A mi madre

CAPÍTULO I

9 de febrero de 2012

A las 14.55 el teléfono sonó por última vez. Era Aurora.

—María, tu padre ya ha salido del Supremo. Tengo malas noticias.

Las cosas no siempre suceden como uno las planea. Es más, la mayoría de las veces acontecen de forma diferente. La mañana del 9 de febrero de 2012 me acerqué a la casa familiar en la que viví durante casi veinte años para despedir a mi padre, que se marchaba a Colombia. Iba a continuar su trabajo en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, en la que trabajaba desde mayo del año anterior. La verdad es que yo no sabía exactamente qué tareas desempeñaba allí hasta que un día, en Navidades, encontré un informe sobre justicia transicional y la Ley de Justicia y Paz entre los papeles de su despacho. Rodearse de sus papeles siempre fue una auténtica aventura. Leí unos párrafos y me di cuenta de la trascendencia de su tarea. En aquel momento, me prometí a mí misma que le preguntaría más sobre Colombia, pero el mes de enero y los primeros días de febrero fueron muy complicados, muy duros. Tuvo que afrontar dos juicios en los que, por primera vez en su trayectoria judicial, desde que aprobara las oposiciones a juez allá por 1980, era él, y no otro, el que se sentaba en el banquillo de los acusados.

Los dos procesos que le llevaron a esa inusual situación para un magistrado eran consecuencia de las decisiones que había tomado el Tribunal Supremo al considerar aparentemente delictivas algunas de las resoluciones que mi padre había adoptado en el conocido caso Gürtel y en las investigaciones por los crímenes del franquismo. El primero, referido a la trama de corrupción más importante en la historia de la democracia española, y en el que estaban implicados altos cargos del Partido Popular, decenas de empresarios y concejales, alcaldes y otras personalidades vinculadas a dicho partido. El segundo trataba de la investigación de crímenes masivos cometidos durante parte de la dictadura de Franco; época en la que los derechos de miles de víctimas fueron masacrados de forma impune. Permanecieron así durante cuarenta años de franquismo y, después de la muerte del dictador, durante treinta más, sin que nadie hiciera nada al respecto de uno de los capítulos más negros y menos conocidos de nuestra historia reciente.

El ambiente aquella soleada mañana de febrero era tranquilo. Mi padre terminaba de hacer la maleta. Mientras, yo aguardaba trabajando en el salón de la casa, rodeada de recuerdos familiares, en los que se encuentra plasmada casi toda la historia de la familia.

El tiempo pasa volando: apenas cinco años antes, me había vestido de novia en ese mismo lugar y de allí había salido del brazo de mi padre para casarme; ahora era yo quien le despedía cuando se dirigía a un destino incierto a sus cincuenta y seis años. La casa familiar significaba para mí una suma de recuerdos de vida y encuentro. Ahora sólo la visitaba los fines de semana y se me hacía extraño encontrarme allí una mañana de diario, a las doce del mediodía.

Una vez más, mi padre no estaría allí ese fin de semana: marchaba a su trabajo fuera de España. Esta situación venía siendo habitual desde que, en mayo de 2010, el juez Varela dictara siete resoluciones en un solo día para posibilitar que el Consejo General del Poder Judicial, a las «órdenes» de Margarita Robles, le suspendiera de sus funciones.

Ahora la escena se me representaba con total nitidez, contada por todos los medios de comunicación como algo «normal», cuando, en realidad, el Consejo, de haber actuado correctamente, tendría que haber decidido primero sobre la petición de servicios especiales, presentada tres semanas antes, en la que se solicitaba su incorporación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como asesor del fiscal Luis Moreno Ocampo. Con ello, la suspensión habría sido innecesaria.

Pero en los ámbitos oficiales lo «normal» nunca ha sido lo aplicable al juez Garzón. En un auténtico proceso exprés que sólo buscaba «humillarle» públicamente, le suspendieron para así dejar claro que, por fin, «se metía en cintura a quien había estado por encima de todos». Su objetivo era conseguir lo que mi padre, meses antes, ya había previsto y me había dicho serio y convencido: «María, lo que quieren es mi foto bajando las escalerillas de la Audiencia Nacional, suspendido, para que nunca más vuelva a entrar. Quieren acabar conmigo y lo van a hacer.» «Éste es solamente el principio», remató. La verdad es que oír a mi padre hablar así, de esta manera, con tanta convicción, me sobrecoge, porque siempre suele acertar, especialmente cuando se refiere a las personas, aunque su falta de maldad le haya llevado a ser traicionado por algunos de los más próximos a quienes había ayudado de forma desinteresada. Pero como me dijo en una ocasión: «Así soy y no voy a cambiar a mis años.»

Parecía evidente que, tal como estaban las cosas, aquí ya no tenía nada que hacer. «Exiliado a la fuerza» de un país, su país, cuyas instituciones le habían dado la espalda después de todo lo que había trabajado en los últimos treinta años de su vida, por combatir las lacras de nuestra sociedad.

El narcotráfico, el terrorismo, la jurisdicción universal, la corrupción ocuparon su tiempo durante largos períodos, suplantando su papel de padre por el de juez. Pero en esa ocasión no eran los delincuentes sino sus propios compañeros los que ejecutaban algo mil veces ensayado a lo largo de la historia contra quienes siempre fueron inocentes. Ellos eran los que, de forma arbitraria, me lo arrebataban de cuajo, sin duda ni misericordia. Aquellos a los que tanto había defendido hasta entonces rompían en ese momento a una familia que todavía hoy, como millones de personas, se pregunta «¿por qué?».

Pero a todo se acostumbra uno, y esa mañana de febrero el ambiente no estaba cargado de rabia sino de resignación por lo inevitable y de la tranquilidad que da el saberte inocente, aunque con pocas probabilidades de que te lo reconozcan a pesar de que los juicios habían salido, a ojos de todos, a pedir de boca. Los juicios se habían ganado. Las sentencias iban a ser otra cosa.

Saliendo de mi ensoñación, me di cuenta de que llegaba la hora de ir al aeropuerto y papá no bajaba. Cuando iba a llamarlo, con milimétrica sinergia, muchas veces experimentada, le oí gritar mi nombre mientras descendía por la escalera, y serio, muy serio, me dijo:

—María, tengo que suspender el viaje a Colombia. Dentro de un rato sale la sentencia de la Gürtel.

—¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Quién te lo ha dicho?

—Me ha llamado Virginia Aragón, la procuradora. La notificarán a la una y media en el Tribunal Supremo.

—Pero ¿tienes que ir a recogerla? ¿Te la leen en audiencia pública?

—No me puedo ir, aunque le han dicho que la pueden notificar después, que no me preocupe. Supongo que lo hará la secretaria del Tribunal, que es lo que marca la ley. Aunque como en mi caso la ley es sui géneris... ¡Quién sabe!

—Papá —le dije—, no hagas bromas en este momento.

—No, hija, no hago bromas. Desgraciadamente para nosotros, no son bromas.

En ese instante, la tranquilidad de la mañana se tornó en una tensión que casi se podía cortar con un cuchillo. Miré a mi padre, en silencio, observé cómo había cambiado con el tiempo, cómo el exceso de trabajo, las tensiones, el estar siempre en el punto de mira habían hecho mella en aquel joven padre que dejaba que mi hermano y yo nos colgáramos de sus brazos o nos sentáramos en sus pies para llevarnos de aquí para allá como un gigante que transporta a sus pequeños. Ya no era tan joven, con los años había ganado peso, las canas se estaban apoderando de su negro cabello y su movilidad se había visto reducida considerablemente por culpa de la rizartrosis que amenazaba con dejarle sin fuerza en las manos en los años siguientes.

Se le veía preocupado, sus ojos le delataban, y a mí me daba miedo preguntar:

—¿Y qué crees que va a pasar?

—Hija, han tardado muy poco. No es buena señal.

Tan sólo veinticuatro horas después de que acabara el segundo de los juicios, el relativo a los crímenes del franquismo, salía la sentencia del primero. El tribunal apenas había tenido un par de jornadas para reunirse entre uno y otro. Hay que tener en cuenta que dos de los jueces estaban en ambos tribunales, por lo que no podían deliberar sobre el primero mientras se celebraba el segundo. Sólo habían empleado cuarenta y ocho horas de deliberación para un juicio de complejidad elevada en el que los aspectos técnicos eran numerosos. Mi padre tenía razón: no era una buena noticia.

—¿Quieres que vaya contigo? Te puedo esperar en algún sitio.

—No, hija. Hay cosas que uno debe hacer solo. Además, si es condenatoria, debo hablar con el abogado y ver qué pasos damos. Luego nos vemos. No te preocupes.

Mi padre siempre había sostenido que la decisión estaba tomada desde hacía tiempo. No me podía quitar de la cabeza las palabras que, unos días antes, en la celebración del cumpleaños de mis hermanos, Baltasar y Aurora, nos había dicho en la sobremesa: «Quiero que estéis preparados, porque estoy convencido de que me van a absolver en el caso del franquismo y a condenar en el Gürtel: lo tienen decidido desde el principio.»

Recuerdo que protesté y le dije: «Papá, el juicio ha ido muy bien, todo el mundo lo ha visto, no te pueden condenar.» Vi su mirada tranquila pero inquietante, y de modo tajante me contestó: «Hija mía, los conozco bien, no tienen límite, si han llegado hasta aquí es para finiquitar lo que empezaron. No me quieren en la carrera judicial; saben que no hay nada, pero lo van a hacer.»

Me asustó la dureza de su afirmación y su convicción. Sólo en muy contadas ocasiones mi padre abandona su característico buen humor en familia para hablar con esa contundencia. Le había oído decir múltiples veces que se sentía condenado pero no derrotado, y mucho menos culpable. ¡Y no le faltaba razón!

Durante todo el proceso se le habían denegado una gran cantidad de pruebas, se habían modificado los tiempos procesales normales, jugando con ellos para que fuera inhabilitado, y le habían juzgado por el caso Gürtel antes que por el de los crímenes del franquismo, y todo con el telón de fondo de una causa como la de Nueva York, que atacaba directamente a su honorabilidad y honradez.

A pesar de ello, yo no podía asumir que una vez más estuviera en lo cierto. La vista oral del juicio del caso Gürtel, cuya sentencia estábamos a punto de conocer, y que había sido retransmitida en directo por la web de RTVE, seguida por más de doscientos cincuenta periodistas acreditados en el Tribunal Supremo y por miles de ciudadanos a través de internet y redes sociales como Twitter, en la que #juicioagarzon, #garzon y #Gurtel se convirtieron en trending topics durante su primera jornada, había salido bien y, a nuestra manera de ver y a la de miles de personas, se había ganado.

Todos los testigos habían ratificado los argumentos de la defensa de mi padre, a excepción, por supuesto, del señor Peláez, que además de testigo era acusación, por lo que, obviamente, no apoyaría las mismas tesis. Pero, incluso en ese caso, quedó patente que Peláez no estaba autorizado para visitar en prisión a quienes no eran sus clientes y que lo grabado jamás se utilizó en la investigación.

Todo el mundo nos lo decía. Mi padre había desmontado una a una las acusaciones que los abogados de la trama Gürtel vertieron sobre él. Incluso tertulianos de programas no precisamente afines a mi padre criticaron la «falta de preparación» de la acusación, a la que Garzón «había sabido hacer la envolvente».

En los días siguientes al juicio, la gente nos daba ánimos porque, según decían, «había quedado claro que mi padre era inocente; que en todo momento había salvaguardado el derecho de defensa, y que todo era un sinsentido». Incluso circulaban rumores en los círculos jurídicos de que todo quedaría en un delito menor, con sanción de poco más de dos años —que ya habría casi cumplido—, y que se podría incorporar de nuevo a la Audiencia. ¿Eran sólo cantos de sirena? El único que se empecinaba en decir que le iban a condenar era él.

En ese momento pensé que la vía más rápida para enterarme bien de todo era llamar a Aurora, una periodista que, por amistad, le había ayudado a estar al tanto de las informaciones que iban saliendo en los medios de comunicación.

—Voy a avisar a Aurora, por si llama la prensa —le dije a mi padre según salía por la puerta.

El roce hace el cariño y, con el tiempo, Aurora se había convertido para mí en una buena amiga, me informaba de cómo estaban las cosas en cada momento, escuchaba mis preocupaciones y me animaba a diario.

Cogí el teléfono y la llamé. Le conté lo que pasaba y quedamos en vernos en el bar El Supremo, situado frente a la puerta lateral del Tribunal, como habíamos hecho varios días durante los juicios.

—Aurora, no sé qué va a pasar, pero mi padre tiene malas sensaciones.

—Haz una cosa —me dijo ella—: antes de salir, mira las webs de El Mundo y Europa Press, por si hubiera alguna última hora.

La sugerencia en cuanto a Europa Press era lógica, puesto que es una agencia de noticias que tiene un servicio de teletipos y los da casi al minuto. El caso de El Mundo era más sutil. Este diario, su línea editorial y específicamente su director siempre han atacado y denigrado a mi padre. Según él me contaba, desde que «no quise hincar la rodilla, al contrario de lo que hicieron otros en el caso Sogecable, y me empeñé en desvelar las maniobras del mismo en el 11-M», además «ha publicado cosas y afirmaciones falsas y manipuladas desde hace muchos años». No obstante, siempre estaba «muy bien informado sobre el Tribunal Supremo» y solía dar en primicia las resoluciones que dictaba este órgano judicial. Por eso, la lógica nos hacía pensar que si en su web aparecía una última hora que anunciaba que la sentencia se iba a hacer pública ese mismo día, podría significar que le habían condenado.

Miré las webs. Nada. Buena señal. Avisé a mi marido, a mis hermanos y a mi madre, y salí hacia el Tribunal Supremo.

Eran las 13.10 y como mínimo tardaría veinticinco minutos en llegar. Me esperaba un frenético viaje en coche en el que los segundos se harían minutos y los minutos, horas. Suena el teléfono: Aurora.

—María, yo ya estoy aquí, tu padre ha entrado, ¿por dónde vas?

—Por Atocha, aún me queda un rato. Me he retrasado, pero por ahora en la radio no dicen nada. Estoy cambiando continuamente de la SER a la COPE y nada.

En la COPE hablaban de la operación de cirugía estética de María Teresa Fernández de la Vega y en la SER, de algún concierto que había en Madrid. Recuerdo que pensé en lo extraño de la situación: yo conduciendo, hecha un manojo de nervios, consciente de que de un momento a otro se produciría una de las noticias más importantes de mi vida, y desde luego de gran relevancia pública, y los periodistas, que serían los encargados de darla, ajenos a todo, hablando de cosas que, en ese momento, me parecían triviales.

13.45. Vuelve a sonar el teléfono: Aurora.

—¿Dónde estás?

—Ya estoy, subiendo por la calle Bárbara de Braganza, aparco y voy para allá.

Casi había llegado. ¿Tendría mi padre ya la sentencia? ¿La estaría leyendo justo en ese instante?

En la radio seguían con la programación habitual, ninguna última hora.

13.49. Final de la calle Argensola. Un aparcamiento en la esquina con la calle Génova. Ahí voy a aparcar, pero de repente me para la policía. ¿Cómo? ¿Qué pasa ahora? ¿Y toda esta gente? ¡No pueden cortarme el paso!

No me lo podía creer, las 13.50 y, justo cuando ya veía un sitio para dejar el coche, pasa ante mí una manifestación de los empleados de Spanair, que acababa de entrar en concurso de acreedores.

Allí estaba, bloqueada por la policía y los manifestantes por un lado, y por una fila de coches que empezaban a acumularse tras de mí, por el otro. Ahora sí que no llegaba. Sólo podía esperar y comerme mi rabia, esperar a que la radio o de nuevo el teléfono me dieran la noticia. Deseaba bajar del coche, gritar al mundo lo que me estaba pasando y dejarlo allí tirado, salir corriendo para poder estar con mi padre a su salida del Tribunal. Pero no podía ser. Sólo me quedaba respirar hondo y esperar.

A las 14.55 el teléfono sonó por última vez. Era Aurora.

—María, tu padre ya ha salido del Supremo. Tengo malas noticias.

CAPÍTULO II

Los valores de un juez

Padre y juez

Nací el 14 de noviembre de 1982, en Sevilla, ciudad donde mi padre había estudiado la carrera de Derecho y las oposiciones a juez y adonde tenía la esperanza de volver para ocupar una plaza en la Audiencia Provincial una vez que terminara su labor en Almería, en 1987, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres. Hasta el momento había pasado por Valverde del Camino, en Huelva, el primero de sus destinos, y por Villacarrillo, un pueblo de la Sierra de las Villas, en Jaén. Por aquel entonces, mis padres llevaban dos años de casados, durante los cuales habían estado esperando mi llegada con la ilusión propia de los padres primerizos y, en cierto modo, también con interés, porque mi nacimiento suponía que mi padre se librara de la mili, pues había prorrogado su alistamiento mientras terminaba sus estudios.

Mi padre, pacifista declarado, me ha contado en numerosas ocasiones que no entendía cómo para el Estado podía ser más importante hacer la instrucción militar y aprender el manejo de las armas que trabajar como él lo estaba haciendo, ya entonces sin horas ni descanso, como juez de primera instancia e instrucción y ayudando a quienes acudían a su juzgado pidiendo justicia. El caso es que tantas ganas tenía de librarse de la mili que se presentó en el Registro Civil la misma mañana de mi nacimiento, sin haber esperado las veinticuatro horas que en ese momento exigía el Código Civil para llevar a cabo dicho trámite. Tras el correspondiente rapapolvo que le echó el funcionario público, mi padre, avergonzado, respondió: «Tiene usted razón, así lo dice el artículo 30 del Código Civil. Volveré mañana.»

Mis recuerdos de infancia, en cierto modo, no se alejan de los de cualquier niña que pasa los días entre juegos y peleas con sus hermanos, canciones y disfraces, deberes aburridos y travesuras de todo tipo. Lo único que me diferenciaba del resto de mis compañeros era que mi padre no siempre estaba con nosotros.

Le recuerdo entrando y saliendo de la casa, con su maletín de trabajo o con la maleta de viaje. Uno y otra eran para mí una prolongación de su mano. Solía llegar muy tarde de la Audiencia y, tras darnos un beso y cenar con nosotros, se metía en su despacho a seguir trabajando. Yo, en mi papel de hija que no comprendía aún el mundo de los adultos, decía «mi padre está casado con el trabajo». Tendrían que pasar muchos años y situaciones complicadas antes de que, con la madurez que da el tiempo, entendiera que ese trabajo del que me sentía «celosa» era necesario y que lo hacía no para su realización personal, sino para todos nosotros, para intentar mejorar el mundo que un día nos dejaría.

Pero no hay mal que por bien no venga, y su ausencia física me permitió establecer con él una comunicación por carta que hacía que estuviéramos más cerca el uno del otro. La escritura reposada y meditada facilitaba nuestros diálogos y la forma de transmitir nuestros pensamientos, y permitía que nos dijéramos cosas que la falta de tiempo o la timidez impedían.

Recuerdo cuando suspendí cuatro asignaturas en el primer trimestre de octavo de EGB. Mi padre me escribió una extensa carta, de dos folios, en la que hablaba de la responsabilidad, el esfuerzo y la confianza que él y mi madre depositaban en mí en ese momento en el que les fallaba, para que entendiera lo importante que era que yo estudiara y trabajara duro para labrarme mi propio futuro. Esa carta se me quedó clavada en el alma y aún la guardo. Cuando tengo momentos en los que me cuesta tirar hacia delante, la releo y pienso en cuánta razón tenía mi padre al decir que nuestro camino lo escribimos nosotros, que es fruto de nuestro trabajo y que nadie nos va a regalar nada.

