Paco Pastor

SIEMPRE PAGAMOS LOS MISMOS

PRÓLOGO

Llevamos ya unos años de crisis, pero muchos más oyendo a los políticos, siempre hablando de sus cosas, pero nunca de lo que nos importa. Ya estaba harto e incluso, en cierta manera, inmunizado ante sus discursos. No obstante, en los últimos tiempos iban subiendo el tono, cada día la sensación de que nos tomaban por tontos era mayor y más evidente. Estaba indignado, pero también cabreado como pocas veces lo he estado. Hasta que superaron mi límite; habían llegado demasiado lejos. El presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, llegó a decir que todos «habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades», como si nada. Al mismo tiempo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, nos pedía un esfuerzo más a todos los ciudadanos, sobre todo a los trabajadores. No podía ser, por ahí ya no podíamos pasar, alguien tenía que decirles que habían traspasado la raya. Nos culpaban de la crisis y nos querían endosar los «esfuerzos» para solucionarla.

Entonces decidí decirles lo que pensaba de ellos y sus intentos de culparnos de la crisis. No se me ocurrió otra cosa que escribir una carta al director al periódico El País, algo que había pensado muchas veces pero que jamás había hecho. Así que un sábado por la mañana escribí la carta y la envié. Un minuto después de enviarla, pensé que había sido una tontería, ni siquiera la iban a publicar e incluso si se publicaba no iba a tener ninguna repercusión, así que me olvidé por completo. Pero la publicaron el lunes, no me enteré hasta que mi madre llamó por la tarde para preguntar qué era eso de la carta, alguien por la calle la había felicitado por la carta de su hijo. Al principio no lo entendí, pero luego caí en la cuenta y fui a ver la web de El País. La carta tenía cientos de visitas y recomendaciones en Facebook y Twitter, no podía creerlo. Por la noche las visitas a la carta seguían aumentando, hasta que al día siguiente la situación se descontroló por completo. De cientos de visitas y recomendaciones pasó a miles; la carta se reenviaba constantemente por Twitter y correo electrónico. De hecho, se situó como lo más visto en la web de El País, algo que no había pasado antes con una carta al director, y se mantuvo así durante varios días. En los días siguientes, la carta seguía enviándose tanto o más y se reproducía en blogs, foros y páginas de Internet. Me llegaban mensajes de gente que me felicitaba o me daba las gracias por expresar lo que ellos sentían, por ponerles voz. Esos mensajes fueron lo más gratificante y emocionante de todo; les estoy muy agradecido a todos. También hubo mensajes o comentarios en Internet que me criticaban, algunos muy duramente, pero está claro que no podía gustar a todos.

La increíble repercusión de la carta fue desmesurada; me alegró, pero también me abrumó. Me alegraba saber que había gente que pensaba o sentía como yo, incluso gente con ideales diferentes a los míos, y me abrumaba la responsabilidad de haberme convertido en portavoz involuntario de tanta gente. Me llamaron de radios y periódicos para entrevistarme; se lo agradecía, pero no sabía si atenderles o no. Mi objetivo no era representar a nadie ni tener ninguna notoriedad. No era importante quién fuera yo, sino lo que piensa la gente. Afortunadamente, con el transcurso de los días la carta dejó de ser noticia y dejaron de insistir, aunque la gente seguía enviándola y comentándola.

Y entonces pasó lo más extraño de todo. Recibí una llamada que jamás había imaginado que recibiría; me llamaban de una editorial para proponerme escribir un libro. Carmen Romero, la editora de este libro, me habló de la carta, me felicitó y me contó la emoción que le había producido, cómo había puesto palabras a muchas cosas que ella pensaba. Y me pidió que escribiera un libro siguiendo el espíritu de la carta, cosa que aún me cuesta creer. No supe qué decir, me sorprendió tanto que me quedé en blanco. Me preguntó qué me parecía la idea de escribir un libro y tan solo pude decir «raro». No lo comprendía, ¿cómo iba a querer nadie que yo escribiera un libro? Me parecía tan extraño que no era capaz de entender si aquello estaba pasando de verdad. Como la vi tan convencida e ilusionada con la posibilidad del libro, me supo mal negarme a las primeras de cambio, así que le dije que me lo pensaría y le llamaría en unos días, con la intención de decirle que no más adelante. ¡Cómo iba yo a escribir un libro! No soy más que un ciudadano normal, mis ideas y sensaciones no tienen por qué coincidir con las de nadie ni por qué interesarles. Solo me represento a mí mismo.

Esos días lo pensé y al final me decidí, así que llamé a Carmen y, para su sorpresa, acepté su propuesta y me puse a escribir, aunque en el fondo seguía y sigo dudando de que pueda interesar a nadie. Con todo, valía la pena intentarlo. Si alguien lo leía y le gustaba, si hacía pensar a alguien, si removía alguna conciencia o ayudaba a dar un paso adelante para cambiar las cosas, valía la pena intentarlo. Una sola persona que se emocione o se ilusione con el libro compensa con creces el esfuerzo de escribirlo. Otro mundo es posible y únicamente nosotros podemos conseguirlo. Quizá mi aportación a ese otro mundo sea este libro.

El País, 17 de enero de 2012

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, nos pide a los españoles «un esfuerzo más». Alberto Fabra Part, presidente de la Generalitat Valenciana, dice que los valencianos «vivíamos por encima de nuestras posibilidades».

Trabajo desde hace catorce años en I+D y desde hace diez años lo compatibilizo con unas horas semanales de profesor en la universidad. Me esforcé de niño y adolescente en intentar aprender, sacar buenas notas y pasarlo bien. Me esforcé en la universidad para sacar la carrera y pasarlo bien. Me esforcé luego dando clases particulares y continúo esforzándome en mis dos trabajos. Hace diez años, junto a mi pareja, compramos un piso que entraba dentro de nuestras posibilidades. Ahora, tras diez años de esfuerzo, hemos ahorrado el dinero suficiente para pagar lo que nos queda de hipoteca. Llevo años esforzándome y nunca he vivido por encima de mis posibilidades. Podía permitirme coches más caros, pero no los he comprado, nunca he pedido un crédito para irme de vacaciones, reformé mi piso cuando tuve dinero para hacerlo. Me esfuerzo en educar a mis hijos lo mejor posible, los llevo a la escuela pública y me esfuerzo en la asociación de padres para ayudar a mejorarla. Cuando mis hijos enferman, los llevo a la sanidad pública y, si me queda jarabe en casa, le digo al médico que no me haga una receta que no necesito.

Ahora estoy a punto de quedarme sin trabajo gracias a los que han vivido «por encima de nuestras posibilidades». Ahora me piden «un esfuerzo más». Yo siempre he pagado puntualmente la hipoteca y lo sigo haciendo, así que no he hundido a la banca. Yo no he hecho bajar la Bolsa, no he hundido los mercados, no he inflado la economía, no he especulado con la vivienda, no he organizado carreras de coches en mi ciudad, no necesito un aeropuerto sin aviones, no tengo yate para ver la salida de la Copa América, no he ido nunca a ver la ópera en el Palau de les Arts. Yo no he deteriorado la escuela ni la sanidad públicas, no he tenido becas ni subvenciones, no he cobrado nunca el paro ni he provocado déficit al Estado, la autonomía ni la Seguridad Social. Yo no conozco a Moody’s, Fitch ni Standard & Poor’s, pero sí conozco a los que vivieron por encima de mis posibilidades. Yo no les voté, a mí no me representan.

Soraya, el esfuerzo se lo pides a ellos.

LOS VERDADEROS CULPABLES

Cómo hemos llegado hasta aquí

Creíamos, o nos hicieron creer, que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Un mundo libre y democrático en el que nuestra opinión contaba, un mundo que progresaba (y nosotros con él). Pero algo falló. Y quisieron hacernos sentir culpables. Nos acusaron y quisieron que pagáramos las consecuencias. Pero nosotros no somos culpables. No vamos a aceptar una responsabilidad que no es nuestra. Y vamos a exigir responsabilidades a los verdaderos culpables.

Mientras el sistema económico funcionaba más o menos a gusto de los mercados, parecía que todo iba bien. Los trabajadores teníamos trabajo y creíamos tener dinero, y los bancos y las grandes empresas realmente tenían un montón de dinero. Los medios de comunicación nos contaban historias de guerras o problemas en países lejanos, muy lejanos, y solo noticias buenas o curiosas de nuestro alrededor. Los políticos se felicitaban unos a otros por lo bien que lo estaban haciendo y se daban palmadas en la espalda. A nosotros nos parecía que nos iba bien porque los bancos nos prestaban dinero para comprar casas, porque íbamos de viaje, comprábamos coches y teníamos a nuestro alcance todo tipo de aparatos tecnológicos. En la televisión veíamos un mundo que parecía funcionar razonablemente bien y confiábamos en que cada vez iría a mejor. Qué alegría, qué bien nos iba todo, qué bien organizado estaba el mundo y qué buenos eran los que lo dirigían.

Pero las cosas no iban tan bien como parecía, al menos para los ciudadanos corrientes. En realidad, solo estaban funcionando bien para quienes verdaderamente poseen el dinero. Aunque el dinero no creciera en los árboles, los bancos lo repartían como si así fuera, porque con ese reparto indiscriminado ganaban más. Cuando alcanzaron cifras increíbles, quisieron seguir ganando más. Los dueños de los bancos, con sus inmensas sumas de dinero y su influencia, idearon nuevos negocios, algunos a nuestra costa, y formas de mover el dinero de un lado a otro para que produjera nuevos beneficios. Lo llamaban ingeniería financiera. Empezamos a oír palabras como fondos soberanos, stock options o capital riesgo. Se ganaban cantidades indecentes de dinero y siempre había más dinero por ganar. No pasaba nada, creíamos que a nosotros también nos llegaba algo.

Fueron tan avariciosos, que llegaron a prestar dinero a gente de la que sabían positivamente que no iba a poder devolverlo. Inventaron nuevos tipos de negocio, como vender nuestras hipotecas a otros bancos o a empresas financieras, por supuesto sin que nosotros lo supiéramos. Siguieron exprimiendo y exprimiendo hasta sacar la última gota. Esa gota salió de nuestro sudor, de los que estamos en la base del sistema económico, de la economía real, de los que producimos cosas reales, fabricadas con nuestras manos. Mientras ellos comerciaban con cosas que no existen —activos, pasivos, beneficios futuros—, nosotros trabajábamos y vivíamos con cosas que se pueden tocar.

Cuando intuyeron que las cosas podían torcerse, utilizaron toda su influencia para proteger sus intereses. Inclinaron las grandes decisiones mundiales hacia donde más les convenía. Influyeron en los políticos, a los cuales habíamos votado nosotros, para que aprobaran leyes que les beneficiasen. En definitiva, nos llevaron a un mundo en el que los ciudadanos teníamos muchos deberes y unos pocos derechos, mientras que en la economía no existía ningún control y el omnipotente mercado se encargaba de regularlo todo. Cuando parte de su sistema comenzó a fallar, empezaron a resguardar su dinero mientras que los demás no nos enterábamos de nada. Pero llegó el momento en que nos enteramos, no pudieron esconderlo más y destaparon parte de la verdad. Todo iba mal, no podíamos devolver los créditos, los bancos ganaban menos dinero que antes (pero seguían ganando) y los gobiernos se asustaron. Había que ayudar a la banca, sí, pero de los ciudadanos ni hablar: no merecíamos ser rescatados.

Se dio dinero público, nuestro dinero, para reflotar los bancos, mientras que los ciudadanos que se ahogaban no recibían nada. Se capeó el temporal, los bancos empezaron a recuperarse y de nuevo eran empresas sólidas y solventes. ¿Y los que perdían sus trabajos y los que no podían pagar sus deudas? De ellos no se hablaba. Debían salir adelante solos. Para colmo, se empezó a culparnos de irresponsabilidad por haber querido tener una vida mejor a base del crédito. Como los bancos no se conformaban con no perder dinero sino que querían seguir aumentando sus beneficios, decidieron no dar más créditos a los ciudadanos ni a las pequeñas empresas. Ya no se fiaban de nosotros, presuntos culpables de la crisis. Los ciudadanos y las empresas comenzamos a pasarlo mal. Entonces llegó lo peor de la crisis y nos descubrieron el meollo de la cuestión. Ya sin disimulo, nos tomaron por tontos y como a tales nos han tratado.

Nosotros no somos los culpables

A partir de ese instante, ya sin ningún rubor, han empezado a echarnos la culpa de todos los males de la economía mundial. Que si queremos tener una casa en propiedad cuando es mucho mejor alquilar, que si queremos tener un nivel de vida superior al que nos podemos permitir, que si abusamos de los servicios públicos, que solamente queremos trabajar en lo que nos gusta y con un buen horario, que se ha perdido la capacidad de sacrificio de nuestros mayores... Machacan el mensaje, insisten, lo repiten, nos aleccionan, nos avisan, nos advierten y lo peor es que casi nos convencen.

Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, nos dicen, y esto no puede seguir así. Estáis gastando lo que no tenéis y nos estáis haciendo gastar a nosotros, al Gobierno, lo que no tenemos para acudir en vuestra ayuda (como si el dinero de los países no lo hubiéramos pagado nosotros con nuestros impuestos). Quieren hacernos sentir culpables, quieren que nos resignemos a lo que va a pasar y que comulguemos con ruedas de molino. Pero nosotros no tenemos la culpa. Nosotros no gastamos más de lo que teníamos, gastamos lo que los bancos nos decían que nos podían prestar, lo que nos invitaban a gastar. La mayoría de nosotros trabajamos cada día y no nos aprovechamos de los servicios sociales ni abusamos de nuestros derechos. Únicamente somos culpables de vivir en el mundo que nos hemos encontrado. Nosotros no hemos puesto las reglas, sino que solo vivimos con ellas.

Los mismos que nos han llevado a la situación en la que estamos —políticos, banqueros, grandes magnates— nos imponen una austeridad que ellos no practican. Claman por las urgentes, necesarias e inevitables reformas estructurales que nos salvarán del caos, se rasgan las vestiduras por los inmensos costes de los servicios públicos y a nosotros nos tachan de egoístas que no queremos más que servicios gratuitos y de calidad. ¿Quiénes nos creemos que somos para merecer una educación y una sanidad de calidad, gratuitas y universales? ¿En qué momento creímos que pagar impuestos nos daba algún derecho? ¿Cómo nos atrevemos a exigir responsabilidades a los gobiernos, los bancos y las grandes fortunas? No y no, olvidemos todo esto, la única solución es recortar o eliminar gastos excesivos e inútiles como la educación, la sanidad, la ciencia o el apoyo a las pequeñas empresas.

Hay que reducir salarios y suprimir gastos improductivos como la asistencia a los mayores y las personas desfavorecidas, en definitiva, a los que no tienen dinero que gastar. La moderación salarial parece ser el remedio milagroso para la economía mundial. Qué manía tenemos con querer cobrar un sueldo digno por nuestro trabajo, un salario que nos permita comprar lo que necesitamos o incluso aquello que no necesitamos (no llego a comprender quién va a comprar las cosas que producimos cuando los trabajadores no podamos pagarlas).

Deben convencernos de que no hay otra solución o se les desmonta el tinglado. Tan solo sufriendo en silencio, tan solo resignados a cumplir las directrices de nuestros sabios y preclaros dirigentes políticos, convenientemente instruidos por sus verdaderos jefes, podremos atravesar este valle de lágrimas hacia un futuro mejor. Volveremos a tener trabajo, aunque más precario y peor pagado, volverán a concedernos créditos, aunque a menos de nosotros y seguramente más caros y a mayor plazo, pagaremos por la sanidad y la educación, volveremos a creernos ricos y felices y encima tendremos que darles las gracias. Los que puedan, porque muchos se caerán por el camino y se quedarán atrás, o más bien debajo... Trabajaremos sin descanso para que los de un poco más arriba crean que viven bien y para que los que de verdad viven bien nos vean desde más arriba aún. Nos habrán salvado de la crisis de la que no somos culpables pero de la que nos culpan.

Pero debemos decir NO. Ni somos ni nos sentimos culpables de esta situación. Nos han utilizado en sus juegos de poder, sus juegos financieros y sus juegos del mercado y el crecimiento infinito. Nosotros solo hemos subido a ese tren para poder vivir dignamente, para seguir adelante en este mundo en el que hemos nacido. Formamos parte del sistema queramos o no, pero jamás nos han preguntado si queríamos que fuera así ni cómo queríamos que fuera. Quizás ha llegado el momento en que tengamos que bajar de ese tren, quizás es el momento en que debamos decidir nosotros mismos hacia dónde vamos. Sin nosotros, ningún sistema funcionará, y el actual no nos gusta. Y a nosotros ya no nos llega nada.

