Javier Chicote

SOCIALISTAS DE ÉLITE

Felipe y los felipistas: de Suresnes al club del millón de euros

Primera edición: febrero de 2012

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© Javier Chicote Lerena, 2012

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ISBN: 978-84-9970-361-9

Fotocomposición: IRC

Fotomecánica: Unidad Editorial

Imposición y filmación: Preimpresión 2000

Impresión: Huertas

Encuadernación: Huertas

Impreso en España-Printed in Spain

Índice

Agradecimientos

Introducción

I. Felipe

II. Grandes asesores y cargos empresariales

III. Empresarios y lobbistas

IV. Profesores y «filántropos»

V. Jubilados

Epílogo

Anexo I. Mapa de la «empresa socialista»

Anexo II. Ingresos anuales y empresas para las que trabajan o poseen Felipe y los felipistas

Anexo III. Fotografías

A Mar. Sobran las palabras, sobran los motivos.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi gratitud a La Esfera de los Libros, que apuesta por obras como esta y por jóvenes periodistas que se intentan ganar la vida en una disciplina tan apasionante como es el periodismo de investigación, particularmente a Ymelda Navajo y María Borràs. Doy las gracias a los responsables del diario El Confidencial, José Antonio Sánchez, Nacho Cardero y Alberto Pérez por dos motivos. Primero, por la flexibilidad que han mostrado conmigo en los momentos en los que el libro me quitaba más tiempo del debido. Segundo, y más importante, por dirigir un medio de verdad libre e independiente como no conozco otro. Hago extensivo el agradecimiento a la excelente plantilla de este periódico, de la que todos los días se puede aprender algo nuevo, y a sus cientos de miles de lectores.

También quiero acordarme de los compañeros veteranos que siempre están ahí para echar una mano, como Melchor Miralles, Manuel Cerdán, Daniel Montero y Juanjo Fernández, con el que tanto disfruté trabajando para Interviú y tanto disfruto en esas esporádicas comidas-tertulia junto a la redacción.

Gracias a la Universidad Camilo José Cela y al Instituto Tracor, que año tras año siguen confiándome quizá la tarea más bonita del mundo, enseñar.

En lo más personal, un inmenso agradecimiento para mi familia, sobre todo para esa gran madre que tengo. Y para ti, Mar, que eres la que ha «sufrido» el libro.

Introducción

Nacieron en los años cuarenta del pasado siglo, se formaron con brillantez fuera de la política, ejercieron una profesión, militaron en la clandestinidad y alcanzaron el poder entre 1982 y 1996. Hoy, «alejados» de la cosa pública, forman parte del establishment económico de este país al más alto nivel, con contadas excepciones. Algunos de los exministros de Felipe González ganan más de un millón de euros al año. Él, el «jefe», puede superar los quinientos mil. Son Felipe y sus hombres. En sus capacidades, en sus carreras, en sus influencias y en la mezcla de lo público y lo privado subyace la receta del éxito económico y social de una generación clave en la historia de España. Desde que dejaron la política —o les echaron, según los casos— cambiaron el poder político por el poder económico: unos copan los Consejos de Administración de las principales empresas del país; otros se han atrevido con sus propias compañías y se han labrado una floreciente carrera empresarial. No faltan los que están en ambas categorías, como tampoco los que se sitúan al frente de grupos de presión con intereses en las que fueron sus áreas de competencia durante su etapa política. Incluso alguno ha creado su propio lobby al servicio de las principales empresas del país. Sus nombres aparecen diseminados por todos los sectores económicos habidos y por haber.

Hace ya mucho que Felipe González despeñó a Karl Marx por un barranco y el Partido Socialista Obrero Español abrazó a la socialdemocracia europea. Entendieron que nuestro sistema se basa en el capitalismo, lo potenciaron y ahora la inmensa mayoría de ellos está dentro del gran capital, mucho más cerca de la banca que de las bases del partido que les llevaron al poder. Están cómodos en la economía de mercado y no comprenden los complejos que algunos miembros de la izquierda siguen mostrando hacia el dinero y la empresa. Dicen que se puede ser socialdemócrata, alentar el capitalismo, apoyar a la gran empresa y apostar por una redistribución de la riqueza más justa que la que propugna la derecha. Pese a ello parece que siempre cargarán con el lastre de la etiqueta «socialista» en un expolítico que sólo por acudir a diez reuniones de un Consejo de Administración cobra hasta 200.000 euros. Amplios sectores de la ciudadanía lo reprueban. El puño y la rosa contra el caviar y las propiedades inmobiliarias en las mejores zonas de Madrid. Socialistas y ricos, ricos y socialistas. Una mezcolanza muy extendida, una evolución desde la clandestinidad política hasta lo más alto del mundo de las finanzas. El título original del libro Cabeza de turco, del periodista Günter Wallraff y dedicado a los inmigrantes turcos que eran utilizados como carnaza por la gran industria alemana, es Granz unten, lo que significa «abajo del todo». El presente libro podría titularse al revés: «arriba del todo».

En las trayectorias políticas de los protagonistas hubo luces y sombras, brillantez y tinieblas, pero para trazar la radiografía de la vida y negocios de esta generación, antes de investigar sus actividades presentes, hay que dar un salto hacia atrás en el tiempo, bucear en los cimientos de «todos los hombres del presidente Felipe» para entender sobre qué reposa su trayectoria de expolíticos y su éxito en los negocios. Por supuesto que también están los que no dieron el salto al mundo de la empresa y a las cantidades de seis cifras. Aparecerán convenientemente reflejados.

Cuando Franco muere, en 1975, los protagonistas de este libro ya estaban en la treintena. No eran unos púberes, pues hacía años que se habían licenciado en sus respectivas universidades y ejercían sus profesiones. La primera vez que tocan el poder en el gobierno es con los cuarenta años cumplidos. Ya habían vivido mucho, incluyendo la militancia en la clandestinidad cuando ser miembro del PSOE no era para nada un negocio, aunque quizá sí una inversión. Ninguno de ellos vivía de la política porque del antifranquismo no se comía, sino que eran profesionales con la vida resuelta que podían haber prescindido de la política sin problema alguno, aunque bien es cierto que hoy, seguramente, no estarían en las cotas en las que se encuentran. Todos tenían una historia previa a la política, brillantes currículos académicos, doctorados y estudios en algunas de las más prestigiosas universidades nacionales y extranjeras. Eran economistas, abogados, profesores, funcionarios o ingenieros y sabían ganarse la vida sin la necesidad de tumbarse a la sombra de un partido. Por poner un ejemplo, uno de los exministros de Felipe González que ha desarrollado una carrera empresarial más importante desde su salida del gobierno es Javier Gómez-Navarro. Ingeniero químico, antes de asumir cargos públicos a mediados de la década de 1980, había trabajado en una empresa petroquímica, había dirigido un departamento de consultoría, fue gerente en la Fundación Ortega y Gasset, fundador de Fitur y presidente de Viajes Marsans. Si a este currículo le sumamos el cargo de ministro de Comercio y Turismo, nos encontramos con una vida de exministro marcada por un éxito empresarial enorme. Gómez-Navarro es uno de los protagonistas de esta generación que hoy en día está en lo que podríamos definir el «selecto club del millón de euros», los expolíticos que han alcanzado esa cifra de ingresos anuales, como Carlos Solchaga o Narcís Serra. Un rentable cóctel de prestigio y capacidades profesionales mezclado con las influencias de un ministerio. Quien ha ostentado esas responsabilidades políticas está en condiciones de hacer grandes negocios tras su paso por la política, muchas veces por la simple razón de que todo el mundo se le pone al teléfono. El gran empresario inaccesible sí atiende al señor que un día tuvo una cartera en sus manos, máxime si en la etapa del político mantuvieron alguna relación por los intereses de sus empresas en el sector público o por pertenecer ambos, político y empresario, a la cúspide de la pirámide socioeconómica.

No está clara la paternidad de una atractiva idea que aboga por que quienes entren en política tengan que haber cotizado cinco años a la Seguridad Social fuera de los partidos. La pronunció el exministro Javier Sáenz de Cosculluela, aunque también se atribuye al ministro y vicepresidente en los gobiernos de la UCD, Rodolfo Martín Villa. Con esto se persiguen fundamentalmente dos objetivos. Uno, que el político sea un profesional que conozca el mundo, la calle, que tenga una idea de la realidad merced a una experiencia que va más allá del sillón del Congreso de los Diputados. Y dos, que haya demostrado que sabe ganarse la vida fuera de la política, que no sea un advenedizo que entra en un partido para vivir de él toda la vida y que pueda permitirse dejar el poder y regresar a su vida profesional como funcionario, como empresario, como directivo, como profesor... Además, estas características dan libertad de juicio, de opinión y de actuación política porque el político llegado de una profesión es alguien fuera del paraguas del partido y no necesita plegarse sin discrepancia alguna al dictado de quien manda en cada momento. El que no conoce nada más allá de la formación a la que está afiliado, el que no tiene currículo ni capacidades fuera de la «lealtad» hacia quien lo coloca en los puestos públicos, difícilmente aportará a sus tareas de gobierno algo propio, brillante, acorde a unos méritos de los que carece. Se encuentra en una carrera en la que busca continuamente estar bien situado de cara al tribunal que le examina, que es la dirección del partido, lo que provoca que el sujeto carezca de autonomía.

Cuando Ibarra o Leguina entraron en política no sabían que iban a ser presidentes de sus respectivas autonomías porque ni siquiera sabían cuándo o cómo llegaría la democracia. Ahora el PSOE es un partido de gobierno y muchos se suben al tren no por ilusión, sino para trincar poder y colocación. ¿Qué hicieron muchos exministros de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero que no siguieron viviendo del partido? Por ejemplo, buscar colocación en la ONU, como Bibiana Aído, con sueldazo, claro está.

Cada uno de los integrantes de la generación de Felipe González cumple los requisitos de una historia propia independiente de las siglas, desde los que lucen un perfil más intelectual —economistas como Miguel Boyer o un brillante físico como Javier Solana— hasta los que venían de un extracto más humilde, como José Luis Corcuera, trabajador eléctrico en Altos Hornos (y sindicalista). Había un amplio espectro de personajes, la mayor parte proveniente de la pequeña burguesía, que entró en política con un objetivo noble, por decirlo de algún modo. España era una dictadura y ellos abogaban por un sistema democrático. Tenían sus trabajos, por necesidad y por desarrollo profesional, y los combinaban con sus actividades políticas, con las que se habían comprometido por motivos ideológicos. La actitud es totalmente diferente a la de la segunda generación de socialistas que alcanzó el poder, la de José Luis Rodríguez Zapatero. La gente de la que se rodeó el político leonés había entrado en un partido de gobierno, en un partido de poder. La gran diferencia entre ambos grupos es curricular y todos los protagonistas de este libro entrevistados inciden en ella. Solana fue ministro de Asuntos Exteriores, como Trinidad Jiménez, que suspendió dos veces los exámenes de ingreso a la carrera diplomática. Si seguimos enfrentando nombres, en el área de Fomento nos encontramos con Enrique Barón, Cosculluela o Josep Borrell frente a Magdalena Álvarez —colocada por cuota andaluza— o José Blanco. Joaquín Leguina se atreve a decir sin tapujos que los gobiernos de Zapatero han estado llenos de gente «que no ha hecho absolutamente nada fuera de la política». Blanco, el número dos de Zapatero, no pasa de bachiller. De las Juventudes Socialistas en Galicia fue trepando por el partido hasta lo más alto. En una ocasión, una reportera de El Mundo TV, de veintipocos años, fue a pedir trabajo con cámara oculta presentando el currículo ajeno a la política del exministro de Fomento. Los encargados del departamento de recursos humanos le decían: «¿Dónde vas con esto, chica?». Los casos así son numerosos. La biografía oficial que Elena Valenciano, la número dos de Rubalcaba, tiene colgada en su blog comienza así: «Nació el 18 de septiembre de 1960, en Madrid. Tiene estudios en Derecho y Ciencias Políticas y está afiliada desde 1975 a las Juventudes Socialistas de España y desde 1978 al PSOE».¹

Más claro, imposible. La fórmula «tiene estudios en» ha sido muy popular entre la gente de la que se rodeó José Luis Rodríguez Zapatero. Significa que ni eres abogado ni licenciado en Políticas, que no has hecho la carrera, que quizá no aprobaste ni el primer curso. Exagerando es como si en una entrevista de trabajo te preguntan si tienes carné de conducir y respondes «una vez estuve en una autoescuela». Eso sí, que quede bien clarito que estás en el partido desde hace casi cuarenta años (entró en las Juventudes a los quince). Ese parece ser el mérito. Por su parte, Carme Chacón se presentaba como doctora en Derecho, pero ni hizo la tesis ni, por supuesto, la defendió ante el tribunal. Realizó los cursos de doctorado, que es sólo el primer paso para alcanzar el título de doctor. La lista es larga.

Al margen de que sean egresados o no, en un lado del ring tenemos a Leire Pajín, Bibiana Aído, José Blanco, Jesús Caldera, María Antonia Trujillo, Ángeles González-Sinde o el propio Zapatero y, en el otro, a Carlos Solchaga, Jorge Semprún, Javier Solana, Julián García Vargas, José María Maravall o Felipe González. Quizá sería posible elegir a un ministro de Felipe que haya leído él solo más libros que todo un gobierno de Zapatero junto. Unos militaron en un partido por ideología, otros —sin generalizar— para colocarse. Los que nos interesan en este texto ya tienen una edad considerable (entre sesenta y cinco y setenta años) y se mueven más despacio que en otras épocas. Pero esa lentitud, el cambio de ritmo, les ha dado agudeza. Lo demuestran quienes aceptaron la petición de entrevista del autor.²

No todos los hombres (y mujeres) de Zapatero fueron de un perfil tan bajo. Tiró de un economista brillante como Jordi Sevilla, pero se lo cargó pese a que este intentó «enseñarle economía en dos tardes». Los grandes empresarios le obligaron a poner al frente de su primer Ministerio de Economía a Pedro Solbes, que venía de la anterior generación, y también terminó fuera. Y al final quien sucedió a Zapatero como candidato del PSOE fue otro de los pocos supervivientes del felipismo, Alfredo Pérez Rubalcaba. El padre relevando al hijo. Una carambola en las primarias, los atentados del 11-M y la pésima gestión que hizo de ellos el gobierno de Aznar llevaron a La Moncloa a un hombre que terminó desbordado por la situación. El periodista Raúl del Pozo escribió en un artículo que Zapatero, de no haber alcanzado el poder de rebote, sería un buen «director de la Renault de León», dicho esto con todos los respetos al director de provincia de una marca de automóviles. El segundo presidente socialista de la democracia optó por rodearse de gente leal,³ que no le hiciera sombra, y tiró por la borda el criterio de meritocracia: elegir a los mejores, a los más brillantes. Felipe González, con todos los defectos de sus catorce años en el poder, sí siguió esa máxima. La generación precedente critica a Zapatero por no haberlo hecho, por decretar ministros al grito de «los jóvenes y las mujeres primero». Corcuera o Rodríguez Ibarra no comprenden por qué se prescindió por completo de las mentes más maduras del PSOE. El extremeño lo explica así: «La política es el único sitio donde se pretende jubilar a la gente porque tiene algo de experiencia y de conocimiento acreditado. En cualquier otra actividad de la vida no es así. En el periodismo, la banca, en la Iglesia… No conozco a ningún papa joven, ni siquiera a un obispo».⁴ Para el exministro del Interior, «hemos jubilado a unas cuantas generaciones de políticos de primera división y los hemos jubilado cuando en otros sitios empiezan a hacer política, y lo hemos hecho porque este cambio generacional se supone que nos traía virtudes. En general, en todos los partidos, ese relevo ha sido fallido».

Por otro lado, Felipe esperaba de todos sus ministros que se ocuparan de forma seria y profesional del departamento que les encargaba; luego venía el que hicieran política conjuntamente dentro del gobierno. Controla bien tu ministerio y gobierna de acuerdo a una línea ideológica. Pero para todos, para los que te votan y para los que no.

Un dato que no debe pasar desapercibido y que atenúa las críticas a la generación de Zapatero es que quienes llegaron al poder a partir de 1982 estaban subiendo «como un alpinista que le emociona coronar un ocho mil», ejemplifica Juan Carlos Rodríguez Ibarra, mientras que la segunda hornada estaba bajando, sin la ilusión de quien está haciendo algo tan emocionante como conquistar la democracia, instaurar las pensiones, la sanidad universal o el sistema educativo. La cima que perseguían Felipe y los felipistas era la libertad. Quienes les sucedieron no han luchado por nada comparable, pese a todos los retos que se afrontan a diario. Quizá por ello son mayoría entre la parroquia socialista los que cuando se cruzan con los líderes surgidos de la transición les dicen: «Vosotros erais mucho mejores que estos». En este choque de generaciones Zapatero apenas tiró de la experiencia de sus predecesores, la mayoría de ellos dispuestos a echar una mano y más de uno a aceptar una cartera de ministro. Sólo al final encargó algunos asesoramientos a Boyer y Solana. Y para uno que recupera, al margen de los citados Rubalcaba y Solbes, es Manuel Chaves. Vaya ojo. Cierto es también que varios miembros de la primera generación fueron enormemente críticos con la segunda y zurraron sin piedad públicamente al quinto presidente de la democracia. Los que ofrecen su testimonio en este libro coinciden en que les gusta el Zapatero de la última etapa, el que acometió las duras reformas económicas para luchar contra la crisis económica internacional basadas en recetas neoliberales.

Con esta perspectiva de los cimientos de los protagonistas de este libro y sus diferencias con la siguiente generación nos situamos de nuevo en 1982. Nuestro sistema democrático aún estaba en pañales tras los céleres gobiernos de la UCD. Un mismo hombre, Felipe González, representante de un mismo partido, el PSOE, se encargó de gobernar España hasta 1996. Es decir, la casa estaba por hacer y la hicieron ellos, los que serán desnudados en los siguientes capítulos. Ellos alicataron las paredes, pintaron las habitaciones y pusieron los techos (algún saco de cemento se desvió por el camino). El hecho de haber sentado las estructuras de este país los hizo muy valiosos como expolíticos. Hicieron las carreteras, las líneas de ferrocarril, legislaron para la industria, el comercio, la banca… Crearon un país nuevo y ahora en el sector privado se los rifan, no les faltan ofertas. «Ponga un expolítico en su Consejo de Administración», parece ser el lema de muchas grandes corporaciones que pagan por influencias, por asesoramiento, por valía, por el siempre cotizado trabajo de «abrelatas». También por aquel favor debido, aquella privatización, aquel enorme contrato adjudicado.

Hoy son distintos a como eran antes de su entrada en política. Han pasado de la clandestinidad al establishment. Los gobernantes franquistas, los de la UCD y los del PP, la derecha en general, democrática o no, ya formaban parte de las élites económicas. Los socialistas, aunque no eran para nada unos descastados ni líderes revolucionarios que pasaran hambre en su juventud, no formaban parte de lo más alto de la pirámide, pero pronto la conquistaron. Ocuparon con gusto el sillón de la derecha, habitaron las mismas mansiones, cenaron en los mismos restaurantes y más de uno hasta se acostó con las mismas mujeres. Los nuevos gobernantes, quienes ahora despachaban con empresarios y banqueros, se habían formado en los principios socialistas. Fueron los años de la beautiful people, la «izquierda» que ocupaba el lugar de la derecha.

El poder político conquistado se termina en 1996. Es el momento de preguntarse qué hace un presidente o un ministro en paro. De momento, cobrar la mayor parte del sueldo para cubrir los dos años de incompatibilidad en los sectores privados en los que has tenido responsabilidad pública. Luego, y hasta hoy, la vida y negocios de la generación de Felipe González se puede agrupar en cinco bloques. Antes que nada ha de quedar claro que para este libro se ha investigado a los expolíticos. Es decir, no entra en este espectro Alfonso Guerra, José Bono o cualquier otro coetáneo de Felipe que siga en activo en la política. Una vez centrados en los que se han ido, los clasificamos de este modo:

1. Felipe González.

2. Grandes asesores y cargos empresariales.

3. Empresarios y lobbistas.

4. Profesores y «filántropos».

5. Jubilados.

El expresidente del Gobierno es el único personaje que tiene un bloque propio. Es así por dos motivos. El primero y más obvio es por su trascendencia, por lo alargado de su figura en círculos políticos, sociales y económicos, por haber sido el líder indiscutible de esta generación, el jefe y un hombre más que clave en la historia de España de finales del siglo XX, una de sus piedras angulares, y que hoy sigue plenamente vivo. Se le escucha, se le sigue y mantiene un gran interés para los medios de comunicación y para quienes los consumen. La segunda razón es que su trayectoria de expolítico es transversal en los bloques en los que se ha estructurado este libro-reportaje. Asesora a una gran empresa (Gas Natural), como esos grandes asesores; es empresario (propietario de Ialcon Consultoría y accionista de referencia de Tagua Capital) y lobbista (ha actuado como «abrelatas» en temas de índole económica y política), como los empresarios y lobbistas; y también registra actividades filantrópicas, al menos tareas para instituciones públicas de las que no percibe remuneración directa (Comité de Sabios de la UE o los actos de la conmemoración del bicentenario de la independencia de América Latina). Sólo le falta estar jubilado, para lo que ya cumplió la edad. No cobra pensión, pero sí la asignación para gastos como expresidente del Gobierno.

Felipe González ha cambiado mucho, ha evolucionado desde la célebre foto del Clan de la Tortilla hasta el estadista internacional al que todos los multimillonarios quieren sentar a su mesa. De Isidoro, su seudónimo en los años de la clandestinidad y la chaqueta de pana, hasta las conferencias a más de 80.000 euros (en ese entorno se mueve, no en las cifras inferiores que se han publicado, aunque muchas charlas no las cobra) hay una gran evolución que, quizá, como dice Julio Anguita para este libro, «es un proceso de evolución que era tal evolución en la medida en que el autor ya estaba dispuesto y preparado para hacerla».⁵ Aunque él diga que vive de alquiler porque «no tengo dinero para comprarme una casa», demostraremos que sí lo tiene. Quizá se refiera a una casa especial, como la de Tánger, donde paró las obras de su mansión, la única propiedad fuera de España que se le ha encontrado al expresidente del Gobierno, pese a los insistentes rumores sobre un enorme patrimonio diseminado por América Latina y Marruecos.⁶ Hablamos, por ejemplo, de las peripecias de Enrique Sarasola, el mismo Sarasola cuyo hijo hoy es socio del yerno de Felipe González, Eric Bergasa, quien está sacando partido de la agenda de su suegro, con el que trabaja en el fondo de capital riesgo que preside González y del que ambos son accionistas de referencia. En la evolución de Felipe ha sido importante la querencia que tiene con los ricos, con los grandes empresarios. Le encanta rodearse de ellos, más que alternar con políticos, porque, según dice a su gente, aprende más de los empresarios porque están en la realidad, en el mundo, mientras los políticos muchas veces se mueven en lo abstracto. Lo cierto es que se puede trazar una buena historia sobre Felipe González con el hilo argumental de los millonarios con los que se ha ido relacionando, desde Cereceda a Carlos Slim pasando por otros como Pedro Trapote, el mencionado Sarasola y alguno menos conocido. Veremos con detalle cuál es la verdadera relación que ha mantenido y mantiene con los hombres del capital. Desmontaremos algunos mitos, como lo que obtiene y lo que no de Slim, o cuál es el verdadero tamaño del piso de Velázquez que habita y cuánto paga de alquiler, al mismo casero, por cierto, de la sede de su empresa de capital riesgo. Algunas escenas que se relatan en este libro eran impensables hace unos años por lo variopinto de los personajes, como las populares señoras a las que ha cocinado pescado el expresidente. En otro orden veremos las misiones secretas internacionales que ha protagonizado Felipe González y que han pasado totalmente desapercibidas para la opinión pública. La más importante, nada más y nada menos que mediar en la guerra de Libia con el beneplácito de Barack Obama.

Los Consejos de Administración

En un acto electoral el 14 de mayo de 2011 en Gijón, Cayo Lara, coordinador de Izquierda Unida, se despachó a gusto contra Felipe González, José María Aznar, Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana y Miguel Boyer, de quienes dijo que «son la izquierda y la derecha, pero cobran honorarios millonarios en los Consejos de Administración de las empresas que ellos mismos han privatizado». Formar parte del Consejo de Administración de una gran compañía es la actividad por excelencia de los expolíticos de uno u otro signo. Están englobados en el bloque sobre los grandes asesores y cargos. Para el interesado es un negocio redondo: mucho sueldo, poco trabajo y apenas ninguna responsabilidad. Por sentarse en el sillón de Telefónica, Repsol o cualquiera de las compañías que aparecerán en este libro, el protagonista percibe entre 80.000 y 200.000 euros anuales. Su labor consiste en acudir a las reuniones del Consejo de Administración, de nueve a once al año (hasta 18.000 euros por día de trabajo) y dar su punto de vista sobre los retos que afronta la empresa. Aconseja en función de su experiencia, donde tiene un peso específico su etapa al frente de un ministerio. Las grandes firmas suelen tirar de expolíticos que hayan ejercido poder en las áreas de interés de la compañía. En algunas ocasiones, aunque no es lo más habitual, el expolítico-consejero realiza gestiones para la compañía fuera de las citas del Consejo. Además, sobre los consejeros no recae la verdadera responsabilidad de la buena o mala marcha de la compañía, que ya tiene un equipo ejecutivo, que está en el día a día, que trabaja por y para la empresa. Alguno de los personajes de este libro forma parte de media docena de Consejos de Administración simultáneamente. Es el retiro dorado de todo buen expolítico. Son muy pocos los que, como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, han rechazado estas ofertas. A Felipe González le costó, pero finalmente entró en el juego.

Formar parte de un único Consejo de Administración supone un sueldo superior al que cobra un ministro o el presidente del Gobierno. Con los recortes salariales derivados de la crisis económica, Miguel Boyer llegó a decir en un desayuno del Fórum Nueva Economía, en junio de 2010, que «si se siguen bajando los salarios o manteniendo los que hay ahora en la alta administración, pronto sólo llegarán los analfabetos a la dirección del gobierno». Esta frase tiene varios puntos de análisis. Primero, ya hemos visto que Zapatero llevó al poder a algún que otro/a que, si bien no sería correcto tildar de iletrado, sí al menos podemos decir que nunca estuvieron entre los primeros de su clase. Por otro lado, lleva razón Boyer al decir que es una miseria cobrar 80.000 euros brutos al año por dirigir un país. Incuestionable. Eso lo gana un profesional cualificado que no se expone a la tensión, el linchamiento y la responsabilidad que asume un presidente del Gobierno o un ministro. Pero hay que matizar. Primero, cuando quieren ser ministros o presidente ya saben cuál es el sueldo y siempre sobran candidatos. Segundo, no es un sueldo, es una inversión. Hoy Luis Atienza, exministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha sido colocado por el gobierno de Zapatero al frente de Red Eléctrica Española (REE), cuyo máximo accionista es la SEPI. Según las cuentas de la empresa a cierre de 2010, cobró 388.000 euros de retribución fija; 301.000 de retribución variable; 66.000 en dietas por asistencia a las reuniones del Consejo; 29.000 por su dedicación a comisiones al margen de la presidencia; y 12.000 en aportaciones al seguro de vida y el plan de pensiones. Total: 796.000, más de diez veces el sueldo del presidente del Gobierno. Este caso es llamativo porque se trata de una empresa con presencia pública en el accionariado, pero son multitud las compañías totalmente privadas que tienen a expolíticos como consejeros por el puesto oficial que ejercieron y las relaciones cultivadas. Es decir, como ministro ganará poco, pero ya se lo cobrará usted después. Hay ocasiones en las que la compañía ha elegido a un exministro socialista porque tenía en perspectiva importantes negociaciones con el gobierno en manos del PSOE. Esto también les ha pesado a la inversa, pero en una proporción muy inferior. Desde luego, dificultades económicas serias poquitas se han encontrado a la hora de investigar a estos expolíticos.

Aunque las cantidades que cobran son enormes para el común de los mortales, apenas suponen algo en las cuentas globales de una empresa cotizada en bolsa. Lo pagan porque les sale rentable tener a sueldo a según quién. Para corporaciones que facturan cientos o incluso miles de millones de euros es pecata minuta pagarle a un tipo 150.000 euros por ir a diez reuniones al año, porque sale un problema en Argelia y ese tipo levanta un teléfono y hace una gestión que vale millones de euros o da un consejo que ahorra muchos disgustos (en el mundo empresarial disgusto significa perder dinero). Porque es quien es, porque tuvo un cargo público de responsabilidad al más alto nivel. Otra cosa es que haya críticas por parte de la prensa o que la ciudadanía se exaspere cuando ve a quienes fueron sus gestores públicos con los billetes manándoles de las orejas gracias a su etapa pública. El mismo derecho tendrán unos a hacerlo que los otros a criticarlo.

Todos los sectores de la economía

Si a los cargos en los Consejos de Administración sumamos las empresas propias que han creado algunos de los protagonistas de este libro (lo veremos en el apartado sobre empresarios y lobbistas) nos encontramos con que esta generación se encuentra en todos los sectores del tejido económico de este país. Uno de los más activos, Carlos Solchaga, tiene intereses directos en banca, energía, automoción, medios de comunicación, nuevas tecnologías, despachos de abogados, relaciones internacionales, educación y cultura. Le va a la zaga, de cerca, Javier Gómez-Navarro que, como Solchaga, es consejero de unas empresas y propietario de otras. Ha acumulado un patrimonio envidiable. En el bloque de los empresarios destacan Antonio Asunción (revelaremos el montante de la operación de venta de las acciones de su industria piscícola al Banco de Valencia, entre otras actividades) y Julián García Valverde, cuyas empresas acumulan unos activos superiores a los 16 millones de euros. Junto a ellos aparecen los lobbistas: por un lado, Solchaga, que ha creado su propia empresa-lobby, y por otro Julián García Vargas y Javier Sáenz de Cosculluela, que están al frente de los grupos de presión de las empresas con intereses en las que fueron sus áreas de gobierno, Defensa y Fomento. Vamos a desentrañar cuáles son las interioridades de estos trabajos.

Entre los pocos que no han sucumbido al mundo de la gran empresa están Joaquín Leguina, incluido en el bloque de los jubilados, aunque «trabaja» en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, un retiro placentero, el mencionado Rodríguez Ibarra, y algunos exministros que continuaron con sus carreras en lo público, como Fernando Ledesma, titular de Justicia entre 1982 y 1988 y actualmente magistrado del Tribunal Supremo. Siguiendo con los jubilados, Barrionuevo nos dará alguna sorpresa con sus negocios en el mundo de la construcción. Con el exministro del Interior y con Rafael Vera será la única vez que echaremos la vista atrás en este libro con el objetivo de arrojar luz sobre algunos pasajes de la historia todavía no resueltos.

El bloque que resta es el de los profesores y «filántropos». Las comillas se refieren a que las actividades filantrópicas o relacionadas con el mundo de la universidad por las que destacan se combinan con otras tareas menos altruistas y muy bien remuneradas, como el asesoramiento a multinacionales por parte de dos ilustres profesores, Javier Solana y Josep Borrell.

Los personajes que han sido investigados para este libro tienen que cumplir dos condiciones: haber ocupado la presidencia del Gobierno o un ministerio entre 1982 y 1996 y no seguir en política. Hay tres excepciones al primer punto, las de los expresidentes autonómicos Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Joaquín Leguina y la del exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera. El motivo, su extraordinaria relevancia informativa.

Por si el autor ha dejado lugar a alguna duda hasta este punto, es el momento de avisar al lector sobre el estilo del libro que tiene entre sus manos. No espere frases del tipo «estos socialistas forrados sinvergüenzas» ni nada por el estilo. Este libro podría haberse titulado Felipe y los felipistas. Así se ha forrado la generación del 82, pero no sería del todo cierto por demasiado generalista, además de partir desde una conclusión. El autor ha optado por un título más académico; deductivo, no inductivo. Vamos a ver qué pasa con esta generación, sin condicionantes previos. Y si alguien se pregunta: «¿Y los otros, qué?», le diremos que los otros también, sean del PP⁷ o de cualquier otro partido político que haya rascado bola en un gobierno. La diferencia es que los de derechas lo hacen con menos complejos que algunos de los exministros del PSOE, ya que su público, su parroquia, es distinto. Pero este libro versa sobre una generación definida, con unas características e historia propias. Tiempo habrá para otros colores políticos. Socialistas de élite es una investigación periodística sin apriorismos ni concesiones, desde el principio de la veracidad. Eso sí, donde haya nepotismo, trato de favor o colocación de amiguetes políticos, el autor sacará el colmillo de watchdog⁸ y lo reflejará sin misericordia. Pero no se trata de criminalizar a nadie, sino de buscar historias, investigarlas y contarlas del mejor modo posible. La esencia del periodismo. Sin mezcolanza de información y opinión, sin intereses de línea editorial, sin sectarismo, sin juicios de valor. Ha de ser usted el que saque sus propias conclusiones: indignación, complacencia, empatía, naturalidad o lo que la mente le dicte. Juzguen ustedes —si quieren— lo que aquí se cuenta.

Madrid, 6 de diciembre de 2011

Notas

1 Fuente: http://elenavalenciano.com/bio/.

2 Pese a tratarse de un libro-reportaje en el que se han investigado las actividades de sus protagonistas, el autor siempre ha intentado reflejar el punto de vista de los afectados en aras de una mayor precisión y también por ética periodística.

3 Zapatero apenas se encontró con discrepancia alguna en los comités federales del partido, mientras que Felipe González, con todo el poder que tenía y con su carisma, se enfrentaba a una contestación de hasta el 20 y el 30 por ciento.

4 Entrevista con el autor.

5 Entrevista con el autor.

6 Algunas informaciones hay que tenerlas en cuenta, pero sólo vale lo que se derive de la teoría de los hechos comprobados.

7 Aznar y alguno de sus ministros aparecerán cuando la narración lleve a ellos inexorablemente, por ejemplo al hablar de las colocaciones en las cajas (Rodrigo Rato en Caja Madrid), pero será una mera mención.

8 Perro vigilante. Es una teoría sobre la tarea de los medios de comunicación, sobre todo de los periodistas de investigación, que han de vigilar a los poderes político y económico.

I. Felipe

El rey Juan Carlos ofreció un título nobiliario a Felipe González cuando el político sevillano abandonó La Moncloa, como ya hiciera con Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo. El mandatario saliente le agradeció la muestra a su amigo el monarca, pero lo rechazó por motivos de «coherencia personal y política». El líder socialista y obrero no se veía con un ducado a sus espaldas. El rey no hizo lo mismo con José María Aznar, con el que ha vivido una enemistad manifiesta, aunque el mandatario de la derecha seguramente sí habría aceptado la oferta de «grandeza». Hoy, el hecho de carecer de título aristocrático es sólo uno de los muchos elementos en común que presenta Felipe González con su odiado Aznar. Ambos asesoran a dos energéticas (Gas Natural y Endesa respectivamente); ambos tienen su propia empresa para canalizar sus actividades (Ialcon Consultoría y Famaztella) entre las que están las conferencias millonarias; ambos se rodean de grandes magnates (Carlos Slim y Rupert Murdoch); ambos cobran la asignación anual de expresidentes; ambos residen en lujosos inmuebles y veranean en yates... En algunas parcelas Felipe hasta supera a Aznar: el del PP asesoraba al fondo de capital riesgo Centaurus Capital, pero el socialista preside su propio fondo, Tagua. En otras, como los ingresos anuales, gana el de la derecha. En fin, pese a la distancia ideológica, Aznar y Felipe, Felipe y Aznar, dos caras de la misma moneda, presentan varias similitudes. Pero como este libro versa sobre Felipe y los felipistas, dejaremos al margen al cuarto presidente de la democracia para abordar a su predecesor. Pese a que Felipe González está continuamente en el foco de los medios de comunicación, hay un buen rosario de informaciones desconocidas en un amplio espectro de su día a día, que van desde la verdadera tarifa de sus conferencias hasta las interioridades de sus empresas, pasando por las relaciones internacionales, gestiones para empresas y otros datos referentes a su círculo más cercano.

Felipe S. A. y su «heredero»

Las actividades y asignaciones de Felipe González le reportan una cantidad que ronda los 600.000 euros anuales, en un cálculo conservador. Para ser un «jarrón chino» no le va nada mal. Desde diciembre de 2010 Felipe González es consejero independiente de Gas Natural. Tiene un salario de 126.500 euros que, divididos entre las once reuniones anuales del Consejo de Administración, sale a 11.500 euros por cada una de ellas. Oficialmente la compañía eligió a Felipe González por su proyección internacional, sobre todo en Iberoamérica, aunque no debemos olvidar un hecho del pasado. En 1994 el gobierno presidido por González vendió la distribuidora Enagás a Gas Natural por 63.000 millones de pesetas, poco más de la mitad de su valor contable. Tras la llegada del PP de Aznar al poder, el Ministerio de Economía emitió un informe en la que denunciaba esta operación ruinosa para el Estado en beneficio de una empresa privada, Gas Natural, la que ahora tiene a sueldo al máximo responsable de aquella decisión.

Felipe González había recibido innumerables ofertas de distintas empresas, pero siempre las había rechazado. Una de ellas fue de su amigo Polanco para entrar en el Grupo Santillana. Según las fuentes consultadas el expresidente aceptó la de Gas Natural pensando en sus hijos. Es un hombre que ya está en los setenta, una edad en la que uno ya ha debido pensar en los herederos. Además, en el proceso de separación salió ganando Carmen Romero, como analizaremos. De ahí que no le vinieran nada mal los 126.500 euros de la gasística.

Estos ingresos son totalmente compatibles con la asignación que todos los años el Parlamento otorga a los expresidentes del Gobierno. Para 2011 fue de 238.010 euros a repartir entre Suárez, González y Aznar, algo más de 79.000 euros para cada uno.⁹ Es un poco más de lo que cobra el presidente del Gobierno en activo, 78.185,04 euros. El estatuto de los expresidentes, aprobado en la etapa de González (1983), perseguía que quien ostentara el cargo dispusiera de una cantidad anual para «gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado». Además, el estatuto recoge que:

Se adscribirán a su servicio dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que serán cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación.

Se pondrá a su disposición un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado.

Gozarán de los servicios de seguridad que las autoridades del Ministerio del Interior estimen necesarios.

Disfrutarán de libre pase en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

Con esta base garantizada el expresidente puede hacer lo que le plazca, como asesorar a empresas y/o crearlas propias. Decidió no ingresar en el Consejo de Estado, el órgano consultivo no vinculante —bastante inútil— al que tienen derecho todos los expresidentes del Gobierno. Sus miembros cobran unos 60.000 euros al año, pero tienen el mismo régimen de incompatibilidades que un ministro, por ejemplo. Por ello, de haber entrado, ni Aznar ni Felipe podrían dedicarse a algunas de sus actividades, como los Consejos de Administración de empresas con intereses en lo público.

En cuanto a las empresas propias, González puso en marcha el 24 de julio de 2001 Ialcon Consultoría, que en su objeto social también registra actividades inmobiliarias. Con su hija María como administradora única, Felipe González no ha vuelto a presentar las cuentas en el Registro Mercantil, como marca la ley, desde 2005. Ese año ingresó casi 600.000 euros y declaró unos beneficios de 366.150,33, después de contabilizar unos gastos en la compañía de 230.000 euros, pese a que sólo registraba dos empleados. En un «alarde» de transparencia, máxime tratándose de un expresidente del Gobierno, y confiado en que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas no suele aplicar las sanciones que marca la ley para estos casos (hasta 60.000 euros por ejercicio no presentado), González dejó de entregar los depósitos financieros. A cierre de 2005 los activos de su empresa tenían un valor contable de 1,4 millones de euros. El expresidente constituyó la mercantil con el 78,22 por ciento de las acciones y puso el resto en manos de sus tres hijos (7,26 por ciento para cada uno).

Inmerso en el mundo de la empresa, su siguiente paso fue la puesta en marcha de su sociedad gestora de capital riesgo Tagua Capital, registrada el 6 de mayo de 2011 con un capital social de 300.000 euros. Felipe González preside el Consejo de Administración, mientras que su hombre fuerte y consejero delegado es Santiago de Torres Sanahuja. Son los dos accionistas mayoritarios de la compañía con un 17,5 por ciento del capital cada uno, después de abonar 52.500 euros por cabeza, según las escrituras de constitución de la sociedad. El expresidente es el «abrelatas», el que tira de agenda de contactos para conseguir inversores, como veremos, mientras que Torres, médico de profesión, aúna experiencia política y empresarial. Adjunto al delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, fue nombrado en 1992 subsecretario de Cultura del ministro Jordi Solé Tura, en la etapa de Felipe. El médico catalán preside Eolia Tarraco, filial de Eolia Renovables. El resto del capital se distribuye a partes iguales (un 5 por ciento, 15.000 acciones a un euro) entre otros trece accionistas —empresas y particulares—. Uno de ellos, que también ejerce de consejero de la firma, es José Pemán, experto en banca de inversión y capital riesgo. Fue socio del promotor Luis García Cereceda, gran amigo de Felipe González y al que le dedicaremos unas cuantas líneas de este capítulo.

Tagua Capital también tiene entre sus accionistas a la directora de operaciones de Iberdrola y expresidenta de IBM para España, Grecia y Portugal, Amparo Moraleda, así como a Inforpress, dedicada a la comunicación y las relaciones públicas. El fondo tiene como objetivo la inversión en sectores emergentes y alternativos: ciencias de la salud y de la vida, tecnologías limpias y tecnologías de la información. Es decir, capitalismo bonito. Hacer negocios pero con la cara amable de la economía. El objetivo es conseguir unos 150 millones de euros de los inversores e ir haciendo aportaciones a las empresas seleccionadas no inferiores a 5 millones de euros. La comisión de gestión que Felipe González puede cobrar a quienes le confíen su dinero es, según el mercado, del 1/2 por ciento del total aportado. Luego hay una comisión de éxito que puede rondar el 20 por ciento de la plusvalía que obtenga el cliente gracias a Tagua Capital.¹⁰

Pero hay un socio y consejero de la sociedad de capital de riesgo con el que Felipe tiene un vínculo especial: Eric Bergasa, su yerno. El marido de María González Romero, hijo del exdiputado socialista y exconsejero de Economía y Hacienda del gobierno canario Óscar Bergasa, tiene en su poder un 5 por ciento del capital del fondo, el mismo porcentaje de la masa de accionistas que siguen a Felipe y Santiago de Torres. El joven economista isleño apunta como la persona que ha heredado la rentabilidad empresarial de los contactos políticos y económicos de su suegro (los otros dos hijos de Felipe González, Pablo y David, no se mueven, ni mucho menos, en ámbitos financieros). Es, sin lugar a dudas, el gestor natural de lo que podríamos llamar «Felipe Sociedad Anónima».

El yerno del expresidente, que ha desarrollado su carrera en el ámbito de la consultoría estratégica y análisis de mercados en Latinoamérica, el área de influencia de su suegro, se presenta como «activo inversor y promotor de empresas tecnológicas».¹¹ Decíamos antes que la administradora de la empresa de Felipe González es María, licenciada en Derecho, como su padre, aunque cuenta con el asesoramiento de su marido Eric, el experto en cuentas de la familia. Un año después de la puesta en marcha de Ialcon, Bergasa creó el despacho González y Asociados, del que es administrador único. No figura entre los cargos sociales, pero María González Romero es la socia mayoritaria de la empresa: posee el 50,82 por ciento de las acciones, por el 49,18 por ciento de su esposo.¹² María sigue trabajando mano a mano con su padre en el despacho de Velázquez.

González y Asociados se dedica a la «consultoría y asesoramiento político, jurídico, económico, financiero, fiscal, social y tecnológico a personas e instituciones públicas y privadas». De asesoramiento político algo sabe el padre de su mujer y ella, como hemos visto, es la que tiene el control real del despacho. Esta empresa tampoco deposita las cuentas en el Registro Mercantil. Secretismo total. Sí sabemos que se constituyó con un capital social de 30.500 euros. Sólo ocho meses después, el 18 de diciembre de 2006, Bergasa puso en marcha una nueva sociedad, Itzaya S. L., que comparte sede social con Ialcon, un chalé en Somosaguas (Madrid). En este caso el marido de María González es administrador y socio único. Itzaya también es una consultoría financiera y en sus actividades entra la «distribución y comercialización de obras artísticas», que engloba también libros. Las cuentas de esta empresa son muy significativas y se han triplicado en dos años.

En 2008 facturaba 111.594 euros, y ganaba 80.000. En 2009 la cifra de negocio creció hasta los 266.000 euros, con unos beneficios similares. Un año después, 2010, los ingresos alcanzaron los 325.000 euros, con un beneficio declarado de 167.000 después de impuestos, pese a que la empresa no tiene empleados. Al carecer de personal se supone que los más de 300.000 euros que factura se deben a las gestiones concretas y personales de su administrador único, el yerno de Felipe González.

Pero hay otra empresa, esta «externa» a la familia González, en la que también aparece Eric Bergasa: Room Mate América S. L. Aquí tenemos una noticia nada desdeñable y la prueba de que los contactos de Felipe González los ha heredado su yerno. Room Mate es la cadena hotelera propiedad de Enrique (más conocido como «Quique») Sarasola Marulanda, el hijo del polémico financiero Enrique Sarasola Lerchundi. Es una red de catorce hoteles en Madrid, Barcelona, Salamanca, Málaga, Oviedo, Granada, Miami, Nueva York, Buenos Aires y México D. F.

El yerno de Felipe es consejero de la firma hotelera en representación de su empresa Itzaya, la que ha utilizado para asociarse al hijo de Sarasola desde la puesta en marcha de Room Mate América, en 2007, como una filial del grupo Room Mate Hoteles. Eric Bergasa, a través de su empresa Itzaya S. L., controla una tercera parte del accionariado, mientras que el resto pertenece a la matriz Room Mate S. L., del hijo de Enrique Sarasola.

Quique Sarasola también posee potentes intereses en negocios ecuestres. Sólo en Hipódromos y Caballos S. A. tiene un capital social de 35 millones de euros. Tanto él como su hermano Fernando han sido jinetes de competición al más alto nivel. La gestión de hipódromos fue una de las actividades de Sararola Lerchundi, que llegó a poseer la yeguada más importante de Europa antes de su fallecimiento en noviembre de 2002 a los sesenta y cinco años. La amistad entre Sarasola y Felipe González fue muy estrecha y no exenta de polémica, ya que en infinidad de reportajes y libros se le identificó como el testaferro del presidente del Gobierno. Sarasola estaba casado con María Cecilia Marulanda, heredera de una de las mayores fortunas de Colombia. Su amistad con Felipe González fue fundamental, según infinidad de fuentes,¹³ para lograr que el contrato del siglo del país latinoamericano, la concesión de las obras del Metro de Medellín, fuera a parar a las empresas para las que intercedió. A principios de la década de 1980 el gobierno de Belisario Betancur convocó el concurso, un proyecto criticado por su desproporción para un país como Colombia. Estaban en juego 650 millones de dólares. Se presentaron once empresas y consorcios apoyados por seis países. Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido se volcaron. La pelea por el contrato parecía «más que un concurso para una obra de ingeniería civil, una película de gangsters», según un testigo citado en el reseñado libro que aparece a pie de página. Al final se llevaron el gato al agua, los 650 millones de dólares, una enorme cantidad ahora, estratosférica a principios de los ochenta, las compañías a las que asesoraba Sarasola: Ateinsa, Siemens, Entrecanales y Construcciones y Contratas. Tras las críticas al proceso, el presidente Betancur ordenó una investigación que se saldó con el cese del alto funcionario que dirigió el concurso público.

El empresario guipuzcoano es uno de los primeros millonarios que nos permiten obtener el retrato de la vida y obra de Felipe González fuera de los focos de la política.

De millonario en millonario

La mejor forma de trazar la radiografía del expresidente del Gobierno pasa por desgranar sus relaciones personales con un nutrido grupo de grandes fortunas. Felipe González no es un hombre que se haya propuesto en la vida hacerse multimillonario, pero siempre ha tenido una querencia especial hacia los que sí lo son. Joaquín Leguina traza una atractiva descripción de cómo es y ha sido la relación de Felipe González con el dinero: «A Felipe el dinero no le importa tanto. Le importa una mierda, probablemente. Hombre, no se va a morir de hambre… Lo que sí he observado en él desde siempre es una querencia a admirar o a tratar con una cierta deferencia a los ricos. Yo nunca lo he entendido. Yo tengo amigos muy ricos y les tengo mucho cariño, pero no los trato con más deferencia que a otros que no tienen donde caerse muertos. Siempre me ha extrañado eso, pero estoy convencido de que mantiene una relación muy sana con el dinero».

Da un paso más allá otro político de la generación de Felipe, aunque de otro partido, Iñaki Anasagasti. El destacado senador del PNV sostiene lo siguiente: «Lo que más me ha llamado la atención de Felipe González es que ha hecho de la realpolitik algo grosero. No hace concesión a nada quijotesco, humanitario, de solidaridad con las causas perdidas. Yo siempre lo veo con los ricos. Cuando el PSOE abandonó el marxismo lo hizo para siempre y él se quitó la chaqueta de pana y la cambió por la del traje. Echo en falta ese discurso ético, socialista. También su relación con el rey llama la atención. Hoy la monarquía funciona por el PSOE y por el Grupo PRISA. Por otro lado, no quiso asumir la presidencia del Consejo de Europa. ¿Por qué? ¿Tenía que trabajar? Si eres un político de raza, lo aceptas. Ha optado por lo más cómodo, estar pero sin ataduras. Tiene que elegir entre ser lobbista y ser expresidente. Con la asignación, el despacho, las dos secretarias ya te llega, pero Felipe hoy es un lobbista y eso me choca mucho en una persona socialista y que no haya críticas».¹⁴

Un antiguo colaborador de Felipe González, con el que sigue viéndose puntualmente, encuentra una explicación políticamente correcta al atractivo que siente el político hacia los empresarios, mayor que el que le despiertan los políticos. El motivo es que los primeros viven en la realidad y los segundos no; los políticos se pierden en el debate del día siguiente, mientras que los empresarios tienen que tener los pies en el suelo y estudiar la evolución del mundo para salvaguardar los intereses de sus compañías. Por eso Felipe aprende más de los dueños del capital que de los que se dedican a la que ha sido su propia profesión.

Al margen de cuestiones casi filosóficas, hay un hecho incuestionable: a lo largo de los años el líder socialista ha cautivado una cohorte de magnates encantados de invitarle a vivir como uno de ellos. Felipe maneja importantes cantidades de dinero, no estratosféricas pero sí relevantes, como decíamos en la introducción, aunque muchas veces ni siquiera las necesita. Siempre hay alguien que lo pone por él. Veamos ese recorrido por la senda del gran capital que nos permitirá trazar también una buena parte de las actividades del expresidente.

Ya hemos hablado de uno de los miembros de la lista de «los millonarios de Felipe», Enrique Sarasola, que volverá a aparecer colateralmente. Vamos a por el siguiente. El nexo de unión entre Felipe González y su actual pareja, Mar García Vaquero, fue el potentado empresario Luis García Cereceda, el famoso y esquivo constructor (apenas se han publicado fotos suyas) que comenzó a labrar su imperio en los años setenta del pasado siglo. Supo rodearse de hombres influyentes y trabó una gran amistad con Felipe González. En los ochenta fue uno de los promotores más destacados del boom inmobiliario de Madrid bajo el sello de su grupo, bautizado con el acrónimo de su nombre y apellidos, Lugarce, la sociedad madre de cada una de las promotoras que utilizaba para sus operaciones urbanísticas. De esos años datan algunas de sus promociones más significativas en el centro de Madrid, en calles de la solera de Serrano, Claudio Coello, Juan Bravo o Princesa. En 1987 el precio de un solo metro cuadrado en algunos de sus mejores locales, oficinas y espectaculares viviendas alcanzaba las 600.000 pesetas (3.600 euros), una cantidad que quitaba el hipo en esos años. Pero Cereceda ha pasado a la historia del ladrillo más elitista por una obra fuera del centro de Madrid, concretamente en Pozuelo de Alarcón, que pasa por ser el municipio de mayor renta per cápita de España. Estamos hablando de la urbanización La Finca, una de las más lujosas y seguras de Europa. Allí tienen casa futbolistas como Cristiano Ronaldo o Raúl, entre un rosario de potentados, empresarios, artistas y políticos (como Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid). Hasta Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, tiene allí su residencia, mucho más cómoda que los módulos de la prisión de Soto del Real. Algunas de las mansiones alcanzan los 10 millones de euros. Muchos de sus potentados vecinos compraban la parcela y encargaban la construcción al televisivo Joaquín Torres, conocido como el «arquitecto de los famosos». Cereceda fue un visionario de la élite que se adelantó a su tiempo. Tras su fallecimiento, en junio de 2010 a los setenta y dos años, su grupo constructor, que ya había pasado a denominarse Procisa, le sobrevive.

Cereceda también era el dueño de uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, Zalacaín (una estrella Michelín), donde han movido los bigotes desde los reyes Juan Carlos y Sofía —es uno de los locales preferidos de nuestro hedonista monarca— hasta una gran representación de ministros, dignatarios extranjeros, varios premios Nobel y lo más granado de la élite empresarial española e internacional. Fundado en 1973 en la calle de Álvarez de Baena por Jesús Oyarbide y su esposa Consuelo Apalategui y bautizado Zalacaín por el entusiasmo del propietario hacia Pío Baroja, en sus salones se come sobre una vajilla diseñada en exclusiva por la firma Villeroy & Boch y con cubertería de Plata Meneses. El menú ronda los cien euros y cada plato a la carta no baja de treinta o cuarenta euros.

En 2003, ya en manos de Cereceda, el promotor abrió una sucursal en Pozuelo, dentro de su faraónica La Finca, para grandes eventos. Bajo el nombre In Zalacaín, allí se celebró el convite de la boda de María González Romero con Eric Bergasa. La factura del ágape fue el regalo nupcial de Cereceda a la hija y al yerno de Felipe González. Generoso con sus amigos.

El promotor estuvo relacionado sentimentalmente con Mar García Vaquero —divorciada y madre de dos hijas en la veintena—, una mujer discreta pero muy bien relacionada. Tras la ruptura, Mar cayó en los brazos del gran amigo de Cereceda, Felipe González. Aunque no sobre el papel, su matrimonio con Carmen Romero estaba roto. La relación saltó a los medios en noviembre de 2008, pero databa de unos cuantos años antes. En muchos círculos se sabía, pero nadie lo llevó a la prensa.

De hecho, en los archivos del diario El Mundo hay una foto de la pareja tomada aproximadamente un año antes de que se hiciera pública la relación. Lo que ocurre es que ni el fotógrafo ni quien pidió la instantánea sabían en ese momento quién era la mujer de pelo rubio que acompañaba al expresidente del Gobierno y a otras personas en el palco del Santiago Bernabéu. Cuando Felipe llegó se fundió en un cariñoso abrazo con Alberto Ruiz-Gallardón —han compartido algún gran amigo, como Jesús Polanco—. La escena la presenció a unos metros de distancia Esperanza Aguirre, que no debió de ver con buenos ojos el cálido saludo PP-PSOE. La presidenta madrileña, refiriéndose a su alcalde, dijo discretamente a su acompañante: «Mira este, qué hijo puta». El caso es que Felipe y Mar se sentaron —no en asientos contiguos, disimulando— para presenciar el partido y, justo detrás, tenían a los periodistas Melchor Miralles y Fernando Quintela. El primero es uno de los informadores que más contribuyó al esclarecimiento de la guerra sucia, mientras que su acompañante es el fotógrafo que consiguió colar una cámara en el Tribunal Supremo e inmortalizar a Felipe González cuando bajaba del estrado después de prestar declaración como testigo en uno de los procesos sobre los GAL. Fue portada a cinco columnas en el periódico de Pedro J. Ramírez el 24 de junio de 1998.

Los periodistas, como Aguirre, tampoco se pudieron aguantar y dijeron: «Esta es la nuestra». Maldades aparte —Melchor pensó: «Cuando marque el Madrid en vez de gol voy a gritar ¡GAL!»—, Miralles llamó al fotógrafo de El Mundo¹⁵ que estaba a pie de campo y, casi susurrando, le dijo que disparara su cámara hacia el palco. Quedaron inmortalizados el expresidente, los dos periodistas y Mar García Vaquero, entre otros ocupantes de esa zona privilegiada de la grada.

No contento con esto, Quintela decidió tomarse una revancha casi diez años después. Tras el éxito de su documento periodístico, para el que fabricó con sus propias manos una cámara sin componentes metálicos para que no pitara en el arco de seguridad, un periodista de otro medio preguntó a Felipe González por la fotografía. El político respondió algo así como «el fotógrafo sólo es un pobre hombre a las órdenes de Pedro J. Ramírez». Terminado el partido, Quintela se acerca a Felipe quien, por supuesto, no ponía cara al reportero gráfico. Se produce un breve diálogo:

—Señor González, ¿me podría sacar una foto con usted?

—Sí, cómo no —contesta amablemente el expresidente del Gobierno.

Quintela se agarra a Felipe y con su móvil dispara una autofoto. Inmediatamente le espeta:

—Soy el pobre hombre que le sacó la foto en el Tribunal Supremo.

González se fue inmediatamente sin decir una sola palabra.

Regresando a La Finca, al nexo entre Felipe y Mar García Vaquero, el expolítico ha pasado muchas horas en la fastuosa urbanización, ya que ahí tiene su taller, en el que trabaja las piedras para sus esculturas.¹⁶ Cereceda le cedió el local, con las dimensiones apropiadas para sus grandes esculturas, como la que tiene el exministro José Barrionuevo en el jardín de su casa de Berja (Almería).

Gracias a las fastuosas fiestas de La Finca, Mar, licenciada en Económicas y empleada de La Caixa desde hace más de veinte años, se relacionaba con lo más granado del capitalismo y también del papel cuché. No en vano una de sus mejores amigas es la modelo Mar Flores. De este modo Felipe González entró en un círculo que ha dado que hablar, ya que se trata de una serie de personajes que, a priori, descuadraban del hombre que labró su imagen con la chaqueta de pana, aunque hoy día luzca una tez morena, casi tono cacao, a la altura de la popular Ana Mato, que parece dormir bajo una lámpara de rayos UVA. Un tostado color burgués que brilla con el contraste de su pelo cano. Soporta su conversión en un personaje de gran interés para la prensa rosa, verse en las revistas. Lo asume, pero no aguanta que eso salpique a sus hijos, que Pablo, David o María sean ocasionalmente perseguidos por los medios, alentados estos por la popularidad de la pareja Felipe-Mar en el ámbito de la información del corazón.

Felipe González estaba, obviamente, más que acostumbrado al trato con el establishment, con las grandes fortunas, con las élites, pero su relación con Mar García le ha introducido en una serie de escenas en las que hasta hace unos años era imposible situar a Isidoro, el socialista. Quizá dos de las más sintomáticas —y desconocidas— tuvieron lugar en las Navidades de 2008-2009.¹⁷ La pareja fue a pasar unos días de asueto a la República Dominicana, país en el que tiene una espectacular residencia el cantante Julio Iglesias, que los invitó a cenar. Con el anfitrión se sentaron a la mesa Felipe y Mar García, el empresario Pedro Trapote y su mujer, Begoña García, hermana de Mar, y Juan José Hidalgo, dueño del grupo Globalia (Air Europa, Halcón Viajes, Travelplan, etc.), que tiene hoteles en el país, y Gelo, su esposa. Es decir, pocos votantes del PSOE se dieron cita esa noche en casa de Julio Iglesias.

En las mismas vacaciones tuvo lugar la segunda escena, en este caso una comida en El Caletón, en el club de playa de otro amigo de Felipe González, Jesús Barderas, en la zona de Punta Cana. A ese ágape asistieron, además de Felipe y su pareja, Mar Flores y su marido, el empresario Javier Merino (imputado en el caso Astapa, la trama inmobiliaria corrupta de Estepona), Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid, acompañado de su esposa, y algún otro matrimonio español. Repitieron escena Trapote y Begoña García Vaquero. En el mismo viaje Felipe y Mar también coincidieron con la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, y su marido, Miguel Barroso, que son dueños de una villa de recreo en la República Dominicana.

Han pasado más de treinta años desde la famosa foto del Clan de la Tortilla. En aquel pinar sevillano estaban los renovadores del socialismo encabezados por Felipe y Alfonso Guerra, entre otros jóvenes políticos como Manuel Chaves, degustando un modesto almuerzo. El número dos de Felipe se erigió en el guardián de la ortodoxia frente a la eclosión de la beautiful people, ordenando a los camaradas que en vacaciones posaran con la señora, el botijo y un pañuelo con cuatro nudos en la cabeza. Hoy los líderes de la socialdemocracia están mucho más inmersos en la gauche caviar —la «izquierda caviar» que nació con los socialistas franceses de alta alcurnia— que en esos orígenes humildes.

Jesús Jonás Barderas siempre tiene a disposición de su invitado Felipe una casa en el país caribeño, gratis total. Este empresario emigró a finales de la década de 1980 a la República Dominicana tras una serie de problemas con la justicia en España que incluso se tradujeron en el embargo de alguna de sus propiedades tras enfrentarse a varios bancos, entre ellos Banesto. Muy bien relacionado con el PSOE, Barderas fue socio y uno de los hombres de confianza del ya mencionado Enrique Sarasola, otro de los empresarios de cabecera del PSOE, que hizo cuantiosas inversiones en la República Dominicana. Una agencia de detectives española que investigó distintas tramas de blanqueo de capitales de origen español en la República Dominicana sitúa al ya fallecido expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, como introductor de Sarasola y Barderas en la isla, con la connivencia de otro político y empresario local, Miguel Vargas Maldonado, exministro y candidato presidencial del PRD. Esta formación, el Partido Revolucionario Dominicano, pertenece, cómo no, a la Internacional Socialista. El también socialdemócrata Pérez era uno de los grandes amigos de Felipe González, quien le dedicó un emotivo obituario en El País el 28 de diciembre de 2010, tres días después de su muerte en Miami, titulado «Homenaje al amigo». Felipe siempre le agradecerá el peso que tuvo en la Internacional Socialista para decantar el apoyo en 1974 hacia él y hacia Alfonso Guerra cuando se disputaban las siglas socialistas con los históricos de Rodolfo Llopis.

El político venezolano fue destituido por la Corte Suprema en 1993 tras una retahíla de acusaciones de corrupción, sobre todo la malversación de 17 millones de dólares, que pesaban sobre sus espaldas. En 1996 fue condenado a más de dos años de arresto domiciliario —debido a su edad— por un delito de «malversación genérica agravada». Ha pasado a la historia como uno de los líderes más carismáticos de Venezuela y también como uno de los más corruptos.

Barderas, anfitrión de Felipe González, tiene intereses en el país de varios cientos de millones de euros. Asociado al empresario de origen árabe Abraham Hazoury, explotaron la concesión de aeropuertos dominicanos y han construido el complejo Cap Cana, un resort de gran lujo que cuenta con varios campos de golf —uno de ellos diseñado por el prestigioso Jack Nicklaus—, hoteles y exclusivas villas con embarcaderos privados, y que sirve de alojamiento a Felipe González por cortesía de uno de los empresarios a los que mayores lazos le unen. A sólo diez minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, Cap Cana ocupa 120 millones de metros cuadrados, actualmente el mayor desarrollo turístico del Caribe. Barderas, asociado a potentes inversores internacionales, maneja una operación de varios miles de millones de euros. Barderas decidió bautizar el complejo como Cap Cana, quizá acordándose de su amigo Carlos Andrés Pérez, al que todo el mundo llamaba «Cap». Otras fuentes van mucho más allá. Barderas también tiene cuantiosos intereses en el paraíso fiscal de Panamá, donde se ahorra un buen puñado de millones de dólares en impuestos.

Ya ha aparecido el nombre de otro de los personajes clave del actual entorno de Felipe González, su «cuñado» Pedro Trapote, uno de los empresarios más prósperos del sector de la hostelería en España. Es el dueño de discotecas míticas de la noche madrileña, como Joy Eslava y Pachá,¹⁸ y de la cadena de chocolaterías San Ginés, de la que ha abierto sucursales incluso en Tokio, al margen de cuantiosas inversiones en el sector de la construcción. Trapote ha trabado con Felipe una gran amistad en los últimos años, pese a que son muy distintos. Existen casi las mismas posibilidades de que el empresario vote al PSOE como de que el político lo haga al PP, entre otras muchas diferencias que, claro está, no tienen por qué hacerlos enemigos. Son dos personajes, o mejor dicho, dos mujeres, a quienes la vida ha sentado juntas en la edad madura. Mar es la segunda y Begoña la pequeña. La mayor de las hermanas, Carmen, está casada con el acaudalado empresario Emilio Caballero, así que las tres han sabido juntarse con hombres de elevado caché. Tienen un hermano varón, Fran.

Mar y Begoña son inseparables, de ahí que ambas parejas compartan momentos con gran asiduidad, como las vacaciones conjuntas a bordo de una goleta por aguas de Turquía en el verano de 2011. Además Trapote es el casero de Felipe y Mar, a los que alquiló un gran piso en el número 16 de la calle de Velázquez,¹⁹ en una de las mejores zonas de Madrid. El expresidente del Gobierno paga, vía transferencia bancaria, una renta de unos 2.500 euros mensuales, un precio mitad mercado, mitad amigo. Según el catastro, la vivienda suma 377 metros cuadrados y le pertenecen otros 57 de zonas comunes en el elegante edificio de 1914. Este es el dato que siempre da la prensa, una y otra vez, cada vez que se publica un reportaje sobre la vida actual de Felipe González. A él se lo llevan los demonios porque, en honor a la verdad, hay que decir que no es cierto. La vivienda tiene una superficie de 230 metros cuadrados, que no está nada mal, pero no son los más de 400 del catastro. El motivo de la confusión es el siguiente: antes de que Trapote comprara el piso el notario con el que comparte pared había adquirido la parte exterior de la casa y la anexó a su oficina. El dueño de Joy Eslava se hizo con el resto. Esa división no consta en la información en línea del catastro, pero sí en el Registro de la Propiedad de Madrid. Pese a los cabreos que se coge el político cada vez que escucha que vive en un piso de más de 400 metros, tampoco 230 en Velázquez 16 son una infravivienda. Felipe también usa el inmueble como despacho de trabajo.

Para algunas reuniones o visitas Felipe utiliza la elegante cafetería del hotel Wellington, que está a sólo unos metros de su casa, en el número 8 de la prestigiosa arteria madrileña. Se trata de uno de los hoteles más lujosos y representativos de Madrid, donde el expresidente del Gobierno se ha dejado ver, por ejemplo, con un pequeño grupo de venezolanos con los que charló sobre asuntos inmobiliarios, según un testigo de la cita. Felipe también acude con cierta asiduidad a uno de los restaurantes de este hotel, el Kabuki Wellington, que tiene fama de servir el mejor sushi de la capital española. Y de cobrarlo, porque allí no se come por menos de cien euros el cubierto.

Hay otro dato desconocido. Cuando Felipe acude a la oficina de su sociedad gestora de Capital Riesgo sólo tiene que subir una planta y entrar en el tercero derecha. Esto se sabe. Lo que no se sabe es que este piso, la sede de Tagua S. A., también es de Trapote. Para ser más precisos, el propietario es la sociedad Inmuebles Velázquez 2006, una firma que depende de otra de las empresas de Trapote, Europea de Explotaciones S. A., y que está administrada por el empresario de la noche. Así pues, tenemos a Pedro Trapote como casero de la vivienda de Felipe y también de su empresa. Este piso sí es completo, de 361 metros más las zonas comunes. El cuñado de Felipe hizo una gran inversión al comprar varios inmuebles a finales de la década de 1990 en una finca tan exclusiva. El tercero izquierda —justo encima de Felipe— también es suyo. Tiene 468 metros cuadrados con varios balcones a la calle que el exitoso empresario utiliza sólo para recibir visitas y para organizar comidas y cenas. Se lo puede permitir, incluido, claro está, el personal de servicio perfectamente uniformado. Su vivienda habitual es otro espectacular inmueble en el distrito de Chamartín.

El empresario califica a Felipe como austero, casi espartano.²⁰ Austero, claro, si lo comparamos con él. De origen humilde, hijo de carpintero, Trapote se ha labrado una enorme fortuna gracias a un gran olfato para los negocios. Un buen amigo suyo asegura que «Trapote se sienta con el rey o con el patriarca de un clan gitano; si hay pasta, le vale». Precisamente en el piso «de recibir» tuvo lugar otra escena variopinta y que el lector seguro no imagina. Felipe González les hizo la cena a tres «reinas del corazón»: Ana Rosa Quintana, Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar. Las tres amigas quedan regularmente con Trapote en el espectacular piso de Velázquez y se ponen al día. En una de estas citas, en octubre de 2010, Felipe González subió de su casa a la de Trapote y preparó la cena: pescado. «Estaba buenísimo», dice una de las personas que lo degustó. No en vano el presidente es un enamorado de los fogones y, según relatan quienes han catado los manjares que prepara, la cocina se le da realmente bien. Obviamente las tres representantes de la prensa rosa (la directora y presentadora del programa que lleva su nombre —AR—, la directora de la revista online Vanitatis y colaboradora de la primera, y la columnista de ABC y contertulia de distintos programas) nunca han publicitado en los medios este encuentro off the record. ¿Se imaginan la escena? Quién lo diría, Felipe sirviéndole el pescado a tres figuras de la llamada prensa del corazón.

La «austeridad» minimalista de Felipe González choca con el estilo de su buen amigo Pedro Trapote. Uno de los salones de la vivienda del empresario, la del pescado, recibe al visitante con dos fotos dedicadas, una del rey Juan Carlos y otra del propio Felipe, con la mano en la barbilla y mueca de tipo interesante. Todo en ese inmueble es suntuoso: columnas y bustos de estilo romano, suelos de mármol impolutos sobre los que se podría comer o mirarse como frente a un espejo. Dos toreros inmortalizados en sendos tapices miran al invitado. En otra de las paredes, un gran mural de motivos mitológicos. En los pocos espacios donde no cuelgan cuadros (Madrazo o el retratista de Borbones Ricardo Macarrón) con marcos rococó color dorado se ve el enmoquetado de las paredes en tonos ocres. En algunas lámparas, querubines sujetan las bombillas. Los muebles son de época, de anticuario, y sostienen jarrones de mírame y no me toques. Las alfombras, persas de lana y seda anudadas a mano, protegen una elegante tarima de madera maciza que recorre cuatro salones. En las estanterías, muchos libros, sobre todo de arte. Las tazas, porcelana fina rematada en oro.

De ahí que para Trapote, un hombre que se bebe el lujo a sorbos tras una vida de lucha y éxito empresarial, Felipe lleva un estilo de «gran austeridad», ya que no se permite unos zapatos de Prada, un jersey de cachemir, de los que son «calentitos y no pesan», o un traje de lana fría de la sastrería italiana Brioni, que pasan por ser los más caros del mundo, los Ferrari del vestir.

El siguiente millonario con el que alterna Felipe González es Amador Suárez, el dueño del Grupo Amasua, una de las principales flotas pesqueras de España. Se trata de una de las amistades del nuevo círculo del expresidente, al que entró gracias a su relación con Mar García Vaquero. Esta lo conectó con Trapote y este con Suárez, ya que ambos fueron directivos del Real Madrid en la etapa de Ramón Calderón. Las empresas armadoras de Suárez tienen base en Argentina, Mozambique y Marruecos. Posee una treintena de barcos factoría, especializados en la recolección de marisco. Seguro que el lector ha comido, sin saberlo, langostino del Grupo Amasua. El próspero empresario no es conocido para el gran público, pero sí es una persona influyente. Es íntimo amigo de David Taguas, exdirector de la Oficina Económica del presidente del Gobierno con Zapatero y ahora presidente de Seopan, la patronal de las grandes constructoras. Se mueve en avión privado.

En su domicilio de la calle de Serrano, una de las arterias más cotizadas de Madrid, que se va a repetir en este libro una y otra vez (sintomático de esta generación de expolíticos), Suárez recibe habitualmente las visitas de sus amigos para, por ejemplo, ver un partido del Real Madrid. Se juntan el empresario pesquero y su mujer, Loli Garmendia, hermana de la exministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia, Felipe González y Mar García y Pedro Trapote con Begoña García. A veces también Vicente Boluda, expresidente del club blanco. El anfitrión y González tienen multitud de temas de los que hablar, ya que los intereses del empresario están en Latinoamérica —el área de mayor influencia del expresidente— y Marruecos, donde Felipe negoció los acuerdos pesqueros para que los barcos españoles faenaran en los caladeros del país magrebí. La sede de estos encuentros es la mejor vivienda de todo el bloque, un dúplex de 706 metros cuadrados. Su precio de mercado, en la calle de Serrano, lo que quieran pedir por él… Cinco millones de euros es una cifra conservadora (unos 7.000 euros el metro en una zona donde se han pagado hasta 12.000).

Una fuente próxima a Amador Suárez, con el que comparte consejo en una empresa, asegura que «pone a parir al gobierno de Zapatero cuando está con nosotros y después se reúne con Felipe González. Estaría bien ver qué les dice a ellos delante de su mujer, la hermana de Garmendia».²¹

Esta finca de la calle de Serrano (obviaremos el número, que es alto y par) tiene una historia per se. Bien podría llamarse «13 Rue del Percebe», dados sus variopintos vecinos. En un local de la planta baja tiene su despacho de abogado el recién citado Ramón Calderón. En la misma planta vive María Ángeles Sanz, la madre del extorero Rafi Camino, de ahí que de vez en cuando haya paparazzi en la puerta, sobre todo cuando se relanza el culebrón de los amoríos de Camino, que ha pasado una temporada residiendo en la vivienda de su madre. Los paparazzi también aprovechan para tomar instantáneas de otra de las vecinas, la actriz María José Cantudo, que vive en el primer piso y es habitual de programas y revistas del corazón (y de las vísceras podríamos decir). En el tercer piso tenemos al periodista Melchor Miralles, que vuelve a cruzarse accidentalmente en los pasos de Felipe González, y a Santiago Aguirre, a la sazón hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En el cuarto piso encontramos al protagonista de este epígrafe, Amador Suárez, y en otra de las viviendas de la misma planta, a Gonzalo Miláns del Bosch, primo del teniente general golpista Jaime Miláns del Bosch —uno de los protagonistas del 23-F— y expresidente de Banif, la sociedad de inversiones del entonces Banco Hispano (ahora Santander) y consejero de Ibercorp, la firma que da nombre a uno de los escándalos financieros de la etapa de Felipe González y uno de los casos más significativos de la cultura del pelotazo.

Insuperable. Tanto que merece la pena volverlos a enumerar por piso y puerta:

Bajo: despacho Ramón Calderón.

Bajo: María Ángeles Sanz, exmujer de Rafa Camino y madre de Rafi.

1.º B: María José Cantudo.

3.º B: Santiago Aguirre, hermano de Esperanza Aguirre.

3.º C: Melchor Miralles.

4.º B: Amador Suárez.

4.º C: Gonzalo Miláns del Bosch.

Algunos fotógrafos que buscaban a la nueva novia de turno de Rafi Camino se volvían locos en la puerta, alucinaban, no daban abasto. Decían, ¿qué pasa en este edificio? El genial Francisco Ibáñez se quedó corto en su mítica serie de historietas gráficas. Salvo que envíen representantes, ¿se imaginan cómo será una reunión de la comunidad de propietarios? Cuando se producen los citados encuentros en la casa de Amador Suárez, varios de ellos para ver los partidos de España en el Mundial de Sudáfrica de 2010, en la puerta se daba cita una importante concentración de guardaespaldas. La escolta más numerosa, la del expresidente del Gobierno, lógicamente.

González alterna el círculo al que ha entrado de la mano de su pareja con el suyo propio, el de sus compañeros de tareas políticas y/o amigos de toda la vida, como Joaquín Vázquez, Rafael Escuredo, Jaime Montaner y Juan Manuel Castillo. Con algunos de ellos solía verse en el club El Cucurucho, de Sotogrande, aunque ahora la casa de la elitista urbanización se la ha quedado Carmen Romero. El nuevo círculo, irremediablemente, ha restringido al viejo. Felipe y su esposa solían quedar a cenar con alguno de sus ministros y las respectivas mujeres. Tras la separación, algunas de estas citas se han cancelado, ya que Carmen Romero, que también se dedica a la política, tenía relación de amistad con esos compañeros y sus mujeres. Muchas de estas reuniones ya no se producen, no quedan Felipe y Mar con el otrora ministro y su esposa, amigos comunes del matrimonio quebrado. Fuentes próximas al expresidente también han detectado en él una «soledad increíble» en lo que se refiere a la familia. Sus muchos compromisos profesionales y su nueva situación sentimental produjeron cierto distanciamiento de su familia, un asunto que cerraremos aquí por pertenecer a la esfera más privada de Felipe González.

Ha quedado para el final el millonario por excelencia entre todos los que cortejan a Felipe González: Carlos Slim Helú, el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, en cuya cúspide se situó en 2010, después de que adelantara a Bill Gates y Warren Buffet, y repitió un año más tarde. En 2011 su fortuna estimada ascendía a 74.000 millones de dólares (53.465 millones de euros). Son unas magnitudes tan brutales que el común de los mortales no puede hacerse una idea concreta de cuánto es eso. La cifra completa en pesetas es tal que así: 8.895.827.490.000, es decir, casi 9 billones de pesetas. Si Carlos Slim fuera un país, su fortuna lo sitúa en el ranking del Producto Interior Bruto justo por debajo de Libia (77.919 millones de dólares, número 63 del mundo en 2010) y por encima de Sudán (65.930 millones de dólares). Supera ampliamente a Ecuador, Croacia, Eslovenia, Uruguay... De hecho, Slim casi duplica el PIB del país del que salió huyendo su padre, el Líbano (39.149 millones de dólares).²²

Julián Slim Haddad llegó a México en 1902, con sólo catorce años, sin saber español, huyendo de la obligación de incorporarse cuando cumpliera quince a las filas del ejército del Imperio Otomano. Veinte años después, haciendo honor a las virtudes que se le atribuyen a los inmigrantes libaneses, don Julián ya tenía una considerable fortuna en comercios, propiedades y acciones. En 1965 su hijo Carlos, ingeniero civil por la universidad Nacional Autónoma de México, funda la empresa Inversora Bursátil y crea la inmobiliaria Carso, el germen de su actual imperio económico: Grupo Carso (Carlos y Soumaya, su esposa, fallecida en 1999). Año tras año ampliaba sus negocios: construcción, minería, comercio, tabaco, alimentación, seguros, hoteles, telecomunicaciones… Buenas relaciones con los políticos de turno y dueño de compañías privatizadas, como su hoy buque insignia, Telmex, las empresas de Slim suponen casi la mitad del PIB de México y el 40 por ciento de las operaciones bursátiles. La expansión internacional de su grupo lo acaba convirtiendo en el mayor magnate del mundo.