Hoy, el contenido de esa carta está más vigente que nunca y, en una época en la que el sistema parece habernos dado la espalda, no tenemos más que nuestros propios actos para cambiarlo, para hacer que funcione de forma diferente, más próxima a los ciudadanos, más transparente, más justa. Estoy segura de que con ese objetivo hay mucha gente dispuesta a encontrar la manera de llegar a «la línea del horizonte», a pesar de lo que día a día nos quitan. En una ocasión, mi padre me dijo que había titulado uno de sus libros La línea del horizonte porque siempre hay que tener la esperanza de alcanzar la utopía, ya que aquélla es la realización de ésta y supone el esfuerzo para superar día a día las barreras de la incomprensión y la frustración, para mejorar el mundo.

La política y la coherencia

Mi padre y yo tenemos el mismo signo del zodiaco, Escorpio, y un carácter muy parecido, lo que nos hace chocar en numerosas ocasiones. Uno de los momentos que nunca acabé de comprender, tenía yo once años, fue su paso por la política. Ahora entiendo que sus intenciones fueron buenas. Él es un idealista y creyó que alguien que no estaba en el aparato de un partido político, sino asociado a él, podía contribuir a cambiar el sistema, a mejorarlo, trabajando por los ciudadanos, como lo había hecho desde la justicia. Sin embargo, yo, en ese momento, no alcancé a percibir el gran sacrificio que estaba haciendo al dejar de ser juez para convertirse en político. Recuerdo que me lo explicó, pero yo no concebía las razones que me daba. Ahora sí: luchaba por algo diferente, de la mano del pueblo, pero sin mentirle. Decía que uno de los puntos de los que discrepaba, y que le hizo salir rápidamente de escena, había sido justo ése, el de engañar al pueblo, tratarlo como algo que se usaba durante la campaña electoral y luego se olvidaba. Se quejaba de la burocracia de los partidos y de la falta de compromiso en la lucha contra la corrupción.

Todavía hoy le oigo predicar que la forma de hacer política en España debe cambiar. Mi padre me reñía cuando yo afirmaba que no creía en los políticos, y aseveraba: «En todas las profesiones hay indeseables, pero eso no significa que la profesión sea mala, sino que hay que acabar con ellos.» Hoy, a pesar de que creo que los políticos viven alejados de la realidad y que no atienden a los ciudadanos más que cuando les interesa, debo reconocer que existen políticos honrados y que se esfuerzan por mejorar nuestra situación; pero los que mandan, los que lideran, están a mucha distancia del pueblo al que dicen defender.

El 18 de abril de 1994, el día previo al inicio del debate sobre el estado de la nación, mi padre, por aquel entonces secretario de estado y delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, envió una carta al presidente del Gobierno, Felipe González, en la que le comunicaba su dimisión por la falta de compromiso de éste en la lucha contra la corrupción y por haber dado la espalda al pueblo. Nadie supo en ese momento de la carta, porque papá decidió no hacerla pública.

En casa no hubo comentarios, sino silencio y tensión. Una vez más, él había tomado una decisión en pura coherencia con lo que pensaba y había defendido siempre y resolvió ser fiel a quienes le habían elegido. Intuía, por la cara de mis padres, que esa decisión iba a traer consecuencias graves. No obstante, el presidente le pidió que continuara unos días y así lo hizo, hasta que el 4 de mayo de 1994 oficializó la dimisión. Yo había oído la noticia por la radio y, cuando abrió la puerta de casa, salí corriendo y de un salto me encaramé a sus brazos para decirle: «¡Cuánto me alegro, papá! ¡De nuevo eres juez! ¡No me gustaba que fueras político!» Tuvieron que pasar muchos años antes de que él contestara a mis dudas, y lo hizo en su libro Un mundo sin miedo, donde me explicó que la decisión de entrar en política la había tomado para intentar mejorarla, para «luchar por un ideal de justicia y recuperar la credibilidad de los ciudadanos». Evitar, en definitiva, que en España sucediera lo que había pasado en Italia, donde la corrupción había ganado la partida.

Las consecuencias de una decisión

La campaña desatada contra mi padre por su decisión de abandonar el cargo que desempeñaba en el Gobierno y su acta de diputado fue equivalente a la que tuvo lugar cuando se incorporó como independiente al número dos de las listas del PSOE por Madrid, a excepción de que en dicha ocasión le criticaban los que con anterioridad le habían alabado.

A la vuelta del verano, y especialmente en torno a las Navidades de 1994, el caso Segundo Marey —secuestro imputado a mercenarios de los GAL—, que mi padre nunca archivó ni reabrió —como se dijo de forma tan taimada como falsa para acusarle de venganza contra los socialistas—, porque la instrucción del mismo había continuado por orden del juez que le había sustituido en el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, «estalló» cuando se ordenó el arresto de varios altos mandos policiales y políticos por detención ilegal y malversación de caudales públicos.

Las consecuencias de aquellas decisiones, en particular de la orden de entrada en prisión de Rafael Vera en febrero de 1995, incidieron en toda la familia. Intervinieron las comunicaciones de mi padre, envenenaron a nuestro perro y entraron dos veces en casa —una a dejar el mensaje mafioso de que podían hacer lo que quisieran, y otra a «robar» el sumario de los GAL—, aprovechando que estábamos fuera unos días en Semana Santa. Hubo un momento en el que mis hermanos, de diez y cinco años, y yo creímos que le iban a matar. Pero jamás, ni en esa ocasión, ni en tantas otras similares, le vi perder los nervios. Siempre era él quien le quitaba importancia a las cosas. Aquél fue un ataque directo a la independencia judicial que se repetiría años después con el caso Sogecable, en el que, por ser fiel a la ley y no entrar en la conspiración contra una serie de personas inocentes, se vio, por primera vez, imputado en el Supremo; con el caso Pinochet, en el que tantas trabas y ataques mediáticos recibió; con las investigaciones sobre el entorno de ETA, que al principio determinados medios descalificaron y atacaron sin piedad, o, de forma más evidente, con el denominado «caso Gürtel».

La historia se repetía, y entonces como ahora se imputaban fines abyectos en la instrucción. Lo único que yo vi en aquel momento, con menos intensidad por la edad, y que veo ahora en directo y con daños gravísimos, fue a un juez entregado a su trabajo con independencia y sufrimiento. Jamás le he oído alardear de ningún caso y sí, por el contrario, decir lo duro que le resultó ordenar la prisión de Rafael Vera, que tanto había trabajado desde el Ministerio del Interior.

Anécdotas

Mi padre nunca jamás ha eludido una responsabilidad. Recuerdo una anécdota que nos relataba como una especie de cuento y que él fechaba en 1989: la policía llevó a cabo la detención de uno de los grupos de ETA, y un colega de mi padre no quiso hacerse cargo de los más de veinte detenidos, lo que retrasó la recepción de la comunicación del arresto. Mi padre asumió la responsabilidad, no sin antes decirle a su compañero que ésa no era forma de impartir justicia ni de responsabilizarse de las cosas. Hoy, ese compañero ocupa un alto cargo institucional, y a mi padre le han expulsado injustamente de la carrera. Otro tanto ocurrió tras la reactivación del caso Marey. Como estuvo paralizado, mi padre hizo lo que tiene que hacer un juez de instrucción: investigar y hacerlo coordinadamente con otros jueces. En esa ocasión, con el juez Perraudin, de Ginebra. Con su ayuda pudo descubrir que Amedo y Domínguez habían recibido por su silencio más de cien millones de pesetas procedentes de los fondos reservados, y que, a través de sus esposas, los habían ocultado en Suiza. Mi padre sabía lo que le supondría este hecho y lo que desencadenó después, pero no apartó la vista hacia otro lado, como hicieron otros. Abordó el caso y llegó hasta sus últimas consecuencias, asumiendo que éstas serían graves.

En el mes de julio de 1995, el caso Marey llegó a su punto culminante cuando mi padre elevó suplicatorio al Tribunal Supremo para que éste valorara la posible responsabilidad penal del ex ministro Barrionuevo y del presidente del Gobierno, Felipe González, en todo el asunto. Muchos dijeron que ya había anunciado esto en 1988, cuando en su esquema del GAL marcó con una x los nombres de los posibles autores. A mí siempre me contó que esa x simplemente identificaba, como en matemáticas, la incógnita que había que despejar. En sus cartas, a menudo me decía que jamás debemos eludir nuestro deber, por muy difícil que sea, aunque no nos convenga o a pesar de que nos pueda complicar la vida: «Debemos ser responsables y consecuentes con nuestros propios actos, y asumir después los errores que hayamos podido cometer y aprender de ellos. No son pocos los que en nuestro sistema de justicia, como en otras profesiones, han buscado en ocasiones la manera legal de quitarse un caso de encima.» Pero a mi padre no le importaba complicarse la vida, simplemente no pensaba en ello, era su deber y punto.

La crueldad de los tópicos

Los niños, sobre todo en la etapa de la adolescencia, son crueles y, al contrario de lo que muchos piensan, no son del todo ajenos a lo que sucede en el mundo de los adultos. Fue durante esa época cuando comencé a oír cómo algunos compañeros me decían que mi padre era un juez estrella, que sólo buscaba protagonismo. Y, desde entonces, ése ha sido uno de los argumentos más utilizados para desprestigiarle y, dicho sea de paso, uno de los que a mí personalmente peor me sienta. «Superjuez», «juez Campeador», «mal instructor», «todas sus investigaciones se caen», «juez vedette», etc., son expresiones que los medios de comunicación han utilizado para referirse a él. Poco importa que más del 90 por ciento de sus casos hayan sido confirmados en casación e incluso en Estrasburgo, como los de Batasuna, PCTV o ANV, o que haya sido pionero en la mayoría de los avances en investigación penal antes de que éstos estuvieran contemplados en la ley.

Recuerdo cuando, siendo niña, allá por 1992, una noche me desperté sobresaltada porque mi padre, en pijama y al teléfono, estaba dirigiendo la detención en el sur de Portugal de un mafioso italiano, Emilio di Giovine, y oí los disparos por el comunicador; o cuando en 1989 ordenó el primer abordaje en alta mar de un barco que llevaba dos mil quinientos kilogramos de cocaína; o cuando ordenó la operación Nécora en unos momentos en los que nadie se atrevía a ir contra los capos gallegos; o la detención de todos los capos importantes de la mafia turca de la heroína; o cuando desplegó la mayor operación contra las redes magrebíes, españolas e italianas del tráfico de hachís...

Le han acusado incluso de mover los «hilos» para hacerse con los casos más importantes o con aquellos de los que podía sacar rédito, y aunque se ha demostrado que no es así en múltiples ocasiones, ya que la distribución se hace por reparto, aún han seguido utilizando estos argumentos en las causas que nos han llevado a la situación actual. Lo que sí es verdad es que una vez que iniciaba una investigación no la dejaba hasta que todas las vías y derivaciones de la misma estaban agotadas. Como también lo es que, durante años, han sido los policías, los abogados y las víctimas los que esperaban a que su juzgado estuviera de guardia para presentar las denuncias. En una ocasión, un abogado conocido mío me explicó que en su bufete siempre esperaban a que mi padre estuviera de guardia para presentar las querellas, porque sabían que así seguro que se iniciaban al menos los trámites pertinentes para su ejecución, y que él no eludiría su responsabilidad.

El de «juez estrella», como decía antes, es el calificativo que más me duele. Recuerdo una reflexión que la fiscal Lola Delgado hizo con motivo de un homenaje que le hicieron a mi padre en su pueblo natal, Torres. En aquella ocasión dijo que «estrella» no era el juez, sino los casos. Todos y cada uno de los casos que pasan por la Audiencia Nacional tienen tal envergadura y dificultad que son importantes por sí mismos, independientemente de quién realice la investigación. El periodista es quien después pone el nombre del instructor o del fiscal en la noticia.

Mi padre jamás ha pedido que su nombre aparezca en los medios de comunicación para llevarse los méritos. Todo lo contrario. No sólo ha destacado siempre el trabajo colectivo de funcionarios, policías, guardias civiles, fiscales, etc., sino que en alguna ocasión, como tras el asesinato de su compañera y amiga la fiscal Carmen Tagle a manos de ETA el 12 de septiembre de 1989, ha llegado a pedir a los periodistas que cubrían la información de la Audiencia Nacional que, por favor, no pusieran los nombres de las personas que trabajaban en los casos. Era obvio, ¿qué necesidad hay de que los delincuentes, terroristas, mafiosos, etc., sepan con nombre y apellidos quién los investiga? Pero como una vez le dijeron a mi padre, la marca Garzón «vende, tiene fuerza y ocupa menos espacio en los titulares». Y por eso hemos tenido que cargar con el estigma del protagonismo durante todo este tiempo, en el que se han lanzado opiniones y titulares como «GARZÓN, JUEZ INDIGNO», «LA PATALETA DE GARZÓN» o «GARZÓN Y SUS OSCUROS VEINTICINCO MILLONES DE DÓLARES».

El oasis de Ohio y el caso Pinochet

Tercero de BUP fue para mí un oasis de tranquilidad en cuanto a todo lo que se refería a mi padre y a su trabajo. Estuve viviendo en Estados Unidos, acogida por una familia de Akron, Ohio, y por primera vez fui ajena a titulares; me preocupaba única y exclusivamente por el tipo de cosas que preocupan a una chica normal de quince años. Once meses viviendo al más puro estilo americano, aprendiendo inglés, conociendo gente, practicando deporte, yendo a bailes de instituto, compitiendo con las animadoras, empapándome de una cultura muy diferente a la mía. Nada me hacía prever que a mi regreso a España me daría de bruces contra una de las realidades del alma humana que más me revuelve las entrañas y que más me cuesta comprender: el odio hacia el diferente y la capacidad de exterminio del mismo.

En verano de 1998, regresé a España con la madurez que aporta el haber estado casi un año fuera de casa teniendo que apañármelas sola, a pesar de haber estado abrigada por una estupenda familia americana a la que nunca dejaré de agradecer lo bien que cuidaron de mí. Fue entonces cuando comencé a oír hablar a mi padre de un militar represor argentino, el capitán Adolfo Scilingo, y de una investigación que había llevado a cabo en mi ausencia sobre crímenes cometidos durante la dictadura argentina. Por primera vez oía conceptos como «crímenes de lesa humanidad», «genocidio», «justicia universal» y «jurisdicción universal». Recuerdo que mi padre estaba muy enojado porque el fiscal general de la época, Jesús Cardenal, no se preocupaba lo más mínimo por esta materia, como tampoco lo hacía el de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que incluso se permitía afirmaciones sobre la naturaleza de la dictadura argentina y su justificación.

Aquellos días comencé a interesarme en profundidad por estos temas al oír los duros relatos sobre torturas, robos de niños, desapariciones, «traslados» y «vuelos de la muerte» que mi padre, impactado por la crudeza de los testimonios, compartía en casa. Así fui conociendo el interior de las consecuencias de una dictadura, la crueldad de los verdugos, el desamparo de las víctimas, la falta de justicia y lo que deriva de la impunidad, y comprendí la obsesión del juez Garzón por la defensa de aquéllas y por qué guarda en su despacho multitud de recuerdos relacionados con sus investigaciones.

Todo esto me llamaba la atención, porque me ofrecía una panorámica totalmente diferente de un mundo que sólo conocía de referencia. Leí, vi películas, pregunté, indagué y cada vez me resultaba más inverosímil que hubieran sido capaces de cometer las atrocidades que allí aparecían como ejecutadas. También en esos años aprendí de mi padre qué eran los casos de justicia universal y por qué se podían investigar hechos delictivos que habían ocurrido fuera de España. Lo importante era que se tratara de determinados tipos de crímenes amparados por el principio de jurisdicción universal —genocidios, torturas, crímenes contra la humanidad, terrorismo—, es decir, que, independientemente de donde hubieran ocurrido, cualquier juez tuviera obligación de perseguirlos, y que no importaba la nacionalidad de las víctimas si en su país no hacían nada por investigarlos o era imposible hacerlo.

Donde tuve la ocasión de participar, gracias a mi aprendizaje del inglés, fue en el caso Pinochet. Tengo que reconocer que al principio, el fin de semana que siguió a la detención del dictador en Londres por orden de mi padre el 16 de octubre de 1998, sentí miedo porque no comprendía el alcance de la medida. Unos días más tarde nos explicó que había tomado la decisión ante el temor de que marchara a Chile, pero sin mucha convicción de que los británicos la llevaran a cabo, y porque era absolutamente necesario «jugársela» por las víctimas. Recuerdo que le pregunté y me dijo: «María, no tengo el apoyo del fiscal, ni siquiera sé lo que va a decir la Sala de lo Penal sobre la competencia, pero en la vida me podría perdonar no haber hecho todo lo que pude para que se hiciera justicia a quien tantas desgracias ha causado.» En aquella ocasión, también sufrió ataques, denuncias, campañas en contra, pero, como siempre, aguantó con dignidad y fuerza, y salió adelante. Por eso, la explosión de júbilo fue tan especial cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dio la razón en las decisiones adoptadas en los casos Argentina y Chile.

Por mi parte, me sentí protagonista en la sombra y, de alguna forma, por lo que mi padre me ha contado muchas veces, fui un eslabón importante para que la extradición en Londres tuviera éxito. Quizás no todo el mundo sabe que el juez inglés Ronald Bartle accedió a la extradición en los términos solicitados por el juez español, a pesar de que ésta no llegó a materializarse, como todos sabemos, debido a la devolución del general Pinochet a Chile por razones médicas más que discutibles.

Recuerdo que una noche, alrededor de las diez, cuando yo ya iba a acostarme, mi padre me pidió que le tradujera unos documentos del juzgado. Le respondí que era tarde, y él me dijo que lo sabía, pero que tenían que salir a primera hora de la mañana y que no podía acudir al traductor oficial. A partir de entonces, casi todos los días, hacíamos el mismo trabajo con otros documentos.

Yo me sentía orgullosa, porque a pesar de la dificultad de los términos jurídicos, sabía que estaba ayudando a mi padre, aunque sin conocer bien las razones de aquel extraño proceder. De modo que un día se lo pregunté, y su respuesta me dejó pasmada y preocupada. Ahora, con el paso de los años, he comprobado que aquellas trampas del Gobierno de la época se han repetido más recientemente y con peor resultado para nosotros.

«María, los primeros días tras la detención de Pinochet, el Ministerio de Asuntos Exteriores comenzó a poner pegas al envío de documentos que yo remitía a Londres y a retrasar la recepción de los que se recibían aquí de parte de las autoridades británicas, mandándolos al juzgado fuera del horario normal de oficina. Ante los plazos tan perentorios que los ingleses exigían, esto me impedía tramitar a tiempo la contestación, con lo que el caso se podía caer. Así, derivé el fax del juzgado al de la casa que compré para la ocasión, recibía el documento que tú me traducías y, con él, escribía el borrador de la resolución. Se lo mandaba de madrugada a José Manuel, el traductor oficial, y éste a las ocho de la mañana ya me lo tenía preparado y podía mandar la comisión rogatoria con autorización del presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger. De ese modo la decisión llegaba a tiempo al tribunal londinense.» Pasado un tiempo, mi padre me contó que el ministro Abel Matutes le había reconocido que no entendían cómo era posible que las resoluciones llegaran a tiempo y produjeran los efectos. Aquí está la explicación.

Días después de que terminara todo el proceso de extradición, entré en una ferretería con una amiga del colegio. Como ocurre a menudo en este país, en el que todo el mundo habla de fútbol y política en cualquier momento y en cualquier lugar como si fuera un auténtico experto, el ferretero, sin venir a cuento, a la vez que nos daba el cambio nos dio una lección, errónea dicho sea de paso, de derecho internacional. Quería explicarnos por qué el señor Garzón se había equivocado al aplicar el Estatuto de Roma (por cierto, el Estatuto, aunque aprobado en 1998, no entraría en vigor hasta julio de 2002, de modo que la Corte Penal Internacional jamás podría haber juzgado a Pinochet por unos hechos que eran anteriores a su entrada en vigor) en la detención del general Pinochet y cómo una vez más se trataba de un error garrafal en la instrucción de «este juez que sólo buscaba su desarrollo personal». Yo asentí, sonreí, cogí mi dinero y pensé: «Si usted supiera...» Una vez más, debía morderme la lengua, porque si algo teníamos claro mis hermanos y yo era que debíamos ser discretos y que no podíamos ir dando nuestro nombre ni nuestros datos personales al primero que nos encontrásemos. Por seguridad.