Todos recordamos las promesas de refundar el capitalismo y cambiar el modelo económico que oíamos al principio de la crisis. Ya podemos olvidarlas. No solo no lo han cambiado, sino que lo han reforzado. Los mercados han ganado a las personas. Como decía antes, no son los políticos los que mandan, ni tampoco nosotros. Ni fuimos culpables de la crisis, aunque nos echen la culpa, ni ahora nos dejan ser la solución.

Lo que de verdad importa

Ha llegado el momento de hablar y decir: basta, hasta aquí hemos llegado. Es el momento de pararse y pensar, de hablar de las cosas que nos importan y de cómo queremos obtenerlas. Es el momento de hablar de las cosas que no nos gustan y de cómo nos desharemos de ellas. Es hora de hablar y cambiar las cosas.

Muchas veces creo que hay cosas que me interesan, pero en realidad debo de estar equivocado. Suerte que siempre hay alguien que me dice lo que de verdad me importa. Oigo una noticia en la radio, leo algo en la prensa, hablo con alguien de un tema y me interesa. Según lo que haya oído, me alegro, me enfado, me indigno, me da igual o incluso puede que cambie de idea (aunque pasa pocas veces).

Entonces me pregunto: ¿qué pensarán los políticos de esto? ¿Qué van a hacer para solucionarlo? ¿Cómo lo organizarán? Y entonces llega el momento fatídico, cuando se dirigen a sus colegas políticos o a los periodistas —porque con nosotros, los ciudadanos, nunca hablan—, y en ese instante sueltan la sentencia: «Mire usted, esto no es lo importante. Vamos a hablar de lo que de verdad preocupa a los españoles.» ¿Cómo? ¿Que esto no es importante? ¿Que lo que yo pienso no interesa? ¿Quiénes son esos españoles a los que se refieren? A mí no me han preguntado nada.

A mí nunca me han preguntado lo que de verdad me importa. Nunca me han consultado sobre nada. No, las elecciones no son una consulta popular, son otra cosa. No pido que me pregunten lo que hay que hacer, no pretendo solucionar los problemas del mundo. Solamente quiero que me pregunten qué me importa, qué me preocupa, qué quiero que solucionen, de qué quiero que se ocupen y en qué quiero que trabajen. Deberían preguntarme dónde quiero que inviertan mi dinero, dónde no me importa que se pierda el dinero y dónde me molesta, me subleva y me indigna que vaya a parar nuestro dinero.

Tendrán gabinetes de estudio, grupos de trabajo, equipos de analistas y asesores, pero no se enteran. Lo que de verdad nos interesa a los españoles lo sabemos nosotros, no ellos. A decir verdad, me preocupa que lo que a mí me importa no coincida nunca con lo que ellos dicen que me importa. Ahora vamos a hablar de lo que nos importa. Quieran o no, van a escucharnos, las cosas van a cambiar y les vamos a decir cómo queremos que sea el mundo a partir de ahora. Es nuestra hora.

LOS POLÍTICOS

La culpa no es de nadie

En mi trabajo estoy obligado a hacer las cosas bien. Me pagan para que haga un buen trabajo, para que cumpla unos objetivos; de lo contrario, mi puesto de trabajo puede estar en peligro. Si mis resultados no son satisfactorios, asumo la responsabilidad y las consecuencias, qué remedio. ¿Sucede lo mismo con los políticos? No.

Se difunde una noticia sobre un vertedero ilegal y la culpa resulta ser de los técnicos municipales. El alcalde dice que no era su responsabilidad, que no sabía nada de ese asunto. Él, dice, se limita a firmar lo que le pasan los técnicos. Si en una Comunidad Autónoma se destapa un caso de corrupción, el presidente declara que ignoraba por completo lo que hacía su mano derecha en el gobierno, que era el responsable de la adjudicación de contratos. Aunque hubiera querido, no podría hacer nada ilegal ni mal hecho. Se construye una carretera que no lleva a ninguna parte en un parque natural y la culpa es de los ingenieros, no del político que promovió y autorizó la obra. Una obra que cuesta tres veces más de lo presupuestado se paga religiosamente y no se le exige nada al arquitecto. Se inaugura un aeropuerto sin aviones que hay que reformar antes de volverlo a inaugurar y no dimite nadie. Se pierden cientos, miles o millones de euros y nadie se pregunta quién ha sido el culpable.

Y así tantos y tantos ejemplos de políticos que no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que pasa bajo su mandato. ¿Es que en este país nadie es capaz de asumir sus errores? ¿Por qué siempre hay que echarle la culpa a otra persona? Y mejor aún si es alguien que está a nuestras órdenes, así seguro que no protesta. Cuando los políticos cometen esa clase de errores gigantescos, su estrategia es dejar pasar el tiempo e intentar distraer al populacho criticando al rival, aunque el enfrentamiento sea falso. El tiempo, ya se sabe, todo lo borra.

Cuando alguien comete un error debe asumir las consecuencias. Esto, que es evidente, debería serlo aún más en el caso de los políticos, debería ser una obligación moral e incluso legal. Están jugando con nuestro dinero y sus errores pueden perjudicar a mucha gente, de modo que no pueden quedar impunes. Lo que tienen entre manos es demasiado importante como para tratarlo con esa ligereza; no olvidemos que los políticos condicionan y determinan la vida de las personas. Y nuestra vida es demasiado importante como para dejarla en manos de cualquiera.

Es malo que los políticos se equivoquen tanto, pero aún es peor cuando saben perfectamente que están haciendo algo ilegal o al menos inmoral. Si no les descubren, aquí no ha pasado nada, y si les pillan, jamás aceptan su culpa. Atacan a quien les acusa, ensucian a quien pueden y son capaces de negar la mayor evidencia; lo que sea con tal de no asumir ninguna responsabilidad ni sus consecuencias, no vayan a perder la poltrona. Sus compañeros de partido, como no podía ser de otra forma, les respaldan, muestran públicamente su apoyo y se declaran indignados por el hecho de que alguien tan honorable, tan entregado a su trabajo y a los ciudadanos, sea acusado falsamente de cualquier ilegalidad.

Ningún político debería durar cinco minutos en el cargo en cuanto haya el más mínimo indicio razonable de incompetencia o de corrupción. Ya se verá más adelante en los juzgados si hay responsabilidad penal, pero que de inmediato dejen de tener ningún poder sobre nuestros impuestos ni nuestras vidas, que se vayan cuanto antes. Si tuvieran vergüenza o dignidad, dejarían bien claro que no están en el cargo por interés y lo abandonarían ipso facto.

Otras veces, además de prometer algo, lo ponen por escrito en los presupuestos. Anuncian la construcción de algo en una rueda de prensa, se hacen fotos y dicen los millones que va a costar y que ellos han destinado a ese fin. Un momento: ese dinero es nuestro, pero ellos hablan de él como si fuera suyo. No olvidemos que tan solo lo administran. Sabemos que en ocasiones una obra ya presupuestada finalmente no se lleva a cabo. ¿Y el dinero? ¿Dónde ha ido a parar? ¿Quién ha sido el responsable de que la obra no se haga? Entonces no se hace ninguna rueda de prensa para explicar esas cosas. Una vez más, la culpa no es de nadie.

¿Qué responsabilidad les pedimos por incumplir sistemáticamente sus promesas? Recordemos que cuando nos piden el voto nos explican lo que van a hacer e incluso prometen que no harán determinadas cosas (como recortar ciertos gastos públicos). Tardan poco en olvidar la mayor parte de sus promesas y empezar a actuar de manera totalmente diferente a la que esperábamos. Algunos incluso incumplen su palabra antes de llevar un mes en el cargo. ¿Para qué les hemos puesto donde están, para que hagan lo que quieran? ¿Para que se guíen por intereses distintos a los nuestros o para que hagan lo que nos prometieron?

En ese caso, los votantes tenemos mucha culpa. A la primera de cambio, deberíamos echar a aquellos políticos que no hacen lo que prometen, en lugar de creernos los cuentos y las milongas que nos venden cada cuatro años. Por mucho que sean de «nuestro» partido (que, en realidad, es de todo menos nuestro), no se debe volver a confiar en ellos. Pase lo que pase, el voto es nuestro, es lo único que nos dejan. Pensemos lo que votamos, somos adultos, nadie nos apunta con un arma en el momento de votar. No podemos permitirnos tropezar dos veces con la misma piedra. Nos jugamos demasiado.

A los partidos políticos no les gusta la democracia

Para desarrollar su labor, los políticos forman partidos que, en teoría, deberían ser organizaciones que, uniendo a personas con ideologías afines, les permitieran desarrollar su labor en beneficio de la sociedad. Pero, una vez más, las cosas no son como deberían. Parece que, por el contrario, los partidos políticos son organizaciones enfocadas a un único fin: conseguir el poder. En demasiadas ocasiones, los partidos no reparan en nada con tal de lograr sus objetivos. Negocian, intercambian, atacan o se defienden según las circunstancias. También son capaces de decir algo y lo contrario al mismo tiempo. No es de extrañar: están formados por políticos.

Sería gracioso, si no fuera tan triste, comprobar la nula democracia interna de unas organizaciones que son fundamentales (o al menos eso dicen) para el sistema democrático. Al fin y al cabo, la libertad de asociación en partidos políticos está en la base de la democracia. Sin embargo, los partidos políticos son las organizaciones menos democráticas que conozco, y menos aún si tienen posibilidades reales de llegar al poder. Siempre hay un líder único y carismático que tiene el poder absoluto en la organización. Nadie cuestiona sus planteamientos ni sus métodos. Quien se atreva es apartado automáticamente de la toma de decisiones del partido (o del Gobierno, si es el caso). A los partidos políticos no les gusta la democracia. ¿Acaso lo que es bueno para los demás no es bueno para ellos? ¿Qué puede tener de malo que sus miembros expresen su opinión? La democracia interna no les interesa: se rigen por pactos, acuerdos, traiciones y componendas entre distintas facciones que luchan por hacerse con el control de la organización.

¿Y de dónde sacan el dinero para funcionar? De fondos públicos, de nuestro dinero. Estamos manteniendo a los partidos sin que nadie nos haya preguntado si queremos hacerlo y, peor aún, sin que la mayoría de ellos nos gusten. Aun así, la financiación pública de los partidos es buena, ya que de ese modo no necesitan financiación privada y pueden ser independientes. Prefiero que los partidos y los políticos me cuesten dinero a que deban favores a las grandes empresas o las grandes fortunas.

Pero ¿de verdad necesitan tanto dinero público como reciben? ¿Acaso los partidos no pueden hacer gala de la austeridad que nos piden a los demás? Lo curioso es que, a pesar de la inmensa cantidad de dinero público que reciben, también obtienen dinero de donantes privados y, lo que es peor, de donantes anónimos. ¿Qué razón puede tener alguien para ocultar que apoya a un partido en el que supuestamente confía? No será por vergüenza o por humildad... ¿Será para no alimentar suspicacias o porque no le interesa que ese apoyo trascienda? Seguro que hay donantes privados que simplemente son generosos o apoyan honestamente al partido que defiende sus ideas. Pero sospecho que también hay donantes que esperan algo a cambio. La mera posibilidad de que existan estos últimos es razón suficiente para que desaparezca el anonimato en las donaciones a los partidos políticos. Si quieren evitar cualquier sospecha, si no tienen nada que ocultar, pueden hacer públicas todas y cada una de las donaciones que reciben. La democracia y nosotros se lo agradeceremos.

Por otro lado, me pregunto cómo pueden gastar tanto. Además de las fuentes de ingresos que ya hemos comentado, también piden créditos a los bancos, préstamos que en más de una ocasión les han perdonado. Resulta curioso que los bancos traten a los partidos políticos como no tratarían jamás a sus clientes particulares. Eso explica, naturalmente, que los políticos corrieran tanto al principio de la crisis para salvar a los bancos. Tan solo estaban devolviéndoles el favor.

Tampoco podemos pasar por alto el punto más espinoso: la financiación ilegal. En nuestro país, en las últimas décadas ha habido numerosos escándalos de financiación ilegal de partidos políticos, así que no tiene sentido que estos lo nieguen. Estoy convencido de que muchas grandes empresas, tanto nacionales como locales, pagan directamente a los partidos, incumpliendo por completo las leyes de financiación de los mismos. No nos engañan, sabemos que las empresas financian a los partidos a cambio de beneficios futuros cuando estos lleguen al poder. La corrupción no solo es cosa de políticos individuales, sino que alcanza también a los partidos.

¿En qué mundo viven los políticos?

¿Quién se hace político? ¿Y por qué? Siempre he pensado que los políticos deberían ser personas que se preocupan por los demás, que intentan mejorar las condiciones de vida del prójimo. Sería de esperar que los políticos se interesaran desde jóvenes por su entorno y que tuvieran una idea clara de cómo debe ser y funcionar el mundo. Deberían poseer cierto altruismo y tener la intención de resolver nuestros problemas. Esa es la teoría que, por desgracia, se ve constantemente desmentida por la práctica.

En innumerables ocasiones no entiendo a los políticos: no parece que vivan en mi mundo. Veo cómo se dedican a sus asuntos, a sus peleas internas o, peor aún, las que tienen de cara a la galería para distraer la atención de lo verdaderamente importante. Veo su obsesión por perpetuarse y mantener su influencia o poder. Veo eso y me doy cuenta de que, por lo general, no son políticos vocacionales sino profesionales de la política. En el mejor de los casos, puede que comenzaran por vocación y hayan acabado siendo simples profesionales. Y los profesionales de la política son lo peor que puede pasarnos a los ciudadanos.

Seguro que en los partidos políticos hay afiliados muy activos que van asumiendo cada vez más responsabilidades, trabajando y ganándose la confianza de sus compañeros. Lo lógico sería que esas personas, las más capacitadas, fueran ascendiendo y llegando a los puestos de mayor responsabilidad en el partido y, llegado el momento, en el gobierno, sea de un pueblo o un país. ¿Por qué me parece que eso no suele pasar?

Demasiado a menudo vemos y oímos cosas de algunos políticos que nos asombran y nos dejan estupefactos. No puede ser verdad, nos decimos. ¿Cómo puede estar diciendo eso? ¿Cómo puede meter la pata de esa manera? En esas ocasiones, me pregunto si de verdad no tienen a nadie mejor en el partido. ¿No hay nadie más capacitado o al menos más prudente, alguien que piense las cosas dos veces antes de hablar o que sepa quedarse callado cuando no tiene nada que decir? Por desgracia, se demuestra una y otra vez que los más capacitados, los más brillantes, no son los que destacan en los partidos políticos. Los mejores se dedican a lo suyo, aquello para lo que se han preparado y a lo que dedican sus carreras profesionales. De vez en cuando, se encuentra algún político brillante o que aparenta ser capaz de llevar adelante su trabajo, pero suelen ser la minoría y casi siempre acaban mezclados en las intrigas e historias de su mundo.

¿Cómo escogen los partidos políticos a sus máximos dirigentes o representantes? ¿Cómo designan a sus candidatos? ¿Acaso no evalúan sus méritos y capacidades antes de asignarles enormes responsabilidades? Creo firmemente que no. Según he visto durante muchos años, la carrera de un político en su partido no depende de sus méritos, sino de su capacidad para medrar y elegir bien a sus compañeros de viaje. Lo importante, en un partido, según parece, es relacionarse con las personas adecuadas, integrarse en grupos o corrientes dentro del partido, aliarse con unos contra los otros (o con los otros contra los unos, según convenga), a ver si en alguno de esos movimientos pueden tocar algo de poder. Creo, por tanto, que los primeros puestos son para los que saben medrar mejor, y no para los que pueden aportar más.

Los aspirantes a políticos deberían superar al menos dos pruebas antes de comenzar su carrera. La primera sería la del sentido común: quien no lo tenga no puede ser político. Si lo aplicáramos a los políticos actuales, no nos quedaría ni uno. La segunda prueba, la más importante, sería la de la honradez. Con esa prueba no habría llegado a político ninguno de los sujetos que en los últimos años han estado malversando y robando nuestro dinero. Una vez superadas esas dos pruebas, ya podrían dedicarse a la política, y entonces se debería valorar la formación y la capacidad de cada uno para según qué tareas. Qué bien nos iría a todos si pudiéramos seleccionar así a los políticos.

¿Existe la ley para los políticos?

Nos venden que la justicia es universal, que está al alcance de todos y se mantiene ciega e independiente de cualquier injerencia externa, pero esos supuestos no se cumplen de manera general. No todos podemos costearnos la misma asistencia legal en caso de necesitarla y no todos somos tratados de la misma manera (especialmente los políticos).

¿Existen las responsabilidades penales de los políticos? Si existen, ¿dónde están? En ocasiones, las decisiones de los políticos tienen consecuencias tan graves, que obligan a pensar en algo más que responsabilidades políticas o morales. Tal vez puedan tener consecuencias legales y penales. ¿Existe la ley para los políticos? ¿Actúa la justicia con los políticos igual que con el resto de los ciudadanos?

