Índice

Agradecimientos

I. TODO OCURRIÓ EN DIECISIETE MESES

II. EN LA CUMBRE

El poder y la gloria

«¿Va esto en serio?»

Diez millones de dólares

El espía que fue al baño

III. EL ASEDIO

¿Suárez candidato?

La sombra de Carmen no fue alargada

Torcuato

¿Fue UCD un partido?

Se rompe el idilio

Partido Comunista, «… y ya no hay más pasás»

El PSOE, antes y después de las elecciones de 1979

Contra viento y marea: crisis económica y terrorismo

El arrogante vecino del norte

La visita de Arafat

Últimos destellos: los estatutos del País Vasco y Cataluña

El secuestro de Javier Rupérez y el fin de ETA-pm

IV. EL ASALTO

Espejismo en el País Vasco y Cataluña

El lastre

«Ca-ra-du-ra…»

Se abre la veda. El divorcio, piedra de toque

La educación como pretexto

La sombra del sable también es alargada

El hombre acecha

El acoso implacable de la prensa

Abril, en abril

Nueve hombres sin piedad

Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, el ariete

El embate

El derribo

Decepcionado y hundido

El rey

«Estoy harto, no aguanto más»

Más ruido que sables

El general

Las lágrimas de Agustín

«Estás equivocado, Armada va de presidente del Gobierno»

Laína a Armada: «Tu comportamiento es desleal»

Una avioneta en Sanchidrián

V. EL FINAL

Adiós a La Moncloa

Adiós a UCD

CDS, flor de nueve años

Lo que el viento dejó

Viaje al fin de la noche

Notas

Créditos

Agradecimientos

Adolfo Suárez ha sido uno de los políticos de la España contemporánea sobre el que más libros se han escrito. Cuando los he leído, siempre me ha extrañado la escasez de testimonios de la mayoría de las personas que estuvieron junto a él en su círculo más cercano durante los cincuenta y cinco meses que ocupó La Moncloa. Parece como si el pudor les hubiera impedido salir de su silencio, temerosos de asumir un protagonismo que han evitado durante treinta y cinco años. Han contado algunos recuerdos, que siempre han sido escasos o incompletos, y José Meliá, Manuel Ortiz y José Manuel Otero Novas escribieron libros en los que plasmaron algunas de sus vivencias del tiempo que estuvieron en La Moncloa. Pero el resto nunca hasta ahora había querido relatar de forma amplia y detallada lo que vieron y oyeron en esos cincuenta y cinco meses. Algunos fueron sus amigos de infancia y juventud en Ávila, le acompañaron luego en sus primeros y muy duros tiempos en Madrid, y en la travesía que en diecinueve años llevó a Adolfo Suárez de ser un oscuro secretario particular del gobernador civil de Ávila a ocupar la presidencia del Gobierno en un momento crucial para la historia de nuestro país.

No ha sido fácil convencerles de que tenían el deber de relatar con detalle lo que entonces vieron y oyeron. Como buena parte de lo que ellos saben ha permanecido oculta en la historia de la Transición, resultó definitivo utilizar el argumento de que si no lo hacían ahora su testimonio se perdería para siempre. Siete lustros después han recordado las luces y las sombras de lo que pudieron ver y oír desde su posición cercana y privilegiada. Mi trabajo se ha limitado únicamente a recogerlo y enhebrarlo en este libro.

Mi gratitud, pues, a los hermanos de Adolfo Suárez, Hipólito y Ricardo, a su amigo Fernando Alcón, que también fue diputado de UCD, y a su esposa, María José; a Alberto Aza, director del gabinete del presidente del Gobierno; al general Andrés Cassinello, que fue jefe de los servicios de inteligencia (SECED) y de los servicios de información de la Guardia Civil; a Francisco Laína, compañero de Adolfo Suárez en sus años de juventud en Ávila, gobernador civil de Zaragoza y director de la Seguridad del Estado la noche del 23 de febrero de 1981; a Manuel Ortiz, subsecretario de Despacho del presidente del Gobierno, gobernador civil de Barcelona y embajador en Cuba; a José Manuel Otero Novas, subsecretario técnico del presidente del Gobierno y luego ministro de Educación; a Rafael Calvo Ortega, portavoz del grupo parlamentario centrista en el Senado, ministro de Trabajo y secretario general de UCD; a Alberto Recarte, director del departamento de economía del gabinete del presidente; a Eugenio Bregolat, director del departamento internacional del gabinete del presidente del Gobierno; a José Luis Graullera, gerente de servicios de la Secretaría General del Movimiento, subsecretario de la Presidencia y secretario de Estado de Administración Pública; al general Fernando López de Castro, entonces capitán de infantería de Estado Mayor y jefe de Seguridad de la presidencia del Gobierno; a José Ramón Caso, asesor externo del presidente del Gobierno, primero, y luego director general de Acción Social y secretario general del CDS; a Rafael Pujol, rector que fue de la Universidad Complutense; a Jesús Picatoste, número dos de RTVE en 1981; y a Ernesto Jiménez Astorga, abogado a quien Adolfo Suárez otorgó plenos poderes para disponer sin restricción alguna de sus bienes en los últimos veinte años de su vida. Reconozco también a Alfredo Marcos Tavar, a Carmela García Moreno, a Carmen Solano, a Luis Berenguer y a Javier Moscoso del Prado, diputados de UCD por Álava, Madrid, Zaragoza, Alicante y Navarra, el tiempo que me han dedicado para contarme hechos muy relevantes sobre los enfrentamientos en el seno de UCD.

Quiero dejar un testimonio de gratitud a Aurelio Delgado, amigo de Adolfo Suárez desde sus años de juventud, que le acompañó como hombre de confianza desde sus primeros pasos en la vida pública en Ávila y fue jefe de su secretaría en la delegación del Gobierno en la Telefónica, en la Secretaría General del Movimiento y en la presidencia del Gobierno. Sin su ayuda impagable yo no habría podido escribir este libro.

He completado este relato recogiendo en la Hemeroteca Nacional algunas informaciones, declaraciones y opiniones publicadas por la prensa a lo largo de 1980 y hasta finales de febrero de 1981, con el fin de trasladar al lector el ambiente hostil y el cerco al que Adolfo Suárez fue sometido desde la mayoría de los medios de comunicación. A las funcionarias de la Hemeroteca que tanto me ayudaron, y en especial a Gema, les doy las gracias por su ayuda. Y a Cristina y a quienes trabajan en el Museo Adolfo Suárez y la Transición, de Cebreros, agradezco todas las facilidades que me han dado para acceder al magnífico archivo fotográfico del museo.

Mi gratitud a Luis Ignacio Parada y a Victoria Lafora, dos periodistas de larga experiencia que vivieron de cerca los años de la Transición, por el tiempo que han dedicado a leer el original y por todas sus correcciones y sugerencias. A José María Ortiz debo sus consejos siempre lúcidos.

Y mi agradecimiento muy especial a Almudena por su opinión crítica, sus juicios exigentes y su ayuda inestimable en la redacción definitiva de varios capítulos; su experiencia profesional y su distancia generacional con los hechos que aquí se narran han contribuido a mejorar su contenido.

I

TODO OCURRIÓ
EN DIECISIETE MESES

Madrugada de 19 de febrero de 1979 en el hotel Corona de Aragón de Zaragoza. España vivía la campaña de las segundas elecciones generales con la euforia y la aspereza de la recién estrenada democracia. El silencio envolvía las estancias del hotel. Cuando parecía que todos los huéspedes dormían, se abrió lentamente la puerta de una de las habitaciones de la tercera planta, de la que salió con la mayor discreción y sigilo Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda en el Gobierno que presidía Adolfo Suárez y número uno de la lista de UCD al Congreso de los Diputados por Zaragoza, quien se hospedó en ese hotel durante las tres semanas que duró la campaña. Miró con recelo y desconfianza a ambos lados del pasillo, a esas horas solo iluminado por unas tenues luces de seguridad. Cuando se aseguró de que no había nadie, salió despacio y cerró la puerta lentamente para evitar que hiciera ruido.

Anduvo con cautela posando con extremo cuidado sus pies en la moqueta, al tiempo que escrutaba con la mirada cada metro de su camino hacia el ascensor. Parecía desconfiar hasta de los personajes de los grabados que decoraban las paredes. Pulsó el botón de llamada y, cuando se abrió la puerta, inclinó profundamente la cabeza fingiendo buscar un objeto personal perdido en el suelo para evitar que pudiera reconocerle algún ocupante inoportuno. Pero el ascensor estaba vacío. Entró en él y subió dos plantas. Con el mismo recelo miró al salir a ambos lados del pasillo y con el mismo cuidado fue posando los pies sobre la moqueta. Con igual discreción y sigilo se dirigió hacia una de las habitaciones. Golpeó suavemente con los nudillos la puerta, que entreabrió muy despacio alguien también lleno de cautela… y apareció Felipe González, secretario general del PSOE, principal adversario de UCD y de Adolfo Suárez, que horas antes había dado un mitin ante varios miles de personas en el pabellón francés de la Feria de Muestras de Zaragoza.

Pero Ordóñez y González no eran los únicos que estaban despiertos a esas horas. Dos escoltas que cumplían con su deber de vigilancia y protección tampoco dormían, y como buenos profesionales sí consiguieron no ser vistos por nadie. Ellos fueron testigos de ese sospechoso encuentro a escondidas y a altas horas de la madrugada entre el ministro centrista y el líder socialista, cuyo contenido nunca se ha conocido. Con el mismo sigilo, con las mismas cautelas, con la misma desconfianza y por los mismos pasillos en penumbra, Fernández Ordóñez regresó a su habitación casi dos horas más tarde. Y con igual diligencia los escoltas redactaron un informe sin omitir detalle, en el que plasmaron todo lo que habían visto. A las nueve de la mañana, el gobernador civil de Zaragoza, Francisco Laína García, lo tenía sobre la mesa de su despacho. Cuatro horas más tarde, ese informe estaba en manos de Adolfo Suárez en el palacio de La Moncloa.

Esta fue la primera señal inequívoca que el presidente del Gobierno recibió sobre la deslealtad de algunos de sus colaboradores, que habían empezado a remover las aguas en el seno de UCD y que tres años más tarde acabarían arrastrando hacia la destrucción al partido que había liderado la Transición.

A una semana de las elecciones, la mayoría de los sondeos auguraban unos resultados muy preocupantes para Adolfo Suárez. Únicamente el publicado en el diario Ya el 25 de febrero, que había sido filtrado por el equipo de asesores externos del presidente, daba la victoria a UCD. Quienes trabajaban con Suárez en La Moncloa veían con temor el probable triunfo del PSOE, y las alarmas se dispararon en el entorno del presidente. «Adolfo, tienes que hacer algo. Los sondeos avanzan un resultado incierto y solo tú puedes enderezar la situación», le advirtió uno de sus colaboradores.

Bastó con una intervención de Suárez en Televisión Española, durante el cierre de campaña, para darle la vuelta a los sondeos. Aquella noche, el presidente no solo recurrió a su poder de seducción ante la cámara, sino que también cedió a los consejos de sus asesores y, aunque al principio se resistió, aceptó introducir en su mensaje una dura advertencia a los electores sobre la contradicción que había entre la imagen moderada que daban los jóvenes dirigentes socialistas y el contenido radical de su programa electoral. La fórmula dio resultado y la noche del 1 de marzo de 1979, UCD y Suárez volvieron a repetir su triunfo del 15 de junio de 1977: ciento sesenta y ocho diputados frente a los ciento veintiuno del PSOE, los mismos que el diario Ya había vaticinado. Aunque no consiguió alcanzar la mayoría absoluta que le liberara de los permanentes pactos con las minorías, especialmente con CiU y PNV, el resultado se consideró un éxito, y como tal se celebró.

La reacción de los mercados a la victoria de UCD fue fulminante. La Bolsa rozó una subida del 5 por ciento. En el fondo subyacía una sensación de alivio de una parte de las clases medias y en los más altos niveles del poder económico, por el recelo que aún suscitaba el sesgo izquierdista del programa del Partido Socialista Obrero Español. Pensaban que la suma de los ciento sesenta y ocho escaños de UCD más los diez de Coalición Democrática, fuerza política de la derecha conservadora liderada por Manuel Fraga, superaría en dos escaños una mayoría absoluta que podía alejar ese temor y consolidar un pacto o una coalición de derechas.

Diecisiete meses después, ya no quedaba nada de aquel optimismo. Cuando la periodista de ABC Josefina Martínez del Álamo había dado por perdida toda esperanza de que le concedieran la entrevista que había solicitado a Adolfo Suárez, recibió una llamada del gabinete de la presidencia del Gobierno. «Josefina —le dijeron—, si te unes al grupo de periodistas que va a acompañar al presidente a Lima, te prometemos que te concederá la entrevista».

La promesa se cumplió el 29 de julio de 1980, dos días después de que Suárez llegara a Perú para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Andrés Belaúnde Terry. La citaron a la una de la madrugada, a escondidas de los demás periodistas, en un discreto salón del hotel Bolívar, y en cuanto Adolfo Suárez comenzó a hablar, Josefina descubrió a un hombre psicológicamente desfondado y hundido. Más que una entrevista política, aquello fue un largo soliloquio, una confesión a tumba abierta en la que ella era casi un convidado de piedra, un muro de las lamentaciones que escuchaba un torrente de palabras interrumpido por largos silencios en los que Adolfo Suárez parecía quedar ausente. «Soy un hombre absolutamente desprestigiado», le dijo, y continuó con una amarga confesión: «He sufrido una enorme erosión». «Lo malo —añadió— es la incomprensión. ¿Usted sabe las cosas que se han dicho de mí? Personalmente me preocupa poco lo que digan… pero me preocupa por mis hijos. Por si un día llegan a creer que su padre era todo lo que se escribe en la prensa (…). Ha habido momentos terribles (…). A mí me han estado insultando de una forma tremenda (…). Y yo he seguido saludando con el mismo gesto, con la misma atención, hasta con el mismo afecto, a la persona que me insultaba».

Por un momento, volvió la vista atrás en la historia de nuestro país cuando la periodista le preguntó por el desencanto de la ciudadanía, que esperaba del sistema democrático la solución milagrosa a los problemas del país: «¡El desencanto! Yo no creo que el pueblo español haya estado encantado jamás. La historia no le ha dado motivos casi nunca (…), pero le hemos hecho creer que la democracia iba a resolver todos los grandes males que pueden existir en España… Y no era cierto. La democracia es solo un sistema de convivencia. El menos malo de los que existen».

Continuó con un reproche a los periodistas que hacían información política. «Hay excepciones, desde luego. Pero, por desgracia, esa es la tónica general». «Algunos periodistas —añadió— me preguntan sobre un tema político para tratar de convencerme de sus posturas. Entonces les digo: ¿ustedes qué quieren: saber mi opinión o convencerme de la suya…? Porque si vienen a hacerme una entrevista, les interesará conocer mi criterio, supongo. Y tendrán que escucharlo libre de prejuicios. Después, ustedes lo estudian, se informan y, si no les gusta, lo critican… Después, todo lo que ustedes quieran (…). Tengo mucho miedo de cómo escriben después las cosas que he dicho». Se mostraba convencido de la imposibilidad de estar rectificando permanentemente porque nadie admitía la posibilidad de estar equivocado: «Nadie lo admite nunca. Consideran que es una ofensa personal. Y aumenta todavía el grado de irritación contra mí. He llegado a la conclusión de que es mejor callar. Y es lo que suelo hacer». Y ese silencio estaba horadando su capacidad de aguante.

Sus quejas no solo iban contra un amplio sector de la prensa y contra lo que él llamaba «la cloaca de Madrid», en la que «políticos y periodistas acaban todos cociéndose». También iban directamente contra algunos compañeros de partido y de Gobierno que mostraban comportamientos desleales: «¿Cómo es posible que tengan ustedes —preguntó a la periodista— el más mínimo respeto a una persona que les cuenta lo que ha ocurrido, lo que se ha tratado en un Consejo de Ministros o en una reunión de naturaleza totalmente reservada? ¡Para mí, ese señor se habría acabado! Porque no me ofrecería ninguna imagen de seriedad, ni de responsabilidad ni de nada. Pero ustedes colocan a esa persona en la punta de lanza de la popularidad… quizás para pagarle el precio de una información… Eso es deleznable… Y se está dando mucho en la política española».

En un intento de defenderse, afirmó: «Admitirá que luché, sobre todo, por lograr esa convivencia; que intenté conciliar los intereses y los principios… y, en caso de duda, me incliné siempre por los principios». Y concluyó: «La transición española dará un ejemplo al mundo».

Aquella entrevista no se llegó a publicar. Los colaboradores de Suárez decidieron que la opinión pública no debía descubrir el nivel de abatimiento y de pérdida de confianza en sí mismo que volcó en ella el presidente del Gobierno. Era evidente que sus palabras podían tener consecuencias políticas e institucionales imprevisibles, todas ellas nocivas para la supervivencia política de Adolfo Suárez y para la estabilidad del Gobierno. Expusieron sus razones al director del periódico y le rogaron que no la publicara, petición a la que Guillermo Luca de Tena accedió. Y hubo que esperar veintisiete años —al 23 de septiembre de 2007— para que la entrevista viera la luz, cuando su valor para la lucha política había desaparecido.

¿Qué había ocurrido para que en solo diecisiete meses Adolfo Suárez pasara de la euforia del triunfo electoral al abatimiento? ¿Qué quedaba de aquella perseverancia a prueba de reveses, que le había permitido pasar en diecinueve años de ser un desconocido secretario particular del gobernador civil de Ávila a ocupar la presidencia del Gobierno de su país en un momento clave de su historia? ¿Tan implacable había sido la campaña, que había conseguido doblegar a un hombre cuyo mayor capital político a lo largo de toda su vida había sido una inmensa confianza y seguridad en sí mismo?

A aquella campaña se le llamó de «acoso y derribo», en referencia a la faena campera que describe la acción de los jinetes a galope provistos de una garrocha, persiguiendo a los becerros que corren asustados para probar su bravura y casta. Cuando los tienen cerca, introducen con habilidad la garrocha entre las patas del animal y provocan su caída. Si el becerro se levanta con rapidez, se recupera y vuelve a correr de forma reiterada, esa reacción es interpretada como prueba de bravura y se le destina a la cría para ser toro de lidia. Si se acobarda y no se revuelve con brío, se le envía al matadero. Alguien encontró con acierto en esta expresión el símil de lo que se hizo con Adolfo Suárez tras ganar las elecciones del 1 de marzo de 1979. Desde dentro y desde fuera de su partido se le pusieron zancadillas, se le colocaron palos entre las piernas para hacerle caer con tal frecuencia y en ocasiones con tal dureza que hubo un momento en el que cayó rendido, no se pudo levantar y tiró la toalla. No fue enviado al matadero, pero sí al ostracismo.

¿Por qué le surgieron tantos y tan implacables adversarios y enemigos? ¿Quiénes quisieron sacar del poder al primer presidente del Gobierno elegido democráticamente después de cuarenta y un años? ¿Por qué pasó de ser la solución tras la muerte de Franco a convertirse en una amenaza para algunos? ¿Cuáles fueron los motivos por los que se movieron los hilos para hacerle dimitir? ¿Cuáles fueron los errores que Adolfo Suárez cometió en ese tiempo? ¿Qué le ocurrió al hombre que, solo diecisiete meses antes, había sido capaz, con una sola intervención televisiva, de darle la vuelta a un probable fracaso electoral? Este es el relato de su trayectoria personal y política, y de la primera conspiración de la democracia, escrito con los testimonios de sus amigos íntimos y de sus colaboradores más cercanos a lo largo de su vida y, muy especialmente, en los cincuenta y cinco meses que fue presidente del Gobierno.

II

EN LA CUMBRE

El poder y la gloria

Adolfo Suárez estaba en su casa de la calle San Martín de Porres 53 de Madrid, cuando el rey le llamó en la tarde del sábado 3 de julio de 1976. Únicamente él y su equipo de incondicionales albergaban la esperanza de que fuera el elegido para sustituir a Carlos Arias Navarro en la presidencia del Gobierno. Para no despertar sospechas que pudieran abortar su candidatura, había dado el día libre a su conductor y tuvo que trasladarse al palacio de La Zarzuela en el Seat 127 color turquesa de su mujer. Los quince minutos que tardó en llegar a la residencia del rey se le hicieron eternos, porque las dudas y la incertidumbre se sucedían en su cabeza con la velocidad del rayo. ¿Le llamaba para ofrecerle ser presidente del Gobierno o, dado el estilo informal de la conversación telefónica que ambos habían mantenido, le citaba para darle una explicación personal de por qué el elegido había sido otro? La tensión que arrastraba se deshizo cuando don Juan Carlos le hizo el ofrecimiento. Entonces Adolfo Suárez exclamó aliviado: «¡Ya era hora…!».

Los días previos a su designación su familia tampoco alteró su ritmo de vida. Amparo Illana estaba pasando unos días en el hotel Los Loros en Santa Eulalia, Ibiza, con María José y Fernando Alcón y María Pilar y Tomás Beltrán, y no adelantó su regreso. Y su cuñado Aurelio Delgado, estrecho colaborador de Adolfo Suárez en la Secretaría General del Movimiento, mantuvo sus planes y acompañó ese mismo día a su mujer, Carmen Suárez, y a sus siete hijos a Aguadulce, en Almería, para pasar las vacaciones. Partieron temprano, pero, inquieto por conocer la decisión del rey, Aurelio paraba cada cien kilómetros en las gasolineras para llamar a sus compañeros del ministerio, hasta que en Puerto Lumbreras (Murcia) supo que su cuñado y amigo de juventud era el nuevo presidente del Gobierno. Aurelio continuó el viaje hasta Almería y, tras dejar a la familia, regresó a Madrid con el pedal del acelerador pisado a fondo.

Dos días antes, don Juan Carlos había logrado vencer el obstáculo más importante a su proyecto político: como la ley no le facultaba para destituir al presidente del Gobierno heredado de Franco, el rey se lo jugó todo a una carta, y el día 1 de julio consiguió arrancar la dimisión a Carlos Arias en un encuentro improvisado que ambos tuvieron en el Palacio Real. Ahora ya podía nombrar a un hombre de su confianza y escogió a un auténtico desconocido para la opinión pública hasta aquel momento. Adolfo Suárez no aparecía en las quinielas que publicaban los medios de comunicación y, lo que era más importante, la clase política no le veía como un rival, lo que le permitió estar fuera de foco y libre de zancadillas y campañas contra su candidatura. Su nombramiento era la última pieza de un puzle que el rey había empezado a montar tras perder su primer pulso cuando, muerto Franco, no pudo destituir a Carlos Arias, y tuvo que esperar siete meses hasta que este le presentó la dimisión.

El primer movimiento de aquella jugada había sido nombrar a Torcuato Fernández Miranda presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, cargo que había quedado vacante el 26 de noviembre de 1975, tras vencer el mandato de Alejandro Rodríguez de Valcárcel. Para ello, don Juan Carlos consiguió que los miembros del consejo, reunidos el 1 de diciembre, incluyeran el nombre de Torcuato en la terna entre la que él tenía que elegir. De esta forma, al día siguiente, el antiguo profesor y hombre de la mayor confianza del rey pudo poner en marcha su proyecto de cambio político.

Vista la imposibilidad de destituir a Arias Navarro, el segundo movimiento consistió en presionarle para que renovara el Gobierno, lo que hizo el 13 de diciembre, cuando introdujo a algunas personalidades con un perfil reformista, como eran José María de Areilza, Antonio Garrigues o Manuel Fraga. Fue entonces cuando Fernández Miranda, hábil e inteligente, sugirió al presidente del Gobierno el nombre de Adolfo Suárez para ocupar la Secretaría General del Movimiento, un ministerio considerado de segundo nivel. Arias aceptó la sugerencia sin intuir ni de lejos que tras esa petición en apariencia menor había una operación política de muy largo alcance. Solo habría que esperar seis meses y medio, al 3 de julio de 1976, para que, como quien no quiere la cosa, Fernández Miranda, con la ayuda de Miguel Primo de Rivera y de Baldomero Palomares, secretario del consejo, entre otros, consiguiera deslizar en el último momento el nombre de Adolfo Suárez en la terna de candidatos a la presidencia del Gobierno que el Consejo del Reino debía votar para que el rey eligiera entre ellos.

Mientras tanto, Adolfo Suárez también ganaba posiciones desde la Secretaría General del Movimiento. Con osadía había echado un pulso nada menos que a Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde y yerno de Franco, y contra todo pronóstico lo ganó. La oportunidad surgió tras la muerte de José Antonio Elola Olaso, que dejó vacante un puesto en el Consejo Nacional del Movimiento al que Suárez aspiró. Inicialmente se presentaron a la elección dos pesos pesados del franquismo: el marqués de Villaverde y Carlos Pinilla, por la Confederación Nacional de Excombatientes, pero este último acabó retirando su candidatura. Para asegurarse su victoria, Villaverde envió un telegrama a los ciento ocho electores con un texto casi intimidatorio: «En memoria del Caudillo Franco me he presentado a la elección. Cumple en conciencia con tu deber».

Este mensaje no logró disuadir a Adolfo Suárez, pero sí inquietó a Carlos Arias Navarro, que, temeroso de desairar al yerno de Franco, intentó evitar el choque entre su ministro y el hijo político de la persona por la que siempre tuvo devoción. Así que pidió a Adolfo Suárez que retirara su candidatura con el argumento de que si perdía la votación tendría que dimitir, porque un ministro derrotado por los suyos no podría seguir en el cargo. Suárez no lo dudó un segundo —recuerda Aurelio Delgado— y le respondió que en ese mismo instante redactaba y le entregaba una carta de dimisión para que el presidente pudiera hacer uso de ella en el caso de que perdiera ante Villaverde. En contra de lo que preveía Arias, Adolfo Suárez ganó sobradamente la votación el día 26 de mayo por sesenta y seis votos a favor, mientras que el marqués obtuvo veinticinco y once fueron en blanco. Suárez no solo era osado; también sabía moverse entre los electores y amarrar votos. Esta votación fue una muestra de lo que habría de conseguir siete meses más tarde cuando siendo presidente presentó en las Cortes el proyecto de ley para la reforma política que acabaría con el régimen franquista. El mismo día que derrotó a Villaverde, las Cortes aprobaron por el procedimiento de urgencia la ley que regulaba el derecho de manifestación y reunión, un primer paso hacia la democracia.

Días después, el 9 de junio, Suárez fue el encargado de echar un nuevo pulso al núcleo duro del régimen franquista. Contra todo pronóstico, fue el elegido, por encima de los ministros estrella del Gobierno, como eran Fraga, Areilza o Garrigues, para defender ante las Cortes franquistas el proyecto de ley que regulaba el derecho de asociación política. En ese discurso propuso, con un lenguaje directo y sin eufemismos, la legalización de los partidos políticos, que era como nombrar la bicha ante los procuradores franquistas, y la celebración de elecciones libres, que estaban en las antípodas del dogma oficial de la llamada democracia orgánica. Visto con la perspectiva de los años, aquella fue la señal inequívoca de que él era el tapado para sustituir a Carlos Arias Navarro en la presidencia del Gobierno y llevar adelante el proceso de reforma política conocido como la Transición.

Cuarenta y ocho horas después de que el rey le ofreciera la presidencia del Gobierno, Suárez juró su cargo en el palacio de La Zarzuela. La ceremonia, que se celebró a las cinco de la tarde del lunes 5, apenas duró diez minutos, pero cuando terminó, ambos pasaron al despacho de don Juan Carlos, donde permanecieron el resto de la tarde.

Al día siguiente, Suárez se trasladó a la sede de la presidencia del Gobierno en el paseo de la Castellana 3, donde tomó físicamente posesión de su nuevo despacho. Subió los pocos peldaños que dan acceso al palacete acompañado únicamente por Manuel Ortiz, nuevo subsecretario de Despacho del presidente del Gobierno. Cuando ambos llegaron a la primera planta, Suárez le dijo: «Este es tu despacho», y en lugar de instalarse en el que habían ocupado sus predecesores, Arias Navarro y Carrero Blanco, se lo asignó a su subordinado. «Yo voy a ocupar otro», añadió. Desde el primer momento quiso marcar distancias con el pasado.

Pero la sorpresa de Ortiz fue que, cuando no llevaba más de tres minutos sentado delante de su nueva mesa de trabajo, sonó el teléfono y el operador de la centralita le preguntó si podía pasarle al embajador de los Estados Unidos. Al instante escuchó la voz amable de Wells Stabler, que le rogó trasmitiera su felicitación a Adolfo Suárez en nombre de su Gobierno, al tiempo que ofreció todo el apoyo y colaboración. Añadió que estaba dispuesto a hacer público ese apoyo —a «teatralizarlo», en expresión de Manuel Ortiz— según considerara conveniente el nuevo presidente. Manuel Ortiz no salió de su asombro, quedó encantado con la llamada, y se preguntó cómo podía conocer el embajador americano su llegada a la presidencia solo cinco minutos antes. La respuesta estaba clara: los servicios de inteligencia americanos no solo conocían con detalle quiénes eran las personas próximas al nuevo presidente, sino que también habían informado del momento exacto en el que habían entrado a la sede de la presidencia. Nada más colgar el teléfono se fue a darle cuenta a Suárez de la llamada que acababa de recibir.

—¿Qué crees que debo hacer? —le preguntó el presidente.

—Me parece que lo más adecuado es que le llames y le des las gracias por su ofrecimiento —le respondió Manuel Ortiz; y eso fue lo que hizo.

El presidente habló con Stabler, le dio las gracias y le dijo que, en esos momentos, era más acertado mantener su apoyo de fondo y no explicitarlo públicamente. Pero la llamada del embajador era algo más que un ofrecimiento; era sencillamente la prueba de que el Gobierno americano seguía de cerca y con lupa los pasos de la persona a quien el rey había encargado desmontar la dictadura.

Cuando colgó el teléfono y se encontró en la soledad de su despacho, Suárez tuvo oportunidad, por primera vez, de reflexionar sobre todo lo que le había ocurrido en los últimos tres días, desde que el rey le citó el sábado en La Zarzuela. Su sueño se había hecho realidad veintiún años después de que entrara por primera vez en un despacho oficial, aunque discreto y austero como era el del gobernador civil de Ávila. Desde aquel día en que la rueda de la fortuna se paró delante de él, Adolfo se aferró a ella y no la soltó durante más de veinticinco años.

Todo empezó en Ávila en 1955, cuando aquel joven licenciado en Derecho y con un escaso interés por las ciencias jurídicas, andaba buscando trabajo sin rumbo fijo. El recién nombrado gobernador civil de su provincia, el fiscal Fernando Herrero Tejedor, se había quedado sin secretario particular y Adolfo aspiraba a ese puesto. Para conseguirlo se valió de la influencia que sobre el gobernador tenía el delegado provincial de sindicatos, José Luis García Chervilchez, amigo de su inseparable Fernando Alcón, con cuya hermana se casaría poco después.

Pronto descubrió Herrero Tejedor que Suárez no era un secretario particular al uso encargado de la correspondencia, las llamadas telefónicas y las visitas, como habría correspondido a su discreta categoría administrativa de jefe interino de la sección primera del Gobierno Civil. Desde el principio ejerció como secretario político, y aunque Ávila era una pequeña provincia sin problemas serios, el gobernador civil tenía, como en el resto de las provincias, la facultad de nombrar directamente a todos los alcaldes e indirectamente a todos los concejales y diputados provinciales. Su poder e influencia eran enormes y el joven secretario de veintitrés años se empleó a fondo en ayudar a su jefe en esa labor. Viajaba por los pueblos, hablaba con todo el mundo y valoraba la gestión de los responsables municipales, actividad de la que rendía cuentas al gobernador. Pero sobre todo consiguió una soltura en el trato con las gentes que le sirvió para desarrollar su innata capacidad de seducción.

Fue entonces cuando empezó a forjarse una relación entre el secretario y su jefe tan estrecha y familiar que no es exagerado considerar a Fernando Herrero Tejedor como un segundo padre para Suárez y su máximo valedor en su carrera política. Sin embargo, cuando estaba empezando a saborear el gusto por la acción política, se produjo un hecho imprevisto que cortó en seco sus expectativas. Al año escaso de su llegada, en agosto de 1956, Herrero Tejedor fue trasladado al Gobierno Civil de Logroño, algo inusual en los modos de aquel régimen, que se caracterizaba, entre otras cosas, por la larga duración en los puestos políticos. Suárez llegó a pensar que su oportunidad se había desvanecido, pero en lugar de retomar la rutinaria vida de la pequeña ciudad de provincias, buscó un nuevo horizonte profesional en Madrid.

Cuando llevaba un año braceando contra las penurias, la rueda de la fortuna volvió a detenerse delante de él. Herrero Tejedor, tras su breve paso por Logroño, había sido nombrado delegado nacional de provincias en la Secretaría General del Movimiento, un puesto clave en la estructura del régimen, porque, entre otras competencias, tenía la de participar de forma activa en el nombramiento de los entonces todopoderosos gobernadores civiles. Y a las pocas semanas de tomar posesión, llamó al joven secretario particular que tuvo en Ávila y al que no había olvidado.

«Le acompañé —recuerda Aurelio Delgado— caminando por la calle Alcalá hasta la puerta de la Secretaría General, en el número 44. Adolfo estaba inquieto por la entrevista y preocupado por su aspecto, y me mostró la suela de su zapato delgada como un papel en la que estaba a punto de abrirse un agujero. Era un prueba de sus estrecheces y de lo mucho que se jugaba en ese encuentro en el que tenía depositadas tantas esperanzas. Entró preocupado en el despacho de su protector y salió nombrado jefe de la secretaría del delegado nacional de provincias, y en ese puesto se mantuvo varios años. Poco después, Herrero le proporcionó una plaza en el colegio mayor José Antonio, que le permitió vivir con más comodidad y más barato que en una pensión y conocer a jóvenes de su generación como Eduardo Navarro, Juan Rosón o Rodolfo Martín Villa, que diecinueve años después se embarcarían con él en el proceso de transición a la democracia».

En 1961 Herrero fue ascendido a vicesecretario general del Movimiento y nombró a Adolfo Suárez jefe de su gabinete técnico y luego asesor jurídico de la Delegación Nacional de la Juventud. Pero Herrero Tejedor no quiso condenarle a unir su futuro político con el suyo y le abrió otras puertas. Para ello utilizó su posición peculiar y privilegiada en la estructura del régimen. No era muy habitual que un dirigente destacado perteneciera al mismo tiempo al Opus Dei y al Movimiento, dos familias políticas no muy afines dentro del franquismo. Y Fernando Herrero pertenecía a ambas.

Aprovechando esa circunstancia, le dirigió hacia el centro de poder, el Ministerio de la Presidencia, en Castellana, 3, el mismo edificio en el que Suárez acababa de instalarse ahora como presidente del Gobierno. En este antiguo palacio del infante don Carlos de Borbón, abuelo materno de don Juan Carlos, se encontraban entonces las nuevas fuerzas emergentes del régimen. Conocidos como los tecnócratas, comenzaban a controlar las áreas de poder más importantes del Estado, bajo el liderazgo del catedrático de Derecho Administrativo Laureano López Rodó y la alta protección del almirante Carrero Blanco. Con el apoyo de Herrero Tejedor, el joven Suárez había transitado sin problemas y casi siempre en un camino ascendente por los cotos cerrados de las dos «familias» del régimen franquista. Entre otros cargos, fue gobernador civil de Segovia, director general de Radiotelevisión, procurador en Cortes y vicesecretario general del Movimiento.

Cuando Suárez fue nombrado presidente del Gobierno, Herrero Tejedor ya solo existía en sus recuerdos. Aquel hombre que se había fijado en él desde el primer momento y que le había apoyado sin reservas durante dos décadas había muerto trágicamente un año antes. Herrero perdió la vida en un accidente de tráfico en Adanero, cuando regresaba de inaugurar la nueva delegación provincial del Movimiento en Palencia, el 12 de junio de 1975. Al conocer la noticia, recuerdan Aurelio Delgado y Fernando Alcón, Adolfo «rompió a llorar con sollozos como un niño», y su desaparición le dejó abatido y en la orfandad política.

Suárez dio instrucciones para que, a partir de ese momento, se enviara todos los días una flor a la tumba de su amigo y preceptor, y esa flor no faltó durante décadas sobre la última morada de Herrero Tejedor. También se ocupó, junto a algunos amigos, de que se concediera a su viuda, doña Joaquina, un despacho de lotería en la estación de autobuses de la zona sur de Madrid. Fernando Herrero Tejedor, fiscal de profesión, había ejercido la política con honradez y, tras su fallecimiento, su viuda y sus hijos no contaban con más ingresos que la pensión de viudedad de un fiscal. Suárez pidió a Aurelio que supervisara las cuentas del despacho de lotería para que entre él y una empleada que atendía al público, doña Joaquina no tuviera que ocuparse de administrar aquel pequeño negocio que completaba su magra pensión de viudedad.

Ahora, en su despacho recién estrenado de la presidencia del Gobierno, Suárez contemplaba con cierto distanciamiento la decepción que había provocado su nombramiento entre los sectores más comprometidos con el cambio. Llevaba solo tres días en el cargo cuando el historiador Ricardo de la Cierva lanzó el dardo más doloroso contra su designación con un artículo que tituló «¡Qué error, qué inmenso error!». Cuando Suárez lo leyó, toda su respuesta fue: «No tienen ni idea de lo que voy a hacer».

Mes y medio después tuvo el segundo tropiezo con la prensa; en este caso, con la prensa extranjera. Su jefa de gabinete, Carmen Díaz de Rivera, había concertado una entrevista con un colaborador de Paris Match, Philippe Gamier-Raymond, que se celebraría en la casa-cortijo de la finca que la Empresa Nacional de Turismo tenía en Cabo de Gata, donde el presidente pasaba unos días de vacaciones, para que tuviera un aire informal y familiar. Apenas habían pasado cuarenta días desde la toma de posesión, por lo que aún no se había montado el gabinete de comunicación de la presidencia, y Aurelio llamó a un periodista amigo suyo que hablaba francés y pasaba las vacaciones en su Almería natal para que acompañara al presidente en la entrevista.

En la mañana de 14 de agosto, Adolfo Suárez y el periodista galo, acompañado por la reportera gráfica española Juana Biarnés, estuvieron hablando en torno a la piscina de la casa sin cuestionario previo. El periodista español tuvo que hacer de traductor en pocas ocasiones porque Suárez entendía bien el francés y, aunque no lo hablaba con fluidez y sus respuestas fueron en castellano, el entrevistador del Paris Match dijo que las comprendía. Pero además de entenderlo supuestamente bien, debía de tener una memoria de elefante, porque ni utilizó grabadora ni tomó nota alguna a lo largo de la casi hora y media que duró la entrevista, para pasmo y sorpresa de su entonces joven colega español.

La entrevista se publicó el día 22 de ese mes y en ella aparecieron titulares y largos párrafos entrecomillados, uno de los cuales causó gran revuelo en España. Gamier-Raymond dijo que había preguntado al presidente si se podría estudiar el bachillerato en vasco o catalán. Según el periodista, Suárez habría calificado de «tonta» la pregunta antes de responder que era imposible encontrar profesores que «enseñaran química nuclear en vasco o catalán». Lo cierto es que tal respuesta nunca se produjo, porque lo que dijo, sin entrar en más detalles, fue que en ocasiones podría ser difícil explicar en vascuence —nunca citó el catalán— algunas materias como la física nuclear. Lo dijo de pasada, no entró en el tema del bachillerato, y no añadió nada más, salvo unas palabras de respeto a esa lengua y al resto de las lenguas españolas y su deseo de que pudieran hablarse sin ningún tipo de trabas, algo que en aquel momento no ocurría más que en las relaciones personales y familiares. Se puede afirmar rotundamente que fueron falsas las declaraciones despectivas de Suárez hacia las dos lenguas porque el periodista español testigo de esa entrevista, que no se separó ni un segundo de ambos, fue quien escribe estas líneas. No obstante, se armó un revuelo de críticas en la prensa por algo que nunca dijo, con sorpresa y disgusto del presidente.

Durante los dos primeros meses de gobierno, que coincidieron con el parón de julio y agosto, hubo pocos motivos para el optimismo entre los que deseaban que, muerto Franco, España caminara hacia la democracia. Sin embargo, todo empezó a cambiar a la vuelta del verano, cuando Suárez se dirigió a los españoles por televisión para hablarles de un futuro diferente y utilizó expresiones que no se oían en España desde un siglo antes. El discurso que dirigió aquel 10 de septiembre empezó a poner en duda la categórica descalificación de De la Cierva, que compartían algunos sectores. La clave de esa intervención estuvo en dos afirmaciones que supusieron un compromiso del que era muy difícil volverse atrás sin hacer un ridículo monumental y quedar desacreditado políticamente para siempre. Anunció «elecciones por sufragio universal, directo y secreto en 1977», que basó en el ejercicio de la «soberanía nacional», y añadió que el camino para alcanzar este objetivo lo marcaría una ley para la reforma política: «El proceso de reforma se hará desde el imperio de la ley».

En ese discurso, pronunciado a los nueve meses de la muerte de Franco, advirtió: «Hay que evitar caer en cualquiera de estas dos tentaciones: el partir de cero haciendo tabla rasa o el confiado “aquí no pasa nada” que ignora la profunda transformación de la sociedad española». Pidió «un gran acuerdo para la democracia, para la paz, para encontrar definitivamente unas bases sólidas cimentadas en la aceptación de los verdaderos intereses nacionales para nuestra convivencia», y utilizó expresiones que no se oían en España desde 1876, cuando las burguesías revolucionaria y conservadora llegaron a un pacto. Habló de «máximo consenso», «acuerdo», «coincidencia», «acuerdo básico», «esfuerzo común» y de «gran solidaridad nacional».

Pronto encontró el consejo de personas de prestigio. Recuerda Aurelio Delgado que en los años en que Adolfo Suárez fue presidente del Gobierno, el economista Luis Ángel Rojo y el filósofo Julián Marías fueron visitantes muy frecuentes de La Moncloa y, sin remuneración ni ningún nombramiento oficial, ejercieron de asesores con una muy notable influencia en él y en lo que entonces se hizo. También le visitaba, aunque con menor frecuencia, el teólogo Olegario González de Cardedal.

A partir de ese momento él y su Gobierno emprendieron el proceso hacia la democracia, que no abandonarían hasta la aprobación de la Constitución de 1978. Y todos los grupos de la oposición tuvieron que plegarse a la estrategia que marcó y lideró desde el principio Adolfo Suárez. Los sondeos que cada quince días hizo entonces el Instituto de la Opinión Pública (antecesor del CIS), que dirigía el catedrático Juan Díaz Nicolás, indicaban de una forma reiterada que más de dos tercios de la ciudadanía rechazaba tanto el mantenimiento de la dictadura como el cambio radical y, más aún, el revolucionario. La mayoría aspiraba a la instauración de una democracia por un proceso gradual de reformas.

«La transición a la democracia se hizo de arriba abajo, aunque el deseo mayoritario de implantarla en nuestro país fluyó de abajo arriba», afirma Alberto Aza, que fue director del gabinete del presidente entre 1977 y 1981. «No se produjo ninguna pulsión revolucionaria —continúa— porque los dirigentes políticos encabezaron y encauzaron el deseo de cambio a los seis meses de la muerte de Franco; no fueron tapón, fueron válvula de salida. La reforma fue el método, y la ruptura, el fin».

«¿Va esto en serio?»

Los grupos de oposición no aceptaron fácilmente la estrategia de ruptura pacífica que defendía Suárez y fueron entrando en ella forzados y arrastrados por un proyecto que desde el principio tuvo un perfil ganador entre la opinión pública. Pero muy especialmente porque desde los primeros momentos Adolfo Suárez no se anduvo con rodeos y habló con sus dirigentes para explicarles personalmente su proyecto. Con Felipe González se entrevistó por primera vez el 10 de agosto de 1976, a las cinco semanas de llegar a La Moncloa. Los contactos con el Partido Comunista se llevaron a cabo, al principio, a través de intermediarios, hasta que el 27 de febrero de 1977 el presidente del Gobierno y el secretario general del PC tuvieron su primer encuentro.

Este procedimiento inédito en la historia de nuestro país decepcionó a quienes defendían un cambio radical por la fuerza, aspiración que solo compartía una minoría residual, según revelaron las sucesivas consultas electorales. El objetivo a alcanzar lo dejó claro Adolfo Suárez en un discurso pronunciado el 3 de junio de 1977 en plena campaña de las elecciones del 15 de junio: «Debemos evitar que se repita la división política en dos frentes antagónicos», afirmación que ratificó diez días más tarde: «Creemos que España se debe construir con la colaboración de la derecha y la izquierda, aunque defendamos un modelo de sociedad diferente. Y ello hemos de lograrlo con la moderación, el diálogo y el pacto, porque nadie puede pretender que su verdad sea la única».

Pero no solo la oposición tuvo que cambiar de modelo y adaptarse al proyecto de Adolfo Suárez, diseñado en sus líneas básicas por Fernández Miranda e impulsado por el rey. Todos tuvieron que evolucionar, incluidos don Juan Carlos y el propio Suárez, porque la ley de reforma política era como el patrón diseñado por un sastre que tiene que adaptar luego al cuerpo de sus clientes. El objetivo final, la ruptura pacífica, no varió, pero la adaptación a la realidad cambiante en esos meses sí exigió cintura política para acomodarse a ella.

Aunque nunca lo reconocieron en público, es muy probable que los partidos de izquierdas acabaran aceptando el plan de Suárez como un mal menor. Temían que su proyecto de ruptura radical sirviera de pretexto para que los sectores más conservadores del régimen, que se oponían frontalmente al cambio democrático, dieran un golpe de Estado y mantuvieran la dictadura.

El plan de Suárez consistía en que la ley que habría de posibilitar el cambio cumpliera todos los requisitos y procedimientos que exigía la legislación franquista. La ley para la reforma política debía ser aprobada por el Consejo de Ministros, por el Consejo Nacional del Movimiento y por las Cortes y ratificada luego en referéndum por la ciudadanía. Y así se hizo. El 16 de octubre de 1976 fue aprobada por el Consejo Nacional con ochenta votos a favor, trece en contra y seis abstenciones, tras recibir el visto bueno del Consejo de Ministros. Pero el paso definitivo hubo que darlo en las Cortes.

Para defender el proyecto de ley se eligió a Miguel Primo de Rivera, sobrino del fundador de la Falange, que con su sola presencia estaba enviando un claro mensaje a los procuradores recordándoles que alguien tan vinculado a las raíces del régimen apoyaba el cambio. Una frase de la breve exposición de motivos resumía el sentido y el objetivo último de la ley: «Que la mayoría popular se convierta en instancia decisoria de la reforma». El debate, que empezó el 18 de noviembre y terminó el 19, se votó a las veintiuna y treinta y dos, cuando faltaban unas horas para que se cumpliera el primer aniversario de la muerte de Franco. Los días que precedieron a la votación fueron de una actividad febril para el Gobierno y para los que apoyaban su proyecto. Se habló personalmente con todos los procuradores, se les dieron todas las explicaciones, se les pidió y, en ocasiones, se les rogó el voto.

El resultado fue contundente: cuatrocientos treinta y cinco votos a favor, cincuenta y nueve en contra, trece abstenciones y treinta y cuatro ausencias. En esa votación se produjo un hecho significativo: de los veintiocho generales que también eran procuradores en Cortes, la mitad votó en contra del proyecto de ley, pero la otra mitad, a favor; y entre las ausencias, la más significativa fue la del almirante Pedro Nieto Antúnez, uno de los pocos amigos de Franco, que, puesto a escoger entre la lealtad al recuerdo de esa amistad y lo que le dictaba su razón, decidió ausentarse del hemiciclo en el momento de la votación. Esta división del voto de los generales a partes iguales era un indicio, que entonces pasó desapercibido, sobre la posición del Ejército ante el cambio político y ante la posibilidad de que diera un golpe de Estado.

Concretamente, de los doce tenientes generales presentes en la votación, seis votaron en contra: Antonio Barroso, Juan Castañón de Mena, Alfredo Galera Paniagua, Alfonso Pérez Viñeta, Daniel Lacalle y Julio Salvador. El primero fue durante la Guerra Civil jefe de la sección de operaciones especiales del cuartel general de Franco y luego ministro del Ejército; el segundo había sido ministro del Ejército; el tercero mandó una división durante la guerra y fue jefe del Ejército del norte de África; y el cuarto había sido durante muchos años asesor militar del Frente de Juventudes y siempre se le tuvo por falangista. Y los otros seis, a favor: Manuel Gutiérrez Mellado, Félix Álvarez Arenas, Carlos Franco Iribarnegaray, Emilio Villaescusa, Ángel Campano y Manuel Díaz Alegría.

A medida que avanzaban las semanas, Adolfo Suárez fue convenciendo a los líderes de la oposición de que su proyecto iba en serio. Las decisiones que estaba tomando el Gobierno y los encuentros que Suárez mantuvo con ellos confirmaban que el compromiso del presidente era firme. Por ese motivo, aunque la oposición se resistía a apoyar la estrategia de Suárez, su rechazo al referéndum para ratificar la ley reforma política fue más formal que efectivo y, a la hora de recomendar el voto a sus seguidores, evitaron el «no» y pidieron la abstención.

Pero quedaba un hueso duro de roer: la opinión pública internacional y, sobre todo, la de las democracias occidentales, que se resistían a creer que un exministro del Movimiento y un rey señalado como sucesor por Franco pudieran llevar España a la democracia y que el referéndum se celebrara con todas las garantías democráticas de limpieza y libertad. Suárez y sus colaboradores decidieron dar la batalla en el terreno de los medios de comunicación europeos. Para hacerlo contrataron los servicios de una empresa francesa de comunicación, Actis International Consultants, domiciliada en el 78 de la avenue Raymond Poincaré de París y dirigida por Jean Claude Lemaignen, un joven licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Políticas —por la prestigiosa Sciences Po de la rue Saint Guillaume—, que desde hacía no muchos años se estaba abriendo paso con éxito en el mundo de la comunicación institucional y empresarial.

«¿Pero va esto en serio?», fue la primera pregunta que Lemaignen hizo a quienes le fueron a contratar, porque él tenía las mismas dudas que muchos ciudadanos europeos. Cuando le respondieron que sí y que se pretendía llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias, su respuesta fue bien sencilla: «Nuestro trabajo consistirá en poner un cristal delante de lo que ustedes van a hacer de manera que los medios de comunicación europeos puedan verlo con toda la trasparencia», y se puso manos a la obra.

Se habilitó un presupuesto de ochenta millones de pesetas para desarrollar esta campaña, y como la legislación española impedía contratar este tipo de servicios con una empresa extranjera, el contrato se hizo con la agencia española de publicidad Publidis, cuyo consejero delegado era Ignacio Acha, que a su vez subcontrató los servicios de Actis. Lemaignen invitó a unos ciento cincuenta periodistas franceses, ingleses, alemanes, belgas, holandeses, luxemburgueses e italianos a Madrid, que se alojaron durante diez días en el hotel Meliá Castilla, donde montó un centro de prensa para que pudieran trabajar con comodidad. Rafael Anson, Luis López Ballesteros, funcionario del Ministerio de Información, y Adriano Gómez Molina, un hombre del Movimiento buen conocedor de las nuevas técnicas de comunicación, fueron designados para dar apoyo y coordinar la operación.

Se pusieron a su disposición los medios de transporte necesarios para que pudieran moverse por España con la mayor comodidad y libertad. Se les facilitaron entrevistas con empresarios, dirigentes políticos de la oposición y sindicalistas de Comisiones Obreras, UGT y USO, todavía ilegales pero que ya se movían con toda libertad. Cuando uno de los periodistas extranjeros, conocedor de la España franquista, vio que las entrevistas se hacían sin que la policía apareciera por ningún lado, comentó sorprendido: «Aquí está pasando algo». Viajaron a Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla y hablaron con quienes quisieron. El 15 de diciembre, día de la votación, se trasladaron con toda libertad a los colegios electorales de Madrid y del resto de España que eligieron libremente, sin más compañía que el conductor del vehículo en el que habían viajado, para que pudieran comprobar sobre el terreno la limpieza de la votación.

Al mismo tiempo, el abogado Juan Manuel Fanjul —hijo de un general sublevado en Madrid el 18 de julio de 1936 y fusilado tras el fracaso de su intento— recorrió varias capitales europeas donde Lemaignen y su equipo le prepararon encuentros con líderes de opinión y dirigentes sociales para explicar la operación reformista y el referéndum. Le acompañó Fernando Soto, director de comunicación del Banco Popular, del que Fanjul era vicepresidente. La participación muy activa de ambos y de esta entidad financiera fue muy significativa, porque el equipo directivo y los mayores accionistas pertenecían al Opus Dei.

El resultado del referéndum fue más que favorable: hubo una participación del 77 por ciento, algo más de 17.500.000 de votos emitidos, y el «sí» fue del 94,17 por ciento. El resultado de la campaña de Actis en el extranjero también fue positivo. Al hacer el balance de su trabajo, Lemaignen presentó un dosier con algo más de un millar de recortes de prensa publicados esos diez días en los medios en los que trabajaban los periodistas invitados, sin contar los despachos de agencia y las noticias emitidas por las radios y televisiones europeas, entonces muy difíciles de justificar. Nadie, ni dentro ni fuera de España, hizo la más leve crítica a la limpieza del proceso electoral, y ello dio credibilidad y fortaleció el proyecto de reforma de Adolfo Suárez.

Recuerda José Luis Graullera, último gerente de servicios de la Secretaría General del Movimiento, que el 1 de abril de 1977 se disolvieron por ley el Movimiento Nacional, la Sección Femenina y la Guardia de Franco. Desde el vicesecretario general hasta el último subjefe local fueron cesados ese mismo día. Los organismos dependientes de la Secretaría General que desarrollaban funciones de carácter social fueron transferidos a la Administración del Estado y se creó la Subsecretaría del Deporte, Familia y Juventud. Los bienes del patrimonio del Movimiento quedaron afectados e incorporados al dominio público o al patrimonio del Estado, y se devolvieron a las arcas públicas los setecientos cincuenta millones de pesetas del presupuesto de estas entidades que hasta esa fecha no se habían gastado.

Hubo, finalmente, un hecho que simbolizó el cambio profundo que estaba viviendo España. Entre los días 7 y 8 de abril, Jueves y Viernes Santo, por orden del Gobierno, desaparecieron de todas las ciudades y pueblos de España los emblemas del Movimiento que se exhibían en sus edificios. La retirada más simbólica fue la del yugo y las flechas que cubrían de arriba a abajo la inmensa fachada de la Secretaría General del Movimiento, en la calle Alcalá 44 de Madrid. Al día siguiente, 9 de abril, se legalizó el Partido Comunista de España.

Lo mismo ocurrió con la Organización Sindical, en la que estaban integrados todos los sindicatos oficiales. Se creó la AISS (Administración Institucional de Servicios Sociales), que funcionó como organismo autónomo encargado del traspaso de funcionarios y servicios a la Administración Central. Parte de su patrimonio revertió al Estado y otra se destinó a de los sindicatos de clase que habían sido legalizados.

Legalizados todos los partidos políticos y sindicatos, y aceptadas las reglas de juego que desde el principio de su mandato planteó Adolfo Suárez, el 15 de junio se celebraron las elecciones generales «por sufragio universal, directo y secreto en 1977», tal y como había prometido nueve meses antes en su discurso televisado del 10 de septiembre del año anterior.

Diez millones de dólares

Alexis de Tocqueville escribió hace casi dos siglos que la democracia es no solo una forma de Estado, también es un estado de la sociedad. Porque en los países donde se da esta última circunstancia es la propia sociedad la que genera una estructura civil de cuerpos intermedios —partidos, sindicatos, organizaciones cívicas— y unos hábitos de comportamiento colectivo que sirven de cimiento y apoyo al Estado democrático y a sus instituciones. Tras la muerte de Franco, la sociedad española aspiraba a la democracia, pero todavía no era una sociedad democrática vertebrada porque carecía de esos cuerpos intermedios, de esas instituciones y de esos hábitos de convivencia política y social.

Como no existían esas estructuras básicas sobre las que consolidar el nuevo Estado en construcción, fue necesario crearlas. Y para crearlas hacían falta recursos de los que se careció en los primeros tiempos del mandato de Adolfo Suárez. Es cierto que una vez convocadas las primeras elecciones de junio de 1977, la banca concedió créditos a los partidos que concurrieron a ellas con perspectivas de obtener diputados; pero en el primer año del Gobierno de Suárez esos partidos y sindicatos o no existían o estaban en ciernes y había que proporcionarles medios económicos con los que pudieran crecer y conseguir implantación nacional. Como se carecía de esos recursos dentro del país, hubo que salir a buscarlos fuera de España.

Adolfo Suárez, sus colaboradores más cercanos y los miembros de su Gobierno no tenían contactos ni relaciones con instituciones o Estados que pudieran prestar ese tipo de ayudas. «Pero algunos monarcas de países productores de petróleo sí estuvieron dispuestos a ayudar —recuerda Aurelio Delgado—. En los once meses y medio que van desde el nombramiento de Suárez (3 de julio de 1976) a las primeras elecciones generales de la democracia (15 de junio de 1977) enviaron a Madrid diez millones de dólares, que llegaron en aviones de vuelos regulares, traídos en maletines por personas de su confianza. Todo el dinero se trasladó directamente del aeropuerto de Barajas al palacio de La Moncloa, donde yo me hice cargo personalmente de él y lo deposité en la caja fuerte de mi despacho. La última entrega la hizo Hassan II, que envió a Madrid a un hombre de su máxima confianza en un Mystere. Yo acudí al aeropuerto en mi discreto coche oficial, un Seat 124, y recibí del mensajero del rey de Marruecos, rodeado de escoltas y de toda la parafernalia del poder, un maletín con un millón de dólares».

«En esos días —continúa— me pasaba horas contando y ordenando los dólares, porque había billetes de distintas cantidades. Ese dinero quedó fuera de todo control oficial, y fui yo quien, obedeciendo órdenes del presidente, hice entrega de diversas cantidades para la creación y funcionamiento del partido centrista y para ayudar a la consolidación de algunos sindicatos».

Tampoco había en 1976 fondos de libre disposición para financiar las diversas actividades políticas de la presidencia del Gobierno, porque tras la fachada del régimen autoritario franquista se ocultaba un Estado débil con una estructura y unas instituciones frágiles. Y parte de ese dinero fue también destinado a esa acción política. Los diez millones de dólares tuvieron un control interno basado en la honorabilidad de quien los administró, que siempre recibió justificantes de entrega, aunque quedaron fuera de la supervisión de la intervención delegada del Ministerio de Hacienda y de cualquier otro organismo del Estado. «Cuando los fondos se agotaron tras cumplir los objetivos a los que estuvieron destinados —cuenta Aurelio Delgado—, hice el balance entre el dinero que recibí y el que pagué, y todavía recuerdo con cierto fastidio que no me cuadró en tres mil dólares». Otros partidos y sindicatos españoles recibieron ayudas económicas de organizaciones internacionales políticas y sindicales de Alemania y Venezuela, entre otros, o de países que estaban más allá del «telón de acero», con las que tenían afinidad ideológica o militancia común.

El año siguiente —1977—, el Gobierno de Adolfo Suárez elaboró unos nuevos presupuestos generales del Estado y se incluyó una partida de sesenta millones de pesetas destinada a la libre disposición del presidente del Gobierno para acción política, que sí estuvo sometida a los órganos de control oficial. El dinero estaba depositado en el Banco de España y, para facilitar su disponibilidad, se abrió una cuenta en Banesto y luego en el Banco de Granada. El gasto de ese dinero lo ordenaba José Luis Graullera, como subsecretario de la Presidencia, que le pasaba a Aurelio una importante cantidad que este gastaba siguiendo las instrucciones del presidente y daba cuenta de cada entrega —sin dar detalles cuando lo exigía la discreción, porque así lo permite la ley— al interventor delegado de Hacienda, Ramón García Mena, y al oficial mayor, Agustín Robledo, que era quien llevaba la contabilidad. «Los justificantes de esos pagos se trasladaban al final del año en un sobre lacrado al Tribunal de Cuentas», recuerda Graullera. «No sé si luego se ha seguido haciendo así», añade con un gesto de escepticismo.

El espía que fue al baño

Hubo un «espía que surgió del frío», fruto de la imaginación creadora del novelista John Le Carré, que participó en un sofisticado plan ideado en la lucha a muerte que en los años sesenta del siglo pasado mantuvieron las potencias occidentales con las naciones situadas tras el «telón de acero». Pero en los primeros días de la transición a la democracia hubo en España un espía de carne y hueso que no participó en imaginarias operaciones rocambolescas, pero sí prestó impagables servicios a su país en aquellos años plagados de riesgos y temores.

A las pocas semanas del acceso de Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno, se reformaron y refundieron los servicios de inteligencia con la creación del SECED, y el presidente nombró al entonces teniente coronel Andrés Casinello su máximo responsable. A los pocos días acudió a cumplimentarle y, al salir de la entrevista, Suárez le dijo a Aurelio Delgado: «Cuídalo como oro en paño».

La trayectoria personal y vital de Andrés Casinello es un ejemplo de cómo muchos españoles y algunos militares de su tiempo apoyaron la democracia mirando hacia atrás sin ira y hacia delante con esperanza. Andrés era hijo del capitán de infantería José Casinello Barroeta, quien se había acogido a los decretos que entre abril y septiembre de 1931 aprobó el Gobierno provisional de la República. Estos decretos, ratificados luego por las Cortes y que son conocidos como la «ley Azaña», permitían abandonar el Ejército manteniendo el sueldo. Casinello Barroeta rehízo su vida profesional tras cursar los estudios necesarios para ejercer como corredor de comercio en su Almería natal. El 21 de julio de 1936 fue convocado por el teniente coronel Juan Huerta, comandante militar de la plaza, que ese día se sublevó en Almería, aunque él no participó en la sublevación ni mandó tropa alguna. Tras el fracaso del intento, fue detenido y encarcelado en varias de las prisiones que se improvisaron en la ciudad y en un barco-prisión. Transcurrido más de un año, lo trasladaron con otros doscientos presos a un campo de trabajo en Turón, municipio de la Alpujarra granadina, para construir una carretera entre esta localidad y la vecina Murtas. A los pocos meses de trabajos forzados, en mayo de 1938, fue asesinado junto con casi un centenar de presos que corrieron la misma suerte. Dejó viuda, doña Adela Pérez, y seis hijos, tres de ellos varones, que salieron listos. Dos ingresaron en la Academia General Militar de Zaragoza, José y Andrés, que con el paso del tiempo llegaron al empleo de general, y Fernando, arquitecto, que con treinta años fue catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid.

Andrés, tras hacer el curso de Estado Mayor, se especializó en inteligencia militar y formó parte de las primeras generaciones de oficiales que salieron al extranjero en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado para formarse en centros militares de las democracias occidentales. Estuvo seis meses agregado a un regimiento americano en Alemania, y pasó otros tres en la Counter Insurgency and Special Warfare School de Fort Bragg, en los Estados Unidos, y allí no solo aprendió técnicas de lucha contra la insurgencia, sino que conoció cómo funcionaba un país democrático.

Como todos los españoles de su generación, había pasado años escuchando cómo la propaganda oficial del régimen cargaba buena parte de la responsabilidad de los males de España sobre los partidos políticos y sobre la masonería, algo que hoy podrá sorprender pero que en aquellos tiempos fue un mensaje habitual. Y con gran sorpresa observó que el sistema de partidos y elecciones libres no solo no dañaba a los Estados Unidos, sino que funcionaba con eficacia. Con más sorpresa aún vio cómo, una vez terminada la jornada de trabajo, los altavoces del centro militar americano convocaban con cierta regularidad y con la mayor naturalidad las reuniones de masones, católicos y de otras asociaciones y confesiones sin que se derivara ningún problema ni para ellos ni para el servicio de las armas ni para el país. Ese reducido grupo de oficiales españoles no recibió únicamente conocimientos profesionales, sino también la levadura ideológica que años después haría fermentar en ellos el respeto y el apoyo al proceso de transición. «Yo estaba convencido de la inviabilidad del sistema político entonces vigente en España, tras la muerte de Franco», comenta hoy el general.

Adolfo Suárez había conocido a Andrés Casinello en 1955. Como muchos universitarios de su tiempo, aprovechó los veranos de sus dos últimos años de carrera, 1953 y 1954, para hacer las milicias universitarias en el campamento de Montelareina, en Zamora, y al terminar la carrera emprendió el viaje más largo que había realizado hasta ese momento: se trasladó a Melilla para hacer los seis meses de prácticas como alférez de complemento. De Ávila viajó a Madrid en el Citroën Once Ligero de su amigo el capitán Jesús Sobrino, con Enrique Tejerizo y con Aurelio Delgado, para tomar por la noche el tren que le llevaría a Málaga y allí embarcar a Melilla. En Madrid almorzaron en un restaurante discreto del centro y para hacer tiempo dieron un largo paseo por la Gran Vía, donde se produjo una anécdota simpática. Cuando subían desde la plaza de España hacia la de Callao por la acera de la derecha y llegaron a la altura del hotel Emperador, Adolfo Suárez, que vestía el uniforme de alférez, confundió al portero del hotel, vestido con un ampuloso uniforme, gorra de plato y galones dorados, con un oficial superior, se cuadró ante él y le saludó con el aire marcial que exige la disciplina militar, ante la guasa y las risas de sus dos amigos, que él encajó con resignación. En Melilla, además de sus obligaciones como oficial de complemento, impartió clases de alfabetización y de cultura a los soldados de reemplazo. Allí conoció al teniente José Casinello Pérez, con quien luego mantuvo una buena amistad, que se extendió al resto de su familia y muy especialmente a su hermano Andrés.

En 1976 Casinello tuvo que hacer gestiones que serían inimaginables hoy en un país como el nuestro, con casi cuarenta años de sistema democrático. Pero en los primeros años de la Transición hubo un momento en el que las relaciones entre Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, y Felipe González, líder de la oposición, fueron malas y se atascaron justamente cuando era imprescindible que los dirigentes de los dos partidos más importantes se pusieran de acuerdo para construir el nuevo Estado. Como pasaban los días y ninguno de los dos quería dar el primer paso, Andrés Casinello no lo dudó; se fue a la entonces sede del PSOE en la calle García Morato (hoy Santa Engracia) de Madrid y pidió ver al secretario general del partido. Felipe González, que además del nombre conocía su puesto, le recibió y le escuchó. «Le hice ver —recuerda Casinello— que no podían comportarse “como dos niños enfadados que se niegan a hablarse”, y logré convencer al secretario general del Partido Socialista de que ambos tenían el deber de entenderse. Felipe González desatascó el conflicto y las negociaciones entre ambos siguieron con los resultados que luego se conocieron».

La legalización del Partido Comunista de España fue el segundo obstáculo, y probablemente el más duro y difícil que el primer Gobierno de Suárez tuvo que salvar en los primeros once meses de mandato, tras la aprobación de la ley para la reforma política. Son bien conocidas las gestiones y entrevistas que Nicolás Franco y Manuel Prado, enviados por el rey, habían tenido con Santiago Carrillo cuando aún vivía fuera de España. También se han contado los buenos oficios que ya en nuestro país desempeñó el abogado y empresario José Mario Armero como intermediario entre Adolfo Suárez y el líder comunista; y fueron del dominio público los intentos del Gobierno para que fuera el Tribunal Supremo el que decidiera si los estatutos del PCE se ajustaban a la ley. Tras su inhibición y solo con el informe favorable de la Fiscalía del Tribunal Supremo, fue Adolfo Suárez quien cogió el toro por los cuernos y, tras una reunión con los ministros de Justicia, Landelino Lavilla, y de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, decidió su legalización e inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas del Ministerio de la Gobernación el Sábado Santo, 9 de abril de 1976. Un exministro del Movimiento, un miembro de la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos a cuyo padre habían asesinado en la retaguardia republicana, y un exjefe nacional del SEU, el sindicato falangista universitario, con el apoyo del nieto de Alfonso XIII, legalizaron al Partido Comunista.

Es creencia generalizada que la decisión de esta legalización se hizo sin que tuviera conocimiento previo de ella la cúspide de las Fuerzas Armadas y a espaldas suyas. Pero lo que no se ha contado es que, según el general Casinello, tal creencia es falsa y no está fundada en los hechos tal y como sucedieron. «Como director del SECED —recuerda—, yo informé personalmente y con antelación de que la legalización del PCE se iba a producir, aunque desconocía la fecha concreta, al ministro del Ejército, general Félix Álvarez Arenas; al de Marina, almirante Gabriel Pita da Veiga, y al del Aire, general Carlos Franco Iribarnegaray. Los tres lo sabían».

«Hay una prueba documental de que esto es cierto —afirma Casinello—, y es que el 12 de abril de 1977, tres días después de la legalización del PCE, se celebró una reunión del Consejo Superior del Ejército a la que asistieron todos los tenientes generales en activo, y que no pudo ser presidida por el ministro del Ejército por encontrarse enfermo. El 14 de abril, dos días después, la Secretaría Militar del ministro difundió a los mandos de todos los acuartelamientos del país una nota en la que se afirmaba que la reunión del consejo la había presidido el teniente general jefe del Estado Mayor del Ejército por enfermedad del ministro. En esa nota se decía que la reunión del día 12 había tenido como objetivo analizar el procedimiento administrativo seguido por el ministro de la Gobernación para legalizar el Partido Comunista de España; y se añadía de forma rotunda que en la toma de esa decisión el día 9 de abril se había marginado al ministro del Ejército».

Recuerda Casinello que, dos días después de difundirse esa nota, el 16 de abril, el ministro del Ejército, ya recuperado de su afección, corrigió este comunicado de su Secretaría Militar y desmintió su supuesta marginación con una nota que reproducimos literalmente: «Por una inadmisible ligereza de la Secretaría Militar de este ministerio, se envió un documento dirigido a los generales, jefes, oficiales y suboficiales del Ejército exponiendo unos hechos que no se corresponden con la realidad, con el peligro de producir gran confusión en nuestros cuadros de mando. Dicho documento no había obtenido mi aprobación ni la del jefe del Estado Mayor del Ejército, pero su precipitada publicación no pudo ser totalmente evitada. El documento que mereció mi aprobación fue el siguiente: es de gran interés que llegue a conocimiento de todos los componentes profesionales del Ejército que, en relación con la legalización del Partido Comunista, no me fue posible informarles oportunamente de las razones y justificación de dicha legalización porque el documento justificativo llegó a mi poder el viernes, día 8 por la tarde [cuando el ministro del Ejército estaba enfermo], y la legalización fue oficial el sábado día 9. En consecuencia, el Consejo Superior del Ejército fue convocado para la tarde del día 12, al objeto de informar a los altos mandos de dichas razones, que se justifican en base a los más altos intereses nacionales en las circunstancias actuales».

«Queda claro —insiste el general Casinello— que los ministros militares conocían el propósito del Gobierno de legalizar el Partido Comunista, no solo porque yo se la había adelantado con anterioridad verbalmente, sino porque en la tarde del día 8 recibieron por escrito las razones del Gobierno para hacerlo».

«Es bien sabido —prosigue Casinello— que el almirante Pita da Veiga, ministro de Marina, dimitió de su puesto como señal de protesta por la legalización del Partido Comunista. Pero no trascendió entonces que el ministro del Ejército, Félix Álvarez Arenas, estuvo decidido a acompañarle en su dimisión, y que renunció a hacerlo cuando supo que el teniente general José Miguel Vega Díaz, jefe del Estado Mayor del Ejército, había informado al Gobierno que si Álvarez Arenas dimitía, él se ofrecía para sustituirle como ministro. La intención última de Pita da Veiga y Álvarez Arenas fue dimitir como ministros, convencidos de que Adolfo Suárez no encontraría ningún almirante ni general dispuesto a sustituirlos al frente de esos dos ministerios. Y esas dimisiones y la imposibilidad de encontrar sustitutos darían una imagen de debilidad del Gobierno, de vacío de poder en dos departamentos clave y de rechazo de los Ejércitos a la legalización del PCE. Pero perdieron el pulso. El general Álvarez Arenas lo perdió por la reacción de Vega Díaz, y el almirante Pita da Veiga porque el general Gutiérrez Mellado encontró al almirante en la reserva Pascual Peris Junquera, entonces presidente de la Compañía Trasatlántica, que no dudó un segundo en aceptar el cargo de ministro de Marina y juró ante el rey el día 15 de abril».

Hubo también algunas dimisiones fuera del Ejército tras la legalización del PCE, como la de Torcuato Luca de Tena, hombre fuerte del diario monárquico ABC, que dimitió como procurador en Cortes en señal de protesta y disconformidad con una decisión del presidente del Gobierno a la que el rey había dado todo su apoyo.

Otra de las delicadas misiones que se le encomendó a Casinello en aquellos años fue establecer contacto con Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio desde 1954, un hombre prácticamente desconocido para la clase política española y los medios de comunicación en los últimos años del franquismo y en el primer año de la Transición. Solo una pequeña minoría sabía de su existencia. El abogado y financiero Manuel Ortínez habló al vicepresidente del Gobierno Alfonso Osorio de la conveniencia de establecer contacto con aquel exiliado que vivía en Saint-Martin-le-Beau, a pocos kilómetros de París. Osorio informó de la propuesta de Ortínez a Adolfo Suárez unos días después de conocer el resultado de las elecciones del 15 de junio de 1977. Socialistas y comunistas habían conseguido en Cataluña el 46,87 por ciento de los votos, los nacionalistas de Pujol el 16,68 por ciento y UCD el 16,91 por ciento. Suárez quiso saber qué pensaba y en qué podía serle útil aquel hombre en un marco político tan adverso para él, en el que entre la izquierda marxista y el nacionalismo sumaban nada menos que el 63,55 por ciento de los votos frente al 16,91 por ciento del partido centrista. Y decidió enviar a Andrés Casinello para que hablara con aquel desconocido, le tanteara y le diera su opinión sobre él.

El director del SECED fue recibido en la austera residencia de Tarradellas. «El mobiliario era muy modesto, de madera de mala calidad chapeada con unas láminas de un material sintético —recuerda—. Mantuve con él una larga entrevista, tan larga que hubo un momento en que pedí ir al baño. Me indicaron que subiera unas escaleras angostas, “y en la primera puerta a la derecha lo encontrará”. Entré en él… pero no para orinar sino para darle la vuelta a la cinta de la pequeña grabadora que llevaba oculta y en la que registré toda la entrevista —comenta con una sonrisa, transcurridos treinta y ocho años—. Me trató como si fuera un personaje importante, acompañado por su esposa, la señora Antonia Maciá. La comida se sirvió de una forma solemne, aunque austera. Una señora mayor pasaba las bandejas y nos servía. Durante el encuentro todo respiró paz y dignidad, sin la menor chispa de resentimiento. Me dijo que aceptaba la situación actual y la presencia del Ejército. Lo aceptaba todo, pero quería un símbolo. Pedía que se creara la Generalitat sin más potestades que la confluencia de todas las Diputaciones provinciales. Me impresionó tremendamente la dignidad de aquel hombre».

A su vuelta a Madrid, Andrés Casinello se fue directamente al palacio de La Moncloa y dio cuenta al presidente del contenido íntegro del encuentro, junto con su opinión favorable a que se entrevistara con él. De todo lo que escuchó en Saint-Martin-le-Beau dedujo que Josep Tarradellas era un hombre con el que se podía y se debía hablar; salió convencido de que, aunque venía del pasado, era consciente de su responsabilidad en el momento presente. El 27 de junio el presidente de la Generalitat en el exilio acudió por primera vez a entrevistarse con Suárez. «Le recibí —recuerda Alberto Aza— hablándole en catalán, la lengua de mi familia política, y me hice acompañar de todas las “fuerzas vivas de La Moncloa”, que, salvo Alberto Recarte, todos eran catalanohablantes: Jose Meliá, José Coderch, Eugenio Bregolat y Senén Florensa».

Con independencia del pulso que le echó a Adolfo Suárez en esa primera entrevista, Tarradellas contribuyó a la consolidación de la democracia en España y al encarrilamiento de la autonomía de Cataluña. Unos años después, el 24 de julio de 1986, el rey le concedió el título de marqués de Tarradellas por «su prudencia, espíritu de colaboración y patriotismo (…) y por el acierto con el que fomentó, dentro de la indisoluble unidad de la nación española proclamada en la Constitución, la autonomía, la cultura, las tradiciones e instituciones de Cataluña (…) y su contribución a la reconciliación de todos los españoles».

Que un antiguo militante de Esquerra Republicana de Catalunya, conseller en cap y consejero de Finanzas de la Generalitat durante la Guerra Civil aceptara un título de marqués era todo un símbolo del inmenso deseo de reconciliación, entendimiento y paz civil que envolvió a la gran mayoría de los españoles de aquellos años. Pero lo era aún más que su viuda, la señora Antonia Maciá, hija de Francesc Maciá, fundador de Esquerra Republicana y máximo exponente del separatismo catalán, llevara el título de marquesa consorte y luego el de marquesa viuda, concedido por el nieto del rey contra el que su padre luchó con todas sus fuerzas. Y buena parte de esta historia ocurrió gracias a la labor discreta de un teniente coronel que un día de junio de 1977 fingió tener necesidad de ir al baño.

En 1978 el SECED se fusionó con órganos de espionaje, contraespionaje e información interior del Alto Estado Mayor, y de esa fusión surgió el CESID, que por ley debía estar dirigido por un general. Como en ese año Andrés Casinello solo era teniente coronel, tuvo que abandonar la jefatura del servicio de inteligencia del Estado. Había estado al frente del SECED un año, cuatro meses y siete días. Adolfo Suárez le dio un cargo de asesor del vicepresidente Gutiérrez Mellado, y con él pasó varios meses redactando informes hasta que quedó vacante la jefatura de la Segunda Sección (Información) de la Guardia Civil, que salió a concurso y le fue adjudicada. Durante los ocho años que ocupó ese puesto no solo contribuyó a controlar al instituto armado la noche del 23-F, sino que luchó sin tregua contra el terrorismo etarra. Luego ascendió a general y fue comandante general de Ceuta, hasta que un día de abril de 1988 recibió la inesperada noticia de que el Gobierno que presidía aquel joven al que diez años antes había ido a buscar en la sede socialista de la calle Santa Engracia de Madrid le ascendía a teniente general y le encomendaba el mando de la Capitanía General de la Región Pirenaica Occidental con sede en Burgos. El paso de los años y el pase a la reserva no han menguado su deseo de seguir trabajando, y hoy es uno de los mayores expertos en la Guerra de la Independencia, invitado a dar conferencias en las universidades españolas, y preside una fundación en la que defiende los valores de entendimiento, reconciliación, consenso y pacto que hicieron posible la Transición.

