Prólogo

«Los responsables del intercambio de bienes entre la humanidad han fracasado […]. Las prácticas poco escrupulosas de los especuladores están siendo procesadas en el tribunal de la opinión pública, rechazadas por los corazones y las mentes de los hombres.»

Estas palabras, que suscribiría prácticamente cualquier ciudadano, fueron pronunciadas por Franklin Delano Roosevelt en 1933. Poco tiempo después, y desde Europa, Keynes señalaba que «el nihilismo del libre mercado ha convertido el bienestar público en un efecto secundario de la actividad de un casino».

Aquellas afirmaciones fueron más allá de los meros enunciados, expresaban la toma de conciencia de que había que buscar fórmulas alternativas a un mercado que librado a sí mismo no necesariamente genera crecimiento económico, aún menos bienestar público. La respuesta llevó en Estados Unidos al New Deal y en Europa a lo que se denominó la era del pacto socialdemócrata. Un pacto articulado en torno a los grandes principios que siempre han dado sentido al socialismo democrático, y que se tradujo en la construcción de nuestros sistemas de sanidad pública, de educación universal, de pensiones y de garantía de unas condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos.

Durante varias décadas los Estados de Bienestar europeos han sido un referente para el mundo entero. Sobre ellos hemos construido el periodo de mayor prosperidad económica y bienestar social de la historia de la humanidad. Y sin embargo, algo olvidamos en el camino. Tal y como se describe en este libro, de la mano del neoliberalismo volvió la desregulación, la ausencia de controles, lo que algunos —recuperando aquel diagnóstico de Keynes— llamaron la economía global de casino.

En ocasiones parece que lo cercano, lo habitual, tiende a volverse transparente y posiblemente muchos ciudadanos y no pocos responsables políticos dieron aquellos derechos que tantos siglos costó alcanzar como algo garantizado, conseguido para siempre. Si así fue, la historia se encargó de recordarnos que casi nada es definitivo. En la primera década de este siglo el casino entró de nuevo en bancarrota poniendo en grave riesgo el bienestar de muchos millones de personas y no pocos de aquellos derechos.

Hoy, como hace seis décadas, la crisis económica se ha traducido en el sufrimiento de millones de personas y en una crisis institucional que da alas a los populismos. Hoy, como entonces, el tribunal de la opinión pública ha juzgado y condenado las prácticas de un neoliberalismo políticamente irresponsable, socialmente insostenible y económicamente fracasado: en el punto culminante de la crisis, la encuesta Values and Worldviews señalaba que una amplísima mayoría de los ciudadanos considera responsables de la crisis —y junto a los políticos en sentido genérico— a los bancos (94,5), las políticas adoptadas por la UE (81,4), las compañías financieras (87,1), el Banco Central Europeo (81), las agencias de calificación (76), las empresas multinacionales (71) o el FMI (72,7).

Y hoy, como entonces, la única salida pasa por recuperar un amplio pacto socialdemócrata. Un acuerdo social que nos devuelva a la senda de un crecimiento sin sacrificar la igualdad social, sino apoyándose en la igualdad social, en la capacitación ciudadana, en una educación de calidad, en la garantía de unas condiciones esenciales de bienestar.

Ni la sanidad, ni la educación pública, ni el sistema de protección social están en el origen de esta crisis y —conviene tenerlo presente ante una derecha que insiste en repetir lo contrario— tampoco en el aumento de una deuda pública que ha crecido para hacer frente al rescate de un sistema financiero descontrolado. No son, pues, los principios ni las políticas socialdemócratas los que han quedado en entredicho por esta crisis, es la doctrina y la práctica de un neoliberalismo que nos ha llevado al borde del abismo y al que se aferra un conservadurismo incapaz de entender que si repetimos los mismos errores nos encontraremos con los mismos problemas.

Pese a ello, es evidente que la socialdemocracia se ha visto afectada por la crisis. En buena medida porque en muchos de los países más afectados gobernábamos y asumimos la responsabilidad por el desastre. También porque quienes defendemos la importancia del espacio público, de una ciudadanía fuerte, activa, exigente y comprometida tenemos mucho más que perder con la ola de desconfianza hacia las instituciones y la política que la crisis ha exacerbado. Y es desde esa incuestionable realidad de desapego ciudadano desde la que, por enésima vez, no pocos autores han diagnosticado una crisis de la socialdemocracia.

En todo caso, conviene recordar que este fenómeno no es nuevo. Los mismos años 60 que consolidaron el Estado de Bienestar, vieron el surgimiento de la exitosa tesis del final de las ideologías y de la crisis de la socialdemocracia. Una tesis que sería reformulada en los 70 y 80 de la mano del neoliberalismo de Reagan y Thatcher, que en los 90 se popularizaría en la tesis del final de la historia junto a la caída del muro de Berlín y que vemos resurgir en nuestros días.

Sin embargo, como ha señalado José María Maravall, a lo largo de esas décadas los mismos partidos socialdemócratas, supuestamente en crisis, fueron elegidos una y otra vez por los ciudadanos llegando a acaparar el 55 por ciento de los Gobiernos. Y, en ese mismo período, se generalizaron los sistemas de bienestar en Europa hasta convertirse en un referente para el mundo entero.

Sin duda hemos sufrido derrotas electorales, algunas severas. Pero lo cierto es que todos los partidos —sean socialdemócratas, liberales o conservadores— que han gobernado durante la crisis han sufrido un duro castigo electoral y los partidos socialdemócratas no son una excepción a la regla.

Si miramos con más detalle, no parecen ser nuestros valores los que han entrado en crisis en una Europa y una España en la que un 81 por ciento de los ciudadanos considera prioritario mantener el Estado de Bienestar, más de un 70 por ciento se declaran partidarios de que se incremente el gasto público en sanidad, pensiones o educación, y sólo un 21 por ciento de los ciudadanos considera que la salida de la crisis pasa por hacer recortes, frente a un 60 por ciento que aboga por estímulos de corte keynesiano.

Y lo cierto es que así lo han entendido también los propios rivales de la socialdemocracia. Unos rivales que, como el Partido Popular en España, son muy conscientes del apoyo que el Estado de Bienestar tiene entre los ciudadanos, y no han dudado en adoptar una retórica socialdemócrata para ganar las elecciones y poder llevar así a cabo —tal y como estamos viendo en España— su programa real: la demolición programada del Estado de Bienestar.

No se trata por tanto de negar las dificultades que vive hoy el proyecto socialdemócrata sino de intentar ponderarlas, de buscar respuestas más allá de diagnósticos en algunas ocasiones precipitados y en no pocas interesados. Y ese, el del análisis riguroso y las propuestas de avance, es precisamente el camino que emprenden las siguientes páginas. Unas páginas escritas desde el compromiso de quien ha dedicado gran parte de su vida a hacer realidad este proyecto.

Juan Moscoso del Prado asume un reto ambicioso, y para afrontarlo cuenta con un doble bagaje: una sólida formación académica y una dilatada experiencia en el ejercicio de la política. Por ello, uno de los grandes atractivos de este libro es su capacidad para combinar rigor en el análisis y cercanía a la realidad; para ofrecer argumentos sólidos sin ocultar en ningún momento sus opciones ideológicas.

Un ejercicio de honestidad que se evidencia de principio a fin de la obra, y que podría resumirse en dos frases: «Sin igualdad no hay libertad», afirma Juan Moscoso del Prado en las primeras páginas. Y, en las últimas: «Sólo la izquierda es capaz de conciliar los sueños de libertad e igualdad […] porque la igualdad de oportunidades es la única garantía de ejercicio de la libertad, de la libertad real y no simplemente formal». No se me ocurre mejor síntesis de lo que, hoy y siempre, defiende la socialdemocracia.

Juan Moscoso del Prado es muy consciente de que ese «ser hoy de izquierdas» implica saber que a los problemas que reflejan las encuestas no se les derrota con escepticismo sino con propuestas, desde la certeza de que la ciudadanía sigue compartiendo nuestros principios y valores, y que todo nuestro esfuerzo debe orientarse a buscar cómo conectar con ellos.

Por ello no es de extrañar que este libro transmita confianza: la confianza de quien sabe que el futuro no está escrito, y que sea cual sea la nueva página de esta historia, los socialistas seguiremos haciendo lo que mejor sabemos, lo que siempre hemos hecho: trabajar para hacer de nuestro país, de nuestra Europa, de nuestro mundo un lugar más justo, más digno, más humano.

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA

Febrero de 2014

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Introducción

La izquierda y España se necesitan. Ambos se han modernizado al mismo tiempo. Es más, sin la modernización de la izquierda no se habría producido la de nuestro país. Sin una izquierda moderna y con capacidad de gobierno, España se paraliza, se ahoga, se pierde bajo la gris hegemonía de la derecha y reaparecen las viejas contradicciones y frustraciones que tanto nos han lastrado en la historia. Nuestro país sólo ha sido capaz de equipararse a los países europeos de nuestro entorno cuando una izquierda así ha existido, una izquierda innovadora y transformadora, y cuando ha ejercido responsabilidades de gobierno. Es imposible comprender la transformación de nuestro país y su rápida homologación con los países de Europa occidental desde la Transición democrática, sin tener en cuenta el papel principal que ha desempeñado la izquierda española, y en especial el partido socialista y sus diferentes gobiernos a lo largo de este período.

España y la izquierda, una modernización paralela

La España democrática ha salido adelante afrontando con éxito los retos y desafíos cuando la izquierda ha sido capaz de liderar un proyecto con el que se identificara una mayoría de ciudadanos. El mejor ejemplo de ese trabajo acumulado de modernización y democratización es que, a pesar de la evidente debilidad con la que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) salió del Gobierno de la nación tras la derrota en las elecciones generales de 2011, es su obra, la de sus Gobiernos, la que revindica hoy masivamente una desconcertada sociedad. Su obra, sus logros, y no tanto a sus autores o a los herederos de los mismos. Una sociedad o ciudadanía, también profundamente desilusionada, enojada e incluso indignada con la llamada «clase política», en España y en buena parte de Europa. El sistema público educativo, el sanitario, las pensiones, e incluso el sistema de dependencia a pesar de su limitado desarrollo por la irrupción de la crisis, son obra del PSOE y de los diferentes equipos de hombres y mujeres que han trabajado bajo sus siglas durante décadas. Las fuerzas políticas a su izquierda no siempre apoyaron sus reformas, y las de la derecha apenas nunca lo hicieron. En justicia, no obstante, hay que reconocer que la principal fuerza política de la izquierda española, el partido socialista, ha colaborado en ocasiones incluso de manera estrecha con otros partidos y coaliciones de izquierdas de menor dimensión y menor vocación de gobierno, en particular con Izquierda Unida (IU), en particular a escala local y autonómica, y también parlamentariamente cuando ha carecido de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Con todo, en ocasiones esos partidos han optado por pactar con fuerzas a la derecha de los socialistas, como ocurre actualmente en Extremadura.

Sin embargo, ese legado que hoy reivindica la mayoría de la sociedad española es el mejor ejemplo de la importancia que debe tener la izquierda. Una izquierda que debe dar ejemplo en todos los ámbitos que forman parte de lo que llamamos política —coherencia con sus valores; proyecto económico, social, para Europa, de modelo de Estado; excelencia, capacidad y preparación— para volver a ser de nuevo el principal protagonista y también catalizador de un proyecto de país radicalmente renovado que permita recuperar la ilusión compartida y la confianza en el progreso de todos y todas como ciudadanos en una España cohesionada, próspera, abierta, laica, europea y cosmopolita.

El objetivo de este libro es analizar desde una perspectiva política el momento de profunda crisis económica, social, institucional y política que vivimos. Un análisis, pero también una reflexión que no pretende ser académica sino personal como ciudadano y también como diputado electo y como responsable político en mi partido, con el objetivo de destacar la responsabilidad a la que nos enfrentamos los que nos consideramos de izquierda, incluso la trascendencia histórica que tendrán las decisiones que se adopten ahora. Una responsabilidad todavía mayor para los que en la izquierda nos consideramos socialistas, socialdemócratas o progresistas porque en mi opinión conforman, conformamos en torno al PSOE, la única familia política articulada de la izquierda española capacitada para impulsar las decisiones que pueden sacar a nuestro país de esa crisis múltiple que antes mencionaba.

El objetivo es también hacerlo en positivo. Se puede hacer, lo hemos hecho antes, la sociedad nos lo exige, aunque sea indirectamente, cuando reivindican con furia las políticas que hicieron compañeros que ya no están, aunque la sociedad haya olvidado que somos los mismos y no nos crea, no se fíe ni confíe en nosotros. Estamos obligados a ser, de nuevo, los grandes reformadores de nuestro país. Estamos obligados a ser de nuevo un ejemplo, en todo.

Hay muchos libros que analizan la izquierda y su supuesta y sempiterna crisis desde diferentes planteamientos. Éste lo hace recogiendo las aportaciones con las que, desde mi experiencia y formación, desde mi propia perspectiva, incluso personal, sin tener miedo a que como consecuencia de ello los lectores me puedan conocer mejor, puedo contribuir a ese apasionante y siempre abierto debate.

También, pretendo añadir una visión complementaria a la de todos los trabajos¹ aparecidos en los últimos meses que, en conjunto, demuestran el vigor y la intensidad del debate que existe en el seno de una izquierda mucho más viva de lo que algunos quieren reconocer, y que asimismo demuestran el rigor del análisis y la crítica que genera.

Ni la izquierda española, ni la izquierda en general, pueden pretender resolver los graves problemas que amenazan la estabilidad de nuestra sociedad y su porvenir en solitario. En nuestro caso, el caso español, como ciudadanos de un país mediano que forma parte del proceso de integración política más avanzado que existe en el mundo: la Unión Europea (UE). Una UE inmersa a su vez en las complicadas consecuencias de lo que llamamos globalización o mundialización.

La izquierda debe poder llevar a la práctica sus sueños y aspiraciones, concretando, ejerciendo el gobierno democrático con pericia, transformando la sociedad como se suele decir.

La izquierda tiene que ser capaz de nuevo de ofrecer un proyecto coherente y cohesionado a escala europea, incluso global, y debe hacerlo por dos razones principales. La primera es que sin un mensaje global, coordinado e identificable, por encima de la realidad de los cada vez más debilitados Estados-nación difícilmente volverá a ser una opción ganadora. A diferencia de la derecha, a la izquierda le refuerzan los éxitos en cualquier país del mundo y le debilitan profundamente las contradicciones y los fracasos donde quiera que tengan lugar. La segunda razón es que si no lo hace a escala global, jamás logrará poner en marcha medidas en la única escala o dimensión desde la que se pueden parar las fuerzas que la desregulación neoliberal han desencadenado y que amenazan con imponer una realidad de desigualdad e injusticia incompatible con los valores de la izquierda.

Por estas razones he creído pertinente, y también porque él me lo sugirió oportuna y constructivamente, como siempre hace, adjuntar dos reflexiones escritas por mi amigo Matt Browne, que he incluido juntas dentro del capítulo 10, «El futuro que nos espera». La primera nos ilustra con el mejor ejemplo de izquierda innovadora y rompedora de los últimos tiempos, la que ha llevado a un presidente como Barack Obama ya en dos ocasiones a la Casa Blanca, en un país profundamente democrático pero de tradición, digamos, para la «izquierda» muy distinta a la europea. Un gran ejemplo de cómo la izquierda debe innovar y arriesgar para ilusionar, atraer nuevos votantes y configurar mayorías compatibles con la nueva realidad social, y hacerlo con propuestas rompedoras formuladas desde la esencia misma de los valores de la izquierda. La segunda ilustra la realidad política y económica a la que debe hacer frente la izquierda, más y más variados partidos políticos que invaden el espacio en el que antes reinaban cómodamente los partidos socialistas tradicionales, la desaparición del electorado trabajador tradicional, que surtió de votos a la socialdemocracia durante buena parte del siglo XX, y los nuevos objetivos que se debe marcar. Incluso, las alianzas que deben formularse con formaciones como las ecologistas o verdes (no puedo estar más de acuerdo), o con los liberales. En este caso coincido menos puesto que son formaciones, quizá, propias de otra sociedad distinta a la nuestra, al menos por ahora.

Ambos ilustran también la importancia que tiene ya para siempre la cooperación internacional entre los progresistas de todo el mundo en todos los ámbitos que comprenden lo político, un ámbito en el que he tenido la suerte de poder participar activamente desde hace quince años tanto desde el PSOE como desde la pionera Fundación Alternativas y otras como Policy Network² o la Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS),³ y eventos como los Global Progress.⁴

El resto del trabajo, ya desde una perspectiva más centrada en la realidad de nuestro país, recorre un camino que comienza con una reflexión sobre la crisis de la izquierda, ¿la única crisis?, y sobre lo que significa ser de izquierdas, una reflexión inevitable para situar el arranque del libro en el lugar concreto en el que una mayoría sitúa a la izquierda, para intentar proponer una ruta que logre alejarlo de ese, en cierta medida, lugar común pero no por ello menos real.

A partir de ahí se repasan los principales hechos políticos que caracterizan medio siglo de cambios en la izquierda y en el mundo hasta la irrupción de la crisis financiera en 2007 y la posterior explosión de la burbuja inmobiliaria en nuestro país. Continúa con los dos capítulos quizá más personales de este trabajo, el primero sobre las asignaturas pendientes de la izquierda en España y en particular la inexistencia de lo que llamo «patriotismo progresista». El segundo sobre una realidad que siempre me ha preocupado, la derechización personal que acompaña al proceso de ascenso social y las críticas desde todo el espectro ideológico a las clases medias y profesionales liberales de izquierdas.

Los siguientes capítulos repasan temas de inevitable actualidad, el modelo de Estado enmarcado en la crisis de Cataluña y las propuestas de reforma de la Constitución de 1978. A continuación, la desafección atendiendo a sus causas y en particular el funcionamiento de los partidos políticos y la corrupción. Después, un capítulo de contenido económico, 1993-2008, un ciclo económico perdido.

Continúa con «El futuro que nos espera», con la colaboración de Matt Browne antes citada. El libro termina con los dos capítulos centrados en las propuestas específicas que deben contribuir a recuperar una izquierda ejemplar con un proyecto claro de gobierno para nuestro país y también para Europa.

2

Ser de izquierdas

Durante el tiempo que he dedicado a escribir estas páginas, he leído algunos libros por primera vez, la mayoría obtenidos en préstamo en la biblioteca del Congreso de los Diputados, y también he tenido la oportunidad de releer algunos que tenía en la mía particular, modesta pero con valor sentimental, desde el Izquierda punto cero⁵ de mis inicios políticos hasta el De nuevo socialismo, de Jordi Sevilla,⁶ un ensayo de calado, valor académico y longeva actualidad. Si Sevilla arrancaba su análisis en los ilustrados franceses, en la revolución, para revisar después el valor presente y la materialización concreta de los tres grandes principios que la inspiraron, igualdad, libertad y fraternidad —y que siguen su planteamiento en los capítulos en los que aparecen—, mi trabajo lo hace siguiendo la trayectoria de la izquierda en España, y también en Europa y el resto del mundo, desde la Transición española hasta lo ocurrido ya en el siglo XXI.

Ser de izquierdas

Jordi Sevilla en el trabajo citado o Juan F. López Aguilar en La socialdemocracia y el futuro de Europa explican bien el origen, la evolución y el desenlace —por ahora— del socialismo, de la socialdemocracia, un análisis que comparto plenamente. Hace poco escuché a José María Maravall definir lo que para él es ser de izquierdas, «los que nos indignamos ante la injusticia y la ignorancia», y debo reconocer que me caló hondo porque la frase recoge con precisión lo que somos o cómo nos sentimos algunos que así nos consideramos. Por supuesto hay mucho más. Para la izquierda, la idea de que todos podemos vivir mejor es una posibilidad real además de un imperativo moral.

Socialismo y liberalismo

El socialismo es una consecuencia lógica del desarrollo hasta las últimas consecuencias del principio de libertad, es la libertad de todos, de los más humildes en una sociedad con desigualdades y grandes diferencias. Y esa libertad exige igualdad para ser ejercida, igualdad en sentido amplio, o igualdad de oportunidades desde una perspectiva materialista que demanda políticas públicas democráticas para garantizarla. Sin igualdad no hay libertad. Sin igualdad sólo son libres de facto unos pocos. ¿Y la fraternidad? La ciudadanía.

Por eso las conquistas de la democracia liberal deberían llamarla democracia social o democracia social-liberal, social por igualdad y liberal por libertad, y siempre democracia por ambas. Entre socialismo y liberalismo siempre ha habido una relación clara, y así ha sido desde John Stuart Mill hasta pensadores de hoy, a los que algunos hemos llegado desde la economía, como John Rawls, quien nos advierte de que sin resolver el problema de la equidad las libertades pueden ser sólo formales, o desde la política, como Jürgen Habermas. Esa relación clara entre socialismo y liberalismo es, en la práctica, una necesidad recíproca, lo que no ha evitado que desde ambos espacios se hayan cruzado críticas contra el espacio contrario o contra los que, ya fuera desde un espacio o el otro, han resaltado el valor del espacio común que están obligados a compartir para lograr sus objetivos. John Stuart Mill, en sus Principios de política económica (1856), afirma que el bienestar de un pueblo debe lograrse por medio de la justicia y la libertad de sus ciudadanos, ciudadanos que deben salir adelante sin paternalismos —los de la época, la caridad—, conquistando la dignidad individual pero también colectiva, en lo que llama las virtudes de la independencia, pero también en la influencia civilizadora de la asociación, esto es, de la cooperación entre trabajadores y empresarios, y también entre los propios trabajadores. A Mill se le considera por ello padre del «liberalsocialismo».

Particularmente acertada es la referencia al socialismo como «ideal de libertad para todos», de Carlo Rosselli en su Socialismo liberal de 1930. Para él, el socialismo es el método mayoritario «para conocer la verdad y garantizar el progreso social y asegurar la libertad», no muy diferente de la esencia de la frase de Maravall. El socialismo de Rosselli es, en sus palabras, «liberalismo en acción», es la libertad que se elabora para los más humildes, es el desarrollo lógico y racional del principio de libertad llevado hasta sus consecuencias extremas. Es el fin de los privilegios burgueses que reclaman los socialistas. Es considerar al socialismo democrático, la socialdemocracia, como heredera completa del liberalismo siguiendo el camino abierto por Mill.

Tony Judt reconoce abiertamente su admiración intelectual por autores liberales como Isaiah Berlin, al que considera un liberal clásico, que reconocía la necesidad de la provisión del bienestar y la provisión social así como de la tributación progresiva, un autor, por sus ideas y trayectoria, opuesto a toda forma de autoritarismo. Como con Mill, ahí se encuentran planteamientos compartidos con pensadores de izquierda como Rosselli, convencido de que el conjunto de reglas de la democracia liberal «es esencial no sólo para reunir al socialismo sino también para su realización», concepción que se resume en su frase «el liberalismo como el método, el socialismo como fin». El liberalismo del socialismo liberal de Rosselli es un método, un instrumento irrenunciable que garantiza la democracia y la autogestión de los ciudadanos. Desde su perspectiva, previa a la segunda guerra mundial y en pleno auge del estalinismo y de la Tercera Internacional, el liberalismo aporta una función y garantía democrática, el «método liberal» es el conjunto de reglas complejas que todos los partidos políticos asumen y respetan, reglas diseñadas y pactadas para garantizar la vida en común y la convivencia pacífica de los ciudadanos, clases y Estados. La principal crítica a las ideas de Rosselli desde la propia izquierda, o al menos la que más recorrido ha tenido, es que su idea, supuestamente, configura un socialismo de élites alejado del partido o de su base electoral «de clase». Si ha sido así en algunos momentos, quizá ésa sea la clave de la crisis de un tipo de izquierda democrática.

Este debate no es nuevo. Pablo Iglesias dijo que «quienes contraponen liberalismo y socialismo, o no conocen al primero o no saben los verdaderos objetivos del segundo». Y muchos recordamos la frase de Indalecio Prieto: «Soy socialista a fuer de liberal». En España la derecha política nunca ha sido ni será liberal. Los autocalificados liberales que militan en el Partido Popular (PP) son como mucho los enfants terribles de la derecha, liberales de salón que marcan con gestos muy medidos los límites que la derecha española permite rozar desde dentro, sin dejar de perder por ello el derecho de ser miembros de pleno derecho de la gran y única casa de la derecha española, que nada tiene de liberal. Los liberales económicos y aquellos que formulan un discurso basado en la primacía absoluta del concepto de libertad, y que en España representan nombres como Carlos Rodríguez Braun o Juan Ramón Rallo —en la estela de la Escuela Austríaca—, consideran que el liberalismo pivota sobre la libertad individual en todos los aspectos económicos y sociales, va mucho más allá de la economía y no tiene una alternativa nítida en la política ni un modelo predeterminado de sociedad.⁷ Poco que ver con el supuesto liberalismo del partido hegemónico de la derecha española, no sólo en materia de derechos civiles y libertades, sino también en el ámbito económico y respecto a su concepción del Estado y de las instituciones.

El término liberal, sin embargo, tampoco goza de grandes simpatías entre la izquierda española o europea; menos quizá desde que el concepto (o simplemente calificativo) de neoliberal, mezclado con el de neocon, se convirtió en el calificativo de la derecha de George W. Bush, José María Aznar y tantos otros. En Estados Unidos, por el contrario, ser liberal es sinónimo del más genuino izquierdismo.

Izquierda y globalización

La socialdemocracia, la izquierda posible, tiene que dar respuesta a importantes cuestiones. La primera, sin duda, qué hacer en un mundo en el que nada es por casualidad, como por ejemplo las consecuencias últimas de la globalización, resultado de muchas decisiones en las que la socialdemocracia ha participado, como el apoyo a la liberación de los movimientos de capitales, o la apertura comercial a China desde que este gigante ingresara en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Una globalización que, sin embargo, ha sido capaz de sacar en pocos años a mucha más gente de la pobreza que varias décadas de Ayuda Oficial al Desarrollo. Sin duda, un buen ejemplo de la transformación profunda en la que estamos inmersos.

La magnitud de los retos y la intensidad y rapidez de las transformaciones que vivimos exigen que la izquierda sea capaz de no negar nunca problema alguno, que sea valiente, porque pocas cosas son intocables, y que mantenga coherencia absoluta con sus principios y objetivos.

En este contexto, la derecha ha logrado establecer una clara hegemonía desde la caída del Muro de Berlín. Una caída que, aunque haya afectado como se verá más adelante al socialismo democrático, a la socialdemocracia, al diluir su peso específico como alternativa a lo que ocurría al otro lado del telón de acero, sin embargo, ha transformado también a la derecha, que se ha visto con fuerza suficiente como para romper el pacto social. La nueva derecha pretende una hegemonía en el más puro estilo gramsciano,⁸ una superestructura al servicio de un marco ideológico propio, reaccionario y nada igualitario que está provocando cierta crisis de la propia democracia.

La batalla de la izquierda española, europea y global es acabar con esa hegemonía y demostrar primero, para convencer después, que existe una alternativa progresista a la del crecimiento fundamentado en la desregulación y la competición a la baja en protección social. Ese reto a escala europea es mayor si cabe porque Europa no tiene ni tendrá sentido desligada de su modelo de cohesión, de crecimiento con igualdad.

La nueva realidad global reflejada en la paradoja de Rodrik ⁹ muestra hasta qué punto la izquierda puede acabar acorralada porque ni puede —ni probablemente sea una buena idea— combatir la globalización ni mucho menos la democracia. De modo que frente a la amenaza del nacionalismo como escapatoria, que nunca solución, sólo le queda la alternativa de articular una verdadera posición global favorable a la igualdad y el crecimiento. Una situación en la que la política, básicamente de dimensión nacional, está en crisis simplemente porque las cosas ya no dependen de ella, al menos en esa dimensión.

La principal transformación que ha traído esta globalización ha sido la generalización mundial del uso de tecnologías. Desde la revolución industrial y hasta las crisis del petróleo, Occidente hizo frente a las reivindicaciones sociales combinando su apertura comercial y exportadora con la mejora constante de las condiciones de vida de los trabajadores, mejoras exigidas y canalizadas por los movimientos obreros y la socialdemocracia. Ese modelo, no obstante, permitía convertir las intensas mejoras constantes de productividad en fuentes de redistribución de renta porque fuera de las sociedades desarrolladas en las que se producía no existían alternativas industriales capaces de competir con ellas. Otra consecuencia de este esquema era que existía margen de productividad suficiente para que los trabajadores de los sectores de servicios mejoraran de manera continua el poder adquisitivo de sus salarios. Todo ello funcionaba, también, porque una parte proporcionalmente cada vez mayor de la humanidad vivía en condiciones de extrema pobreza. Pues bien, este esquema ya no existe, la movilidad del capital, el papel de las multinacionales, la apertura comercial y la generalización del conocimiento tecnológico han provocado que aquellas rentas cautivas de Occidente ya no lo sean, y que la única manera de garantizar empleos bien remunerados y de alto valor añadido sea la innovación continua y el progreso técnico, mientras que cada vez es más difícil garantizar salarios dignos para los puestos de trabajo que exigen menos cualificación.

En este contexto, e incluso en las peores fases de la crisis actual, muchas empresas responden bien gracias a la internacionalización, lo cual es sin duda importante. Por ello, vivimos unos tiempos en los que la desigualdad es perfectamente compatible con la existencia incluso de boyantes sectores de altísima competitividad. Algo nuevo en Europa pero no tanto, por ejemplo, en la India.

Europa sólo tendrá futuro con partidos socialistas y socialdemócratas fuertes. Europa sólo podrá mantener y exportar su modelo social si crece, genera riqueza y es competitiva. Exportarlo por justicia, y para blindar la igualdad a escala global. Europa debe acelerar su viaje hacia la unión política, armonizando fiscalidad y presupuestos, homologando sin competir hacia abajo el funcionamiento de los mercados de trabajo, comunitarizando la defensa del Estado del Bienestar. Reeuropeizar Europa equivale a volver a situar los principios de solidaridad, cohesión y prosperidad en el punto de mira de todas las decisiones, haciéndolo desde la realidad actual. Modernización, izquierda y más Europa social, Estado del Bienestar o Estado social —y democrático de derecho, en la expresión de nuestra Constitución—, que exigen una salida progresista de la crisis, cohesionada, frente a la vía dual y profundamente desigual que propone y que ya está pilotando la derecha.

Una nueva agenda para la izquierda

Esta nueva realidad está generando una nueva gran ola de desigualdad y discriminación, para algunos tanto como la creada por la revolución industrial en el siglo XIX y que tanto lograron reducir después las políticas socialdemócratas, eso sí, sólo en Occidente.

Estos retos exigen una respuesta de la izquierda, una respuesta política, porque la socialdemocracia es democracia antes que nada. Y ello exige proponer medidas que simplemente son política.

Una izquierda en una nueva realidad en la que la clase trabajadora que protegía sus rentas e intereses de clase en un mundo de Estados-nación, democracia social y explotación en el resto del mundo apenas existe. Ya no hay clase trabajadora que sólo sea eso. En la sociedad actual los individuos ya no se definen colectiva o ideológicamente por su relación con el mundo del trabajo, aunque éste siga siendo el único o principal camino para poder ejercer plenamente todo lo que la ciudadanía aporta e implica. En la sociedad actual los individuos se definen de modo multidimensional; ya no sólo es el trabajo, que también, sino otros muchos elementos. La ciudadanía vive y ejerce sus derechos en una sociedad mediática que hace que nuestra democracia sea mediática y sus políticos también. Una sociedad dominada por unos medios que fabrican la realidad, la distribuyen y la simplifican, lo cual complica gravemente el mensaje socialdemócrata.

La izquierda necesita una agenda para la globalización, «una agenda de combate», utilizando la expresión de Juan F. López Aguilar, una agenda de radicalismo democrático. Una izquierda que refuerce y haga realidad su vocación transformadora, reformista, internacionalista, europeísta.

Nuestro país, España, vive una difícil etapa en lo económico y social pero también en lo político, debido a los problemas que sufre nuestro sistema institucional y territorial. Un sistema petrificado en el esquema pactado en 1978 y también ante las exigencias democráticas, de participación y transparencia que reclama una ciudadanía que treinta y cinco años después de la aprobación de la Constitución exige otras prioridades desde los planteamientos de hoy, algunos muy distintos a los de entonces. Hasta ahora ambas reivindicaciones, legítimas e imprescindibles, no han sido respondidas.

Este difícil momento exige la concurrencia de una alternativa de izquierdas sólida y creíble capaz de volver a liderar las transformaciones que nuestra sociedad reclama en diferentes ámbitos. España ya no es aquel país ilusionado con su futuro, capaz de asombrar al mundo con sus transformaciones, energía y reformas. Durante la Transición lo hicimos en lo democrático y territorial, después en lo económico y social con la consecución del sueño de Europa, y más tarde en materia de libertades civiles y derechos al final de un largo período de crecimiento. Sí, porque de repente todo se vino abajo con la crisis financiera internacional y el estallido de nuestra insostenible burbuja inmobiliaria. Un final que puso en evidencia los profundos errores colectivos mantenidos durante un largo ciclo económico completo, y que ha contribuido a agravar la cuestión territorial que nunca quedó definitivamente cerrada.

Modernizar desde la izquierda

Hoy necesitamos un nuevo esfuerzo modernizador que sólo la izquierda puede llevar a cabo. La izquierda gobernó con holgura en España cuando nadie dudaba de que era la principal fuerza modernizadora del país. Necesitamos un proyecto y un mensaje claro y contundente, comprensible, modernización. La izquierda ilustrada, europeísta, movida por la lucha contra la injusticia y la ignorancia, capaz de aprender de los errores pasados y de volver a ilusionar a un gran país que merece volver a soñar con un futuro mejor. Un futuro de convivencia en el que quepamos todos, que retome la construcción de una sociedad justa, ejemplar en sus libertades, abierta y cosmopolita. Una sociedad que vuelva a ser capaz de avanzar en la reducción de desigualdades, ampliando el bienestar de todos y todas, responsable con los valores cívicos, con lo público, y sustentada en un tejido económico y productivo sólido, sostenible e innovador, que recupere el valor de la innovación, capaz de generar empleo de calidad dejando atrás para siempre los excesos de una época en la que primó el cuanto más y más deprisa mejor.

Mi opinión es que la derecha española no lo puede hacer. Y si pudo hacerlo alguna vez, aunque fuera sólo en parte, ha vuelto a perder su oportunidad. Desde luego en 2011 no venció ilusionando, y en el presente ciclo político su huella definitiva ya está marcada. Más desigualdad, recortes ideológicos, inflexibilidad y miedo ante las reformas democráticas y territoriales, claros retrocesos por su legislación vinculada a determinada moral religiosa, parálisis ante la corrupción y pobre gestión de su especialidad, la economía, entre otros muchos problemas y debilidades. La derecha sólo ha logrado ilusionar de verdad en todos estos años en una única ocasión aupada por el mal llamado «milagro económico español», el origen de muchos de los males que hoy padecemos, aunque tampoco de todos. Todos sabemos cómo acabó aquello, y cómo la derecha perdió el gobierno en 2004 en mitad de aquel insostenible ascenso.

La izquierda debe, no obstante, ser capaz de movilizar a los ciudadanos y ciudadanas con hechos, con propuestas, abandonando la retórica que ha llegado a agotar y hartar a grandes sectores de nuestra sociedad que ya no nos votan. No sólo debemos decir qué queremos para todos, sino también cómo queremos conseguirlo. Ése es el reto.

3

La crisis de la izquierda, ¿la única crisis?

No se puede hablar de la situación de la izquierda, sobre todo de la europea, sin utilizar la palabra «crisis». Una palabra, una calificación, que, a pesar de la fuerza con la que está hoy presente en nuestra sociedad, no ha dejado de acompañar desde mucho antes los escritos y reflexiones sobre la situación de la izquierda europea, de la socialdemocracia y de los partidos socialistas, durante las últimas décadas.

Crisis que significa muchas cosas al mismo tiempo. Crisis es perder las elecciones cuando pensábamos que el paradigma nos era favorable. Craso error. Crisis es también hacer desde el gobierno, porque a veces ganamos, cosas diferentes a lo que proponemos desde la oposición, porque igual resulta que lo que decíamos no es practicable, o que cuando llegamos a las instituciones no tenemos fuerza suficiente para llevarlo a cabo. Crisis es también no creer en lo que decimos, una falta de credibilidad de fondo que puede mostrar que el verdadero problema puede no ser una cuestión de ideas, como nos solemos empeñar en demostrar.

Repasando la historia ¹⁰ del socialismo democrático y de la socialdemocracia europea, como se prefiera, la crisis actual de la socialdemocracia es en gran medida la crisis de la Tercera Vía, propuesta elaborada por académicos entre los que destaca Anthony Giddens.¹¹ La Tercera Vía surgió en la década de 1990 como intento de adaptación a un momento dominado por la internacionalización y la constatación, o sencillamente asunción, de las consecuencias de las transformaciones económicas y sociales impulsadas por la llamada Nueva Derecha de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en la década anterior, y que simbolizó mejor que nadie el laborismo británico de Tony Blair a partir de su victoria en Reino Unido en 1997.

En España, los mejores años del PSOE de Felipe González, como aquellos años de François Mitterrand en Francia y tantos otros en Europa, pertenecen a un período previo caracterizado por la profundización democrática, en una Europa en ebullición que apostaba por el mercado único y el sueño de la moneda única, la construcción del Estado del Bienestar en los países que como el nuestro llegaron tarde a casi todo, y en un contexto internacional marcado primero por los últimos años de la guerra fría y, después, tras el derrumbe del Muro de Berlín, por la aventura de la ampliación de Europa hacia el Este. Unos años ya lejanos, con un mundo muy diferente, en los que los países que ahora lideran la economía mundial, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), con el permiso de Estados Unidos, languidecían bajo el peso de la losa de la dictadura, del desarrollismo marxista y de las consecuencias de crisis propias como la deuda externa y la aplicación del llamado Consenso de Washington, sobre el que volveremos más adelante. Un tiempo que poco tiene que ver con el presente.

La izquierda al final del siglo XX y a principios del siglo XXI

Sin embargo, algunos de los problemas de la izquierda actual tienen su origen a finales del siglo xx y principios del XXI. Durante la década de 1990 y los primeros años del nuevo siglo, Europa vivió un período de crecimiento y de esplendor conservador y neoliberal, con excepciones en los partidos triunfadores, claro, como Tony Blair desde 1997 y después, entre 2007 y 2010, Gordon Brown en Reino Unido; Gerhard Schröder y el SPD en Alemania, entre 1998 y 2005, desde su victoria con el programa «el nuevo centro» en coalición con Los Verdes, y en nuestro país, José Luis Rodríguez Zapatero, a partir de 2004 y hasta 2011. Salvo contadas excepciones, convivieron con una mayoría de gobiernos conservadores, una mayoría muy consolidada desde el ingreso en la UE de los rocosos nuevos miembros del Este y que, en general hasta la explosión de la gran crisis del siglo XXI en 2008, que simboliza la quiebra de Lehman Brothers, gestionaron años de crecimiento y satisfacción social. La excepción fue la crisis que padeció Alemania, que obligó al canciller Schröder a lanzar en 2003 la llamada Agenda 2010, un duro programa de reformas estructurales destinado a mejorar la competitividad de la economía del país entonces considerado «el enfermo de Europa», y a hacerlo reduciendo cargas sociales, tras cuya aplicación se vio obligado a convocar elecciones anticipadas en 2005. Estas elecciones llevaron a la cancillería a la democristiana Angela Merkel, que gobernó junto al SPD en la primera gran coalición hasta 2009.

Ésta es la izquierda que hoy está en crisis, la que ha creado el recuerdo ciudadano actual sobre los efectos y resultados de su gestión. Así, a pesar de los éxitos logrados por los gobiernos de la Tercera Vía, porque los hubo, por ejemplo en materia educativa en Reino Unido, o adelantando dolorosos ajustes en Alemania, su desempeño no puede considerarse como una nueva fase consolidada de la socialdemocracia, y menos todavía fuera de Europa o incluso de los países anglosajones. Un camino considerado en general como demasiado laxo, como argumenta en su trabajo Ignacio Urquizu,¹² en el que las dos ideas fuerza de fondo del período que simboliza Tony Blair —la igualdad de oportunidades y la responsabilidad individual— resultan insuficientes para reconducir desde una perspectiva progresista una realidad como la actual. Una realidad caracterizada de partida por situaciones socioeconómicas radicalmente diferentes a las de entonces, una crisis que exige un nuevo marco económico y social en el más amplio sentido, una estrategia de crecimiento concentrada en el origen del proceso de creación de empleo y riqueza en un contexto altamente globalizado —las empresas y el tejido productivo en general—, y políticas redistributivas para garantizar un mínimo de efectividad en la consecución del objetivo igualitario más característico e irrenunciable de la socialdemocracia.

En Europa, en cualquier caso, no se puede hablar de homogeneidad socialdemócrata, al menos en sentido estricto. Aunque todos los partidos socialistas y socialdemócratas que conforman el Partido de los Socialistas Europeos (PES) comparten valores y principios comunes —la vieja frase—, distan mucho en la ruta elegida para alcanzar esos objetivos maximalistas por todos compartidos. La mayor diferencia, hoy, entre unos y otros radica en el camino de política económica elegido para seguir prosperando y mejorando su renta per cápita —una prioridad clara, todavía, en los países del sur— y las recetas diseñadas para mantener sus elevados niveles de renta y protección de los países del norte. Estas diferencias se acentúan si se consideran las implicaciones políticas de lo que la construcción europea ha logrado hasta ahora, el euro —no todos los países forman parte de él; Dinamarca y Suecia no, por ejemplo, además de Reino Unido—, y el debate abierto sobre el alcance que debe tener no ya la solidaridad europea consigo misma, restringida a un presupuesto raquítico en torno al 1 por ciento del producto interior bruto (PIB) europeo, sino hasta dónde deben llegar las uniones fiscal y bancaria ya en marcha o las ya propuestas uniones social y política, por no hablar de temas de mucha mayor trascendencia como la mutualización de la deuda pública.

Lo ocurrido durante los años de la Tercera Vía, sin embargo, condiciona profundamente la percepción social de los partidos socialistas y sus posibilidades, no sólo de recuperación electoral, sino también de presentación de un programa atractivo sobre todo en los países más castigados por la crisis. Una crisis que, en cualquier caso, ha tumbado hasta ahora a gobiernos de todo signo, también conservadores como la presidencia y el gobierno de Nicolas Sarkozy en Francia.

La idea de crisis, con todo, también es objeto de debate. Aunque las percepciones subjetivas mandan y ésa es la sensación dominante en un momento de profundo pesimismo social, que se agudiza en los sectores más progresistas de la sociedad europea.

Merece la pena recordar la opinión de Tony Judt,¹³ para quien el derrumbe del comunismo en 1989, a pesar de lo pervertido de su «variante moscovita», supuso, sin embargo, la disgregación de los movimientos conocidos como socialdemócratas, en su opinión porque desaparecían las referencias geográficas, los límites que marcaban con claridad el camino a recorrer por los movimientos de izquierda democrática, desde entonces claramente desorientados. La izquierda perdía el idealismo que la mantenía en pie; se acaba la referencia que permitía contemplarla y medirla porque, como Judt apuntaba, era vista como una alternativa verosímil y creíble al comunismo, como una alternativa respetable dentro del sistema liberal. La derecha, sin embargo, no necesita referencia alguna para subsistir. Como apuntaba en el capítulo anterior, ese derrumbe también transformó a la derecha, que perdió el respeto que tuvo por el pacto social de la posguerra y su consciente distanciamiento con el populismo. Aunque no se comparta esta visión plenamente, es evidente que no existen partidos socialistas o socialdemócratas hoy en Europa que no hayan pasado por el proceso de abandono del marxismo. Todos lo han hecho, aunque generacionalmente muchos no lo hayamos vivido, sino sólo escuchado de nuestros mayores. Asimismo, la izquierda democrática, el socialismo democrático o la socialdemocracia en países como España se ha construido también como contrapartida a una derecha no siempre democrática ni liberal. En nuestro país en particular desde la Transición de la década de 1960, y bajo el patrón e incluso el patrocinio marcado por los grandes movimientos y partidos socialdemócratas europeos alemán o sueco.

No obstante, en términos políticos, la situación hoy no es tan excepcional. Así, haciendo un análisis histórico de lo que ha sucedido desde la segunda guerra mundial,¹⁴ se constata que aunque a partir de 1979 el socialismo ha perdido apoyo respecto a fases anteriores, respecto a la llamada edad de oro entre 1944 y 1979, no ha gobernado menos, sino incluso más, porque las coaliciones con otras fuerzas políticas han sido más frecuentes. Más adelante Matt Browne aborda esta cuestión desde otra perspectiva. También, lo ha hecho ocupando posiciones ideológicas cada vez más, digamos, centradas, como fue el caso de la Tercera Vía.

España: crisis económica, social, política e institucional

Con todo, la sensación predominante en este momento de profunda crisis económica y social, crisis que en países como España se ha convertido también en una profunda crisis política e institucional, es la de que la izquierda ha perdido durante décadas la oportunidad de transformar a fondo el funcionamiento de nuestro sistema político, que ahora se encuentra al borde del colapso. Hoy gana fuerza y se ve de otro modo la demoledora crítica que hizo Judt¹⁵ de Tony Blair y sus políticas en el inigualable gnomo en el jardín del olvido británico —populismo, falsedad, apariencia, predilección por los ricos y poco más...—, y de los liberales estadounidenses del mismo período que también dominaron la política global con el presidente Bill Clinton.

Esa impotencia retroactiva se mide en países como España en el recuerdo que ha dejado el último gobierno progresista o de izquierdas que hemos tenido, el liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que el recuerdo del mismo, a pesar de sus logros en áreas como los de los derechos civiles y las libertades, es inseparable de la crisis que estalló durante esos años. La dureza de la crisis ha borrado cualquier otro recuerdo, tanto el de los éxitos de aquellos gobiernos como el del verdadero origen de la crisis.

La derecha se ve mucho menos afectada por esta crisis porque aunque esté sufriendo un evidente desgaste como consecuencia de su acción de gobierno —como pasó también en Francia—, resiste mejor debido a que, como subraya Tony Judt, está diseñada para convivir con la desigualdad y la injusticia y no se plantea objetivos maximalistas, idealistas. La derecha convive muy bien con la política del interés, de la envidia —en palabras de Judt—, o de la reelección. Los conservadores se desenvuelven muy bien cuando la política se convierte en una forma de contabilidad social, de gestión de vidas sin ilusión e ideales, sin un relato histórico que los respalde, concluye Judt. Las crisis de la derecha se producen cuando asume grandes riesgos, por ejemplo respaldando una guerra, o cuando sus formaciones de referencia se salen excesivamente del marco legal (corrupción).

En este contexto, si la izquierda no reacciona y rompe con muchas de las prácticas y actitudes predominantes en las ya más de tres décadas de democracia española, su futuro puede ser más que complicado. Romper significa ser de nuevo el partido movilizador de las transformaciones que España necesita, una España europea que debe servir también de acicate en el seno de una UE anquilosada después de décadas de dominio conservador. En la izquierda española, el PSOE es un partido de gobierno, con sentido de Estado, pero ese hecho no debe impedir que rompa con infinidad de actitudes y prácticas insostenibles. La responsabilidad no debe paralizar las reformas que desde la izquierda se deben impulsar en todos los ámbitos, empezando por el interno, el propio de los partidos políticos.

Si la socialdemocracia fracasa, será reemplazada por movimientos que aunque se llaman de izquierdas, o así se autocalifican, poco tienen que ver con la tradición racionalista y humanista de la socialdemocracia europea, con aquella directamente vinculada con lo que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, practica y califica como «aproximación científica a la política», racional, sensata y cerebral.

La izquierda europea se encuentra en una situación crítica porque esta crisis es el resultado de casi tres décadas de desregulación financiera, durante las cuales los distintos gobiernos de la familia socialdemócrata hicieron poco por cambiar las corrientes de fondo que generaron la crisis.

Como antes apuntaba, no es necesariamente un problema de ideas. La igualdad ya no es su principal desafío; en eso gana con claridad al resto de fuerzas políticas, y la ciudadanía lo sabe bien. El reto para la izquierda hoy es convencer a los ciudadanos de que su ideal de libertad es el más fuerte y exigente de todo el espectro político, para merecer y ser capaz de gestionar la modernización y el refuerzo de la igualdad de oportunidades necesarios para salir de la crisis. Y hacerlo salvaguardando nuestro modelo de sociedad, modelo inconcluso, incluso, como en España.

Desde la década de 1990 los gobiernos del SPD, el Partido Laborista o el PSOE gobernaron redistribuyendo, desde una perspectiva de izquierdas, los ingresos que originaba un modelo de crecimiento insostenible y fundamentado en los principios neoliberales en auge desde los años de la Nueva Derecha de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. La realidad es que nadie hizo demasiado, ni Bill Clinton en Estados Unidos en sus dos mandatos, entre 1992 y 2000 —durante el segundo se derogó la Ley Glass-Steagall (Banking Act) aprobada por la administración de Frankin D. Roosevelt en 1933, que, entre otros contenidos, establecía la separación obligatoria entre la banca tradicional de depósitos y comercial, y la banca de inversión—; ni Tony Blair ante la omnipresente City que no quiso entrar en el euro; ni Gerhard Schröder frente al opaco conglomerado financiero alemán todavía muy similar en algunos aspectos al de las malogradas cajas de ahorros españolas. Tampoco José Luis Rodríguez Zapatero, quien, a pesar de ganar la elecciones en 2004 con un claro programa electoral antiburbuja inmobiliaria y contrario a la economía de la especulación, poco hizo, por las razones que sean, para reorientar una economía en evidente ruta de colisión, como desgraciadamente hemos comprobado.

Esos años de Tercera Vía o de experiencias propias como la española, portuguesa, griega..., muy lejos de lo que los socialdemócratas aplicaban en el norte de Europa, en Escandinavia, son años de mucha generosidad en la redistribución, de grandes inversiones en educación, ciencia e I+D+i, infraestructuras, de concienciación ante problemas globales como el cambio climático o la cooperación al desarrollo. Medidas complementadas con políticas muy blandas y permisivas con la voluntad y los deseos de los llamados mercados y las grandes empresas, no sólo en materia regulatoria, sino también tanto en lo financiero como en lo fiscal —la embriaguez de la burbuja llevó a decir que bajar impuestos era de izquierdas—. Son también características de este período políticas de buenas intenciones, pero escasa efectividad una vez que la crisis se instaló en nuestra sociedad, como la Responsabilidad Social Corporativa, los códigos de buena conducta y demás vías basadas en el voluntarismo. Redistribución progresista pero connivencia y seguidismo casi totales con las normas dictadas desde el neoliberalismo para regular y definir el sistema productivo. Políticas de gasto sin atender al origen de los fondos ni a su razón de ser. En definitiva, hubo muchas decisiones políticas equivocadas en las que participaron con gran protagonismo muchos gobiernos, líderes y partidos socialistas y socialdemócratas y que son el origen directo de la actual crisis.

Ésa es la principal razón por la cual ahora generamos tan poca confianza. Participamos pasiva o incluso activamente en la desregulación, olvidamos cómo se genera la renta, o que los mercados podían o pueden operar de otra manera. En definitiva, redistribuimos de una manera muy progresista las rentas que generaba una economía especulativa insostenible. Un mal negocio. Las prisas por converger con Europa nos cegaron, el crecimiento resultó reversible, se ha perdido mucho tiempo. En cualquier caso los países del sur de Europa, como el nuestro, partían de una situación comparativamente peor en lo estructural. Una realidad que con frecuencia se olvida, obviando que a veces hacen falta varias generaciones para cerrar brechas, consecuencia de siglos de errores y abandono, y que contra todo pronóstico quisimos considerar superadas gracias a rápidas burbujas. En este sentido, la España democrática ha hecho mucho más por cerrar sus propias desigualdades norte-sur que el resto de países que partían de situaciones similares.

Tony Judt considera perdidas las dos décadas transcurridas desde 1990, tiempos en los que los anhelos de prosperidad, enriquecimiento y progreso individual eclipsaron el interés individual y también colectivo por la libertad, la justicia social o la acción colectiva. Los años de la ceguera de la burbuja.

Cuestión aparte es pronosticar cómo saldrá la izquierda de esta crisis, la más profunda desde hace un siglo, y la primera de la que —guste o no— es corresponsable. Esa perspectiva de salida para la izquierda no es, por otra parte, independiente de las políticas que la propia izquierda ha puesto en marcha allí donde gobernaba durante los años más duros de la crisis para intentar salir de ella, como ha ocurrido en Reino Unido, Portugal, Grecia o España. En nuestro país el recuerdo y las consecuencias de las medidas adoptadas en el año y medio transcurrido entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 constituyen una barrera psicológica que todavía debe ser superada, un gran reto político. Sin duda, la rigidez implacable del esquema de austeridad impuesto por la derecha europea que simboliza Angela Merkel, aderezada por la falsa creencia de que el norte equivale a la virtud y de que el sur merece lo que le pasa, es muy mala compañera para cualquier gobierno progresista europeo al que la combinación de crisis y de equivocado diseño institucional del euro —la llamada gobernanza económica— no ha dejado ningún margen para discrepar. La Francia de François Hollande es ahora la gran víctima de este esquema injusto y disparatado, sí, pero no por ello menos férreo.

Socialistas y socialdemócratas europeos

Los socialistas y socialdemócratas europeos debemos ser capaces de definir una misma estrategia para salir de la crisis. Hay que ir mucho más allá de lo que proponemos como PES y como grupo S&D (Socialistas y Demócratas) en el Parlamento Europeo, porque todavía no hemos consensuado una estrategia común para hacer frente al austericidio que impone la derecha. La austeridad, y sus intensidades y ritmos, ha sido un error, como macroeconómicamente ha quedado de sobra demostrado, pero su erradicación o suavización tampoco generará crecimiento directamente. Creceremos cuando produzcamos nuevo productos y servicios competitivos utilizando los recursos ociosos, en particular las ingentes bolsas de parados que existen en países como España, en nuestro caso sin apenas formación ni conocimientos. Esta ausencia de estrategia común de los socialistas europeos se nota en particular entre los países que formamos parte del euro y los que no lo hacen, pero también en el seno del propio euro entre los del norte y los del sur. Si no somos capaces de establecer un paradigma común norte-sur, si no lo hay, no seremos capaces de reforzar nuestra familia política no sólo en Europa sino también en el resto del mundo, a escala global, donde sólo el moderado Barack Obama brilla por méritos propios, aunque cada vez con mayores problemas. No deja de ser una paradoja que sea el Partido Demócrata de Estados Unidos el referente progresista mundial, en una familia política dividida en Europa y muy debilitada en el resto del mundo. Un mundo donde ya casi nadie apuesta por el modelo de democracia social de mercado a la europea para desarrollarse y sacar gente de la pobreza. Un mundo en el que los jóvenes, también los europeos, se sienten abandonados por los partidos tradicionales.

La izquierda no europea

Creo que es oportuno recordar lo que sucedió en América Latina, donde los honestos intentos de avanzar por sendas homologables a lo que la socialdemocracia realizaba en este lado del Atlántico fueron barridos por la crisis de la deuda y las recetas del Consenso de Washington.

Mientras en Europa González y Mitterrand lideraban unos avances cuyo sustento y principal garantía era la integración europea en las todavía Comunidades Europeas, los partidos de inspiración socialdemócrata no sólo fracasaban en América Latina, sino que prácticamente desaparecían. El Carlos Andrés Pérez de sus primeros años en Venezuela, Alan García, Raúl Alfonsín... se vinieron abajo estrepitosamente cuando se demostraron incapaces de hacer frente a políticas impuestas desde fuera; fracasaron en la explicación de lo que estaba sucediendo y en la identificación de los errores que habían llevado a esa situación, muchos, sin duda, en ámbitos muy distintos al de la gestión económica y social, como el de la corrupción. El Consenso de Washington erró el tiro claramente, fue otro gran error, pero ello no sirvió para salvar a los que les tocó gestionar sus consecuencias aunque no estuvieran de acuerdo. Hoy su espacio político ha sido ocupado por fuerzas distintas, que a pesar de su menor calado intelectual y sus evidentes dosis de populismo, no responden de aquellos errores. Algún día, si corresponde, lo harán de los que ellos cometan.

Hoy en América Latina hay quien observa en algunos partidos y movimientos un nuevo fenómeno que se ha calificado como «Socialismo del siglo XXI».¹⁶ Un concepto «poco reflexivo» surgido contra las políticas económicas del Consenso de Washington, que este nuevo fenómeno identifica con Estados Unidos e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Algo que puede ser visto como un nuevo paradigma político pero también como un regreso a la tradicional visión marxista de la lucha de clases con evidentes elementos democráticos, como el de la participación.

Movimientos ciertamente comprometidos con la redistribución de la riqueza, y que han logrado sacar a porcentajes importantes de la sociedad de la pobreza y también incorporar al juego político a capas sociales que estaban excluidas desde siempre. Movimientos que, sin embargo, con demasiada frecuencia lo hacen desde el populismo y un asistencialismo sin vocación de verdadera transformación social, el abuso de poder, la ruptura de la separación de poderes y de los mínimos que garantizan el juego democrático como el respeto a la oposición y la alternancia política. Movimientos con particularidades que los distancian de la virtud racionalista en ámbitos como la defensa de los derechos humanos, la corrupción, el desarrollo sostenible, la seguridad, o por su cuasi confesionalidad. Asimismo, su modelo de desarrollo económico carece, en especial en algunos países que subsisten gracias a su riqueza en recursos naturales, no sólo del respaldo institucional que los caracteriza en sentido amplio, sino también del rigor para poder garantizar crecimiento, empleo y prosperidad a medio plazo, para hacer sostenibles los legítimos avances sociales que pretenden. Otro elemento que los caracteriza es el elevado grado de tensión y conflicto social presente, que dificulta la consecución del grado de confianza suficiente para garantizar una evolución positiva de la economía, así como para alcanzar el consenso social que las grandes transformaciones exigen.

El desaparecido Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia son sus máximos exponentes, seguidos con un estilo propio por Rafael Correa en Ecuador. Daniel Ortega en Nicaragua y el depuesto Fernando Lugo en Paraguay completan la fotografía del nuevo movimiento. Frente a ellos, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay demuestran que existe otro camino alternativo, sin duda mucho más solvente, en el que quizá Chile y Uruguay respondan a esquemas más próximos a los de la socialdemocracia europea, como también hacen por cierto las sociedades en los que se producen. Los Kirchner en Argentina merecen una consideración aparte, como también Ollanta Umala en Perú o el nuevo Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Enrique Peña Nieto en México. En definitiva, la evidente diversidad existente demuestra que resulta cuando menos arriesgado concluir que el Socialismo del siglo XXI vaya a ser la corriente dominante de la izquierda latinoamericana en el futuro. Ambos grupos, si es que puede establecerse esa clasificación, discrepan claramente en cuestiones como la actitud y la estrategia ante y para la internacionalización, la integración en el continente americano y el papel en la misma de Estados Unidos.

Sin embargo, todos con un inmenso espacio, el abandonado por aquella vieja socialdemocracia que convivió con los Planes de Ajuste Estructural del Consenso de Washington. Planes caracterizados también entonces, como ahora en Europa, por el más estricto austericidio. Planes complementados con la desregulación realizada en coordinación con la llevada a cabo en el resto del mundo bajo el auspicio de la Nueva Derecha. Planes que obligaron además a reducir el peso del Estado y a privatizar sectores completos, en privatizaciones ahora muy cuestionadas que dejaron profundas heridas sociales y políticas. Aquellos gobiernos no lograron regresar al crecimiento, generaron una apertura insoportable de las brechas sociales y de la desigualdad, y prácticamente acabaron con las clases medias mientras se disparaban la pobreza y la violencia de todo tipo.

Sin duda, hoy, el ciclo de crecimiento económico e incluso algunas cuestiones como la evolución de los precios de las materias primas —en particular el petróleo— han permitido a este llamado «Socialismo del siglo XXI latinoamericano» lograr objetivos impensables bajo otras condiciones económicas, si bien por ello no dejan de presentar serias dudas acerca de su sostenibilidad.

Del Consenso de Washington al Consenso de Merkel

Lo sucedido en América Latina debe servir de ejemplo a la socialdemocracia europea. Existe cierto paralelismo entre aquel Consenso de Washington y el actual, digamos, «Consenso de Merkel». Los partidos socialdemócratas se juegan su existencia o cuando menos su papel en las próximas décadas, su capacidad para volver a ser alternativa en muchos países en un plazo de tiempo razonable. Y lo hacen en función de la capacidad que tengan de presentar un proyecto creíble, coherente con su trayectoria y, lo que quizá es más difícil, capaz de acomodar las diferentes sensibilidades que existen dentro de la familia socialdemócrata europea, en especial entre el norte y el sur.