Cientos de veces hemos leído y/o escuchado que Felipe González está a sueldo de Slim como asesor. Incluso se han dado cifras: 720.000 dólares al año, según las declaraciones del excandidato presidencial mexicano Andrés Manuel López a la revista A Fondo. Todas las fuentes consultadas para este libro contradicen esta información, la niegan. El magnate mexicano no paga ningún salario directo al expresidente español. Son amigos desde hace muchos años, charlan y Felipe, además de algún consejo, le ha hecho gestiones que pueden valer millones de dólares, como cerrarle un encuentro con el rey de Marruecos para introducir sus compañías allí, pero no las factura como un consultor. Un ministro de Felipe, protagonista de una de las partes de este libro, asegura lo que sigue: «Muchas de las cosas que Felipe ha hecho con Carlos Slim, y yo tengo constancia porque las he visto personalmente, no las ha cobrado y eran gestiones muy valiosas. Valían una fortuna».²³

Son varias las fuentes que coinciden en que Felipe, en su relación de amigo con Slim, le hace algunos favores que valen una fortuna, pero no se los cobra, no se los factura. Otra cosa es que Slim prepare periódicamente seminarios o charlas para alguna de sus empresas y contrate como conferenciante a Felipe González, al que le paga su tarifa. Esta relación es rentable económicamente para ambos, sobre todo para Slim, aunque todas las fuentes consultadas coinciden en que la amistad entre ambos personajes está por encima del business.

Por otro lado, cada vez que Felipe González visita México tiene a su disposición un avión privado de Carlos Slim y una master suite (la tarifa habitual es de 350 euros la noche sin desayuno) en el hotel Geneve de Ciudad de México, que siempre está reservada para el expresidente español y no se entrega a otros huéspedes. El establecimiento, de cinco estrellas y el más legendario del D. F. (data de 1907), forma parte del Grupo Ostar, propiedad del multimillonario Slim, que pone al servicio de su amigo Felipe, gratis total, cualquiera del resto de alojamientos que tiene en el país. Una vez más se refuerza la teoría de que Felipe González no cobra o no maneja ingentes cantidades de dinero, pero puede permitirse vivir como una persona que sí las tiene, porque siempre hay alguien dispuesto a costearlo muy gustosamente, a cambio de sus contactos, a cambio de escucharle o por amistad, interesada en unos casos, desinteresada en otros. Además Felipe colabora con la fundación de Carlos Slim, que fue dotada con 3.500 millones de dólares, y en cualquier actividad que realice cuenta con el soporte económico de la misma. En este campo el político español ha asesorado la vena filantrópica de Slim, estudiando qué papel pueden desempeñar sus enormes recursos en lo que a filantropía se refiere.

Por otro lado Carlos Slim es uno de los empresarios que ha comprometido una significativa inversión en la sociedad gestora de capital riesgo de Felipe González.²⁴ Es decir, tú me das, yo te doy, entre amigos. Es más, la inmensa mayoría de los compromisos que ha logrado Tagua Capital son de inversores latinoamericanos, de países emergentes ante la mala situación de la vieja Europa. Slim es un gancho perfecto para que otros le sigan. Además el magnate mexicano ha adquirido una pequeña participación en el Grupo PRISA, inferior al 3 por ciento que obliga la ley a comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Juan Luis Cebrián, consejero delegado del grupo mediático, lo reconoció en privado pero lo negó en público. La empresa editora de El País, que es al periodismo lo que González a la política, dicho esto sin ningún tipo de sarcasmo, ha pasado y pasa por importantes dificultades económicas, como la práctica totalidad del sector en España. El inversor que salvó al grupo fundado por Jesús Polanco es Nicolas Berggruen, el estadounidense que inyectó a través de su fondo de inversión, Liberty Acquisition Holdings Corp., 650 millones de euros en PRISA a finales de 2010. Antes de tomar esta decisión el financiero ya contaba con la presencia de Felipe González en el think tank 21st Century Council, el foro que lanzó desde la institución que lleva su nombre, el Nicolas Berggruen Institute (NBI). Este personaje, otro de los magnates con los que alterna el expresidente español, también tiene en su laboratorio de ideas al exministro de Aznar Rodrigo Rato y al excanciller alemán Gerhard Schröder.

Pero la que seguramente sea la mayor gestión que ha hecho Felipe González y que no ha cobrado, que no ha pasado una factura como cualquier profesional, nunca ha salido a la luz pública. Fue un «trabajo» para el BBVA. El banco tuvo serios problemas en México, relacionados con su expansión en el país azteca, y fue Felipe González el que, utilizando su gran peso específico en el país, los solucionó. Con sus influencias políticas y con el favor del dueño de casi la mitad de México, no hay obstáculo insalvable. «Esas gestiones valían mucho dinero, millones de dólares, pero Felipe no sabe ponerles un valor económico», dice el exministro socialista antes citado sin revelar su nombre. Otras empresas españolas se han beneficiado de la influencia del expresidente. Alguna propiedad de un antiguo subordinado, como Solchaga Recio Asociados, el lobby del exministro de Economía, para el que ha hecho de «abrelatas» en más de una ocasión en Iberoamérica.

Decía Leguina que a Felipe el dinero le importa «una mierda». Es cierto que la relación del expresidente del Gobierno con el dinero es complicada, por definirla de algún modo. Puede ser el poso que le queda de líder de la izquierda. Vive a cuerpo de rey y no le falta de nada, pero no tiene la soltura de un economista a la hora de gestionar el dinero o ponerle precio a las cosas. No sabe manejarse entre facturas. Le falta naturalidad, eso que sí tiene, por norma general, la derecha o Carlos Solchaga. Quizá se deba a que pasó catorce años de su vida en La Moncloa y después se ha dedicado a actividades donde le han cubierto todos los gastos. Probablemente no sepa cuál es el precio de gran parte de los objetos o servicios de los que dispone, porque en demasiadas ocasiones no los ha tenido que pagar. Como cuando Zapatero contestó en Tengo una pregunta para usted (TVE) que un café valía ochenta céntimos. La modesta impresión que saca el autor de este libro después de mucho preguntar es que Felipe González no es un «hombre empresa» como otros miembros de su generación. Quizá por su forma de ser o por esnobismo, Felipe parece que se mueve por encima del dinero.

Además de Gas Natural, su gran fuente de ingresos yace en las conferencias. Su tarifa no son los 30.000 euros que se han publicado en varias ocasiones, sino bastante más: por encima de 80.000 euros, reconoce una fuente muy cercana al expresidente. Aunque es cierto que muchas de las conferencias que imparte no las cobra, las regala, como cuando Corcuera lo llamó para dar una charla en la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral, asociación que no puede pagar esas cifras y con la que tiene algún grado de compromiso. Igual ocurre cuando se lo pide alguna institución pública.

Luego se monta en un jet privado o pasa unos días de asueto en una villa del mejor complejo turístico de la República Dominicana. ¿Cuánto cuesta el alquiler? No lo sabe, no lo tiene que pagar. ¿Cuánto cuesta una gestión suya? Tampoco tiene la mente de un consultor. La hace porque le cae bien quien se lo pide. Ya se compensará con otra cosa, un trueque entre amigos.

Con sólo impartir una conferencia remunerada cada dos meses ya tendría casi medio millón de euros. Le representa la agencia Thinking Heads, la misma que lleva a muchos de los protagonistas de este libro, como Miguel Boyer, Javier Solana, Josep Borrell, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Pedro Solbes y Luis Carlos Croissier.

Patrimonio inmobiliario

Mucho se ha hablado, especulado y escrito sobre supuestas propiedades de Felipe González en el extranjero. Típico es el turista español que viene de Venezuela convencido de que Felipe González es el dueño de varios negocios y fincas que serían la devolución de algunos favores. Así, el empresario Gustavo Cisneros se quedó con Galerías Preciados, expropiada a Rumasa, a precio de saldo y luego la vendió con importantes plusvalías. Nadie ha demostrado que González tenga propiedad alguna en Venezuela. Otra información que sonó bastante fue la del lujoso piso que tuvo Felipe González en Madrid a nombre de un «fontanero» del partido, Julio Martino. Este, según una fuente relacionada con los mecanismos de financiación del PSOE, dijo a su entorno en más de una ocasión: «Estoy hasta los huevos de Felipe. Le pago los gastos de comunidad del piso y no me los abona hasta seis meses después». El propietario original del inmueble era Cereceda.

Por otro lado, dos fuentes distintas y muy cualificadas han asegurado al autor de este libro que Enrique Sarasola y Jesús Barderas compraron un enorme terreno en la península de Samaná, en la República Dominicana, donde Felipe González iba como tapado, «pero no lo vas a poder demostrar», dice una de las fuentes. La otra aporta un detalle relevante: esta información surgió en una cena privada en una embajada de un país iberoamericano en Roma. Era el año 1989. A la mesa se sentaron varios secretarios generales de partidos socialdemócratas latinos y algunos acompañantes y amigos. Había representantes dominicanos, pero no diremos qué embajador era el anfitrión. También se ha vinculado a Felipe González con Cap Cana —recordemos, el lugar donde veranea invitado— a través de Carlos Andrés Pérez y Jesús Barderas. Pero lo cierto es que estos hechos no han sido demostrados y, por lo tanto, dichas propiedades no se le pueden atribuir a Felipe González, por muchas fuentes personales que lo digan en privado: no hay un solo papel que sustente estas informaciones.

Una única vez alguien ha certificado un inmueble del expresidente fuera de España y muy a su pesar: la casa de Tánger. Tanto que hizo una especie de falso desmentido, pese a ser una persona que no tiene por costumbre salir a desmentir informaciones. Como el periodista que encontró la parcela y la construcción de Felipe González es el autor de este libro,²⁵ aprovecharemos para desgranar la historia y la intrahistoria de una casa que todavía hoy muchos dudan que sea de Felipe, lo que refleja un rasgo de su personalidad: el poder de convicción hasta cuando no dice la verdad. Vayamos por partes para entender el porqué de tanta polémica tras el reportaje publicado en El Mundo el 28 de febrero de 2010.²⁶

Todo comienza con una llamada de una persona, Gracia Sicilia, una extraordinaria profesional y amiga:

—Chicote, Joaquín Torres, el arquitecto de La Finca, el superpijo, le está haciendo un casoplón a Felipe González en Tánger.

—¿En serio?

—Sí. Sólo sé que está en primera línea de playa, pero nada más. Aunque si la ha hecho Torres la reconocerás fácilmente, porque siempre sigue un estilo parecido.

—¿Estás segura? No sea que El Mundo me mande allí y no haya casa…

—Sin ninguna duda. Te cuento por qué…

Claro, escuchando lo que introducen los puntos suspensivos no había margen de equívoco: Torres le estaba haciendo una casa a Felipe. Las primeras averiguaciones revelan que la promotora era Procisa, de Luis García Cereceda. Todo encaja, pues el televisivo Joaquín Torres es el arquitecto de varias de las mansiones de La Finca, que como ya explicamos es una de las urbanizaciones más lujosas de Europa, promovida por Cereceda en Pozuelo de Alarcón. Allí tienen casa futbolistas como Cristiano Ronaldo o Raúl, entre un rosario de potentados empresarios. Torres ha diseñado residencias que llegan a superar los 10 millones de euros. Antes del viaje a Marruecos, una fuente interna de la promotora confirma que lo de Felipe es cierto: «Pero ¿cómo lo sabes? Se ha llevado en secreto. Hay gente dentro de la oficina que ni siquiera lo sabe».

En la página web de A-Cero, el estudio de arquitectura del elitista Torres, aparecen maquetas de tres casas y una serie de proyecciones para una urbanización en la ciudad marroquí. Una de esas tres casas puede ser la de Felipe. El autor de este libro parte hacia Marruecos junto con el cámara y realizador Keles Barreda, en ese momento ambos dentro del equipo de investigación de la extinta productora El Mundo TV.

La búsqueda arranca desde el hotel Le Mirage, el elegido por Felipe González para pasar sus estancias en Tánger. Se trata de una espectacular construcción sobre las Grutas de Hércules, unas cuevas que penetran en la roca de este pico de África que marca el fin del Mediterráneo y el principio del océano Atlántico, junto al cabo Espartel. Su nombre se debe a que, según la mitología clásica, Hércules descansó en esas cuevas después de separar con su extraordinaria fuerza los continentes de África y Europa. El hotel, de cinco estrellas, por supuesto, y de estilo colonial francés, cuenta con unas espectaculares suites con terraza desde las que se divisa el embravecido Atlántico. Allí Felipe González es una eminencia. Todos los empleados, con sus uniformes típicos, saben quién es, al tiempo que el dueño y los gestores del establecimiento están encantados de acoger al gran amigo del ya fallecido Hassan II y de su hijo y heredero Mohamed VI, el actual monarca. Otros de los ilustres visitantes españoles que disfrutan de las suites de más de 150 metros cuadrados de Le Mirage son el exministro Miguel Ángel Moratinos o el cineasta Pedro Almodóvar.

El expresidente es un enamorado del país magrebí, donde acude regularmente. En la prensa ha aparecido que en ocasiones se alojaba en un riad árabe de Pedro Trapote en Tánger, aunque no es cierto. El empresario tenía su palacete en Marrakech, cuya propiedad compartía con Javier Hidalgo, el hijo de Juan José Hidalgo (Air Europa), aunque ya lo han vendido.

Con la ayuda de un guía y un taxista al volante de un Mercedes color crema, de esos enormes que pululan por el norte de África, con un mínimo de treinta años de antigüedad, un consumo de combustible insostenible, una combustión del motor que envenenaría a un elefante en menos de un minuto y una tapicería de cuero que te está diciendo que cualquier tiempo pasado fue mejor, hay que encontrar la casa. Pero tras día y medio recorriendo todo el litoral, desde Tánger hasta Asilah varias veces, enseñando las imágenes del proyecto a los lugareños, buscando todos los caminos que entran al litoral, recorriéndolo a pie allí donde no pueden entrar los automóviles y tras muchos cigarros que no aplacan los nervios, no hay ni rastro de la casa. No puede ser, tiene que estar.

Un último intento a la desesperada, una llamada y una excusa dan sus frutos. No son tres casas, sino dos, y no están terminadas. Encontrarlas es fácil porque se ven desde Le Mirage, se hallan justo debajo siguiendo el litoral. Es más, el equipo de El Mundo TV aparcó su coche, antes de entregarse al amable taxista, junto a la casa, pero no buscaban una obra en construcción, sino una mansión terminada. Ese era el fallo. Una vez allí un policía confirma que sí, que esa casa se la está haciendo Felipe González, la misma información que se obtiene en Le Mirage, donde incluso desde una de sus terrazas la señalan:

—Esa es la casa.

—¿Cómo ha podido construir sobre la playa? —pregunta el periodista.

—Porque es Felipe González —traduce el guía las palabras de un responsable del hotel que no sabe que habla con periodistas—. Aquí eso sólo lo puede hacer el rey o un amigo del rey —añade.

Sobre un terreno de 10.000 metros cuadrados (un campo de fútbol tiene 7.000) en plena playa de Jbila se levantan dos moles de hormigón, una de ellas la del expresidente, que ocupa 5.000 metros de parcela. Cuando esté terminada, la lujosa mansión contará con 2.200 metros cuadrados de construcción repartidos en una casa principal de 600 metros, otra casa para el servicio, garajes, patios, porches y una piscina con una cascada sobre la misma arena de la playa. La construcción es agresiva para el litoral, hasta el punto de que junto a la carretera hay un cartel que dice en francés «Plage Jbila», pero detrás del mismo ya no se ve la playa, sino dos construcciones de cemento que, en el estado actual, parecen búnkeres. Todo ello gracias al amigo de Felipe, Mohamed, inmensamente rico y poco escrupuloso con los derechos humanos y la democracia. Otro más en la lista de los potentados del expresidente.

Ambas construcciones están paradas desde 2009, aunque tanto la casa de Felipe como la que conserva la promotora —si no la ha vendido ya— tienen la estructura levantada, desde los cimientos hasta las paredes y los techos. Falta la distribución de las estancias y el acabado, incluida la piscina. Por si quedara alguna duda, el Registro de la Propiedad de Tánger confirma que el titular de esa parcela es la sociedad Ialcon Consultoría, la empresa de Felipe González. El lugar, muy tranquilo, es una de las zonas más seguras de Tánger. Justo debajo del hotel Le Mirage está el balneario privado del rey y, a continuación, una finca de varias hectáreas propiedad de la familia real saudí, que cuenta con un palacio principal y una veintena de casas «menores» para la extensa familia y el séquito real. Se trata de una de las residencias de descanso de los monarcas saudíes. Justo a continuación, lindando con ese recinto palaciego, está la parcela de Felipe González. Esto significa que la seguridad no es un problema, ya que la zona está blindada, sobre todo cuando los reyes de Marruecos y Arabia Saudí veranean allí. El acceso a la playa está restringido, por lo que los afortunados reyes y el expolítico pueden bañarse sin que nadie les moleste, aunque parece que Felipe González no lo va a hacer.

Pero vayamos por partes. El propietario original del terreno era el dueño del hotel Le Mirage y, según las fuentes consultadas, perfectamente conocedoras de la operación, Felipe González cerró la compraventa con él. Cereceda pagó por la parcela un precio muy atractivo, de «amigo», 200.000 euros. El expresidente se encargó personalmente de desbloquear todos los problemas que había para construir sobre la misma playa y en una zona de máxima seguridad. El común de los mortales difícilmente lo lograría, pero con el beneplácito de Mohamed VI no hay problema. Felipe González mantiene una estrecha relación con el monarca alauí desde que trataba con su padre Hassan II los asuntos que concernían a los gobiernos de España y Marruecos, como los acuerdos pesqueros o de inmigración. Ya como expresidente, el exlíder socialista se ha dedicado a abrir puertas a potentes empresarios que quieren extender sus negocios en Marruecos. Un ejemplo de ello es la reunión que mantuvieron en enero de 2006 en el país magrebí Mohamed VI, Felipe González y el magnate mexicano Carlos Slim, que quería introducir allí su compañía telefónica, Telmex.

Cereceda, que labró su fortuna en los años del boom inmobiliario del Madrid de los ochenta del siglo XX, era, como hemos relatado, un gran amigo de Felipe González. En un principio el promotor se iba a quedar con la casa vecina, pero su delicado estado de salud pudo ser el motivo por el que decidió poner la casa a la venta. De hecho Cereceda falleció el 6 de junio de 2010. Además el proyecto para construir en Tánger una lujosa urbanización bautizada La Finca Maharambú se torció. Problemas con las licencias y el hecho de que la empresa estaba centrada en una gran inversión en la República Dominicana obligaron a Cereceda a abandonar la aventura marroquí. Procisa vendía la casa gemela a la de Felipe por 1,6 millones de euros en el estado en el que estaba cuando el periodista la visitó, incluyendo, por supuesto, el proyecto del arquitecto para terminar la obra según fue diseñada. El comprador, para concluir la villa, debía invertir al menos otro millón de euros. Estas cifras sitúan el valor de la casa del expolítico, una vez rematada, en casi 3 millones de euros, aunque el arquitecto Joaquín Torres llegó a decir en un programa de televisión que la cifra se quedaba corta.

La promotora avisaba a los posibles compradores de que la venta debe autorizarla el dueño de la otra casa, «un hombre muy importante», ya que ambas propiedades, aunque no comparten paredes y son independientes, están demasiado cerca para albergar a un vecino incómodo, por lo visto.

Pese a toda la información que se dio en el diario El Mundo y en Veo 7, donde se mostró la nota del Registro de la Propiedad de Tánger, la prueba irrefutable, al margen de los testimonios, de que la información era cierta, Felipe González sembró la duda. En un acto del partido dijo sin que nadie le preguntara: «Estos Pedrojotas fachas me ponen por multimillonario y ni siquiera soy millonario». González, que es un maestro en el uso del lenguaje, no declaró en ningún momento que él no fuera el dueño de la parcela ni de la casa, sino que hizo un falso desmentido apoyado en si es o no millonario, algo que no se cuestionó en los reportajes. De su boca no salió un «yo no tengo ninguna parcela ni ninguna casa en Tánger». No podía decir que esa propiedad no fuera suya porque estaría mintiendo. Aun así, Felipe tocó las palmas y sus acólitos se pusieron a bailar. Periodistas cortesanos negaron una y mil veces que la casa fuera propiedad del expresidente del Gobierno. Daba igual que se les mostrara el certificado de propiedad. Finalmente, en una entrevista con el diario El País, publicada el 7 de noviembre de 2010, dijo que no se quería morir «sin tener una casa». Juan José Millás le replicó: «Pero ya se está haciendo una en Marruecos», a lo que respondió: «No, allí compramos una parcela y está parada. No tengo dinero para hacérmela [la casa]. Tengo la mitad de una parcela».

Bueno, por lo menos reconocía que tenía una parcela. Es un paso. Aunque la parcela está «parada». ¿Cómo se para una parcela? ¿Se le cortan las patas? ¿O estaban paradas las obras de la casa de cuya referencia huye como de la peste? Más bien esto último. Sobre la parcela está la estructura de una casa, lo que mostró el reportaje, toneladas de hormigón, paredes, suelos, techumbres... Una mansión en construcción bastante avanzada. Una «no casa» por cuya hermana gemela Procisa pide 1,6 millones de euros. Es tan sencillo como ir allí y verlo. Incluso el lector puede buscar las Grutas de Hércules en Google Earth, bajar hacia el sur, atravesar el recinto palaciego saudí y dará con dos casas gemelas, un plano cenital perfecto en el que se observan las enormes dimensiones de ambas construcciones, precedidas por dos medias lunas de hormigón.²⁷ Tras la entrevista de El País, por si todavía alguien tuviera duda alguna, el arquitecto Joaquín Torres dijo en La noria de Tele 5, en el mismo programa donde se debatió acaloradamente si la casa era o no suya, que lo publicado era cierto.

¿Por qué tanto interés de González en negar algo que es suyo? Podría haber dicho: «Sí, tengo una parcela y una casa a medio hacer, pero no la voy a terminar». En el momento de la publicación ni siquiera habló de la parcela que sí reconoce, sólo dijo lo de los «Pedrojotas fachas». Entonces, ¿qué pasaba? ¿Le avergonzaban los tratos de favor del rey de Marruecos? Mohamed VI es muy poco escrupuloso con los derechos humanos, pero eso nunca ha sido un problema para el expresidente socialista. ¿Una parcela de más de 5.000 metros sobre la que se construye una casa de 600 y otros elementos arquitectónicos que superan los 2.000 metros cuadrados le incomodan de cara a la parroquia socialista? ¿Demasiado burguesa? ¿No lo reconoce por ese motivo? Quizá haya otra razón. Cuando se publicó la información Felipe González estaba en trámites de separación de su mujer, Carmen Romero, tras treinta y nueve años de matrimonio, y según las fuentes consultadas esta supo de la existencia de la casa gracias a El Mundo, lo que le provocó gran extrañeza. ¿Su todavía marido tenía una casa en construcción en Tánger de la que ella no había oído ni palabra? Pues sí. El titular de la parcela y, por lo tanto, de la casa es Ialcon Consultoría, donde Felipe tiene la mayor parte del capital —el 78,22 por ciento— y sus tres hijos una pequeña participación del 7,26 por ciento cada uno. Carmen Romero no aparece en la sociedad, pero la escritura de constitución de la empresa refleja que Felipe González está «casado en régimen de gananciales con doña María Carmen Julia Romero López». ¿Esto qué significa? Que la esposa, de la que aún no se había divorciado, es dueña del 39,11 por ciento de Ialcon Consultoría, la mitad de la participación de Felipe González, y por lo tanto es propietaria del 39,11 por ciento de la casa y de la parcela.

Cuando el autor de este libro encontró el inmueble, en febrero de 2010, las obras ya estaban paradas. Fuentes cercanas al expresidente aseguran que se quiere desprender de la propiedad y que la puso a la venta. Quizá en el momento de leer este libro ya la haya vendido, pero si usted, lector, la quiere adquirir, dígale a González que, como «no hay casa», que se la venda por algo más de los 100.000 euros que costó la mitad de la parcela, en lugar de los 1,6 millones que pedía Procisa por la mansión gemela. Ahí también veremos si hay casa o no hay casa.

Patrimonio inmobiliario

El 8 de marzo de ese año, sólo ocho días después de la publicación del reportaje sobre la casa de Tánger, Felipe González y Carmen Romero liquidaron la sociedad de gananciales que hasta ese momento regía su matrimonio. Lo hicieron ante el notario madrileño Carlos de Prada Guaita. Según la información disponible en distintos registros de la propiedad, el reparto de los inmuebles de la pareja se realizó del modo que sigue.

De las casas, el expresidente sólo conservó para sí la de Castellar de la Frontera, en Cádiz, un obsequio que el municipio hizo al entonces joven abogado que ganó un pleito a favor de los vecinos, además de ser nombrado hijo adoptivo. Era 1980 y Felipe González logró que las tierras de La Boyal, más de quinientas hectáreas, quedaran en manos del pueblo en lugar de en las de los condes de Castellar. La casa fue el modo de gratificarle por sus servicios como letrado. Tras una importante reforma, el inmueble suma 263 metros cuadrados. En el mismo pueblo reside David González Romero, dedicado al arte, a sus pinturas y a una vida bohemia. Segundo hijo de la pareja, David compró allí en 2005 una casa de unos 130 metros cuadrados. Como sus hermanos, huye de la prensa como un gato del agua. Sonoro fue su violento enfrentamiento con los reporteros gráficos que pretendían obtener unas instantáneas el día de su boda con una chica del mismo pueblo, donde la familia veraneó varios años. Está separado y tiene un hijo de cuatro años. Pablo, el mayor, vive en un modesto piso de la calle de Atocha de Madrid, de apenas 60 metros cuadrados. También está separado y tiene dos hijas de seis y ocho años. Se dedica a la informática (se especializó en Silicon Valley, la meca mundial de las nuevas tecnologías) y, al igual que David, siempre ha huido de los focos, llevando una vida muy discreta. De María, la menor, ya hemos hablado.

Por otro lado, vía su participación mayoritaria en Ialcon Consultoría, compartida con sus hijos, Felipe González conserva la mayor parte de la propiedad de la casa de la elitista urbanización de Somosaguas donde tiene su sede social la empresa. Se trata de una parcela de 500 metros cuadrados que alberga una vivienda de 350 metros distribuidos en cuatro plantas (dos principales, además de sótano y ático) y que utilizan María González y su marido, Eric Bergasa. Fue adquirida a nombre de la consultora en diciembre de 2003. En la misma medida depende de la empresa y, por lo tanto, del expresidente, la edificación de Tánger.

Por su parte, Carmen Romero se adjudicó en la liquidación de la sociedad de gananciales la casa familiar de Pozuelo y la de Sotogrande, ambas enclavadas en lujosas urbanizaciones. La primera de ellas es la gran inversión que hizo el matrimonio en junio de 1991. Felipe González le compró a su amigo Lucio Blázquez dos parcelas de 500 metros cada una por 28 millones de pesetas. Nos referimos al famoso restaurador, el dueño de Casa Lucio, el castizo mesón famoso por sus huevos con patatas. Allí construyeron su casa, en la urbanización de Somosaguas, una de las más caras de Madrid, concretamente en la calle de Barlovento. El inmueble está a sólo unos metros del citado unifamiliar que sirve de sede social a Ialcon Consultoría. El matrimonio unió las dos parcelas y construyó una casa de proporciones más que considerables: 585 metros cuadrados. El sótano, de 126 metros, tiene una parte destinada a vivienda del servicio. El resto de la casa se reparte en la planta baja (184 metros cuadrados), primera (199 metros) y buhardilla (76 metros). La construcción se realizó en dos cuerpos independientes que dejan en el centro un patio ajardinado, además del jardín exterior. Una vivienda de esas características, casi 600 metros cuadrados de casa en una parcela de 1.000 en el centro de Somosaguas, tiene actualmente, pese a la crisis inmobiliaria, un precio de mercado que ronda el millón y medio de euros. Multitud de políticos y empresarios residen en el municipio de Pozuelo, buena parte de ellos en las urbanizaciones de Somosaguas. José María Aznar y Ana Botella eligieron otra de las elitistas urbanizaciones de esta localidad, Monte Alina.

La otra propiedad que se quedó Carmen Romero está compuesta de cuatro escrituras: una casa, dos garajes y un trastero en Sotogrande (Cádiz), sin duda otra de las zonas residenciales más exquisitas de España. El inmueble está en el conjunto residencial Ribera del Corvo, en la Marina de Sotogrande. Es una primera planta de 111 metros cuadrados (147 con los elementos comunes) a los que se suman dos terrazas de 41 y 28 metros. Sobre este piso pesa una hipoteca que era de 177.000 euros en marzo de 2007, aunque el valor de la casa, los garajes y el trastero es mucho más elevado que esa cifra, unos 400.000 euros.

«Seduce el cabrón»

Uno de los potentados empresarios que forman parte del círculo de Felipe González destaca el atractivo que despierta el expresidente del Gobierno: «Seduce el cabrón, seduce», dice cariñosamente. Y es cierto, Felipe González conserva intactas sus dotes de seducción, su gancho de encantador de serpientes. Obviamente el exlíder socialista es el centro de atención de todas y cada una de las actividades, reuniones, cenas o cualesquiera actividades públicas y privadas en las que toma parte. Dicen quienes lo conocen bien que le gusta aprender de sus interlocutores, que es una esponja, que se nutre de las ideas que recibe, las procesa y las utiliza en sus charlas. También reconocen que, pese a este interés, no deja hablar demasiado, le gusta ser el protagonista. Cuando se ve con algún excompañero como José Luis Corcuera sí deja hablar (menudo es el exministro burgalés, vizcaíno de adopción…).

Catorce años en el poder y la enorme presencia que mantiene, pese a los tremendos escándalos que protagonizaron sus gobiernos, lo hacen una persona muy interesante y solicitada a nivel mundial. Por poner un ejemplo, el embajador de Corea del Sur llamó al exministro Javier Gómez-Navarro para que consiguiera que Felipe les diera una conferencia «al precio que fuera».²⁸ No debemos olvidar la enorme cantidad de instituciones a las que pertenece o ha pertenecido: copresidente de la Fundación Progreso Global (Internacional Socialista); miembro del Comité Federal del PSOE; miembro del Consejo de Política Internacional del PSOE; presidente de honor de la Fundación Tomás Meabe; presidente del Grupo Reflexión sobre el Futuro de Europa (Comité de Sabios de la UE); miembro del Comité Europeo de Orientación Nuestra Europa; embajador extraordinario para el bicentenario de la Independencia de América; miembro de honor del Consejo Internacional del Centro Simon Peres por la Paz; miembro de honor del Consejo Interacción; miembro de pleno derecho del Club de Madrid; miembro fundador del Círculo de Montevideo; miembro de honor del Capítulo Español del Club de Roma; miembro del Consejo Siglo XXI del Nicolas Berggruen Institute.

Lógicamente no debe dedicarle demasiado tiempo a muchos de estos cargos. Ninguno de ellos es remunerado, salvo los gastos de los actos en los que participa. No obstante, una persona de total confianza del expresidente español asegura que algunas de las actividades ligadas a estas instituciones «le han costado dinero». Se refiere, por ejemplo, al Comité de Sabios. La Unión Europea le costea el viaje a Bruselas y el hotel, si lo necesita, pero no se estiran con las dietas y «ha tenido que pagar más de una comida de su bolsillo», dice la misma fuente.

Lo cierto es que todos se mueren de ganas por tenerlo en su mesa, en su mitin, en su jornada de conferencias o, lo que es mucho más desconocido, en misiones internacionales del más alto nivel. Una de las más importantes pasó totalmente desapercibida para todo el mundo por su secretismo. Ocurrió en plena rebelión libia, en 2011, durante la guerra civil que terminó con el coronel Gadaffi. El sátrapa buscó una solución negociada con las potencias internacionales y el emisario fue Felipe González, «el único líder occidental del que se fiaban en Libia», según sostiene un colaborador del expresidente del Gobierno. González entró en el país norteafricano en pleno fragor de la batalla, en el mes de septiembre, sólo unas semanas antes de la captura y muerte de Gadaffi. Allí se entrevistó con Al-Baghdadi Alí al-Mahmoudi, primer ministro del gobierno del dictador, ya que Gadaffi prefirió permanecer oculto.

Antes de esta misión, durante el verano de 2011, Felipe viajó a Washington y se reunió con la secretaria de Estado Hillary Clinton, que dio la aprobación de Barack Obama y de los Estados Unidos a que el político español intentara mediar con el gabinete libio. El gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero fue puntualmente informado y, obviamente, estuvo de acuerdo con la misión. La cita en Trípoli no logró el efecto deseado. Los mensajes que se cruzaron González y Al-Baghdadi no terminaron en acuerdo y la OTAN continuó apoyando a los rebeldes hasta su victoria sobre el régimen militar.

Durante los catorce años de la presidencia de Felipe González este mantuvo distintos encuentros y una relación cordial con Gadaffi, hasta el punto de que el dictador sólo reconoció como interlocutor válido de Occidente al político español.

Otra de las misiones internacionales secretas de Felipe González lo llevó a Túnez en diciembre de 2011, justo después de la inauguración de las sesiones de la Asamblea Constituyente surgida en las primeras elecciones democráticas del 23 de octubre. El país norteafricano seguía en estado de emergencia, prorrogado por el presidente interino, Fuad Mebazza, mientras se debatían las facultades de los distintos poderes del Estado (presidencia del país, del Gobierno y del Parlamento) surgido tras la Primavera Árabe. Mantuvo distintos encuentros con líderes tunecinos para asesorarles en la transición hacia el nuevo régimen.

En otras ocasiones, mandatarios de distintos países llaman a Felipe González y le piden consejo, principalmente en su área de influencia: América Latina y el norte de África. Los más recientes han tenido lugar en Buenos Aires tras la petición de Cristina Fernández de Kirchner, y en Colombia con el presidente Juan Manuel Santos. Uno de los fijos que lo llama a palacio con cierta asiduidad es Mohamed VI, el rey de Marruecos. El hijo de Hassan II mantiene con el expresidente español la buena sintonía heredada de su padre. Su prestigio internacional es enorme. Curiosamente, apenas le han pasado factura los graves desmanes de sus años en el poder, como la galopante corrupción o la guerra sucia, sino que quince años después de su derrota en las urnas Felipe es un estadista internacional de referencia.

Al margen de las relaciones que ha cultivado con los líderes políticos de todo el mundo, Felipe también cuenta con una muy buena agenda cultural, como su gran amigo Gabo, Gabriel García Márquez, el Nobel colombiano que, desgraciadamente, está apartado de la vida pública por su maltrecho estado de salud. González también es muy amigo del escritor mexicano Héctor Aguilar, por nombrar otro.

La vanidad le ha atacado, algo que no extraña demasiado analizando al personaje. Joaquín Leguina lo cuenta con su vis cómica: «Felipe tiene orgullo para exportar. No sé si soberbia… Me acuerdo de Azaña, que una vez le dijeron: “Lo que tiene usted, don Manuel, es que es un orgulloso”. Y él contestó: “No. De orgulloso no tengo nada. Yo soy un soberbio. ¿No se da cuenta usted?”».²⁹

Para situar la dimensión de cualquier personaje qué mejor en estos tiempos que recurrir a Google. Si escribes «Felipe» en el buscador, el orden que aparece es Felipe II, Felipe IV, Felipe González y Felipe V. El político socialista se lleva 4.160.000 entradas. Hay un episodio que cimenta esta característica sintomática del carácter de quien es para muchos la mente más privilegiada del socialismo español. Ocurrió en una comida en el palacio de Viana organizada por Trinidad Jiménez cuando era secretaria de Estado para Iberoamérica. Reunió a la Mesa y los portavoces de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos el día en que Felipe cumplía sesenta y siete años, el 5 de marzo de 2009. Así lo recuerda otro político con carácter, el peneuvista Iñaki Anasagasti: «Nos vendió la moto de que no pasaba ni un solo día sin que él hablara de América y que para hablar de América lo llamáramos siempre, pero fuera del Parlamento, porque decía: “Estoy harto del ‘señor presidente, tengo la palabra, no la tengo…’”. Le contesté que el problema no es ese, que el problema es que “cuando no hay regulación de tiempos sólo hablas tú”».³⁰

Un compañero de Felipe González, en este caso de su equipo de gobierno, el mencionado José Luis Corcuera, rememora un episodio del pasado para demostrar que a su jefe lo de estadista le venía de antes. El día que el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar la Ley Taurina, que dependía del Ministerio del Interior, ocurrió una escena minutos antes del inicio de la reunión:

—Oye, José Luis —dice Felipe González—, vamos a tomar un café solos tú y yo.

—Vamos —contesta Corcuera.

—Oye, ¿has pensado bien lo de la ley?

—Pero si la hemos discutido en comisión de subsecretarios, presidentes… En todos los sitios.

—Yo de ti le daba otra vuelta.

—Presidente, ya están dadas todas las vueltas.

—Yo creo que te equivocas.

—¿Yo? Pero si lo he acordado con todos…

—Menos con uno.

—¿Con quién?

—Con el toro. Hasta ahora cuando los toros se caen la culpa es del ganadero o del picador, pero cuando esté aprobada la ley y se caigan la culpa la va a tener el gobierno.

El extitular de Interior asegura que no recuerda a nadie que vea los efectos de sus decisiones a más largo plazo que Felipe González. Según sus amigos, el Felipe de hoy revive su mejor momento, está fresco, como hace treinta y cinco años. Toma unas notas en un folio, hace tres flechas y se puede tirar una hora hablando ante un público entregado. Lo bueno del presente es que esa hora —y los escasos preparativos— le reportan 80.000 euros.

Quienes lo tratan con asiduidad lo definen como un animal político las veinticuatro horas del día. Lector empedernido, dedica mucho tiempo a escribir (ha publicado cinco libros) y duerme poco. Socialista de corte liberal, está enganchado a la Blackberry. Disfruta viendo el fútbol. Cercano al Betis y al Real Madrid, no es un forofo como, por ejemplo, Rubalcaba. En las conversaciones con sus amigos lo mismo habla de sanidad o arquitectura que de notarios, hilvanando temas con gran soltura. Se relaja haciendo joyas con las piedras que tanto le gustan y que adquiere, por ejemplo, en sus viajes a México, en ocasiones junto al marido de su amiga Elena Benarroch. Se pasa horas y horas engarzando las piedras preciosas o semipreciosas en monturas de plata o de cualquier otro material.

Le atraen los jóvenes con inquietudes, como su yerno. Ahí entra la vena más filantrópica de su sociedad gestora de capital riesgo, invertir en proyectos innovadores, de paso ganando dinero, claro está.

Lo que queda de la X de los GAL

Felipe González puso de nuevo a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) sobre la mesa informativa con la entrevista que concedió a Juan José Millás. El expresidente del Gobierno, en una de sus charlas intimistas con el escritor, mientras hablaba sobre «las tripas del Estado», ni corto ni perezoso, dijo lo siguiente: «Ya hace mucho que no estoy en el poder pero te voy a decir una cosa que a lo mejor te sorprende. Todavía no sé siquiera si hice bien o hice mal; no te estoy planteando un problema moral, porque aún no tengo la seguridad. Tuve una sola oportunidad en mi vida de dar una orden para liquidar a toda la cúpula de ETA. Antes de la caída de Bidart, en 1992, querían estropear los Juegos Olímpicos, tener una proyección universal... No sé cuánto tiempo antes, quizá en 1990-1989, llegó hasta mí una información, que tenía que llegar hasta mí por las implicaciones que tenía. No se trataba de unas operaciones ordinarias de la lucha contra el terrorismo: nuestra gente había detectado —no digo quiénes— el lugar y el día de una reunión de la cúpula de ETA en el sur de Francia. De toda la dirección. Operación que llevaban siguiendo mucho tiempo. Se localiza lugar y día, pero la posibilidad que teníamos de detenerlos era cero, estaban fuera de nuestro territorio. Y la posibilidad de que la operación la hiciera Francia en aquel momento era muy escasa. Ahora habría sido más fácil. Aunque lo hubieran detectado nuestros servicios, si se reúne la cúpula de ETA en una localidad francesa, Francia les cae encima y los detiene a todos. En aquel momento no. En aquel momento sólo cabía la posibilidad de volarlos a todos juntos en la casa en la que se iban a reunir. Ni te cuento las implicaciones que tenía actuar en territorio francés, no te explico toda la literatura, pero el hecho descarnado era: existe la posibilidad de volarlos a todos y descabezarlos. La decisión es sí o no. Lo simplifico, dije no. Y añado a esto: todavía no sé si hice lo correcto».³¹

Seguro que el lector ha reparado en una frase demoledora para el propio González: «Llegó hasta mí una información, que tenía que llegar hasta mí por las implicaciones que tenía». ¿Hemos de entender entonces que la decisión de secuestrar a Segundo Marey, por la que condenaron a Barrionuevo y Vera, tenía las suficientes implicaciones como para llegar hasta el presidente del Gobierno? ¿No era lo bastante importante que un estado democrático decidiera secuestrar a un supuesto etarra que terminó siendo un ciudadano inocente?³² Dejémoslo ahí para centrarnos en el gran titular que suministró horas de tertulias de radio y televisión y generó ríos de tinta en decenas de páginas de periódicos y revistas, artículos y editoriales, durante varios días: Felipe González pudo volar la cúpula de ETA. ¿Seguro?

Rafael Vera, entonces secretario de Estado de Seguridad, asegura que «hubo una información de una fuente del CESID y se descartó».³³ Interior valoró ese chivatazo para detener a la cúpula de ETA en Francia, pero al contrastar la información con la Guardia Civil y la Policía Nacional, se llegó a la conclusión de que o se trataba de una intoxicación o bien el confidente manipuló el dato. Incluso se llegó a comprobar el lugar de la supuesta reunión con una operación encubierta de vigilancia. Todas las señales coincidían en que el confidente no había acertado: «El CESID de entonces no estaba al nivel actual en información y capacidad de análisis del mundo etarra. Estaba empezando y la información que les llegaba era muy puntual, escasa, poco contrastada e incluso fantasiosa. Yo lo que llegaba del CESID lo repartía entre Policía Nacional y Guardia Civil, que muchas veces expresaban su descontento por la forma en que el CESID presentaba las informaciones».³⁴

Joaquín Leguina no estaba en la lucha antiterrorista, obviamente, pero dada su gran amistad con José Barrionuevo, entre otros, algo sabe del tema. También descarta tajantemente que esa posibilidad de descabezar a ETA fuera veraz: «Felipe González, cuando era presidente del Gobierno, sobre esos asuntos quería saber lo justo y me parece una decisión correcta no estar metido en las cloacas que siempre hay en el gobierno. Eso lo saca él, según he sabido después, de un informe verbal que le da un miembro de CESID. Estos no se comían un rosco en la lucha contra ETA porque tenían unos informantes de risa, de taberna, y le contaron esto, lo de la cúpula. Puedo asegurar que tengo muy buena información sobre este asunto, aunque no voy a dar los nombres de quiénes me informan. Le contaron eso a Felipe González para darse pote (Leguina acompaña sus palabras con una sonora carcajada), porque eso nunca sucedió. El CESID no tuvo a tiro a los etarras. Si Felipe llega a decidir que sí, que volaban la cúpula de ETA, habría aparecido el ministro del Interior y le habría dicho: “¿Pero qué te han contado?”.

»Que él lo contara en esa entrevista tiene su lógica porque es una entrevista a corazón abierto. Juanjo Millás le pasa la entrevista tal y como la va a publicar y yo creo que Felipe eso se lo podía haber callado o cortarlo en ese momento, porque no hace más que reavivar polémicas que no tienen nada que ver».

Tanta repercusión, tanto debate, tantos titulares que reposaron sobre un lecho de humo, sobre una gran mentira. Entonces, ¿por qué González arrojó ese «cadáver» a la arena de la actualidad en su diario de referencia? Varias fuentes coinciden en que lo hizo, simple y llanamente, por uno de los principales rasgos de su carácter: la vanidad. Algo como «esto lo digo yo porque soy así de chulo y que sigan hablando de la X si les da la gana». Además, con ese episodio, dejando la puerta abierta a que de haber matado a un buen puñado de etarras se podrían haber salvado un montón de vidas, echa un capote a los GAL, que se dedicaron precisamente a eso, a matar etarras para que «ellos» no nos mataran a «nosotros». El Estado contra el terrorismo utilizando medios terroristas.

El senador del PNV Iñaki Anasagasti es uno de los que opinan que fue la vanidad la que llevo a Felipe González a este meditado barrizal: «Lo declaró por pura vanidad, diciendo: “Soy muy macho pero no lo hice”».³⁵ Al margen de eso, el político vasco muestra su indignación por, principalmente, dos motivos: «Primero se plantea volar la cúpula de ETA y además en un país extranjero. Al margen de que no había juicio alguno, tampoco hay pena de muerte ni en Francia ni en España, un logro fundamental de la constitución. Segundo, en el fondo es un reconocimiento de los GAL, la famosa X. Nunca me creí que Felipe González no supiera nada de los GAL, matar a veintiocho personas desde las propias cloacas del Ministerio del Interior, no me lo creo, y más conociendo a Ricardo García Damborenea, que se lo dijo en La Moncloa. Quisieron acabar con ETA con la misma medicina. Ahí está la moral laxa de Felipe González. Una persona que es capaz de decir lo que dijo en El País es capaz de hacer los GAL. Una persona a la que le horroriza la pena de muerte dice: “Estos son unos cabrones y hay que acabar con ellos con las armas de la ley”. Otra cosa es ponerles una bomba, entonces actúas como ellos, que es lo que quiere ETA».³⁶

En cuanto al hipotético y definitivo final de ETA, la disolución de la banda, Anasagasti revela para este libro cómo hace ya años que Felipe González creía necesario que alguien condecorara a los etarras cuando estos abandonaran definitivamente las armas, que reconozcan su «labor». Es la laxitud moral llevada al otro extremo. Esa tarea, que no la puede hacer el Estado, ni el PSOE, ni el PP, se la encomendaba el presidente del Gobierno al Partido Nacionalista Vasco: «Felipe González le decía siempre a Xavier Arzalluz: “Vosotros, el PNV, tenéis que lograr el final de ETA porque siempre en las guerras un general termina la guerra condecorando a otro y esta gente necesita que la condecoren y que la reconozcan, que alguien le reconozca lo que han hecho, eso es fundamental. Entiendo que las víctimas digan lo que digan, que al españolito medio le parezca un horror, pero si queremos acabar con esto tiene que haber un reconocimiento. Un reconocimiento con subterfugios”. Para Felipe eso lo teníamos que hacer nosotros, el PNV».

Ya hemos visto que no existió la citada reunión de los jefes de ETA que el entonces presidente se planteó volar en pedazos hacia 1989-1990, pero en otra ocasión, nunca antes contada, Interior sí tuvo en su poder datos de mayor calado sobre una reunión de la cúpula de ETA en Francia. Fue poco después del asesinato del senador socialista Enrique Casas, tiroteado en la puerta de su domicilio, en San Sebastián, el 23 de febrero de 1984. Según fuentes de la lucha antiterrorista, hubo una reunión de funcionarios y cargos de primer orden en la que se puso sobre la mesa la posibilidad de enviar al GEO de la Policía Nacional y, directamente, liquidar a los etarras. Era la respuesta al asesinato de Casas. Detenerlos no era viable dada la nula colaboración de las autoridades francesas. Menos posible aún que en el episodio que relata González, ya que la reunión que sí fue localizada databa de cinco años antes, cuando Francia amparaba totalmente a los etarras. La operación consistía en mandar a Francia a los mejores hombres del Grupo Especial de Operaciones, entrar en la casa, disparar y volver a España a toda prisa. Uno de los expertos en materia antiterrorista presente en esa reunión dijo, pese a su tremendo odio hacia los etarras: «Hombre, eso no lo podemos hacer. Enviar geos a Francia… Se montaría una gorda».³⁷

Por entonces los GAL actuaban, pero principalmente tirando de mercenarios, de tal forma que el gatillo no lo apretara un funcionario, un guardia civil, un policía, un geo en este caso. La posibilidad de que algún miembro del comando fuera detenido en Francia, listo para matar o después de haberlo hecho, armado hasta los dientes, era un riesgo demasiado elevado. Implicaba al Estado en la guerra sucia al más alto nivel y generaba un conflicto diplomático brutal. Recordemos que España estaba intentando ingresar en la Comunidad Económica Europea y Francia hacía todo lo posible por demorarlo para defender sus intereses económicos en materia agrícola, por poner un ejemplo. ¿Cómo se explicaría aquí y en Europa que un grupo de élite de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ametrallara a la cúpula de ETA en un país soberano como Francia? Difícilmente. Ha habido casos similares protagonizados, por ejemplo, por efectivos israelíes en distintos países, pero España no podía permitirse semejante operativo en suelo francés. Los presentes en la citada reunión de expertos antiterroristas se quedaron con las ganas y no dieron el paso.

Notas

9 González reveló en 2011 que había manifestado por carta al gobierno de Rodríguez Zapatero que estaba dispuesto a que la asignación fuera anulada, por lo menos en su caso. Lo que no ha hecho, que se sepa, es renunciar a ella o donarla a fines benéficos. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, en conversación con el autor, se atreve a declarar que «el expresidente tiene derecho a un retiro digno, pero si entra en una empresa privada debería renunciar a su asignación pública, al menos por ética».

10 Estos posibles ingresos no están contabilizados en los 600.000 euros anuales antes citados, ya que al cierre de la edición de este libro Tagua estaba iniciando su actividad y aún no había concluido su primer ejercicio contable.

11 Fuente: www.taguacapital.com.

12 Falta una acción simbólica, el 0,0033 por ciento del capital, que está a nombre de Álvaro Jesús Martínez Higueras.

13 El lector puede consultar el libro El dinero del poder, de los periodistas José Díaz Herrera y Ramón Tijeras, Historia 16, Historia viva, Madrid, 1991.

14 Entrevista con el autor.

15 En esa etapa Miralles estaba al frente del área de Televisión de Unedisa (El Mundo TV y Veo 7).

16 González también elabora joyas con las piedras más pequeñas, alhajas que regala a sus amistades y que también están a la venta en alguna de las tiendas de su amiga Elena Benarroch.

17 Las fuentes son directas, dos de los presentes en las escenas que se relatan.

18 Trapote compró el Teatro Eslava y el cine Barceló para reconvertirlos en discotecas manteniendo el estilo original. Por allí ha pasado la élite de Madrid, incluidos muchos de los representantes de la beautiful people. Incluso Felipe y su amigo Enrique Sarasola tomaron algunas copas en Pachá en los años ochenta. Actualmente ambas salas destacan por albergar a un público mucho más joven, cargados de jugadores de polo en la pechera de la camisa, flequillos imposibles y los últimos coletazos del acné.

19 A Felipe González le molesta que se diga dónde vive. El autor ha incluido el número exacto de la finca porque es de sobra conocido que reside en la calle de Velázquez y continuamente están en su puerta los coches de los escoltas. Además, Tagua Capital anuncia en su página web la dirección, que es la misma que la del domicilio de Felipe (cambiando piso y puerta, como veremos).

20 Entrevista con el autor.

21 Loli Garmendia no es, según las fuentes consultadas, muy entusiasta del PSOE, pese al cargo que ocupó su hermana, la ministra con mayor patrimonio de los gobiernos de Zapatero, según su propia declaración de bienes.

22 Fuente: informe del Fondo Monetario Internacional sobre 2010.

23 Entrevista con el autor.

24 Fuente: Carlos Hernanz, El Confidencial, 17 de enero de 2011.

25 De hecho, esa información fue el punto de partida para la elaboración de este libro: ver a qué se dedican, cuánto cobran y para quién trabajan Felipe y los felipistas.

26 Javier Chicote, «La casa millonaria de Felipe», El Mundo, suplemento dominical Crónica, p. 5. Al día siguiente, el programa La vuelta al mundo (Veo 7) emitió un reportaje con las imágenes de la casa, los testimonios y los documentos.

27 Véanse fotografías en el Anexo III.

28 Entrevista con el autor.

29 Ibid.

30 Ibid.

31 El País, suplemento Domingo, 7 de noviembre de 2010, pp. 1-10.

32 Las informaciones referentes a la guerra sucia se desgranan en el capítulo dedicado a José Barrionuevo y Rafael Vera, en las páginas 289-383.

33 Entrevista con el autor.

34 Ibid.

35 Ibid.

36 Ibid.

37 Ibid.

II. Grandes asesores y cargos empresariales

La salida por excelencia para la figura representativa que deja la política es el elegante sillón del Consejo de Administración de una gran empresa. Sillón de consejero o de presidente; sillones que se simultanean unos a otros, encadenando remuneraciones a cambio del asesoramiento, de la experiencia, del punto de vista de una persona que ha estado en las más altas esferas del poder, como Miguel Boyer Salvador, una de las figuras más controvertidas de la generación de socialistas de élite que protagoniza este libro. Prestigioso economista, se situaba ideológicamente en la derecha del PSOE, por liberal, y se pasó a la derecha de Aznar, aunque luego se acercó a Zapatero. Su figura sigue levantando recelos entre los excompañeros de este expolítico que ha protagonizado una importante carrera de gestor, asesor y consejero de varias empresas (Banco Exterior, FCC, CLH, Reyal Urbis, REE, Bosch…), actividades a las que sigue dedicándose. Su nombre saltó con cierta fuerza a los medios de comunicación al asociarse con el polémico constructor y patrón de Fórmula 1 José Ramón Carabante, aunque la intrahistoria de esta aventura empresarial no se conoce, como su sueldo. Por ello arrancamos el relato sobre Boyer en este punto.

A principios de 2007 Carabante convirtió al exministro de Economía en el político de su generación mejor pagado. Su salario no se hizo público, pero dos fuentes —una muy próxima al empresario, la otra al expolítico— confirman para este libro que Boyer³⁸ cobraba de Carabante 1,5 millones de euros al año como presidente de la Corporación Financiera Issos. En 2008 esta firma se hizo con el Grupo Hispania por 650 millones de euros. Carabante y su amigo Trinitario Casanova, dueño del citado grupo inmobiliario, terminaron a palos a cuenta de los pagos. El constructor malagueño, afincado en Murcia, se hizo con varios centros comerciales y la emblemática torre que Casanova tenía en pleno centro de Murcia, frente a El Corte Inglés, entre otros inmuebles.

La importantísima cuantía de los emolumentos de Boyer fue una de las dos razones —la otra la veremos luego— que lo llevó a la vera de un personaje con el que tiene poco en común. Causaba cierta extrañeza ver al sofisticado Boyer junto a un constructor de corte rural, campechano y con tintes del Pocero, que se gasta más de 30 millones de euros en construirse un palacio con estilo de cortijo en una colina del monte murciano y con coto de caza privado además de capilla (el suelo era no urbanizable y protegido, hasta que se urbanizó con uno de esos permisos para agricultores y ganaderos que se construyen una vivienda en su explotación). Por un lado Boyer el intelectual, el tímido Boyer; por otro Carabante con su yate atracado en Mónaco, paseando «su mostacho de jugador de mus por los grandes premios de medio mundo» —como escribió Nacho Cardero—³⁹ y un habano de los de fumada larga.

Al poco de su fichaje, un personaje relacionado con el mundo de la empresa y las finanzas, muy conocido en su sector, fue a visitar a Carabante a la sede de su corporación financiera, en el Paseo de Recoletos, una de las zonas más cotizadas de Madrid, que une el paseo del Prado con el de la Castellana. Tras unos minutos de charla, el empresario le dijo a su invitado: «Espera, que te voy a presentar a una persona», y llamó al expolítico. «Carabante me lo mostró como un objeto de lujo. Boyer estaba muy empequeñecido», recuerda la fuente. El constructor sacaba pecho por tener en nómina a toda una figura como Miguel Boyer y lo enseñaba como un nuevo rico que se ha comprado un Aston Martin.

La tarea de Boyer consistía en poner orden y cordura en las finanzas de Carabante, un trabajo un tanto complicado, aún más cuando aparece la Fórmula 1. El constructor andaluz afincado en Murcia se pasó un día por un gran premio y dijo: «¡Esto es la hostia! ¡Aquí hay negocio!». Se refería a todo lo que rodea al «circo», los banqueros, empresarios y jeques con entrada VIP que, entre acelerón y frenazo, en el paddock, en el yate o en el hotel de no sé cuántas estrellas, se conocen, traban alianzas y pueden cerrar algunas operaciones de envergadura mayúscula. El mundial pasa por los ricos emiratos de Bahrein y Abu Dhabi, por potencias económicas como China, Japón o la emergente Brasil, además de las clásicas Alemania, Reino Unido, Italia, España o el adinerado Principado de Mónaco. Carabante dijo: «Esta es la mía» y, como tenía cash, se lanzó al asfalto.

Bernie Ecclestone, «el jefe de todo esto», por definir de alguna forma al pintoresco empresario que cuenta con los derechos comerciales de la Fórmula 1, ante la amenaza de los equipos potentes de organizar un campeonato alternativo, decide conceder nuevas licencias. Le da una al español Adrián Campos, al que conocía muy bien. Al expiloto de Fórmula 1, con muchas ganas —llevaba un porrón de años esperando ese día— y experiencia en el mundo del motor, le falta una cosa: la pasta. Se reúne con el periodista deportivo José Ángel de la Casa, directivo de la compañía de mercadotecnia Meta Image, y este le trae al de la pasta, Carabante.

El jefe de Boyer entra con una parte del accionariado del equipo Campos Meta y, poco a poco, se queda con toda la escudería, a la que bautiza con el nombre de Hispania Racing. Compra la participación de Campos y lo sustituye por el alemán Colin Kolles como director del equipo. Era febrero de 2010 y Campos, despedido de su propio proyecto, ni siquiera pudo ver el debut de su equipo en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Bahrein. Fue la primera vez que un equipo español corrió en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El constructor ya tiene sus coches de carreras. Día a día comprueba lo caro que es todo en ese mundillo. Boyer le decía que era una locura, una burrada, que tenía que encontrar un socio potente o nada, que «esto» lo mantiene Ferrari y mal. Toyota, primer fabricante automovilístico del mundo, se fue al garete. Los japoneses tienen una factoría completa de Fórmula 1 en Colonia, Alemania, parada. En este contexto, el exministro lo intentó bajar del caballo, según fuentes próximas a ambos, pero Carabante, erre que erre, no se daba por vencido. Entre las tareas de Boyer estaba buscarle accionistas. Se movió en los círculos económicos que tan bien conoce, pero sin éxito. Sonaron los nombres del financiero y vicepresidente del Real Madrid Fernando Fernández Tapias, el empresario Alberto Cortina o Luis Delso, el dueño de la constructora Isolux y presidente de Transmediterránea cuando era pública, en la etapa de Felipe González.

El caso es que Carabante necesita un gran patrocinador y no lo consigue. Tiene unos 3 millones de euros del gobierno murciano por una minúscula pegatina en los monoplazas, pero la Fórmula 1 es un negocio global y necesitas patrocinadores internacionales. El piloto indio Karun Chandhok le trajo al fabricante de automóviles Tata y el brasileño Bruno Senna hizo lo que pudo en un mundo donde el arrastre publicitario de los pilotos en sus países es clave, sobre todo en el caso de conductores modestos, que tienen que hacer de agentes comerciales de sí mismos para ponerle al empresario encima de la mesa una inversión que les sitúe al volante del bólido.

Carabante tiene contactos en España, pero apenas ninguno a nivel internacional. Cuando estás restringido a un país como el nuestro —máxime con un equipo que se llama Hispania, que obliga a buscar anunciantes en casa— te encuentras con que son muy pocas las empresas nacionales con proyección y presupuestos a nivel global. El Santander ya estaba volcado con Fernando Alonso y con Ferrari. ¿Va a incluir su logo azul el BBVA en unos coches que pelean por acabar las carreras y que siempre van a ir por detrás de los bólidos rojos de Botín? Imposible. Adiós a la banca. ¿Y Telefónica? Es una grandísima compañía que cumple con todos los requisitos, pero ya patrocinó a Alonso en Renault y el piloto asturiano acabó con Vodafone. ¿Va a meter dinero Telefónica en un equipo español para acabar detrás del «traidor» que vende móviles británicos? Tampoco. ¿Y Repsol? La petrolera sería perfecta. Su negocio es la venta de combustible para coches y tiene todo el potencial necesario, pero ya está en las motos. La compañía apostó por el motociclismo, donde una generación de magníficos pilotos españoles ha colmado de éxitos en varios mundiales a los equipos donde ha entrado Repsol. ¿Y si probamos con Iberdrola? No le interesa. La eléctrica está volcada con la selección española de fútbol y en la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela. Boyer hizo lo que pudo, buscó gente, pero no hubo resultados satisfactorios.

El sueño de su jefe, Carabante, se desvanecía poco a poco. Él quería ser como Botín, que se pasea por los circuitos con sus tirantes, su corbata roja y hasta un sombrero de paja. La sonrisa se le sale de la cara y todos quieren estrechar su mano. Le rinden más pleitesía que al rey de España cuando acude a alguno de los grandes premios organizados por sus amigos monarcas del golfo Pérsico. La cifra no se ha hecho pública, pero las fuentes consultadas aseguran que el Santander inyecta 50 millones de euros al año en Ferrari, aunque la inversión total multiplica varias veces esta cantidad: hay que añadir los patrocinios de los grandes premios (GP Santander Gran Bretaña), la publicidad que incrusta en las enormes vallas de los circuitos, los actos promocionales y los viajes de directivos, empleados e invitados. Entre ellos unos cuantos políticos a los que tener contentos, como el entonces alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) —donde se construyó la Ciudad Financiera—, Arturo González Panero, que viajó invitado al Gran Premio de Brasil en 2008, antes de que fuera imputado en el caso Gürtel.

Carabante comprobó que se te van varios millones de euros al año si quieres entradas VIP para gente que te puede abrir algunas puertas. Cada una cuesta unos 3.000 euros y si incluyes el hotel, las comidas, los viajes… nadie te quita los 6.000 euros por persona. «En un campeonato puedes acumular gastos de 3 millones de euros sin mimar mucho a los invitados. Si corres mal y detrás, donde está el business, no haces nada, es inviable», asegura una fuente próxima a Carabante. Este llegó a declarar que el equipo de Fórmula 1 le había abierto puertas en todo el mundo y que recibía llamadas de presidentes y primeros ministros. Pero lo cierto es que las dificultades económicas de la escudería y por extensión del propio Carabante cada vez eran mayores.

El constructor llegó a un acuerdo con Toyota para desarrollar los coches, pero cuando estos comprobaron que no pagaba, salieron por piernas. La fama —muchos aseguran que merecida— de mal pagador persigue a Carabante. De hecho, a Boyer le prometió un millón y medio de euros al año y en esa proporción comenzó pagándole, 125.000 euros al mes, pero llegaron las dificultades y el exministro tuvo que aceptar una bajada de su salario. Al final Hispania Racing hizo lo que pudo. Mucho, según los entendidos, ya que pese a la falta de preparación y medios económicos consiguieron acabar carreras tras mucho arrastrarse por el asfalto y un buen puñado de abandonos. Ningún piloto logró puntuar. En el mundial de constructores fueron penúltimos. Deportivamente, lo dieron todo.

Al final Carabante se rinde y en 2011 vende el equipo al fondo de inversión Thesan Capital, creado por el exdirector general de Campofrío, José Luis Macho, y Santiago Corral, socio director de Nomura Investment Adviser. El fondo, con base en Madrid pero cuyo principal partícipe es el citado Nomura, el primer banco de inversión de Japón, controla Ezentis y Aurgi.

Hispania Racing era el buque insignia, el escaparate del gran proyecto que tenía en mente José Ramón Carabante. Aquí llega el segundo motivo por el que Boyer se subió a este barco. El exministro estaba llamado a ser el capitán de un buque presente en distintos negocios a través de varias líneas de inversión. El constructor había salido de Colonial con mucho dinero, grandes plusvalías por su participación del 5 por ciento en una de las principales inmobiliarias de España. Boyer llevaba un tiempo en el dique seco tras su salida de CLH y sin el favor del PSOE gobernante por haberse entregado al PP. Llegó un tipo con la cartera caliente y grandes planes que necesitaba a un timonel económico para crear un pequeño imperio. Boyer aceptó y se puso al frente de Corporación Financiera Issos e Inversiones Delos, esta última dedicada a inversiones bursátiles. Contaban con 700 millones de euros propios para invertir en distintas compañías y tenían planes de alcanzar los 2.500.

Su patrón ya tenía importantes inversiones en el mundo del ladrillo a través del Grupo 2002, que engloba casi una treintena de constructoras. Antes de que sucediera lo ya relatado, la adquisición del Grupo Hispania y del equipo de Fórmula 1, la primera inversión que gestionó Boyer fue un acuerdo con National Geographic para crear una gran cadena de megatiendas de viajes de aventura, libros y otros artículos. Las cuatro primeras establecimientos, de más de 1.500 metros cuadrados, se instalarían en Nueva York, Tokio, Singapur y Londres. Luego iría ampliando hacia otras urbes, como Madrid y Barcelona. El grupo editor y audiovisual estadounidense ya tenía medio centenar de tiendas en todo el mundo, pero no de estas características, sino más modestas, más pequeñas. Las tiendas venderían desde viajes exóticos hasta todo lo necesario en el mundo de la aventura: ropa, libros, DVD, GPS, tiendas de campaña y todo instrumento relacionado con este campo. Hasta te ponían un aventurero como guía en el lugar de destino. Se trataba de una inversión original, ya que el fondo buscaba oportunidades de negocio lejos de la competencia de las clásicas.

Así Boyer compró —con el dinero de Carabante, claro— los derechos para abrir tiendas de National Geographic en todo el mundo. Según fuentes conocedoras de la operación pagaron 15 millones de euros, pero el negocio hizo aguas. Se buscó unos gestores «changos, dos italianos, dos auténticos piratas» —aseguran fuentes conocedoras del caso—, y aunque Boyer se lo advirtió a su jefe, «se lo llevaron crudo» —añaden—. A finales de 2008 Carabante se vio obligado a vender la mayor parte de este negocio a las familias Del Pino, principal accionista de Ferrovial, y Losantos, la expropietaria de la inmobiliaria Riofisa. Se quedaron con los derechos para la apertura de más de 300 tiendas, cuando estaban recién inauguradas las de Singapur y Londres. Otra iniciativa que les salió rana.

Pero hay más. Estudiaron una línea de negocio en el campo de la salud, crear una red nacional de clínicas asociada a la prestigiosa Ruber madrileña. «Pondremos en Murcia una clínica de Ruber Internacional»,⁴⁰ llegó a prometer Carabante ante los medios de comunicación. Pero esta iniciativa tampoco cuajó.

Boyer era la persona que iba a estar al frente de este atractivo holding, lo que sin duda le iba a aportar una presencia y un prestigio importantes. Tras el fracaso de la aventura con el promotor malagueño, Boyer se ha tenido que conformar con los Consejos de Administración de dos grandes firmas cotizadas: Red Eléctrica Española y Reyal Urbis, entre otras actividades.

No obstante, a la constructora llegó de manos de Carabante, ya que Boyer entró en el Consejo de Administración de Reyal Urbis en septiembre de 2007 (ya era consejero de Urbis desde un año antes, al tiempo que asesoraba a la auditora multinacional Ernst & Young) representando a la Corporación Financiera Issos, que había adquirido el 5 por ciento de la inmobiliaria Reyal. En 2008 el presidente y primer accionista de Reyal Urbis, Rafael Santamaría, acordó comprarle al constructor su participación. Pese a ello, Reyal Urbis decidió mantener a Boyer en el Consejo de Administración, donde sigue. Le corresponde una minuta de 50.000 euros al año por acudir a las reuniones del Consejo, aunque su representado, Issos/Carabante, ya no tenga intereses en la compañía.

Boyer comparte silla con otro expolítico, José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid entre 1991 y 2003. Su remuneración es similar a la de Boyer, ya que los tres consejeros independientes se reparten 145.000 euros al año: el mencionado expolítico del PP, Carlos Borbón Dos Sicilias y Emilio Novela. Álvarez del Manzano también es presidente de IFEMA (el recinto ferial de Madrid) y consejero de Iberpistas, filial de la gestora de infraestructuras y telecomunicaciones Abertis.

Mejor pagado está el sillón de consejero de Red Eléctrica de España, una compañía apasionante para la línea argumental de este libro, convertida en una agencia de colocación de exministros socialistas. Miguel Boyer fue nombrado consejero el 20 de mayo de 2010 y cobró 95.000 euros por los siete meses y diez días que estuvo en el cargo durante ese ejercicio. Como consejero externo independiente, a Boyer le corresponden unos ingresos anuales que rondan los 170.000 euros. Teniendo en cuenta que en 2010 el Consejo celebró trece reuniones, cada una sale a algo más de 13.000 euros. Los consejeros independientes se eligen por un periodo de cuatro años y pueden ser reelegidos dos veces, hasta un máximo de doce años en el cargo. Además los estatutos de la compañía dicen que «no se debe proponer el cese de los consejeros externos dominicales o independientes antes del cumplimiento del periodo estatutario para el que fueron nombrados, salvo por causa suficiente». Por lo tanto, conseguir una silla como esta es un preciado objetivo para expolíticos y/o empresarios. El cargo no te absorbe, pues el consejero no tiene que estar en el día a día de la empresa, sólo en las trece reuniones a cambio de una cantidad que, aunque fueran sus únicos ingresos, da para vivir muy bien (aquí entra el nivel de vida de cada uno y el de Boyer no es precisamente bajo). Permite compatibilizarlo con otros cargos y actividades, además de colocarte en la élite empresarial. Vamos, que tiene muchas novias. Y en este baile la música la pone el gobierno. De hecho, REE es una de las pocas industrias donde aún manda el ejecutivo.

Unos meses antes de su entrada en la eléctrica Boyer se había acercado de nuevo al PSOE tras su paso por la FAES de Aznar. De hecho, a principios de 2010 ya estaba asesorando en asuntos económicos al entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con el que hizo muy buenas migas. Se conocieron en una conferencia en la Academia de la Historia en 2002. A final de 2009 escribió unos artículos en El País que interesaron al entonces presidente del Gobierno y a su vicepresidenta económica, Elena Salgado, a la que conocía desde mucho antes y a la que tiene gran estima profesional y personal. Desde entonces Boyer mantuvo conversaciones periódicas con ambos y les envió algunos escritos con sus ideas. En mayo de 2010 fue el gobierno, desde el área de Economía, quien impulsó su nombramiento como consejero de REE. Además, el 1 de abril de 2011 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión Asesora de Competitividad y puso como presidente a Miguel Boyer. El exministro y otros siete expertos tenían la tarea de realizar estudios sobre cómo mejorar el funcionamiento de los mercados, la productividad y la competitividad de la economía española «con el fin de apoyar el proceso de reformas estructurales que está llevando a cabo el gobierno y lograr un crecimiento sostenible y equilibrado», según reza la nota de prensa oficial. La Comisión debía elaborar al menos un informe anual y sus componentes fueron nombrados por un periodo de tres años. Los gastos del funcionamiento de este equipo económico se financian con cargo al presupuesto ordinario del Ministerio de Economía y Hacienda.

Red Eléctrica de España es una empresa privatizada, pero que sigue controlada por la administración central a través de la SEPI. Con un 20 por ciento del accionariado, la Sociedad Española de Participaciones Industriales es el máximo accionista de la empresa que transporta la energía eléctrica y opera el sistema eléctrico español. El 80 por ciento restante es capital flotante, donde están, por ejemplo, BNP Paribas o Talos Capital Limited, cada uno con poco más de un 3 por ciento. La portuguesa REN tiene un 1 por ciento. Como en la mayor parte de los casos, fue el gobierno de Felipe González quien abrió las puertas de la privatización y el de Aznar quien la consumó. REE fue privatizada en 1999, en una operación en la que el pelotazo no lo pegamos los contribuyentes, qué va. Lo pegaron las eléctricas, concretamente Endesa —sobre todo— y, en un segundo término, Iberdrola. De hecho el Tribunal de Cuentas denunció en un informe que la privatización fue gestionada por la SEPI con «falta de claridad y transparencia» en beneficio exclusivo de las compañías del sector y «de espaldas al interés general». El organismo reveló que la mayor parte de las plusvalías que correspondían a la SEPI (entiéndase a todos los españoles) por su paquete del accionariado fueron traspasadas a Endesa e Iberdrola en concepto de indemnización, concretamente 23.737 millones de pesetas (más de 140 millones de euros).

Con estos antecedentes llega marzo de 2004 y un hombre al que apenas nadie había invitado a la fiesta, José Luis Rodríguez Zapatero, gana las elecciones generales. Como en todo cambio de gobierno empieza el baile de las colocaciones de cargos de confianza. En junio le comunican al presidente de Red Eléctrica, Pedro Mielgo Álvarez, que van a prescindir de él. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, encabezado por el catalán José Montilla, había encargado al secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, que sondeara a las compañías eléctricas sobre el nombre del sustituto de Mielgo. El elegido por el gobierno fue un hombre que pertenece a la generación de expolíticos que protagoniza este libro, Luis María Atienza Serna (Burgos, 1957), que fue ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en la recta final de la carrera gubernamental de Felipe González, entre 1994 y 1996. Antes había alcanzado otras importantes responsabilidades públicas, en concreto las que siguen: en 1989 fue nombrado consejero de Economía del gobierno vasco por el Partido Socialista de Euskadi. En 1991 cambió el Parlamento vasco por la Secretaría General del ICONA (Instituto de Conservación de la Naturaleza). En 1993 fue nombrado secretario general de Energía del Ministerio de Industria y Energía, con Juan Manuel Eguiagaray como ministro. Además ha sido miembro de los Consejos de Administración de distintas corporaciones, como el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), la Corporación Logística de Hidrocarburos (CLH) —que estuvo presidida por Boyer— y el Ente Vasco de la Energía (EVE). También presidió el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), el Instituto Tecnológico Geominero de España y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Aunque el puesto de ministro que alcanzó fue en el área de Agricultura, queda claro que en su currículo de economista⁴¹ trabajando para el Estado pesa mucho más el sector energético. Cuando el PP ganó las elecciones en 1996 Atienza tuvo que hacer las maletas y dedicarse a consultoría en temas energéticos, pero ocho años después volvieron los suyos. En julio de 2004 ya era presidente de Red Eléctrica de España, donde no cobra nada mal. Según el último informe de gobierno corporativo disponible, los emolumentos anuales que le corresponden al expolítico —sigue siendo miembro del PSE— son extraordinarios: 388.000 euros de retribución fija; 301.000 de retribución variable; 66.000 en dietas por asistencia a las reuniones del Consejo; 29.000 por su dedicación a comisiones al margen de la presidencia; y 12.000 en aportaciones al seguro de vida y el plan de pensiones. Total: 796.000 euros en 2010, más de diez veces el sueldo del presidente del Gobierno español, que en 2011 cobraba 78.185 euros. Desde luego, la vida de expolítico es mucho más lucrativa que la de servidor público. Aunque es una vida de expolítico íntimamente ligada a la política, la misma política que te nombra presidente de una empresa privada pero con el gobierno como primer accionista.

Atienza, además de presidir REE,⁴² tiene un nada despreciable paquete de acciones de la compañía, un 0,018 por ciento del capital. Visto así parece un porcentaje ridículo, pero no debemos obviar que estamos ante una empresa de magnitudes más que considerables. En verano de 2011 Atienza comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que había invertido 102.000 euros en 3.000 acciones de la compañía que preside. Tras esta adquisición el exministro socialista atesora 24.390 acciones que a precio de mercado de noviembre de 2011 valían más de 850.000 euros. Por otro lado Atienza también es bodeguero, ya que es accionista de las firmas vinícolas Viticultors del Priorat y Viñas del Montsant, junto al exsecretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, y el dueño de Freixenet, Josep-Lluís Bonet, entre otros.

Boyer se convirtió en 2010 en el tercer exministro felipista con asiento en el Consejo de Administración de Red Eléctrica, convirtiendo a la empresa en líder de la Bolsa en cuanto a exmandatarios a su servicio. Un 27 por ciento del Consejo (tres de once miembros) han sido ministros, aunque el porcentaje de expolíticos es superior, como veremos. La tercera en discordia es María Ángeles Amador, que fue ministra de Sanidad y Consumo en la última legislatura de Felipe González (1993-1996). Antes había tenido otros dos importantes cargos públicos, la secretaria general técnica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. Abogada en ejercicio (gestiona el despacho que fundó su padre), Amador es consejera de REE desde junio de 2005. En 2010 cobró 93.000 euros de retribución variable, 66.000 en dietas de asistencia al Consejo y 29.000 por formar parte de la Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa. Da un total de 188.000 euros. La expolítica, una de las pocas mujeres que llegó a ministra con Felipe González, complementa sus ingresos con el Consejo Asesor de Accenture, del que también ha formado parte el exministro Luis Carlos Croissier, al margen de sus actividades como abogada, a las que puede dedicar todo el tiempo que crea conveniente, pues ya sabemos que en REE sólo se le exige que acuda a las trece reuniones anuales del Consejo. Por otro lado Amador es patrona de la Fundación Arte y Derecho.

