo de razonamiento porque sus valores se cimentaban mucho más que los de su predecesor en la tradición política del nacionalismo afrikáner. Además, a pesar de su fama de extremista, De Klerk era ante todo una persona pragmática que, a mediados de la década de 1980, había empezado a manifestar en privado su aversión a las cuestiones innegociables: esos temas sobre los que los blancos no estaban dispuestos a discutir, según él, cambiarían si las circunstancias así lo exigían. Por consiguiente, aceptaba que sería necesario cambiar la postura negociadora del gobierno blanco. Esos dos factores hicieron que, unos meses después de su toma de posesión, De Klerk asumiera el protagonismo, junto a otras figuras clave del nacionalismo afrikáner, en el inicio de las negociaciones que pusieron fin al apartheid.

El principio del fin

El proceso se puso en marcha en febrero de 1990, cuando De Klerk anuló las restricciones a la actividad política. Las «conversaciones sobre conversaciones» comenzaron unas semanas después de que se anunciara esa medida. Al PN lo empujaron a negociar las potencias occidentales, en especial Gran Bretaña, cuya primera ministra Margaret Thatcher trataba de evitar sanciones contra el apartheid. El embajador británico en Sudáfrica, Robin Renwick, fue fundamental para convencer al PN de que acelerase los cambios con el objeto de esquivar nuevas sanciones. El CNA recibió el mismo tipo de presiones de la antigua Unión Soviética, que había financiado su movimiento guerrillero pero ya no podía seguir haciéndolo. El cambio de postura resultó más sencillo al CNA, pues pudo apelar a una dilatada tradición de disposición a la negociación que Mandela articuló en su tantas veces citado discurso desde el banquillo de los acusados durante su juicio por traición.

Los diplomáticos desempeñaron un papel importante al transmitir mensajes entre ambos bandos, y la intervención internacional derribó el primer obstáculo que había impedido la negociación: la insistente negativa del gobierno del PN a negociar con el CNA hasta que este renunciara a la violencia; y la respuesta del CNA, que no estaba dispuesto a hacerlo hasta que el gobierno se comprometiera «irreversiblemente» con la regla de la mayoría. Al legalizar de forma unilateral el CNA, De Klerk demostró su disposición a hablar sin que hubiera una renuncia a la violencia. El CNA respondió suspendiendo unilateralmente la «lucha armada». Más tarde se tomó una decisión todavía más importante: el CNA suspendió las sanciones internacionales, con lo que manifestó su convencimiento de que el progreso de la regla de la mayoría era irreversible. La caída del Muro de Berlín influyó notablemente en De Klerk, dado que el temor al comunismo había marcado el pensamiento del PN.

En 1990 se convocó un foro de negociación, la Convención para una Sudáfrica Democrática (CODESA). En ella participó un amplio conjunto de partidos políticos, una concesión a la posición negociadora del PN. El CNA, que preveía una victoria si se celebraban elecciones, quería que la Constitución fuese redactada por una asamblea electa. El PN, que sabía que el CNA saldría vencedor, insistía en que una asamblea electa decidiría el resultado de las negociaciones, pues la cuestión principal era si se aplicaría la regla de la mayoría. El PN insistió en un foro de negociación no electo; además, para tratar de atenuar la influencia del CNA, instó a otros partidos a sumarse a las conversaciones, de manera que el PN pudo incorporar a partidos que formaban parte de las instituciones políticas del apartheid. Los únicos posibles aliados del CNA eran otros «movimientos de liberación» que se negaron a participar en las conversaciones. Entre esos otros partidos, el más significativo era el Partido de la Libertad Inkatha (IFP), que estaba integrado en las estructuras de poder tradicionales de la etnia zulú y cuya fuerza le aseguraba un lugar por derecho propio en la mesa de negociación. Las organizaciones de la sociedad civil no estaban invitadas: se celebraba una negociación entre bloques políticos, no una tentativa abierta de desarrollo de un nuevo contrato social.

Aunque CODESA permaneció en sesión hasta 1992, los partidos se empecinaron en una serie de puntos innegociables que hacían que el acuerdo pareciera imposible: el CNA insistía en la regla de la mayoría y el PN exigía un veto de la minoría blanca a los cambios. El IFP gobernaba KwaZulu, la «patria» étnica reservada a los zulúes, aunque había contribuido a la celebración de las negociaciones al oponerse a negociar una Constitución hasta que el CNA y Mandela fueran libres. El IFP tenía un violento enfrentamiento con el CNA, pues quería llegar a un acuerdo que le permitiera conservar su base de poder regional, algo que iba en contra de la regla de la mayoría. Los partidos debían atender a las demandas de sus electores y, de ese modo, era difícil alcanzar un acuerdo. A principios de 1992, el PN fue derrotado en una elección parcial que se consideraba una prueba de fuego para medir el apoyo de los blancos a las negociaciones. La reacción de De Klerk fue convocar un referéndum en el que se pedía a la población blanca que otorgara al PN un mandato abierto para llegar a un acuerdo. Los blancos, preocupados por el aislamiento internacional y el creciente coste del apartheid, accedieron. El referéndum, que permitió a De Klerk y el PN hablar en nombre de la Sudáfrica blanca, tuvo como efecto indirecto la destrucción de CODESA. El CNA y el PN se enzarzaron en una lucha por el apoyo de Estados Unidos, el Reino Unido y Europa Occidental. Los estrategas del PN creían que el referéndum demostraba a Occidente que la derecha era una amenaza real que solo el PN podía desactivar, una situación que desde su punto de vista aumentaba el poder de negociación del partido. El PN se atrincheró en su postura y, a mediados de 1992, CODESA llegó a un punto muerto.

Los meses posteriores fueron los más decisivos del periodo de negociación. Tras el fracaso de CODESA hubo un aumento de la violencia, que nunca llegó a desaparecer a lo largo del proceso. Los partidos medían su fuerza en las calles. También proseguía la batalla por el apoyo internacional. Uno de los momentos clave fue la declaración que el subsecretario de Estado para Asuntos Africanos de Estados Unidos, Herman Cohen, leyó en el mes de julio ante el Subcomité para África de la Cámara de Representantes. En la declaración defendió que los blancos debían buscar protección en un federalismo sin discriminación racial, en vez de buscar el derecho a veto. En septiembre, el CNA y el PN habían aceptado que era necesario sentarse de nuevo a negociar y firmaron un Acta de Entendimiento que incluía concesiones y permitió retomar las conversaciones a principios de 1993. El líder del IFP, Mangosuthu Buthelezi, no fue una de las partes signatarias del Acta. A partir de ese momento, Buthelezi hizo causa común con la derecha blanca para intentar desbaratar el proceso. La violencia seguía presente, y el temor a que la transición se viera amenazada por la resistencia de la derecha se cernió sobre el proceso a lo largo de todo el periodo de negociación.

El acuerdo

Las negociaciones se retomaron a principios de 1993. En abril un líder destacado del CNA y del Partido Comunista, Chris Hani, fue asesinado por derechistas blancos que esperaban que su muerte hiciera estallar la violencia y de ese modo truncara las negociaciones. Tuvo el efecto contrario: el PN temía que se desatara una espiral de violencia incontrolable si no transmitía el mensaje inequívoco de que el proceso era irreversible. Así pues, los partidos acordaron fijar una fecha para las elecciones –el 27 de abril de 1994– que los obligara a alcanzar un acuerdo con anterioridad. Las negociaciones adquirieron un sentido de determinación y en octubre se llegó a un acuerdo. Sin embargo, el IFP y la derecha blanca se negaron a incorporarse a la segunda ronda de conversaciones.

A pesar de que las negociaciones seguían inscribiéndose en un foro multipartidista, el CNA y el PN eran los únicos partidos cuyo consentimiento resultaba imprescindible. No hubo participación directa de la sociedad civil, si bien las organizaciones vinculadas a los partidos políticos pudieron ejercer cierta influencia. El grupo de promoción de la mujer, a través de las activistas del CNA, obtuvo triunfos sustanciales; por su parte, los sindicatos relacionados con el CNA lograron que en la Constitución se consagrara el derecho de huelga y frustraron los esfuerzos de las empresas para que se les reconociera el derecho al cierre patronal. La química entre los negociadores principales –Cyril Ramaphosa, exsindicalista, por el CNA; y Roelf Meyer, ministro reformista que posteriormente engrosaría las filas del CNA, por el PN– dio grandes resultados. Aunque es cierto que su relación personal influyó, el reconocimiento por parte de todos de que era necesario alcanzar un acuerdo para garantizar la estabilidad, y el hecho de que se había establecido una fecha límite, favorecieron la reflexión.

Las posturas enfrentadas del CNA –que demandaba la regla de la mayoría– y el PN –que demandaba el veto de la minoría– se fueron acercando en las negociaciones. La cuestión de si la Constitución debía negociarla una asamblea electa o un foro no electo se resolvió por medio de una Constitución provisional. Un Parlamento electo redactaría la Constitución permanente, que se ceñiría a una serie de principios acordados a fin de limitar el alcance de los posibles cambios. Así, el CNA podría decir que el documento había sido elaborado por una asamblea electa, y el PN, que había logrado limitar la regla de la mayoría. Los negociadores también acordaron que los partidos tendrían derecho a un puesto en el gabinete por cada 5% de los votos y a un viceministerio si obtenían el 20%. Esta concesión del CNA, así como otras salvaguardias temporales de los intereses de los blancos, se lograron al convertirse Joe Slovo, dirigente del Partido Comunista, en el principal defensor de las «cláusulas de extinción» que ofrecían garantías durante los cinco primeros años. La cuestión principal era si las minorías en el gabinete tendrían derecho a veto. En el último momento, Meyer (con la aprobación de De Klerk) aceptó la inexistencia de tal derecho y al día siguiente se aprobó la Constitución provisional. Aunque algunos miembros del PN hablaron de traición, esa concesión era fruto de la evolución continua de la posición negociadora del partido. Ante la evidencia de que no era posible alcanzar un acuerdo sin aceptar la regla de la mayoría, los estrategas del PN llegaron a la conclusión que, a pesar de todo, su control sobre las Fuerzas Armadas, la Policía y la burocracia, además del conocimiento técnico y el capital, garantizarían el mantenimiento de la influencia de los blancos.

Buthelezi y sus aliados blancos se mantuvieron al margen del acuerdo. Sin embargo, la derecha blanca decidió presentarse a las elecciones. Posteriormente, Buthelezi y el IFP siguieron sus pasos, una semana antes de la votación. A pesar de que los motivos inmediatos no están claros, su sueño de un enclave independiente estaba condenado al fracaso, pues la estrecha relación entre las empresas de los blancos, los trabajadores negros de su provincia y la economía sudafricana hacía inaceptable la división.

Apuntes sobre liderazgo

Las descripciones del proceso de negociación suelen hacer hincapié en la importancia del liderazgo para alejar a Sudáfrica de la oligarquía racial y guiarla hacia la democracia constitucional. De Klerk y Mandela recibieron el Premio Nobel en reconocimiento a su labor para convencer a sus simpatizantes de que era necesario hallar una solución de transacción; por su parte, la química entre Ramaphosa y Meyer, y el compromiso recíproco con el acuerdo suelen citarse como factores clave (Mbeki, que fue fundamental en la orientación estratégica del CNA, pocas veces recibe el reconocimiento que merece).

Sin duda, el liderazgo fue importante. Es posible que el coste del apartheid fuese cada vez mayor para los blancos, pero no existe ninguna ley de hierro que establezca que De Klerk y sus aliados tenían que darse cuenta de ello: la élite blanca de la antigua Rodesia, ahora Zimbabwe, no se dio cuenta jamás. El CNA solo podía acabar con el apartheid llegando a un acuerdo, pero Mandela y Mbeki (junto a Slovo y otras figuras destacadas) velaron por que el partido encarara las negociaciones con un planteamiento mucho más incluyente que el de sus homólogos de Zimbabwe. Meyer contribuyó en gran medida a que el PN aceptara, a regañadientes, la regla de la mayoría, y la habilidad negociadora de Ramaphosa permitió obtener un trato aceptable para las bases del CNA.

En cualquier caso, la importancia del liderazgo puede exagerarse, y a menudo así sucede. Sudáfrica no fue rescatada de un interminable baño de sangre por un simple grupo de líderes sabios. Una compleja combinación de interdependencia económica e influencias culturales y políticas hizo posible que el respaldo a una sociedad común fuese mucho mayor del que la mayoría de los análisis preveían. Una serie de intereses sociales clave, entre ellos los del sector empresarial y el movimiento sindical, e instituciones como la Iglesia, también ejercieron presión en favor de una solución de avenencia. Sudáfrica, a pesar de las apariencias, estaba preparada para ello, pero es indudable que se requería destreza y visión políticas para convertir ese potencial en realidad. Sin esa destreza, es posible que se hubiera llevado a cabo una transición, pero habría sido más violenta y menos capaz de crear las condiciones necesarias para una sociedad viable.

Después del acuerdo

El acuerdo y las elecciones fueron momentos fundamentales en la transición desde el dominio de la minoría blanca hasta la democracia mayoritaria, que seguirá siendo incompleta durante décadas. El PN recibió el 20% de los votos en 1994, lo que le dio derecho a un vicepresidente –De Klerk– y cuatro ministros en el gabinete. El IFP obtuvo el 10% de los votos y dos miembros en el gabinete. Sin embargo, el PN abandonó el gobierno de Unidad Nacional en 1995, frustrado por su incapacidad para influir en las decisiones: los tres sectores de poder blanco cuyo consentimiento precisaba el CNA –empresa, burocracia y militares– negociaron sus propios acuerdos con el CNA, de manera que no necesitaban al PN. En todo caso, los blancos aún controlan la mayor parte del capital y los conocimientos técnicos, lo cual sigue limitando las opciones del CNA.

La romántica idea de que el acuerdo podía dar paso a la unidad nacional demostró ser esquiva. A pesar de las profundas divisiones, todos los partidos tienen en común una identidad sudafricana. Sin embargo, las identidades raciales en las que se sustentaba el apartheid no han desaparecido. La Comisión de Verdad y Reconciliación, basada parcialmente en su precursora chilena, se creó a fin de investigar las violaciones de derechos durante el apartheid y conceder la amnistía a los perpetradores que confesaran sin reservas lo que habían hecho. Ayudó a consolidar un proceso de deslegitimización del apartheid, pero solo en el sentido de que defenderlo abiertamente se ha convertido en tabú; manifestar prejuicios raciales en lenguaje en clave no lo es. Sudáfrica sigue dividida por raza, y el predominio de los blancos en la economía y la sociedad persiste.

Como todo proyecto democrático, el de Sudáfrica está inconcluso. Las divisiones raciales aún impiden la cooperación entre los líderes empresariales, en su mayoría blancos, los profesionales y el gobierno, fundamentalmente negro. La pobreza y la desigualdad, que la raza determina en gran medida, siguen dividiendo a la sociedad. Aunque se reconoce que las elecciones son libres y justas, el hecho de que la raza incline de un modo tan evidente las preferencias de los votantes –y que los blancos sigan dominando los barrios pudientes de los suburbios, mientras que los negros viven en distritos de bajos ingresos– limita enormemente la competencia entre partidos: la mayoría de las zonas residenciales son feudos inexpugnables o bien del partido en el gobierno o bien del partido de la oposición. Además, aunque ahora votan todos los ciudadanos, millones de personas carecen de voz en una sociedad en la cual alrededor de un tercio de la población (blancos y negros) vive en una bulliciosa democracia y los otros dos tercios (solo negros) todavía son silenciados en buena medida por las relaciones de poder de base.

No se trata de negar los logros de la democracia. Se han protegido las libertades y la Constitución sigue intacta, gracias a sentencias judiciales que la hacen respetar y que el gobierno acepta invariablemente. Los estrategas del apartheid esperaban que la creación de una clase media negra desviase las demandas políticas, pero esa clase media ha surgido ahora a raíz de la democratización que supuestamente debía impedir. No obstante, con los acuerdos democráticos no concluye el camino hacia la democracia; abren nuevas posibilidades para proseguirlo e institucionalizarlo de forma gradual. A pesar de que la democracia se enfrenta en Sudáfrica a retos formidables, la democratización ha resultado más perdurable de lo que cabía esperar cuando el proceso se puso en marcha.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE F. W. DE KLERK,
PRESIDENTE DE SUDÁFRICA (1989-1994)

F. W. de Klerk, hijo de un prominente político afrikáner, es abogado y dirigente del Partido Nacional (PN). Ocupó diversos cargos en el gobierno durante la década de 1980. Estaba imbuido del compromiso afrikáner con el apartheid y el gobierno parlamentario de los blancos, un sistema que negaba la representación política a casi el 90% de la población de Sudáfrica. Después de que el anterior presidente, P. W. Botha, sufriera un derrame cerebral, De Klerk era considerado el más conservador de los posibles candidatos, a pesar de que se había opuesto a las tímidas medidas de Botha para reformar y defender el apartheid, al considerar que no darían resultado. Al llegar a la presidencia en 1989, De Klerk alejó el gobierno del aparato de seguridad interna, en el que Botha tenía mucha confianza, y lo acercó al PN, partidario de acometer reformas más profundas para proteger los intereses a largo plazo de la población afrikáner. Entendía que la transformación de la economía, la creciente urbanización de la sociedad y el nuevo contexto internacional hacían insostenible el apartheid.

En febrero de 1990, en un discurso que tomó al país y al resto del mundo por sorpresa, De Klerk anunció la legalización del Congreso Nacional Africano (CNA), la liberación de Nelson Mandela y los demás presos políticos, y el inicio de negociaciones con Mandela y el CNA con miras a elaborar una nueva Constitución y abrir el camino a la plena participación de la mayoría negra. Aunque la iniciativa pareció repentina, se había forjado con gran cuidado durante años de «conversaciones sobre conversaciones» entre funcionarios del gobierno y Nelson Mandela –reuniones que muchos miembros del gabinete desconocían–, así como en varios retiros con su gabinete dirigidos a fomentar el consenso. De Klerk se las ingenió para mantener su base política, controlar a los extremistas y a las fuerzas de seguridad y hacer concesiones oportunas al CNA, proyectando al mismo tiempo una imagen permanente de autoridad, incluso cuando se debilitaron las bases fundamentales de su poder y se instauró la democracia no racial. Cuando Mandela y el CNA ganaron las elecciones nacionales y el primero ocupó el cargo en abril de 1994, De Klerk fue durante un tiempo vicepresidente del Gobierno de Unidad Nacional dirigido por Mandela, cargo al que renunció posteriormente para dirigir el Nuevo Partido Nacional, en la oposición.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE F. W. DE KLERK

Principios fundamentales

Brevemente, ¿qué aspectos prácticos de la transición a la democracia, en los que se reflejen sus principios básicos, cree que deben entenderse y recordarse?

La experiencia sudafricana nos ofrece lecciones que pueden resultar pertinentes en otros contextos. La primera lección, fundamental, es que no se puede resolver un conflicto si las partes interesadas no hablan entre sí. La negociación es el único camino para lograr una paz duradera.

En segundo lugar, las partes principales del conflicto deben ser conscientes de que hace falta un cambio, de que es necesario llegar a un acuerdo. La negociación ha de ser sincera e íntegra; no debe haber juegos entre las partes. Para ello, en Sudáfrica tuvo que llegar ese momento en que nos dijimos: «Tenemos que cambiar: no por la presión, ni para satisfacer a los demás, sino porque tenemos la convicción de que las cosas no pueden seguir así». Eso fue lo que sucedió en el PN antes de que yo fuera presidente.

Bajo el mando de mi predecesor, en la década de 1980, atravesamos un periodo de autoanálisis profundo y llegamos a la conclusión de que teníamos que cambiar. En ese proceso de autoanálisis nos planteamos cuál era el camino correcto y llegamos a la conclusión de que no podíamos construir un futuro para nuestra gente basado en un trato injusto a la mayoría de la población del país. Nos vimos obligados a admitir que habíamos fracasado en nuestro intento de lograr justicia y ofrecer los mismos derechos políticos plenos a todos los sudafricanos por medio de los estados-nación. Concluimos que aferrándonos a ese principio jamás habría justicia para todos y, por tanto, se forjó en nosotros la convicción de que debíamos efectuar un cambio fundamental.

Sin embargo, cuando mirábamos al resto de África nos preocupaba que ese cambio nos llevase a la anarquía, en lugar de a una democracia saludable. Así caímos en la cuenta de que teníamos que negociar un acuerdo que propiciara una buena democracia, garantizara la seguridad de todos, promoviera políticas económicas equilibradas y velara por la erradicación de toda discriminación basada en la raza, el color de la piel o cualquier otro motivo.

Otra lección que aprendimos fue que para distender una situación en apariencia irresoluble hacen falta iniciativas. Me di cuenta de que, si iba paso a paso –si, por ejemplo, solo hacía cinco concesiones sobre cinco cuestiones importantes, pero dejaba otras sin resolver–, el CNA contraatacaría negándose a tomar parte en las negociaciones si yo no hacía concesiones en los demás asuntos. Así pues, mi conclusión, a la que llegué conjuntamente con mi gabinete y la dirección del partido, fue que era fundamental preparar un paquete de medidas que obligara al CNA a aceptar la invitación a la mesa de negociación.

Por ejemplo, si yo me hubiera limitado a liberar a Mandela y a otras seis figuras destacadas pero hubiera retenido al resto de los presos políticos, el CNA me habría dicho: «Muchas gracias, pero no negociaremos con ustedes hasta que excarcelen a todos los presos políticos». Por ese motivo preparamos un paquete con el que intentamos abordar todas las preocupaciones del CNA que podíamos plantearnos y que cabía describir como razonables.

Para que una negociación prospere hay que ponerse en el lugar de la otra parte. Hay que analizar sus argumentos y determinar cuáles pueden ser sus exigencias mínimas para participar de manera cooperativa y constructiva en el proceso de negociación. Así lo hicimos, y en el mensaje del 2 de febrero de 1990 se recogía ese paquete. Nos sirvió en ese momento para demostrar autoridad moral. Después de aquel anuncio no habría sido razonable que el CNA rehusara el diálogo. La comunidad internacional se habría puesto totalmente en su contra; tuvieron que aceptar.

Tras leer mi discurso, que se distribuyó con anterioridad, un periodista sudafricano exclamó: «Dios mío, lo ha hecho todo». Y era cierto, el propósito del paquete era hacerlo todo. Asumimos un riesgo enorme. No impusimos condiciones de antemano. Entonces, después de una primera ronda de discusiones muy amplias en Groot Schuur, en abril de 1990, el CNA tomó la iniciativa. No nos habían dicho nada al respecto, del mismo modo que nosotros no habíamos hablado con ellos del paquete de medidas. Tomaron la iniciativa de suspender unilateralmente la lucha armada. Aquellas dos iniciativas sentaron las bases de la negociación, y al final todo salió bien.

Sentar las bases para el diálogo y la negociación

Antes de pronunciar su decisivo discurso a principios de 1990, se habían reunido con el CNA. ¿Cómo les ayudaron esas conversaciones a diseñar una estrategia y avanzar? Por otra parte, para negociar y obtener resultados, necesitaban un homólogo y personas de confianza. ¿Cómo las encontraron?

No todos los miembros del gabinete de mi predecesor sabían lo que estaba pasando entre bastidores. El presidente Botha solo lo comunicó a un pequeño círculo. Yo no sabía nada al respecto. Yo era el líder del PN en la provincia de Transvaal, era una figura importante en el partido y el gabinete, pero no formaba parte de su círculo de confianza. Cuando me nombraron líder del partido, el 2 de febrero de 1989, Kobie Coetsee –que tuvo una cartera ministerial en el gabinete, fue durante un tiempo ministro de la Presidencia y, posteriormente, ministro de Justicia– me puso al corriente. Él estaba al mando, era una de las cuatro personas que estaban hablando con Mandela: Coetsee; Niel Barnard, del Servicio Nacional de Inteligencia; el general Willemse, jefe de los Servicios Penitenciarios; y Fanie van der Merwe, secretario (lo que hoy sería el director general) del Departamento de Justicia. Mandela tenía autorización para escribir a la dirección ejecutiva nacional del CNA a fin de obtener el mandato de examinar la posibilidad de iniciar conversaciones. En cualquier caso, no se abordaba lo sustancial; eran «conversaciones sobre conversaciones», charlas en torno a la posibilidad de entablar negociaciones. Solo me informaron plenamente de la situación cuando asumí el liderazgo.

La postura oficial ante la opinión pública era que no negociábamos con terroristas. En retrospectiva, todo aquello preparó el terreno para las iniciativas que tomé más adelante. Reforzó mi posición. El trabajo preliminar que se había llevado a cabo me convenció de que podía ser audaz.

En los distintos casos que hemos estudiado, hay actores que no se implican plenamente y tratan de socavar el proceso de transición. ¿Qué le hizo confiar, en febrero de 1990, en que podía llevar a cabo un programa de cambio tan valiente?

Nos ayudó el hecho de que entre 1985 y 1987 se habían aplicado estrictas medidas de seguridad que dieron lugar a la detención sin juicio de miles de personas, en el marco de una lucha eficaz desde el punto de vista militar y de la seguridad. Aquella situación hizo que el CNA cayera en la cuenta de que no podía derrocar al gobierno y de que la solución no pasaba por las armas. Aunque no justifico los elementos negativos de nuestros métodos, el mejor punto de partida para la resolución de un conflicto es que sus partes principales adquieran conciencia de que la perpetuación del conflicto solo puede acarrear la devastación del país y de que no existe una esperanza real de ganar la «guerra». Esa era nuestra situación. Nos dimos cuenta de que necesitábamos una solución política, de que la solución no nos la iban a dar ni los militares ni las leyes de seguridad. Creo que el CNA llegó a la misma conclusión. Las duras medidas que tomamos, pero también aquellas «conversaciones sobre conversaciones» previas, lograron convencerlos.

¿Cómo impliqué a mi equipo? No quiero dármelas de héroe. Mi predecesor puso el proceso en marcha con el concepto de los «encuentros secretos». En esos encuentros el presidente convocaba a los dirigentes del partido, al gabinete, al círculo ejecutivo, lejos de la ciudad, a veces en lugares donde ni siquiera funcionaban los teléfonos móviles. No había excusas para nadie. Todos estaban aislados, obligados a hablar entre sí en un proceso de autoanálisis. Mantuve esa práctica desde el momento en que me nombraron líder del PN, e incluso celebramos alguno de esos encuentros antes de convertirme en presidente. Durante los primeros meses de mi mandato, hasta principios de diciembre de 1989, tuvimos varios encuentros que planteamos en los siguientes términos: «Ya hemos dado el paso, hemos aceptado que un cambio fundamental es necesario. Ahora la pregunta es: ¿cómo lo hacemos? ¿Qué plan de acción deberíamos adoptar? ¿Cuál es nuestro objetivo?».

Cambiar por el mero hecho de cambiar no tiene sentido; hace falta una meta. Y nuestra meta era una Sudáfrica unida con una legislación libre de toda forma de discriminación, donde todos los votos tuvieran el mismo valor, con una Constitución fuerte. La nueva Sudáfrica debía contar con un Tribunal Constitucional sólido, con pesos y contrapesos que imposibilitaran los abusos de poder o el predominio de cualquier grupo sobre los demás en el futuro. Esa fue la meta que emanó de aquellas discusiones íntimas y abiertas. En cualquier grupo de ejecutivos de alto nivel, tanto en el ámbito empresarial como en el político, hay opiniones diversas, pero el proceso nos permitió llegar a un consenso interno.

Dediqué mucho esfuerzo a crear ese consenso interno, al igual que a todas las demás cuestiones que abordé como dirigente del partido y como presidente. Todo mi gabinete se identificó con el paquete que anunciamos. No todos participaron en la formulación exacta del texto a cada paso. Sin embargo, sí se consensuó el principio amplio de cambio fundamental, la preparación de un paquete, la intención de tomar la iniciativa. Después los convoqué, poco antes de pronunciar el discurso, y les pregunté: «Esto es lo que voy a anunciar. ¿Estamos todos de acuerdo?». Ellos respondieron que sí. También les hice prometer que no se lo contarían ni a sus esposas. Ni siquiera yo le dije a mi mujer lo que me disponía a anunciar. Lo único que le advertí fue: «Sudáfrica jamás volverá a ser la misma». Así se mantuvo el secreto.

A partir de ese momento seguí un proceso vertical, de arriba hacia abajo. Una vez que obtuve el respaldo y la identificación con nuestras iniciativas de la dirección de mi partido –porque en el gabinete estaban todos los líderes provinciales y las figuras destacadas del partido–, les encomendé la tarea de convencer al segundo nivel en la jerarquía. A través de ese segundo nivel, debían interactuar constantemente con la base de afiliados, a fin de persuadirlos de que era necesario un cambio fundamental si queríamos evitar una catástrofe, y de que además había que llevarlo a cabo porque era lo correcto.

Tenía que insistir constantemente en que aceptaran ser copropietarios del proceso. Cuando empezaron las negociaciones, volvieron a emerger las divisiones típicas en todo grupo de ejecutivos. Algunos decían: «No podemos ceder en esto». Otros respondían: «Tenemos que hacer esta concesión». También había indecisos, así que todas las semanas dedicábamos una o dos horas de la sesión de gabinete a aclarar los detalles sobre el proceso de negociación, a crear consenso, de manera que todos pudieran expresar libremente su opinión. Después yo, en calidad de líder, explicaba qué creía que debíamos hacer, y luego ellos aceptaban o no. Si aceptaban, daba el siguiente paso sabiendo que había consenso al respecto.

Sin duda habría momentos en que a algunas personas les resultaba complicado subirse a bordo. ¿Tuvo que reemplazar a alguien para asegurarse de contar con el apoyo del gabinete?

Durante mi presidencia realicé algunos cambios de gabinete. Destituí a un ministro porque hacía demasiadas cosas por su cuenta, sin el visto bueno del gabinete. Otros ministros, debido a la violencia permanente, habrían resultado problemáticos de haber conservado sus carteras de seguridad. Por ese motivo desplacé al ministro de Policía y al general Malan –ministro de Defensa– a departamentos civiles, y asigné sus antiguos ministerios a otras personas. Imagino que el consenso que alcanzamos no fue del gusto de todos, pero así es como funciona un gabinete y creo que es un buen sistema. Al final, cada miembro debe decidir si se enfrenta a una cuestión de principios, si la conciencia no le deja seguir adelante porque se trata de una cuestión de principios y entonces es preferible dimitir; o si, por el contrario, está dispuesto a hacer concesiones.

Así es como las partes de un conflicto alcanzan acuerdos. Pero también en las deliberaciones en el seno de los partidos, al preparar una negociación, se hacen concesiones continuamente. Muchas personas no se sentían a gusto con todo lo que estábamos haciendo, pero cedieron.

Asegura que la preparación para transformar Sudáfrica fue un proceso, no un cambio repentino. Cuando usted buscaba posibles soluciones no sabía que se estaban manteniendo conversaciones con el CNA; por tanto, fue un proceso en el que no disponía de toda la información. El mismo Botha no era un hombre dispuesto a dar los pasos que usted dio. ¿Cómo se desarrolló el proceso en su mente? A fin de estar preparado para actuar cuando asumiera el poder, ¿qué sabía de las conversaciones con Mandela y Mbeki?

Botha era un dirigente de corte más dictatorial. Las conversaciones de Mbeki, por lo que sé, tuvieron lugar fundamentalmente con personas ajenas al círculo político del partido. Habló con líderes culturales y religiosos. Había entablado relación con Willie Esterhuyse, el profesor de Stellenbosch que encabezó una delegación a Inglaterra para reunirse con Mbeki. Mi hermano participó en aquella delegación. No me habían informado y fui crítico con mi hermano por haber ido. En mi opinión, lo que resultó útil fueron los mecanismos internos que establecimos a principios de la década de 1980, que nos prepararon para aceptar la necesidad de un cambio sustancial de gran alcance. Uno de esos mecanismos era el Consejo Presidencial, un órgano público cuyas sesiones se celebraban en un edificio adyacente al Parlamento. En él había personas de todas las razas. Su tarea era deliberar sobre la necesidad de una reforma constitucional y su posible contenido. También contaba con miembros de la oposición, de manera que era un órgano bastante representativo, aunque, si no me equivoco, la participación de los negros era bastante reducida.

Procesos y mecanismos para la negociación

Otro de los mecanismos era la Comisión Constitucional del Gabinete, de la que formé parte. La presidía Chris Heunis, ministro de Asuntos Constitucionales. Si no recuerdo mal, en aquella comisión estaban todos los abogados del gabinete. La tarea de la Comisión Constitucional consistía en deliberar sobre el cambio constitucional e informar al gabinete. No era pública, no era un proceso transparente. El Consejo Presidencial sí era transparente. En esa Comisión se formuló una meta que se comunicó en las sesiones del gabinete y en uno o dos encuentros secretos. Se planteó en los siguientes términos: «Hemos determinado que esto es lo que hay que hacer. Hay que aceptar estos puntos de partida, etc.». La Comisión del Gabinete fue muy importante para conformar el proceso de autoanálisis y la visión de futuro.

Me acusaron de poner trabas a la Comisión porque ejercí de abogado del diablo. El difunto señor Heunis, por cuya capacidad intelectual sentía el más profundo respeto, era partidario de hacer las cosas paso a paso. A veces chocábamos. Por ejemplo, él decía: «Deberíamos recomendar al gabinete que opte por la opción A». Y yo le respondía: «Puedo aceptar la opción A, pero entonces hay que señalar al gabinete que después de A vendrán B y C y D, y hemos de explicar lo que B, C y D representan. Debemos prever las consecuencias lógicas y exponerlas». Ese proceso me dio fama de alborotador en la Comisión.

Así pues, mi inclinación por preparar un paquete integral de medidas se gestaba en mi corazón y mi mente mucho antes de asumir la presidencia.

¿Estaba convencido en aquel momento de que el CNA tenía fuerza suficiente para liderar la negociación desde el otro lado? ¿Disponía de información sobre las posibles reacciones al proyecto?

No en las primeras etapas. Por supuesto, teníamos que permanecer en el poder si queríamos hacer algo, así que había que tener en cuenta en todo momento qué estaba dispuesto a aceptar el electorado blanco y qué iba a rechazar. La oposición derechista, que se había escindido del PN a principios de la década de 1980 para formar el Partido Conservador, era muy activa y pujante. Su líder era el doctor Andries Treurnicht y estaban haciendo avances en el proceso electoral. En 1987 se celebraron unas elecciones solo para blancos, a pesar de que ya existía un Parlamento tricameral. Retuvimos el poder presentando en aquel momento un manifiesto en el que nos posicionamos en favor de un cambio fundamental. A pesar de todo, el Partido Conservador experimentó un gran crecimiento. Por tanto, otro aspecto de la realidad que no podíamos olvidar era que teníamos que arrastrar a la mayoría del electorado blanco.

Usted tuvo que ponerse en el lugar de los demás, como dice, y entender que la oposición también debía satisfacer a sus simpatizantes.

Sabíamos de la importancia del CNA, pero siempre creímos necesario que la negociación fuese incluyente. En la primera reunión, que se convocó a finales de 1990, estaban todos. Se invitó incluso a partidos pequeños que carecían de representación. Todas las entidades políticas y los partidos estaban invitados. La inclusividad es extremadamente importante. De todos modos, no podíamos permitir que partidos muy pequeños tuvieran derecho a veto, y por ello desarrollamos el concepto de «consenso suficiente».

¿Qué supuso para el proceso la idea de consenso suficiente?

El consenso suficiente requería un consenso entre los principales actores del proceso de negociación: el gobierno, el PN, el CNA y el Partido de la Libertad Inkatha. El CNA solía ser partidario de olvidarse del IFP. Eran enemigos, se mataban entre sí. El consenso suficiente, desde su punto de vista, era un acuerdo entre el gobierno y el CNA. Cuando el IFP se retiró del proceso de negociación, en septiembre de 1992, el consenso suficiente pasó a ser un acuerdo entre el PN, el gobierno y el CNA.

Control civil de las fuerzas de seguridad

En su autobiografía aclara que las medidas que adoptó para controlar el aparato de seguridad no resultaron plenamente eficaces porque ignoraba algunas actividades que se estaban llevando a cabo. ¿Tiene algún consejo sobre cómo tratar con fuerzas de seguridad recalcitrantes?

Desconocía algunas acciones y, a veces, ciertos elementos del aparato de seguridad incumplían las instrucciones del gobierno y mis políticas y principios.

Mi predecesor –antes de ser primer ministro y después presidente– fue ministro de Defensa. Así que durante sus años de primer ministro y presidente siempre otorgó a los militares una posición de privilegio. Desarrolló una «segurocracia» al amparo del Consejo de Seguridad del Estado, al que me incorporó debido a mi posición de liderazgo político, no por mis carteras. También confió a ese órgano una serie de planes que afectaban a otros departamentos, de manera que el Consejo de Seguridad del Estado casi se convirtió en un gabinete dentro de un gabinete.

Las Fuerzas de Defensa proponían un plan de acción relativo al cambio socioeconómico y este gran organismo, la Secretaría del Consejo de Seguridad del Estado, gestionaba la ejecución de los programas socioeconómicos. La situación generó un gran resentimiento en los departamentos de Salud, Vivienda, Asuntos Locales, etc., pues los «segurócratas» interferían en su trabajo.

Cuando asumí la presidencia reduje las atribuciones del Consejo de Seguridad para convertirlo en una comisión más del gabinete. Esa oficina recuperó su tamaño habitual, transformándose en una secretaría normal para una comisión normal del gabinete. También puse fin a la posición ventajosa que los militares (no tanto la Policía) tenían bajo el mando de P. W. Botha. Así pues, si el Consejo de Seguridad del Estado quería plantear algo, tenía que acudir al gabinete, no a mí, evitando así que las cuestiones pasaran sigilosamente por el Consejo y se presentaran al gabinete como hechos consumados. Hice hincapié en que debíamos gobernar a través del gabinete. Le consultaba todas las decisiones importantes. Se podían plantear propuestas a través del Consejo de Seguridad, pero la decisión final correspondía al gabinete.

¿Por qué se tomó tantas molestias para someter a los militares y el Consejo de Seguridad al control del gabinete y al proceso ordinario de toma de decisiones?

En los años que pasé en el gabinete (me nombraron ministro en 1978, P. W. Botha no tardó ni un año en ser primer ministro y, después, presidente), aquella situación me irritaba. Me mostré muy crítico con la preeminencia que brindó a los militares. Digamos que lideraba la oposición a esa tendencia. Me opuse a ella incluso en mis primeros años como ministro. Mucho antes de asumir la presidencia, me prometí que, si algún día llegaba a presidente, normalizaría la situación y devolvería el poder al gabinete.

Volviendo a las fuerzas de seguridad, Sudáfrica no tiene un historial de golpes militares. Debido a nuestra historia, las Fuerzas de Defensa y la Policía se han ocupado de cumplir determinadas tareas: las Fuerzas de Defensa a defender las fronteras del país y su seguridad en el plano internacional; la Policía, a mantener el orden público en el territorio; jamás temí que los altos mandos de ambas instituciones encabezaran un golpe.

En los años de P. W. Botha la postura de las fuerzas de seguridad siempre fue que la tarea de los políticos era dar con una solución política, mientras que la suya consistía en crear un ambiente y una situación propicios para plantear e impulsar tales soluciones. Así pues, convoqué dos reuniones. A la primera asistieron los 400 oficiales de más alto rango de la Policía; la segunda la celebramos con las Fuerzas de Defensa. Les dije: «En el pasado los han involucrado en ciertas cuestiones que no les corresponden. Volverán a su labor principal. Me dispongo a eximirles de todos los asuntos con implicaciones políticas. Se acabaron las operaciones encubiertas, excepto aquellas necesarias para el Estado». Nombré a un Comité Asesor sobre Proyectos Secretos Especiales, dirigido por el profesor Kahn. Había que informar de todos los programas encubiertos, y el Comité recomendaba al gabinete cuáles debían mantenerse y cuáles interrumpirse. Hice lo mismo con las Fuerzas de Defensa. Cuando hubo pruebas de que determinados elementos seguían actuando contra esa política y esas órdenes, creé la Comisión Harms [para investigar las actividades de la contrainsurgencia en las Fuerzas de Defensa y la Policía de Sudáfrica]. Sin embargo, las Fuerzas de Defensa engañaron a la Comisión Harms, por lo que creé la Comisión Goldstone [oficialmente, la Comisión de Investigación para la Prevención de Actos de Violencia e Intimidación]. Cuando Goldstone sacó a la luz ciertos hechos, actué con firmeza –suspendí a oficiales superiores, investigué a otros, ordené la jubilación anticipada de algunos– a fin de disolver el grupo culpable de los hechos descubiertos por Goldstone.

No obstante, el auténtico peligro de desestabilización lo planteó un exjefe de las Fuerzas de Defensa, el general Constand Viljoen, al crear un nuevo partido, el Frente por la Libertad, porque contaba con la lealtad de los oficiales medios del Ejército. En última instancia, Mandela desactivó la amenaza al llegar a un acuerdo con Viljoen, a quien prometió que sopesaría la posibilidad de crear un Estado-nación blanco después de las primeras elecciones. De hecho, en la primera Constitución de transición de 1993 se incluían cláusulas que establecían la posibilidad de estudiar la cuestión. Viljoen participó en las elecciones y sus amenazas de desestabilizar el proceso electoral mediante la creación de zonas de acceso prohibido –donde el gobierno no sería capaz de mantener el orden público– se disiparon. Aplaudo a Mandela por ello. Yo no era muy popular entre los mandos del Ejército, y sigo sin serlo entre la mayoría de los antiguos jefes de las Fuerzas de Defensa.

La población negra también consideraba a la Policía una fuerza represiva. ¿Cómo abordó la reforma del cuerpo policial y la mejora de su relación con los ciudadanos?

En esa cuestión resultó de gran ayuda una iniciativa eclesiástica, el Acuerdo Nacional de Paz, que era una negociación independiente. Mandela, Buthelezi, yo y otras figuras destacadas, asistimos a la reunión en que la iniciativa se puso en marcha. No estaba controlada por el Estado, sino en manos de la sociedad civil. Se formaron comités de comunidades locales en los que la Policía interactuaba con los líderes comunitarios. En muchos lugares la iniciativa sirvió para mitigar la animadversión y propició una mejor cooperación y un mayor entendimiento, de manera que desempeñó una tarea muy positiva. El obispo Tutu también tuvo un papel destacado en ese proceso.

En ese tipo de situaciones es importante involucrar a las Fuerzas de Defensa y a la Policía. Hay que despolitizar las fuerzas de seguridad e impedir que se las utilice con fines políticos, por ejemplo para subyugar al CNA.

Justicia y reconciliación

¿Cómo planteó la cuestión de la amnistía para los perpetradores de actos de violencia?

Estaba a favor de los principios de Norgaard, que distinguen los delitos extremadamente violentos o premeditados, dejando así al margen de la amnistía delitos como el asesinato o la violación. Rechazo esos métodos por ser contrarios a las leyes de la guerra. Sin embargo, tuve que hacer concesiones en mi partido, dado que los ministros de Policía y Defensa estaban muy preocupados por hechos que yo desconocía, por los actos de algunos de sus miembros en años anteriores. Accedí a regañadientes a aplicar una amnistía amplia sin tener en cuenta los principios de Norgaard. Me dolió liberar a Barend Strydom, que había disparado a numerosas personas en Strijdom Square, en Pretoria, por el mero hecho de ser negras. Me dolió liberar a un hombre que había arrojado una bomba en un bar en el que partidarios del CNA tomaban una copa sin molestar a nadie.

Pero la amnistía sin reservas establecía como únicas condiciones que el delito se divulgara plenamente y que tuviera una clara motivación política. Esos eran los dos requisitos. Al final, en mi presidencia la amnistía funcionó, aunque no llegó a completarse. Después se aplicó la amnistía conforme con la Comisión de Verdad y Reconciliación. Fue una de sus medidas positivas. He criticado otras actuaciones de la Comisión, pero su trabajo en el procesamiento y la aprobación de las solicitudes de amnistía fue muy bueno, lo llevaron a cabo con integridad y éxito.

¿Qué aspectos de la Comisión de Verdad y Reconciliación ha criticado?

La Comisión no era imparcial. Al analizar en qué se centraron sus investigaciones, es evidente que nunca se abordó realmente la violencia entre negros. Nunca trataron los crímenes políticos del CNA. Dedicaron la mayoría de sus esfuerzos a las faltas cometidas por las fuerzas de seguridad. Esa fue la única ocasión en que no pude llegar a un consenso con Mandela. Por aquel entonces yo era vicepresidente. Tuvo que consultarme cuando negociamos por primera vez la creación de una Comisión de Verdad y Reconciliación en el Gobierno de Unidad Nacional. En un principio iba a tratarse únicamente de una comisión de la verdad, y el difunto Dullah Omar, que era ministro de Justicia, propuso un escrutinio más laxo para las facciones de liberación y uno más riguroso para los miembros de las fuerzas de seguridad. Acordamos que se aplicaría un único criterio para todos y que no sería una comisión de la verdad sino una Comisión de Verdad y Reconciliación.

Sin embargo, cuando llegó el momento de designar a los miembros de la Comisión, tras un proceso de consulta, en la lista de candidatos que me facilitaron no había ni un solo simpatizante del PN. Había una persona que había abandonado el PN; el resto eran todos partidarios del CNA. Convoqué a un pequeño equipo, estudiamos la cuestión y fui a ver a Mandela para explicarle que la lista de posibles miembros de la Comisión era tendenciosa. Le propuse algunos nombres adecuados y le pedí que considerase la posibilidad de incluirlos en lugar de un pequeño conjunto de nombres de la lista original. Se negó rotundamente y me advirtió que si yo insistía en ese tema él insistiría en otras cuestiones. Así que le dije: «Proclámela. No pretendo impedir que anuncie la Comisión, pero haré una declaración pública para explicar que no me agrada su composición y que ha resultado imposible consensuarla. Así pues, será su Comisión, no una comisión respaldada plenamente por todos los miembros del Gobierno de Unidad Nacional». Así sucedió. Por tanto, el sesgo estuvo ahí desde el principio.

A menudo pongo a Chile como ejemplo por cómo afrontó el equivalente de la Comisión de Verdad y Reconciliación, en su caso mucho más representativo de las partes del conflicto. Llegaron a saber lo que sucedió en todos los bandos porque aplicaron un método mejor que el nuestro.

Las violaciones de los derechos humanos y la corrupción son herencias de las dictaduras y los gobiernos autoritarios a las que hay que hacer frente; de lo contrario, los ciudadanos no considerarán legítimo el sistema democrático posterior. ¿Qué lecciones cabe extraer de su experiencia?

Habría sido preferible alcanzar acuerdos más inequívocos sobre el modo de abordar los crímenes políticos antes de las elecciones de 1994. Esa fue la única cuestión en torno a la que hubo constantes aplazamientos y que generó tensiones entre Mandela y yo, cuando las negociaciones no llegaron a una conclusión satisfactoria antes de que acordáramos la Constitución de transición de 1993. Esa Constitución dejó abierto el problema de los crímenes políticos, que habría que afrontar después de las primeras elecciones de 1994. Antes de instaurar un nuevo sistema deben alcanzarse acuerdos definitivos sobre los crímenes políticos y la amnistía.

Sin embargo, en algunas situaciones la ambigüedad creativa puede ser preferible a la claridad prematura, ¿no cree?

Quizá debería matizar mis palabras. Por eso he hablado de «conclusión satisfactoria». Toda la Constitución de transición se ajusta al concepto de la ambigüedad creativa. No era un acuerdo cerrado y recogía 34 principios que la Constitución definitiva debía respetar. Incluía la condición de que el nuevo Tribunal Constitucional tendría que certificar que la Constitución definitiva cumplía esos 34 principios. No intentamos definir con claridad todos los aspectos.

Reforma constitucional

La Constitución es la joya de la corona de toda transición. El problema es siempre cómo reformarla. El CNA deseaba crear una Asamblea Constituyente; usted, una Comisión. ¿Qué lecciones ofrece Sudáfrica en cuanto a la redacción del texto constitucional?

Esa fue una iniciativa que tomé en la primera gran reunión inclusiva en la que coincidimos todas las partes. La postura inicial del CNA era que había que suspender el sistema vigente, formar un Gobierno de Unidad Nacional y que este organizara elecciones a una Asamblea Constituyente que, sin trabas de ningún tipo, redactara la nueva Constitución. Nosotros defendíamos que había que negociar la nueva Constitución antes de celebrar elecciones. Mi gobierno y yo propusimos redactar una Constitución de transición que diera paso a las elecciones al nuevo Parlamento, en las que participarían todos los ciudadanos. Ese nuevo Parlamento sería el encargado de redactar la Constitución definitiva. Y así lo hicimos, entre 1994 y 1996.

Lo que me parecía de importancia primordial, y estoy muy orgulloso de ello, es el paquete final. Insistí en que no debía existir en ningún momento un vacío constitucional. El gobierno de Sudáfrica, con todos los fallos del antiguo sistema, era desde un punto de vista constitucional un gobierno legítimo reconocido por el resto del mundo.

También insistí en que la nueva Constitución tendría que obtener la aprobación del Parlamento que se constituyera en aquel momento, y lo logramos. Así pues, si existe un gobierno legítimo, no debe crearse un vacío constitucional al suspender la Constitución vigente, sino que esta debe reemplazarse por un nuevo texto constitucional consensuado.

¿No cumplía esos requisitos la Asamblea Constituyente?

Una Asamblea Constituyente puede tener sentido, pero me parece que nuestra experiencia vuelve a brindar una conclusión positiva: es necesario ponerle límites, y esos límites se recogían en los 34 principios inmutables que negociamos entre todos. A partir de ahí, la Asamblea Constituyente le puede dar forma al esquema general que se define en la carta. El propósito de los 34 principios era ser un acuerdo solemne sobre los parámetros de toda nueva Constitución.

El papel del sector social y privado

¿Qué papel desempeñaron las empresas en la transición sudafricana? Háblenos del Foro Económico Nacional.

No podíamos otorgar una función formal a las empresas en las negociaciones, porque entonces surge el problema de identificar a quién incluyes o excluyes del proceso. ¿Por qué no otorgar una función formal a la Iglesia? ¿Por qué no a las organizaciones benéficas? ¿Por qué solo a las empresas? Así que limitamos la estructura del proceso de negociación a los partidos políticos. No obstante, cada partido debía hallar el modo de interactuar con los grupos de interés externos, de manera que colaboramos estrechamente con las empresas. Estas participaron en el proceso de negociación al facilitar la Secretaría de la Convención para una Sudáfrica Democrática (CODESA), cuyo coste asumieron. Ayudaron asimismo gestionando todos los aspectos logísticos.

Incorporé al sector empresarial mediante la designación de un destacado industrial, Derek Keys, como ministro de Finanzas. Se le encargó la elaboración de un presupuesto que un Parlamento con mayoría del CNA tendría que aceptar en un plazo de seis semanas después de las elecciones. Keys tenía que convencer de antemano al CNA de que el presupuesto y los principios económicos que en él se plasmaban eran correctos.

Lo curioso es que se reunió con Trevor Manuel [miembro del CNA y, en aquel momento, jefe del Departamento de Planificación Económica] y otras personas en una vieja residencia privada en El Cabo que pertenecía al Grupo Rembrandt, un día después de que Keys realizara su presentación ante el gabinete. Cuando se dirigía con Manuel hacia el automóvil, le dijo: «Oye, llevo en el auto el PowerPoint que mostré ayer al gabinete. Volvamos y te lo enseño». Así que se lo mostró al margen de los cauces de negociación estructurados, y aquello resultó fundamental para que el CNA pasara de la nacionalización a la privatización, de una economía centralizada al reconocimiento de la importancia del libre mercado.

Por tanto, de una manera informal (aunque no desorganizada), mi política era involucrar al ámbito empresarial.

La sociedad civil sudafricana era muy activa. Ejemplo de ello es el obispo Tutu, a quien usted ha mencionado. ¿Fueron también importantes la Iglesia o el sector religioso?

En relación con el Acuerdo Nacional de Paz, sin duda. La Iglesia desempeñó un papel muy importante en la protección de las buenas relaciones raciales y la promoción de la buena voluntad, pero las empresas y otras organizaciones –por ejemplo las asociaciones de la carrera judicial– fueron todavía más importantes, dado que se movían en ámbitos que se abordarían al negociar la Constitución. El sector empresarial lo incluyo en la sociedad civil. En el caso del CNA, los sindicatos (que también pueden considerarse parte de la sociedad civil) fueron esenciales en sus aportes al CNA y en las negociaciones desde ese lado.

Apoyo internacional

Cuando usted asumió la presidencia, el Muro de Berlín había caído. ¿Cómo influyeron el nuevo contexto y los actores internacionales en su proyecto y las medidas que tomó?

La caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, potencia mundial expansionista que trataba de controlar el sur de África, nos brindaron una oportunidad genuina. No creo que hubiera podido incluir todo lo que incluí en el paquete del 2 de febrero de 1990 si no hubiera caído el Muro de Berlín.

Fue un suceso de una importancia tremenda, porque la amenaza comunista en Sudáfrica era real. Había miles de soldados cubanos en nuestras fronteras. Luchábamos contra ellos. El Partido Comunista facilitaba armas e instrucción militar a los movimientos de liberación. Se había infiltrado en ellos. La mayoría estaban afiliados tanto al CNA como al Partido Comunista. Por tanto, existía una amenaza. Cuando perdió pujanza, vimos y aprovechamos la oportunidad de elaborar un paquete de reformas.