¿Y Barack Obama? Hay buenas noticias, a pesar de que el presidente de Estados Unidos demuestra a diario que pasará a la historia como un presidente menos extraordinario de lo que se presumía al principio de su mandato y en especial durante su inolvidable carrera hacia la candidatura presidencial, en las primarias en las que derrotó a Hillary Clinton. La primera buena noticia es que sí ha sido un presidente extraordinario, y no sólo por su personalidad. Obama ha logrado armar un discurso ganador claramente progresista —progressive— en todos y cada uno de los ámbitos de política, aunque lo haya hecho desde una perspectiva muy norteamericana. Como veíamos antes, Bill Clinton no fue capaz de hacerlo, olvidó claramente la lógica de la producción como tantos gobiernos socialdemócratas en Europa en los tiempos de la Tercera Vía, y fracasó en su intento de universalizar la sanidad. Obama lo ha logrado —la reforma sanitaria conocida como Obamacare—, así como importantes avances en políticas de derechos civiles, entre otros. La segunda buena noticia es que Europa sigue siendo la referencia. Obama muestra, con todo, que el modelo de sociedad que la vieja Europa ha venido exportando sigue siendo una referencia nada más y nada menos que para Estados Unidos de América. No es poca cosa en unos tiempos en los que el mix europeo —democracia con economía social de mercado y Estado del Bienestar— ha perdido el monopolio como modelo a seguir en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque el ejemplo chino, mercado sin democracia real ni libertad, ni mucho menos Estado del Bienestar, ha logrado sacar a millones de individuos de la pobreza. Sin duda, un paradigma rival altamente peligroso.

Las políticas que los demócratas norteamericanos han puesto en marcha dejan ver una vez más que el origen de la crisis de la izquierda no es ajeno al de la crisis de la economía, y que por ello no habrá recuperación política de la izquierda mientras no reconstruya su discurso económico.

En Europa, la construcción de un nuevo discurso económico se enfrenta a dos alternativas. Dos alternativas que son al mismo tiempo dos vías para salir de la crisis o, mejor aún, para vivir el próximo ciclo económico, porque el nuevo ciclo comenzará si no lo ha hecho ya.

La primera alternativa pasa por convivir con la estructura intacta y salir de la crisis sin alterarla. Y cuando hablamos de estructura en España, hablamos de todo aquello que provoca que nuestra productividad y competitividad sea menor que la media europea y que nuestros ciudadanos disfruten de un menor grado de igualdad de oportunidades. Las consecuencias de ello son menos crecimiento, menos empleo, salarios medios más bajos y peores oportunidades en una economía fragmentada, poco transparente, dominada por pocas empresas protegidas por los poderes públicos y controladas por oligarquías. En definitiva, pocas reformas, estructura intacta y mayor desigualdad.

En términos prácticos consiste en elegir entre hacer política al servicio de todos los ciudadanos o hacerlo al servicio del mantenimiento de cierto statu quo. Política a la medida de las instituciones financieras o de los ciudadanos. Política de indicadores macroeconómicos o de realidades palpables. Políticas que no tocan los grandes intereses, como los de las Sicav y las rentas de empresas y grandes fortunas o profesionales que sortean el sistema fiscal, pero sí los de la débil mayoría como las pensiones. Políticas también que no tratan igual a todos los europeos, porque a algunos se les protege como inversores —aunque lo hayan hecho en la burbuja española— y también como ahorradores bien que sus entidades hayan quebrado, y a otros en ninguno de los dos supuestos, o sólo en uno.

Es el debate sobre la ruta de salida de la crisis, por la derecha o por la izquierda, con una carga o reparto injusta o razonable de los costes de esta crisis. Es la salida progresista o la conservadora, con menos o con más desigualdad, con más oportunidades de futuro para todos, o con menos y sólo para unos pocos.

Por las clases medias y el fin de las oligarquías

En España es imprescindible devolver el control de la economía a las clases medias, recuperando los valores del trabajo duro y honrado, de la recompensa por el esfuerzo y la formación. Acompañando la salida justa de la crisis con la recuperación de una fiscalidad que incentive esos valores. Ejemplos hay incluso en Estados Unidos, emulando su modelo de impuestos de sucesiones, un país en el que los más ricos renuncian a transmitir sus fortunas a sus hijos con el fin de mantener vivos los valores que hacen progresar a esa sociedad. Reequilibrando la fiscalidad sobre el trabajo con la apenas imperceptible sobre el patrimonio. Evitando que huya la del cada vez más móvil capital.

La salida de la crisis que nuestro país necesita exige, como apuntan Ángel Pascual-Ramsay en uno de los artículos más certeros de esta crisis,¹⁷ o más recientemente Luis Garicano,¹⁸ el abandono del sistema corporativo de viejas élites que ha convertido nuestra economía en un sistema endeudado, sin capacidad de recaudación fiscal y con evidente falta de competencia en los mercados. Una economía con un más que deficiente sistema de gobernanza corporativa en el sector privado que ha conseguido preservar altos márgenes empresariales a pesar de sus deficiencias competitivas mediante prácticas oligárquicas por no decir cosas peores. Un mercantilismo plutocrático cimentado en la connivencia entre las élites empresariales, políticas, sociales... con elevadas dosis de fragmentación del mercado basadas en todo tipo de clientelismos locales, que anula la capacidad creativa de la sociedad española.

Todo ello exige transformar nuestra economía para democratizar la innovación desbloqueando las fuerzas que impiden que exista una verdadera igualdad de oportunidades en todos los sentidos económicos y sociales. La mayor parte de los ciudadanos españoles pierden con la pervivencia de un sistema que preserva demasiados intereses creados.

Europa, por último, es el único espacio en el que podemos librar y ganar esa batalla para salir de la crisis por una senda progresista que conduzca a un futuro, o cuando menos a un nuevo ciclo económico, de crecimiento y mayor cohesión social y bienestar.

La famosa paradoja de Rodrik,¹⁹ lo que él en inglés llama trilema —la imposibilidad de perseguir simultáneamente el triple objetivo de democracia, capacidad soberana de decisión en el Estado-nación y una mayor globalización—, explica bien la trampa en la que ha caído Europa. Más globalización exige renunciar al Estado-nación o a la democracia. Una mayor democracia conduce a optar entre profundizar en el Estado-nación o globalizarse. Más Estado-nación exige elegir entre más democracia o más globalización, pero no ambas. Para avanzar en democracia en globalización es preciso, concluye Rodrik, crear una comunidad política global mucho más ambiciosa que nada de lo que hayamos conocido hasta ahora, para reemplazar el Estado-nación, claro.

El trilema impone la necesidad de una actuación coordinada en Europa, no sólo en ámbitos en los que la actuación supranacional es evidente o incluso se ha consolidado de manera natural, como el medioambiental, la lucha contra el cambio climático o la erradicación de la pobreza en el mundo, sino también para lograr objetivos de dimensión doméstica y nacional que también exigen herramientas supranacionales, como la gestión de la crisis del euro ha demostrado, y para avanzar hacia la construcción de una sociedad del desarrollo y de la calidad de vida y no del crecimiento.

Aplicado a nuestro país y a Europa, se puede deducir que en el complicado momento en el que estamos en Europa (y muy en especial en los países que conforman el euro), el mantenimiento de unos Estados-nación con soberanías imperfectamente compartidas a escala comunitaria, en el también imperfecto corsé del euro, combinadas con globalización están afectando a nuestra calidad democrática. Estaríamos en un estadio intermedio en el que la imposibilidad de crear incluso a escala europea esa comunidad política global estaría debilitando la calidad de la democracia, tal y como vemos cada día. La ciudadanía desconfía de la política con razón porque en su espacio —el nacional— no puede adoptar decisiones. Una incapacidad que debilita a la democracia.

Así que es en Europa, también en crisis, donde además debemos construir una unión política que contenga los elementos de unión económica —con todos sus ingredientes, fiscal, bancaria, monetaria— y que permita compatibilizar globalización y democracia, reforzando nuestro sistema democrático, pero con menos Estado-nación, claro.

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Medio siglo de cambios en la izquierda y en el mundo

Los dos gobiernos del PSOE

La España actual, con todas sus virtudes y defectos, sería muy distinta sin la labor política desarrollada por la izquierda desde la Transición. La sociedad española es plenamente consciente de que la izquierda española ha modernizado nuestro país, básicamente por los gobiernos del PSOE, en dos períodos de gobierno. El primero, sin duda, el de mayor calado y trascendencia, aunque también por su duración y la naturaleza de las transformaciones que le tocó vivir y gestionar. Un primer tiempo que perdura con claridad en la memoria colectiva porque fue el que fraguó los dos grandes objetivos que nuestro país había perseguido durante siglos: la consolidación democrática y la integración de pleno derecho, la homologación, con Europa. Dos hechos más que suficientes y también extraordinarios, casi irrepetibles, como el primer acceso de la izquierda al gobierno democrático del nuevo período democrático, que justifican por sí solos la consideración de Felipe González como el mejor político de nuestra historia moderna, y a sus gobiernos, sobre todo a los primeros, como auténticos dream-teams de la política española. Un período brillante y largo, casi catorce años de gobierno, que también tuvo sus claroscuros.

El segundo período fue distinto, un eslabón adicional en la alternancia democrática, menos extraordinario por tanto, que supuso una gran labor de apertura democrática de libertades y derechos civiles y sociales, que se impuso electoralmente en dos ocasiones y que superó brillantemente algunas hipotecas de los gobiernos del período inicial. Sin embargo, la crisis que estalló en 2008 y lo que ocurrió hasta las elecciones generales de 2011 y algunas debilidades —por ejemplo en la confección de equipos frente al período de Felipe González, o en materia de comunicación— aceleraron su fin, aunque estoy convencido de que con el tiempo se reconocerán los importantes avances logrados en un período de profunda transformación de la naturaleza y conciencia social de los españoles. Si Felipe González transformó España para siempre hacia lo que siempre quiso ser, europea y democrática, José Luis Rodríguez Zapatero hizo lo propio con los españoles, a pesar de la crisis, colocando a nuestra sociedad en la vanguardia global de las libertades.

En definitiva, dos períodos muy distintos durante los que la vocación transformadora de la izquierda, a pesar de sus luces y sombras, es innegable, y su saldo neto, claramente positivo. Hasta 1982, también, la izquierda fue imprescindible para completar el inmenso progreso colectivo alcanzado bajo los gobiernos de la Unión de Centro Democrático (UCD), el PSOE y el Partido Comunista de Santiago Carrillo, un progreso materializado en la aprobación de la Constitución de 1978.

Después de las elecciones generales de 1982, la UCD desapareció sin herederos claros, aunque la derecha siempre la haya reivindicado para blanquear su pasado de inmovilismo. Sus miembros siguieron diferentes caminos. Algunos siguieron a Adolfo Suárez al ya desaparecido Centro Democrático y Social (CDS); otros al PSOE, como los socialdemócratas de Francisco Fernández Ordóñez o Javier Moscoso del Prado y Muñoz, y algunos, tras formar otros partidos y formaciones como el Partido Democrático Popular (PDP) o el Partido Liberal (PL), acabaron integrándose junto a los herederos del régimen de Alianza Popular (AP) en el actual PP, la gran casa de la derecha española en la que AP aportó la cultura organizativa, los cuadros y el ideario de oposición realizada desde las primeras elecciones en 1977 a prácticamente todos los avances democráticos, sociales y civiles alcanzados.

Fueron años de intensa modernización, aproximación y convergencia al modelo de democracia partidista vigente en Europa desde la segunda mitad del siglo XX, un proceso que en España comenzó casi con dos siglos de retraso. Años de secularización, progreso social, universalización de las prestaciones básicas y una profunda reforma del modelo territorial. Años de profundas transformaciones también.

Cuatro décadas de transformación social

En España como en el resto de Europa los ciudadanos urbanos ya no son como eran hace cuatro décadas. El mundo urbano de izquierdas en el que trabajadores, comerciantes, pequeños profesionales y funcionarios vivían ordenadamente identificándose mutuamente y construyendo paso a paso el Estado del Bienestar ya no existe. Han desaparecido muchos de los vínculos sociales, sindicales o de vecindad que existían; son ahora espectadores pasivos de los medios de comunicación, unos medios básicamente conservadores, populistas, costumbristas de la peor especie. Las relaciones sociales y políticas fundamentadas en el lugar de trabajo —en combinación con el origen social y el entorno de clase incluso— han desaparecido en la izquierda con mucha más claridad que en la derecha, que aunque también se haya transformado mantiene sus élites y estructuras intactas. Otra manera de verlo es que hemos pasado de una economía industrial a una de consumidores. De una sociedad en la que el trabajo marcaba tu posición a otra en la que lo más determinante y único relevante es la riqueza y la capacidad de consumo sin atender al origen de esa riqueza.

Ludolfo Paramio²⁰ recuerda las consecuencias de las transformaciones que llevaron a una sociedad industrial caracterizada por el taylorismo —en España en menor medida que en la Europa del norte o central— a los cambios sociales y la confrontación generacional de Mayo del 68, fecha que marcó el primer alejamiento de los jóvenes y de ciertas vanguardias de los movimientos tradicionales de la izquierda europea y de la socialdemocracia en particular. Si Mayo del 68 fue una crítica antiautoritaria, el 15-M es algo diferente, una indignación por el estatus perdido o no alcanzado que tiene dosis de conformismo, de frustración porque el sueño consumista ha acabado, y que contiene también importantes dosis de crítica al sistema democrático y de desconfianza profunda sobre todo el sistema institucional actual al que, sin embargo, y por suerte, no ha sido capaz de ofrecer alternativa.

Ya entonces, en 1968, los problemas para incluir la variable medioambiental en la fórmula progresista —germen del potente Partido Verde alemán, por ejemplo—, la participación junto a aliados en guerras —Vietnam, muchas más después—, las consecuencias de las crisis del petróleo de la década de 1970 provocaron los primeros cataclismos de la izquierda y mostraron las dificultades de adaptación a la realidad que experimentaba con frecuencia. En España la socialdemocracia no gobernó entonces, pero esos problemas, aunque fuera con retraso, también acabaron apareciendo. Los primeros gobiernos de Felipe González resolvieron con pericia cuestiones como la industrial (reconversión) o la militar (OTAN).

La desaparición de la clase trabajadora

Para José Andrés Torres Mora, el capitalismo ha mutado organizativamente y la izquierda, las casas del pueblo, han sido sustituidas por iglesias evangelistas. Es más, Torres Mora considera que históricamente España no ha sido nunca progresista. El mundo rural siempre ha sido muy conservador, y los herederos de los emigrantes que abandonaron el mundo rural durante el franquismo han votado a la derecha como habrían hecho sus padres y abuelos si alguna vez hubieran tenido derecho a hacerlo y aunque no supieran leer ni escribir. La pesada herencia de siglos de subdesarrollo respecto al resto de Europa, del freno a la Ilustración y del fracaso de la revolución industrial no puede ser digerida en tres décadas de democracia. Los signos de ese poso reaccionario y de derechas se contemplan también en la izquierda. Los partidos de izquierdas han demostrado comportamientos claramente reaccionarios durante décadas, clientelismo, amiguismo, bloqueo de democracia interna, juego poco limpio en los procesos internos de elección de direcciones.

Para algunos autores, el en ocasiones demasiado fácil abandono de los tantísimas veces mencionados y sagrados «principios y valores fundamentales de la izquierda» a la hora de gobernar oculta una tendencia conservadora. Con todo, incluso para los más escépticos, la izquierda española ha sido el principal motor de la modernización de nuestro país durante los más de treinta años de democracia que llevamos viviendo, en ocasiones con unos protagonistas que en sus evidentes carencias reflejan la oscuridad y el elitismo del mundo del que veníamos, unos patrones que son los de nuestra sociedad todavía en evidente transformación y homologación con la de países que disfrutan de las libertades desde hace más generaciones, tosquedad que no es ajena a ninguna ideología.

Torres Mora y Paramio aciertan cuando destacan la pérdida de las clases medias como el principal problema para la izquierda. Pérdida porque la sociedad ha cambiado y los caladeros tradicionales de votos ya no están donde acostumbraban a hacerlo, y pérdida porque, en consecuencia, cuesta más afinar el mensaje y el proyecto cuando se trata de componer una mayoría más diversa y plural que nunca —más adelante Matt Browne vuelve sobre ello—. Y pérdida también porque el exceso de endogamia en los partidos y en el sistema institucional de nuestra democracia en general ha dificultado la consecución de las cotas de excelencia que la sociedad y el electorado de izquierdas exigen, y que la actividad política nunca debió perder.

Puede parecer entonces que la izquierda no ha cambiado tanto como el mundo, como nuestra sociedad, mientras que la derecha se aferra mejor a la vertiginosa realidad porque ofrece certezas y realidades aunque sean reaccionarias porque vivimos en un mundo de incertidumbres. Así, aunque la crisis sea la consecuencia de la visión de la derecha de las finanzas y de la desregulación global, una asustada ciudadanía sigue pensando que con la derecha la economía irá mejor y habrá más empleo que con la izquierda, los socialistas o los socialdemócratas. En Estados Unidos, en la campaña de reelección de Barack Obama, y a pesar del destrozo económico heredado de los años de George W. Bush, e incluso del regreso al crecimiento forjado con políticas muy distintas a las que la Europa de la austeridad ha puesto en marcha, Mitt Romney siempre obtuvo una mejor valoración que Obama en las encuestas sobre capacidad de gestión de la economía.

Como señala Jordi Sevilla, por ejemplo, no existe ningún principio ideológico por el cual sea más progresista un gasto público del 52 por ciento del PIB que uno del 48 por ciento. Por esta razón, la revisión de las políticas públicas utilizando principios de eficiencia y equidad debe ser un objetivo importante para una izquierda que considere importantes los fines y no los instrumentos, sean éstos el tamaño del Estado, su equilibrio presupuestario o los mecanismos de producción directa. Para la izquierda lo importante es el conjunto, el objetivo, la tendencia, y no el tamaño. La política debe seguir unos objetivos, mientras que lo instrumental debe adaptarse al tiempo, a las nuevas realidades sociales o de otro tipo como la globalización, aprendiendo de los errores del pasado.

Es evidente que la maquinaria conservadora de generación de marcos de referencia²¹ ha logrado identificar a la izquierda con el gasto público, el déficit y las subidas de impuestos a pesar de no ser verdad. En realidad, no hay nada mejor para acabar con el Estado del Bienestar que financiarlo con deuda, como ya dijo el socialdemócrata sueco y premio Nobel de Economía Karl Gunnar Myrdal hace ochenta años.

Izquierda y modelo de crecimiento

Nuestro país y el mundo han cambiado tanto que desde la izquierda no nos debe asustar buscar y exigir respuestas distintas a los problemas de nuestra democracia. Respuestas que se replanteen casi todo.

Y probablemente, lo prioritario sea formular una alternativa sólida y consistente de crecimiento sostenible, de desarrollo frente al crecimiento estadístico sin matices, que tome nota de los errores y fracasos del último ciclo y que garantice un futuro mejor para las siguientes generaciones.

Desde la crisis económica de la década de 1970, con frecuencia se acusa a la izquierda de no tener un modelo alternativo de crecimiento, de saber distribuir pero no producir, lo cual no es verdad. Con todo, esa afirmación encuentra eco fácil en la memoria histórica de oposición de los movimientos obreros al capitalismo industrial y a sus consecuencias sociales, o a su manera de comportarse explotando trabajadores, a la naturaleza y en ocasiones a naciones enteras. La historia ha demostrado que las crisis no han desaparecido y que la mejor manera de crecer de manera sostenible es distribuir la riqueza y reforzar la igualdad de oportunidades para garantizar el ejercicio de la libertad en todas sus variantes, también la económica y el emprendimiento. Crecer hoy exige dos elementos irrenunciables: capital humano —conocimiento— y buenas instituciones.

Un buen ejemplo y definición del nuevo tipo de crecimiento económico que debemos perseguir —y que responde mejor a la definición de «desarrollo económico»— es el utilizado en la ponencia de la Conferencia Política celebrada por el PSOE en noviembre de 2013:²² «Pero para ello es necesario un cambio de rumbo en las políticas públicas para que propicien lo antes posible el desarrollo económico y que dicho crecimiento sea sostenido y duradero, que permita planificar el futuro y crear la confianza necesaria para las generaciones futuras. Que sea equilibrado, tanto con el entorno y el medio ambiente como ser en la distribución de la renta, presente y futura, y que palíe los desajustes de los ciclos económicos. Que sea integrador, que refuerce la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos (educativo, laboral, social, etc.) y a lo largo de todo el ciclo vital —de la infancia a la vejez—; que garantice el acceso de todos y todas en condiciones de igualdad a los servicios esenciales; a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, comprometidos con las personas con discapacidad y quienes sufren pobreza y riesgo de exclusión; en definitiva, comprometido con la diversidad, la igualdad y la pluralidad». En definitiva, un «desarrollo económico equilibrado y sostenible», porque «las evidencias empíricas demuestran que las sociedades más cohesionadas son las más prósperas y eficaces».

Es cierto que las pesimistas teorías de las décadas de 1970 y 1980 sobre el límite del crecimiento, que dieron lugar a interesantes debates y conceptos como el del «crecimiento cero» acuñado por el Club de Roma, han quedado hoy en segundo plano, aunque autores como Tim Jackson²³ han reabierto la cuestión.

Aunque el concepto de crecimiento cero del Club de Roma haya quedado cuando menos aparcado por el intenso crecimiento de las últimas décadas y el avance tecnológico y energético que parecía garantizar una sociedad de rentas altas prácticamente global, la crisis ha vuelto a poner de manifiesto los evidentes límites que existen.

¿Prosperidad sin crecimiento?

Por ello merece la pena repasar las ideas de Tim Jackson sobre el dilema del crecimiento, recogidas en su trabajo Prosperidad sin crecimiento.

Jackson sostiene que el crecimiento económico registrado en las últimas décadas es insostenible, tanto porque vivimos en un planeta finito como por el modelo económico dominante. No sólo por razones ecológicas. Así, los recursos pudieron ser reemplazados por tecnología hasta el final del siglo XX, pero ya no es posible seguir haciéndolo. Esta tendencia ha cambiado y las commodities —materias primas— suben de precio. En su opinión en el siglo XXI comprobaremos que las commodities baratas se han acabado para siempre.

Su planteamiento continúa con la afirmación de que el crecimiento ya se había parado antes de la crisis financiera de Occidente. La combinación de crisis de crecimiento, inestabilidad financiera, aspiración insostenible a acumular más y más bienes contra deuda y crédito habría llevado a una situación insostenible, sistémicamente imposible. Es innegable que el crecimiento aporta infinidad de elementos positivos a la sociedad. El crecimiento es la principal variable explicativa de la mejora de las variables relevantes en los países pobres hasta que alcanzan los 5.000 dólares de renta per cápita, en los que la renta sí marca la pauta del bienestar humano de esas sociedades. Sin embargo, a partir 10.000-15.000 dólares per cápita la correlación se debilita o incluso se invierte en algunos indicadores clave; por ejemplo, la esperanza de vida al nacer en Reino Unido es menor que en Costa Rica.

Jackson cree en la inestabilidad intrínseca del modelo económico imperante, hecho que oculta el verdadero y profundo dilema, porque el decrecimiento y la crisis son inestables. Así, perseguimos el crecimiento porque no hay nada mejor, porque el decrecimiento es inestable, porque no existe otra alternativa.

Jackson denomina «economía del colapso» a la búsqueda desenfrenada del aumento de la productividad del trabajo, que si se alcanza provoca efectos sobre todas las demás variables —nivel de empleo, recaudación fiscal, gasto público...—, provocando consecuencias que cada vez con mayor frecuencia son negativas, como la deslocalización o el aumento de la desigualdad. Sin embargo, buscamos el crecimiento porque el estancamiento o pérdida de renta es todavía una alternativa peor.

En mi opinión es evidente que la consecución y el soporte de la actividad económica alimentando el consumo contra endeudamiento no implica crecimiento sino un adelantamiento del consumo del futuro al presente. Cuando la carga financiera se vuelve insostenible, se acaba produciendo una crisis de endeudamiento como la actual, de la que se tarda en salir porque exige el desapalancamiento de los agentes económicos. Sin embargo, a pesar de las limitaciones físicas y espaciales de nuestro planeta, y de las evidentes debilidades del marco regulatorio y normativo global, de los fallos en gobernanza económica que no han sido corregidos desde que estallara la crisis en 2008, tengo dudas sobre los límites al crecimiento porque soy básicamente optimista respecto a los avances que puedan lograrse en el futuro como resultado de la evolución tecnológica en todo tipo de ámbitos, como el energético, y los que puedan garantizar la mejora constante de la calidad de vida sin extenuar los recursos naturales y el espacio, los dos recursos indiscutiblemente finitos. En este sentido, en cuanto al avance de la tecnología y a su disponibilidad futura, quizá soy más optimista.

Crecer es distinto que adelantar consumo contra deuda. Es evidente que el consumo material infinito es insostenible, sin duda una estrategia suicida si se hace contra crédito, como auspició el sistema financiero en el anterior ciclo, y sin que regulador alguno advirtiera a tiempo sobre lo que estaba pasando. Hoy la de deuda acumulada sobre consumo pasado es inmensa, inmobiliaria pero también de otro tipo.

Entre los progresistas, el presidente Bill Clinton se caracterizó por lograr mejorar claramente los indicadores económicos de su país utilizando ese recurso, el crédito para consumo y compra de vivienda. Después, se volvió a demostrar que endeudarse para generar más y mejor capacidad productiva no tiene nada que ver con endeudarse para consumir bienes duraderos como se hizo durante el mandato de Clinton.

Volviendo a Jackson, concluye que para garantizar una economía estable y mejor, y un bienestar humano real sostenido en lo que él llama «prosperidad sostenible», hay que alcanzar tres grandes objetivos.

En primer lugar, es necesario referirse a la idea de prosperidad mejor que a la de crecimiento. Prosperidad es calidad de vida, no es sólo crecimiento material, consumo, es más que esto, es salud social y psicológica, participación en la sociedad, es el arte de vivir bien en un planeta finito. El reto es construir una economía que sirva a ello: empresas, inversión y recursos deben trabajar para lograr ese fin de prosperidad. Así, con empresas que sirvan a la gente, en salud, educación, rehabilitación de vivienda, servicios de mejora de vida (ocio, cultura, prestaciones sociales como la dependencia u otros).

En segundo lugar, pues, una economía de la prosperidad debe orientar la actividad económica hacia los sectores que no implican acumulación material, que no aumentan el impacto sobre la naturaleza, en general también sectores ricos en empleo como el que antes citaba, el de la dependencia o los servicios entre personas. Sectores con mucho empleo y bajas emisiones, perjudiciales para la naturaleza. Ello conduce a invertir con la lógica de inversión sobre un modelo de futuro distinto en los sectores verdes, en energías renovables, transporte público, naturaleza, servicios en empresas dedicadas a la prosperidad.

En tercer lugar, quizá lo más difícil de conseguir, lo que choca más con la inercia en la que vivimos, Jackson considera imprescindible transformar también la naturaleza del sistema bancario y financiero, y del sistema monetario y financiero por el que se genera el dinero, la oferta monetaria. Jackson considera que la naturaleza del dinero es compleja e inestable —el 90 por ciento se genera vía crédito—. Es evidente que el campo de la banca ética, de los otros tipos de créditos, de la inversión cívica, constituye todavía un campo sin explorar en el que la izquierda debe adentrarse con valentía. No hay que olvidar que John Maynard Keynes²⁴ alertó sobre la inestabilidad intrínseca de la economía de mercado hace más de ochenta años.

Es interesante detenerse en un último elemento, el que podríamos denominar «macroeconomía sostenible», y en lo que implicaría en materia de oferta de dinero, de crédito y endeudamiento, de fiscalidad. Enfoque de sostenibilidad que puede también utilizarse para analizar otros ámbitos como, por ejemplo, el comercio internacional. Porque ¿ha existido alguna vez un verdadero comercio justo?

Las conclusiones de Jackson son claras, no cree que exista ni vaya a hacerlo tecnología para garantizar un crecimiento exponencial, considera que no es posible alcanzar los niveles de bienestar occidental en todo el mundo, y que la inestabilidad del sistema económico actual, de la economía, lo hace inalcanzable.

Esta reflexión, auque genere algunas dudas, sirve para destacar las debilidades estructurales de la economía presente y las consecuencias para el crecimiento y la sostenibilidad a medio plazo de algunas decisiones muy recientes. Por ejemplo, de la austeridad, en un momento en el que la inversión productiva, en innovación, educativa, sufre sus consecuencias mientras se desvían recursos, que podían ser muy valiosos para converger hacia esa prosperidad, a instituciones financieras quizá insostenibles. Todo ello mientras las empresas no consiguen recursos para salir adelante, de ninguna manera, ni sostenible ni insosteniblemente, realidades que demuestran la necesidad de reforzar el papel del Estado, del sector público, y de regular bien.

El crecimiento permite redistribuir renta y distribuir bienes y servicios, satisface necesidades humanas crecientes y mejora calidad de vida, creatividad y ocio. El desafío del siglo XXI es convertir ese crecimiento en lo que la idea de desarrollo económico anterior implica para alinear el desarrollo económico global con los valores y principios de una sociedad democrática justa.

El lenguaje propio de la izquierda

Cambios sociales, gestión económica, relación con la sociedad, organización del partido y de sus instrumentos, consecuencias de la globalización, generalización de las nuevas tecnologías en una democracia mediática... Todos estos ámbitos constituyen un reto para la izquierda. Cuando Tony Judt se pregunta qué es la izquierda, qué espacio le queda, responde que la socialdemocracia necesita trabajar por el prestigio del Estado, debe reconstruir un lenguaje propio y encontrar un relato moral acorde con los tiempos actuales. Ello exige cambios en el proyecto y también en la organización. Judt cree que la socialdemocracia tenía un lenguaje propio, un discurso, para hablar de injusticia, desigualdad, deslealtad, inmoralidad; un discurso del que, según él, ha renunciado. Yo no creo que haya sido así; está ahí, aunque es verdad que con frecuencia ha quedado sepultado bajo elementos que poco o nada tienen que ver con la raíz de los problemas y el discurso de la izquierda.

Una visión positiva de la izquierda o de la construcción de la socialdemocracia debe mostrar su enorme capacidad de evolución y adaptación durante dos siglos. Una historia de éxito, incluso cuando Judt reconoce en Algo va mal que la socialdemocracia se ha convertido en la prosa de la política europea, porque muy pocos políticos no asumen como propio el núcleo de supuestos socialdemócratas sobre las obligaciones del Estado por mucho que difieran sobre su alcance.

La izquierda es libertad

Cuando Fernando de los Ríos viajó a la Unión Soviética junto con otros dirigentes del PSOE en 1920, en un momento en el que los socialistas europeos se preguntaban qué hacer tras el fracaso de la Segunda Internacional y ante la recién creada Tercera Internacional, se reunió con Lenin en una entrevista de carácter histórico que se resume en la frase del dirigente soviético: «Libertad, ¿para qué?». Lo que sucedió después muestra como el ansia de libertad se impuso incluso a costa de romper para siempre, como se hizo entonces, con la potencia que, todavía muy joven y apenas erosionada por el ejercicio del poder, simbolizaba los sueños de buena parte de la población occidental víctima de la explotación y las peores de las injusticias. En España —y en Europa—, ahora y desde hace mucho, la libertad fue y es bandera de la izquierda, durante décadas y hasta la Transición en solitario o prácticamente sola.

Jordi Sevilla²⁵ recupera este episodio con detalle, reflexionando sobre las definiciones de libertad que en este mundo, en cambio constante, también deben ser no matizadas sino explicadas, dotadas de contenido real frente al concepto en sí. Así, Isaiah Berlin, distingue entre libertad formal y libertad real al plantear para qué sirven la libertad o los derechos si no son ejercibles. Lo que da lugar a la mejor definición de libertad, la de Philippe van Parijs. Para él, «se es realmente libre, en oposición a ser formalmente libre, en la medida en que se poseen los medios, no sólo el derecho, para hacer cualquier cosa que uno pudiera querer hacer».

Libertad que puede ser vista desde otras perspectivas. Libertad positiva por ejemplo, que consiste en decidir quién gobierna; es la antigua libertad de las polis griegas. La libertad de participar en el ámbito colectivo con suficiente autonomía como para poder adoptar las decisiones sin ser coaccionado. La libertad negativa responde a una visión más individualista propia de los Estados modernos, es una libertad que defiende el espacio privado o individual, es libertad frente a la colectividad, es un pacto de no injerencia en lo propio más allá de unos límites pactados.

Para la socialdemocracia la libertad es la posibilidad de que todas las personas puedan llevar adelante el proyecto personal de vida que deseen. Las políticas socialdemócratas o de izquierda desarrolladas por las instituciones perseguirán ese fin. La libertad individual, entonces, es un producto social. Ello exige instituciones que garanticen el funcionamiento y ejercicio de las libertades políticas de manera segura y efectiva, y exige también que existan oportunidades reales objetivas para desarrollar esos proyectos individuales. La libertad real, por tanto, depende de la existencia y ejercicio pleno de las libertades formales civiles y políticas. Dando un paso más, el Estado del Bienestar es para los socialistas el conjunto básico de bienes o prestaciones o garantías al que todos los individuos deben tener acceso —o deben poder beneficiarse de— para disfrutar de una libertad real.

Estado del Bienestar

Un Estado del Bienestar que debe ser valorado no sólo por su contenido —políticas concretas— sino por sus resultados, y que debe ser objeto continuo de revisión y mejora, puesto que la consecución de la libertad real exige elementos diferentes a medida que la sociedad y el mundo se transforman. Así, hay ámbitos del funcionamiento de nuestra sociedad que exigen profundas reformas para garantizar la igualdad efectiva de oportunidades (por ejemplo, las prácticas oligárquicas en todo tipo de mercados de bienes y servicios, muy en especial en el de trabajo, en el que a igual formación, mérito y capacidad no existe igualdad de oportunidades ni por asomo—) con otras destinadas a ampliar el espacio de libertades y que hoy centran el debate de la izquierda, como por ejemplo la creación de una renta básica de ciudadanía.

No pretendo teorizar sobre el Estado del Bienestar, hay mucho escrito sobre ello,²⁶ así como sobre la dinámica mercadoEstado, bienes públicos, externalidades, fallos de mercado o economía pública.²⁷ En cualquier caso, el Estado del Bienestar debe ser financiado mediante un sistema fiscal que asegure su suficiencia, sin déficit. Un sistema fiscal que tenga en cuenta la globalización y que sortee la evasión fiscal que la internacionalización, la movilidad de capitales y la debilidad de los Estados-nación, sobre todo en la UE y en la zona euro, generan. La erradicación de los paraísos fiscales y del fraude debe acometerse a escala global o supranacional. Por ello, los instrumentos de recaudación fiscal deben evolucionar y adaptarse a la actualidad. Asimismo, las políticas de redistribución con base fiscal deben tener en cuenta que los países más libres e igualitarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) —por ejemplo Japón— no son los que tienen más gasto público sobre el PIB, porque su funcionamiento económico es igualitario en origen (en particular poco desempleo y poca dispersión salarial). La consecución de una sociedad con altas cotas de igualdad antes de que los instrumentos redistributivos y del Estado del Bienestar intervengan es un objetivo claro para la izquierda, persiguiendo una mayor igualdad en la «predistribución», como se ve al final del libro.

La izquierda hace suyas estas conceptualizaciones de su ideal de libertad que, en síntesis, consiste en garantizar el ejercicio de la libertad asegurando la igualdad de oportunidades en dos ámbitos fundamentales en los que el Estado desarrolla su actuación: el político, de derechos fundamentales y democrático, y el socioeconómico, que exige un grado intenso de intervención pública. Todo lo demás queda inscrito en el ámbito de lo privado y personal.

Igualdad

Es necesario reflexionar también sobre los conceptos de equidad e igualdad, que a pesar de su proximidad conceptual tienen significados distintos. La equidad introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. De este modo obliga a plantearse los objetivos que se deben seguir o conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa. Una sociedad igualitarista que aplique la igualdad de modo absoluto será una sociedad injusta por no tener en cuenta las diferencias existentes entre personas y grupos.²⁸ De la misma manera, una sociedad en la que las personas no se reconozcan como iguales, tampoco podrá ser justa. Para Amalia Valcárcel, «la igualdad es ética y la equidad es política». La igualdad es un concepto ético y la equidad es campo de la política. Fiscalmente, por ejemplo, desde una perspectiva de igualdad la carga fiscal sería la misma para todos —mismo tipos—, mientras que desde la perspectiva de la equidad se justifica la progresividad de los tipos impositivos. Del mismo modo, la igualdad de género como principio u objetivo no sólo es perfectamente compatible, por razones de equidad, con la discriminación positiva, por ejemplo, sino que la exige. Lo mismo puede decirse de la igualdad de oportunidades, que exige política, mucha política.

Con todo, la igualdad es un concepto difícil. ¿Igualdad, de qué?, como se planteó el premio Nobel de Economía Amartya Sen, y que Jordi Sevilla sintetiza en tres tipos: igualdad de bienestar, de recursos y de capacidades.²⁹ Simplificando al máximo, implicarían la redistribución de la renta, la compensación por el desigual disfrute de bienes públicos y la garantía de formación de máximo nivel, respectivamente.

Bobbio considera que el socialismo democrático, la socialdemocracia, persigue una igualdad que él califica como «sustancial», algo que comprende tanto la igualdad ante la ley como la consecución del principio de igualdad, aunque nunca se consiga plenamente. La igualdad real.

La igualdad de oportunidades, sin duda el concepto más utilizado hoy en este ámbito en política y lenguaje social, abrazado incluso por la derecha para justificar la meritocracia y la promoción social sin intervención política alguna, es insuficiente si se traduce simplemente en un principio de no discriminación, necesaria pero no suficiente, porque la posibilidad real de ascender sin actuación pública está restringida a unos pocos.

La izquierda desea garantizar la libertad real antes citada, lo cual exige políticas como las de educación —el origen social sigue siendo el principal elemento explicativo de las diferencias de resultados del alumnado—, que con todo resultan insuficientes debido al imperfecto funcionamiento de otras instituciones sociales, como el mercado de trabajo u otros, siguiendo el razonamiento de Pascual-Ramsay.

La igualdad para ejercer la libertad real —la igualdad en origen, como principio y objetivo— es fundamental para la izquierda democrática. La igualdad como resultado, el igualitarismo, no es alcanzable ni deseable.

El problema es que la igualdad en origen se ve afectada por la existencia de graves desigualdades sociales y diferencias culturales heredadas que condicionan absolutamente el resultado que los individuos puedan conseguir a partir de su mérito y esfuerzo. Además, la economía de mercado, el capitalismo como sistema hegemónico, genera desigualdades que nada tienen que ver con el mérito o la capacidad de los ciudadanos sino con todo tipo de variables, de la misma manera que provoca crisis que exacerban esas diferencias. Esta condición intrínseca del capitalismo es el origen del trabajo de Karl Marx,³⁰ y de tantos otros después que han estudiado la distribución social de la renta, la relación entre capital y trabajo y la consideración de otros factores que explican la distribución del poder (John Kenneth Galbraith). «De cada cual según sus necesidades, a cada cual según sus necesidades», dijo Marx. Aunque nunca se llegara a alcanzar en el comunismo, ése era el objetivo que debía primar cuando se alcanzase la idílica sociedad comunista posrevolucionaria.

Hoy, lo importante es saber y ser consciente de que en la economía capitalista incluso en su modalidad social de mercado, vigente en muchos países europeos y abierta a la globalización, tanto la desigualdad como la inestabilidad son rasgos propios e inevitables que exigen políticas de izquierda para mitigar sus efectos con justicia. La derecha defiende cierta especie de derecho moral a recibir lo que cada uno percibe en función de su propia historia y capacidades, de manera que siente mucha menos propensión a corregir los, a veces, devastadores efectos de los mercados, que considera menos importante embridar. Hoy vivimos en una etapa plagada de buenos ejemplos.

Nuestra sociedad tiene poca memoria. Así, por ejemplo, hasta la explosión de la burbuja, una cuestión recurrente en el análisis económico y político de las clases medias era la cuestión del cansancio fiscal. En los años de bonanza y abundancia de trabajo es más fácil que se generalice la idea de que quien recurre a algún tipo de prestación social realmente no lo necesita. Al mismo tiempo, los más ricos se rebelan contra sus obligaciones fiscales mientras escapan hacia prestaciones que obtienen gracias a sus mayores recursos en el mercado privado; es la llamada rebelión de los ricos.

Hoy, por el contrario, frente a la rebelión de los ricos que tan de moda estuvo en la última década del siglo XX y en éste hasta la crisis, y que por ejemplo la Tercera Vía exploró en sus propuestas, vivimos tiempos de destrucción de la clase media, de ruptura del pacto social que garantizaba la financiación de las prestaciones, una evidente y preocupante ampliación de la desigualdad y un injusto —y sin duda irreversible para muchos— reparto de los costes de la crisis. En nuestro país, al mismo tiempo, seguimos teniendo un sistema fiscal que permite mucha evasión fiscal —además del fraude—, de modo que las rentas del capital, los beneficios de las empresas y de los profesionales que tributan mediante sociedades, aportan proporcionalmente mucho menos que los asalariados y sus rentas del trabajo. Hasta tal punto que, a pesar de lo elevadísimo de los tipos marginales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de que el gasto público sobre el PIB español estaba por ejemplo en 2011 tres puntos por debajo de la media europea (45,2 por ciento frente al 48,1 por ciento de media), los ingresos fiscales estaban ese mismo año casi ocho puntos por debajo (32,4 por ciento frente al 40,0 por ciento, según Eurostat).

Por ello, desde una perspectiva de izquierdas poco o nada se podrá hacer en nuestro país mientras no se acometa una reforma fiscal que garantice la equidad del sistema y que acabe con una realidad como la actual, en la que los asalariados declaran más ingresos que los empresarios. Es imprescindible un reparto de la carga tributaria bajo criterios de mayor equidad, y que socialmente sea mucho más aceptable que el actual.

Ciudadanía es fraternidad

En la línea de análisis trazada hasta ahora,³¹ a la libertad y la igualdad les sigue necesariamente la fraternidad. La fraternidad establece los vínculos entre los individuos que viven en una sociedad en la que los principios de libertad e igualdad dominan las relaciones políticas y sociales. En nuestro país es necesaria también mucha más fraternidad, convivencia, confianza en un proyecto común aquí y en Europa, doblemente federalizante, hacia arriba en Europa y también en nuestro país, para superar el bloqueo político del actual modelo territorial que provoca que el choque de fuerzas centrífugas y centrípetas paralice nuestro progreso como sociedad. Un proyecto de fraternidad que sea capaz de crear un marco colectivo anclado en el principio democrático, para prosperar como sociedad y hacer frente a los nuevos retos que irremediablemente se irán planteando, como siempre ha ocurrido.

La izquierda debe ser el agente defensor de los principios de tolerancia y solidaridad, respeto y sentimiento real de pertenencia a la comunidad. En una sociedad como la nuestra, en la que la diversidad es cada vez más uno de los principales elementos de caracterización, la ciudadanía entendida como garantía de derechos civiles y también sociales, la ciudadanía cívica, garantiza y caracteriza la identidad colectiva de todos los ciudadanos. Somos nuestros derechos y libertades democráticas tan largamente perseguidos, ésa es nuestra patria. El mundo identitario, rico pero también oscuro, lo dejamos para nuestro interior, para la intimidad, no para la política. Es la convivencia democrática en una sociedad diversa caracterizada por la fraternidad cívica, como apunta Jordi Sevilla.

Profundizando en el concepto de ciudadanía —y recordando de nuevo a Fernando de los Ríos cuando dijo en 1924 que el movimiento socialista estaba en deuda con el genial análisis del capitalismo hecho por Marx, pero que, sin embargo, éste dejaba «una pesada herencia que les embaraza y dificulta en su camino», en particular la lucha de clases—, De los Ríos continuaba construyendo una doble crítica a la «lucha de clases» porque esta lucha partía de una concepción equivocada de la sociedad que excluía la posibilidad de acuerdos y mejoras graduales y parciales en la situación de los trabajadores, y, en segundo lugar, porque «circunscribía al proletariado la base de las escuadras de los partidos socialistas», alegando que «el que el socialismo pueda hallar sus adeptos con menor esfuerzo entre los obreros en modo alguno autoriza a creer que haya que fundarse en una clase o grupo, ya que el socialismo es un ideal político al que se pertenece por motivos de ideas y no de clase». No puedo estar más de acuerdo con esta segunda afirmación todavía objeto de debate en algunos sectores de la izquierda.

En esta misma línea, T. H. Marshall considera en Ciudadanía y clase social³² que fueron la propia lucha de los trabajadores y sus conquistas, como la ampliación universal de los derechos civiles, políticos y sociales, las que dieron lugar a la aparición del concepto de ciudadanía.

Para Marshall, un modelo coherente de ciudadanía debe situar los derechos sociales al mismo nivel que los civiles y los políticos, siendo necesario el disfrute de los tres niveles o grupos con el mismo grado de legitimidad para poder alcanzar el ideal de ciudadanía plena.³³ Así, Marshall afirma que «la igualdad que implica el concepto de ciudadanía, aunque limitada en su contenido, socavó la desigualdad del sistema de clases que era, en principio, total». La ciudadanía es incompatible con el concepto de clase. La ciudadanía requiere unos vínculos de unión distintos basados en el sentimiento a una comunidad basada en la lealtad a unos valores superiores —civiles, políticos y sociales—, a una civilización que se percibe como patrimonio común. Una lealtad de ciudadanos libres, protegidos por la ley y dotados de derechos, aunque es evidente que en países como el nuestro estos derechos están muy definidos y protegidos en el ámbito político y de las libertades, pero no tanto en cuanto al espacio de los derechos sociales y económicos, como la crisis actual está demostrando. Aunque el propio Marshall en trabajos posteriores alerta sobre la dificultad práctica para conciliar los tres grupos de derechos —civiles, políticos y sociales— en los sistemas democráticos con Estados del Bienestar.

En cualquier caso, derechos sociales y económicos imprescindibles también para lograr ejercer con plenitud la ciudadanía. Ciudadanía plena que, hoy, corre el riesgo de ser disfrutada exclusivamente o incluso solamente en parte por aquellos que consiguen no quedarse fuera del mecanismo convencional del trabajo.

Poder, riesgos y amenazas en transformación

El mundo ha cambiado profundamente. Las relaciones económicas también. La globalización ha transformado el reparto del poder en el mundo; la naturaleza del conflicto y de las crisis que viviremos a partir de ahora van a ser muy diferentes. Los ensayos de Joseph S. Nye sobre el poder inteligente —smart power— y su categorización de las combinaciones de poderes duro y blando —hard & soft— o el más reciente de Moisés Naím El fin del poder abundan en las consecuencias geopolíticas y también de índole estrictamente doméstico de los cambios que estamos viviendo a escala global y de las que todos, la izquierda, Europa y nuestra sociedad en general, deben tomar buena nota.

La sociedad ha cambiado tanto que, como sostiene Ulrich Beck, predominan los riesgos y amenazas que ha producido la propia sociedad industrial en su evolución como «sociedad del riesgo», en ocasiones escapando al control de las propias instituciones que ha generado para gobernarse. La consecuencia de ello es que incluso el éxito de la modernización en sus ejemplos más claros produce nuevos riesgos.

Las consecuencias de esos cambios son de todo tipo. Desde el riesgo social o el aumento de la desigualdad provocado por la crisis, las consecuencias económicas de la globalización y el cambio tecnológico, o incluso el cambio climático, surgen nuevos vectores de transformación, algunos impredecibles. Así por ejemplo, analizando el cambio y la modernización desde otra perspectiva, autores como Daniel Innerarity aciertan cuando destacan que cada vez más son los individuos los que marcan la diferencia en las empresas, especialmente en aquellas que contribuyen a cambiar la realidad de manera profunda y a abrir nuevos campos para el crecimiento, el empleo, la innovación y el cambio. Fenómeno que también ocurre cada vez con más frecuencia en la política, en la que las organizaciones sociales o políticas, los partidos, sólo son capaces de dar giros audaces cuando son respaldadas por personalidades excepcionales que han logrado ascender hasta lo más alto de ellas.

Vivimos en un mundo en el que los «factores productivos» residentes como el trabajo cada vez cuentan con menos recursos para defender su statu quo frente a los factores móviles como la inversión, las sociedades mercantiles o simplemente el capital, el alimento de las finanzas gobalizadas.

Una izquierda siempre en cambio desde la razón

La izquierda se transforma constantemente para seguir siendo la izquierda porque el mundo lo hace; es necesario seguir el cambio, adelantarse a sus consecuencias incluso. La globalización lo transforma todo, también los cimientos económicos y productivos de nuestro sistema y, como consecuencia, la estructura social y política sobre la que nacieron y se fueron desarrollando los movimientos de izquierdas y en particular el único posible y exitoso desde los principios de la izquierda, la socialdemocracia. Paramio, Torres Mora y su análisis de la izquierda, desde la Transición o incluso antes, pero también Sevilla con su análisis que sigue el esquema libertad, igualdad y fraternidad en las sociedades modernas, muestran cómo ha cambiado el marco general en apenas una década, e ilustran la riqueza de una izquierda en alerta constante, consciente de su errores y de sus debilidades. En crisis, quizá, como nuestra sociedad.

Con todo, la izquierda es y será la de la razón ilustrada, la que a través del aprendizaje adaptado a la realidad de cada momento va proponiendo rutas para transformar desde la política la sociedad.

Debemos ser conscientes de los límites que incluso la razón presenta a la hora de resolver problemas, que no de diseñar soluciones. Algo que incluso el más radical racionalista debe asumir. Una izquierda consciente de los horrores que hemos vivido en Occidente desde la Ilustración, durante los últimos dos siglos —el lado oscuro de la modernidad, dice Sevilla—, una izquierda conocedora también de que la ciencia no ofrece respuestas para todo, como demostró Karl Popper, y de que se mueve siempre en condiciones de inmensa incertidumbre.

La izquierda debe ser consciente también de que el enfoque desde la razón sin más, sin principios éticos e ideológicos, puede conducir a la explotación (desempleo, desigualdad, subdesarrollo en otros países). La ciencia y la técnica no traen el progreso a la humanidad sin más; el progreso técnico sin principios no garantiza nada, como sucedió en la segunda guerra mundial cuando las sociedades más avanzadas en lo técnico e incluso en lo cultural superaron todos los límites de abyección moral de la historia de la humanidad.

Debe haber alguna vía para que la razón no se desvíe. Es más, debe haber alguna fórmula que lo garantice. Jordi Sevilla nos recuerda que para Alain Touraine la modernidad es un proyecto inacabado, que debe y puede dar mucho más de sí. ¿Cómo puede hacerlo? Para ello, continúa, hagamos nuestra la idea de la razón aceptada de Rawls y Habermas, que define reglas racionales para ordenar la sociedad. El mecanismo que proponen es el de la racionalidad que surge de acuerdos no condicionados entre seres humanos libres. Acuerdos sobre unas reglas y principios mínimos de convivencia, ordenación social y toma de decisiones colectivas. Por esta vía, la razón puede continuar dirigiendo y corrigiendo la obra de la modernidad, y también explicando cómo los individuos pueden decidir introducir de manera libre y pactada elementos de generosidad o redistribución.

El riesgo de la mercantilización de la sociedad

El segundo gran riesgo de la razón en la sociedad actual es el que la aboca a la mercantilización como otra manera científica de alejarse de lo moral. Una sociedad también en la que, como Michael J. Sandel³⁴ advierte, cada vez hay menos cosas que no se puedan comprar con dinero; una realidad difícil de conciliar con la exigencia de mejores y más hondos valores en la política, en las normas sociales. La mercantilización de las relaciones sociales y humanas las degrada, transforma su naturaleza, afirma Sandel, generando difíciles consecuencias éticas como, por ejemplo, dar papeles a inmigrantes que traen una determinada cantidad de dinero o adquieren un inmueble, privatizar la guerra contratando a empresas que se dedican a ello, acostumbrar a los niños a que se puede evitar hacer cola en los parques de atracciones pagando una cantidad extra, etc. ¿Es moral que los indigentes puedan vender sus riñones en el mercado a un precio determinado? Quizá sea algo inminente. Es lo que Sandel llama «el paso de la economía de mercado a la sociedad de mercado en todos los espacios» lo que aumenta la desigualdad, expulsa fuera del ámbito social actitudes que carecen de valor monetario (antes se hacía por principios morales o éticos), y desvirtúa actuaciones que antes no estaban mercantilizadas, como la atención sanitaria. Para parar este proceso es preciso destacar continuamente el valor moral de muchas cosas que antes, al no estar mercantilizadas, se compartían. La cultura es un buen ejemplo de ello, especialmente en Europa, donde es una seña de identidad.

No hay que olvidar que la mercantilización de todo, incluso del ser humano, acaba siempre llevando a su explotación. Y no creo necesario recordar las diferentes modalidades de explotación que experimentamos en Europa en el siglo XX bajo todos los autoritarismos que se sucedieron sin excepción —nazismo, fascismo, estalinismo...—, explotación junto con negación de cualquier grado de humanitarismo. La mejora permanente de la calidad de vida y de las condiciones terrenales gracias a la ciencia y el progreso técnico exige un refuerzo permanente del componente ético y humanista de nuestra sociedad democrática para evitar, no ya cometer los mismos errores del pasado, sino simplemente arriesgarnos a que puedan volver a producirse.

5

Ideología y ascenso social: una tesis

Es imposible reflexionar sobre la izquierda y no hacer referencia en algún momento al concepto de clase social. Vicente Navarro ha dicho que la desaparición del discurso de clases desarma a la izquierda, limitando su argumentación a la reproducción de los argumentos conservadores. Pero ya vimos también cómo Fernando de los Ríos, mucho antes, en 1924, creía que el concepto de «lucha de clases» constituía una herencia crítica porque «circunscribía al proletariado la base de las escuadras de los partidos socialistas», y estimaba que «el que el socialismo pueda hallar sus adeptos con menor esfuerzo entre los obreros, en modo alguno autoriza a creer que haya que fundarse en una clase o grupo, ya que el socialismo es un ideal político al que se pertenece por motivos de ideas y no de clase».

Ideología y clase social

Es la ideología, y no la clase social o el entorno objetivo de más o menos oportunidades en el que se ha nacido y crecido, la que determina el apoyo como principio a la socialdemocracia. Es más, cuanto más perfecta sea una sociedad regida por principios socialdemócratas, más habitual será la desvinculación entre ideología y clase, si es que sigue existiendo esa percepción de diferencia. La realidad es que en las sociedades más desarrolladas las clases sociales son mucho menos perceptibles, aunque existan muchas formas de desigualdad.

La socialdemocracia desarrolla su proyecto político de justicia social e igualdad de oportunidades con propuestas y medidas concretas, superando hoy el ámbito del Estado-nación y aunando en un mismo objetivo las ideas de libertad e igualdad.35 En este contexto, los socialistas creemos que la educación es el mejor instrumento de igualdad de oportunidades para lograr la equidad, pero no es suficiente.

Los que hemos crecido en el lado bueno de las oportunidades y somos socialistas, de izquierdas, socialdemócratas, porque ése es nuestro ideal político «al que se pertenece por motivos de ideas», según la definición de Fernando de los Ríos, sabemos que la clave de todo no es sólo la educación, sino todo lo que viene después en la vida, como el funcionamiento del mercado de trabajo o las barreras que levanta una sociedad excesivamente corporativista.

Esto es relevante fundamentalmente en España, donde crecer en el lado bueno de las oportunidades permite reconocer que éstas no siempre están vinculadas con la educación —que también—, sino más bien con las redes sociales que permiten subsistir accediendo a trabajos sin tener en cuenta para nada los principios de mérito o capacidad. Ésa es la clave de todo. El problema de esta realidad no es sólo que impide que los mejores asciendan socialmente, es también que buena parte de nuestras instituciones sociales y políticas no está dirigida, ni ha contratado o empleado, a los mejores, sino a los que están mejor situados socialmente o han sido capaces de movilizar con mayor habilidad sus dotes sociales en red, hasta el punto de que el bienestar total de la sociedad se resiente.

La igualdad de oportunidades depende de muchos elementos, entre los que destaca el entorno socioeconómico en el que se vive, en el que se dan las oportunidades. Porque las oportunidades no son transversales. Para aprovecharlas, hay que tener capacidad de hacerlo, y estar presente cuando se producen. El entorno suele ser mucho más determinante que la capacidad, hasta el punto de que hay oportunidades que sólo se producen para o a los ojos de unos pocos. Incluso, son oportunidades que no se habrían dado para otros. Así que debe haber igualdad de oportunidades, pero también oportunidades iguales para todos y no sólo para unos pocos; en definitiva, igualdad transversal.

Ésta es una realidad constante, incluso ante mecanismos de una objetividad y neutralidad aparentemente total como el sistema de oposición que garantiza la igualdad de oportunidades. Sí, pero sólo para los que llegan hasta el tribunal correspondiente y se presentan, pues es un sistema profundamente sectario y regresivo socialmente porque sólo permite que quienes cuentan con respaldo social y financiero y garantías de resistencia puedan aguantar lo que es preciso —hasta una década he conocido yo—, sin tener en cuenta ningún mérito previo objetivo, como por ejemplo las calificaciones o el currículum universitario.

Aunque la política debería ser cuestión de valores y principios, de modelo de sociedad, sigue muy ligada a nuestra tradición marxista de clase, una clase para cada ideología, una tradición que contamina la libertad de pertenencia a un colectivo ideológico u otro por razones de ideas. Esa tendencia es evidente. Así, en nuestro país, el ascenso social está sociológicamente vinculado con la orientación ideológica hacia la derecha.

Desde una perspectiva de izquierda, sorprende que muchos individuos sean de derechas porque creen que así ascienden socialmente, o que así dejan atrás su pasado más humilde, o que así lo olvidan y entierran mejor que si fueran de izquierdas.

A su vez, mientras, el ascenso social lleva a muchos a la militancia conservadora. Otros, en la izquierda, pecan de lo mismo incapaces de reconocer públicamente su privilegiada posición social, y remueven sus pasados o los de sus ancestros buscando orígenes humildes. Y es que una parte importante de la izquierda todavía desconfía de los individuos de izquierdas que han crecido o que han alcanzado por meritos propios cierto nivel en la escala de renta.

Claro que en aplicación de lo que sostiene Fernando de los Ríos, del mismo modo que la socialdemocracia se nutre de individuos de diferentes orígenes, además del de la clase trabajadora por razones de ideas, otro tanto podría pasar con la derecha. Lo que ocurre es que la realidad dista mucho del ideal defendido por De los Ríos, incluso entre la izquierda.

Izquierda y derecha en España

Y es que el juego izquierda-derecha sigue siendo uno de los motores dialécticos de nuestra sociedad, una compleja —y a veces confusa y plagada de tópicos— dialéctica. Porque, ¿cuál es la principal diferencia entre la izquierda y la derecha? En mi opinión, la principal diferencia que existe entre la izquierda y la derecha es la intensidad de su sentimiento de solidaridad hacia terceros y cómo canaliza ese sentimiento. Como decía en el primer capítulo, ser de izquierdas es indignarte ante la injusticia y la ignorancia, y querer acabar con ellas.

Las personas de derechas lo son por dos motivos principales. El más importante y más numeroso: simplemente en el sentido de que por razones personales, culturales, sociológicas, de entorno u otras son capaces de convivir con cierta naturalidad con la desigualdad en todas sus dimensiones. Son de derechas y punto. Como dice Torres Mora, les importa lo suyo; lo del resto, justo, y nada más, sean ricos o incluso pobres. La derecha, como todas las maneras de pensar, genera mecanismos de defensa o de autojustificación de sus actitudes. Su obsesión con lo que denominan mito de la superioridad moral de la izquierda, o el fin de la misma, es tan evidente que hasta organizan simposios sobre ello.³⁶ Así, es frecuente y es habitual en su lenguaje justificar su oposición a la creación de mecanismos que garanticen cierta solidaridad, reduzcan las desigualdades o garanticen la igualdad de oportunidades apelando a la cultura del esfuerzo, al mérito, a la defensa de la no intervención como fin en sí mismo o a la desregulación, en definitiva, justificaciones intelectuales para explicar la lógica de la desigualdad y dejar las cosas como están. Muchos lo dicen de buena fe, se lo crean más o se lo crean menos. Los ciudadanos genuinos de derechas están mejor capacitados para convivir con la desigualdad y no por ello son menos nobles en el sentido sustantivo de la palabra que otros. La gente de derechas suele ser cumplidamente ciudadana, ni más ni menos, y normalmente reacciona con intensidad desde su escala de valores y sus principios morales y culturales ante la desigualdad, dedicando más o menos tiempo y esfuerzo a la caridad, por ejemplo, o incluso al rezo. En este segundo caso, escucharemos que este mundo es injusto por naturaleza. Existe también un grupo de ciudadanos, menor creo yo pero relevante, que se sienten de derechas como respuesta y vía para sentirse partes de una sociedad o de un grupo del que en algún momento se sintieron excluidos con anterioridad. Es el ser de derechas para —dicho en términos castizos— dejar atrás el pelo de la dehesa o los complejos de clase que se pudieron sentir o padecer en determinadas etapas vitales. Es el querer ser de derechas como instrumento de ascenso social, creo que bastante fácil de identificar en España, que genera personalidades interesadas e insolidarias.