Otra de las escasas mujeres a las que Felipe entregó cartera es Cristina Alberdi Alonso, que fue titular de Asuntos Sociales entre 1993 y 1996, en el ocaso de la etapa de González. Coincide con Ángeles Amador en que actualmente ejerce la abogacía desde su propio despacho. Por lo demás, hace años que se convirtió en tertuliana profesional de distintos programas de televisión, como El gato al agua (Intereconomía Televisión) y Madrid opina (Telemadrid). En esos platós, muy poco amigables con los socialistas, se muestra tremendamente crítica con el PSOE, partido que abandonó en 2003 por su distanciamiento ideológico de los postulados de Rodríguez Zapatero. En febrero de 2004 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la premió nombrándola presidenta del Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género.

Retomando Red Eléctrica, además de los tres exministros, la compañía dueña de la red de alta tensión cuenta con otros expolíticos en sus filas. Es el caso de Francisco Javier Salas Collantes, consejero desde junio de 2005, al igual que Ángeles Amador, y con idéntica retribución, 188.000 euros anuales. Fue el último presidente del Instituto Nacional de Industria entre 1990 y 1995, cargo que simultaneó con la presidencia de Iberia, cuando la aerolínea era pública. Salas Collantes está considerado muy próximo a los exministros Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi. Este último, como ministro de Industria, fue su jefe directo en los tiempos en que el ahora consejero de REE presidía el INI, el mismo Instituto Nacional de Industria del que Boyer había sido con anterioridad director del área de Estudios. En su currículo de cargos públicos también está la dirección de Planificación y Financiera de la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA) y la presidencia de Teneo, sociedad pública de participaciones industriales que se integró en la SEPI.

Desde que dio el paso a la empresa privada, Salas, del entorno de la llamada beautiful people socialista, ha tenido una intensa actividad. Actualmente es consejero y presidente del Comité de Auditoría de TELVENT (del Grupo Abengoa), consejero de Ged Capital Development y de Ged Iberian Private Equity (un grupo de capital privado que invierte en España, Portugal, Rumania y Bulgaria). También forma parte del Consejo Asesor de Young & Rubicam, una de las principales agencias de publicidad del mundo. Todos estos son cargos de los que Salas obtiene sus correspondientes remuneraciones por acudir a las reuniones y asesorar a la compañía, pero el expolítico tiene sus propias empresas. Una de ellas, Saga Servicios Financieros, se dedica a la consultoría, ese apasionante negocio que alberga a multitud de expolíticos, como hemos visto y seguiremos viendo a lo largo de las páginas de este libro. El antiguo alto cargo socialista es director y socio fundador de la compañía, cuyas actuaciones al frente de la misma le han costado una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por tráfico de influencias y delito fiscal,⁴³ en un caso de cobro de comisiones en la venta de buques a Venezuela. Esta operación es ampliamente descrita en la parte dedicada a Julián García Vargas, véanse páginas 211 y siguientes.

El expresidente del INI le ha debido de coger gusto a la industria naval, ya que a principios de 2011 creó la empresa Bloqmarine Internacional S. L., de la que es presidente. La mercantil tiene como objeto fabricar bloques de acero para astilleros en Nador (Marruecos). Salas tiene el 23 por ciento de las acciones, la siderúrgica valenciana Ros Casares controla el 24 por ciento y Mediterrània, un fondo de capital riesgo gestionado por el grupo catalán de servicios financieros Riva y García, el resto.⁴⁴ Se trata de un ambicioso proyecto, con una inversión de 20 millones de euros y la creación de 1.500 puestos de trabajo en un plazo de diez años. Las intenciones de Salas Collantes pasan por fabricar en Marruecos para abastecer astilleros españoles, a los que conoce muy bien de su etapa gubernamental en el INI y otros organismos. Los accionistas de este negocio reflejan perfectamente el mecanismo de aventuras empresariales de este calado. Salas Collantes pone su experiencia en el sector y sus contactos políticos, se busca un socio industrial siderúrgico —Ros Casares— que aporta el acero, y una fuente de financiación básicamente pública. El fondo Mediterrània fue impulsado en 2008 por la agencia crediticia de la Generalitat de Cataluña (el ICF), entonces en manos del PSC, el Instituto de Crédito Oficial —con el PSOE en el gobierno—, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Telefónica, Repsol, Gas Natural, La Caixa y Caixa Catalunya, que presidía el exministro socialista Narcís Serra, cuya trayectoria se abordará más adelante.

La envergadura de este proyecto y el resto de actividades del expolítico demuestran que Salas Collantes es otro de los antiguos servidores públicos que se ha labrado una muy lucrativa carrera en la empresa privada, pero siempre teñida de la cosa pública.

Retomando la línea de Red Eléctrica de España, no podemos obviar a otro consejero que, además, sigue en política, aunque en este caso por el Partido Popular. Se trata de José Folgado Blanco, que tuvo en sus manos tres secretarías de Estado a partir del triunfo de José María Aznar en 1996. Fue secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, secretario de Estado de Presupuestos y Gastos y secretario de Estado de Economía, Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, departamentos dependientes del Ministerio de Economía que dirigía Rodrigo Rato. Desde junio de 2007 es alcalde de la localidad madrileña de Tres Cantos. Su retribución en Red Eléctrica es de 159.000 euros anuales.

Suma y sigue, porque otra consejera de Red Eléctrica es la exdiputada socialista Arantza Mendizábal Gorostiaga, con un salario de 188.000 euros al año. Diputada desde 1989, no llevaba ni un mes en el Congreso tras las elecciones generales de 2008 cuando dimitió para atender la llamada de su compañero del Partido Socialista de Euskadi Luis Atienza. Histórica del socialismo vasco —proviene de Euskadiko Ezkerra—, había dedicado la legislatura precedente a cuestiones relacionadas con la política energética. Doctora en Ciencias Económicas, fue portavoz en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados.

De los once miembros del Consejo de Administración de REE —incluido su presidente—, seis son expolíticos, al margen de otros representantes que son directivos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales. Menos mal que la compañía se privatizó… La media docena completa cobra 1,7 millones de euros al año.

El más representantivo de ellos, Miguel Boyer, tiene un tercer cargo de consejero en la empresa privada, el de miembro del Consejo Asesor Internacional de BOSCH, la multinacional alemana famosa por sus electrodomésticos, aunque también fabrica tecnología para la industria del automóvil y la construcción. En 2010 facturó 47.259 millones de euros y ganó más de 3.000.

La «derechización» de Boyer

Como este libro versa sobre el presente, no vamos a ahondar en los motivos que llevaron a un Boyer, cansado y enamorado, a abandonar el Ministerio de Economía, Hacienda y Comercio en 1985. Tuvo un poder extraordinario al frente del primer equipo económico del gobierno de Felipe González y aunque el presidente lo negó, todo apunta a que exigió más, una vicepresidencia. Alfonso Guerra entró en cólera y echó un órdago a su compadre. Los enfrentamientos Guerra-Boyer fueron tremendos, al tiempo que el entonces ministro de Economía tenía sobre sus espaldas una presión brutal. Actuaciones como la expropiación de Rumasa (que supuso que el histriónico Ruiz Mateos lo persiguiera, ya en 1989, durante años con el «que te pego, leche, que te pego» y «Boyer mariconazo, a la cárcel») o el agrio descontento de los sindicatos con las bases de la política económica liberal que estaba poniendo en marcha, todo ello aderezado con su sonoro romance con la reina de corazones, Isabel Preysler, provocaron las riadas de comentarios y críticas que generaron en Miguel Boyer una tensión casi insoportable. Dimitió y le dejó la cartera a Carlos Solchaga. Dicen quienes le conocen que su relación con la bella filipina pesó sobremanera en su decisión de dejar el gobierno.

Su primera ocupación tras la salida del Consejo de Ministros fue la de presidente del estatal Banco Exterior de España, hoy dentro del gigante BBVA. En 1991 el gobierno de Felipe, ya sin Boyer en la entidad pública, creó la Corporación Bancaria de España, luego llamada Argentaria. El holding bancario público aglutinaba a la Caja Postal de Ahorros, el Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Local, el Banco de Crédito Agrícola y el citado Banco Exterior de España. Fue el paso previo a la paulatina privatización, entre 1993 y 1998, hasta que terminó fusionándose con el BBV.

Antes de todo este proceso, en 1988, el economista se integró, a propuesta del francés Jacques Delors —entonces presidente de la Comisión Europea—, en el Comité de Expertos para el Estudio de la Unión Económica y Monetaria. A finales de ese año decide dar el salto a la empresa privada de la mano de los controvertidos Albertos (Alberto Cortina y Alberto Alcocer) y las hermanas Koplowitz, en el grupo Construcciones y Contratas. Con un sueldo anual de unas decenas de millones de pesetas, primero se integra en Cartera Central, la sociedad creada por la constructora y el grupo KIO, y luego en distintas sociedades de FCC, del que fue adjunto a la presidencia, vicepresidente y consejero ejecutivo. También ocupó la presidencia y fue consejero delegado de Grucycsa, otra de las empresas del consorcio en la que el expolítico se hizo con una pequeña participación accionarial.

Ya en 1999, durante la presidencia de José María Aznar, Boyer fue nombrado presidente de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), la empresa líder en transporte y almacenamiento de productos petrolíferos en el mercado español. CLH tiene sus orígenes en una porción de la pública Campsa (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.), que fue privatizada en 1992, cuando la integración de España en el mercado Común Europeo obligó a la liberalización del sector del petróleo. De nuevo un expolítico en el cuadro dirigente de una antigua empresa pública. En abril de 2005 Repsol, uno de los principales accionistas de la compañía,⁴⁵ destituye a Boyer, que en esa época, ya con Zapatero en el gobierno, era patrono de FAES, el think tank presidido por José María Aznar.

En 1996 Boyer se dio de baja del partido en la agrupación de Chamartín (Madrid). Incluso llegó a apoyar públicamente el programa económico del Partido Popular. Fue en 2002 cuando, para estupefacción de muchos, decidió ingresar en el laboratorio de ideas de José María Aznar, al que ya daba su opinión y asesoramiento tiempo antes. Su total distanciamiento del PSOE era más que notorio, pero de ahí a meterse en la fundación que proporciona ideas políticas a la derecha había un trecho. Este suceso acrecentó aún más la figura de Miguel Boyer como una de las más polémicas de la generación de líderes políticos surgidos con la llegada de la democracia. A finales de 2010, coincidiendo con su acercamiento a Zapatero, Boyer abandonó el patronato de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Esas idas y venidas para nada han ayudado a su imagen, que chirría, y mucho, en la mayor parte de los protagonistas de este libro. Echan mano de la prudencia si se les pregunta por Miguel Boyer. Alguno incluso se da mus con un «prefiero no opinar», como Javier Sáenz Cosculluela: «Yo no quiero hacer juicios a nadie. Además conozco muy bien al personaje, tuve trato intenso con él antes de las elecciones de 1982, pero prefiero no opinar. No me gusta enjuiciar la trayectoria de cada cual, porque quién sabe…».⁴⁶

Quien no se muerde la lengua es, cómo no, José Luis Corcuera. Recuerda que Boyer fue asesor de la Federación del Metal de la UGT cuando el exministro del Interior ostentaba la secretaría general. Le está muy agradecido por los consejos que le dio para la reconversión industrial de la siderurgia, pero enseguida saca la porra y empieza a sacudir. Recuerda que Boyer dimitió de la Comisión Ejecutiva del PSOE: «Se fue a no sé qué partido socialdemócrata, se presentó a las elecciones por Logroño y, naturalmente, no sacó el acta de diputado. Es que hay gente que se cree importante y no le votan ni los vecinos de la escalera».⁴⁷

Corcuera continúa relatando el currículo de Boyer diciendo que Felipe lo volvió a coger y «lo hicimos diputado por Jaén y ministro». Asegura sin ambages que luego Boyer dimitió porque Felipe González no le hizo vicepresidente, «que no cuente maledicencias, que eso lo sé yo muy bien». El sarcasmo no abandona el relato del exministro del Interior: «Boyer encontró el aura de Aznar, no sé por dónde, no sé dónde la tiene, y trabajó en FAES porque ese era el modelo. Luego, de repente, te lo encuentras asesorando a Zapatero. Naturalmente está en el Consejo de Administración de Red Eléctrica. Ese no es mi modelo. Mi modelo es en todo caso el Miguel de antes, no el de ahora. Al Miguel de antes sí lo respeto muchísimo».⁴⁸

A Boyer lo conoce muy bien Javier Gómez-Navarro. No coincidieron en el Consejo de Ministros, porque el extitular de Comercio y Turismo es posterior, pero sí estuvieron juntos muchos años en la clandestinidad: «Miguel Boyer es una persona muy tímida, muy reservada, que tenía una carrera profesional importante y al que Felipe le dio el puesto más relevante en cuanto a política económica. Evidentemente Boyer era una persona que estaba en el ala de más a la derecha del partido, pero Felipe lo necesitaba. Era la primera vez que el Partido Socialista, el socialismo democrático en España, llegaba al poder y necesitaba rodearse de gente que diera confianza en el mundo empresarial y Boyer la generaba. Su evolución después, cuando entró en FAES, a algunas personas que le apreciábamos y lo apreciamos nos causó sorpresa. A mí, realmente, casi estupefacción. Entre el ala derecha del partido y FAES hay casi un salto al vacío. Después ha apoyado mucho a Zapatero».⁴⁹

Cuando José María Aznar era el inquilino de La Moncloa, Boyer llegó a decir que compartía en más de un 50 por ciento las ideas del Partido Popular. Era demasiado liberal para el PSOE, aunque, como estamos viendo a lo largo de este libro, la gran mayoría de líderes históricos del Partido Socialista se encuadran en el ala más liberal de la socialdemocracia, si no más allá. Boyer ya apuntaba maneras hace cuarenta años, con su refinamiento y su elitismo. Cautivó a Felipe González, al que llevó a los salones de la élite de la izquierda en los tiempos de la clandestinidad. Dicen que fue él quien enseñó al andaluz a comer con pala de pescado. Sentó las bases de la economía de mercado y lideró la beautiful people, esa cohorte de socialistas adinerados que habían heredado los privilegios y el buen vivir de la derecha. Su entonces escandaloso romance con la ex de Julio Iglesias y del marqués de Griñón, Isabel Preysler, mientras ambos estaban casados —con Elena Arnedo y con Carlos Falcó respectivamente—, y luego la mansión de la elitista colonia de Puerta de Hierro, con sus más de cuarenta estancias e incontables cuartos de baño, contribuyeron aún más a la derechización pública de Boyer y a la idea de que el escándalo había truncado su carrera política. El escritor Alfonso Ussía bautizó la residencia de la pareja —de unos 2.000 metros cuadrados— como «Villa Meona» por su decena larga de cuartos de baño. La construyeron a finales de la década de 1980 en un solar adquirido a Fernando Fernández Tapias. El caso es que la beautiful ya no sólo vivía como los magnates de la derecha, sino que también se acostaba con sus mujeres. Muchos no daban un duro por la pareja, pero ahí siguen treinta años después, instalados en la misma mansión de la calle de Miraflores, y con una hija en común, Ana, que a sus veintipocos ha eclipsado a su propia madre en alguno de los saraos a los que acuden.

Al poco de dimitir como ministro, en 1985, la revista ¡Hola! publicó unas fotografías de los enamorados en Marbella por las que, según la prensa de la época, se pagaron 50 millones de pesetas. Cuando el idilio se destapó en 1983 (se casaron en 1988), una sola foto de la pareja llegaba a cotizarse en el papel cuché a 8 millones de pesetas. Todo lo que rodeaba a Boyer era excesivo para la idea clásica del socialismo (del socialismo democrático, se entiende). Muchos, Alfonso Guerra a la cabeza, se escandalizaban. Cuenta su biógrafo, el periodista José Luis Gutiérrez, en el libro Miguel Boyer. El hombre que sabía demasiado, que el entonces ministro temía que con su sueldo no podría «mantener el lujoso tren de vida al que está acostumbrada Isabel Preysler». Como expolítico ya hemos visto que sus ingresos dan para mucho, aunque haya que costear doncellas, chóferes, lujosos viajes y un largo etcétera. Además, Isabel Preysler, a día de hoy, para nada necesita ser una mantenida. Más bien lo contrario. Ella podría mantener a varios maridos gracias a las cantidades de seis cifras anuales que le pagan por prestar su imagen a Porcelanosa y Coty Astor o por asistir, por ejemplo, a presentaciones de la elitista cadena de joyerías Suárez.

Boyer nació en San Juan de Luz (Francia), debido al exilio de sus padres en la recta final de la Guerra Civil. Hijo de republicanos —su padre era cercano a Azaña—, la familia regresó a España y él estudió en el Liceo francés de Madrid. Se licenció en Ciencias Económicas y en Ciencias Físicas en la Universidad Complutense para convertirse en la figura más destacada del equipo económico del PSOE en la clandestinidad. Pese a encuentros y desencuentros, incluso irse del partido cuando su altivez se veía menoscabada, era evidente que la suya era una de las cabezas más brillantes de ese grupo de políticos circunstanciales, no profesionales de la política. Con toda la polémica que aún hoy rodea a su figura, sus capacidades profesionales son incuestionables, pese a algunos fracasos como su alianza con el constructor Carabante. Desde el entorno de Boyer están plenamente convencidos de que la cualificación del expolítico es mucho más elevada que la de sus compañeros de generación, incluso que la de su elogiado sucesor en Economía y Hacienda.

«Boyer está por encima de Solchaga⁵⁰ o de todos los otros, algunos unos pringaos a su lado. Habla idiomas y su agenda y su nivel de relaciones nacionales e internacionales es brutal: banqueros, políticos, contactos espectaculares. Si hubiera montado su propio lobby, como Solchaga, sería enorme, pero prefiere sus estudios, sus cursos, sus conferencias».⁵¹ Así lo describe una persona que ha trabajado con él. Parece que Boyer se «conforma» con unos cientos de miles de euros por su presencia en Consejos de Administración y sus conferencias a través de Thinking Heads, la agencia que representa a Felipe González y a otros muchos de los protagonistas de este libro, sin contar los réditos de sus inversiones. El 5 de febrero de 2012 cumplirá setenta y dos años. Sigue activo y, muy a su pesar, dando de qué hablar.

Para encontrar una figura con el protagonismo de Boyer en los gobiernos de Felipe González hay que buscar la talla de un tipo cuyo nombre ya ha salido en este capítulo, Narcís Serra i Serra, el político catalán que más alto ha llegado en el gobierno de España hasta la fecha, el hombre que puso orden en los cuarteles para que no volviera a sonar el ruido de sables. Protagoniza una vida de expolítico marcada por un buen puñado de cargos en cajas, empresas y fundaciones. Las cajas, las desastrosas cajas, cuya gestión las llevó a la quiebra y las abocó a fusiones y ayudas públicas para sobrevivir, han sido durante años —demasiados— el instrumento perfecto para colocar a políticos y para financiar a empresarios próximos a los mismos políticos que manejan esas cajas. Sin apenas excepciones en lo que se refiere a cantidades y sin excepción alguna en lo que se refiere a partidos políticos. Cuanto más poder, más han mangoneado con las cajas, comenzando por los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, y siguiendo con los nacionalistas con responsabilidades de gobierno autonómicas, como CiU, PNV o el BNG.

Fuera de la política, el cargo más representativo que ha ostentado el exministro de Defensa (1982-1991) y exvicepresidente del Gobierno (1991-1995) es la presidencia de Caixa Catalunya, entidad que se fusionó en 2010 con las cajas de Tarragona y Manresa para engendrar la actual CatalunyaCaixa, ya sin Serra al frente. El expolítico fue nombrado consejero de Caixa Catalunya en 2004 y presidente un año después, en marzo de 2005. Cuando entró como consejero ya se había acordado que este peso pesado del socialismo catalán, exconsejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Tarradellas (1977-1979), exalcalde de Barcelona (1979-1982) y hombre fuerte durante trece años de gobierno de Felipe González —casi todo el ciclo—, fuera el sustituto del catedrático Antoni Serra Ramoneda, que llevaba en el cargo desde 1984. CiU denunció que estábamos ante una operación de politización de la caja fundada y controlada por la Diputación de Barcelona y, en ese momento, la tercera de España tras La Caixa y Caja Madrid. En 2004, cuando se fraguó la operación, los presidentes de la Diputación de Barcelona eran José Montilla —hasta abril— y Celestino Corbacho. Se produjo el relevo porque Zapatero llamó al primero para el Ministerio de Industria. Luego llamaría también a Corbacho para la cartera de Trabajo e Inmigración (2008-2010). Como ha ocurrido en tantas cajas, el partido de turno, en este caso el PSC, puso a uno de sus hombres al frente de la entidad, donde ha estado hasta julio de 2010, ya que se acordó su salida tras la fusión. A finales de 2009 Caixa Catalunya, aún presidida por Serra, condonó al PSC una deuda de 7.100.000 euros (casi 1.200 millones de pesetas), pese a que la caja pasaba por una situación financiera crítica. La condonación no estaría justificada aunque gozara de buena salud pero, desgraciadamente, multitud de entidades —cajas y bancos— condonan las deudas de los partidos políticos. Montilla relevó como secretario general del PSC a Narcís Serra en el año 2000, seis años antes de que sucediera al convergente Jordi Pujol en la presidencia de la Generalitat.

Narcís Serra accedió a la presidencia con un sueldo de unos 200.000 euros anuales, que ascendieron hasta 275.000 incluyendo las dietas. Ante las críticas, ya que no era un cargo que le exigiera exclusividad, el exvicepresidente del Gobierno se defendió argumentando que no se iba a limitar a presidir las reuniones del Consejo de Administración, sino que el cargo tenía responsabilidades ejecutivas. Además, en 2010, con la caja recibiendo más de 1.200 millones de euros del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) para salvarla de la quiebra⁵² y con un plan de mil quinientos despidos, el Consejo de Administración que él presidía aprobó una subida de sueldo para la alta dirección, que se pagaría con cargo a los fondos del FROB. El director general, Adolf Tudó, pasó de 600.000 a 800.000 euros anuales.⁵³

Fuentes próximas al exvicepresidente del Gobierno aseguran que cuando este entró en Caixa Catalunya la entidad ya estaba en quiebra. Una de las primeras medidas que quiso tomar fue cambiar al director general, Josep María Loza, pero el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no se lo permitió. Tiempo después, en enero de 2008, Loza presentó su dimisión después de una década al frente de la entidad y Serra pudo traerse a Adolf Tudó —el de la subida de sueldo de 2010—, que tenía ese mismo cargo en Caixa Manresa. Fuentes económicas vinculadas al PSOE consideran que ese tiempo perdido fue en contra de Caixa Catalunya, «porque en casi todas las cajas el poder lo tiene el director general, y Narcís, que se comió todos los marrones, ha tenido problemas con Mafo, como todo el que ha estado en una caja». Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Mafo, tuvo distintos cargos de responsabilidad en los gobiernos de Felipe González, como la secretaría de Estado de Economía entre 1982 y 1986, aunque ahora no se entienda demasiado bien con algún excompañero.

Quienes dirigen las entidades o empresas día a día cobran mucho más que quienes se limitan a asistir a las, en este caso, ocho reuniones anuales del consejo. De todos modos reiteramos que el cargo de Serra no le exigía exclusividad y, lo que es más importante, ha sido un pasaporte, una barra libre para «estar en» y cobrar de los Consejos de Administración de empresas participadas por la caja. Además, ha conservado estos cargos. Veamos el desglose y las retribuciones a cierre del ejercicio de 2010, el más reciente disponible en el momento de escribir este libro:

Gas Natural: el exvicepresidente coincide en el Consejo de Administración de la gasista con quien fuera su jefe, Felipe González. Cobran 126.500 euros cada uno por asistir a las once reuniones del Consejo, lo que da una retribución de 11.500 euros por cada cita. Serra fue designado consejero de Gas Natural en 2008 para representar a la caja que presidía, que es accionista de la compañía, y sustituir a Josep María Loza, exdirector general de Caixa Catalunya. Pese a su salida de la presidencia de la entidad bancaria, el expolítico ha mantenido el cargo de consejero de Gas Natural y, por ende, su retribución.

El efecto dominó de presidir Caixa Catalunya también sentó a Serra en el Consejo de Administración de Volja Plus S. L., sociedad inversora de Caixa Catalunya y Unnim —caja también intervenida—, a la que llegó como presidente y consejero en marzo de 2008. Esta mercantil aglutina la participación de las cajas en el Grupo Applus, en el que Serra también fue nombrado vicepresidente y consejero, concretamente de Applus Technologies Holding S. L. La compañía se dedica, entre otros muchos negocios, a los centros de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). La empresa nació en 1996 para diversificar las actividades de Agbar (Aguas de Barcelona) hacia la industria del automóvil. Hoy es una multinacional que realiza distintos servicios de inspección a sus clientes, entre ellos Gas Natural, y también de consultoría. La empresa no revela la remuneración de sus consejeros, aunque algunas fuentes hablan de más de 120.000 euros al año. La compañía se ha negado incluso a informar sobre si Serra continúa o no en ella tras la salida de Caixa Catalunya, pero el Registro Mercantil demuestra que sí y que, por lo tanto, sigue cobrando por un puesto debido a la caja catalana. El expolítico ha declinado atender al autor de este libro.

Su mayor remuneración la percibe gracias a Telefónica, en la que ocupa los cargos de consejero de Telefónica Internacional S. A. U., vicepresidente de Telefónica Chile y consejero de Telecomunicaciones de São Paulo. Según las memorias económicas de las dos filiales de la multinacional española, Serra obtiene 73.460.700 pesos chilenos, 107.250 euros al cambio oficial del 6 junio de 2011, por ejercer la vicepresidencia del Consejo en las reuniones de Telefónica Chile, mientras que en la brasileña los dieciséis miembros del Consejo se reparten 16.290.000 reales, más de 7 millones de euros. Da una media de 441.000 euros por cabeza, aunque en este caso la compañía no desglosa el importe de forma individual.⁵⁴ La información financiera sólo refleja que «la remuneración individual se fijará de acuerdo a los criterios de la compañía». En la filial brasileña Serra tiene como compañero al duque de Palma Iñaki Urdangarín, cuyos oscuros negocios le han reportado un patrimonio espectacular y una investigación judicial sobre el Instituto Nóos que el yerno del rey presidía y que facturaba alegremente al gobierno del balear Jaume Matas y a la Generalitat Valenciana. Serra simultaneó estos cargos durante varios años, lo que significa que tenía que dejar su oficina de presidente de Caixa Catalunya en Barcelona para asistir a todas las reuniones de los Consejos de Administración de las dos filiales de Telefónica, a casi 9.000 kilómetros de distancia la brasileña y más de 11.000 la chilena. No debemos olvidar que Serra presidía una caja que se estaba hundiendo por momentos, que presentaba una situación financiera tan límite que ha tenido que ser rescatada por el FROB. Con esta realidad sobre la mesa, suponemos que Caixa Catalunya necesitaba los esfuerzos de su presidente centrados en el día a día de la entidad financiera, no haciendo caja en otros Consejos de Administración.

Esta retahíla de cargos le han supuesto al exvicepresidente del Gobierno unos emolumentos anuales de algo más de un millón de euros, convirtiéndolo en uno de los expolíticos de su generación mejor pagados. Tras su salida de Caixa Catalunya, con los cargos que mantiene a fecha de cierre de la edición de este libro, el expolítico percibe unos 700.000 euros anuales de las empresas a las que asesora.⁵⁵ Habría que añadir los posibles bonus en acciones que pueda recibir de compañías como Telefónica.

A medida que uno va desgranando los currículos de los protagonistas de este libro llega a la conclusión de que o no duermen o no le dedican ni un ápice de tiempo a una buena parte de los cargos que ostentan, aunque son de una envergadura que cuesta creer que uno pueda lucirlos y no interesarse por ellos. En el caso de Serra, a las actividades ya relatadas hay que sumar las que siguen: Caixa Catalunya también le llevó a la presidencia de la Fundación que lleva el mismo nombre. El expolítico preside desde el año 2000 otra fundación, la CIDOB (Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona). Se trata de un think tank, uno de esos laboratorios de ideas que tan de moda están entre los expolíticos y que, en este caso, está financiado por organismos como la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona. Entre sus actividades están la organización de conferencias, cursos y seminarios, además de la elaboración de distintos estudios sobre temática internacional (geopolítica, migración, seguridad, etc.). El presidente honorífico de la institución es otro exministro felipista, Javier Solana, que fue elegido para el cargo precisamente por su proyección internacional, entre otros motivos. Serra también preside el IBEI (Instituto Barcelona de Estudios Internacionales), organismo que nace del CIDOB. Además, el exvicepresidente del Gobierno ejerce de copresidente del Foro España-Italia y del Foro España-Francia, que cuenta con el CIDOB entre sus organizadores. Narcís Serra es presidente del Patronato del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). En las reuniones coincide con otro expolítico, Miquel Roca i Junyent,⁵⁶ y llegó a compartirlas con un excompañero de gobierno, el escritor Jorge Semprún, que fue ministro de Cultura entre 1988 y 1991 y que falleció en París en junio de 2011. El Patronato es el máximo órgano de gobierno del museo, una institución en la que participan la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y, desde principios de 2005, la Administración General del Estado.

En otras instituciones el exvicepresidente del Gobierno aparece como miembro raso del patronato. Es el caso de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, que se presenta como «una iniciativa de la sociedad civil con participación de grandes empresas, instituciones culturales y académicas, miembros de la administración y representantes de partidos políticos, creada con el propósito de fomentar los vínculos ya existentes en diversos campos de actividad —económico, financiero, cultural, educativo, político, profesional— entre la sociedad y las instituciones españolas y estadounidenses, que permita un mejor entendimiento mutuo y genere nuevos proyectos provechosos en todos esos ámbitos». Fue constituida en 1997 y si echamos un vistazo a su patronato bien podríamos definirlo como una representación de la élite político-empresarial. Como no podía ser de otro modo, la presidencia corresponde a la empresa más poderosa de España, a la que muy pocos se atreven a no a rendirle pleitesía, el Banco Santander. En su nombre, Juan Rodríguez Inciarte, consejero y responsable del Departamento de Estrategia de la entidad financiera. Son patronos otros tres representantes de la banca, Ángel Cano (BBVA), José María Nin Génova (La Caixa) y José Oliú Creus (Banco Sabadell).

En cuanto a empresas, muchas de las principales compañías españolas tienen colocados a sus representantes. Es el caso de Abertis, Viscofan, Barceló, Abengoa, Telefónica, Gamesa, Cuatrecasas Abogados, Grifols, la SGAE, Repsol YPF, Freixenet, Garrigues Abogados, Técnicas Reunidas, Hispasat, Iberdrola, Indra, Acerinox, Ferrovial, Vueling, Uría Menéndez Abogados, Tubacex… Dentro del patronato hay otro grupo denominado Política y Administración que cierra el círculo del establishment. El PP está representado por uno de sus expertos en política internacional, Gustavo de Arístegui, aunque no obtuvo hueco en las listas de las elecciones generales de 2011. Por el PSOE encontramos a Juan Moscoso, hijo del ex mnistro Javier Moscoso, del que hablaremos más adelante, diputado también de corte internacional, pues ha sido portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea, vocal de la Comisión de Asuntos Exteriores y vocal de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Luego hay otros cargos representados, como el entonces embajador de España en Estados Unidos, Jorge Dezcallar, y varios emisarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, del ICEX, de la Casa de América y del Centro Internacional de Toledo por la Paz.

Aunque estemos ante una fundación que, como tal, no tiene ánimo de lucro, no debemos olvidar que entre sus objetivos está fomentar las actividades económicas y financieras entre España y Estados Unidos, por lo que las empresas miembro aprovecharán los foros España-Estados Unidos como el de Salamanca 2007 para abrir mercado y hacer negocios.

El lector se sorprenderá si comprueba que Narcís Serra pertenece a otra institución sin ánimo de lucro que cuenta con un plantel aún más elitista que el Foro España-Estados Unidos. Se trata de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Fundada en Madrid en 1991, tiene como objetivo dotar a España de un centro de alta formación profesional para jóvenes músicos talentosos. Perseguía que estos artistas no tuvieran que abandonar el país para recibir la enseñanza superior que necesitaban. En los primeros pasos del proyecto, así como en la selección del profesorado, la escuela contó con el asesoramiento de maestros como Yehudi Menuhin —con cuya fundación española colabora el exministro Julián García Vargas— Mstislav Rostropovich o Daniel Barenboim. Serra ingresó en el Patronato a título personal. Ahí coincide con un impresionante plantel que hará al lector preguntarse quién ha conseguido aglutinar a tantos representantes del Poder con mayúsculas, político y económico, en una escuela de música. La presidenta de honor es la reina Sofía y en la vicepresidencia están la alcaldesa de Madrid y la presidenta de la Comunidad, a cierre de este libro Ana Botella y Esperanza Aguirre. La Comunidad de Madrid también coloca en el Patronato a los consejeros de Educación (Lucía Figar) y de Cultura y Turismo (Ignacio González, que también es vicepresidente de la CAM). Por el gobierno central acuden el ministra de Cultura y el secretario de Estado para la Cooperación Internacional. Vamos ya, por orden alfabético, con el mundo de las finanzas, la gran empresa y las fundaciones, ampliamente representados en el Patronato:

Francisco Ivorra, presidente de la compañía de seguros médicos Asisa; Francisco González, presidente del BBVA; Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España; Luis Bassat, presidente de la agencia de publicidad Bassat Ogilvy; Alfredo Barrios, presidente de la petrolera BP España; Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid (de la que es consejero el exministro Virgilio Zapatero); Emilio Novo, managing director de Canon España; Jacinto Rey, presidente de Constructora San José (donde es consejero el exministro Antoni Asunción); Fernando Ruiz, presidente de la consultora y auditora multinacional Deloitte; Catalina Luca de Tena, presidenta de ABC-Grupo Vocento; Mauricio Casals, presidente del diario La Razón; Mariano Linares, presidente de El Diario Montañés-Grupo Vocento; Miguel Antoñanzas, presidente de E.ON España, la filial de la eléctrica alemana que pugnó por Endesa; Juan Ángel Esteban Paul, director general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial; José Ferrer Sala, presidente de honor de Freixenet; Isidro Fainé, presidente de La Caixa; Luis Alberto Salazar-Simpson, presidente de Fundación Orange España y consejero del Banco Santander; Helena Revoredo Delveccio, presidenta de la Fundación Prosegur; Juan Manuel de Mingo, consejero delegado de la Fundación Ramón Areces; Antonio Vázquez, presidente de Iberia; Miguel Martínez Fernández, presidente de Paradores de Turismo España; Fernando González Laxe, presidente de Puertos del Estado; Alberto Oliart, presidente de Radio Televisión Española;⁵⁷ Antonio Brufau, presidente de Repsol; Luis Fernando del Rivero, presidente de Sacyr-Vallehermoso; Pedro Navarrete, presidente y director general de Sony España; César Alierta, presidente de Telefónica; Fernando Masaveu, presidente de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson; y Carmen Iglesias, expresidenta de Unidad Editorial. A título personal, además de Narcís Serra, forman parte del patronato Ana Patricia Botín, Jaime Castellanos, Ignacio Polanco y Alfredo Sáenz.⁵⁸

A estas alturas quizá el lector vaya intuyendo quién ha podido aglutinar en una escuela de música a lo más granado del capitalismo español (están prácticamente todas las grandes empresas del IBEX), los gobiernos central y madrileño y el Banco de España. Ha sido la presidenta de la escuela y presidenta de la Fundación Albéniz, de la que depende la citada escuela: Paloma O’Shea, la esposa de Emilio Botín. La primera marquesa de O’Shea —título concedido por el rey en 2008— estudió piano en el Conservatorio de Bilbao y es una amante de la música. Los antecedentes de la escuela se remontan al Concurso Internacional de Piano de Santander, que Paloma O’Shea puso en marcha en 1972, y a las clases magistrales que organizó a partir de 1981 en colaboración con la Universidad Internacional de Verano Menéndez Pelayo de la capital cántabra. La mujer del hombre más poderoso de España ha reunido a todo el establishment de este país. Si llegaran a coincidir en una reunión bien podrían gobernar España sin necesidad del Congreso de los Diputados o el palacio de La Moncloa. Están todos: monarquía, política, banca, industria, medios de comunicación… Y eso que nos hemos limitado al patronato, ya que el listado de socios de honor es mucho más prolijo e igual de exclusivo. Parece que sí, que la música amansa a las fieras. La música, o Emilio Botín, al que todas las élites políticas y empresariales rinden honores.

Entre ellos está Narcís Serra, del que aún —sí, aún— no hemos mencionado todos sus cargos. Falta su presencia en la Fundación Pasqual Maragall y sus labores de representante del Ayuntamiento de Barcelona en el Patronato del Instituto Europeo del Mediterráneo y en el Patronato de Casa Asia. Como decíamos, cuesta creer que el expolítico pueda atender todos sus compromisos económico-filantrópicos.

Allí donde va, le acompañan sus escoltas, nueve policías nacionales que se turnan para cubrir sus desplazamientos y vigilar su casa, en San Cugat del Vallés, las veinticuatro horas del día. En 2010 la Confederación Española de Policía (CEP) protestó por este exceso. Los exministros protagonistas de este libro, salvo los de Interior, ya no se mueven con escolta, pero Serra ha hecho valer su condición de exvicepresidente. El equipo de seguridad tenía un coste para las arcas públicas de unos 300.000 euros anuales. Tras la indignación del sindicato policial, el Ministerio del Interior redujo significativamente el despliegue. Le retiró lo que se conoce como escolta estática y mantuvo la dinámica. Actualmente, al cierre de la edición de este libro, con el comunicado del cese de la violencia de ETA recién emitido, cuatro policías velaban aún por la seguridad del expolítico catalán.

Antes de entrar de lleno en la política, Serra se doctoró en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona, cursó estudios de Economía Monetaria en la London School of Economics y fue profesor agregado de Teoría Económica en la Universidad de Sevilla y en la Universitat Autònoma de Barcelona. Luego vinieron todos sus cargos públicos, de tal modo que cuando dimitió como vicepresidente del Gobierno por el escándalo de las escuchas ilegales del CESID se le abrió un horizonte de cargos en Consejos de Administración salpicados de lleno por la política. Ese gin-tonic de lo privado y lo público, de la formación económica y las influencias políticas, parece que nunca termina.

Siguiendo el hilo argumental de las cajas damos con otro exministro de Felipe González, Virgilio Zapatero Gómez. Quien fuera ministro de Relaciones con las Cortes entre 1986 y 1993 fue nombrado consejero de Bankia en julio de 2011. Desde 2009 era vicepresidente de Caja Madrid a propuesta del PSM, cuando Tomás Gómez acordó con Rodrigo Rato que los socialistas madrileños tuvieran una vicepresidencia en la caja. Bankia, la fusión de Caja Madrid y otras seis entidades (Bancaja y las cajas Insular de Canarias, Laietana, Ávila, Segovia y La Rioja,) echó a andar con dieciséis consejeros, pero los amplió a diecinueve para dar entrada a Virgilio Zapatero, Juan Martín Queralt, director General de Tributos de la Generalitat Valenciana (PP, cómo no) y Claudio Aguirre Pemán, profesional de banca, responsable para España de The Chase Manhattan Bank y Goldman Sachs.

La remuneración anual que le corresponde al exministro de Relaciones con las Cortes es de 116.000 euros, al margen de retribuciones complementarias. Esto es, de 25.000 a 30.000 euros si participa en alguna comisión, un 20 por ciento de su salario adicional en acciones de la entidad y otro 20 por ciento en función de los objetivos logrados. Además, el expolítico mantiene cargos en Caja Madrid, pero desde la matriz aseguran que dejó de cobrar por ellos cuando ingresó en Bankia.

En 2010 la Comisión Ejecutiva de Caja Madrid, encabezada por Rato y en la que Zapatero es vocal, se repartió casi 12 millones de euros. Son el presidente y doce vocales, pero la entidad no ofrece el dato de remuneración individualizado. El exministro socialista participaba en varias comisiones que llevan remuneraciones complementarias.

En este caso como en otros muchos PP y PSOE cambiaron sus cromos, como niños en un parque: tú pones a este, yo a este otro, pero con millones de euros en juego. Rodrigo Rato, como presidente ejecutivo de Bankia, cobra un mínimo que supera los 3 millones de euros al año. Según una información del diario Expansión,⁵⁹ pese a los supuestos esfuerzos del gobierno para profesionalizar las cajas, los políticos controlan una media de casi el 40 por ciento de los consejos de estas entidades. Los casos más llamativos son Caja Segovia, con doce políticos en un consejo de diecisiete (71 por ciento) y Caja Vital, once de diecisiete (69 por ciento).

Virgilio Zapatero, doctor en Derecho y catedrático de Filosofía del Derecho, ha sido rector de la Universidad de Alcalá. Lleva décadas en el PSOE. Además de ministro fue miembro de las Cortes Constituyentes y secretario de Estado con Felipe entre 1982 y 1983. Actualmente también es patrono de la Fundación Pablo Iglesias, presidida por Alfonso Guerra. Este socialismo activo del exministro le ha llevado a los Consejos de Administración de Caja Madrid y Bankia.

El siguiente protagonista también ha guardado cierta relación con Caja Madrid, como veremos. Se trata de Javier Gómez-Navarro Navarrete, que cumple con creces el perfil de exministro de una rama como Comercio y Turismo (1993-1996). Es uno de los representantes de su generación que ha obtenido mayor éxito empresarial, un hombre muy valorado en los círculos de la gran empresa. Desde su salida del gobierno, con la derrota del PSOE en 1996, ha ocupado una treintena de cargos en casi veinte sociedades, al margen de la presidencia de las Cámaras de Comercio. Firmas comerciales, aeronáuticas, consultoría, construcción, seguridad… El expolítico muestra una frenética actividad empresarial que le reporta, entre sus empresas y la participación en los Consejos de Administración de otras, 1,2 millones de euros anuales. Atesora un patrimonio acorde con su condición de importante empresario —dueño de sus propias empresas— y gestor de otras compañías —algunas de ellas cotizadas—, que puede rondar los 10 millones de euros.

Actualmente una de sus ocupaciones más significativas es la presidencia de Aldeasa, una de las principales cadenas de explotación de comercio y restaurantes aeroportuarios del mundo. Gómez-Navarro, ingeniero industrial (especialidad en química) era ministro de Comercio cuando se impulsó la privatización del Aldeasa, una compañía de origen público que se remonta a 1974, aunque la empresa no dependía directamente del gabinete de Gómez-Navarro, sino de Patrimonio del Estado (Ministerio de Economía). Actualmente está presente en veinte países⁶⁰ con casi 250 tiendas en las que los viajeros compran tabaco, alcohol, perfumes u otros productos aprovechando el duty free, la reducción de impuestos de la que gozan los viajeros internacionales. Durante su gestión al frente del Ministerio se aprobó la Ley de Comercio de 1996.

El expolítico percibe un salario, incluidos los bonos, que ronda el medio millón de euros anual. Primero sí lo fue, pero actualmente, desde el 1 de enero de 2010, su cargo no es ejecutivo, ha cedido el poder del día a día al equipo gestor encabezado por el consejero delegado. Aun así no se limita a presidir las reuniones del Consejo de Administración, sino que todos los días pasa unas horas en su oficina de Aldeasa, casi una media jornada.

Gómez-Navarro había sido nombrado presidente de la empresa el 20 de abril de 2005, cuando la compañía ya no cotizaba en bolsa. El control del accionariado lo tiene la multinacional italiana Autogrill que, con el nombramiento del exministro, perseguía una buena relación con AENA en la negociación de los cambios en el contrato de explotación de las tiendas aeroportuarias. En ese momento la titular de Fomento, de quien depende Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, era la socialista Magdalena Álvarez, al tiempo que Gómez-Navarro guardaba unas excelentes relaciones con el gobierno de Zapatero.⁶¹

En el momento de su nombramiento al frente de Aldeasa el exministro era, desde hacía sólo un mes, presidente de las Cámaras de Comercio, cargo no remunerado que simultaneó con la dirección de la cadena multinacional de tiendas en aeropuertos hasta mayo de 2011, cuando fue relevado por Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza. De este modo Gómez-Navarro fue una pieza más en los planes de privatización —otra vez las privatizaciones— de parte de la gestión de los aeropuertos de Barajas y El Prat, ya que el ministro de Fomento, José Blanco, incluyó a las Cámaras de Comercio en esta operación.

Tanto para dar su opinión sobre la privatización de los aeropuertos como para defender los intereses de Aldeasa, Gómez-Navarro fue el hombre perfecto en el momento de su nombramiento. Guarda una extraordinaria relación con el polémico presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, bajo cuyo mandato se inició la privatización de Barajas y el Prat.⁶² El negocio de las explotaciones comerciales en los aeropuertos le supone a AENA 600 millones de euros anuales, casi un tercio de sus ingresos totales. Sabían muy bien los accionistas de Aldeasa a quién nombraban para encabezar la compañía. Además de sus responsabilidades públicas al frente de Comercio, Gómez-Navarro había sido presidente de Viajes Marsans (1983-1986) y había participado en la creación de las compañías aéreas Spanair y SAS, en 1984, antes de su entrada en el gobierno. Además, en 1980, fue uno de los promotores de la creación de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, de la que fue su secretario técnico hasta 1983. En aquellos tiempos también fue editor de la revista Viajar y gerente de la editorial Cuadernos para el Diálogo. Tenía una amplia y destacada historia previa a su entrada en política.

Para hacerse con la cadena de tiendas de los aeropuertos, el grupo italiano Autogrill se unió a la tabaquera hispano-francesa Altadis, que también tiene su embrión en otra firma privatizada, Tabacalera. Lanzaron una oferta pública de adquisición (OPA) y consiguieron la totalidad del capital de Aldeasa. Se da la circunstancia de que el exministro había asesorado a Altadis en el lanzamiento de esta OPA a través de su empresa de consultoría, MBD Gestión y Desarrollo. Después fue alzado a la presidencia de Aldeasa.

La operación arranca del siguiente modo: la consultora que preside, y de la que posee un tercio del accionariado, se dedica, entre otras actividades, a asesorar fondos de inversión que operan en España, sobre todo extranjeros. Han trabajado mucho con CVC Capital Partners, uno de los fondos líderes a nivel mundial y quizá el que más presencia tiene en España. Cuando sale la OPA sobre Aldeasa, el exministro habla con Altadis, que era el accionista de referencia, y con CVC para ver si estaban dispuestos a ir juntos a la OPA. Aceptan, pero a mitad de camino CVC se retira porque tiene serias dudas sobre la continuidad de los contratos en España, los acuerdos con AENA para la explotación de las tiendas aeroportuarias. De las tres OPAS que se habían presentado, MBD consigue que la de Aldeasa se una a la de Autogrill. Ganaron la OPA y Pablo Isla, entonces presidente de Altadis, le dice en tono de broma al hombre que los había llevado hasta ese éxito: «Ahora te toca a ti quedarte de presidente. No me puedes decir que no porque tú me has metido en este lío».⁶³

Además el expolítico ya había asesorado a Aldeasa, cuando era pública, en líneas de actuación en Cuba. Gómez-Navarro fue quien presentó a los gestores de Aldeasa al gobierno cubano para ver las oportunidades de negocio en los aeropuertos del país caribeño. Aunque quizá la razón más importante para darle la presidencia era que los nuevos dueños de la compañía necesitaban a una persona que mantuviera buenas relaciones con el gobierno del PSOE, ya que el anterior presidente, José Fernández Olano, que accedió al cargo tras la privatización que hizo Aznar, estaba plenamente identificado con el Partido Popular. Aldeasa dependía en ese momento en un 90 por ciento de AENA, por lo que era imprescindible dar con alguien que cayera en gracia al gobierno de turno. Lo primero que tuvo que hacer fue conseguir la renovación de los contratos con AENA, dependientes de la titular de Fomento, Magdalena Álvarez, y ganar el concurso. De no haberlo hecho tendrían que haber cerrado la compañía. Ahora el negocio está más diversificado gracias a la presencia internacional.

En agosto de 2005, cuatro meses después de su nombramiento como presidente de Aldeasa, el expolítico entró también en el Consejo de Administración de Altadis. Gómez-Navarro fue nombrado consejero ejecutivo, cargo por el que percibía unos 70.000 euros anuales fijos. El exministro salió del consejo de la tabaquera después de que tomara el control el Grupo Imperial Tobacco, en la segunda mitad de 2007. Poco después, en abril de 2008, el socio mayoritario de Aldeasa, Autogrill, lo nombra consejero, por lo que cobra de Aldeasa y ha cobrado de Altadis y de los italianos, en este último caso unos 45.000 euros como independiente, aunque ya está fuera del consejo porque hubo problemas con la legislación italiana por incompatibilidades.

Es muy habitual en el lucrativo mundo de las altas esferas empresariales que la entrada en una compañía te lleve a los Consejos de Administración de las sociedades matrices o participadas y el interesado encadene ingresos en un lucrativo bucle.

Los intereses de Gómez-Navarro en el sector aeronáutico también pasan por Iberia. No le salió la jugada a la cuota socialista de Caja Madrid para que el exministro presidiera la caja, cargo que se llevó otro ex, aunque del PP, Rodrigo Rato, pero en 2010 pudieron colocarlo en la aerolínea, de la que la caja —hoy dentro de Bankia— es accionista. Algunos círculos atribuyeron directamente a Zapatero la presión ejercida para conseguirle el cargo. Gómez-Navarro tiene rango de consejero externo dominical en representación de la caja y ha de acudir a las dieciséis reuniones anuales del Consejo, que presenta una media de absentismo no personalizado del 12,5 por ciento. Gómez-Navarro y los otros cinco consejeros dominicales se reparten por este trabajo 662.000 euros anuales, lo que da una media de 110.333 euros para cada uno. O, lo que es lo mismo, 6.900 euros por reunión. El que fuera titular del Ministerio de Comercio también entró en IB OPCO Holding, la sociedad que creó Iberia en 2009 para preparar la fusión con British Airways, destinada a ser tenedora de las acciones de la parte española de la compañía resultante, International Airlines Group, de la que es consejero Rodrigo Rato, también en representación de Caja Madrid.

Ya hemos mencionado una de las empresas propiedad del exministro, MBD, pero es hora de radiografiarla. La firma no depende de inversores externos ni de ningún grupo empresarial, sino que es propiedad al 33 por ciento de Gómez-Navarro, su amigo del colegio Ángel Serrano, que fue subsecretario suyo en el ministerio y que es socio-director de MBD, y un tercer socio que ya no trabaja en la compañía. La empresa ya existía cuando en 1997 ambos expolíticos, un año después de la salida del gobierno, compran la mayor parte del capital. Su primera gran actividad fue la consultoría en el sector turístico. El régimen de incompatibilidades no le permitía trabajar durante los dos años siguientes en empresas que hubieran tenido relación con su ministerio y ese era el caso, pues Comercio y Turismo abarcan una gran porción de la economía. Entonces el exministro se fue a hacer las Américas. Trabajó para los gobiernos de Cuba, México, Venezuela, Colombia, República Dominicana y Chile, entre otros. El exministro de Turismo de una potencia enorme del sector como es España, que tenía relaciones, obviamente, con los mandamases de esos países, les daba consejos para que desarrollaran sus sectores turísticos.

MBD Gestión y Desarrollo de Negocios, que también cuenta con Alten, un fondo de inversión propio en energías renovables, está actualmente centrada y especializada en el asesoramiento a empresas nacionales e internacionales en operaciones corporativas —como la de Aldeasa—, reestructuraciones y estrategias de negocio. Desde la propia empresa destacan la trayectoria en el sector público de algunos de sus socios y de «una extensa red de contactos en el tejido empresarial y financiero».⁶⁴

Entre sus clientes está todo el tejido industrial y financiero español. Veamos una amplia selección de empresas y organismos públicos, con un breve comentario informativo —que no opinativo— en las firmas significativas en la línea argumental de este libro (los entrecomillados pertenecen a información sobre la compañía disponible en las respectivas páginas web corporativas): Abertis, Acciona, Aceites del Sur, Aena (no hace falta explicar mucho), Ahorro Corporación, Alcosto, Aldeasa (el exministro trabaja desde su consultora para la empresa que él mismo preside), Amara (filial de Iberdrola), Amper, Angulas Aguinaga (su principal socio en la consultora, Ángel Serrano Martínez-Estéllez, es consejero de esta empresa), Applus (tiene en su Consejo de Administración al exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra), Aqualia, Atersa, Autogrill (es el principal accionista de Aldeasa, por lo que volvemos a encontrar dobles intereses por parte de Gómez-Navarro), Avanzit (fue consejero el exministro de Defensa Julián García Vargas), BBVA, Banco Gallego, Banif (el área de Banca Privada del Santander), Bank of Scotland, Barclays, BNP, Caixa Nova, Caja Castilla-La Mancha, Cajamar, Cajasur, Capio, Catalana d’Iniciatives («Con sus más de veinticinco años de experiencia, es un ejemplo de colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado. En su papel de instrumento de apoyo eficiente a las iniciativas emprendedoras ha contribuido a activar el tejido económico y a la creación de puestos de trabajo y riqueza»), Consorcio de Turismo de Sevilla, Copcisa Industrial («Copcisa desarrolla su actividad tanto en obra civil como en edificación para el sector público y privado. En la actualidad Copcisa está presente en la construcción de las infraestructuras más importantes que se proyectan en todo el territorio peninsular. Construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, obras ferroviarias, obras hidráulicas, grandes túneles...»), Coqueya, Corpfin Capital (fondos de capital riesgo que suman casi 400 millones de euros invertidos en distintas empresas españolas. Según la información fiscal de los fondos, tuvieron un 8 por ciento del capital en la constructora Isolux, de la que Gómez-Navarro es consejero), Corporación Financiera Alba, Cortefiel-Douglas, Crafft, Crédito y Docks, Cuétara, CVC Capital Partners (entró en España en 1996 con 840 millones de dólares. Accionista de Cortefiel y Abertis, en el segundo caso en una unión 60/40 con ACS), Duro Felguera (Carlos Solchaga es consejero), Egmasa (es la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, pública, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, siempre gobernada por el PSOE hasta la edición de este libro), El Árbol, Elbasa, Elecnor («Elecnor es uno de los principales grupos españoles dedicado a la promoción y gestión integral de proyectos y al desarrollo de infraestructuras. Abarca en la actualidad un total de doce sectores englobados en cuatro grandes áreas de negocio: Redes e Infraestructuras, Telecomunicaciones y TI, Energías Renovables y, por último, Concesiones»), Endesa, Espasa-Calpe, Expansión Exterior (es una filial del Instituto Español de Comercio Exterior, organismo que dependió de Gómez-Navarro cuando era ministro de Comercio), Expo Ciencia (Gómez-Navarro es el presidente de esta compañía), Garanza, Gea (grupo de agencias de viajes independientes), Gestesa (especializada en el mercado residencial y el desarrollo de suelo industrial), Getrasa, Grefusa, Grupo Isolux Corsán (Gómez-Navarro es consejero. Lo abordaremos a continuación. Su socio en la consultora forma parte del Consejo Asesor de Isolux), Grupo Marsans (el exministro fue su presidente), Grupo San Marino, Hotetur (posee hoteles en Mallorca, Gran Canaria, Lanzarote, Cuba, México y República Dominicana. De su ministerio también dependía Turismo), Hunosa (Empresa Nacional Hulleras del Norte, S. A.). Empresa pública creada en 1967 por el gobierno franquista. Entre 1994 y 1997, en la etapa de Gómez-Navarro como ministro de Industria, el Plan de Empresa y el Contrato Programa para Hunosa incluyó subvenciones y ayudas por importe de 300.000 millones de pesetas, orientados a estabilizar la producción en 4,4 millones de toneladas, a reducir la plantilla en 2.000 empleos, al cierre de pozos (Santa Bárbara) y a concentrar otros. Al finalizar el siglo XX Hunosa era la decimonovena empresa española por su plantilla, 6.900 empleados, y la quinta en volumen de pérdidas, 277 millones de euros. Está participada por la SEPI al cien por cien), Ibadesa («El Grupo Ibadesa es un conjunto de sociedades privadas que, fundado por expertos en comercio exterior en 1983, tiene por objeto social la realización de todo tipo de operaciones comerciales y financieras en el campo del comercio internacional y la inversión exterior. El equipo humano que en la actualidad compone el Grupo Ibadesa está formado por profesionales que han ejercido su dilatada carrera en el campo del Comercio Exterior, en los sectores privado y público, y por personas cuya formación se ha basado en el ejercicio de la negociación, la competencia, la contratación y el desarrollo de proyectos e inversiones en el exterior), Ibersol (hoteles), IBV Corporación, Indra (asesorada por los exministros Julián García Vargas y Javier Solana, además de por el socio de Gómez-Navarro en MBD, Ángel Serrano Martínez-Estéllez), Instituto de Fomento Regional (es la agencia de desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), Inversiones Ibersuizas («Ibersuizas es pionero y líder del mercado español de private equity. Comenzamos nuestras actividades en 1989, habiendo realizado más de 40 inversiones y más de 30 desinversiones. En la actualidad gestionamos y asesoramos fondos por valor de más de 1.000 millones de euros». Comenzaron siendo una unión entre el banco suizo UBS y socios españoles, aunque la entidad financiera terminó saliendo del capital. Invierten en la empresa CIE Automotive, de la que el exministro de Economía Carlos Solchaga es consejero), Invertaresa, Isofotón (fabricación fotovoltaica), Junta de Andalucía, Lehman Brothers (su caída en 2008 fue el detonante de la grave crisis económica mundial), OHL, Olloquiegui (constructora de obra pública), Omega Capital, Panrico, Pullmantur (otra empresa del sector de los viajes asesorada, seguro que muy bien, por el exministro de Turismo), Quilosa (industrias químicas), Real Federación Española de Fútbol (Gómez-Navarro fue secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes), Relais Termal (primera cadena de balnearios de España), Rolls-Royce, Room Mate (cadena hotelera propiedad de Enrique Sarasola, el hijo del empresario de mismo nombre e íntimo amigo de Felipe González, beneficiario en distintas operaciones vinculadas al PSOE, como su intermediación en las obras del metro de Medellín, con Carlos Andrés Pérez, el alter ego venezolano de Felipe González, al frente del gobierno), Sacesa (empresa de capital público andaluz), Saico (obra pública, polideportivos, piscinas, edificios religiosos), Santander, Securitas (Gómez-Navarro fue consejero de una de sus filiales), Terracamp, Transfesa Transportes Ferroviarios Españoles, Zena (grupo de franquicias de restauración que cuenta con las marcas Foster’s Hollywood, Cañas y Tapas, Burger King, La Vaca Argentina y Domino’s Pizza).

En cuanto a operaciones puntuales, además de la de Altadis-Autogrill-Aldeasa, la consultora del exministro ha protagonizado otras como las que siguen:

2007. Asesora al banco de inversión Lehman Brothers en la valoración de una cartera de créditos corporativos.

2006. El Grupo Isolux lanza una OPA sobre Europistas, compañía concesionaria líder en la explotación de carreteras de peaje. MBD actúa como asesor financiero del Grupo Isolux-Corsán.

2006. MBD asesora a Bank of Scotland en el proceso de reestructuración del área de Project Finance que esta entidad desarrolla en España.

2006. MBD asesora a Turismo Andaluz, empresa filial del gobierno de Andalucía que instrumenta las políticas de desarrollo turístico en la región, en el establecimiento de un plan estratégico en el sector turístico en Andalucía.

2004. MBD asesora a Aqualia, compañía líder en la gestión de aguas residuales, en la búsqueda de oportunidades de inversión en el sector.

2004. MBD presta servicios de asesoramiento estratégico a Coprosa, compañía especializada en la ejecución de obras de infraestructura y superestructura ferroviaria.

2001. Isolux adquiere el 75 por ciento de Powertec, grupo energético especializado en los procesos de cogeneración con gas, en la explotación de plantas de producción eléctrica a partir de biomasa, así como en procesos térmicos industriales. MBD actúa como asesor financiero de Isolux.

1999. Ibadesa constituye, en asociación con el Grupo Isolux, la empresa Ibalux, especializada en la ejecución de proyectos llave en mano en países en vías de desarrollo en los sectores de Sanidad y Educación. MBD actúa como asesor financiero de Ibadesa.

1999. Grupo Isolux adquiere la empresa Made, perteneciente al Grupo Endesa. Made es una firma dedicada al diseño y construcción de estructuras metálicas. MBD asesora al Grupo Isolux en esta adquisición.

1999. Grupo Isolux adquiere la empresa EMESA, compañía líder en la fabricación de componentes para el sector de la energía eólica. MBD asesora al Grupo Isolux en esta adquisición.

Como decíamos, Javier Gómez-Navarro es dueño del 33 por ciento del grupo MBD, que ganó a cierre de 2009 la nada despreciable cantidad de 346.512,27 euros según el último balance disponible en el Registro Mercantil de Madrid. La compañía tiene unos activos de 3,9 millones de euros. Con sólo cinco empleados, en 2009 facturó 2,86 millones de euros, mientras que en 2008 fueron 3,37 millones.

El socio-director de MBD, cuyo nombre ya ha aparecido en el listado, es otro expolítico y empresario. Ángel Serrano Martínez-Estéllez, licenciado en Derecho, Ciencias Económicas y Ciencias Políticas, ha ostentado los siguientes cargos públicos: consejero del Instituto de Crédito Oficial (ICO), consejero del Instituto Nacional de Industria (INI), consejero de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), subsecretario del Ministerio de Comercio y Turismo con Gómez-Navarro y consejero delegado y presidente de la sociedad estatal Quinto Centenario.

Ángel Serrano, que ha sido también consejero de Repsol, y Gómez-Navarro son socios desde su salida del gobierno, tras la derrota electoral del PSOE en 1996. Ambos siguen figurando en el Registro Mercantil de Madrid como administradores solidarios de la consultoría y asesoría económica Gómez-Navarro & Ángel Serrano S. L., que guarda relación con MBD y que cuenta con unos activos de 440.000 euros. Pese a no contar con empleados, el exministro y su socio facturaron en 2009 con esta sociedad mercantil 120.560,96 euros. Le cargaron más de 80.000 euros en gastos, por lo que el resultado del ejercicio fue de un beneficio que apenas superaba los 16.000 euros. La información recabada hasta este punto demuestra que esta alianza de expolíticos ha dado unos frutos extraordinarios.

Por otro lado Gómez-Navarro creó tras su salida del gobierno otra consultoría, aunque en este caso a título personal, sin socios. Se trata de Martagom Gabinete de Estudios Empresariales S. L., de la que es administrador desde el 9 de septiembre de 1996. La utiliza para facturar algunos trabajos de consultoría específicos en temas turísticos y como sociedad patrimonial. Cuenta con unos activos impresionantes para ser una empresa individual. Concretamente, 4,17 millones de euros, la mayor parte de esa cantidad correspondiente a distintos inmuebles a precios de compra y con amortizaciones, por lo que el valor de mercado será, con toda seguridad, superior. La empresa, que no tiene empleados, facturó a cierre de 2009 más de 340.000 euros y obtuvo un beneficio de 187.442,63 euros. Al margen de los inmuebles de esta sociedad, Gómez-Navarro tiene a su nombre una espectacular construcción en la exclusiva colonia de Mirasierra (Madrid). Sobre un solar de 900 metros cuadrados se levantan dos viviendas que, según datos del catastro, suman 566 metros cuadrados. El precio de mercado supera cómodamente los 2 millones de euros. Las cantidades que el expolítico pueda tener en inversiones financieras, en el banco o en acciones, no son, obviamente, públicas, pero con su nivel de ingresos y con sus inmuebles el patrimonio que maneja puede rondar los 10 millones de euros. Sólo en Martagom S. L. ya tiene la mitad de esa cantidad. Sumando la casa de Mirasierra y las inversiones y ahorros que haya podido acumular en los últimos años la cifra podría ser hasta conservadora. Con los sueldos actuales —reseñados hasta este punto y los que siguen— y la parte proporcional de los beneficios de sus empresas, Gómez-Navarro ingresa 1,2 millones de euros al año.

Epígrafe propio merece, por su enorme dimensión, el Grupo Isolux Corsán, al que ambos pertenecen, el ex ministro y Ángel Serrano, como consejeros y cuyos principales accionistas son Luis Delso y José Gomis. Isolux Corsán, presente en treinta y tres países, tiene una cifra de negocio superior a los 3.200 millones de euros, una cartera de negocios acumulada de 30.180 millones de euros y una plantilla cercana a los 6.500 empleados. Ha llegado a posicionarse como primera empresa constructora no cotizada y la séptima en el ranking absoluto en el sector de las grandes infraestructuras, construcción, concesiones, energía, ingeniería y servicios, sólo superada por las seis major: FCC, ACS, Acciona, Sacyr, Ferrovial y OHL. Casi nada. A cierre de 2010 el grupo ganó 64 millones de euros netos, pese a la crisis.

El presidente Delso, el vicepresidente Gomis, los diez consejeros —entre ellos Gómez-Navarro— y el secretario del Consejo se repartieron 5,3 millones de euros en 2010, de ellos 630.000 euros en dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración. El Registro Mercantil refleja que el exministro tiene cargos en varias sociedades de la compañía: Grupo Isolux Corsán S. A., Isolux Corsán Concesiones S. A. e Isolux Corsán Inmobiliaria S. A. Percibe como consejero unos 60.000 euros anuales. La mayor parte de esos 5,3 millones recae en quienes dirigen la compañía.

El 53,67 por ciento esta pertenece a ambos empresarios, Delso y Gomis, a través de la sociedad Construction Investment SARL. El resto se lo reparten varias cajas, como la Corporación Empresarial Cajasol (15,61 por ciento), Caja Castilla-La Mancha Corporación (12,11 por ciento) y Caja Navarra (6,11 por ciento). Esto significa que el Grupo Isolux no sólo tiene grandes intereses en lo público referidos a contratos con administraciones, sino que tiene a la política en el seno de su accionariado, pues son los políticos quienes controlan las cajas. Además, las dos principales inversoras en Isolux, la inenarrable CCM —hundida por sus gestores debido, en gran medida, a que se dedicaron a prestar dinero con criterios políticos y no financieros, con Hernández Moltó a la cabeza, que la llevó a la intervención por el Banco de España— y Cajasol, estaban en manos del PSOE cuando entraron en Isolux y en su desarrollo.

Isolux cuenta con seis áreas de negocio: Concesiones Públicas, Energía, Construcción, Medio Ambiente, Fábricas e Instalaciones, Mantenimiento y Servicios. En la inmensa mayoría del porcentaje de negocio de esta empresa de perfil político tiene un enorme peso específico el sector público, como en las concesiones o en la construcción de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas e infraestructuras marítimas, todo ello pendiente de un concurso público. El área de Construcción supone casi la mitad de la cifra de negocio de Isolux y, de esa mitad, el 75 por ciento lo representa la obra civil. De hecho Isolux ha participado en la ejecución de todas las líneas de alta velocidad que están en servicio en España, por lo menos hasta el cierre de este libro, en noviembre de 2011. Recordará el lector la polémica que rodeó a la construcción del AVE a finales de la década de 1980. La alta velocidad ha sido desde entonces, pasando por los gobiernos de González, Aznar y Zapatero, el contrato público que toda constructora de obra civil ansiaba. Entre las adjudicaciones más recientes el Grupo Isolux Corsán ha conseguido los tramos Tolosa-Hernialde (en la «Y» vasca), el nudo de Trinidad (línea Madrid-Barcelona), Amoeiro (línea Santiago-Orense) y Pinos Puente-Granada (línea Antequera-Granada). El grupo del que es consejero el exministro de Comercio y Turismo tiene amplia experiencia en España y también en el extranjero, en países como la India o México.

El presidente del grupo, Luis Delso, conocido empresario con excelentes relaciones y contactos en el PSOE, ha pasado por distintos bancos (Citibank, First National Bank of Chicago) y por empresas públicas. Delso presidió Transmediterránea entre 1990 y 1994, cuando la naviera era pública.⁶⁵ De hecho tuvo como consejero de la firma estatal a Javier Gómez-Navarro. Su íntimo amigo Carlos Solchaga era el ministro de Economía cuando el financiero madrileño fue nombrado al frente de la compañía. PP e Izquierda Unida⁶⁶ pidieron la dimisión de Solchaga porque, en el verano de 1993, el político viajó a Mallorca con su mujer, sus dos hijos y dos vehículos —uno de ellos un BMW— en un buque de Transmediterránea sin pagar billete. Solchaga reconoció el error, pero se defendió con aquello tan típico de «otros más», asegurando que muchos cargos públicos, políticos del PSOE y del PP y periodistas se beneficiaban del gratis total en Transmediterránea.

Antes, en 1983, a los pocos meses del triunfo de Felipe González en las elecciones de octubre de 1982, Luis Delso había sido consejero de la Caja Postal (pública). También fue director general en el Banco de Financiación Industrial y en el Banco de Comercio. Además ha ocupado cargos de consejero en Telefónica, Unión Fenosa, Finan Postal, ARFI, Limadet, Ghesa y Colonial. Algunos de sus negocios con Isolux le han dado varios disgustos, como el 16 por ciento del capital que suscribió en el desértico aeropuerto de Ciudad Real o el 7,5 por ciento del fondo inmobiliario que montó Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama Gürtel.

El autor de este libro destapó el citado fondo de Correa en las páginas del diario Público en junio de 2009.⁶⁷ Empezó con un chivatazo: una promotora controlada por Correa seguía vendiendo pisos de lujo en Majadahonda meses después de la desarticulación de la red corrupta. Se trataba de Proyecto Twain Jones, presidido por Jacobo Gordon, imputado en Gürtel, íntimo amigo y exsocio de Alejandro Agag, el yerno de Aznar. El lujoso edificio, llamado Residencial Adriático, es una promoción de dieciséis viviendas equipadas con todo lujo de detalles, desde terrazas con jacuzzi hasta salones de 5 metros de altura, construida en el Monte de El Pilar, un exclusivo residencial del adinerado municipio madrileño. Desde ahí y tirando de Registro Mercantil, apareció la sociedad cabecera de Twain Jones, Real Estate Equity Portfolio, «madre» de seis promotoras que sumaban más de 100 millones de euros en activos, de los que 63,9 correspondían a terrenos. Real Estate Equity Portfolio, también presidida por Jacobo Gordon, uno de los testigos de la famosa boda de El Escorial entre Ana Aznar y Agag, y sus empresas participadas compartían sede en un despacho en el número 128 de la madrileña calle de Príncipe de Vergara. No tenían empleados. Entre los socios de Correa estaban los dueños del Grupo Teconsa, una de las principales constructoras involucradas en el pago de comisiones a la trama Gürtel, y, según destapó después El Confidencial, Isolux Corsán, la empresa presidida por Luis Delso y de la que es consejero el exministro socialista Javier Gómez-Navarro. Luis Bárcenas, extesorero del PP imputado en Gürtel, usó esta información para defenderse de las anotaciones manuscritas de la trama que reflejaban pagos a «Luis el Cabrón». Bárcenas le dijo al juez que ese era Luis Delso, no él, aunque otras anotaciones iban a nombre de «L. B.», Delso, por supuesto, negó haber recibido pagos de la trama e invitó a Bárcenas a que aportara alguna prueba. El socio de Gómez-Navarro reconoció que conoce a Correa, con el que comió alguna vez —dijo en una entrevista con el mencionado diario digital—, pero se desvinculó del líder de la trama asegurando que fue Jacobo Gordon, a quien Correa utilizaba en diferentes negocios del sector del ladrillo, quien le ofreció entrar en el fondo inmobiliario. Asegura que Isolux aportó al fondo unos 600.000 euros con la vista puesta en encargarse de la construcción de algunas de las promociones.

El destino quiso que los padres de Alejandro Agag,⁶⁸ es decir, los consuegros de José María Aznar y Ana Botella, acabaron ocupando uno de los pisos de lujo de Residencial Adriático. No deja de ser curioso e incluso hilarante que Luis Delso y el exministro Gómez-Navarro contribuyeran desde Isolux Corsán a construir un inmueble que habitaron los Agag. Podríamos decir que lo que Gürtel ha unido, que no lo separe el hombre.

Los intereses de Javier Gómez-Navarro en el sector de la construcción van más allá de Isolux. Por complicado que pueda parecerle al común de los mortales, el exministro está en otro Consejo de Administración, el de la cotizada Técnicas Reunidas, de la que percibe, según datos del informe de gobierno corporativo del ejercicio 2010, la cantidad anual de 79.200 euros por su participación en las reuniones del Consejo. La compañía se dedica a la ingeniería, diseño y construcción de todo tipo de instalaciones industriales y tiene entre sus clientes a algunas de las principales compañías petrolíferas del mundo. En 2010 facturó casi 2.800 millones de euros y ganó 136, después de impuestos.

Una de las actividades más habituales del día a día del expolítico es acudir a las reuniones de los Consejos de Administración de todas las compañías a las que aporta su experiencia a cambio de más que atractivos salarios, como hemos visto. El exministro de Comercio y Turismo ha pasado por otros consejos de administración de grandes compañías, como el de Prisa TV-Sogecable, la filial audiovisual del Grupo Prisa, editor de El País y la Cadena Ser, entre otros medios. El exministro fue designado consejero externo en junio de 2001, con unos ingresos superiores a los 60.000 euros anuales por su participación en las reuniones del Consejo, del que ya ha salido. El otrora político en 2004 tenía 870 acciones de la compañía, un 0,023 por ciento del Grupo Prisa. La compañía, antes denominada Sogecable, tuvo como presidente a otro expolítico, aunque este de la UCD, Rodolfo Martín Villa.

Por su experiencia en cargos públicos relacionados con el deporte, Gómez-Navarro medió entre Sogecable y Mediapro en la llamada «guerra del fútbol», la batalla sin cuartel que enfrentó a ambas compañías por el control de los derechos de retransmisión del fútbol.

También ha estado presente en el sector de la seguridad y, además, a lo grande, asesorando a una empresa del grupo más importante del mundo en estas actividades. En enero de 2001 fue nombrado consejero de Loomis Spain S. A., la compañía del Grupo Securitas dedicada al transporte de fondos. Seguro que el lector habrá visto más de una vez los furgones blindados con la marca Loomis. El grupo sueco cuenta con casi 300.000 empleados en todo el mundo y una cuota del mercado global que alcanza el 12 por ciento. En 2010 facturó más de 6.700 millones de euros,⁶⁹ aunque el exministro ya había salido de la compañía. Antes, en 2000, Gómez-Navarro fue consejero de Compañía Auxiliar de Seguridad S. A. (Ausysegur), una marca del grupo Securitas ya extinguida.

La sinuosa y frenética trayectoria empresarial del expolítico también nos lleva a Expociencia S. L., de la que es presidente y consejero —desde junio de 2000— y consejero delegado —desde abril de 2003—; Gómez-Navarro y sus socios en MBD son dueños del 50 por ciento de la compañía. La otra mitad corresponde a la constructora Grupo Ortiz.

Expociencia se dedica a la explotación de actividades relacionadas con la cultura. Gestiona una retahíla de museos y otro tipo de centros artísticos, además de elaborar planes de fomento del arte y montar pabellones expositores. La práctica totalidad de sus clientes son organismos públicos.⁷⁰

Los intereses empresariales del extitular de Comercio y Turismo pasan por otros sectores como la sanidad y los espectáculos taurinos. A través del citado fondo de inversión CVC, Gómez-Navarro entró en el Consejo de Administración de Ibérica de Diagnósticos y Cirugía, cuyo accionariado estaba controlado por CVC. Se trata de la empresa número uno de sanidad privada en España, con clínicas como La Concepción (Madrid) o el Hospital General de Cataluña. El fondo vendió la empresa al Grupo Capio, que gestiona, entre otras, la prestigiosa Fundación Jiménez Díaz (Madrid), aunque el expolítico permanece como consejero. En cuanto a los toros, Gómez-Navarro es dueño del 5 por ciento de Asuntos Taurinos y Espectáculos S. L., propietaria de la plaza de toros de Leganés (Madrid). Ha sido consejero y presidente, aunque ahora sólo está como accionista.

En el año 2000 también intentó entrar en el mundo de la televisión con una productora de contenidos culturales denominada Atlasmundial de Espacios Naturales S. L., pero el proyecto no cuajó.

Para completar este escrutinio de las actividades de Francisco Javier Gómez-Navarro Navarrete, falta por reseñar que es patrono del Teatro Real y fundador y exdirector de la Fundación José Ortega y Gasset.

Socialdemocracia y capitalismo

A estas alturas huelga decir que Javier Gómez-Navarro vive inmerso en el feroz capitalismo a través de las empresas que posee y como miembro de los Consejos de Administración de otras compañías. No milita en el PSOE, pero se identifica con él, al tiempo que no ve ninguna incompatibilidad ni incongruencia en formar parte de la gran empresa y comulgar con un partido que se llama socialista. Reconoce que todavía queda mucha gente en la izquierda «que no ha asumido al cien por cien el modelo capitalista, un sector que se considera fuera y que cree que hay que hacer la revolución». Como la totalidad de los miembros de su generación, Gómez-Navarro opina que la economía de mercado es la única que funciona, que «evidentemente produce injusticias, pero para eso está todo el sistema impositivo, la distribución de las rentas para generar igualdad de oportunidades». Ahí está la socialdemocracia europea, inventada por los alemanes, la igualdad de oportunidades para todos en contraposición con el igualitarismo: «El fracaso más estruendoso y espectacular de Fidel Castro ha sido el igualitarismo, porque no se puede pagar a todo el mundo igual. Hay personas que quieren trabajar más para ganar más dinero y hay personas que lo que quieren es no trabajar nada. Cada uno tiene diferentes formas de afrontar la vida y eso implica que haya diferencias. Lo que compartimos o deberíamos compartir todos los socialistas es la igualdad de oportunidades, que cada uno tenga la oportunidad para diseñar su vida. El igualitarismo es un fracaso social absoluto».