Tras convertirme en líder del partido yo ya era de algún modo y según la tradición en Sudáfrica presidente electo. Siendo ya presidente viajé por todo el mundo. Informé a Margaret Thatcher, François Mitterrand y Helmut Kohl. También informé al primer ministro portugués, Cavaco Silva, y nos hicimos buenos amigos. Al principio del proceso también entablé una relación muy buena con George H. W. Bush. El CNA insistía en que las sanciones debían mantenerse hasta que ellos asumieran el poder. Me negué: «Hemos demostrado nuestra integridad. Estamos haciendo todo lo que se nos puede pedir de manera razonable. Las sanciones tienen que levantarse ya».

La comunidad internacional me respaldó en este asunto y levantó las sanciones, aceptó nuestra buena fe y apoyó el proceso, algo muy importante para nosotros.

No nos planteamos en ningún momento, ni nosotros ni el CNA, la posibilidad de que árbitros internacionales supervisaran el proceso de negociación. Acordamos muy pronto que negociaríamos entre sudafricanos. No obstante, el trabajo de fondo de otros gobiernos fue importante. Desde mi punto de vista, los gobiernos europeos y estadounidense nos brindaron apoyo de todo tipo. Algunos de sus embajadores desempeñaron una notable labor en la sombra; por ejemplo, ayudaron a desbloquear CODESA en determinados momentos y tendieron puentes en el foro de negociación posterior. Hay quien se atribuye más mérito del que merece en ese sentido, pero reconozco que tuvieron su relevancia. Fue, en todo caso, una función al margen de la vida pública, a puerta cerrada, no una función estructurada.

Principios fundamentales

Usted comenta en su biografía que Mandela jamás dudaba de sí mismo. Hemos entrevistado a varios líderes políticos y sin duda una de las cualidades que se observa a menudo es que, para asumir la tarea de transformación histórica que los líderes políticos de alto nivel –entre ellos usted– han desempeñado, es esencial tener la capacidad de tomar decisiones sin replanteárselas después continuamente. ¿Se trata de una cualidad innata? ¿O se aprende a lo largo del proceso político?

Creo que todos los elementos que mencionan tienen algo que ver. En mi caso, pienso que mi formación jurídica tuvo su importancia, en particular la universidad a la que asistí. Estudié en la Universidad de Potchefstroom para la Educación Superior Cristiana. En la Facultad de Derecho se hacía hincapié en que para resolver un problema, el primer paso es preguntarse qué principios se han de aplicar. Cuando un cliente te plantea un problema, no vayas corriendo a la biblioteca a consultar las resoluciones que el tribunal ha adoptado al respecto en el pasado. Antes de comprobarlo, pregúntate, como abogado, cuáles son los principios, qué dice la ley sobre la cuestión. Así aprendí a aplicar la lógica. Jamás tomé decisiones de alcance sin consultarlas debidamente, sin sopesarlas con detenimiento. Nunca me precipitaba al tomar decisiones de fondo. Estudiaba cada caso detenidamente y, después de efectuar las consultas oportunas y sopesar la cuestión, de preguntarme cuáles eran los pros y los contras, y qué principios eran de aplicación, tomaba una decisión que nunca me volvía a cuestionar.

Reparto de poder

¿Cómo aplicó esos criterios cuando decidió abandonar el Gobierno de Unidad Nacional? ¿Cuál fue su planteamiento en aquel momento y cómo creía que influiría su decisión en el futuro del país?

El Gobierno de Unidad Nacional funcionó bien durante los primeros 18 meses. El CNA se dio cuenta de que carecía de experiencia en el gobierno y se apoyó mucho en mí y en personas como Pik Botha y otras que estaban conmigo en el gabinete del Gobierno de Unidad Nacional. Sin embargo, llegó un momento en que dieron por concluido el proceso de aprendizaje y tuvieron la impresión de que ya no necesitaban nuestra experiencia en la misma medida.

Yo desempeñaba dos funciones. Era vicepresidente y miembro del Gobierno de Unidad Nacional, y además era el líder del principal partido de la oposición. Querían silenciarme. Desde su punto de vista, yo podía criticar las propuestas en el gabinete, pero una vez que se adoptaba una decisión, mi condición de vicepresidente me impedía criticarla públicamente, aunque estuviera en contra. No creo que ese fuera el espíritu con el que debía afrontarse el Gobierno de Unidad Nacional.

En segundo lugar, en las elecciones de 1994 prometí a los votantes que, al negociar el texto constitucional definitivo, seguiríamos defendiendo un sistema que prolongara el principio de la búsqueda del consenso más allá de los cinco primeros años. Aunque acordamos que se instituiría un Gobierno de Unidad Nacional durante cinco años, aseguré a los votantes que la versión final de la Constitución incluiría un modelo de búsqueda del consenso aplicable después de 1999.

En dos ocasiones advertí a Mandela que, si él no cedía en esos temas, me vería obligado a abandonar el Gobierno de Unidad Nacional. Roelf Meyer, nuestro principal negociador, asegura que cumplió mis instrucciones y que en numerosas ocasiones habló en esos mismos términos con Cyril Ramaphosa [director del equipo de negociación del CNA y presidente de la Asamblea Constitucional]. Nuestra propuesta final era muy moderada. Establecía que, una vez concluido el mandato inicial de cinco años del Gobierno de Unidad Nacional, normalizaríamos la situación; ya no habría Gobierno de Unidad Nacional. Si un partido recibía el 50% de los votos, formaría gobierno como en toda democracia normal. No obstante, propusimos la creación de un consejo consultivo nacional que trabajaría junto al gabinete. De ese modo, todo gobierno tendría el deber constitucional de remitir los asuntos de relevancia nacional al consejo consultivo, en el que tendrían representación los principales partidos, a fin de buscar el consenso sobre la política en cuestión, como por ejemplo el marco presupuestario.

Proponíamos además que, de alcanzarse un consenso en el consejo consultivo, el partido en el gobierno estaría obligado a adoptar la política correspondiente como política gubernamental. Si esto no era posible, el gobierno procedería como en cualquier otra democracia. El consejo consultivo no tendría derecho a veto. Anuncié que si el CNA rechazaba la propuesta, me vería obligado a plantearme la posibilidad de abandonar el Gobierno de Unidad Nacional. La rechazaron. Para mí era una cuestión de conciencia, se lo había prometido a los votantes. En aquel asunto concreto no había conseguido instaurar un modelo de búsqueda del consenso en el gobierno y por ello dimití.

¿Se arrepiente de su salida del Gobierno de Unidad Nacional?

Es la única cuestión que incluso muchos de nuestros partidarios nos recriminan, creen que deberíamos haber seguido. Pero permítame que le cuente una anécdota. Cuando el CNA rechazó nuestra propuesta, convoqué al Comité Ejecutivo de mi partido. No era lo mismo que mi gabinete, yo ya no disponía de todo un gabinete. Les expliqué que debíamos decidir si permanecíamos en el gobierno o nos retirábamos. Había dos posturas al respecto. Una corriente, liderada por Pik Botha y Roelf Meyer, defendía la permanencia en el gobierno. La otra era partidaria de abandonarlo. Me ofrecí a salir del Gobierno de Unidad Nacional y liderar la oposición, el PN, desde el Parlamento. Otra figura destacada del partido ocuparía el cargo de vicepresidente. Así, el partido seguiría participando en el Gobierno de Unidad Nacional, aun sin mi presencia. Pero Pik Botha se negó.

Lecciones para otros países

La responsabilidad y la influencia principales corresponden siempre a los actores nacionales. Teniendo eso en cuenta, ¿tiene algún consejo que pueda ayudar a los actores internacionales a ser útiles y a evitar que su apoyo a los procesos de transición democrática en diversos contextos sea contraproducente?

Esa es una pregunta sobre la que debo reflexionar un poco más. Considero que cualquier país consolidado y próspero debe evitar la tentación de imponer su modelo a otros países azotados por conflictos. Hay que permitir a los ciudadanos de esos países que tratan de resolver el conflicto, dar con soluciones acordes con la tradición y la religión, allí donde esta sea un factor importante. Los países prósperos no deben considerar que sus modelos constitucionales son productos exportables que pueden imponer a otros países. En este sentido, me parece que Estados Unidos a veces se equivoca.

En segundo lugar, la comunidad internacional, concretamente aquellos países que tienen un prolongado vínculo con otros países asolados por conflictos, deben cumplir una función. Tenemos un buen ejemplo en Israel y Palestina. Los países árabes deberían esforzarse más para que los palestinos adopten una postura más aceptable sobre el derecho del Estado de Israel a existir y sobre los parámetros del regreso de todos los palestinos. Por otra parte, Estados Unidos y los países europeos, pero sobre todo Estados Unidos por su estrecha relación, deberían hacer más para que los israelíes tomen iniciativas. Ellos son los que tienen el poder; su situación, al igual que la mía en su momento, les permite tomar la iniciativa, y Estados Unidos debería presionar más al gobierno israelí para que ponga freno a la ampliación de los asentamientos. Debe llegar el momento en que puedan ofrecer a los palestinos un país del cual sentirse orgullosos, y no tan solo unas cuantas ciudades conectadas por carreteras asfaltadas. En mi opinión, los gobiernos que mantienen vínculos con el gobierno de Israel tienen el deber de ejercer su influencia al respecto.

Cabría aplicar el mismo modelo a países como Siria. Los países vecinos, a los que interesa en gran medida lo que sucede en un país turbulento con el que comparten fronteras, deberían hallar el modo de efectuar una contribución constructiva, nunca prescriptiva.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE THABO MBEKI,
PRESIDENTE DE SUDÁFRICA (1999-2008)

Thabo Mbeki es hijo de un destacado dirigente del Partido Comunista de Sudáfrica y del Congreso Nacional Africano (CNA). Recibió formación política e instrucción militar en Moscú y prosiguió sus estudios en la Escuela de Economía de Londres y la Universidad de Manchester. Posteriormente, desarrolló durante 28 años su actividad política en el exilio, en Londres y en varios países africanos, donde trabajó como primer asistente de Oliver Tambo, presidente del CNA. Mbeki fue el estratega principal de la exitosa campaña del CNA en favor de las sanciones internacionales contra el apartheid y asumió la responsabilidad de facilitar las conversaciones que el CNA y los líderes sudafricanos blancos mantuvieron fuera de Sudáfrica.

Cuando regresó a su país, poco después de que Mandela saliera de la cárcel, Mbeki fue una figura esencial en el proceso posterior de negociación que propició la celebración de elecciones en 1994, en las que se impuso Mandela. Mbeki asumió el cargo de primer vicepresidente –de hecho, ejercía de director ejecutivo de operaciones– del nuevo gobierno sudafricano. Aprovechó su posición en el CNA, las relaciones que había forjado con las élites blancas sudafricanas –en los encuentros confidenciales previos a las reformas de De Klerk y, posteriormente, en el proceso de negociación– y su propio instinto estratégico para ayudar a gestionar la transición. No sin dificultad, Mbeki logró generar confianza entre los inversores nacionales e internacionales, lo que posibilitó la reforma y el fortalecimiento de la economía de Sudáfrica. Presidente electo en 1999 y reelecto en 2004, Mbeki perdió algo de su estatus nacional e internacional en parte debido a la forma cómo enfrentó la epidemia del VIH/sida, y tuvo que abandonar el cargo en 2008. Desde entonces se ha convertido en un destacado portavoz del África subsahariana y en un reputado mediador en los conflictos de la región.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE THABO MBEKI

Usted jugó un papel crucial desde el exilio para luchar contra el apartheid. ¿Cuál era su estrategia, a principios de la década de 1980, con miras a erradicar el apartheid? ¿Cómo se creó una red internacional de apoyo al CNA?

El CNA fue ilegalizado en 1960. Poco tiempo después, se envió a algunos dirigentes al extranjero, pues la dirección tenía claro que para poner fin al apartheid era necesario recabar apoyos en el ámbito internacional y, por tanto, había que desarrollar un movimiento internacional contrario a dicho sistema. A partir de 1960 la contribución de la comunidad internacional a la lucha contra el apartheid adquirió mayor notoriedad.

Nuestra intención era que todo el mundo –gobiernos, ciudadanos, personas religiosas, sindicatos, partidos políticos, etc.– rechazara el apartheid. El apoyo directo, de formas diversas, de países como la Unión Soviética y Cuba nos permitió plantear esa lucha incluso en términos militares. La causa también recibió el apoyo de países como Suecia, sobre todo con Olof Palme de primer ministro, que apoyaron a otros grupos opositores del país.

Dejando a un lado el apoyo directo al CNA, el segundo elemento importante fue el boicot a la Sudáfrica del apartheid y la imposición de sanciones. El ciudadano corriente se negó a comprar productos sudafricanos, los gobiernos impusieron sanciones y las empresas manifestaron que ya no estaban dispuestas a invertir en Sudáfrica.

El tercer elemento fue el apoyo humanitario. Las organizaciones internacionales brindaron asistencia humanitaria a los refugiados. El apoyo internacional fue importante para nuestra lucha. Explicamos posteriormente que la lucha sudafricana se asentaba en cuatro pilares. Uno de ellos era la movilización popular en el país. El segundo pilar era la lucha militar; en nuestro caso con el ala militar del CNA, Umkhonto we Sizwe, que llevaba a cabo operaciones armadas. El tercer elemento fue la reconstitución del CNA –un partido ilegal–, la creación de delegaciones y la organización específica de la entidad más allá de la lucha política de masas. En esa tarea participaban numerosos elementos, específicamente la maquinaria clandestina del CNA, a fin de proseguir la lucha por diversos medios. El cuarto pilar era la solidaridad internacional, que se manifestaba de modos diversos, como ya he señalado. La activación de esos cuatro pilares propició la derrota del sistema del apartheid.

Influencia internacional

¿Cómo influyeron los cambios que se produjeron en la Unión Soviética y en Estados Unidos durante la década de 1980 en su estrategia para recabar apoyos internacionales?

La década de 1980 reflejó la crisis del sistema del apartheid. Todo el mundo, incluido el propio régimen, se dio cuenta de que el cambio era inevitable. Por ejemplo, el Chase Manhattan Bank había prestado dinero al gobierno sudafricano, un crédito que debía saldarse en 1985. Lo normal es que los créditos se refinancien y su plazo se amplíe, pero el banco insistió en recuperar los fondos. El problema era que el gobierno estaba en quiebra, no disponía de ese dinero, por lo que tuvo que solicitar a la mayor sociedad anónima de Sudáfrica en aquella época, la Anglo American Corporation, que le prestara el dinero que necesitaba para hacer frente a la deuda.

Fue un momento importante. El Chase Manhattan Bank exigió el pago porque su lectura de la situación política de Sudáfrica en aquel momento era que el gobierno no iba a durar; que tarde o temprano tendría que irse. Como personas de negocios, su impresión era que corrían el riesgo de perder el dinero que habían prestado a Sudáfrica.

Estados Unidos aplicó un sistema que denominaban «participación constructiva», que consistía fundamentalmente en aislar al CNA y tratar de convencer al gobierno sudafricano de que debía reformar progresivamente el sistema del apartheid. Sin embargo, en cuanto un importante banco estadounidense pronosticó el desmoronamiento del régimen del apartheid, el gobierno de Estados Unidos cambió de postura. Más tarde, en 1987, el secretario de Estado George Shultz invitó al presidente del CNA, Oliver Tambo, a viajar a Washington para dialogar sobre la relación entre el gobierno estadounidense y el CNA.

En el mismo periodo, a raíz del fin de la guerra en Angola, la postura de Namibia cambió. El Ejército sudafricano había estado en Angola, fundamentalmente luchando contra los cubanos, hasta que el gobierno se dio cuenta de que no era posible ganar esa guerra y de que en realidad no tenía dinero para mantenerla. La economía sudafricana no se podía permitir aquella guerra, que además era imposible de ganar en el campo de batalla. La intervención de Estados Unidos facilitó las negociaciones entre cubanos, angoleños y sudafricanos con miras a poner fin a la guerra. Surgió así la posibilidad de la independencia de Namibia. La retirada del territorio angoleño de las tropas sudafricanas y cubanas, y la restauración de la paz en el país, generaron grandes oportunidades para que la lucha por la liberación namibia que encabezaba la SWAPO (Organización Popular de África Sudoccidental) abandonara Angola y se intensificara en Namibia. Para evitar que la consecución de la paz en Angola diera lugar a una intensificación de la lucha militar en Namibia, la comunidad internacional decidió resolver ambas cuestiones a la vez. El proceso siguió su curso hasta que Namibia logró la independencia en 1990. Una vez que Namibia emprendió la senda de la independencia, era evidente que el fin del apartheid en ese país afectaría al apartheid en Sudáfrica. Ambas cuestiones estaban relacionadas.

Apoyo internacional

La Unión Soviética nos brindaba un apoyo importante. Todos los años, una delegación del CNA viajaba a Moscú y se reunía con los dirigentes soviéticos. Fuimos a la Unión Soviética en 1989 en una delegación encabezada por Oliver Tambo que se reunió con Gorbachov. Nos explicó qué sucedía en la Unión Soviética en relación con la perestroika y la glásnost, por qué eran necesarias, qué significaban y cuál era su propósito. En ese contexto, planteó el tema de la resolución de los conflictos regionales, indicando que sería uno de los asuntos que trataría con los estadounidenses. Explicó que el de Sudáfrica era un conflicto regional porque, aunque la lucha se desarrollaba en el país, también afectaba a Angola, Botswana, Swazilandia y otros países de la región. El único modo de resolver el conflicto en la región era poner fin al sistema del apartheid. Básicamente, los soviéticos acordaron con los estadounidenses que era necesario erradicar el sistema del apartheid y que cada país debía hacer lo que estuviera en su mano para propiciar ese resultado. Así pues, Gorbachov declaró que la Unión Soviética seguiría apoyando al CNA como había hecho hasta aquel momento. Estados Unidos (después de la reunión entre George Shultz y Oliver Tambo) haría todo lo que estuviera a su alcance para poner fin al sistema del apartheid, siempre en función de lo que considerara posible en cada momento.

La postura de la Unión Soviética no cambió durante los años de mandato de Gorbachov. La diferencia estuvo en que la de Estados Unidos sí lo había hecho. Estados Unidos hablaba directamente con el CNA y buscaba su propio modo de contribuir al fin del sistema del apartheid. Entre 1985 y 1990, el movimiento mundial contra el apartheid adquirió mucho ímpetu. Por ejemplo, el Congreso estadounidense presentó la ley General contra el apartheid, que imponía sanciones a Sudáfrica. El proyecto de ley fue aprobado en el Congreso, pero Reagan lo vetó. Sin embargo, el Congreso anuló el veto de Reagan y aprobó la ley. Lo más importante es que la campaña para anular el veto de Reagan la lideraron los senadores republicanos, concretamente Richard Lugar y Nancy Kassebaum, quienes señalaron que el presidente se equivocaba y movilizaron al Senado para anular el veto. Ni siquiera el gobierno estadounidense pudo oponerse al Congreso en esa cuestión.

La imposición de sanciones cobró fuerza a escala mundial y agravó la crisis del apartheid. Hubo grandes luchas de masas, uno de los cuatro pilares de los que hablaba. Se ejecutaron varias acciones militares en el país. Se habían recuperado muchas de las estructuras del CNA en Sudáfrica. Aunque todavía era ilegal, el CNA podía operar en Sudáfrica y dirigir la lucha. La dimensión internacional –el cuarto pilar– también había alcanzado cierto grado de madurez.

En aquel momento, en relación con el movimiento de liberación sudafricano, todos los grandes grupos contrarios al apartheid aceptaban el liderazgo del CNA. No importaba si pertenecías a un sindicato, a la Iglesia o a la comunidad islámica, al movimiento estudiantil, al movimiento juvenil, si eras mujer, jefe tradicional, empresario, etc. Todo aquel que se oponía al sistema del apartheid aceptaba el liderazgo del CNA. De ese modo, el CNA podía ejercer su liderazgo tanto a través de sus estructuras en el país como de su autoridad en el extranjero.

El movimiento mundial contra el apartheid también aceptó el liderazgo del CNA. Si, por ejemplo, el CNA manifestaba que era necesario intensificar la campaña en favor de la liberación de los presos políticos, se iniciaba una campaña para liberar a Mandela. Algunos gobiernos, como los de Suecia y Noruega, habían adoptado esa postura desde hacía tiempo. Estados Unidos y el Reino Unido llegaron más tarde, pero también aceptaron que tenían que tratar con el CNA.

Aunque el CNA dirigía la campaña mundial, no había tantos miembros del partido fuera de Sudáfrica. La movilización de la corriente solidaria y la organización de los movimientos británico o sueco contra el apartheid pasaron a ser responsabilidad de los ciudadanos de los respectivos países; para eso no hacía falta crear estructuras del CNA en Suecia. Había miembros del CNA en Suecia, quizás entre seis y diez, pero no más. En cualquier caso, de la mayor parte del trabajo de organización de la campaña se hicieron cargo los suecos, quienes habían asumido como propia la responsabilidad de poner fin al sistema del apartheid. Sentían que tenían el deber de hacer algo.

No había demasiados miembros del CNA fuera del país, excepto los baluartes de la lucha armada. La instrucción y la adquisición de armas debían realizarse fuera del país, de modo que los cuadros militares del CNA estaban en el exterior. Aunque la mayoría de ellos no participaron en ninguna acción militar, su presencia transmitía el mensaje de que el CNA tenía capacidad para intensificar la lucha armada si era necesario.

Sentar las bases para el diálogo y la negociación

¿Cómo se inició el diálogo entre el CNA y algunos elementos de la sociedad sudafricana blanca, entre ellos determinados miembros del Partido Nacional (PN)?

Teníamos claro que el CNA debía recabar apoyos entre la población sudafricana. Una de las causas del problema era que el CNA llevaba ilegalizado desde 1960 y, por tanto, no había podido explicar su postura. El régimen del apartheid lo trataba como a un enemigo. Decían que éramos una organización terrorista, un instrumento de la Unión Soviética para imponer el comunismo en el país, ese tipo de cosas. Esa era la imagen del CNA, sobre todo entre la población blanca del país.

Con miras a avanzar hacia la resolución del conflicto, era preciso conseguir que el estrato superior de la sociedad entendiera la naturaleza del conflicto sudafricano y que no era un conflicto entre un gobierno sudafricano prooccidental, democrático y anticomunista, y una organización terrorista o comunista.

Se produjo un cambio relevante cuando las capas más altas de la sociedad sudafricana –los blancos, los empresarios, los intelectuales, los líderes religiosos y los periodistas– también entendieron que el cambio estaba próximo y que Sudáfrica no podía sostener el sistema del apartheid. Después de que el banco Chase Manhattan se negara a refinanciar aquel préstamo, los blancos de Sudáfrica, entre ellos los empresarios y los intelectuales, empezaron a reunirse con el CNA fuera del país. Un grupo significativo de sectores influyentes sudafricanos se fue alejando de las posturas del régimen del apartheid. Hasta los afrikáners desobedecían a P. W. Botha y empezaban a visitar al CNA. Botha vio que incluso los partidarios del PN advertían que la política de aislamiento y destrucción del CNA no iba a funcionar, y que había que dialogar con el CNA. Para los afrikáners de Sudáfrica, el rugby es un deporte muy importante; pues bien, también hubo representantes del rugby blanco que acudieron a hablar con el CNA.

Fue una gran sorpresa para personas como P. W. Botha. Llegó un momento en que era inevitable que el propio PN se dijera: «O nos subimos a este tren o sale sin nosotros». Así que decidieron hablar con el CNA.

Había una importante organización afrikáner llamada Broederbond. Me reuní con su presidente, el doctor Pieter de Lange. Conversamos durante dos días en Nueva York, en 1987. La Broederbond es el centro de poder del PN y nada menos que su presidente me explicó lo que estaba sucediendo en el seno de la sociedad afrikáner. En 1987 me contó sin ambages que habían llegado a la conclusión de que si no se iniciaba un proceso de cambio en Sudáfrica antes de 1990, sería inevitable que el país sufriera una guerra civil devastadora en la que muchas personas morirían. Si queríamos evitarlo, debíamos hacer algo para terminar con el apartheid.

La empresa minera Gold Fields, por aquel entonces británica, se reunió con Oliver Tambo en Londres para hablar de Sudáfrica. Gold Fields manifestó su deseo de que se produjera un cambio y de que el CNA y el gobierno dialogaran. Oliver Tambo respondió que ese era también nuestro deseo. Entonces, Gold Fields preguntó si podían organizar un primer contacto entre afrikáners y el CNA, y el CNA dio su consentimiento. Gold Fields organizó un encuentro con afrikáners de las filas del PN, aunque no representaban al gobierno.

Se inició así una serie de reuniones con una delegación liderada por el profesor Willie Esterhuyse, de la Universidad de Stellenbosch. Entonces, Esterhuyse era miembro de la Broederbond y una persona muy cercana a P. W. Botha. Encabezaba la delegación afrikáner; yo, la del CNA. Entre 1987 y 1990 celebramos varios encuentros organizados por Gold Fields. En nuestra segunda o tercera entrevista, Esterhuyse me reveló que los encuentros contaban con la aprobación de P. W. Botha, quien había solicitado al Servicio Nacional de Inteligencia que se mantuviera en contacto con el profesor. Así pues, antes de abandonar Sudáfrica para asistir a nuestras reuniones, Esterhuyse se reunía con la gente del Servicio Nacional de Inteligencia, que le sugería diversas cuestiones que deseaban aclarar. Después él me planteaba esos temas como si fueran idea suya. De regreso a Sudáfrica, informaba al Servicio de Inteligencia: «Muy bien, hemos hablado sobre lo que me pidieron que planteara. Esto es lo que me han respondido».

Hasta 1989, el PN trató de comprender al CNA tanto como fuera posible. Eran conscientes de que, durante más de 20 años, habían descrito al CNA de manera muy negativa, habían creado una imagen que no se ajustaba a la realidad. Querían saber qué representaba y qué pensaba sobre el futuro de Sudáfrica. También querían conocer cuál era nuestra respuesta a lo que estaba sucediendo, por ejemplo en Angola y Namibia. De ese modo se prepararon para el contacto oficial directo entre el PN, el gobierno y el CNA; de hecho, ya estaban hablando con Nelson Mandela.

Las relaciones humanas son muy importantes en este tipo de procesos. ¿Cuál fue su experiencia en cuanto al establecimiento de esos contactos con los líderes del PN y el gobierno de Sudáfrica?

A partir de 1985 se puso en marcha un proceso de interacción entre los dirigentes del CNA en el exilio y los estratos superiores de la sociedad blanca sudafricana; en realidad, no solo la blanca, pero ahora me refiero solamente a la sociedad blanca. Mantuvimos una interacción regular con empresarios blancos, líderes religiosos blancos, académicos blancos, profesionales blancos –abogados y demás– e incluso deportistas blancos. En Lusaka, en el exilio, ya no teníamos la impresión de estar lejos de Sudáfrica, pues nos reuníamos todos los días con otros sudafricanos. Por ejemplo, con el profesor Esterhuyse, con quien tratábamos diversas cuestiones. En un momento dado, un integrante de su delegación podía intervenir: «Permítame hablarle del ministro de Finanzas, es una persona muy interesante. Pues verá, Barend du Plessis es de tal forma o de tal otra». De esa manera, cuando lo conocía en persona, ya se había creado un clima propicio gracias a esa intensa interacción.

Se había creado un clima tan bueno que todos teníamos la sensación de conocernos, aunque jamás nos hubiéramos visto. En algunos casos, antes de volver a casa, incluso hablamos por teléfono con dirigentes blancos. Por tanto, no teníamos la impresión de estar muy alejados unos de otros. Nos reunimos por primera vez en Ciudad del Cabo en 1990. Conocían nuestros nombres, y nosotros los suyos, y además todos conocíamos algún detalle personal de cada uno. Por tanto, no fue difícil interactuar y comunicarnos. Tuvimos que negociar la lista de presos políticos y otras cuestiones con personas del Servicio Nacional de Inteligencia. Al concluir el debate, cenamos juntos y estuvimos charlando sobre el tipo de hombre que era De Klerk, etc. De ese modo, cuando lo conocimos no resultó difícil entablar una relación personal con él.

¿Qué sabía de las conversaciones que se estaban celebrando en Sudáfrica?

Nelson Mandela y Oliver Tambo estaban en contacto, de manera que nos hacíamos una idea de lo que Mandela estaba discutiendo con el régimen. Pero todos sabíamos que cualquier acuerdo formal con el gobierno se adoptaría en Lusaka, pues una decisión de tal calibre tenía que ser aprobada por toda la dirección.

En 1989 el profesor Esterhuyse nos comunicó que el Servicio Nacional de Inteligencia ya estaba dispuesto a reunirse directamente con el CNA. Así pues, celebramos un encuentro con una delegación del Servicio en Suiza.

En aquel momento abordamos una demanda que el CNA planteaba desde hacía muchos años: para que entabláramos negociaciones, primero tenían que crear un clima propicio. Surgían preguntas sobre las listas de presos políticos. Nuestro planteamiento era que, con objeto de negociar con el gobierno, era necesario que excarcelaran a nuestros dirigentes, de modo que pudieran participar en el proceso. Debatimos la liberación de los presos políticos y la legalización de todas las organizaciones políticas, entre ellas el CNA o el Partido Comunista. Había que legalizarlas para que los ciudadanos pudieran participar en la vida política. Esas fueron las cuestiones que tratamos con aquel grupo en 1989. Botha ya no estaba en el gobierno, De Klerk había ocupado su lugar. Esos fueron los dos temas principales: la liberación de los presos políticos y la legalización de las organizaciones para poder iniciar la negociación.

Orientamos a la comunidad internacional para actuar contra el apartheid, y también fue importante orientarla sobre la negociación como nueva forma de lucha. Por eso, en 1989 decidimos redactar un documento de política relativo a las negociaciones en Sudáfrica, conseguimos que los países de África Meridional y la Organización de la Unidad Africana (OUA) lo aprobaran y, finalmente, lo presentamos ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 1989. En consecuencia, la Asamblea General se posicionó en relación con las negociaciones en Sudáfrica.

Uno de los aspectos destacables de esa decisión fue dejar la negociación en manos de los sudafricanos. Concretamente, queríamos evitar lo que había sucedido en Namibia. En ese contexto, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 435, en la que se establece que Namibia es responsabilidad de la ONU y, por tanto, el proceso de resolución del conflicto namibio debe estar en manos de la ONU. Martti Ahtisaari fue la persona designada para dirigir el proceso con miras a una transición pacífica hacia la independencia de Namibia. Queríamos evitar una situación semejante porque, dada la participación de toda la comunidad mundial en la lucha por la liberación de Sudáfrica, temíamos que al iniciar la negociación todos quisieran participar y nos alejaran del resultado que perseguíamos.

Por eso pedimos que permitieran que el proceso lo gestionáramos los sudafricanos y que el resto del mundo se limitara a brindarnos su apoyo. El proceso de negociación a partir de 1990, cuando comenzaron los contactos directos, se ciñó fundamentalmente a lo que habíamos acordado. Nos dio la posibilidad de generar un resultado sudafricano, no uno impuesto desde el exterior. Los sudafricanos nos sentamos a la mesa, sin una intervención externa que queríamos evitar. Incluso con respecto a la cuestión de las negociaciones, el resto del mundo aceptó el liderazgo del CNA, del mismo modo que lo había hecho cuando el CNA propuso que se impusieran sanciones y se boicoteara a Sudáfrica. El mundo respondió de manera positiva.

A finales de 1989 el CNA y el régimen habían acordado la legalización de las organizaciones políticas que hasta entonces eran ilegales, la liberación de los presos políticos –incluido Mandela– y el comienzo de las negociaciones en Sudáfrica.

Movilización social

El CNA hizo un trabajo fundamental al crear una organización que aglutinó a movimientos sociales, estudiantes, trabajadores, mujeres y grupos políticos. ¿Qué lecciones nos brindan el CNA y Sudáfrica sobre la construcción de una gran coalición de grupos políticos y sociales?

Después de la ilegalización del CNA en 1960 hubo una campaña intensa y rigurosa de represión que implicó arrestos y el asesinato de algunas personas detenidas. Nelson Mandela fue detenido, al igual que mi padre y otras personas a quienes juzgaron en Rivonia en el marco de aquella campaña de represión.

Una de las consecuencias fue el enorme debilitamiento del CNA en el país. La campaña privó al CNA de prácticamente toda su estructura en Sudáfrica, aunque la estructura del partido sobrevivía fuera del país. Así pues, hubo un periodo, aproximadamente entre 1962 y 1973, en que el CNA carecía de capacidad en Sudáfrica. Sus estructuras habían sido destruidas, sus miembros estaban en la cárcel, en el exilio, etc. Fue un periodo sombrío para nuestra lucha, porque en aquellos años se produjo una desmovilización generalizada. No había paros estudiantiles ni huelgas, no había ninguna actividad. La lucha política parecía acabada.

Entonces, en torno a 1973, la lucha popular en el país resurgió de sus cenizas.

¿Qué relación había entre la política y los movimientos sociales?

El movimiento estudiantil se reorganizó hacia finales de la década de 1960 y reapareció en la esfera pública a principios de la década de 1970 como fuerza activista contra el apartheid, de carácter progresista, en favor de la liberación, etc. Muchos de esos estudiantes habían estado con nosotros en la sección juvenil del CNA, pero en ese periodo concreto tuvieron que agachar la cabeza, aunque después fueron un elemento muy importante para volver a movilizar a los estudiantes. Por consiguiente, a pesar de que las estructuras del CNA habían sido destruidas, seguía habiendo personas en el país que formaban parte del partido y que se implicaron en el proceso para movilizar nuevamente a los ciudadanos: primero, a los estudiantes y los trabajadores; luego a las personas religiosas; y así sucesivamente.

A partir de 1973, aproximadamente, la movilización popular retomó impulso, coincidiendo con el proceso de reconstrucción de las estructuras del CNA en el país. En la década de 1980, aunque seguía siendo ilegal, el CNA llevaba más de una década restableciéndose con éxito en el país. De ese modo, cuando se planteó la cuestión de las negociaciones y qué hacer en cuanto al movimiento democrático de masas, el sistema institucional entre el CNA y los demás elementos ya funcionaba en el país; sindicatos, creyentes, deportistas, académicos, intelectuales, medios de comunicación y gobierno.

En Zimbabwe redactamos la Declaración de Harare, un documento sobre las negociaciones, y lo difundimos en nuestra región, en África Meridional. Nos dirigimos a todos los jefes de Estado y de Gobierno para decirles: «Debemos planificar la negociación porque está cerca; esto es lo que proponemos». Y ellos aceptaron. También se celebró una sesión de la OUA, ante la cual debíamos exponer la cuestión para que el continente en su conjunto nos respaldara. Nos aseguramos de que a aquella sesión en Harare acudieran representantes de los sindicatos, las confesiones religiosas, los movimientos de la mujer y los movimientos juveniles de Sudáfrica. Formaron una delegación que se sumó a nuestro grupo cuando nos reunimos con la OUA en Harare para aprobar el programa y el plan de cara a las negociaciones. Los movimientos multitudinarios sudafricanos fueron parte en la decisión. Así, cuando la delegación regresó a casa con el personal de la sede del CNA, pudieron decir que todos habían aunado fuerzas para exponer nuestra postura sobre la negociación. Por tanto, se trataba de la postura de todo el movimiento, no solo del CNA.

Crear una coalición

En 1990, cuando se iniciaron las negociaciones, ¿tenía el CNA suficiente fuerza política para que todos los sectores se sintieran representados? Algunos movimientos de la población negra, no solo el Partido de la Libertad Inkatha, no compartían los postulados del CNA. ¿Qué estrategia siguieron para incorporar a todos los grupos?

No habría estado bien que el CNA tomara por su cuenta una decisión estratégica tan relevante como era la de entablar negociaciones con el régimen. Era importante que todo el movimiento democrático participara en esa decisión. Por eso asistimos a Harare con la declaración. En el proceso de negociación tuvimos que velar por que todo el movimiento mantuviera su participación en la lucha. Eso en primer lugar. Lo segundo es que había otras organizaciones negras, ajenas al CNA, que no formaban parte de ese movimiento amplio. Aunque eran pequeñas, no queríamos ignorarlas debido al carácter estratégico de la decisión de negociar con miras a producir una nueva Sudáfrica. Para que esa nueva Sudáfrica fuera aceptada como propia por tantos ciudadanos sudafricanos como fuera posible, era necesario seguir un proceso de participación lo más amplio posible. Sabíamos cómo tratar con los miembros de nuestro partido y del movimiento democrático, pero había que tener en cuenta a otras organizaciones como el Congreso Panafricanista, la Organización del Pueblo Azanio y los bantustanes. En el curso de la lucha habíamos creado vínculos con algunos dirigentes de los bantustanes, a quienes logramos alejar del régimen del apartheid para acercarlos a nuestro movimiento. Necesitábamos el respaldo de todos los grupos.

Organizamos una conferencia con todos ellos para crear un frente unido. Teníamos que conseguir que el resto de las organizaciones, pequeñas pero representativas de ciertos grupos de electores negros, subieran a bordo. Participaron en la conferencia, donde hablamos de un frente unido, sus principios, objetivos comunes y demás. Cuando empezó la negociación propiamente dicha, insistimos en que no podía limitarse al CNA y el PN, o al CNA y el gobierno; tenía que ser una negociación incluyente. Al final, creo que éramos unas 19 organizaciones políticas. Intentamos en todo momento contar con la mayoría de la población del país, incluso con los integrantes de formaciones políticas ajenas al CNA.

Procesos y mecanismos para la negociación

Al iniciar la negociación, ¿cuáles fueron los principales temas de debate de cara a la Constitución provisional, y qué procedimiento siguieron? ¿Qué lecciones sobre la redacción constitucional cabe extraer para los países que acometan el proceso ahora o en el futuro?

Cuando preparamos la Declaración de Harare, consultamos en primer lugar a los jefes de Estado y de Gobierno de África Meridional, antes de presentarla ante la OUA. Una de las personas a las que consultamos en la región fue Julius Nyerere [presidente de Tanzania, 1964-1985]. Nuestra propuesta en aquel momento era dejar la redacción de la Constitución en manos de una Asamblea Constituyente electa. Hablamos de ello con Julius Nyerere. Señaló que no habíamos derrotado al PN, ni ellos a nosotros; sin embargo, con nuestra propuesta de una Asamblea Constituyente electa estábamos tratando de imponer una solución a la otra parte como si ya fuéramos vencedores, puesto que, de celebrarse elecciones, la victoria del CNA era inevitable. En realidad, lo que nosotros les decíamos al PN era: «Convoquen elecciones, demuestren que son demócratas». Pero, en la práctica, nos habríamos arrogado en exclusiva el poder para decidir la Constitución de Sudáfrica. Julius Nyerere nos preguntó por qué creíamos que la otra parte estaría dispuesta a aceptarlo. Propuso que el CNA y sus partidarios, y el PN y sus partidarios, se reunieran y elaboraran una serie de principios constitucionales. Debíamos negociarlos, pues ninguno de los bandos se había impuesto al otro. Más adelante habría tiempo de elegir una Asamblea Constituyente que redactaría el texto constitucional ciñéndose a esos principios acordados previamente. De ese modo, el PN tendría la seguridad de que la nueva Constitución, redactada por personas elegidas por nuestros partidarios, respetaría sus posturas fundamentales en conformidad con los principios negociados.

Mecanismos para la reforma constitucional

Lo primero que hicimos en la negociación sobre la Constitución fue acordar un conjunto de principios que habrían de respetarse al redactar la Constitución provisional. Después tendrían lugar las elecciones de 1994; acordamos que el Parlamento elegido democráticamente en 1994 desempeñaría la función de Asamblea Constituyente. Ese órgano electo redactaría la Constitución definitiva respetando los principios acordados inicialmente, aquellos que se acordaran para orientar la redacción de la Constitución provisional. Así pues, los principios y la esencia de la democracia –política multipartidista, separación de poderes, carta de derechos inalterables, independencia del poder judicial– no podían cambiarse, aunque hubiera una Asamblea Constituyente electa.

Ese aspecto es clave. Julius Nyerere argumentaba que, aunque la sociedad sudafricana estaba profundamente dividida y de muchas maneras –divisiones raciales, desigualdad en la distribución de la riqueza, etc.–, la Constitución se redacta para todo un país. Por tanto, era importante que todo el pueblo de Sudáfrica hiciera suya la Constitución, y por ello el proceso de redacción constitucional debía ser incluyente.

Evidentemente, en toda elección hay un partido vencedor y otro derrotado, pero no se puede redactar una Constitución en función de las mayorías y las minorías. Incluso los grupos minoritarios deben identificarse en cierto modo con la Constitución. De ahí que haya que negociar los principios que rigen su redacción. Todos deben participar en la redacción de esos principios, incluidos los representantes de las minorías.

Así pues, no existen diferencias significativas entre la Constitución provisional y la definitiva, con la excepción de que la primera es fruto de una negociación entre personas no electas que representaban a los partidos. La Constitución definitiva fue negociada por un órgano electo. Hasta la fecha, no han surgido discrepancias entre los sudafricanos en torno a la Constitución. Todos la aceptan.

En un momento dado se produjo una interrupción crítica de las negociaciones. ¿Cuáles eran las principales diferencias? ¿Hubo desencuentros sobre la regla de la mayoría?

Hubo episodios violentos en el país que provocaron la interrupción de las negociaciones. El CNA declaró que no podía seguir negociando en esas condiciones, cuando tanta gente estaba muriendo. Al retomar la negociación, una de las cuestiones que se plantearon fue que había que hallar el modo de acelerar el proceso sin alterar su esencia.

Además de redactar una nueva Constitución, decidieron crear un Tribunal Constitucional que supervisara la aplicación de los principios constitucionales. ¿Por qué lo consideraron prioritario?

Se decidió que, aunque contábamos con un órgano elegido democráticamente que tenía todo el derecho a redactar el texto constitucional, la Constitución definitiva tendría que pasar por el Tribunal Constitucional. Este determinaría si las disposiciones de la Constitución eran acordes con los principios constitucionales. Si alguna de las disposiciones no se ceñía a los principios negociados, entonces la Asamblea Constituyente celebraría una nueva sesión para corregirla, pues era fundamental respetar esos principios. Que el CNA tuviera la mayoría en el órgano electo no significaba que pudiera usar su poder para imponer a la minoría algo contrario a lo pactado. Por tanto, acordamos que el órgano electo redactaría la Constitución, pero la sometería al Tribunal Constitucional para que comprobara si era conforme con los principios negociados.

Justicia y reconciliación

¿Cómo se aplicaron esos principios acordados a los asuntos relacionados con la amnistía y los derechos humanos? ¿Qué lecciones podrían resultar útiles?

En Sudáfrica, ninguno de los bandos derrotó al otro, ninguno pudo imponer la justicia del vencedor. Sin embargo, el problema de la justicia seguía vigente. No podíamos ignorar todo el mal que se había hecho a lo largo del conflicto. Hubo que negociarlo.

En una sociedad racialmente dividida como la nuestra, con independencia de los principios fundamentales, el hecho es que la división se daba entre una minoría blanca y una mayoría negra. Decíamos que queríamos construir una Sudáfrica no racial. Para lograrlo era necesaria una reconciliación entre negros y blancos. El CNA podría haber denunciado que F. W. de Klerk y otros habían cometido crímenes por los que los llevaríamos ante los tribunales. Pero esas personas representaban a toda una comunidad que se habría sentido excluida de la nueva democracia al vernos encarcelar a sus líderes.

Al final, desde un punto de vista todavía más pragmático, la situación era que las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica las dirigían generales blancos designados por el régimen del apartheid. Lo mismo con la Policía. Los altos cargos de la administración pública, lo mismo. Las empresas estaban en manos de los blancos. De manera que, aunque el CNA representaba a la mayoría de la población, muchos centros de poder escapaban a su área de influencia. Si queríamos que la transición democrática saliera adelante, teníamos que involucrar a ese grupo. No se pueden defender dos cosas a la vez. No podíamos declarar nuestro deseo de que la minoría blanca se sumara a nuestra causa para instaurar entre todos una democracia y, al mismo tiempo, detenerlos. Teníamos que encontrar una solución.

La solución sudafricana, que tomamos prestada de Chile, fue la Comisión de Verdad y Reconciliación. Todo aquel que contara la verdad y nada más que la verdad podría optar a la amnistía. Quienes no lo hicieran podrían ser juzgados. Así, las víctimas pudieron saber qué había sucedido con sus familiares, dónde estaban enterrados para exhumarlos y darles un entierro digno, y recibir una disculpa. A los perpetradores les decíamos: «Puesto que han contado la verdad y se han disculpado y arrepentido, comprométase a no cometer de nuevo esos crímenes». Entonces les concedíamos la amnistía.

Hay blancos que están cumpliendo condena por sus crímenes, personas que solicitaron una amnistía que no se les concedió y, por tanto, fueron procesadas. Hubo quienes ni siquiera pidieron la amnistía porque sabían que era imposible que superaran el proceso. En cualquier caso, tuvimos que equilibrar la búsqueda de la justicia con la viabilidad de una transición pacífica a una Sudáfrica democrática. Para que la transición democrática se desarrollara de forma pacífica, debíamos asegurarnos de incorporar al proceso a personas que podían haber cometido crímenes de lesa humanidad. Si nos hubiéramos negado, si hubiéramos amenazado con llevarlos a juicio, no habríamos tenido otra alternativa que prepararnos para proseguir la guerra; nos vimos obligados a tomar una decisión.

Reconciliación nacional

Ha mencionado dos iniciativas importantes: la Constitución definitiva y la Comisión de Verdad y Reconciliación. ¿Qué otras medidas contribuyeron a consolidar la democracia tras la victoria del CNA en las elecciones nacionales de 1994?

En el curso de las negociaciones descubrimos que algunas cosas que preveíamos muy fáciles de resolver se iban complicando. Durante los años de gobierno del PN, desde 1948, había habido regímenes minoritarios en Sudáfrica. Estaban acostumbrados a ejercer el poder en exclusiva y abusaban de su posición como minoría opresora blanca. Llegamos a la conclusión de que esa minoría blanca tenía miedo. Se había instaurado un sistema democrático y era evidente que el CNA iba a ganar. ¿Cómo podían estar seguros de que no íbamos a pagarles con la misma moneda, de que no íbamos a hacerles lo mismo que ellos a nosotros? Por eso la democracia los atemorizaba.

Al ponernos en su lugar, entendimos que nosotros habríamos sentido el mismo miedo. La única manera de abordar el problema era reconocer que debía haber democracia, pero que esta no implicaba para ellos una renuncia total al poder; independientemente del resultado de las elecciones, permanecerían en el gobierno. Así pues, propusimos un Gobierno de Unidad Nacional. Incluso si el CNA recibía el 98% de los votos, accederíamos a que el PN se mantuviera en el gobierno. Formaríamos un Gobierno de Unidad Nacional que les permitiera seguir ejerciendo el poder. La iniciativa les sorprendió mucho. Así fue como se formó el Gobierno de Unidad Nacional en 1994.

Fue una medida importante, porque influyó en todo el planteamiento del CNA. Todas las cuestiones relacionadas con la reconciliación y la unidad nacional surgían de la necesidad de que una sociedad profundamente dividida y fracturada, que llevaba en esa situación 350 años, hallara el modo de reinventar Sudáfrica para construir una nación nueva. La reconciliación nacional era imprescindible. Ese es el motivo, por ejemplo, de la existencia de una cláusula muy polémica en la Constitución: la «cláusula de propiedad», que no puede alterarse. Establece que el Estado no tiene derecho a confiscar propiedades sin una justificación y una indemnización adecuadas. La minoría blanca era consciente de que sus tierras habían sido arrebatadas a la población indígena y, por tanto, temía que el gobierno confiscara sus tierras y fábricas. En el marco del proceso de construcción de esta nueva Sudáfrica unida, tuvimos que transmitir un mensaje que apaciguara los denominados «temores blancos».

La búsqueda de la reconciliación nacional y la unidad de la nación fue una de las prioridades de Nelson Mandela en su único mandato. Rara vez asistía a las sesiones del gabinete, pues consideraba que, mientras los demás nos ocupábamos de los aspectos prácticos del gobierno del país, él debía seguir difundiendo el mensaje de la reconciliación y la unidad de la nación. La Comisión de Verdad y Reconciliación fue un elemento importante del proceso, pero no el único.

Gestión económica para el desarrollo

La segunda cuestión relevante relacionada con la división de la sociedad era la pobreza. Resultaba evidente que teníamos que hacer frente a la pobreza con urgencia, y estaba clarísimo que la única forma de abordar la cuestión y lograr resultados de inmediato era a través del Estado. Es cierto que reducir la pobreza supone crear puestos de trabajo, empleo, etc. Pero no bastaba con decir que íbamos a desarrollar la economía, crear puestos de trabajo y abordar el problema de la pobreza; eso no funcionaría. Teníamos que crear una red de protección que nos permitiera ayudar a los más pobres de modo que tuvieran la sensación de que su vida mejoraba.

Había un problema conexo derivado del sistema del apartheid. A medida que la crisis del apartheid se fue agravando, el régimen –que gastó mucho dinero en la represión militar y policial, y en su permanencia en el poder– creyó que podía comprar voluntades. De pronto, por ejemplo, disponía de dinero para los bantustanes, contrataba a más funcionarios públicos, y así sucesivamente. De ese modo, cuando llegamos al gobierno en 1994, el déficit presupuestario era superior al 10%. Decidimos que era imposible sostener un déficit presupuestario tan elevado, sobre todo en un momento en que necesitábamos al Estado para crear de inmediato una red de protección para los pobres. Si permitíamos que el déficit siguiera creciendo, a la larga tendríamos que devolver a los bancos el dinero que necesitábamos para producir agua limpia y construir escuelas y centros de salud. Por tanto, debíamos reducir el déficit y administrarlo adecuadamente. Fue una de las medidas difíciles que tuvimos que adoptar, porque, por supuesto, la opinión pública se inclinaba por la emisión de obligaciones, pero nosotros teníamos la impresión de que ese camino acabaría hundiendo la economía.

El asunto levantó polémica. Ahora dicen que nos equivocamos, pero creo que tomamos la decisión correcta. Logramos reducir el déficit presupuestario y generar más recursos para la red de protección. El gobierno fue incluso capaz de introducir un programa de vivienda pública muy ambicioso, especialmente en las zonas urbanas, aunque también se aplicó en el ámbito rural. Mejoramos el acceso al agua limpia, el sistema de electrificación y el acceso a los servicios de salud y la educación. No subimos los impuestos para saldar una deuda pública elevada. Fue una intervención significativa, porque la pobreza y la desigualdad en Sudáfrica se definen en términos raciales. La desigualdad está relacionada con la raza, y por tanto con el conflicto, de manera que tiene una influencia directa en la posibilidad de alcanzar cierta reconciliación nacional. El problema no se iba a resolver porque los políticos dijéramos: «Muy bien, somos una nación y vamos a olvidar el pasado». Había que brindar un cambio apreciable en la vida de las personas desfavorecidas y descontentas con el apartheid.

La tercera cuestión que reclamó nuestra atención fue reconstruir la economía sudafricana, un problema complicado entonces y ahora. Históricamente, la economía sudafricana ha dependido en exceso de los minerales. Además, está la cuestión de la tierra, pues los sistemas de propiedad siguen presentando hoy en día las características que se desarrollaron en la etapa colonial. Abordar el problema de la redistribución de la tierra sin perjudicar la producción agrícola es un reto continuo. Fue uno de los asuntos que tuvimos que enfrentar nada más llegar al poder.

Fijar la agenda de reformas

La siguiente cuestión tiene que ver con la maquinaria del Estado. No tuvimos una revolución, sino una transición negociada, de manera que heredamos las estructuras del Estado: los funcionarios, las leyes y los reglamentos, las tradiciones, etc. Nuestra intención era transformar esas instituciones para ponerlas al servicio del Estado democrático. No era fácil, pero sí necesario. Recibimos una maquinaria estatal en funcionamiento, empezando por el gabinete. Cuando llegamos al poder, las sesiones del gabinete se desarrollaron del mismo modo que en los años del apartheid. El secretario que elaboraba las actas de las sesiones era el mismo hombre que en aquellos años. Así pues, heredamos un sistema que hubo que ir adaptando poco a poco.

Por último, me referiré al sistema de las relaciones internacionales. Salíamos de un periodo en que Sudáfrica era un país repudiado, aislado del resto del mundo. Al tomar las riendas de la nación, tuvimos que crear un nuevo sistema de relaciones internacionales entre Sudáfrica y el resto del continente, así como entre Sudáfrica y el resto del mundo.

Las negociaciones formales entre el CNA y el gobierno empezaron en 1990 y concluyeron en 1994. Ese periodo dio al CNA la oportunidad de pensar en cómo debería gobernarse el país cuando se instaurara la democracia y qué tipo de programas queríamos poner en marcha. La cuestión no se planteó por el mero hecho de tener que redactar un programa electoral en 1994. Hubo un intenso debate, y no solo en el seno del CNA. El debate sobre el futuro de Sudáfrica después de la liberación debía celebrarse en el conjunto del movimiento democrático. Se aprobaron dos documentos: uno titulado «Listos para gobernar» y el otro, «Programa para la Reconstrucción y el Desarrollo».