Si alguien se siente ofendido por estas líneas, es lo que creo. Si alguien echa en falta otras definiciones o categorías ideológicas, como la de los liberales, ya dije antes que no creía que hubiera demasiados liberales en la derecha española, porque en nuestro país habitan en la izquierda, y los que así se autodenominan en la derecha tan sólo constituyen un leve endemismo disciplinado y fiel servidor del intervencionismo moral y económico de su partido matriz.

La izquierda, a su vez, se caracteriza por creer que la solidaridad merece ser puesta en práctica, y que desde la razón se pueden articular medidas para reducir de modo justo y permanente las desigualdades. Ello exige políticas de intervención casi siempre pública, pero ello no quiere decir que la izquierda ame menos la libertad que la derecha, es más bien al contrario. Fue la izquierda al grito de libertad, igualdad y fraternidad la que comenzó a diseñar el Estado social moderno. Si la razón ha logrado tantos avances en medicina o física, ¿por qué no hacer lo mismo en nuestra injusta e imperfecta sociedad? Ésa es la clave de la izquierda: actúa. Y lógicamente se equivoca porque quiere cambiar las cosas. Porque es solidaria y le cuesta convivir con la desigualdad en todas sus dimensiones. Como en todo, igual que existe en la derecha, también hay una izquierda con malas intenciones, la complementaria a la derecha del ascenso social. Ésa es la izquierda que por razones oscuras, como puede ser el reflejo del complejo social de la derecha para huir de su pasado, prioriza la destrucción de la derecha antes que la búsqueda de una sociedad más justa, u opta por ese enfrentamiento como camino equivocado para lograr esa mayor justicia. Es el viejo debate de los siglos XIX y XX entre revolución o reforma. Ésa es también la izquierda que, en mi opinión, muy equivocadamente, desconfía de la burguesía urbana progresista, artífice, en coalición con los movimientos sindicales del siglo XX, de la socialdemocracia moderna. Desconfía de los que han crecido entre oportunidades y que por motivos de ideas pertenecen al mismo grupo ideológico, «son socialistas como ideal político», como decía Fernando de los Ríos, y no por «clase». Por eso todavía desde la izquierda se intenta justificar la militancia no desde los valores o principios, o explicando el tipo de sociedad que se desea construir o hacia qué se quieren orientar las transformaciones sociales, sino buscando ancestros de origen humilde, raíces modestas, que lo expliquen, como si esa justificación «de clase» reforzara unas ideas que no necesitan ese complemento porque su sustento ideológico y racional es poderosísimo.

Estos perfiles en nuestro país están representados por individuos muy distintos. En la derecha encontramos aristócratas que reivindican la cultura del esfuerzo, muchísima gente normal y clase media que puede incluso llegar a votar otras opciones cuando los suyos cruzan determinadas líneas rojas, ciudadanos cumplidores, aunque solidaridad lo que se dice solidaridad ejercen poca, también individuos con pocos escrúpulos y apenas memoria que son lo que son gracias a las políticas públicas puestas en marcha o consolidadas por gobiernos progresistas, e incluso, todavía, algunos herederos sociológicos del franquismo o del nacionalcatolicismo. Por suerte, el populismo de derechas que demoniza al prójimo y que se nutre del miedo —y que en Francia, por ejemplo, ha alcanzado niveles preocupantes— todavía no ha eclosionado en nuestro país, al menos a esa escala, o sigue siendo un fenómeno menor.

En la izquierda encontramos también grandes grupos de gente normal que saben que sin políticas públicas de calidad jamás podrían haber alcanzado la calidad de vida de la que disfrutan y que por ello las defienden, y clases medias burguesas que, a pesar de poder valerse por sí mismas, creen necesario que existan mecanismos de redistribución e igualdad de oportunidades por solidaridad, justicia o porque creen que ésa es una sociedad mejor para todos por su cohesión, justicia, inclusividad y menor desigualdad.

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Muchas asignaturas pendientes:

el patriotismo progresista

La crisis económica que vivimos y las crisis que, como consecuencia de la misma, se han abierto o se han ampliado y reanimado, tanto en lo social como en lo territorial, generan pesimismo sobre nuestro futuro y desafección con nuestro sistema político e institucional.

La izquierda, quizá más ciclotímida que la derecha, como se suele comentar en las incontables tertulias en las que participamos en nuestras sedes y agrupaciones o en cualquier encuentro o conversación, no es ajena a esta sensación, que genera angustia e inseguridad.

Hoy somos conscientes de los logros acumulados y consolidados en los ya más de treinta y cinco años de democracia, pero también de los errores y elementos que deben ser corregidos.

El modelo de crecimiento seguido en el último ciclo económico, si bien insostenible (volveremos sobre ello), contribuyó a alcanzar parámetros medios europeos en prácticamente todos los indicadores económicos cuantitativos —que no cualitativos— y, además, antes de lo esperado. Ese efecto igualador no debe ocultar los errores cometidos, por ejemplo la inmensa deuda privada pero también pública acumulada en ese período, aunque por razones muy distintas. La deuda privada —empresas y familias—, porque el euro y nuestras obsesiones hicieron que el consumo y la inversión crecieran a tasas desconocidas, endeudándonos para adquirir activos de todo tipo pero sobre todo inmobiliarios. La deuda pública, porque la burbuja permitió desfiscalizar nuestra economía gracias a los ingresos que se generaban de manera casi espontánea, de modo que, cuando se acabó la bonanza, no contábamos con ingresos fiscales para financiar nuestro sistema de bienestar y las políticas contracíclicas descontroladas por la recesión.

El potente efecto igualador de Europa, en combinación con nuestra obsesión por razones históricas, orográficas y políticas en una España por fin descentralizada, nos convirtió en el país de las infraestructuras, algunas de dudosa rentabilidad en una estructura radial ineficiente, un modelo que recuerda en sus consecuencias para el crecimiento y el desarrollo el de la construcción del ferrocarril en la España del siglo XIX,³⁷ y que ha sido analizado en profundidad por economistas como Germà Bel.³⁸

Sensación de fracaso colectivo

En general, en España no existe una sensación de satisfacción con respecto al capitalismo liberal vigente. Un capitalismo que no está al servicio de las personas y que desde la última crisis ha vuelto a demostrar su incompatibilidad con los principios de modernidad, con el desarrollo, y con su evidente carácter subsidiario respecto a los intereses de la economía financiera, de ciertas élites inmovilistas y otras nuevas que han hecho propios viejos comportamientos y actitudes que en algún momento creímos superados.

La crisis social e institucional ha llevado a un número creciente de ciudadanos a cuestionar muchas de las estructuras, instituciones, prácticas y realidades con las que han convivido en las últimas décadas. Ello ha dado lugar a una creciente corriente crítica con el sistema, con lo realizado y con lo que hay, y que ha acuñado expresiones como el «capitalismo castizo» de César Molinas ³⁹ y la clase política española como «élite extractiva», en la estela del trabajo sobre élites extractivas de Daron Acemoglu y James A. Robinson,⁴⁰ autores para los que lo que explica el éxito de los países es la calidad de sus instituciones y no otros rasgos como la geografía, la demografía, la historia o las riquezas naturales.

La realidad, más desde una perspectiva de izquierdas, es que la derecha sigue sin reconocer la profunda necesidad de reformas en ámbitos como el territorial. Por supuesto la perspectiva de la derecha es la opuesta a la de mejoras en lo social para poder asegurar la libertad real de los ciudadanos y el derecho a poder desarrollar su proyecto de vida. Tampoco reconoce la derecha los retrocesos en el campo de las libertades civiles que provocan sus políticas... Así las cosas, la realidad es que necesitamos cambios de calado porque hay demasiadas asignaturas pendientes y, también, espacios imprescindibles que debemos recorrer para dar contenido a un proyecto colectivo que nunca hemos logrado completar.

La inexistencia de una simbología democrática

Uno de esos espacios imprescindibles incompletos es, por ejemplo, el de la simbología democrática. El de los elementos que nos identifican con nuestro proyecto democrático, ese pegamento social que en el capítulo anterior identificábamos con la idea de fraternidad.

La España democrática no ha logrado construir una simbología que la represente en sus diferentes facetas, ni con sus símbolos identificativos —bandera, himno—, ni con el establecimiento de festividades civiles compartidas y sentidas por todos. Es verdad que venimos de un pasado particularmente gris en este ámbito, y que vivimos en un país sin tradición de símbolos que se identifiquen con la identidad nacional, por decirlo de alguna manera, como la bandera. Pero es que en democracia no hemos sido capaces de lograr ni lo que el Movimiento Nacional y el nacionalcatolicismo lograron con el 18 de julio como fiesta «civil» del franquismo.

Durante la Transición, los que la recordamos aunque fuéramos niños, nos acordamos de cómo la extrema derecha y lo que quedaba del régimen agonizante —pero que todavía daba mucho miedo—, y la derecha en general, nunca dejaron de enarbolar la bandera que con un escudo diferente después se convertiría en constitucional. Una bandera contra la que crecimos y que en el imaginario colectivo competía y sigue compitiendo con la tricolor republicana, bandera que sigue simbolizando idealísticamente la injusta y dura derrota de aquel gran sueño democrático. Bandera, la nacional, que compitió en buena parte de España durante la Transición con el resto de banderas españolas, sobre todo con la ikurriña y la senyera. Banderas que el mismo régimen persiguió y cuya normalización en la Transición provocó mucho más entusiasmo en los nacionalistas, e incluso en la izquierda, que el continuista cambio de escudo consecuencia de las cesiones de ambas partes en el consenso constitucional. La bandera de la Europa Unida, incluso, nos ha servido y mucho. Pues bien, esa realidad se ha transmitido a la siguiente generación hasta el punto de que solamente el deporte, en especial el fútbol y las victorias de la selección española, ha logrado verdaderas exhibiciones masivas colectivas de la bandera constitucional. Todavía hoy, la derecha se envuelve en la bandera nacional, con o sin escudo, incluso con algún águila bicéfala, para acudir a sus convocatorias, no importa que sean manifestaciones a favor de un modelo específico de familia y contra el matrimonio de personas del mismo sexo, en contra del aborto, en apoyo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), o para celebrar las victorias electorales del PP. No importa lo que les convoque a los ciudadanos de derechas, ahí van con la bandera. Una derecha que también viste los colores nacionales en la ropa e incluso en todo tipo de complementos y de bisutería, y que lo hace sin interrupción y de modo continuo desde que tenemos uso de razón o memoria histórica. Así se comprende que en las grandes concentraciones de la izquierda, por ejemplo contra las reformas laborales, en contra de la guerra de Iraq o en apoyo de determinadas huelgas, la bandera brille por su ausencia. Y no digamos en las comunidades autónomas en las que existen fuertes sentimientos identitarios.

Un fracaso el de los símbolos de difícil solución. Y no digamos ya el himno, cuyo problema es que ni tiene letra y que tampoco se cambió en la Transición, que sirve para mostrar la complejidad de nuestro sistema democrático y para poner en evidencia algunos de sus problemas y asignaturas pendientes.

La mitología civil de nuestra democracia tampoco ha sido muy afortunada. Elegimos concentrar los fastos el 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, que coincide con el de la llegada de Cristóbal Colón a América, un guiño al pasado y a la nostalgia de una España que ya no existe y que nadie o muy pocos añoran, lo que otra España proyectó en el mundo en un momento histórico que nada tiene que ver con el presente, y en cualquier caso no una referencia de futuro, de convivencia y democracia como es el 6 de diciembre. Un 6 de diciembre que el gobierno del PP ya ha anunciado que puede llegar incluso a cambiar de día y celebrarse el 5, el 8, o el día que sea para evitar que contribuya a crear un puente.

Este hecho se mezcla con otra realidad, la confesionalidad católica prácticamente absoluta y omnipresente de las celebraciones institucionales, la inmensa mayoría de origen religioso: el día de la Policía (misa en el cuartel por los santos Ángeles Custodios), el de la Policía Foral de Navarra (santo Ángel de la Guarda) y tantos otros más... Hay infinidad de ejemplos.

Ante este desierto simbólico colectivo, los ciudadanos se han refugiado en los elementos identitarios locales y regionales, exacerbándolos casi siempre, la mayoría también de origen religioso.

Por la misma razón, las instituciones democráticas han asumido en exclusiva el peso simbólico de lo que son y representan, de modo que cuando ha llegado el tiempo de la desafección, han sido las instituciones y la democracia que representan las que han sufrido el impacto. En particular las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, que ha sido objeto de cerco, y sus infames moradores, los diputados.

Cierto es también que en la izquierda, al menos la española, no hemos sido nunca demasiado de banderas, que nuestra bandera son los derechos, las instituciones, y nuestra patria las libertades.⁴¹ Pero ello no quiere decir que no tengamos necesidad de poder expresar por algún cauce de vez en cuando nuestro patriotismo progresista.

Patriotismo progresista

Un patriotismo progresista en el que, en palabras de Javier Fernández, presidente de Asturias, «la España de los símbolos, los signos y las banderas nos importa menos que la de los hombres y mujeres que trabajan, estudian, que lloran o que ríen en ella». Una España en la que debemos sacar partido simbólico y como elemento cohesionador y de progreso a elementos como nuestro idioma común, el castellano, un buen símbolo, que es lo que compartimos y nos proyecta a América y al resto del mundo; es eso y no tanto el descubrimiento y la llamada conquista del 12 de octubre. Es nuestra historia plural y objetiva, el patrimonio cultural, la ciencia o el cine que producimos, o nuestros grandes artistas y escritores, como Goya, Picasso o Cervantes, en un país europeo y rico, en el que las diferentes culturas y lenguas españolas conviven como acostumbra a recordarme el diputado por Girona del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) Àlex Sáez Jubero, porque la lengua materna de muchos españoles no es el castellano, como yo bien sé como pamplonés enraizado en los valles del norte de mi tierra. Es nuestra diversidad como identidad estratégica para afrontar el futuro. De nuevo, en palabras de Javier Fernández: «Somos menos partidarios [los socialistas] de las identidades fuertes que de las identidades múltiples, yo vengo de una tierra en que las identidades se suman, no se restan, pero en un mundo cosmopolita, nosotros construimos nuestra identidad, nosotros elegimos nuestra identidad».

Una realidad que constituye un verdadero problema en un país como el nuestro en el que todo se politiza y todo sirve para alimentar el enfrentamiento. Una realidad en la que el carácter plurinacional complica la búsqueda de una solución simbólica a esta carencia, como demuestran incluso las cada vez más difíciles relaciones entre el centro y la periferia, en palabras de Josep Ramoneda.

El patriotismo progresista puede ser interpretado como una versión o un aspecto del republicanismo cívico de Philip Pettit que, como apunta José Andrés Torres Mora, explica quiénes somos —la izquierda— políticamente, destacando la importancia de tener una idea de Estado, algo fundamental en la izquierda y a lo que no siempre ha prestado la atención suficiente, porque la izquierda hunde sus raíces en el discurso económico, la redistribución, la trayectoria del socialismo democrático y la construcción del Estado del Bienestar.

Un Estado en el que desde la izquierda se debe defender la idea de no dominación entendiendo el ejercicio de libertad como el de esa no dominación, con el fin de desplegar instituciones capaces de explotar al máximo el potencial de una ciudadanía cada vez más crítica y diversa, para lograr también como objetivo socialdemócrata centrar el discurso económico en un espacio nuevo: el de la predistribución como garantía de una asignación justa antes de la intervención correctora de los poderes públicos (en lo que sería la redistribución).

La asunción de que la derecha es más patriótica que la izquierda no es exclusiva de nuestro país. En Canadá, por ejemplo, antes de las últimas elecciones se generó el debate e incluso la convicción de que los canadienses de primera generación, los inmigrantes, votaban mayoritariamente a los conservadores por esta razón, para reforzar su condición recientemente adquirida. Un estudio encargado por los socialdemócratas canadienses⁴² demostró que no era así.

En la izquierda hay patriotismo —término que en el mundo anglosajón es utilizado con más normalidad que en el nuestro— pero no nacionalismo. Es más, para la izquierda la cuestión de las identidades nacionales es muy particular. Las identidades nacionales no son culturales, son el resultado de transacciones políticas, el resultado de acuerdos políticos. Las identidades culturales, las reales, son mucho más complejas, son individuales y grupales, combinan elementos incatalogables, y cuando una de sus combinaciones se convierte en identidad nacional lo es siempre por la vía de la imposición para los individuos y colectivos que no forman parte del núcleo duro de la misma, generando por tanto alejamiento y desafección. Desafección con el proceso político que ha gastado tiempo y recursos en definir algo con lo que muchos individuos no se identifican. Una desafección que cala hondo aunque ese desencuentro sea parte de su intimidad personal, aunque no trascienda de manera inmediata o evidente.

Ideología e identidad

La identidad política de la izquierda, su patriotismo en versión anglosajona, es la del valor público, las instituciones públicas, los derechos y libertades que garantiza el Estado de Derecho, es Europa. Sin duda no son las banderas ni los desfiles, aunque lo puedan ser cuando simbolizan esas conquistas.

En España, como veíamos antes, durante la Transición no se logró construir un imaginario simbólico que reflejara el esfuerzo y el histórico logro alcanzado. Por ello, al fracasar los símbolos fueron las instituciones las que asumieron esa representatividad. El gobierno, las Cortes, la Corona, y una Constitución que la derecha asumió como una nueva Biblia inmodificable en su redacción e incluso interpretación, una actitud reflejo, quizá, de aquella de la Iglesia católica en el siglo XVI liderada por Carlos I de España y V de Alemania ante la Reforma, y que acabó en cisma tras la Contrarreforma impulsada por el Concilio de Trento.

La consecuencia de esta, sana en mi opinión, concepción desde la izquierda de las identidades es que la izquierda debe esforzarse más para construir coaliciones ganadoras «desde la diversidad». Desde luego más que la derecha, cuyo electorado es más uniforme. De nuevo el ejemplo de Obama es clarificador, como se ve más adelante en el capítulo de Matt Browne.

España es un país con una gran diversidad. Desde esa diversidad debemos seguir construyendo una idea de ciudadanía como expresión de libertades y derechos públicos, de orgullo patriótico por nuestras instituciones desde el nivel local hasta el europeo y en el futuro también a escala global, y nunca de identidades oficiales. Un patriotismo progresista que, quizá, algún día pueda abordar la cuestión de los símbolos democráticos fallidos, sin duda de difícil resolución.

Tensiones centrífugas y centrípetas

En este contexto de identidades y simbologías fallidas, de patriotismo progresista, la izquierda en España sólo puede ser federalista. Federalismo entendido como delimitación clara de competencias exclusivas entre comunidades autónomas y administración o gobierno central (y Europa...); un sistema de financiación suficiente y transparente; lealtad institucional; un sistema institucional que incluya la dimensión territorial, y mecanismos de solidaridad que garanticen la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el disfrute de prestaciones sociales en idénticas condiciones bajo los mismos derechos y obligaciones.

En realidad, sólo desde el federalismo es posible la cohesión y convivencia de todos los españoles, porque la diversidad y las diferentes maneras de entender la relación entre todos, entre el centro y la periferia, sólo es sostenible desde un alto grado de descentralización. España no es un país homogéneo ni lo va a ser nunca. En un número importante de comunidades autónomas existen fuertes sentimientos que se traducen en la existencia de partidos políticos propios nacionalistas o regionalistas. En España se hablan cuatro lenguas oficiales. Incluso en las comunidades en las que desde la aprobación de la Constitución han dominado los partidos de dimensión nacional —IU, PSOE, PP— y no los nacionalistas, es también inimaginable pensar en otra estructura distinta a la actual. Sin un autogobierno fuerte y consolidado como el que se ha desarrollado en el marco de la Constitución de 1978, un gran avance irreversible, todas las comunidades autónomas sin excepción no habrían alcanzado nunca los actuales niveles de desarrollo y cohesión. Andalucía es sin duda el gran ejemplo.

Con todo, en este tiempo turbulento, esta realidad convive con cierta intensificación del discurso recentralizador, desigualmente distribuido por la geografía española, y con más intensidad en las regiones sin tradición regionalista o nacionalista, aunque con notables diferencias también entre ellas.

La crisis ha exacerbado las tensiones centrífugas y centrípetas provocando una polarización identitaria en la que la izquierda y en particular la izquierda con vocación de gobierno, el partido socialista, encuentra problemas. Encuentra problemas porque su coalición ganadora, su coalición de apoyo electoral, se ve dividida por sentimientos como los identitarios que no forman parte de nuestro ser político. Los tenemos, por supuesto, pero como los religiosos, los familiares, la orientación sexual o las aficiones culturales, los situamos fuera de la acción política. Cada cual se compone su identidad como mejor le parece. Jamás permitiríamos que desde un partido político se nos guiara en una dirección u otra en estos campos que dejamos estrictamente reservados a la libertad individual garantizada por nuestro Estado de Derecho.

Los progresistas no nos sentimos cómodos ni creemos en las identidades nacionales que, como decía antes, son el resultado de transacciones políticas, de acuerdos. En nuestro país el nacionalismo, e incluso el regionalismo, ha exagerado la construcción de identidades autonómicas o nacionales diferenciadas hasta el punto de que ha generado una nueva categoría de ciudadanos desarraigados, incapaces de identificarse con los esquemas provincianos dominantes. Esas identidades pactadas, diseñadas, han cristalizado en nuevas tradiciones protocolarias y festivas, han primado determinadas expresiones culturales no precisamente vanguardistas, y han servido para reforzar la confesionalidad de innumerables actos públicos, logrando en poco tiempo hacer regla de lo que hasta hace poco era una excepción o una singularidad más. Me cuesta resistirme y no poner ejemplos, pero no puedo ocultar el desarraigo que a veces siento en mi ciudad o en mi entorno «de toda la vida», claramente sesgados ambos por una guerra identitaria que parece no tener fin.

La izquierda debe saber distinguir entre el federalismo político de fondo (al que se dedica el siguiente capítulo) compatible con la diversidad, el progreso y la modernidad, y lo que no es sino un paso atrás hacia los más rancios valores identitarios, como predican algunas fuerzas autocalificadas como de izquierdas. Desde la izquierda es preciso recuperar a los individuos y colectivos que se sienten desarraigados mediante un discurso inclusivo, moderno, tolerante, que desde un federalismo abierto e incluyente permita sentirnos partícipes de un mismo proyecto. Unos desarraigados que creen en la ciudadanía como expresión de libertades y derechos públicos y no de identidades oficiales. Ese desarraigo no es sino la expresión, la materialización, de ese sentir que sabe distinguir entre lo individual y lo colectivo, dejando todo lo identitario en la más absoluta intimidad de lo individual.

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El modelo de Estado

La crisis económica y social ha abierto una profunda crisis institucional que tiene dos ejes principales: el agotamiento del modelo territorial surgido del esquema constitucional de 1978 y la desafección ciudadana con las instituciones y sus representantes políticos.

La organización territorial del Estado: una cuestión abierta

Resulta necesario hacer algunas consideraciones sobre uno de los problemas más vivos de nuestra actualidad política, el de la organización territorial del Estado. En el debate constitucional, cuando se votó la enmienda sobre la autodeterminación presentada por un diputado vasco, Jordi Solé Tura defendió la oportunidad y necesidad de desarrollar un modelo territorial autonomista o federalista, alertando de que el derecho a la autodeterminación era incompatible con el mismo. En concreto dijo: «Lo que la izquierda no puede hacer es defender el Estado de las autonomías, propugnar su desarrollo y su plenitud en sentido federal y mantener al mismo tiempo un concepto, el derecho de autodeterminación, que cambia este modelo político y puede llegar a destruirlo».⁴³ Pues bien, ahí seguimos, y sin duda el camino que debemos recorrer es el del desarrollo hacia la plenitud en sentido federal que en 1978 señalaba Solé Tura, y no el opuesto.

El camino del modelo federal exige reconocer ciertos elementos. En primer lugar la asimetría, la diferencia, un hecho que es constitucional. La Constitución española reconoce importantes asimetrías, todas ellas objetivas, aunque no incluye todas las que existen —políticas, institucionales, territoriales, lingüísticas—, algunas de las cuales adquieren el carácter de singularidad manifiesta en un ámbito tan comprometido o crítico como el de la financiación, para los territorios forales, por ejemplo.

Asimismo Cataluña, cuyas singularidades constitucionales u objetivas —lengua propia, derecho civil— no cuentan con singularidad fiscal alguna, si bien su principal reivindicación, al menos hasta que la cuestión se desbordó, la de la ordinalidad, que siempre debe ser compatible con los principios de solidaridad y redistribución, cuenta con respaldo constitucional vía jurisprudencia del Tribunal Constitucional, exactamente en el sentido que ha recogido después la Declaración de Granada⁴⁴ del Partido Socialista (y del PSC): «[...] también forma su referencia en la jurisprudencia constitucional alemana la precisión ratificada por el Tribunal Constitucional, de que la contribución interterritorial no coloque en “peor condición relativa de quien contribuye respecto a quien se beneficia” (Fundamento Jurídico sobre la ordinalidad contenido en sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña)».

En 1978 el pacto constitucional reflejó lo que querían los ciudadanos, logró un delicado equilibrio y cerró un texto que, como reconoce la inmensa mayoría de expertos, constituyó en ese momento un hito jurídico en materia constitucional a escala global, una Constitución respetada y estudiada en todas las facultades de derecho del mundo. Hoy no se habría hecho igual, es evidente, ni la nuestra ni ninguna otra, pero eso no reduce su inmenso valor.

Se votó, se aprobó por inmensa mayoría en aquella España, y es verdad que puso en marcha un modelo territorial nuevo y al mismo tiempo desconocido. Nuestra Constitución en su Título VIII no es una constitución de proyecto sino de proceso, establece el procedimiento para construirlo pero no marca un modelo concreto o final. Esa indefinición es lo que debemos resolver y en lo que desde la izquierda hemos vuelto a llevar la iniciativa, una vez más, porque hace falta y porque debemos volver a ajustar nuestras instituciones para poder convivir por lo menos tanto como lo hemos hecho desde 1978.

Singularidades constitucionales

Es muy relevante recordar las singularidades que la Constitución recoge. Respecto a las que contempla la Disposición Adicional 1ª, por la que se amparan y respetan los derechos históricos de los territorios forales. Los ciudadanos decidieron que continuara lo que ya existía al menos en Álava y Navarra.

Ésta es sin duda la principal especificidad de fondo contemplada por nuestra Constitución, porque contempla la autonomía fiscal en exclusiva para las cuatro diputaciones forales, al margen de cómo después hayan accedido a la autonomía en dos comunidades autónomas, País Vasco y Navarra. Para las demás las diferencias de «ritmo» han quedado superadas una vez alcanzados las metas y los límites competenciales marcados por el art. 149, tanto para las que accedieron a la autonomía por el 143 como para las que lo hicieron por el 151 (País Vasco, Galicia, Cataluña y Andalucía) (además del caso de Madrid, por el 144 por «interés nacional» por decisión de las Cortes, y Ceuta y Melilla también de manera particular). Asimismo, como excepción, se encuentra la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA). La Disposición Adicional 1ª es el mejor ejemplo de la capacidad de la Constitución para combinar la diversidad, la diferencia, con la igualdad.

En este contexto el debate territorial ya abierto tiene dos riesgos de partida. Por un lado, asumir las tesis de una minoría independentista como mayoritarias cuando no lo son, y además cuando van a seguir siéndolo al margen de los ajustes y reformas que se hagan en la Constitución. La Constitución debe reformarse para acomodarse al proyecto colectivo y europeo que iniciamos en 1978, un proyecto inclusivo cada vez más amplio. El segundo error o riesgo entre los que defienden una recentralización consiste en confundir igualdad con uniformidad. La combinación de ambos, o la confrontación directa de ambas fuerzas centrífuga y centrípeta, es lo que debemos evitar democráticamente a toda costa porque se retroalimentan, invaden y ocupan la totalidad del espacio político con su confrontación identitaria y dejan en un segundo plano cuestiones ideológicas, que son las que se traducen en calidad de vida, derechos y progreso para esta y para las siguientes generaciones de ciudadanos.

Sin duda, los constituyentes en 1978, cuando afrontaron la redacción del Título VIII de la Constitución, eran conscientes de la dificultad que entrañaba regular al detalle el complicado proceso que se avecinaba para la transformación de un Estado centralista y autoritario en otro moderno, descentralizado, plural y democrático. Probablemente intuían que el impulso autonomista, ya vivo en aquel momento, encontraría su propio camino en el ambiente de consenso entonces existente. De ahí que la función esencial del texto constitucional fuera para ellos la de fijar los límites precisos para conciliar los deseos de autogobierno de la regiones con la existencia de un Estado fuerte que garantizara los principios de libertad, justicia y solidaridad entre todos los españoles.

El Título VIII de la Constitución surgió así como una regulación de lo nuevo y desconocido con la lógica consecuencia de una intencionada ambigüedad en muchos de sus preceptos. Los constituyentes regularon con más precisión lo que ya sabían: acceso a la autonomía de los territorios que hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto (Disposición Transitoria 2ª), la Disposición Transitoria 4ª sobre Navarra, las peculiaridades de Ceuta y Melilla (Disposición Transitoria 5ª), etc. Nada dijeron sobre lo que desconocían: mapa territorial, número de autonomías, situaciones difíciles de delimitación territorial (La Rioja, León, Cantabria), etc. Dejaron demasiadas puertas abiertas en asuntos que se presumían conflictivos (Competencias del Estado [art. 150], etc.), y aplazaron para futuros desarrollos de Leyes Orgánicas cuestiones trascendentales como la financiación de las comunidades autónomas (art. 157). La consecuencia de todo ello era bien previsible: la permanente apelación al Tribunal Constitucional. Es sabido que cuando una ley es ambigua se desplaza al intérprete la tensión que la política no pudo o no quiso resolver. Hoy la realidad autonómica es más fruto de las resoluciones del Tribunal Constitucional que del consenso político, y esa dejación es la que debemos corregir.

El respeto que sentimos por la Constitución no debiera llevarnos a la conclusión de su intangibilidad. El Título VIII fue útil, en su momento, para iniciar el proceso autonómico, pero ha devenido insuficiente como marco legal de referencia para la consolidación pacífica de una organización territorial plurinacional y plural, en un Estado fuerte y democrático. Hemos de asumir que el desarrollo autonómico de nuestro país, con sus virtudes y defectos, ha obedecido más al impulso creativo de las distintas fuerzas políticas que a una rigurosa interpretación de un texto constitucional insuficiente, y eso es lo que en este momento histórico deberíamos estar dispuestos a corregir.

Por otro lado es justo reconocer que la Constitución, pese a sus insuficiencias, resultó un texto armónico y unitario que sufre en su conjunto cuando se altera alguna de sus partes. Sorprende la facilidad con que se afirma que es preciso modificar la Constitución para transformar el Senado en una auténtica Cámara de representación territorial, como si se tratase de un simple retoque de su Título III, sin reparar en que esa modificación, de producirse, afectaría a todo el sistema de competencias del Título VIII y que generaría amplios campos de conflicto entre las dos Cámaras, de complicada solución, y alteraría la estructura y composición de otras instituciones del Estado, que precisarían de otras modificaciones constitucionales importantes. Por todo ello, la imprescindible reforma exige cambios de un calado inédito en nuestra todavía corta historia democrática que sólo la izquierda parece haber asumido.

De la asimetría al federalismo

La sociedad nos demanda en este momento un esfuerzo próximo al que hicimos en 1978. Ahora tenemos la experiencia pero, quizá, nos falta la ilusión política de entonces, que debemos recuperar.

Tenemos, además, un texto constitucional vivo que nos marca el camino a seguir. En el ámbito de la organización territorial del Estado, el principio de solidaridad del art. 2 de la Constitución está reafirmado en el art. 138, y la igualdad exigida como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, en el art. 1, se concreta y se refuerza en los art. 138.2 y 139 cuando se afirma que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Se trata de valores permanentes a los que deberemos juntar cualquier actuación de futuro.

Pero lo que no está en la Constitución, ni en la lógica de las cosas, es la pretendida simetría organizativa y competencial hoy exigida por algunos. La obsesión por la simetría. Esa especie de carrera autonómica de «yo como el que más» impulsada mucho más por la pasión que por la razón, con la consecuencia de una reiterada conducta política de reproducción de órganos y de instituciones sin fundamento, ha sido y es, en buena medida, la principal responsable de la crisis institucional que hoy vivimos.

La asimetría sin duda estaba presente en la mente de los constituyentes en 1978. Son muchos los indicadores en la Constitución que así lo confirman: las distintas vías de acceso a la autonomía (arts. 143 y 151), la actualización de los derechos históricos (Disposición Adicional 1ª), la particularidad de Navarra⁴⁵ (Disposición Adicional 1ª y Disposición Transitoria 4ª), la referencia a Ceuta y Melilla (Disposición Transitoria 5ª), el reconocimiento del hecho insular (art. 138), la referencia a las distintas modalidades lingüísticas (art. 3), el expreso reconocimiento de diferencias entre Estatutos (art. 138.1), etc. Sabido es que el principio de igualdad exige tratamiento desigual para los desiguales. La riqueza de España radica en su pluralidad y en su rica diversidad histórica, económica, geográfica y cultural. El tratamiento de esa diversidad exige soluciones competenciales y organizativas distintas y acordes a las peculiaridades de cada caso, presididas por los valores irrenunciables y permanentes de la solidaridad interregional y la igualdad de todos. La vía federal, que la Constitución de 1978 ni aceptó ni rechazó, es, sin duda, la que más ayudaría a un cambio de rumbo que enriqueciendo a las partes fortalezca el todo. La España fuerte y plural, ése es el objetivo.

El debate español sobre el modelo territorial ha resurgido con fuerza con la agudización de las tensiones entre Cataluña y el resto de España. Una lectura simplista e incluso interesada desde, digamos, intereses catalanes, apuntaría al sistema de financiación autonómico y a la contribución de Cataluña a la solidaridad en España como el origen del problema, pero el problema no es sólo ése. Por esta razón el fin de la crisis económica, que asfixia a las comunidades autónomas, no resolverá esta crisis territorial como cree la derecha española. La propuesta federalista que plantea el PSOE contempla la redefinición global de las normas de convivencia, una afortunada expresión que resume el contenido del documento de Granada de julio de 2013. Ello exige definir con claridad las competencias de las comunidades y las del Estado, evitar duplicidades, transformar el Senado para que sea la Cámara Territorial en la que estén representadas las comunidades autónomas y, por supuesto, constitucionalizar el sistema de financiación autonómico. Y todo ello debe ser hecho bajo la premisa de igualdad de derechos de todos los españoles al margen de donde vivan.

La cuestión fiscal

Como ciudadano navarro soy plenamente consciente de que el debate de la financiación y de la fiscalidad como singularidad o asimetría sobrevuela la cuestión catalana. Por un lado, parecería difícil lograr un gran acuerdo que pueda ser refrendado por la mayoría de catalanes que no incorpore algún elemento de esa naturaleza como los reconocidos en la Disposición Adicional 1ª, si bien parece difícil imaginar que esa nueva asimetría fuera admitida por el resto de españoles. En los territorios forales, con todo, cierto realismo histórico ha forjado una férrea defensa de los fueros, del «fuero», pero no tanto del «huevo» —utilizando la jerga habitual—, aunque desde el resto de España se suela utilizar la expresión «privilegios» para calificarlos, valoración no compartida en ninguna de las cuatro «provincias» por aplastante mayoría y que las dificultades provocadas en los propios territorios forales por la actual crisis —en materia recaudatoria por ejemplo, por la fuerte caída experimentada— en cierto modo corroboran. Por otro lado, Europa y la Unión Económica y Monetaria y los últimos pasos en la integración como la Unión Fiscal —una «unión» en la fiscalidad todavía de gastos y control presupuestario pero que será pronto también de ingresos— dejan cada vez menos margen, por no decir ninguno, para la diferenciación fiscal, que en los territorios forales en la práctica ha desaparecido respecto al resto de territorio español de «régimen común» en cuanto a presión fiscal. En este sentido, Europa es de nuevo el camino y la solución.

La solución para Cataluña pasaría entonces por el pacto político, un gran pacto político con contenido de financiación, que refleje las singularidades catalanas en un marco de convivencia federal.

Un pacto político fundamentado en una reforma constitucional que actualice los principios constitucionales que garanticen la convivencia en diversidad. Un pacto político de fondo que aborde las cuestiones que no pudieron ser debatidas en 1978. Un pacto que logre acercarnos y que acabe con los elementos que generan enfrentamiento. Un pacto político respaldado por una realidad europea de convergencia fiscal que refuerza el principio de que lo importante no es quién recauda sino que todos los ciudadanos disfruten de los mismos derechos. Un pacto refrendado por los ciudadanos de Cataluña y del resto de España. Un pacto en el que la izquierda lidere el catalanismo razonable frente al independentismo.

Desde una perspectiva amplia, algunas de las naciones más prósperas y dinámicas del mundo son democracias federales, como Alemania y Austria en Europa, Estados Unidos o Brasil en América, o Australia. Países con sistemas de financiación, de cohesión y solidaridad, y representatividad democrática territorial, de los que se pueden extraer muchos ejemplos y buenas prácticas, y no sólo para España, en su avance federal, sino también para la UE, a su vez inmersa en un proceso de federalismo progresivo de unas características únicas.

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Desafección política: partidos y corrupción

Resulta innegable, sea cual sea el punto de vista en el que nos situemos, que vivimos un tiempo de profunda desafección entre la ciudadanía y la clase política. El hecho de que el distanciamiento entre políticos y sociedad sea un problema que también se esté dando en otros países de nuestro ámbito geográfico, político o cultural, no resta importancia a la especial relevancia con que se plantea en España, como lo indican todas las encuestas de opinión que se vienen publicando y, sobre todo, como lo sentimos todos los que desempeñamos algún tipo de responsabilidad política o institucional.

Parte de este distanciamiento entre los ciudadanos y la clase política nacional se debe, sin duda, a la ocupación por poderes ajenos a todo control democrático no sólo de las estructuras económicas esenciales para la vida y el desarrollo del país sino también de las principales decisiones políticas adoptadas en ese ámbito, que se ejerce a su vez desde instancias o niveles supranacionales de difícil control.

Si nos ceñimos al ámbito de la política nacional, además de la anterior, las causas que han contribuido, y que lo siguen haciendo, al progreso de esa desafección que se agrava día a día son varias. El sistema electoral, el funcionamiento interno de los partidos políticos y la corrupción son algunas de esas causas.

El sistema electoral

Siempre que se habla del distanciamiento entre políticos y sociedad, reaparece, con más o menos virulencia, el debate sobre el sistema electoral. En general se imputa al sistema vigente que al serlo mediante listas cerradas, elaboradas por los partidos políticos, se produce un gran distanciamiento entre el elector y el elegido o los elegidos, provocando una quiebra del sistema de representación. Esta situación se agudiza en las circunscripciones más grandes.

Conviene recordar que este debate se planteó en las Cortes Constituyentes, y que la opción por el sistema provisional proporcional con la regla D’Hondt para el escrutinio de los votos goza de gran respaldo. También, que las listas de candidatos para el Senado son abiertas y, sin embargo, los electores se comportan ante ellas de manera prácticamente mimética a como lo hacen con las del Congreso de los Diputados. Asimismo, una premisa previa a tener en cuenta ante cualquier nuevo planteamiento que se formule es que nuestro sistema electoral está constitucionalizado, esto es, que su reforma exige una modificación en profundidad del texto constitucional, que exige proporcionalidad y establece la provincia como circunscripción electoral, condicionando el sistema electoral en gran medida, y dejando poco margen para reformas fuera de la de la propia Constitución.

Hay que reconocer que la exigencia de que la provincia sea la circunscripción electoral ha generado algunas disfunciones que afectan a la propia proporcionalidad del sistema y que han supuesto perjuicios graves en su representación para los partidos de ámbito nacional no mayoritarios, y cierto beneficio para los partidos regionales o nacionalistas con concentración de votos en ámbitos provinciales, aunque estos segundos, también hay que destacarlo —Convergència i Unió (CiU) o Partido Nacionalista Vasco (PNV), entre otros—, en promedio obtienen cifras de votos por escaño logrado similares a las de los dos grandes partidos mayoritarios de escala nacional, PP y PSOE.

Para corregir estas disfunciones, la proporcionalidad para los partidos ahora medianos o pequeños de dimensión nacional, hay quien plantea modificar la Constitución eliminando a la provincia como circunscripción electoral. En esta hipótesis, la corrección podía ser hacia abajo, creando distritos electorales de menor extensión, con el límite de 350 en toda la geografía nacional, o situaciones intermedias rompiendo las provincias de más de cinco diputados en circunscripciones menores, o reordenando todo el territorio en 70 circunscripciones de cinco diputados; o hacia arriba, estableciendo como distrito electoral la comunidad autónoma o incluso el Estado.

Si la opción preferida fuera hacia abajo, creando hasta 350 distritos electorales o los que la necesaria reforma constitucional autorizase, su ejecución resultaría de extremada dificultad en los propios ámbitos provinciales, que deberían fraccionarse o incluso fusionarse en el caso de los más pequeños según la opción elegida, lo cual probablemente vendría acompañado de la lógica exigencia por parte de las comunidades autónomas de que la determinación de los distritos o comarcas electorales —y por consiguiente, la distribución de los escaños que les hubieran sido asignados— fuera de su competencia, lo que generaría una pluralidad de criterios y fuertes tensiones territoriales, locales o comarcales...

Porque, ¿cuál debería ser el criterio para fijar los límites de cada distrito? La respuesta a esta pregunta sólo puede ser una: la población. Superado el difícil reto de fijar territorialmente cada distrito, superados los problemas de las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, superado todo ello, si el sistema se aceptase nos encontraríamos con una nueva realidad: la menor representación de las amplísimas zonas rurales poco habitadas de España. Menor cuanto más numerosos fueran los nuevos distritos electorales o circunscripciones. La concentración de población en las grandes urbes afectaría a la representación de las ciudades más pequeñas, de forma que habría que asumir distritos de poco ámbito territorial y otros de amplísima extensión geográfica. Algunos barrios de Madrid o Barcelona tendrían que fraccionarse en varios distritos, correspondiéndoles más diputados que a capitales de provincia o de comunidades autónomas. Incluso más que a alguna comunidad autónoma entera. Y eso, que democráticamente sería justo, políticamente sería complicado.

En esta hipótesis, sin duda se oirían voces pidiendo una corrección proporcional del sistema, unos mínimos representativos, lo que nos lleva al sistema actual.

Pero la gran objeción a este sistema radica en que de asumirse de facto en sentido máximo —350 circunscripciones—, habríamos implantado el sistema mayoritario. El sistema mayoritario sólo es posible con circunscripciones electorales pequeñas y unipersonales. Este sistema podría resultar útil en el ámbito de las elecciones locales o autonómicas, pero, en mi opinión, resultaría sumamente negativo en las elecciones generales. Es cierto que la relación diputado-elector sería más fluida, pero el diputado lo es de todo el Estado y debe seguir siéndolo. Su obligación es escuchar a todos los ciudadanos, ya que a todos representa, y no sólo a los de su distrito electoral. Además, es evidente que si la elección en los distritos fuera a una vuelta, la representación de los elegidos, con carácter general, sería muy escasa, y que se produciría una dispersión parlamentaria que dificultaría gravemente las políticas de Estado. Si la elección fuera a dos vueltas, con participación en la segunda de los dos candidatos más votados, es fácil colegir, como la experiencia de distintos países demuestra, que se impondrían las grandes formaciones, habiendo resultado el cambio un viaje inútil.

Si la modificación constitucional fuera hacia arriba, fijando la circunscripción electoral en el ámbito de las comunidades autónomas, es previsible que los resultados fueran similares a los que vienen dándose actualmente. Si la circunscripción fuera el Estado, al igual que ocurre en las elecciones europeas o en algunos Estados como Israel, el resultado se ajustaría mucho más a la voluntad de los votantes, en la medida que no sería posible establecer correcciones a la proporcionalidad, pero las consecuencias que se derivasen de sus resultados serían difícilmente asumibles en el ámbito político, ya que supondría la desaparición casi total de la representación parlamentaria de los partidos políticos regionales o nacionalistas de menor dimensión —los que se ven obligados a concurrir a las elecciones europeas en curiosas coaliciones—, y se ahondaría, aún más, en el alejamiento entre elector y ciudadano.

A la vista de todo lo anterior, la mejor fórmula sería corregir las disfunciones que el sistema proporcional viene generando, bien aproximando más los mínimos provinciales al número real de votantes bien adoptando el sistema alemán de restos, para la asignación de los escaños que decida la Ley Electoral. Ambas soluciones tienen la ventaja de que al mantener a la provincia como distrito electoral, y al respetar la proporcionalidad, no precisarían de reforma constitucional para su implantación. Una solución complementaria es constituir una lista nacional adicional de cincuenta diputados para mantenerse en el tope constitucional de cuatrocientos, elegidos mediante restos para garantizar una proporcionalidad casi matemática a todos los partidos en el Congreso de los Diputados. En tiempos de austeridad obligada pero siempre necesaria en el ámbito de lo público, aunque se haya olvidado con frecuencia, este aumento de cincuenta diputados sólo podría justificarse si se produjera una reforma del actual Senado que eliminase uno o dos centenares de los actuales escaños.

En cualquier caso, es fácil adivinar que cuestiones como la edad mínima para votar, listas cerradas o abiertas, duración de mandatos y legislatura, etc, son y serán temas permanentes en el debate político, pero que —y pese a su importancia— no están, en mi opinión, en el origen de la crisis institucional que vivimos en España. Así, los factores determinantes del profundo sentimiento de desafección política que hoy sufrimos son el funcionamiento de los partidos políticos y la corrupción.

Unos partidos políticos setenteros

Quienes vivieron la Transición cuentan que el test más importante que tuvo que superar el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, para hacer creíble su voluntad de acceder a la democracia plena fue la legalización en 1977 del Partido Comunista de España (PCE). No era posible la democracia sin los partidos políticos y con todos los partidos políticos. Se trataba de que todas la voces, todas la ideologías, estuvieran presente en el Parlamento en la medida que tuvieran el suficiente respaldo popular. De eso dependía la legitimidad del proceso constituyente propiciatoria de las próximas elecciones democráticas.

En coherencia con esta realidad, la Constitución llevó a su texto en el artículo 6 del Título Preliminar a los partidos políticos, de los que se dice: «Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política». En aquel momento los partidos políticos abanderaron la propia ilusión del cambio y abrieron sus puertas a miles de afiliados que acudían con la ilusión de un futuro participativo y democrático para todos.

Algo ha tenido que pasar, y algo muy grave, para que aquella esperanza colectiva en los partidos políticos, hoy, treinta y cinco años después, haya sufrido tanto menoscabo. Hoy nadie, o muy pocos, llama a sus puertas, y los que aún militan —militamos—, sentimos la lejanía de una sociedad que desconfía y nos mira con excesiva frecuencia con recelo, y que incluso con reiteración e insistencia viene propiciando y proponiendo soluciones alternativas que, en muchos casos, pueden suponer un riesgo para la propia democracia.

Las causas que han concurrido en el funcionamiento y la actuación de los partidos políticos y que han motivado que en tan pocos años se hayan derrochado la ilusión y el prestigio con que renacieron en la Transición, son múltiples. La transparencia y la apertura con que se ofrecieron a la sociedad en sus inicios se han trastocado en oscurantismo y opacidad, y así, reduciendo al mínimo su contacto con la sociedad, han devenido en entidades gobernadas por aparatos cerrados y profesionales que con frecuencia excluyen a los discrepantes, recelan de la aportación ciudadana, cooptan a sus dirigentes y distribuyen responsabilidades más con criterios de fidelidad y disciplina que de competencia o idoneidad para el cargo.

Todo, o casi todo, ocurre en su interior, de manera oscura y en secreto. Es un misterio, incluso para los propios militantes, la financiación de su propio partido. Nada se sabe de los ingresos, gastos, retribuciones o salarios del personal, criterios de selección, etc. Se ignora si existen deudas, y si las hay, se ignora su cuantía. Nada se conoce de quiénes, con derecho o sin él, perciben más de una retribución, ni del sistema de dietas si las hay, etc. Ejemplos recientes no faltan.

Irrita a la opinión pública la proliferación de consejeros, asesores, asistentes que acompañan a muchos cargos públicos sin que se sepa ni los cometidos que desempeñan, ni los criterios de selección, ni los méritos o aptitudes que detentan, ni tampoco las retribuciones que reciben. Irrita profundamente el permanente trasiego de responsables políticos a distintas instituciones del Estado, a las que contaminan negativamente. Ofende a la sociedad la recolocación de expolíticos en empresas públicas o privadas con las que trataron en su etapa oficial —las llamadas puertas giratorias—. Todo ello alarma a la ciudadanía y genera un clima de sospecha general sobre la clase política que daña a todos, y que resulta especialmente injusto para los muchos que desempeñan sus funciones con entrega y honorabilidad.

Pero es que tampoco son transparentes y conocidos de forma suficiente los sistemas y procedimientos internos a los que los partidos políticos sujetan sus actuaciones. Casi siempre resulta cuando menos confusa la forma seguida para la elaboración y aprobación de las listas en los distintos procesos electorales, desde la elección de delegados en los procesos congresuales internos hasta las diferentes listas electorales definitivas, primando las confrontaciones entre grupos y las cuestiones de fidelidad personal sobre los debates de ideas. Es evidente también que hay grandes diferencias entre unos partidos y otros.

En momentos de crisis de tantos valores como el que estamos viviendo actualmente, los partidos políticos deberían recordar la importante responsabilidad que la Constitución les ha conferido, iniciando un proceso regeneracionista que corrija muchos de los errores cometidos y que se traduzca en un estímulo para la participación política. Los partidos deben de ser conscientes de que ningún mensaje es creíble si el mensajero carece de credibilidad. El camino es bien sencillo si se emprende con decisión: apertura y transparencia. Los partidos políticos han de abrirse a todas las inquietudes sociales; deben mantener permanente contacto con todos los grupos políticos, culturales, empresariales, sindicales, y con todo tipo de corporaciones, e incluso grupos de intereses, si son lícitos, canalizando sus pretensiones o rechazándolas razonablemente, cuando proceda. Deben eliminar el oscurantismo que afecta a su propia organización, posibilitar y reforzar donde ya existe la participación de militantes y simpatizantes, habilitar cauces al amparo de las nuevas tecnologías y, en particular, enfrentarse decididamente y de forma mucho más contundente con la corrupción. Una nueva Ley de Partidos Políticos, que recoja estos y otros principios, es hoy una de las más acuciantes demandas de la sociedad.

La corrupción

Respecto a la corrupción, resulta preocupante que en nuestra sociedad, en términos generales y particularmente en el ámbito político, se haya impuesto la idea de que el límite exigible a cualquier conducta, pública o privada, sea únicamente el señalado por el Código Penal y por las distintas leyes punitivas del Estado. La apelación a los tribunales es la gran coartada para justificar la pasividad en la respuesta política a comportamientos inadecuados, como si hasta la frontera del ilícito penal todo fuera tolerable. Las sentencias penales, aun siendo absolutorias, no siempre significan un certificado en honorabilidad.

Pero, con frecuencia, ni siquiera el límite de la acción penal ha sido guía del comportamiento de los partidos políticos cuando se trata de valorar la idoneidad de sus militantes para seguir desempeñando puestos relevantes. La presunción de inocencia, que afecta sólo al orden penal, conjugada con la conocida lentitud de la justicia, es la gran excusa que con frecuencia se esgrime para seguir manteniendo en sus cargos a personas carentes del más mínimo prestigio social, estén o no inmersas en procesos judiciales. Otras vías de respuesta política, como las comisiones de investigación, con resultados predecibles —casi siempre condicionadas por las mayorías parlamentarias que imponen su agenda y alcance— y que incluso resultan contraproducentes cuando coinciden con una actuación jurisdiccional a la que perturban, carecen hoy de todo prestigio.

El quehacer de la gestión de la cosa pública exige parámetros más rigurosos, que, desgraciadamente, hoy no se cumplen ni se contemplan. Autores como Javier Gomá⁴⁶ se refieren a ello utilizando el concepto de «ejemplaridad», la ejemplaridad inseparable de las actuaciones públicas, debido a la responsabilidad sobre la sociedad que cada individuo ostenta al dar ejemplo con sus actuaciones. Para Gomá, ser ejemplar es dar confianza, ser responsable de tu propio ejemplo, ser capaz de responder con la trayectoria propia caracterizada por una conducta ética.

Parece, y eso es preocupante, como si no hubiera valor político suficiente para terminar con la corrupción, como si no se quisiera llegar hasta el fondo de determinadas actuaciones, y eso es desmoralizador. Hacen falta acciones decisivas y transparentes para salvar este vicio que corroe a la propia democracia. De los políticos en activo se debe saber todo, y su comportamiento ha de sujetarse a todo tipo de examen y control. La reacción de los partidos políticos ante cualquier caso de conducta indebida ha de ser previa a la actuación judicial y coadyuvante con ella cuando se produzca.

Los partidos políticos deben asumir con rigor que sus tiempos para corregir los casos de corrupción que les atañen no pueden ni deben coincidir con los tiempos judiciales. La reacción en política ha de ser siempre inmediata. Los políticos, y quienes se dediquen a la actividad política, deben también asumir que la vara de medir de sus conductas ha de ser más firme e inflexible que la que se aplica en la actividad privada. La cosa pública merece un respeto especial que va más allá de los límites que fijan los tribunales. Una nueva Ley de Partidos Políticos que termine con la opacidad y refuerce la democracia interna por ley para todos ellos, una Ley de Transparencia ambiciosa que afecte a todo lo público, y la reforma de los Reglamentos de las Cámaras para facilitar la participación ciudadana y el control de la actividad parlamentaria deberían ser objetivos inmediatos para alcanzar ese deseado respeto.

Los partidos políticos de izquierdas comienzan a asumir estas ideas. El texto final de la Resolución de la Conferencia Política del PSOE dice: «Nuestra responsabilidad hoy es dar respuesta a esas demandas. Recuperar la pasión por la democracia entre la ciudadanía y con ello la credibilidad perdida ante la sociedad. Reformar nuestras leyes y nuestro funcionamiento para que la política recupere afectos y adhesiones. Reformar el funcionamiento de nuestras instituciones para que sean abiertas, participativas y transparentes, y devolver así la confianza a los ciudadanos en la democracia. Debemos reconocer el riesgo del desprestigio institucional, como argumento deslegitimador de las propias instituciones».⁴⁷ La coalición IU también ha debatido y presentado documentos sobre reforma constitucional y «proceso constituyente», modelo de Estado, Europa y otras cuestiones.⁴⁸

Existe un amplísimo consenso en la izquierda española de la necesidad de abordar esos cambios y reformas, cambios que debemos comenzar a modelar con propuestas concretas para superar el inmovilismo impuesto por la derecha.

Siguiendo con el texto de la Conferencia Política, «no hay futuro sin política, no hay política sin democracia, no hay democracia sin partidos, no hay partidos sin compromiso personal, sin militancia orgánica, sin aspiraciones colectivas de libertad, igualdad, conciencia ciudadana y justicia social. Todo lo cual nos obliga a hacer una reflexión más amplia sobre los problemas que afectan a la democracia y a elaborar un discurso capaz de convencer y emocionar a la ciudadanía y que, al ser compartido por la mayoría de la sociedad, se convierta en fuerza transformadora de la misma». Por ello el texto propone «al país un amplio paquete de reformas que actualice las estructuras y modernice las reglas democráticas, que alcance las normas que son la base de nuestra convivencia democrática, para adaptarlas a la sociedad española del siglo XXI». Todo un reto.

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1993-2008: Un ciclo económico perdido

Sin economía, sin una visión sobre la economía, no es posible reflexionar desde la izquierda o desde otras opciones ideológicas, aunque existan otros ámbitos para la confrontación y discusión. La derecha española es particularmente rica en este sentido, como viene demostrando recientemente con sus propuestas en materia de aborto, libertades o retroceso en la secularización de la sociedad.

Cualquier reflexión sobre la izquierda debe tener en cuenta la dimensión económica, lo hemos hecho en los capítulos anteriores y lo haremos en los siguientes, porque la economía y sus consecuencias para la realidad socioeconómica en cada momento son las claves de la actuación política en una sociedad democrática. Otra cosa es que nuestra derecha siga reabriendo el capítulo de libertades democráticas cada vez que gobierna.

Economía e izquierda y derecha

La economía y la crisis que vivimos explican una parte importante de los problemas que padece la izquierda occidental y en particular la europea. Justa o injustamente, nuestra sociedad ha asumido cierta debilidad de la izquierda respecto de la derecha a la hora de gestionar la economía. Una percepción cierta, la de la superioridad de la derecha en la gestión de la economía, aunque cada día es más evidente que no es así, a tenor del desempeño de la derecha europea y española en estos años si se compara con lo ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo. Lo que sí esconde esa percepción es una realidad de fondo: la derecha es consciente de que la economía es lo principal y que desde esa supuesta superioridad, apoyándose en ella es más fácil ganar elecciones y gobernar para gestionar la economía y también, como en España, aplicar su programa de derechas en otros ámbitos que nada o poco tienen que ver con la economía.

De modo que quizá lo que ocurre es que en la izquierda en algunos momentos nos hemos tomado la economía menos en serio que la derecha, o que cuando menos hemos dedicado menos energías y recursos mediáticos y comunicativos para crear los marcos de referencia a los que nos remite Lakoff, capaces de convencer a los ciudadanos de que somos mejores en lo que probablemente es más importante para ellos —la economía—, en particular en tiempos de crisis.

Así, la idea de que la izquierda es imbatible redistribuyendo pero no produciendo podría ser más un cliché social mimado y cultivado por la derecha que una realidad. En cualquier caso lo que la izquierda no puede hacer es creérselo sin más, porque si lo hace partirá con escasas o nulas posibilidades de ganar nada electoralmente en un mundo que está básicamente en crisis. Porque respecto a la crisis se puede discrepar sobre las fechas, acerca de cuándo comenzó o cuándo terminará, pero no sobre el hecho en sí, su existencia y sus consecuencias.

La crisis en España: un error colectivo colosal

En España, con importante colaboración del resto de Europa, la crisis actual es el resultado de un gigantesco error colectivo. Sí, colectivo, nacional, una culpa evidentemente de todos. Un error del Banco de España, pero también del Banco Central Europeo (BCE) y de las instituciones comunitarias; del PP y del PSOE, pero también de CiU y el PNV; de los agentes sociales, pero sobre todo de la patronal; de los inteligentísimos institutos de estudios, análisis y posgrados que nada vieron venir, y por supuesto del sistema financiero, y en especial de las cajas. Es difícil recuperar advertencias sólidas sobre lo que se aproximaba durante los años en los que se generó la burbuja.

La crisis no la causaron sólo los políticos; no supieron verla, se dejaron engañar o influir por los lobbies que durante décadas defendieron —y siguen haciéndolo— la desregulación, sobre todo la financiera. Los políticos protagonizaron sonados casos de corrupción y despilfarraron dinero público en proyectos megalómanos que casi nadie criticó, sí, pero no fueron los únicos culpables.

El error colectivo que alimentó la crisis y las historias que lo acompañaron siguen ocultos para amplios sectores de nuestra sociedad. Esa ocultación demuestra la capacidad que tiene la derecha para generar mensajes dominantes, marcos de referencia ganadores en términos Lakoff, imprescindibles para seguir vendiendo su supuesta superioridad «económica».