La tesis de este libro, defendida en el primer capítulo y demostrada con hechos concretos a lo largo de los demás, incide en que la mezcla de profesionalidad y cargos políticos de relevancia (influencias adquiridas a la sombra de un partido) es indudable receta para el éxito empresarial del expolítico con una cuenta corriente cargada de ceros. Por eso resulta hasta placentero escuchar las palabras de un hombre como Javier Gómez-Navarro, que suma más cargos en empresas que dedos en las manos y los pies (él se lo ha trabajado desde los sectores público y privado) y lo cuenta con esta naturalidad: «Primero tú tienes una historia profesional, una carrera con éxito y, segundo, el ministerio, que lo que te da es relaciones. Te permite conocer a mucha gente y que se te pongan al teléfono. Eso, indudablemente, es un activo y es lo positivo que te deja un alto cargo. Los salarios en la administración son bajísimos. Un ministro gana menos de 100.000 euros brutos al año, que no se corresponden ni con la responsabilidad ni con nada. La vida de ministro es durísima. Sales en los periódicos, no tienes intimidad, no tienes agenda, no tienes independencia y además no dispones de tu vida. ¿Por qué ser ministro? La mayor parte, por vanidad. Yo fui ministro claramente por vanidad. Evidentemente tienes voluntad de servicio y de ayudar al país y crees que puedes aportar algo, por supuesto, pero sobre todo al final ser ministro es un elemento de vanidad».⁷¹

Además de la vanidad, la red que tejes en lo público con un sueldo «mísero» permite que el expolítico se lo cobre después, como apunta. Cuando Gómez-Navarro dejó el gobierno se encontró con gente que nunca juzgó si era o dejaba de ser socialista y otros que ni le dirigían la palabra, que lo veían como un apestado. Hay que ponerse en 1996, después de un rosario de escándalos que cabrearon mucho (Roldán, Filesa, GAL, AVE). Pero a la larga compensa, ya que las relaciones que ha hecho el político con otros políticos y con empresas, a nivel nacional e internacional, suponen un bagaje muy valioso que se puede contar en dinero, en filantropía o como uno quiera.

En cuanto a los ocho años de gobierno de la segunda hornada socialista de la democracia, Gómez-Navarro sigue, a grandes rasgos, la misma línea de quienes fueron sus compañeros. Reconoce unas cuantas luces en la gestión de Zapatero, como la lucha antiterrorista o el impulso que dio a la mujer, por el que «pasará a la historia» el político leonés. También valora la Ley de Dependencia o conquistas sociales como el matrimonio homosexual, pero destaca que la primera no se puede aplicar porque no hay dinero. Asegura que fue un empeño de Jesús Caldera poner en marcha una ley que no tiene casi ningún país europeo y que «a ver cómo se paga». En cuanto a la segunda, el matrimonio gay, «está bien, pero a una parte de la sociedad no le importa demasiado».

Gómez-Navarro opina que Zapatero debería haber estado más centrado en otros asuntos, como la economía, donde nombró ministro a Pedro Solbes, que se oponía a la citada Ley de Dependencia, gracias a que el presidente del Gobierno «tuvo unas presiones bastante fuertes para que lo nombrara, presiones del mundo financiero que querían a alguien con experiencia y que diese garantías al mercado». Por cosas como estas Zapatero ha tenido que encajar enormes críticas de ciertos sectores de la base de su partido, de la izquierda del PSOE y de la ciudadanía que lo ha visto como un vendido ante los mercados.

El exministro de Comercio no comprende muchas de las ocurrencias en materia económica de los ocho años de Zapatero. Él, que es empresario, se quedó atónito ante la posibilidad de que un empresario contrate a un trabajador porque el Gobierno le vaya a dar una subvención: «No conozco a nadie que haya hecho eso. Tú contratas a un trabajador si lo necesitas, si piensas que contratándolo vas a ganar más dinero, no por una subvención que es temporal y que no te resuelve ningún problema. Mire usted, cóbreme menos impuestos y subvencione menos cosas».

Ideología cien por cien liberal. Gómez-Navarro considera que los gobiernos de Zapatero cometieron errores «en todos los campos de la economía antes de la crisis». No se abordaron problemas como la burbuja inmobiliaria —dice— o la falta de competitividad. Venían de los últimos años de Aznar, pero ahí estaban y ni Zapatero ni el Banco de España ni nadie hicieron nada por corregirlos: «Consumíamos con financiación exterior. Es decir, vivíamos del ahorro ajeno, del dinero que nos prestaba la Unión Europea para que nosotros viviéramos por encima de nuestras posibilidades. Eso estaba en los datos todos los años y el gobierno tampoco hacía nada para actuar contra ello».

Decíamos antes que Gómez-Navarro, como presidente de las Cámaras de Comercio, sufrió la supresión de la obligatoriedad de las empresas a pagar la cuota cameral. Pero en este caso, como en otros, el gobierno lo hizo sin preguntar y sin saber lo que hacía: «Cualquier cosa se puede hacer y tú puedes discrepar y no estar de acuerdo, pero lo que me pareció peor de esta medida es que la improvisaron en una noche sin haber meditado las consecuencias. El 2 de diciembre de 2010 la ministra Elena Salgado salió comunicando que al año siguiente ya no se tendrían que pagar cuotas. No tenía ni idea, porque las cámaras cobran con dos años de retraso, con lo cual las cuotas de ese año estaban devengadas ya, no las podían quitar, y ella no lo sabía. Además lo plantearon como un tema de mejora para las pymes, cuando las pymes no pagan. El 60 por ciento de las empresas no pagan ni cinco céntimos. La mayor parte de la recaudación de las cámaras la pagan las grandes y el servicio se presta a las pequeñas. Es una forma de redistribución, al margen de que sea justo o injusto. Yo era presidente del Comité Ejecutivo de las Cámaras de Comercio y mi gobierno no me preguntó nada».⁷²

Estos son algunos de los temas de conversación que aborda Gómez-Navarro cuando se ve con algunos de sus compañeros de gobierno, los más habituales: Javier Solana, Narcís Serra, Carmen Alborch, Jerónimo Saavedra, Julián García Vargas, Gustavo Suárez Pertierra y María Ángeles Amador, entre otros. En cuanto a las figuras que destacaría por encima del resto el exministro de Comercio, además de a Felipe González, obviamente, se queda con Solana y Serra. Uno de los pocos que no incluye en esa élite es Carlos Solchaga.

Gómez-Navarro es otro de los líderes de su etapa que estaba dispuesto a echar una mano a la inexperta generación que llegó al poder en 2004, comenzando por el presidente: «Podría haber contado con nosotros sin ninguna duda. Eso no significa que hubiéramos vuelto a la política —algunos sí, otros no— pero, por supuesto, habríamos ayudado en lo que fuera necesario».⁷³

Para dar entrada al siguiente personaje podemos destacar que todos aquellos políticos que han dirigido ministerios directamente relacionados con la economía, la industria y la empresa presentan hoy unas impresionantes carreras de hombres de negocios. Por ello Luis Carlos Croissier Batista es otro de los protagonistas de este libro que ha preparado un sustancioso brebaje compuesto de economía y política. Antes de dar el salto a lo privado el político y economista canario, que entró en la administración como funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de Administración Civil en 1975, ocupó una serie de cargos públicos íntimamente ligados a la gran empresa: subdirector general jefe de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Industria y Energía (1981-1982); subsecretario del Ministerio de Industria y Energía (1982-1984); presidente del Instituto Nacional de Industria (1984-1986); ministro de Industria y Energía (1986-1988); presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (1988-1996).

Joven militante del PSOE, fue miembro del equipo de economistas del partido al tiempo que enseñaba Política Económica en la Universidad Complutense. Desde su puesto de funcionario de carrera, con la llegada del PSOE al poder, Croissier fue ascendiendo peldaños hasta labrar una curtida carrera en la cosa pública, coronada con el Ministerio de Industria y con la presidencia de la recién creada CNMV. Con el relevo en La Moncloa, tras catorce años de socialismo, Croissier dio el salto a la empresa privada y, como buen exministro de Industria y discípulo de Carlos Solchaga, no le ha faltado ni trabajo ni sustanciosas remuneraciones. Desde 1996 hasta el cierre de la edición de este libro el expolítico ha estado presente en diez empresas españolas con una veintena de cargos en sus Consejos de Administración. Además se estrenó vulnerando la Ley de Incompatibilidades. Como expresidente de la CNMV le correspondía cobrar cerca de 90.000 euros anuales, el 80 por ciento de su salario base, durante dos años, el tiempo que dura el régimen de incompatibilidades, que no permite al expolítico trabajar con empresas relacionadas con el cargo público que ha ocupado. Croissier estaba cobrando esa cesantía de dos años cuando fue fichado por la firma textil Adolfo Domínguez que, precisamente, preparaba su salida a bolsa.

Croissier fue dado de alta en el Registro Mercantil como consejero de la empresa gallega el 11 de marzo de 1997, con la incompatibilidad de dos años vigente. Siete días después se estrenó Adolfo Domínguez S. A. en el parqué madrileño, con el expresidente del órgano regulador de la Bolsa sentado en su Consejo de Administración. La CNMV que, por supuesto, conocía estos hechos, no puso pega alguna. Juan Fernández Armesto, su sucesor al frente de la CNMV, autorizó que el exministro cobrara simultáneamente de la empresa privada y del Estado y que además trabajara para una compañía que estaba preparando su salida a bolsa, la misma que Croissier controlaba y regulaba hasta el 6 de octubre del año anterior como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El exministro ocupa actualmente cuatro cargos en la empresa: vicepresidente, consejero externo independiente, presidente del Comité de Auditoría y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Según el informe de Auditoría del ejercicio 2010-2011, Croissier cobró 45.500 euros por su participación en las reuniones del Consejo. Son 36.000 euros como consejero, 7.000 por el Comité de Auditoría y 2.500 por la Comisión de Nombramientos.

Un dato que no debemos descuidar es que Adolfo Domínguez es una empresa polémica en lo que se refiere a los derechos de los trabajadores. El diseñador que da nombre a la firma congeló los sueldos en 2009, cuya media era de 738 euros, el salario mínimo del convenio textil.

Además de Adolfo Domínguez, Croissier trabajó tras su salida de la CNMV como consultor internacional en Latinoamérica entre 1996 y 1999. Por otro lado el exministro sigue ocupando cargos en una empresa con la que tuvo bastante que ver durante su etapa de dirigente público: Repsol. Es perfectamente legal —que no ético— el hecho de que Croissier ocupe una silla en el Consejo de Administración de la petrolera. Desde su posición de subsecretario, presidente del INI y ministro, impulsó la política de privatizaciones de grandes empresas públicas, como es el caso de Repsol. El 28 de diciembre de 1981 se creó el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), en el que el gobierno de la UCD integró todas las compañías de los sectores petrolífero y gasístico en las que el Estado tenía el control, ya fuera como accionista mayoritario o propietario único. En esa época Croissier ya era un alto cargo del Ministerio de Industria y Energía. En 1986 nace Grupo Repsol. Su accionista único era el INH y el ministro de Industria y Energía, Luis Carlos Croissier. El conglomerado aunaba Hispanoil, Enpetrol, GNL, Campsa y Petronor. En 1989, un año después de la salida de Croissier del ministerio con destino a la CNMV, el Estado inicia la privatización del grupo, en la que se había trabajado durante la etapa del político canario al frente del ministerio. El proceso terminó en 1997.

Diez años después, en 2007, los dueños de la petrolera se acordaron del hombre que dirigía el Ministerio de Industria y Energía cuando se preparaba la privatización. Lo nombraron consejero externo independiente (tiene gracia, pero ese es el cargo, independiente). A cierre de 2010 cobró 172.287 euros por acudir a las reuniones del Consejo y otros 43.072 por su pertenencia a la Comisión de Estrategia, Inversiones y Responsabilidad Social Corporativa, de la que es vocal. En total, 215.359 euros, según el informe de gobierno corporativo que facilita la compañía en cumplimiento de lo marcado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los buenos resultados de la compañía en 2010, con un beneficio récord de 4.700 millones de euros, gracias a la entrada de la compañía china Sinopec en el capital, a la filial brasileña de Repsol y a la venta de parte de la argentina YPF, dispararon los emolumentos del Consejo de Administración en los seis primeros meses de 2011. La retribución fija y las dietas aumentaron un 3,4 por ciento y un 2 por ciento, respectivamente, pero la variable creció un 82 por ciento, pasando de 5,75 a 10,46 millones de euros para todo el consejo.

En las reuniones del Consejo, Croissier comparte mesa con algunos de los pesos pesados del tejido empresarial y financiero español, como el presidente de la petrolera, Antoni Brufau, el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, el constructor Luis del Rivero —presidente del grupo Sacyr-Vallehermoso— o el financiero Juan Abelló, lo más granado del capitalismo. De los mencionados, el expolítico también coincide con Del Rivero y Abelló en la estructura de Sacyr. El constructor y el financiero y vicepresidente del Real Madrid están en el consejo de Repsol en representación de Sacyr-Vallehermoso, accionista de referencia de la petrolera. Por su parte, Croissier es consejero de Testa Inmuebles, una filial patrimonialista de Sacyr. Fue nombrado en septiembre de 2005. El expolítico también tiene rango de consejero independiente en esta firma, de la que se embolsa 44.000 euros anuales por su participación en las reuniones del consejo. Los otros dos consejeros independientes de Testa Inmuebles también son expolíticos: Estanislao Rodríguez-Ponga y Miguel Corsini Freese. El primero fue nombrado en el año 2000 director general de Tributos del Ministerio de Hacienda, con Rodrigo Rato como vicepresidente y ministro de Economía y Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda del gobierno de José María Aznar. En 2001 ascendió a secretario de Estado de Hacienda, cargo en el que cesó en 2004 con la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales. Por su parte, Corsini fue presidente de Renfe en las dos legislaturas de José María Aznar, entre 1996 y 2004. En 2007 fue nombrado vicepresidente de la Cámara de Comercio de Madrid. Está considerado como un hombre próximo a Esperanza Aguirre. Tras el relevo político, pronto encontraron buenas salidas profesionales.

Siguiendo con los cargos de Luis Carlos Croissier en distintas empresas, el exministro socialista es presidente, consejero y vocal de Eolia Renovables de Inversiones Sociedad de Capital Riesgo S. A. desde febrero de 2008. Se trata de la firma que constituyeron en diciembre de 2006 Eolia Mistral, Eolia Gregal, Preneal y Banco de Sabadell, dedicada a los parques de energía eólica y fotovoltaica. Integra a 157 socios que aportaron un total de 1.358 megavatios y 593 millones de euros en activos a cierre de 2010. Las cuentas de ese año reflejan que los nueve miembros del Consejo de Administración se repartieron 548.000 euros, una media de casi 61.000 euros cada uno. Es de suponer que Croissier estará por encima de ese importe ya que es presidente y consejero, pero la empresa se ha negado a facilitar el dato al autor de este libro, al tiempo que el expolítico declinó la petición de entrevista. Croissier preside las reuniones del Consejo de la compañía, pero no ha de estar en el día a día de la empresa, para lo que ya hay un equipo directivo nombrado por el citado consejo. Por lo tanto, su remuneración no es nada desdeñable.

Si sumamos los ingresos de Adolfo Domínguez, Repsol, Eolia y tasas inmuebles, hallamos una cifra anual de 365.859 euros, más de 60 millones de pesetas por su participación en cuatro Consejos de Administración. Al margen de esta cifra habría que sumar ingresos por otras actividades, como las conferencias que imparte a través de la «agencia oficial» de los expolíticos socialistas, Thinking Heads. No alcanza las cifras de Felipe González, unos 80.000 euros por conferencia, pero la horquilla puede moverse en torno a los 10.000 euros por intervención.

Como muchos de sus compañeros de generación, el expolítico canario también está en el negocio de la consultoría. Desde abril de 1999 es el administrador único de una pequeña empresa denominada Eurofocus Consultores, que tenía 110.000 euros en activos a cierre de 2009 y una facturación de 45.200 con un gasto en personal de poco más de 14.000 euros. Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la consultora del exministro ganó en ese ejercicio 5.358,77 euros, que habría que sumar a la anterior cifra. Además Croissier ha formado parte del Consejo Asesor de Accenture, una multinacional que presta servicios de consultoría de gestión, tecnológicos y el denominado outsourcing, es decir, encargarse de parte de los servicios de una compañía a la que le sale más rentable externalizar que hacerlos por sí misma, con sus propios empleados.

Desde que Aznar ganó las elecciones y Croissier se pasó al mundo de los negocios, el expolítico canario ha trabajado para otras importantes firmas, como es el caso de la operadora de telecomunicaciones Jazztel (telefonía, Internet, televisión) de la que fue consejero externo independiente entre 2004 y 2007. Percibió una media de 42.000 euros anuales por su asistencia a las reuniones del Consejo. El mismo año de su salida de la compañía telefónica Croissier debutó en el Consejo de Administración de la constructora Begar, donde se convirtió en asesor de uno de los empresarios más importantes imputados en el caso Gürtel, el leonés José Luis Ulibarri.

El 10 de noviembre de 2008, dos meses antes del estallido de la operación Gürtel, el autor de este libro narró en las páginas de Interviú cómo una de las constructoras de Ulibarri, UFC, había conseguido en octubre de 2005 un solar público por 35 millones de euros, cuando otras firmas que fueron a concurso ofrecían 39 millones. El Ayuntamiento le adjudicó la parcela primando la celeridad del plazo de construcción, que iba a ser de doce meses, aunque tres años después la construcción de las 139 viviendas de lujo aún no estaba finalizada. Después supimos que, según los investigadores de la Policía Nacional, Francisco Correa, presunto líder de la trama corrupta, había cobrado al constructor una comisión ilegal de 3 millones de euros a cambio de ganar el concurso público.

Entre abril de 2004 y octubre de 2008 Begar Construcciones y Contratas S. A. fue adjudicataria de obras por valor de 33 millones de euros en tres consejerías del gobierno de Esperanza Aguirre: Transportes, Educación y Justicia. También participó en la construcción del hospital Infanta Leonor, en Vallecas. Ulibarri hacía muy buenas migas con administraciones del Partido Popular, aunque también ha sabido trabajarse al PSOE, con operaciones como el fichaje del exministro Croissier. El constructor leonés tenía una excelente relación con su paisano y entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que llegó a dar órdenes a varios de sus ministros en 2006 para que le favorecieran, según destapó el diario El Confidencial. Los intereses de Ulibarri van más allá de las obras, pues también es un importante empresario de medios de comunicación que sumaba varias concesiones de licencias de televisión.

Con el escándalo de su imputación en el caso Gürtel y los efectos de la crisis del ladrillo, fruto de los excesos del pasado, los negocios de Ulibarri se fueron a pique. Begar fue declarada en situación de concurso de acreedores —la antigua suspensión de pagos— el 26 de junio de 2009, cinco meses después del estallido de la operación Gürtel. Poco después, el 27 de julio de ese año, Luis Carlos Croissier causó baja en el Consejo de Administración de la polémica empresa.

Entre 2004 y 2008 Croissier estuvo también presente en el Consejo de Administración de la cadena hotelera High Tech Hotels. Fundada en 2001, cuenta con 38 establecimientos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga y Salamanca. La mayor parte de ellos se encuentran en edificios emblemáticos transformados en hoteles. El exministro simultaneó el principio de su aventura hotelera con el final de su etapa en otra empresa textil al margen de Adolfo Domínguez, Marie Claire S. A., de la que fue consejero entre abril de 2001 y agosto de 2005 y vocal de la Comisión Ejecutiva. A finales de 2004 la familia castellonense Aznar, fundadora de la conocida empresa de medias, salió de la empresa por disconformidad con la línea del resto del Consejo de Administración, dominado por un grupo de firmas de capital riesgo. Croissier había sido designado consejero independiente. Previamente otro exministro socialista, Vicente Albero (Agricultura entre 1993 y 1994), había sido gestor y accionista de Marie Claire.⁷⁴

En 2010 Croissier formó parte de otro Consejo de Administración, el del Grupo Copo de Inversiones. Se trata del holding industrial del Grupo Copo, dedicado principalmente a la fabricación de componentes para el automóvil. Como empresa puramente industrial qué mejor que contar en tu consejo con la opinión y asesoramiento de un exministro de Industria. Tiene varias fábricas en España y en el extranjero que elaboran piezas como relleno de asientos, aislantes acústicos, absorbedores de impacto y distintos tejidos. Como veremos, otro exministro de Industria (y de Economía), Carlos Solchaga, también tiene intereses en la fabricación de componentes para la automoción.

El último político que dirigió Economía con Felipe González es Pedro Solbes Mira, que repite ministerio con José Luis Rodríguez Zapatero, honor que sólo comparte con Alfredo Pérez Rubalcaba. Fue el último titular de Economía de Felipe (1993-1996) y el primero de Rodríguez Zapatero (2004-2009). Antes había asumido, también con González, la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación (1991-1993). Cuando a Zapatero le imponen su nombramiento, como ha defendido Javier Gómez-Navarro, Solbes era comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE (1999-2004).

Esta presencia en las instituciones españolas y europeas, unida al salto al sector privado, se ha traducido en un cúmulo de ingresos en las cuentas bancarias del veterano político. En abril de 2009 Zapatero, superado por la crisis en el inicio de su segundo mandato, remodela el gobierno y prescinde de su vicepresidente económico. En ese momento Solbes se topa con la famosa Ley de Incompatibilidades de los cargos públicos, que dice tal que así: «Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos, a los que se refiere el artículo 3, no podrán desempeñar sus servicios en empresas privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. A estos efectos se considera que existe relación directa cuando [...] los altos cargos, sus superiores a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes hubieran dictado resoluciones en relación con dichas empresas o sociedades».

Por ello tras la salida del gobierno, Solbes, como todo exministro, conserva el 80 por ciento de su sueldo, 5.763 euros mensuales. Además tiene los 4.000 euros mensuales que le corresponden como diputado en el Congreso y una pensión de 3.735 euros al mes vitalicios como excomisario de la UE. Se da la paradoja de que quien se queda en el «paro» cobra 13.500 euros al mes. Así uno puede pasar con gran decoro esos dos años de incompatibilidad.

En septiembre de 2009 dejó el Congreso y en abril de 2011 perdió la pensión de dos años de exvicepresidente. Conserva el salario europeo, esos 3.700 euros que corresponden al 20 por ciento de su ostentoso sueldo de casi 20.000 euros mensuales como comisario europeo, que los ex conservan de forma vitalicia por un trabajo que, en este caso, Solbes desempeñó durante menos de cinco años. La pérdida de la indemnización de exvicepresidente del Gobierno fue, en realidad, una bendición para Solbes, ya que le desataba las manos para dedicarse al sector privado. En mayo de 2011, en cuanto cumplió la incompatibilidad, Barclays España hizo público que había contratado al expolítico como asesor y consejero. Por su presencia en el Consejo de Administración del banco, al que accedió en junio de ese año, a Solbes le pertenecen unos 70.000 euros anuales, al margen de otros ingresos por sus trabajos de asesoría a la entidad financiera. Después de cuarenta años dedicado a lo público, desde sus inicios como funcionario técnico comercial, Solbes, doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Derecho, pasaba al otro lado.

La llegada de Solbes al Consejo de Administración de la filial de Barclays se produjo en plena reestructuración de las cajas de ahorro, un proceso que el exministro inició desde el gobierno de la nación. En mayo de 2011, ya con Solbes en Barclays, el máximo responsable de la entidad a nivel mundial, Bob Diamond, se reunió con Zapatero y la sustituta de Solbes, Elena Salgado, en un momento en el que se buscaba como fuera inversores para las cajas. El presidente del Gobierno garantizó a Diamond que haría los deberes en materia económica. Barclays, de momento, no ha entrado en las maltrechas cajas españolas.

Pero el escándalo llegaría unos meses después, en mayo de 2011, cuando la italiana Enel premió los servicios prestados por Solbes desde el Ministerio de Economía con un puesto en su Consejo de Administración. Enel saltó a por Endesa cuando la alemana E.ON ya había lanzado una OPA sobre el cien por cien de la española. Solbes defendió desde la vicepresidencia económica del Gobierno la opción transalpina, pese a tratarse de una compañía controlada por otro gobierno, el italiano, que iba a entrar en una empresa clave para España. Solbes puntualizó entonces que «la ley dice que una empresa pública extranjera no puede ejercer derechos políticos, no dice que no pueda comprar». Actualmente, Enel, tras la salida de Acciona, controla más del 90 por ciento de Endesa, incluidos los derechos políticos, después de que Solbes autorizara en marzo de 2007 la oferta y las condiciones presentadas por los italianos.

En abril de ese año el Consejo de Ministros autorizó a Enel a ejercer plenamente los derechos políticos sobre el porcentaje que posee en Endesa, según explicó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Antes, la Comisión Nacional de la Energía había salvado otros escollos.

Enel, cuando ya había comprado un 10 por ciento de Endesa, consiguió que le levantaran las restricciones que sólo le permitían ejercer el derecho de voto por un 3 por ciento. Luego compró hasta el máximo permitido sin lanzar una OPA, el 24,9 por ciento. El siguiente paso fue lanzar la oferta junto con Acciona, conseguir la compañía y quedarse la práctica totalidad de las acciones en virtud de un acuerdo con la corporación española.

El capital de Enel se distribuye entre dos socios públicos, el Ministerio de Economía italiano (13,9 por ciento) y la Cassa de Depositi e Prestiti (17,4 por ciento); un 32 por ciento en manos de inversores minoristas y otro 36,6 por ciento controlado por inversores institucionales. Solbes es el primer español que se convierte en consiglieri del grupo energético italiano. En cuanto a su remuneración, le corresponde un mínimo de 85.000 euros anuales, que se complementan con otros 35.000 si participa en el Comité de Remuneración y en el de Control Interno; 30.000 euros más por otros conceptos y una tasa de 250 euros por asistencia a cada reunión (en 2010 fueron 15 de una media de 2 horas y 45 minutos cada una). Así lo refleja el documento de Enel «Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Porpiettari» (Informe de Gobierno Corporativo y Estructura de la Propiedad) del año 2010, el ejercicio anterior a la entrada de Solbes en la compañía.

Resumiendo, por su participación en los consejos de Barclays y Enel, Solbes ingresará casi con toda seguridad más de 200.000 euros anuales, que se suman a su pensión vitalicia de excomisario europeo (unos 45.000 euros al año). Cuando decida jubilarse le corresponderá, al margen de posibles acuerdos con compañías privadas, la pensión máxima de la Seguridad Social: 35.000 euros anuales. La actual cifra de ingresos del exministro, contando asesoramiento a empresas y pensión, ronda los 315.000 euros anuales.

Notas

38 El exministro declinó la petición de entrevista que cursó el autor de este libro.

39 El Confidencial, 9 de enero de 2011, http://www.elconfidencial.com/caza-mayor/carabante-f1-constructor-hispania20110108-6833.html.

40 La Verdad de Murcia, 3 de mayo de 2007.

41 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, diplomado en Estudios Superiores Europeos y en Economía del Desarrollo (DEA) por la Universidad de Nancy (Francia).

42 El expolítico también es miembro del Directorio del European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-e) y presidente del Very Large Power Grid Operators (VLPGO-GO13).

43 La denuncia fue interpuesta en 2011 y seguía tramitándose al cierre de la edición de este libro.

44 Fuente: Expansión.com, 18 de febrero de 2011.

45 Lideran el accionariado Repsol YPF (25 por ciento), Enbridge Capital (25 por ciento), Cepsa (14,5 por ciento) y Oman Oil (10 por ciento).

46 Entrevista con el autor.

47 Ibid.

48 Ibid.

49 Ibid.

50 Pese a la rivalidad que se puede creer que hay entre las dos personas más importantes con las que contó González para Economía, Boyer y Solchaga guardan una extraordinaria relación. Son amigos, se ven a menudo y sienten un gran respeto el uno por el otro. Tienen alguna cosa en común, como estar al servicio de la gran empresa y ser partes importantes del capitalismo, cuyas bases ambos sentaron desde el gobierno.

51 Entrevista con el autor.

52 En octubre de 2011 el FROB asumió el 90 por ciento de Caixa Catalunya, la unión de las tres cajas citadas que conforman el Catalunya Banc.

53 La caja se negó a dar las cifras, pero ese es el dato que destapó el diario La Vanguardia.

54 El autor pidió este dato a la matriz, Telefónica España, pero no recibió respuesta.

55 Telefónica no ha desglosado algunos sueldos y el Grupo Applus los oculta, por lo que el cálculo es una estimación que, según las fuentes consultadas, está muy bien encaminada.

56 El abogado catalán y exdiputado de CiU guarda relación profesional directa y personal con otros exministros felipistas, ya que Carlos Solchaga es el presidente del Consejo Asesor del bufete Roca & Junyent, al tiempo que Roca se sienta con el exministro Julián García Vargas en el Consejo de Administración de la multinacional de construcción, ingeniería civil y arquitectura TYPSA.

57 Oliart dimitió en 2011 y se estableció una presidencia rotatoria, aunque su nombre sigue apareciendo en la web oficial de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

58 El consejero delegado del Banco Santander fue condenado en 2011 a ocho meses de prisión y a tres meses de inhabilitación para ejercer cargos directivos en entidades bancarias. El 25 de noviembre de 2011, el Consejo de Ministros se apresuró a concederle un indulto parcial, pese a que el gobierno de Zapatero ya estaba en funciones, tras perder las elecciones del 20-N.

59 20 de junio de 2011, p. 15.

60 España, Francia, Portugal, Turquía, Chile, México, Panamá, Perú, Colombia, Antillas Holandesas, Canadá, Estados Unidos, Jordania, Kuwait, Arabia Saudí, India, Sri Lanka, Maldivas, Marruecos y Cabo Verde.

61 La excelente relación se truncó en 2011, cuando el agonizante gobierno de Zapatero había suprimido la obligatoriedad del pago de la cuota cameral a todas las empresas, lo que provocó la dimisión de Gómez-Navarro al frente de las Cámaras. No obstante, Gómez-Navarro «rompió», por decirlo de algún modo, con Zapatero, pero mantiene muy buenas relaciones con el PSOE en general, incluido Alfredo Pérez Rubalcaba.

62 El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tenía previsto designar a la empresa adjudicataria de Barajas y El Prat en noviembre de 2011, pero un mes antes se vio obligado a posponerlo por motivos económicos —falta de liquidez en las empresas— y políticos —tomar una decisión muy importante con las Cortes disueltas, a espera de las elecciones del 20-N.

63 Javier Gómez-Navarro, entrevista con el autor.

64 Fuente: http://www.grupombd.com/.

65 El PP la privatizó en 2002, poniéndola en manos de Acciona y de un pequeño grupo de socios minoritarios.

66 La portavoz de Izquierda Unida en el Congreso era Rosa Aguilar, quien luego cambió de chaqueta y aceptó el Ministerio de Medio Rural y Marino que le ofreció José Luis Rodrígez Zapatero. Exigió la dimisión de Solchaga por razones «éticas y estéticas», al tiempo que tachó el viaje de «espectáculo lamentable».

67 Javier Chicote, «Un imputado en Gürtel hace negocios en Majadahonda. Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, vende pisos a un millón de euros», Público, 22 de junio de 2009; Javier Chicote, «Un imputado en la Gürtel tiene suelo valorado en 64 millones. El juez indaga si las promotoras de Jacobo Gordon blanquearon dinero», Público, 26 de junio de 2009.

68 Javier Chicote y Mar Floria, «Los padres de Agag se mudan a una casa propiedad de la trama Gürtel. Han “alquilado” el piso, que está embargado, al imputado Jacobo Gordon, íntimo amigo del yerno de Aznar», Público, 22 de marzo de 2010.

69 61.440 millones de coronas suecas al cambio oficial del 14 de octubre de 2011.

70 Museo Arqueológico de Murcia, Museo de Arte Sacro de Aranda de Duero (Burgos), Museo de la Biblioteca Nacional (Madrid), Museo de la Ciudad de Chiclana (Cádiz), Museo de la Siderurgia de Langreo (Asturias), Museo del Jamón y del Cerdo Ibérico de Aracena (Huelva), Museo del Jurásico de Asturias (Colunga), Museo del Vino de Almendralejo (Badajoz), Museo del Vino de Santiso (Cangas del Narcea, Asturias), Centro de Educación Ambiental La Alfranca (Zaragoza), Centro de Interpretación de la Arquitectura Asociada al Vino (Aranda de Duero, Burgos), Centro de Interpretación de la Capilla de Palacio (Alcázar de San Juan, Ciudad Real), Centro de Interpretación de la Cultura Andalusí (Algeciras, Cádiz), Centro de Interpretación del Litoral Chiclanero (Chiclana de La Frontera, Cádiz), Centro de Recepción de Visitantes de Segovia, Plan Estratégico y de Viabilidad para la Difusión de la Arquitectura del Císter en Castilla y León, Proyecto Rocinante (Castilla-La Mancha), Ruta Cultural de Trafalgar (Cádiz), Ruta de Don Quijote (Castilla-La Mancha), Rutas y Senderos en la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara (Toledo), Tajo Vivo Proyecto de Revalorización de Recursos Naturales y Patrimoniales vinculados al río Tajo, Pabellones de Castilla y León, Galicia y Naciones Unidas en Expo Zaragoza 2008, nueve castillos y fortalezas, varias guías editadas y otra decena de proyectos en ejecución. Fuente: http://www.expociencia.es/proyectos.html.

71 Entrevista con el autor.

72 Ibid.

73 Ibid.

74 Véanse pp. 255-259.

III. Empresarios y lobbistas

Este bloque, dedicado a los empresarios y/o lobbistas, tiene que comenzar indefectiblemente por el hombre lobby y hombre empresa, Carlos Solchaga Catalán. Figura clave del «reinado» de Felipe González, Solchaga definió a España, a principios de la década de 1990, como el país donde uno se podía hacer rico con mayor rapidez. Él, desde luego, lo ha conseguido. Sin restarle un ápice a sus grandes capacidades profesionales, su formación⁷⁵ y su currículo, el exministro de Industria y Energía y de Economía y Hacienda ha sacado y sigue sacando una gran rentabilidad a la mezcolanza de lo público y lo privado, al negocio de las influencias, el lobby, el abrelatas que, tirando de contactos, pone la alfombra a sus clientes para que saquen tajada, allana el camino en las operaciones empresariales y consigue subvenciones o contratos con la administración. Sigue considerándose socialdemócrata, pero sus actividades profesionales representan al capitalismo más duro. Es de estos «socialistas» entregados a la empresa, al capital. Está en su derecho, pero no puede negar la evidencia de ser uno de los mayores representantes de los pesos pesados del PSOE de Felipe González que más ha hecho para que la S de «Socialista» y la O de «Obrero» se caigan del acrónimo del partido del puño y la rosa. Solchaga es el establishment, el asesor de grandes fortunas, el consejero de firmas bursátiles, el mercader de las influencias.

El centro de operaciones del exministro, la sede del grupo de empresas que comparte con otro expolítico, el controvertido exconsejero de la Junta de Andalucía José Aureliano Recio —salpicado en la trama Filesa—, está en un lugar que es todo un símbolo del poder y la élite, en una de las mejores calles de Madrid, la de Serrano. Y para más inri, en el número 1, junto a la plaza de la Independencia, más conocida por la Puerta de Alcalá que se erige en el centro de la misma, lindando con el parque del Retiro, a un breve paseo a pie de la residencia de Felipe González, el espectacular piso de la calle de Velázquez alquilado a su amigo y casi «cuñado» Pedro Trapote. Cuando acudes a una consultoría y te dicen «Serrano 1», te están diciendo mucho. Para empezar, que pueden pagar el alquiler; para seguir, que una parte la vas a pagar tú, porque no van a ser baratos; y para terminar, que no te van a regalar nada, pero probablemente tu inversión estará más que garantizada, porque más importante aún que el nombre y número de la calle es el señor que se sienta en el despacho del socio-director, que fue tres años ministro de Industria y Energía (1982-1985) y ocho de Economía y Hacienda (1985-1993), entre otros importantes cargos, como la Consejería de Comercio del gobierno preautonómico vasco, la jefatura de la sección de Balanza de Pagos y Economía Internacional del Banco de España o la presidencia del Comité Interino del Fondo Monetario Internacional. Vamos, «que de dinero, sabe un rato largo», diría el cliente.

El exministro fundó Solchaga Recio & Asociados⁷⁶ en 1999, tres años después de dejar la política activa. Una vez superada la incompatibilidad que marca la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, comenzó a vender sus influencias, a poner lo obtenido en más de veinte años en la cosa pública al servicio del capital privado. Según información corporativa de la empresa,⁷⁷ la firma nace para «asesorar a la alta dirección de las principales compañías españolas en la gestión de los riesgos políticos y económicos en América Latina». Tiene o ha tenido entre sus clientes a las grandes firmas españolas presentes en esa área del globo: Santander, BBVA, Telefónica, Endesa e Iberdrola. Es decir, la máxima expresión del capitalismo en España. Según las fuentes consultadas, la tarifa anual de asesoramiento a una de estas firmas puede superar los 300.000 euros, al margen de operaciones concretas. Para algunas gestiones, donde sus contactos no son suficientes, Solchaga ha recurrido a su amigo Felipe González y a su excelente posición en Latinoamérica. Según las fuentes consultadas, del nivel de los protagonistas de este libro, el expresidente del Gobierno ha ayudado mucho a quien fuera una pieza fundamental del engranaje económico de casi todo el periodo en el que el político sevillano estuvo al frente de España. Le ha echado una mano y le ha abierto más de una puerta en Latinoamérica, tanto con empresas privadas como con gobiernos para los que ha trabajado, por ejemplo, asesorando en temas de reorganización de deuda.

En la carta de presentación del despacho, Solchaga se compromete a dar un paso más allá del asesoramiento: «Dentro del respeto más escrupuloso a las normas legales nuestro servicio de consultoría no se limita exclusivamente al diagnóstico de la situación, sino que pretende asimismo contribuir mediante acciones concretas a que esta sea favorable a los intereses de nuestros clientes». Entre esas acciones están «la prestación de servicios de contacto y transmisión de información de las empresas en círculos políticos y administrativos de estos países».

El despacho creció en 2002 con el Departamento de Asesoría Financiera, que presta servicios de consultoría a «las principales entidades financieras españolas». Como el negocio va viento en popa, en 2007 la firma consultora se aventura en tres nuevas líneas de negocio: Regulación y Competencia, Public Policy (Políticas Públicas) y Operaciones Corporativas. Tres escalones más de asesoramiento a privados en todo aquello en lo que Carlos Solchaga tuvo responsabilidades públicas.

En los primeros años de funcionamiento el despacho ingresaba unos 700.000 euros anuales, cuando en el gobierno central mandaba el PP de José María Aznar. Pero a partir de 2004, con Zapatero en La Moncloa, Solchaga Recio & Asociados sube su facturación considerablemente, hasta 1,5 millones de euros en 2005, y triplica su beneficio, de poco más de 100.000 euros, hasta superar los 300.000. Además llegan los años de la crisis y la empresa no se resiente. En 2008 alcanzó los 709.000 de ganancias, que bajaron sensiblemente a cierre de 2009,⁷⁸ hasta los 598.350,26 euros. Aunque la cifra de negocio de 2009 subió hasta superar los 3.100.000 euros, lo que significa multiplicar casi por cinco su facturación en los cinco primeros años de la vuelta del socialismo al poder. El principal gasto del despacho son los sueldos del personal, partida a la que destinó 1,63 millones de euros en ese ejercicio repartidos entre los 15,58⁷⁹ empleados que tuvo el despacho de media, lo que da un salario promedio de casi 105.000 euros. Evidentemente los socios-directores cobrarán bastante más, luego están los consultores y después otros empleados peor remunerados, como el personal administrativo. La sociedad cuenta con unos activos de 887.287,04 euros.

Las actividades del despacho se dividen en distintas áreas. La de Asesoramiento Estratégico analiza el impacto que causa el contexto político, económico y social en el desarrollo de los negocios de sus clientes en países emergentes, principalmente en América Latina. El despacho hace hincapié en los sectores de la economía donde gran parte del éxito de la empresa va a depender de la regulación con el gobierno: «Estos condicionantes de la actividad empresarial alcanzan su máxima expresión en sectores regulados, donde la exposición a decisiones de la administración es mayor. El trabajo de Solchaga Recio & Asociados en esta área consiste en la anticipación y correcta medición de estos riesgos y el diseño de estrategias que permitan minimizar sus costes».⁸⁰

Vamos, que Solchaga se anticipa a las decisiones políticas que puedan afectar a quien le paga la minuta. No olvidemos las muy estrechas relaciones que mantuvo el PSOE con sus socios ideológicos iberoamericanos durante los años del felipismo en lugares como Colombia o la Venezuela de Carlos Andrés Pérez. En esta línea de asesoramiento estratégico también entran las fusiones entre empresas o las adquisiciones, muchas de las cuales afectan a sectores estratégicos y están reguladas por ley.

En el departamento de Consultoría Financiera, Solchaga Recio & Asociados hace un especial hincapié en sus clientes del mundo de la banca, su especialidad, cuya importante presencia en el extranjero obligó al despacho a saltar las fronteras y analizar la situación económica en los países de destino de la inversión española. Muy interesante es el área de Regulación y Competencia, donde los clientes del exministro de Industria y Energía y de Economía y Hacienda encuentran a todo un experto en organismos reguladores como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), organismos en los que, obviamente, conserva amistades.

Dentro de esta área hay una línea de trabajo que el despacho denomina «Análisis económico de las ayudas públicas»; esto es, pagarle a Solchaga para que te abra la puerta al dinero público, para que te ayude a conseguir subvenciones. Y así lo hicieron en 2009 con la empresa MATSA (Minas de Aguas Teñidas Sociedad Anónima), en cuyo departamento jurídico trabaja Paula Chaves, la hija del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. MATSA logró de la Junta una subvención de 10 millones de euros a fondo perdido para la construcción de una planta de tratamiento mineral en los yacimientos de la empresa Almonaster La Real (Huelva). La empresa había pedido algo más de siete millones y consiguió diez, algo insólito. Por su mediación, Solchaga Recio & Asociados cobró 461.000 euros, una cantidad cercana al 5 por ciento de la subvención que logró la firma minera de la que Paula Chaves es apoderada desde noviembre de 2008, poco antes de recibir la ayuda económica. MATSA no había conseguido la subvención del Ministerio de Fomento, por lo que recurrió a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta, entonces presidida por Chaves.

En este punto no debemos olvidar quién es el socio de Solchaga en su despacho: José Aureliano Recio, que se convirtió en el hombre fuerte del gobierno andaluz en 1987. Recio era consejero de Fomento y Turismo desde un año antes, pero el presidente José Rodríguez de la Borbolla le entregó también la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, la misma consejería que ha dado la subvención a MATSA, la misma MATSA que en ese momento tenía a sueldo al exconsejero. El círculo se cierra. José Aureliano es hermano de Pablo Recio, que también fue consejero de la Junta.

Los socios de Solchaga Recio & Asociados ingresaron en el PSOE en 1974 y se conocieron un año después en Bilbao. Solchaga era jefe del Servicio de Estudios del Banco de Vizcaya y Recio ejercía de abogado laboralista en Renault hasta que, a finales de los años setenta del pasado siglo, se fue a la Junta de Andalucía como viceconsejero de Gobernación.

Tras el paso por las dos consejerías antes citadas, en 1988 el fallecido Pedro Toledo lo fichó como director general adjunto a la presidencia del mismo Banco de Vizcaya por el que había pasado Solchaga, que por entonces era ministro de Economía. Con la fusión, Recio fue nombrado consejero en el nuevo Banco Bilbao Vizcaya y en Sevillana de Electricidad (hoy parte de Endesa). Todos estos cargos llevaban unos salarios muy poco acordes con las ideas marxistas que habían llevado a Recio hasta la política. En esta etapa su nombre apareció en el sumario del caso Filesa, la empresa que sirvió para financiar ilegalmente al PSOE. Tuvo que declarar ante el juez instructor por haber comprado a Filesa supuestos informes para el Banco de Vizcaya por 196 millones de pesetas. Recordemos que Filesa consistía en lo siguiente: «Tú, empresario, como no me puedes dar dinero directamente para el partido o en maletines, como antes, le vas a encargar un trabajo ficticio a Filesa, que te va a dar un refrito de unos folios, y las decenas de millones de pesetas que te va a cobrar por el “informe” terminarán cubriendo gastos del PSOE». Recio declaró que dicho estudio lo había encargado su mentor, el presidente del Banco, Pedro Toledo, que ya había fallecido. El que será después socio de Solchaga no fue imputado ni, obviamente, condenado. En 1992 aceptó una muy suculenta oferta del financiero Javier de la Rosa, que ha pasado casi tanto tiempo en los tribunales, con varias condenas —entre ellas la del caso KIO—, como haciendo negocios. Se trataba de la presidencia de la empresa química Ercros: «De la Rosa lo había cautivado con uno de sus característicos: “¡Nada, hombre, te envío mi helicóptero y estás en Barcelona en un santiamén!”, y con un salario de 80 millones de pesetas, más Audi y chófer. […] Jotaerre [Javier de la Rosa] volvió a las andadas y fichó por una cantidad astronómica a José Aureliano Recio, militante del PSOE y consejero del BBV, como presidente. Recio aguantó poco, hasta que se dio cuenta del juego del financiero y lo plantó. […] La intención de Jotaerre era aprovechar la gran amistad que unía a Recio con el presidente del Gobierno y con Carlos Solchaga. Algo sumamente útil a la hora de pedir subvenciones o buen trato».⁸¹

Casualidades de la vida, Recio terminó asociándose a su íntimo Solchaga para dedicarse a eso mismo que de él pretendía Javier de la Rosa: ganar el favor de lo público. Recio también ha pasado por el Consejo de Administración de Avanzit, la firma de tecnología y comunicaciones ahora denominada Ezentis, donde compartió cargo con el exministro de Defensa Julián García Vargas. Desde 1992 hasta la actualidad Recio ha sumado medio centenar de cargos en los Consejos de Administración de treinta y dos empresas; su socio Solchaga, veintidós en trece sociedades.

Volviendo a las subvenciones y ahondando en la conexión andaluza del despacho del exministro, diremos sin lugar a la equivocación que para conseguir que la Junta te financie siempre ha sido necesario un «conseguidor». El más famoso es Iván Chaves, el comisionista, hijo de Manuel Chaves. El autor de este libro y el periodista Melchor Miralles destaparon en el diario digital El Confidencial las actividades del hijo de Chaves. Resumiendo, cobrar a empresas privadas por hacerle gestiones y conseguirle contratos con la administración pública que dirigía su padre y con las cajas andaluzas, directamente o, en ocasiones, valiéndose de su socio testaferro Javier Olaegui de la Infiesta. Pues bien, tras la publicación de los primeros reportajes del serial, los autores comenzaron a recibir decenas de correos electrónicos y llamadas de funcionarios, trabajadores y ciudadanos andaluces conocedores y/o víctimas del sistema implantado por el PSOE en el cortijo andaluz durante treinta años de gobierno: una gran agencia de colocación de familiares y amigos de políticos, por un lado, y subvenciones y contratos siempre para los mismos empresarios, por otro, pasando por los ERE falsos y otras canalladas. Un sistema regido por un clientelismo de libro, muy mediterráneo, casi siciliano, sin tiros pero destinado a engordar a las familias de los que mandan utilizando el dinero de todos los andaluces. En este contexto y con una enorme repercusión de las informaciones de El Confidencial, gracias en gran medida al altavoz del diario El Mundo, que las rebotaba, entre reportaje y reportaje sobre las actividades de Iván Chaves, los autores de la serie reciben una significativa llamada en la centralita de la redacción del periódico en la Ciudad de la Imagen. El interlocutor era un pequeño empresario harto de intentar la consecución de algún contrato público de la Junta, el gran motor de la economía andaluza —por estar así diseñada por sus gestores políticos— junto con el turismo: «Mira, Javier, yo me he presentado a infinidad de concursos con ofertas muy buenas, muy trabajadas, y nunca me han dado ni uno solo, jamás. Una de las muchas veces que llamé a la consejería de turno un técnico me dijo que si no tenía un intermediario, un conseguidor, ya me podía ir olvidando. En Andalucía las cosas funcionan así: los funcionarios te animan a que te busques un comisionista, como Iván Chaves».

Sólo unos días después el periodista recibió otra llamada que, semanas más tarde, investigando a Carlos Solchaga para este libro, goza de un mayor sentido: «Nosotros tenemos una empresa tecnológica y vamos a muchos concursos de la Junta y del Ayuntamiento de Sevilla, pero siempre se los dan a los mismos. Hay una empresa de aquí que se llama Novasoft, en la que creo que trabajaba la hija de Chaves, que se lleva contratos a tutiplén».

El informante tenía razón en las habilidades de Novasoft para lograr contratos con las administraciones andaluzas —y alguna que otra subvención— en el campo de la consultoría tecnológica y servicios informáticos. Así lo demuestra una búsqueda rápida en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que refleja decenas de contratas adjudicadas a Novasoft. En alguna de ellas la firma andaluza acude en UTE (Unión Temporal de Empresas) con empresas del Grupo Telvent, del que Paula Chaves fue apoderada. Entre los contratos que logró esta UTE con Manuel Chaves al frente de la Junta, que suman 7,3 millones de euros, está uno de 5,9 millones para «dar continuidad de las aplicaciones TIC⁸² para la Junta».

Al margen del grupo Telvent y Paula Chaves, Novasoft, en su página web, deja muy claras sus intenciones:

El Cliente Objetivo por excelencia para Novasoft es, sin lugar a dudas, la Administración Pública, en donde nos centramos de forma casi exclusiva.

Cuando nos referimos a la Administración Pública incluimos dentro de la misma a: Administración Nacional, Administración Regional, Administración Local y todas las empresas públicas y organismos dependientes de la administración.

En Novasoft ponemos en valor todo el conocimiento y experiencia acumulada durante la historia de la compañía en cuanto al modo de relación de la administración con sus proveedores. Sabemos cómo actuar y conocemos perfectamente el procedimiento; por tanto, nos posicionamos de forma directa y clara ante nuestro principal cliente.

El objetivo primordial de Novasoft es, pues, convertirnos en proveedor principal de la Administración Pública. Sabemos exhaustivamente, por años y por experiencia, cómo se ha de trabajar el proceso de venta y operaciones con la administración interactuando con todos los niveles de decisión. Anticiparnos a las necesidades y alinear los intereses socio-políticos, económicos y técnicos se nos antoja como la vía más oportuna de alcanzar nuestros objetivos.

Además hemos puesto los mecanismos oportunos para que toda la compañía trabaje de manera coordinada y orientada a todos y cada uno de los proyectos, tanto comerciales como operativos, lo que nos lleva a realizar ofertas técnicas muy competitivas, que se ajusten en cada momento a las expectativas y necesidades reales de la administración.⁸³

«Interactuando con todos los niveles de decisión». Muy interesante para un fiscal anticorrupción. ¿Esto qué significa? ¿Que cuando participas en un concurso público no vale con presentar la oferta en sobre cerrado, como todos, sino que hay que «interactuar» con el consejero o concejal de turno? Suponemos que sí y en este país de malayas, gürteles, urdangarines, brugales, astapas, ponientes, guateques y ERES andaluces ya no extraña nada.

Decíamos antes que la llamada que alertó sobre las actividades de Novasoft cobraría mayor relevancia a la hora de investigar al exministro Solchaga. ¿Por qué? Pues porque resulta que Gloria Barba Bernabéu fue consejera en el grupo Novasoft entre 2004 y 2006. ¿Y quién es Gloria Barba Bernabéu? La esposa de Carlos Solchaga Catalán. Ocupó un sillón del consejo en Novasoft Inversiones SICAV S. A., es decir, una de esas sociedades de inversiones que sólo tributan al 1 por ciento, por obra y gracia del Gobierno (da igual que sea del PSOE o del PP) para evitar que esos capitales huyan de España.

La economista Gloria Barba proviene de la Administración Pública, al igual que Solchaga. Ocupó distintos cargos en empresas públicas en los tiempos de Felipe González, como la ya desaparecida Fomento del Comercio Exterior (FOCOEX), dependiente del Instituto Nacional de Industria, cuando su marido era el ministro de Industria y, luego, de Economía. FOCOEX participó en infinidad de negocios opacos y polémicos en Argentina, Uruguay, Chile o Venezuela. España concedía un crédito con la condición de que el receptor contratara bienes o servicios de empresas españolas. Algunas de ellas facturaban importantes sobreprecios, aunque a los receptores del crédito no les importaba demasiado: ya estaban contentos con poder meter la mano y desviar algunos de los fondos entregados por el gobierno de Felipe González. Así ocurrió, por ejemplo, en créditos españoles destinados a cárceles, hospitales e instalaciones de equipos y servicios informáticos en Argentina.

El exministro de Economía vigila con sumo cuidado todos los movimientos políticos en Iberoamérica, donde las grandes firmas españolas, muchas de ellas clientes de Solchaga, tienen un enorme porcentaje de sus intereses. Así, en el informe sobre América de enero de 2011, los consultores del despacho sostienen lo siguiente:

De este modo la democracia liberal y la economía de mercado parecen asentadas en la región. […] Después de las incertidumbres ante el creciente populismo en algunos países de la región así como por el golpe de Estado en Honduras en 2009, resuelto después por vía electoral, la democracia asienta sus raíces en el conjunto de América Latina. [...] En este sentido las únicas incertidumbres que se mantienen en el horizonte pasan fundamentalmente por Venezuela, dada la reducción del apoyo electoral a Hugo Chávez bajo una muy débil recuperación. […] Por todo ello el escenario político e institucional de América Latina parece limpio de amenazas pretéritas mientras el desarrollo económico comienza a ampliar y democratizar las oportunidades. […] Las elecciones en Perú, México y Colombia se miran con gran interés por las incertidumbres que las rodean, pero sin preocupación, porque cualquiera de los resultados que parecen hoy probables no suponen poner en cuestión los modelos económicos.

El informe bien podría llevar como firma «Los guardianes del capitalismo».

Actualmente el despacho de Solchaga tiene importantes negocios en Argentina. Varias fuentes coinciden en haberlo visto recientemente en el país sudamericano, donde mantiene excelentes relaciones con Cristina Fernández de Kirchner y las mantenía con su marido Néstor Kirchner hasta su fallecimiento en octubre de 2010. Los Kirchner han sido grandes exponentes de la mezcla de negocios y política. Para ello el despacho de Solchaga y Recio tiene el área de Public Policy (Políticas Públicas). Sus clientes reciben asesoramiento en sus relaciones institucionales, pero van más allá: en la descripción que la firma hace de este departamento leemos que en un entorno en el que «la administración ha perfeccionado las herramientas de intervención en los mercados. […] Solchaga Recio & Asociados presta servicios al sector privado para la realización de estudios de reformas del marco regulatorio». Incluso hay un grupo de trabajo que analiza «las reformas legislativas en proceso de elaboración», que se adelanta a los políticos para beneficiar a los privados. El despacho también ha trabajado puntualmente para administraciones públicas.

Otra de las áreas clave del despacho es la de Operaciones Corporativas. En los últimos años, dada la tendencia del sector a la concentración empresarial en todos los sectores de la economía sin apenas excepción, se ha registrado un número récord de fusiones y adquisiciones. La empresa de Solchaga se encarga de las valoraciones de las compañías y las asesora en beneficio de sus accionistas, acompañando al cliente en todo el proceso corporativo. Quizá la operación de mayor renombre en la que ha participado el despacho es la pugna entre la eléctrica alemana E.ON y Gas Natural por el control de Endesa, batalla en la que actuó como mediador. En esta lucha participaron los gobiernos de España y Alemania, ya que se trataba de la toma de control de una empresa clave para nuestro país. Al final, en febrero de 2009 fue la italiana Enel la que tomó el control de Endesa tras una oferta mayor, aunque E.ON adquirió una buena parte de los activos de la eléctrica española.

Solchaga Holding y otro exministro

Ante la buena marcha del despacho, los socios expolíticos ampliaron las líneas de negocio con la creación de nuevas empresas. En octubre de 2008 nació Solchaga Recio Corporate Finance S. L., domiciliada también en Serrano 1 y con Integra Estrategia Financiera como socio, una firma encabezada por los analistas financieros Carlos Tapia Moral y James MacMillan-Scott. A cierre de 2009, pese a tratarse de una empresa que apenas había echado a andar, SRC Corporate Finance alcanzó una cifra de negocio neta de 323.000 euros, activos por valor de 156.000 y un discreto beneficio de 1.700 euros. Solchaga es presidente y consejero de la firma, los mismos cargos que luce en The Saturn System S. L., cuyo inicio de operaciones fue el 3 de diciembre de 2010. La consultora Solchaga Recio se metió en este proyecto en solitario, sin socios externos, para ampliar sus actividades hacia la comercialización de análisis de mercado, un área en crecimiento por el efecto de la crisis, cuando las empresas tienen miedo de meterse en nuevas aventuras, por lo que encargan estudios previos que les ofrezcan algo de seguridad o les induzcan a dejar para otro momento el futuro negocio. Con la nueva empresa Solchaga logra mayor rentabilidad al servicio de estudios que ya tenía la consultora, especializado en Latinoamérica. Así, The Saturn System señala a las grandes empresas españolas cuál es el mejor destino para sus inversiones, además de asesorarles en materia de mercados, tipos de interés y divisas, según recoge el objeto social de la sociedad limitada.⁸⁴

La sociedad Solchaga-Recio se completa con otra consultoría llamada Acanaj Inversiones S. L., que lleva funcionando desde 2002 aunque sin apenas cifra de negocio. En el primer piso de Serrano 1 también desarrolla sus actividades otro de los buques insignia de Carlos Solchaga, Enerma Consultores, la empresa que comparte con otro expolítico. Aquí cambiamos a Pepe Recio por Claudio Aranzadi, exministro de Industria y Energía (1988-1989) y de Industria, Comercio y Turismo (1989-1993). El expolítico, ingeniero industrial y economista también presidió el INI (Instituto Nacional de Industria) y fue embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Otro que de números sabe un rato largo y cuya experiencia a lo largo de varios años en la cosa pública están puestos ahora al servicio de la empresa privada. Como Solchaga y Recio, Aranzadi también ha pasado por el BBVA, donde fue Asesor de Participaciones Industriales Internacionales, además de presidir Bravo Solution España, una multinacional de servicios tecnológicos para empresas filiales del Grupo Italcementi, el quinto productor de cemento del mundo. Pero ahora Aranzadi está centrado con Solchaga en Enerma Consultores, creada en 2005 y con una facturación de 130.000 euros a cierre de 2009. Pero no debemos olvidar que en esta consultora también encontramos como socio a Ramón Pérez Simarro, al que el entonces ministro Aranzadi nombró director general de Energía en 1990. Simarro fue nombrado consejero de Enagás⁸⁵ tras la victoria del PSOE en las elecciones de 2004. El triunvirato ofrece en Enerma trabajos de consultoría energética y medioambiental.

Como socio director de Enerma Consultores, Aranzadi es miembro del Club Español de la Energía, un lobby que se dedica a defender los intereses de las empresas energéticas, las mismas energéticas que tuvieron que regular y vigilar Solchaga, Aranzadi y Pérez Simarro cuando estaban al servicio del Estado. El presidente de este Enerclub es el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que en 2010 sustituyó en el cargo al de Repsol, Antoni Brufau. El objetivo de este club, como el de todos, es defender los intereses de sus socios. Los más destacados son la citada Iberdrola, Acciona, BP, Cepsa, CLH, EDF (Electricité de France), Endesa, E.ON, Enagás, Gas Natural Fenosa, Gaz du France, GDF Suez, Grupo Santander, Hidrocantábrico, Pemex, Petronor, Red Eléctrica (de los exministros socialistas Atienza, Boyer y Amador), Repsol, Shell y Sacyr-Vallehermoso, entre otras. Algunas administraciones públicas también forman parte del Enerclub, donde quien no está representado es el que paga la factura de la luz y echa gasolina en su coche: el ciudadano. Quienes un día nos gobernaron están hoy al servicio de la gran empresa, defendiendo sus intereses, una peculiar forma de entender el socialismo o la socialdemocracia. Dirán que para defender al ciudadano están los políticos, pero teniendo en cuenta cuál es su destino cuando dejan sus ministerios, da que pensar. El Enerclub pertenece a su vez a los dos grandes loobies de la energía del planeta, el Consejo Mundial del Petróleo y el World Energy Council, que no se dedican precisamente a plantar árboles, sino a influir en los gobiernos de todo el mundo en beneficio de las grandes corporaciones energéticas, cuyo currículo de barbaridades contra el medio ambiente no cabe en este libro, aunque no debemos olvidar que los consumidores tenemos nuestra parte de responsabilidad.

Al margen de Aranzadi, José Aureliano Recio tiene gran experiencia en el sector eléctrico pues, como dijimos, fue consejero de Sevillana de Electricidad, hoy dentro de Endesa. El ingeniero industrial sevillano Antonio Moreno Alfaro, autor de la página www.estafaluz.com, se ha encargado de recordarnos que Pablo Recio, hermano de José Aureliano Recio, siendo consejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía impuso a Sevillana de Electricidad una sanción de 12 millones de pesetas tras concluir su investigación sobre la treintena de irregularidades denunciadas por los diputados del Parlamento andaluz Juan Carmona Infantes y Jesús Lechuga Gallego. Las cifraron en 20.000 millones de pesetas, 19.988 más que la sanción impuesta.

Enerclub se encarga, por ejemplo, de persuadir al gobierno, que regula el sector eléctrico, de que algunas cosas no cambien, como el alquiler de los contadores de la luz. Usted, vecino, pagó, paga y pagará toda su vida, si nada cambia, por el alquiler de un contador que mide su consumo eléctrico. Es una pequeña cantidad en cada factura, casi un euro al mes, pero el contador cuesta sólo dieciocho. Sumando sumando, meses tras meses, millones de domicilios y empresas, al ingeniero Antonio Moreno le salen casi 7.500 millones de euros pagados por ley para que la empresa realice una «adecuada renovación y actualización» de los contadores, renovación que no se hace. Por otro lado las eléctricas representadas en el Enerclub nos cobran una cuota en función de la potencia contratada, al margen del consumo, pese a que está demostrado que en determinadas ocasiones no pueden suministrar esa potencia. Además usted pagará siempre la cuota de potencia, aunque no la use, aunque se trate de una vivienda vacía. Para este tipo de cosas sirven los lobbies, los grupos de presión privados, como Enerclub, que defienden los intereses de las empresas influyendo en las decisiones de los gobiernos. Como muchos de los exgobernantes pasan automáticamente a la gran empresa privada, el círculo se cierra.

Y en los Consejos de Administración…

Carlos Solchaga no trabaja sólo para sus empresas, sino que completa sus ingresos de forma considerable gracias a los sillones que ocupa en distintos Consejos de Administración, los lugares elegidos por infinidad de expolíticos para rentabilizar su dilatado currículo a cambio de un buen sueldo y un puñado de reuniones. El exministro de Industria y de Economía es miembro del Consejo de Administración de la farmacéutica Zeltia desde 2010. El presidente, el vicepresidente y los diez vocales se reparten anualmente más de 2 millones de euros⁸⁶ por la asistencia a una media de nueve reuniones del Consejo de Administración. Solchaga se anota en un ejercicio fiscal 61.963,58 euros, casi 7.000 euros por reunión, porque él lo vale, dicho esto sin ironía, ya que si una empresa privada y cotizada en bolsa se lo paga, será porque lo rinde, aunque para el común de los mortales 7.000 euros por ofrecer tu punto de vista en una reunión sea mucho dinero. Las empresas suelen vigilar muy bien dónde ponen su dinero y qué rentabilidad obtienen. Y un exministro de Industria y de Economía y Hacienda consejero de una farmacéutica puede hacer alguna llamada o dar alguna recomendación que deje en una anécdota los 62.000 euros anuales.

Lo bueno de los Consejos de Administración es que no absorben mucho tiempo y te permiten formar parte de varios a la vez e ir solapando sueldos. Además de Zeltia, al cierre de la edición de este capítulo⁸⁷ Solchaga es consejero de Cie Automotive S. A., dedicada al diseño, fabricación y venta de componentes para la industria del automóvil. Cotiza en el IbexSmall Cap y en 2010 alcanzó su récord de facturación, 1.591 millones de euros, gracias a sus plantas de fabricación en medio mundo (España, República Checa, Brasil, México, China) y ganó 41,4 millones de euros. Nacida en 2002 tras la fusión del Grupo Egaña y Aforasa, entre los accionistas de la compañía vasca está, además de la familia Egaña, el fondo de inversiones del financiero Juan Abelló, el otrora socio de Mario Conde en Banesto, cuando el gobierno socialista y el engominado economista se enfrentaron en un duelo a muerte. Solchaga comparte Consejo de Administración con Antón Pradera, hermano del exdiputado general de Vizcaya José Alberto Pradera (PNV) y Miguel Ángel Planas, un empresario catalán que militó en Alianza Popular. El exministro es, además de consejero, presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Su salario anual supera ampliamente los 40.000 euros.

Solchaga accedió al Consejo de Administración de Cie Automotive en diciembre de 2010, tiempo después de que la firma se fusionara con Innsec S. A. (Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas), de la que Solchaga ha sido consejero desde 2005 y hasta su entrada en la fabricante de componentes para el automóvil. Entre los accionistas de Innsec está Torreal (13 por ciento del capital y tres puestos en el Consejo de Administración), la sociedad de inversiones de Juan Abelló, uno de los hombres más ricos de España y cuyas empresas se libraron de más de una inspección fiscal en la etapa en la que Solchaga era ministro de Economía y Hacienda. Innsec suma varias inversiones en otras empresas, entre ellas Dominion, dedicada al sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Esta firma tiene infinidad de contratos con la administración, el Plan Red.es, AENA, la Generalitat de Catalunya o el gobierno vasco, además de empresas privadas líderes como BBVA, Santander, Endesa o Telefónica, clientes también del despacho de Solchaga. También Citibank está entre los clientes de Dominion, el mismo Citibank del que Solchaga es miembro de su Consejo Asesor Europeo. Aquí encontramos otro dato más que curioso. Citibank, que forma parte de Citigroup, la entidad financiera más grande del mundo por capitalización bursátil, compró la mayor parte del Banco de Levante a principios de la década de 1980 y le cambió el nombre por el de Citibank España. Los estadounidenses creían que tenía mejor imagen su marca que la del Banco de Levante, máxime teniendo en cuenta que este había tenido que recurrir al Fondo de Garantía de Depósitos para sanear sus cuentas. Según una información del diario El País del 6 de diciembre de 1983, «John Reed, uno de los tres vicepresidentes de Citibank Corporation, llegará a España el próximo domingo para entrevistarse con el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga», el mismo que hoy asesora a Citibank.

Siguiendo con las participaciones industriales de Innsec, nos encontramos a Bionor, que se dedica a la producción de biodiésel. Nada más útil para su matriz Innsec que tener en su consejo a un exministro de Industria, tratándose de una actividad puramente industrial, igual que la de Cie Automotive.

Lo que podríamos llamar «Solchaga Sociedad Anónima» continúa por la empresa Near Technologies Madrid S. L., de la que es consejero desde el 27 de diciembre de 2008. Se trata de una compañía dedicada al desarrollo, instalación y consultoría en el área de equipos informáticos, una consultora integradora en el ámbito de las tecnologías de la información. Tiene 600 empleados en toda España y factura unos 30 millones de euros.

El exministro también forma parte del Consejo Asesor de Vitro Cristalglass, la filial europea del Grupo Vitro, dedicado a la transformación del vidrio y líder del sector en España. Por otro lado, en julio de 2011 Solchaga accedió al Consejo de Administración de otra compañía, Duro Felguera,⁸⁸ multinacional asturiana dedicada principalmente a la construcción de centrales eléctricas y a la fabricación de bienes de equipo. La empresa estaba en plena etapa de expansión en Latinoamérica, donde acababa de conseguir un contrato para la construcción de dos centrales de generación eléctrica a gas en Brasil, ampliado en septiembre, dos meses después del nombramiento de Solchaga, para la construcción de otras tres plantas, con un importe global del contrato de 225 millones de euros. La tarea de Solchaga consiste en ayudar a la compañía en esa expansión por el continente americano, el área de influencia especializada del exministro. Duro Felguera está presente, además de en Brasil, en México, Colombia, Argentina, Chile, Egipto, Mauritania y la India. También en España, donde trabaja para las principales energéticas, entre ellas Repsol. Tiene cinco áreas de negocio —Energía, Plantas Industriales, Servicios Especializados, Fabricación y Nuevos Negocios— de las que penden dieciséis sociedades. Suma unos activos de 1.147 millones de euros. Durante 2010, el ejercicio anterior al nombramiento de Solchaga, los once miembros del Consejo de Administración se repartieron más de 4,3 millones de euros entre retribución fija, variable y dietas, según el informe de gobierno corporativo remitido a la CNMV. Solchaga fue fichado como consejero externo independiente. En el ejercicio anterior a los tres consejeros de este tipo les correspondió una media de 274.000 euros, según la misma fuente.

En el sector de la abogacía Solchaga preside el Consejo Asesor del bufete Roca & Junyent, dirigido por el exdiputado de CiU Miquel Roca. «Roca Junyent presta asesoramiento en todas las áreas del Derecho, particularmente en el derecho de los negocios».⁸⁹ El despacho del expolítico catalán se ha rodeado de otros exservidores públicos, como el exmagistrado del Tribunal Supremo y expresidente de la Audiencia Nacional Clemente Auger.

Pese a este listado de cargos en varias empresas, además de las propias, Carlos Solchaga encuentra tiempo para actividades más filantrópicas: es miembro del Consejo Asesor del Real Instituto Elcano, cuyo presidente es otro exministro socialista, Gustavo Suárez Pertierra, quien fuera titular de Educación y Ciencia y de Defensa en el último gobierno de Felipe González (1993-1996); vicepresidente del Real Patronato del Museo Nacional de Arte Reina Sofía; presidente de la Fundación Arquitectura y Sociedad; y miembro de la Fundación Arte y Derecho. También presidió la Fundación Euroamérica, financiada por empresas que tienen inversiones en América —la especialidad de Solchaga Recio & Asociados—, además de dos organismos públicos, la AECID y el ICEX. El objetivo de la entidad «sin ánimo de lucro» es «estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones, empresarios y personalidades europeas y latinoamericanas para fomentar las relaciones entre Europa y América, especialmente desde el sector privado». Creo que lo dicen bastante claro.

Entre las importantes empresas de las que Solchaga ya ha salido de sus Consejos de Administración tenemos a Renta Corporación Real Estate S. A. (marzo 2006-abril 2009); Agencia Informativa de Noticias Económicas S. L. (presidente y consejero entre mayo de 2001 y noviembre de 2004); Estructura Grupo de Estudios Económicos S. A., la editora del diario económico Cinco Días, del Grupo PRISA, el que fuera sustento informativo del felipismo, que tuvo a Solchaga como presidente y consejero desde mayo de 2001 hasta septiembre de 2004. Su trabajo consistía en asesorar a la compañía en información económica y asuntos estratégicos.

Pero esto no termina nunca, porque en el ámbito familiar Carlos Solchaga cuenta con otra empresa, Can Cabau Capital, donde es administrador solidario junto a su hijo Miguel y de la que también forma parte su otro hijo, Carlos. No presenta cuentas desde 2007, cuando registraba unos activos de 40.000 euros. En cuanto al patrimonio inmobiliario familiar, Solchaga y Gloria Barba poseen un lujoso piso y dos chalés. En enero de 1994, medio año después de su salida del Ministerio de Economía, el político socialista adquirió en régimen de gananciales con su esposa una vivienda de 186 metros cuadrados en Capitán Haya, una cotizada calle de Madrid paralela al Paseo de la Castellana. El matrimonio firmó una hipoteca con el banco para el que anteriormente trabajó Solchaga, ya denominado BBVA tras las fusiones y adquisiciones, de 180.000 euros. El valor actual de mercado del piso y de los dos garajes que también adquirieron ronda, pese a la crisis inmobiliaria, los 800.000 euros. El primer inmueble más antiguo que conservan, adquirido en 1986, cuando Solchaga llevaba un año al frente de Economía, es un unifamiliar de 375 metros cuadrados sobre una parcela de 1.500 en Guadarrama, en la sierra de Madrid. Firmaron la hipoteca —57.000 euros— con el Banco de Vizcaya, luego parte del BBVA. Más reciente, marzo de 2006, es la adquisición de un pequeño chalé en Marbella, en la urbanización Las Chapas: 170 metros cuadrados de casa y 1.000 de parcela. Los dos últimos inmuebles citados rondan el medio millón de euros cada uno, según las ofertas similares que maneja el mercado inmobiliario.

Estamos ante tres viviendas importantes, pero para nada excesivas teniendo en cuenta los ingresos de Carlos Solchaga en sus múltiples actividades. Para ir cerrando el capítulo podemos hacer una estimación de los mismos, muchos de ellos ya aparecidos a lo largo de estas páginas. Sumando los sueldos de los Consejos de Administración, que son públicos en los casos de las empresas cotizadas, los salarios de los Consejos donde está como asesor —una estimación—, los beneficios de la parte proporcional de sus empresas en propiedad —datos del Registro Mercantil— y el salario de su empresa —estimación sobre los gastos de personal declarados en el último balance contable— obtenemos una cifra que ronda el millón de euros.

Fuera parte de los asuntos estrictamente pecuniarios, Carlos Solchaga maneja mucho más poder que dinero. Quizá el lector se haya visto desbordado ante la retahíla de cargos y empresas que han ido apareciendo asociados al exministro. Por eso conviene otearlos desde la distancia para comprobar que Solchaga tiene presencia en un buen puñado de sectores de la economía:

Banca: fue directivo del BBVA y guarda relación directa con los bancos más importantes de España, a los que presta servicios desde su consultoría. Ha sido consejero de Renta Corporación y es asesor de Citibank, que forma parte del mayor conglomerado bancario mundial, Citigroup, y de Fitch IBCA.

Energía: también desde Solchaga Recio & Asociados trabaja para las grandes eléctricas, como las labores de mediación que realizó en la batalla por el control de Endesa. Además cuenta con Enerma Consultores y su socio Claudio Aranzadi, presentes en el lobby energético Enerclub, donde están todas las compañías del sector. También está en el Consejo de Administración de Duro Felguera, que construye plantas eléctricas en varios países y trabaja para las principales industrias energéticas de España.

Automoción: es consejero de Cie Automotive y de otras industrias, como la multinacional Vitro Cristalglass.

Medios de comunicación: guarda una estrecha relación con el primer grupo mediático de España, PRISA, para el que trabajó durante años. Sus consultores firman periódicamente artículos en El País y en Cinco Días. También asesoró al Grupo Recoletos, editor entonces de Expansión y Cinco Días, hoy dentro de Unidad Editorial.

Nuevas tecnologías: está en Near Technologies y en el grupo Innsec.

Abogacía: asesora al bufete de Miquel Roca i Junyent.

Relaciones Internacionales: miembro del Real Instituto Elcano. Presidió la Fundación Euroamérica.

Educación: fue profesor de Economía Teórica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid y profesor invitado de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra.

Cultura: vicepresidente del Real Patronato del Museo Nacional de Arte Reina Sofía.

Para coparlo todo le faltan dos sectores clave, el turismo y la construcción. Quizá le estemos dando ideas. En 1995 el economista y expolítico Ramón Tamames se preguntaba lo siguiente sobre la etapa gubernamental de Carlos Solchaga: «Tuvo amistades más o menos peligrosas; sus relaciones con el poder económico privado presentan sombras aún no esclarecidas».⁹⁰

Unos años después sí podemos certificar que sus relaciones con el poder económico son totales. Por otro lado, muchos de los protagonistas entrevistados para este libro —Solchaga declinó la invitación— coinciden en que el exministro de Industria y de Economía fue uno de los más brillantes políticos de los que se rodeó Felipe González.

Solchaga ha creado su propio lobby, mientras que otros exministros de Felipe trabajan para grupos de interés que defienden los negocios de los colectivos que los financian. Se trata de Julián García Vargas y Javier Sáenz de Cosculluela.

Comenzamos con el primero, que se encuentra entre los que decíamos que consideran a Solchaga como una de las figuras que sobresalen en los equipos que dirigió Felipe, pese a que Julián García Vargas mantuvo sonados enfrentamientos con el político navarro por los recortes presupuestarios que afectaron a sus ministerios, Sanidad (1986-1991) y Defensa (1991-1995). Felipe González tuvo que insistir para que aceptara la cartera de Sanidad, ya que García Vargas, economista, alto funcionario del Ministerio de Economía y presidente del Instituto de Crédito Oficial, consideraba que no tenía el perfil ni la formación para esa cartera. Después pasó a Defensa porque Felipe buscaba una persona con dos cualidades importantes: que ya estuviera en el Consejo de Ministros y que hablara inglés.

Aceptar esos ministerios condicionó totalmente la etapa de expolítico de Julián García Vargas, pues actualmente se dedica a representar a empresas armamentísticas y a asesorar a otras con intereses en el sector sanitario. García Vargas tiene una interesante agenda en estos campos, que se completa con unos cuantos negocios financieros propios —lo que era su formación, la economía— y algunas actividades filantrópicas. Pese a no tener la popularidad de otros expolíticos felipistas, Julián García Vargas, fino analista y hombre muy cabal, es uno de los personajes más interesantes de este libro y seguro que despertará en el lector sensaciones enfrentadas.

Decíamos que saber inglés fue clave para llegar al Ministerio de Defensa. Pues bien, haber sido ministro y que todavía hoy los altos mandos militares guarden una muy buena opinión del expolítico, pese al choque obvio con militares conservadores que aún venían de la dictadura y no veían bien a un ministro del PSOE, ha sido la llave que situó a García Vargas al frente de TEDAE, el lobby de la industria armamentística española.