III

EL ASEDIO

¿Suárez candidato?

Hay quienes sostienen que desde el momento mismo del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno existió un pacto entre el rey, Torcuato Fernández Miranda y el propio Suárez, según el cual este permanecería en el poder únicamente hasta que se celebraran las primeras elecciones libres, para ceder luego el puesto a Fernández Miranda. En definitiva, que una vez cubierta por el político hábil la primera etapa de la Transición, llegaría el turno del estadista.

Quienes estuvieron al lado de Adolfo Suárez, tanto en los meses que precedieron a su nombramiento como en los que le siguieron, no comparten esta tesis porque no tienen ninguna evidencia ni indicio de que tal pacto existiera. Otra cosa bien distinta es que algunos creyeran que la labor de Adolfo Suárez debía concluir tras la celebración de las primeras elecciones generales. Eran de esa opinión Torcuato Fernández Miranda y algunas personas del entorno de don Juan Carlos.

«El rey, sin embargo, no parecía tener una posición definitiva sobre este asunto, aunque tenía sus dudas —recuerda Aurelio Delgado—. Entre otras razones, porque la evolución de los acontecimientos fue tan rápida que desbordó y superó las previsiones teóricas, al principio diseñadas con unos plazos mucho más largos y dilatados para aquel proceso de cambio institucional». «En un primer momento de su mandato, Adolfo Suárez también llegó a tener dudas —continúa— sobre si debería concurrir como candidato a las elecciones generales que tenía previsto convocar como final de la primera fase del proceso».

«Su objetivo prioritario —recuerda— fue desmontar las leyes heredadas del franquismo para hacer posible unas elecciones libres con garantías democráticas, a las que pudieran concurrir todos los partidos políticos previamente legalizados. El proyecto teórico de Fernández Miranda para caminar hacia la democracia yendo de “la ley a la ley” estuvo diseñado con unos plazos y un ritmo más lento del que adquirió tras la llegada de Adolfo Suárez al poder».

«A partir de septiembre de 1976 —continúa— tomó una velocidad que desbordó las previsiones de tiempo que otros habían calculado para su ejecución. Transcurridos los cinco primeros meses de su mandato, un referéndum derogó todos los obstáculos legales del régimen anterior que impedían la legalización de los partidos políticos y hacían imposible la celebración de unas elecciones libres. Y cuatro meses más tarde se legalizó el Partido Comunista de España y se disolvió el Movimiento Nacional».

«Yo creo —afirma Aurelio Delgado— que la osadía fue la cualidad que diferenció a Adolfo Suárez del resto de los dirigentes del régimen franquista que encabezaron el proceso de la transición a la democracia». Gracias a ella, pudo emprender una carrera política a partir de cero, sin pertenecer a ningún alto cuerpo del Estado ni a una familia con una elevada posición social, y aspirar a ser alguien en la política nacional con el único apoyo de su título de licenciado en derecho.

Solo quienes conocían a Adolfo Suárez desde niño sabían lo lejos que podía llegar su osadía. Una de las primeras muestras la dio siendo muy joven, cuando se propuso reunir un millón de pesetas, cifra elevadísima en aquella época, para reformar los locales de Acción Católica, congregación religiosa juvenil que presidía. Suárez y su amigo José Luis Sagredo hicieron colectas, organizaron actos y vendieron lotería con un recargo del 20 por ciento. Aunque resulte difícil de creer, les tocó un premio en tres ocasiones con el mismo número y, animados por la buena suerte, pidieron a los que habían comprado las pequeñas participaciones que donaran una parte del dinero ganado para terminar las obras. La reforma de las instalaciones se hizo y se pagó hasta el último céntimo del presupuesto. La osadía y la suerte fueron juntas en este trance y en algunos otros que estaban por llegar años más tarde.

Al mismo ritmo que se precipitaban los acontecimientos crecía la popularidad de Adolfo Suárez hasta convertirlo, al lado del rey, en la referencia del cambio que a tantos estaba sorprendiendo. «El presidente del Gobierno ya no era solo aquel chico joven capaz de llevar a la práctica con osadía lo que otros habían diseñado en un lúcido proyecto teórico —añade Aurelio Delgado—. Ni Adolfo Suárez era tan débil ni Fernández Miranda era ya tan fuerte. Si en las previsiones de algunos estuvo la idea de prescindir de Suárez antes de las elecciones, el crecimiento exponencial de su popularidad y la aceleración imprevista del proceso de cambio echaron por tierra sus proyectos».

El rey seguía atento a la evolución de los acontecimientos con la idea fija de llevar adelante el proyecto democrático y consolidar la monarquía en España. «Don Juan Carlos tiene un departamento de marketing en la punta de la nariz», comentó Suárez a un amigo años después, la noche de Reyes de 1979, en su nueva casa de Ávila. Y ese olfato le hizo cambiar de idea, si es que alguna vez la tuvo, y aceptó como una evidencia el deseo del presidente de presentarse a las primeras elecciones democráticas.

«Hubo un momento en que desaparecieron las dudas que Adolfo pudo tener —continúa Aurelio Delgado—. Y decidió hacerlo por dos motivos. El primero fue su vocación y ambición política que le empujaban a seguir el proyecto que había puesto en marcha hasta culminarlo. Y el segundo, su temor a que la izquierda —con gran protagonismo entonces del Partido Comunista— pudiera ganar las elecciones, y acabara con el proceso de reforma y con la monarquía misma». Suárez consideraba imprescindible que la izquierda democrática gobernara el país a medio plazo, pero creía que todavía no había abandonado la radicalidad y no estaba madura para ejercer el poder. «No hay que perder de vista que aún no se habían celebrado las primeras elecciones generales y existía el convencimiento muy extendido de que el Partido Comunista podía tener un éxito electoral que finalmente no tuvo. Y un triunfo de la izquierda que defendía la ruptura y aceptaba a regañadientes el proceso de reforma habría echado por tierra todo el proyecto del rey, de Torcuato Fernández Miranda y de Adolfo Suárez, con no se sabe qué consecuencias».

«Él creía ser el único líder del centroderecha capaz de hacer frente a la izquierda con posibilidades de éxito en unas elecciones libres —añade—, y ese convencimiento le llevó a tomar la decisión de presentarse a las elecciones. Este último argumento fue el que acabó convenciendo al rey, si es que alguna vez estuvo convencido de lo contrario, de que estaban equivocados quienes consideraban a Adolfo Suárez un hombre de paso y le aconsejaban prescindir de él».

El 3 de mayo de 1977 el presidente anunció su posición al país en un discurso por televisión en el que hizo pública su candidatura: «Se me ha planteado —dijo—, como ustedes saben, una difícil decisión personal: mi posible presentación como candidato. Hasta el último minuto he procurado analizar las circunstancias, conocer los planteamientos de los distintos grupos y partidos políticos, escuchar todas las opiniones —incluidas, como es lógico, las recogidas en los medios de comunicación social— y valorar objetivamente los datos de nuestra realidad», y expuso la razón de fondo por la que decidió presentarse a las elecciones: «Se me encargó llevar a buen puerto la reforma política de nuestro país y debo comparecer a juicio público cuando se establece la primera consulta democrática (…). No puede quedar en el aire, descolgada, sin asistencia o sin crítica popular, una obra de gobierno que se hizo al servicio de la democracia y que todavía no ha sido contrastada con el voto, aunque haya surgido del respaldo inicial expresado en el referéndum».

A diferencia de la mayoría de los políticos de la época, Adolfo Suárez dominaba las técnicas de la comunicación audiovisual. Había aprendido a moverse con soltura ante las cámaras once años antes, en 1967, cuando, en pleno franquismo, decidió presentarse a las elecciones de procurador en Cortes por el tercio familiar en las que únicamente votaban los cabezas de familia. Suárez, que en aquel momento era director de la Primera Cadena de TVE, vio en esta convocatoria electoral la oportunidad de entrar en las Cortes, donde aspiraba ampliar su círculo de contactos personales y relaciones políticas.

—Eso sería una oportunidad para mí… Pero es algo imposible porque yo no tengo apoyos ni contactos en Ávila ni en la provincia —le confesó un día a Aurelio mientras paseaban juntos por la plaza de Oriente.

—Te equivocas, Adolfo; si quieres, sales —le respondió su amigo.

Adolfo le recordó que tenía en contra a toda la estructura provincial del Movimiento, al gobernador civil Alberto Leyva Rey y a la Organización Sindical. Aurelio le replicó que su padre, Ignacio Delgado, había conseguido, veinte años antes, salir elegido procurador en Cortes enfrentado con toda esa organización oficial, y le recordó los nombres de todas las personas con influencia que le habían ayudado y con las que podría contar en las distintas comarcas de la provincia.

—Que ganas, Adolfo, que ganas —le insistió Aurelio.

Suárez decidió presentarse a las elecciones empleando dos vías paralelas: la tradicional, recurriendo a los caciques de la zona rural, y otra más innovadora, utilizando por primera vez la televisión como un instrumento clave en una campaña electoral. La familia Delgado y sus amigos pusieron en marcha su máquina de contactos en la provincia. Y la máquina electoral más moderna la puso el equipo de amigos directivos de TVE. José María Otero, Ángel Ezcurra, Antonio del Olmo, Luis Ángel de la Viuda, Ramón Díaz o Gustavo Pérez Puig se volcaron en ayudar a su amigo y jefe con las técnicas de comunicación audiovisual más novedosas, que entonces sorprendieron a los abulenses, y le enseñaron a moverse con soltura y seguridad ante las cámaras de televisión, enseñanza que tan útil le fue en los años en que fue presidente. Adolfo Suárez, que salió elegido a solo dos mil votos de Antonio Sánchez, candidato del aparato oficial, contó entonces con dos protectores en la sombra: Fernando Herrero Tejedor, quien evitó que las autoridades provinciales de Ávila jugaran demasiado en contra de su protegido, y su padre, que le dio doscientas mil pesetas para la campaña, una cantidad nada despreciable en aquellos años.

La sombra de Carmen no fue alargada

Carmen Díaz de Rivera y de Icaza no estaba de acuerdo con que Adolfo Suárez se presentara a las elecciones. Carmen había conocido a Adolfo Suárez en 1969 cuando ocupaba la dirección general de Radiotelevisión Española. Era hija de los marqueses de Llanzol y, como otras jóvenes de la vieja aristocracia madrileña —el título le fue concedido a un antepasado en 1690 por Carlos II—, conocía al entonces príncipe Juan Carlos, al que le unía una buena y larga amistad. Tras una dolorosa vivencia amorosa que no pudo consolidarse por razones de parentesco —bien conocida y que no vamos a recordar aquí—, se trasladó a Costa de Marfil como misionera seglar para alejarse del drama sentimental que la marcó de por vida. A su regreso a España, Adolfo Suárez supo a través de un amigo que el príncipe tenía interés en que se le encontrara un puesto de trabajo. Suárez atendió con rapidez el deseo de don Juan Carlos y la nombró jefa de su gabinete en la dirección general de Radiotelevisión en noviembre de 1969. Seis años más tarde, le acompañó como secretaria en la delegación del Gobierno en Telefónica, y pocos meses después, siendo ministro secretario general del Movimiento, la nombró de nuevo jefa de su gabinete, puesto que volvió a ocupar cuando asumió la presidencia del Gobierno.

Los que vivieron aquellos años cerca de Adolfo Suárez coinciden en que Carmen jugó un papel relevante en los seis meses que transcurrieron entre la muerte de Franco y su nombramiento como presidente del Gobierno, cuando trabajó con él en la Secretaría General del Movimiento. La excelente y fluida relación entre Carmen y el rey y la información que ella suministraba al monarca ayudaron a don Juan Carlos a seguir de cerca al que, desde hacía un tiempo, era uno de sus más firmes candidatos a ocupar la presidencia del Gobierno. Carmen contaba al rey el día a día de la gestión de Suárez sorteando con habilidad a los viejos santones del régimen de Franco opuestos a cualquier intento de cambio. Y le confirmó la mezcla de prudencia y firmeza que demostró el 3 de marzo de 1976 cuando tuvo que tomar decisiones muy difíciles en los «sucesos de Vitoria», en ausencia del ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, que se encontraba de viaje en Alemania.

Aquel día, varios miles de trabajadores de la empresa Forjas Alavesas se habían encerrado en la iglesia de San Francisco de Asís para celebrar una asamblea en protesta contra el decreto de topes salariales. La dura y torpe actuación de la policía tuvo como dramático resultado cinco trabajadores muertos y más de un centenar de heridos. Ante la gravedad de los hechos, el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, se propuso declarar el estado de excepción, y Adolfo Suárez, con el apoyo de los ministros Alfonso Osorio y Rodolfo Martín Villa, logró persuadirle de que no lo hiciera. Ordenó el envío de refuerzos policiales y al director general de Seguridad adjunto, José Antonio Zarzalejos Altares, para que se hiciera cargo de la situación y tratara de controlarla. Aunque la tensión siguió viva durante un tiempo, se consiguió detener la espiral de violencia.

Algo parecido ocurrió meses después, el 9 de mayo, en un vía crucis que el movimiento carlista organizaba todos los años por esas fechas en Montejurra, Navarra. Cuando miles de sus militantes subían el monte rezando en recuerdo de sus muertos en las tres guerras carlistas de 1834, 1855 y 1870, un grupo de extrema derecha de la misma organización política, capitaneado por Sixto de Borbón-Parma —enfrentado a su hermano mayor, Hugo, que había evolucionado hacia el socialismo autogestionario—, la emprendió a tiros desde la cumbre dando muerte a dos hombres. La intervención de Hugo consiguió evitar un enfrentamiento mortal entre las dos ramas del carlismo, de resultados imprevisibles pero sin duda dramáticos. También ese día el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, estaba de viaje, en este caso, en Venezuela. Y de nuevo fue el ministro secretario general del Movimiento el que, por ley, tuvo que sustituirle. Adolfo Suárez hizo decenas de gestiones y llamadas para evitar que estallara un enfrentamiento fratricida entre los dos bandos del movimiento carlista, y tomó las medidas necesarias para frenar cualquier intervención del Ejército. El asunto, a pesar de la tensión generada por las dos muertes, no fue a más.

Una de las pruebas más claras de la buena información que Carmen Díaz de Rivera tenía de lo que pensaba el rey se produjo cuando Carlos Arias Navarro dimitió como presidente del Gobierno a petición de don Juan Carlos el 1 de julio de 1976. Los colaboradores de Suárez en la Secretaría General del Movimiento no las tenían todas consigo de que él pudiera ser el elegido para sustituirle. José Luis Graullera, Manuel Ortiz, Eduardo Navarro, Fernando Ónega, Ignacio García López, Carmen Llorca y Aurelio Delgado tuvieron sus dudas, y en las horas que transcurrieron desde la dimisión de Arias y el momento en que se hizo pública la decisión del rey el día 3, no pararon de hacer cábalas, de sopesar los pros y los contras y de pasar del optimismo al pesimismo.

Aurelio estaba inquieto y preocupado. Carmen, en cambio, estaba muy tranquila y parecía no tener dudas. Hubo un momento en que ambos se quedaron a solas en el despacho de Aurelio, y Carmen, con una sonrisa pícara y con cierto aire de seguridad, escribió algo en un papel de un tamaño algo mayor al de una tarjeta de visita, que introdujo en un sobre de formato mediano. Tras cerrarlo, le dijo: «Aquí está el nombre del nuevo presidente del Gobierno. Te lo entrego si me prometes que no lo abrirás hasta que se haga público». Cuando se supo que el elegido era Suárez, Aurelio abrió el sobre delante de Carmen, que lucía una sonrisa aún más maliciosa, y leyó: «Presidente: Adolfo Suárez».

El acierto en el pronóstico fue una prueba más de la cercanía de Carmen con el rey y del conocimiento previo que tuvo de su decisión. Carmen elaboraba informes con análisis de la situación política y mantenía relaciones de alto nivel que fueron muy útiles. Pero para quienes compartieron con ella el trabajo en la Secretaría General del Movimiento y en la presidencia del Gobierno, el papel verdaderamente relevante que Carmen jugó en ese tiempo clave, por encima de otros muchos que la imaginación literaria pudo atribuir a la llamada «musa de la Transición», fue sin duda aprovechar su cercanía y fácil acceso a don Juan Carlos en beneficio y ayuda de la candidatura de Adolfo Suárez.

Esa cercanía de Carmen Díaz de Rivera al rey y su amistad con él durante años fueron el gran activo que Adolfo Suárez aprovechó de su colaboradora. Y esa relación privilegiada le dio una fuerza y una seguridad ante su jefe inusuales en un subordinado político, porque Carmen le hablaba con una franqueza y un desparpajo impensable en alguien que estaba a sus órdenes. Adolfo Suárez aceptaba aquel tono no solo porque llegó a tenerle afecto y consideración; también lo hacía porque —recuerda Aurelio Delgado— desde finales de los sesenta él había confesado a sus amigos más cercanos su apuesta sin reservas por el príncipe Juan Carlos como salida al régimen de Franco. Y Carmen era para él una valiosa vía de acceso a la persona por la que había hecho esa apuesta de futuro y que en 1976 disponía de tan grandes poderes que le permitían nada menos que designar al presidente del Gobierno. Ella era consciente de su situación privilegiada y la ejercía con suficiencia y sin disimulo. Y Adolfo Suárez la aceptaba porque le convenía.

Carmen solo estuvo en Moncloa diez meses y diez días. Una vez legalizado el Partido Comunista, quedó despejado el camino hacia las primeras elecciones generales y, a partir de ese momento, fue cuando comenzó su disidencia. Ella creía sinceramente que la misión de Adolfo Suárez debía terminar ahí, y se oponía frontalmente a que se presentara como candidato a unas elecciones y, mucho menos, como máximo dirigente de un partido. Sus objeciones no eran porque considerara que Fernández Miranda u otros debieran tomar el relevo, sino porque estaba convencida de que en las primeras elecciones democráticas era imprescindible dar una imagen de limpieza y transparencia que exigía eliminar la más mínima sospecha de aprovechamiento interesado por el Gobierno de los resortes del poder. Era contraria a que cayera sobre el proceso electoral la menor sombra de duda y temía que alguien pudiera poner en entredicho la igualdad de oportunidades entre todos los contendientes. Así se lo hizo saber al presidente con toda claridad e incluso con crudeza.

Suárez la escuchó con respeto y le ofreció todas las garantías de que las elecciones serían limpias. Le recordó que en el discurso que estaba a punto de dirigir al país el 3 de mayo de 1977 anunciando su candidatura, y que ella conocía, se comprometía públicamente a concurrir a esas elecciones «sin privilegio alguno de organización; sin apoyo de los órganos de Gobierno y, por supuesto, sin ningún apoyo de la Corona, que está por encima de las opciones y contiendas». También se comprometió a que el control del proceso electoral estuviera en manos de unos «órganos jurisdiccionales, presididos por representantes del poder judicial» y garantizó que «los partidos políticos que participan en las elecciones, todos sin excepción, pueden también, por los medios establecidos [los apoderados] actuar como auténticos fiscales y jueces del proceso electoral». No obstante, no logró convencer a Carmen, a la que Adolfo Suárez mantuvo en su puesto a pesar de esta seria discrepancia.

Carmen fue, sin embargo, más allá del simple consejo a su jefe político y, al comprobar que Suárez no aceptaba su opinión, comenzó a criticarle a espaldas suyas. Desde su despacho oficial hablaba por teléfono con miembros de la oposición, como el liberal Antonio de Senillosa o el socialista Enrique Tierno Galván, en cuyo partido luego militó, y con otros dirigentes de partidos de la izquierda, vertiendo contra su jefe duras críticas y palabras de desprecio político. En ocasiones, su indignación era tal que subía el tono de voz con el efecto indeseado de ser oída por quien ocupaba el despacho de al lado, que acto seguido informaba al presidente. También se detectaron informaciones publicadas en la prensa que únicamente podían salir de alguien que estuviera en el círculo íntimo de colaboradores del presidente.

Al principio, Suárez se negó a aceptar que tal deslealtad pudiera ser cierta, pero como medida cautelar permitió que se dejara de convocarla a algunas de las reuniones que todas las mañanas mantenía con los miembros de su equipo y en las que se trataban asuntos reservados y confidenciales. Transcurridos varios días, uno de sus colaboradores más cercanos le presentó una prueba concluyente. Con la participación de un miembro de los servicios de inteligencia que se había incorporado recientemente a La Moncloa y que ya no se separaría nunca más de Adolfo Suárez, se intervinieron los teléfonos de Carmen y se grabaron sus llamadas en las que se le oía decir cosas tales como: «Con estos de la derecha ya no se puede seguir»; «Cómo no les da vergüenza»; «Lo quieren organizar todo desde el poder»; «Aquí ya no se puede estar», porque «Adolfo sigue siendo un franquista».

Con un gesto de decepción y tristeza, Suárez escuchó esas y otras afirmaciones grabadas en las que su jefa de gabinete le criticaba y descalificaba ante sus adversarios políticos. El 13 de mayo de 1976, treinta y cuatro días después de la legalización del Partido Comunista y treinta y tres días antes de que se celebraran las primeras elecciones democráticas en cuarenta y un años, Adolfo Suárez comunicó personalmente a Carmen Díaz de Rivera el cese como directora de su gabinete. Fue un encuentro correcto, incluso amable. En su deseo de suavizar su salida, la mantuvo como consejera personal, nombramiento que no pasó de ser una formalidad sin contenido. Aunque la política les separó y dejaron de verse, la actitud del presidente con ella siguió siendo correcta y afectuosa porque, al margen de sus discrepancias, de algunas ligerezas con la prensa y de sus imprudentes desahogos telefónicos, Suárez nunca pensó que el comportamiento de Carmen pudiera calificarse de traición. Solo fue una decepción a la que seguirían otras.

La reacción de Carmen a su destitución fue distinta. Unos días después de su salida, su sustituto, Alberto Aza, la llamó para concertar un encuentro en el que le transmitiera información sobre los asuntos pendientes, pero ella declinó tener esa entrevista con un tono tan cortés como evasivo. Cuando se buscaron en los archivos de su despacho los informes y documentos con los antecedentes de su trabajo en el gabinete presidencial, únicamente se encontró una lista no actualizada de los corresponsales de prensa extranjera acreditados en España y un escrito cuyo contenido era tan menor que su sucesor no recuerda hoy. Nada más.

Torcuato

Torcuato Fernández Miranda era seco, distante y altivo, pero fue también un hombre íntegro, culto y bien formado. Catedrático de Derecho Político de la Universidad de Oviedo, tuvo una larga carrera en el régimen de Franco, que empezó cuando, por su condición de rector de esa universidad, fue nombrado procurador en Cortes. Desempeñó luego varias direcciones generales en los Ministerios de Educación y Trabajo hasta que, como consecuencia del escándalo Matesa en 1969, sustituyó a José Solís Ruiz como ministro secretario general del Movimiento. Era vicepresidente del Gobierno el 20 de noviembre de 1971, cuando ETA asesinó al almirante Carrero Blanco, y su firmeza y tacto como presidente en funciones contribuyeron a serenar la situación y a frenar a algunos miembros del sector más duro del régimen que propusieron medidas radicales como reacción a lo que había ocurrido.

Pero su papel clave en los dos primeros años de la Transición se derivó del hecho de haber sido preceptor del entonces príncipe Juan Carlos en su etapa universitaria. Quien luego sería rey tuvo muchos preceptores y recibió cantidad de proyectos y planes sobre qué hacer cuando Franco muriese, pero fue Fernández Miranda el único que le mostró el camino más práctico para hacer compatible su deseo de convertir España en una democracia con su compromiso de respetar las leyes del franquismo.

Fernández Miranda y Herrero Tejedor, dos reformistas convencidos de que las cosas tendrían que cambiar mucho tras la muerte de Franco, fueron amigos, trabajaron juntos y colaboraron en los años que precedieron a la Transición. Pero tras la muerte de Herrero, Torcuato Fernández Miranda se vio a sí mismo como una especie de tutor intelectual de Adolfo Suárez porque creyó que el proyecto final de reforma política era exclusivamente suyo, algo que no es del todo exacto, y porque siempre se consideró el máximo valedor ante el rey de la candidatura de Adolfo Suárez para ser presidente del Gobierno, algo que es totalmente cierto.

«Sin su primer proyecto, en el que expuso con claridad que era posible ir de la dictadura a la democracia dentro de la ley, y sin su defensa a fondo ante el rey de la candidatura de Adolfo Suárez para la presidencia del Gobierno, es bastante difícil, si no imposible, que don Juan Carlos se hubiera inclinado por él», recuerda Aurelio Delgado.

Si en este padrinazgo está el origen de su ascenso a la presidencia del Gobierno, también está el origen del alejamiento entre ambos. Una vez más, se volvió a repetir la historia cuando Torcuato Fernández Miranda creyó que Adolfo Suárez sería un hombre manejable. Cometió el mismo error que han cometido, y cometen, tantos dirigentes que han creído poder seguir moviendo los hilos del poder por persona interpuesta con la designación de alguien de su confianza. Todos ellos deberían haber leído la obra de Jean Anouilh, Becket o el honor de Dios, sobre el enfrentamiento entre el rey Enrique II Plantagenet con el que había sido su dócil amigo y compañero de correrías, Tomás Becket, a quien consiguió colocar como cardenal arzobispo de Canterbury al frente de la poderosa y rica Iglesia de Inglaterra con el fin de someterla. Cuando intentó controlarla se encontró con que el fiel amigo se había convertido en un adversario frontal, consciente de su nueva responsabilidad, al que solo pudo doblegar quitándole la vida en 1170. La experiencia enseña que cuando alguien se ve investido de una autoridad propia, imbuido de unos deberes y responsabilidades nuevos, tiende a olvidar a quien le puso en el poder y hace lo que cree que debe hacer, y lo que cree que le conviene, por mucho que desagrade a su mentor.

Aunque el proyecto básico y esencial de reforma política hacia la democracia lo hizo Fernández Miranda, el que finalmente se puso en marcha a partir de la llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno pasó por varias manos y sufrió algunos cambios. En el primer Gobierno había juristas de peso como Landelino Lavilla, Aurelio Menéndez o Alfonso Osorio, igual que en el equipo de Moncloa, donde estaba José Manuel Otero Novas. Todos ellos adaptaron el proyecto a la evolución de los acontecimientos, aunque las líneas maestras habían sido diseñadas por Torcuato Fernández Miranda. Surgieron, además, algunas discrepancias de fondo entre este y Adolfo Suárez.

«Fernández Miranda no estuvo de acuerdo con la legalización del Partido Comunista, al menos en el momento en que se hizo —afirma Aurelio Delgado—, ni estuvo tampoco de acuerdo con que Adolfo Suárez se presentara a las primeras elecciones generales y creara un partido político como UCD. Estas y otras discrepancias le hicieron ver al entonces presidente de las Cortes que su patrocinado le había salido respondón».

El 31 de mayo, Fernández Miranda dimitió como presidente de las Cortes, y unas semanas después fue nombrado senador de designación real. Don Juan Carlos le concedió los mayores honores que puede otorgar la Corona y le hizo duque, grande de España y caballero de la Orden del Toisón de Oro. Al comienzo de la primera legislatura de la democracia, se integró en el grupo parlamentario de UCD en el Senado, pero el 2 de agosto de 1978 lo abandonó como consecuencia de sus discrepancias y del rechazo de sus propuestas, y se integró en el Grupo Mixto. Pronto tuvo conversaciones con Manuel Fraga de cara a integrarse en Alianza Popular; incluso se habló de que podría ir como número uno de esta formación en las listas de Madrid en las próximas elecciones generales. Pero cuando propuso a Fraga que hubiera una bicefalia en la cúspide del partido que don Manuel lideraba de forma omnímoda, este cortó en seco las negociaciones y ahí acabó todo.

Tras su salida del poder encontró refugio en un despacho que le ofrecieron Rafael Ruiz-Gallardón y Juan Gich para poder recibir visitas y atender a sus compromisos. Tuvo algunos problemas económicos porque, celoso de su independencia del mundo de los negocios, rechazó la propuesta de Alfonso Osorio para ser consejero de Petróleos del Mediterráneo (Petromed), una empresa vinculada al Banco Español de Crédito. Y, por razones de seguridad, en un momento en que el terrorismo estaba en alza, le aconsejaron que no se incorporara a su cátedra en la Universidad Complutense.

Cuando falleció en Londres de forma inesperada por un fallo cardíaco el 19 de junio de 1980, el rey le rindió su último homenaje con un funeral en la capilla del Palacio Real, un honor que en treinta y siete años solo concedió a dos personas ajenas a la familia real: al marqués de Mondéjar y a su leal preceptor. Al funeral no asistió ningún político del régimen que había desaparecido ni del que se estaba comenzando a construir.

¿Fue UCD un partido?

A comienzos de la primavera de 1977 saltó a los medios de comunicación el debate sobre si Adolfo Suárez debía presentarse como candidato en las elecciones generales que habrían de celebrarse el 15 de junio, porque en un país en el que durante treinta y siete años el Gobierno había tenido el poder absoluto existía el temor fundado de que el presidente utilizara todo o parte de esos poderes en su beneficio electoral. La desconfianza y el recelo llegaron a tal extremo que el propio Gobierno, para dar la mayor credibilidad y trasparencia al proceso electoral, renunció a que pudieran ser candidatos los ministros del gabinete. Y así lo hizo público el presidente en su discurso del 3 de mayo de 1977 cuando afirmó que para garantizar esta posición del Gobierno los ministros no serían candidatos, a pesar de que «en todos los países democráticos (…) los ministros y los altos cargos de la Administración participan normalmente como candidatos en las distintas elecciones».

Pero Adolfo Suárez era presidente del Gobierno y no tenía la condición de ministro y, por esta razón, quedaba legalmente fuera de esa prohibición. No obstante, con el fin de evitar suspicacias, se comprometió a no participar en la campaña electoral, algo inimaginable en nuestros días. Y así lo hizo público ese día de mayo de 1977: «Renuncio a una dedicación activa en la campaña electoral, que pueda prestarse a equívocos o malentendidos (…). Concurro a las elecciones sin privilegio alguno». Solo hizo un acto de campaña cuando, en compañía de su mujer, visitó Cebreros el 9 de junio.

Un vez resuelto este obstáculo, quedó por superar otro no menor. Había que improvisar un partido político desde la nada en vísperas de las elecciones, algo que se reveló desde el principio como una tarea imposible. La otra alternativa era buscar una plataforma electoral ya existente a la que potenciar con su prestigio político y que le sirviera de base y apoyo para presentarse a las elecciones.

El Centro Democrático era, de todos los partidos y coaliciones electorales, el que ideológicamente estaba más cerca del reformismo que defendía Adolfo Suárez para desmontar el régimen franquista e ir hacia una democracia plena. Ambos se necesitaban mutuamente. Los centristas que integraban el Centro Democrático solo eran, en realidad, unos pequeños grupos recién creados sin arraigo en el país, integrados por profesionales y personas capacitadas, algunas de ellas con prestigio y alguna notoriedad, pero sin ningún tipo de organización, muy escasos militantes y menos recursos económicos. Tenían sobre todo una carencia: no tenían un líder con tirón electoral que arrastrara votos.

Adolfo Suárez había emergido desde el anonimato hacía solo un año y, en ese periodo de tiempo, consiguió eliminar los obstáculos legales heredados del franquismo que impedían a los españoles ejercer libremente la soberanía, legalizó todos los partidos políticos y convocó las primeras elecciones libres en cuarenta y un años. Y todo ello se había conseguido en once meses, sin traumas y sin violencia, utilizando con astucia las leyes del régimen para lograr su demolición. Fueron muchos los españoles sorprendidos de que todo ocurriera con ese aire de naturalidad. El alivio de unos y la sorpresa de los otros se sintetizó en las personas del rey Juan Carlos y de Adolfo Suárez.

Fue fácil llegar a un acuerdo entre los centristas y el presidente porque ambos se necesitaban en aquel matrimonio de conveniencia y de coincidencias que se llamó Unión de Centro Democrático. En los últimos días de abril de 1977, Adolfo Suárez aterrizó en la coalición de centroderecha, a cuyo frente se puso a Leopoldo Calvo-Sotelo, su hombre de confianza con plenos poderes. Pronto llegaron los recursos económicos para crear delegaciones en las cincuenta provincias y financiar una campaña electoral, aunque no con excesiva largueza.

La UCD presidida por Adolfo Suárez proponía seguir con el proceso hacia la democracia plena que él había puesto en marcha desde que llegó a la presidencia del Gobierno y fue un partido moderado, reformista y democrático como otros muchos que en aquel momento existían en la Europa occidental. Tuvo un origen más complejo que el de Alianza Popular, porque fue el resultado de la suma de quince pequeños partidos políticos que se habían inscrito en el Registro de Asociaciones a finales de 1976.

El embrión de ese conglomerado fue el Partido Popular —que nada tiene que ver con la formación política que dirigió doce años después José María Aznar—, cuyas cabezas visibles fueron Pío Cabanillas, José María de Areilza, José Pedro Pérez Llorca, José Luis Álvarez o Miguel Herrero de Miñón. En este partido convivían personas procedentes del régimen anterior con democristianos, liberales y socialdemócratas que habían militado contra el franquismo. Esas procedencias múltiples hicieron posible que sirviera de soporte para una coalición de partidos de centro con ideologías afines, que se formó tras celebrar un congreso constituyente en febrero de 1977. Pocos días después esa coalición tomó cuerpo con el nombre de Centro Democrático.

La nueva coalición encabezada por Adolfo Suárez se formalizó el 3 de mayo —un mes y doce días antes de las elecciones generales— cuando Leopoldo Calvo-Sotelo firmó el acta fundacional de la Unión de Centro Democrático integrada por quince partidos: Partido Popular, encabezado por Pío Cabanillas; Partido Socialdemócrata, de Francisco Fernández Ordóñez; Partido Socialdemócrata Independiente, de Gonzalo Casado; Federación Socialdemócrata, de José Ramón Lasuén; Unión Socialdemócrata, de Eurico de la Peña; Partido Demócrata Cristiano, de Fernando Álvarez de Miranda; Federación de Partidos Demócratas Liberales, de Joaquín Garrigues Walker; Partido Progresista Liberal, de Juan García Madariaga; Partido Demócrata Popular, de Ignacio Camuñas; Partido Liberal, de Enrique Larroque; Partido Social Liberal Andaluz, de Manuel Clavero; Unión Demócrata de Murcia, de Antonio Pérez Crespo; Partido Gallego Independiente, de José Luis Meilán; Unión Canaria, de Lorenzo Olarte, y Acción Regional Extremeña, de Enrique Sánchez de León. A estos partidos hay que añadir un numeroso grupo de políticos, todos ellos provenientes del régimen anterior, que, como Adolfo Suárez, jugaron un papel clave en el seno de UCD, aunque no se aglutinaran en torno a un partido.

Adolfo Suárez y su partido ganaron las elecciones el 15 de junio de 1977 con ciento sesenta y cinco escaños, muy cerca de la mayoría absoluta de ciento setenta y seis diputados, que le permitieron gobernar en solitario con el apoyo puntual de las minorías vasca, catalana y de Alianza Popular. El resultado se celebró como un éxito porque superó al Partido Socialista en cuarenta y siete escaños y el partido de Fraga se quedó en dieciséis. Pero entonces nadie reparó, ni siquiera el propio presidente, en un problema de fondo que poco después obraría como un virus demoledor del partido.

Cuando unas semanas antes se elaboraron las listas con los candidatos a las elecciones, los hombres del presidente consiguieron incluir a personas de su confianza, pero no en proporción al peso que Adolfo Suárez tenía en la coalición. Los números son bien claros. De los ciento sesenta y cinco diputados que obtuvo UCD en 1977, solo cincuenta y siete eran hombres más o menos cercanos a Suárez; el resto, ciento ocho, pertenecían a los quince pequeños partidos que integraban la coalición electoral. Una decisión que Adolfo Suárez habría de lamentar dos años después, en 1979, cuando estalló la crisis en el seno de UCD.

Muchos de esos diputados que nunca controló y a los que ni siquiera conocía siguieron a sus antiguos jefes de partido y no a Suárez, porque estaban convencidos de que aquellos pequeños jefes de fila eran su único asidero, la única esperanza de mantener su escaño en el futuro. Pero esta esperanza se reveló fallida tres años después, cuando, eliminado el paraguas protector de la figura del presidente, fueron literalmente laminados en las elecciones del 28 de octubre de 1982. Únicamente se salvaron los que en los meses crepusculares de UCD buscaron refugio en otros partidos como Alianza Popular o el Partido Socialista.

Hasta diciembre de 1978, cuando se aprobó la Constitución, a todos les unió sin ningún tipo de fisuras un objetivo político común: ir de la dictadura a la democracia plena por un procedimiento pacífico de reforma sin ningún tipo de violencia y con la monarquía como forma de Estado. Era la ruptura sin traumas y sin vacío de poder. En este objetivo común, que el tiempo demostró ser lo único que les unía, estuvo la clave del auge de UCD. Pero la discrepancia que mantenían sobre cómo resolver otros muchos problemas que tenía España derivó en enfrentamientos internos y en su desaparición cinco años y medio más tarde. La otra debilidad de fondo de la formación centrista estuvo en que era un partido solo en la forma, porque en el fondo continuó siendo un conglomerado de pequeños grupos cuyos dirigentes se revolvían ante la sola posibilidad de perder su influencia y ser engullidos por el liderazgo de Adolfo Suárez.

Uno de los primeros síntomas de la descomposición de UCD fue el esfuerzo que Adolfo Suárez y sus hombres de confianza tuvieron que hacer para conseguir que lo que había sido una coalición electoral se convirtiera en un partido unido. Aunque esa unión se produjo el 12 de agosto de 1977, los quince grupos que la habían integrado estuvieron remoloneando durante meses y no se disolvieron hasta el mes de diciembre de ese año. Aquella disolución fue más formal que real porque, aunque los partidos desaparecieron nominalmente, no hubo una integración ideológica y fueron muchos los que continuaron considerándose solo miembros de sus antiguas y pequeñas formaciones.

Con Alianza Popular, la discrepancia esencial era una disparidad de fondo sobre el objetivo último a alcanzar tras la muerte del dictador. AP proponía que el régimen franquista evolucionara hacia una democracia atenuada con algunos retoques que le dieran un rostro menos duro y más amable. La propuesta centrista era convertir España en una democracia plena, como el resto de sus vecinos europeos, con todas sus consecuencias y con la posibilidad de que la oposición de izquierdas pudiera alcanzar el poder tras unas elecciones libres.

Alianza Popular estaba encabezada por Manuel Fraga y otros seis altos cargos del régimen de Franco —todos, menos uno, exministros— que representaban el continuismo de la derecha conservadora con alguna leve propuesta de reforma del sistema, pero que nunca apostó por el cambio sin reservas desde la dictadura a la democracia. Hay varios ejemplos de ello. Cuando el 9 de abril de 1977 Adolfo Suárez legalizó el Partido Comunista y fue inscrito en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, Manuel Fraga afirmó que había sido «un verdadero golpe de Estado, un grave error político, farsa jurídica y quiebra a la vez de la legalidad y la legitimidad», aunque año y medio después escenificó su aceptación presentando a Santiago Carrillo en la conferencia que pronunció a finales de octubre de 1977 en el Club Siglo XXI. Meses más tarde, una vez celebradas las elecciones del 15 de junio de 1977, se opuso a que las nuevas Cortes actuaran como Cortes constituyentes y redactaran una Constitución. No obstante, aceptó integrarse como diputado en la ponencia constitucional —el grupo conocido como «los padres de la Constitución»— y cuando a los dieciséis meses el proyecto estuvo terminado, lo aceptó y propuso a su grupo parlamentario que lo votara afirmativamente. En los dos primeros años de la Transición siempre fue a remolque del proyecto de Adolfo Suárez.

Pero la pulsión autoritaria de un amplio sector de su partido se puso en evidencia el 30 de octubre de 1978, cuando hubo que votar el texto definitivo de la Constitución en el Congreso de los Diputados. Entonces solo la mitad de los dieciséis diputados de Alianza Popular votaron afirmativamente: ocho votaron a favor, cinco en contra y tres se abstuvieron. Hubo dos votos muy significativos dentro del grupo popular, porque Gregorio López Bravo y Federico Silva Muñoz —ambos integrantes de la terna que el Consejo del Reino había elegido junto con Adolfo Suárez para que el rey nombrara presidente del Gobierno el 3 de julio de 1976— votaron «no» a la Constitución.

Los centristas proponían unas reformas como la fiscal y la laboral, que dotaran al Estado de más recursos para desarrollar políticas sociales y permitieran a trabajadores y empresarios negociar con libertad y autonomía la cuantía de los salarios y otras condiciones laborales, reformas que tampoco compartía Alianza Popular. En los albores de la Transición y en los primeros años de la democracia, había entre los dos partidos unas profundas diferencias sobre lo que había que hacer en España tras la muerte de Franco. Este choque ideológico alimentó el acoso que padeció Adolfo Suárez desde los primeros pasos de su mandato.

Se rompe el idilio

Una vez aprobada la Constitución en diciembre de 1978, urgía resolver los problemas básicos que preocupaban e incluso angustiaban a los ciudadanos, como la crisis económica y el paro, el modelo educativo y otros nuevos, como el divorcio, que habían emergido en una sociedad más abierta y secularizada. Las altas políticas de Estado habían permitido construir el nuevo régimen democrático y aprobar un texto constitucional basado en un consenso que iba más allá de los programas partidistas, pero ahora había que dejarlas a un lado para ocuparse de la ordinaria gobernación del país.

Fue entonces cuando se rompió el idilio entre las distintas familias que integraban el partido centrista. Cada una tenía en su ideario y defendía una solución concreta para resolver los problemas más importantes —la economía, la educación o el divorcio—, muchas veces enfrentada a las de otros compañeros de partido. Y esa imagen de división e incapacidad para afrontar con coherencia los problemas cotidianos de los españoles se trasladó casi de inmediato a la opinión pública.

UCD obtuvo un resultado mayoritario en las elecciones de 1977 y 1979 porque en ese primer año y medio muchos ciudadanos dieron su apoyo a un partido moderado que aseguraba el cambio sin riesgo, y porque confiaban en Adolfo Suárez, que les ofrecía seguridad con un proceso de reforma pacífico ante el incierto futuro que se abrió tras la muerte de Franco. Y esa fue una de las claves, si no la más importante, del éxito electoral de UCD.

La experiencia demostró que fuera de la coalición electoral centrista todos los pequeños partidos de esa ideología que concurrieron en solitario a las elecciones se vieron reducidos a la nada y no obtuvieron ni un solo escaño. Ese fue el caso de la democracia cristiana, liderada por José María Gil Robles y Joaquín Ruiz Giménez, que compareció a las elecciones con el nombre —algo peculiar, reconozcámoslo— de Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español, y solo obtuvo el 1,81 por ciento de los votos y ni un solo diputado.

Promulgada la Constitución el 28 de diciembre de 1978 y ganadas las elecciones generales dos meses después, el 1 de marzo de 1979, era necesario construir un nuevo Estado. Y entonces se produjo en el seno de UCD un duro enfrentamiento entre las fuerzas centrífugas, que conducirían a su voladura, y las centrípetas, que pretendían consolidar un partido de centro. La pugna se decantó en favor de las primeras y el resultado fue la puesta en marcha de una dinámica suicida que acabó destruyendo el partido centrista.

A medida que aumentaba el acoso a Adolfo Suárez, crecía el enfrentamiento entre los dirigentes de los distintos grupos que integraban UCD, azuzados y apoyados por diversos sectores que desconfiaban de un presidente del Gobierno que pretendía llegar demasiado lejos con sus reformas. Poderosos grupos económicos —que no le perdonaban la reforma fiscal de 1977—, altos mandos del Ejército, medios de comunicación y parte de la jerarquía eclesiástica y de los movimientos laicos intentaron domeñar y reconducir la política reformista de Suárez. Personas vinculadas a estos sectores trataron de propiciar, a partir de las elecciones de 1979, una «gran coalición» entre UCD y la conservadora Alianza Popular basada en lo que llamaban la «mayoría electoral natural». Adolfo Suárez y un sector de su partido se opusieron frontalmente a este propósito.

Partido Comunista, «… y ya no hay más pasás»

Resulta hoy sorprendente lo poco exigentes que fueron los Gobiernos europeos con la calidad de la democracia que se iba a restaurar en España tras la muerte de Franco. Alberto Aza acompañó como funcionario de la carrera diplomática a José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobierno de la monarquía presidido por Carlos Arias Navarro, en sus viajes al extranjero en el primer semestre de 1976 para «vender» el proyecto de democratización. Cuenta Aza que el ministro se limitaba a decir a sus interlocutores extranjeros que se autorizarían algunos partidos políticos, no todos, se celebrarían elecciones, y las nuevas Cortes decidirían el contenido y el alcance del nuevo sistema democrático. Y su proyecto no iba ni un paso más allá.

Al terminar su exposición, la primera pregunta que invariablemente le formulaban todos los dirigentes europeos con los que se entrevistaba era si los gobernantes españoles tenían previsto legalizar el Partido Comunista de España. Areilza siempre respondía con un rotundo «no». Es más, cuando le preguntaban si se legalizaría el Partido Socialista, respondía con un «ya veremos». Y estos planteamientos no solo no eran rechazados por los gobernantes de las democracias europeas, sino que en países como Alemania —entonces gobernada por la socialdemocracia de Helmut Schmidt en coalición con los liberales de Walter Scheel y de Hans Dietrich Genscher— eran aceptados con complacencia. Cuando Areilza y el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger se entrevistaron en Madrid el 25 de enero de 1976, la primera pregunta que también le formuló el dirigente americano fue si se iba a legalizar el Partido Comunista. Y la respuesta volvió a ser un «no» rotundo.

La sombra de Portugal estuvo presente entre los dirigentes europeos y los miembros del Gobierno español cuando, en el segundo semestre de 1976, el rey, Adolfo Suárez y Fernández Miranda pusieron en marcha su proyecto de transición a la democracia. Los aliados occidentales aceptaban con cautela y reservas el proceso de democratización español porque en aquellos años estuvieron bien presentes las consecuencias que para los intereses estratégicos occidentales tuvo la revolución portuguesa del 25 de abril de 1974, algunos de cuyos dirigentes militares eran de clara ideología marxista.

Vasco Gonçalves, primer ministro en 1974 y 1975 y simpatizante del Partido Comunista, nacionalizó, entre otros sectores, la banca, los seguros, la industria del acero, los transportes, la minería y las empresas de comunicación, y expropió buena parte de las propiedades agrícolas. El riesgo de que, en plena guerra fría, las dos naciones de la península ibérica dejaran de estar en la órbita occidental y entraran en el área de influencia de la Unión Soviética hizo que algunos países occidentales vieran con reservas y recelo el proceso democratizador en España.

A esta realidad evidente había que añadir otros tres factores estratégicos determinantes. Uno fue el interés de los aliados occidentales en contar con un Gobierno amigo que ayudara a mantener el control del paso desde el Atlántico al Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar. Otro fue el deseo de utilizar la costa española, desde la base naval de Rota en Cádiz hasta la frontera con Francia, con sus ocho aeropuertos, como plataforma de lanzamiento para la aviación americana desde la cual defender los intereses petrolíferos occidentales en los países de Oriente Medio. Y el tercero, la posición estratégica de las Canarias, situadas en el flanco occidental de la costa africana, en una ruta clave para que los grandes petroleros pudieran navegar desde el Atlántico al golfo Pérsico por el cabo de Buena Esperanza, como alternativa al canal de Suez.

En 1975 el partido de referencia para la izquierda en España era, sin duda alguna, el Partido Comunista. Durante los treinta y seis años que duró el régimen franquista mantuvo con él un enfrentamiento constante y frontal: en los años cuarenta, con la lucha armada de los maquis, y en los cincuenta, sesenta y parte de los setenta, con los movimientos laborales, vecinales, estudiantiles o culturales. Siempre fue la punta de lanza contra la dictadura, aunque entonces no defendiera la democracia representativa y parlamentaria y las libertades democráticas que, a la muerte de Franco, acabó aceptando. No obstante, era muy difícil distinguir si esa presencia activa del partido en la vida sindical, cultural, estudiantil, vecinal o académica estaba respaldada por un apoyo mayoritario de la población. Para medir su capacidad real de liderar la izquierda española habría que esperar a unas elecciones libres. Se corría el riesgo de confundir el éxito del Partido Comunista o del sindicato Comisiones Obreras en las movilizaciones o en las huelgas, que pedían mejoras salariales y avances sociales, con el hecho de que toda o gran parte de los movilizados fueran militantes o futuros votantes del partido.

Por ese motivo, el rey y Adolfo Suárez creyeron indispensable que el Partido Comunista se incorporara al proceso de transición hacia la libertad que comenzó en julio de 1976. Antes de legalizar el PC, el presidente del Gobierno encargó encuestas que cada quince días hizo al Instituto de la Opinión Pública, antecesor del actual Centro de Investigaciones Sociológicos (CIS). Recuerda el catedrático Juan Díaz Nicolás, que en aquellos años fue su director, que todos los sondeos que se hicieron en los meses previos a la legalización del PCE coincidían en que en torno a un 75 por ciento de los encuestados apoyaba la decisión de legalizarlo, pero cuando se les preguntaba por su intención de voto, esta no superaba el 10 por ciento, dato que confirmaron los resultados de las primeras elecciones del 15 de junio de 1977, en las que el Partido Comunista obtuvo el 9,33 por ciento de los votos. El apoyo a la legalización fue mayoritario, pero el apoyo electoral fue mínimo, porque una cosa fue su capacidad de organización en la clandestinidad y otra bien distinta, su capacidad de penetración en la sociedad española.

Siete días después de su legalización por Adolfo Suárez el 9 de abril de 1977, el comité central del partido aceptó la monarquía y la bandera roja y gualda. Esta aceptación fue mucho más que simbólica, porque al asumir esos símbolos estaban aprobando también el proyecto reformista hacia la democracia, al tiempo que enviaban un mensaje implícito al resto de los partidos de izquierda marcándoles el rumbo que había que seguir en aquellos meses de incertidumbre. Esta decisión del PCE cegó el camino a los partidos, entre los que estaba el PSOE, que proponían la ruptura como procedimiento para dotar a España de un régimen democrático de libertades. Porque si el máximo símbolo de la izquierda y de la oposición al franquismo admitía el proceso de reforma legal para llegar a la ruptura política, los otros partidos de esa ideología tendrían que hacerlo también. Y así ocurrió.

El pacto de intereses entre reformistas y comunistas satisfizo a ambas partes. A los primeros, porque, al dar su visto bueno al proyecto, el comunismo lo legitimaba ante los otros partidos de izquierda, y a los comunistas porque les permitía integrarse de forma inesperada, rápida y pacífica en la vida pública del país de la mano de los herederos directos de Franco a solo dieciséis meses de su muerte; un cambio radical impensable el 20 de noviembre de 1975.

Adolfo Suárez legalizó al Partido Comunista de España prácticamente en solitario. El 9 de abril era Sábado Santo y el país estaba de vacaciones. El matrimonio Suárez pasaba tranquilamente el día en La Moncloa con María José y Fernando Alcón —«Nunca hablábamos de política», recuerda Fernando— y sonó el teléfono cuatro veces en cortos intervalos. «Adolfo respondió lo mismo en las cuatro ocasiones: “Esta tarde, a las seis”. Ni yo le pregunté ni él me dijo nada, pero, transcurridas pocas horas, pude comprobar que las seis era la hora en que tenía previsto hacer pública la legalización del Partido Comunista», concluye Fernando.

Teodulfo Lagunero, catedrático de Derecho Mercantil, empresario de éxito, amigo de Santiago Carrillo y generoso protector del Partido Comunista durante muchos años, recuerda una anécdota que le contó Ignacio Gallego, dirigente histórico del partido, cuando regresó a España tras decenios de exilio y visitó Siles, el pueblo de Jaén en el que había nacido. Allí tuvo una reunión con los viejos militantes comunistas de la zona. Les explicó que los nuevos tiempos exigían nuevos comportamientos y que había que olvidarse de revanchas, que las diferencias había que resolverlas solo con los votos, y que no había que volver al pasado de violencia. Uno de aquellos viejos comunistas, hombre de pocas letras y muchas luces, la cogió al vuelo.

—O sea, que nosotros les dimos una pasá; luego, ellos nos dieron otra pasá, y ya no hay más pasás —le dijo para confirmar el mensaje que acababa de recibir.

—Eso es —le respondió Ignacio Gallego.

El «y ya no hay más pasás» aplicado a todos podría ser la expresión sencilla y popular que compartieron los españoles en los años de la Transición.

Las relaciones entre Adolfo Suárez y el Partido Comunista de España, y más concretamente con Santiago Carrillo, fueron ambivalentes y contradictorias, y únicamente discurrieron sin tensiones cuando los intereses comunes les empujaron a entenderse, porque la distancia ideológica que les separaba era abismal. Quienes estuvieron entonces al lado del presidente coinciden en afirmar que las relaciones entre ambos dirigentes estuvieron basadas en la lealtad. Cuando Carrillo llegó a acuerdos con Suárez, siempre los cumplió, mantuvo su palabra y nunca traicionó a su adversario político, que también fue leal con él.

Algo similar a lo sucedido con la legalización del PCE ocurrió siete meses más tarde, en octubre de 1977, cuando Adolfo Suárez se vio forzado a convocar a todos los partidos de la oposición a los Pactos de La Moncloa para tratar de taponar el boquete que la inflación había abierto en la economía española y por el que el país se estaba desangrando. Santiago Carrillo fue el primero en aceptar la propuesta de Adolfo Suárez y con su decisión forzó a Felipe González a participar en la negociación a pesar de que al principio no había mostrado ningún entusiasmo por entrar en ella, porque pensaba que si lo hacía contribuiría a salvar políticamente a Adolfo Suárez, condenado a quemarse en las brasas de la recesión económica en la que el país se estaba consumiendo.

El líder del PCE volvió a marcar la senda por la que el resto de los partidos de izquierda no tuvieron más remedio que transitar. Y lo hizo para tratar de compensar con protagonismo político en esos pactos el fracaso electoral que había sufrido el Partido Comunista en las primeras elecciones de la democracia recién estrenada a manos de su gran adversario histórico, el Partido Socialista, que obtuvo ciento dieciocho diputados frente a los solo diecinueve de los comunistas.

En ambos casos, Suárez y Carrillo acordaron un matrimonio de conveniencia y, como tal, condenado a ser efímero porque su ideología y sus clientelas electorales estuvieron radicalmente enfrentadas, aunque alejadas de la violencia de otros tiempos. Adolfo Suárez mantuvo una reserva de fondo con el Partido Comunista. En pleno auge del eurocomunismo, Santiago Carrillo se refirió al PC como «el partido de siempre», el de Stalin. En una entrevista a la periodista Oriana Fallaci, publicada el 10 de octubre de 1975 en L’Europeo, afirmó que había que hacer un poco la revolución y que en la revolución siempre había un poco de violencia. El uso de la violencia también parecía implícito en el discurso que pronunció en Bruselas el 1 de noviembre de 1970, pero los comunistas españoles eran conscientes de que sus fuerzas eran exiguas para llevar a la práctica esos propósitos. La evidencia de esa limitación y la evolución doctrinal que culminó en el eurocomunismo llevaron al Partido Comunista de España a renunciar a su proyecto de cambio político plasmado en la propuesta de la llamada «Platajunta», y a participar en el proceso pacífico y legal para restaurar la democracia.

La reserva de fondo de Adolfo Suárez derivaba de su convicción de que el Partido Comunista nunca había dejado de ser un aliado fiel de la Unión Soviética a la que le interesaba provocar la inestabilidad y la debilidad en nuestro país, aliado de los Estados Unidos. Siempre tuvo la intuición y la sospecha de que la Unión Soviética era la que en último extremo movía desde lejos los hilos de la organización terrorista ETA, dentro de su estrategia de provocar la inestabilidad en España y beneficiar así sus intereses estratégicos en los años de la guerra fría. Estaba convencido de que el terrorismo etarra arreciaba cada vez que el Gobierno español o el partido que lo apoyaba, UCD, hablaban del ingreso de España en la OTAN, y le obsesionaba la posibilidad de que una potencia tan poderosa como era la Unión Soviética controlara de forma más o menos disimulada al Partido Comunista de España. «Aunque esta sospecha nunca pudo demostrarse», afirma hoy el general Casinello.

La insistencia de Suárez en este asunto llegó al extremo de querer averiguar si la Unión Soviética contaba con algún dirigente comunista español que estuviera ejerciendo de vigilante en la sombra del poder que Santiago Carrillo tenía en el PCE. Adolfo Suárez contó en una ocasión en la casa de Fernando Alcón en Ávila que en marzo de 1978 el secretario general del PCE le había comentado que iba a pasar las vacaciones de Semana Santa en Rumania, invitado por su amigo Nicolás Ceausescu. Pocos días después, cuando Santiago Carrillo llegó al aeropuerto de Barajas junto a algunos familiares para tomar el avión a Bucarest, Adolfo Suárez, que estaba advertido del día y la hora de su salida, le hizo una llamada telefónica a la sala de autoridades, donde se encontraba el dirigente comunista a la espera de embarcar. Cuando se puso al teléfono, Suárez le dijo que le llamaba únicamente para saber quién era el dirigente de su partido que le iba a sustituir en su ausencia para poder establecer contacto con él en el caso de que fuera necesario. Carrillo, alarmado, le preguntó si había algún problema con los militares. El presidente le tranquilizó asegurándole que solo se trataba de una simple cuestión formal para conocer quién sería su interlocutor en esos días.

—Supongo que será Simón Sánchez Montero —añadió Suárez, como quien dice una obviedad.

—¡No! Romero Marín —le respondió Carrillo con la velocidad del relámpago.

A Carrillo le traicionó el subconsciente y dio el nombre de Francisco Romero Marín, que en aquellos años era considerado como uno de los hombres de confianza de la Unión Soviética en el PCE. Simón Sánchez Montero era oficialmente el número dos del Partido Comunista de España, mientras que Romero Marín era un dirigente en la sombra desconocido para el gran público. Al terminar la Guerra Civil española con el grado de teniente coronel, el Tanque, pues ese era el nombre de guerra de Romero Marín, se había refugiado en la Unión Soviética, donde recibió formación castrense en la Escuela Superior del Ejército Rojo M V Frunze, en la que acabó siendo profesor. En la Segunda Guerra Mundial luchó contra el Ejército alemán y llegó a alcanzar el grado de coronel del Ejército Rojo. Se le consideraba un hombre de toda confianza y posiblemente miembro del NKVD, antecesor del KGB. Cuando Adolfo Suárez colgó el teléfono, pensó que Carrillo había caído en la trampa y le había suministrado una información que vino a confirmar sus sospechas.

Hay un hecho posterior que entonces pasó desapercibido, y que todavía hoy es bien poco conocido. Y es que, una vez superado el filtro de su legalización en abril de 1977, el Partido Comunista celebró su IX congreso el 22 y 23 de abril de 1978, en el que se acordó una modificación en sus estatutos del año anterior. Los servicios de información del Estado tuvieron acceso al texto, que quedó así:

Artículo 1. El PC es una organización de vanguardia política de la clase obrera y las fuerzas progresistas de los pueblos de España, cuyo objeto es la consolidación y desarrollo de la democracia y la transformación socialista de la sociedad española, para llegar a la sociedad comunista.

Artículo 2. El Partido Comunista se basa en el marxismo revolucionario. Aprende críticamente en las experiencias del proceso revolucionario que inauguró la Revolución de Octubre dirigida por Lenin, y del movimiento obrero y de liberación.

Estas modificaciones fueron confirmadas ante notario el 13 de junio de 1979 por Santiago Carrillo, Jaime Ballesteros y… Francisco Romero Marín.

Cada vez que sus compañeros de partido, como Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores, urgían a Adolfo Suárez a comenzar los trámites para incorporar España a la OTAN, él siempre utilizaba como argumento de peso para retrasar el ingreso su temor a que la Unión Soviética pudiera forzar la intensificación del terrorismo etarra como represalia a esa decisión del Gobierno español.

El PSOE, antes y después de las elecciones de 1979

La sorpresa de las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977 fue el éxito imprevisto del Partido Socialista, con ciento dieciocho diputados, y el fracaso del Partido Comunista, con solo diecinueve escaños. El PSOE pasó a liderar la izquierda española, y a partir de esa fecha Felipe González se convirtió por imperativo de las urnas en el primer interlocutor de Adolfo Suárez. Santiago Carrillo, que había sido el dirigente de la izquierda con el que Adolfo Suárez había tenido un mayor contacto, dada la presencia y el activismo de su partido en los años del franquismo, fue apeado de ese protagonismo y sustituido por su mayor adversario en el seno de la izquierda.

En aquel momento, el PSOE aún no había terminado de definirse y dudaba entre seguir el camino radical o el moderado de la socialdemocracia europea. Los rasgos ideológicos y la estrategia de acción política que habían marcado al Partido Socialista Obrero Español desde su función, en 1879, seguían presentes un siglo después, en los años de la Transición. A lo largo de la última centuria, había oscilado, en ocasiones bajo una tensión extrema, entre la vía revolucionaria y la vía evolutiva para abolir el poder que la burguesía española llevaba detentando desde 1834, tras la muerte de Fernando VII.

Siempre existió dentro del partido una tensión entre un programa de máximos y un programa de mínimos. El posibilismo, la participación en las instituciones y la colaboración con la burguesía republicana a principios del reinado de Alfonso XIII, o conservadora entre 1923 y 1930, convivieron con la aspiración a poner en marcha la revolución social. O Indalecio Prieto o Francisco Largo Caballero. Y estos perfiles ideológicos y tácticos del socialismo español, en alguna medida contradictorios, explican su estrategia en los años de la Transición y su actitud cambiante en sus relaciones con Adolfo Suárez.

Por sorprendente que pueda parecer, las potencias occidentales influyeron en la evolución del Partido Socialista en los años de la Transición. Tras la caída del salazarismo en Portugal en 1974 y la muerte de Franco en 1975, Alemania y Estados Unidos observaban con inquietud la evolución de los acontecimientos en la península ibérica. Les preocupaba la posibilidad de que el comunismo se convirtiera en la fuerza hegemónica de la izquierda en nuestro país e, incluso, que llegara al poder, como había ocurrido en Portugal con Vasco Gonçalves, que gobernó entre julio de 1974 y diciembre de 1975.

Los socialistas alemanes conocían bien los mimbres con los que se estaba reconstruyendo el PSOE en los años setenta, y temían que el ala radical y claramente marxista se impusiera como sector dominante. El partido socialdemócrata alemán estaba dirigido entonces por el canciller Helmut Schmidt, un fiel aliado de los Estados Unidos, que defendían a su país de la amenaza rusa. Schmidt asumió la tutela del Partido Socialista para moderarlo y anclarlo en la socialdemocracia y, en esa estrategia, hizo una apuesta sin fisuras por Felipe González como líder de la izquierda española. Sabían que, a pesar del extremismo de algunas propuestas del programa socialista, él era la garantía de que el PSOE no escogería el sendero radical y optaría por el modelo socialdemócrata de las democracias occidentales, tanto en política económica como en política internacional. La apuesta por Felipe González estuvo avalada y apoyada a fondo por el excanciller y líder histórico del SPD, Willy Brandt.

Los hechos que siguieron al arrollador éxito electoral del PSOE del 28 de octubre de 1982, cuando obtuvo doscientos dos diputados, lo confirmaron, porque hubo una grandísima diferencia entre el programa radical de las elecciones de 1977 y 1979 y la moderación socialdemócrata con que gobernó a partir de diciembre de ese año.

Los vasos comunicantes entre los Estados Unidos y Alemania, uno de sus más fieles aliados en Europa continental, funcionaron en la guerra fría con la precisión que describió Galileo, entre otras razones porque la densidad de su temor a la amenaza comunista era la misma. Y la apuesta alemana por el Partido Socialista Obrero Español era compartida de forma casi milimétrica por los americanos.

Eso explica el curioso hallazgo del diplomático español Eugenio Bregolat, director del departamento internacional del gabinete de Adolfo Suárez, cuando visitó el Departamento de Estado en Washington tras las elecciones generales del 1 de marzo de 1979. «Descubrí, no sin sorpresa —recuerda el diplomático—, que en la pared del despacho del funcionario responsable de las relaciones con España colgaba un póster electoral de Felipe González». Esta circunstancia en apariencia banal hacía realidad la célebre frase de que una imagen vale más que mil palabras.

Aunque la colaboración del Partido Socialista fue esencial y determinante en la construcción del nuevo Estado democrático, una vez aprobada la Constitución y tras las elecciones del 1 de marzo de 1979 se quebró la lealtad básica, no incondicional, que hasta entonces había mantenido con el presidente del Gobierno.

Para Alberto Aza «el problema surgió cuando, contra lo que muchos habían previsto, el PSOE perdió las elecciones del 1 de marzo de 1979 y, unas semanas después, entre el 17 y el 20 de mayo, Felipe González fue derrotado en su enfrentamiento con el ala más radical y marxista de su partido en el XXVIII congreso del PSOE. Esa debilidad del dirigente socialista alarmó a sus protectores alemanes».

Concretamente, el día 18, el sector crítico del partido, en el que militaban dirigentes como Luis Gómez Llorente o Pablo Castellano, presentó en la comisión que debatía la ponencia ideológica una moción en la que se hacían afirmaciones como estas: «El PSOE reafirma su carácter de partido de clase, de masas, marxista, democrático y federal». Se llegó a aprobar en esta comisión un texto en el que se defendía «el reconocimiento de la realidad plurinacional de los pueblos y (…) la aprobación del principio socialista de la autogestión».

Joaquín Almunia presentó entonces una moción para moderar estos textos y darle un contenido claramente socialdemócrata, pero su propuesta fue rechazada y Felipe González hizo pública su decisión de no presentarse a la reelección como secretario general del partido. Dos derrotas en dos meses y medio. «Probablemente —recuerda Aza— ese fue el momento de mayor debilidad interna de Felipe González y del propio Partido Socialista por el riesgo de que el sector más radical acabara imponiéndose o de que se fraccionara el partido».

Adolfo Suárez, consciente del peligro que esta situación inesperada podía acarrear para el nuevo sistema democrático que se estaba montando, dio instrucciones a sus colaboradores y a todos los gobernadores civiles para que arroparan al Partido Socialista, incluso en los actos públicos, de forma que los ciudadanos visualizaran y percibieran que, a pesar de la crisis interna y de la dimisión de su secretario general, el PSOE seguía siendo el principal partido de oposición y la alternativa de gobierno entre el resto de los partidos de la izquierda. Cuatro meses después, en septiembre de 1979, Felipe González y Alfonso Guerra consiguieron con habilidad y mano firme darle la vuelta a la situación, recuperaron el poder en el partido y eliminaron el marxismo como fundamento básico de su ideología, relegándolo a la condición menor de ser un elemento más para analizar la realidad política del país.

Pero la señal de alarma había sonado. Los socialdemócratas alemanes quisieron averiguar por qué, en contra de lo que sus sondeos le anunciaban, el PSOE había sido derrotado por UCD en las elecciones. Hicieron un estudio sociológico para averiguar el motivo y descubrieron que la intervención personal de Adolfo Suárez en televisión el día de cierre de campaña —el 27 de febrero de 1979— en la que dramatizó e hizo creíbles ante los electores los aspectos más radicales del programa socialista, en contraste con la imagen moderada de sus dirigentes, fue determinante en la derrota de Felipe González. De ese estudio se deducía claramente que el único obstáculo que separaba a los socialistas del poder se llamaba Adolfo Suárez. Y así se lo comunicó personalmente el canciller alemán Helmut Schmidt al dirigente socialista español. Los socialistas españoles acusaron el golpe que Suárez les había lanzado en su intervención.

El análisis que la socialdemocracia alemana hizo de las dos derrotas de Felipe González en once semanas y de sus consecuencias fue contundente: «Sus dirigentes llegaron a la conclusión de que, si este caía —recuerda Aza—, el PSOE podría partirse entre moderados y radicales —entre socialdemócratas y marxistas— y hasta podría desaparecer en beneficio del Partido Comunista. Les alarmó que resucitaran los fantasmas del enfrentamiento entre Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, que tanto dañaron al Partido Socialista en los años treinta del siglo pasado. Pensaban que la única forma de hacer frente a este grave riesgo de quiebra y desaparición del partido en beneficio del PCE era fortalecer la figura de Felipe González, que tenía una evidente madera de líder y una innegable capacidad de arrastre entre el electorado de izquierdas. Para conseguirlo consideraban imprescindible que el dirigente socialista “tocara poder”, porque ejerciéndolo robustecería y reforzaría su autoridad interna en el partido. Llegaron también a la conclusión de que esperar cuatro años hasta las próximas elecciones generales era demasiado tiempo para conseguir fortalecer el liderazgo de Felipe González; podían ocurrir demasiadas y no buenas cosas en el PSOE».

Y en este análisis de la socialdemocracia alemana está el origen de las prisas de los socialistas españoles por eliminar políticamente a Adolfo Suárez, prisas que les llevarían a hacer cosas non sanctae en los dos años siguientes.

Aunque el primer indicio conocido de tales cosas non sanctae se produjo en la entrevista nocturna entre Francisco Fernández Ordóñez y Felipe González el 19 de febrero de 1979 en el hotel Corona de Aragón de Zaragoza en plena campaña electoral, los dirigentes socialistas dieron un paso más a la vuelta del verano de ese año. En el mes de noviembre, Íñigo Cavero, ministro de Justicia y miembro del sector democristiano de UCD, recibió una invitación para reunirse con varios dirigentes socialistas. Inmediatamente informó a Adolfo Suárez y le pidió instrucciones sobre lo que debía hacer. Suárez le dijo que la aceptara y le contara luego lo que le propusieran. La sorpresa de Cavero fue mayúscula cuando llegó al lugar acordado y se encontró a varios compañeros de su partido, también de ideología democristiana, reunidos con los máximos dirigentes del Partido Socialista. En la reunión les propusieron sin rodeos un pacto con reparto de poder para que se unieran a una moción de censura que estaban urdiendo con el fin de sacar de la presidencia del Gobierno a Adolfo Suárez. Cavero escuchó en silencio e informó inmediatamente al presidente del contenido de la entrevista.

La respuesta de Suárez no se hizo esperar. Convocó a Felipe González en La Moncloa y tuvo con él una larga y tensa entrevista que se convirtió en una «bronca tremenda» hasta bien entrada la noche, en la que no faltaron algunos puros para el dirigente socialista y bastantes cafés para Suárez. Aunque el presidente no contó a los suyos lo que ambos se dijeron, no hay que ser un lince para suponer que aquel encuentro no fue precisamente unos juegos florales. Uno de los colaboradores más cercanos al presidente comentó entonces: «Así agradecen los socialistas y Felipe González el apoyo que han recibido de Adolfo Suárez en su crisis de los últimos meses».

Contra viento y marea: crisis económica y terrorismo

Los últimos meses de 1979 enfilaron un futuro incierto. La situación económica ofrecía un panorama contradictorio de luces y sombras; era una moneda con dos caras. Una ofrecía un rostro ligeramente esperanzador, porque se adoptaron las medidas para hacer frente a la inflación y a la recesión económica, que fueron las compañeras inseparables de los años en los que Adolfo Suárez gobernó España. La doble crisis del petróleo motivada por la guerra del Yom Kippur entre árabes y judíos en 1973 y la guerra entre Irak e Irán en 1979, que en seis años multiplicaron por once el precio del barril, fueron un mazazo que hundió la economía occidental, y del que España no se pudo librar. Hay un dato contundente que refleja la caída en picado de la riqueza de nuestro país, y es que el crecimiento del Producto Interior Bruto pasó del 7,8 por ciento en 1973 al -0,4 por ciento en 1979.

En agosto de 1977, Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente del Gobierno responsable de asuntos económicos, advirtió a Adolfo Suárez del riesgo que suponía una inflación desbocada, que ya estaba en el 26 por ciento. Si no se adoptaban medidas rápidas y drásticas, podría alcanzar a final de año el peligroso nivel del 40 por ciento, lo que supondría el caos económico y el fin de su proyecto político. El presidente reaccionó y convocó a los dirigentes de los partidos que habían obtenido representación parlamentaria en las elecciones de 1977 para acordar con ellos unas medidas de austeridad imprescindibles con las que sacar a la economía española de aquel pozo.

Los Pactos de La Moncloa consiguieron detener la escalada del Índice de Precios al Consumo en el 24,5 por ciento en 1977. La lucha contra la inflación fue muy dura con avances muy lentos. En 1978 bajó al 16,5 por ciento y en 1979 al 15,7, pero hubo que esperar al año 1987, ya con el Gobierno del Partido Socialista, para que la inflación descendiera al 4,7 por ciento, un nivel razonable en relación con el pasado más reciente. La batalla contra el alza desbocada de los precios fue durísima y llevó nada menos que diez años, con Gobiernos centristas y socialistas. También se logró pasar de un déficit de la balanza de pagos de cinco mil millones de dólares en 1977 a tener un superávit de mil quinientos millones en 1978. Y ambos logros fueron un éxito indiscutible. Los pactos —que tuvieron mucho de plan de estabilización con recortes, acompañado de contrapartidas sociales— sanearon lentamente la economía española y fueron el cimiento de la prosperidad que el país vivió hasta la recesión que comenzó en 2008.

No fue fácil convencer a algunos dirigentes de partidos de la oposición sobre la necesidad de llegar a un gran pacto. «Felipe González mostró su reticencia a acudir a la convocatoria de los Pactos de La Moncloa —recuerda Alberto Aza—, hasta el punto de que a las doce de la noche del día anterior tuve que llamarlo por teléfono a su domicilio de la calle Pez Volador, en el barrio de la Estrella de Madrid, para insistirle en que asistiera. Aunque su respuesta no fue muy tranquilizadora, al día siguiente, afortunadamente, asistió».

«La necesidad de estos pactos —continúa— puso de manifiesto el error de los que creyeron que lo urgente era la reforma política y que la economía podría esperar, porque la realidad fue tozuda; la economía tampoco pudo esperar, hasta el punto de que, si no se hubiera actuado con rapidez, podría haber dado al traste con la reforma política. Los Pactos de La Moncloa fueron fruto de un consenso económico, además del político, y aportaron crédito y solvencia internacional a España, algo que nunca se ha valorado suficientemente cuando se han analizado». «Fuera de España —concluye Alberto Aza— se recibieron como un mensaje muy serio que proporcionó estabilidad económica y política al país».

Pero esa era solo una de las dos caras de la moneda, porque la otra mostró su perfil más duro y amargo en diciembre de 1977 cuando se hizo público que el incremento del paro en ese año había sido de doscientos cincuenta mil personas, hasta llegar al millón ochenta mil desempleados. Esta cifra, que hoy nos parece envidiable, hace treinta y cinco años fue un mazazo para el Gobierno.

Los datos de mejora de la inflación y del déficit exterior eran objetivamente buenos, pero solo eran datos macroeconómicos alejados de los problemas reales e inmediatos que vivían los ciudadanos amenazados en su vida diaria por un desempleo rampante, cuyos salarios estaban perdiendo capacidad adquisitiva barrenados por la subida del coste de la vida. Había, además, un elemento añadido para entender el hondo malestar social de entonces, y fue que nuestro país había vivido entre 1960 y 1974 la mayor ola de prosperidad en siglos —el crecimiento medio del Producto Interior Bruto en esos años fue del 6,7 por ciento, el segundo más alto del mundo después de Japón—, y cuando esa ola se estampó de repente contra el muro de la crisis del petróleo, el sentimiento de desencanto fue mayor de lo que habría sido si los españoles no hubieran saboreado en esos catorce años las mieles de una prosperidad que, aunque insuficiente, nunca hasta entonces habían conocido. Su referencia ya no era la pobreza que grandes masas del país habían padecido durante siglos, sino un bienestar recién estrenado que no querían perder. Y muchos empezaron a señalar al Gobierno y a su presidente como responsables únicos de la crisis.

Pero fue el terrorismo etarra la mayor amenaza para la estabilidad de su Gobierno y de las instituciones. En 1975, año en que murió Franco, ETA asesinó a veintiséis personas; en 1976, a veintiuna; y en 1977, año de las primeras elecciones libres, a veintiocho. En 1978, en el que se aprobó la Constitución, el número de víctimas ascendió de forma dramática a ochenta y cinco; en 1979 subió a ciento veintitrés; y en 1980 llegó a ciento veinticuatro, con una media de un asesinato cada tres días. En total, el terrorismo causó trescientas sesenta y seis víctimas en los cincuenta y cinco meses que Adolfo Suárez ocupó la presidencia del Gobierno. La mayoría de ellos eran militares, muchos de alta graduación, asesinados por ETA con el propósito evidente de provocar al Ejército y empujarlo a dar un golpe de Estado contra la frágil democracia recién recuperada, algo que el terrorismo estuvo a punto de conseguir con el fallido golpe del 23 de febrero de 1981.

Hay que hacer hoy un gran esfuerzo de imaginación y ponerse en el lugar de la ciudadanía y de sus gobernantes de aquellos años de sangre para valorar su esfuerzo frente a aquella agresión permanente y al clima de terror e impotencia que generó. Sacar adelante una operación de cambio político en un tiempo en el que las bombas, los crímenes —en ocasiones masivos—, los secuestros, la extorsión y la violencia callejera eran la noticia que casi a diario golpeaba a los españoles en las portadas de los periódicos y en los telediarios da una idea de la insospechada estabilidad de fondo que demostró tener la sociedad española de aquellos años.

La organización terrorista intuyó que, a medio y largo plazo, el nuevo régimen democrático podría ser el principio del fin de su estrategia de muerte, porque ejercer el terrorismo contra una dictadura —que es un régimen ilegítimo por su propia naturaleza— podía ofrecer una aparente coartada para tratar de justificar sus crímenes, pero esa coartada había desaparecido cuando la violencia se ejercía contra un régimen democrático que reconoce los derechos y las libertades. Por ese motivo, ETA lanzó sus más sangrientos zarpazos de provocación contra el Ejército en los primeros años del cambio político y, a medida que avanzaba la construcción de la democracia, sus atentados fueron más numerosos y sanguinarios.