Las consecuencias

La discreción, la ocultación de una parte de nuestra vida privada, de quién era mi padre de cara a las personas que no eran de nuestra más plena confianza, era algo normal en nuestras vidas. Yo lo tenía más fácil, con ocultar mi primer apellido bastaba, pero a mi hermano, que se llama como mi padre, le resultaba más complicado, así que directamente optó por un apodo que todavía hoy mantiene.

La verdad es que era mejor así, no sólo por seguridad, sino porque permitía que la gente me valorara por cómo era yo y no por ser «hija de». Tener una etiqueta de este tipo siempre complica las cosas. Tus méritos no lo son tanto cuando los que están alrededor piensan que has conseguido un puesto porque te han colocado a dedo. Pero la verdad es que el tiempo pone a cada uno en su sitio, y las cosas se demuestran, como bien me decía mi padre en aquella carta de octavo de EGB, trabajando, con esfuerzo y sin hacer caso a los que por envidia vierten continuamente críticas a tus actuaciones. Él me advertía de que habría gente «que te desacredite, pero tú debes seguir firme en tus convicciones y hacer lo que debes hacer». Haga lo que haga, siempre habrá alguien que vea fallos, errores o la sombra de mi padre en mis decisiones y opiniones. Y contra esto no puedo hacer nada.

La incertidumbre y la acción contra ETA y el yihadismo

Como decía, mi infancia y mi adolescencia fueron algo particulares con respecto a las de mis compañeros y amigos. Un ejemplo de esas situaciones excepcionales eran las múltiples mañanas en que, pegada a la radio, esperaba oír las noticias sobre una nueva operación contra ETA y que todo había salido bien.

Cuando mi padre viajaba al País Vasco, lo solía hacer para llevar a cabo registros y detenciones. La noche anterior nos avisaba y, aunque a veces sólo decía que se iba a Bilbao, a San Sebastián o a cualquier otro lugar, o alguna vez a Palma de Mallorca, como en el caso del atentado frustrado contra el Rey en verano de 1995, yo sabía qué tipo de asunto hacía que se desplazara hasta allí. Esas noches las pasaba en blanco, no me acostumbraba a la posibilidad de que algo saliera mal y no me quedaba tranquila hasta que la radio me confirmaba que todo había terminado sin ninguna incidencia.

Una tarde a principios del mes de agosto de 1995, a punto de iniciar las vacaciones familiares en Palma de Mallorca planeadas desde hacía casi un año, mi padre llegó a casa y anunció que viajaba a Baleares. Yo pensé que se había equivocado y le dije que aún quedaban tres días para irnos. Comentó que se iba solo y que, además, el asunto era muy delicado. No sé si a mi madre le contó algo más, pero eso fue lo único que nos dijo a nosotros. Al día siguiente nos despertamos con la noticia de que una operación dirigida por el juez Garzón había supuesto la detención de varios etarras que pretendían matar al Rey con un rifle de mira telescópica. Después nos contó lo cerca que habían estado de consumar el hecho, aunque el ministro de Justicia e Interior de la época, Juan Alberto Belloch, se empeñara en decir que el monarca no había corrido riesgo alguno. Según las investigaciones, y tal como quedó probado en el juicio, la situación fue extremadamente grave.

Apenas dos años después, la noche del 30 de junio de 1997, mi padre viajó a Mondragón acompañado del fiscal, la secretaria y algunos funcionarios, además de la Guardia Civil. La finalidad era detener a «un comando» de ETA que, presumiblemente, tenía en su poder, secuestrado desde hacía más de quinientos días, al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y, al fin, conseguir la liberación del industrial Cosme Delclaux.

Lo cierto es que aquella noche, por la humedad de la arenera en la que estuvieron escondidos hasta el momento de entrar en la nave de Jesús María Uribetxeberria Bolinaga, mi padre padeció un enfriamiento que degeneró en una neumonía y una infección de garganta y que acabó con él en el quirófano para ser operado de las cuerdas vocales.

Delclaux fue liberado y hallado por la policía. Ortega Lara, liberado gracias a la acción policial y judicial. Sólo cuando el secuestrado vio y reconoció la cara del juez asumió que estaba libre y que no había sido víctima de una jugada de los terroristas con el objetivo de ejecutarlo. Recuerdo que cuando contaba estas historias me daban escalofríos, sobre todo porque eran casos que otros compañeros no habían querido aceptar, pues consideraban las informaciones poco fiables. Mi padre, en cambio, en su línea habitual, los había asumido con el argumento de que alguien tenía que hacerlo y evitar el crimen, y si fracasaba, siempre estaría ahí para arrostrar las consecuencias. Yo tengo que decir que muchas veces no entendía su actitud arriesgada y proactiva, aunque con el paso del tiempo he comprobado que ésa es la forma correcta de actuar y que debería ser la de todos aquellos que tienen la obligación de proteger a los ciudadanos.

En los años siguientes se sucederían todas y cada una de las operaciones contra ETA, su financiación, «los pianistas» o el aparato de captación de la organización, la kale borroka, el entorno de la organización, desde KAS, Ekin, Gestoras, Xaki, Batasuna, en sus sucesivas reproducciones, hasta PCTV, ANV, D3M, Bateragune, la detención de Arnaldo Otegi, etc.

Y, de forma simultánea, se produjeron las sucesivas investigaciones relacionadas con el yihadismo y Bin Laden en 1995, cuando nadie creía en esta realidad. Llegaron incluso a criticarle porque prestaba atención a estos casos. Las operaciones Dátil, Nova, Tigris, etc. son ejemplo de ello, y si bien los resultados no fueron todo lo buenos que hubiera deseado, sus investigaciones, como dijo una vez un policía de la Comisaría de Información Exterior, salvaron muchas vidas. Hasta investigó los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos; ningún juez, salvo él, había investigado este tipo de terrorismo. Y siendo ésta la realidad, tuvimos que aguantar las falacias y falsedades de algunos comunicadores, los de siempre, que le llegaron a «culpar» mezquinamente de los atentados del 11-M.

Vivencias

El terrorismo, el narcotráfico, la corrupción y los crímenes económicos, la mafia rusa... Mi padre siempre estaba en el punto de mira. ¡Eso sí, hacía excepcional mi vida! Al final, se aprende a vivir con escolta y, como dice mi padre, a «actuar siempre igual, con o sin ella», pero tomando precauciones como ocultar el nombre, cambiar los itinerarios, evitar los horarios fijos. Me llamaba la atención que mi padre en aquella época nunca viajara con nosotros, siempre lo hacía por caminos diversos, o que cuando entraba en un restaurante o lugar cerrado automáticamente buscara la pared situada frente a la puerta. Yo le preguntaba y me decía: «Así tengo más visibilidad, la espalda cubierta y mayor capacidad de reacción.»

Una de las cosas que más me frustraba era no atreverme a viajar al País Vasco. A mí me encanta viajar, no sólo al extranjero, sino también por España, y detestaba no sentirme libre para visitar un lugar precioso cuya cultura me interesaba conocer y por cuyos parajes quería pasear. Desde que con nueve meses, en agosto de 1983, viví en Vitoria, primer destino de mi padre como magistrado, hasta hace poco más de un año, después del anuncio del cese definitivo de la violencia terrorista, y con motivo de un viaje de trabajo, no me sentí del todo segura para volver al País Vasco. Tal vez haya exagerado, pero el miedo era algo real, mucho más en mi caso, como consecuencia de la actuación de mi padre como juez. No puedo ni imaginar cómo habrá sido sobrellevar la acción de la intimidación para todos aquellos que valerosamente han aguantado la violencia, la amenaza y la coacción en el País Vasco y Navarra.

No hace mucho, en la tertulia de jóvenes del programa «La Ventana», de la Cadena SER, volví a escuchar a uno de los tertulianos, progresista, miembro activo del 15-M y con el que suelo estar siempre de acuerdo. Decía que lo que le estaba sucediendo a mi padre no le parecía bien, a pesar de que en el pasado hubiera torturado a presos como los de Terra Lliure en Cataluña. Ese comentario fue una bofetada en medio de un discurso de apoyo que no esperaba recibir pero que demasiadas veces he oído. Y yo pregunto a aquellos que vierten este tipo de acusaciones, normalmente miembros de la izquierda abertzale o simpatizantes de partidos de izquierdas, ¿tienen alguna prueba de que esto sea verdad?

Lo cierto es que recuerdo cómo mi padre me ha contado en más de una ocasión el dolor que le producía que algunos grupos independentistas le acusaran reiteradamente de torturador, al igual que a los demás jueces de la Audiencia Nacional. En 1992, desarrolló dos operaciones con las cuales se puso fin a la organización terrorista Terra Lliure. Es cierto que hubo algunas denuncias de malos tratos, pero también lo es que el médico forense certificó que no había existido maltrato alguno. Se dio credibilidad a las conclusiones del médico, pero posteriormente se volvieron a presentar algunas denuncias cuya investigación, por ley, no correspondía a la Audiencia Nacional sino a otro juez de la plaza de Castilla que no las investigó (mi padre conoce el nombre, pero nunca me lo ha dicho). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sentenció que había existido desidia en esa investigación, al contrario de lo que sucedió con la que dirigió mi padre, que concluyó con la aceptación de la pena y la renuncia a la violencia por parte de los terroristas.

Es curioso que, de nuevo, se llevara las bofetadas sin merecerlas. En 1999 fue el primer juez que en el marco del Consejo de Europa, en Estrasburgo, habló ante el Comité de Prevención de la Tortura, organismo del que después, en 2011, sería miembro representante de España y del que dimitió tras ser condenado, por coherencia y por no querer perjudicar la imagen de su país, cuando en realidad ninguna norma le obligaba a hacerlo. En él denunció la legislación antiterrorista y pidió la abolición de la incomunicación y la prórroga de la detención. En aquella ocasión, el ministro del Interior, Mayor Oreja, dijo que esa reforma no era oportuna. Años más tarde, en 2006, decidió ir más allá e instauró un protocolo de cumplimiento obligatorio por parte de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado para prevenir la práctica de la tortura y también las falsas denuncias de los detenidos. Dicho protocolo, que implicaba, entre otras medidas, la grabación de todo el período de detención, se conoce desde 2008 en Naciones Unidas y en el comité mencionado como «Protocolo Garzón». A pesar de todo, al principio mi padre fue atacado, denunciado y criticado por ciertos medios de comunicación porque, según decían, con esas medidas iba a acabar con la lucha antiterrorista. Sin embargo, la eficacia no disminuyó, y sí lo hicieron las denuncias por torturas. Hoy día la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional exige su cumplimiento, aunque sólo los jueces Pedraz, Ruz y Andreu lo aplican.

Durante años he escuchado críticas, más o menos duras, ataques, incluso insultos, hacia mi padre por hacer su trabajo, por no plegarse ante los poderes políticos o los medios de comunicación, incluso a sus propios compañeros, que le pedían que se apartara de ciertos casos, que se quitara de en medio si no quería tener problemas. La cantinela de que era «una figura demasiado polémica» le ha cerrado numerosas puertas a lo largo de su carrera. Siempre había una buena excusa o un motivo más o menos público para no otorgarle uno de los puestos que pedía. Recuerdo que, con motivo de la guerra de Iraq, leí junto a él un discurso en la Puerta de Alcalá de Madrid. Esto le impidió acceder a la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Una vez más, hacía lo que sentía que debía hacer, sin preocuparse de las consecuencias que pudiera tener, simplemente por ser fiel a sus principios.

Muchos dicen ahora que la teoría de que con las tres querellas interpuestas sólo buscaban echarle de la carrera judicial es absurda, que si hubiera sido así lo habrían intentado antes. Y lo cierto es que ya lo habían hecho: minando su moral, negándole el apoyo que en justicia le correspondía por el Consejo General del Poder Judicial, incluso ante acusaciones falsas y ataques a su independencia. Siempre se ha empleado una vara de medir distinta para Garzón, y lo vergonzoso es que muchos de sus compañeros, con actitud mezquina, disfrutaban y aplaudían que así fuera. Pero si algo me ha producido náuseas ha sido la actitud de determinada compañera y vocal de aquel organismo que durante tiempo asistió en actitud aduladora a todos y cada uno de los actos que mi padre organizaba o auspiciaba. Quizás ha olvidado que le pidió que decretara la prisión de unos detenidos de kale borroka porque era conveniente para las elecciones y que mi padre le recriminó su acción claramente ilegal.

Unos y otros han usado sus armas para verle caer. Hasta que el 26 de mayo de 2009 se admitió a trámite la primera querella interpuesta por Manos Limpias al asumir la competencia para la investigación de los crímenes del franquismo y por la que fue posteriormente juzgado; se presentaron más de cincuenta querellas contra él y ninguna fue admitida. Mi madre y yo llegamos a pedirle que dejara la Audiencia, porque no queríamos que sufriera ese machaque continuo del que, sinceramente, no sé cómo se reponía una y otra vez. «Papá, ¿por qué no lo dejas todo aquí, te marchas a otro país y te dedicas a la enseñanza y la investigación en alguna universidad? ¿Se merece este país todos estos sufrimientos?» Su contestación, indefectiblemente, era: «María, yo decidí ser juez hace mucho tiempo y es lo que quiero ser, no sería feliz siendo otra cosa. Creo en la justicia, y sí, nuestro país, como todos los demás, se merece que trabaje por la justicia en la que creo, una justicia universal, para todos, sin distinción de clases, ni escalones de poder, y en la que prevalezca el derecho de las víctimas a ser escuchadas y a conocer la verdad. Si quieren que deje de ser juez, tendrán que echarme, porque yo, voluntariamente, nunca dejaré de serlo.»

Por desgracia para los que creemos en una justicia diferente, no vicaria, ni apegada a los intereses económicos o políticos, ¡así ha sido!

CAPÍTULO III

Crónica de una muerte anunciada

La incomodidad de un juez

Resumir lo que ha sucedido durante estos tres últimos años en la vida de mi padre, y de nuestra familia, es muy complicado. Transmitir todo lo que hemos sentido y lo que nos ha pasado por la cabeza, aún más. Desde que se presentó la primera querella, allá por enero de 2009, asistimos a lo que he calificado en varias ocasiones, utilizando el título de la novela de Gabriel García Márquez, de «crónica de una muerte anunciada». Querían acabar con la figura de mi padre y con un modelo de juez que incomodaba a muchos. Creo que los «buenos jueces» nunca lo consideraron uno de los suyos. Su forma de actuar los ponía nerviosos; su compromiso con las causas difíciles los inquietaba; su forma de enfrentarse al poder los descolocaba; no entendían el modo en que dirigía las operaciones; no soportaban los éxitos y el reconocimiento de los ciudadanos; su exhaustividad hasta el agotamiento en cualquier tipo de asunto, fuera importante o no, los irritaba. Sin embargo, ninguno de ellos conocía su trabajo, eran de los que no cumplían con el suyo y, encima, criticaban el de los demás. Algo muy español, por otra parte. Mi padre los llamaba «peritos paseantes» («expertos» solamente en pasear por los pasillos, sin hacer nada más que consumir el tiempo para marcharse pronto). Quienes sí le conocían y le respetaban eran los que, durante años, trabajaron con él, compartiendo maratonianas jornadas, inasequibles al desaliento, sin medios, ideando mecanismos para perseguir mejor y con más eficacia el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico. Unas veces eran funcionarios; otras, policías o guardias civiles, policías autonómicos, colegas jueces, secretarios, abogados, instituciones, fiscales o jueces extranjeros. En estos casos, la solidaridad, la puesta en común, la lealtad y la coordinación eran la inalterable regla de base. Yo creo realmente que se excedía, porque hasta en casa nos imponía la coordinación en los juegos de equipo. Y, para ser honesta, debo decir que a él no le gusta perder ni al parchís.

Los que le acompañaron en su trabajo sabían que estaban arropados, porque, si había que dar la cara y cubrirlos, Garzón lo hacía. ¡Nunca los dejó en la estacada! Recuerdo que me decía: «María, lo más importante para un profesional es proteger y apoyar a quienes trabajan con él, porque ellos son el verdadero motor de la investigación.»

Sé que a veces rompe su natural afabilidad y estalla con un «pronto» tremendo, pero recupera la compostura y reconoce su error de inmediato. Y los momentos más difíciles, como los vividos recientemente, son una buena prueba de que siempre mantiene una calma admirable y nunca entra a la provocación. Como en la tensa situación que vivió el 13 de julio de 1988, cuando decretó prisión para José Amedo por su vinculación con los GAL, y el abogado de éste, Jorge Argote, le espetó: «Usted está loco, no sabe lo que ha hecho, se va a arrepentir», y salió despavorido, corriendo, a dar cuenta al Ministerio del Interior.

O cuando se enfrentó al que fuera ministro del Interior, José Luis Corcuera, por una filtración en una operación anti-ETA; cuando decretó el ingreso en prisión de Fernando Silva Sande, terrorista del GRAPO, y éste le dijo que no se le olvidaría su cara y mi padre contestó: «A mí tampoco la suya, señor Silva»; o cuando, en dos ocasiones, el etarra Iñaki Bilbao le insultó y se abalanzó encima de la mesa del despacho de mi padre y se lo rompió todo (lo que más le dolió fue el destrozo de la Cruz de Caravaca doble de plomo que le había traído desde Rosario, Argentina, Esperanza Labrador, una de las víctimas de la dictadura, que había perdido a su marido, a dos hijos y a una nuera). A pesar de ello, no permitió que se esposara a Bilbao.

Nunca dejaba que alguien entrara esposado en su despacho a declarar, exigía que los policías se quedaran en la puerta, lo que en alguna ocasión le llevó a vivir situaciones incómodas, como una vez en que uno de ellos, muy nervioso, se le enfrentó en el pasillo y llegó a sacar la pistola. También recuerdo que en una ocasión me contó que, saliendo de la Audiencia, un agente de uniforme se puso a cantarle el «Cara al sol» y a llamarle «rojo» por investigar los crímenes del franquismo; o que, en un restaurante, un comensal le increpó y le acusó de romper España por el mismo motivo; o que, junto al teatro Calderón, un señor se le echó encima y le recriminó su investigación contra los GAL. Son situaciones que a cualquiera de nosotros nos pondrían al límite, pero que a mi padre, tal vez por la experiencia de tantos años trabajando en asuntos tan delicados, no le hacen perder los nervios. No como me ocurrió a mí una vez.

Por aquel entonces, mi padre estaba investigando los GAL, y un día, al entrar en un cine en Almería, un hombre le gritó y le insultó. Inmediatamente, yo me di la vuelta y le contesté. Me salió del alma, fue una reacción de defensa, sin pensarla, irracional. La reacción de mi padre también fue rápida: me cogió del brazo, me metió en el cine y me echó una gran reprimenda. «María, jamás debes insultar a nadie por lo que me digan. Nosotros no somos así. No nos ponemos a su mismo nivel.»

El siguiente acontecimiento es prueba de cómo sí debemos actuar, según las enseñanzas de mi padre. En una conferencia celebrada en Darmstadt, Alemania, en la que se le concedió el premio Hermann Kesten por su defensa de los derechos humanos, un grupo de apoyo a ETA quiso reventar el acto llamándole «torturador» y «fascista» por investigar a dicha organización. Cuando los encargados de la seguridad quisieron echarlos, mi padre les pidió que se quedaran y decidió improvisar y hablar de lo que realmente significaban ETA y su entorno, en vez de leer el discurso que tenía preparado para agradecer el premio. Cuando terminó, les dijo: «Ahora que todos saben de lo que estamos hablando, podéis hacer preguntas o plantear argumentos.» Ninguno dijo nada.