El mito 1996-2004

La primera historia de éxito desde una perspectiva comunicativa es la del mito 1996-2004. El período de tiempo 1996-2004 son los años en los que gobernó el PP con José María Aznar como presidente del gobierno. Dos fechas significativas, 1996-2004, que han sido citadas muchas veces utilizándolas como ejemplo, como contraejemplo más bien, de lo que supuestamente sabría hacer bien el PP, incluso después de haber anunciado en 2013, tras dos años de gobierno, que la legislatura está perdida y que en 2015 todo será peor que en 2011 cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa: más desempleo.

A pesar de todo, se repite una y otra vez que todos los españoles saben lo que el PP es capaz de hacer, porque ahí queda 1996-2004. O sea, que la incapacidad manifiesta de estos dos años de gobierno —crecimiento, déficit—, la impericia total —energía—, las contradicciones y cambios de opinión —pensiones—, el incumplimiento sistemático de tantas promesas del programa electoral de 2011, los seis millones de parados ante las consecuencias de sus equivocadas decisiones y la invocación como único recurso a la paciencia ciudadana... nada debe perturbar nuestra confianza infinita en el PP, porque ahí queda 1996-2004. Izquierda, toma nota.

En efecto, nuestra economía creció mucho entre 1996 y 2004. Para ser más exactos lo hizo entre 1993 y 2008, un ciclo económico de quince años, en mi opinión, desperdiciado. Un ciclo cuya parte central fueron esos años de gobiernos del PP, por coincidencia temporal electoral en sintonía con el ciclo económico europeo o incluso global, cuyo fatal desenlace tiene que ver con decisiones adoptadas a lo largo del mismo por los diferentes gobiernos que tuvimos en España durante esos quince años y por las decisiones adoptadas en la UE, en particular las relativas a la creación del euro, que coinciden en su parte más trascendente con esos años.

No resolveremos esta crisis mientras no superemos el mito 1996-2004. El ciclo 1993-2008 ha sido un ciclo perdido en el que nuestra economía concentró su capacidad de inversión y creación de empleo con una intensidad insostenible en el sector de la construcción, ya fuere directamente o indirectamente en las industrias y empresas de servicios vinculadas al mismo. A su vez, nuestro sistema financiero, en particular las cajas de ahorros controladas políticamente desde las comunidades autónomas —los bancos privados tradicionales no cometieron los mismos errores—, inflaron la burbuja concentrando su riesgo en el crédito a promotores y constructores, y por supuesto en las hipotecas, cegadas por la liquidez que el euro aportó hasta llegar al máximo en el año 2007.

En definitiva, dos decisiones nefastas —primacía a la construcción y crecimiento desenfrenado del crédito— que si no se hubieran adoptado o si se hubieran gestionado de una manera muy distinta, habrían garantizado un futuro, o sea, el presente de hoy, muy distinto al que estamos padeciendo. Dos decisiones y un escenario generado por las mismas sobre el que apenas existió crítica, advertencia o análisis riguroso.

La Ley del Suelo aprobada en 1998; el desastre madrileñovalenciano de Bankia, que ha supuesto más de la mitad del rescate financiero; la inexistencia de previsión alguna precisa por diferentes gobiernos sobre la explosión descontrolada del crédito que la entrada en vigor del euro iba a generar a partir del 1 de enero de 1999 —las monedas y billetes lo hicieron el 1 de enero de 2002—; la continua negación de la existencia de la burbuja, como evidencian las hemerotecas... sin todo ello, la realidad hoy sería muy distinta.

1993-2008: Un ciclo económico completo perdido

Por eso sorprende la firmeza del mito 1996-2004, porque sin restar responsabilidad a lo que pudo pasar entre 1993 y 1996, y entre 2004 y 2008 con la economía descontrolada y en ruta de colisión —cierto es que el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque lo planteara en el programa electoral de 2004, cuando menos no pudo cambiar ese rumbo suicida—, llama la atención que se siga apelando a esa praxis gloriosa como referencia subliminal para desviar la atención sobre el actual desastre permanente.

El error colectivo fue de una dimensión y una profundidad desconocidas, inéditas. Un error que se recordará en el futuro en las facultades de ciencias económicas con el mismo interés con el que estudiamos el mítico fracaso de la revolución industrial en España de Jordi Nadal.⁴⁹

La creencia en el crecimiento infinito y sostenido de renta e ingresos públicos, sin parangón en el mundo desarrollado, alcanzó cotas delirantes que hoy resultan cómicas o que parecen simples exageraciones. Por ejemplo, en Madrid, con motivo de la inauguración de la T-4 y de las nuevas pistas de aterrizaje, el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que el aeropuerto de Barajas cerraría veinticinco años después para mudarse a otro emplazamiento y así poder construir sobre el viejo y amortizado aeródromo una nueva ciudad verde. El soterramiento de la M-30 y la monumental factura (superior a la de la ampliación del canal de Panamá, de tanta actualidad) y deuda que ha generado —hasta 7.000 millones de euros según las fuentes que se consulten—, es otro ejemplo. A todo el mundo le parecían estupendos los proyectos de todo tipo que se anunciaban y asombraban al mundo.

El mito 1996-2004 tuvo otro hito importante, o mejor dicho, desaprovechó otra buena oportunidad. En el año 2000 el presidente Aznar contribuyó al lanzamiento de la ambiciosa Estrategia de Lisboa, que debía hacer de Europa la economía más avanzada en I+D+i y conocimiento —y alcanzar la cifra mágica del 3 por ciento del PIB en I+D+i en 2010—, una magnífica idea. Sin embargo, nuestro país, entre 2000 y 2004, vio como el porcentaje sobre el PIB dedicado a esos fines apenas se movía a pesar de la bonanza económica, lastrado por el error colectivo en el modelo de crecimiento. El PP dejó la I+D+i en 2004 en un raspado 1 por ciento del PIB; alcanzó su máximo en 2010 con un 1,39 por ciento,⁵⁰ y está en caída libre desde entonces. La media en la UE es del 2 por ciento del PIB; una UE que sigue marcándose el 3 por ciento como objetivo «eterno», y de cuyo promedio todavía estamos muy lejos como país y como proyecto colectivo.

Autores como Luis Garicano creen que la burbuja generó un efecto pernicioso sobre nuestra economía; la repentina exuberancia material provocó el abandono de la senda de modernización institucional y política que nuestro país había seguido desde la Transición —él destaca la inadaptación de la educación a la nueva realidad global—. Un ciclo perdido en lo económico, y también en materia de reformas. Un ciclo que acabó con un sector casi entero —la construcción—, que es necesario para nuestra economía aunque en otra proporción sobre el PIB, y que acabó también con buena parte del sistema financiero —las cajas— y con las principales instituciones democráticas y de regulación económica anquilosadas por falta de reformas.

La falta de un diagnóstico compartido y fiel a lo sucedido sigue pesando; la inercia política dirigida por los poderosos marcos referenciales construidos por la derecha en los últimos tiempos también. Así, en 2011, siete años y medio después de salir del gobierno, Mariano Rajoy adoptó una inquietante decisión en su primer consejo de ministros, esta vez como presidente, que demostraba la peligrosa fuerza que todavía genera ese falso mito 1996-2004. El gobierno decidió recuperar, con efecto retroactivo incluso, la desgravación en el IRPF por compra de vivienda eliminada por el anterior gobierno, otro de los combustibles de la burbuja. Por suerte, o por desgracia porque la rectificación fue impuesta desde fuera, la UE obligó al nuevo gobierno a eliminarla muy pocos meses después.

Debemos asumir que nuestro país perdió un ciclo completo, el milagro económico tuvo mucho de burbuja, la gestión económica y financiera fue simplemente negligente, creamos renta y empleos que eran insostenibles. Tan insostenibles como los que tardíamente se crearon con la tecnología del carbón y el vapor mientras se generalizaban las tecnologías del motor de explosión y la electricidad. Hubo mucho de todo esto, además de factores de otro orden —pelotazos, abusos, latrocinios, corrupción, sueldos millonarios— que elevaron el valor de la cuenta final, y fue culpa de todos, un grave error colectivo, sí, aunque también fue más culpa de unos que de otros.

Una reivindicación de las empresas desde la izquierda

Los economistas llevan mucho tiempo preguntándose si los españoles tenemos menos propensión a emprender, a asumir riesgos y a crear empresas que en otros países. Como tuve la ocasión de investigar⁵¹ bajo la batuta del maestro Emilio Ontiveros, la respuesta es no. No existe evidencia científica que demuestre que existe una supuesta menor propensión a asumir riesgos de los españoles como colectivo, o de España como marco social, jurídico y económico. Esta falsa creencia tan extendida se ha construido combinando juicios de valor e interpretaciones sesgadas de elementos históricos de carácter económico, empresarial, político y social. Sin embargo, aunque no exista una menor propensión innata o estructural a emprender, durante largos períodos de tiempo nuestros empresarios han cosechado éxitos inferiores a los obtenidos por sus homólogos en ámbitos económicos próximos al nuestro. También, la dimensión de la empresa española ha sido menor y su mortalidad relativa mayor que la del resto de países desarrollados. Este retraso no se debe a factores singulares españoles, aunque existan elementos culturales que no propician precisamente la preferencia por este tipo de riesgo. Son muchas las razones, entre otras el papel jugado por el Estado en la economía o el marco institucional, poco a poco corregidas gracias a la apertura e integración en Europa, aunque todavía de manera insuficiente, tal y como redundan trabajos recientes como los de Ángel Pascual-Ramsay antes citados.

En cualquier caso, coincidimos en la necesidad de recuperar y reivindicar desde una perspectiva de izquierdas el papel que los emprendedores desempeñan en la sociedad.

El análisis de esta cuestión desde una perspectiva económica obliga, en primer lugar, a realizar un amplio examen económico, el propio de la teoría económica y el de la ciencia empresarial. Pero ello no es suficiente, hay que atender a la influencia que el ordenamiento institucional y los valores vigentes en cada momento histórico han ejercido sobre la función empresarial, revisando el camino recorrido por la función empresarial y por los principales emprendedores en nuestro país desde la revolución industrial. En definitiva, los factores que determinan la función empresarial, los propios del análisis económico, en combinación con otros de carácter sociológico, histórico o político que han ejercido en nuestro país una influencia notoria sobre la función empresarial, complementados con una revisión crítica de las principales políticas de fomento empresarial y de los emprendedores en España y en la UE.

El espíritu empresarial es crucial para estimular la productividad y mejorar la competitividad de las empresas españolas. Los emprendedores cumplen una misión doble y fundamental: la económica, asignando recursos escasos a fines alternativos, y la social, produciendo bienes y servicios bajo unas normas y valores determinados. A pesar del esfuerzo de homologación realizado por la economía española con las economías más avanzadas del mundo, para hacerlo plenamente en productividad y competitividad, y en consecuencia en renta real, debe hacerlo también respecto a la calidad de nuestros emprendedores.

Como apunta Baumol,⁵² las instituciones sociales vigentes en cada momento y la importancia que en cada momento se da a la actividad empresarial constituyen las principales claves de su desarrollo y orientación. Partiendo de la premisa de que los empresarios son un agente fundamental, el principal a la hora de determinar niveles de desarrollo y riqueza, el análisis de esas instituciones sociales también es necesario para concluir qué factores pueden contribuir a la existencia de un empresariado con las condiciones más positivas. Baumol concluye que no existe la benevolencia de los empresarios sino una actividad, condicionada por las reglas del juego, que persigue lucrarse y obtener las recompensas que puede extraer de la sociedad, hasta el punto de que el contexto en el que las empresas desarrollan su actividad determina que existan tres tipos de funciones empresariales: productivas, improductivas y destructivas.

En este momento de crisis, una de las cuestiones de mayor relevancia para nuestra economía es la de los factores asociados a la calidad de la oferta, aquellos que pueden mejorar su productividad mediante la generación y extensión de la innovación. Las empresas son las principales responsables de la innovación, esa dinámica que definió Schumpeter.⁵³ Por esta razón es fundamental que nuestro país, que nuestra economía, sea capaz —todavía no lo es— de generar incentivos suficientes para que los buenos talentos asuman riesgos, creen empresas, y así riqueza, empleo y valor. Ésta es una de las razones que explican el pobre crecimiento de la productividad del trabajo. Baumol argumenta que tan importante es la existencia de emprendedores como su orientación hacia funciones empresariales constructivas, hacia la asunción de riesgos en aquellos sectores o actividades más capacitados para que nuestra sociedad genere empleo de calidad, valor añadido y bienestar a corto y medio pero también a largo plazo. No siempre ha sido así, los incentivos que han llevado a tantos a dedicarse a lo inmobiliario durante los años de la burbuja en el ciclo 1993-2008 y del falso mito 1996-2004 son el mejor ejemplo de ese tipo de problema.

El nuevo ciclo

España necesita cerrar nuevos consensos no sólo en lo político —reforma constitucional, sistema electoral, regulación de los partidos, lucha contra la corrupción— sino también en lo económico. No existe un consenso mínimo sobre el modelo de crecimiento que deseamos.

Desde la política, como políticos, debemos ser capaces de responder desde la izquierda a la pregunta: ¿cómo van a crear ustedes los millones de empleos que necesitan?

A corto plazo, ello exige disponer de unas cuentas públicas saneadas que permitan una mayor capacidad de inversión. En España, ese objetivo pasa por converger con la media europea en presión fiscal para reducir un déficit que básicamente es un problema de ingresos estructural, porque la base fiscal se desmontó durante la burbuja y las fuentes de ingresos ligadas a esa expansión han desaparecido, y coyuntural, como consecuencia de la crisis.

Una mayor convergencia financiera y fiscal que convenza al mercado para siempre de la supervivencia del euro. Un proceso que debe culminar en una verdadera integración total, una unión, más allá incluso de las uniones bancaria y fiscal que, ya en marcha, van a complementar la imperfecta unión monetaria.

La izquierda debe presentar y preparar una propuesta fiscal completa, que aproxime la fiscalidad de personas físicas y jurídicas —sociedades—, recuperando incluso ideas abandonadas pero vigentes como el espíritu del tipo único. El objetivo debe ser converger vía ingresos con la media comunitaria y hacerlo en un plazo de años determinado o pactado.

Equilibrar las cuentas, algo que hoy en España es un problema de ingresos más que de gastos a pesar de los excesos que protagonizamos en los buenos tiempos de la burbuja. Una necesidad de equilibrio, sin embargo, en el ciclo y no año a año como equivocadamente impone la incumplible Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, en contra del acuerdo político que acompañó a la discutida y polémica reforma de la Constitución de agosto de 2011 —artículo 135—, y que no va a servir para devolver nuestra economía al crecimiento.

La reducción del déficit es la mejor manera de orientar a medio plazo el ahorro nacional hacia inversiones productivas. El acuerdo fiscal debe ir acompañado de un gran pacto nacional sobre el modelo productivo basado en priorizar la educación, la tecnología, la sostenibilidad, la política social y la cultura. Es evidente que ello exigirá despolitizar la educación y su uso ideológico, eliminando para siempre distorsiones que provocan la obsesión confesional conservadora con su uso —mediante la asignatura de la religión— para fines que nada tienen que ver con la formación en una sociedad moderna de base racional y científica.

La convergencia fiscal con Europa —que el proceso de Unión Fiscal puede favorecer— y un acuerdo sobre el crecimiento que prime los sectores y actividades más capacitados para crear empleo de calidad, bien remunerado y de alta competitividad para competir al alza y no desmantelando socialmente nuestra sociedad, deben ir acompañados de reformas institucionales que garanticen la existencia de un mercado único europeo y nacional, un nuevo impulso a la integración europea y la permanente modernización administrativa de las administraciones públicas. Un Estado moderno del siglo XXI debe contar con unas administraciones, con un sector público, con un aparato público propios del siglo XXI.

España sigue siendo un territorio con profundas diferencias entre el norte y el sur, y entre el Cantábrico y el Mediterráneo y Canarias. La continuación de la recuperación del impulso industrial siguiendo la estela del norte debe ser un objetivo. Además de los sectores maduros y tradicionales que han sido capaces de resistir la crisis, y que incluso están sirviendo como base exportadora para mitigar sus consecuencias —automóvil, bienes de equipo, agroalimentario, etc.—, se deben primar otros sectores como los de la energía, turismo, dependencia y políticas sociales de educación y producción y difusión de cultura y bienes culturales. Los servicios «interpersonales» jamás decaerán sustituidos por avances tecnológicos en robótica o computación.

Las amplísimas diferencias en desempleo que hay entre las regiones españolas muestran las diferencias, y también los problemas estructurales, que existen. Así, con la misma legislación laboral, regiones como Navarra o Euskadi alcanzaron el pleno empleo con tasas en torno al 5 por ciento en plena expansión económica (2007) mientras que otras, entonces, rozaron como mínimo el 15 por ciento (Andalucía, Extremadura). Esa proporción 15/5 se situó al final de 2013 en una ratio 30/15, demostrando que la misma legislación laboral produce resultados muy distintos en función de la estructura productiva. El mismo análisis se puede realizar tomando en cuenta la temporalidad del empleo o los tipos de contratos, sin duda un interesante debate ante propuestas como la del «contrato único».

La combinación de los indicadores y variables derivados del trío burbuja-empleo-educación permite alcanzar otro tipo de conclusiones. La burbuja no sólo paralizó las reformas económicas y modernizadoras de nuestro país, sino que provocó el abandono del sistema educativo de cientos de miles de jóvenes atraídos por los elevados salarios que la construcción pagaba entonces. Este hecho ha provocado una ruptura en una serie clásica con una clara correlación positiva: la que vincula renta per cápita con resultados escolares (liderada por Navarra, Euskadi y otras). Así, hay una clara excepción: una de las regiones más ricas, las islas Baleares, estuvo a la cabeza en materia de abandono escolar durante todo el ciclo económico perdido precisamente por esa «atracción fatal» generada por el empleo en el sector inmobiliario.

España debe volver a ser un país interesante para la inversión extranjera por la calidad de su capital humano, por su calidad de vida atractiva, compatible con salarios competitivos, convergencia europea en lo fiscal —que debe echar el resto en la lucha contra la evasión fiscal, el fraude y los paraísos fiscales—, mientras garantiza un entorno —fiscal, administrativo, competitivo— atrayente para las empresas.

Europa, austeridad y nuevo rumbo

Al comienzo de 2014 el debate austeridad-crecimiento está básicamente superado y agotado. Ahora nadie defiende el tono, el ritmo y la composición de los recortes ejecutados desde 2010, ni el FMI ni la Comisión Europea, desde luego, como ha reconocido en sus propios documentos. Con todo, y a pesar de graves errores auspiciados por una mayoría conservadora y de derechas, en Europa el esquema básico de política económica sigue siendo el mismo.

Las lecciones de los errores cometidos en estos años son de varios tipos. La primera, casi obvia, es que los ajustes fiscales deben ser graduales, y dejando funcionar los estabilizadores automáticos o déficit cíclico. La segunda es que la estabilización del sistema financiero debe resolverse en el conjunto de Europa porque al final los problemas de capitalización de los bancos acaban trasladándose a la deuda soberana convirtiendo deuda privada en pública. En tercer lugar, el compromiso con una consolidación fiscal rigurosa a lo largo del ciclo, que incluso incluya la inversión en el cómputo del déficit sin «regla de oro» alguna, se debe producir a cambio de la instrumentación de una política monetaria más laxa —tipos de interés y tipo de cambio con el resto del mundo— y de una mayor integración solidaria del sistema financiero. El efecto multiplicador de esta combinación —vía inversión y exportaciones—, junto con los efectos de la reducción de la prima de riesgo de los países de la periferia europea, puede superar el efecto del multiplicador tradicional del gasto público. Al mismo tiempo, se debe consensuar una senda de consolidación fiscal que permita una política presupuestaria más flexible para los próximos años, con el objetivo de que el sector público no cercene continuamente las posibilidades de crecimiento del conjunto de la economía.

Es perfectamente posible y coherente defender desde la izquierda medidas de ajuste fiscal capaces de mostrar la disciplina necesaria para estabilizar los mercados en el medio plazo pero, eso sí, compatibles con un esquema de política fiscal conjunta que no sea contractiva en su conjunto ni mucho menos destructiva para nuestro modelo de bienestar. Sin nuevos empleos no habrá presupuestos equilibrados, como recordaba Helmut Schmidt en su excelente discurso en el Congreso del SPD en Berlín el 4 de diciembre de 2011.⁵⁴ Es necesario retrasar los ajustes fiscales de los países con problemas o en recesión, lo cual hoy es factible tras el cambio de discurso de la Comisión Europea y en virtud del incumplimiento de las previsiones de crecimiento. Si se incumplen las previsiones de crecimiento, se deben corregir a la baja los ajustes, no al alza —hay que ser contracíclico no procíclico—. Si no se alcanza el crecimiento previsto, no debe mantenerse el ajuste previsto —y menos aún en cuanto a cifras finalistas que exigen dobles o triples ajustes sobre lo inicialmente planificado—. A pesar de ello, veremos si no se vuelven a cometer los mismos errores.

Es preciso también que el resto de países, en particular los que disponen de márgenes para ello, adopten estímulos para compensar los ajustes de los que los están haciendo, garantizando que la política fiscal del conjunto de la zona euro sea al menos neutral y no contractiva como hasta el momento.

Europa y España necesitan un Plan de Crecimiento a diez años que nos permita recuperar el ciclo perdido en el monocultivo inmobiliario, supere el mito 1996-2004 y acomode las reformas políticas y constitucionales que nuestro modelo de convivencia necesita y que son imposibles de consensuar mientras perdure la crisis económica y sus consecuencias.

En nuestro país dicho Plan debería incluir al menos:

— Un calendario de reformas a diez años que priorice un modelo educativo, un marco ambicioso para la I+D+i y el desarrollo de políticas medioambientales, de sostenibilidad y producción energética de última generación.

— Un calendario de reforma fiscal a diez años que conduzca nuestra presión fiscal a igualar la media comunitaria.

— Un calendario de reformas institucionales sobre: el modelo de Estado, la regulación de la economía en todos sus aspectos, el carácter público de la educación y la sanidad universales, la sostenibilidad de la Seguridad Social y de las pensiones, y todas las políticas que garantizan la igualdad, incluida la negociación colectiva.

En Europa y en la zona euro, un conjunto de medidas que cumplan los siguientes principios:

— Medidas de reforma estructural que aumenten el crecimiento potencial para converger en competitividad y, en consecuencia, en salarios y calidad de vida.

— Establecer las bases de una estrategia cooperativa para que las medidas no se vuelvan en contra con el paso de los meses, ni que beneficien a unos en contra de otros (devaluaciones competitivas, crédito a buen precio sólo para algunos, rescates que perjudican a terceros y no sirven a los beneficiarios, etc.).

Competitividad de izquierdas

Coincidiendo con Pedro Saura,⁵⁵ el crecimiento de la economía española debe venir de una mayor competitividad de nuestra economía, que bien puede ser una «competitividad de izquierdas». ¿Cómo hacerlo? «De una parte, diseñando instituciones con reglas claras y transparentes que eliminen el amiguismo y todo tipo de privilegios, primando la igualdad real de oportunidades ex-ante. Y de otra, el factor relacionado con la competitividad y la internacionalización sobre el que más ha insistido la literatura económica de la última década es el tamaño de empresa», dice Saura. Y todo ello, complementado «a la alemana», continúa, con «unas relaciones laborales más equilibradas, con una mayor participación de los trabajadores en la toma de decisiones, una menor temporalidad y unos trabajadores más cualificados con salarios más altos».

Por último, la Unión Social debe lograr que la estructura básica de bienestar social europea se armonice —pensiones, mercado de trabajo y convergencia de las legislaciones laborales, fiscalidad—, unos objetivos que deben complementar los que la izquierda europeísta y los socialdemócratas europeos defendemos en materia fiscal —unión fiscal, eurobonos, tesoro europeo— y financiero —unión bancaria—. Pues bien, en lo social también.

Para ello es necesario impulsar políticas de dimensión europea destinadas a promover el crecimiento y el empleo, reducir las desigualdades y desequilibrios económicos, sociales y regionales, y convertir el modelo social europeo en seña de identidad y garantía de éxito y competitividad.

A pesar de todo lo anterior, de los errores reconocidos en Europa que no han encontrado todavía eco claro en la política económica impulsada desde la UE, del mito 1996-2004 y del ciclo perdido 1993-2008, sigue quedando mucho por hacer.

La crisis de la Eurozona sigue siendo básicamente una crisis inconclusa que no ha obtenido las respuestas adecuadas por razones ideológicas.

España, aunque también Portugal y otros países, está viviendo una situación de crisis económica tan grave que la emergencia social que ha provocado amenaza la estabilidad de sus instituciones democráticas. En este contexto de hundimiento económico, la discusión sobre posibles vías de ajuste fino o de adecuación de las políticas de igualdad a las nuevas realidades condicionadas por la globalización —un clásico en las reuniones de partidos socialistas hasta 2008— tiene poco sentido. Las prioridades, al menos en el sur, son por desgracia otras. Y qué decir si además estamos gobernados por partidos como el PP, que aprovechan la crisis para tomarse la revancha sobre avances civiles y en materia de libertades que tuvieron lugar hace tres décadas, como es el caso del aborto en España.

El reto para los países que, como España, dependen plenamente de las políticas diseñadas a escala europea es que, si éstas no cambian, la emergencia social de dimensiones inéditas puede acabar convirtiéndose en algo crónico.

Aunque lo peor puede haber pasado ya, en el sentido de que el desplome parece haberse controlado, en España, tras dos ejercicios —2012 y 2013— funestos y un rescate del sector financiero, la idea de que el sur merecía lo que le ha pasado ha dejado heridas muy profundas.⁵⁶

The Economist tituló en noviembre de 2012 «After the fiesta, the party is over» un especial sobre España que sintetiza la visión exterior de nuestro particular desastre, errores y también excesos. Sin embargo, nadie recuerda que España tenía en 2008 una deuda pública por debajo del 40 por ciento del PIB, superávit presupuestario, y lo más relevante, ningún diagnóstico ni mucho menos diagnóstico macroeconómico amenazante respecto a sus cifras macro, su solvencia macroeconómica y financiera, la viabilidad de sus principales empresas o su modelo de crecimiento. Nadie, ni en el infalible norte ni en el torpe sur, supo predecir lo que se avecinaba.

Tampoco recuerdan estos análisis que en su origen la crisis se generó en las prácticas desregulatorias auspiciadas por gobiernos conservadores y también practicadas por algunos progresistas que, como ya hemos visto, nos hicieron vivir alegremente en un mundo sin regulaciones plagado de burbujas. Aquella izquierda era la que se preocupaba por la redistribución, pero muy poco por la producción y por la verdadera naturaleza de las cosas y de la riqueza. Más errores colectivos, en este caso los de una izquierda que dejó de lado reivindicaciones fundamentales como la defensa de sistemas productivos equilibrados, competitivos, diversificados, sostenibles y con una base industrial relevante, sin duda la clave de una prosperidad sostenida.

Europa vista desde el sur

Considerando la procedencia de la paradoja de Dani Rodrik —la imposibilidad de combinar simultáneamente democracia, globalización y Estado-nación—, los países del sur podemos decir bien alto que, puestos a elegir, teóricamente, todos renunciaríamos al Estado-nación para vivir en una democracia global, un sueño progresista, de la izquierda, pero que, sin embargo, lo que hemos vivido en los últimos años «en el sur» ha sido más bien una renuncia de la democracia y un mantenimiento del Estado-nación. La paradoja Rodik en los países con moneda única —o sin moneda propia— es aún más evidente porque muestra cómo destruye democracia dejándolos atrapados en impotentes Estado-nación. En realidad, la hipotética elección entre democracia, globalización y Estado-nación sólo se la pueden plantear los países con moneda propia o los que conservan todos los instrumentos políticos ligados a la soberanía intactos, como el control sobre una moneda «única» a pesar de compartirla con otros Estados.

Nuestros viejos Estados-nación sólo podrían ser reemplazados por Europa, una Europa que está aplicando el mismo esquema de política económica a diferentes países de la Eurozona a pesar de que sus problemas son muy distintos. La burbuja inmobiliaria y el hundimiento del sector de la construcción en España y todo lo que han arrastrado consigo, por ejemplo, ha generado los mismos efectos que un shock de oferta propio, asimétrico, agravado por la crisis financiera global, algo que exige políticas específicas y no el esquema plano que nos ha impuesto la derecha europea. Su medicina ha sido un error, algo así como haber apostado por una tecnología equivocada.

Parece mentira que países como España, que sufren tasas de desempleo del 30 por ciento, y han perdido siete u ocho puntos de su PIB en los últimos años y la cuarta parte de sus ingresos públicos, sostuvieran hace poco tiempo que una de las principales razones por las que se ingresaba en el euro era «tomar prestada la credibilidad» que aportaba la política monetaria de la Europa central, que era básicamente la de Alemania, el marco alemán y el Bundesbank —borrow credibility—. Los problemas de diseño institucional del euro han provocado que con la prima de riesgo descontrolada los tipos de interés hayan sido más bajos fuera de la Eurozona, mientras que la política económica se decide fuera del alcance de las instituciones democráticas. Los parlamentos nacionales debaten, sin capacidad de modificación alguna, la aplicación de programas decididos en otros ámbitos, en la UE o incluso fuera de la misma, y presentados por troikas u otros.

El coste democrático ha sido muy grande. Las elecciones nacionales han llegado incluso a perder el sentido, porque los cambios de mayoría en los parlamentos nacionales —Grecia, Portugal— no han tenido ningún impacto en las políticas impuestas por esas troikas. Políticas impuestas por la hegemonía conservadora y que están conduciendo a Europa hacia una situación muy peligrosa. En realidad, las únicas elecciones importantes son las de Alemania; ya vimos que ni Francia pudo realmente virar demasiado tras la victoria de François Hollande en 2012.

Por esta razón los socialistas del sur nos hemos sentido en algunos momentos huérfanos de una auténtica estrategia progresista de izquierdas común para toda Europa. Por ejemplo, ha hecho falta un año y medio para aprobar la Garantía de Empleo Juvenil (junio 2012 a diciembre 2013). Y el Pacto por el Crecimiento y el Empleo aprobado en junio de 2012 ha sido, cuando menos, desilusionante. El diferente trato que se va a dar a las entidades financieras sometidas a supervisión y quizá resolución en la Unión Bancaria, por ejemplo, que deja fuera a las Sparkassen alemanas, es otro decepcionante ejemplo. A pesar de la gravedad de la situación financiera de determinadas entidades financieras españolas, en particular las que fueron objeto de nacionalización y rescate en 2012, la percepción general ha sido que la UE ha sido claramente benevolente con las alemanas, entre otras (Alemania y Reino Unido han sido los países que han dedicado un mayor porcentaje mayor del PIB al saneamiento de su sector financiero).

Una izquierda europeísta y competitiva en lo económico

La UE necesita que la izquierda europeísta sea capaz de defender desde su propia perspectiva cómo avanzar en las uniones fiscal y bancaria, en el modo en el que el BCE instrumenta la política monetaria y determina los tipos de interés y el tipo de cambio del euro, sobre la necesidad de adoptar medidas para acabar con la fragmentación del mercado financiero de la Eurozona castigado por los diferenciales de tipos de interés y la sequía del crédito, un mercado que es cualquier cosa menos único. La UE necesita que la izquierda apueste claramente por ella, una izquierda que comprenda que no existen alternativas fuera de la misma, una izquierda que no bloquee desde el norte ni desde el sur la construcción de la Europa política. Una izquierda que sepa articular correctamente la dimensión nacional con la europea en el debate político mientras la ciudadanía siga percibiendo al Parlamento Europeo como una institución distante y poco conocida y siga expresando su voluntad política prioritaria en las elecciones a los parlamentos nacionales.⁵⁷

En este difícil contexto, tras la accidentada y plagada de errores trayectoria seguida, los progresistas europeos debemos actuar conjuntamente.

En la zona euro y fuera de ella, en el norte y en el sur, la ciudadanía europea padece de manera similar los efectos de la crisis, y si bien en otros países ésta no viene acompañada de una crisis democrática e institucional como en España, en todos ellos la crisis social es patente.

La crisis del coste de la vida se ha generalizado en toda la UE con la subida constante de los precios de la energía y de los servicios públicos fundamentales, con los efectos del copago en sanidad y educación, la congelación y caída salarial generalizadas y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Esta realidad no es consecuencia de la crisis sino de las opciones políticas predominantes, hegemónicas, de la derecha.

En toda Europa la derecha ha optado por iniciar una carrera para mejorar la competitividad europea basada en la reducción salarial y de los costes salariales, en la devaluación interna, una carrera «hacia abajo» que es imposible ganar porque nunca podremos medirnos en precariedad y miseria con países y regiones en los que por desgracia las condiciones sociales son ínfimas, sí, a pesar de que algunos de sus sectores e industrias sean competitivos. Una estrategia, en definitiva, de desigualdad.

La igualdad contribuye a reforzar el crecimiento, de modo que desde una perspectiva de izquierda debemos perseguir la igualdad no sólo por razones éticas sino también económicas.⁵⁸ Como sostiene Jesús Caldera, la desigualdad y la pobreza generan altísimos costes sociales y económicos. También, a más desigualdad menos inversión en educación y menor crecimiento económico, porque los más ricos tienen mucha mayor capacidad de influir en las políticas públicas para defender sus intereses individuales y no los colectivos que exigen inversión en I+D+i, educación, sostenibilidad e infraestructuras. Asimismo, la desigualdad deprime la demanda interna y favorece las burbujas crediticias y las crisis financieras por la acumulación de activos financieros en sectores sociales o incluso grupos o familias muy reducidos.

Europa debe competir desde sus empresas en talento, en educación, al tiempo que contribuye a mejorar las condiciones de vida del resto del mundo. La izquierda europea ha sido la mayor exportadora de prosperidad global de la historia de la humanidad. Nuestro modelo ha sido copiado con éxito en América, en Asia... y debe seguir siendo un referente. Los europeos debemos ser conscientes de que existe un nuevo paradigma que está sacando a muchísima gente de la pobreza extrema, el de China, sin democracia ni derechos humanos, sin instituciones reflejo de las que nuestra cultura de raíces greco-romanas y universalizada en la Ilustración ha intentado propagar por el mundo, al menos desde que existe la UE, o antes las Comunidades Europeas.

La antipática para muchos Europa, que dice al resto del mundo cómo debe comportarse con cierta superioridad moral, esa Europa proselitista en su realidad normativa, debe asumir que ahora existen otras opciones y que debe esforzarse más que antes. Más internamente para ser competitiva sin competir hacia abajo y más hacia fuera para demostrar que el bienestar sin democracia es sólo una conquista a medias, algo no sostenible.

Europa debe competir hacia arriba, no con países que no invierten en educación y que no protegen a sus ciudadanos. Y debe hacerlo mientras mantiene cada vez más vivo y abierto su vínculo con el resto del mundo.

10

El futuro que nos espera

(por Matt Browne)

La izquierda es más necesaria que nunca. Su capacidad para seguir contribuyendo a la transformación de la sociedad en un marco global y de profundas y rápidas transformaciones exige una renovación constante de las ideas progresistas. Esa renovación en sentido práctico es quizá lo que está ahora o en ocasiones en entredicho, no los principios ni los objetivos. La izquierda y la socialdemocracia lograron que las sociedades occidentales, especialmente las europeas, superaran el siglo XX, incorporando en cierto modo al consenso político y social las instituciones del bienestar diseñadas durante el siglo. Un éxito que al mismo tiempo marca el fin de un tiempo y un impasse de decadencia, como reconoce Tony Judt en Algo va mal, al constatar que hay muy pocos políticos europeos que no estén de acuerdo acerca del núcleo de supuestos socialdemócratas sobre las obligaciones del Estado.

La izquierda debe ser capaz de construir un discurso global de progreso y crecimiento, de sostenibilidad social y ambiental, de optimismo sobre el futuro, y por ello le he pedido a Matt Browne su colaboración para que aporte su visión acerca de lo que le está ocurriendo a la izquierda en el mundo utilizando dos ejemplos o referencias. En primer lugar, la coalición progresista que ha aupado al presidente Barack Obama ya dos veces hasta la Casa Blanca, en «Wii, the people» (Nosotros, la gente) —escribiendo We (nosotros, en castellano) como wii, simbolizando el poder de las redes sociales y las nuevas tecnologías—. Y en segundo lugar, «Una nueva alianza progresista, The case for traffic light coalitions» («El caso de las coaliciones “semáforo”»), en el que analiza la dispersión creciente de fuerzas progresistas y la cada vez más frecuente necesidad de configurar alianzas con partidos como los verdes o incluso los liberales —amarillos en la jerga política— para confrontar a la derecha con coaliciones «tricolores» —de ahí lo de semáforo—, una realidad palpable en Europa y que, como ya vimos, también ha identificado Ignacio Urquizu cuando argumenta que la izquierda no gobierna ahora menos que en la añorada «edad dorada» de la socialdemocracia, sino que lo hace de manera similar en términos cuantitativos o de «tiempo» aunque con mucha más frecuencia en coalición.

Pues bien, esa renovación exige apertura de miras y otra actitud, como en otros ámbitos, que contribuya a romper los rígidos esquemas que imponen las realidades nacionales para afrontar la legítima confrontación izquierda-derecha desde la realidad actual.

La realidad ha cambiado y no va a dejar de hacerlo a un ritmo frenético. Desde una perspectiva de izquierda, en la sociedad contemporánea es fundamental que nuestro país, que Europa, que nuestra economía generen talento y conocimiento, primero, y que después seamos capaces como sociedad de generar incentivos suficientes para que los buenos talentos asuman riesgos y transformen mejorando y modernizando nuestra sociedad en todas sus dimensiones. Del mismo modo que las empresas son las principales responsables de la innovación, esa dinámica que definió Schumpeter cuando explicó que desde las empresas impulsadas por individuos que arriesgan se crea riqueza, empleo y valor. Lo mismo debemos hacer en la izquierda.

La izquierda debe saber crear incentivos para que los mejores talentos y las mejores ideas salgan adelante, para que lideren políticamente el cambio social, para que continúe indefinidamente la transformación y modernización de nuestra sociedad conforme a los valores y principios que configuran nuestra ideología, en igualdad y libertad, y que hemos visto en los capítulos anteriores.

10.1. Wii, the people (nosotros, la gente).

Partidos, movimientos, infraestructuras y campañas en la era 2.0

Introducción

Con ocasión de la elección presidencial de 2008 en Estados Unidos, muchos estrategas y expertos progresistas se embarcaron en un peregrinaje a ese país para conocer las últimas innovaciones en organización política y comunicación. La gran mayoría acudieron a estudiar la comunicación online y las redes sociales, con la esperanza de encontrar la «pócima mágica» que ayudaría a modernizar y a revitalizar sus movimientos. Lo que descubrieron fue una constelación de novedades progresistas mucho más rica. El resurgimiento de las políticas progresistas en Estados Unidos se ha centrado en la creación de un gran movimiento y de un conjunto muy amplio de instituciones progresistas.

Desde la perspectiva de la campaña, tanto las redes sociales como la campaña online y la gestión de bases de datos han reinventado, rediseñado, los movimientos políticos, ayudando a construir un campo de operaciones capaz de unir la comunicación online y offline y a facilitar la comunicación entre iguales. Además, ha emergido una serie mucho más amplia de instituciones progresistas, con think tanks (centros de investigación) que promueven espacios de debate en los que se originan políticas progresistas y en los que se exponen y analizan críticamente las propuestas e ideas conservadoras.

El establecimiento de estos think tanks, junto a los medios de comunicación, los institutos de formación, consultores políticos y blogs, contribuye a lo que en Washington se llama la «infraestructura progresista». Esta infraestructura ha ayudado a desarrollar políticas basadas en hechos y en valores, que producen ideas políticas innovadoras, ayudan a elaborar campañas más efectivas y proporcionan a los ciudadanos nuevas oportunidades para implicarse y defender causas en las que creen.

Para los progresistas de todo el mundo que quieren extraer lecciones de la victoria del presidente Barack Obama en 2008 y de las novedades que han tenido lugar desde entonces, es crucial lograr una buena comprensión de la creación de este ecosistema progresista, y del papel específico que el partido, las instituciones progresistas y las campañas políticas —presidenciales en este caso— han jugado en esta evolución. Como análisis final, el renacer de las políticas progresistas en Estados Unidos ha sido construido sobre un resurgimiento de movimientos políticos, unos movimientos políticos como nunca antes se habían visto.

Si bien este conjunto de técnicas e instrumentos que dirigieron esta renovación se originaron en un contexto específico estadounidense, si se adoptase una filosofía similar de organización, creemos que podrían ser aplicados políticamente con éxito en cualquier lugar del planeta.

The changing face of politics

(El rostro cambiante de la política)

«El cambio viene del exterior.»

BARACK OBAMA

44º presidente de Estados Unidos

Hacía tiempo que la comida en la escuela de Isadora Faber, en la ciudad brasileña de Florianópolis, no era buena, así que la niña, de trece años, empezó a escribir en su blog sobre ello. Hizo fotos, escribió sobre las reacciones de los estudiantes y lo compartió en Facebook. Nunca pensó que su blog pudiera atraer a tantos seguidores. En un mes, 69.000 personas dieron al «me gusta» en su página en Facebook. Sobrepasó su propósito inicial: empezó a colgar vídeos del caos durante las clases de matemáticas, hizo fotos de cables sueltos y ventanas rotas y escribió sobre malos profesores. ¿Podría la dirección del centro, frente al enorme apoyo público, hacer otra cosa que enfrentarse a estos problemas?

Desde luego, Isadora estaba muy contenta. Pero lo más importante era que por todo Brasil su ejemplo era ahora seguido por otros. Una desconocida niña de trece años había lanzado un desafío a la corrupción y a las prácticas oligárquicas que muchos consideraban irremediablemente arraigadas en la administración pública brasileña.

El desarrollo de las nuevas tecnologías en información y comunicación no es sólo un nuevo instrumento curioso que usan cuatro pirados. Por el contrario, lo que fundamentalmente hace es ofrecer a los ciudadanos nuevas vías para comunicarse. Asimismo, tiene el potencial de cambiar irrevocablemente la forma en la que los políticos trabajan. Es más, hacen posible que cada individuo movilice a miles de ciudadanos afines con sólo unos pocos clicks de su ratón. Los nuevos medios de comunicación hacen la información mucho más accesible y ofrecen a los partidos y movimientos sociales la posibilidad de abrir y explorar nuevas vías para conectar, informar y organizarse.

En 2008, siguiendo las elecciones presidenciales estadounidenses, muchos estrategas y expertos en organización política progresistas hicieron un peregrinaje a Estados Unidos para aprender las últimas novedades en organización política y comunicación, para ver cómo este nuevo instrumento mediático había sido exitosamente aplicado a la política. La mayoría esperaba que con el estudio de la comunicación online y las redes sociales encontrarían la fórmula mágica que les podría ayudar a modernizar y revitalizar sus propios movimientos. Sin embargo, aquellos que volvieron a casa pregonando lo que habían encontrado, probablemente habían confundido lo que vieron. Internet no es la solución rápida para los problemas a los que se enfrentan los progresistas.

Entre 2004 y 2008 se hicieron una serie de inversiones a largo plazo en una amplia gama de instituciones progresistas que han continuado evolucionando desde entonces. Esto tuvo lugar en paralelo, y desde luego complementó, a la reorientación y reorganización del Partido Demócrata y de su manera de hacer política. Sin ningún género de dudas, la innovación en la tecnología de la información y comunicación jugó un papel muy significativo, y ha allanado el camino de acceso al proceso político y democrático, pero su importancia no debería ser sobrestimada.

Sin un nuevo enfoque en el modo de hacer política mucho más participativo e inclusivo no se podría haber obtenido todo el potencial que ofrecen estos instrumentos o habrían sido manejados ineficientemente. Sin un esfuerzo conjunto para desarrollar nuevas ideas políticas y programas de gobierno no habría habido nada sustancialmente nuevo que comunicar, y muy poco que organizar.

Los nuevos think tanks, organizaciones mediáticas, instituciones de formación, innovadores electorales y de campaña (campaign innovators), blogs y grupos de interés, contribuyen desde entonces a lo que en Washington se conoce como infraestructura progresista. Una comprensión más profunda y rica del resurgimiento progresista en Estados Unidos tiene que prestar mucha atención a la diversidad de este ecosistema político y al papel específico que el partido, las instituciones progresistas y la campaña jugaron en su evolución y que a día de hoy continúan desempeñando.

El renacimiento de las políticas progresistas en Estados Unidos se ha construido sobre un resurgimiento de movimientos políticos como no se había visto antes. Partidos políticos y campañas se han abierto como nunca lo habían hecho. Se han generado nuevas ideas fuera del partido y han surgido nuevos talentos gracias a organizaciones ajenas al partido. Incluso el proceso de primarias, que permite elegir al líder de modo libre y transparente, ayuda a democratizar la estructura del partido más allá del control de sus élites. En muchas culturas políticas encontramos resistencia a estos cambios, tanto por parte de las élites como de los miembros de base del partido.

Por supuesto, el cambio es a menudo perturbador. Y, aquellos que detentan el poder, a cualquier nivel, lo encuentran casi siempre incómodo. Pero la resistencia al cambio es una estrategia arriesgada. La mayor parte de la gente joven ya no ve a las organizaciones políticas como el mejor camino para el cambio. Los partidos políticos tradicionales aparecen como obsoletos y escleróticos ante los ojos de una generación que reverencia menos al poder. Una nueva generación que quiere participar activamente y en la mayoría de las ocasiones en sus propios términos, y que probablemente no esperará mucho tiempo una invitación o permiso para hacerlo. Aquellos a los que se les ofrece la oportunidad de participar pueden ser incentivados a involucrarse mucho más que antes. Aquellos a los que se excluye encontrarán otras vías para canalizar su energía.

En su clásico ensayo La democracia en América, Alexis de Tocqueville expuso la famosa tesis de que «es la gente la que gobierna». Eso, por supuesto, no ha sido nunca del todo verdad ni en Estados Unidos ni en Europa. Los políticos y los partidos políticos han disfrutado siempre de un cierto grado de autonomía que ellos protegen. Los grupos de interés han ejercido siempre una presión excesiva. Pero hoy, como las barreras de entrada en el proceso político son cada vez más bajas, la afirmación de De Tocqueville tiene una renovada importancia. Como el presidente Obama ha señalado, en la era 2.0 «el cambio viene de fuera». Para los partidos políticos progresistas, el reto del futuro será cómo adaptarse para atraer o trabajar conjuntamente con aquellos que tienen valores comunes, y comparten objetivos similares, incluso si no son exactamente los mismos y si no tienen ninguna afiliación institucional. Los partidos que lo consigan ayudarán a crear un movimiento para el futuro. Los que no lo hagan, se convertirán en movimientos del pasado.

Rebuilding to reclaim the American dream

(Reconstruir para recuperar el sueño americano)

En 2004 los demócratas estadounidenses estaban inmersos en la más absoluta confusión. Habían sido vencidos por un presidente republicano que creían muy impopular pero que, a pesar de ello, encontró trece millones de nuevos seguidores. También habían perdido la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que permitió a la derecha conservadora establecer un monopolio de poder en Washington. Para empeorar las cosas, los conservadores buscaban establecer una hegemonía cultural y de ideas en todo el país.

En los momentos posteriores a las elecciones muchos de los medios centraron su atención en las razones superficiales de la derrota electoral, como los fallos en la estrategia de campaña o en el mensaje. Fuera de los medios de comunicación se hizo un análisis mucho más rico y profundo. Los demócratas no tenían mensaje, prácticamente habían perdido todos los debates importantes, y se habían organizado mal.

Learning from the Conservative Message Machine Money Matrix

(Lecciones de la organización económica conservadora de fabricar mensajes)

Este análisis fue avalado por el estudio llevado a cabo por Rob Stein, hasta entonces desconocido miembro del aparato demócrata, que siguió la evolución histórica de la infraestructura conservadora que se había creado en las tres décadas anteriores: la llamada «Conservative Message Machine Money Matrix».

Durante los primeros años de la década de 1970 un grupo de conservadores influyentes comenzó a preocuparse por el «ataque al capitalismo» que ellos percibían que se estaba produciendo. Un pequeño grupo de donantes quiso entrar en acción y desarrolló un documento de lo que se debería hacer. Estaban convencidos de que para cambiar verdaderamente el rumbo del país los conservadores no sólo deberían intentar ganar batallas electorales sino que tenían que derrotar a los «liberales» —equivalente a progresistas en Estados Unidos— en la batalla cultural de las ideas y redefinir lo que se veía como sentido común. Se dieron cuenta de que el Partido Republicano no podía hacerlo solo y que necesitaba aliados.

Lo que comenzó como un puñado de individuos e instituciones aliadas con ese fin, como The Heritage Foundation, culminó con el establecimiento y la creación de la infraestructura política más impresionante conocida en el mundo occidental. Al inicio del siglo XXI, una gran cantidad de canales de televisión, cadenas de radio, think tanks, medios de comunicación, asesores legales y organizadores de campañas trabajó en conjunto para desacreditar los ideales y valores progresistas y debilitar el papel del gobierno. Aunque cada uno de estos grupos tenía su propia agenda y misión, compartían un conjunto de valores comunes: libertad empresarial, libertad individual y límites al gobierno.

En 2004 este esquema superó cualquier cosa que los demócratas pudieran ofrecer. Estaba bien financiado y era increíblemente efectivo.

Primero, una maquinaria mediática —a través de radio, prensa escrita, agencias de noticias y el mayor y más conocido canal de televisión, Channel Fox News— difundió el mensaje conservador a millones de personas diariamente por todo el país. Segundo, una serie de think tanks, incluidos The Heritage Foundation, el American Enterprise Institute y Kato. Todos y cada uno, representando diferentes escuelas de pensamiento —liberalismo libertario, neocon y conservador—, produjeron nuevas ideas políticas, defendieron e hicieron proselitismo de la causa conservadora en los medios, y atrajeron y educaron a miles de políticos conservadores, organizadores de partidos y campañas y pensadores. En tercer lugar, una hueste de organizaciones se centró en el objetivo de convencer a los ciudadanos para que apoyaran las posturas conservadoras en asuntos muy concretos: pro uso de armas, provida y antigays. Durante las campañas electorales, los llamados «grupos externos» (outside groups) también dirigieron campañas concretas y ataques publicitarios, como el ahora infame Swift Boat Veterans for Truth,⁵⁹ al que muchos consideran la principal causa de descrédito de la campaña presidencial de John Kerry en 2004. Cuarto, y seguramente lo más importante, un esfuerzo organizativo, repartido entre diferentes grupos sociales, incluida la comunidad cristiana, que consiguió trece millones de nuevos votantes en 2004, de los que tres millones fueron nuevos votantes cristianos evangelistas.

Durante la campaña, los conservadores y sus aliados fueron capaces de magnificar su mensaje a través de medios de televisión de derechas y cadenas de radio mientras, al mismo tiempo, y sin que se supiera demasiado, confiaban en que la Iglesia lograra proporcionar una gran movilización de votantes. Fuera del ámbito de campaña, la maquinaria conservadora promocionaba muy agresivamente su causa, cambiando la opinión de la nación en asuntos esenciales como el aborto, el derecho a llevar armas y los beneficios de bajar impuestos. Este éxito del mensaje conservador no sólo llevó a las victorias presidenciales y en el Congreso en 2004, sino que consiguió cambios a largo plazo en la opinión pública y movió la aguja del sentido común hacia la derecha. Los conservadores habían realizado una campaña permanente que dejó a los demócratas electos en sus despachos luchando contra un nuevo consenso social, y puso a los futuros candidatos demócratas frente un reto aún mayor cuando llegase la hora de defender sus valores.

Desde esta perspectiva, el resultado de las elecciones de 2004 no era simplemente el fracaso de una campaña (un fracaso cíclico), era el resultado de un fracaso, que venía de tiempo atrás, por no invertir en el desarrollo de una infraestructura progresista que pudiera enfrentarse y compensar la potente maquinaria conservadora (un fallo estructural).

Revisión de las políticas demócratas

Al mismo tiempo, fuera de los círculos del partido, entre un grupo importante de demócratas comprometidos, estaba surgiendo un análisis diferente pero al mismo tiempo complementario. La base social y electoral de los demócratas estaba decepcionada. Algunos estaban desilusionados con el partido, sus fallos habían contribuido al sentimiento de que estaban viviendo en una nación de un solo partido. Estas frustraciones generaban energía pero también desconfianza en el círculo interno del partido. La pregunta era cómo movilizar esa base demócrata.

Inicialmente, movimientos ciudadanos de base como MoveOn. org se beneficiaron de esta actitud, atrayendo a miles de activistas progresistas. Organizaron encuentros en domicilios privados, hicieron acopio de listados de números de teléfono, difundieron mensajes y realizaron numerosas campañas como activistas en oposición a iniciativas específicas llevadas a cabo por el segundo gobierno de Bush. Simultáneamente, MoveOn.org organizó también debates sobre el futuro de las políticas de izquierda y sobre los nuevos fundamentos de una nueva agenda de izquierdas. Más allá de MoveOn.org, empezó a aflorar una vibrante comunidad en internet con una serie de agresivos blogs de izquierdas. Webs como Daily Kos y posteriormente Huffington Post generaron una oleada de energía e ideas, atrayendo a los progresistas más radicales y a los mejores comentaristas anti-Bush, y creando un hogar virtual para los demócratas desilusionados, una cuna de nuevos talentos y un motor de movilización de voluntarios y energía.

Finalmente, aunque no por ello menos importante, el éxito de la campaña de Howard Dean para el liderazgo del Comité Nacional Demócrata (DNC) ofreció una oportunidad para que el partido reinventara su conexión a la política. Dean había perdido en su apuesta para ser el candidato demócrata presidencial en 2004, en gran medida por su franqueza. Sin embargo, esta característica es lo que haría de él la persona idónea para el trabajo de reorganización del DNC, encargándose de la élite del partido y de su obsoleta visión de la organización política. La apuesta presidencial de Dean había estado caracterizada por su adhesión a las nuevas tecnologías. En efecto, se convirtió en una figura nacional por el uso de internet y de las redes sociales, y por su vinculación con los movimientos ciudadanos de base (grassroots). Su campaña fue la primera que contó con un panel online que ofrecía a los voluntarios la posibilidad de participar y comprometerse libremente, lo que le ayudó a ganar un número inaudito de pequeñas donaciones económicas.

Caso práctico en la construcción de infraestructuras de partido a largo plazo:

La «Estrategia demócrata de los 50 estados»

Elección a elección, estado a estado, distrito a distrito, puerta a puerta, voto a voto, vamos a levantar nuestro partido y vamos a devolver este país a las personas que lo construyeron.

HOWARD DEAN

expresidente del Comité Nacional Demócrata

En diciembre de 2004, sólo unas semanas después de las desastrosas elecciones presidenciales en las que John Kerry perdió contra un muy derrotable George W. Bush, Howard Dean lanzó su campaña para convertirse en el presidente del Partido Demócrata. Dean centró su candidatura en la premisa de que la única vía para una victoria electoral demócrata a largo plazo era transformar la organización del partido. Esto requeriría la creación de una robusta infraestructura en los cincuenta estados que se involucrase y se comunicase con sus votantes todo el tiempo. La principal idea de esta estrategia no era sólo invertir la tendencia de un menguante mapa electoral (battleground electoral map) que dificultaba cada vez más que los candidatos presidenciales demócratas alcanzaran los 270 votos electorales para ganar la Casa Blanca —como John Kerry—, sino también construir un partido participativo con el que se comprometieran los activistas de base, un partido capaz de orientar su energía a maximizar su atractivo así como a explotar todo lo posible su capacidad de organización.

En la primavera de 2005, el DNC empezó a desplegar cuatro o cinco personas en cada estado para trabajar como organizadores de campo, secretarios de prensa, expertos tecnológicos y responsables de bases de datos de votantes del estado. Su principal responsabilidad fue empezar a identificar, reclutar y construir líderes de distrito motivados y con energía para que organizaran sus comunidades como voluntarios un año antes de las elecciones. Así, una vez identificados, después de seguir una sesión de formación de tres días en el DNC en Washington, estas personas y líderes locales regresarían a sus comunidades para llevar a cabo sesiones similares para líderes vecinales y otros voluntarios con el fin de enseñarles las bases de lo que debía ser una operación «sobre el terreno» que estas personas podrían ejecutar en sus propios vecindarios.

Antes de 2005 el Partido Demócrata sólo hacía campaña durante los cuatro meses previos a cualquier proceso electoral, normalmente confiando en una combinación de personal del partido y de voluntarios ajenos al estado en cuestión debido a las restricciones de tiempo con las que se realizaban las campañas. Como resultado de la «Estrategia de los 50 estados» y sus esfuerzos organizativos tan tempranos durante todo el 2006, el Partido Demócrata, a cien días de las elecciones de ese año, ya había:

— Reclutado e identificado a casi 180.000 voluntarios locales para ayudar en las elecciones locales y estatales.

— Hecho cinco millones de llamadas para captar votantes.

— Llamado a seis millones de puertas para hablar con potenciales votantes y animarlos a apoyar a sus candidatos locales.

— Ayudado a ampliar su campo de juego, anteriormente muy marginal, en Kentucky, Idaho, Indiana y Nebraska, que culminaron con mejoras demócratas de 3, 8, 2 y 9 puntos, respectivamente.

Junto con el despliegue de su personal en cada uno de los cincuenta estados y para reforzar y asegurar el éxito sobre el terreno, el DNC también llevó a cabo importantes, por no decir ingentes, mejoras tecnológicas. Los refuerzos tecnológicos fueron diseñados para proporcionar herramientas online y offline que incorporaran datos a tiempo real con los que potenciar la capacidad de los colaboradores para organizar y comunicar el mensaje del Partido Demócrata de forma más efectiva tanto en las comunidades locales como en la comunicación individual a través de las redes sociales. En la primavera de 2006 el DNC lanzó la ficha de votante online (Vote Builder), que operó desde una plataforma centralizada del DNC a lo largo y ancho de los cincuenta estados. Anteriormente al lanzamiento del Vote Builder, el partido en su dimensión nacional contaba con una extensa, interminable y fragmentada base de datos sin control de calidad alguno, que además estuvo inaccesible durante las semanas de cierre de campaña en las elecciones de 2004.

Entrando en el año electoral de 2008, el DNC creó y desplegó una revolucionaria y avanzadísima herramienta online de conexión y alcance con el votante llamada «Neighbor to Neighbor» (vecino a vecino) como un refuerzo adicional a los esfuerzos organizativos ya desarrollados en los cincuenta estados. Este novedoso instrumento permitió por primera vez a los voluntarios y colaboradores tener acceso directo a la ficha del votante y poder contactar con veinte votantes que vivieran en su vecindario al mismo tiempo. Esta herramienta proporcionaba nombres, direcciones, números de teléfono y un guión de campaña que seguían cuando contactaban con sus vecinos para animarlos a apoyar al candidato demócrata. Al final de 2008 los colaboradores y activistas estaban haciendo unos seis millones de contactos diarios utilizando el sistema «Neighbor to Neighbor».

El resultado de estas estrategias rompedoras se demostró por los abrumadores resultados del Partido Demócrata en las sucesivas elecciones: le llevaron al control del Congreso y el Senado en 2006 y a las conocidas victorias de 2008, cuando los demócratas barrieron en las elecciones presidenciales y expandieron su control a las dos cámaras del Parlamento. Es más, estos esfuerzos tuvieron como resultado históricas victorias a nivel estatal y local. Los demócratas alcanzaron victorias que nunca antes habían conseguido, y presentaron candidatos muy cualificados en cientos de elecciones donde unos pocos años antes muchos de esos puestos quedaban vacantes por la incapacidad del partido de reclutar buenos candidatos.

Howard Dean, en resumen, aprovechó su condición de presidente para reorganizar el DNC aplicando las técnicas de organización y comunicación que había utilizado en su campaña, y aprovechando la energía y el talento de aquellos que las habían creado. Desde un principio construyó el partido desde abajo hacia arriba, conectando desde el primer momento con demócratas desilusionados, a menudo en eventos públicos y sociales que tenían poco que ver con el Partido Demócrata.

Dean tomó esta decisión estratégica para asegurar que el partido fuera más competitivo en cada uno de los estados. Abrazando la idea de la «Estrategia de los 50 estados», diseñada y dirigida por Tom McMahon, su director ejecutivo, Dean decidió reforzar y mejorar su estructura organizativa en cada estado, incluso en aquellos en los que la mayoría creía que nunca se votaría mayoritariamente a los demócratas, o que no lo harían durante generaciones. Al hacer esto, como McMahon indica, puso el partido patas arriba y lo revolucionó.

Una «estrella de la muerte» progresista

En 2004 se empezó a formar una tormenta perfecta progresista.