El verdadero enemigo del terrorismo no fue el franquismo; era la nueva democracia, que es la que finalmente lo ha derrotado. Quienes estuvieron al lado de Adolfo Suárez recuerdan que, incluso en los momentos más duros del embate terrorista en 1980, siempre sostuvo que el sistema democrático acabaría derrotando al terrorismo etarra; afirmación que hoy es más fácil de entender, pero hace treinta y cuatro años parecía una mezcla de ensoñación y voluntarismo que casi nadie comprendía. Esa fue su apuesta: «Es duro, terrible, pero se les vencerá», decía a los que estaban a su lado.

En una intervención dirigida al país el 29 de enero de 1977, Adolfo Suárez advirtió de la estrategia del terrorismo etarra contra el nuevo sistema de convivencia: «Los grupos extremistas y automarginados desean impedir el paso a la democracia del pueblo español. Lo están demostrando por todos los medios a su alcance: la fuerza de la violencia, la coacción, el secuestro y el crimen (…). Acciones de esta naturaleza (…) es lógico que provoquen reacciones difíciles de controlar en un primer momento (…), somos conscientes de la importancia del desafío. Se trata de hacer inviable nuestro camino hacia una convivencia civilizada (…). ¿Y cuáles son los objetivos que tratan de alcanzar estos grupos profesionales del terror? Atemorizar a la población, romper la confianza en el Gobierno, cualquiera que sea ese Gobierno (…), provocar a las Fuerzas Armadas y a las de Orden Público». Dejó claro que los etarras vencerían «si ustedes se atemorizan (…) si consiguen hacerles creer que se han equivocado al aprobar la reforma política», pero también advirtió: «No nos asustan ni nos harán torcer nuestro rumbo». Aunque, con su provocación al Ejército, los terroristas estuvieron a punto de conseguir que el barco se fuera a pique la tarde del 23 de febrero de 1981.

ETA avanzaba en su camino de muerte y destrucción sin que los cuerpos de orden público heredados del régimen anterior lograran contenerla. El valor de miles de guardias civiles y policías, muchos de los cuales dieron su vida, no era suficiente para hacer frente a aquel órdago lanzado al Estado. La experiencia de esos años demostró que la actuación policial se basaba más en el temor derivado del control y de la represión política de muchos años de dictadura que en la cualificación, en la investigación y en una organización profesional adecuada para la lucha antiterrorista. La autocomplacencia de unos cuerpos que durante más de treinta y seis años habían controlado con dureza el orden público y el político se convirtió con el paso del tiempo en rutina incapaz de reaccionar con reflejos y eficacia contra el embate terrorista.

Valga como ejemplo de esa rutina que cuando el general José Antonio Sáenz de Santamaría asumió el puesto de delegado general del Gobierno en el País Vasco en febrero de 1980, descubrió con sorpresa que inmediatamente después de producirse un atentado las fuerzas de seguridad montaban controles en las autopistas y carreteras de esa comunidad, pero no en los caminos vecinales que unen caseríos y municipios. Su sorpresa fue aún mayor cuando se le informó de que no existían ni mapas ni planos de esos caminos, que desde hacía veinte años se habían convertido en un coladero por el que se escapaban con la mayor impunidad los comandos tras la comisión de sus atentados. Pocos meses después, los mapas estaban terminados y aumentó el número de comandos detenidos.

Otro ejemplo de la rutina y la autocomplacencia de buena parte de los cuerpos de seguridad de aquellos años para hacer frente a la dureza del embate terrorista ocurrió en el cuartel de la Policía Nacional de Basauri. Los policías salían habitualmente al campo de deportes del cuartel, situado a cincuenta metros de la autopista Bilbao-Behovia, para hacer deporte o jugar al fútbol con unos horarios que se repetían con rutina de cuartel todos los días y que los terroristas pudieron comprobar con detalle a lo largo de semanas. La mañana del 20 de noviembre de 1978 seis etarras salieron de tres coches que aparcaron en el arcén de la autopista y, apoyados en la valla lateral de medio metro de altura, dispararon con comodidad y sin problemas sus armas automáticas, primero, contra los dos centinelas que hacían guardia en sus garitas y, luego, contra los treinta y tres policías nacionales que jugaban un partido de fútbol. Murieron dos agentes y otros dieciséis resultaron heridos, además de un civil que esperaba el autobús cerca del cuartel. Eso ocurrió el año en que el terrorismo había asesinado a ochenta y cinco personas, lo que da idea de hasta qué punto la mentalidad ordenancista de las fuerzas de seguridad del Estado heredadas del régimen anterior estaban condicionadas por la rutina, adolecían de una escasa capacidad de reacción y carecían en muchas ocasiones de la eficiencia y los reflejos necesarios para hacer frente a un enemigo implacable y bien adiestrado en las técnicas terroristas.

Un tercer ejemplo, en este caso de la Armada, se vivió la madrugada del 2 de octubre de 1981, cuando un comando de ETA colocó una bomba en el casco del buque de guerra Marqués de la Ensenada, atracado en el muelle de Santander, y la explosión le abrió un boquete de enormes dimensiones. La protección de doble casco evitó que el barco se fuera a pique. El Marqués de la Ensenada era uno de los buques de la Armada que patrullaba en el Cantábrico para evitar que los comandos etarras se infiltraran en España por mar desde Francia. En marzo de ese mismo año, el Ministerio del Interior había informado a los gobernadores civiles de las provincias de la cornisa cantábrica que tenía conocimiento de que ETA planeaba una acción, aunque no se sabía exactamente de qué tipo, contra uno de los barcos que patrullaban en el Atlántico. De inmediato trasladaron la información a los responsables de los navíos para que adoptaran las medidas de protección necesarias.

El Marqués de la Ensenada se hallaba atracado en un muelle hueco, cuya superficie estaba sostenida solo por una estructura de pilotes clavados en el fondo del mar. Esa madrugada, los etarras se desplazaron por el muelle sin dificultad hasta llegar a la altura del barco y, una vez allí, se echaron al agua para adosar en el casco dos bombas-lapa de explosión retardada, una de las cuales no estalló y fue recuperada la mañana siguiente por buceadores de la Guardia Civil. Tras las primeras investigaciones se supo que, para evitar que un terrorista se acercara al buque por el agua y colocara una bomba, que es lo que sucedió, cada cinco minutos el sonar del navío emitía unas ondas de alta potencia que podían causar la muerte inmediata a quienes trataran de hacerlo. Pero entonces se descubrió que el sonar se desactivaba todos los días —nunca se supo por qué— a las nueve de la noche hasta la mañana siguiente. También se conoció que la vigilancia que protegía el buque esa madrugada eran dos marineros, uno situado en la proa y otro en la popa. Dos marineros y el sonar desactivado eran toda la protección de un buque que estaba destinado a luchar contra ETA y en el que dormían unos cincuenta hombres, cuya vida salvó el doble casco y la suerte. Y es que pocos días antes, el Marqués de la Ensenada relevó a otro buque, que había estado prestando ese mismo servicio de vigilancia pero que carecía de doble casco, por lo que se habría ido a pique con la tripulación a bordo.

A la falta de preparación de las fuerzas de seguridad españolas para combatir el terrorismo, había que sumar la nula colaboración que el Gobierno francés, y muy especialmente su presidente, Valéry Giscard d’Estaing, prestaron a España en aquellos años para hacer frente a la violencia etarra. El sur de Francia se convirtió en un santuario para los terroristas, que se movían con la mayor impunidad y tolerancia de las autoridades galas a cambio de no extender sus reivindicaciones separatistas ni sus acciones criminales a territorio francés. Era una póliza de seguro contra atentados en su país cuya prima pagaban las autoridades francesas a los etarras con la sangre y la vida de ciudadanos españoles. Muy pocos en el país vecino hacían el más mínimo reproche a su Gobierno. Una de las pocas excepciones la protagonizó el entonces muy influyente semanario de centro izquierda L’Express, que en su número de la semana del 13 de diciembre de 1980 vertía este reproche a sus gobernantes: «¿Es que Francia puede lavarse las manos en el caso del terrorismo vasco?».

Con la llegada al poder de François Mitterrand, Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, el Estado francés comenzó a colaborar, con mucha lentitud y limitaciones en los primeros años, y después progresivamente hasta la derrota final del terrorismo etarra. Un ejemplo de esas limitaciones ocurrió tras la entrevista que el 2 de junio de 1981 tuvieron en el palacio del Elíseo el presidente del Gobierno español, Leopoldo Calvo-Sotelo, y el de la República francesa, François Mitterrand. Al terminar la reunión, el primer ministro francés Pierre Maurois tuvo un breve encuentro improvisado con los periodistas españoles en la escalinata del palacio, y cuando uno de ellos le preguntó por la negativa francesa a entregar terroristas etarras a las autoridades españolas, contestó, alzando la voz con gesto enfático y teatral, que hacerlo «comme dans le passé, jamais, jamais» («como en el pasado, nunca, nunca»). Esta afirmación del primer ministro de Mitterrand era fruto de la mala conciencia que durante decenios arrastró la clase política gala por el recuerdo de la entrega que hizo el Gobierno de Vichy de dirigentes republicanos españoles exilados en Francia al Gobierno de Franco en los años de la ocupación nazi.

Los datos que reflejan el comportamiento de las autoridades francesas son contundentes: en los años 1980, 1981 y 1982, el Gobierno francés, con Giscard y Miterrand en la presidencia de la República, desatendió la extradición de treinta etarras solicitada por el Estado español. El diario El País recogió el 19 de junio de 1981 unas declaraciones del ministro francés del Interior, exalcalde de Marsella y conocido dirigente del Partido Socialista, Gastón Deferre, al semanario Le Nouvel Observateur. La información del diario madrileño decía: «Francia no concederá las extradiciones de los militantes vascos actualmente detenidos en este país y pendientes de la decisión del Gobierno sobre su caso. Así lo afirmó ayer (18 de junio) el ministro del Interior Gastón Deferre, en vísperas de su viaje a Madrid en unas declaraciones publicadas al semanario de sensibilidad socialista Le Nouvel Observateur. Otros miembros del gabinete de Pierre Maurois, en privado, se han manifestado recientemente en el mismo sentido. Para Deferre el combate de estos militantes “es político”. El ministro del Interior respondió a la pregunta sobre la posibilidad de extradición de los vascos perseguidos. “No. Quizás porque yo he vivido clandestinamente, siento con fuerza que conceder la extradición es contrario a todas las tradiciones francesas, sobre todo cuando se trata como en este caso de un combate político. Viajaré próximamente a Madrid para entrevistarme con el ministro español del Interior. Le voy a explicar lo que hacemos, pero la extradición no, no es posible”. Días pasados un importante ministro, en privado, confió a algunos conocidos: “No habrá extradiciones”. En las esferas de poder francesas se manifiesta ese mismo sentimiento, aunque a veces se matiza: “Quizás una o dos, si se trata de delitos comunes”. Pero las declaraciones de Deferre, cuando se dispone a viajar a Madrid, parecen clarificar el criterio que seguirá el Gobierno a la hora de decidir sobre la naturaleza del delito de los vascos pendientes de su decisión».

Giscard siempre se pavoneó —arte en el que es un virtuoso— de ser una especie de tutor político y consejero de don Juan Carlos y de adoptar una actitud paternalista con la entonces joven democracia española y con su joven rey. Pero la realidad es que no hubo en aquellos años un dirigente político extranjero que jugara más a fondo contra los intereses de España que Valéry Giscard d’Estaing. No solo se cerró en banda a cualquier colaboración en la lucha contra el terrorismo, sino que vetó durante todos sus años de mandato presidencial la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, y su Gobierno nunca actuó con diligencia cuando los agricultores franceses incendiaban camiones españoles cargados de fruta y verduras. La gendarmería siempre llegaba tarde y casi nunca detenía a los incendiarios.

El arrogante vecino del norte

En junio de 1980, concretamente el día del Corpus, Valéry Giscard d’Estaing hizo públicas unas declaraciones que fueron un frenazo en seco a las aspiraciones españolas para entrar en la Comunidad Económica Europea. Su ministro de Comercio y anterior embajador de Francia en España, Jean François Deniau, lo confirmó el día 9 de junio de 1980; un día después el diario Ya titulaba: «Deniau suscribe el cerrojazo de Giscard a España». En esta operación no estuvo solo, porque cinco días después el mismo periódico informaba: «También Schmidt [canciller de la República Federal Alemana] nos hace esperar». Giscard adoptó esta posición con el doble objetivo de proteger la agricultura francesa de la competencia española y de tener al sur un vecino débil, una de las constantes históricas de la política exterior francesa. Mientras tanto, no dudó en ser uno de los principales valedores de la entrada de Grecia en la Unión Europea, país que incumplía varios de los requisitos mínimos para el ingreso. No obstante, Giscard tuvo la osadía de pedir al rey la concesión del collar de la Orden del Toisón de Oro, la más alta condecoración que otorga la Corona de España, y de exigir que en su visita al Congreso de los Diputados se le franqueara la entrada principal del edificio conocida como la Puerta de los Leones, que únicamente se abre cuando el rey acude a la Cámara para inaugurar la legislatura. Ambas pretensiones fueron rechazadas por las autoridades españolas con una mezcla de cortesía y contundencia.

Existe una opinión algo extendida de que la ausencia total de sintonía personal entre Adolfo Suárez y Valéry Giscard d’Estaing y la falta de entendimiento político entre ambos fue culpa del presidente del Gobierno español. Según sus colaboradores más próximos, fue el presidente francés, paradigma de la arrogancia en su propio país, quien lo minusvaloró y despreció de forma sistemática. Giscard creía que como jefe de Estado su único interlocutor era don Juan Carlos, y tomaba como una humillación tener que negociar con quien consideraba un inferior, actitud imposible de entender en alguien que conocía perfectamente la diferencia entre las competencias del jefe del Estado entre un régimen parlamentario, como el español, y en uno presidencialista, como el francés.

Esa posición arrogante y su oposición sistemática a la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y a colaborar en la lucha contra el terrorismo hizo que el entendimiento entre ambos fuera imposible, a pesar del esfuerzo que el rey hizo por mediar y suavizar esa tensión. En la visita que Adolfo Suárez realizó a París en noviembre de 1979, Giscard le ofreció un almuerzo el día 26 en el palacio del Elíseo al que asistieron cinco ministros españoles, el primer ministro francés Raymond Barre y varios miembros de su Gobierno. Antes de pasar al comedor hubo un encuentro de media hora entre Suárez y el presidente francés, acompañados ambos por un reducido equipo de colaboradores, en el que Adolfo Suárez hizo una propuesta al presidente de la República en los siguientes términos: España tenía que renovar sus cazabombarderos y todo apuntaba a que la empresa norteamericana McDonald Douglas, que fabricaba los F18, era la que tenía mayores posibilidades de quedarse con ese contrato, que sumaba varios miles de millones de pesetas. A cara de perro, Adolfo Suárez propuso a Giscard que «si Francia colabora a fondo con España en la lucha contra ETA, España renunciará a los aviones americanos y comprará los Mirage franceses». Estas palabras las oyó Alberto Aza, que estuvo presente en la entrevista. Pero Giscard no recogió la propuesta, y su Gobierno y su policía continuaron haciendo de Francia un santuario de impunidad para los terroristas de ETA.

Adolfo Suárez contó en una ocasión en casa de Fernando Alcón que la última vez que se trasladó a París lo hizo a petición insistente de don Juan Carlos, no sin advertirle antes de que la entrevista no serviría para avanzar ni un milímetro en los asuntos pendientes entre ambos países. Cuando descendió del coche en la puerta del palacio del Elíseo, residencia del presidente de la República, vio que, en contra de lo que suele ser una muestra habitual de cortesía con los invitados de alto rango, Giscard no le estaba esperando, con el pretexto de que se trataba de un huésped de rango inferior al suyo.

«Un alto funcionario me acompañó hasta la puerta del despacho presidencial —continuó su relato—, y cuando esta se abrió, apareció Giscard al fondo de la larga estancia acompañado de varios colaboradores. Le busqué con la mirada y le hice un gesto sonriente de saludo al que él no me respondió y, con aire displicente, comenzó a hablar con un colaborador que estaba a su derecha. Encajé el desdén y en el momento de entrar en el despacho presidencial, en lugar de dirigirme directamente a saludarle, giré a la izquierda, me detuve ante uno de los varios cuadros que colgaban de la pared y le pregunté a quien me acompañaba todos los detalles sobre el autor, la época y el tema de la pintura. Cuando terminó, hice lo mismo con el cuadro siguiente ante la mirada incrédula de Valéry Giscard d’Estaing y de sus acompañantes. Naturalmente, mi curiosidad por esos cuadros era nula, y simplemente trataba de responder a su desdén. Fueron unos pocos minutos pero a todos se les hicieron interminables. Cuando finalmente llegué hasta Giscard, el saludo fue gélido y el encuentro fue un fracaso más».

Hay un dato revelador de hasta qué punto los Gobiernos franceses fueron renuentes a colaborar con las autoridades españolas en la lucha contra el terrorismo etarra, y es que todavía, a comienzos del año 1986, había entre seiscientas y ochocientas personas vinculadas a ETA que gozaban en Francia del estatuto de refugiado político. Aún en el año 1989, cuando se celebraron las llamadas «conversaciones de Argel» entre representantes del Gobierno español y los terroristas, la mayoría de sus dirigentes, como el jefe de los negociadores etarras Domingo Iturbe Abásolo, Txomin, y otros que no eran dirigentes gozaban del estatuto oficial de refugiado político en Francia.

Hoy resulta difícil entender que doce años después de que en España se hubieran celebrado las primeras elecciones libres, once de que se aprobara la Constitución y algo más de seis de que el Partido Socialista estuviera gobernando España, el Estado francés presidido por el socialista François Mitterrand continuara reconociendo el estatuto de refugiado político a miembros de una banda terrorista que desde 1977 había asesinado a quinientas cuarenta y cinco personas.

Hasta el 19 de octubre de 1988 no se puso fin a la concesión de nuevos estatutos de refugiado político, y hubo que esperar al 16 de mayo de 1989 para que se autorizara la primera comisión rogatoria y el juez Baltasar Garzón y la fiscal Carmen Tagle, asesinada por los terroristas cuatro meses después, pudieran trasladarse a Francia e interrogar en sede judicial francesa a Santi Potros, a Elena Beloki y a Esteban González Batalaza. A partir de esa primera visita, el juez Legrand acordó agilizar las comisiones rogatorias para que se pudieran instruir sumarios simultáneamente en España y en Francia.

Antes de que empezara la lenta colaboración de los sucesores de Giscard, en mayo de 1980 Adolfo Suárez nombró ministro del Interior a Juan José Rosón, que había sido gobernador civil de Madrid desde agosto de 1976. Ambos eran viejos conocidos. En los años sesenta, cuando coincidieron en Radiotelevisión Española siendo director general Jesús Aparicio Bernal, Rosón fue el todopoderoso secretario general y Adolfo Suárez, como hemos visto, director de programas y de la primera cadena. Las relaciones personales entre ambos fueron malas probablemente porque el temperamento expansivo y vital de Suárez encajaba mal con el carácter adusto de Rosón, que en varias ocasiones fue muy duro con su subordinado. Aquellos años de trabajo en común les dejó un mal recuerdo y, cuando al mes de ser nombrado Suárez presidente del Gobierno, el nuevo ministro del Interior Rodolfo Martín Villa le propuso a Rosón como gobernador civil de Madrid, tuvo que emplearse a fondo e incluso recabar el apoyo de varios amigos para conseguir su visto bueno. Ni Martín Villa ni sus amigos se equivocaron, porque fue un gobernador eficaz y respetado por todos, incluidos sus adversarios políticos. En mayo de 1980 fue nombrado ministro del Interior. Hasta su llegada al ministerio, sobre todo en los dos últimos años, ETA iba ganando la guerra del terrorismo, y a partir de ese momento empezó a perderla.

Apoyado por Francisco Laína, Rosón tomó la iniciativa de reorganizar a fondo la lucha antiterrorista con una nueva estrategia más eficaz, con más hombres y más medios, y comenzó a darle la vuelta al enfrentamiento con los etarras. 1980 marcó un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo, como demostraron los resultados espectaculares en los primeros doce meses de su puesta en marcha. En el primer año de su mandato se detuvieron a mil cincuenta etarras y al año siguiente, a mil noventa. El número de víctimas descendió de ciento veintitrés en 1980 a treinta y cuatro en el año siguiente, una tendencia que lentamente se fue consolidando hasta que treinta y un años después, en octubre de 2011, la organización terrorista anunció su renuncia a la violencia.

«La clave de la derrota de los etarras —afirma el general Casinello— está en el momento a partir del cual el Gobierno francés decidió colaborar sin reservas con las autoridades españolas. Sin esta colaboración plena, estoy seguro de que la organización terrorista seguiría hoy activa y no habría anunciado el 20 de octubre de 2011 el abandono “claro, firme y definitivo” de la violencia, aunque no su disolución ni la entrega de las armas. Ni tampoco el rey don Juan Carlos habría impuesto a Nicolás Sarkozy, entonces presidente de la República francesa, el collar de la Orden del Toisón de Oro, como muestra de gratitud por la colaboración de Francia en los dos últimos decenios».

Pero en aquellos años de sangre los españoles no estaban para datos estadísticos ni estrategias a medio y largo plazo. Exigían una eficacia con resultados inmediatos que el aparato del Estado no podía ofrecerles, y descargaron su malestar sobre el Gobierno centrista y sobre su presidente.

Adolfo Suárez se negó desde el primer momento a elegir el camino, que en principio parecía fácil, de la guerra sucia contra el terrorismo. En su discurso del 29 de enero de 1977 insistió sobre la estrategia terrorista: «El terrorismo trata de hacer inviable nuestro camino hacia una convivencia civilizada (…). ¿Cómo podrían [los terroristas] conseguir más fácilmente sus objetivos? Si consiguen que nosotros, el Gobierno, perdamos los nervios en la búsqueda de soluciones más espectaculares que eficaces, o adoptando medidas encaminadas a obtener un fácil e inmediato aplauso (…). No existen medidas milagrosas».

A comienzos de 1980 dos altos mandos del Ejército de Tierra de toda su confianza visitaron a Adolfo Suárez en su despacho del palacio de La Moncloa y le expusieron un plan diseñado hasta en sus más pequeños detalles para desencadenar una lucha paralela y sin cuartel contra el terrorismo; para decirlo con claridad, una «guerra sucia» contra los etarras. Habían escogido un grupo selecto de unos veinticinco hombres muy capacitados y de toda confianza. Le garantizaron su discreción, su lealtad, su eficacia y su silencio para siempre. Pero el que guardó silencio fue Adolfo Suárez, que se quedó abstraído y pensativo durante un tiempo que se le hizo eterno a sus interlocutores. Cuando habló fue para rechazar de plano y de forma inapelable su propuesta, y les dio una razón: existía el riesgo de que esos agentes, al margen de los límites legales, pudieran cometer algún fallo en sus actos de represalia contra los terroristas, fueran descubiertos y detenidos por las autoridades españolas o francesas, desvelaran los planes y delataran a sus superiores. El Gobierno quedaría en evidencia, el escándalo sería mayúsculo y el remedio habría sido peor que la enfermedad.

«Casi en paralelo —recuerda Aurelio Delgado—, otros funcionarios le propusieron llevar a cabo una acción mucho más temeraria. En 1976 le había surgido al Gobierno francés un movimiento terrorista en su propio territorio. En ese año se había creado el Frente para la Liberación Nacional de Córcega con el fin de luchar por la independencia de la isla, que poco después comenzó a cometer acciones terroristas. La propuesta que esos funcionarios hicieron a Adolfo Suárez consistía nada menos que en ayudar y financiar al recién nacido terrorismo corso como medida de retorsión contra el Gobierno francés por la tolerancia y protección que en su territorio daba a los terroristas etarras. Era algo así como decirles que «donde las dan las toman», y disponer indirectamente de un elemento de presión contra Giscard para forzarlo a retirar su protección a los etarras».

Suárez volvió a rechazar el plan de forma inapelable por varias razones que comunicó a quienes se lo habían propuesto. «Una fue el temor a que esa operación se les fuera de las manos y se pudiera contribuir a potenciar en la isla un movimiento terrorista que acabara siendo incontrolable —explica Aurelio Delgado—; la otra era el alto riesgo de que el país vecino descubriera el proyecto, lo denunciara ante la opinión pública internacional, redoblara como represalia su apoyo a los etarras y el Gobierno español quedara en evidencia». «No olvides —le dijo a Aurelio— que “el que a hierro mata, a hierro muere”. —Y añadió—: Además, yo soy incapaz de dar una orden así». Y el asunto quedó definitivamente zanjado.

Una buena parte de la prensa de entonces aprovechó el temor y la sensación de impotencia e indefensión de la ciudadanía para cargar contra Adolfo Suárez y acusarlo de débil e incompetente. El Alcázar, periódico de extrema derecha con mediana tirada pero con mucha influencia y penetración en los cuarteles, lo hizo para desacreditar el sistema democrático, acusándolo de incapacidad para derrotar el terrorismo. Su objetivo era exacerbar los ánimos de la oficialidad y defender la necesidad de un golpe de Estado que implantara una dictadura militar en España. Los entierros de militares, guardias civiles y policías asesinados por los terroristas se convirtieron en un pretexto doloroso para que los extremistas de derecha insultaran al Gobierno y a sus representantes; se convertían en auténticos motines contra las autoridades civiles y militares. Todo ello contribuyó a crear un clima de tensión, que llegó hasta los últimos rincones del país, y a minar el crédito político de Adolfo Suárez.

Las andanadas de ese órgano de la extrema derecha golpista se dirigieron a los cimientos del sistema democrático: «Si nosotros nos merecemos el Gobierno actual porque más que hacer algo por tenerlo encima no hicimos nada para detenerlo, ahora que ya lo tenemos convendrá hacer algo para enchiquerarlo (…). Es necesario establecer las bases de una nueva convivencia (…) y de ella solo deberán ser excluidos los que fueron integrados por esta patrulla de ocasión, es decir, sus asesinos y sus equivalentes, o sea todos los que votaron en el Congreso y en el Senado la Constitución de la ruina de España».1

«Hemos perdido todo lo que habíamos ganado a cambio de nada (…). La España oficial, la España política es como un sórdido caparazón de conveniencias bajo el cual sufre, gime y se carga de razón el pueblo. No hay soluciones políticas para el caos. Del caos solo emergen las naciones mediante explosiones radicales. En eso estamos, pese a quien le pese».2 Se hablaba de «la mortal amenaza que se cierne sobre España, a la que debe hacerse frente con energía y dureza»3 y se añadía en tono amenazante: «Un país entristecido (…) es mala cosa porque en él puede suceder cualquier cosa que acabe de cualquier manera».4 «Ya llegará el día y habrá para todos. Que Dios nos dé salud hasta entonces».5

Unas horas después de un atentado que costó la vida a tres guardias civiles, la primera página de este periódico claramente golpista clamaba: «Que venga la Legión, que estamos en pie de guerra».6 Y seguía: «La Historia no perdona. Impone sus leyes. Reclama un alto precio de sangre a los pueblos cuando se traicionan a sí mismos».7 Incluso se recuperaban las ideas y argumentos de la más radical y neonazi extrema derecha de nuestro país de los años treinta, que parecían perdidos en el tiempo: «Hemos tocado fondo. Hemos alcanzado el punto cero. A partir de ahora, por tanto, queda abierta la carrera por la conquista del Estado».8

La visita de Arafat

Suárez se había propuesto que España dejara de ser un país irrelevante en el tablero internacional, como venía siendo desde que perdió el imperio colonial a principios del siglo XIX. El presidente pensaba que había llegado el momento de situar la política exterior al nivel del crecimiento económico y, para ello, diseñó un golpe de efecto que le llevó a ocupar las portadas de la prensa internacional.

El 14 de agosto de 1979 el ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja anunció oficialmente en un vuelo de regreso a España, tras una visita a varios países iberoamericanos, que el Gobierno español aceptaba asistir en calidad de invitado a la VI Conferencia de Países No Alineados que se iba a celebrar en La Habana el 3 de octubre. El ministro insistió en que esa decisión «no suponía ningún cambio radical de nuestra política exterior (…) ni está contra la opción OTAN que preconiza la Unión de Centro Democrático». Esta aclaración pretendía adelantarse a las críticas y a los recelos que desde dentro de su partido y desde los países aliados de España, y muy especialmente los Estados Unidos, se iban a verter contra esta polémica decisión personal de Adolfo Suárez. A esa cumbre iban a asistir varios dirigentes de regímenes dictatoriales cercanos a la Unión Soviética, como el del país anfitrión, y líderes de movimientos independentistas que desde hacía años ejercían el terrorismo como instrumento de lucha para conseguir sus objetivos.

«Pocos días después de ese anuncio —recuerda Manuel Ortiz, en ese tiempo embajador de España en Cuba—, recibí una llamada del presidente del Gobierno en la que me informó de que había dado instrucciones al presidente de la delegación española en la conferencia, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Carlos Robles Piquer, para que aprovechara la celebración de la conferencia e invitara oficialmente a visitar España al líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat».

La conferencia se inauguró el 3 octubre en el palacio de Convenciones de La Habana y, tras el discurso inaugural de Fidel Castro, Carlos Robles Piquer y Manuel Ortiz subieron los doce o catorce escalones desde el lugar donde se sentaban los diplomáticos españoles hasta los escaños de la delegación de la OLP. «Nos dirigimos directamente a Arafat —continúa Manuel Ortiz— y le trasmitimos la invitación personal de Adolfo Suárez para que visitara España. En los primeros momentos, el líder palestino hizo un gesto de sorpresa propio del que no da crédito a lo que está oyendo, y segundos después aceptó la invitación sin dudarlo con una sonrisa tan grande como su sorpresa y con un inglés elemental pero que se entendía, porque le resultaba difícil de comprender que esa invitación se la hiciera el dirigente de un país occidental que mantenía buenas relaciones con los Estados Unidos y sus aliados militares, todos enfrentados a la OLP. Era una ocasión que no podía desperdiciar».

Diez días más tarde, el 13 de octubre de 1979, Yasser Arafat y Adolfo Suárez se fundían en un abrazo en el vestíbulo del palacio de La Moncloa ante las cámaras de decenas de periodistas. La foto del encuentro en la que ambos lucían su mejor sonrisa dio la vuelta al mundo y colocó a Adolfo Suárez en la primera página de muchos de los más importantes medios de comunicación internacionales.

¿Cuál fue la razón por la que Suárez decidió tomar esta iniciativa? Manuel Ortiz no tiene la menor duda: «Se trató de un acuerdo con las autoridades americanas, que valoraron las opiniones de Adolfo Suárez sobre el conflicto de Oriente Medio. Pero para que España pudiera hacer oír su voz ante el Gobierno americano en un asunto tan delicado fue necesario que antes el Gobierno español rectificara con un giro radical la política exterior de nuestro país. Adolfo Suárez había decidido que el tradicional aislacionismo de nuestros Gobiernos, que desde hacía más de un siglo había mantenido a España fuera del tablero internacional, era algo que pertenecía al pasado y no se correspondía con el peso real de nuestro país. Nuestra economía había protagonizado un salto espectacular desde 1960 y España estaba llevando a cabo un proceso de cambio político ejemplar que tenía sorprendidos a nuestros aliados. Y por esa razón tenía derecho a reincorporarse al sistema occidental de relaciones internacionales para hacer oír su voz y defender sus intereses».

Suárez había sido recibido en la Casa Blanca por el presidente Carter el 14 de enero de 1979, un año en el que se produjeron acontecimientos tan importantes como la invasión de Afganistán por el Ejército de la Unión Soviética o el derrocamiento del sha de Persia. Unos meses antes, el 17 de septiembre de 1978, el presidente americano había conseguido forzar un acuerdo de paz en Camp Davis, hasta ese momento impensable, entre Egipto e Israel, firmado por Anwar el-Sadat y Menájem Beguin.

«Pero había un cabo suelto —afirma Manuel Ortiz— al quedar fuera de esos acuerdos la Organización para la Liberación de Palestina que dirigía Yasser Arafat. Y Adolfo Suárez creía que era esencial incorporar al campo de la negociación a la OLP para evitar que, al sentirse marginada de las negociaciones que podían decidir el destino de Palestina, se radicalizara y cayera en la tentación de llevar a cabo un acto terrorista de gran magnitud que destruyera la madeja de entendimiento que se estaba comenzando a tejer».

«Yo creo —prosigue— que la entrevista entre Suárez y Arafat se llevó a cabo por un acuerdo no escrito entre los Gobiernos español y americano con el fin de que Adolfo Suárez explorara la posibilidad de llegar a acuerdos con el dirigente de la OLP».

Quienes estuvieron cerca de Adolfo Suárez en aquellos días están seguros, además, de que en la conversación entre ambos, el presidente español puso a Arafat como condición a sus buenos oficios que retirara el apoyo que esta organización prestaba a ETA, porque tenía información de que algunos de sus miembros eran adiestrados en sus campos de entrenamiento o en los de organizaciones muy cercanas a los palestinos.

La mayoría de los medios de comunicación nacionales y occidentales, especialmente americanos como Newsweek, criticaron a Adolfo Suárez por recibir a quien calificaban de terrorista. Y en su deseo de desprestigiarle llegaron a afirmar que Arafat lucía un revólver al cinto en la foto con su anfitrión en el palacio de La Moncloa, cuando no hay ni un solo documento gráfico que pruebe tal acusación porque Arafat entró desarmado en la sede presidencial.

El interés de Adolfo Suárez por la política internacional a partir de 1979 se consideró por los medios de comunicación españoles, por la oposición y por algunos de sus correligionarios como un intento de huir de la realidad de las tensiones y conflictos internos que le causaban el terrorismo, la crisis económica y la crisis política en el seno de su partido. Se llegó incluso a hacer chanza de esa preocupación cuando se bromeaba con la expresión «síndrome del estrecho de Ormuz», en alusión irónica al grave riesgo que Suárez advirtió de que ese estrecho —por el que sale al resto del mundo el petróleo de países del golfo Pérsico, como Kuwait, Irán, Arabia Saudí o los Emiratos Árabes— pudiera ser bloqueado por una acción terrorista o militar en la que se hundieran algunos barcos que taponaran la navegación hacia el mar Arábigo y el Índico.

Al margen de esas chanzas, su olfato en política internacional no le falló cuando, a la vuelta del viaje que el 10 de febrero de 1979 hizo a Irak, comentó a Aurelio Delgado: «Sadam Hussein es un tirano listo que un día dará un disgusto». El «disgusto» se hizo realidad cuando diez años más tarde provocó la conocida como Guerra del Golfo con la invasión de Kuwait.

Últimos destellos: los estatutos del País Vasco y Cataluña

El último éxito de Adolfo Suárez vio la luz a finales de 1979. Después de largas y durísimas jornadas de negociación, que algunos días terminaban a altas horas de la madrugada, se lograron zanjar los obstáculos que parecían insalvables para dotar al País Vasco de un Estatuto de autonomía. Recuerda Aurelio Delgado que «las negociaciones con Javier Arzalluz, presidente del Partido Nacionalista Vasco, y Carlos Garaicoechea, presidente del órgano preautonómico Consejo General Vasco, fueron las más duras y agotadoras que mantuvo en los cincuenta y cinco meses de su mandato».

A pesar de las diferencias, se llegó a un acuerdo en un tiempo récord. La Segunda República había dotado de un Estatuto de autonomía al País Vasco a los cinco años y medio de su proclamación, en octubre de 1936, ya comenzada la Guerra Civil. Y la nueva democracia aprobó el Estatuto de Guernica el 18 de diciembre de 1979, un año después que la Constitución.

La clave de la discusión estuvo en dos profundas discrepancias de fondo. Para los nacionalistas, el Estatuto de autonomía emanaba de unos derechos históricos del pueblo vasco que se remontaban a la Alta Edad Media. En definitiva, emanaban únicamente de la soberanía, aunque no empleaban esta palabra, del pueblo vasco. Mientras que para Adolfo Suárez y para Jesús Viana, los dos negociadores en representación del Gobierno y de UCD del País Vasco, no había más soberanía ni más fuente de legitimidad que la Constitución que había emanado de la voluntad soberana del pueblo español. La negociación tuvo un obstáculo añadido porque los dirigentes locales y provinciales del PNV mantenían posiciones aún más intransigentes que las de Arzalluz y Garaicochea. En varias ocasiones, lo que ambos acordaban con Suárez y Viana lo rechazaban las bases y, a su regreso a Madrid, había que volver a negociar y tejer de nuevo lo que se había destejido en los batzokis.

El nudo del conflicto se deshizo finalmente en el artículo primero del Estatuto, que dice: «El Pueblo Vasco o Euskalerría, como expresión de su nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en comunidad autónoma dentro del Estado español y bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma básica». Se había deshecho el nudo, no con un tajo sino anudando otro nuevo. Se recogía la aspiración nacionalista al reconocimiento de su pasado histórico —«el Pueblo Vasco o Euskalerría, como expresión de su nacionalidad», término este último recogido en la Constitución— y se aceptaba una única soberanía —«dentro del Estado español»— y la primacía de la norma suprema —«de acuerdo con la Constitución»—. De esa forma que hoy parece bien simple, el 18 de diciembre de 1979 se zanjó el que parecía un obstáculo insalvable.

La segunda discrepancia giró en torno a Navarra. Para los nacionalistas vascos la comunidad foral pertenecía al País Vasco y debía integrarse en esa comunidad autónoma, mientras que para los no nacionalistas debía ser una comunidad separada de la vasca. Al final, se encontró una fórmula que consistió en admitir la posibilidad de la integración de ambas comunidades siempre que la incorporación de Navarra se produjera con la expresa voluntad del pueblo navarro. El PNV hizo todo lo posible para que esta incorporación se produjera, llegando incluso a amenazas como la que el 23 de septiembre de 1980 profirió Carlos Garaicoechea en declaraciones a Radio Nacional: «La oposición de UCD a la incorporación de Navarra en Euskadi ha condicionado una situación de guerra civil que puede explotar en cualquier momento». Tal incorporación nunca se produjo porque esa fue la voluntad mayoritaria del pueblo navarro, y la guerra civil con que amenazó el lendakari tampoco estalló.

Según Alfredo Marcos Tavar, que estuvo al lado de Jesús Viana en esas negociaciones, Carlos Garaicoechea fue el más duro, el más difícil de convencer, «y aceptó a regañadientes» las frases «dentro del Estado español» y «de acuerdo con la Constitución» que propuso Javier Arzalluz como fórmula de consenso. Transcurrido un año, el presidente del Gobierno autónomo del País Vasco afirmó en su mensaje de Nochevieja que «el año que termina ha sido muy positivo para el País Vasco». Pero el nacionalismo vasco ya jugaba entonces con dos barajas al mezclar autonomía y terrorismo. Cuarenta días antes se publicó en la portada de ABC una declaración del PNV en la que se afirmaba que «si alguna razón mantiene el apoyo de algunos sectores del pueblo vasco a ETA es precisamente no ver ni creer en la instauración de una autonomía real».

Desde el comienzo de la negociación, Adolfo Suárez percibió que Javier Arzalluz era el negociador con mayor calidad dialéctica, y ordenó a Aurelio Delgado que le diera un trato especialmente deferente y protocolario en todas sus visitas a La Moncloa. El otro dirigente político al que se le dio un trato especial por orden personal del presidente durante esos años fue Felipe González. No obstante, las relaciones personales entre Carlos Garaicoechea y Adolfo Suárez siempre fueron muy cordiales y, en lo que concierne al presidente, estuvieron marcadas por el afecto.

En uno de los momentos más delicados de la negociación, ocurrió una anécdota que revela hasta qué punto guardaba Suárez un recuerdo de gratitud y cariño a Fernando Herrero Tejedor. Cuando estaba a punto de recibir a Garaicoechea, sonó el teléfono particular de su despacho —que no pasaba por su secretaria— y al otro lado se oyó la voz cariñosa y preocupada de su viuda, doña Joaquina, pidiendo a Adolfo que la sacara de un apuro. Cuando él le preguntó inquieto cuál era la causa de esa preocupación, ella le respondió que quería ir a Castellón de la Plana, la tierra de la familia, y todos los billetes del tren que ella deseaba tomar estaban ya vendidos. Suárez tomó nota pacientemente del día y la hora de ese viaje y acto seguido pidió a su secretaria que se reclamara uno de los billetes reservados para autoridades en ese tren y, previo pago, se le llevara a su casa. Una vez terminado el encargo, Carlos Garaicoechea pasó al despacho del presidente del Gobierno en el palacio de La Moncloa.

Cuando se llegó a un acuerdo final sobre el Estatuto de autonomía del País Vasco, el presidente del Gobierno dio instrucciones a sus colaboradores para que se presentara como un triunfo del nacionalismo del PNV, con el fin de trasladar el mensaje a los ciudadanos de esa comunidad de que eran los no violentos los que habían conseguido la autonomía. Insistió en que Carlos Garaicoechea, entonces presidente del Gobierno autónomo, asistiera y tuviera el mayor protagonismo en la presentación del nuevo Estatuto en Madrid. Como en aquellas fechas había fallecido la madre del dirigente vasco, puso un avión a su disposición para que pudiera acudir. Adolfo Suárez renunció a su protagonismo y al de su partido, porque creía que desde una perspectiva institucional era lo más conveniente para la estabilidad del país y del régimen que estaba tratando de asentar en España.

Cuatro días después de aprobarse el Estatuto vasco, el 22 de diciembre de 1979, recibió luz verde el Estatuto de autonomía de Cataluña, conocido como el Estatuto de Sau, localidad catalana donde los diputados de esa comunidad redactaron el proyecto. En ese momento las pulsiones identitarias del nacionalismo catalán no eran intensas, y el Estatuto se aprobó sin mayores tensiones que las habituales en toda negociación política. No hubo entonces un debate de fondo entre las fuerzas políticas catalanas sobre dónde radicaba la soberanía. Es más, los líderes del nacionalismo catalán hicieron entonces declaraciones en las que mostraban su satisfacción por el logro del Estatuto. Miguel Roca afirmó el 22 de mayo de 1980: «La autonomía, expresión de la identidad de un pueblo». El día 25 de ese mes Ramón Trías Fargas, dirigente nacionalista y consejero de Economía de la Generalitat, manifestó en una entrevista al diario Ya: «No somos separatistas, queremos influir en el futuro de España (…). Los catalanes queremos demostrar que ese autogobierno estimula la cohesión de España». Y el 27 de mayo de 1980 Jordi Pujol afirmó en la inauguración del XVIII congreso internacional de Ciencias Administrativas: «Somos España». El debate sobre la soberanía —el llamado derecho a decidir— surgió mucho después, aunque ya entonces Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior, comentaba a los gobernadores civiles y a todo el que le quisiera oír que el problema separatista más preocupante no estaba en el País Vasco, como muchos creían por la violencia del terrorismo etarra, sino en Cataluña. El tiempo le ha dado la razón.

Encauzar por el camino de la negociación y el acuerdo esos dos problemas históricos fue el último destello de lo que había sido la estrella ascendente de Adolfo Suárez, en declive a partir de finales de 1979.

El secuestro de Javier Rupérez y el fin de ETA-pm

A primera hora de la mañana del 11 de noviembre un comando de ETA-político militar secuestró a Javier Rupérez, diputado de UCD, democristiano que en los años del franquismo estuvo vinculado al grupo opositor de Joaquín Ruiz Giménez y a Cuadernos para el diálogo, diplomático y responsable de relaciones exteriores de su partido. Cuatro individuos se abalanzaron sobre él y le amenazaron cuando se disponía a subir a su coche, aparcado en la plaza de la Morería, de Madrid, esquina con la calle Alamillo, para asistir a una reunión de la I Mesa Iberoamericana de Países Democráticos en el hotel Monte Real situado en la urbanización Puerta de Hierro. Tras cambiar de vehículo, los terroristas le trasladaron al municipio abulense de El Hoyo de Pinares, donde lo encerraron en un modesto chalé.

Rupérez pasó todo el tiempo de cautiverio a oscuras en una habitación de la planta superior, en la que montaron una tienda de campaña con el fin de desorientar al secuestrado y hacerle creer que se encontraba en el campo y no en el casco urbano de un pequeño pueblo. Nada más acceder al inmueble, en la planta baja había una habitación relativamente amplia que era a la vez vestíbulo, salón de estar, comedor y cocina, construida con materiales de baja calidad. El suelo estaba cubierto por amplias losas de terrazo de color grisáceo. Pero la sorpresa de los investigadores, tras la liberación de Rupérez, fue descubrir el cruel «refugio de seguridad» que habían preparado los secuestradores para esconder a su víctima en el caso de que la Policía o la Guardia Civil merodeara por las inmediaciones del chalé.

Los etarras habían levantado una de las losas que cubrían el suelo situada al lado derecho de la puerta de acceso a la vivienda y, con la precisión de un profesional de albañilería, cavaron en el subsuelo un habitáculo cuadrado de no más de metro y medio de profundidad por unos ochenta centímetros de lado, en cuyo fondo con un palmo de agua colocaron un sillín plegable y sin respaldo. Estremecía ver esa especie de ataúd vertical de tierra en el que tenían previsto sentar a Rupérez atado de pies y manos, la boca sellada con cinta aislante, y sobre el que se volvería a colocar herméticamente la losa con el fin de que los agentes no pudieran descubrir el escondite si entraban en la vivienda. El cubil habría quedado sellado sin la menor posibilidad de que penetrara aire en él, condenando al secuestrado a una muerte segura por asfixia. Afortunadamente, tal desgracia no llegó a ocurrir.

El secuestro de Rupérez se produjo tras los intentos fallidos del Gobierno de negociar con ETA. Con anterioridad, el SECED había establecido contactos, por iniciativa suya, con las dos ramas de ETA, conocidas como ETA-militar y ETA-político militar. Se pensaba que tras la muerte de Franco, y puesto en marcha un proceso hacia la democracia, ETA podría abandonar el terrorismo e incorporarse a un sistema de libertades. Los encuentros, al menos dos, se celebraron en Suiza con el conocimiento de las autoridades helvéticas, que proporcionaron toda la cobertura de seguridad. Y las dos ocasiones fueron un fracaso absoluto que llevó a los interlocutores españoles al convencimiento de que los etarras no querían de ninguna manera la paz y que, en consecuencia, había que cortar los encuentros. «Y aquello se acabó», concluye el general Casinello. También el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, había intentado hablar con ETA a través del comisario Margaridas, pero la organización terrorista nunca quiso pactar.

El hecho de que fuera la rama político-militar de ETA la autora del secuestro de Javier Rupérez fue un factor determinante para que no tuviera un desenlace dramático. La división en el seno de la organización terrorista se había producido en la VII Asamblea que ETA celebró a finales del año 1974. En principio, la escisión se debía a razones puramente organizativas, pero tras la muerte de Franco derivaron en profundas discrepancias ideológicas. Los llamados «polis milis» dieron prioridad a la acción política sin descartar la terrorista, que llamaban «militar». La violencia no era para ellos el arma exclusiva; era complementaria y estaba supeditada a la acción política. Mientras que la llamada rama militar de ETA consideraba la violencia terrorista como el único instrumento capaz de derrotar al Estado español y conseguir una Euskadi unida e independiente gobernada por un régimen marxista-leninista.

Y sobre este planteamiento de base se produjeron las negociaciones con ETA-pm, que se saldaron con la liberación de Javier Rupérez el 12 de diciembre, un mes y un día después de su secuestro. Se sabía que esta rama del movimiento terrorista se había alejado del maximalismo sangriento de los «milis» y estaba dispuesta a buscar un sendero de negociación que condujera a la paz. Y las gestiones para salvar la vida de Javier Rupérez concluyeron no solo en su liberación, sino que abrieron, al principio tímidamente, el camino que llevó a los «polis-milis» al abandono definitivo de la violencia terrorista.

En ellas participaron varios intermediarios, y entre los más activos estuvieron personas vinculadas al PNV. Los gastos que generaron las conversaciones con los etarras y los encuentros con los emisarios de los terroristas se pagaron con cargo a los fondos de la presidencia del Gobierno. No tienen constancia los colaboradores más cercanos a Adolfo Suárez de que se pagara ningún rescate por la liberación del político centrista, y sí la tienen de que las contrapartidas más importantes que exigieron los «polis milis» tuvieron que ver con los presos de la banda y con las denuncias de torturas a los terroristas.

Una de las condiciones que pusieron para acceder a la liberación de Rupérez fue la creación de una comisión integrada por todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso para investigar las presuntas torturas a los presos de ETA. Los diputados miembros de esta comisión se trasladaron al País Vasco y allí interrogaron a varios mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El general Casinello, que conoció de cerca los trabajos de esta comisión, entre otras razones porque fue uno de los interrogados, recuerda que el diputado comunista catalán, miembro del PSUC, José López Raimundo, fue de todos los parlamentarios el que mantuvo una actitud más respetuosamente ajustada a su función investigadora, que otros miembros confundieron con una función acusadora. Poco después, y cumpliendo con lo acordado con los «polis-milis», el general José Antonio Sáez de Santamaría, delegado del Gobierno en el País Vasco, tuvo que comparecer en el Congreso de los Diputados para declarar sobre el mismo asunto, y lo primero que hizo antes de que diera comienzo el interrogatorio, fue leer a los diputados un zutabe —boletín interno de la organización terrorista a través del cual se trasmitían órdenes y objetivos de forma regular a sus miembros—. En él se daban instrucciones a todos los etarras para que, en el caso de ser detenidos, lo primero que debían hacer era presentar una denuncia por torturas. Esta práctica formaba parte de la estrategia etarra de descrédito contra la Policía y la Guardia Civil para dar credibilidad a las acusaciones que se estaban investigando en la Cámara.

En esos acuerdos colaboraron los jueces, especialmente en el tratamiento a los presos, algunos de ellos condenados por delitos de sangre. Los sumarios se «sumergieron» —en expresión literal de uno de los negociadores— para no salir nunca más a la luz. Los «polis-milis» entregaron las armas por un procedimiento pactado y discreto, que consistió en comunicar a las fuerzas de orden público el lugar donde estaban los zulos en los que las guardaban para que sus miembros pudieran «descubrirlos». Todo se hizo de una forma discreta y sin alharacas, pero con resultados prácticos positivos. La mayoría de los «polis-milis» abandonaron la violencia y se incorporaron a Euskadiko Ezkerra —que con el paso del tiempo acabaría integrándose en el Partido Socialista del País Vasco— para conseguir sus objetivos por la vía exclusivamente política. Una minoría que no aceptó el acuerdo se pasó a ETA-militar y, para demostrar que ellos no compartían el pacto de paz con el Gobierno y eran tan duros o más que los «milis», se integraron en los komando bereziak o berezis y perpetraron algunos de los más sanguinarios atentados de la banda terrorista en los años siguientes. La rama de ETA llamada «militar» mantuvo su empecinamiento de violencia y muerte durante treinta años —en ocasiones enmascarado en una retórica de paz, como en las «conversaciones de Argel» de 1987 y 1989 con el Gobierno socialista, que con conocimiento y rigor ha descrito el periodista Alberto Pozas, o en la tregua «unilateral e indefinida» de 1998, con el Gobierno del PP— hasta que el 20 de octubre de 2011, infiltrada primero, acorralada después y derrotada al fin, anunció el «cese definitivo de la actividad armada».

El final feliz del secuestro de Javier Rupérez fue el primer paso en las negociaciones que algunos meses después, a partir de junio de 1980, llevaron a cabo el nuevo ministro del Interior, Juan Rosón, y el abogado donostiarra y diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés. Los encuentros comenzaron en el restaurante Los Arándanos, situado en una calle muy cercana a la sede del Ministerio del Interior en la calle Amador de los Ríos, y continuaron a lo largo de los años 1981 y 1982 hasta que quedaron acordados y resueltos todos los detalles. Algunos flecos pendientes se resolvieron el año siguiente, ya con Felipe González en la presidencia del Gobierno y con José Barrionuevo en el Ministerio del Interior, a los que, en el traspaso de poderes en noviembre de 1982 del Gobierno centrista saliente al nuevo ejecutivo socialista, se les dio información detallada de los acuerdos con ETA-pm, que ellos hicieron suyos y llevaron hasta el final.

Aunque felizmente resuelto, el secuestro de Javier Rupérez dejó un poso amargo al terminar 1979 y fue el principio de una cadena de acontecimientos adversos que torcieron definitivamente el rumbo de la vida política de Adolfo Suárez a lo largo de 1980. Fue como una premonición fatalista, como el resplandor rosáceo que anuncia el incendio en el horizonte.

IV

EL ASALTO

Espejismo en el País Vasco y Cataluña

Haber conseguido un acuerdo con los nacionalistas al año de entrar en vigor la Constitución que daba salida a sus aspiraciones de autonomía con los Estatutos vasco y catalán hacía pensar, en diciembre de 1979, que se había superado el mayor escollo para resolver un problema histórico y consolidar el Estado de las Autonomías. Los propios nacionalistas, especialmente los catalanes, confesaron entonces que con los Estatutos consideraban satisfechas sus reivindicaciones de autonomía. Visto desde esa perspectiva, el éxito político parecía claro. Y era lógico que Adolfo Suárez y los dirigentes centristas pensaran que podrían recoger el fruto de ese éxito con un buen resultado en las elecciones autonómicas que, por primera vez en más de cuarenta años, se iban a celebrar en el País Vasco y en Cataluña en marzo del año siguiente. Pero esa esperanza no pasó de ser un espejismo, porque no ocurrió ni lo uno ni lo otro, y en las elecciones que se celebraron en ambas comunidades autónomas en marzo de 1981 UCD fue claramente derrotada.

Entre la aprobación de los dos Estatutos y las elecciones en el País Vasco y Cataluña se cruzó el conflicto autonómico en Andalucía. La Constitución había diseñado dos caminos para que las comunidades autónomas pudieran acceder a su autogobierno: el previsto por el artículo 143, conocido como la vía lenta, y el establecido por el 151, conocido como la vía rápida y redactado para dar cauce a las autonomías históricas —Cataluña, País Vasco y Galicia—, que durante la Segunda República se habían dotado de un Estatuto. Aunque la Constitución no lo decía de una forma tan explícita, la finalidad de esta diferencia radicaba en el convencimiento que tuvieron los constituyentes de que era preciso distinguir entre esos dos tipos de comunidades. Y esa fue la posición que defendió UCD.

Pero desde el primer momento se puso en marcha el agravio comparativo, algo con lo que los constituyentes nunca contaron. Cuando los diputados vascos y catalanes decidieron elegir la vía prevista en el artículo 151 para acceder a su autonomía, UCD propuso que las comunidades sin tradición autonómica elaboraran sus Estatutos por la llamada vía lenta del artículo 143. Sin embargo, el Partido Socialista rechazó esta propuesta con un ataque frontal cuya primera línea se estableció en Andalucía, donde se presentó como un agravio y una discriminación a los ciudadanos de esa comunidad que Cataluña y el País Vasco tuvieran una «autonomía de primera» y a los andaluces se les relegara a una «autonomía de segunda».

El victimismo se dramatizó con una huelga de hambre de setenta y dos horas del presidente de la Junta, el socialista Rafael Escuredo. La propia UCD sufrió su primer desgarro interno, porque al mismo tiempo que su comité ejecutivo nacional aprobaba el 15 de enero de 1980 que Andalucía debería acceder a su autonomía según lo previsto por el artículo 143 de la Constitución, la mayoría de las agrupaciones centristas de esa comunidad, sus concejales y diputados provinciales con el máximo dirigente regional y ministro de Cultura, Manuel Clavero Arévalo, al frente, arrastrados por el sentimiento de agravio comparativo, no respetaron las instrucciones de su partido y siguieron votando en ayuntamientos y diputaciones a favor de la propuesta socialista. Esta fue la primera división interna en el seno del partido centrista y la primera fractura en el acuerdo básico —el llamado consenso— entre UCD y PSOE de los primeros años de la Transición.

El resultado de este enfrentamiento interno fue dramático. El 16 de enero, justo al día siguiente del acuerdo del comité ejecutivo de UCD, Manuel Clavero dimitió como ministro de Cultura del Gobierno de Adolfo Suárez y abandonó el partido; y las ocho diputaciones de la comunidad y el 97 por ciento de los ayuntamientos, en los que UCD tenía una amplia presencia, dieron su apoyo a la vía rápida del artículo 151, que defendía el Partido Socialista.

La culminación de este proceso fue el referéndum exigido por la ley, en el que los andaluces debían apoyar o rechazar la propuesta de sus ayuntamientos y diputaciones para acceder a la autonomía a través del artículo 151 de la Constitución. UCD propuso la abstención o el voto en blanco, y la pregunta que el Gobierno de la nación redactó para ser sometida a votación fue ininteligible, probablemente con la voluntad de desorientar al votante y dificultar esa ratificación. El texto que aparecía en la papeleta de voto decía: «¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa en el articulo 151 a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?». Este galimatías provocó el efecto contrario al que esperaban sus redactores. El Partido Socialista lo presentó como una estratagema para distraer a los andaluces del verdadero contenido de la consulta, y ese mensaje agrandó un sentimiento de agravio que caló en el electorado.

El resultado del referéndum andaluz, celebrado el 28 de febrero de 1980, fue contundente: hubo 2.472.287 votos a favor de la tramitación por el artículo 151, 152.438 en contra y 200.210 en blanco; la abstención fue del 36,17 por ciento. La ley exigía que el «sí» fuera mayoritario en las ocho provincias andaluzas para que se permitiera a Andalucía utilizar la vía del artículo 151, pero en Almería no lo fue y, tras meses de agrios enfrentamientos, el 22 de octubre se hizo una reforma ad hoc del artículo 8º de la ley orgánica sobre distintas modalidades de referéndum con los votos de PSOE, PCE y el Partido Andalucista para salvar este obstáculo.

El hundimiento electoral centrista en Andalucía se confirmaría dos años más tarde en las elecciones generales de octubre de 1982, cuando el PSOE obtuvo 1.498.619 votos y UCD 371.154. El fracaso fue estrepitoso si se compara con los 935.760 votos, frente a los 986.542 del PSOE, que había obtenido tres años antes, en las elecciones de 1 de marzo de 1979, cuando solo les separaban 50.722. En tres años UCD pasó de ser una fuerza política con el mismo nivel de aceptación que el PSOE a convertirse en un partido residual en Andalucía. Pero el Partido Socialista no fue el único que hizo de la autonomía andaluza una bandera contra el Gobierno y su partido. Manuel Fraga, que durante la redacción del proyecto constitucional se había opuesto al Estado de las Autonomías y que había votado en contra del título VIII de la Constitución en el Congreso, no dudó en sumarse a la posición del PSOE contra UCD, con gran escándalo del periódico de la extrema derecha, que el día 30 de septiembre tituló así una información: «Ver para creer. Fraga se sube al carro andalucista (…). De acuerdo con los socialistas, se inclina por el 151 para el proceso autonómico».

Lo ocurrido en esta comunidad fue el primer mazazo serio que recibió Adolfo Suárez en 1980. Vendrían más y no serían menores. El fracaso en Andalucía fue consecuencia de un error de cálculo sobre la reacción emotiva de sus ciudadanos, muy sensibles al agravio comparativo con catalanes y vascos, pero lo que sucedió en el País Vasco y en Cataluña tuvo razones más profundas que habrían de marcar la política española en los siguientes decenios.

El 9 de marzo de 1980 se convocaron elecciones autonómicas en el País Vasco y el 20 del mismo mes en Cataluña como consecuencia de la aprobación de sus Estatutos. El resultado de ambas fue descorazonador para Adolfo Suárez, porque las clases medias y una buena parte de la burguesía que le habían dado su voto en 1979 le dieron la espalda solo un año después.

En las elecciones generales del 1 de marzo de 1979 la Unión de Centro Democrático había obtenido en el País Vasco 168.607 votos (16,52 por ciento) y en las autonómicas de 9 de marzo de 1980 solo logró 78.095 sufragios (el 8,92 por ciento), mientras que el Partido Nacionalista Vasco, que en 1979 tuvo 275.292 votos (el 26,97 por ciento), en las autonómicas del año siguiente subió a 349.102 sufragios (el 38,28 por ciento). UCD perdió en un año 90.512 votos, y el beneficiario de esta pérdida fue el PNV, que ganó 73.810 votos en el mismo periodo.

Algo similar ocurrió en Cataluña. En las generales de 1979 UCD había obtenido 570.984 votos (el 19,01 por ciento) y un año más tarde solo consiguió 286.922 (el 10,50 por ciento), mientras que Convergencia i Unio, que en 1979 tuvo 483.353 (el 16,09 por ciento), en las autonómicas del año siguiente subió a 752.943 sufragios (el 27,68 por ciento), y UCD bajó a 286.922 (10,50 por ciento). UCD perdió en un año 284.062 votos y esa pérdida fue prácticamente en su totalidad a CiU, que ganó 269.590 votos en un año.

En el País Vasco UCD quedó en quinto lugar con seis escaños y en Cataluña quedó en el cuarto con dieciocho escaños. Paradójicamente, en un momento en el que se suponía que habría una explosión de entusiasmo y de participación de la gran mayoría de ciudadanos de ambas comunidades autónomas después de más de cuarenta años sin poder ejercer el derecho a elegir a sus gobernantes autonómicos, la abstención fue del 40,24 por ciento en el País Vasco y en Cataluña, del 38,56 por ciento.

Adolfo Suárez acusó el golpe y su liderazgo se debilitó ante los dirigentes centristas. El que hasta entonces había aparecido como el líder ganador capaz de llevar a su partido a la victoria, en solo veinte días había sido claramente derrotado en tres votaciones —Andalucía, Cataluña y País Vasco—. Esta imagen de debilidad dio alas y envalentonó a los adversarios de Suárez en el partido, que a partir de entonces se vieron con la fuerza necesaria para hacerle frente sin disimulos y a cara descubierta. Su rebelión, que se extendió con rapidez, empezó por discutir su autoridad y, en pocos meses, concluyó en un ataque frontal destinado a descabalgarlo de la presidencia del Gobierno. Los tres peldaños en los que se apoyaron a lo largo de 1980 para comenzar esta escalada contra él fueron la conocida como ley de divorcio, la ley de autonomía universitaria (LAU) y el estatuto de centros docentes.

El lastre

Franco había dejado a su muerte un Estado débil, por lo que, una vez desmontado el régimen, urgía construir una nueva estructura del Estado fuerte y democrática que permitiera aplicar la Constitución. «El Estado contaba con un cuerpo de códigos y leyes elaborados por los liberales en la segunda mitad del siglo XIX —recuerda Alberto Aza—. La Administración de Justicia disponía de profesionales bien preparados pero estaba mal dotada y era lenta. El Ministerio de Hacienda tenía un cuerpo de funcionarios sólido que controlaba los ingresos y gastos del Estado, aunque con una legislación fiscal arcaica. Y la Guardia Civil cubría la seguridad en el medio rural y en algunos otros sectores. Y poco más. Esas eran las vigas maestras que sostenían un Estado con el que se aspiraba a modernizar la España que enfilaba la recta final del último tercio del siglo XX. Adolfo Suárez se propuso crear con el apoyo de la oposición un sistema con instituciones y “agentes sociales” que no existían tras aprobarse la Constitución».

Pero Adolfo Suárez estaba acostumbrado a trabajar en una máquina política no parlamentaria. Y ese hábito fue para él un lastre del que no se desprendió cuando, tras aprobarse la Constitución, se encontró con un sistema parlamentario con reglas y procedimientos nuevos.

«No fue consciente —insiste Aza— de que lo primero que tenía que hacer era controlar a su partido y al grupo parlamentario, y la única forma de hacerlo era liderándolo, porque solo desde esa posición de control y liderazgo podía gestionar, cambiar y fortalecer la estructura del Estado. Tenía que liderar el partido para luego liderar la gestión. Y en lugar de hacerlo delegó esa responsabilidad en otros, aunque tras esta decisión había también un motivo de salud. No creía en la eficacia de los debates parlamentarios, y pensaba que lo que realmente necesitaba el nuevo Estado democrático que se estaba construyendo era gestionar su consolidación con los grupos de oposición, especialmente con el socialista».

«Adolfo Suárez tenía un sentido del Estado según el cual la consolidación de la democracia era lo esencial —sostiene Aurelio Delgado—, pero el funcionamiento del sistema parlamentario, con debates, mociones, discursos y comparecencias permanentes, era para él algo secundario. Y por esa razón dejó esa labor en manos de otros». «Tal actitud no debe interpretarse como una tendencia a abandonar sus responsabilidades, porque cuando había que abordar temas claves, aunque no fueran de alto nivel, dedicaba el tiempo que fuera necesario, incluso horas, para tratar de convencer sin importarle el nivel de su interlocutor, porque para negociar siempre tenía su agenda abierta», recuerda Alberto Aza.

«Él había liderado equipos homogéneos con los que compartía el mismo proyecto —prosigue Aza—, como el Gobierno que formó en julio de 1976 con el objetivo de derogar las leyes franquistas que impedían el ejercicio de las libertades, la existencia de partidos políticos y sindicatos, y la celebración de elecciones libres; objetivo que se alcanzó el 15 de junio de 1977. Pero, alcanzadas ambas metas, para formar Gobierno a partir de las elecciones de marzo de 1979, se vio forzado a contar con las diferentes “familias” que integraban UCD: democristianos, socialdemócratas, liberales e independientes. Tuvo que crear un equipo que no era el suyo y, lo que es más grave, muchos de los nuevos ministros y sus “familias”, en lugar de apoyar su liderazgo, comenzaron a hostigarle, a pasarle factura y a exigirle contrapartidas por su apoyo, cuando en realidad era él quien los apoyaba electoralmente y a quien debían su relevancia política».

Hubo un segundo lastre que condicionó su actividad parlamentaria y buena parte de su vida pública y que se convirtió en su punto débil cuando tuvo que hacer frente a los embates que recibió en el Parlamento y fuera de él; limitación que sus adversarios de dentro y de fuera de su partido aprovecharon a fondo.

Aurelio Delgado recuerda que «a pesar de la imagen de hombre simpático, extrovertido y seguro de sí mismo, en el fondo de su carácter había un lastre de timidez que afloró en algunos momentos clave de su vida política, especialmente en aquellos en los que tenía que comparecer en grandes espacios abiertos como el Parlamento o en los polideportivos y auditorios donde daba sus mítines en las campañas electorales». «Esta limitación en su carácter —continúa Aurelio— también le empujaba a evitar las ruedas de prensa con muchos periodistas. Él prefería la distancia corta, el cara a cara donde desplegaba su innegable capacidad de seducción y su inteligencia política». En una ocasión José Pedro Pérez-Llorca le dijo a Manuel Fraga sobre este rasgo de su personalidad: «Es listo como un rayo, pero el Congreso de los Diputados no es su terreno».

La primera señal alarmante de esta actitud fue su negativa a someterse a un debate con los dirigentes de todos los grupos parlamentarios tras su discurso de investidura el 31 de marzo de 1979, antes de que se votara en el Congreso de los Diputados su candidatura para ser elegido presidente del Gobierno. En esta decisión encontró el apoyo de Landelino Lavilla —entonces presidente del Congreso de los Diputados, que hizo una interpretación ad hoc del artículo 99.2 de la Constitución para justificarla—, de Fernando Abril Martorell y de Rafael Arias Salgado, entre otros. En cambio, Rafael Calvo Ortega, ministro de Trabajo y luego secretario general de UCD, hombre de confianza de Adolfo Suárez, se opuso con todas sus fuerzas a esta decisión porque la consideraba errónea.

«Traté de convencer al presidente de las graves y negativas consecuencias que tendría para él negarse a debatir con sus adversarios políticos —recuerda Calvo Ortega— y le hice ver que la oposición lo interpretaría como una muestra palpable de debilidad y de temor a enfrentarse con Felipe González. Esa negativa transmitiría una imagen de debilidad ante sus adversarios y, consecuentemente, una pérdida de autoridad ante los suyos».

«Adolfo me respondió —continúa— que el debate era innecesario porque durante la campaña ya había explicado todo el contenido de su programa, y volver sobre él solo serviría para dar a la oposición espacio y tiempo para criticar su proyecto». «El argumento no se sostenía y fue una simple excusa para justificar su aversión a los debates públicos. No tenía pasión por la actividad parlamentaria», concluye Calvo Ortega.

Pero nadie logró convencer a Suárez de su error y, finalmente, fue el portavoz parlamentario de UCD, José Pedro Pérez-Llorca, quien habló en el debate. Las intervenciones de los líderes de la oposición fueron durísimas y la Cámara se vio envuelta en un ambiente de agresividad desconocido desde que se había constituido en junio de1977. Se llegó a acusar a Suárez de autoritarismo y de dictador. Felipe González le reprochó su pasado franquista y recordó algunas declaraciones suyas en esos años. En la réplica, José Pedro Pérez-Llorca insinuó, sin hacer sangre, algunos aspectos del pasado del Partido Socialista poco compatibles con la democracia, y recomendó no entrar en debates sobre pedigríes democráticos. En la Cámara había personas y grupos cuyo pasado no estaba libre de mancha por haber colaborado o defendido sistemas dictatoriales; en la memoria de todos los que conocían la historia estaba el recuerdo de la colaboración del PSOE y UGT con la dictadura de Primo de Rivera.

La forma en la que Adolfo Suárez había planteado el debate de su investidura a la presidencia del Gobierno fue negativa y perjudicial para su imagen, que salió muy debilitada, y consiguió un resultado contrario al que se proponía. Varios años después él mismo reconoció indirectamente en este error el primer paso hacia su declive. Y sus colaboradores más cercanos coinciden sin reservas en que fue así.

Rafael Calvo Ortega recuerda otro ejemplo del rechazo del presidente a los encuentros y debates con grupos amplios. «Cuando yo era portavoz del grupo centrista en el Senado en la primera legislatura, entre junio de 1977 y diciembre de 1978, le propuse que mantuviera con periodicidad encuentros y debates con los senadores y diputados de su partido. Estas reuniones no comportaban ningún riesgo porque se trataba de su gente y además él estaba en uno de sus momentos más altos de prestigio y popularidad. Pero nunca lo hizo; no se encontró con ellos ni una sola vez y los dejó en manos de los dirigentes de los pequeños partidos que integraban UCD, algo que lamentaría dos años más tarde».

«No cuidó a los parlamentarios —concluye Calvo Ortega— y los dejó en manos de sus antiguos jefes de partido. Además, vieron por primera vez que el líder carismático de la primera legislatura tenía carencias y algunos le perdieron la consideración y el respeto. Fue el comienzo de la decepción de ellos y de algunos dirigentes regionales de UCD. Y aquí está el comienzo de la crisis de su liderazgo».

Algo más de un año después de la investidura volvió a surgir el problema. El PSOE había presentado una moción de censura contra el presidente del Gobierno, en la que proponía su sustitución por Felipe González. El 28 de mayo de 1980 comenzó a debatirse agriamente en el Congreso de los Diputados y la intervención de Alfonso Guerra fue durísima. «El señor Suárez ya no soporta más democracia —dijo, y añadió—: La democracia ya no soporta más a Suárez (…). Cualquier avance democrático exige la sustitución de Suárez».

Sus palabras y las que después pronunció Felipe González en un discurso que duró dos horas requerían una réplica personal del presidente del Gobierno, pero Adolfo Suárez se negó a responder. Volvió a encapsularse durante los tres días que duró el debate y lanzó a Fernando Abril, a Rafael Arias-Salgado y a José Pedro Pérez-Llorca a dar la réplica. Suárez únicamente tuvo al final una breve intervención y, poco tiempo después, le dio una explicación a Aurelio Delgado: «Lo importante en la moción de censura no fueron los discursos en el hemiciclo sino las negociaciones en los pasillos entre los dirigentes socialistas y Francisco Fernández Ordóñez para que este votara a favor del candidato Felipe González», afirmó.

Este segundo episodio fue una muestra más de la tendencia de Adolfo Suárez a rehuir las comparecencias ante el gran público y en grandes espacios abiertos. Él se sentía cómodo utilizando su metal de voz grave más propio del debate en la distancia corta que en los discursos y comparecencias públicas. Incluso en los mítines electorales, que nunca rehuyó, su aparición sobre los escenarios provocaba más entusiasmo y aplausos que el contenido de sus discursos. Aunque estos en muchas ocasiones tenían calidad de fondo, no conseguían enardecer a sus seguidores. La polémica parlamentaria a cara de perro y el tono demagógico en los discursos para arrancar aplausos eran algo lejano, si no contrario, a su estilo, a su modo de ser. Cuando los hombres de su equipo le empujaban a comparecer con frecuencia ante los medios o en el Parlamento, siempre les replicaba a modo de defensa que ese tiempo había que dedicarlo a la gestión de la economía o a la construcción del nuevo Estado democrático, primero con una nueva Constitución y, luego, con los Estatutos de Autonomía.

Esa limitación era consecuencia de su timidez, pero no de una incapacidad para debatir en público o pronunciar discursos. Prueba bien evidente de que esto era así es que en las ocasiones en que consiguió superarla, sus intervenciones tuvieron la misma capacidad de convicción que sus encuentros en la distancia corta, y estuvieron a la misma altura que las de sus más brillantes adversarios. Así ocurrió en el debate en el Congreso de los Diputados el 5 de abril de 1978 cuando leyó un largo discurso de algo más de una hora para explicar el cambio de Gobierno que acababa de hacer. A pesar de su extensión, el discurso, en el que insistió varias veces en la inexcusable necesidad de consenso para elaborar la Constitución pactada entre todos, resultó convincente. Al terminar su intervención, los diputados centristas se pusieron en pie y aplaudieron con un entusiasmo desconocido, casi olvidado, desde hacía meses. Para sorpresa de muchos, se unieron al aplauso Enrique Tierno Galván, diputado del Partido Socialista Popular, y la dirigente comunista Dolores Ibárruri.

La prueba de que Adolfo Suárez se podía mover en los debates con la misma o más soltura que el diputado más brillante surgió ese mismo día en su réplica a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios. Subió al estrado y, sin ayuda de papeles, describió con solidez y con soltura dialéctica el trabajo que su Gobierno había hecho desde el 15 de junio de 1977 para construir el nuevo Estado democrático procurando que no hubiera vacíos ni disfunciones en ese tránsito. Y con la misma convicción pidió al resto de los grupos su colaboración para culminar el cambio político con la elaboración de una Constitución en la que con el consenso de todos —la palabra consenso la pronunció ocho veces— se culminara la construcción del nuevo Estado que la inmensa mayoría deseaba. Los diputados centristas le interrumpieron a la mitad del discurso y le volvieron a dedicar un largo y cerrado aplauso cuando terminó.

Ese era el líder que ellos querían tener, el que les transmitía seguridad, y no el que rehuía las Cámaras y la prensa. Al día siguiente los elogios vinieron de los medios más diferentes y no precisamente afines. El País, La Vanguardia, ABC, Triunfo y algunos dirigentes políticos le dedicaron palabras de elogio sin reservas. «Destreza dialéctica», «espectacular», «brillante», «luminosa joya», «gran triunfo», «venció y convenció», «importantísimo y sorprendente». El elogio de alguno iba envuelto en ironía: «Sabe hablar». Esta intervención de Adolfo Suárez vino a demostrar que su comportamiento huidizo ante las Cámaras y ante la prensa no se debía a una carencia en sus capacidades como orador o polemista, sino a la timidez que le empujaba a rehuir las comparecencias públicas.

«Con la misma sinceridad que reconozco esta limitación de su personalidad —afirma Aurelio Delgado—, creo que su reticencia a los debates parlamentarios también se debió a su temor a que, en el ardor del enfrentamiento, la vehemencia dialéctica le empujara a caer en la demagogia, en la radicalidad y en el populismo que en ocasiones practicaban sus oponentes».

«Adolfo se negaba a entrar al trapo —continúa—. Era consciente de que en ocasiones esos choques sacan lo peor de uno mismo, fuerzan a pronunciar palabras que no reflejan lo que se siente, distorsionan lo que se quiere decir y de las que, al final, uno se acaba arrepintiendo. Su obsesión durante sus años en la presidencia del Gobierno fue contribuir al sosiego, al debate racional y respetuoso buscando el acuerdo, y no el enfrentamiento, para construir primero un sistema democrático y consolidarlo después. Quizás la mejor prueba de que este argumento no oculta el deseo de excusarle sino que responde a una actitud sincera es que nunca insultó ni descalificó a ninguno de sus adversarios, ni siquiera en los momentos más duros y ásperos del debate político».

Y lo cierto es que en más de una ocasión le dieron sobrados motivos para caer en esa tentación. Recuerda Alberto Recarte, miembro del gabinete del presidente encargado de los asuntos económicos, que nunca autorizó a ninguno de los que lo integraban a responder con contundencia a los ataques del Partido Socialista. Sus instrucciones fueron precisas: «Os prohíbo que contestéis; nos lo tragamos». Y añade Recarte: «Huía de las dos Españas».

«Solo una vez rompió esta regla de conducta —continúa Alberto Recarte— y lo hizo el 27 de febrero de 1979 en su mensaje electoral televisado en el que expuso con crudeza las contradicciones entre la radicalidad del programa del Partido Socialista y la imagen de moderación que daban sus dirigentes en la campaña. Costó mucho trabajo convencerle de que tenía que expresarse en esos términos. Y fue Federico Ysart, que entonces trabajaba con Fernando Abril Martorell en la vicepresidencia del Gobierno, quien lo logró con el argumento de que era imprescindible expresarse así para conseguir darle la vuelta a las encuestas que apuntaban a una victoria socialista».

A partir de 1978 hubo un tercer factor que influyó de forma determinante en el comportamiento de Adolfo Suárez, porque aquel hombre de aspecto joven, sano y deportivo tuvo un problema de salud en el maxilar, que mermó su actividad en mucha mayor medida de lo que entonces trascendió a la opinión pública. El 17 de marzo de 1978 fue operado en el Instituto de Estomatología y, aunque nunca se ocultaron esas dolencias, el palacio de La Moncloa no informó entonces con detalle del sufrimiento que le causó ese padecimiento, mal diagnosticado en su momento. A lo largo de varios meses después de la operación se vio obligado a pasar muchas horas en interminables sesiones clavado en el sillón del dentista, soportando las intervenciones. Hubo momentos en que se le llegó a desencajar la mandíbula, tuvo alguna dificultad para vocalizar y muchas para masticar los pocos alimentos que le apetecía ingerir.

«Un día —recuerda Alberto Aza—, desesperado por el dolor que le causaba la mandíbula que se le había desencajado, se puso delante de un espejo, agarró con la mano izquierda el maxilar inferior, con la derecha el superior y tiró con fuerza hacia ambos extremos en un intento desesperado por encajarlos a la altura de la articulación temporomaxilar. Carente de conocimientos médicos, no solo no lo logró sino que ese tirón le causó un dolor tan lacerante que cayó desvanecido y se derrumbó en el suelo».