Fuera como fuese, lo cierto es que, a pesar de las advertencias de mi padre, no nos imaginábamos que esa «muerte civil» iba a ser tan virulenta ni los ataques tan groseros. Tampoco que, de forma incomprensible, en jugadas perfectas y casi podría decirse que «de manual», combinando la acción judicial suprema, la acción política de apoyo, con algún ilustre diputado a la cabeza, y la acción periodística del «coro mediático» de siempre, la persecución se iba a extender a la familia en un intento de minar la moral de mi padre para que renunciara a la confrontación, huyera y evitara, finalmente, esta afrenta, que ha dejado en mal lugar a la justicia española ante el mundo entero.

De lo sabido y lo real

Parece ser que todo el mundo conoce los hechos últimamente acontecidos o, por lo menos, que se han contado con profusión. Ahora bien, como suele ocurrir la mayoría de las veces, la verdad oficial dista mucho de la realidad. También en este caso se ha vertido tal cúmulo de manipulaciones, falsedades, medias verdades e informaciones y opiniones sesgadas en beneficio de algunos intereses políticos y económicos y ajustes de cuentas que deberá pasar mucho tiempo hasta que pueda analizarse con perspectiva y objetividad lo que se ha perpetrado contra el juez Garzón y hasta dónde pueden llegar las insidias de unos pocos, la ambición de algunos y el servilismo y el odio de muchos.

Se miren por donde se miren los tres casos, no hay por donde agarrarlos, de modo que uno llega a la conclusión de que el objetivo estaba fijado de antemano. Querían deshacerse de mi padre, y cuanto más cruel y evidente fuera el modo de conseguirlo, mejor. ¿Se ha detenido el lector que haya seguido las tres causas a pensar cuándo fue la primera vez que se dijo que a Garzón le había llegado la hora y que de ésa no escapaba? Si no recuerdo mal, ocurrió al segundo día de presentar la primera querella. Y, desde luego, su cabeza se comenzó a pedir ya con insistencia cuando se destapó la podredumbre del caso Gürtel. Aquí la desvergüenza fue supina, con la imagen de toda la dirección del Partido Popular pidiendo su suspensión y llamándole «juez socialista».

¿Saben cuánto tiempo estuvo mi padre metido en política? Once meses, y de eso hace ya diecinueve años. Pero aún hoy es algo que se le recrimina, mientras se siguen desconociendo las relevantes aportaciones que, como secretario de Estado, hizo en el ámbito de la lucha contra la droga, diseñando una política que, en muchos aspectos, aún sigue vigente. También hay otros compañeros que han sido secretarios de Estado, directores generales, visitantes más o menos asiduos de la FAES (una fundación del Partido Popular), magistrados de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, de tribunales superiores o miembros del Consejo General del Poder Judicial... ¿Y nadie dice nada?

Cuando mi padre dejó su cargo en el Gobierno, con una dignidad que muchos no tendrán nunca, se modificó la ley para que los jueces que dieran el salto a la política no volvieran a su juzgado o tribunal; en 2010, y con el acuerdo de PSOE y PP, se repuso la norma antigua; es decir, ahora, si accedes a un cargo político, puedes regresar al órgano judicial al que pertenecías. ¿Qué sucede? ¿Ahora ya no habrá problema? La doble moral y el cinismo han anidado en el seno de la política española y en algunos medios de comunicación que tienen por objetivo acabar con todos aquellos que son capaces de discrepar. Y si no, véanse las brutales campañas que, con motivo del 11-M, esa caverna lanzó contra el Tribunal y su presidente.

A veces, he oído decir a mi padre: «Mientras este país esté gobernado por cierto “prohombre” de los medios de comunicación y por políticos, ministros de Gobierno y presidentes que se le sometan, no levantaremos cabeza.» Y remataba: «Cuando se abusa del poder que tiene un medio de comunicación y se le convierte en sí mismo en un instrumento de poder político, la democracia está en riesgo.» En aquel momento, me parecieron duras palabras, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de la razón que tenía.

A estas alturas, sobra reconocer que admiro a mi padre por la coherencia y la firmeza con que defiende sus posturas, aunque discrepe de algunas de ellas, pero lo que me pone la piel de gallina es la energía con que ha contestado y ha denunciado siempre a los que, parapetándose en los sagrados principios de la libertad de prensa y expresión, actúan de forma sumisa por intereses políticos, económicos o empresariales.

Ya he dicho que mi padre fue el único que desde el primer instante calibró que la situación era muy grave y que había llegado el momento del ajusticiamiento. Desde el comienzo sabía cuál iba a ser el resultado. El final ya estaba escrito, la cuestión era buscar el mejor aderezo para que no se notara demasiado.

La dureza de la realidad

Las heridas aún están abiertas. Probablemente el que está más entero es mi padre, pero a mí, a la familia, a los amigos y a millones de personas de bien, esta lapidación nos ha hecho mucho daño, y sus efectos colaterales tardarán mucho en desaparecer.

La verdad se esconde y siempre tiene muchos matices. Con este libro quiero compartir y dar luz a lo que he vivido, lo que he sufrido, no sólo por mi padre, sino también por ser su hija. Como si de una necesidad se tratara, y aceptando las críticas o los ataques que por ello pueda recibir. Ésta es mi verdad. Una que muchos creerán equivocada, a otros les permitirá entender mejor las cosas y a algunos les importará poco, puesto que ya tienen una idea preconcebida de los hechos y nunca la cambiarán.

Hasta que toda esta especie de calvario comenzó, yo era una joven que, como muchos otros, intentaba sobrevivir peleando día a día con los escasos mil euros que me pagaban en el trabajo (¡y doy gracias a que lo tenía!) y que trataba de acomodarse a los cambios nucleares que la sociedad estaba experimentando. Estudié Publicidad en la Facultad de Ciencias de la Información y en ella tuve profesores periodistas que nos hablaban de la importancia de separar la información y la opinión; de no basar las informaciones en rumores o datos no contrastados; de la fuerza de la comunicación de masas, y de la capacidad de manipulación que pueden ejercer los grandes medios, contra la que debemos trabajar.

Ahora bien, el caso Garzón hizo que me enfrentara de golpe y con brutalidad a la dura realidad del sistema jurídico penal español, en la práctica integrado por componentes muy diferentes a los valores que desde pequeña me había enseñado mi padre, y a la no menos evidente realidad de que existe un cierto tipo de periodismo corrosivo que, olvidando y abandonando aquello que los maestros periodistas proclamaban en la facultad, toma como norma denostar y acabar con aquellos que los incomodan, aunque esto implique llevarse por delante incluso a gente ajena al conflicto.

Recuerdo que un profesor de Derecho de la Comunicación nos dijo un día en clase: «Tu derecho acaba donde empieza el del otro. Por lo tanto, tu derecho a la información debería terminar cuando se pise el derecho a la intimidad de la otra persona.» Lo cierto es que esto, en la práctica, pocas veces se respeta.

Los hechos y las falsedades

Los hitos periodísticos y la partida de ajedrez comenzaron el 26 de enero de 2009, cuando el enigmático sindicato Manos Limpias, y posteriormente la asociación Libertad e Identidad y la Falange Española de las JONS, aunque esta última al final quedó apartada, presentaron una querella por prevaricación contra el juez Garzón por haber admitido a trámite las denuncias de varias asociaciones para la recuperación de la memoria histórica por los crímenes masivos que las autoridades del régimen franquista cometieron durante la guerra civil española y la primera posguerra (1936-1951). Las denuncias describían, entre otros, delitos de lesa humanidad, como desapariciones forzadas o asesinatos, torturas, ejecuciones sumarias, que no habían sido investigados hasta la fecha y cuyas víctimas no habían sido restituidas. Los familiares de los desaparecidos, por lo tanto, exigían su derecho a conocer lo sucedido, a recuperar los cadáveres y a recibir una justa compensación por todo el dolor sufrido. Esta querella tardó en ser admitida cuatro meses, durante los cuales se sucedieron una serie de hechos que pudieron influir a la hora de resolverla.

El 3 de febrero del mismo año, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con ponencia del magistrado Luciano Varela, publicó un auto que no fue notificado hasta un mes más tarde, es decir, exactamente un día antes del señalado para que mi padre defendiera en el Consejo General del Poder Judicial su candidatura a presidente de la Audiencia Nacional. En dicho auto no se admitía a trámite la primera querella que había presentado el señor Antonio Panea contra mi padre en relación con unos cursos que había financiado el Banco Santander a la Universidad de Nueva York, y que mi padre había dirigido, como profesor invitado, durante su estancia en Estados Unidos en 2005. Se negó que mi padre hubiera cometido cohecho o prevaricación al rechazar la admisión de una inconsistente querella contra Botín a petición del fiscal, y confirmada la resolución por la Sala Penal de la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. La carga de profundidad del auto estaba perfectamente diseñada, pues tenía que dar cuenta al consejo en caso de responsabilidad disciplinaria. Como era de esperar, dicho organismo afirmó la regularidad de la situación y archivó el asunto.

Recuerdo que ese mismo día, por la noche, mi padre estaba muy serio y callado, lo cual me extrañó, pero no porque no fuera normal en él (siempre lo está cuando tiene algo importante o delicado entre manos), sino porque era el cumpleaños de mi hermano y apenas habló durante la cena. Al terminar, le pregunté qué le sucedía, y después de pensarlo un poco dijo: «En los próximos días tengo que tomar una decisión muy delicada, relacionada con un caso de corrupción que afecta al Partido Popular y que me va a traer graves consecuencias, pero debo tomarla y lo haré. Para empezar —añadió—, he perdido definitivamente la presidencia de la Audiencia Nacional. Entre las investigaciones de los crímenes del franquismo y esto, estoy liquidado.» La situación me pareció que reproducía lo acontecido en 2004, cuando, por sus artículos y opiniones sobre Iraq, perdió la opción a ocupar la presidencia de la Sala Penal. Y eso que todavía no conocía el auto de Varela. Pero, como suele ocurrir, lo peor aún estaba por llegar.

Le pregunté si no la podía aplazar, dijo que era una investigación compleja y que ya estaba avanzada, y que la policía le había informado de que el supuesto cabecilla de la trama tenía previsto huir de España ese mismo fin de semana, de modo que había que tomar una decisión. Mi padre ya lo había hecho, y a conciencia, para no perjudicar la instrucción.

A veces, en esa especie de ejercicio absurdo que es jugar con todo aquello que ya no puede ser, he pensado sobre lo que habría ocurrido si no hubiera obrado como lo hizo. Probablemente, ahora estaría dirigiendo la Audiencia Nacional. Recuerdo la ilusión con que preparó su presentación en un DVD que contenía el proyecto con todo lo que iba a hacer para potenciar la que era su casa desde 1988. Pero mi padre es como es. Y la coherencia y la independencia son su norma. Puede acertar o no, pero siempre actúa rigiéndose por unos principios muy firmes.

Así lo hizo cuando tuvo que aguantar la campaña que lanzó ABC en la que le acusaban de no investigar a ETA porque estaba entretenido con los GAL, a pesar de ser el que llevaba más casos relacionados con esa organización terrorista; o cuando ordenó la detención de Ynestrillas por el asesinato de Josu Muguruza, parlamentario electo por Herri Batasuna; o cuando en el caso de los GAL la investigación afectó a varios cargos del Partido Socialista; o en el asunto de los fondos reservados; o en el de los papeles del CESID, que para conseguir la desclasificación de aquellos que podían contener información sobre crímenes de Estado se vio inmerso en un conflicto de jurisdicción con el Ministerio de Defensa que casi le cuesta el puesto; o cuando, en el caso UCIFA, declaró detención, prisión y procesamiento para diez guardias civiles que pagaban con droga a los confidentes y cuyas consecuencias aún perduran; o cuando inició la operación Pretoria, que afectaba a militantes de Convergència i Unió. Con todo esto quiero decir que lo anormal habría sido que mi padre hubiera desistido de proceder cuando tocaba hacerlo.

En ese momento, aunque temerosos de lo que pudiera ocurrir, aún no preveíamos, por lo menos yo, el desastre que iba a conllevar el denominado «caso Gürtel».

La persecución

La urdimbre de quienes desde hacía tiempo esperaban esta oportunidad se vio facilitada por algo, en principio banal, pero que en menos de cuarenta y ocho horas alcanzó gran envergadura debido a la acción concurrente de determinados medios de comunicación y el Partido Popular. También resultó favorecida por la poca valentía, o cuando menos torpeza, de algunos políticos del Partido Socialista, liderados por el presidente del Gobierno, al dejar rodar la cabeza del ministro de Justicia.

Me refiero a la famosa cacería de Garzón y Bermejo, que aún en el momento en que escribo estas líneas sale a flote en algunos foros para compararla con la que ha llevado al Rey a pedir perdón en un hito histórico de nuestra monarquía. Los hechos, nuevamente, no fueron como algunos han conseguido que sean. Las detenciones por el caso Gürtel se produjeron el 6 de febrero de 2009. El Gobierno se enteró de lo sucedido cuando en el Consejo de Ministros —era viernes y, como cada viernes, se celebraba consejo— comenzaron a zumbar los teléfonos móviles de los ministros y éstos recogían las primeras noticias de la operación. Los registros y la intervención de documentación, cuentas, etc., tuvieron lugar ese mismo día, y quedó todo precintado y en poder de la policía. Así consta en la causa. De modo que el juez en ese momento no supo qué había en las cajas y no lo averiguó hasta el día 9. Los precintos se fueron rompiendo a posteriori.

Mi padre tampoco sabía que el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, asistiría a la cacería en Andújar hasta que llegó y lo vio en el lugar. Se encontraban entre más de treinta personas, y los testigos acreditan que no hablaron, que se hospedaron cada uno en un hotel, que desayunaron con los demás cazadores en el campo y en mesas distintas, que estuvieron en puestos diferentes y que comieron en mesas separadas. Cuando por la tarde marchaban para Madrid porque la jornada en Torres, el pueblo de mi padre, se había suspendido a causa de la nieve, les comunicaron que finalmente les concedían los permisos para quedarse porque el terreno lo permitía. En la cena coincidieron una treintena de personas. Y los testigos, con nombres y apellidos, volvieron a afirmar que no estuvieron juntos, que no hablaron, que al día siguiente los destinaron a puestos distintos y que mi padre se marchó rápido para Madrid. Otro tanto ocurrió con el comisario general de la policía judicial, que ni cazó, ni habló con nadie del tema (ni siquiera con mi padre, según me contó). Esto es lo que ocurrió en realidad en la cacería, pero probablemente por ello es lo que menos importa.

Lo sucedido, ha de reconocerse, cambió gracias a las «exclusivas» que dieron el diario El Mundo, la revista Época, Intereconomía, los digitales de la órbita, Telemadrid, y demás tertulianos y «opinadores» oficiales. La persecución había comenzado. La verdadera batida contra Garzón comenzaba y lo hacía con toda la artillería pesada. El denominador común y lo único cierto de todo lo que se publicó fue que la cacería había tenido lugar; del resto, mejor ni hablar. Se manipuló y alteró información. Se mintió. Se presionó a gente sencilla de un pueblo pacífico. Se persiguió a la familia del juez. Y se hizo escarnio del mismo, de su trabajo, de sus conocimientos, de su forma de escribir, de los lugares en los que había estado o impartido conferencias, exponiendo datos manipulados o directamente falsos, sin contrastar ni comprobar. Se dio lugar a una especie de caza de brujas propia de los tiempos del macartismo, en la que se habían establecido previamente los culpables.

Lo más llamativo de todo es que ante tal periodismo de queroseno, así como ante los responsables políticos que tomaron la iniciativa de incitar y atacar a la independencia judicial, como hacía mucho tiempo que no se incitaba o atacaba, el Consejo General del Poder Judicial, quebrantando su obligación, se mantuviera silente. Aunque hubo alguna excepción, como el vicepresidente del consejo, ex consejero de la Generalitat valenciana, que llegó a decir que podía haber delito en tales acciones. Nadie defendió al juez atacado, calumniado e injuriado. Ha habido tanta podredumbre en este caso, para acabar con quien se atrevió a investigar la corrupción, que todavía hiede en algunos despachos.

Recuerdo que mi padre contó en casa una anécdota vergonzosa. Un día un reputado periodista le llamó muy preocupado y le dijo que una determinada cadena de televisión había manipulado fotografías y grabaciones para desprestigiarle y amedrentarlos a él y al ministro. El montaje consistía en una serie de entrevistas cortadas sobre el supuesto circuito de casas de prostitutas de carretera que ambos habrían visitado. Mi padre le retó a que transmitiera a esos periodistas y a la cadena televisiva que publicaran lo que supuestamente habían obtenido.

Era lo mismo que había sucedido en la década de los noventa, cuando varios narcos y algunos responsables políticos se sirvieron de una prostituta para que dijera que Baltasar Garzón consumía cocaína y que visitaba con frecuencia casas de mala fama para desacreditarle. Lo chocante es que un juez, hoy defensor de «grandes casos», se prestara a aceptar aquel atestado. O como cuando se destinó a todo un grupo policial a realizar pesquisas sobre mi padre, en la época en que él llevaba la investigación de los GAL, y con Margarita Robles como secretaria de Estado de Interior, para ver si conseguían sacar algo en su contra. Como puede verse, la historia se repetía y sin demasiada sofisticación.

Es curioso que una de las cosas que más irritó a mi padre en aquella época, y que a mí me llamó la atención porque no tenía que ver con él directamente, fuera la dimisión del ministro de Justicia. Incluso hizo patente su irritación allá donde pudo. Según me contó, los socialistas habían dejado caer a quien nada tenía que ver con esa historia, y que el hecho de que el ministro no tuviera licencia de caza era una cuestión administrativa y sin intencionalidad. Su enfado con el presidente del Gobierno fue importante porque lo que consiguieron con esa decisión fue dar baza a quienes estaban atacando arteramente a la policía y a mi padre, en lugar de reivindicar la honradez del ministro, la independencia de mi padre y la profesionalidad de la policía.

El Tribunal Supremo y el franquismo

La corrupción destapada por el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional era cada día más escandalosa, sobre todo a medida que se iban conociendo datos de la misma e implicaciones de altos cargos del Partido Popular, especialmente de la comunidad autónoma de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre. Al mismo tiempo, los ataques al juez Garzón y las denuncias procedentes de algunos imputados y del PP iban caldeando el ambiente. La división de la opinión pública se hizo notar en seguida, desde que la cúpula de dicho partido político dejó la veda abierta a la auténtica persecución y acoso de mi padre, instrumentadas por la caverna mediática y alentadas por las declaraciones de cargos políticos de relevancia, tanto de la institución autonómica como nacionales. Políticos y periodistas salían a la palestra, olvidando de forma intencionada las alabanzas y la defensa que de él y su trabajo habían hecho los populares desde 1994 y hasta que se enfrentó a Aznar por la guerra de Iraq (recuérdese el artículo de El País el 4 de marzo de 2003: «Señor presidente»), por la supuesta ideología socialista de mi padre tras haberse presentado a las elecciones en 1993 y por la amistad que mantenía con el ministro del Interior de la época, Alfredo Pérez Rubalcaba. Como hizo Berlusconi cuando le acusó de pertenecer a la «internacional roja de jueces y fiscales europeos» porque lo estaba investigando, aprovecharon para identificarlo como «el juez socialista», le descalificaron y afirmaron su supuesta parcialidad. Incluso nuestro hoy presidente, Mariano Rajoy, aseguró en una entrevista en televisión que «Garzón era socialista y, como tal, debía abstenerse de juzgar un caso en el que hubiera implicados del Partido Popular».