Cuando llegó el momento de asumir el mando, teníamos una idea bastante precisa de lo que queríamos hacer. De no haber llevado a cabo ese trabajo previo, creo que habríamos tenido dificultades para aplicar un enfoque coherente al abordar problemas como la pobreza, la reconciliación o la reconstrucción del Estado. Afortunadamente, habíamos tenido tiempo para prepararnos. Mientras negociábamos, también estábamos realizando esa importante labor.

Reforma de las fuerzas de seguridad

La reforma del sector de la seguridad es una cuestión primordial en las transiciones. ¿Existía en aquel momento el riesgo de un golpe militar? De Klerk explica que, cuando ocupó el puesto de Botha, tomó la decisión de desmantelar el poder del Consejo de Seguridad del Estado. ¿Cómo se las ingenió usted para poner en marcha una fuerza policial y un sistema de inteligencia más cercanos a los ciudadanos y al servicio de la democracia?

Heredamos una administración estatal que se había diseñado para servir al apartheid, pero que funcionaba bien a nivel institucional. Durante el régimen del apartheid se había instruido al Ejército y a la Policía de Sudáfrica para que fueran leales a la Constitución y al gobierno de turno, de manera que su lealtad se mantuvo cuando llegó un nuevo gobierno y una nueva Constitución. Por eso no creo que existiera en ningún momento el peligro de un golpe militar.

Aunque algunos mandos militares y policiales se oponían al cambio, carecían de capacidad para movilizar a toda la Fuerza de Defensa o la Policía del país. Esos elementos contrarios al cambio actuaron al margen del Ejército y la Policía en su tentativa de desestabilizar el proceso con bombas y ejecuciones. Actuaron por su cuenta y se posicionaron como una derecha afrikáner.

De Klerk está en lo cierto cuando afirma que desmanteló un sistema concreto –la infraestructura de seguridad estatal, con un Consejo de Seguridad del Estado que era verdaderamente el órgano de gobierno más importante– porque suponía una amenaza para el Estado. Era el Consejo de Seguridad del Estado el que lo dirigía todo, en realidad. De Klerk lo clausuró y devolvió la autoridad política al gabinete. Sin embargo, existía el riesgo de que los miembros de esas instituciones formaran grupos derechistas armados contrarrevolucionarios con la intención de desestabilizar el país.

Cuando acordamos instaurar la democracia en Sudáfrica y cambiar la Policía y el Ejército, nuestro personal militar se reunió con las fuerzas militares del apartheid para consensuar un programa. Algunos de nuestros militares se integraron en el nuevo Ejército; nuestra gente se incorporó también al cuerpo de Policía y al centro de inteligencia. Gestionamos esa transición de una forma inclusiva. Mantuvimos en sus cargos a los jefes de las Fuerzas de Defensa y la Policía, así como al gobernador del Banco Central. A quien sustituimos de inmediato fue al jefe del Servicio de Inteligencia. Respetamos cargos importantes durante tres o cuatro años antes de renovarlos.

Reparto de poder

¿Por qué renunció De Klerk a la vicepresidencia del Gobierno de Unidad Nacional? ¿Le sorprendió aquella decisión? ¿Tuvo consecuencias durante el periodo restante del gobierno de transición?

No esperábamos que De Klerk abandonara el Gobierno de Unidad Nacional y nos opusimos a ello. En aquel momento, el PN había adoptado la denominación de Nuevo Partido Nacional y era parte del gobierno. El Programa para la Reconstrucción y el Desarrollo, que el CNA y el conjunto del movimiento democrático habían aprobado antes de las elecciones, se convirtió en nuestro programa electoral. Cuando ganamos las elecciones, facilitamos dicho programa al gabinete, al gobierno en su conjunto –incluido el PN–, con la intención de establecer que, en nuestra condición de partido mayoritario, había llegado el momento de que transformáramos esa plataforma electoral en un programa de gobierno. El documento se debatió en el gabinete, donde se elaboró un libro blanco que se presentó, debatió y aprobó en el Parlamento, y se devolvió al ejecutivo para su aplicación.

De Klerk y otras personas participaron en aquel proceso, así como participaban en el gobierno. Sin embargo, un pequeño partido, el Partido Democrático, se arrogó el papel del PN. Por ejemplo, si queríamos mejorar el nivel de vida de la población negra, debíamos aprobar medidas de discriminación positiva para acelerar el proceso. Pues bien, el Partido Democrático, que era un partido blanco modesto, ocupó el lugar del PN y empezó a hablar a los blancos tal como el PN había hecho años atrás. El PN se había opuesto en el pasado a la discriminación positiva, a pesar de que ellos la habían aplicado para mejorar la situación de los afrikáners. Incluso existe un término afrikáner para referirse a la discriminación positiva, es un concepto que conocen bien, pero ya no les interesaba. En cualquier caso, una vez que el PN se incorporó al gobierno, aceptaron como propia dicha política.

Entonces, el Partido Democrático se dirigió a la población blanca, a los electores del PN, para decirles que el PN los estaba traicionando, que los estaba vendiendo. Afirmaban que el PN hablaba de discriminación positiva, mientras que el Partido Democrático defendía los derechos de la minoría blanca. El PN estaba en el Gobierno de Unidad Nacional y tenía que defender los derechos de todos los sudafricanos. Pero, como el Partido Democrático estaba en la oposición y podía alzar la voz en defensa de los derechos de los blancos, el PN temía que le robara apoyos y votantes. Ese fue el motivo por el que el PN abandonó el gobierno.

Se celebró un banquete de Estado para conmemorar la aprobación de la Constitución en 1996. Un periodista me comentó que el PN se reuniría esa noche para debatir una posible salida del gobierno, así que hablé con De Klerk. Le pregunté si era cierto lo que me habían dicho. Reconoció que tenían previsto reunirse, pero me dijo que la reunión no se había convocado para hablar sobre ese tema, sino para evaluar la marcha del gobierno. Le dije que el CNA deseaba que permanecieran en el gobierno. Cuando llegaran las elecciones de 1999 habríamos progresado en numerosas cuestiones, tales como vivienda, agua limpia, salud y educación. El PN podría decir a sus partidarios durante la campaña: «Miren lo que hemos conseguido al formar parte del gobierno, Mandela jamás lo habría logrado sin nuestra experiencia». Le pedí que se quedara, pero no me hizo caso.

Establecer prioridades políticas

Durante su etapa como presidente, a partir de 1999, ¿qué temas consideró esenciales para consolidar el avance de la Constitución y la democracia?

Lo más importante era abordar la pobreza y la desigualdad, porque sin eso no podíamos garantizar la estabilidad política ni la aceptación del nuevo orden constitucional. Era fundamental que los ciudadanos sintieran que existían beneficios derivados del fin del apartheid; es decir, que no solo se podía votar, sino que también se producían cambios materiales en su vida.

Por supuesto, también era importante abordar la cuestión de la estabilidad del sistema democrático. En concreto, debíamos asegurarnos de hacer frente a la violencia política. A lo largo del periodo de negociaciones hubo mucha violencia, murió mucha gente. Incluso después de las elecciones de 1994 siguió muriendo gente; era una amenaza al propio sistema. Algunos grupos derechistas, personas provenientes del Ejército, la Policía, etc., se organizaron y pusieron bombas. Era un problema grave que exigía nuestra atención. Debíamos concluir el proceso y demostrar a los ciudadanos que vivíamos en un sistema democrático y que, por tanto, no tenían que recurrir a la fuerza para plantear los cambios que quisieran. Podían proponer esos cambios por vías pacíficas y democráticas.

Participación política y promoción de la mujer

¿Cómo planteó el gobierno la participación de las mujeres en el nuevo contexto democrático?

Aplicamos varios enfoques. En primer lugar, decidimos deliberadamente incorporar al gobierno a un número determinado de mujeres. En muchos casos, aunque la selección se base en el mérito, se discrimina a la mujer, porque la propia sociedad la discrimina. Así pues, es muy probable que haya más hombres cualificados, dado que la sociedad los favorece en cierta medida. En cualquier caso, nuestra primera decisión fue establecer que un tercio de los parlamentarios debían ser mujeres, obligatoriamente. Pasados alrededor de cinco años podríamos alcanzar la paridad.

En el caso del CNA defendemos desde hace tiempo el sistema de listas de partido para las elecciones y la representación proporcional. Ha habido un intenso debate en Sudáfrica, todavía vigente, en torno a circunscripciones electorales que eligen a un solo representante. Uno de nuestros argumentos es que cuando se enfrentan un hombre y una mujer, lo más probable es que el hombre sea elegido. Sí, es «democrático», pero al final se trata de un sistema que discrimina a la mujer. El sistema de las listas de partido, siempre que se establezca la inclusión de un porcentaje mínimo de mujeres, garantiza la representación de la mujer.

En segundo lugar, hay que entender la naturaleza del proceso de discriminación de la mujer. En Sudáfrica hay mucha pobreza, sobre todo en las zonas rurales, entre la población negra. La mayoría de la población rural se compone de mujeres y niños, pues los hombres van a trabajar a las zonas urbanas. Así pues, al comprometernos a erradicar la pobreza, debemos centrarnos en primer lugar en las zonas rurales y, por consiguiente, en las mujeres. Una de las dificultades a las que han de hacer frente las mujeres, y que pone de manifiesto su falta de autonomía en términos de la sociología de la vida rural, es que son ellas quienes van a buscar agua al río, quienes recogen leña para hacer fuego, quienes cocinan, quienes cuidan de los niños. Conocer esa realidad sociológica permite entender que, para aliviar la carga que soportan esas mujeres, es necesario facilitarles agua corriente limpia. De ese modo ya no tendrán que desplazarse hasta el río, que se encuentra a diez kilómetros. Aunque el agua no llegue a las casas, basta con instalar unos cuantos grifos en la aldea para quitar a las mujeres un enorme peso de encima. También es importante proveer de electricidad a las zonas rurales. Pero ¿qué sucede si la población no puede permitirse cocinar con electricidad y solo la emplea para la iluminación? ¿Qué hacemos entonces? En ese caso hay que ofrecer tarifas a esas comunidades rurales para que ningún hogar pague por la electricidad hasta haber superado un consumo determinado. Con ese tipo de medidas, de pronto las mujeres tienen tiempo para estudiar. Ya pueden asistir a clase y disfrutar de algo de tiempo para sí mismas, al no tener que ir a buscar agua al río ni a recoger leña al bosque.

Conocer los aspectos sociológicos que se relacionan con el desarrollo y el empoderamiento de la mujer es fundamental para entender qué intervenciones deben llevarse a cabo. No basta con que haya un número determinado de mujeres en el Parlamento o el gabinete. Eso es importante y necesario, pero hay que ir más allá para llegar a las mujeres corrientes. Por tanto, creo que se requiere una discriminación positiva sistemática. Uno de los aspectos de los que se queja continuamente la Alianza Femenina del CNA es la sensación de falta de autonomía de las mujeres. Es un problema cultural, un problema social, y la Alianza exhorta a sus miembros a alzar la voz, a expresar sus opiniones y a no permitir que los hombres acaparen el debate.

Para ello es necesaria una intervención firme. Hay que garantizar la representación de las mujeres en el Parlamento. Hay que promover un cambio en las condiciones de vida de las mujeres. Hay que hallar el modo de crear el espacio necesario para que las mujeres vayan a la escuela. En Sudáfrica tenemos una ventaja, y es que existe un movimiento femenino que participa en las reivindicaciones sudafricanas desde 1913, es decir, desde hace más de 100 años. Por tanto, el movimiento de mujeres siempre ha formado parte del proceso democrático.

Principios fundamentales

Vivimos en un mundo multipolar con nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicación. Se trata de un mundo nuevo para la democracia y las transiciones. ¿Qué lecciones deja la experiencia de su país para las nuevas transiciones?

La lucha interna por la liberación de Sudáfrica movilizó a millones de personas. Fue una lucha popular –como las de Egipto y Túnez, entre otras–, una movilización del pueblo por el cambio. Es posible que los ciudadanos no tengan claro qué sucederá mañana, pero sí que persiguen un cambio. En Sudáfrica participaron millones de personas y ese fue sin duda el motor del cambio. No ignoro el papel que desempeñaron los partidos, los líderes políticos, etc., pero en mi opinión los ciudadanos corrientes que participaron activamente en la lucha por la democracia fueron los verdaderos agentes del cambio. Llegó la democracia y la emoción embargó a los ciudadanos. Habían elegido su propio gobierno y tenían a su propio presidente, Nelson Mandela. Una de las consecuencias fue la desmovilización de millones de personas. Cabe citar una institución muy importante en el curso de nuestra lucha, el Concilio Sudafricano de Iglesias. La mayoría de la población de Sudáfrica es cristiana; el Concilio aglutinó a todas las confesiones y desarrolló una actividad muy intensa. El obispo Tutu, por ejemplo, provenía de esa organización, que hoy está prácticamente muerta. El cambio desmovilizó a la ciudadanía.

Ahora la responsabilidad recae en el gobierno que elegimos, lo cual conlleva otro problema. Muchos de los líderes de aquella movilización popular se integraron en el Parlamento y el gobierno. Ya no movilizan a los ciudadanos, sino que trabajan en el gobierno. Algunos se han incorporado a la administración pública, se han convertido en burócratas. La pérdida de gran parte de aquel liderazgo ha debilitado las instituciones populares, sin las cuales el sistema democrático no puede funcionar correctamente. Cuando las masas se desmovilizan y los líderes se alejan cada vez más del pueblo, todo tipo de cosas empiezan a torcerse. Para que el sistema democrático se sostenga es necesario que los grupos políticos estén bien organizados, mantengan el contacto con el ciudadano de a pie y tengan claro adónde se dirigen. Hacen falta sindicatos y organizaciones de la sociedad civil fuertes que participen en esos procesos; también medios de comunicación educados, que no se limiten a buscar historias sensacionalistas y mantengan el interés de la población en el proceso de cambio.

Cuando los ciudadanos se desmovilizan, el gobierno deja de sentir la presión popular. En ese momento, algunos de sus miembros empiezan a anteponer sus intereses a los de las personas que los eligieron. Me parece un problema de una importancia capital. Eso es, sin duda, lo que ha sucedido en Sudáfrica.

MOMENTOS CLAVE EN LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA DE SUDÁFRICA

Enero de 1912: Se funda el Congreso Nacional Nativo de Sudáfrica, posteriormente llamado Congreso Nacional Africano (CNA), para combatir la discriminación contra los negros.

Mayo de 1948: El Partido Nacional (PN) se hace con el poder con una plataforma de segregación en favor de los blancos afrikáners de habla holandesa. El gobierno confina a los negros a zonas remotas, segrega las escuelas y los lugares públicos, abole el limitado derecho de voto de la población no blanca y amplía sus atribuciones a fin de ilegalizar a sus adversarios.

Junio de 1955: El CNA, el Partido Comunista de Sudáfrica (PCSA) y sus aliados aprueban la Carta de la Libertad, que reivindica una democracia no racial y un cambio económico radical.

Abril de 1960: El gobierno ilegaliza el CNA aduciendo que es un partido comunista. Los dirigentes del CNA que no huyen son detenidos. Se plantea la creación de un brazo armado –Umkhonto we Sizwe (MK)– que se funda al año siguiente con el líder juvenil Nelson Mandela a la cabeza.

Agosto de 1962: Mandela es detenido; comienza así su etapa en la cárcel. Su detención y la de otros dirigentes del CNA al año siguiente incapacitan al CNA durante una década.

Enero de 1973: Una huelga general de los trabajadores fabriles de Durban demuestra el creciente poder del movimiento sindical no racial.

Junio de 1976: Tienen lugar protestas juveniles multitudinarias en el distrito negro segregado de Soweto, cerca de Johannesburgo. La Policía mata a cientos de manifestantes. El MK lanza una ofensiva desde países vecinos de dominio negro.

Octubre de 1978: P. W. Botha asume el cargo de primer ministro. Impulsa una «estrategia total» de reforma gradual que combina con una violenta represión. Desplaza el poder al Consejo de Seguridad del Estado.

Marzo de 1982: Los opositores a las reformas de Botha, liderados por Andries Treurnicht, se escinden del PN para fundar el Partido Conservador (PC), de tendencia derechista.

Agosto de 1983: Un grupo de activistas religiosos, sindicales y de la sociedad civil en favor de la democracia no racial (muchos de ellos vinculados al CNA) crea el Frente Democrático Unido (UDF).

Noviembre de 1983: Los votantes blancos aprueban una nueva Constitución que establece un sistema presidencial y una representación limitada de los electores asiáticos y de raza mixta («mestizos») a través de un Parlamento tricameral. El PC y el UDF rechazan la nueva Constitución.

Septiembre de 1984: Las elecciones tricamerales y la mala situación económica hacen estallar protestas a lo largo del año siguiente, coordinadas por el UDF. Se inspiran en el llamamiento del CNA a hacer el país «ingobernable».

Noviembre de 1985: El ministro de Justicia Kobie Coetsee empieza a reunirse en secreto con Mandela. Esos encuentros y las conversaciones con el jefe de asuntos internacionales del CNA, Thabo Mbeki, en Lusaka, sirven para sondear las condiciones de una posible legalización del CNA.

Diciembre de 1985: Sindicatos contrarios al apartheid fundan el Congreso Sindical Sudafricano.

Mayo de 1986: Sudáfrica bombardea varios campamentos del CNA en los países vecinos, una acción que desbarata el Grupo de Personalidades del Commonwealth (EPG). En vista de tales hechos, el EPG solicita nuevas sanciones internacionales.

Junio de 1986: Ante el creciente malestar de la población, el gobierno declara el estado de emergencia y ordena la detención de los líderes del UDF, que se ve inutilizado. Prosiguen las huelgas y la sublevación, y el Movimiento Democrático de Masas ocupa el lugar del UDF.

Octubre de 1986: Después del estado de emergencia y del fracaso del EPG, el Congreso de Estados Unidos aprueba nuevas sanciones a Sudáfrica.

Febrero de 1989: Botha renuncia a la dirección de su partido tras sufrir un derrame cerebral. El grupo parlamentario del PN elige a F. W. de Klerk, ministro de Educación, como nuevo líder del partido.

Agosto de 1989: La violencia persiste y De Klerk y el gabinete obligan a Botha a renunciar a la presidencia. De Klerk asume el cargo de presidente.

Diciembre de 1989: Una serie de derrotas militares y los esfuerzos diplomáticos dirigidos por Estados Unidos empujan a Sudáfrica a aceptar la independencia de Namibia, cuyo control es recuperado por la población negra.

Febrero de 1990: En su primer discurso ante el Parlamento, De Klerk hace un llamado a negociar una nueva Constitución, legalizar el CNA y el Partido Comunista, y liberar a Mandela y al resto de los presos políticos.

Mayo de 1990: El CNA y el gobierno se comprometen a poner fin a los enfrentamientos y a liberar a los prisioneros. La violencia se intensifica a causa de un mantenimiento del orden deficiente y del conflicto armado entre el CNA y el Partido de la Libertad Inkatha (IFP) de Mangosuthu Buthelezi, defensor del nacionalismo zulú.

Diciembre de 1991: Se pone en marcha la Convención para una Sudáfrica Democrática (CODESA) con el fin de negociar un nuevo sistema político. Las conversaciones, en las que participan el PN, el CNA, el IFP y otros partidos, se prolongan durante más de un año, pero no se alcanza un consenso.

Marzo de 1992: Después de la derrota del PN frente al Partido Conservador en unas elecciones parciales, De Klerk convoca un referéndum solo para blancos sobre la conveniencia de proseguir la negociación. Los observadores prevén un resultado ajustado, pero el 68% apoya la negociación y, por tanto, reafirma el mandato de De Klerk.

Junio de 1992: Partidarios del IFP masacran a 45 personas afines al CNA en el distrito de Boipatong. Mandela acusa al gobierno de respaldar al IFP y de no mantener el orden en los distritos.

Junio de 1992: Mandela anuncia que el CNA se retira de CODESA, bloqueada en torno a varias cuestiones constitucionales.

Septiembre de 1992: El CNA y el gobierno firman un Acta de Entendimiento y retoman las negociaciones. El CNA acepta un reparto de poder temporal y una amnistía con limitaciones; el PN promete que la Policía rendirá cuentas.

Marzo de 1993: Se pone en marcha el Foro de Negociación Pluripartidista (MPNF), sucesor de CODESA. El CNA y el PN persiguen un «consenso suficiente» entre ambos partidos, del que excluyen al IFP.

Abril de 1993: Chris Hani, dirigente del CNA, es asesinado por un miembro de la derecha blanca. El CNA prosigue las negociaciones y hace un llamamiento a la calma a pesar de la indignación popular. El asesinato alienta a los partidos a fijar la celebración de elecciones para abril de 1994, y la existencia de un plazo acelera las negociaciones.

Junio de 1993: Activistas de la derecha blanca irrumpen en el MPNF, pero el líder derechista y exgeneral Constand Viljoen los convence para que se marchen.

Noviembre de 1993: Los partidos acuerdan una Constitución provisional que establece el bicameralismo, la representación proporcional y una serie de «principios constitucionales» vinculantes. Se forma el Consejo Ejecutivo Multipartidista para el Periodo de Transición.

Marzo de 1994: Los militares rechazan un ataque de paramilitares de la extrema derecha en Bofutatsuana. La derrota de los paramilitares hace que los dirigentes del bantustán y la derecha blanca abandonen sus posturas intransigentes y que Viljoen se presente a las elecciones.

Abril de 1994: El IFP se mantiene al margen de las elecciones y pone en peligro el acuerdo, pero finalmente las presiones lo fuerzan a participar una semana antes de los comicios. Se celebran elecciones abiertas. El CNA recibe el 62% de los votos; el PN, el 20, y el IFP, el 10. Se crea una coalición de partidos con Mandela como presidente, Mbeki y De Klerk como vicepresidentes, y Buthelezi como ministro del Interior.

Julio de 1995: El poder legislativo crea la Comisión de Verdad y Reconciliación, presidida por el arzobispo anglicano Desmond Tutu. La Comisión investiga los crímenes de la etapa del apartheid, celebra audiencias retransmitidas por televisión y otorga la amnistía a aquellos que revelan sus crímenes.

Junio de 1996: El PN abandona el gobierno en protesta por su escasa influencia. Mbeki se convierte en único vicepresidente y asume el control diario del gobierno. El Ejecutivo introduce una política económica orientada al mercado para el crecimiento, la equidad y la redistribución, la cual impulsa el crecimiento y la estabilidad económica pero no resuelve los problemas del desempleo y la desigualdad.

Diciembre de 1996: Se aprueba una Constitución permanente que mantiene la mayoría de las instituciones políticas provisionales y respeta los principios constitucionales acordados con anterioridad.

Septiembre de 1997: De Klerk abandona el liderazgo del PN y la vida pública.

Octubre de 1998: La Comisión de Verdad y Reconciliación presenta un informe en el que acusa de abusos a todas las partes. Concede la amnistía en menos del 20% de los casos.

Junio de 1999: Se celebran elecciones en el marco de la nueva Constitución. El CNA obtiene el 66% de los votos y el Partido Democrático, de corte liberal, se convierte en la principal fuerza de la oposición. Mbeki asume la presidencia e impulsa el liderazgo de Sudáfrica en la región.

Septiembre de 1999: La Unión Africana ocupa el lugar de la Organización de la Unidad Africana (OUA) con una amplia participación de Mbeki y Sudáfrica.

Agosto de 2003: La presión de la sociedad civil y las resoluciones judiciales obligan a Mbeki a rectificar su decisión de no suministrar medicamentos antirretrovirales a los hospitales públicos.

Junio de 2005: Mbeki destituye al vicepresidente Jacob Zuma, a quien se presumía futuro presidente, y justifica su decisión en las denuncias por corrupción. La decisión irrita a los partidarios de Zuma.

Diciembre de 2007: Zuma se impone a Mbeki en la votación para elegir al líder del CNA y se convierte en el favorito para asumir la presidencia del país.

Septiembre de 2008: Mbeki renuncia a la presidencia ante las presiones de los líderes del CNA. Un presidente interino ocupa el cargo hasta 2009, cuando Zuma sale elegido.

LECTURAS RECOMENDADAS SOBRE SUDÁFRICA

ADLER, Glenn y WEBSTER, Edward (eds.), Trade Unions and Democratization in South Africa, 1985-1997 [Los sindicatos y la democratización de Sudáfrica, 1985-1997], Nueva York: Palgrave MacMillan, 2000.

DE KLERK, F. W., The Last Trek – A New Beginning: The Autobiography [La última marcha – Un nuevo comienzo. Autobiografía], Nueva York: St. Martin’s Press, 1999.

DLAMINI, Jacob, Native Nostalgia [Nostalgia del origen], Auckland Park, Sudáfrica: Jacana Media, 2009 [sobre los distritos segregados durante el apartheid y la transición].

FRIEDMAN, Steven (ed.), The Long Journey: South Africa’s Quest for a Negotiated Settlement [El largo viaje: la búsqueda en Sudáfrica de un acuerdo negociado], Johannesburgo, Sudáfrica: Ravan Press, 1993.

FRIEDMAN, Steven y ATKINSON, Doreen (eds.), The Small Miracle: South Africa’s Negotiated Settlement [El pequeño milagro: el acuerdo negociado de Sudáfrica], Johannesburgo, Sudáfrica: Ravan Press, 1994.

GEVISSER, Mark, A Legacy of Liberation: Thabo Mbeki and the Future of the South African Dream [Un legado de liberación: Thabo Mbeki y el futuro del sueño sudafricano], Nueva York: Palgrave MacMillan, 2010.

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CAPÍTULO 9

España

ESPAÑA: TRANSICIÓN POR TRANSACCIÓN

Charles Powell, Real Instituto Elcano

La accidentada historia política de España ha dado lugar al tópico de la «excepcionalidad española», concepto que con frecuencia se asocia a una supuesta incapacidad estructural para desarrollar instituciones democráticas estables. Sin embargo, este estereotipo, muy fuertemente arraigado, oculta el hecho de que el desarrollo político de España fue bastante parecido al de otros muchos estados europeos. No obstante, es cierto que el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se caracterizaron por una significativa inestabilidad, con graves disputas dinásticas, frecuentes levantamientos militares, y una polarización social y política extrema. La monarquía parlamentaria establecida en 1874 conoció varios decenios de estabilidad y prosperidad, si bien es cierto que los esfuerzos realizados por democratizar el país se interrumpieron en 1923 a causa de un golpe militar incruento. Ello dio paso a la dictadura de Primo de Rivera, que fue incapaz de resolver los grandes problemas políticos del país, y que se desplomó sin oponer resistencia. A este intervalo autoritario le sucedió la Segunda República (1931-1939), que encarnó el primer régimen verdaderamente democrático surgido en España, y que se vio lastrado por una permanente inestabilidad gubernamental, un sistema partidista fragmentado y una extrema polarización ideológica. Además, el nuevo régimen prometió reformas socioeconómicas de amplio alcance que no pudo llevar a cabo. No obstante, la Segunda República no se hundió por sí sola: fue violentamente derrocada por un golpe de Estado militar parcialmente exitoso encabezado por el general Francisco Franco, que sumió a España en una sangrienta guerra civil que duró tres años (1936-1939) y se cobró más de 400.000 vidas.

El régimen franquista

Tras la derrota de los ejércitos republicanos en abril de 1939, Franco instauró un régimen político autoritario, extremadamente confesional, tibiamente corporativo, profundamente conservador y nacionalista español. El militar gallego ejerció el mando supremo como jefe del Estado, comandante en jefe (Generalísimo) de las Fuerzas Armadas, y líder de un artificial partido único creado a golpe de decreto en 1937. Dicha organización, que posteriormente pasaría a conocerse como el Movimiento, fue perdiendo gradualmente buena parte de su influencia inicial, hasta el punto de que el franquismo llegó a describirse no como un régimen de partido único, sino como un Estado sin partido. Inicialmente, la Iglesia Católica, cuyos dirigentes vieron en la guerra civil una cruzada contra marxistas y ateos, fue uno de los más entusiastas aliados de Franco, y su apoyo se vio recompensado en 1953 con un generoso Concordato. Sin embargo, tras el Concilio Vaticano II, la Iglesia se fue distanciando progresivamente del régimen. El principal aliado de Franco en el exterior fue Estados Unidos, que le ofreció una ayuda militar y económica considerable como contrapartida a su acceso a bases españolas a partir de 1953. Debido a su vinculación con las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial y a su autoritarismo, en un principio el régimen franquista fue excluido del proceso de integración europeo, si bien la Comunidad Europea acabaría por conceder a España un acuerdo comercial preferencial en 1970.

El régimen franquista constituye un singular ejemplo de institucionalización limitada combinada con una constitucionalización relativamente compleja. Aunque sus instituciones políticas no llegaron realmente a adquirir vida propia, sus disposiciones constitucionales se respetaron en gran medida, y algunas llegarían a desempeñar un papel esencial durante la posterior transición democrática. Lo que es aún más importante, la Ley de Sucesión de 1947 definió a España como un reino, a la vez que atribuía a Franco el puesto de regente vitalicio con facultad para designar a su sucesor (disposición que le permitió proponer al príncipe Juan Carlos como sucesor a título de rey en 1969). De igual modo, aunque la Ley de Principios Fundamentales de 1958 declaraba que los principios recogidos en la misma eran «permanentes e inmutables», la Ley de Sucesión estipulaba que todas las Leyes Fundamentales podían reformarse, siempre y cuando la reforma contase con la aprobación de dos tercios de las Cortes y se sometiese posteriormente a referéndum, cláusula de la que se hizo buen uso durante la transición.

A pesar de su conservadurismo, el régimen franquista demostró ser compatible con un cambio social y económico muy profundo. Gran parte del cambio se produjo tras la aprobación del Plan de Estabilización (1959), en respuesta al fracaso de la anterior política económica del régimen, de corte autárquico. Durante los siguientes quince años, España experimentó un crecimiento económico sin precedentes (un promedio anual del 7,3% entre 1960 y 1973), y el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita pasó de 300 a 3.260 dólares. Entre 1950 y 1975 el porcentaje de la población activa dedicada a la agricultura se redujo del 48 al 22%, mientras que el sector industrial y el de servicios pasaron a emplear el 38 y el 40%, respectivamente. Estos cambios supusieron una importante expansión de la clase media, que aumentó del 14 al 43% de la población. El nivel educativo de los españoles también mejoró: la tasa de analfabetismo entre adultos, que todavía era del 44% en 1930, había descendido hasta el 5% en 1975.

Como resultado de todo ello, a la altura de la década de los setenta España ya era una sociedad moderna, urbanizada y relativamente próspera, con una cultura política muy diferente a la de los años treinta. Esta transformación generó una creciente demanda de democracia: según las encuestas de la época, entre 1966 y 1976 el apoyo a instituciones democráticas aumentó del 35 al 78%. Las actitudes favorables a la democracia eran especialmente firmes entre la clase trabajadora, que en su mayoría dio la espalda a las ideologías revolucionarias. Sin embargo, la modernización no aseguró la instauración de la democracia; de hecho, es posible incluso que el crecimiento económico retrasase su llegada, al incrementar la aceptación del régimen entre una población cada vez más próspera.

Estos cambios también tuvieron un impacto significativo en la función y la naturaleza del Estado, y en la relación de este con el régimen. Con el avance de la modernización económica, la administración pública se volvió cada vez más profesional y meritocrática –además de predominantemente apolítica–, lo que explica en gran medida por qué no se opuso posteriormente a la democratización. Asimismo, aunque en un primer momento los militares habían ocupado cargos importantes dentro del aparato burocrático del Estado, para comienzos de los años setenta habían sido desplazados de todos los ministerios a excepción de los de carácter militar. Debido a ambas tendencias, durante la transición no resultó necesario depurar la burocracia ni expulsar a los militares de la esfera política.

Esos cambios transcendentales tuvieron consecuencias políticas complejas, en su mayoría no intencionadas ni deseadas por el régimen. La rápida expansión de la educación universitaria conllevó la aparición de un nuevo movimiento estudiantil, predominantemente hostil a Franco. La industrialización acelerada favoreció el surgimiento de un nuevo movimiento obrero, cada vez más seguro de sí mismo, liderado por Comisiones Obreras, organización que fue ilegalizada en 1967. Pese a que en teoría eran ilegales, el número de huelgas aumentó rápidamente, pasando de 500 en 1969 a 3.156 en 1975; algunas de ellas se vieron acompañadas de una gran brutalidad policial, que provocó 11 muertes entre 1969 y 1974. En Cataluña y el País Vasco, la llegada de cientos de miles de inmigrantes originarios de las zonas más pobres de España, sumada a una creciente prosperidad económica, contribuyó a un aumento del interés por sus lenguas y culturas autóctonas, que contó a menudo con el apoyo activo del clero local. Este resurgimiento también explica en parte la radicalización de los estudiantes universitarios que fundaron ETA (Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad) a finales de la década de 1950, que pronto se convertiría en una sofisticada organización terrorista urbana, capaz de cobrarse 45 víctimas entre 1960 y 1975.

Durante los últimos años del régimen también se produjo un importante aumento de la actividad de la oposición. El grupo más grande y mejor organizado era el Partido Comunista de España (PCE), especialmente presente en los movimientos obrero y estudiantil, y también en las nuevas asociaciones vecinales que habían surgido durante los años sesenta. A partir de 1956, el PCE pasó a defender una política de reconciliación nacional, y en 1970 se marcó formalmente como objetivo la creación de un «pacto por la libertad» interclasista. Sin embargo, cuando en 1974 dicho pacto se cristalizó en la Junta Democrática, el resultado distó mucho de alcanzar el objetivo inicial de unir a toda la oposición democrática al régimen. Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) superó rápidamente su relativa insignificancia inicial tras la elección de Felipe González como líder del partido en octubre de 1974. El PSOE se opuso denodadamente a los esfuerzos del PCE por dominar la izquierda española y, al igual que su sindicato afín –la Unión General de Trabajadores (UGT)–, desconfiaba de la influencia comunista en Comisiones Obreras. González tampoco compartía la confianza del PCE en una «ruptura democrática», un proceso en el que las movilizaciones populares masivas culminarían de algún modo en el derrocamiento pacífico del régimen y en su sustitución por un gobierno provisional representativo que convocara elecciones a una Asamblea Constituyente. Por el contrario, el líder socialista apoyaba un enfoque gradual, que diese lugar a la conquista de «parcelas de libertad». El rechazo de González a unirse a la Junta Democrática y su decisión de impulsar una Plataforma de Convergencia Democrática alternativa a mediados de 1975 resultaron decisivos a la hora de garantizar la autonomía del PSOE durante la transición.

La crisis inmediata del régimen franquista se debió a un conjunto de factores. El boom económico de la década de los sesenta concluyó con la crisis del petróleo de 1973, lo que provocó la estanflación y un creciente descontento social. El asesinato en diciembre de 1973 del álter ego de Franco, el almirante Luis Carrero Blanco, tan solo seis meses después de su nombramiento como presidente del Gobierno, planteó nuevas dudas sobre la continuidad del régimen. Carlos Arias Navarro, que sucedió a Carrero Blanco en enero de 1974, planteó una modesta apertura del sistema que no hizo sino agudizar la tensión creciente entre los «duros» del régimen, partidarios de garantizar la continuidad del mismo mediante una monarquía autoritaria encabezada por don Juan Carlos, y los «blandos», que asumían que el futuro monarca tendría que alinear el sistema político español con el de sus vecinos europeos. Pese a que la Revolución de los Claveles y la caída de la dictadura portuguesa en abril de 1974 se debió en parte a la participación del Ejército en guerras coloniales que Franco había evitado en buena medida, muchos españoles interpretaron este acontecimiento como una señal de lo que podría ocurrir si no se realizaban reformas sustanciales de inmediato. Finalmente, en septiembre de 1975, la ejecución de cinco antifranquistas (como consecuencia de la draconiana legislación antiterrorista aprobada tras el asesinato de Carrero Blanco) provocó una protesta internacional sin precedentes. No obstante, en última instancia fue sin duda la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 la que desencadenó el proceso de transición posterior.

La transición a la democracia

El proceso democratizador vivido en España constituye un caso paradigmático de «transición vía transacción», que se caracteriza por los siguientes aspectos: el uso (paradójico) de las instituciones y los procedimientos constitucionales del régimen anterior a la hora de poner en marcha el proceso democratizador; las negociaciones entre los «blandos» del régimen autoritario saliente y los representantes de los principales grupos de la oposición; la inclusión de representantes de las principales fuerzas políticas en el proceso de toma de decisiones; y las negociaciones celebradas a puerta cerrada durante las fases decisivas del proceso, con la participación de un número relativamente escaso de actores. Hay quien argumenta que las «transiciones vía transacción» también se caracterizan por niveles relativamente modestos de movilización popular. Sin embargo, la experiencia española sugiere que este tipo de transiciones son compatibles con niveles relativamente altos de presión ejercida en la calle «desde abajo», siempre y cuando los actores políticos quieran y sepan modularla en respuesta a las concesiones efectuadas «desde arriba». Hay quien sostiene asimismo que las «transiciones vía transacción» solo pueden culminarse con éxito cuando no existe violencia política, pero cabe recordar que entre 1975 y 1980 en España se produjeron 460 muertes por dicha causa; de hecho, el miedo a que esa violencia hiciese inviable la transición fue uno de los factores que más animó a las élites políticas a buscar una salida negociada al proceso democratizador.

La relativamente breve transición a la democracia en España se inició «desde arriba», pero se fue acelerando en respuesta a la presión cada vez mayor ejercida «desde abajo». Fue un proceso impulsado principalmente por actores nacionales, aunque la Comunidad Europea –y varios de sus estados miembros, especialmente Alemania– apoyó activamente la democratización (a través de sus partidos, sindicatos y fundaciones políticas). Sus orígenes reflejan claramente los dilemas políticos que debió afrontar el rey Juan Carlos, quien tuvo que conquistar una nueva legitimidad democrática para la monarquía con el fin de asegurar tanto su permanencia como jefe del Estado como la continuidad de su dinastía. (La suerte de su cuñado Constantino, que había perdido el trono griego en 1967, sirvió de advertencia oportuna.) La monarquía que heredó don Juan Carlos en 1975 no era la institución que había encarnado su abuelo Alfonso XIII hasta 1931, sino una monarquía absolutamente artificial y autoritaria diseñada para perpetuar el régimen franquista. Sin embargo, y en contra de lo que en ocasiones se afirma, don Juan Carlos no heredó todos los poderes de Franco: la Ley Orgánica del Estado de 1967 había diseñado una monarquía en la que el poder del futuro rey estaría muy supeditado a la autoridad conjunta del presidente del Gobierno y el presidente de las Cortes, que compartirían el control efectivo sobre el sistema político. Paradójicamente, esto hizo que, desde el inicio mismo de su reinado, don Juan Carlos fuese el primer interesado en impulsar una reforma constitucional que lo liberase de la tutela de estos cargos no electos.

En la primera fase de la transición, el presidente Arias Navarro, crecientemente identificado con los sectores más continuistas del régimen, presentó un proyecto de reforma muy limitada, que habría conducido a la elección de unas Cortes semidemocráticas y a la legalización de algunos partidos (por ejemplo el PSOE), pero no de otros (sobre todo el PCE). El plan fue rechazado de plano por una oposición cada vez más activa, por movilizaciones masivas (que en ocasiones se cobraron víctimas mortales), por los nuevos medios de comunicación surgidos tras la muerte de Franco, y por el Parlamento Europeo. Sin embargo, durante esos meses también se produjo una modesta liberalización –que permitió a González aparecer en público con cierta regularidad– como demuestra el hecho de que UGT pudiese celebrar en abril de 1976 su primer congreso público desde la guerra civil.

La decisión del rey –tomada en julio de 1976– de sustituir a Arias Navarro por Adolfo Suárez, un burócrata de cuarenta y cuatro años vinculado al régimen anterior, conocido por su ambición y audacia, constituyó un punto de inflexión fundamental. Suárez elaboró rápidamente una Ley para la Reforma Política que contemplaba la elección por sufragio universal de unas Cortes formadas por dos cámaras: un Congreso de Diputados elegido según los principios de la representación proporcional y un Senado mayoritario. En conformidad con el procedimiento previsto en las Leyes Fundamentales franquistas, el proyecto de ley fue sometido a las Cortes existentes en noviembre de 1976, siendo aprobado con 425 votos a favor y 59 en contra. En diciembre, la ley fue ratificada mediante un referéndum que alcanzó una participación del 77% (con el 94% de los votos a favor), a pesar de la decisión de la oposición de abstenerse porque se le había excluido de todo el proceso. Sin embargo, gracias a las negociaciones secretas celebradas entre Suárez y González, el PSOE pudo celebrar el congreso de su partido inmediatamente después del referéndum, lo que allanó el camino para su legalización en febrero de 1977.

El referéndum reforzó considerablemente la posición de Suárez; solo después de celebrarlo accedió a mantener conversaciones formales con la Comisión de los Nueve que agrupaba a los representantes de la oposición, incluido González. Las negociaciones se centraron en las siete condiciones que la oposición exigía que se cumplieran para participar en las futuras elecciones, entre ellas: la legalización de todos los partidos políticos y sindicatos; la neutralidad política de la administración del Estado; una amnistía generosa; la negociación de una ley electoral; y el reconocimiento de las identidades políticas regionales. Como ha reconocido González, aquello no fue una negociación formal; Suárez escuchó las demandas de la oposición, y las plasmó en legislación. Sea como fuere, en abril de 1977 los contactos entre el gobierno y la oposición dieron lugar a la legalización del PCE, cuya exclusión habría suscitado dudas sobre la legitimidad del proceso a ojos de muchos españoles. A su vez, ello preparó el terreno para que en junio de 1977 pudiesen celebrarse las primeras elecciones democráticas, que concluyeron con un resultado ideal: la elevada participación (79%) confirmó su legitimidad, y los buenos resultados de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez, que obtuvo el 34% de los votos y 165 de los 350 escaños en juego, le permitieron continuar al frente del ejecutivo. Al mismo tiempo, el PSOE emergió como el principal partido de la oposición, con el 29% de los votos y 118 escaños, muy por delante del PCE, que solo obtuvo el 9% de los votos y 20 escaños, y de los neofranquistas de Alianza Popular, que hubieron de conformarse con el 8% de los votos y 16 escaños.

La última etapa de la transición consistió en una serie de acuerdos que contaron con la participación de los principales actores políticos. Los primeros fueron los llamados Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977, que aspiraban a restaurar el crecimiento de una economía debilitada y a frenar la inflación mediante reformas estructurales profundas y una moderación negociada de los salarios. En compensación por esta última, los Pactos instauraron un nuevo impuesto directo sobre la renta que financiaría en gran medida la espectacular expansión de los sistemas de salud y educación del país en la década de los ochenta. Otra iniciativa significativa que requirió un consenso político igualmente amplio fue la Ley de Amnistía, aprobada en octubre de 1977, de la que se beneficiaron todos aquellos juzgados por crímenes políticos cometidos contra el régimen franquista antes de las elecciones de junio, incluidos los terroristas de ETA condenados por asesinato. La ley también garantizaba que no se iniciaría procedimiento alguno contra funcionarios del régimen por las violaciones de derechos humanos que hubieran podido cometer en el pasado, descartándose así la posibilidad de purgar las Fuerzas Armadas, la Policía, o el poder judicial por este motivo. En los últimos años han aumentado notablemente las críticas vertidas contra dicha ley, pero en aquel momento fueron los principales partidos de la izquierda los que la defendieron con especial entusiasmo.

El fruto más importante de este consenso fue sin duda la nueva Constitución democrática, aprobada tras 16 meses de negociaciones entre los representantes de todos los partidos parlamentarios, y que fue aprobada mediante referéndum en diciembre de 1978. Los debates que dominaron el proceso constituyente se centraron en los mismos problemas que habían afectado a la Segunda República, pero en esta ocasión se abordaron de forma mucho más pragmática. En un primer momento, los socialistas presentaron una enmienda que habría convertido España en una república, pero, una vez rechazada por los demás grandes partidos (incluido el PCE, que había aceptado reconocer al rey a cambio de su legalización), no dudaron en prestar su apoyo a la nueva monarquía parlamentaria. La Constitución separó a la Iglesia Católica del Estado, instaurando un Estado no confesional, aunque también reconoció el derecho a recibir instrucción religiosa en los colegios públicos, y la obligación del Estado de financiar los centros escolares católicos. En lo que a las cuestiones económicas se refiere, el texto procuró equilibrar las preferencias de la derecha con las de la izquierda. Así, reconoció explícitamente la economía de mercado, protegiendo la propiedad privada y los derechos de herencia de posibles confiscaciones ilegales, pero también incluyó garantías como el derecho de huelga y el compromiso de prestar una amplia gama de servicios sociales (incluidas la seguridad social, la salud y la educación públicas, y las prestaciones por discapacidad o desempleo), además de la promesa de una distribución más equitativa de la renta. Asimismo, la Constitución incorporó disposiciones para regular la transferencia de competencias del gobierno central a las comunidades autónomas, lo que facilitaría el desarrollo del futuro Estado de las Autonomías de carácter semifederal. Si bien dichos esfuerzos bastaron para satisfacer a los nacionalistas catalanes, no fueron suficientes para incorporar a los nacionalistas vascos, que se abstuvieron a la hora de votar la nueva Constitución.

La consolidación de una joven democracia:
el papel de Felipe González

Más que al proceso de transición propiamente dicho, Felipe González contribuyó sobre todo a la consolidación de la joven democracia española, incluso antes de acceder al gobierno en 1982. Tras perder por escaso margen ante la UCD de Suárez en las segundas elecciones parlamentarias, celebradas en marzo de 1979, el PSOE había obtenido el control de varias ciudades importantes del país en las elecciones municipales de abril. A pesar de ello y, contra todo pronóstico, en mayo de ese año algunos sectores del partido cuestionaron directamente la autoridad de González como líder del mismo tras su decisión de eliminar las referencias explícitas al marxismo del programa del PSOE, provocando su dimisión. Sin embargo, en septiembre González volvió a ser elegido secretario general, sobre la base de que tendría libertad para dirigir el partido de forma tal que le permitiese ampliar su apoyo electoral.

Es probable que algunas de las iniciativas impulsadas por González con el ánimo de debilitar al gobierno de UCD repercutiesen negativamente en la estabilidad política de España. A comienzos de 1980, por ejemplo, el PSOE presionó inusitadamente a Suárez al exigir que Andalucía pudiese alcanzar el mismo nivel de autonomía que la que se había concedido recientemente a Cataluña y el País Vasco, lo que en la práctica impulsó la ampliación de la transferencia de competencias a todas las comunidades autónomas. González también fue implacable en sus críticas a la débil respuesta de Suárez a la recesión provocada por la crisis mundial del petróleo en 1979 y a su incapacidad para frenar el terrorismo de ETA. El dirigente socialista incluso presentó una moción de censura en el Parlamento, en mayo de 1980, pese a saber que no prosperaría.

Tras la dimisión de Suárez y el intento de golpe de Estado de febrero de 1981, González aceptó apoyar a su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, en un intento por restaurar la estabilidad. Más aun, en julio de 1982 el PSOE apoyó una ley orgánica que pretendía imponer límites al proceso de traspaso de competencias a las comunidades, aunque posteriormente varios artículos de la ley fueron declarados inconstitucionales. Sin embargo, a pesar del debilitamiento cada vez más evidente del gobierno, González se opuso enérgicamente a su solicitud de ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una decisión muy controvertida que sin embargo fue aprobada por el Parlamento en octubre de 1981. Por otro lado, los socialistas no dudaron en acelerar la desintegración de UCD mediante el ofrecimiento de puestos de responsabilidad en un futuro gobierno del PSOE a algunos de sus dirigentes más caracterizados.

En realidad, González no comenzó a brillar con luz propia hasta convertirse en presidente del Gobierno tras su aplastante victoria de octubre de 1982. Una vez en el poder, su gran prioridad fue la consolidación del sistema democrático, aunque también procuró llevar a la práctica un ambicioso programa de reformas de corte socialdemócrata. Su reto inmediato consistió en someter el estamento militar al control civil; así, la Ley de Defensa Nacional de 1984 le otorgó mayores poderes sobre las Fuerzas Armadas, y el Código Militar aprobado en 1985 limitó las competencias del mismo al ámbito estrictamente castrense. González también cosechó un éxito razonable en sus relaciones con la Iglesia Católica, pese a la controversia generada por sus reformas educativas y la legalización del aborto en 1985. Sobre todo, su gobierno impulsó una profunda transformación de la economía española, que obligó a reducir (y posteriormente a privatizar) buena parte de su escasamente eficiente industria pesada, así como a liberalizar el sector bancario. Paradójicamente, fue el futuro ingreso de España en la Comunidad Europea lo que exigía la realización inaplazable de estas reformas, y lo que permitió justificarlas ante la opinión pública. Tras duras negociaciones, la adhesión se materializó finalmente en enero de 1986, lo que constituye sin duda el mayor logro de González al frente del gobierno. Las reformas económicas dieron lugar a un periodo de crecimiento sin precedentes (1986-1991), que también facilitó la rápida expansión del incipiente Estado del bienestar español, aunque la grave recesión de 1992-1994 planteó algunas dudas sobre su viabilidad.

Otros aspectos del legado de González no resultan tan positivos. De forma inesperada, dio marcha atrás en su apoyo inicial a la salida de la OTAN, convocando y ganando el referéndum de marzo de 1986 que confirmó la permanencia de España en la Alianza, proceso que traumatizó innecesariamente a la sociedad. A pesar de haber condenado en su día la actividad antiterrorista ilegal permitida por los gobiernos de UCD, entre 1983 y 1987 su gobierno consintió una «guerra sucia» contra ETA que no consiguió frenar a la organización y debilitó gravemente al Estado de derecho. En lo que al ámbito institucional se refiere, las mayorías absolutas de las que disfrutó el PSOE en las Cortes durante un decenio (1982-1993) aportaron una estabilidad muy necesaria, pero también permitieron la politización del poder judicial y de los medios de comunicación públicos, con consecuencias muy negativas para la democracia española a largo plazo. La ausencia de controles y equilibrios adecuados tan característica de esta etapa explica en gran medida los numerosos escándalos de corrupción que, combinados con la crisis económica de 1992-1994, propiciaron la derrota de González en las elecciones de 1996.

De un tiempo a esta parte, la transición democrática española está siendo sometida a un escrutinio cada vez más crítico, y con frecuencia se le atribuyen muchos de los males (reales o imaginarios) de España, entre ellos sus dificultades para abordar el pasado, las limitaciones de su sistema autonómico, y la desafección de la ciudadanía hacia su sistema político. Sin embargo, muchas de esas críticas son tan injustas como interesadas, ya que parecen dar por sentado que los grandes acuerdos que hicieron posible la transición se labraron en piedra, y que las generaciones posteriores de españoles han permanecido inamovibles, congeladas en el tiempo.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE FELIPE GONZÁLEZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA (1982-1996)

Felipe González estudió derecho en la Universidad de Sevilla y más tarde en Lovaina (Bélgica). Trabajó como abogado laboralista y en 1964 se unió al entonces ilegal Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Tras lograr cierta visibilidad tanto en España como en la Internacional Socialista con poco menos de treinta años, González cuestionó el liderazgo establecido del PSOE en el congreso de 1970, lo que provocó una escisión en el partido. La Internacional Socialista acabó reconociendo al sector de González. En 1974 fue elegido líder del partido y en 1975 estuvo detenido durante un breve periodo por la Policía española. Ese año fundó la estructura de partido del PSOE en Madrid con la ayuda de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania y el asesoramiento de Olof Palme y Willy Brandt. Rechazó unirse a la Junta Democrática promovida por los comunistas y, en su lugar, creó la alternativa Plataforma de Convergencia Democrática. La relación que entabló con el presidente Adolfo Suárez tras la muerte de Franco allanó el terreno para que el PSOE pudiese celebrar su primer congreso público en España desde la guerra civil de la década de 1930. González fue uno de los miembros de la Comisión de los Nueve que negociaron las normas para las primeras elecciones libres nacionales de 1977. Desempeñó un papel crucial en las negociaciones con Suárez, propiciadas por el rey Juan Carlos, que permitieron la transición pactada en España. Consiguió que el PSOE obtuviera resultados electorales impresionantes en 1977 y 1979, y posteriormente la aplastante victoria de 1982, con la que accedería a la presidencia del gobierno español.

Como presidente del Gobierno, entre 1982 y 1996 González consolidó el control civil de las Fuerzas Armadas, negoció un complejo sistema semifederal de traspaso de competencias para calmar las exigencias de autonomía de Cataluña y el País Vasco, y supervisó un ambicioso programa de modernización que incluyó reformas de liberalización de la economía y reformas sociales como un nuevo sistema de salud, educación y pensiones; también estuvo a cargo del ingreso de España a la Comunidad Europea y su permanencia en la OTAN, esta última una decisión que fue más polémica. González logró renovar la mayoría del PSOE en las elecciones de 1986, 1989 y 1993, pero su partido fue derrotado en 1996, víctima de una grave crisis económica y de una sucesión de escándalos de corrupción. Desde que dejó el cargo, se le ha consultado en numerosos países y con frecuencia sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza internacional y la transición.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE FELIPE GONZÁLEZ

¿Qué lecciones cabe extraer de la experiencia española para las transiciones contemporáneas?