Primero, un grupo de donantes se dio cuenta de la necesidad de invertir en infraestructura progresista. Segundo, un gran grupo de activistas y simpatizantes empezó a pedir la apertura del partido, la realización de reformas y el uso de los nuevos medios para su organización y comunicación. En tercer lugar, los demócratas habían tocado fondo y por tanto no había ninguna razón para evitar apuestas, tenían que asumir riesgos. Había que probar algo nuevo.

En cualquier caso, como Matt Bai ha descrito,⁶⁰ se generó un debate acerca de quién debía hacer cada cosa, hacia dónde y cómo se debía dirigir esa energía, y quién pagaría y asumiría los costes.

Había cuestiones de organización, por ejemplo cómo dividir el poder. Había importantes debates sobre políticas concretas. Había cuestiones estratégicas como si era preferible centrarse en el desarrollo ideológico y político de su ejecución práctica o más bien en su comunicación. Y además, por supuesto, estaba el gran reto de cómo superar las diferencias internas. Así, paso a paso, se creó un impresionante número de instituciones, el partido se modernizó y los progresistas comenzaron a establecer una maquinaria capaz de enfrentarse a los conservadores.

La piedra angular de esta nueva infraestructura progresista sería el Center for American Progress (Centro para el Progreso de Estados Unidos, CAP). Creado en 2003, con el CAP se creaba un nuevo tipo de organización multifuncional, un think tank capaz de desarrollar políticamente asuntos estratégicos de vital importancia, y también un centro de mando —un cuartel general— capaz de hacer proselitismo y defender con agresividad si fuera necesario esas políticas.

Este compromiso de defensa no debería ser subestimado. Desde el comienzo, el CAP gastó un porcentaje sin precedentes —el 40 por ciento— en comunicación. También fue pionero en el uso de nuevos medios. Fue la primera organización en establecer una comunicación directa por e-mail (en 2004, su lista de e-mail tenía 100.000 suscriptores, la más popular revista online de noticias en Estados Unidos) y tenía su propio blog, Thinkprogress, con más de cinco millones de visitantes cada mes.

El CAP también buscó revolucionar la manera con la que las instituciones progresistas en Estados Unidos se gestionaban y se enfrentaban a la política. En primer lugar, juntó todos los asuntos políticos bajo el mismo techo. Previamente, las organizaciones tendían a especializarse en un área. Segundo, rechazó lo que se aceptaba como el sentido común a la hora de afrontar los debates políticos en Washington, D.C. La primera y más importante propuesta política del CAP atacó lo que muchos percibían como la mayor fortaleza de los republicanos, la política de seguridad nacional. Hasta entonces, los progresistas consideraban la seguridad nacional como una debilidad innata, que era mejor neutralizar copiando a los conservadores, o siendo más agresivos que ellos.

En septiembre de 2005 el CAP publicó su primer gran informe, Strategic Redeployment (Reorganización estratégica. Un plan progresista para Iraq y la lucha contra los extremistas violentos),⁶¹ que argumentaba que la estrategia de la Administración Bush en Iraq socavaba el poder estadounidense y debilitaba la capacidad nacional de mantener Estados Unidos a salvo. El documento argumentaba que Estados Unidos necesitaba una estrategia basada en la evaluación conjunta de todas las amenazas para centrar sus esfuerzos en las redes del terrorismo global y conseguir aportar una mayor estabilidad a Iraq y a sus países vecinos. Ésta era una forma agresiva, basada en valores y en la evidencia de la realidad, de redefinir los parámetros del debate sobre la política de seguridad nacional a favor de los progresistas.

Este enfoque sirvió para definir la posición del CAP en el espacio político progresista. Dirigido por su presidente fundador, John Podesta, el CAP se ha involucrado continuamente en ámbitos de los que anteriormente los progresistas se habían ausentado —fe, religión y política— o en los que estaban desmoralizados —atención sanitaria asequible—, así como en temas nuevos necesarios para definir el futuro de Estados Unidos.

A medida que la organización evolucionaba, el CAP también empezó a expandir su capacidad organizativa, en particular en relación con los nuevos norteamericanos y los millennials⁶² —Campus Progress— para ayudar a construir un nuevo liderazgo. Con un presupuesto anual de unos 35 millones de dólares, el CAP actualmente se define como un «bastión progresista» (battleship) en el centro del desarrollo de las políticas progresistas, de su proselitismo y de sus infraestructuras organizativas.

Caso práctico en liderazgo de los jóvenes: Campus Progress

Campus Progress compromete a la próxima generación de jóvenes líderes progresistas con la construcción de una sociedad más justa. A través del compromiso político, de innovadores programas de organización social y comunicación, ayudamos a una nueva generación de progresistas a promover y generar el cambio en sus comunidades y a lo largo y ancho de todo el país.

ANNE JOHNSON

directora ejecutiva de Campus Progress

Para los noventa millones de la fortísima generación de los millennials que llegan a la mayoría de edad, entran en el mercado de trabajo, en el servicio público y votan en las elecciones, Campus Progress ha creado un ecosistema para jóvenes progresistas, de entre dieciocho y treinta años, donde desarrollar propuestas políticas, comunicar con efectividad, cualificarse mejor para el liderazgo y el proselitismo (advocacy) y generar un poder de base (grassroots) que pueda impulsar cambios sociales a la vez que se construye una infraestructura a largo plazo para el movimiento progresista. Anualmente, Campus Progress llega a más de un millón de jóvenes estadounidenses.

Implicar a la gente joven en el debate público. Anne Johnson.

«No creo que la generación Millennial sean tan apática como a menudo se afirma; algunos millennials han decidido conscientemente no participar en el proceso político. Nuestra generación tiene más voluntarios que cualquier generación en la historia, estamos profundamente implicados en nuestras comunidades y en el cambio social a un nivel individual y local. Somos una generación muy emprendedora y que se enfrenta a los problemas. Pero muchos jóvenes desconfían del gobierno, no conocen el sistema y no ven ni esperan resultados.

»Nuestra filosofía es ayudar a los jóvenes a alcanzar resultados por sus propios medios, a implicarse en la democracia y a apreciar el efecto que sus acciones pueden tener. Tratamos temas que importan a la gente joven: economía, educación superior, derechos del colectivo LGBT, inmigración y otros asuntos sociales.

»Nuestras campañas empiezan con educación sobre el debate político y tratando los asuntos que afectan a los jóvenes, y a partir de ahí lograr que se comprometan y pasen a la acción mediante la firma de peticiones, escribiendo un post para nuestro blog, haciendo llamadas a responsables políticos, exigiendo actuaciones a sus representantes en el Congreso, hablando en ruedas de prensa, organizando eventos locales o debates en mesas redondas y compartiendo su historia personal.

»En 2012 Campus Progress llevó a cabo una exitosa campaña con el fin de mantener asequibles los préstamos a estudiantes. Miles de jóvenes se implicaron directamente en la campaña, redactaron documentos e informes, compartieron sus historias y presionaron y movilizaron a sus senadores online y en Washington, D.C., hicieron tuits con el hashtag #DontDoubleMyRate, hablaron con los medios y se hicieron oír. A pesar de estar en un complicado y agitado año electoral, ganamos la campaña, ahorrando a más de siete millones de jóvenes un total de 7.000 millones de dólares en el pago de intereses por sus préstamos. Cuando la gente joven puede experimentar en primera persona su poder dentro del sistema democrático, sabemos que continuará estando implicada y que contribuirá a construir un movimiento progresista con vocación de perdurar en el tiempo.»

Por supuesto, el CAP no es la única organización que dirige el debate político progresista en Washington. El Economic Policy Institute, el Progressive Policy Institute, el New Democrat Network, el Center on Budget and Policy Priorities, todos han jugado un papel en el desarrollo de la política económica y social. Igualmente, el National Security Network y el Center for a New American Security son cruciales en lo que se refiere a los temas de seguridad. Y, por supuesto, grupos como Planned Parenthood (defensores del derecho a decidir) y Human Rights Campaign (por los derechos de los homosexuales y transexuales) han contribuido notoriamente a sus áreas respectivas.

El resurgir demócrata y los fundamentos para el cambio

En paralelo al resurgimiento de la infraestructura demócrata, Howard Dean presionó para la reorganización del partido. El DNC dedicó personal a reclutar, formar, motivar y facilitar el voluntariado en todos los estados, empezó a crear una base de datos integrada para gestionar y mantener el contacto con el votante, experimentó constantemente con los medios online, y reforzó la infraestructura de comunicación tradicional como los centros telefónicos.

La importancia de desarrollar una base de datos de votantes y voluntarios no debe ser subestimada, ni tampoco las dificultades que se tuvieron que superar para conseguirlo. Previamente, los diferentes estados y candidatos que se presentan tenían sus propias bases de datos, que a menudo se perdían después de un ciclo electoral, o eran custodiadas por los candidatos como información privilegiada que debía ser guardada con celo. Había una gran resistencia a colaborar y un fuerte deseo de retener el control de la información. Al final, sin embargo, a través de la persuasión y del ofrecimiento de soporte tecnológico, el DNC fue capaz de convencer a la mayoría para que compartieran y también actualizaran constantemente la información sobre los votantes, y a que se comunicaran a través de un sistema unificado. La experiencia fue similar cuando el DNC presionó para lograr que se usasen el panel online (Dashboard) y los programas de formación comunes. Al final, una combinación de más y mejores recursos, una base creciente de voluntarios y una mejora en los resultados electorales convencieron a los escépticos de los beneficios de la reforma.

En las elecciones de mitad de mandato de 2006, los demócratas ganaron cinco asientos en el Senado, con un total de 49, y 31 asientos más en la Cámara de Representantes, que les daban el liderazgo con 233 votos.

Otra fortaleza del DNC con Dean fue que se convirtió en un hub de apoyo a los innovadores en nuevas tecnologías de información y comunicación. Compañías como el Voter Activation Network, que proporcionaba herramientas de gestión del contacto con el votante para la campaña de Obama de 2008, así como Blue State Digital, que producía las herramientas online y para redes sociales, se lanzaron y lograron su capital-semilla con el DNC. Como Sasha Issenberg ha descrito en The Victory Lab,⁶³ en 2012 estos grupos externos al partido todavía estaban ahí trabajando y perfeccionando la maquinaria electoral de campaña y su tecnología.

El enfoque filosófico de Dean sobre la política del Partido Demócrata tuvo su eco en la campaña de Obama de 2008, y las inversiones que el DNC realizó en talento y herramientas de organización también sirvieron para la campaña presidencial.

Caso práctico en organización de campaña:

Los principios de organización de la campaña Obama

1. Organización horizontal, no vertical. Todo el mundo en la campaña, a cualquier nivel, debería tener la posibilidad de tomar decisiones y aportar información al sistema.

2. Cualquier política es local. El conocimiento de campo, relaciones y políticas locales, supera la teoría de las oficinas centrales.

3. La responsabilidad crea disciplina. Establecer objetivos, educar a la organización en el porqué, demandar información y razones y después pedir responsabilidades y rendir cuentas.

4. Se necesita un gran ejército para crear un ejército masivo. Una organización con un voluntariado masivo requiere una gran organización.

5. Si lo construyes, vendrán. La gente necesita un espacio al que acudir. Oficinas por todos lados permiten crear una comunidad omnipresente.

6. Mantener muy claros los límites y mantener muy definidas las relaciones. No hay que confundir la organización de los voluntarios con las múltiples relaciones y actividades de la organización.

7. Dejar a los voluntarios expresar su opinión en su propia campaña. Algunas opiniones se consultarán a todos; las personas no son robots.

8. Organizar equipos en comunidad. Trabajar juntos es enriquecedor y estimulante.

9. Los voluntarios se unen por el candidato pero se quedan por la gente con la que trabajan. Los voluntarios tienen que ser respetados, empoderados y considerados (respect, empower, include).

10. Lo que existe online ha existido antes en la oficina. La tecnología debe servir a la organización y no al contrario.

11. Siempre, siempre, siempre... pedir la opinión de la gente, escuchar sus pensamientos y necesidades y decir GRACIAS.

«Respetar, empoderar y considerar» era el mantra de la campaña Obama 2008. Estas tres palabras podían encontrarse en coloridos pósteres que decoraban las paredes de cada oficina electoral regional a lo largo de todo el país. En palabras de los voluntarios Karin Christiansen y Marcus Roberts, estos principios por un lado ayudaban a mitigar las tensiones y fricciones habituales de la vida de campaña mientras que, por otro, inspiraban a los voluntarios a implicarse más y convencer a amigos y vecinos a unirse a ellos, e incluso a conseguir esos pequeños donativos que contribuyeron a esa gigantesca campaña.⁶⁴ Asegurar que el tratamiento de los voluntarios fuera fiel a estos tres principios fue parte de la estrategia que mejor funcionó para crear la mayor operación de voluntarios en busca del voto de todos los tiempos.

La táctica de Obama era esencialmente una combinación de técnicas de toda la vida, como movilización social de base, promoción electoral y búsqueda de votos, publicidad hasta la saturación, pero realizadas con un conjunto de herramientas muy modernas. Para los progresistas es esencial entender en qué aspectos el uso de internet fue uno de los factores que contribuyó a la victoria de Obama. Como Paul Tewes, la cabeza pensante de la insurgencia obamita en Iowa describe, «el mensaje y la organización ganaron la campaña, la tecnología estuvo a su servicio».⁶⁵

Dicho esto, la tecnología jugó un papel mucho más decisivo en la mejora de la eficiencia de la campaña de lo que lo hizo en campañas previas. Por ejemplo, Obama recaudó 687 millones de dólares, de los que casi tres cuartas partes fueron donaciones online de cuatro millones de personas; trece millones se dieron de alta para recibir e-mails de forma regular e incontables eventos vecinales, locales y acciones de campaña se organizaron a través de la herramienta de red social MyBarackObama. com. Esta herramienta ayudó a los voluntarios a organizarse en sus propias comunidades y dentro de su propio entorno. Como Tom McMahon ha señalado, una de las fortalezas de las herramientas online que se desarrollaron durante este período fue que permitieron que los voluntarios escogieran su propio punto de entrada y participación en la campaña, y comprometerse en ella a su manera. Como consecuencia, los voluntarios dedicaron más tiempo que nunca a la campaña.

También como consecuencia, en la carrera hacia las elecciones se llamó a más puertas, se hicieron más llamadas telefónicas y se organizaron más eventos locales que lo que nunca antes se había conseguido. En los últimos días, la campaña consiguió hablar a diario con más de seis millones de votantes. Como resultado, el día de las elecciones la campaña había hecho un contacto cara a cara con el 50 por ciento del electorado total, una cifra para lo que no existían precedentes. En comparación, el equipo de John McCain sólo consiguió hablar con un 25 por ciento de los seguidores republicanos, no del censo.

Cumpliendo y defendiendo el cambio

El 4 de noviembre de 2008, Barack Obama recibió el 53 por ciento del voto popular, frente al 46 por ciento de su oponente republicano, John McCain, una distancia aún mayor en votos electorales —365 contra 173—. El 53 por ciento del voto conseguido por Obama fue el mayor porcentaje recibido por un candidato presidencial en veinte años.

Este porcentaje se consiguió construyendo una nueva e histórica coalición de mujeres, jóvenes votantes y minorías.⁶⁶ Siguiendo la estela de Obama, los demócratas ganaron ocho escaños en el Senado y veintiuno en el Congreso, logrando el control sobre las dos cámaras a la vez que la Casa Blanca por primera vez desde 1992.

Dos pasos adelante, uno atrás...

Barack Obama se presentó con un programa muy progresista que incluía el compromiso de cobertura sanitaria universal, una transformación drástica en una economía de bajas emisiones de carbono y una inversión histórica en educación, en combinación con un mensaje claro de que se requeriría un importante gasto público y esfuerzo regulatorio para enfrentarse a la crisis económica y financiera.

En los primeros meses de la presidencia Obama, en 2009, se aprobó una gran cantidad de legislación para hacer frente a la crisis bancaria y estimular la economía invirtiendo en nuevos proyectos energéticos, carencias de infraestructuras, educación y apoyo a las familias de clase trabajadora. En 2010 los demócratas aprobaron la gran transformación legislativa en sanidad, culminando una batalla progresista de cien años por una cobertura sanitaria universal, y adoptaron los mayores cambios en la regulación de las finanzas estadounidenses desde los días de Franklin D. Roosevelt.

El rápido inicio y materialización de la agenda de gobierno del presidente hizo necesario un cambio en el enfoque de muchos dentro de la infraestructura progresista. Antes de 2008 la mayoría de instituciones progresistas se centraron en atacar a George W. Bush y en derrotar a John McCain. Desde enero de 2009, sin embargo, esta infraestructura se centró en apoyar la agenda del presidente, tanto en términos de contenido y detalles políticos como de apoyo y promoción pública.

En paralelo, el aparato de campaña de Chicago y la más que notable lista de direcciones de e-mail del presidente, con más de trece millones de personas, se trasladaron al DNC. Esto dio esperanzas a muchos dentro de la comunidad progresista de que la tecnología y las técnicas de organización que Obama había usado para la campaña generarían un nuevo estilo de gobierno, con un presidente capaz de movilizar la presión externa de los ciudadanos sobre los recalcitrantes miembros del Congreso para apoyar su agenda de reformas.

Para movilizar a toda la comunidad progresista en apoyo de la agenda del presidente, se creó una nueva serie de infraestructuras. Primero se estableció Common Purpose. El grupo, que en la actualidad se reúne semanalmente, juntó a líderes de varias instituciones progresistas, incluidas Change to Win, fundada por los sindicatos, y MoveOn.org coordinando posiciones. En combinación, el Center for American Progress Action Fund y Media Matters of America comenzaron a realizar una llamada matinal diaria para definir el mensaje progresista, mientras que una nueva organización de campo, Unity ’09, se encargó de movilizar a los simpatizantes a pie de calle.

De hecho, a mediados de 2010, la Administración Obama había cumplido muchas de sus promesas, incluidas la reforma sanitaria, la reforma financiera y el fin de las operaciones de combate en Iraq. Como ilustra el caso práctico siguiente, la infraestructura progresista jugó un papel nada desdeñable.

Caso práctico: Estudio de promoción y difusión política (Policy Advocacy)

La ley de sanidad

Reformar nuestro sistema sanitario ha sido una prioridad en las actividades del Center for American Progress desde nuestra fundación. Nos enorgullecimos de la decisión de la Corte Suprema de apoyar la constitucionalidad de la ley y de abrir el camino para mejorar la vida de millones de estadounidenses.

NEERA TANDEN

presidenta y consejera delegada del CAP

Desde el principio hasta el final, ningún otro asunto ha puesto tan de manifiesto la gran habilidad del CAP para influir en la dirección de la política en Estados Unidos.

En marzo de 2005, en un momento en el que nadie en Washington quería oír hablar de cambiar las propuestas para una cobertura sanitaria universal, el CAP se metió en la brecha con una innovadora propuesta política que desembocó en la defensa progresista de una reforma sanitaria. El CAP propuso construir el nuevo sistema sanitario a través de nuevos mercados sanitarios, así como a través de ayudas y reformas en el mercado de seguros. Estas ideas se publicaron en el prestigioso periódico Health Affairs, y el CAP organizó numerosos eventos de alto nivel para introducir estas ideas en el debate mediático nacional sobre políticas.

El concepto de progreso del CAP se basa en la creencia de que simplemente no es suficiente con tener buenas ideas, hay que luchar por ellas todos los días e introducirlas en el proceso político. Ésa es la teoría del CAP sobre el cambio (change). Y eso es lo que el CAP hizo.

En 2006 CAP Action organizó que médicos y personal sanitario apoyaran y asesoraran, basándose en su experiencia, a los candidatos en el Congreso y el Senado que iban a defender el sistema sanitario universal. Si bien las victorias de estos candidatos progresistas en las elecciones de mitad de mandato no se basaron únicamente en la reforma de la sanidad, las nuevas mayorías en las dos cámaras tenían ahora este asunto como prioridad y eran mucho más receptivas a la hora de abogar por un sistema sanitario para todo el mundo.

En la primavera de 2007, en colaboración con el sindicato SEIU, CAP Action organizó un foro sobre sanidad en Las Vegas con todos los candidatos presidenciales demócratas. El objetivo del evento era incitar a cada uno de los candidatos a adoptar el plan de sanidad universal. Como resultado de una actuación ahí que, como él mismo admitió después, había sido bastante floja, el entonces senador Obama dijo a su equipo que era necesario tomarse en serio la reforma sanitaria. Unos meses después propuso un plan que adoptó el esquema que había realizado el CAP sobre la sanidad, y ya como presidente, ese marco y trabajo previo se convirtió en la base de la Ley de Sanidad Asequible (Affordable Care Act [ACA]).

Las ideas del CAP sobre la reforma de la sanidad se convirtieron en la base de las propuestas del presidente Obama, y esto no ocurrió por accidente. Jeanne Lambrew, una investigadora del CAP, que ayudó en el borrador del plan del centro, se incorporó al HHS (Health and Human Services, su sanidad pública), y Neera Tanden defendió el plan cuando se unió a la campaña Obama, trabajando después en su asimilación por la nueva Administración. El CAP fue el principal en y desde la comunidad progresista a favor de la aprobación de la ley.

Pero la lucha aún no había acabado, incluso cuando la ACA ya se había convertido en ley. Mientras las demandas de inconstitucionalidad de la ley avanzaban por los juzgados, el CAP coordinó los informes de expertos a favor de la ley, y lo hizo tanto en los juzgados de distrito como en el Tribunal Supremo. Los informes del CAP complementaron los del Procurador General. El CAP seleccionó las materias que se tratarían y cómo se definirían, identificando a los posibles signatarios de los diferentes informes y trabajando con despachos de abogados para su redacción, y asegurándose de que el conjunto de informes cubriese toda la argumentación.

Los informes del CAP fueron citados en el voto particular de la jueza Ruth Bader Ginsburg sobre la cláusula de comercio.

Tanto antes como durante los tres días de la argumentación oral, el CAP y CAP Action desarrollaron el argumento de que cambiar el mandato individual sería considerado un acto de activismo judicial que acabaría debilitando el papel del Tribunal ante la opinión pública. El mismo presidente Obama adoptó la teoría del CAP sobre las consecuencias y las repercusiones de una ruptura radical con los precedentes existentes que la Corte Suprema parecía que se estaba planteando.

Si se da veracidad a las filtraciones de la Corte, este esfuerzo conjunto tuvo su efecto en el juez John Roberts.

La historia de la reforma sanitaria en Estados Unidos tiene muchos héroes, todos ellos merecedores de felicitaciones y agradecimiento. La historia de esta reforma es también la historia del CAP. Comenzó el relato en 2005 y estuvo presente en cada paso del camino.

Dicho esto, el agujero económico que heredó el presidente provocó que, a pesar de los logros legislativos, de la aprobación de paquetes de estímulo económico para reavivar la demanda agregada y de ayudas para los propietarios de casas en dificultades y los parados, la situación económica en Estados Unidos tardaría en cambiar más tiempo de lo que muchos esperaban.

Además, junto a estas reformas políticas, Obama también había prometido transformar Washington y crear una nueva forma de hacer política, pidiendo poner fin a las amargas batallas partidistas en el día a día parlamentario. Esto, por supuesto, era algo que los republicanos por su cuenta podían decidir no aceptar, no concederle, y es exactamente lo que hicieron.

Casi inmediatamente después de la toma de posesión del presidente Obama y a lo largo de sus iniciales victorias legislativas, la derecha conservadora organizó un agresivo y bien coordinado contraataque contra el impulso progresista de su presidencia. Los líderes republicanos en el Congreso y en el Senado se embarcaron en una cínica y selectiva estrategia de bloqueo unificando su oposición ante la agenda política y legislativa del presidente y utilizando todo tipo de obstáculos procedimentales como las interminables escaramuzas filibusteristas en el Senado o las demoras en la ratificación de los nombramientos del presidente para los puestos clave de gobierno.

El reaccionario movimiento conservador, alimentado por la demagogia de Fox News, debates radiofónicos y líderes como Sarah Palin, Glenn Beck, Rush Limbaugh y Newt Gingrich, tildaba cada movimiento del presidente de socialista, comunista y fascista. El Tea Party, un movimiento de base de resistencia basado en ideas libertarias, pero en la práctica otra arma de las bases republicanas más conservadoras, creció apoyándose en el sentimiento de oposición a la apuesta del presidente por la reforma sanitaria y por los estímulos adicionales para ayudar a los estados con problemas presupuestarios y a los desempleados.

La combinación de una recuperación económica más lenta de lo esperado y un envenenamiento del clima político hizo que los demócratas se enfrentaran a un predecible e inevitable crecimiento de descontento del electorado en las elecciones de mitad de mandato.

Y así, en 2010, el Partido Demócrata sufrió una de sus mayores derrotas, cediendo el control de la Cámara de Representantes al Partido Republicano y registrando los datos de apoyo electoral más bajos entre la clase blanca trabajadora. Los republicanos ganaros 63 asientos en la Cámara, el mejor resultado conseguido por un partido en unas elecciones de mitad de mandato desde la segunda guerra mundial y la tercera vez que se conseguía un aumento de más de cincuenta desde entonces (las elecciones se celebran cada dos años).⁶⁷

Si se reflexiona al respecto, es justo decir que durante la fase inicial del primer mandato de Obama, la legislación y las medidas de intervención económica avanzaron muy deprisa sin que se diera una explicación adecuada sobre la estrategia global. El casi un año de duración del debate sobre la sanidad no ayudó a aclarar la confusión de la gente, y el ya conocido escepticismo estadounidense sobre la intervención gubernamental en la economía, tanto en la izquierda como en la derecha, tampoco fue de mucha ayuda. De la misma manera, la continua insistencia del presidente en intentar encontrar espacios de acuerdo con un partido que consideraba su caída como un éxito y avance permitió a la maquinaria propagandística de la derecha dominar completamente los términos del debate público durante demasiado tiempo, lo cual hizo a menudo muy difícil movilizar la infraestructura y el movimiento progresistas para servir de contrapeso.

El Partido Demócrata y el movimiento progresista habían desafiado con éxito a la maquinaria electoral de Bush-Rove en la campaña de 2008, pero no habían sido capaces de responder a la capacidad de los medios conservadores para fijar la agenda una vez instalados en el gobierno. El paso desde la campaña al gobierno había sido muy duro.

Mirando hacia delante, no hacia atrás

Las elecciones de mitad de mandato y los debates sobre el techo de la deuda que los siguieron supusieron un punto de inflexión.

En primer lugar, la Casa Blanca se volvió más agresiva en la defensa de sus logros, sobre todo los retos a los que se enfrentó el ACA (véase el caso práctico) y la creación de empleo. La nueva Ley de Empleo (American Jobs Act) marcó un agresivo inicio. En paralelo, a pesar de su indudable descoordinación, el Occupy Movement y el 99 Percent Movement se convirtieron en vehículos para canalizar la frustración pública sobre el ritmo de recuperación de la economía y sobre la financiarización de la economía. A pesar de no ser directamente los contrapesos del Tea Party, estos movimientos lograron desplazar físicamente el debate público lejos de la deuda y el déficit, devolviéndolo a la clase media, la justicia económica y el trabajo.

Caso práctico sobre movimientos externos: El movimiento Occupy

La primera protesta Occupy que recibió una amplia atención y cobertura fue la ocupación de un parque en el distrito financiero de Nueva York a principios de septiembre de 2011. Bajo el lema «Somos el 99 por ciento», el movimiento denunció la desigualdad económica y social, la avaricia, la corrupción y la injustificada influencia de las grandes corporaciones sobre el gobierno. Para octubre de ese mismo año las protestas de Occupy habían tenido ya lugar en 95 ciudades de 82 países distintos y habían convocado a cientos de miles de activistas.

El movimiento trató de ofrecer una revolución democrática adoptando el debate como método y no las reivindicaciones concretas; también rechazó elegir líderes. Este modelo anarquista lo convirtió en un movimiento caótico sin objetivos claros ni capacidad de ganar influencia real. En Europa, especialmente en el norte del continente, fue pronto marginado (15-M en España).

Las preocupaciones del movimiento Occupy, más que el propio movimiento, encontraron un apoyo más permanente ente los estudiantes, personajes famosos y el público en general. La petición por parte de este movimiento de un reparto más justo de la riqueza y de la influencia, según el Financial Times, «alteró los términos del debate político» y alumbró la búsqueda de una nueva narrativa económica.

Las encuestas a pie de urna de las elecciones de mitad de mandato de 2010 mostraron que, además de la decepción sobre la recuperación económica que sentían los ciudadanos no adscritos a ningún partido —independientes—, los votantes de clase media blanca trabajadora, las personas mayores y los hombres —los principales grupos que votaron a los republicanos—, la participación fue inusualmente baja, en particular entre los jóvenes y las minorías, contribuyendo a conformar un electorado muy sesgado. Por ello, un reto fundamental ante 2012, y a largo plazo, era recuperar, volver a motivar, a este electorado. El CAP y otros grupos progresistas hicieron de ello una importante prioridad estratégica.

Caso práctico sobre creación de movimientos: El proyecto Progreso 2050

Estados Unidos está experimentando un importante y profundo cambio demográfico. El resultado del estudio Census 2010 pronosticaba que en el año 2050 no habrá ninguna mayoría clara racial o étnica porque el grupo de residentes con mayor crecimiento en Estados Unidos son los descendientes de hispanos y asiáticos.

El cambio demográfico tiene importantes implicaciones políticas, particularmente si las actuales disparidades raciales y étnicas en educación, empleo, salud y en otras muchas áreas se mantienen. Si Estados Unidos no garantiza el éxito de los grupos que más están creciendo, no será capaz de capitalizar totalmente todas las ventajas económicas que puede aportar. Por tanto, es necesaria una visión positiva del futuro del país, una visión que se debe centrar en la oportunidad que brinda la diversidad y en cuánto gana el país si invierte en las comunidades que más crecen, acabando con las desigualdades que todavía afectan a las personas por motivos raciales y étnicos.

El proyecto Progreso 2050 (Progress 2050 Project) se creó en 2010 en el CAP con el objetivo de destacar esta visión positiva y, sobre todo, para configurar una agenda política completa y realista que permita conducir al país hasta ese objetivo.

A continuación se ven algunos ejemplos del trabajo de Progreso 2050.

América en 2050

El proyecto Progreso 2050 trata de abrir un diálogo nacional acerca de la oportunidad de la diversidad y de ofrecer una agenda política concreta a la nueva administración a partir de 2013. El estudio será realizado en conjunto con PolicyLink, un instituto nacional de investigación con una red de base muy sólida (grassroots network), y ayudará a enmarcar las discusiones sobre el destino demográfico de los países desde una aproximación constructiva dejando de lado la perspectiva de las carencias y centrándose en la oportunidad de la diversidad.

Como el modelo de progreso del CAP está basado en la creencia de que no es suficiente con tener las mejores ideas, sino que también hay que asegurarse de comunicarlas de forma efectiva, este informe se acompañará de una nueva estrategia y marco de comunicación. Esta configuración debe permitir que los progresistas desarrollen una narrativa positiva que pueda ser usada en los foros de discusión sobre cambio demográfico, una narrativa fundamentada a partir de encuestas nacionales y de los resultados de grupos de discusión en los que se animará a los estadounidenses de todo el país a definir y hablar de sus aspiraciones para el año 2050.

Para la preparación de este informe, el equipo Progreso 2050 y PolicyLink viajó por todo el país durante 2012, organizando conversaciones en mesas redondas en comunidades que ya habían experimentado este cambio demográfico, con el fin de mantener un diálogo específico sobre las oportunidades y los retos de la diversidad. El informe destacará cuáles son las innovaciones en la política local de las comunidades con las que se trabajó y que podrían ser un ejemplo para el resto del país.

La iniciativa One Future Together (Un futuro juntos)

Progreso 2050 también ha formado equipo con el grupo de inmigración del CAP para examinar las crecientes diferencias generacionales raciales y reubicar el debate sobre el papel de la inmigración en el futuro de la economía estadounidense. Así, mientras que el envejecimiento de la población se parece a la crisis demográfica que están experimentando otros países, los hijos de inmigrantes en Estados Unidos suponen la mayoría del crecimiento de nuestra población más joven y tienen la llave de nuestra futura prosperidad. Esta iniciativa conjunta analizará cuáles son las necesidades de los trabajadores del siglo XXI y formulará diferentes escenarios que ilustrarán en términos económicos utilizando indicadores concretos cuánto se puede ganar o perder como nación en el futuro sobre la base de las decisiones políticas que se tomen hoy.

Leadership Institute

Para que una nueva generación de líderes de diferentes perfiles y comunidades de origen progrese, el CAP alberga el Instituto de Liderazgo (Leadership Institute), conformado por doce beneficiarios de su programa (fellows). Durante dos días al mes, el CAP acoge a los doce en Washington para que conozcan y se relacionen con el mundo político progresista y descubran, definan y desarrollen los conocimientos y destrezas necesarios para crear y difundir ideas políticas a sus comunidades caracterizadas por la diversidad.

En segundo lugar, el inicio del proceso de elecciones primarias republicanas también constituyó una oportunidad para los progresistas. Informalmente, el proceso de primarias empezó antes que nunca. Así, mientras una serie de candidatos pensaba en presentarse a una base conservadora cada vez más radicalizada, la oportunidad de mostrar la visión más negativa y menos atractiva del programa republicano y de sus puntos de vista surgió con claridad. Esta oportunidad coincidió con una evolución del enfoque de muchos de los medios progresistas online, que optaron de manera progresiva por crear noticias y no por informar o difundir de manera simple opiniones e ideas progresistas.

El ThinkProgress del CAP, por ejemplo, hizo un seguimiento de candidatos de las primarias por todo el país, y les exigió que explicaran sus radicales puntos de vista. Tara McGuinness, jefa de comunicación del CAP, lo definió como una forma «fight-picking» (buscar pelea) de hacer campaña. La importancia de estas peleas, argumentaba, es que definen dónde te sitúas, y por qué y por quién te sitúas. Pero también muestran cómo operan los medios, y así conceden más atención a tu investigación, a tus ideas, a tus valores. Así que por ejemplo, cuando ThinkProgress publicó la historia de que Herman Cain nunca nombraría a un musulmán en su gabinete o equipo si resultara elegido, ello ayudó a promover el artículo «Miedo Inc.: las raíces de las redes de islamofobia en Estados Unidos», que puso en evidencia cómo un pequeño grupo de donantes conservadores había orquestado esta campaña, incluidos los ahora infames hermanos Koch. Al mismo tiempo, ayudó a dibujar una clara división entre los tipos de América que los conservadores y los progresistas concebían.

En tercer lugar, y en relación con lo anterior, a partir de la decisión del Tribunal Supremo en el caso Citizens United⁶⁸ —permitir las donaciones de corporaciones a entidades externas o terceras—, el papel y la influencia de los donantes y de las aportaciones independientes, los llamados Super PACs, aumentaron exponencialmente. En las elecciones de 2012 casi 650 millones de dólares se entregaron a grupos externos o terceros, de los que dos tercios fueron a grupos conservadores como Crossroads USA. El uso de estas donaciones inundó las emisoras de radio con publicidad negativa y ataques a las ideas y el carácter del candidato. En esa misma línea, el Super PAC progresista Priorities USA buscaba presentar al potencial candidato republicano, Mitt Romney, como despiadado magnate, ajeno a la vida de los ciudadanos reales.

En cuarto lugar, y seguramente el más importante, sutilmente, sin que se pudiera detectar (below the radar), la campaña Obama seguía mejorando y reforzando su trabajo de campo.

El trabajo de campo en 2012 fue incluso mayor que en 2008. En los estados «oscilantes» (swing) la campaña fue más de campo que nunca, con numerosos organizadores en nómina en cada uno de ellos (700 sólo en Ohio). Las cientos de oficinas locales superaban a las de los republicanos en proporción 2 a 1 o 3 a 1 según los estados. Por todo el país, los voluntarios jamás se habían sentido tan motivados y tenidos en cuenta. Con un claro conjunto de opciones, con unas instrucciones e información centralizadas, los organizadores ayudaron a hacer esta experiencia divertida y socialmente interesante. El voluntariado también se podía realizar desde casa, online o vía Dashboard. Por estos canales los voluntarios podían recibir instrucciones y números de teléfono para hacer llamadas, buscar eventos y ponerse en marcha —la célebre frase get fired up—. Los voluntarios fueron más incentivados que en 2008 a organizar sus propios eventos, esto les daba más fuerza —empoderamiento— y también liberaba un poco la carga del personal a sueldo.

El ejército de voluntarios de campo despejó el camino para una extremadamente eficiente operación de «Get Out The Vote!» (Sal a buscar el voto) el día de las elecciones (y durante el voto anticipado o por correo). En muchos estados oscilantes, las familias se sorprendían de que los voluntarios llamaran a su puerta hasta tres veces el día de las votación, preguntando por un solo miembro de la familia, nombre y edad incluidos, ¡porque no habían votado todavía! Los 125 millones de datos de votantes del equipo de Obama eran más del doble que los de los republicanos.

Toda la operación de campaña estuvo dirigida por la información y las bases de datos. Los voluntarios de campo y la innovación en nuevas tecnologías de comunicación sirvieron para construir un enorme conjunto de datos de información que modelizaba el comportamiento de los votantes. Ello sirvió para organizar el tiempo de los voluntarios de forma más efectiva así como los anuncios, mensajes y e-mails.

Los Super PAC de AFL-CIO —los sindicatos— comenzaron a aplicar las enseñanzas de los juegos online y en la red en los instrumentos de campaña online. Los voluntarios recibían puntos adicionales por su contribución a la campaña, que tenían un valor monetario real en dólares. Estos fondos podían ser utilizados para acciones offline determinadas por el voluntario, como por ejemplo financiar un evento local, elaborar un anuncio propio o dar apoyo financiero al candidato designado por el voluntario.

Sin embargo, en casi todos los casos, estas innovaciones servían para reforzar tres principios vitales: cualquier cosa que se produce online tiene que convertirse en un objetivo offline, hay que confiar en los voluntarios y empoderarles, y el principal propósito de la tecnología es servir a la estrategia de la campaña, no definirla.

La inversión dio sus frutos. A pesar de la preocupación de los demócratas por los supuestos bajos niveles de entusiasmo y motivación y los estrechos márgenes de las encuestas después del primer debate, la operación de campo del presidente Obama consiguió sorprender tanto a los republicanos como a los encuestadores independientes, al lograr una alta participación entre los grupos clave. Desde 2008, más de diez millones de nuevos votantes se habían registrado, y la gente joven, muchos de ellos latinos, constituía la principal parte de ellos. Los latinos incrementaron su porcentaje en el electorado total desde un 9 por ciento en 2008 hasta un 10 por ciento. En Florida, por ejemplo, esto significó unos 200.000 votos adicionales. Mientras, los votantes negros se mantuvieron en el mismo porcentaje que en 2008, el 13 por ciento, las mujeres subieron del 53 por ciento al 54 por ciento. La gente que ganaba menos de 50.000 dólares también incrementó su resultado, subiendo desde un 38 por ciento hasta un 41 por ciento. Y los jóvenes votantes aumentaron del 18 por ciento de 2008 a un 19 por ciento.

El presidente ganó el 55 por ciento de todos los votos femeninos, sin tener en cuenta raza o nivel de ingresos, y el 60 por ciento de todos los de rentas bajas.

El 6 de noviembre de 2012, el presidente Obama fue reelegido con el 50,5 por ciento del voto popular y con una sólida victoria en los estados oscilantes o penduales tradicionales, lo que le proporcionó 322 votos de colegios electorales, manteniendo Florida, Virginia, Nevada, Wisconsin y Ohio.

Al día siguiente el reelegido presidente visitó sus cuarteles generales de campaña para dar las gracias al personal y a los voluntarios. Allí explicó lo que le hacía sentirse tan agradecido.

«Traté de imaginarme a mí mismo cuando me mudé a Chicago a los veinticinco años. Tenía esta vaga inclinación a cambiar las cosas. Pero no sabía realmente cómo hacerlo. No tenía la estructura (...). Y cuando vengo aquí y os miro a todos vosotros, lo que me viene a la mente no es que vosotros, jóvenes, me recordáis a mí mismo, es el hecho de que vosotros sois mucho mejores de lo que yo era. Sois más inteligentes, mejor organizados, más efectivos. Y tengo la absoluta certeza de que todos vosotros vais a hacer cosas increíbles en vuestras vidas.

»Lo que Bobby Kennedy llamaba las “ondas de esperanza”, que surgen cuando se tira una piedra en un lago, eso es lo que vosotros sois.

»Cuando os miro en esta habitación pienso que en cualquier sitio en el que acabéis, en el estado que sea, en cualquier trabajo, sea el sector privado, el sector público, sectores sin ánimo de lucro, en cualquiera, vais a hacer grandes cosas. Y eso es por lo que, incluso antes de los resultados de anoche, siento que el trabajo que he hecho para presentarme como candidato ha servido para cerrar el círculo. Porque lo que vosotros habéis hecho significa que el trabajo que estoy haciendo es importante.

»Y estoy muy orgulloso de ello.»

En resumen, el presidente y sus aliados, mediante la movilización de millones de voluntarios para ganar con las ideas o los candidatos en los que ellos creían, revitalizaron la democracia y restauraron la fe de la generación más joven en su capacidad para generar el cambio.

Conclusión: Wii, the people

(«Nosotros, la gente», así comienza el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, We the people)

Durante las últimas décadas del siglo XX, como las crónicas de James Harding en Alpha Dogs,⁶⁹ los políticos y los partidos políticos de todo el mundo miraban hacia Estados Unidos y a los consultores de campaña estadounidenses para aprender el «oscuro arte» de hacer campañas políticas.

Lo que podríamos llamar la primera ola de profesionalización de la política se basaba fundamentalmente en realizar encuestas y grupos de discusión (focus groups) para ayudar a definir y matizar los mensajes, y en aplicar métodos publicitarios modernos para comunicarlos. El foco de las campañas políticas y de comunicación se centraba en el control del mensaje y en la disciplina del mensaje. En su Politics lost,⁷⁰ Joe Klein aportaba una lectura escéptica sobre estos temas, lamentándose de cómo la vida pública estaba sobrecargada por los profesionales del marketing, consultores y expertos en estadísticas que, con la flácida aquiescencia de los políticos, habían robado a la vida pública mucho de su romanticismo y vigor. Sin embargo, para muchos progresistas, ante unos medios de comunicación hostiles a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990, estas técnicas eran muy valiosas para ayudar a que los partidos volvieran al gobierno.

¿Redescubrimiento de la política?

Sin importar si se era o no fan o crítico de las técnicas del pasado, los tiempos han cambiado. En primer lugar, la existencia de unos medios informando veinticuatro horas al día hace imposible controlar el ciclo político. En segundo lugar, la pérdida de la confianza y el respeto significa que los ciudadanos son más selectivos en cuanto a la información que eligen consumir y cómo se comprometen. La historia que ha llenado las páginas anteriores ilustra que una nueva ola de innovación está en marcha.

Es una ola que construye un movimiento, que ofrece a los ciudadanos la oportunidad de participar, que crea una infraestructura de apoyo para el desarrollo de ideas, impulsando activamente la causa progresista y perfeccionando y apoyando la maquinaria de campaña.

Para los progresistas que buscan emular el resurgir vivido en Estados Unidos, es muy tentador pensar (o al menos esperar) que el objetivo consiste en adoptar las mejores ideas, prácticas y tecnologías y aplicarlo a los partidos y las campañas tal y como están actualmente configurados. Pero si creen que es un reto meramente tecnocrático, fracasarán. Las nuevas prácticas y técnicas por sí mismas no son suficientes, tienen que combinarse con un profundo y meditado cambio en la forma de afrontar las campañas, e incorporarse a una infraestructura de apoyo más amplia.

Aunque los partidos políticos europeos han adoptado masivamente la «primera ola» de profesionalización de cómo hacer campaña, la creación de un movimiento más amplio es poco visible, lo cual tampoco debe sorprender. En los partidos parlamentarios la memoria institucional y la historia están más arraigadas que en Estados Unidos, donde cada campaña presidencial se construye sui géneris de forma diferente y por tanto es más fácil introducir innovaciones. En Europa, las cuestiones históricas, culturales e institucionales a las que se enfrentan los partidos progresistas son de distinta naturaleza, y cada organización tiene que valorar cómo se adapta a ellas. Es más, la naturaleza e historia de las instituciones políticas europeas ha incluso generado una cultura política que está más orientada hacia el compromiso que a ganar mayorías o debates públicos. Con todo, la mayoría de la reformas necesarias son similares. La idea de que los simpatizantes de un partido se puedan autoorganizar o la de abrir debates políticos en la sociedad o en una comunidad concreta son impensables para muchos partidos progresistas. Sin embargo, serán la clave.

Después de todo, el riesgo de la inacción es muy grande. Las campañas de Obama han abierto la caja de Pandora de la participación política. En un mundo en que la gente tiene la capacidad de comentar en cualquier momento, en cualquier lugar, sobre cualquier cosa, desde la noticias hasta su última compra de libros, los partidos políticos quedarán marginados si no desarrollan este tipo de ambiente o contexto para sus seguidores. Como en el caso Isadora: lo harán ellos por sí mismos. Ello, en combinación con el deterioro de la confianza en otras organizaciones sociales tradicionales, como los sindicatos, las diferentes iglesias y los medios de comunicación, hace que ya no se necesite a los partidos políticos con tanta fuerza como antes.

Construyendo un diálogo transatlántico

Dadas las sustanciales diferencias entre la cultura americana y la europea, es posible construir un diálogo transatlántico sobre la renovación de la política progresista (más que sobre las políticas y medidas progresistas). Mientras que algunos argumentarían que las diferencias hacen imposible mantener una conversación constructiva en doble sentido, otros, por el contrario, creemos en el gran valor añadido de este diálogo.

Hemos razonado anteriormente que las innovaciones y los avances identificados pueden servir para afrontar los retos que tienen por delante los progresistas fuera de Estados Unidos. Igual que hubo dificultades en incluir a la Organizing for Action (OFA) en el DNC, o por decirlo de otra forma, las dificultades que hubo de padecer para institucionalizar la insurgencia —los aspirantes a candidatos—, el impulso de la campaña dentro de una institución política ilustra que los estadounidenses todavía tienen mucho que aprender de la evolución de los partidos parlamentarios de Europa y de otras partes del mundo.

Además de compartir la innovación en técnicas y sistemas, creemos que hay al menos cuatro ámbitos sobre los que los progresistas pueden debatir productivamente:

— Examinar el rol y la función, los puntos fuertes y debilidades, de los grupos externos (infraestructura progresista) en el ecosistema político.

— Debatir la mejor forma de manejar las relativas fortalezas y debilidades de organizarse como insurgentes o como cargos ya electos (incumbent).

— Explorar la relación entre los asesores profesionales, miembros del partido, militantes, voluntarios y simpatizantes.

— Evaluar la mejor forma de equilibrar la resiliencia institucional con la necesidad de flexibilidad, creatividad e innovación.

Un diálogo así no debería versar sólo acerca de cómo establecer un medio de importar o exportar modelos de un lado a otro. Debería llegar a ser un foro para compartir las mejores prácticas y novedades, para compartir diferentes perspectivas o hablar de dilemas estratégicos de mutua importancia, con la esperanza de que las visiones y experiencias ajenas ayuden a afrontar y resolver los retos y problemas nacionales.

Con el tiempo, este diálogo se podría convertir en una parte muy valiosa de la infraestructura global progresista.

10.2. Una nueva alianza progresista

The case for Traffic Light Coalitions (El caso de las coaliciones «semáforo») o Cómo una unión de políticos socialdemócratas, liberales y verdes puede ayudar a construir un nuevo consenso progresista.

Progresistas del mundo, uníos. No tenéis nada que perder, excepto vuestras cadenas (partidistas), y un mundo que ganar.

¿Un resurgimiento (revival) progresista?

En toda Europa y Norteamérica se tiene cierta esperanza de que los políticos progresistas están a punto de revivir, de experimentar un revival.⁷¹ Las victorias de Helle Thorning-Schmidt en Dinamarca, François Hollande en Francia y Algirdas Butkevicius en Lituania, junto con la reelección del presidente Obama en Estados Unidos, han sido la causa de este optimismo. En los Países Bajos, Diederik Samsom encabezó un renacimiento importante del Partido Laborista Holandés, volviendo a formar parte de la coalición de gobierno. En Italia, Enrico Letta ha estabilizado la escena política y ha sido capaz de resistir los ataques de Silvio Berlusconi. A pesar de que el resultado del SPD en Alemania fue decepcionante, parece que una gran coalición es el resultado más factible en la que el SPD asumirá importantes responsabilidades. Y en varios países los progresistas lideran las encuestas. En Reino Unido, el Partido Laborista supera en seis puntos a la coalición conservadora y liberal que gobierna. En Canadá, el poder parlamentario de los votos del Nuevo Partido Democrático y el Partido Liberal proporciona una mayoría de dos tercios de votos a una latente coalición progresista. Con elecciones en Rumanía, Polonia y Suecia en los próximos meses, y con los progresistas muy bien posicionados en estos países, la suerte política de nuestro movimiento se ve mucho más brillante de lo que se veía hasta hace poco.

Aun así, puede ser muy imprudente intentar extraer demasiadas conclusiones de la fortuna política de nuestro movimiento.

De hecho, una gran parte del posible resurgir de nuestra suerte electoral se debe al descontento de los votantes por la respuesta de los conservadores a la crisis. Cuando en el otoño de 2008 la crisis golpeó con fuerza por primera vez, los progresistas pensaron que las propuestas económicas conservadoras quedarían totalmente desacreditadas, dejando el campo abierto a aquellos que habían luchado contra la excesiva confianza en los mercados. A pesar del apoyo inicial a las medidas adoptadas, estímulo y rescate de los mercados financieros, los votantes no quedaron impresionados por la alternativa progresista. Seducidos por los ataques conservadores al estado derrochador, demonizando los déficits presupuestarios y la deuda pública, muchos se convencieron de la necesidad de votar por una agenda económica que llamaba a una implacable austeridad.

Actualmente, hay una creciente opinión de que la austeridad no ha proporcionado lo que prometió. En países como Reino Unido o España, las drásticas medidas de austeridad han llevado a sus economías de vuelta a la recesión, además de disparar la deuda pública y el déficit. Las cada vez más numerosas protestas contra las medidas de austeridad que están teniendo lugar en toda Europa son preocupantes y proporcionan un terreno muy fértil para el crecimiento del populismo, tanto de la derecha como de la izquierda. De forma similar, en Estados Unidos la hostil negativa del Congreso dominado por los republicanos a respaldar la política de empleo de Obama, ha ralentizado el paso hacia la recuperación económica.

Por todo el mundo estamos siendo testigos de un cambio en los supuestos económicos de fondo. El FMI ha rebajado la previsión de crecimiento global varias veces ya y ha reconocido que sus previsiones previas habían subestimado el impacto de los recortes en gasto público sobre el crecimiento. Los efectos negativos del llamado «multiplicador fiscal» han resultado el doble o el triple de lo inicialmente pensado. El refuerzo de la recuperación económica global exige, por tanto, otra vía.

Mientras que la crisis financiera ponía en evidencia fallos del enfoque económico existente, los políticos progresistas todavía parecían justos de ideas para responder a las revoluciones tecnológicas y económicas que han incrementado los niveles de desigualdad y transformado nuestras sociedades, últimamente exprimiendo y debilitando a las clases medias. Para muchos partidos europeos progresistas, todavía queda muchísimo por hacer para desarrollar una alternativa política atractiva que sea económicamente viable. En este vacío, no es sorprendente que los populistas de derechas e izquierdas se beneficien de la creciente infelicidad que genera la austeridad.

La reelección del presidente Obama fue el triunfo de un programa y una visión progresista moderna. Joel Benenson, el jefe de encuestas y estadísticas del presidente, y la mayoría de analistas de la victoria han resaltado la capacidad del presidente para crear una coalición entre minorías, mujeres y jóvenes votantes. Si bien el elemento demográfico es importante, tal y como Benenson destaca, el presidente ganó porque «articuló una serie de valores que definen unos Estados Unidos en los que la mayoría de nosotros quiere vivir: una nación que hace las inversiones que necesitamos para fortalecer y hacer crecer la clase media. Una nación con un sistema fiscal justo y una excelente educación al alcance de todos los ciudadanos. Una nación que cree que somos más prósperos cuando reconocemos que estamos todos juntos».⁷² Ésta fue una visión centrada en el futuro, unos nuevos Estados Unidos preparados para enfrentarse a nuevos retos.

Por desgracia, muchos partidos progresistas europeos todavía parecen atrapados en la defensa de los logros y las instituciones del pasado en vez de reinventarse para el futuro. Como Patrick Diamond ⁷³ ha señalado, es llamativo cómo la defensa de los Estados del Bienestar «tradicionales» está incrustada en el ADN de la mayoría de los partidos socialdemócratas europeos. Para forjar un nuevo programa progresista, los progresistas en Europa necesitarán ir más allá de un simplista rechazo a la austeridad y de la defensa acrítica del Estado del Bienestar. Como John Podesta⁷⁴ afirmó recientemente en una conferencia en Amsterdam:

Hoy en día no es suficiente para los progresistas ser antiausteridad, tenemos además que ser prorreformas. Nuestros electorados sienten que algo falla respecto a cómo están las cosas. Si bien muchos aceptarían que en el corto plazo se necesitan estímulos para proteger los trabajos y estimular el crecimiento, los partidos progresistas sólo obtendrían permiso para seguir este camino a corto plazo si a cambio disponen de un programa creíble sobre reformas económicas estructurales y una agenda para renovar los servicios que sirven y hacen crecer al ciudadano.

Las recesiones creadas por las crisis financieras a menudo tardan más tiempo en ser superadas que las causadas por cambios en el ciclo económico. Esto es así porque los bancos son reacios a prestar, las empresas reacias a pedir prestado y contratar, y los consumidores a gastar.⁷⁵ En tiempos así, la aplicación de políticas progresistas es fundamental para evitar espirales económicas negativas. Esta intervención, sin embargo, sólo será posible si los progresistas parecen creíbles respecto a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y sobre su compromiso y propuestas de inversión pública a futuro.

En este capítulo argumentamos que se debe llevar a cabo, definir, un nuevo enfoque progresista para la creación de empleo y la modernización económica, y hacerlo a partir del modelo keynesiano de posguerra que pervivió hasta la década de 1970, y también de las políticas progresistas del conocimiento, tecnología y capital humano que construyó la Tercera Vía en la década de 1990. Pero, evidentemente, se tiene que ir mucho más allá. Es crucial que los progresistas se conviertan en una alternativa tanto ante la economía neoclásica como ante las tradicionales políticas del Estado del Bienestar keynesiano. Ello exige desmontar la idea de que los mercados son un fin en sí mismos, y demostrar que el empleo es actualmente un motor y amplificador del crecimiento y no simplemente una consecuencia del mismo. También requerirá admitir que la redistribución puede alcanzar ciertos límites, que los servicios públicos necesitan ser más eficientes y efectivos, y que el Estado debe experimentar con nuevas políticas diseñadas para crear mercados capaces de generar y asignar bienes sociales.

Para llegar a estar en posición de aplicar esta agenda, en todo caso, los progresistas necesitarán trabajar de una manera que permita cristalizar una coalición estable de futuro. Para ello, creemos que la agenda y la estrategia políticas tienen que convertirse en algo inextricablemente unido que sirva para reforzarse mutuamente. Para los partidos socialdemócratas y laboristas hoy esto significa responder tanto a los grupos demográficos emergentes como a los nuevos contrincantes políticos. En las tres últimas décadas, la composición social y demográfica de los países industrializados ha evolucionado significativamente. La clase tradicional trabajadora y obrera se ha reducido de forma manifiesta, y ya no presenta necesariamente una inclinación progresista. Al mismo tiempo, sectores (constituencies) emergentes de carácter progresista, como profesionales, gente con educación superior, jóvenes, inmigrantes y minorías, fragmentan su votos entre múltiples partidos que van del rojo al verde o al amarillo (socioliberales).

Estos nuevos grupos sociales con frecuencia están más preocupados por el cambio climático, la diversidad cultural y social, o el vaciado y la pérdida de oportunidades de la clase media, que por los asuntos que tradicionalmente se han etiquetado como socialdemócratas. Más que ver este nuevo contexto como una amenaza, nosotros proponemos un enfoque que incluya estas nuevas preocupaciones. De hecho, las raíces del reto político de los progresistas modernos, mayores diversidad y competencia, pueden servir para trazar la ruta hacia la renovación de la economía progresista.

Los diferentes grupos progresistas tienen que aprender a actuar como competidores, no como adversarios, y empezar a colaborar de forma más efectiva para conseguir objetivos compartidos. Liderar la transición hacia un nuevo modelo energético y combatir el cambio climático, o alimentar y apoyar la diversidad y la inmigración, son pasos políticos inteligentes y estratégicos. Ello ayudaría a los partidos socialdemócratas y laboristas a atraer a los ciudadanos que priorizan estos temas y también a crear coaliciones con los socioliberales y los verdes. Significaría la creación de una mejor estrategia de crecimiento, y además lo correcto en términos de políticas concretas. Modernización, renovación de infraestructuras y fomento de la creación de comunidades creativas que impulsen la innovación en los sectores industrial y de servicios de futuro ayudarán a crear los buenos puestos de trabajo para la clase media del futuro.

Combinados, puede forjarse una nueva alianza progresista —una coalición «semáforo»— no sólo más poderosa sino que también produzca más resultados de lo que los rojos, verdes o amarillos pueden ofrecer por sí solos. Creemos que esta coalición, que está basada en valores y demográficamente enraizada, será el futuro de la política progresista del siglo XXI.

Nuevos retos para la familia progresista: un nuevo contexto

En un reciente artículo de The Economist⁷⁶ se hacía una comparación entre los tiempos actuales y la «época dorada» de finales del siglo XIX y se argumentaba que un nuevo progresismo era más urgente que nunca. El período de finales del XIX fue sin duda un período caracterizado por la revolución tecnológica y una profunda integración económica, similar a la que estamos experimentando actualmente. Fue también una época de consumo ostentoso y de enorme desigualdad, en la que las capas altas de la sociedad amasaban grandes fortunas. Como los historiadores han ilustrado, la distancia creciente entre ricos y pobres se convirtió en algo insostenible tanto social como económica y políticamente. Esto dio lugar a una oleada de reformas a ambos lados del Atlántico: las políticas antitrust de Theodore Roosevelt, el «presupuesto para la gente» de David Lloyd George en Reino Unido y los primeros pasos de Otto von Bismark hacia el Estado del Bienestar.⁷⁷

El objetivo central de estas reformas era crear una sociedad más justa que mantuviera su dinamismo económico.

Después de la segunda guerra mundial, estas reformas se convirtieron en la base de todos los logros socialdemócratas en Europa y de la llamada «Edad de Oro» del liberalismo estadounidense. Durante este período, la creación de la economía mixta y de un fuerte Estado del Bienestar sirvió para afianzar los mejores aspectos del capitalismo, mientras protegía a las personas de sus peores consecuencias. Este modelo variaba dependiendo de los países, por supuesto, aunque todos empleaban patrones similares tanto teóricos como prácticos: gestión keynesiana de la demanda, provisión de bienes públicos, medidas de seguridad social, y estructuras laborales y de gestión empresarial basadas en la negociación y cooperación —relaciones laborales—. La combinación de crecimiento económico sostenido, políticas de pleno empleo y provisiones sociales generó una prosperidad sin precedentes. El crecimiento financiaba la redistribución, que a su vez estimulaba un crecimiento más rápido. Este enfoque produjo un ciclo «virtuoso» que ayudó a elevar los niveles de vida de cientos de millones de personas y mejoró la igualdad de oportunidades, lo que se tradujo en una reducción de la distancia entre ricos y pobres.

En la década de 1970 comenzó a complicarse la gestión del tradeoff entre inflación y desempleo, las complicaciones de la globalización de la economía empezaron a aparecer y la innovación tecnológica empezó a transformar el mercado y los lugares de trabajo. Esta tendencia empezó a minar la estabilidad de las relaciones económicas internacionales del sistema de posguerra de Breton Woods, incluidos los tipos de cambio fijos y la capacidad de mantener el pleno empleo. El golpe de gracia lo dio el shock de precios de la OPEP en 1973. La presión inflacionista que se habían estado produciendo en los países de economía avanzada no pudo contenerse más, lo que se tradujo en tasas de inflación muy altas que no se reducían a pesar del alto desempleo.

Los progresistas de este tiempo no disponían de una alternativa al sistema keynesiano de posguerra, de modo que el enquistamiento de la estanflación acabó con el llamado consenso keynesiano.