El 26 de mayo de 2009, de forma sorprendente para todo el mundo, amigos y enemigos, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que actuaba como ponente el magistrado Adolfo Prego, se despachó con un auto en el que el Tribunal, de forma inverosímil, admitía a trámite, pasados ya unos meses, la disparatada querella presentada por Manos Limpias. En ese momento, mi padre nos dijo: «Han comenzado, han reventado el dique de contención y han provocado la inundación. No pararán hasta el final.»

Para mayor escarnio, según las informaciones publicadas, el ponente tenía vínculos más que aparentes con la ideología que durante tantos años fue el oprobio de España. Al parecer, también eran conocidas sus buenas relaciones con el sector de la prensa que mostraba más crueldad hacia mi padre y con la fundación FAES. También formaba parte de una fundación muy conservadora y escribía, o lo había hecho, en la revista de la Hermandad del Valle de los Caídos.

Recuerdo que, cuando era pequeña, uno de los veranos que íbamos hacia Amorín, una parroquia de Tomiño, en Pontevedra, al ver a lo lejos desde la carretera la gran cruz del panteón, le pregunté a mi padre por qué no nos llevaba a verla. Él me contestó muy serio que jamás entraría en aquel lugar mientras no se reconociera a las víctimas del franquismo y mientras la tumba del dictador permaneciera allí. Con la insistencia incómoda que una tenía a los nuevos años, le volví a preguntar y él concluyó: «Los restos del responsable de los crímenes no pueden yacer junto a los de las víctimas. Es la mayor y última ofensa que puede hacérseles.»

Para rematar, mi padre no era santo de la devoción del señor Prego, sobre todo desde que en una conferencia celebrada en Las Palmas de Gran Canaria el 19 de marzo de 2003, y a la que había sido invitado por el entonces alcalde y hoy ministro de Industria, José Manuel Soria, cambió el discurso y lo centró en lo que estaba ocurriendo en ese momento en Iraq y en la responsabilidad del Gobierno español. Cuando mi padre finalizó, Prego le dijo, como vocal que era en ese momento en el Consejo General del Poder Judicial: «Te has pasado, como lo hiciste en el artículo de hace unos días. Esto te traerá graves consecuencias.» Mi padre le contestó: «Es lo que pienso y siempre lo defenderé.»

La defensa de mi padre, ejercida de forma brillante por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, solicitó la revocación de la resolución. El resultado fue igual de infructuoso que en el resto de peticiones que le hizo al magistrado. «La suerte» del turno hizo que la instrucción del caso recayera en Luciano Varela, y la sala ratificó todas y cada una de sus resoluciones. Cuando se conoció el nombre del afortunado, mi padre comentó: «De nuevo, la mala suerte. Para este juez, la única opción será llevarme a juicio.»

Desafortunadamente para nosotros, todos los malos augurios se fueron haciendo realidad. Los apoyos del juez a las acusaciones, las irregularidades procesales, el rechazo de la recusación, la corrección de los escritos de acusación, fueron dando forma al objetivo principal de la época, mayo de 2010: la suspensión de las funciones jurisdiccionales de mi padre. Posteriormente, después de que la defensa consiguiera que la Sala del Tribunal Supremo les diera la razón en la recusación de los magistrados (que, no contentos con haber admitido las querellas y resuelto los recursos, querían también ser el tribunal de enjuiciamiento), se celebró el juicio, cuyo resultado, con otro tribunal, pero después de haber destruido la vida profesional y personal de un juez intachable, fue la absolución. Es decir, todo el viaje para preparar el camino a la otra causa y su condena.

Las otras causas

Dos semanas después de la admisión a trámite de la querella interpuesta por Manos Limpias, y como si ésta fuera la señal de salida, el 12 de junio se presentó una nueva querella por unos hechos que ya se habían archivado, los relacionados con los patrocinios a la Universidad de Nueva York. El Tribunal Supremo, con el magistrado Miguel Colmenero como ponente (también lo sería de forma simultánea en la sentencia del caso Gürtel), abrió un período de investigación de siete meses, a espaldas del afectado, al que se le prohibió defenderse, mientras que se permitió a la acusación popular la presentación de escritos y petición de diligencias, en un clamoroso caso de indefensión.

El 28 de enero de 2010, con el pretexto de que en una página web se decía que mi padre había solicitado los patrocinios, se admitió a trámite esta segunda querella. Por supuesto que ni el Tribunal, ni después el instructor de la causa general abierta contra mi padre, se preocuparon de ponerse en contacto con el autor de la página web, ni tuvieron en cuenta la certificación de la universidad, en la que se explicaba con total claridad el error y que Garzón, en calidad de profesor invitado, no había pedido, ni obtenido, ni percibido, ni gestionado fondos de ningún tipo. Tampoco se percataron de que los hechos, en el caso de ser ciertos, habían prescrito, pues la propia sala había rechazado la prevaricación en la primera causa, archivada en febrero de 2009.

La cuestión estaba clara: se abría uno de los procesos más aberrantes y de carácter general contra una persona, mi padre, que sin haber hecho absolutamente nada se vio obligada a demostrar hechos negativos, soportar falsedades, manipulaciones e injurias. El director de un medio de comunicación de alcance nacional llegó a decir que mi padre tenía once millones y medio de euros. La cuestión era desacreditar al juez Garzón como fuera. Toda una pesadilla, porque ninguno sabíamos qué hacer, ni cómo defendernos de la prepotencia del magistrado y de la de todos los que apoyaban sus resoluciones. Como no encontraba nada, el instructor llamó a todos los presidentes de las entidades patrocinadoras, en lo que fue un desfile de altos cargos en el Tribunal Supremo. Sin respetar las reglas del derecho internacional, compelió a comparecer a ciudadanos extranjeros. Además, no practicó pruebas esenciales, con el pretexto de que si lo hacía iban a favorecer a mi padre. Adelantó y retrocedió en la investigación, accediendo a saldos y declaraciones de Hacienda, sin encontrar nada. Pese a ello, cuando dictó la resolución de seguir con el proceso para juicio oral, a mitad de la deliberación de la sentencia del caso Gürtel, este juez, que ahora era enjuiciador simultáneo en ambas causas, hizo gravísimas acusaciones, infundadas, sobre un caso que había prescrito. Tal como reconocería él mismo días después de la sentencia.

En este contexto de 2009, aún quedaba la traca final, la que, junto con las investigaciones de los crímenes del franquismo, había propiciado todo. El 9 de diciembre se presentó la tercera querella, con la que se quería no sólo acabar con el juez Garzón, sino también con el caso Gürtel, que el Juzgado Central de Instrucción número cinco había iniciado en agosto de 2008, y que hundía sus raíces en otra causa abierta en 2005 por dicho juzgado cuando mi padre estaba en Nueva York. En dicha causa se investigaban hechos importantes, presuntamente constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad, delito fiscal, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. Es decir, graves delitos relacionados con la corrupción.

El abogado Ignacio Peláez, defensor de uno de los imputados en este caso, acusaba a mi padre de prevaricación y de un delito contra las garantías de la intimidad por haber ordenado la intervención de las comunicaciones entre los acusados y sus abogados sin fundamento legal.

El curso de este nuevo procedimiento discurrió por cauces similares al de la memoria histórica. Es decir: dificultades para la defensa, investigación inquisitiva y rechazo de pruebas fundamentales que, según la defensa, podían demostrar la racionalidad, proporción, legalidad y necesidad de la medida de intervención de las comunicaciones. La única diferencia es que éste se tramitó en un tiempo récord. La querella fue admitida, con ponencia del magistrado José Manuel Maza, quien al mismo tiempo formó parte del tribunal que juzgó el caso por las investigaciones de los crímenes del franquismo y firmó un voto particular pidiendo la condena de mi padre el 25 de febrero de 2010. Aunque ésta no se notificó hasta el día anterior al que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuviera que decidir sobre la licitud y regularidad de las intervenciones de los internos y principales responsables de la trama Gürtel.

Los periódicos publicaron que estaban dos a uno a favor de la licitud. Después de conocerse aquel auto, sólo el magistrado ponente se mantuvo en esa tesis, y los otros dos votaron por la nulidad. Desde luego, era bastante difícil que, con un auto del Supremo en el que se admitía la querella contra el juez que había ordenado las intervenciones, las cosas resultaran de otra forma.

Lo curioso de este asunto es que, a pesar de que el señor Peláez intentó más tarde ampliar la querella y dirigirla también contra las representantes del Ministerio Fiscal y contra el juez Pedreira (que asumió la instrucción tras la inhibición de mi padre en su favor derivada de la imputación de aforados en la causa), esta ampliación fuera rechazada de plano por el Tribunal Supremo. Tanto las fiscales del caso, que pidieron las intervenciones, como el juez Pedreira, que las prorrogó, no habían cometido delito alguno; sin embargo con el juez Garzón sí tenía cabida el «beneficio» de la duda y debía ser investigado. ¿De verdad la gente cree que la justicia es igual para todos?

Daños colaterales

En el documental de Isabel Coixet, Escuchando al juez Garzón, mi padre decía que la causa de Nueva York y la dinámica judicial de la misma habían sido una «fórmula evidentemente concertada para acabar con el apoyo o la credibilidad de una persona: “Hombre, este que está diciendo que lucha contra la corrupción y ahora resulta que se lo está llevando crudo, pues vaya credibilidad, ¿no?”». En ese momento comenzó lo complicado de verdad.

El juez instructor, en su empeño en encontrar aunque fuera un céntimo ilegal en las cuentas de mi padre, amplió la investigación a toda la familia: a mi madre, que tiene separación de bienes con mi padre desde hace quince años, e incluso a mí, por una empresa de publicidad que fundé con mis hermanos cinco años después de que tuviera lugar lo que se investigaba. Esto al instructor le pareció sospechoso. Sin embargo, ni a mí ni a mi madre se nos comunicó en ningún momento que fuéramos objeto de una investigación y, por supuesto, no se me pidió ningún tipo de información económica relativa al negocio ni a su actividad. Pero ¿qué iba a encontrar en una empresa que no ha tenido nunca más de diez mil euros en su haber? Una empresa familiar que mis hermanos y mi madre me ayudaron a fundar, para que pudiera cumplir uno de los sueños de mi vida, que era trabajar por cuenta propia en aquello para lo que me había formado en la universidad: el marketing y la publicidad.

La causa de Nueva York se había transformado en una causa general contra mi padre, y la inclusión de mi empresa en el auto, en un ataque directo a mis derechos, porque ni se me informó de que estuviera siendo investigada, ni se me dio opción a demostrar que las insinuaciones de la Guardia Civil en su informe, encargado y asumido por el juez Manuel Marchena, eran del todo falsas, por no hablar del daño que se produjo a la imagen del negocio cuando la noticia se filtró a la prensa. Hoy en día, con lo difícil que es emprender y mantener un negocio, cualquier información de este tipo puede acabar con el futuro de una pequeña empresa. Ya en su momento pensé en emitir un comunicado o en iniciar acciones legales, pero, como en otras ocasiones, tanto los abogados como mis padres me pidieron prudencia, pues en la situación en la que estábamos cualquier acción de ese tipo podía resultar muy perjudicial para todos, teniendo en cuenta la irracionalidad que rodeaba la situación que estaba padeciendo mi padre. Así pues, como casi siempre, optamos por callar y aguantar para que el problema no se hiciera más grande.

Sinceramente, y tras ver cómo se ha resuelto todo, creo que hicimos mal. Total, ¿qué más nos podrían haber hecho? Ya nos estaban injuriando en los medios y afirmaban sandeces como que Botín había asistido a mi boda y que se había sentado a la mesa presidencial. ¿Se lo imaginan? Mis abuelas, mis suegros, mis padres y Botín. Allí, entre mi marido y yo, brindando por la pareja a la que, por cierto, según los tertulianos, había pagado no sólo el convite sino la hipoteca de su casa. Por favor... ¿Y por todo esto quién responde? ¿Quién o quiénes responden por el daño moral y físico que nos han producido estas publicaciones manipuladas y falsas? Por supuesto, habrá quien diga que éstos son temas de interés social y general, y que los daños son colaterales y que no son responsabilidad de nadie.

El problema viene cuando la continua campaña de desprestigio desemboca en episodios más o menos incómodos e incluso peligrosos para la persona afectada. En mi caso, lo que sucedió fue que, tras todas esas declaraciones que se hicieron sobre mi boda, mi padre recibió unos meses después una carta de un hombre, perfectamente identificado, que amenazaba con acabar con mi vida si antes del 12 de abril de ese mismo año no dejaba libre a una persona que tenía en prisión preventiva a su disposición por delitos de terrorismo. La policía le tranquilizó diciéndole que sospechaban quién había podido ser. Para prevenir cualquier riesgo ponían en marcha un dispositivo de contravigilancia durante unos meses, hasta que consideraran que ya no había peligro. Yo, que hacía años que había renunciado a la escolta que el Gobierno del PP nos había puesto a toda la familia a raíz de la ilegalización de Batasuna y de una serie de indicios de peligro que se dieron entonces, me veía otra vez en la situación de tener que preocuparme por mi vida, por si la carta de ese loco iba en serio y por si era verdad que, como ponía, y en la que me identificaba por mi nombre, pensaba matar a la hija del juez Garzón que se «había casado».

Por otro lado, la aparición del nombre de mi empresa en un informe de la Guardia Civil que se había filtrado «misteriosamente» dio lugar a una serie de titulares en los que se nos acusaba sin tapujos de crear una sociedad fantasma para blanquear el dinero que recibía mi padre. A veces, en un intento de hacer menos tensa la situación, decía bromeando: «Papá, ¡si va a resultar que somos los nuevos Corleone y no nos habíamos enterado! Desde luego, qué poco nos cunde.»

Pero lo cierto es que las acusaciones que se han vertido sobre nosotros no son ninguna broma y mucho menos los ataques a nuestra intimidad de que hemos sido víctimas. En febrero de 2011, el diario digital El Confidencial llegó a publicar los veinte dígitos de la cuenta que mi madre y mi padre comparten. Mi madre interpuso una querella criminal que quedó en nada, ya que el juez estimó que no había sido hecho con mala fe. El mismo periodista que firmaba la información, de la que los dígitos de la cuenta desaparecieron rápidamente, llamó a la puerta de mi casa el 14 de febrero de 2011.

El señor José L. Lobo, tras escribir la noticia sobre la creación de nuestra empresa familiar, buscó la dirección social de la misma (dato público) y nos hizo una visita.

En torno a las 16.00, sonó el timbre del telefonillo de casa, y mi marido respondió. Al otro lado, una voz de hombre le preguntó por un local en alquiler que había visto por internet:

—Éste es un domicilio particular, no un local.

Nada más, no se identificó como periodista ni dijo el verdadero motivo de su visita. Mi marido se quedó intranquilo, así que bajó a la calle para ver de quién se trataba. Al salir del edificio, vio a un hombre de mediana edad observando el inmueble. Le preguntó si era él quien había llamado hacía unos momentos y ante su respuesta afirmativa le preguntó de dónde había sacado la información sobre el local en alquiler. Dijo que lo había visto en internet, y que era la sede social de la empresa MADES Comunicación.

—Tiene razón, pero sólo lo es a efectos de recibir correspondencia, por lo demás, esto es un domicilio particular, no una oficina.

En ese momento, el hombre, que aún no se había presentado como periodista, le preguntó a mi marido si sabía que dicha empresa estaba formada por la mujer de Baltasar Garzón y sus tres hijos, y le dio el nombre de todos nosotros. Mi marido se quedó muy sorprendido y le pidió que se identificara. Así lo hizo. Le mostró un carnet de prensa de El Confidencial: Sr. Lobo.

A raíz de todo lo que había sucedido, las amenazas que yo había recibido y la publicación de los datos personales de mi madre en dicho diario, tuve miedo de que, si El Confidencial revelaba la dirección de nuestro domicilio particular, algún loco nos hiciera algo. A petición mía, mi marido expuso los hechos ante la policía para que estuvieran prevenidos por si ocurría algo más grave. No fue una denuncia, sino un acta de manifestaciones, ya que el señor Lobo sólo estaba ejerciendo su trabajo, y nuestra intención no era atacar a su diario sino prevenir los «daños colaterales» que sus informaciones pudieran tener. Todo esto derivó de nuevo en otra falsedad que dicho periodista publicó a raíz de lo sucedido, y cuyo titular anunciaba: «EL YERNO DE GARZÓN TAMBIÉN DENUNCIA A EL CONFIDENCIAL POR “ACOSO PSICOLÓGICO”.»

Finalmente, no hicieron pública mi dirección, y yo decidí cambiar el domicilio social de la empresa, con el consiguiente trastorno personal y profesional que ello implicó. Y todo porque alguien decidió incluir en el saco a todo aquel que se relacionara con Garzón.

Crímenes del franquismo, Gürtel y Nueva York. Tres causas que estaban cambiando mi percepción del sistema judicial, los medios de comunicación y la condición humana. Yo, que siempre me he negado a pensar que los hombres actúan por pura maldad, que tenía la esperanza de que los actos de éstos fueran fruto de convicciones que, aunque equivocadas, creían verdaderas, veía cómo la frase de Thomas Hobbes «el hombre es malo por naturaleza», que tantas veces había yo rebatido, en algunos casos era cierta.

CAPÍTULO IV

Las lágrimas del juez Garzón

Lo que da sentido a la vida

Afortunadamente, en esta vida no todo es blanco o negro. Se admiten maravillosos tonos grises que endulzan los momentos más difíciles. Esto es lo que ocurrió conmigo y con mi primer embarazo, que acompañó casi al milímetro los procesos que se iniciaron contra mi padre, y que concluyó el 28 de abril de 2010 con el nacimiento de mi hija Aurora, dieciséis días antes de que el Consejo General del Poder Judicial, tras el juicio oral abierto por el juez Varela en el caso de los crímenes del franquismo, decretara la suspensión de mi padre en su funciones jurisdiccionales.

El hecho de que pudiera gozar de su primera nieta y de que pudiera abrazarla cuando más daño le intentaban hacer fue algo que nos reconfortó, porque pudimos contribuir a aliviar su dolor y preocupación. Estoy convencida, y así me lo ha dicho mi padre en más de una ocasión, de que el nacimiento de Aurorita hizo que sus energías y fuerzas para combatir el atropello arbitrario e injusto que estaba sufriendo, para afrontar la tortura a la que sus compañeros le tenían sometido, crecieran y le reafirmaran en sus principios y convicciones. Ellos no contaban con que la naturaleza nos había ofrecido esa píldora que nos hacía ponernos en pie tras cada golpe.

La rutina y el ritmo acelerado que el día a día nos impone a veces nos protege y nos aleja de los titulares de la prensa y de quienes dedican su tiempo a ofrecer opiniones sobre todo, sepan o no sepan, en un análisis que por su simpleza o superficialidad puede causarnos mucho daño. De alguna forma, el transcurso de los años nos ha permitido hacernos una coraza que nos resguarda frente a los que nos atacan. El refrán que dice «no ofende quien quiere, sino quien puede» es mucho más que cierto. El secreto está en descubrir la forma de abstraerse, en fijar la atención en lo que resulta fundamental, en los sentimientos, y en dejar a un lado los ladridos de quienes cobran por proferirlos.

Puede parecer una ñoñería afirmar que cambiar un pañal, cantar una canción a la pequeña Aurora o ver cómo evoluciona reconforta más que el mejor de los análisis de la situación jurídica o política. Pero es cierto. Mi padre y, de alguna forma toda la familia, se refugia en el pequeño ser que vio la vida la madrugada del día 28. «Llegó en el momento justo. Aurorita me da la vida y me ayuda a sobrellevar el exilio al que me han empujado», ha comentado mi padre en más de una ocasión. De hecho, me pide fotos y vídeos, y los conecto por Skype para que la vea y hablen. Cuando regresa a España, cada vez menos, y los veo juntos, recuerdo la relación que tenía con nosotros, siempre incordiándonos para que saltáramos, pero, al mismo tiempo, con una especie de imán especial que atrae junto a él a los pequeños.