En esos meses tuvo que tomar de forma sistemática analgésicos que, además de calmarle el dolor, tuvieron el efecto secundario de producirle pesadez en la cabeza y bajarle los reflejos y el tono vital. «Llevaba de forma permanente en el bolsillo exterior de la chaqueta un blíster con calmantes Nolotil que utilizaba con mayor frecuencia de la prescrita por el médico; tal era la intensidad y la persistencia de sus dolores —continúa Aza—. En varias ocasiones, sus ausencias del Congreso no obedecieron únicamente a su tendencia a alejarse de la Cámara, sino sencillamente a los dolores muchas veces insoportables que padeció durante varios meses».

Además de estos problemas maxilares, sufrió una lesión en la pierna izquierda. El doctor Palacios Carvajal le practicó una intervención en el tobillo que, aunque no tuvo ninguna complicación posterior, le obligó a valerse de dos muletas durante más de un mes con la consiguiente limitación en su movilidad.

Alberto Aza y Aurelio Delgado insisten en que su dolencia maxilar fue un condicionante negativo en aquellos meses, y que algunos de sus fallos, como delegar en otros competencias que solo él debía ejercer, se debieron al dolor y al sufrimiento, en ocasiones invalidantes, que le causó su padecimiento. Hubo días en que se ausentaba de las reuniones del Consejo de Ministros porque el dolor le impedía estudiar con antelación los asuntos que se debatían.

«Algunas de esas delegaciones de poder —recuerda Aza— fueron muy importantes y tuvieron consecuencias negativas para su liderazgo como presidente del Gobierno y del partido. En Fernando Abril, vicepresidente segundo del Gobierno encargado de los asuntos económicos, delegó nada menos que las relaciones con las organizaciones empresariales, con el sector financiero y con los sindicatos. Para decirlo con claridad, “con el dinero y con la calle”, y eso era el poder real. A Francisco Fernández Ordóñez le cedió el control y la autoridad de hecho sobre instituciones tan poderosas como el Instituto Nacional de Industria, donde pudo situar a colaboradores suyos en empresas nacionales clave, o el Banco de España, que entonces ejercía un poder sin resquicios sobre la política monetaria, la fiscalización de todos los bancos y las cajas de ahorro, y jugaba un papel determinante en la política económica del Gobierno». «No es exagerado afirmar que Abril y Fernández Ordóñez tenían más poder real que él, a pesar de no ocupar la presidencia del Gobierno», concluye Alberto Aza.

Visto con la perspectiva que dan los más de tres decenios transcurridos desde entonces, parece evidente que tras el debate de investidura de marzo de 1979 la estrella de Adolfo Suárez comenzó un lento declive, que se fue acelerando en los meses siguientes y que culminó en enero de 1981 cuando presentó su dimisión como presidente del Gobierno.

Sus colaboradores percibieron que había acusado el golpe y hoy aseguran que sus efectos le marcaron el resto del tiempo que permaneció en la presidencia del Gobierno. Pasó las vacaciones de verano de 1979 con su familia y varios amigos en la casa que el empresario Antonio van de Walle tenía en Bagur. Un miembro de la familia Raventós, propietaria de una importante bodega de cava, le cedió su barco unos días. Fueron unas vacaciones relajadas y divertidas para todos, incluso para el general Gutiérrez Mellado, hombre poco dado a estas alegrías. Le acompañaron Fernando y María José Alcón, Fernando y Marisa Abril, y Aurelio Delgado y su mujer, Menchu Suárez. También pasó unos días con ellos Ignacio Camuñas. Aunque en algún momento pudo mostrar un fondo de pesadumbre, fueron unas vacaciones tranquilas, probablemente las últimas alegres que disfrutó siendo presidente del Gobierno.

No obstante, la imagen de declive aún no había calado a fondo entre los ciudadanos ni, sobre todo, entre sus votantes, porque a finales de 1979 aun mantenía una cuota de popularidad del 32 por ciento. En las elecciones celebradas diez meses antes, UCD había conseguido el 34,33 por ciento de los votos, de manera que el apoyo de sus votantes aún se mantenía prácticamente intacto. Tampoco había trascendido a la opinión pública internacional, y prueba de ello fue que en ese año Adolfo Suárez fue elegido personaje del año por Le Point y L’Express, los dos semanarios más importantes de Francia y de los más influyentes en Europa en aquel momento.

«Ca-ra-du-ra…»

La crisis económica y el terrorismo no fueron los únicos frentes que se le abrieron con toda crudeza a Adolfo Suárez en los años en que fue presidente del Gobierno, sobre todo a partir de las elecciones de marzo de 1979. Una buena parte del empresariado y del sector financiero empezó a recelar de las políticas reformistas y modernizadoras por el temor a perder la posición de dominio que había detentado en los últimos cuarenta años. En ese tiempo, España había vivido un sistema pseudocapitalista arcaico y autárquico que quebró en 1959 con el Plan de Estabilización y Liberalización, y a partir de ese año, aunque se levantaron muchas regularizaciones y trabas ordenancistas, siguió imperando en algunos sectores básicos de la actividad económica un sistema de «capitalismo con red». Los monopolios, oligopolios y una constelación de normas, reglamentos, licencias, permisos y autorizaciones de la Administración del Estado tenían alejada a la economía española de la libre competencia de una economía de mercado.

Muchas grandes empresas quebradas se endosaron al Estado con la excusa de proteger sectores esenciales de la industria o salvar puestos de trabajo. El Instituto Nacional de Industria acabó siendo un hospital de empresas al que se le traspasaban compañías en ruina cuando dejaban de ser rentables tras haber enriquecido años antes a sus propietarios. Solo en el año 1983 las pérdidas del INI fueron doscientos cuatro millones de pesetas, que los españoles tuvieron que pagar con sus impuestos, como venían haciendo desde hacía cuarenta años.

La entonces llamada «paz social» del régimen anterior se basaba en la negación de derechos esenciales como el de huelga y en una regulación por el Estado a través de la Organización Sindical de todas la relaciones laborales. El Estatuto de los Trabajadores, aprobado en marzo de 1980, significó un cambio radical. A partir de ese momento, los empresarios y trabajadores debían negociar cuestiones tan básicas como la fijación de la cuantía de los salarios, que hasta entonces había regulado e impuesto el Estado a través de la Organización Sindical del régimen anterior. Es lógico que al empresariado le resultara más cómodo que asuntos conflictivos como este y otros similares se los diera resueltos el Gobierno en lugar de tener que acordarlos a partir de ahora en durísimas negociaciones con los sindicatos en convenios colectivos.

El sector financiero se había convertido en los años del franquismo en un coto cerrado a la competencia extranjera. Y ese fue uno de los privilegios con los que Adolfo Suárez pretendió acabar. Durante su mandato se autorizó la presencia en España de bancos extranjeros. Suárez pretendía «acabar con el privilegio del oligopolio y abrir el mercado a la competencia exterior», y los banqueros españoles recibieron esta decisión como un golpe del Gobierno centrista para abrir una brecha en lo que era el coto cerrado de los llamados «siete grandes».

Después, el paso de los años ha demostrado que la banca española aguantó el envite y lo ganó. Es más, la presencia de la banca extranjera en España se ha saldado con un fracaso sin paliativos. Lloyd’s, Citibank, Barclays, entre otros, han acabado cerrando su negocio y vendiendo los restos del naufragio a la banca española. Incluso los que han logrado sobrevivir lo hacen de forma modesta. Pero en aquel momento la competencia exterior se vivió como una amenaza.

Una de las cosas que más valoraban las clases acomodadas era que en España se pagaban muy pocos impuestos, y no se hacía en proporción a la riqueza de los contribuyentes, lo que constituía un privilegio insostenible en un Estado que aspiraba a ser moderno. Hubo durante decenios unos vasos comunicantes entre el poder político, el empresarial y el financiero, que gozó de un estatus privilegiado sin que existiera ningún contrapeso legal y político que reequilibrara esa relación privilegiada. Inmediatamente después de las primeras elecciones, Adolfo Suárez junto con el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, llevaron a cabo la más importante reforma fiscal del siglo XX en nuestro país, que introdujo los principios de proporcionalidad y progresión en el sistema impositivo español.

El autor material de esa reforma —posiblemente la única que en la pasada centuria merezca tal nombre— fue el entonces director general de tributos, José Andrés Sevilla. Suárez propició la norma y le dio cobertura política, mientras que Fernández Ordóñez la hizo suya y se dejó llevar por los conocimientos técnicos de su director general.

«Cuando el 14 de octubre de ese año —recuerda Rafael Calvo Ortega—, en plena negociación de los Pactos de La Moncloa, presenté, en nombre del Gobierno, a la mesa negociadora la propuesta de introducir el impuesto sobre el patrimonio con el fin de controlar el volumen de los bienes sujetos a imposición, los representantes de los partidos de izquierda se quedaron descolocados».

La reforma fiscal disgustó a las clases medias y asustó a la alta burguesía. Obligadas ambas a pagar impuestos por primera vez como no lo habían hecho nunca, comenzaron a alejarse del Gobierno de UCD, y esta fue una de las causas del declive político del proyecto centrista. Adolfo Suárez legisló contra los intereses electorales de su partido y contra los suyos como dirigente político, pero dotó a la Hacienda pública de los recursos que precisa todo Estado moderno que aspire a gobernar como tal y a desarrollar las políticas sociales que precisaba la España de aquellos años.

La CEOE, que se había fundado en 1977, hizo todos los esfuerzos por defender sus intereses. Pero esa reacción necesaria y legítima en un sistema democrático planteó problemas y roces entre el nuevo Gobierno y los directivos de la organización empresarial. Algunos de ellos, manteniendo la inercia de tiempos pasados, pretendieron imponer la política económica y se opusieron frontalmente a algunas de las reformas, como la fiscal, que el Gobierno implantó.

Las relaciones personales entre su presidente, Carlos Ferrer Salat, y Adolfo Suárez fueron muy malas y el entendimiento casi imposible. Esa falta de conexión se extendió al equipo directivo de la patronal y al Gobierno. José María Cuevas, entonces número dos de Ferrer y luego presidente de la CEOE durante muchos años, llegó a afirmar en 1980 que al Gobierno había que «reducirlo a chatarra». Esta afirmación contribuyó a acentuar el sentimiento de decepción y abandono que ese año se había apoderado de Adolfo Suárez, porque a Cuevas, un hombre que había hecho buena parte de su carrera a la sombra de Rodolfo Martín Villa, se le suponía cercano al Gobierno y a su presidente.

«Las relaciones de Adolfo Suárez con los grandes banqueros nunca fueron personalmente cordiales, ni siquiera buenas, con la excepción de José Ángel Sánchez Asiaín, presidente del Banco de Bilbao», recuerda Aurelio Delgado. Esta frialdad la reflejan con la mayor claridad dos hechos anecdóticos pero sintomáticos del nulo clima de entendimiento entre ambas partes. El primero sucedió cuando uno de los más importantes financieros del país visitó al presidente en su despacho y nada más sentarse levantó su pierna izquierda para colocarla sobre una pequeña mesita que había delante del sillón. Adolfo Suárez ignoraba que la causa de esa postura estaba en que desde sus años de juventud el financiero tenía un padecimiento circulatorio que por prescripción médica le obligaba cuando estaba sentado a mantener esa pierna siempre en alto. Pero él lo interpretó como una falta de respeto y le recordó que en el despacho del presidente del Gobierno todo el mundo ponía el pie en el suelo, cosa que el banquero hizo en el acto. Así transcurrió toda la entrevista, que a juzgar por este incidente no debió de ser precisamente un éxito. Al terminar el encuentro, el banquero le explicó los motivos de salud por los que había adoptado esa postura pero era tal el recelo de Adolfo Suárez con los banqueros que el presidente creyó ver una excusa rutinaria y no la explicación de algo que era verdad.

Pocos meses después de su dimisión como presidente del Gobierno, en mayo de 1981, otro muy destacado financiero asistió a un almuerzo privado. En el vestíbulo de la vivienda, sobre el mármol verde de una consola lacada en blanco, había una fotografía del expresidente dedicada al anfitrión. Cuando terminó el almuerzo y los invitados salían, el financiero reparó en la foto y con un gesto de desprecio masculló a media voz marcando con desdén cada una de las sílabas: «Ca-ra-du-ra…».

Obligar a pagar impuestos como nunca antes se habían pagado y reducir la capacidad de influencia y de presión de determinados sectores sobre el poder político tuvo esas consecuencias.

Se abre la veda. El divorcio, piedra de toque

La ola reformadora emprendida por Pablo VI en 1965 llegó con tanto retraso a la Iglesia española que, cuando no había terminado de aplicarse, el propio papa dio marcha atrás, alarmado por los excesos. Y en ese ambiente de choque entre renovadores y conservadores empezó a debatirse la ley del divorcio, la primera ley que afectaba a las creencias religiosas de muchos ciudadanos.

La Iglesia católica estaba viviendo en el Vaticano, y hasta en la parroquia más perdida del último rincón del mundo, un viraje radical en su rumbo pastoral para rectificar la deriva modernizadora que, según amplios sectores de la jerarquía, se le estaba yendo de las manos. El origen de este cambio estuvo en el Concilio Vaticano II, que, inaugurado por Juan XXIII en 1962 y culminado por Pablo VI en 1965, había tratado de modernizar la Iglesia católica con el objetivo de adaptarla a los nuevos tiempos.

La Iglesia española estuvo gobernada en los años posconciliares por el cardenal Vicente Enrique Tarancón y por Luigi Dadaglio, designado nuncio apostólico en 1966. Tarancón, hombre de Pablo VI, fue nombrado primado de Toledo en 1969 y, dos años más tarde, en 1971, arzobispo de Madrid y cabeza visible de la Iglesia española en las postrimerías del franquismo y en los primeros años de la Transición. Ambos tuvieron como objetivo común llevar a cabo una renovación a fondo en la Iglesia de nuestro país.

Como la mayoría de los obispos españoles de los años sesenta pertenecían al sector tradicional y conservador de la Iglesia, no estaban muy identificados con las nuevas directrices que había marcado el Concilio Vaticano II. La misión encargada a Tarancón y a Dadaglio fue llevar a cabo una renovación a fondo de la jerarquía. En su labor tuvieron roces y encontronazos con las autoridades del régimen, porque Franco tenía el privilegio de presentar una terna de candidatos para cada sede episcopal vacante, entre los que el papa podía elegir al nuevo obispo. Era este un antiguo privilegio de la Corona que venía del reinado de los Reyes Católicos, al que don Juan Carlos renunció a los pocos días de asumir la jefatura del Estado.

No obstante, Dadaglio, que tenía una larga experiencia como nuncio de la mejor escuela de la diplomacia vaticana, consiguió sortear los obstáculos que se derivaron del «derecho de presentación» y logró nombrar treinta y cuatro obispos en los catorce años que ocupó la nunciatura en Madrid, la mayoría situados en la línea reformadora y aperturista que propició Pablo VI; incluso alguno de ellos, como Alberto Iniesta, obispo auxiliar de Madrid, claramente enfrentado al régimen.

Tras la muerte de Franco, el cardenal Tarancón se había negado a propiciar la creación de un partido político de inspiración cristiana, al contrario de lo que se hizo en la Segunda República con Acción Popular, y luego con la CEDA, o en la gran mayoría de las democracias europeas al terminar la Segunda Guerra Mundial. No presionó para que la religión católica se reconociera como la oficial del Estado. Se deshizo de la red de periódicos propiedad de la Iglesia en más de una decena de capitales, incluida Madrid. Y no se opuso a que hubiera sacerdotes que militaran y tuvieran cargos directivos en partidos de izquierda, incluidos los claramente marxistas.

Pero transcurridos algunos años desde la clausura del concilio, el aperturismo y la modernización de la Iglesia llevaron a excesos y desviaciones que alarmaron a un sector de la jerarquía, y hubo un momento en el que el mismo Pablo VI tuvo la impresión de que las reformas habían tomado una deriva que estaban escapando a su control. «El humo del infierno ha entrado por alguna fisura en el templo de Dios», afirmó el papa el 29 de junio de 1972, a los siete años de la clausura del Vaticano II.

«Se creía que después del concilio el sol ha brillado sobre la historia de la Iglesia. Pero en lugar del sol han aparecido las nubes, la tempestad, las tinieblas y la incertidumbre», añadió el 15 de noviembre. Una parte de la jerarquía católica con el papa al frente temía que la situación se hiciera incontrolable y sus consecuencias fueran imprevisibles, pero todas ellas preocupantes. Valga como ejemplo que entre 1965, que se clausuró el Concilio Vaticano II, y 1975, se secularizaron entre quince mil y veinte mil sacerdotes en todo el mundo.

Tras el efímero pontificado de Juan Pablo I, la elección de Juan Pablo II el 16 de octubre de 1978 supuso una rectificación en toda regla de la política posconciliar de Pablo VI, con un retorno a planteamientos más tradicionales y conservadores. La línea seguida por Tarancón y Dadaglio iba en contra de lo que pensaban los nuevos gobernantes de la Iglesia, y la llegada del cardenal Carol Wojtyla al solio pontificio tuvo consecuencias en España, que comenzaron con la sustitución de Dadaglio por el nuevo nuncio Antonio Inocenti el 3 de octubre de 1980.

La discrepancia de la nueva cúpula de la Iglesia con lo que el cardenal Tarancón y sus seguidores habían hecho tras la muerte de Franco fue total y de fondo. Contaba un colaborador muy cercano del cardenal que cuando en junio de 1982, tras cumplir setenta y cinco años, este hizo una visita al papa, al salir del estudio de Juan Pablo II, le comentó con gesto abatido: «Este señor no nos entiende». Poco después, el papa recibió al cardenal José María Bueno Monreal, arzobispo de Sevilla, un santo varón con menos aguante que Tarancón, que salió del encuentro con el rostro desencajado.

Este cambio radical afectó a las negociaciones sobre el proyecto de ley de divorcio entre el Gobierno de Adolfo Suárez y la Iglesia. Landelino Lavilla, ministro de Justicia, y el jesuita José María Martín Patino, hombre de confianza del cardenal Tarancón, habían pactado con discreción un acuerdo básico sobre esta ley. Pero el nuevo rumbo marcado por el Vaticano pronto afectó a las negociaciones. El ejemplo más claro de esta rectificación lo protagonizó el propio Martín Patino, que el 27 de octubre de 1980 publicó un artículo en la tercera página de ABC titulado «¿Divorcio por mutuo consenso?», en el que se preguntaba: «¿Cuál sería la suerte de un matrimonio si su natural estabilidad se dejara al puro arbitrio de los esposos? ¿Y qué tipo de familia y de sociedad resultarían sin matrimonios estables?».

A la vista de esta nueva situación se produjo una falta de sintonía entre parte de la jerarquía católica y Adolfo Suárez, cuyo partido, aunque integrado mayoritariamente por católicos, admitía la posibilidad de disolución del matrimonio por la vía civil. Y los nuevos gobernantes del Vaticano comenzaron a alejarse, cuando no a enfrentarse con el presidente del Gobierno español. El sector de la jerarquía católica española que no compartía la línea aperturista de Tarancón se opuso frontalmente al contenido del proyecto de ley, como también lo hicieron algunas asociaciones laicas con una posición doctrinal muy conservadora y con un poder ascendente ante las nuevas autoridades del Vaticano.

Ese sector de la jerarquía eclesiástica aspiraba a que la legislación del Estado reflejara la concepción canónica del matrimonio como un sacramento indisoluble que imprime carácter, y ejerció una oposición frontal al proyecto de ley. El cardenal primado de Toledo, Marcelo González, afirmó el 9 de diciembre de 1980: «No hay líder en la Tierra que pueda disolver un matrimonio», y el obispo de Cuenca, monseñor Guerra Campos, dijo el 29 de septiembre de ese año: «Como caso único en el mundo, una ley de divorcio será promovida por católicos». Este sector conservador de la jerarquía católica española ya había lanzado un primer aviso el 28 de noviembre de 1978, ocho días antes del referéndum constitucional, con un escrito firmado por Marcelo González y ocho obispos claramente contrarios a la Constitución. El resto del episcopado mantuvo un significativo silencio.

«El enfrentamiento con la Iglesia —recuerda Alberto Aza— no fue tanto con la jerarquía en bloque, porque estaba dividida, como con un sector de los laicos». El problema de fondo arrancaba en la aspiración de la democracia cristiana internacional a que se creara en la España de la Transición un gran partido democristiano que aglutinara los votos de la derecha, como había ocurrido en la Segunda República con la CEDA, que lideró José María Gil Robles. Y con más motivo aún, tras el rotundo fracaso del partido que lo había intentado en las elecciones generales del 15 de junio de 1977 con el nombre de Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español. Los dirigentes democristianos de UCD, y muy especialmente Óscar Alzaga y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, se sentían responsables de que este proyecto concluyera con éxito ante sus correligionarios europeos que los estaban observando. Y el obstáculo principal para alcanzarlo se llamaba Adolfo Suárez. Como en el caso del Partido Socialista, aunque por razones distintas, él era la pieza a eliminar para lograr su objetivo político.

El rechazo de la Conferencia Episcopal no se hizo esperar. En un comunicado hecho público el 4 de febrero de 1981 afirmó: «El divorcio consensual sería rechazable moralmente y no podría ser aceptado por ningún católico». Unos días antes su comisión permanente había afirmado: «El proyecto de ley de divorcio suscita serios interrogantes desde el punto de vista de la fe». También las organizaciones seglares católicas hicieron pública su oposición, como la Federación Católica de Padres de Familia, que el 2 de mayo de 1980 apeló a las creencias católicas de buen número de diputados centristas: «No entendemos que el abanderado de esta ley no sea un partido de izquierdas sino un ministro que se retrata con el papa». El mensaje y la advertencia estaban claros.

Para rebatir esas acusaciones, Adolfo Suárez afirmó el 23 de noviembre de 1980: «Creo que no deben elevarse a normas las convicciones religiosas particulares». Su argumento era claro: la norma que se estaba debatiendo no obligaba a nadie y, por lo tanto, los católicos que no aceptaran el divorcio podían no divorciarse. Suárez y un amplio sector de su partido defendían el derecho de cada ciudadano de acogerse o no a esta ley civil, haciendo abstracción de las creencias religiosas de cada uno.

Suárez no solo era católico practicante, sino que sus convicciones religiosas eran tan hondas que, en sus años de juventud, le llevaron a plantearse el ingreso en el seminario diocesano de Ávila y cursar la carrera sacerdotal. Su adolescencia había transcurrido en el seno de Acción Católica, de la que fue nombrado presidente en 1950 cuando tenía dieciocho años, y la frecuente práctica religiosa y su amistad con el consiliario de la organización juvenil que presidía, don Jesús Jiménez, le hicieron plantearse seriamente la vocación religiosa. De hecho, estuvo largo tiempo pensando en esa posibilidad y, cuando parecía inminente su entrada en el seminario, al cumplir veintiún años, resolvió la duda que le atenazaba con la ayuda de don Baldomero Jiménez Duque, teólogo de alto nivel, director espiritual del seminario de Ávila y maestro de futuros teólogos como Olegario González de Cardedal.

A partir de ese momento, el único motor que movió toda su existencia fue una irrefrenable vocación política que le marcó a fuego durante el resto de su vida, pero su fe y su práctica católica, heredada de su madre, fueron invariables y no le abandonarían nunca. En las cartas que, a finales de los años cincuenta, enviaba a su hermano Hipólito desde Sevilla —donde, bajo la protección del entonces gobernador civil Hermenegildo Altozano, trató de preparar en tres meses las oposiciones al cuerpo jurídico de la Armada, que no consiguió aprobar—, le contaba sus proyectos y siempre incluía la expresión «con la ayuda de Dios». En los años en que fue presidente del Gobierno cada domingo se habilitaba un salón del palacio de La Moncloa como oratorio en el que asistía a misa toda la familia Suárez, acompañada por el matrimonio Gutiérrez Mellado durante el tiempo en que el general ocupó la vicepresidencia del Gobierno. Un antiguo colaborador suyo guarda una carta, escrita muchos años después, cuando su hija mayor y su esposa padecían una enfermedad incurable, en la que tras el texto a máquina añadió de su puño y letra una posdata que decía: «Reza, por favor, por Marian y por Amparo».

Suárez, igual que muchos de sus colaboradores, hacía compatible sus profundas creencias religiosas con la defensa de la ley que debía regular el matrimonio en el Código Civil, conocida popularmente como ley del divorcio. Pero esta actitud no la compartían todos los sectores de su partido, y cuando el nuevo ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, presentó la ley para su debate en la comisión y en el pleno del Congreso de los Diputados, el divorcio se convirtió en un elemento de discrepancia entre democristianos y socialdemócratas dentro de UCD. «Cuando empezó el debate, el partido y su grupo parlamentario ya estaban rotos», afirma el entonces diputado Javier Moscoso del Prado, miembro del sector socialdemócrata del partido centrista y ponente en la comisión que debatió el proyecto de ley.

En uno de los momentos claves del debate en comisión, los socialdemócratas rompieron la disciplina de UCD y votaron con los socialistas y con el resto de grupos de izquierda a favor de una enmienda que dio a la ley un contenido menos restrictivo del que tenía cuando el Gobierno la remitió a las Cortes. «Los socialdemócratas, algo más de veinte diputados, rompimos la disciplina de voto del grupo parlamentario centrista y creo que contribuimos a la ruptura del grupo —reconoce Moscoso del Prado—, pero los democristianos no nos dejaban respirar y ellos también fueron responsables de esa ruptura».

La desconfianza y el recelo entre Fernández Ordóñez y el obispado quedó bien patente en un encuentro que recuerda Javier Moscoso del Prado. En pleno debate del proyecto de ley fueron a visitar al ministro dos obispos en representación de la Conferencia Episcopal, a los que recibió en su despacho oficial en compañía del director general de asuntos eclesiásticos, Luis Apostua, conocido periodista del diario Ya, propiedad de los obispos. Al terminar el encuentro, el ministro llamó a Moscoso del Prado para contarle la entrevista y le hizo la siguiente confesión malévola: «La entrevista ha empezado con una cierta tensión hasta que los obispos me han preguntado si la nulidad canónica tendrá efectos civiles en la nueva ley, y a partir del momento en que les he respondido que sí, al ver que les garantizaba que podían “mantener la ventanilla abierta”, el encuentro ha ido como la seda».

La ironía de Fernández Ordóñez se refería al alto coste que, al menos en aquellos años, tenían los procesos de nulidad matrimonial en los tribunales eclesiásticos: si esas nulidades no hubieran tenido efectos civiles, lo que habría obligado a tramitar en paralelo el divorcio en los tribunales ordinarios, muchos católicos, para ahorrarse el doble gasto, habrían ido directamente a la jurisdicción civil evitando la canónica, con la consiguiente merma de ingresos para la Iglesia católica.

Aunque las tensiones de fondo estuvieron presentes en el debate parlamentario entre democristianos y socialdemócratas, al final se alcanzó un punto de acuerdo entre las posiciones enfrentadas dentro de UCD tras introducirse algunos cambios en el texto. Prueba de ello es que en el congreso del partido celebrado en Palma de Mallorca los días 6, 7 y 8 de febrero de 1981 se aprobó por amplia mayoría el proyecto presentado por Fernández Ordóñez. La ley fue finalmente aprobada en el pleno del Congreso de los Diputados el 22 de junio de 1981 con Leopoldo Calvo-Sotelo ya en la presidencia del Gobierno, y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 7 de julio.

Pero los diputados y senadores que seguían a Fernández Ordóñez tenían decidido desde finales de 1980 abandonar el grupo centrista con el objetivo de integrarse en el Partido Socialista. Recuerda Javier Moscoso del Prado que este propósito era tan del dominio público que unos días antes del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando se iba a votar la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno, y ante los rumores de que los socialdemócratas habían decidido negarle su apoyo, este le preguntó preocupado si el rumor era cierto. Moscoso le tranquilizó asegurándole su apoyo en la investidura.

La enorme tensión que generó el intento de golpe de Estado hizo que los socialdemócratas decidieran retrasar unos meses su decisión de abandonar UCD, hasta que el 3 de noviembre de 1981 diecisiete diputados y senadores, con Francisco Fernández Ordóñez a la cabeza, dejaron el grupo parlamentario centrista y se incorporaron al Grupo Mixto. En ese momento comunicaron a Leopoldo Calvo-Sotelo que votarían a favor del Gobierno en todos los asuntos de Estado, pero solo en esos. Aunque mantuvieron su promesa y el 29 de octubre de 1981 votaron a favor del ingreso de España en la OTAN, el Gobierno de Calvo-Sotelo entró en una fase de inestabilidad parlamentaria en la que solo pudo aguantar diez meses.

La educación como pretexto

La necesidad de dotar a la nueva España democrática de dos leyes de educación, una universitaria y otra escolar, pronto se convirtió en un mero instrumento para debilitar a Adolfo Suárez y sacarlo de La Moncloa. La dureza del enfrentamiento en el seno de UCD entre democristianos y liberales, de un lado, y socialdemócratas, de otro, en la elaboración de la ley de autonomía universitaria no se debió tanto a diferencias ideológicas de fondo, aunque algunas hubo, como a la voluntad de convertirlas en punta de lanza para derribar al presidente del Gobierno.

Luis González Seara, ministro de Universidades y miembro del grupo socialdemócrata de UCD, era partidario de pactar esa ley con el PSOE, el partido más importante de la oposición, mientras que sus oponentes dentro de UCD defendían el pacto con Alianza Popular, PNV y CiU. El sector socialdemócrata definía la universidad como servicio público y sus oponentes democristianos y liberales proponían que fuera considerada únicamente como servicio de interés general, con el fin de no bloquear con esta sutileza jurídica la aspiración de la Iglesia católica a fundar universidades privadas (hoy dispone de catorce universidades en España en las que se forman ochenta mil jóvenes). La segunda discrepancia entre ambos sectores fue de carácter exclusivamente universitario y profesoral, porque, según argumentaban los socialdemócratas, sus adversarios trataban de defender los intereses corporativos de determinados cuerpos docentes, especialmente el de catedráticos.

El ministro González Seara consiguió el apoyo del PNV tras pactar un acuerdo por el que se reconocía al Gobierno autónomo vasco la posibilidad de crear una universidad propia a cambio de aceptar que el Gobierno central pudiera crear universidades en esa y en el resto de las comunidades autónomas. Pero los nacionalistas catalanes fueron más intransigentes y negaron su apoyo a la LAU porque exigieron que solo la Generalitat tuviera competencias para crear universidades en su territorio y que se le negara esa posibilidad al Gobierno central, algo que consiguieron unos años después de que Adolfo Suárez abandonara la presidencia.

El debate de la LAU en la Comisión de Universidades e Investigación del Congreso de los Diputados, que presidía Carmela García Moreno, tuvo un camino largo y tortuoso, que evidenció las fisuras dentro de UCD. Una parte del articulado y de las enmiendas se aprobaron gracias a los votos del sector socialdemócrata centrista y del resto de grupos de la izquierda. Una de las mayores pruebas de deslealtad fue que, en varias ocasiones, algunos diputados del partido del Gobierno —a instancias de Óscar Alzaga, de forma más disimulada, y de Miguel Herrero de Miñón, sin disimulo— se ausentaron de la comisión en un intento de evitar que se aprobaran determinados artículos de esa ley que había presentado su propio Gobierno.

El enfrentamiento interno llegó a tal extremo que costó el puesto a tres ministros: el socialdemócrata Luis González Seara, el democristiano Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona y el suarista Federico Mayor Zaragoza, ya en tiempos de Calvo-Sotelo.

Díaz-Ambrona trató de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista aceptando el principio de servicio público, pero sus correligionarios se lo bloquearon. El ministro llegó a reunirse con Miguel Herrero de Miñón para saber cuáles eran los puntos a incluir en el proyecto que él y sus seguidores proponían a cambio de darles su voto. Paradójicamente, se negociaba con este diputado centrista como si fuera el dirigente de otro partido. Herrero expuso sus condiciones y el ministro las incluyó en el texto. No obstante, recuerda Díaz-Ambrona, cuando llegó la hora de la verdad y hubo que poner en práctica ese apoyo, Herrero dio un paso atrás y se lo negó.

Bloqueada con argucias reglamentarias, la LAU fue dando tumbos a lo largo de 1981 hasta que, en abril de 1982, Leopoldo Calvo-Sotelo decidió retirar el proyecto de ley, lo que motivó la dimisión de su ministro de Educación, Federico Mayor Zaragoza. Pero la muestra más clara de que la oposición frontal de democristianos y liberales a la ley de autonomía universitaria fue un ataque por elevación contra el liderazgo de Adolfo Suárez lo prueba la confesión que el diputado centrista democristiano por Almería Juan Antonio Gómez Angulo le hizo a Luis Berenguer, asesor de Luis González Seara y diputado de UCD del sector socialdemócrata, en abril de 1981, al poco tiempo de la dimisión de Adolfo Suárez.

«A nosotros —le dijo en tono desenfadado— lo de la universidad nos trae sin cuidado; era parte de una operación política encaminada a un cambio de rumbo y de gobierno, y ahora, conseguido el objetivo, no vamos a poner pegas en la tramitación de la ley».

El «cambio de rumbo… conseguido» era la salida de Adolfo Suárez de la presidencia del Gobierno. Un año después, en la primavera de 1982, Luis Berenguer estaba en el Grupo Mixto tras abandonar UCD junto con sus compañeros socialdemócratas, y allí coincidió con Miguel Herrero de Miñón, también ya fuera del partido centrista, quien le repitió casi con las mismas palabras lo que le había dicho Gómez Angulo. El objetivo último quedó bien claro: sacar a Adolfo Suárez de La Moncloa, y la oposición a la LAU fue únicamente un pretexto para conseguirlo.

La redacción de ley orgánica de centros escolares se convirtió en otro frente en la lucha interna en UCD, aunque en este caso no afloró ningún desencuentro ni debate, pero sí hubo discrepancias bajo cuerda que corrieron como un runrún de descontento. Todo fue más sutil pero no menos sintomático de los enfrentamientos que bullían en su seno.

La cuestión de fondo que enfrentaba a UCD con el Partido Socialista y con el Partido Comunista fue la posibilidad de que existieran centros docentes privados «con carácter propio», es decir, con «ideario». Naturalmente, a los que más afectaba esta ley era a los colegios católicos, y la oposición del PSOE fue implacable. La postura de comunistas y socialistas difería de la que habían mantenido en los años treinta del siglo pasado, cuando defendieron una única enseñanza pública y laica. Ahora admitían la existencia de colegios privados, pero, al igual que en los públicos, exigían que fueran «internamente pluralistas», lo que suponía que no existiera un ideario único y reclamaban que en cada uno de ellos pudieran existir distintas posiciones ideológicas.

El diputado socialista Luis Gómez Llorente dijo al ministro de Educación, José Manuel Otero Novas —defensor tenaz del proyecto de ley— que o retiraba la posibilidad de que los centros docentes tuvieran ideario o le harían una campaña dura e inmisericorde. Y esta posición de los socialistas asustó a algunos dirigentes centristas, acostumbrados hasta entonces al consenso. El hecho cierto es que se empezó a criticar el proyecto desde dentro de UCD. Y esto lo hicieron no solo los socialdemócratas, también algunos democristianos correligionarios de Otero Novas.

El día anterior a la aprobación del proyecto de ley en el Congreso, Adolfo Suárez llamó a Otero Novas para decirle que algunos dirigentes centristas democristianos «correligionarios tuyos» le habían pedido que retirara el proyecto de ley porque, al ausentarse el PNV del Congreso, perdería la votación y porque, además, el texto era inconstitucional. El ministro le respondió que ganaría la votación —tenía incluso preparado un avión privado para trasladar de Valencia a Madrid a un diputado centrista con problemas de salud— y que él respondía de que se ajustaba a la Constitución. Después de escucharlo, Adolfo Suárez le mantuvo su apoyo político.

Las presiones internas no acabaron ahí. Una vez aprobado el proyecto de ley en el Congreso en abril de 1980 y antes de que se sometiera a debate y votación en el Senado, Otero Novas tuvo una reunión con el grupo parlamentario centrista del Senado para pedir a sus miembros que no introdujeran enmiendas en la tramitación, porque eso significaría su devolución al Congreso, donde ya no tenía asegurada la mayoría por la retirada del PNV y la posible actitud cambiante de CiU ante la proximidad de las elecciones autonómicas. Todos los senadores centristas se mostraron de acuerdo y se comprometieron a no introducir ninguna enmienda. Pero al salir de la reunión y ya en los pasillos, se acercó al ministro el senador centrista democristiano Manuel Villar Arregui y le pidió que aceptara la introducción en el proyecto de «un arreglito» —fueron sus palabras textuales— que tenía preparado. Esta propuesta rompía el acuerdo unánime pactado minutos antes por el grupo centrista. La respuesta del ministro estuvo acorde con su estupor y su indignación: «¿Un arreglito? Por los cojones…».

El ala socialdemócrata de UCD tampoco se quedó quieta. Francisco Fernández Ordóñez, entonces fuera del Gobierno y solo diputado centrista, pidió a Otero Novas que lanzara un mensaje público y claro de que no se abandonaría la escuela pública. El ministro respondió a Ordóñez que él sabía de sobra que tal cosa no era cierta, porque, como presidente de la empresa constructora Laing —entonces no era incompatible ser diputado y presidente de una gran empresa que contrataba con el Estado—, Ordóñez visitaba con frecuencia el Ministerio de Educación para conseguir que le dieran contratos de obra de nuevas escuelas públicas a su empresa. No obstante, Otero Novas pidió que el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Fernando Abril Martorell, hiciera una manifestación en el Congreso de que no se abandonaba el proyecto de la escuela pública, argumento que entonces blandía el PSOE para desacreditar el proyecto de UCD. Petición a la que el vicepresidente accedió.

La Iglesia católica también participó activamente en este debate porque su presencia en la enseñanza no universitaria en España era muy notable. De una parte, Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza y presidente de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española, llamaba todas las noches al ministro en los días en que se estuvo debatiendo la ley y le repetía con insistencia: «No cedas, no cedas». Pero en esos mismos días, Otero Novas supo por una información confidencial que Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona, y José María Martín Patino, ambos muy cercanos al cardenal Vicente Enrique Tarancón, habían mantenido una entrevista con dirigentes del Partido Socialista cuyo contenido nunca llegó a conocer. Pocos días después Juan José Laborda, portavoz del grupo parlamentario socialista en el Senado, dijo al ministro que su partido había llegado a un acuerdo con la jerarquía católica. Aunque el contenido nunca se supo, quedó claro que la jerarquía trató de no dejar ni un cabo suelto y jugó a dos bandas.

A pesar de estas maniobras en la oscuridad, la ley orgánica que regulaba el estatuto de centros escolares para desarrollar el artículo 27 de la Constitución se aprobó el 19 de junio de 1980.

La sombra del sable también es alargada

Cuando Suárez acometió el desmontaje del sistema político creado por Franco, todos los generales del Ejército y un sector de la alta oficialidad formaban parte del llamado «Ejército de la victoria» que había ganado la Guerra Civil y mantenía una lealtad sin fisuras a la figura del dictador. Los jóvenes oficiales y los de graduación media, que por motivos generacionales no habían participado en la contienda, eran mayoritariamente conservadores y, aunque muchos de ellos carecían de esa vinculación emocional con el pasado, sí tenían un alto sentido de la disciplina y de obediencia a sus mandos. Eran leales a Franco como jefe supremo de los Ejércitos, pero la inmensa mayoría carecía de una formación ideológica favorable a su régimen por la sencilla razón de que en las academias militares nunca se impartió tal adoctrinamiento. Eran escasísimos los militares vinculados al ideario y no digamos a la militancia en Falange, primero, y en el Movimiento, después. «Cuando en los años cincuenta yo era profesor en la Academia de Infantería de Toledo, solo uno de mis compañeros asistía a los actos conmemorativos de la fundación de Falange», recuerda el general Casinello.

Ese Ejército tenía cuatrocientos un generales, noventa y cuatro almirantes y 31.502 oficiales. El resto, hasta 284.994 hombres, lo integraban suboficiales, tropa y marinería. Su equipo era obsoleto y los medios de más calidad eran restos de la ayuda americana, la mayoría excedentes de la Guerra de Corea. En consecuencia, a pesar del elevado número de hombres sobre las armas, era muy escasamente operativo para su despliegue en una guerra convencional con un enemigo exterior, porque, entre otras razones, su autonomía de medios en un conflicto bélico daba escasamente para una semana. Pero sí tenía el poder suficiente para mantener o imponer por la fuerza una opción política.

Aunque nunca se hizo un estudio sobre lo que pensaban los mandos militares, la carga ideológica de la oficialidad era escasa, porque el régimen franquista, a diferencia de los totalitarismos del siglo XX, carecía de un armazón doctrinal que vertebrara el Estado y tenía como único sustento ideológico una concepción reaccionaria y antiliberal de la convivencia política, una idea sublimada de España, un feroz anticomunismo y una lealtad plena a Franco, que durante treinta y seis años había sido el único pilar en el que se basó su régimen personal y el pivote sobre el que giró todo el sistema político montado en torno a él.

«El 28 de marzo de 1977 —cuenta el general Casinello— la sección de información del Alto Estado Mayor, que controlaba las secciones de información de los tres Ejércitos, elaboró un informe sobre la actitud de la oficialidad ante la posible legalización del Partido Comunista. En él se describían tres posturas distintas basadas en tres niveles generacionales también distintos: los altos mandos y miembros de los Estados Mayores con edades superiores a cuarenta y cinco años eran radicalmente opuestos; comandantes y capitanes con antigüedad la consideraban como un mal menor, y capitanes más modernos, tenientes, suboficiales y miembros de escalas distintas de la activa eran indiferentes».

Por lo tanto, era difícil atribuir una determinada línea política al Ejército como tal, pero sí quedaban claros dos aspectos. Uno era la carga ideológica muy conservadora y militante de buena parte de la alta oficialidad y del generalato, heredada de la participación de la mayoría de ellos en la Guerra Civil. Otro, un perfil apolítico, con tinte conservador, de los jóvenes oficiales. Pero dada la línea vertical y jerarquizada de la cadena de mando y la férrea disciplina que vertebraba el Ejército, lo que más importaba a efectos políticos era lo que pensaran la alta oficialidad y los generales, porque el peso cualitativo de los altos mandos se imponía de forma abrumadora sobre el cuantitativo de los escalones inferiores.

Además, la ley orgánica del Estado de 16 de diciembre de 1966 establecía que «las Fuerzas Armadas de la nación, constituidas por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y las Fuerzas de Orden Público garantizan la unidad e independencia de la patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional».

Por lo tanto, para llevar a España de la dictadura a la democracia era imprescindible contar al menos con la neutralidad o la no injerencia del Ejército, ya que conseguir su apoyo explícito era una aspiración imposible. Esa fue una de las razones por las que el cambio se hizo por el procedimiento de la reforma de las leyes, aprovechando las posibilidades que ofrecía la ley de referéndum franquista, y evitar así dar coartadas y argumentos a quienes, amparándose en que el Ejército era garante «del orden institucional», pretendieran lanzarlo contra los que aspiraban a dotar al país de un sistema democrático. De ahí la fijación casi obsesiva del rey, de Adolfo Suárez, de Torcuato Fernández Miranda y de todos los que con ellos estaban de que el cambio hacia la democracia se hiciera «de la ley a la ley».

Pero esa estrategia era insuficiente. Había que contar con alguien que, muerto Franco, tuviera la autoridad suficiente para embridar a quienes desde los Ejércitos pretendieran emplear la fuerza para impedir que ese proceso culminase. Necesitaban un escudo protector. Y ese escudo fue el rey don Juan Carlos, no solo porque tenía por ley el empleo de capitán general y era el jefe supremo de los Ejércitos, sino porque era el hombre a quien Franco había transferido su autoridad sobre todos los mandos militares ordenándoles en su testamento que prestaran al nuevo rey la misma lealtad y obediencia que le habían tenido a él: «Os pido que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que me habéis brindado y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido». Un díptico con el testamento de Franco y el primer mensaje del rey a las Fuerzas Armadas se distribuyó con profusión y casi inundó todos los cuarteles y dependencias militares. Sin ese muro de contención toda la operación reformista posiblemente habría sido arrasada por los políticos del régimen franquista enemigos del cambio y por una parte del Ejército; y las consecuencias de este destrozo habrían sido dramáticas sin ningún género de dudas.

Por estas razones, la estrategia de los que desde dentro y fuera de las Fuerzas Armadas querían parar el proceso democrático con un golpe militar fue presentar la Transición como un ataque contra España —a la que muchos confundían con la legalidad del régimen franquista— protagonizado por unos políticos traidores al frente de los cuales estaba el presidente Suárez, y tratar de involucrar al rey en ese golpe y hacer creer que lo apoyaba. Esa batalla de descrédito contra los reformistas y de permanente halago al rey para empujarlo a intervenir al frente del Ejército no solo se dio entre las bambalinas de la conspiración, sino a cara descubierta en varios medios de comunicación. Cuando don Juan Carlos se negó a apoyar el golpe y se enfrentó a los golpistas la noche del 23 de febrero de 1981, en los meses siguientes montaron una campaña implacable de desprestigio contra él, que se prolongó a lo largo del juicio contra los sublevados; campaña que treinta y cuatro años después, cuando la mayoría de los protagonistas están muertos, algunos tratan de resucitar para lanzar una sombra de duda cuando no de connivencia sobre quién de verdad paró el golpe de Estado.

Con el transcurso de los años se supo que a lo largo de 1980, e incluso antes, hubo planes, proyectos, reuniones e intrigas para llevar a cabo una intentona militar. Y las hubo para todos los gustos. Desde los que proponían que un general se pusiera al frente de un Gobierno de «salvación nacional», apoyado en la presión de los cuarteles, al golpe de Estado puro y duro. Pero mientras se urdían estas conspiraciones subterráneas, desde los medios de comunicación de la extrema derecha se les preparaba el terreno —como la artillería y la aviación lo prepara con bombardeos antes de que la infantería lance su primer ataque— para caldear el ambiente en los cuarteles y calentar y crispar a la oficialidad. Del mismo modo que «la sombra del ciprés es alargada», como había escrito treinta y dos años antes Miguel Delibes, en los años de la Transición la sombra de algunos sables fue también alargada y planeó como una amenaza sobre los que la pilotaron.

Esos ataques iban directamente contra la línea de flotación del recién instaurado sistema democrático, tratando de desprestigiarlo y de presentarlo como el responsable de la crisis económica, del paro y del embate terrorista. Y el artillero mayor de ese bombardeo fue el diario de la extrema derecha El Alcázar, con gran influencia en los medios militares y mucha presencia en las salas de banderas de los cuarteles, cuya munición se traducía en mensajes como los que siguen. «Presenciamos el naufragio inevitable de la Constitución (…) El sistema huele a cadavérica de animal doméstico»;9 «España se ha convertido en la España de la mugre (…) la Constitución de 1978 consagró la muerte histórica de España»;10 «Estamos al cabo de cinco años de falsa transición democrática al son impuesto por comunistas, masones y sionistas»;11 «¿Hemos de mantener esa torpe estupidez de mantener —por encima de todo— el respeto a la Constitución?»;12 «Asistimos, en definitiva, al natural desarrollo de una Constitución antinacional»;13 «Nos desplomamos del todo en la abyección, un desplome histórico sin retorno»;14 «Entrados en la anarquía, dispongámonos a sufrir la revolución»;15 «Las fuerzas del nuevo régimen apestan a crimen»;16 «Los partidos políticos no son viables»;17 «La Constitución de 1978 está clínicamente muerta»;18 «El cambio [a la democracia] fue un auténtico golpe de Estado»;19 «Estamos presenciando el reparto de la patria»;20 «El Estado ha muerto».21

Tras la descalificación del sistema democrático y de la Constitución, venía la apelación descarada al golpe de Estado. «Cuando el Ejército da un paso al frente, cruento o incruento, lo hace cargado de razón».22 «Es necesario establecer las bases de una nueva convivencia (…) Si nosotros nos merecemos el Gobierno actual porque más que hacer algo para tenerlo no hicimos nada para detenerlo, ahora que ya lo tenemos convendría hacer algo para enchiquerarlo (…) Es necesario establecer las bases de una nueva convivencia (…) y de ella solo deberán ser excluidos los que fueron integrados en esa patrulla de ocasión, es decir, sus asesinos y sus equivalentes, o sea, todos los que votaron en el Congreso y en el Senado la Constitución de la ruina de España».23

Hablaban de la «inviabilidad de la segunda experiencia constitucional (…) un sistema distante, indigerible, artificioso y ajeno por completo a la realidad nacional»24 y no reparaban en insultos: «Los estúpidos demócratas parlamentarios han llegado a creerse que ellos (por el mero hecho de haber sido elegidos por la llamada “voluntad popular”) son el poder (…). Cuando el “poder político” se opone al “poder histórico” (cuando la “voluntad popular” se opone a la “voluntad nacional”) entonces el “poder político” se derrumba y solo queda el “poder histórico”. Es decir, el Ejército (…). Cuando la Constitución (en vez de preservar y promover la salud del pueblo lo destruye y deteriora) entonces “lo legal” —y no solo lo ético— es actuar contra la Constitución».25 Y añadían: «Más que otro Gobierno, necesitamos otro sistema (…), porque —convénzanse de ello mis lectores— con este sistema no hay rey que reine ni Gobierno que gobierne. Aunque se empeñen en lo contrario los Fragas, los Carrillos, los Gonzáleces y los Suáreces del mundo. Y si no, al tiempo. Ya me lo dirán ustedes dentro de muy poco más».26 La amenaza de golpe de Estado era bien clara y la descalificación personal iba contra los que habían acordado el nuevo orden constitucional, desde la derecha más conservadora hasta el Partido Comunista.

Después de hablar de «la mortal amenaza que se cierne sobre España, a la que debe hacerse frente con energía y dureza»,27 pasaba a la amenaza directa: «Un país entristecido (…) es mala cosa porque puede en él suceder cualquier cosa que acabe de cualquier manera»; «Ya llegará el día y habrá para todos, que Dios nos dé salud hasta entonces»;28 «Que venga la Legión, que estamos en pie de guerra».29 Y continuaba: «La feroz pasión revanchista que azuza el proceso político desemboca en una mortal reconstrucción de los supuestos de la primera mitad de 1936»;30 «La historia no perdona. Impone sus leyes. Reclama un alto precio de sangre a los pueblos cuando se traicionan a sí mismos».31 Incluso se recuperaba el lenguaje de Ramiro Ledesma Ramos, el político español de los años treinta más cercano a la ideología nazi: «Hemos tocado fondo. Hemos alcanzado el punto cero. A partir de ahora, por tanto, queda abierta la carrera por la conquista del Estado».32

El ataque al sistema democrático era tan frontal que no se dudaba en hablar directamente de guerra civil: «Al cumplirse ahora la conmemoración semiclandestina del 18 de julio (…), ninguna de las guerras civiles que ha vivido España lo ha sido en sentido estricto, ya que fueron rebeliones del pueblo español contra el despotismo de ideologías extrañas»; «El 18 de julio no ha muerto».33 «Hemos perdido todo lo que habíamos ganado a cambio de nada (…), la España oficial, la España política es como un sórdido caparazón de conveniencias bajo el cual sufre, gime y se carga de razón el pueblo. No hay soluciones políticas para el caos. Del caos solo emergen las naciones mediante explosiones radicales. En eso estamos, pese a quien pese».34

Los provocadores conocían bien los entresijos de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y sabían que en la operación que ellos estaban calentando era imprescindible el apoyo de la Guardia Civil, entonces el instituto armado más profesional y eficaz con que contaba el Estado. Y por ese motivo trataron de convencer a sus miembros de que el Gobierno trataba de debilitarla anulando su carácter militar o simplemente de disolverla, con el fin de crear descontento en el cuerpo y enfrentarlo al nuevo régimen democrático. En esos meses se publicaron sobre este asunto informaciones que el tiempo demostró ser falsas. El senador del Grupo Mixto Carlos Pinilla, de clara ideología de extrema derecha, afirmó: «Está abierta la puerta para desmilitarizar a la Guardia Civil (…), existe la sospecha de que ha sido el precio de una negociación».35 Y en el mismo medio se publicó: «El Senado no admitió enmiendas en defensa de la Guardia Civil»36 y «la Guardia Civil podría quedar disuelta en una Guardia Nacional».37 «No conocen a la Guardia Civil»,38 se escribió como una advertencia que más parecía una amenaza.

El 15 de octubre de 1977 las primeras Cortes elegidas libremente desde hacía cuarenta y un años votaron por amplia mayoría una ley de amnistía en la que quedaban «amnistiados todos los actos de intencionalidad política cualquiera que fuese su resultado», texto que incluía los crímenes causados por el terrorismo. Tres años después, el 28 de junio de 1980, se acordó por amplia mayoría la reincorporación a los Ejércitos de los militares, ya en la reserva, que durante la Guerra Civil habían luchado en el sector republicano, hecho que fue aprovechado por los que alentaban el golpe para provocar en los militares en activo, y sobre todo en la alta oficialidad, un sentimiento de revancha y no de reconciliación. El órgano de la extrema derecha calificó esa amnistía de «agresión política» por «el retorno en olor de triunfo de los miembros del Ejército Rojo derrotado el 1 de abril de 1939»39 y titulaba: «Amnistía, insulto a las Fuerzas Armadas».40 Uno de los articulistas más significados de este medio de la extrema derecha, Rafael García Serrano, escribió un texto dentro de un formato de esquela mortuoria con ribetes negros en el que decía: «Los grupos parlamentarios consensuaron presentar en la Cámara una proposición de ley para conceder amnistía a todos los expulsados del Ejército (…). Hoy no estoy para nadie que no esté conmigo».41

El 17 de julio de 1980, el general Luis García Meza había dado un golpe de Estado en Bolivia; el 12 de septiembre los militares turcos al mando del general Kenan Evren derrocaron al Gobierno de su país con un acto de fuerza, y en esas fechas estaba en todo su apogeo en Argentina la acción represora de la Junta Militar presidida por el general Jorge Videla, que cuatro años antes, el 24 de marzo de 1976, había derrocado el Gobierno de la viuda del general Perón, Isabel Martínez. La prensa que defendía el golpe militar no dudó en poner como ejemplo la acción de los militares en esos tres países. «Porque lo de Bolivia y Turquía no es un incidente sino un proceso. Que nadie lo olvide»,42 y se añadía una amenaza clara: «Turquía no está lejos».43 El paso siguiente era comparar el desgobierno en que cayó Argentina tras la muerte de Perón y la subida al poder de su viuda con lo que estaba ocurriendo en España tras la muerte de Franco: «La Argentina de Isabelita era una farsa. Era la malversación de una herencia»; «Lo que ocurre es que estamos en diciembre (…) pero en enero amaneció Pavía. No fue gran cosa, pero siempre hay algo que es mejor que todo lo demás. Luego, cualquiera sabe».44

El paso siguiente fue exigir la vuelta de un dictador al frente del país: «Cinco años de juerga son mucho gasto al precio que hacen la democracia estos chicos. Llegada es la hora de que salga al patio de recreo el padre rector, toque el silbato y diga: ya habéis hecho el burro bastante. A trabajar».45 Pero el asunto no iba en broma. Buscaban un dictador: «Esa persona imprescindible no puede surgir desde el interior del sistema (Constitución, Parlamento, despotismo partitocrático y Gobierno) (…). Para que una persona pueda decir las verdades y actuar en consecuencia para ganar la guerra a la revolución roja, es imprescindible, en suma, cambiar el sistema y reconstruir el Estado nacional»,46 y se añadía: «La revolución que España necesita no saldrá de esta Cámara».47

En su deseo de derrocar el nuevo orden democrático, los defensores del golpe de Estado llegaron a pedir la colaboración del presidente electo de los Estados Unidos —conocido por sus ideas extremadamente conservadoras— cuando apenas habían transcurrido dos semanas de la victoria de Ronald Reagan sobre Jimmy Carter. La voz de auxilio partió de nuevo del periódico de la extrema derecha: «Lo que la gente espera de los poderes del nuevo presidente USA es la precisa indicación para que seamos salvados sin excusas ni pretexto en el más breve espacio de tiempo posible (…). Se conoce que la última vez que lo intentamos (el 18 de julio de 1936) nos dejó herniados para cualquier esfuerzo supletorio. Agotamos nuestra capacidad de esfuerzo para un siglo. Y aquí no se salvará nadie si no somos nosotros los que salvamos lo que haya que salvar».48 No se sabe si alguien recibió este mensaje allende el Atlántico, pero lo que sí se sabe es que en la noche del 23 de febrero de 1981, cuando el golpe militar estaba en marcha en Madrid y en Valencia, el secretario de Estado de Ronald Reagan, Alexander Haig, preguntado por lo que estaba ocurriendo, contestó que ese era «un asunto interno» de España; ni el más mínimo apoyo a la joven democracia española en ese momento amenazada.

La provocación a los militares descendió a canales subterráneos que conducían a los acuartelamientos con manifiestos anónimos que describían una situación apocalíptica de España y en los que se emplazaba al Ejército a intervenir. A uno de estos escritos sin firma se refería con complacencia el general Luis Cano Portal en un artículo publicado en el medio de comunicación que estaba alentando el golpe de Estado: «Pactos con ETA (…), insultos e infamia a las Fuerzas Armadas (…), agresiones continuas a las Fuerzas de Orden Público (…), defensa de los derechos humanos olvidando los valores y deberes humanos (…), avance constante de la ideología marxista (…), propaganda de actitudes separatistas (…), incapacidad gubernamental para atajar el pavoroso problema del paro laboral e intelectual de la juventud (…), incendios forestales, desmadre del gasto público», y añadía una amenaza bien clara en la que se hablaba sin disimulo de un documento que corría por los cuarteles animando al golpe de Estado: «Las Fuerzas Armadas son las únicas que tienen alzada la bandera de la pureza de sus intenciones (…), ellas están siempre ALERTA, respetuosas con la ley si esta es justa, centinela ALERTA ESTÁ. Este es, al menos, el sentir de un documento que la casualidad hizo llegar a mis manos no hace muchos días y, por ello, también lo doy a conocer en sus líneas más importantes».49

El general Fernando de Santiago había sido vicepresidente del Gobierno para asuntos de la defensa con Carlos Arias Navarro, cargo en el que le ratificó Adolfo Suárez y del que dimitió en septiembre de 1976 por su oposición frontal a la legalización de las organizaciones sindicales. Cinco semanas después de dimitir, publicó un artículo titulado «¿Por qué nos temen?», en el que, con el tono arrogante del que sabe que tiene la fuerza de las armas ante el resto de la ciudadanía indefensa, no solo hacía una descripción apocalíptica de lo que estaba ocurriendo en España, sino que —y esto era lo más grave— presentaba a las Fuerzas Armadas como vigilantes de toda acción política, por encima del Gobierno salido de unas elecciones libres. Se temía a las Fuerzas Armadas, afirmó, porque «la bandera de la nación ha sido arriada de las comunidades autónomas; se han creado nacionalismos verdaderos; la unidad de España aparece hoy cuarteada y amenazada de regresión; el terrorismo se está cebando en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Orden Público, y la seguridad nacional ha llegado a los niveles más bajos; tenemos la más alta inflación de Europa y los más altos niveles de paro». Y terminaba con este recordatorio de la primacía del poder militar sobre el Gobierno legítimo: «Los políticos van y vienen (…), las Fuerzas Armadas permanecen porque su organización está basada en la disciplina; su comportamiento, en el honor, y su exigencia, en el cumplimiento del deber».50

A estas provocaciones directas al estamento militar y a las Fuerzas de Orden Público, se añadieron algunas declaraciones de dirigentes políticos que se pudieron interpretar como de apoyo o, cuando menos, de comprensión con un golpe de Estado. El 14 de julio de 1979, Josep Tarradellas, que había sido presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio entre 1954 y 1977, y en España desde esta fecha hasta 1980, manifestó en un acto en Morella: «No es ser catastrofista ni pesimista el decir que estamos viviendo momentos inquietantes (…) la violencia en cualquier punto de España afecta a todos y todos debemos ser solidarios a la hora de erradicarla. Hay que dar un golpe de timón. España no puede seguir así y hay que decirlo y hay que intentar que España no siga así».

La expresión «golpe de timón» hizo fortuna entre gentes que tenían objetivos políticos distintos; desde los que proponían la creación de un «Gobierno de unidad nacional» presidido por una personalidad relevante, civil o militar, a los que tenían como objetivo final que el Ejército diera un golpe de Estado puro y duro. Pero a todos les unía un objetivo común: sacar del poder a Adolfo Suárez, que un año antes había ganado unas elecciones generales con ciento sesenta y ocho diputados y había sido investido legítimamente presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados.

En cualquier caso, fue un término equívoco porque, al no explicar el contenido exacto de la expresión «golpe de timón», las palabras de Tarradellas se prestaban a ser utilizadas como un comodín por quienes pretendían violentar la legalidad constitucional. Un año después, el 3 de julio de 1980, el expresidente de la Generalitat fue más allá y, en la entrega de «la llave de Barcelona» que concedía una entidad privada al doctor Puigvert, dijo ante trescientas personas: «Al no haberse producido en su momento el necesario golpe de timón, ahora sería necesario un golpe de bisturí para enderezar la marcha de las cosas (…). No quiero que se piense que hablo como un hombre amargado, pues no lo soy en absoluto».

Quizás hacía esta última salvedad porque había sido relevado de su cargo de presidente de la Generalitat de Cataluña por Jordi Pujol, uno de sus mayores adversarios políticos, un mes y cuatro días antes, concretamente el 29 de mayo de 1980. La palabra «bisturí» evocaba las ensoñaciones de finales del siglo XIX, cuando algunos regeneracionistas pedían a voces un cirujano de hierro que resolviera los problemas de España. El cirujano llegó en dos ocasiones, no con el bisturí sino con el sable, y vaya si sajó. El primero se llamó Miguel Primo de Rivera y el segundo, Francisco Franco. Chocaba que un demócrata catalán de izquierdas pidiera cuarenta y un años después un «golpe de bisturí». Tarradellas no cejó en el intento y en noviembre de ese mismo año, en la presentación de un libro de memorias de Alfonso Osorio, insistió en la necesidad de «un golpe de timón para evitar la falta de confianza». Aunque siempre reiteró que nunca quiso propiciar un golpe de Estado, sus palabras contribuyeron a crear inestabilidad, justo lo contrario de lo que decía defender y de lo que España necesitaba. El expresidente de la Generalitat de Cataluña no ignoraba que cuando se pide un golpe de timón lo primero que hay que hacer es cambiar al timonel. Es difícil saber cuál era su propósito último, pero utilizar la palabra «golpe» en aquellos meses fue, cuando menos, equívoco y temerario.

Estas afirmaciones de un antiguo exiliado antifranquista, militante destacado de Esquerra Republicana y conseller en cap de la Generalitat de Cataluña durante la Guerra Civil, dieron alas a quienes se proponían violentar la legalidad constitucional. Pero aún fueron más preocupantes las declaraciones que hizo en Lérida Manuel Fraga, uno de los llamados «padres de la Constitución», el 20 de junio de 1980, solo un año y medio después de su aprobación: «El golpe de Estado es posible si el Gobierno sigue sin gobernar (…). No se puede confiar en quienes solo saben prometer, en quienes han dejado hundirse la economía, crecer el paro, dispararse los precios, quebrarse el ahorro, engañar a los jubilados y a los pensionistas». Cuando un demócrata denuncia a un Gobierno por todas esas carencias, sean reales o no, lo que puede pedir son elecciones anticipadas pero no considerar benévolamente «posible» un golpe de Estado.

Si la estrategia de agresión contra el nuevo régimen democrático fue frontal y sin disimulos, su defensa debería haberse montado con un frente común y sin fisuras, en el que cada estamento comprometido con esa defensa no hubiera dado ni una sola prueba de división y debilidad que deslegitimara al Gobierno y ofreciera bazas a sus enemigos para derrocarlo. Pero no fue así. En el partido y en el grupo parlamentario centrista estalló una lucha implacable por el poder, cuyo primer objetivo fue forzar la salida de la presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, y eso se tradujo en una imagen de debilidad del presidente, de su Gobierno y por extensión del nuevo Estado democrático, con una Constitución que tenía poco más de un año de vida. Un sector del poder económico prestó su apoyo, incluso material, a esta operación. Los dirigentes socialistas se lanzaron de forma inmisericorde contra el presidente, no solo porque deseaban llegar al poder con demasiada prisa, sino porque bien pudieron pensar que si ni tan solo los suyos apoyaban a Adolfo Suárez y conspiraban contra él sin ningún disimulo, ellos, que tenían el mandato electoral de ejercer la oposición, no podían ser menos. El comportamiento desleal de algunos compañeros de partido muy caracterizados dio alas al acoso implacable de los socialistas. Muchos centristas, empresarios y socialistas no midieron las consecuencias de lo que estaban haciendo y contribuyeron a crear un clima de desgobierno que daba aliento al proyecto de los golpistas. Todos fueron más allá de lo que es el legítimo derecho a ejercer la crítica interna o la oposición al Gobierno, y rebasaron la frontera que separa la crítica de la demolición. El hecho cierto es que esa actitud de quienes debían defender el sistema trasmitió a los conspiradores una imagen de debilidad del Gobierno y del Estado que les animó a perseverar en su conspiración para llevar a cabo un golpe de fuerza.

El hombre acecha

A lo largo de 1980 se pusieron en marcha dos estrategias. Una destinada a sacar a Adolfo Suárez de la presidencia del Gobierno y convertir UCD en un partido conservador; la otra tuvo como objetivo derrocar el orden democrático de la Constitución de 1978 con un golpe de fuerza. Fueron conspiraciones paralelas, aunque en algún momento rozaron la una con la otra y sorprendentemente parecieron converger. Algunos medios de comunicación jugaron un papel determinante con el que contribuyeron al desprestigio personal de Adolfo Suárez, a la descalificación del Gobierno y al descrédito del nuevo orden constitucional. Los defensores de ambas estrategias trataron de incrementar el sentimiento de frustración de una parte de la ciudadanía, angustiada por los zarpazos del terrorismo y por el hondo malestar social que había generado la crisis económica.

«Para entender lo que ocurrió a lo largo del año que precedió a la dimisión de Adolfo Suárez —afirma Alberto Aza—, hay que partir de un hecho, y es que el enemigo de la reforma política y de lo que se hizo en los años de la Transición no fue la izquierda, fue la derecha. La izquierda fue su adversario, que es algo distinto, para arrebatarle el poder en ocasiones con artimañas poco dignas, pero el enemigo de la reforma fue la derecha tradicional y conservadora».

«Una parte de la banca y del empresariado —añade— fueron en su oposición a Adolfo Suárez más duros que el Ejército y la Iglesia, porque la oposición de estos fue intermitente y espasmódica, mientras que la del poder económico fue permanente e invariable durante las veinticuatro horas del día. La alta oficialidad se revolvía con los atentados contra sus compañeros de armas o con decisiones que les resultaban muy difíciles de asumir, como la legalización del Partido Comunista; y la jerarquía eclesiástica se movilizaba cuando se tomaban decisiones que chocaban con sus convicciones o intereses, como fue el caso del divorcio o la enseñanza. Pero la oposición del poder económico fue permanente contra quien consideraban el único responsable de su pérdida de influencia y de sus privilegios».

Un hecho revelador de hasta qué punto llegó este enfrentamiento se produjo cuando Adolfo Suárez hizo su primera visita oficial a Francia acompañado por cinco ministros. Valéry Giscard d’Estaing le recibió en el palacio del Elíseo y, en compañía de su primer ministro Raymond Barre y de varios miembros de su gabinete, le ofreció un almuerzo. Media hora antes se celebró una entrevista entre ambos mandatarios en el despacho del presidente de la República a la que asistió un muy reducido número de sus colaboradores. Alberto Aza, que acompañaba a Suárez, recuerda que en el encuentro se pasó revista a los problemas bilaterales y hubo un momento en el que Giscard le preguntó por la situación política interna española y por la marcha de su programa de reformas. Suárez le habló, entre otras cosas, de la falta de colaboración de la banca.

—Y si continúa sin colaborar, ¿qué hará usted? —le preguntó el presidente francés.

—La intervendré —le respondió Suárez, sin que se le moviera una ceja.

Tras esta respuesta, Giscard pudo comprobar que «le petit Suárez», como le llamaba despectivamente aquel prodigio de vanidad, no era tan petit. El presidente de la República francesa y su primer ministro Raymond Barre, que también asistió a la entrevista, tardaron poco tiempo en dar traslado de esta información a sus amigos de las altas finanzas francesas, que, a su vez, la trasmitieron a sus colegas españoles, y en muchas ocasiones socios, con la velocidad de la luz.

La actitud de Suárez desconcertaba a un sector de las clases altas. Cuando se estaba negociando la financiación de los centros docentes privados con los representantes de la Iglesia y de los colegios privados, asunto para el que finalmente se encontró una fórmula, Adolfo Suárez confesó a Alberto Aza: «No quiero financiar colegios donde los niños montan a caballo mientras hay necesidad de colegios públicos gratuitos para niños de familias sin recursos». Aunque la frase tenía un punto de exageración, ponía de manifiesto su preocupación por los privilegios sociales de algunas minorías en nuestro país. «Es que él era un señorito anti-señorito», añade Aza con la sonrisa cómplice de quien descubre que una aparente contradicción puede contribuir a definir a un ser humano.

Si Suárez hubiera hecho aquella afirmación en público en un mitin o en una entrevista en televisión, podría haber sido interpretada como un mensaje demagógico y populista, pero la hizo en privado ante un reducido número de colaboradores y sale a la luz ahora, treinta y cinco años después de pronunciarla. Sencillamente, era eso lo que pensaba. Él había sido un joven de clase media-media de provincias que en algún momento de su vida había llegado a pasar estrecheces y que, además, tenía unas preocupaciones sociales fruto de sus convicciones cristianas y de sus años de juventud en la Acción Católica de la entonces muy atrasada provincia de Ávila, en algunas de cuyas comarcas había pobreza.

«Cuando era niño y, luego, adolescente —recuerda Aurelio Delgado— tenía la misma facilidad para hacer amigos entre los hijos de las familias conocidas de Ávila, cuyo centro social era el Casino, como entre los jóvenes de las Vacas, un barrio popular de la ciudad». Sus dos amigos íntimos desde los primeros años de la infancia fueron Fernando Alcón, hijo de uno de los empresarios más importantes de Ávila, y Pepe Ferrer, cuya familia tenía un pequeño negocio de alimentación en el centro de la ciudad. Y por ese motivo no eran ajenas para él, como para tantas gentes de su condición social, las carencias de muchos españoles y la obligación que tenía el Estado de imponer políticas destinadas a conseguir lo que entonces se llamaba «justicia social», expresión que hace demasiados años se cayó de los labios de los dirigentes políticos y desapareció en los medios de comunicación.

La conciencia social de Adolfo había empezado a forjarse en plena adolescencia y juventud. En aquella etapa de su vida, además de jugar al fútbol y al tenis y de patinar, pasaba horas criticando con sus amigos la escasa sensibilidad social de los políticos abulenses y el estado lamentable de los servicios básicos en la mayoría de los pueblos de la provincia, con una asistencia médica insuficiente, sin saneamiento, sin agua en las casas y con las calles embarradas en cuanto llovía, algo por otra parte habitual en la España rural y atrasada de aquellos años. Fue en esos años cuando decidió emprender otro de sus osados proyectos, los encuentros «De jóvenes a jóvenes», que se celebraban en el Teatro Principal de Ávila y le hicieron muy popular. Para dar notoriedad a estos encuentros, él y su grupo de amigos empapelaban por la noche las calles de la ciudad anunciando las conferencias y los debates, que astutamente arrancaban la noche siguiente para luego quejarse en los medios de que se les estaban boicoteando los actos.

Suárez también vivió las limitaciones económicas de su familia cuando tuvo que cursar la carrera de Derecho en la Universidad de Salamanca como alumno libre, lo que le permitía no asistir a las clases y examinarse del programa completo en el mes de junio. La economía de la familia Suárez no podía afrontar los gastos de dos de sus hijos viviendo fuera del hogar familiar, y en aquel momento su hermano Hipólito, que luego sería en Bilbao un prestigioso especialista de aparato digestivo, estudiaba en Madrid la carrera de Medicina, en la que el aprendizaje práctico es indispensable. Preparado por don Mariano Gómez de Liaño, magistrado en la Audiencia Provincial de Ávila, Adolfo Suárez terminó la carrera de Derecho en 1954 con cinco sobresalientes, cinco notables y quince aprobados. Pero la etapa más dura llegaría dos años después, en 1956, cuando intentó abrirse camino en Madrid. Para sobrevivir en aquella ciudad asfixiada económicamente, tuvo que buscarse empleos de nivel laboral bajo que apenas le daban para pagar la pensión.

Siendo ya presidente, Suárez contó a uno de los hijos de Fernando Alcón que, durante su aterrizaje en Madrid, en dos o tres ocasiones tuvo que ir a la estación del Norte de Madrid, también conocida como del Príncipe Pío, a trabajar como maletero «furtivo» sin licencia para ese trabajo, y que los maleteros que la tenían —todos con unos amplios blusones grises a modo de uniforme en los que prendían una chapa con el número de su licencia— le acosaban y le acusaban ante los policías municipales de hacerles la competencia desleal y quitarles clientes. «El año 1956 fue muy duro para Adolfo», recuerda Fernando Alcón.

Un día recibió en La Moncloa a una delegación de empresarios, entre los que se encontraba el propietario de una tienda de electrodomésticos en la que había trabajado veinte años antes y cuyo dueño le despidió con malos modos. El empresario había prosperado y, como es lógico, no se acordaba de su antiguo empleado, pero Adolfo Suárez sí le reconoció y, cuando terminó la audiencia, le pidió que se quedara unos segundos con él en un aparte. Le recordó lo que había ocurrido años antes y le pidió que en el futuro no tuviera con sus empleados el trato despótico que tuvo con él, y no les hiciera el daño gratuito que a él le hizo.

En otra ocasión, mientras ofrecía un almuerzo oficial en La Moncloa a unas veinte personas, reconoció a uno de los camareros que habían sido contratados para servirlo. Aurelio le identificó a primera vista, pero el presidente dudó, le miró como preguntándole ¿es él? Aurelio le respondió con un gesto afirmativo y Suárez se levantó de la mesa, le abrazó y contó a sus invitados que en sus años difíciles, cuando andaba escaso de dinero, le daba bocadillos a crédito esperando pacientemente a que se los pagara cuando buenamente pudiera, sin urgirle ni presionarle nunca para que saldara su deuda. Era el camarero del bar Monteagudo, en la calle general Díaz Porlier esquina con Ortega y Gasset, que hoy sigue abierto y al que los dos jóvenes acudían en aquellos tiempos de estrechez económica. Aurelio recuerda que algunos fines de semana se escapaban a Ávila en su Lambretta 125. Como las cuestas del puerto de los Leones eran muy pronunciadas y la moto tenía escasa potencia, Adolfo se bajaba para aliviarla de peso y, en muchas ocasiones, tenía que empujarla. Pero eran jóvenes, y la vuelta a su tierra a ver a los amigos y a la novia estaban por encima del frío y la nieve.

Fueron tiempos duros en los que conoció al procurador de los tribunales Alfonso Sánchez Poves, que le trató con un afecto casi paternal, lo incorporó a su despacho profesional en la calle Pelayo y en muchas ocasiones pagaba el almuerzo de Adolfo y su hermano Hipólito, que habitualmente comían en un modesto restaurante de la calle Jardines, donde un plato de cocido costaba tres pesetas. El dinero no les llegaba para cenar, pero cada noche simulaban ante la dueña de la pensión en la que se hospedaban que iban a un restaurante. Ella los descubrió y, fingiendo también, hacía como que dejaba olvidado el sobrante de la cena en una repisa cercana a su dormitorio para que, cuando volvieran de la calle, pudieran comerlo, cosa que hacían con verdadera fruición.

El acoso implacable de la prensa

El acoso de los medios de comunicación, que acababan de estrenar su derecho a la libertad de expresión tras cuarenta años de dictadura, fue implacable en su último año de Gobierno. A los ataques personales contra Adolfo Suárez buscando su descrédito, se unieron las descalificaciones a su Gobierno y, finalmente, al sistema democrático. Tanto la prensa de derechas como la de izquierdas, la nacionalista y la de extrema derecha se sumaron al acoso. «Jamás tan pocos e irrelevantes políticos han hecho tanto por desacreditar el sufragio»,51 afirmó el dirigente de Alianza Popular José Miguel Ortí Bordás. «El mayor obstáculo para la democracia se llama Suárez (…). O la democracia acaba con Suárez o Suárez acaba con la democracia»,52 dijo Ignacio Sotelo, miembro entonces del sector situado más a la izquierda del Partido Socialista. «Aquí no hay quien gobierne»,53 sentenció el nacionalista Miguel Roca.

Aunque Adolfo Suárez tenía mayoría suficiente para superar la moción de censura de mayo de 1980, se anunciaba una posible ruptura de UCD en un futuro inmediato que la hiciera posible: «Derrotada el próximo miércoles la moción de censura, es previsible que Felipe González sea propuesto de nuevo como presidente del Gobierno en el próximo otoño, simultáneamente a la celebración de un segundo congreso centrista, o inmediatamente después, si el resultado final de aquel pudiera producir la ruptura hoy descartada en las filas de UCD».54 «Oposición y UCD coinciden: Suárez es sustituible. Líderes políticos de la oposición tanto de izquierda como de la derecha, junto a miembros de la UCD, hablan por primera vez en tres años de esa posibilidad».55

Además, se proponían candidatos para sustituir a Suárez solo catorce meses después de haber ganado las elecciones. «La derecha y el PSOE podrían pactar para echar a Suárez»,56 se añadía. La oposición fue más allá hasta rozar el insulto personal: «Que Suárez se marche», se le espetó en el Congreso de los Diputados, «Suárez es un vendepatrias (…), está dispuesto a vender España por seguir en La Moncloa».57 Y algunos periodistas entraron de lleno en la descalificación política: «Cuando los ciudadanos llegan a la conclusión de que su confianza ha sido defraudada por un mal gobernante, su suerte está echada».58 La oposición continuaba con el cerco: «Suárez, no»;59 «Cercan a Suárez por la derecha y por la izquierda (…). Fraga asegura que es un estorbo y el PSOE le prepara una nueva censura».60

Pocos elogios recibió de los medios en 1980, y algunos de los más significativos vinieron del periódico propiedad de la Conferencia Episcopal, lo que confirma las divisiones que existían entre la jerarquía sobre la posición a adoptar con el Gobierno de Adolfo Suárez: «La caza del presidente en la moción de censura avivó los sentimientos ancestrales de algunos parlamentarios, que iniciaron un debate de cinegética política. Aquello poco tenía que ver con el origen del debate».61 Unos meses más tarde, cuando Suárez anunció su dimisión, se publicó en este mismo periódico uno de los pocos elogios, si no el único, de la prensa nacional al presidente dimitido. Hubo, sin embargo, un apoyo sorprendente a Adolfo Suárez en el momento álgido de la operación de acoso y derribo: «Heribert Barrera apoya incondicionalmente a Suárez».62 El apoyo resultó sorprendente porque Barrera, en las antípodas ideológicas del presidente, era entonces el máximo dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña y había votado no a la Constitución porque él y su partido defendían la independencia de Cataluña.