Conozco algunos casos, no pocos, en que los políticos han salido mejor parados de lo que merecían, o se esperaba, tras su paso por los juzgados. ¿Cómo van a juzgar los jueces a los políticos como a cualquier otro ciudadano si la justicia está politizada? Cuando se formulan acusaciones contra algún político desde cualquier instancia judicial, la reacción siempre es la misma. Lo primero es la defensa a ultranza del acusado, lo segundo es acusar al acusador de estar perpetrando una persecución política, lo tercero es descalificar como sea las pruebas presentadas y, finalmente, obstaculizar por cualquier medio la investigación o el juicio, si es que se llega a tanto. En ningún momento a nadie se le ocurre pedir explicaciones al acusado.

No se trata de obviar la presunción de inocencia, que es algo fundamental en la democracia, sino de mantener un mínimo de dignidad en la vida pública. Sin embargo, parece que esa dignidad no preocupa mucho a los políticos, que se sienten seguros en sus puestos. Saben que sus compañeros no van a dejarlos en la estacada, saben que van a intentar protegerlos en todo lo posible y que van a influir en los jueces o los fiscales.

Tienen muchas maneras de influir en la justicia y las utilizan todas. Como mínimo, tienen a su alcance todos los medios legales que puede comprar el dinero para entorpecer y retrasar las investigaciones. A los políticos se les permite toda clase de recursos, aplazamientos, práctica de nuevas pruebas y de cualquiera de las muchas argucias legales existentes para retrasar la resolución judicial y, a ser posible, conseguir la prescripción del delito. Pero, además, intentan o pueden intentar paralizar por completo la investigación por medios no del todo legales. Tratan de influir en los fiscales o directamente cambian de destino a aquellos que no responden a las directrices políticas. Y lo mismo pasa con los jueces: todos recordamos casos de políticos implicados por los que han pasado varios jueces que iban cambiando de destino, con lo que la investigación se retrasaba durante años.

La supuesta independencia de la justicia resulta imposible desde el momento en que el gobierno de los jueces se elige desde la política. El Consejo General del Poder Judicial se elige basándose en cuotas de jueces conservadores o progresistas impuestas por los partidos políticos, cuotas que se reforman en cuanto cambia el partido en el Gobierno, para intentar controlar la judicatura. Los consejeros elegidos mediante cuotas de partido tienen muy difícil, por no decir imposible, ser independientes y, por tanto, no son adecuados para opinar o decidir sobre asuntos en los que estén implicados partidos políticos.

Capítulo aparte merece la fiscalía. Los fiscales, sobre todo los fiscales jefes de cualquier área, deberían llegar a sus puestos tras una carrera profesional intachable y con independencia de cualquier designación política, como también debería suceder con los jueces. Y deberían mantenerse en su puesto durante unos periodos preestablecidos, de manera totalmente independiente de los ciclos políticos. Pero, como tantas otras veces, la realidad es muy diferente. Los fiscales cambian cada vez que cambia el Gobierno. ¿No eran independientes y estaban separados el poder judicial y el ejecutivo? No.

En cuanto llega un nuevo ministro de Justicia, una de sus primeras decisiones es la de relevar a los fiscales en los puestos clave, a los que dirigen las investigaciones más importantes. Con los jueces lo tienen algo más difícil, ya que los ascensos, los nombramientos o los cambios de destino siguen un proceso propio. Pero con tiempo todo se consigue, así que al final acaban apareciendo jueces afines, o al menos no contrarios, donde son necesarios. El problema de los políticos con la justicia es que la entienden como una extensión más de la política, algo que deben controlar, un resorte más del poder. La separación de poderes tan solo es una utopía, una bonita declaración de intenciones, nada más.

Nos toman por tontos

Los que mandan se creen que el resto de los mortales somos tontos. ¿Cómo, si no, puede afirmar un presidente autonómico que tiene menos dinero en el banco que cualquier trabajador? Solo su sueldo multiplica varias veces un sueldo normal, por no hablar de otros ingresos que pueda tener o los regalos que pueda recibir. ¿Por qué razón solo nos comparan con otros países cuando les interesa? Tienen la desfachatez de contarnos que los alemanes pagan unos euros al día cuando están ingresados en un hospital público, nos dicen que el combustible está más caro en otros países y nos explican que pagamos menos impuestos que en muchos países de Europa. Pero olvidan, o esconden, que nuestros salarios son más bajos que en esos países, que nuestra educación pública es peor y que por muchos servicios pagamos precios más altos que en otros países. Nos venden la realidad según les interesa. Confían en que no les escuchemos o no les prestemos demasiada atención. O directamente nos toman por tontos.

¿Cómo, si no, se atreven a decir que casi no hay listas de espera en sanidad? Nos toman por tontos cuando dicen que no hay recortes en educación, mientras no cubren las bajas de los maestros. Nos toman por tontos cuando dicen que no deben dinero a los colegios, cuando estos no pueden pagar la calefacción. Toman por tontos a los farmacéuticos cuando una y otra vez les prometen pagar las medicinas que les adeudan o cuando dicen que se trata de una falta puntual de liquidez.

Y no solo me molestan las cosas que nos dicen, sino que también me irrita cómo lo dicen. Creen que pueden disfrazar la realidad a su antojo para que no nos demos cuenta de lo que están haciendo. Cuando creen que algo no va a gustarnos, en lugar de expresarlo de un modo claro y sencillo, juegan a disfrazarlo con palabras grandilocuentes, eufemismos y excesiva palabrería. ¿No es eso tomarnos por tontos de remate? Confían en poder decirnos cualquier barbaridad, lo que sea, evitando pronunciar determinadas palabras, como si el hecho de no pronunciarlas cambiara el significado de lo que nos cuentan. Cuando alguien habla de una manera tan poco clara, suele ser porque quiere esconder algo. ¿Tan difícil es hablar claro? ¿Tanto les cuesta?

En los últimos tiempos, hay algo que me exaspera especialmente: cuando hablan de recortes y dicen que no lo son. Nos cuentan que van a gastar menos dinero, pero manteniendo la cantidad y la calidad de los servicios, que no nos veremos afectados. Nos dicen que serán meros ajustes para gastar el dinero de manera racional. ¿Meter treinta alumnos en aulas pensadas para veinte es un ajuste o un recorte? ¿No contratar maestros es un ajuste o un recorte? ¿Recortan o ajustan cuando disminuyen drásticamente el dinero destinado a la investigación y el desarrollo? Si bajan las pensiones, ¿qué tienen que hacer los jubilados? ¿Ajustar sus gastos o recortarlos? Si amortizan plazas por jubilación de médicos, ¿qué hacemos? ¿Recortamos también las enfermedades? Nos toman por tontos, pero no lo somos. Estamos hartos de que nos crean tan sumamente estúpidos, cansa tener que escuchar siempre las mismas mentiras, como si no tuviéramos memoria. Pero sí que tenemos, y recordamos cada una de las veces que nos han insultado tomándonos por tontos.

Los sueldos de los políticos

Aunque a los políticos se les llene la boca hablando de su vocación de servicio a la sociedad, su abnegación y su sacrificio por el bien común, lo cierto es que se llevan un buen dinero a casa a final de mes. En teoría, los políticos tienen una gran responsabilidad y por ello deben cobrar un sueldo. El problema es que son ellos mismos quienes deciden sus salarios. ¿Qué trabajador puede decidir cuánto cobra? No es una buena idea, más bien es una muy mala idea, que un político deba fijar su sueldo y el de sus colaboradores y asesores.

La liberalidad con que gastan un dinero que no es suyo ha provocado situaciones absurdas. No parece lógico que un alcalde de una pequeña ciudad gane más que el de otra ciudad mucho mayor o que el mismísimo presidente del Gobierno. No es posible que la primera autoridad del Estado, la persona de mayor rango en nuestro país, cobre menos que muchos otros altos cargos, presidentes autonómicos o alcaldes. No se puede poner al zorro a cuidar a las gallinas: los políticos no deben decidir ningún sueldo, ni el suyo, ni el de sus subalternos, ni el de los asesores.

Para evitar semejantes desatinos, debería establecerse una norma clara y sencilla de obligado cumplimiento para todos los políticos, desde el presidente hasta el cargo de menor importancia. La mayor responsabilidad recae en el presidente del Gobierno, así que su sueldo debería ser el máximo entre todos los sueldos públicos. A partir de ese concepto básico, se establecerían el resto de sueldos para todos y cada uno de los cargos políticos de la administración, aquellos que tras cada elección se renuevan con los candidatos vencedores de las elecciones y las personas de su confianza. Todos sabrían desde el principio el salario que iban a percibir. Se acabarían así los vergonzosos acuerdos de los políticos, el único asunto en el que siempre llegan a un consenso, para subirse periódicamente el salario.

Además del sueldo, los políticos tienen otros privilegios en virtud de su cargo. Los diputados y los senadores reciben ayudas para costear su alojamiento si viven fuera de la capital. ¿Es que con su generoso sueldo no tienen suficiente para pagar un alquiler? Los alcaldes y los concejales, además de su sueldo, cobran dietas por asistir a comisiones de trabajo, reuniones y plenos. ¿Acaso eso no forma parte de su trabajo? ¿No cobran ya un salario por eso? Y todo eso si es que reciben un único salario. En muchos casos, los políticos ocupan puestos en empresas o entidades públicas, y cobran adicionalmente por ello. Por increíble que parezca, el alcalde o el presidente de la diputación cobra por su cargo en el consejo de administración de la autoridad portuaria, y un concejal cobra por representar a su municipio en la entidad metropolitana de transportes o basuras. Un subsecretario cobra dietas por asistir a las reuniones del patronato de tal o cual fundación, y así hasta cobrar varias veces por un solo trabajo. Pues no, no deberían cobrar por todas y cada una de las obligaciones de su cargo. Ni deberían disfrutar indiscriminadamente de coches oficiales. Cuando se acepta un trabajo, que eso y no otra cosa es un cargo político, se asumen los inconvenientes igual que se aceptan sin rechistar los beneficios.

Pero los privilegios de los políticos no se acaban cuando dejan sus cargos. En algunos casos, se mantienen durante mucho tiempo, porque los diputados y los senadores, y supongo que otros altos cargos también, disfrutan de algunas prebendas o privilegios que el resto de los ciudadanos no podemos alcanzar. Con tan solo siete años de trabajo, ya tienen derecho a alcanzar la pensión máxima, mientras que nosotros debemos trabajar hasta los sesenta y siete años y aun así no podemos estar seguros de alcanzar el cien por cien de la pensión por la que estamos cotizando. Sus sueldos y la indemnización cuando dejan su escaño o sus cargos superan con creces el sueldo medio y las indemnizaciones de los trabajadores. Por otra parte, también existen pensiones vitalicias y cargos en instituciones estatales para presidentes, ministros y altos cargos con sueldos que los ciudadanos normales no podremos alcanzar jamás. Sueldos que compatibilizan con actividades privadas, conferencias, cursos y muchas otras cosas generosamente remuneradas. Y es que muchos políticos, en especial los cargos de mayor nivel, establecen una red de contactos durante su trayectoria política que les permite acceder a los consejos de administración de grandes empresas o a contratos de asesoría a multinacionales o bancos. Se sirven de su actividad pública para ejercer posteriormente una actividad privada muy lucrativa. Llegar a determinado nivel político asegura una posición económica holgada en el futuro. Y así, cuando se supone que los políticos deben retomar su actividad anterior a la política, resulta que la política ha sido un medio para no regresar a sus orígenes. Para muchos, la política es, o ha sido, de forma intencionada o no, una manera de mejorar su calidad de vida. Se supone que los políticos deberían ser ejemplares para el resto de los ciudadanos, pero resulta que son justamente el ejemplo que no debemos seguir.

EL DINERO

El mundo en que vivimos

Se supone que el mundo actual es el más avanzado de la historia desde el punto de vista social. Se supone también que tenemos más libertad que nunca, al menos en los países occidentales (ya sabemos que, por desgracia, en otras partes del mundo no es así). ¿Es verdad? ¿Somos realmente capaces de decidir por nosotros mismos? ¿Somos realmente libres? Yo creo que no, o al menos no del todo. Las pocas personas que se atreven a elegir su destino suelen verse obligadas a vivir al margen de las normas convencionales.

Según nos cuentan, el pueblo, las personas, elegimos entre nosotros a un grupo determinado para que nos represente y gestione los asuntos comunes. Cada cierto tiempo, debemos renovar la confianza en nuestros líderes o, por el contrario, retirársela para dársela a otros. Llamamos políticos a esas personas en las que delegamos la misión de velar por nuestro bienestar. Que no olviden, pues, que únicamente son empleados públicos designados de manera temporal.

Visto así, parece un sistema lógico y razonable, incluso bueno: si sabemos elegir a los más capaces y comprometidos del grupo, sin duda conseguirán un mayor bienestar para nosotros. Por tanto, debemos tener mucho cuidado al elegir a los políticos. Es algo que debemos pensar detenidamente. Las personas adecuadas deberían ser, además de inteligentes, poco o nada egoístas, generosas, honestas y humildes. Deberían conocer de primera mano los problemas del grupo para poder resolverlos. Deberían ser cercanos y no creer que el hecho de que les hayamos elegido les hace ser mejores que los demás. Pero esa solo es la teoría. La realidad es muy diferente. No sé si es que no existe gente así o es que yo no la he conocido, pero lo cierto es que entre quienes se dedican a la política no abunda esa clase de personas admirables. Hay casos concretos de políticos que se acercan o intentan acercarse a esa definición, pero están en clara minoría respecto a los demás.

Bien, supongamos que existen los buenos políticos y que, además, sabemos distinguirlos entre la marabunta de gente de toda condición que se dedica a la política. ¿Harán lo correcto si les elegimos? ¿Se comportarán como esperamos de ellos? Y, sobre todo, ¿tendrán la capacidad de llevar a cabo todo lo que nos prometieron? Mi respuesta a esta pregunta es que no. Ojalá me equivoque. Aparentemente, los políticos actúan con libertad, pero siempre que no sobrepasen ciertos límites. Hay cosas que jamás podrán hacer, cosas que, quizá por cobardía, jamás se atreverán a intentar.

Pero ¿acaso no eran nuestros representantes? ¿No les elegimos para gobernarnos por el bien de todos? No, los políticos no mandan en este mundo en el que tampoco mandamos nosotros. Aquí, el que manda de verdad es el dinero. Quien realmente rige el mundo es el dinero, el beneficio, cuanto más y más rápido mejor, cada año más que el anterior y siempre más, sin parar. Los que en realidad llevan el timón no han sido elegidos por el pueblo. Están ahí, se conocen, se apoyan entre ellos y sobreviven a gobiernos de toda clase. Tienen el dinero y se pasan el tiempo viendo cómo se multiplica. No tienen otra motivación más que el incremento de sus beneficios, y sospecho que ni siquiera tienen tiempo para disfrutarlo.

No sabemos quiénes son porque no les interesa darse a conocer. Utilizan a los políticos como pantalla para que no les veamos y a los medios de comunicación como distracción para que miremos hacia otro lado. No les conviene que estemos informados ni que sepamos lo que están haciendo. Se ocultan tras aburridos nombres en inglés de anónimas empresas radicadas en pequeños países sin demasiado control económico. Crean unos camuflajes y unos obstáculos entre ellos y nosotros tan buenos, que ni siquiera llegamos a imaginar cuántos o cómo son, ni siquiera si existen. Ahora les llaman «los mercados», antes fueron los grandes magnates y las multinacionales. ¡Los «mercados», qué palabra! Parecen algo imaginario, sin cara, sin forma, entes sin cuerpo físico pero con una fuerza incontenible. Ni los países más fuertes, ni las mayores superpotencias económicas y militares de la historia pueden hacerles frente. ¿Qué serán los mercados? Los mercados no son sino personas, con cara, ojos, cuerpo, piernas y brazos, como los demás. Lo que no tienen es corazón y lo que les sobra es avaricia. Tampoco tienen escrúpulos, ética ni humanidad. Viven en el mismo planeta, pero en un mundo diferente al nuestro.

No sé cuántas personas forman lo que llamamos «mercados», unos pocos miles en todo el mundo, quizá decenas de miles, pero no más. Esa gente domina las grandes fortunas, las agrupa en fondos de inversión, en grandes multinacionales, y una vez que se sienten lo bastante fuertes, toman las decisiones que más les convienen. Invierten en un país, especulan contra otro, apoyan a unos y derrocan a otros. Yo creo que, en realidad, no calibran su poder, que no entienden el efecto que sus decisiones causan en millones de personas ni los problemas que nos crean. Saben lo que quieren y cómo hacerlo, pero ni les importa ni les preocupa lo más mínimo que sus acciones puedan afectar a nadie.