Un factor importante consiste en conocer la ergonomía de cada país, porque los procesos no van a ser miméticos. Lo que suceda en cada país dependerá de cómo respondan las fuerzas políticas, sociales y económicas, que son distintas en cada caso, ante los problemas que surgen en todos ellos, como por ejemplo cómo controlar las Fuerzas Armadas.

El papel del rey

A mí me preguntaban las monarquías del Golfo Pérsico cuál había sido el papel de la monarquía en España, y les advertía una cosa que no se estudia en los libros: el rey heredó de la dictadura de Franco todos los poderes de la monarquía absoluta. No solo tenía los poderes de una monarquía absoluta, sino los poderes de una dictadura personal.

No obstante, su papel todavía no era formal, ya que no se había consolidado en la Constitución. Figuraba como rey-soldado, jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del Gobierno. En ese contexto, en el momento de la muerte de Franco y de la proclamación de la monarquía, en un plazo de pocos meses, el rey tuvo la oportunidad de designar a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno [en 1976, y posteriormente resultó elegido para el periodo 1977-1981]. Hay un paso en la transición española que no suele estudiarse: cuando el rey recibe el poder y toma la decisión de no ejercerlo de manera absoluta, sino que lo delega en Adolfo Suárez, como si la Constitución estuviera vigente. Suárez fue nombrado en 1976, aunque las elecciones no se celebraron hasta 1977. En ese momento el rey ejerce como monarca constitucional, sin que haya una Constitución todavía. El rey tuvo la magnífica intuición de optar por no ejercer todos los poderes que le habían sido conferidos. Adolfo Suárez también inició su mandato como si se tratase de un presidente constitucional desde el punto de vista del ejercicio de la responsabilidad. Esto convirtió a Suárez en el protagonista de todo el proceso y del diálogo, de lo que podríamos denominar la transición española. El rey ganó prestigio y espacio como poder moderador, y su papel era importantísimo como referente para las Fuerzas Armadas.

El traspaso de poder del régimen autoritario

Como todos los regímenes políticos de larga duración, cuando hay 30 o 40 años de dictadura personal, como fue el caso de España, con 35 años de ejercicio de un poder autoritario controlado por Franco, aunque en su interior convivan grupos diferentes, ese proceso se agota incluso por razones biológicas. Entonces hay una toma de posición por parte de los que podríamos denominar los «reformadores» dentro del sistema que, en realidad, no hacen más que responder a un impulso biológico: su horizonte vital está mucho más allá que el horizonte vital de los representantes de la dictadura. Por tanto, tienen que hacer una apuesta respecto de lo que ocurrirá cuando desaparezca la dictadura. De ahí nacen los reformadores, las personas que podrían negociar con la oposición, y nace lo que podría considerarse un proceso de transición a la democracia. En España este grupo incluyó a Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa [ministro de Trabajo en 1975-1976, ministro del Interior en 1976-1979 y vicepresidente en 1981-1982], personas de cuarenta y cinco años en un régimen como el de Franco, un dictador que tenía setenta y cinco años y estaba enfermo. Ellos se plantearon: «¿Cuál es nuestro horizonte vital y cuál el de ellos?».

Son los componentes positivos de las fuerzas que se dan en todos los países; es un elemento común en todos. Si uno escudriña cualquier régimen autoritario, por ejemplo Cuba, se encuentra que hay una generación de dirigentes políticos, con cincuenta años, incluso llegando a los sesenta, que han sido apartados del poder. Esos dirigentes ven su horizonte vital más allá del de los hermanos Castro, por ejemplo. Por ello, tratan de tomar posiciones, más o menos prudentes, para responder a la pregunta de qué va a pasar después, cuál será su papel y cómo evitar ser eliminados en la posible liquidación del régimen. Eso crea una dinámica positiva de resistencia que debe analizarse en función de la ergonomía de cada país.

Al pensar en el papel de las Fuerzas Armadas, distingo entre privilegio y estatus. Si uno observa países árabes como Marruecos o Egipto, hay una oligarquía que, además del estatus, goza de unos privilegios gigantescos que ellos ligan a la supervivencia del régimen y del poder. Pero hay gente que no está peleando porque tema perder sus privilegios, sino porque teme perder algo mucho más modesto pero importante, su estatus.

Imaginemos a la Guardia Civil [cuerpo de seguridad pública nacional con estatus militar] en el caso de España o a las Fuerzas Armadas en Egipto. No me refiero a los jefes de las Fuerzas Armadas, sino a las Fuerzas Armadas como tales, que tienen sus economatos y su acceso preferente a la vivienda. Esto también se veía en Chile: las Fuerzas Armadas tenían, y conservan a pesar de todo, un estatus. No se trata de un privilegio, porque desde el punto de vista de lo que consideramos privilegios en España, las Fuerzas Armadas tienen hoy un mejor modo de vida –más posibilidades de hacer una carrera profesional, de apertura al mundo–, que el que tenían antes. Sin embargo, el temor a perder su estatus era mucho mayor que el miedo a otras posibles pérdidas a consecuencia del cambio democrático. Por tanto, hay que comprender la ergonomía de cada país, cuáles son los elementos de resistencia al cambio, que a veces se retroalimentan.

En España había dos elementos clave de resistencia al cambio, unos encima de la mesa y otros por debajo de la mesa. Encima de la mesa estaba fundamentalmente la situación de unas Fuerzas Armadas involucionistas y, por debajo, una amenaza terrorista que cuestionaba la unidad de España. Este era un fenómeno que se retroalimentaba: cuantos más ataques terroristas se producían, mayor era la involución de las Fuerzas Armadas.

En la campaña electoral de 1982, en la que gané, todavía se decía de mí, o de mi proyecto de gobierno, que estaba dispuesto a nacionalizar hasta la tierra de las macetas. Había resistencia por parte de los grandes propietarios y los sectores industriales, que temían un cambio que generaría incertidumbre. Esto es lo que yo creo que hay que ver en cada país: cuáles son las fuerzas que pueden sumarse a una dinámica de cambio, más o menos ordenada, cómo se conciertan esas fuerzas y qué resistencias pueden encontrarse.

La necesidad de recurrir a la inteligencia
en las transiciones democráticas

Cuando comparecimos ante el Congreso chileno en 1990, unas horas después de que Pinochet entregara la banda presidencial a Aylwin –acto al que no deseaba asistir, por lo que llegamos unas horas más tarde–, todos los jefes de Estado asistentes nos reunimos con el recién nombrado presidente de la República. Uno a uno mantuvimos una entrevista cordial con él. Para entonces Aylwin era ya un patriarca, y le dije: «Presidente, no quiero ser impertinente, pero me gustaría plantearle un tema que me preocupa en el arranque mismo del gobierno, porque lo he vivido en España angustiosamente, con Adolfo Suárez y como presidente del Gobierno». Proseguí: «Me cuesta mucho trabajo ponerme en el papel de Pinochet, pero uno tiene que hacer el esfuerzo. Si yo fuera Pinochet y hubiera perdido el referéndum y ahora me viera obligado a ponerle la banda presidencial a un demócrata dando por acabado mi régimen –o por lo menos la parte política de mi régimen, porque sigo siendo jefe del Ejército–, habría tomado las medidas necesarias para saber qué hace usted minuto a minuto y qué hace su ministro del Interior, además de lo que sucede en el conjunto del aparato del Estado. Si yo fuera Pinochet, lo tendría absolutamente intervenido y controlado, y me extrañaría que Pinochet, si es el que yo creo que es, no lo haya hecho».

Me dijo que le estaba planteando un problema muy serio y me preguntó si realmente creía que esa situación era posible, a lo que le respondí que sí, que así lo creía; y él pidió mi colaboración, porque yo ya había pasado por esa situación. El presidente Aylwin, de absoluta buena fe, realmente creyó que eso no sucedería; no obstante ahí quedó la oferta. Me agradeció mi ofrecimiento, estuvimos conversando sobre otros temas y nuevamente le ofrecí mi ayuda, ya que es necesario saber si el terreno que pisas es seguro o está minado y, de ser así, quitar el máximo número de minas posible.

Por ejemplo, el día anterior a las elecciones que gané, el 27 de octubre de 1982, se produjo el último movimiento golpista en España. Aquel día tuvo lugar un intento de golpe de Estado que se abortó en seguida, siendo Calvo-Sotelo presidente del Gobierno [1981-1982]. Yo gané las elecciones el 28 de octubre, con mayoría absoluta, pero todavía hubo un intento de detener ese proceso un día antes; por tanto tenía razones suficientes para ser precavido.

Un año después de la llegada de Aylwin a la presidencia se produjo el asesinato del senador Jaime Guzmán [legislador chileno y asesor de Pinochet]. El presidente Aylwin tenía previsto un viaje a Europa para visitar España y Bruselas, pero el asesinato y la situación derivada le creó la duda de si seguir o no adelante con el viaje. Finalmente decidió que no iba a suspenderlo, porque sería darle demasiada trascendencia a lo sucedido, como si pudiera interrumpirse el proceso democrático, y me llamó para confirmarme que venía. Me recordó lo que habíamos hablado el día de su toma de posesión y me comentó que le gustaría volver a conversar sobre ese tema, teniendo en cuenta lo que estaba pasando. Nos reunimos y me confesó su desconcierto sobre la procedencia de los golpes. No estaba seguro de lo que estaba sucediendo y me preguntó si podría ofrecerle mi colaboración. Entre otras cosas me dijo que las autoridades salientes probablemente contaban con sistemas de vigilancia y escucha al aparato de seguridad del Estado, incluida la presidencia. Le indiqué que también debía disponer de una estructura de inteligencia al servicio del presidente y de un aparato de seguridad para un presidente democrático. Les envié a tres personas de mi confianza que se encargaron de indagar si las conversaciones que tenía en su despacho eran seguras o estaban intervenidas. A los quince días recibió un informe de lo que andaba mal, con fotografías de todos los sistemas a través de los que se le observaba o se realizaban las escuchas. Se trata de un problema muy frecuente en los procesos de transición.

Si García Márquez [Premio Nobel de Literatura colombiano] está en lo cierto, ningún libro es instructivo para la gente si no cuenta anécdotas a través de las que los seres humanos puedan comprender las categorías que hay tras ellas. Por ejemplo, Raúl Alfonsín [presidente de Argentina, 1983-1989] era un político clásico de la antigua escuela, para el que la inflación o el déficit eran problemas de tecnócratas y no de políticos de verdad. Por tanto, opinaba que de esas cosas se ocupaban los tecnócratas. Era una época de apertura democrática y, como nosotros habíamos pasado por momentos muy complicados, había una gran voluntad de cooperación, de fortalecimiento de la democracia en ámbitos fundamentales como la inteligencia, de comprender las prácticas adquiridas y compartirlas. Nunca lo conseguí con Raúl, pese a que él afirmaba que sí. Nosotros le advertimos que iba a tener lugar el intento de golpe de Estado de La Tablada.

Incluso informamos a Carlos Andrés Pérez [presidente de Venezuela, 1974-1979 y 1989-1993]; en noviembre de 1991 le envié un mensaje indicándole que teníamos información importante. Nosotros sabíamos que se estaba armando un proyecto de golpe en semanas y no años. En respuesta envió a una persona que nos dijo que estaba al corriente y que no nos preocupáramos. Esto fue cinco o seis semanas antes de la entrada de Hugo Chávez y compañía a tiros en el palacio, y nos insistió en que no nos preocupásemos. La información la obtuvimos a través de cinco personas que estaban siguiendo a la gente de ETA [grupo nacionalista y separatista vasco armado] que había sido expulsada [de España] y estaba viviendo en Venezuela incrustada en el sistema de seguridad del Ejército venezolano. Se lo dije a Carlos Andrés, pero no prestó atención. Cada presidente tiene su forma de ser característica. Sin embargo, Carlos Menem [presidente de Argentina, 1989-1999] quiso controlar las actividades de inteligencia nacional desde el primer día de su mandato.

Otra anécdota que refleja las diferencias de los procesos de transición democrática me ocurrió con Václav Havel [último presidente de Checoslovaquia, 1989-1992, y primer presidente de la República Checa, 1993-2003]. Mientras checos y eslovacos eran todavía un matrimonio legal –aún no se había producido su separación–, teníamos una relación de mucha confianza y afectividad, porque él era una persona que procedía del mundo de la cultura, del teatro. Llegué de visita cuando se estaba discutiendo un tema esencial que debe analizarse en los procesos de cambio. En la Cámara presidida por Alexander Dubček [primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia, 1968-1969, y presidente del Parlamento en 1989-1992], que había sido el jefe del Gobierno arrollado por los tanques soviéticos en 1968, se estaba discutiendo la ley de depuración de responsabilidades de los anteriores gobiernos comunistas. Cuando se discute una ley como esta se monta una especie de puja, a ver quién pide más, porque cuanto más se exija más demócrata se aparenta ser; así que los menos demócratas eran los más exigentes. Los que tenían algo que perder eran los que pedían responsabilidad más furiosamente, hasta el punto de llegar a pedir responsabilidades al propio Dubček como jefe del Gobierno en 1968. Él era el hombre que presidía el Parlamento y, por lo tanto, tenía que firmar la ley de depuración de responsabilidades.

Cuando estuve de visita oficial, me reuní con Václav Havel en la parte eslovaca del país. Sabía que yo había hablado con Dubček. Me comentó que estaba muy interesado en que le contara algo que creía que el presidente del Parlamento había oído sobre la transición española. Se lo conté sin dudarlo, porque creo que es una anécdota reveladora de las características de la transición en España. Llegué al gobierno el 2 de diciembre de 1982 y el 5 de enero de 1983 murió el padre de mi esposa, por lo que me trasladé de Madrid a Sevilla en un avión de la presidencia para asistir al funeral. Al llegar al aeropuerto de Sevilla me estaba esperando un comisario de policía que se puso a mis órdenes como responsable de mi seguridad durante la estancia. Le di la mano y lo saludé por su nombre, a lo que respondió con sorpresa preguntándome si lo conocía; le dije que sí, que él me había detenido en 1974. Un año antes de la muerte de Franco ese señor me había detenido al llegar a Sevilla procedente de Portugal. Crucé la frontera de forma clandestina y llegué a Sevilla, donde me estaban esperando para arrestarme por un asunto pendiente de hacía tiempo. Y en ese momento el comisario no sabía qué decir; es decir, era el jefe de seguridad de la persona a la que había detenido siete años antes. Václav Havel me dijo: «Ahora entiendo mucho mejor cómo fue lo de España». La persona que me estaba protegiendo no era del Cuerpo Nacional de Policía, encargado de investigar robos; era de la Policía política.

Así que es necesario comprender qué fuerzas son capaces de crear una dinámica positiva para la transición. Esas fuerzas dependen de las relaciones de poder dentro y fuera del régimen, de la oposición, y de la medida en que se traza o no una línea que indique que «cualquier colaborador, en cualquier etapa del régimen anterior, está descalificado para siempre». De ser así, resultaría un obstáculo casi insalvable para llegar a un gran acuerdo nacional que permitiese realizar una transición democrática ordenada. No digo que en todas partes sea igual; hablo de las transiciones democráticas con mayor o menor grado de éxito.

La posible transición de Cuba

Usted se ha referido a la diferencia del calendario vital entre quienes gobiernan en Cuba y una generación más joven que piensa en el futuro. Los hermanos Castro nunca han mostrado interés por tender un puente hacia el futuro. ¿Cómo ve usted las condiciones para que haya una transición en Cuba?

En Cuba se produjo una circunstancia especial, que fue la llegada de Gorbachov al poder con todos sus éxitos mundiales y fracasos internos. Le costaron tanto que únicamente el 1% de la opinión pública de Rusia lo apreciaba, mientras que el 80% de la opinión pública mundial lo valoraba, ya que consiguió hacer un cambio histórico. En Cuba, durante la crisis de 1991, derivada de las consecuencias de las políticas de Gorbachov y la caída del Muro de Berlín, Cuba se quedó sin el soporte de la Unión Soviética y posteriormente de Rusia, que era vital para ella. El propio Fidel empezó a buscar salidas a su manera y promovió la llegada al poder de una generación con una visión distinta, pero que mantuviera el discurso revolucionario. Entre 1991 y 1992 hubo varios intentos de apertura, pero fueron de ida y vuelta. Cuando algunos de los nuestros, como Carlos Solchaga [ministro de Industria y Energía en 1982-1985, y ministro de Economía y Hacienda en 1985-1993], muy relacionado con el ámbito económico, hablaba sobre cierto grado de apertura económica, a Fidel le daba un ataque de rabia, porque la gente que tenía cierto grado de iniciativa privada ganaba dinero, y entonces cortaba esa fuente de «corrupción capitalista» y daba marcha atrás.

En 1995, mi último año de gobierno, tenía la presidencia de turno de la Unión Europea (UE) y era responsable de tratar de alcanzar un acuerdo bilateral entre la UE y Cuba, con una fuerte resistencia de Estados Unidos. Se basaba en una plantilla de acuerdos que ya existían, como el acuerdo bilateral entre la UE y Vietnam. Puede observarse la fascinación que siente el propio Raúl Castro por el modelo vietnamita. A Raúl Castro China le parecía algo distante, pero comprendía la importancia del éxito de Vietnam, que está disparado en flecha en el aspecto económico y mantiene un solo partido político en el poder; a pesar de todo, tiene acuerdos de cooperación con la UE y obtiene créditos de bancos e inversiones europeos.

Tuve una última conversación con Fidel Castro sobre ese posible acuerdo en Bariloche (Argentina), en la Cumbre Iberoamericana en octubre de 1995. El de diciembre sería el último Consejo Europeo que yo presidiría. En la conversación con Fidel, entre otras cosas, hablamos sobre la última oportunidad que tenían de firmar un acuerdo bilateral con la UE, lo cual era posible a pesar de la enorme resistencia de los países de Europa Oriental, que rechazaban la relación con Cuba. Los dos puntos clave del acuerdo eran de carácter económico y político. En el primer punto, los cubanos se comprometían a abrir la economía por la base, el modelo vietnamita, que parte de una economía capitalista estatalizada que crea una dinámica de crecimiento con mucho más bienestar para la gente. En lo político debía realizarse una reforma del Código Penal, que los vietnamitas habían aceptado de muy buena gana. Desaparecía la tipicidad del «delito contra la revolución» o, mejor dicho, se pretendía garantizar la libertad de expresión individual. En el acuerdo no se exigía pluralismo de partidos políticos, tampoco en el de Vietnam; simplemente se establecía que las personas que criticaran al régimen no fueran a la cárcel. Era libertad de expresión y, por tanto, de crítica. Se había avanzado tanto en el acuerdo que el Consejo de Estado francés se encargó de redactar el dictamen de la reforma. En aquella conversación de octubre de 1995 en Bariloche –que además fue dura por otros motivos– se precisaron las condiciones del acuerdo.

En diciembre di cuenta al Consejo Europeo y en febrero Fidel decidió derribar dos avionetas que lanzaban folletos de propaganda en La Habana procedentes de Miami. Al hacerlo, desaparecieron todas las posibilidades de acuerdo o de negociación. Así fue como Fidel resolvió un compromiso que no quería llevar hasta sus últimas consecuencias. Sus razones eran que en Cuba la gente se toma las libertades individuales incluso sin tenerlas, no como en Vietnam, que es una sociedad completamente jerárquica donde lo colectivo prima sobre lo individual, donde las manifestaciones a favor de las libertades son radicalmente minoritarias, como sucede en China. Se trata de una mentalidad completamente distinta.

Transiciones contemporáneas

¿En qué modo es relevante la experiencia de España para las transiciones contemporáneas?

No se puede generalizar; cada caso es único. He estado bastante presente en la evolución de Túnez y ha sido completamente distinta a la de Marruecos. También en Chile la élite más representativa era la de la comunidad chilena en el exilio. Eran muy pocos los que habían hecho resistencia al gobierno autoritario; los más significativos se habían visto obligados a salir del país. En Túnez pasaba algo parecido. Una parte de la burguesía tunecina no apoyaba al régimen, pero a este no le interesaba liquidar a esa parte de la burguesía, ya que no la consideraba una amenaza para su estabilidad, sus negocios ni su corrupción. El gobierno se centraba más en liquidar a los movimientos de la oposición, que etiquetaban de terroristas, y los eliminaban de verdad. Occidente nunca pidió cuentas al régimen al respecto. Se mostró muy renuente tras la experiencia argelina.

En 1995, tras la primera Guerra del Golfo, participé en los acuerdos para una nueva política de cooperación con el Mediterráneo que sirviera de acompañamiento al plan de paz. Diseñamos una política europea de acuerdos bilaterales con todos los países implicados, desde Marruecos hasta Siria. Esos acuerdos tenían tres componentes: uno era de cooperación económica, apertura y liberalización; otro era de seguridad; y el tercero era sobre la condicionalidad democrática. El respeto de los derechos humanos y las libertades democráticas fue el paquete que se quedó fuera, porque en la segunda mitad de la década de 1990 lo que de verdad preocupaba a Occidente era la amenaza del terrorismo internacional. Así que, con los jefes de Estado y los dictadores que garantizaban la seguridad, Occidente miraba a otro lado en el tema de las libertades. Por lo tanto, el diálogo era muy complicado con las élites que querían libertades y democracia. Yo mantuve ese diálogo, pero era muy minoritario. Ellos veían con exasperación que la condicionalidad democrática había desaparecido; de hecho, una de las causas de la intervención en Libia fue el fracaso de Francia en el apoyo a la transición tunecina.

La gente rechaza la relación de Francia con Ben Alí y su régimen. Para Francia, Túnez es su propio territorio, su cultura. En el momento en que empieza la revuelta, el embajador francés no podía aparecer por ningún lado, mientras que el embajador español no tenía problema. Entonces pude hablar con los muchachos que habían llevado a cabo la revuelta, los que «sacaron al genio de la botella». En realidad, no fueron ellos los que la lideraron; fueron los islamistas, que tenían una estructura territorial, y en cierta medida, los partidos políticos tradicionales, que muchas veces no se ponían de acuerdo. Estuve muy metido en ese proceso con la absoluta seguridad de que los protagonistas que conocía de antes no serían los protagonistas del cambio. Hablé con los islamistas, que hacían un esfuerzo por mostrarse moderados y democráticos al asegurar, por ejemplo, que no alterarían los derechos de la mujer adquiridos en Túnez, que eran los más avanzados de todo el mundo árabe. Pero los protagonistas de la revolución desaparecieron, tal como sucedió en Egipto. No los que estaban en la plaza Tahrir reclamando sin cesar no se sabe qué exactamente, porque, tras la revuelta, la votación legitimó al nuevo poder emergente islamista, que obtuvo el respaldo del 40% de los moderados y el 20 de los radicales. Aunque estos últimos quedasen excluidos del poder, para garantizar la estabilidad, los moderados tendrían que pactar con el poder real en Egipto, que siguen siendo las Fuerzas Armadas.

Por tanto, es difícil decir quiénes son los interlocutores. Por ejemplo, me exasperó la relación que tenía con los socialdemócratas marroquíes, que eran mis interlocutores naturales en Marruecos y que han cogobernado durante años. Cuando muere Hassan II, ellos pasan de la oposición al gobierno, hacen su gestión con el partido nacionalista y con otras fuerzas políticas de cierta tradición democrática. Pero mi discusión con ellos partía siempre del mismo punto: son élites tan bien formadas que me parecen trop Sorbonne para el país y la realidad de Marruecos tenía poco que ver con la realidad francesa.

A ellos les sorprendía mucho que cuando yo llegaba a Marruecos visitara barrios y poblaciones rurales para ver cómo vivía la gente, cómo eran sus vidas, mientras que ellos no entraban jamás en esos lugares, ni durante las campañas electorales. La consecuencia es que en cuanto hubo elecciones libres, se contaron los votos y el Parlamento pudo elegir, ganó un primer ministro islamista, porque ellos van a los lugares a los que los dirigentes de traje y corbata no van.

Justicia y reconciliación

¿Qué lecciones que puedan servir a otros pueden extraerse de la experiencia española respecto de cómo se abordan las cuestiones de la justicia, la reconciliación y la amnistía?

Respecto al tema de la amnistía, que en la actualidad se está revisando y criticando, los que la pedíamos sabíamos que también beneficiaría a los presos de ETA. Nosotros lo que pretendíamos era sacar de la cárcel a los que quedaban pendientes de juicio, yo incluido, ya que me enfrentaba a una petición por parte del fiscal de una pena de ocho años de cárcel, que iban a elevar a 20.

Manuel Fraga fue quien, siendo ministro de Gobernación, ordenó la revisión del caso y la cancelación de los cargos tras una conversación conmigo. La primera vez que vi a Fraga fue en una cena. Por entonces no había partidos políticos; no se habían convocado elecciones. Nos reunimos el 30 de abril de 1976; fue un momento muy tenso, en el que realmente me amenazó. Le dije que si estaba dispuesto a hacerlo le daría una vía fácil para cumplir su amenaza. Yo todavía estaba en libertad provisional, con una petición de ocho años de cárcel que podía activar al día siguiente. Le anuncié: «No me siga amenazando. Solo recuerde lo que le voy a decir: dentro de ocho años usted dependerá más de mí que yo de usted».

Por tanto, la visión que hoy se tiene es que estábamos ofreciendo la amnistía por los delitos del franquismo, incluidos los que podía haber cometido Fraga, pero la realidad es que queríamos sacar de las cárceles a los luchadores por la democracia y acabar con los procedimientos judiciales. Los comunistas llevaban hablando de la reconciliación nacional desde la década de 1960, de pactarla. Era su propuesta, ellos fueron los pioneros. En aquel momento a nadie se le ocurría pensar que estábamos en condiciones de exigir responsabilidades por los crímenes y delitos de la dictadura; era algo inimaginable.

Obviamente, cuando haces la amnistía no distingues si es amnistía o si es indulto, y es evidente que fue un error sacar a los presos de ETA de las cárceles pensando que eso conduciría a la desactivación del grupo terrorista y de su lucha contra el Estado, porque ya en ese entonces el Estado permitía su libertad y empezaba a elaborar una Constitución para la democracia. Durante el gobierno de Adolfo Suárez, entre 1979 y 1980, se produjo el mayor número de crímenes a manos de ETA, entre 90 y 100 al año. En mi gobierno hubo un ligero descenso, que fue mucho más pronunciado al final del mandato.

Sobre el tema de la amnistía, lo mismo se está viviendo en América del Sur todos los días. Los acontecimientos que tuvieron lugar hace 25 años no se analizan con perspectiva; las decisiones no se comprenden en el contexto en que se produjeron.

La gran dificultad de los procesos políticos que ya no son de transición, sino muy posteriores, es cómo evaluar esa cuestión una y otra vez. Por ejemplo, en Uruguay se han hecho dos referéndums. El propio presidente de la República [José Mujica] fue guerrillero y como tal comprende que la responsabilidad era compartida, y no quiere que se depuren responsabilidades, porque él tiene la responsabilidad de haber disparado su arma y haberse salido de la legalidad, e incluso de haber provocado la involución. En España no había ni la menor intención de hacer una revisión y pedir responsabilidades por los crímenes del franquismo.

Descentralización

Además del movimiento separatista vasco, son varias las regiones que han tratado de obtener distintos grados de autonomía respecto del gobierno central. ¿Cómo abordó el gobierno estas demandas?

La doble transformación consistía en la democratización y la descentralización del Estado. En realidad, la descentralización, que afectó a la cuestión de la autonomía, únicamente la exigían dos comunidades y media: Cataluña y el País Vasco, y en menor grado Galicia. Me refiero a comunidades con lengua propia; aunque Galicia, a pesar de tener un sentimiento menos arraigado por la descentralización, había tenido un inicio de estatuto de autonomía durante la Segunda República (1931-1939) y se incluye dentro de lo que se denominan las comunidades históricas, aun cuando no había una demanda social de autonomía. En el resto simplemente no existía esa demanda.

Había una dinámica de descentralización política muy positiva, pero que engendró agravios comparativos. Por ejemplo, ¿por qué Andalucía va a tener menos autonomía que Cataluña? En cambio, en Castilla-La Mancha no había ninguna reclamación de autonomía, ni en Murcia, como en tantas otras regiones españolas. Por tanto, la Constitución prevé dos niveles de autonomía: uno para las comunidades históricas y otro para el resto que es más de carácter administrativo que político, pero que está dotado de una vía de acceso a las autonomías que podríamos llamar «categoría uno». Cuando se pide al pueblo que decida entre categoría uno (política) o dos (administrativa), todos prefieren la uno. En consecuencia, se crea una dinámica de emulación que conduce a la descentralización política. Si bien esto ha sido muy positivo para España durante muchos años, llega un momento en que la descentralización permite que los poderes descentralizados asuman su papel como pequeños reinos, y los elementos de cohesión nacional se debilitan. Esta es la situación a la que hemos llegado en la actualidad, más allá de la crisis económica que la ha acelerado.

¿Cuáles fueron las principales dificultades que hubo que abordar para que la transición democrática tuviera éxito?

Desde el siglo XIX arrastrábamos lo que se llamaba las cuatro cuestiones básicas. La primera era la cuestión militar: ¿cómo se somete el poder militar a las autoridades civiles, teniendo en cuenta el desprecio que los generales siempre han sentido por los políticos? Este punto era inexorable. La segunda cuestión era la social [las divisiones de clase que contribuyeron a la guerra civil española], que fue el drama de la República. La tercera cuestión era la territorial, el problema no resuelto de Cataluña y el País Vasco. Incluso en la Primera República, en el siglo XIX (1873-1874), la idea era que España fuera una federación. Eso duró dos años. La última cuestión era la religiosa: el clericalismo y el anticlericalismo; el papel de la Iglesia.

Cuando llegó la transición la cuestión social era la más fácil de resolver, porque la sociedad había avanzado mucho en ese terreno. Por eso en España, incluso en situaciones de crisis, las tensiones sociales no han sido mayores. La cuestión social fue la menos importante en España.

Control civil de las Fuerzas Armadas

La cuestión militar era muy complicada, sin embargo fue la que mejor se resolvió en la Constitución, con la consolidación que supuso la reforma que aplicó mi gobierno con Narcís Serra como ministro de Defensa [1982-1991]. Por primera vez en la historia contemporánea del Estado español, el poder militar no se consideraba un poder del Estado, sino una institución, y la política de defensa y militar pasó a considerarse responsabilidad de los políticos. Mi experiencia con los militares fue muy buena, mejor que la que tuve con el poder judicial.

¿Nunca temió una intervención militar durante su gobierno, dado que las había habido antes, en 1981 y 1982?

Hubo un intento en 1981 y otro en octubre de 1982, y uno justo antes de firmar el tratado de adhesión a las Comunidades Europeas, en el Día de las Fuerzas Armadas, que conseguimos frustrar muy rápidamente recurriendo a la inteligencia. Estaba planeado hacer un atentado en La Coruña para volar la tribuna del desfile con todas las autoridades del Estado, incluida la familia real, y así crear una dinámica imparable. Pretendían cometer un atentado parecido al que provocó ETA con el asesinato de Carrero Blanco cuando era jefe del Gobierno de Franco, en diciembre de 1973.

Ya entonces la relación del gobierno de Adolfo Suárez con los militares era mucho más tensa, de manera constante. No digo que en mi gobierno no hubiera tensiones, pero el método para resolverlas era la reforma, para la que contábamos con una mayoría muy amplia y bastante apoyo parlamentario. Eso nos permitió aprobar todas las demás reformas militares: el Código Militar, la jurisdicción militar, las reformas de la enseñanza y la participación en misiones internacionales, que fueron transformando por completo las Fuerzas Armadas. No cabe duda de que la experiencia no estuvo exenta de incidentes que resolvíamos de manera completamente diferente, como sucedió en Valladolid.

Adolfo Suárez procedía del aparato del Estado, era secretario general del Movimiento Nacional –el partido único– cuando el rey lo nombró presidente del Gobierno. Cada vez que había un pronunciamiento impertinente de un jefe militar, él tenía la tendencia de entrar en debate; las discusiones en el Parlamento eran acaloradas. También me sucedió lo mismo al principio.

Eso me ocurrió estando en Chile, cuando se empezaba a hablar de la candidatura de Ricardo Lagos. Entonces le preguntaron a Pinochet qué opinaba sobre que yo fuera al país a apoyar la candidatura de Lagos (lo que en realidad no se había planteado así, porque yo iba a hacer un seminario). Pinochet dijo aquella impertinencia en el Club de Leones: «Si hay un candidato socialista, puede haber un 11 de septiembre otra vez» [fecha de 1973 en la que Pinochet lideró un golpe militar que derrocó al gobierno electo del presidente Salvador Allende], un comentario arrogante muy propio de él. Obviamente la prensa me preguntó si venía a apoyar a Lagos y les dije que no era mi intención contestar a Pinochet, puesto que para hablar con el señor Pinochet este tenía que renunciar a la pistola. Mientras él tuviera una en la mano no había posibilidades de diálogo, pues estaba en una posición ventajosa. Si quería competir electoralmente debía renunciar a recurrir a amenazas. Se armó un escándalo.

En mi país no discutí con los militares ni una sola vez. Hubo una o dos declaraciones en Valladolid, una de ellas en una entrevista para la revista Interviú, que no era propia de militares. Antonio Asensio, el dueño de la revista, me mandó la declaración de un oficial que iba a publicarse el lunes siguiente. Estaba asustado; quería que le pidiera a la persona entrevistada que por favor retirase sus declaraciones. Le respondí que no, que yo no hacía censura; que debía publicarla y no le di más explicaciones. Pero llamé al ministro de Defensa y al vicepresidente, y les dije que el lunes, en el mismo momento de la salida de la revista, tenían que firmar el decreto de paso a la reserva de ese señor y tener designado ya al nuevo capitán general de Valladolid. Cuando la gente lo vea en los quioscos, verá las declaraciones de un señor que está ya en la reserva, porque lo ha decidido el gobierno por decreto.

Lo mismo me pasó dos veces, y lo que entonces se denominaba la Junta de Jefes del Estado Mayor de la Defensa me lo agradeció. Los jefes del Estado Mayor, algunos franquistas duros todavía, me agradecieron que no discutiera, que no armara un alboroto público. Si ese señor no cumplía sus obligaciones como jefe militar, simplemente había que pasarlo a la reserva, quitarle el mando de la tropa y sustituirlo por otro, y se acabó. Es más, me llevé a los miembros de la Junta a la toma de posesión de Sanguinetti en Uruguay [presidente entre 1985-1990 y 1995-2000], y en el avión me preguntaron qué era lo que quería que hicieran, pues se iban a reunir con sus homólogos allí, que estaban entregando el poder tras la dictadura. No les di ninguna instrucción, simplemente les dije que hablasen con ellos y les sugiriesen que visitasen España para que vieran cómo marchaban las cosas.

Tuve solo dos incidentes así, Adolfo tenía intentos de golpe cada semana o cada mes. Una vez me llamó a su despacho para decirme que había decidido desplegar parte del Ejército en la frontera vasco-navarra con Francia. Le indiqué que me parecía un error, pero me dijo que no lo hacía por ETA, sino por la presión militar. Le comenté que esa parte de la frontera ni siquiera se había podido blindar durante la Segunda Guerra Mundial, que pretender bloquear en aquel momento el paso de terroristas de Francia a España y viceversa sería un esfuerzo inútil, un error. Le advertí: «Vas a legitimar a ETA, que asegura que lucha contra los militares, así que no estoy de acuerdo». Y me comentó que él tampoco estaba de acuerdo, pero que no tenía margen de maniobra con los militares. Les daría autoridad para acallarlos y para que se diesen cuenta de que la situación no se resolvería como ellos decían; y de esa manera compartirían responsabilidad. Sabía que era inútil e incluso que ETA podría asesinar a unos cuantos soldados. Era un error de estrategia, pero no había margen político y había que hacerlo. Dicho de otro modo, no me pedía que estuviera de acuerdo, sino que no lo criticase. Le dije: «Hazlo y tienes mi silencio».

Entonces pactábamos hasta en lo que no estábamos de acuerdo. Esto es fundamental para ver por qué y cómo funcionaba la transición. Por tanto, resolvimos bien el problema militar, pero nunca hemos conseguido una resolución satisfactoria para la cuestión religiosa.

El papel de las fuerzas de seguridad

¿Cómo contribuyó el rey a la transición democrática y a asegurar la monarquía constitucional? ¿Por qué hubo intentos de golpe de Estado cuando el rey era jefe de Estado?

Les voy a responder con dos cosas que también me cuesta trabajo comentar.

Entre los militares había una generación completamente ligada a Franco que consideraba que los pasos que había dado el rey [hacia la democratización] constituían una traición a la herencia recibida y, por tanto, cuestionaban, no al rey, sino los pasos que daba. Entonces cargaban contra el gobierno y les contrariaba que el rey estuviera facilitando su tarea. El rey siempre tuvo ese poder moderador como jefe de las Fuerzas Armadas. Había resistencia al cambio y es probable que sin la figura del rey el golpe hubiera tenido éxito.

Viví la transición cuando todos los servicios de inteligencia estaban bajo el control de los militares. Después se fueron mezclando con la inteligencia civil. En países como España, a diferencia del mundo anglosajón, la mayoría de los civiles demócratas no querían ensuciarse las manos metiéndose en problemas de inteligencia. La historia de Gran Bretaña está llena de grandes intelectuales que han prestado servicios en el ámbito de inteligencia por su país, por puro patriotismo, con plenas convicciones democráticas. Cuando me criticaban diciendo que los servicios de inteligencia fueran fundamentalmente militares, les decía que era así porque gente como ellos no quería ensuciarse las manos trabajando en inteligencia para defender los intereses del Estado democrático. Es una realidad, con un arrastre histórico, pero hay otra más interesante.

Al morir Franco, los servicios de inteligencia, que eran muy complejos, se fracturaron y formaron grupos con dos perspectivas distintas. El primero pensaba que la función de los servicios de inteligencia consistía en defender el régimen al que sirven; mientras que el segundo, bastante notable, se acercó a mí cuando Franco aún estaba vivo, porque creían que servían al Estado español, no al régimen de Franco, y por tanto su tarea era facilitar la nueva etapa democrática con el menor coste posible para el Estado. Esa fractura, caracterizada por fuertes tensiones, fue vital para hacer avanzar las propuestas democráticas y desmontar algunas de las tensiones involucionistas.

El papel de las fuerzas sociales

¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica?

En la primera fase de la transición la Iglesia no fue un problema mayor; aunque hubo una gran tensión por el carácter católico del Estado. En la Constitución se reconoce a la Iglesia Católica como la religión mayoritaria. En el momento de la transición democrática la Iglesia Católica había pasado de ser el sostén ideológico y religioso del régimen de Franco a tener una élite que estaba a favor de la dinámica del cambio y la democratización. El tema de la Iglesia se resolvió de forma razonable, aunque no definitiva. Al principio desempeñó un papel importante para facilitar la transición. Alguna vez se recuerda el grito de la extrema derecha, que era «Tarancón al paredón» [el cardenal Tarancón fue arzobispo de Madrid, entre 1971-1983, y ejerció de mediador durante la transición a la democracia]. Ese era su grito de guerra.

La llegada del Papa Juan Pablo II marcó el comienzo de un proceso de regresión en una parte de la doctrina de la Iglesia. Ese retroceso se debió a que la Iglesia era muy militante contra la legislación sobre el aborto y el divorcio que se abordó en la época de Adolfo Suárez con nuestro apoyo, porque él solo no habría conseguido aprobarla. En esos temas la Iglesia es recalcitrante por naturaleza. Más recientemente durante el gobierno de Zapatero, a raíz de alguna de las ampliaciones de libertades, algunos obispos y curas se han manifestado en las calles –algo que nunca se había visto– en contra de proyectos de ley que gozaban del apoyo de la mayoría en el Parlamento.

¿Por qué ha sido difícil manejar la relación con la Iglesia Católica?

La Iglesia se ha sentido históricamente con más poder en España que en ningún otro país del mundo. La guerra civil se calificó de cruzada, una guerra contra los infieles, mucho más que en Italia. La relación entre la Iglesia y el Estado, incluso durante mi gobierno, ha sido mucho más beneficiosa desde el punto de vista económico para la Iglesia española que para la italiana, la belga o la de cualquier otro país católico. En la actualidad existe una pequeña polémica debido a la crisis económica, porque la Iglesia no paga impuestos por sus propiedades, ya sea un apartamento, un colegio, un negocio o cualquier otro edificio que tenga alquilado, aunque operen como empresas.

Yo estaba en el gobierno cuando recibí la visita de Agostino Casaroli, un hombre del Concilio Vaticano II que entre 1979 y 1990 continuó ejerciendo de secretario de Estado tras la elección del Papa Juan Pablo II. Era un hombre muy sofisticado, muy inteligente. Un día vino a hacer unas reclamaciones económicas que el nuncio en España, Mario Tagliaferri, había recogido en un documento. Le dije: «Sé que le preocupa el tema de la financiación de la Iglesia. Eso lo voy a resolver de una vez, para que vea que lo están engañando quienes le brindan los datos». Ya que sabía que precisamente eran las personas que estaban sentadas a su lado. «Primero, pida que le vuelvan a dar la información de cuánto ha crecido la financiación del Estado a la Iglesia desde que los socialistas, descreídos como yo, están en el gobierno.» Además le pregunté con cuántos estados tenía relaciones diplomáticas formales el Vaticano. «Con 104», respondió. «Entonces dígame cuál es el modelo que más le favorece y desde ahora me comprometo a cambiar los acuerdos de España con la Santa Sede por el modelo que usted me indique.» Nunca más me planteó el problema. Eso fue en 1986, lo resolví en una sola conversación y para siempre.

Movilización social

¿Cuál fue la importancia de la movilización social en la transición? ¿Qué papel desempeñaron las mujeres y las organizaciones de mujeres?

Parte del éxito de la transición en España se debe a que existía una mayoría social muy amplia preparada para afrontar el reto. La movilización era muy intensa, con la presencia activa de los sindicatos, los estudiantes, las asociaciones de barrios y de vecinos. Por ejemplo, durante años se habían establecido acuerdos entre los obreros y la patronal que estaban fuera del control que ejercía la dictadura sobre algunos sindicatos oficiales. De hecho, mi dedicación profesional como abogado era de defensa de los trabajadores en un despacho laboralista en varios puntos del país. Obraba fuera de la estructura sindical dependiente del régimen y atendía a Comisiones Obreras y a la Unión General de Trabajadores, los dos sindicatos no legales más importantes entonces. Pero los representantes de los empresarios sabían, cuando se sentaban a negociar, que no lo estaban haciendo con el sindicato vertical oficial, sino con los representantes reales de los trabajadores.

La transición fue bastante pacífica, salvo por algunos actos de terror de la extrema derecha. Las grandes mayorías sociales estaban completamente preparadas y dispuestas para entablar un diálogo que facilitara la vida democrática. Salían a las calles, puesto que los barrios estaban muy organizados; las asociaciones de vecinos, incluidas las asociaciones de mujeres, protagonizaron muchos de esos movimientos populares.

Las mujeres también participaban en los sindicatos, además del movimiento feminista que luchaba por sus reivindicaciones. Había una participación considerable de las mujeres, hasta el punto de que durante el proceso democrático España fue el país que más rápidamente se acercó a la paridad de representación política de las mujeres en el Parlamento, equiparable a la de países nórdicos como Suecia y Noruega. Las mujeres se vieron directamente favorecidas por los cambios democráticos porque pasaron de ser unas personas consideradas «discapacitadas» a recuperar derechos. Durante el franquismo la mujer no podía comprar un apartamento, ni un coche, ni pedir un crédito; debían tener la tutela del marido o del padre. Eso se resolvió en España con la transición democrática.

Respuesta a la crisis económica

¿Cómo afectó la situación económica a la transición y qué importancia tuvieron los Pactos de la Moncloa?

El acuerdo de la Moncloa allanó el camino para un gran pacto constitucional. Era un pacto nacional para abordar una situación de crisis económica muy grave, con factores políticos que planteaban el peligro del avance de las fuerzas [políticas] involutivas. Lo más significativo fue su aspecto económico. El pacto, que fue aceptado por parte de la izquierda y los sindicatos para acabar con el proceso galopante de inflación que estaba destruyendo la economía española, establecía que la negociación salarial debía ajustarse a la inflación prevista y no a la inflación pasada. Un elemento decisivo fue que por primera vez los gobernantes procedentes del franquismo se sentaron con los gobernantes de fuera del sistema. En octubre, inmediatamente después de las primeras elecciones que se celebraron en junio de 1977, dialogaron para llegar a acuerdos encaminados a salvar al país de una crisis económica, porque el gobierno no tenía la fuerza ni la legitimidad suficientes para imponer una política económica que no fuera acordada con la oposición.

Existía un riesgo considerable derivado del deterioro de la economía, pero se retroalimentaba de los ataques terroristas. Juntos, esos factores creaban un riesgo de involución. Para Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, la prioridad era fundamentalmente política. Consistía en salvar los escollos políticos para consolidar la transición: redactar y aplicar la Constitución. La prioridad económica era de segundo nivel. Él no quería tener, junto a los problemas políticos, problemas sociales, incluidas grandes huelgas y conflictos, en una situación económica muy difícil de manejar. Por ello, dado que no podía hacerlo solo, hizo una convocatoria para alcanzar unos acuerdos.

El gran activo de los Pactos de la Moncloa fue que se envió la señal de que la oposición, desde los comunistas a los socialistas, pasando por los demócrata cristianos, alcanzaba un acuerdo con los reformistas del régimen para definir qué espacios de consenso necesitaba el país para salir adelante. Eso frenó extraordinariamente la conflictividad social cuando la inflación estaba en el 26 o el 27% y subiendo, y había un desequilibrio enorme en las cuentas públicas. Hay que recordar que Franco murió inmediatamente después de la primera crisis del petróleo. Y las reformas que se llevaron a cabo antes de la crisis en los Países Bajos o Alemania, por ejemplo, no se adoptaron en España. Eso produjo un sobrecoste enorme de la energía, un fracaso económico que acompañaba a las dificultades políticas que hemos analizado.

Los Pactos de la Moncloa supusieron, sobre todo, una manifestación de voluntad clara ante los ciudadanos de que las fuerzas políticas, fuera cual fuese su procedencia, estaban definiendo un espacio. ¿En qué consiste el consenso que fortalece a un país? Consiste en saber definir, como buen cabeza de familia, cuáles son las cosas de comer y decidir que con las cosas de comer no se juega. Puede observarse que todos los países del mundo que lo han hecho, aunque no haya sido mediante un pacto formal, son democracias consolidadas. En Estados Unidos se hizo por un procedimiento; en Gran Bretaña, por otro. Hay determinados temas que van más allá del interés partidista, que se convierten en parte del interés nacional, que no se cuestionan. A eso me refiero con las «cosas de comer», aquello que debe preservarse. Esto tiene que ver con la política exterior, con los desequilibrios económicos tremendos o con la necesidad de un acuerdo como el de la descentralización del Estado. Por eso los Pactos de la Moncloa nos prepararon para hacer una negociación constitucional.

Gestión económica para el desarrollo

¿Cree usted que un pacto así es necesario y viable en este momento, dada la actual crisis económica que padece España?

No necesariamente, pero es más necesario que antes porque afecta a varios elementos. En España siempre se ha discutido sobre cuánto duró la transición. Yo creo que duró hasta que tuvimos una Constitución y hubo una alternancia democrática en el poder. Cuando llegamos al gobierno, la transición y las reglas de juego ya estaban establecidas. Lo que hicimos durante nuestra etapa no fue continuar la transición, esa la habíamos hecho con Adolfo Suárez. El protagonista fue Adolfo Suárez y nosotros [el PSOE] ayudamos como pudimos: con los Pactos de la Moncloa, la Constitución acordada, etc.

Nosotros consolidamos la democracia y modernizamos el país, además de abrirlo al mundo. Si hay una manera de describir la etapa de gobierno que yo presidí, fue de consolidación democrática, reforma militar y profundización de la democracia: apertura al exterior, incorporación a la UE y apertura a América Latina y el Mediterráneo, que eran nuestros principales ejes de actuación, además de la modernización del aparato productivo español, que para su puesta a punto implicó la restructuración industrial. Heredé el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo [presidente del Gobierno, 1981-1982], que me aseguraba: «No te engañes. España, por razones estructurales, nunca tendrá una inflación inferior a dos dígitos». Leopoldo afirmaba que nosotros nunca tendríamos una tasa de inflación baja, como la alemana o la francesa, porque en España hay un problema estructural y cultural que no nos permite bajar de dos dígitos. Así que me dijo que lo que había que trabajar era la estructura y la cultura. Cuando resulté elegido la inflación era del 14%; gracias a los Pactos de la Moncloa había bajado desde un 26%. Cuando dejé el gobierno, la inflación era similar a la que había cuando Aznar [presidente del Gobierno, 1996-2004] terminó su mandato y cuando Zapatero [presidente del Gobierno, 2004-2011] terminó el suyo (3,7%), y me parecía muy alta.

El reto de los intereses empresariales

¿Supusieron una amenaza para la transición los intereses empresariales apegados al régimen de Franco?

Durante la campaña electoral fueron muy combativos. De hecho, el golpe militar de 1981, en el que participaron civiles, fue interpretado como un intento de frenar la llegada de la izquierda al gobierno, algo que les parecía muy probable. En 1979 hicieron campaña, pero el momento más duro fue cuando la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido de Adolfo Suárez, se hundió y la comunidad empresarial vio que nuestro triunfo era prácticamente inevitable. Una de las cosas que decían durante la campaña de 1982 era «van a nacionalizar hasta la tierra de las macetas». La campaña fue feroz, muy negativa, con anuncios en la prensa en los que aparecía una manzana con el gusano que la pudre. Todas esas cosas no sirvieron para nada y nunca lo tuve en cuenta.

Es cierto que cuando llegué al gobierno hice algunas cosas a las que la gente no estaba acostumbrada. Desde el siglo XIX los sucesivos gobiernos no habían tenido un ministro de Economía y Finanzas que no hubiesen propuesto los bancos; del mismo modo, no se había designado ningún ministro de Industria que no tuviera detrás a las compañías eléctricas. Rompimos esa tradición; tuve plena autonomía a la hora de tomar estas decisiones.

Fue más complicado establecer la autonomía del gobierno con respecto a los sindicatos, debido a un conflicto con sindicatos hermanos dirigidos por Nicolás Redondo [secretario general de la UGT, 1971-1994]. Los sindicatos querían mantener la tradición de decidir quién tenía que ser ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Les dije que no había cuotas para nadie, yo decidía quién tenía que formar parte del equipo de gobierno; la Constitución me obligaba a hacerlo. Claro que había tensiones, pero los intereses empresariales no empezaron a hartarse del gobierno hasta el final de la segunda legislatura.

Ricardo Lagos todavía recuerda cuando le comparaban conmigo por las relaciones con el sector empresarial. En una reunión dijo: «Si Felipe González era un buen modelo de referencia, como dicen ustedes, los empresarios, no se olviden de que la presión fiscal subió un 1% del PIB cada año que estuvo en el gobierno». Esto es absolutamente cierto; estuve 14 años en el gobierno y cuando salí, la presión fiscal había aumentado en un 14% respecto al nivel existente cuando asumí el poder. Y si no hubiera sido así, ¿cómo habríamos establecido la educación pública universal o un sistema de salud público? En 1988 el sector empresarial ya tenía ganas de que hubiera un cambio de gobierno, tanto que antes de las elecciones los sindicatos convocaron una huelga general que tuvo mucho éxito y que acordaron con la patronal, incluso para recuperar las horas perdidas. La patronal facilitó la huelga y el país se detuvo por completo. Hasta Televisión Española se paró. En 1989 hubo elecciones y volví a obtener la mayoría en el Parlamento.

Diferencias con los partidos de la oposición

Respecto a los partidos políticos, ¿por qué se hundió la Unión de Centro Democrático [UCD, coalición liderada por Adolfo Suárez que existió entre 1977 y 1983] y surgió un partido de derecha, el Partido Popular, heredero de la Alianza Popular de Fraga? ¿Cómo manejó usted la relación con el Partido Comunista?

No me fiaba de los comunistas, pero no era anticomunista. Abrí la relación con ellos. Yo fui el primero, después de 30 años, que establecí en Francia contacto con Santiago Carrillo, secretario general de los comunistas, lo cual me costó cientos de cientos de cartas de compañeros socialistas en el exilio y algunos en España, rechazando ese contacto.

En ese momento no acepté la teoría de Mitterrand sobre la unidad de la izquierda. La aceptó Mário Soares [primer ministro socialista de Portugal, 1976-1978, 1983-1985, y presidente, 1986-1996] porque se vio obligado; él quería que la plataforma fuera la unidad de la izquierda en Portugal y en todo el sur de Europa, lo que lo llevó a la presidencia. Mitterrand no podía creer que los comunistas obtuvieran el 9% y nosotros, el PSOE, el 30% en las primeras elecciones. Creía que nosotros íbamos a obtener el 12 o el 14% y que los comunistas sacarían el 24 o el 25%. Por mucho que le explicaba a Mitterrand que en España no era como en Francia, que la realidad era que por cada voto que obtuvieran los comunistas nosotros tendríamos tres, él no lo creía; hasta las elecciones del 15 de julio de 1977. Entonces fue cuando vio las cosas de forma completamente distinta y me invitó al congreso de su partido, celebrado cuatro días después.