Contrarrevolución conservadora

Los conservadores fueron los mas rápidos en responder a esta crisis, creando una contrarrevolución que empezó en la década de 1980 y que fue encabezada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Los conservadores no habían estado nunca contentos con el consenso keynesiano. Ideológicamente, se oponían a la idea de que el mercado desregulado tenía intrínsecamente fallos que sólo el Estado podía corregir. Por tanto, cuando el sistema keynesiano cayó, aprovecharon la oportunidad para reinstalar sus ideas y desacreditar el papel del Estado. El éxito fue más allá que el más salvaje de sus sueños; reemplazaron el consenso keynesiano por un programa económico que ponía el énfasis en el funcionamiento de un mercado desregularizado, especialmente en el sector financiero, en una reducción del gasto social y en un compromiso sobre la estabilidad de precios más que por el pleno empleo.

Los resultados del régimen económico conservador no han sido satisfactorios, incluso antes del crac financiero de 2008 y la gran recesión que le siguió. En cualquier aspecto importante que se analice, los resultados de la política económica conservadora son claramente peores que los de la era keynesiana. Los estándares vitales han crecido más lentamente desde la mitad de la década de 1970 y la desigualdad ha aumentado, de forma más evidente en Estados Unidos y Reino Unido. Sobre todo, el período posterior a 1973 no se puede comparar a la era keynesiana en términos de crecimiento global. En otras palabras, después de 1973 el crecimiento no sólo ha estado mal distribuido sino que además ha sido inferior. Si comparamos con la era keynesiana, la tasa de crecimiento anual en la era conservadora ha sido de 2,5 puntos menos en los países europeos y 1 punto menos en Estados Unidos. Una situación similar se observa en el crecimiento del PIB per cápita, con una caída de dos puntos al año en Europa y medio punto anual en Estados Unidos. Después de varias décadas estos resultados han generado carencias importantes en la riqueza y el bienestar nacionales y una minoración de la mejora de los estándares de vida.

Las estadísticas sobre la desigualdad son incluso más reveladoras. En Estados Unidos, desde la segunda guerra mundial hasta 1980, el 90 por ciento inferior de la población ingresaba el 65 por ciento de la renta, y el 1 por ciento más alto, el 9 por ciento. Como ha reconocido Bill Clinton, aquello era desigualdad más que suficiente para recompensar el talento, el esfuerzo, la creatividad y las buenas ideas.⁷⁸ Desde 1980, no obstante, el porcentaje del 90 por ciento inferior ha caído desde el 65 hasta el 52 por ciento. El 10 por ciento más alto ha visto aumentar su porcentaje desde el 35 por ciento hasta el 48 por ciento. También, el 1 por ciento más rico ha visto cómo su parte de la renta nacional aumentaba desde el 9 hasta el 22 por ciento. Asimismo, la movilidad social ha caído dramáticamente.

A pesar de que la desigualdad en Europa no ha sufrido un cambio tan drástico, sí ha crecido de manera significativa. Según la OCDE, el coeficiente de Gini entre 1985 y 2008 aumentó en muchos países europeos del 0,25 a un 0,30-0,35. En países del norte de Europa como Alemania, Países Bajos, Suecia y Finlandia la renta del 10 por ciento más rico creció anualmente en estos veintitrés años entre el 1,6 por ciento (Alemania) y el 2,4 por ciento (Suecia), mientras que la del 10 por ciento inferior creció mucho más despacio, un 0,4 por ciento. Estos resultados no toman en cuenta los efectos de la crisis económica. Mientras que muchas de las rentas más altas no se ven afectadas, el desempleo juvenil en los países del sur de Europa se ha disparado hasta niveles del 50 por ciento, generando conflicto social y una desigualdad intergeneracional sin precedentes.

Hoy, los niveles de desigualdad que presenta el mundo industrializado serían muy familiares para Teddy Roosevelt, Lloyd George y Von Bismarck.

Los éxitos de la Tercera Vía

Desde luego, a los conservadores les gustaría creer que esas transformaciones socioeconómicas y el vaciamiento de la clase media son las consecuencias de una inexorable integración global y de tendencias tecnológicas a las que no se puede hacer frente con políticas públicas. Por ejemplo, economistas como Tyler Cowen, han observado que las ganancias financieras provenientes de la innovación tecnológica se acumulan desproporcionadamente en aquellos que están en lo más alto.⁷⁹ El estudio de Shoshana Zuboff en la Harvard Business School también ilustra que cada avance tecnológico lleva a una pérdida de puestos de trabajo poco cualificados en el conjunto del mercado laboral.⁸⁰ Pero a pesar de estos razonamientos generales, la evidencia histórica señala que la política aún cuenta y que puede indudablemente mitigar o revertir estas tendencias incluso en una era high-tech.

Tengamos en cuenta, por ejemplo, los resultados que produjo la economía progresista⁸¹ en los ocho años de la Administración del presidente Clinton:

— Se crearon 23,1 millones de nuevos trabajos, diez veces más que bajo George W. Bush antes del colapso de 2008.

— La economía creció un 35 por ciento, el doble de rápido que bajo su sucesor.

— Los salarios se incrementaron significativamente mientras que con Bush hijo se redujeron.

— Salieron de la pobreza cien veces más personas que en los dos mandatos de Reagan y Bush juntos.

— El presupuesto se equilibró y la deuda se redujo con Estados Unidos en una senda que llevaba a eliminarla en 2013.

La economía progresista también funcionó en Reino Unido con los laboristas del New Labour. Como Liam Byrne⁸² señala, durante este nuevo período laborista, los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown consiguieron grandes logros antes de la crisis:

— Récord en crecimiento económico y productividad.

— Récord en alto empleo, con 2,8 millones más de personas trabajando,

— 500.000 niños menos viviendo en la pobreza.

— Reducción de un tercio de la pobreza total de los pensionistas.

— Se dobló la tasa anual de crecimiento de los ingresos del 20 por ciento más pobre.

Y la economía progresista también funcionó en los Países Bajos con Wim Kok y en Alemania con Gerhard Schröder. Gracias a «los gabinetes morados» de Wim Kok, entre 1994 y 2001, el desempleo holandés bajó de un 7,5 por ciento en 1996 a un 3,5 por ciento en 2001, en tanto que la deuda caía desde un 75 por ciento del PIB hasta alrededor de un 50 por ciento en 2001. La economía alemana se ha beneficiado de la Agenda 2010 y las reformas del mercado laboral —comisión Hartz— que Schröder aplicó desde 2003. Si bien al principio provocó un pequeño incremento del desempleo, el aumento de la competitividad en Alemania ayudó a este país a mantener una de las economías exportadoras más fuertes y los niveles de desempleo más bajos. Ella probablemente no lo admita en público, pero a la Alemania de Angela Merkel no le estaría yendo tan bien, y ella no mantendría la cabeza tan alta, si el canciller Schröder no hubiera decidido anteponer el país a la política cuando optó por la Agenda 2010.

Por supuesto, la apuesta de la Tercera Vía por el crecimiento difiere del consenso keynesiano. Mientras que este último se basaba en una política macroeconómica que se centraba en la gestión agregada de la demanda en economías nacionales, la Tercera Vía se centró en medidas microeconómicas o intermedias en el lado de la oferta que capacitaban y empoderaban a los individuos —a través de educación, cualificación y formación— y las empresas a través de la inversión en investigación y desarrollo. Era un enfoque que buscaba dotar a todo el mundo, sin tener en cuenta su origen social, de los conocimientos y recursos que necesitaban para alcanzar sus ambiciones y realizar sus sueños, incluso frente a fuertes fuerzas económicas que a veces pudieran parecer descorazonadoras.

Por desgracia, la crisis financiera global multiplicó las peores tendencias de las tres últimas décadas, agravando los problemas a los que se enfrentaba la clase media. Para responder de forma efectiva a la crisis actual y para profundizar en los retos que tiene que superar la clase media, los progresistas tendrán que promover un enfoque económico que se base tanto en las enseñanzas del consenso keynesiano y de la Tercera Vía como en ofrecer una alternativa con fundamento a los dictados de la economía neoclásica.

¡Es la clase media, estúpido!

Como Heather Boushey y Adam S. Hersh⁸³ han señalado, hasta hace poco tiempo los conceptos de clase media y desigualdad no han ocupado un lugar preferente en el pensamiento de los economistas sobre el funcionamiento de la economía y su crecimiento. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que la fortaleza de la clase media y el grado de desigualdad en los ingresos tienen un importante papel en el desarrollo de la productividad y la inversión.

De hecho, en grandes líneas, la evidencia económica sugiere que una clase media fuerte es crucial para:

— Promover el desarrollo del capital humano y la educación en la población.

— Crear una demanda estable de bienes y servicios.

— Incubar la siguiente generación de emprendedores.

— Apoyar instituciones políticas y económicas inclusivas.

— El coste y acceso al capital financiero.

— Inversión en bienes públicos, sanidad e infraestructuras.

Primero, los economistas suelen estar de acuerdo en que el capital humano (conocimiento, talento y salud para ponerlos en marcha) es un factor clave para el crecimiento. Cuantas más oportunidades de mejorar este capital, mejor para todos. Apoyar la igualdad de oportunidades no es sólo una preocupación moral sino también económica.⁸⁴ Mientras que esta cuestión fue un tema desarrollado por la Tercera Vía, en muchos países de la OCDE, como la propia organización informa, la movilidad social es todavía muy baja. Las posibilidades de que un niño o niña de una familia con ingresos bajos llegue a conseguir sus metas son aún inaceptablemente bajas.⁸⁵

Segundo, una clase media fuerte es también necesaria para proporcionar certidumbre a los negocios que buscan invertir, asegurándoles que habrá un mercado para sus bienes y servicios. En el verano de 2011 The Wall Street Journal, no precisamente un bastión del pensamiento keynesiano, informó de que la razón principal por la que las empresas estadounidenses son reacias a aumentar sus contrataciones es la escasa demanda.⁸⁶ Como los salarios medios se reducen, la propensión a consumir de la clase media ha caído, mostrando la irrenunciable importancia de mantener la demanda agregada.

En tercer lugar, en cuanto al mundo empresarial, los estudios indican que los factores más importantes que determinan si un individuo se convierte o no en empresario son sus propios rasgos idiosincráticos.⁸⁷ Más allá de esto, los análisis socioeconómicos de la Kauffman Foundation descubren que menos del 1 por ciento de ellos proviene de un entorno muy rico o muy pobre, lo que indica que una clase media fuerte y menos desigualdad es más susceptible de generar individuos preparados para asumir riesgos, y por tanto ayuda a engendrar emprendedores.⁸⁸

Finalmente, como Francis Fukuyama recientemente ha cuestionado, no sabemos todavía si la democracia liberal como la entendemos hoy en día puede sobrevivir al declinar de la clase media. Como indica, desde los tiempos de Aristóteles, los filósofos y sociólogos han creído que «una democracia estable descansa en una amplia clase media y que las sociedades con riqueza o pobreza extremas son susceptibles de ser dirigidas por oligarquías o revoluciones populistas».⁸⁹ La dimensión política y democrática de la desigualdad actual es también una preocupación de Jacob Hacker, el economista político estadounidense reconocido por haber inventado el concepto de «predistribución». Hacker se lamenta de la falta de organizaciones políticas capaces de abanderar los intereses de la clase media y de cambiar la orientación de la regulación en su favor.

Desde esta perspectiva, el reto de los progresistas no es sólo desarrollar una agenda de política económica coherente para guiar el crecimiento de la clase media, es también redefinir la noción de interés público y acabar con el dominio de la política por parte de los grupos de interés.

Como John Podesta ha apuntado,⁹⁰ en la actualidad hay una crisis generalizada de la legitimidad institucional. Cuando se refiere a muchas de las instituciones más relevantes como gobierno, bancos, sindicatos, prensa y muchos otros, hay una desconfianza muy expandida, por diferentes motivos, entre la clase media. Sin entrar en grandes detalles, debemos señalar que cuando hablamos del gobierno, la crisis económica ha aumentado el descontento de los ciudadanos ante lo que éstos perciben como fracasos políticos, falta de honestidad y despilfarro gubernamental institucionalizado.

Si los progresistas van a continuar abogando por enfoques liderados por el gobierno para el cambio y la renovación económica, que creemos que son necesarios, tendremos al mismo tiempo que impulsar y avanzar en las reformas democráticas y de gobierno. Si no lo hacemos, cualquier intento de proponer una nueva agenda progresista caerá en saco roto. Por desgracia, los progresistas demasiado a menudo parecen escasos de ideas en estos temas, o reacios a dar la importancia necesaria a esta parte del programa. Como consecuencia, resulta fácil para nuestros oponentes políticos etiquetarnos como perezosos ideólogos pro-Estado.

Por tanto, ¿cómo debería ser una agenda de renovación económica y reforma del gobierno?

Una nueva agenda progresista para la renovación económica

En primer lugar, desde el punto de vista económico, propondríamos una agenda que se construyera en torno a cinco pilares centrales:

— Invertir en educación, ciencia y tecnología e infraestructuras modernas.

— Reformar los mercados financieros de forma que el riesgo moral se reduzca y se mejore el acceso a la financiación para start-ups y para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

— Apostar por el crecimiento del empleo en el sector de la dependencia, con gran capacidad de absorción de mano de obra e intensivo en empleo.

— Diseñar un sistema impositivo más justo que premie la innovación y apoye el crecimiento, y que contribuya a una predistribución de la riqueza más equitativa.

— Facilitar la inmigración legal y apoyar el crecimiento y una mayor integración de las mujeres en el mundo laboral.

Esto es una agenda positiva que transmite seguridad y confianza, que utiliza la inversión del gobierno y los incentivos para crear y definir nuevos mercados en vez de limitarse a regular los fracasos del mercado y sus excesos (si bien esto por supuesto todavía sería necesario). Es una agenda que se centra en capacitar a los ciudadanos y al sector privado para actuar en un mundo globalizado así como en aprovechar nuevas oportunidades de mercado. Es también una agenda para aprovechar las ganancias de eficiencia generadas por los sectores más dinámicos en la creación de puestos de trabajo en sectores intensivos en empleo, como Wendy Carlin ha apuntado.⁹¹ Finalmente, y quizá lo más importante, es una agenda que ofrece un gran potencial para la creación de nuevas oportunidades de empleo para la clase media en los sectores industriales intensivos en conocimiento y en la lucha contra el cambio climático.

Como Robert Pollin and Jeannette Wicks-Lim ⁹² han señalado, combatir el calentamiento global y transformar Estados Unidos en una economía verde es un reto masivo, «el trabajo de una generación, más concretamente el trabajo de millones de personas, realizando las tareas que se necesiten para construir una economía verde». Los trabajos de Kate Gordon, Louis Soares y Stephen Steigleider muestran⁹³ que ya se ha empleado a millones por todo el mundo para producir energía limpia, y que todavía se contratará a muchos millones más. Quizá incluso, lo interesante sea que estos trabajos verdes expandan y desarrollen industrias y ocupaciones y proporcionen oportunidades para trabajadores con niveles de cualificación baja, media y también muy alta.

El crecimiento del empleo también está teniendo lugar en sectores de innovación como la economía «App». De hecho, las aplicaciones para aparatos móviles, sea el diseño de la aplicación misma sea a través de centros de asistencia, son ya un sector en crecimiento en Estados Unidos. En su análisis para el Progressive Policy Institute, Michael Mandel⁹⁴ estimó que casi medio millón de personas estaban empleadas en el sector de la economía App en 2012. Es interesante señalar que estos trabajos no están sólo localizados en Silicon Valley, California, sino a lo largo y ancho de todo el país, incluidos el gran Nueva York, Texas, Washington e Illinois.

No nos gustaría reivindicar que la Industria App es el futuro de la economía estadounidense. De hecho, el crecimiento en este ámbito depende del futuro desarrollo de los medios sociales, la computación en la nube —cloud computing— y la legislación de la privacidad, algo que se está discutiendo en Europa. Sin embargo, sirve para mostrar cómo aparecen nuevos sectores que ofrecen grandes posibilidades de empleo en sectores hasta ahora inexistentes.

De forma similar, hay razones para ser optimista en relación con sectores más tradicionales, como el de las manufacturas. En su estudio Made in America, again, el Boston Consultancy Group (BCG) afirma provocadoramente que se podrían crear en la industria manufacturera estadounidense veinte millones de nuevos empleos hasta 2020. En los últimos dos años se han creado más de medio millón de empleos en el sector manufacturero, representando Estados Unidos todavía un 19,4 por ciento de la producción global, no muy lejos de China, con un 19,8 por ciento. Según el BCG, salarios crecientes en China, mayor productividad en Estados Unidos, nuevas fuentes de energía doméstica más baratas, un dólar débil y el incremento de los costes de transporte irán cerrando la distancia entre Estados Unidos y China en muchos productos, en particular en aquellos que no son intensivos en empleo.

En lo referido al sector de los servicios intensivos en empleo, un estudio de la Fundación Ideas⁹⁵ señala el potencial de crecimiento también en este sector. En las próximas dos o tres décadas prevén un incremento en los servicios sociales, en particular los relacionados con los mayores y el cuidado y la educación de los niños, lo que ayudaría a dinamizar el mercado laboral como parte de un nuevo modelo de crecimiento. Sin duda, el crecimiento de la demanda de cuidados a mayores y de educación preescolar de niños en las dos próximas décadas podría añadir entre un 0,5 y un 1,5 por ciento al crecimiento anual del PIB. Esto daría como resultado un crecimiento del 3 por ciento en el mercado laboral.

Cuando se trata de inmigración y diversidad, estos cambios estructurales también aparecen como vehículos de crecimiento. Estudios de la Universidad de Harvard⁹⁶ citados por el Departamento de Inmigración de Estados Unidos muestran que la inmigración es un factor relevante que refuerza la competitividad en Estados Unidos. El doble de inmigrantes que de ciudadanos estadounidenses solicita patentes. En general, los inmigrantes son los responsables del 25 por ciento de todas las patentes en Estados Unidos y son los que están más dispuestos a emprender nuevos negocios. La primera generación de inmigrantes empezó el 52 por ciento de los negocios de Silicon Valley en la década de 1990 y la mitad de los pequeños negocios en Nueva York son ahora propiedad de inmigrantes.

Como el sociólogo Richard Florida⁹⁷ ha afirmado, la creación de comunidades diversas y tolerantes es crucial para alimentar la creatividad y la innovación. Según Florida, una verdadera comunidad creativa no puede conseguirse simplemente reclutando más compañías con incentivos fiscales y medidas similares. Si bien un clima empresarial favorable es por supuesto importante, tener un buen clima personal es incluso más esencial porque equivale a mantenerse abierto a la diversidad y a trabajar activamente para cultivarlo.

En términos políticos concretos, los progresistas deberían considerar un amplio abanico de iniciativas que incluirían:

— Establecer bancos de infraestructuras o emitir bonos (en Europa es posible a nivel UE) que permitieran a los Estados y gobiernos locales financiar proyectos críticos que ayudasen a conseguir un crecimiento económico y a bajar la calificación del riesgo de esos proyectos, haciendo por tanto más fácil la inversión de capital privado en ellos.

— Mejorar el acceso al capital para las pymes a tipos preferenciales y reforzar la formación y el aprendizaje para impulsar y apoyar que más trabajadores especializados entren en el mercado laboral industrial.

— Apoyar la transición a una nueva economía energética que promocione programas para ayudar a los hogares a mejorar su eficiencia energética, estableciendo estándares de eficiencia energética para todo tipo de instalaciones, aparatos domésticos y vehículos, e invirtiendo y subvencionando la investigación y el desarrollo de la producción de energía limpia, y su distribución y almacenamiento.

— Poner en marcha una agenda de inversión social para mejorar la calidad y accesibilidad a la educación en sectores económicos de futuro, extender la educación preescolar y la formación para los trabajadores.

— Reforzar la seguridad y el vigor de la clase media ofreciendo mejores servicios básicos, incluidos servicios sanitarios y cuidados para los mayores, y experimentar con nuevas cuentas de ahorro diseñadas para ayudar a los individuos a ingresar fondos para financiar sus necesidades futuras.

Reformar el gobierno

En segundo lugar, en términos de reformas gubernamentales, los progresistas necesitarán un enfoque que vaya más allá de la defensa del Estado del Bienestar. Es decir, restaurar la credibilidad fiscal del Estado así como reimaginar la identidad central de las políticas progresistas.

En lo que se refiere a la credibilidad fiscal del Estado, una cuestión clave para los progresistas será la mejora de la elasticidad de la base impositiva. Desde un punto de vista doméstico, ello requerirá alejar los impuestos de los salarios y rentas y aproximarlos al capital y la propiedad. En Europa las propuestas para adoptar un impuesto sobre las transacciones financieras que servirá, por una parte, para mitigar los excesivos cambios de los mercados financieros y, por otra, para proporcionar a la UE fondos para invertir en infraestructuras, merecen ser consideradas.

Más allá de todo ello, sin embargo, los progresistas también necesitarán lidiar con la crisis de legitimidad que anteriormente mencionamos y evidenciar que el Estado es tanto eficiente como efectivo, es decir, que se necesitará garantizar a los ciudadanos que obtendrán un resultado claro de su esfuerzo. En el Center for American Progress a esto lo llamamos centrarse en «Hacer lo que funciona». En esta línea, ponemos énfasis en:

— Proteger unas finanzas públicas «orientadas hacia el crecimiento», como la inversión en capital humano, infraestructuras e I+D+i.

— Eliminar o reformar programas de gasto mal orientados.

— Aumentar la productividad del gobierno modernizando la gestión y reforzando los apoyos operativos.

— Crear las bases para la adopción inteligente de decisiones mediante el refuerzo de la evaluación y la transparencia.

Claramente, en un tiempo en el que hay menos recursos disponibles, es crucial distinguir entre los fondos invertidos en activos de futuro (humano, tecnológico y físico) y los dedicados al gasto de corto plazo. Los progresistas necesitan innovar con variaciones sobre la «regla de oro» que contempla endeudarse sólo para invertir y no para financiar el gasto corriente. Esta idea forma parte del debate y la realidad política en Francia, Alemania, Italia y España, así como en Reino Unido. Con el fin de promover la disciplina intergeneracional, la idea de que el gasto del día a día, el que beneficia a los actuales pagadores de impuestos, debería siempre ser soportado con los impuestos actuales, no así la inversión con otra proyección, parece digna de ser explorada en más profundidad.

De forma similar, los progresistas deberían investigar si el establecimiento de una «unidad de distribución» (delivery unit), parecida a la creada en la Oficina del Primer Ministro británico en 2001, podría ayudar a asegurar que el dinero se gasta adecuadamente y a proporcionar una base para una toma de decisiones más acertada. En Reino Unido, la delivery unit del primer ministro hizo un seguimiento de la actuación de las reformas en los servicios públicos en una serie de ámbitos respecto a unos objetivos o indicadores con el fin de garantizar que efectivamente se progresaba y que se gastaba lo adecuado. A medida que se dispuso de más datos, se consiguió que los funcionarios públicos evaluaran lo que funcionaba para poder así generalizarlo en el sistema. Esta, como otras ideas, como la propuesta del Center for American Progress para reorganizar el gobierno para contribuir a ganar competitividad, merecen ser tomadas en cuenta por los progresistas de todo el mundo.

Finalmente, los progresistas deberían también experimentar con el uso de las nuevas tecnologías de la información en la oferta de servicios, y en el papel que pueden jugar los mecanismos del mercado para ayudar a la gente a financiar sus propios servicios sociales a través de su ciclo vital. Por supuesto que la gente siempre necesitará mecanismos sociales de seguridad, una buena red. Con todo, en el marco del aumento de expectativas vitales de todo tipo, los progresistas no pueden buscar una expansión sin límites de la aportación del Estado. Para crear una sociedad con oportunidades, donde los que puedan tomar mayor responsabilidad para su propia sanidad y educación lo hagan, necesitamos trabajar con proveedores de servicios financieros y cooperativas que ayuden a la gente a encontrar los medios que necesitan para gestionar las diferentes etapas de sus vidas. Al tiempo que la demanda de educación preescolar, cuidado de ancianos y formación continua durante toda la vida se incrementan, los progresistas deberían explorar en innovaciones en los sistemas público-privados con el fin de financiar los servicios que se necesiten en cada etapa vital.⁹⁸ El debate que acompañó la aprobación de la Ley de Dependencia en España es un claro indicador de este camino.

Esta combinación de ideas de reforma económica y gubernamental debería servir para reorientar el debate algo simplista de oposición entre austeridad y crecimiento hacia otro sobre la necesidad de emprender reformas estructurales en el sector público y de dirigir nuestras economías hacia las industrias y servicios del futuro. Sin embargo, como en la época de la posguerra europea, la política interna por sí misma no será suficiente, se necesitará una arquitectura económica global que refuerce y complete nuestros objetivos domésticos. En breve el New Deal interno requerirá un New Deal global en el exterior.

Breton Woods 2.0

En noviembre de 2008, cuando George W. Bush convocó en Washington la primera reunión de la historia del G-20 a nivel de jefes de Estado y de gobierno para afrontar la crisis financiera global, muchos sintieron que se estaba entrando en una nueva era de gobernanza global. Así, mientras que en parte se reconocía que el G-7/G-8 ya no constituía un grupo suficientemente representativo para gestionar retos económicos profundos, se sentía con optimismo que ese momento representaba también una oportunidad de oro para revisar la gobernanza financiera global. De hecho, en las dos siguientes cumbres, en Londres y Pittsburg, presididas por el primer ministro británico Gordon Brown y el presidente Obama, respectivamente, parecía haber acuerdo sobre la necesidad de proteger el empleo y apoyar el crecimiento, y se compartía la sensación de urgencia para que la comunidad global actuara de manera concertada.

Sin embargo, para cuando se celebró la cumbre de Toronto, a mediados de 2010, esa energía se había disipado, así como el acuerdo sobre la dirección que la política global debía seguir. Irónicamente, a medida que las instituciones globales como el Banco Mundial y el FMI fueron incrementando su preocupación por la demanda agregada, la desigualdad y el empleo, el G-20 se centraba cada vez menos en estas cuestiones.

Hoy está ya muy claro que el cambio en la gobernanza global no se logrará sin un esfuerzo político. Como consecuencia, en la conferencia Global Progress celebrada en Madrid se pidió a los líderes de Europa, África y América que firmaran una declaración demandando más atención para los foros internacionales de actuación política. Fue firmado por el futuro presidente de Francia, François Hollande, los líderes de los partidos progresistas europeos, el ministro de Economía de Sudáfrica y el expresidente Lula de Brasil. La declaración pedía al G-20:

— Acuerdos sobre un nuevo camino para el crecimiento global, siguiendo las declaraciones de las cumbres de Pittsburg y Londres.

— Vincular el crecimiento y la creación de empleo con la lucha contra el cambio climático y la promoción de políticas medioambientales.

— Que la creación de empleos de calidad sea un objetivo en sí mismo y no un efecto colateral de otras iniciativas políticas.

— Promover la inversión y el apoyo a las pymes para crear más puestos de trabajo.

— Acordar el incremento de la inversión en investigación, desarrollo e innovación para ayudar a crear las industrias del futuro.

En los meses y años venideros, los progresistas tienen que continuar defendiendo y luchando por estos principios.

Más adelante, en Estocolmo, los participantes en el Seminario Internacional Anna Lindh, se centraron precisamente en cómo retomar la iniciativa en este campo. Conceptualizando el reto como un reequilibrio entre la dimensión positiva y negativa de la integración económica global, los participantes reflexionaron sobre la reordenación de la jerarquía de las instituciones económicas. Las medidas propuestas⁹⁹ incluían el incremento del peso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la exigencia a las instituciones multilaterales y al G-20 para que trabajasen juntos para desarrollar un plan específico multianual de apoyo a una estrategia global de crecimiento que situase la creación de empleo de calidad y la sostenibilidad medioambiental como el centro de la discusión global.

El consenso general que surgió de este encuentro fue muy claro: para los progresistas es crucial lograr que las instituciones de Breton Woods apoyen y alimenten de nuevo el crecimiento y el empleo. Más aún, los acuerdos internacionales futuros deberán también reflejar y promover nuestros valores centrales, incluidos los derechos laborales y las exigencias medioambientales.

Si bien la reforma de la arquitectura internacional no será fácil, es, sin embargo, indispensable.

Cambio demográfico, los valores del siglo XXI y el incremento de la competencia de los progresistas

Como se mencionó anteriormente, la amplia transformación estructural desde una economía manufacturera hacia una economía posindustrial basada en el conocimiento ha tenido profundas consecuencias para los partidos socialdemócratas y laboristas en Europa. En todos los países, la dimensión de la clase trabajadora tradicional obrera está cayendo significativamente¹⁰⁰ en la medida en la que el empleo en el sector industrial está siendo sustituido rápidamente por el empleo en el sector servicios.¹⁰¹ En paralelo, la tasa de afiliación sindical ha ido decayendo.¹⁰² Como los partidos laboristas y socialdemócratas se construyeron en torno a los trabajadores industriales sindicalizados, esta combinación de tendencias apunta a un agudo debilitamiento de la tradicional base votante de estos partidos.

El problema de la menguante clase obrera es incluso más severo de lo que sugieren las cifras del declive. La disminución de la clase tradicional obrera ha provocado una reducción de su apoyo a los partidos socialdemócratas,¹⁰³ debido a que muchos votantes de la clase obrera se han sentido rechazados o marginados por los partidos socialdemócratas y laboristas. El apoyo perdido de los trabajadores se ha dirigido hacia escenarios tan diferentes como la derecha tradicional y el populismo de izquierdas. Para algunos, la causa es la política de multiculturalismo practicada en la Europa continental por los partidos socialdemócratas.¹⁰⁴ Para otros, es su fracaso a la hora de apoyar a las industrias tradicionales y manufactureras frente a lo que ellos perciben como competencia global injusta.

Los partidos laboristas y socialdemócratas necesitan luchar en dos frentes. Necesitan parar la sangría de su voto tradicional mientras intentan incrementar su atractivo de cara a los nuevos, crecientes y cada vez más diversos grupos demográficos. Sin embargo, el apoyo a los sectores económicos manufactureros e industriales, combinado con el refuerzo de la formación y de las prácticas de aprendizaje, mientras se generan también trabajos de baja cualificación durante el tránsito a una nueva economía energética, ayudará a reforzar el apoyo entre la clase trabajadora aunque sin demasiado entusiasmo. Ello no será suficiente para crear una mayoría progresista. Para conseguirlo, los partidos socialdemócratas y laboristas tendrán que presentar un proyecto para el siglo XXI similar a lo que intentó Bobby Kennedy en Estados Unidos para unir a la clase blanca trabajadora, a las minorías y a la élite bien formada liberal. Hoy, sin duda, una coalición así es mucho más necesaria que hace cuarenta años.

El resurgir de la diversidad progresista

El declive de la clase trabajadora tradicional refleja la magnitud del cambio estructural que transforma la sociedad manufacturera en una sociedad posindustrial basada en el conocimiento integrada en una economía global. Junto a este giro, los cambios en los valores y normas familiares —baja fertilidad, aumento de la diversidad familiar, auge de valores posmateriales, declive de las religiones tradicionales— han sido calificados en alguna ocasión como la «segunda transición demográfica». Todos estos cambios simultáneos han provocado una auténtica explosión de la diversidad progresista.

En términos ocupacionales, la otra cara del declive de la clase tradicional trabajadora —blue collar— es el auge de los trabajadores de cuello blanco —white collar—, administrativos y profesionales (a veces mezclados con otros como los encargados de tiendas y trabajadores autónomos, catalogados todos bajo la definición general de «clase media»). Al mismo tiempo, el nivel educativo se ha elevado. En los países de la OCDE ha caído claramente el porcentaje de los niveles más bajos de educación y ha aumentado el de los niveles educacionales más altos (universidad y estudios de posgrado).¹⁰⁵

Éstos son cambios con profundas implicaciones para los progresistas. Simplemente a nivel de cifras, el tamaño de la población ocupada no industrial o de cuello blanco indica que los partidos socialdemócratas dependen mucho más que nunca de los votos de los trabajadores administrativos y profesionales.¹⁰⁶ Quizá la parte más progresista de los crecientes trabajadores de cuello blanco son los profesionales que tienen el nivel educativo más elevado. El hecho de que la población más formada sea la que más está creciendo podría parecer una buena noticia para los socialdemócratas. Sin embargo, por desgracia los profesionales y los que tienen mayor formación educativa, aunque sean progresistas, no necesariamente eligen a los socialdemócratas cuando votan si hay otras opciones viables. En su lugar, frecuentemente se decantan por los competidores de los socialdemócratas en el centroizquierda, especialmente liberales y verdes.¹⁰⁷

Por supuesto, esta dinámica varía según los países y está condicionada generalmente por la diferente naturaleza del sistema de partidos. En general, cuanto más cercano sea a un sistema bipartidista, más probable será que el principal partido de izquierda capture estos votos, mientras que cuanto más sólido sea el multipartidismo, el principal partido de izquierdas tendrá menos posibilidades de atraer este voto.¹⁰⁸ Para capturar a estos votantes, los partidos socialdemócratas y laboristas necesitarán mostrar no sólo un clarísimo compromiso con respecto a sus valores liberales y medioambientales, sino también un claro compromiso cada vez mayor por la mejora de la calidad de los servicios públicos y la reforma del Estado.

De forma similar, en las pasadas décadas, la población inmigrante y las minorías han crecido sustancialmente en todos los países, y en la mayoría continúan en aumento.¹⁰⁹ La tendencia general del voto de inmigrantes y minorías es votar a la izquierda y especialmente a los socialdemócratas.¹¹⁰ Sin embargo, hay varios matices sobre esta tendencia que complican esta historia tan positiva. Una es que los efectos políticos de la inmigración, especialmente en términos de elecciones nacionales, tienden a minimizarse porque muchos inmigrantes no votan por no tener la nacionalidad. Segundo, la población inmigrante y las minorías suelen comenzar a asentarse desde una base tan pequeña que incluso un rápido incremento en sus cifras sólo puede tener un efecto político limitado, al menos si lo comparamos con Estados Unidos. En tercer lugar, en muchos países europeos los inmigrantes son más reacios a votar que otros ciudadanos.

Además, las reacciones a la inmigración son muy complicadas y pueden incluso alejar de los socialdemócratas a sus votantes tradicionales, los trabajadores, y acercarlos a la derecha. Y en las zonas más progresistas, los socialdemócratas podrían perder votos hacia partidos como los verdes y liberales, que ponen un mayor acento en la diversidad y en una sociedad más abierta. En el ámbito económico y social, el camino a seguir por los socialdemócratas es el de la mejora de los canales legales para la inmigración, asegurando por tanto que los inmigrantes puedan contribuir de forma eficaz al bienestar económico, al mismo tiempo que se aseguran que los servicios públicos sean lo suficientemente fuertes y flexibles para gestionar las tendencias migratorias. Políticamente, como ilustra el voto de las minorías en la campaña presidencial de Hollande en 2012, analizar y plantearse como objetivo prioritario el apoyo de los inmigrantes y las minorías e incluir esto en una operación GOTV (por la campaña de Obama «Get Out The Vote!»), será de suma importancia.

En toda Europa la familia tradicional está en declive y cada vez hay más hogares formados por personas solteras o que viven solas.¹¹¹ En general, los votantes solteros son más susceptibles de votar a la izquierda que los casados. Y entre los votantes solteros, los divorciados y separados más aún que los que nunca han estado casados. Pero en cuanto a profesionales y aquellos con estudios superiores, esta tendencia irá menos a los socialdemócratas que a sus competidores del centroizquierda en los países con sistema multipartidista. La mejora de la calidad de los servicios públicos y el diseño de nuevos sistemas que den respuesta a las necesidades de las familias modernas ¹¹² deberían ayudar a generar una mayor afinidad entre estos grupos y los socialdemócratas, así como la creación de oportunidades de empleo en este campo y aumentando la flexibilidad del mercado laboral.

Quizá el grupo más importante que ha surgido durante las últimas tres décadas es el de la generación Millennial (definida como los nacidos ente 1978 y el año 2000). Compuesta esencialmente del grupo de votantes entre dieciocho y treinta y cuatro años, se mantendrá así durante siete años más hasta que otra nueva generación entre en el electorado. Los miembros de la generación Millennial son auténticos contenedores de modernidad que abarcan todas las tendencias enumeradas en esta sección. Tienen una actitud, sobre todo las mujeres, cosmopolita, tolerante y muy abierta en comparación con las generaciones precedentes. Son también una generación cuyo acceso a la movilidad económica —ascenso social— conlleva una compleja relación con el Estado del Bienestar y con los votantes mayores, que son sus principales beneficiarios.

Las buenas noticias para los progresistas son que esta generación parece inclinarse hacia la izquierda en la mayoría de los países, si bien en este momento es difícil separar los efectos del factor edad de los del factor cohorte; esto es, si los votantes jóvenes se inclinan hacia la izquierda simplemente porque son jóvenes o por pertenecer a una inusual cohorte progresista. En cualquier caso, en Estados Unidos hay indicadores de que la generación Millennial es progresista como generación, así como en otros países, como Francia, Suecia, Australia o Alemania.

Las malas noticias son que, en comparación con Estados Unidos, la generación Millennial es relativamente pequeña. En los países más desarrollados la caída de la natalidad ha llevado, y seguirá haciéndolo, a una estructura social de mayor edad, en la que el peso de los jóvenes es menor y el de los mayores se incrementa.¹¹³ Adicionalmente, en muchos países los votantes Millennial han pasado de los principales partidos de izquierda a los verdes y liberales. Esto parece ser un problema universal excepto, por supuesto, en Estados Unidos, donde el sistema no permite este tipo de competición partidista.¹¹⁴ La relativamente menor atracción que los socialdemócratas ejercen sobre los jóvenes en sus países está provocando un envejecimiento de las bases de estos partidos.¹¹⁵ Aunque apostar por los votantes mayores para que los socialdemócratas sean políticamente viables sea una estrategia muy arriesgada, ésta es, efectivamente, sobre la que muchos partidos socialdemócratas están apostando.

Más allá de la necesidad económica y política, los socialdemócratas y partidos laboristas tendrán que prestar a partir de ahora mucha más atención a los votantes jóvenes. La tasa de desempleo masivo en los países del sur de Europa, la caída de las oportunidades de empleo juvenil en todo el continente y el creciente coste de las pensiones y de los sistemas sanitarios de la generación de los baby boomers implica que el logro histórico de los socialdemócratas, el Estado del Bienestar, necesitará reformas radicales si se quiere que sirva para esta nueva generación. Más aún, como son menos conservadores y más cosmopolitas en su forma de ser, los socialdemócratas también necesitarán prestar más atención no sólo al medio ambiente y a las libertades civiles, sino también al modo en que se están organizando políticamente. Todo esto va a exigir que los socialdemócratas redefinan muchas de sus políticas desde la base.

El reto de la coalición

El incremento de la diversidad progresista no ha sido, por tanto, demasiado amable con los partidos clásicos de izquierdas. En realidad, los partidos tradicionales de la izquierda están atrapados en una especie de pinza electoral. Por un lado, la clase obrera tradicional está en declive como parte del electorado y cada vez concede un porcentaje menor de su apoyo a los socialdemócratas. Por otro lado, los socialdemócratas no están consiguiendo la parte que les corresponde entre el electorado progresista emergente, que en gran medida se dirige hacia sus competidores del centroizquierda.

Hay que asumir el hecho de que la época de dominio socialdemócrata ha terminado. Lo que no significa que la socialdemocracia esté en un estado terminal. Probablemente, estos partidos continuarán jugando un papel primordial en el centroizquierda. Pero el retorno a un dominio electoral como el de las décadas de 1960 y 1970 es improbable. El mundo ha cambiado demasiado y sus competidores del centroizquierda son muy fuertes. Esto significa que los progresistas en los países desarrollados se enfrentan a un reto de coalición. Tienen que convertir las ahora dispares fuerzas progresistas de los diferentes países en fuerzas electorales dominantes y de gobierno. Sólo así se podrá aprovechar el poder de la cada vez mayor diversidad progresista. En el futuro, los partidos socialdemócratas y laboristas tendrán cada vez más difícil alcanzar el éxito en solitario.

Si adoptan una nueva estrategia progresista de crecimiento, con todo, los partidos socialdemócratas podrán reforzar su atractivo para la nueva cohorte de votantes y crear las bases para una coalición progresista con otros partidos, una coalición basada en valores y con políticas concretas. Para afrontar esta histórica oportunidad se tienen que tomar una serie de decisiones estratégicas.

Primero, el reto de la coalición se debe afrontar claramente. Los socialdemócratas deben prestar más atención a cómo pueden trabajar conjuntamente con los partidos verdes y amarillos —liberales— e incluso con los partidos socialistas de la izquierda comprometidos con políticas responsables, para formar un frente electoral común y compartir objetivos políticos. Tony Blair dijo una vez que la mayor tragedia política del siglo XX en Reino Unido fue que la tradición progresista de los partidos Liberal y Laborista se mantuviera separada, lo que permitió al Partido Conservador emerger como el partido natural de gobierno.¹¹⁶

Como bien ilustra la decepción que rodea a la coalición de los conservadores y liberales hoy en Reino Unido, no se debería esperar hasta ver los resultados electorales, sino que la coalición progresista debería ser parte de la estrategia política electoral continua. En Alemania, por ejemplo, los socialdemócratas han creado un think tank conjunto para ayudar a reforzar ese diálogo. Otros partidos deberían observar esto con atención.

Segundo, los partidos progresistas necesitan mirar más allá de las estructuras de partido para encontrar formas más participativas de comprometerse con los grupos de interés y ONG que compartan sus objetivos. En Reino Unido, el Partido Laborista lo hizo con la campaña «Make Poverty History» (Haz que la pobreza pase a la historia), en la que trabajó con iglesias de todo el país.

De forma similar, en Estados Unidos, desde 2004 en adelante, se han hecho una serie de inversiones estratégicas a largo plazo en un amplia gama de instituciones progresistas. Nuevos think tanks, organizaciones mediáticas, institutos de formación, creativos de campaña, blogs y grupos de interés, contribuyen todos a lo que en Washington se conoce como «la infraestructura progresista». El revival estadounidense de las políticas progresistas se ha creado sobre el resurgimiento de los movimientos políticos, movimientos políticos como nunca antes se habían visto. Los partidos políticos y las campañas se han abierto de muchas nuevas maneras. Se han generado nuevas ideas fuera del partido y mucho talento apoyado por organizaciones distintas a los partidos. Incluso el proceso de primarias, que ofrece una elección abierta y transparente del líder, también ha ayudado a la democratización de la estructura del partido más allá del control de las élites de éste.

En muchas culturas políticas hay resistencia a hacer un cambio así, tanto por parte de las élites del partido como por sus miembros. El cambio por supuesto es a menudo perturbador, pero la resistencia a éste es una estrategia muy arriesgada. Mucha gente joven ya no considera la política organizada como la mejor ruta para el cambio. Los partidos políticos tradicionales no parecen atractivos y tienen una imagen anquilosada para una generación que no es tan condescendiente con el poder. Una nueva generación que quiere implicarse activamente y en sus propios términos no va a estar esperando por mucho tiempo. Aquellos a quienes se les dé la oportunidad de participar, estarán mucho más motivados para implicarse activamente. Los excluidos buscarán otras vías para canalizar su energía.

Para los partidos progresistas el reto del futuro será cómo atraer o trabajar conjuntamente con aquellos que sostienen valores comunes y comparten objetivos similares pero que no tienen la misma afiliación institucional o ninguna. Los partidos que lo consigan ayudaran a construir un movimiento para el futuro. Los partidos que no lo logren se convertirán en monumentos del pasado.

En tercer lugar, los progresistas necesitan renovar sus estructuras internacionales. Ninguno de los proyectos mencionados en este documento —como un nuevo pensamiento, organización y estrategia electoral— será posible sin la creación de nuevas estructuras que construyan y sostengan una mayoría progresista. Aquí, como en otros momentos, el papel de la colaboración internacional será crucial.

Durante la década de 1990 la emergencia de una red de gobernanza progresista fundada por Tony Blair y Bill Clinton y líderes europeos de ideas cercanas, como Wim Kok, Gerhard Schröder, Giuliano Amato o Göran Persson, jugó un papel crucial en la redefinición de los argumentos de la Tercera Vía, ayudando a identificar las mejores prácticas en política y a legitimizar reformas políticas polémicas, enmarcándolas en movimientos internacionales de más alcance. Con la incorporación, más adelante, de Jean Chrétien y Paul Martin (primeros ministros canadienses del Partido Liberal, de centroizquierda), la red amplió sus debates por primera vez más allá de las fronteras de la familia tradicional progresista.

Aunque los retos de hoy difieren de aquellos del pasado, los progresistas pueden aprender de los éxitos y debilidades de esta red. Por una parte, la apertura del debate a más think tanks y a más aliados progresistas no tradicionales debe continuar. Un nuevo progresismo internacional que debe ampliarse y ser más inclusivo. Normalmente, por supuesto, las discusiones se han centrado en medidas políticas concretas (policy). Estos encuentros tan focalizados y específicos deben complementarse con otros contenidos como el análisis riguroso del proceso electoral —como hacen las redes conservadoras internacionales—, la reforma de los partidos, la infraestructura progresista y la organización. En relación con este último punto, la naturaleza elitista de nuestros partidos políticos —y coaliciones internacionales— necesita reorientarse, como parte de un cambio más amplio de mentalidad, hacia una forma más participativa y abierta de hacer política.

Como en el pasado, los líderes que trabajan para promocionar esta nueva forma de hacer política se beneficiarán de la experiencia compartida y de la integración de sus proyectos de reforma en una nueva y renovada internacionalización progresista. El camino hacia una nueva política no será sencillo, pero será mucho más difícil sin una colaboración internacional efectiva. Estamos a tiempo de empezar a construir una internacional progresista que incluya la diversidad progresista del siglo XXI, y una actitud abierta a un nuevo modo de hacer política.¹¹⁷

Conclusión: Regreso al futuro

Hace dos décadas, el ensayo de Francis Fukuyama El fin de la Historia capturó el «espíritu del tiempo» (Zeitgeist) del mundo posguerra fría. Éste fue un período caracterizado por un profundo optimismo, en el que los principios de la democracia liberal parecían haber triunfado de una vez para siempre, y la globalización prometía no sólo una paz duradera sino también una mayor prosperidad compartida para todos. Fue en este contexto en el que la Tercera Vía produjo un revival de la política progresista, primero en Estados Unidos y después en Reino Unido y la Europa continental.

Pero del mismo modo que el 11 de septiembre de 2001 destruyó este optimismo e incrementó dramáticamente la inseguridad global y el miedo colectivo, la crisis financiera global ha socavado la esperanza de la gente en su futuro económico y en las oportunidades de las que dispondrán sus hijos. En una era en la que la desigualdad está en alza y la clase media ha sido castigada, vaciada, Fukuyama ha vuelto a captar el espíritu del momento. En The future of history argumenta que necesitamos con urgencia una narrativa progresista capaz de devolver la esperanza a la clase media en las democracias desarrolladas.

En nuestra contribución a este debate, hemos argumentado que para desarrollar esta narrativa los tradicionales defensores de la política progresista, los partidos socialdemócratas y laboristas, deben ahora saber responder a las preocupaciones de los grupos demográficos emergentes y a la aparición de nuevos competidores políticos que también intentan atraerlos. Estos nuevos grupos sociales prestan a menudo mucha más atención al cambio climático, la diversidad cultural y social y la pérdida de oportunidades para la clase media que a los asuntos que tradicionalmente se han etiquetado como socialdemócratas. Más que ver este nuevo contexto como una amenaza, nosotros hemos propuesto un enfoque que plantea un renacimiento —revival— progresista que asume estas nuevas preocupaciones como el camino a seguir para una renovación económica.

Hacer una transición hacia una nueva economía con otra estructura energética y combatir el cambio climático, o alimentar y apoyar la diversidad y la inmigración —ambas demandas políticas de importante repercusión social— constituiría una operación política estratégicamente inteligente. Ayudaría a los socialdemócratas y laboristas a atraer a los ciudadanos que priorizan estos asuntos y a construir coaliciones basadas en objetivos comunes con los social-liberales y partidos verdes, con los que se podría gobernar en el futuro. Y también, al mismo tiempo, sería el comienzo del establecimiento de una mejor estrategia de crecimiento, y lo más correcto de hacer en términos políticos.

Hemos razonado que una nueva alianza progresista —una coalición semáforo, rojo-verde-amarillo— se puede construir, y que no sólo sería políticamente más sólida sino que también ofrecería mejores resultados que los que los rojos, verdes o amarillos pueden ofrecer por su cuenta. Así, hoy, nuestras agendas políticas y nuestras estrategias no sólo están inexorablemente unidas sino que se refuerzan mutuamente. Creemos que esta coalición, que está tanto basada en valores como consolidada demográficamente, puede y debe ser el futuro de la política progresista del siglo XXI.

Para desarrollar esta agenda, creemos en la necesidad de una agenda política con un triple enfoque centrado en inversiones económicas para ayudar a la clase media, una reforma estructural del gobierno y fondos públicos para asegurar que los servicios públicos sean más eficientes y efectivos, y una nueva arquitectura económica global que complemente y apoye este programa de reformas doméstico. Sin embargo, también afirmamos que las reformas políticas no serán suficientes y que los progresistas deben ahora asumir una nueva forma de hacer política, más abierta y en colaboración y coalición con otros partidos progresistas y organizaciones y movimientos no partidistas o distintos a los partidos.

Estamos convencidos de que si los progresistas asumen una agenda así, podrán ser de nuevo una fuerza política viable, capaz de devolver la esperanza a la clase media actual y convencerla de que ellos y sus hijos todavía tienen un brillante futuro.

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La izquierda como ejemplo

Son tiempos para la izquierda, una izquierda modernizadora, ejemplar, con un proyecto de sociedad, de transformación y mejora sustentado en valores y principios que permita superar la insostenible era del consumo en la que todos y todas soñaban con ser ricos y vivir como tales. La izquierda debe liderar el regreso a la cultura del talento, la sostenibilidad, la cultura y los principios de igualdad, libertad y fraternidad adaptados a la realidad global con la que ha comenzado el siglo XXI. Igualdad de oportunidades, dignidad vital, humanismo, libertad real y no teórica o formal, y neutralidad del Estado en materia de creencias subjetivas o supersticiosas, diversidad, cosmopolitismo, todos son señas de identidad de la izquierda y al mismo tiempo valores de gran poder modernizador.

Una izquierda modernizadora

Vivimos en un mundo dominado por una derecha muy poco abierta a los cambios, conservadora, retrógrada, sí, pero también aburrida, gris. Su cultura, su estética, las instituciones sociales que defiende a capa y espada lo son. La izquierda es también cambio, aventura, disfrute racional del gozo de vivir y de las experiencias que aporta la existencia.

Cuando la izquierda se vuelve conservadora, pierde; cuando no piensa a lo grande o «en grande», como suele decir Rafael Simancas. La izquierda debe aguantar y defender siempre la modernización y el cambio, la apertura. Cuando la izquierda se vuelve nacionalista, temerosa frente al extraño, cuando se une a los que temen xenófobamente a lo nuevo o desconocido, como ha sucedido recientemente en Francia, pierde, deja de ser la izquierda, aunque quizá obtenga o retenga algunos votos a corto plazo. Un mal negocio siempre y una traición a sus valores.

La izquierda es Europa

Hoy, todavía, Europa es lo más parecido que hay a la socialdemocracia.¹¹⁸ Incluso, Europa es socialdemocracia. Se podría replicar que la construcción europea fue un éxito conjunto de democristianos y socialdemócratas, con los primeros al frente de más gobiernos durante las décadas iniciales de posguerra. Pero no es menos cierto que aquellos viejos cristianodemócratas, humanistas democráticos con sentimiento social, han sido reemplazados por agrios conservadores hijos de la revolución neoconservadora de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y que cuentan con nuevos amigos en su propio seno o a su derecha, ya sean viejos y siniestros conocidos europeos como hemos visto en Grecia, y como estamos viendo crecer mucho en Francia o los Países Bajos, o una derecha fundamentalista y ultraconservadora a imagen de la que en Estados Unidos se autodenomina Tea Party. Una derecha que la profunda crisis económica y social que estamos viviendo está poniendo en evidencia, demostrando lo poco que tiene que ver con la que contribuyó a construir el Estado del Bienestar europeo. Mientras, por contra, la socialdemocracia sigue manteniendo intactos los principios y valores de entonces, convertida, como decía Tony Judt, en la prosa de la política europea contemporánea, lo cual constituye su principal problema, su éxito sin épica.

La combinación de crisis económica y supuesta crisis de la socialdemocracia nos obliga a responder con valentía. La izquierda no supo reaccionar con determinación a la crisis financiera de 2008. Esta crisis ofrece la oportunidad de quitarnos de encima las complicadas y vacuas definiciones acuñadas por la Tercera Vía de Tony Blair en su intento de construir un pensamiento progresista compatible con la desregulación financiera y con la globalización en un marco neoliberal. Un camino que sólo sirvió para distribuir, y hacerlo de esa manera, la riqueza creada en unos años de prosperidad insostenible.

Vivimos tiempos de crisis social, de pérdida de calidad de vida y bienestar, de voladura controlada del sistema de igualdad de oportunidades que tanto costó construir, de abandono de la sanidad y educación públicas, de paro desbocado. Tiempos de inseguridad e incertidumbre en los que, a pesar del indecente espectáculo protagonizado por el sistema financiero y sus gestores, los mercados han logrado imponer políticas sin debate democrático alguno con el fin de rescatar al sector financiero del desastre provocado por la desregulación que antes logró imponer.

Las consecuencias de esta crisis demuestran que nunca como en estos años había estado la política tan sometida a los intereses económicos de unos pocos. Este sometimiento ha provocado la mayor crisis de la construcción europea desde su creación, porque Europa es justamente lo contrario, el sometimiento de la economía a un fin político, la convivencia democrática en libertad bajo nuestro modelo de bienestar social. Tras la segunda guerra mundial Europa puso la economía —el carbón y el acero primero, el mercado común después, el euro...— al servicio de un gran sueño. Y esta crisis provocada por la desregulación ha puesto todos los sueños políticos, ciudadanos y de convivencia al servicio de un paradigma económico injusto e insostenible.

La combinación de crisis económica y una derecha más alejada que nunca de los valores humanistas de la Ilustración, como apunta Tzvetan Todorov,¹¹⁹ ofrece una oportunidad irrepetible a la izquierda europea para construir una alternativa creíble. Un inmenso reto porque en la práctica, salvo honrosas excepciones, socialdemocracia sólo ha habido en Europa. Pero las cosas han cambiado también fuera de Europa, y mucho. Dani Rodrik, en su famosa paradoja que ya hemos citado varias veces, señala la imposibilidad de conciliar tres elementos: democracia, soberanía nacional y globalización, teniendo que optar como máximo por dos. Democracia y soberanía llevan al aislamiento y la autarquía. Soberanía y globalización a ¿China? Si apostamos por la primera y la última, democracia y globalización, debemos convertir esta globalización en el campo natural de actuación de nuestra imperfecta Europa, reubicando en Europa la soberanía perdida por el Estado-nación.

Esa alternativa exige, no obstante, tomarse en serio de una vez por todas el proyecto de construcción europea, y hacerlo tomando decisiones que lo transformen. Hay que asumir que una Europa de veintiocho miembros —pronto serán más— puede conducir rápidamente a un proceso de geometría variable en el que sólo unos pocos Estados profundicen en todo aquello imprescindible para volver a poner la economía al servicio de los ciudadanos.

En el ámbito económico, la UE y más aún los países que conforman el euro, deben ser capaces de cerrar el deficiente diseño de lo que sólo es una unión monetaria. La Unión Fiscal y la Unión Bancaria ya en marcha deben tener un contenido diferente al que hasta ahora la derecha ha avalado desde su tutela permanente. Hace falta una armonización fiscal con impuestos y tipos marginales equiparables, un mecanismo de mutualización y solidaridad financiera y de la deuda como en cualquier unión federal —eurobonos, tesoro—, un presupuesto europeo eficaz y transparente, recursos propios —tasa sobre transacciones financieras—, un BCE comprometido con el crecimiento y el empleo, y una regulación y supervisión bancaria con garantías también mutualizadas tanto para la resolución de entidades fallidas como para los depósitos. Y probablemente también abrir el debate a nuevos espacios como el de las políticas que un presupuesto federal europeo debería financiar desde el principio de solidaridad, y en qué cuantía, o por ejemplo el talento —capital humano y tecnológico— y los elementos que garanticen la competitividad en todo el territorio comunitario. Porque del mismo modo que el sur, por ejemplo, necesita la credibilidad tomada prestada del norte para sostener sus finanzas, el norte necesita el inmenso mercado mediterráneo para soportar su industria y sistema productivo.

La política económica de dimensión europea está obligada a concentrar sus esfuerzos en educación e I+D+i, política industrial y energética, y a hacerlo desde la doble perspectiva de la sostenibilidad tanto social como medioambiental. Exactamente lo contrario de lo que la derecha española y europea está eligiendo como camino, sin competir «hacia abajo» sino peleando para garantizar el éxito de nuestro modelo de sociedad «hacia arriba».

Alejar Europa del control de las élites

El Parlamento Europeo debe ser la sede del control político de todas las políticas comunes. Ese es el camino para dar respuesta a las dudas de muchos como Daniel Innerarity,¹²⁰ que denuncia con razón que la integración europea es un proyecto liderado y modulado por las élites sociales, políticas y económicas europeas con un sesgo tecnocrático excesivo y que eso no puede seguir siendo así. Innerarity cree que es inconcebible una política europea que haga frente a los inmensos retos que hoy afrontamos y que permita salir de la profunda crisis en la que estamos, sin el respaldo explícito de la población europea, de la ciudadanía.

La izquierda sólo cuenta con una formación política organizada a escala europea, el Partido de los Socialistas Europeos (PES). Los socialistas tenemos que convertirlo en un verdadero partido político. Un partido que sirva de referencia para la amplia panoplia de partidos de izquierdas con escasa o ninguna articulación a escala europea, y que al mismo tiempo se vuelque en la propuesta de políticas de dimensión europea destinadas a impulsar el crecimiento y el empleo, reducir las desigualdades y los desequilibrios económicos, sociales y regionales, y convertir el modelo social europeo en seña de identidad y garantía de éxito y competitividad. Unos objetivos complementados asumiendo la inevitabilidad de las propuestas socialdemócratas en lo fiscal —Unión Fiscal, eurobonos (falta avanzar por la vía de los ingresos)— y financiero —Unión Bancaria (incompleta)—, y reivindicando que la estructura de bienestar social europea debe comunitarizarse.

Claro que en lo social se debe amarrar antes, con mayor solidez que la presente, un compromiso común de la izquierda respecto a lo que debe ser una verdadera Unión Social. Un compromiso imprescindible que defina los elementos básicos que hagan de Europa la región más poderosa en bienestar, igualdad de oportunidades, dignidad vital, de manera compatible con la excelencia de sus empresas, que son las que generan la riqueza sobre la que todo se sustenta, como hemos logrado en las sociedades escandinavas, por ejemplo.

Algo sigue fallando cuando la solidaridad se defiende preferentemente para los nacionales de un mismo país. Sin duda la percepción de ciudadanía común europea, de pertenencia a un mismo espacio, de compartir un origen y un destino, todavía debe desarrollarse mucho más.

En lo social, por la falta de proyecto común de la izquierda europea, las políticas de «empobrecer al vecino» (beggar thy neighbour) se practican con excesiva frecuencia en el seno de la UE debido a las imperfecciones institucionales existentes y a la supremacía de valores conservadores. Y también debido a la hegemonía de los marcos de referencia de la derecha, que culpabilizan al sur de todos sus problemas, sean o no los responsables de los mismos.

A partir de 2014 hay que ir más lejos de lo que han propuesto durante la legislatura europea 2009-2014 el PES y el grupo Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo para salir de la crisis, crecer y hacer frente al austericidio al que nos obliga una derecha ya sin argumentos. Pero atenuar o acabar con la austeridad, sin más, no implicará crecer, como ya hemos argumentado. El crecimiento retornará cuando nuestra economía produzca de nuevo bienes y servicios competitivos utilizando los recursos ociosos existentes y los que se generen invirtiendo y a través de la educación, de la I+D+i, aumentando el potencial de crecimiento. Una economía sustentada en empresas sólidas e innovadoras con un nuevo énfasis industrial. Crecer exige ser competitivo a escala global.