Su objetivo es el beneficio y para conseguirlo necesitan controlar los países y a los políticos que supuestamente los dirigen. Mueven ingentes sumas de dinero a unos países u otros, a unas inversiones u otras, lo ponen donde les convenga para obtener nuevos y mayores beneficios. No fabrican nada, no crean nada, no hay nada real en sus negocios, nada que se pueda tocar. Se dedican a la especulación pura y simple. A través de ella crean nuevos recursos ficticios, más dinero que amontonan junto al que ya tenían. Y ni siquiera lo amontonan para luego gastarlo, sino que simplemente lo anotan en sus cuentas, les dicen a los bancos que tienen más dinero y los bancos toman nota, cambian las cifras. En todo ese proceso no se ha construido nada, son solo transacciones, balances, cuentas y papeles. Castillos en el aire, espejismos, ilusiones. Nada real. Pero, eso sí, en el camino van cargándonos con parte del peso de esa nada: siempre están dispuestos a compartir la carga, pero nunca el beneficio.

Los dueños de nuestras vidas

Sin darnos cuenta, vivimos una vida que creemos nuestra pero que está dirigida desde arriba. La mayoría perseguimos unas metas similares: todos queremos un buen trabajo, una casa en propiedad, que nuestros hijos sean felices y que tengan una buena educación. La manera de conseguirlo es la que vemos en aquellos que nos rodean, así que buscamos un trabajo o estudiamos en la universidad para encontrar un trabajo que consideramos mejor. Cuando lo conseguimos y ganamos algo de dinero, entonces queremos una serie de bienes materiales: un coche, una buena casa... Y ahí comienzan nuestros problemas. Sin darnos cuenta, nos vemos metidos en una espiral de obligaciones, sobre todo económicas, con plazos muy largos que nos comprometen durante la mayor parte de nuestra vida. Nos vemos obligados a ganar cierta cantidad de dinero para poder liberarnos. Cada día trabajamos para obtener un dinero que, a través de un banco, acabará siendo propiedad, cómo no, de los mercados.

La maquinaria económica y financiera del mundo está organizada para convertir el trabajo de la base, es decir, de la inmensa mayoría de la humanidad, en la riqueza de unos cuantos miles de personas. Todo está diseñado para trasvasar la producción, la riqueza que generamos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, hasta la cúspide de la pirámide. Eso sí, por el camino nos dejan algunas migajas para que podamos comprarles lo que nosotros mismos producimos, para que imaginemos que podemos llegar hasta ellos y así no se nos ocurra darnos cuenta de que nunca vamos a poder alcanzarlos.

El capitalismo tiene que cambiar

A lo largo de la historia, ningún sistema económico nos ha dado tanta calidad de vida como el capitalismo, al menos a los habitantes del Primer Mundo. Para el resto de la población mundial, en cambio, no ha traído nada bueno. Esa calidad de vida se ha dado en llamar estado del bienestar. Y ha durado lo que el capitalismo ha tardado en librarse de cualquier tipo de control.

Mientras ha habido una sociedad con leyes, mientras ha habido gobiernos que han aplicado los mecanismos de control, el capitalismo ha favorecido el desarrollo económico de los países occidentales, al mismo tiempo que el desarrollo tecnológico ha mejorado nuestra calidad de vida. Pero, poco a poco, sin que nos diéramos cuenta, el poder económico ha ido aumentando e infiltrándose en el poder político hasta adueñarse de él, incluso colocando a sus directivos en cargos políticos tan importantes como la presidencia de un país o un ministerio de economía. A partir de ese momento, han ido debilitándose, cuando no suprimiéndose, las trabas y los controles, el freno que las leyes y los gobiernos ponían al capitalismo.

La economía, el dinero, ha pasado de ser un medio para mejorar nuestras vidas al objetivo de nuestras vidas. Las personas hemos salido perdiendo, convirtiéndonos en meros medios de producción y consumidores de lo producido. En lugar de proteger nuestros intereses, los gobiernos han pasado a proteger a los poderes económicos, a favorecer su desarrollo sin pararse a calibrar las consecuencias.

Cuando por fin han conseguido el liberalismo económico absoluto, han depredado cuanto se encontraba a su alcance, desde materias primas en terceros países a trabajadores de sus propias empresas. La economía ha crecido sin cesar, pero los beneficios no se han repartido entre todos los participantes del sistema económico. La riqueza generada ha ido subiendo hasta concentrarse en cada vez menos manos.

Y todo eso se ha llevado a cabo en el mundo occidental. El capitalismo es un sistema económico occidental que para el resto del mundo solamente ha supuesto explotación y más explotación. Se han esquilmado y se siguen explotando sus recursos, sean materias primas o mano de obra barata, para alimentar la economía del Primer Mundo. En cambio, no se han exportado los beneficios que el desarrollo económico y tecnológico nos ha traído a los occidentales. A lo sumo, les hemos vendido algunos de nuestros productos para recuperar la pequeña parte de su propia riqueza que les hemos permitido retener. Pero ahora que nuestro sistema está a punto de explotar, el desarrollo de algunos de esos países acaba de arrancar, por desgracia según el modelo que les hemos enseñado desde Occidente. Esperemos, por su bien y por el nuestro, que sean capaces de aprender de nuestros errores y no nos veamos abocados de nuevo al desastre actual.

Un sistema económico en el que importan más los beneficios que el interés de las personas jamás puede ser el mejor. La economía no debe ser un fin en sí misma, sino un medio de mejorar la vida de las personas. Al menos, las consecuencias del desarrollo económico deben beneficiar a las personas. El capitalismo, tal y como lo concebimos ahora, no puede seguir así, no nos conviene. Es imprescindible una profunda reforma del sistema económico mundial.

Lo que han hecho los bancos

Los bancos son una pieza básica del sistema económico mundial, quizá la pieza clave. No solo necesitamos a los bancos para que nos guarden el dinero o nos presten más, sino también para que regulen o controlen los flujos mundiales de dinero. Si los bancos funcionaran como deben, todo estaría en orden: el problema ha surgido cuando han cambiado su función y su tipo de negocio.

Los bancos han pasado de ser prestamistas y depositarios de nuestro dinero a simples especuladores obsesionados con la obtención rápida del máximo beneficio posible. Antiguamente, los bancos prestaban dinero a sus clientes de forma precavida. Si alguien no era merecedor de su confianza, los bancos no arriesgaban su dinero concediéndole créditos difíciles de recuperar. Como no puede ser de otra manera, buscaban conseguir beneficios, pero eran muy cuidadosos en su actividad e intentaban no tener pérdidas.

En los últimos años, los bancos han cambiado su paradigma y se han volcado en la obtención de beneficios a cualquier precio, olvidando u obviando los riesgos. Han aumentado el número y la cuantía de los créditos, sin preocuparse de la solvencia real de sus clientes, se han embarcado en nuevos tipos de negocio más beneficiosos a corto plazo, pero más arriesgados a medio o largo plazo. Se han convertido en máquinas de producir dinero sin base real en la economía productiva, han generado dinero por el mero hecho de moverlo de un sitio a otro. Y todo eso lo han hecho sin contar con nadie, al menos mientras las cosas iban bien. Cuando se han torcido, no han dudado en recurrir a los gobiernos en busca de ayuda y han repartido los costes entre sus clientes. En cambio, jamás repartieron los beneficios.

Los bancos son responsables, en gran medida, de la crisis actual. Su excesiva ambición y su ansia desmedida de beneficios impulsaron una carrera sin fin, un salto mortal sin red que ha acabado con todos estrellados. Sin la financiación de los bancos no se podría haber iniciado la explosión inmobiliaria de los últimos veinte años. Los promotores construían a partir de los créditos que les daban los bancos y nos vendían las casas gracias a los créditos que nos daban los bancos. Un negocio redondo: cobraban intereses por la construcción de las viviendas y cobraban intereses por la venta de las mismas viviendas. Además, era un negocio sin fin, ya que al facilitarnos el acceso al crédito, todos podíamos comprar nuevas viviendas, la demanda subía y, por tanto, también subía el precio de la vivienda. Los créditos eran mayores y mayores eran los intereses a cobrar.

Tan bueno era el negocio, que se sumaron más y más constructores, aparecieron inmobiliarias de la nada y todos quisimos vivir en casas mejores. Pero no todos aquellos que se sumaron al negocio eran conocedores del mismo. Ante un negocio tan seguro y tan lucrativo, cualquiera conseguía la financiación necesaria para cualquier promoción urbanística, por descabellada que fuese. Ya no eran empresarios sino especuladores, espabilados en busca de negocios fáciles y dinero rápido. Incluso algunos particulares creyeron ver su camino hacia la riqueza en la especulación inmobiliaria, en la compra y venta de pisos. Todos se enriquecían, todos disfrutaban de una nueva vida excepto los que firmábamos hipotecas por treinta, treinta y cinco o cuarenta años. La mayoría debíamos trabajar media vida para que otros vivieran sin trabajar. Y, mientras tanto, los bancos sacando tajada de todas y cada una de las transacciones inmobiliarias.

Aunque obtuvieran grandísimos beneficios, aún querían conseguir más. Había que estrujarse las meninges para idear nuevos negocios. La gallina de los huevos de oro era el negocio inmobiliario: su único fallo era que las personas solo podemos vivir en una casa al mismo tiempo. Una vez que la gente con recursos, con trabajo, ya nos habíamos hipotecado para comprar una casa, íbamos a vivir muchos años en ella y el negocio se paraba. Había que encontrar nuevos clientes como fuera. Los primeros objetivos fueron los extranjeros con mayor nivel adquisitivo, de modo que se construyó como si todos los turistas del mundo fueran a venir a vivir a España. Pero ese recurso no era inagotable, así que empezaron a dirigirse también a personas sin demasiados recursos económicos. Clientes a los que unos años antes no se hubiera permitido acceder a un crédito por el riesgo de impago de pronto recibían todo tipo de facilidades. No solo se les daba el dinero para comprar una casa, sino que se les daba de más para que pudiesen también adquirir un coche o incluso irse de vacaciones.

Con todo ese negocio en marcha, cada vez más complicado y embrollado, siguieron ideando nuevos negocios. Los bancos no solo daban créditos a sus clientes, sino que también se los vendían entre ellos. Se ha dado el caso de personas que han acudido a su banco y se han encontrado con que su crédito ya no estaba en ese banco. Su banco solo actuaba como cobrador de otra entidad que había adquirido su hipoteca. Se hacía un nuevo negocio con nuestro dinero, con nuestra vida, sin que tuviéramos conocimiento de ello. ¿Acaso el cliente no había escogido un banco por las condiciones que le ofrecía? ¿No confiaba en el director de su banco y por eso lo eligió? Toda la confianza depositada en el banco se había evaporado, se había hecho negocio con nuestro dinero sin que lo supiéramos y sin que les diéramos permiso. De haber sabido que eso podía pasar, quizá no lo habríamos aceptado. Los bancos ofrecían toda clase de facilidades con grandes alardes publicitarios, pero no se esforzaban demasiado en explicar todas las posibilidades ni todos los riesgos. Vestían la mona de seda para que no viéramos lo que seguía siendo.

Sin embargo, un negocio con una base tan débil no podía durar para siempre. En algún momento, y como no podía ser de otra manera, las personas sin o con escasos recursos comenzaron a tener dificultades para pagar los créditos. A medida que esas dificultades se iban haciendo mayores, comenzaron a dejar de pagar algunos créditos y algunos grandes inversores comenzaron a desconfiar de los bancos. Poco a poco, las dificultades se fueron extendiendo a más y más bancos, hasta que al final la burbuja estalló.

Los créditos de alto riesgo demostraron por qué lo eran, algunos bancos comenzaron a perder demasiado dinero y tuvieron que quedarse con las casas. Pero esas casas ya no eran una garantía suficiente: ante los nuevos riesgos, muy poca gente quería comprar y las viviendas se devaluaron. Los productos financieros relacionados con la especulación inmobiliaria también comenzaron a perder valor hasta que finalmente algunos bancos colapsaron y quebraron. Eso comenzó a suceder en Estados Unidos, pero enseguida se propagó al resto del mundo occidental.

Las pérdidas de los bancos se extendieron, los especuladores comenzaron a retirarse y la economía a resentirse. Los gobiernos no dudaron un segundo en intentar rescatar a los bancos. No les tembló el pulso al destinar miles de millones al saneamiento de la banca. Decían que el sistema financiero no podía dejarse quebrar o iba a ser una catástrofe mundial. Todo el dinero que se regaló a los bancos no sirvió de nada. Los bancos cerraron el grifo del crédito y las empresas también fueron mal. Muchos trabajadores se quedaron sin trabajo y comenzaron a tener dificultades para pagar sus hipotecas; los bancos estaban de nuevo en riesgo. Había que rescatarlos otra vez.

Los gobiernos impulsaron o facilitaron compras y fusiones de bancos para hacerlos más fuertes. Los bancos centrales inyectaban dinero a los bancos para que tuvieran liquidez y reactivaran la economía. El crédito parecía ser el problema y la solución al mismo tiempo. Cuando los bancos se recuperaran, volverían a dar crédito a las empresas y la economía volvería a crecer. Así nos vendieron que se debía dedicar el dinero a salvar a los bancos, en lugar de a salvarnos a nosotros y nuestros derechos y servicios esenciales. Sin embargo, los bancos han dedicado todas esas ayudas a limitar sus pérdidas, es decir, no al fin por el que supuestamente se les concedían las ayudas, no a ayudar a las empresas ni a los particulares a recuperarse. Y en eso siguen los bancos, en proteger su negocio.

¿Qué ha pasado mientras tanto con nosotros?

¿Qué nos sucedió a los clientes de los bancos? No sabíamos nada de lo que estaba pasando en realidad con nuestro dinero. No se nos explicaban todas las implicaciones u obligaciones que íbamos a tener. Nadie nos dijo que nuestro banco iba a poder negociar nuestras hipotecas sin nuestro consentimiento. Todo eran facilidades y confianza. Nada podía salir mal y prácticamente nos hicieron creer (y nosotros nos dejamos engañar) que todo se iba a pagar solo. El ciclo económico de crecimiento iba a ser infinito y cada vez íbamos a participar todos de la mayor riqueza general de la historia.

No nos explicaron con suficiente detalle todo lo que ponía en la letra pequeña, aunque la letra pequeña sea la que más está influyendo con la crisis. Y una de las mayores sorpresas que nos hemos llevado ha venido con la imposibilidad de pagar nuestras deudas. Pensábamos que si algún día no podíamos pagar, el banco se quedaría con nuestra casa, que en realidad nunca fue completamente nuestra, y quedaría satisfecho con eso. Además de todo el dinero que habíamos ido pagando durante años, el banco se quedaba con un bien que había incrementado su valor durante todos esos años, un negocio redondo para el banco.

Pero no imaginábamos cómo de redondo era el negocio. No solo se quedaban con el dinero que habíamos pagado, no solo se quedaban con nuestra casa. Todavía debíamos seguir pagando toda la deuda completa. Nos quedábamos en la calle y debíamos seguir pagando la hipoteca como si aún continuáramos viviendo en la vivienda hipotecada. El banco recupera todo el dinero prestado, más los intereses, y además se queda con la casa que algún día podrá vender aunque sea por menos de lo previsto. A todos nos parece lógico que la dación en pago sirva para cancelar la deuda, excepto a los bancos y a los obedientes políticos que velan por sus intereses. Y no es que pretendamos que al entregar la vivienda nos devuelvan el dinero que ya hemos pagado, sino tan solo que se cancele la deuda.

A lo máximo que hemos alcanzado ha sido a pedirle peras al olmo. En un intento de congraciarse con nosotros, de aparentar que se preocupan por los ciudadanos, los políticos han pedido a los bancos que sean buenos, que renuncien a unos pocos beneficios y que admitan la dación en pago. ¿Alguien cree que lo van a hacer? ¿Alguien cree que los bancos son organizaciones altruistas que se preocupan por el bienestar de la humanidad? Yo no. Incluso en el que caso de que aceptaran cumplir ese código de buenas prácticas, serían muy pocas las personas, y en condiciones muy determinadas, que podrían beneficiarse de ello. Que no nos engañen, ni a los bancos ni a los políticos les interesa ni les importa nuestra situación, y lo que sería bueno para nosotros, la dación en pago, sería malo para su negocio, así que no van a consentirlo.