Mitterrand era muy inteligente y a la vez malvado. Formó unidad con los comunistas para cargárselos; lo llevaron al poder y después acabó con el partido. Posteriormente nacionalizó lo que quedaba por nacionalizar del sistema bancario, las empresas punteras de Francia y las grandes empresas de tecnología. Nacionalizó sobre todo a las que no le habían ayudado en la campaña electoral, con algunas excepciones.

En julio de 1982 recibí a Kissinger en Madrid, una visita que menciona en su libro de memorias. En una larga conversación, me dijo: «Usted hará como Mitterrand, nacionalizará la banca». Estados Unidos temía el modelo de Mitterrand; estaban asustados por su triunfo en Francia y porque Portugal, Grecia, el sur de Europa en general, podrían acabar en manos de los comunistas, con la estrategia de unidad de la izquierda, que también se trabajaba en Italia. A Kissinger lo envió el Departamento de Estado de Estados Unidos para ver qué sucedía en España; sabían poco de mí y deseaban saber por dónde iba a ir el gobierno, qué iba hacer. Terminó con un comentario gracioso, porque me dijo: «Si usted no nacionaliza el sistema bancario y demás cosas, pues usted no es socialista». Le respondí que su problema era que identificaba a socialista con tonto, y que no siempre coincidían. Lo que iba a hacer era darle autonomía al Banco Central, poner a competir a los bancos entre ellos, con regulación y control, pero no los iba a nacionalizar; no iba a encarecer el crédito ni a burocratizarlo; además tenía un plan para desnacionalizar las industrias que había nacionalizado el régimen de Franco. Me parecía insoportable que el Estado estuviera fabricando coches en SEAT, que era una empresa estatal, y que las empresas privadas construyeran las carreteras; prefería lo contrario. Se fue muy impactado por la conversación sobre lo que ocurría en el sur de Europa.

Hay un problema muy interesante, más generacional que de instintos políticos concretos. Desde las primeras elecciones de 1977, después de tantos años de dictadura, el voto, desde el centro izquierda hasta el centro derecha, fue semejante al de un país europeo que llevaba votando mucho tiempo. El comportamiento social fue el mismo. En aquellas primeras elecciones Adolfo Suárez obtuvo el 34,4% de los votos, y yo el 29,3. En esa época todavía existía el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, un partido social y moderado, que obtuvo el 4,5%. Por lo tanto, los socialdemócratas obtuvimos solo un 1% menos de votos que Adolfo Suárez con la UCD. Los comunistas obtuvieron más votos que Fraga con Alianza Popular, que se transformó en el Partido Popular. Sin embargo, el Partido Comunista siguió siendo un partido minoritario, así como los nacionalistas catalanes. Resulta que la primera votación concedió a las fuerzas del régimen el 43 o el 44% de todos los votos y a las fuerzas contrarias al régimen más del 50%. La ley electoral le dio el poder a Adolfo Suárez, pero no los votos.

Esta es la clave para comprender a España. El voto es siempre un ejercicio de soberanía individual. Tú votas por unas siglas y una tradición, una simpatía ideológica, que muchas veces es familiar, pero a la vez votas por un rostro que te inspira o no confianza. El gran acierto del rey fue que, pese a que Suárez había sido el secretario general del Movimiento, la inmensa mayoría de la población no lo consideraba responsable del franquismo, la guerra ni sus consecuencias. Era una opción generacional. Adolfo Suárez y yo, que pertenecíamos claramente a una generación de posguerra, obtuvimos las dos terceras partes de la representación parlamentaria entre los dos. Carrillo, que representaba al recalcitrante Partido Comunista, obtuvo el 9% de los votos y Fraga, el 8%. Dicho de otro modo, las caras que la gente identificaba con el pasado no recibieron votos y las caras que se identificaban con el futuro de España como democracia ganaron la mayoría de los votos. Fue un cambio generacional: el pueblo no votó por el pasado, lo hizo por el futuro, y Carrillo y Fraga eran el pasado.

Dotes de liderazgo

¿Considera que las dotes del liderazgo político e intelectual son algo innato o aprendido? Y si son aprendidas, ¿cómo las aprendió?

No hay escuela para eso. Cuando uno ejerce el poder político, tenga o no poder institucional, no se plantea una teoría del liderazgo. John F. Kennedy [1961-1963], que fue uno de los pocos [presidentes estadounidenses] que contaba con formación en ciencias políticas, tuvo una conversación con su secretario de Defensa que merece la pena recordar. Cuando [Robert] McNamara rechazó asumir el cargo de secretario de Defensa y le dijo a Kennedy que lo pusiese en Comercio, porque no tenía la menor idea sobre defensa, Kennedy le respondió: «Tú dices que no estás preparado para ser secretario de Defensa, yo tampoco para ser presidente de Estados Unidos». Nadie está preparado para eso; salvo una o dos excepciones, nadie que venga de las ciencias políticas ha llegado a ser líder de un país; han sido brillantes analistas políticos o han sido segundos en la conducción de un país. Por tanto, no hay escuela de liderazgo.

Un líder político tiene que tener un compromiso fuerte con lo que propone y creer en ello, y el compromiso tiene que ser lo menos mercenario posible. Y debe ser no solo un líder político, sino también un líder social, como la madre Teresa de Calcuta, que entregó toda su vida a cambio de nada, sin un carácter mercenario. Así que la credibilidad de un líder político, social o empresarial se basa fundamentalmente en un compromiso serio con lo que propone, en creer en ello sin motivos interesados.

La segunda característica de un líder político es que tiene que hacerse cargo del estado de ánimo de los otros. Por ejemplo, ¿cuál fue el error de Zapatero? Cuando todo el país era consciente de que atravesábamos una crisis pavorosa, él aparecía una y otra vez diciendo que no era muy grave y que no había crisis. No se hizo cargo del estado de ánimo de la gente. Una vez que se ha hecho cargo, la obligación del líder político es cambiar el estado de ánimo. Si es negativo, ponerlo en positivo, algo que jamás se hace si uno no está a cargo del estado de ánimo de los demás. Los grandes errores políticos son siempre los mismos. Por tanto, si un líder tiene en cuenta el ánimo de su pueblo y está dispuesto a ofrecer una solución, en la que se juega todo a cambio de nada, será capaz de cambiar ese estado de ánimo de negativo a positivo. Ahí es donde radica la magia de la política, porque al final el poder no es más que la administración de expectativas.

La tercera condición es seleccionar equipos humanos y coordinarlos con autoridad moral y persuasión, no con amenazas, porque tener el poder de decidir quién será ministro o quién dejará de serlo es un poder muy fuerte. Pero coordinar a personas de mucho talento exige no solo el poder político para nombrarlas, sino también una autoridad moral para que te respeten. Eso fue lo que perdió Adolfo Suárez y entonces se descompuso la UCD. Perdió la autoridad moral sobre su equipo; no lo apreciaban y no lo respetaban como autoridad moral. Yo tenía en mi equipo, cuyos miembros eran todos más brillantes que yo en su materia, a personas como Miguel Boyer [ministro de Economía, Hacienda y Comercio, 1982-1985], Alfonso Guerra [vicepresidente, 1982-1991] y José María Maravall [ministro de Educación y Ciencia, 1982-1988]; personas de primera categoría. Alguien me dijo una vez: «Uno tiene que elegir a los mejores, incluso a los geniales, para que lo acompañen a gobernar, pero tiene que saber que los genios tienen su temperamento y aguantarlos es muy difícil; hay que tener mucha paciencia». Es un consejo fantástico. Si tienes a alguien con una cabeza de primera como Boyer, ¿cómo limitas la arrogancia de una persona excepcional si no tienes autoridad moral para decidir no aceptar su consejo y seguir otro plan o proceder de otro modo?

El error de algunos líderes políticos radica en que no quieren tener ni un solo colaborador que les haga sombra, que sea más inteligente que ellos, porque no se sienten con autoridad moral para gobernar sobre ellos. Y debería ser justamente al revés. El ejemplo contrario es el del presidente Reagan, que era un hombre de una ignorancia enciclopédica. Pero había un ámbito en el que tenía una inteligencia superior. Tenía las prioridades claras y elegía gente de primera para llevarlas a cabo, empezando por la persona que lo acompañaba en la política de imagen; no he visto nunca a nadie mejor. También elegía a gente de primera como secretario de Estado y secretario de Defensa. Puede que no supiera dónde se encontraba Paraguay con relación a Argentina, pero tenía un equipo muy bien preparado. Era una persona muy ignorante, pero era consciente de su defecto, y ese es el principio de la sabiduría que se extrae de «solo sé que no sé nada».

En la sociedad actual, que está siendo transformada por la globalización y la revolución de la información, por primera vez en la historia del ser humano y del poder político, eso que siempre hemos pensado acerca de que «la información es poder» ha cambiado. La información hoy es un bien como el aire, está a disposición de todos. Todo lo que ocurre, incluso lo más secreto, se sabe. El escándalo de Wikileaks no lo es por lo que revela, sino porque lo revela todo en un paquete. Si se desmenuza, todo lo que contiene es conocido en el ámbito que corresponde. La información es como el agua, un bien sin dueño y disponible, todo a la vez. El problema es: ¿cómo procesas esa información para obtener un resultado para ti? La inteligencia del liderazgo significa coordinar una información excesivamente abundante para darle un sentido operativo que sirva a tu propósito.

Por ejemplo, había mucha información que apuntaba a que iba a producirse el ataque del 11 de septiembre contra Estados Unidos. Ese es el gran descubrimiento de la comisión de investigación del Congreso; en Estados Unidos hacen un buen trabajo de obtención de información. Disponían de muchos datos, pero su equipo no supo discernir cuáles eran relevantes para anticiparse y evitar el ataque. Por tanto, el problema es que la información no es poder. El poder es la coordinación de la información relevante para el propósito que tienes como gobernante. Esa es la gran revolución que se ha producido y es una de las principales razones por las que se está perdiendo liderazgo.

Esto forma parte de la crisis de liderazgo. Los líderes tienen el mismo poder que hace 30 años, pero tienen menos autoridad ante la sociedad que la que tenían hace 30 años. Existe la misma potestas [poder por coacción] y hay una crisis de auctoritas [autoridad, prestigio]. El liderazgo sin auctoritas, solo con potestas, es un liderazgo muy frágil. Hay líderes políticos que ejercen la potestas con auctoritas, y llega un momento en que dejan de ser líderes con poder, son «ex», pero mantienen la auctoritas, aunque no tengan la potestas. Sin embargo, hay líderes políticos que han tenido todas las potestas y cuando dejan el cargo no tienen potestas ni tampoco auctoritas. Y el mundo está lleno de estos últimos líderes políticos.

El liderazgo se entrena; eso está claro. Puede que haya gente mejor o peor cualificada por su origen, también es cierto, pero no se aprende de los libros, se entrena ejerciéndolo. Puede explicarse maravillosamente con libros a los muchachos cómo se corre 100 metros en 10 segundos, pero si no los pones a correr, ninguno va a hacerlo en ese tiempo.

Influencia internacional

Usted tuvo muchos contactos internacionales durante la transición, incluso con Willy Brandt [canciller socialdemócrata de Alemania, 1969-1974 y vicecanciller, 1966-1969], Mário Soares, Olof Palme [primer ministro socialdemócrata de Suecia, 1969-1976, 1982-1986], François Mitterrand [presidente socialista de Francia, 1981-1995], y también con gente de la OTAN y la UE. ¿Cuál fue el impacto que tuvieron los actores externos en España? ¿Y qué conclusiones extrae usted para las transiciones de hoy?

Los españoles querían ser como el resto de Europa y eso iba más allá de lo económico. Los 1,5 millones de españoles que se vieron obligados al exilio en la década de 1960 [debido a las reformas económicas y la pérdida de empleo] vivieron una experiencia europea de libertades sindicales, libertad de expresión y libertad de partidos. Arrastraban a diez millones de españoles que eran sus familiares. Por tanto, el Tratado de adhesión a la Unión Europea, que tenía condiciones gravosas y serias –porque después de todo era, como su propio nombre indica, de adhesión–, fue aprobado en el Parlamento por unanimidad. La gente que no había creído en Europa cayó bajo la influencia de Ortega y Gasset [filósofo español], que decía: «España es el problema, Europa la solución». Fue algo bellísimo.

Para España la influencia internacional era Europa, pero ¿cómo se traslada eso al contexto actual? Europa ha perdido su relevancia de forma drástica, al igual que Estados Unidos, aunque en menor grado. Recordemos la frase que dijo Lula [presidente de Brasil, 2003-2011] en octubre de 2011: «Ustedes construyeron un modelo democrático y social europeo que nosotros consideramos un patrimonio de la humanidad, no tienen derecho a estropearlo»; y lo estamos estropeando. Dicho de otro modo, Europa está fallando y se está convirtiendo en ese pequeño rincón suroccidental de Eurasia, cada vez menos importante. Y eso vale para la socialdemocracia y para la democracia cristiana. Vale para las fuerzas políticas que han articulado la sociedad, el bienestar y el éxito europeo después de la Segunda Guerra Mundial.

Europa está fracasando. Y en el momento actual sigue fracasando porque hay incoherencias en la construcción del espacio público compartido que se pusieron de manifiesto dramáticamente cuando estalló la crisis financiera mundial. Ello es a la vez un reflejo de que Occidente, es decir, Estados Unidos y Europa, lo que denominamos el Occidente desarrollado –porque América Latina es el Occidente en desarrollo, con potencial de crecimiento– se ha gastado lo que va a tener que pagar en los próximos 25 años, en tanto que Oriente y el Occidente emergente han ahorrado lo que van a poder comprar en los próximos 25 años. Ese es el gran cambio en la escena mundial.

Este cambio ha hecho que Europa pierda peso. Por tanto, a los tunecinos les gustaría aspirar a ser, con su propia identidad, como la Europa con la que ellos soñaban cuando emigraron. Ahora la ven debilitada y poco relevante. Lo mismo pasa con los egipcios, incluso con los marroquíes, que todavía pretenden integrarse en la UE. Es el único país del mundo árabe que quiere ser parte de Europa. Porque los turcos no son árabes y forman parte del continente europeo, pero Turquía, debido a errores europeos, cada vez tiene menos interés en integrarse en la UE, porque el país crece mientras la UE está en recesión. Por tanto, la integración en Europa, que había sido la meta de Turquía, ha dejado de serlo.

Es especialmente lamentable que Europa, como concepto, haya perdido la capacidad de influir seriamente en los procesos de transición a la democracia que podemos ver en la actualidad. Estados Unidos también ha perdido gran parte de esa capacidad. Durante los preparativos de la visita de Obama a China, cuando los periodistas preguntaron a Hillary Clinton si iba a plantear el problema de los derechos humanos en el país, su respuesta fue: «¿Usted le metería el dedo en el ojo a su banquero?».

España ha sido una referencia, no solo por su transición, sino por su éxito durante los últimos 30 años. Cuando llegué al gobierno nuestra renta per cápita era de 4.500 dólares; cuando lo dejé era de 15.000 dólares y en plena crisis estábamos en 30.000 dólares per cápita. Aunque bajemos a 25.000 dólares a consecuencia de la crisis, un incremento de 4.500 dólares a 25.000 dólares es un cambio radical. El éxito se ha expresado en el capital físico, la evolución del capital humano, que ha sido un referente en América Latina y en África septentrional. No obstante, la relevancia de España como modelo está absolutamente en crisis.

Al igual que España, Europa ha perdido relevancia. Italia lleva más de 15 años con un crecimiento inferior al 1%; España ha superado a Italia en PIB per cápita. El Reino Unido es un país destruido industrialmente. Por tanto, el patrimonio de la humanidad que era el modelo socioeconómico y democrático europeo, como decía Lula, se encuentra inmerso en una profunda crisis, y los líderes europeos no saben cómo salir de ella. He participado en la conducción de los temas europeos con Mitterrand, con Helmut Kohl [canciller de la República Federal de Alemania, 1982-1990 y canciller de la Alemania unificada, 1990-1998] y con Jacques Delors [presidente de la Comisión Europea, 1985-1995] en la Comisión durante diez años, y sabíamos cómo se procesaban las decisiones: con rigor y eficacia. Esas circunstancias han desaparecido por completo.

La voz de los países europeos no existe en Egipto; existe en Túnez. Estamos en una situación muy complicada para ayudar a los procesos democráticos y Estados Unidos también. Cuando los saudíes llegan a la conclusión de que, tras 30 años de servicios incondicionales de Mubarak, Estados Unidos lo deja caer como a un zapato viejo, los árabes tienen que buscarse la vida por su cuenta. Y se la están buscando, pactando con China, entre otras cosas. Tienen un acuerdo de seguridad que incluye petróleo e intercambio de armamento. Se trata de un cambio muy serio en el mundo. Las revoluciones de impulso democratizador, en su mayoría pacíficas –a excepción del caso de Libia y la República Árabe Siria, por el hartazgo de una dirección autoritaria llena de corrupción, que niega las expectativas al 80% de los ciudadanos menores de treinta y cinco años–, carecen de un apoyo firme, de dirección o de un referente.

Por todos estos motivos, puede que el papel de la influencia internacional –al menos de Europa y Estados Unidos– sea menor en el futuro, pero, incluso en el pasado, la influencia exterior pudo haber supuesto el 15% de lo que estaba sucediendo, mientras que los factores internos representaban el 85%.

MOMENTOS CLAVE EN LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA

Abril de 1939: La guerra civil española concluye con la victoria del bando nacionalista de Francisco Franco.

Junio de 1968: El grupo separatista País Vasco y Libertad (ETA) inicia sus ataques violentos contra el régimen franquista con el asesinato de un policía.

Julio de 1969: A los setenta y seis años Franco nombra al príncipe Juan Carlos su sucesor en la jefatura del Estado; prevé conceder otras competencias al presidente del Gobierno.

Diciembre de 1970: Se celebra en Burgos el juicio contra 16 etarras, incluidos dos sacerdotes, acusados del asesinato de tres policías. Finalmente, ante la presión de la Iglesia y de varios gobiernos extranjeros, sus sentencias de muerte son conmutadas.

Diciembre de 1973: ETA asesina al presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, mano derecha de Franco; asume el gobierno el ministro del Interior, Carlos Arias Navarro.

Febrero de 1974: Dado el deterioro de la salud de Franco y la dificultad de la situación económica, Arias Navarro intenta poner en marcha una modesta (aunque fallida) liberalización del régimen.

Abril de 1974: Militares de izquierda derrocan el régimen de derecha de Portugal y comienza la democratización del país.

Julio de 1974: El Partido Comunista de España (PCE) constituye una nueva plataforma de oposición antifranquista denominada Junta Democrática.

Septiembre de 1974: Una bomba de ETA colocada en las proximidades de una comisaría de policía mata a 11 personas. El ataque divide a ETA y provoca la posterior división entre ETA-M (militar) y la más moderada ETA-PM (político-militar).

Octubre de 1974: El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) elige como nuevo líder al joven abogado laboralista y político Felipe González.

Septiembre de 1975: Cinco antifranquistas (dos de ellos de ETA) son condenados a muerte y ejecutados. Su ejecución provoca una gran protesta internacional.

Noviembre de 1975: Muere Franco y el príncipe Juan Carlos es proclamado rey. Arias Navarro se compromete a preservar el legado de Franco, pero también a realizar reformas.

Julio de 1976: El rey Juan Carlos fuerza la dimisión del impopular Arias Navarro y nombra a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Suárez, un burócrata del régimen, promete reformas de gran alcance, una amnistía política y elecciones libres.

Noviembre de 1976: Las Cortes franquistas aprueban la Ley para la Reforma Política, clave para preparar el camino hacia las elecciones democráticas.

Diciembre de 1976: Se aprueba en referéndum la Ley para la Reforma Política. El PSOE, pese a ser técnicamente ilegal todavía, celebra su primer congreso en España desde la guerra civil.

Enero de 1977: Guerrilleros fascistas asesinan a cinco abogados laboralistas del PCE en su despacho.

Febrero de 1977: El gobierno legaliza el PSOE y otros partidos políticos.

Marzo de 1977: El gobierno legaliza el derecho de huelga, promulga una nueva ley electoral y aprueba una amnistía parcial, con el objetivo de animar a los partidos vascos a participar en las elecciones.

Abril de 1977: Suárez legaliza el PCE a cambio de que este acepte las elecciones y la monarquía. Los militares critican la decisión de forma pacífica.

Junio de 1977: Se celebran las primeras elecciones generales libres desde 1936. Suárez y los reformistas franquistas de la Unión de Centro Democrático (UCD) consiguen una mayoría relativa; el PSOE se convierte en el principal partido de la oposición. El PCE y el partido de derecha Alianza Popular (AP) consiguen cada uno menos del 10% de los votos.

Julio de 1977: Se crea un nuevo Ministerio de Defensa a las órdenes del vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado.

Julio de 1977: España solicita el ingreso en la Comunidad Europea.

Septiembre de 1977: Suárez acepta un plan de autonomía para Cataluña a cambio de que los líderes catalanes reconozcan el Estado español y la monarquía.

Octubre de 1977: Con el fin de reactivar la estancada economía española, el gobierno y la oposición negocian los Pactos de la Moncloa, que limitan los aumentos salariales, recortan el gasto y suben los impuestos a cambio de nuevas prestaciones sociales.

Octubre de 1977: El Parlamento elegido democráticamente aprueba una Ley de Amnistía.

Noviembre de 1978: El gobierno destapa una conspiración militar, denominada Operación Galaxia. Para evitar enemistarse con los militares, condena a los líderes del golpe a sentencias menores y no persigue a los cómplices.

Diciembre de 1978: Se aprueba en referéndum la nueva Constitución democrática, redactada por el Parlamento.

Marzo de 1979: La UCD consigue una mayoría relativa en las elecciones y el PSOE se consolida como el principal partido de la oposición. El PCE y AP obtienen malos resultados.

Abril de 1979: Se celebran las primeras elecciones municipales. La UCD gana a escala nacional, pero el pacto PSOE-PCE permite a los socialistas gobernar en las principales ciudades.

Mayo de 1979: Felipe González dimite como líder tras perder una votación para confirmar que el PSOE abdicaba de su identidad marxista, giro ideológico impulsado por González y que había acordado en una conferencia del partido. En septiembre es reelegido imponiendo su visión.

Octubre de 1979: Los votantes vascos y catalanes aprueban en referéndum los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña, con el apoyo de sus respectivos partidos nacionalistas mayoritarios.

Marzo de 1980: Se celebran las primeras elecciones autonómicas en el País Vasco y Cataluña. En ambas regiones forman gobierno las principales corrientes nacionalistas.

Mayo de 1980: Debido a la caída de la popularidad de la UCD, Suárez renueva su gabinete y favorece a las facciones conservadoras frente a los socialdemócratas. El PSOE presenta una moción de censura en el Parlamento; Suárez la supera por un estrecho margen.

Enero de 1981: Suárez dimite en un contexto de disputas internas y deserciones en la UCD.

Febrero de 1981: El 23 de febrero (23-F) un grupo de militares de Valencia y guardias civiles liderados por el teniente coronel Antonio Tejero intentan dar un golpe de Estado. Aparentemente confiados en el apoyo del rey, irrumpen en el Parlamento español durante una de sus sesiones. El rey Juan Carlos maniobra para detener el golpe de Estado, disuade a algunos oficiales de que se unan a los golpistas y preserven la Constitución. Leopoldo Calvo-Sotelo, antiguo ministro de la UCD, sustituye a Suárez como presidente del Gobierno.

Octubre de 1981: El Parlamento vota a favor de la incorporación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pese a la oposición del PSOE y el PCE, con lo que se amplía la cooperación militar española con los militares occidentales.

Febrero de 1982: Comienza el juicio contra los golpistas del 23-F. Los cabecillas terminan siendo condenados a 30 años de cárcel, pero los demás acusados son sentenciados a penas menores.

Octubre de 1982: El PSOE consigue una victoria aplastante en las elecciones y González es elegido presidente del Gobierno. El PCE y la UCD se hunden y AP, tras haber moderado su discurso, queda como segundo partido. Como presidente, González fomenta la liberalización económica y el bienestar social, con los que consigue un crecimiento económico sostenido.

Enero de 1986: España y Portugal se incorporan a la Comunidad Europea, lo que estimula el crecimiento económico y reafirma su compromiso con la democracia.

Marzo de 1986: Los votantes respaldan mediante referéndum la permanencia en la OTAN. Tras cambiar su posición inicial, el PSOE hace campaña a favor del sí.

Junio de 1986: El PSOE consigue su segunda mayoría absoluta en las elecciones generales.

Diciembre de 1988: España se paraliza durante una jornada de huelga general contra la política económica del gobierno socialista.

Octubre de 1989: El PSOE gana sus terceras elecciones generales, pero pierde por poco la mayoría absoluta en el Parlamento.

Junio de 1993: Contra todo pronóstico, el PSOE gana sus cuartas elecciones generales consecutivas, pero su mayoría se ve notablemente reducida.

Marzo de 1996: El PSOE pierde las elecciones ante el Partido Popular, sucesor de AP, de José María Aznar. Felipe González abandona la secretaría general del partido un año después.

LECTURAS RECOMENDADAS SOBRE ESPAÑA

AGUILAR, Paloma, Memory and Amnesia: The Role of the Civil War in the Transition to Democracy, Nueva York: Berghahn Books, 2002. Edición española: Memoria y olvido de la guerra civil española, Madrid, España: Alianza Editorial, 1996.

BERMEO, Nancy, «Sacrifice, Sequence, and Strength in Successful Dual Transitions: Lessons from Spain» [Sacrificio, secuencia y fuerza en el éxtio de las transiciones duales: lecciones extraídas del caso de España], Journal of Politics, 56/3 (1994), pp. 601-627.

ENCARNACIÓN, Omar G., «Social Concertation in Democratic and Market Transitions: Comparative Lessons from Spain» [Concertación social en las transiciones democráticas y de mercado: enseñanzas comparativas extraídas del caso de España], Comparative Political Studies, 30/4 (1997), pp. 387-419.

FISHMAN, Robert, Working-Class Organization and the Return to Democracy in Spain, Ithaca, Nueva York: Cornell University Press, 1990. Edición española: Organización obrera y retorno a la democracia en España, Madrid, España: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1996.

GUNTHER, Richard, MONTERO, José Ramón y BOTELLA, Joan, Democracy in Modern Spain [La democracia en la España moderna], New Haven, Conn.: Yale University Press, 2004.

GUNTHER, Richard, MONTERO, José Ramón y WERT, José Ignacio, «The Media and Politics in Spain: From Dictatorship to Democracy» [Los medios de comunicación y la política en España: de la dictadura a la democracia], en Richard Gunther y Anthony Mughan (eds.), Democracy and the Media: A Comparative Perspective [Democracia y medios de comunicación: una perspectiva comparada], Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2000.

HARRISON, Joseph, «Economic Crisis and Democratic Consolidation in Spain, 1973-1982» [Crisis económica y consolidación democrática en España, 1973-1982], Working Papers in Economic History, Madrid, España: Universidad Carlos III de Madrid, 2006.

LINZ, Juan J., «Innovative Leadership In the Transition to Democracy and a New Democracy: The Case of Spain» [Liderazgo innovador en la transición a la democracia y una democracia nueva: el caso de España], en Gabriel Scheffer (ed.), Innovative Leaders in International Politics [Líderes innovadores en política internacional], Albany, Nueva York: State University of New York Press, 1993.

LINZ, Juan J. y STEPAN, Alfred, «The Paradigmatic Case of Reforma Pactada-Ruptura Pactada: Spain» [El caso paradigmático de reforma pactada-ruptura pactada: España], en Juan Linz y Alfred Stepan (eds.), Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe [Problemas de la transición democrática y consolidación: Europa meridional, América del Sur y la Europa poscomunista], Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1996.

MCDONOUGH, Peter, BARNES, Samuel H. y LÓPEZ PINA, Antonio, The Cultural Dynamics of Democratization in Spain [La dinámica cultural de la democratización en España], Ithaca, Nueva York: Cornell University Press, 1998.

MURO, Diego y ALONSO, Gregorio (eds.), The Politics and Memory of Democratic Transition: The Spanish Model [La política y la memoria de la transición democrática: el modelo español], Nueva York: Routledge, 2010.

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PRESTON, Paul, The Triumph of Democracy in Spain, Londres: Methuen & Company, 1986. Edición española: El triunfo de la democracia en España, Barcelona, España: Grijalbo, 2001.

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TEZANOS, José Félix, COTARELO, Ramón y DE BLAS, Andrés (eds.), La Transición Democrática Española, Madrid, España: Sistema, 1989.

CAPÍTULO 10

Mujeres activistas en las transiciones democráticas

Georgina Waylen, Universidad de Manchester

Siglas

ACPAsamblea Consultiva Popular (Indonesia)

CNACongreso Nacional Africano (Sudáfrica)

NETRIGHTRed para los Derechos de las Mujeres de Ghana (Ghana)

ONGOrganización no gubernamental

PSOEPartido Socialista Obrero Español (España)

SERNAMServicio Nacional de la Mujer (Chile)

UDFFrente Democrático Unido (Sudáfrica)

Introducción

Este capítulo analiza la contribución de los movimientos de mujeres y una serie de figuras femeninas a la transición desde un gobierno autoritario a una gobernanza más democrática. Estudia el modo en que apoyaron y mejoraron la participación política a través de diversos grupos de mujeres, y cómo promovieron medidas dirigidas a consolidar los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Por lo general, se considera que las transiciones que se analizan en el proyecto Lecciones Aprendidas han tenido un desenlace «satisfactorio», si bien presentan divergencias considerables en cuanto a sus resultados de género, una dimensión que se ha ignorado en gran medida en los análisis convencionales. El éxito general de cada transición podría evaluarse de manera diferente si se tuvieran en cuenta las dimensiones de género.1 Todos los líderes entrevistados en el proyecto de IDEA Internacional son hombres, principalmente porque los puestos de autoridad más importantes en las transiciones de los últimos 30 años han estado ocupados casi en su totalidad por hombres. En el periodo inmediatamente posterior a las transiciones, no muchas mujeres han asumido cargos de dirección ejecutiva, y las pocas que lo hicieron –por ejemplo, Cory Aquino en Filipinas (ya fallecida) y Megawati Sukarnoputri en Indonesia– no fueron elegidas únicamente por sus plataformas políticas o afiliaciones partidistas (relacionadas o no con la cuestión de género), sino también por sus estrechos lazos familiares con exdirigentes.

Sin embargo, como cualquier otro proceso político, las transiciones tienen una dimensión de género: los hombres y las mujeres desempeñan distintos papeles en los procesos y se ven afectados de manera diferente por ellos.2 Las mujeres han tenido una participación significativa en numerosas transiciones y han velado por que sus resultados les fueran favorables, aunque con éxito desigual. Diversos factores explican las divergencias: la importancia de las organizaciones de mujeres; la capacidad de las activistas para crear coaliciones amplias con aliados en la burocracia, los partidos políticos, el poder legislativo y la sociedad civil; y la capacidad de las activistas para plantear sus problemas con eficacia. Muchas de las mujeres que trabajaron activamente con miras a lograr resultados de género positivos en las transiciones se integraron en los movimientos sociales, el sector burocrático o el ámbito académico, y no solo en los partidos políticos o en los círculos de confianza de los hombres que asumieron la presidencia tras la celebración de elecciones democráticas, espacios que siguieron siendo relativamente inaccesibles para las mujeres. Este estudio se fundamenta en la literatura general sobre la materia e incorpora entrevistas con algunas de las activistas más importantes a fin de determinar qué estrategias emplearon y cómo valoran su eficacia.

A raíz de la Primavera árabe y de lo sucedido en Myanmar existe hoy un renovado interés por las transiciones. A simple vista, muchos de los casos recientes parecen seguir las viejas pautas del activismo de las mujeres y su posterior exclusión. Por ejemplo, las mujeres tomaron parte en muchas de las manifestaciones que propiciaron la caída de los regímenes autoritarios de Egipto y Túnez (algo que también hicieron en transiciones anteriores), pero pocas fueron elegidas en las «elecciones fundacionales» o incorporadas a los gabinetes y las comisiones constitucionales. En Egipto, durante el periodo transcurrido entre las primeras elecciones parlamentarias y presidenciales de 2012 y el derrocamiento por acción del Ejército del presidente de los Hermanos Musulmanes en julio de 2013, se produjo una intensa polarización entre los sectores laico y religioso; además, el incremento de la violencia sexual y la aprobación de una Constitución que no impulsa la igualdad entre los géneros indican que las políticas de importancia fundamental para las mujeres –entre ellas, el establecimiento de una edad mínima para contraer matrimonio– pueden estar en peligro y que las tentativas de imponer la sharía suponen para las mujeres una amenaza más grave que las que las activistas afrontaban en el pasado.

El presente estudio analiza las experiencias de las mujeres activistas en las transiciones que se abordan en este proyecto, con la intención de determinar por qué algunas lograron resultados favorables a la igualdad de la mujer (entre otros, cambios constitucionales, de políticas y programáticos), pero otras no lo hicieron. Para explicar resultados complejos se requieren análisis amplios que no se limiten a observar los movimientos de mujeres y su interacción con las instituciones; ese ha sido el interés principal de gran parte de los primeros estudios sobre la cuestión de género y las transiciones. Debemos evaluar las oportunidades y las limitaciones que se derivan de la naturaleza del régimen autoritario anterior (y del momento y la dinámica de la propia transición), y observar la repercusión de los cambios en los diversos grupos de mujeres, que presentan variaciones en función de la clase social, la raza, el origen étnico y la sexualidad.

En esta obra se analiza una tercera ola de transiciones que tuvieron lugar entre las décadas de 1970 y 1990. Algunas fueron rápidas, otras se dilataron en el tiempo; algunas fueron pactadas, otras no; algunas se desarrollaron en países de tradición democrática, otras en lugares donde apenas disponían de experiencias democráticas en las que inspirarse. Algunas de esas transiciones se produjeron en un contexto que hizo hincapié en los derechos humanos y la participación de los grupos marginados, entre ellos las mujeres. La intensidad de la movilización social de las mujeres varió en cada caso, del mismo modo que la visibilidad de las activistas contra los gobiernos autoritarios. En un conjunto reducido de casos, un gobierno electo favorable a las reformas de género desempeñó un papel esencial al respecto después de la transición. En ocasiones, las transiciones generaron beneficios inmediatos; en otros casos, tuvo que transcurrir cierto tiempo para apreciar sus avances. Tampoco fue raro que se diera marcha atrás a progresos tempranos. En diversos momentos, muchas feministas se sintieron decepcionadas con los resultados del proceso de transición, que no había propiciado los beneficios deseados para las mujeres. Por ese motivo, hay quienes opinan que las transiciones a la democracia han traicionado a las mujeres en general, y a ciertos grupos de mujeres en particular, y que, por tanto, la promesa de la democracia no se ha cumplido.

El caso chileno es un buen ejemplo tanto de los beneficios como de las limitaciones. Los grupos organizados de mujeres desempeñaron un cometido importante en el amplio movimiento de oposición a Pinochet en la década de 1980. Las organizaciones populares y de defensa de los derechos humanos también integraron a un gran número de mujeres, aunque no todas ellas eran feministas o de izquierda.3 Las activistas se organizaron antes de las elecciones de 1989 a fin de que sus demandas se incluyeran en el programa de la coalición de centro-izquierda vencedora. Las expectativas eran altas ante la llegada del nuevo gobierno y la creación de un ministerio dedicado en exclusiva a la cuestión (el Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM). Sin embargo, al contrario que en otros casos, no se convocó una Asamblea Constituyente y, en la primera década después de la transición, muchas reformas resultaron bastante más complicadas de lo que se preveía. Por ejemplo, a pesar de que el divorcio era legal en el resto de la región, en Chile no se legalizó hasta 2004.4 La experiencia chilena contrasta con la de Sudáfrica, donde las activistas lograron aparentemente muchos de sus objetivos en el periodo inmediatamente posterior a la transición. Entre ellos, los mecanismos de promoción de la igualdad de género y la reforma de las políticas relacionadas con los derechos reproductivos de la mujer.5 En Sudáfrica un número considerable de mujeres fueron elegidas parlamentarias, y en la Constitución se incluyeron cláusulas relativas a la igualdad de género. Sin embargo, las mujeres que participaron en las transiciones afrontaron oportunidades y retos distintos, así como diversas limitaciones institucionales y estructurales en cada proceso; de ahí que algunas reformas fueran posibles y otras no. Este capítulo analiza las estrategias de las activistas para abordar esos desafíos y los contextos en que operaban, y subraya la importancia de que exista un trabajo más amplio en el plano internacional con miras a promover la democracia y la equidad de género.

Los retos de las décadas de 1980 y 1990 difieren en varios aspectos importantes de los actuales. Los cambios que se produjeron en el contexto geopolítico después del final de la Guerra Fría y el desmoronamiento del socialismo de Estado alteraron la división ideológica entre la izquierda y la derecha. La globalización ha repercutido en el grado de desigualdad, y las reformas neoliberales han mermado las atribuciones del Estado, con consecuencias diferenciales para las mujeres. El ámbito de la seguridad ha cambiado a causa de la «guerra contra el terror», que ha provocado una proliferación de la presencia militar y las medidas de seguridad. En el pasado muchas activistas recurrieron a sus vínculos con las ideologías, los partidos y las prácticas políticas de izquierda y socialdemócratas. Además, algunas figuras femeninas clave regresaron del exilio con nuevas ideas y enfoques feministas. Por ejemplo, la socialista española Carlota Bustelo conoció la obra de Simone de Beauvoir cuando residía en Francia en la década de 1960, y la activista chilena y diputada socialista Adriana Muñoz describe su «transformación política» en el exilio austriaco. Muñoz provenía de «una corriente marxista-leninista del Partido Socialista». Tras integrarse en los grupos feministas y ecologistas de Europa, se fue dando cuenta «de que era posible hacer política de otra manera» y abandonó el marxismo-leninismo. Al volver a Chile empezó a organizarse con «otras mujeres que también traían del exilio esa nueva visión de la política y de la situación, el estatus y el papel de las mujeres en el proceso político».

La Conferencia sobre la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se celebró en Beijing en 1995 supone el punto álgido del movimiento internacional de la mujer.6 A principios de la década de 1990, dicho movimiento había logrado que los derechos de la mujer se incluyeran en los derechos humanos y que la violencia contra la mujer se considerara una violación de tales derechos, de manera que a las numerosas activistas que participaban en las transiciones les resultaba más sencillo subrayar que sus demandas sobre la cuestión de género mejoraban la democracia y los derechos humanos. En determinados regímenes autoritarios las feministas formaron parte de la oposición democrática que hizo campaña para poner fin a la violencia estatal. Vincular los derechos de las mujeres con los derechos humanos sirvió para incorporar las cuestiones de género a la agenda política de muchas democracias, una vez concluida la transición.7 En contraste, las transiciones de Europa Central y Oriental rechazaron muchas políticas de los estados socialistas que consagraban la «igualdad», eliminaron las cuotas de mujeres en el Parlamento y restringieron en gran medida el acceso al aborto. Las mujeres también perdieron empleos y la atención infantil pública.8

En la actualidad, las activistas se enfrentan a nuevos obstáculos. El discurso en torno a los derechos humanos universales no goza de tanta aceptación como antes, y la oposición a las medidas progresistas relacionadas con el género (por ejemplo la mejora de los derechos reproductivos) ha aumentado, especialmente por parte de la derecha y un conjunto de agrupaciones religiosas. De hecho, cuestiones como la manera de vestir, los movimientos y la autonomía física de las mujeres se ponen cada vez más en entredicho en muchos lugares del mundo contemporáneo, sobre todo allí donde las creencias religiosas fundamentalistas tienen un peso significativo.

Una gran parte de las diferencias en los resultados de género de anteriores transiciones puede explicarse mediante patrones causales. Analizar los diversos actores relevantes en cada caso, la estructura de la oportunidad política de las distintas transiciones y las estrategias aplicadas por los activistas ayuda a explicar la variedad de resultados de género en los ámbitos constitucional, electoral, burocrático y de la política. Esos patrones nos servirán para valorar las implicaciones que las experiencias relacionadas con los derechos y la participación de las mujeres en pasadas transiciones tienen en las transiciones actuales y futuras.

Organización de las mujeres en las transiciones

En la mayoría de los casos que se tratan en esta obra, las mujeres fueron un elemento activo y visible de la oposición pública a los regímenes autoritarios y participaron junto a los hombres en manifestaciones multitudinarias (por ejemplo, las del Poder del Pueblo en Filipinas) que contribuyeron a la caída de los gobiernos antidemocráticos.9 No obstante, el número de mujeres organizadas como tal era menor y varió en las distintas etapas de cada transición. También lo hizo en gran medida el tipo de organizaciones de mujeres, desde agrupaciones religiosas y comunitarias que se organizaban en torno a cuestiones de vecindad y supervivencia económica, a organizaciones de derechos humanos y otras más abiertamente feministas. En América Latina la supresión de la esfera política facilitó el crecimiento de las organizaciones de mujeres en un momento en que los movimientos sociales y la sociedad civil enarbolaron la bandera de la resistencia y la oposición.10 El activismo de las mujeres en las organizaciones de derechos humanos que exigían el regreso de sus familiares desaparecidos y la lucha feminista –por ejemplo mediante las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer que reivindicaban «democracia en el país y en el hogar»– fueron ejemplos importantes de la incipiente oposición pública a la dictadura en Chile.11 En algunos casos, como el de las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, el activismo de las mujeres ha tenido una repercusión política importante, pero no siempre ha logrado que los planteamientos feministas ocupen un lugar preponderante.

En Brasil, Chile, Filipinas y Sudáfrica, las organizaciones de mujeres sí incorporaron cuestiones feministas a los programas antes de la propia transición.12 Según la sudafricana Sheila Meintjes, que participó en la Organización de Mujeres Unidas de Ciudad del Cabo a finales de la década de 1980:

En la etapa de la transición, las mujeres estaban muy bien organizadas en agrupaciones contrarias al apartheid, tanto las feministas como las organizaciones cívicas del Frente Democrático Unido (UDF). Era muy significativo que, en el seno del UDF, las mujeres plantearan demandas sobre la igualdad de género y la transformación personal. No solo se hablaba de igualdad de género; también del hecho de que las mujeres debían recibir un trato adecuado, en público y en privado.

Jacqueline Pitanguy, feminista brasileña desde la década de 1970, sostiene que «el movimiento de mujeres que surgió en Brasil fue uno de los primeros movimientos sociales que consiguió integrar en el debate sobre la justicia social y la democracia cuestiones como la desigualdad de la mujer en la legislación, en concreto el problema de la violencia contra la mujer y el tema de los derechos reproductivos, y en el marco de la desigualdad».

En algunas transiciones, por tanto, sí fue posible formular las cuestiones de género de manera estratégica para que resonaran en potentes discursos sobre los derechos humanos y la igualdad. En Europa Central y Oriental sucedió todo lo contrario: muchas mujeres activistas rechazaron el feminismo como otro «ismo» más y reaccionaron contra la imposición desde arriba de una «igualdad de la mujer» que asociaban a los estados socialistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.13

En los lugares donde las organizaciones de mujeres no eran tan antiguas ni gozaban de tanta popularidad, en los periodos de liberalización inmediatamente anteriores o coincidentes con la transición, se produjo un crecimiento enorme de tales organizaciones –incluidas las feministas–, incluso cuando previamente su número era reducido, como sucedía en Ghana. Carlota Bustelo describe la situación en España dos semanas después de la muerte de Franco:

Las Primeras Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer se celebraron clandestinamente en Madrid. Acudieron alrededor de 500 mujeres de todo el país. Al final se aprobaron dos manifiestos –uno feminista sobre la igualdad (la igualdad con los hombres) y otro feminista sobre la diferencia–, aunque ambos coincidían en una serie de reivindicaciones concretas. Los documentos se presentaron a los partidos políticos, que en aquel momento se estaban formando o renovando, con la intención de hacerles ver que el feminismo también existía en España y que, por consiguiente, las mujeres planteaban demandas que era preciso tener en cuenta.14

En Indonesia, el primer Congreso de Mujeres se celebró en 1998, en pleno proceso de transición. Participaron en él mujeres de 25 provincias y propició la creación de la Coalición de Mujeres Indonesias por la Justicia y la Democracia.15 Su fundadora, Nursyahbani Katjasungkana, recuerda así aquel momento:

Se iniciaban manifestaciones prácticamente todos los días y empezaron a unirse los estudiantes, aquello fue cobrando fuerza hasta que finalmente, en mayo de 1998, conseguimos que Soeharto dimitiera. Fue entonces cuando se nos ocurrió la idea de formar una organización multitudinaria. La comenté con otras activistas y creamos un comité –creo que éramos 12 mujeres de Yakarta– para organizar el primer gran Congreso de la Organización de Mujeres, que se centraría en impulsar la participación y la representación de la mujer en el ámbito político. Más tarde, en diciembre, llegó el histórico día para nuestro movimiento: inauguramos un congreso que acogió a casi 600 mujeres llegadas de toda Indonesia.

En Ghana, el catalizador de las organizaciones de mujeres fue el asesinato a gran escala de mujeres a finales de la década de 1990.16 Propició la formación de grandes alianzas, tales como la Red para los Derechos de las Mujeres de Ghana (NETRIGHT), en la antesala de las elecciones de 2000, en las que el sucesor designado por Jerry Rawlings acabó siendo derrotado por el candidato de la oposición, John Kufuor.17 Dzodzi Tsikata, una de las fundadoras de NETRIGHT, sugiere que, en realidad, hubo dos transiciones en Ghana: la primera en 1992, en la que las mujeres apenas tuvieron protagonismo; y la segunda en 2000, en la que las mujeres se mostraron más activas:

El orden constitucional provocó la lenta apertura de la base y empezaron a aparecer muchas organizaciones pequeñas. Los ciudadanos cuestionaban cada vez más las políticas y se estaban envalentonando porque existía un orden constitucional. Probaban espacios, se abrían un poco más, y creo que aquella situación benefició a las mujeres. Así pues, junto a otros movimientos, las organizaciones de mujeres se lanzaron al ataque para reivindicar una mayor promoción de sus derechos y más atención a cuestiones concretas que les interesaban. La violencia contra la mujer fue objeto de encendidos debates. Todas las organizaciones adquirieron cierta conciencia de sus limitaciones: eran pequeñas, no contaban con una amplia base de afiliados y carecían de capacidad para influir demasiado en el Estado. Por ese motivo empezó a plantearse la formación de coaliciones que tuvieran un peso mayor.

Los casos anteriores parecen indicar que, incluso cuando las organizaciones de mujeres no contribuyeron de manera significativa a la presión de la sociedad civil en favor de las transiciones, el propio proceso de transición sí contribuyó a menudo al nacimiento de las organizaciones de mujeres, que con frecuencia se integraron en grandes alianzas y organizaciones coordinadas.

En muchos casos, sin embargo, una vez concluida la transición, la actividad de los grandes movimientos sociales se redujo, entre otras la de los movimientos de mujeres. La «política de siempre» (que antepone los partidos a los movimientos sociales) se impuso en muchos lugares donde las organizaciones de mujeres habían tenido un peso notable. En Brasil, Chile y Sudáfrica, esas organizaciones perdieron a una gran parte de sus líderes cuando las mujeres activistas se incorporaron a la función pública (por ejemplo, a los ministerios de Asuntos de la Mujer, de reciente creación) y a las asambleas legislativas nacionales.18 Teresa Valdés, feminista chilena, comenta lo siguiente:

Muchas mujeres pasaron del movimiento de mujeres al gobierno central, los ministerios y el gobierno local. Por tanto, la investidura del gobierno democrático perjudicó al movimiento de mujeres, pues numerosas organizaciones se quedaron sin líderes. Además, las organizaciones internacionales asignaron al Estado los recursos que antes destinaban a la sociedad civil.

Pregs Govender explica que en Sudáfrica «fue algo que sucedió a todas las organizaciones cuando se celebraron las elecciones: el pueblo se hizo con el poder por primera vez en 1994, y con él algunos movimientos políticos, organizaciones políticas y movimientos comunitarios entraron en el gobierno y el Parlamento. Se produjo un saqueo del liderazgo de esas organizaciones. Y no creo que existiera ningún plan adecuado para abordar el problema; no se podía prever».

La profesionalización u «ONG-ización» de muchas de las organizaciones de mujeres que siguieron adelante (y su dependencia de la financiación pública o internacional) también cambió su naturaleza, alejándolas todavía más de las bases. Algunas fueron cooptadas por el Estado para prestar servicios y todas ellas tuvieron que competir por las cada vez menores fuentes de apoyo internacional.19 Según Valdés, «la relación entre el gobierno y la sociedad civil, especialmente con las organizaciones de mujeres, se estableció con la condición de que éramos expertos, técnicos en una cuestión determinada, y debíamos eliminar todo contenido político de nuestras propuestas». Todos esos factores redujeron la capacidad reivindicativa de las organizaciones de mujeres.

En cualquier caso, la movilización de la mujer, por sí sola, no garantiza una mayor participación política de las mujeres ni la adopción de medidas progresistas relacionadas con el género. La organización estratégica de los actores clave y un contexto institucional propicio son fundamentales para lograr resultados positivos y evitar retrocesos. En algunos casos, las organizaciones de mujeres formaron coaliciones antes de los primeros comicios. Lo más habitual era que forjaran grandes alianzas para hacer campaña en favor de nuevas políticas sobre cuestiones como la violencia doméstica. Los activistas en cuestiones de género también se aliaron con mujeres (y hombres que simpatizaban con la causa) de ámbitos diversos, tales como asambleas legislativas, gobiernos, partidos y organizaciones de mujeres y agrupaciones coordinadas. Con excepciones, esas mujeres provenían de la élite política y económica, lo que les daba acceso a los líderes masculinos, pero también generaba divisiones entre las líderes femeninas y sus bases. Las grandes organizaciones que lograron que las mujeres se echaran a las calles durante las transiciones no pudieron reproducirse con facilidad, una vez concluidos esos procesos, para presionar de forma multitudinaria en favor de nuevas leyes sobre cuestiones de género o responder a las reacciones contrarias a la apertura, que adoptaron diversas formas. Los movimientos de mujeres que tomaron parte en las transiciones –o que surgieron de ellas– eran muy heterogéneos: en ellos se integraban mujeres de distintas identidades de clase, raciales, sexuales y religiosas. Entre las activistas de Indonesia había mujeres laicistas y religiosas, y en Sudáfrica la raza y la clase eran asuntos destacados.20 Thenjiwe Mtintso recuerda de las activistas que «el problema racial surgía incluso entre nosotras, […] las mujeres blancas y las negras, pero es que hasta entre las mujeres negras había diferencias de clase».

En parte debido a los diferentes entornos, creencias y experiencias, entre los actores y sectores del movimiento de mujeres surgían con frecuencia discrepancias acerca de los objetivos, las tácticas y la estrategia. No todas las mujeres que habían participado en las movilizaciones de la transición apoyaban los objetivos feministas (el significado del concepto generaba controversia), sobre todo en lo que respecta a los derechos reproductivos. En algunos casos, el feminismo se consideraba un concepto occidental que solo incumbía a las mujeres de las élites. Sheila Meintjes apunta que «en las organizaciones de mujeres contra el apartheid se tenía la sensación de que el feminismo era una importación occidental que no tenía mucho que ver con las mujeres africanas, quienes no padecían con sus hombres esos problemas que las mujeres occidentales parecían querer resolver». En otras ocasiones surgieron conflictos entre las mujeres que ansiaban la «autonomía» del sistema político, que consideraban inexorablemente patriarcal y sometido al dominio masculino, y aquellas que deseaban una participación más plena, quienes solían considerarse a sí mismas tanto feministas como activistas de partido.

En Brasil y Chile (y, hasta cierto punto, en España), las diferencias entre los partidos políticos también dividieron a las mujeres activistas. Así lo recuerda Teresa Valdés:

Se presentó un momento muy complicado para Mujeres Por La Vida (el grupo en el que participaba) cuando el Partido Comunista y otros partidos de la izquierda rechazaron el plebiscito de 1988 [en el que se debía votar a favor o en contra de Pinochet]; o, para ser más precisos, no quisieron aceptar la vía institucional de salida de la dictadura que se había propuesto en la Constitución de 1980 [aprobada durante el gobierno militar]. Así pues, en el grupo nos vimos obligadas a tomar medidas muy tristes y difíciles desde un punto de vista político: en la coalición que habíamos formado debimos apostar, o bien por la unidad del grupo, o bien por la defensa de causas políticas, lo que suponía excluir al Partido Radical y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

El alcance y la forma del activismo femenino también se vieron afectados por otros factores en los casos analizados. El legado institucional de los regímenes no democráticos (y el régimen de género que cada uno representaba) presentaba variaciones considerables. Por ejemplo, las dictaduras de Chile y España (y, en menor medida, de Brasil) tenían ideas muy conservadoras sobre las relaciones de género, mientras que otros regímenes no democráticos (los socialistas, concretamente) habían llevado a cabo reformas jurídicas en beneficio de las mujeres.21 Esas diferencias también dieron pie a distintos niveles de organización entre las mujeres. En los regímenes socialistas había pocas oportunidades para que las mujeres crearan organizaciones autónomas.22 Por ejemplo, en Polonia las únicas organizaciones de mujeres autorizadas, como la Liga de Mujeres, eran aprobadas por el Estado y se integraban en el aparato del Partido Comunista. Aunque algunos regímenes autoritarios dejaron espacio, involuntariamente, para las organizaciones autónomas, otros cooptaron con éxito las organizaciones de mujeres más importantes, lo que redujo la capacidad de desarrollo de organizaciones autónomas.23 Nursyahbani Katjasungkana explica que en Indonesia «Kowani, la organización de mujeres más progresista desde antes de la independencia, fue cooptada por Soeharto. Él patrocinó un movimiento nuevo, llamado Dharma Wanita, que promovió el “ibuísmo” (una ideología de Estado según la cual “la mujer debe ser, ante todo, esposa, después madre, luego educadora de sus hijos, después trabajadora social y, por último, ciudadana”)».