Las más de setenta empresas que forman parte de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio, creada en febrero de 2009, y que facturan 8.000 millones de euros al año, pensaron que nada mejor que tener a sueldo a un exministro de Defensa para defender sus intereses ante el gobierno y otras instancias. De hecho, en la página 6 de la memoria de actividades de TEDAE a cierre de 2009 podemos leer que entre los principales fines de la organización está participar en la «elaboración por las administraciones competentes de normativas que afecten directa o indirectamente a los asociados»; es decir, influir en la normativa sobre armas.

Así, el exministro, que antes de la fundación de TEDAE presidía AESMIDE, la asociación de empresas contratistas con la administración, especialmente en materia de defensa y seguridad, tiene entre sus funciones influir en los políticos, en sus otrora compañeros. Para ello el 5 de noviembre de 2009 compareció en la Comisión de Defensa del Senado donde, según el Diario de Sesiones, expresó que «hay algo muy preocupante para el año 2010: la caída del presupuesto del Ministerio de Defensa».

Sabedor de que la industria de las armas no goza precisamente de popularidad, García Vargas insistió ante los senadores en que la inversión en tecnologías militares influye positivamente en la industria porque esas tecnologías «ya no son de uso civil o militar, sino que indistintamente se aplican en un sector o en otro». El lobbista, que representa a los sectores de defensa, aeronáutica y espacio, no sólo a las fábricas de armas, cantó las alabanzas de un sector «estratégico económicamente» y pidió una mayor inversión económica en I+D en este campo por parte del gobierno. También pidió que el gobierno adelantara el dinero a las empresas armamentísticas «que reembolsan a medida que se van haciendo las entregas. La ventaja que tienen estos créditos reembolsables es que el Estado no tiene problemas para financiarse, pero las empresas, a veces sí». Un negocio redondo: que te encarguen un programa de defensa y que sea el cliente quien te lo financie.

Varios senadores, como el socialista Caballero Moya, coincidieron en vaticinar que «no me cabe ninguna duda, conociendo su trayectoria, de que su trabajo será tremendamente fructífero para la asociación, para todo el sector que trabaja en defensa, y para la sociedad en general».

Para defender a las empresas que le pagan, García Vargas también acude a ferias internacionales, como el salón aeronáutico y espacial internacional Paris Air Show, en el que en junio de 2011 mostró al ministro de Industria, Miguel Sebastián, y a la delegación de Defensa el pabellón español, organizado por TEDAE.

Una industria con mala fama

Una de las tareas primordiales de Julián García Vargas al frente del lobby de las armas es la de pelearse con la JIMDDU (Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso), el organismo encargado de conceder las licencias de exportación de armas y material de doble uso. García Vargas ha hecho gestiones personalmente con la JIMDDU, de la que un día formó parte como ministro de Defensa, encaminados a conseguir permisos para las empresas que forman TEDAE. En una ocasión Georgia encargó a una empresa presente en TEDAE dos pequeños aviones de vigilancia, pero la comisión gubernamental vetó la licencia porque a Rusia no le iba a sentar bien y estábamos en 2011, cuando se celebraba el Año Dual España-Rusia, una iniciativa plagada de actos culturales y económicos entre ambos países. Las autoridades de Georgia se quejan de que los rusos violan su espacio aéreo continuamente y querían los aviones. Pese a la insistencia personal de García Vargas, la Junta no cedió. Al final consiguieron vender los aviones utilizando un socio danés que logró la licencia en su país. Este episodio describe muy bien cómo funciona un lobby de este tipo, con mayor o menor éxito.

La secretaría de Estado de Comercio Exterior elabora puntualmente un informe sobre las exportaciones de armamento español, que a cierre de 2010 alcanzaron los 1.128,3 millones de euros. Entre los clientes más polémicos estuvo la Libia de Gadaffi, a la que vendimos 11,2 millones de euros en material de defensa. En febrero de 2011 el gobierno suspendió las licencias de venta a Libia por la guerra civil. Pero si nos vamos al informe del año 2007, en la página 57 encontramos tres licencias para exportar a Libia material de categoría 4 por 3.823.500 euros: bombas, torpedos, granadas, botes de humo, cohetes, minas, misiles, cargas de profundidad, cargas de demolición, productos pirotécnicos, cartuchos y simuladores, granadas fumígenas, bombas incendiarias, toberas de cohetes de misiles y puntas de ojiva de vehículos de reentradas.

Y dentro de este amplio epígrafe lo que vendimos fueron bombas incendiarias, es decir, explosivos para bombas de racimo, un armamento letal. La bomba se abre antes de llegar al suelo y suelta decenas de pequeñas bombas (de ahí su nombre) que quedan desperdigadas para cubrir una vasta área en una lluvia de fuego y destrucción. No todas explotan en el momento. Muchas lo hacen incluso años después, cuando un civil tropieza con una de ellas o un niño la coge del suelo porque le llaman la atención sus colores. La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que las fuerzas de Muamar el Gadaffi habían utilizado en sus combates contra los rebeldes estas bombas fabricadas en España por la empresa Instalaza. Nuestro país era uno de los fabricantes de este letal armamento hasta 2008, cuando firmó el convenio internacional por el que se comprometió a dejar de producirlas.

Además de Libia, España ha vendido armas en los últimos años a países donde no se respetan los derechos humanos, como Arabia Saudí, Marruecos, China, Rusia o Israel. Pero ocurre algo curioso, y es que es imposible saber exactamente qué vendemos, porque las actas de la JIMDDU son secretas por ley. Mónica Costa, portavoz de Amnistía Internacional en España, refleja la situación con esta frase: «No sabemos si vendemos tanques de agua o de combate».⁹¹ En el informe que se entrega al Parlamento los tipos de armas se agrupan en categorías, como la de las bombas de racimo, que aparecen marcadas como cartuchos o toberas para lanzar cohetes. Así, resulta que hemos vendido a Israel armamento de los tipos 1, 4, 8 y 15, que engloban desde bombas, torpedos, fusiles, ametralladoras y misiles hasta botes de humo. Pero es imposible saber qué fue concretamente lo que exportamos. Desde la secretaría de Comercio aseguran que esta información es secreta «porque afecta a la seguridad nacional y a la del país receptor de los equipos y, además, la divulgación de estos datos puede afectar a la adjudicación de contratos para empresas españolas». Argumentar que empresas extranjeras pueden arrebatar clientes a las españolas si se conoce detalladamente qué es lo que vendemos y a quién.

Además es muy difícil saber exactamente cuánto exportamos. En 2005 la secretaría de Estado de Turismo y Comercio cifró las exportaciones de armas en 419,5 millones de euros, pero los datos que maneja el Instituto de Comercio Exterior (provenientes de las aduanas) reflejan que la cifra de exportaciones fue seis veces superior: más de 2.600 millones de euros. Y según el Ministerio de Defensa las exportaciones eran de más de 1.700 millones. Al preguntar a los actores implicados, las respuestas que obtenemos no son claras. Aseguran que las bases para el cálculo son diferentes porque depende de lo que consideremos material de defensa. Lo que está claro es que el negocio no va mal. En el año 2000 exportábamos menos de 200 millones de euros, cantidad que se ha multiplicado por seis en diez años. De hecho, entre 2005 y 2009 España se convirtió en el octavo país que más armamento pesado exportó, el sexto si sólo contamos armas. En las dos legislaturas del PSOE se vendieron el triple de armas que en las anteriores con José María Aznar como presidente. Según datos de varias ONG España es líder en venta de munición para arma ligera al África subsahariana. Entre 2004 y 2005 vendimos sólo a Ghana 65 millones de cartuchos. Estas ventas no pasaron ningún control porque se trataba de munición de caza. Teniendo en cuenta que Ghana tiene unos veinte millones de habitantes y que está rodeado por países con tensiones militares (Togo, Nigeria, Costa de Marfil), la munición bien pudo desviarse. Mabel González, responsable de la campaña de desarme de Greenpeace, asegura que «se trata de una ley colador a todas luces insuficiente para garantizar que nuestras exportaciones no terminan en manos indeseadas» y advierte de que «ocho de cada diez armas ligeras en poder de rebeldes, guerrilleros y terroristas contaron en origen con una licencia legal de exportación».⁹² Un exmilitar español que ha trabajado en distintos organismos de la seguridad del Estado y que conoce muy bien el mercado negro de las armas sostiene que «en las guerras africanas se ha usado mucha munición fabricada en España. Las armas y las balas se exportan legalmente a un país como Guinea Ecuatorial y desde allí funcionarios corruptos las desvían hacia los traficantes de armas, que las llevan, por ejemplo, a Sierra Leona». Pero claro, ese no es el problema de los fabricantes, presentes en TEDAE, ya que ellos han cumplido la ley.

Según los cálculos del Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto armamentístico mundial supera este año el billón de dólares (más de 170 dólares por cada habitante del planeta), quince veces más que lo invertido en ayuda humanitaria. Las estadísticas dicen que de las 100 empresas armamentísticas más importantes del mundo, 85 pertenecen a países industrializados, entre ellos España, pero el armamento que fabrican los países ricos se utiliza en Afganistán, Iraq, Líbano o Etiopía. Como dato curioso, una de las empresas presentes en TEDAE, la histórica Santa Bárbara, que fue absorbida por el gigante estadounidense General Dynamics, fabrica en España las balas que disparan los marines en Afganistán o Iraq.

Por la parte que le toca, como defensor de los intereses de la industria de las armas españolas, Julián García Vargas tiene derecho a ofrecer su punto de vista. Prefiere no entrar demasiado en el debate, sino plantear un axioma: «No es una industria amable. Es inquietante fabricar elementos de destrucción, de combate, pero hay una pregunta que hacerse: ¿debemos tener industrias de armas sí o no? Y la respuesta es sí. Yo creo que los españoles hemos respondido por fin a esa pregunta, hemos entendido que un país serio tiene que tener fuerzas armadas, entre otras cosas porque son un instrumento de la política exterior. Y si tienes fuerzas armadas, necesitas industrias de defensa si no quieres depender de terceros países en las adquisiciones de armamento».⁹³

Es también tarea de García Vargas conseguir que el gobierno destine el mayor presupuesto posible a I+D en materia de defensa. Según los análisis de la campaña «Por la paz. ¡No a la investigación militar!», de la Fundació per la Pau, el gobierno dedicó en 2007 a I+D militar 1.586,10 millones de euros, es decir, el 20 por ciento del total de los recursos destinados a investigación y desarrollo. Esta cantidad destinada a defensa multiplica por cinco a la investigación científica sanitaria, por veinte a la que recibió la investigación agrícola o por más de trescientos lo que fue a parar a la investigación educativa. Sobre estas campañas, el exministro del PSOE considera que «no están bien informados» porque el I+D en España no es para defensa, sino para aeronáutica, «que es eminentemente civil porque la parte militar ha ido perdiendo peso».

La gran partida de la venta de material armamentístico se juega a nivel global. Por eso Julián García Vargas emplea todas sus energías en defender a la industria española del ramo en Europa y, sobre todo, pelear allí donde crecen los presupuestos en materia de defensa, como Sudamérica, donde la competencia con China, Estados Unidos y Francia es brutal. De hecho, cuando García Vargas regresó al Senado el 18 de octubre de 2010, el senador socialista Miguel Ángel Uzquiza le dijo lo siguiente: «Me dio una gran envidia el último encuentro que hubo entre el presidente Lula da Silva y el presidente Sarkozy, debido al gran contrato de defensa que consiguió el presidente francés. Uno piensa si nosotros no podemos hacer algo similar en Venezuela —lo tenemos hecho con las patrulleras— en Brasil o en China».

García Vargas reconoce que en esto los franceses son unos maestros, porque el Sarkozy de turno es el primer agente comercial en las ventas de armamento, algo que además contribuye a eliminar las cuantiosas comisiones que tienen que pagar las empresas a personajes de diverso pelaje para vender sus armas. Mencionaba el senador Uzquiza el caso de las patrulleras que vendimos a Venezuela. José Luis Rodríguez Zapatero y Hugo Chávez acordaron en mayo de 2005 que el grupo de astilleros público Navantia construyera ocho buques de vigilancia para la armada venezolana. Fue una venta de Estado a Estado, con la participación también del entonces ministro de Defensa, José Bono. Por lo tanto, lo lógico es que se evite el pago de comisiones. Pues no.

El contrato fue rubricado el 28 de noviembre de ese año. Unos días antes, el 30 de septiembre de 2005, Navantia firmó un acuerdo de mediación con la empresa Rebazve Holding Ltd., por el cual esta firma cobraría una comisión del 3,5 por ciento de la venta. El precio de los ocho buques era de 1.207 millones de euros, por lo que el intermediario se reservó casi 42 millones de euros. Así lo refleja un documento interno y confidencial de Navantia titulado «Nota sobre Gestión de Comisión Comercial-Contrato de Patrulleros POVZEE y BVL para la Armada de Venezuela».⁹⁴

Si le vendes un barco a un armador privado de Singapur, por ejemplo, es normal que haya un broker que se lleve un 1 por ciento, porque es quien consigue al cliente, pero entre gobiernos no deberían pagarse comisiones y mucho menos tan elevadas, según afirma un ingeniero naval que ha participado directamente en operaciones similares. Recordemos que los 42 millones de euros salen de una empresa que es pública. Es decir, que pagamos la comisión todos los españoles. Según las fuentes consultadas, esos 42 millones de euros que cobró la empresa venezolana sirvieron para engrasar la maquinaria: que cobraran militares venezolanos, así como algunos actores españoles. Es más, la fuente de la información, de la propia Navantia, sostiene que cobraron desde un histórico político del PSOE que guarda muy buenas relaciones con Venezuela hasta un asistente de Hugo Chávez. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción denunció a Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) entre 1990 y 1995, por tráfico de influencias y delito fiscal en relación a su participación en la venta de las ocho patrulleras, como reseñamos páginas atrás. El holding Rebazve había contratado a la consultora de Salas y su socio, Antonio Rodríguez, para que esta los representara en España. Salas, que defendió su inocencia,⁹⁵ encaja perfectamente en este libro. Fue el último presidente del INI.

García Vargas, que cuando esto ocurrió aún no dirigía TEDAE, tiene entre sus objetivos que las empresas que representa no se vean obligadas a abonar comisiones millonarias. Ahora mismo está trabajando con ese fin, fijándose en el espejo de Estados Unidos, que tiene desde hace décadas un sistema de ventas de gobierno a gobierno, el Foreing Military Sales (FMS), del Reino Unido y de Francia, que también lo implantaron. Se trata de tres países que consideran su industria armamentística como un instrumento de política exterior.

Las mayores empresas del sector en España son una pública, Navantia, y dos privatizadas, la aeroespacial EADS-Casa y la tecnológica Indra. Esta última nació en 1993 tras la fusión de la pública Inisel y la privada Ceselsa. El ministro de Defensa era Julián García Vargas, que ahora, además de representar a Indra en TEDAE, está directamente a sueldo de Indra, pues forma parte de su Consejo Asesor. Este comité se reúne cada mes y medio, aproximadamente, citas en las que García Vargas orienta a los gestores de la compañía, por un lado, y contrasta fuera informaciones y opiniones que le da la empresa.

Indra destina 300.000 euros anuales a retribuir (sueldo, dietas y otros conceptos incluidos) a los siete miembros de este consejo, por lo que al exministro socialista le corresponden casi 43.000 euros, 5.375 por cada una de las ocho reuniones de media que celebra el consejo. Lo mismo percibe otro exministro, aunque este del PP: Juan Costa,⁹⁶ que fue titular de Ciencia y Tecnología entre 2003 y 2004 y comparte mesa con García Vargas asesorando a Indra. Les acompaña, entre otros, el naviero y vicepresidente del Real Madrid Fernando Fernández Tapias. Para el común de los mortales 5.375 euros por reunión es una cantidad bastante importante, aunque Indra la califica como moderada, pues otras compañías de nivel pagan aún más.

Estos consejos son un elemento dinámico de las empresas, a las que sirven para obtener datos de contraste y de valoración en los campos que domina el asesor y, de este modo, tomar decisiones empresariales más acertadas. Para Indra, una de las principales multinacionales del sector a nivel global, es muy útil que un exministro de Defensa, que conoce bien a la OTAN, por ejemplo, les eche una mano. La compañía suministra equipos de tecnología militar a naciones de los cinco continentes y participa en los principales consorcios multinacionales del sector. Entre sus clientes figura la U. S. Navy, la armada estadounidense. Tiene filiales en una treintena de países. Sus principales accionistas⁹⁷ son el Banco Financiero y de Ahorros S. A. (20,121 por ciento), la Corporación Financiera Alba (10,02 por ciento), Casa Grande de Cartagena (5 por ciento) y CajAstur (5 por ciento).

Entre enero de 2005 y abril de 2007 García Vargas se sentó en el Consejo de Administración de la firma Avanzit, ahora denominado Grupo Ezentis, con cinco mil empleados en treinta países. La multinacional española se divide en tres grandes áreas: Infraestructuras, Telecomunicaciones y Tecnología. Esta última suministra electrónica, comunicaciones e informática para fines militares, de ahí la utilidad de contar con un exministro de Defensa en el Consejo de Administración. El expolítico es amigo personal del entonces presidente de la compañía, Ramón Soler, y cuando este dejó el cargo, Vargas hizo lo mismo al día siguiente. Hoy no ve con buenos ojos la marcha del grupo.

El exministro asesoró entre 2004 y 2010 a otra empresa que tiene entre sus clientes al Ministerio de Defensa. Se trata de Software AG España, una multinacional del sector de las nuevas tecnologías presente en setenta países. La firma trabaja tanto para clientes institucionales como privados. En España cuenta con una cartera en la que figuran, además de Defensa, los ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia, el Banco de España, la Tesorería General de la Seguridad Social, Correos, Renfe y empresas como Repsol, Telefónica, Unión Fenosa y Sogecable. García Vargas también tiene relación con empresas del ámbito de la sanidad, otra área de la que fue ministro. Entre 2002 y 2004 fue consejero de Actualidad Sanitaria, una editora de publicaciones médicas que no cuajó, y desde diciembre de 2009 está en el Consejo de Administración de E-Diagnostic Clínica Virtual, una empresa que permite a los médicos hacer diagnósticos de enfermedades a miles de kilómetros del paciente, a través de imágenes en red.

García Vargas se ha labrado una amplia carrera en el sector de la asesoría a empresas, unas actividades a las que decidió dedicarse tras verse descolocado en su cargo de exministro y volver a su puesto de alto funcionario de carrera.

Qué hacer al dejar un ministerio

García Vargas dimitió como ministro de Defensa en 1995 por el escándalo de las escuchas ilegales del CESID. Tanto el entonces titular de Defensa como el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, tuvieron que dimitir tras la revelación de los «papeles del CESID». El organismo dirigido por Emilio Alonso Manglano, hoy denominado Centro Nacional de Inteligencia (CNI), había espiado las conversaciones de personajes como el rey don Juan Carlos, el exministro Barrionuevo y un importante número de empresarios y periodistas. Así, el 29 de junio de ese año García Vargas soltó la cartera y regresó a su puesto de carrera en Hacienda, concretamente en el Instituto de Estudios Fiscales. Allí le ocurrió lo que a muchos de los protagonistas de este libro: se convierten en un cuerpo extraño y no suelen ejercer sus funciones como lo hacían antes de ser ministros. Es una situación bastante incómoda para compañeros y, sobre todo, superiores, que tienen que dar órdenes a un hombre que viene de la primera línea del gobierno y que está aparcado en un despacho como un mueble de lujo que nadie se atreve a tocar. Muchos de ellos, como le ocurrió a García Vargas, sienten que en su puesto de funcionario no pueden aprovechar la experiencia acumulada y, por qué no decirlo, les sabe a poco comparado con un ministerio. Por eso él y muchos otros se cambian al sector privado. En el caso de nuestro protagonista sintió que había un estigma hacia los exgobernantes del PSOE. Recordemos que la última legislatura de Felipe González (1993-1996) fue un infierno para los socialistas, azotados por Roldán, los GAL y la corrupción, hasta el punto de que más de uno hoy, si pudiera elegir, preferiría que el PP hubiera ganado en 1993.

El ya exministro de Defensa prefirió desconectar y se puso a trabajar con China de la mano de Excem (Exportadora de Cementos). Fundada en 1971, Excem Grupo es actualmente una multinacional que ha diversificado su negocio cementero hacia otras áreas como las telecomunicaciones, las tecnologías de la información, la inmobiliaria, las finanzas y la energía. Previendo el enorme potencial chino, la compañía envió a García Vargas al gigante asiático en 1996 como director y consejero ejecutivo. El exministro aprovechó sus contactos en el Ministerio de Defensa chino, cuyos mandamases le abrieron puertas en otros departamentos y empresas. Excem eligió para penetrar en China a un exministro con mano en altos funcionarios del país, un segmento clave para hacer negocios en una economía como la china, una suerte de capitalismo controlado por un partido único comunista. García Vargas participó desde las oficinas de Pekín y Shangai en grandes programas energéticos con empresas españolas, francesas e israelíes, además de vender cemento. A partir del año 2000 utilizó la experiencia oriental para representar a empresas chinas del sector tecnológico en España.

Esta aventura fue un gran éxito económico, pero ya en 2005 —tras nueve intensos años— García Vargas estaba exhausto de largos viajes y estancias prolongadas en China. Esa etapa le sirvió para entender el despegue asiático del siglo XXI. Conoció a dirigentes antiguos, del tiempo de Deng Xiaoping, el pequeño gran hombre, el timonel del despegue económico chino y el segundo personaje más importante de la historia reciente de China tras Mao Tse-Tung; y también trató a los modernos, algunos miembros del Politburó, a los que define como «competentes y más nacionalistas que comunistas, pues China hoy es una dictadura más basada en el materialismo de Confucio (sin mucho de lo bueno de ese filósofo) que en el de Marx».⁹⁸

Pese a que terminó esta etapa, García Vargas sigue ligado a Excem, como también forma parte de los Consejos de Administración de TYPSA y Copisa, haciendo gala de una intensa actividad de asesor de empresas pese al tiempo que le lleva representar al lobby de la industria de defensa. El Grupo Copisa, que tiene sus orígenes en 1959, aglutina a una serie de empresas constructoras de obra civil dedicadas a líneas de ferrocarril, carreteras, edificios oficiales, hospitales, etcétera. El 86 por ciento de los 1.678 millones de euros que facturó en 2010 correspondió a las administraciones central, autonómica y local. Tiene puntos en común con Técnica y Proyectos S. A. (TYPSA), otra multinacional con cuarenta años de historia y dedicada a la arquitectura, la ingeniería civil y el medio ambiente y que también atesora como gran cliente a las distintas administraciones públicas. Empezábamos la radiografía del exministro de Sanidad y de Defensa enlazando con Solchaga y aquí, en TYPSA, encontramos un nexo de unión. Carlos Solchaga asesora al bufete Roca i Junyent, del expolítico de CiU Miquel Roca i Junyent, que ocupa la secretaría del Consejo de TYPSA, donde tiene su sillón García Vargas. El mundo de los expolíticos y los negocios es un pañuelo.

El gran número de ofertas que ha recibido el protagonista de estas líneas para incorporarse a los Consejos de Administración va íntimamente ligado a una época marcada por la internacionalización de las empresas. Cuando una firma decide dar el salto a otro país, necesita asesores con experiencia y visión internacionales. Qué mejor que un exministro, cuyas tareas oficiales le han llevado a infinidad de países y a conocer el funcionamiento de sus gobiernos.

Defensa, sanidad, construcción… y finanzas

Fuera de la política hemos comprobado que Julián García Vargas se ha dedicado a actividades íntimamente ligadas a sus dos ministerios —Sanidad y Defensa—, además del asesoramiento a empresas constructoras. Pero no debemos olvidar que su formación original es la de licenciado en Ciencias Económicas y que incluso le extrañó que Felipe González lo buscara para dos campos en los que no tenía experiencia. Aprendió rápido y es una especie de gurú en ambas disciplinas, aunque también ha sabido sacarle partido a su profesión de experto en números, poniendo en marcha un par de empresas dedicadas a la inversión financiera, con mayor o menor fortuna. En 2005 se juntó con un grupo de amigos y pusieron en marcha una de las impopulares sicav (sociedad de inversión de capital variable), los instrumentos que utilizan las grandes fortunas para pagar menos impuestos por los beneficios de sus inversiones financieras, porque sólo tributan al 1 por ciento, frente al 25 y 30 por ciento que pagan las pymes y las grandes empresas, respectivamente, por sus beneficios.⁹⁹ Tanto PP como PSOE recurren periódicamente al argumento muy popular de cambiar la fiscalización de estas sociedades de inversión, pero la verdad es que todavía no lo han hecho, quizá escudados en que con este sistema pretenden que las grandes fortunas no radiquen sus sociedades de inversión en el extranjero.

Al cierre del primer trimestre de 2011 la cartera de valores de Lian Inversiones Sicav era de 2,5 millones de euros, la mitad de lo que llegó a tener en 2007. Entre las empresas en las que invierte está Indra. Según los datos que maneja la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la sicav del exministro y sus socios perdió un 20,86 por ciento en 2008; ganó un 8,04 en 2009 y restó un 8,27 en 2010. «Lo hemos hecho fatal», se lamenta García Vargas, aunque no debemos olvidar que estos son unos años desastrosos para la economía en general y la bolsa en particular. El exministro y su grupo de amigos pusieron en la sicav sus carteras personales de valores. Pero entre todos no llegan a quince socios, mientras que por ley una sicav, además de necesitar una aportación de capital mínima de 2,4 millones de euros, muy alejada de bolsillos modestos, debe tener por lo menos cien socios. Pero hecha la ley, hecha la trampa. En realidad es muy poco habitual que se junten más de cien accionistas, sino que un único inversor o un grupo, como el de García Vargas, acuden a una gestora que les aporta los datos y firmas de noventa y nueve «socios» —o los que se necesiten— y que suelen ser empleados de la entidad financiera. A estos personajes se les conoce en el argot como «mariachis». El propietario se queda con el 99,99 por ciento de las acciones de la Sicav y reparte el 0,01 por ciento entre sus mariachis. Lian Inversiones Sicav tiene registrados 101 socios. Es decir, más de 85 mariachis.

García Vargas también tiene una empresa propia para otras inversiones, Cuinvest S. L., administrada solidariamente junto a su hijo Ulises García Pereda. La empresa, que inició operaciones el 30 de enero de 1997, está activa, aunque el último depósito de cuentas disponible en el Registro Mercantil de Madrid es el del cierre de 2008, cuando la firma tenía unos activos de casi un millón de euros (920.907,92). Los más destacados son 613.784,46 euros en inversiones financieras (a corto y largo plazo) y 275.486,28 euros en efectivo y otros activos líquidos. Además ha obtenido unos beneficios nada desdeñables: 206.043,14 euros en 2008 y nada más y nada menos que 530.814,57 euros en 2007. Esta empresa apareció en las páginas de Interviú cuando la revista destapó, en junio de 2003, que Cuinvest tenía el 2 por ciento de Box Foro Inmobiliaria, una empresa controlada por José Luis Balbás, el líder de la corriente socialista de Renovadores por la Base. Balbás estuvo tras la espantada de los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez que le costó la presidencia de la Comunidad de Madrid a Rafael Simancas. Los dos miembros del PSOE madrileño no acudieron a la constitución de la Asamblea en desacuerdo con el reparto de poder del gobierno entrante. Tuvieron que repetirse las elecciones y, a la segunda, Esperanza Aguirre logró la mayoría absoluta. García Vargas aseguró que por entonces ya no tenía «nada que ver con la política».

Cuinvest tiene su sede social en un lujoso piso de 296 metros cuadrados (314 con las zonas comunes) y nueve habitaciones, contando salones y dormitorios, en plena Plaza de España, en el centro de Madrid. El exministro lo compró en 2001 junto a su esposa, Araceli Pilar Pereda, aunque él mantiene el 75 por ciento de la propiedad y ella el 25 restante, según datos del Registro de la Propiedad número 25 de Madrid. Firmaron una hipoteca con el Banco Santander de 318.536 euros, aunque el valor actual de mercado, pese a la crisis de la vivienda, supera holgadamente el millón de euros. Justo antes de su dimisión como ministro de Defensa, García Vargas había comprado un chalé de 277 metros cuadrados en Mirasierra, una de las más exclusivas zonas residenciales de Madrid capital.

Siguiendo con las inversiones del exministro cabe destacar su posición de representante de los pequeños accionistas de Iberdrola. García Vargas, que tiene 20.000 títulos de la eléctrica, unos 95.000 euros a precio del 22 de septiembre de 2011, en plena caída de la bolsa, está intentando que los pequeños inversores tengan representación en las grandes empresas cotizadas. Un grupo de inversores, británicos y alemanes principalmente, pretenden aglutinar alrededor de García Vargas un 2 por ciento del capital de la empresa, una porción significativa en la guerra que mantienen Florentino Pérez, presidente de ACS, primer accionista de Iberdrola, y el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán.

Está claro que Julián García Vargas no tiene tiempo para aburrirse con esta ajetreada actividad profesional en compañías constructoras, de defensa, sanitarias y financieras. Aun así encuentra lugar para un buen puñado de actividades filantrópicas. Preside la Fundación de Minusvalías Congénitas y es patrono de la Fundación Pfizer, una de las principales industrias farmacéuticas del mundo y a la que le dedica bastante tiempo para fomentar estudios médicos, y de la Fundación Yehudi Menuhin. En esta última, dedicada a la formación de niños de zonas marginales a través de la música —de ahí el nombre del violinista— coincide con otro exlíder socialista, Enrique Barón. El que fuera ministro de Transportes (1982-1985) y presidente del Parlamento Europeo (1989-1992) preside la fundación.

García Vargas alterna con otros expolíticos en la Asociación Atlántica Española, presidida por el exministro de Defensa Eduardo Serra, el primero de la etapa de Aznar, aunque ya había trabajado en el ministerio en los tiempos de Felipe González. Con la OTAN como telón de fondo, esta asociación, según sus estatutos, fomenta «las relaciones pacíficas internacionales» y la defensa de los principios de «Libertad, Democracia y Estado de Derecho». En realidad es como la OTAN pero en bonito, sin bombardear Belgrado o Trípoli. Siempre podrán decir que para conseguir la paz y la libertad a veces hay que pegar unos cuantos cañonazos. Para terminar, de vez en cuando ofrece su opinión a la delegación española del Instituto Weizman, el centro de estudios científicos israelí.

Estos cargos no son retribuidos, salvo los gastos que ocasionan algunas actividades, como los viajes.

Socialdemocracia, capitalismo y jueces

La totalidad del Partido Socialista Obrero Español aceptó la economía de mercado. No presentan nostalgia del marxismo ni de la economía planificada. Además, los socialdemócratas —lo estamos viendo en este libro— no presentan ningún tipo de complejo de inferioridad frente a la economía abierta del capitalismo, lo que les cuesta sonadas críticas desde la izquierda «real», por llamarla de algún modo. Todos los exministros socialistas sin excepción viven como auténticos burgueses, con más o menos lujos, y forman parte de la élite económica. García Vargas lo ve de este modo: «Los socialdemócratas de viejo cuño que aceptamos la economía de mercado hace muchos años —y eso no significa aceptar lo que dice Moody’s— somos incómodos. Incómodos a la izquierda porque aceptamos el sistema capitalista e incómodos a la derecha porque decimos: “Oiga, esto no puede seguir así”».¹⁰⁰

La verdad es que cada vez resultan más incómodos a la izquierda, ya que defienden, como es el caso de García Vargas, que el estado del bienestar no es intocable. El exministro de Sanidad se irrita ante el empeño de mantener el todo gratis en lo que se refiere a salud «cuando sabemos que no es posible, pero nadie se atreve a decirlo en público». En cuanto al endeudamiento está más próximo a tesis liberales, apelando a la contención del gasto, a no endeudarse demasiado, algo que suelen hacer los gobernantes de izquierdas para mantener los distintos servicios. García Vargas apoya las medidas económicas que tomó el gabinete de Zapatero en su última etapa, acosado por la crisis, pero opina que no le prestaron atención en su momento porque estaban a otras cosas y luego lo hicieron rápido, pero les faltó dar explicaciones. «Como el giro fue bastante violento, provocó un problema de sintonía con los votantes y con la sociedad en general», sostiene. Entre los principales errores graves de Zapatero, García Vargas destaca el haber abierto el melón de los estatutos autonómicos de segunda generación «y cerrarlos mal, como en Cataluña». El expolítico cree que ha sido negativo ampliar las competencias de las comunidades autónomas hasta el punto de que no se puedan tomar algunas medidas contra la crisis en materia de educación o sanidad porque todo está disperso. Tampoco comprende que cuando se piden sacrificios inevitables en prestación sanitaria, las comunidades autónomas no se planteen reducir cadenas de televisión públicas o las representaciones a modo de embajadas que tienen en varios países.

Como hemos visto o veremos, esta ideología socialdemócrata de la tercera vía y la crítica a los años de Zapatero es un denominador común en casi todos los protagonistas de este libro.¹⁰¹ Otro asunto que les ha dejado marcados y en el que coinciden sin apenas disensión es en el recelo hacia los jueces. García Vargas aún hoy se muestra sorprendido por el cambio que experimentaron los militares con la llegada de la democracia, evolución que no ha percibido en los estamentos de la justicia. Cree que al final se reduce a una cuestión de sentido común: los jueces razonan de una manera extraña, basándose en lo que dicen una serie de textos en lugar de utilizar el sentido común. En cuanto al juez estrella que un día fue en las listas del PSOE, Baltasar Garzón, asegura que ha visto a «muy poca gente tan egocéntrica como él, tan ególatra. Ese ego no lo hace menos inofensivo, pero sí más previsible». Se atreve a darle un consejo castizo: «Si yo fuera Garzón, me lo haría mirar». Cuando Garzón regresó a su juzgado, defraudado por Felipe González, llamó en varias ocasiones a García Vargas que, conocedor de las interioridades de Defensa, podía dar un testimonio útil. Lo hizo a lo Garzón: vente, charlamos, pero al final te estoy interrogando. Todo extrajudicialmente.

Seguro que en las citas con los excompañeros de mayor confianza ha salido el nombre de Garzón alguna que otra vez. Máxime teniendo en cuenta que suele quedar a comer, siempre que pueden, con José Barrionuevo, José Luis Corcuera y Joaquín Leguina. Pese a que es de la opinión, compartida por muchos, de que la política no es para hacer amigos, con los años han aflorado afinidades con otros exministros como Javier Gómez-Navarro, Pedro Solbes y Javier Sáenz de Cosculluela. Con este último, tiene un gran punto en común: ambos están hoy al frente de los lobbies de los sectores privados del área en la que fueron ministros.

Javier Luis Sáenz de Cosculluela fue ministro de Obras Públicas entre 1985 y 1991. Hoy preside la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública, AERCO, nacida en 1996 «para la defensa de los intereses de las empresas asociadas en sus relaciones con la Administración Central».¹⁰² En 2008 ofrecieron la presidencia al expolítico riojano y le encomendaron una misión: tratar con quien en ese momento llevara en la mano la misma cartera que él tuvo, para que las treinta y seis empresas que representa consigan más trabajo de la administración. Se trata de constructoras de tamaño medio que no se dedican al ladrillo, sino a la obra civil, la ingeniería pública. En los últimos años, con una crisis brutal que ha recortado la inversión en obra pública, el exministro se ha dedicado a eliminar algunos obstáculos a los que se enfrentan las constructoras de tamaño mediano en un mercado donde no es fácil luchar contra las grandes españolas, como ACS o FCC, o las extranjeras. Para ello mantuvo varias reuniones con el entonces ministro del ramo, José Blanco, y sus colaboradores, algunas de forma individual, representando a AERCO, y en distintas ocasiones junto a las otras dos grandes patronales del sector, Seopan (Asociación de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional) y ANCI (Asociación Nacional de Constructoras Independientes).

Cosculluela, como interlocutor con el gobierno elegido por los miembros de AERCO, se encargó de convencer a Blanco de que Fomento debía retirar las reticencias que tenía a la hora de encargar la construcción de plataformas ferroviarias a las constructoras medianas. El exministro felipista encargó estudios, informes técnicos y dictámenes durante un año para demostrar que ellos podían hacer las vías del AVE o de cualquier otro tren igual que las majors de la infraestructura ferroviaria, ya que la tecnología que se emplea es la misma que la de las carreteras. Al final consiguió que ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), dependiente del Ministerio de Fomento, les dejara entrar en el mercado.

AERCO funciona como un lobby que, más que conseguir una obra concreta para un asociado concreto, intenta influir en la administración a favor del conjunto de empresas que engloba, que tienen unas características comunes. Cosculluela se encarga de hacer un seguimiento de la política presupuestaria, de las inversiones del Ministerio de Fomento que otrora él dirigió y, cuando detecta un problema o una oportunidad, lo comunica a las empresas e interviene. ¿Cómo lo hace? Una de sus últimas iniciativas fue, ante la citada crisis, pedirle al ministro Blanco que aplicara una tasa de tres a cinco céntimos en cada litro de combustible. Con ese nuevo impuesto se recaudarían entre 1.095 y 1.830 millones de euros al año para pagar las obras de reparación de las autovías. Al automovilista no le hace ninguna gracia; a la empresa que pone los parches en la carretera, sí. Otra iniciativa de Cosculluela fue pedirle al ministro que fragmentara los grandes contratos de las infraestructuras para que no pasaran de 50 millones de euros y así las empresas que él representa también pudieran optar a ellos, no sólo las grandes. De este modo hay más competencia. A quien no le agradaba esta propuesta era a Seopan, cuya función también es la de influir en el gobierno en función de lo que le interesa a las grandes cotizadas: FCC, ACS, Acciona, Sacyr, Ferrovial, OHL… Casi nada. En abril de 2008 estos eligieron para que los representara a David Taguas, nada más y nada menos que el entonces director de la oficina económica del presidente del Gobierno. Taguas llevaba casi dos años en el cargo, asesorando a Zapatero, desde la salida de su predecesor, el luego ministro Miguel Sebastián, hacia la candidatura del PSOE a la alcaldía de Madrid. A Taguas le correspondía cobrar durante dieciocho meses el 80 por ciento de su sueldo, es decir, unos 3.500 euros netos, que solapaba a su salario en Seopan, de unos 300.000 euros anuales.¹⁰³ La indemnización le corresponde, como a los exministros, para compensar los dos años de incompatibilidad con empresas del sector que le exige el cargo. No consideraron que fuera incompatible dirigir la Oficina Económica de La Moncloa con, al día siguiente, defender los intereses de las grandes constructoras de España. Intereses, muchos de ellos, en el sector público, por supuesto.

En el caso de Cosculluela, cuando aceptó la presidencia de AERCO ya habían transcurrido dieciséis años desde que soltó la cartera de Obras Públicas. En cuanto a su remuneración, AERCO no la hace pública. Cosculluela pasa una factura mensual equivalente a la minuta de un abogado de primera línea —su profesión original y actual— a media jornada. Fuentes conocedoras de las tarifas que se manejan en este mercado hacen una estimación que fluctuaría entre 150.000 y 200.000 euros anuales.

El expolítico también está presente en la CNC (Confederación Nacional de la Construcción), que podríamos definir como la madre de las patronales del sector, la confederación de distintas asociaciones. El sistema es casi como el de las muñecas rusas, ya que una serie de constructoras de obra pública crean AERCO, que forma parte de la CNC, que agrupa a muchas más asociaciones de constructoras. A su vez la CNC es miembro de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), la patronal con mayúsculas, la unión de todas las grandes empresas del país; de la CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa); de la FIEC (Federación de la Industria Europea de la Construcción) y de la EBC (Confederación Europea de Constructores).

Vuelta a la profesión

Sáenz de Cosculluela fue diputado desde la legislatura constituyente (1977) hasta que el PSOE perdió las elecciones en 1996. Cuando dejó la política activa hizo lo mismo que muchos de sus compañeros de generación, regresar a la que había sido su profesión primigenia, la abogacía, pues en aquella etapa todos tenían una actividad fuera de la política, no como ahora. Cosculluela abrió su despacho en Madrid, ya que antes de dedicarse de pleno a la política lo tenía en Logroño junto a su hermano (su padre también era abogado). Su familia ya tenía la vida hecha en la capital, por lo que no regresaron a la tierra del vino. No dejaría su despacho por nada del mundo, pues la abogacía es su profesión y su afición. Al tratarse de una disciplina en la que hay que estudiar mucho, siente que se mantiene vivo, en evolución. Aceptó la oferta de AERCO porque podía compatibilizarla con sus tareas de abogado. El bufete lo componen cuatro letrados, entre ellos su hija, y llevan civil, mercantil y administrativo. Cosculluela prefiere no entrar en casos llamativos, polémicos, por lo que decidió no aceptar asuntos penales. Anteriormente se ocupó de infinidad de casos de índole laboral, cuando su despacho era de referencia para el PSOE. Entre los temas que ha llevado está el de los terrenos de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Consiguió que el tribunal anulara la donación del suelo a la Real Federación Española de Fútbol por parte del Ayuntamiento roceño. La iniciativa partió del PSOE local.

Su bufete le ha llevado a los Consejos de Administración de varias empresas, como el de la constructora Andaluza de Obras y Minería S. A. (AOMSA), en la que lleva varios años como consejero. También formaba parte del Consejo de Morrison Infraestructuras Construcciones y Servicios S. L., pero lo dejó en agosto de 2008 porque podía haber un conflicto de intereses al haber accedido dos meses antes a la presidencia de AERCO (Morrison se dedica a lo mismo que las empresas de AERCO, obra civil, aeroportuaria, ferroviaria, urbanizaciones, carreteras, edificios o terminales). La constructora nació en 2006 y en la etapa que el exministro fue consejero pasó de 2,5 a 13,5 millones de euros de facturación. Entró a trabajar con fuerza para AENA, dependiente de Fomento, el mismo ministerio que ocupó Cosculluela, aunque con otro nombre. Actualmente Morrison tiene proyectos por valor de 112 millones de euros con Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Trabaja en los aeropuertos de Vigo (3.745.000), Santiago (8.249.708), Madrid-Barajas (7.456.142), Alicante (7.924.908), Bilbao (8.891.308), A Coruña (68.242.371,03 en UTE), Tenerife (7.300.000) y Torrejón (209.939).

Cosculluela también formó parte del Consejo de Administración de la firma Government Relations S. L. entre 2007 y 2008. Fue una iniciativa de un amigo y cliente suyo que puso en marcha una agencia que realiza campañas para crear opinión según los intereses del cliente. El bufete del exministro trabaja para otras empresas en las que la consejera es su hija, la mayor de tres. El segundo se dedica a temas agrícolas y el tercero está estudiando Derecho. Le han dado, de momento, dos nietos.

Al margen de las empresas en las que participa, el exministro de Obras Públicas es miembro del Círculo de Confianza de Nueva Economía Fórum, en cuyas actividades coincide lo más granado del panorama económico y político. En los desayunos-coloquio suele verse con ministros de los gobiernos en los que él participó. El expolítico riojano destacaría de su generación a Carlos Solchaga —cómo no—, a Virgilio Zapatero —«un gran ministro»—, a Carlos Romero —«el mejor ministro de Agricultura de España en todos los tiempos»—, a Alfonso Guerra —«un magnífico coordinador del Gobierno»— y a Barrionuevo y Fernando Ledesma —«prototipos en sus respectivos ministerios»—. Habla con temor de olvidarse a alguno de sus excompañeros y suelta un torrente de nombres: Solana, Maravall, Fernández Ordóñez… De hecho recuerda que en el primer Debate sobre el Estado de la Nación en el que participó como portavoz se le olvidó mencionar al ministro de Exteriores de entonces, Fernando Morán, porque la intervención tenía que ser escueta y porque Morán no había sido objeto de controversia. «Se enfadó mucho conmigo y me lo reprochó… Claro, los silencios a veces son terribles», dice.

Compatibilidad con el capitalismo

Cosculluela es otro expolítico convencido de que no hay ni debe haber ninguna incompatibilidad entre ser socialdemócrata y tener actividades de asesoramiento a grandes empresarios o ser empresario, siempre que se utilicen los rendimientos de la economía de mercado a favor de una mayor justicia social, una mayor igualdad. Ahora todo esto está más bien claro, aunque la mezcla de lo que fue socialismo con la gran empresa capitalista, como llevó a cabo Felipe González, no deja de despertar susceptibilidades entre un buen segmento de la ciudadanía. El exministro considera que su generación fue capaz de entender a los empresarios y fueron unos buenos interlocutores. Respetaban la realidad empresarial con reglas de juego, como los seguros sociales o los impuestos, obviamente. De hecho Cosculluela formaba parte en la clandestinidad del grupo económico del PSOE creado en 1973 y en el que también estaban Julián García Vargas, Carlos Solchaga o Miguel Boyer. Aquellos jóvenes socialistas que estudiaban la política económica a la espera de que un día les llegara el turno de aplicarla lo consiguieron. Una vez que dejaron sus responsabilidades públicas pasaron a formar parte del establishment económico de este país. Allí siguen, al más alto nivel, con mayor o menor presencia.

En cuanto a la generación que recuperó el poder para el PSOE, a la hora de criticar Cosculluela es muy políticamente correcto. Reconoce «cosas interesantes» en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, concretamente en política social, como la Ley de Dependencia. «En el campo de la gestión —dice— ha habido de todo».¹⁰⁴ No le ha gustado la deriva autonómica, donde «nos habría venido bien un poquito menos de centrifuguismo». Cosculluela es tan conciliador y comedido que, por ejemplo, se exaspera cuando oye hablar de enemigos políticos. Sostiene que PP y PSOE son sólo «adversarios políticos dentro de un mismo paraguas constitucional». Además, «por la salud del sistema debe haber una rueda de repuesto, que es la oposición, lista para cuando el gobierno falle». Es tan correcto en sus valoraciones que, por poner otro ejemplo, se da mus cuando es preguntado por el controvertido Miguel Boyer —el díscolo de su generación, por decirlo de algún modo—, al que conoce muy bien, pero del que prefiere no opinar.

Cuando reflexiona sobre política, Cosculluela se va a los rosales que tiene en la terraza de su despacho y que cultiva con mimo.¹⁰⁵ Siente verdadero temor a la araña roja, unos minúsculos arácnidos cuyas patas, cabeza y abdomen apenas suman medio milímetro, pero que se alimentan de la savia de la planta y la acaban matando. El exministro compara a la araña roja con los aduladores que, tarde o temprano, aparecen alrededor del que tiene poder y que acaban siendo como un cáncer. Por eso cree que los gobernantes no deben perpetuarse en el cargo. De hecho, un día su padre le dio un consejo inteligente a la par que precioso: «Hijo, el poder que vas a recibir es efímero. Compórtate con arreglo a ese concepto». Vio que era verdad, que después de cinco años en el poder la vida era mucho más larga. Cuando se preguntó: «El poder, ¿para qué?», se respondió a sí mismo que el poder debe ser para un mientras tanto, para cuando tienes algo positivo que hacer con él, no una finalidad en sí mismo. Evitó a los aduladores y absorbió la experiencia del poder que hoy le ha llevado a trabajar para las mismas empresas que viven alrededor de la administración y del mismo ministerio que él dirigió. Podríamos decir que después del poder quedan algunas influencias futuras.

Es momento dentro de este bloque de aparcar el lobbismo para abordar a un socialista que ya no lo es y que está totalmente entroncado con el empresariado, ya que es empresario de cuna y de profesión. Hablamos de Antonio Asunción Hernández, un hombre que es como el Guadiana. De la empresa a la política en 1979; de la política a la empresa en 1996; otra vez de la empresa a la política en 2010; una sonora coz de su propio partido, y de vuelta a la empresa ese mismo año para, en 2011, crear otro partido y retornar a la política. Este ha sido el sino, el devenir de un socialdemócrata de familia acomodada con un aseado historial político y al que la fortuna le ha sonreído en sus distintas aventuras empresariales, con las que se ha hecho millonario, no sin apuros. Quizá sea un premio de los dioses para alguien capaz de ostentar el cargo de ministro del Interior allá por 1994 —sólo unos meses, pero allí estuvo—, con el gobierno de Felipe González patas arriba y las cloacas de Interior infestas de inmundicia, y salir limpio, con la cabeza alta y el traje planchado.

Antonio, Antoni o Toni, según sea el interlocutor, naufragó cuando intentó regresar a la primera línea política. En septiembre de 2010 la Comisión de Garantías Electorales del Partit Socialista del País Valencià-PSOE le anuló 200 avales y lo dejó a las puertas de los 3.201 apoyos necesarios para presentarse a las primarias. El proceso electoral interno no se celebró y Jorge Alarte, único candidato, se hizo con la cabeza de cartel socialista para luchar por la Generalitat con el controvertido Francisco Camps.

El exministro del Interior denunció pucherazo, plegó velas y retornó al mundo de la empresa, en el que siempre se ha movido como pez en el agua, nunca mejor dicho. Asunción se ha embolsado plusvalías por un buen puñado de millones de euros. Pero las historias se comprenden mejor si se cuentan desde el principio.

El joven Toni no disfrutaba de vacaciones propiamente dichas, ya que desde los doce años tenía que echar una mano en la empresa de su padre, José María Asunción Martínez, dedicada a una de las especialidades de las tierras valencianas, la cerámica. Hacía trabajos de aprendiz, como barrer la fábrica. Pronto se incorporó a diario a la empresa familiar, simultaneando el trabajo con sus estudios de Ingeniería Industrial. En la década de 1970 ya era un jovencísimo militante del PSOE ávido de libertades políticas. Se presentó a las primeras elecciones municipales de la democracia, celebradas el 3 de abril de 1979, y con sólo veintisiete años de edad ganó la alcaldía de Manises. Sus hermanos heredaron la empresa ceramista y él se centró en la política. Como en esa época el cargo no era remunerado, subsistió gracias a una especie de pensión que le pasaba su padre. Es decir, la saneada economía familiar le permitió dedicarse a la política a tiempo completo. Consiguió la reelección con gran éxito electoral, superando ampliamente la mayoría absoluta al lograr dos de cada tres votos de sus vecinos. En 1983 dejó la alcaldía para asumir la presidencia de la Diputación.

Su primer cargo a nivel nacional fue la dirección general de Instituciones Penitenciarias, que ejerció desde 1988 hasta 1994, etapa de la que guarda muy gratos recuerdos. Entre sus logros está haber incorporado el sistema penitenciario a la lucha antiterrorista. Esto es aplicar políticas como la dispersión de presos etarras, aún vigente y exportada a otros países. Felipe González lo reclamó para el Ministerio del Interior en noviembre de 1993, cuando el gobierno socialista se precipitaba hacia el abismo atenazado por la corrupción y la guerra sucia. Sustituía a José Luis Corcuera, que había dimitido al ser declarados inconstitucionales varios artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como «ley Corcuera». Pero Asunción sólo estuvo al frente del ministerio cinco meses. El 30 de abril de 1994 presentó su dimisión, «honorable», como él dice, para asumir las responsabilidades políticas de la fuga de Luis Roldán (el exdirector general de la Guardia Civil no se presentó ante el tribunal y huyó a París).

En 1996, ya sin acta de diputado y con el PSOE en la oposición, decidió crear su propia compañía, una industria pesquera, aunque sin retirarse de la primera línea política, ya que en 1999 se presentó como candidato a la Generalitat Valenciana. No pudo con el entonces presidente autonómico, Eduardo Zaplana, que consiguió mayoría absoluta. Tras la derrota tampoco pudo lograr la secretaría general del PSPV y tomó la decisión de centrarse en sus negocios.

No siguió la tradición familiar de la cerámica, pero sí la vocación por el mar, el amor por la mar que le había inoculado su padre desde niño. Vio un nicho de negocio en la acuicultura, la crianza de peces para consumo, una aventura empresarial que le permitía seguir ligado al agua salada. Cuando Antonio Asunción pronuncia la palabra «mar» la alarga y la saborea: «Mar», dice, como evocando sensaciones placenteras. No en vano navega desde los veinte años y su padre le compró su primer barco a los veinticinco. ¿Un candidato socialista con barco propio? Sí, así era, y no fueron pocos los que se lo criticaron. Actualmente puede ser llamativo, pero hace más de treinta años era impensable. De hecho, en la campaña para la alcaldía de Manises circuló un panfleto en el que aparecía Asunción en un velero a finales de los años setenta. Hoy recuerda con sorna que «en ese barco aprendimos a navegar toda la actual flota socialista que hay ahora en Valencia».¹⁰⁶ Lo cuenta como disculpándose, como diciendo «Sí, yo era socialista y tenía un barco, pero a los demás socialistas también les encantaba navegar, vivir como los ricos». Bautizó a la compañía como Mare Mar, dos veces mar.

Asunción ya tenía una vida bastante desahogada en lo económico. Su padre había fallecido en 1993 y Toni y sus dos hermanos, José María e Isabel, recibieron en herencia varias fincas rústicas en Manises y Chiva que suman cuatro hectáreas y tres naves industriales en Manises que suman 2.700 metros cuadrados.¹⁰⁷ Pero la aventura empresarial piscícola le iba a permitir sumar una buena retahíla de ceros a su cuenta corriente, hacerse rico por sí mismo y sin simultanear negocios y política. Comenzó a trabajar con varios socios pero al final fueron sólo dos los que se quedaron con la empresa. El exministro era el accionista mayoritario al poseer un 55 por ciento de la compañía por el 45 de su socio.

El negocio fue viento en popa desde el principio, con un crecimiento vertiginoso, pasando de 150 toneladas en sus inicios a 1.000 en el año 2003; más de 2.000 en 2005 y 6.000 en 2008. El grupo tiene capacidad operativa para producir 9.000 toneladas de pescado, pero actualmente sigue en 6.000, con 25 millones de euros anuales de facturación. Hubo momentos difíciles cuando muchas compañías, griegas y españolas principalmente, competían por el mercado, lo que aprovechaban las grandes superficies para bajar los precios. Ahora sólo tres grandes empresas se reparten el sector: un grupo noruego en primer lugar y Acuigroup Mare Mar rivalizando por el segundo puesto con un consorcio griego.

Si el lector consume dorada, lubina o corvina, seguro que más de una vez su plato de pescado ha provenido de las granjas marinas del hombre que dimitió cuando Roldán se dio a la fuga. Acuigroup Mare Mar tiene dos criaderos en el Mediterráneo con bases en los puertos de Burriana y Sagunto.

El vertiginoso crecimiento de la empresa y la tendencia del sector a reducir el número de compañías hicieron que para seguir en este negocio tuvieras que convertirte en un gran grupo con acceso a potentes líneas de financiación. En estos niveles hay una necesidad de capital circulante muy grande y es obligatorio afrontar enormes inversiones. En 2010 Antonio Asunción decidió que este negocio superaba economías como la suya, muy saneadas pero no a la altura de los grandes capitales de inversión. La empresa lo estaba pasando realmente mal. Así que uno llega hasta un punto y a partir de ahí hay que vender. ¿A quién? Al Banco de Valencia. ¿Por cuánto? El primer paquete de acciones, un 20 por ciento de la compañía, por 6 millones de euros. El exministro se deshizo del 39 por ciento de las acciones de la empresa en dos tandas, la segunda a un precio algo inferior a la primera. En total se embolsó unos 11 millones de euros por ese 39 por ciento de la compañía, un gran negocio teniendo en cuenta el delicado estado financiero de la empresa. Además el político ha conservado un 16 por ciento de las acciones y su socio, un 15. El 69 por ciento restante es del banco levantino.

Asunción reconoce que ha hecho dinero, pero insiste en que se dedicó a la empresa diez años en cuerpo y alma: «No sé si en horas de trabajo me compensará, pero no me quejo porque es lo que quería hacer».¹⁰⁸ Como es lógico no le gusta hablar de dinero, de su dinero, del dinero del excandidato a las primarias socialistas de la Comunidad Valenciana. Pese a ello responde, pero reconduce la conversación inexorablemente allí donde puede sacar pecho, para hablar de las ciento veinte familias a las que dio empleo: «Eso sólo trabajadores directos, luego los indirectos son muchos más»,¹⁰⁹ dice orgulloso.

La verdad es que la venta de su piscifactoría fue un balón de oxígeno para Asunción. El comprador, el Banco de Valencia, hoy dentro del conglomerado Bankia —liderado por Caja Madrid y Bancaja— fue una munición extraordinaria para el PSPV. El motivo, que quien acudía al rescate de Asunción era una entidad que está controlada por el PP de la Comunitat Valenciana. El presidente del Banco de Valencia, así como de su matriz Bancaja, era José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat por el Partido Popular, otro expolítico muy bien colocado. Tras la fusión de las cajas para evitar la ruina, Olivas fue nombrado vicepresidente de Bankia, por debajo de Rodrigo Rato, exvicepresidente económico de José María Aznar. Rato, Olivas y el consejero delegado del grupo, Francisco Verdú, estrenaron Bankia con un sueldo conjunto de 4 millones de euros al año y otros 6 millones que se pueden sumar en variables, en función de objetivos. Esto supone que los tres directivos pueden llegar a cobrar un total de 10,15 millones de euros. Estos emolumentos convierten a Rato y al expresidente valenciano en los expolíticos mejor pagados (Verdú es profesional de banca).

Acuigroup tenía serias dificultades para hacer frente a sus deudas, que superaban los 30 millones de euros en 2009, especialmente contraídas con la Bancaja de José Luis Olivas. Esta fue al rescate de la empresa del exministro utilizando al Banco de Valencia que, según fuentes financieras, acusó en sus propias carnes, en su cuenta de resultados, los problemas financieros de la recién adquirida Acuigroup. De hecho esta entidad fue intervenida en noviembre de 2011 por el Banco de España —que tuvo que inyectarle 1.000 millones de euros vía FROB—, lo que desencadenó la dimisión de Olivas en Bankia.

Con el riñón cubierto y con tiempo para dedicarse de nuevo a la política, tras abandonar sus responsabilidades en la empresa y mantenerse únicamente como accionista minoritario, Asunción, como el Guadiana, vuelve a salir a la superficie. La empresa está a flote y los puestos de trabajo no corren peligro. Él se ve con fuerzas para saltar a la arena de la cosa pública y con mejores aptitudes mentales que cuando tenía treinta años. Quiere ser presidente de la Comunidad Valenciana. Tarea nada fácil, pues ni Gürtel puede con el Partido Popular en uno de sus feudos más fieles. Pero el exministro tenía el enemigo dentro de su propio partido. Sus mejores cartas de presentación —madurez, bagaje político y experiencia empresarial— de nada le sirven. ¿Por qué? Todo tiene una explicación.

Muchos de sus compañeros de militancia le reprochan sus viajes de ida y vuelta. Lo ven como un oportunista y dibujan oscuras conspiraciones para explicar la verdadera motivación del exministro en su regreso. Él insiste en que ha estado diez años creando puestos de trabajo y no comprende por qué eso debe ser una rémora en su vuelta a la política. «En todo caso sería un elogio —sostiene— porque he estado diez años fuera, trabajando como todo el mundo, ganándome la vida. Sin embargo, ha sido algo negativo. Yo no abandoné al partido, sino que dejé de vivir de la política para vivir de mi trabajo, de mi empresa, y seguí haciendo política; siempre acudí a lo que me han llamado y he pagado mis cuotas».¹¹⁰

En el intento de asalto al poder autonómico socialista sintió un rechazo que no le resultó desconocido. Ya en sus inicios en política, en la alcaldía de Manises, muchos socialistas lo veían fuera de lugar. Hubo electores que no le votaban por ese motivo. Es más, algunos le pusieron un veto radical porque era «el empresario», mientras para la derecha era un desclasado. Al final superaba los obstáculos, pero no conviene olvidar que Asunción no es el único socialista con onerosas cuentas corrientes. Es una rara avis, pero seguramente no en extinción.

Los que mandan en el partido, en Valencia y a nivel nacional, no están dispuestos a pasar el testigo al veterano, al ex de muchas cosas. Ahora el problema no era sólo el ser un socialista rico. Había más. No fueron ni uno ni dos los socialistes del País Valencià los que vieron en el regreso de Toni Asunción las turbias motivaciones de las que hablábamos. Varios medios de comunicación, entre ellos los periódicos El Mundo y Levante, publicaron, citando fuentes anónimas del PSPV, que la dirección socialista tenía pruebas de que Asunción sería nombrado conseller por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cuando el PP volviera a ganar las elecciones. Esas fuentes apuntaban hacia un plan urdido por el PP para que Asunción dividiera al PSPV-PSOE a cambio de la venta de acciones de su empresa pesquera y el citado puesto en el Govern. Dirigentes del PSPV interpretaron que el exministro, con la acusación de pucherazo contra su partido, estaba devolviendo el favor de salvar su compañía de la quiebra gracias a la intervención del Banco de Valencia y Bancaja.

Inmediatamente Asunción anunció una querella contra el secretario general, Jorge Alarte, y otros dirigentes socialistas, a los que responsabilizaba de la filtración de esas informaciones, por difamación y por atentar contra su derecho al honor. El político y empresario afirmó que todo eran infundios y exigió a sus excompañeros que presentaran las pruebas de las que hablaba la prensa. Ni Alarte ni Carmen Martínez, secretaria general del PSPV de la provincia de Valencia, se presentaron en los actos de conciliación del Juzgado de Primera Instancia número 10.

Mientras, el socio de Antonio Asunción en el negocio de las piscifactorías, Antonio Birlanga, también demandó a Alarte y Martínez por injurias al poner en duda la solvencia económica de la empresa y «la rectitud de los miembros de los Consejos de Administración».

Suspendido de militancia por su enfrentamiento con el aparato del PSPV-PSOE, Asunción volvió a virar hacia el ámbito privado. En enero de 2011 reingresa como consejero en Acuigroup Mare Mar, representando los intereses de su parte del capital de la compañía, pero sin influir directamente en el rumbo de la empresa. Es más, en un momento en el que ya no le va a dedicar tiempo a la política, el exministro se embarca en nuevas aventuras empresariales. Y lo hizo con una celeridad asombrosa. Asunción presentó los avales a última hora del 21 de septiembre de 2010. En la mañana del miércoles 22 la Comisión de Garantías Electorales anuncia que el exministro no pasa el corte tras anularle los 200 avales. Sólo cinco días después, el 27 de septiembre, el nombre de Antonio Asunción es inscrito en el Registro Mercantil de Madrid como consejero de la firma Cartrack España S. L. Se trata de una empresa tecnológica especializada en la localización de vehículos a través de programas antirrobo. La firma, de origen sudafricano, posee un software para encontrar vehículos sustraídos y sus clientes son aseguradoras, distribuidoras de automóviles y particulares. Asunción accede a la presidencia de la compañía el 22 de febrero de 2011. Pero no sólo es el presidente, sino también uno de los principales accionistas al poseer el 40 por ciento del capital. Antonio es el «Señor Cartrack» en España.

La empresa, que promete dar a su cliente la localización exacta de su vehículo en veintisiete segundos, se extendió desde Sudáfrica a una decena de países del continente negro (Angola, Botswana, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Swazilandia, Tanzania y Zimbabwe) y logró dar el salto a Europa. Tiene delegaciones en Portugal, Polonia y, recientemente, España. Debido a esta actividad, Asunción acude con bastante regularidad a Madrid, donde está la sede de la empresa.

Asunción también posee intereses en el mundo de la construcción. Forma parte del Consejo de Dirección de la constructora San José, una de las principales firmas del sector consideradas «independientes», las que se sitúan por debajo de las gigantes cotizadas (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr-Vallehermoso y OHL). El Grupo San José facturó 852 millones de euros en 2010 y sus pérdidas se redujeron a la mitad (23 millones de euros). Los efectos de la crisis, entre ellos la disminución de obra pública, provocaron que la firma presidida por el escurridizo Jacinto Rey redujera su facturación en 2010 un 21 por ciento. San José se dedica a todas las ramas de la construcción, desde la obra civil (hicieron la nueva pista del aeropuerto de Madrid-Barajas) a la promoción de viviendas, pasando por concesiones públicas y servicios. El hecho de que sus principales clientes sean organismos públicos (construye hospitales, colegios, vivienda protegida, vías de ferrocarril, obras hidráulicas, etc.) significa que a la empresa le viene muy bien contar en su Consejo con directivos que conozcan perfectamente eso de la cosa pública. Asunción lleva ligado a este grupo constructor pontevedrés (el grueso de sus oficinas se trasladó a Tres Cantos, cerca de Madrid) desde agosto de 2004.

Por otro lado, entre 2001 y 2009 el presidente-consejero de San José Tecnologías, filial del grupo constructor, fue Juan Ignacio Lema Devesa, que llegó a simultanear ese cargo con la presidencia de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). Fue nombrado al frente del organismo público el 24 de abril de 2009, cuando aún ni siquiera había causado baja en la constructora, según refleja el Registro Mercantil (él asegura que cesó inmediatamente en todos sus cargos en la empresa privada). Casualmente San José es una de las empresas que más interés mostró para adjudicarse la gestión del aeropuerto de Madrid-Barajas tras el anuncio de privatización del gobierno de Zapatero. Hasta su entrada en San José, Lema Devesa, ingeniero aeronáutico, había desarrollado toda su carrera en el Ministerio de Fomento. Entre otros cargos fue director del Aeropuerto de Madrid-Barajas. Su viaje ha sido de Fomento a una empresa con intereses en Fomento para volver a Fomento en un momento en el que esa empresa tiene aún más intereses. En sectores de la aviación hablan del «clan gallego»: el ministro José Blanco, su hombre de confianza al frente de AENA y la empresa San José, que ha recibido de Fomento unos 500 millones de euros en contratos entre 2009 y 2011.

El más galleguista de ese clan gallego es el patrón, Jacinto Rey, el misterioso presidente del Grupo San José, uno de esos empresarios que huyen de las cámaras como los vampiros de la luz del sol. Una anécdota acaecida en julio de 2007 habla por sí misma. El Foro Peinador,¹¹¹ un pequeño lobby de empresarios y juristas que trabaja para el impulso de la lengua gallega, invitó a Rey a un acto en el pazo de Lestrove, en Padrón, para que ingresara en el club. El constructor, que acababa de hacerse con la mayoría del capital del semanario A Nosa Terra, se comportó con naturalidad hasta que el organizador del evento, Xosé González, funcionario del Ayuntamiento de Redondela, cometió un error de cálculo: «Este señor de aquí es Jacinto Rey»,¹¹² le dijo a una reportera. «Encantada, yo soy periodista. No le conocía de cara. ¡Por fin se deja ver!», contestó ella. El promotor, discretamente, desapareció sin probar bocado. Regresó sólo cuando se aseguró de que ya no había presencia alguna de la prensa. Los fotógrafos que habían acudido para retratar al misterioso Jacinto Rey se quedaron sin su instantánea. El constructor recuerda al gran empresario Amancio Ortega, el séptimo hombre más rico del mundo —con una fortuna de 22.300 millones de euros, según las estimaciones de la revista Forbes—, que tardó años en dejarse ver, creando un halo de misterio sobre su personalidad.

Finalmente Rey accedió gustoso a formar parte del Foro Peinador y a impulsar la cultura gallega. El promotor, que mantiene su yate anclado en el puerto de Sanxenxo, formó parte de la producción del laureado filme Mar adentro, de Alejandro Amenábar, a través de la productora Filmanova. El «jefe» de Antonio Asunción es el promotor que construyó la residencia de Monte Pío que ocupa el presidente de turno de la Xunta. Mantiene excelentes relaciones con el Bloque Nacionalista Galego (BNG) e hizo muy buenos negocios durante los años en los que gobernó el socialista Emilio Pérez Touriño en coalición con los nacionalistas. El diario La Voz de Galicia acusó en su día al BNG de financiar el periódico Xornal de Galicia, también propiedad de Jacinto Rey, desde la Xunta a través de licencias para instalar molinos para generar energía eólica. El 4 de agosto de 2001 se publicó el último número en papel del diario, un proyecto que hizo aguas después de que el PP recupera el gobierno de la Xunta y retirara la publicidad que le otorgaba la coalición PSdG-BNG. Los nacionalistas emitieron un comunicado en el que criticaban a Alberto Núñez Feijoó por «la falta de apoyos reales» de la Xunta a los medios de comunicación en lengua gallega.

Siguiendo el recorrido por las finanzas del exministro del Interior, que llegó a asesorar durante un tiempo al presidente del Banco Portugués de Negocios, José Oliveira Costa, encontramos otras cuatro empresas, aunque no presentan actividad: la constructora Proyectos y Desarrollo Urbano de Levante S. A.; Localización General de Distribución, dedicada a la importación y exportación de minerales y maquinaria agrícola; una consultora de temas fiscales y legales denominada Codes Consultoría y Gestión; y Consultoría Tecnia Cuatro, una firma que elabora proyectos de ingeniería y arquitectura. Hace varios años que no depositan sus cuentas en el Registro Mercantil, pero no han sido liquidadas. Dos de ellas tienen su sede en la oficina que utiliza Asunción en sus viajes a Madrid, en la calle de Velázquez, en pleno corazón de la milla de oro madrileña.

Este despacho está cerca del hotel Wellington, donde el empresario socialista suele verse con sus amigos, entre los que está Enrique Múgica, exministro de Justicia y exdefensor del pueblo, al que quiere como a un hermano. También guarda excelentes relaciones con el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui. La rotonda del lujoso hotel, un salón cafetería de forma circular, es un importante centro de negocios donde es muy habitual encontrarse a potentes empresarios cerrando tratos entre cafés y gin-tonics de alguna ginebra premium con Fever Tree, la tónica que bendijo el chef Ferrán Adrià. En alguna ocasión el exministro se ha cruzado allí con el hombre que le ganó las elecciones a la presidencia de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, el exdirigente del Partido Popular que cambió en 2008 el Congreso de los Diputados por un puesto en Telefónica remunerado con unos 600.000 euros anuales.

Zaplana contribuyó a que la Comunidad Valenciana fuera un fortín del PP y ahora que Asunción ya no está en las filas del PSOE reconoce que para gobernar allí el PSPV «tiene que cambiar de la A a la Z». Apoya su diagnóstico con una risa pícara tras afirmar que «como yo estoy expulsado, estoy exento de cualquier responsabilidad». Ve al partido que intentó liderar como «aislado, ensimismado, endogámico, sin conexión con la gente porque no logra representar el papel de un partido político como correa de transmisión y referente para la sociedad».

«El voto es secreto»

José Luis Rodríguez Zapatero anunció el 2 de abril de 2011 en el Comité Federal del PSOE su renuncia a ser el candidato en las siguientes elecciones generales. Un mes y medio antes, concretamente el 14 de febrero, Antonio Asunción hacía este diagnóstico en la entrevista con el autor de este libro: «Zapatero no debería presentarse. Haría bien no presentándose, pero es mi opinión. Creo que el PSOE obtendría un mejor resultado si no se presenta Zapatero. Hay un lógico desgaste, una situación complicada, ha vivido unos momentos difíciles y creo que no ha estado al nivel que tenía que estar en las respuestas que tenía que dar y eso pesa. Quienes ahora lo quieren matar lo loan, pero en realidad están repartiéndose ya la herencia. Lo lógico es que no se presente. En cuanto al sucesor, siempre que el partido lo valide y supere las pruebas que tiene que superar respecto a la democracia interna, que hay que acentuarla y asentarla en este partido, que no sea sólo un paripé, yo creo que Pérez Rubalcaba es un buen candidato».

Asunción ha pertenecido al PSOE durante décadas, pero actualmente su alejamiento es total. Por si el interlocutor no se hubiera dado cuenta, el exministro lo destaca cada pocos minutos con frases como «yo estoy libre de responsabilidad en ese sentido porque estoy suspendido de militancia». La ruptura con el PSPV fue más que notoria, pero no le anduvo a la zaga la protagonizada con el PSOE, que mostró una hostilidad manifiesta hacia el protagonista de este capítulo. Ferraz no deseaba otro Tomás Gómez que se impusiera al candidato oficial, como había hecho el líder madrileño frente a la ministra Trinidad Jiménez, no quería otro outsider que triunfara acentuando la debilidad del presidente del Gobierno. Reverberó una actitud especialmente despectiva el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, quien en declaraciones a Televisión Española se refirió a Antonio Asunción como un ministro del Interior del que recordaba que desempeñó su cargo durante un periodo «muy breve» de tiempo ya que tuvo que dimitir «porque se escapó Roldán o algo por el estilo». «Yo creo que no le he visto nunca»,¹¹³ afirmó. Cuesta creer que todo un portavoz del partido mayoritario en el Congreso de los Diputados ni siquiera recuerde el motivo de la dimisión de un ministro del Interior de un gobierno de ese mismo partido, máxime cuando esa renuncia se produjo porque el señor que tenía que perseguir a los malos, el director general de la Guardia Civil, había huido de la justicia llevándose el dinero de todos los contribuyentes (sigue insistiendo que el dinero que no devolvió, unos 14 millones de euros al cambio, contando las propiedades inmobiliarias, lo tiene Francisco Paesa).

Asunción es políticamente correcto y no quiere hacer sangre del líder de su partido en público y ante un extraño, sobre todo si ese extraño es periodista. Pero es muy transparente y a quien le escucha no le cabe ninguna duda de que el entrevistado no está diciendo lo que piensa tal y como lo piensa, sino mucho más edulcorado. En no pocas ocasiones, cuando sabe que la respuesta que daría podría ser dura, descarta contestar. Por ejemplo cuando se le pregunta qué le pareció el llamado despectivamente «corro de la patata», cuando José Barrionuevo y Rafael Vera ingresaron en la prisión de Guadalajara por el secuestro de Segundo Marey arropados por Felipe González y toda la ejecutiva socialista: «Bueno, yo no acudí, prefiero no opinar. No tengo más que decir». Sí critica al gobierno de Zapatero, aunque sin alzar la voz como lo haría Corcuera, y con un discurso rápido: «La crisis desbordó al gobierno completo, no sólo a Zapatero. Se ha dado una situación de dar tumbos, de sí y de no. No reconocer eso es una estupidez. Cuando uno se ha equivocado, hay que reconocerlo y dejar paso».¹¹⁴

Hace gala de una corrección rayana en la pulcritud hasta cuando bromea después de escapársele un taco ante la grabadora: «Hostia, el tiempo. Cogemos un taxi y seguimos. ¿Te parece? Bueno, lo de hostia lo borras, ¿eh?», dice con una risa generosa.

Si algo tiene claro Asunción, es descartar el regreso al que fue su partido. Está profundamente dolido por la forma en la que le suspendieron de militancia, ya que el proceso de suspensión se inició varias semanas después de haberse producido la citada y fulminante suspensión de militancia. Sostiene que la democracia interna no existe en el partido y apunta, con nombre, apellido y cargo, a la persona que, según él, tomó la decisión de apartarlo del PSOE: «El vicesecretario general, José Blanco». También acusa al PSOE de dar «cobijo y aliento a difamadores», en clara referencia a sus excompañeros y rivales levantinos.

Pero ¿hasta dónde llega el distanciamiento con el partido de su vida? Hasta donde más duele. El periodista se permite formular una pregunta que no se le puede hacer a cualquier persona, pero entiende que sí a un político (o expolítico):

—¿Pese a este enfrentamiento en las próximas elecciones generales votará al PSOE?

—El voto es secreto. No lo tengo decidido todavía. Lo pensaré de aquí a allá. Todavía lo tengo que pensar. Además, también existe el voto en blanco.

El entrevistado ornamenta sus palabras con risas pícaras, parecidas a las de un niño que sabe que acaba de decir una pequeña e inocente maldad, y ojos vivarachos, traviesos. Se muestra cercano, casi seductor, pone caras expresivas. Se le ve coqueto, traje oscuro, gemelos, unas gafas con patillas de color azul brillante, una bolsa de mano de cuero negro marca Tous y reloj suizo de esfera enorme y con la maquinaria vista, tipo skeleton.

Una teoría económica poco socialista

Antonio Asunción es un hombre de empresa, de negocios, y se derrite cada vez que habla del tejido industrial. En este campo es donde sí se expresa con libertad y deja a un lado las medias tintas. Como socialdemócrata le tocaría anteponer al trabajador frente a la empresa, pero él, si no tiene más remedio que elegir, se queda con que el obrero tiene trabajo gracias a la empresa, no con que la empresa genera riqueza gracias al obrero, algo que encajaría mejor en el ideario socialista. Al menos esa es la sensación que transmite. Digamos que Asunción, en lo que a economía se refiere, es más liberal que socialdemócrata. Veámoslo: «Las empresas son las que han de crear la riqueza en este país. Sin empresas no hay nada. El empleo lo crean las empresas. Yo estoy dedicado a la empresa y lo he hecho también por ganar dinero, claro. Generas riqueza, generas empleo, pagas impuestos y de ahí puede vivir la función pública. Ese es el sistema. El sistema igualitario sabemos que no funciona. Eso está claro. Si estamos integrados y hemos aceptado que la economía de libre mercado es la que está funcionando y la que nos da de comer, apoyémosla. Hay que apoyar a la empresa muchísimo en este momento. Destruir empleo es fácil, pero construirlo en muy difícil y ahora en este país hay que recomponer lo que se ha destruido. Si no, los presupuestos de lo público van a quedar al cincuenta por ciento. Esto es una obviedad. Los empleados públicos trabajan de los impuestos que genera la empresa privada y el trabajador. Vamos unidos. La empresa y el trabajador somos un tándem».¹¹⁵

Es convincente. Cualquier persona que escuche estas palabras de Antonio Asunción puede pensar que este señor tan educado, correcto y simpático tiene una buena parte de razón. Se nota que está expresando unas convicciones que lleva en las entrañas y seguramente las expone de este modo porque ya no tiene que disimular, no lucen sobre su testa unas siglas que dicen «socialista y obrero», obsoletas a todas luces dentro de una economía de mercado total y rotundamente aceptada y potenciada por el PSOE.