Una consecuencia de los problemas en el pago son los desahucios. Un desahucio no es un simple acto mercantil, una parte del negocio, aunque se intente presentar así. Quien no puede pagar una deuda debe asumir una consecuencia, eso no lo discute nadie. Deberíamos conocer el origen y todas las circunstancias de la deuda, pero eso no exime que la deuda deba pagarse. Sin embargo, un desahucio es mucho más que la consecuencia de una deuda, es una catástrofe humana. Un desahucio no elimina la deuda, pero sí determina un drama. Una persona o una familia se encuentran de la noche a la mañana sin un sitio donde vivir, unos niños se quedan sin su habitación para dormir y sin el rincón donde guardaban sus juguetes. Por si fuera poco, los desahuciados se quedan sin la posibilidad de rehacerse. Las posibilidades de mejorar su situación disminuyen drásticamente ante la urgente necesidad de sobrevivir. Es muy difícil superar un obstáculo de ese calibre, más aún cuando deben seguir pagando la deuda al banco que se ha quedado con la casa, una deuda que no van a poder pagar porque están demasiado ocupados en sobrevivir.

¿No sería mejor para todos llegar a algún acuerdo? Bien sea la dación en pago, bien sea una renegociación de la hipoteca, bien sea un alquiler, cualquier solución aceptada por todos será mejor. Así las personas no se encontrarían en la calle, seguirían teniendo un lugar donde vivir, y los bancos no perderían toda posibilidad de cobrar la deuda a cambio de cobrar algo menos o de cobrar en más tiempo.

Ese dinero era nuestro

Dicen que los bancos fueron los primeros en sufrir la crisis. Será algunos, porque otros están saliendo muy bien parados de la crisis con la ayuda de los gobiernos, que les ayudan con nuestro dinero ¿Y cómo han llegado los bancos a estar en crisis? ¿Cómo es posible que entidades tan grandes y poderosas, con tanto dinero, puedan quebrar o estar en riesgo de quiebra? No ha sido por culpa de los ciudadanos, de sus clientes. Los culpables son los propios banqueros.

Los directivos de los bancos no eran seres humanos cualesquiera, no eran como nosotros. Eran individuos que personificaban el éxito, gente que alcanzaba tanto el prestigio social como el poder de influir en los gobiernos. Parecían gente seria y sesuda, cualificada, pequeños o grandes genios que intuían el futuro y organizaban nuestra economía. Eran la envidia de todos y todos querían ser como ellos, ser ricos y trabajar tan poco como aparentemente trabajaban ellos. Parecían infalibles, hacían ganar a sus bancos cantidades ingentes de dinero y ni a ellos mismos se les ocurrió que eso pudiera cambiar jamás.

Pero se equivocaron, no acertaron en sus previsiones. La economía se paró y con ella se pararon los bancos, sus beneficios bajaron o incluso se arruinaron. Y no solo se equivocaron, sino que además nos arrastraron con ellos. Debe quedar bien claro que los clientes de los bancos no fuimos los culpables, lo único que hacíamos era aportar dinero todos los meses con nuestras nóminas. Nosotros no gastábamos el dinero del banco, no decidíamos dónde invertirlo. ¿Cómo han podido equivocarse tanto esos grandes genios que dirigían las finanzas mundiales? Solo existen dos posibilidades para explicar la magnitud de sus errores. La primera es que quizá no eran tan sabios ni tan inteligentes como creíamos. La segunda es que eran, y seguramente siguen siendo, demasiado ambiciosos.

Probablemente, la causa de la crisis financiera haya sido una mezcla de las dos cosas. Los banqueros se encontraron con una economía en crecimiento aparentemente infinito. Comenzaron a ganar cantidades ingentes de dinero con nuestro esfuerzo, gracias a sus clientes, y creyeron que eran ellos los que nos hacían ganar dinero a nosotros. Entonces pensaron que no era suficiente y que sus bancos debían ganar más. Y pensaron nuevas formas de negocio a costa de nuestro dinero y a costa de hipotecar, no nuestros bienes, sino nuestras vidas. Como la economía parecía seguir creciendo a buen ritmo, a nuestra costa, creyeron que habían acertado, que su gestión era la que llevaba la economía adelante. Y tan buenos se creyeron los directivos de los bancos, que pensaron que merecían mejores sueldos, y a eso se dedicaron. Pensar en el futuro de sus clientes, asegurar sus depósitos y permitir que siguiéramos pagando nuestras deudas les preocupó menos. En el proceso perdieron cualquier atisbo de humildad, o de vergüenza, y se asignaron salarios exorbitantes, se adjudicaron acciones de los bancos por cumplir los planes que ellos mismos diseñaban y se regalaron planes de pensiones que aseguraban su jubilación y la de varias generaciones de sus descendientes, al mismo tiempo que pedían la reforma de nuestras pensiones. Perdieron todo sentido de la mesura y la responsabilidad, y se creyeron los dueños del mundo. Y ni siquiera eran los dueños de los bancos, tan solo sus gestores, los administradores de nuestro dinero.

Sus sueldos no salían de su brillante gestión, sino de nuestro dinero. Los beneficios de los bancos se obtenían de nuestras hipotecas, de los créditos que concedían a las empresas, de los beneficios de las múltiples empresas propiedad de los bancos y de la especulación financiera. La base de su negocio era nuestro trabajo, ya que solo especulaban con nuestro dinero. No solo no producían nada, sino que además tampoco gestionaban bien lo que otros les encomendábamos. Una buena gestión hubiera sido prudente, hubiera tenido en cuenta los riesgos futuros y hubiera evitado los problemas que hoy sufrimos todos. Los salarios de los banqueros estaban absolutamente desproporcionados en todos los sentidos, ni se los merecían ni era ético que nadie cobrara tanto sin generar nada a cambio.

¿Mecanismos de control?

¿Cómo hemos llegado a caer en una crisis tan profunda? ¿Es que nadie controlaba a los bancos, ni los balances de las empresas? Sí que los controlaban; de hecho, los controlaba gente a la que ellos mismos pagaban. Había sistemas de control, más o menos restrictivos o exigentes en cada país, y había sistemas de control privados e independientes para vigilar a bancos, empresas y países. En teoría, los mecanismos de control estatales debían proteger a los ciudadanos de posibles catástrofes financieras, garantizando nuestros ahorros. Los mecanismos privados e independientes son las llamadas agencias de calificación.

¿Qué hacen las agencias de calificación? Evalúan la situación económica de países y empresas, así como su solvencia, para darles una calificación. ¿Cuál es entonces el negocio de esas empresas y quién les paga? No les pagan los países, les pagan las mismas grandes empresas, los bancos y los conglomerados financieros a los que califican. Entonces ¿cómo se atreven a decir que son independientes? No pueden evitar que la sospecha recaiga en ellos, no se van a atrever a morder la mano de quien les da de comer. Las agencias de calificación no son organizaciones solidarias y altruistas que luchan por un mundo mejor, sino que tienen unos propietarios que quieren ganar dinero y a ello se dedican. Nadie puede esperar que condenen con sus informes a los bancos que les dan beneficios.

Al principio de la crisis, se hundió una enorme compañía se servicios financieros, Lehman Brothers. Ninguna agencia de calificación había advertido del riesgo que suponía esa empresa, ningún informe había mencionado la posibilidad de que hubiera algún problema. No había previsiones negativas, el ciclo infinito seguía y la economía iba mejor que nunca en la historia. Pero todo falló, algo falló en un punto de la base y el resto se derrumbó a continuación.

Las agencias de calificación quedaron descalificadas. No sé si Lehman Brothers ocultó su situación real o las agencias no quisieron verla. En cualquier caso, la credibilidad de las agencias quedaba por debajo de cualquier umbral imaginable. Nadie iba a volver a confiar en ellas, parecía evidente que algo iba a tener que cambiar. Pero no. Una vez más, debemos decir que no, nada cambió. Las agencias de calificación siguen funcionando, por increíble que parezca. Siguen evaluando a bancos, empresas y países, siguen calificando a todos los sectores económicos. Sus previsiones y calificaciones hacen temblar hasta a los más veteranos políticos. Tan solo con el anuncio de la posibilidad de revisión futura de la nota de un país basándose en la posibilidad de empeoramiento de un determinado índice, los países se ponen a temblar. Es la señal que esperaban los mercados, que con el argumento de la calificación de las agencias se lanzan a especular contra el país señalado para extraer más beneficios hasta que el país en cuestión se queda exhausto y debe aplicar nuevas medidas para pagar sus deudas a los mercados.

¿Cómo es posible que los mismos que no supieron o no quisieron ver la que se nos venía encima sean los que ahora nos dicen cómo debemos actuar? ¿Quién es el presidente de Standard & Poor’s o de Goldman Sachs para pedir o incluso exigir reformas, recortes y sacrificios? ¿Acaso vive aquí, con nosotros? ¿Es que paga sus impuestos en nuestro país? ¿Acaso le hemos elegido para que nos gobierne? No, no tiene nada que ver con nosotros, sino todo lo contrario; precisamente representa lo que menos nos conviene a los ciudadanos.

No tienen ninguna legitimidad ética, moral o legal; no hemos intervenido en su designación, así que no les debemos ninguna obediencia ni respeto. Es más, han demostrado con creces, y demasiado recientemente como para haberlo olvidado, su manifiesta incapacidad para evaluar la economía real o, peor, su falta absoluta de independencia. Sabemos para quién trabajan y desde luego no es para nosotros. Sabemos qué intereses defienden y no son en absoluto los nuestros. Ya es hora de que los países les planten cara y dejen de guiarse por sus informes y sus perspectivas. Ya es hora de que desaparezcan.

SOLUCIONES Y DERROCHES

Las soluciones de los políticos a la crisis

El trabajo de los políticos es solucionar nuestros problemas, gestionar nuestros asuntos en común y aportar ideas para los nuevos retos que van surgiendo en la sociedad. De vez en cuando, algún político nos sorprende con una idea propia, pero lo habitual es que todos recurran a una serie de recursos clásicos que no benefician a los ciudadanos en absoluto.

Por regla general, en el sistema capitalista en que vivimos hay una serie de recetas para resolver cualquier problema económico. Son recetas bien conocidas por los grandes poderes económicos, que son quienes indican a los políticos cuándo deben aplicarlas. Esas medidas se resumen de manera muy sencilla en dos puntos: por una parte, eliminar todos los gastos superfluos y, por otra, prescindir de todos los controles y las regulaciones que afectan a la economía. En definitiva, según las grandes eminencias políticas y económicas, la solución universal a todos los problemas es el sálvese quien pueda, el individualismo, la ley del más fuerte.

El problema del primer punto viene de la naturaleza de los gastos superfluos. Por suerte, las personas vivimos en sociedad y entre todos hemos conseguido una serie de derechos y protecciones sociales que nos ayudan a vivir y nos permiten avanzar. Hemos creado una serie de herramientas que favorecen el desarrollo humano, como la educación y la sanidad públicas, la asistencia social, la seguridad social y las pensiones. Por desgracia, muchos políticos y todos los dirigentes económicos mundiales consideran gastos innecesarios, o directamente pérdidas, los gastos sociales, cosas como la sanidad y la educación, las pensiones, las políticas de igualdad o la ayuda a los desfavorecidos, sean del Primer o del Tercer Mundo. Se trata de gastos que, según ellos, deben eliminarse o al menos reducirse a la mínima expresión. Su idea es que el Estado debe limitar los gastos sociales y dedicarse a liberalizar la economía, que el dinero debe fluir hacia las empresas, ya sea en forma de ayudas directas o bien de exenciones fiscales, y no hacia personas improductivas como niños, ancianos, enfermos, inmigrantes u otros tipos de individuos no rentables.

Yo discrepo en dos aspectos que me parecen primordiales. El dinero del que están hablando es nuestro, de todos los contribuyentes, y somos nosotros quienes debemos decidir en qué se gasta. La mayoría de nosotros consideramos fundamentales los gastos sociales, por lo que queremos que nuestro dinero se destine a mantenerlos y mejorarlos día a día, aunque, por supuesto, entendemos que también se debe invertir nuestro dinero en otras cosas. Nadie puede estar en contra de que el Estado apoye a las empresas, ya que estas nos dan trabajo, pero nadie puede estar a favor de que la economía sea el único motor de la acción política.

En los recortes de gastos, no solo se incluye el dinero público, sino que también pretenden reducir al mínimo los costes empresariales. ¿Y cuál es, o eso nos dicen, el mayor y más nocivo de los costes empresariales? El salario de los trabajadores. Siempre, inevitablemente, cualquier reforma de la economía, cualquier mejora de la competitividad, cualquier estrategia empresarial, cualquier negociación de convenios colectivos pasa en un momento u otro por la reducción de salarios o, en el mejor de los casos, por una limitación de la subida. Los trabajadores parecemos más una carga para las empresas que el núcleo de su fuerza; da la impresión de que estamos en las empresas para generar más gastos que ingresos. ¿Es que no somos nosotros quienes producimos los bienes o quienes prestamos los servicios que generan los ingresos de las empresas? Los empresarios, igual que muchos políticos, están obsesionados con reducir los costes salariales para mejorar las cuentas de resultados. Se trata de una idea en la que insisten una y otra vez, tanto en tiempos de crisis como en épocas de bonanza económica, así que no es nuevo que pretendan hacernos trabajar lo mismo o más por menos dinero; han estado diciéndonoslo siempre.

Hay que limitar el crecimiento de los salarios y las cargas sociales de las empresas, nos dicen, pero en cambio se callan cuando se habla de sus beneficios, que deben crecer cada año con respecto al anterior, y así hasta el infinito. Olvidan que los beneficios de una empresa son la diferencia entre gastos e ingresos, y que por mucho que reduzcan los gastos no habrá beneficios si no existen ingresos. Si reducen nuestros salarios y merman así nuestro poder adquisitivo, cada vez vamos a consumir menos, con lo que sus ingresos también bajarán. Crearán trabajadores mal pagados que no podrán comprar lo que las empresas ofrecen. Así perdemos todos. ¿No sería mejor que nos pagaran sueldos dignos? No queremos que nos paguen de más, solo queremos cumplir con nuestras obligaciones, pero exigimos que se nos pague aquello que merecemos. Eso hará funcionar la economía.

La otra solución universal para la economía parece ser la liberalización y la desregulación totales. Han convertido la economía en una jungla. No debe haber límites a la libertad de acción de las empresas, no debe haber regulaciones que impidan o dificulten un negocio, no son necesarias las leyes que regulan la actividad económica. Es curioso que los mismos políticos que son tan estrictos y tan mirados con los asuntos morales sean tan libertarios en lo económico. En ese sistema las grandes empresas van y vienen, hacen y deshacen lo que les viene en gana. Los bancos y los grupos financieros traen y llevan capitales de un sitio a otro. Las materias primas se extraen en unos países para venderlas en otros, dejando tan solo una pequeña parte del beneficio en el país de origen. Se desmantelan fábricas para llevarlas a países con mano de obra más barata, no hay cortapisas para los movimientos financieros ni la especulación internacional. No se mira la situación política y social de los países, no sea que los escrúpulos morales impidan los buenos negocios.

No obstante, en algún momento de todos esos movimientos económicos, deberían pensar que, aunque sea jugando un pequeño papel, aparecemos las personas. Los habitantes de este mundo queremos vivir dignamente, necesitamos una serie de cosas y creemos merecer algunos derechos. Para proteger esos derechos, para satisfacer nuestras necesidades y defender nuestra dignidad, necesitamos leyes y regulaciones que impidan que seamos explotados, en nuestro país o en otros, por los grandes dominadores de la economía mundial. Si un país es un gran productor de una materia prima, eso debe contribuir a su desarrollo. Si en nuestra empresa los trabajadores cumplen con sus obligaciones y generan un buen producto, no se les puede dejar en la estacada y llevarse la fabricación a un país más barato. No se debería poder especular contra la moneda y la economía de un país hasta que se consigue su quiebra y con ello el beneficio de unos pocos.

No, la desregulación no es la panacea de la economía universal, y lo estamos sufriendo en carne propia. Estamos viviendo las peores consecuencias del liberalismo económico absoluto. Necesitamos un nuevo sistema económico o, al menos, un profundo cambio del actual para conseguir tanto el progreso económico como el social. Y para conseguirlo, antes necesitamos cambiar a los que nos han regido hasta ahora. Necesitamos gente nueva con ideas nuevas.

Pero no hay manera. Insisten una y otra vez en machacarnos con las viejas soluciones de siempre. Sea como sea, hay que abaratar costes, así que no dudan en precarizar el empleo. Si se eliminan las protecciones y los derechos de los trabajadores, tendremos más miedo a perder nuestro trabajo. Si tenemos miedo a perder nuestro trabajo, aceptaremos trabajar en peores condiciones. Una de esas peores condiciones será trabajar por menos dinero. Sin embargo, con menos dinero consumiremos menos, y entonces los empresarios y el Gobierno se lamentarán del descenso del consumo, que frena la economía. Y sus beneficios se resentirán. ¿Cómo quieren que consumamos más ganando menos? ¿Acaso quieren que nos gastemos el dinero que no tenemos? ¿No decían que esa había sido una de las causas de la crisis?