El diario El Alcázar fue el más implacable y, cuando le atacaba y le desacreditaba, lo hacía con la vista puesta en sus lectores más habituales en las salas de banderas de los acuartelamiento de los tres Ejércitos.

«La Constitución no es otra cosa que una escuela de odios (…), es una escuela de todo lo que hace perder a un Estado su integridad y su personalidad.63 «Suárez ha perdido toda su entidad en el Parlamento después de haberla perdido en el país».64 El 5 de junio se recogía en este diario una información de la sección de sucesos de Las Provincias de Valencia sobre la detención de dos delincuentes en esa ciudad, y comentaba con sarcasmo: «Los delincuentes habituales Manuel y Adolfo Suárez González han sido detenidos en la plaza de Zaragoza de esa ciudad. Lo curioso es que ese mismo día había llegado a Valencia otro Suárez González, el presidente».65 Se llegó a comparar la política del Gobierno centrista con la del Partido Comunista: «El manifiesto comunista fielmente seguido por UCD».66

Se transmitía una sensación de hundimiento: «El mísero programa económico de la mísera UCD».67 «España no aguantará mucho tiempo la situación actual», «España se está hundiendo entre la violencia de unos, la insolidaridad de los otros y la incompetencia de los gobernantes»; «Suárez nos lleva directamente al desastre», anunciaba Fraga en Toledo, Almería y Molina de Aragón.68 Luis Gómez Llorente no veía salida a la situación política sin disolver el Parlamento,69 y Alfonso Guerra afirmaba: «Estamos peor que en muchas épocas del franquismo»; «Si no cambiamos, esto se puede parecer mucho a las Cortes franquistas» o «Al Gobierno no le interesa acabar con el terrorismo».70 El exministro Federico Silva Muñoz, dirigente junto con Gonzalo Fernández de la Mora de Derecha Democrática Española, manifestó: «Vamos hacia un desastre total».71

El terrorismo etarra seguía golpeando sin tregua. En los seis primeros meses del año había asesinado a sesenta y ocho personas, y no solo dirigió sus golpes contra los militares, también lo hizo contra militantes y dirigentes de UCD. El 3 de julio de 1979 ETA intentó secuestrar al diputado centrista y «padre de la Constitución» Gabriel Cisneros, al que hirió gravemente cuando este se revolvió contra los terroristas; el 11 de noviembre secuestró al diputado Javier Rupérez y el 19 de junio intentó hacer lo mismo con el diputado gallego de UCD José Gómez Franqueira, que lo evitó a tiros haciendo uso de una pistola de la que no se separaba nunca. En dos años, ETA había asesinado a tres militantes de UCD en el País Vasco: el 9 de octubre de 1978 a José Luis Caudendo Pérez, en Unzola, Vizcaya; el 12 de mayo de 1980 a José Ignacio Ustarán, en Vitoria, y el 31 de octubre de 1980 a Juan de Dios Doval, en San Sebastián. El 11 de abril de 1980 hirió gravemente a José Larrañaga Ena en Azcoitia, Vizcaya.

Al día siguiente de la muerte de José Ignacio Ustarán se escribió: «La muerte, por asesinato impune, de un tercer militante de UCD induce a miles y a millones de personas de este país a la conclusión de que el Gobierno no toma medidas eficaces. El dilema interior de cada cual es incontestable: o no saben gobernar o no quieren».72 Y unos días después se informaba de que: «Dirigentes centristas abandonan el País Vasco. José María Silveti, miembro de las Juntas Generales y presidente de la Cofradía de Pesca de Guipúzcoa, y José Manuel Geonega Tellechea, secretario de las juventudes de UCD de Guipúzcoa»73 y «UCD vasca no puede disolverse aunque las reuniones se sepan amenazadas».74 Al día siguiente del asesinato del guardia civil Juan García León, un titular era: «No hay día sin crimen».75 Ramón Tamames, entonces dirigente del Partido Comunista, recordaba sin mucho éxito que «ETA busca la intervención militar en el País Vasco (…) así actuaría como una fuerza que lucha en un país ocupado por un Ejército invasor, y esto es lo que tenemos que evitar por todos los medios todos los españoles».76

Estos golpes consiguieron minar la voluntad de muchos miembros y votantes de UCD que tuvieron un sentimiento de indefensión y frustración ante un enemigo que entonces parecía estar ganando la partida. Ese malestar ascendía hasta las ramas más altas de la organización centrista y del Gobierno, y dañaron seriamente la raíz del liderazgo de Adolfo Suárez.

Abril, en abril

Fernando Abril Martorell era un joven ingeniero agrónomo y doctor en ciencias políticas y económicas destinado a la delegación del Ministerio de Agricultura en Segovia cuando Adolfo Suárez, cuatro años mayor que él, fue nombrado gobernador civil de esa provincia en 1968. Pronto reparó en aquel funcionario de treinta y dos años dotado de «una buena cabeza y austero», afirma Aurelio Delgado, al que nombró presidente de la Diputación Provincial y, en función de ese cargo, pasó a ser también procurador en Cortes. Pero la relación fue más allá de la afinidad generacional y de las buenas condiciones profesionales de Abril, y se convirtió en una amistad sólida y duradera porque a la afinidad entre ambos se añadió el hecho de que sus esposas, Amparo y Marisa, congeniaran y se hicieran amigas inseparables.

La mejor prueba de la solidez de aquella amistad y de la mutua confianza política fue que se mantuvo a pesar de que solo trabajaron juntos en Segovia un año escaso, porque en 1969 Adolfo Suárez fue nombrado director general de Radiotelevisión Española. Su paso por la presidencia de la Diputación y por las Cortes permitió a Fernando Abril ampliar el círculo de amigos y hacer carrera en Madrid, a mitad de camino entre el alto funcionariado y la política. En 1970 fue nombrado director del Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Precios Agrarios (FORPA ), poco después director general de capacitación agraria y luego director general de producción agraria. Aunque separados en su actividad pública, la relación personal entre Adolfo Suárez y Fernando Abril se mantuvo en Madrid a lo largo de los años que siguieron hasta la designación de Suárez como presidente del Gobierno en julio de 1976. Entonces le nombró ministro de Agricultura y en junio de 1977 lo propuso al rey como senador real. Cuando el profesor Enrique Fuentes Quintana dejó la vicepresidencia del Gobierno para asuntos económicos en febrero de 1978, Fernando Abril le sustituyó y asumió la máxima responsabilidad en la dirección de la economía del país y en la interlocución con los agentes sociales. Su amigo Adolfo Suárez le había situado en la cumbre del poder a su lado.

Desde el primer Gobierno de la Transición ambos formaron un bloque sin fisuras, su relación personal se hizo aún más estrecha y los dos matrimonios se convirtieron en inseparables. La lealtad y la confianza eran mutuas. Compartían los fines de semana, en los primeros años, en la finca que el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) tenía en el municipio de San Rafael, en la provincia de Segovia, a los que en ocasiones se unía el gobernador civil Juan Gómez Arjona —amigo de Adolfo Suárez de sus primeros años en Madrid— y luego en la casa que el presidente se construyó en Ávila junto a la muralla. También fueron inseparables en las vacaciones de verano en Bagur y en Formentor.

Cuando comenzó a emerger la crisis de liderazgo de Suárez a partir de mediados de 1979, Fernando Abril era el patrón indiscutible en la dirección de la política económica del Gobierno como vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía. Al principio, ambos despachaban con la mayor frecuencia, y las decisiones las tomaban siempre de común acuerdo porque el presidente estaba informado con detalle de todas las iniciativas de su vicepresidente. Pero con la crisis de UCD cada día más viva se fueron distanciando los despachos y fue aumentando la autonomía e independencia de Fernando Abril, que llegó a tomar algunas decisiones de las que Adolfo Suárez no fue informado con antelación. Daba la impresión de que la vicepresidencia se estaba convirtiendo en una especie de poder autónomo al tiempo que el liderazgo de Suárez comenzaba a declinar. El presidente llegó a pensar que Fernando Abril decidía por su cuenta; probablemente se trataba de una inercia casi inconsciente, pero Suárez reparó en ello y no le gustó.

El distanciamiento fue a más. Fernando Abril conocía y seguía de cerca la crisis del liderazgo de su amigo y hubo un momento en el que los problemas del presidente con un sector de la alta oficialidad del Ejército y de la jerarquía eclesiástica, los choques con los empresarios y con la banca y la crisis en el partido le llevaron a la convicción de que Adolfo Suárez había cumplido su ciclo como presidente del Gobierno y era necesario y urgente que alguien le sustituyera.

Alberto Recarte era un joven técnico comercial del Estado —tenía treinta y un años— que trabajaba como agregado comercial en la embajada de España en Cuba, al que Adolfo Suárez conoció en su viaje a la isla el 9 de septiembre de 1978. Le llamó la atención el informe sólido y riguroso que le hizo en la embajada de España sobre la situación real del país caribeño y la rapidez y precisión con la que respondió a todas las preguntas que le formuló. Allí mismo le propuso incorporarlo a su gabinete como responsable de asuntos económicos, propuesta que aceptó sin dudar.

El canal habitual y permanente de comunicación entre la vicepresidencia económica y el equipo de colaboradores más cercanos a Adolfo Suárez era el área del gabinete del presidente de la que se hizo cargo Recarte. Y por este motivo el joven economista era probablemente la persona con la que Fernando Abril tenía contactos más frecuentes en el gabinete presidencial y una relación especial de confianza muy superior a la del resto de sus compañeros. No obstante, Alberto Recarte mantenía una posición contraria a la política económica del vicepresidente, porque mientras él defendía una política de ajuste y devaluación, que en 1983 aplicó el Partido Socialista nada más llegar al poder, Abril se oponía a esa política de rigor y saneamiento y, naturalmente, prevaleció la opinión del vicepresidente.

Un día de finales de abril de 1980 Fernando Abril llamó a Alberto Recarte. «Vente a verme», le dijo, y el joven asesor acudió convencido de que iban a hablar de algún tema económico delicado que debía tratarse personalmente y no por teléfono. Pero su sorpresa fue mayúscula, porque cuando Fernando Abril le recibió, no se anduvo con rodeos y, con su estilo claro, directo y cortante, le planteó el relevo de Suárez. «Adolfo ha hecho más que nadie por este país pero ya es un arroyo seco por el que no corre nada, y no hay más remedio que sustituirle —le espetó—. Todos los que le rodean son unos inútiles y el único que se salva eres tú, y eres el único de su entorno en el que yo confío. Hay que sustituirlo y la única persona que puede sustituirlo soy yo», insistió Abril. «Y añadió una serie de argumentos que me sorprendieron», recuerda Recarte.

«Me quedé perplejo —continúa— y tras escucharle me fui directamente a La Moncloa. En el trayecto en el coche tomé notas de lo que acababa de oír para recordarlo en los términos más precisos». Treinta y cinco años después, Recarte conserva los dos folios con las notas, doblados y amarillentos, con el membrete de la presidencia del Gobierno, y aunque la escritura apresurada le es hoy difícil de descifrar, el resumen de las notas que entonces tomó es este: «La reunión empezó con un “¿Quién coño le habla de medidas concretas?”. Se refería a mí, que le daba opiniones al presidente sobre política económica, intentando que Suárez recuperara algo del espacio político y económico que había delegado en Fernando Abril. El vicepresidente estuvo desgranando opiniones sobre el déficit, Hacienda, el crecimiento, la inflación, la inversión pública, el Plan Energético Nacional, la vivienda y el desempleo».

«A continuación expuso los temas en los que él creía que debía centrarse el presidente Suárez, dada su personalidad, conocimientos o carencia de ellos, y que resumió así: “Él es un conductor de hombres. No debe hablar de política económica; ese área la he llevado yo, y a estas alturas no va a engañar a nadie pretendiendo que puede opinar sobre ese tema. Él tiene que hablar de las Autonomías (su desorden) y de orden público. Tampoco debe hablar de política exterior”».

«En otra parte de la entrevista me explicó en qué había consistido su actividad como vicepresidente, obviamente para que lo transmitiera, y que resumió así: “Aquí, en la vicepresidencia, se decide continuamente. Por aquí vienen Pérez-Llorca, Sancho Rof, Sánchez Terán y los titulares de las empresas públicas, entre otros. Por aquí han pasado todos los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras; yo les he formado. Yo soy el más capacitado, preparado e inteligente para todas esas tareas”».

«Finalmente, fijó sus conclusiones. Con un lenguaje malsonante, el mensaje sobre la decisión del presidente Suárez de opinar sobre “política económica” fue clarísimo: “Si quiere hablar de economía que se moje el culo; no se lo voy a permitir porque, además, lo haría mal. Si quiere hacerlo, que asista a las reuniones de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, o que se reúna con Nicolás Redondo”. E insistió: “Ahora es un arroyo seco; en La Moncloa nunca se enterará de nada. Él sirve como conductor de hombres porque tiene intuición y sensores especiales, pero no ahora, porque no está en contacto con la realidad social, que ha sido su único activo”. Para terminar, reiteró su opinión sobre la capacidad del presidente Suárez para hablar de economía: “No sabe sumar dos y dos, y es inútil que haga el esfuerzo”. Resumiendo, al margen de que él se considerara el más capaz, el único político con capacidad para sustituir a Adolfo Suárez, lo que remachó una y otra vez fue que él era el artífice de la política económica, que él sabía de ese tema, y que no estaba dispuesto a permitir que Adolfo Suárez se metiera en ese terreno a esas alturas».

«En cuanto llegué a La Moncloa me fui a ver al presidente —prosigue Recarte— y le conté todo sin omitir un detalle. Adolfo Suárez me escuchó en silencio y le cambió la cara cuando oyó lo que le decía. Subió a su residencia privada, y allí estuvo dos días sin bajar a su despacho». Antes de entrar a ver a Adolfo Suárez, Recarte le adelantó a Aurelio Delgado el contenido de lo que le iba a decir. «Esa información le hundió —recuerda hoy Aurelio, y añade—: Únicamente, un punto de ceguera política de Fernando Abril, que siempre fue un hombre inteligente y noble con su amigo, en aquellos meses de tribulación, puede explicar esa estrategia tan claramente equivocada». A los pocos meses, Alberto Recarte dejó La Moncloa a petición propia y fue nombrado consejero-delegado de Caja Postal. Pero Adolfo Suárez no quiso desprenderse de él y le nombró consejero económico del presidente del Gobierno.

A partir de ese momento nada fue igual entre los dos amigos. Fernando Abril intervino en el debate de la moción de censura a Adolfo Suárez un mes más tarde para defenderle de las críticas de la oposición con un célebre y desconcertante discurso, pero el distanciamiento personal fue evidente. Por primera vez en años, los dos matrimonios no pasaron las vacaciones de verano juntos, y la familia Suárez se desplazó sin su compañía a la finca La Atlántida en Pontevedra durante un par de semanas en agosto de 1980. Ese alejamiento político y sus consecuencias personales afectó mucho a sus esposas, Amparo y Marisa, que siempre se tuvieron un grandísimo afecto y una relación personal entrañable. Finalmente, en la remodelación ministerial que Adolfo Suárez hizo el 9 de septiembre, Fernando Abril salió del Gobierno y Leopoldo Calvo-Sotelo le sustituyó en la vicepresidencia y en el Ministerio de Economía.

Abril siguió en el Congreso como diputado por Valencia, su tierra natal, y nunca tuvo la más mínima implicación en todas las conspiraciones que se montaron en UCD y fuera de UCD para descabalgar de la presidencia del Gobierno a Adolfo Suárez. Es cierto que no le siguió en el proyecto del CDS y que en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 se presentó como número uno en la lista de UCD al Congreso por Valencia, pero tras la espectacular derrota centrista en la que él no salió elegido, se retiró definitivamente de la vida política y se dedicó a la actividad empresarial como presidente, primero, de la Unión Naval de Levante y, luego, como vicepresidente del Banco Hispano Americano.

Las relaciones entre los dos fueron inexistentes durante un tiempo, con algunos encuentros esporádicos como el que tuvieron cuando la crisis de UCD. Pocos años después coincidieron en la boda de la hija de un amigo común, se saludaron y estuvieron juntos. «En el fondo —afirma Aurelio— se echaban de menos los dos viejos amigos que tanto habían compartido; y Amparo y Marisa ayudaron al reencuentro».

Cuando a finales de la década de los noventa diagnosticaron a Fernando Abril un cáncer de pulmón, Adolfo Suárez estuvo cerca de él, y todos vieron con cuánto pesar acompañó sus restos en el cementerio de Segovia el 17 de febrero de 1998. Dieciséis años después se produjo un hecho en apariencia menor pero significativo de que, a pesar del distanciamiento, ese afecto se había mantenido entre las dos familias. Cuando en la mañana del 25 de marzo de 2014 cientos de personas se agolpaban delante de la catedral de Ávila y esperaban a que se abriera al público para asistir al funeral y al entierro de Adolfo Suárez, perdido en el anonimato estaba Fernando Abril-Martorell Álvarez, que durante más de media hora aguantó el frío y la presión de la gente, aplastado contra la puerta cerrada del templo, para dar el último adiós al amigo de su padre.

Nueve hombres sin piedad

Tras la moción de censura que Adolfo Suárez ganó el 30 de mayo de 1980 pero de la que salió debilitado, arreciaron los movimientos de los «barones» de UCD para recuperar poder y cercar al presidente. Entonces pudo comprobar que había fracasado en su intento de rebajar su influencia al mantenerlos fuera del Gobierno tras las elecciones del 1 de marzo de 1979. El mes de junio fue denso en reuniones del sector crítico, que estrechó su cerco sobre el presidente del Gobierno.

Los medios de comunicación se hicieron eco de esas maniobras en la oscuridad y recogieron las declaraciones de los que le estaban moviendo la silla fuera y dentro de su partido. «Clima de tensión y discrepancias. La reunión de la Permanente complicó el reajuste de Gobierno (…). Garrigues hizo llegar su decisión de no continuar en el gabinete» (…). «Crisis de partido. Crisis de Gobierno. No solo el partido UCD ha perdido confianza en Adolfo Suárez. Cuantos le votaron y muchos que, sin votarle, aceptaron de buena gana su primacía política se sienten profundamente desencantados y desalentados» (…). «Suárez tampoco pudo resolver la crisis. Pérez-Llorca renuncia a la vicepresidencia autonómica en un contexto de decepción y desaliento».77 «Desgarrada y contradictoria UCD»78 era el título de un editorial en el que se analizaban los enfrentamientos dentro del partido, que seguía con sus luchas internas: «Nuevos enfrentamientos entre los dos sectores [de UCD] en el Parlamento Foral navarro»79 pocos meses después de que el centrista Jaime Ignacio del Burgo fuera descabalgado de la presidencia de la Diputación Foral de esta Comunidad. En junio, al mes de la moción de censura, UCD vivió dos duras escisiones en Extremadura y en Cantabria, presagio de lo que ocurriría en los meses siguientes. El nivel de las críticas internas subió de tono y empezaron a manifestarse fuera de las conversaciones entre disidentes: «Los españoles necesitan planteamientos claros», reclamaba Landelino Lavilla»80 en alusión directa a Adolfo Suárez. Y los dirigentes de la oposición socialista trataban de pescar en el río revuelto de la crisis centrista: «Guerra propicia un acuerdo con los progresistas de UCD».81

Las cargas de profundidad fueron de calado a lo largo de los meses de mayo y junio de 1980. «España puede convertirse en un Estado policíaco».82 «Las graves responsabilidades, por acción u omisión, del Gobierno en el acoso al ejercicio de la libertad de expresión, en los recortes de otras libertades, en la reaparición de la violencia fascista (…) no solo significan una congelación del proceso democrático, sino una preocupante involución hacia las prácticas autoritarias anteriores al 20 de noviembre de 1975»,83 fecha de la muerte de Franco. Al nuevo Gobierno que Adolfo Suárez formó en los primeros días de mayo se le calificó de «un Gobierno como los de antes, lleno de falangistas, tecnócratas y democristianos. O sea, el túnel del tiempo».84

A tal extremo llegaron las críticas y presiones internas al presidente que en la primera rueda de prensa que celebró tras ganar la moción de censura afirmó: «Si UCD quiere mi relevo, me iré orgulloso de lo que he hecho». Esta fue la primera señal evidente de que el movimiento crítico en el seno del partido había empezado a hacer mella en el ánimo de Adolfo Suárez. Y no le faltaban motivos, porque cuando dos semanas antes Rafael Calvo Ortega fue designado nuevo secretario general del partido, el senador centrista por Pontevedra David Pérez Puga manifestó: «Esto constituye la negación de lo que es un partido democrático». Poco después el exministro centrista Ignacio Camuñas declaró que: «Suárez debe estar preparado para ser reserva».85 Y la oposición, en este caso de la derecha, no perdía ocasión de exponer su alternativa a Suárez con la colaboración de diputados y senadores centristas con los que ya estaba en tratos: «Fraga: vamos a formar la gran derecha»86 o «Senillosa propone un Gobierno de coalición presidido por Areilza».87 Pero los ataques a cara descubierta no solo venían de sus adversarios políticos, también se embarcó un sector muy significativo del empresariado y, en plena moción de censura, Antonio Garrigues Walker, presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección, afirmó: «Los empresarios apoyan una alternativa a Suárez en UCD (…). Francisco Fernández Ordóñez es hombre de valor político indudable».88

Las intrigas de sus compañeros, apoyadas por los partidos situados a derecha e izquierda de UCD, consiguieron trasmitir un sentimiento de interinidad, incertidumbre y debilidad que afectaron muy seriamente al liderazgo de Adolfo Suárez. Y hubo un momento en que el cerco concluyó en una reunión a puerta cerrada de la cúpula de UCD con el objetivo de presentarle a Suárez un memorial de agravios y de lanzarle el mensaje de que todos juntos tenían más poder que él. Fue un pulso en toda regla que sus adversarios ganaron solo a medias. La Comisión Ejecutiva de UCD, presidida por Adolfo Suárez e integrada por Rafael Calvo Ortega, Fernando Abril Martorell, Rafael Arias Salgado, José Pedro Pérez-Llorca, Rodolfo Martín Villa, Pío Cabanillas, Francisco Fernández Ordóñez, Joaquín Garrigues Walker y Fernando Álvarez de Miranda, se reunió los días 7 y 8 de julio de 1980 en una casa que el Ministerio de Obras Publicas tenía en Manzanares el Real, a pocos kilómetros de Madrid, que los medios de entonces bautizaron como la Casa de la Pradera, título de una serie de televisión americana que se emitía con mucho éxito en la sobremesa de aquellos meses.

«Las reuniones no tuvieron un contenido directamente crítico contra la persona de Adolfo Suárez, como se ha contado —recuerda Rafael Calvo Ortega—. Hablaron todos los asistentes y se dijeron cosas como que la comunicación estaba fallando, que era imprescindible enviar mensajes positivos a los medios propiciando la publicación de artículos favorables a la acción del Gobierno. En un tono en ocasiones ácido y duro, pero siempre correcto, se pidió que el Gobierno, en clara alusión al presidente, frecuentara más el Parlamento. Varias intervenciones llevaban una carga crítica de fondo contra Adolfo Suárez al que, sin nombrarlo, se consideraba responsable de esos y de otros fallos. El debate fue muy vivo porque varios asistentes se enfrentaron a los críticos y, aunque reconocieron fallos y errores, se opusieron a la estrategia de demolición del presidente».

Sin que tuviera la carga dramática de la célebre obra Doce hombres sin piedad, que Reginald Rose escribió en 1957 y que poco después llevó al cine Sidney Lumet, las reuniones también tuvieron una carga tensa. Solo que en el célebre film se trataba de que los doce miembros de un jurado no declararan culpable a un inocente, y en la reunión de Manzanares el Real eran nueve los que se enfrentaban para conseguir unos y evitar otros la eliminación política del presidente del Gobierno. «Aunque los reproches no fueron personales y directos —continúa Calvo Ortega—, sí lo fueron por elevación, porque lo que le estaban exigiendo bien a las claras era un reparto del poder que tenía el único de todos los reunidos que ganaba los votos para conseguir ese poder».

Hubo un momento en que Adolfo Suárez comunicó a los asistentes que se ausentaba de la reunión para que pudieran hablar con toda libertad y exponer sin trabas sus críticas. Tras su ausencia, el debate subió algo el tono pero no hubo ninguna descalificación personal contra él. En contra de lo que se ha contado, la ausencia de Adolfo Suárez no fue larga. «No más de quince minutos; el tiempo de fumarse dos cigarrillos», recuerda Aurelio Delgado, que le acompañó en esos momentos junto con su secretaria Ana Martínez de Leyva. Y como Suárez les comentara lo que se estaba debatiendo en la reunión, Aurelio le dijo: «Da un puñetazo en la mesa, disuelve las Cortes y deshazte de los que quieren echarte». «Adolfo me miró con un gesto de tristeza e impotencia con el que me vino a decir lo fácil que era decirlo y lo difícil que era hacerlo», concluye Aurelio Delgado.

Al terminar las reuniones el 8 de julio, Rafael Calvo Ortega tuvo un encuentro con los periodistas, como secretario general del partido, para informar de su contenido, en el que trató de desdramatizar el fondo de los debates y anunció una política informativa más activa y eficaz así como una mayor presencia gubernamental en el Congreso de los Diputados. Esta información enfureció a Joaquín Garrigues Walker, que se consideraba el más capacitado para suceder a Adolfo Suárez y era el que había protagonizado las críticas más duras y más directamente alusivas contra él. Calvo Ortega tiene la convicción de que varios de los asistentes visitaron días después al rey para trasladarle sus críticas a Adolfo Suárez.

Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, el ariete

Cuando en tiempos lejanos un ejército ponía sitio a una ciudad amurallada, había un general en jefe con prestigio y apellidos que asumía el mando supremo, un estratega que diseñaba en un segundo plano la táctica del asedio, que hoy llamaríamos jefe del Estado Mayor, y un ejecutor encargado de golpear las puertas de la ciudad con el ariete para tratar de batirlas y encontrar un hueco por el que la tropa entrara en la ciudad y dominarla. La gran figura que dentro de UCD asumió el liderazgo de la operación para descabalgar a Adolfo Suárez de la presidencia fue Landelino Lavilla, letrado del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado. En sus años universitarios se había unido a la Asociación Nacional de Propagandistas, que en los años treinta del siglo pasado fundó Ángel Herrera Oria, germen de una democracia cristiana española. Ministro de Justicia en el primer Gobierno de Adolfo Suárez, diputado y presidente de las Cortes en la segunda legislatura, y consejero permanente de Estado desde 1983, era y es un grandísimo jurista.

El estratega en la sombra de esta operación fue Óscar Alzaga Villaamil, según relató Adolfo Suárez a finales de la década de los noventa al rector de la Universidad Complutense, Rafael Pujol. Catedrático de Derecho Político a los treinta y cinco años, Alzaga Villaamil fue militante desde su juventud en los movimientos juveniles democristianos de oposición al franquismo que encabezaron los catedráticos de las Universidades de Sevilla y Madrid, Manuel Giménez Fernández y Joaquín Ruiz Giménez. En enero de 1969, cuando el régimen decretó el estado de excepción, fue confinado en las localidades de Colmenar de Soria y Cueva de Agreda en la provincia de Soria, donde permaneció aislado varios meses. Fue diputado de UCD y era y es un brillante abogado en ejercicio.

Pero el que golpeó con el ariete los portones de UCD hasta abatirlos y contribuyó a la dimisión del presidente del Gobierno fue Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. Letrado del Consejo de Estado a los veintiséis años, tras ampliar estudios en las universidades de Oxford, París y Lovaina, fue secretario general técnico del Ministerio de Justicia con Landelino Lavilla como ministro en el primer Gobierno de Adolfo Suárez. Jurista de sólida formación, colaboró de forma destacada en la redacción de las primeras disposiciones legales que posibilitaron la reforma política, y especialmente en las normas electorales de la recién estrenada democracia que incorporaron la llamada ley D’Hont para propiciar la concentración del voto en dos grandes partidos de izquierda y derecha, y dar así estabilidad al sistema parlamentario y a sus Gobiernos. Pero su papel más importante lo jugó en 1977 y 1978, cuando fue uno de los llamados siete «padres de la Constitución».

Además de Miguel Herrero, participaron en la redacción Gabriel Cisneros Laborda y José Pedro Pérez-Llorca por UCD; Gregorio Peces Barba por el PSOE; Miguel Roca y Junyent por Convergencia Democrática de Catalunya; Jordi Solé Turá por el Partido Comunista de España y Manuel Fraga Iribarne por Alianza Popular. Pero la participación de Herrero de Miñón en estos trabajos tuvo un perfil muy singular que lo diferenció del resto de sus compañeros constituyentes. Todos ellos eran diputados y fue justamente por esta condición por la que recibieron el encargo de redactar el texto de la nueva constitución. Redactarlo entraba en sus atribuciones y, por lo tanto, también en sus retribuciones como parlamentarios. Pero a Miguel Herrero estas no le parecieron suficientes y pidió personalmente al presidente del Gobierno una compensación económica porque, le dijo, ese trabajo le exigía una dedicación que iba más allá de la que requería su condición de diputado, y suponía una merma en sus ingresos al restarle tiempo para cumplir con otros compromisos profesionales. Le propuso la cantidad de quinientas mil pesetas, que Suárez aceptó sin discutir, y que le fueron entregadas en mano con cargo a la partida de fondos reservados. La persona que en la presidencia del Gobierno se ocupaba de administrar estos fondos, y que fue la que le hizo la entrega de esa cantidad, le pidió un justificante de este pago y Miguel Herrero le firmó un recibo por ese importe del que se dio conocimiento al interventor delegado de Hacienda en la presidencia, Ramón García Mena, y al oficial mayor, Agustín Robledo, como se hacía habitualmente con todas las cantidades que salían de esta partida presupuestaria.

Ninguno de los otros seis «padres de la Constitución» cobró ni un céntimo por este trabajo que no fuera su sueldo de diputado.

Los tres dirigentes democristianos —Lavilla, Alzaga y Herrero de Miñón— fueron los que encabezaron la operación contra Suárez, aunque contaron con el apoyo del también democristiano Fernando Álvarez de Miranda —que estuvo confinado en Fuerteventura en 1962 por su participación en el llamado «contubernio de Múnich» y fue el primer presidente de las Cortes tras la restauración de la democracia— y del joven dirigente liberal y diplomático Ignacio Camuñas Solís. En aquellos momentos, los liberales de Joaquín Garrigues aún se recuperaban del duro golpe que supuso el fallecimiento de su líder, situación que les apartó de la punta de lanza de esta operación, mientras que entre los socialdemócratas centristas había una mayoría que ya apuntaba claramente al abandono del partido y a su integración en el PSOE.

No se puede afirmar que los tres compartieran el mismo proyecto de partido, porque los hechos posteriores demostraron que Óscar Alzaga y Miguel Herrero de Miñón defendían la convergencia y la unión con la derecha de Manuel Fraga, mientras que Landelino Lavilla la rechazó en vísperas de las elecciones generales de octubre de 1982 cuando era presidente de UCD. Aunque sus proyectos de futuro a medio y largo plazo fueran distintos, lo que sí unió a los tres fue el propósito de desplazar a Adolfo Suárez del poder y hacerse con el control del partido.

Quien asumió el liderazgo de esta operación y manejó el ariete fue Miguel Herrero de Miñón, no solo en el interior del partido y del grupo parlamentario —clave para que tuviera éxito—, sino en los medios de comunicación y en diversas tribunas públicas.

El 8 de septiembre de 1980, Adolfo Suárez hizo el que sería su último cambio de Gobierno en el que entraron varios de los pesos pesados que habían quedado fuera tras las elecciones de marzo del año anterior. Francisco Fernández Ordóñez asumió la cartera de Justicia y Rodolfo Martín Villa ocupó la de Administración Territorial. Varios dirigentes democristianos, como José Luis Álvarez, Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona o Íñigo Cavero, asumieron las carteras de Transportes y Comunicaciones, Educación o Cultura; y el socialdemócrata Luis González Seara, la de Universidades e Investigación. El nuevo Gobierno fue recibido con el mismo desdén que el anterior, cuando Manuel Fraga había manifestado con su habitual modestia: «Estos chicos no saben de la misa la media (…), en cosas de Gobierno le doy cien vueltas a Suárez».89

Lavilla seguía ocupando la presidencia de las Cortes y Miguel Herrero de Miñón esperaba su oportunidad. Para sacarse la espina de la moción de censura socialista de mayo, Adolfo Suárez presentó el 16 de septiembre en el Congreso de los Diputados una cuestión de confianza, que dos días después ganó con ciento ochenta votos y el apoyo de UCD, Convergència i Unió, Partido Andalucista y un voto del Grupo Mixto. Al día siguiente de la victoria parlamentaria del presidente, Miguel Herrero lanzó la primera señal de que la operación del sector crítico contra Suárez iba en serio y era frontal. Solo esperó veinticuatro horas.

En pleno intento de recuperación política de Adolfo Suárez, Herrero publicó un artículo en el diario El País titulado «Sí, pero…», cuyo contenido iba dirigido contra el presidente del Gobierno sin nombrarlo. La expresión «sí, pero…» no era original del político español; se trataba de una emulación de lo que Valéry Giscard d’Estaing había hecho en 1967 cuando la estrella del general De Gaulle comenzaba a apagarse. El que había sido su ministro de Finanzas, que aspiraba a sustituirle en la presidencia de la República, percibió que el final político del general estaba cercano y comenzó a marcar distancias con estas dos palabras que se hicieron célebres en Francia. La estrategia la consumó dos años después cuando retiró su apoyo a De Gaulle en el referéndum que este convocó el 27 de abril de 1969 sobre la reforma del Senado y la regionalización. El general lo perdió y dimitió en el acto como presidente de la República. Giscard fue elegido jefe del Estado cinco años más tarde tras la muerte de Pompidou. El ejemplo a seguir estaba claro.

Pero el artículo de Herrero no era tan sutil como el mensaje de Giscard a De Gaulle; era mucho más directo y beligerante porque, entre otras cosas, decía lo que sigue: «Nuestro grupo parlamentario (…), al que como es propio de todo sistema democrático occidental debería corresponder, junto con su homólogo del Senado, la dirección de la política parlamentaria de UCD (…), ese grupo gracias a cuya confianza se mantiene el Gobierno, y que con su voto constante, disciplinado e incluso abnegado, ha permitido muchas decenas de victorias parlamentarias (…). Sí al Gobierno, algunos de cuyos miembros unen a su alta competencia la condición de jefes históricos del centrismo español (…). Sí a la decisión —¡tantas veces anunciada!— de ser firmes, austeros y eficaces, a la decisión, en fin, de gobernar de una vez, aunque no sabemos cómo y por qué ahora va a cumplirse tan pío deseo (…). Pero no al caudillaje arbitrario, o lo que es peor, a la inerte posesión solitaria del poder tendente a reducir al partido y la mayoría parlamentaria en un mero séquito fiel».

Herrero pedía «un partido regido por un liderazgo colectivo» y decía: «No a los pactos y connivencias secretas con minorías de muy distinta laya (…) que atentan al pudor de la cosa pública (…). No al enfrentamiento radical y personal con la única oposición nacional y democrática que existe, el Partido Socialista Obrero Español, ante el que no es preciso ceder como se hacía antaño, pero con el que es necesario dialogar siempre y coincidir en grandes temas de Estado, como no se hace hogaño. Porque si gobernar no es ceder, gobernar en democracia es dialogar. Y no también a la falta de un diálogo serio con Coalición Democrática (…). Pero no a las ambigüedades de un programa vagaroso, apto solo para ir tirando. Porque el quid de la política no consiste en estar en el poder, sino en saberlo utilizar, y gobernar no es permanecer indefinidamente a bordo, sin jarcias ni timón, como un náufrago. Consiste en saber fijar el rumbo, en saber alcanzar el puerto de destino… en saber incluso desembarcar».

Tras una clara descalificación personal y política —«No al caudillaje arbitrario» y «A la inerte posesión del poder»—, se trataba de que UCD fuera «un partido regido por un liderazgo colectivo» después de que su presidente supiera «incluso desembarcar». Le estaba pidiendo a Adolfo Suárez —que era el que había conseguido los votos con los que UCD ganó las elecciones generales de 1977 y de 1979— que se marchara y dejara el poder en manos de los que estaban tratando de echarlo. Pocos días después, Miguel Herrero de Miñón pronunció una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid en la que mantuvo la misma tesis que en su artículo, pero con expresiones más duras como «caudillaje», «personalismo extremado» y «arbitrismo».

La ocasión para llevar adelante su estrategia surgió antes de lo esperado, porque en el mes de octubre se produjo la renovación de la presidencia del Consejo de Estado, para la que fue designado Antonio Jiménez Blanco. Este dejó vacante la portavocía del grupo parlamentario centrista en el Congreso, y Herrero de Miñón aprovechó esta circunstancia para consumar su pulso a Suárez. Lo habitual para cubrir este puesto era pactar un único candidato que sería ratificado con el voto prácticamente unánime de los miembros del grupo. Pero en esta ocasión fueron dos los candidatos: Santiago Rodríguez Miranda, que tuvo el apoyo de la dirección del partido y fue considerado como el candidato oficial, y Miguel Herrero de Miñón, que desde el primer momento se presentó como la alternativa del sector crítico. Rodríguez Miranda era un joven abogado del Estado, diputado por Mallorca, capaz y bien preparado pero con el handicap de pertenecer al sector socialdemócrata del partido, que era minoritario en el grupo parlamentario centrista.

Desde el principio la candidatura de Herrero de Miñón se presentó como un desafío a la dirección del partido y al propio presidente. Rafael Calvo Ortega, entonces secretario general de UCD, pidió autorización a Adolfo Suárez para implicarse a fondo en esa elección y dar la batalla frontal poniendo sobre la mesa el peso de su autoridad. «Pero el presidente me lo prohibió de una forma tan tajante como no lo había hecho nunca conmigo ni cuando fui ministro ni luego como secretario general del partido», recuerda.

«Le solicité autorización para reunirme con todos los miembros del grupo parlamentario y decirles que ellos me habían elegido hacía dos meses como secretario general del partido en contra de mi voluntad y que, no obstante, yo había aceptado. Y que ahora era yo quien les pedía que votaran a Santiago Rodríguez Miranda porque tenía con él toda la sintonía personal y la interlocución necesaria para que ambos desarrolláramos una fluida y cómoda relación conjunta. Y se lo pedía, no porque tuviera nada contra Miguel Herrero de Miñón, sino porque lo consideraba el más complementario. Pero Adolfo Suárez me lo prohibió», explica Calvo Ortega.

Utilizó como argumento que si perdía Rodríguez Miranda, Calvo Ortega tendría que dimitir, a lo que él respondió que no le importaría nada tener que hacerlo; no obstante, insistió con firmeza en su prohibición. «Transcurridos los años, y después de ver todo lo que ocurrió en los tres meses siguientes, estoy completamente convencido de que el presidente no quiso dar esa batalla porque ya estaba madurando la idea de dimitir y, por lo tanto, darla sería un esfuerzo inútil», añade Rafael Calvo Ortega.

Adolfo Suárez no se implicó personalmente en esta operación y delegó en Rafael Arias Salgado, que siempre estuvo convencido del triunfo de Rodríguez Miranda, y así se lo transmitió al presidente en los análisis e informes que le envió. En cambio, Aurelio Delgado, que se había entrevistado en esos días con muchos diputados, dirigentes provinciales y gobernadores civiles, llegó a la conclusión de que Miguel Herrero de Miñón ganaría la votación, y así se lo comunicó a Suárez. De la misma opinión fue su amigo Fernando Alcón, diputado centrista por Ávila, que también se lo hizo saber. Fue entonces cuando el presidente y su equipo tomaron conciencia del gravísimo error que habían cometido en enero de 1979, cuando se mantuvieron al margen, salvo en contadas ocasiones, de la elaboración de las listas electorales para los comicios que se celebraron el 1 de marzo, porque cuando empezaron a investigar qué diputados podían apoyar a Rodríguez Miranda o a Herrero de Miñón, ignoraban quiénes eran un buen número de ellos y a qué sector del partido pertenecían. A ese extremo llegaba su desconocimiento de quién era quién en el seno del grupo parlamentario centrista.

El 14 de octubre de 1980, Miguel Herrero ganó la elección por ciento tres votos contra cuarenta y cinco. Con este resultado aplastante, los diputados de UCD lanzaron un mensaje claro a su presidente, en el que le venían a decir que, aunque le habían apoyado en la moción de confianza un mes antes, no confiaban en él ni en su equipo. La decisión de Adolfo Suárez de no intervenir en la campaña, sus instrucciones estrictas a Rafael Calvo Ortega, la pertenencia del candidato derrotado a un sector minoritario del partido y el hecho de que Rodríguez Miranda no se entregara a fondo en la lucha por conseguir apoyos y votos hasta el punto de irse a Palma el fin de semana que precedió a la votación, en lugar de haberse quedado en Madrid haciendo campaña, no podían esconder la dura realidad de un voto de rechazo del grupo parlamentario centrista al presidente del Gobierno y del partido.

Al día siguiente de ser elegido portavoz, Herrero de Miñón lanzó un dardo directo contra Adolfo Suárez: «La habilidad política no consiste en la improvisación, el engaño o el parcheo sino en defender lo que se cree, no engañar al amigo y suscitar confianza». «Lo que se plantea en UCD no es una lucha ideológica. Lo que se debate ahora es si se organiza como un partido democrático o no, es la seriedad frente a la frivolidad, la democracia frente a la arbitrariedad».

Fortalecido al hacerse con el control del grupo parlamentario de UCD en el Congreso y del importante presupuesto que le correspondía por sus ciento sesenta y ocho diputados, uno de los primeros pasos que dio el nuevo portavoz fue establecer contacto con Manuel Fraga para coordinar los grupos parlamentarios de ambos partidos, cuenta un exalto cargo centrista. Con el fin de garantizar el control y la disciplina de su grupo, los nuevos responsables comenzaron a seguir de cerca a sus principales adversarios ideológicos dentro del partido, en este caso los socialdemócratas de Francisco Fernández Ordóñez. Pocos días después de la votación, la diputada por Zaragoza Carmen Solano, vinculada a este sector, fue convocada a las oficinas que la portavocía del grupo tenía en la sede central del partido en la calle Cedaceros 11, al lado del edificio del Congreso de los Diputados. Y para su gran sorpresa, se le hizo una propuesta: «Tú sabes que UCD es un barco a punto de naufragar y que, como ocurre en todos los naufragios, los jefes se salvarán subiendo a los esquifes y el resto de la marinería se irá al fondo del mar», le dijeron.

«Ellos me propusieron —continúa Carmen— un acuerdo para “salvarme del desastre”, que consistía en que les proporcionara toda la información de lo que se hablaba, planeaba y decidía entre los parlamentarios del sector socialdemócrata a cambio de una compensación económica. La propuesta textual fue: “Tú nos das auxilium y consilium, y nosotros te daremos stipendium; te haremos condesa de la Edad Media”». «Me propusieron, lisa y llanamente, darme dinero a cambio de información. Les dije que no y, por no echar leña al fuego, no conté nada a mis compañeros de grupo», concluye Carmen.

El triunfo de Herrero de Miñón recibió apoyos en un amplio sector de la prensa nacional, aunque algunos ya advirtieron de sus consecuencias negativas: «La elección de Miguel Herrero de Miñón es una bomba de tal calibre contra las elites partitocráticas que difícilmente puede imaginarse un final feliz para esta historia»,90 y se añadía: «El Gobierno tiene que ganarse el apoyo de su grupo parlamentario».91 Al día siguiente, el elegido manifestaba en una conferencia: «UCD puede disolverse en el ocaso de un carisma personal». Seguían los elogios al nuevo portavoz: «Ha vencido un hombre regeneracionista y renovador que va a encontrar enormes dificultades para sacar a su grupo de la inercia estéril a la que le había conducido una dinámica política equivocada».92

Dos días después, Herrero de Miñón, en un desayuno con periodistas en el hotel Ritz, lanzaba una descalificación en toda regla contra el presidente de su partido: «El debate de UCD es democracia contra arbitrariedad». Paradójicamente, Adolfo Suárez era presentado como el contrapunto a la democracia. Y añadía con escaso sentido de la profecía: «UCD puede ganar sin Suárez (…) y no hay ninguna persona insustituible».93 Poco después, en una reunión con el grupo Crónica, integrado por varios periodistas, proponía un nuevo candidato para presidir su partido: «Landelino Lavilla es una de las personas capaces de asumir el liderazgo de UCD». «Queremos regenerar UCD», afirmaba más tarde en una entrevista.94

Pero ni su victoria sobre Rodríguez Miranda ni la posterior dimisión de Adolfo Suárez, ni su sustitución por el más conservador Leopoldo Calvo-Sotelo, ni el nuevo protagonismo de Landelino Lavilla, que eran sus objetivos teóricos para regenerar el partido, fueron suficientes para que Herrero de Miñón permaneciera en UCD. Los hechos demostraron que su objetivo final no era dotar al grupo parlamentario centrista de una amplia autonomía, ni acabar con «el caudillaje arbitrario», «la frivolidad» y «la arbitrariedad» de Suárez; su propósito último fue la fusión entre centristas y populares para, tras la desaparición de UCD, crear un gran partido conservador, algo que no era el partido centrista. Y tras ver fracasado su intento, el 1 de febrero de 1982, Miguel Herrero de Miñón abandonó el grupo parlamentario del que era portavoz y, en compañía del exministro de Cultura Ricardo de la Cierva y del diputado por Almería Francisco Soler Valero, se pasó como diputado independiente a Coalición Democrática y pocos meses después se integró en Alianza Popular.

Pasar en solo quince meses y medio —desde el 14 de octubre de 1980 al 1 de febrero de 1982— de ser portavoz de UCD a diputado de un partido de la oposición no parecía tanto la consecuencia de un desencanto como de una estrategia diseñada con antelación. Y tampoco parece que Miguel Herrero de Miñón creyera que Alianza Popular, dirigida entonces por la enérgica personalidad de Manuel Fraga, fuera un ejemplo de liderazgo colectivo ajeno al caudillaje que reclamó en su campaña contra Adolfo Suárez y por la portavocía del grupo parlamentario centrista. Bien es cierto que su estrategia se mostró claramente insuficiente, porque no consiguió la integración entre centristas y populares ni que le siguiera un amplio número de diputados de UCD, porque, como hemos visto, solo lo hicieron dos. Tampoco acertó con la teoría de que un gran partido conservador, desaparecida UCD, lograría los votos suficientes para derrotar al PSOE porque, para conseguirlo, Alianza Popular tuvo que esperar catorce años, desde 1982 a 1996, cambiar de nombre y de líder.

Miguel Herrero de Miñón fue diputado por Alianza Popular en varias legislaturas desde las elecciones de octubre de 1982, y en los años siguientes tuvo cargos de relevancia en el partido y en su grupo parlamentario. Cuando en diciembre de 1986 Manuel Fraga dimitió y dejó vacante la presidencia del partido tras ser derrotado en cuatro elecciones generales consecutivas, Miguel Herrero asumió el puesto de portavoz interino del grupo parlamentario popular. Y cuando dos meses más tarde, en febrero de 1987, Alianza Popular convocó su VIII congreso con el fin de elegir nuevo presidente, todo parecía apuntar a Miguel Herrero de Miñón como uno de sus más firmes sucesores. Efectivamente, se presentó como candidato frente al joven abogado del Estado Antonio Hernández Mancha, pero el resultado de la votación final le fue muy adverso. Hernández Mancha obtuvo mil novecientos ochenta y siete votos y Herrero de Miñón, setecientos veintinueve. No obstante, se mantuvo en la cúpula del partido hasta 1993, bien es cierto que con influencia y poder oscilantes, tirando a menguantes. Pero tras la elección de José María Aznar como presidente de Alianza Popular, se apartó de la vida política hasta que en 2004 se dio de baja en el partido.

Transcurridos tres lustros del embate del sector crítico de UCD y desaparecido cualquier atisbo de resentimiento, Adolfo Suárez recordó en más de una ocasión estos hechos en sus largas sobremesas nocturnas con el rector de la Universidad Complutense, Rafael Pujol, al que le confesó su decepción con Óscar Alzaga y Miguel Herrero «porque le habían traicionado, decía, cuando él siempre se portó bien con ellos».

El embate

Tras la victoria de Miguel Herrero el 14 de octubre de 1980 los enfrentamientos en el seno de UCD fueron a cara de perro. Al grito de «fuera máscaras» se abrió una lucha sin cuartel y suicida que abrasó en una hoguera de vanidades y ambiciones al partido que contribuyó a la recuperación de las libertades y lo redujo a cenizas. Esa lucha tuvo un frente subterráneo al que no fueron ajenos sectores empresariales y financieros, y otro en la superficie a campo abierto en los medios de comunicación.

Manuel Fraga comenzó a cortejar a los democristianos de UCD, y el Partido Socialista hizo lo mismo con los socialdemócratas. Ambos tuvieron como propósito común descuartizar el partido de centro con el objetivo puesto en construir dos posibles mayorías: la que preconizaban los democristianos con Alianza Popular, que algunos llamaban la «gran derecha»; y la que defendían los socialdemócratas con el Partido Socialista. Pero ambas coaliciones eran casi imposibles porque, con solo un sector de diputados centristas, ni Alianza Popular ni el Partido Socialista podían conseguir mayoría absoluta para destituir a Adolfo Suárez y formar un nuevo Gobierno.

Uno de los argumentos de peso que se utilizaron para forzar una coalición o fusión entre UCD y Alianza Popular fue la llamada «mayoría natural», según la cual la unión de todos los votos de ambas formaciones daba como resultado una mayoría conservadora que debía concentrarse en un único partido. Tesis que, entre otros, sostuvo el historiador Carlos Seco Serrano en un artículo que tituló «Mayoría natural».95

La realidad posterior echó abajo la tesis de los que afirmaban que los votos centristas y populares unidos en un solo partido conservador se traducirían en una mayoría parlamentaria que ganaría a la izquierda. Una vez desaparecida UCD, en las elecciones generales de 1986, 1989 y 1993, Alianza Popular, el partido de la derecha conservadora, fue ampliamente derrotado por el Partido Socialista porque muchos votantes centristas emigraron a otros partidos, incluido el socialista. Es más, catorce años después, en las elecciones de 1996 el Partido Popular, heredero de Alianza Popular, ganó al Partido Socialista por una diferencia del 0,16 por ciento de los votos emitidos. Votaron 25.172.058 electores, y el PP obtuvo 9.716.016 votos frente a los 9.425.678 del PSOE; una diferencia de 292.328 sufragios, tras trece años y medio de Gobierno de Felipe González y algunos escándalos como el de Filesa, los protagonizados por el gobernador del Banco de España o el director general de la Guardia Civil.

La estrategia de sacar del poder a Adolfo Suárez porque era el único obstáculo para la creación de un gran partido conservador que derrotara a la izquierda se reveló como un error que se volvió contra sus promotores, porque quedaron apartados para siempre de la vida política y allanó el camino de acceso al Gobierno del Partido Socialista durante casi tres lustros con mayorías arrolladoras.

A los planteamientos teóricos como el del profesor Seco, siguió el enfrentamiento abierto que recogían los periódicos: «Landelino Lavilla no irá en la candidatura de Suárez [al congreso de UCD]. La firme decisión manifestada por don Landelino Lavilla en el seno de su partido de no participar en ninguna candidatura elaborada a partir de esquemas que fueron aplicados en el último congreso de su partido ni a formar parte de órganos que sigan respondiendo a una concepción cuya inoperancia y esterilidad se ha puesto desde entonces claramente de manifiesto»,96 declaración que tres días más tarde recibía un elogio entusiasta: «Bravo, Landelino Lavilla».97 Los medios reflejaban el enfrentamiento: «Se avecina la revuelta en UCD»,98 «Crece el movimiento crítico en UCD».99

No solo se publicaban las señales claras de crisis interna «La rebelión de UCD»,100 sino que se animaba a ella: «Fernández Ordóñez, un genuino centrista, un reformista auténtico, debe alinearse junto al sector crítico».101 Ordóñez se daba por aludido y declaraba cuatro días después: «En UCD faltan dirección y autoridad»102 o «Landelino va a por todas».103

El síntoma más revelador de que el grupo parlamentario se estaba cuarteando fueron las declaraciones y las deserciones de algunos diputados en los últimos meses de 1980. El 17 de noviembre de 1980, el diputado centrista democristiano por Asturias y vicepresidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Luis Vega Escandón, declaró en la Hoja del Lunes de Oviedo: «Suárez no parece capaz de hacer frente a la situación», y señaló como posibles sucesores a Leopoldo Calvo-Sotelo y a Landelino Lavilla. El 20 de noviembre el diputado centrista del sector democristiano José Luis Ruiz Navarro dijo en el acto de presentación del libro Trayectoria de un ministro de la Corona, del exvicepresidente Alfonso Osorio: «¿No es hora de que alguien se retire a escribir sus memorias?».

Pero pronto se pasó de las palabras a los hechos, porque el 23 de noviembre el senador extremeño Pedro Cañadas causó baja en el grupo parlamentario centrista y se integró en el Grupo Mixto. Tres semanas más tarde, el 19 de diciembre, Luis Ramallo García, presidente de la Junta de Extremadura, dimitió «a petición hecha por su propio partido». El diplomático Eugenio Bregolat cuenta que por aquellas fechas Adolfo Suárez recibió en su despacho del palacio de La Moncloa al diputado por Málaga José García Pérez para tratar de convencerle de que no llevara a la práctica su propósito anunciado de dejar UCD y pasarse al Grupo Mixto: «Fue inútil. Tras una reunión de tres horas no consiguió hacerle cambiar de opinión, y este rechazo —recuerda Bregolat— le hizo tomar conciencia de que había perdido la autoridad y el liderazgo entre los suyos, que hasta entonces había mantenido. Ya no controlaba a su gente y el partido no le obedecía. Esto, que habría sido impensable dos años antes, fue para él la confirmación de su decadencia al frente del partido. Ya no era el Suárez de los primeros años que arrastraba a las gentes y al que muchos aspirantes a diputado o senador le imploraban un puesto en las listas electorales».

El 21 de diciembre se hizo público el conocido como «Manifiesto de los 200», en el que se pedía una mayor democratización del partido, es decir, una «dirección colegiada» como la que dos meses antes había pedido Miguel Herrero de Miñón. Lo firmaban dirigentes como los liberales Antonio Fontán e Ignacio Camuñas, y el democristiano Óscar Alzaga; en veinte días el número de adherentes al manifiesto subió a quinientos. El 10 de enero Alzaga advirtió: «UCD se hizo demasiado deprisa y ahora tenemos que cambiar el partido antes de que podamos perder las elecciones». Y ese mismo día, Landelino Lavilla se ponía al frente del grupo opositor a Adolfo Suárez y se alejaba definitivamente de él: «Me siento personalmente identificado con el documento, me adhiero a él y asumo plenamente sus objetivos», y lanzaba una carga de profundidad contra el liderazgo del presidente: «Me parece obvio que la definición sobre si Suárez seguirá siendo la persona idónea para 1983 no puede hacerse de forma irrevocable a dos años vista». Pocos días después, el exministro Manuel Jiménez de Parga se unía al grupo opositor con un punto de sarcasmo: «En el I congreso se ratificó a un presidente. Ahora sería suicida repetir la función».

El sector empresarial y financiero, siempre parco en palabras y no tanto en hechos, llevaba tiempo lanzando sus advertencias. La patronal catalana Fomento del Trabajo había afirmado, el 9 de agosto de 1980, en un comunicado: «La situación puede acabar siendo explosiva», y el 20 de octubre la CEOE manifestó: «Los objetivos alcanzados [por el Gobierno] han sido prácticamente nulos». Juan Luis Cebrián, entonces director del diario El País, publicó en noviembre de 1980 el libro La España que bosteza, en el que afirmaba que Adolfo Suárez estaba siendo víctima de una «ofensiva extraordinariamente fuerte» diseñada en «ámbitos financieros». Y el periodista Miguel Ángel Aguilar publicó el día 27 de ese mes en este periódico una crónica en la que informaba que «sectores financieros, eclesiásticos y militares propugnaban un Gobierno de gestión».

Pero la información definitiva en este asunto la proporcionó Carlos Dávila en el diario ABC, periódico con muy buenas conexiones con los círculos bancarios, el 9 de enero de 1981: «El movimiento crítico encabezado por Landelino Lavilla, Óscar Alzaga, Miguel Herrero de Miñón y Fernando Álvarez de Miranda (…), cuya intención final es proporcionar al jefe del ejecutivo y del partido un serio mandoble político (…), cuenta con una financiación adecuada, proporcionada por una organización bancaria». Era difícil ser más claro.

El derribo

El cerco y la descalificación personal contra Adolfo Suárez fueron continuos e implacables en los últimos meses de 1980. No solo el sector crítico de su partido fue a por él; también la oposición parlamentaria trató de descalificarle llegando incluso a acusarlo de proteger la corrupción. No hubo ni un solo medio de comunicación que, además de criticarlo, defendiera el balance de lo que había hecho en los últimos cuatro años. Hubo una decisión coincidente, no se sabe si concertada, en que tras el acoso del último año, había llegado el momento del derribo.

En algunos medios se utilizó contra él el argumento del autoritarismo arbitrario, propio de los regímenes dictatoriales como el que Adolfo Suárez había desmontado hacía solo tres años, y que desde un principio empleó el sector crítico de su partido y su portavoz, Miguel Herrero de Miñón: «Que el poder tenga por norma rodearse de personas mediocres para prevenir el acceso a las alturas de los más capaces (…). Que el poder recurra continuamente a arbitrismos, piruetas y engañifas para sortear siempre escollos que hubiera sido fácil de prever (…). Lo peor de pretender gobernar una democracia con los recursos propios de un régimen autoritario no es moralmente correcto, sino que resulta funcionalmente imposible».104 Tras el reclamo de la democratización interna del partido lo que se buscaba era la salida de Suárez: «La democratización interna de UCD aumentaría en proporción muy conveniente sus posibilidades de recambio en el liderazgo del partido».105 «No está en juego si Felipe González sustituirá a Suárez, sino si otro personaje —presumiblemente de UCD— será invitado al reunir mayores apoyos que este».106

No faltaban aspirantes a sucederle incluso fuera de su partido y de los de la oposición, como fue el caso de Antonio Garrigues, abogado de prestigio y presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección, según reconoció él mismo en unas declaraciones hechas en Salamanca: «Antonio Garrigues aceptaría la presidencia del Gobierno (…) aunque no espera tal oferta».107 En alguna ocasión, el afán de descalificación llevaba a invertir las responsabilidades: «Adolfo Suárez aparece como aquel grumete enfadado con la Marina que en alta mar hacía un agujero en el fondo del barco. ¡Suárez está hundiendo el barco!».108 Un columnista avispado advirtió: «Destruir a Suárez (…). Ha nacido algo así como una prisa genérica por sustituir a Suárez, y en eso debe haber algo más que un gato encerrado».109

Los medios sacaban a la luz con una mezcla de ironía y amenaza lo que hasta entonces habían sido maniobras en la oscuridad: «Suárez es sustituible (…). Líderes políticos de la oposición tanto de izquierda como de la derecha, junto a miembros de la UCD hablan, por primera vez, de esa posibilidad».110

El Partido Socialista no se quedó atrás en la dureza de sus acusaciones contra Adolfo Suárez. En el discurso que Felipe González pronunció en el Congreso con motivo de la moción de censura a finales de mayo de 1980 llegó a lanzar una dura invectiva contra el presidente del Gobierno, acusándolo de «falta de voluntad para enfrentarse con una situación de corrupción y desorganización administrativa en Radiotelevisión Española». El PSOE presentó una querella contra sus directivos redactada por el abogado José Federico de Carvajal Pérez, exsenador socialista por Ávila en la primera legislatura y presidente del Senado tras las elecciones generales de octubre de 1982. Sustanciado el sumario, todos los querellados fueron absueltos en sentencia firme. En ese debate de investidura el secretario general del Partido Socialista demostró su astucia al dedicar encendidos elogios a Manuel Fraga, su oponente ideal en la derecha, porque su techo electoral le iba a garantizar el triunfo en todas las elecciones por amplia mayoría, como quedó demostrado en los años siguientes.

Unos días antes se publicaba una información sobre un mitin sindical en Valladolid: «Felipe González anuncia la operación derribo contra UCD (…). Próxima ofensiva (…) para conseguir mayoría parlamentaria (…). Dijo que sería posible en octubre (…) e insinuó que en esa mayoría podrían entrar sectores de UCD disconformes con Suárez».111 Y continuó: «El Gobierno insensible a las libertades»,112 refiriéndose al Gobierno que había liderado el proceso de recuperación de las libertades en nuestro país tras la muerte de Franco. «Felipe González negó cualquier posibilidad de acuerdo con el Gobierno para buscar soluciones a los principales problemas del país».113 Tras el regreso de las vacaciones de verano manifestó en una rueda de prensa el 26 de agosto de 1980: «En cualquier caso, quede claro que la política de consenso ha terminado». Las maniobras para desequilibrar el grupo parlamentario centrista salieron a la luz: «Guerra propicia un acuerdo con los progresistas de UCD».114 Algunas afirmaciones del vicesecretario general del Partido Socialista rebasaron los límites de la crítica para adentrarse en el terreno de la descalificación moral: «Al Gobierno no le interesa acabar con el terrorismo».115 Pocos días más tarde, el 5 de noviembre de 1980, Felipe González declaró en una cena con periodistas organizada por Julián Cortés Cavanillas: «Estamos en una situación de crisis y de emergencia». Incluso llegó a pedir el 15 de diciembre de 1980 en un acto de UGT para pensionistas en la Casa de Campo de Madrid «una ley de defensa de la democracia».

La estrategia del PSOE de acabar políticamente con Adolfo Suárez siguiendo el consejo de los socialdemócratas alemanes fue tan implacable y evidente que mereció dos editoriales contundentes del diario El País: «La vigorosa ofensiva del PSOE contra Adolfo Suárez, cuya desaparición al frente del Gobierno es presentada por los socialistas como la “única” condición “no negociable y previa” para un eventual entendimiento con los centristas (…). Cerco a Suárez, formalmente semejante a las cíclicas ofensivas de los comunistas europeos contra las direcciones de los partidos socialistas desde 1917».116 La «única condición» «no negociable y previa» desvelaba hasta qué punto los socialistas españoles estaban siguiendo con detalle los consejos de sus correligionarios germanos después de ser derrotados contra pronóstico en las elecciones generales de 1979. Un mes después, el mismo diario advertía de las posibles maniobras inconfesables de los dirigentes socialistas: «No se terminan, así pues, de ver las razones, como no sean motivaciones alimentadas por el deseo de llegar cuanto antes al poder, por las que los socialistas puedan ahora pretender o exigir su entrada en el Gobierno por la puerta falsa de las maniobras extraparlamentarias, incluidos documentos firmados por altos mandos militares (…). Cualquier nueva mayoría debe salir de las urnas».117 La advertencia suponía la severa denuncia de un comportamiento que, por decirlo en términos suaves, vulneraba las reglas de la democracia.

Nadie entonces preveía ni de lejos la posibilidad de un Gobierno con mayoría absoluta y mucho menos como la que obtuvo el Partido Socialista dos años después. Ni siquiera Felipe González, que, en declaraciones a ABC el 4 de octubre de 1980, dijo: «A partir de 1983 solo se podrá gobernar en coalición».Y quizás por ese motivo, el Partido Comunista no quiso quedarse fuera del reparto de poder que pudiera hacerse si Suárez caía. A pesar de la debilidad parlamentaria en que lo habían arrinconado las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, el PCE lanzó señales anunciando su disposición a colaborar en el derribo de Adolfo Suárez: «Carrillo quiere salir a la calle con Felipe contra el Gobierno (…). Invita a los socialistas a organizar movilizaciones de masas».118 El día 26 de noviembre de 1980, el dirigente comunista Manuel Azcárate declaró en Valladolid: «Los comunistas estaríamos dispuestos a apoyar un Gobierno de coalición de los socialistas con UCD, si el resultado fuera hacer frente a los problemas graves como el terrorismo, el paro y el Estado de las Autonomías (…). Suárez tiene que marcharse».

Decepcionado y hundido

¿Qué pensaba Adolfo Suárez del embate que desde dentro y fuera de su partido intentaba derribarlo de la presidencia del Gobierno? «Él tuvo conciencia desde el primer día de su nombramiento como presidente del Gobierno —afirma Alberto Aza— de que estaba condenado a vivir peligrosamente. En el primer año, antes de las elecciones generales del 15 de junio de 1977, tuvo que hacer un esfuerzo para frenar a la derecha dura y, luego, para domesticarla. A partir de esas elecciones tuvo claro que la izquierda colaboraba con él porque le interesaba, pero era consciente de que, en cuanto tuviera la más mínima oportunidad, trataría de echarlo del poder. Y tras las elecciones del 1 de marzo de 1979 fue consciente de que su partido se lo comía y tenía que vender resortes de poder para comprar voluntades y seguir en la presidencia del Gobierno. Pero hubo un momento a partir del cual esa fórmula no funcionó porque sus adversarios internos no se conformaron con el poder que les “vendía”, y le reclamaron todo el poder; y sus enemigos externos —los poderes económicos y la alta oficialidad— presionaron para echarlo».

«Hubo algo —recuerda Aurelio Delgado— que nunca acertó a entender. El comportamiento de Carmen Díaz de Rivera, de Fernando Abril, de Francisco Fernández Ordóñez, de los dirigentes del sector crítico de su partido, y la dureza implacable, y en algunos momentos conspiratoria, de la oposición socialista, le decepcionaron y le desconcertaron, aunque lo que hicieron Carmen y Fernando fue lo que más le quebrantó el ánimo. Sencillamente, nunca entendió lo que estaba pasando y por qué. Pensaba que, entre otras cosas, él había liderado la reforma política en paz, con la que se conjuró el temor, cuando no el miedo, de muchos a lo que podía suceder tras la muerte de Franco, y nadie vio amenazada su libertad y su propiedad. La izquierda tenía más de ciento treinta diputados en el Congreso y gobernaba cientos de municipios, entre los que estaban las capitales más importantes del país. Y todo eso se debía en buena medida a él. Y si todo eso era cierto, y lo era, ¿por qué le querían echar?».

«Adolfo Suárez tenía un proyecto para la segunda legislatura —continúa Aurelio— una vez aprobada la Constitución, que consistía en consolidar las reformas con la redacción de nuevas leyes. Pero el desarrollo de la Carta Magna para cerrar el proceso constituyente exigía una unidad y una cohesión que los suyos le negaron y eso contribuyó a su debilidad política. Tuvo a su partido en contra y Felipe González se creció porque le vio débil. A Suárez le costó trabajo entender lo que estaba ocurriendo y por qué. Se sintió decepcionado por no poder llevar a la práctica lo que tenía previsto. Y esto le abatió».

«La derecha, el terrorismo —añade Alberto Aza— y algunos altos mandos del Ejército fueron los que le derribaron. Y sin este sentimiento de tristeza, decepción y abatimiento es imposible entender su decisión de dimitir. Desmoralizado, desengañado, entristecido y abandonado por algunos de los suyos, hubo un momento en que, sencillamente, se hartó. Esas fueron las razones de fondo que le empujaron a dimitir. Todo lo demás fue accesorio cuando no falso», concluye Aurelio.

Ese estado de ánimo tuvo una clara influencia en su actitud y en su proyección pública, porque en el año que precedió a su dimisión se aisló, se encapsuló, se encerró en sí mismo y en La Moncloa, incapaz de participar en actos públicos y de comparecer ante los medios de comunicación. Recuerda Fernando Alcón que en varias ocasiones le propuso que, aprovechando algunas de sus estancias de fin de semana en su casa de Ávila, recibiera al comité provincial de UCD, en el que casi todos sus miembros eran amigos suyos desde muchos años, pero se negó en redondo. Y esa tendencia al aislamiento fue más allá de la vida pública. La percibieron el matrimonio Gutiérrez Mellado, que vivía en el complejo de La Moncloa, y sus hermanos Hipólito, Menchu, Ricardo y José María, que vieron cómo, en ocasiones, era esquivo con ellos. Pero fueron su inseparable amigo Fernando Alcón y su esposa, María José, quienes la vivieron más de cerca. Amparo les confesó que en los últimos tiempos rehuía el trato incluso con los más cercanos.

Suárez también se aisló de sus inseparables amigos de la infancia y juventud, a muchos de los cuales había conocido en el colegio San Juan de la Cruz y en el Instituto de Enseñanza Media de Ávila. Durante decenios habían sido un clan de lealtades y apoyos sin reservas. Habían aceptado su liderazgo desde la adolescencia y le acompañaron en todas sus aventuras juveniles y, algunos de ellos, en su vida política. Entre ellos estaban Enrique Bustos, Pepe Dávila, Fernando Alcón, Pepe Ferrer, Aurelio Delgado —Lito—, Jesús Pérez y José Luis Sagredo.

Ellos fueron los que le prestaron en 1956 las cincuenta mil pesetas que necesitaba para darse de alta en el Colegio de Procuradores y poder ejercer esta profesión, siguiendo los pasos de su padre. Fernando Alcón le prestó quince mil pesetas, aunque realmente fue su progenitor, Víctor Alcón, uno de los más importantes empresarios de Ávila, quien le facilitó el dinero; Aurelio Delgado, otras quince mil, que también recibió de su padre Ignacio Delgado; Jesús Pérez le prestó diez mil y José Luis Sagredo, que era el único del grupo que ya trabajaba, no solo le dio una cantidad similar a la que aportaron Fernando y Aurelio, sino que le entregó un cheque en blanco firmado por él contra su cuenta corriente.

Fueron sus amigos de Ávila los que apoyaron todas sus iniciativas a aquel hombre que, desde que era joven, cuando hablaba de su futuro profesional en puertas, afirmaba con una sorprendente seguridad en sí mismo que él aspiraba a tener una carrera política cuyo objetivo último —no lo ocultaba— era ser presidente del Gobierno.

El aislamiento, incluso de los amigos que nunca le habían fallado, da una idea bastante precisa de su estado de ánimo. El tirón de la personalidad y del liderazgo de Suárez, que fueron claves en su ascenso político, desapareció a medida que avanzaba el año 1980, y esa actitud marcó su declive político hasta la dimisión. «¿Por qué no habla?», se preguntaban muchos. Sencillamente, porque se estaba produciendo una especie de desmayo de la voluntad, motivado por la decepción y el hartazgo.

Se ha escrito que algunos generales, en un encuentro el 22 de enero de 1980, le amenazaron a punta de pistola para que dimitiera, pero no existe prueba de que tal cosa ocurriera. Sí existe la prueba evidente de que ni las pistolas ni las ametralladoras le hicieron doblar cuando dispararon a discreción la tarde del 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados. Al contrario, se mantuvo erguido en su escaño asumiendo el riesgo de la propia vida. Por lo tanto es muy difícil creer que esas supuestas amenazas consiguieran lo que no lograron los tiros. «Ese encuentro con varios generales no se produjo nunca —afirma Aurelio Delgado—. Yo, que le conocí bien, estoy seguro de que si hubiera habido la más mínima amenaza de ese tipo habría sido razón más que suficiente para no dimitir y plantarle cara, como demostró la tarde del 23 de febrero de 1981».

También se ha escrito sobre la presión de altos mandos del Ejército, diferida a través del rey para obligarle a dimitir. Se ha afirmado que la tarde del 4 de enero de 1981, tras ver un partido de fútbol en el estadio de su Ávila natal en compañía de su amigo Fernando Alcón, se tuvo que trasladar a Baqueira Beret, donde estaba esquiando don Juan Carlos, a requerimiento urgente de este para trasmitirle un supuesto ultimátum que altos mandos del Ejército le habrían hecho llegar. Pero ese viaje de ida y vuelta en la tarde y noche del 4 de enero nunca se produjo. Aurelio Delgado, que por su cargo conoció y gestionó siempre al detalle la agenda de Adolfo Suárez, lo niega. Y el entonces jefe de seguridad del presidente del Gobierno, el capitán de infantería de Estado Mayor, Fernando López de Castro, hoy general de división en la reserva, también lo niega rotundamente. Él era el encargado de solicitar el transporte aéreo al Ministerio de Defensa, de organizar todos los viajes y de tomar las medidas para garantizar la seguridad del presidente tanto en La Moncloa como en todos sus desplazamientos, y hoy afirma, con su agenda de aquellos años en la mano y en la que anotaba hasta el más mínimo detalle, que tal viaje no se hizo nunca.

Pero al margen de rumores e historias sin confirmar, hubo una realidad innegable, y fue que pocos meses después de los comicios del 1 de marzo de 1979, se pusieron en marcha varias conspiraciones para descabalgar del poder a Adolfo Suárez, que recibieron diferentes nombres y saltaron a los medios de comunicación sin disimulo: gran derecha, gobierno de neutrales, gobierno de gestión, gobierno de concentración, gobierno de salvación nacional, operación De Gaulle, operación Armada… Todas estas expresiones fueron eufemismos, subterfugios semánticos para describir el propósito de sacar del poder por la vía de la presión, la traición o la fuerza a quien había ganado legítimamente unas elecciones libres. Estas expresiones ocultaban propósitos tan distintos e, incluso, enfrentados como la sustitución de Adolfo Suárez por un correligionario en la presidencia del Gobierno o por un general al frente de un supuesto gobierno de «salvación nacional», el acceso al poder de la oposición o la pura y simple demolición con un golpe de Estado del sistema constitucional instaurado en diciembre de 1978.

Fueron tan evidentes las conspiraciones y venían tan de largo que un año antes, el 26 de septiembre de 1979, el diario El País publicó un editorial con el título «El fantasma de un Gobierno fuerte», en el que las denunció y advirtió del riesgo de creer que una operación subterránea o un golpe militar podrían ser la solución a la crisis económica o al terrorismo.

El editorial partía de la negación del diagnóstico: «Esa frase [el fantasma de un Gobierno fuerte] que se ha difundido como una consigna y que afirma que España está enferma es, desgraciadamente, algo más que una bobada». Y añadía: «¿Alguien cree de verdad que uno de esos llamados Gobiernos fuertes, y que en realidad no son otra cosa que Gobiernos de fuerza, va a suprimir el terrorismo en el País Vasco de la noche a la mañana? ¿Alguien piensa en serio que el Gobierno de Suárez, en cuyo crédito figura la ardua maniobra estratégica del Estatuto de Guernica y la instalación de las condiciones para eliminar a medio plazo la amenaza de ETA, está mostrando tibieza o debilidad frente al terrorismo? ¿Tan flacos son de memoria esos truculentos críticos del señor Suárez y del señor Ibáñez Freire [ministro del Interior] como para olvidar que ETA nació durante el anterior régimen y que la inexistencia de libertades y el estado de excepción permanente en el País Vasco no solo no acabó con esa organización, sino que fortaleció sus cuadros y le suministró una apreciable base popular?».

Y continuaba: «La sugerencia de que un supuesto Gobierno fuerte situado al margen o en contra de la Constitución podría resolver los problemas del paro, de la inflación o del estancamiento económico movería a la risa si no fuera por los siniestros designios que se esconden detrás de semejante idea (…). Nadie puede descartar las posibilidades de una loca intentona de ribetes golpistas a contracorriente de la historia y contra la voluntad de la mayoría de los españoles (…). Ni el terrorismo ni la crisis económica son nudos gordianos que se puedan cortar con una espada (…). El presidente Suárez debe saber que son muchos los españoles, y no solo los que votaron a su partido, que le respaldarían si oscuras o violentas maniobras pretendieran desalojarlo del Gobierno que conquistó en unas elecciones libres. Solo los representantes en el Parlamento de la soberanía popular están capacitados para derribar, por métodos legales, a un Gobierno legítimo».

Todavía hoy, treinta y cinco años después, hay quienes quieren ver en esas conspiraciones ocultas el origen de una decisión que, coinciden todos sus colaboradores cercanos, Adolfo Suárez ya venía madurando desde hacía meses motivada por el hartazgo que le produjo todo lo que se ha contado en estas páginas: las traiciones, los abandonos, el enfrentamiento con poderosos grupos sociales y el sufrimiento físico causado por sus dolencias.

El rey

«La decisión más arriesgada que tomó don Juan Carlos en sus treinta y nueve años de reinado fue nombrar a Adolfo Suárez presidente del Gobierno. Porque si Adolfo hubiera fracasado en su proyecto de traer la democracia a España, el rey se habría jugado el trono y la continuidad de la monarquía. Un error en la elección habría sido letal para la institución, y esa apuesta a fondo y sin reservas por él es algo que Adolfo siempre tuvo presente y no olvidó nunca», afirma Aurelio Delgado.

«En los años de la Transición —prosigue— hubo momentos muy difíciles y llenos de peligro, como los secuestros de Oriol y Villaescusa, la matanza de los abogados laboralistas en la calle Atocha o el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, pero ninguno tan arriesgado como designar a Suárez en contra del criterio casi unánime de la opinión pública, de la clase dirigente, de los grupos de oposición y de los medios de comunicación».

«La monarquía —afirma Alberto Aza— es una institución que aspira a la continuidad de la dinastía, y la reforma y la transición que don Juan Carlos puso en marcha en España al designar a Adolfo Suárez contribuyeron a consolidar ese objetivo. Al ser coincidentes la aspiración dinástica y el proyecto reformista hacia la democracia, ambos se prestaron un apoyo recíproco, se retroalimentaron y salieron fortalecidos».