Lo mismo sucedió en Ghana, donde el movimiento 31 de Diciembre –con patrocinio estatal– tuvo el predominio durante varios años, incluso bastante después del inicio de la transición.24 Tsikata afirma que en Ghana:

[…] a las organizaciones que apoyaban más directamente el régimen les fue mejor que a las que se mostraban algo más distantes o eran un poco más independientes. En 1984 o 1985, la única organización de mujeres superviviente era el Movimiento Femenino 31 de Diciembre, cuya presidencia ocupó la Primera Dama. Tenía una capacidad de acceso superior, apoyo estatal y todo tipo de privilegios, de manera que dominó la escena. También contaba con donantes que le aportaban recursos y no tardó en ser la única organización de la que se hablaba en los medios. Así pues, en cierto sentido, ocupó todo el espacio de manera que a muchas organizaciones les resultaba complicado plantear sus demandas o divulgar sus actividades. Durante mucho tiempo, 31 de Diciembre pareció ser la única organización del país. Su mayor acceso a las esferas de poder fue clave, sin duda, en su predominio entre los movimientos de mujeres.

El margen para manifestar las preocupaciones de género desde la oposición al gobierno antidemocrático también era muy desigual. Algunos partidos y movimientos de la oposición –por ejemplo, los de la izquierda y los organizados en torno a las violaciones de los derechos humanos– se mostraban más dispuestos a abordar los problemas de las mujeres, que consideraban una parte de su programa general sobre igualdad, derechos y justicia. Las activistas de determinados partidos políticos, tales como los socialistas españoles y chilenos y otros partidos de izquierda, como el Partido de la Social Democracia Brasileña, el Partido de los Trabajadores de Brasil y el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica (CNA), solían organizarse concienzudamente en órganos femeninos independientes, además de en los propios partidos.25 Carlota Bustelo describe su regreso a España:

Me puse en contacto con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) donde organizamos las jornadas «Mujeres y socialismo», con las que buscábamos influir en las políticas del partido hacia las mujeres. A medida que debatíamos y actuábamos nos hacíamos más feministas y beligerantes. El secretario de Educación del partido, Luis Gómez Llorente, del ala izquierda del PSOE, nos entregó una parte de su presupuesto y nos animó a participar en la conformación de los grupos que se estaban creando. Si pudimos hacerlo fue en parte gracias a las charlas o conferencias clandestinas que impartíamos en los barrios de Madrid y otras ciudades. También disponíamos de algo de dinero para producir panfletos y casetes que nos servían para difundir nuestro mensaje feminista y para que otras mujeres que compartían nuestras ideas pudieran aumentar su difusión.

Thenjiwe Mtintso (en aquel momento activista en el exilio del CNA y de su brazo armado, Umkhonto we Sizwe) asegura que en la década de 1980 la existencia de una sección femenina activa en el seno del CNA fue «un paso crítico en las reivindicaciones de género e inclusión, porque movilizó a las mujeres que habían participado en el propio movimiento de liberación, y aumentó la conciencia de todo el movimiento de liberación respecto del lugar, la función y la situación de las mujeres, así como de la necesidad de evitar que la liberación femenina y la igualdad de género se consideraran subproductos».

Adriana Muñoz cuenta que en Chile:

[…] algunas feministas se integraron a los partidos políticos, otras se mantuvieron al margen. Las que formábamos parte de un partido creíamos que había que estar allí donde se llevaban a cabo las negociaciones porque, si dejábamos que los hombres definieran el programa de la transición chilena a la democracia, lo más probable era que la agenda de las mujeres no estuviera en él. Por eso luchamos por tener representación en todos los niveles de poder de los partidos, en mi caso en el Partido Socialista y en el Partido por la Democracia. Junto a otras mujeres participé en todas las comisiones programáticas a fin de promover la agenda y los derechos de las mujeres.

Algunas agrupaciones tradicionales y religiosas, por ejemplo la Iglesia Católica Romana, se oponían al autoritarismo pero no estaban muy abiertas a las demandas de género (y eran más propensas a movilizarse contra ellas), como sucedió en Brasil y Chile.

El ritmo de los procesos de transición también fue un factor a tener en cuenta. Con la excepción de Indonesia y quizá Filipinas, donde el régimen anterior cayó con cierta rapidez, la mayoría de las transiciones que se analizan en este libro fueron relativamente lentas, negociadas, pactadas o «guiadas»; así sucedió en Sudáfrica, España, Brasil, Chile y Ghana. En las transiciones pactadas, las negociaciones las llevó a cabo una élite relativamente reducida, aunque algunas fueron más proclives a incorporar las demandas de los movimientos sociales. En España, Chile, Polonia y Ghana, los regímenes salientes y sus aliados ejercieron un control considerable sobre la transición. Las negociaciones fueron cerradas (e incluso secretas) y, por tanto, pocas mujeres participaron en ellas. En Brasil y Sudáfrica los procesos de negociación fueron hasta cierto punto más abiertos y participativos, y las mujeres organizadas como tales tuvieron más posibilidad de acceder a ellos. Esas diferencias explican por qué hubo ocasiones en que los movimientos de mujeres lograron incorporar a la agenda los problemas de la mujer y promover cambios políticos y reformas institucionales que tuvieron en cuenta la cuestión de género, mientras que en otros contextos ese tipo de reformas se bloquearon o aplazaron.

Resultados

El marco constitucional

El diseño institucional fue un elemento de interés en muchas de las conversaciones que tuvieron lugar en las transiciones negociadas y pactadas. En algunos casos, los parlamentos recién elegidos desempeñaron la función de asambleas constituyentes y diseñaron nuevas constituciones con miras a cumplir los objetivos generales de la transición. En otros casos se preservaron versiones anteriores o modificadas del texto constitucional vigente, o no hubo reformas constitucionales significativas. En Chile, por ejemplo, se mantuvo en vigor el sistema electoral establecido en la Constitución que los militares habían impuesto en 1980.

El grado de intervención de las organizaciones de mujeres en esos procesos fue muy diverso. En Brasil y Sudáfrica las organizaciones de mujeres tomaron parte en los procesos formales y en los parlamentos que hicieron las veces de asambleas constituyentes; y ayudaron a elaborar constituciones respetuosas con la perspectiva de género. En España y Filipinas, aunque las organizaciones de mujeres y los movimientos feministas ejercieron presión externa, pocas mujeres participaron directamente en los procesos de diseño constitucional. Apenas hubo participación femenina organizada en la limitada renegociación constitucional que tuvo lugar en Chile después del plebiscito (a pesar de que existía un activo movimiento de mujeres), como tampoco participaron las mujeres en la redacción de la nueva Constitución ghanesa. Además, aunque las constituciones de Polonia, Indonesia, Filipinas y España contienen algún tipo de cláusula relativa a la igualdad de género, lo cierto es que las organizaciones de mujeres ejercieron muy poca influencia.

Tanto en Brasil como en Sudáfrica la Constitución se redactó en el marco de una transición pactada progresiva. En Sudáfrica la redacción de la Constitución provisional resultó fundamental en las negociaciones multipartidistas que se desarrollaron entre 1992 y 1994 con el predominio del CNA y el gobierno del apartheid. Después de la escasa presencia de mujeres en las negociaciones iniciales de la Convención para una Sudáfrica Democrática, las mujeres (principalmente las del CNA) lucharon para que se las incluyera en todos los equipos de negociación que protagonizaron las conversaciones multipartidistas posteriores. Se creó en aquel momento la Coalición Nacional de Mujeres, una amplia alianza independiente de organizaciones femeninas.26 Pregs Govender, coordinadora de la Coalición entre 1992 y 1994, afirma:

La Coalición Nacional de Mujeres tuvo su origen en una reunión que la Liga de Mujeres del CNA organizó con mujeres de otros partidos políticos y organizaciones sociales de entornos diversos. Su propósito era analizar el hecho de que las mujeres estaban quedándose al margen del proceso de negociación y el temor a que, a pesar del activo papel que estas habían desempeñado en la lucha contra el apartheid, los problemas que las afectaban directamente y que tenían repercusión en su vida […] no se plantearan en absoluto en la mesa de negociación, de manera que cuestiones como el no sexismo, la igualdad de género, […] una igualdad de género sustancial, los derechos socioeconómicos, la integridad física y los derechos reproductivos no tuvieran espacio en la Constitución […]. Personas con habilidades negociadoras, juristas, personas con capacidad investigadora y personas a las que se les daba bien movilizar y construir los movimientos de mujeres se aliaron de manera muy eficaz.

La Coalición Nacional de Mujeres fue esencial en las negociaciones sobre la relación entre el derecho consuetudinario y la cláusula de equidad, en las que participaron los líderes tradicionales.27 Sheila Meintjes formaba parte del grupo supervisor de investigación de la Coalición. Afirma que «fue un momento importantísimo para la Coalición y llevamos a cabo una labor muy importante para que el derecho consuetudinario no alterara la Constitución, tal como ansiaban los jefes tradicionales. Querían preservar el derecho consuetudinario, pero este limitaba la capacidad de obrar de todas las mujeres [africanas]». La Constitución provisional pasó posteriormente al Parlamento recién elegido, que desempeñaba la función de asamblea constituyente. Las parlamentarias, en especial las del CNA, presionaron con éxito para incluir cláusulas específicas –por ejemplo, sobre la violencia doméstica–, además de los compromisos generales con miras a la igualdad de género.

Tras la elección de un presidente civil en 1985, el nuevo Parlamento de Brasil asumió la función de asamblea constituyente entre 1986 y 1988. Las afiliadas de los partidos políticos hicieron causa común y recibieron las presiones (y el apoyo) de las mujeres de la sociedad civil. El nuevo organismo federal femenino (el Consejo Nacional pro Derechos de la Mujer), en el que había representantes del Estado y de la sociedad civil, actuó como grupo de presión. En él se coordinaban las organizaciones de mujeres y las feministas para presionar al Congreso en su función de asamblea constituyente.28 Jacqueline Pitanguy, presidenta del Consejo, explica que «se creó un departamento específico para trabajar en la Constitución. Empezamos en los estados, elaborando mapas de los grupos de mujeres que había en cada uno para organizarnos e iniciar una campaña en todos ellos. Aunque era una campaña del Consejo, los estados también la asumieron como propia». Entre sus iniciativas cabe recordar la «Carta de las mujeres», un conjunto de reivindicaciones de las organizaciones de mujeres que se presentó ante la Asamblea Nacional (y en cada uno de los estados). Asimismo, se ejerció una presión estratégica sobre los miembros de las asambleas a nivel de distrito, regional y federal. Pitanguy habla de un «trabajo cara a cara en el Congreso»:

Todos los días íbamos al Congreso Nacional y hablábamos con los dirigentes de los partidos […]. Recuerdo recorrer esos pasillos. Sin descanso. También recibíamos telegramas de los estados. Estábamos siempre en contacto con los grupos de mujeres locales. La campaña no se llevaba a cabo únicamente a nivel federal, era una campaña nacional. Así pues, nos reuníamos con un representante y comprobábamos cuál era su postura sobre un determinado asunto. Inmediatamente después nos poníamos en contacto con los grupos de mujeres del estado correspondiente.

Las legisladoras de varios partidos (el denominado «lobby del pintalabios») también colaboraron entre sí en la Asamblea y trabajaron con el Consejo. El resultado fue, apunta Pitanguy, que el 80% de sus demandas se incluyeron en la Constitución de 1988, y que las tentativas de consagrar el «derecho a la vida» fueron fallidas. No obstante, la Constitución resultante era un documento poco flexible que requería una base legislativa para ser eficaz.

En la transición negociada española la nueva Constitución fue diseñada por un Parlamento electo que hizo las veces de asamblea constituyente entre 1977 y 1978. Pocas mujeres participaron en un proceso relativamente cerrado y dirigido por las élites, con Adolfo Suárez, líder de la Unión de Centro Democrático (UCD) y primer ministro, a la cabeza.29 La Constitución la redactó un equipo íntegramente masculino elegido entre los miembros de las Cortes Constituyentes (el Parlamento español en su función de asamblea constituyente). Tres de sus siete miembros procedían de la UCD, el partido de centro derecha en el gobierno; el PSOE tenía un representante. El texto se debatió posteriormente en una Comisión Constitucional parlamentaria de 35 miembros, en la que solo participó una mujer, y fue aprobado en ambas cámaras, donde había únicamente 27 mujeres. Las organizaciones feministas ejercieron presión externa durante las deliberaciones, y algunas diputadas también lo hicieron a nivel interno. Bustelo apunta que ella colaboró «con una de las ponencias en la redacción de los artículos 9 y 14, que hablan de la igualdad». Por tanto, en la Constitución se incluyeron cláusulas sobre la igualdad y el divorcio, pero no hubo tanto éxito en lo que respecta a los derechos reproductivos y las leyes de primogenitura.30

En Filipinas, después de su elección, Corazón Aquino encargó a una Comisión Constitucional de 50 miembros (de los cuales menos del 15% eran mujeres, si bien estaba presidida por una) la redacción de una nueva Constitución. Con el propósito de influir en el proceso se formó una gran alianza de organizaciones de mujeres, incluida la agrupación feminista Gabriela, aunque con resultado desigual. A pesar de que se incluyó una cláusula sobre la igualdad, no tiene un alcance tan amplio como pretendían las organizaciones de mujeres. También se aprobó una cláusula pro-vida, con el apoyo del poderoso grupo de presión eclesiástico y de las organizaciones de mujeres pro-vida; no obstante, como concesión a las organizaciones de mujeres, no solo se defiende el derecho a la vida del nonato desde su concepción, sino también el de la madre.31

En Indonesia, la reforma constitucional se desarrolló de manera gradual. Algunas representantes de ONG y agrupaciones femeninas fueron nombradas para la Asamblea Consultiva Popular (ACP) que inició los cambios entre 1999 y 2002. Las feministas trabajaron para que la discriminación positiva formara parte de las reformas constitucionales, pero se hicieron pocos avances significativos. Nursyahbani Katjasungkana, que representó a los colegios de abogados en la Asamblea, recuerda que, basándose en la experiencia sudafricana, se las ingeniaron «para incluir en la Constitución un capítulo especial sobre los derechos humanos, en el que se contemplaban los principios de no discriminación y de discriminación positiva».

En el extremo opuesto, en Chile las mujeres no participaron en la redacción de la Constitución chilena redactada por los militares en 1980; por tanto, no era un documento con perspectiva de género. Tampoco desempeñaron papel alguno en la mínima renegociación constitucional (cerrada) que tuvo lugar después del plebiscito entre los principales partidos políticos y el gobierno militar, antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989. Las mujeres fueron marginadas a pesar del activo papel de un gran número de sus organizaciones, entre ellas coordinadoras de relativa larga data como Mujeres por la Vida o la Concertación de Mujeres, que nació en respuesta al reducido número de mujeres seleccionadas para competir en las elecciones, a fin de velar por el mantenimiento de la igualdad de género en la agenda de la Concertación.32

En Ghana la nueva Constitución fue redactada en 1991 en una Asamblea Consultiva que el régimen de Rawlings creó en una fase relativamente temprana del proceso de transición vertical. Pocas organizaciones de mujeres intentaron influir en el proceso y las cuestiones de género no se tuvieron en cuenta en el documento resultante. Dzodzi Tsikata lo admite: «No se incluyeron muchas de esas cuestiones en la Constitución. No tuvimos una función demasiado activa en el proceso constitucional. Faltaron mujeres activistas y no recuerdo que celebráramos debates sobre la Constitución».

En Polonia, en un contexto en cierta medida diferente de una transición desde el socialismo de Estado, las organizaciones de mujeres tampoco influyeron significativamente en el diseño de la Constitución de 1997, aunque algunas ONG femeninas –por ejemplo, el Centro para los Derechos de las Mujeres– sí presentaron propuestas.33 El documento definitivo contenía cláusulas en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres que eran difíciles de hacer cumplir al no estar respaldadas por leyes o códigos civiles concretos. En algunos ámbitos, por ejemplo en el derecho laboral, la legislación contradecía frontalmente la Constitución. Al igual que en otros países de Europa Oriental, en la nueva Constitución se incluyó una cláusula sobre el derecho a la vida, después de muchos debates y controversias. La Iglesia Católica logró introducir disposiciones relativas a la protección del feto que posteriormente aceptó el Tribunal Constitucional.34

El ámbito electoral

En los periodos posteriores a la transición, la representación de las mujeres en las asambleas legislativas, en términos numéricos, ha sido muy dispar. Su representación fue muy reducida inicialmente en Chile, Ghana, España, Brasil, Polonia e Indonesia (en torno al 10% o menos); Sudáfrica fue una notable excepción, con el 27,7%. En muchas transiciones de la tercera ola, el número de mujeres electas para las asambleas legislativas nacionales ha ido creciendo, sobre todo donde se ha aplicado un sistema de cuotas. En Sudáfrica, por ejemplo, el CNA introdujo una cuota del 33% para las elecciones de 1994. En otros casos se aprobaron cuotas electorales que supusieron una reforma institucional significativa por derecho propio. En Brasil, sin embargo, el diseño y la aplicación deficientes de las cuotas impidieron que tuvieran repercusión en la representación de las mujeres, que era mayor en el Senado (donde no se aplicaban cuotas) que en la Cámara de Diputados.35 El nivel de representación de las mujeres también está relacionado con la naturaleza del sistema electoral y el grado de institucionalización de los partidos políticos.36 Los partidos de izquierda suelen proponer y elegir a más mujeres que los de derecha, pues su ideología relativamente más igualitaria los hace más propensos a adoptar medidas que favorezcan la selección y la representación de los grupos excluidos, y a promover un entorno más receptivo a las reivindicaciones feministas.

No obstante, no deberíamos quedarnos únicamente con las cifras de representación; también es importante analizar en qué medida actúan las legisladoras femeninas en favor de las mujeres (una representación sustantiva) en cada transición. Ese apoyo puede adoptar formas diversas. Las legisladoras pueden presentar proyectos de ley con miras a impulsar los derechos de las mujeres y la igualdad de género, o bien tratar de evitar la aplicación de medidas retrógradas. También pueden participar en las agrupaciones de partidos en el seno del poder legislativo o crear alianzas con las organizaciones de mujeres de la sociedad civil. La representación sustantiva ha sido desigual en los casos que aquí se analizan. En Ghana, por ejemplo, pocas mujeres salieron elegidas, pocas tenían convicciones feministas y pocas tenían vínculos con organizaciones de mujeres ajenas a la asamblea legislativa, por lo que la actividad en torno a las cuestiones de género fue escasa. Dzodzi Tsikata se queja de esa falta de vínculos, porque «ha sido un proceso unidireccional […]. Algunas activistas han tratado de acercarse a las parlamentarias, pero estas no han hecho lo propio».

En Indonesia, Chile, Brasil y España, pocas mujeres fueron elegidas, pero algunas figuras feministas clave presionaron para que se aprobaran leyes de género progresistas. Su éxito dependió en gran medida de si había un gobierno receptivo en el poder.37 Nursyahbani Katjasungkana explica que en su etapa en el Parlamento indonesio, entre 2004 y 2009, un pequeño grupo progresista de mujeres de su partido y otros grupos (algunas con pasado activista) lograron promulgar como mínimo 14 leyes. En Brasil y Sudáfrica los colectivos de mujeres en los parlamentos desempeñaron un papel significativo en determinados momentos, por ejemplo cuando el «lobby del pintalabios» participó en la formulación de la Constitución brasileña. En el primer Parlamento multirracial de Sudáfrica, las parlamentarias –muchas de las cuales habían formado parte de organizaciones feministas y de la sociedad civil (y que ya se conocían, en muchos casos, de grupos anteriores como la Coalición Nacional de Mujeres)– crearon un grupo multipartidista que se mostró activo inicialmente en varias cuestiones de género, entre ellas la violencia.38 Thenjiwe Mtintso, parlamentaria del CNA en ese primer Parlamento, confirma la influencia duradera de la Coalición Nacional de Mujeres:

Formamos un grupo parlamentario en el que las mujeres de distintos partidos pudiéramos encontrarnos. Después creamos el Comité para la Mejora de la Situación y la Calidad de Vida de las Mujeres; no era un comité típico, pero insistimos en ello. Aquellas iniciativas parlamentarias las facilitó el trabajo que habíamos desarrollado previamente: la negociación, la Coalición de Mujeres y la Carta de la Mujer.

Por lo general, las parlamentarias feministas disponían de una red de contactos más amplia en las organizaciones de mujeres ajenas a la asamblea legislativa y solían estar afiliadas a partidos de izquierda. La rigidez de la disciplina de partido y el funcionamiento del sistema de partidos también pueden influir: organizarse entre diversos partidos resulta más sencillo cuando los sistemas de partidos están fracturados y la disciplina es débil. Por ejemplo, fue relativamente sencillo establecer un bloque femenino multipartidista en Brasil, una tarea que resultó más difícil de sostener en Sudáfrica, especialmente después de los primeros años, una vez que la disciplina y la lealtad en los partidos se hicieron más férreas. Tampoco existen demasiados ejemplos de colectivos de mujeres eficaces dentro de los propios partidos, con la excepción del CNA sudafricano. El comité parlamentario oficial –el Comité Mixto de Supervisión de la Calidad de Vida y la Situación de la Mujer– también se benefició del liderazgo de figuras feministas prominentes como Pregs Govender en el primer Parlamento no racial. Gracias a ello, según Govender, en 1999 se había aprobado el 80% de la legislación sobre género de su programa.

Asimismo, la colaboración entre partidos fue más fácil en cuestiones como la violencia doméstica; todo lo contrario sucedió con los derechos reproductivos, una cuestión que suscitaba divisiones entre las mujeres (y entre los hombres). Por ejemplo, en Chile, las mujeres de derecha e izquierda fueron capaces de aliarse para apoyar medidas sobre la manutención de los niños, a pesar de que tenían posturas muy alejadas en relación con los derechos reproductivos. En Indonesia, las parlamentarias se unieron en torno a numerosas cuestiones, pero no así en relación con un proyecto de ley contra la pornografía que provocó una división entre las políticas laicistas e islámicas moderadas, por una parte, y las más conservadoras por otra.39 El proyecto de ley suscitó divisiones en el propio partido de Nursyahbani Katjasungkana, quien personalmente estaba en contra: «El debate sobre esa ley fue mi peor momento en el Parlamento».

El ámbito burocrático

Una vez concluida la transición, el alcance y el tipo de cambios en materia de género en el ámbito burocrático también fueron muy diversos. En algunos casos los regímenes anteriores ya habían creado agencias gubernamentales dedicadas a la mujer en respuesta a la influencia que la ONU ejerció en este ámbito durante la década de 1970. Ello sucedió en Ghana y también en Filipinas, cuya agencia de la mujer estaba dirigida por Imelda Marcos. Con el tiempo se fueron creando, rediseñando o reemplazando ese tipo de organismos en todos los países, a lo que contribuyó un clima internacional cada vez más propicio, especialmente después de la conferencia de la ONU en Beijing en 1995. Sin embargo, la creación de agencias estatales para la mujer respondió a motivaciones muy diversas y contó con diferentes estructuras, atribuciones y recursos, y por tanto, con una capacidad desigual para defender los intereses de las mujeres en el proceso de formulación de políticas públicas. En Europa Oriental, por ejemplo, algunos gobiernos instauraron organismos para la mujer en parte para cumplir con los requisitos de ingreso en la Unión Europea (UE). Para evaluar su utilidad y eficacia debemos analizar cómo (y por qué) se crearon, qué recursos se les asignaron, hasta qué punto rindieron cuentas y si participaron en ellos grupos independientes del Estado, así como el contexto político general en el que desarrollaron su labor.

En Brasil, Chile y Sudáfrica, esos organismos fueron la consecuencia directa de las actividades de las organizaciones de mujeres durante y antes del proceso de transición; el organismo español, por el contrario, se estableció en 1983 (bajo la dirección de Carlota Bustelo) después del triunfo electoral de los socialistas. Gobiernos recién elegidos y receptivos pusieron en marcha esos mecanismos a raíz de las demandas de las feministas en los partidos políticos, los parlamentos y las organizaciones de mujeres. En Chile la Concertación de Mujeres solicitó la creación de un Ministerio de la Mujer antes de las primeras elecciones.40 Teresa Valdés, feminista e investigadora, recuerda que uno de los comités encargados de la elaboración del programa sobre la mujer de la Concertación de Mujeres «formuló una propuesta para la creación de un marco institucional en favor de la mujer, entendido como un ministerio o servicio. Aprendimos de las experiencias del Instituto de la Mujer en España, el Consejo de la Mujer brasileño y otras compañeras que regresaron del exilio; ese aprendizaje fue fundamental». En Sudáfrica se examinó con atención la experiencia de otros países antes de diseñar un paquete de centros de coordinación en los organismos públicos y el Parlamento.

En Ghana el presidente Kufuor puso en marcha un nuevo Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia, en contra de los deseos de las organizaciones de mujeres.41 Tsikata apunta lo siguiente sobre las movilizaciones de las mujeres contra el gobierno antes de las elecciones de 2000:

El nuevo gobierno manifestó que el ministerio era un premio para las mujeres. Nuestra reacción marcó el tono del conflicto. Las agrupaciones de mujeres, a raíz de las experiencias de otros ministerios en el continente, respondimos que lo que necesitábamos no era un ministerio, que solían ser débiles y no disponían de presupuesto. Planteamos todos esos argumentos, pero creo que la persona a quien se iba a asignar el ministerio no apreció nuestros esfuerzos y lo echó abajo incluso antes de que comenzara a funcionar el ministerio. Así que empezamos con mal pie y la situación fue muy mala durante mucho tiempo.

El ministerio, dirigido por una antifeminista, tuvo enfrentamientos con las organizaciones de mujeres a lo largo de todo su mandato de 2001 a 2005. En cualquier caso, incluso las agencias públicas que contaban con el respaldo de las feministas atravesaron dificultades. Con escasos recursos y atribuciones limitadas, los ministerios o servicios para la mujer fueron víctimas en muchas ocasiones de las altas expectativas y las conflictivas relaciones con diversos grupos independientes del Estado. Además, su control de los recursos también contribuyó a la «ONG-ización» de las organizaciones de mujeres, que empezaron a depender más de los fondos estatales e internacionales que de la movilización de sus bases. El contexto político en que esos organismos operaban también era relevante. En los sistemas políticos menos institucionalizados, los cambios de gobierno y de las corrientes ideológicas generales podían perjudicarlos. La llegada de un nuevo gobierno menos afín podía provocar la clausura, la retirada de fondos o la pérdida de categoría de las agencias dedicadas a la mujer. El mecanismo de género sudafricano se vio debilitado (en opinión de Thenjiwe Mtintso, primera presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género) por los recortes presupuestarios, la desatención y la marginación. Lo mismo sucedió en Brasil a finales de la década de 1980, lo que provocó la renuncia en bloque de Pitanguy y sus compañeras; y varias veces en Polonia debido a los frecuentes cambios de gobierno, sobre todo cuando Solidaridad, de corte derechista, derrotó a la Alianza de la Izquierda Democrática en 1997.42 Así pues, es más probable que una agencia de políticas para la mujer sea eficaz cuando se integra en un gobierno receptivo a las medidas en favor de la igualdad de género, como pasó en España, Chile y Sudáfrica, aunque eso no los exime de hacer frente a problemas significativos.

Reforma de las políticas de género

Los derechos de género no son una categoría única y homogénea. Reformar las políticas resulta más sencillo en una serie de áreas menos polémicas.43 La violencia por razón de género, el divorcio, las cuotas electorales y los derechos de propiedad son por lo general más fáciles de abordar que los derechos reproductivos. Algunos derechos de género se topan con una feroz oposición, en especial de personas que se identifican con la derecha o con organizaciones religiosas que, por ejemplo, consideran que tales reformas constituyen una amenaza a la santidad de la familia. La reforma del aborto ha generado grandes divisiones en los sistemas de gobierno posteriores a la transición y no ha sido posible sacarla adelante a pesar de las movilizaciones y presiones. De los países analizados en la presente obra, solo se llevó a cabo en Sudáfrica en el periodo inmediatamente posterior a la transición, y en España una década más tarde (tras la llegada al poder de un gobierno socialista). Hubo también retrocesos. En Europa Oriental, como ya se ha señalado, las mujeres perdieron muchos de los derechos de los que habían gozado, al menos sobre el papel, en la etapa socialista. En Polonia, el acceso al aborto –que había sido relativamente generalizado– se restringió enormemente en 1993.44 Y a pesar de una cierta apertura en 1996 el número de abortos sigue siendo bajo. En Indonesia el programa de descentralización propició un aumento de las restricciones impuestas a las mujeres en algunos municipios donde se aplicaron políticas locales, en general más cercanas al islam.45 Nursyahbani Katjasungkana, fundadora de la organización de mujeres APIK de asistencia jurídica, afirma que «según la Comisión Nacional sobre la Violencia contra la Mujer, existen alrededor de 250 ordenanzas inflexibles que discriminan contra las personas, 78 de los cuales discriminan a las mujeres; por ejemplo, los relativos a la indumentaria, el velo, la prohibición de que la mujer salga de casa sin ir acompañada de un pariente varón o la imposibilidad de solicitar las escrituras de un terreno o el documento de identidad si no se porta el velo». En algunos casos, incluso la modificación de los derechos de propiedad y las medidas contra la violencia doméstica han sido objeto de una oposición notable.

Cuando se han llevado a cabo reformas, las iniciativas de figuras femeninas fundamentales para crear alianzas en el ámbito burocrático, legislativo y de la sociedad civil, así como un contexto político propicio –especialmente la receptividad del gobierno– han sido factores decisivos.46 Ejemplo de ello es la legislación sobre violencia doméstica. Se trata de un problema con el que las feministas están muy familiarizadas y que cuenta con un amplio respaldo entre las mujeres de toda clase social e ideología. Desde el comienzo de la Década de la Mujer de la ONU (1976-1985) ha ido aumentando el consenso internacional en torno a la necesidad de abordar este problema y los mecanismos necesarios para ello. No obstante, existen diferencias en la velocidad de aplicación y en el alcance que los gobiernos posteriores a las transiciones han dado a las leyes contra la violencia doméstica y a las medidas de prevención y mitigación. Prácticamente en todos los casos se han creado coaliciones de activistas, algunas más eficaces que otras. En Ghana diversas organizaciones formaron en 2002 una coalición de activistas contra la violencia doméstica. Sin embargo, a pesar de contar con el apoyo del fiscal general, la campaña fracasó, siendo uno de sus principales oponentes la controvertida directora del Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia. La legislación pertinente no se aprobó hasta 2007, después de que el cargo pasara a manos de una ministra más joven y progresista.47 He aquí los comentarios de Tsikata sobre la evolución de su relación con el ministerio:

La situación empeoró a raíz de las reivindicaciones sobre la Ley de Violencia Doméstica. Resultaba chocante que la ministra fuera quien llamara la atención sobre los aspectos de la ley que perjudicaban a los hombres. La coalición tardó siete años en conseguir que la Ley de Violencia Doméstica fuera aprobada. Todos los grupos insistían en ello, no dejaban de presionar, pero el gobierno hizo caso omiso de la fuerza de la coalición y sus demandas, y se tomó su tiempo para aprobar la ley.

En Chile, una alianza en ocasiones turbulenta de feministas –tanto dentro como fuera del Parlamento– y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) consiguieron que se aprobara la Ley de Violencia Doméstica en 1994.48 No obstante, las organizaciones de mujeres y las legisladoras feministas tuvieron la sensación de que el proyecto de ley definitivo había sido moderado por el SERNAM, que se integraba en aquel momento en un contexto político conservador y recibía la influencia de los demócrata cristianos de la Concertación, que a su vez recibían presiones de la Iglesia Católica. Adriana Muñoz, la diputada del PPD que propuso el proyecto de ley original, señala que:

El mayor problema era nuestra posición como alianza de centro-izquierda. Aprobamos una ley sobre la violencia «intrafamiliar». La ley que yo había presentado, sin embargo, prohibía la violencia contra la mujer (es decir, la violencia que se inflige a la mujer por razón de su género). Aquello no iba a ningún lado, porque las mujeres de la Democracia Cristiana creían necesario hacer hincapié en la naturaleza doméstica del problema. Tuvimos que ceder. Cedimos, sí, porque no podíamos avanzar; sencillamente, carecíamos de votos suficientes en el Parlamento. La derecha era un obstáculo, una oposición continua, y a las mujeres feministas y de izquierda nos interesaba atraer los votos de los demócrata cristianos para llegar tan lejos como fuera posible.

Nursyahbani Katjasungkana explica el trabajo que se llevó a cabo en Indonesia:

Por fortuna la Ley de Violencia Doméstica fue redactada por la APIK. Otras personas y yo (por supuesto consultamos a otros grupos e investigadores) recurrimos a un «triángulo de empoderamiento»: investigadoras, activistas y «femócratas» trabajaron codo con codo por el cambio. Logramos crear una coalición para impulsar la Ley de Violencia Doméstica. Desde el primer momento el principal escollo fueron los grupos religiosos que se quejaban de que la ley pondría fin a la armonía familiar y al concepto de familia. Pasaron siete años desde que redactamos la ley, en 1997, hasta que se promulgó en 2004.

Sudáfrica y Brasil no tuvieron tantas dificultades para aprobar medidas contra la violencia doméstica en el periodo posterior a la transición. En ambos casos, las activistas habían situado la violencia doméstica en la agenda antes y durante la transición. En Sudáfrica acometieron la cuestión la Coalición Nacional de Mujeres, las activistas del CNA y la Liga de Mujeres de ese partido. El CNA había presentado un documento sobre el tema en la negociación constitucional. Además, en el marco de los preparativos de cara a la Conferencia sobre la Mujer de Beijing en 1995, el gobierno del CNA se comprometió a tomar medidas, en colaboración con una red nacional. El comité parlamentario sobre la mujer argumentó que era necesario aprobar una medida en el primer Parlamento, de manera que el colectivo de mujeres del CNA aceleró su aprobación.49 En Brasil se incluyó en la Constitución una cláusula contra la violencia doméstica y se pusieron en marcha varias iniciativas a nivel federal y estatal –por ejemplo, las comisarías de policía para mujeres de São Paulo– gracias a las reivindicaciones feministas tanto dentro como fuera de los partidos políticos y del Estado. Las feministas brasileñas también fueron clave para plantear la cuestión en el plano internacional.50 Sin embargo, el debilitamiento del Consejo de la Mujer a finales de la década de 1980 mermó la eficacia de muchas de esas medidas. Al igual que otras leyes y medidas constitucionales, las relacionadas con los derechos de las mujeres dependen de una aplicación eficaz, un aspecto que presenta notables divergencias en los casos que aquí se analizan.

Conclusiones: ¿qué lecciones cabe extraer?

Todos los casos ponen de manifiesto la importancia fundamental de las organizaciones de mujeres. Valdés sostiene que en Chile «de no haberse producido esa exhibición de fuerza en las calles y en diversas situaciones, no habría sido posible conseguir lo que conseguimos en la transición […]. La articulación de los ámbitos social y político creó el poder y la posibilidad de que las propuestas democráticas de las mujeres se incorporaran al programa de gobierno de Patricio Aylwin». Pitanguy también subraya la importancia de los movimientos femeninos de masas en la sociedad civil brasileña. Un gran número de las mujeres entrevistadas advierten del peligro que conlleva perder el contacto con las bases de esos movimientos y perder impulso y compromiso cuando las líderes asumen funciones en el gobierno. Mantener la movilización de las mujeres es uno de los retos más complicados y ha demostrado ser muy importante para lograr resultados de género positivos a largo plazo.

La formación de coaliciones amplias que dieron cabida a distintos actores –académicas, activistas y políticas (lo que en Sudáfrica se denominó «la triple alianza»)– también resultó decisiva para hacer acopio de conocimientos diversos (aun cuando el proceso genere tensiones, como en Sudáfrica e Indonesia). Nursyahbani Katjasungkana enfatiza que, a pesar de sus diferencias, las feministas laicas e islámicas colaboraron estrechamente. Pregs Govender destaca la fuerza de la Coalición Nacional de Mujeres y enfatiza la importancia de «la capacidad de los miembros de la coalición para complementar entre sí sus destrezas, experiencias y conocimientos, así como para valorar los diversos aportes y colaborar a pesar de los desencuentros». Muchas de las entrevistadas (por ejemplo, las de Sudáfrica) aseguran que haber trabajado juntas antes de la transición facilitó la cooperación, incluso entre mujeres de entornos y opiniones muy diferentes.

También fue significativo para las grandes alianzas el desarrollo de un programa común atractivo y capaz de movilizar a un amplio conjunto de mujeres. Lo ideal es que en las coaliciones de base amplia y las organizaciones coordinadas haya feministas y no feministas, mujeres de distintas ideas políticas y creencias religiosas. En esa premisa se basaron las eficaces campañas con fines concretos que se llevaron a cabo en Chile, Indonesia y Sudáfrica. Meintjes apunta lo siguiente sobre la Coalición Nacional de Mujeres: «Reconocimos que la igualdad de género era lo que nos unía. Había diferencias que todas podíamos y debíamos soportar, porque la política es así. Pero si no incorporábamos la igualdad de género en la Constitución, estábamos perdidas». Muñoz señala que había opiniones políticas diferentes incluso en la Concertación de Mujeres de Chile:

Por supuesto las socialistas feministas queríamos medidas más radicales, como el aborto y el divorcio. Sin embargo, formábamos parte de una alianza de centro-izquierda y las demócrata cristianas tenían una perspectiva diferente, así que creamos una plataforma común. Lo importante en aquel momento era formar una coalición de partidos por la democracia y una Concertación de Mujeres por la Democracia, con el propósito de acumular poder y promover la democracia para las mujeres en cada uno de los partidos. Desde ese punto de vista, fuimos pragmáticas, nos dijimos: «Lo importante es estar unidas, formemos una plataforma unida en la que no tenga cabida nada de lo que nos divide». Por eso dejamos a un lado muchas cuestiones, entre ellas el divorcio, los derechos sexuales y reproductivos, el aborto. Dejamos de lado todas las cuestiones que generaban polémica en la Concertación entre los grupos de centro y los de izquierda y más feministas, a fin de proponer un programa cohesionado que nos brindara suficiente poder para que, en la negociación del programa de transición, cada partido político respaldara nuestros objetivos.

El caso chileno en particular demuestra que plantear cuestiones como la violencia y los derechos de la infancia en relación con el fortalecimiento de la familia puede ayudar a recabar apoyos de todas las orientaciones políticas, aun cuando ello implicó que muchas feministas consideraran que temas como el cambio socioeconómico, la redistribución y una transformación más profunda de las relaciones de género (incluido el empoderamiento de las mujeres y los hombres) se habían pasado por alto.

Las organizaciones de mujeres también obtuvieron mejores resultados cuando desarrollaron sus plataformas, propuestas y demandas antes de intervenir en los procesos políticos. Pitanguy subraya que las organizaciones de mujeres:

Tuvieron que establecer alianzas entre sí y plantear en la negociación constitucional un conjunto de propuestas y demandas irrenunciables, y otro conjunto de propuestas negociables […]. En los países inmersos en una transición democrática, lo primero que debe hacer todo movimiento de mujeres es disponer de un planteamiento de base consensuado. No se puede malgastar tiempo, energía e impulso resolviendo conflictos internos. Hay que presentarse en la escena política como un grupo cohesionado.

Pitanguy enfatiza que las mujeres «deben participar en el proceso constitucional». Participar activamente en la oposición y en los procesos de transición y las etapas posteriores fue una condición imprescindible para defender con éxito las reivindicaciones de género; cuando esa participación fue débil, como en Ghana y Polonia, se obtuvieron peores resultados. A pesar de los recelos que suscita la cooptación, algunos actores consideran que las mujeres debían intervenir desde el inicio de la transición. Mtintso afirma que la transformación de las relaciones de poder en la sociedad desde una perspectiva de género debe tenerse en cuenta desde el primer momento en los planteamientos teóricos, prácticos y organizativos, pues «si no se aborda en las fases de preparación, después es muy difícil incorporarla en la etapa de transformación, […] de cambio. Hay que prepararse, como hicimos en el CNA. No de manera óptima, pero lo hicimos, e influyó mucho en el resultado: la Constitución, la legislación y las instituciones». Pitanguy también cree que «es muy importante no dejar pasar el momento. La política tiene su propio ritmo y hay que ajustarse a él, hay que empezar a organizarse antes de que llegue el momento».

Para realizar una intervención general exitosa hay que cumplir varias condiciones. En primer lugar, deben diseñarse estrategias y tácticas adecuadas. Por ejemplo, las personas que participaron en el proceso creen que el trabajo para dar forma a las constituciones de Brasil y Sudáfrica fue relativamente fructífero gracias a la presión y la vigilancia específicas, así como al establecimiento de alianzas con otros actores clave. Pitanguy lo resume así: «Llegamos con una misión y sabíamos negociar. Sabíamos forjar alianzas. Éramos, en cierto sentido, políticas. Estábamos haciendo política. Trabajábamos con los instrumentos de la política, no con los instrumentos del autoritarismo o el radicalismo, a los que nos oponíamos. Supimos negociar y forjar alianzas con el gobierno».

También se precisan estrategias de formación de alianzas y de intervención para evitar retrocesos y la introducción de medidas que supongan una amenaza para los derechos de las mujeres, tales como las cláusulas relativas al derecho a la vida. En países como Indonesia –pero también en Europa Central y Oriental, y en América Latina, donde la Iglesia Católica se ha mostrado activa en la oposición–, los conservadores religiosos contaron con un amplio respaldo, con lo que resultó complicado evitar la regresión. Por ese motivo, buscar aliados en otros ámbitos –partidos políticos influyentes, parlamentos, burocracias o ministros clave– fue muy importante. Resultó esencial que los actores en materia de género se involucraran en los partidos políticos e hicieran campaña para cambiarlos desde dentro a todos los niveles. Promover el cambio político es más sencillo cuando los gobiernos y los partidos en el poder ven las medidas progresistas de género con relativos buenos ojos. Así pues, hubo transiciones más abiertas que otras, en las que era más probable que las organizaciones de mujeres ejercieran una influencia positiva. Los partidos políticos han resultado fundamentales en el proceso. Su grado de apertura a las activistas feministas y a las cuestiones de género ha variado enormemente en cada país. Algunos partidos han creado entornos más propicios, que han permitido que las mujeres se organizaran de un modo más eficaz para promover el cambio dentro y fuera de los partidos; y, en algunos casos, obtuvieran resultados significativos.

Por último, el peso de un contexto internacional favorable es evidente. Muchas activistas feministas afirman haber aprendido de las experiencias de otros lugares, por ejemplo para diseñar agencias públicas dedicadas a la mujer que sean eficaces. Hacen hincapié en que la interacción con las activistas de otros países en los foros regionales e internacionales les ha infundido vigor y permitido compartir estrategias y desarrollar objetivos factibles y adecuados a su situación política y cultural. Pitanguy subraya la importancia de las alianzas transnacionales que «se refuerzan entre sí […], incluso en el caso de los grupos nacionales que trabajan en la Constitución de su país». Las organizaciones de mujeres de Ghana mantenían estrechos vínculos con otros grupos africanos y buscaron modelos apropiados en Botswana, Sudáfrica y Nigeria. Tsikata destaca el ejemplo de Botswana, en el cual se inspiró un manifiesto de mujeres que se presentó a los partidos políticos. Según Nursyahbani Katjasungkana, las activistas indonesias tuvieron una gran influencia de las conferencias de la Década de la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing, así como del feminismo y las ideas procedentes de la India; las feministas chilenas, por su parte, dirigieron su atención a las experiencias brasileña y española. De hecho, la mayoría destaca que el apoyo internacional no debe limitarse a lo económico, sino también facilitar la puesta en común de conocimientos. Tanto la Concertación de Mujeres de Chile como la Coalición Nacional de Mujeres de Sudáfrica recibieron una notable cantidad de fondos y asistencia técnica internacionales. Las entrevistadas de Ghana, Sudáfrica e Indonesia señalan que la reducción de la financiación internacional dirigida a las ONG una vez concluida la transición ha afectado a numerosas organizaciones de mujeres. Tal reducción se produce con frecuencia, o bien porque esos países dejan de ser prioritarios para los donantes internacionales, que dirigen su atención a otras regiones, o bien porque se los considera demasiado ricos como para mantener las ayudas. Es posible que el contexto internacional fuera más propicio para abordar los problemas de las mujeres entre 1975 y 1995, cuando las primeras transiciones tuvieron lugar. Desde entonces, factores como la postura conservadora continuada de la Iglesia Católica ante los problemas sociales y la cada vez mayor prominencia de la política identitaria de carácter religioso o étnico hacen probable que el contexto internacional esté menos dispuesto a brindar asistencia a aquellos que se esfuerzan por defender en este momento la igualdad de género.

Los actores principales que intervienen en las transiciones desde sus primeras fases pueden facilitar la obtención de resultados positivos en el tema de género. Las organizaciones de mujeres necesitan programas más claros, que deben desarrollar un conjunto de actores y que han de respaldar las grandes coaliciones de la sociedad civil. Dichas organizaciones deben esforzarse por colaborar con aliados estratégicos –por ejemplo, con partidos políticos, gobiernos y burocracias afines– y, a ser posible, por formular los problemas de manera que se amolden a las ideas dominantes en la transición. Las transiciones desde regímenes no democráticos ofrecen grandes oportunidades a los movimientos sociales que tratan de dar una nueva forma a las reglas del juego. A pesar de los reveses y las frustraciones, hay lecciones estratégicas que probablemente den resultado. Las transiciones actuales plantean retos nuevos y diferentes, pero también ofrecen oportunidades significativas para la intervención y la acción estratégicas.

Opciones para la acción

Activistas y defensores

–Organizarse tan pronto sea posible en los procesos de transición. Cuanto antes se organizan las mujeres, mayores son sus probabilidades de ejercer una influencia positiva en el proceso de transición. Lo ideal es que las mujeres empiecen a organizarse antes de que el proceso «oficial» se ponga en marcha, a fin de estar preparadas para hacer aportes o participar en la fase anterior a la negociación (las «conversaciones sobre conversaciones»). De ese modo se consigue tiempo para desarrollar una infraestructura organizativa, establecer alianzas, generar confianza y seguridad, y determinar un programa y una estrategia comunes.

–Establecer un conjunto de alianzas. Los movimientos que establecen alianzas con un gran conjunto de actores tienen acceso a redes más grandes, que a su vez movilizan a un mayor número de personas, ejercen presión sobre las instituciones y los individuos clave, y hacen uso de múltiples talentos y recursos. Las alianzas de gran alcance dan cabida a grupos diversos de mujeres y activistas (en una selección tan amplia como sea posible de la sociedad civil, incluidos aquellos grupos que ofrecen asistencia estratégica en ámbitos como la justicia social o los grupos ecologistas); políticas, académicas y abogadas; personas afines dentro de los partidos políticos, y miembros del ejecutivo, por ejemplo, ministros y burócratas.

–Intervenir en todo el abanico de los procesos políticos. Participar en todas las etapas del proceso de transición –redacción de la Constitución, diseño institucional y ejecución– en calidad de miembros de los comités de revisión constitucional, los comités técnicos y de redacción, la Asamblea Constituyente y el Parlamento, los grupos de presión y de defensa. El activismo en el seno de los partidos políticos que sean receptivos a los problemas de género puede impulsar la selección de mujeres a candidaturas y nombramientos. No obstante, muchas negociaciones decisivas tienen lugar al margen de las estructuras y los procedimientos formales. El acceso de las mujeres a esos espacios informales de toma de decisiones dependerá en cierta medida de las alianzas que se hayan ido forjando.

–Desarrollar una plataforma que aglutine a los diferentes grupos de mujeres. Las posturas que pueden adoptarse respecto a las cuestiones políticas, sociales y económicas son muy diversas, por lo que resulta imposible estar de acuerdo en todos los objetivos. Sin embargo, con miras a mantener una gran alianza –y realizar intervenciones estratégicas a lo largo del proceso de transición–, resulta útil determinar una plataforma común de posturas y objetivos en torno a los que se aglutina a los diversos actores y a los que se dirige el trabajo de promoción.

–Mantener el ímpetu en las fases de ejecución y consolidación. A medida que las líderes de la sociedad civil y las académicas asumen funciones de gobierno, es fundamental llevar a cabo en el seno de las organizaciones un buen trabajo de sucesión en los cargos y transmisión intergeneracional para evitar que se «decapite» a los movimientos y se pierda el ímpetu en la fase posterior a la transición. Aunque las organizaciones se profesionalicen, deben mantener los vínculos con los movimientos de base, de modo que sigan siendo útiles para las necesidades de las mujeres en todos los niveles.

Líderes y partidos políticos

–Velar porque los procesos de transición sean tan abiertos como sea posible a las mujeres. En concreto, los líderes y los partidos políticos deben velar porque las mujeres tengan cabida en los partidos, las negociaciones y los gobiernos, y participen en pie de igualdad con los hombres en todos los niveles. Cuando tal objetivo parezca improbable, debería plantearse la posibilidad de implantar cuotas obligatorias y sanciones eficaces –por ejemplo, en los equipos de negociación–, a fin de garantizar la presencia de las mujeres como interlocutoras.

–Velar por que el diseño de la Constitución, las políticas y las instituciones posteriores a la transición reflejen la perspectiva de género. Las cuestiones de género deben redactarse adecuadamente y consagrarse formalmente de manera perdurable, inequívoca y ejecutable.

Actores internacionales

–Apoyar a los activistas que trabajan para que las cuestiones de género se tengan en cuenta en las transiciones. Entre las medidas de apoyo deben incluirse la asistencia económica, facilitar el intercambio de conocimientos (tanto a nivel regional como internacional), así como iniciativas de desarrollo de capacidades.

–Disociar el apoyo a las activistas de género del apoyo general al país. El apoyo a las activistas de género no debe depender de que el país pueda optar a las ayudas internacionales (por ejemplo, debido a su PIB). De ese modo se mitigaría la vulnerabilidad de las activistas de género a los cambios en las preferencias de los donantes y se contribuiría a consolidar los progresos y a evitar retrocesos.

–Ejercer presión sobre otros actores. Los actores internacionales pueden presionar a los políticos para que los asuntos de género y de mujeres formen parte de los procesos y los resultados de la transición.

RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE LAS ENTREVISTADAS

Carlota Bustelo es una política y activista española en favor de los derechos de las mujeres. Es una figura destacada del movimiento feminista de izquierda en España desde la década de 1970, y participó en la creación del Frente de Liberación de la Mujer. En 1974 ingresó en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Entre 1977 y 1979 Bustelo fue diputada en las Cortes Constituyentes, la asamblea que redactó la nueva Constitución de España, y contribuyó al debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En el Congreso defendió con firmeza las cuotas de género y la paridad en los partidos políticos, y desempeñó un papel fundamental en la aprobación de la Ley de Divorcio de 1981. Entre 1983 y 1988 fue la primera directora general del Instituto de la Mujer, un organismo público autónomo dedicado a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Bustelo fue miembro del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Pregaluxmi (Pregs) Govender es vicepresidenta desde 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, donde dirige las labores en materia de derechos socioeconómicos, el CEDAW y la Ley de Acceso a la Información. Activista política contra el apartheid desde 1974, Govender se incorporó al movimiento sindical en la década de 1980 y dirigió la primera universidad laboral (Workers College) de Sudáfrica. Durante la transición, Govender condujo la Coalición Nacional de Mujeres, que aglutinó a las mujeres sudafricanas con miras a que la Constitución abordara sus demandas. Trabajó también en la Oficina del Programa de Reconstrucción y Desarrollo, un programa en el que integró las preocupaciones de las mujeres. Como miembro del Congreso Nacional Africano (CNA), Govender fue elegida parlamentaria en 1994. Presidió el Comité Parlamentario para la Mujer y puso en marcha el Presupuesto de las Mujeres en el país. Durante el mandato de Mbeki, Govender presidió las audiencias públicas sobre el VIH y el sida. Fue el único miembro del Parlamento que se opuso a un tratado de adquisición de armas en la votación del presupuesto de 2001, tras lo cual renunció a su escaño parlamentario.