La reforma laboral: por fin lo han conseguido

Aún es más difícil de entender la letanía del abaratamiento del despido. Los altos costes del despido impiden bajar el paro, mientras que los despidos baratos crearán empleo. No lo entiendo, no puedo, por mucho que me esfuerce no puedo comprenderlo. En teoría, el despido barato favorece el empleo, porque el empresario tiene menos miedo de contratar a alguien si luego puede despedirle por muy poco dinero. Para que eso fuera verdad, deberíamos confiar en la bondad innata de los empresarios, deberíamos creer que ninguna empresa despide a sus trabajadores para mejorar su balance entre costes e ingresos. Para que pudiéramos confiar en las empresas, no debería haberse dado jamás un caso en que alguna empresa despidiera o prejubilara a sus trabajadores veteranos, los que más cobran por antigüedad, para contratar a jóvenes que cobren mucho menos. O jamás deberíamos haber visto cómo las empresas cierran fábricas debido a las pérdidas para posteriormente abrirlas en países con menos costes laborales y derechos sociales.

Los empresarios son personas, igual que los trabajadores, por lo que mientras algunos intentan proteger los puestos de trabajo de sus empleados a toda costa, otros solo consideran al trabajador como un recurso y un gasto más, y no dudan en explotarlo siempre que pueden. Mientras haya empresarios así, es necesario que los trabajadores tengamos derechos y que los defendamos con firmeza. No creo que poder despedirnos fácilmente haga mejores, más productivas o más eficientes a las empresas.

¿No serán otras cosas las que dificultan la contratación? Quizá la situación económica general tenga algo que ver, tal vez el hecho de que los bancos no den créditos a las empresas tenga algún efecto en la contratación. Puede que la ineficacia de los políticos al gestionar la economía tenga algo que ver o quizás haya otras causas que no llego a ver. Yo solo entiendo que si una empresa funciona y tiene beneficios, contratará a cuantos trabajadores necesite, mientras que aquellas que tienen pérdidas no podrán hacerlo. Sin embargo, las indemnizaciones por despido no son únicamente un derecho, son también una consecuencia de nuestro trabajo. El trabajador que haya rendido, que haya ascendido en su empresa, que tenga un mejor sueldo porque se lo ha merecido, tendrá, por tanto, una indemnización mayor.

El problema es que eso ya ha pasado. Durante muchos años, los políticos han advertido, e incluso amenazado, de la excesiva rigidez del mercado de trabajo. Hablaban de la necesidad de flexibilizar la contratación y el despido, pero nunca de los beneficios. Ahora ya lo han conseguido, y con la excusa de la crisis no solo han dado carta blanca a las empresas para despedirnos, sino que encima han eliminado de un plumazo derechos conseguidos tras muchos años de reivindicaciones, concesiones y trabajo. Por fin han impuesto la reforma laboral.

Ahora los trabajadores ya no cuentan para nada. Con la reforma laboral apenas nos quedan derechos, ya no podemos negarnos a reducciones de sueldo, a cambios en los horarios o calendarios de trabajo, a trabajar más allá de nuestra jornada laboral, a que nos trasladen geográficamente o a cualquier otra decisión de la empresa. ¿Quién se niega a trabajar más horas de las que cobra si se arriesga a perder su trabajo? ¿O a trabajar por menos dinero? Nadie. Han dado demasiadas facilidades a las empresas a costa de nuestros derechos. No hace falta que la empresa vaya mal o tenga pérdidas, no. Basta con alegar una disminución de los beneficios o una previsión de pérdidas para tomar aquellas decisiones que consideren oportunas. ¿Quién se va a creer esas previsiones? Y si alguien se niega a aceptar las nuevas condiciones de la empresa, simplemente es despedido, eso sí, con una indemnización mucho menor a la merecida o incluso a la que hubiera recibido antes. Pero no es solo que tengamos que acatar cualquier empobrecimiento de nuestro trabajo, ¡es que ni siquiera podemos ponernos enfermos! El trabajador más productivo del mundo, el más trabajador, una persona seria y eficiente, puede ser despedido con una indemnización ridícula por el hecho de caer enfermo durante unos meses. Eso no es una mejora para la empresa, es un abuso. Eso es lo que ya estamos sufriendo gracias a la reforma laboral.

¿Y quién controla a los que aplican la legislación laboral? ¿Alguien controla realmente los balances de las empresas? ¿Podemos fiarnos de las previsiones de pérdidas de las empresas? No en todos los casos ni en todas las empresas: no me cabe ninguna duda de que algunas se aprovecharán fraudulentamente de la reforma laboral. No deberíamos consentir un solo despido en empresas que posteriormente trasladen sus fábricas a países con mano de obra más barata, ni en las empresas que exigen horas extraordinarias a unos trabajadores mientras que despiden a otros. Ni en aquellas que contratan a jóvenes no para formarlos, sino para pagarles sueldos más bajos que a los trabajadores experimentados que despiden. Igual que se debe controlar la productividad de los trabajadores, luchar contra el absentismo laboral o el fraude en los subsidios de desempleo, también se deben controlar y penalizar, con sanciones si cabe más duras, los abusos y los fraudes de las empresas contra sus trabajadores.

Ancianos que viven «más de lo previsto»

En el horizonte empieza a dibujarse otro problema derivado del abaratamiento de las contrataciones y los despidos; algo que quizá no nos preocupe a muchos, porque lo vemos aún lejano, pero que puede llegar a ser dramático. Algún día tendremos que cobrar la pensión por la que cotizamos durante toda una vida y entonces lamentaremos no haber defendido nuestros derechos, o al menos no haberlo intentado. Ahora debemos trabajar unos años más para conseguir la misma pensión. Cuando los políticos hicieron esa reforma, probablemente no pensaron que en plena crisis nos iba a resultar más difícil trabajar los años suficientes (o quizá sí que lo pensaron, lo cual sería mucho peor). Para cobrar una pensión digna se debe trabajar toda una vida. Mes a mes, nos descuentan una parte de nuestro sueldo para que la Seguridad Social vaya pagando las pensiones actuales y preparando las futuras. Aquellos que cobran una pensión es porque se la han ganado, trabajando y cotizando, con esfuerzo y mucho sudor. A nadie se le regala la pensión. También es el caso de las amas de casa, que han trabajado con ahínco durante largos años y ahora cobran pensiones ridículas.

No podemos olvidar que si estamos donde estamos, que si nuestra sociedad, nuestro país, ha alcanzado su desarrollo actual, ha sido gracias al trabajo y al esfuerzo de las generaciones de nuestros padres y abuelos. Ellos pusieron las bases sobre las que nosotros vivimos ahora, ellos nos dejaron un mundo más avanzado que el que les vio nacer. Nuestra obligación es devolverles lo que nos han dado, así que no podemos consentir que los políticos nos lo impidan. Han llegado a decir que estamos viviendo más de lo previsto y que los jubilados suponen un riesgo financiero. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien semejante barbaridad? ¿Somos personas o números? Si dicen eso de los jubilados actuales, qué no van a decir cuando nos llegue la hora a nosotros. No podemos permitirlo. ¿Qué clase de sociedad somos si no reconocemos el trabajo de nuestros mayores? ¿Qué clase de personas somos si no les devolvemos al menos una parte de lo que han hecho por nosotros? ¿Qué clase de cobardes somos si dejamos que los políticos les traten como números y no como personas? ¿Dónde estaríamos de no haber sido por ellos? No es solo que se lo hayan ganado: es que se lo debemos.

Hacienda no somos todos

Me parece bien pagar impuestos. Con el dinero de todos, los políticos pueden trabajar para mejorar nuestras condiciones de vida, para invertir en tantas cosas que necesitamos o queremos. Sin embargo, no cuentan con el dinero de todos, no todos pagamos o al menos no en la misma medida. Por una parte, estamos los trabajadores, bien autónomos o bien por cuenta ajena, mientras que por otra parte están aquellos para los que trabajamos. Los primeros estamos sujetos a una serie de leyes bastante sencillas: tanto ganamos, tanto pagamos. Estamos perfectamente fiscalizados, ya que la hacienda pública conoce nuestras nóminas o nuestros ingresos, y nuestros impuestos están perfectamente regulados. Nos guste o no, nos parezca excesivo o adecuado, pagamos cada céntimo que nos corresponde o cobramos aquello que el Estado nos tiene que devolver. No hay trampa ni confusión posible.

Los impuestos del segundo grupo son otro cantar. Aunque existan toda una serie de leyes y regulaciones que marcan los impuestos que deben pagar, también hay una lista tan larga o más de maneras de evitarlos. Pueden poner sus bienes particulares a nombre de sus empresas para no pagar impuestos (o incluso desgravar). Pueden crear sociedades opacas que gestionen sus patrimonios como si se tratara de empresas, y de ese modo no tributar como cualquiera de nosotros. Disponen de muchas formas de esconder o enmascarar su patrimonio a través de empresas y sociedades. Se han dado casos de famosos empresarios que, cuando han tenido que afrontar con su propio patrimonio pérdidas de sus empresas, exigencias de Hacienda o responsabilidades judiciales, han presentado un patrimonio muy inferior al que se les suponía o del que presumían.

Mientras se permitan esos privilegios a una parte de la población, no precisamente necesitada de ayuda, no se nos puede exigir a los demás que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales, al menos no desde un punto de vista ético (parece ingenuo pensar en la ética cuando hablamos de políticos e impuestos). Todos debemos pagar, sin excepción, y no es aceptable bajo ningún punto de vista que haya empresarios que eludan impuestos, equipos de fútbol que deban cantidades astronómicas a Hacienda o a la Seguridad Social, o deportistas y cantantes que gestionan sus ingresos a través de sociedades o que incluso vivan en otros países para pagar menos impuestos.

Lo más escandaloso es la falta de control del fraude y de la economía sumergida. ¿Cómo se permite que exista? ¿Qué se hace para combatirla? Deberíamos destinar tantos recursos como sean necesarios (inspectores, dinero, policías, lo que haga falta) para combatir esas lacras. Es responsabilidad y obligación de todos exigir a los políticos que combatan el fraude y la economía sumergida, pero también es nuestra obligación no participar en ella (aunque, por desgracia, sea algo extendido en todas las capas de la sociedad). Cuando alguien engaña a Hacienda, nos está engañando a todos. Es inaceptable que un empresario defraude a la Seguridad Social o que alguien cobre a través de un paraíso fiscal, pero resulta igual de inaceptable que un autónomo no cobre el IVA o haga trabajos sin factura. Los perjudicados somos todos y cada uno de los ciudadanos.

Si pudiéramos evitar el fraude fiscal, si todos cumpliéramos con nuestros impuestos, el Estado dispondría de mucho más dinero. Con todo ese dinero se podría haber mejorado la economía del país, se habrían mejorado los servicios sociales y quizás el impacto de la crisis sería menor. Debemos impedir el fraude o, al menos, poner todas las trabas posibles a los defraudadores.

No alcanzo a comprender la existencia de los paraísos fiscales, no entiendo muy bien por qué permitimos que existan. Sabemos que en esos países apenas se pagan impuestos, sabemos que no preguntan por la procedencia del dinero, que tanto personas honradas como delincuentes pueden llevar allí su dinero. ¿Por qué los políticos de todo el mundo no se ponen de acuerdo para hacerlos desaparecer? Mucha de la riqueza que se genera en todo el mundo se concentra en los bancos de esos países sin que nadie haga nada por evitarlo. Incluso permitimos a los bancos de nuestros países que tengan sucursales en paraísos fiscales o que mantengan relaciones comerciales con bancos que operan en esos países. Sabemos positivamente que las empresas se radican en los paraísos fiscales para evadir impuestos y que los bancos que trabajan con ellas colaboran en esa evasión. ¿Cómo puede ser que no exista una ley que prohíba a nuestros bancos y empresas instalarse o trabajar en paraísos fiscales? ¿Es que los políticos no lo ven?

Pues no, por muy lógico y razonable que pueda parecer, en realidad no se persigue el fraude fiscal, o al menos no con la intensidad con que se debería. Pero lo peor es que, al parecer, se premia al defraudador. Los políticos no cumplen con su deber en ese tema y, además, se ríen de nosotros con propuestas como las amnistías fiscales. ¿Qué es una amnistía fiscal? Antes que nada, es una burla a todos los contribuyentes, a todos los que dependen de una nómina, a todos los ciudadanos. En segundo lugar, es una legitimación del fraude y del delito, porque eso y no otra cosa es el fraude fiscal, un delito. Por una pequeña parte de lo defraudado, por una simple multa, se legaliza la mayor parte del dinero oculto, del dinero por el que no se ha pagado un euro de impuestos. Los delincuentes fiscales compran el perdón y así pueden disfrutar tranquilamente de la mayor parte de lo que nos han robado. ¿Cuál es el mensaje de una amnistía fiscal? Defrauda que algo queda.

Sabiendo esto, los ricos y las empresas, que son los que defraudan a gran escala, pueden estar tranquilos, porque más pronto o más tarde podrán pagar una pequeña multa que legalice su fraude. ¿Para qué van a molestarse en ser honrados y cumplir con sus obligaciones? Si no les va a pasar nada, no tienen por qué preocuparse. A los ciudadanos de a pie no nos queda más que seguir pagando religiosamente nuestros impuestos. A nosotros nos imponen multas desproporcionadas por un error en la declaración de renta, nos descuentan cada mes la parte correspondiente de la nómina o nos quitan parte de la desgravación. Al final, no es cierto aquello de que Hacienda somos todos.

¿En qué se gastan el dinero?

A los políticos se les llena la boca hablando del famoso gasto social. La sanidad, la educación, la Seguridad Social, las pensiones... Esas son las cosas a las que, según pregonan, destinan nuestro dinero. Faltaría más. ¿En qué, si no, creen que queremos que lo gasten? Es normal que la sanidad y la educación se lleven la mayor parte del gasto del Estado: somos mucha gente que atender y muchos niños que educar. Aunque no quieran, están obligados a destinar mucho dinero a la sanidad y la educación públicas. O a las pensiones que nuestros mayores se han ganado tras una vida de trabajo. Ese es el capítulo de los gastos obligatorios, pero el que realmente gusta a los políticos es otro capítulo, el de sus caprichos e intereses.

Cuando llegan al poder, muchos políticos creen que todo el monte es orégano, pero la verdad es que está lleno de arbustos, y algunos muy espinosos. De cualquier forma, creen que se les ha dado el poder absoluto y que pueden gastar como y cuanto quieran sin atender a los consejos o las advertencias de los técnicos, a la opinión de los ciudadanos o a la apariencia de buena gestión. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido con gastos absurdos e innecesarios? No hablo solo de grandes gastos como organizar carreras de coches o construir aeropuertos inviables (no era necesario ser experto en economía para darse cuenta), sino también de pequeños gastos como miles de euros gastados en corbatas y pañuelos de seda promocionales de diputaciones provinciales o centenares de entradas para los toros destinadas a agasajar a supuestas celebridades, con sus correspondientes festejos y banquetes. En esas ocasiones, por supuesto, no se limitaba el gasto: todo de primera calidad y en abundancia, a cargo de los ciudadanos. Probablemente se hubiera hilado más fino si el anfitrión fuera también el pagador. La ley debería obligar a justificar cualquier gasto con pelos y señales. Si se ha invitado a alguien para promocionar el turismo en una zona, tendría que ser obligatorio explicar a quién se ha invitado, cómo y cuánto se ha gastado. Si es dinero público, la forma de gastarlo también debería ser pública.

¿Y las obras absurdas? ¿Con qué criterios deciden llevarlas a cabo? No parece que sean razones técnicas ni económicas, más bien da la impresión de que están arrimando el ascua a su sardina. Por mi pueblo tiene que pasar una vía de tren de alta velocidad con estación incluida (en medio del páramo), o que por lo menos haya una autovía que me lleve directo a Madrid. ¿Desde cuándo es necesario llegar a cada pueblo por una autopista de cuatro carriles, en la que, por supuesto, haya más luz durante la noche que en pleno día? Esos gastos, que parecen caprichos absurdos y mal planificados de políticos incapaces, tal vez no estén tan mal ideados... Las autovías absurdas que llegan a parajes costeros desiertos de repente cobran sentido cuando esas playas se llenan de urbanizaciones de lujo. ¿De verdad no sabía nadie que iban a construir precisamente ahí? ¿No estaba de acuerdo con algún constructor el alcalde que con tanta previsión asfaltó y llenó de farolas esas calles vacías? También suena muy raro que se privaticen servicios como la radiología en la sanidad pública para que, con el tiempo, resulten más caros que antes. O que concierten colegios o institutos en la misma zona donde existe una oferta suficiente de plazas públicas.