Y en este asunto la figura de don Juan de Borbón, padre del rey, fue clave por varias razones. En 1948 decidió que su hijo mayor se educara en España aceptando la invitación del general Franco, en contra de la opinión de algunos de sus asesores que le aconsejaron lo contrario con el argumento de que el régimen trataría de moldear ideológicamente a don Juan Carlos, que entonces solo tenía diez años, para convertirlo en un príncipe fascista. Y esta posibilidad era un riesgo real que no había que descartar. Pero don Juan vio un riesgo aún mayor en que su hijo y heredero viviera y se educara fuera de España, lo que le habría convertido en un príncipe extranjero alejado de su país. Y su opinión se vio reforzada por el hecho de que en el tiempo en que don Juan Carlos, siendo un niño, vivió en Suiza, se expresaba en ocasiones con un ligero acento francés y mezclaba algunos galicismos en sus conversaciones en castellano.

Don Juan asumió el riesgo de la educación de su hijo en España pero también la responsabilidad de formarlo ideológicamente. Y desde entonces se esforzó en que don Juan Carlos tuviera claro que la consolidación de la monarquía y de la dinastía, que había sido derrocada en dos ocasiones en el último siglo, en 1868 y en 1931, pasaba inexorablemente por la instauración de un régimen democrático a la muerte de Franco, similar al del resto de las siete monarquías reinantes en Europa. Don Juan fue el contrapeso ideológico en la formación del príncipe en los veintisiete años que transcurrieron desde su llegada a Madrid en noviembre 1948 hasta su proclamación en noviembre de 1975, porque aprovechó el tiempo que su hijo pasaba en familia en Estoril para inculcarle machaconamente la idea de que monarquía y democracia tenían que ir juntas en una España reconciliada tras la muerte de Franco. De esa forma se conjugaban el interés mayoritario de la ciudadanía en 1975 y el interés dinástico. Y ese planteamiento estaba en las antípodas ideológicas de los planes sucesorios de quienes dentro del régimen franquista aspiraban a perpetuarlo con una monarquía que sirviera de coartada y decorado a su proyecto. El padre del rey puso todo su esfuerzo en inculcarle el antídoto ideológico a las enseñanzas y al adoctrinamiento totalitario que el príncipe pudo recibir en España en esos años.

Hubo una tercera aportación de don Juan no solo en la formación de su hijo sino en su acción política. Desde su exilio en Estoril se esforzó por tender lazos de entendimiento con los grupos políticos de la oposición, desde los democristianos y liberales a los socialistas y también, por personas interpuestas, con los comunistas. Prueba de ello es que en los años que precedieron a la muerte de Franco, la República nunca fue planteada como una condición irrenunciable de los partidos de izquierda; es más, casi no se habló de ella entonces porque la aspiración de los demócratas era la recuperación de las libertades, y el padre del rey llevaba treinta años reclamándolas desde que en 1946 se enfrentó con Franco y publicó el manifiesto de Lausana. Poco después, en 1948, propició el Pacto de San Juan de Luz entre Gil Robles e Indalecio Prieto, que se vio frustrado por el miedo de los aliados a la política expansionista de Stalin.

Pero el resultado más significativo de esta actitud de don Juan, de la que años después se beneficiaron don Juan Carlos y Adolfo Suárez, se produjo en junio de 1962. Aprovechando la reunión del IV congreso del Movimiento Europeo bajo la presidencia de Salvador de Madariaga, se reunieron en Múnich monárquicos liberales, democristianos, socialistas, socialdemócratas y nacionalistas vascos y catalanes del interior y del exilio, con la única exclusión del Partido Comunista —aunque ya en 1956 había optado por una política de reconciliación nacional—, y acordaron la redacción de un manifiesto en el que reclamaban un régimen democrático y defendían la reconciliación entre los españoles. El 23 de diciembre de 1990 el político monárquico liberal Joaquín Satrústegui, que había asistido al congreso de Múnich, contó en ABC que al concluir el encuentro, Rodolfo Llopis, entonces secretario general del PSOE en el exilio, le pidió que trasmitiera al conde de Barcelona que «el PSOE tiene un compromiso con la República. Ahora bien, si la Corona logra restablecer pacíficamente la democracia, a partir de ese momento el PSOE respaldará lealmente la monarquía».

Desde el exilio, don Juan cubrió a su hijo el flanco izquierdo y el republicano, aunque por ese motivo tuvo siempre enfrente al régimen franquista y a todos sus medios de comunicación, que lanzaron contra él implacables campañas de desprestigio personal. Pero los hechos demostraron que su esfuerzo valió la pena porque dio resultado. Y él fue siempre consciente de la dureza de esas campañas, como revela una pequeña anécdota. Al terminar un acto organizado por la Fundación Santillana, en Santillana del Mar en abril de 1982, rogó a una señora que se encontraba a su lado que le pidiera un vaso de agua. «Tras la operación en la mandíbula se me reseca mucho la boca —le explicó—, y aunque yo llevo habitualmente una petaca con agua para paliar esa sequedad, si la hubiera sacado en público cuando estaba en la presidencia del acto me habrían llamado borracho, porque en España, menos maricón, me han llamado de todo».

Aunque en el régimen franquista nunca hubo más poder que el de Franco, sí hubo distintos grupos conocidos como «familias» en los que se apoyó para gobernar: los herederos de la Falange, que desde 1958 pasó a llamarse «Movimiento»; los católicos seguidores de Ángel Herrera Oria, aglutinados en torno a la Asociación Nacional de Propagandistas y al colegio mayor San Pablo, dirigidos por Fernando Martí Sánchez-Juliá; los tradicionalistas, herederos del carlismo, y algunos independientes. De todos ellos, los más lejanos, cuando no los más frontalmente opuestos a la monarquía, fueron los falangistas reconvertidos en miembros del Movimiento, que a lo largo de los años protagonizaron no pocos incidentes y desplantes a don Juan Carlos. Y los más cercanos eran los «propagandistas», la mayoría miembros de altos cuerpos de la Administración. Uno de ellos, el abogado Jacobo Cano, se incorporó a la secretaría del príncipe a fines de los años sesenta, aunque falleció en accidente de automóvil en agosto de 1971. Pero también a lo largo de la década de los años sesenta del siglo pasado emergió con fuerza, como hemos visto, una nueva «familia» integrada por un grupo de jóvenes expertos en economía, conocidos como los «tecnócratas», vinculados en su mayoría al Opus Dei y aglutinados en torno a Laureano López Rodó y al almirante Luis Carrero Blanco, que consiguieron altas cotas de poder tras el Plan de Estabilización y luego con los Planes de Desarrollo. Y este nuevo grupo de enorme influencia y poder entre 1959 y 1972 se convirtió en el mayor apoyo de don Juan Carlos dentro del régimen y fue el que, valiéndose de la cercanía y de la confianza que Franco tenía en el almirante Carrero, presionó para acelerar su designación como su sucesor en julio de 1969.

La muerte de Franco en 1975 obligó a los miembros de las distintas «familias» a tomar una posición sobre cómo debía diseñarse el futuro político inmediato de España. En definitiva, había que pronunciarse con claridad sobre si España debía convertirse o no en una democracia plena. Fue en este momento clave cuando se produjo un sorprendente cambio de papeles. Porque, contra todo pronóstico, fueron los jóvenes retoños del Movimiento, apoyados en los «propagandistas», quienes respaldaron a don Juan Carlos en la recuperación de la democracia, mientras que la mayoría de los poderosos tecnócratas no dieron el paso adelante por miedo a la libertad; es más, se opusieron al cambio y algunos de ellos militaron en partidos que lo rechazaron.

Pero no fueron solo los jóvenes provenientes del Movimiento los que apoyaron la reforma. Hubo también un miembro singular de esta organización, Torcuato Fernández Miranda, y no tan joven porque tenía cincuenta y seis años, que jugó un papel determinante en lo que habría de ocurrir tras la muerte de Franco. Aunque don Juan Carlos tuvo muchos preceptores en sus años universitarios, Torcuato Fernández Miranda fue el único de todos ellos con el que llegó a tener una especial confianza política, algo muy difícil de conseguir de alguien que está llamado a reinar.

En los últimos años del régimen se hicieron decenas de planes sobre qué hacer a la muerte de Franco, que quedaron resumidos en una frase que tuvo entonces mucho éxito: «¿Después de Franco, qué?». Los defensores del régimen los hicieron para no cambiarlo; y los partidarios del cambio, para sacarlo adelante. Y, naturalmente, al príncipe se le propusieron muchos de esos proyectos para cuando asumiera la Corona. Pero la cuestión de fondo radicaba en saber qué era lo que don Juan Carlos quería hacer cuando llegara ese momento. ¿Pretendía mantener las estructuras políticas que había heredado o aspiraba a cambiarlas? Y en el caso de que este fuera su deseo, ¿qué era lo que quería cambiar? ¿Hasta dónde llegaba su deseo de cambio? Conocer los planes del príncipe requería gozar de su plena confianza y darle garantía de toda discreción, porque en el caso de que hubiera trascendido su deseo de establecer un sistema democrático, que era a lo que aspiraba, la vieja guardia franquista y antimonárquica lo habría utilizado para convencer a Franco de que revocara su decisión de nombrarlo heredero. Fernández Miranda se ganó la confianza del príncipe, y el príncipe se ganó la del hombre del Movimiento.

El dilema con el que se enfrentaba el futuro rey era hacer compatible su propósito de convertir España en una democracia con su compromiso de respetar la legalidad del régimen cuyos principios estaban en las antípodas de la democracia parlamentaria. Aquello le debía parecer algo así como la cuadratura del círculo. Y cuando le confesó su dilema al que había sido su profesor, este le ofreció la fórmula que, por otra parte, no constituía una sofisticada y hábil solución jurídica, como sostienen algunos. Le dijo, con las leyes fundamentales del franquismo en la mano, que estas leyes permitían cualquier reforma, incluso su derogación, con una ley aprobada por el Consejo Nacional del Movimiento, por las Cortes franquistas y con un referéndum que la ratificara.

Evidentemente, no se trataba de una fórmula mágica desconocida; al contrario, era una evidencia, una posibilidad que establecía la ley, pero con la que nadie contó, y mucho menos los defensores del sistema democrático, por la sencilla razón de que nadie pensaba entonces que el Consejo Nacional del Movimiento y las Cortes franquistas, donde supuestamente estaba el núcleo duro del régimen, pudieran votar su propia desaparición y la del régimen. Eso parecía algo imposible y, por lo tanto, impensable para quienes no lo conocieran desde dentro. Porque la imagen que trascendía de puertas afuera era la de una organización monolítica, sostén de una dictadura imposible de quebrar. Únicamente los que lo conocían por dentro sabían cuál era la debilidad interna del régimen, carente de ideología, sin más cimientos que la débil figura del anciano general y rodeado por las democracias de la Europa occidental. No se trataba, pues, de tener altos conocimientos jurídico-constitucionales, que, sin duda, Fernández Miranda tenía, sino de conocer la débil estructura interna del régimen franquista. Y eso lo conocían bien el preceptor del rey y una pléyade de jóvenes dirigentes del Movimiento entre los que estaba Adolfo Suárez.

Fernández Miranda señaló el rumbo legal para la reforma, pero fueron esos jóvenes los que timonearon el cambio. Todos respondían a un perfil común. Tenían un mínimo bagaje ideológico, un escaso sentimiento franquista y, por ello, pensaban que con la muerte de Franco desaparecería su régimen. Eran pragmáticos. Creían que era imprescindible buscar una salida que normalizara la vida política del país al modo de las naciones europeas de nuestro entorno. Para conseguirlo, tenían en su contra un lastre de credibilidad por su vinculación con el régimen, pero contaban como elemento esencial a su favor el hecho de conocer a fondo ese régimen, sus puntos débiles y a sus hombres. Y ese conocimiento les permitía saber cómo se podía desmontar con habilidad y sin necesidad de que el país volviera a su pasado de enfrentamientos fratricidas.

Se ha reprochado a los reformistas del régimen, como Adolfo Suárez, ese escaso bagaje ideológico que les permitió ser pragmáticos, y algunos han presentado ese pragmatismo como una carencia de valores y de principios, cuando no como una traición. Pero en aquellos años todos mezclaron ideología y pragmatismo. Los socialistas renunciaron al marxismo y se hicieron plenamente socialdemócratas, y los comunistas, que habían pasado del estalinismo al eurocomunismo, acabaron aceptando la democracia parlamentaria liberal. «Tras la muerte de Franco —afirma Alberto Aza— todos fueron pragmáticos, y todos se adaptaron a la política de moderación y reforma que pedían los españoles. Todos querían hablar y pactar».

Y eso es algo que percibieron los colaboradores de Adolfo Suárez en los años de la reforma y la Transición, y que hoy recuerdan con coincidencia unánime. Es en este contexto en el que hay que situar las relaciones entre el rey y Adolfo Suárez. Recuerda Aurelio Delgado que, ya en su época de gobernador civil de Segovia, cuando tuvo la oportunidad de conocer personalmente al príncipe, dejó claro que el futuro tras la muerte de Franco era don Juan Carlos, aunque algunos sectores del régimen propiciaban la candidatura de su primo, Alfonso de Borbón Dampierre. Y en esa apuesta fue más allá de las palabras siempre que fue necesario.

En marzo de 1972 Carmen Martínez-Bordiú, nieta mayor de Franco, contrajo matrimonio con don Alfonso de Borbón Dampierre, hijo mayor del infante don Jaime, tío de don Juan Carlos. Esa boda no fue solo un acto social, porque aunque don Jaime había renunciado a sus derechos al trono en 1933 cuando aún estaba soltero y, por lo tanto, su renuncia afectaba a sus futuros herederos, hubo un momento en que su hijo utilizó el hecho de ser el nieto mayor de Alfonso XIII para aspirar a ser nombrado sucesor por Franco como candidato supuestamente con mejor derecho a ser rey.

Aunque Franco hizo oídos sordos a tal pretensión y se decidió por don Juan Carlos, el matrimonio de su nieta hizo albergar esperanzas a algunos miembros de la familia Franco y del círculo íntimo del general de que pudiera cambiar su decisión y deshacer ese nombramiento para designar como futuro rey a don Alfonso. Y eso no fue ninguna fabulación sino una operación alimentada por algunos sectores del régimen que desconfiaban de don Juan Carlos por la posible influencia ideológica de su padre, al que detestaban. Esta confluencia de intereses familiares y políticos llegó a preocupar seriamente a don Juan Carlos, porque desde varios medios de comunicación oficiales, como el diario Pueblo, se habían hecho algunas campañas de promoción de la figura de don Alfonso, a quien Franco había concedido el título de duque de Cádiz con tratamiento de alteza real al anunciarse el compromiso con su nieta.

Unas semanas antes de la boda, el ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella, de quien dependía la dirección general de Radiotelevisión, ordenó al director general Adolfo Suárez que el enlace se retransmitiera en directo. Con esta decisión se pretendía transmitir a todas las instancias del régimen el mensaje de que no se trataba de una ceremonia privada o de un acontecimiento familiar, sino de un acto oficial en el que sus protagonistas eran dos personajes del Estado. Para decirlo con claridad, que don Alfonso no era el simple marido de una nieta de Franco, sino alguien con proyección pública y oficial. De ahí a presentarlo como candidato a sucesor solo había un paso. En 1972 no existían en España canales privados de televisión y la capacidad de penetración de Televisión Española en la opinión pública era arrolladora con audiencias habituales en el prime time de diez millones de espectadores.

Adolfo Suárez, que apoyaba a don Juan Carlos, dio largas al ministro y pidió a sus colaboradores argumentos técnicos que pudieran servirle de excusa para negarse a retransmitir la boda. Pocos argumentos le dieron, porque muchos de ellos vieron la oportunidad de lucirse como profesionales con un programa rosa que habría tenido mucha aceptación entre millones de espectadores. Cuando faltaban pocos días para el enlace, Adolfo Suárez informó de su negativa a Sánchez Bella, con el que tuvo una fuerte discusión en el curso de la cual le presentó la dimisión, que el ministro aceptó. Pero cuando este se la comunicó a Carrero Blanco, el almirante la rechazó de plano y Adolfo Suárez continuó en su cargo, aunque enfrentado a su ministro porque la boda no se transmitió en directo. Todo apuntaba a que Carrero conocía la opinión contraria de Franco a las ambiciones sucesorias de sus familiares y colaboradores cercanos, y con ese conocimiento el almirante respaldó la decisión del director general y le mantuvo en el cargo. Adolfo Suárez lanzó el envite y, aunque lo ganó, corrió el riesgo de perderlo y, con él, de dar al traste con su carrera política.

No obstante, los contactos entre Adolfo Suárez y don Juan Carlos no fueron estrechos ni frecuentes entre 1968 y 1976. En el año que ocupó el Gobierno Civil de Segovia se vieron un par de veces y hablaron y, aunque el contenido de las conversaciones nunca trascendió, sí parece claro que el entonces joven gobernador desplegó su capacidad de seducción con el aún más joven príncipe. Durante esos años Carmen Díaz de Rivera y Torcuato Fernández Miranda hablaban a don Juan Carlos con una cierta frecuencia de quien fue director general, delegado del Gobierno en Telefónica y vicesecretario general, de manera que nunca lo olvidó, pero nada más.

Hubo un segundo factor de sobra conocido pero esencial para entender la relación personal y política entre don Juan Carlos y Adolfo Suárez. Y es que el rey heredó unos amplísimos poderes de su predecesor, entre ellos el de elegir presidente del Gobierno entre una terna propuesta por el Consejo del Reino, pero no tenía el poder de destituirlo. El 20 de noviembre de 1975, el azar, como hemos visto, le brindó la posibilidad de colocar en la presidencia de ese consejo a su antiguo profesor y catedrático, Torcuato Fernández Miranda, primer paso imprescindible para situar a su candidato en la presidencia del Gobierno.

Los seis primeros meses de reinado fueron frustrantes para el rey porque ni Arias, ni Fraga, ni Areilza, ni Garrigues daban pasos ciertos hacia la democracia y, a lo sumo, esbozaron con la parsimonia propia de quien no tiene las cosas claras, algunas leyes que recordaban las «cartas otorgadas» del liberalismo más conservador del siglo XIX. Hasta que cinco meses más tarde don Juan Carlos explotó en una conversación con el periodista americano Arnaud de Borchgrave, recomendado por su amigo el rey Hussein de Jordania. De esa conversación el 26 de abril de 1976 se publicó un resumen en el semanario Newsweek. En ella calificaba al presidente del Gobierno, Carlos Arias, de «desastre sin paliativos» —unmitigated disaster— tras una descripción contundente de la disparidad total de criterios y de proyectos entre el rey y su primer ministro. «El nuevo mandatario está gravemente preocupado —escribió De Borchgrave— por la resistencia de los derechistas al cambio político. Cree que ha llegado la hora del cambio pero el primer ministro (…) ha demostrado más inmovilismo que movilidad (…). De esta forma se ha producido un conflicto total entre Arias y Torcuato Fernández Miranda, el profesor de derecho político elegido por don Juan Carlos para presidir las Cortes y acelerar la reforma política. Desde que accedió al trono, el rey ha hecho todo lo posible por convencer a Arias, pero se encuentra con que el presidente contesta “Sí, majestad”, y no hace nada, incluso hace lo contrario de lo que el rey quiere. Pero, a menos que Arias decidiera dimitir, poco puede hacer Juan Carlos para sustituirlo».

Y en esta frase final es donde el periodista americano se equivocaba. Ni don Juan Carlos ni su antiguo preceptor estaban dispuestos a quedarse cruzados de brazos esperando pacientemente a que Arias los llevara al fracaso. Y con prudencia y astucia movieron sus peones en esos seis meses. Ni siquiera los más cercanos a Adolfo Suárez pueden afirmar que conocían con antelación la elección del rey —tampoco la supo él mismo— pero sí saben, como hemos visto, que fue Fernández Miranda quien sugirió a Arias el nombre de Adolfo Suárez como ministro secretario general del Movimiento, un ministerio que entonces era menor pero que le permitió entrar en el primer Gobierno de la monarquía.

Por si quedaban dudas de lo que el rey se proponía, lo dijo con claridad en su discurso del 2 de junio de 1976 en el Capitolio de Washington: «La monarquía española se ha comprometido desde el primer momento a ser una institución abierta en la que todos los ciudadanos tengan un sitio holgado para su participación política sin discriminación de ninguna clase (…). La Corona ampara a la totalidad del pueblo y a cada uno de los ciudadanos, garantizando a través del derecho y mediante el ejercicio de las libertades civiles el imperio de la justicia (…) a la vez que asegura el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados». Al día siguiente, The New York Times y The Washington Post describieron al rey como «el motor del cambio». Era una evidencia que el contenido de este discurso se situaba en las antípodas de lo que estaba haciendo Carlos Arias Navarro.

Una semana después, el 9 de junio de 1976, el hasta entonces discreto y casi desconocido ministro secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez, pronunció un discurso en las Cortes que sí conectaba con las palabras de don Juan Carlos en Washington. El hecho de que fuera este ministro quien defendiera el proyecto de ley sobre el derecho de asociación política era un indicio de que tanto el rey como Fernández Miranda ya habían decidido que fuera Suárez quien sustituyera a Arias. Pero en aquellas fechas ni siquiera Suárez lo sabía.

Aquel fue el primer discurso en el que se habló de una forma clara del proceso democrático que se puso en marcha veintitrés días después y empezaba recordando las palabras de don Juan Carlos en Washington: «Hace una semana, Su Majestad el Rey definía el horizonte de nuestra convivencia como una monarquía democrática (…). El punto de partida está en el reconocimiento del pluralismo de nuestra sociedad (…), es preciso organizarla (…), nos empeñaríamos en una ceguera absurda si nos negásemos a verlo (…). Si el camino no se abre desde la legalidad, lo que se está propiciando desde el mismo Estado es el germen de la subversión (…). El tradicional espectro del hambre vagabundeando por nuestras ciudades, las resistencias del poder a asimilar las justas reivindicaciones de la base, la falta de un Estado sólido que garantice el juego político y una lucha de clases planteada a vida o muerte, hoy ninguno de esos condicionamientos nos atenazan (…). El proyecto de ley es un paso decisivo hacia la sociedad democrática que perseguimos (…), no se puede condenar a la comunidad nacional a elegir entre enfrentamiento subterráneo y desmembración de la sociedad (…). El Estado tiene la obligación de tender puentes (…). Una ley pensada para la libertad y concebida como un importante instrumento para la democracia (…). Tenemos puesta nuestra atención en el empeño de ofrecer una nueva ocasión a la libertad que nos lleve a una convivencia estable (…) y en romper de una vez por todas los círculos viciosos de nuestra Historia (…). Es preciso organizar la pluralidad (…) que dé cabida a todos los grupos sinceramente democráticos con voluntad de ofrecer una alternativa de poder (…). Esas fuerzas, llámense o no partidos, existen como hecho público (…). Cuando las ansias de pacto político son compartidas por quienes ostentan el poder y quienes militan en una oposición todavía no reconocida (…) podemos ensayar un sistema de convivencia (…). Esos grupos tienen derecho a la vida, si representan a hombres y familias de España».

En su discurso lanzó un órdago ante los procuradores de las Cortes franquistas: «¿Es que no existe, incluso a nivel popular, un mínimo acuerdo tácito con respecto al cambio sin riesgo, a la reforma profunda y ordenada, al pluralismo político, a una Cámara elegida por sufragio universal igual, directo y secreto; a la existencia de unos grupos políticos que canalicen la participación ideológica, a las libertades públicas de expresión, reunión y manifestación; a un sistema democrático que armonice la fuerza creadora de la iniciativa privada con unos mayores niveles de justicia, mediante la óptima socialización de los resultados del desarrollo? (…). Pero tenemos que reconocer que solo después de las elecciones existirán interlocutores válidos y sujetos legitimados (…). Los partidos políticos (…) se convierten en un factor de agrupación de opciones (…). No podemos deslindar esta positiva apreciación de la imagen de un monarca que manifestó su propósito de ser rey de todos los españoles, porque al hacerlo pone la piedra angular de la integración a la que aspiramos (…). Vamos a ordenar unas reglas de participación, de tal forma que la ilegalidad solo afecte a quienes juegan a la subversión».

Demasiada coincidencia ideológica y en el tiempo con lo que don Juan Carlos acababa de decir en Washington para que fuera fruto de la casualidad, y menos aún cuando se sabe que horas antes de su intervención en las Cortes el rey había llamado al ministro desde Burgos, donde se encontraban en un acto castrense, para darle ánimos. El resultado de la votación fue de trescientos treinta y ocho votos a favor, noventa y nueve en contra y treinta y cuatro abstenciones. Menos de un mes después, el 2 de julio de 1976, el rey pidió a Carlos Arias que dimitiera de su puesto en un breve encuentro en el Palacio Real. Frente a los poderes ilimitados de Franco, el rey no podía destituir al presidente del Gobierno, pero aun así asumió el riesgo, y la estrategia dio resultado, porque el presidente accedió en el acto y abandonó su cargo. Arias dejó así el camino abierto para la elección de Suárez.

Estas circunstancias habrían de marcar las relaciones entre el rey y Suárez, que fueron mucho más allá de las habituales entre un rey constitucional y el presidente del Gobierno. Suárez fue una elección personal del rey y a este hecho se sintió atado y condicionado incluso después de ganar las elecciones generales de 1977 y 1979. La reforma y la Transición fueron un proyecto que les vinculó, y al que el rey unió la suerte de su reinado y la de su dinastía. Si todo iba bien, la estabilidad que habrían de generar en el país no solo consolidaría la democracia sino también la Corona, porque en este proyecto ambas se dieron apoyo mutuo y se retroalimentaron. Don Juan Carlos y Adolfo Suárez fueron cómplices de un proyecto común. Y este hecho, que no volvió a repetirse con ningún otro presidente, porque todos ellos debieron su nombramiento exclusivamente a las urnas, es esencial para entender el apoyo que don Juan Carlos prestó a Suárez en los primeros años de su mandato. Y también para comprender el alejamiento del monarca cuando la crisis del liderazgo del presidente y sus consecuencias institucionales provocaron una imagen de debilidad del sistema, con el consiguiente riesgo para su estabilidad y la de la propia Corona.

En esos primeros años, y sobre todo en el primero, el apoyo personal y político del rey fue constante. En la legalización del Partido Comunista incluso fue por delante cuando envió a Manuel Prado y a Nicolás Franco a entrevistarse con Ceaucescu en Bucarest y con Carrillo en París, para transmitirles su voluntad de legalizar el PC y pedirles que frenaran cualquier acción de los comunistas en la calle que pudiera dar pretextos al sector más duro del régimen para detener el proceso democratizador.

Adolfo Suárez no era monárquico por tradición familiar. Además, el ambiente que se respiraba en los organismos del Movimiento, en los que Adolfo Suárez había hecho parte de su carrera, tampoco era favorable a la monarquía y en muchos casos era frontalmente contrario. «Pero, como buen pragmático —afirma Aurelio Delgado—, intuyó que una institución neutral situada por encima de la lucha partidista podía contribuir a la reconciliación entre los españoles tras la Guerra Civil y la dictadura, y a consolidar un sistema democrático y de libertades como el que preconizaba el rey».

Hay un hecho que resume la idea que Adolfo Suárez tuvo de la monarquía como soporte sobre el que pivotara el nuevo sistema que se proponía establecer tras las primeras elecciones libres. Un mes antes de su celebración, el 17 de mayo de 1977, el diplomático Alberto Aza había sido nombrado director del gabinete del presidente del Gobierno, con categoría de subsecretario, en sustitución de Carmen Díaz de Rivera. Cuando al día siguiente tuvo el primer encuentro con Adolfo Suárez, antes de comenzar a despachar los asuntos pendientes, este le dijo textualmente, a modo de consigna, a quien iba a ser uno de sus hombres de confianza: «Los éxitos del Gobierno son de la Corona, y sus fracasos son solo del Gobierno, porque hay que consolidar la Corona en la persona de Felipe VI», que entonces era un niño de nueve años. «El suyo —añade Aza— era un proyecto institucional, no de partido, que tenía como objetivo ser duradero y dar al país una estabilidad a largo plazo, de la que había carecido en el último siglo y medio».

El proceso de reforma del primer año de Gobierno de Adolfo Suárez vivió sus momentos más inciertos y dramáticos en las últimas semanas de 1976 y en las primeras de 1977, hasta el punto de que quienes estuvieron al lado de Adolfo Suárez no dudan en afirmar que en esos días se vivieron momentos tan peligrosos como el del golpe fallido del 23 de febrero de 1981, aunque entonces no trascendieran a la opinión pública. El 12 de diciembre de 1976 el GRAPO secuestró a Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado; el 24 enero de 1977, al teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar; y en la noche de ese mismo día tres pistoleros de extrema derecha asesinaron a cinco abogados laboralistas cercanos el Partido Comunista e hirieron a tres en su despacho de la calle Atocha de Madrid. La tensión en los días siguientes fue terrible. El rey estuvo especialmente cercano al presidente y no le regateó su apoyo. Además de las conversaciones telefónicas constantes, don Juan Carlos acudió, por lo menos en dos ocasiones, de forma inesperada al palacio de La Moncloa para darle ánimo y apoyo. En una de ellas llamó por teléfono a Aurelio Delgado para preguntarle dónde se encontraba Suárez y este le respondió que en su despacho. «No le digas nada —le pidió—, pero voy a verlo en unos minutos».

Lito desobedeció y en el acto pasó al despacho de Adolfo Suárez para advertirle de que el rey llegaría en breve; pero cuál no fue su sorpresa cuando, al salir del despacho, se dio de bruces con don Juan Carlos, que le pilló in fraganti incumpliendo lo que le había pedido. «Te he pillado», le dijo con gesto pícaro. Ambos estuvieron un buen rato juntos y el monarca continuó dándole ánimos y apoyo en aquellos días.

La relación entre don Juan Carlos y Adolfo Suárez fue más allá de lo puramente institucional y entró en el ámbito de lo personal, aunque nunca, ni siquiera en las situaciones de mayor cercanía e intimidad, el presidente le apeó el tratamiento ni abandonó las formas protocolarias en su trato con el rey. Hubo momentos en que fueron muy fluidas y cercanas. Aurelio recuerda haber oído una conversación telefónica en la que Suárez subía el tono de voz para advertir al rey de que su afición a las salidas en moto a velocidad muy alta no solo ponían en peligro su vida sino la estabilidad política del país.

Fernando Alcón recuerda que el verano de 1977 en Mallorca, don Juan Carlos invitó al presidente y a él, con sus esposas, a dar un paseo en el primer Fortuna. Y en un momento en que Suárez bajó al camarote, el rey le dijo:

—Cuídamelo, que lo necesitamos mucho.

—Él sabe cuidarse —le respondió Fernando.

La relación estrecha y frecuente no solo unió a ambos; también acercó a las familias. En ocasiones, la reina Sofía llamaba a Amparo Illana para decirle que le gustaría pasar la tarde en La Moncloa con el príncipe y las infantas. Allí jugaban y merendaban los hijos del rey y los del presidente, que tenían edades parecidas, y en verano se bañaban en la piscina. El trato era tan cercano que en algunas ocasiones la llamada la hacía solo con un par de horas de antelación con el fin de que el encuentro no requiriera preparativos especiales y transcurriera con la mayor naturalidad, ajena a cualquier tipo de protocolo.

Así fueron los tres primeros años; una mezcla de muy serias dificultades políticas con una relación personal estrecha, amistosa y casi íntima. Pero tras el comienzo de la operación de acoso y derribo contra Adolfo Suárez, las cosas empezaron a cambiar. El rey era un espectador preocupado por lo que estaba ocurriendo y lo puso de manifiesto en su mensaje de Navidad la noche del 24 de diciembre de 1980: «No podemos renunciar a concluir nuestro proceso en la democracia y en la libertad». Y ABC tituló el día 26: «El rey insta a los partidos a superar los intereses de grupo». Pero el problema fue a más cuando desde las posiciones más alejadas se pidió una intervención de don Juan Carlos en la lucha política y, para ser más preciso, en la lucha política para destituir al presidente del Gobierno, algo que era competencia exclusiva del Congreso de los Diputados. Desde la portada de El Alcázar se le pedía que interviniera por la «frustración e indignación que hay en el país».

Pero lo más grave de esta nueva situación fue que se resquebrajó primero y se rompió después el pacto no escrito por el que el presidente y el rey se habían prestado ayuda recíproca en un proyecto común que aspiraba a consolidar la democracia y la monarquía. Lo que hasta entonces habían sido dos líneas paralelas, en el último año y medio comenzaron a divergir y a alejarse lentamente la una de la otra, porque don Juan Carlos temió que el acoso y derribo del que era víctima su aliado podrían arrastrar al aún débil sistema democrático y con él a la Corona. Y Adolfo Suárez empezó a percibir la falta de apoyo real. Además, los colaboradores del presidente coinciden en afirmar que a lo largo de 1980 se enviaron a La Zarzuela «documentos cizañosos» del más diverso origen contra el presidente del Gobierno; y lo cuentan hoy porque algunas personas que estaban en el palacio de La Zarzuela les dieron entonces esa información.

Hacia mediados de diciembre de 1980, el ministro del Interior, Juan José Rosón, recibió un informe en el que se recogían palabras y comentarios críticos del rey sobre el presidente ante personas que habían coincidido con él. No se trataba de una información reservada elaborada por los servicios de inteligencia, sino de un resumen de lo que el rey pensaba y había dicho. El ministro llamó a Francisco Laína, secretario de Estado de Seguridad. «Como el contenido no es agradable, y tú eres amigo suyo, llévaselo al presidente», le dijo tras entregarle el informe.

Laína se fue al palacio de La Moncloa y le entregó el dosier. Adolfo Suárez lo leyó y, con un gesto de tristeza de quien ya tenía encajado el golpe, musitó: «Lo sabía». Además, el presidente tenía información detallada de todas las personas que iban a visitar a don Juan Carlos a La Zarzuela, porque Sabino Fernández Campo se la daba puntualmente.

En la última quincena de enero de 1981, coincidiendo con la dimisión del presidente del Gobierno, tomó cuerpo la decisión de que don Juan Carlos hiciera su primera visita oficial al País Vasco. Suárez se opuso e intentó frenar sin éxito el viaje con diversas gestiones y llamadas telefónicas. La visita se realizó el 4 de febrero de 1981, con el tenso incidente que protagonizaron en la Casa de Juntas de Guernica los diputados batasunos, a los que hubo que sacar por la fuerza y a empellones. Ese mismo día, el presidente en funciones habló por teléfono con el general Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa del Rey, y con tono vehemente le reprochó que el viaje se hubiera hecho a pesar de los riesgos que él había advertido.

«Supón que en vez de gritar al rey, alguien le agrede o saca una pistola. ¿Te imaginas el conflicto que se podría haber provocado?». Aurelio fue testigo de esta conversación, y cuando el presidente colgó el teléfono le dijo con gesto abatido y resignado: «¿Lo ves…? Ya no me hacen caso». En noviembre de 1982 los que habían increpado al rey fueron juzgados y se les impuso tres meses de arresto, que no cumplieron, y una multa de veinte mil pesetas. Esa fue toda la pena.

Manuel Ortiz, que estuvo al lado del presidente desde el mismo día de su toma de posesión, sostiene una tesis que «no es la única y quizás tampoco la más importante» —afirma él—, pero sí complementaria de lo que ocurrió. Cree que una de las razones de fondo del distanciamiento entre el rey y Adolfo Suárez tuvo su origen en el viaje que don Juan Carlos hizo a Washington en los primeros días de junio de 1976. Allí habría expuesto a las autoridades americanas —especialmente al entonces todopoderoso secretario de Estado, Henry Kissinger— su plan para dotar al país de un sistema democrático con elecciones libres y la legalización de todos los partidos políticos, incluido el comunista. Washington, inmerso en la guerra fría con la Unión Soviética y preocupado por lo que había ocurrido en Portugal, le habría pedido, como garantía de estabilidad de la alianza militar entre España y los Estados Unidos, el compromiso de que nuestro país pediría en un plazo breve el ingreso en la OTAN, compromiso que entonces el rey habría asumido. Sin embargo, Adolfo Suárez fue dilatando de forma sistemática la solicitud de ingreso por las consecuencias electorales negativas que tal solicitud habría tenido para UCD. De hecho, en declaraciones a Juan Luis Cebrián, director de El País, dijo que la entrada de España en la Alianza Atlántica no era «ni urgente ni inmediata». Y don Juan Carlos se habría disgustado y distanciado del presidente al no poder cumplir su promesa en los términos que fueron acordados.

José Julián Barriga, director general de relaciones informativas de la presidencia del Gobierno, añade una reflexión final sobre este distanciamiento: «¿Cuál fue el motivo del paulatino enfriamiento de las relaciones entre el monarca y su presidente constitucional hasta derivar en ruptura? Sin duda, el convencimiento de don Juan Carlos de que la gestión gubernamental de Suárez y su incapacidad para gobernar las reyertas de su partido conducían al colapso constitucional. La Corona estaba en juego».119

«Estoy harto, no aguanto más»

Traicionado en su partido, cercado por el poder económico y por un sector del Ejército, hostigado por los medios de comunicación, golpeado por el terrorismo, que en 1980 había asesinado a ciento veinticuatro personas, debilitado por la crisis económica y atenazado en ocasiones por el dolor físico, Adolfo Suárez vio cómo perdía también la confianza del rey. «Estoy harto, no aguanto más», fue la respuesta que le dio a Fernando Abril el 27 de enero de 1981, cuando este le pidió que reconsiderase su decisión y no anunciara al país su dimisión. No hubo fuerza humana que le hiciera volverse atrás porque su deseo de marcharse era algo que llevaba rumiando desde hacía meses tras una larga reflexión.

«El triunfo de Miguel Herrero de Miñón tres meses antes marcó el punto inflexión en su caída —recuerda Aurelio Delgado— porque con esa derrota perdió el control del grupo parlamentario y, en consecuencia, el pilar en que se basaba la estabilidad de su Gobierno y su supervivencia política. Perdido el control del grupo, se convirtió en un rehén de sus adversarios y fue consciente de que no disponía de medios para enderezar la situación. La estabilidad de las nuevas instituciones fue una de sus obsesiones en los años en que fue presidente, y pensó que si la situación continuaba con esos enfrentamientos en el seno del partido del Gobierno, UCD podría saltar por los aires y provocar la inestabilidad que ansiaban los enemigos de la democracia recién estrenada. Llegó a la convicción de que si él era el obstáculo para evitar que tal catástrofe ocurriera, su dimisión podía ser el mal menor si, a cambio, se mantenía la estabilidad de la institución presidencial. Estaba convencido de que, como él era quien había dirigido el cambio, su salida forzada por los caminos de la traición podía provocar una convulsión que generara inestabilidad». Y en este análisis está la clave de una frase de su discurso de despedida en televisión que se ha prestado a interpretaciones que ven amenazas conspiradoras y presiones golpistas en su decisión de dimitir.

La primera persona a la que confesó su decisión irrevocable de dejar la presidencia fue a Amparo pocos días después de las fiestas navideñas, a la que ni sorprendió ni preocupó la noticia, porque desde que las cosas se empezaron a torcer en verano, su mujer deseaba tanto como él dejarlo todo y marcharse. La segunda fue Aurelio. La mañana del 13 de enero le llamó a su despacho y se la comunicó. La primera reacción de Lito fue pedirle que la reconsiderase y que hiciera frente a los que querían echarlo. Pero la respuesta de Adolfo Suárez fue tajante: «No trates de convencerme, es una decisión tomada que solo conocéis Amparo y tú». Había que pensar en el futuro y nada más. Tanto Amparo como Aurelio mantuvieron la decisión en el más estricto secreto y, por ese motivo, no trascendió.

Todo lo tenía pensado. Tanto el anuncio de su dimisión como la designación de su sucesor estuvieron planificados y todo se produjo de forma escalonada y ordenada. A las cinco de la tarde del 26 de enero Adolfo Suárez reunió en el palacio de La Moncloa a Rafael Arias Salgado, Rafael Calvo Ortega, José Pedro Pérez-Llorca, Rodolfo Martín Villa, Pío Cabanillas y Francisco Fernández Ordóñez. También fue convocado Fernando Abril, que no asistió por encontrarse en Valencia. Leopoldo Calvo-Sotelo se incorporó más tarde porque tenía previsto con antelación un despacho con el rey en La Zarzuela a las cinco y media, aunque había almorzado con el presidente en Moncloa tras un breve encuentro de trabajo a última hora de la mañana. Y en esa reunión les comunicó su decisión de dimitir. Les explicó las razones, que no eran otras que el hartazgo y la convicción de que si se marchaba podría desaparecer con él lo que algunos decían que era el obstáculo para la reconciliación entre los diferentes grupos de UCD. «Les cogió descolocados e incluso los que deseaban su salida tuvieron una cierta sensación de vacío y vértigo por lo inesperado de la decisión», recuerda Aurelio.

Se fueron a cenar a un restaurante cercano en la carretera de La Coruña, no sin que antes les pidiera la reserva más absoluta porque aún no se lo había comunicado al rey, que como jefe del Estado debía ser el primero en conocerla oficialmente. Al terminar la cena regresaron a La Moncloa y le pidieron que reconsiderara su decisión, pero Adolfo Suárez se limitó a responderles que tenía previsto hacerla pública en el congreso de UCD que se iba a celebrar en Palma de Mallorca cuatro días más tarde.

Al día siguiente, 27 de enero, se convocó una huelga de controladores aéreos que motivó la suspensión del congreso centrista y su retraso al 6 de febrero. Pero esta incidencia cambió poco sus planes. En la tarde del 27 se trasladó al palacio de La Zarzuela para el encuentro habitual con el rey y antes de entrar en su despacho informó a Sabino Fernández Campo del contenido de su decisión, con la clara intención de que hubiera un testigo de que su dimisión era por voluntad propia y evitar así rumores de que la hubiese presentado a petición de don Juan Carlos. Una vez a solas con el rey, se la comunicó. Al terminar el encuentro se reunió de nuevo en La Moncloa con el comité ejecutivo de UCD, al que le planteó la urgencia de elegir un candidato para sustituirlo tanto en la presidencia del Gobierno como en la del partido.

El miércoles 28 se aceleraron los acontecimientos. Tras regresar de un segundo y último encuentro con don Juan Carlos, volvió a reunirse con el comité ejecutivo de su partido después de la cena y en él se acordó votar el nombre de su sucesor. El resultado de la votación fue de seis votos para Leopoldo Calvo-Sotelo, dos para Agustín Rodríguez Sahagún y uno para Landelino Lavilla. Adolfo Suárez apoyó la candidatura de Calvo-Sotelo, «porque era un caballero, era monárquico, y creía que con su designación tranquilizaba a los poderes económicos y desactivaba su apoyo a los que trataban de desestabilizar o destruir UCD», afirma Aurelio.

El hasta entonces vicepresidente aceptó ser candidato a la presidencia del Gobierno, pero rechazó la presidencia de UCD, que se hubo de decidir en el congreso de Palma entre los días 6 y 8 de febrero, dando lugar a una bicefalia que al poco tiempo de empezar a funcionar se mostró perjudicial para el Gobierno y para el partido.

A primera hora de la tarde del día siguiente empezó a circular por Madrid el rumor y, luego, la noticia de la dimisión del presidente del Gobierno. La Secretaría de Estado de comunicación pidió a Radiotelevisión Española que desplazara al palacio de La Moncloa un equipo para grabar un mensaje del presidente del Gobierno. Jesús Picatoste, director del gabinete técnico de RTVE y número dos del ente, llegó a primeras horas de la tarde con el equipo. «Cuando comenzó la grabación poco antes de las cinco y Adolfo Suárez pronunció la palabra “dimisión”, los técnicos que estaban grabando se quedaron perplejos y empezaron a mirarse con la misma cara de pasmo que yo había puesto cuando a la entrada de la residencia presidencial me dio la noticia José Meliá, secretario de Estado de Información. Fue tal el desconcierto de los técnicos que por un momento temí que se grabara mal el mensaje y hubiera que repetirlo».

A las diecinueve cuarenta horas del 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez comunicó al país su dimisión en un discurso emitido por televisión que duró doce minutos, en el que expuso los motivos que a lo largo de los últimos meses le habían llevado a tomar la decisión de dimitir de forma irrevocable de sus cargos como presidente del Gobierno y de UCD. Todos ellos eran consecuencia de la estrategia de acoso y derribo que se desplegó contra él tras las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, a la que no supo o no pudo hacer frente, y que concluyó con éxito al forzar su salida.

«No es una decisión fácil —afirmó en su mensaje de despedida—, pero hay encrucijadas tanto en nuestra vida personal como en la historia de los pueblos en las que uno debe preguntarse, serena y objetivamente, si presta un mejor servicio a la colectividad permaneciendo en su puesto o renunciando a él (…). No me voy por cansancio. No me voy porque haya sufrido un revés superior a mi capacidad de encaje. No me voy por temor al futuro. Me voy porque ya las palabras no parecen ser suficientes y es preciso demostrar con los hechos lo que somos y lo que queremos».

Se le había presentado como un ambicioso capaz de hacer casi todo con tal de conseguir el poder y aferrarse a él. En ese año de 1979 se había escrito una biografía suya en la que se calificaba su vida política como la «historia de una ambición». Y añadió: «Nada más lejos de la realidad que la imagen que se ha querido dar de mí como la de una persona aferrada al cargo. Todo político ha de tener vocación de poder, voluntad de continuidad y de permanencia en el marco de unos principios. Pero un político, que además pretenda servir al Estado, debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona que encarna las mayores responsabilidades ejecutivas de la vida política de la nación».

A continuación, acusó el golpe: «He sufrido un importante desgaste durante los casi cinco años de presidente». Pero también era consciente de lo que con ese desgaste había aportado a su país: «Mi desgaste personal ha permitido articular un sistema de libertades, un nuevo modelo de convivencia y un nuevo modelo de Estado». Y después pronunció la frase que ha dado lugar a toda clase de conjeturas sobre conspiraciones, complots y golpes de Estado: «Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España».

«Él sabía —afirma Aurelio Delgado— que en su partido, en los partidos de la oposición y en algunos sectores empresariales y financieros, se había puesto en marcha una operación para descabalgarle. Y sabía también que esa estrategia incluía que una parte de los diputados de UCD rompiera el partido y el grupo parlamentario para pactar o unirse a otra formación política con el fin de sacarle de la presidencia. No se trataba de una coalición postelectoral o de prestar apoyo parlamentario a un Gobierno en minoría, algo legítimo. Se trataba sencillamente de que esos diputados rompieran con el electorado centrista para formar un Gobierno que, aunque legal, tendría perdida parte de su credibilidad. Un Gobierno salido de la deserción, cuando no de la traición, desacreditado y débil que habría avivado los ánimos de los que pretendían derrocar el sistema democrático».

Había otra razón —prosigue Aurelio Delgado— y es que «Adolfo Suárez sabía que él era el único capaz de ganar unas elecciones al PSOE, partido que un día tendría que gobernar para consolidar con la alternancia el nuevo sistema democrático. Pero también pensaba que aún era pronto para que el Partido Socialista llegara al poder, por temor a su retórica izquierdista y a lo que él todavía consideraba como falta de ligazón con la institución monárquica. Creyó que su salida del poder por la vía de la conspiración podía provocar una inestabilidad institucional en el sistema que él había contribuido a crear y cuya consolidación y pervivencia eran para él una obsesión».

«Pensaba y ese era su temor —continúa— que si él salía del poder por una maniobra torticera, habría un riesgo de deslegitimación de los partidos ante la ciudadanía, del sistema parlamentario y del Gobierno. Creía, además, que si la izquierda llegaba de forma prematura al poder —tanto el Partido Socialista en solitario como en coalición con el Partido Comunista, que ya se había forjado en los ayuntamientos tras las elecciones municipales—, existía el riesgo de que las instituciones todavía sin consolidar pudieran ser sometidas a revisión o abolidas, con la consiguiente crisis, de consecuencias imprevisibles. Ambas posibilidades y no las amenazas de golpe militar —que, como demostró, no le asustaban— constituían para él el riesgo de que el sistema democrático de convivencia fuera, una vez más, “un paréntesis en la historia de España”. Su gran preocupación, tras el triunfo de Miguel Herrero de Miñón en la votación como portavoz, fue que su proyecto institucional se viniera abajo. Por ambas razones, prefirió adelantarse y propiciar el nombramiento de un nuevo presidente que por su trayectoria personal y familiar pudiera disuadir a los que trataban de forzar los mecanismos para conseguir un cambio en la presidencia del Gobierno».

Suárez también acusó el golpe de lo que se dijo e hizo contra él en los últimos tiempos: «No me he quejado en ningún momento de la crítica. Siempre la he aceptado serenamente. Pero creo que tengo fuerza moral para pedir que, en el futuro, no se recurra a la inútil descalificación global, a la visceralidad o al ataque personal, porque creo que se perjudica el normal y estable funcionamiento de las instituciones democráticas. La crítica pública y profunda de los actos de Gobierno es una necesidad, por no decir una obligación, en un sistema democrático de Gobierno basado en la opinión pública. Pero el ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier tipo de solución con que se trata de enfocar los problemas del país no son un arma legítima, porque, precisamente, pueden desorientar a la opinión pública en que se apoya el propio sistema democrático de convivencia». Presentó su dimisión como «un revulsivo moral que ayude a restablecer la credibilidad en las personas y en las instituciones» y planteó «la necesidad de prestar un mayor respeto a las personas». Terminó diciendo que «algo muy importante tiene que cambiar en nuestras actitudes y comportamientos. Y yo quiero contribuir, con mi renuncia, a que este cambio sea realmente posible e inmediato».

El mensaje de dimisión tuvo un eco crítico en la mayoría de los medios de comunicación españoles. Algunos vieron cumplidas sus expectativas de sacarlo del poder: «Una puerta se abre. Anhelábamos el cambio y se abre una nueva puerta para que el cambio siga produciéndose».120 Otros cargaban la suerte en los errores y eran parcos en el elogio: «Suárez dimitió acosado por su partido»; «Por el bien de España. La dimisión del presidente Suárez ha culminado como resultante de una serie de tensiones internas producidas en el seno de UCD que no eran sino un reflejo de una política titubeante, con errores palmarios (…). Nadie puede negar que Adolfo Suárez ha escrito una página singular en la historia de este país».121 Y su enemigo y paisano el periodista Emilio Romero fue mucho más allá: «No fue el autor del cambio. El protagonismo del cambio político pertenece a don Juan Carlos de Borbón, y Adolfo Suárez no fue otra cosa que un intérprete afortunado en el capítulo en el que había que hacer un derroche de habilidades y destrezas no siempre compatible con lo que se llama ética de los comportamientos (…), lo que nunca fue es un gobernante ni un estadista».122 Al órgano de la extrema derecha, que no solo aspiraba a la salida del poder de Suárez, sino al derrocamiento del sistema democrático, la dimisión del presidente le supo a poco: «Suárez se va pero apenas nada cambia», «Otro Suárez, no».123

El editorial de un medio claramente comprometido con la democracia fue inmisericorde: «Ha mantenido todo un aparato de secretismo y corruptelas en la Administración (…), se ha ido deprisa y corriendo con un sinfín de amenazas y muy pocas agallas (…). Cuando la oposición se vuelve oposición, el poder histórico de este país solo parece tener dos respuestas: el miedo y la violencia. Suárez ha elegido el miedo. Adiós, Suárez, adiós».124 El diario propiedad de la Conferencia Episcopal hizo una despedida contenidamente elogiosa con el contrapunto de considerar deseable la dimisión: «Es justo reconocer el gran servicio que prestó a la Transición creando el marco constitucional dentro del cual pudieron convivir las distintas fuerzas políticas e introduciendo a estas en la legalidad; y es justo también considerar las magnas dificultades interiores y exteriores de esa operación y las que el presidente ha tenido que sortear durante estos cinco años. Sin embargo, las mismas cualidades que le habían permitido tales resultados se volvían ahora contra él cuando las necesidades eran otras y exigían cualidades diferentes. Su inadecuación para la política que había que hacer en esta etapa era una convicción general (…) creemos que ha prestado un servicio al país». Algunos de sus columnistas fueron más generosos: «Fraguó una nueva imagen de España en el mundo»; «Ha consagrado sus esfuerzos a la estabilidad de España».125

Las opiniones de los dirigentes de la oposición fueron, como es lógico, críticas y sin la menor muestra de reconocimiento por lo que había hecho, aunque con alguna salvedad. Manuel Fraga declaró que «es lo mejor que en este momento podía hacer»; Santiago Carrillo afirmó que «la dimisión ha tardado demasiado en producirse», y Felipe González dijo que «es consecuencia lógica de un cierto deterioro político a lo largo del último año (…) no se puede desligar de la moción de censura, del voto de confianza y de la crisis interna de UCD». Únicamente Jordi Pujol mostró reconocimiento a lo que había hecho: «La persona que ha presidido el Gobierno participa de este mérito colectivo [la Transición]. Negarlo sería, además en estos momentos, una gran injusticia».

El 25 de febrero de 1981, fecha en la que cesó oficialmente como presidente del Gobierno, el rey le concedió el título de duque de Suárez —en un primer momento se pensó que el título llevara el nombre de Ávila— «por su lealtad, patriotismo y abnegación». Veintisiete años después, el 17 de julio de 2008, don Juan Carlos le entregó en su casa de la Florida el collar de la Orden del Toisón de Oro, aunque él no tuvo conciencia de lo que ocurrió ese día.

Las cuatro semanas que transcurrieron entre su dimisión y la salida de La Moncloa fueron movidas y hubo pocos motivos para la rutina. El nombramiento de Alfonso Armada el 3 de febrero como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército le produjo una indignación cuyos efectos padeció Agustín Rodríguez Sahagún. Los graves incidentes del día 4 en la Casa de Juntas de Guernica contra el rey vinieron a darle la razón en su oposición a que este viaje se realizara. Preparó el II congreso de UCD, entre los días 6 y 8 de ese mes, en el que consiguió derrotar ampliamente al sector crítico de UCD. Y viajó a Canarias el día 16 acompañando al presidente de Venezuela Luis Herrera Campins, desplazamiento que Suárez aprovechó para tantear la lealtad constitucional del capitán general Jesús González del Hierro y sus posibles maniobras en la oscuridad.

Más ruido que sables

«Casinello, sublevarse es muy difícil». Esta frase, pronunciada en plena Transición por el general Manuel Gutiérrez Mellado al entonces teniente coronel Andrés Casinello, resume toda la madeja de inquietud, malestar y conspiraciones militares que arrancaron con la legalización del Partido Comunista, y contribuye a explicar el fracaso del golpe militar en la madrugada del 24 de febrero de 1981 y de algunos complots posteriores que los servicios de inteligencia consiguieron abortar cuando solo eran un embrión.

Contaba el general que el 18 de julio de 1936 su regimiento, el «19 de artillería a caballo», se sublevó en Madrid contra el Gobierno de la República y salió a la calle, pero al poco tiempo de hacerlo llegó una contraorden, regresó al cuartel y se apartó de la sublevación. Y ese es solo un ejemplo de las dudas y las contradicciones que se producen en las sublevaciones militares y en los golpes de Estado, en los que los oficiales se juegan cuando menos la libertad, y cuando más la vida. Todos los oficiales y jefes del regimiento fueron fusilados salvo el joven teniente Manuel Gutiérrez Mellado, que logró escapar y tras varias vicisitudes pasó los años de la guerra como oficial de inteligencia en la conocida como «quinta columna», pasando del sector franquista al republicano a través de las trincheras que bordeaban Madrid.

En los años de la Transición era una creencia aceptada casi como un dogma que el Ejército como institución tenía una militancia o adscripción política contraria al sistema democrático. Tal creencia carecía de fundamento porque era imposible conocer con rigor y exactitud la opinión política del Ejército, en el caso más que improbable de que fuera monolítica, por la sencilla razón de que nunca se hizo ningún estudio ni encuesta para saber qué pensaban sus mandos. Lo que sí era y es una realidad evidente es que el Ejército era y es una institución piramidal basada en la jerarquía, el mando y la disciplina y, en consecuencia, lo que piensan los altos mandos es mucho más importante que las opiniones de la joven y mediana oficialidad a la hora de planificar un golpe de Estado.

En opinión del general Andrés Casinello, «crear un clima de tensión, haciendo correr en los medios de comunicación y en los círculos políticos la idea de que había un “ruido de sables” que amenazaba el proceso de transición hacia la democracia, fue una estrategia de los golpistas militares y civiles, sobre todo de estos últimos. Hacían más ruido los que hablaban de ruido de sables que el ruido que hacían los sables, y utilizaron el “ruido” para asustar y desanimar a Adolfo Suárez, forzarlo a dimitir y ocupar su puesto». «Yo creo que, en buena medida, esa campaña contribuyó a derrotarlo psicológicamente, aunque no lograran ocupar su puesto. Se avivó un clima de malestar para hacer insoportable la situación y forzar la creación de “un Gobierno de gestión” presidido por un general».

No obstante, hubo proyectos que, aunque nunca contaron con el apoyo mayoritario de los mandos, sí pudieron haber tenido consecuencias irreversibles. El primer fogonazo de estas intentonas se produjo el 17 de noviembre de 1978 cuando se anunció al país que el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina y el capitán de la Policía Armada Ricardo Sáenz de Ynestrillas habían sido detenidos por un intento de golpe de Estado. El día anterior el general José Bourgón López-Dóriga, máximo responsable del servicio de inteligencia (CESID), convocó en su despacho al general Morillo, jefe de la sección II del cuartel general del Ejército, y al teniente coronel Andrés Casinello, jefe de la sección II de la Guardia Civil (ambas secciones encargadas de la información), para comunicarles la detención de ambos.

Casinello recuerda que «el proyecto de Tejero e Ynestrillas —nos dijo el general Bourgón— consistía en ocupar el palacio de La Moncloa, detener al Gobierno en pleno reunido en Consejo de Ministros, introducir a todos sus miembros en un autobús y conducirlos al palacio de La Zarzuela para que pidieran perdón al rey por lo que estaban haciendo, presentarle la dimisión en bloque y forzar así el nombramiento de un nuevo Gobierno». Bourgón ordenó a Casinello que llevara detenido a Tejero a Toledo, donde quedó «arrestado en banderas», y otro mando de la Policía Armada hizo lo mismo con Sáenz de Ynestrillas.

Tanto Tejero como Ynestrillas se habían reunido el 11 de noviembre de 1978 en la cafetería del complejo de edificios Galaxia, situado en el barrio de Argüelles de Madrid, con los comandantes de infantería Manuel Vidal Francés y Joaquín Rodríguez Solano, y con el capitán del mismo arma José Luis Alemán Artiles, con el fin de diseñar el proyecto para secuestrar al Gobierno. Sea porque alguno de ellos, asustado por el objetivo final del plan, lo pusiera en conocimiento de sus superiores, o porque Ynestrillas pidió asesoría al coronel Quintero, antiguo miembro de los servicios de inteligencia con el régimen anterior, y este pudiera haberlo denunciado, el hecho cierto es que el golpe se frustró y sus responsables fueron juzgados por un consejo de guerra integrado por varios mandos de la división acorazada Brunete, presidido por el general José Juste, jefe de la división.

Los abogados basaron su defensa para exculparlos en que se trataba de una simple charla de café, una discusión teórica sobre cómo dar un golpe de Estado, sin mayores pretensiones ni consecuencias. El catedrático de Derecho Penal José María Stampa Braun, abogado defensor de Tejero, afirmó que «la democracia tiene cosas más serias que hacer que estar juzgando todos los días al teniente coronel Tejero por una solemne majadería».126 Y los que desde la extrema derecha golpista apoyaban estos complots escribían para tratar de exculpar a los golpistas que: «La llamada “operación Galaxia” ha sido más que nada una estupenda manipulación, que de un hecho insignificante (…) se ha levantado toda una teoría de conspiraciones y movimientos de tropas (…). Menos mal que la justicia militar está ahí para juzgar sin sobresaltos ni presiones (…). La “operación Galaxia” fue un globo, una nube, casi nada de lo que se insinuó».127

El fiscal pidió penas de siete años para Tejero y seis para Ynestrillas, y aunque el tribunal militar reconoció en la sentencia que se habían cometido los delitos de conspiración y proposición para le rebelión, los condenó a las penas mínimas de siete meses y un día y seis meses y un día. El capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci, manifestó su disconformidad con la sentencia y el 17 de mayo de 1980 apeló al Consejo Supremo de Justicia Militar. El 2 de julio se vio el recurso y dos días después el máximo órgano judicial del Ejército lo desestimó. Como los acusados estaban en prisión desde el momento de su arresto, las penas impuestas ya estaban cumplidas y Tejero e Ynestrillas fueron puestos en libertad. Según Diario 16, lo celebraron con champán en el mismo bar del centro en que fueron juzgados. Oficialmente no hubo intento de golpe de Estado, y los partidarios de darlo que observaron el proceso tomaron nota de la lenidad con la que los tribunales de sus compañeros de armas castigaban a los presuntos golpistas.

El problema de fondo de esta condena no fue su levedad, sino que muchos creyeron o fingieron creer que solo había sido una charla de café y no un plan para dar un golpe de Estado. El teniente coronel Tejero fue destinado a una unidad administrativa sin mando sobre unidades operativas y nunca se hizo un seguimiento de sus actividades. Hay un ejemplo que ilustra esa mezcla de ingenuidad y complacencia con Tejero. Unas semanas antes del 23-F el teniente coronel Casinello bajó al bar de oficiales de la dirección general de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, y sorprendió a Tejero sentado en una mesa hablando con el capitán Abad, uno de los oficiales que entró con él en el Congreso la tarde de 23-F. «Al verme se les cambió la cara, porque creyeron que yo sabía algo de lo que estaban preparando. Fui a ver al general Aramburu y le dije que estaba seguro de que tramaban algo, pero el director general de la Guardia Civil no le dio importancia. Se lo dije también al comandante Javier Calderón, secretario general del CESID, que tampoco hizo mucho caso. Además, como sus hombres eran en su mayoría guardias civiles, no parecían precisamente los más indicados para investigar este asunto por la posibilidad de que alguno de ellos tuviera alguna conexión con lo que Tejero y Abad podían estar tramando», cuenta el hoy teniente general.

«Me equivoqué —prosigue Casinello—. Debí haber acudido a la Policía, pero no lo hice por los celos entre los dos cuerpos. Tampoco se me ocurrió acudir a Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado, o al mismo Adolfo Suárez, a quienes tenía fácil acceso. Me equivoqué. Son los hechos; los errores y los aciertos siempre andan unidos». Y aquella sospecha quedó en nada.

El general

El mismo día en que el general Bourgón descubrió la conspiración de Tejero e Ynestrillas —11 de noviembre de 1978— se produjo un grave incidente en Cartagena. El teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno, estaba realizando una serie de visitas a distintos acuartelamientos a lo largo del país para informar a los mandos de su proyecto de reforma militar. Ese día se encontraba reunido con un numeroso grupo en un acuartelamiento de la ciudad cuando, en el turno de preguntas, un capitán de corbeta leyó un escrito en el que se hacía una descalificación total del texto constitucional que, pocas semanas después, iba a someterse a referéndum, al que calificó de «abortista» y «ateo». Como no estaba formulando una pregunta sino lanzando una soflama, Gutiérrez Mellado le ordenó callar y, en ese momento, se levantó el general de la Guardia Civil José Atarés Peña.

—La Constitución es una gran mentira. ¡Arriba España! ¡Viva Franco! —gritó Atarés.

—General Atarés, abandone la sala. ¡Todo el mundo firme! Quien esté de acuerdo con el general Atarés también puede retirarse —ordenó el teniente general Gutiérrez Mellado.

—Traidor, espía, masón —le increpó Atarés en un clima de fuerte tensión.

Gutiérrez Mellado ordenó allí mismo su arresto, que ejecutaron dos generales de entre los allí presentes, como disponían las ordenanzas militares.

—Siento vergüenza por el bochornoso espectáculo que todos hemos protagonizado —afirmó en voz alta el teniente general.

—Todos no, mi general, somos muchos los que pensamos como usted y estamos de acuerdo con lo que hace el Gobierno —respondió, para sorpresa de muchos, un teniente coronel.

Un consejo de guerra juzgó al general Atarés, que le absolvió del delito de insultos a un superior y le impuso un arresto de seis meses por una falta grave de disciplina, que no fue apelado por el capitán general de la III Región Militar de Valencia, a la que pertenecía Cartagena, Jaime Miláns del Bosch. Con esta condena, los partidarios de la insurrección recibieron otra prueba más del bajo precio que había que pagar por la insubordinación y el insulto a un vicepresidente del Gobierno, que además era teniente general del Ejército. Pero este incidente también vino a confirmar que el Ejército no era ideológicamente un bloque monolítico y que, ni de lejos, todos sus mandos estaban en contra del proceso democratizador ni a favor de un golpe de Estado.

El teniente general Manuel Gutiérrez Mellado fue en los años de la Transición la «bestia negra» del sector más duro del Ejército opuesto al cambio político, y los insultos del general Atarés a su superior obedecían a una operación de desprestigio contra el vicepresidente del Gobierno que venía de largo. Gutiérrez Mellado desarrolló buena parte de su vida militar en los servicios de información del Ejército, incluidos los años de la Guerra Civil, y sus adversarios presentaban como una prueba de cobardía el hecho de que no hubiera luchado en las trincheras, ignorando deliberadamente que el militar que lucha en la penumbra de los servicios secretos arriesga su vida tanto como el que pelea a tiro limpio en el campo de batalla.

Para Franco y para muchos de sus más fieles seguidores, la masonería y el comunismo eran los mayores enemigos de España, derrotados ambos en la Guerra Civil. Por lo tanto, tildar a un militar de masón era una de las más duras descalificaciones que podía verterse contra él desde ese sector del Ejército, que estuvo alimentando la acusación de que Gutiérrez Mellado era masón. «Cuando en los años cuarenta —cuenta el general Casinello—, en los que escaseaban hasta los alimentos básicos, el entonces capitán de artillería Manuel Gutiérrez Mellado estaba haciendo el primer curso de Estado Mayor, ocurrió un hecho doloroso que está en el origen de la campaña que luego se orquestó contra él. El comandante que había sido su superior en el servicio de información del Ejército hasta que comenzó el curso hizo un viaje en coche a la zona de Talavera de la Reina para comprar alimentos, según informó a sus superiores antes de partir. Pero en las cercanías de esta ciudad una partida de maquis le tendió una emboscada y mató a tiros a él, a su hija, que lo acompañaba, y al chófer. Inmediatamente después corrió la especie de que la compra de embutidos era solo una coartada para encubrir el verdadero motivo del viaje, que no sería otro que dirigirse a la frontera con Portugal, donde alguien iba a entregar al comandante los documentos que probarían la pertenencia del capitán Gutiérrez Mellado a la masonería; y por ese motivo un grupo armado de procedencia ignorada le asesinó. Al tenerse conocimiento de este rumor, se separó al capitán del curso de Estado Mayor y se le abrió una investigación. Pero a los cinco días, y tras comprobarse que no había indicio, prueba, documento ni testimonio que avalaran tal acusación, el capitán se reintegró al curso de Estado Mayor y la investigación se cerró y archivó poco después».

Transcurridos treinta años, cuando el teniente coronel Casinello era director del SECED, recibió la visita del almirante Fontán, que había trabajado a las órdenes de Carrero Blanco y era entonces responsable del archivo de Salamanca sobre la masonería. El almirante se presentó en su despacho para entregarle el expediente completo y archivado que en los años cuarenta se instruyó a Gutiérrez Mellado. Casinello se fue a ver al general y se lo entregó en mano. Cuando terminó de leerlo, este le contó que a lo largo de esos años Fontán siempre contó a todo el que lo quiso oír que Gutiérrez Mellado era masón. «Siempre me negué a darle la mano», concluyó el general.

Gutiérrez Mellado era objeto de la antipatía de algunos de sus compañeros de armas porque en 1976 fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, teniendo por delante a otros generales más antiguos que él y que en la guerra habían luchado en el frente, como el general Jaime Miláns del Bosch. Pero antes, desde que ascendió a general a principios de los años setenta, sus conferencias en el CESEDEN sobre la necesidad de reformar y modernizar el Ejército habían hecho que muchos se fijaran en él, entre ellos el entonces príncipe Juan Carlos, y ello a pesar de que «el general Alfonso Armada, que durante muchos años estuvo al lado del príncipe, nunca tragó a Gutiérrez Mellado», afirma Casinello.

Cuando el 13 de abril de 1976 tomó posesión como capitán general de la VII Región Militar —puesto para el que fue nombrado por Carlos Arias Navarro—, Gutiérrez Mellado defendió en su discurso el estado de derecho y la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, unas afirmaciones que no se habían oído a un general español en los últimos cuarenta años. El rumor sobre su pertenencia a la masonería, su trabajo en los servicios de información, su defensa de la reforma política y la menor antigüedad que otros compañeros para acceder a altos cargos del Ejército le convirtieron en el blanco de las críticas del sector más reaccionario de la Fuerzas Armadas cuando, en septiembre de 1976, fue nombrado vicepresidente primero del Gobierno para asuntos de la defensa.

El intento del teniente coronel Antonio Tejero de zancadillearle por la espalda y tirarlo al suelo la tarde del 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados es la imagen que simboliza la aversión y la inquina que el sector más duro del Ejército le tenía. Pero también explica que el rey y Adolfo Suárez vieran en él a la persona en la que depositar la mayor autoridad ministerial sobre las Fuerzas Armadas.

Las lágrimas de Agustín

Una granizada de provocaciones estuvo cayendo a lo largo de 1980 sobre una estructura militar jerarquizada y piramidal, disciplinada y conservadora pero sin una ideología monolítica opuesta a la reforma, aunque tampoco entusiasta de ella. Y lo hizo en forma de escritos anónimos que corrieron por los cuarteles y de artículos en prensa destinados a calentar los ánimos y a movilizar las salas de banderas en apoyo de una acción golpista contra el Gobierno y las instituciones democráticas recién estrenadas.

En esta operación jugó un papel esencial el diario El Alcázar, controlado por José Antonio Girón de Velasco y vinculado al sector más reaccionario y opuesto al cambio de los herederos del franquismo. Este periódico fue a la vez portavoz y correa de transmisión de los que estaban fomentando un golpe de Estado para derrocar el sistema democrático. El 17 de diciembre, este diario lanzó la primera de cuatro cargas de profundidad en poco más de un mes contra el nuevo sistema democrático. Con el título «Análisis político del momento actual» se publicó con el mayor alarde tipográfico un artículo firmado con el pseudónimo Almendros, en el que, entre otras cosas, se afirmaba: «El deterioro de la situación española empieza a alcanzar niveles dramáticos (…). Se está tomando conciencia crítica de que España está en juego como nación. Y ante eso, sus valores sustanciales estarían llamados a entrar constitucionalmente en juego». Se criticaba abiertamente a Gutiérrez Mellado por su política de ascensos con el fin de indisponerlo con la oficialidad: «Las discrecionalidades ejercidas sobre los destinos y rangos están desembocando en el aislamiento del vicepresidente para la Defensa. De insistir en esa vía, la gestión del actual ministro de Defensa estaría condenada al fracaso (…) en las Fuerzas Armadas, cuyos cuadros, superada ya una cierta perplejidad, se refuerzan internamente a diario en una innegable unidad moral, existe el recelo de que se están sentando gravísimos precedentes históricos con una elevada carga disgregadora».

El 22 de enero de 1981, Almendros dio un paso más con escaso disimulo: «A España se la ha sumido en una profunda crisis de identidad (…). Aquí y ahora se ha de afrontar el fracaso definitivo de este ensayo democrático sin sentido del Estado (…). La Constitución, tal y como está, no funciona. Hace ingobernable la nación (…). Esta clase política ha demostrado carecer de suficiente categoría moral necesaria para reconocer sus errores (…). La institución del Congreso de los Diputados ha quedado muy deteriorada (…). Ni nos abruma el fracaso del ensayo democrático actual ni carecemos de vigor y fuerza para resolver nuestros males».

Diez días más tarde, el 1 de febrero, cuando Adolfo Suárez ya había dimitido, Almendros volvía a la carga y pedía la intervención y la implicación del rey en la ruptura con el orden constitucional. Se buscaba en la Corona la coartada para justificar una acción de fuerza: «Se ha alcanzado el punto crítico de no retorno, de la decisiva crisis institucional del sistema (…). Hemos entrado en un tiempo protagónico para las otras instituciones: el rey y las Fuerzas Armadas». Además, el autor parecía tener buena información de lo que algunos estaban tramando: «Estamos en el punto crítico, se inicia la cuenta atrás (…). La solución no pasa por la vía del puro continuismo». Y reclamaba «un Gobierno que se vea respaldado cuya fuerza procede de su propia condición [porque] quedan imposibilitadas las libertades cuando las instituciones se degradan y la nación pierde su identidad». La arenga de Almendros encontró apoyos como el de Emilio Romero, que al día siguiente escribió en ABC que «el documento de Almendros es especialmente valioso y trascendente (…), estoy plenamente conforme». La implicación de don Juan Carlos para dar cobertura al golpe militar era el plan urdido por el general Alfonso Armada con el fin de encubrir sus ambiciones personales con un falsa lealtad al rey, al que, con una mezcla de torpeza y arrogancia, creyó fácil de manipular.

El último aguijonazo lo dio el general De Santiago quince días antes del golpe, el 8 de febrero, en un artículo que ocupó la portada del periódico portavoz de los golpistas con un título que lo decía todo: «Situación límite». Allí afirmaba: «Aquí no hay autoridad y, por lo tanto, hay que restablecerla. Los partidos políticos no representan al pueblo en estos momentos (…). El pueblo, defraudado, ha vuelto la espalda a este contubernio político (…). Pienso que las cosas han ido demasiado lejos (…). Hay que salvar España (…) en nuestra historia hemos vivido momentos tan difíciles como el presente, pero siempre, en situaciones parecidas a esta, hubo españoles que rescataron y salvaron a España».

El 3 de febrero, a los cinco días de la dimisión de Adolfo Suárez y siendo aún presidente en funciones, el general de artillería Alfonso Armada Comín, marqués de Santa Cruz de Rivadulla, fue nombrado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Profesor de don Juan Carlos, consejero suyo y secretario general de la Casa del Rey, suscitó la sospecha y desconfianza del presidente del Gobierno desde el primer momento, porque en los primeros pasos del proceso de reforma política siempre se mostró reticente cuando no contrario al cambio, y no se comportó con la neutralidad con respecto a los partidos que es imprescindible cuando se trabaja con el rey. Como consecuencia de ello, el presidente pidió a don Juan Carlos que prescindiera de Armada, petición a la que accedió, y en 1977 abandonó La Zarzuela. Pero Adolfo Suárez siguió sin fiarse de este general. Por ese motivo, cuando, a finales de 1980 —siendo gobernador militar de Lérida, y por tanto bien alejado de Madrid—, se barajó su nombre para ocupar la segunda jefatura del Estado Mayor del Ejército, el presidente se opuso frontalmente y cortó en seco el nombramiento, apoyado por el general Gutiérrez Mellado.

Pero Armada porfió y buscó el apoyo del rey y sobre todo del teniente general José Gabeiras, que quería un compañero de arma —él también era artillero— como su segundo en el Estado Mayor. Tras la dimisión de Suárez, aunque durante casi un mes continuó como presidente del Gobierno en funciones, la presión se mantuvo y Agustín Rodríguez Sahagún, ministro de Defensa, cedió. Como se trataba de la segunda jefatura del Estado Mayor, no requería nombramiento de Consejo de Ministros y bastaba con una orden ministerial, el ministro la firmó sin conocimiento del presidente en funciones.

«Cuando al día siguiente Adolfo Suárez tuvo conocimiento de la promoción de Alfonso Armada, mandó llamar a Agustín Rodríguez Sahagún y le echó una bronca monumental de tal calibre y con tal dosis de indignación —recuerda Aurelio Delgado— que hizo llorar, y no es una metáfora, al ministro de Defensa. Pero el error se había consumado y las consecuencias solo tardaron veinte días en salir a la luz».

El 22 de febrero, víspera del intento de golpe de Estado, Alberto Recarte fue a despedir a Adolfo Suárez a La Moncloa. «Me voy preocupado por la nueva posición de Armada —le dijo Adolfo Suárez—. Agustín Rodríguez Sahagún le ha nombrado segundo jefe del Estado Mayor, y vamos a tener problemas con él».

«Estás equivocado, Armada va de presidente del Gobierno»

Todas las amenazas de Almendros y del general De Santiago se vertieron cuando Adolfo Suárez ya había dimitido y, por lo tanto, no iban dirigidas contra él o su Gobierno, sino directamente contra el sistema democrático. No fueron las únicas, porque en distintas ocasiones algunas autoridades también las recibieron, aunque envueltas en un cierto disimulo. En el mes de enero el diario de la extrema derecha publicó una frase en apariencia inocente: «Los cerezos florecen en primavera», que luego se interpretó como un mensaje en clave de los que estaban urdiendo el golpe de Estado.

Pocos meses antes, el general gobernador militar de una provincia del norte le dijo al gobernador civil en un tono suficiente y perdonavidas: «Dar un golpe es muy fácil; solo basta con que nos pongamos de acuerdo por teléfono. Lo difícil sería el día siguiente, porque nosotros no sabemos cómo solucionar los problemas económicos de España y, además, estamos rodeados de naciones con regímenes contrarios a los Gobiernos de militares».

El general —que, por cierto, no ascendió a general de división— acertó en la última parte de su afirmación, porque el entorno internacional era desfavorable a un régimen dirigido por militares en España, pero lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981 demostró que se equivocó en la primera parte de su afirmación, porque tanto él como otros compañeros suyos cayeron en el error de creer que el Ejército era un bloque ideológico monolítico en el que todos los mandos pensaban como él.

Y no era así, como se comprobó la tarde del 23 de febrero de 1981. «A la media hora de entrar Tejero en el Congreso de los Diputados —recuerda el general Casinello—, la brigada acorazada de El Goloso y la brigada motorizada de Campamento, ambas integradas en la división acorazada Brunete, recibieron órdenes de sus superiores de salir de sus cuarteles y dirigirse a Madrid. A las diecinueve horas, el jefe del Estado Mayor de la Capitanía General de Madrid, general José María Sáez de Tejada —que el 18 de julio de 1936 se había sumado con dieciocho años a la sublevación militar— informó al capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci —que había hecho la mayor parte de su carrera en la Casa Militar de Franco— de esta salida. En el acto, Quintana ordenó en los términos más tajantes a los generales que las mandaban el retorno inmediato de las fuerzas a sus cuarteles, orden que cumplieron sin rechistar. Y lo hizo por su sola iniciativa personal, porque en esos primeros momentos de desconcierto aun no había recibido ni llamada ni orden alguna del rey. A las siete y media, el rey llamó al capitán general y aprobó su decisión».