Aurora se adelantó lo justo para que él pudiera disfrutarla recién nacida, antes de viajar a Nueva York. Un día antes, La Vanguardia había publicado un profundo estudio comparativo realizado por el abogado defensor de mi padre en el caso de los crímenes del franquismo, Gonzalo Martínez-Fresneda. En él se ponía de manifiesto que más de la mitad del escrito de acusación que había presentado el sindicato ultraderechista Manos Limpias contra mi padre por supuesta prevaricación procedía del auto del juez instructor, Luciano Varela.

El informe demostraba que el plagio se había llevado a cabo mediante un corta-pega de párrafos completos extraídos de la resolución que el propio juez Varela había dictado el 3 de febrero y en la que expresaba sus razones para acusar a mi padre de prevaricación. El escrito de Manos Limpias y la resolución del juez compartían incluso los mismos errores gramaticales. «Por ejemplo —decía el diario—, la palabra “desaparecidos” figura en el auto de Luciano Varela repetidamente como desparecidos. El mismo error se repite en el escrito de Manos Limpias. Otro error del auto de Varela es citar la Ley de Amnistía como “Ley 46/1997”, en lugar de 46/1977. Pues en la página cuarenta y uno del texto del sindicato se repite el mismo baile de fechas.»

El martes 27 de abril de 2010, a las 19.00, salía de la consulta de mi ginecólogo con la certeza de que en los días siguientes nacería mi primera hija, la tan deseada Aurorita. El médico nos había dicho a mi marido y a mí que, si no me ponía de parto en una semana, lo induciría por la salud del feto. Y, sin tiempo para pensar en lo que había leído en la prensa aquella mañana, algo que ya conocía de primera mano por mi padre, mi única preocupación era que éste se iba a Nueva York al día siguiente y que, por lo tanto, no podría estar en uno de los días más importantes de mi vida, en el que yo me convertiría en madre y él en abuelo, algo que tantas veces me había pedido y que le llenaba de ilusión. Una vez más, se perdería un capítulo de mi vida por estar fuera, trabajando. Eso sí que me producía una inevitable y resignada tristeza. Pero esa vez la moneda cayó de nuestro lado, y la casualidad, la naturaleza, la vida o como lo queramos llamar, nos dio un respiro, una grata sorpresa.

En torno a las 23.30, como si fuera consciente de que algo podría estar ocurriéndome (siempre me ha impactado la intuición de mi padre), me llamó, a esa hora tan poco habitual en él, para preguntarme cómo estaba.

—María, ¿todo bien?

—Sí, papá. Todo bien.

—Espera a que yo vuelva para dar a luz, ¿eh? Que tengo que ver a la pequeñita el primero.

—Tranquilo, papá, la verás. Buen viaje mañana.

Aparté los ojos del teléfono que acababa de colgar y asumí que mi padre me reprocharía no haberle dicho que justo en ese momento entraba en el hospital, estaba de parto. Se trataba de una mentira piadosa que daba cumplimiento al pacto que había hecho con mi marido: no avisar a las familias hasta que la niña estuviera a punto de nacer, para evitar agobios o largas esperas en el hospital durante el período de dilatación, que en una primeriza podía durar muchas horas.

A las 2.51 de ese 28 de abril nació mi pequeña. Una bonita niña de tres kilos, arrugadita y calentita. El milagro de la vida nos hacía las personas más felices del mundo.

Cuando los tres descansamos un poco, llamamos, en primer lugar, a mi padre para darle la buena noticia. Como he dicho, tenía que viajar ese mismo día, y aprovechamos su habitual falta de sueño para que viniera volando a conocer a su nieta. En apenas veinte minutos, llegaba a la habitación del hospital. Nunca podré olvidar la cara de felicidad que tenía de ver a su nieta. En ese momento sentí que era la persona más feliz del mundo. Vino hacia mí, me dio un beso entre lágrimas, otro a mi marido, y finalmente se quedó largo rato observando a la niña. La miró una y otra vez y, como era de esperar, a pesar de que estaba dormida, la destapó, la tomó en brazos y le hizo mil fotos. Un archivo de fotos de su nieta que, con el tiempo, he visto que tiene prácticamente desgastado y que muestra al primero que se sienta junto a él. Al final, nos miró y dijo: «Bien hecho, es preciosa, y creo que se parece a mí.» Desde luego, al menos en el carácter que está desarrollando, es muy parecida a él.

Madre e hijo

Dieciséis días después, yo había ido al aeropuerto con la pequeña para que, aprovechando un tránsito en el viaje que mi abuela paterna María iniciaba a Jordania y Tierra Santa, ésta conociera a la recién nacida, su tercera bisnieta.

Mi abuela María ha sido una de las personas que peor lo ha pasado con todo lo que le ha ocurrido a mi padre en este último tiempo. A pesar de sus ochenta y dos años, sigue con asiduidad todas las noticias y los acontecimientos políticos, económicos, culturales, y especialmente los relativos a la justicia y a su hijo. Yo le he dicho millones de veces que se abstenga, que no escuche tanto las tertulias, porque siempre habrá alguien que opine mal de mi padre, y que no puede dejar que eso le afecte. Pero ella ya apenas duerme y encuentra consuelo en el transistor que coloca bajo su almohada y que le hace las interminables noches más llevaderas y cortas.

María, una mujer con mayúsculas, de la que mis padres tomaron mi nombre. Una mujer del campo, que había cuidado a sus cinco hijos y luchado junto a mi abuelo para que todos pudieran estudiar, y que se quedó viuda a los cincuenta y ocho años, tras el fallecimiento de éste a manos de una grave enfermedad que aglutinó de forma indestructible a todos sus hijos en torno a ella. Son como una especie de tribu en la que todo se socializa, y los problemas de uno son los de todos.

En una ocasión, le oí decir que, salvando las distancias, se sentía identificada con las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. A ellas les desaparecieron y les mataron a sus hijos, y a ella también se lo estaban «matando poco a poco». Mi padre y su madre tienen, realmente, una relación especial: ella sabe perfectamente por dónde está él, le informa de lo que ocurre en España y de cómo van las cosas por aquí, y hasta de lo que sucede en el país en el que él se encuentra. Cuando están juntos, las conversaciones se eternizan, no hay división entre el día y la noche. En esos momentos de tradición oral tan practicada en mi familia nos contamos las historias y los avatares familiares desde hace generaciones. Pero también se han roto con su marcha los de mi padre, que procura trabajar allá donde requieren su experiencia, pero lejos de su país.

Esa mañana del 14 de mayo de 2010, en el aeropuerto, la mente de mi abuela estaba sólo en la «chiquitilla» que tenía entre sus brazos. Orgullosa, la enseñaba a todos sus compañeros de la parroquia con los que viajaba, mientras les decía: «Es mi tercera bisnieta.» Una vez más, Aurorita, a su corta edad, nos enseñaba que en la vida, a pesar de que alcanzar la perfecta felicidad es difícil, siempre hay momentos buenos que compensan los malos. Ese día fue un buen ejemplo de ello. Mientras la bisabuela disfrutaba de unas horas con su nueva bisnieta, casi habíamos olvidado que, en ese momento, se estaba celebrando un pleno en el Consejo General del Poder Judicial a petición de siete vocales afines al Partido Popular, en el que se debatía, como único punto del día, la suspensión de mi padre, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela hubiese abierto, dos días antes, juicio oral contra él por presunta prevaricación en las investigaciones de los crímenes del franquismo.

La imagen de la vergüenza

Como publicó Julio M. Lázaro en El País, la decisión de Varela no cabía interpretarla «sino como una reacción frente a la solicitud de Garzón de pasar a la situación de servicios especiales para ser destinado temporalmente al Tribunal Penal Internacional, a fin de cortarle esa retirada. Para ello —continúa diciendo Martínez Lázaro—, Varela forzó a tope la maquinaria procesal, de forma que en la misma mañana notificó hasta siete resoluciones sobre recursos en trámite (cuatro autos y tres providencias), algunas de ellas incluso con fecha posterior al auto de apertura de juicio oral». Lo curioso de todo esto es que la situación de servicios especiales no implicaba la pérdida de destino ni de fuero, por lo que la suspensión no era necesaria para poder seguir juzgándole en el Tribunal Supremo. El artículo terminaba diciendo: «el mensaje implícito en el auto de Varela» era que el Supremo no aceptaba «el exilio voluntario de Garzón en La Haya», sino que quería «poner fin a su carrera».

Esa vez fue mi madre quien me dio la mala noticia. Seria, con la voz entrecortada, me dijo que definitivamente se había ejecutado la inhabilitación de mi padre. Puedo imaginar cómo se sentía en ese momento, al comprobar que, en ese instante, por fin, lograban noquearlo, después de que en decenas de ocasiones, a lo largo de los años, la situación llegara casi al límite a causa de los ataques de unos y de otros contra mi padre por las decisiones profesionales que, en el ejercicio de su labor judicial, había tomado. La imagen de mi padre bajando, por última vez, las escaleras que tantas veces había recorrido era la «ejecución» que buscaban. El gozo de muchos fue grande ese día. Por fin lo habían conseguido. Habían sido precisas tres causas, a cual más estrambótica, pero ahí estaba el resultado: «Garzón caía. La pieza más preciada, por fin, había sido cobrada.»

Pero esa imagen, junto con otras tomadas en este proceso, supondrá por mucho tiempo la vergüenza para la justicia española. Porque a un juez que sólo ha cumplido con su deber hasta la extenuación, sin tiempo para su familia, en beneficio de los ciudadanos y en pos de un ideal de justicia igualitaria, sin distinciones, en la que siempre ha creído, se le arrojaba a la calle. Pero al mismo tiempo, esa imagen se rompió con la fuerza de quien, con dignidad, descendió por la escalinata, rodeado de compañeros, funcionarios y gente que se había acercado a mostrar su aprecio, y con los aplausos, los abrazos y los besos con lágrimas en los ojos de decenas de personas. La imagen del juez Pedraz abrazando a mi padre entre las lágrimas de los allí presentes dio la vuelta al mundo.

Por la tarde, mi padre volvió al juzgado. Tenía que recoger sus cosas. No dejó absolutamente nada que le vinculara con el despacho en el que había permanecido durante más de veintidós años, porque, como diría después: «No quiero que nada mío, aparte del recuerdo de quienes quieran tenerlo, quede en ese despacho.» A la salida, más de dos mil personas se habían congregado espontáneamente en los alrededores para darle un «adiós» de amigos. Eran ciudadanos de a pie, anónimos, que querían acompañar a quien había sido su defensor durante mucho tiempo. Recuerdo que días después, viendo las imágenes en algún reportaje de televisión, me dijo: «Los únicos que de verdad me han apoyado y querido siempre han sido ellos, la gente llana, el pueblo, no sus dirigentes, que me han soportado o se han aprovechado de mi trabajo porque les favorecía. Pero no importa, sé bien que esto es así y estoy tranquilo.»

Afortunadamente, y aunque algunos, so pretexto del discurso de que todos somos iguales ante la ley, se jactaran llamándole «delincuente» (por supuesto, para ellos, en ese momento, la presunción de inocencia no existía para Garzón), gran parte de la sociedad española estaba con él. Jamás me cansaré de dar las gracias a todos aquellos que apoyaron a mi padre, e indirectamente a todos los que nos encontrábamos cerca de él, en tan duros momentos, ni de agradecerles que salieran masivamente a la calle, en varias ocasiones, para hacernos ver que no estaba solo, que reconocían el trabajo que había hecho todos estos años, y que no estaban dispuestos a quedarse callados.

El apoyo y el compromiso

Desde que comenzaron los tres procesos contra mi padre, han sido numerosos los actos de apoyo, las concentraciones y las manifestaciones que se han convocado para denunciar lo que se consideraba un ataque a un modelo de juez. El caso de las víctimas del franquismo produjo que miles de personas se indignaran porque el primer ajusticiado por los crímenes de aquel régimen fuera el magistrado que admitía a trámite sus denuncias. Miles de ciudadanos anónimos veían en los casos contra mi padre una manera de dinamitar los procesos por él iniciados, ya fuera el relacionado con el esclarecimiento de lo realmente acontecido en España durante el franquismo, o con el de la corrupción en el seno del Partido Popular.

El clima de indignación fue en aumento, y a finales del mes de abril, ante la inminente suspensión de mi padre, se sucedieron una serie de concentraciones en toda España (la manifestación de Madrid alcanzó las cien mil personas) y en algunas ciudades de Europa y Latinoamérica en las que se lanzaron gritos como «Garzón tiene razón», «La justicia al revés» o «Garzón, amigo, el pueblo está contigo».

Los grupos de apoyo iban creciendo, y a través de plataformas como <congarzon.com> se recogían firmas para hacer ver a los gobernantes que la opinión pública se oponía a los procesos contra el juez Garzón, al que consideraban un representante del «modelo de justicia basada en la defensa de los derechos humanos conforme con el derecho internacional que millones de ciudadanos y víctimas reclaman en todo el mundo». En la actualidad, este manifiesto tiene decenas de miles de firmantes. Igualmente, en las redes sociales comenzaron a formarse multitud de grupos de apoyo, como el llamado «Un millón de firmas para apoyo al gran juez Baltasar Garzón», que lidera Íñigo Martínez, autor del blog <afavordelajusticia.com> y cuya labor, totalmente desinteresada, de divulgación de noticias, actos de apoyo y demás actividades relacionadas con mi padre, ha conseguido tener más de trescientos mil quinientos seguidores en Facebook.

No sólo los ciudadanos anónimos mostraban su apoyo al juez Garzón, también periodistas, políticos, juristas y artistas de todo el mundo escribían en los diarios y hablaban en actos para defender a mi padre y lo que él significaba. El último artículo del premio Nobel José Saramago, que falleció el 18 de junio siguiente, «Las lágrimas del juez Garzón», publicado en El País el 14 de mayo, fue duro y contundente: «Garzón es el ejemplo de que el campesino de Florencia no tenía razón cuando, en plena Edad Media, hizo sonar las campanas de su iglesia a difuntos ya que, dijo, la justicia había muerto. Con Garzón sabíamos que las leyes y su espíritu estaban vivos porque le veíamos actuar. Con el apartamiento de Garzón de la Audiencia Nacional de España las campanas, después del repique a gloria que harán los falangistas, los implicados en el caso Gürtel, los narcotraficantes, los terroristas y los nostálgicos de las dictaduras, volverán a sonar a muerto, porque la Justicia y el Estado de Derecho no han avanzado, no han ganado en claridad, y quien no avanza retrocede. Tocarán a muerto, sí, pero millones de personas saben señalar el cadáver, que no es el de Garzón, esclarecido, respetado y querido en todo el mundo, sino el de quienes, con todo tipo de argucias, no quieren una sociedad con memoria, sana, libre y valiente.»

El libro La solidaridad con el juez Garzón recoge todos estos discursos, artículos y palabras de apoyo que quedarán para que aquellos que quieran ir más allá, conocer las cosas desde varias perspectivas, puedan leerlos y compararlos con las informaciones que los enemigos vertían sobre nosotros. Aquellos que se han empeñado en decir que mi padre estaba solo podrán ver en estas páginas cómo se recogen textos y comunicados de compañeros españoles y extranjeros, organizaciones internacionales, organismos públicos, organizaciones cívicas y muchos otros ciudadanos que nunca nos dieron de lado, que alzaron la voz ante la injusticia que a sus ojos estaba viviendo mi padre.

Son precisamente estas voces de ciudadanos más o menos anónimas las que me han hecho continuar en los momentos más difíciles. Durante estos tres años, he sufrido cambios sustanciales en mi vida. Mi nuevo papel de madre, unido a todo lo que estaba sucediéndole a mi padre, me provocó que esa tarde del 14 de mayo de 2010 me planteara a qué mundo había traído yo a mi hija. ¿Cómo iba a explicarle a la pequeña que en esos momentos sujetaba en mis brazos, cuando creciera, quién era su abuelo? ¿Cómo habíamos llegado a ese punto? Hay cosas que te hacen madurar en un segundo, y creo que ése ha sido el efecto que todo este proceso ha tenido en mí. Ahora soy más fuerte, más consciente, estoy más comprometida con la sociedad. Entiendo cada vez más por qué mi padre nunca se dejaba amedrentar por las consecuencias que sus actos pudieran tener y sé que, cuando Aurorita pregunte por qué su abuelo sale en la tele, le diré, con orgullo, porque es un trabajador, un gran juez, un humanista, un idealista que siempre defiende a las víctimas y que toma partido por ellas frente a los poderosos, dispuesto a dar la vida por aquello en lo que cree y que, gracias a que hay personas comprometidas, como él, merece la pena luchar por un mundo mejor y más justo. Tal como mi padre siempre nos ha enseñado.

CAPÍTULO V

La historia silenciada

El olvido de las víctimas

La historia es caprichosa y decide en un momento concreto ubicarte en un lugar en el que no habías pensado estar. Eso es lo que le ocurrió a mi padre con las investigaciones de los crímenes del franquismo.

Durante muchos años, después de la detención de Augusto Pinochet y de la investigación de los crímenes de la dictadura argentina, en cada conferencia que impartía, no importaba la parte del mundo en la que se encontrara, pero sobre todo en Latinoamérica y Estados Unidos, al final, en el turno de preguntas, le interpelaban acerca de que en España no se investigaran los crímenes del franquismo y, en concreto, acerca de que él no lo hiciera. Me contaba que siempre contestaba diciendo: «Si algún día llega ese momento, quien tenga que hacerlo deberá ser consecuente con las decisiones que haya tomado previamente en casos similares.» Poco imaginaba entonces lo que el destino le tenía preparado para las postrimerías de 2006. Con ese caso, mi padre se enfrentaba a sí mismo. Tenía dos opciones: arrojar todo lo que había defendido hasta entonces o, por el contrario, ser coherente y mantener sus teorías, seguir adelante con la investigación de los hechos y asumir todas las consecuencias que de él se derivaran.

El 16 de octubre, diez años después de la detención de Pinochet, el juez Garzón dictó la resolución más valiente de toda su vida judicial. Ya no se trataba de dictadores en países extranjeros, ni de hechos criminales contra la humanidad cometidos durante otras dictaduras, sino de hechos acontecidos en España durante más de una década, con total impunidad, sin que nadie, ni en ese momento, ni durante los setenta años que siguieron, dijera que se habían cometido delitos que atacaban la propia naturaleza humana.

Aquel día, se me formó el nudo en la garganta de nuevo. Mi padre volvía a romper todos los moldes y se enfrentaba a unos enemigos totalmente distintos de los de otras ocasiones en una situación también diferente. Por primera vez, nadie de los poderes establecidos le apoyaba. Es triste, pero el tema de la memoria histórica no le importaba a casi nadie, y sólo recurrían a él si implicaba algún tipo de rentabilidad, principalmente política.

Recibió una gran cantidad de mensajes que le aconsejaban, unos con buena intención y otros no tanto, que no avanzara en las investigaciones y que archivara el asunto, sobre todo ante la virulenta reacción de la fiscalía de la Audiencia Nacional y especialmente de su jefatura. Por si fuera poco, mi padre por aquel entonces volvía a encontrarse muy mal de las cuerdas vocales, casi no hablaba, y estaba muy preocupado por la segunda operación de pólipos a la que debía someterse en esos días. Y tan tensas estaban las cosas que incluso llegaron a cuestionar su enfermedad cuando él se encontraba en el quirófano. Más adelante, el juez instructor de la causa de las investigaciones del franquismo, en un acto de desconocimiento del propio procedimiento y en su afán por perjudicar a mi padre, llegó a imputarle resoluciones que se produjeron mientras estaba siendo intervenido en una operación quirúrgica que, según supimos después, se había complicado por los efectos de la anestesia.