Los políticos también incurren en gastos en su propio beneficio, si no en dinero contante y sonante, que es un delito, sí en cuanto a rentabilidad política o electoral. Abundan los políticos que pasan más tiempo de su gobierno dedicados a la autopromoción que al trabajo. Esos son los principales inauguradores de cosas no siempre útiles ni racionales. ¿Cuántos puentes diseñados por prestigiosos arquitectos se necesitan para cruzar un río? ¿Cuántos edificios emblemáticos caben en una ciudad? Parece que prefieran aparecer en una fotografía con un arquitecto famoso o en la inauguración con alguien aún más famoso que un edificio bien construido y no digamos ya útil. Y si encima le ponemos al edificio el nombre de un miembro de la familia real, pues mejor todavía. Ya hablaremos más tarde del contenido y el cometido del edificio. Lo importante es que la foto ya está hecha. ¿Cuántos grandes eventos hacen falta para promocionar una ciudad en el mundo? ¿Con cuántos artistas o deportistas se ha de fotografiar un político para ser reelegido?

Por último, debemos hablar de los caprichos y las obsesiones de los políticos. Hay iniciativas que seguramente nacieron de un interés real, pero han acabado convertidas en algo patológico. ¿Cuántas veces se puede perder una candidatura olímpica hasta renunciar a ella o conseguirla por fin? ¿Cuánto dinero han costado tantos proyectos fracasados? No es necesario que cada provincia tenga su aeropuerto, una infraestructura no precisamente barata, para que su constructor pueda enseñárselo a sus nietos. ¿Y por qué se empeñan en construir una línea de tranvía cuya construcción cuesta tanto como el mantenimiento de la flota municipal de transportes durante un montón de años? A menudo, los políticos olvidan que su labor no es hacer lo que les venga en gana, sino aquello que necesitan sus votantes.

Lo que es de todos no es de nadie, y esa máxima sirve tanto para que algún descerebrado destroce papeleras como para que un político despilfarre nuestro dinero, sea en su propio interés o en beneficio de terceros. ¿Es que no hay ningún control sobre el dinero público? En los presupuestos, todo debe estar escrito y contado hasta el último céntimo de euro. ¿De verdad se han atrevido a proponer semejantes gastos injustificables por escrito? No, para esas cosas tienen los fondos destinados a protocolo o promoción, partidas de libre disposición destinadas a que al político de turno le dé una ventolera y decida esto o lo otro. Sin control, sin justificación.

La justificación de cada gasto público debería ser una obligación legal. Si existiera una ley de transparencia no podrían cargarse gastos injustificables como rosquilletas, caramelos, pechugas de pollo o servilletas a cargo de una consejería autonómica. Si esas cosas se hicieran públicas, nos ahorraríamos el bochorno de oír a cargos políticos defendiendo que esas cosas son para agasajar a las visitas que reciben sin necesidad de salir a almorzar fuera. ¿Es que no tienen vergüenza? ¿Es que nos creen tontos? Pues sí: nos creen tontos de remate y tienen una desfachatez de magnitudes cósmicas.

Nadie sabe de todo

Nadie puede saber de todo, nadie sabe de todo. Cuesta comprender que alguien pueda dirigir un ministerio tras otro, pasar de regir la educación a la economía, la sanidad y, finalmente, la industria o incluso la política internacional de un país. No puede haber nadie tan inteligente ni tan capacitado como para poder desempeñar tantos cargos diferentes, tan complejos y con una responsabilidad tan enorme. Por eso, los políticos necesitan el apoyo de expertos en las distintas áreas de las que se ocupan. Desde un alcalde a un ministro, todos necesitan técnicos que les redacten informes, abogados que formulen las órdenes...

En la administración pública hay muchos puestos de trabajo ocupados por especialistas en cada materia. Son personas que se han preparado para ello, han pasado oposiciones y tienen experiencia en su campo. Hay arquitectos, ingenieros, abogados, médicos, interventores municipales y expertos en transporte, en tecnología o en cultura. Siendo así, ¿para qué son necesarios los asesores políticos?

Cada político dispone de un grupo de asesores, gente de su confianza o simplemente afín, que no pertenecen a la administración. Hay asesores ministeriales, asesores municipales, asesores autonómicos y asesores en las diputaciones provinciales. No hay administración ni político que se libre de que alguien le asesore. Y no hablamos solo del Gobierno: también los concejales de los ayuntamientos, los grupos políticos en las diputaciones, las cortes autonómicas, el Congreso y el Senado tienen asesores.

Es posible que no tengan suficiente apoyo con el personal de la administración. Quizá necesitan otras opiniones: cuantas más cabezas piensen en la solución de un problema más fácil será solventarlo. El problema es que, además de no saber si en realidad contribuyen a resolver ningún problema, los asesores políticos cobran (y no precisamente poco) por ello. Si los políticos necesitan asesores y encuentran quien los quiera asesorar, me parece muy bien, pero que lo hagan sin cobrar, en sus ratos libres. Podrían enviarles datos para que redacten informes y expresen su opinión, pero que no cobren por ello.

Sería bueno que los mejores expertos apoyaran a los gobiernos. Eso favorecería, sin duda, que se tomaran las mejores decisiones. Pero lo cierto es que los asesores no suelen elegirse por su capacidad. ¿Cómo se eligen, entonces? No por su experiencia o cualificación. Uno de los méritos más solicitados en un buen asesor es pertenecer al grupo de afines o allegados al político de turno, incluso sin necesidad de ser afiliados del partido. A continuación, se valora también que pertenezca al partido político correspondiente o que tenga alguna relación del tipo que sea con algún afiliado destacado del partido. Otra circunstancia que permite llegar a un puesto de asesor es la de haber desempeñado en el pasado un cargo en el partido o en la administración. Un cargo de asesor puede ser el premio por haber perdido el puesto o haberse apartado para ceder el paso a figuras emergentes del partido. En todo ese proceso, por supuesto, no se ha valorado en ningún momento el mérito real de la persona ni sus conocimientos.

Es de lo más indignante la forma en que se eligen, porque sí. Son cargos de libre designación, es decir, que el político de turno elige a quien quiere, sin necesidad de justificar los motivos. Un arquitecto municipal debe pasar una oposición, aprobar un examen o enfrentarse a un tribunal. Un asesor urbanístico no tiene por qué ser arquitecto. Los cargos de asesor, en muchos casos, son una forma de colocar a miembros del partido, asignarles un sueldo y tenerles dedicados a labores que interesen al partido. A veces, incluso, es un modo de pagar favores o deudas sin que deban trabajar. Y encima no existen límites en el número de asesores que tienen los políticos, pueden destinar las partidas económicas que quieran para pagar sus sueldos hasta llegar a extremos vergonzosos. Únicamente se limitan los asesores de la oposición, más por fastidiar que por ser racionales con el gasto.

Una vez en su puesto, ¿quién controla a los asesores? ¿Sabemos si realmente trabajan en lo que deberían? Si sus salarios se pagan con dinero público, deben rendir cuentas ante los ciudadanos (como también deberían hacer los políticos). Sin embargo, por lo general no hay constancia de ello y nadie sabe cómo ocupan su tiempo ni en qué han asesorado. Quizás en la administración haya un registro de su trabajo, pero a los ciudadanos no nos llega esa información. Además, muchas veces no están bien definidas las funciones del cargo de asesor. ¿A qué se dedica un asesor de un grupo político de la oposición de un ayuntamiento mediano? ¿No será el premio de consolación por no haber logrado el acta de concejal? ¿Para qué necesita treinta y seis asesores un presidente de una diputación provincial? Y en el caso de los asesores que de verdad trabajan, lo que están haciendo en realidad es suplir o duplicar el trabajo que desempeña algún funcionario de carrera. En todo caso, resulta un despilfarro del dinero público.

Los asesores a sueldo deberían estar prohibidos por ley. Los políticos solo deberían contar para su trabajo con los recursos de la administración, que no son pocos. Ser asesor (gratuito) de una administración pública debería ser un reconocimiento a la capacidad de una persona y reforzar su prestigio profesional. Jamás debería ser un trabajo, un regalo o un pago a los servicios prestados.

LA SANIDAD

El precio de nuestra salud

Una tirita cuesta unos céntimos; un jarabe, unos euros; una transfusión, una ecografía o una radiografía, un poco más. Atender a un accidentado grave en las urgencias de un hospital puede valer miles de euros. La vida de una persona no tiene precio. Por eso necesitamos la sanidad pública.

Necesitamos un sitio donde nos atiendan y hagan lo que sea necesario para salvar nuestra vida o mejorar nuestra salud. Necesitamos médicos y enfermeros cualificados y motivados, bien pagados, de acuerdo con la tremenda responsabilidad que asumen. Necesitamos que dispongan de los medios necesarios, de los mejores medios posibles. Y necesitamos que eso se haga sin mirar la cuenta de resultados. La salud de las personas, de los contribuyentes, no puede estar a expensas de un balance de ingresos y gastos. No es admisible que solo las personas con recursos puedan acceder a la sanidad. Ya que todos pagamos impuestos, todos tenemos derecho a recibir una atención sanitaria adecuada; incluso las personas que no tienen recursos deben tener derecho a ello. ¿O es que vamos a dejar que la gente enferme o muera delante de nuestras narices sin hacer nada? No lo consentiremos mientras aún nos quede algo de humanidad. Por eso necesitamos que la sanidad, además de pública, sea gratuita y universal.

Y, como debe ser universal, cualquier persona ha de ser atendida sea cual sea su enfermedad, desde un sencillo resfriado a cualquier enfermedad de las llamadas raras. Todo el mundo merece ser atendido y cualquier enfermedad debe combatirse, por difícil o caro que sea el tratamiento. No debe quedar un síntoma sin analizar, una prueba sin realizar o un medicamento sin administrar. Necesitamos saber que, nos pase lo que nos pase, va a haber un médico que sepa tratarlo, un enfermero que nos atienda correctamente, una máquina que practique las pruebas que necesitemos, por extrañas o caras que sean, y un profesional que sepa manejarla. Por eso necesitamos una sanidad pública de calidad. Y la calidad se consigue con dinero, tanto para pagar el material médico necesario como a los profesionales de la sanidad.

El gasto sanitario no es un gasto, es un derecho. Se trata de un servicio básico que pagamos entre todos para ser atendidos el día que lo necesitemos. No se ha de escatimar un euro en tener los últimos avances tecnológicos y los mejores profesionales. No es cuestión de despilfarrar, pero no olvidemos que nuestra salud no tiene precio.

El gasto sanitario es también una inversión en la economía del país. No solo por los puestos de trabajo y la actividad económica que genera en sí mismo, sino por el dinero que se ahorra si nos mantenemos sanos y evitamos las bajas en las empresas. Porque un trabajador que está de baja varios meses esperando una prueba diagnóstica es un trabajador que no produce, que no cotiza. Ese trabajador se convierte en un gasto, bien justificado si la enfermedad le obliga a estar de baja, pero injustificable si se prolonga debido a una mala atención o a una larga lista de espera. Con los medios humanos y materiales necesarios, se nos atendería mejor y más deprisa, y así podríamos volver antes a nuestro trabajo.

No obstante, todos los políticos están de acuerdo en defender la salud pública. Aún no he oído a ninguno que hable claramente en su contra, pero las actuaciones de algunos dejan bien claro que no les interesa o que incluso les molesta. Siempre, sobre todo en tiempos de crisis, ha habido políticos que critican el enorme gasto sanitario de la administración. Siempre piden racionalidad en el gasto, pero no parece muy racional cerrar centros de salud o mantener interminables listas de espera para operaciones o pruebas diagnósticas. No parece demasiado lógico tener quirófanos cerrados por las tardes o en verano cuando hay pacientes sin fecha de operación. No es nada acertado trasvasar pacientes a clínicas privadas para ser atendidos. ¿Por qué en lugar de pagar a empresas privadas no se contratan a los médicos suficientes para atender esa demanda en la sanidad pública? Seguro que existen muchas cosas que se pueden mejorar y gastos que se pueden optimizar, pero eso jamás debería provocar la supresión de prestaciones.

Pacientes más o menos rentables

Según algunos políticos, la solución perfecta para el gasto sanitario es la privatización. Si no de toda la sanidad pública, al menos sí de su gestión. Sin embargo, no creo que ese sea el modelo a seguir. En la sanidad privada o en la pública gestionada por empresas privadas habrá buenos médicos y recepcionistas muy amables que nos atenderán muy bien. Seguro que se esfuerzan en curarnos las enfermedades, pero al final del día alguien revisará el balance y calculará cuánto dinero han ingresado. Prefiero que mi médico no tenga que estar pendiente de eso.

Los gestores privados buscan la rentabilidad, ese es su trabajo. Para ello deben calibrar el coste del servicio que prestan y el ingreso que les supone. Si los cálculos les dicen que los médicos deben atender a un número mínimo de pacientes al día, les animarán a dedicar menos tiempo a cada paciente. Y si los médicos y los enfermeros cobran sueldos más bajos, aún son más rentables, por supuesto. Pero yo no quiero que me atienda alguien que se sienta mal pagado o que no esté suficientemente motivado: quiero a alguien que esté centrado por completo en solucionar mi problema, en curar mi enfermedad. A veces la vocación no es suficiente.

Por otra parte, no todos los pacientes son igual de rentables. Hay enfermedades que precisan tratamientos caros y otras, largos periodos de convalecencia. Algunas pruebas diagnósticas requieren aparatos muy caros que tardan mucho en amortizarse, si es que se consigue amortizarlos algún día. Existen pacientes que no producen, no interesan, y que, por tanto, se desvían a la sanidad pública. Allí, con el dinero de todos y sin necesidad de retorno económico, ya se les atenderá.

En definitiva, los recortes jamás pueden ser la solución, ni siquiera una ayuda a la solución. Eliminar prestaciones no solo disminuye la calidad de la atención, sino que puede significar deteriorar la salud de las personas y, en casos extremos, perder la vida. Y cuando se llega a dar un caso así, ¿quién es responsable de lo sucedido? Si la causa fue la falta de personal, ¿quién dio la orden de reducir el personal? ¿Y la de no cubrir las bajas o las vacaciones? Si la causa fue la falta o la escasez de especialistas, ¿quién determinó que con un cardiólogo en urgencias era suficiente, o que en fin de semana se necesitan menos anestesistas o cirujanos de guardia? ¿Es que las embolias o los infartos saben que es domingo y van a esperar al lunes? La salud es fundamental en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo. No podemos perder horas de trabajo productivo porque nuestro médico esté desbordado de pacientes ni podemos esperar más de lo necesario para ser atendidos si estamos enfermos. ¿Por qué no contratan a más médicos en los centros de salud? ¿Cómo se determina el tiempo que un médico debe pasar con cada paciente en un ambulatorio? ¿Cinco minutos son suficientes para emitir un diagnóstico? ¿O diez? ¿Cómo se puede hablar de falta de camas en los hospitales al tiempo que se cierran plantas enteras? ¿Quién decide que los fines de semana y los festivos hay que parir con dolor porque no hay suficientes anestesistas? La lista de ejemplos sería interminable, pero la conclusión de todos ellos es la misma: no se debe recortar ni un solo euro del gasto sanitario.

Los políticos que recortan el presupuesto destinado a sanidad deberían ser conscientes del sufrimiento que sus decisiones pueden causar, pero no lo son en absoluto. Deberían saber que juegan con la vida y la salud de las personas, pero no quieren saberlo. Si fueran conscientes de la repercusión de sus decisiones, no podrían tomarlas, los remordimientos se lo impedirían. Pero parece que no tienen conciencia, sino una calculadora en la cabeza, de modo que no ven personas enfermas en los hospitales, sino gastos, no ven calidad de vida, sino pérdidas económicas. Esa no es la forma de entender la sanidad, no es así como la ven las personas.

Demasiadas medicinas

Los gestores sanitarios se llevan constantemente las manos a la cabeza cuando hablan del gasto farmacéutico, que al parecer es excesivo. Se consumen demasiadas medicinas. Comentan que los pacientes somos unos acumuladores compulsivos de medicamentos innecesarios y que los médicos son unos manirrotos a la hora de hacer recetas. La única solución, al parecer, es el copago, que significa cobrarnos más por medicamentos pagados con nuestros impuestos. Es decir, volver a pagar de nuevo por lo mismo.

Es difícil no acumular medicamentos cuando un médico nos prescribe diez pastillas y la caja del medicamento contiene cuarenta. Es imposible, y seguramente perjudicial, tomar el doble o el triple del jarabe que hemos de tomar para que no sobre nada en la botella. Así es como acumulamos la mayor parte de los medicamentos, aunque puede que haya gente que sí que los acumule de modo enfermizo. ¿Es que no se puede prescribir la cantidad exacta de medicina que requiere nuestro tratamiento? ¿Acaso las farmacéuticas no quieren empaquetar más que una medida de cada medicina? ¿No pueden hacer tres tamaños de cajas con diez, veinte o cuarenta pastillas? Quizá la culpa no sea solo nuestra ni de los médicos.