El exministro del Interior del último gobierno de Felipe González da un giro muy liberal a su teoría económica cuando habla de las pensiones y de las cotizaciones a la Seguridad Social. Aboga por que los trabajadores puedan destinar sus cuotas mensuales a un sistema de pensiones privado, no obligatoriamente al público, como marca la ley: «A veces el trabajador no es consciente incluso de que con las pensiones lo que paga la empresa no es de la empresa, es suyo, del trabajador, que el Estado se lo hace pagar directamente. El trabajador aquí podría tener capacidad de decisión: voy a decidir si es la empresa pública o no la que va a gestionar mi pensión, porque después del fracaso que hemos tenido del sistema público, pues igual hay que revisar esto también. El 37 por ciento que paga toda empresa a la Seguridad Social es del trabajador, es para el trabajador, luego él tiene que decidir dónde va ese dinero y le deben dar cuentas. Cuando nosotros [los empresarios] calculamos los costes generales del trabajo productivo sumamos lo que se le paga al trabajador bruto más lo que le pagamos al Estado por ese trabajador en cuotas de la Seguridad Social y, a partir de ahí, cobramos aplicando el beneficio industrial que incorporamos, pero el trabajador de esa cantidad no opina naaaada. Los sindicatos luego no lo explican bien».¹¹⁶

Pasado y futuro: Roldán y la ETA que se agota

Antonio Asunción, como no podía ser de otro modo, siente un claro desprecio ante la figura de Luis Roldán, cuya fuga le costó el puesto al frente del Ministerio del Interior. Lo define como «un zafio, no es ningún lince», e inmediatamente se pregunta cómo es posible que llegara hasta la dirección general de la Guardia Civil «con unas capacidades intelectuales tan limitadas». Pese a estas limitaciones de las que habla Asunción no debemos olvidar que Felipe González estuvo a punto de nombrarlo ministro del Interior, ascenso que fue frustrado por la investigación periodística de Diario 16, capitaneada por los periodistas José María Irujo, José Macca y Jesús Mendoza,¹¹⁷ que reveló las corruptelas del jefe de la Guardia Civil. Siempre se apuntó a filtraciones provenientes de la propia Benemérita, pero Asunción apunta que las principales informaciones «llegaron a la prensa desde el ámbito familiar más próximo de Luis Roldán». Lo que está claro es que más de uno o una le tenía ganas al inefable Roldán.

En cuanto a los cientos de millones de pesetas con los que huyó y que nunca ha devuelto, la teoría del entonces ministro del Interior es que Paesa, el hombre al que se le encargó gestionar la entrega de Roldán a la justicia, «debió de quedarse con una buena tajada, pero Roldán también tendrá su parte. Se perdió la pista de aquel dinero en Singapur». Nunca se le han pedido cuentas a Francisco Paesa, un personaje capaz de fingir su propia muerte y publicar hasta la esquela, pero que hizo importantes colaboraciones con el Ministerio del Interior en lucha antiterrorista, como la que desencadenó en la Operación Sokoa.¹¹⁸ No obstante, Asunción se muestra tajante al asegurar que él no protegió a Paesa y que siempre estuvo «metiéndole el foco a sus granujadas». Hoy, tanto Roldán como Paesa aseguran que están casi en la ruina y el dinero, unos 1.500 millones de pesetas de la época, sigue sin aparecer.

El exministro luchó más contra ETA desde su puesto de director general de Instituciones Penitenciarias, con la política de dispersión, que como titular de Interior, por la brevedad de su paso por el Ministerio y las condiciones en que se desarrolló. «Esa época fue muy convulsa, mucha tensión, pero bien está. Lo que hice lo volvería a repetir en todos los sentidos: aceptar, ser ministro y marcharme, todo. Está bien así. Guardo mejor recuerdo de las cárceles, de Instituciones Penitenciarias, donde estuve casi seis años. Fue más duro, pero en otro sentido. Allí pude hacer muchísimas cosas y eso siempre compensa las insatisfacciones de la dureza del cargo, de los motines, de aquella situación tan complicada, porque pudimos introducir grandes cambios. En el ministerio no decidí para nada. Felipe acostumbraba a dar confianza a los ministros, pero la situación era muy compleja. En lugar de trabajar en el servicio a los ciudadanos, estábamos todo el día resolviendo problemas internos. […] En cuanto al final de ETA, calma. Ahí tienes un núcleo de gente que lleva más de veinte o veinticinco años en prisión aguantando con sus tesis de locura y que no están dispuestos a que esto se acabe sin más. Son los irreductibles que presionan sobre el resto. Estos procesos nunca son rápidos, hay que armarse de paciencia. Es totalmente diferente a la situación que tuvimos hace veinte años, cuando empezamos con la dispersión, pero creo que está bien enfocado todo. Vamos a ver qué pasa. Será un proceso como el del GRAPO, pero con la dimensión de ETA».

Parece que Asunción añora la etapa de las responsabilidades políticas, aunque a nivel local. Avanzado 2011, la trayectoria público-privada de Asunción daba un nuevo giro. Movilizó a sus colaboradores y creó un nuevo partido político encaminado a presentarse con garantías a las elecciones municipales y autonómicas de 2015.

Antonio Asunción ha coincidido con otro exministro socialista y valenciano en la Corporación Bancaja-CAM. Se trata de Vicente Albero Silla,¹¹⁹ el que fuera titular de Agricultura entre 1993 y 1994. Las cajas valencianas unieron sus carteras de participaciones empresariales en 2002 y colocaron a sus hombres en la nueva corporación en una de las habituales operaciones de cambio de cromos entre PP y PSOE. Asunción llegó por parte de la cuota de la CAM elegido como independiente y Albero por Bancaja. Como miembros del Consejo de Administración se anotaban una dieta de 3.000 euros por cada una de las reuniones mensuales de la entidad a las que asistían. Ambos salieron de la corporación en la remodelación de finales de 2004. En 2011 fue sonada la polémica por las desmesuradas indemnizaciones y pensiones que se adjudicaron los gestores de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, como su exdirectora general, María Dolores Amorós, que blindó su salida de la caja con una pensión vitalicia de 360.000 euros anuales porque, por lo visto, los 600.000 al año que tuvo de sueldo por arruinar a la caja no le bastaban. Afortunadamente es probable que tras su fulminante despido no pueda cobrar esa indemnización, aunque la reclamará. Lo primero que hizo Amorós tras el cese fue apuntarse al paro, del que le corresponde la máxima cuantía, 1.400 euros mensuales. La CAM tuvo que ser intervenida por el Banco de España, pero antes su cúpula directiva ya se había reservado 32 millones de euros a través de un fondo de pensiones. La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias por si hubiera responsabilidad penal.¹²⁰

Poco antes de su entrada en la Corporación CAM-Bancaja Albero realizó una nueva incursión en política, en las listas del Bloc, partido de izquierda nacionalista, por Alicante, aunque su controvertida figura no fue bien recibida. No consiguió el acta en las Cortes Valencianas. Hay que recordar que el político dimitió como ministro de Agricultura cuando se destapó que tenía una cuenta con más de 20 millones de pesetas sin declarar a Hacienda, ligada al escándalo de Ibercorp, una de las empresas de la trama de financiación ilegal del PSOE.

Albero retomó sus negocios privados —ha estado al frente de un buen puñado de empresas— y protagonizó una importante operación. En 2004 se convirtió en el máximo accionista de la ceramista Porcelanatto tras un acuerdo con el Bank of America, que prefería desprenderse de una empresa que pasaba por una situación crítica y le había hecho perder demasiado dinero. Albero se hizo cargo de la ceramista con el objetivo de relanzarla, pero en realidad llevó a cabo un negocio distinto, la liquidación. Pagó un precio simbólico de 100 euros por la empresa y asumió la deuda de 24 millones. Su socio en esta operación fue el empresario Vicente Puchades y los propietarios de la deuda sus conocidos Bancaja y CAM, entre otros, en un momento en el que, recordemos, Albero aún estaba en el Consejo de Administración de la corporación que formaron ambas cajas.

Una de sus primeras medidas fue presentar la suspensión de pagos y un ERE para 233 trabajadores. En 2007 terminó liquidando la empresa, enfrentando a los sindicatos que, según fuentes del entorno de Albero, no le ayudaron a reflotar la compañía. Dejó la presidencia en octubre de ese año. En 2009 la conocida Tau compró la marca Porcelanatto, que tenía y tiene una gran imagen nacional e internacional. No son pocos los empresarios como Albero cuyo negocio está en hacerse con empresas en crisis sin poner un euro, intentar reflotarlas, con mayor o menor éxito, y venderlas. Entre las compañías que ha liquidado está Mediterránea Rural S. L., dedicada a actividades agrícolas.

Antes de su desembarco en Porcelanatto Albero sumaba cargos en otras seis empresas. Su relación más duradera la mantuvo con Aznar S. A., mucho más conocida por sus medias Marie Claire, en cuya gerencia estuvo más de una década, hasta su entrada en el gobierno de Felipe González. Precisamente los 21 millones de pesetas sin declarar al fisco que le hicieron dimitir como ministro de Agricultura tienen su origen en esta empresa. Albero colocó dicha cantidad en pagarés del Tesoro a través de Manuel de la Concha entre mayo de 1988 y junio de 1989. El dinero provenía de la venta de sus acciones de la empresa Aznar, en cuya operación cobró una parte en negro. De la Concha, síndico de la Bolsa de Madrid fallecido en noviembre de 2011, fue condenado en 2002 a seis años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento público (el famoso caso Ibercorp). La sentencia se refería a una cuenta opaca del exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, que De la Concha gestionaba en su despacho. No coincidieron en el tiempo, pero otro exministro felipista, Luis Carlos Croissier, fue consejero de Marie Claire S. A. entre 2001 y 2004, etapa en la que la familiar Aznar (nada que ver con el expresidente del Gobierno) salió de la compañía.

Después de la operación de Porcelanatto el expolítico consiguió un jugoso puesto en la empresa pública Tragsa, dedicada a la protección y conservación de la naturaleza, el desarrollo rural y la prestación de servicios de emergencia. Evidentemente, como exministro de Agricultura algo sabía de Tragsa. Además, antes de dirigir el ministerio, Albero, economista de profesión, había sido director general de Industrias Agrarias y Alimentarias del Ministerio de Agricultura (1982-1987) y secretario de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente (1991-1993) del Ministerio de Obras Públicas. Albero entró en Tragsa el 25 de septiembre de 2008 con cierta polémica, pues se trataba del regreso a la administración de una figura polémica, que dimitió, como decíamos, por defraudar a Hacienda y ahora se dedicaba a liquidar empresas y presentar expedientes de regulación de empleo. En la empresa pública se limitan a decir que desempeñó un trabajo técnico hasta su jubilación, el 6 de diciembre de 2009. Pese a que se trata de un organismo público, Tragsa no revela el sueldo de trabajadores ni directivos porque «está sometida a una cláusula de confidencialidad». Esto sólo deja una opción al periodista: investigar en fuentes oficiosas, lo que ha llevado al autor de este libro a toparse con uno de los casos más sintomáticos del nepotismo entre políticos y que refleja hasta qué punto pueden llegar los mercaderes de influencias, la devolución de favores a cargo de todos los contribuyentes.

Según fuentes internas de la propia empresa pública, Josep Puxeu, secretario general de Agricultura y Alimentación (2005-2008) y secretario de Estado de Medio Rural y Agua (2008-2011) en el ministerio que dirigía Rosa Aguilar y exdirector de la propia Tragsa, fue la persona que presionó para el nombramiento de Albero, que buscaba un lugar tranquilo y bien pagado donde esperar la jubilación. En ese momento dirigía Tragsa Rafael Jaén, que fue director general de Estructuras Pesqueras entre 1991 y 1996, durante los últimos cinco años de gobierno de Felipe González. Albero, ministro de Agricultura entre 1993 y 1994, fue en esa etapa el jefe de Jaén y de Puxeu, que por entonces era director general de Política Alimentaria. Con estas «recomendaciones» el exministro consiguió un cargo en Tragsa de director adjunto internacional. Como la inmensa mayoría de los cargos de los adjuntos a algo y siempre según las fuentes consultadas, trabajo, lo que es trabajo, tuvo más bien poco. Le asignaron un sueldo de entre 100.000 y 120.000 euros anuales, además de una tarjeta Visa para gastos, ordenador portátil, una póliza sanitaria Adeslas VIP y, por supuesto, coche oficial. Para evitar problemas y que no llamara mucho la atención, a Vicente Albero le colocaron su despacho en una de las sedes secundarias de la empresa pública, en la calle de Julián Camarillo, en lugar de en la central de Maldonado. Albero disfrutó de esas prebendas durante un año y tres meses, el tiempo justo para jubilarse. Este tipo de sucesos son la base de la mala imagen que tienen los políticos entre la ciudadanía, pese a que de la inmensa mayoría de casos como este no nos enteremos.

Dedicada a las infraestructuras agrarias, Tragsa, que está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, factura más de 1.000 millones de euros al año gracias a los encargos de las administraciones central, autonómicas y municipales para, por ejemplo, labores de conservación de los montes.

Uno de los protagonistas de este libro, que conoce bien a Albero, asegura que el expolítico valenciano pasó importantes problemas económicos tras algunas de sus aventuras empresariales. De ahí quizá que tirara de excompañeros para la colocación en Tragsa. En 2011 Albero conservaba dos cargos en las bases de datos de los registros mercantiles de España: apoderado de las empresas Cerámica Artesana del Millars S. A. y Promoalbe-5 S. L., aunque ya no presentan actividad.

Otro de los ministros de Felipe González que tuvo que dimitir, como Albero, fue Julián García Valverde, que dejó el Ministerio de Sanidad y Consumo en enero de 1992, cuando saltó el escándalo de ciertas irregularidades en la compraventa de unos terrenos por cuenta de Renfe mientras el político presidía la empresa pública de ferrocarriles. Unos años después fue acusado en el caso de las comisiones del AVE por seis delitos presuntamente cometidos durante su etapa como presidente del ente público (1985-1991). Fue juzgado y lo absolvieron en 2006. Actualmente se dedica a construir vías del AVE con su grupo de empresas, Imathia.

La Sección XVII de la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a seis de los doce procesados en el caso AVE. Entre los condenados se encuentran responsables de Siemens y de la consultora GMP. La Fiscalía Anticorrupción había acusado de cohecho —entre otros delitos— a García Valverde, al director de Compras y Mantenimiento de Renfe, Leopoldo Iglesias, y al exadministrador de Filesa Luis Oliveró, entre otros, en relación con la contratación de las obras del AVE Madrid-Sevilla a finales de la década de 1980, cuando se preparaba la Expo’92 y los maletines tenían patas de tanto que corrían. En el caso de quien fuera máximo responsable de Renfe, la Audiencia no encontró pruebas de delito.

El 9 de enero de 1997, durante una de sus declaraciones ante el tribunal que investigaba la financiación irregular del PSOE a través de las obras del AVE, y a lo largo de casi nueve horas, el ya exministro no encontró explicaciones a algunas partidas de gastos, como la de «mantenimiento», que no sabía si era de 13.000 o 19.000 millones de pesetas, todo ello en el contexto de los sobrecostes de las obras y las irregularidades que habían encontrado los peritos judiciales. Negó tajantemente ante la juez Teresa Chacón que se pagaran comisiones ilegales por la adjudicación de las obras y que estas fueran a parar finalmente a las arcas del PSOE. Según la Fiscalía, García Valverde se encargaba de apoyar desde Renfe a los contratistas que habían accedido a pagar comisiones al partido.

El caso AVE terminó en el Tribunal Supremo, que cerró el asunto en noviembre de 2008, catorce años después de que arrancara por una escisión del caso Filesa. La Sala II del alto Tribunal condenó a la excoordinadora de finanzas del PSOE, Aída Álvarez, y a su marido, Miguel Molledo, a seis meses y un día de prisión menor y al pago de una multa de 1.200 euros cada uno por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Lo cierto es que García Vargas fue absuelto. Sus excompañeros ministros le echan un capote, como Javier Gómez-Navarro, quien considera que la Fiscalía lo martirizó y que estuvo «procesado durante un montón de años para que después la sentencia fuera tremenda a su favor».¹²¹

Cuando el procedimiento aún estaba vivo, en la Audiencia Provincial de Madrid, el todavía imputado Julián García Valverde ya había entrado como administrador solidario en las filiales del Grupo Imathia en Andalucía y Castilla-La Mancha. Había comenzado su vuelta al sector ferroviario, pero esta vez desde la parte de la iniciativa privada. Antes se había dedicado a temas de consultoría internacional a nivel europeo. La empresa inició sus actividades de construcción de obra civil en 2004, un año antes de la incorporación de Julián García Valverde, que actualmente, además de ser el dueño de la compañía, encabeza el equipo de dirección del grupo y tiene distintos cargos en las empresas filiales. La especialidad de Imathia es la construcción en el sector ferroviario. Para ello tiene como persona clave de su organigrama y de su accionariado al expresidente de Renfe.

Imathia Construcción se enorgullece en su página web de contar con «una plataforma corporativa única» gracias a la «experiencia larga y variada» que han aportado todos los miembros del equipo «tanto en las empresas como en las administraciones públicas». En el momento de escribir este libro Imathia construía, por ejemplo, la plataforma (las vías) de la línea de alta velocidad Antequera-Granada, asociada al 50 por ciento con la francesa Eiffage Infraestructuras. Se trata de una obra de más de 32 millones de euros adjudicada por ADIF, dependiente de Fomento, en octubre de 2010,¹²² con el socialista José Blanco al frente del ministerio. Sus mejores contratos los consiguió tras su absolución en el caso de las comisiones.

Fomento también le adjudicó la obras de supresión de pasos a nivel en la línea ferroviaria que une Tarragona con Barcelona y Francia. La adjudicación es del 30 de agosto de 2007, en la etapa de la socialista Magdalena Álvarez. El importe: 4.599.308,68 euros en UTE con DHO Infraestructuras. La compañía del exministro también participa en el AVE a Galicia, en una UTE para construir un tramo de plataforma de 91 millones de euros, de los que le corresponden 8, un 9 por ciento del contrato. La empresa en cuya cúpula está Julián García Valverde también ejecuta obras de Fomento en materia de carreteras, como una ampliación de la autovía de Murcia A-30 por 2,95 millones de euros, entre otras y que suman varios millones de euros.

Siguiendo en el sector de la construcción ferroviaria, Imathia también trabaja en las obras de la línea 1 de metro ligero de Granada, adjudicadas por la entidad Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en la última etapa de Manuel Chaves en la presidencia de la Junta de Andalucía. Se trata de un gran contrato de 38,5 millones de euros adjudicado en julio de 2008 a la empresa del expresidente de Renfe en UTE con OHL y UC 10. Además, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, le adjudicó la urbanización de un sector de Granada (UE-802, La Madraza) por 1,4 millones de euros en febrero de 2007 y otros 164.687,64 euros para obras complementarias, según refleja el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía).

Otra empresa pública andaluza, Gestión de Infraestructuras de Andalucía S. A. (GIASA), adscrita también a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, le adjudicó a Imathia (unida a Emsa y Harinsa) el 1 de agosto de 2006 obras en Córdoba por valor de 5,4 millones de euros.

Imathia también ha trabajado para el Ministerio de Medio Ambiente y, a nivel internacional, está presente en el consorcio español que ha conseguido el contrato de la superestructura de la línea de alta velocidad que unirá La Meca con Medina, las ciudades santas del Islam, en Arabia Saudí. Se trata de una operación de brutal envergadura, con un montante superior a los 6.700 millones de euros (la vía, treinta y cinco trenes, sistemas de electrificación y catenaria, equipos de telecomunicaciones, la puesta en servicio y el mantenimiento durante doce años).

Dos empresas de Julián García Valverde (Imathia y Consultrans) consiguieron entrar en el consorcio español junto a Adif, Cobra, Copasa, Dimetronic, Inabesa, Inecao, Indra,¹²³ OHL, Talgo y Renfe, la misma Renfe que él presidió en esa polémica etapa. Es más, hay un dato desconocido: García Valverde fue el coordinador y muñidor de este consorcio público-privado, dos áreas en la que tiene una importante experiencia. No sólo tenía a sus empresas dentro, sino que presentó una extraordinaria actividad dentro del grupo para sacar adelante la oferta española para el proyecto del AVE del desierto, también conocido como el AVE de los peregrinos, el mayor contrato conseguido en el exterior por empresas españolas, según Fomento. Las dos compañías del exministro tienen un 2,5 por ciento del consorcio, unos 167 millones de euros para unas empresas que medraron extraordinariamente tras la vuelta del PSOE al poder.

El grupo español, que logró la adjudicación en octubre de 2011,¹²⁴ compitió contra equipos chinos, coreanos, alemanes y, sobre todo, el francés (Ferrocarriles Estatales Franceses-SNCF y Alstom, entre otros partícipes), en el que Nicolás Sarkozy volcó todas sus energías. Imathia también está en el Dedicated Freight Corridor Corporation de India. El exministro fue absuelto de todos los cargos, y, aunque perfectamente legal, no es del todo ético que el presidente de la Renfe de la etapa de las comisiones ilegales esté como empresario haciendo negocios con Adif (que nació de Renfe y heredó las infraestructuras ferroviarias) y Fomento.

Imathia tiene su cuartel general en el número 6 de la elitista calle de Serrano de Madrid, a sólo unos metros de la oficina —recuerden— de otro exministro, Carlos Solchaga. El grupo constructor ocupa 321 metros cuadrados en el segundo piso de una elegante finca de 1945 que linda con una de las boutiques de Armani en Madrid, pues no debemos olvidar que nos situamos de nuevo en plena milla de oro del comercio madrileño. La compañía, de la que el exministro es accionista además de gestor, actúa bajo el paraguas de la matriz Imathia Global, que aúna otras siete empresas: Imathia Construcción, Imathia Andalucía, Imathia Manchega Construcciones, Imathia Consulting & Engineering S. A., CDI Global Spain, Consultrans y Transporte e Informática. Acumulan unos activos superiores a 16 millones de euros.

Ya hemos descrito algunas actividades de la primera de ellas. En cuanto a Imathia Consulting & Engineering, se trata de una consultoría a nivel nacional e internacional especializada en los negocios de transporte, informática, medioambiente y salud. La consultoría, como hemos ido viendo, es uno de los sectores en los que más expolíticos se colocan, pues se trata de utilizar las experiencias e influencias labradas en lo público para asesorar a las empresas privadas.

Muy útil es también un exministro en otra de las empresas del grupo, CDI Global Spain, dedicada a la asesoría estratégica especializada en fusiones transfronterizas entre empresas y adquisiciones. García Vargas es administrador de la compañía desde febrero de 2005. CDI está en España dentro de Imathia, pero es una multinacional que funciona como una red que forman sus más de 50 socios —el expresidente de Renfe es el socio español— y cientos de profesionales en treinta y cinco países. En su propia web se vanaglorian de que disponen de «una sólida red internacional de contactos» que ponen a disposición del cliente que, por ejemplo, quiere comprar una compañía. En algunas de las operaciones en las que ha intervenido CDI Global Spain podríamos decir que entre exministros anda el juego, pues la empresa de García Valverde ha trabajado para Indra, asesorada por el exministro de Defensa Julián García Vargas, para la constructora Isolux Corsán, que tiene entre sus consejeros a Javier Gómez-Navarro, exministro de Comercio y Turismo, y para la consultoría tecnológica Capgemini, a la que asesora Juan Manuel Eguiagaray, exministro de Administraciones Públicas y de Industria y Energía. CDI también está ligada a compañías como Flex, Pescanova, Menorquina, Copisa, Cobra o el Grupo Cofares, entre otras.

La pata que nos falta de Imathia Global es Consultrans, una consultoría que opera en distintos sectores. El exministro y expresidente de Renfe es presidente, consejero y consejero delegado solidario desde enero de 2009, tras la entrada de la consultoría en el Grupo Imathia. Consultrans, que responde a ese nombre porque su gran especialidad es la consultoría en el sector del transporte, tiene una habilidad extraordinaria para ganar adjudicaciones públicas y encargos de todo tipo de estudios. Es poner «Consultrans» en el buscador del BOE y empieza la fiesta con un centenar de referencias. Tras examinarlas una a una, estos son los resultados desde 1995 hasta mediados de 2011: un total de 32 millones de euros invertidos mayoritariamente en estudios y, en un segundo plano, en trabajos informáticos para los siguientes organismos públicos:

—Ministerios: Defensa, Fomento, Interior, Trabajo, Educación y Ciencia, Industria y Justicia.

—Comunidades autónomas: Andalucía, Extremadura, Cataluña, Canarias, Madrid, Aragón y Castilla y León.

—Ayuntamientos: San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife y Madrid.

—Otros organismos: Comunidad Europea y Cámaras de Comercio.

Los citados ministerios han destinado 20.274.722,68 euros a Consultrans, actualmente presidida por Julián García Valverde. Si desglosamos el gasto entre las etapas del PSOE y del PP, el resultado es este:

PSOE: 10.573.913,55.

PP: 9.700.809,13.

En cuanto a las comunidades autónomas y ayuntamientos, de unos 11 millones de euros en contratos públicos se lleva la palma Andalucía (PSOE) con 4,9 millones.

En la cadena de adjudicaciones que ha logrado Consultrans —algunas, las menos, en formato negociado sin publicidad— hay desde implantación de programas informáticos para registro de buques hasta estudios sobre carreteras, pasando por informes sobre consumo de drogas en conductores, sobre el servicio postal en España o sobre el absentismo laboral de las mujeres comparado con el de los hombres. Todo se estudia en la administración encargándolo a empresas externas.

Llama la atención la cantidad de trabajos realizados para la Junta de Andalucía, que siempre tiene estudios por encargar en sus consejerías o la red de empresas públicas que sirvieron al chavismo como colocadoras de amigos, familiares y simpatizantes de un sistema puramente basado en el clientelismo. Así, Consultrans ha ganado una buena partida de contratos de Turismo Andaluz para analizar el impacto turístico de distintos eventos en Andalucía. Uno de los estudios, de carácter trimestral, analiza a qué zonas de la geografía andaluza se van de excursión los residentes en Andalucía, los residentes en el resto de España y los extranjeros, al margen de otros variopintos estudios hasta sumar unos cuantos millones de euros. Sólo en encuestas de contenido turístico Consultrans se ha estado llevando unos 160.000 euros anuales durante varios ejercicios. Ahí van unos ejemplos de la etapa previa a García Valverde y ya con él como presidente, todos extraídos del BOJA:

«Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía S. A. Denominación del contrato: servicios consistentes en el diseño de un plan de muestreo, trabajo de campo y tratamiento de la información de la encuesta “Hábitos y actitudes de la población andaluza, en edad escolar, ante el deporte”. Fecha de la resolución: 23/05/2011. Adjudicatario: Consultrans, S. A. Importe de adjudicación: 28.400,00 €».

«Consejería de Obras Públicas y Transportes. Descripción del objeto: control y análisis de los tiempos de conducción y descanso de los vehículos que obligatoriamente han de efectuarlo a través de discos diagrama. Contratista: Consultrans, S. A. Importe de adjudicación: cuatrocientos cinco mil setenta y dos euros (405.072,00 €). Sevilla, 22 de septiembre de 2010». ¿No está la Guardia Civil de Tráfico, sin coste para la Junta, encargada de vigilar el cumplimiento de los tiempos de descanso de los camioneros? ¿Hay que gastarse 400.000 euros en un estudio de esta índole? En 2006 Consultrans se había llevado el mismo estudio por 288.000 euros.

«Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Objeto: elaboración de la memoria global de la calidad 2007 basada en el análisis de las cartas de servicios publicadas y sus informes de seguimiento. Adjudicatario: Consultrans. Importe: noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros (98.484 €). Sevilla, 12 de diciembre de 2008».

«Consejería de Obras Públicas y Transportes. Estudio de movilidad en día laborable en la aglomeración urbana de Jaén. Adjudicatario: Consultrans. Importe: 12.000.000 ptas. Sevilla, 13 de enero de 1997».

«Estudio del modelo y desarrollo del sistema ferroviario regional de altas prestaciones en Andalucía, 3. Adjudicación, 14 de mayo de 2003. Consultor: UTE V. S. Ingeniería y Urbanismo/Consultrans. Importe de adjudicación: 1.093.842,03 euros». Luego el grupo al que pertenece Consultrans, Imathia, gana concursos de infraestructuras ferroviarias en Andalucía.

Una vez más, el conocimiento y la experiencia en la cosa pública es determinante para el éxito de los negocios privados de otro exministro. Fuera de las actividades empresariales, Julián García Valverde ocupa la vicepresidencia segunda de la Fundación Gregorio Peces-Barba para el Estudio y Cooperación en derechos humanos. Su empresa, Imathia, es una de las fuentes de financiación de las actividades de esta entidad, que lleva el nombre del político socialista y uno de los padres de la Constitución española de 1978. La finalidad de esta fundación, que también cuenta con el apoyo económico del Banco Santander, es la investigación, el estudio y la difusión de los valores del Estado de Derecho a través de la colaboración con distintas universidades y otros centros de estudio. En su declaración de intenciones y pese al marcado carácter político de quien le da nombre y del exministro Valverde, Peces-Barba insiste en que «se trata de una institución de la sociedad civil con independencia de criterio y autonomía funcional, sin afiliación ni vocación política».¹²⁵

Notas

75 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense en 1966, Solchaga se posgraduó en la Alfred P. Sloan School of Business del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1971.

76 Además de Solchaga y Recio también aparece como accionista la mujer de este último, Belén Martínez Fresneda.

77 Fuente: www.solchagarecio.es.

78 Al término de la edición de este libro, a finales de 2011, las cuentas del ejercicio 2010 todavía no estaban disponibles en el Registro Mercantil de Madrid.

79 El número no es entero porque no todos los empleados trabajaron los doce meses del año en el despacho. Alguno pudo comenzar o dejar de trabajar con el ejercicio iniciado, por lo que la media de todo 2009 es de 15,58 empleados.

80 Fuente: http://www.solchagarecio.es/asesoramiento_estrategico.php.

81 Manuel Pérez y Xavier Horcajo, J. R. El tiburón, Temas de Hoy, Madrid, 1996, p. 295. Dicen los autores que aguantó poco en la presidencia, pero en 2011 todavía se mantiene como consejero.

82 Tecnologías de la Información y la Comunicación.

83 http://www.novasoft.es/es/mercados/administracion-publica.html.

84 Fuente: Registro Mercantil de Madrid.

85 Enagás fue privatizada en 1994, durante el último gobierno de Felipe González.

86 Información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

87 Septiembre de 2011.

88 Esta compañía es cliente de la asesoría de otro exministro socialista, Javier Gómez-Navarro. Véase p. 143.

89 Fuente: http://www.rocajunyent.com/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1001/idpag.27/relmenu.2/lang.es/chk.5042c50f6d30d37ab04f365079919e5d.

90 Ramón Tamames, La economía española, 1975-1995, Temas de Hoy, Madrid, 1995, p. 205.

91 Entrevista con el autor.

92 Ibid.

93 Ibid.

94 Javier Chicote, «El Gobierno paga 42 millones a comisionistas por la venta de ocho patrulleras a Chávez», El Confidencial, 26 de mayo de 2011.

95 Al cierre de la edición de este libro el procedimiento judicial aún no había sido resuelto.

96 En noviembre de 2010 Juan Costa abandonó la política para fichar por la consultora Ernst & Young, una de las grandes a nivel mundial. Estas empresas tienen predilección por los expolíticos. PWC (Price Waterhouse Coopers) tiene en nómina al exministro de Economía de Zapatero, Jordi Sevilla, que renunció a su escaño en septiembre de 2009 para irse a dicha empresa. En mayo de 2011 la Generalitat presidida por Artur Mas encargó a otra de las grandes del sector, Deloitte, una auditoría externa de 885.000 euros para conocer la situación económico-financiera del gobierno catalán. Sólo unas semanas después Deloitte fichó a David Madí, responsable de Comunicación de CiU y director de la campaña electoral que llevó a Mas a la presidencia de la Generalitat.

97 Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2011.

98 Entrevista con el autor.

99 Los accionistas de una sicav tienen que pagar IRPF sólo cuando venden los títulos en los que habían invertido, obteniendo una plusvalía. Pero hay formas de evitarlo, como reinvertir esa plusvalía o, incluso, la estratagema de reducir capital en vez de repartir los beneficios.

100 Entrevista con el autor.

101 Todas las entrevistas fueron realizadas cuando José Luis Rodríguez Zapatero aún era presidente del Gobierno.

102 Fuente: http://www.aerco.eu/Aerco.aspx (Aerco-Quiénes somos).

103 Seopan no hizo público el salario de Taguas, pero su predecesor, Enrique Aldama, que falleció, cobraba unos 200.000 euros sin dedicación plena, mientras que su sucesor sí está a tiempo completo. De ahí la estimación, según fuentes del sector, de 300.000 euros anuales.

104 Entrevista con el autor.

105 Además de con los rosales el exministro disfruta sobremanera de la música. Es asiduo de la ópera y de los conciertos de la Orquesta Nacional. El resto de su ocio lo destina a mantener largas conversaciones íntimas con sus amigos sobre literatura, política o lo que surja. Su deporte preferido, la natación, dejó de practicarlo.

106 Entrevista con el autor.

107 Según datos de distintos registros de la propiedad, Antonio Asunción también posee con sus hermanos una finca de naranjos de dos hectáreas, además de un piso de 143 metros cuadrados y un garaje a su nombre. Vive en una bella masía de Manises, donde cuida de su madre.

108 Entrevista con el autor.

109 Ibid.

110 Ibid.

111 El grupo adoptó el nombre de Enrique Peinador Vela, el empresario que fundó cien años atrás el balneario de Mondáriz, el primero que hizo su publicidad en gallego.

112 El País, 19 de julio de 2007.

113 Declaraciones recogidas por Europa Press el 18 de enero de 2011.

114 Entrevista con el autor.

115 Ibid.

116 Ibid.

117 Jesús Mendoza es el seudónimo del exguardia civil y periodista José Luis Cervero.

118 Fue una de las operaciones más brillantes en la lucha contra ETA. Paesa se hizo pasar por un traficante de armas y vendió a los terroristas una partida de pistolas y dos misiles SAM 7 con un microchip en su interior, que permitió localizar el zulo donde ETA almacenaba armamento y abundante documentación.

119 Albero ya está jubilado, pero a causa de su intensa actividad empresarial y su coincidencia con Asunción lo abordamos en este capítulo.

120 Seguían abiertas al cierre de la edición de este libro.

121 Entrevista con el autor.

122 Imathia logró el contrato en UTE (Unión Temporal de Empresas) con Eiffage Infraestructuras S. A. Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) número 276 de 15 de noviembre de 2010, p. 126.951.

123 Asesorada por los exministros Julián García Vargas y Javier Solana, Indra suministra los sistemas de gestión, telecomunicaciones, ticketing y seguridad, entre otros, de la que será la mayor línea ferroviaria de Arabia Saudí. Cobra 440 millones de euros por la cobertura de esta área tecnológica del contrato del AVE del desierto.

124 Según una información de Carlos Hernanz en El Confidencial (27 de octubre de 2011), fue «determinante» para ganarle la partida a Sarkozy el trabajo de intermediación del rey don Juan Carlos con la familia real saudí.

125 Fuente: http://www.fundaciongregoriopecesbarba.es/index.asp?ID_sec=61.

IV. Profesores y «filántropos»

Un porcentaje de los «hombres de Felipe» optó tras la retirada de la política por dedicarse a actividades académicas y la colaboración o gestión de organizaciones sin ánimo de lucro. No obstante, una buena parte de ellos combina estas actividades con el asesoramiento a empresas privadas.

Javier Solana Madariaga es una de las figuras más potentes de la generación que lideró Felipe González, al que a punto estuvo de sustituir al frente del PSOE. Una de las figuras políticas españolas de mayor proyección internacional, pasó del «OTAN no» a bombardear Belgrado como secretario general de la Alianza Atlántica. Su otro gran cargo internacional fue el de Mister PESC, alto representante del Consejo de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común entre 1999 y 2009. Los cargos europeos se caracterizan, en cuanto a remuneración, por estar bastante mejor pagados que los españoles. El de Mister PESC, con un sueldo base de 23.432,62 euros mensuales brutos, es el segundo mejor pagado tras el del presidente de la Comisión (24.874,62). Buceando en los estatutos europeos uno se encuentra que, al asumir el cargo, los miembros de la Comisión, como Solana en su día, «tienen derecho a una indemnización de instalación de dos meses de salario». Casi 50.000 de golpe para empezar a trabajar. Por otro lado, todos los gastos de los viajes a Bruselas y de mudanza son reembolsados por la Comisión.

Al margen del sueldo que percibió el exministro español, hay dos complementos mensuales: un 15 por ciento de su salario (3.515 euros) para el alquiler de una residencia y un plus de 911 euros para gastos de representación. Esto hace un importe de casi 28.000 euros al mes. Después de una década de trabajo a Solana le tocó dejar el cargo y, si para instalarte te dan dos meses de sueldo extras, para reasentarse le correspondió un mes de sueldo. Además, entre el 30 de noviembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2012 Javier Solana tendrá derecho a cobrar el subsidio de tres años como ex ministro de Exteriores de la Unión, el 65 por ciento de su sueldo, 15.231 euros al mes. Aquí hay un tope —menos mal— que fija lo siguiente: si el político accede a un nuevo puesto de trabajo, la suma de ese sueldo y la indemnización transitoria no debe ser superior a lo que cobraba como miembro de la Comisión. Es decir, cobrará el importe de la indemnización transitoria hasta completar los 23.432,62 euros. Si el interesado supera esa cantidad mensual en su nuevo puesto, no cobraría subsidio.

Pero hay más, porque desde el mismo momento en que el antiguo alto cargo cumple los sesenta y cinco años le corresponde una pensión vitalicia del 4,275 por ciento de su sueldo por cada año que haya estado en el cargo. Solana, que cuando cesó como Mister PESC ya superaba esa edad, tiene una asignación vitalicia del 42,75 por ciento de su sueldo, ya que estuvo diez años como alto representante. Esto es algo más de 10.000 euros al mes para el resto de sus días. Hasta noviembre de 2012 esta jubilación se solaparía con la indemnización transitoria, ofreciendo un total de 25.231 euros al mes. La jubilación europea es compatible con la española, por lo que Solana tendrá dos pensiones para su retiro.

Como decíamos, la transitoria se regula en función de los cargos remunerados del ex de turno, que no son pocos en el caso de Solana. El exministro de Cultura (1982-1988), exportavoz del Gobierno (1985-1988), exministro de Educación y Ciencia (1988-1992) y de Asuntos Exteriores (1992-1995) abre este capítulo dedicado a lo que hemos llamado «profesores y filántropos» porque actualmente preside el Esade Center for Global Economy and Geopolitic, de la conocida escuela de negocios de los jesuitas, Esade. Solana imparte la cátedra de Liderazgo y Gobernanza Democrática. Según un exministro compañero de Solana, el político madrileño se encargó personalmente de conseguir la financiación de esta cátedra tras pasar el cepillo por La Caixa y Repsol. Fue Solana quien montó la cátedra y quien eligió Esade y Barcelona para llevarla a cabo.

En sus actividades relacionadas con la enseñanza —es doctor en Ciencias Físicas— el prestigioso político también es profesor visitante Senior de la London School of Economics, que lo invistió doctor honoris causa, y distinguido senior fellow de la Brookings Institution (Washington), especializada en estudios económicos y políticos.

En su perfil filantrópico aparece la presidencia honoraria del Centro para el Diálogo Humanitario (Ginebra), la presidencia del Comité Ejecutivo del Instituto Global de Barcelona y los patronatos del International Crisis Group, del European Council on Foreign Relations y de Human Rights Watch, y del Real Patronato del Museo Nacional del Prado. También colabora con la Fundación Cidob, presidida por su excompañero Narcís Serra.

A través de otra fundación, la Henri Dunant —de la que es presidente honorario—, dedicada al asesoramiento en procesos de paz, hizo gestiones para el éxito de la Conferencia de Paz de San Sebastián, que precedió en 2011 el comunicado de ETA en el que la banda anunció el cese definitivo de la actividad armada. Para el gobierno de Zapatero elaboró en 2011 la Estrategia Española de Seguridad.

Al margen de todas estas actividades en los sectores de la educación y la filantropía, Solana también está haciendo caja aconsejando a empresas privadas. En 2009 la constructora multinacional Acciona lo fichó para su Comité Asesor, con una remuneración secreta¹²⁶, pero que sin duda supera los 50.000 euros anuales. Por otro lado, Solana también asesora a Indra, aunque en este caso no forma parte del Consejo Asesor, como Julián García Vargas, sino que hace trabajos puntuales. No figura en los papeles, su nombre no aparece en la página web de la compañía, pero podemos confirmar que trabaja para Indra. El exministro, que tiene muy buena relación con el presidente de la compañía tecnológica, Javier Monzón, le aconseja en temas de estrategia de seguridad, que suponen un tercio de la cifra de negocio de Indra, y pasa una minuta profesional por su trabajo en función de lo que le encarguen. A la compañía le viene de perlas esta asesoría pues, como decíamos en el epígrafe sobre García Vargas, Indra tiene al Estado como uno de sus grandes clientes. Precisamente Solana fue el elegido por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero para diseñar la Estrategia Española de Seguridad, un análisis de los riesgos y amenazas que afectan a España desde una visión global. Esta es la gran especialidad de Solana, que presentó su trabajo al rey en la reunión del Consejo de Defensa Nacional del 30 de mayo de 2011, cuando ya asesoraba a Indra en este mismo campo de la estrategia de seguridad. Por lo tanto, ahí anduvo a caballo entre lo público y lo privado. La de Solana es una vida de expolítico plena, bien remunerada y mejor pensionada.

El siguiente personaje guarda ciertas similitudes con el anterior: puesto representativo en las instituciones europeas con retiro dorado, asesoramiento a empresas privadas y distintos trabajos relacionados con el mundo de la universidad. Hablamos de Josep Borrell Fontelles, que antes de ser nombrado ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (1991-1996) se hizo popular como secretario de Estado de Hacienda al sentar en el banquillo a Lola Flores, acusada —y condenada— por fraude fiscal.

Cuando el PSOE elegía al cabeza de lista que se enfrentaría a Aznar en las elecciones generales de 2000 desafió al aparato oficial, que imponía a Joaquín Almunia. Forzó primarias y las ganó. Era abril de 1998. El cargo le duró apenas un año. Le explotó el escándalo del fraude fiscal cometido por dos de sus antiguos colaboradores en Hacienda, Ernesto de Aguiar y José María Huget. Los gerifaltes del partido le dieron la espalda, en la versión más buenista de los hechos, porque la otra parte dice que incluso se filtró la información desde dentro del partido para acabar con Borrell, que terminó presentando la dimisión.

Tiempo después de esta operación, con visos de canallada, el PSOE le compensó alzándolo a la presidencia del Parlamento Europeo, cargo que ejerció entre 2004 y 2007, aunque siguió como diputado hasta 2009. Según las fuentes consultadas, fue una salida negociada con el partido: me habéis jodido, pero me recolocáis.

Durante su mandato se aprobó el Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo, que recoge un salario de unos 7.000 euros mensuales, además de subvenciones para vivienda o dietas para los traslados y la libre elección de colaboradores remunerados por la institución. El texto nos muestra que hay funcionarios que aún ganan más, ya que fija la cuantía tomando como referencia para el cálculo de estos emolumentos el equivalente «al 38,5 por ciento del sueldo base de un juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas». Estos magistrados tienen ingresos similares al que le perteneció a Solana u otros miembros de la Comisión.

Al concluir su mandato el destacado miembro del PSC cobró una indemnización que se calcula con un mes de sueldo por cada año en el cargo. Serían cinco mensualidades, pero el estatuto fija un mínimo de seis y un máximo de veinticuatro, por lo que Borrell percibió medio año de sueldo: unos 42.000 euros. Desde los sesenta y tres años también ingresa la pensión vitalicia: el 3,5 por ciento del sueldo por cada año de ejercicio. Esto se traduce en una paga de unos 1.200 euros mensuales compatible con la jubilación española o con cualquier actividad económica.

Ya como expolítico, Borrell luce un prestigioso cargo académico, el de presidente del Instituto Europeo de Florencia, un centro educativo de investigación especializado en estudios de posgrado. Deberíamos decir expolítico entre comillas, ya que la institución depende de la Unión Europea. Es un cargo idóneo para el sofisticado Borrell, políglota, ingeniero aeronáutico, doctor en Ciencias Económicas, catedrático en excedencia, con varios master internacionales… Este brillante currículo académico no ha supeditado al personaje a tareas universitarias, sino que regularmente tiene que dejar las bellas colinas de Florencia para acudir a una de las actividades más repetidas por los protagonistas de este libro: sentarse en el Consejo de Administración de una empresa privada. En julio de 2009, nada más dejar el sillón de eurodiputado, Borrell fichó por Abengoa como consejero externo independiente de esta multinacional especializada en ingeniería e infraestructuras de generación eléctrica. Según las cuentas de la empresa a cierre de 2010, Borrell y los otros cuatro consejeros independientes —entre ellos el hermano del entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián— se repartieron 1.407.000 euros, 281.000 para cada uno. Estos ingresos, sumados a la pensión de Bruselas y al sueldo del Instituto de Florencia, alcanzan una cifra para Josep Borrell superior a los 300.000 euros anuales.

Además de Borrell, el Parlamento Europeo ha tenido como presidente a otro felipista, Enrique Barón Crespo, que ejerció el cargo entre 1989 y 1992, aunque como diputado ha estado más tiempo, doce años, entre 1986 y 2008. Barón fue el primer ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones del gobierno de Felipe González, cartera que mantuvo durante tres años. Como expolítico europeo le corresponden las mismas prebendas hace nada desgranadas. Y como Borrell en la actualidad sigue ligado a una institución pública comunitaria, la Fundación Europea para la Sociedad de la Información, de la que es presidente.

El político madrileño, doctor en Derecho y Economía, era profesor universitario a finales de la década de 1960 y activo militante de los movimientos que exigían democracia desde la clandestinidad, como la inmensa mayoría de los «hombres de Felipe». Tras su etapa dedicada a la política, actualmente está centrado en su profesión original, la enseñanza. Autor de una veintena de libros, ha sido catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha e imparte clases como profesor invitado en distintas universidades extranjeras, como La Sorbona, Harvard o Laussane.

Le dedica bastante tiempo, junto a su esposa, a una fundación que ya ha aparecido en estas páginas, la International Yehudi Menuhin, de la que es presidente y en la que coincide con el exministro de Defensa Julián García Vargas. Barón es uno de los representantes de esta generación que ha pasado más desapercibido. Si preguntáramos hoy en la calle nos encontraríamos con que una buena parte de la ciudadanía apenas sabe quién es, sobre todo los jóvenes. Sin embargo, algunos compañeros de hornada socialista lo ven como el tapado, uno de los más brillantes de aquellos gobiernos, «un tipo con siete u ocho idiomas, una máquina, un cerebro».¹²⁷

Uno de los currícula académicos más brillantes de esta generación es el del exministro de Educación (1982-1988) José María Maravall Herrero. El «descubridor» de Alfredo Pérez Rubalcaba, doctor en Derecho, ha impartido clases y elabora estudios para prestigiosas universidades, como Oxford, Harvard, la cátedra Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York (para la que Botín financió unos seminarios al juez Baltasar Garzón), el Instituto Universitario de Florencia (el que preside Borrell) o el Juan March de Madrid. Acumula un rosario de premios y presencias honoríficas en varias instituciones —como la Academia Americana de las Artes y las Ciencias—.

Maravall, jubilado desde 2008, protagonizó un breve paseo por la empresa privada después de su etapa en el gobierno. Entre 1992 y 1993 fue consejero de Serono España S. A., actualmente Merck Serono, la tercera mayor compañía biotecnológica del mundo. Está especializada en la fabricación de productos farmacéuticos en el área reproductiva, en el tratamiento de la esclerosis y en problemas de crecimiento. La matriz Merck tiene 40.000 empleados en todo el mundo.

Una buena parte de los exministros de Felipe González dedican parte de su tiempo a diversas entidades sin ánimo de lucro, pero no sólo a eso. Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, extitular de Administraciones Públicas (1991-1993) y de Industria y Energía (1993-1996) preside Solidaridad Internacional. La ONG, muy vinculada al PSOE, tuvo como presidenta a Leire Pajín antes de ser nombrada secretaria de Estado de Cooperación Internacional. El 90 por ciento de su presupuesto (15,5 millones de euros en 2010) proviene de las arcas públicas, distribuido de este modo:

—40,1 por ciento, Agencia Española de Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores).

—27,3 por ciento, comunidades autónomas.

—15,6 por ciento, ayuntamientos y diputaciones.

—13,1 por ciento, Unión Europea.

—3,8 por ciento, otros.

También ocupa la presidencia del Comité Asesor de la Fundación Alternativas, uno de los laboratorios de ideas del PSOE, donde están el citado Maravall, Gregorio Peces-Barba o Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo. También formaba parte de la institución Teddy Bautista, pero lo echaron cuando fue detenido por el fraude de la SGAE.

Entre las fuentes de financiación de Alternativas están Red Eléctrica de España (con exministros socialistas como Atienza, Boyer y Amador), Repsol (Croissier), Santander (Botín apuesta a todos los caballos), ICO (gobierno), Fundación Santillana (Grupo PRISA) o EADS-Casa. Esta última compañía nos da la entrada a la vena menos filantrópica del exministro, el asesoramiento a empresas privadas.

Eguiagaray dejó la política activa en 2002 y tres años después el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo colocó como consejero, precisamente, del consorcio aeronáutico europeo EADS-Casa, del que forma parte el Estado a través de la SEPI. Reelegido en 2007, cobra por su presencia en el Consejo de Administración como asesor económico 140.000 euros anuales, 80.000 de sueldo y 60.000 en dietas de compensación de asistencia, según reflejan las cuentas de la compañía.

Eguiagaray suma otros cargos remunerados en empresas privadas, aunque en estos casos las compañías no revelan la cuantía, ya que se trata de puestos de asesor, sin pertenecer al Consejo de Administración. Es el caso de Eptisa, que se dedica a la construcción de ferrocarriles y tiene un buen número de adjudicaciones públicas, por ejemplo en obras del AVE. El asesoramiento de un exministro siempre viene bien para las empresas que dependen en gran medida de los contratos públicos. Lo mismo ocurre con la multinacional Siemens que, entre otras cosas, fabrica las locomotoras de los trenes. Acude a las reuniones puntuales de la filial española pero, sobre todo, su trabajo consiste en asesorar a la empresa cuando esta lo necesita, a cambio de una cantidad secreta.

El exministro de Industria también aconseja a la filial española de Capgemini, una de las mayores empresas de consultoría del mundo, con unos ingresos globales de 8.700 millones de euros al año. En España trabaja para distintas administraciones públicas, por ejemplo en la puesta en marcha y mejora de sistemas de información y gestión de datos.

En el recorrido por sus actividades también lo encontramos a sueldo de las aseguradoras desde 2009 como presidente de la Iniciativa Pública y Privada de Unespa, un grupo consultivo creado por la patronal de las compañías de seguros. Unespa, que aglutina a casi la totalidad del sector, encarga estudios a este grupo, del que también forma parte José María Fidalgo y que estuvo presidido por el exministro Rodrigo Rato antes de que entrara en Caja Madrid. El comité de expertos elabora un informe anual. Para ello se reúnen unas ocho o diez veces en la sede de la patronal y cobran una dieta de asistencia «inferior a su caché como profesionales», dicen fuentes de Unespa. Elaboran sus estudios «con total libertad», pero la intención última de las compañías es «vender más seguros», que sus reflexiones sirvan para concienciar a los españoles de que no lleguemos a la jubilación con solo la pensión pública. Es decir, que le contratemos una pensión privada a Unespa.

Entre las actividades en empresas a las que ya no pertenece están los consejos asesores de Creation, Advising and Development (del área de Recursos Humanos) y Arco Valoraciones (tasación de todo tipo de bienes inmuebles) y el Consejo de Administración de Procesos Mecánicos Españoles (industria mecánica, siderúrgica y química). La conclusión que sacamos de este último personaje es que quizá debería haber sido ubicado en el bloque de los grandes asesores.

Hay otra entidad que colabora con la Fundación Ideas: la Fundación Carolina, una institución público-privada cuyas actividades se enmarcan en la cooperación cultural y científica entre España y Latinoamérica. Su directora es Rosa Conde Gutiérrez del Álamo, ministra portavoz entre 1988 y 1993, entre Solana y Rubalcaba.

Esta fundación, creada en el año 2000, se nutre de fondos públicos y cuenta en su patronato con distintas personalidades del Estado, desde el rey hasta el presidente del Gobierno y la mayor parte de sus ministros. Completa su presupuesto con las aportaciones de empresas privadas, representadas por sus máximos gestores, que tienen rango de vocal en Carolina. Está la crème de la crème de la gran empresa española: el presidente de Telefónica, César Alierta, el presidente del Grupo Santander Emilio Botín, el presidente del BBVA, Francisco González, el presidente de Repsol Antonio Brufau, el presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Endesa Borja Prado Eulate, el presidente de Gas Natural Salvador Gabarró, el presidente de ACS Florentino Pérez, el presidente de Sacyr-Vallehermoso Manuel Manrique, el presidente de El Corte Inglés Isidoro Álvarez, el presidente de Iberia Antonio Vázquez, el presidente de Agbar Ángel Simón Grimaldos, el presidente del Grupo Planeta José Manuel Lara, el presidente del Grupo PRISA Ignacio de Polanco, el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros Isidro Fainé, el presidente de Mapfre José Manuel Martínez, el presidente de Media Planning Group Leopoldo Rodés, el presidente de Abertis Salvador Alemany, el copresidente de Barceló Corporación Empresarial Simón Pedro Barceló, el vicepresidente ejecutivo de Abengoa José B. Terceiro, el consejero delegado y vicepresidente ejecutivo del Grupo FCC Baldomero Falcones y el vicepresidente primero y consejero delegado de Inditex Pablo Isla.

Los recursos de la fundación se utilizan para la concesión de becas de estudios, proyectos de investigación e intercambios culturales. Conde hace de puente entre el gobierno, las grandes empresas y varias instituciones educativas. El autor preguntó cuál es la remuneración de la exministra por llevar las riendas de esta institución que se nutre en parte —recuerden— de dinero público, además de tener al gobierno en su patronato. Obtuvo la callada por respuesta. El primer principio del código de conducta de la Fundación Carolina es la «transparencia».

Juan Sebastián Elcano

«La galleta que comíamos ya no era más pan, sino un polvo lleno de gusanos que habían devorado toda su sustancia. Además tenía un olor fétido insoportable porque estaba impregnada de orina de ratas. El agua que bebíamos era pútrida y hedionda. Por no morir de hambre nos hemos visto obligados a comer los trozos de piel de vaca que cubrían el mástil mayor a fin de que las cuerdas no se estropeen contra la madera... Muy a menudo estábamos reducidos a alimentarnos de aserrín; y las ratas, tan repugnantes para el hombre, se habían vuelto un alimento tan buscado que se pagaba hasta medio ducado por cada una de ellas... Y no era todo. Nuestra más grande desgracia llegó cuando nos vimos atacados por una especie de enfermedad que nos inflaba las mandíbulas hasta que nuestros dientes quedaban escondidos». Así narró las calamidades de la primera vuelta al mundo el cronista de la expedición, Antonio Pigafetta. En 1522 el marinero Juan Sebastián Elcano se anotó el honor de haber circundado el orbe terrestre bajo la dirección del portugués Fernando de Magallanes, que murió en un enfrentamiento con los nativos de Filipinas. Sólo dieciocho de los doscientos sesenta y cinco aventureros a las órdenes del rey Carlos I de España y V de Alemania¹²⁸ llegaron con vida a Sanlúcar de Barrameda después de tres años de penurias y escorbuto.

Hoy el Real Instituto Elcano honra la memoria del marino guipuzcoano. El presidente de la institución es Gustavo Suárez Pertierra, exministro de Educación (1993-1995) y Defensa (1995-1996) de la última y agónica legislatura de Felipe González. La fundación, que se financia con aportaciones públicas y privadas, se constituyó en 2001 como foro de análisis y discusión sobre la actualidad internacional, especialmente sobre las relaciones internacionales de España.

El político asturiano, doctor en Derecho, recuperó sus actividades de profesor universitario en el año 2000, en la Complutense y la UNED, además de su presencia como invitado en otras universidades. Compatibiliza sus tareas en el Instituto Elcano con la presidencia de la Fundación Oso de Asturias. Es uno de los pocos expolíticos de su generación que no ha dado el salto a la empresa privada.

Notas

126 La CNMV no obliga la retribución al tratarse del Consejo Asesor, no sólo la de la Administración.

127 Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entrevista con el autor.

128 Sacro Imperio Romano Germánico, para ser más exactos, pues aún no existía Alemania como tal.

V. Jubilados

La mayoría de los líderes socialistas de la etapa de Felipe González están en activo en sus respetivas tareas al margen de la política. Pero los años no pasan en vano y el lógico transcurrir del tiempo ha hecho que más de uno ya no tenga que pagar las medicinas cuando va a la farmacia. Pese a la jubilación, todos los protagonistas de este capítulo presentan actividades e historias dignas de ser investigadas y narradas, comenzando por José Barrionuevo Peña, que ha burlado a la muerte dos veces en solo un año. Lo que habría sido un sueño para la banda terrorista ETA, acabar con un ministro del Interior, máxime tratándose del único condenado por su implicación en la guerra sucia, ha estado a punto de conseguirlo un cáncer, primero, y una pancreatitis aguda después.

El expolítico ha sufrido uno de los cánceres más habituales en hombres de su edad, el de próstata. Se sometió a una intervención quirúrgica a finales de 2009 para eliminar el tumor, a cargo de un cirujano amigo suyo. Todo lo que podía salir mal, salió mal. La herida se infectó, se le inflamaron los testículos, le colocaron una incómoda sonda… Atravesó por una situación muy complicada. Además, a la gravedad de la enfermedad hay que sumar que se trata de una situación especialmente incómoda y desagradable. Afortunadamente las complicaciones posoperatorias remitieron y el exministro superó el cáncer.

Justo cuando se acababa de cumplir un año de esta traumática experiencia Barrionuevo estaba en su casa de Berja y comenzó a sentir un dolor horroroso, terrible y no relacionado con ningún tipo de dolor sufrido en el pasado. Su reacción fue la que suelen tomar equivocadamente los que no entienden de hipocondría, los que antes de llamar a una ambulancia tienen que estar en una situación tan límite que ni siquiera tendrían fuerzas de coger el teléfono. Como buen macho ibérico, dijo para sí: «Me tumbo un poco y ya se me pasará». En ese momento Pepe Barrionuevo no estaba acompañado por ningún miembro de su familia: habría estado solo de no ser por la milagrosa excepción de la señora de la limpieza, un ángel que ese día le fue a ver. Esta, asustada, llamó a la esposa de Barrionuevo, Esperanza Huélamo, que a su vez hizo una llamada al ambulatorio local. En unos minutos acudió una médico y le inyectó un calmante. Al comprobar que el dolor no remitía, la doctora avisó a una ambulancia, que trasladó al exministro al hospital de El Ejido. Diagnóstico, una pancreatitis, «que la puedes palmar, fue horrible»,¹²⁹ recuerda Barrionuevo.

Los médicos enseguida vieron de qué se trataba y la gravedad que entraña una pancreatitis aguda. La causante había sido una piedra que se desprendió de la vesícula y quedó atascada en el conducto que va hacia el páncreas, obstruyéndolo y provocando una tremenda inflamación. Trataron al paciente con antibióticos y le colocaron una sonda alimentaria, ya que no podía comer ni beber.

Entre los dirigentes del Partido Socialista saltaron todas las alarmas porque el suceso coincidió con las primarias del partido en Madrid. El 3 de octubre de 2010 la militancia madrileña elegía quién se iba a estrellar contra el muro de Esperanza Aguirre, a la que la metástasis de la trama Gürtel en sus filas no le iba a pasar factura electoral alguna. Barrionuevo, que pertenece a una agrupación de Madrid, no de Almería, tenía previsto acudir a las urnas para dar su voto a Tomás Gómez, al que había apoyado públicamente en detrimento de la ministra Trinidad Jiménez. En la agrupación causó una gran extrañeza la ausencia de Barrionuevo y la inquietud corrió como la pólvora en el PSOE hasta que el presidente del Congreso, José Bono, «que debe de tener un servicio de información interno muy bueno»,¹³⁰ llamó a Esperanza Huélamo. Esta le informó de la situación y Bono comenzó a movilizar a otros compañeros para traer a Barrionuevo a un hospital de Madrid. El presidente del Congreso entendió que el exministro estaba tirado en un pasillo de «un hospital de mierda», según dijo a su entorno, y no se podía consentir que una persona como Barrionuevo no tuviera las mejores atenciones. Bono llamó al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y se armó un revuelo importante, ya que los dirigentes del PSOE se enteraron de que el estado de salud de su compañero era muy grave. Griñán hizo las llamadas oportunas, se enteró de todos los detalles y contactó de nuevo con Bono. Le aseguró que pese a tratarse de un hospital modesto, había un buen equipo médico al frente y «Pepe estaba muy bien atendido».

Tras cuatro días muy duros en los que Barrionuevo lo pasó realmente mal, la enfermedad remitió y el páncreas volvió a su estado normal. El exministro es consciente de la suerte que tuvo, ya que una pancreatitis de estas características no admite medias tintas: o la vences o acaba contigo. Superadas con éxito las dos enfermedades que lo pusieron contra las cuerdas, Barrionuevo no pierde el sentido del humor y, en la charla con el periodista, se arranca incluso con un chiste ad hoc:

—Matías —dice el médico a su paciente—, ¿cómo vas?

—Pues doctor, de los huevos estoy muy mal —responde Matías.

—Hombre, Matías, no se dice de los huevos, se dice de los genitales —le recrimina el médico.

Al día siguiente Matías vuelve a la consulta y le dice a su médico:

—Doctor, de los concejales estoy bien, pero al alcalde no hay quien lo enderece.¹³¹

José Barrionuevo, consciente de la gravedad de las dos embestidas, se sabe afortunado. Para la otra enfermedad que le podría haber llevar a la tumba, la de ETA, sigue vacunado. Mantiene escolta —como todo exministro del Interior—, tanto en Madrid como en Almería (algo más rigurosa en la capital de España), aunque vive bastante tranquilo en este sentido ante la ausencia de planes o intentos por parte de los terroristas lo suficientemente elaborados como para temer por su vida, máxime en la coyuntura actual.

Entre Almería y Madrid

El matrimonio vive a caballo entre la localidad natal de Barrionuevo, Berja (Almería), y Madrid. En la capital de España conservan la vivienda que escrituró a su nombre Esperanza Huélamo en noviembre de 1986, cinco meses después de que Felipe González reeditara la mayoría absoluta de 1982 y con José Barrionuevo afrontando su segunda legislatura como ministro del Interior. Según datos del Registro de la Propiedad de Madrid número 5, para la compra del inmueble la esposa de Barrionuevo solicitó una hipoteca de 7 millones de pesetas (poco más de 42.000 euros), que seguramente no cubrió el cien por cien del precio de la vivienda. Se la concedió el Banco Hipotecario de España, una de las entidades financieras de propiedad pública que terminó fusionada en Argentaria y después privatizada y absorbida por el gigante Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Simplificando la operación y a modo de broma, podríamos decir que Carlos Solchaga, entonces ministro de Economía, le concedió el crédito a la mujer del entonces compañero y titular de Interior. De lo que no cabe duda es de la gran inversión que hizo Esperanza Huélamo, una mujer de carácter que da la impresión de mandar en casa más que el exministro. El piso cuenta con 273 metros cuadrados, nueve habitaciones y tres balcones a la calle. La zona es excelente, el barrio de Argüelles, en el corazón del distrito de Moncloa (obviaremos calle y número por motivos de seguridad). El valor actual de mercado alcanza el millón de euros. La finca data de 1946 y aún conserva en perfecto estado el ascensor de madera enjaulado, tan típico del Madrid más castizo.

El inmueble, de techos altos, presenta una decoración clásica y abundante. En el salón destaca una pared cubierta totalmente de pequeños cuadros —varios de ellos litografías— alineados en tres hileras, un jarrón de estilo chino, un teléfono antiguo y enorme y varias cajas de distintos tamaños, formas, colores y materiales —metal y madera principalmente— distribuidas en la mesa de centro, que posa sobre una alfombra de tonos rojos y anaranjados. No faltan varios libros y un cenicero.

La casa siempre está lista, ya que la pareja no pasa el verano en Berja y el invierno en Madrid, en largas estancias, sino que alterna cortos periodos de tiempo en ambos lugares. El exministro del Interior y de Obras Públicas heredó de sus padres una finca de 3.257 metros cuadrados en el paraje de Berja conocido como Bala Negra, donde disfruta de una pequeña y tranquila casa. En el jardín conserva una escultura realizada por Felipe González. En 2004 Barrionuevo y su esposa compraron otro terreno en el mismo lugar, de 2.900 metros cuadrados y con una casa de 85.

Durante un tiempo circularon algunos rumores que hablaban de una delicada situación económica de Barrionuevo, pero lo cierto es que el exministro nunca ha pasado apuros económicos. Más bien lo contrario, como iremos demostrando. Esa falsa información pudo deberse a que cuando Barrionuevo entró en prisión, el 10 de septiembre de 1998, asunto que abordaremos más adelante, el grupo parlamentario socialista pidió una derrama para que su familia recibiera el mismo sueldo que él ganaba en libertad. Todos los diputados aceptaron, menos dos. El exministro asegura que no sabe quiénes son esos dos «ni quiero»,¹³² remacha.

Barrionuevo, el político de la democracia de mayor rango que ha dado con sus huesos en una celda, apenas pasó tres meses entre rejas, debido a un indulto parcial y a la concesión del tercer grado, por lo que pronto se reincorporó a la que había sido su profesión, inspector de trabajo. Recordemos que ya gobernaba el Partido Popular, por lo que Barrionuevo trabajó a las órdenes de Javier Arenas, primero, y Manuel Pimentel, después, para los que sólo tiene elogios. El exministro del Interior estaba inhabilitado tras su condena, por lo que él mismo tuvo dudas de si podría regresar a su posición de funcionario previa a la entrada en política. Una consulta al Tribunal Supremo aclaró que esa inhabilitación sólo afectaba a funciones relacionados con Interior. De ahí que Barrionuevo recuperara el último cargo que tuvo cuando en 1979 salió elegido en Madrid en las elecciones municipales, subdirector general de Trabajo.¹³³

Así se reincorporó a su trabajo de funcionario, después de la Concejalía de Seguridad de Madrid con Tierno Galván, después de los Ministerios del Interior y de Obras Públicas, después de Segundo Marey, después de la guerra sucia, después del desmoronamiento del gobierno de Felipe González, después de la cárcel… Veinte años después, el hombre que siempre ha defendido su inocencia debió de sentirse como fray Luis de León el día que regresó a su cátedra de Salamanca en las postrimerías del siglo XVI, tras cinco años de cárcel por obra y gracia de la Inquisición, y espetó a sus alumnos aquella frase tan famosa: «Decíamos ayer…». El que fuera uno de los poetas más brillantes de su época quiso reflejar con su actitud el triunfo del bien ante las denuncias de otros académicos movidas por la envidia y por querer ocupar su puesto: le acusaron de traducir el Cantar de los cantares al castellano (romance), una lengua vulgar, y de preferir la versión hebraica del Antiguo Testamento a la traducida al latín, la Vulgata. Este paralelismo encaja —pese a alguna salvedad— con lo que hoy siguen pensando en el entorno de Barrionuevo y también en amplios sectores del Partido Socialista, como las siete mil personas que se dieron cita aquel 10 de septiembre de 1998 en la puerta de la prisión de Guadalajara para arroparle a él y a Rafael Vera, con Felipe González al frente. Despectivamente se ha recordado esa escena como el «corro de la patata». Ese día los que habían sido jefes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, los que perseguían a los malos para detenerlos y para que los metieran en la cárcel, los que habían ostentado los cargos de ministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad, Barrionuevo y Vera, entraban en prisión.

Fray Luis de León no llegó a ser condenado (pasó un lustro a la sombra por culpa de un proceso «judicial» interminable), mientras que la Sala II del Tribunal Supremo sí condenó al exministro, concretamente a diez años de prisión y doce de inhabilitación por el secuestro de Segundo Marey¹³⁴ a manos de los GAL y por malversación de caudales públicos, sentencia ratificada por el Tribunal Constitucional en 2001. Después recibió un indulto parcial.

El caso es que los amplios beneficios penitenciarios permitieron a Barrionuevo recuperar su puesto de trabajo. No el de ministro, claro, sino el de funcionario de carrera. Aunque lo que se dice trabajo, tenía más bien poco. Estuvo como asesor y aprovechó el tiempo para aprender a manejar el ordenador. Le enseñó la líder de Comisiones Obreras del ministerio, que tenía el despacho a su lado. Barrionuevo, que acababa de hacer en prisión sus primeros pinitos gracias a un ordenador que le regaló José Bono, no había tenido relación alguna con la informática en toda su carrera, como tantos de su generación. De hecho, cuando salió del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, el 12 de marzo de 1991, aún escribía a máquina. Hasta el punto de que después de su paso por la cárcel la cinta de la máquina de escribir que tenía en su casa se había secado. Ni corto ni perezoso, casi en el año 2000, Barrionuevo se presentó en la papelería Suances para comprar un recambio. Llevaba consigo el cartucho seco y cuando se lo mostró al dependiente, este, al ver la «reliquia» que traía consigo el exministro, le dijo: «¿Pero dónde va usted con eso?».

Dos millones y medio de euros en construcción

Desde 2008 José Barrionuevo está oficialmente jubilado. Podía elegir la pensión de expolítico (diputado y ministro) o la de funcionario y, como la cuantía era la máxima en ambos casos —34.970,74 euros al año, unos 2.500 mensuales en catorce pagas, según datos de 2011—, se quedó con la de inspector de Trabajo. Considera que esa ha sido su profesión y que lo de ministro fue más bien circunstancial. Mantiene su colegiación como abogado desde 1963. Actualmente todavía hace algún trabajo como letrado, principalmente arbitrajes o alguna mediación, pero nada que le suponga tener que pisar un tribunal. Guarda en secreto la identidad de sus clientes para no perjudicarlos. También tiene la titulación de Periodismo y, aunque no ha ejercido de juntaletras, sí ha escrito dos libros: José Barrionuevo. 2001 días en Interior (1997), unas memorias de esa etapa con prólogo de Felipe González; y Procesos políticos en España (2003), sobre la pérdida de imparcialidad de la justicia, en el que denuncia el proceso de los GAL echando mano de ejemplos históricos. Precisamente en este título hay un capítulo dedicado a fray Luis de León para denunciar el abuso de la prisión preventiva. El exministro también ha escrito una guía de turismo y gastronomía de la Baja Alpujarra.

Pero Barrionuevo también es empresario. De hecho atesora un patrimonio de 2.534.466,32 euros en su firma inversora y promotora Jeos Integral S. L. El exministro y su esposa, administradores solidarios, la crearon el 25 de febrero de 2005 y la domiciliaron en su residencia madrileña. Según la memoria de actividades de la empresa, «su objeto social es la compra, venta, explotación, administración y disposición de bienes inmuebles. El estudio, planificación, administración, gestión, análisis, desarrollo y promoción de empresas y actividades, la gestión de operaciones de transformación, fusión e integración de sociedades y la promoción de toda clase de operaciones y actividades inmobiliarias». De ahí que antes dijéramos que de apuros económicos, más bien ninguno.

Las cuentas de la promotora a cierre de 2009 detallan que la partida más significativa de los 2.534.466,32 euros de activos corresponde a inversiones financieras a corto plazo, concretamente algo más de 1,4 millones de euros. A esta importante cantidad invertida en productos bancarios hay que sumar 87.500 euros en efectivo. El otro gran activo de la sociedad del exministro y su esposa lo encontramos en el epígrafe «Terrenos y bienes», que suman 687.000 euros. La empresa, que declaró un beneficio de 21.517 euros a cierre de 2009 y una cifra de negocio de algo más de 138.000 euros, no tiene empleados. Es decir, funciona exclusivamente con las gestiones del matrimonio Barrionuevo-Huélamo. En cuanto a la situación fiscal, Jeos Integral mantiene una deuda con Hacienda de 92.347 euros. Si a los 2,5 millones de euros en activos de esta empresa sumamos las viviendas y fincas de la pareja antes relatadas, sólo el patrimonio inmobiliario del matrimonio Barrionuevo-Huélamo ronda los 4 millones de euros. Los tres hijos de la pareja también poseen inmuebles, algunos de ellos de herencia directa del padre de José Barrionuevo, que los legó directamente a sus nietos.

A través de Jeos Integral el exministro se metió en un pequeño lío. En mayo de 2005 Barrionuevo y su mujer se asociaron a Juan Antonio Galán, en ese momento un empresario más. Pero unos años después sabríamos que se trataba de una de las piezas clave de la trama de corrupción destapada en la operación Poniente, que desbarató una madeja política y empresarial destinada a esquilmar los recursos públicos del Ayuntamiento almeriense de El Ejido, de cuyas arcas podrían haber malversado unos 150 millones de euros. El empresario ingresó en prisión incondicional el 24 de octubre de 2009 y obtuvo la libertad bajo fianza de 300.000 euros en mayo de 2010. Está acusado por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Montserrat Peña, de los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias.

El entonces alcalde de El Ejido, Juan Enciso, que formó el PAL (Partido de Almería) tras ser expulsado del Partido Popular, y el interventor municipal, José Alemán, habían creado una trama alrededor de la empresa mixta de servicios municipales Elsur (30 por ciento del Ayuntamiento y 70 por ciento de una filial de Abengoa). Esta conseguía desorbitados contratos municipales y los repartía en subcontratas, entre ellas las de las empresas de Juan Antonio Galán, el socio de José Barrionuevo, que pagaban jugosas comisiones a los gestores del consistorio.

Según el sumario (hay más de sesenta imputados), los principales empresarios implicados, José Amate y el propio Galán, inflaban facturas con las que obtenían pingües beneficios. Los pinchazos telefónicos de la Guardia Civil demuestran que la trama político-empresarial gozaba de una amplia red de contactos políticos de todo signo, pero especialmente del PSOE andaluz.

Una de las empresas cuyo nombre se repite una y otra vez en los tomos del sumario de la operación Poniente es Multi Gestión Nuevo Ejido, propiedad de Galán y firma con la que se asoció el matrimonio Barrionuevo-Huélamo. Ambas partes crearon la sociedad Sclarea S. L., que está administrada por Jeos Integral y por la recién mencionada Multi Gestión Nuevo Ejido, una de las componentes de lo que los investigadores denominaron el «grupo Galán», cuyas firmas pagaban comisiones al interventor del Ayuntamiento a cambio de favores.

En honor a la verdad hay que dejar claro que Sclarea S. L., donde figura el exministro a través de su empresa, no está entre las empresas denunciadas en la operación Poniente, ya que su objetivo no tenía que ver directamente con la trama corrupta de El Ejido. El matrimonio Barrionuevo-Huélamo no pierde el tiempo en ocultar que guardan relación con uno de los principales imputados en la red corrupta, como demuestra el Registro Mercantil, pero matizan que no llegaron a hacer ningún negocio con Juan Antonio Galán. El expolítico y su mujer se asociaron a Galán, crearon la empresa común, Sclarea, pero insisten en que esta no ha tenido ninguna actividad: «La sociedad con Galán no ha funcionado para nada, no se ha hecho nada. La creamos en la época del boom inmobiliario pensando en hacer algo en energías renovables. Ojalá hubiéramos hecho algo».¹³⁵

Sclarea S. L. no ha sido liquidada. La empresa sigue inscrita en el Registro Mercantil de Almería¹³⁶ pero nunca ha presentado cuentas, de ahí que sea imposible comprobar si ha tenido algún tipo de movimiento. De hecho el Registro Mercantil de Almería procedió al cierre de hoja de Sclarea S. L. por falta de depósito de cuentas dentro del plazo establecido (ya lleva más de cinco años de retraso). Esto significa que los administradores de la firma no pueden inscribir en el Registro documento alguno de la sociedad, salvo el cese de administradores u otros cargos, al tiempo que podría afrontar una sanción económica.

Sclarea S. L., constituida con el capital social mínimo, 3.100 euros, conserva su domicilio social en un bajo del número 157 del Paseo de las Lomas, en El Ejido. Además de esta asociación «sin frutos» con uno de los cabecillas de la trama, el nombre de José Barrionuevo apareció varias veces en las intervenciones telefónicas y hasta fue escuchado directamente por los investigadores de la Guardia Civil. El entonces interventor del Ayuntamiento almeriense, José Alemán, identificado como el cerebro de la trama corrupta, aseguró en dos llamadas que «Barrionuevo es el intermediario nuestro», refiriéndose a un negocio para la adjudicación del mármol que recubriría la fachada de El Corte Inglés de El Ejido. El objetivo era que la cadena de grandes superficies comerciales encargara el trabajo a «Tino», un empresario almeriense dedicado a la extracción y transformación de piedra natural.

En una de las citadas conversaciones, el interventor del Ayuntamiento le dice a Tino que cenó «la otra noche con Barrionuevo y me dice que él ha estado con Isidoro Álvarez [presidente de El Corte Inglés] en Marbella cenando […] y me ha dicho que es a una empresa de Tino a la que se le ha adjudicado». En el mismo contexto los guardias civiles tuvieron que quedarse asombrados cuando escucharon la voz del que fuera su jefe máximo. El juzgado había autorizado la intervención del teléfono de Juan Antonio Galán, que se comunicó con su socio Barrionuevo, quien aprovechó para pedirle trabajo para su hijo Pablo:

José Barrionuevo: A Tino sí. Me ha dicho que se lo dan a Tino y que dos terceras partes de la piedra es local, es de Lubrín me ha dicho... Que también en la planta baja y en los accesos a los ascensores y en todo eso también meten piedra de esta. Y donde no meten, que dice que es mucho trajín y mucho tal, es en el supermercado, que me ha dicho que ponen granito, y que en Almería no hay granito. Pero bueno, que dos terceras partes de la piedra que van a emplear para las partes digamos más visibles, nobles, de la fachada, de la entrada, de los vestíbulos, y de tal, es piedra de Lubrín y que es de Tino.