«Hay un segundo ejemplo —continúa Casinello— que esa noche confirmó que el Ejército no era ni de lejos un bloque monolítico dispuesto a sublevarse. Es creencia generalizada que todos los acuartelamientos de las provincias que integraban la Región Militar de Valencia —Valencia, Alicante, Castellón de la Plana, Murcia, Albacete y Cuenca— siguieron las órdenes del general Jaime Miláns del Bosch, y nada hay más lejos de la verdad».

«Aunque pueda resultar prolija la enumeración, hay que recordar que, entre otras, existían las siguientes unidades: Capitanía General de Valencia y los Gobiernos Militares de Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Albacete y Cuenca. La división de infantería motorizada Maestrazgo, en Valencia, de la que dependían: el núcleo de tropas divisionarias (NTD) con cinco unidades; la brigada de infantería motorizable XXXI, en Castellón, con siete unidades; la brigada de infantería motorizable XXXII, en Cartagena y Lorca, con seis unidades, y la brigada de infantería D.O.T, con diez unidades en Alicante, Paterna, Cartagena, Murcia, Valencia y Bétera». «A toda esta fuerza —prosigue Casinello— hay que añadir otras casi veinte unidades más del Ejército, las bases aéreas de Manises, Los Llanos, San Javier, Alcantarilla y los Alcázares. Más las unidades de la Guardia Civil dependientes de las seis comandancias y las de la Policía Nacional con las 32 y 33 Banderas, más la sección de caballería de Valencia».

«Pues bien —continúa— de todas estas unidades solo dos, el regimiento de caballería Lusitania y el batallón de carros del regimiento Vizcaya, ambos de la división Maestrazgo, cumplieron las órdenes de su capitán general. El resto permanecieron acuarteladas y no hicieron movimiento alguno ni sus mandos tuvieron ningún comportamiento significativo a favor del golpe».

«Algo similar —prosigue— ocurrió en la guarnición de Madrid, que, en líneas generales, la integraban las siguientes unidades: una división acorazada, una brigada D.O.T., una brigada paracaidista, dos regimientos de caballería en Aranjuez, un regimiento de artillería antiaérea, un regimiento de ingenieros de la red permanente, un regimiento de transmisiones del Ejército, dos compañías de operaciones especiales, las escuelas de aplicación de infantería, caballería, artillería e ingenieros, el cuartel general del Ejército, la escuela superior del Ejército, el CESEDEN y la escuela de Estado Mayor».

Casinello es rotundo: «De todos los mandos de esas unidades únicamente se sumaron al golpe un coronel jefe del Estado Mayor de la división acorazada, un comandante del mismo Estado Mayor, un capitán y los tenientes de la compañía de Policía Militar de la división».

Hay un factor que no se ha tenido suficientemente en cuenta cuando se analiza lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981. Y es que en marzo de 1979, Adolfo Suárez había firmado una instrucción a propuesta del presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor por la que se aprobó la «operación Diana».

Esta instrucción tenía el siguiente contenido, según una nota reservada de los servicios de inteligencia:

Misión general: garantizar la acción del Gobierno en el mantenimiento del orden institucional ante la subversión, y para ello a las FAS se les encomiendan misiones que van desde cooperar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad hasta la actuación en fuerza cuando fuera necesaria.

Para su cumplimiento: la Capitanía General se subdivide en varios sectores y subsectores, y dentro de ellos están fijados una serie de objetivos que serán ocupados de acuerdo con las diferentes situaciones. Misión de la división acorazada (DAC): hacerse cargo del sector «Madrid» que comprende la capital y su entorno.

Situaciones de alerta: Alerta 1: Preventiva.

Alerta 2: Intensificación de las prevenciones y adopción de medidas contundentes a una posible actuación de las U.s, (Acopio de víveres, municionamiento, carburantes, etcétera. Así como la concentración de todo el personal de las unidades de los acuartelamientos).

Alerta 3: Actuación de las unidades en fuerza.

Autoridades que pueden ordenar la ejecución de la operación:

El mando específico nacional.

El mando específico regional (capitán general).

Los mandos caracterizados de cada plaza (caso de quedar incomunicados).

«Utilizando este documento como base —prosigue—, el Estado Mayor del Ejército redactó su desarrollo y encomendó a las Capitanías Generales la función de mando en sus respectivos territorios. Las diferentes unidades militares de todo el país conocían con detalle cuáles eran sus objetivos en el caso de que tuvieran que actuar, y muchas de ellas habían hecho ejercicios tácticos para su mejor aplicación. Por ese motivo, el 23 de febrero, las unidades fueron alertadas, preparadas, repostadas y municionadas en Valencia, no como consecuencia del bando de Miláns, sino a partir de la mañana de ese día cuando Tejero aun permanecía inactivo y el bando no se había publicado. La inmensa mayoría de los oficiales que participaron en esa operación creían que se trataba de un ejercicio táctico de la operación Diana. Tampoco se extrañaron de la orden de sus superiores las dos unidades de la división acorazada que salieron de sus acuartelamientos a la media hora de entrar Tejero en el Congreso de los Diputados, y también por este motivo obedecieron en el acto las órdenes de retorno a sus cuarteles que les dio el capitán general. Las órdenes que habían recibido eran acordes con la operación Diana que conocían, y nada sabían de conspiraciones previas».

«La mayoría de los mandos que se movilizaron en Valencia el 23-F —añade Casinello— lo hicieron convencidos de que se trataba de un ejercicio más de la operación Diana. Pocos días después del golpe fallido, un mando cualificado de la Capitanía de Valencia elevó un informe a sus superiores de los servicios de información que confirma esta tesis, y en el que entre otras cosas decía textualmente: “La cosa empezó a primeras horas de la mañana cuando empezó la orden de alerta, una más de las que se recibían de vez en cuando para comprobar el estado de alistamiento de las unidades, el tiempo que se tardaba en reaccionar, en ocupar posiciones para la defensa de la base (…). Durante la mañana se fueron recibiendo órdenes en el sentido de que había que estar preparados para salir y trasladarnos a un determinado lugar para reaccionar contra una agresión que se había producido (…). Las órdenes iban aumentando el nivel de alistamiento: repostar todos los vehículos a tope, cisternas de carburantes llenas, todos con la dotación de munición, trenes de vehículos y bagajes al completo, vehículos revisados y en funcionamiento, remolques enganchados… Todo esto no causó extrañeza, pues entraba dentro de los ejercicios que habitualmente se hacían; tan solo que esta vez, al parecer, no se trataba de una corta salida a los alrededores de la base. La sorpresa llegó cuando se ordenó municionar los carros de combate, pues es una munición que una vez extraída de sus empaques ya no se puede volver a guardar. Pero se cumplieron sin rechistar. Luego ocurrió lo que ocurrió y se recibió, procedente de Capitanía o de la división, una palabra clave: ‘Miguelete’. Entonces el general que se había instalado en Bétera repartió una orden de operaciones en la que se señalaba la misión de cada una de las unidades actuantes. Que se ejecutaron con admirable precisión.

”El Vizcaya y el Lusitania fueron a Valencia por la carretera de Bétera, mientras que la agrupación logística lo hizo por la que conduce a Valencia desde Liria.

”Lo que pasaba es que todo el mundo tenía un transistor y estaba enterado de lo que ocurría. Cuando SM habló todo quedó claro. Se recibió la orden de repliegue, que se ejecutó sin problemas.

”Al día siguiente se produjeron los ceses de Miláns y de León Pizarro, que fueron sustituidos por Pascual Galmes y Bello del Valle y las unidades permanecieron acuarteladas dos días. A la toma de posesión de Pascual Galmes asistimos unas numerosísimas comisiones, sin que se produjera incidente alguno, y unos días después las unidades divisionarias de Valencia, Bétera, Paterna y Marines formaban en la explanada de Bétera para ser revistadas por el nuevo capitán general”».

«Fueron el rey y la Junta de Jefes de Estado Mayor quienes pararon el golpe. Ellos impidieron que varios capitanes generales y mandos partidarios de la intervención militar utilizaran la cadena de mando y la disciplina de sus subordinados para dar el golpe de Estado. Es más, la junta declaró la alerta 2 de la operación Diana para impedirlo», concluye Casinello.

Hubo ejemplos de altos mandos que se enfrentaron a los golpistas con riesgo de su vida. Al poco tiempo de producirse el golpe, Francisco Laína ordenó al general José Luis Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, que se trasladara al Congreso y hablara con Tejero. El general, acompañado por su ayudante el comandante Guillermo Ostos, entró en el patio que da acceso a la Cámara y allí mantuvo un corto y tenso diálogo con Tejero. Le ordenó que depusiera su actitud y liberara a los secuestrados, a lo que el alzado en armas le contestó que antes de hacerlo estaba dispuesto a pegarle un tiro y luego a dispararse otro a sí mismo. Al oír estas palabras, Aramburu, llevado por la indignación que le provocó este monumento a la indisciplina de un teniente coronel a un general, hizo el gesto de desenfundar su pistola. Pero dos guardias situados ligeramente detrás de Tejero encararon sus fusiles de asalto cetme apuntando a Aramburu; en ese momento el comandante Ostos le detuvo la mano que ya estaba sobre la cartuchera y se dirigió a voces al teniente coronel pidiéndole calma. El general desistió de sacar su pistola, los guardias bajaron sus fusiles, Aramburu regresó a la calle y Tejero volvió al interior del Congreso. Aunque el ejercicio de la ucronía siempre está plagado de riesgos, no es aventurado afirmar que el golpe de Estado habría seguido un derrotero más dramático y posiblemente sin retorno si el resultado de este encuentro se hubiera saldado con el cadáver de un general, director general de la Guardia Civil, tirado en el patio del Congreso de los Diputados por los disparos de dos guardias.

En Alcalá de Henares, dos tenientes coroneles de la brigada paracaidista se presentaron en el despacho del general Ángel Mendizábal, que mandaba la unidad, y le presionaron para que se uniera al golpe. Su respuesta no ofreció dudas, y tras oponerse, les dijo: «Vosotros me detenéis ahora y me encerráis en un despacho, y mañana, si no triunfa el golpe, os formo un consejo de guerra y os fusilo». Se dieron media vuelta y no hubo más que hablar.

El teniente coronel Casinello se encontraba en su casa cuando el Congreso fue ocupado por los golpistas. Regresó inmediatamente a la dirección general de la Guardia Civil, y Aramburu, antes de salir hacia el Ministerio del Interior, le ordenó que hablara con todas las comandancias y transmitiera la orden de que todos permanecieran quietos a la espera de órdenes. Cuando trató de hacer la rueda de llamadas, se encontró con que las líneas telefónicas estaban bloqueadas, afortunadamente por saturación, porque al poco tiempo pudo hablar con los mandos. No encontró la más leve señal de apoyo al golpe ni de indisciplina, salvo en la comandancia de Valencia, cuyo jefe no se le ponía al teléfono con el pretexto de que se hallaba fuera de la comandancia. Y como esta evasiva se repitiera varias veces, Casinello le dijo al teniente ayudante: «Dile a Quintiliano que si en media hora no me llama, mañana le corto los huevos. Y a la media hora me llamó», afirma el general.

También habló con el general Hermosilla, jefe de la zona de Valencia, que, tras escuchar las órdenes que le trasmitía el jefe de la sección II de la Guardia Civil, le respondió: «Estás equivocado, Armada va de presidente del Gobierno». «Pero acabé sacándolo de su error», recuerda el general Casinello, que insistió en sus instrucciones y le ordenó que cada media hora le diera novedad. «Y lo hizo, a pesar de que el general Miláns del Bosch había asumido en su bando el control de las Fuerzas de Orden Público». También recuerda que «esa noche estuve en permanente contacto con el palacio de La Zarzuela transmitiendo toda la información de que disponía, incluida la implicación de Armada, a mi interlocutor en palacio, el coronel Gómez López, que había sido segundo jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil».

Otros comportamientos se ajustaron simplemente al cumplimiento de la estricta literalidad de las órdenes recibidas, aunque no por ello resultaran menos inquietantes. Nada más sublevarse, Miláns del Bosch ordenó al general gobernador militar de Valencia, Luis Caruana, que se trasladara al Gobierno Civil y «no se separara del gobernador civil». El general se limitó a cumplir literalmente las órdenes recibidas y así se lo comunicó a José María Fernández del Río. «Puedes seguir con tu trabajo —le dijo— porque yo cumplo lo que me han ordenado: no separarme de ti». No obstante, el gobernador protestó y le hizo ver que su presencia no solicitada en el despacho de la máxima autoridad provincial era una intromisión y una limitación a su libertad. Y se lo dijo con energía y sin paños calientes. Caruana insistió en que cumplía órdenes y que se limitaría a «no separase de él». Y a lo largo de la noche fue «un compañero inseparable» del gobernador civil, al que dejó hacer y le permitió, incluso, que presidiera la Junta de Orden Público. No obstante, el gobernador civil no las tuvo todas consigo y no se sintió con la suficiente libertad para, delante de Caruana, informar por teléfono a Francisco Laína de lo que estaba ocurriendo en una ciudad en la que, entre otras cosas, los tanques estaban en la calle por orden del capitán general y donde uno de esos carros de combate estaba situado justo enfrente del Gobierno Civil con el cañón apuntando a la fachada, gesto que no era precisamente amistoso.

José María Fernández del Río, un joven arquitecto que ya había sido gobernador de Granada y se las sabía casi todas, arbitró un sistema para tener permanentemente informado de lo que estaba pasando en Valencia al secretario de Estado de Seguridad. Todos los gobernadores disponían de una línea telefónica privada que no pasaba por su secretaría —conocida como la «línea Ericsson»—, que con solo marcar cuatro números les permitía hablar directamente entre sí y con las autoridades del Ministerio del Interior. Esta línea contaba con dos teléfonos de color gris en cada Gobierno, uno en el despacho y otro en la mesa de noche del dormitorio del gobernador en la residencia oficial, situada por lo general en la última planta del edificio del Gobierno Civil. Y cuando a mediodía o por la noche se trasladaban de una dependencia a la otra, era una obligación inexcusable, casi un rito, pulsar el botón de color verde colocado sobre el lado superior derecho del dial, para desviar las llamadas al lugar en que se encontrara en ese momento y estar así en contacto permanente con sus superiores del Ministerio del Interior. Nada más llegar el general Caruana al despacho del gobernador civil de Valencia, este pulsó el botón de su Ericsson para que ese teléfono solo estuviera activo desde su dormitorio, y pidió a su mujer que, con el pretexto de ofrecer café o un tentempié en una noche que se anunciaba larga, bajara desde la residencia oficial al despacho cada quince minutos, ocasión que él aprovecharía para contarle todo lo que estaba ocurriendo con el fin de que ella regresara inmediatamente y desde el teléfono del dormitorio se lo contara con el mayor detalle a Laína. Tal fue la frecuencia de las visitas de la esposa del gobernador al despacho, que se puede afirmar con poco riesgo de error que esa noche no hubo en toda España una dependencia oficial con mejor servicio de catering. Pero gracias a ese ardid, a algunas salidas de Fernández del Río de su despacho con el pretexto de ir al baño y alguna que otra treta más, las altas autoridades del Estado estuvieron al tanto de buena parte de lo que ocurría en Valencia. Poco tiempo después del golpe, el general Caruana fue ascendido a teniente general y nombrado capitán general de la V Región Militar con sede en Zaragoza.

Algunos altos mandos tuvieron comportamientos equívocos con los que pretendieron eludir su responsabilidad. Al capitán general de la IX Región Militar le sorprendieron los acontecimientos del 23-F de visita oficial en Almería e inmediatamente regresó a la sede de la región en Granada, pero a mitad de camino hizo una larga e inexplicable parada en Guadix, que aparentemente le tuvo incomunicado y, por lo tanto, alejado de la posibilidad de tomar partido.

El gobernador civil de una provincia del norte, tras asegurarse de que la Guardia Civil y la Policía no estaban con el golpe, llamó al gobernador militar para saber cuál era su posición ante lo que estaba ocurriendo en el Congreso.

—Mi capitán general —se refería al general Luis Polanco Mejorada, que mandaba la VI Región Militar con sede en Burgos— me ha ordenado que quieto, y yo cumplo órdenes. Además, yo me acuesto pronto porque soy madrugador, y me voy a dormir.

—Vete a dormir si quieres —le respondió su interlocutor—, pero antes dame el número del teléfono que tienes en tu mesa de noche.

Se lo dio y no volvieron a hablar, aunque es seguro que ninguno de los dos gobernadores pegó ojo en toda la noche, con la diferencia de que uno estuvo oficialmente despierto, y el otro también despierto aunque oficialmente dormido, esperando a que le dieran el golpe resuelto, como tantos otros.

Afortunadamente, y gracias al valor y a la astucia del técnico Pedro Francisco Martín, la primera media hora del asalto al Congreso y todo lo que ocurrió en el hemiciclo en ese tiempo lo filmó y transmitió Radiotelevisión Española. Tras el enfrentamiento de Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado con Tejero, encerraron al presidente en un despacho y se le obligó a subirse en una mesa y a permanecer sentado sobre ella con el fin de mantenerlo en una postura humillante. «Hubo momentos en que Adolfo creyó que le iban a dar muerte —recuerda Aurelio— y llegó a gritarle a Tejero: ¡cuádrate! Trascurrido algún tiempo, los dos guardias civiles encargados de vigilarlo comenzaron a hablar entre ellos. Y Adolfo Suárez contó tiempo después que uno de los guardias le preguntó a su compañero: «¿Pero qué estamos haciendo aquí si yo voté a UCD y tú votaste al PSOE?». Suárez comenzó a hablarles hasta que les convenció del disparate y la indisciplina a la que Tejero les había empujado y, después de escucharle con atención, le respondieron: «Esté seguro de que tendrán que pasar por encima de nosotros antes de que a usted le hagan algo».

Un mes y medio después, Adolfo Suárez y Amparo pasaron las vacaciones de Semana Santa en la finca que la familia Sánchez Junco, dueños de la revista Hola, tiene en la provincia de Burgos, y decidieron hacer una escapada para pasar el día en Santillana del Mar. Y allí el ya expresidente contó al gobernador que acudió a acompañarles que, tras los primeros choques y conflictos con altos mandos militares, pensó en la posibilidad de ser víctima de un acto de violencia golpista y que, por ese motivo, trató de estar informado y psicológicamente preparado con antelación para hacerle frente. Entre otras cosas, le habían dicho que cuando se recibe un disparo, en el primer momento se siente algo parecido a un picotazo pero no dolor.

«Cuando los guardias empezaron a disparar —contó—, sentí un picotazo en el lado izquierdo del pecho, y pensé “me han dado”, pero como pasó el tiempo y no sentía ningún dolor miré con disimulo para comprobar si había sangre en el costado, y vi que no. Luego me di cuenta de que el picotazo no lo había causado una bala sino un casquillo de los muchos que saltaron desde las metralletas que los guardias estaban disparando a menos de dos metros de distancia de donde yo estaba».

Su premonición de que podía producirse un golpe de Estado con riesgo de su vida venía de años atrás. José Manuel Otero Novas, entonces subsecretario en la presidencia, recuerda los días de tensión que se vivieron en La Moncloa en enero de 1977, cuando Antonio Oriol, presidente del Consejo de Estado, y el teniente general Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, estuvieron secuestrados por el Grapo: «Al terminar una larga sesión de trabajo con él, un viernes de esos días de enero, el presidente me advirtió de que tenía información solvente sobre un intento de golpe de Estado, que podría producirse en los días siguientes. Sacó una pistola de un cajón, la puso encima de la mesa de su despacho y me dijo: “Es posible que vengan a por mí, pero no pienso rendirme y la usaré”».

«Al salir de su despacho —prosigue Otero—, me reuní con todos mis colaboradores y les informé de la gravedad de la situación. Les dije que yo iba a permanecer en el complejo de La Moncloa al lado del presidente mientras se mantuviera esa tensión, y esperaba que todos ellos hicieran lo mismo. Y, efectivamente, todos permanecieron en La Moncloa; todos menos uno —cuyo nombre Otero Novas prefiere no recordar—, que dijo que ese fin de semana tenía una cacería en Ciudad Real a la que no podía faltar, y se marchó…». «Recuerdo —termina Otero— que el lunes siguiente me llamó Adolfo Suárez para decirme que el peligro había pasado, y todos —menos el que se había ido a Ciudad Real— recuperamos nuestra vida normal».

La noche del 23-F hubo también algunos hechos que estuvieron entre el esperpento, el sainete y la chulería de cantina, de no ser porque lo que estaba en juego eran vidas humanas y la joven democracia española. Tras el asalto al Congreso, Alberto Aza buscó refugio en el despacho del presidente de las Cortes, en el que también entraron la periodista Rosa Villacastín y dos policías de la escolta del ministro Luis González Seara. Un guardia civil vestido con pantalones vaqueros obligó a todos a tirarse al suelo y ordenó con acento andaluz: «Apagá la luses, que hay que ahorrá». A lo que una de las secretarias, por lo que se ve poco impresionada por lo que estaba ocurriendo, le respondió con desparpajo: «Aquí no se puede. Así que como no vaya usted al fondo del pasillo que es donde están los interruptores, las luces seguirán luciendo». Y las luces siguieron encendidas.

Después, el guardia civil se dirigió a los escoltas exigiéndoles que le entregaran sus pistolas, a lo que estos se negaron con el argumento de que ellos habían firmado un papel cuando se las entregaron, y no estaban dispuestos a dárselas hasta que el guardia no les firmara otro en el que constara que las había recibido. Cuando terminó el debate burocrático entre el guardia y los policías, el guardia civil preguntó a Aza quién era, y este le respondió que un «funcionario de presidencia», y Rosa Villacastín le contestó que ella era periodista. «Pueden irse», les dijo, y ambos salieron del despacho. Al poco tiempo los tres volvieron a coincidir en el pasillo que rodea el hemiciclo, conocido como la «M-30», y cuando el guardia de los pantalones vaqueros se cruzó con ellos, mirando fijamente a Rosa Villacastín, le dijo: «Cuando etaba uté en er suelo etaba má güena que la má».

Pero tras el sainete llegó el drama. Cuando encerraron al general Gutiérrez Mellado en un despacho, desde el que oía las voces de los que apoyaban a los golpistas gritando en la cercana plaza de Neptuno «¡Tejero, mátalos!», él creyó que el golpe había triunfado. En su mentalidad militar no cabía la posibilidad de que se profirieran esos gritos sin que ninguna autoridad lo impidiera y detuviera a quienes los proferían. Solo al ver que pasaba el tiempo sin que nada ocurriera empezó a tener sus dudas sobre el éxito de los sublevados.

Gutiérrez Mellado trasladó estas reflexiones pocos meses después, en los primeros días de septiembre de 1981, al gobernador civil de Santander, durante un almuerzo en el restaurante La Sardina, al que acudió acompañado por su mujer, Carmen, al concluir el acto de clausura de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en el palacio de la Magdalena. «Durante esa noche —contó— rondaron por mi cabeza tres ideas. La primera fue que, si los golpistas no habían conseguido neutralizar al rey, había esperanzas de que fracasaran, porque yo sé cómo piensa, y estaba seguro de que trataría de hacerles frente y parar el golpe con todos los medios a su alcance. La segunda fue que, si me fusilaban, yo tendría que hacer un esfuerzo para que no me temblaran las piernas. Y la tercera —dijo mirando con tristeza a Carmen— fue qué iba a ser de esta pobre mujer».

La preocupación por su familia no le abandonó en toda la noche. Secuestrado e incomunicado en el Congreso, no sabía cómo estaban evolucionando los acontecimientos ni fuera ni dentro. Hacia las cinco de la madrugada —recuerda Alberto Recarte—, su ayudante, el comandante de caballería José Luis Goróstegui, que pudo entrar y salir del Congreso con libertad, transmitió a quienes estaban en Moncloa la petición del general de que llevaran a su familia a la embajada de Panamá y pidieran asilo.

Uno de los primeros problemas con que se encontraron esa noche las autoridades del Ministerio del Interior fue acertar con la actitud que debían adoptar con los sublevados. Luis Sánchez Harguindey, subsecretario de Interior, era jefe en excedencia del servicio de cardiología del Hospital Clínico de Madrid, y tenía una buena relación personal con José Luis Pinillos, catedrático de Psicología de la Complutense y principal difusor de la psicología académica en nuestro país. Harguindey propuso a Francisco Laína llamar a Pinillos para que les aconsejara sobre cuáles podían ser las reacciones y el comportamiento de los guardias encerrados en el Congreso, y cómo habría que tratarlos. Se estableció contacto con Pinillos, que accedió sin ningún reparo a prestar su ayuda, aunque pidió que, tal y como estaban las cosas esa noche, se le enviara un coche policial para trasladarlo de su casa a la sede del ministerio, a la que llegó hacia las nueve y media. Laína recuerda que «nos prestó un magnífico asesoramiento con muy buenos resultados».

Se le informó de que los guardias no formaban parte de una sola unidad con unos jefes naturales; todos eran de procedencia diversa, y no integraban una fuerza homogénea con una clara cadena de mando. Unos estaban destinados en la academia de Valdemoro, otros en el parque móvil de la Guardia Civil de la calle Príncipe de Vergara y los había de otras unidades. Pinillos les dijo que eso les convertía en un grupo no compacto y desvertebrado, en el que inevitablemente se producirían disensiones si los acontecimientos no evolucionaban como les había prometido Tejero, y acabaría produciéndose un relajamiento en el cumplimiento de las órdenes. Se le preguntó cuál sería la hora en que se podría producir ese momento de crisis, y Pinillos les respondió que sobre las nueve o las diez de la mañana del día 24. «Y acertó, porque hacia las nueve la moral de los asaltantes se hundió, y varios guardias comenzaron a escapar por las ventanas del Congreso», recuerda Francisco Laína.

También se le consultó si convenía cortar todas las comunicaciones telefónicas del Congreso con el fin de aislar a Tejero, pero lo desaconsejó. Argumentó que un aislamiento total podía hacerle más agresivo con riesgo de reacciones violentas. Propuso que se le dejaran algunas líneas abiertas —lo que permitió grabar sus conversaciones telefónicas—, que progresivamente se le irían cortando para que fuera percibiendo la sensación de cerco con el paso de las horas. El profesor Pinillos, al que se le unieron dos colaboradores de su cátedra, permaneció en la sede del Ministerio del Interior durante la larga madrugada del 24 de febrero. Otras personas propusieron acciones que Francisco Laína desechó, como colocar altavoces delante del Congreso que a todo volumen trasmitieran mensajes de los familiares de los asaltantes, incluido el hijo de Tejero, exhortándoles a abandonar su encierro.

Las autoridades del ministerio consiguieron que a lo largo de esas horas se produjera una avalancha permanente de comunicados, emitidos por radio, de muchas entidades y personalidades de relevancia social y de la más diversa ideología política en apoyo al orden constitucional, que contribuyeron a la desmoralización de los asaltantes. También se consiguió que varias esposas de los guardias civiles atrincherados en el Congreso les enviaran mensajes, a través de la radio, en los que les decían que sus compañeros de armas en el resto del país no se habían unido al golpe, y les pedían que depusieran su actitud.

La Sociedad Española de Radiodifusión (SER) situó una terminal en el despacho de los gobernadores civiles para que pudieran entrar en directo en el momento que lo pidieran. Y en varias ocasiones a lo largo de la noche leyeron por los micrófonos de la SER los mensajes que Francisco Laína les envió para informar al país y tranquilizar a los ciudadanos.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores, los miembros del gabinete del ministro y varios altos cargos, encerrados en varios despachos, se dedicaron a llamar a las sedes de los Gobiernos del mayor número de países posible para pedirles mensajes de rechazo al golpe y de apoyo a la joven democracia española. Hubo que despertar a muchos gobernantes, y buena parte de ellos reaccionaron favorablemente. Pero también hubo algunas sorpresas significativas y decepcionantes. Recuerda Alberto Recarte que en cuanto tuvo noticia del golpe se fue al palacio de La Moncloa y estuvo al lado de Aurelio Delgado. «Una de las primeras decisiones que tomamos fue llamar, entre otras instituciones, a la CEOE, a la embajada de los Estados Unidos y a la Conferencia Episcopal española para pedirles una declaración de rechazo al golpe y de apoyo al sistema constitucional. Llamamos a los tres organismos, pero nadie con un cierto nivel de responsabilidad se nos puso al teléfono, no conseguimos ningún comunicado de apoyo y la única respuesta que tuvimos fue el silencio; solo el silencio», concluye Recarte.

Mientras tanto, en el palacio de La Zarzuela, el rey y sus colaboradores trataban de saber qué estaba pasando y quiénes estaban comprometidos en la intentona. Sobre las ocho de la tarde decidieron pedir a Televisión Española un equipo que pudiera grabar un mensaje de don Juan Carlos dirigido al país. Cuenta Jesús Picatoste, entonces director del gabinete técnico y número dos del ente, que él seguía en directo desde su despacho, por el circuito cerrado de televisión, la entrada de Tejero y los suyos en el Congreso. Pronto se dio cuenta de que se trataba de un golpe de Estado. Una de las secretarias, muy asustada, fue al baño a vomitar por la impresión que le causaron las imágenes.

En aquellos momentos, el director general Fernando Castedo no se encontraba en su despacho. Estaba saliendo de una reunión con varios directores de los principales periódicos de Madrid, que se había celebrado en la sede del diario El País, con el fin de acordar una postura común sobre si publicar o no los puntos de la Alternativa KAS que exigía ETA. Picatoste pensó que la primera acción de los golpistas sería ocupar la televisión y por ello transmitió inmediatamente al responsable de seguridad de Prado del Rey la orden de que no opusieran ninguna resistencia en el caso más que probable de un asalto a las instalaciones: había que evitar cualquier derramamiento de sangre. Los golpistas llegaron a las siete y cuarenta y ocho, y varios soldados del regimiento de caballería ligera acorazada Villaviciosa 14, al mando del capitán Martínez Monje, ocuparon las instalaciones. Los soldados se desplegaron por las estancias próximas al despacho del director general, en la primera planta de Prado del Rey, junto a la redacción y a los estudios de Radio Nacional. Los soldados, armados con el cetme, que era entonces el fusil de asalto reglamentario del Ejército español, aparecían desorientados, «incluso temerosos y asustados», subraya Picatoste.

«Ordené que nadie abandonara los despachos ni las redacciones para asomarse a los pasillos donde vigilaban los jovencísimos soldados muy nerviosos. Cualquier movimiento extraño podría provocar que alguno apretara el gatillo, porque, en el fondo, no eran sino unos soldados de reemplazo, armados y más nerviosos que los propios redactores».

«Un brigada entró en mi despacho, contiguo al del director general —prosigue Picatoste— y, muy alterado, pidió un transistor mientras exigía que Radio Nacional emitiera solamente música militar y que Televisión continuase con la emisión normal. Pero, en medio del drama, se produjo un detalle algo chusco: no se encontraba un transistor ¡en la Casa de la Radio! Y los nervios del brigada aumentaban porque no podía verificar lo de la música militar. Por fin, al cabo de unos tres minutos, el subdirector de informativos Pedro Erquicia encontró en el fondo del cajón de su mesa un transistor de siete bandas, que había traído de Nueva York. El brigada mantuvo un comportamiento correcto, mientras aseguraba que aguardaba órdenes de sus superiores».

Desde el palacio de La Zarzuela se solicitó por teléfono al director general que enviase un equipo de grabación. La residencia del jefe del Estado no disponía entonces de medios técnicos, hasta el punto de que en Zarzuela no habían visto las imágenes del asalto al Congreso; no existía ningún tipo de enlace hertziano, aunque después de esta experiencia esas deficiencias tecnológicas fueron subsanadas. Castedo llamó a Picatoste a su despacho y, aprovechando que el capitán, apenas a seis metros, se distraía mirando el jardín por una ventana, le dijo en voz muy baja —al tiempo que le entregaba una nota— que preparase un equipo de grabación porque el rey estaba escribiendo un mensaje. El equipo debía dirigirse a Zarzuela sin que nadie lo sospechara, porque el edificio seguía tomado por los golpistas. Hasta que no se traspasara la verja del recinto de TVE ni siquiera los conductores deberían saber hacia dónde se dirigían. El capitán dejó hacer y no se enteró de la brevísima conversación. Erquicia preparó con el máximo sigilo dos equipos de grabación: uno de cine, soporte habitual de informativos, y otro de vídeo. Dos coches partieron a la residencia del rey hacia las ocho y media, sin que los soldados que ocupaban Prado del Rey lo impidieran.

Una vez en Zarzuela, hubo una larga espera. Casi tres horas que se hicieron eternas. Desde RTVE les llamaban con insistencia e inquietos, preguntando por qué no se grababa el mensaje del rey. Pero don Juan Carlos, sus colaboradores y asistentes andaban pegados a los teléfonos, tratando de desactivar el golpe de Estado. Por fin, pasadas las once y media, se decidió que el lugar más adecuado era el despacho del rey. Pedro Erquicia y los técnicos dispusieron la colocación de las luces, las cámaras, los micrófonos individuales y el sonido del magnetófono Nagra de la Arriflex para Radio Nacional. Y por fin apareció don Juan Carlos, con uniforme de capitán general, con gesto tranquilo, «contagiaba serenidad», recuerda Jesús Picatoste, a quien nada más ver le dio a leer el discurso.

—¿Qué te parece, Jesús? —le preguntó el rey.

—Señor, ¿y Valencia? ¿Y Miláns y sus tanques? —le respondió con otras preguntas.

—Este Jaime, este Jaime… —musitó el rey con gesto preocupado.

Don Juan Carlos saludó, uno por uno, a todos los miembros del equipo de TVE, mientras el príncipe Felipe, con trece años recién cumplidos, observaba en silencio y con asombro. Mientras los técnicos ultimaban los preparativos de la grabación, el rey bromeó con el apellido de Jesús y preguntó a su hijo si sabía cuál era. Y cuando don Felipe respondió que no, le dijo: «Pues eso que tú tomas cuando desayunas y mojas en el café o en el chocolate…».

La grabación del mensaje del rey se hizo poco antes de las doce de la noche. Picatoste advirtió de que algunos de los relojes colgados en las paredes podrían dar las campanadas e interferir las palabras de don Juan Carlos mientras grababa el discurso. Doña Sofía, alertada, empujó una silla, se subió a ella y detuvo el péndulo ante la incredulidad general.

—Venga, a la grabación, sin maquillajes ni retoques —apremió don Juan Carlos, y Pedro Erquicia dirigió la corta grabación, de un par de minutos.

—Todo perfecto, ¿verdad? Ya hemos acabado, claro —exclamó la reina nada más terminar. Pero tras unos interminables cinco segundos de silencio, Picatoste alzó la voz.

—Perdón, señor, convendría repetir para disponer de dos copias —advirtió. Era cierta la conveniencia de las dos copias; no se trataba de un pretexto, pero la verdad es que don Juan Carlos se trastabilló al pronunciar una palabra y, en un discurso tan corto y de tantísima trascendencia, ese titubeo podía transmitir una imagen de nerviosismo que, además, no existía. Se hizo una nueva grabación, que se visionó inmediatamente.

—¿Ahora, ya sí? —preguntó el rey y, cuando le respondieron que todo estaba correcto, les urgió: «¡Echando leches a Televisión!».

Jesús Picatoste, abrazado al mensaje, subió al coche oficial de Fernando Gutiérrez, jefe de prensa de la Casa del Rey, acompañado por dos escoltas que, nada más entrar en el vehículo, sacaron los subfusiles compactos del tipo Uzi.

«Coloqué cuidadosamente en el asiento de atrás las dos latas circulares con las cintas de vídeo y cine —continúa Picatoste—, y me senté sobre ellas con la ingenua pretensión de ocultarlas y protegerlas con mi cuerpo, en el caso de ser interceptados por los golpistas. Escribí una vez una metáfora algo exagerada: que durante aquel trayecto fui sentado sobre el trono constitucional de España. Pero llegaron intactas a Prado, a pesar de la envergadura de mi cuerpo».

El coche atravesó Pozuelo, Aravaca, Somosaguas y se cruzó con un convoy de la división acorazada Brunete por la carretera de El Pardo. Tras él viajaban, en otro coche, Fernando Gutiérrez y Pedro Erquicia; los tres fueron recibidos por algunos directivos que, al borde de las lágrimas, les preguntaban: «¿Qué ha dicho, qué ha dicho en el mensaje?». Pocos minutos después, el mensaje entraba en las casas de millones de españoles y el golpe recibía el golpe de gracia. Picatoste corrobora hoy que fue una temeridad que aquel mensaje, esencial para desbaratar la intentona, lo trasladara él solo en un vehículo. Pero la urgencia y la improvisación provocaron semejante desarrollo de un hecho histórico.

El mensaje, que se emitió a la una y trece de la madrugada y duró poco más de dos minutos, tuvo unos destinatarios muy concretos. Se trataba de trasmitir a todos los miembros de las Fuerzas Armadas la orden del rey, que además era su capitán general, de que toda intentona golpista iba contra la voluntad de la Corona, cuyo apoyo estaba utilizando en falso el general Alfonso Armada; que todos los miembros de las Fuerzas Armadas solo acataran las órdenes que se transmitieran por el llamado «conducto reglamentario», aprobadas por la Junta de Jefes de Estado Mayor; y que el respeto a la Constitución ratificada en referéndum era el camino inexcusable del que nadie se podía salir. Hubo en sus palabras un mensaje significativo que solo podían entender los militares, porque cuando el rey se dirigió a los destinatarios de sus órdenes, colocó en primer lugar a las «autoridades civiles». De esta forma dejaba claro en ese momento crucial que el poder civil no había desaparecido, porque se había creado la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios en sustitución del Gobierno secuestrado. Por lo tanto, no eran aplicables las instrucciones de la operación Diana que establecía la autonomía del Ejército ante un grave incidente de orden público en el caso de que el Gobierno no pudiera ejercer sus poderes. El mensaje decía textualmente lo que sigue:

Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a todas las Capitanías Generales de las Regiones Militares, Zonas Marítimas y Regiones Aéreas la orden siguiente:

«Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiere de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor».

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.

Meses después, el 30 de mayo de 1981, al terminar los actos de celebración del día de San Fernando, patrón del arma de ingenieros, en un acuartelamiento del norte de España, el gobernador civil que los presidió fue invitado a visitar los nuevos dormitorios de la tropa. Al comentar con los mandos el cambio de la calidad de esas instalaciones desde los años en que él había hecho el servicio militar y reparar en que tenían receptores de televisión, el teniente coronel que se los mostró, que casualmente se apellidaba Suárez, afirmó: «Estas televisiones fueron muy importantes en la noche del 23 de febrero, porque recibimos la orden de munición a tope y esperar el discurso del rey». La «munición a tope» formaba parte de la primera fase de la operación Diana —acuartelar y municionar—, que la Junta de Jefes de Estado Mayor había ordenado poner en marcha tras la entrada de Tejero en el Congreso.

El 30 de abril de 1982 la Fundación Santillana organizó en su sede de Santillana del Mar un homenaje a Julio Palacios, físico de gran prestigio y miembro que había sido del consejo privado del conde de Barcelona. Con ese motivo, el presidente de la fundación, Jesús de Polanco, invitó a don Juan de Borbón a presidir la sesión académica y alojarse en la vivienda de su propiedad situada en un caserón anejo a la fundación. Allí, el padre del rey contó a dos personas que le acompañaban que la tarde del 23-F había ido al cine con doña María, como solía hacer todos los lunes y, al regresar a Villa Giralda en su Volkswagen «escarabajo», que conducía él mismo, se encontró a la gente de su casa que los estaban esperando en el jardín, todos con gesto inquieto y preocupado.

Al bajar del coche le dijeron que había un golpe de Estado en Madrid y que las noticias que les llegaban eran confusas. Don Juan se fue directo a su despacho situado en la primera planta del chalet para hablar por teléfono con su hijo. Tarea inútil porque la línea con Madrid estaba cortada. Lo intentó varias veces pero sin éxito. Transcurridos unos minutos recordó que en un acto oficial reciente había coincidido con el presidente de la compañía telefónica nacional portuguesa, que, como gesto de cortesía, le facilitó un número de uso restringido atendido por una operadora que permitía en cualquier circunstancia hablar con el extranjero por una línea especial. Subió de nuevo al despacho y estuvo buscando ese número de teléfono que tardó en encontrar. Cuando lo marcó, oyó al otro lado del auricular la voz de la operadora, a la que, sin andarse con rodeos, le dijo: «Señorita, soy el padre del rey de España y, por razones que usted supondrá, tengo la mayor urgencia de hablar con él. Al instante —prosiguió— oí la voz de mi hijo, y antes de que yo empezara a darle mi opinión sobre lo que debía hacer, él se adelantó a contarme las decisiones que ya había tomado».

Y con una sonrisa que le atravesó la cara de padre ufano, añadió: «El alumno ya no necesitaba lecciones». Estas palabras cerraban un ciclo simbólico de treinta y tres años que se abrió en 1948 cuando don Juan asumió el compromiso de inculcar en aquel niño de solo diez años la idea de que monarquía y democracia tenían que ir juntas. Al recordar estos hechos, el general Casinello afirma: «El pronunciamiento de Primo de Rivera triunfó porque Alfonso XIII lo apoyó, y el golpe del 23-F fracasó porque Juan Carlos lo rechazó y se enfrentó a los golpistas».

Pero el relato de don Juan no termina aquí. «A la mañana siguiente —prosiguió— llamé al presidente de la compañía telefónica de Portugal para decirle que deseaba dar las gracias personalmente a la operadora que con tanta diligencia me puso el día anterior en comunicación con mi hijo. A los pocos minutos me devolvió la llamada para darme el nombre y la dirección del lugar donde trabajaba aquella señorita. Al día siguiente fui a verla. Le llevé una cajita de bombones y cuando terminé de agradecerle lo que había hecho, me respondió con voz sonriente: “No tiene que darme las gracias. Lo hice porque soy miembro del Partido Comunista y sabía que usted, que estuvo siempre contra Franco, iba a aconsejar a su hijo que se enfrentara a los militares para que no triunfaran”». Y con una carcajada pícara, sonora y rajada de lobo de mar remató el relato. No deja de ser sintomático y revelador que ocho años después del estallido de la revolución portuguesa, una militante del Partido Comunista tuviera el control de una vía de comunicación clave y estratégica en un momento de crisis.

El general Casinello recuerda las palabras del general Gutiérrez Mellado: «Casinello, sublevarse es muy difícil». «La prueba —añade él— es que en la Guardia Civil había en 1981 dos generales de división, catorce generales de brigada, sesenta y tres coroneles, ciento treinta y cuatro tenientes coroneles, ciento sesenta y nueve comandantes, quinientos ochenta y siete capitanes y novecientos cuarenta y dos tenientes. Solo se sublevaron un coronel, un teniente coronel, nueve capitanes, ocho tenientes y doscientos ochenta y cinco entre sargentos, cabos y guardias. El resto permaneció a las órdenes de sus superiores».

Laína a Armada: «Tu comportamiento es desleal»

Francisco Laína tenía una innata cualidad para ejercer el mando sobre militares y miembros de las Fuerzas de Orden Público, bastante inusual en un civil. Era seco, enérgico y cortés; una mezcla que ejercía con un equilibrio que si se rompe convierte al que la ejerce en un déspota o en un débil, obedecido pero no respetado por sus subordinados. Le ayudaban el gesto y el tono de voz. No necesitaba alzarla o reforzar sus órdenes con un taco para hacerse obedecer. En una ocasión decidió destituir al comisario-jefe de una provincia y, como muestra de cortesía, llamó con antelación al gobernador civil para informarle de su decisión. Como este tratara de convencerle para mantenerle en el puesto, Laína le respondió: «Está claro que nuestras opiniones son diferentes y, naturalmente, prevalece la mía», y no hubo más que hablar.

A él le correspondió la ingrata tarea de informar al presidente del Gobierno del sospechoso encuentro de Francisco Fernández Ordóñez con Felipe González en Zaragoza en 1979 y, años más tarde, le entregó el informe donde se recogían frases que revelaban el alejamiento del rey. Pero fue la noche del 23 de febrero de 1980 cuando tuvo que desempeñar el papel más duro y difícil de su vida, por su condición de director de la Seguridad del Estado.

La amistad entre Adolfo Suárez y Francisco Laína venía de lejos. Ignacio Delgado, padre de Aurelio, tenía en Burgohondo la matriz de un próspero negocio, varias propiedades y un enorme caserón, siempre abierto a sus amigos, en el que vivían el matrimonio y sus diez hijos. José Luis Sagredo, estuviera o no Aurelio en Burgohondo, pasaba algunos fines de semana en el pueblo, donde tenía una habitación siempre dispuesta para él en la casa de los Delgado, habitación que Adolfo Suárez utilizaba con frecuencia en sus visitas al pueblo. Y allí conoció a Francisco Laína, hijo único de don Francisco y doña Felipa, maestros de Burgohondo. Criado con el mayor esmero por sus padres, cursó la carrera de Derecho en Madrid y poco después aprobó las oposiciones de técnico de la Administración Civil del Estado. Se integró en el Ministerio de la Gobernación —«ahí está el poder de verdad», le dijo un día su amigo Adolfo Suárez— en el que ocupó diversos puestos. Fue secretario de la delegación del Gobierno en La Gomera, delegado del Gobierno en La Palma, subdirector general de política interior, jefe del gabinete del subsecretario técnico de la presidencia del Gobierno, y gobernador civil de León, Las Palmas y Zaragoza, hasta que el 13 de junio de 1980, siendo ministro del Interior Juan José Rosón, fue nombrado director de la Seguridad del Estado, con categoría de secretario de Estado. Francisco Laína se mantuvo siempre leal a Adolfo Suárez, lealtad que en los momentos finales de su mandato se convirtió en un bien escaso.

Durante las casi diecisiete horas que duró el secuestro del Gobierno en el Congreso, él estuvo, de hecho, al frente de la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios que se reunió en el Ministerio del Interior, en la calle Amador de los Ríos 7, y se hizo cargo de la gobernación del país. Esa noche fue, de hecho, la máxima autoridad civil del poder ejecutivo. La comisión estaba integrada por treinta y cinco personas, pero la mayoría de ellas carecía de experiencia en asuntos de orden público y, desde el primer momento, quedó claro quién era el que sabía moverse con oficio en ese difícil terreno. «Al principio, algunos tratamos de opinar e intervenir en alguna decisión, pero al ver que él era el que dominaba el oficio, decidimos dejarle hacer», afirmó tiempo después Juan Carlos Guerra Zunzunegui, subsecretario de Transportes.

Mientras tanto, se improvisó un puesto de mando en el hotel Palace, donde se encontraba Mariano Nicolás, gobernador civil de Madrid. «Paco me llamó y me dijo: Mariano, trae a Armada a mi despacho. Y como bien sabéis cómo es Paco —relató tiempo después a unos amigos—, yo no sabía si me estaba pidiendo que le acompañara o me estaba ordenando que le llevara detenido. Estaba claro que me estaba ordenando que le llevara por las buenas o por las malas. Tú tienes oficio y sabrás cómo hacerlo, añadió para darme ánimos». Y Mariano Nicolás acompañó al general Armada a la sede del Ministerio del Interior.

Laína había sido advertido desde el palacio de La Zarzuela por el general Sabino Fernández Campo del comportamiento de Armada: «Mucho cuidado con Armada, que está metido en el asunto, me dijo antes de las ocho de la tarde». Esa advertencia se la hizo Fernández Campo solo hora y media después de que Tejero entrara en el Congreso de los Diputados, porque el coronel Gómez López le había transmitido la información que le había suministrado Andrés Casinello cuando el general de la zona de Valencia de la Guardia Civil le dijo que «Armada va de presidente del Gobierno».

Cuando el general Armada entró en el despacho del director de la Seguridad del Estado, el rey ya había hablado por televisión y Francisco Laína, que le estaba esperando acompañado por el subsecretario de Interior, Luis Sánchez Harguindey, pidió al gobernador civil de Madrid, Mariano Nicolás, que se quedara, porque quería tener testigos de lo que se hablara en ese encuentro. Armada llegó con su ayudante, un comandante que llevaba ostensiblemente una pistola al cinto:

—Usted haga el favor de marcharse —ordenó Laína al ayudante, que apenas había traspasado el quicio de la puerta. El comandante obedeció y salió.

Armada fue directamente al grano: «El rey se equivoca. Este es un asunto entre militares y lo tenemos que resolver entre militares», afirmó. «Y me pidió —recuerda Laína— que ordenara a la Guardia Civil y a la Policía que se unieran a esa solución “entre militares”». Le estaba pidiendo nada menos que, como máxima autoridad del Ministerio del Interior en ese momento, ordenara a las Fuerzas de Orden Público que se sumaran al golpe. La respuesta del director de la Seguridad del Estado fue contundente:

—Tu comportamiento es desleal, porque cuando yo hice las Milicias Universitarias, me enseñaron que al jefe hay que seguirle hasta la muerte, y tu jefe es el rey. Y lo que tienes que hacer es obedecer al rey.

Para tratar de serenar los ánimos, Laína le pidió que se sentara y tomara un café con ellos. Armada accedió y, transcurrido un cierto tiempo, salió del despacho con las manos tan vacías de poder como cuando entró. El encuentro con Francisco Laína era la última oportunidad de Alfonso Armada. Tejero le había impedido entrar en el Congreso de los Diputados para ofrecerse como presidente del Gobierno, las Capitanías Generales no habían secundado la sublevación de Miláns del Bosch, y el rey había desautorizado en un mensaje al país cualquier movimiento contra la Constitución. Solo le quedaba la baza de que Laína le diera el apoyo de las Fuerzas de Orden Público al golpe que había urdido. Cuando el director de la Seguridad del Estado lo rechazó, Armada se convirtió en un hombre solo y derrotado. El general había entrado en el despacho de Francisco Laína con el aire de seguridad y prepotencia propio de un general de división situado en un puesto clave, que estaba tratando de asaltar el poder. Pero, tras escuchar el rechazo frontal a su propuesta, la seguridad y la prepotencia se esfumaron y, recuerda Laína, «se desfondó y su rostro se convirtió en el de un hombre vencido y hundido. Era la imagen de la derrota».

A lo largo de la noche, Laína y sus colaboradores redactaron seis documentos con instrucciones precisas que enviaron por télex a los cincuenta gobernadores civiles de lo que debían hacer; ordenaron la convocatoria de las Juntas de Orden Público para que esas instrucciones llegaran a todos los mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de todas las provincias, y elaboraron unos comunicados que los gobernadores leyeron ante los micrófonos de las emisoras locales, informando de lo que estaba ocurriendo y trasmitiendo tranquilidad a la ciudadanía. Pero sobre todo se les ordenó que hablaran con los dirigentes políticos de la oposición y con los líderes sindicales provinciales para hacerles ver que esa noche no debían organizar manifestaciones o concentraciones que dieran coartadas a los golpistas para intervenir con el pretexto de alteraciones del orden público.

«Desde la primera conversación telefónica que tuve con el rey al poco tiempo de la entrada de Tejero en el Congreso —afirma Laína— siempre me dijo, sin la más mínima duda, que había que enfrentarse al golpe y apoyar la Constitución. Y es completamente falso todo lo que se ha contado sobre sus supuestas dudas».

«Sabino Fernández Campo me dijo que don Juan Carlos estaba tratando de hablar con todos los capitanes generales para informarles personalmente de su oposición al golpe y ordenarles que se estuvieran quietos. Yo le urgía para que se dirigiera al país por televisión dejando clara su oposición al golpe, porque tenía noticias de que había militares que estaban alimentando la duda en los cuarteles sobre la actitud de don Juan Carlos, y eso era peligroso. Cuando volví a hablar con él, me comunicó que había hablado con todos excepto con el capitán general de la VII Región Militar con sede en Valladolid, Ángel Campano, porque le decían que no se encontraba en Capitanía e ignoraban su paradero. Campano estaba “desaparecido”. Me puse en contacto con Román Ledesma, gobernador civil de Valladolid, que tenía buenos contactos con los mandos militares y, tras hacer una breve indagación, tuvo la información precisa y veraz de que Campano se encontraba en Capitanía y estaba tratando de evitar una conversación con el rey. Así se lo comuniqué de inmediato a Sabino; poco después Campano se puso al teléfono y don Juan Carlos pudo hablar con él». Tras esta conversación, el rey grabó el mensaje.

«El general González del Hierro, comandante general de Canarias —continua Laína— se opuso al golpe desde el principio porque “no le gustaban los que lo encabezaban”. Él estaba en “otras cosas” que tampoco encajaban dentro de la Constitución. No obstante, fue el primero en comunicar su oposición a lo que estaba ocurriendo en Madrid y Valencia». Las «otras cosas» eran que él estaba en conversaciones y tratos conspiratorios con generales como Cabeza Calahorra o Miláns, pero la presencia de Tejero debió de echarle para atrás.

«Yo conocía —prosigue Laína— a Antonio Elícegui Prieto, capitán general de la V Región Militar con sede en Zaragoza, de la época en que estuve destinado en Canarias, con el que coincidí allí. Lo llamé esa noche para conocer su posición y me dijo: “Estoy pasando una noche fatal porque no tengo información de lo que está ocurriendo. Dime tú cómo están las cosas porque estoy recibiendo presiones de mi Estado Mayor”. Le hice un resumen de lo que yo sabía y le pedí que llamara a Miláns para tranquilizarle. Al poco tiempo me devolvió la llamada y me pidió que no hablara más con el capitán general de Valencia porque, tras las tensas conversaciones que tuve con él, le dijo cosas duras contra mí».

«Efectivamente —recuerda Laína—, esa noche llamé por teléfono y hablé tres veces con Miláns del Bosch. Las dos primeras, antes del mensaje del rey, y la tercera después. La primera fue para preguntarle qué estaba pasando en Valencia, con los tanques en la calle, el gobernador civil limitado en su libertad de acción por la presencia del general Caruana en su despacho, y el bando en el que declaraba el estado de guerra. Negó que se tratara de ninguna sublevación y me dijo que únicamente había tomado medidas de precaución por lo que estaba ocurriendo en el Congreso. La segunda vez la hice porque en la conversación telefónica que tuve con Tejero en la que le ordené que se entregara, este me dijo que solo recibía órdenes de Miláns del Bosch. Yo pedí a Miláns que ordenara al teniente coronel que se entregara, y su respuesta también fue elusiva tratando de escurrir el bulto. La tercera fue conminatoria. Le dije que ordenara a Tejero que saliera del Congreso, porque de lo contrario yo iba a dar la orden de asaltarlo, y le hacía responsable de todo lo que ocurriera en el asalto. Me respondió que él no sería responsable porque Tejero era libre de tomar las decisiones que quisiera. Las tres conversaciones no sirvieron para nada; fueron tensas, pero no hubo faltas de respeto. Miláns estuvo firme, y probablemente yo alcé la voz más que él».

«También —prosigue— se han contado cosas que son falsas sobre la salida de Adolfo Suárez del Congreso en la mañana del 24 de febrero tras la rendición de Tejero. Es falso que yo hablara con él y que le informara del protagonismo de Armada en el golpe. El presidente se dirigió directamente al palacio de La Zarzuela, y fue allí donde se enteró porque se lo contó don Juan Carlos. Tras informar a la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios de la liberación del Congreso, me fui al palacio de La Moncloa para dar cuenta al presidente de lo que había ocurrido en las últimas diecisiete horas, pero aun no había regresado de su entrevista con el rey. Entré en una pequeña sala en la que estaban Gutiérrez Mellado, Rodríguez Sahagún y Rosón y les conté que Armada estaba en el golpe; ninguno me creyó. Me dijeron que era imposible que un hombre que había estado con el rey desde que era un niño le pudiera traicionar. Y en esa discusión estábamos cuando se abrió la puerta de la sala y entró Adolfo. Lo primero que nos dijo fue que el rey le acababa de decir que Armada estaba implicado en el golpe. Se quedaron de piedra, y Rosón le respondió que yo les estaba contando lo mismo en ese momento y que ninguno daba crédito a mis palabras».

«Como es bien conocido —continúa Laína— en la tarde de ese mismo día 24 se reunió en el palacio de La Zarzuela la Junta de Defensa Nacional a la que yo no pertenecía, pero, por la responsabilidad que tuve la noche anterior, Adolfo me ordenó que asistiera. Ya en La Zarzuela, y antes de la reunión, le enseñé los dos folios que llevaba preparados para relatar de forma concisa los hechos y le dije que había traído también una cinta con una conversación telefónica entre Juan García Carrés —el único civil oficialmente implicado en el golpe— y Tejero, en la que este le contaba que «el … de Armada» le había propuesto entrar en el Congreso para ser investido presidente de un Gobierno «en el que mete a los comunistas, y le he echado fuera», pero la reunión de la junta empezó antes de que Adolfo la pudiera oír. Cuando me llegó el turno, leí mis dos folios, y al terminarlos Adolfo le dijo al rey que yo tenía una cinta grabada que aportaba información importante, y le pidió permiso para que se oyera. Don Juan Carlos contestó afirmativamente con un gesto de curiosidad e interés. Trajeron un magnetófono, y cuando el rey oyó la propuesta que Armada le hizo a Tejero, inclinó la cabeza y se cubrió la cara con las manos para ocultar las lágrimas. Sacó un pañuelo del bolsillo, se las enjugó, y siguió la reunión. Al terminar, el rey se despidió de todos los asistentes, y al llegar a mí me dijo: Paco, no sé cómo agradecerte lo que has hecho por la monarquía y por mí. Le respondí que solo había cumplido con mi deber».

Recuerda Francisco Laína un hecho que enlaza con la afirmación de Alberto Aza de hasta qué punto el aparato del Estado heredado del régimen anterior era débil y con escasos recursos: «La noche del 23-F tuvimos problemas para encontrar grabadoras con las que registrar las conversaciones de los golpistas y de los sospechosos, porque entre la Guardia Civil y la Policía solo disponían en todo Madrid de… veinte grabadoras; el resto estaban en el País Vasco».

Francisco Laína cuenta que a las pocas semanas se creó la brigada antigolpe, a cuyo frente se puso al que había sido comisario-jefe de Asturias. Se trató de descubrir la trama civil de la intentona del 23-F y, aunque se tuvieron indicios, no se pudieron presentar pruebas. Se investigó a José Antonio Girón, al exministro Gonzalo Fernández de la Mora y a algunos miembros de la familia Oriol, entre otros, pero todas las investigaciones concluyeron en nada al no encontrarse elementos probatorios que pudieran presentarse ante un juez. «En cualquier caso —concluye— el intento de golpe del 23-F fue un fracaso de todos los servicios de información del Estado».

Como consecuencia de las investigaciones y seguimientos que se hicieron, fueron detenidos año y medio después, el 27 de octubre de 1982, víspera de las elecciones generales, los coroneles Luis Gutiérrez Muñoz y Jesús Crespo Cuspiniera, y el hermano de este, el teniente coronel José Crespo Cuspiniera, que fueron condenados en abril de 1984 a doce años y un día —lo que suponía su expulsión del Ejército—. La sentencia decía que «se pusieron de acuerdo para la realización de un plan tendente a conseguir un cambio violento, mediante una acción armada, de la actual organización política adoptada por el pueblo español, con intención de sustituirla por otra más de acuerdo con sus pensamientos». El general Andrés Casinello recuerda que el coronel Crespo Cuspiniera falleció el 4 de marzo de 1986 a causa de un infarto cuando cumplía condena en la cárcel de Alcalá de Henares, y que cuando su hermano José quedó en libertad, encontró trabajo en un conocido casino de Madrid en el que tenían una participación accionarial algunos miembros de esa importante familia de industriales y financieros.

Al cumplirse treinta años del intento de golpe de Estado, Francisco Laína recordó en un acto celebrado en Cebreros, en el Museo Adolfo Suárez y la Transición, lo que había ocurrido esa noche, y lo hizo ante la mayoría de los treinta y cinco compañeros que integraron la comisión que él dirigió, también presentes en el acto. Fue algo más que un texto de recuerdo; fue un acta notarial en la que daba fe de lo que él vivió esa noche, y que sorprendentemente los medios de comunicación no publicaron. Dice así:

«Esta es la primera vez en treinta años que, tras mi cese como director de la Seguridad del Estado, participo en un acto público relacionado con el 23-F, y lo hago a petición de mi gran amigo Aurelio Delgado, de cuya amistad disfruto desde hace más de sesenta años. Me pareció una magnífica idea, pues esta reunión suponía el reencuentro de un grupo de personas que vivimos intensamente aquellas horas mientras nos esforzábamos por defender la democracia a las órdenes del rey.

»Además puede servir para precisar algunas de las inexactitudes y falsedades que se han dicho y escrito sobre el 23-F (…). ¿Quién fue el padre de la idea de constituir la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios? Estoy cansado y aburrido de leer que la idea fue de Sabino Fernández Campo o del rey. Pues no, rotundamente no. La idea fue de José Terceiro Lombao, secretario general del ministro adjunto al presidente, Pío Cabanillas, quien por teléfono la trasladó al subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Sánchez Harguindey, y este a mí. Harguindey, gran colaborador mío esa noche, me explicó y razonó la utilidad de la citada comisión, ante el vacío de poder que se había producido al estar todo el Gobierno secuestrado en el Congreso.

»Como aquella noche las decisiones importantes no se tomaron sin conocimiento y aprobación de Su Majestad, llamé a Sabino Fernández Campo (a las siete y cincuenta y seis) y le expuse la idea, que le pareció bien, pero me dijo que lo consultaría con el rey y que me llamaría. A los pocos minutos (ocho y diez) quien me llamó fue Su Majestad y me dijo: “Que se constituya la comisión lo antes posible en el Ministerio del Interior, y mantened contacto permanente con la Junta de Jefes de Estado Mayor, que está reunida, y actuad de forma coordinada”. El rey ni me nombró presidente de la comisión, ni jefe de un Gobierno provisional, ni me dijo en esta conversación ninguna de tantas monsergas y zarandajas como se han escrito e incluso filmado.

»Inmediatamente, el equipo del Ministerio del Interior fue llamando a todos los secretarios de Estado y subsecretarios de los distintos ministerios, convocándolos para que acudieran a la sede de la Dirección de la Seguridad del Estado en la calle Amador de los Ríos 7. Recuerdo entre los primeros en llegar a Carlos Robles Piquer, secretario de Estado de Exteriores, y a Juan Díaz Nicolás, subsecretario de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Algún miembro de la comisión, concretamente el profesor Barea, secretario de Estado de la Seguridad Social, tomó las lógicas y razonables precauciones antes de incorporarse. Él lo explicó de manera muy clara en un artículo publicado en el diario ABC. El señor Barea, al ser llamado, pensó que podía tratarse de una trampa de los golpistas para impedir el normal funcionamiento de la Administración. Pidió hablar conmigo, hablamos, y una vez que tuvo información directa y clara, se incorporó rápidamente a la comisión. Una vez más, el profesor Barea dio muestras de su experiencia y sensatez. Sin embargo, algunos otros miembros de la comisión, concretamente dos ya fallecidos, y cuyos nombres por respeto no voy a dar, se mostraron renuentes a incorporarse.

»Luis Sánchez Harguindey y el jefe del gabinete del ministro, Joaquín Argote, se encargaron de los preparativos de la constitución de la comisión, que se reunió en el llamado Salón Regio del Ministerio del Interior alrededor de las ocho y media de la noche, con un total de treinta y cinco miembros. Se inició la reunión con alguna que otra disquisición jurídica sobre la base legal en la que podía apoyarse la creación de la comisión y sus posibles competencias, con notables aportaciones de Manuel Villar Arregui, secretario general para la coordinación legislativa de la presidencia del Gobierno. La verdad es que la noche no estaba para perder el tiempo en muchas discusiones jurídicas y doctrinales.

»Se levantó un acta de constitución de la comisión, y seguidamente yo di a los allí reunidos la información que hasta ese momento teníamos en la Dirección de la Seguridad del Estado sobre el desarrollo de los acontecimientos, la situación general en todo el país, y de manera especial de los focos principales del intento golpista: Congreso de los Diputados, Capitanía General de Valencia y división acorazada Brunete. En mi condición de director de la Seguridad del Estado, a las ocho y cuarto de la tarde grabé un comunicado, que fue filmado por el periodista abulense Santiago Sánchez Casillas, y difundido a las nueve y diez de la noche por Televisión Española.

»El primer acuerdo de la comisión fue redactar un comunicado para dar a conocer a la población española la constitución en sesión permanente de la citada comisión. El texto fue redactado por Carlos Robles Piquer y José Terceiro, con aportaciones de diferentes miembros de la comisión y aprobado por unanimidad. Quiero recoger el comentario irónico hecho por un miembro de la comisión, Manuel Pérez Olea, subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo: “Es un buen comunicado que puede valernos el fusilamiento”. El comunicado decía así:

La situación creada por un acto de violencia en la sede del Congreso de los Diputados ha impedido hasta el momento la acción normal del Consejo de Ministros, cuyos miembros se encuentran retenidos en la Cámara. En estas circunstancias los secretarios de Estado y subsecretarios de los diversos ministerios se han constituido en sesión permanente, por instrucciones de Su Majestad el Rey, para asegurar la gobernación del país dentro de los cauces civiles y en estrecho contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor, que igualmente se halla reunida.

Todas las informaciones hasta el momento recogidas por quienes accidentalmente desempeñan el mando político del país, en nombre del Gobierno, coinciden en manifestar que la calma más absoluta reina en todo el territorio nacional y que es de esperar una pronta solución a esta interrupción momentánea de la vida parlamentaria.

Quienes en este momento asumen en España la plenitud del poder civil y militar, de manera transitoria y bajo la dirección y autoridad de Su Majestad el Rey, pueden garantizar a sus compatriotas que ningún acto de fuerza destruirá la convivencia democrática que el pueblo libremente desea y que se plasma en el texto de la Constitución a la que civiles y militares han jurado proteger.

»Una vez redactado, este texto fue sometido a la autorización de Su Majestad el Rey y puesto en conocimiento de la Junta de Jefes de Estado Mayor y entregado a todos los medios de comunicación y agencias de noticias a las nueve y media de la noche, aproximadamente.

»A partir de ese momento, yo estuve poco tiempo en la comisión pues tenía que atender numerosas conversaciones telefónicas desde mi despacho, donde se encontraba el sistema de comunicación denominado “Malla Cero”, que permitía mantener contactos telefónicos con las altas instituciones del Estado con seguridad de no ser intervenidos. Además, me ausenté de la dirección para ir al llamado puesto de mando del hotel Palace, donde se encontraban los generales Aramburu, Sáez de Santamaría y el gobernador civil de Madrid, Mariano Nicolás, y a la calle Vitrubio, sede de la Junta de Jefes de Estado Mayor, con la que estábamos manteniendo una magnífica relación de intercambio de información y actuación coordinada. Los miembros de la comisión señores Robles Piquer y Terceiro me consta que estuvieron también, al menos en dos ocasiones, en la citada junta, donde fuimos recibidos con gran afecto y cordialidad. Los señores Sánchez Harguindey y Robles Piquer me informaban de las decisiones que se iban adoptando en la comisión.

»Sabino Fernández Campo nos informó que el Rey pensaba dirigirse al pueblo español a través de un mensaje televisado. Como este se retrasaba y la situación aconsejaba emitirlo cuanto antes, presionábamos a Sabino para que no se demorase su emisión. Por fin se emitió a la una y trece del día 24, y por su forma y contenido contribuyó de manera decisiva a tranquilizar a la población civil y a serenar la inquietud de ciertos sectores militares. A partir de este momento puede decirse que el intento de golpe empezó a desactivarse.

»Otra iniciativa importante de la comisión fue la de instar a los partidos políticos con representación parlamentaria a formular una declaración en la que expresara el apoyo al Rey y al ordenamiento constitucional. Representantes de dichos partidos acudieron a la sede de la comisión y, con intervención de varios miembros de la misma, redactaron el siguiente comunicado:

Los partidos políticos con representación parlamentaria, UCD, PSOE, PCE, AP-CD, ante los hechos ocurridos la tarde del 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados, expresan la necesidad de contribuir al mantenimiento de la normalidad democrática y de que sea salvaguardada la integridad de los representantes del pueblo español en cuyas personas se ha cometido tan grave ataque a la voluntad popular y hacen público el siguiente comunicado:

Los hechos antes reseñados constituyen un gravísimo atentado a la Constitución y a las instituciones democráticas cuya defensa asumen plenamente las mencionadas fuerzas políticas. Con esta finalidad:

1.   Hacen un llamamiento a la serenidad de todos los ciudadanos como mejor expresión de apoyo al rey, al Parlamento, al Gobierno y al ordenamiento constitucional.

2.   Expresan su voluntad común de un pronto restablecimiento de la normalidad democrática a través del estricto respeto de la normativa constitucional.

3.   Ratifican su convicción de que solo a través del ejercicio de la democracia y de la convivencia pacífica de todos los españoles se podrá afrontar la resolución de esta situación de crisis y los demás problemas que tiene el país.

»La declaración que acabo de leer fue firmada, entre otros, por Enrique Curiel, Santiago Álvarez, Carlos Alonso Zaldívar en representación del PCE; José María Maravall, del PSOE; Fernando Suárez y Jorge Verstringe de AP-CD, y otros más cuyas firmas no he podido identificar y creo correspondientes a miembros del PSOE y UCD.

»La comisión puso mucho interés en que la jornada del día 24 comenzase con aires de normalidad, que funcionasen los transportes públicos, que se desarrollasen las actividades escolares como cualquier otro día, que no se interrumpiesen las actividades comerciales, etc.

»A partir de la retirada del bando de guerra por el general Miláns del Bosch, sobre las cinco de la madrugada del día 24 en la Capitanía General de Valencia, tras las tajantes y contundentes órdenes que le fueron dadas por Su Majestad el Rey, el final del intento de golpe se veía cerca. Los acontecimientos se precipitan y hacia las nueve de la mañana algunos guardias civiles comienzan a abandonar el Congreso saltando por las ventanas.

»Se firma el llamado “pacto del capó”, en el que se establecen las condiciones de rendición y entrega de los asaltantes, y sobre las once de la mañana quedan liberados los miembros del Gobierno y los diputados que habían estado secuestrados durante diecisiete largas y tensas horas y detenidos los asaltantes.

»Bajé al Salón Regio para comunicar a mis compañeros de comisión la terminación del secuestro, y no olvidaré mientras viva el cálido aplauso que me dedicaron y, roto por la tensión acumulada, me eché a llorar. Nos abrazamos con alegría y satisfechos de haber cumplido con nuestro deber. Se redactó un último comunicado que decía así:

Al reintegrarse el Gobierno de la nación a la plenitud de sus funciones y restablecerse la libertad para los representantes de soberanía popular, la comisión permanente de secretarios de Estado y subsecretarios constituida ayer, día 23, por expresa orden de Su Majestad el Rey inmediatamente después de tenerse noticia del gravísimo atentado al orden constitucional, al concluir su misión, desea agradecer al pueblo español, a los partidos políticos y a las fuerzas sindicales y sociales, la actitud demostrada y el apoyo brindado en todo momento a esta comisión, agradecimiento que quiere hacer extensivo a todos cuanto desde la serenidad y la fe en las instituciones democráticas colaboraron con su tranquilidad de ánimo y su firmeza. Asimismo, la comisión permanente quiere informar que los responsables del secuestro han sido detenidos y puestos a la disposición de la autoridad militar.

»Han pasado treinta años desde aquel 23 de febrero de 1981, y a veces parece que los negros fantasmas de los enfrentamientos políticos irreconciliables y de las dos viejas Españas hoscas e incompatibles en un marco de convivencia democrática vuelvan a aparecer en un horizonte ensombrecido, además, por la radicalización de las imposturas nacionalistas. Creo que es hora de recuperar el espíritu del consenso, del acuerdo, que tan vivo estuvo en los años de la Transición, tantas veces injustamente demonizada.

»Es hora de poner en pie el espíritu que se recoge en los versos del gran poeta Antonio Machado cuando dice: “¿Tu verdad? No, la verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela”».

Francisco Laína García fue la noche del 23 de febrero de 1981 «el hombre adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado».

Una avioneta en Sanchidrián

En el palacio de La Moncloa los acontecimientos discurrieron con menos tensión, entre otras razones porque la mayor parte del equipo presidencial se encontraba en el Congreso de los Diputados en lo que se suponía que iba a ser el último acto de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Los primeros momentos fueron preocupantes porque quedó incomunicado telefónicamente de forma intencionada y fue necesario recurrir a la «Malla Cero». La persona con mayor rango administrativo que en esos momentos se encontraba en el edificio era Aurelio Delgado, que como jefe de la Secretaría de Despacho del presidente tenía categoría de director general. Le acompañaba José Ramón Caso, con el que estaba preparando el congreso de UCD en Palma de Mallorca. También estaban en La Moncloa Eugenio Bregolat, Alberto Recarte y los tres ayudantes militares del presidente. Nada más conocerse la noticia de la ocupación violenta del Congreso, el capitán que mandaba la compañía de la Guardia Civil encargada de dar protección al complejo presidencial se presentó a Aurelio, le dio la novedad de la forma más protocolaria, incluido el número de guardias que formaban, y le dijo: «Aquí no entra nadie si no es por encima de nosotros». Y la actitud de la Policía Nacional fue exactamente la misma.

Aurelio pensó que la solución de lo que estaba ocurriendo en el Congreso era algo que escapaba a su competencia y nada podía hacer para resolverlo. Su obligación era centrarse en poner a salvo a la familia del presidente; a su mujer, Amparo, y a sus cinco hijos, Marian, Adolfo, Laura, Sonsoles y Javier. Adolfo Suárez comentó en una ocasión que durante su secuestro en el Congreso él estuvo siempre seguro de que su cuñado se encargaría de proteger y poner a salvo a su familia.

«Lo primero que hice —recuerda Aurelio— fue llamar a mis hermanos, que vivían en Ávila, para que me hicieran llegar con la mayor urgencia todo el dinero líquido que tuvieran, nada de cheques, porque en Moncloa no lo había. Incluso los fondos reservados estaban depositados en una cuenta en el Banco de Granada, aunque, en cualquier caso, ese dinero no estaba legalmente destinado a financiar el exilio de la familia del presidente del Gobierno».

«Mi primer objetivo fue sacarlos de La Moncloa y llevarlos a todos a un lugar seguro. Pensé primero en trasladarlos a Venero Claro, la dehesa que mi padre tenía en la ladera norte de la sierra de Gredos en el término de Navaluenga, pero me di cuenta de que hacer tal cosa habría sido un disparate porque pronto nos habrían localizado. No quedaba otra alternativa que sacarlos de España y llevarlos al exilio. Decidí que Portugal era el país más cercano y, por lo tanto, el más adecuado, pero me preocupó el viaje por carretera de varios coches, en el caso de que lo autorizaran, por todos los imprevistos o incidentes que pudieran ocurrir en el trayecto. El medio más rápido, discreto y eficaz, pensé, era el avión. Descarté Barajas por razones obvias, y decidí sacar de España a la familia en un vuelo privado desde un aeródromo cercano y discreto como el del Aeroclub de Sanchidrián en la provincia de Ávila, de rápido y fácil acceso por la N-6. Me puse en contacto con su presidente, Antonio Tapia Marugán, un conocido empresario abulense y alcalde de Sanchidrián por UCD, que puso a mi disposición “todo lo que necesitéis”».

Mientras en Sanchidrián se preparaba una avioneta, en la primera planta del palacio de La Moncloa una familia hacía las maletas, aunque afortunadamente los acontecimientos evolucionaron de forma que nunca llegaron a despegar, y no hubo tanta urgencia en preparar el equipaje.

Una vez liberado el Congreso, Adolfo Suárez visitó al rey, volvió a La Moncloa y allí se encontró con los colaboradores que no le habían acompañado en el Congreso de los Diputados la tarde del 23-F: Aurelio Delgado, Eugenio Bregolat, Alberto Recarte, José Ramón Caso y los ayudantes militares. «Su aspecto era demacrado y ojeroso —recuerda Aurelio—, agudizado por la barba de dos días. No nos contó gran cosa de lo que acababa de ocurrir ni hizo ningún comentario relevante, pero sí le vimos satisfecho de cómo se había resuelto la intentona golpista».

Las veinticuatro horas que transcurrieron entre su salida del palacio de la Carrera de San Jerónimo y la investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, pasaron rápidas entre las visitas a don Juan Carlos, la reunión de la Junta de Defensa Nacional y los encuentros con la mayoría de sus ministros, que ya estaban a punto de dejar de serlo. Tras una entrevista con su sucesor el día 26, abandonó el palacio de La Moncloa, al que ya solo volvería muchos años después como invitado fugaz.

V

EL FINAL

Adiós a La Moncloa

—¿Y ahora, qué hacemos? —preguntó Adolfo Suárez a Aurelio tras comunicar al país su dimisión irrevocable de la presidencia del Gobierno.

—Irnos a vivir bajo los puentes del Sena… —le respondió.

El presidente sonrió, aunque no estaba para bromas, y le dijo que había que pensar qué iban a hacer en el futuro. Lito improvisó una respuesta convencional:

—Pues, trabajaremos…

Transcurridos pocos días y después de pensarlo, Adolfo Suárez le comunicó:

—Montaremos un despacho de abogados.

Así nació «Adolfo Suárez. Abogados». Ni el todavía presidente en funciones ni ninguno de sus colaboradores tenían fortuna personal ni la más mínima expectativa de que nadie les ofreciera un puesto en un consejo de administración o algo que se le pareciera. No tenían ni buscaban «puertas giratorias» por dos razones: «Una —recuerda Aurelio—, porque él era consciente de cuál había sido su obra y quería mantener su imagen personal libre de cualquier sospecha de uso interesado de su nombre. Y otra, porque siempre pensó en su retorno al poder, y quería estar libre de cargas y compromisos. Su obsesión fue tener el techo de cristal a través del cual se pudiera ver hasta el último pliegue de sus asuntos económicos». Pero el hecho cierto es que, si hubiera esperado algún tipo de oferta o ayuda, habría vivido una gran decepción porque nadie le ofreció nada.