Nursyahbani Katjasungkana es una abogada indonesia especializada en derechos humanos, exparlamentaria y activista de género. Lleva 30 años colaborando con organizaciones no gubernamentales (ONG) en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, los derechos de la mujer y el medio ambiente. Fue la primera secretaria general de la Coalición de Mujeres Indonesias por la Justicia y la Democracia, la primera gran organización de mujeres de ese país desde 1965. Katjasungkana es cofundadora de la Asociación de Mujeres Indonesias por la Justicia, que ofrece asistencia jurídica directa a las mujeres que son víctimas de la violencia y la discriminación. Es cofundadora de la Red Kartini para los Estudios de la Mujer/de Género en Asia y fue miembro de la Junta Consultiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También cofundó la Red de ONG de Mujeres para Vigilar la Aplicación del CEDAW por parte del gobierno indonesio. Entre 1998 y 2005 fue miembro de la Comisión sobre la Violencia contra la Mujer. Fue elegida para la Asamblea Consultiva Popular (1999-2009) donde redactó la Ley de Violencia Doméstica.

Sheila Meintjes es una académica y activista sudafricana defensora de los derechos de las mujeres. Meintjes participa en la política feminista y sobre la mujer desde la década de 1970. En los ochenta fue miembro de la Organización de Mujeres Unidas, un grupo comunitario de base afiliado al Frente Democrático Unido, una de las organizaciones más importantes contra el apartheid. En 1989 empezó a impartir clases en la Universidad del Witwatersrand, en Johannesburgo. Trabajó como coordinadora de investigación de la Coalición Nacional de Mujeres, que desempeñó un papel significativo en las negociaciones de cara a la transición a la democracia en Sudáfrica. Meintjes fue nombrada miembro de la Comisión sobre la Igualdad de Género (2001-2004). Dirigió el programa de gobernanza de la Comisión y fue responsable de esta en la provincia de Gauteng. Es profesora en la Universidad de Wits. Entre sus ámbitos de investigación cabe mencionar la democracia en las sociedades multiculturales, la teoría feminista y la política de género, así como la violencia y la transformación de conflictos.

Thenjiwe Mtintso es una dirigente política sudafricana, exdiplomática y defensora de los derechos de las mujeres. Nacida en Soweto, Mtintso se inició en el activismo en la Organización de Estudiantes Sudafricanos y en el Movimiento de Conciencia Negra cuando era estudiante. Debido a su actividad política fue expulsada de la universidad, detenida y torturada por los servicios de seguridad en la década de 1970. Mtintso se exilió en 1978, ingresó en el CNA y el Umkhonto we Sizwe, donde llegó a comandante. Regresó a Sudáfrica en 1992 y fue nombrada para el Comité Ejecutivo de Transición. Participó en las negociaciones de CODESA, y en las primeras elecciones democráticas en 1994 fue elegida diputada. En 1997 fue la primera presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. En 1998 fue nombrada vicesecretaria general del CNA. Es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del CNA y ha sido embajadora de Sudáfrica en Cuba e Italia.

Adriana Muñoz es una política y socióloga chilena defensora de los derechos de las mujeres. Muñoz ingresó en el Partido Socialista de Chile en 1967. Después del golpe de Estado de 1973 se exilió en Austria y no regresó a Chile hasta 1982. En 1986 entró en la Comisión Política del Partido Socialista de Chile y en 1987 participó en la fundación del Partido por la Democracia (PPD). Entre 1988 y 1990 Muñoz presidió la Federación de Mujeres Socialistas; durante los dos años siguientes fue vicepresidenta del PPD. Entre 1990 y 1994, y de nuevo a partir de 1997, Muñoz ejerció como diputada del PPD en la Cámara de Diputados chilena. Fue la primera mujer que presidió dicha institución (2002-2003). Como defensora de las mujeres en la Cámara de Diputados ha propuesto leyes sobre cuestiones como el divorcio, el aborto y la violencia doméstica. En noviembre de 2013 fue elegida para representar a la región de Coquimbo en el Senado, la Cámara Alta del Congreso Nacional. Muñoz también ha trabajado de investigadora y ha participado en numerosos proyectos relacionados con la cuestión de género.

Jacqueline Pitanguy es una académica, legisladora y activista de género. Pitanguy es una de las feministas más conocidas de Brasil. Se enfrentó a la junta militar brasileña y luchó al mismo tiempo por la democratización del país y los derechos de la mujer. Después de la reinstauración de la gobernanza democrática en 1985, Pitanguy veló para que las cuestiones de interés para las mujeres tuvieran cabida en la nueva Constitución. Fue presidenta del Consejo Nacional pro Derechos de la Mujer, un cargo en el gabinete que ocupó entre 1986 y 1989 y desde el que diseñó y aplicó una serie de medidas para mejorar la situación femenina. Pitanguy es codirectora ejecutiva de CEPIA (Ciudadanía, Estudios, Información, Acción), una ONG que fundó en 1990 y que se centra en las cuestiones de salud, derechos sexuales y reproductivos, violencia y acceso a la justicia, pobreza y empleo desde una perspectiva de género.

Dzodzi Tsikata es una académica y defensora de la igualdad de género ghanesa. Tsikata participa activamente en el movimiento de mujeres de Ghana desde la década de 1980. Es una de los miembros fundadores de la Red para los Derechos de las Mujeres de Ghana, fue coordinadora de la red y es en la actualidad miembro de su Comité Directivo. Tsikata es profesora asociada del Instituto de Investigación Estadística, Social y Económica, y exdirectora del Centro de Estudio y Promoción de la Cuestión de Género de la Universidad de Ghana. Entre sus campos de investigación se encuentran el género y los medios de subsistencia, el género y las políticas y prácticas de desarrollo, los sistemas de subsistencia en los medios rural y urbano, y la política de tenencia de tierras.

Teresa Valdés es una socióloga chilena, defensora de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Valdés fue encarcelada por el régimen de Pinochet a causa de su actividad política. Tras su liberación, asumió el liderazgo del movimiento de mujeres y, en 1983, cofundó Mujeres por la Vida, una organización que convocó a manifestaciones contra la dictadura. Ejerció como investigadora y profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Chile durante 25 años, donde fue fundadora y coordinadora del Departamento de Estudios de Género. Valdés fue investigadora principal y miembro de la Junta Directiva del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer de Chile. En la actualidad es coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, una fundación independiente de investigación y sensibilización.

REFERENCIAS DE LAS ENTREVISTAS

Correspondencia de la autora con Carlota Bustelo, abril de 2013

Entrevista de la autora con Pregaluxmi Govender, enero de 2013

Entrevista de la autora con Nursyahbani Katjasungkana, enero de 2013

Entrevista de la autora con Sheila Meintjes, enero de 2013

Entrevista de la autora con Thenjiwe Mtintso, enero de 2013

Entrevista de la autora con Adriana Muñoz, diciembre de 2012

Entrevista de la autora con Jacqueline Pitanguy, diciembre de 2012

Entrevista de la autora con Dzodzi Tsikata, diciembre de 2012

Entrevista de la autora con Teresa Valdés, diciembre de 2012

REFERENCIAS Y LECTURAS RECOMENDADAS

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50. Alvarez, 1990.

CAPÍTULO 11

Del régimen autoritario
a la gobernanza democrática:
aprender de los líderes políticos
para construir el futuro

Abraham F. Lowenthal y Sergio Bitar

Los movimientos de oposición, que con frecuencia propugnan la democracia, han desafiado a los gobiernos autoritarios de países tan diferentes como Egipto, Túnez, Yemen y Myanmar. Algunos de estos han cedido y es probable que otros sigan su ejemplo, en vista de la creciente demanda de participación y representación que está surgiendo (o surgirá) en los regímenes no democráticos de Asia Oriental y Occidental, el norte de África, África subsahariana y de América Latina y el Caribe.

Construir las democracias que deben ocupar el lugar de estos regímenes no ha sido, ni será nunca, un proceso sencillo ni rápido. No obstante, las corrientes de cambio –a veces con vaivenes– que se han producido a lo largo de varios decenios en gran parte del mundo han dado paso, por lo general, a sistemas políticos más abiertos, participativos y responsables. Las expectativas ciudadanas de autonomía personal y expresión política han sido alentadas por un mayor nivel de urbanización, ingresos, educación y alfabetización. A su vez, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación facilitan la movilización de las corrientes opositoras y han acelerado estas tendencias.

En todas partes la gente quiere que se la escuche y se la tenga en cuenta. Esta aspiración a expresarse en política pone a la transición del autoritarismo a la democracia nuevamente en el centro de la agenda internacional. Es, en consecuencia, un buen momento para analizar cómo se llevaron a cabo las transiciones democráticas anteriores. Se trata de una cuestión muy importante, dado que las transiciones aquí analizadas no tenían el éxito asegurado; de hecho, muchas resultaron sorprendentes.

El presente ensayo se basa en nuestras entrevistas con 13 líderes políticos (12 expresidentes y un exprimer ministro) de nueve países, que ayudaron a poner fin a las autocracias y a forjar los sistemas democráticos que las reemplazaron en el último cuarto del siglo XX. Todos estos países alcanzaron una gobernanza democrática: de forma desigual y, en algunos casos, incompleta, pero sin vuelta atrás.

Aunque se han producido tentativas de transición fallidas en otros países, nos centramos en estos nueve casos de éxito para conocer las impresiones de los líderes –en su mayoría distanciados de las luchas políticas partidistas– que contribuyeron de manera destacada a orientar a sus países hacia la democracia. Sin desconocer la alta complejidad y diversidad de situaciones, pretendemos extraer un conjunto de principios útiles para aquellas personas que deseen promover transiciones democráticas en el futuro.1

Presentamos, en primer lugar, algunos rasgos de estas nueve transiciones, haciendo hincapié en sus principales semejanzas y diferencias. Destacamos también que varios de los retos más difíciles surgieron reiteradamente, si bien de forma diferente. Reflejamos el modo en que los líderes políticos –tanto los que formaban parte de regímenes autoritarios y estuvieron dispuestos a apoyar la transición a la democracia, como los pertenecientes a los movimientos de oposición que promovían la transición– percibieron y abordaron estos problemas recurrentes. Estudiamos las estrategias desarrolladas por los líderes, los obstáculos a los que hicieron frente y las lecciones que cabe extraer de sus experiencias. Consideramos el modo en que las circunstancias de las transiciones presentes y futuras diferirán de las que tuvieron lugar a finales del siglo XX, y las implicaciones de tales divergencias. Por último, identificamos las cualidades particulares de liderazgo político que se ejemplifican en estas entrevistas y que tan necesarias resultan en nuestra época. Los líderes no pueden conseguir la democracia por sí solos, pero su contribución es fundamental.

Rasgos generales de nueve transiciones exitosas

–La mayoría de estas transiciones de un régimen autoritario a una democracia fueron procesos prolongados, no acontecimientos puntuales. Hubo momentos espectaculares en que el cambio se hizo visible –la investidura de Nelson Mandela en Sudáfrica, las manifestaciones del Poder del Pueblo en Filipinas, la victoria contundente del NO en el plebiscito chileno de 1988 o la sorprendente derrota de los comunistas polacos en las elecciones parcialmente libres de 1989– y que suscitaron una gran atención. Sin embargo, tanto las transiciones anteriores como la mayoría de las que se contemplan en este ensayo se realizaron de forma paulatina a lo largo de un periodo de tiempo considerable. Los acontecimientos emblemáticos pueden desempeñar una función esencial para catalizar o simbolizar una transformación política, pero el camino a la democracia suele empezar años antes de estos momentos y prolongarse hasta años después. Aquellos que deseen emprender o apoyar una transición democrática deberían tenerlo siempre presente.

Generalmente, el origen de estas transiciones se remonta a mucho antes del memorable momento en que el régimen autoritario es por fin derrocado. Los primeros pasos hacia la transición suelen darse sin hacer ruido, incluso de manera imperceptible: en la oposición política, dentro del propio régimen autoritario, en la sociedad civil o en varios ámbitos a la vez.

En el caso de los movimientos opositores, estas etapas previas a la transición –en las que a veces participan partidos políticos, grupos de estudio o de reflexión, sindicatos, movimientos de mujeres y estudiantes, y otras organizaciones no gubernamentales (ONG) del país– sirvieron para establecer o fortalecer vínculos personales y mejorar la confianza entre distintos sectores de la oposición. En algunos casos, también se mejoraron las comunicaciones y se desarrolló un entendimiento entre determinadas figuras del régimen autoritario y algunos líderes de la oposición.

–Una vez en marcha, las transiciones evolucionan a distintas velocidades: se producen avances, repliegues y, con frecuencia, zigzagueos. Acontecimientos inesperados pueden acarrear consecuencias significativas. El presidente electo de Brasil, Tancredo Neves, que el movimiento de oposición había designado como candidato en las elecciones indirectas de 1985, enfermó y falleció en vísperas de asumir el cargo y convertirse en el primer presidente civil tras dos décadas de gobierno militar. A raíz de un acuerdo político que se había alcanzado para mejorar las perspectivas electorales de la oposición, la muerte de Neves provocó que la presidencia pasara inesperadamente a manos del vicepresidente electo José Sarney, una figura civil conservadora proveniente del régimen militar. Su ascenso ralentizó –aunque en cierto modo facilitó– el proceso de transición. El fallido plan que un grupo de izquierdista radical había urdido para asesinar a Augusto Pinochet en Chile en 1986 obligó a la oposición democrática a romper definitivamente sus vínculos con los partidarios de la violencia. Los asesinatos de Luis Carrero Blanco en España, Chris Hani en Sudáfrica y Benigno Aquino (líder de la oposición política al régimen de Marcos, que fue asesinado en 1983 en la pista del aeropuerto cuando regresaba a Manila desde el exilio) en Filipinas contribuyeron a una serie de decisiones políticas de profundo alcance. La caída del Muro de Berlín en 1989 –y los subsiguientes cambios en la Unión Soviética y su posterior disolución– transformó radicalmente el contexto en el que se produjo el cambio en Polonia y Sudáfrica. Por su parte, la crisis financiera asiática de 1997-1998 debilitó a Soeharto en Indonesia. Los líderes políticos no esperaban ninguna de estas sorpresas, muchas de las cuales plantearon obstáculos imprevistos. Aunque estos sucesos generaron situaciones complejas, originaron respuestas ágiles y eficaces, y no desbarataron la posibilidad de lograr la democracia.

–En contadas ocasiones, los regímenes autoritarios caen súbitamente a causa de una crisis económica, como sucedió en Indonesia en 1998; o debido a la indignación popular ante hechos incendiarios, como el asesinato de Aquino y las posteriores elecciones anticipadas, totalmente fraudulentas, que Marcos organizó en 1986.2 No obstante, aun en estos casos excepcionales hubo un largo proceso de movilización social contra el régimen, al que siguió una negociación tácita o explícita que ayudó a generar acuerdos sobre los principios y los procedimientos necesarios para posibilitar la gobernanza democrática. Las democracias no surgieron directamente de las multitudinarias manifestaciones callejeras, por muy imponentes que estas fueran.

–La mayoría de las transiciones tardaron mucho tiempo en alcanzar la madurez y su institucionalización. En algunos países –entre ellos Brasil, Chile, España, Filipinas, Polonia y Sudáfrica– los movimientos opositores tuvieron que presionar durante años para poner fin al régimen autoritario. Se fueron superando etapas y, de tanto en tanto, hubo que afrontar reveses imprevistos. En Sudáfrica, Ghana, Polonia y Brasil, los regímenes autocráticos (o ciertos sectores de estos) tendieron la mano a elementos moderados de la oposición, en parte con la intención de mejorar su legitimidad internacional o a causa de presiones externas, y establecieron relaciones con las fuerzas opositoras que estaban dispuestas a negociar una apertura de estos regímenes. En España, Sudáfrica y Polonia, por ejemplo, los dilatados conflictos dieron paso a procesos de diálogo y negociación de larga gestación entre las élites, con demostraciones de fuerza periódicas por parte de uno o ambos bandos. Estas negociaciones establecieron una serie de parámetros y posibilitaron la elaboración progresiva de los principios y las prácticas para construir acuerdos que permitieron a los movimientos democráticos obtener un amplio respaldo y, a la larga, afianzarse.

–Las transiciones presentaron ciertas características comunes, pero difirieron en cuanto a su inicio, secuencia y trayectoria. Surgieron en circunstancias distintas, como las dictaduras de tipo personalista con respaldo militar de España, Indonesia y Filipinas; el gobierno militar institucional de Brasil y Chile; el gobierno cuasi militar de un autócrata carismático en Ghana; sistemas muy diferentes con un único partido dominante en México y Polonia, en el último caso reforzado y limitado por el apoyo externo de la Unión Soviética; o el gobierno excluyente de una oligarquía blanca que llevaba mucho tiempo reprimiendo a la mayoría negra en Sudáfrica.3

Estos regímenes presentaban otras diferencias que también influyeron en su final y condicionaron las perspectivas de democracia. No todos controlaban el territorio nacional ni contaban con igual adhesión de sus ciudadanos, incluidos los de diversos orígenes étnicos, creencias religiosas y lealtades regionales. Tales diferencias influyeron de manera significativa en las transiciones de España, Sudáfrica, Ghana, Indonesia y Filipinas, donde determinadas regiones y grupos étnicos exigieron más autonomía y recursos.

Varios gobiernos autoritarios habían logrado un desarrollo económico razonable, promoviendo el bienestar social y protegiendo la seguridad nacional y ciudadana, cuando menos la de los segmentos dominantes de la población; pero esa no era la situación en todos los casos. Las transiciones de los regímenes relativamente exitosos y las de los precarios tomaron caminos diferentes, determinados por el poder relativo de los gobiernos con respecto a las fuerzas opositoras. Las transiciones de Brasil, Chile y España, por ejemplo, se vieron afectadas por la impresión de que los gobiernos autoritarios de turno ofrecían a los ciudadanos seguridad y crecimiento económico.

En estas transiciones también influyó el grado de disciplina y coherencia profesional de las Fuerzas Armadas, la Policía, los servicios de inteligencia y otros servicios de seguridad, así como del apoyo que estos recibieron de la opinión pública. Estuvieron condicionadas por la solidez relativa de las instituciones civiles, entre ellas los partidos políticos, el poder legislativo y el poder judicial. Las transiciones chilena y brasileña resultaron más sencillas gracias a la persistencia y la recuperación de los partidos políticos, las instituciones y las tradiciones preexistentes. El orden constitucional o jurídico y las redes anteriores también fueron importantes en España, Indonesia, Filipinas, Ghana y México. En algunos países, el rechazo a la experiencia reciente de violencia, represión o corrupción, o incluso la nostalgia por aspectos valorados del pasado, repercutieron en las transiciones.

También lo hicieron, en mayor o menor medida, las fortalezas relativas y las características específicas de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo los sindicatos, las comunidades religiosas, las asociaciones estudiantiles y los grupos de mujeres. También tuvieron importancia las relaciones de estos grupos con el régimen autoritario, las fuerzas de seguridad y los sectores empresariales. El Congreso Nacional Africano (CNA) en Sudáfrica, la Coalición por el NO y la posterior Concertación en Chile, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista (PCE) en España, Solidaridad en Polonia y otros partidos, movimientos políticos y organizaciones de la sociedad civil en otros países ayudaron a movilizar la presión contra los gobiernos autoritarios. Cuanto mayor apoyo organizado recibieron el movimiento opositor y sus líderes, mayores eran las probabilidades de obtener concesiones importantes en las frecuentes negociaciones, tácitas o explícitas, con los gobiernos autoritarios.

–Algunas de estas transiciones surgieron, al menos en parte, a raíz de un acercamiento mutuo entre determinados sectores de los mandos superiores del régimen autoritario y elementos de la oposición; así sucedió en Brasil, España, México, Polonia y Ghana. En otros casos, los regímenes respondieron fundamentalmente a la presión de las movilizaciones sociales desde la base, por ejemplo en Polonia, Indonesia, Chile, Filipinas y Sudáfrica. Muchas transiciones tuvieron su origen en una negociación tácita o explícita entre determinados elementos del gobierno de turno y la oposición; fue lo que sucedió, de distintas formas, en España, Brasil, Sudáfrica, Chile, Indonesia, México y Polonia. Algunas transiciones (no muchas) implicaron acuerdos formales entre las élites, tales como los Pactos de la Moncloa sobre la política económica en España, que posteriormente dieron pie a acuerdos políticos.

–Todas estas transiciones fueron el resultado de fuerzas y procesos internos, aunque también se vieron afectadas, de distintos modos, por el contexto internacional y por instancias externas concretas. Las tendencias regionales, las ideologías imperantes en el ámbito internacional y los vínculos con democracias consolidadas resultaron relevantes, al igual que el carácter y el grado de integración de cada país en la economía mundial.4 Así pues, en algunos casos hubo presiones concretas de las grandes potencias, de los países vecinos, de las instituciones internacionales u otros agentes externos, tales como ONG, empresas, organizaciones laborales y medios de comunicación, así como de las comunidades de la diáspora. En muchos países la experiencia personal en el extranjero de los líderes políticos, con frecuencia exiliados, y las ideas y las redes de contactos resultantes, también fueron importantes, como se refleja en las entrevistas con Cardoso, Lagos, Mbeki y Habibie.

En algunos casos (aunque no en todos, ni mucho menos) los líderes políticos, los partidos y otros participantes aprendieron de la experiencia de transiciones anteriores y del intercambio de ideas en el plano internacional. Mbeki subraya que los consejos del presidente tanzano Julius Nyerere sobre la creación de una nueva Constitución influyeron en el pensamiento del CNA sudafricano, del mismo modo que la experiencia de Chile con su Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación orientó el trabajo de Sudáfrica sobre la justicia de transición. Lagos señala lo útiles que resultaron a los chilenos los consejos del español Felipe González sobre la relación con las Fuerzas Armadas, la Policía y los servicios de información. Los polacos Mazowiecki y Kwasniewski recuerdan que la invasión soviética de Checoslovaquia y Hungría repercutió en los enfoques tanto del general Jaruzelski como de la oposición en Polonia.

La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y su fin tuvieron profundas repercusiones en todas estas transiciones. Aunque los actores internacionales no resultaron decisivos por sí solos en ninguna transición, prácticamente en todos los casos fueron importantes el apoyo internacional a las fuerzas políticas y organizaciones locales (y la interacción con ellos), o la retirada de los apoyos externos al régimen autoritario.

Ninguno de estos factores estructurales, históricos y contextuales determinaron por sí solos el momento y el modo en que las autocracias llegaron a su fin, ni cómo se plasmaría a la larga la democracia. Las decisiones críticas correspondieron a los líderes políticos del gobierno, los partidos y los distintos movimientos, que a menudo debieron elegir entre alternativas poco atractivas. La habilidad y la suerte también jugaron su papel.

En estos nueve países la transición desde el gobierno autoritario abrió paso a una democracia constitucional, institucionalizada mediante elecciones periódicas, fundamentalmente libres y razonablemente justas, con limitaciones significativas del poder ejecutivo y garantías prácticas de los derechos políticos básicos, en especial la libertad de expresión y reunión, y las libertades individuales.5 Algunos de estos países siguen presentando limitaciones importantes relacionadas con la calidad de la gobernanza democrática real, pero las instituciones democráticas siguen en funcionamiento en todos los casos. El hecho de que todos los países instauraran una democracia institucional que no se ha revertido a lo largo de ya una generación revela que pueden extraerse lecciones futuras de estos líderes políticos que orientaron estas transformaciones históricas, y que pueden ser especialmente útiles para quienes emprendan las nuevas transiciones.

Dada la diversidad de circunstancias y trayectorias de las transiciones de un régimen autoritario a la democracia, no es posible ofrecer un modelo único ni un simple manual de «buenas prácticas». Sí podemos, no obstante, aprender bastante de los líderes que dieron forma a estas transiciones, sobre todo analizando cómo percibieron y manejaron ciertas cuestiones clave que surgieron en prácticamente todos los casos.

Retos recurrentes en las transiciones

Destacan cuatro amplios grupos de desafíos: preparación para la transición; fin del régimen autoritario; ejecución y gestión de la transferencia de poder, y estabilización e institucionalización de la democracia emergente. Estos retos no se manifestaron siempre de manera lineal ni en orden cronológico, pero sí surgieron en todos los casos y es probable que estén presentes en transiciones futuras.

Prepararse para la transición

En líneas generales, las fuerzas internas que ansiaban el fin del régimen autoritario tuvieron que recabar suficientes apoyos, coherencia, legitimidad y otros recursos con miras a cuestionar la capacidad de gobierno de ese régimen y a convertirse en aspirantes plausibles al poder nacional. En algunos casos también hubieron de convertirse en interlocutores viables de personas pertenecientes al régimen autoritario que cayeron en la cuenta de que este precisaba un aliado que le ofreciera una posible estrategia de salida. Asimismo, a veces tuvieron que adquirir credibilidad ante los actores internacionales interesados en apoyar una transición. Para lograr estos objetivos, hubo que superar a menudo desacuerdos profundos en cuanto a los propósitos, las estrategias, las tácticas y el liderazgo entre quienes se oponían al régimen autoritario. Convencer a los distintos grupos de la oposición de que debían superar sus grandes diferencias para enfrentarse al régimen autoritario no fue, por lo general, una tarea fácil. La creación de una coalición amplia, capaz de hacer caer a un régimen autoritario y firmemente comprometida con los valores democráticos, requirió un trabajo diligente dirigido a superar las divisiones en el seno de la oposición; al mismo tiempo, hubo que entender y aprovechar las divisiones, evidentes o latentes, dentro del régimen. Saber cómo unir a la oposición y cómo dividir al adversario resultó fundamental en muchas transiciones; lo señala, por ejemplo, Cardoso, que hizo hincapié en su estrategia principal: no derrocar a los militares, sino cercar a la dictadura e inducirlos a buscar una salida.

Fin del régimen autoritario

Los gobiernos autoritarios no renunciaron al poder hasta que al menos un sector importante dentro del régimen percibió que esa era la única manera de evitar consecuencias indeseadas importantes: una grave pérdida de apoyo popular, violencia civil, división en las Fuerzas Armadas, perjuicios económicos graves, ostracismo internacional o amenazas a la integridad del territorio nacional. La humillación que supondría una derrota militar, un derrumbe económico o una debacle electoral aceleró en algunos casos la salida del régimen. Con todo, por lo general estos traumas desembocaron en transiciones democráticas solo cuando ciertos segmentos del gobierno autoritario toleraron o apoyaron las demandas democráticas de la oposición.

Así pues, las fuerzas opositoras tuvieron que urdir enfoques que indujeran a tales elementos del gobierno autoritario a abrirse a una transición. Para ello, con frecuencia fue necesario garantizar que no se llevaría a cabo una venganza sistemática contra los antiguos gobernantes y sus principales partidarios; que se respetarían los intereses económicos y de otro tipo de los centros de poder establecidos, aunque no se tolerarían ni la corrupción flagrante ni burdos privilegios; y que la ley protegería los derechos individuales de las antiguas élites dirigentes cuando las nuevas autoridades asumieran el poder. No fue sencillo conciliar tales garantías con las comprensibles aspiraciones de las fuerzas de la oposición, algunas de las cuales habían soportado un prolongado ostracismo y habían asumido grandes riesgos para luchar contra el régimen autoritario. Pero fue posible, y a menudo los líderes de las transiciones, tanto algunos que pertenecían a los gobiernos autoritarios como a los movimientos de oposición, lo consideraron necesario.

Ejecución y gestión de la transferencia de poder

Para llevar a cabo con éxito las transiciones hubo que abordar tensiones y dilemas diversos, y frecuentemente interconectados. Las personas que asumieron el poder tuvieron que impulsar el orden público y poner fin a la violencia, y, al mismo tiempo, velar por que todas las fuerzas de seguridad e información, entre ellas los protagonistas de la represión pasada, actuaran a partir de ese momento de conformidad con la ley y bajo el control de las nuevas autoridades civiles.

También tuvieron que inspirar confianza al país y lograr legitimidad en el plano internacional. Para ello, en muchos casos fue necesario desarrollar procedimientos electorales que permitieran registrar y respetar la voluntad de la mayoría de los votantes, pero también convencer a las principales minorías políticas (entre las que se encontraban aliados del régimen saliente) de que estarían representadas y de que se protegerían sus intereses de conformidad con el Estado de derecho.

Un tercer aspecto que hubo que atender fue que las nuevas personas que ocuparían cargos de poder tuvieran la preparación técnica y política necesaria para ejercer sus responsabilidades de gobierno: adquiriendo la formación y las destrezas pertinentes, atrayendo a funcionarios que ya contaran con tales destrezas o manteniendo a una parte del personal del régimen anterior, como señalan González, Mazowiecki y Mbeki. Manejar temas candentes –desde las políticas macroeconómicas hasta la prestación de servicios sociales o la búsqueda de la justicia de transición– requería de perspectivas, competencias y conocimientos especializados muy diferentes de los que exigía ser oposición. En muchos casos hubo que «aprender haciendo».

Los gobiernos procedentes de la oposición se vieron obligados a equilibrar la necesidad de competencias burocráticas, tecnocráticas, de seguridad y judiciales con el propósito de reducir la influencia del régimen anterior. Fue preciso cambiar la perspectiva de los servicios burocráticos y las fuerzas de seguridad y policiales, que dejaron de controlar a súbditos para servir a ciudadanos. A su vez, hubo que persuadir a la ciudadanía de que comenzara a aceptar y confiar en un Estado que muchos, como es comprensible, consideraban ilegítimo y hostil.

Los líderes de las transiciones debieron hallar un equilibro entre su obligación de responder a aquellas personas cuyos derechos humanos habían sido violados por el régimen anterior y sancionar a aquellos que habían cometido infracciones graves, por una parte; y, por la otra, mantener la lealtad de las fuerzas de seguridad (algunos de cuyos miembros habían participado en tales violaciones). Al mismo tiempo, tuvieron que garantizar a los ciudadanos que estas fuerzas serían capaces de luchar con eficacia contra el crimen, la violencia y, en algunos casos, los movimientos separatistas e insurgentes. Hubo que encontrar el modo de promover la aceptación mutua y pacífica de antiguos enemigos acérrimos, una tarea nada sencilla.

En líneas generales, las nuevas autoridades heredaron viejos patrones de corrupción e impunidad. Fue necesario establecer o proteger la autonomía y la autoridad de jueces y medios de comunicación independientes, que pudieran exigir cuentas a los gobiernos nacionales y otros agentes, y al mismo tiempo evitar la creación de centros con capacidad para bloquear las iniciativas del nuevo gobierno.

También hubo que promover el crecimiento económico y crear empleo; controlar la inflación; mejorar la oferta de vivienda, salud y educación; y ampliar el gasto público para satisfacer las necesidades de los pobres, pospuestas durante mucho tiempo. Para alcanzar resultados positivos, las nuevas autoridades debieron incentivar a inversionistas nacionales y extranjeros, disipando temores de que estarían favoreciendo a grupos privilegiados. Con frecuencia, los nuevos gobiernos tuvieron que lograr que la opinión pública apoyara políticas macroeconómicas dirigidas a generar beneficios a largo plazo, pero que a corto plazo exigían duros sacrificios y generaban incertidumbre. Los líderes de estas transiciones adoptaron enfoques orientados hacia el mercado y políticas monetarias y fiscales prudentes. Todos aceptaron –incluso los que se mostraban reticentes en un primer momento– que tales medidas eran necesarias en una economía cada vez más globalizada, si bien las combinaron con políticas sociales firmes y enérgicas a fin de propiciar un desarrollo económico más equitativo.

Estabilización e institucionalización de la democracia emergente

A medida que las transiciones democráticas comenzaron a arraigarse, los líderes políticos se vieron enfrentados con frecuencia a nuevos asuntos espinosos. Pasados algunos años, parte de la opinión pública ha cuestionado a los líderes políticos, y a veces a la propia democracia, porque no se cumplían las expectativas económicas o políticas. Muchas veces, los movimientos que se habían unido en la oposición al régimen autoritario se fragmentaron, con el consiguiente debilitamiento de los gobiernos, o bien esos movimientos fueron cayendo con el tiempo en el conformismo y la complacencia.

En la misma línea, las organizaciones de la sociedad civil –entre ellas los grupos de defensa de los derechos humanos y los movimientos de mujeres–, que habían contribuido notablemente a la oposición a la dictadura, a veces se atrofiaron o bien adoptaron posturas radicales y perjudiciales cuando muchos de sus líderes más talentosos y pragmáticos se integraron en el gobierno o en un partido político. En tales circunstancias, era complicado mantener un grupo de ONG activas e independientes. Crear relaciones beneficiosas entre un nuevo gobierno y las nuevas fuerzas opositoras (entre las que en ocasiones se encontraban las autoridades del periodo anterior), así como con las fuerzas sociales independientes y las organizaciones de la sociedad civil, no resultaba sencillo. Exigía una actitud atenta y sostenida.

Aprender de los líderes políticos

En las circunstancias especialmente inciertas de las transiciones sistémicas, los líderes políticos se ven obligados frecuentemente a tomar decisiones con muy poca información o certeza sobre sus consecuencias.6 Muchos de ellos recuerdan las aprensiones que los motivaron a llegar a acuerdos que algunos tacharon de tímidos en aquel momento (así como en generaciones posteriores). Su testimonio explica cómo y por qué tomaron duras decisiones sobre cuestiones como la relación entre el mundo civil y el militar, la justicia de transición y los dominios reservados.7 El miedo a una vuelta atrás o al estallido de la violencia también condicionó su perspectiva al elaborar las disposiciones constitucionales, los sistemas electorales y las políticas económicas. Los riesgos, la incertidumbre y las decisiones duras eran algo inevitable, pero no necesariamente impidieron que los líderes tomaran medidas para evitar la parálisis.

Avanzar paulatinamente

Todos estos líderes consideraban importante aprovechar la más mínima oportunidad, aunque fuera parcial, para avanzar, en lugar de rechazar los progresos paulatinos con la esperanza (aunque sin garantía) de poder efectuar posteriormente un cambio mayor. Subrayaron su determinación a mejorar las situaciones indeseables, en lugar de imaginar un modo de empezar de cero o, sencillamente, ignorar las férreas limitaciones que ralentizaban la consecución de sus objetivos fundamentales.

Aylwin, por ejemplo, se refiere al debate que tuvo lugar en el seno de la oposición sobre la conveniencia de participar (y en qué condiciones) en el plebiscito chileno de 1988, dispuesto en la Constitución impuesta por Pinochet en 1980; los argumentos que acabaron imponiéndose fueron los de cuestionar el régimen con sus propias normas en vez de insistir en señalar su ilegitimidad. Lagos recuerda que Felipe González les aconsejó a él y a sus compañeros que «salieran del pozo» –es decir, que adquirieran mayor fuerza e influencia– antes de plantear más demandas. Cardoso explica su inclinación –resistida por muchos en la oposición brasileña– de aceptar el hecho de que el régimen militar no iba a permitir elecciones presidenciales directas; en vez de ello, proponía moverse dentro de las reglas del régimen para disputar las elecciones de 1985. De Klerk y Mbeki hablan sobre la crucial decisión de acordar los principios de una Constitución provisional antes de las primeras elecciones nacionales democráticas; principios que debatió, mejoró y aprobó el Congreso elegido más adelante en Sudáfrica. Mazowiecki y Kwasniewski destacan el acuerdo para celebrar en 1989 las primeras elecciones parcialmente libres, en conformidad con un «contrato» que garantizaba a los comunistas una mayoría de los escaños y que el general Jaruzelski sería nombrado presidente, a fin de asegurar una transición paulatina. Kufuor explica los motivos por los que rechazó el boicot de su partido a las elecciones de 2000 en Ghana. Zedillo subraya la importancia de las reformas graduales en los procedimientos electorales a lo largo de varios años, las que fueron propuestas por el Partido Acción Nacional (PAN) y aceptadas por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), mucho antes de que pareciera probable que el PRI perdiera el poder.

Estos líderes favorecieron de forma sistemática las oportunidades de ganar terreno siempre que fuera posible, aun cuando algunas prioridades fundamentales solo pudieran atenderse parcialmente, y en un momento en que organizaciones ciudadanas y partidarios importantes planteaban demandas que los líderes no consideraban viables. Rechazar las posturas maximalistas requirió en algunos casos más valentía política que ceñirse a unos objetivos mayores o aferrarse a unos principios que resultaban atractivos pero que quizá no eran realistas.

Para combatir la represión y presionar en favor de medidas aperturistas, los líderes de la oposición tuvieron que movilizar protestas; desafiar el orden y las normas establecidos; denunciar la detención, tortura y expulsión de los disidentes, y luchar contra la legitimidad nacional e internacional del régimen. No obstante, debían estar siempre dispuestos a hacer concesiones que les permitieran mejorar su situación. Por su parte, aquellos integrantes del régimen autoritario que estaban abiertos a una transición democrática tuvieron que mantener su autoridad y el apoyo de sus principales elementos, al mismo tiempo que cedían espacio a los opositores. Había que estar dispuesto a asumir riesgos, como lo hizo De Klerk al convocar e imponerse en un referéndum en el que solo votó la población blanca y cuyo fin era conseguir respaldo para sus negociaciones con el CNA. Mazowiecki, González, De Klerk, Mbeki, Cardoso, Aylwin y Lagos destacan, desde distintas perspectivas, que los líderes de ambos bandos tuvieron que combinar el ejercicio de una presión continua con una voluntad real de buscar soluciones pactadas. Llevar a buen puerto una transición no es tarea para dogmáticos.

Necesidad de una visión optimista e inclusiva

Aunque a veces fue necesario hacer concesiones poco satisfactorias, estos líderes también comprendieron que debían proyectar una visión amplia y optimista del significado de la transición. Prefirieron señalar las bondades del camino por recorrer en lugar de concentrarse en las injusticias del pasado. Una visión atractiva del futuro a largo plazo para el conjunto de la sociedad y promesas moderadas de beneficios más inmediatos contribuyeron a sostener transiciones complejas en periodos de mucha tensión, que implicaron peligros, costes y decepciones. Tales visiones eran necesarias para luchar contra el miedo, que podía desmovilizar a las organizaciones sociales y paralizar al pueblo. Superar el miedo dominante fue un reto inmenso para muchos de estos líderes, como señalan Lagos, De Klerk, Mazowiecki y González. Especialmente conmovedora es la historia que relata Lagos sobre una mujer socialista que, a su pesar, había decidido votar por un candidato demócrata cristiano para evitar el regreso de la polarización política.

Promover la convergencia y crear coaliciones

Promover la convergencia, forjar consensos y crear coaliciones entre las fuerzas de la oposición fue fundamental para llevar a cabo estas transiciones e iniciar la construcción de la gobernanza democrática. Fue importante poner en contacto a los partidos políticos de la oposición y los movimientos sociales –tales como los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, los grupos de defensa de los derechos humanos y las instituciones religiosas– para que juntos colaboraran en el proceso de definición y consecución de los objetivos generales de la oposición. Por supuesto, los contactos entre las élites fueron importantes, tanto en el seno de las fuerzas opositoras como entre estas y algunas de las personas contrarias a un cambio de régimen; pero también lo fue el sentimiento popular de que los movimientos democráticos eran realmente inclusivos y no meros instrumentos al servicio de determinados individuos o grupos. La participación de los movimientos sociales fue fundamental para movilizar la oposición al régimen autoritario y dar forma a una nueva Constitución, proteger los derechos humanos y construir los partidos políticos y la sociedad civil. En muchos casos, las mujeres y sus organizaciones desempeñaron un papel esencial para lograr tales objetivos, como señalan Habibie, Mbeki, Cardoso, Rawlings, Lagos y Ramos; este aspecto se comenta en detalle en el capítulo de Georgina Waylen.

Para lograr la convergencia fue preciso centrarse con nitidez en aquello que unía a las personas, no en lo que las separaba, como apuntan Aylwin y González, entre otros. Pero también hubo que tomar decisiones difíciles para excluir a ciertos grupos que se negaban a renunciar a la violencia o insistían en plantear demandas inflexibles de autonomía regional, étnica o sectaria. La incorporación de tales demandas probablemente habría mermado las probabilidades de que la transición tuviera un final feliz en España, Sudáfrica, Chile, Indonesia y Filipinas. Los líderes políticos tuvieron que fomentar la aceptación entre los grupos opuestos al régimen autoritario, a veces hostiles entre sí, y hallar el modo de reconciliar posturas diferentes o sentar las bases de una tolerancia mutua con los integrantes del gobierno de turno y sus partidarios. Al mismo tiempo, hubo que moderar o aislar a los elementos intransigentes de ambos bandos.

Con frecuencia los líderes opositores tuvieron que tender puentes con los elementos moderados del régimen anterior y otros centros de poder de la sociedad, sobre todo con intereses empresariales clave. En muchos casos también fue necesario conciliar las opiniones de los miembros de la oposición que vivían en el exilio (o acababan de regresar de él) con las de los que se estaban organizando en el país, o a veces optar por una de estas posturas, como señalaron Mbeki, Lagos, Cardoso y González.

El estilo y el trato personales también fueron importantes para crear consenso. Habibie acudió por iniciativa propia a la Asamblea Nacional para solicitar su apoyo inmediatamente después de la caída de Soeharto, y autorizó al general Wiranto para retener los poderes de excepción que Soeharto le había otorgado, asegurándose así su lealtad. Ramos adoptó un decidido enfoque consultivo y deliberativo para la formulación de políticas. Cardoso asistió con su esposa a las ceremonias de ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas brasileñas, a fin de estrechar vínculos personales a los que recurriría posteriormente para retirar del gabinete a los jefes militares y crear un ministerio civil de Defensa, como se proponía. Aylwin se implicó de forma personal y activa en la búsqueda de posibles miembros para la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación chilena, para la que se requerían personas con credibilidad en diversos sectores; en algunos casos llegó incluso a presentarse en sus residencias privadas. Mazowiecki presidió las largas sesiones de su gabinete en busca del consenso y trabajó sistemáticamente para crear un gobierno inclusivo. Zedillo aceptó las propuestas de los opositores PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para cambiar las leyes y los procedimientos electorales mexicanos. Todas estas iniciativas exigieron visión, paciencia, persistencia y destinar un tiempo muy valioso. Fueron también el reflejo de una serie de esfuerzos deliberados y reflexivos por señalar a las fuerzas contendientes que todas tendrían algo que decir en el nuevo régimen.

Crear y proteger espacios para el diálogo

Crear y proteger espacios para el diálogo directo entre los grupos de la oposición, y entre el gobierno y los líderes de esta, generalmente resultó fundamental. A veces este tipo de contactos tuvieron que desarrollarse en secreto, lo que provocó temporalmente la desconfianza de algunos grupos de la oposición. Fue esencial tender puentes entre los movimientos políticos y los grupos empresariales, las asociaciones profesionales, los congregaciones religiosas y las organizaciones de la sociedad civil. Algunos de ellos habían colaborado en el pasado con el régimen autoritario, pero parecían dispuestos a adoptar una postura neutral o incluso a distanciarse de él. Estos líderes pensaron que era mucho más importante invertir en relaciones de futuro que resolver disputas del pasado.

Los debates orientados al futuro sirvieron para depurar la visión y los programas de la oposición, originar consensos y desarrollar compromisos comunes, por ejemplo con la democracia y los derechos humanos. También ayudaron a aclarar los temas más difíciles de cara a la negociación. Estos diálogos aportaron ideas y análisis, e incluso contribuyeron a la creación de una serie de normas para la futura gobernanza democrática. Ejemplo de ello son las «conversaciones sobre conversaciones» que mantuvieron secretamente fuera de Sudáfrica los funcionarios gubernamentales y los líderes del CNA, así como los «retiros» que De Klerk organizó con los líderes del Partido Nacional (PN) para consensuar posturas de cara a las negociaciones con el CNA. Otros ejemplos destacables son el papel del Grupo de los 24, la Academia de Humanismo Cristiano, la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) y Vector en Chile; el Centro Brasileño de Análisis y Planificación (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP) y otros centros de reflexión de ese país; la Mesa Redonda y las discusiones privadas previas a esta en Magdalenka entre Solidaridad y el gobierno comunista de Polonia; las charlas entre Adolfo Suárez y la Comisión de los Nueve antes de las elecciones de 1977 en España; y la importancia de las organizaciones islámicas en Indonesia y la Asociación de Abogados y otros grupos de la sociedad civil en Ghana. Fue importante respetar y no truncar los tiempos para efectuar los necesarios debates que a menudo fueron imprescindibles para conformar coaliciones y forjar consensos.

Elaborar una Constitución

La aprobación de una nueva Constitución o enmendar la existente fue una tarea esencial en la mayor parte de los países, pero también difícil y, en ocasiones, peligrosa. Como no podía ser de otro modo, el proceso suscitó debates importantes sobre temas fundamentales: los derechos sociales y económicos, el diseño y los pormenores del sistema electoral, la función de los militares, la reforma del sistema judicial y, en algunos casos, la cuestión de la autonomía regional. Los sistemas y procedimientos electorales fueron a menudo motivo de enconadas disputas, al igual que la legalización de grupos políticos que los gobiernos autoritarios habían prohibido por considerarlos subversivos.

En el diseño de las nuevas constituciones se aplicaron diversos enfoques: elegir una Asamblea Constituyente, crear una comisión especial o delegar esa función en el Parlamento, a veces antes de presentar el documento resultante a la opinión pública para proceder a su aprobación en referéndum. Cada procedimiento se adecuó a las circunstancias específicas. Con independencia del procedimiento elegido, los líderes subrayaron la importancia de involucrar a un conjunto amplio de participantes en la redacción de la Constitución y de esforzarse por integrar las principales demandas de los grupos contendientes más relevantes.

Este enfoque tuvo importancia aun cuando supusiera aceptar a regañadientes (al menos durante un tiempo) procedimientos tan engorrosos como las disposiciones antidemocráticas de Chile: senadores designados y, sobre todo, el nombramiento del expresidente Pinochet como comandante en jefe del Ejército durante ocho años después de abandonar la presidencia, y después como senador vitalicio. En algunos casos, los líderes de la transición decidieron que para recabar apoyos amplios al nuevo texto constitucional era necesario incorporar determinadas aspiraciones que, a la larga, habría que revisar. Ese fue el caso, por ejemplo, de las garantías socioeconómicas de la Constitución brasileña de 1988, magnánimas pero inviables desde el punto de vista fiscal; así como la disposición del mismo texto referente al derecho de los militares a formar parte del gabinete, una medida que se modificó durante la presidencia de Cardoso.

A veces fue necesario proceder en etapas. En España, el gobierno encabezado por Suárez logró que un Parlamento que todavía dominaban los partidarios del difunto dictador Francisco Franco aprobara disposiciones para celebrar elecciones democráticas, y retrasó la redacción de la nueva Constitución hasta después de dichas elecciones. En Polonia el presidente Kwasniewski retomó las propuestas de reforma constitucional que el Parlamento había rechazado y las presentó ante el siguiente Parlamento, elegido democráticamente, que las aprobó. La experiencia sudafricana fue quizá la más compleja. El gobierno de De Klerk y el CNA negociaron una Constitución provisional basada en 34 principios. Dejaron pendiente la redacción del texto definitivo hasta que el primer Parlamento elegido democráticamente se constituyó en Asamblea Constituyente y sometió posteriormente el texto definitivo a la aprobación del Tribunal Constitucional para garantizar que los 34 principios se habían respetado.

Todos estos líderes comprendieron que la permanencia del texto constitucional no era tan importante como obtener un amplio respaldo a sus términos principales y legitimidad, crear consenso sobre el marco de desarrollo y acordar el modo –que no resultase ni demasiado fácil ni imposible en la práctica– de enmendar el documento en una fase posterior, cuando la situación lo justificara. Aunque evidentemente la formulación exacta de una Constitución es importante, también lo es el modo en que es aprobada, cuándo y por quiénes.8

Ofrecer garantías a los partícipes y partidarios del régimen anterior de que se respetarían sus intereses económicos e institucionales –y sus derechos individuales, de acuerdo a la ley– resultó muchas veces vital en el proceso de elaboración de la Constitución, a pesar de las previsibles protestas que tales garantías suscitaron entre los grupos a los que se había excluido (y a menudo reprimido). Un principio importante fue que las garantías debían ser transparentes y conformes con los procedimientos democráticos y constitucionales, de manera que pudieran revisarse en etapas posteriores según esos mismos procedimientos. No era necesario resolver en un único paso temas intrincados, como la justicia de transición y la relación entre el mundo civil y el militar; estas cuestiones podían abordarse en etapas subsecuentes. Por ejemplo, al anunciar la creación en 1990 de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en Chile, Aylwin prometió hacer justicia en la medida de lo posible, aunque esperaba que «lo posible» se fuese ampliando con el tiempo, como finalmente sucedió.

Era más importante alcanzar un acuerdo sobre los procedimientos para obtener y competir por el poder político que concretar de antemano los pormenores de la representación política. En ocasiones hubo que hacer concesiones para favorecer una participación amplia en el proceso político, aunque estas redujeran las atribuciones de los funcionarios electos e hicieran necesario realizar ajustes en el futuro.

A día de hoy, el debate sobre si las concesiones resultaron excesivas sigue abierto. En Chile, por ejemplo, el sistema electoral binominal aprobado durante el régimen de Pinochet tras el plebiscito de 1988, pero antes de que la Concertación asumiera el poder, no se modificó en la revisión constitucional de 2005. Este sistema posibilita que un partido minoritario, con un tercio de los votos en las elecciones legislativas, obtenga la misma representación que la de un partido mayoritario que recibe el 60% de los votos, dificultando así que cualquier presidente obtenga una mayoría legislativa cómoda. Esta polémica provisión electoral se mantuvo intacta durante 25 años después del fin de la dictadura, hasta que en 2015 el Congreso aprobó una nueva ley electoral. En cualquier caso, es indudable que este tipo de acuerdos contribuyeron a que movimientos más polarizados concurrieran de forma pacífica a la competición electoral y, por consiguiente, ayudaron a crear democracias estables y abiertas a una posible evolución en etapas posteriores.

La economía política de las transiciones

La crisis financiera asiática de 1997-1998 precipitó la caída de Soeharto y la consiguiente transición hacia la democracia. En Brasil, Sudáfrica y Polonia, el estancamiento económico a largo plazo, el declive a corto plazo, el déficit fiscal y la inflación elevada convencieron a grupos económicos importantes que habían prosperado al abrigo del régimen autoritario de que el cambio político era necesario o, cuando menos, aceptable, como explica Cardoso. El desempleo, la recesión y, en algunos casos, la inflación, también animaron a muchos a oponerse a los gobiernos autoritarios. Los desencadenantes más directos de las transiciones han sido las aspiraciones políticas antes que las materiales, pero es cierto que la mala situación económica debilitó a algunos de estos gobiernos.

Independiente del modo en que comience la transición, los asuntos económicos pasan al primer plano en cuanto el nuevo gobierno asume el poder. En Polonia (y en otras economías poscomunistas) los subsidios generalizados se recortaron o eliminaron en aras del equilibrio presupuestario. La necesidad de reducir la pobreza y de solucionar los problemas relacionados con la crisis económica y el desempleo entró en conflicto en muchos países con la obligación de imponer reformas económicas y disciplina presupuestaria para promover el crecimiento, tal como señalan Mbeki y Habibie, entre otros. Sin embargo, la austeridad presupuestaria implica el riesgo de una enérgica reacción social y política, como explican Zedillo y Mazowiecki. Habibie, Mazowiecki y González subrayan que es necesario actuar de inmediato para mitigar la pobreza y acometer reformas económicas mientras se cuenta con un amplio respaldo popular para impulsar el cambio político. Aylwin y Lagos destacan que las promesas de la Concertación referentes a la reducción de la pobreza y al «crecimiento con equidad» contaron con el apoyo de los trabajadores, y también de numerosos empresarios, de manera que el gobierno tuvo la autoridad política y la aceptación social necesarias para moderar las demandas salariales (por ejemplo, del poderoso sindicato minero).9 En muchos casos hubo que aplicar medidas sociales especiales para aliviar la dura situación de los más vulnerables.

La importancia de los partidos políticos

Los partidos políticos, antiguos y nuevos, desempeñaron un papel protagonista en la mayoría de las transiciones. Crearon redes de contactos regionales y territoriales, desarrollaron vínculos con movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, participaron en el diseño y la ejecución de estrategias para luchar contra el régimen autoritario, y movilizaron el apoyo internacional. Los partidos ayudaron a elegir candidatos y a organizar y llevar a cabo las campañas electorales; prepararon plataformas y programas para la competencia electoral y la gobernanza; formaron a sus cuadros con miras al servicio público; mediaron en conflictos entre aliados políticos, y velaron por que los gobiernos no perdieran el contacto con las bases populares.

Por lo general, los regímenes autoritarios habían ilegalizado los partidos o intentado debilitarlos o destruirlos. Excepcionalmente, por ejemplo en Brasil e Indonesia, crearon partidos «oficiales» que apoyaban al propio régimen. A veces permitían una actividad limitada de un partido «opositor» oficial para legitimar su hegemonía, como sucedía en los países antes mencionados, y en Polonia y en México. Normalmente, los regímenes autoritarios restringían el acceso de los partidos de la oposición a las fuentes de financiamiento para campañas y a los medios de comunicación; también reprimían o intimidaban a menudo a los líderes de la oposición. En general, desacreditaban y obstaculizaban la política, a los partidos y a los políticos.