Juan Antonio Galán: Vale, vale.

J. B.: Así que apúntate el tanto.

J. A. G.: En eso estamos, voy a decírselo.

J. B.: Bueno, y luego, cuando... Dame retorno porque luego te quiero hablar de mi hijo Pablo. A ver, que viene de Cuba. A ver si te lo mando para que lo entrevistes, porque yo quisiera, aunque nosotros tengamos que cooperar, pero ya fijarlo y que se meta en el mundo del trabajo, ¿eh?

J. A. G.: Vale.

J. B.: Aunque nosotros tengamos que ayudar, pero que empiece. Que empiece y se vaya ya «placeando» y se vaya... Pero bueno, luego lo comentamos.

Finalmente parece que no consiguieron su objetivo y El Corte Inglés no encargó el trabajo a Tino. Barrionuevo reconoce su intervención y sostiene que no hizo nada malo: «Yo dije que haría lo que pueda para Tino porque conozco gente en El Corte Inglés. Si me piden echar una mano en Almería, si puedo, lo hago».¹³⁷ Es más, preguntado por los principales imputados de la operación Poniente, el exministro se permite incluso defender a los imputados y criticar la actuación del juzgado y de la Guardia Civil: «Los conozco, empezando por el alcalde, y tengo buena impresión de él y me parece que ha sido una desmesura lo que se ha hecho. Nada más».¹³⁸

La única empresa en cuyos órganos de dirección figura José Barrionuevo es la mencionada Jeos Integral S. L., que administra de forma solidaria con su esposa. Ella, Esperanza Huélamo, sí aparece en otras dos empresas. Se trata de Triangucam S. L. y Grupo Firmitas Gestión Cuatro S. L. La primera se dedica a fines inmobiliarios, desde la construcción hasta la asesoría, y a la gestión de explotaciones agrícolas y de concesiones administrativas. Huélamo es administradora mancomunada junto a un socio de nombre Miguel Ángel Gorrochategui Múgica. Triangucam sólo tiene 2.176,69 euros en activos y declaró pérdidas de 597,90 euros a cierre de 2009. En cuanto al Grupo Firmitas, cuyo objeto social es el «asesoramiento en inversiones de capital mobiliario e inmobiliario», no ha presentado cuentas, pese a que fue creado en 2005. En este caso la esposa del exministro también es administradora mancomunada junto al promotor Emilio Rincón Bautista, dueño de varias empresas, entre ellas la constructora madrileña Grupo Compás Gestión.

Vemos que el matrimonio se ha especializado en temas inmobiliarios. De hecho, llegaron a echarle una mano al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que este alquilara la vivienda que posee en la localidad almeriense de Vera. Otros ilustres socialistas han elegido el municipio, famoso por sus 7 kilómetros de plácidas playas, para disfrutar de sus vacaciones. Por Vera pasan o han pasado en fechas estivales Javier Solana, Joaquín Almunia y Manuel Marín.

Entre los compañeros con los que Barrionuevo sigue manteniendo un contacto fluido están José Luis Corcuera —su sucesor en Interior—, Julián García Vargas —exministro de Sanidad y de Defensa— y Carlos Romero, el que fuera titular de Agricultura entre 1982 y 1991, al que Barrionuevo califica como «mi favorito»,¹³⁹ al que guarda un cariño especial y con el que se ve siempre que puede. En su día a día, uno de los «trabajos» de Barrionuevo es ir al médico para vigilar los problemas de salud que superó. En Berja se entretiene con actividades propias de jubilado, como trabajos manuales, jardinería e incluso algo de agricultura básica. Y con sus dos nietos, por supuesto. En Madrid ocupa su tiempo atendiendo los asuntos de Jeos Integral, la empresa conyugal sometida a una auténtica vivisección en este capítulo, lee la prensa (El País es su periódico preferido), escribe, da algunos paseos —menos de los que le gustaría— y de vez en cuando compra mapas en la librería que hay frente a su casa, pues siente pasión por la geografía, su asignatura preferida durante el bachillerato. Debe llevar esta afición en el rostro, ya que en el retrato que le pintaron como ministro de Transportes, encargado a la galería Marlborough, de la que fue directora la actual mujer de Francisco Álvarez Cascos, María Porto,¹⁴⁰ el autor le puso de fondo unos mapas «porque le iban bien». También procura echarle una mano a sus hijos en lo que puede, sobre todo a los abogados, Marta y Pablo. La primogénita no parece necesitar mucha ayuda, pues es apoderada de varias empresas de primer nivel del grupo Gas Natural —Fenosa, entre otras—. En cuanto a Pablo, el benjamín, para el que pidió trabajo en el pinchazo telefónico de la operación Poniente, le apasiona la fotografía por encima de la abogacía. El periodista puede dar fe de que saca unas instantáneas magníficas, que sus padres muestran con orgullo, entre ellas la de un plástico de invernadero almeriense enredado en una madera, un desperdicio convertido en una pequeña obra de arte. Pero Pablo no ha tenido suerte, de momento, para dedicarse profesionalmente a la fotografía, al margen de reportajes de bodas y otros eventos. El tercer hijo, el mediano, Nacho, es arquitecto.

«Sólo existe el pasado»

A José Barrionuevo no le gusta hablar del pasado, pero siempre que puede cita una frase del escritor argentino Jorge Luis Borges: «Sólo existe el pasado». Pese a que este libro-reportaje no versa sobre el pasado, sino sobre el presente de esta controvertida generación de políticos, en ocasiones conviene echar la vista atrás para, paso a paso, arrojar luz sobre algunos oscuros episodios, como el de la guerra sucia y su repercusión en el presente.

Barrionuevo ha sido el ministro del Interior que más tiempo ha ocupado el cargo, seis años (1982-1988). Durante su etapa la banda terrorista ETA asesinó a casi cuatrocientas personas. En ocasiones, cuando Barrionuevo volvía a Madrid tras los funerales de policías o guardias civiles, tenía que regresar al País Vasco porque ETA había vuelto a matar. Cuando se le interroga sobre los asuntos más vergonzantes de la guerra sucia, el exministro, camisa azul claro levemente remangada, chaleco de punto oscuro y zapatillas de casa, se apoya rígido en el respaldo de la butaca de madera clásica, tapizada en verde, en la que está sentado y, con la mirada perdida en el infinito, elude la pregunta, aunque siempre manteniendo la cordialidad e incluso cercanía. Incómodo, pero sin sobresaltos: «Los GAL no eran más que unas siglas y detrás no había nada. Es inútil seguir hablando de ello. Eran unas siglas vacías y ya he pasado página», dice. Sí quiere recalcar que el terrorismo de Estado «no empezó con nosotros y sí acabó con nosotros, pero mi postura nunca ha sido la de “otros también” [en referencia al gobierno de la UCD de Adolfo Suárez], sino la de “nosotros tampoco”».¹⁴¹

A sus hijos les tiene dicho que los generales que mandaban en el Ejército y en la Guardia Civil en su época al frente de Interior «todos habían hecho la guerra con Franco, en el bando de Franco, hasta los que corrieron riesgos a favor de la democracia, y en la Transición no se depuraron los cuerpos policiales y militares».

Barrionuevo fue condenado por una única acción de los GAL, la primera que reivindicó el grupo terrorista recién bautizado: el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey. La noche del 4 de diciembre de 1983 dos mercenarios franceses lo confundieron con el miembro de ETA Mikel Lujúa. Llamaron al timbre de su casa en Hendaya (Francia), lo metieron por la fuerza en un vehículo, le colocaron un esparadrapo en la boca y una capucha en la cabeza y se lo trajeron a este lado de la frontera. Lo encerraron en una cabaña sin agua corriente ni luz en Cantabria y lo liberaron tras diez días de cautiverio que le provocaron lesiones irreversibles.¹⁴² Felipe González a esto le llama «detención». De hecho, en la entrevista que publicó El País el 7 de noviembre de 2010, el expresidente se despachó de este modo: «A Segundo Marey lo salva la orden de Pepe Barrionuevo para que lo suelten cuando se entera de que está detenido».¹⁴³

A continuación siembra la duda sobre la inocencia de Marey: «Nadie ha estudiado ni va a estudiar por el momento, ni yo lo pido, qué era o qué significaba Marey en la cooperativa de Bidart…».¹⁴⁴ Resumiendo, no estaría tan mal «detenido» porque igual había hecho algo. Palabra de expresidente del Gobierno. Según todas las fuentes consultadas, del máximo nivel, Felipe González no pronunció ninguna de sus palabras al azar. González es un maestro en el uso del lenguaje y mide lo que dice según el efecto que quiere conseguir. Además, antes de la publicación, el diario El País le remitió la entrevista completa, realizada por el escritor Juan José Millás, para que González diera su visto bueno. Dijo «detenido» en vez de «secuestrado» con toda la intencionalidad y conocimiento posibles.

Unos meses antes del secuestro de Marey ETA había raptado al capitán de Farmacia Martín Barrios, un hecho que impulsó a varios altos cargos de Interior y el CESID a contraatacar. Barrionuevo y Rafael Vera autorizaron el secuestro de un etarra en el sur de Francia para sacarle información sobre el paradero de Martín Barrios. El elegido fue el miembro de ETA Político-Militar José María Larretxea Goñi. Pretendían capturarlo en Francia, traerlo a España y sacarle información sobre el paradero del militar o bien canjearlo por él. Pero la operación salió mal. El inspector de policía y los tres geos enviados a esta misión fueron detenidos por gendarmes franceses y los terroristas ejecutaron al capitán Martín Barrios al día siguiente. Para esta operación frustrada el subcomisario José Amedo consiguió, gracias a un otorrinolaringólogo de Bilbao, un anestésico que el médico robó de un botiquín sin saber exactamente para qué lo necesitaba el policía. Iban a inyectárselo a Larretxea Goñi para facilitar su traslado a España. Los tribunales demostraron que esta operación fue autorizada por la cúpula de Interior. Vera aún hoy está seguro de que esta acción ilegal habría sido ampliamente aplaudida «si con ella hubiéramos salvado la vida de Martín Barrios».¹⁴⁵

Tras el asesinato del militar los implicados en la guerra sucia decidieron un nuevo secuestro, el de Mikel Lujúa, pero esta vez sin la participación de funcionarios españoles, sino encargando el trabajo a personajes reclutados en el mundo del hampa, que terminaron raptando por error al comercial francés, como decíamos. Finalmente Segundo Marey se libró de un par de tiros y un enterramiento en cal viva, como propusieron algunos, lo que González interpreta como un mérito de Barrionuevo sin plantear que quizá lo más conveniente, y desde luego lo más justo, era no haberlo secuestrado. El entonces ministro de Interior, condenado por autorizar el secuestro y la financiación del mismo, despacha este asunto de forma lacónica:

—Mi juicio fue legal pero no fue justo. Yo personalmente no le causé ningún daño a Segundo Marey. Ni lo induje¹⁴⁶ ni lo mantuve.

—¿Supo del secuestro y ordenó su liberación cuando otros decían que había que matarlo?

—Eso no lo he dicho yo y ya he pasado página. Además, ¿no íbamos a hablar del presente? Yo creo que del pasado ya basta. Del pasado me gustan más otras cosas, como haber introducido el ancho internacional del ferrocarril en España, haber lanzado el primer satélite de comunicaciones, que se hizo en mi etapa,¹⁴⁷ o la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que también se hizo en mi época.¹⁴⁸

En cuanto a la paradoja que Barrionuevo utiliza para referirse a la legalidad del proceso judicial al que fue sometido, pero en el que, opina, no se hizo justicia, el exministro recuerda que muchos amigos y compañeros le decían continuamente a él y a Rafael Vera que no tenían que entrar en prisión. Él les respondía que «aunque siempre defendimos la legalidad y era injusto que nos metieran en la cárcel, la sentencia que nos condenó era legal y teníamos que dar ejemplo». Una vez en prisión el exministro no se vio afectado físicamente pero sí se sintió humillado. Le dolió especialmente una escena que vivió en el penal de Guadalajara: el entonces presidente de la Junta de Extremadura y gran amigo de ambos, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, fue a visitarlos y rompió a llorar. El político extremeño envió un buen jamón a la mujer de Barrionuevo y le dijo: «Verás que para cuando os lo terminéis, Pepe sale de la cárcel». «Pero tuve que enviar alguno más»,¹⁴⁹ recuerda.

Hay un hecho significativo: desde que recobró la libertad y hasta la actualidad, Barrionuevo nunca ha tenido altercado alguno en la calle, jamás, no se le ha acercado nadie para reprocharle nada relacionado con su condena. Más bien todo lo contrario: la gente lo reconoce por la calle y se le acerca de forma afectuosa. De hecho, en muchos restaurantes o en alguna taberna a la que entra con su mujer a tomar una cerveza se las ha visto y se las ha deseado para que le dejen pagar. Se refiere obviamente a los lugares por los que se mueve: Madrid, Berja (en su pueblo es una celebridad y tiene una calle, la avenida de José Barrionuevo Peña) y Barcelona, donde ha ido habitualmente por trabajo. Bien es cierto, como apunta el senador Iñaki Anasagasti, que «igual en Bilbao o en San Sebastián no iba a encontrar tanto afecto».¹⁵⁰ Pese a importantes excepciones, es indudable que una porción muy significativa de la ciudadanía siente muy poca pena por un terrorista muerto por orden de un Estado. Por muy antidemocrático que sea es muy común escuchar frases como que «los GAL fueron una chapuza, pero si se hubiera hecho bien…». Electoralmente lo que encabronó al votante es que se llevaran la pasta de los fondos reservados y que el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, esquilmara las arcas públicas en su propio beneficio.

Un inciso: Roldán se volvió literalmente loco por el dinero de todos cuando se lo ponían en bandeja y veía lo fácil que era echar mano de una parte. Su obsesión llegó a tal punto que protagonizó escenas rocambolescas para alguien de su cargo. En una ocasión se pegó un homenaje con varios altos cargos y amigos del PSOE y del gobierno en una marisquería. No era una comida oficial, sino más bien una reunión de colegas. Tras dar cuenta de una cantidad indescriptible de gambas, cigalas y otros frutos del mar, decidieron pagar a escote. Cada uno puso lo suyo y Roldán dijo: «Yo voy a pagar con tarjeta, así que pago toda la cuenta y me quedo lo que habéis puesto vosotros». Algo normal si no fuera porque pagó con la tarjeta oficial, cargando la comida al erario público y metiéndose en la saca lo que habían puesto sus compañeros.

Tras esta anécdota, reveladora y mucho más grave de lo que pueda parecer, continuamos con lo que ahora nos ocupa. Por políticamente incorrecto que suene, la aberración del crimen de Estado, el «ellos nos matan, nosotros los matamos», ha sido bastante bien tolerada en el ideario colectivo. Pero no sólo entre la ciudadanía. El Partido Popular hizo bandera de la lucha contra el crimen de Estado hasta que Aznar consiguió la victoria electoral de mayo de 1996, pero años antes Manuel Fraga le aseguró a Felipe González que «nosotros no utilizaremos este tema de forma electoral», asegura uno de los protagonistas de este libro. Es más, el Barrionuevo ministro del Interior protagonizó más de un paseo triunfal por el Congreso de los Diputados, donde la oposición lo llegó a vitorear: «Cuando pasó todo lo que pasó después, con los juicios a los que fui sometido por mi etapa como ministro, he de decir que a mí el PP me aplaudía cuando era ministro del Interior. Uno de los problemas que tenía en mi propio partido era que el PP me aplaudía demasiado cuando intervenía en el Congreso. A veces los parlamentarios de mi grupo tenían que aplaudir cuando no lo tenían previsto porque aplaudían los del PP. Después ya vimos».¹⁵¹

El 18 de octubre de 1995 el Senado aprobó por un solo voto la creación de una comisión para investigar la guerra sucia, en la que tendría que comparecer toda la cúpula de Interior y hasta Felipe González. Duró veinticuatro horas. El PP la finiquitó. El motivo, tres dirigentes populares, entre ellos Rodolfo Martín Villa y José Miguel Ortí, que habían formado la cúpula de Interior en el gobierno de la UCD, se reunieron con el general Sáenz de Santamaría, uno de los llamados a comparecer. Rafael Vera, exsecretario de Estado de Seguridad y condenado por su participación en la guerra sucia, recuerda lo que sucedió en esa cita: «El general Sáenz de Santamaría les dijo —yo conozco perfectamente lo que pasó en esa reunión—: “Yo voy a hablar de esto porque me han citado y tengo que decir la verdad, pero también voy a decir lo de antes”».¹⁵²

Tal fue el punto y final a la comisión que debía investigar políticamente el terrorismo de Estado. Entre los condenados y su entorno sigue causando malestar que mientras unos iban a la cárcel, algún otro, como Martín Villa, fuera nombrado en 2004 presidente de Sogecable por el editor Jesús de Polanco, propietario del Grupo PRISA.

Al final un único ministro pasó unos cuantos días a la sombra. Pese al oprobio personal que supone este episodio, José Barrionuevo, a la hora de hacer balance, oteando el pasado desde su butaca de jubilado, no se considera para nada un hombre sin suerte: «Me he equivocado en decenas, centenares de cosas, pero el saldo es positivo. He tenido una vida interesante y positiva, una vida familiar grata, estoy rodeado de afecto. Una vida feliz».¹⁵³

Rafael Vera, la contextualización de la guerra sucia y lo que falta por contar

«Lo que me han hecho es una canallada, me han robado, es un atraco del Estado. No estoy bien, estoy muy afectado, ahora no puedo seguir hablando». Estas palabras las pronunció Rafael Vera el 26 de julio de 2011 en una conversación telefónica con el autor de este libro. Su voz era tenue, apagada, fluía entre el desánimo. Sólo unas semanas atrás el Estado había conseguido apropiarse de la finca El Relumbrar, que los tribunales adjudicaron a la administración en 2004 tras considerar que había sido adquirida por el exsecretario de Estado de Interior utilizando dinero sustraído de los fondos reservados y a su suegro como testaferro. Los herederos de Enrique Esquivias, entre ellos la esposa de Rafael Vera, no tuvieron más remedio que entregar la propiedad, una explotación agraria y ganadera situada en Alpera, en la provincia de Albacete. Se trata de 627 hectáreas de terreno que cuentan con doce construcciones industriales y edificios, incluida una vivienda principal y otras tres aledañas. El conjunto está valorado en varios millones de euros. Según la acusación, Vera también utilizó cantidades sustraídas de los fondos reservados para invertirlas en los inmuebles de la finca. El suegro de Rafael Vera compró el terreno en 1989 a la sociedad Edificación, Promociones Inmobiliarias y Chalets Adosados S. A. (Epicasa), de la que era administrador único Juan Luis Vera, hermano del entonces político. Escrituraron la compraventa en 25 millones de pesetas, 5 más de lo que le había costado a la sociedad dos años antes, aunque la sentencia refleja que estas cifras son inferiores a las reales.

El exsecretario de Estado de Seguridad sí conserva la finca La Berzosilla, en Torrelodones (Madrid), en la que tiene su residencia, pese a que los tribunales consideraron que este inmueble también había sido adquirido a cargo de los fondos reservados. El Tribunal Constitucional suspendió en diciembre de 2009 la ejecución de la sentencia de desalojo y decomiso dictada por el Supremo: «El desalojo forzoso del recurrente del domicilio que ocupa desde hace más de veinte años supone un perjuicio difícilmente reparable en su integridad y, por tanto, suficiente para justificar la suspensión dado el natural y prolongado arraigo del recurrente en el mismo, en cuyo entorno tiene organizadas sus relaciones sociales». Así, el Constitucional consideraba que es preferible no echar de su casa a una familia aunque ese inmueble haya sido adquirido mediante la comisión de un delito.

El Supremo había confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a Vera en 2002 a 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación y ordenó el embargo y venta de todos los inmuebles a su nombre para reintegrar los casi 4 millones de euros que fueron sustraídos de las arcas del Estado entre 1984 y 1993, el famoso caso de los fondos reservados. El tribunal estimó que Vera había sustraído para sí mismo unos 840.000 euros y había repartido más de 3 millones a cuatro de sus subordinados: el exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán; el exdirector general de la Policía José María Rodríguez Colorado; el exjefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista Francisco Álvarez, y el exgobernador civil de Vizcaya Juan Ignacio López. Fueron absueltos los dos jefes de Rafael Vera, José Barrionuevo y José Luis Corcuera.

Entre los que fueron sus compañeros y en históricos líderes socialistas hay toda una corriente que identifica a Rafael Vera como un hombre perseguido por el Estado y que califica como «una gran injusticia» las medidas judiciales dictaminadas en su contra. Joaquín Leguina muestra poco respeto y ninguna confianza hacia los tribunales y afirma, sin tapujo alguno, que tanto Barrionuevo¹⁵⁴ como Vera «fueron condenados sin pruebas y hay votos particulares en la sentencia de jueces de prestigio que lo dicen claramente».¹⁵⁵ El propio Barrionuevo comprende que quien fuera su número dos esté tremendamente dolido, ya que: «A nadie se le ha perseguido con la saña con la que se le ha perseguido a Rafael Vera. Propiedades que eran de sus suegros consideraron [los jueces] que eran suyas, que el suegro era su testaferro y se las incautaron. Resulta que la mujer de Vera no es hija única, tiene otros hermanos, que ni siquiera pudieron defenderse porque ninguno de ellos fue parte en los juicios».¹⁵⁶

A la pregunta del periodista sobre la profesión de ferretero, a priori humilde, del suegro de Vera, el exministro puntualiza: «Sí, ferretero, pero tenía una ferretería que entre sus clientes estaba, por ejemplo, la red de Paradores del Estado». El sucesor de Barrionuevo al frente del Ministerio del Interior, José Luis Corcuera, se expresa en el mismo sentido pero con mayor vehemencia: «Es una canallada desde todos los puntos de vista. La sentencia dice que el suegro de Rafael Vera era su testaferro. Entonces, ¿cómo es posible que no le llamaran ni a declarar? ¿Cómo es posible que el que según la sentencia es el testaferro no estuviera sentado en el banquillo y condenado? Mira, yo fui a conocer a la familia de Rafael Vera a las pocas semanas de mi nombramiento como ministro porque tenía que decidir quién seguía trabajando conmigo, como ocurrió con Vera. Fui a su casa una tarde-noche de julio de 1988 y recuerdo perfectamente que había un Fiat y un Mercedes verde oliva. La casa era de un porte bastante espectacular y yo mismo cuando entré dije: “¡Coño, qué casa!”. Y allí estaba su suegro. Estuvimos tomando una cerveza y me dijo que la casa era suya. Los suegros de Vera se montaron en el Mercedes y se fueron. Le dije a Rafa que creía que el Mercedes era suyo y me contestó: “No, el mío es el Fiat”. Eso es lo que yo sé, lo que yo he vivido, que no tiene nada que ver con lo que he oído o lo que he visto escrito».¹⁵⁷

A Corcuera sólo le falta dar puñetazos sobre la mesa para defender con mayor fuerza la honorabilidad de Rafael Vera. Ni el propio Vera se defiende con tanto ahínco: «Yo me siento inocente en todos los casos. Si a mí se me tiene que juzgar de la misma manera que a otros, si los demás son inocentes, yo también lo soy, en la misma medida. No escurro el bulto; cuando he tenido que dar la cara, sobre todo de mi responsabilidad hacia abajo, a todos mis subordinados los he cubierto porque era lo honesto. Si hicieron algo incorrecto, sentían que estaban cumpliendo órdenes y había que cubrirles. Hacia arriba que cada uno asuma su responsabilidad si quiere. Yo sé lo que hice, lo que dejé de hacer y lo que no me pareció que no debía de hacerse. Lo critiqué en su momento y lo puse de manifiesto donde había que ponerlo de manifiesto».¹⁵⁸

Por su parte, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, buen amigo de Vera, aporta un dato que, a su juicio, corrobora que el exsecretario de Estado de Seguridad no conserva maletines bajo la cama: «Para el recurso a Estrasburgo,¹⁵⁹ que costaba 2 millones de pesetas, ha habido que poner dinero, porque Rafa no los tenía».¹⁶⁰

Los hechos probados que refleja la sentencia del caso de los fondos reservados, sea esta del total agrado de unos y desdeñada por otros, hablaron con rotundidad. Gracias al recurso de amparo que interpuso, el exsecretario de Estado de Interior salvó, de momento, su casa de Torrelodones, en la sierra madrileña, donde hace una vida de jubilado, aunque con algunas particularidades que iremos desgranando.

Le ha quedado una buena pensión, la máxima, aunque en realidad son dos, la pública de derechos pasivos y la de la Seguridad Social. Juntas hacen unos 2.300 euros netos al mes, con sus correspondientes pagas extraordinarias. Antes de cumplir los sesenta y cinco años estaba dado de alta como autónomo e hizo unos cuantos trabajos de asesoramiento a empresas y a algún banco en materia de seguridad. Se comprometió con sus clientes a no revelar el nombre de estas empresas, para no perjudicarlos. Sospecha que lo contrataron «más para hacerme un favor que por mis capacidades».¹⁶¹

Por supuesto, disfruta de su familia, de su esposa, de su hija pequeña, que estudia en Madrid tras cursar el bachillerato en Estados Unidos, de su hijo mayor y de su nieta. Por desgracia, la calamidad, el infortunio, la tragedia en lo estrictamente familiar, ha golpeado dos veces a Rafael Vera y a los suyos con sendos latigazos del destino que dejan una marca indeleble hasta en el alma. En marzo de 1988 su hijo Alberto Enrique falleció en un accidente de moto al chocar contra un autobús en el carril lateral de la A-6, cerca del domicilio familiar. Tenía dieciséis años. Veintidós después, en 2010, Vera perdió a un nieto, vástago de su primogénito. El niño, de tan sólo cinco años, estuvo más de un año luchando contra un tumor cerebral, sometiéndose a quimioterapia, examinándolo un médico tras otro. Al final, «el pobrecito se nos fue», suspira el abuelo. Sobran todas las palabras para calificar estos sucesos, porque de nada serviría la tinta esparcida por un extraño. Por ello continuamos con otros aspectos del presente de Rafael Vera. Fuera de su ámbito familiar tiene un grupo de amigos con los que sale a pasear a diario. Si el tiempo acompaña se atreven con las sierras de Malagón, Guadarrama y los Montes Carpetanos. Si no, se conforman sin subir a las alturas. Para el exsecretario de Estado estos son «mis amigos de verdad, sin política en medio, sin intereses», dice. Apenas mantiene contacto con sus otrora compañeros de aventuras y desventuras políticas, de los que se ha alejado bastante: «En política no se hacen amigos y en Interior, menos», sentencia. «En realidad no éramos amigos, éramos solidarios por la tragedia que vivíamos, eso no era amistad», añade. Pese a la falta de amistad sí hay una buena y esporádica relación con sus excompañeros, exceptuando tajantemente a algunos como Luis Roldán y Julián Sancristóbal. Algún día, muy de vez en cuando, sí queda a comer con los que fueran sus jefes directos, José Barrionuevo y José Luis Corcuera. «Charlamos, reímos, lloramos… Apenas nos llamamos», dice con el semblante nostálgico.

Ya no está afiliado al PSOE y no quiere saber nada de política, ya que la situación actual, pese a la fortísima crisis económica, le parece un juego, poca cosa, con los años que le tocó vivir en Interior. Cuando algún amigo le dice que el partido no le ayudó, Vera contesta que el partido no le debe nada ni él le debe nada al PSOE, aunque se siente traicionado por algunos compañeros. Muestra tristeza porque, dice, no hubo reciprocidad. Asegura que siempre se esforzó en ser solidario, generoso y hasta bondadoso con gente que no ha contestado de la misma manera. Incluso su familia le ha pedido con vehemencia que fuera más contundente con algunas personas, pero él ha preferido no hacerlo. No da nombres, aunque podamos intuir que se refiera a aquellos cuyas acciones y/u omisiones permitieron que fuera condenado en repetidas ocasiones. Sostiene que se ha portado bien «con los que estaban por debajo de mí y por encima, podría haberme desligado de muchas cosas, indudablemente, pero me he sentido siempre comprometido internamente. Allá cada cual con su conciencia».¹⁶² Encuentra tranquilidad refugiado en su familia, la misma serenidad que le dieron los suyos cuando entró en la prisión de Guadalajara: «Puff… De ser el que mandaba a los que metían en la cárcel a los demás, a entrar yo… Hombre, aun así estaba muy sereno, muy entero, por dos motivos: tenía la conciencia aliviada porque, en líneas generales, he hecho lo que tenía que hacer, y porque veía a mi familia muy fuerte, muy decidida a apoyarme».¹⁶³

Quizá dentro de no mucho tiempo Rafael Vera ajuste algunas cuentas pendientes, ya que entre sus actividades presentes está la escritura. Prepara su tercer libro,¹⁶⁴ una novela, pero le está dando muchas vueltas, ya que se basa en hechos reales y es demasiado fácil identificar a los personajes y los sucesos. El expolítico está completamente obsesionado con no contar muchas de las cosas que sabe mientras la banda terrorista ETA no se haya disuelto. Considera que algunas informaciones podrían ser utilizadas por los terroristas y sus seguidores, y darles alas. De hecho, al margen de ese tercer libro, hace tiempo que terminó sus memorias, que no ven la luz por el mismo motivo. De vez en cuando las saca de nuevo, las revisa, las «guarrea», utilizando sus palabras, pone en orden algunos recuerdos y las vuelve a guardar.

Según una fuente que ha exigido el anonimato, una persona que ha tenido relación directa con Rafael Vera y que aún hoy se comunica con él de forma muy esporádica, «Vera tiene mucha información, tiene acojonada a mucha gente porque conserva dossieres de todo dios». Entre la información que, de momento, Rafael Vera guarda para sí, hay una serie de listados de personajes que cobraron de los fondos reservados, en distintas etapas, cuyos nombres y cantidades nunca han trascendido. Se trata de políticos, jueces, fiscales y hasta periodistas, a los que se les llegó a pagar por hacer informaciones que contribuyeran a crear un clima favorable a la guerra sucia entre la ciudadanía, buscando el apoyo popular al terrorismo de Estado, según las fuentes consultadas.¹⁶⁵ Así son las cloacas de un ministerio como el del Interior…

Pese a la información que Vera guarda como un tesoro, el periodista, tras varias charlas con el propio Vera y con otros personajes clave de esa época, a los que se identificará siempre que sea posible, va a aclarar algunos puntos que pueden contribuir a un mejor entendimiento de lo que denominamos guerra sucia, incluidas varias informaciones inéditas.

Entre 1982 y 1987, los años de actuación de los GAL, en el País Vasco el único partido nacional con presencia significativa era el PSE, el Partido Socialista de Euskadi. A los representantes de la UCD los había matado ETA, en ocasiones hasta por orden de lista electoral. Masacrados, borrados del mapa. Por su parte, Alianza Popular, la marca original del PP, no tenía apenas representación. Dentro del PSE había dos corrientes, la guipuzcoana, encabezada primero por el senador Enrique Casas y, tras su asesinato,¹⁶⁶ por Txiki Benegas, y la vizcaína. Esta la lideraba Ricardo García Damborenea, entonces secretario general del PSE, condenado por su pertenencia a los GAL y el único que ha señalado directamente a Felipe González, si bien Amedo también ha apuntado hacia el expresidente del Gobierno.

Rafael Vera define a Damborenea como alguien que no dudaba en el enfrentamiento directo, armado, con ETA: «Damborenea era muy impulsivo y representaba una corriente que quería plantear la lucha en la calle, la confrontación directa con Batasuna y los radicales, inclusive recurriendo a la violencia. Aquello tenía su atractivo en ese momento en el País Vasco para mucha gente, porque era una figura que los defendía al enfrentarse a los radicales, que eran los dueños de la calle. Así, Damborenea fue ganando adeptos. Tenía carisma y ganó gente del sindicalismo, entre otros sectores. Creó una impronta. Algunos funcionarios policiales que venían de la dictadura veían con simpatía a Damborenea. En esas fechas los políticos no iban a los funerales de policías y guardias civiles muertos y él estaba en primera línea. También se enfrentaba abiertamente al PNV. Eran unos años en los que el clima de violencia no se podía soportar. Intxaurrondo, por poner un ejemplo, era Fort Apache».¹⁶⁷

Joaquín Leguina, amigo de José Barrionuevo y Rafael Vera, Pepe y Rafa, como él dice, hace un particular retrato de la semilla de los GAL: «Ahí hay una vertiente no explicitada nunca, que yo llamaría el virus vizcaíno. En Vizcaya se crea una célula de muy mala composición, entre políticos del PSOE y policías. Ese tacto de codos, esa mélange,¹⁶⁸ que dirían los franceses, es fatal. Yo creo que nace todo ahí, todas estas “maravillosas ideas”, “vamos a acabar con esto rápidamente”, “esto lo arreglo yo con una patada”. Cuando alguien dice “esto lo arreglo yo”, hay que salir corriendo porque estamos en vísperas de una barbaridad. Yo creo que es así, pero los perjudicados no lo van a explicar, los perjudicados que no estaban en esa célula y que han cargado con toda la mierda. Y no eran precisamente amigos de Felipe González los que estaban en esa célula. La selección de personal es fundamental. ¡Cómo se juntan con un tipo que se llama Amedo, que es un chulo de putas, joder!».¹⁶⁹

A uno de los miembros de esa «célula» se le ocurre bautizar las acciones terroristas del Estado. ¿Por qué? Para que los etarras tengan miedo y sepan que van a por ellos, que los quieren matar, y no se paseen por Francia como los amos del lugar, y no jueguen al mus y beban en bares de Bayona o San Juan de Luz celebrando los atentados recién cometidos en España ante la total pasividad de las autoridades galas. Y si ETA tiene tres letras, el «nuevo» grupo terroristas también tiene que tener tres letras: G-A-L. Nacen los Grupos Antiterroristas de Liberación, que cogen el testigo del Batallón Vasco Español, la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) y otros grupúsculos tardofranquistas. Fue un gran error para los que participaron en la guerra sucia, ya que al ponerle la marca, como la Coca-Cola, todo el mundo identifica el producto y cuando piensa en terrorismo de Estado se va indefectiblemente a los GAL, no a los diluidos grupos previos. Llegados a este punto conviene aclarar que los GAL dieron algunos pasos más allá, como sostiene el periodista Manuel Cerdán: «Los GAL eran un aparato paramilitar que se organiza desde el gobierno, una estructura en la que por primera vez en la guerra sucia en España se echa mano de los servicios del Estado, a los servicios secretos del CESID, a la Guardia Civil y de la policía. Entonces la diferencia es abismal. Y además las operaciones se financian con fondos reservados y con dinero de los presupuestos del Ministerio del Interior. Las operaciones anteriores eran totalmente financiadas por gente ajena a la estructura del gobierno».¹⁷⁰

Decía anteriormente Barrionuevo que él no se iba a escudar en el «otros también», pero Rafael Vera asegura, sin tapujos, que la marca GAL oculta la dimensión de la guerra sucia con la UCD y con el PSOE: «La guerra sucia venía de antes. En tiempos de la UCD hubo muchas más actividades de guerra sucia en Francia que en tiempos del PSOE, con una diferencia: que a alguien, no digo a quién, se le ocurrieron las siglas aquellas del GAL y eso se convirtió en una marca que ha proyectado el máximo de la maldad y del mal hacer contra los terroristas».¹⁷¹

Tanto José Barrionuevo como Rafael Vera prefieren no identificar a la cabeza pensante a la que se le ocurrió bautizar a los GAL, pero el susodicho lo ha reconocido. Julián Sancristóbal, el que fuera gobernador civil de Vizcaya y director de la Seguridad del Estado, reconoció en abril de 2011, durante el juicio contra el exjefe de la Brigada de Información de Bilbao, Miguel Planchuelo, que él y Ricardo García Damborenea fueron los creadores de las siglas GAL, que «inventaron» después de mantener conversaciones con el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo.

Encargaron el famoso sello de los GAL, que se estampó en algún comunicado para reivindicar atentados. Sancristóbal, condenado a diez años de prisión por el secuestro de Marey y por malversación de fondos, también fue condenado en el caso de los fondos reservados. En 2001 devolvió los 66 millones de pesetas de los que se había apropiado.

Las actividades de los GAL sucedieron con Felipe González al frente del gobierno, José Barrionuevo en el Ministerio del Interior y Rafael Vera en distintos cargos.¹⁷² El expresidente del ejecutivo no ha hablado para este libro, pero los otros dos sí, aunque Barrionuevo ha pasado muy por encima del pasado. El caso es que no son pocos los exdirigentes del PSOE que están abonando el hecho cierto de que «esto no empezó con nosotros y sí terminó con nosotros». Vera lo dice de este modo y reconociendo abiertamente muchas cosas: «A Sancristóbal no lo podían ni ver los franceses. En 1987 el ministro del Interior francés me dijo que eso de la guerra sucia tenía que terminar o no habría colaboración. Se lo comuniqué al ministro. Aquello coincidió con algún conflicto político que tuvo Sancristóbal con el partido en el País Vasco y el presidente del Gobierno decidió sustituirlo y que yo recuperara la Secretaría de Estado para la Seguridad, que me encargara otra vez de la seguridad del Estado —yo era subsecretario entonces—. Acepté y di instrucciones a los servicios de información de que esto de la guerra sucia se había acabado y que cualquier iniciativa que conociesen, que se acababa, porque había comprometido con el ministro del Interior francés crear una célula mixta de policías españoles y franceses para perseguir la guerra sucia, tranquilizar a los franceses y que supiesen que había voluntad por nuestra parte de que eso se iba a acabar. Y a los pocos meses sucedió lo de García Goena,¹⁷³ que fue una llamada de atención a mi decisión. Tengo discrepancias con la guerra sucia porque fui yo quien acabó con ella desde la Secretaría de Estado de Seguridad. Ahí desapareció definitivamente del panorama de la actividad policial cualquier cosa que tuviese connotaciones de la guerra sucia».

Ante la pregunta: «Le honra haber terminar con la guerra sucia, pero ¿y lo que consintieron durante su gobierno? ¿Miraron para otro lado?», contesta: «Insisto en que si en nuestra época hubo unos años en que eso existió, también en nuestra época se acabó, en 1987. Antes yo no era el responsable de la seguridad del Estado, era el subsecretario, y aunque estuviese al tanto de aquellas cosas yo podía dar mi opinión y esta ser descartada. Eran tiempos muy difíciles y lo que no se podía era manifestar insolidaridad con una dimisión, con una queja pública. Era un país que estábamos cambiando después de una transición complicada, con muchos muertos. En su momento la guerra sucia probablemente sirvió, más allá de lo que dice Amedo de que Francia colaborara, sirvió para frenar el golpismo, que siempre se justificaba por la cantidad de muertos y la incapacidad del Estado para controlar el terrorismo. Estábamos todos en un proyecto que había que consolidar».

Y cuando se le pregunta: «¿Alguien tendría que autorizar y financiar esas operaciones y, entiendo yo, rendir cuentas al máximo jefe, a Felipe González?», responde: «Yo creo que no funciona así, como una propuesta de decreto, no se lleva en un papel. Las operaciones de guerra sucia más vale no plantearlas y no voy a entrar en el juego porque mientras ETA exista es darle aire a los terroristas. Pero insisto en que el presidente del Gobierno y el ministro no tienen por qué estar en esas cuestiones, ni tampoco otras personalidades políticas del ministerio. No funciona así. Los servicios en cada caso tienen sus terminales y no tienen por qué consultar. Asuntos como los relacionados con los confidentes no me los consultaban a mí».¹⁷⁴

Después de leer estos párrafos, los lectores del libro pueden hacerse una idea de lo que ocurrió esos años y, fuera de sectarismos, obtener una opinión propia y libre sobre aquellos sucesos. Pero no dejemos de avanzar. Mercenarios y colaboradores a sueldo de los GAL fueron fundamentales para que la prensa destapara la guerra sucia, con un magnífico trabajo de extraordinarios informadores como Melchor Miralles, Manuel Cerdán, Antonio Rubio o Ricardo Arqués, entre otros. Hubo desencuentros entre funcionarios y los ejecutores materiales de los crímenes por culpa de los pagos, a cargo de los fondos reservados. Algunas cantidades se quedaban por el camino y allí donde hay alguien descontento puede aparecer una buena fuente de información. Los GAL han pasado a la historia como una chapuza, en gran medida precisamente por contratar a delincuentes comunes y a mercenarios para evitar que fueran funcionarios los que pusieran las bombas o pegaran los tiros. Atención al punto de vista de Joaquín Leguina: «Estas cosas feas, si hay que hacerlas —si yo fuera políticamente correcto diría que nunca hay que hacerlas, pero yo no soy políticamente correcto—, si hay que hacerlas, hay que hacerlas de propia mano, de pro-pia ma-no. ¡Si tienes huevos, hazlo tú! ¡Y si no, no se lo mandes hacer a nadie!».¹⁷⁵

En contra de lo que demostraron los tribunales, tanto Vera como Barrionuevo defienden que se hizo un uso legítimo de los fondos reservados. El exministro está muy orgulloso de haberlos utilizado, por ejemplo, para pagar a los abogados de los guardias civiles denunciados por miembros de ETA: «Los abogados etarras, que han demostrado siempre que estaban preparados, acusaban a los guardias civiles de malos tratos, y los etarras iban a declarar con abogado y los guardias sin abogado y a cara descubierta. Decidimos corregir esto, para lo que me pongo en contacto con la Fiscalía y esta me dice que ellos son “los defensores de la ley, pero no los defensores de los defensores de la ley”. Entonces voy a los abogados del Estado y me contestan que son “abogados del Estado pero no de los funcionarios del Estado”. ¿Cuál era la salida? Contratamos despachos de abogados en Madrid y en el País Vasco y les pagamos con los fondos reservados porque no había partidas presupuestarias. También los usamos, por ejemplo, para blindar coches».¹⁷⁶

Los fondos reservados también sirvieron para pagarle a Manuel Fraga el chalé de Perbes (La Coruña) que le destrozó un grupúsculo terrorista gallego, el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive. Quien mejor relata el episodio es Joaquín Leguina: «La Guardia Civil detecta que hay un grupo terrorista de cuatro gatos, Ceive, que quiere volar el chalé de Fraga y los quieren pillar. Se lo dicen a Fraga, que no haya nadie en el chalé, que pondrían vigilancia y los cogerían. Y de repente, ¡pum! ¡A tomar por el culo! Le habían volado el chalé. ¿Qué había pasado? Pues las órdenes, que se dan de arriba abajo, y no le habían dicho a los guardias civiles para qué cojones estaban allí en la calle escondidos. Los guardias civiles no sabían exactamente por qué vigilaban el chalé de Fraga y, cuando llevaban varios días sin que pasara nada, se fueron un momento a buscar un café. Si les hubieran dicho: “Es que van a venir unos hijos de puta a poner una bomba...”. A Barrionuevo casi le entraba la risa cuando informó a Fraga y le decía que no se preocupara, que se lo iban a pagar».¹⁷⁷

De hecho Barrionuevo estaba con Fraga cuando le suena el teléfono al entonces ministro para darle la noticia. Estaban tomando un café en el hotel Palace de Madrid: «Dentro de lo que cabe, Fraga reaccionó bien. Me dijo que a esa casa le tenía mucho cariño y que cómo había podido pasar si nosotros sabíamos que lo iban a volar. Pero, claro, la vigilancia la hicieron los del cuartel de la Guardia Civil del pueblo, no unos expertos. Le pagamos la casa con los fondos reservados».¹⁷⁸

Tras esta anécdota retomamos el camino del crimen de Estado. Varios de los entrevistados para este libro han recurrido a distintos ejemplos para «contextualizar» la guerra sucia. Uno de los episodios que más repiten es la muerte de tres miembros del IRA en Gibraltar. Corría el año 1988 y los servicios secretos británicos dieron con el paradero de los terroristas republicanos en la colonia inglesa. Un comando de las SAS los liquidó. Margaret Thatcher acudió al Parlamento a dar explicaciones: «He disparado yo», sentenció. Otros de los personajes que aparecen en este libro también han hecho paralelismos con las ejecuciones de presuntos terroristas protagonizadas por las fuerzas israelíes, por el ejército ruso o por los Navy SEAL estadounidenses, que acabaron con Osama ben Laden.

Volviendo a España, en el periodismo de investigación hay una máxima que dice «sigue al dinero». Los tribunales metieron mano a la malversación de caudales públicos, pero hay un fenómeno en este sentido nunca investigado ni publicado. Según fuentes de Interior, conocedoras de lo que sucedió esos años, más de uno se embolsó cientos de millones de pesetas del siguiente modo: muchos etarras detenidos en Francia no estaban reclamados por la Audiencia Nacional. Se trataba de terroristas que, por poner un ejemplo, habían huido de España muchos años antes y se habían refugiado en otros países. El proceso de extradición para juzgarlos en España era muy farragoso y difícil de lograr. Además, en demasiadas ocasiones no había las suficientes pruebas para juzgarlos y condenarlos. Entonces las autoridades francesas pedían a España que encontrara terceros países a los que expulsarlos. España negociaba con el país de destino, República Dominicana, Cuba, Argelia, el que fuera, para que las autoridades de esas naciones tuvieran controlados a los etarras. Se les entregaba material policial para operaciones de escucha y vigilancia. La información que se obtenía era muy poca a nivel operativo, pero Interior sí conseguía datos interesantes sobre cómo se movía el aparato internacional de ETA a nivel político. Aunque ya habían sido sustituidos en el organigrama de la banda armada, estos terroristas en el exilio también servían para presionar a ETA en los periodos de negociación.

Pero a estos países receptores no sólo se les entregaban los aparatos policiales, sino también jugosas contrapartidas económicas en forma de créditos FAD. Tú me vigilas a estos indeseables, que tenían una asignación económica, y yo te doy unos cuantos millones de dólares para que hagas, por ejemplo, infraestructuras. Se ponía como condición que participaran en los proyectos empresas españolas. Muchos de los países que se prestaron se regían por gobiernos con una corrupción endémica. «Imagínate al presidente de Togo o de Gabón, que lo primero que hacía cuando llegaban los Fondos de Ayuda al Desarrollo, que en esa época eran bastante incontrolables, era quedarse una buena parte para él y para los suyos», asegura una fuente que ha pertenecido a la seguridad del Estado. Según este testimonio, altos funcionarios españoles acordaban con la autoridad local el importe del crédito y que una parte fuera directamente desviada para ellos a cuentas secretas, «alguna de ellas en Uruguay, país que tenían muy controlado», sostiene la misma fuente. De este modo ambas partes sacaban tajada. Con estos fondos malversados, los presuntos políticos corruptos españoles hicieron cuantiosas inversiones inmobiliarias en Latinoamérica y en Estados Unidos. Nadie ha rendido cuentas por esta presunta malversación de caudales públicos. Tampoco nadie lo ha denunciado. Demostrarlo hoy es poco probable. Quien lo cuenta, sabe de lo que habla.

Al margen de los países receptores de los créditos FAD, también Francia consiguió ingentes cantidades de dinero a cambio de colaborar en la lucha contra ETA (cuando decidió hacerlo, porque durante varios años se lo puso muy fácil a los terroristas, que desestabilizaban a un país, España, cuya próxima entrada en la Unión Europea perjudicaba los intereses económicos del país galo). Así, las autoridades francesas decían a sus homólogos españoles que «la compra de este material militar o esta tecnología para el AVE podía facilitar las cosas».¹⁷⁹ Y España pagaba. Uno de los puntales de quienes defendían que había que ir a la cueva a por el monstruo era la total pasividad de Francia. Vera recuerda cómo los jefes de ETA eran los amos del País Vasco francés hasta que vieron que no estaban del todo seguros: «Los etarras se tenían que esconder, los jefes de ETA llevaban guardaespaldas, ya no podían pasear por Hendaya y San Juan de Luz sacando pecho, cobrando el impuesto revolucionario en los bares a plena luz del día y delante de la policía y de la Gendarmería francesa. Tenían miedo a lo que les pasase. En una situación de normalidad democrática, como la que vivimos ahora, no justificaría la guerra sucia. En una situación de anormalidad democrática, como la que vivíamos entonces, tampoco está justificada, pero el Estado tiene que buscar formas y vías para defenderse. Es posible que esas acciones estuviesen dentro de la ilegalidad, pero las circunstancias eran excepcionales. Además, cuando había respuesta, aunque fuese dentro de la ilegalidad, calmaba los ambientes golpistas en el Ejército».¹⁸⁰

Rafael Vera, vestido con un traje azul marino, camisa azul claro y corbata a juego con rayas granas, gesticula con la mano izquierda —en la que lleva un reloj digital con correa de plástico, un Casio de los de toda la vida— para apoyar sus argumentos. Luce un afeitado perfecto que muestra los rasgos angulosos de su cara. Barbilla prominente, nariz grande, ojos pequeños y mirada cansada. Le falla el oído, pero conserva una memoria impecable. No duda ni un instante cuando pronuncia los nombres de dirigentes de ETA o de sus abogados: Iturbe Abasolo, Etxebeste, Arrieta Zubimendi, Iñaki Esnaola, Christian Fandó…

A lo largo de este capítulo ha aparecido en un par de ocasiones el nombre de José Amedo. El exsubcomisario del Grupo de Información de la Brigada de Vizcaya de la Policía Nacional tiene ganas de desempolvar la guerra sucia y que otros que, a su juicio, se han librado, paguen. Ha apuntado claramente a Felipe González. El sindicato de funcionarios Manos Limpias le ha prestado apoyo jurídico para intentar reabrir el melón después del último juicio de los GAL, la pieza separada de Miguel Planchuelo.¹⁸¹ En abril de 2011 Amedo declaró ante el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara y dijo: «Las acciones de los grupos fueron decisión del expresidente del Gobierno, Felipe González. Felipe González estaba detrás de todo», al tiempo que especificó que un mando policial «jamás tomó la decisión de atentar en Francia, que fue una decisión política».

El expolicía es uno de los que rememora el suceso de los tres terroristas del IRA muertos en Gibraltar y hace un paralelismo entre la Dama de Hierro y Felipe González: «Margaret Thatcher en su momento mandó a sus hombres a Gibraltar. Eran tres terroristas, no sabían lo que iban a hacer e iban desarmados, y Margaret Thatcher dio la cara en el Parlamento y lo asumió y el Estado lo asumió. Ese es el problema que tuvo Felipe González, que no lo asumió. Me han dicho que estuvo a punto, pero no lo asumió. Dejó a todos los colaboradores tirados».¹⁸²

De hecho los periodistas Manuel Cerdán y Antonio Rubio consiguieron una grabación de un radioaficionado que captó con un escáner una conversación entre Barrionuevo y Julián Sancristóbal en la que el ministro asumía su responsabilidad diciendo aquello de «si el otro no da el paso como la Thatcher, lo daré yo», dispuesto a exonerar a Felipe González. La grabación fue incorporada en el sumario, pero el Tribunal Supremo no la admitió como prueba. Da la impresión de que todos los protagonistas de estos sucesos tienen ciertas ganas de asumirlo, de contarlo, de liberarse de ese peso. Vera habla bastante claro y contará muchas cosas en cuanto ETA se disuelva; Barrionuevo no contesta a algunas preguntas porque si habla tendría que decir la verdad; Felipe González va despejando la X… El autor se atreve a pronosticar que en cuanto perciban que ya es el momento.

Amedo, condenado a 108 años de cárcel por su pertenencia a los GAL y a 9 años y 6 meses por el secuestro de Marey y malversación de fondos, ha pasado 12 años entre rejas, aunque la mitad en régimen abierto. Él lo asumió hace mucho tiempo y tiene ganas de venganza tras muchos años sintiéndose como el cabeza de turco. Cuando se le pregunta por la guerra sucia enumera todas las veces que ETA intentó matarlo a él, como cuando Zabarte Arregi cayó muerto en un tiroteo en el centro de Bilbao en 1973. «Venía con mi nombre, la matrícula de mi coche y la dirección de mi casa», dice con vehemencia, para luego añadir: «Hay una cosa sustancial y básica, al margen de los temas morales y legales: hay que defenderse. Si no te defienden, tienes que defenderte».¹⁸³

A los sesenta y cinco años, aunque aparenta menos, convertido en abuelo, pasa por dificultades económicas y si le ofrecen un bolo en televisión lo acepta gustoso para hacer algo de caja (sin facturas ni papeles de por medio). Atrás quedaron los años de los maletines. De hecho la Audiencia Provincial de Madrid le reclama 97.000 euros de responsabilidad civil por el caso de los maletines, los más de 150 millones de pesetas que Interior ingresó en cuentas suizas de las mujeres de Amedo y Domínguez, pero él se declaró insolvente. Por el contrario, su exsubordinado Míchel Domínguez, un discreto policía que cometió un terrible «error», hablar francés sin acento (por eso fue reclutado por los GAL, como traductor y para reivindicar atentados), no quiere saber nada de focos. Su aspecto físico es diferente al que apareció en los periódicos. Cualquiera que se cruce con él no lo relaciona con los GAL y quiere que así siga siendo. Trabaja en la construcción del AVE de Madrid a Galicia.

De ese pasado del que Míchel no quiere oír, todavía hoy hay episodios inéditos, sobre todo muchos crímenes sin esclarecer. Atención al final del recorrido que viene a continuación.

Los tours de Joseba

A finales de los años setenta y principios de los ochenta del pasado siglo José Amedo se movía con extraordinaria soltura por el nido de la serpiente, el País Vasco francés. El expolicía había tenido compañeros de instituto en Bilbao que habían engrosado las filas de la banda terrorista. Había compartido guateques con futuros etarras a los que años después tendría que vigilar. En cuanto cruzaban el puente de Santiago y ponían un pie en Hendaya, los miembros de ETA se podían mover con total libertad. Nadie los perseguía, nadie los acosaba. Para el Estado francés no eran un problema, más bien un elemento desestabilizador de la España posfranquista que las autoridades galas no estaban dispuestas a combatir. Preferían mirar hacia otro lado.

En los bares de Bayona o San Juan de Luz se juntaban etarras que apenas disimulaban sus pistolas bajo la chaqueta, policías franceses, agentes españoles y empresarios vascos que iba a pagar el mal llamado impuesto revolucionario (no alimentaba ninguna revolución, sino que mantenía la infraestructura de un grupo terrorista) y mercenarios del Batallón Vasco Español, primero, y a sueldo de los GAL después. Una retahíla de personajes que parecían sacados de una novela negra. En varias ocasiones José Amedo hizo de cicerone y hasta de guía turístico de amigos españoles que querían ver a los jefes de ETA en su entorno, que ansiaban cruzar la frontera para saber cómo era el otro lado, donde la serpiente descansaba y preparaba la estrategia de terror de la banda.

El exsubcomisario recuerda dos episodios que tuvieron lugar en 1980. Amedo, como policía de la lucha antiterrorista, también hacía trabajos para la inteligencia militar. Su nombre en clave para el CESID (hoy CNI) era «Joseba». Un día recibió la llamada de un amigo suyo, el entonces jefe del CESID en el País Vasco, Jesús Manuel Diego de Somonte. Este quería echar un vistazo al otro lado y quién mejor que Amedo para guiarle. Fueron al epicentro de ETA, Bayona, concretamente al restaurante Casa Etxabe, propiedad de un antiguo dirigente etarra, Juan José Etxabe.

El establecimiento lo regentaba su hermano Jokin y era un sitio terrible para muchos españoles. El motivo, Casa Etxabe era uno de los lugares elegidos por la banda para que los empresarios vascos extorsionados pagaran el impuesto revolucionario. De ahí que entre la fauna que pasaba por este local fuera muy habitual encontrar a un industrial vasco, tembloroso, con una carta de ETA en la mano y un buen fajo de billetes de 10.000 pesetas para alimentar el terror a cambio de «seguridad» para él y para su familia. Los empresarios, por norma general, no se atrevían a denunciar la extorsión ni a no pagar. Alguno que dio el paso terminó enterrado.

Los agentes españoles que trabajaban en el sur de Francia veían con total impotencia cómo el empresario vasco de turno entraba en el bar Madrid de San Juan de Luz, otro de los lugares elegidos por la banda, preguntaba por el jefe correspondiente de la facción de ETA y pagaba el impuesto revolucionario. Ese dinero lo utilizaban los etarras para matar a los compañeros de los agentes que presenciaban la escena.

Amedo le pidió al jefe de Inteligencia del País Vasco que vistiera un traje, para que pareciera un empresario que venía a pagar. Estos tours para nada estaban exentos de riesgo, ya que los terroristas podían identificar a Amedo, que por entonces ya llevaba varios años en la diana de ETA, y liquidarlo, aunque bien es cierto que la dirección de la banda prohibía atentar en Francia para no incomodar al gobierno galo y seguir disfrutando de inmunidad en el país vecino.

Amedo y Jesús Diego de Somonte entraron en Casa Etxabe y allí estaban jugando al mus Juan José Etxabe, Makario, Txomin Iturbe y Santiago Arróspide Sarasola, alias Santi Potros. Contemplar a los responsables de decenas de muertos jugando a las cartas con total tranquilidad a sólo 40 kilómetros de la frontera con España hizo que unas gotas de sudor frío chorrearan por la frente del jefe del CESID en el País Vasco. «Estaba muerto de miedo y se tomó el whisky de un trago»,¹⁸⁴ recuerda Amedo. Los agentes iban armados, algo totalmente prohibido a los policías españoles en Francia, y los etarras también, por supuesto. En la barra, justo al lado de Amedo y Diego de Somonte, había un terrorista comiendo una pizza. El exsubcomisario, condenado años después por pertenencia a los GAL, dio por terminada la excursión. «Vámonos, no sea que nos descubran y nos hagan como a los gallegos»,¹⁸⁵ dijo. Amedo se refería a Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge Juan García, los tres jóvenes gallegos que en 1973 fueron a San Juan de Luz a ver la película El último tango en París, de Bernardo Bertolucci y protagonizada por Marlon Brando y Maria Schneider, que el régimen franquista había prohibido por su alto contenido sexual. El crimen nunca se esclareció, pero todas las hipótesis apuntan a que los tres amigos en busca de un soplo de libertad en forma de largometraje coincidieron en un bar con un grupo de etarras que los confundió con policías españoles. Terminaron torturados, asesinados y enterrados en algún lugar hoy todavía sin identificar.

Amedo asegura haber presenciado cómo varios miembros de ETA recién llegados de atentar en España lo celebraban en Etxabe con la presencia de policías franceses. «Aquello lo veías y te desmoralizaba».¹⁸⁶

Poco antes de la visita de Amedo y Jesús Diego de Somonte a Casa Etxabe, el Batallón Vasco Español había cometido un atentado en el restaurante. Arrojaron al interior una bomba de mediana potencia que causó cuantiosos daños materiales. Unos años antes el mismo bar había sido objeto de una acción similar, pero Jokin Etxabe tuvo tiempo de recoger el artefacto explosivo y lanzarlo fuera del local. La esposa de su hermano Juan José Etxabe y otro hermano menor habían muerto en San Juan de Luz (País Vasco francés) y Mondragón (Guipúzcoa), respectivamente, víctimas de sendos atentados.

En otra de estas escapadas Amedo hizo de «guía turístico» de un amigo empresario, Carlos Arrieta. Estaban comiendo en el Carrefour de Bayona —«ensalada y pollo», recuerda el expolicía haciendo gala de una gran memoria más de treinta años después del suceso—, cuando Amedo vio a un grupo de cuatro o cinco miembros de ETA. Por sus gestos era evidente que los terroristas habían reconocido a Amedo. El tour podía acabar en tragedia y el exsubcomisario alertó a su acompañante. «Carlos, creo que me han marcado. Si alguno de ellos va hacia el teléfono, tenemos que salir de aquí cagando hostias», dijo. Apenas las últimas palabras de la advertencia habían salido de su boca cuando uno de los etarras, en concreto una mujer, fue hacia el teléfono para, supone Amedo, pedir instrucciones a un superior. «Sal tú solo. Ve al aparcamiento, coge el coche y ven a la puerta del restaurante a recogerme, rápido», indicó Amedo.

Carlos Arrieta siguió las instrucciones de su amigo. Salió del local, se montó en el automóvil y condujo marcha atrás a toda velocidad hasta la puerta del restaurante. En ese instante Amedo echó a correr hacia la salida. Vestía un abrigo tres cuartos de piel vuelta en cuyo bolsillo interior el policía tenía toda su protección, un revólver del calibre 38. Amedo no quería usarlo, tenía todas las de perder. Ellos eran más y seguro que también iban armados. Los etarras salieron tras él, pero tuvo tiempo de montarse en el coche. A través de la ventanilla del copiloto Amedo y los etarras cruzaron miradas desafiantes. En un gesto mezcla de chulería y autodefensa, José Amedo abrió su abrigo y mostró la pistola a los etarras. Todo sucedió en unos segundos. Arrieta pisó el acelerador a fondo y huyeron con vida del aparcamiento del centro comercial. Respiraron de alivio cuando llegaron a Biarritz. Arrieta se bebió tres o cuatro vasos de whisky seguidos para liberar la tensión acumulada, recuerda el expolicía.¹⁸⁷ La excursión prometía emociones fuertes, pero no tanto.

«Eso no lo cuento ni en el libro»

Mucho se ha escrito sobre el terrorismo de Estado, pero muy poco se sabe sobre cómo se seleccionaba a las víctimas de los GAL, cómo funcionaban las vísceras del ojo por ojo, diente por diente. En una de las entrevistas que el autor ha mantenido con José Amedo, cuando la charla ya casi llegaba a su fin, el expolicía, que había bajado la guardia, encaja una pregunta directa: ¿cómo se seleccionaba un objetivo y se decidía acabar con él? Tras un breve e intenso silencio acompañado de un suspiro y un gesto torciendo la cara, Amedo arranca: «Eso es ya más complejo, no lo cuento ni en mi libro.¹⁸⁸ Yo me imagino —dice de forma precavida y a la vez irónica, pues tampoco pretende hacer creer al periodista que él esto se lo tiene que imaginar— que primero hay que localizar al etarra en Francia. Localizarlos era fácil porque no se escondían, aunque cuando esto empezó fueron tomando precauciones. Yo tengo amigos que eran industriales y alguno me ha contado que iba a una cita a pagar el impuesto revolucionario y nadie lo recibía, porque los etarras tenían miedo de que apareciese alguien y les pagase de otra manera. Pero la orden viene de arriba, no está abajo el que sugiere. Recuerdo a uno de los terroristas con más muertos encima, Txapela, que había matado a treinta personas. Estaba yo en el centro de Biarritz con una persona que trabajaba para mí y, a través de una cristalera grande, vi aparecer a Txapela, que iba con otros dos miembros de ETA. Se les notaban las pistolas, que las llevaban atrás, en la espalda, enganchada al cinto, tapadas con la chamarra. Llamé y me dijeron: “Detenlo”. Yo les contesté: “¿En Francia y sin arma? ¿Qué quieres, que me maten y me dejen aquí tirado? No, no, no. Voy a hacer una cosa, voy a coger su matrícula”. Era octubre de 1983. Dos meses más tarde murió Txapela. Le pegaron un tiro en la cabeza cuando se cambió de domicilio».¹⁸⁹

Así terminó la entrevista. Tras un silencio de apenas cinco segundos que parecieron minutos, Amedo retiró la mirada del periodista para sacar un paquete de Ducados. Se encendió un pitillo e inspiró intensas bocanadas de humo. A los GAL se les atribuyen 23 asesinatos cometidos entre 1983 y 1987. La inmensa mayoría, como el de Txapela,¹⁹⁰ por el que el mercenario al que se le encargó el trabajo cobró unos 300.000 francos,¹⁹¹ no han sido juzgados. Amedo se escuda: «Ellos han matado a más de ochocientas personas».

Si me piden opinión, la doy; si no, también

El Ministerio del Interior que dirigía José Barrionuevo pasó en 1988 a manos del que hoy es uno de los jubilados más ilustres y polémicos de esta hornada socialista, uno de los pocos políticos que dimiten, que asumen el fracaso o el error y se van. José Luis Corcuera ha dimitido de casi todos los cargos que ha ostentado: dimitió de ministro del Interior, dimitió de diputado, dimitió de la Comisión Ejecutiva del PSOE, dimitió de la Comisión Ejecutiva de la UGT y dimitió de secretario general del Metal.

Hoy es un jubilado dedicado a sus cinco nietos, pero enganchado a la política, a la observación, a la reflexión y sobre todo a la crítica, muy poco piadosa con la segunda hornada de socialistas que llegó al poder. Él es uno de los miembros más controvertidos de los compañeros de viaje de Felipe González. De sus años en política lamenta no haber podido llevar al colegio a sus dos hijas, a las que vio muy poco. Por eso hoy dedica gran parte del día a disfrutar de sus nietos. Por ejemplo, haciéndoles una casa de madera en su retiro toledano, en Paredes de Escalona, un pueblo de sólo ciento cincuenta habitantes, a 100 kilómetros de Madrid, lindando con la provincia de Ávila. Corcuera y su esposa, Margarita Alday, a la que llama «ama» —madre o mamá en euskera—, compraron¹⁹² en 2003 un terreno de casi dos hectáreas, concretamente 17.135 metros cuadrados en un paraje agreste, aislado. Hay espacio más que de sobra para una casa y para dar rienda suelta a las aficiones agrícolas del exministro, desde cavar la huerta hasta vendimiar. Está mucho más delgado que antaño por prescripción médica, porque desde arriba le avisaron que o dejaba los excesos o todos los periódicos del país publicarían su temprano obituario. Pese al bypass al que tuvo que someterse, ahora recoge la uva con sus propias manos. Se atreve incluso a hacer unas cubas de vino para él y para regalar a sus amigos.

Corcuera no ha elegido para su ocaso las playas de Marbella, Mallorca o Sotogrande, sino un lugar indómito, como él, a los pies de la sierra de Gredos, con unos veranos muy calurosos y secos y unos inviernos tremendamente duros. Es un paraje en el que debes pelearte con la tierra para que dé sus frutos. Hay que sacar el azadón y golpearlo con fuerza contra el suelo. Ahí se refugia de la actualidad, de la política y de «los pensadores de este país» —dice—, que lo tienen en un estado de permanente cabreo. Le indignan muchos políticos —varios de su propio partido—, le indignan algunos jueces y no soporta a gran parte de los periodistas, sobre todo a los «líderes de opinión». No se ha olvidado del pasado, de cuando su nombre estaba en las portadas, de cuando lo juzgaron —y absolvieron— acusado de malversación de fondos.

En su residencia habitual, un unifamiliar en Majadahonda, la periferia «noble» de Madrid, la de la carretera de La Coruña, señala al adosado con el que comparte pared y dice: «Yo vivo en esta casa pero que quede claro que la de al lado es mía también. Eso decían algunos periodistas que venían y veían que esta era pequeña, poco propia de un ministro. Entonces decidieron que la de al lado también era mía». Para rematar la faena añade «además las dos casas no se podrían unir porque esta es la pared maestra».

La casa no es desde luego una mansión, pero tampoco una choza. El exministro la compró sobre plano tres años antes de entrar en el gobierno, concretamente en 1985. El inmueble tiene calificación de vivienda de protección oficial de promoción privada. Sobre una parcela de 100 metros cuadrados, la construcción suma 230 metros distribuidos en sótano (garaje), planta baja y primer piso. Forma parte de una hilera de adosados, como fichas de dominó, a los que se accede desde la calle por un estrecho pasillo ajardinado, no sin que antes un escolta de la Policía Nacional que vigila la entrada se asegure de a dónde vas y para qué.

Según datos del Registro de la Propiedad de Majadahonda, la casa tiene inscrita una hipoteca del BBVA para responder por un préstamo de 240.000 euros firmado en 2003 y ampliado sólo un año después, cuando el exministro pidió otros 43.000 euros, coincidiendo con las obras en la finca de Toledo. En el interior de la casa, de nuevo sus nietos, presentes en persona y en un puñado de fotografías que pueblan los muebles y las paredes. También conserva la foto de la jura del cargo de ministro, ante la atenta mirada de Enrique Múgica y, de fondo, los reyes, de los que también luce una foto oficial dedicada. Todas estas instantáneas —y más— comparten espacio con un buen número de cuadros, entre ellos algunos bodegones. Completan la decoración, todo de corte clásico, figuras de cerámica estilo Lladró (¿originales?), barcos de plata y dos esculturas que retratan sendas manadas de toros bravos, como buen amante de la tauromaquia que es (la regulación de la llamada fiesta nacional dependía de su ministerio). Entre los libros que pueblan las estanterías destacan muchos dedicados al arte, que circundan una enciclopedia, Las maravillas del saber. En un lugar destacado de los estantes, colocado el primero y dando la impresión de que hace poco que alguien ha echado mano de él, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, del hispanista británico Paul Preston, publicado sólo unos meses antes.

Corcuera ingresa mensualmente la pensión máxima de la Seguridad Social y, al igual que sus compañeros jubilados, incide en que le correspondía por las cotizaciones en su fábrica, en Altos Hornos de Vizcaya (su familia se trasladó a Portugalete cuando él era muy joven), no por haber sido ministro o diputado en las Cortes. Corcuera es el único obrero de su generación que ha llegado a ministro. Cursó estudios de electricista y consiguió trabajo en la empresa siderúrgica, aunque con el tiempo se dedicó a tareas sindicales. Actualmente, como es lógico, no lleva precisamente una vida de obrero. Más bien de clase media acomodada, en su adosado de Majadahonda, su segunda residencia en el campo y al volante de su Audi A6 azul oscuro.

Su viaje a la política fue de ida y vuelta, no para quedarse hasta la jubilación. Prometió dimitir si el Tribunal Constitucional le cambiaba «una coma» de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida muy a su pesar como «la ley Corcuera de la patada en la puerta». El texto permitía a las fuerzas de seguridad entrar en cualquier domicilio sin autorización judicial si tenían constancia de que dentro se traficaba con drogas: «Será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga el Código Penal, siempre que la urgente intervención de los agentes sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparición de los efectos o instrumentos del delito».

En noviembre de 1993 el Constitucional declaró nulo este artículo y hubo que cambiar algo más que una coma. Una palabra: «constancia» por «evidencia». Corcuera cumplió su palabra y dimitió. Mantuvo el acta de diputado durante unos meses, pero la entregó cuando la prensa apuntaba a que había malversado caudales públicos: «Empezaron a señalarme con los problemas de enriquecimiento. Me cogí las declaraciones de la Renta y de Patrimonio de los últimos cinco años, me fui donde el presidente del Congreso, se las entregué, dimití y me volví a mi fábrica, ¡claro!».¹⁹³

En Altos Hornos el ya exministro no tuvo que volver a hacer reparaciones eléctricas en Bilbao, sino que le pusieron un despacho en Madrid y un cargo de asesor del presidente de la compañía, «para no tener que ir a trabajar con la escolta detrás de mí», sostiene. A los cincuenta y dos años se prejubiló, aunque sigue ligado a la siderurgia. Durante los últimos años ha invertido bastantes energías junto a varios compañeros del metal en la puesta en marcha de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral, presidida por José Luis Leal Maldonado, ministro de Economía y Hacienda con Adolfo Suárez. La fundación, entre otros objetivos, aprovecha a los trabajadores jubilados para que impartan a los jóvenes formación profesional. La sede central está en Bilbao, pero tienen previsto abrir delegaciones en Asturias y Sagunto (Comunitat Valenciana), los otros dos centros siderúrgicos españoles. Corcuera, que ocupa la presidencia honorífica de la fundación, aprovecha sus contactos para que algunos excompañeros impartan conferencias en foros de la fundación, como Carlos Solchaga, Javier Solana o Joaquín Almunia, con los que mantiene un trato cercano. También guarda muy buena relación con Julián García Vargas, Alfonso Guerra y Rosa Conde.

Preguntado por el mejor ministro de la época de Felipe González, no duda en referirse —especificando que elige entre los que compartieron Consejo de Ministros con él (1988-1993)— a Carlos Solchaga: «En materia económica Solchaga es una de las cabezas más brillantes del país sin ninguna duda. Él dice que es socialista fuera de ser liberal, que es lo que decía Indalecio Prieto, pero yo creo que es un socialdemócrata de hoy, valiente cuando tiene que decir las cosas. He estado en desacuerdo con él y hemos discutido. Algunas veces hasta le ganaba, como por ejemplo con la Ley de Reconversión Industrial. Pero sí, en la política del día a día me quedo con Solchaga. Si me pregunta otro nombre, Javier Solana». No tiene Corcuera tan buena impresión sobre el predecesor de Solchaga al frente del Ministerio de Economía, Miguel Boyer.

Al margen de valoraciones, Corcuera mantiene una gran relación y unos vínculos especiales —y lógicos— con el hombre al que relevó en el Ministerio del Interior, José Barrionuevo. Compartieron banquillo de los acusados en el caso de los fondos reservados, del que ya hemos relatado que salieron absueltos en enero de 2002.¹⁹⁴ Una vez más la justicia se movió tras las informaciones de la prensa, con el diario El Mundo a la cabeza. El periódico dirigido por Pedro J. Ramírez había denunciado en sus páginas que varios cargos de Interior habían cobrado sistemáticamente sobresueldos a cargo de los fondos reservados durante las etapas de Barrionuevo y Corcuera. El presupuesto que habían manejado ambos ministros en concepto de fondos reservados fue de casi 20.000 millones de pesetas, 120 millones de euros.

El citado diario publicó una fotografía letal para Corcuera tomada el 9 de junio de 1994, apenas seis meses después de su dimisión como ministro del Interior. Un fotógrafo lo cazó junto a Rafael Vera, ambos con cara de circunstancias, en una calle de Andorra a pocos metros de la banca Cassany. Vera aseguró que se trataba de un viaje privado que habían realizado junto a sus respectivas esposas. La fotografía en sí no demuestra que ambos expolíticos hubieran efectuado operación financiera alguna y si es cierto, como dicen, que estaban de vacaciones, por aquello de que la mujer del César no sólo tiene que ser decente, sino también parecerlo quizás deberían haber elegido para el asueto el Pirineo aragonés.

Centrándonos en Corcuera, en el juicio se demostró que dio premios a altos cargos de su gabinete y regaló joyas a sus esposas. Tal y como reconoció el exministro, se trataba de «joyas de 90.000 pesetas más IVA» y dijo estar autorizado para hacer esos obsequios en Navidad y para compensar a algunos de sus subordinados a los que había privado de vacaciones. El expolítico burgalés no ha pasado página de esos más de siete años que duró el proceso, durante los que se consideró «linchado». «Ocho años de cárcel querían meterme por eso, hasta fui a cortarme el pelo»,¹⁹⁵ dice. Asegura una y mil veces que tuvo acceso a grandes cantidades de dinero pero nunca se llevó un duro. El patrimonio inmobiliario que reflejan los registros de la propiedad es el que hemos relatado en este capítulo, la casa de Majadahonda y la finca de Toledo. Por otro lado, en enero de 2011 la familia Corcuera-Alday creó una empresa de consultoría, Aldaycor Asesoramiento y Consultoría S. L., domiciliada en el chalé de Majadahonda. José Luis Corcuera no figura entre los administradores de la sociedad, que son su mujer, Margarita Alday, y las dos hijas del matrimonio, Nuria e Izaskun, una veterinaria y la otra dedicada a temas medioambientales. Pese a que ningún miembro de la familia tiene en su currículo actividades financieras, el objeto social de la empresa, constituida con un capital social de 3.500 euros —prácticamente el mínimo que contempla la ley—, es «el estudio de toda clase de cuestiones económicas, financieras, fiscales, jurídicas e inmobiliarias, así como la realización por cuenta propia y en nombre de terceros y la prestación a empresas de todo tipo y personas físicas, de servicios de consultoría y asesoramiento técnico y profesional».¹⁹⁶

Izaskun Corcuera tiene a su nombre un piso en Madrid de 105 metros cuadrados, en la zona de Las Tablas, uno de los PAU del desarrollo norte de la capital, mientras que Nuria posee un unifamiliar de 300 metros cuadrados en una urbanización de Las Rozas. Ambos inmuebles fueron adquiridos en sociedad de gananciales con sus respectivas parejas.

Durante el juicio del caso de los fondos reservados Corcuera estuvo a punto de «morder» al fiscal para defender su inocencia. Todavía hoy odia, literalmente, a algunos periodistas y jueces, principalmente a Pedro J. Ramírez y Baltasar Garzón. El exministro socialista está plenamente convencido de que los jueces «no sirven para políticos». Hay una escena que fue el detonante de la ruptura y enemistad totales entre Corcuera y Garzón. Felipe González, para blanquear las listas del PSOE y dar imagen de firmeza en la lucha contra la corrupción en el gobierno que encabezaba, puso al magistrado nada más y nada menos que como número dos por Madrid para las elecciones generales de 1993, justo debajo de él. Si alguien ocupa ese lugar privilegiado entra dentro de la lógica que, si se ganan las elecciones, como se ganaron, el susodicho ocupe un cargo de ministro. Pero González vio los problemas que podía ocasionarle darle un ministerio a Garzón y lo terminó colocando como delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado. José Luis Corcuera hizo todo lo que estaba en su mano para que Garzón no tuviera el puesto que deseaba: «Había un cargo que le gustaba aún más que el de ministro y era la Secretaría de Estado de Seguridad. Yo fui fundamentalmente el responsable de que Garzón no tuviera ese cargo. Cuando lo hicieron secretario de Estado quería estar en el Ministerio del Interior y yo me encargué, ahí fui perverso, de que fuera al Ministerio de Asuntos Sociales. Fui a su toma de posesión sólo para decir que mientras yo fuera ministro ese no mandaría ni en un solo policía o guardia civil».¹⁹⁷

Entonces Garzón envió una carta a Rafael Vera en la que, «siguiendo instrucciones del presidente del Gobierno», decía, pedía la adscripción de policías y guardias civiles. Vera se la mostró a Corcuera y este llamó a Garzón y lo citó en su despacho, donde tuvo lugar la escena que, según el testimonio del entonces ministro del Interior, ocurrió de este modo:

Corcuera: Oye, Baltasar, aquí pones «siguiendo instrucciones del presidente del Gobierno» y yo soy ministro y a mí el presidente del Gobierno no me ha dicho nada. Ya le voy a preguntar. Luego pones que quieres saber «las operaciones contra el tráfico de drogas que están en marcha» y estas no se las doy ni al presidente, porque se pueden quedar estraperleadas y se joden. Me las pide el presidente y no se las doy. Y a ti menos. ¿Te has enterado? ¿Y aquí dices que quieres la adscripción de Policía y Guardia Civil?