La construcción del Estado del Bienestar se fundamentó en el crecimiento, y ése debe volver a ser el objetivo de la izquierda, crecer, defender un modelo propio que priorice el concepto de desarrollo económico frente a la cruda idea de crecimiento sin más, sin atender a sus limitaciones y consecuencias. Un modelo claro, que asuma un entorno con retos estructurales como la globalización, el desempleo posburbuja inmobiliaria con escasa formación, el endeudamiento o el envejecimiento de la población, elementos que exigen propuestas valientes.

A escala global, sólo Europa puede salir de la crisis por una senda progresista que conduzca a un futuro, o cuando menos a un nuevo ciclo económico, de crecimiento y mayor cohesión social y bienestar, que luche contra el aumento de la desigualdad. Si no se logra establecer un paradigma común norte-sur socialdemócrata, dentro y fuera del euro, será difícil reforzar el papel político que la izquierda pueda desempeñar en el próximo doble ciclo económico y político, no sólo en Europa sino también en el resto del mundo.

En el ámbito institucional, la izquierda debe ser la vanguardia que confronte y detenga la resaca soberanista que amenaza Europa, y que exige la renacionalización de políticas hoy comunitarias o la generalización del intergubernamentalismo. Para ello es necesario reformar sus instituciones dotándolas de verdadera esencia democrática y de capacidad de control ciudadano, oponiéndonos a su vez a cualquier retroceso. No tiene sentido debilitar permanentemente el procedimiento comunitario —la Unión Bancaria en su apartado de resolución, por ejemplo, en el Consejo Europeo de diciembre de 2013— o suspender Schengen cada vez que se organiza una cumbre financiera en una ciudad importante, como ocurrió en Barcelona en abril de 2012 —las libertades fundamentales europeas no deben ser condicionales—. La derecha ha impuesto que los acuerdos alcanzados en el Consejo entre gobiernos —intergubernamentalmente— eclipsen el trabajo de la Comisión Europea y condicionen en exceso la capacidad del Parlamento Europeo para participar en las mismas a través del procedimiento de codecisión. Todo ello debilita el ya de por sí limitado sistema de garantías democráticas del proceso de toma de decisiones de la UE. La situación es casi crítica, porque si no se lograr dotar de contenido político perceptible por los ciudadanos el trabajo diario del Parlamento Europeo, y si los ciudadanos siguen expresando su voluntad política principal en las elecciones a unos parlamentos nacionales cada vez menos capaces de seguir y participar en el debate europeo, el futuro de Europa, no muy lejano, quizá converja hacia una unión o alianza de estados de tipo confederal frente al objetivo federal que hoy la sustenta.

Ciudadanía europea

La izquierda europea debe también luchar al unísono para seguir profundizando en la construcción de la ciudadanía europea, explicando con claridad en qué consiste. Una vez más, sin percepción real y objetiva de lo que representa, carecerá de relevancia y tangibilidad política. La ciudadanía europea es una necesidad perentoria en una sociedad multiidentitaria de vocación laica en la que cada uno tiene derecho a sentir muchas cosas a la vez. Hay tanto por hacer... Por ejemplo, Europa debe garantizar la última instancia judicial no sólo en derechos y libertades fundamentales como hace ahora en la institución hermana de la Unión, el Consejo de Europa en Estrasburgo, sino también en derechos económicos y sociales. Probablemente tengamos que aligerar y superar nuestros problemas lingüísticos priorizando el inglés como segunda lengua comunitaria y vía de comunicación común.

La socialdemocracia tiene que lograr que su actuación en Europa sea coherente con los objetivos últimos de construcción de una Europa federal, de una verdadera unión política con todas sus consecuencias, como un servicio exterior y un ejército europeo donde se comparta, básicamente, todo. La construcción de una Europa unida y el sueño socialdemócrata de una sociedad democrática, justa y próspera han sido los motores políticos de nuestros últimos cien años. Europa será socialdemócrata o no será.

Proyecto y credibilidad

Hayamos tocado ya fondo o no, el nuevo ciclo económico llegará y coincidirá con un nuevo ciclo político. Estamos a las puertas de ambos, si es que ya no estamos¹²¹ ahí. Un nuevo ciclo económico tan trascendente como el que nos sacó de las crisis del petróleo durante la Transición y que consolidaron gobiernos de izquierdas —del PSOE— y las políticas acertadas desde y para Europa. Un nuevo ciclo político también que deberá rediseñar partes fundamentales de nuestro modelo institucional de convivencia democrática casi cuarenta años después de su definición.

La sociedad española reclama cambios profundos en la manera de hacer política, en las actitudes de los políticos, en el funcionamiento de los partidos y en el de las instituciones. Exigencias imprescindibles para el éxito de cualquier proyecto político, tanto de gobierno como de oposición. Reformas políticas de calado que permitan a los ciudadanos sentir que vuelven a tomar en primera persona las riendas de la política. Porque si no lo hacen, la desafección irá a más, y con ella sus peligrosas consecuencias para la democracia: populismo y quién sabe qué más.

La desafección política es el resultado de varios factores, como vimos con anterioridad. En primer lugar, la demostrada incapacidad para controlar desde las instituciones democráticas tanto las decisiones que provocaron la crisis económica como las injustas medidas puestas en práctica para intentar salir de ella con nulo éxito hasta ahora. Un problema de largo recorrido, en España un ciclo económico completo perdido, 1993-2008, por infinidad de errores —una burbuja insostenible—. Un trágico error colectivo que casi nadie vio venir y que la derecha aún niega atrapada en el espejismo del milagro económico de Aznar, el mito 1996-2004. Un problema de diagnóstico y de terapia. Si da igual votar a la izquierda o a la derecha porque las decisiones se toman en otras instancias y las políticas no cambian, entonces la desafección es la más moderada de las reacciones imaginables...

A pesar de que el mito de que la derecha gestiona mejor que la izquierda la economía se está derrumbando a marchas forzadas a medida que las políticas de la derecha no sólo no nos sacan de la crisis sino que aceleran la transformación de nuestra sociedad hacia un mudo de desigualdad, a pesar de ello, todavía perdura el recuerdo del origen de la crisis y de lo que se hizo entonces. El recuerdo al menos de lo que se puso en práctica cuando los primeros y graves síntomas de la crisis comenzaron a aflorar. Un análisis riguroso y objetivo nos lleva obligatoriamente a los años en los que gobiernos socialistas pusieron en marcha políticas de redistribución socialdemócrata sin prestar atención al origen de rentas demasiado vinculadas a la desregulación, olvidando la producción. Dinero fácil, rápido, insostenible en el tiempo. Pues bien, la redefinición de su proyecto económico constituye el primer objetivo para la izquierda española con vocación de gobierno y sentido de Estado, en nuestro país para los socialistas, aunque ello no quiera decir que no puedan sumarse nuevas voluntades y fórmulas al proyecto común en la línea de lo que vimos junto a Matt Browne sobre las nuevas alianzas progresistas —coaliciones «semáforo»— y en particular en España con los verdes. Una alternativa económica consistente y verosímil que permita superar definitivamente el largo período de hegemonía neoliberal que está detrás de la crisis y que se infiltró en el pensamiento progresista.

En segundo lugar, la desafección política se alimenta de los escándalos de corrupción que afectan al conjunto de instituciones democráticas y que han batido récords con el «caso GürtelBárcenas». Un caso que eleva más si cabe el listón de exigencia para todos los partidos, sin excepción, deudores todavía de un ejercicio de autocrítica y transparencia mucho mayor que el realizado hasta ahora.

Los problemas de nuestro modelo político y constitucional —sistema electoral, funcionamiento de los partidos políticos, estructura del Estado...— complican aún más la situación, como ya vimos.

Ejemplaridad

La izquierda debe dar siempre ejemplo. La política democrática tiene que ser ejemplar, ahora, y siempre. El clamor social que existe sobre ello no es casual porque es el resultado de la acumulación de escándalos y errores protagonizados individualmente por políticos, y también colectivamente, por los propios partidos políticos o las instituciones. La corrupción y todo lo que es objeto de persecución penal genera desafección, pero también lo que es legal pero indefendible como las puertas giratorias entre empresas y puestos en la administración en el mismo sector o área en el que se han tomado decisiones como administrador público. En definitiva, varios elementos distintos pero con efectos similares: corrupción clásica, clientelismo y nepotismo, pero también prácticas inadecuadas, superfluas u onerosas que deben ser erradicadas. El reto político, legislativo y de transformación que tenemos por delante es ingente porque nuestra democracia y nuestra sociedad no pueden vivir mucho más en un ambiente de alarma social permanente provocado por las dudas que generan las actitudes, trayectorias y actos de algunos políticos.

Hoy más que nunca los políticos debemos reforzar la relación directa que moralmente estamos obligados a mantener con los ciudadanos. Lo estamos en estos tiempos duros en los que la imagen de la política y de sus protagonistas, los que como yo servimos con orgullo en el Congreso de los Diputados o en otras responsabilidades democráticas y constitucionales, está bajo mínimos. Porque ¿qué nos exigen los ciudadanos? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que escuchamos? Pues bien, ejemplaridad, transparencia y contundencia son las actitudes y contenidos más exigidos. También quiero reconocer que suele sorprender a los ciudadanos y ciudadanas la relativa facilidad con la que es posible establecer contacto directo con nosotros, de todos los partidos políticos incluso me atrevo a sostener, y que su reacción suele ser muy positiva, excesiva en ocasiones por la presunción de huida y de distanciamiento que los marcos de referencia comunicativos han, quizá, impuesto últimamente.

Javier Gomá, en Ejemplaridad pública, argumenta que cumplir la ley ya no basta para satisfacer las demandas sociales exigidas a sus gobernantes y representantes políticos. La ejemplaridad exige comportamientos extralegales. Todos damos ejemplo y tenemos una responsabilidad, porque, como Gomá explica, las verdades morales no son descriptibles salvo vía ejemplo. La legitimidad de origen de un diputado, por ejemplo, es diferente de la legitimidad de ejercicio. Y aunque el derecho a la vida privada en una gran conquista de la humanidad, se trata de un derecho fundamental jurídico, pero el estilo de vida que un individuo elige no es ajeno a su conciencia y permite al resto de la sociedad interpretar los valores que operan fuera del ámbito de lo legal —por ejemplo, asistir a cacerías—. Las buenas costumbres rigen de manera automática la sociedad, buenas costumbres que se construyen a partir de ejemplos, buenos ejemplos. La ejemplaridad es constructora de costumbres, continúa el argumento de Javier Gomá. Y los políticos tiene un mayor impacto que el resto de la sociedad porque son políticos, tienen mayor responsabilidad. Y ¿qué es ser ejemplar? Es generar confianza, confianza que contiene elementos que cambian con el tiempo, y otros que son estructurales —familia, oficio, hogar—. Javier Gomá considera que en la sociedad actual, una sociedad hastiada con la política y que presencia cierto ocaso de las ideologías —este trabajo intenta demostrar lo contrario—, la dimensión de la ejemplaridad y la confianza aumenta. Por eso muchos políticos sustituyen sus programas políticos por sus propias autobiografías, relatos sobre su vida y familia, trayectoria... Pero la ejemplaridad y el carisma son cosas muy distintas.

Ejemplaridad pero también transparencia, y contundencia en la acción política y defensa de las conquistas democráticas y sociales. Transparencia quiere decir conocimiento directo y sencillo de lo que hacen las administraciones e instituciones públicas o que reciben fondos públicos —también las privadas que lo hacen— y, por supuesto, los partidos: cómo contratan, cómo deciden en qué gastar y cómo optan entre diferentes opciones. Los partidos políticos deben ser instituciones abiertas sin secretos, y deben regirse por criterios exclusivamente democráticos y de participación. Y contundencia. Los ciudadanos progresistas y muchos que jamás votaron a la izquierda nos exigen firmeza con racionalidad, una cabal contundencia, para hacer frente a la ruptura del pacto constitucional y de los equilibrios que se cerraron en la Transición. Esa ruptura es el principal producto del gobierno del PP. Es la quiebra del Estado Social de Derecho consagrado en el artículo 1 de la Constitución Española. Si se rompe el principio de igualdad, los mecanismos que garantizan derechos sociales a todos los españoles en igualdad —el acceso a la educación, sanidad o justicia en igualdad, por ejemplo—, se rompe el modelo de convivencia constitucional de 1978. Los ciudadanos desean que la izquierda, los socialistas, hagamos una oposición firme y clara en estos temas, creíble, que permita seguir creyendo que un futuro mejor es posible. Oposición firme, modernización y presentación de un proyecto alternativo al que estamos padeciendo.

El camino de las reformas constitucionales

El reto para la izquierda española e incluso para la sociedad en su conjunto es muy grande. Tendremos problemas si no somos capaces de hacerlo, si no logramos aunar en un esfuerzo de reforma constitucional ejemplaridad, transparencia y contundencia y profundidad en el cambio que la sociedad exige todos los días. Si no lo logramos y no ofrecemos una respuesta clara, junto al resto de demandas sociales que oímos cada día, entonces, ante la dimensión de las incertidumbres y riesgos que nos acechan, es posible que nos veamos abocados a refundar el modelo constitucional con el que nos dotamos en la Transición y que nos ha permitido disfrutar —con sus defectos— del período de democracia, libertad y prosperidad más prolongado de nuestra historia.

Ése es el reto, reformar en profundidad nuestro modelo de convivencia o, quizá, arriesgarnos a la incertidumbre de tener que refundar uno nuevo desde la nada, una vez más, porque, como bien se sabe, España jamás reformó ninguna constitución. Siempre las derogó y las reemplazó por otras nuevas, y nunca en democracia.

Sólo la izquierda ha sido hasta ahora capaz de ofrecer propuestas y planteamientos concretos de reforma de la Constitución. Mientras, la derecha ha optado temerariamente por lo contrario. En el momento en el que los españoles necesitamos reforzar con inteligencia emocional nuestro debilitado proyecto común apelando a argumentos inclusivos, el gobierno, por ejemplo, ha decidido dar un paso atrás brutal y temerario en materia de libertades. Mientras otros, como los británicos, conjugan el better together, poniendo en valor la riqueza y diversidad de la vida compartida, en nuestro país las anunciadas reformas de la ley del aborto y la nueva ley de seguridad ciudadana refuerzan los argumentos de los que quieren abandonar el proyecto común.

La cuestión ya no es sólo cómo resolver la crisis territorial con Cataluña sino como evitar también que el retroceso en libertades acabe debilitando los cimientos de nuestro proyecto constitucional. Un proyecto constitucional que pide a gritos reformas para adaptarse a las profundas transformaciones experimentadas por nuestra sociedad y el mundo en las últimas cuatro décadas.

Desde todo el mundo se contempla con estupor la parálisis del gobierno ante la crisis de Cataluña. Un gobierno que ha decidido, precisamente cuando la sociedad española más necesitaba un gesto por la convivencia y de respeto a la diversidad, presentar unas reformas legislativas que impactan en la línea de flotación del proyecto constitucional. Si esto es lo que desde la derecha se considera como aportación enriquecedora al proyecto común, a las normas de convivencia, mal vamos, porque el rechazo ha sido general. Si no se rectifica, la derecha habrá inaugurado una vía nueva, la del retroceso en libertades hacia tiempos preconstitucionales, para complementar y reforzar su constatada capacidad para alimentar el independentismo.

Cuidando el proyecto común

Vivimos un tiempo difícil, un tiempo en el que la sociedad exige reacciones y respuestas a la izquierda. Una sociedad que siente como una sensación terrible se apodera de ella, la de perder las históricas conquistas alcanzadas tras siglos de frustraciones, y después de treinta y cinco años de construcción democrática entre todos. Conquistas de todos, pero sobre todo de la izquierda, que se nos escapan como arena entre los dedos. Tras el anuncio de la nueva legislación sobre el aborto, pude comprobar como los españoles y españolas que protagonizaron esa lucha democrática veían de pronto en nuestro futuro la misma oscuridad que vivieron en su pasado y que creyeron definitivamente superada. Lo he visto en su mirada, en su nueva inquietud, inseguridad e incluso miedo. Y sobre todo he visto una honda decepción que comparto. Habrá un antes y un después al anuncio de la reforma de la ley del aborto. Qué gran desilusión ante una derecha que creímos europeizada y que ahora calla mientras contemplamos con estupor como se desmontan no ya los avances de los últimos años, sino los de la década de 1980, como las primeras leyes que nos equipararon a Europa aprobadas hace treinta años y sobre las que existe un amplísimo consenso social.

Desde que recuperamos la democracia, el estupor que la futura ley Gallardón ha generado en Europa no tiene precedente; nunca una ley española había sorprendido e indignado tanto. Pienso en las reformas húngaras que han debilitado allí el Estado de Derecho y que obligaron a la UE a abrir un expediente, una reacción que ya no parece imposible en nuestro hasta ahora ejemplar país. Así lo evidenció la humillante felicitación que Jean-Marie Le Pen remitió al gobierno por su anteproyecto. Somos el país europeo que más derechos recorta junto a Hungría, como suele recordar Juan Fernando López Aguilar, extraña manera de reforzar el proyecto común, de actualizar las normas comunes de convivencia.

Con todo, la derecha europea tan diferente a la que padecemos en España existe. Es posible, como nos lo recordó el muy conservador The Times¹²² con su implacable y lúcido editorial sobre la nueva ley. Existe, aunque todavía no en nuestro país.

Como The Times apuntaba, «la nueva legislación, tal y como ha sido presentada, debilita el pluralismo, restringe la libertad, lastra y retrasa la posición de la mujer en la sociedad española, daña la familia e infringirá daños físicos y psicológicos en las mujeres muchas veces en situación desesperada». «Una mala ley con efectos lamentables —continúa—, un abuso de poder gubernamental —sigue— que se inmiscuye en ámbitos de decisión personal que sólo corresponden a los propios afectados. La ingeniería social —termina diciendo— la practican los gobiernos autocráticos.» Es evidente que hay otras derechas, con sus evidentes limitaciones, claro, pero muy distintas al menos en el ámbito de los derechos y libertades civiles. Es evidente también que, como suelo insistir, no hay ni un liberal de verdad en la derecha española. El liberalismo habita en la socialdemocracia española.

Lo peor de todo es que con este anuncio el gobierno demostró que todas las conquistas son reversibles. Que para la derecha española lo constitucional no tiene que ser necesariamente legal si no encaja en su propia y reaccionaria moral privada. Después de esto nadie duda ya de que el matrimonio de personas del mismo género, las políticas de igualdad de género, incluso nuestras quizá ingenuas aspiraciones laicas, todo está bajo el punto de mira de la derecha de siempre.

La deriva hacia la extrema derecha

Escribí en enero de 2014¹²³ que no lograba entender por qué la derecha española de 2014 se parecía de repente tanto a la de cualquier período previo a la Transición. No lo lograba y no logro entender por qué la derecha española se cobra ahora esta triste revancha innecesaria y peligrosa. Innecesaria porque su doble moral e hipocresía en estas cuestiones es de sobra conocida; si lo necesitan, volverán a hacerlo e irán a abortar fuera de España como siempre lo han hecho.

Pero es peligrosa porque llega en un momento muy delicado, en el que una sociedad hastiada ve como el sueño de la Transición se hunde y necesita querer el proyecto común, cuidarlo, protegerlo, y creer en él. Una sociedad ávida de futuro y progreso a la que, en vez de con esperanza e ilusión, se alimenta con retrocesos en el bienestar, con la pérdida ahora de las conquistas civiles y democráticas más simbólicas, con escasa confianza en las instituciones democráticas.

Una sociedad que es consciente de que, aunque lo peor de la crisis económica quizá empiece a quedar atrás, va a permanecer mucho tiempo asustada y aturdida por el rumbo que desde hace un tiempo ya excesivo han tomado los acontecimientos. Aunque algunos indicadores macroeconómicos comiencen a cambiar y mejorar, las dos crisis que han acompañado a la económica, la social —pobreza, inseguridad, desigualdad— y la política e institucional que afecta a nuestro sistema democrático y modelo territorial, no mejorarán. Y ojalá me equivoque.

La derecha española se equivoca gravemente con decisiones como las que minan nuestro sistema de libertades porque nos alejan de Europa y pulverizan nuestro proyecto constitucional. Su particular nacionalismo patrio, la imposición colectiva de sus convicciones morales y religiosas particulares, el retroceso en las libertades, y en particular las de las mujeres, son cualquier cosa menos un proyecto común. Es un proyecto que puede centrifugar España. Y es una forma de nacionalismo, sí, el propio del siglo XX a la española que creíamos superado o muy mermado.

Una derecha necesariamente complaciente con la extrema derecha para evitar que surjan formaciones de este tipo en España, cuando vemos que para las elecciones europeas del próximo mes de mayo la extrema-derecha racista y xenófoba decide concurrir conjuntamente —como ya han anunciado el Frente Nacional francés de los Le Pen y el holandés Geert Wilders—, recuperando viejas y trágicas propuestas. Y pretenden ir juntos para atacar el proyecto común europeo, la UE, el gran invento colectivo para acabar con todos los autoritarismos.

Los socialistas, progresistas, gentes de izquierdas en general debemos movilizarnos porque nuestra sociedad tiene un doble problema con la derecha.

Por un lado, en España, una derecha que debilita peligrosamente el proyecto común constitucional negando las reformas que la sociedad exige para «revisar las normas de convivencia», y que formula cambios legislativos que restan atractivo a dicho proyecto común e, incluso, alimentan el independentismo.

Por el otro, en Europa, aunque el proyecto colectivo de paz, prosperidad y bienestar que representa la UE se mantiene en pie, lo hace dominado y prácticamente secuestrado por una derecha casi hegemónica en sus instituciones. Ese dominio, responsable de muchos de los errores de los últimos años cometidos a escala europea, exige una drástica reacción ciudadana liderada por y desde la izquierda. Una reacción que permita una nueva mayoría de izquierdas y progresista en las instituciones europeas —Parlamento Europeo, Consejo y después Comisión— para cambiar el rumbo de Europa y, también, para garantizar desde Europa que nuestro maltrecho proyecto constitucional español no naufraga.

Aunque esta derecha no lo quiera, no lo vea, España necesita una profunda reforma constitucional que permita recuperar el impulso ciudadano sin el cual las instituciones democráticas no pueden subsistir. La corrupción y la crisis que afectan al conjunto de nuestro sistema —los tres poderes del Estado, Corona, partidos políticos, modelo territorial...— lo exigen. Una reforma con nuevos protagonistas, que dé paso a las ideas de las generaciones de españoles que no participaron ni como jóvenes votantes en la Transición, y con nuevos planteamientos de fondo, porque el relevo generacional resultará insuficiente si viene acompañado de viejas actitudes. Una reforma que cierre el modelo territorial, federalizando su funcionamiento sin privilegios y avalando desde la igualdad de derechos y obligaciones, y los principios de cohesión y solidaridad, los hechos diferenciales que en 1978 se quedaron fuera, en particular respecto a Cataluña. Una reforma que incorpore y blinde los derechos sociales y que modifique el sistema electoral. En definitiva, una reforma constitucional que constituya una verdadera desamortización democrática ciudadana que elimine todo el lastre innecesario acumulado desde 1978.

12

Reto y ruta para la izquierda

Hay muchas definiciones de la izquierda. Hemos repasado algunas. En este último capítulo quiero recuperar alguna más. Alfonso Guerra suele definir el socialismo como el ansia de trabajar para que ningún ser humano sea tan poderoso como para someter a un semejante, y que ningún ser humano sea tan débil como para dejarse someter.

Pensar en grande

Tal y como le he escuchado muchas veces a Rafael Simancas, somos legión los que no queremos una izquierda «analgésica» que sólo sirva para paliar algunos males sociales sin ser capaz de cambiar los factores de fondo que los generan. Tampoco una izquierda de trinchera enfrascada en la lucha por defender la sanidad y la educación públicas, el sistema de pensiones y la negociación colectiva, en definitiva, el mantenimiento de statu quo y tratar a toda costa de evitar «lo peor», sin un proyecto de futuro. Ni una izquierda pragmática que gestiona la alternancia cuando le corresponde día a día, incluso con oficio, pero poco más. No son esos tipos de izquierda los que queremos. Queremos, termina Simancas, «una izquierda que sea capaz de pensar en grande, que cuente con un proyecto capaz de guiar la acción política a escala global en todos los ámbitos». Y un proyecto, añado yo, que sea capaz de renovarse y adaptarse a los retos y transformaciones de cada tiempo.

En estos tiempos turbulentos, la solidez del proyecto político de la izquierda española y europea es imprescindible. Su redefinición debe concentrarse en la recuperación de su credibilidad y rigor superando un período en el que la aparentemente infinita bonanza impuso prácticas y mensajes de escaso calado intelectual, más condicionadas por la realidad mediática y sus ritmos y actores que por las necesidades políticas ciudadanas, como después bien se ha podido comprobar. Ello obliga también a combinar de otra manera perfiles en los equipos políticos, prestando mayor atención a los factores que dignifican la acción política ante los ciudadanos desde la máxima ejemplaridad pública —mérito, capacidad, formación, intachabilidad—, integrando con habilidad aquellos con carreras largas en el seno de los partidos, con otros cada vez más numerosos con trayectorias profesionales antes y por supuesto después de la política en el ámbito privado o en la administración. Los primeros gobiernos de Felipe González son un buen ejemplo. Se acerca un nuevo ciclo económico, y también político, que exige cambios profundos, a todo y a todos, sobre todo a los que quieran sobrevivir. A los que son imprescindibles como la izquierda. Sinceramente no creo que haya otro camino.

Ahora más que nunca la izquierda está obligada a dar ejemplo. También, a abrir nuevos cauces de relación con la sociedad eligiendo a sus candidatos a presidir gobiernos o a ser alcaldes mediante primarias abiertas en las que pueda participar cualquier ciudadano y potencial votante. Primarias porque la participación abierta es un fin en sí mismo, un instrumento de legitimación, movilización y apertura. Y primarias abiertas en los diferentes niveles políticos o de la administración: gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos, lo cual exigirá generalizar esta práctica en el seno de los partidos políticos, quizá regulándolo por ley, y abriendo un camino nuevo prácticamente inédito en que se deberá ir tomando nota de los errores que se produzcan.

Sin duda, una de las cuestiones más delicada será la de cómo equilibrar y calibrar los resultados de las primarias con las direcciones de los partidos políticos, elegidas democráticamente en sus congresos, y que en nuestro sistema juegan, y deben seguir jugando creo, un papel político fundamental.

Otra cuestión interesante es la de garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de primarias en una democracia cada vez más mediática como la nuestra, como todas en realidad, en la que sólo los candidatos mediáticos tendrán verdaderas oportunidades de concurrir, y en la que la capacidad para ser «mediático» depende de la voluntad de los cada vez más poderosos medios de comunicación, de las cúpulas de los partidos políticos que deciden su política de comunicación o, en tercer lugar, de la disponibilidad de recursos económicos que permitan financiar campañas de comunicación personal.

La derecha y el populismo conservador, o incluso de extrema derecha con aires urbanos, son los principales rivales de la socialdemocracia. El populismo no puede ser combatido desde su mismo nivel, desde su dimensión, desde el mismo marco de referencia como diría Lakoff. Debe ser respondido con argumentos sólidos, rebatiendo con el peso de la evidencia las falacias que esconde en la práctica totalidad de sus planteamientos populistas o derechistas. Argumentos siempre basados en el individualismo más insolidario, «a mí me iría mejor si...», o en el victimismo exculpatorio de cualquier responsabilidad propia, «no tengo lo que merezco», «mira a esos recién llegados qué bien les va»...

La potente llamada de atención que realizó Lakoff cuando demostró que la derecha crea e impone marcos de referencia favorables a sus intereses, que llegan a hacer innecesaria cualquier justificación racional del porqué de decisiones que sólo responden a principios ideológicos, está hoy más vigente que nunca, es de rabiosa actualidad. La austeridad expansiva es un buen ejemplo, las falsas virtudes de las reducciones fiscales para los más ricos, el miedo a la inmigración o la necesidad de desmantelar el Estado del Bienestar para volver a crecer. El debate y tormenta de cifras macroeconómicas de este tiempo en el que la recuperación económica es el nuevo eslogan es un buen ejemplo de ello.

La socialdemocracia debe ser fiel a sus principios tradicionales, pero debe adaptarlos a la realidad de cada momento. Hoy, los trabajadores de clase media, las familias que dependen de un salario o dos por cuenta ajena, los pequeños empresarios, los pensionistas, sienten que están perdiendo su posición en la sociedad, su estatus, y se convierten en víctimas fáciles del populismo. Frente al acecho de la ideología vacía, sin respaldo racional e intelectual, los ciudadanos necesitan pruebas claras de lo que la política ha hecho y puede lograr por ellos. En crisis como la actual, cuando los pilares de nuestra sociedad se tambalean, los eslóganes vacíos de la derecha son difíciles de combatir.

La división interna de las formaciones políticas de izquierda altera la percepción ciudadana de su capacidad, coherencia y competencia. División que afecta con mayor intensidad a las formaciones de izquierda que a los partidos de derechas, partidos de derechas que pueden incluso llegar a impostarla para ampliar su espectro ideológico abarcando posiciones aparentemente contradictorias.

Inteligencia emocional y poder

Frente al populismo, la inteligencia emocional es el complemento imprescindible que necesita el enfoque racional, la aproximación científica a la política que constituye el método tradicional de la izquierda heredera de la Ilustración. La izquierda que basa su actuación en la lucha contra la injusticia y la ignorancia. Ello exige conocer el estado anímico de los ciudadanos y no sólo sus principales parámetros estadísticos, económicos o sociales. Exige una estrategia y no una consecución de tácticas. Inteligencia emocional, sensaciones, emociones, acompañadas de análisis racional, herramientas, constataciones empíricas y proyectos claros.

La izquierda del siglo XXI debe entender que debe considerar el poder de una manera distinta, con una mayor sofisticación, porque lo que la sociedad espera de la política de izquierdas no es sólo una correcta administración desde unos valores ideológicos sino también una redistribución del poder. Una redistribución del poder en una sociedad ávida de recuperar su impulso democrático y participativo, que exige, como decía antes, unas dosis mínimas de inteligencia emocional para evitar caer en la apatía que provoca la tecnocracia. La izquierda no sólo ha perdido elecciones por el contexto de crisis, no; ha habido otros elementos, porque los ciudadanos y ciudadanas saben bien que el crecimiento económico, la mejora de los salarios incluso, son logros a los que contribuyeron de manera decisiva gobiernos de izquierdas o socialistas y socialdemócratas durante décadas, hechos que, sin embargo, no han evitado la posterior derrota en las urnas de gobiernos progresistas.

Como hemos visto en el caso de Estados Unidos con el presidente Barack Obama, la izquierda debe ser capaz de construir grandes coaliciones globales de intereses de progresistas, compartir buenas prácticas, ampliar su espectro y superar los viejos esquemas cerrados.

En Europa vamos por detrás en este objetivo que requiere nuevas herramientas, una nueva cultura en los partidos y organizaciones políticas y una clara toma de conciencia del papel que los medios de comunicación pueden desempeñar en el futuro. Los medios de comunicación están cambiando rápidamente. Nunca más va a volver a ser fácil contar con un grupo de ellos capaz de apoyar claramente una alternativa progresista.

En Europa vamos por detrás, y la izquierda va detrás de la derecha en otro aspecto, el de la existencia de institutos de estudio, fundaciones o think tanks progresistas. Como vimos, la izquierda norteamericana también fue por detrás un tiempo hasta que recuperó el tiempo perdido. La experiencia española, con algunos casos de éxito como la independiente Fundación Alternativas o la socialista Pablo Iglesias del PSOE, frente a fracasos como la también socialista Fundación Ideas —en el resto de la izquierda no hay grandes ejemplos relevantes adicionales salvo las instituciones del mundo sindical—, debe servir para reconstruir un tejido fuerte y dinámico que no cometa los errores del pasado y que permita armar ideológicamente a la izquierda, abrir su espectro a colectivos que no militan en los partidos y poner en marcha campañas de todo tipo. La colaboración internacional entre partidos, institutos de estudio y fundaciones no es que sea una buena práctica, es una obligación, además del mejor catalizador para la construcción de un movimiento y un proyecto de izquierdas global.

Ensanchando la clase media

A pesar de que las cifras macroeconómicas muestran que se acerca cierta recuperación, o que al menos hemos tocado fondo y lo peor ha pasado, hay claras pautas preocupantes que se imponen por encima de quien gobierne: se reducen los impuestos de los más ricos o de determinadas rentas, los salarios caen, la inversión social y en políticas de crecimiento sigue congelada o en retroceso, y con ello aumenta la desigualdad y se debilita la ya de por sí endeble igualdad de oportunidades de nuestra sociedad... Otras tendencias o inercias se mantienen, los gigantes bancarios o financieros «demasiado grandes para caer» siguen ahí, y además siguen creciendo y engordando.

Todo ello hace insostenible el crecimiento y la confianza en un futuro mejor, de cohesión y seguridad. Las familias trabajadoras, la clase media —clase media trabajadora—, son el principal motor del crecimiento con su trabajo, su ahorro y consumo, su contribución a la convivencia y cohesión social viviendo en comunidad y sosteniendo y utilizando los servicios públicos básicos, y también como fuente de emprendedores, de innovación y cultura..., por su irreemplazable aportación al bienestar global.¹²⁴

No tengo ninguna duda de que el ensanchamiento de esa clase social, la clase media o clase media trabajadora, debe ser el objetivo de la política de izquierdas, porque es la piedra angular de nuestra sociedad, de nuestro modo de vida europeo, sostenido, basado en valores inmateriales, de nuestra democracia. Un fin que al instrumentarlo exige acabar con la desigualdad, la pobreza y la exclusión, y garantiza la distribución de poder entre los individuos, el refuerzo de la dimensión civil de nuestra sociedad y la igualdad de oportunidades. Un fin que garantiza la convivencia en pluralidad y diversidad que es seña de identidad del progreso y de la izquierda y contra el que se revelan la derecha y el populismo.

Agenda, perfiles y reputación organizativa

Para lograrlo, la izquierda necesita una agenda clara, perfiles cualificados y alta reputación organizacional, o sea, respeto social a su estructura fundamental, que es el partido. La agenda debe incluir elementos claros de cambio, de renovación, proponiendo elementos capaces de movilizar a todos los grupos sociales, mujeres y hombres, jóvenes y personas mayores, minorías...

Para hacer frente a la izquierda, la derecha tiende a adquirir apariencia modernizadora, para convencer a los votantes del centro y enmarcar como avances sus propuestas ideológicas. En España la privatización de la sanidad pública, la reforma local o la Ley Wert han utilizado esta táctica. Incluso utilizan la retórica socialdemócrata para explicar políticas que pretenden o van a conseguir lo contrario de lo planteado, como la reforma de las pensiones, que oculta la pérdida de poder adquisitivo que va generar sin intentar reforzar su base de ingresos, y que persigue su sostenibilidad mediante su jibarización acelerada. Con todo, ese discurso de la derecha, aunque sirva para ganar a la izquierda, también muestra el éxito de las políticas de izquierda. La derecha ha cambiado gracias a la izquierda, y ha asumido no sólo sus ideas sino incluso parte de su proyecto, como hemos recordado citando a Tony Judt en varias ocasiones. También sabemos y hemos visto que en algún momento ha habido líderes de la izquierda a los que les fue bien acercándose a la derecha, como Tony Blair o, en Estados Unidos, Al Gore, para el que se acuñó la expresión «conservador compasivo» en la campaña de las presidenciales de 2000 que perdió contra George W. Bush a pesar de obtener más votos directos (pero no en el sistema de votos de «colegio electoral»). Y las perdió, según muchos análisis, porque fue percibido como excesivamente moderado o conservador por una izquierda norteamericana que se quedó en casa, incapaz de imaginar lo que se le venía encima con la elección de Bush.

En cualquier caso, en la mayoría de países europeos en los que ha habido elecciones en los últimos años, e incluso en Estados Unidos en las dos victorias de Barack Obama, la derecha ofrecía mejores índices de valoración ciudadana en todas las áreas temáticas relacionadas con la economía salvo en el concepto de justicia social (Romney apareció siempre como más capacitado para gestionar la economía que Obama a pesar del todavía reciente desastre neocon de George W. Bush).

En los análisis ex post realizados en la mayoría de estos países se ha podido comprobar que, al margen de la calidad y el calado de las propuestas programáticas, los ciudadanos simplemente creyeron que la izquierda no iba a ser capaz de llevar a cabo esas propuestas si gobernaba. Los ciudadanos simplemente no se lo creyeron.

Otro problema habitual, por ejemplo tras la victoria de la CDU de Angela Merkel en 2013, ha sido el efecto recuerdo de las políticas llevadas a cabo por el canciller Gerhard Schröder, la llamada Agenda 2000, por ser considerada una traición a los principios socialdemócratas, a pesar de que una inmensa mayoría de alemanes también reconoce que fueron la base del actual período de crecimiento. Un complicado cóctel.

El éxito de los demócratas en Estados Unidos con Barack Obama —a pesar de que incluso con todo el peso de la crisis financiera recayendo sobre los republicanos éstos lograron mantener su mejor imagen como gestores de la economía— se debe a la construcción de una amplia mayoría o coalición compuesta por grupos sociales con intereses diversos y complementarios, frente al marco más reducido ofrecido por los conservadores. Esa coalición o plataforma progresista, a su vez, cuenta con ventaja demográfica. En 2023 el conjunto de minorías étnicas será mayoritario en Estados Unidos.

En Europa y en España, por contra, la coalición progresista que puede tejer mayorías está fragmentada. En España la derecha del PP ha logrado poner en marcha un partido «de amplio espectro» que aglutina desde la extrema derecha hasta el centro conservador.

«Si deseas volver a ser un partido de mayorías, tendrás que combinar la defensa de las políticas sociales con nuevos elementos claramente reformistas, porque aunque la defensa de los derechos adquiridos sea legítima, esa actitud ya no sirve para ser un partido de amplio espectro.» (Olaf Cramme.)¹²⁵

Clase media trabajadora

En la izquierda la situación de partida es, cuando menos, de mayor fragmentación. En la izquierda conviven grupos con exigencias particulares adicionales, o por encima de sus motivaciones ideológicas, como los ecologistas, las personas mayores y los pensionistas, o los empleados públicos, que en España no forman parte clara de esa coalición. Las élites urbanas, que en Estados Unidos apoyan claramente a los demócratas, tampoco lo hacen en nuestro país, y no sólo los profesionales del mundo de la empresa o la abogacía —apenas nadie se declara abiertamente socialista en ese mundo—, sino un amplio elenco de profesiones liberales e incluso artistas, escritores, periodistas o representantes de minorías de todo tipo. El peligro es que no lo hacen las élites pero tampoco lo que en inglés se llama middle class, que es algo más amplio que lo que nosotros entendemos por clase media, algo así como la clase media trabajadora o la que trabaja por cuenta ajena y los pequeños empresarios y autónomos. Ahí tampoco. La reducción y fragmentación de la coalición progresista en nuestro país tiene muchas causas, algunas compartidas, como las que explican la llamada desafección con la política, y otras propias, como las dinámicas internas de los partidos políticos, los errores cometidos a la hora de confeccionar equipos —perfiles bajos, endogamia, opacidad o criterios inexplicables frente al mérito y capacidad—. Que la derecha caiga en los mismos errores, no los justifica ni mucho menos los perdona; otro error en el que se suele caer desde la izquierda. La izquierda sólo puede ser ejemplar. Las largas carreras en política y en el mundo institucional que la rodea comienzan a ser un problema más que un activo.

Frente al discurso tecnócrata del crecimiento económico debemos hablar de la situación real de la clase media trabajadora y de la que trabaja por cuenta ajena, además de los pequeños empresarios y autónomos. Este colectivo ha sufrido un porcentaje altísimo de la crisis, reduciendo su calidad de vida en una sociedad en la que se han ampliado las diferencias, la desigualdad. Esto es así. Ellos, junto a los colectivos que se sitúan en lo más bajo de la escala laboral y que sufren algún tipo de injusticia —desempleo, pobreza, discriminación, ahora copago y restricción en el acceso a las políticas y servicios públicos...—, constituyen la prioridad absoluta de la acción política de la izquierda.

El crecimiento económico sólo volverá si estos colectivos mejoran, porque la reactivación de la demanda, la innovación y el respaldo a los emprendedores, el avance en la democracia —participación, transparencia, calidad democrática— depende de ellos y sólo de ellos. El sueño socialdemócrata es el de una sociedad de clases medias próspera, cosmopolita y dinámica, solidaria con los que padecen injusticia y comprometida con la reducción de las desigualdades.

Por ello las viejas prioridades lo siguen siendo, como la política educativa, la educación en los primeros años de vida, a muy temprana edad, que se demuestra como determinante en la capacidad futura de generar crecimiento y de potenciar las oportunidades en una sociedad cada vez más compleja.

Crecer

Se crece apostando por las personas, no bajando impuestos ni desregulando. Se crece logrando que los emprendedores se queden en tu país y no se vayan a otro. Se crece creando las condiciones para ello y logrando que abran campos a la actividad económica y al empleo que refuercen de manera sostenible nuestro modelo de sociedad. Se crece apoyando a las pymes. Se crece innovando e investigando y apoyando la creación cultural y científica. Se crece adoptando las políticas adecuadas que benefician a más número de personas. Se crece buscando sinergias entre las políticas públicas, el Estado y los mercados, y no confrontándolos. Se crece más con menos desigualdad.

La diversidad social, cultural, de todo tipo, que ya está aquí y seguirá creciendo, genera oportunidades para abrir nuevos espacios para las empresas, para crear empleo, pero exige inversión y un buen acompañamiento político.

La política tiene que pensar en las personas, en los hombres y mujeres de tu país, de Europa, del mundo entero, no en cifras macroeconómicas. Cada vez es más frecuente que el crecimiento se acumule en un porcentaje muy bajo de la población o incluso en unas pocas familias.¹²⁶

En las encuestas, Barack Obama derrotó a Mitt Romney claramente en el apartado «compromiso con la clase media». La mayoría no creyó que el republicano fuera a defender los intereses de la mayoría; fue el debate de «Main Street» frente a «Wall Street», la calle Mayor frente a la calle de la Bolsa.

La crisis financiera fue una crisis de los Estados por su incapacidad de controlar lo que pasaba. Al margen de quién estuviera al mando, del recuerdo del complicado relato histórico que nos lleva décadas atrás, los ciudadanos identifican más al Estado con la izquierda, así que una crisis de Estado es también una crisis de la izquierda, aunque el responsable del desastre público sea un gobierno de la derecha. La maquinaria conservadora de creación de marcos conceptuales y de referencia ha logrado aquí un gran éxito. David Cameron y Mariano Rajoy han intentado que esa idea cale en sus países. Hasta ahora la izquierda ha contraatacado con escasa fuerza y convencimiento —también es verdad que en ambos países la izquierda gobernó durante el estallido de la burbuja.

Así, a pesar del fracaso de la austeridad, no hemos logrado explicar una alternativa clara; a pesar de la insostenibilidad del modelo impuesto por la derecha, la política y la economía parecen ir en direcciones opuestas. Por ejemplo, hace falta inversión para salir de esta situación, nadie lo duda, pero la política nos lleva en el sentido opuesto. Las prioridades a corto plazo son distintas de las que tenemos de verdad a medio y largo plazo.

Las estrategias que implican una reducción de la calidad de vida, una competencia a la baja, son contrarias a lo que la izquierda defiende. Pero para combatirlas con éxito es necesario tener un proyecto claro de futuro, una estrategia.

La izquierda necesita una narrativa que recupere el orgullo colectivo por nuestra sociedad, su progreso, por la riqueza de su diversidad, y que apueste por el crecimiento, la creación de empleo, la cohesión, el capital humano y los valores inmateriales frente al consumismo suicida que se generó y alimentó junto a la burbuja.

Tener un modelo económico implica tener un esquema moral, una filosofía moral clara del tipo de sociedad que se quiere construir y reforzar sobre ese modelo. Una sociedad que desde la izquierda sólo puede ser la del crecimiento y la inclusión, la del empleo. Y debe hacerlo desde la realidad actual, en particular respecto a la percepción del tamaño del Estado —en Europa es distinta a la de Estados Unidos—, y también teniendo en cuenta los acuerdos y reformas constitucionales europeos y en el marco de la UE para alcanzar y garantizar la estabilidad de las cuentas públicas. La izquierda también debe ser muy rigurosa a la hora de calificar la naturaleza del gasto, porque en tiempos no muy lejanos, volúmenes importantes de lo que se llamaba inversión resultaron ser poco a nada productivos.

Medio ambiente

La izquierda política debe situar el ecologismo como eje central de su ideario y acción política.¹²⁷ Hoy en día es imposible presentar un proyecto completo de desarrollo que no asuma como elemento fundamental la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Por otra parte, el ecologismo y el conservacionismo, el respeto por la naturaleza y la obligación moral de legar a las futuras generaciones un planeta sostenible y que conserve su biodiversidad y sus riquezas y tesoros naturales, es una obligación que atañe a la izquierda más que a ninguna otra manera de entender la vinculación de nuestra sociedad global con el mundo en el que vivimos. La defensa de la naturaleza no es un enemigo del crecimiento y del bienestar, es un aliado imprescindible. Es también un ámbito idóneo en el que demostrar los valores de ejemplaridad de la izquierda.

Desde una perspectiva de izquierda, garantizar la solidaridad y la igualdad de oportunidades exige asegurar la vida en condiciones medioambientales sostenibles. Por ejemplo, el acceso universal a bienes públicos como el agua o el poder respirar aire no contaminado. Un medio ambiente sano y vibrante es incompatible con la existencia de grandes desigualdades.

La sostenibilidad tiene derivadas directas muy importantes, como su relación con la generación y distribución de energía. Hoy la igualdad de oportunidades exige también poder acceder a la energía a un coste razonable, una posibilidad cada vez más cercana y real no sólo para miles de millones de personas en los países pobres sino también para una cantidad creciente en los llamados países ricos.

Todos los análisis de los problemas de nuestra sociedad global y de la crisis del sistema económico global coinciden en señalar que la crisis es multidimensional y sistémica. Multidimensional quiere decir económica, financiera, social, medioambiental. Y sistémica en el sentido de que, desde una perspectiva estructural, el sistema económico global que actúa sobre todas esas dimensiones es sencillamente insostenible a medio y largo plazo. La sostenibilidad crea empleo de calidad, eleva el valor añadido del sistema productivo y la calidad de vida de nuestra sociedad.

La insostenibilidad que genera el actual modelo de crecimiento se hace visible en las crisis simultáneas que se producen —económica, energética, financiera, calentamiento global, desertización, migratoria, social—. Por ello, desde la izquierda cualquier proyecto de regreso al crecimiento debe ser compatible con la sostenibilidad medioambiental en el medio y el largo plazo, e incluso con la recuperación de parte de los gravísimos daños infringidos a la naturaleza.

La protección medioambiental es la mejor garantía para la calidad del progreso de las sociedades porque es un indicador de solidaridad, de igualdad de oportunidades y de calidad productiva, exactamente lo contrario de los que todavía la consideran equivocadamente un obstáculo para el desarrollo económico y el bienestar social.

La dimensión ecológica y medioambiental, así como el uso sostenible de los recursos naturales, son también un campo idóneo para la cooperación entre países y gobiernos, porque muchos de sus retos sólo pueden afrontarse desde una perspectiva global o multilateral. Sin duda otro aspecto positivo para, desde las policías medioambientales, contribuir a reforzar la cooperación política internacional de la izquierda, en este campo y en el resto.

El cambio climático y sus consecuencias sociales, económicas y por supuesto medioambientales son el mejor indicador del punto de no retorno al que se ha llegado y que exige respuestas globales. Según el Banco Mundial, si no se modifica la tendencia actual de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) al final del siglo XXI la temperatura de la Tierra será 2 ºC superior a la de los registros de la época preindustrial, un aumento que los científicos del IPCC de las Naciones Unidas han calificado como crítico, pudiendo a partir de ese momento llegar a escalar hasta un total de 4 ºC de aumento. Si fuera así, la humanidad y la biodiversidad del planeta se pondrían en una situación de riesgo de grado y consecuencias imprevisibles, porque estaríamos alcanzando concentraciones de CO₂ en la atmósfera desconocidas desde hace millones de años.

El cambio climático es un desafío al que debemos hacer frente desde la izquierda, una bandera que no podemos perder. Un desafío que exige una respuesta y que al mismo tiempo puede constituir una gran oportunidad para todos a la que se debe dar respuesta desde la comunidad internacional. Una izquierda global más cohesionada y con un proyecto económico y social creíble, moderno y atractivo sólo podrá ser realidad desde una perspectiva que incluya lo medioambiental. Las oportunidades de un modelo de crecimiento y progreso basado en el desarrollo sostenible en materia de empleo, industria, desarrollo urbano y territorial, cohesión social, preservación de las grandes reservas de biodiversidad del planeta y recuperación de las deterioradas, y conservación de nuestro capital natural son prácticamente infinitas.

Una concepción progresista del mundo

La izquierda tiene que tener también un proyecto que defina con claridad qué tipo de ordenamiento mundial desea defender. Hasta ahora el discurso de la multilateralidad, la defensa del cumplimiento de la legalidad y del derecho internacional en el seno de las organizaciones creadas a escala global, ha sido suficiente. Sin embargo, las incoherencias, una vez más, entre las propuestas y la praxis desde los gobiernos nacionales han debilitado a la izquierda —Iraq, Siria, la insolidaridad con los inmigrantes, los intereses energéticos...—. Por el contrario, nadie duda de qué es lo que quiere la derecha en el mundo: una comunidad de naciones en paz consagradas a los flujos e intercambios privados de materias primas y mercancías, en la que cada país es soberano y único responsable del tipo de sistema político vigente en su interior, y que cree poco o nada en riesgos globales como el calentamiento global, y nada en la responsabilidad colectiva sobre fenómenos que exigen políticas comunes, como sobre los movimientos migratorios o la pobreza. Una derecha que, aunque reconoció que el origen de la crisis económica radicaba en la desregulación financiera —y desde la que el entonces presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, llegó a decir que había que refundar el capitalismo—, poco o nada ha hecho desde entonces.

Las últimas crisis internacionales han vuelto a poner en evidencia la debilidad y confusión de principios y valores no ya de la izquierda sino de la comunidad internacional. Tras el golpe de Estado en Egipto que derrocó al presidente Mohamed Morsi en julio de 2013, por ejemplo, quedó de nuevo demostrado que incluso el compromiso con la democracia puede flaquear, y que para la llamada comunidad internacional no existe un orden claro de prioridades políticas para ser exigido desde el exterior. Sin duda, los sistemas constitucionales nunca deben ser de parte sino inclusivos si quieren garantizar unos mínimos de cohesión en el ejercicio del sistema político que derive de los mismos, situación que no se daba. En Egipto, también, se demostró una vez más que los derechos humanos están siempre por encima de cualquier otra variable, que no se pueden vulnerar nunca, y que cuando se vulneran supuestamente en nombre de la democracia, siempre es mentira. Egipto mostró muchas cosas de nuevo, viejas conocidas, pero la humanidad olvida pronto. En Europa sabíamos bien que el poder debe tener siempre una legitimación democrática de origen, pero también de ejercicio. En mi opinión la confesionalidad es incompatible con la democracia porque una constitución confesional será siempre de parte, nunca inclusiva, y aunque tenga legitimidad democrática de origen nunca la tendrá en el ejercicio, porque los que no crean los mismos conceptos místicos o supersticiosos que la mayoría siempre serán ciudadanos de segunda categoría y nunca podrán vivir en completa libertad. En Egipto, de nuevo, la comunidad internacional llegó tarde.

La izquierda debe luchar a escala global por los mismos fines y desde los mismos valores y principios que a escala nacional o europea. Y debe hacerlo con dedicación y sentido práctico. Quizá la política exterior de la UE en su mejor momento antes de la crisis, en combinación con el trabajo que se hace desde las Naciones Unidas y en particular desde sus agencias, sea un buen ejemplo de lo que la izquierda quiere para el mundo: derechos humanos, paz, democracia y Estado de Derecho, desarrollo, cohesión, respeto a las minorías, educación, igualdad de género, salud en todos los ámbitos incluidos el reproductivo y sexual, defensa del medio ambiente, lucha contra el cambio climático, y también comercio, crecimiento, educación universal, cultura, separación entre lo confesional y el Estado, y respeto entre las distintas creencias, incluido el derecho a no tener ninguna creencia.

Europa en 2014

Todas las esperanzas de recuperación económica y salida de la crisis en la que estamos —de la recesión técnicamente habríamos salido ya— pasan de nuevo por el camino que elija Europa. La misma izquierda que no supo ver venir la crisis, o que participó por acción u omisión en la génesis de la crisis durante los años de la desregulación, debe plantear un camino alternativo. Y debe hacerlo lo logre o no. En 2013 comprobamos que François Hollande no pudo, a pesar de la alternancia y de su clara voluntad de hacerlo, reorientar el tono de la política económica impuesta por el Consejo Europeo dominado por la derecha bajo la hegemonía de la canciller alemana, Angela Merkel. Los socialistas franceses han mostrado que el debate tradicional entre fiscalidad y gasto, y la reforma mediante legislación del sistema de bienestar y de la regulación económica como el mercado de trabajo, el típico marco de debate político nacional, del alcance de la intervención del sector público, ya no es suficiente y no deja contento a nadie. Un buen ejemplo de que la batalla de la izquierda se debe dar en toda Europa al mismo tiempo.

La llegada de Enrico Letta, del Partido Democrático, a la presidencia del Consejo de Ministros italiano en abril de 2013, tampoco ha logrado reequilibrar las fuerzas en el Consejo Europeo. Con todo, ya por entonces el Consejo, y también la Comisión, comenzaron a modificar su inflexible doctrina sobre los ritmos de consolidación presupuestaria a medida que se generalizaba la evidencia empírica sobre los estragos provocados por la austeridad.

El año 2014 debe ser el año en que la coalición CDU-SPD muestre su hoja de ruta, con un electorado alemán que no ha olvidado todavía los recortes de Gerhard Schröder —a pesar de las interpretaciones sobre sus efectos— y al que los aires «sociales» de Angela Merkel han más que seducido. Ojalá sea otra y los socialdemócratas logren lo que François Hollande no pudo alcanzar en solitario, aunque va a ser una tarea muy difícil.

La UE afronta sus próximos pasos integradores con medido entusiasmo. Una desequilibrada unión fiscal sólo por el lado de los gastos, y una indeterminadísima unión bancaria con un proyecto razonable de supervisión pero sin rastro alguno de mecanismo de resolución solidario y común, y mucho menos de garantía de depósitos, se abren paso mientras seguimos sin noticias de la solidaridad verdadera, la que tiene que ver con la deuda soberana y con la construcción de diques que garanticen que la deuda privada no se convertirá en pública —en España el rescate de Bankia, las cajas gallegas y catalanas nos ha costado a los contribuyentes más que toda la red de alta velocidad existente—. Una UE que ha aprobado su nuevo marco financiero para el período 2014-2020, a todas luces insuficiente para la magnitud del reto al que nos enfrentamos. Y una UE que incluso en el peor momento de la tormenta y crisis social y con el desempleo juvenil en niveles insoportables, ha mostrado lo muchísimo que se puede tardar en aprobar un programa como el de la Garantía Juvenil —empleo o formación para todos los jóvenes antes de cumplir cuatro meses en el paro—, dotado con un presupuesto raquítico que difícilmente va a contribuir a modificar las expectativas que existen sobre esta tragedia —nadie prevé una reducción significativa del desempleo en España antes de 2016.

De las elecciones europeas de 2014 debería salir un nuevo Parlamento Europeo que debe ser ante todo europeísta y no euroescéptico ni eurófobo, pero mejor progresista que conservador. Un Parlamento capaz de denunciar con claridad los problemas que la mayoría conservadora en el Consejo ha dejado cristalizar a cambio de nada: ni saldremos antes de la crisis ni lo haremos más cohesionadamente. Hasta el debilitado Obama de finales de 2013 y principios de 2014 es un audaz gobernante en materia económica en comparación con lo que la UE, el Eurogrupo y el Consejo han logrado. Por eso, con los liberales alemanes desaparecidos, devorados por Angela Merkel, y con el SPD formando parte del gobierno federal tras haber renunciado desde el primer día a formar un gobierno con los Verdes y Der Linke —la izquierda obtuvo más votos y escaño que la señora Merkel—, es la hora de la verdad. Porque si la UE no se plantea dar otro aire al mandato del BCE —crecimiento también, no sólo inflación—, si no se armoniza la fiscalidad en serio también por el lado de los ingresos —cuántos problemas territoriales nos ahorraríamos en España—, si no pretende adoptar algo que merezca el nombre de presupuesto en el siguiente período financiero que debería coincidir con el nuevo ciclo político, y si no profundiza en la mutualización solidaria de deuda gestionando conjuntamente pasivos —eurobonos— desde un Tesoro europeo, no habrá nada que hacer y no lograremos salir de la crisis sin pagar antes un altísimo precio. Estos objetivos deben marcar la agenda de la izquierda europea que tiene que decidir conjuntamente cuál es el siguiente paso, si se llevan hasta el límite los actuales tratados o si, por el contrario, se aborda una nueva Conferencia Intergubernamental para modificarlos, un camino arduo y largo que exigirá la unanimidad de los veintiocho Estados miembros de la UE.

La socialdemocracia europea

La socialdemocracia europea que construyó el modelo en el siglo pasado y que gobernaba en la mayoría de países hace poco más de una década, ha sufrido políticamente las consecuencias de la crisis más que la derecha. Si se trata de una decadencia estructural o simplemente de un bache temporal en un tiempo de errores y desilusiones, depende exclusivamente de cómo sepamos reaccionar desde la izquierda. Si la izquierda no es capaz de «pensar en grande» y transmitir a los ciudadanos y ciudadanas de Europa que el progreso social colectivo es posible, entonces fracasará. Y ello a pesar de que las desigualdades aumentan, se dificulta el acceso a los servicios sociales básicos, se generaliza la sensación de que las generaciones venideras no disfrutarán de bienestares pasados, se toma conciencia de las dificultades que las economías europeas encuentran para generar riqueza y empleo bajo la presión competitiva que impone la globalización, los salarios no aumentan o descienden, las condiciones laborales no mejoran y las reformas de los mercados de trabajo reducen la protección de los trabajadores, mientras el envejecimiento de la población en un contexto económico más difícil genera dudas sobre la sostenibilidad de las pensiones. La izquierda debe ser capaz de ofrecer una respuesta global para todo ello.

Las organizaciones de la socialdemocracia europea, los partidos, tampoco han mostrado hasta ahora el dinamismo y capacidad innovadora suficiente para seguir la estela de lo que ha logrado por ejemplo el Partido Demócrata de Estados Unidos, en sus acciones a través de las redes sociales utilizando las nuevas tecnologías de comunicación e internet, y en los movimientos de base, a pie de calle (grassroots). Sin duda deben cooperar mucho más, intercambiar experiencias y fortalecer las plataformas necesarias para seguir esta senda: fundaciones, movimientos asociativos, think tanks...

La izquierda europea se enfrenta a un gran reto conjunto, uno solo: ser capaz de ofrecer un proyecto moderno de justicia social creíble e ilusionante, coherente con su acción a nivel nacional allí donde gobierna y común a escala europea.

La izquierda europea debe lograr aunar los diferentes intereses que la respaldan en los distintos países y también en el seno de cada uno de ellos.

Así, el reto no es poco. En general, un colectivo muy importante de sus apoyos proviene de los empleados y funcionarios públicos y de los trabajadores sindicalizados, con frecuencia a la defensiva en la defensa de los servicios públicos, las pensiones y el esquema de funcionamiento del mercado de trabajo. El resto de potenciales miembros de la coalición progresista varía en cada país, y la orientación que el partido nacional sigue, también. Así, el SPD en Alemania, el Partido Laborista en Reino Unido (Labour Party) y el Partido Socialista portugués apuestan por un refuerzo y una actualización de las políticas basados en los principios tradicionales, con ciertos matices de modernización, sin perder de vista lo ocurrido cuando gobernaron recientemente en coalición o solos, algo similar. Francia es un caso aparte, el único país grande y el único en el que la izquierda gobierna actualmente en solitario, en evidentes dificultades ya vistas, mientras que los demás lo hacen en coalición. En Dinamarca, por ejemplo, un país con un sistema de bienestar muy desarrollado y con una sociedad cohesionada que puntúa muy alto en la calidad e igualitarismo de su predistribución —a continuación analizaremos este concepto—, los socialdemócratas han asumido con todas sus consecuencias y con sentido práctico los efectos de la globalización. Sus reformas del sistema de bienestar danés persiguen adaptarse a esa nueva realidad, explican, para compatibilizar el equilibrio presupuestario —10 puntos de gasto público sobre el PIB más que el español— y las políticas de crecimiento y garantizar las prestaciones sociales a todos «los que las necesiten». En los Países Bajos, también en el gobierno como en Dinamarca y también en coalición, el nuevo discurso sobre la «sociedad participativa» genera dudas sobre su compromiso con la universalidad del modelo de bienestar tradicional de este país, y recuerda algunas de las propuestas de la Tercera Vía que perseguían «responsabilizar» al individuo.