A pesar de todo, la decisión que tomó mi padre era firme y meditada; no podía ser de otra manera. El texto que se recogía en el auto del 16 de octubre era un relato sin concesiones, en el que se identificaban por primera vez en la historia judicial española los hechos delictivos cometidos durante la dictadura como crímenes contra la humanidad, y en el que se señalaba como delictivo el propio acto de levantamiento contra la República. Se argumentaba con solvencia, y al amparo de la legislación nacional e internacional, la obligación de investigar unos hechos que no estaban prescritos, ni podían ser amparados por la amnistía. Expresar todo esto en una resolución judicial, que después fue ampliada en un segundo auto el 18 de noviembre con hechos como los robos de niños en los años cuarenta, dejó sin respiración a muchos, encendió los odios de otros y fue un bálsamo para las víctimas. Todo al mismo tiempo. Por fin un juez les reconocía la condición que siempre se les había negado frente a la justicia. La Ley de Memoria Histórica era insuficiente para responder y cumplir con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Desafortunadamente, tras la decisión del Supremo de absolver a mi padre de esa causa y la resolución emitida en marzo por la que se cierra toda opción a la investigación judicial, hoy la protección de las víctimas por parte de la justicia española sigue siendo insuficiente, por no hablar de que no ha habido ni verdad ni reparación real e integral. Ninguna autoridad de la época, ninguna institución del Estado, ninguna estructura participante en aquellos execrables hechos ha pedido perdón a las víctimas. Ante esto, la pregunta es: ¿verdaderamente ha habido reconciliación o, como ha dicho mi padre en más de una ocasión, vivimos en la falsedad de que ésta se ha producido?

Desde mi humilde punto de vista, el juez Garzón hizo lo que tenía que hacer, y aunque la sentencia que le absuelve afirma que estaba equivocado, yo y millones de personas no lo creemos así. No sólo juristas españoles, sino también de todo el mundo, colectivos enteros y ciudadanos entendimos el procedimiento como respuesta a una de las últimas oscuras y escabrosas cuestiones de nuestra historia.

En esa ocasión, los ataques que lanzaron algunos medios y políticos o pensadores progresistas españoles ante las decisiones judiciales tomadas por mi padre fueron duros, pero mucho más amplia fue la respuesta afirmativa de los medios internacionales y los organismos a favor de los derechos humanos que tantas veces habían cuestionado la pasividad y el silencio ominoso que España practicaba en relación con los crímenes de la época de Franco. Las condenas internacionales de estos hechos por fin hallaban una tímida respuesta, pero, por desgracia, el aparato judicial la eliminó de forma abrupta y discutible. De nuevo el olvido de las víctimas, tantas veces ensayado a lo largo de la historia, se daba en España.

Recuerdo que mi padre me hablaba con desesperación y entre lágrimas de la falta de sensibilidad que algunos de sus colegas mostraban por estos hechos, dejando traslucir que la herida ideológica todavía está abierta y que no quieren saber nada de la crueldad y represión que se practicaron a decenas de miles de víctimas. Un día, después de que la Sala Penal de la Audiencia Nacional decidiera archivar la causa por falta de competencia, uno de los abogados denunciantes se presentó ante el Juzgado Central de Instrucción número cinco, en poder aún de la causa, para solicitar la práctica de pruebas de ADN a dos mujeres que tenían cien años y que no querían morir sin que sus análisis contribuyeran a saber qué había ocurrido con sus familiares desaparecidos una vez que se hallaran los restos. Tal era la falta de sensibilidad que se decidió no aceptar la petición del juez «porque después de muertas también se puede extraer el ADN». Cuando mi padre me lo contó, no hizo falta que me dijera quién había sido el autor de la frase. Sentí asco. Me resultó incomprensible que alguien, y más con un cargo institucional, hubiera podido acumular tanta indiferencia hacia quienes lo habían perdido todo.

Estupor internacional

Después de que los juzgados de Granada y San Lorenzo de El Escorial cuestionaran la competencia del Juzgado Central de Instrucción número cinco sobre las investigaciones del franquismo, mi padre, según me contó en 2009, presentó la cuestión ante el Tribunal Supremo —que por aquel entonces ya había admitido a trámite la querella contra mi padre— con el fin de que se resolviera a qué juzgado o juzgados correspondía tramitar los casos. En vez de hacerlo con la celeridad que exigía la protección de las víctimas, en marzo de 2010, nueve meses después de que se hubiera planteado la cuestión y en una sorprendente resolución, el Supremo decidió paralizar la tramitación hasta que finalizara el juicio contra Garzón. Es decir, subordinó la defensa de las víctimas y sus derechos al paso cansino y estratégicamente lento de la causa contra mi padre.

Mientras que el procedimiento por el caso Gürtel avanzaba con ritmo, el de la memoria histórica, por arte de magia, se ralentizaba e incluso llegó a paralizarse hasta que el primero estuvo preparado para el juicio oral. En ese momento, en vez de abordar el que correspondía por antigüedad (el del franquismo), se antepuso el de la intervención de las comunicaciones. Yo no entiendo mucho de leyes, pero me parece una arbitrariedad, otra más, en esta escabrosa historia de la acción judicial contra el juez querellado, cuya suerte estaba echada antes de los juicios. Nadie del Alto Tribunal se ocultaba para afirmar la más que segura condena en el caso de los abogados y su absolución en el del franquismo. El primero era más técnico y no tendría tanto apoyo, así que la condena era segura; de ahí que el juicio por el caso Gürtel tuviera lugar primero, sin importar que esto implicara cercenar el derecho de las víctimas del franquismo a una justicia real y efectiva. No, lo importante era acabar con Garzón, fuera como fuese, porque se había convertido en un problema. Por supuesto, los principios del proceso debido, las garantías, la presunción de inocencia y todo lo que en otros casos exige el Tribunal Supremo y descalifica a los jueces cuando no lo cumplen no contaba para ellos en esa ocasión; o, al menos, costaba trabajo descubrir dónde estaba ese respeto entonces.

Quizás por todo esto, el estupor internacional, iniciado con la admisión a trámite de la querella por las investigaciones de los crímenes franquistas y plasmado en el editorial del New York Times cuando escribieron: «España necesita una honesta rendición de cuentas de su agobiado pasado, no el enjuiciamiento de quienes han tenido el valor de exigirlo», se reproducía de nuevo, pero con más intensidad, en el momento en que dieron inicio los juicios. El mundo estaba atónito ante el hecho de que la primera investigación que se iniciaba en España en torno a este negro capítulo se saldara con un solo acusado sentado en el banquillo y que fuera éste precisamente el juez que había iniciado la misma. Y la sorpresa era aún mayor cuando veían que el mismo sistema judicial que se había mostrado implacable con los crímenes de lesa humanidad cometidos en otros lugares del planeta, como Argentina, Chile, Guatemala, y que investigaba a algunos mandatarios del régimen nazi, no sólo renunciaba a averiguar lo que había sucedido en su propio país, sino que, además, suspendía y sentaba en el banquillo al juez que había emprendido las investigaciones. Así quedaba demostrado el doble rasero de los mandatarios españoles, tan característico en tantas ocasiones a lo largo de la historia; en ese momento se aplicaba en el ámbito de la justicia. Igual que había sucedido cuando, por sorpresa, los dos partidos mayoritarios finiquitaron la jurisdicción universal con una ley que hacía referencia a la regulación de la oficina judicial en 2009. Por aquel entonces, arrinconaron lo que había dado prestigio universal a la justicia española, y tiempo después ejecutaban a uno de sus paladines de la forma más artera y efectiva posible.

Nunca sabré si en algún momento fueron conscientes de la reacción que sus decisiones podían provocar, o si se trató de un error de cálculo a la hora de comprender lo que realmente quiere la sociedad y, desde luego, de interpretar lo que se sentía fuera de España. Un error así era previsible en quienes, desde hace mucho tiempo, están alejados del día a día de la justicia.

Desde el inicio del proceso se notó cierto nerviosismo en los círculos jurídicos por la repercusión que éste pudiera tener en los medios extranjeros. Para recordar queda el episodio cuando menos curioso de la rueda de prensa que el Tribunal Supremo convocó para medios extranjeros en abril de 2010, pues pretendían explicar los aspectos jurídicos del proceso contra un aforado. En palabras de Walter Haubrich, corresponsal del semanario alemán Sonntagszeitung, no había ocurrido algo igual «desde el atentado islamista del 11-M, durante la presidencia de Aznar, cuando nos llamaron, al igual que a los directores de los periódicos españoles, para convencernos de que había sido ETA». Periodistas de los cinco continentes no daban crédito a lo que estaba sucediendo y se quedaban estupefactos ante un hecho fuera de lo normal y que a su juicio sólo podía significar que el Tribunal estaba a la defensiva. Al final, y ante el revuelo que se había montado, la rueda de prensa se abrió también a los medios españoles. No obstante, el Supremo nunca la llevó a cabo porque quedó suspendida por falta de aforo.

Las heridas abiertas

En determinados ambientes, entre la gente mayor y en algunos hogares españoles, la guerra civil española y la posguerra siguen siendo temas tabú, transcurridos setenta y cinco años desde que se produjeran, treinta y cinco de ellos en democracia. Sólo el cine, desde no hace mucho, algunas series de televisión, los libros especializados y la tradición oral han sido fuente de conocimiento de nuestro pasado franquista. La dictadura penetró hasta en los lugares más recónditos, desde en la más alta magistratura, hasta en el último de los hogares. El miedo y la soledad, como quedó de manifiesto con los desgarradores testimonios de las víctimas en el juicio contra mi padre, es lo que las instituciones españolas de la Transición y la democracia dejaron en ellas. No ha habido una reparación colectiva; hasta hace pocos años ningún programa de educación durante la democracia había enseñado lo que ocurrió durante la guerra y la dictadura; sólo el perdón y el olvido oficiales han sido las recetas de la Transición que se aporta todavía hoy hacia el exterior. Las víctimas han tenido que recorrer un camino lleno de obstáculos sin que nadie las amparara, han excavado con las manos, y muchas veces a escondidas, la tierra para extraer los restos de sus seres queridos. Sólo esto ya debería avergonzarnos durante generaciones. Me repugnan hasta la náusea las opiniones de los negacionistas y revisionistas de la historia a los que les duele que aparezcan la víctimas, que llegan a afirmar que los muertos están bien muertos y que fueron pocos los que se quedaron en las cunetas y los campos españoles.

Recuerdo una conferencia que mi padre dio el 27 de abril de 2005 en la biblioteca de Nueva York, en la que criticó con dureza esta falta de memoria, este silencio que todavía hoy nos imponen. Por lo que fui aprendiendo a trompicones durante mi juventud, no ataco a la Transición; pero ¿dónde quedó la justicia?, ¿dónde la verdad y la reparación?

Las heridas siguen abiertas porque nunca trataron de limpiarse. Y mientras haya personas que busquen a sus familiares, que esperen que alguien les resarza de lo que éstos sufrieron, será imposible mirar hacia delante.

Muchos intentan tapar la realidad de lo que sucedió, en gran medida porque se creen sus propias mentiras y niegan la historia de nuestro país; otros simplemente apartan la mirada de lo que les avergüenza, sólo unos pocos se han atrevido a permanecer al lado de las víctimas que siguen buscando las respuestas que ni sus padres, madres, abuelos, tíos o amigos les supieron dar. En una ocasión, mi hermana, que por entonces debía de tener veinte años, le preguntó a mi padre: «Papá, si simplemente se trata de devolver a las personas los restos de sus familiares, ¿qué problema hay?» Pues eso digo yo. ¿Qué nos hace tan inhumanos que nos oponemos al derecho de dignificar a los muertos y recordarlos en el lugar donde se sabe que sus restos descansan? Deberíamos poder ser capaces de desprendernos de las ideologías, de despolitizarnos y de tratarnos como personas, como seres humanos. Todo sería más sencillo si aplicáramos la ingenuidad que el haber nacido en democracia otorga a mi hermana y por fin cerráramos este vergonzoso capítulo.

Hasta que mi padre admitió a trámite las primeras denuncias presentadas en su juzgado por familiares de represaliados, mi conocimiento de estos sucesos no iba más allá de lo que sabía por las historias que mis padres y mis abuelas me habían contado, y por los casos puntuales que salían en las películas que había visto. Tanto en el colegio como en la universidad, con la excusa de que no daba tiempo a ver todo el temario, saltamos del alzamiento militar del 18 de julio a la Transición. Se podría decir que la única referencia de cómo se vivía en la época franquista me la daban los Alcántara.

En mi familia, como en casi todas, hay personas que se vieron afectadas por la guerra en ambos bandos, el republicano y el franquista. El hermano mayor de mi padre, mi tío Gabriel, conservador y católico donde los haya, quiso ser fiel a la legalidad republicana y se mantuvo en las filas de la República. Luchó, ejerció como comisario político y fue hecho prisionero y condenado a muerte. Su pena la conmutaron gracias a la intervención del general Villegas, que iba a pasar los veranos a una finca de mi bisabuelo Luis. Tiempo después fue detenido y condenado porque la Guardia Civil le acusó de ayudar a los maquis. Mi padre aprendió de él las particularidades de la guerra civil y la persecución de la posguerra. Nos contaba cómo durante el franquismo, siempre que el tío Gabriel iba a ver a mi abuela María, la Guardia Civil revisaba la casa por si acaso había algo subversivo o peligroso, y así hasta que llegó la democracia. Lo curioso es que, en las primeras elecciones municipales, mi tío se presentó como cabeza de lista con los que le habían perseguido durante cuarenta años.

En la familia de mi madre, ocurrió lo contrario. Mi bisabuelo materno fue ejecutado por el bando republicano, lo que durante años hizo que mi abuela Rosario no quisiera ni oír hablar de aquellos que habían matado a su padre, cuyo único pecado había sido ser propietario de un comercio en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén. Una noche fueron a por él, lo llevaron a las afueras y le dispararon un tiro en la nuca. Lo mataron. Recuerdo cómo un día, casi setenta años después, mi abuela me dijo que, por primera vez, a raíz de lo que le estaba sucediendo a mi padre y la investigación que había iniciado, era consciente de la magnitud de la represión franquista tras la guerra civil y del dolor que los familiares de las víctimas desaparecidas podían sentir, tal vez porque nunca quiso saber más y jamás nadie se lo había explicado. Al menos ella sabía a qué nicho del cementerio podía ir a rezar a su padre, concluyó.

Pasar página

Algo parecido me sucedió a mí. Yo, que tan sensibilizada estaba por lo acontecido durante las dictaduras argentina y chilena, sentí cómo se me desmoronaba la imagen del país en el que había nacido al conocer las cifras de desaparecidos, ajusticiados, niños robados y demás represaliados. Cifras que nunca se habían hecho públicas hasta los autos de mi padre. La historia de España era mil veces más oscura que la argentina o la chilena. Al menos 143.353 desaparecidos, de los que, como declaró mi padre en el juicio contra él, no existe un registro oficial unificado en todo el territorio español. Sin duda, lo que más me dolió entonces, y me sigue doliendo ahora, es ver cómo España es incapaz de reconocer su propia historia, de afrontarla, de analizarla a fondo y, tras resarcir a las víctimas, por fin avanzar hacia delante como lo han hecho países como Alemania, que han demostrado una madurez democrática que está a años luz de la española. Sinceramente, creo que mientras esta represión no se estudie en las escuelas, se debata en las universidades y todos los medios de comunicación la den a conocer a fondo y sin miedos, los españoles no seremos conscientes de lo que de verdad ocurrió y jamás podremos pasar página.

El Estado debe resarcir a las víctimas de la represión franquista, puesto que fueron crímenes perpetrados por él mismo. Socialistas y populares han perdido la oportunidad durante años de gobierno. Y sólo el hecho de haber puesto en tela de juicio la actuación del primer juez en escuchar a las víctimas y de iniciar una investigación ha conseguido que el miedo desapareciera de las mentes de esta gente sencilla, que salieran a la calle a gritar sus historias y que, por primera vez, hayan podido relatar lo sufrido ante un tribunal. Son ciudadanos que se sienten desamparados frente a unos gobernantes que llevan mirando para otro lado desde hace mucho tiempo y no pierden la esperanza de que lo acontecido haya hecho remover las conciencias de muchos y de que su lucha por saber la verdad no haya sido en balde.

Yo asistí a la última sesión del juicio contra mi padre por los crímenes del franquismo, escuché cada uno de los alegatos de la acusación, los del fiscal y los de la defensa. La acusación hizo alarde de las supuestas contradicciones de mi padre, al haber rechazado en 1998 una denuncia contra Santiago Carrillo, entre otros, por los asesinatos cometidos durante la guerra civil en Paracuellos del Jarama. Sin embargo, estos argumentos fueron desbaratados por el fiscal y por la defensa en dos brillantes intervenciones. Lo que no dijo el abogado acusador de Manos Limpias fue que, en el razonamiento undécimo del auto del 16 de octubre, el juez Garzón expresaba las razones por las que aquellos asesinatos no correspondía investigarlos en la causa por los crímenes franquistas: «La inconsistencia de las denuncias y el planteamiento de la acción penal iniciada determinaron su rechazo en esta instancia y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los hechos allí denunciados, sin restar un ápice a la importancia, trascendencia y gravedad de los mismos, no podían determinar la apertura de un procedimiento porque, tras la finalización de la contienda civil, tales hechos se investigaron, se procuró sancionar a los posibles responsables y las víctimas fueron identificadas. Y además nunca se pretendió con tales hechos atentar contra los Altos Organismos de la nación y, por ende, la competencia nunca sería de este juzgado, ni de la Audiencia Nacional, sino del juez competente en razón del lugar donde se cometieron los hechos.» Este argumento ni fue rebatido ni combatido, la argumentación de la acusación fue meramente política, como todo el procedimiento.

Nunca olvidaré las últimas palabras de mi padre en ese juicio. Citando a Immanuel Kant, dijo que «el tribunal del hombre es su conciencia» y su conciencia está muy tranquila. Actuó en defensa de las víctimas, con apego a la legalidad, al investigar unos «hechos criminales» que tienen «carácter permanente porque se trata de desapariciones de personas en un contexto de crímenes de lesa humanidad». El contenido de ese juicio debería ser publicado, junto con el del caso Gürtel, para que puedan estudiarse en las universidades y, así, la verdad no quede olvidada, ni la historia silenciada.

CAPÍTULO VI

E la nave va

La fuerza de las convicciones

E la nave va, la gran película de Federico Fellini con música de Verdi que tanto gusta a mi padre, me parece adecuada para definir el momento en el que nos encontramos: navegando en una misma embarcación, cada uno con unos intereses y objetivos, en un mundo que parece real pero que resulta ser un teatro, con un mismo destino, condenados a hundirnos o a salvarnos, pero juntos.

Sé que mi padre es un luchador nato. Nunca le he visto rendirse. Siempre encuentra la forma de regenerarse y comenzar un nuevo proyecto. Y ya lo está haciendo. Lo sorprendente es que su entusiasmo contagia a los demás. Parece que tiene veinticinco años, y no es así. En los dos años que han transcurrido desde que le suspendieron el 14 de mayo de 2010, ha trabajado en la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y de ellos, uno, a las órdenes del fiscal Luis Moreno-Ocampo. Durante ese tiempo ha contribuido al desarrollo de alguna de las investigaciones de la CPI, institución a la que tanto apoyó en su constitución y cuya necesidad tantas veces ha proclamado. Recuerdo que en los años 1999 y 2000 trabajó con la coalición de organizaciones no gubernamentales para apoyar el Estatuto de Roma, que daba vida a aquella corte en Naciones Unidas, y que me contó que él, durante unas conferencias que dio en España y en Harvard con el fiscal, fue quien le motivó para que se ocupara de los asuntos relacionados con las violaciones masivas de los derechos humanos. Daba gran parte de las conferencias pro bono con el objetivo de conseguir adhesiones a la ratificación del mencionado estatuto. Impartió seminarios y se reunió con decenas de universidades, parlamentarios, presidentes, abogados y jueces de diferentes países para conseguir la implantación de la corte. Tampoco se escondió para hablar de ello ante las autoridades estadounidenses, ni para criticar la retirada de la firma de Estados Unidos del estatuto durante el mandato de George W. Bush. Su defensa de la jurisdicción universal y la CPI aún hoy ocupan gran parte de su tiempo. Cuando le pregunto acerca de los reveses y acerca de que en España, al igual que en otros países, han restringido el ámbito de aplicación de la ley, me contesta sin dudarlo: «Mientras haya víctimas cuyos derechos no hayan sido compensados, no nos podemos permitir la bajeza de olvidarlas. Hay que seguir peleando, siempre.»