Garzón: No, ministro, no me has entendido bien. Para no molestar al secretario de Estado digo que se me adscriba un policía y un guardia civil.

Corcuera: Pero eso no es lo que pone aquí, ¿eh? Bueno, déjame pensarlo y te digo algo.

Hasta hoy. Casi veinte años después Baltasar Garzón todavía está esperando la llamada del ministro, que recuerda el episodio como un gran triunfo: «Esto siempre me ha gustado muchíiiiisimo, poner a la gente en su sitio. Y si es muy alto, todavía más. “Siguiendo instrucciones del presidente del Gobierno” era su encabezamiento. Ni lo sé ni me importa si eso era cierto, porque esa instrucción no me la da el presidente del Gobierno ni por el forro de las narices. Y si se lo ha dicho el presidente, le digo al presidente que esas cosas me las diga a mí y, como no voy a seguir esa instrucción, que prescinda de mí si quiere».¹⁹⁸

Con este panorama, apartado del gobierno como un apestado, Garzón apenas aguantó nueve meses en el cargo. Tras los primeros desplantes de González y de Corcuera, que dimitió pocos meses después de la cita con Garzón por los motivos anteriormente descritos, tuvo la oportunidad de ocupar la cartera de Interior después del fugaz paso de Antonio Asunción, pero entonces González nombró a otro juez, Juan Alberto Belloch, «superministro» de Justicia e Interior, fusionando ambas carteras. Ahí chocó el ego de dos jueces, como recuerda el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina: «¿Qué pasó? Pues que otro juez estrella le madrugó. Yo creo que Juan Alberto Belloch le dijo a González: “No pongas a Garzón que va a ser un desastre”, y probablemente tenía razón. Cometió un enorme error Felipe González. Lo podría haber puesto de ministro y, pasado un tiempo, si no funciona, pues mira, le dices: “Se tiene que ir porque esto no funciona”. Pero le hizo un feo. Yo creo que es una humillación improcedente. No hay que humillar a nadie y Garzón se sintió humillado. Yo eso lo entiendo humanamente. Pero claro, la venganza que perpetra después no es una venganza contra Felipe González, que al fin y al cabo no consiguió rozarle ni un pelo. Fue una venganza contra el sistema, dejó echó polvo al PSOE, hizo polvo al gobierno e hizo polvo a la justicia también. Llevarlo en las listas fue un error que cometió Felipe».¹⁹⁹

En una sonora rueda de prensa el magistrado anunció los motivos de su adiós, principalmente que no había encontrado en Felipe González la firmeza que esperaba en la lucha contra la corrupción. Hay que decir a favor del juez que cuando quiso echar un vistazo en qué se había hecho con los fondos reservados, no encontró precisamente colaboración.

Garzón retomó la titularidad del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional y, aprovechando las revelaciones que hicieron Amedo y Domínguez a Melchor Miralles para el diario El Mundo, llamó al exsubcomisario y le dijo: «Ahora sí toca hablar».²⁰⁰ El resultado fue la reapertura del sumario contra la guerra sucia y justicia para Segundo Marey. Pero, según el testimonio de José Amedo, Garzón no logró uno de sus objetivos, que era meter en prisión a quien le había humillado de un modo tremebundo en la escena antes descrita: «Al gordo, hay que meter en la cárcel al gordo»,²⁰¹ le decía el juez al exsubcomisario en las «entrevistas», totalmente irregulares, que Garzón mantenía en su despacho de la Audiencia con Amedo, que accedía al tribunal por el garaje.

Hoy Corcuera hace un paralelismo con una de las acusaciones que pesa sobre Garzón y los sumarios que el juez instruyó contra los que un día fueron sus compañeros: «Garzón no valía para la política y creo que tampoco para la judicatura. Eso es una opinión mía. En lo del Santander no se inhibió y hay que tener en cuenta que cuando salió del gobierno trató de enjuiciar a sus superiores en la política y no se inhibió, los quiso meter en la cárcel sin importarle una higa la ética. Si le condenan por lo del Santander,²⁰² por lo otro tendría que haber ido a la cárcel».²⁰³

Corcuera también tiene palabras para otro tropezón del juez jienense, la investigación de los crímenes del franquismo: «Va a ser una decepción para sus fans, que dicen que lo van a juzgar por investigar el franquismo y eso es falso. No investigó el franquismo, pidió el certificado de defunción de Franco y abrió un par de fosas y se inhibió porque sabía que no era competente».

Preguntado por el otro juez del que echó mano Felipe González, Juan Alberto Belloch, actual alcalde de Zaragoza, Corcuera no se muerde la lengua: «Hombre, Belloch sirve más para la política porque es más político que Garzón. Pero oye, justito también, ¿eh? Conozco yo, yo —se señala el pecho con énfasis—, a gente de mi fábrica y de la naval que los cogen y les dan sopas con hondas. La política no se estudia en la universidad. El ministro no tiene que ser el más listo de la clase, sino saber elegir a los más listos. Hay que tener olfato y sentido común, que no se enseñan en la universidad. A ese que sabe mucho de matemáticas lo cojo yo para que me asesore a mí, porque de la asignatura que yo sé, el que sabe de matemáticas no tiene ni puta idea. Si no, dime un prohombre profesional que haya sido una figura en la política».²⁰⁴

El exministro del Interior también tiene repertorio para intelectuales y periodistas. De los primeros asegura que si en España hay, él no los conoce. Sin nombrarlo por su nombre y apellido, Corcuera se acuerda del filósofo Fernando Savater, al que llama «el filósofo que más sabe de caballos», ironizando con la afición de Savater a la equitación. Asegura «enervarse» cuando alguien lo define «como un intelectual» y aprovecha para enviarle un mensaje: «Ahora ha aprendido a defender la Constitución, ahora, pero cuando yo la defendía, cuando era difícil defenderla en el País Vasco, él me llamaba de todo menos guapo».²⁰⁵

También reconoce abiertamente tenerle «un cierto asco» a la prensa, sobre todo a los «finos analistas políticos que de política no tienen ni puta idea, no dan una, siempre se equivocan y nunca piden disculpas». Le llama la atención que todos sean «mayores de cincuenta años», que estén en todas las televisiones, radios y periódicos y que «con sesenta, setenta u ochenta años le estén diciendo a los políticos que se modernicen y ellos están copando el lugar de los periodistas jóvenes». No duda en calificarlos, a todos, como «unos perfectos inútiles». Y es que cuando Corcuera pone en marcha el ventilador, es mejor refugiarse bajo la mesa. Pero como el autor de este libro es poco corporativista y no comparte el dicho «perro no come perro», deja que el sindicalista que llegó a ministro se despache a gusto: «Tienes colegas tuyos que con 6.000 euros al mes serían unos pobres de solemnidad, no tendrían dinero para abrir el garaje el día 1 de enero. Los conoces tú, quiénes son. Para algunos de tus colegas, eso es calderilla, 12 millones de pesetas al año es calderilla».²⁰⁶

Corcuera, el indignado

Por su carácter, su vehemencia, su enconada crítica, da la impresión de que José Luis Corcuera disfruta indignándose y diciendo lo que le viene en gana a todo el que le quiera escuchar: «Si me piden mi opinión, la doy. Y si no, también procuro darla». Ha dado su opinión a la dirección del PSOE en tiempo de Zapatero y se ha cabreado «casi todos los días» con la generación de socialistas que llegó al poder en 2004.

Y es que Corcuera pasa gran parte del día enganchado a la actualidad, a la reflexión política, analizando todo lo que topa siempre con un prisma muy crítico y políticamente incorrecto. Reprocha a Zapatero que tras la debacle en las elecciones municipales de 2011 no convocara un congreso, como pidió Patxi López. El exministro se pone del lado del político vasco, «el único barón que se pronuncia mirando a las raíces del PSOE», y se muestra muy duro con Carme Chacón y con el aparato del partido en general en los prolegómenos de la designación de Rubalcaba como candidato a las generales: «Patxi López pidió un congreso y al día siguiente mi ministra de Defensa da una rueda de prensa en la sede del partido para decir que da un paso atrás, ¡sin haber dado un paso adelante! Añade que lo da porque se está produciendo la desestabilización del partido, del gobierno y de su presidente y no había ocurrido nada más que lo que dijo Patxi López, la conveniencia de que haya debate en un congreso. Va la señora y lo pone de desestabilizador, cuando la que desestabiliza es usted, poniendo de desestabilizadores a los demás. Se permitió el lujo de decir que estaba preparando las primarias desde el 2 de febrero. ¡Joder, tenía información privilegiada, porque Zapatero dijo que no se presentaba el 2 de abril! Estas cosas en mi partido antes no se hacían. Entonces me pregunto: ¿esto es un partido? Esto será un partido de pitiminí».²⁰⁷

No comprende Corcuera la falta de argumentos que demostraron José Luis Rodríguez Zapatero y su equipo. Pone como ejemplo a Marcelino Iglesias, secretario de Organización del PSOE, que antes de adelantar las elecciones generales al 20 de noviembre de 2011 dijo que nadie entendería que se adelanten las elecciones. «Joder, eso no es un argumento porque el adelanto electoral te lo está pidiendo un montón de gente; da otro». El exministro considera que durante los años de gobierno de Zapatero no ha habido discusión, debate, reflexión. Corcuera critica incluso una de las medidas estrella del político leonés, la deducción fiscal de 400 euros para los más de dieciséis millones de contribuyentes del IRPF, una iniciativa que Corcuera desacredita desde la izquierda. No entiende que la ayuda fuera lineal, a todos independientemente de su patrimonio e ingresos. «Zapatero dijo que era de izquierdas y cuando al año siguiente la quitó, el presidente vuelve a decir que quitarla también es de izquierdas. Chico, ¿tú nunca te equivocas?»,²⁰⁸ se pregunta.

Corcuera asegura que es del todo incomprensible que después de estos bandazos no haya una contestación en el Comité Federal del PSOE. Recuerda que pese al liderazgo y la personalidad de Felipe González, que «no es comparable con la de Zapatero», el político sevillano se enfrentaba a una contestación del 25 y hasta del 30 por ciento en el Comité Federal. Cree un gran error de Zapatero no haber fomentado la discrepancia, el debate y haberse dado a la demagogia y el populismo, que la tienen que practicar otros, no el Gobierno, cuya función es «administrar bien las posibilidades del país, de España».

Corcuera es partidario de un viaje a las raíces de la izquierda, tomando medidas impopulares si es necesario. Sabe perfectamente que el actual sistema de la Seguridad Social es insostenible, porque ellos lo crearon para un país con un número de jubilados muy inferior, cuando la esperanza de vida en España no era, como hoy, la de uno de los países más longevos del mundo. Antes la pensión se pagaba cinco años y ahora quince, un gasto que se lleva por delante al Estado. Recuerda que él, como todo jubilado, cuando va a la farmacia con una receta no paga los medicamentos, pese a que gana más que muchas personas en activo gracias a su pensión máxima. Entonces se pregunta si esto es justo y si esto lo debe defender un socialista. Corcuera es partidario de seguir pagando un porcentaje de las medicinas, como cuando era un trabajador en activo. De esta forma no se harían tantos abusos con los medicamentos, pues hay muchos jubilados dedicados a acumular medicinas gratuitas para él y carísimas para el Estado. Reconoce que la reforma no sería sencilla, pero recuerda que los suecos lo inventaron hace muchos años y que aquí «no nos atrevemos».

Para que esa reforma se efectúe desde la socialdemocracia, Corcuera mantiene que hay que luchar por mantener el sistema público de pensiones, que es el más justo que conoce, pero acotando el gasto. Y en ningún caso privatizar el sistema. Recuerda cuando Zapatero vino de Bruselas y anunció que congelaba las pensiones «porque hay que controlar el déficit público». Esto es precisamente lo que no ha entendido del entonces presidente del Gobierno, la falta de argumentos: «Si es para controlar el déficit público, no me la congeles, porque mi pensión no depende del déficit público. El Régimen General no pivota sobre el déficit. Hay muchas razones para congelar las pensiones, dámelas: racionalizar el sistema, ahorrar... Dímelo y dímelo como una persona mayor, como un adulto, como alguien que es responsable. Si lo haces así te voy a decir que sí, que es razonable y lo voy a aceptar».²⁰⁹

Uno de sus excompañeros de gobierno, el exministro de Sanidad y de Defensa Julián García Vargas, destaca de su «muy amigo Corcuera pese a lo distintos que somos» que está «muy agudo e hipercrítico»: «Mira que es bruto, es que le encanta aparecer como bruto. Pero, aparte de ser una bellísima persona, lo hizo bien y le perdió el carácter. Ahora la capacidad de análisis que tiene sigue siendo muy notable».²¹⁰

En la Feria de Abril de 2011 dos policías locales de Sevilla denunciaron a Corcuera por amenazas. El 6 de mayo los agentes se negaron a permitir el paso a Corcuera, que iba con su escolta, en la entrada del Real para coches oficiales. Los policías aseguran que cuando le dijeron que se identificara para poder acceder a la zona reservada el exministro les amenazó y les dijo aquello de «no saben con quién están hablando», extremo que Corcuera niega. El expolítico, con gesto pícaro, reconoce que «hombre, igual subí un poco la voz, pero no amenacé a nadie. Los dos días anteriores habíamos entrado por esa vía sin ningún problema y ese día, después del altercado, también pasamos».²¹¹ No puede negar que un poco brutote sí que es. Finalmente el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla lo condenó al pago de una multa de 300 euros (la Fiscalía pedía 900) por una falta de orden público, además de pagar las costas del juicio. La sentencia afirma que Corcuera «mostró un comportamiento irrespetuoso» hacia los dos agentes de la Policía Local de Sevilla. 

Por indignarse, José Luis Corcuera se ha indignado hasta con los «indignados». Siguió con atención el devenir de los acontecimientos en la Puerta del Sol de Madrid y en otras ciudades, día a día, con disciplina, escrutando cada gesto, cada acción, para sacar sus propias conclusiones. Le ha chocado el fervor de la clase intelectual española hacia las asambleas de Sol como un elemento de democracia directa, cuando, a su juicio y según sus convicciones progresistas, recuerda que «no hay nada más manipulable que una asamblea, porque siempre hay uno que apunta y ese, el que refleja las conclusiones, es uno, no la asamblea». Nunca es cierto el «entre todos» porque «siempre tiene que haber un líder». Recuerda el exministro los tiempos de la clandestinidad, con Franco vivo, cuando se reunían en secreto con miembros de la CNT y nunca podían tomar una decisión porque los cenetistas siempre decían que la decisión la tenían que consultar con la asamblea. Un par de horas después de la reunión un representante de la CNT llamaba a los socialistas y les decía sí o no. Corcuera siempre se preguntaba dónde tendrían la asamblea, pero luego descubrió que era mentira, que no había tal asamblea. Cree que todo lo que ha ocurrido alrededor del 15-M ya estaba inventado y que de asambleas «de esa jaez no va a salir nada positivo». Le estomaga el «no nos representáis», el «todos sois unos corruptos» y los que se creen con derecho a transgredir la legalidad «porque son el pueblo». Y si ese es el futuro, le hace pensar que algo hicieron mal en la Transición. Da la bienvenida a los movimientos que vienen de abajo y que sirven para hacer reflexionar, pero no soporta que un joven, al que le faltan muchos años, por muy brillante que sea, dé lecciones a los demás y minusvalore a la mayoría. Aprovecha para recordarles que en plena ebullición de los indignados se celebraron las elecciones municipales y votaron muchos más que los que estaban en las plazas (y le dieron al PP una victoria sin precedentes, un tsunami azul por la geografía española, algo que, dada su lejanía al aparato del PSOE, no parece haberle hecho un daño especial, pese a que sigue siendo militante socialista). Le parece bien que pidan una reforma del sistema electoral, pero echa en falta la propuesta concreta. También le recuerda a «estos chavales que dicen lo duro que es estudiar», que lo duro para toda la sociedad ha sido «pagarles la carrera». Corcuera cree que hay un temor reverencial a decir estas cosas, pero él no entiende de ese tipo de temores. Le importa un pito cómo le siente a los demás: dice lo que piensa y punto. Y alerta de que estos movimientos acaban favoreciendo a la derecha, al igual que los conservadores franceses fueron los grandes triunfadores tras el Mayo del 68, y que las experiencias anarquizantes en España han sido siempre «un desastre que nos ha llevado a la ruina». Lo poco que salva del movimiento 15-M es una frase brillante: «Si no nos dejáis soñar, no os vamos a dejar dormir».

Pese a su compromiso con la izquierda, Corcuera, que tiene más que asumida la socialdemocracia y el hecho de que vivamos en un sistema capitalista, señala, pese a que a muchos le choque su reflexión, que el Estado no es el encargado de crear empleo: «Ya pueden decir misa, pero no hay ningún ejemplo en el mundo, salvo que hablemos de Cuba. Aquí lo que ha pasado es que ha desaparecido un millón de empleos, muchos de ellos de jóvenes que dejaron de estudiar para trabajar en la construcción» y eso no lo levanta el Estado. Su receta para salvar a la socialdemocracia y lo que le queda de izquierda pasa por una modernización mirando a las raíces, discutiendo en las agrupaciones, discutiendo en los congresos provinciales, discutiendo en los congresos de partido, llevando la opinión de los militantes, no la de los dirigentes. Y esa es su agenda: «Decir lo que pienso a todo el que se me pone por delante. De mi partido, claro».

José Luis Corcuera ha grabado en su mente una frase de Cánovas del Castillo, hasta el punto de que la tiene pegada en el faldón de una foto suya enmarcada en la mesilla del salón de su casa de Majadahonda. Bajo el exministro, sonriente, ligeramente de perfil y con traje oscuro, se lee lo siguiente: «Hace mucho tiempo que yo hubiera dejado de intervenir en el gobierno de este país si esperase como recompensa de mis actos la gratitud».

«Con Corcuera me peleaba todos los días. Somos amigos íntimos desde la lealtad y desde la discrepancia». Habla otro de los ilustres jubilados de la política española, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, uno de los más carismáticos líderes socialistas de la generación que llegó al poder tras la Transición y el más longevo de los presidentes autonómicos merced a sus veinticuatro años al frente de la Junta de Extremadura. Decidió no presentarse a las elecciones autonómicas de 2007 por motivos de salud y recuperó su profesión original, la de profesor. Se incorporó en Badajoz a la Facultad de Educación, concretamente al Departamento de Filología Hispánica y Lingüística General.

Zapatero le había ofrecido un ministerio, pero lo rechazó, así como tampoco ha aceptado varias ofertas de la empresa privada porque no le pareció pertinente tras más de veinte años en el gobierno autonómico. En esto se distingue de gran parte de los líderes de su generación. Ibarra asegura vivir modestamente porque «nunca he necesitado mucho para vivir».

Apenas estuvo dos años dando clase, pues se acogió a la jubilación anticipada en septiembre de 2009. En esta breve etapa chocó con la rigidez de la universidad pública. Llevaba treinta y dos años sin impartir docencia y cuando retornó le preguntaron: «¿Usted qué es?». «Filólogo», contestó. «Pues a dar clase de Filología». Mientras el expolítico impartía Introducción Lingüística —obtuvo las valoraciones más altas de las encuestas del alumnado— en el aula de al lado otro profesor enseñaba Sistemas Electorales y a unos metros otro docente impartía Comunicación Política. Así que un día le preguntaron que si había hecho campañas electorales, a lo que Ibarra respondió: «Cincuenta y dos». Le invitaron a dar una clase «fuera de su especialidad». Rodríguez Ibarra llegó a la conclusión de que la universidad le estaba pagando un sueldo y no aprovechaba su experiencia en el campo de la política: «Estudias Medicina, llevas treinta y dos años de político, regresas a la universidad y te ponen a enseñar Medicina. Es absurdo, esto no pasa en Estados Unidos», reflexiona. Ya prejubilado se encuentra bastante a gusto por un motivo principal: hace lo que le apetece. Recibe al periodista porque le da la gana, no porque tiene que hacerlo como presidente de la Junta, y si va al teatro y no le gusta la función, se sale a la mitad, algo imperdonable si estuviera en activo. Dedica bastante tiempo a escribir artículos para prensa (El Correo de Andalucía, El País) y está preparando un libro sobre el movimiento del 15-M. También acude a una tertulia política de Radio Nacional donde le da el contrapunto el exministro del PP Juan Costa. En su día a día también echa una mano a su hija de veinte años, que estudia Periodismo, y a su pareja, que es profesora universitaria. Habitualmente recibe la llamada de gente variopinta que le pide consejo, desde un empresario local que quiere saber qué le parece un negocio que tiene en perspectiva hasta un estudiante de Derecho al que le gustaría charlar con él porque quiere entrar en política. Curiosamente los únicos que no le preguntan son los políticos.

Para estas actividades de «asesoría a la sociedad», podríamos decir, Rodríguez Ibarra utilizaba la oficina del expresidente, cuyos gastos levantaron una polvareda importante. El diario El Mundo publicó en mayo de 2011 que la oficina de Ibarra había costado casi 2 millones de euros desde su creación en 2007 hasta 2010. El periódico dirigido por Pedro J. Ramírez destacaba algunas polémicas partidas, como 3.000 euros en flores, 598 en «lencería» u 812 en botellas de vino. Luego la Asamblea rebajó la cifra total a 1,16 millones de euros, que incluyen la compra, reforma y lujosa decoración del inmueble, una oficina de 315 metros cuadrados en Mérida. En honor a la verdad hay que decir que todos estos gastos son responsabilidad de la Asamblea de Extremadura y han sido aprobados conjuntamente por PP y PSOE. No hubo gasto alguno en lencería, sino que el epígrafe que califica el gasto se denomina «Lencería y vestuarios» y se trataba de un traje para un escolta y otros textiles, como cortinas, no bragas ni sujetadores. Rodríguez Ibarra se enfadó con el diario El Mundo, al que acusa de manipulación. El periódico destacó el gasto en lencería en uno de los sumarios de la información, aunque dentro del texto especificó que la partida era «Lencería y vestuarios». En cuanto a las botellas del vino, se trata de un regalo que decidió hacer la Asamblea a los obreros que se encargaron de la remodelación del inmueble. Los 3.000 eurazos en flores fueron para un acto de la Asamblea. Luego hay una serie de facturas polémicas, como un lujoso sofá estilo Le Corbusier (3.050 euros), una lámpara de 679 euros o una alfombra de 1.800. También llaman la atención los más de 90.000 euros que han gastado en gasolina los cuatro coches oficiales destinados a la oficina, donde hay cuatro empleados a las órdenes de Ibarra. Si hacemos el cálculo, los 1,6 millones de euros en tres años y medio reflejan un gasto de 457.000 euros anuales en la oficina, incluyendo la compra y remodelación de la misma. Que los extremeños juzguen.

El derecho al uso de esta oficina lo acordaron PP y PSOE estando Ibarra en el poder. El estatuto de los expresidentes también destinaba una pensión a Rodríguez Ibarra (y sus sucesores) del 80 por ciento de su sueldo hasta los sesenta y cinco años y luego el 60 por ciento de forma vitalicia. Hubo cierta polémica cuando se aprobó esta medida y Rodríguez Ibarra renunció a la pensión, que podría haber compatibilizado con su sueldo de profesor universitario. La mayor parte de las autonomías tiene sueldos y pensiones para sus expresidentes. Finalmente Ibarra renunció también a la oficina y el nuevo gobierno salido de las elecciones de mayo de 2011 decidió que dentro de las dependencias de la Asamblea habría un despacho para uso de los expresidentes, Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara.

Tras la algarada de la oficina, Ibarra pensó que si los políticos no lo querían en Extremadura, en España sí le ponían una oficina e ingresó en el Consejo de Estado como miembro no permanente. No tiene retribución, ya que esta es para los permanentes, como la exvicepresidente del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega,²¹² que cobra del Consejo 83.500 euros anuales.

Cuatro años después de su salida de la Junta de Extremadura, el expresidente autonómico mantiene los escoltas, cuyo gasto también ha sido criticado. El PP extremeño ha denunciado públicamente que Ibarra cuenta con cinco escoltas. El sueldo de los policías lo paga el Ministerio del Interior, pero el complemento de escolta, las dietas y otros gastos corren a cargo de la Asamblea de Extremadura. El aludido es tajante en su respuesta: «Le pedí en dos ocasiones a Rubalcaba [entonces ministro del Interior] que me los quitara, pero no lo hizo».²¹³

Balance de Extremadura

Hasta 2011 sólo el PSOE había gobernado en Extremadura: los veinticuatro años de Ibarra y la legislatura de su sucesor, Guillermo Fernández Vara. Cuando el PP, de la mano de José Antonio Monago, llegó al poder, se produjo el lógico choque de trenes y se comenzaron a levantar las alfombras.²¹⁴ Estos son algunos datos:

—Un total de 97.000 funcionarios en Extremadura entre autonomía, diputaciones, ayuntamientos y Estado para 1.100.000 habitantes. Pese a esto, Ibarra creó otra organización pública para las mancomunidades. La cultura en Extremadura era: «Tienes que ser funcionario, eso te decían tus padres».²¹⁵

—Un total de 76 organismos y empresas públicas. Al frente de cualquiera de estas empresas se ganaba más que el presidente de la Junta.

—En conjunto, 521 cargos de confianza. Monago los baja a 250.

—Además, 1.623 coches oficiales: jefes de servicio, miembros de Consejos de Administración de empresas públicas, agentes forestales… Un sábado por la tarde te encontrabas treinta coches oficiales en el aparcamiento de un centro comercial. Hace tres años el PP sacó las fotos de los coches oficiales junto a un Carrefour y en la puerta de una discoteca. Tres meses después Ibarra ordenó quitar la banderita de Extremadura de la puerta de los coches oficiales para que no se supiera que eran oficiales.

—En publicidad, 180.000 euros diarios se gastaba el gobierno autonómico.

—A lo que hay que añadir 420.000 euros diarios en estudios y programas: casi cada encina tenía un estudio.

—Proyecto de aeropuerto internacional en Cáceres. Era absurdo, no se llegó a hacer, pero sí se gastó mucho dinero en estudios al respecto.

—Hay una red de hospederías públicas del gobierno autonómico (además de Paradores Nacionales), que compite con los hoteles privados y que es deficitaria. En los últimos presupuestos se incluyeron 7 millones de euros para hacer dos hospederías nuevas.

—Cuando la sanidad era nacional el Insalud tenía 10 altos cargos en Extremadura. Al transferirse subió hasta 111 altos cargos con un mínimo de 60.000 euros anuales de sueldo. Han crecido los centros médicos, los ambulatorios, pero no tanto.

Cuando se le plantea esta retahíla de despropósitos, la primera respuesta que da Rodríguez Ibarra es para matizar que el PP ha heredado el gobierno de Guillermo Fernández Vara, no de él. Obviamente no puede eludir sus responsabilidades en la situación de Extremadura, ni para bien ni para mal, pues él lo ha sido todo en la región. Termina defendiéndose atacando incluso a su sucesor socialista: «Ellos van a hacer todos los recortes menos en los coches oficiales suyos, ahí no recortan. En los diputados, ahí no recortan, todos cobran. En mis tiempos sólo cobraba un 10 por ciento de los diputados; desde que llegaron ellos y el anterior todos los diputados cobran, todos, unas 500.000 pesetas mensuales por ir dos veces al pleno. Ahí se les olvida porque se trata de ellos. Ahora resulta que fui un manirroto. Que sumen todos los gastos superfluos y me digan cuánto significa del total de los gastos y si es un 1 por ciento me culparé de haber sido un despilfarrador en el 1 por ciento, pero el 99 restante lo empleé en tener unas condiciones de vida que en Extremadura jamás habíamos soñado, jamás».²¹⁶

En octubre de 2011, apenas un mes después de que Ibarra pronunciara estas palabras, su sucesor y líder de la oposición, Guillermo Fernández Vara, reveló un listado de familiares de cargos del PP que habían sido contratados en cargos de libre designación de los nuevos gobernantes. Se trata de más de veinte personas, entre ellas el cuñado del presidente José Antonio Monago, que fue colocado como chófer de un alto cargo. Por su parte Fernando Manzano, secretario general del PP de Extremadura y azote del despilfarro de la etapa socialista, contrató a un primo suyo también como chófer. El presidente de la Asamblea se defendió diciendo que para los cargos eventuales «se puede contratar a quien uno disponga». Manzano argumentó que durante las «decenas de horas semanales» que pasa en el coche oficial necesita que el conductor sea una persona de su «absolutísima confianza, porque va escuchando las conversaciones». Entre los colocados del PP, al más puro estilo del nepotismo socialista que tanto se ha criticado en Andalucía —comunidad donde es insuperable el enchufismo familiar—, están la pareja del consejero de Agricultura (jefa de gabinete de la vicepresidenta), la esposa del secretario general del Servicio de Salud (directora de Gestión Económica del área de Mérida) y la mujer del director general de Presupuestos (jefa del servicio de Gestión Económica de Hacienda). El PP respondió con el «Y tú también», sacando a relucir que un primo de Vara está de subdirector en un hospital; un cuñado de la portavoz del PSOE, Ascensión Murillo, es chófer del Grupo Socialista; la nuera del exvicepresidente de la Junta, gerente del Palacio de Congresos de Cáceres; y la esposa del exportavoz socialista en la Asamblea dirige la Escuela de Hostelería, entre otros ejemplos. Al final se produjo un bucle bochornoso que dijo muy poco a favor de ambos partidos. Una vez más PP y PSOE, como casi todo partido que amarra poder, demuestran que se parecen demasiado.

Además de defenderse de las acusaciones de despilfarro, Ibarra se pone la medalla del salto que dio Extremadura, que, partiendo de una situación tremendamente deprimida, ahora tiene «empresas, mejores carreteras que otras comunidades, escolarización…». Esto es lógico. Hasta ahí podíamos llegar, que Extremadura, veinticuatro años después de que la cogiera Ibarra, no tuviera servicios tan básicos como los descritos. Tiene razón el expresidente en que les dio voz a los extremeños en el conjunto de España. Lo recuerda de este modo: «En algunas ocasiones nuestra voz era enérgica y fuerte, nuestras opiniones eran decisivas, casi fundamentales. Hubo un tiempo en el que había que saber qué opinábamos Jordi Pujol y yo de algunos temas importantes autonómicos. Si Pujol y yo estábamos de acuerdo, se tiraba para adelante».²¹⁷

Socialdemocracia y futuro

Rodríguez Ibarra sigue situado a la izquierda de muchos de sus coetáneos. Por eso no quiere ni oír hablar de, por ejemplo, copago sanitario. Sostiene que el derecho a la sanidad o a una pensión no se puede recortar, porque entonces te cargas ese derecho. Dice que es como la libertad, que un gobernante no puede decir: «Voy a recortar algo a la libertad, aunque haya pasado en Estados Unidos tras el 11-S, como tampoco se puede recortar la libertad de prensa, que o la hay o no la hay, no se puede recortar ni un poquito ni mucho». Por eso, argumenta, la sanidad pública es gratuita y universal. Lo mismo que las pensiones, que «yo no puedo estar toda la vida trabajando y luego que me muera en una cuneta». A su juicio este debe ser el discurso de la izquierda socialdemócrata para distanciarse claramente de la derecha. Critica que se quiten profesores en los recortes que ha provocado la crisis, ya que con un 30 por ciento de fracaso escolar «faltan profesores, no sobran» y la educación de calidad puede hacer que se iguale el que no tiene nada con el que tiene mucho. Todo esto es muy bonito, suena estupendo, pero ¿cómo se paga? «Si no hay dinero, se busca», remata.

El expolítico extremeño entiende que hemos gastado más de la cuenta y la izquierda socialdemócrata tiene un reto. Mientras los liberales apuestan por recortar servicios públicos en tiempos de crisis, Ibarra dice que no se puede recortar ningún tipo de prestación. Si es necesario, se crea un impuesto para la banca, como ya hizo, y aún recuerda «las burradas que se dijeron del revolucionario de Ibarra, y ahora todos quieren ponerle un impuesto a los bancos». Ibarra añade que «tengo que hablar con Rubalcaba para que retire el recurso de inconstitucionalidad contra el mío, porque sigue recurrido. Por cierto, Griñán lo va a poner ahora y no se lo van a recurrir».

Rodríguez Ibarra se distancia de la forma de gobernar del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que define como «radicalismo italiano»: «Zapatero se ha ido preocupando por sectores: hoy le tocaba a la mujer embarazada, mañana a los homosexuales, pasado eran los parados… Esa no es la política socialdemócrata que yo entiendo y esta línea de Zapatero, una política radical, ha fracasado, porque se han olvidado de la igualdad».²¹⁸

En una ejecutiva del PSOE Ibarra llegó a decirle a Zapatero: «Ya se puede casar un banquero con un albañil, o con un jornalero, puesto que hemos aprobado los matrimonios homosexuales. Ahora queda la igualdad, que el banquero y el jornalero tengan más o menos equilibrada su vida».²¹⁹ Frente a Zapatero, Ibarra considera que quien fue su sucesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, sí representa a la socialdemocracia. El candidato socialista a las generales del 20 de noviembre de 2011 pertenece, aunque más joven, a la generación de socialistas encabezada por Felipe González, con el que Ibarra se ve asiduamente. Cada vez que Felipe González presenta al expresidente extremeño a alguien, dice: «Ibarra, con el que nunca he estado de acuerdo en nada, pero somos amigos». Su relación es tan buena que a lo largo de los años, estando ambos en activo, han pasado muchos fines de semana pescando en el Parque Nacional de Monfragüe. El exbarón socialista reconoce que González deja poco hablar, pero también escucha y le gusta la discrepancia, charlar con gente que sea capaz de discutirle, como él. Ibarra también suele verse con José Luis Corcuera y, algo menos, con Alfonso Guerra. En ocasiones ha charlado con sus colegas sobre el final de ETA y comparte con más de uno la teoría de que la sociedad entiende que la desaparición de ETA le corresponde al PP, hasta el punto de que «a veces da la sensación de que no querían que se acabara con el PSOE en La Moncloa y ponen demasiados palos en la rueda». Pese a la crítica al PP, Ibarra cree que cada partido tiene una misión en la historia, además de gobernar, de tal forma que sólo el PSOE podría haber hecho la reconversión industrial y sólo el PP el fin de ETA, porque «Ellos no son sospechosos para la ciudadanía y nosotros sí tenemos todavía cierta sospecha por parte de algunos sectores. Que queremos romper España, que no amamos a España, que no defendemos la integridad, y todas estas cosas. Entonces cuando el gobierno socialista hace una operación con ETA, por ejemplo acercar unos presos, inmediatamente se ve como connivencia con ETA. Entonces somos sospechosos y esa parte de la población jamás se va a rendir ante esa sospecha que es claramente infundada. Nosotros somos más leales cuando el PP tiene que tomar alguna medida en ese sentido».²²⁰

En el repaso a los líderes de su generación, Ibarra ha querido acordarse de Fernando Morán. Aprovecha para salir al paso de los famosos chistes de Morán asegurando que el exministro de Asuntos Exteriores «es un tío brillante, lo que pasa es que en este país de vez en cuando se toma a alguien por el pito del sereno y se convierte en el cachondeo de la prensa». Morán, el primer titular de Exteriores de Felipe González (1982-1985), intentó hacerse con la alcaldía de Madrid en las elecciones de 1999, pero fue derrotado por José María Álvarez del Manzano. Actualmente, tras una intensa carrera diplomática, vive tranquilo. Se dedica a escribir y a dar paseos con su mujer. Forma parte del Club de Roma y del Ateneo de Madrid.

Como Rodríguez Ibarra, Joaquín Leguina Herrán fue el primer presidente de su comunidad autónoma, Madrid en este caso y, hasta la fecha, el único socialista. No se corta un pelo cuando dice públicamente que con Zapatero nunca ganarían en Madrid o que el gobierno que encabezaba el secretario general de su propio partido era «un sindiós».²²¹ De todos los líderes socialistas de la retaguardia, a Leguina se le puede conceder el honor de ser el más políticamente incorrecto. Dice lo que quiere y cuando quiere. ¿Dónde? En sus ensayos, en su blog y en distintos medios de comunicación de una línea editorial muy poco amigable con el PSOE, como sus artículos en La Gaceta —el diario más derechista de España— o sus tertulias en La vuelta al mundo de Veo 7 (televisión de Unidad Editorial, editora del diario El Mundo),²²² Curri²²³ y compañía, en La 10 (Grupo Vocento, editor de ABC), Madrid opina (Telemadrid) o el más moderado Herrera en la onda (Onda Cero).

Muchos compañeros de partido le han afeado sus tremendas críticas a la cúpula del Partido Socialista Obrero Español y al gobierno central. Incluso le acusan de haberse pasado a la derecha. Estas críticas para nada le amedrentan, sino que surten el efecto contrario. Leguina responde visiblemente airado: «Va a resultar que la izquierda la define Zapatero todas las mañanas. Se levanta de la cama, se chupa el dedo, ve por dónde sopla el aire y dice: “Esta es la izquierda y el resto la derecha”».²²⁴ Leguina, que recibe al periodista en su despacho en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, gesticula con vehemencia para apoyar sus argumentos. En 2008 el gobierno de Esperanza Aguirre creó dicho organismo fijándose en el Consejo de Estado y estipuló que los expresidentes de la Comunidad de Madrid, si así lo deseaban, formarían parte del mismo como miembros permanentes. La actual presidenta rellenaba de este modo un vacío, al no contar Madrid con un estatuto que fije los derechos a los que pueden acceder quienes han ocupado el sillón presidencial de la Real Casa de Correos.

Como la CAM sólo tiene dos expresidentes y el segundo, Alberto Ruiz-Gallardón, ocupaba la alcaldía de Madrid (es incompatible con el Consejo), Leguina es de momento el único beneficiario de esta prebenda. La labor de este organismo es consultiva: informa al gobierno y a la administración de la Comunidad de Madrid y vela por la observancia de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía. Es decir, si la Asamblea promulga una nueva ley, el Consejo Consultivo, del que forman parte varios juristas de reconocido prestigio, la estudia para que tenga cabida en el ordenamiento jurídico. Pese a ser un órgano consultivo, algunas de sus decisiones son vinculantes.

Dicho esto y sin menoscabo de las capacidades de Joaquín Leguina, el sillón que le reservó Esperanza Aguirre (ella decidirá en su momento si ocupa un despacho contiguo) en la tercera planta de Gran Vía 6 es más un pago a los servicios prestados que un trabajo. Se trata de que el expresidente de la Comunidad tenga un despacho, una secretaria y un buen sueldo para que pueda llevar una vida acorde a su papel representativo. De hecho, el exmáximo mandatario autonómico está invitado a la Comisión, el órgano que gobierna el día a día del Consejo Consultivo, pero ni siquiera tiene voto. Sí goza de voz y voto «en las cuestiones gordas»,²²⁵ en el trámite de los decretos y de las leyes de trascendencia.

Preguntado por su sueldo, Leguina titubea. Contesta, pero le cuesta dar la cifra:

—¿Cuánto cobra, señor Leguina?

—Lo mismo que el resto de consejeros. De hecho nos han bajado el sueldo varias veces.

—¿Y en cuánto ha quedado?

—Si quiere le enseño una nómina.

—No, no es necesario. Con que me lo diga usted es suficiente.

—Pues cuatro mil y pico euros al mes.

—¿Netos?

—Sí, sí, netos.

Si a esa cantidad sumamos las cotizaciones sociales, las retenciones y las pagas extras, nos encontramos con los 87.400 euros anuales brutos que fija el Consejo Consultivo, casi 10.000 euros más que el entonces presidente del Gobierno (José Luis Rodríguez Zapatero se quedó en 78.185 euros anuales tras el último recorte).

La mayoría del Partido Popular en la Asamblea aprobó la creación del Consejo Consultivo en diciembre de 2007. El PSOE apoyó el ingreso de Leguina en dicho organismo, pese a que no compartía la creación del mismo. De hecho, la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, señaló que la puesta en funcionamiento del Consejo costaría 31,6 millones de euros.²²⁶ Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión de Presidencia de la Asamblea, Andrés Rojo, criticó que este órgano «haga prácticamente lo mismo que hace el Consejo de Estado», que además «está a cien metros de la Puerta del Sol» y hace el trabajo «gratis».²²⁷ Máxime cuando el nuevo Consejo costaría todos los años a los madrileños «400 millones de pesetas»²²⁸ (2,39 millones de euros) al año, de los que 1,14 millones de euros serían «sólo para pagar salarios».²²⁹ Se quedó corto. Según la última memoria de actividades publicada, correspondiente al ejercicio 2009, el Consejo Consultivo dispuso de más de 5,5 millones de euros, concretamente 5.668.920 euros. El mismo informe señala que la plantilla está compuesta por un total de 41 personas: «Los consejeros para el desarrollo de sus funciones están asistidos por seis letrados, además del personal de secretaría y apoyo. Catorce puestos de trabajo están adscritos a Gerencia, responsabilizándose de las tareas de administración de personal, gestión económica, biblioteca y documentación, archivo y registro de documentos».²³⁰

Los gastos salariales suponen el 76 por ciento del presupuesto, lo que suma 4.313.666 euros. Casi 1 millón de euros se lo ventilan los altos cargos. Los consejeros no pueden ostentar otro cargo de representación popular, pero sí tener actividades económicas privadas.

Las «dificultades presupuestarias de la administración regional» no permitieron que el Consejo encontrara una ubicación permanente y continúa de forma provisional en la tercera planta de Gran Vía 6. Es decir, que vendrán más gastos cuando consigan la autorización para una sede definitiva.

Rojo se mostró convencido de que será un órgano para colocar a «personas cercanas al PP que se han quedado fuera de juego».²³¹ Puso como ejemplo al que todavía continúa en el cargo de presidente del Consejo, Mariano Zabía, exconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del primer gobierno de Aguirre. Izquierda Unida se manifestó en términos similares. Aguirre también colocó al exdiputado del PP en el Congreso por Madrid, Ismael Bardisa Jordá, y al alto cargo del gobierno de Aznar, José Luis Cádiz Deleito.

En la otra bancada, además de Leguina, el Consejo Consultivo cuenta con otro exdiputado socialista de la Asamblea, Pedro Feliciano Sabando. En los once asientos de este organismo consultivo madrileño también ha habido hueco para Cristina Alberdi, la ministra de Asuntos Sociales del último gobierno de Felipe González que, tras un cambio de chaqueta, fue fichada por Esperanza Aguirre para presidir el Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. La balanza de consejeros se inclina más hacia la derecha, fiel reflejo del porcentaje de diputados que refleja la Asamblea de Madrid (¿adivina el lector qué pasaría si el PSOE gobernara Madrid?).

Regresando al salario de Leguina, los 87.400 euros anuales de cada consejero, este mantiene que es más que suficiente, aunque confiesa que tiene «más gastos de los que debería tener a mi edad, porque tengo un hijo²³² en Londres que está haciendo un master —es arquitecto— y eso cuesta dinero. «Y luego el señor de Hacienda que viene en junio y te mete un sablazo, que para eso estamos, porque sólo pagamos IRPF los asalariados y yo sigo siendo un asalariado».²³³ Completa sus ingresos con las colaboraciones en medios de comunicación (el caché de las tertulias de la TDT oscila entre 200 y 300 euros por intervención) y con los derechos de autor de sus libros (ha escrito diecinueve libros, entre novelas y ensayos, prácticamente todos después de su salida de la presidencia de la CAM, en 1995). Escribe a mano y «esta secretaria que Dios me ha dado —señala hacia la sala contigua a su despacho, donde se sienta Lucinda— me lo pasa a ordenador».²³⁴

Un día cualquiera en la vida de Joaquín Leguina comienza pronto y le gusta llevar «una vida ordenada». Se levanta temprano y a eso de las nueve o nueve y media llega a su despacho del Consejo Consultivo. Despacha sus cuestiones y aprovecha para trabajar en algún libro y actualizar su blog. Después de comer, una pequeña siesta, tras la que procura salir a caminar durante una hora u hora y media, todos los días. Por la noche lee antes de acostarse.

El expresidente madrileño se considera un afortunado que tiene la sensación de haber ganado siempre lo mismo, porque siempre ha vivido igual de bien. Su primer sueldo fueron 4.500 pesetas que le pagaba el Ejército por ser militar de complemento. Estuvo cuatro meses «y vivía de puta madre», recuerda. Era el primer dinero que entraba seriamente, el primer dinero propio en su bolsillo. Vivía en una residencia por la que abonaba una cantidad casi simbólica, 200 pesetas al mes. Tenía una pequeña zona de oficina para trabajar, además de la cama y una ducha que describe como «cojonuda». Además los soldados novatos le limpiaban las botas y los zapatos. La comida era excelente y al terminar el mes le sobraba dinero.

Tras esta etapa viajó a Francia para completar sus estudios de posgrado con un doctorado en La Sorbona. Tenía una beca de 750 francos, que entonces era bastante dinero. La comida era barata y si se alojaba en un hotel, se lo pagaban. Se casó en París y su mujer tenía la misma beca, por lo que la pareja vivía muy holgadamente con 1.500 francos mensuales. Regresó a España, donde tenía un sueldo de 11.500 pesetas del Instituto Nacional de Estadística, también idéntico al de su esposa. Con 23.000 pesetas mensuales en el Madrid de 1967, donde el alquiler les costaba 3.000, se vivía muy bien. Por eso siempre recuerda haber vivido igual de bien y, en un caso, «de putísima madre». Se refiere a su etapa en el Chile de Salvador Allende con un salario de la ONU que alcanzaba los 3.500 dólares mensuales, en un país en el que se podía vivir con 40 al mes. Había un gran mercado negro de dólares, que estaban muy cotizados. Por desgracia para él su estancia en Chile como funcionario de Naciones Unidas, concretamente demógrafo experto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sólo duró unos meses. El golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, se cruzó en su camino.

Leguina observa su recorrido vital con una sonrisa y con la sensación del deber cumplido, ajeno a los avatares del pasado, como cuando ve pasar la marabunta de coches de la Gran Vía desde el amplio ventanal de su despacho sin miedo a que lo atropellen. No se ha visto tentado a regresar a la política. Se ofrece para echar una mano, pero nada de entrar en las batallas de las listas ni nada de eso. De todos modos, hoy por hoy no hay demasiadas probabilidades de que la jerarquía del PSOE llame a la puerta de este viejo e incómodo socialista para regresar a la arena política.

Inquina por Zapatero

En 1965 Joaquín Leguina se había licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de Bilbao, carrera en la que se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid y en La Sorbona. Es estadístico facultativo del Instituto Nacional de Estadística y fue profesor en la Universidad Complutense, todos ellos pasos previos a su entrada en política. Es ahí donde Leguina observa una gran diferencia²³⁵ entre la generación de líderes socialistas que arropó a Felipe González y los hombres y mujeres de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero.

Leguina es implacable en la crítica al político leonés. Lo embiste una y otra vez como haría un toro de lidia con un matador sin capote. No se cansa de voltearlo una y otra vez, socarrón pero extraordinariamente duro con la entonces máxima autoridad del partido al que Leguina, no nos olvidemos, todavía pertenece: «Zapatero es un especialista en liquidar gente. La historia de su secretaría general en León es más que significativa. No dejó nada, no dejó títere con cabeza, y fue para atrás desde el punto de vista electoral, porque León era un provincia con una tradición muy inclinada a la izquierda desde las primeras elecciones. Es una zona minera, industrial y ¡Zapatero no dejó nada ni a nadie! Y ahí tenemos los resultados: perdimos Ponferrada y El Bierzo y ahí sigue el PP eteeernaaamente [pronuncia la palabra con parsimonia, alargando aún más las cinco sílabas del adverbio]. Nadie vio eso antes de votar a Zapatero en el 2000. El PSOE como partido estaba ciego. No puedes tomar decisiones por la sonrisa, hay que mirar los currícula. Los que le votaron son responsables del triunfo de este caballero, al que votaron para evitar que fuera Bono el elegido.²³⁶ Hombre, un poco de sentido de responsabilidad, de sentido de partido y de país. Mirando hacia atrás dices: “¿Pero cómo se pueden cometer tantos errores?”».

En el citado congreso Leguina se manifestó en contra de Zapatero y se encarga de recordar que también lo estuvo Rubalcaba, después vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior. Leguina apostó por Bono aunque no le pareciera «la gran esperanza blanca», pero está seguro de que el político manchego no los habría metido en muchos de los líos de los que responsabiliza a Zapatero, como el territorial. Asegura que Bono no se habría aliado con las feministas radicales, «que no tienen nada que ver con el PSOE tradicional», ni se habría aliado con los ecologistas, «que se han cargado cualquier posibilidad de trasvase, de hacer una política de aguas en España». Sostiene que la primera legislatura, con Cristina Narbona y los ecologistas «es para mear y no echar gota»: «¡Apostar por las desaladoras en lugar de los trasvases es estar en contra del segundo principio de la termodinámica, joderrrrr! Es la locura y todo el mundo aplaudiendo. Y al final, ¿qué ha conseguido? Que se cree un partido verde. Ese es el éxito. No ganaremos jamás en Muuurcia, no ganaremos jamás en la Comunidad Valenciaaana. Vamos a ver si ganamos en Aragón, que hemos hecho que los políticos aragoneses se crean los dueños del Ebro. Claro, si tú les dices que sí… Y no son los dueños del Ebro, coño: el Ebro es de todos los españoles, joderrr».

Y en Aragón acabó ganando el PP de Luisa Fernanda Rudi, así que se entiende el estado de cabreo de Joaquín Leguina. El expolítico achaca a la suerte la llegada de Zapatero al poder, pero como es estadístico de profesión, a la larga no cree en el azar y al final «se ve lo que hay», dice. Acusa a Zapatero de haberse cargado las cajas de ahorros —reconociendo que es parte del problema financiero de España—, pero no le perdonara que se «cargara» las Cámaras de Comercio, «que tienen más de cien años de historia». Desarrolla una interesante teoría sobre las cajas:

«Las cajas molestan al ámbito financiero común, a los bancos, y a los voceros de los poderosos. ¿Y por qué? Pues porque funcionaba bien algo que no tenía dueño y eso no se podía tolerar, era un malísimo ejemplo. Y claro que funcionaban bien. La Ley de Cajas de la democracia marcaba, puesto que no tienen dueño, quiénes forman el Consejo de Administración: los que tienen el dinero puesto, los empleados de la caja y el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Los ayuntamientos. ¿Y quiénes controlan esto desde el punto de vista político? Las comunidades autónomas. Si estas tienen el poder de control no pueden mandar en las cajas, lógico. Así era la ley de Fernández Ordóñez. Pero ¿qué hacen las comunidades autónomas? Yo tengo el control y mando. Y eso no puede ser, no puedes controlar y a la vez mandar. El resultado es este, la pelea en Caja Madrid, el lío de Caja Castilla-La Mancha, lo otro y el de la moto. El mal uso que hacen los políticos convirtiendo a otros políticos en banqueros, desprofesionalizando la dirección de las cajas. Es el desastre.

»¿Dónde está el desastre de las cajas? Han dado dinero para ladrillo lo que no te cuento, pero la banca también. En este momento en España, según cálculos de gente seria, hay en créditos de suelo y vivienda, hipotecarios, un billón de euros, un millón de millones de euros —habla lentamente, saboreando las palabras, con énfasis, como el que anota un cero tras otro—, pero no todo está en las cajas, está mitad y mitad, cajas y bancos. Y ahora decidimos cargarnos de un plumazo las cajas y dárselas a los otros, a los bancos, que han sido igual de malos que las cajas. O a los fondos de inversión, a estos que llaman buitres. Un asunto como el de las cajas merecía una pensada y un debate y yo no he visto ni una cosa ni la otra. Y así hace Zapatero con todo. En cuanto hay la más mínima ocasión se cree Dios y se cree que ha resuelto la cuadratura del círculo. ¡Míralo!».

Leguina coge con su mano izquierda el diario ABC de ese día, el 3 de febrero de 2011, en cuya portada aparece el entonces presidente del Gobierno con los representantes de sindicatos y patronal, juntando las manos, escenificando la paz social tras el acuerdo logrado para incrementar la edad de jubilación. Señala la foto con el dedo índice de la mano derecha y exclama: «Todos estos que están aquí alrededor de Zapatero están ¡jodidos! ¡Todos! El ministro de Trabajo, los sindicatos y la patronal. Están jo-di-dos. Firman esto para salvar los muebles».

Pese a las sonadas críticas al PSOE, asegura que sigue votando a su partido, aunque reconoce que lo hace «por costumbre». Joaquín Leguina guarda buena relación con Felipe González, aunque no demasiado cercana. Sí habla habitualmente con sus amigos Pepe y Rafa, José Barrionuevo y Rafael Vera, exministro del Interior y exsecretario de Estado de Seguridad condenados por el secuestro de Segundo Marey y por malversación de caudales públicos, a los que defiende a capa y espada, asegurando que los condenaron «sin pruebas». No soporta a Baltasar Garzón: «Este hombre que sube y baja unas escaleras con aire romano, senatorial. Lo que le gusta es salir en los periódicos. ¡No se aguanta! Es una estrella y le gusta la cámara y poner cara interesante. Alonso Martínez, el creador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene una estatua muy cerca del juzgado de Garzón y yo creo que la estatua se movía cada vez que actuaba Garzón, un juez que ordenaba al acusado: “Usted tiene que decirme esto y esto y mientras no me lo diga, a la cárcel. En cuanto me lo diga, sale de la cárcel”. Es evidente que lo ha hecho».²³⁷

Le parece de risa que un juez haya pedido «a estas alturas» el certificado de defunción de Franco y aprovecha para recordar que tuvo dos años en la cárcel a Al-Kasser y luego quedó libre, porque «este señor es un desastre como instructor». Antes de que Garzón fuera suspendido de sus funciones Leguina ya pronosticó que caería «como pera madura, porque no se puede seguir eternamente haciendo su justicia, su justicia y enmerdando a toda la Justicia».

La charla con Joaquín Leguina es apasionante y muy divertida. Es imposible no soltar dos o tres carcajadas por la forma en la que se expresa y cómo define a los personajes por los que se le pregunta. Sus reflexiones son fruto de una buena «pensada» y un misil en la línea de flotación del argumentario oficial del PSOE. Se ha ganado a pulso cierto rechazo de los dirigentes actuales de su partido. Pero insiste en que él no se ha cambiado de bando: «¿Lo que he dicho antes de las cajas es de derechas o de izquierdas? De esto estamos hablando. Mi posición es la izquierda, la socialdemocracia, la izquierda moderada, que es lo que he sido desde hace muchos años. Lo de Zapatero es la veleta y la izquierda no es la veleta. Yo soy el boludo de la bandera. Cuando en una gran manifestación un tipo va al frente de ella con una bandera, si camina a un metro de la gente es el abanderado, pero si va solo y treinta metros por delante, es el boludo de la bandera. Pues eso, yo soy el boludo de la bandera. Y al final vendrán todos a decirme “coño, qué razón tenías”. Bueno, no vendrán todos porque hay gente que nunca se equivoca».

Notas

129 Entrevista con el autor.

130 Ibid.

131 Ibid.

132 Ibid.

133 Antes de las elecciones, el entonces ministro de Trabajo de Adolfo Suárez, Manuel Jiménez de Parga, ofreció a Barrionuevo la Dirección General de Trabajo, pero el socialista consultó a Felipe González, que ya dirigía una especie de gabinete en la sombra, y el futuro presidente del Gobierno le aconsejó que no aceptara el puesto, que ya era «un cargo político en un gobierno de adversarios», en palabras de González recordadas por Barrionuevo.

134 Marey fue confundido por sus captores, ya que ni siquiera era miembro de ETA.

135 José Barrionuevo, entrevista con el autor.

136 Fecha de última consulta: 8 de agosto de 2011.

137 Entrevista con el autor.

138 Ibid.

139 Ibid.

140 Su primer marido fue el socialista Virgilio Cano, consejero de la Comunidad de Madrid con Joaquín Leguina, también vinculado al mercado del arte y a la galería Marlborough.

141 Los tribunales nunca han entrado en si hubo implicación de los poderes del Estado en la guerra sucia durante los primeros gobiernos de la democracia (todo apunta a que así fue), pero sí lo han certificado en los primeros años de Felipe González.

142 Marey falleció en agosto de 2001 a los sesenta y nueve años de edad.

143 José Luis Corcuera, sucesor de José Barrionuevo al frente de Interior, también abona esta teoría: «A Barrionuevo lo metieron en la cárcel justo por lo contrario de lo que hizo, por mandar liberar a Segundo Marey. Él no lo dice, pero lo digo yo. No estaba allí, pero lo sé. Tiene tela esto. Cosas de España». (Entrevista con el autor).

144 Suponemos que González se refería a la Cooperativa de Sokoa, ya que en Bidart no había cooperativa alguna relacionada con ETA, sino que allí se descabezó a la cúpula de la banda en 1992.

145 Entrevista con el autor.

146 Se refiere al secuestro, aunque elude pronunciar la palabra «secuestro» o utilizar otro término más cínico como el de «detención».

147 Barrionuevo fue ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones entre julio de 1988 y julio de 1991.

148 Entrevista con el autor.

149 Ibid.

150 Ibid.

151 Ibid.

152 Ibid.

153 Ibid.

154 Se refiere al caso Marey.

155 Entrevista con el autor.

156 Ibid.

157 Ibid.

158 Ibid.

159 Vera recurrió a Estrasburgo la sentencia del caso Marey. Perdió por cuatro votos a tres, aunque sí hubo unanimidad en que el juez Garzón no era el indicado para aquella instrucción, ya que había sido «compañero» de Vera en su incursión en la política. Tras el fallo, el exsecretario de Estado de Seguridad elevó su recurso a la Gran Sala del Alto Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que, al cierre de la edición de este libro, aún no lo había resuelto.

160 Entrevista con el autor.

161 Ibid.

162 Ibid.

163 Ibid.

164 El segundo, El padre de Caín, una novela sobre un guardia civil que lucha contra ETA en los años ochenta del siglo XX, va a ser llevada al cine después de que Vera llegara a un acuerdo con la productora Plural, del Grupo PRISA, y Telecinco. Vendió los derechos, aunque «pagan regular», sostiene. El primero lleva por título Las diecinueve puertas, en referencia a las puertas que tenía que cruzar desde su celda de la prisión de Guadalajara hasta llegar a la calle.

165 Rafael Vera no es la fuente original de esta información, pero confirma que así sucedió. Con la grabadora apagada y pactado el off the record, Vera da el nombre de un destacado periodista que, según él, cobró de los fondos reservados cuando encabezaba el Ministerio del Interior Juan José Rosón (1980-1982), de la UCD. Obviamente, para respetar lo pactado, el autor de este libro no revelará el referido nombre. Además el autor carece de más pruebas al margen del testimonio off the record de Rafael Vera.

166 Al senador Casas lo asesinaron el 23 de febrero de 1984, en el tercer aniversario del 23-F, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, aunque el atentado fue ordenado por ETA.

167 Entrevista con el autor.

168 Mezcla, en francés.

169 Entrevista con el autor.

170 Ibid.

171 Ibid.

172 Director general de la Seguridad del Estado (1981-1984), subsecretario del Ministerio del Interior (1984-1986) y secretario de Estado de Seguridad (1986-1994).

173 El de Juan Carlos García Goena, un objetor de conciencia del servicio militar que había huido a Francia y que no guardaba relación con ETA, fue el último asesinato de los GAL.

174 Entrevista con el autor, realizada antes del comunicado del 20 de octubre de 2011 en el que la banda anunció «el cese de la lucha armada», aunque no su disolución ni la entrega de armas, por lo que la situación no cambia en cuanto a las intenciones de Vera.

175 Entrevista con el autor.

176 Ibid.

177 Ibid.

178 Ibid.

179 Ibid.

180 Ibid.

181 La Audiencia Nacional absolvió al exjefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional en Bilbao de la comisión de un delito de pertenencia a banda armada y seis de asesinato en grado de tentativa como instigador de los atentados contra los bares Batxoki y Consolation, en el País Vasco francés, en 1986.

182 Entrevista con el autor.

183 Ibid.

184 Ibid.

185 Ibid.

186 Ibid.

187 Ibid.

188 José Amedo Fouce, La conspiración. El último atentado de los GAL, Espejo de Tinta, Madrid, 2006.

189 Entrevista con el autor.

190 Miguel Antonio Goikoetxea, Txapela, era uno de los terroristas más destacados de ETA-Militar. A sus veintisiete años había participado directamente en al menos otros tantos atentados mortales. A las ocho y media de la tarde del 28 de diciembre de 1983 un tirador lo abatió junto a su domicilio en San Juan de Luz (Francia), cuando acababa de bajarse su hijo pequeño del coche. Esa misma noche los GAL reivindicaron el atentado. Txapela, que quedó clínicamente muerto tras el disparo, falleció unos días después.

191 Unos 45.735 euros según el cambio de referencia tras la llegada de la moneda única. En la década de 1980 era una cantidad muy importante.

192 El precio de la compra venta no queda reflejado en la nota simple del Registro de la Propiedad, pero sí un dato curioso. El matrimonio pactó con el vendedor pagar los últimos 18.000 euros del precio de la finca en tres anualidades de 6.000 euros.

193 Entrevista con el autor.

194 Sí fueron condenados Rafael Vera, José María Rodríguez Colorado, Julián Sancristóbal, Francisco Álvarez Planchuelo y Juan Ignacio López Rodríguez.

195 Entrevista con el autor.

196 Fuente: Registro Mercantil de Madrid. La redacción de este libro terminó antes de la finalización del primer ejercicio contable de la empresa, por lo que el autor no pudo comprobar los activos y movimientos de la empresa.

197 Entrevista con el autor.

198 Ibid.

199 Joaquín Leguina, entrevista con el autor.

200 José Amedo, entrevista con el autor.

201 Ibid. En esas charlas, preparando las declaraciones de Amedo, al que presionaba con imputarle en otros sumarios, Garzón siempre se refería despectivamente a Corcuera como «el gordo».

202 Baltasar Garzón archivó una querella contra el Banco Santander tiempo después de haber dirigido unos cursos en la Universidad de Nueva York que estaban patrocinados por la entidad que preside Emilio Botín. En marzo de 2010 el Tribunal Supremo imputó al magistrado acusado de los delitos de cohecho y prevaricación.

203 Entrevista con el autor.

204 Ibid.

205 Ibid.

206 Ibid.

207 Ibid.

208 Ibid.

209 Ibid.

210 Ibid.

211 Ibid.

212 Fue secretaria de Estado de Justicia durante el ocaso de Felipe González en La Moncloa, entre 1994 y 1996. Varios de los protagonistas de este libro no le guardan demasiado afecto, al igual que a su predecesora, Margarita Robles, o al jefe de ambas, el superministro de Interior y Justicia Juan Antonio Belloch, los que iban a «limpiar» las cloacas del Estado. En líneas generales, los hombres de Felipe no compartieron estos nombramientos y todavía hoy aseguran que fue un error.

213 Entrevista con el autor.

214 Fuente: Fernando Manzano, presidente de la Asamblea de Extremadura. Desayuno informativo en la redacción de El Confidencial, 22 de julio de 2011.

215 De hecho Manzano se hizo funcionario.

216 Entrevista con el autor.

217 Ibid.

218 Ibid.

219 Ibid.

220 Ibid.

221 Las declaraciones al autor de este libro fueron pronunciadas cuando Zapatero aún era presidente del Gobierno y con autorización para publicarlas desde ese mismo día.

222 Tras la práctica liquidación del canal, el programa regresó en septiembre de 2011 bajo el título El mundo a cuestas.

223 Curri Valenzuela.

224 Entrevista con el autor.

225 Ibid.

226 Teletipo de Europa Press de 18 de diciembre de 2007.

227 Ibid.

228 Declaraciones recogidas en un teletipo de la Agencia Efe del 18 de diciembre de 2007.

229 Ibid.

230 Memoria 2009 del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. http://www.madrid.org/ccmadrid/attachments/016_memoria2009.pdf.

231 Ibid.

232 Joaquín Leguina está divorciado y es padre de dos hijos.

233 Entrevista con el autor.

234 Ibid.

235 Véase la Introducción.

236 En el Congreso socialista del 23 de julio del año 2000 un José Luis Rodríguez Zapatero, anónimo para el gran público, dio la sorpresa al alzarse con la secretaría general del PSOE con sólo 9 votos de diferencia sobre José Bono (414 frente a 405), al que luego haría ministro de Defensa y presidente del Congreso. Matilde Fernández logró 109 votos y Rosa Díez, 67.

237 José Amedo asegura que Garzón le presionó para que incriminara directamente a José Barrionuevo en el secuestro de Segundo Marey bajo amenaza de imputarle otros delitos cometidos por los GAL y meter en la cárcel a su esposa por los pagos en Suiza.

EPÍLOGO

Julio Anguita, cuando era líder de la tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados, fue especialmente duro con un Felipe González que se defendía como gato panza arriba en sus últimos años de gobierno. El terrorismo de Estado y un rosario de escándalos de corrupción (Roldán, Filesa, Ibercorp, entre otros) habían acorralado en el hemiciclo al presidente del Gobierno. El Partido Socialista Obrero Español diseñó una línea de defensa presentándose como la víctima de una gran conspiración con tres personajes principales. El bueno, el gobierno; el malo, la derecha de José María Aznar; y el traidor, Julio Anguita.

Hoy el otrora coordinador general de Izquierda Unida recuerda esos años con serenidad («Me escandaliza el escándalo»,²³⁸ afirma con énfasis) y con medida contundencia. No le sorprendieron las declaraciones del expresidente del Gobierno a Juan José Millás²³⁹ en las que afirmó haber tenido la oportunidad de volar la cúpula de ETA en Francia y mostró sus remordimientos por no haber tomado la decisión. «Todavía hay gente que necesita que le despejen más la X de los GAL… Yo supe de las pruebas que situaban a Felipe González en la X de los GAL, pero no las tuve y por eso no pude llevarlas al juzgado. Quienes sí podían, como algunos militares, no estaban dispuestos».²⁴⁰

Ya han transcurrido más de quince años desde que Felipe González perdió las elecciones de mayo de 1996 ante José María Aznar. Anguita lo tiene claro: «Un expresidente debe percibir una cantidad si no tiene otros medios. Si los tiene para vivir con decoro, lo que yo considero clase media o media-alta, no tiene por qué recibir un sueldo. Sí ha de disponer de lo que necesite en cuanto a seguridad o infraestructura. Lo que me parece bochornoso e indecente es que perciban 80.000 euros anuales independientemente de sus negocios y que ellos se consideren personas dotadas de ética, sobre todo los que se suponen de izquierdas. Aznar y González carecen de ética por cobrar 200.000 euros de las empresas privadas y mantener su sueldo vitalicio del Estado».²⁴¹

Centrándonos en Felipe González, no se muerde la lengua en calificar la actividad del expresidente del Gobierno —asesorar a empresas para hacer negocios en los lugares que González domina—, como «tráfico de influencias, porque utiliza los conocimientos que tiene para abrir puertas». Preguntado por la transmutación del líder obrero al asesor de grandes fortunas, Anguita filosofa: «Es un proceso de evolución que era tal evolución en la medida en que el autor ya estaba dispuesto y preparado para hacerla».

El expolítico izquierdista no levanta la voz para defender sus argumentos porque no lo necesita. Predica con el ejemplo. Recibe la visita del periodista en su casa de Córdoba, un bajo en un pequeño edificio que años ha era una platería. No llega a los 100 metros cuadrados, pero «es enorme; para mi mujer y para mí nos sobra»,²⁴² dice. Sus tres hijos ya son mayores. Recuerda con honda nostalgia a su primogénito, el periodista Julio Anguita Parrado, que murió en 2003 en Bagdad alcanzado por un misil iraquí mientras informaba sobre la guerra para el diario El Mundo. «Julio ahora habría cumplido cuarenta años»,²⁴³ dice con voz tenue.

Anguita mantiene el aspecto que le propició el mote de «Califa Rojo»: barba puntiaguda, perfectamente recortada, pantalón de pana, camisa a cuadros, chaleco de cremallera y, como está en su casa, zapatillas de paño. Tampoco le han abandonado unas sonrojadas ojeras. En su pequeño despacho, rodeado de libros de historia, gesticula con las manos para apoyar sus reflexiones en tiempos de crisis económica: «En el momento en que la economía ha invadido el terreno de la política y la ha supeditado, se acabó la democracia».²⁴⁴

Se levanta muy temprano y se mantiene en forma. A las ocho de la mañana ya esta nadando en el gimnasio. Desayuna y, como su mujer trabaja, hace la compra y cocina él. Normalmente una ensalada y, de plato principal, carne un día, pescado el otro. Revisa en el correo electrónico qué tareas tiene pendientes y se va a jugar al dominó en la plaza de La Cordera con unos amigos, jubilados como él. Vuelve a casa y, tras la comida, un poco de siesta. Ya por la tarde empieza lo que él denomina «la otra parte». Sale a alguna reunión, conferencia, exposiciones, una asamblea… O bien trabaja en casa. Después de la cena tiene dos o tres horas de estudio, sobre todo de tema económico. Escribe sus columnas o trabaja en los dos libros con los que está en el momento de la entrevista.

Preguntado por su pensión como exdiputado (le correspondía la máxima), cuenta que la rechazó y se quedó con su jubilación de profesor. «Ahí guardo la carta de renuncia que envié al Congreso»,²⁴⁵ afirma al tiempo que señala hacia la estantería. No tiene reparo alguno a responder a la siempre incómoda pregunta de «cuánto cobra usted»: «Cobro 1.800 euros al mes de pensión. Luego gano algo más por las colaboraciones en prensa. En total puedo ingresar unos 2.400 euros. Las conferencias no las cobro, sólo los gastos del desplazamiento, el hotel… Vivo extraordinariamente bien. Ya quisiera que todo el mundo viviese como yo».²⁴⁶

Pronuncia las palabras con una mezcla de sinceridad y satisfacción, mostrándose muy a gusto consigo mismo. Uno podrá estar o no de acuerdo con la ideología de quien llevó las riendas de Izquierda Unida, pero lo que debemos reconocer es que es un hombre coherente.

Julio Anguita dejó la política en el año 2000. No alcanzó responsabilidades de gobierno más allá de la alcaldía de Córdoba (1979-1986).

Notas

238 Entrevista con el autor.

239 El País, suplemento Domingo, 7 de noviembre de 2010, pp. 1-10.

240 Ibid.

241 Ibid.

242 Ibid.

243 Ibid.

244 Ibid.

245 Ibid.

246 Ibid.

Anexo I. Mapa de la «empresa socialista»

Anexo II. Ingresos anuales y empresas para las que trabajan o poseen Felipe y los felipistas

Los ingresos anuales que aparecen a continuación se han obtenido sumando las remuneraciones en las compañías para las que trabajan y los beneficios obtenidos por las empresas propias, debidamente ponderados respecto al porcentaje de accionariado correspondiente al expolítico. También las pensiones, cuando proceda. En los casos de las empresas que no revelan las retribuciones de los consejeros, bien porque no están obligadas al no cotizar en bolsa o porque sólo son asesores, el autor lo ha averiguado por otras vías o, en su defecto, ha contabilizado una estimación a precios de mercado. En los capítulos correspondientes se ofrece el desglose de las cifras. Es importante matizar que hay una serie de ingresos imposibles de cuantificar, como los facturados desde el régimen de autónomos, los rendimientos de cuentas bancarias, carteras de valores, fondos de inversión u otras actividades que van directamente al IRPF de la persona física (derechos de autor de libros, conferencias no facturadas a través de empresa, arrendamientos de inmuebles a título personal…). Por ello estas cantidades sólo reflejan los ingresos anuales brutos por actividades profesionales y pensiones, al margen de los réditos que puedan derivarse del ahorro y de actividades que se canalizan a través de sociedades.

Felipe González Márquez

 (más de 500.000 euros)

 Gas Natural, Ialcon Consultoría, Tagua Capital

 Miguel Boyer Salvador (hasta 1,5 millones de euros)

REE, Reyal Urbis, Bosch

 Pasado: Corporación Financiera Issos, Inversiones Delos, Banco Exterior, FCC, CLH

Luis María Atienza Serna

 (796.000 euros más posibles rendimientos de sus inversiones en el sector bodeguero)

REE, Viticultors del Priorat, Viñas del Montsant

 Pasado: CLH

María Ángeles Amador

 (188.000 euros más sus ingresos como abogada)

 REE

Narcís Serra i Serra

 (700.000 euros, más de 1 millón mientras fue presidente de Caixa Catalunya)

Telefónica Internacional, Telefónica Chile, Telecomunicaciones de São Paulo, Gas Natural, Grupo Applus

 Pasado: Caixa Catalunya

Virgilio Zapatero Gómez

 (116.000 euros más retribuciones complementarias)

 Bankia

Javier Gómez-Navarro Navarrete

 (1,2 millones)

Aldeasa, Iberia, Isolux Corsán, Técnicas Reunidas, MBD Gestión y Desarrollo, Gómez-Navarro & Ángel Serrano S. L., Martagom Gabinete de Estudios Empresariales S. L., Expociencia S. L., Ibérica de Diagnósticos y Cirugía, Asuntos Taurinos y Espectáculos S. L.

 Pasado: Loomis Spain S. A, Autogrill, Altadis, Sogecable, Atlas-mundial de Espacios Naturales S. L.

Luis Carlos Croissier Batista

 (371.000 euros)

Adolfo Domínguez, Repsol, Eolia Renovables de Inversiones Sociedad de Capital Riesgo S. A., Eurofocus Consultores, Testa Inmuebles (Grupo Sacyr) y Eurofocus Consultores

 Pasado: Accenture, Jazztel, Grupo Begar, High Tech Hotels, Marie Claire S. A., Grupo Copo de Inversiones

Pedro Solbes Mira

 (315.000 euros)

 Enel, Barclays España

Carlos Solchaga Catalán

 (1.000.000 euros)

Solchaga Recio & Asociados, Solchaga Recio Corporate Finance S. L., The Saturn System S. L., Enerma Consultores, Zeltia, Cie Automotive S. A., Citibank, Near Technologies Madrid S. L., Vitro Cristalglass, Duro Felguera, Roca & Junyent, Can Cabau Capital

 Pasado: Innsec S. A., Renta Corporación Real Estate S. A., Agencia Informativa de Noticias Económicas S. L., Estructura Grupo de Estudios Económicos S. A.

Julián García Vargas

 (350.000 euros)

TEDAE, Indra, E-Diagnostic Clínica Virtual, Excem, TYPSA, Copisa, Lian Inversiones Sicav, Cuinvest S. L.

 Pasado: Avanzit (ahora Grupo Ezentis), Software AG España, Actualidad Sanitaria

Javier Luis Sáenz de Cosculluela

 (150.000 más sus minutas como abogado)

AERCO, AOMSA

 Pasado: Morrison Infraestructuras Construcciones y Servicios S. L., Government Relations S. L.

Antonio Asunción Hernández

 (100.000 euros)

Acuigroup Mare Mar S. L., Acuicultura del Mediterráneo S. A., Criaderos Marinos Crimar S. A., Cartrack España S. L., Grupo San José, Proyectos y Desarrollo Urbano de Levante S. A., Localización General de Distribución, Codes Consultoría y Gestión, Consultoría Tecnia Cuatro

 Pasado: Banco Portugués de Negocios, Corporación CAM-Bancaja

Vicente Albero Silla

 (jubilado, pensión máxima, 35.000 euros)

 Pasado: Corporación CAM-Bancaja, Porcelanatto, Mediterránea Rural S. L., Aznar S. A., Cerámica Artesana del Millars S. A. y Promoalbe-5 S. L.

Julián García Valverde

 (225.000 euros, más los sueldos que se hayan asignado en sus empresas)

 Imathia Construcción, Imathia Global, Imathia Andalucía, Imathia Manchega Construcciones, Imathia Consulting & Engineering S. A., CDI Global Spain, Consultrans S. L., Transporte e Informática S. A.

Javier Solana Madariaga

 (350.000 euros)

 Esade, Acciona, Indra

 Josep Borrell Fontelles (400.000 euros)

 Abengoa, Instituto Europeo de Florencia

 Juan Manuel Eguiagaray Ucelay (300.000 euros)

EADS-Casa, Geptisa, Siemens, Capgemini, Unespa

 Pasado: Creation, Advising and Development, Arco Valoraciones, Procesos Mecánicos Españoles

José Barrionuevo Peña

 (jubilado, pensión máxima, 35.000 euros)

 Jeos Integral, Sclarea S. L.

José Luis Corcuera Cuesta

 (jubilado, pensión máxima, 35.000 euros)

 Aldaycor Asesoramiento y Consultoría S. L.

Anexo III. Fotografías

Nota del registro de Tánger conforme pertenece a la sociedad Ialcon Consultoría, S.L.

La casa a medio construir de Felipe González en Tánger.

© Javier Chicote

El autor de este libro delante de la propiedad de Felipe González.© Keles Barreda

Hotel Le Mirage, donde pasan sus vacaciones Felipe González,Miguel Ángel Moratinos y Pedro Almodóvar.

© Javier Chicote

Table of Contents

Agradecimientos

Introducción

I. Felipe

II. Grandes asesores y cargos empresariales

III. Empresarios y lobbistas

IV. Profesores y «filántropos»

V. Jubilados

Epílogo

Anexo I. Mapa de la «empresa socialista»

Anexo II. Ingresos anuales y empresas para las que trabajan o poseen Felipe y los felipistas

Anexo III. Fotografías