La mayoría de los líderes que trabajaron para poner fin a regímenes autoritarios e impulsar la gobernanza democrática debieron reactivar los partidos políticos existentes o crear nuevos. Se esforzaron por que los partidos fueran legalizados y tuvieran un acceso justo a los medios de comunicación y las fuentes de financiamiento para las campañas, y los ayudaron a reducir su atrofia, división o marginación. En varios casos, los líderes recurrieron a la solidaridad y los apoyos internacionales para lograr sus fines. Dedicaron esfuerzos notables al desarrollo de normativas y procedimientos electorales que evitaran la fragmentación de los partidos y les permitieran ampliar e institucionalizar sus demandas. Aylwin, Lagos, Cardoso, Rawlings, Kufuor, Mbeki, De Klerk, González, Ramos y Habibie se involucraron profundamente en el trabajo de formación de partidos. Mazowiecki, que no consideró que este fuera un objetivo prioritario durante su corto mandato como primer ministro, reconoció posteriormente que se equivocó. Zedillo, que formaba parte del PRI que dominaba la política mexicana desde hacía décadas, desempeñó un papel importante en la transición al apoyar una serie de reformas que crearon condiciones más propicias para los partidos de la oposición, que de ese modo pudieron adquirir la fuerza suficiente para competir con el PRI en condiciones más equilibradas. Introdujo también las elecciones primarias como medio para elegir al candidato presidencial del PRI. De este modo «se cortó el dedo», puso fin a la dedocracia por la que los presidentes mexicanos habían elegido personalmente a sus sucesores durante más de diez sexenios.

Indonesia, Ghana, Polonia y Filipinas son ejemplos de los problemas que las democracias afrontan cuando no desarrollan partidos sólidos. Los partidos políticos han perdido credibilidad y fortaleza incluso en las democracias más consolidadas, y las críticas a la partidocracia son habituales en muchos países. No obstante, los partidos pueden desempeñar (y lo han hecho) papeles muy positivos, siempre que no sean meros instrumentos al servicio de figuras políticas individuales y de sus allegados. La institucionalización de los partidos políticos requiere tiempo y atención continua pero, si se hace desde el inicio y de manera sostenida, es una inversión que puede generar valiosos dividendos.

Instaurar el control civil y democrático sobre los militares, la Policía y los servicios de inteligencia

Uno de los principales retos en todos los casos fue someter a las fuerzas armadas y demás instituciones de seguridad a la autoridad civil, reconociendo la legitimidad de sus funciones, su derecho a obtener recursos y la necesidad de protegerlos de las represalias de las antiguas fuerzas de la oposición, o sometiéndolos a los tribunales. Estas cuestiones se abordaron de manera diferente en cada caso. Por lo general, fue preciso destituir o retirar a los oficiales superiores responsables de torturas y represiones brutales; colocar a los mandos militares bajo la autoridad directa de ministros civiles de Defensa, e insistir con firmeza en que los militares en servicio activo debían abstenerse por completo de manifestarse políticamente o involucrarse con los partidos. Aylwin, Lagos, Cardoso, González, De Klerk, Mbeki, Kufuor, Mazowiecki, Kwasniewski, Habibie y Ramos ofrecen testimonios fascinantes sobre el modo en que lograron estos importantes objetivos en situaciones muy diversas. Las anécdotas de estos líderes sobre su relación con los mandos militares dicen mucho de las cualidades necesarias para gestionar esta materia tan delicada. Se requería buen criterio y determinación para decidir si había que destituir a un oficial de alto rango o era preferible mirar hacia otro lado; y, en términos más generales, para utilizar del modo más oportuno la disciplina militar en favor de la gobernanza democrática.

Fue preciso reconocer e impulsar la profesionalidad y la autoestima de las fuerzas armadas, contribuir a que centraran su atención en la defensa exterior en vez de en la seguridad interna, y facilitarles los equipos y las instalaciones necesarias. También fue importante que los funcionarios civiles que supervisaban la política de defensa tuvieran conocimientos de los asuntos de seguridad y respetaran a sus colegas militares. No resultó sencillo en aquellos países donde los movimientos democráticos habían tenido violentos enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y donde persistían la desconfianza e incluso el desdén mutuos.

Habibie, Ramos, González y Mbeki enfatizan en que es necesario separar las funciones de la Policía y de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. En su caso, fue fundamental reorganizar, redefinir y limitar el papel de la Policía, inculcando nuevas actitudes hacia la población en general y cambiando represión por protección, sin que el cuerpo perdiera su capacidad para desmantelar grupos violentos. Los servicios nacionales de inteligencia también tuvieron que someterse al control civil. No resultó nada sencillo. Hubo que animar a los civiles para que se incorporaran a los servicios de inteligencia, una carrera profesional que antes no se consideraba atractiva, como recuerda González.

Comunicar todos estos aspectos, y hacerlo de manera clara y sistemática, fue esencial para construir la gobernanza democrática. El sometimiento a un férreo control civil de todas las fuerzas de seguridad e inteligencia fue uno de los retos más prolongados a los que se enfrentó la mayor parte de las nuevas democracias. En ocasiones fueron necesarias diversas confrontaciones, a lo largo de varios años, entre los gobiernos democráticos y determinados elementos de las Fuerzas Armadas o los órganos de inteligencia y de la Policía –algunos de los cuales tenían mucha visibilidad, otros no tanta– para establecer con firmeza el control civil. Aylwin no siguió en un primer momento el consejo de González, que le había recomendado crear su propio servicio de inteligencia, pero a la larga apreció lo acertado de este consejo.

Justicia en la transición

En todos los casos se ejerció una fuerte presión política y social para que se pidieran cuentas a los miembros del anterior régimen autoritario por las violaciones de los derechos humanos y la corrupción flagrante. No obstante, era fundamental equilibrar el justo anhelo de verdad y justicia con la obligación de proveer garantías y protección a las personas que abandonaban el poder. En algunos casos se celebraron procesos judiciales transparentes, a lo largo del tiempo, para conocer (en la medida de lo posible) la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos; reconocer e incluso compensar a las víctimas; y, cuando era viable, procesar a los principales perpetradores. También era importante garantizar a aquellos que abandonaban el poder que no se juzgaría indiscriminadamente a los exfuncionarios.

Para abordar estas cuestiones tan complejas no se aplicó una fórmula única. En las entrevistas se destaca lo importante que resultó afrontarlas abiertamente, poniendo énfasis en el reconocimiento de las víctimas y en las medidas dirigidas a promover la tolerancia mutua, cuando no la reconciliación. En Brasil y España se aprobaron amnistías que permitieron a los miembros de la oposición democrática que habían trabajado en la clandestinidad incorporarse a la vida política abierta. En Chile, Sudáfrica y Ghana resultaron vitales las comisiones de verdad y reconciliación, y el reconocimiento de las violaciones. La disyuntiva entre trazar una «línea gruesa» entre el pasado y el presente (como apuntan Mazowiecki y Kufuor), y reconocer y recordar los abusos para que no se repitan (como subrayan Aylwin, Lagos, De Klerk y Mbeki) no es fácil de resolver. La mayoría de los líderes se esforzaron por respetar y conciliar ambos objetivos. En Indonesia las violaciones de los derechos humanos se ocultaron bajo la alfombra y estas cuestiones sin resolver siguen dando problemas. En Chile los procesos judiciales y las sanciones han continuado durante décadas.

Movilizar apoyos externos

Los actores externos –gobiernos, instituciones internacionales y multilaterales, corporaciones, sindicatos, organizaciones religiosas, asociaciones internacionales de partidos políticos y otras entidades no gubernamentales– respaldaron la mayoría de estas transiciones. En algunos casos facilitaron el lugar y las condiciones para el diálogo entre los distintos sectores de la oposición, y entre estos y los representantes de los regímenes autoritarios y otras fuerzas sociales. Un buen ejemplo de estos aportes lo hallamos en Sudáfrica, donde Mbeki recuerda que una importante empresa minera facilitó fondos y lugares seguros fuera del país para las reuniones secretas entre los funcionarios gubernamentales y los líderes del CNA. También fueron significativas en España y Chile.

Los actores externos fortalecieron las organizaciones de la sociedad civil, con las que compartieron conocimientos y a las que ofrecieron aliento y apoyo, a menudo mucho antes de que se preparara el desafío al gobierno autoritario o de que llegara el momento del cambio. También facilitaron el intercambio de experiencias de diversos países respecto a la organización de partidos políticos, los sistemas y las conductas electorales, la formación de coaliciones, la elaboración de constituciones y la promoción de los derechos de la mujer. Brindaron formación sobre organización comunitaria, comunicaciones e información, encuestas de opinión pública, encuestas a la salida de los centros de votación, recuento rápido, supervisión electoral y otros aspectos prácticos para la construcción de la democracia. En algunos países las misiones de supervisión electoral aumentaron la credibilidad de las elecciones y sus resultados. Las organizaciones internacionales también ofrecieron oportunidades formativas y de establecimiento de contactos en ámbitos sustantivos que sirvieron a los cuadros de la oposición para prepararse con miras a posibles responsabilidades de gobierno. Tales actividades fueron importantes en Polonia, por ejemplo, donde toda una generación de economistas recibió formación en el extranjero sobre cómo liberalizar una ineficaz economía estatista y promover los mercados. La decisión política de construir una economía de mercado se tomó en Polonia, pero la cooperación internacional hizo posible su aplicación.

Las organizaciones internacionales ofrecieron acceso a experiencias anteriores en temas recurrentes que ponen en peligro las transiciones: la relación entre los civiles y los militares, la justicia de transición, la celebración de elecciones confiables, la reforma de la Policía, la supervisión de los órganos nacionales de inteligencia, y los pormenores del desmantelamiento de la actividad hostil de vigilancia e inteligencia; aspectos que González describe con gran viveza. Impulsaron también la comunicación entre grupos similares de otros países y oportunidades formativas con homólogos de las Fuerzas Armadas, los grupos empresariales y sindicales, las asociaciones profesionales y otros sectores. Estas actividades fortalecieron las actitudes y conductas democráticas de los participantes. Asimismo, aportaron tranquilidad, recomendaciones generales y, en ocasiones, consejos prácticos concretos.10

La presión externa coordinada para poner freno a la represión y hacer respetar los derechos humanos, entre ellos los de libertad de expresión y reunión, fue a menudo importante. Las sanciones económicas resultaron decisivas en Sudáfrica y Polonia. Diversos programas de comercio, inversiones, ayuda y cooperación fueron significativos en Polonia, Indonesia, Ghana y Filipinas. Además de la presión, el reconocimiento internacional de Rawlings por aceptar la celebración de elecciones multipartidistas, procedimientos electorales razonablemente justos y la duración limitada de los mandatos, reforzó sus aportes a la transición democrática de Ghana.

Por último, las organizaciones internacionales, los gobiernos, las fundaciones y las ONG desempeñaron a veces papeles significativos para responder a necesidades sociales y económicas básicas en los periodos de transición. En España, Sudáfrica, Ghana y Polonia aportaron recursos para mitigar el impacto social de las necesarias reformas económicas, invirtieron en el desarrollo de infraestructuras y capacidades, y facilitaron otro tipo de asistencia financiera y técnica. La Unión Europea (UE) y el gobierno estadounidense fueron vitales para que Polonia (y otros países de Europa Central y del Este) tomara el camino de la democracia en la década de 1990. Este tipo de asistencia económica internacional puede resultar decisivo cuando responde a las necesidades locales, se facilita en cooperación con actores nacionales y se deja que las decisiones políticas se debatan y adopten en el propio país.

Los futuros actores externos deben entender tanto lo que su presencia puede aportar como los límites de su participación. La democracia solo puede arraigarse en una sociedad cuando es el método aceptado por la mayoría para competir por el poder político. A menudo, las organizaciones internacionales pueden hacer mucho –con paciencia y discreción, y a petición de los partidos e instancias nacionales– para impulsar el movimiento en esa dirección, pero no pueden ocupar su lugar. Tener un conocimiento amplio de los numerosos retos y obstáculos que hay que afrontar, y de la considerable extensión de tiempo que puede ser necesaria para que la gobernanza democrática se afiance, debería servir a los actores internacionales para evitar intervenciones precipitadas, ineficaces y contraproducentes, y ayudarlos a contribuir de un modo más constante a largo plazo. Es más probable que sean eficaces si escuchan, plantean preguntas basadas en la comparación de experiencias y animan a los partidos y organizaciones nacionales a enfocar cada dilema desde diversos ángulos, en lugar de promover respuestas preparadas de antemano.

Contextos cambiantes de la transición

El contexto de las luchas presentes y futuras contra los gobiernos autoritarios difiere significativamente de aquel en el que se desarrollaron las transiciones de finales del siglo XX. Y el mundo sigue cambiando, cada vez más rápido.

La geopolítica y las normas internacionales han cambiado

Las luchas actuales contra el autoritarismo están en su mayor parte exentas de las presiones ejercidas durante la Guerra Fría para contener las movilizaciones sociales, limitar los cambios en los regímenes de propiedad y condicionar las alianzas políticas al equilibrio geopolítico internacional. Desde el fin de la Guerra Fría, las grandes potencias son menos propensas a considerar como una amenaza el cambio político en sus aliados autoritarios. Así pues, los movimientos en favor de la democracia gozan de mayor espacio, aunque también es posible que, en determinadas situaciones, el apoyo internacional a estas fuerzas sea menor.

El fortalecimiento del marco jurídico y las instituciones internacionales dirigidos a proteger los derechos humanos individuales y perseguir los crímenes de lesa humanidad, así como la creación de la Corte Penal Internacional, han reducido las posibilidades de llevar a cabo una represión abierta sin exponerse a repudios o sanciones. Siguen produciéndose casos notorios de represión brutal, pero al menos existen normas internacionales que desalientan tales prácticas. La disolución de la Unión Soviética y el declive de la influencia estadounidense en el mundo en los últimos años han dado pie a un sistema internacional multipolar. Las limitaciones internacionales a la apertura democrática han disminuido, pero también lo ha hecho la capacidad para responder a la violencia y la represión flagrante en los países, o para mediar en los conflictos. Algunos derechos, incluidos los de las mujeres, gozan de una aceptación mucho más generalizada.

El fracaso del sistema económico soviético y el auge de China en la economía mundial refuerzan el giro global hacia la liberalización económica, las reformas orientadas al mercado, la inversión privada extranjera y la globalización de la producción, las finanzas y el comercio. En la actualidad, la mayoría de los gobiernos desean ampliar su actividad comercial internacional y respetan las normas y reglamentaciones internacionales referentes a operaciones financieras e inversiones, de manera que no hay mucho margen en la economía mundial para las economías cerradas, en especial para los países de tamaño pequeño y mediano. Paralelamente, algunas naciones han reforzado la función del Estado con miras a evitar la concentración económica, mejorar la distribución de la renta, impulsar el desarrollo regional y proteger el medio ambiente.

La gobernanza democrática goza ahora de una mayor aceptación en el plano internacional como el sistema más legítimo de ordenamiento político. Sin embargo, conviven y a veces se disimulan conceptos diferentes en cuanto a las implicaciones y los requisitos de la democracia. Se han instaurado en varios países regímenes «autoritarios competitivos», que no son democracias incompletas o decadentes, sino intentos deliberados de crear alternativas a la democracia liberal mediante la combinación de elecciones razonablemente libres con un gobierno de tipo autoritario.11 Es posible que las presiones de la globalización, la inevitable exposición a la influencia internacional y el fortalecimiento de los regímenes jurídicos y las instituciones internacionales dificulten con el tiempo que los gobiernos autoritarios adopten sistemáticamente prácticas antidemocráticas e ignoren los derechos humanos, entre otros los de las mujeres; pero todavía no es así.

Legado de experiencias democráticas anteriores

Muchos regímenes autoritarios de las décadas de 1970 y 1980, y algunos de la década de 1990, llegaron a su fin en países que antes habían experimentado la gobernanza democrática constitucional. En varios casos, las instituciones democráticas todavía seguían funcionando formalmente. Los dirigentes políticos de estos países contaban con redes de contactos, experiencia en la negociación y formación de acuerdos, y confianza en que podían competir con eficacia bajo las reglas democráticas. Las transiciones futuras desde gobiernos autoritarios tendrán lugar a menudo en países con poca o ninguna experiencia democrática previa y, en ciertos casos, con líderes que se aferraron al poder reprimiendo la disidencia y a la oposición. Contra tales regímenes pueden invocarse tradiciones nacionales de gobiernos flexibles a las demandas, por ejemplo en el plano local. El atractivo universal de la participación en el gobierno, de la mano del mayor nivel de renta y capacidad de expresión política, puede resultar vigorizante para el cambio. No obstante, para desarrollar la cultura y las instituciones de la política democrática hacen falta tiempo, esfuerzo y destreza.12

Diferencias socioeconómicas, de clase y demográficas

Las transiciones de las décadas de 1970 a 2000 se desarrollaron principalmente en países donde una clase media en auge y educada veía con buenos ojos la ampliación de la expresión política. Este grupo de países contaba con personas con formación en derecho, administración pública y economía, lo que contribuyó a la creación de una gobernanza democrática eficaz. Las tentativas de transición en países con bajos niveles de renta y desarrollo, sindicatos y organizaciones sociales frágiles, clases medias reducidas, estados débiles e incapaces de brindar servicios sociales y seguridad a la ciudadanía, y donde pocas personas tienen formación en administración pública, pueden ser más complicadas, sobre todo debido a la demanda popular de beneficios económicos inmediatos que satisfagan sus necesidades básicas. Se producirán otros intentos en países con abundantes recursos, rentas elevadas y una clase media en crecimiento, sobre todo en Oriente Medio, el norte de África y los estados del Golfo. Muchos de ellos, sin embargo, cuentan con un aparato estatal abotargado y niveles elevados de clientelismo y corrupción. Por razones geopolíticas derivadas de su ubicación estratégica y sus recursos naturales, estos estados reciben una nula o débil presión externa sostenida para que abran sus sistemas políticos. Este tipo de regímenes tiene más facilidad para sofocar o sobornar a los movimientos opositores.

Muchos regímenes autoritarios contemporáneos de Asia y África existen en sociedades con profundas divisiones y desigualdades de carácter étnico, religioso o regional, lo que contribuye a la polarización. En algunos de ellos vive un creciente número de jóvenes que tienen formación pero no pueden encontrar un empleo remunerado. Ello genera frustración y, por tanto, están más dispuestos a protestar. Incorporar a los jóvenes en las organizaciones, los partidos y otras instituciones políticas –no simplemente en las manifestaciones callejeras– es un reto fundamental para la gobernanza de muchos países, entre ellos algunas democracias consolidadas. Los líderes del presente deben cultivar su relación con las nuevas generaciones y animarlas a organizarse democráticamente y participar.

Estas y otras dificultades –por ejemplo, la presencia de poderosas organizaciones delictivas organizadas y movimientos políticos extremistas transnacionales– ejercen una intensa presión sobre instituciones políticas débiles. Por consiguiente, será más difícil formular enfoques y crear instituciones que faciliten el diálogo y la convergencia; establecer controles y equilibrios y medios de rendición de cuentas; crear sistemas jurídicos independientes e implantar el Estado de derecho; establecer el control civil sobre todas las fuerzas de seguridad, y sentar otras bases de la democracia. Instaurar la gobernanza democrática en países con aparatos estatales e instituciones débiles resultará más arduo, pero es posible construirla; la experiencia de Ghana revela que se puede lograr.

Esfuerzos internacionales en favor de la democracia

Muchas transiciones europeas, entre ellas las de España, Polonia y otros países de Europa Central y del Este, se vieron impulsadas en gran medida por la perspectiva de una posible incorporación a la Unión Europea (UE) y por la ayuda económica brindada por esta y Estados Unidos con la condición de que se efectuaran reformas políticas. Varias aperturas a la democracia en América Latina, entre ellas la de Chile, fueron facilitadas por un nuevo énfasis del gobierno estadounidense en los derechos humanos (a finales de la década de 1970 durante el mandato de Jimmy Carter); y, posteriormente, a mediados de la década de 1980, cuando Estados Unidos retomó su política de promoción activa de la democracia y los derechos humanos, durante la segunda etapa de Reagan en el gobierno. Los procesos de apertura democrática también se vieron favorecidos por el consenso en torno a los derechos humanos y las libertades políticas desarrollado en la Organización de los Estados Americanos, y por el fortalecimiento del marco jurídico y las instituciones internacionales, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. La democratización de México se benefició de la integración general de los mercados laborales, los procesos de producción y la cultura popular de México y Estados Unidos, así como por la movilización de las empresas y las ONG de dichos países en favor de la apertura democrática y el Estado de derecho, a los que contribuyó la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Tanto en la actualidad como en el futuro las instituciones regionales pueden respaldar la gobernanza democrática en igual, mayor o, en algunos casos (como en el del Consejo de Cooperación del Golfo), menor medida. La lenta pero creciente participación de las organizaciones intergubernamentales regionales contribuye a promover y proteger la integridad de las elecciones. La Carta sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad de la Unión Africana entró plenamente en vigor. El Programa de Política y Seguridad de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) incluye un lenguaje común sobre las normas democráticas, y la Secretaría de la ASEAN envió observadores a las elecciones parciales de Myanmar en 2012. Estas alianzas regionales aportan recursos importantes que pueden ser de utilidad a los líderes de las transiciones.

Diferencias regionales y culturales

Se están llevando a cabo (o podrían llevarse a cabo en el futuro) varias tentativas de transición en países de mayoría musulmana, en un momento en que existen agudas divisiones entre las interpretaciones fundamentalistas y moderadas del islam, y en el que el Estado secular, la función de las Fuerzas Armadas y la soberanía popular son conceptos muy controvertidos. Indonesia, la nación de mayoría musulmana más grande del mundo, ha construido una gobernanza democrática durante la última generación, y los sectores prodemocracia tienen influencia en muchos otros países de mayoría musulmana. En algunas naciones, sin embargo, poderosos sectores conservadores defienden que la ley debería basarse única o principalmente en la sharia, y que el Estado debe imponer la ortodoxia religiosa y los roles de género tradicionales. Tanto los conservadores religiosos como los liberales seculares consideran moralmente inaceptable ceder en cuanto al predominio de las leyes religiosas y la situación de la mujer. Así pues, ambos pueden respaldar soluciones autoritarias de uno u otro signo, y por razones opuestas: unos para que rija la sharia, otros para que prevalezca un Estado secular liberal.

En Oriente Medio, las Fuerzas Armadas han apoyado fundamentalmente los estados laicos, no los religiosos. En este momento son cuestionadas tanto por los demócratas seculares como por los fundamentalistas religiosos. Los diálogos internacionales entre altos mandos militares deberían centrarse en los principios y las prácticas más propicios para la estabilidad política y la cohesión e integridad de las instituciones castrenses.

Las instituciones religiosas a menudo han sido baluartes de los regímenes autoritarios. Sin embargo, a finales del siglo XX algunas han impulsado la democratización, sobre todo en países de tradición católico-romana como España, Brasil, Chile, Filipinas y Polonia. Los cardenales Raúl Silva Henríquez y Juan Francisco Fresno en Chile; Paulo Evaristo Arns en Brasil; Vicente Enrique Tarancón en España y Jaime Sin en Filipinas, así como el Papa Juan Pablo II en su patria, Polonia, desempeñaron papeles relevantes. En Sudáfrica, el obispo Desmond Tutu, de la Iglesia Protestante Anglicana, y el clero de otras confesiones, entre otros los ministros calvinistas holandeses, también apoyaron la transición hacia una democracia inclusiva. Asimismo, determinadas organizaciones, movimientos, partidos e individuos musulmanes de Indonesia ayudaron a construir una democracia no sectaria en su país. Cabe destacar en este sentido el papel de Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

No hay duda de que las autoridades religiosas musulmanas tendrán mucho que decir en otros países, pero es probable que existan diferencias en cada caso, y entre las culturas árabes y no árabes, del mismo modo que la influencia política de las diversas confesiones cristianas y sus líderes políticos ha variado entre los países e incluso dentro de estos. Encontrar el modo en que las autoridades religiosas musulmanas se impliquen más activamente en la defensa de la gobernanza democrática es un reto importante. Su participación se beneficiaría del intercambio de experiencias relevantes en el plano internacional, por ejemplo mediante consultas sobre cómo luchar contra las organizaciones transnacionales extremistas y partidarias de la violencia para defender sus causas sectarias.

La revolución de la información y las comunicaciones

La revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ha empoderado a los ciudadanos frente al Estado, y en consecuencia merma la capacidad de los gobiernos para controlar a sus súbditos. Se han reducido los costes de intercambiar opiniones alternativas y noticias, se ha facilitado la organización popular y ha hecho más fácil obtener simpatías y apoyos internacionales. Cualquier persona, en cualquier lugar, puede desencadenar una protesta al grabar con su teléfono móvil una atrocidad. Estos procesos se acelerarán a medida que la población, especialmente los jóvenes, disponga de más teléfonos inteligentes y banda ancha. Sin embargo, las redes sociales a las que dan acceso estas tecnologías no pueden reemplazar a las organizaciones políticas en el trabajo de gobierno, pero sí pueden sacudir y remodelar los sistemas políticos, al obligar a los partidos y las instituciones a adaptarse o, de lo contrario, asumir el riesgo de verse gravemente debilitados.

Las innovaciones informáticas no siempre son beneficiosas para la democratización. Pueden generar estallidos fugaces de movilización popular que den a los organizadores democráticos una confianza injustificada en su capacidad para avanzar sin negociar, en vez de alcanzar acuerdos de manera constante y organizada. También pueden ayudar a los grupos extremistas a ampliar sus apoyos, y contribuir a la sensación de que determinados grupos marginales tienen una relevancia mayor que la real. Además, es posible que los gobiernos tecnológicamente avanzados, en ocasiones con la ayuda de empresas multinacionales, empleen esas mismas tecnologías para controlar y reprimir a la población. Actualmente, los gobiernos pueden interceptar las comunicaciones electrónicas, identificar a los manifestantes captados por las cámaras de seguridad y amenazar o encarcelar a los miembros de la oposición.

Aquellos que deseen acometer o apoyar una transición democrática deben aprender a utilizar las nuevas tecnologías y combinarlas con los procesos de organización, deliberación, negociación, creación de coaliciones, avenencia y formación de consenso, que exigen dedicar más tiempo pero son esenciales. Asimismo, deben aprender a proteger las fuerzas democráticas de las manipulaciones informáticas, tanto por parte de los regímenes autoritarios como de los elementos extremistas antidemocráticos.

Cualidades de un líder político

No existe un modelo estipulado para ser líder de una transición. Entre los líderes a los que hemos entrevistado, en su día activistas de la oposición o miembros de un gobierno autoritario, hay políticos experimentados, abogados y economistas, un alto mando militar, un suboficial, el redactor jefe de un periódico, un sociólogo y un ingeniero aeronáutico. Cada uno de este grupo tiene sus creencias y prácticas religiosas, desde los devotos a los no creyentes; hay católicos, protestantes y un musulmán. Sus estilos personales también presentan notables diferencias.

De hecho, algunos no eran demócratas ni por temperamento, convicción, experiencia o reputación. Jerry Rawlings dirigió una dictadura militar durante un decenio y cedió a las presiones internas y externas en demanda de elecciones abiertas multipartidistas únicamente cuando comprobó, mediante encuestas secretas, que se impondría con facilidad en tales elecciones. En su entrevista se aprecia lo complejo de la actitud de Rawlings, pasada y presente, hacia la democracia representativa liberal. F. W. de Klerk formó parte durante muchos años del apartheid y su exclusión de la amplia mayoría negra de Sudáfrica, hasta que se convenció, bastante tarde, de que el sistema había dejado de ser sostenible por motivos económicos, políticos y morales. B. J. Habibie fue un estrecho colaborador de Soeharto, el dictador que durante mucho tiempo gobernó Indonesia. El respeto de Habibie por las instituciones democráticas, que según parece adquirió durante los 20 años que trabajó en Alemania como ingeniero aeronáutico, no se dejó notar hasta que la caída de Soeharto lo dejó instalado en el poder. Aunque carecía de base política y apoyos significativos, y se enfrentaba a una enérgica oposición en las calles, Habibie se movió con rapidez para adquirir legitimidad mediante una serie de medidas democratizadoras sustantivas.

Aleksander Kwasniewski, viceministro del gobierno comunista de Polonia, desempeñó un papel importante como representante de dicho régimen en la mesa redonda de negociaciones. Más tarde creó un partido socialdemócrata, fue elegido presidente después de la transición y terminó contribuyendo al fortalecimiento de las nuevas instituciones y prácticas democráticas del país. Los sucesivos líderes políticos polacos aportaron cualidades muy diferentes al abordar los retos de la transición. Lech Walesa fue un líder sindical disidente que planteó demandas audaces y generó un amplio respaldo popular, pero posteriormente perdió gran parte de su legitimidad cuando presionó para acaparar más poder personal. Mazowiecki se concentró en una serie de decisiones políticas y económicas duras, adoptó enfoques inclusivos y conciliadores, y potenció el importante vínculo de Polonia con el Vaticano y la delicada relación del país con la Unión Soviética. Kwasniewski dirigió gran parte de su atención a la eficacia de la administración y a la construcción institucional.

Ernesto Zedillo tuvo inclinaciones democráticas desde una edad temprana, pero ocupó cargos importantes en el PRI, el partido gobernante de México, cuando este controlaba prácticamente todos los cargos políticos, una situación que duró décadas. Los procedimientos electorales se habían diseñado para asegurar la continuidad de este predominio. La disposición de Zedillo, como presidente, a cambiar los procedimientos y las condiciones electorales abrió el camino a la alternancia de poder en México y facilitó el avance de una gobernanza democrática real, lo que Zedillo denominó «una democracia normal».

Todos estos líderes –incluso quienes en el pasado participaron en gobiernos autocráticos– llegaron a la conclusión, por diversos motivos, de que un gobierno fundamentado en la soberanía popular y en el marco constitucional era la mejor alternativa para su país y para ellos mismos. Algunos líderes sí tenían sólidos principios democráticos. Otros desarrollaron o fortalecieron su compromiso con la democracia debido a la presión social y a las nuevas circunstancias. Otros adoptaron enfoques aperturistas únicamente cuando esa era la vía más ventajosa desde el punto de vista político. Entre ellos no había ningún santo. Todos eran políticos pragmáticos que buscaron la manera de obtener o mantener su influencia y resolver los problemas, que apostaron por los procesos democráticos y, de este modo, ayudaron a dirigir a sus países hacia la democracia.

Cualesquiera fueran su historial o sus motivos, estos líderes tienen ciertas cualidades en común que contribuyeron a su éxito.

–Todos tenían –algunos desde sus inicios, otros lo desarrollaron con el tiempo– un sentido estratégico de orientación hacia una gobernanza más inclusiva y responsable, y una preferencia fundamental por la transformación pacífica y gradual (en lugar de violenta o convulsiva).

–Supieron captar el clima y el ánimo de la ciudadanía e intensificaron el trabajo de los partidos políticos y las organizaciones sociales en favor de la democracia.

–Diversificaron y ampliaron sus propias bases de apoyo, y trabajaron para debilitar a los elementos intransigentes, tanto en el seno del régimen como en la oposición democrática. Fueron capaces de valorar los intereses y la influencia de diversos centros de poder y grupos de interés, y hallaron el modo de articular acuerdos políticos.

–Muchos demostraron resolución y valentía; algunos incluso arriesgaron su vida en momentos de polarización y violencia que costaron la vida a algunos de sus compañeros. Estos líderes aunaban una enorme paciencia, persistencia y resistencia ante la represión, los obstáculos y reveses, y lograron convencer a otros de que no se rindieran.

–Tuvieron la confianza en sí mismos, necesaria para tomar decisiones difíciles en el momento oportuno, con firmeza y una convicción tranquila. Aunque algunos tenían un carácter muy analítico y reflexivo, no titubearon ni postergaron decisiones imperiosas.

–La mayoría se rodeó de aliados competentes para afrontar las cuestiones difíciles, con los que compartían valores políticos y conocimientos específicos. Aunque podían tomar las decisiones más importantes personalmente (de hecho, lo hicieron a veces), la mayoría se centró en formar consensos, forjar coaliciones, tender puentes políticos y comunicarse constantemente con los grupos clave y con la opinión pública.

–Por lo general, lograron persuadir a los demás para que aceptaran sus decisiones. Aunque había entre ellos personas elocuentes o carismáticas, lo consiguieron comprendiendo y respondiendo a los intereses principales de diversos actores políticos y sociales, incluso de algunos de sus adversarios, y no por decreto o imponiendo su personalidad.

–A pesar de estar profundamente integrados en sus respectivas sociedades nacionales, y de confiar fundamentalmente en las relaciones internas, todos estos líderes supieron movilizar apoyos extranjeros sin convertirse en instrumento de intereses foráneos.

–Por encima de todo, estos líderes se adaptaron con rapidez a los acontecimientos y aprovecharon los giros inesperados para tomar la iniciativa. Supieron pilotar en aguas turbulentas: maniobraron en la corriente, a izquierda y derecha, de un lado a otro, adaptándose a los rápidos para, a la larga, avanzar. No determinaron la dirección ni la fuerza de la corriente, pero lograron llevar a sus países a aguas más tranquilas y, finalmente, a la gobernanza democrática.

No es fácil imaginar cómo estas transiciones habrían tenido un final tan feliz de no haber contado con estos líderes y sus decisiones. Estos y otros líderes –tales como Nelson Mandela, Cyril Ramaphosa, Oliver Tambo, Roelf Meyer y Desmond Tutu en Sudáfrica; Corazón Aquino en Filipinas; Lech Walesa, Wojciech Jaruzelski, Adam Michnik y Czeslaw Kiszcak en Polonia; Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, Luiz Inácio Lula da Silva, y los generales Golbery do Couto e Silva, Ernesto Geisel y João Figueiredo en Brasil; Andrés Zaldívar, Clodomiro Almeyda, Manuel Bustos y Gabriel Valdés en Chile; Manuel Clouthier, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtemoc Cárdenas, Ernesto Ruffo y Vicente Fox en México; y el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, Manuel Fraga y Santiago Carrillo en España– ayudaron a abrir el camino a la democracia en sus países.13 Los dirigentes políticos más importantes no trabajaron solos, ni habrían tenido éxito sin el apoyo de las fuerzas sociales, políticas y cívicas; pero actuaron de manera creativa y constructiva, en colaboración con muchos otros grupos y sujetos a estrictas limitaciones, para crear nuevas realidades.

Las perspectivas de construcción democrática en otros países, ahora y en el futuro, dependen en gran medida de la aparición y el desempeño de esta clase de líderes. Como señala Samuel Huntington: «Un régimen democrático se instaura no por medio de tendencias sino por medio de la gente. Las democracias fueron creadas no por las causas sino por los causantes».14 Estas entrevistas son buena prueba de ello.

Mirar hacia delante

En su entrevista, Felipe González hace dos observaciones que merece la pena destacar. Señala que el liderazgo no se aprende en la universidad, sino en la práctica, aplicando una serie de principios generales en circunstancias concretas. Por otra parte, citando al difunto novelista Gabriel García Márquez, González sugiere que a menudo la gente adquiere esos principios generales a partir de anécdotas, de la narración de experiencias pasadas. Esa es la premisa fundamental de esta obra.

Han surgido nuevos actores, tecnologías, instituciones, normas, retos y oportunidades, y no cabe duda de que lo seguirán haciendo. Pero aunque los agentes y las tecnologías cambian con rapidez, los imperativos de la expresión y la acción políticas son mucho más permanentes. Movilizar a la gente en defensa de la libertad política, crear espacios de diálogo, construir convergencias y consensos, forjar acuerdos sobre los procedimientos y las reglas de entendimiento, y garantizar a las fuerzas contendientes que sus intereses fundamentales serán protegidos, seguirán siendo prioridades esenciales. Establecer mecanismos para abordar las cuestiones relacionadas con la justicia de transición y la memoria; velar por el control civil de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia; y proteger el orden cívico y los derechos humanos individuales seguirán siendo retos clave. Y lo serán tanto para aquellos que tratan de derrocar a gobiernos autoritarios, como para los que intentan evitar un retroceso en los avances democráticos de la mano de gobiernos elegidos de manera justa pero que debilitan o ignoran los controles y equilibrios de la democracia.

Los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, impulsadas por las redes electrónicas, ejercerán presión sobre los gobiernos y otras instituciones. Aunque estos agentes y sus técnicas pueden ser de ayuda, no pueden ocupar el lugar de los partidos, las organizaciones sociales y los líderes políticos en la difícil tarea de crear coaliciones electorales y de gobierno, ganarse el apoyo popular, elaborar políticas públicas viables, demandar sacrificios en aras del bien común, infundir confianza en que la democracia es posible y gobernar con eficacia. Así pues, la visión, la paciencia, la persistencia y una actitud abierta a los acuerdos seguirán siendo importantes.

Los líderes del futuro tendrán que sopesar detenidamente qué aspectos de lo vivido en otros lugares son pertinentes en la situación de sus respectivos países. Saber que muchos de los problemas que afrontan ya han surgido anteriormente y conocer los diversos planteamientos que se han adoptado para solucionarlos puede ser tremendamente útil. Esperamos que esos líderes de transiciones venideras encuentren inspiración en las cualidades y los logros de los líderes políticos que se ponen de relieve en esta obra.

1. Este ensayo no se presenta como contribución a la teoría de la ciencia política, en cuyo caso sería necesario aplicar otros métodos e incluir otros casos. Nuestro objetivo no es otro que aprender sobre el desarrollo de las transiciones democráticas de la mano de una serie de líderes clave que contribuyeron notablemente a transiciones que tuvieron un resultado feliz, y poner su sabiduría política al alcance de todos.

2. En otros casos que no hemos analizado, los regímenes autoritarios fueron derrotados militarmente, por ejemplo en Grecia, Portugal y Argentina. En Filipinas, la sensación de que la sublevación del Nuevo Ejército del Pueblo estaba adquiriendo impulso debilitó al régimen de Marcos y vigorizó al Movimiento de Reforma de las Fuerzas Armadas, que contribuyó al derrocamiento de Marcos.

3. En otros casos, las transiciones tuvieron lugar después de una guerra civil o a raíz de una ocupación extranjera, o bien en regímenes monárquicos o patrimoniales. Cada una de estas transiciones planteó sus propios problemas, aunque muchos de los retos recurrentes que se mencionan aquí también resultaron pertinentes.

4. Para una visión comparativa de la influencia externa en las transiciones democráticas, ver Stoner, K. y McFaul, M., Transitions to Democracy: A Comparative Perspective [Transiciones democráticas: una perspectiva comparada], Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 2013.

5. En estos años se han llevado a cabo otras transiciones con resultados diferentes, tales como regímenes híbridos semiautoritarios en los que las elecciones competitivas se combinan con graves y continuas violaciones de los procedimientos democráticos, así como con gobiernos democráticos muy irregulares e incompletos que se han revertido. Ver Levitsky, S. y Way, L. A., Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War [Autoritarismo competitivo: regímenes híbridos tras la Guerra Fría], Nueva York: Cambridge University Press, 2010.

6. En su pionero estudio sobre las transiciones desde gobiernos autoritarios, Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter destacan la especial incertidumbre que rodea tales transiciones y cómo y por qué son distintas de la política «normal». Ver O’Donnell, G. y Schmitter, P. C., Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies [Transiciones desde un gobierno autoritario: conclusiones tentativas sobre las democracias inestables], Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1986; reeditado con un nuevo prefacio de Cynthia Arnson y Abraham F. Lowenthal, Johns Hopkins University Press, 2013.

7. Los dominios reservados son concesiones especiales a los grupos de poder anteriores para preservar determinados privilegios, tales como garantizar la asignación presupuestaria a las instituciones militares, atribuir el control de ciertos aspectos de la economía a grupos determinados y asegurar que una serie de individuos, instituciones o grupos de interés tendrán representación política.

8. Philippe Schmitter hace hincapié en este aspecto en su obra Contrasting Approaches to Political Engineering: Constitutionalization and Democratization [Distintos planteamientos sobre la ingeniería política: constitucionalización y democratización], manuscrito inédito de febrero de 2001.

9. La economía política de las transiciones que implican una apertura del mercado se aborda de forma esclarecedora en Besley, T. y Zagba, R. (eds.), Development Challenges in the 1990s: Leading Policymakers Speak from Experience [Retos de desarrollo en los noventa: experiencias de destacados responsables de políticas públicas], Washington D. C. y Nueva York: Banco Mundial y Oxford University Press, 2005.

10. Algunos gobiernos extranjeros también ofrecieron asilo a los líderes de la oposición amenazados y, posteriormente, a los integrantes de los regímenes autoritarios (por ejemplo, Marcos de Filipinas); proveyeron sistemas electrónicos de votación y técnicas de identificación personal para facilitar la celebración de elecciones limpias (como en Ghana); y presionaron a las autoridades locales para que la oposición tuviera una presencia razonable en los medios de comunicación (por ejemplo, en el plebiscito chileno de 1988). Las organizaciones internacionales facilitaron asistencia técnica en el ámbito de la gestión económica (así lo hicieron en Indonesia el Banco Central alemán y el Fondo Monetario Internacional [FMI]) y apoyaron la presión que se ejercía internamente en demanda de elecciones libres, justas y pluripartidistas (por ejemplo, en Ghana y México).

11. Para un análisis exhaustivo, ver Levitsky y Way, op. cit.

12. Tal como el difunto investigador social europeo Ralf Dahrendorf señala en su obra Reflections on the Revolution in Europe: In a letter intended to have been sent to a gentleman in Warsaw [Reflexiones sobre la revolución en Europa. Carta pensada para un caballero de Varsovia], Nueva York: Times Books, 1990, pp. 99-100: «El proceso formal de reforma constitucional requiere un mínimo de seis meses. La sensación general de que las cosas están mejorando gracias a una reforma económica no suele extenderse hasta que transcurren seis años. La tercera condición en el camino hacia la libertad es proveer una serie de fundamentos sociales que transformen la Constitución y la economía en instituciones que funcionen en cualquier situación, y no solo en tiempos de bonanza, capaces de soportar las tormentas internas y externas; para establecer estos fundamentos, sesenta años apenas bastan».

13. El papel del rey Juan Carlos de España, por ejemplo, se elogia sucintamente en el artículo de Charles Powell «Abdication is the King’s final gift to a grateful Spain» [La abdicación es el regalo final del Rey a una agradecida España], Financial Times, 4 de junio de 2014.

14. Huntington, Samuel P., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman: University of Oklahoma Press, 1991, p. 107. Edición española: La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Barcelona, España: Paidós, 1994.

Agradecimientos

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y los directores de este proyecto, Sergio Bitar y Abraham Lowenthal, desean expresar su profundo agradecimiento a los 13 líderes políticos que accedieron a ser entrevistados. También queremos dar las gracias a sus asistentes personales y otros compañeros institucionales que facilitaron esas reuniones y los textos resultantes.

Reconocemos con gratitud los aportes de los nueve expertos que elaboraron la introducción al contexto de cada conjunto de entrevistas, revisaron y mejoraron las listas de momentos clave en la transición y lecturas recomendadas, ayudaron a los directores del proyecto a preparar las entrevistas, revisaron las transcripciones y, en la mayoría de los casos, hicieron observaciones sobre los capítulos introductorio y final.

El capítulo redactado por la profesora Georgina Waylen sobre las mujeres en las transiciones democráticas es una aportación esencial a este proyecto. Agradecemos a las nueve ilustres mujeres entrevistadas por la profesora Waylen que compartieran sus experiencias e impresiones sobre el papel de las mujeres en las transiciones a la democracia. Asimismo, hacemos llegar nuestra apreciación a los autores de los documentos de antecedentes nacionales en los que se basó el desarrollo del capítulo: Jean Franco, María Esther del Campo García, Marta Pajarín García, Takyiwaa Manuh y Ani Soetjipto.

Estamos agradecidos a Laurence Whitehead y Alfred Stepan, asesores principales del proyecto, que ayudaron a los directores a elaborar las entrevistas, al formular temas y comentar las ideas en desarrollo. Apreciamos las importantes contribuciones de nuestro principal asistente de investigación, Benjamin Mainwaring, que colaboró en la revisión de las obras de referencia, investigó cuestiones específicas, elaboró un primer borrador de las cronologías y lecturas recomendadas, e hizo algunas sugerencias de edición. También agradecemos la asistencia en materia de investigación de James Loxton, Carolina Larriera, Víctor Saavedra y Consuelo Amat. Gracias a Andrzej Rossa, que realizó tareas de interpretación simultánea en las entrevistas a los líderes polacos; a Charles Roberts, que tradujo varias entrevistas del español; a Kelley Friel, que corrigió el manuscrito; y a los fotógrafos que figuran en los créditos de cada una de las fotografías del libro.

Estamos especialmente agradecidos a Mariana Aylwin por facilitar la entrevista con su padre; y a Sergio Fausto, que ayudó a editar y resumir la extraordinaria entrevista de cinco horas y media que mantuvimos con el presidente Cardoso. También apreciamos las entrevistas de referencia que realizamos con Alejandro Foxley, en Chile; Adam Michnik, en Polonia; P. V. Obeng, en Ghana; Leon Wessels, en Sudáfrica; Carolina Hernández, en Filipinas; y José Luis Maravall, en España. Asimismo, manifestamos nuestra gratitud a Santiago Levy, Lázaro Cárdenas, Jeffrey Davidow, Carla Hills, Luis Maira, Kevin Middlebrook, Carlos Portales y Carlos Manuel Sada, que nos ayudaron a preparar la entrevista sin precedentes al expresidente Ernesto Zedillo.

IDEA Internacional transmite su profundo agradecimiento a Sergio Bitar y Abraham Lowenthal, por su liderazgo capaz en tantos aspectos de este complicado proyecto; y a los integrantes de su equipo y de su Comité Internacional de Asesores por sus numerosas y útiles sugerencias. IDEA Internacional y los directores del proyecto agradecen a la doctora Jane Jaquette sus numerosos aportes a este trabajo, entre ellas, sus amplias sugerencias para el capítulo sobre las mujeres en las transiciones democráticas.

El exsenador y ministro Sergio Bitar y el doctor Abraham Lowenthal estamos muy agradecidos a IDEA Internacional y a su exsecretario general, Vidar Helgesen, por poner en marcha y apoyar este proyecto, y por contar con nosotros para llevarlo a la práctica. También valoramos el apoyo del actual secretario general de IDEA Internacional, Yves Leterme, en especial su decisión de publicar este libro en varios idiomas para garantizar su visibilidad y repercusión. Agradecemos en enorme medida la cooperación de muchos miembros del sobresaliente personal de IDEA Internacional, pero deseamos mencionar especialmente a Melanie Allen, Oficial de Programas, cuyas extraordinarias contribuciones sustantivas y administrativas pusieron el listón muy alto para todos. Melanie resolvió innumerables problemas logísticos, diplomáticos y editoriales concretos, siempre de forma oportuna y con una sonrisa; realizó numerosas sugerencias sustantivas y editoriales, y revisó una gran parte de las entrevistas para su publicación; e incorporó el material procedente de los escritos del presidente Ramos para completar su entrevista.

Valoramos enormemente la excepcional ayuda logística de Katarina Jörgensen y Jenefrieda Isberg. Nyla Grace Prieto aportó su conocimiento especializado del caso filipino; Theophilus Dowetin facilitó sus impresiones sobre la transición ghanesa; Andrew Ellis ofreció orientación y conocimiento sobre las transiciones filipina e indonesia, y Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu colaboró en la concepción inicial del capítulo sobre las mujeres en las transiciones. Hamdi Hassan y Domenico Tuccinardi proveyeron informes sobre las divisiones entre lo religioso y lo secular y las perspectivas de gobernanza democrática en Asia occidental y el África septentrional; y también sobre el impacto de la tecnología moderna de la información y las comunicaciones en la democracia. Nadia Handal Zander aportó información práctica muy útil a lo largo del proyecto y James Lenahan contribuyó a convertir en realidad la presente publicación. Deseamos hacer llegar nuestro especial agradecimiento a Kristen Sample y Helen Kavanagh-Berglund, que hicieron observaciones sobre todos los capítulos y brindaron un apoyo vital a lo largo del proyecto. Estamos muy agradecidos a Brechtje Kemp, que ayudó a que esta obra llegara a la imprenta.

Reconocemos con gratitud las contribuciones de las siguientes personas, que enumeramos por orden alfabético; todas ellas comentaron diversos fragmentos del borrador de la obra: Manuel Alcántara, Genaro Arriagada, Ayman Ayoub, Mariano Bertucci, Archie Brown, exprimer ministro de Canadá Joe Clark, Jane Curry, Jorge Domínguez, Bahtiar Effendy, Louise Frechette, Stephen Friedman, Frances Hagopian, Evelyne Huber, Stephen Levitsky, Soledad Loaeza, Michael Lowenthal, Scott Mainwaring, Cynthia McClintock, Kevin Middlebrook, Gerardo Munck, Philip Oxhorn, Philippe Schmitter, Richard Snyder, Leena Rikkila Tamang, Matthew Taylor, Massimo Tommasoli, Peter Winn, Daniel Zovatto, y los asistentes a los seminarios en las universidades de Brown, Harvard y McGill y el Occidental College. Sergio Bitar también agradece al Instituto Nacional Demócrata; a su director, Kenneth Wollack; y a su personal de El Cairo que hicieron los preparativos necesarios para sus visitas a Egipto y sus conversaciones con los líderes de los partidos políticos del país.

Por último, Sergio y Abe quieren darse las gracias mutuamente y manifestar su gratitud a sus maravillosas y pacientes esposas. Ha sido una experiencia inmensamente gratificante.

Acerca de los editores y colaboradores

EDITORES

Sergio Bitar es ingeniero, economista y político. Sirvió a Chile como ministro en el gabinete del presidente Salvador Allende. Después del golpe de Estado fue preso político y, posteriormente, exiliado. Más tarde fue senador, líder del Partido por la Democracia y ministro en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Es presidente de la Fundación por la Democracia de Chile y director del programa Tendencias Globales y el Futuro de América Latina del centro Diálogo Interamericano. Tiene un Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard.

Abraham F. Lowenthal, profesor emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California, fundó el programa sobre América Latina del Centro Woodrow Wilson, el Diálogo Interamericano y el Consejo del Pacífico sobre Política Internacional. Sus publicaciones abordan la política latinoamericana, las relaciones interamericanas, la gobernanza democrática y la política exterior estadounidense. Es doctor por la Universidad de Harvard.

COLABORADORES

Genaro Arriagada es politólogo y político. Fue ministro de la Presidencia en el gabinete de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y embajador en Estados Unidos, así como secretario general y vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano. También fue director ejecutivo de la campaña por el NO en el plebiscito de 1988, en el que Pinochet salió derrotado. Es autor de numerosas publicaciones sobre la política chilena y latinoamericana.

Jane L. Curry es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Santa Clara. Está especializada en la transición polaca, así como en estudios periodísticos y transformación en Europa Central y Oriental. Ha grabado más de 200 entrevistas con polacos, serbios, georgianos y ucranianos que participaron en las transiciones desde el régimen comunista. Es doctora por la Universidad de Columbia.

Bahtiar Effendy es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Islámica Estatal de Yakarta. Es profesor de Política y ha publicado extensamente sobre la democracia indonesia, la relación entre la religión y el Estado, y la política en el mundo islámico. Es doctor por la Universidad del Estado de Ohio.

Steven Friedman es director del Centro de Estudios de la Democracia de la Universidad de Rodas y la Universidad de Johanesburgo. Exsindicalista, periodista y académico, es autor de numerosas publicaciones sobre la transición sudafricana a la democracia, especialmente sobre el papel de la ciudadanía en la consolidación democrática. Es doctor por la Universidad de Rodas.

Frances Hagopian es profesora asociada visitante de Estudios Brasileños en la cátedra Jorge Paulo Lemann de la Escuela John F. Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. Es autora de numerosas publicaciones sobre política comparada en América Latina, con especial atención a la democratización, la representación política, la economía política y la relación entre religión y política. Es doctora por el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Soledad Loaeza es profesora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Entre sus ámbitos de especialización están los sistemas políticos y las elecciones, el poder presidencial en México y la democratización en ese país. Es miembro del Comité de Asesores del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Es doctora por el Instituto de Estudios Políticos de París.

Kwame A. Ninsin es profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Ghana e investigador visitante en el Instituto de Gobernanza Democrática de Acra. Entre sus ámbitos de especialización destacan la economía política de Ghana, la transición democrática del país y la globalización en África. Es doctor por la Universidad de Boston.

Mutiara Pertiwi es investigadora júnior en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Islámica Estatal de Yakarta. Sus publicaciones se centran en la democracia indonesia, los problemas de seguridad no tradicionales en Asia, las relaciones internacionales en el Sudeste Asiático, la gobernanza mundial y el humanitarismo. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Australiana.

Charles Powell es director del Real Instituto Elcano de Madrid. Está especializado en la transición española a la democracia, el papel del rey Juan Carlos en la transición, la política española y la relación entre España y Estados Unidos en cuestiones de política y seguridad. Es doctor por la Universidad de Oxford.

Mark R. Thompson es director del Centro de Investigación del Sudeste Asiático y profesor de Política en el Departamento de Estudios Asiáticos e Internacionales de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong. Se especializa en gobiernos autoritarios y democratización comparada, concretamente en el Sudeste Asiático y Europa Oriental. Es doctor por la Universidad de Yale.

Georgina Waylen es profesora de Política en la Universidad de Manchester. Está especializada en política comparada, con especial atención a la relación entre género y política, la economía política internacional, las transiciones a la democracia y la gobernanza y las instituciones. Es codirectora de la Red Internacional de Feminismo e Institucionalidad (FIIN).

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1. En el capítulo 10 se facilita una bibliografía sobre el papel de la mujer en las transiciones.