Ahora están comenzando a utilizarse medicamentos genéricos más baratos. Es una buena medida que a los políticos no se les había ocurrido hasta ahora. Sin embargo, controlar el gasto no debe estar reñido con la calidad del tratamiento. Ya que pago impuestos, quiero que mi médico tan solo piense en encontrar el mejor tratamiento para mi enfermedad, sea cual sea su precio.

No obstante, la única solución que se les ocurre a los políticos es hacerme pagar un euro por cada receta, además de la parte del precio del medicamento que ya pago en la farmacia, o pagar una tasa por utilizar determinados servicios, como las urgencias. ¿Acaso creen que voy a urgencias a pasar el rato? ¿O que al tener que pagar un euro por receta voy a enfermar menos para no pagar? No, lo único que van a conseguir es que gente con escasos recursos económicos no pueda acceder a los medicamentos y su calidad de vida empeore. Los mayores consumidores de medicamentos son los pensionistas, ya que en su mayoría padecen enfermedades crónicas y no pueden evitar medicarse. Por lo general, o en muchos casos, son personas con poco poder adquisitivo, que se verá reducido aún más por el copago, por lo que su calidad de vida se deteriorará. Eso es lo único que van a conseguir con el copago: debilitar más a los débiles, desproteger más a los desprotegidos. Y, peor aún, ¿qué pasará con aquellos enfermos que necesitan tratamientos caros? No se los van a poder permitir, sus enfermedades se agravarán y, en algunos casos, pueden llegar a morir.

Los políticos que toman la decisión de recortar la sanidad pública o de cobrar por servicios básicos y necesarios, los que quitan la cobertura sanitaria a determinados colectivos o eliminan prestaciones, deben ser conscientes de sus actos. Deben saber que empobrecen a los pensionistas, que discriminan a los inmigrantes y que nos perjudican a todos. Pero, por encima de todo, deben saber que cada día pueden morir personas por culpa de sus decisiones. Deben cargar en su conciencia con el número de muertes que van a provocar o facilitar con sus recortes. ¿Cómo pueden vivir sabiendo todo eso?

LA EDUCACIÓN

Qué mundo heredarán nuestros hijos

Lo que más me importa y me preocupa son mis hijos. Me preocupa el mundo en el que vivimos y me preocupa más aún el mundo que les vamos a dejar. En el mundo actual, tengo que educarlos, tengo que enseñarles lo que considero correcto y debo prepararles para el futuro, su futuro. El miedo que tengo es que no puedan decidir su futuro por sí mismos, sino que se vean atrapados en un mundo que no les permita elegir. No es ese el mundo que quiero dejarles.

Creo que lo mejor que puedo hacer por mis hijos es enseñarles a utilizar la libertad. Deben aprender que son personas con libre albedrío e independencia a las que nadie debe decir cómo comportarse. Quiero que puedan elegir, aunque seguro que eso me va a causar algún disgusto y más de una discusión.

Para conseguirlo, necesito darles una buena educación, pero no estoy seguro de qué es una buena educación. No creo que una buena educación se mida únicamente por la cantidad de conocimientos adquiridos o por el buen cumplimiento de las normas. Lo mejor que puedo hacer por mis hijos es inculcarles respeto por los demás, sentido de la responsabilidad, confianza en sus posibilidades y, sobre todo, seguridad en su absoluta independencia personal. Así podrán enfrentarse al mundo que les toque vivir, sea el que sea, y podrán elegir (o al menos intentarlo) la forma en que lo viven. Además, me gustaría que aprendieran inglés, música, matemáticas, ética, geografía o aquello que les guste.

¿Cómo lo hacemos? No es fácil educar a un hijo, pero debemos asumir las responsabilidades que conlleva. Los primeros, máximos y únicos responsables de la educación de nuestros hijos somos los padres, pero necesitamos ayuda. La forma de vida actual nos impide tener el tiempo necesario para la educación de los niños, así que alguien tiene que ayudarnos. Para eso, la mayoría necesitamos la escuela pública, necesitamos una educación pública universal, gratuita y de calidad.

Los niños reciben conocimientos en el colegio, pero también aprenden a vivir en sociedad. Lejos de la protección de los padres, deben aprender a relacionarse con sus semejantes. Deben aprender a respetar a sus compañeros, hacerse respetar y obedecer unas normas de convivencia basadas en el respeto a los demás. Ese proceso educativo necesita personas con vocación, porque de otro modo no es posible llevar a cabo un trabajo tan importante. Y esas personas deben disponer de los medios necesarios, no de los estrictamente necesarios, sino todos los que necesiten y algunos más. Eso debería ser la escuela pública: en ella los niños se forman para afrontar el resto de su vida y no podemos escamotearles el futuro.

En los últimos treinta años, los políticos han cambiado varias veces el sistema educativo, desde lo que antes llamaban guardería, EGB y BUP a lo que ahora son Educación Infantil, Primaria y Secundaria, desde las antiguas carreras universitarias a los nuevos grados. El problema de la educación no es el sistema educativo, que los niños pasen o no de curso sin aprobarlo todo o si tal o cual asignatura debe impartirse o no. El problema de la educación es el dinero. Con la inversión necesaria, los resultados en la educación serían mucho mejores que los actuales.

No soy capaz de entender cómo los políticos no destinan más y más dinero a la educación, cómo no la mejoran año a año a pesar de la crisis. No entiendo cómo no invierten en educación más que en ninguna otra cosa. ¿En qué piensan cuando dictan las leyes educativas? Deberían saber que no están haciendo leyes que les pueden hacer ganar o perder elecciones, ni que den beneficios a corto plazo: están haciendo leyes que van a marcar el futuro de las personas y del país dentro de una, dos o tres generaciones. Deberían abrir bien los ojos y mirar más allá del corto plazo al que están habituados. Si quieren que este país, este mundo, progrese, tan solo cabe una posibilidad, solo hay una única inversión que va a dar rentabilidad segura: la educación.

Pública, gratuita y universal

La educación debe ser de calidad y debe alcanzar a todo el mundo para que podamos tener, si no las mismas, al menos algunas oportunidades. Si tenemos la educación a nuestro alcance, tendremos la posibilidad de aprovecharla para intentar mejorar el futuro de nuestros hijos. Si no llegan a más, que no sea porque se les ha negado la oportunidad, sino porque no la han sabido o querido aprovechar.

Una educación universal, gratuita y de calidad solo puede proporcionarla el Estado. Así, entre las principales responsabilidades de los políticos está no solo gestionar la educación pública, sino la obligación de fomentarla y mejorarla cada día. Y entre nuestras responsabilidades, tanto de los que somos padres como de los que no lo son, está defenderla con uñas y dientes porque es un derecho irrenunciable de nuestros hijos.

Decía que los políticos deben cuidar de la educación pública, pero no lo están haciendo. Lamentablemente, a diario aparecen ejemplos de los problemas de la educación pública. Nos enteramos de la existencia de colegios saturados en los que no caben más niños, de adolescentes que pasan frío en el instituto, de niños que llevan años en barracones mientras su viejo colegio no se repara o su nuevo colegio no se construye. ¿Es que la educación de los hijos de sus votantes no les interesa? ¿No se les cae la cara de vergüenza cuando unos niños no pueden ir a clase si llueve porque el colegio se inunda? ¿Acaso creen que la educación no es importante? Mientras haya un solo colegio con problemas, mientras haya una sola familia sin recursos cuyos hijos no tengan beca de comedor, mientras se necesite un solo euro en la escuela pública, debe invertirse en la educación pública.

La obligación de los responsables educativos es conocer y resolver esos problemas. ¿Cómo no salen corriendo de sus confortables despachos para arreglarlo de inmediato? ¿Es que ellos no tienen hijos? Puede que sus hijos no sufran esos problemas, probablemente porque muchos de ellos van a una escuela privada.

La educación de calidad debería ser accesible para todo el mundo, pero de un tiempo a esta parte me da la impresión de que los políticos, unos más que otros, trabajan justamente en el sentido opuesto. Sin cesar se publican disposiciones, reglamentos, leyes o excepciones a las leyes que permiten, promueven o favorecen sin tapujos a la escuela privada o concertada y perjudican a la pública. Se está degradando la educación pública a marchas forzadas y se está trasvasando a la clase media hacia la educación privada o concertada, convirtiendo los colegios públicos en guetos para familias con pocos recursos económicos, para minorías o para locos defensores de lo público.

Los responsables educativos, por llamarles de algún modo, están llevando a cabo una estrategia de demolición de la escuela pública mediante una sencilla, simple y eficaz táctica: quitarle el dinero. Presupuesto tras presupuesto, los políticos se vanaglorian de las grandes cantidades destinadas a educación. Mala señal sería que cada año no se destinara más dinero que el anterior a la educación. Tan solo con el incremento del IPC ya se necesita más dinero que el año anterior, únicamente con el mantenimiento de las mismas condiciones que en años anteriores ya se necesita más dinero. Que no nos engañen, esas grandes cifras no sirven de nada si no se gastan y se gastan bien.

Por desgracia, ya estamos acostumbrados a que la mayor parte de los políticos gestionen mal el dinero que les confiamos, pero no podemos permitir que incumplan sus propias leyes metiendo más niños de los permitidos en cada clase. No podemos permitir que decidan no sustituir las bajas, dejando a los niños sin su maestro, repartidos entre el resto de maestros, que asumen el trabajo de sus compañeros ausentes, solo por ahorrar dinero. No podemos permitir que no se convoquen plazas para cubrir las jubilaciones o atender los incrementos de población. ¿Es que cuando planifican los nuevos colegios no miran la población de una zona? ¿Es que no saben que los niños nacidos ese año van a necesitar un colegio al cabo de unos años? Parece que no, que los políticos no estudian, no planifican, ni siquiera preparan mínimamente lo que van a hacer. O quizá sí saben lo que van a hacer, lo cual sería muy malo. ¿Cómo puede un consejero autonómico de educación dormir tranquilo el día que firma una norma que sabe positivamente que va a dejar a muchos niños sin maestro? ¿Cómo puede dormir sabiendo que al día siguiente habrá niños en barracones? ¿Cómo puede dormir sabiendo que se está cargando el futuro de muchos niños?

Solo encuentro una respuesta: la educación pública, para ellos, es un lastre, un apartado más en sus cuentas, un pozo sin fondo para el dinero público que querrían dedicar a otras cosas. No entiendo cómo pueden ver el coste de la educación de un niño como una suma de gastos (la nómina de un maestro, la construcción y el mantenimiento de un colegio, los libros y otros materiales) y no como una inversión, un gasto necesario e imprescindible para el futuro. Ya recuperaremos la inversión en esos niños cuando dentro de unos años sean ingenieros, científicos, músicos, albañiles o lo que quieran ser. Dentro de veinte, treinta o cuarenta años recuperaremos con creces el dinero gastado en el futuro de nuestros hijos.

EPÍLOGO

La hora de las personas

No pretendo que los ciudadanos no hayamos tenido nuestra parte de culpa en esta crisis. ¿De qué somos culpables? De no pensar, de no actuar, de dejar que nos lleve la corriente. Pero son los políticos, los bancos y todo el sistema financiero quienes han causado todos los desatinos económicos. Llevan demasiado tiempo haciendo lo que quieren sin ningún tipo de control ni medida. Todo eso no ha pasado de la noche a la mañana. Ha sido en la última década cuando se ha llevado al extremo algo que sucedía desde hacía mucho más tiempo. Llevamos al menos ciento cincuenta años de sociedad industrial y capitalismo, bastantes menos de supuesta democracia y las últimas décadas hemos vivido un capitalismo desbocado. En ese tiempo se ha disparado la productividad de la economía, hemos fabricado más y mejores cosas que hacen nuestra vida más fácil. En un periodo de tiempo no demasiado largo, hemos pasado de preocuparnos por tener algo que comer a preocuparnos por tener cosas que no necesitamos. Hemos puesto, o más bien nos han puesto, nuestra meta en tener más dinero, en tener más cosas materiales ¿Qué nos hemos dejado por el camino? La humanidad, la individualidad. Hemos pasado de ser personas a ser consumidores, hemos pasado de querer ser algo a querer tener algo.

A la situación actual no hemos llegado solos: nos han inducido, nos han seducido e incluso nos han empujado. Las grandes empresas, los bancos y los medios de comunicación nos han pintado un mundo maravilloso al que supuestamente podíamos acceder, nos han explicado cómo llegar a él pero no nos han explicado sus contrapartidas. Consiguieron que todo nos pareciera fácil, pero nos dejamos convencer con demasiada facilidad.

La mayoría de nosotros creímos todas y cada una de las mentiras que nos contaban. No podrían haber engañado a tanta gente si no nos hubiéramos dejado engañar. Había que ser muy consciente, muy valiente, para salirse de la norma, para no perseguir las mismas comodidades que los demás, para no querer poseer las mismas cosas que los demás. Nuestra culpabilidad se resume en haber dejado que hicieran con nosotros lo que querían, en no exigir resultados ni responsabilidades. No fuimos o no quisimos ser conscientes de lo que estaban haciendo, preferimos mirar a otro lado, pensando que íbamos a vivir mejor. Pero eso no podía durar para siempre.

No somos culpables de la crisis actual, al menos no en la medida que quieren asignarnos, pero sí somos culpables de no pedir cuentas a los verdaderos culpables. No está en nuestras manos, individualmente, cambiar el destino de la economía, pero sí que podemos exigir a los responsables que gestionen nuestros asuntos lo mejor posible. Y la única manera de pedir cuentas es implicarse. Si nos quedamos al margen, si pensamos que no se puede hacer nada, nunca vamos a conseguir nada. No somos números ni estadísticas, no podemos permitir que nos traten como un apunte más en sus balances de cuentas. Deben tener presente que somos personas y que trabajan para nosotros.

Lo primero y primordial es pensar, lo cual constituye nuestra única y mejor arma. Debemos tener una idea clara de lo que queremos, aunque no sepamos cómo conseguirlo. Y tenemos la obligación de defenderlo de la manera que sea. Podemos votar, conscientemente, podemos asociarnos y trabajar por aquello en lo que creemos. Y debemos manifestar nuestra opinión, nuestro descontento. Debemos recordar el valor de nuestra libertad de expresión. Utilicémosla. Nuestra opinión es muy valiosa, inmensamente importante, no podemos dejarla de lado ni permitir que nos la usurpen. No podemos permitir que nos manipulen ni que anulen nuestra capacidad de pensar. Querer es poder. Si queremos, se pueden cambiar las cosas, podemos hablar, discutir, proponer. En manifestaciones, asambleas, sindicatos, partidos políticos o cualquier otra asociación, donde sea, pero con una actitud responsable, debemos luchar por aquello en lo que creemos, por mejorar nuestras vidas. Podemos exigir responsabilidades a nuestros gobernantes y cambiar la forma en que está organizado este mundo. Que unos pocos no controlen a la mayoría.

Debemos cambiar el sistema actual con la participación de todos. Algo tiene que ser diferente a partir de ahora. Cambiar a los políticos o sus partidos será difícil, pero hay que pelear. Necesitamos cambiar a toda una generación de políticos y que entre gente nueva, gente con un compromiso real por mejorar nuestra situación. Necesitamos políticos que no hagan de la política su profesión, sino políticos que tengan una profesión a la cual volver tras su etapa política. Y cuando se produzca ese cambio, debemos fijarles una serie de normas, unas responsabilidades que deben asumir y cuyo cumplimiento vamos a exigir. A quien no las cumpla, lo echaremos sin contemplaciones.

Lo que no podemos hacer es desentendernos, no podemos ampararnos en la indiferencia, no podemos aceptar que nos culpen por sus errores. La política no puede darnos igual, por muy iguales que nos parezcan todos los políticos, aunque creamos que unos y otros gobernarán sin tenernos en cuenta o incluso contra nuestros intereses. Lo que hacen los políticos nos afecta cada día, aunque a nosotros no nos importen ellos. Aunque no sepamos siquiera su nombre ni conozcamos su cara, sus decisiones influyen en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra educación y en nuestras posibilidades de progreso. No podemos acomodarnos. Debemos defender nuestros derechos. La indiferencia y la apatía no son la solución de nada, más bien son un regalo para ellos, para los políticos y sus jefes.

No podemos dejar nuestra vida ni nuestro mundo en sus manos. Son nuestros y debemos defenderlos nosotros, por nosotros, por nuestros hijos y por los que están a nuestro alrededor. Hemos llegado a un punto en el que solo nos queda cambiar el sistema, reorganizar nuestras prioridades y cambiar el mundo. Si queremos que algo cambie, primero tendremos que cambiar nosotros y más vale pronto que tarde. Ahora, de verdad, es nuestra hora. La hora de las personas.