Desde mayo de 2011 presta sus servicios como asesor en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, en el área de justicia transicional, restitución de tierras, violencia de género y contra los pueblos indígenas y afrodescendientes. Además, no abandona sus labores humanitarias ni la búsqueda de fórmulas para combatir el crimen organizado y la corrupción en México. Ahora coordina la veeduría internacional que debe determinar la adecuación de la reforma de la función judicial en Ecuador, coopera con Argentina en cuestiones de derechos humanos y colabora con la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Washington en Seattle. Así que, de nuevo, el espacio que ocupan su salud y su familia es muy reducido. ¿Qué sucederá el año que viene? Estoy segura de que ya imagina cosas para llenar el hueco que le han dejado y, teniendo en cuenta la situación actual, será él quien marque el rumbo. Y aunque no sé qué rumbo será ése, seguro que estará en línea con sus convicciones, y lo tomará entregado a lo que es y ha sido siempre su prioridad: la defensa de las causas altruistas, de aquellas que sirven para mejorar la condición de las personas y ampliar el espacio para la defensa de sus derechos básicos y fundamentales.

Un golpe esperado, pero doloroso

Han pasado algunos meses desde aquella última llamada en la que Aurora me decía que tenía malas noticias. El resultado de la sentencia ha sido un duro golpe, esperado pero no por eso menos doloroso, que ha producido efectos devastadores en la carrera de este juez que ha dado todo lo que tenía por su país, lo personal y familiar. Ahora se marcha más lejos de lo que su físico puede soportar. Y cuando haya cumplido la inhabilitación, tendrá casi sesenta y seis años. Entonces no creo que le apetezca volver a ejercer la judicatura, al menos yo no se lo aconsejaré. La eliminación ha sido contundente, al más puro estilo de la Inquisición, con incineración mediática incluida. Tenía que morir en el ámbito judicial, y así lo han dispuesto a la vista de todos, con las bendiciones más piadosas del Consejo General del Poder Judicial. Al Tribunal Supremo siempre hay que defenderlo y protegerlo, es una institución básica del sistema democrático. Al imputado, en cambio, jamás se le otorgó la presunción de inocencia. Le habían succionado la yugular desde el principio, y encima ahora, hay que explicar por canales diplomáticos que el Gobierno español no ha tenido nada que ver en la condena. Ante esta decisión, me pregunto: ¿por qué el Gobierno del Partido Popular siente la necesidad de dar explicaciones? Si todo ha sido tan correcto y se ha procedido con todas las garantías, ¿por qué cuesta tanto explicar lo sucedido? ¿Por qué todo el mundo entiende la ejecución y tan pocos su justificación? La respuesta es sencilla: porque no hay explicación ni justificación plausibles a la eliminación arbitraria de un juez que no había cometido delito alguno.

Yo ya no asociaré el 9 de febrero con las efemérides que correspondan a ese día, ni siquiera con que un día como ése en 1946 Naciones Unidas condenó el régimen de Franco, sino con la escenificación de una de las injusticias más evidentes de la historia judicial española reciente, porque así quedará grabado en mi memoria. Ese 9 de febrero, poco antes de las 14.00, se hizo pública la sentencia condenatoria contra mi padre por haber ordenado la interceptación de las comunicaciones de los presos por el caso Gürtel.

Lo recuerdo como si fuera ayer. En el momento en que Aurora me dijo por teléfono que la pena era de once años de inhabilitación, una losa cayó sobre mí y el silencio se hizo a mi alrededor. Estaba sola, en el coche. En ese instante, apenas una fracción de segundo, todo lo que había tenido que soportar, todo lo que nos habíamos callado por prudencia, todo lo que sabía y no podía gritar al mundo pasó por mi cabeza. No era un sentimiento de rabia, sino de impotencia, añadido a una especie de náusea que me oprimía la garganta. Era indignación ante una situación para la que mi padre me había intentado preparar, pero que yo me había negado a asumir, pues esperaba que en el último momento, como en la ficción, una información reveladora o un golpe de efecto imprevisto acabara con esa locura en la que nos habían sumergido. Pero la realidad siempre supera la ficción. Y aunque periodistas, juristas, catedráticos e incluso políticos habían puesto de manifiesto los errores procesales que se estaban cometiendo, en el mundo real, en nuestro país, no bastaba con eso para cambiar el guión, que ya estaba escrito desde hacía mucho tiempo.

Por mucho que se hubiera anunciado la «muerte civil» decretada para el juez Garzón, era muy dura de asimilar. A pesar de que estaba a escasos metros de donde se encontraba mi padre, una manifestación de los trabajadores de Spanair me había impedido acercarme hasta allí y abrazarle para que sintiera el consuelo de un ser querido.

Ese mismo día, me contó cómo había sido la entrega de la sentencia. Todo discurrió con frialdad, sin piedad, como todos los procesos que el máximo representante de la justicia española había desarrollado contra él. Sólo la procuradora Virginia Aragón, una excelente profesional, y José María Fuster Fabra, el abogado y catedrático, aguardaron en el pasillo que treinta y dos años antes había acogido la zozobra del opositor que había llegado desde Sevilla para examinarse y lograr entrar en la carrera judicial. Durante casi media hora, no cesaron de entrar y salir funcionarios de las dependencias de Secretaría de la Sala Segunda, hasta que la secretaria apareció con un tocho de papeles; evidentemente, era la sentencia. Mi padre me contó después que sabía que el fallo no era positivo, no podía serlo, pero estaba tranquilo. Siempre lo está en esos momentos. Esperó a que le llamaran para que la secretaria se la notificara. A los terroristas y narcotraficantes se les notifica en audiencia pública o lo hace el secretario. Sin embargo, a los pocos minutos de entrar la secretaria, vio cómo salía con la cabeza gacha, sin decir palabra, seguida de una funcionaria que sí sonrió levemente, pero con un rictus de tristeza que le confirmó el resultado. Le llamaron, y recorrió un lúgubre pasillo hasta llegar a una dependencia no muy grande, llena de legajos. Dijo «buenas tardes», y sólo un funcionario le contestó con un gesto de cabeza. Finalmente, el encargado de mecanografiar las declaraciones a lo largo de la instrucción le llevó a una especie de cubículo protegido por una mampara de cristal y ahí, en una esquina de la mesa, le dijo, señalando el papel: «Firme la notificación.» Mi padre firmó, dio las buenas tardes, dijo «adiós» y salió. Sobre la marcha, pasó las hojas, de atrás hacia delante, hasta que encontró el fallo: «Que debemos condenar y condenamos...» Recogió la sentencia en la mano izquierda y a la salida se dirigió a Virginia y José María: «Condenatoria.» Después de darles un abrazo, salió, solo, como había entrado, y se marchó sin decir nada. No merecía la pena. Ya lo habían hecho. Algunos periodistas que habían llegado a tiempo comentaron que tenía el rostro serio, tranquilo, y que les había dedicado una sonrisa triste antes de marcharse.

Lo que más indignaba de la sentencia no era el fallo, ya lo conocíamos de antemano, sino la constatación de que el juicio que yo había seguido al minuto por internet, al igual que muchos otros ciudadanos, no había sido más que una pantomima. Los testigos dejaron claro que Garzón había realizado las intervenciones a petición de la policía, de acuerdo con las fiscales y preservando el derecho de defensa, sin utilizar el contenido. Quedaba demostrado que la organización era la que había designado a los abogados, según declaró el acusado, y no se le contradijo, y que se había establecido y aplicado una cláusula en sus resoluciones que hacían compatibles los derechos en juego con el expurgo de todo aquello que afectara a la estrategia y al derecho de defensa. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso habíamos asistido a juicios distintos? Como dijo mi padre en su comunicado de aquella misma noche, yo tampoco acato la sentencia, no puedo hacerlo cuando en ella se emiten juicios de valor tan duros como que mi padre utilizaba medios dignos de regímenes totalitarios; cuando en ninguna de las páginas se dice en qué se ha violentado el derecho de defensa, y cuando ni siquiera la propia ley es clara en cuanto a la intervención de las comunicaciones entre imputados y sus abogados. El señor Peláez dijo en la vista oral que no conocía el contenido de las cintas que había escuchado el juez, ¿cómo iba a saber entonces que se habían utilizado elementos de su defensa? Su acusación se basaba en una simple percepción de la sagaz fiscal del caso. Me parece cuando menos increíble que a partir de una acusación basada en una intuición se inhabilite por prevaricación a un juez en un sistema de derecho como el que presumimos de tener.

En el camino de vuelta a casa, me fui acordando de todos aquellos que durante años habían contribuido a ese final: los periodistas que habían pedido su cabeza en numerosas ocasiones y le habían insultado; los compañeros de profesión que le habían advertido de que si no se quitaba de en medio, acabarían con él; los terroristas, narcotraficantes y corruptos que deseaban verle fuera de juego. Todos ellos esa noche brindarían con champán. Por todos ellos escribí la carta a los medios. Necesitaba que supieran que no habían acabado con nosotros, que nunca cejaríamos en nuestro empeño en trabajar por la sociedad y para que la «justicia sea auténtica, sin sectarismos, sin envidias ni acuerdos de pasillo». Y por eso mismo escribo este libro, porque se lo debo a mi padre y a todo lo que él ha hecho por nosotros. Ya está bien de estar callados y aguantar como hemos hecho hasta ahora.

El cansancio de lo injusto y la igualdad ante la ley

Yo soy yo, en primera persona, y nadie más. No soy mi padre, ni mi marido, ni mi hija. Soy una joven que está cansada de ver cómo el sistema se corrompe; que no entiende por qué la justicia puede sentar en el banquillo a un juez sin ofrecerle un juicio justo, negándole casi todas las pruebas de su defensa, jugando con los tiempos procesales; que no sabe cómo puede existir un órgano que juzgue a aforados que esté por encima del bien y del mal, y al que nadie más, excepto los que forman parte de él, puede juzgar. Tampoco comprendo por qué todo el mundo tiene derecho a una segunda instancia que juzgue los hechos que se le imputan, y mi padre, en cambio, por ser aforado y haberle juzgado la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo máximo que puede esperar es un recurso de amparo ante el Constitucional, pero sin que nadie revise los hechos ni determine si el tribunal que lo juzgó estuvo o no en lo cierto. No entiendo cómo medios de comunicación que están respaldados por un gran número de lectores y espectadores se atreven a mentir e insultar a alguien y que no pase nada.

Reclamo una justicia que sea igual para todos de verdad. Algo que muchos, en pleno ejercicio de demagogia, han proclamado a los cuatro vientos para explicar la situación de mi padre. «Nadie está por encima de la ley. Ni Garzón.» Pues claro que no, pero es que ha sucedido lo contrario: la defensa y mi padre han pedido sin descanso, a lo largo de todo el proceso, que éste fuera justo. Ni más ni menos. Decenas de escritores, periodistas, juristas y líderes sociales coinciden en que se han cometido graves errores, al negarle las pruebas de su defensa, al corregir escritos de la acusación, al no aplicar la propia doctrina del Tribunal Supremo en casos anteriores, y en que se ha juzgado a una persona por ser como es. Un claro ejemplo de ello, como ya he contado en el tercer capítulo, es que ni el juez Pedreira ni las fiscales del juicio Gürtel fueron imputados por seguir con las escuchas, el primero, y aprobarlas, las segundas. No puedo comprender por qué unos hechos son constitutivos de delito para Garzón y, en cambio, no lo son para otras personas.

Con mi indignación no pretendo resarcir a mi padre, porque ante todos ha quedado como inocente y sin duda el tiempo nos dará la razón. Probablemente presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional e iremos a Estrasburgo, donde, fuera ya de nuestras fronteras, la historia será diferente. Quiero canalizar mi indignación de forma activa, para que lo que nos ha ocurrido a nosotros no le vuelva a ocurrir a ningún ciudadano español más. Creo que es necesaria una reforma profunda de nuestro sistema jurídico, en especial en lo que atañe al Tribunal Supremo y a su composición, porque como ya se ha gritado en numerosas plazas españolas desde mayo del año pasado: «Esta justicia no me representa.»

La reforma necesaria

En la actualidad, los miembros del Tribunal Supremo son elegidos por un período indefinido, hasta su jubilación, y sin unos criterios que midan la capacidad y los méritos del candidato. Al contrario, la elección responde a cuotas ideológicas y partidistas del Consejo General del Poder Judicial. Además, cualquier acción que se emprenda contra ellos la resuelven ellos mismos, y en el caso de los aforados, la Sala Segunda del Tribunal Supremo se encarga de investigarla y juzgarla sin posibilidad de que otro tribunal revise la justicia de su decisión. Por lo tanto, condenan en única instancia, nadie estudia lo que han hecho y no responden ante las posibles acciones injustas que hayan podido cometer. Para que esto deje de ser así, nuestros gobernantes deberían iniciar un proceso de revisión de la ley que regula la composición de este tribunal. Lamentablemente, se trata de una ley orgánica, por lo que la posibilidad de hacerlo mediante una iniciativa popular queda totalmente cerrada, y la decisión final está en manos de los políticos. Pero nosotros, como ciudadanos, debemos exigir cambios en nuestro sistema jurídico en general y en el Tribunal Supremo en particular, porque no podemos permanecer impasibles ante una injusticia que ha pretendido acabar con un modelo de juez, una especie de aviso a navegantes basado en dar golpes en la mesa, aprovechando la supremacía e «impunidad» que les otorga su privilegiada posición y el autoenjuiciamiento. Con la fuerza de la palabra y la denuncia debemos propiciar y exigir un cambio profundo en el sistema. Es necesario que el método de elección de los magistrados del Tribunal Supremo sea adecuado y se base en unos criterios que tengan en cuenta los méritos de los candidatos, que la capacitación de éstos sea conocida y demostrable y que cuenten con una intachable trayectoria personal y profesional. Además, debería establecerse un control parlamentario obligado a la hora de elegir.

Existen muchas opciones que garantizan un proceso de selección de jueces con independencia y separación de los otros poderes del Estado. Desde la elección directa, como se hace en Estados Unidos, donde el pueblo elige a un gran número de los jueces de su país, incluyendo los de las Cortes Supremas de treinta y nueve de los cincuenta estados; pasando por lo que ocurre en Japón, el único país del mundo en el que los ciudadanos votan para ratificar o rechazar las designaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; hasta las durísimas pruebas de selección que se llevan a cabo en otros lugares.

Nuestro sistema judicial es imperfecto, y esta vez, como en otras ocasiones, ha demostrado que las cuotas partidistas y los intereses corporativos en los altos tribunales sólo hacen que desacreditarlo. Tras más de treinta años de democracia, estamos viviendo momentos de cambio en los que debemos exigir la revisión de las estructuras básicas de nuestro Estado de Derecho, pues éstas se heredaron de la dictadura y deben adecuarse a la nueva realidad.

Los tres casos contra Garzón estaban perfectamente armados y tenían finalidades precisas y concretas. El del franquismo quería destruirle como juez comprometido con los derechos humanos y defensor de la jurisdicción universal, por lo que es internacionalmente conocido y respetado; el Gürtel pretendía acabar con su trabajo como investigador pionero y decidido, presentándolo como un violador de los derechos fundamentales y las garantías procesales, cuando en realidad, y está más que acreditado, siempre ha luchado por lo contrario y, sobre todo, por garantizar el derecho de defensa, y el de la Universidad de Nueva York atacaba su honradez y compromiso, haciéndole quedar como alguien venal y corrupto.

Así se ha intentado acabar con un hombre que, a pesar de todos los ataques que ha sufrido, ha conseguido demostrar la falsedad de las imputaciones y la injusticia de unas decisiones que atacan no sólo a él, sino a la credibilidad del sistema de justicia y, por ende, a todos los ciudadanos. Como dijo Manuel Rivas en El País del 11 de febrero de 2012: «Cualquier persona honrada sabe que España, a partir del 9-F, está más indefensa ante la gran delincuencia, las organizaciones criminales, las redes de evasión y blanqueo y los poderes ocultos. Ellos son los que brindan. Y no brindan con champán, María. Brindan con agua. Como hacía el zar cuando quería deshacerse de alguien. Si todo el mundo pudiera visualizar ese brindis, los rostros de quienes brindan, hasta los mudos hablarían.»

Al hilo de lo que le ha ocurrido a mi padre, algunos artículos periodísticos han traído a colación el caso Dreyfus y el «Yo acuso» de Émile Zola. A pesar de que son circunstancias diferentes y tiempos distantes, el sistema también falló en aquella ocasión y condenó a un inocente, el capitán Alfred Dreyfus, porque era judío. La condena también fue emitida por unanimidad por los componentes del consejo de guerra que lo juzgó. En nuestro caso ha habido un juicio con tantas irregularidades y trucos que lo invalidan que no puede afirmarse que su fallo haya contribuido a la acción de la justicia. Como dijo Zola: «Mi deber es hablar, no quiero ser cómplice. Mis noches se verían asediadas por el espectro del inocente que, padeciendo el más horrible suplicio, expira un crimen que no ha cometido.» Pronunciaron una sentencia inicua que pesará sobre sus conciencias y que hará sospechosas todas las demás que pronuncien.

Ahora toca apretar los puños y mirar hacia delante, intentar cambiar las cosas, aprender del pasado, revisándolo y viendo los errores que se han cometido para corregirlos. España no se puede permitir más casos como los que acabaron con el juez Garzón. Su condena es nuestra vergüenza; su inocencia negada, la piedra que no nos deja avanzar; su inhabilitación, el ejemplo de una arbitrariedad; su expulsión, la ausencia de justicia. No se entiende que se juzgue y se condene a un juez por interpretar el derecho y aplicar, con todas las garantías, una medida de investigación que conjuga y respeta los diferentes derechos e intereses en juego.

La nave de Fellini continúa su andadura permanente, que llegue a buen puerto o que se hunda depende de la fuerza de la unidad y del esfuerzo conjunto. El tiempo pasará, y en la memoria de muchos quedará la historia de una injusticia a la que todos colaboraron un poco, por acción, omisión o indiferencia, pero también el recuerdo, y así se lo explicaré a mi hija, de un juez que quiso hacer realidad el primer lugar que deben ocupar las víctimas, que quiso abrir paso a la verdad y dejar al descubierto la falsedad de los argumentos que postulan la impunidad, que protegió a la sociedad y dio lo mejor de sí mismo en favor de los ciudadanos, para que pudieran disfrutar de sus derechos, tanto cuando se vieran amenazados por la razón de Estado, como cuando la agresión procediera de organizaciones terroristas o del crimen organizado. Un juez que se equivocó al tomar algunas decisiones, pero que siempre las adoptó, como tantos otros, de acuerdo con la equidad y la buena fe y dentro de los márgenes del sistema jurídico español e internacional. Un juez, en definitiva, que cumplió con su deber y cuyas iniciativas y cuyo recuerdo perdurarán en la mente de todos aquellos que de verdad quieren un mundo mejor para los que vienen detrás. Un mundo más justo y solidario.

Suprema injusticia

María Garzón

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Primera edición en libro electrónico (epub): Junio 2012

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