Hay tres cuestiones, aparentemente menores, que revelan su obsesión por estar libre de cualquier sospecha de irregularidad económica. Al año siguiente de haberse aprobado la reforma fiscal, los españoles tuvieron que hacer por primera vez en la historia una declaración anual a Hacienda de sus ingresos y pagar impuestos por ellos. Como en esos primeros tiempos no estaban bien ajustadas las retenciones fiscales, las que le hicieron al presidente del Gobierno fueron tan altas que su declaración daba a devolver, y Adolfo Suárez se negó en redondo a aceptar que fuera así. Quería evitar a toda costa un titular de prensa en el que se dijera que a Suárez la declaración le daba negativa en un momento en el que millones de españoles pagaban impuestos directos por primera vez. Dio instrucciones a Aurelio para que la revisara con el fin de que fuera positiva y tuviera que pagar, pero este fue incapaz de conseguirlo porque los números eran los que eran. Ordenó llamar al director general de tributos, que llegó a Moncloa sin saber cuál era el motivo por el que se le requería. Se le pidió su ayuda técnica para conseguir que la declaración del presidente diera positiva, pero, después de revisar todos los datos, se confesó incapaz de lograrlo. Al final, Aurelio echó por la calle de en medio y «tocó» algunas cifras para conseguir que el resultado fuera «a pagar», poco, pero «a pagar».

Su fijación por tener el techo de cristal en asuntos económicos se mantuvo cuando, años después, su vida política estuvo definitivamente terminada. Cuenta Ernesto Jiménez Astorga —su abogado y apoderado con plenos poderes para disponer sin límite alguno de todos sus bienes y de su dinero durante más de veinte años— que su obsesión por la limpieza y trasparencia de sus recursos económicos siguió siendo extrema. Tras vender su casa de Palma en los años noventa, decidió desprenderse también del barco en el que salía a navegar. Un día le llamó Amores para decirle que había encontrado un comprador. Ernesto se trasladó a Palma y renegoció el precio porque el pactado le pareció muy bajo. Finalmente, cerró la venta en una cantidad superior, una parte de la cual el comprador ofreció pagar en dinero «b». Antes de tomar ninguna decisión, llamó a Adolfo Suárez para informarle de los términos de la propuesta y pedirle su opinión.

«Me echó una bronca fenomenal solo por trasladarle la propuesta del comprador —cuenta Jiménez Astorga— y me prohibió que se cobrara ni una peseta en dinero que no se pudiera declarar; evidentemente, esa operación de venta no se hizo».

También en los años noventa, cuando las posibilidades de volver al poder eran nulas, recibió a través de un conocido periodista español la propuesta para presidir una fundación de la más importante multinacional americana del tabaco. Aunque la oferta económica era potente, declinó aceptarla. No se veía vinculado a una actividad comercial relacionada con el tabaco en unos años en los que estaba calando en la opinión pública la idea de que el tabaco mata.

Sus colaboradores íntimos en La Moncloa eran funcionarios —diplomáticos, técnicos comerciales del Estado, interventores del Estado, técnicos de la Administración Civil del Estado— y tenían la posibilidad de reincorporarse a sus cuerpos de procedencia en puestos probablemente poco brillantes y austeramente remunerados. Adolfo Suárez tenía algunos ahorros y Aurelio deudas, porque había avalado un crédito para UCD, que el partido no pagó, con la garantía de su vivienda familiar, una casa amplia de dos pisos con fachada de piedra en el paseo de don Carmelo de Ávila, que hacía años le ayudó a comprar su padre, y en la que vivía con Menchu y sus siete hijos. El inmueble fue embargado y sacado a subasta por el Banco Español de Crédito. Aurelio pudo pararla solo quince días antes de la fecha anunciada negociando la refinanciación de la deuda. Para ello, encontró la comprensión y el afecto de un abogado de los servicios jurídicos del banco, simpatizante de UCD y suponemos que espectador sorprendido de que se encontrara en esos apuros económicos la persona que durante cincuenta y cinco meses estuvo en la cúpula del poder y había tenido, entre otras cosas, toda la disponibilidad sobre buena parte de los fondos reservados del presidente del Gobierno.

Aurelio quedó con el encargo de buscar una oficina y de instalar el despacho de abogados, para lo que contó con la ayuda de José Luis Graullera, interventor del Estado e incondicional colaborador de Adolfo Suárez desde los años en que este ocupó la dirección de Radio Televisión Española. Graullera, que era embajador en Guinea Ecuatorial en el momento de la dimisión de Adolfo Suárez, se ocupó de muchos asuntos económicos de su amigo hasta el fin de sus días con lealtad, transparencia y desinterés.

Pero quedaba por decidir qué hacer en los días siguientes a la elección por el Congreso de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno, en los que Adolfo Suárez tenía interés especial en quedar fuera de plano. José Meliá fue quien tomó la decisión y la presentó como un hecho consumado. Decidió que harían un viaje de tres semanas, en principio, por Estados Unidos, y él se ocupó de su organización. Adolfo Suárez aceptó la propuesta sin hacer ninguna objeción y sin plantear ninguna alternativa.

Al saberse que el ya expresidente iba a viajar a Estados Unidos, muchos mandatarios de países hispanoamericanos le hicieron llegar invitaciones, todas muy generosas y atractivas. Ante la imposibilidad de aceptarlas de una vez, se optó por la enviada por el presidente de Panamá, Arístides Royo, y por su protector y hombre fuerte del país, el todopoderoso general Omar Torrijos, jefe de la Guardia Nacional panameña. El viaje de algo más de un mes —salieron de Madrid el 27 de febrero y regresaron el 30 de marzo— lo hicieron los matrimonios Suárez, Aza, Meliá, Viana y Delgado, más los escoltas del expresidente. Aurelio Delgado no hizo el tramo de Estados Unidos porque se quedó en Madrid buscando el local para el despacho que habían proyectado montar. También le había pedido Leopoldo Calvo-Sotelo que se quedara unos días en la capital para informar al nuevo equipo del funcionamiento interno del complejo de La Moncloa.

El viaje arrancó con la publicación de una noticia malévola, posiblemente fruto de la inercia de demolición de algunos medios de comunicación contra Adolfo Suárez. Y es que alguien sacó una foto en el aeropuerto de Barajas de las trece maletas que formaban el equipaje, con la insinuación maliciosa de que para qué necesitaban tanto equipaje solo dos personas, dando a entender que pudiera tratarse de una evasión de dinero con el pretexto de un viaje de placer. Pero la realidad bien evidente era que no se trataba solo del equipaje del expresidente y de su mujer, sino de catorce personas —los cinco matrimonios más los escoltas— que iban a estar en lugares con climas tan extremos como el invierno de Nueva York y el caluroso sol de la isla de Contadora en Panamá.

Las cuatro semanas largas que duró el viaje cumplieron sobradamente su objetivo de distracción y descanso. El cambio de aires vino bien a Adolfo Suárez y a Amparo, que había padecido en silencio el año de acoso y derribo que precedió a la dimisión de su marido. Hubo algunas anécdotas. En los Estados Unidos visitaron Nueva York, Washington, Nueva Orleans, Orlando y San Francisco; en las tres últimas en calidad de invitados. En la capital federal les atendió con la mayor deferencia y afecto el embajador José Lladó, que había sido ministro de Comercio en el primer Gobierno de Adolfo Suárez. En Nueva York se hospedaron en el hotel Waldorf Astoria, y el Departamento de Estado les puso una escolta adicional para ocuparse de su seguridad en la ciudad de los rascacielos. Cuando salieron a dar un paseo por la Quinta Avenida, varias personas le reconocieron, para sorpresa del propio Adolfo Suárez, y se acercaron a él para felicitarlo por su actitud la tarde del 23 de febrero ante los golpistas. Las imágenes del golpe grabadas por la televisión habían dado la vuelta al mundo, algo con lo que no contaban los servicios de seguridad americanos, que, ante un hecho aparentemente menor que no habían previsto, se inquietaron y estuvieron a punto de disponer su regreso al hotel. Afortunadamente, el paseo pudo continuar para alivio de todos y especialmente de las señoras, que se movieron sin problemas en una de las zonas consideradas como el paraíso de las compras. Pero quizás el hecho más emotivo de todos fue cuando Adolfo Suárez y sus acompañantes entraron en el restaurante Le Cirque, que estaba lleno, y al ser reconocido por los clientes, todos en pie le tributaron un aplauso cerrado.

El lado más exótico del viaje fue la estancia en la isla panameña de Contadora (que, como es bien sabido, recibió este nombre por ser el lugar en el que en la época del imperio español se almacenaban, clasificaban y «contaban» todas las perlas que en aquella zona del Pacífico eran muy abundantes y que sacaban del fondo del mar los buceadores nativos). El presidente y sus acompañantes llegaron a la isla a los pocos días de que la abandonara el sha de Persia, Reza Pahlevi, perseguido por toda la faz de la Tierra por la inquina del radicalismo chií. La estancia en la isla fue la etapa más larga y la más relajada del viaje. El presidente Arístides Royo se comportó como un anfitrión deferente y generoso, pero el personaje realmente singular fue su protector y hombre fuerte del país, el general Omar Torrijos.

Un día invitó a Adolfo Suárez y a alguno de sus acompañantes a hacer un recorrido de unos kilómetros en su autobús de dos pisos con el que el general se desplazaba con frecuencia por el país recogiendo las quejas y peticiones de las gentes, especialmente las de los más humildes. En el piso inferior tenía instalada una pequeña oficina donde unos empleados tomaban nota de las peticiones, y en el segundo había un pequeño despacho en el que resolvía sobre la marcha los asuntos que le planteaban o disponía de las dádivas que decidía repartir; un sistema que los viejos caciques de nuestro país de los años de la Restauración bien hubieran querido para ellos.

En las largas sobremesas en Contadora tras la cena y algunos whiskys con mucha agua, el general contó a sus invitados algunas de sus peripecias políticas. La más sorprendente de todas fue el relato de sus negociaciones con el presidente Carter para conseguir la devolución del canal a Panamá. Afirmó sin que se le moviera una pestaña que, como elemento de presión en sus conversaciones, advirtió a Carter de que tenía colocadas a lo largo del canal y en lugares muy difíciles de descubrir cargas de explosivos en cantidad suficiente para volarlo. La impresión que sus pasmados interlocutores sacaron de este relato fue que la amenaza tuvo muchos visos de ser cierta. Como es bien sabido, Estados Unidos y Panamá habían firmado el acuerdo de cesión el 7 de septiembre de 1977, conocido como el acuerdo Torrijos-Carter, y el general les mostró orgulloso la pluma con la que se rubricó el acuerdo. En esos días, Adolfo Suárez recibió llamadas telefónicas de varios dirigentes hispanoamericanos, entre ellos Fidel Castro y Carlos Andrés Pérez.

Torrijos le invitó a visitar la provincia de Chiriquí —limítrofe con Costa Rica, y con las provincias del Pacífico Bocas del Toro y Veraguas—, donde tenía una mansión impresionante. Volaron desde Contadora en helicóptero el expresidente, el general y Aurelio Delgado. Como el tiempo transcurrió rápido, la oscuridad se les echó encima y decidieron pasar la noche allí. Cuando los empleados de la casa mostraron su habitación a los invitados, la primera sorpresa fue descubrir las dimensiones descomunales de la bañera, que parecía una piscina. Pero la segunda sorpresa fue aún mayor, porque les dijeron que solo había una cama, eso sí, de 3,5 por 2,5 metros, en la que tuvieron que dormir juntos Adolfo Suárez y su cuñado. «Aquella cama era tan inmensa que ni nos enteramos de que dormimos juntos», recuerda Aurelio.

La última sorpresa, o más bien susto, surgió en el vuelo de regreso a Contadora. El tiempo era muy malo y el piloto advirtió al general del riesgo que se corría si se emprendía el vuelo, pero Torrijos insistió, y el piloto, abrumado por las estrellas y la personalidad arrolladora de su superior, obedeció y despegaron hacia Contadora. Pronto se cumplieron las peores perspectivas y a los cinco minutos del despegue hubo que improvisar un aterrizaje de emergencia que les contuvo el aliento. Tras una larga espera hasta que mejoraron las condiciones meteorológicas, regresaron a Contadora. Aquel viaje accidentado pareció una premonición trágica de lo que poco después ocurrió, porque cinco meses más tarde, el 31 de julio de 1981, Omar Torrijos murió en un accidente de helicóptero.

Parecía como si existiera una especie de pájaro de mal agüero en torno al general y a los aviones. El viaje de regreso a España de Adolfo Suárez y sus amigos desde Panamá fue de los que no se olvidan. Una terrible tormenta tropical zarandeó el DC-10 de Iberia, lo llevó de un lado a otro y de arriba abajo ya cerca de Santo Domingo, casi como si fuera un pañuelo arrastrado a capricho del viento. Cuando por fin consiguieron tomar tierra en la isla, las gotas de lluvia parecían baldes de agua, tal era su tamaño.

También, tras la muerte del dirigente panameño, hubo un serio incidente de vuelo. El Gobierno español envió una delegación oficial a sus funerales, que presidió Adolfo Suárez, al que acompañó Fernando Alcón. El avión llegó con retraso a Miami y perdieron el enlace con Panamá, algo que también le ocurrió a Felipe González, que viajaba a Panamá para asistir a las exequias. La delegación española alquiló una avioneta con ocho plazas para trasladarlos al país centroamericano, y Suárez invitó a González a unirse al grupo. El vuelo tuvo un momento dramático cuando, de repente, se paró el motor derecho, la avioneta dobló hacia ese lado y cayó como un peso muerto durante unos segundos que parecieron llevarlos a una muerte segura. «Cuando algunos comenzábamos a rezar una última oración, y no es una exageración, —recuerda Fernando Alcón—, el motor volvió a funcionar y la avioneta remontó el vuelo».

De regreso a España, el avión de Iberia con la delegación oficial hizo escala en La Habana, donde fueron recibidos por Fidel Castro, y en el encuentro entre ambos dirigentes hubo algo que chocó a Adolfo Suárez: «Cuando en el saludo ambos se abrazaron —recuerda Fernando Alcón—, Adolfo me contó que notó algo duro y extraño bajo la camisa del dirigente cubano que tenía toda la pinta de ser un chaleco antibalas».

Tras el paréntesis de estas semanas fuera de España y ya de regreso en Madrid, la familia Suárez se instaló provisionalmente en el piso de San Martín de Porres 53, y luego en un chalé de la Florida, en las afueras de Madrid, que se pagó con la venta de este piso y con un crédito bancario que se fue amortizando en los plazos y en las condiciones pactadas.

Como en aquellos días el despacho que Aurelio había contratado aún no estaba listo para ser ocupado, el diputado de UCD Blas Camacho les cedió uno de su propiedad en la calle Génova. Y junto con Aurelio y con la eficaz secretaria Ana Martínez de Leyva, Adolfo Suárez estuvo allí unos quince días hasta que se instaló definitivamente en el que durante muchos años sería su despacho en la calle Antonio Maura 5. Para hacer frente a los gastos de instalación de «Adolfo Suárez. Abogados», el expresidente aportó una cantidad de sus ahorros y el resto se cubrió con un crédito de dos millones de pesetas que Aurelio pidió al Banco de Bilbao y que fueron devueltos en parte con fondos generados por el propio despacho y con aportaciones personales de Aurelio.

Al despacho se incorporaron las personas que en los últimos años habían estado en el círculo más cercano de Suárez en La Moncloa: Alberto Aza, José Luis Graullera, José Meliá y Eduardo Navarro; Aurelio fue el gerente. También les acompañaron en la secretaría Ana Martínez de Leyva y la fiel Julita. Al poco tiempo de asumir la presidencia del Gobierno, Felipe González creó por ley el estatuto de los expresidentes de Gobierno con derecho a una pensión, una oficina propia y dos funcionarios adscritos a ella, más coche y escoltas. Y encargó a Virgilio Zapatero, nuevo ministro de la Presidencia, que esta ley se aplicara al expresidente con rapidez y eficacia, como así ocurrió. A partir de ese momento se incorporaron también a la oficina de la calle Antonio Maura 5, Inocencio Hernández Amores —Amores, para todos los que le trataron— y Pilar. Amores era capitán de la Policía Nacional que prestaba servicio en el SECED cuando a los pocos meses de llegar Adolfo Suárez a La Moncloa le pidió al general Andrés Casinello un nombre de confianza para su secretaría particular, y nunca más se separó de él; permaneció a su lado hasta que la enfermedad puso fin a los días del fiel colaborador. Fue, en palabras de Aurelio, que le conoció bien, «el más leal».

El despacho de abogados nació con un capital intangible enorme, porque las excelentes relaciones personales de Adolfo Suárez con la mayoría de los dirigentes iberoamericanos suponía una alta expectativa de negocio para asesorar y abrir puertas a las empresas españolas y extranjeras que tuvieran negocios o inversiones en Iberoamérica. Pero también nació con un lastre intangible que fue determinante, porque Adolfo Suárez se negaba a que fuera un despacho de influencias. Y eso era lo que muchos de los que requerían sus servicios buscaban; influencias en el Gobierno español, cuando no un trato de favor. Cosa bien distinta era la facilidad de acceso a personas de relevancia pública a las que plantear problemas que resolver. El despacho estaba obligado a transitar por ese estrecho sendero. Y los hechos demostraron que no solo era estrecho, sino que algunos estaban al acecho para criticar a cualquiera de sus miembros que se saliera de él e incluso aprovecharían la menor ocasión para verter acusaciones, aunque no se hubiera traspasado ninguna raya.

Ese fue el caso de los videomarcadores que fabricaba la empresa japonesa Mitsubishi. Se trataba de unas grandes pantallas de televisión que reproducían las jugadas de los partidos de fútbol y que sustituían a los viejos marcadores de los estadios en los que solo aparecían los números con los resultados de los encuentros. Años después fueron algo habitual en muchos de ellos, pero entonces eran una novedad. Y Mitsubishi quería instalarlos en los campos en los que se iba a celebrar el Mundial de Fútbol en 1982 en España para hacer negocio, pero sobre todo para aprovechar esa oportunidad como promoción mundial. El despacho hizo todas las gestiones para su instalación ante los clubs propietarios de los campos y ante la Federación Española de Fútbol, a la mayoría de cuyos presidentes y directivos conocían los hombres de Suárez y él mismo, pero «no se presionó ni se hizo de lobby ante la Administración», asevera Aurelio. Se cobraron unos honorarios a precio de mercado por sus gestiones, que fueron declarados a Hacienda, y nada más. No obstante, desde varios medios de comunicación se vertieron acusaciones de tráfico de influencias contra Suárez, y aunque sin ninguna base probatoria, la campaña hizo ruido y no gustó al expresidente.

Pero la prioridad de Adolfo Suárez no era dirigir un despacho de abogados, y en cuanto su siguiente aventura política, el Centro Democrático y Social, empezó a remontar tras el primer fracaso en las elecciones de 1982, él comenzó a dedicarle cada vez menos atención. «Yo me ocupé de establecer contactos con los principales despachos de abogados de Madrid —recuerda José Luis Graullera—, con los que llegué a un principio de acuerdo para ofrecerles nuestros servicios en Iberoamérica. Pero ese proyecto se desvaneció desde el momento en que Adolfo decidió lanzarse de nuevo a la arena política con el CDS».

Como era, además, consciente de su pasado reciente y estaba convencido de que aún tenía un futuro político por delante, miraba con lupa los asuntos que entraban en el despacho y los rechazaba en cuanto tenía la menor duda sobre su idoneidad, lo que motivó que los ingresos no fueran elevados. Ambas circunstancias, más el hecho evidente de que mantener una nómina de ocho personas requería un volumen de facturación alto, hicieron que algunos de los socios empezaran a plantearse la salida. «No sabía comer ni ganar dinero», afirma ahora uno de sus colaboradores.

El primero en partir fue Aurelio Delgado, preocupado por sacar adelante una familia con siete hijos, todos ellos menores de veinte años. Aunque Adolfo Suárez lo comprendió, su decisión le contrarió. Cuando su cuñado, amigo de tantos años y compañero de toda una vida de lucha política recuerda ahora esa decisión, susurra con una sonrisa mitigada por un rictus de tristeza y arrepentimiento: «No debí marcharme, aunque me hubiera muerto de hambre».

Esta frase revela cuál era el sentimiento de pertenencia a un club de amigos, casi a un clan, con lealtades muy arraigadas que compartieron los pocos que siempre estuvieron con él. El siguiente en abandonar el despacho fue José Meliá, que abrió un bufete de abogados en su Palma de Mallorca natal. Y a mediados de 1983 Alberto Aza se reincorporó a la carrera diplomática —de la que había estado apartado en «servicios especiales»— y fue destinado a la embajada de España en Lisboa.

Adiós a UCD

«UCD no era realmente un partido —recuerda Alberto Aza— porque los dirigentes de los grupos que la integraban, democristianos, socialdemócratas y liberales, querían perpetuarse como “jefes de facción” y no eran leales ni al partido ni al Gobierno». Ahí estaba el origen de todos los males que aquejaban a la organización centrista y traían de cabeza a su presidente. Por ello, su grupo de asesores externos, el equipo ANA, integrado por José Luis Sanchís, Jorge Planas y José Ramón Caso y que tenía su sede en un chalé cercano a la calle Arturo Soria, le presentó en enero de 1981 una propuesta bastante radical. Le propusieron la convocatoria de unas nuevas elecciones generales en las que Suárez asumiera la elaboración de las listas de candidatos. Probablemente perdería estos comicios, pero quedaría como segunda fuerza, con un partido consolidado, y no con la amalgama de grupos dominada por los llamados «barones» que era UCD.

Pero Adolfo Suárez rechazó esta propuesta porque temía que el Gobierno del PSOE nacido tras las elecciones no tuviera mayoría absoluta —posibilidad que entonces se consideraba más que probable— y fuera demasiado débil para afrontar las amenazas de la crisis económica y el riesgo de otro golpe de Estado. En aquel momento, ni él ni nadie, ni siquiera los propios socialistas, podían imaginar que dos años más tarde, el 28 de octubre de 1982, el PSOE obtendría una aplastante mayoría absoluta. Les respondió que si al Gobierno que iba a presidir el sobrino de José Calvo Sotelo le habían intentado dar un golpe desde la extrema derecha, con más razón intentarían dárselo a un partido de izquierdas que todavía exhibía un programa radical y que incluía, entre otras propuestas, la salida de España de la OTAN. Adolfo Suárez no contaba con que tras la figura de Felipe González, en ocasiones encendida en mítines y debates parlamentarios, había un socialdemócrata pragmático capaz de dar marcha atrás en su oposición a la permanencia de España en la OTAN y de reconducir el programa de máximos que en materia económica proponía su partido. En esa actitud flexible seguía una tradición histórica de su partido.

Cuando, ya entrado el año 1982, empezó a vislumbrarse como algo imparable la victoria socialista que a algunos preocupaba, el presidente de uno de los grandes bancos del país tranquilizó a su interlocutor en su despacho diciéndole: «Menos mal que está ahí Felipe González». El banquero dejó claro que en los meses anteriores a su triunfo electoral, el líder socialista había sabido tranquilizar a los dirigentes económicos del país.

En la cabeza de Adolfo Suárez rondaban entonces tres ideas que en ocasiones chocaban la una contra la otra, pero que son imprescindibles para entender su posición y sus movimientos en los meses finales de 1980 y en los primeros de 1981. Estas eran la necesidad imperiosa de contar con un grupo parlamentario cohesionado, la esperanza de que UCD aún podía salvarse, y el temor a un nuevo golpe militar contra un futuro Gobierno socialista.

El congreso de UCD que se celebró en Palma de Mallorca los días 6, 7 y 8 de febrero de 1981, a los pocos días de la dimisión de Adolfo Suárez, fue la primera lucha a cara descubierta con dos frentes claramente delimitados en el seno del partido: de un lado estaban los seguidores de Adolfo Suárez, los de Rodolfo Martín Villa y los socialdemócratas de Francisco Fernández Ordóñez; y del otro, los liberales, ya sin su líder Joaquín Garrigues Walker, y los democristianos encabezados por Landelino Lavilla. Hasta entonces, los choques se habían producido utilizando como pretexto proyectos de ley sometidos a debate en las Cortes o enfrentamientos en grupos reducidos como el comité ejecutivo del partido, su comisión permanente o el consejo político. En Palma, el choque fue entre un millar de compromisarios venidos de toda España que representaban a miles de militantes.

El primer enfrentamiento surgió por las discrepancias en torno al sistema electoral para elegir a las personas que habrían de ocupar los máximos órganos de gobierno del partido. Seguros de su victoria, los seguidores de Adolfo Suárez, los de Rodolfo Martín Villa y los de Francisco Fernández Ordóñez se mostraron partidarios del sistema mayoritario, según el cual el ganador ocupa todos los puestos de gobierno y los perdedores quedan totalmente marginados. Los dirigentes del sector democristiano y liberal exigían un sistema proporcional que, aunque perdieran en las votaciones, les permitiera tener una amplia presencia en los órganos de gobierno de UCD para poder controlar de cerca a los seguidores de Adolfo Suárez. Al final, se llegó a un acuerdo por el que el ganador conseguía todos los puestos clave y una amplia mayoría en el comité ejecutivo y en el consejo político, pero se reservaba un cupo reducido de representación en esos órganos a la candidatura perdedora.

El resultado de las votaciones dio la victoria a los seguidores de Adolfo Suárez, de manera que Agustín Rodríguez Sahagún fue elegido presidente y Rafael Calvo Ortega, secretario general. No obstante, el diario Ya, cuyas simpatías en el sector crítico democristiano eran obvias, tituló al día siguiente: «Ganó Rodríguez Sahagún, convenció Lavilla», y uno de sus más conocidos cronistas, Feliciano López de Pablo, tituló su información sobre el resultado del congreso: «Victoria moral del sector crítico».

«Tras la victoria en el congreso de Palma, Adolfo Suárez no tenía ni de lejos el propósito de crear otro partido —recuerda José Ramón Caso— y creía que con Leopoldo Calvo-Sotelo en la presidencia del Gobierno se tranquilizaba al poder económico». Algo que era cierto, porque a los pocos días de su llegada a La Moncloa, un banquero que nunca se distinguió por su sintonía con Adolfo Suárez manifestó en una cena a la que asistía un alto cargo del Gobierno que «yo apoyo a Calvo-Sotelo y a su Gobierno». Lo dijo fuera del contexto de la conversación, de una forma algo forzada que revelaba el deseo expreso de que esas palabras llegaran a quien debían. Y, efectivamente, esas palabras llegaron a su destinatario a la mañana siguiente.

«La presidencia de UCD en la persona de Agustín Rodríguez Sahagún —continúa Caso— era para Adolfo Suárez la garantía de que el partido no sería seducido para participar en un acuerdo con Alianza Popular en lo que entonces se llamó la “mayoría natural” o la “gran derecha”, algo a lo que Adolfo Suárez siempre se opuso frontalmente. Con esta bicefalia él se consideraba satisfecho».

Rodríguez Sahagún y Adolfo Suárez se conocieron en 1976, pero a sus padres les había unido cuarenta años antes una amarga experiencia. Hipólito Suárez era republicano, aunque no tuvo ninguna militancia especial en los años treinta. Al estallar la Guerra Civil fue obligado a trabajar como peón en las obras de pavimentación de la plaza del Mercado Chico de Ávila y, para evitar que las cosas fueran a más, buscó el apoyo del general Martínez Anido, amigo de la familia y célebre gobernador de Barcelona por su lucha contra los pistoleros anarquistas. En aquella obra coincidió con Tomás Rodríguez —tío de Aurelio Delgado—, que sí había tenido una militancia republicana muy activa por la que fue condenado a muerte. Transcurrido algún tiempo consiguió que se le permutara por la de destierro a Bilbao, donde ejerció con éxito su profesión de abogado. Cuarenta años después, sus hijos coincidieron en el empeño de devolver la democracia a una España reconciliada.

La primera prueba de fuego de UCD y del Gobierno tras la dimisión de Adolfo Suárez y su sustitución por Leopoldo Calvo-Sotelo fueron las elecciones autonómicas que se celebraron en Galicia a la vuelta del verano, el 20 de octubre de 1981. El primer conflicto surgió en una reunión presidida por Agustín Rodríguez Sahagún y Rafael Calvo Ortega, a la que asistieron los dirigentes regionales José Luis Meilán, Antonio Rosón y Eulogio Gómez Franqueira, y los ministros gallegos Pío Cabanillas, Luis González Seara, Jesús Sancho Rof y Juan José Rosón. El objetivo de este encuentro fue designar el candidato de UCD a la presidencia de la Xunta. Cabanillas, con el apoyo de Calvo-Sotelo y de Adolfo Suárez, propuso al rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago Suárez Núñez.

«La propuesta —prosigue José Ramón Caso— provocó un enfrentamiento de tal calibre entre los asistentes que no sería exagerado calificarlo de bronca. Al final, la candidatura del rector no encontró apoyos suficientes y fue designado candidato el médico José Quiroga, que había sido presidente de la preautonomía gallega. Las discrepancias llegaron al extremo de que los diputados democristianos se negaron a participar en la campaña electoral. Es más, los dirigentes centristas tuvieron una información confidencial de la participación de Óscar Alzaga en reuniones con empresarios y otros sectores de la sociedad civil gallega en apoyo del candidato de Alianza Popular».

El resultado electoral fue decepcionante para los centristas, porque Alianza Popular obtuvo veintiséis diputados y el partido del Gobierno solo consiguió veinticuatro, con una participación del 46,3 por ciento y una abstención del 57,7 por ciento. Como consecuencia de este resultado, UCD perdió la presidencia de la Xunta de Galicia. Llovía sobre mojado cuando se produjo el inesperado fracaso en las elecciones gallegas, y no fue precisamente como consecuencia de la alta pluviosidad de la región.

A los pocos meses del congreso de Palma de Mallorca y de la designación de Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno, «Adolfo Suárez y sus colaboradores —afirma Caso— empezaron a tener indicios de que la mayoría de los miembros del Gobierno presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo se proponía acordar un pacto tras las elecciones previstas para principios de 1983 con Alianza Popular y con otras fuerzas políticas de la derecha. Y para llevarlo a cabo necesitaban no solo tener el control del Gobierno, que lo tenían, sino el del partido, que no lo tenían».

«Propusieron entonces a Leopoldo Calvo-Sotelo —prosigue— que se deshiciera de Agustín Rodríguez Sahagún y de Rafael Calvo Ortega, que controlaban la cúpula del partido y eran dos incondicionales de Adolfo Suárez». Y el presidente del Gobierno aprovechó la derrota que UCD había sufrido en Galicia para pedir a Rodríguez Sahagún y a Calvo Ortega la dimisión de sus cargos. Lo hicieron el 14 de noviembre de 1981 en una reunión del comité ejecutivo del partido centrista a la que no asistió Adolfo Suárez y en la que se votó por unanimidad a Calvo-Sotelo como presidente del partido. Dos semanas después, el 1 de diciembre, el democristiano Íñigo Cavero fue elegido secretario general.

Pero el decepcionante resultado de las elecciones autonómicas gallegas también había sido un duro golpe para Calvo-Sotelo y para su Gobierno, que quedaron seriamente dañados ante la opinión pública. Fue, además, una premonición, que entonces pasó desapercibida, de lo que ocurriría once meses más tarde en las elecciones generales. «Ante esta nueva situación —recuerda Caso— Adolfo Suárez hizo llegar el mensaje a la nueva cúpula de su partido de que no contaran con él para colaborar en este rumbo emprendido por UCD hacia la colaboración con Alianza Popular, aunque en esos momentos no pensaba ni de lejos en la posibilidad de abandonarla y crear otro partido».

Pero al fiasco de las elecciones autonómicas gallegas le sucedió el fracaso de las elecciones autonómicas andaluzas del 23 de mayo de 1982, en las que UCD pasó de ser un partido prácticamente igualado en votos al Partido Socialista a convertirse en un grupo residual. «Ambos resultados convencieron a muchos de los que meses antes habían dejado caer a Suárez —continúa Caso— de que sus sustitutos en el Gobierno y en el partido carecían de liderazgo suficiente para enderezar la situación. Y tras este hundimiento y aunque solo fuera por instinto de conservación, volvieron la mirada a quien vivía en su retiro en las afueras de Madrid. El comité ejecutivo de UCD encargó a Leopoldo Calvo-Sotelo y a Landelino Lavilla que hablaran con Adolfo Suárez con el fin de recuperarlo para que ayudara a salvar al partido, porque para entonces todos veían llegar la sombra amenazante del fracaso electoral en las elecciones generales que, en principio, estaba previsto celebrar el primer trimestre de 1983».

«La reunión —continúa— se celebró en el domicilio de Adolfo Suárez, y se le planteó la propuesta de que se incorporara a la vida activa del partido con el protagonismo y el liderazgo que le correspondía por su pasado inmediato. Adolfo Suárez la aceptó con una sola condición: exigía tener las manos libres para elaborar las listas electorales de las próximas elecciones generales. Calvo-Sotelo le respondió que esa petición era imposible de satisfacer porque no se la autorizarían las personas de su equipo y Suárez le dijo que no era de recibo pedirle que él pusiera la cara en la lucha electoral y que otros pusieran los nombres de las personas que habrían de incluirse en las listas; si se ganaban las elecciones, gobernarían ellos, y si se perdía él sería el derrotado». Y añadió: «Si lo que hay que hacer en UCD lo van a decidir quienes no creen en ese proyecto de centro reformista y apuestan por crear la “gran derecha”, el partido ya no tiene sentido».

La tesis que él sostuvo luego ante sus colaboradores era que los poderes económicos que apoyaban a Calvo-Sotelo nunca habrían aceptado que él recuperara esa parcela clave de poder en el seno del partido. «Dirán: “No le hemos echado para que ahora vuelva con poderes para hacer las listas y controlar el partido”», reflexionó en voz alta.

Tras este encuentro que terminó sin acuerdo, Adolfo Suárez comenzó a tener reuniones en su domicilio con quienes a partir de ese momento serían su equipo de confianza: Agustín Rodríguez Sahagún, Rafael Calvo Ortega, José Ramón Caso y Jesús —Chus— Viana. El resto de sus antiguos colaboradores en La Moncloa —Alberto Aza, Aurelio Delgado, José Luis Graullera y Eduardo Navarro— estaban en la oficina de la calle Antonio Maura 5, donde trataban de poner en marcha el despacho profesional con el que ganarse la vida tras la salida del poder.

En las reuniones del grupo de los cinco intercambiaban opiniones y analizaban la vida política del país tratando de decidir qué era lo que convenía hacer. En una ocasión, solo en una, Fernando Abril Martorell y Rafael Arias Salgado fueron convocados por Adolfo Suárez para saber cuál era su opinión. Ambos le dieron consejo claro y preciso: tenía que esperar apartado de la vida política a que pasaran tres o cuatro años, porque transcurrido este tiempo le acabarían llamando. Pero Adolfo Suárez no compartió en absoluto este análisis. Seguía preocupado, casi obsesionado, por la estabilidad del sistema democrático recién instaurado y por el temor a que un Gobierno débil del PSOE enfrentado con el empresariado y dispuesto a sacar a España de la OTAN sufriera un golpe de Estado. Era para él una especie de obsesión contribuir a que el nuevo sistema, en buena medida obra suya, no cayera en manos de los golpistas como estuvo a punto de suceder el 23 de febrero de 1981. Tenía el convencimiento firme de que había que apoyar al nuevo Gobierno del PSOE que surgiría de las elecciones y que probablemente no tendría una base parlamentaria suficiente.

Esta percepción era en el fondo compartida por varios dirigentes centristas y por muchos socialistas. Aunque a la luz del resultado electoral del 28 de octubre de 1982, cuando el PSOE obtuvo una mayoría arrolladora de doscientos dos diputados, este análisis parece hoy disparatado, entonces nadie previó ni de lejos esa mayoría, y no fueron pocos los que en el PSOE y UCD hablaron en los meses previos a los comicios y esbozaron acuerdos, que no se hicieron públicos, para el día después de las elecciones.

A finales de junio de 1982 Leopoldo Calvo-Sotelo, fracasado su liderazgo, dimitió como presidente de UCD, puesto que había ocupado solo siete meses y medio, y en los primeros días de julio le sustituyó Landelino Lavilla. Que en dieciséis meses el partido centrista tuviera cuatro presidentes —Adolfo Suárez, Agustín Rodríguez Sahagún, Leopoldo Calvo-Sotelo y Landelino Lavilla— da una idea bien precisa de su inestabilidad. Convencido de que el proyecto de UCD era inviable, el 28 de julio, Adolfo Suárez envió una carta a Landelino Lavilla en la que le comunicaba su baja en UCD «por razones que de sobra conoces». Tres días después anunciaba la creación del Centro Democrático y Social, al que se unieron varios dirigentes, gobernadores, diputados y senadores de su antiguo partido.

CDS, flor de nueve años

La salida del grupo parlamentario centrista de Miguel Herrero de Miñón y de los diputados que le acompañaron en febrero de 1982, de los socialdemócratas de Francisco Fernández Ordóñez en marzo de ese año, de otros que antes lo habían abandonado individualmente, más la salida de Suárez dejaron al Gobierno de Calvo-Sotelo en una situación de fragilidad y precariedad insostenible en el Congreso, por muchas que fueran las protestas de lealtad de voto al Gobierno de los que se habían ido.

Pero la puntilla se la dio el abandono del expresidente y de los suyos, que además pasaron a convertirse en competidores electorales directos de UCD. Esta última razón fue determinante para el adelanto electoral que Calvo-Sotelo decidió al disolver las Cortes el 27 de agosto de 1982 y convocar elecciones generales para el 28 de octubre. Los entonces colaboradores cercanos a Adolfo Suárez coinciden en la idea de que el adelanto se decidió finalmente para evitar que les diera tiempo a consolidar su nuevo partido.

El CDS hizo la campaña electoral con escasos medios humanos, casi sin organización en las provincias y con un crédito de doscientos millones de pesetas que la banca prestó en base a las expectativas de voto que le daban sus análisis y sondeos electorales, como hacía con cada partido político. Para coordinar estos créditos, los presidentes de los bancos más importantes de entonces —Banesto, Hispano Americano, Central, Bilbao, Vizcaya, Santander y Popular, conocidos como «los siete grandes»— delegaron en Luis Valls Taberner, presidente del Banco Popular, cuya oficina del Círculo de Bellas Artes de Madrid centralizaba y coordinaba la entrega del dinero de esos créditos. Hubo también una aportación privada de cincuenta millones de pesetas.

El resultado electoral del CDS fue desastroso. Solo obtuvo 604.309 votos y un acta de diputados para Agustín Rodríguez Sahagún en Ávila y otra para Adolfo Suárez en Madrid. Nada más. Como la ayuda electoral del Estado a los partidos políticos para devolver esos créditos electorales estaba en función del número de votos obtenidos, tras el fracaso electoral del 28 de octubre de 1982, el CDS devolvió a la banca una cantidad mínima y el resto se anotó como un crédito fallido.

La situación financiera y organizativa que resultó de este fiasco electoral fue catastrófica. No hubo dinero para mantener ninguna delegación en las provincias y únicamente se montó una pequeña oficina central en la calle Sagasta de Madrid, con José Ramón Caso, secretario general del partido, y tres secretarias. La escasez de medios fue tal que en una ocasión le cortaron el suministro eléctrico por falta de pago.

Esta debacle desanimó a Adolfo Suárez porque, tras el apabullante éxito socialista y su fracaso electoral, sus cálculos y previsiones para el futuro del sistema recién instaurado volaron por los aires. Creyó que ya no tenía sentido su acción política. El nuevo Gobierno no era débil, porque el Partido Socialista había obtenido una arrolladora e inesperada victoria con doscientos dos diputados y no necesitaba el apoyo parlamentario de ningún pequeño partido bisagra. La legislatura de 1982 a 1986 fue una larga y dura travesía en el desierto. Sus colaboradores más cercanos —José Ramón Caso, Agustín Rodríguez Sahagún, Rafael Calvo Ortega y Chus Viana— no tiraron la toalla y comenzaron a recorrer el país. Poco a poco empezaron a crear una pequeña estructura de partido con la incorporación de antiguos miembros de la desaparecida UCD que habían quedado huérfanos, y con gentes que empezaron a sentirse decepcionados con los primeros pasos del PSOE en su acción de Gobierno. Al mismo tiempo, Manuel Fraga comenzó a dar muestras de tener un techo electoral imposible de perforar. Y Adolfo Suárez recuperó un cierto grado de ilusión que fue subiendo a medida que se aproximaba la fecha de las elecciones generales que tendrían que celebrarse no más allá de 1986.

Unos meses antes de las elecciones, que finalmente se celebraron el 22 de junio de 1986, se produjo un hecho singular. Hubo un sector del empresariado y del mundo financiero representado por una generación más joven que los llamados «siete grandes» que, sin necesidad de esperar al resultado de estas elecciones, había llegado a la conclusión de que Manuel Fraga estaba condenado a ser un eterno perdedor ante Felipe González, y cambiaron su apuesta. Así nació la llamada «operación Roca» y el Partido Reformista, que se presentó como una alternativa centrista y moderada, liderada por el portavoz parlamentario de Convergència i Unió, Miguel Roca. No vamos a entrar aquí en cuáles fueron las causas de su derrota —entre otras, la contradicción de un candidato que no pertenecía al partido que decía liderar—, pero sí a recordar que probablemente nunca en la historia de la democracia recuperada tras las elecciones del 15 de junio de 1977, un partido político dispuso de tanto dinero para una campaña electoral: dos mil millones de pesetas para gastar en tres semanas, con la capacidad adquisitiva que esa cantidad tenía hace tres décadas.

En esos meses anteriores a las elecciones de 1986 Adolfo Suárez había sido invitado a incorporarse a la «operación Roca» con el ofrecimiento de influir ampliamente en la elaboración de las listas electorales, su obsesión desde 1979. Se le dijo que dispondría de todo el dinero que necesitara, pero también había una condición innegociable. Y esta era que la proyectada coalición entre el CDS y el Partido Reformista no se presentara en Cataluña, donde únicamente lo haría Convergència i Unió. Adolfo Suárez se negó en redondo a aceptarla con el argumento también innegociable de que el suyo era un partido nacional y tenía que estar presente en todo el país. Estaba dispuesto a ir en coalición con CiU, pero rechazaba frontalmente no presentarse a las elecciones generales en Cataluña. Aceptaba que la coalición nacionalista compareciera en solitario en las elecciones autonómicas, pero no más.

Jordi Pujol rechazó la propuesta porque acceder a una coalición con el CDS en Cataluña suponía admitir que compartía un proyecto político nacional en toda España, algo que siempre rechazó. La derrota electoral del Partido Reformista fue demoledora, un fiasco sin precedentes porque no obtuvo ni un solo diputado ni senador. Nunca tanto dinero sirvió para tan poco; en este caso, para nada. Sin embargo, CiU obtuvo en esas elecciones generales de 1986 su mejor resultado histórico —1.014.258 votos, el 31,30 por ciento más que en las de 1982, y dieciocho escaños, el doble de los que tenía—, por la implicación de uno de sus dirigentes, Miguel Roca, en la política española con la operación reformista, razón por la que muchos electores catalanes no nacionalistas le dieron su voto.

La respuesta —o la represalia— a Suárez de quienes le habían invitado a incorporarse a la «operación Roca» y de todos los bancos fue contundente. No le prestaron ni una peseta para la campaña electoral. Únicamente hubo un empresario que donó cincuenta millones. Con tan escasos recursos para afrontar una campaña electoral fue imposible transferir ni un céntimo a las cincuenta y dos delegaciones del partido. Se tuvo el acierto de contratar a Alfredo Fraile como director de campaña y a unos humoristas que crearon eslóganes como: «Yo también tengo problemas con la banca» o «Banca, madrastra». No obstante, este enfrentamiento con el sector financiero tuvo la consecuencia indeseada de que personas que se estaban acercando al CDS se asustaron por temor a enfrentase con la banca en su vida profesional o empresarial.

Las elecciones del 22 de junio de 1986 reflejaron un cambio de tendencia marcado por los primeros desencantados del PSOE, que perdió 1.225.674 votos y dieciocho diputados, y por el techo electoral de Manuel Fraga, que retrocedió en 300.431 votos con dos diputados menos. El CDS multiplicó por tres el número de votos —1.861.922— y obtuvo diecinueve diputados y tres senadores. Estos resultados levantaron el ánimo de Adolfo Suárez. Pero su aspiración a contribuir a la estabilidad y a la consolidación del sistema democrático se vio frustrada porque el Partido Socialista, a pesar de la pérdida de votos y escaños, mantuvo una muy amplia mayoría absoluta.

Tras ese inesperado éxito electoral, Adolfo Suárez y su equipo de colaboradores vieron la oportunidad de relanzar el partido. Pero al año siguiente se cruzaron las elecciones municipales y europeas en el camino de esa recuperación. Y no porque hubiera un retroceso, que no lo hubo; al contrario, consiguió mejorar sus resultados. El CDS obtuvo 5.952 concejales y 1.902.283 votos, 40.371 más que en las elecciones del año anterior. Y en las primeras elecciones al Parlamento europeo, que se celebraron el mismo día que las municipales, consiguió 1.976.093 sufragios y siete europarlamentarios.

El problema que surgió tras las municipales fue de fondo, porque la estrategia adoptada por el comité ejecutivo del partido en la elección de alcaldes y presidentes autonómicos sin mayoría absoluta era no pactar con nadie y votar a sus propios candidatos, aunque no tuvieran ninguna posibilidad de conseguir la alcaldía. Pronto surgieron las presiones, las lógicas ambiciones personales y la petición de responsabilidad para mantener la estabilidad municipal en muchos ayuntamientos en los que ningún partido había logrado mayoría absoluta. Y eso obligó al CDS a decantarse por la derecha o por la izquierda, bien de forma activa, dándoles sus votos, o pasiva, con su abstención. Al mismo tiempo cientos de concejales eran seducidos para dar su apoyo al PSOE o al PP o, lo que es más grave, para pasarse a esos partidos a cambio de recibir importantes parcelas de poder. Aunque algunos pactos y apoyos tuvieron mucho eco y algún militante cayó en la tentación de abandonar y pasarse a otro grupo, la inmensa mayoría se mantuvo en la disciplina marcada por la dirección del CDS.

El ejemplo más evidente de estas maniobras de seducción se produjo en Madrid, donde el alcalde socialista Juan Barranco consiguió convencer a los concejales del CDS Javier Soto y Manuel Parrondo para que lo abandonaran y se pasaran a su partido. Presionados ambos por sus correligionarios, Parrondo reconsideró su postura y volvió al CDS y Soto dimitió como concejal. Pero la cúpula directiva centrista creyó que había que darle una lección a Barranco por lo que había hecho y devolverle la jugada al Partido Socialista. A los pocos días se entablaron conversaciones con el Partido Popular. José Ramón Caso, por el CDS, y Federico Trillo, por los populares, acordaron unir sus votos para presentar una moción de censura en el ayuntamiento de Madrid contra Juan Barranco y en la comunidad autónoma contra Joaquín Leguina con Agustín Rodríguez Sahagún y Alberto Ruiz-Gallardón como candidatos, así como apoyar de forma estable a José María Aznar en la presidencia de la Junta de Castilla y León. Se acordó, además, que en las tres instituciones se constituirían Gobiernos de coalición.

El pacto dio sus frutos, y Juan Barranco fue sustituido en la alcaldía de la capital de España por Agustín Rodríguez Sahagún, y José María Aznar aseguró su estabilidad parlamentaria en el Gobierno de Castilla y León. Sin embargo, el presidente de la comunidad de Madrid, el socialista Joaquín Leguina, continuó al frente del Gobierno autónomo al conseguir que el diputado popular Nicolás Piñeiro se pasara a última hora al Grupo Mixto y no votara a favor de la moción de censura. Vinculado al negocio de la construcción, Piñeiro creó precipitadamente como coartada el Partido Regional Independiente de Madrid (PRIM) del que, transcurridos unos meses, nunca más se supo.

La reacción de los dirigentes socialistas no se hizo esperar y, espoleados por Alfonso Guerra, lanzaron una campaña de descrédito contra los centristas a los que el dirigente socialista llamó «lacayos de la derecha». El coste de los pactos y del reproche socialista tuvo sus consecuencias, y en las elecciones generales de 1989 el CDS perdió 254.567 votos y cinco diputados. Ese retroceso desilusionó a Adolfo Suárez porque lo percibió como el rechazo de la ciudadanía a apoyar partidos con vocación institucional por la sencilla razón de que en España no había crisis institucional. «Ya no hago falta», le confesó a José Ramón Caso.

Pero su desánimo venía de años atrás y hay indicios de ello. Manuel Fraga había dimitido de su cargo como presidente de Alianza Popular el 1 de diciembre de 1986, tras su estancamiento con un ligero retroceso en las elecciones generales de ese año y el abandono de sus socios coaligados, los democristianos de Óscar Alzaga, y del secretario general de su partido, Jorge Verstrynge. Al año siguiente, José Ramón Caso creyó que Suárez debía aprovechar este momento de incertidumbre en el partido de la derecha para ampliar su apoyo electoral, y le propuso que se presentara como cabeza de lista de su partido a las elecciones europeas de 1987.

El argumento de Caso era bien sencillo: «Esas elecciones se celebran teniendo todo el país como circunscripción única, con lo que desaparece de hecho el elemento corrector que introdujo la ley D’Hont, que perjudica en las elecciones generales, autonómicas y municipales a los pequeños y medianos partidos al reducirse la circunscripción electoral a la provincia o al municipio. En las elecciones europeas el sistema electoral se convierte en un sistema proporcional puro».

«Además —añadió Caso—, esas elecciones no tienen consecuencias en el Gobierno de la nación y los ciudadanos no votan con el condicionante del voto útil, por lo que ambas circunstancias unidas a la recuperada popularidad de Adolfo Suárez en las elecciones generales del año anterior, creaban las condiciones favorables para que él pudiera recoger los votos de los ciudadanos descontentos con la izquierda y la derecha».

La idea no gustó a Adolfo Suárez. «Quizás porque empezaba a flaquear el empuje que siempre le acompañó en su carrera política —afirma Caso— y se resistió a las presiones de sus colaboradores, que le insistían casi sin dejarle otra salida. Pero el Partido Socialista vino en su ayuda sin proponérselo, porque mi propuesta llegó a oídos de sus dirigentes. Preocupados por el daño electoral que Adolfo Suárez pudiera causarle si se presentaba a las elecciones europeas, decidieron unas semanas antes de los comicios reformar la ley en un único artículo que declaró incompatibles el cargo de diputado nacional con el de diputado en el Parlamento europeo. Y Adolfo Suárez —prosigue Caso— vio el cielo abierto con esta reforma porque, obligado a elegir, se quedó con su escaño en el Congreso para estar presente en la política nacional».

Pero la prueba más evidente de su desánimo y desinterés por la acción política la tuvo su amigo Fernando Alcón, que en 1990 era secretario de organización del CDS. Todos los días le enviaba con un mensajero un informe de algo más de un folio para tenerlo al día de las incidencias del partido en las provincias. Como pasaba el tiempo y Adolfo Suárez no le hacía ningún comentario sobre el contenido de estos informes, en uno de los muchos fines de semana que los dos matrimonios pasaban juntos, Fernando le preguntó: «¿Te pasan los informes que te envío todos los días?». «Sí», le respondió. «¿Quieres que te los siga enviando?». «No, no me los envíes».

La decisión de Agustín Rodríguez Sahagún de no presentarse en las elecciones municipales de 1991 como candidato a la alcaldía de Madrid fue un duro golpe para él. Sahagún estaba molesto con las críticas que el CDS hacía al Partido Popular tanto en el Congreso como en algunos parlamentos autonómicos y ayuntamientos, porque él sufría en el ayuntamiento de Madrid las represalias de los populares. El pacto con el Partido Popular para desbancar a Juan Barranco con una moción de censura y sustituirlo por el dirigente centrista se planteó como una «inversión» y una apuesta del CDS para tener un candidato con popularidad en las próximas elecciones municipales en el primer ayuntamiento del país. Y la decisión de Sahagún de renunciar a serlo fue considerada como una apuesta fallida, en definitiva, como un fracaso.

El golpe final fue el retroceso que el CDS sufrió en las elecciones autonómicas y municipales de 1991, en las que perdió 3.043 concejales y 1.170.962 votos. El 27 de mayo Adolfo Suárez asumió públicamente la responsabilidad de este fracaso, presentó la dimisión de la presidencia del partido y anunció su retirada definitiva de la política. El CDS no fue flor de un día, pero sí flor de nueve años, que en política son casi lo mismo.

«Hay tres razones —cree José Ramón Caso— que podrían explicar el declive final de Adolfo Suárez. Una, haber sido el presidente que contribuyó de forma determinante a devolver la democracia a España y dotarla de una Constitución fue para él una rémora para ejercer la política partidista, porque siempre optó por decisiones que tuvieran un perfil institucional. Felipe González pronto se dio cuenta de este lastre, y lo aprovechó en todos los enfrentamientos que tuvo con él entre 1976 y 1991, “le tomó la medida”. Otra, fue la enfermedad de su mujer, Amparo Illana, que le marcó durante todos los años que la padeció hasta su muerte. Y la tercera, la presión que en los años del CDS ejercieron tanto la derecha como la izquierda sobre sus concejales y diputados autonómicos para conseguir su apoyo o para seducirlos; en definitiva, para fagocitar al partido, algo que en buena medida consiguieron».

Hay un hecho que confirma esta afirmación. Cuando tras el fallecimiento de Amparo Illana el 18 de mayo de 2001, el entonces presidente del Gobierno José María Aznar y su esposa visitaron a Adolfo Suárez en su domicilio y mantuvieron con él una breve conversación de circunstancias, hubo un momento en que Adolfo Suárez —ya tocado por la enfermedad—, hablando del pasado, comentó que al CDS le habían tirado a muerte desde ambos lados, a lo que Aznar contestó: «Claro, yo tenía que haceros desaparecer para lograr la mayoría contra el PSOE». «Les estorbaba», concluye José Ramón Caso.

Lo que el viento dejó

Anthony Pagden ha escrito que todo trabajo histórico «que aspire a superar la mera arqueología debe ser una reflexión sobre lo que el presente debe al pasado».128

España había vivido en su historia más reciente dos experiencias que aspiraron a modernizar y cambiar el país. Una tuvo lugar entre 1868 y 1874, en el llamado Sexenio Liberal, cuando la burguesía progresista trató de introducir reformas que modernizaran el país. La otra, entre 1931 y 1936, y en este caso fue la burguesía de izquierdas la que se propuso hacer una reforma a fondo en la vida política, económica y social española. Ambas tuvieron sus logros pero estuvieron lastradas por la inestabilidad y la inseguridad, que dieron al traste con el intento. Reforma y estabilidad no fueron de la mano en ambas experiencias frustradas. Las dos tuvieron como apoyo social a una frágil burguesía progresista fruto de una débil revolución industrial, que fue desbordada por posiciones ideológicas radicales, revolucionarias o reaccionarias.

Pero la España que recogían las generaciones de los años setenta del siglo pasado era fruto de un desarrollo económico sin precedentes en nuestra historia —ya hemos visto que el crecimiento medio anual de nuestra economía entre 1960 y 1974 rozó el 7 por ciento, el más alto del mundo después de Japón—, que había generado unas condiciones sociales y políticas determinantes para sellar definitivamente la espiral de enfrentamientos e inestabilidad que marcó el pasado reciente de nuestro país. Los españoles de entonces apoyaron el camino de la negociación, el pacto y el consenso para dotar a nuestro país de un sistema democrático estable y duradero que tratara de superar de una vez por todas el fracaso de convivencia que le había acompañado a lo largo de muchos decenios. Alfonso Guerra afirmó en un acto en el Congreso de los Diputados el 19 de noviembre de 2014 que los españoles firmaron entonces un armisticio de paz para poner fin definitivamente a la revancha y al uso de la violencia como instrumento para resolver las diferencias políticas.

Como tantos españoles de aquellos años, planeaba sobre la memoria de Adolfo Suárez el recuerdo de inestabilidad, cuando no de violencia, que había marcado el pasado de nuestro país en el último siglo y medio, y que él y otros muchos como él se habían propuesto enterrar para siempre. En ciento diecinueve años, entre 1812 y 1931, España había tenido seis Constituciones —las de 1812, 1837, 1845, 1869, 1876 y 1931—, siempre fruto de la marginación o de la imposición de media España sobre la otra media. Si a estos textos se les añade otros con rango constitucional como el Estatuto de Bayona de 1808 o el Estatuto Real de 1834, más los proyectos reaccionarios de 1850, progresista de 1856 y republicano de 1873 que no llegaron a entrar en vigor, y algunas reformas constitucionales efímeras como las que hicieron O’Donnell en 1866, Narváez en 1867 y Mon en 1861, los españoles conocieron más de diez textos constitucionales entre 1808 y 1931. Y ese siglo y cuarto de inestabilidad institucional estuvo dramáticamente jalonado por cuatro guerras civiles: las tres carlistas de 1833, 1855 y 1870, a las que había que añadir la más sangrienta de 1936.

La Transición no fue un pacto entre élites que marginó al pueblo español. Todos los pasos que entonces se dieron estuvieron avalados y ratificados por el voto ciudadano, porque desde el 15 de diciembre de 1976 al 28 de octubre de 1982, la ciudadanía fue llamada a las urnas en seis ocasiones para ratificar todo lo que se hizo en esos casi seis años: los referendos del 15 de diciembre de 1976 para la reforma política y del 6 de diciembre de 1978 para ratificar la Constitución; las elecciones generales del 15 de junio de 1977, 1 de marzo de 1979 y 28 de octubre de 1982; y las elecciones municipales del 3 de abril de 1979. Nada se hizo a espaldas del pueblo. La Constitución de 1978 ha sido la única de las seis que España ha tenido desde 1812 ratificada por el pueblo en referéndum. Todo se hizo con su apoyo expreso a cada uno de los pasos que se dieron para devolver la soberanía a los españoles y dotar al país de una constitución democrática aceptada por la inmensa mayoría de los partidos y de los ciudadanos. Fue un pacto que abarcó desde buena parte de la derecha franquista hasta el Partido Comunista, pasando por el centro, el Partido Socialista y los nacionalistas catalanes, con el que se trató de no caer en los errores del pasado.

Se elaboró una ley electoral para favorecer la existencia de grandes partidos políticos en la derecha y en la izquierda que apoyaran Gobiernos estables. Cuando se redactó esta norma y su reforma posterior, se tuvo presente el recuerdo del antiguo sistema electoral que no frenó la enorme fragmentación de grupos parlamentarios y que fue el semillero de la inestabilidad gubernamental, como prueban estos datos: entre 1902, fecha de la mayoría de edad de Alfonso XIII, y 1923, fecha del golpe de Estado del general Primo de Rivera, hubo en España treinta y tres Gobiernos; y entre 1931, año de la proclamación de la Segunda República, y julio de 1936, mes en que estalló la Guerra Civil, hubo diecinueve Gobiernos, con una media de uno cada tres meses y medio.

Se eliminó la facultad discrecional del jefe del Estado —rey o presidente— de retirar la confianza y destituir al jefe del Gobierno que ambos tuvieron durante casi siglo y medio, porque llegó a convertirse en un instrumento del capricho personal y político. Esta potestad se dejó en exclusiva al Parlamento.

Se abordó la integración de las aspiraciones de los nacionalistas vascos y catalanes en el título VIII de la Constitución, aunque el paso del tiempo ha demostrado que dejar abiertos la creación, el diseño, la financiación y las competencias de las Comunidades Autónomas ha producido serias disfunciones, además de no haber satisfecho las últimas aspiraciones del nacionalismo.

Se reconocieron los derechos sociales, la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer; se elaboró una legislación fiscal basada en el principio de progresividad; y se reconoció en la Corona a un órgano del Estado —que no un poder del Estado— neutral, imparcial y apartidista que representa la unidad de la nación y arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones.

En este tercer intento, cambio y estabilidad sí fueron de la mano e hicieron posible un desarrollo económico y social también sin precedentes en la historia de nuestro país. La renta por habitante, que en 1976 rondaba los dos mil quinientos dólares, en 2014 se acercó a los treinta mil. En este año había en España trescientos tres hospitales públicos con 107.370 camas y 11.024 centros sanitarios de atención primaria que cada día atienden a una media de 250.000 personas. El sistema de enseñanza pública no universitaria cuenta con 18.572 centros públicos y 4.900 concertados. Y 9.500.000 personas cobran una pensión pública con un gasto anual de 135.000 millones de euros. Estos avances y otros de igual calado han actuado como una red densa que ha amortiguado la dureza de la caída del nivel de vida de millones de españoles, castigados por la devastadora crisis económica que golpea nuestro país desde finales de 2007. Sin esos avances, fruto del sistema montado desde 1977, la crisis habría generado una inestabilidad y una agitación social de consecuencias imprevisibles.

Uno de los mayores logros del sistema democrático alcanzado tras la Constitución de 1978 es la desaparición de la endémica amenaza militar sobre el poder civil. Durante los primeros años del nuevo régimen los gobernantes pusieron todo su empeño en que el poder civil primara sobre el llamado poder militar. A medida que avanzaron los años, esa dicotomía fue desapareciendo y en España solo hay un único poder que no es civil ni militar: es el poder legítimo salido de unas elecciones legalmente convocadas y celebradas.

«Solo el paso del tiempo —afirma Alberto Aza— podía demostrar que las instituciones que Adolfo Suárez impulsó y contribuyó a plasmar en la Constitución eran capaces de funcionar sin el apoyo de las personas que las encarnaron en aquellos años. En los cuatro últimos decenios han gobernado el centro, la izquierda y la derecha; han ocupado la presidencia del Gobierno seis personas, dos de ellas —Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo— ya han fallecido. Las Cámaras legislativas han sido totalmente renovadas y, tras la dimisión de Alfonso Guerra y el fallecimiento de Txiki Benegas en 2015, no queda en el Congreso de los Diputados ni en el Senado ninguno de los parlamentarios elegidos el 15 de julio de 1977. Muchos de los que hoy son diputados no habían nacido o eran niños en esos años. Lo mismo ha sucedido con los altos tribunales, con la cúpula del Ejército, de todos los partidos políticos y de las organizaciones sindicales y empresariales. Era esencial comprobar que todas las instituciones funcionaban con normalidad después de que sus dirigentes de los años de la Transición hubieran sido sustituidos por otros pertenecientes a generaciones posteriores. Solo faltaba la Corona. Y cuando se produjo el cambio de su titular el 19 de junio de 2014 con la mayor normalidad constitucional, es cuando se pudo afirmar que la Transición que pilotó Adolfo Suárez había terminado».

Viaje al fin de la noche

—Adolfo, todavía te quieren —le dijo la reina Sofía el 22 de abril de 1992.

—Sí, señora, pero no me votan —le respondió el expresidente con un poso de amargura que resumía su estado de ánimo tras su retirada de la política.

Ambos se encontraban en Madrigal de las Altas Torres, donde se conmemoraba el 541 aniversario del nacimiento en esa villa abulense de Isabel la Católica y, con ese motivo, se celebraron unos actos que presidió la reina y a los que también fue invitado Adolfo Suárez. Hubo un momento en el que los vecinos agolpados en las calles comenzaron a vitorear al expresidente durante largo tiempo y, al ver que el griterío parecía no parar, la reina se lo hizo notar con esas palabras.

En los años que siguieron estuvo prácticamente desaparecido de la escena pública. El bufete de abogados se deshizo y tuvo que vender el inmueble de la calle Antonio Maura 5 y el chalé que tenía en la urbanización Son Vida de Palma de Mallorca, porque el descenso de sus ingresos más los gastos para atender el tratamiento de la enfermedad de su esposa y de su hija mayor le impedían hacer frente a los vencimientos de las hipotecas que los gravaban. También tuvo que dar en pago al Banco Español de Crédito por el mismo motivo la casa que a finales de 1978 había estrenado al lado de la muralla de Ávila. Trasladó su despacho a un piso alquilado en un inmueble situado en la esquina de la plaza de España con la calle Ferraz y estabilizó su economía con la pensión de expresidente y los ingresos que le proporcionaba su nombramiento como asesor para Iberoamérica de la Compañía Telefónica. En esos años, el empresario José Luis García Cereceda fue su leal amigo y protector. Recibía de vez en cuando a antiguos colaboradores y, en una ocasión, invitó a almorzar en su casa al rey y a Santiago Carrillo, quienes departieron en una larga sobremesa. Pero estuvo desaparecido del paisaje público.

Esos años y los últimos al frente del CDS fueron años de soledad y olvido. Hubo que esperar a la segunda mitad de la década de los noventa para que su figura y el recuerdo de lo que había hecho empezaran a emerger y a ser valorados por la opinión pública y por los medios de comunicación. En esos años ya afloraba la corrupción, no como un mal accidental sino como una lacra enroscada en las raíces de muchas instituciones, que amenazaba con ser sistémica. Y el enfrentamiento entre los dos grandes partidos también mostraba su rostro más agrio.

Algunas instituciones volvieron entonces la mirada a quien había sido el artífice principal de la Transición, que ni amparó la corrupción —no hubo ni un solo escándalo de corrupción en sus cincuenta y cinco meses de Gobierno—, ni cayó en el enfrentamiento cainita con sus adversarios. El 28 de mayo de 1996 la Universidad Complutense, a propuesta de uno de los departamentos de la Facultad de Ciencias Políticas, le nombró doctor honoris causa. Cuenta el que fue rector de esa universidad, Rafael Puyol, que cuando concluyó su discurso de elogio al nuevo doctor —la laudatio, que excepcionalmente hizo él—, tras enumerar las razones por las que se le concedía esa alta distinción académica, Adolfo Suárez se acercó a él y le dijo: «Me habéis devuelto la vida».

Expresaba así el sentimiento de olvido que le había acompañado en esos diez años de soledad, entonces recompensado por esta inesperada muestra de gratitud académica de la primera universidad española. Era como si hubiera salido del lazareto en el que estuvo confinado durante ese tiempo.

Pocos meses después, el 13 de noviembre de ese año, recibió de manos del príncipe Felipe el premio Príncipe de Asturias. «Se premia en mí la obra realizada por todo un pueblo»; fueron las palabras de su discurso de recepción del premio, que resumieron lo que Adolfo Suárez pensaba que había ocurrido en los años de la Transición.

El 2 de diciembre de 1997 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de La Coruña; el 2 de marzo de 1998 fue la Universidad Politécnica de Madrid la que le concedió la misma distinción, y el 3 de octubre la Politécnica de Valencia le hizo entrega del mismo honor.

Algunos de sus adversarios políticos, ya alejados de la pasión por el poder, reconocieron en público el servicio que había prestado a su país. «Supo detener el rayo con la mano», afirmó Alfonso Guerra rememorando a Hölderling en un acto celebrado en la Universidad Europea de Madrid el 27 de enero de 2012. «No, no; la Transición la hizo él, y lo pagó», cortó en seco Felipe González durante un almuerzo-coloquio celebrado el 15 de abril de 2013 en el hotel Los Galgos de Madrid a quien, al formularle una pregunta, comenzó afirmando «cuando ustedes hicieron la Transición…».

Pero aquellos homenajes le «devolvieron la vida» muy poco tiempo, porque, desde finales de la década de los noventa, fue la vida la que empezó a abandonarlo. De forma lenta y casi imperceptible, el mal comenzó a anidar en su cerebro y a devorarlo. Al principio fueron pequeños fallos de memoria, que se repitieron cada vez con más frecuencia e intensidad. En aquellos años, Rodolfo Martín Villa tenía la costumbre de convocar un almuerzo anual a todos los exministros centristas, y Adolfo Suárez confirmó su asistencia a la convocatoria del año 1998, que se celebró en el hotel Ritz. Llegada la hora fijada para el almuerzo y con todos los convocados presentes, se comprobó que el expresidente era el único que faltaba. Martín Villa decidió llamarle a su casa para averiguar las razones del retraso y oyó, con sorpresa, cómo Adolfo Suárez, sin darle ninguna importancia, le dijo que se le había olvidado; añadió que en ese momento salía para unirse al almuerzo. Cuando media hora después llegó al Ritz, saludó a todos sonriente sin el más leve atisbo de preocupación por el olvido y, con aire ausente, les dijo: «Yo ya he comido». Este extraño comportamiento dejó a todos bastante desconcertados.

Los españoles descubrieron la presencia del mal en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de junio de 1999, cuando acudió a un acto electoral en apoyo de la candidatura de su hijo a la presidencia del Gobierno autónomo de Castilla-La Mancha. Allí, ante las cámaras de televisión, fue incapaz de leer los dos folios que llevaba preparados y, con el gesto sonriente e ingenuo de quien no es consciente de lo que está ocurriendo, apartó los folios y reconoció que se había «perdido» en la lectura. No pudo terminarlos. A partir de ese día empezó a calar entre la gente la idea de que «a Suárez le pasa algo».

Lo visitaban en su casa antiguos compañeros, como Landelino Lavilla, y antiguos adversarios, como Felipe González y Alfonso Guerra, y todos comenzaron a percibir en su conversación los estragos del mal. Sus mejores amigos, María José y Fernando Alcón, que durante decenios le vieron casi a diario, fueron testigos impotentes del deterioro que, ambos recuerdan, comenzó a mostrar sus primeros síntomas en 1998 y 1999. También lo fueron sus hijos, sus nietos mayores y sus hermanos. En ocasiones, hacía llamadas telefónicas a alguno de ellos y tras las primeras palabras le confesaba que se le había olvidado el motivo por el que la había hecho; o repetía cinco o seis veces la llamada a la misma persona en un espacio muy corto de tiempo para hablarle del mismo asunto. Esos olvidos comenzaron a ser también frecuentes en su trato con los más cercanos, a quienes formulaba la misma pregunta de forma reiterada e insistente como si no hubiera oído la respuesta que le acababan de dar. Una vez mandó llamar a Andrés Casinello a su despacho para que le explicara un asunto de actualidad relacionado con su especialidad profesional, y cuando el general comenzó su explicación le pidió que hablara despacio para poder ir escribiendo lo que le contaba «porque se me olvida muy pronto todo lo que escucho».

Cuando la enfermedad avanzó, las personas que le atendían se quejaban de que, en ocasiones, se negaba a tomar la medicación. Se opuso a ingresar en un centro neurológico especializado en el que se pudiera conseguir un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Su hermano Hipólito propuso el de su amigo el catedrático de psiquiatría José Guimón en Suiza, que fue rechazado. El doctor Carlos Revilla hacía un seguimiento casi diario de su estado general, pero el mal de fondo siguió avanzando implacable. El primer estrago lo hizo en la mirada, que pasó de ser viva y penetrante a convertirse en plana y vacía. Luego se fue apoderando de todo su cuerpo. No reconoció a los reyes cuando don Juan Carlos fue a su casa a entregarle el collar de la Orden del Toisón de Oro, aunque cuando el rey le puso el brazo sobre el hombro, lo aceptó sin la menor muestra de desagrado, algo que sorprendió a quienes convivían con él, porque el rechazo a que le tocaran era inmediato y áspero.

Nunca hubo un diagnóstico médico preciso. Aunque se habló del mal de Alzheimer, no hubo una prueba médica que lo confirmara. Hay quienes piensan que fueron muchos microinfartos cerebrales, casi masivos, pero no deja de ser una especulación. El doctor Remesal, amigo íntimo de la familia, dijo que Adolfo Suárez era el primer presidente del Gobierno español que iba a morir sin diagnóstico.

En los primeros tiempos fue precisa la ayuda permanente de un enfermero, pero pasados unos años se necesitaron dos, dado el estado de postración en que cayó. Poco a poco fueron desapareciendo quienes le habían acompañado en su casa durante treinta años. José Higueras se jubiló; falleció María Elena, que siempre se ocupó de los cinco hijos del matrimonio Suárez y a la que cariñosamente llamaban Tita. Más tarde también murió Inocencio Fernández Amores, que hasta el último momento estuvo al frente de su secretaría de expresidente del Gobierno.

Cuando el 23 de marzo de 2014 Adolfo Suárez falleció, hacía casi quince años que su cerebro se había hundido en una sima en la que no existe la vida.

Notas

1   El Alcázar, 6-VIII-1980.

2   El Alcázar, 12-VIII-1980.

3   El Alcázar, 28-IX-1980.

4   El Alcázar, 30-IX-1980.

5   El Alcázar, 30-IX-1980.

6   El Alcázar, 5-X-1980.

7   El Alcázar, 22-XI-1980.

8   El Alcázar, 28-XI-1980. La conquista del Estado fue un semanario de ideología nacionalsindicalista fundado por Ramiro Ledesma Ramos en 1931.

9   El Alcázar, 28-VI-1980.

10   El Alcázar, 17-VI-1980.

11   El Alcázar, 1-VII-1980.

12   El Alcázar, 8-VII-1980.

13   El Alcázar, 3-VIII-1980.

14   El Alcázar, 23-VIII-1980.

15   El Alcázar, 1-X-1980.

16   El Alcázar, 28-XI-1980.

17   El Alcázar, 4-I-1981.

18   El Alcázar, 11-I-1981.

19   El Alcázar, 21-I-1981.

20   El Alcázar, 6-VII-1980.

21   El Alcázar, 19-VI-1980.

22   El Alcázar, 19-VII-1980.

23   El Alcázar, 6-VIII-1980.

24   El Alcázar, 22-V-1980.

25   El Alcázar, 27-VII-1980.

26   El Alcázar, 25-IX-1980.

27   El Alcázar, 21-IX-1980.

28   El Alcázar, 30-IX-1980.

29   El Alcázar, 5-X-1980.

30   El Alcázar, 19-XI-1980.

31   El Alcázar, 22-XI-1989.

32   El Alcázar, 28-XI-1980.

33   El Alcázar, 18-XI-1980.

34   El Alcázar, 12-VIII-1980.

35   El Alcázar, 17-VII-1980.

36   El Alcázar, 3-VI-1980.

37   El Alcázar, 22-VI-1980.

38   El Alcázar, 1-VII-1980.

39   El Alcázar, 28-VI-1980.

40   El Alcázar, 16-VII-1980.

41   El Alcázar, 29-VI-1980.

42   El Alcázar, 28-IX-1980.

43   El Alcázar, 16-IX-1980.

44   El Alcázar, 2-XII-1980.

45   El Alcázar, 13-VII-1980.

46   El Alcázar, 7-VIII-1980.

47   El Alcázar, 11-IX-1980.

48   El Alcázar, 19-XI-1980.

49   El Alcázar, 4-X-1980.

50   El Alcázar, 12-XI-1980.

51   J. M. Ortí Bordás en el El Imparcial, 14-V-1980.

52   Ignacio Sotelo en El Imparcial, 19-V-1980.

53   Miguel Roca en la Hoja del Lunes de Barcelona, el 27-V-1980.

54   Diario 16, 26-V-1980.

55   Diario 16, 13-V-1980.

56   Diario 16, 6-VIII-1980.

57   Diario 16, Alfonso Guerra, 22-IX-1980 y en El Alcázar, 6-VI-1980.

58   Diario 16, 10-XI-1980.

59   Diario 16, Luis Solana, 13-XI-1980.

60   Diario 16, 1-XI-1980.

61   J. González Muñiz en Ya, 22-V-1980.

62   ABC, 28-X-1980.

63   ABC, 21-V-1980.

64   ABC, 28-V-1980.

65   ABC, 5-VI-1980.

66   ABC, 19-X-1980.

67   ABC, 8-X-1980 y 3-I-1981.

68   El Imparcial, 4-VII-1980 y 23-XI-1980.

69   El Imparcial, 8-VIII-1980.

70   El Imparcial, 23-X-1980 y 21-XI-1980; ABC, 28-X-1980.

71   El Alcázar, 3-X-1980.

72   El Imparcial, 1-XI-1980.

73   El Imparcial, 8-XI-1980.

74   El Imparcial, 11-XI-1980.

75   El Imparcial, 18-XI-1980.

76   El Imparcial, 8-XI-1980.

77   ABC, 2-V-1980.

78   ABC, 6-V-1980.

79   ABC, 28-VI-1980

80   Landelino Lavilla en el Club Siglo XXI el 16-V-1980.

81   Declaraciones a Radio Nacional de España el 16-VII-1980.

82   El País, 2-V-1980.

83   El País, 22-V-1980.

84   El País, 3-V-1980.

85   Sur, de Málaga, 23-V-1980.

86   Ya, 1-VIII-1980.

87   Antonio de Senillosa era diputado de Coalición Democrática, presidida por Fraga, en la Hoja del Lunes de Barcelona, 19-VIII-1980.

88   Declaraciones a la agencia Europa Press, 28-V-1980.

89   El Imparcial, 3-V-1980.

90   Diario 16, 20-X-1980.

91   Diario 16, 20-X-1980.

92   ABC, 15-X-1980.

93   Hoja del Lunes de Madrid, 9-XII-1980.

94   ABC, 18-I-1981.

95   ABC, 12-VI-1980.

96   ABC, 18-XII-1980.

97   Cándido en ABC, 21-XII-1980.

98   Cándido en ABC, 21-XII-1980.

99   Cándido en ABC, 23-XII-1980.

100   Diario 16, 5-VII-1980.

101   Diario 16, 22-XII-1980.

102   Diario 16, 26-XII-1980.

103   Diario 16, 23-I-1981.

104   ABC, 11-V-1980.

105   ABC, 13-V-1980.

106   ABC, 25-V-1989.

107   ABC, 13-XII-1980

108   Cándido, en ABC, 21-I-1981.

109   J. Campmany, en ABC, 5-VI-1980.

110   Diario 16, 31-V-1980.

111   Diario 16, 5-V-1980.

112   Diario 16, 2-VII-1980.

113   Diario 16, 27-VIII-1980.

114   ABC, 23-VII-1980.

115   Alfonso Guerra el 27-X-1980 en un mitin en Granada ante dos mil quinientas personas.

116   El País, 10-VIII-1980.

117   El País, 8-XI-1980.

118   Diario 16, 10-IX-1980.

119   «Adolfo Suárez, los años de plomo de la Transición», José Julián Barriga, director general de relaciones informativas de la presidencia del Gobierno, en el XV Curso de Verano de la Asamblea de Extremadura.

120   Diario 16, 30-1-1981.

121   ABC, 30-I-1981.

122   Emilio Romero, en ABC, 30-I-1981.

123   El Alcázar, 30-I-1981.

124   El País, 18-II-1981.

125   Editorial y artículos de José V. Colchero y Luis Blanco Vila en Ya, 30-I-1981.

126   El Alcázar, 3-VII-1980.

127   El Imparcial, 3-V-1980.

128   Anthony Pagden, La Ilustración, Madrid, 2015, pág. 30.

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Primera edición en libro electrónico (mobi): abril de 2016

ISBN: 978-84-9060-695-7 (mobi)

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