Tony Judt128 concluyó su trabajo Algo va mal afirmando que mientras existan los Estados y éstos tengan una influencia notable en la vida de las personas, en los asuntos humanos, la socialdemocracia conservará toda su vigencia. Con todas sus debilidades y peculiaridades, su carácter europeo, la irrepetibilidad de los elementos que la moldearon, a pesar de su pérdida de rumbo, hay espacio para ella. Existe espacio para articular una alternativa política fundamentada en la lucha contra la injusticia, la desigualdad y la inmoralidad alternativa a la de la derecha. «¿Cómo se puede recomponer?», se preguntaba. Judt advierte de que para prosperar debemos construir sobre lo que tenemos. Los argumentos políticos no deben construirse sólo considerando los sueños del futuro, sino considerando los logros del pasado y las conquistas de los que nos precedieron. El exceso de idealismo y el desprecio de todo lo pasado no ayudan precisamente, como sucedió o todavía ocurre en tiempos revolucionarios o románticos. Ello no quiere decir, continúa Judt, que los socialdemócratas deban limitarse a defender a capa y espada unos esquemas políticos o determinadas instituciones ante alternativas peores. Defender determinadas conquistas o limitarse a proteger lo que sucede en el ámbito en el que vives no es suficiente. Hay que asumir con arrojo y bajo los valores de siempre los nuevos retos. Hoy, el socialismo democrático sólo podrá ser un proyecto global, una ideología o pensamiento real si mira por encima de las fronteras, de sus fronteras. Es profundamente incoherente en sentido ético defender unos planteamientos de justicia e igualdad en unos espacios y no en otros.

Si algo está mal, como decía Judt, de lo que se trata es de transformarlo.

Redistribución y predistribución

Sólo la izquierda es capaz de conciliar los sueños de libertad e igualdad, fuente de antiguas confrontaciones, porque la igualdad de oportunidades es la única garantía de ejercicio de la libertad, de la libertad real y no simplemente formal.

Para lograrlo, la redistribución de la renta, el principal instrumento social y político del último siglo fundamentado en los sistemas fiscales nacionales, sigue manteniendo su vigencia, plena se puede decir, aunque la nueva realidad global que ha mermado su eficacia exige complementarla con nuevos utensilios. Las transformaciones sociales, las consecuencias de la apertura comercial y de la libre movilidad de capitales —ambas ya en la práctica globales—, la desregulación financiera que en el escenario más optimista costará reconducir, las inimaginables posibilidades que las nuevas tecnologías han aportado a las comunicaciones y a la producción de bienes y servicios, la posibilidad de trabajar físicamente en cualquier punto del planeta, el teletrabajo, exigen medios acordes con las nuevas realidades capaces de lograr sus objetivos. Medios que compensen las limitaciones que impone la dimensión todavía nacional de la fiscalidad. Nuevas herramientas compatibles con el endurecimiento máximo y la coordinación a escala global de la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal, y con la armonización de la fiscalidad en la UE.

La idea de reforzar la equidad de lo que se denomina «predistribución», para tener que depender cada vez menos de unas políticas redistributivas que no sólo carecen de instrumentos adecuados sino que provocan creciente rechazo en algunos segmentos de la población, ha cobrado fuerza en los últimos años en los círculos de debate progresistas.¹²⁹ La debilidad de los instrumentos tradicionales es una consecuencia de la continuamente citada paradoja de Dani Rodrik. El Estado nacional está perdiendo incluso el control de los elementos que configuran su soberanía fiscal, los impuestos, de ahí la necesidad apuntada constantemente de armonizar por la vía de los ingresos la fiscalidad en la UE. La idea de predistribución es sencilla. En una sociedad ideal con una amplia base de clase media trabajadora, bien formada, con salarios altos y cohesión social en la que el Estado invierte intensamente en capital humano y formación, la sociedad funciona tan bien que hay menos que arreglar tras el reparto inicial condicionado por la capacidad de cada individuo en un mundo de igualdad de oportunidades. O lo que es lo mismo, en una sociedad desarrollada con un sistema productivo sostenible y competitivo, con mucho desarrollo social en todos los sentidos, lo que obtiene cada uno en el mercado en función de sus capacidades genera una distribución muy igualitaria. La teoría de la predistribución propone reformar los mercados para que generen una distribución inicial de la renta más equitativa antes de pagar impuestos, y antes de ser objeto de políticas redistributivas —predistributivamente.

El punto débil de la predistribución es que su mejora no deja de ser lo que siempre hemos querido hacer y hemos hecho desde la izquierda, y que exige un esfuerzo continuado durante generaciones, como bien sabemos en España. Es la lucha contra la desigualdad y la construcción de una sociedad más justa. Japón es un buen ejemplo de políticas predistributivas, un país que con niveles de gasto público medios-bajos en la OCDE consigue los mejores resultados en materia de igualdad, en particular gracias a su gran igualdad salarial. En Europa, por el contrario, y aunque sorprenda, la desigualdad salarial en Escandinavia es similar a la del resto de Europa, la de Reino Unido o incluso la de Estados Unidos, por esta razón la redistribución con base fiscal es mucho más intensa en Suecia que en Japón para obtener resultados similares. La consecuencia más evidente de la predistribución es que funciona con claridad en sociedades con mercados de trabajo igualitarios, sociedades de alto valor añadido y elevados niveles de educación y formación, tecnológico y humano, sociedades que invierten en sus niños y jóvenes para evitar que en el futuro vivan subsidiados. Sociedades como Japón que cuentan con los dos ingredientes imprescindibles para crecer y generar prosperidad: talento y capital humano. Conocimiento y un entramado institucional de calidad que garantice la igualdad de oportunidades.

Si competimos «a la baja», como es la opción de la derecha europea, desmantelando la regulación laboral, flexibilizando mercados y aumentando las diferencias salariales, como ocurre ahora en Europa, nos alejamos de los objetivos que la predistribución como arma política persigue. La predistribución exige también que los representantes de los trabajadores tengan verdadera capacidad de negociación para poder obtener salarios razonables¹³⁰ —negociación colectiva—, exactamente lo contrario de lo que la derecha está haciendo. Todos los estudios sobre la desigualdad en Europa muestran un preocupante aumento de la misma, visible fácilmente al comparar las ratios actuales entre el mayor y el menor de los salarios —o entre el mayor y el salario medio— dentro de un misma empresa hoy o hace varias décadas, o utilizando mediciones estadísticas como el coeficiente de Gini, que muestra que Irlanda y España son los países de la UE donde más ha empeorado la distribución de la riqueza en un contexto en el que empeora en todos los países europeos desde 2007 salvo en Alemania.

La predistribución es sin duda una buena idea, un gran objetivo irrenunciable, es el objetivo final. Mientras, se trata de un instrumento complementario al de la redistribución de la renta, que además enlaza con una larga y rica escuela de pensamiento económico como la del premio Nobel de Economía James Meade y el filósofo de la ciencia John Rawls, aunque la predistribución como concepto es una idea difícil de articular políticamente en un discurso ganador en el mundo mediático actual.

La realidad económica y social es crítica bajo la hegemonía de la derecha. Una derecha que aprovecha la crisis para ajustar ideológicamente políticas redistributivas como la de las pensiones. La reforma ya aprobada en España en 2013, por ejemplo, va a reducir el porcentaje sobre el PIB que nuestra economía dedica a las pensiones contributivas a pesar de que ese porcentaje es inferior a la media europea, de modo que si el plan del actual gobierno sale adelante, será todavía inferior al actual porcentaje.¹³¹ La excepcionalmente altísima tasa de desempleo y la caída en el número de cotizantes causada por la crisis no parecen haber sido consideradas como un elemento coyuntural a la hora de plantear la reforma de 2013. Esta reforma y la del mercado de trabajo muestran como la derecha camina con paso firme por un camino contrario al del refuerzo de la equidad en la predistribución, porque es previsible que las pensiones de un porcentaje alto de la población dejen de garantizar unos niveles de vida dignos si se confirman estas previsiones. La maquinaria propagandística de la derecha negando las consecuencias de la reforma y utilizando el hecho de que en 2011 las pensiones máximas contributivas no se revalorizaran —«se congelaran» en el marco de referencia de la derecha— han hecho el resto, a pesar de que teniendo en cuenta las mejoras de poder adquisitivo de años anteriores, y las compensaciones por desviaciones en las previsiones de inflación, el efecto fue menor al que han encajado en dos años de gobierno del PP sin desgaste alguno para el mismo.

Este debate no es nuevo; desde la izquierda es el tradicional de exigir y revindicar derechos frente a dádivas o caridad, desde la derecha es su esfuerzo continuo para consolidar el mensaje de que la redistribución es insostenible, que los impuestos son muy elevados, que los ricos pagan demasiado, y hacerlo mientras se compite hacia abajo y la reforma del mercado de trabajo consigue, al debilitar la capacidad negociadora de los trabajadores a través de la negociación colectiva, que los salarios se hundan¹³² y se lleven lo peor en una crisis en cuya génesis nada tuvieron que ver. En España, los antiguos mileuristas son, en una proporción cada vez más alta —la tendencia es muy clara en los trabajadores de empresas de externalización de servicios, por ejemplo—, perceptores del salario mínimo interprofesional, por cierto congelado en 2014. Mileuristas a 100.000 pesetas, o sea, a 600 euros.

Un proyecto de crecimiento alternativo, y creíble

La izquierda tiene un discurso y un proyecto de crecimiento alternativo. España debe crecer compitiendo hacia arriba, generando renta, mejorando en productividad y utilizando los ingentes recursos ociosos existentes, en especial los seis millones de parados. Ése es el camino, no bajar precios y salarios, ni expulsar a personas del mercado de trabajo para siempre para aparentar reducciones estadísticas del desempleo mientras se desmantelan los instrumentos y políticas que nos permitieron competir «hacia arriba» durante décadas. La desigualdad lastra el crecimiento, reduce la competitividad, genera costes sociales (razones económicas) y además es injusta (razones éticas de la izquierda).

En España hay margen suficiente para potenciar la inversión en personas vía educación, formación, financiando incentivos para el empleo, instrumentos sociales avanzados de alta y rápida rentabilidad económica como la ayuda a la infancia, guarderías, el mantenimiento de las pensiones o las políticas de dependencia que refuerzan la cohesión y la competitividad de nuestra sociedad. Hay que ser insensato y muy temerario para desmantelar las estructuras sociales que en España están permitiendo resistir una crisis atroz con gravísimas consecuencias pero sin conflictividad social, con un porcentaje de gasto social sobre el PIB bajísimo en comparación al del resto de la UE. Hay que ser insolidario como nuestra derecha.

Redistribución de oportunidades

La inversión en las personas debe ser complementada con reformas que permitan redistribuir la renta y también redistribuir oportunidades, abrir unos mercados excesivamente cerrados y poco transparentes dominados por prácticas oligárquicas. El mercado de trabajo es un buen ejemplo, un mercado en el que en nuestro país las conexiones y las redes personales y familiares suplen todavía la falta de capacidad de formación. El clientelismo y la existencia de poderes fácticos en todos los ámbitos sociales dificultan mucho la consecución de una libertad de oportunidades efectiva, incluso para los mejor educados. Por esta razón es necesario reformar su funcionamiento para complementar la inversión en las personas. Sin estas reformas se comprende que, en una sociedad caracterizada por la desigualdad de oportunidades y el sálvese quien pueda, los individuos que logran ascender socialmente, aunque lo hagan gracias a las políticas públicas diseñadas para facilitar esa igualdad, la libertad real, se hagan después conservadores para blindar su red, conscientes de que ésa es la vía para defender su posición privilegiada y garantizar cierta prosperidad en una sociedad anquilosada y esclerótica.

Solos no podemos

Pero solos no podemos. François Hollande lo ha demostrado en Francia. Incluso las dificultades de Barack Obama ejemplifican la dificultad que entraña la batalla progresista. La necesidad de reforzar el proyecto internacional, global, de la izquierda europea y la de todas las naciones democráticas es primordial. También la búsqueda de alianzas y consensos con las izquierdas que existen e incluso gobiernan en los países democráticos que forman parte del poderoso club de los BRICS —Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, a pesar de las evidentes debilidades políticas y democráticas de algunos de ellos, y de la «C», que corresponde a China sin ser democrática—, y de todas la naciones democráticas que están en escalones de desarrollo por detrás de Europa, Norteamérica y algunos países de Asia y Oceanía. America Latina, el mundo árabe y África deberían constituir la prioridad para esa gran alianza de izquierdas global.

Por primera vez desde la revolución industrial, China ha logrado exportar una vía rápida para el desarrollo sin complementarla con el esquema institucional democrático y de respeto por los derechos humanos de inspiración europea que parecía imbatible tras la caída del Muro de Berlín —ya fuera en su versión «continental» o «anglosajona»—. Sin embargo, las recientes reivindicaciones sociales y el final de la permisividad con los abusos y la ostentación de los nuevos ricos en China, muestran que en todo el mundo se repite el esquema de progreso social que vivieron Europa, Estados Unidos y otras naciones durante los siglos XIX y XX. Del mismo modo que entonces el desarrollo y crecimiento económico fue compatible con el desarrollo social y las primeras políticas redistributivas mediante la creación de los Estados del Bienestar, todo a partir de las primeras medidas instauradas por Otto von Bismark en una Alemania que quería parar el auge del comunismo. A pesar del firme proteccionismo de aquel lejano momento histórico, en realidad fuera de las fronteras de las tres grandes potencias europeas y de Estados Unidos, no existía competencia industrial alguna —por imposibilidad tecnológica u obligación imperial en pleno apogeo colonial—. Las tres potencias europeas y su área de influencia y Estados Unidos, el «sistema económico» de entonces, asumieron de manera gradual las nuevas políticas fiscales y sociales como elementos fundamentales del sistema económico y de las sociedades que se fueron construyendo. Ya entonces se demostró que cuando todo el «sistema económico» construye a la par el bienestar y los instrumentos sociales para luchar contra la desigualdad no se producen graves distorsiones que afecten a su sostenibilidad por la competencia externa. A pesar de las diferencias actuales —sociedad de la información, movilidad de capitales, apertura comercial—, en un futuro que me atrevo a aventurar como cercano, el mismo fenómeno de ascenso social colectivo en China o en los BRICS hará que sea cada vez más difícil la deslocalización y la competencia «a la baja» global que alimentan las políticas de la derecha. Dicho de otra manera, el progreso democrático y social del resto del mundo hará más difícil el llamado «dumping social».

Ese momento puede haber llegado ya, y por eso quizá lo peor ya haya pasado, porque la mejora social de China y Asia, incluso la de Brasil y otros, refuerza el modelo que inspira la izquierda.

Política y modernización:

nuevos espacios para la izquierda

La valentía modernizadora que ha caracterizado a la izquierda no debe dejarse nunca de lado a pesar de que también haya viejas conquistas sociales, tesoros incluso, que haya que defender.

La economía, las políticas sociales, las vías para garantizar una igualdad de oportunidades real, la libertad real y no sólo formal, el papel de la izquierda en Europa y en el mundo, todo ha sido objeto de reflexión.

Pero hay mucho más. Se me ocurren varios ejemplos. La ilegalización de las drogas, por ejemplo, ahora que incluso algunos estados norteamericanos han legalizado el uso de algunas para usos «recreativos». ¿Qué sentido tiene invertir la ingente cantidad de recursos públicos en una lucha que se ha demostrado totalmente infructuosa? La oferta de drogas en nuestra sociedad es amplísima, están al alcance de todos sin ningún tipo de control sanitario o legal, drogas de todos los tipos. No parece que se proteja realmente al ciudadano. Así, mientras dedicamos recursos públicos cada vez más escasos a perseguir su producción y venta (tráfico), se dispara el coste penal para los millones de ciudadanos que sufren cárcel por esta razón, se colapsa el sistema judicial, el consumo y la adulteración mantienen sus negativas consecuencias sanitarias, los países dominados por los cárteles de la droga empeoran su situación... Todo ello, ¿no debería hacernos reflexionar sobre la posibilidad de replantear esta cuestión a escala global o al menos europea? No es difícil imaginar soluciones cooperativas internacionales que permitan desde la legalización controlar el consumo con más eficacia. Y hacerlo teniendo en cuenta la siempre delicada perspectiva de las libertades individuales, erradicando la violencia y la delincuencia vinculadas a su tráfico, y ahorrando recursos públicos e incluso generándolos.

Otra cuestión para debatir que nada tiene que ver con la anterior es la de la llamada renta básica, definida como el derecho de todo ciudadano a percibir una cantidad periódica que cubra, al menos, sus necesidades vitales sin que por ello deba contraprestación alguna. Porque, ¿vamos a poder volver a generar trabajo para todos? ¿Debe ser el trabajo la única vía para garantizar una inclusión digna en la sociedad? Éste es también el debate sobre la renta básica de ciudadanía. En mi opinión el trabajo nunca va desaparecer, pero la revolución y el progreso tecnológico permanente en un mundo limitado, en el que la sostenibilidad es ya una obligación, van a poner techo al consumo que implique gasto de materias primas y elementos físicos. Este proceso acabará generalizando la reducción del tiempo de trabajo. Creo que es más adecuado hablar de reducción que de reparto del tiempo de trabajo. De esta forma, en combinación con las nuevas formas de trabajo y vida en una sociedad volcada en la inversión en educación y en las políticas destinadas al individuo, en ese contexto, hay un espacio claro para la renta básica que la izquierda debe explorar.

Si creemos en Europa y en la profundización política en su construcción —una obligación para poder controlar nuestro propio destino, según Dani Rodrik— para mantener la democracia en un marco de globalización con menos Estado-nación, entonces la unidad política o administrativa que más debe reforzar su contenido democrático dada su idoneidad para garantizar la vida en sociedad de la ciudadanía es la ciudad. La ciudad es democracia pura, cercanía, es la dimensión ideal para gestionar la diversidad, la pluralidad, los bienes inmateriales como la cultura y el disfrute del medioambiente, organizar el ocio y el trabajo, la conciliación entre ambas vidas, y canalizar el impulso social. La ciudad debe ser además la base de la construcción de la gran coalición progresista plural y diversa, y es donde vive la clase media trabajadora. En nuestro país, por ejemplo, las ciudades han resistido muy bien las fiebres identitarias y nacionalistas, que constituyen una auténtica epidemia en otros niveles administrativos. La ciudad debe volver a ser la entidad preferida por una izquierda de vocación global, una idea de ciudad que, no por casualidad, es también objeto de ataque frontal por la derecha española con su atroz, centralizadora y afín a intereses privados reforma de la Administración local. Los recientes acontecimientos del barrio de Gamonal en Burgos muestran como los ciudadanos no están dispuestos a acatar sin más decisiones políticas no sólo contrarias a sus intereses cotidianos y sociales, sino incompatibles con su bienestar. En tiempos de crisis y recortes sociales esta rebelión vecinal ha demostrado que la ciudadanía prioriza la inversión social, la inversión que garantiza la igualdad de oportunidades y el empleo, frente al gasto que, supuestamente destinado a mejorar la calidad de vida —aparcamientos subterráneos o bulevares—, no hace sino continuar por la senda de un modelo de crecimiento insostenible. Un modelo de crecimiento responsable en buen grado de la crisis actual. Un modelo de crecimiento con un coste de oportunidad inasumible.

Además de estos tres ejemplos —debate sobre las drogas, renta básica, ciudad—, hay muchos más nuevos espacios para que los explore la izquierda: el de llevar la mayoría de edad a los dieciséis años, por ejemplo, o el de lograr la separación entre las diferentes confesiones e iglesias y el Estado asegurando una ética laica común. Espacios en los que la izquierda debe ir a la vanguardia.

Liderazgo, equipos y gestión

Concluyendo ya, los problemas de la izquierda tienen más que ver con su aplicación práctica, con su relación con el poder, con el conflicto entre poder y capacidad real para transformar la sociedad, que con la valía de sus principios, que gozan de mayor vigencia que nunca. El electorado de izquierdas es mucho más exigente con los políticos, gobiernos y equipos de la izquierda que el de la derecha con los suyos. Es un hecho, pero también una virtud que se debe poner en valor. Por ello, en un tiempo de grandes retos y riesgos, la izquierda debe ser capaz de elegir mejor que nunca equipos y liderazgos, agendas y políticas, que prioricen la acción política en beneficio de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto, siendo siempre conscientes de que las dinámicas internas de poder en sus organizaciones no son ni deben ser nunca lo prioritario. Importa y mucho quién gobierne. Importa y mucho quién sea el líder. Importan y mucho quiénes protagonicen las diferentes medidas. La izquierda debe ser ejemplar. La izquierda como ejemplo, de políticas y de capacidad, de comportamientos y de resultados en su gestión.

Si el problema de la izquierda no está tanto en el fondo, a pesar de la necesidad constante de modernizar el proyecto, como en el envoltorio, en la puesta en práctica específica de sus acciones en el gobierno y en la oposición, la exigencia de ejemplaridad en todos los ámbitos deviene no sólo la vía para gobernar con excelencia o ejercer una labor opositora que construya los cimientos del siguiente período de gobierno, sino también el mejor procedimiento de garantía y de comunicación transparente y continua con la sociedad.

Hay que ser ejemplar siempre en los modos, en los procedimientos internos, en las políticas, en todo. Hay que ser ejemplar cuando se gobierna para no olvidar, no deprisa sino nunca, las promesas de la oposición, las actitudes de entonces, las razones por las que los ciudadanos te han situado ahí.

Superar la crisis de valores

Ser ejemplar facilita discutir sobre valores, hablar de ellos, reorientar el debate político hacia el terreno propio, también, el más propicio para la izquierda.

La profunda crisis que estamos viviendo tiene un componente claro provocado por la crisis de valores del final del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Una crisis que condujo a nuestra sociedad a una deriva consumista insostenible y desbocada.

Es cierto que aunque no hubo demasiadas voces que alertaran sobre la formación de la burbuja inmobiliaria en el pasado ciclo económico, sobre su insostenibilidad, sí hubo, sin embargo, críticas claras al establecimiento paulatino de una cultura del consumo y del afán material, fuera o no fuera sostenible.

Esa cultura ha dañado la percepción social de valores sociales como los del trabajo, el esfuerzo, la educación, la vieja honradez. Socialmente se eliminó valor y reconocimiento al procedimiento seguido para ascender, de modo que dejó de importar cómo se obtenía el dinero para valorar sólo qué o cuánto se tenía.

Como dice el tango Cambalache,¹³³ «¡Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor! (...), generoso o estafador! ¡Todo es igual! (...) Los inmorales nos han igualao. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, (...) ¡da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón!... ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! ¡Cualquiera es un señor! ¡Cualquiera es un ladrón!

Y es que no es la primera vez que ocurren cosas como éstas. Estas crisis exigen profundas renovaciones sociales en todos los estamentos e instituciones que protagonizaron los años de los excesos. No hay ilusión, y la ilusión se recupera con valores y con ejemplaridad.

La izquierda es tan necesaria como siempre, sin ella los sueños colectivos de futuro y las realidades de progreso no serán posibles. Pero su problema no es español, es europeo, es global, y ya va siendo hora de que recobre el rumbo porque han pasado más de tres años desde que el paradigma que condiciona la realidad global, la mundialización, nos transformó a todos para siempre. La vieja Europa de los temores y de la victimización de quienes no son responsables de la crisis ni de los graves problemas sociales existentes, no puede ni debe regresar, lo estamos viendo con el auge de la extrema derecha. Sólo la izquierda puede evitarlo.

La izquierda que viene en España

El objetivo prioritario de la izquierda, la lucha por la igualdad de oportunidades, real, efectiva y en libertad plena, es una tarea que exige y exigirá atención permanente durante generaciones. Una tarea que en España es patrimonio de la izquierda, en la que reside también el liberalismo que falsamente se cree cobijado bajo las grandes siglas de la derecha. No está ahí en ninguna de sus dimensiones, económica, moral y civil, de concepción social y de libertades —tampoco los llamados libertarios—, como demuestra todos los días el gobierno actual.

El proyecto común de los españoles, las normas de convivencia, sigue siendo un espacio de preocupación y una prioridad para la acción política de la izquierda. En la actual crisis territorial las únicas propuestas capaces de resolver la quiebra que se está produciendo entre Cataluña y el resto de España provienen de la izquierda, básicamente de los socialistas, y probablemente sólo desde una gestión responsable por gobiernos de izquierda pueda ser resuelta. La situación es en mi opinión mucho más grave y delicada de lo que la derecha quiere reconocer. Una derecha que se niega a asumir que España será federal o, quizá, no será. Me cuesta imaginar y creer que Cataluña algún día se pueda ir. Creo que lo resolveremos. Estamos obligados a resolver esta crisis porque en democracia y desde una perspectiva de izquierda el objetivo es convivir y ampliar fronteras, ensanchar espacios, y obviamente hacerlo valorando positivamente las singularidades y diferencias, desde la igualdad de derechos y obligaciones. La izquierda tiene aspiraciones universales, es sinónimo de derribo de fronteras. La marcha de Cataluña, su viaje a ninguna parte, sería una tragedia colectiva, para todos, para todos los ciudadanos y ciudadanas sin excepción. Pero es que si Cataluña se marcha, lo que quede de España quedará tan desnaturalizado que será irreconocible, debiendo quizá incluso cambiar de nombre. Es algo que no nos podemos permitir. Aunque algunos se resistan a verlo, España nunca fue Francia sino una compleja nación de naciones que nunca ha vivido tanto tiempo en democracia como lo ha hecho con la Constitución de 1978, con todos sus defectos, sí, y con su modelo territorial.

Por una izquierda moderna y ejemplar

Es mucho lo que necesita la izquierda, porque el conformismo y los automatismos después de décadas de éxitos, los errores políticos y los provocados por las inercias organizativas, cierto estupor y falta de reacción ante la profundidad y rapidez de los cambios sociales y económicos lo exigen. Una izquierda que sigue siendo tan necesaria y de tanta actualidad como nunca.

La sociedad exige a la izquierda soluciones, propuestas, reformas políticas valientes que transformen la sociedad y no se limiten a adaptarla, porque no duda de sus valores. Exige también liderazgos sólidos en tiempos de democracia mediática y de cierto relativismo ideológico, probablemente los éxitos de la maquinaria comunicativa y de propaganda de la derecha que ha logrado transformar los principales marcos de referencia de percepción ciudadana de la política. La política no puede convertirse en marketing, pero tampoco puede obviar las herramientas que se utilizan todos los días para ganar apoyos, aunque con frecuencia sean meros instrumentos de manipulación. Hay que saber defenderse, y por ello los ciudadanos cada vez se fijarán más en las personalidades y biografías de los candidatos y en políticos que sepan abandonar la clásica confrontación entre el «ellos» y el «nosotros», para lograr defender en primera persona el interés público.¹³⁴

Los ciudadanos reclaman soluciones, porque aunque confían en los valores de la izquierda, creen menos en sus respuestas. Sin embargo, ello no quiere decir que no haya que hablar de valores, al contrario, se deben recordar permanentemente, y el mejor modo de hacerlo es siendo ejemplares, convirtiendo en costumbre una actitud moral de excelencia ejemplar, algo también olvidado con demasiada frecuencia en todo el espectro político, pero con mucha mayor capacidad de destrucción en la izquierda que en la derecha.

La desafección, la pérdida de confianza de la ciudadanía en los políticos y en las instituciones democráticas, se debe a diferentes razones —crisis económica, corrupción, representatividad, sistema de partidos...— comunes a todo el sistema actual, aunque para la izquierda tiene una causa particular adicional: la falta de confianza en el cumplimiento de las promesas electorales. Nunca más la izquierda debe hacer en el gobierno lo que nunca prometió desde la oposición y durante la campaña que la llevó al poder. Un problema insuperable incluso si se intenta hacer lo que se prometió, como está sucediendo en Francia, pero no se logra. Que la derecha incumpla sus programas es su problema, la izquierda no puede vivir con ello.

Las personas de izquierdas quieren poder votar candidatos competentes y comprometidos, preparados, con personalidad, con experiencia en otros ámbitos, porque quieren que sean parte importante del futuro, del futuro de todos. Por eso también necesitan creer en las propuestas, y contemplar en las mismas un proyecto de vida y convivencia de medio y largo plazo, un proyecto que transmita seguridad y sensación de mejora, y que sea capaz de construir instituciones y políticas que les sirvan durante toda su vida. Propuestas, también, que sean lo contrario del gris e incluso siniestro proyecto social de la derecha española.

El sueño del progreso es de la izquierda, y sin él, la izquierda está perdida.

Epílogo

El libro está lleno de sugerencias para un debate imprescindible. La colaboración de Matt Browne complementa el esfuerzo.

En efecto, hay que repensar el camino de la izquierda democrática en un mundo que ya cambió. Aunque la evolución de la España democrática haya sido protagonizada por el Partido Socialista en los últimos 35 años, ese cambio global que podemos situar en el doble fenómeno de la desaparición de la «alternativa comunista» al modelo de la economía capitalista de mercado, y la irrupción de una revolución tecnológica sin precedentes, que nos comunica en tiempo real y altera las reglas a las que estábamos habituados en todos los órdenes de nuestra vida, nos obliga a repensar cómo ser hoy de izquierdas.

Es tanto como decir cómo ser fieles a objetivos de libertad y de justicia social en una economía globalizada —¡y financierizada!— que distribuye de manera desigual el excedente cuando se crece y aún más cuando llega el ajuste ante las crisis. ¿Cómo mantener esos objetivos que nos definen, encontrando nuevos instrumentos de cambio, en una nueva realidad mundial que ha desplazado el centro de crecimiento de la riqueza desde el «oeste desarrollado» hacia el «este emergente»; del «norte» hacia el «sur»? ¿Y cómo hacerlo teniendo en cuenta la desigualdad que está generando el modelo?

La implosión de un sistema financiero global sin reglas, en 2007-2008, supuso el punto de inflexión que nos mostró la nueva realidad. Sus fundamentos ideológicos venían de ese triunfo del modelo «neoconservador», también llamado neoliberal, que pregonaba la desaparición de las normas para la regulación del mercado, apelando a la autorregulación de la «mano invisible». La paradoja ha sido no sólo el nivel de contagio que se ha producido en la izquierda, ante el empuje arrollador de las teorías del «todo mercado», sino la permanencia hegemónica en el poder de los responsables políticos más ligados a ese neoconservadurismo.

La exploración de Juan Moscoso del Prado nos lleva por todos los territorios de la respuesta a la crisis del pensamiento progresista, desde los desafíos socioeconómicos a los institucionales, pasando por la necesidad de adaptar los partidos y la propia democracia representativa a las nuevas realidades. Puede estar simbolizando, aún más que representando, la irrupción de una nueva generación, con sus propias percepciones del mundo que nos toca vivir, que exige reflexión para las respuestas necesarias, sin caer en la tentación de las simplificaciones abusivas.

En esta crisis de gobernanza de la democracia representativa, atravesada por fenómenos nuevos como la irrupción de las redes sociales, tenemos que agradecerle, junto a su colaborador, que nos ofrezca materia para el debate imprescindible. Y desearle un recorrido largo.

FELIPE GONZÁLEZ

Febrero de 2014

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Notas

1. Ignacio Urquizu, La crisis de la socialdemocracia, ¿qué crisis?, La Catarata, 2012; Juan F. López Aguilar, La UE: suicidio o rescate, Tirant lo Blanch, 2013, y La socialdemocracia y el futuro de Europa, La Catarata, 2013; Jonás Fernández, Una alternativa progresista, Deusto, 2013; Rafael Simancas e Inmaculada Rodríguez-Piñero, Sumando ideas: socialdemocracia y economía, Fundación Ideas, 2012, entre otros.

2. Policy Network: http://www.policy-network.net/.

3. Foundation for European Progressive Studies (FEPS) http://www. feps-europe.eu/en/- La FEPS es la impulsora de la iniciativa de análisis sobre el futuro de la izquierda «Next Left».

4. Véase Progressive Governance: the politics of growth, stability and reform, «Memos to the left», publicado por Policy Network & Global Progress (2013).

5. Giancarlo Bosetti (comp.), Izquierda punto cero, Paidós, 1996.

6. Jordi Sevilla, De nuevo socialismo, Crítica, 2002.

7. Carlos Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo, El liberalismo no es pecado, Deusto, 2011.

8. En referencia a Antonio Gramsci, filósofo, teórico marxista, político y periodista italiano creador del concepto de hegemonía y bloque hegemónico.

9. Dani Rodrik, The globalization paradox: Why global markets, States, and democracy can’t coexist, Oxford University Press, 2011. Versión castellana de María Dolores Crispín, La paradoja de la globalización. Democracia y el futuro de la economía mundial, Antoni Bosch Editor, 2012.

10. Aitor Martínez y Aitor Silván, Lecciones de la historia para la renovación socialdemócrata, Fundación Ideas, 2013.

11. La obra de Anthony Giddens es muy extensa, desde el célebre The Third Way (1998), pasando por The Third Way and its critics (2000) o The Progressive Manifesto, editado en 2003 por Policy Network.

12. Ignacio Urquizu, La crisis de la socialdemocracia: ¿qué crisis?, La Catarata, 2012.

13. Tony Judt, Algo va mal, Taurus, 2010.

14. Ignacio Urquizu, op. cit., 2012.

15. Tony Judt, Sobre el olvidado siglo XX, Taurus, 2008.

16. Aitor Martínez y Aitor Silván, op. cit., 2013.

17. Ángel Pascual-Ramsay, «The stifling oligarchy at the heart of Spain’s scandals», Financial Times (15 de febrero de 2013).

18. Luis Garicano. El dilema de España. Ser productivos para vivir mejor, Ediciones Península, 2014.

19. Dani Rodrik, op. cit., 2011.

20. Ludolfo Paramio, La socialdemocracia maniatada, La Catarata, 2012.

21. George Lakoff, No pienses en un elefante: lenguaje y debate político, Editorial Complutense, 2004.

22. Resolución Política, Conferencia Política, noviembre de 2013, PSOE.

23. Tim Jackson, Prosperity without growth. Economics for a finite planet, Earthscan, 2009. Versión en castellano de Juan Manuel Iranzo, Prosperidad sin crecimiento. Economía para un planeta finito, Icaria, 2011.

24. John Maynard Keynes, The general theory of employment, interest and money, MacMillan Cambridge University Press, 1936. Versión en castellano de Eduardo Hornedo, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, Fondo de Cultura Económica, 2003.

25. Jordi Sevilla, op. cit., 2002, pp. 109-110.

26. Por ejemplo, Ulrich Beck, Presente y futuro del Estado de Bienestar: El debate europeo, Miño y Dávila, 2005; Tomás Fernández García, Estado de Bienestar y socialdemocracia: Ideas para el debate, Alianza Editorial, 2005; Rafael Muñoz de Bustillo (coord.), El Estado de Bienestar en el cambio de siglo, Alianza Editorial, 2007; Juan Velarde Fuertes y Alejandro Cercas Alonso, El Estado del bienestar, Acento Ediciones, 1999.

27. Joseph E. Stiglitz, La economía del sector público, Antoni Bosch Editor, 2003.

28. http://especialistaenigualdad.blogspot.com.es/2013/10/diferenciasentre-equidad-e-igualdad.html.

29. Jordi Sevilla, op. cit., 2002, pp. 150-151.

30. Enrique M. Ureña, Karl Marx economista, Tecnos, 1977.

31. La marcada por Jordi Sevilla en De nuevo socialismo (Crítica, 2002), en el que revisa el valor presente y la materialización concreta de los tres grandes principios que inspiraron la revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad.

32. Conferencia pronunciada en la Universidad de Cambridge en 1949 dentro de una serie de homenajes a Alfred Marshall. La última edición en inglés, Citizenship and social class, es de Pluto Press (Londres, 1992) e incluye un ensayo de T. Bottomore, «Citizenship and social class, forty years on». Fue traducida al castellano por Alianza Editorial en 1998.

33. Marcos Freijeiro Varela, «Ciudadanía, derechos y bienestar: un análisis del modelo de ciudadanía de T. H. Marshall», Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, 2 (2005), pp. 63-100.

34. Michael J. Sandel, What money can’t buy: The moral limits of markets, Penguin Books, 2013. Versión en castellano de Joaquín Chamorro, Lo que el dinero no puede comprar: Los límites morales del mercado, Debate, 2013.

35. Véase la introducción de Resolución Política, Conferencia Política, noviembre de 2013, PSOE.

36. Véase diario Abc, domingo 13 de octubre de 2013, «El fin de la superioridad moral de la izquierda». Debate entre Jon Juaristi y Jesús Caldera.

37. Jordi Nadal, El fracaso de la revolución industrial en España, 18141913, Ariel, 1984.

38. Germà Bel, España, capital París, Destino, 2013.

39. César Molinas, Qué hacer con España, Destino, 2013.

40. Daron Acemoglu y James A. Robinson, Por qué fracasan los países, Deusto, 2012.

41. El magnífico discurso del presidente de Asturias, Javier Fernández, en la inauguración de la Conferencia Política del PSOE en noviembre de 2013 ilustra a la perfección ese discurso. «Y tenemos una idea de país, hay que tenerla, porque no se pueden pensar las políticas si antes no has pensado ese país. Escucho muchas veces: tendremos el país que podamos pagarnos. ¡Hombre, claro!, pero no es bueno un país sólo porque podamos pagarlo, lo que debemos es preguntarnos qué país queremos ser y trabajar para llegar a serlo y ver la manera de pagarlo. Pero un país es también una identidad y una pertenencia y una nación, y los socialistas tenemos una idea de nación. Para nosotros no es una esencia que viene del Pleistoceno, un país no es un mineral ni un mandato de los visigodos. Un país es un devenir histórico que ha cristalizado en un espacio público de ciudadanía, de ciudadanos libres, iguales, y ciudadanos partidarios de una sociedad laica, de valores públicos y respeto a las conciencias privadas. Eso es para nosotros un país. Yo pertenezco a una generación a la que la España de los símbolos, los signos y las banderas nos importa menos que la de los hombres y mujeres que trabajan, estudian, que lloran o que ríen en ella. Nos gustan la caja única de la Seguridad Social, el Fondo de Compensación Interterritorial, que son símbolos menos poéticos, lo reconozco, sí, que no son de una España tan heroica, tan épica, pero sí de una España mucho más integradora, mucho más igual, mucho más fraterna y mucho más solidaria. Ésa es nuestra España.» http://www.psoe.es/source-media/000000572000/ 000000572312.pdf.

42. Darrell Bricker y John Ibbitson, The big shift: The seismic change in Canadian politics, business, and culture and what it means for our future, Harper Collins, 2013. The big shift sostenía que los triunfos de la derecha se basaban en la nueva alianza entre los inmigrantes y las fuerzas tradicionales conservadoras del Canadá rural. El progresista Instituto Broadbent publicó un estudio en mayo de 2013 —Les valeurs canadiennes sont des valeurs progressistes. Un portrait des opinions des nouveaux canadiens et des canadiens vivant en ville et en banlieue nés au Canada— mostrando que los nuevos canadienses no eran más conservadores que el resto de canadienses. Es más, no existen diferencias estadísticamente relevantes entre ambos colectivos.

43. Jordi Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos en España, Alianza Editorial, 1985.

44. Un nuevo pacto territorial: la España de todos, PSOE, 2013. http:// www.psoe.es/source-media/000000571000/000000571056.pdf y http://www. psoe.es/source-media/000000562000/000000562233.pdf.

45. Fernando Puras, «La excepcionalidad del régimen foral», El País (2 de agosto de 2013).

46. Javier Gomá, Ejemplaridad pública, Taurus, 2009.

47. Resolución Política, Conferencia Política, PSOE, Noviembre 2013, pp. 111 y ss. http://conferenciapolitica.psoe.es/publicaciones/datos/resoluciones/ assets/basic-html/index.html#117.

48. http://www.izquierda-unida.es/documentos_politicos.

49. http://www.izquierda-unida.es/documentos_politicos. Jordi Nadal Oller, op. cit, 1984.

50. Cotec-Fundación para la innovación tecnológica, Informe Cotec 2013, 2013.

51. Juan Moscoso del Prado, Emprendedores y función empresarial en España, Instituto de Estudios Económicos (IEE), 2008.

52. William J. Baumol, Mercados perfectos y virtud natural: La ética en los negocios y la mano invisible, Colegio de Economistas de Madrid-Celeste Ediciones, 1993.

53. Joseph A. Schumpeter, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, 1934.

54. http://www.socialistes.cat/document/discurs-de-helmut-schmidt-alcongres-de-la-spd.

55. Pedro Saura, «¿Es la competitividad de izquierdas?», El País (7 de enero de 2013).

56. Juan Moscoso del Prado, «Rescuing the European project», Policy Network, mayo de 2013. http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID= 4386&title=Rescuing-the-European-project-.

57. Olaf Cramme, «Reframing Europe won’t change anything and here’s why», Policy Network, noviembre de 2013.

58. Jesús Caldera, «¿Afecta la desigualdad al crecimiento económico?», El País (11 de enero de 2014).

59. Grupo de veteranos de la guerra de Vietnam que intentó desacreditar el historial de John Kerry en esa guerra como tripulante de un buque fluvial tipo Swift, sus acciones y condecoraciones, así como su actitud cuando regresó a Estados Unidos.

60. Matt Bai, The argument: inside the battle to remake democratic politics, Penguin, 2008.

61. Lawrence J. Korb y Brian Katulis, Strategic redeployment. A progressive plan for Iraq and the struggle against violent extremists, Center for American Progress, 29 de septiembre de 2005.

62. Los nacidos a partir de 1981 que alcanzaron la mayoría de edad con el cambio de siglo.

63. Sasha Issenberg, The Victory Lab: The secret science of winning campaigns, Crown, 2012.

64. Karin Christiansen y Marcus Roberts, «Respect, empower and include: the new model army», en: Nick Antead y Will Straw (eds.), The Change We Need: what Britain can learn from Obama’s victory, Fabian Society, 2009.

65. Apuntes hechos por Paul Tewes en el Center for American Progress. 10 de marzo de 2009.

66. McCain recibió una mayoría del voto blanco de un 55-43 por ciento, pero se compensó con el 95 por ciento del voto negro que consiguió Obama, así como con el 67 por ciento del voto hispano y el 62 por ciento del voto asiático. Es más, a pesar de que los votantes de más edad apoyaron a McCain en un 54-45 por ciento, los votantes entre dieciocho y veintinueve años votaron por Obama en un 66-32 por ciento.

67. Los otros ocurrieron en 1946 (55 asientos para los republicanos) y en 1994 (54 asientos republicanos). Los resultados de 2010 muestran que los votantes independientes, la clase blanca trabajadora, los mayores y los hombres castigaron a los demócratas por la economía. Los niveles de participación fueron también inusualmente bajos entre los jóvenes y las minorías, e inusualmente altos entre mayores, blancos y conservadores, y por tanto contribuyeron a un electorado de mitad de ciclo muy sesgado.

68. Este fallo mantenía que no se podían limitar las contribuciones corporativas e individuales para las campañas, ya que hacerlo constituiría un límite a la libertad de expresión.

69. James Harding, Alpha Dogs: The Americans who turned political spin into a global business. Macmillan, 2008.

70. Joe Klein, Politics lost: From RFK to W: How politicians have become less courageous and more interested in keeping power than in doing what’s right for America, Broadway Books, 2007.

71. Como resultado de la crisis financiera global, la socialdemocracia y los partidos laboristas sufrieron una sucesión de derrotas electorales. En Europa, los progresistas perdieron 19 de 24 elecciones a pesar de una extendida indignación hacia el modelo del capitalismo de la desregularización financiera que causó la crisis. En Estados Unidos, a pesar de la elección de Barack Obama en medio de la crisis, los demócratas sufrieron una sonada derrota en las elecciones de mitad de mandato en 2010. De hecho, en Estados Unidos los movimientos populistas de extrema derecha como el Tea Party parecen ser los más enérgicos. Para profundizar más en el debate sobre estos temas hay que ver «La paradoja europea» y «Construyendo un centro progresista», de nuestro análisis relativo a por qué los progresistas europeos y los estadounidenses sufrieron problemas en 2008 y 2010, respectivamente.

72. Joel Benenson, «Values, not demographics, won the election», The New York Times (7 de noviembre de 2012).

73. Patrick Diamond, «Governing as Social Democrats», Policy Network (octubre de 2012).

74. John Podesta en la BKB Lezing, Amsterdam, 17 de septiembre de 2012.

75. Bill Clinton, Back to work: Why we need smart government for a strong economy, Knopf, 2011.

76. «True Progressivism», The Economist (13 de octubre de 2012).

77. Karl Polanyi, The great transformation: The political and economic origins of our time, 1944. Versión castellana con prólogo de Joseph Stiglitz e introducción de Fred Block, La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. Fondo de Cultura Económica, 2007.

78. Bill Clinton, op. cit., 2011.

79. Tyler Cowen, The Great Stagnation: How America ate all the low-hanging fruit of modern history, got sick, and will (eventually) feel better, Dutton, 2011.

80. Shoshana Zuboff, In the age of the smart machine: the future of work and power, Basic Books, Inc., 1988.

81. Center for American Progress, Power of progressive economics: The Clinton years, 2011.

82. Liam Byrne, The new centre-ground: how can progressives win a new majority?, Progress, 2012.

83. Heather Boushey y Adam S. Hersh, The American middle class, income inequality, and the stregth or our economy, Center for American Progress, 2012.

84. Jason DeParle, «Harder for Americans to rise from the lower rungs», The New York Times (4 de enero de 2012).

85. La movilidad intergeneracional de ingresos, salarios y educación varía ampliamente en los diferente países de la OCDE. La movilidad de ingresos, salarios y educación es relativamente baja en Francia, países del sur de Europa, Reino Unido y Estados Unidos. Por contra, suele ser más alta en Australia, Canadá y los países nórdicos. Véase OCDE, Going for Growth 2010. Economic Policy Reforms (Parte II, capítulo 5: «A family affair: Intergenerational social mobility across OECD countries»), 2010.

86. Phil Izzo, «Dearth of demand seen behind weak hiring», The Wall Street Journal (18 de julio de 2011).

87. David S. Evans y Boyan Jovanovic, «An estimated model of entrepreneurial choice under liquidity constraints», Journal Of Political Economy 97 (4) (2010), pp. 151-163.

88. Vivek Wadhwa et al., The anatomy of an entrepreneur: Family background and motivation, The Ewing Marion Kauffman Foundation, 2009.

89. Francis Fukuyama, «The future of history: Can liberal democracy survive the decline of the middle class», Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, febrero de 2012.

90. John Podesta, op. cit., 2012.

91. Wendy Carlin, «A progressive economic strategy: innovation, redistribution and labour-absorbing services», Policy Network, 2012.

92. Robert Pollin y Jeannette Wicks-Lim, Job opportunities for the green economy, Political Economy Research Institute, Universidad de Massachusetts Amherst, junio de 2008.

93. Kate Gordon, Louis Soares y Stephen Steigleider, «Preparing America’s workforce for jobs in the green economy: A case of technical legacy», Duke Forum for Law & Social Change, 2012.

94. Michael Mandel, Where the jobs are: the App economy, TechNet, 2012.

95. Gustavo Nombela Merchán (coord.), Ideas for a new economy towards a more sustainable Spain in 2025, Fundación Ideas para el Progreso, 2010.

96. http://www.usimmigration.com/immigration-policies-hurting-future. html.

97. Richard Florida, The flight of the creative class: the new global competition for talent, Harper Collins, 2005.

98. Kitty Ussher, Documento de la Fabian Society, 2012.

99. Richard Samans, Beyond business as usual. G-20 leaders and post-crisis reconstitution of the international economic order, Center for American Progress, 2009.

100. Por ejemplo, en Alemania la proporción de obreros en el total de trabajadores se ha reducido desde 1950 hasta un cuarto del total de la fuerza laboral de hoy en día, mientras que los trabajos administrativos se han triplicado hasta un 57 por ciento. De la misma manera, en Suecia desde mediados de la década de 1970 la proporción de obreros se ha reducido hasta representar un cuarto de los trabajadores.

101. En Alemania, el empleo en el sector industrial se ha reducido desde el 55 por ciento en 1950 hasta el 26 por ciento actual.

102. Por ejemplo, en los Países Bajos la afiliación sindical ha caído de un 32 a un 24 por ciento de los trabajadores entre 1970 y 2009. En Australia, la pertenencia a sindicatos se ha reducido desde 1990, cayendo de un 41 a un 20 por ciento.

103. Véase Gerassimos Maschonas, «Lower classes or middle classes?: Socialism and its changing constituencies in Great Britain, Sweden and Denmark», presentación al Council for European Studies, 5 de marzo de 2008, y Anthony Painter, The new progressive imperative in Britain, Center for American Progress, 2011.

104. Véase el trabajo de René Cuperus, De wereldburger bestaat niet, Prometheus, 2009.

105. Por ejemplo, en los Países Bajos la proporción en este nivel educativo se elevó 15 puntos entre 1985 y 2009 y en Francia esta proporción se alzó 14 puntos entre 1982 y 2006. El grupo con educación superior se espera que en el futuro prosiga con su rápido crecimiento.

106. Como ha mostrado Gerassimos Maschonas, mientras la clase trabajadora tradicional se ha reducido en tamaño y ha caído su nivel de apoyo a los socialdemócratas, estos partidos han conseguido compensarlo, al menos parcialmente, atrayendo a los trabajadores administrativos, con niveles mucho más altos que en décadas anteriores. Como resultado, el peso de los trabajadores administrativos en el electorado socialdemócrata se ha incrementado notoriamente. En Suecia, el 67 por ciento de los votantes socialdemócratas en 1976 eran obreros, mientras que sólo el 27 eran administrativos; en 2006 los obreros habían caído a un 40 por ciento y los trabajadores administrativos habían subido hasta el 49 por ciento.

107. En un análisis de 2006 sobre datos de 12 países europeos (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido), los socialdemócratas cayeron 2 puntos entre los votantes con formación superior y 1 punto entre los profesionales, mientras que el resto del centroizquierda ganó 6 puntos entre los votantes con formación superior y 8 puntos entre los profesionales. En Alemania, en las elecciones de 2009 los socialdemócratas cayeron 5 puntos más entre los profesionales que entre los no-profesionales y cayeron 7 puntos más entre las personas con formación superior que entre los que no tenían estudios superiores. Sin embargo, los verdes tuvieron 8 puntos más entre los profesionales y 9 puntos más entre las personas con educación superior que entre los que no tenían estas características.

108. Estados Unidos ofrece un caso límite, esencialmente un sistema puro de dos partidos, y los demócratas sin duda dominan el voto profesional. El otro lado de la ecuación se muestra en países como Países Bajos o Alemania, donde los liberales y partidos verdes se llevan a los profesionales progresistas en claro detrimento de los socialdemócratas. Este contraste está claramente ilustrado en un país, Australia. En el sistema australiano, el voto inicial es la primera opción del votante entre todos los partidos. El voto entre los dos partidos más preferidos equivale esencialmente a cuál de los dos partidos principales (Partido Laborista o Coalición Liberal Nacional) prefiere el votante. En 2007 los profesionales dieron a los laboristas el 43 por ciento de su primera opción (2 puntos por debajo del total), pero les dieron el 58 por ciento en la segunda ronda (4 puntos por encima del voto total). La diferencia fue un voto inusualmente alto para los Verdes en el primer voto, lo que se trasladó en un apoyo a los laboristas en su elección entre los dos partidos más votados.

109. En Reino Unido la población no blanca (negros, asiáticos y minorías étnicas) se espera que alcance el 20 por ciento de la población en 2031. En 2001 suponía el 13 por ciento. En los Países Bajos la población inmigrante se estima que alcanzará el 26 por ciento en 2040. En España la población inmigrante se ha incrementado de 200.000 en 1981 hasta seis millones. En Francia unos 150.000 nuevos ciudadanos naturalizados se han añadido a las elecciones cada año, lo que significa que unos 750.000 nuevos ciudadanos naturalizados participaron por primera vez en 2012 en unas elecciones presidenciales.

110. Sin embargo, hay diferencias según el país de origen. En Alemania, por ejemplo, los originarios de Turquía suelen votar a los socialdemócratas mientras que los de la antigua Unión Soviética no lo hacen. En Francia las personas de origen africano suelen apoyar más a la izquierda. En Reino Unido los del Caribe apoyan fundamentalmente a los laboristas y todos los subgrupos BAME (black, assian and minority ethnic) muestran tasas de apoyo más altas a los laboristas que el resto de la población. Pero con independencia de las variaciones, la tendencia general es clara y sin ambigüedades. La creciente población inmigrante es un apoyo para los progresistas en general y los socialdemócratas en particular.

111. En Reino Unido, el número de hogares de una sola persona alcanzó el 73 por ciento entre 1981 y 2008. En los Países Bajos la proporción de votantes solteros en el grupo de edad de 20-65 se incrementó del 26 al 36 por ciento en sólo doce años (1998-2010). En Australia entre 1991 y 2006 la proporción de mujeres no casadas o divorciadas entre los 25-29 años subió 14 puntos (del 25 al 39 por ciento).

112. Nunca casadas y nunca en pareja civil.

113. Para dar sólo un ejemplo, en los Países Bajos en 1950 sólo el 8 por ciento de la población tenía más de sesenta y cinco años, pero en 2040 ese número llegará al 27 por ciento. Sin embargo, merece la pena señalar que en 2040 los millennials tendrán entre 40-62 años y estarán en la cúspide dominando el ranking de los seniors. Esto podría mitigar con el tiempo los efectos conservadores del voto de los más mayores. Además, en 2040 la generación siguiente a los millennials (2001-2020) será electorado de pleno derecho, una generación que debería estar aún más influida por los efectos de la modernización que había configurado a la anterior. Dependiendo de sus políticas, esta nueva generación podría, en tándem con los millennials, hacer que los efectos a largo plazo de las políticas conservadoras sean mucho menos sobrecogedoras de lo que ahora parecen. Aun así, es innegable que, por ahora, el relativamente bajo peso de la población de los millennials limitará su impacto político progresista.

114. En Alemania en 2009 los socialdemócratas tuvieron un resultado 8 puntos por debajo entre los millennials que entre la anterior generación de votantes, mientras que los verdes tuvieron 15 puntos más entre los millennials que entre los votantes más mayores. En los mismos doce países europeos antes mencionados, los socialdemócratas tuvieron un resultado 4 puntos inferior entre los millennials, mientras que el resto de los partidos de centroizquierda subió 9 puntos entre estos votantes. Y lo más sorprendente, en Hungría el apoyo a los socialdemócratas entre la generación Millennial es tan bajo que estadísticamente no se diferencia de 0.

115. En los Países Bajos, por ejemplo, la mitad de los simpatizantes del Partido Laborista en las elecciones de 2010 tenían más de cincuenta años, mientras que sólo el 17 por ciento tenían entre dieciocho y treinta y cuatro. En Suecia, cada generación sucesiva ha tenido un porcentaje un poco más pequeño de apoyo a los socialdemócratas, lo que conduce inexorablemente a un incremento de la edad media de los simpatizantes y militantes.

116. Tony Blair, The Third Way: new politics for a new century, Fabian Society, 1998. Versión castellana con prólogo de José Borrell, La Tercera Vía, El País-Aguilar, 1998.

117. Para más información sobre este punto, véase Matt Browne, After Cape Town: Where now for progressive politics, documento distribuido a las secretarías internacionales que acudieron al Congreso de la Internacional Socialista (septiembre de 2012).

118. Juan Moscoso del Prado, «La socialdemocracia y el proyecto europeo», El País (7 de junio de 2012).

119. Tzvetan Todorov, El espíritu de la Ilustración, Galaxia Gutenberg, 2008.

120. Daniel Innerarity, «La Europa de unos pocos», El País (2 de enero de 2014).

121. Juan Moscoso del Prado, «Un nuevo ciclo económico y político», El País, (9 de agosto de 2013).

122. The Times, «Abuse of power», 23 de diciembre de 2013.

123. Juan Moscoso del Prado, «2014 (centenario del 14)», The Huffington Post, (1 de enero de 2014). http://www.huffingtonpost.es/juan-moscoso-delprado/2014-centenario-del-14_b_4507395.html.

124. Véanse Heather Boushey y Adam S. Hersh, op. cit., 2012, y Jennifer Erickson y Michael Ettlinger, 300 million engines of growth. A middle-out plan for jobs, business and a growing economy, Center for American Progress, junio de 2013.

125. Olaf Cramme es el director de Policy Network, principal think tank del Partido Laborista británico, e investigador visitante en el Instituto Europeo de la London School of Economics.

126. Israel, por ejemplo, en los últimos años.

127. Resoluciones, Conferencia Política, PSOE, Noviembre 2013, pp. 41 y ss. http://conferenciapolitica.psoe.es/publicaciones/datos/resoluciones/assets/ basic-html/index.html#117.

128. Tony Judt, op. cit., 2010 (véase «Conclusión»).

129. El término «predistribución» lo acuñó el profesor de Yale Jacob Hacker en «The institutional foundations of middle class democracy», publicado por Policy Network en mayo de 2011.

130. Romain Rancière, Michael Kumhof, «Inequality, leverage and crises», IMF Working Paper, 2010 (WP/10/268).

131. En 2013 destinamos a pensiones el 10 por ciento del PIB, mientras que la media de la Eurozona es del 12,2 por ciento, y la del conjunto de la UE, del 11,3 por ciento, según datos de la Comisión Europea. Sin la reforma de 2013 las previsiones de la Comisión para 2030 eran del 10,6 por ciento del PIB aplicando la reforma de 2011, y hasta el 12 por ciento en otros estudios, y del 13,5 por ciento en 2050, que es lo que gastan ahora algunos países, como Alemania o Francia. La reforma de 2013 provocará una reducción del 20 por ciento del poder adquisitivo de las pensiones en un plazo de diez años y el descenso del porcentaje de gasto en pensiones contributivas sobre el PIB por debajo del 10 por ciento, alejándose más todavía de la media europea. Véase Sostener las pensiones públicas, documento del PSOE sobre la reforma del sistema de pensiones públicas. http:// issuu.com/psoe/docs/propuesta_del_psoe_sobre_pensiones.

132. La negociación colectiva ha permitido también, por ejemplo, salvar muchos empleos en Alemania pactando reducciones de jornada y flexibilidad horaria.

133. Tango Cambalache (letra y música de Enrique Santos Discépolo [1934], por cortesía de Fernando Manía)

Que el mundo fue y será una porquería / ya lo sé... / (¡En el quinientos seis / y en el dos mil también!). / Que siempre ha habido chorros, / maquiavelos y estafaos, / contentos y amargaos, / valores y dublé... / Pero que el siglo veinte / es un despliegue / de maldá insolente, / ya no hay quien lo niegue. / Vivimos revolcaos / en un merengue / y en un mismo lodo / todos manoseaos...

¡Hoy resulta que es lo mismo / ser derecho que traidor!... / ¡Ignorante, sabio o chorro, / generoso o estafador! / ¡Todo es igual! / ¡Nada es mejor! / ¡Lo mismo un burro / que un gran profesor! / No hay aplazaos / ni escalafón, / los inmorales / nos han igualao. / Si uno vive en la impostura / y otro roba en su ambición, / ¡da lo mismo que sea cura, / colchonero, rey de bastos, / caradura o polizón!...

¡Qué falta de respeto, qué atropello / a la razón! / ¡Cualquiera es un señor! / ¡Cualquiera es un ladrón! / Mezclao con Stavisky va Don Bosco / y «La Mignón», / Don Chicho y Napoleón, / Carnera y San Martín... / Igual que en la vidriera irrespetuosa / de los cambalaches / se ha mezclao la vida, / y herida por un sable sin remaches / ves llorar la Biblia / contra un calefón...

¡Siglo veinte, cambalache / problemático y febril!... / El que no llora no mama / y el que no afana es un gil! / ¡Dale nomás! / ¡Dale que va! / ¡Que allá en el horno / nos vamo a encontrar! / ¡No pienses más, / sentate a un lao, / que a nadie importa / si naciste honrao! / Es lo mismo el que labura / noche y día como un buey, / que el que vive de los otros, / que el que mata, que el que cura / o está fuera de la ley...

134. Roger Liddle, «Can a modern “Left populism” rescue social democracy?», Policy Network, octubre de 2013.

Ser hoy de izquierdas

Juan Moscoso del Prado

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